Igualmente, se reconoce un derecho directo al uso y
ocupación del dominio público por encima de la normativa reguladora de
este domino público o de la propiedad pública de ayuntamientos y
comunidades autónomas. Y se reconoce a las empresas de telecomunicación
la condición de beneficiarios en el mecanismo expropiatorio en relación
con la propiedad privada. Es decir, este proyecto de ley va a permitir
que las infraestructuras de telecomunicaciones se puedan establecer allá
donde las empresas de telecomunicaciones decidan contra la voluntad de
los ayuntamientos, contra la voluntad o la normativa de las comunidades
autónomas, contra la voluntad incluso de los propietarios privados que en
una comunidad de propietarios tomen la decisión de no aceptar la oferta
de una empresa de telecomunicaciones para que una infraestructura de
estas características se sitúe en su tejado. Será la expropiación forzosa
la que dé cobertura a la voluntad y al deseo de esa empresa de
telecomunicaciones frente a los vecinos, lo que, por otra parte, se va a
traducir seguramente en que en la negociación —que la lógica lleva
a pensar que se plantearía siempre antes de acudir al mecanismo
expropiatorio— las empresas de telecomunicaciones de sitúan en una
posición inicial ya de fuerza frente a las comunidad de propietarios;
incluso las cantidades que como compensación vienen abonando hasta ahora
a aquellas comunidades que lo han aceptado de buena gana, por las leyes
del mercado, con esta posición de fuerza, en las futuras negociaciones se
verán reducidas también.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para la defensa del veto número 2, tiene la palabra el
senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias.

Doy por defendido el veto número 2, de los senadores
Guillot y Saura.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para la defensa del veto número 3, tiene la palabra
igualmente el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: En este caso intervengo para
anunciar la retirada del veto. Fundamentalmente las razones que motivaban
nuestro veto tienen que ver con aspectos relativos a la reducción de la
independencia y de las competencias del organismo regulador, por un lado,
y a la posible colisión con directivas comunitarias y también con
aspectos relativos a la invasión de competencias de las administraciones
públicas, de comunidades autónomas y corporaciones locales, y a una
concepción que pensamos que tenía que ser un poco más ambiciosa en todo
lo relativo al despliegue de redes o la protección del consumidor.

Ciertamente en el trámite en el Congreso la ley se mejoró
sustancialmente, y aquí —después tendremos ocasión de
debatirlo— hay una predisposición a aceptar una serie de enmiendas
de los diferentes grupos parlamentarios que yo creo que también mejorarán
la ley. No obstante, seguiremos hablando de aquí al Pleno. Precisamente
por estas razones, entre otras, los senadores socialistas del Grupo
Parlamentario de la Entesa retiramos el veto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

¿Hay turno en contra? (Pausa.)

La senadora Azuara tiene la palabra.

La señora AZUARA NAVARRO: Gracias, señor presidente. Buenos
días, señorías.

Como bien ha expuesto el senador Montilla, hoy nos
encontramos ante el debate de un proyecto de ley que reúne un amplio
consenso entre todos los grupos políticos representados en el Congreso de
los Diputados, y en nuestro caso deseo y espero que obtenga también ese
consenso mayoritario en esta Cámara.

Aquí en el Senado, como bien ha reconocido el senador
Montilla, estamos contribuyendo con nuestros esfuerzos a trabajar con el
resto de los grupos parlamentarios para avanzar en la línea de conseguir
la máxima participación y colaboración de todas las fuerzas políticas,
con el fin de obtener una ley lo más consensuada posible y, lo que es más
importante, conseguir una Ley general de telecomunicaciones que sirva de
palanca para el desarrollo no solo del sector de las TIC, sino de la
propia economía española.

Antes de pasar a contestar a los portavoces de los grupos
que han presentado y defendido sus vetos en esta comisión, en este caso
el Grupo Parlamentario Mixto y Grupo Parlamentario de la Entesa, y

posicionar posteriormente el voto del Grupo Parlamentario
Popular, quisiera hablar un poco de la propia Ley general de
telecomunicaciones que hoy llega a la última fase de tramitación
parlamentaria aquí en el Senado.

En primer lugar me gustaría felicitar al ministro de
Industria, Energía y Turismo y a todo el equipo de don Víctor
Calvo-Sotelo, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, por la
forma en que han elaborado esta ley y por los acuerdos que han alcanzado
con todos los agentes implicados desde el comienzo de su tramitación y
mucho antes de llegar al debate parlamentario en las Cortes Generales.
Cabe destacar que nada más aprobarse el anteproyecto en el Consejo de
Ministros se llevó a cabo un trámite de audiencia pública a través del
Consejo Asesor de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información,
solicitando los informes pertinentes a los siguientes organismos:
Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Comisión Nacional de la
Competencia, Consejo General del Poder Judicial, Agencia Española de
Protección de Datos y Consejo Económico y Social; un consejo asesor al
que todos los entes implicados en el sector de las telecomunicaciones
pudieron aportar, cada uno desde su foco legítimo de interés,
valoraciones, ideas, propuestas y todas las alegaciones que consideraron
necesarias para la mejora del propio texto del anteproyecto de ley. De
esta forma las comunidades autónomas, la Federación Española de
Municipios y Provincias, las asociaciones empresariales y asociaciones de
usuarios, los operadores de comunicaciones y prestadores de servicios, y
también los colegios profesionales y sindicatos, pudieron intervenir en
su elaboración, dando lugar a una norma que ha sido bien valorada y
apreciada desde distintos ámbitos. Es por ello que debemos destacar el
trabajo y el esfuerzo del ministerio y de la secretaría de Estado de
Telecomunicaciones, al abordar una reforma tan importante contando con
una amplia y constructiva participación de los distintos agentes del
sector y sumando esfuerzos para lograr el mayor consenso posible en su
tramitación legislativa.

En segundo lugar me gustaría comentar resumidamente cuáles
son los objetivos que persigue el proyecto de ley y reflexionar sobre la
necesidad de introducir cambios estructurales significativos en estos
momentos de coyuntura económica. El sector de las telecomunicaciones,
como hemos dicho muchas veces, representa una fuente de ampliación de
actividad económica y creación de empleo en nuestro país. Al mismo tiempo
los servicios de telecomunicaciones constituyen un impulso esencial para
la economía productiva y resultan indispensables en la vida cotidiana de
los ciudadanos. Todos estamos conectados a Internet, todos estamos
metidos dentro de las redes sociales mediante nuestros terminales
móviles, tabletas y demás dispositivos, y a la vez generamos y recibimos
contenidos digitales, y los usamos no solo en beneficio de la vida
cotidiana de los ciudadanos, sino también como un bien para la economía y
para el crecimiento del PIB.

