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DS. Senado, Comisiones, núm. 512, de 25/08/2015
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COMISIÓN DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL


PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ALICIA SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ


Sesión extraordinaria


celebrada el martes, 25 de agosto de 2015


ORDEN DEL DÍA






Aprobar con competencia legislativa delegada




Proyecto de Ley por la que se regula el Sistema de Formación
Profesional para el empleo en el ámbito laboral.


621/000153
formación profesional; política de
empleo


GOBIERNO





Proyecto de Ley de Sociedades Laborales y
Participadas.


621/000154
capital social; empresa común; participación; sociedad
anónima; sociedad de responsabilidad limitada; sociedad
laboral


GOBIERNO





Proyecto de Ley por la que se modifica y actualiza la
normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y
promoción del trabajo autónomo y de la Economía Social.


621/000155
creación de empleo; economía social; profesión
independiente


GOBIERNO




Se abre la sesión a las once horas y treinta y cinco minutos.


La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.


Buenos días, señorías. Bon dia. Encantada de volver a verles a todos;
además, con tan buena cara. Volvemos a encontrarnos.


Algunas de sus señorías me han preguntado la previsión de duración de
la jornada de esta mañana. Ya saben que estamos convocados a esta sesión
extraordinaria con competencia legislativa delegada. No obstante, la
duración de la sesión está en función de la de sus intervenciones. Por mi
parte, tengo previsto, si a ustedes les parece bien, debatir las dos
primeras leyes durante la mañana, pero podríamos llegar incluso a la
tercera. Si les parece, en función de cómo vayamos viendo el ritmo de la
mañana, decidiremos si la tercera ley la dejamos para la tarde o si la
debatimos también por la mañana.


En primer lugar, vamos a proceder a la aprobación del acta de la
sesión anterior, celebrada el día 16 de julio del 2015. Tienen ustedes el
acta para su consulta.


¿Se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento).


Queda aprobada.






APROBAR CON COMPETENCIA LEGISLATIVA DELEGADA





PROYECTO DE LEY DE SOCIEDADES LABORALES Y
PARTICIPADAS.


621/000154

GOBIERNO


La señora PRESIDENTA: Ha habido un cambio en el orden del día en
el sentido de sustanciar en último lugar el Proyecto de Ley 621/000153,
relativo a la formación profesional. ¿Les parece bien a sus señorías?
(Asentimiento).


Por tanto, comenzamos a debatir, con competencia legislativa
delegada, el Proyecto de Ley de sociedades laborales y participadas, que
se tramita por el procedimiento de urgencia. A este proyecto de ley se
han presentado 28 enmiendas. Pasamos a debatirlas.


Empezamos por la defensa de las enmiendas 1 a 4, del senador
Iglesias, del Grupo Parlamentario Mixto. Si su señoría quiere utilizar el
turno, tiene la palabra por espacio de diez minutos, o puede dar las
enmiendas por defendidas, si lo prefiere.


El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora
presidenta.


Como en otras ocasiones, las doy por defendidas, al ser el
proponente de otro grupo político.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias; se lo agradezco.


Para la defensa de la enmienda 24, del Grupo Parlamentario Vasco
en el Senado, tiene la palabra la señora Martínez Muñoz.


La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.


La voy a dar también por defendida porque, luego, en el turno de
portavoces, entraré con más profundidad en algunas cuestiones del
proyecto de ley.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.


Para la defensa de las enmiendas 12 a 22, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador
Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señora presidenta.


Yo sí que intervendré para quejarme, en primer lugar, del proceso
legislativo: esto es un disparate. (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Tiene usted todo el derecho a hacerlo. Nadie
puede hacer uso de su palabra. Tiene usted diez minutos.


El señor GUILLOT MIRAVET: Se lo agradezco. No creo que los
consuma.


Como les decía antes, intervengo para quejarme, en primer lugar,
de este proceso legislativo. Es un disparate que aprobemos en dos
meses 36 proyectos de ley; solo en tres días, entre hoy, mañana y pasado
mañana, vamos a aprobar y dictaminar 15 proyectos de ley. Es una manera
de trabajar muy poco rigurosa; digamos que es un atropello legislativo.
Una vez más, se abusa de los procedimientos de urgencia. De las tres
leyes que vamos a discutir y ustedes van a aprobar hoy, dos son
minileyes: excepto la del sistema de formación profesional, la de
sociedades laborales y la del trabajo autónomo y autoempleo, son dos
minileyes. Una vez más, el Gobierno —y el Partido Popular lo
avala— abusa de los procedimientos de urgencia. Por otra parte,
seguimos sin discutir la reforma del Senado. Con lo cual, estamos en una
situación, insisto, de una grave degradación legislativa, que voy a
reiterar en cada uno de los proyectos de ley que vamos a discutir.


Respecto a este proyecto de ley hay dos bloques de enmiendas que
mi grupo presenta: en primer lugar, a pesar de que compartimos el
criterio de flexibilidad que tienen que tener las sociedades laborales y
participadas, no compartimos el porcentaje del 49 % para la posibilidad
de suscribir con los trabajadores un contrato indefinido para este tipo
de empresas, creemos que es un exceso. Nuestro grupo propone un máximo de
un 15 %, pensamos que si hubiera voluntad por parte del Grupo
Parlamentario Popular, entre el 15 y el 49 % podríamos encontrar un
porcentaje que nos permitiera no desvirtuar, en aras de esta pretendida
flexibilidad, las características, el sentido y la lógica de esas
sociedades laborales y participadas.


Una segunda cuestión que también creemos relevante es que este
proyecto de ley regula mal y de forma parcial las sociedades laborales.
Nosotros pensamos que esto tendría que tener un desarrollo posterior y
que ese desarrollo posterior evidentemente tendría que contar con el
diálogo y el consenso con los interlocutores sociales; no creemos que sea
en este proyecto de ley donde haya que regular las sociedades
participadas. Esa sería la justificación de los dos bloques de enmiendas
más importantes y más sustantivos que presentamos a este proyecto de ley,
insistiendo en que para nosotros el papel de las sociedades laborales y
participadas, antes sociedades anónimas laborales, es muy importante,
expresa la capacidad que tienen los trabajadores de poder
autoorganizarse, dirigir y desarrollar una actividad empresarial. Conocí
este tipo de sociedades cuando la grave reconversión industrial que
sufrió España al inicio de los años ochenta y muchos de estos proyectos
han sido proyectos que luego han tenido una viabilidad y una continuidad.
Ahora estas sociedades ya no solo se crean de una manera defensiva, sino
de una manera más proactiva y, aunque su participación es pequeña
respecto al PIB, creo que son proyectos muy interesantes que expresan
también la capacidad de los trabajadores de dirigir y desarrollar una
actividad económica. Esa sería la justificación de estas cuatro enmiendas
que presento en representación del senador Saura y de mí mismo, en nombre
de Iniciativa per Catalunya Verds, y que las doy por defendidas.


Gracias, presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor senador.


Tiene la palabra, para la defensa de las enmiendas, por el Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i d?Unió, el senador
Cleries.


El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Moltes gràcies, senyora
presidenta.


En primer lugar, doy por defendido el conjunto de enmiendas. En
segundo lugar, como hacía ahora el senador de la Entesa, Jordi Guillot,
quisiera quejarme de esta forma de tramitar leyes del Gobierno del
Partido Popular que va en un claro deterioro democrático, porque unas
enmiendas que fueron publicadas este viernes pasado las veremos hoy
deprisa y corriendo, no hay ninguna voluntad de diálogo ni de acuerdo en
nada, solamente de tramitar la ley. Después queremos modificar el Senado
y solamente se utiliza el Senado de puro trámite, porque hay la
obligación de pasar las leyes por el Senado, porque, si no, ni lo harían.
En tercer lugar, valoramos positivamente que este proyecto de ley de
sociedades laborales y participadas llegue a las Cortes Generales con el
aval de quienes representan a estas empresas, llegue desde el acuerdo con
los representantes de las sociedades anónimas laborales. Había la
necesidad desde hace años de dar respuesta, de actualizar el marco legal
de las sociedades laborales y participadas. Nos hubiera gustado que el
proyecto tuviera mayores concreciones en algunos de los aspectos que no
se acaban de abordar. Era necesario introducir flexibilidad en el
funcionamiento de estas formas empresariales caracterizadas por el
control de las mismas por parte de los trabajadores. Precisamente nuestra
economía tiene diversas expresiones en la economía social, singularmente
el mundo cooperativo y el mundo de las sociedades anónimas laborales.
Estas dos figuras jurídicas en los últimos años se han sometido a
reformas para adaptarlas a un marco económico distinto al que había
cuando en su día se produjeron las legislaciones. Así pues, la
modernización era imprescindible y ha sido el propio sector el que ha
planteado esta necesidad. Por esta razón desde nuestro grupo hacemos una
valoración positiva de la ley; lo que nos duele es la forma en que se ha
tramitado y se tramita, como todo el conjunto de leyes, y de la forma en
que se está haciendo aquí en el Senado.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador.


Para la intervención del Grupo Parlamentario Socialista ¿tiene la
palabra el senador Martínez-Aldama?


El señor MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: El senador Oñate.


La señora PRESIDENTA: Perdón. Señor Oñate, tiene la palabra.


El señor OÑATE MARÍN: Gracias. Pido disculpas porque quizá mi
intervención sea la más larga, visto cómo va transcurriendo la sesión.
Tal y como viene el proyecto de ley del Congreso, merece la pena que el
Senado la reforme por razones objetivas y también por cómo lo ven las
empresas del sector.


Por entrar en materia, quizá me dirán algunos —con
motivos— que bueno está el mundo para hacer anuncios de cómo va a
ser el futuro, pero es verdad que durante mucho tiempo hemos venido
discutiendo sobre cuál sería el diseño de ese modelo de civilización que
básicamente representaba Europa y, por decirlo de forma simplificada,
siempre incluía una filosofía, que en la economía de empresa se iría
acortando la distancia entre empresario y trabajador. Eso ha sufrido, por
lo menos en este país, alguna marcha atrás importante, pero sea como sea
el futuro, tendremos que reconocerle a las empresas de economía social
dos papeles: primero, son las precursoras de ese modelo social deseable
de relación empresarial; segundo, como mínimo, serían una especie de
reserva ideológica de lo que en un momento creímos que iba a ser el
mundo, y parece que no va a ser. En cualquier caso, motivos suficientes
como para que se les dé un trato preferente por parte de los poderes
públicos. No solo por esto, también por el peso en la economía. Les voy a
ahorrar darles datos de todos conocidos, de esos datos podemos llegar a
tres conclusiones: que su peso es importante, no son una asignatura
maría, son parte estratégica del sector productivo español, en unas
comunidades quizá más que en otras, pero lo son, que ese peso es
creciente. También que en la crisis tan dura que estamos padeciendo, y
está demostrado en cifras, están teniendo un mejor comportamiento
relativo, quizá la flexibilidad, su falta de tentaciones de
deslocalización les ha hecho empresas más resistentes en un tiempo tan
complicado y sobre todo también en este tiempo hay que reconocerles que
donde otros han visto una oportunidad para echar el candado a las
empresas, esta fórmula ha permitido actuar a la economía social como una
especie de centro de rehabilitación, una especie de centro de segunda
oportunidad que curiosamente con empleos de más calidad han conseguido
poner a flote empresas que otros estaban cerrando. Digo esto porque si lo
tenemos en cuenta, y en el preámbulo de la ley se reconoce, se les debe
tratar con afecto o, como mínimo, con respeto. Yo no diría que el
Gobierno les haya faltado al respecto, pero sí les digo que no ha estado
a la altura de la ambición con la que había que regular esta ley, que ni
en plazos ni en forma —esta ley viene mandatada desde el año 2011,
se ha tardado demasiado tiempo— y terminamos tramitándola como una
especie de negociación a la baja con las organizaciones del sector, con
el único objetivo de alcanzar —nos da la impresión a
nosotros— unos mínimos preelectorales con los que presentarse,
quedando relativamente bien con estas organizaciones, pero sin haber
abordado todas las reclamaciones que tenían.


En cuanto al articulado y nuestras enmiendas, se lo resumiré en
cuatro reflexiones: la primera en el capítulo I. Para el Grupo Socialista
aquí viene lo mejor de la ley, como ya se ha dicho, efectivamente se
atienden reivindicaciones históricas del sector para flexibilizar las
fórmulas de constitución de las sociedades laborales. Esto es lo que
evita que nosotros hayamos presentado enmiendas de totalidad, incluso que
vayamos a votar en contra de la ley. No obstante —y también se ha
dicho en parte— todos, incluidas las propias organizaciones,
tendremos que tener muy en cuenta la observación efectuada por el CES de
que no se utilice la flexibilización de condiciones para adulterar el
espíritu de las empresas de economía social; una empresa de economía
social requiere que los dueños sean trabajadores pero también que los
trabajadores sean dueños. Hemos aproximado tanto los porcentajes de
presencia de unos y de otros que, insisto, está bien, lo vamos a aprobar,
pero tendremos que estar todos vigilantes para que en ningún caso nadie
aproveche esta circunstancia para establecer fórmulas para empresas que
no se merecen tal condición ni los beneficios que obtienen.


La segunda reflexión es para el capítulo de beneficios fiscales.
Si uno lee la exposición de motivos tan elogiosa sobre este tipo de
empresas, la consecuencia lógica que debería haber tenido el Gobierno es
decir: Vamos a ver cómo les echamos una mano; sin embargo, en lugar de
ser generosos se ha sido muy cicatero. No está mal la bonificación fijada
para el impuesto sobre transmisiones —es verdad que va a tener una
repercusión muy limitada, depende de cómo se trate este impuesto en cada
una de las comunidades autónomas—, aunque se circunscribe
exclusivamente a empresas que se transformen de un modelo de sociedad a
una sociedad laboral, pero queda muy pobre.


Mi grupo ha presentado dos enmiendas, una, formal pero con
consecuencias de fondo, que pretende dar acceso a los beneficios de esta
legislación para las empresas que en el momento de su constitución aún no
hayan completado todos los trámites pero sí reúnan las condiciones
necesarias y, sobre todo, hace falta una reflexión más profunda de la que
vamos a establecer esta mañana con los agentes sociales de la relación de
este tipo de empresas con el impuesto sobre sociedades. Otras empresas
gemelas del sector tienen un tratamiento preferente, yo creo que estas
empresas están absolutamente desasistidas. El Grupo Socialista plantea
una enmienda con unos objetivos mínimos, como bonificar la dotación que
establezcan esas empresas para incorporar a su capital social a
trabajadores que no sean socios. Insisto, es una aspiración mínima; a
corto plazo tendría unos costes muy limitados para las arcas del Estado,
y las empresas del sector dicen que como de lo que se trata es de crear
empresas más grandes esto lo favorecería y tendría un retorno muy
superior al coste que ahora producen.


Tercera y penúltima reflexión. Me voy a la disposición final
primera y la relación de este tipo de empresas con la Seguridad Social.
Si se reforma la Ley de Seguridad Social seguramente este va a ser uno de
los capítulos donde más haya que meter la tijera porque tienen una
relación compleja y, sobre todo, no homogénea, no ya con las empresas del
sector de economía social, como las cooperativas, sino incluso con las
sociedades limitadas. Actualmente, después de esta ley, estamos dejando a
las sociedades laborales con perjuicios competitivos a la hora de que
grupos de personas decidan optar por una fórmula o por otra sencillamente
porque el régimen de Seguridad Social al que le obligamos es perjudicial,
discriminatorio, y no sé por qué no se ha querido resolver en el trámite
de esta ley.


Mi grupo ha presentado dos enmiendas, una relacionada con la
aclaración del texto legislativo; es razonable que se proteja el acceso
al derecho de desempleo y al Fogasa, que nadie que no tenga ese derecho
pueda incurrir en fraude pero también es razonable que evitemos lo
contrario, que a gente que sí tenga ese derecho se lo neguemos por una
mala redacción de la ley. En este sentido va nuestra enmienda 9, donde
planteamos una redacción distinta, sobre todo para ofrecer garantías a
aquellos trabajadores que quieran formar parte de órganos directivos de
las sociedades laborales y que sepan que su relación con el desempleo o
con el Fogasa no corre ningún tipo de riesgo.


Y hemos presentado también la enmienda 10, que pretende la
homologación para que las pequeñas sociedades laborales de menos de 25
trabajadores puedan adscribirse de manera opcional, como sucede hasta
ahora, al Régimen General de la Seguridad Social, o como ocurre con las
cooperativas, que opcionalmente lo puedan hacer al régimen de autónomos,
si así les conviene. Con ello evitaríamos una circunstancia curiosa,
porque actualmente en las sociedades laborales cuando la mayor parte de
la propiedad es de los mismos miembros de la unidad familiar se tienen
que ir obligatoriamente al régimen de autónomos, y se han dado
situaciones curiosas y paradójicas, como que cuando en pequeñas empresas
se produce una unión matrimonial entre dos socios, y eso les hace pasar
del 50 %, obligatoriamente tienen que cambiarse del régimen de autónomos
al régimen general; si se produce un divorcio pasa lo contrario, es
decir, las cuestiones sentimentales tienen un traslado obligatorio al
régimen societario. Esto no tiene ningún sentido —lo hemos estado
hablando con el Grupo Popular—, pensamos que esta enmienda debería
ser sin más retraso aprobada porque, insisto, se presentan situaciones
poco favorables y discriminatorias con los gemelos de las cooperativas, o
incluso con las sociedades limitadas que obtienen este beneficio, y no
sabemos por qué a las sociedades laborales se les niega.


Por último, me voy a referir al capítulo III, sobre sociedades
participadas. Regular las sociedades participadas es un debate muy
interesante y el Grupo Socialista piensa que hay que hacerlo, pero tal y
como viene redactado en esta ley, el Grupo Popular sabe que es una
auténtica chapuza. Es una chapuza, primero, por cuestiones formales,
porque no se puede hacer un texto legislativo donde se incluya una mera
declaración de intenciones para que inmediatamente el Consejo de
Ministros elabore un reglamento; después, porque no se han tenido en
cuenta las recomendaciones de consultar con los agentes sociales;
después, porque según como se reglamente y con el margen que se deja de
discrecionalidad al redactor del reglamento, la propia economía social
tiene sus peligros, y vuelvo al argumento anterior: es fundamental en la
economía social que los dueños sean trabajadores; por este mecanismo
—perdónenme la expresión— el tamaño importa, porque tal como
viene en la ley sociedad participada va a ser aquella donde una sola
acción de una gran empresa multinacional esté en manos de un trabajador;
evidentemente, si no se regula bien lo que haremos será desnaturalizar el
concepto de economía social; si aquí cabe todo, al final terminará
perdiendo la economía social en su conjunto. Lo vemos nosotros, lo ha
visto el CES, y lo advierte, y el propio CES ha pedido que este capítulo
quede para una segunda ocasión. Es justamente lo que pedimos nosotros,
que se suprima el capítulo III, y se mandate al Gobierno para que en un
plazo razonable —hemos fijado tres meses— se redacte un
proyecto de ley con las garantías de lo que se supone que es una ley, que
considere los beneficios, etcétera, que incluya todos los elementos para
que, insisto, esto no suponga un peligro para la economía social como
concepto.


Termino como empecé. Pensamos que hay margen, que el Senado se
tiene que hacer útil utilizando ese margen, y esto no tiene más camino
que el grupo mayoritario sea capaz de flexibilizar esa intención de
juicios sumarísimos a todas las enmiendas de la oposición, y que admita
algunas de ellas, que consideramos razonables.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.


