estos cuatro o seis años, en la práctica, y por aplicación
de este último párrafo, quede sin valor el límite establecido —seis
años— en el primer párrafo.

Por todo ello, me ratifico en los contenidos del veto.

Muchísimas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Iglesias.

Para la defensa de los vetos conjuntos
—imagino— del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya, tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.

Efectivamente, voy a defender conjuntamente los dos vetos
del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

La verdad es que cuando vi que el Gobierno presentaba un
Anteproyecto de Ley de reforma de los parques nacionales, la pregunta era
si era necesario. Después de ver el texto del proyecto, la respuesta, a
nuestro entender, es que no es necesario porque hay diversos aspectos de
concreción, aplicación y desarrollo de la ley actual vigente que no se
han cumplido y porque, además, después de una importante litigiosidad de
las comunidades autónomas con los gobiernos centrales en relación con los
parques nacionales, parece que la ley vigente logró un cierto equilibrio
y una cierta neutralidad en relación con los recursos planteados.

Desde ese punto de vista, planteamos el veto
fundamentalmente por dos bloques de razones: por un lado, porque es una
ley que desprotege más a los parques nacionales y, por otro, porque es
una ley que recentraliza o lamina competencias de las comunidades
autónomas; además, es una ley que no solo no cuenta sino que tiene el
rechazo de las organizaciones ecologistas más o menos importantes del
Estado español.

En cuanto al primer bloque, la recentralización, les diré
que el Tribunal Constitucional ha repetido insistentemente que la gestión
de los parques nacionales ha de ser desarrollada por las comunidades
autónomas y en este proyecto de ley hay toda una serie de artículos, de
definiciones, que van en contra de la propia jurisprudencia del Tribunal
Constitucional. Incluso, el dictamen del Consejo de Estado ha llegado a
decir que hay que reconsiderar todo el texto del proyecto de ley
—hay pocos dictámenes del Consejo de Estado que pongan en cuestión
todo el texto de un proyecto de ley—. Lo que estoy diciendo es que
existe una recentralización en casos como, por ejemplo, la declaración de
un parque nacional. En la vigente ley, la iniciativa correspondía a la
comunidad autónoma y, finalmente, la aprobaba el Consejo de Ministros. En
estos momentos, no entiendo por qué la iniciativa ha de ser conjunta de
la comunidad autónoma y del Gobierno, cuando el Gobierno tiene en última
instancia la posibilidad de decir que no a esta declaración. Estamos
laminando una competencia de gestión de las comunidades autónomas.
Además, quiero manifestar que el propio Consejo de Estado dice que, dado
que este proyecto de ley se tramita por la vía de urgencia, no es posible
entrar a fondo en algunos artículos que, a su parecer, pueden contener
aspectos de inconstitucionalidad.

Otro aspecto de la recentralización es la declaración de
zonas de emergencia, y el Gobierno central dice lo siguiente: cuando el
territorio de un parque nacional ocupe dos comunidades autónomas, la
coordinación se ha de establecer entre ellas. El Gobierno, como hace en
otras muchas leyes, lo que hace es aprovechar la necesidad de
coordinación para laminar y recentralizar competencias en el Gobierno
central. Además existen muchas zonas de ambigüedad que pueden ser
posteriormente ejecutadas por el Gobierno central en función de la
recentralización. Al mismo tiempo, el desmoronamiento de las competencias
de las comunidades autónomas lleva aparejado un nivel de desprotección
importante, no solo por el hecho pintoresco grave de que el Ministerio de
Defensa pueda parar o neutralizar una declaración que define lo que es un
parque nacional, sino por lo que ha comentado antes el portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto en relación con los parques de Monfragüe y de
Guadarrama.

Para acabar, la idea de fondo es que estamos ante un
proyecto de ley que, posiblemente, y quiero ser generoso, responde a
presiones y a intereses económicos. No hay otro objetivo, a nuestro
entender, o no entendemos cual es el objetivo de una ley que lo que hace
es desproteger más y recentralizar competencias. Es un paso atrás
importantísimo en el tema de los parques nacionales que —como
ustedes saben— tiene una larga tradición en España, pues ya desde
el inicio del siglo, el nuestro es uno de los países que más se ha
preocupado por los parques nacionales, desde 1916 o 1917. Por otro lado
—como he dicho antes—, en conclusiones de diversas, 8, 10 o
12 sentencias del Tribunal Constitucional, se insiste repetidamente en
que sean las comunidades autónomas las que gestionen los parques
nacionales.

Por estas razones planteamos los vetos. También quiero
hacer referencia a la enmienda 278 del Grupo Popular que ha ofrecido una
transaccional que mejora su redacción. Me ha parecido que, respecto de
esta enmienda, el Grupo Popular tiene voluntad de diálogo y de
negociación. Como es necesario mejorar la transaccional, y dado que
tenemos una semana para hacerlo, hagámoslo para que esta enmienda no
suponga lo que inicialmente podría suponer: abrir todos los parques
nacionales a actividades económicas, lo que puede significar una
desprotección de los mismos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Para la defensa del veto número 5, presentado por el Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador
Maluquer.

El señor MALUQUER FERRER: Gracias, señora presidenta.

Mi grupo mantiene el veto a este proyecto de ley por las
motivaciones que detallamos en el escrito de acompañamiento del mismo. Yo
quería destacar alguna de ellas. Mi grupo comparte la conservación de los
valores naturales y de los paisajes que representan estos espacios. Esto
está clarísimo, pero esta ley quiere modificar, de una forma clara,
aunque se diga que se quiere mantener la esencia, la Ley 5/2007 que nos
otorgó una cierta paz jurídica entre las administraciones actuantes en
los parques nacionales. Con esta modificación no se mantiene la esencia
de la antigua ley, sino que la modifica y lo hace en puntos que para
nosotros son principales como el modelo de gestión y de coordinación de
estos espacios.

Si consideramos que los parques naturales merecen la
categoría de nacional es porque tienen valores que son excepcionales y
les queremos dar un trato excepcional. A partir de ahí tenemos que
acercar al territorio la Administración. En la medida en que esta ley y
las modificaciones que están ustedes introduciendo pretenden alejar esa
Administración cercana al territorio vamos a tener problemas y
conflictividad porque quién le va a contar a la Administración que actúa
en el mismo territorio, la Administración Local o la propia autonomía,
que es quien tiene encomendada la gestión, que tendrá que consultar con
Madrid. A lo mejor, en la composición de las juntas de los nuevos parques
nacionales, en la reformulación tendrán que estar un 50% de personas del
organismo autónomo de parques nacionales y un 50% de la Administración
del territorio. Por ello, vamos a tener conflictos porque el organismo va
a tener problemas para enviar a gente viajando por todos los parques
nacionales para marcar la gestión. Con esto no se consigue una mejora, al
revés, la coordinación se hace con la infiltración en las competencias de
cada uno de estos parques que han basado su gestión, de alguna forma, en
su conocimiento del territorio.