Actualmente en España el sector de las telecomunicaciones
se encuentra en un momento de renovación tecnológica importante, sobre
todo en lo que se refiere a sus infraestructuras. Es por esto por lo que
no debemos quedarnos rezagados, ni a la cola de los países más
desarrollados. Por estas razones tanto el Gobierno como el Partido
Popular consideramos necesaria la elaboración de esta ley, pues el
impulso que inyectemos al sector de las telecomunicaciones es lo que nos
permitirá afianzar nuestra economía a la mayor brevedad posible.

Dada la brevedad de mis antecesores en la defensa de los
vetos, yo también voy a comentar resumidamente los grandes objetivos que
pretende esta ley: por un lado, introducir reformas estructurales en el
régimen jurídico de las telecomunicaciones, que se traduzca en que los
operadores tengan más facilidad en el despliegue de sus redes de nueva
generación, tanto móviles como fijas, y en la prestación de sus
servicios. Y por otro lado, mejorar la oferta de servicios innovadores
para los ciudadanos y las empresas, servicios cada vez con mayor
cobertura, más innovadores, de mayor calidad y a unos precios más
asequibles, lo cual redundará en unas mejores condiciones de
competitividad y productividad de la economía de nuestro país. La
consecución de estos dos objetivos se acomete a través de reformas que se
pueden resumir en cuatro grandes grupos: impulso de la competencia y
mejora de los servicios a los usuarios, promover la unidad de mercado,
simplificación administrativa en los trámites que tienen que realizar los
operadores para el despliegue de sus redes, y finalmente, con el mismo
objetivo, se han introducido nuevos mecanismos de coordinación y
colaboración con las comunidades autónomas y las entidades locales. El
Grupo Parlamentario Popular considera que estas medidas que incorpora el
texto suponen una clara apuesta por el sector de las telecomunicaciones y
valora muy positivamente el proyecto de ley como un gran instrumento para
el desarrollo de nuestra recuperación económica y la defensa de los
consumidores y usuarios.

En relación con los vetos números 1 y 2 —agradezco al
Grupo Parlamentario de la Entesa la retirada del veto número 3—,
resumiré brevemente varios aspectos que ha tratado en su exposición el
portavoz de Izquierda Unida.

En principio, el proyecto de Ley general de
telecomunicaciones no afecta en ningún caso ni a las competencias
autonómicas ni a las competencias municipales, sino que se limita a
establecer diversas fórmulas de colaboración y coordinación entre las
administraciones públicas, evitando así las famosas duplicidades.
Entendemos que esto permitirá aprovechar las sinergias, conseguir ahorros
adicionales y reducir las cargas administrativas que soportan los
ciudadanos y, evidentemente, las empresas.

Además, al contrario de lo que ha comentado el senador
Iglesias, el proyecto de ley precisamente incorpora nuevas medidas de
protección de la salud, puesto que refuerza el principio de precaución
acogido por la normativa comunitaria y nacional y establece límites de
exposición a los campos electromagnéticos. De hecho, el proyecto prevé la
creación de la comisión interministerial sobre radiofrecuencias y salud,
cuya labor será asesorar a las administraciones públicas y a la industria
e informar a la ciudadanía sobre las medidas aprobadas en materia de
protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, y sobre todo
realizar los controles a los que son sometidas las instalaciones
generadoras de dichas emisiones.

Es por esto, señorías, que el proyecto de ley recoge
medidas tendentes a satisfacer la demanda ciudadana de recibir más
información acerca de los posibles efectos de los campos
electromagnéticos sobre la salud, que serán incorporados bien en prensa o
en televisión o en otros medios de comunicación.

Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario
Popular votará en contra de los dos vetos.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Intervengo brevemente para hacer alguna consideración en
relación con lo manifestado por la portavoz del Grupo Popular.

Nosotros entendemos que es cierto, y lo afirmaba en la
defensa del veto, que resulta imprescindible para nuestro país que se
propicie el desarrollo de las redes de telecomunicaciones, que es una
herramienta, un instrumento fundamental, pero no pensamos que la forma
adecuada en la que se debe afrontar este despliegue de las redes sea la
concesión con carácter absoluto a las empresas de telefonía —que
aunque aquí hablemos de mercado, son muy pocas, es un oligopolio aún más
estrecho que el eléctrico— de la toma de decisiones que son
estratégicas, en las que, por lo tanto, es imprescindible mantener
niveles de competencia de las administraciones públicas que garanticen la
prioridad del interés general sobre el interés legítimo de estas
empresas, pero que responden a los intereses de sus accionistas, no a
otros, no al desarrollo de este país, ni tan siquiera en el ámbito en el
que se mueven.

Sobremanera pensamos que es necesario mantener esas
competencias cuando el proyecto de ley, con un nuevo uso alternativo del
lenguaje, bajo el epígrafe de instrumentos de colaboración entre
administraciones, lo que hace, insisto, una vez más, es prescindir de las
competencias de ordenación del territorio y de planificación urbanística
de ayuntamientos y comunidades autónomas, supeditándolas a las decisiones
de estas empresas de telefonía, ubicando al Ministerio de Industria y al
Consejo de Ministros como último recurso que sirva como elemento para
imponer las necesidades de despliegue de estas redes por parte de las
empresas sobre el rechazo o el intento de establecer condicionantes por
parte de las administraciones locales y autonómicas. Eso no es compartir
competencias; eso es, por un lado, devaluar, insisto, hasta prácticamente
la extinción, esas competencias en lo que afecte a la materia de
telecomunicaciones y, en último extremo, colocar a la Administración
central, a la Administración del Estado como último recurso en la
decisión de cuáles han de ser las ubicaciones, el recorrido y el trazado
de estas redes.