Para la defensa de la enmienda 23, pregunto a la senadora del
Grupo Popular si va a acumular el turno en contra. (Asentimiento).


Le doy pues la palabra para la defensa de la enmienda 23 y para el
turno en contra de las enmiendas.


Tiene la palabra, senadora Torme.


La señora TORME PARDO: Muchas gracias, señora presidenta.


Hoy, 25 de agosto, podemos tener la satisfacción de reunirnos los
senadores en una Cámara que, sin duda, es importante, una Cámara que
contribuye a sacar adelante una legislación que se está aprobando en esta
legislatura, y nos reunimos en la Comisión de Empleo y Seguridad Social
para debatir y aprobar con competencia legislativa plena tres proyectos
de ley con un objetivo común, que es favorecer la creación de empleo en
España y combatir la lacra del paro, que ha sido la cara más amarga de la
crisis económica con la que hemos tenido que lidiar a lo largo de esta
legislatura.


Hay algunos grupos parlamentarios que me han precedido en el uso
de la palabra que se quejaban —están en su derecho, por
supuesto— de que se legisle de forma urgente, pero el Grupo
Parlamentario Popular está a favor de que el Gobierno gobierne hasta el
último día de la legislatura y de que los grupos parlamentarios y ambas
Cámaras tengamos la oportunidad de actuar hasta el último día de la
legislatura, en este caso, con tres proyectos de ley, el que estamos
debatiendo ahora, de sociedades laborales y participadas, el de formación
profesional para el empleo en el ámbito laboral, o el de autoempleo y
medidas de fomento y promoción del trabajo autónomo y de la economía
social.


Para el Partido Popular, tanto en el Gobierno como en el
Parlamento, ha sido y sigue siendo el objetivo prioritario de esta
legislatura la creación de empleo, y en ello estamos. Por eso mi
satisfacción porque, aunque sea de forma urgente, hoy, con competencia
legislativa plena, nos reunamos en una comisión que se dedica
precisamente a debatir fórmulas para ayudar a crear empleo y combatir el
desempleo, que estemos tratando estos tres proyectos de ley.


El proyecto que estamos viendo ahora, el de sociedades laborales y
participadas, parte del reconocimiento y el compromiso con un sector
importante de nuestra economía, como es el de las sociedades laborales, y
en esto creo que estamos de acuerdo todos los grupos parlamentarios. Pero
es que, además, este proyecto cuenta también con el aval de los
representantes de estas empresas, por eso en el Congreso se aprobó sin
ningún voto en contra, y por eso también hoy, en el Senado, en esta
comisión, este proyecto se podrá aprobar con el apoyo de varios grupos
parlamentarios sin ningún voto en contra, espero, pues todos somos
conscientes de que el cambio normativo era una demanda que solicitaba el
sector. De hecho, esta ley la impulsó el Partido Popular; precisamente,
se aprobó en el año 1997. Y el Grupo Socialista, que se quejaba de que no
hubiéramos hecho nada o de que lo trajéramos ahora a debatir de forma
urgente, tuvo ocho años para actualizar esta normativa. Son reproches que
no merece la pena que le dediquemos tiempo.


Se han presentado 28 enmiendas. El Grupo Popular ha presentado la
enmienda 23 —que, por supuesto, apoyaremos—, que lo que hace
es introducir una mejora técnica en la disposición transitoria segunda,
relativa a la adaptación de los estatutos por las sociedades laborales.
Junto a la enmienda 23 del Grupo Parlamentario Popular, hay otras 27 que,
en este caso, vamos a rechazar, y ahora diré por qué. Pero, desde luego,
no se nos puede decir que no haya voluntad de acuerdo y diálogo, como ha
dicho el señor Cleries; de hecho, aprobamos 3 enmiendas de su grupo en el
Congreso. Y lo que es más importante, es una ley que ha estado muy
dialogada, debatida, y consensuada con el propio sector.


Las enmiendas se pueden agrupar en varios bloques: un primer
bloque, en el que coincide la enmienda 1, del Grupo Mixto, y la 19, del
Grupo de la Entesa, plantean modificar el artículo 1, en aras de
disminuir el número máximo de horas al año trabajadas por los
trabajadores contratados por tiempo indefinido que no sean socios.
Pretenden que este número disminuya del 49 al 15 %, a los efectos de que
la sociedad pueda ser calificada como laboral. Pues bien, señorías,
entendemos que ese porcentaje del 49 % que figura en este proyecto de ley
está acordado con el sector representativo de las sociedades laborales, y
por ello vamos a rechazar ambas enmiendas.


Otro grupo de enmiendas, el más numeroso, se dirige a suprimir el
capítulo III, que regula las sociedades participadas por los
trabajadores. En relación con esta supresión, se han presentado varias
enmiendas que lo que hacen es, o bien eliminar la disposición final
quinta, que habilita al Gobierno el desarrollo reglamentario posterior de
este capítulo III, o bien introducir —en este caso, sería la 15, de
Entesa— una nueva disposición adicional que, en vez de contemplar
una habilitación reglamentaria de ese capítulo III, lo que hace es
suprimirlo y mandata al Gobierno para que remita un proyecto de ley, no
un desarrollo reglamentario.


Pues bien, nosotros entendemos que el capítulo III es una buena
base, una buena regulación de las sociedades laborales participadas por
los trabajadores. Permitirá avanzar, y con el desarrollo reglamentario
que se haga posteriormente, aún más, y se detallarán aspectos que puedan
estar sin acabar de perfilar. Además, consideramos que esta
configuración, estos tres artículos de que consta el capítulo III, junto
con el desarrollo reglamentario, no ha impedido ni va a impedir en un
futuro el proceso de diálogo y consenso con todos los interlocutores
sociales; de ahí, que rechacemos este grupo de enmiendas, que son: la 2,
del Grupo Mixto; la 7, del Socialista; 14 y 20, de Entesa; 4, del
Mixto; 11, del Socialista; 15, 18, y 20, de la Entesa, a estos tres
aspectos: capítulo III, eliminación de la disposición final quinta, y
nueva disposición adicional.


Hay otro bloque de enmiendas, a las que ha hecho referencia el
portavoz socialista: las números 9 y 10, del Grupo Socialista, que
coinciden con la 16 y 17, del Grupo de la Entesa; en este caso, se
refieren al encuadramiento en la Seguridad Social. A este respecto, he de
decir que la regulación que se propone no mejora el precepto. Se propone
una redacción al artículo 97.Dos m), de la Ley general de la Seguridad
Social, que resulta reiterativa y confusa, y extiende a otros regímenes
de la Seguridad Social la inclusión que en el citado artículo se
contempla exclusivamente para el régimen general, en lugar de recoger esa
posibilidad de integración en otros regímenes al final de la letra m),
que se modifica tal como figura en el proyecto. Como ha dicho el portavoz
socialista, no pongo en duda que en el futuro haya que reformar la Ley
general de la Seguridad Social y se contemplen muchas de estas
cuestiones, pero me temo que será un asunto a tratar en otra
legislatura.


Los grupos parlamentarios Socialista y Entesa han presentado
enmiendas en las que proponen dos adiciones al artículo 17: un nuevo
artículo 17 bis y un nuevo artículo 17 ter. Se refieren a requisitos para
el acceso a los beneficios fiscales, flexibilizando la calificación de la
sociedad como laboral, siempre que en el momento del hecho causante
cumpla los requisitos para ser calificada como tal. Asimismo, en el 17
ter también se incorporan beneficios en relación con el impuesto sobre
sociedades. Pues bien, nosotros vamos a rechazar estas 4 enmiendas. En el
caso de la propuesta del artículo 17 bis, porque los beneficios fiscales
son disfrutados por las sociedades calificadas como laborales, de tal
forma que añadir un artículo que indica precisamente lo mismo lo
consideramos redundante y, además, no aporta nada nuevo. Respecto a la
flexibilización, entendemos que las sociedades laborales ya se han
flexibilizado lo suficiente como para que sea necesario una especie de
régimen fiscal transitorio hasta que sean calificadas como tales. Y
respecto a la propuesta del nuevo artículo 17 ter, vamos a rechazar estas
dos enmiendas porque la reforma que proponen en ambas implica una
disminución en la protección social del trabajador, y es algo que
verdaderamente nos preocupa. El hecho de no incluir las entregas de
acciones o participaciones en el cálculo de la base de cotización supone
que las prestaciones de Seguridad Social, a las que en un futuro el
trabajador tendría derecho, podrían ser inferiores. Por eso, decimos que
hay una desprotección del trabajador, y ese es el motivo por el que
rechazamos esas enmiendas.


En cuanto a las tres enmiendas del Grupo Mixto, coincidentes con
la 21, de la Entesa, hacen referencia a la supresión de la indicación de
ausencia de gasto público de las medidas incluidas en la ley, y no tienen
mayor contenido político.


Finalmente, hay un grupo de enmiendas, la 24, del PNV, y las
números 25, 26, 27 y 28, de CiU, que tienen relación con el ámbito
competencial. En este caso, quiero señalar a ambos grupos parlamentarios
que ya introdujeron en el trámite del Congreso enmiendas relativas a
delimitar el ámbito competencial y dejar claro que en todo caso el
ejercicio de las competencias en esta materia nunca se haría con
menoscabo de las competencias asumidas por las comunidades autónomas; de
ahí que en ese aspecto no tengamos ninguna contradicción con ambos
grupos. No obstante, en las enmiendas que introducen alguna cuestión
similar, he de decirles que, aunque todas ellas son tendentes a
sustituir, a suprimir los conceptos de armonización, colaboración o
cooperación, el Grupo Parlamentario Popular considera que la armonización
es necesaria como un método para homogeneizar la información. No se trata
solo de cooperar sino de que la información de la que se disponga sea
armonizada, y no cree distinciones entre distintos registros.


Y solo haré una mención específica a la última enmienda, la 28 de
CiU, que pretende añadir en la disposición final cuarta una coletilla,
que es «sin menoscabo de las competencias de estas últimas —se
refiere a las comunidades autónomas— en la materia». En este caso,
lo que quiero es recordarles que ya en el trámite del Congreso se aprobó
una transaccional a dos enmiendas, en virtud de las cuales se introducía
esa coletilla «sin menoscabo de las competencias de las comunidades
autónomas», precisamente en el inciso final del párrafo dos del
artículo 2.1, que se refiere específicamente a las competencias
administrativas. Además, en la disposición final cuarta, a la que se
refiere esta enmienda, también se introdujo otra coletilla, que era
«previa consulta a las Comunidades Autónomas».


Por tanto, considero que ha habido diálogo, consenso, se ha
escuchado a los grupos, y se han introducido modificaciones en este
proyecto de ley.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora Torme.


Turno de portavoces.


¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones del señor Yanguas
Fernández).


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la
senadora Martínez, por un tiempo de cinco minutos.


La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, presidenta.


Voy a intervenir para hacer referencia a los últimos comentarios
que ha hecho la portavoz del Grupo Popular, relativos a las enmiendas y,
concretamente, a la que ha presentado el Grupo Parlamentario Vasco. En
primer lugar, y como posicionamiento general, quiero manifestar que
nosotros entendemos que esta era una ley necesaria porque también era
necesario actualizar el sistema por el que se rigen las sociedades
laborales que tanto bien han hecho a tantas empresas en momentos
totalmente críticos. También es cierto que esa necesidad de revisar y de
actualizar el marco jurídico que las regula no puede significar un
menoscabo del ámbito competencial de las comunidades autónomas. Hemos
presentado una única enmienda que, sin embargo, se va a ver replicada
posteriormente en el proyecto de ley del trabajo autónomo, porque una y
otra vez el ministerio se empeña en utilizar mecanismos que, al fin y al
cabo, llevan a la recentralización y a una especie de jerarquización
respecto de los poderes de las diferentes administraciones públicas allí
donde sí hay competencias claramente delimitadas por el marco
jurídico.


En el caso concreto de la enmienda, cuando hablamos de los
registros y de la importancia de que estos para ser prácticos, efectivos
y eficaces cuenten con criterios y principios similares, entendemos que
sería más adecuado que en el proyecto de ley se hablase de cooperación,
no de coordinación y armonización, porque esos propios términos implican
una jerarquización respecto de ambos registros, cuando luego la
disposición final cuarta viene a recoger que tiene que haber un mecanismo
de colaboración. Lo que pedimos es una mejora técnica que recoja la
filosofía que se negoció vía transaccional en el Congreso para la
disposición final cuarta, de forma que se recoja también aquí en esta
disposición adicional primera, así como que se incorpore el término de
cooperación, porque es de la cooperación entre las diferentes
administraciones públicas, cada una desde su ámbito competencial, desde
donde vamos a poder llevar a cabo una mayor efectividad de los registros
respectivos, tanto del Registro Mercantil como de los de las comunidades
autónomas.


Por lo tanto, un concepto competencial que recoge una mejora
técnica para este proyecto de ley y que nos hubiese gustado mucho que
hubiese sido aprobado por el Grupo Parlamentario Popular. Sin recoger ese
principio no podemos admitir lo que comentaba antes: esa jerarquización
que se establece entre los registros, dando siempre preeminencia a los
registros centrales respecto de los de las comunidades autónomas. Como no
es la primera vez que lo hacen, como no es el primer proyecto de ley en
el que pasa, sintiéndolo mucho nosotros no vamos a poder a votar a favor
de este proyecto de ley.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora Martínez.


Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene
la palabra el senador Jordi Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyora presidenta.


¿Usted cree que esta es manera de trabajar, de darle importancia
al Senado? Este Senado ni es la Cámara territorial ni está sirviendo de
Cámara de segunda lectura. Aquí no enfriamos nada. Aquí tramitamos en
plan turboexprés, en caliente, y la verdad es que con una pésima calidad
legislativa. Y no me diga que es que el PP tiene tantas ganas de trabajar
que van a hacer 37 proyectos en dos meses y que en tres días vamos a
sustanciar 15 proyectos de ley. Que tienen tantas ganas de trabajar que
el proyecto de seguridad nacional se va a tramitar también de esta
manera. Que tienen tantas ganas de trabajar que vamos a aprobar proyectos
de ley importantísimos con una pésima calidad, con rapidez, lo que evita
un buen trabajo, como mínimo, por parte de los grupos de la oposición, en
especial, por los grupos pequeños, que impide el seguimiento y
participación de la ciudadanía respecto a proyectos de ley que les puedan
afectar y que expresa lo que vuelvo a calificar de dislate
legislativo.


Y es tal el dislate legislativo que últimamente se han
acostumbrado a poner esta especie de muletilla de que ningún proyecto de
ley puede representar gasto público ninguno. Así quieren proteger a la
infancia y a la adolescencia. Así quieren dinamizar el tercer sector, la
ley del voluntariado, etcétera. Ustedes pueden verlo como quieran. Pueden
aplaudir lo que quieran. Pero un mínimo sentido común indica que esta no
es manera de hacer un trabajo parlamentario que, insisto, exige rigor,
transparencia y calidad. Yo estoy convencido, señora portavoz del Partido
Popular, de que su relación con el Ibex 35 y con la CEOE es magnífica.
Pero con el sector de las hasta ahora sociedades denominadas laborales y
con la economía social, creo que tenemos mejor y más relación nosotros
que ustedes. Y presentamos dos grandes enmiendas. Una, porque no puede
ser que el 49 % de las horas trabajadas sea por contratos indefinidos, lo
que es de sentido común, porque esto desvirtúa una sociedad laboral
participada, ya que quiere decir que de cada nueve, cinco y cuatro.
¿Usted ve esto razonable? Tampoco es razonable por indicación del sector
hacer esta regulación parcial, limitada y escasa de lo que tiene que ser
la regulación de este tipo de sociedades, por lo que proponemos que sea
posterior.


Con esto termino, señora presidenta. La gran preocupación del
Partido Popular y del Gobierno de Mariano Rajoy respecto al empleo es la
reforma laboral, la regulación interna que representa menos salarios, la
precarización del mercado de trabajo, la pobreza laboral y, como
consecuencia última, pobreza y exclusión en amplísimos sectores de la
sociedad. No han cambiado el modelo productivo, con lo cual, seguimos
generando un trabajo de pésima calidad en una economía muy dependiente de
los factores externos. Estos días, con la crisis bursátil china, estamos
viendo lo vulnerable que es nuestra economía, que depende del precio del
petróleo, de la cotización del euro, de tantos factores externos que
nuestro Gobierno y el país, desgraciadamente, no tienen ningún tipo de
control.


Con lo cual, señorías, esta es una ley que avanza, que tiene
aspectos positivos, que en muchos aspectos nosotros vamos a apoyar, pero
que como tantas otras leyes del Partido Popular, incluso las que hacen
con la mejor intención y mayor diálogo, tienen sus déficits. Hemos
intentado señalar los que para nosotros serían los dos principales.


Gràcies, presidenta.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador.


Para turno de portavoces tiene la palabra el senador Cleries por
el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
d’Unió.


El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Moltes gràcies, senyora
presidenta.


La intervención de la portavoz del Grupo Popular ha confirmado lo
que yo he dicho. Sí que hubo acuerdos en el Congreso, pero aquí en el
Senado, respecto al conjunto de enmiendas que se han presentado no ha
habido ningún diálogo ni acuerdo. Incluso en el Congreso hablamos de que
la regulación de los incentivos fiscales que recoge el artículo 17
quedaba muy corta y que se intentaría arreglar aquí en el Senado con
algún acuerdo en alguna de las enmiendas que planteamos en este sentido.
Por tanto, nosotros reivindicamos el papel del Senado, no como una Cámara
de trámite, sino también como una Cámara parlamentaria de diálogo, de
buscar acuerdos y de mejorar las leyes. Porque me imagino que en el
conjunto de enmiendas que presentamos los distintos grupos alguna cosa
debemos de decir que esté bien y que le parezca al Grupo Popular que se
pueda aprobar o transaccionar. Pero no es así. De lo que se trata aquí es
de aprobar muchas leyes y que salgan como salgan.


Nosotros, a pesar de esto, y como hicimos en el Congreso
—esto lo he dicho antes al empezar mi intervención cuando he
reconocido que valoramos positivamente que este proyecto de ley llegue
con el aval de quienes representan a estas empresas—, vamos a
votarlo favorablemente porque es cierto que se hicieron algunas mejoras
en el Congreso. Pero también hemos mantenido algunas enmiendas porque una
vez más algunas cuestiones competenciales, conociendo la recentralización
que ha ido realizando a lo largo de toda la legislatura el Grupo Popular
y su Gobierno, nos preocupan. Precisamente por eso queremos blindar las
competencias de las comunidades autónomas. Ustedes querrían que las
comunidades fueran diputaciones, nosotros creemos que el Gobierno de una
nación como es Cataluña necesita tener instrumentos para poder regular en
su territorio el funcionamiento de los distintos ámbitos, en este caso,
de las sociedades laborales y participadas.


También hemos indicado la necesidad de introducir más
flexibilidad. Se ha conseguido en parte pero no del todo. Asimismo,
creemos que aquí se abre una ventana que debe permitirnos instrumentar
más fórmulas para que este modelo, muy vinculado al modelo social
europeo, de control de las empresas por parte de los trabajadores, pueda
tener otras formas de expresión. Por tanto, desde el Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió damos por bienvenida
esta oportunidad, lo que conforma nuestra posición favorable al proyecto,
aunque también tenga estas consideraciones críticas que seguimos
manteniendo, pero votaremos que sí por lo que aporta de positivo.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Cleries.


Tiene la palabra para turno de portavoces el senador
Martínez-Aldama por el Grupo Socialista.