Si queremos realmente conservar los valores naturales y los
paisajes, hemos de ver cómo se están cumpliendo una serie de indicadores
de evolución de la calidad de la biodiversidad para que se pueda
corroborar que la gestión que se hace en cada sitio es la adecuada. Por
experiencia ya sabemos qué pasa cuando recentralizamos, que al final
acaba la Administración central haciendo grandes proyectos de inversión
en piedra, lo que llamamos el mal de la piedra, centros vacíos de
visitantes, que no sirven al visitante, que no sirven al territorio; o
sea, mausoleos. De esto tenemos muchos ejemplos en la gestión de parques
naturales y nacionales. Váyanse ustedes a Cabrera y vean en lo que ha
quedado el magnífico centro de visitantes y quién lo usa. Entren en otros
sitios y pregunten al personal que está en algunos de estos centros de
visitantes tan suntuosos la utilidad que tienen. No lo saben y ni tan
siquiera se han preocupado de qué hacen en el pueblo de al lado. Si lo
que se pretende es dinamizar la economía, no se consigue.

Como vemos con mucha preocupación esta apropiación de
competencias autonómicas, por esta innecesaria recentralización que
pretende, por su inoportunidad y por el inadecuado nivel de protección de
estos excepcionales parques naturales, mi grupo va a mantener el veto a
esta ley.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Para la defensa del veto número 4, presentado por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Fidalgo.

El señor FIDALGO AREDA: Gracias, señora presidenta.

Vamos a mantener nuestro veto porque significa una
oposición frontal a esta reforma de la ley, en primer lugar, por ser
innecesaria. Ya se ha dicho que esta ley fue aprobada por unanimidad por
todos los

partidos políticos. Fue aprobada con el consenso de los
técnicos, con el criterio de las organizaciones medioambientales, con el
consenso de las comunidades autónomas y vino a poner fin a largos
conflictos, conflictos competenciales muy importantes que hubieron de ser
resueltos por el Tribunal Constitucional. Como esta reforma rompe esos
criterios, reabre conflictos y quiebra años de paz y tranquilidad en la
gestión de los parques nacionales de España.

Pensamos que es innecesaria porque probablemente cualquier
persona que reflexione sobre esta materia puede entender que bastaría, si
algún ajuste quisiera hacer el Gobierno, con un desarrollo reglamentario
menor para arreglar cuestiones de funcionamiento que el Gobierno quisiera
resolver y que pudieran ser legítimas. En todo caso, se aprovecha esta
reforma para, con la letra del señor Cañete, hoy comisario de temas
ambientales y la inspiración de la señora Cospedal, entrar en materia y
favorecer el uso privado de algo que debe ser de interés público. Porque
un interés público no menor es la protección de los espacios sagrados de
nuestra biodiversidad, emblema de España en todo el mundo, los parques
nacionales defendidos durante muchos años por muchas personas y que
merecen ser mantenidos. Además, se abre la posibilidad ya no de la caza o
de la pesca, sino de otras actividades que perjudican y que deberían
estar prohibidas, ya sean las canteras, la extracción de hidrocarburos o
minería, la navegación o las urbanizaciones. Hoy es noticia de nuevo cómo
el Gobierno de España da vía libre a la familia Aznar-Oriol a urbanizar
en el Parque Nacional de Cabañeros y eso nos dice mucho de por dónde va
esta reforma. Y de ahí nuestra oposición frontal y nuestra advertencia de
la amenaza que supone —lo hemos dicho en ponencia— la
enmienda 278, la enmienda Cospedal, que permite usos prohibidos en
espacios que deberían ser sagrados, para uso privilegiado de algunos. Y
ya sabemos lo que pasa —también ha sido noticia estos días—
en algunos lugares cuando se usan para organizar cacerías, qué otras
cacerías se hacen.

Por tanto, queremos advertir sobre una cuestión de
legalidad respecto de la tramitación del Partido Popular al no incluir en
ponencia ninguna de sus enmiendas. Entendemos que esas enmiendas no deben
entrar de forma ilegítima ni ir contra el Reglamento del Senado.

Quiero hacer notar que las transacciones se hacen para
buscar acuerdos entre diversos grupos, y diversos grupos quiere decir más
de uno. Por lo tanto, si el Partido Popular quiere introducir como
transacción algún texto tiene que ser de acuerdo con otros grupos, o
mediante la vía de votar en contra de esta ponencia y de todas y cada una
de las enmiendas. Otra forma no sería legal.

En todo caso, tampoco entiendo las prisas en una ley que
puede tramitarse en diciembre. Quedan varios plenos y, por lo tanto,
entiendo que no habría prisa para resolverlo en el día de hoy. Yo
propongo que se tramiten los vetos, tal como estamos haciendo, y que el
trámite de enmiendas quede para otra comisión. Incluso debería retrasarse
el Pleno. No hay motivos para llevar una enmienda tan conflictiva como
esta al Pleno. Luego nos posicionaremos respecto de las enmiendas, pero
las nuevas modificaciones que nos trae el Grupo Popular lo único que
hacen —como es su técnica habitual— es generar barullo, lío
gramatical, para ocultar realmente su objetivo, que es que algunos
poderosos tengan amnistía y puedan hacer lo contrario de lo que se debe
hacer en un parque nacional. En ese sentido, contará no solo con nuestra
oposición, sino con nuestra beligerancia en esta comisión, en el Pleno y
fuera del Senado incluso.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Abrimos un turno en contra. (Denegaciones).

Abrimos el turno de portavoces.

Tiene la palabra el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Una vez que no se ha hecho uso
del turno en contra, no tiene mucho sentido contraargumentar lo no
argumentado. Me ratifico en lo dicho en la defensa del veto.

Gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: ¿Quiere intervenir, senador
Fidalgo?

El señor FIDALGO AREDA: Solo para manifestar que apoyamos
los vetos presentados por todos los grupos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Popular, tiene la
palabra la senadora Pons.