Pensamos, además, que por más que se insista en que en el
proyecto de ley se introducen criterios de protección del derecho a la
salud, lo cierto es que las menciones a tal derecho en este proyecto de
ley son anecdóticas, cuando entendemos que debería ser uno de los
condicionantes fundamentales del proyecto, y en ningún caso hay garantía
de respeto a esa protección al derecho a la salud cuando se concede a
estas empresas de telefonía facultades tan amplias en la definición y
decisión de cuáles son sus necesidades y en la forma en que han de
afrontarse, hasta tal punto que en la definición de cuáles han de ser los
criterios prioritarios, en la concreción de la ubicación de
infraestructuras y en el tendido o

trazado de las redes, en ningún caso se hace referencia a
la salud; se habla de condicionantes tecnológicos y económicos.
Obviamente, si la tecnología y la economía van a ser las que determinen
las decisiones que en materia de desarrollo de las telecomunicaciones se
van a adoptar, la salud inevitablemente va a padecer.

Muchísimas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado? (Denegaciones del
señor Anasagasti Olabeaga). No hace uso de la palabra.

¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya?
(Denegaciones del señor Montilla Aguilera.) No hace uso de la
palabra.

¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i
Unió? (Denegaciones del señor Alturo Lloan.) No hace uso de la
palabra.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Gil.

El señor GIL GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días. También en aras a la brevedad y para seguir la
estela de los senadores que me han precedido en el uso de la palabra,
quisiera subrayar algunas cuestiones que para mi grupo, el Grupo
Socialista, son importantes respecto a este proyecto de ley.

Nosotros creemos que el carácter estratégico de la Ley
general de telecomunicaciones está, desde luego, fuera de toda discusión
y no solo en lo que se refiere al despliegue de las redes, al factor
económico y a la incidencia positiva que creemos puede tener en el
empleo, y que la va a tener, sino porque también contribuirá a algo muy
importante, a una mayor cohesión social en nuestro país, un aspecto que
consideramos absolutamente determinante.

Esta ley tiene que facilitar, y creo que lo va a hacer, el
ejercicio de derechos esenciales para los ciudadanos, como el derecho a
la información, el fomento de la igualdad de oportunidades, así como a la
accesibilidad universal a estos servicios de los que estamos hablando,
por no hablar de las mejoras para la cohesión territorial, tan
importantes para algunas de las señorías que nos encontramos en esta sala
y que venimos de territorios con una marcada pluralidad, en donde la
brecha digital todavía se deja sentir y que imposibilita que muchos
ciudadanos tengan acceso a las tecnologías de la información.

Por tanto, este proyecto de ley debe establecer un modelo
sostenible desde el punto de vista económico, desde el punto de vista
social y del empleo y desde el punto de vista territorial.

Ha dicho ya algún portavoz que es verdad que en el Congreso
se ha hecho un trabajo importante, que mi grupo quiere poner en valor, y
se han incorporado 53 enmiendas de este grupo. El proyecto de ley que hoy
llega a esta Cámara, al Senado, en nada tiene que ver, poco se parece al
proyecto que por el mes de octubre presentó el Gobierno; creo que se ha
producido un avance importante. Pero mi grupo, haciendo buenas las
facultades que tiene esta Cámara para mejorar los proyectos de ley, va a
intentar sacar adelante un buen número de enmiendas, en total presentamos
67, para mejorar este proyecto de ley en función de estos objetivos o de
áreas que he comentado.

A pesar de estas mejoras, el Grupo Socialista considera que
este no es precisamente el proyecto de ley que hubiera hecho, pero el
consenso es lo que tiene, hay algunas cuestiones que de momento se han
quedado fuera y en las que a nosotros nos gustaría ser más ambiciosos,
aspectos como la neutralidad en la red, un control de regulación del
mercado por parte del Estado y organismos como la CNMC. Y en este punto
sí quiero hacer un inciso. Me gustaría que constara en acta la voluntad,
el deseo de este grupo de que se mantuviera la literalidad de los
acuerdos que en esta materia hemos alcanzado en el Congreso en lo que se
refiere a algunas enmiendas importantes que tienen que ver con el
regulador, con la CNMC, y que no me resisto a citar: las números 162,
163, 183, 120, 122 y 128. Hacemos un llamamiento a que se mantenga la
literalidad de los acuerdos alcanzados en el Congreso; y sobre todo
quiero subrayar nuestro deseo a través de nuestras enmiendas de que se
profundice en la universalización de la banda ancha y en concreto se
tenga muy en cuenta su extensión al mundo rural.

Pero, como decía, a pesar de las mejoras —que creo
que conviene poner en valor— que se han introducido en su trámite
en el Congreso, nuestro grupo mantiene un número importante de enmiendas
que esperamos sean tenidas en cuenta y sean incorporadas finalmente a
este proyecto de ley para que entre todos, y en aras a ese consenso al
que hacía alusión la portavoz del Grupo Popular, consigamos

hacer que este sea un proyecto de ley mejor para el
desarrollo de las tecnologías de la información en nuestro país.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la senadora
Azuara.

La señora AZUARA NAVARRO: Gracias, señor presidente.

Quiero ser breve debido a las aportaciones que ha hecho el
resto de portavoces a este debate en comisión.

Reitero parte de la exposición que he mantenido
anteriormente. Quiero exponer de nuevo que el Proyecto de Ley general de
telecomunicaciones no prioriza en ningún caso los derechos de los
operadores en detrimento de la salud de los ciudadanos o de las
competencias autonómicas y locales, sino que, muy al contrario, pretende
convertirse en un elemento valioso para que el despliegue de las nuevas
redes se realice mediante fórmulas de cooperación y coordinación
directamente entre las administraciones.

En cuanto a la intervención de mi compañero, el senador
Gil, no le quepa la menor duda de que seguiremos trabajando en esta
Cámara para que el texto que resulte de la tramitación parlamentaria en
el Senado sea lo más consensuado posible.

Seguiremos trabajando en los acuerdos que ya se iniciaron
en el Congreso de los Diputados, y pueden ustedes contar con nuestra
plena disposición para seguir dialogando a fin de conseguir muchos
acuerdos y consensos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Finalizado el debate, vamos a proceder a la votación de los
diferentes vetos por el orden en que se ha producido el debate.

En primer lugar, votamos el veto número 1, de los senadores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario
Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 1; en contra, 15; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.

Votamos el veto número 2, de los senadores Guillot Miravet
y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de
Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 1; en contra, 15; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazado.