El señor MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: Gracias, señora presidenta.


Se jactaba la portavoz del Partido Popular de que hoy, 25 de
agosto, estemos trabajando aquí en el Senado. Entre otras cosas, lo
hacemos por la dejadez del Gobierno del Partido Popular con este sector,
sobre el que estamos debatiendo hoy. Porque en marzo del año 2011 se
aprobaba la Ley 5/2011, de economía social. En la disposición adicional
séptima se establecía el programa de impulso de las entidades de economía
social. En el apartado 2.º de esa adicional se mandataba al Gobierno
—lo ha reconocido la portavoz del Grupo Popular— para que,
previa consulta a las entidades más representativas de la economía
social, al Consejo para el Fomento de la Economía Social y de las
Comunidades Autónomas, se remitiera a las Cortes un proyecto de ley para
revisar la actual Ley 4/1997, de sociedades laborales. Por tanto, han
pasado cuatro años. Hemos tenido toda la legislatura y hoy in extremis y
por la vía de urgencia están tramitando este proyecto de ley. En mi
opinión —quiero dejar constancia de ello—, esta forma de
proceder la entendemos como un desprecio y un abandono a un importante
sector de nuestra economía.


Se jactaba de consenso pero ¿consenso con quién? Con el Grupo
Socialista no, ni en el Congreso ni aquí. Allí todas las enmiendas fueron
rechazadas; aquí hay una enmienda más que tampoco va a contar con su
aprobación. Por tanto, no ha habido consenso. Tampoco ha habido consenso
con el sector; con el sector ha habido un trágala y ustedes lo saben. Es
decir, por resumir, les han dicho: o aceptan esto o no hay nueva
regulación legal. Eso no es consensuar, eso es imponer el criterio del
Gobierno y del Partido Popular.


Quiero dejar constancia, señora presidenta, de que para el Grupo
Parlamentario Socialista hablamos de un sector extraordinariamente
valioso por diferentes motivos: por la primacía de los trabajadores y de
los consumidores, por el compromiso con el desarrollo local que en el
fondo es cohesión y sostenibilidad, por su importante capital ético y
porque también la crisis lo ha puesto de relieve, lo ha puesto a prueba y
ha mostrado su capacidad de aguante y su futuro.


En el Grupo Socialista siempre hemos apostado, apostamos y
apostaremos por cualquier iniciativa que impulse y fomente este sector.
Siempre hemos buscado, de verdad, el consenso con las entidades
representativas de la economía social, con los agentes sociales y, por
supuesto, con los grupos parlamentarios de las Cortes Generales. De
hecho, durante los últimos ocho años del Gobierno socialista, con el
presidente Zapatero, se aprobaron leyes específicas como el Estatuto del
trabajo autónomo, la Ley de protección por cese de actividad de los
trabajadores autónomos o la Ley de empresas de inserción; todas ellas
fueron aprobadas por unanimidad. Eso sí que es buscar el consenso con el
sector y con las fuerzas políticas.


Voy acabando, señora presidenta. El sector es importante.






En marzo
de 2015 había en España casi 11 000 sociedades laborales y más de 65 000
personas empleadas en el sector. Lo decía antes, es verdad que ha sufrido
la crisis pero también es verdad que ha registrado seis puntos menos de
destrucción de empleo que las empresas tradicionales. Y también es verdad
que el índice de mortalidad de estas sociedades laborales es menor que en
el resto de las formas societarias. Partíamos de un consenso básico sobre
el contenido del proyecto de ley y por eso mi grupo no presentó ningún
tipo de enmienda a la totalidad, pero sí hemos presentado enmiendas
parciales para mejorar el texto del Gobierno y ustedes, lamentablemente,
las van a rechazar, de ahí que anuncie que el sentido del voto del Grupo
Socialista será la abstención.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.


Para turno de portavoces, tiene la palabra el senador
Fernández.


El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Con la venia, señora presidenta.
Buenas tardes.


La señora PRESIDENTA: Querrá decir buenos días, señoría.


El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Entendía que después de las doce eran
buenas tardes. (Risas). En fin, muchas gracias, señora presidenta.


Intervengo para seguir cabalgando y ver que la finalidad es
conseguir nuevos métodos de creación de empleo, fomentando a la vez la
participación de los trabajadores en la empresa. Esto ya se decía de la
Ley 15/1986, de 25 de abril, donde la propia Ley de sociedades anónimas
laborales dio un paso importante en el campo de la empresa y llevó a cabo
una profunda reforma, que también se hizo en la Ley 19/1989. Después, la
Ley 2/1995, de 23 de marzo, de sociedades de responsabilidad limitada,
también apostilló sobre ello. Y con la reforma de 1989 se hizo una mejor
capacitación de los trabajadores dentro de la empresa. Sin embargo, con
la derogación que vamos a tener ahora de la Ley 4/1997, que realmente es
donde se va a aplicar este texto, entendemos que estas sociedades
laborales, nacidas en los años 70, son un método de autoempleo colectivo
por parte de los trabajadores. Es sumamente importante y, por eso, la
propia Ley 4/1997 ha facilitado, dentro de estas formas societarias, la
creación de numerosas empresas y puestos de trabajo que han generado un
amparo importante a lo largo de nuestra legislatura y en anteriores
legislaturas también. Esta situación exige una adecuación a la Ley de
sociedades laborales y al nuevo marco normativo que se ha hecho, como hoy
traemos aquí nosotros, para que se pueda llevar a cabo por parte de las
Cortes Generales.


Escuchaba a muchos portavoces decir que, de alguna manera, se
traía por un trámite de urgencia porque era rápido y parecía que el
Senado estaba últimamente —utilizaban esta palabra poco útil pero
es la más llamativa— desbocado en el sentido de trabajar a destajo.
Yo diría a esos portavoces que si no legislásemos directamente como
estamos legislando, posiblemente se nos acusaría de que no hacíamos nada.
Sin embargo, cuando hacemos algo y estamos trabajando a tope entonces se
nos tilda de hacer un fraude, de que esta es una situación anómala. Este
no es el comentario más oportuno de esta Cámara Alta. Sin embargo,
nosotros no entendemos esto, sino que creemos que para participar
financieramente a los trabajadores en Europa, como se ha dicho
anteriormente, tiene que hacerse de esta manera con este proyecto de ley
que hoy traemos aquí a colación.


La nueva regulación no solo actualiza, moderniza y mejora el
contenido de la Ley 4/1997, sino que también lo reforma. Hay un
cumplimiento previsto en la Ley 5/2011, sobre economía social, donde los
trabajadores, de alguna manera, van a controlar la propia empresa.
Entendemos que esto va a traer una gran dote de trabajo para los propios
trabajadores dentro de las empresas. Es verdad que aquí algunos
portavoces han dicho que era un proyecto de ley que no estaba muy
consensuado, otros sí han reconocido el consenso. Tendré que decir que
sí, que este proyecto de ley se trae hoy a la Cámara porque ha habido un
gran consenso con los representantes de los trabajadores o, mejor dicho,
con las asociaciones patronales que conllevan este tipo de sociedades
laborales y participativas.


Este proyecto de ley tiene una fuerte valoración en el sector de
las asociaciones, por esa causa es por la que se ha entendido que se haga
mejor. También tiene un tratamiento fiscal mejor no solamente en el
impuesto de transmisiones, sino en muchos otros impuestos que también se
dicen en la propia disposición transitoria que recoge el proyecto de
ley.


El Grupo Socialista ha hecho una mención especial sobre la
enmienda 10, que habla de la Seguridad Social en cuanto a que el régimen
de autónomos y el régimen general se presta a confusión. Pero también es
verdad que tenemos que atenernos en cuanto a lo que establece la
jurisprudencia del Tribunal Supremo. La Sala Cuarta es muy clara en
cuanto a que un trabajador por cuenta ajena debe estar de alta en una
empresa, cuándo está o no emancipado conlleva la situación del Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos y la propia ley contempla en el
Régimen Especial de Trabajadores Autónomos cuándo no se cotiza al Fondo
de Garantía Salarial ni para el desempleo. ¿Por qué? Porque entendemos
que son gente participativa de la propia empresa y, de alguna manera, es
lo que conlleva esta situación que para algunos puede ser anómala y para
otros, lógicamente, es un tema de jurisprudencia, como así se han
pronunciado los tribunales superiores y el Tribunal Supremo.


Después hay un concepto claro de la sociedad laboral. Las
sociedades laborales son aquellas sociedades anónimas o de
responsabilidad limitada que se someten a los preceptos establecidos en
la presente ley y podrán obtener la calificación de sociedad laboral las
sociedades anónimas o de responsabilidad ilimitada que cumplan unos
requisitos importantes. Creo que este es el fruto de esta reforma. No
olvidemos que esta reforma, como he dicho al principio, viene basada en
una serie de proyectos de ley y ya leyes que se han quedado obsoletas que
ha habido que actualizar precisamente por la petición que han hecho las
asociaciones patronales de estas propias empresas para que esto realmente
se lleve a cabo bien en un régimen de Seguridad Social, o en el de
autónomos, el RETA, pero que, en definitiva, esté basado en esas
condiciones.


Nosotros, como grupo parlamentario, ya hemos aportado nuestras
enmiendas, que se unen a otras muchas que fueron aprobadas en el Congreso
y entendemos que esa es la misión que tiene el Senado, no solamente hacer
la segunda lectura de los proyectos de ley, sino que todo aquello que ha
sido ya consensuado no con los agentes sociales, sino con los agentes
patronales de este sector, se lleve a cabo en esta Cámara. Ha habido que
hacerlo de la forma en la que lo estamos haciendo. Entendemos que por eso
no se vulnera nada. Estamos en un Estado de derecho. Decía antes el
portavoz socialista que por lo visto no queríamos nada con ellos, que
había un desprecio y abandono hacia ellos. No sé si para ellos,
posiblemente, el desprecio y abandono es porque ellos tampoco quieren
consensuar con nosotros nada. A lo mejor el PSOE consensua más con
Podemos que con el Partido Popular y, posiblemente, esa es la causa por
la que a lo mejor no quieren nada con nosotros, que haya un divorcio
legislativo y, lógicamente, normativo tan importante.


Señora presidenta, me queda por decir que es un proyecto de ley
ambicioso, bueno, que este régimen societario va a mantener condiciones
muy buenas para los trabajadores que van a manipular, entre comillas, la
utilización de la empresa y esas empresas de responsabilidad limitada van
a hacerse con el consenso de todos. No entiendo por qué algunos grupos
parlamentarios no van a darle apoyo a este proyecto de ley. Tengo que
agradecer a algunos grupos parlamentarios el apoyo que van a dar al
proyecto de ley; creo que este apoyo es serio, ecuánime porque estamos
viendo la trayectoria. Hemos visto cómo, de entonces a acá, aunque ha
habido algunas asociaciones que no están conformes con el cien por cien,
se ha consensuado con las asociaciones mayoritarias del sector y todas
ellas han visto con buenos ojos que este proyecto de ley salga así
adelante. Que sea tarde o más temprano, más temprano o más tarde, da
igual; lo importante es que sea rápido y veloz, y se publique en el
boletín oficial para que los trabajadores que tienen que crear empleo se
sientan amparados por las Cámaras, y en este caso por el Senado que es el
que, a través esta comisión con competencia legislativa delegada, va a
dar un espaldarazo importante para que este sea el mejor proyecto de ley
que las sociedades laborales puedan tener hoy y el día de mañana.


Muchas gracias, señora presidenta.


MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ MARÍA BENEGAS
HADDAD, FALLECIDO EL DÍA 25 DE AGOSTO DE 2015.


(Núm. exp. 542/000030)


La señora PRESIDENTA: Señorías, antes de las votaciones y tras la
noticia que acabamos de recibir, quiero, como presidenta de la Comisión
de Empleo y Seguridad Social y en nombre de todos sus miembros, dar el
pésame al Partido Socialista y a su grupo parlamentario en el Senado por
el fallecimiento de su compañero, y compañero de todos como como miembro
de las Cortes Generales que fue, el histórico dirigente socialista Txiki
Benegas.


Les pido que guardemos un minuto de silencio en memoria de quien
ha sido compañero de muchos de nosotros en el Congreso —en
concreto, fue compañero mío durante años—; una persona que ha
defendido la libertad y que ha estado comprometida con la democracia. Por
todo ello, si ustedes me lo permiten, creo que debemos rendir a este
histórico dirigente y compañero de las Cortes Generales nuestro homenaje
con un minuto de silencio.


Los miembros de la comisión, puestos en pie, guardan un minuto de
silencio.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Señorías, continuamos con la comisión y pasamos a la votación de
las enmiendas.


Según consta en la propuesta de votación, comenzamos por las
enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, para las que se ha pedido
votación separada.


Votamos la enmienda número 1, del Grupo Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 1; en contra, 24; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmienda número 2, del Grupo Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 17; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmienda número 3.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 17; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmienda número 4.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 17; abstenciones, 2.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmiendas del Grupo Vasco.


Votamos la número 24.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 9; en contra, 16; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmiendas de Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.


¿Pueden votarse conjuntamente las enmiendas 12 y 13?
(Asentimiento).


Votamos, pues, las enmiendas 12 y 13.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 17; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmienda 14.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 18; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


¿Pueden votarse conjuntamente las enmiendas 15, 16 y 17?
(Asentimiento).


Votamos, pues, las enmiendas 15, 16 y 17.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 17; abstenciones, 2.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmienda número 18.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 17; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


El Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya ha pedido
votación separada de varias enmiendas. Empezamos votando la enmienda
número 19.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 1; en contra, 24; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmienda número 20.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 18; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmienda número 21.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 17; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmienda número 22.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 17; abstenciones, 2.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i d’Unió.


¿Pueden votarse conjuntamente las enmiendas números 25, 26 y 28?
(Asentimiento).


Votamos, pues, las enmiendas números 25, 26 y 28.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 9; en contra, 17.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 27.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 17; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmiendas del Grupo Socialista.


Votamos las enmiendas números 5 y 6.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 17; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas


Enmienda número 7.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 18; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 8, 9 y 10 del Grupo Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 17; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 11.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 17; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 24; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Pasamos a la votación del texto total.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 18; abstenciones, 8.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Votado y aprobado ya el texto que será remitido al Congreso, tal
como dispone el artículo 90 de la Constitución y al haberse aprobado la
enmienda número 23 se dará traslado del texto y de la enmienda aprobada
con competencia legislativa delegada por esta comisión para que el
Congreso se pronuncie sobre dicha enmienda de manera previa a la sanción
del texto definitivo por S.M. el Rey.









PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA Y ACTUALIZA LA
NORMATIVA EN MATERIA DE AUTOEMPLEO Y SE ADOPTAN MEDIDAS DE FOMENTO Y
PROMOCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO Y DE LA ECONOMÍA SOCIAL.


621/000155

GOBIERNO


La señora PRESIDENTA: Proyecto de Ley por la que se modifica y
actualiza la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de
fomento y promoción del trabajo autónomo y de la economía social. Como
ustedes saben, a este proyecto se han presentado 73 enmiendas y pasamos a
su debate.


Por el Grupo Mixto, tiene la palabra para la defensa de las
enmiendas el senador Iglesias, por tiempo de diez minutos.


El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Perdón, señora presidenta: senador
Yanguas, por favor.


La señora PRESIDENTA: Perdón, senador Yanguas, siempre le cambio a
usted el nombre.


El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Las doy por defendidas.


La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Yanguas.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, la senadora Rut Martínez tiene
la palabra para la defensa de las enmiendas.


La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.


Mi grupo parlamentario ha presentado a este proyecto de ley ocho
enmiendas y siete tienen la mismísima justificación: volvemos otra vez al
tema de las bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social. Es la
enésima vez en lo que va de legislatura que mi grupo parlamentario viene
a denunciar la invasión competencial sistemática que supone que proyecto
de ley tras proyecto de ley el Ministerio de Empleo intente arrogarse las
funciones en materia de control y revisión de las bonificaciones. Tenemos
que recordar que hay un real decreto, concretamente el 895/2011, que ya
asigna a la Comunidad Autónoma de Euskadi el ejercicio de las funciones
atribuidas a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social respecto de esta
cuestión del control y revisión de las bonificaciones de las cuotas de la
Seguridad Social. Es un instrumento con el que en principio nosotros
compartimos las bonificaciones, pero lo que venimos a pedir es que se
reconozca el ámbito competencial que les corresponde, que es el de las
comunidades autónomas y en este caso de la comunidad autónoma vasca, que
es la que las financia y la que las debe controlar en función de lo que
dice la propia ley.


Por lo tanto, siete enmiendas única y exclusivamente para
denunciar esto una y otra vez, y lo seguiremos haciendo cuantas veces
sean necesarias. Solamente esto ya supone que mi grupo parlamentario no
va a poder votar a favor de este proyecto de ley, aun compartiendo otra
vez buena parte de la filosofía que inspira este proyecto de ley. Pero es
que ustedes lo hacen de forma sistemática, ya no se puede deber a un
despiste, sino que volvemos a reiterar que hay una voluntad por parte del
Ministerio de Empleo, en este caso, de ignorar las atribuciones
competenciales que le corresponden y que corresponden, por tanto, a otras
comunidades autónomas.


Además, pedimos en nuestra octava enmienda la supresión del título
competencial y también lo ha recomendado así el Consejo de Estado porque
cuando se modifica parcialmente una ley que ya tiene un título
competencial es redundante volver a incluirlo en la ley que lo está
modificando de forma parcial. No sabemos si lo hacen a sabiendas o si,
efectivamente, se trata solamente de despiste, pero la verdad es que no
hay proyecto de ley en el que ustedes no aprovechen la ocasión de ir
limando poco a poco todas y cada una de las competencias que tiene en
materia laboral en este caso la comunidad autónoma vasca. Por este
motivo, reitero, mi grupo parlamentario no puede votar a favor de este
proyecto de ley.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora Martínez.


Por el Grupo Parlamentario Entesa, tiene la palabra el senador
Jordi Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyora presidenta.


En primer lugar, quiero insistir en que el debate, el dilema no es
entre hacer algo, mucho o poco, el debate es trabajar bien, con calidad y
con rigor y, evidentemente, este abuso y abuso de los procedimientos de
urgencia en materias que no lo justifican —como esos proyectos de
ley— o de concentrar en tan poco tiempo tantos proyectos de ley
cuando ha habido toda una legislatura, más cuando no estamos discutiendo
aspectos novedosos o que la coyuntura justifique su urgencia, creo que
explican y dan razón a la crítica a esta tramitación legislativa a la que
estamos sometidos; es más, yo insisto en que esto degrada aún más a esta
Cámara, que aún está por redefinir.


Doy por defendidas las enmiendas de la 22 a la 43, que son las que
presentamos en nombre del Grupo de Entesa pel Progrés de Catalunya, y
quiero justificar una serie de aspectos en cuatro bloques. El primer
bloque son todas aquellas enmiendas en relación con el acceso a los
derechos de conciliación de la vida laboral y familiar. El proyecto de
ley plantea que el poder abordar esos derechos de conciliación es a costa
de perder la condición de trabajador autónomo —con todo lo que esto
representa— y pasar a ser empresario. Nosotros creemos que esa no
es la solución, que así difícilmente se va a poder conciliar la vida
laboral y familiar, que esto es un elemento disuasivo para muchos
autónomos para poder realizar esta necesaria y exigible conciliación y
proponemos otras medidas para hacerlo posible.


De la misma manera, cuando se habla de esos nuevos derechos del
artículo 1.4, que modifica el artículo 16.a), de los trabajadores
autónomos dependientes, proponemos la supresión ya que creemos que los
dos últimos párrafos son totalmente ininteligibles.