La señora PONS VILA: Gracias, señora presidenta.

Intentaré hacer un breve repaso sobre algunas de las cosas
que se han dicho. En este caso, de los 3 vetos presentados por el Grupo
Mixto, solo se ha defendido el de Izquierda Unida. Evidentemente, tengo
que negar que haya rebaja en el nivel de protección y lo que para el
senador de Izquierda Unida se consideran vicios, como es que se haya
hecho de espaldas a los ecologistas y que suponga una recentralización,
quiero decirle que esas eran precisamente algunas de las peticiones de
los grupos ecologistas, que hubiera un criterio común y de mayor
coordinación, lo cual se contradice bastante con lo que usted ha
planteado.

Al señor Saura, que dice que es innecesaria, quiero decirle
que el Gobierno ha considerado que era el momento adecuado para plantear
una nueva ley de parques nacionales. Si bien hay una gran parte que no se
modifica, sí tiene aspectos sustanciales de modificación. Las
asociaciones ecologistas están en desacuerdo con algunos puntos, pero no
en el conjunto de la ley. Estamos tramitando en este caso el tema de los
vetos; no tenemos un rechazo frontal al conjunto de la ley. Se ha hecho
por trámite ordinario, no se ha hecho por trámite de urgencia, con lo
cual los plazos son los legalmente establecidos en un trámite
corriente.

También quiero decirle que el informe de Defensa no es en
ningún caso vinculante. No se deja al criterio del Ministerio de Defensa
la ampliación o no de los parques nacionales.

Respecto a lo dicho por el senador del Grupo Catalán
Convergència i Unió, el señor Maluquer, evidentemente es una modificación
de la Ley de 2007. A ustedes les parece una buena ley y al Gobierno, en
este caso, no se lo parece; por eso hemos emprendido el trámite de hacer
una nueva y modificar la anterior. Pensamos, precisamente, que lo que se
tiene que buscar es un modelo de gestión y de mayor coordinación.

En cuando a alejarla del territorio y los mausoleos de
piedra y todo eso que nos ha contado, precisamente nosotros pensamos que
lo más adecuado es que esté lo más coordinado posible. La gestión es
evidentemente de las comunidades autónomas —se llamaría un paraguas
de parques nacionales—, porque ustedes incluso cuando hacen la
defensa confunden muchas veces parque natural y parque nacional. Estamos
hablando de parques nacionales, los parques naturales se gestionan única
y exclusivamente por las comunidades autónomas. Nosotros no pensamos que
haya ese alejamiento del territorio que usted ha planteado ni la
consideramos inoportuna, evidentemente.

El senador del Grupo Socialista, el señor Fidalgo, dice que
es un ataque frontal, que la consideran totalmente innecesaria y que
bastaría con hacer un desarrollo reglamentario. Nosotros pensamos que
algunas de las modificaciones que se hacen no se verían resueltas con un
desarrollo reglamentario; por eso presentamos esta ley. Evidentemente,
hay muchos usos prohibidos; se mantienen las prohibiciones que existían,
incluso se hacen prohibiciones mayores, a canteras y a fracking. Usted lo
ha juntado todo, y ha venido a decir que todo estaba permitido. Si ese es
su discurso, allá usted; pero nosotros vamos a explicar claramente qué es
lo que se puede y no se puede hacer en los parques. Le aseguro que la
extracción de hidrocarburos por fracking está totalmente prohibido.

Respecto a todo lo que usted ha dicho sobre las enmiendas y
la caza, como estamos en el turno de los vetos, ahí no voy a entrar.

El Grupo Popular va a rechazar todos los vetos planteados
—por estas y muchas razones que daré en el Pleno—, porque
pensamos que es una ley que refuerza la coordinación del Estado con las
comunidades autónomas y que garantiza la correcta conservación de estos
espacios. Pensamos que es buena una intervención estatal directa ante
situaciones que pongan en peligro los valores de estos espacios, y no es
algo que se le haya ocurrido a este Gobierno, sino que es algo demandado
incluso, repito, por entidades ecologistas. Creemos que se da un paso del
caos a la coherencia, y por eso, nosotros, evidentemente, defendemos esta
ley y vamos a votar en contra de todos los vetos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Procedemos a la votación de los vetos. Antes de ella, por
parte de la letrada se comprobarán las asistencias.

La señora letrada procede a la comprobación de los señores
senadores presentes.

Señorías, procedemos a la votación de los vetos. En primer
lugar, el veto número 1, de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal
Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 10; en contra, 13; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Votamos el veto número 2, de la senadora Capella i Farré,
del Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 10; en contra, 13; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Votamos a continuación el veto número 3, del senador
Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 10; en contra, 14; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Votación del veto número 6, de los senadores Guillot
Miravet y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 10; en contra, 14; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Votamos el veto número 7, de las senadoras Almiñana Riqué y
Sequera García, y de los senadores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí
Jufresa, Montilla Aguilera y Sabaté Borràs, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 10; en contra, 14; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Votamos el veto número 5, del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado Convergència i Unió.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 10; en contra, 14; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Votación del veto número 4, del Grupo Parlamentario
Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 10; en contra, 14; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Por tanto, rechazados los vetos, procede entrar en el
debate de las enmiendas. El orden de intervención de los grupos
parlamentarios es de menor a menor. Quiero decir que se han presentado a
la Mesa por parte del Grupo Parlamentario Popular 2 enmiendas a 2
enmiendas ya presentadas, las números 272 y 278. Creo que los portavoces
las tienen en su poder y, por tanto, supongo que después, en el debate de
las enmiendas, se hará referencia a ellas. (El señor Fidalgo Areda pide
la palabra).

Tiene la palabra.

El señor FIDALGO AREDA: Señora presidenta, una cuestión de
orden antes de entrar en el debate.

Nuestro grupo parlamentario entiende que en esta fase del
procedimiento no pueden presentarse enmiendas nuevas. De hecho, las 2
enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular son nuevas y no
veo base en el Reglamento del Senado para que se puedan formular en este
trámite. No son transaccionales porque no tienen las formalidades de una
enmienda transaccional, sino que son enmiendas nuevas que, por lo tanto,
no pueden presentarse. Esa es la idea de nuestro grupo parlamentario y
pediría un informe por parte de la letrada, que se haga una pausa para
deliberar sobre esta cuestión o lo que consideren oportuno. En todo caso
nosotros recurriríamos los acuerdos que se deriven de esta decisión.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Si quieren no hay inconveniente en
suspender durante cinco minutos esta comisión para que se vuelva a reunir
la ponencia y deliberen sus señorías, pero hay base en el Reglamento del
Senado.