El veto número 3, también del Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya, ha sido retirado.

Pasamos al debate de las enmiendas por orden de
presentación.

Tiene la palabra el senador don Enrique Iglesias Fernández
para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, números 1 a
85.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Doy por defendidas todas las enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto, y me centraré exclusivamente y de forma muy
sintética en la argumentación de las enmiendas que hemos formulado el
senador Mariscal y yo mismo.

Esas 85 enmiendas se pueden agrupar en 5 bloques. El primer
bloque aspira a introducir en el proyecto de ley de forma destacada, como
condicionante del desarrollo de la red de telecomunicaciones, el respeto
al medioambiente y la salvaguarda del derecho a la salud, y para ello
planteamos que se adopten las medidas contenidas en la Resolución 1815
del Consejo de Europa, que las redes sean evaluadas desde la perspectiva
medioambiental, que se cree un fondo nacional para la investigación de
los efectos de los campos magnéticos no ionizantes, que se priorice
también el acceso a red pública en comunicación por cable, e igualmente
aspiramos a que se establezca la obligatoriedad de un etiquetado claro de
los niveles de emisión de los aparatos de telecomunicaciones, y que se
ponga en marcha un mecanismo de superación del Real Decreto 1066/2001
mediante un acuerdo de los ministerios de Industria y Sanidad y Servicios
Sociales.

El segundo bloque, en coherencia con el veto, busca
mantener las competencias de ayuntamientos y comunidades autónomas en
relación con el urbanismo y la ordenación del territorio en lo que se ve
afectado por este proyecto de ley. Por ello, en primer lugar, hemos
enmendado para que se permita a las administraciones públicas la
instalación y explotación de redes públicas sin que tengan que constituir
sociedades, que lo puedan hacer de forma directa, sobremanera porque
precisamente la reforma del régimen local dificulta la creación de nuevas
sociedades públicas y su mantenimiento. Igualmente, introducimos una
enmienda para definir el concepto de autoprestación, en este caso, porque
creemos que la actual redacción del proyecto de ley va a significar
obstáculos para las redes internas de telecomunicación de las
administraciones públicas. Presentamos enmienda para que el acceso de las
operadoras a las infraestructuras de las que son titulares las
administraciones públicas deba estar sometido a autorización de la
Administración pública titular de esta infraestructura. Por tanto,
también enmendamos para que se suprima el reconocimiento directo de un
derecho al uso compartido de las redes públicas; creemos además que es
necesario mantener el respeto a la normativa patrimonial en relación con
el uso del dominio público y de las propiedades que en otro régimen
tengan las administraciones públicas.

Enmendamos para que sea posible que las administraciones
públicas establezcan condicionantes al desarrollo de estas redes por
razones de salud pública medioambiental, defensa nacional, ordenación del
territorio o urbanística. Suprimimos el artículo 29, en tanto en cuanto
en este se refleja el derecho de ocupación de la propiedad privada como
beneficiaria del procedimiento expropiatorio. Suprimimos también el
párrafo segundo del artículo 34, en tanto en cuanto reconoce como
equipamiento básico las redes públicas, y corresponde a comunidades
autónomas y ayuntamientos definir qué son los equipamientos básicos.
Mantenemos que la normativa de ordenación del territorio, del
planeamiento urbanístico, pueda fijar itinerarios y ubicación de
infraestructuras de telecomunicaciones.

Enmendamos para que la Administración territorial
competente pueda exigir proyectos firmados por técnicos en la materia que
garanticen la seguridad de las instalaciones que se están realizando y el
cumplimiento de los máximos de emisión y, por tanto, el respeto al medio
ambiente y a la salud pública. Suprimimos los párrafos cuarto y quinto
del artículo 35; en concreto en el párrafo cuarto se establece la
prevalencia del Consejo de Ministros autorizando ubicaciones e
itinerarios de infraestructuras, y en el quinto se introduce un informe
preceptivo del ministerio para adoptar medidas cautelares de supresión de
estas instalaciones. Y suprimimos la disposición final tercera por la que
se elimina la exigencia de licencia de obras para el desarrollo de estas
infraestructuras.

Un tercer bloque hace referencia a los derechos de los
usuarios. Apostamos por garantizar a todos los ciudadanos la posibilidad
de acceso a una conexión a la red pública de comunicación que permita
comunicaciones de datos en banda ancha a una velocidad garantizada en
sentido descendente de más de 6 megabits y no de más de 1, como establece
el proyecto. En coherencia con lo defendido cuando en el antepenúltimo
Pleno debatimos el Proyecto de Ley de protección al consumidor,
introducimos mediante enmienda el derecho a que el consumidor tenga una
factura en papel y obtenga una copia del contrato en la modalidad que
determine. Igualmente, que los contratos de permanencia no puedan ser
superiores a 24 meses, y que se establezca la obligación por parte de las
empresas operadoras de ofertar un contrato de permanencia de solo 12
meses.

Un paquete muy amplio de enmiendas busca el reconocimiento
de los consumidores con discapacidad, y para ello presentamos varias
enmiendas con objeto de que no se produzcan fenómenos de discriminación
en el acceso a las telecomunicaciones. Planteamos que se fijen las
condiciones básicas de acceso a la comunicación electrónica por estas
personas, que se introduzca el uso del lenguaje de signos, o que se acote
una porción del espacio radioeléctrico para emitir contenidos de
televisión accesible.

Un cuarto bloque modificaría el régimen sancionador.

Y, para ir concluyendo, en el quinto bloque introducimos 2
enmiendas que buscan garantizar el mantenimiento de los servicios de
comunicación comunitaria sin ánimo de lucro, tanto radiofónica como de
televisión, mientras no se desarrolle el reglamento para la concesión de
licencias; estos operadores no son culpables de que no se haya
desarrollado en los plazos previstos este procedimiento de concesión de
licencias y, por tanto, entendemos que sería injusto, como prevé
expresamente la ley, que la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
pudiera interceptar las emisiones radiofónicas o televisivas de estos
operadores; por contra, queremos que de forma expresa se autorice el
mantenimiento de su actividad con carácter provisional hasta que se
produzca el desarrollo reglamentario de los mecanismos de concesión de
licencias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

¿Y las enmiendas números 86 a 88, de los senadores Quintero
y Zerolo?