Por otra parte, también creemos que todo lo que afecta a
bonificaciones e incentivos, capitalización, etcétera, no puede constar
en el articulado de la ley, consideramos que son aspectos coyunturales
que se van modificando dependiendo —valga la redundancia— de
las coyunturas económicas, de empleo, etcétera, y por eso presentamos
otra enmienda que propone ubicarlo en una disposición adicional. Además,
a lo que está incluido en el articulado y que nosotros proponemos que se
traslade a una disposición adicional también planteamos una serie de
modificaciones, exactamente en los artículos 31, 32 y 33; en el resto de
artículos, el 30 y hasta el 38, creemos que es correcto el planteamiento
que hace el proyecto de ley.


Respecto a los artículos 31, 32 y 33, las modificaciones de los
dos primeros están basadas en que cualquier tipo de bonificación o de
reducción de la cuantía de la cuota por bonificaciones no produzca la
merma de ingresos a la Tesorería General de la Seguridad Social. Creemos
que uno de los graves problemas que está conllevando la política de
bonificaciones de este Gobierno es que se está adelgazando la Tesorería
de la Seguridad Social y a partir de esta situación se está poniendo en
riesgo la viabilidad de las pensiones. En cuanto al artículo 33,
planteamos que la cuantía sea solo el 25 % de la prestación a la que se
tenga derecho y el tiempo de contabilización pueda ser todo el que esté
pendiente de cobrar la prestación contributiva por desempleo; de esta
forma equipararemos la compatibilización de desempleo con el contrato de
trabajo de los emprendedores.


Estas son las tres modificaciones que se plantean al texto, junto
al paso del articulado a la disposición adicional.


También planteamos tres nuevas disposiciones adicionales: la
primera, de medidas para mejorar la calidad del trabajo autónomo; la
segunda, de medidas para la mejora de la protección social de los
trabajadores autónomos y la tercera —también a la disposición
adicional quinta— en la que proponemos una modificación en lo que
afecta a los trabajadores con discapacidad o con riesgo de exclusión de
los porcentajes que están planteados en la ley —la ley establece
el 30 % y nosotros proponemos pasar al 70 %—.


La última enmienda hace referencia a la eterna muletilla de que
cualquier proyecto de ley no puede significar incremento del gasto
público. Creemos que esto es la reiteración de un disparate, que no tiene
nada que ver con la realidad, ya que cualquier proyecto de ley que
verdaderamente quiera ser real, efectivo y tenga una mínima ambición,
evidentemente, va a representar un gasto público.


Esta es la justificación de las enmiendas y en el turno de
portavoces, si fuera conveniente, daré una explicación política.


Gràcies, senyora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Guillot.


Por el Grupo de Convergència i d’Unió, tiene la palabra el
senador Cleries.


El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Moltes gràcies, senyora
presidenta.


Para nuestro grupo parlamentario este proyecto de ley no aborda,
ni de lejos, lo que dice el título del mismo: no aborda, ni de lejos, las
cuestiones de fondo que afectan tanto al trabajo autónomo como a la
economía social; eso sí, resuelve algunas cuestiones, pero no las
cuestiones de fondo que se plantean en estos sectores de la actividad
económica.


Por tanto, las enmiendas números 52 a 73, que hemos presentado y
que doy por defendidas, pretenden mejorar este texto e ir más allá de lo
que precisamente expone. En el turno de portavoces diré los motivos de
estas enmiendas, la justificación política del posicionamiento de nuestro
grupo, que en este caso será de abstención porque, como digo, no aborda
los problemas y las necesidades de fondo del trabajo autónomo y de la
economía social en esta ley, que podría ir más allá.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Cleries.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el senador Varela.


El señor VARELA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Vamos a proceder a la defensa de las enmiendas presentadas por el
Grupo Socialista a este proyecto de ley, siendo como somos perfectamente
conscientes de que este es un ejercicio absolutamente estéril; un
ejercicio absolutamente estéril porque conocemos de antemano, está
predeterminado el destino de todas las enmiendas presentas a estos
proyectos de ley, que el Gobierno presenta en una tramitación exprés y
malintencionada, porque el Gobierno ha pasado de un procedimiento de
rodillo legislativo a un procedimiento de trituradora legislativa;
sabemos que nuestras enmiendas tendrían muchas más posibilidades
metiéndolas en la máquina de trituradora de papel que trayéndolas a esta
comisión. No hay ninguna intención de escuchar y menos ninguna intención
de acordar por parte del Gobierno; es un puro trámite de presencia y, por
lo tanto, es un puro fraude a los ciudadanos este paripé de tramitación
de proyectos legislativos, que no tiene ni la más mínima posibilidad de
que el fin de esta Cámara —que es proceder, o al menos tener la
intención de poder proceder a modificaciones de carácter legislativo en
los proyectos legislativos— se pueda producir. Señorías, estamos
ante un auténtico botellón legislativo —mucha cantidad, nada en
absoluto de calidad— que tiene solo dos intenciones en todos los
proyectos que nos han trasladado a esta Cámara: una, de puro carácter
electoral —buena parte de sus proyectos solo pretenden enviar una
señal a algunos sectores de nuestra sociedad de que el Gobierno está
haciendo algo para beneficiar a los colectivos que integran esos
sectores— y otra, la otra parte de los proyectos solo tienen la
intención de amarrar, dejar atado y bien atado, aquellas cuestiones que
el Partido Popular y la derecha consideran necesario dejar tramitadas y
que tienen la seguridad de que no podrán hacerlo en la próxima
legislatura. Por lo tanto, como digo, estamos en un acto estéril; no
obstante, nuestra obligación hace que defendamos nuestras enmiendas como
si tuvieran alguna posibilidad de ser aceptadas o, por lo menos, de ser
escuchadas.


Presentamos enmiendas destinadas a modificar distintos ámbitos del
proyecto de ley, en las que recogemos la posibilidad de que un trabajador
autónomo, económicamente dependiente, pueda contratar a un trabajador en
los supuestos de una baja por enfermedad superior a 30 días. Presentamos
enmiendas cuya motivación es adoptar un criterio más objetivo en la
determinación de la representatividad de las asociaciones de trabajadores
autónomos en el ámbito estatal, habida cuenta de la insatisfacción del
sistema que se propone sustituir, que incluso ha impedido que se
constituya el Consejo del Trabajo Autónomo. Presentamos enmiendas sobre
el procedimiento de consulta que mide la representatividad de las
asociaciones profesionales de los trabajadores autónomos. Presentamos
también enmiendas que tienen como función reforzar la no discriminación
por razones de discapacidad en el desarrollo autónomo y en la creación de
la propia empresa. Enmiendas en la misma línea para permitir que los
trabajadores autónomos puedan contratar como trabajadores por cuenta
ajena a hijos con discapacidad en grado igual o superior al 33 % con
independencia de la edad que estos tengan. Presentamos una enmienda
destinada a mejorar la posición de los trabajadores autónomos en relación
con sus aportaciones al IRPF y las retenciones que se les hacen en
relación con sus ingresos, que es absolutamente desigual y
discriminatoria respecto a los trabajadores del régimen general.
Presentamos también enmiendas cuyas medidas suponen elevar los
porcentajes de trabajadores contratados que pueden tener las cooperativas
de trabajo asociado sin que pierdan beneficios fiscales, como establece
la Ley de régimen fiscal de las cooperativas, y su identidad de empresas,
donde la mayoría de los trabajadores son propietarios. Y presentamos una
enmienda según la cual los incentivos deben orientarse a la creación de
un empleo de calidad y al cambio del modelo productivo; por ello procede
su revisión, para comprobar su adecuación a los objetivos para los que
son creados y su impacto en las arcas de la Seguridad Social.


Es decir, señorías, son enmiendas bien intencionadas, enmiendas
que pretenden mejorar un texto. Creemos que sería una buena oportunidad
para que este colectivo tan castigado, como es el de los trabajadores
autónomos, pudiera mejorar sus posiciones, pero, lamentablemente, sabemos
el destino de estas enmiendas, exactamente igual que pasó en el Congreso:
sabemos que no se puede alterar el calendario del señor Rajoy y, por lo
tanto, sabemos que, más allá de esas enmiendas técnicas que se puedan
aprobar, no va a haber ninguna posibilidad de que en el Senado cumplamos
con nuestra función.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Varela.


Finalizado el turno de defensa de las enmiendas, pasamos al turno
en contra.


Tiene la palabra la senadora Beatriz Jurado, por un tiempo de diez
minutos.


La señora JURADO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA: Muchas gracias, presidenta,
y muchas gracias a todos los compañeros de esta comisión.


Al margen de la valoración de cada uno de los portavoces de los
grupos sobre la idoneidad o no de estar hoy o cualquier otro día
aprobando este proyecto de ley, yo creo que, en definitiva, lo importante
es que se apruebe para que estas medidas puedan llegar cuanto antes a
hacerse realidad y puedan aportar una mejora en las condiciones de los
trabajadores autónomos y una mejora para la economía social.


Durante esta legislatura este Gobierno ha demostrado desde el
primer día que está apostado de manera definitiva, de manera tajante por
el autoempleo; de hecho, hoy en España son más de 3 millones de
trabajadores los que tienen un trabajo por cuenta propia y además en
estos casi cuatro años ha supuesto un aumento prácticamente
del 20 %.


El Gobierno del Partido Popular ha elaborado, escuchando y
trabajando con el resto de los grupos que hoy están presentes aquí, tanto
en el Congreso como en el Senado, distintas medidas que han hecho posible
ese apoyo, ese impulso: la propia reforma laboral, con el contrato de
apoyo a los emprendedores; la estrategia de empleo juvenil; la Ley de
apoyo a emprendedores y su internacionalización; la Ley de segunda
oportunidad o la formación profesional en el campo del empleo. Y también
queremos que se siga con la misma fuerza en el impulso a la economía
social, que es otro de los ejes de las políticas del Gobierno del Partido
Popular en esta legislatura.


Las empresas de economía social han demostrado una capacidad
sorprendente en estos años económicamente tan difíciles y, además, han
demostrado mantener una estabilidad en los trabajadores digna de imitarse
en el resto de sectores. Por eso hoy con esta norma lo que queremos es
venir a unificar y a actualizar todas estas ayudas, medidas,
bonificaciones e incentivos a los trabajadores autónomos y dentro del
espacio de la economía social. Cada uno puede catalogar como considere
oportuno la amplitud de medidas aprobadas en estos cuatro años; en el
Partido Popular consideramos que es un ejercicio de responsabilidad el
haber elaborado esta cantidad de normativa, porque suponen medidas
específicas que han generado empleo, que han permitido que la economía
mejore y que, en definitiva, han permitido que las familias españolas y
todos los españoles podamos vivir en una sociedad con una economía cada
vez más mejorada, y ha sido fruto de leyes y de normas como las que
estamos aprobando.


Y quiero decir que, desde luego, estas setenta y dos enmiendas que
presentan los grupos que forman parte de la oposición en el Senado no son
estériles, ningún debate es estéril, siempre es voluntad de todos llegar
al mayor de los entendimientos, pero también es voluntad de este grupo
apoyar al Gobierno en lo que entendemos una estrategia acertada, como es
apoyar a los trabajadores autónomos. Estas setenta y dos enmiendas tienen
una respuesta por parte del grupo mayoritario razonada, justificada, que
explica por qué no se pueden incorporar.


Y voy a hacer referencia a las ocho medidas del Grupo Vasco. No se
trata de generar un debate de competencias, este no es un articulado con
el que se quiera levantar una polémica, es un proyecto de ley que no
busca otra cosa que facilitar la comprensión de las medidas puestas a
disposición de los trabajadores y, desde luego, busca la aplicación de la
ley, en este caso de la propia Constitución española, sobre donde están
las competencias de cada una de las Administraciones públicas. Es una
profunda pena que no podamos contar con su apoyo cuando hay una sintonía
en el contenido, en lo que todos queremos, puesto que todos los
trabajadores españoles, los de todas y cada una de las comunidades
españolas, se van a sentir satisfechos y seguro que les gustaría que sus
representantes en esta Cámara facilitaran también la puesta en marcha de
esta normativa.


En cuanto al Grupo de Convergència i d’Unió y las veinte
enmiendas que presenta, daré respuesta a algunas de ellas y otras
encontrarán su respuesta en la que dé a los otros dos grupos para no
eternizarme en la explicación. Ustedes hablan de la posibilidad de que
los trabajadores autónomos dependientes puedan contratar en los supuestos
de incapacidad temporal y acumulación de pedidos no solamente como un
trabajador por cuenta ajena, sino también como un autónomo. Nosotros
entendemos que eso supondría perder el carácter de independencia propio
que tiene la actividad a la que hace referencia esta normativa.


Hacen referencia también a un nuevo artículo 35 en la Ley del
trabajador autónomo para equiparar las bonificaciones de los familiares
colaboradores a los trabajadores por cuenta ajena. En este caso la
especial relación que tienen los trabajadores autónomos colaboradores
familiares requiere un tratamiento diferenciado y está regulado ya en
esta norma.


Hablan de la supresión de la regla cuarta del nuevo artículo 34.1
para permitir recibir el pago único de la prestación por desempleo a
aquellos que hayan compatibilizado la prestación durante nueve meses con
el trabajo por cuenta propia. Nosotros consideramos que no es adecuado
este mecanismo de protección y el objetivo es evitar supuestos de
fraude.


Plantean la modificación del Estatuto de la Fundación para la
Prevención de Riesgos Laborales y nosotros consideramos que, en cualquier
caso, esa modificación no debe imponerse por esta ley.


Proponen medidas para reforzar la no discriminación por razón de
discapacidad o medidas de fomento del trabajo autónomo por las políticas
activas de empleo, y en ambas enmiendas hay que decir que dichas
políticas activas de empleo y dicha defensa se encuentran ya reguladas a
través de la Ley 56/2003, de empleo, en las sucesivas estrategias
españolas de activación para el empleo y en los planes anuales de
política de empleo, con lo cual las enmiendas no se aceptan simplemente
porque ya están recogidas en otra normativa y lo que ustedes piden ya
está recogido, por tanto, en la legislación española.


Se propone equiparar a los hijos de los autónomos con discapacidad
a aquellos menores de treinta años a efectos de su contratación por
cuenta ajena por parte del trabajador autónomo. En este caso la
contratación como trabajadores por cuenta ajena de los hijos con un grado
de discapacidad igual o superior al 33 %, con independencia de la edad,
ya se encuentra regulada —y esto es importante que se sepa porque
es una cuestión que nos preocupa a todos— en la disposición
adicional décima de la Ley 20/2007, de 11 de julio.


Se propone la inclusión de un nuevo número 4 al artículo 10 de la
Ley 5/2011, con el objeto de permitir la justificación del ingreso a la
sociedad de la cuantía capitalizada que se realice a posteriori. En este
caso hay que considerar que se trata de una normativa de gestión que
tendrá que ser regulada en su posterior regulación normativa.


Se propone también modificar las bonificaciones previstas en la
contratación por empresas de tráfico ordinario de trabajadores
provenientes de empresas de inserción social, y nosotros consideramos que
esta medida ya está prevista en el propio texto.


Y por último, hablan de una disposición adicional para revisar la
normativa de prestación por cese de actividad, pero esa normativa ha sido
recientemente revisada en la Ley 35/2004, así como también en el presente
proyecto.


Señor Cleries, con esto queremos dar al Grupo de Convergència i
d’Unió respuesta concreta y correcta a sus enmiendas, que han sido
escuchadas y tenidas en cuenta.


En cuanto al Grupo Entesa y al Grupo Socialista, si me lo permiten
sus portavoces les responderé conjuntamente, puesto que sus enmiendas son
idénticas; daré respuesta a las enmiendas del Grupo Entesa, que son un
total de veintidós, y a las trece del Grupo Socialista, pero ya digo que
son idénticas.


Se propone una nueva redacción del artículo 4.3 para incluir la
modificación del trabajador autónomo con discapacidad, pero la inclusión
de este inciso sería reiterativa puesto que ya están regulados los
derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social en el
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.


Proponen ampliar los supuestos de contratación de los trabajadores
por cuenta ajena por parte de un trabajador autónomo dependiente para
incluir también los supuestos de incapacidad temporal. Nosotros
consideramos que los supuestos previstos en este proyecto de ley incluyen
las contingencias necesarias que justifican la necesidad de la
contratación de un trabajador por cuenta ajena.


Proponen mantener la actual composición del Consejo del Trabajo
Autónomo, al igual que lo hacen el resto de grupos en sus enmiendas. La
regulación actual prevé una doble representación de los representantes de
aquellas comunidades autónomas que hayan constituido su propio consejo
autonómico, con lo cual dicha duplicidad supondría un agravio frente al
resto de comunidades. Hablan de una revisión de la composición del
Consejo del Trabajador Autónomo, pero ya existe ese reglamento, es
el 1613/2010.


Se refieren a una modificación de los estatutos de la Fundación
para la Prevención de Riesgos Laborales, y vuelvo a decir que no debe
imponerse por ley ningún tipo de modificación de estatutos.


Proponen la modificación del artículo 21 de la Ley 20/2007, de
representatividad de las asociaciones representativas de trabajadores
autónomos. Consideramos que el sistema de determinación de la
representatividad que se pone en este proyecto es el adecuado, porque
tiene en cuenta la totalidad de los trabajadores afiliados a las
distintas organizaciones y se evita el perjuicio de desplazarse para una
votación interrumpiendo por tanto su actividad profesional.


Se proponen medidas para reforzar la no discriminación por razón
de discapacidad, y volvemos a repetir que ya están previstas en la
Ley 56/2003. Asimismo, el encuadramiento en la Seguridad Social de los
familiares del trabajador autónomo, y en este caso la contratación como
trabajadores por cuenta ajena de los hijos con un grado de discapacidad
igual o superior al 33 %, con independencia de la edad, ya está regulado
en la disposición adicional de la Ley 30/2007.


Se propone la modificación de la Ley 35/2006, pero consideramos
que la normativa que contiene esa modificación no procede incluirse a
través de este proyecto de ley.


Proponen el pago por los intereses en los supuestos de plazos
superiores a quince días en el pago de la prestación por desempleo, pero,
en cualquier caso, es una normativa de la gestión del Servicio Público de
Empleo Estatal que no corresponde al presente texto.


Proponen la ampliación de los colectivos para la reserva del
derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de
determinados contratos, incluyendo entidades que no tienen consideración
de centros especiales de empleo. Consideramos que incluir esas entidades
se alejaría de la finalidad que nosotros perseguimos aquí de impulsar la
economía social y los trabajadores autónomos.


Se propone la adaptación al sistema fiscal de cooperativas
—esto supondría una modificación no solo de la Ley 27/2007, sino
que además tiene carácter fiscal y no procede su inclusión en esta
ley— y la cotización de los trabajadores encuadrados en el RETA por
los rendimientos realmente obtenidos, pero la consideración de esta
medida requeriría una serie de estudios que no es posible hacer ahora
mismo en este texto.


Estas son respuestas concretas a cada una de las enmiendas que,
repito, son escuchadas, no caen en el vacío, y lo que queremos es contar
con el apoyo de todos para la aprobación de esta ley que beneficiará a
los trabajadores y a la economía social.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora Jurado.


Turno de portavoces.


Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el senador Yanguas, por cinco
minutos.


El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora
presidenta.