Se suspende la sesión durante cinco minutos para que se
reúna la ponencia.

Eran las doce horas y quince minutos.

Se reanuda la sesión a las doce horas y veinte minutos.

La señora PRESIDENTA: Se reanuda la comisión y continuamos
con el debate de las enmiendas presentadas.

Para la defensa de las enmiendas números 1 a 42,
presentadas por los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, y
me imagino que también para la defensa de las enmiendas números 43 a 51,
presentadas por los senadores Quintero Castañeda y Zerolo Aguilar,
también del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el portavoz del
Grupo Parlamentario Mixto, el senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señora
presidenta.

Efectivamente doy por defendidas todas las enmiendas del
Grupo Parlamentario Mixto, y de forma muy sintética me detendré en
algunas de las que hemos formulado el senador Mariscal y yo mismo.

Hemos presentado 4 enmiendas al artículo 7, que regula las
actividades incompatibles endureciendo el régimen de incompatibilidad de
esas actividades así declaradas en el proyecto de ley. Pretendemos que la
zona periférica, a través de otra enmienda, forme parte del área de
influencia socioeconómica, para que la admisión de elementos artificiales
en el ámbito territorial de un parque nacional solo sea posible cuando
tenga una clara vinculación histórica y cultural.

Agrupando las enmiendas, también hemos presentado 7 al
artículo 8, con las que potenciamos el papel de las comunidades autónomas
y reducimos el papel del Ministerio de Agricultura, fundamentalmente
volviendo a la redacción prevista en la Ley 5/2007.

Presentamos dos enmiendas al artículo 12 para que, por una
parte, si se produce la declaración de la pérdida de condición de parque
nacional en ningún caso se puedan modificar los usos del suelo en un
periodo de setenta y cinco años y, por otra, que solo sea posible
declarar esta pérdida de condición cuando resulte imposible recuperar el
ecosistema.

Formulamos 3 enmiendas al artículo 16, que regula las
funciones de la Administración General del Estado, eliminando aquellas
que entendemos invaden competencias autonómicas.

Hemos presentado otro grupo de enmiendas para que en el
proyecto se refleje la accesibilidad en los parques nacionales.

Enmendamos el artículo 19, número 3, para abrir la
participación de las organizaciones no gubernamentales en la elaboración
del Plan Director de la Red de Parques Nacionales.

En el artículo 20, en el que se regulan los planes rectores
de uso y gestión, suprimimos el número 5, letra h, sobre el programa de
actividades económicas a poner en marcha por la iniciativa privada,
respondiendo a la filosofía de nuestro veto, que es contrario a este
planteamiento que formula el proyecto.

Enmendamos a fin de que se respeten las competencias que
las comunidades autónomas tengan reconocidas sobre los parques en aguas
marinas.

Incorporamos a las comunidades autónomas a la gestión de
los parques transfronterizos mediante otra enmienda. Y decimos que para
que se pueda producir la intervención de la Administración General del
Estado en los supuestos de conservación desfavorable, la base argumental
debe ser un informe científico de carácter independiente, concepto de
independencia que no refleja el proyecto.

En el artículo 24, que regula los patronatos, pretendemos
que de forma expresa se incluya la participación de las asociaciones
ambientales.

En el artículo 26, que regula la coordinación de los
parques supraautonómicos, queremos dejar de forma más clara que la
coordinación no corresponda a la Administración General del Estado sino
que, en todo caso, sea una competencia compartida entre la Administración
General del Estado y las comunidades autónomas.

Introducimos la obligatoriedad de la cooperación financiera
de la Administración central del Estado, suprimiendo el concepto de
colaboración público privada que se establece en el proyecto.

Voy terminando, señora presidenta. En cuanto al artículo
32.2, que regula las acciones para el desarrollo sostenible, consideramos
que se debe dar prioridad a las mismas, y por ello modificamos la
redacción del proyecto, que solo prevé la posibilidad de que se pueda dar
prioridad.

En el artículo 32.4 recuperamos los mecanismos de
evaluación de los planes de desarrollo sostenible previstos en la Ley
5/2007, que nos parecen especialmente útiles.

Planteamos dos enmiendas para la supresión de los artículos
36.2 y 37. En el primer caso, se regula que los titulares patrimoniales
puedan desarrollar actividades económicas y comerciales y de turismo
rural, y, en el segundo, se establece la regulación de las autorizaciones
y concesiones a actividades de servicios en los parques.

Formulamos enmiendas de supresión de la disposición
adicional undécima, que establece el informe del Ministerio de Defensa en
la creación de parques marinos, porque nos parece algo propio de la época
en que las aguas jurisdiccionales se medían por el alcance de los
cañones.

Finalmente, presentamos también dos enmiendas de supresión
de las disposiciones finales primera y segunda, donde se autoriza el
vuelo sin motor en el parque de Guadarrama y la navegación en el de
Monfragüe.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Para la defensa de las enmiendas números 52 a 61, tiene la
palabra el senador Fuster.

El señor FUSTER MUNIESA: Gracias, señora presidenta.

Intervengo en nombre de los senadores del Partido Aragonés
para la defensa de las 10 enmiendas que hemos presentado a la Ley de
parques nacionales.

El Partido Aragonés se pregunta cuál es el objetivo
político de este proyecto de ley y cuál era la necesidad de modificar una
ley que en 2007 fue aprobada por unanimidad de los partidos políticos,
con el acuerdo de las comunidades autónomas, y, por supuesto, de las
organizaciones ecologistas. Por tanto, cuando intuimos las respuestas
estas no nos gustan y menos cuando algunos portavoces del Partido Popular
hablan de intervención estatal directa en los parques nacionales.

Señorías, la justificación de todas ellas es concreta y
basada en las competencias exclusivas de las que dispone el Estatuto de
Autonomía de Aragón y, evidentemente, también de las que disponen otros
estatutos. Y a mayor abundamiento, y por si esto fuera poco, la posición
del Tribunal Constitucional en su sentencia 194/2004, de 4 de noviembre
de 2004 —todas cifras pares— es rotunda sobre el alcance de
las competencias básicas de la Administración General del Estado y
exclusivas de las comunidades autónomas en esta materia, tras los
recursos de inconstitucionalidad formulados por el Consejo de Gobierno de
la Junta de Andalucía, la Generalitat de Cataluña, las Cortes de Aragón y
la Diputación General de Aragón, que fueron estimados en su mayor
parte.