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Las doy por defendidas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

¿Igualmente da por defendidas las enmiendas números 89 a
119 de la senadora doña Ester Capela y Ferré?

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Las doy por defendidas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

A continuación, pasamos a las enmiendas números 344 a 405,
del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.

El senador Anasagasti tiene la palabra.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Gracias, presidente.

Las doy por defendidas.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Pasamos, entonces, al grupo de enmiendas números 187 a 343,
del Grupo Parlamentario Entesa.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Las doy por defendidas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas números 414 a 448, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la
palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor
presidente.

Voy a darlas todas por defendidas. Simplemente intervengo
para manifestar que las enmiendas agrupadas hacen referencia a cuatro
bloques: el primer bloque es de tipo competencial, puesto que hacen
referencia a las administraciones autonómicas y locales. Consideramos que
las enmiendas que hemos presentado son muy importantes, puesto que para
el despliegue de redes y toda la cuestión que se plantea en el proyecto
de ley relativa al incremento de la eficacia en el mundo de las
telecomunicaciones y en la comunicación electrónica es imprescindible la
colaboración de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Otro
bloque de enmiendas hace referencia a la regulación y, en concreto, al
regulador, a la CNMC. Entendemos que tiene que contener las competencias
propias de la regulación y las que hacen referencia al regulador para que
realmente no haya una interferencia y tengamos un regulador totalmente
independiente, con sus atribuciones, como se planteó en su momento, y que
no se efectúe ahora el traspaso de competencias de la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia al Ministerio de Industria, Energía y
Turismo; por tanto, aquí tenemos un paquete de enmiendas importante que
va en esta línea.

Otro bloque hace referencia a la protección de datos, que
consideramos clave en el mundo en que nos movemos. Finalmente, hay otro
bloque relativo a enmiendas de carácter general.

Por tanto, vamos a pedir al Grupo Popular que negocie estas
enmiendas, al igual que hizo en el Congreso, y que en el Senado podamos
avanzar y llegar a acuerdos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Manchado.

El señor MANCHADO LOZANO: Gracias, señor presidente.

Intervengo para dar por defendidas las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista que tienen mucho que ver, fundamentalmente, con
la protección del consumidor, con asuntos competenciales y con la
neutralidad de la red.

Independientemente de dar por defendidas todas las
enmiendas, me gustaría insistir en la importancia que tiene para el Grupo
Parlamentario Socialista mantener la literalidad de los acuerdos a los
que se llegó en el Congreso, a los que antes han hecho referencia ambos
portavoces, concretamente en lo que se refiere a las enmiendas números
120, 122, 128, 162, 163 y 183, que fueron ya pactadas en el Congreso, y
no se sabe muy bien por qué no se introdujeron en el texto definitivo que
remitieron al Senado.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Debo advertir previamente que se va a presentar a la Mesa
una enmienda transaccional. En cuanto esté firmada por todos, la
Presidencia comunicará a los portavoces si se presenta y el sentido que
tiene.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la
palabra la senadora Nicolás.

La señora NICOLÁS MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

Quiero comenzar reiterando lo que ya ha dicho mi compañera,
la senadora Azuara, que esta es una ley que empezó a tramitarse hace más
de un año y que ha tenido un proceso muy participativo, no solamente a
nivel de partidos políticos y de grupos parlamentarios en el Congreso,
sino a nivel de todos aquellos actores implicados en el desarrollo de una
ley que, como se ha dicho, es de vital importancia en el crecimiento del
empleo y en el desarrollo y actualización de todo lo que tiene que ver
con tecnología y con innovación en las telecomunicaciones.

Aunque ya se ha dicho que se han aprobado en ponencia,
quiero que conste en el Diario de Sesiones que parte de las 8 enmiendas
que el Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha presentado dan
cumplida respuesta a algunas de las principales reivindicaciones de los
grupos parlamentarios en el Senado: por una parte, hemos introducido
mejoras técnicas en algunas definiciones para adaptarlas a directivas
europeas que están en tramitación en Europa y, por otra, se ha
considerado una propuesta de la FEMP, algo a lo que todos los grupos han
hecho referencia, en relación con el despliegue de redes por fachadas o
aéreos para que se produzca de una manera más ordenada desde el punto de
vista urbanístico, es decir, en todo aquello en lo que pudiera haber
colisión con las competencias de los entes locales. Con estas enmiendas
hemos pretendido también minimizar la repercusión de esos despliegues y
que, en el caso de que sean despliegues por vía área, se utilicen los
lugares donde ya existen cables, y en las fachadas, siempre que sea
posible, que se utilicen infraestructuras ya establecidas, algo que es
obvio pero que con estas enmiendas queremos que quede absolutamente
claro.

Otro asunto que ha preocupado mucho y sobre el que versan
muchas de las enmiendas de los grupos parlamentarios en el Senado es el
relativo a las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, de la CNMC. Efectivamente, esta ley regula en muchos de sus
artículos aspectos que tienen mucho que ver con este organismo regulador
y, tras las conversaciones con la CNMC, se ha producido un cambio con
respecto a las competencias en lo que atañe a la cláusula residual; por
tanto, tal y como queda ahora la ley —y con esto quedan contestadas
todas las enmiendas relativas a este organismo— todo aquello que no
esté asignado en ley a algún organismo, incluso al propio ministerio
—como dice nuestra enmienda número 409— será competencia de
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y no del Ministerio
de Industria. Quería hacer esta brevísima referencia a nuestras enmiendas
porque, como digo, dan respuesta a algunas de las preocupaciones de los
grupos parlamentarios; grupos parlamentarios a los que, en nombre de
todos y, por supuesto, del Gobierno, hemos de agradecer la importante
labor que han hecho con la presentación de más de 400 enmiendas, después
del intenso debate que se produjo en el Congreso.

Como decía al principio, señor presidente, vamos a aprobar
una serie de enmiendas de los diferentes grupos y en mi intervención, que
intentaré que sea muy breve, desde luego, iré contestando por el orden en
el que ya han intervenido, y diré las que vamos a apoyar y por qué vamos
a rechazar el resto.