Este proyecto de ley que tramitamos hoy en comisión con
competencia legislativa delegada es una norma que, para Unión del Pueblo
Navarro, mejora sin duda el trabajo autónomo de nuestro país, de España.
De eso no hay duda. Pero también es cierto que algunas asociaciones han
criticado la norma en los medios de comunicación, porque no abordaba
problemas fundamentales, a los que luego haré referencia.


Ya se ha dicho aquí por parte de la portavoz del Grupo Popular que
en España hay más de 3 millones de trabajadores autónomos y en la
Comunidad Foral de Navarra, de donde yo provengo, están del orden
de 46 000 de ellos.


Como decía, este proyecto de ley se queda corto porque no incide
tampoco en la financiación de los autónomos, cuando algunos de ellos se
tienen que hipotecar de por vida para salir adelante; tampoco abre el
debate, que sí que ha estado presente en el Pacto de Toledo, sobre las
cotizaciones sociales de los autónomos; sí son de valorar —y
nosotros también lo valoramos, como pusimos de manifiesto hace tiempo en
una pregunta parlamentaria que tuve ocasión de hacer a la ministra—
la tarifa plana y las bonificaciones, que sin duda ayudan a este
colectivo. Pero hay que solucionar varios temas, que a lo mejor son
transversales y no son de esta ley, pero yo quiero aprovechar para
exponerlos aquí. Por ejemplo, el IVA de caja, una medida estrella que
actualmente no está funcionando como debería. Muchos empresarios,
autónomos sobre todo, están financiando ahora a la hacienda tributaria
ingresando un IVA de unas facturas que no han cobrado y que igual al
final no van a cobrar, y eso, desde luego, no ayuda para nada a estos
autónomos. O la Ley de morosidad —ya tuve ocasión de decírselo a la
ministra—, ídem de lo anterior, no está cumpliendo y los autónomos
soportan plazos muy largos de pago, a veces inasumibles, y es difícil
pensar que un autónomo va a denunciar a la empresa que le está dando de
comer porque le está pagando tarde; yo creo que eso no va a ocurrir
nunca. Y a veces es la propia administración la que paga tarde, pero para
eso no hay intereses de demora; hay intereses, pero no los de demora,
mientras que cuando es el administrado el que tarda se le castiga con más
rigor. Es cierto, lo vuelvo a decir, que son medidas transversales y que
a lo mejor esta ley no tiene que ocuparse de ellas, pero igual deberían
haber sido abordadas mucho antes.


Dicho esto, a Unión del Pueblo Navarro nos parece un proyecto de
ley positivo para este colectivo. Hay que seguir trabajando para mejorar
mucho más este estatuto del trabajo autónomo, pero vuelvo a decir que es
positivo para los trabajadores de la Comunidad Foral de Navarra y de
España. Por eso desde UPN apoyaremos este proyecto de ley.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Yanguas.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, en turno de portavoces, tiene la
palabra la senadora Martínez.


La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Intervengo, simplemente, para contestar
a la justificación que ha dado la señora Jurado de la no aceptación de
las enmiendas del Grupo Vasco, diciendo poco menos que la bondad del
proyecto de ley y de los objetivos que este persigue justifica que no se
haga caso a naderías, como pueden ser las bonificaciones y las cuestiones
competenciales. La bondad de un proyecto de ley o lo bien planteado que
pueda estar para facilitar en este caso el trabajo de los autónomos no es
óbice para que se haga una invasión competencial de forma sistemática
como la que se está haciendo con la materia de las bonificaciones a las
cuotas de la Seguridad Social.


Es evidente que se puede ser igualmente efectivo en la protección
de la economía social respetando todas y cada una de las competencias,
asumiendo los competencias propias, que son instrumentos que la
Constitución y el ordenamiento jurídico ponen en manos de los Gobiernos
para que puedan perseguir sus fines, en este caso fines loables, pero no
es excusa para la invasión sistemática que se está produciendo de las
competencias en este caso de la comunidad autónoma vasca.


Por lo tanto, me reitero en la defensa de nuestras enmiendas y me
reitero también en el sentido del voto de mi grupo parlamentario.
Evidentemente, no podemos admitir como válido un proyecto de ley que no
tiene en cuenta que al fin y al cabo es la comunidad autónoma vasca,
concretamente los servicios autonómicos de empleo, la que está obligada
por la propia ley además a hacer frente al pago de esas bonificaciones y
también llevar al frente la inspección de las mismas, pero el proyecto de
ley insiste en estas cuestiones de una forma esencial, casi diría que la
esencia del propio proyecto de ley es la modificación de ese sistema de
bonificaciones. Evidentemente, si no se cuenta con la participación y el
consenso de las comunidades autónomas que son competentes en esta
materia, ni este ni otros proyectos de ley podrán contar con nuestro voto
favorable.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora Martínez.


Por el Grupo Entesa, en turno de portavoces, tiene la palabra el
senador Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyora presidenta.


En todo proceso de crisis y con generación de mucho paro crece el
número de autónomos. La señora ministra Báñez nunca acabó de entenderlo:
hay un efecto de reacción, que es la capitalización del paro, y muchos
trabajadores, antes de quedarse desempleados, intentan buscar una salida
como trabajadores autónomos, a partir, insisto, de la capitalización del
paro.


Este Gobierno no ha respondido hasta el momento a las necesidades
de todo orden que tiene este colectivo. Este proyecto de ley, que llega
tarde aunque solo sea por las fechas en las que se va a aprobar,
sustituye a las políticas, una tónica bastante reiterada de la acción del
Gobierno Rajoy: es decir, muchas leyes, pocas políticas; en este caso,
muchas leyes, pero pocas soluciones concretas a los graves problemas de
empleo que hay y que también tienen los trabajadores autónomos. Y les voy
a poner un ejemplo: las políticas activas de empleo se han ido recortando
año tras año en los Presupuestos Generales del Estado; el único
instrumento que utiliza este Gobierno son las bonificaciones —y un
ejemplo clarísimo es la tarifa plana—. Hay un consenso, a excepción
del Gobierno del Partido Popular, en el conjunto de la Unión Europea, de
académicos, especialistas en esta materia, etcétera, en el sentido de que
las políticas de bonificaciones no sirve para generar empleo; por
ejemplo, la tarifa plana ha representado que se hayan dejado de
ingresar 1000 millones de euros, que también irían a la Tesorería de la
Seguridad Social. Esta es la lógica con la que este Gobierno ha enfocado
las políticas de empleo y también las políticas destinadas a los
trabajadores autónomos.


¿Adónde nos lleva todo esto? Según la última EPA, seguimos
con 5 149 000 parados y paradas y también según la última EPA hay 286 500
personas ocupadas menos que en la última EPA del Gobierno de Rodríguez
Zapatero. Por tanto, el balance laboral y ocupacional de este Gobierno es
del todo negativo, porque aunque es cierto que se ha ido generando empleo
en estos últimos meses, es un empleo en el que la temporalidad vuelve a
estar por encima del 25 % y en el que el 93 % de los contratos son
precarios; es decir, estamos en una situación, insisto, de precarización
del mercado laboral muy muy grave y muy preocupante. Y como ya he dicho
en el anterior proyecto de ley, esta situación se agrava aún más porque
no hay un cambio de modelo productivo; se empieza a crear empleo, pero
precario y siempre en el sector servicios, donde desarrollan
principalmente su actividad los trabajadores autónomos dependientes.


Por tanto —y con esto termino—, este es un proyecto de
ley que, como todo proyecto de ley, tiene aspectos positivos, tiene las
insuficiencias que antes he señalado en las enmiendas —una de las
principales es todo lo que afecta a las bonificaciones, ayudas,
capitalización, etcétera—, pero es una ley que no va a sustituir la
ausencia de políticas activas que permitan a todos los colectivos, sean
autónomos, trabajadores o trabajadores de sociedades laborales
participadas, poder desarrollar e impulsar el crecimiento real de un
empleo de calidad y estable. Por eso, señora presidenta, anuncio que me
abstendré en la votación de este proyecto de ley.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Guillot.


Por el Grupo de Convergència i d’Unió, en turno de
portavoces, tiene la palabra el senador Cleries.


El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Moltes grácies, senyora
presidenta.


Como decía en mi anterior intervención, este proyecto de ley no
aborda, ni de lejos, lo que dice el título del mismo. Una vez más podemos
constatar que los cambios introducidos en los últimos quince años no
terminan de satisfacer a los trabajadores autónomos. Uno de los grandes
colectivos más afectados por la recesión económica de estos últimos años
ha sido y es el de los trabajadores autónomos. Han sido muy pocos los
autónomos que habiendo perdido su empresa y habiendo cotizado por esta
contingencia se han podido beneficiar de la malla de seguridad social que
creamos para proteger a estas personas ante el riesgo de perder su
empleo, el denominado cese de actividad. En este sentido, esta
legislatura ha fracasado. En esta legislatura se han puesto en marcha
programas de protección social, o se les ha dado continuidad —el
Prepara, la renta activa de inserción, el Prodi—, pero los
autónomos nunca han podido acceder a ellos.


Las medidas que el Gobierno nos propone en este proyecto no
abordan esta cuestión. El proyecto de ley aborda una reforma que nuestro
grupo no termina de entender, y por eso lo hemos enmendado. Un elemento
clave que justifica que no lo apoyemos, que nos abstengamos en este
proyecto de ley, es la modificación del régimen de organización y
representación del Consejo de Trabajo Autónomo. Cuando ya se había
articulado cierto consenso sobre cómo se resolvía la representatividad de
los autónomos, el Gobierno vuelve a cambiar las reglas del juego en esta
materia. No entendemos esa cuestión, que además va a poner en riesgo la
representación de organizaciones autónomas que no son de ámbito estatal
pero que son las más representativas en determinados territorios, como es
el caso de Cataluña.


También hemos presentado enmiendas vinculadas a la economía
social, enmiendas para resolver problemas que tienen las cooperativas en
su funcionamiento práctico. Asimismo, hemos planteado enmiendas en la
línea de garantizar que de todos los incentivos que creamos para la
contratación de trabajadores, para la puesta en marcha de negocios por
parte de los autónomos, puedan beneficiarse quienes emprenden por vía
colectiva. Es una cuestión en la que el mundo de la economía social
insiste y que nunca se resuelve. Estas enmiendas precisamente garantizan
esa plena igualdad.


Finalmente, un aspecto sobre el que quiero incidir es el del
régimen de reserva de contratación a empresas de inserción y a centros
especiales de empleo. Nuestro grupo formula una propuesta alternativa a
la que figura en el proyecto de ley con la finalidad de que un porcentaje
mínimo de la contratación pública responda a centros especiales de
trabajo y a empresas de inserción, especialmente cuando estas iniciativas
de la economía social van orientadas a la inserción en mercados de
trabajos de personas especialmente frágiles que exigen este tipo de
políticas. Nuestras propuestas van mucho más allá del texto propuesto en
el proyecto de ley presentado.


En este sentido, también queremos valorar positivamente la plena
equiparación de las empresas de inserción, como los centros especiales de
empleo, para que puedan participar en determinados contratos públicos.
Esta es una de las cuestiones significativas que ponemos en valor en este
proyecto de ley, por contra, otras cuestiones que he señalado
anteriormente harán que nuestro grupo se abstenga en este proyecto de
ley.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Cleries.


En turno de portavoces, por el Grupo Socialista, tiene la palabra
el senador Martínez-Aldama.


El señor MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: Gracias, señora presidenta.


Este es un proyecto de ley que por el título, que ocupa casi tres
o cuatro líneas, generó muchas expectativas entre los trabajadores
autónomos y la economía social; sin embargo, el texto que estamos
debatiendo hoy básicamente produce insatisfacción porque se ve como una
oportunidad perdida por el sector.


Esto que les voy a contar está pasando en tiempo real. Una señora
que tengo en Facebook dice: «La cuota fija de los trabajadores autónomos
no es un impuesto, es una multa por trabajar.» Esto acaba de ponerlo una
compañera, con lo cual hay gente en España que sigue al Senado;
afortunadamente, para alguien somos importantes.


Decía que este proyecto es una oportunidad perdida. En el fondo de
lo que estamos hablando es de un refrito electoralista que aprueba el
Gobierno a tres meses de las elecciones y que, simple y llanamente, es
una reiteración de medidas de carácter menor o algunas de ellas ya
adoptadas y otras, incluso, en vigor. Nada nuevo bajo el sol hay con este
proyecto de ley del Partido Popular.


Se han ignorado por completo las demandas y las propuestas
largamente reclamadas desde el ámbito del trabajo autónomo y de la
economía social con el fin de hacer más fácil su actividad económica,
crecer o generar empleo de calidad. Nada se habla del acceso a la
financiación, que es un problema real; el problema 1.1.1. que te pone
encima de la mesa cualquier autónomo o empresa de la economía social es
el acceso a la financiación, y nada se dice por parte del Gobierno en
esta ley. Y nada se habla tampoco de una fiscalidad que sea más justa,
que sea más progresiva y que sea menos discriminatoria.


Como decía, una oportunidad perdida, porque impulsar el
autoempleo, mejorar la protección social de los autónomos, apoyar la
economía social —que es verdad, se ha demostrado, resiste mejor la
crisis—, son objetivos ligados a un modelo de desarrollo económico
más sano y más sólido, pero ni las tarifas planas ni las medidas de
carácter menor que se recogen en este texto legal van a permitir alcanzar
estos objetivos.


Una prueba fehaciente de las limitaciones de esta ley es su
memoria económica: tan solo 300 millones de euros al año, es decir, tan
solo el 5 % de lo que el Gobierno de España se va a ahorrar en
prestaciones por desempleo este año, se va a poner para dinamizar la
economía social o de los trabajadores autónomos; como digo, tan solo 300
millones de euros al año.


En definitiva y por concluir, una oportunidad perdida, una
esperanza frustrada para el sector, para los autónomos y los agentes de
la economía social, y una ley limitada, muy limitada como lo pone de
manifiesto el informe del CES —el Consejo Económico y
Social—, que ha criticado lo atropellado de su elaboración y la
falta de consenso social y político en esta ley.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador
Martínez-Aldama.


Para turno de portavoces, por el Grupo Popular, tiene la palabra
la senadora Peris.


La señora PERIS JARQUE: Buenos días —o buenas tardes—.
Muchas gracias, presidenta.


Señorías, respecto a sus intervenciones quiero destacar que no voy
a responder a todo a lo que han hecho referencia en las enmiendas puesto
que entiendo que mi compañera, la senadora Jurado, ya ha dado cumplida
respuesta.


En cuanto al proyecto de ley, este año los autónomos han
creado 403 empleos netos cada día. La mayoría del tejido productivo de
España son trabajadores por cuenta propia y pymes. Desde el inicio de
esta legislatura hay 118 000 autónomos más y, entre otras cosas gracias
al impulso legislativo que ha tenido toda esta legislatura este Gobierno
también en relación a los autónomos y gracias también a este proyecto de
ley, este sector ha previsto ya que el autoempleo pueda crecer en 550 000
personas hasta 2019. Estos datos han sido expuestos por el sector, que no
estará tan en contra de esta ley como de las otras leyes que ha aprobado
este Gobierno.


En cuanto al acceso a la financiación —que se nos ha
criticado sobre todo por el Grupo Socialista, aunque también lo ha
nombrado el Grupo de Convergència i d’Unió—, entendemos que
este Gobierno con el plan de pago a proveedores puso mucho dinero en
manos de los autónomos y de las pymes de este país, mientras que otros
partidos políticos, también con obligaciones en el Gobierno durante ocho
años anteriores, hicieron al contrario, sustrajeron ese dinero de la
disposición de donde tenía que estar, en manos de los autónomos.
Entendemos que esta legislatura sí ha ayudado a los autónomos, y además
el sector así lo ha manifestado.


Entro ya en la ley, y tengo que decir que lo que realmente se
legisla en ella es muy distinto a como la han descrito. En definitiva,
todos menos el Grupo Socialista han calificado esta ley de positiva y han
dicho que mayoritariamente tiene aspectos positivos. Pues bien, ¿cuáles
son esos aspectos?


Por una parte, por fin los diferentes incentivos que están en
vigor estarán en un único texto, lo que garantizará un mínimo de
seguridad jurídica. En segundo lugar, se amplían los incentivos, como la
tarifa plana —se determina que la cuota de 50 euros serán exactos
durante seis meses—; se amplía el incentivo a los autónomos que
inician una actividad por cuenta propia y posteriormente contraten a
trabajadores por cuenta ajena; se extiende la tarifa plana, especialmente
protegida, a las víctimas del terrorismo y a las víctimas por violencia
de género. En cuanto a situaciones de discapacidad, la reducción de
cotización se amplía a doce meses. En otro orden de cosas, se extiende la
capitalización del cien por cien de la prestación por desempleo a todas
las personas con independencia de la edad. En cuanto a los menores de 30
años que podían compatibilizar la prestación por desempleo con el alta en
RETA, ya no solo serán los menores de 30 años, sino que podrán ser
también los mayores de 30 años. Los Trade, los autónomos económicamente
dependientes, podrán por fin también contratar a un trabajador para
conciliar su vida laboral y familiar. Se amplían los incentivos para los
familiares colaboradores. Se amplían las bonificaciones a todos los
tramos de edad para la incorporación en entidades de economía social.
Existe una nueva bonificación de las cuotas de las empresas ordinarias
que procedan de empresas de inserción. Los centros especiales de empleo y
empresas de inserción se califican como entidades de interés económico
general y, por tanto, podrán acceder a subvenciones de 500 000 euros
durante tres años.


Por tanto, y a diferencia de lo que han manifestado parte de los
grupos, nosotros solicitamos el voto a favor. Quiero agradecer a Unión
del Pueblo Navarro que ha manifestado que va a votar a favor de este
proyecto de ley y el resto se va a abstener, pero al final nosotros
solicitaríamos el voto a favor porque todos los grupos, excepto el Grupo
Socialista, han determinado que este proyecto de ley es positivo tanto
para los autónomos como para la economía social de este país, insisto, en
línea con toda la legislación que ha realizado este Gobierno durante toda
esta legislatura y en relación también con los resultados. Entiendo que
era un proyecto de ley que hubiera merecido mayoritariamente consenso por
lo que aporta, insisto, de positivo, y es una pena que en este tipo de
proyectos no contemos con más votos a favor, aunque por lo menos
agradecemos que con su abstención reconozcan lo que va a aportar de
positivo a la sociedad española.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora Peris.


Pasamos a la votación de las enmiendas y del texto de este
proyecto de ley. Comenzamos con la propuesta de votación que han pasado
los grupos y con las diferentes peticiones de votaciones separadas.
Empezamos por las enmiendas del Grupo Mixto. Todas las votaciones van a
ser separadas. Votación, por tanto, separada de la 1 a la 8.