Como consecuencia de ello, presentamos 10 enmiendas que
pretenden clarificar las competencias de la Administración General del
Estado y de las comunidades autónomas en este proyecto de ley, y en
concreto al artículo 8, relativo al proceso de declaración, en el que
proponemos una redacción más acorde con las competencias de la Comunidad
Autónoma de Aragón en la materia.

Al artículo 13, referente a la declaración del estado de
emergencia, para que esta se produzca a propuesta de la administración
gestora del parque, que es la que realmente conoce su estado y
funcionamiento, y no previa consulta, y también para que en este caso
sean coordinados y puestos a disposición todos los medios humanos y
materiales necesarios.

Al artículo 16, sobre las funciones de la Administración
General del Estado, para la supresión de aquellos apartados que a nuestro
juicio exceden de las funciones que amparadas en el carácter básico de la
ley son, por tanto, propias de la gestión y competencias correspondientes
a las comunidades autónomas, incluso para concretar que estas funciones
corresponden al Estado en la red en su conjunto y no para cada uno de los
parques.

Al artículo 21, referente a la gestión de los parque
nacionales, para la colaboración de las comunidades autónomas con la
Administración General del Estado en los casos de parques fronterizos,
que es de puro sentido común.

Al artículo 24, sobre los patronatos, para suprimir la
representación paritaria y para que los informes sean presentados por la
Administración competente —en singular y no en plural— de la
gestión de estos parques.

Al artículo 26, relativo a las comisiones de coordinación
en los parques supraautonómicos, que a nuestro juicio y al del Tribunal
Constitucional corresponden a las comunidades autónomas.

Y, finalmente, al artículo 30, sobre cooperación
financiera, en la que estando de acuerdo, como no puede ser de otra
manera, en la colaboración público privada, creemos que no debe ser el
Organismo Autónomo Parques Nacionales el que marque los criterios.

Señorías, el Partido Aragonés no está en contra de la
coordinación pero sí de que la Red de Parques Nacionales represente un
instrumento administrativo mediante el cual se pase de modo solapado e
indirectamente de una gestión exclusiva de la comunidad autónoma a una
gestión en la que participe el Estado porque no hay título competencial
que habilite para ello, existiendo criterios claros en la sentencia del
Tribunal Constitucional, que dice textualmente —abro
comillas—: «No es propio de la potestad

coordinadora del Estado el establecimiento de unos
mecanismos de coordinación que le otorgan competencias de gestión de las
que carece». Fin de la cita.

No puedo pues finalizar esta intervención sin resaltar la
extraordinaria gestión que en Aragón estamos realizando del Parque
Nacional de Ordesa, y no nos parece oportuno que la Administración
General del Estado, mediante la modificación de normas pretendidamente
básicas, incorpore criterios y funciones que solo invaden las
competencias que nos otorga el estatuto de autonomía. Pero, además,
añado, la modificación de la Ley de parques nacionales, tal y como ha
llegado a esta Cámara, generará incertidumbre y nuevas disputas que
parecían cerradas tras la sentencia del Tribunal Constitucional y la ley
aprobada por unanimidad en el año 2007.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado, números 177 a 181, tiene la palabra el
senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, señora presidenta.

Intervengo brevemente para dar por defendidas nuestras
enmiendas y anunciar que mantendremos el voto particular para la sesión
del Pleno.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas números 182 a 271,
presentadas por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Saura.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.

Defenderé nuestras enmiendas en el Pleno del Senado, pero
quiero explicar los fundamentos sobre los que se basan. En primer lugar,
cuando se presentó el proyecto de ley vimos que era un proyecto
regresivo, que echaba para atrás la protección de los parques nacionales,
pero la aparición de la enmienda número 278 crea una nueva situación, si
me lo permiten, es una bomba parlamentaria en una cuestión especialmente
sensible.

He dicho antes que me consta la voluntad del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado de llegar a un acuerdo, y creo que es
absolutamente imprescindible hacerlo, sobre todo porque, como han dicho
diversos portavoces, la actual legislación ha permitido la paz en cuanto
a los recursos por el Constitucional a las comunidades autónomas y cierto
reconocimiento de las ONG. Pero en estos momentos todo esto se rompe. Por
lo tanto, quiero insistir en la necesidad de aprovechar esta semana, si
es que va al próximo Pleno —si se aplaza, mejor—, para
intentar mejorar la transaccional y que, independientemente de que
votemos a favor o en contra de esta ley, no tengamos una enmienda
transaccional que desproteja los parques nacionales.

Voy a apuntar 4 o 5 cuestiones. En primer lugar quiero
leerles un párrafo del dictamen del Consejo de Estado. Dice: «A la vista
de todas las consideraciones expuestas, este Consejo de Estado estima que
debe reconsiderarse la totalidad del texto.» Esto lo dice de pocos
proyectos de ley. Pero además, como decía un viejo militante de mi
partido, en política a veces avanzar es difícil, mejorar también, pero
sobre todo lo que no hay que hacer es empeorar y crear conflicto. Si me
lo permiten, déjeme que les diga que esta ley empeora y va a crear
conflicto. Esta ley, si se aprueba en estos términos, seguro que va a
terminar en el Constitucional.

No soy yo quién para hablar de las ONG, no tengo ninguna
representación, pero basta leer las páginas web de las principales ONG
para ver que no están de acuerdo con este proyecto de ley, que dan
muestras de evidente disconformidad. Ciertamente las ONG reclaman una
mayor coordinación y nosotros también. Pero no quiere decir que el
Gobierno central, sobre la base de una mayor coordinación, entre en el
campo de la gestión —porque no se necesita el Gobierno
central—. Dicho de otra manera, si hay una comunidad autónoma con
un parque natural y al lado otra con otro parque natural, la coordinación
entre ellas no necesita de papá Estado. Esta es una de las grandes
diferencias o de los déficits de España con relación a países federales
como Alemania o Austria, donde la coordinación se da entre las regiones
europeas. Por tanto, mayor coordinación no significa, como hace la ley,
crear una comisión presidida por la Administración central, cuando el
Tribunal Constitucional ha dicho muchísimas veces que la Administración
central no puede gestionar, que eso es competencia de la comunidad
autónoma.