Al Grupo Parlamentario Mixto, Izquierda Unida, en concreto
en cuanto a la enmienda número 1 al artículo 2, les diré que este
artículo está dedicado a la configuración de las telecomunicaciones como
servicio de interés general, y no es el precepto indicado para hacer
referencia a lo que proponen en ella. Las medidas de protección de la
salud —algo que preocupa mucho a Izquierda Unida— se
encuentran recogidas en la normativa sectorial correspondiente, que es el
Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre. En ese Real Decreto ya se
tiene en cuenta el principio de precaución o cautela según quedó expuesto
en la sentencia de 19 de abril de 2006, del Tribunal Supremo.

Este grupo también tiene mucho interés en aludir
expresamente a la Convención Internacional sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad y ha presentado varias enmiendas referidas a
ello. La

referencia a la Convención sobre personas con discapacidad
no encaja en el contenido del artículo 2 que enmiendan, porque este
precepto es copia directa de la directiva marco que, precisamente,
desarrolla estos derechos de las personas con discapacidad.

Nosotros defendemos que se debe mantener el control de los
operadores de las Administraciones públicas para evitar, precisamente, la
distorsión de la competencia. Por tanto, rechazamos todas las enmiendas
que van en sentido contrario a lo que acabo de decir.

También presentan enmiendas referidas al impacto
medioambiental. Concretamente la enmienda número 16, al artículo 10.1,
añade la expresión: «desde el aspecto del impacto medioambiental» en
relación con la información que se pueda solicitar. La ley trata de tener
información suficiente para evaluar la integridad y la seguridad de las
propias redes, no su impacto sobre otros bienes protegidos.

En cuanto a elevar la velocidad —aunque no se ha
hecho mucho hincapié— no se puede ampliar la velocidad mínima en
banda ancha del servicio universal de telecomunicaciones. Esta ley da
cumplida respuesta a los objetivos de la Agenda Digital para Europa y a
su traslado a la Agenda Digital Española. Y, sobre todo, no se debe
confundir universalización con servicio universal.

En cuanto al artículo 25, todas las enmiendas al artículo
25 no proceden porque es una trasposición de la directiva comunitaria y
no vamos a apoyarlas porque no se puede modificar.

También hay algunas observaciones en cuanto a la creación
de registros autonómicos de prestadores de servicios de comunicación
audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro. El régimen jurídico de los
servicios audiovisuales comunitarios sin ánimo de lucro se encuentra
recogido en otra ley, la Ley 7/2010, de 31 de marzo, general de la
comunicación audiovisual y, por lo tanto, no hay nada que regular en la
ley que ahora hacemos.

Vamos a aceptar dos enmiendas del Grupo Mixto: la enmienda
número 76, de Izquierda Unida, y la enmienda número 117, de Esquerra, a
la disposición transitoria segunda, para ampliar de seis meses a un año
el plazo de adaptación de los operadores controlados por las
administraciones públicas para ajustarse a lo dispuesto en el artículo
9.

El resto de enmiendas quedarían rechazadas.

En cuanto a las enmiendas del siguiente grupo que ha
intervenido, la Entesa, sobre la disposición adicional cuarta, debo decir
que las autoridades nacionales de reglamentación, la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia y el propio ministerio, deben respetar la
Ley Orgánica de protección de datos. No podemos aceptar enmiendas a este
proyecto de ley que vayan en contra de lo ya regulado en esta ley que,
como todo el mundo sabe, también es una ley muy debatida, una ley muy
técnica, que garantiza esa protección de los datos de todos los
consumidores tan afectados en materia de telecomunicaciones.

La disposición adicional sexta viene a reforzar las
potestades sancionadoras, ya que aumenta la cuantía de las sanciones. Se
han rebajado algunas faltas de muy graves a graves y en contraposición,
le ley lo que hace es aumentar la cuantía de las sanciones para asegurar
el cumplimiento de la ley en el apartado de sanciones.

De la Entesa, señor presidente, aceptamos las enmiendas
números 252, 256, 258, 264 y 335.

De CiU, aceptamos dos enmiendas y vamos a transaccionar una
de ellas. En general, en cuanto a las enmiendas que han presentado, debo
decirles que uno de los objetivos del proyecto de ley es, precisamente,
evitar que las administraciones públicas, al configurar sus propios
operadores, sostenidos con fondos públicos, distorsionen un mercado que
es libre y competitivo. Por lo tanto, no aceptamos las enmiendas que van
en ese sentido. No está previsto en la ley —y así va a seguir
siendo— que el coste de la prestación del servicio universal de
telecomunicaciones pueda estar sostenido con fondos públicos.

Consideramos que todas las características relacionadas con
la implantación territorial deben ser uniformes en todo el territorio
nacional. ¿Por qué? Pues, sencillamente, y como es obvio, porque las
telecomunicaciones, señorías, son competencia exclusiva del Estado. En
este sentido, rechazamos las diferentes enmiendas que van en contra de
este principio, como la 429, la 434, y algunas más.

Sí vamos a aceptar dos enmiendas de CiU, las números 422 y
439. Le enmienda número 422 solicita que se incluya también la obligación
de pedir informes a la Administración territorial competente, además del
informe de la CNMC, y la enmienda número 439 se refiere a esas funciones
de la Comisión Nacional que están claramente identificadas en el proyecto
y que, al final, después de toda la tramitación estoy segura de que
conseguiremos —como, además, ya ha dicho el Gobierno— una
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia más fuerte, con unas
funciones más claras, mejor definidas y, en definitiva, con más recursos
para garantizar la defensa de los derechos de los consumidores.

En cuanto a las enmiendas del PNV, vamos a aceptar la
enmienda número 401, que atañe a la disposición transitoria segunda, en
el mismo sentido de otras enmiendas ya aceptadas de otros grupos, que
establece un período transitorio de un año en lugar de 6 meses para la
adaptación de los operadores.

Y por lo que se refiere a las demás enmiendas, las vamos a
rechazar, por diferentes motivos. Muy brevemente, diré que esta Ley
general de telecomunicaciones regula redes públicas y no redes privadas
de telecomunicaciones. Regula todo un mercado nacional de
telecomunicaciones en función de unas competencias que, como también he
dicho, son exclusivas del Estado.

La enmienda número 378 creo que debería retirarse, porque
la parte resolutiva que se pide ya ha sido incorporada en la redacción
saliente del Congreso. Si no se retira, votaremos en contra, porque, como
digo, ya está incorporada.