Enmienda número 1.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 1; en contra, 22; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmienda número 2.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 1; en contra, 17; abstenciones, 6.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmienda número 3.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 2; en contra, 23.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmienda número 4.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 1; en contra, 23; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmienda número 5.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 16; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmienda número 6.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 1; en contra, 22; abstenciones, 2.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmienda número 7.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 2; en contra, 23; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmienda número 8.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 17;






abstenciones, 2.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmiendas del Grupo Vasco. Enmienda número 44.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 9; en contra, 16; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Votamos en bloque las enmiendas 45 a 51, ambas incluidas, del
Grupo Vasco el Senado.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 2; en contra, 16; abstenciones, 8.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.
Votamos conjuntamente las
enmiendas 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 33, 34 y 35.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 17; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


El segundo bloque de votación serían las enmiendas 25, 27
y 32.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 17; abstenciones, 2.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya 36 y 38 que votamos en un bloque.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 1; en contra, 24; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmienda número 37.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 1; en contra, 18; abstenciones, 7.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmienda número 39.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 2; en contra, 24.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Segundo bloque, enmiendas 40 y 42.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 17; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmienda 41.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 1; en contra, 23; abstenciones, 2.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Última enmienda del Grupo de la Entesa, enmienda 43.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 17; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Del Grupo de Convergència i d’Unió votamos conjuntamente las
enmiendas números 52, 59, 60, 62, 63, 65 a 67 y 70 a 73.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 17; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votación de la enmienda número 54.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 9; en contra, 17.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Segundo bloque, enmiendas 53, 61 y 68.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 1; en contra, 24; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Bloque de las enmiendas 55 a 58, 64 y 69.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 1; en contra, 17; abstenciones, 8.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votación de las enmiendas del Grupo Socialista. Votamos en el
primer bloque las enmiendas 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 y 21.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 17; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas 11, 12 y 18.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 17; abstenciones, 2.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votación del texto remitido por el Congreso.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 17; abstenciones, 9.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


Como esta comisión no ha aprobado ninguna enmienda al texto que
acabamos de aprobar, queda definitivamente aprobado por las Cortes
Generales el Proyecto de Ley por la que se modifica y actualiza la
normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento y
promoción del trabajo autónomo y de la economía social.









PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULA EL SISTEMA DE FORMACIÓN
PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EN EL ÁMBITO LABORAL.


621/000153

GOBIERNO


La señora PRESIDENTA: Pasamos, por tanto, al último punto del
orden del día. Proyecto de Ley por la que se regula el sistema de
formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, con 211
enmiendas.


Para el debate de las enmiendas, tiene la palabra el senador
Yanguas.


El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora
presidenta.


Como en anteriores ocasiones, al no ser nuestras, sino de
Izquierda Unida, las doy por defendidas.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el señor Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias, señora presidenta.


Hemos presentado dos bloques de enmiendas. Por tanto, compartiré
este turno de defensa de enmiendas con la senadora Sequera.


La señora PRESIDENTA: Tiene entonces usted primero la palabra y
después la senadora.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gracias.


Las enmiendas que presentamos el senador Saura y yo se refieren a
una serie de aspectos fundamentales. En primer lugar, a cuestiones de
carácter competencial para respetar la distribución constitucional de
competencias de las comunidades autónomas. En segundo lugar, a la
eliminación de la facultad de los servicios públicos de empleo de
proporcionar un cheque formativo a los trabajadores desocupados hasta
tanto no se realice un análisis de acuerdo con las organizaciones
sindicales y empresariales más representativas, tal como mandata la
disposición final tercera de la Ley 3/2012. En tercer lugar, a la
necesidad de dar racionalidad y eficacia a las acciones formativas que
deberían ser, como mínimo, de 10 horas. En cuarto lugar, a la necesidad
de vincular las acciones programadas por las empresas a planes formativos
que respondan a sus necesidades reales y específicas y a las de sus
trabajadores. En quinto lugar, a la necesidad de regular los derechos de
información y consulta de los representantes de los trabajadores. En
sexto lugar, a la necesidad de incentivar la formación profesional en el
empleo en las empresas de menos de 10 trabajadores. Luego haré referencia
a todas las dificultades en que se encuentran las micros y las pequeñas
empresas. En séptimo y último lugar, el paquete de enmiendas que
presentamos los senadores de Iniciativa per Catalunya Verds, incide en la
necesidad de que los remanentes no utilizados en los recursos económicos
recuperados con las actuaciones de seguimiento y control se incorporen al
ejercicio económico siguiente, dado su carácter finalista.


Podemos afirmar, en un aspecto más político —luego haré
referencia a elementos concretos que se desprenden de esta explicación
generalizada de las enmiendas—, que este es un proyecto de ley que
ha suscitado un diálogo social y político, un trabajo continuado, no
sencillo ni fácil, con los representantes sociales, con los sindicatos; y
también en el Congreso fuimos capaces —lo fue en primer lugar el
grupo mayoritario del Partido Popular— de ir construyendo un cierto
nivel de acuerdo con el resto de grupos políticos; y en concreto, con
nuestro grupo en el Congreso, con la Izquierda Plural.


Con todo, creemos que había que presentar estas 75 enmiendas, en
las que nos hemos centrado en garantizar que el sistema de formación para
el empleo quede totalmente insertado en el sistema nacional de
cualificaciones y formación profesional.


En otra de nuestras enmiendas pretendemos también que la formación
se considere un derecho de los trabajadores y no solo un factor
productivo, riesgo que aún permanece en el redactado actual, por lo que
consideramos básico garantizar la equidad de los trabajadores en el
acceso a la información. Este es un aspecto fundamental pero,
desgraciadamente, el Partido Popular aún no entiende que ello pasa por
establecer un mecanismo muy nítido de representación legal de los
trabajadores que les permita conocer anticipadamente, emitir un informe
preceptivo, alegar las posibles discriminaciones o vulneraciones graves
en los derechos de formación y disponer de mecanismos de mediación y
arbitraje para la superación de los conflictos. Creemos que un aspecto
sustancial, que recoge las enmiendas, es que hay que entender que la
formación es un derecho de los trabajadores y que estos no pueden ser
tratados como meros receptores pasivos de la formación, sino como sujetos
activos y decisivos de la misma. Seguramente este es para nosotros uno de
los aspectos más conflictivos de este proyecto de ley.


En este sentido, hemos reforzado el papel de las organizaciones
sindicales y empresariales en el gobierno del sistema de formación para
poder cumplir con las necesidades formativas, diseñar planes y programas
formativos, y con su seguimiento, control y evaluación, y así dar
cumplimiento al Título VII de la Constitución Española, que no excluye,
sino que, al contrario, incorpora la participación y colaboración de
estas organizaciones sindicales y empresariales en estos ámbitos y
también de aquellas otras organizaciones sindicales y empresariales que,
sin contar con una representación generalizada, ostenten una
representación dentro de los ámbitos que les son propios.


Otro aspecto fundamental de las enmiendas que presentamos, al que
antes he hecho referencia, es nuestro deseo de poner un énfasis especial
en las pymes y microempresas, conscientes de que es allí donde existen
las mayores deficiencias en nuestro sistema formativo; hay dificultades
inherentes al tamaño microscópico de una buena parte de nuestro tejido
productivo y habrá que ver cómo abordarlas para darles una solución. Y en
este sentido hemos incorporado enmiendas que establecen niveles
importantes de flexibilidad en la información para pymes y microempresas;
la posibilidad de la plurianualidad en el uso de los fondos de formación;
la exención de aportación empresarial a las empresas de hasta 9
trabajadores, que creemos que es un aspecto que había que recoger, ya que
ello favorecería la posibilidad de impartir formación real, y no solo en
este microcosmos empresarial por otra parte tan grande e importante que
hay en España; hemos presentado, en definitiva, enmiendas que pretenden
evitar los obstáculos económicos que se puedan producir.


Un factor de riesgo de este nuevo sistema de formación
sería...


La señora PRESIDENTA: Señor Guillot, han finalizado sus cinco
minutos.


El señor GUILLOT MIRAVET: Pero son 10.


La señora PRESIDENTA: Lo sé. Se lo digo por aquello del reparto de
sus intervenciones. Solo le informo para su conocimiento.


El señor GUILLOT MIRAVET: Sí, sí. Gracias, señora presidenta.


Estos que he mencionado serían los aspectos fundamentales de las
enmiendas. También es fundamental que las personas con discapacidad no
puedan encontrar obstáculos insalvables para poder acceder a la formación
para el empleo. Asimismo, no impulsar el cheque de formación, que creemos
que es un aspecto importante, puede lesionar a los trabajadores menos
cualificados y puede ser una fuente de fraude.


Por último, a modo de resumen, hay tres grandes desacuerdos: la no
concreción de la participación real de la representación legal de los
trabajadores, el diseño y confección de los programas y planes
formativos; el mantenimiento del cheque de formación, que consideramos un
grave error; y, por último, las vulneraciones de competencias de las
comunidades autónomas que van ligadas a intentos de recentralización que
este Gobierno siempre está dispuesto a llevar a cabo.


En definitiva, este sería el resumen de las más de 70 enmiendas
que hemos presentado el senador Saura y yo.


Gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: A usted, señor Guillot.


Tiene la palabra la senadora Sequera.


La señora SEQUERA GARCÍA: Gracias, señora presidenta. Intervengo
muy rápidamente.


Voy a defender las enmiendas 82 a 96, que persiguen, en líneas
generales, el objetivo de garantizar que el nuevo modelo de formación
profesional integre a todos los trabajadores, sea cual sea su régimen de
afiliación, basándose en la cuota como elemento básico que lo garantiza.
El sistema de financiación de la formación profesional para el empleo
debe establecerse en el texto con claridad y trasparencia, por lo que los
conceptos financiados, así como el origen de los fondos, no deben generar
incertidumbre.


También se pretende clarificar la diferencia entre la formación
vinculada a la actividad de la empresa y aquella otra formación personal
por la que se obtienen titulaciones personales, con lo que los permisos
retribuidos de 20 horas no deben aplicarse por igual en los dos
casos.


Por otro lado, entendemos que se tiene que facilitar y extender al
máximo la formación a todo tipo de empresas, sobre todo a aquellas que
tienen pocos trabajadores, flexibilizando las condiciones para hacer
frente a sus necesidades formativas concretas y evitar que la oferta sea
generaliza y transversal. Entendemos que el sistema de formación
profesional para el empleo es fundamental para la economía y por ello se
debe garantizar la participación tanto de las organizaciones
empresariales como de las organizaciones sindicales más representativas,
así como también de los servicios públicos autonómicos en la
planificación, desarrollo y evolución del sistema. Se propone crear la
fundación estatal de formación para el empleo y que los estamentos
paritarios sectoriales sean elementos básicos para garantizar la
participación de forma activa y así establecemos las funciones de forma
explícita en la enmienda. Por último, garantizamos el derecho individual
a la formación para personas con discapacidad.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado de Convergència i d’Unió, tiene la palabra el senador
Cleries.


Pero antes de comenzar su intervención, senador, quiero comunicar
a la comisión que las enmiendas 210 y 211, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i d’Unió, de las que usted ya
tiene conocimiento, han sido rechazadas por la presidencia del Senado por
considerar que dichas enmiendas se referían a cuestiones como la
jubilación forzosa, y que carecían de manera evidente y manifiesta de
conexión con el objeto de la ley que se está tramitando. A estos efectos,
la sustraeremos de la votación.


Senador Cleries, tiene ya usted la palabra para el debate de las
enmiendas.


El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Muchas gracias, señora
presidenta.


Evidentemente, discrepamos de esta resolución de la Presidencia
del Senado, porque otros grupos incluso han propuesto, en otras leyes,
resoluciones de subvenciones con propuestas adicionales, como vimos hace
pocas semanas en el debate de una ley, donde se decía lo que se cobraría
por cada subvención, a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo que le
decía al Gobierno del Estado español que no podía resolver dichas
subvenciones; y esas sí se admiten a trámite lamentablemente.


Este proyecto se ha mejorado en su tramitación en el Congreso
gracias a algunas transaccionales de distintos grupos parlamentarios. Y
si aquí en el Senado, con las enmiendas presentadas por los distintos
grupos —también por el nuestro—, se hubiera hecho un esfuerzo
de negociación, podríamos haber llegado a un acuerdo para votar
favorablemente esta ley, pero, finalmente, no será así por la falta de
voluntad de acuerdo del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Aunque doy por defendidas las enmiendas en su conjunto, voy a
citar solo algunas, y después, en el turno de portavoces, comentaré el
motivo de nuestra abstención. Una de las posiciones críticas con este
proyecto de ley incidiría en los títulos competenciales. El título
competencial de ejecución de la política laboral y de empleo corresponde
a las comunidades autónomas; en cambio, la tendencia que sigue este
proyecto es la recentralización general, atribuyendo al Ministerio de
Empleo y a los órganos de la Administración General del Estado funciones
que son más propias de la ejecución de las políticas de empleo que no de
la competencia en materia de legislación laboral atribuida al
Estado.


También nos preocupa —y por eso algunas de las enmiendas van
en ese sentido— que en el tejido empresarial, tan trabado por
pequeñas empresas o microempresas, muy a menudo toda la legislación esté
más pensada para las grandes compañías que siempre encuentran, para hacer
frente a la complejidad de las regulaciones, la manera de poder
cumplirlas; en cambio, estas microempresas no tienen esa
oportunidad.


También pedimos más flexibilidad en los gastos de las empresas, en
lo que las empresas puedan gastar para la organización de actividades que
no sean estrictamente formativas. Pero también planteamos otras
cuestiones, por ejemplo en la enmienda 201, que propone una revisión del
trabajo para los menores de edad. Hoy existen empresas que cuando
pretenden contratar, con contratos de formación y aprendizaje, a jóvenes
de menos de 18 años, se encuentran con que la Inspección de Trabajo y los
servicios públicos de empleo están aplicando una normativa de 1957.
Nuestro grupo plantea la revisión de esta situación porque entre 1957
y 2015 el mundo ha cambiado muchísimo. Asimismo, lo que planteamos en
otras enmiendas permitiría a muchos jóvenes graduados o licenciados
realizar actividades formativas con un contrato de prácticas, cuando
ahora son contratados con otras fórmulas que no son tan garantistas.


Estos son algunos de los contenidos de nuestras enmiendas que en
su conjunto doy por defendidas.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, senador Cleries.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Jesús
Martín.


El señor MARTÍN RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes.


Reitero lo que he dicho al principio. De acuerdo al orden del día
establecido, aunque lo hemos alterado, nos trae aquí el proyecto de ley
para la reforma urgente del sistema de formación profesional para el
empleo en el ámbito laboral, procedente del Real Decreto Ley 4/2015,
de 22 de marzo.


Curiosamente, el 20 de marzo de 2015, el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social hacía pública una nota por la que informaba que en el
Consejo de Ministros de ese día se había aprobado el decreto ley del que
emana este proyecto de ley; y entre otras valoraciones, la nota del
ministerio decía: La reforma es fruto de un amplio proceso de diálogo y
participación con los agentes sociales y responde al compromiso con ellos
alcanzado en el Palacio de la Moncloa el 29 de julio de 2014. Es obvio
que entre el 29 de julio de 2014 y el 20 de marzo de 2015, al ministerio,
a la ministra, y al Consejo de Ministros, les debió pasar algo porque nos
vendieron como consensuado un real decreto al que los agentes sociales,
unos meses después, han definido como caótico y confuso, creando un
estado de inseguridad jurídica. Y hoy estamos aquí, supuestamente, para
eliminar la inseguridad jurídica y el caos creado por el diálogo
fraudulento que el ministro o la ministra, en este caso, han tenido con
los agentes sociales. Es cierto, y por aquello de que arrepentidos nos
quiere Dios, que en la tramitación de esta ley el grupo mayoritario en el
Congreso se ha avenido —por primera vez, creo— a buscar el
consenso, y que no pocas enmiendas han sido aceptadas y transadas;
diálogo y acuerdo que me temo que no se va a dar aquí, en el Senado.


Y no es menos cierto, como ya se ha dicho por otros portavoces que
me han precedido en la sesión de hoy, que tramitar cerca de 40 de
proyectos de ley en las postrimerías de una legislatura dice muy poco a
favor del Gobierno. Los portavoces del grupo mayoritario han dicho que
parece que la oposición les recrimina que no queramos trabajar; una
barbaridad, aunque en la licencia de la exposición de un discurso todo
cabe, y se dicen cosas como que no queremos que esta Cámara haga leyes.
Oiga, nos han votado para eso, ¿no? Aunque tal vez nos tendrían que botar
del Senado viendo lo que pintamos, pero nos votan para eso. La oposición,
señores del Grupo Popular, les pide que trabajen, todo lo que trabajan y,
si es posible, un poco más; que nos hagan trabajar, que hagan leyes, pero
que las hagan buenas, no arrebatadas y deprisa. Prueba de ello es que a
esta ley que estamos tramitando, se presentaron, en el Congreso,
enmiendas hasta en el preámbulo. Por tanto, lo que queremos es que las
cosas se hagan y, a ser posible, bien, porque, de lo contrario, dice muy
poco de la calidad de los textos de las leyes que se redactan y de
nuestra capacidad para legislar correctamente.


Es obvio, señorías, que por el devenir del tiempo, esta es una ley
necesaria y por eso la vamos a apoyar. Porque es la masa gris y no el
músculo lo que crea la competitividad, y más en el mundo de la
discapacidad. Y, aunque arrastramos rémoras que entre todos hemos de
superar en un inmediato futuro, como es la formación, la educación,
cuando ésta no ha llegado a tiempo, se hacen necesarias políticas de
formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, sobre todo
porque en un país como el nuestro, la crisis del ladrillo, como se ha
dado en llamar, ha dejado en la cuneta a casi una generación de jóvenes
que abandonaron sus estudios por el dinero fácil, y que hoy, con 30 o más
años, se encuentran sin un futuro y sin un empleo, sin acceso al mercado
de trabajo. Y si esto fuera una clase de lengua, podríamos decir que
entre catáforas y anáforas, un puro oxímoron. Si esto no fuera así, no
podría entenderse que con 5 millones de parados que hoy tiene España,
según las estadísticas del INEM, haya demandas de puestos de trabajo que
no se pueden cubrir con la oferta de los trabajadores porque carecen de
formación.


Por eso nos gustaría que el grupo mayoritario tuviera, con la
mayoría de las 211 enmiendas que a esta Cámara llegan, 15 de ellas de mi
grupo parlamentario, quitando las acepciones que ha hecho la señora
presidenta, la generosidad que tuvo en el Congreso y las atendiera,
porque las hacemos con el ánimo de ayudar y no de confrontar, en aras de
corregir los déficit apuntados. Porque entenderán sus señorías que, aun
reconociendo el esfuerzo negociador en el Congreso, estamos a tiempo de
mejorar el texto.


Algunas de nuestras enmiendas se incardinan a que esta ley
recupere, gracias a la negociación colectiva sectorial, el consenso en la
formación continua que ha presidido los últimos 23 años porque esta ley
ningunea en gran medida a los sindicatos. Al contrario que el grupo
mayoritario en esta Cámara, señorías, nosotros, los socialistas, sí
creemos en los centros de formación pública. Somos conscientes de que no
todos los centros de formación pública pueden formar a 4 millones de
trabajadores al año, pero querríamos un mayor protagonismo de estos sobre
los privados. Por eso hemos traído a esta Cámara una nueva enmienda al
artículo 7, apartado 1, que no se vio en el Congreso, a la que se suman
otras para ampliar la opción de la formación en la pequeña empresa
mediante estructuras paritarias sectoriales; máxime cuando todos los aquí
presentes sabemos que el 97 % de las empresas de nuestro país tienen
menos de 10 trabajadores, aunque eso solo suponga —y no son
pocos— un 20 % del tejido.


A esta ley también le falta una capitalización económica mayor de
la aquí exigida por la propia ley, entre otras, la recanalización de los
remanentes de crédito, habida cuenta de las sentencias recaídas sobre
este tema y muy puntualmente de los informes del Tribunal Constitucional
y del Tribunal de Cuentas, en los que ya han establecido que los
remanentes de crédito de la cuota de formación profesional no pueden
diluirse en el Tesoro para cubrir déficit.


Para terminar, señora presidenta, dando por conocidas todas las
enmiendas de mi grupo, me gustaría llamarles la atención sobre aquellas
que por razones de seguridad jurídica, de claridad, de transparencia y de
rigor presupuestario, solicitamos se incorporen a la ley en aras de
eliminar lecturas ambiguas que pueden llevar a interpretaciones erróneas,
cuando no al fraude.