Y dos últimas cuestiones. En cuanto al informe de Defensa,
inicialmente decía determinante pero ahora señala vinculante. El proyecto
de ley que estamos discutiendo dice que el informe de Defensa será
vinculante en la tramitación de los planes rectores de uso y gestión cuya
aprobación no corresponde al Gobierno. Es una vinculación.

Acabo señalando las dos grandes razones por las que nos
hemos opuesto a la tramitación de este proyecto de ley, sobre las cuales
fundamentamos nuestras enmiendas. En primer lugar, insisto, por la
innecesaria recentralización que se produce absolutamente innecesaria. Y
en segundo lugar, como se ha dicho al defender los vetos, porque existen
elementos suficientes de desprotección para decir no a este proyecto de
ley. Reitero, para terminar, que es necesario hacer un esfuerzo para
evitar lo que para nosotros puede ser un mal proyecto de ley, para que
este no se convierta, con la enmienda 278, en un motivo de conflicto
importante entre comunidades autónomas y con las ONG.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Para la defensa de las enmiendas números 109 a 176,
presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència
i Unió, tiene la palabra el senador Maluquer.

El señor MALUQUER FERRER: Muchas gracias, señora
presidenta.

Voy a hacer cuatro consideraciones generales sobre el tema
que nos ocupa y sobre el porqué presentamos enmiendas. Visto que se va a
tramitar, las formulamos para seguir reclamando ese diálogo que nos ha
ofrecido el señor Aparici, del Grupo Parlamentario Popular, puesto que
nos quedan días por delante, desde hoy hasta el Pleno, aunque no sé si en
esta comisión lograremos transaccionar algunas de las enmiendas que hemos
presentado los distintos grupos. Esto es lo que quiero destacar.

Hemos presentado un veto que ha sido rechazado, ¿y por qué
seguimos presentando enmiendas? Porque vemos que la Red de Parques
Nacionales tiene una homologación, como todo el mundo sabe, en la
categoría 2 de la International Union for the Conservation of Nature. (No
sé cómo se pronuncia, he intentado aplicar mis conocimientos de inglés,
pero veo que no me ha salido bien.) (Risas). Estos espacios tienen esta
homologación internacional y deberíamos mantenerla. En el proyecto de ley
no se habla de un cambio de homologación, pero, cuando repasamos el
articulado, comprobamos que podría haberlo. Si realmente se pretendía
cambiar la homologación de estos espacios, hubiera sido mejor haberlo
dicho en la parte expositiva, en la exposición de motivos de la ley pues,
de esta forma, hubiera quedado claro. Ahí nos surgen dudas y por eso,
ante esos posibles cambios, planteamos enmiendas concretas.

Asimismo, a diferencia de la ley anterior, me he dado
cuenta de que no existía en el articulado ninguna mención a la zona
periférica. Introduce una terminología como actividades tradicionales,
vinculación histórica integrada en el medio natural, etcétera. Existe
cierta nebulosa en torno a qué actividades se consideran tradicionales.
¿Se pueden considerar tradicionales actividades —me pregunto—
el esquí o las explotaciones hidroeléctricas de principios de siglo
pasado que realicen la explotación de un recurso natural cuando, según la
clasificación a la que he hecho referencia al inicio, la UICN señala que
tenemos que mantener esto muy naturalizado? Estas preguntas se nos
antojan, de ahí el sentido de presentar nuestras enmiendas.

Otra reflexión que quiero hacer en esta comisión es quién
es la Administración competente para el pago de las indemnizaciones
compensatorias por el cese de actividades incompatibles o limitaciones de
derechos. Está claro que las derivadas de la nueva ley corresponden a la
Administración General del Estado y las del Plan rector de uso y gestión
a las comunidades autónomas, pero no las derivadas de la ley declarativa.
A partir de ahí, ¿quién es competente? He visto que ustedes se han
autoenmendado y lo corrigen a mejor, ya que de alguna forma clarifican
qué es lo que hay que hacer si se prorroga y durante cuánto tiempo; así
se puede actuar en consecuencia a la hora de poder proteger un espacio en
el que se considere absolutamente imprescindible la expropiación o
indemnización para el cese de la actividad. En principio todo esto me
parece bien, pero no veo que se acabe de resolver lo que acabo de
apuntar.

Tampoco veo que este proyecto de ley nos aclare cómo se
debe resolver la financiación de las actuaciones en la red, todas estas
actuaciones tan ligadas a la gestión ordinaria como la señalización, la
uniformidad, etcétera. En el caso del parque que conozco más, el de
Aigüestortes, no ha existido una transferencia de recursos económicos a
la comunidad autónoma para poder cumplir con la uniformidad en las
actuaciones de la red, y se vienen realizando desde la incorporación del
parque a la misma, desde 1997 hasta hoy. Esto me preocupa porque seguimos
haciendo leyes que pretenden organizar y coordinar, pero dejamos en el
aire el cómo se financia. Al final somos un país que apostamos por
determinadas cosas,

que no nos importa pagar por ellas véanse las grandes
infraestructuras, como la red de alta velocidad—, pero luego,
cuando queremos conservar la naturaleza, no destinamos los recursos
adecuados. De ahí que algunas de nuestras enmiendas se presenten en este
sentido.

Defenderemos el resto de enmiendas de forma más
pormenorizada en el Pleno. Evidentemente, la declaración de Estado de
emergencia invade clarísimamente competencias. Y quiero terminar hablando
de la composición de los patronatos, pues me preocupa muchísimo esa
composición paritaria, y creo que vamos a tener problemas a la hora de
llevarla a cabo.

Nada más. Doy por defendidas todas las enmiendas y reservo
el voto para el Pleno.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

A continuación, para la defensa de las enmiendas 62 a 108,
presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Medina.

El señor MEDINA TOMÉ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, quiero empezar insistiendo en la necesidad de
retirar este proyecto de ley. Razones medioambientales que tienen que ver
con la concepción de lo que debe ser y tiene que ser un parque nacional
lo aconsejan. Razones políticas lo aconsejan —sería lamentable que
una ley de esta naturaleza, de esta envergadura, de lo que supone para
este país, sea sacada adelante solo y exclusivamente con el Grupo
Popular—; y hoy, aquí, razones jurídicas, de procedimiento, también
lo aconsejan, razones jurídicas que tienen que ver con la concepción de
lo que se entiende por una transacción. Parece ser que transacción es
aquel acto en el que una sola parte presenta una voluntad de cambiar las
cosas, y, además, se ha oído aquí que, como se ha hecho otras veces, pues
que no pasa nada. Pues mire, si 20 veces se comete un delito, a lo mejor
el 21 no justifica que se haya cometido 20. Yo lo digo porque me imagino
que, después, nuestro portavoz en esta comisión hablará con más claridad
y más concreción que quien les habla.