En el proyecto de ley se ha llevado a cabo una reordenación
de las infracciones para adecuarlas mejor a su gravedad. Como he dicho
antes, muchas infracciones muy graves pasan a ser calificadas como graves
—se rebaja esa calificación de grave— y como contrapunto a
esto y a las mayores facilidades y ámbitos de actuación que tienen los
operadores en el despliegue de sus redes y en la prestación de servicios,
este proyecto de ley viene a reforzar las potestades de inspección y
sanción, por lo que se ha elevado la cuantía de las sanciones.

Y ya para finalizar, al Grupo Socialista, que ha dado por
defendidas sus enmiendas, le diré que efectivamente se había hablado de 6
enmiendas que íbamos a apoyar o a transaccionar. Parece ser que vamos a
dejar en stand by las números 162 y 163 para ver con tranquilidad en el
Pleno cómo quedan estas 2 enmiendas y si las transaccionamos o las
aprobamos. Parece ser que algunas conversaciones no se han cerrado en su
momento y hoy han surgido aquí una serie de dudas que van a quedar
pendientes, pero sí vamos a aceptar cuatro enmiendas, las números 120,
122, 128 y 183. Estas enmiendas afectan a las disposiciones adicionales
cuarta y sexta y a la disposición transitoria segunda. El resto de
enmiendas las vamos rechazar por una serie de motivos. Por un lado, en lo
que se refiere a la disposición adicional quinta.2., porque los usuarios
ya figuran y se mencionan expresamente como miembros del Catsi,
incluyendo a las personas con discapacidad a través de su organización
más representativa, que, como todo el mundo sabe, es el Cermi —el
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad—,
que, además, ha tenido muchas y fructíferas conversaciones con los
representantes del ministerio, y muchas de las propuestas que ha hecho a
este proyecto de ley han quedado incorporadas, como no podía ser de otra
manera, para la accesibilidad de personas discapacitadas al mundo de las
telecomunicaciones.

Vamos a rechazar lo que pretende modificar, vía enmienda,
el Partido Socialista en lo que respecta a la disposición final cuarta,
porque la redacción de esta disposición ha sido pactada con el Ministerio
de Interior. Además, me remito al visto bueno que ha dado el propio
Consejo de Estado. Lo mismo para las enmiendas 135, 136 y 133.

Quiero decir respecto a la supresión del artículo 21 del
proyecto que el Grupo Parlamentario Popular entiende que este artículo
debe permanecer, ya que la conservación de los números no solo es un
derecho de los usuarios, sino que también es un recurso que debe ser
protegido al ser escaso y competitivo para los operadores.

Por mi parte, nada más. He hecho una exposición rápida y
breve porque no he podido entrar en el fondo de todas y cada una de las
argumentaciones, como me hubiera gustado, de cada una de las enmiendas
que rechazamos.

En definitiva, señor presidente, señorías, con la
aprobación de las enmiendas a las que he hecho referencia y las
transacciones a las que hemos llegado, mejoramos todavía más un texto muy
técnico pero que, a pesar de ese tecnicismo, viene a proteger y a dar
cumplida respuesta a las expectativas de todos los sectores implicados,
por supuesto, también a los ciudadanos, que, en última instancia, van a
ser los beneficiarios de una de las reformas más importantes que está
llevando a cabo el Gobierno de España en los últimos tiempos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Nicolás.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Iglesias.

El señor IGLESIAS FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha realizado
diferentes consideraciones en relación con las enmiendas que hemos
presentado.

Efectivamente, las que guardan relación con la técnica
legislativa. Si los proyectos elaborados por el Gobierno que han llegado
a esta Cámara se hubieran caracterizado por su exquisitez en el respeto a
la técnica legislativa y no hubieran sido un constante ejemplo de
introducir contenidos que no han guardado la más mínima relación con el
enunciado del proyecto, yo asumiría humildemente las consideraciones que
la portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha realizado. Por citar solo
el último ejemplo: que la ley general de consumidores se haya convertido
en rehén de una disposición —no recuerdo ahora si transitoria o
adicional— en la que se fijaba una modificación de la tarifa
eléctrica es la mejor expresión de esa falta de respeto a la técnica
legislativa. En consecuencia, me permitirá la portavoz del Grupo
Parlamentario Popular que, con el máximo respeto a sus consideraciones,
mantenga la posibilidad de que nuestras enmiendas encuentren encaje con
la misma legitimidad que otros planteamientos del Grupo Popular o del
Gobierno en este Proyecto de Ley general de telecomunicaciones.

Segunda consideración. Es cierto que algunas de las
enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular ha incorporado,
concretamente la 406 y la 409, resuelven de forma parcial alguna de las
preocupaciones que dieron lugar a diferentes enmiendas de este grupo,
pero lo hacen de forma parcial e insuficiente. El asunto de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia sí está mejor resuelto, pero
que en una enmienda al artículo 34, que incorpora un nuevo párrafo
quinto, se llegue a una redacción más propia de una ordenanza municipal
que de un texto legislativo, me parece que es la mejor expresión y la
mejor manera de comprobar que de verdad este proyecto de ley suplanta
competencias propias de los ayuntamientos, por más que reconozca que los
contenidos que aquí se reflejan —insisto, más propios de una
ordenanza municipal que de un texto legislativo— supongan un
pequeño avance en tanto en cuanto acotan las posibilidades de despliegue
aéreo de las redes, invitando al reciclaje y aprovechamiento de
instalaciones anteriores y ratificando el respeto por los edificios que
cuentan con algún tipo de valor como patrimonio histórico artístico,
aunque a mí me sigue suscitando la misma duda que el texto inicial del
proyecto. Al hablar con carácter individual de edificaciones del
patrimonio histórico artístico, una interpretación rigurosa del texto,
tanto en otras referencias que aparecen en el proyecto como en esta
enmienda, llevaría a excluir los cascos históricos y solo mantendría un
nivel de protección para las edificaciones individualmente consideradas,
lo cual nos parece bastante peligroso.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el
senador Anasagasti.

El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Gracias, señor
presidente.

Entiendo, tras la intervención de la senadora del Grupo
Parlamentario Popular, que nos aceptan la enmienda 401 y que hay también
una transaccional sobre la enmienda 354.

¿Es correcto? (Asentimiento).

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
el senador Montilla. (Denegaciones).

No hace uso de la palabra.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Muy brevemente.