En definitiva, compañeros y compañeras, apelo a la mayoría de esta
Cámara para que el talante que presidió el diálogo en el Congreso se haga
extensivo hoy también en el Senado.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.


Para intervención en turno en contra, tiene la palabra el senador
José Blas Fernández.


El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, quisiera, en primer lugar, darles las gracias a aquellos
grupos que van a dar su beneplácito a este proyecto de ley, que ya no es
proyecto porque es un Real Decreto Ley y se va a ratificar como tal. Los
portavoces que han hecho uso de la palabra tienen conciencia clara de la
importancia que tiene la formación. Efectivamente, se puede decir todo lo
que se quiera del mercado de trabajo, pero éste necesita, como se ha
dicho antes, una formación adecuada. Estamos ya en una senda sostenible
de crecimiento y de generación de empleo, por lo que con esta ley vamos a
propiciar la formación adecuada en todo el mundo del trabajo. El sistema
de formación profesional ha servido en los últimos 20 años para mucho. En
la actualidad hay cerca de 480 000 empresas que han participado en la
denominada formación de demanda y que han solicitado el sistema de
formación adecuado.


Decía antes, con motivo del rechazo de estas enmiendas a las que
voy a dar lectura, que el artículo 6 de este proyecto de ley supone una
participación importante de las comunidades autónomas, pues sin ellas
difícilmente se podría llevar a cabo. Dicho esto, creo que es bueno
explicar por qué se rechazan o se valoran desfavorablemente las enmiendas
por el grupo que sustenta al Gobierno. Las 66 enmiendas formuladas por
Izquierda Unida, por el Grupo Mixto, coinciden prácticamente con las
formuladas por Izquierda Plural en el Congreso. Del bloque de las
enmiendas 25 a 90, 4 se informaron favorablemente, 28 con carácter
transaccional y 34 desfavorablemente. Ello supone, como es lógico, que
hay enmiendas que se han planteado por el citado grupo que han sido
recogidas en el proyecto de ley, con lo cual entiendo que no pueden
sentirse desfavorecidos los portavoces porque no se tengan en cuenta aquí
las mismas enmiendas que en el Congreso.


Las 15 enmiendas formuladas por el Grupo Socialista ya fueron
formuladas por el mismo grupo parlamentario en el Congreso, donde 10 de
ellas fueron informadas desfavorablemente. Las 5 enmiendas restantes
tuvieron un informe favorable, salvo una que se aceptó con carácter
transaccional. Por tanto, estas últimas se han recogido en el Congreso,
así que han llegado al Senado una vez aprobadas. Son las
enmiendas 67, 73, 74 a 80 y 81. La enmienda 67 deja claro que el sistema
de formación profesional para el empleo se incardina en el marco general
del sistema nacional de formación y cualificación de profesionales;
enmienda que fue informada favorablemente en el trámite parlamentario,
cuyo contenido aparece ya reflejado en el texto publicado en el
Senado.


También tenemos la enmienda número 73, que asegura que en la
formación impartida por la propia empresa y organizada por ella misma no
existe limitación para contratar plataformas de formación online
—situación en el exterior—. Lógicamente, esta enmienda
también fue informada favorablemente en la tramitación del proyecto de
ley en el Congreso, por lo que su contenido aparece, asimismo, reflejado
en este texto del Senado. La enmienda número 74, que pretende calificar
los niveles de participación en la elaboración anual del plan de
evaluación —lo que decía al principio el portavoz del Grupo
Socialista—, fue informada favorablemente durante la tramitación
del proyecto de ley, por lo que viene también incorporada aquí al
Senado.


Después tenemos las enmiendas 80 y 81; en la primera se señala que
las organizaciones sindicales y empresariales colaborarán con los
servicios de empleo a la hora de facilitar el acceso de pequeñas y
medianas empresas. Esta es una propuesta que hacía también el Grupo
Socialista y que ya fue recogida en la tramitación del proyecto de ley en
el Congreso, por lo que su contenido aparece ya reflejado en el trámite
en el Senado; y en la segunda, por último, en la 81, que fue informada
también favorablemente, propone el desarrollo de un sistema integrado y
accesible a todas las personas trabajadoras, especialmente a las personas
con discapacidad, de información y orientación laboral. También fue
informada favorablemente por el Senado. En esto, el Grupo Socialista ha
tenido el apoyo del grupo que sustenta al Gobierno, en el Congreso y en
el Senado con las enmiendas que aquí se han ratificado.


Por lo que concierne a las enmiendas formuladas por el Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés, he de señalar que las enmiendas 82 a 96
coinciden totalmente con las formuladas por el Grupo Socialista en el
Senado, es decir, ya fueron comentadas y aprobadas, por lo que reitero lo
expuesto anteriormente. Asimismo, las enmiendas 97 a 172, coinciden
prácticamente con las enmiendas formuladas en el Senado por el Grupo
Mixto, por lo que reitero lo comentado en el primer párrafo, es decir,
que la inclusión ya se hizo en el Congreso.


Respecto a las enmiendas 173 a 211 formuladas por el Grupo
Parlamentario de CiU, he de señalar que coinciden con las que fueron
informadas desfavorablemente en el Congreso, por lo que procede mantener
el informe desfavorable. No olvidemos que en el Congreso se aceptaron 12
enmiendas de CiU y que 26 se informaron con carácter transaccional. Por
último, he de advertir que en su momento se decidió informar las
enmiendas 210 y 211, el texto que aparece en el Senado, concretamente la
propuesta realizada en su día por el SEPE en relación con estas
enmiendas, desfavorablemente porque les faltaba coherencia con la materia
a la que se refiere la formación profesional. No obstante, entendemos que
se ha dado un paso importante vistas las enmiendas que se han podido
mantener en este proyecto de ley; y creemos que el grupo parlamentario
que da apoyo al Gobierno ha actuado con responsabilidad por todo lo que
significa este proyecto que procede del Real Decreto-Ley 4/2015. Les
damos las gracias a los grupos parlamentarios que lo han apoyado. Porque
es un proyecto de ley que va a formar a mucha gente, a muchos jóvenes, a
muchas personas que, efectivamente, se encontraban discapacitadas
laboralmente hablando, en el sentido propio de la solvencia profesional;
y porque, lógicamente, hoy la formación profesional debe ir por ese
camino, por el de una formación adecuada, consecuente y al estilo que
debe darse en Europa, como así se dice en el preámbulo y en los
antecedentes de la propia ley.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.


Pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo Mixto, tiene la
palabra por espacio de cinco minutos, el senador Yanguas.


El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora
presidenta.


Este proyecto de ley, que tramitamos de nuevo con competencia
legislativa delegada, es muy importante en nuestro avanzado sistema de
relaciones laborales. (El señor vicepresidente, Sedano Pérez, ocupa la
Presidencia). La poca flexibilidad que ha habido hasta la reforma laboral
del Partido Popular estaba instalada, a nuestro modo de ver, en la
formación para el empleo. La llegada, además, del sistema de las
cualificaciones profesionales, de los escándalos gravísimos que estamos
viendo de presunta malversación del dinero en cursos de formación y de
esa rigidez en la formación que se ofertaba, hacen que sea importante que
esta ley se tramite.


Estaremos todos de acuerdo en que es fundamental que la formación
se adapte al trabajador y a las necesidades de la empresa. Esa buena
calidad en la formación siempre se convierte en mayor competitividad para
la compañía. En cuanto al parado, es necesario que los itinerarios de
empleabilidad sirvan para algo, es decir, que no se sigan haciendo curso
tras curso como churros, siguiendo esa dinámica perversa de hacer siempre
lo mismo, porque esos cursos no sirven para casi nada. La formación ha de
ser prácticamente a la carta, así es como avanzaremos en esa calidad para
el empleo con la que todos estamos de acuerdo. Por ello, en mi partido,
Unión del Pueblo Navarro, valoramos positivamente el cheque de formación
que tiene que acompañar al trabajador en toda su vida laboral para que se
especialice en su propia empresa. También hay que destacar la labor de la
patronal y, cómo no, la de los agentes sociales, pero no es menos
importante la adaptabilidad de la formación al trabajo que se desarrolla,
tanto para los ocupados como para los que están en situación de búsqueda
de empleo.


Finalizo incidiendo en que las competencias en este tema de
formación para el empleo también están delegadas. Como no podía ser de
otro modo, este proyecto de ley tiene la obligación, como todos los
demás, de respetar lo dispuesto en la Constitución Española y, en este
caso, lo dispuesto en el convenio económico entre el Estado y la
Comunidad Foral de Navarra.


Por estas razones que he dado, apoyaremos este proyecto de
ley.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sedano Pérez): Muchas gracias, senador
Yanguas.


Tiene la palabra, por el Grupo Vasco, la senadora Rut
Martínez.


La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.


Mi grupo parlamentario no ha presentado ninguna enmienda a este
proyecto de ley; y no lo ha hecho porque así lo acordamos con el grupo
mayoritario en el Congreso cuando transamos las enmiendas que había
presentado mi grupo parlamentario. Pero como es de bien nacido ser
agradecido, hay que decir que sí, que es cierto que el Grupo
Parlamentario Popular ha hecho un esfuerzo a la hora de acercar posturas.
Fundamentalmente, hemos conseguido salvaguardar el modelo de formación
profesional que ya existe en Euskadi. Para nosotros eso es fundamental.
Tenemos un modelo de formación profesional que nos ha costado sangre,
sudor y lágrimas; un modelo de formación profesional que se ha estado
madurando durante los últimos años, que surge con una reconversión
industrial que hizo que la cooperación entre lo público y lo privado,
sobre todo entre las empresas y el ámbito educativo vasco, tuviese que
ser mucho más estrecha porque las circunstancias así obligaban y que en
este contexto de crisis lo tiene que ser todavía mucho más.


En este momento en Euskadi nos estamos planteando un nuevo modelo
de formación profesional que sea todavía mucho más integrador y que esté
más en línea con la estrategia Europa 20-20. El logro de los objetivos
marcados por esta estrategia se enfrentan a importantes dificultades,
como ha puesto de manifiesto la Comisión Europea en los sucesivos
balances sobre la estrategia 20-20 que ha hecho en los últimos años, pero
también ha venido a decir que las razones que llevaron a adoptar esa
estrategia en su día siguen siendo igual de imperiosas ahora que cuando
se aprobó. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Entre los
elementos que hoy dificultan el logro de aquellos objetivos destacan la
alta tasa de desempleo, especialmente alta entre los y las jóvenes, y el
envejecimiento de la población. La falta de una adecuada cualificación de
quienes tendrían que estar empleados o empleadas es uno de los factores
que inciden de forma destacada en la alta tasa de desempleo y en el caso
de las y los jóvenes está ligada de forma muy destacada al abandono
escolar.


La evolución demográfica lleva una reducción de la población
activa. La alta tasa de desempleo crea un gran riesgo de que queden
definitivamente desvinculados del mercado de trabajo quienes nunca han
trabajado o lo han hecho solo esporádicamente. Por estas razones, las
sociedades de los países europeos y, entre ellas, la sociedad vasca y la
española se enfrentan a un importante reto en la medida en que las
previsiones para el año 2020 anuncian un muy alto índice de demanda de
alta cualificación profesional y un descenso muy acusado del empleo de
baja cualificación; un reto que debe afrontarse teniendo en cuenta los
exigentes objetivos establecidos por la Unión Europea como condición del
nuevo modelo económico que se pretende: aumentar la tasa de empleo de la
población, reducir las tasas de abandono escolar prematuro por debajo
del 10 % y aumentar hasta el 40 %, como mínimo, el porcentaje de la
población de 30 a 34 años que finaliza la educación superior.


Además de ello, la crisis económica supone un efecto coyuntural de
gran impacto que ha trastocado todas las previsiones económicas y
sociales realizadas durante los años anteriores, pero es el cambio en el
modelo productivo el verdadero factor que debe preocuparnos. Es ahí donde
se están produciendo los cambios estructurales que afectarán a la
competitividad futura de nuestras empresas. Estos cambios están generando
una profunda transformación en la manera en que compiten nuestras
empresas y en las necesidades de formación de los trabajadores, que deben
adaptarse con rapidez a los retos del futuro derivados de un entorno
complejo e incierto. En este contexto, mejorar la empleabilidad de las
personas tanto en el corto como en el largo plazo va a requerir nuevas
estrategias y nuevos mecanismos. Por un lado, se han de incrementar las
horas dedicadas a la formación como única forma de lograr el mayor grado
de especialización que demandan ámbitos cada vez más complejos; por otro
lado, la demanda de trabajadores y trabajadoras con una formación que se
ajuste al entorno competitivo actual exige romper con esquemas anteriores
y evolucionar desde un modelo formativo orientado al puesto de trabajo
hacia otro centrado en el campo profesional. Un cambio de paradigma que
coloca a la persona en el centro promoviendo la adquisición o
consolidación de competencias técnicas, personales y sociales que
garanticen la polivalencia y la funcionalidad necesarias. Nos
enfrentamos, por tanto, a un gran reto para la competitividad de las
empresas y para la empleabilidad de las personas, aún más importante en
un momento con elevados niveles de desempleo como el actual.


Por todo ello, la vinculación de las políticas de educación y
formación profesional y las políticas de empleo, así como de las
políticas de desarrollo económico, es cada vez más importantes. Para dar
respuesta a estos retos, la formación profesional que se necesita
requiere una flexibilidad y una conexión con las debidas características
peculiares de la economía de su entorno con el objetivo de que sea un
instrumento adecuado a la estructura y requerimientos específicos de su
mercado de trabajo y a las transformaciones a las que van a estar
sometidas en el futuro.


Actualmente, en el ámbito de la formación profesional concurren
distintas competencias, especialmente las relativas a la educación y al
empleo. En el ámbito del sistema educativo, de acuerdo con el
artículo 149.1.30.ª de la Constitución, corresponde al Estado la
competencia para el establecimiento de las normas básicas para el
desarrollo de su artículo 27, el derecho a la educación, así como la
regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de
títulos académicos y profesionales. En el ámbito laboral, en cambio, y de
acuerdo con el artículo 149.1.7.ª de la Constitución, corresponde al
Estado la competencia sobre la legislación laboral sin perjuicio de su
ejecución de las comunidades autónomas.


Por su parte, la comunidad autónoma vasca, en este caso, tiene
amplias competencias en el ámbito educativo. De acuerdo con el
artículo 16 de su Estatuto de Autonomía, en aplicación de lo dispuesto en
la Disposición Adicional Primera de la Constitución, es competente en el
ámbito de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados,
modalidades y especialidades, sin perjuicio del artículo 27 de la
Constitución y las leyes orgánicas que lo desarrollen. En el ámbito
laboral, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12.2 del Estatuto de
Autonomía, corresponde a la Administración General de la Comunidad
Autónoma del País Vasco la competencia de ejecución de la legislación del
Estado, especialmente en lo que aquí es más relevante cuando hablamos de
formación profesional, promoviendo la cualificación de los trabajadores y
las trabajadoras y su formación integral.


El Estado ha regulado la formación profesional, especialmente a
partir de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones
y de la formación profesional. A partir de ella, la formación profesional
en el sistema educativo se desarrolla mediante una sucesión de leyes
orgánicas, como puede ser la de educación o la de economía sostenible,
que también modifican normas anteriores, y también por la Ley Orgánica de
mejora de calidad educativa, la famosa LOMCE. Además, los aspectos
relativos a la formación para el empleo han sido regulados por medio de
la Ley 56/2003, de empleo.


La Comunidad Autónoma del País Vasco, en ejercicio de las
competencias que le corresponde, ha desplegado una destacada actividad en
el ámbito de la formación profesional desarrollando un sistema
ciertamente significativo y en toda la cualificación profesional en sus
tres vertientes: la de formación profesional inicial, la de inserción y
reinserción laboral y la formación continua de las empresas. La
Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco ha hecho un
esfuerzo especial en el desarrollo del sistema de formación profesional.
La aprobación y puesta en práctica de los sucesivos planes de formación
profesional han constituido un elemento significativamente destacable de
estos esfuerzos desplegados en este ámbito. En este sentido, conviene
señalar que el Gobierno vasco se está planteando en este momento la
elaboración del anteproyecto de ley de formación profesional vasca.


Toda esta reflexión que he estado haciendo, al hilo de este
proyecto de ley, en esta Comisión está recogida del preámbulo que se
pretende aprobar con esta formación profesional y que resume muy bien el
objetivo que tiene el sistema de formación profesional del País Vasco. El
hecho de que en el Congreso se haya aprobado una enmienda transaccional
que recoge la singularidad de la formación profesional vasca, admitiendo
las competencias que nosotros tenemos para poder desarrollarla, es
significativo porque va a salvaguardar y va a permitir que una formación
profesional que ya está siendo puntera en Europa e internacionalmente, lo
continúe siendo, atendiendo a las demandas de nuestras empresas y de
nuestra economía productiva. Nos hubiese gustado que en esa transaccional
se hubiese incluido también la imposibilidad de superposición de planes
estatales sobre planes autonómicos para garantizar una mayor seguridad
jurídica a esta futura ley de formación profesional vasca. No ha sido
posible. Por lo tanto, nos vamos a quedar en una abstención porque
entendemos que, efectivamente, se salvaguarda el modelo de formación
profesional vasca que tanto nos ha costado y que se avanza en la
consecución de un sistema de formación profesional español que va a
garantizar una mayor y mejor empleabilidad de nuestros trabajadores.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.


En turno de portavoces de la Entesa pel Progrés, tiene la palabra
el senador Jordi Guillot.


El señor GUILLOT MIRAVET: Gràcies, senyora presidenta.


Es evidente que con este proyecto de ley avanzamos hacia un nuevo
modelo de formación profesional para el empleo. Es un proyecto de ley que
cuenta con una mínima base de acuerdo y consenso con los interlocutores
sociales y en el debate político parlamentario. Creo que ese es un
aspecto importante.


Antes he señalado cuáles eran los aspectos más preocupantes y a
partir de aquí he defendido enmiendas para intentar modificar y mejorar
el proyecto de ley. Pero, en definitiva, tenemos hoy una ley que
desarrolla un nuevo modelo a partir de un consenso y que, evidentemente,
mejora la apuesta por la formación profesional. Pero no podemos olvidar
que este proyecto de ley de formación profesional para el empleo es una
pieza y faltan otras muchas que este Gobierno ha ignorado. Es evidente
que con el desarrollo de lo que contempla este proyecto de ley podremos
abordar una realidad de sociedad con un nivel tecnológico cada vez más
profundo, con cambios continuados en el tejido productivo que exigen una
inteligente y eficaz política de formación para mejorar la empleabilidad
de nuestros trabajadores y trabajadoras. Evidentemente, estamos hablando
de un único instrumento que apuesta por un empleo de calidad.


El modelo, solo hay que ver y analizar la última EPA del segundo
trimestre de 2015, sigue fundamentándose en sectores de muy baja calidad.
Seguimos creando empleo y actividad económica en sectores de muy baja
calidad; y este es uno de los aspectos que más lastra el desarrollo y
crecimiento económico de nuestro país.