Primero, en relación con las enmiendas que el Grupo
Parlamentario Socialista presenta, haré un breve descripción de dónde
van, qué significan, y después, al final, alguna reflexión general, como
se ha hecho aquí.

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado en el
Congreso 33 enmiendas y en el Senado 47, de las cuales, nuevas son 19 y
provenientes del Congreso, 28. Al preámbulo, presentamos una; al título
I, Disposiciones generales, 4; al título II, Parques nacionales, 9; a la
Red de Parques Nacionales, 3; Instrumentos de planificación, 6; Gestión,
2; al título VI, Órganos consultivos de colaboración y coordinación, 7; a
Acciones concertadas, una; al Desarrollo territorial, 3; a la Proyección
y participación social, 3; a las Disposiciones adicionales, 5 —4 de
supresión y una, a la que quiero hacer una breve de referencia, por la
parte que corresponde—. Es una disposición adicional que afecta a
Canarias, que, como todos sabemos, es una comunidad autónoma que cuenta
con nada más y menos que cuatro parques nacionales, dos de ellos
declarados Patrimonio de la Humanidad, y lo que pedimos al Gobierno es
que, ya que estamos dispuestos a modificar una ley y a apoyar a las
comunidades autónomas, ponga recursos para que se cuente con carácter
permanente de los medios aéreos convenientes y necesarios para la lucha
contra los incendios forestales. Y a la disposición final hemos
presentado 3 enmiendas de supresión. Damos por defendidas todas ellas,
señorías, señora presidenta, en estos momentos. Ya, en el desarrollo del
Pleno, haremos hincapié en aquellas que consideramos de mayor relevancia
desde nuestro punto de vista.

¿Cuáles son los motivos y los fundamentos que nos han
llevado a presentar 47 enmiendas a este proyecto de ley?
Fundamentalmente, tres. El primero tiene que ver con la coherencia de los
postulados que recoge la Ley 5/2007, ley que, ahora y aquí, queremos
reivindicar y poner en valor. Una de las razones que hemos esgrimido
cuando hemos defendido el veto presentado por el Grupo Parlamentario
Socialista ha sido que entendemos, y este es un calificativo que también
han usado otros portavoces, que este es un proyecto de ley innecesario y
que nada aporta que mejore los dos pilares básicos de la Ley 5/2007, que,
insisto, reivindicamos y queremos poner en valor. Dos fueron los pilares
básicos que esa ley declaró y constató. El primero: declarar la máxima
protección de los parques nacionales de este país —máxima
protección que garantice en cualquier circunstancia la conservación de
los mismos para algo muy importante que a veces se olvida: para uso y
disfrute no solo de las generaciones presentes sino las futuras, primando
siempre el interés público, el interés general sobre el privado—. Y
el segundo pilar

básico de esa ley era la colaboración mutua y leal que
establecía con las comunidades autónomas en la buena gestión de la red
para conseguir el objetivo número uno.

Señorías, la Ley 5/2007 —hay que recordar, es bueno
hacerlo— fue gestada, nacida, desarrollada e implantada con el
acuerdo, con el consenso de todos, y, a nuestro modesto entender, merecía
mejor y más larga vida. Ustedes han preferido anteponer la variedad de
algunos —y esos algunos tienen nombres y apellidos— y los
intereses de otros —también con nombres y apellidos— antes
que desarrollar una ley que —insisto— protegía, conservaba y
que contó con todos.

El segundo argumento para presentar estas 47 enmiendas
tiene que ver con el incremento de la participación en todas aquellas
políticas que afecten a los parques nacionales de las corporaciones
locales, sobre todo a aquellas que tengan que ver, que influyan sobre las
áreas de influencia socioeconómica que define la propia ley.

Y en tercer lugar —muy importante— lo que
queremos plantear con nuestras enmiendas es evitar la resurrección de
conflictos competenciales con las comunidades autónomas. Por tanto,
coherencia en los postulados de la ley vigente, incremento de
participación de las corporaciones locales, y evitar conflictos con las
comunidades autónomas. La actual ley enterró los innumerables conflictos
competenciales que casi todas las comunidades autónomas plantearon,
relativos a la competencia en la gestión de los parques nacionales. Pero
a tenor de lo que se está planteando en la ley, parece ser que vamos a
reabrir un debate, que, insisto, ya estaba finiquitado. Ustedes van a
desenterrar un muerto que estaba bien muerto. Allá con las consecuencias.
Porque, señorías, al Grupo Parlamentario Popular —yo diría más que
al Grupo Parlamentario Popular, al Gobierno— se le ha visto en este
asunto, como en otros, el plumero. Con sutiles vericuetos pretenden
decidir desde Madrid —decidir desde Madrid—, por sí solos y
no contando con las comunidades autónomas, el destino, la gestión y la
gobernanza de los parques nacionales, cuando existen, como sabemos,
sentencias del Tribunal Constitucional que aconsejan, que dicen y que
dictaminan lo contrario.

Señorías, a tenor de lo que se ha visto hoy aquí, nos
espera un interesante proceso para culminar con la aprobación de este
proyecto de ley. Insisto, hasta razones jurídicas aconsejan retirar el
proyecto de ley. Nosotros sabemos lo que van a hacer con nuestras
enmiendas: lo de siempre. Pero curiosamente estamos muy interesados y a
la expectativa de qué van a hacer con las del Grupo Parlamentario
Popular. Porque lo que no es normal es que se haya tenido todo el tiempo
del mundo para que el grupo que apoya al Gobierno presente en el Congreso
las enmiendas que hayan querido presentar y no lo hayan hecho, y en menos
de cinco días, con nocturnidad y alevosía, hayan presentado una enmienda,
la 278, que está causando muchos problemas y muchas dudas, y, al mismo
tiempo, hoy pretendan modificarla. A ver si nos aclaramos, señorías, a
ver si nos aclaramos, porque mientras ustedes no se aclaren, a nosotros
nos va a costar mucho esfuerzo hacerlo. La enmienda 278 era necesaria ¿sí
o no? Si era necesaria, ¿por qué no la introdujeron en el Congreso? Si
tanta importancia le dan, ¿por qué no la introdujeron en el Congreso?
¿Por qué lo hacen aquí? Y la segunda cuestión: ¿por qué la modifican, si
tan claras tenían las cosas con la primera redacción? Un poco sospechoso
sí es todo esto.