En todo este periodo no ha habido incrementos de productividad,
aunque sí de la competitividad a partir de la devaluación salarial. Pero
insisto en que no ha habido ningún tipo de incremento de la
productividad, y esto se explica por el abandono del Gobierno, porque no
ha habido una apuesta decidida, con vistas a las elecciones y sirviéndose
de la experiencia de esta crisis, por abordar otro modelo productivo que
nos afiance una economía de calidad, con valor añadido y que exija
trabajadores y trabajadoras formados y capaces de adaptarse al desarrollo
tecnológico que experimentan nuestras sociedades. Creo que estamos
mejorando en un aspecto, pero este Gobierno ha fracasado, en su conjunto,
en esta apuesta profunda, como decía antes, por un nuevo modelo
productivo; y esto lastra el desarrollo de nuestra sociedad y de nuestra
economía.


Antes decía que para nosotros hay tres grandes aspectos negativos
en el proyecto de ley tal y como va a quedar: la no concreción de la
participación real de trabajadores y representantes empresariales, el
mantenimiento del cheque de formación, y por ello solicito la votación
separada de la enmienda número 177 del Grupo Convergència i d?Unió, y la
vulneración de competencias de las comunidades autónomas en un aspecto
incomprensible. Porque para que una política de formación sea real exige
proximidad, flexibilidad y adaptación al entorno, con lo cual es
incomprensible y contraproducente esta voluntad de recentralización del
diseño de las prácticas de formación.


Estoy, en definitiva, satisfecho con lo que ha salido del
Congreso, pero en el Senado no ha habido oportunidad de avanzar. Quiero
recordar que es razonable que los grupos parlamentarios presentemos aquí
las mismas enmiendas que en el Congreso, y en nuestro caso concreto son
esas mismas y otras nuevas. Lo que no sería razonable sería no
presentarlas. Pero, insisto en que en el Senado no ha habido posibilidad
de profundizar, lo que sí sucedió en el Congreso.


Por tanto, señorías, mi posición respecto de este proyecto de ley
es de sí, pero no.


Gràcies, presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Guillot.


Por el Grupo Convergència i d?Unió tiene la palabra el senador
Cleries.


El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Moltes gràcies, senyora
presidenta.


Como decía en mi anterior intervención, y afirmaba también el
senador Guillot, este es un proyecto de ley que quedó mejorado en su
tramitación en el Congreso, pero aquí, en el Senado, pasará sin pena ni
gloria como un puro trámite.


Recalcamos la importancia de invertir en la formación de los
trabajadores para tener una economía que queremos que sea más competitiva
y que genere riqueza. En este sentido el proyecto de ley nos parece poco
ambicioso dadas las necesidades que el Estado español tiene en esta
materia, y más en un contexto donde uno de los principales problemas para
crear empleo y reducir el paro es también la baja calificación de
nuestros desempleados. Ello tiene que ver, entre otras cosas, con las
elevadas tasas de fracaso escolar que tenemos, con el abandono prematuro
del sistema educativo y con algunos defectos de nuestro sistema de
formación profesional para el empleo.


Dada nuestra posición crítica con este proyecto de ley, insistimos
en que esta es una materia, la de los títulos competenciales, como el de
ejecución de la política laboral y de empleo, que corresponde a las
comunidades autónomas. La tendencia de este proyecto es la
recentralización general, atribuyendo al Ministerio de Empleo y a órganos
de la Administración General del Estado funciones que son más propias de
la ejecución de las políticas de empleo que de la competencia en materia
de legislación laboral, que es la que tiene atribuida el Estado. El
proyecto de ley, como decía, confirma la dinámica de recentralización que
se ha producido durante toda esta legislatura. En demasiadas cuestiones
es el Estado el que regula hasta un cierto nivel de detalle, y deja vacía
de contenido la competencia autonómica en esta materia, por lo que esta
capacidad de desarrollar una política que se adapte a la necesidad
económica de los territorios concretos queda muy reducida. Algunas de
nuestras enmiendas pretenden reconocer explícitamente que en determinados
territorios del Estado las organizaciones más representativas no son las
habituales del ámbito estatal, sino que existen otros interlocutores
sociales que en ese ámbito autonómico tienen el carácter de
representatividad que se necesita para dar una respuesta adecuada.


Asimismo nos preocupa que en un tejido empresarial de pequeñas
empresas o microempresas la legislación esté pensada para grandes
compañías. Por otra parte, como he dicho antes, hemos presentado la
enmienda 201 para regular el trabajo de los menores de edad. Nos gustaría
que esta enmienda fuera tenida en cuenta precisamente para cambiar la
regulación de 1957 todavía vigente.


Lamentamos que no se haya hecho un esfuerzo parlamentario en el
Senado porque estamos convencidos de que hubiéramos podido dar nuestro
voto afirmativo a este proyecto de ley, pero al no ser tenidas en cuenta
ninguna de nuestras enmiendas, ninguna de las propuestas que hemos hecho
y especialmente de las referidas al terreno competencial, nos
abstendremos en la votación de este proyecto de ley.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor
Martínez-Aldama.


El señor MARTÍNEZ-ALDAMA SÁENZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, la formación profesional para el empleo es un asunto de
vital importancia. Lo es porque permite mejorar la empleabilidad de los
trabajadores, y lo es porque permite mejorar la productividad y la
competitividad de nuestras empresas.


Para los socialistas, la formación es también un derecho de los
trabajadores. Los trabajadores y trabajadoras españoles tienen el derecho
a su desarrollo personal y profesional; tienen derecho a mejorar su
capacidad de adaptarse a los cambios permanentes del mercado laboral
mediante la formación.


Señorías del Grupo Parlamentario Popular, se lo hemos dicho a lo
largo de toda esta legislatura que ya camina hacia su ocaso, la salida de
la crisis y la lucha contra el paro no pasan por recortar los derechos de
los trabajadores, no pasa por rebajarles el sueldo que ganan con el sudor
de su frente y su esfuerzo cotidiano; la salida de la crisis y el
incremento del factor empleo pasa por incrementar la educación y la
formación, pasa por proporcionar a nuestros trabajadores y trabajadoras
las competencias y los conocimientos adecuados.


Señora presidenta, quiero poner hoy aquí en valor nuestro actual
sistema de formación profesional para el empleo, que es verdad que tiene
alguna debilidad y alguna ineficiencia que debemos corregir, pero también
lo es que tiene la fortaleza de sus 23 años, desde sus inicios, desde que
un ministro socialista, don Luis Martínez Noval, promoviera los primeros
acuerdos nacionales de formación continua. Hoy la formación para el
empleo llega a más de cuatro millones de trabajadores y trabajadoras de
nuestro país y a cerca de medio millón de empresas, concretamente
a 478 000, y ello se debe a que los diferentes gobiernos central y
autonómicos, a que las organizaciones sociales han interiorizado la
importancia de la cultura de la formación. Sin embargo, hay un punto
negro, señorías, y es que el proyecto de ley que hoy debatimos tiene como
antecedente, como bien explicaba mi compañero, el Real Decreto-Ley 4/2015
que ustedes promulgaron sin acuerdo con sindicatos y empresarios. Por
primera vez en 22 años se aprobaba una norma para la formación
profesional para el empleo sin acuerdo. Afortunadamente, el trámite de
esta ley en el Congreso ha permitido acuerdos importantes, y 38 enmiendas
transaccionales han mejorado claramente el texto final. Aprovecho esta
circunstancia realmente excepcional para recordar que este es el camino,
el del encuentro, el diálogo y el consenso. Lástima que el Partido
Popular lleve cuatro años haciendo todo lo contrario, aprobando leyes sin
debate, sin negociación y sin la búsqueda de acuerdos. Afortunadamente,
esta forma de proceder se acaba; tiene fecha de caducidad; dentro de tres
meses, con las elecciones generales.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.


Para la intervención en el turno de portavoces, en nombre del
Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Araceli
Peris.


La señora PERIS JARQUE: Muchísimas gracias otra vez,
presidenta.


Señorías, quiero destacar, como no puede ser de otra manera, el
consenso que esta ley ha desplegado a lo largo de sus orígenes y su
desarrollo, y hoy, si no pasa nada y el tiempo no lo impide, que parece
que no, vamos a votar mayoritariamente a favor y va a culminar este
proceso. Yo estoy especialmente contenta y quiero agradecer al Gobierno
esta ley y a los agentes sociales su voluntad de sentarse a dialogar con
la mente abierta, así como el apoyo del resto de grupos parlamentarios,
sobre todo en el Congreso, donde se aprobó por 37 votos a favor y 4
abstenciones. Me parece digno de destacar y espero que aquí estemos a la
altura.


Es una ley inaplazable por las debilidades e ineficiencias que ha
demostrado este sistema. De todo se aprende y evidentemente el fraude que
se ha producido en la formación demuestra la gran debilidad del sistema,
por lo que había que corregirlo urgentemente. Algunos grupos ahora
pretenden apropiarse del tema de la formación: de su origen, del decreto,
etcétera, pero sorprendentemente el Grupo Socialista tuvo ocho años para
cortar este asunto y no lo hizo; ahí están las actuaciones llevadas a
cabo en Andalucía en relación con este tema, son sobradamente conocidas y
no vale la pena referirse más a ellas.


Evidentemente, la ineficiencia del sistema se debe a que la
formación no era adecuada a la demanda, puesto que los desempleados y los
ocupados no estaban formándose en las áreas en las que debían hacerlo.
Por ello, como se ha destacado hoy, algunos empleos no están siendo
cubiertos, porque la persona no está formada, y ahí tenemos que estar
nosotros. En la actualidad la formación para el empleo en nuestro país
alcanza a más de 4 millones de trabajadores al año. Es un hecho
demostrado que entre el 2007 y el 2013 más de la mitad de los
trabajadores que no habían superado la educación primaria perdieron su
empleo y que, sin embargo, durante esos años el número de ocupados con
estudios superiores se incrementó un 2 %. Por tanto, la importancia y la
urgencia de este tema son de sobra conocidas.


¿Qué objetivos persigue el Gobierno con esta ley? En primer lugar,
garantizar el efectivo ejercicio del derecho a la formación de los
trabajadores empleados y no empleados, lo que ya fue reconocido por el
Gobierno y apoyado por el Grupo Parlamentario Popular con la reforma
laboral al reconocerse en el Estatuto de los Trabajadores el derecho a la
formación como un derecho individual, algo que no existía anteriormente.
Persigue además un segundo objetivo, la contribución efectiva de la
formación a la competitividad de la empresa, lo que al final se traduce
en más empleo. Un tercer objetivo es el fortalecimiento de la negociación
colectiva en la adecuación de la oferta formativa a los requerimientos
del sistema productivo. Y como cuarto objetivo se marca la eficacia y
trasparencia en la gestión de los recursos públicos.


¿Cómo pretende esta ley conseguir esos objetivos? Se introduce un
sistema de observación del mercado de trabajo que detecte las necesidades
para así, anticipándose con una planificación formativa, poder dar a los
trabajadores y a los desempleados lo que realmente necesitan para
aumentar su empleabilidad. Por primera vez se establece la concurrencia
competitiva de los agentes acreditaos y/o inscritos, con todo lo que eso
supone. También se contempla el cheque formación para desempleados,
aunque algún grupo no está de acuerdo; entendemos que se debe dejar
funcionar y ver qué ocurre, porque puede que no tenga las debilidades que
se le critican. En cuanto a los Presupuestos Generales del Estado, se
establecerán fondos que, si no se consumen, irán a los presupuestos del
año siguiente. Se apuesta también por la formación en centros públicos,
aunque no tanto como solicitan otros grupos. Los agentes sociales no
impartirán formación pero sí participarán en el diseño y programación,
pues el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular entienden que es
importante. Se establecen nuevas previsiones de control y mayores y más
sanciones para los infractores. Se prohíbe subcontratar. Los infractores
no podrán obtener subvenciones durante los cinco años siguientes a la
comisión de una infracción.






Se crea una unidad específica dentro de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Por otra parte, como ya se ha
resaltado, la mayoría de los grupos sí consideran positivo la cuenta
formación, que también va a aumentar la empleabilidad de los trabajadores
y al acompañar al trabajador durante toda su vida profesional justifica
la formación que va adquiriendo. Se crea el catálogo de especialidades
formativas, que va a servir de referencia para determinar en qué está
formado cada trabajador. El registro estatal de entidades de formación va
a ser muy importante porque ahí se va a publicar el resultado de las
auditorías a las empresas que dan formación, y eso va a garantizar
también la transparencia del sistema. Existe un compromiso de evaluación
permanente en la formación, tanto porque se van a analizar los resultados
en los trabajadores que se vayan formando como porque se realizarán
auditorías a las empresas que impartan formación. Este sistema apoya a
las pymes en este cambio. Por último, quiero destacar que se establece
que las empresas de menos de 100 trabajadores podrán agruparse para el
acceso a la formación, las de menos de 50 trabajadores podrán acumular su
crédito formación durante dos años para así tener acceso a acciones
formativas de mayor calidad y que las empresas de menos de 5 trabajadores
estarán exentas de cofinanciación en la formación profesional, y esto va
a afectar potencialmente a más de 1 200 000 empresas.


Por todo lo expuesto y porque coincidimos la mayoría de los
grupos, entendemos que esta ley es infinitamente positiva. Quiero
destacar el consenso alcanzado con los agentes sociales, con la mayor
parte de las comunidades autónomas —no lo he dicho al
principio— y con los grupos parlamentarios en el Congreso; consenso
que esperaba encontrar hoy en el Senado pero que lamentablemente ha sido
roto por Entesa y por CiU porque, si no he entendido mal, han manifestado
que se van a abstener, y van a ser los únicos que se abstengan y no voten
a favor de esta ley, lo cual me parece una pena porque ellos mismos han
puesto de manifiesto que es una ley importantísima para incrementar el
empleo en este país, el empleo de calidad. Por tanto, apelo a los minutos
que quedan hasta la votación para que se lo piensen. Entiendo que rompen
el consenso en una ley importantísima, tal y como —insisto—
ellos mismos han destacado, una ley que está por encima de nosotros y que
sirve para más personas de las que creemos. Esta humilde senadora insiste
en que se lo piensen y agradece el consenso alcanzado a lo largo de la
vida de esta ley.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Peris.


Hago mías las palabras de la senadora y apelo a que en unos
minutos hagan la siguiente reflexión. Vamos a pasar a la votación y, en
función de las peticiones de votos separados que ustedes nos han
trasladado, especialmente el Grupo de Convergència i d’Unió,
resulta que tenemos que votar una por una de la enmienda número 1 a la
enmienda 66, así como de la enmienda número 97 a la enmienda 172. Por eso
digo que apelo a unos minutos de reflexión para que ustedes lo piensen,
suspendo la sesión y buscamos otro acuerdo; si no, vamos a estar
bastantes más minutos votando enmiendas porque corresponde votación
separada para las enmiendas 1 a 66 y 97 a 172, todas ellas una a
una.


Esto es lo que me ha trasladado el letrado. Tiene la palabra.


El señor LETRADO: Hay una petición separada del Grupo Socialista y
otra de CiU. Si suspendemos cinco o diez minutos la sesión puedo ordenar
las enmiendas y evitar que alguna votación se escape.


La señora PRESIDENTA: Senadores, el letrado me ha dicho que ha
intentado hablar con los portavoces sobre las diferentes peticiones para
intentar llegar a acuerdos, pero era tal el lío que o se votaba una a una
o resultaba muy complicada la votación. Por eso les pido que suspendamos
cinco minutos la sesión para ordenarla, porque si no vamos a votar una a
una.


El señor LETRADO: Yo creo que con cinco o diez minutos lo puedo
cuadrar. Es que me da miedo que se escape alguna.


La señora PRESIDENTA: De acuerdo. (El señor Guillot Miravet pide
la palabra).


Señor Guillot, tiene la palabra.


El señor GUILLOT MIRAVET: Recuerdo a la Presidencia que he pedido
votación separada de la número 177.


La señora PRESIDENTA: Sí, esa está separada, ningún problema.


Las votaciones separadas que han ido sustanciando los diferentes
grupos ya están solicitadas. El problema radica en esos dos grupos con
tantas enmiendas, porque al haber tantas peticiones de votación separada
—la última la solicita Convergència i d’Unió también
específicamente separada— se tienen que votar las enmiendas una a
una.


Por ello les propongo suspender la comisión cinco minutos para
poder llegar a un acuerdo.


El señor LETRADO: Me bastan cinco o diez minutos para chequear con
CiU los bloques de enmiendas, y así cohonestar la petición de CiU con la
del Grupo Socialista.


La señora PRESIDENTA: ¿Acordamos suspender la sesión cinco minutos
para que el letrado lo vea con el Grupo de Convergència i d’Unió?
(Asentimiento).


Suspendemos la sesión cinco minutos. (Pausa).


Señorías, empezamos con el primer bloque de la votación.


Enmiendas números 1, 2, 4, 7, 11, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30,
31, 32, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45,
46, 48, 50, 52, 55, 56, 62 y 65.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 17; abstenciones, 2.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votación de las enmiendas 3 y 5.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 17; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmienda número 6.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 2; en contra, 17; abstenciones, 6.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmienda número 8.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 1; en contra, 18; abstenciones, 7.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmiendas 9, 10 y 12.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 17; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas 13, 14 y 23.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 1; en contra, 17; abstenciones, 8.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas 17, 47, 51 y 54.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 18; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas 15, 16, 18, 20, 34, 35, 44, 49, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64 y 66.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 17; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas 27 y 28.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 1; en contra, 17; abstenciones, 8.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas de la Entesa.


Enmiendas 82, 84, 86 y 92.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 17; abstenciones, 2.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos el segundo grupo de enmiendas de la Entesa.


Enmiendas 83, 85, 87, 88, 89, 91, 93, 94, 95 y 96.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 17; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmienda número 90.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 18; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmiendas 97, 98, 100, 103, 118, 120, 121, 122, 124 a 126, 129,
130, 131, 133, 134, 138, 139, 140, 141, 142, 143,  144,
145, 147, 148, 150, 152, 154, 157, 159, 166 y 171.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 17; abstenciones, 2.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Siguiente bloque de enmiendas de la Entesa.


Enmiendas 99, 101, 105, 105, 106, 107, 109, 112
a 115, 117, 119, 160, 161, 162, 164, 167, 168 y 170.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 17; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmienda número 172.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 1; en contra, 17; abstenciones, 8.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmienda número 102.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 1; en contra, 17; abstenciones, 8.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmiendas 104 y 116.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 1; en contra, 18; abstenciones, 7.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas 110, 111, 123, 128 y 127.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 18; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas 158, 163 y 165.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 2; en contra, 17; abstenciones, 7.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmienda número 108.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 17; abstenciones, 2.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmienda número 132.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 17; abstenciones, 2.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmiendas números 135, 136, 137, 146, 151 y 155.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 17; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas 149, 153 y 156.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 18; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmienda 169.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 17; abstenciones, 2.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmiendas del Grupo de Convergència i d’Unió. Primer bloque:
enmiendas 173 a 176, enmiendas 178 a 187 y enmiendas 189 a 209.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 1; en contra, 17; abstenciones, 8.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmienda 177.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 18; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmienda 188.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 17; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmiendas del Grupo Socialista. Primer bloque: enmiendas 67, 72
y 77.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 17; abstenciones, 2.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Segundo bloque de enmiendas del Grupo Socialista:
enmiendas 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 78, 79, 80 y 81.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 17; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Última enmienda, número 75.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 18; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Votación del texto de la ley remitido por el Congreso.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 23; abstenciones, 3.


La señora PRESIDENTA: Igual que en el texto anterior, al no
haberse aprobado ninguna enmienda, queda definitivamente aprobado por las
Cortes Generales el proyecto de ley por el que se regula el sistema de
formación profesional para el empleo en el ámbito laboral.


Se levanta la sesión. Muchas gracias, señorías.


Eran las quince horas y quince minutos.