Nada más, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Popular, con los números 272 a 278, tiene la palabra la
senadora Leite Coello.

La señora LEITE COELLO: Gracias, presidenta.

Buenos días, señorías.

El Grupo Popular da por defendidas las enmiendas 272 a
278.

Me reservo para el turno de portavoces.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Abrimos un turno de portavoces.

¿Algún portavoz desea intervenir? (Pausa).

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Iglesias.

Página
14

presidenta de la comisión ni nadie puede admitir nuevas
enmiendas fuera de plazo, una vez finalizado el periodo de su
presentación, porque esto se presta a ser una actividad de piratería
parlamentaria, enmiendas que desconocen los otros grupos. En ese sentido,
yo creo que se atacan los derechos de los grupos parlamentarios y que va
contra nuestros derechos. Por ello, anunciamos que formularemos las
acciones jurídicas que procedan si se tomasen acuerdos de esta forma.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra la senadora Leyte Coello.

La señora LEYTE COELLO: Gracias, presidenta.

De las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, la 272 a 278, que obran ya en su poder, se modifica
simplemente la 275 por un error gramatical en el texto. Que la enmienda
278, que pretendemos incorporar hoy al informe de la ponencia junto con
las otras, ha sido objeto de negociación, precisamente por la
sensibilidad mostrada ante la alarma que se suscitó, enmienda que viene a
clarificar la situación. Ustedes saben —no se ha dicho aquí, porque
se comenta aquí que es una agresión— que el titular del derecho de
caza es del propietario del terreno y, por tanto, para suprimir esos
derechos hay que indemnizar —de eso no se ha hablado aquí—,
porque se fundamenta en el respeto al derecho de terceros. Esa enmienda
también hace referencia a que los planes rectores de uso y gestión del
parque incorporarán el contenido de los acuerdos voluntarios. Lo que se
ha hecho a través de esta enmienda, precisamente por la preocupación de
que esto no se extienda sine díe, es marcar un plazo razonable de 6 años
dada la situación de crisis económica actual, ya que el desembolso
económico de indemnización sería enorme e inasumible en los momentos
actuales. Repito, con esta enmienda se pretende poner un plazo razonable,
dada la situación que vive nuestro país en este momento.

No entiendo los ataques y la visceralidad del senador del
Grupo Parlamentario Socialista. No sé si es que le molesta que se intente
arreglar una situación, y eso le lleva incluso a ataques, a nombrar y a
adjudicar cosas a personas que no están aquí y que no se pueden defender.
Lógicamente estas enmiendas las presentan los grupos, y nada tiene que
ver con esas otras fantasías que refiere el senador Fidalgo.

Por otra parte, debo decirle al senador Medina que esta es
otra Cámara; este país tiene un sistema bicameral; el proyecto de ley fue
al Congreso y, en el Senado, como hemos hecho siempre, se pueden
presentar las enmiendas que se consideren oportunas. No tenemos que hacer
aquí un seguidismo de lo que se aprueba allí. Es de sabios rectificar y
clarificar las cuestiones, y el Senado es precisamente donde estamos y el
lugar para hacerlo.

Creo recoger el sentir de todos si decimos que los
españoles nos sentimos orgullosos de nuestros parques nacionales que han
supuesto el mantenimiento de los sistemas adecuados para la cría y
reproducción de numerosas especies en peligro de extinción, que estamos
protegiendo una enorme variedad de fauna y de paisajes singulares que han
perdurado a través de los tiempos, que llegan a nuestras manos gracias a
la protección y amor a la naturaleza de nuestros antepasados y que es
nuestro deber seguir manteniendo los parques nacionales para las
generaciones futuras. Por tanto, no me extraña que todos los grupos
políticos con representación en esta Cámara muestren su preocupación por
el medio ambiente y, en este caso, por nuestros parques nacionales, y que
hayan demostrado un enorme trabajo con las enmiendas presentadas, algo
que aprecio y respeto. No voy a analizarlas, dado que son muy numerosas y
nos alargaríamos mucho, pero posteriormente serán debatidas. Espero que
durante esta semana y hasta que se celebre el Pleno podamos llegar a
admitir algunas de ellas para intentar que nos sintamos todos más
representados con esta ley.

En cuanto al aspecto competencial, que veo que es una gran
preocupación, considero que lo que hace esta ley es simplemente
clarificar las situaciones y ayudar a una mejor conservación de los
parques nacionales. Yo he podido hablar con asociaciones ecologistas que
expresaban su enorme preocupación por la situación que había dejado la
ley de mayo de 2007. En este sentido, esta ley la mejora; por tanto, veo
plenamente justificada su presentación.

Solo me cabe agradecer a los senadores la sensibilidad que
han demostrado hacia los esfuerzos realizados por este grupo. Les
agradezco que hayan hecho mención a ello, y a todos por su trabajo.
Esperemos que de aquí al próximo Pleno podamos alcanzar acuerdos.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. (El señor Fidalgo
Areda pide la palabra). Sí, señoría.

El señor FIDALGO AREDA: Señora presidenta, quiero plantear
una cuestión de orden. Nuestro grupo entiende que se deben votar todas
las enmiendas.

La señora PRESIDENTA: En principio, no procede votar todas
las enmiendas, senador Fidalgo. Simplemente, las que se quieran
incorporar a la ponencia, como ha planteado el Grupo Parlamentario
Popular. Si todos los grupos quieren plantearlo así, lo haremos, pero si
no, no veo que haya que votarlas.

El señor FIDALGO AREDA: Es que la ponencia no incorpora
ninguna enmienda.

La señora PRESIDENTA: El receso por el que se ha reunido la
ponencia ha sido a ese efecto, senador Fidalgo. Por tanto, en este
momento lo que someto a votación es el informe de la ponencia junto con
la incorporación de las enmiendas números 272 a 278, del Grupo
Parlamentario Popular, con la precisión de que en las números 275 y 278
se incorpore el texto que ha sido objeto de transacción, y ese es el
informe de la ponencia que se somete a votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 15; en contra, 11.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el informe de la
ponencia.

Por último, vamos a proceder a la designación del miembro
de la comisión que llevará a cabo la presentación del dictamen ante el
Pleno del Senado, que se entiende que es esta presidenta.
(Asentimiento).

Muchas gracias.

Se levanta la sesión.

Eran las trece horas y cinco minutos.