Intervengo para hacer constar que hemos avanzado. De las
dos enmiendas que se han aceptado, una es de ámbito competencial.
Considero muy importante que se tenga que consultar a las comunidades
autónomas para exigir determinados servicios ante determinadas
necesidades. La otra hace referencia a la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia en tanto en cuanto les otorga competencias
residuales, que, aunque no están definidas y no están expresamente
mencionadas en el desarrollo de esta ley, esta les posibilita poder
realizarlas.

Finalmente quisiera señalar que quedan todavía paquetes de
enmiendas importantes. Desde hoy hasta el día en que tenga lugar el
debate en el Pleno, creo que vale la pena que hagamos esfuerzos

importantes. Quiero recordar que esta Comisión de Industria
del Senado siempre se ha caracterizado en estos términos precisamente por
llegar a consensos, para cumplir con la Agenda Digital Europea. Ha sido
una comisión proactiva, que ha elaborado propuestas que luego el Gobierno
las ha aceptado, propuestas de colaboración en sentido positivo.

Por lo tanto, yo pido también que podamos llegar a estos
consensos, a estos acuerdos, ya que esta es una ley técnica que repercute
tanto en la economía de nuestro país y en el ámbito de cualquier
especialidad al ser transversal —es decir, lo que estamos hablando
afecta de manera transversal a todas las especialidades—. Deseamos
que podamos llegar a acuerdos y al máximo consenso posible entre todas
las fuerzas políticas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Gil.

El señor GIL GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Simplemente quiero poner en valor y manifestar que nos
damos por enterados de la incorporación de 4 enmiendas planteadas por el
Grupo Parlamentario Socialista, las números 120, 122, 128 y 183,
consideramos que es un paso adelante, pero seguimos echando de menos
algunas cuestiones importantes. Antes el senador Manchado ha apuntado
algunas, como el tema de la neutralidad en la red. Creo que faltan
garantías efectivas para lograrlo. Vamos a seguir peleando por ello. Pero
sobre todo se recogen algunas cuestiones que hacen referencia a los
derechos de los usuarios. Creemos que esta ley ha de anteponer el interés
general y el interés de los usuarios a cualquier otro.

Ya adelanto que vamos a mantener vivas nuestras enmiendas
de cara al Pleno a fin de que se garantice suficientemente la libre
competencia en este sector.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora Azuara.

La señora AZUARA NAVARRO: Muchas gracias, señor
presidente.

Antes de pasar la palabra a mi compañera, la senadora
Nicolás, quiero verificar que es cierto que hemos presentado una
transaccional junto al Grupo Parlamentario Vasco. Hace referencia a la
enmienda 354 que han planteado y ha sido presentada al resto de grupos
políticos para que sean conocedores del texto.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Senadora Nicolás, tiene la palabra.

La señora NICOLÁS MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Agradezco, por supuesto, y en primer lugar, el tono en el
que los grupos parlamentarios han hecho sus intervenciones; un tono
constructivo, un tono de reconocimiento del trabajo hecho.

Por nuestra parte he de decir que de cara al debate en el
Pleno vamos a seguir trabajando para alcanzar nuevos acuerdos que mejoren
aún más este texto. Se trata de un texto normativo cuyo único interés es
regular el mercado de las telecomunicaciones, cuya competencia es
exclusiva del Estado, pero lo que nosotros queremos, el ministerio quiere
y, por supuesto, el resto de las administraciones demandan es que exista
la necesaria coordinación entre el ministerio, las comunidades autónomas
y los ayuntamientos para que el desarrollo del sector de las
telecomunicaciones se haga con las mayores garantías y nos permita
colocarnos como país a la cabeza en el ámbito europeo, aunque todavía nos
quedan cosas por hacer, pero de eso se trata, en definitiva, de que este
proyecto, que traspone directivas comunitarias —y no solamente las
ya aprobadas, también algunas en tramitación—, se aprueba para dar
todas las garantías en cuanto a derecho comunitario se refiere, pero
también tiene en cuenta las particularidades de los diferentes
territorios. Pensamos que consigue también incidir en rebajar, disminuir
y eliminar en la medida de lo posible la brecha digital que actualmente
existe entre los diferentes territorios, pues se consigue la velocidad de
conexión que todo el mundo requiere. Asimismo da cumplida respuesta a ese
compromiso del Gobierno con la Agenda 2020 en materia digital y de
comunicaciones, un objetivo a cumplir que todos tenemos en el
horizonte.

Reitero en nombre de mi grupo nuestro agradecimiento por el
trabajo realizado y las diferentes aportaciones, así como la disposición
a seguir trabajando de aquí al Pleno para mejorar este proyecto de ley.
Damos por leída la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Vasco,
una enmienda que, en aras de lo que acabo de decir, viene a dar cumplida
respuesta a estas reivindicaciones, ya que las administraciones
territoriales tienen mucho que decir y mucho que aportar, y en ese
sentido vamos a seguir trabajando.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.

Oídas las explicaciones de los portavoces, y con el fin de
ordenar las votaciones, voy a suspender dos minutos la sesión.

Ruego a los miembros de la ponencia que se acerquen a la
mesa.

Muchas gracias. (Pausa).

Continuamos la sesión con la votación del informe de la
ponencia, con la incorporación que ha hecho suya la ponencia de las
siguientes enmiendas: la número 76, del Grupo Parlamentario Mixto; la
enmienda 117, del Grupo Parlamentario Mixto; enmienda 120 del Grupo
Parlamentario Socialista; enmienda 122, del Grupo Parlamentario
Socialista; enmienda 128, del Grupo Parlamentario Socialista; enmienda
183, del Grupo Parlamentario Socialista; enmienda 252, del Grupo
Parlamentario Entesa; enmienda 256, del Grupo Parlamentario Entesa;
enmienda 258, del Grupo Parlamentario Entesa; enmienda 264, del Grupo
Parlamentario Entesa; enmienda 335, del Grupo Parlamentario Entesa;
enmienda 401, del Grupo Parlamentario Vasco; enmienda 422, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; enmienda 439, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; y la
enmienda transaccional ya conocida por todos los grupos y formulada en
base a la 354, del Grupo Parlamentario Vasco.

El resto de las enmiendas presentadas, si los grupos lo
estiman conveniente, quedan vivas para el Pleno, una vez que se presente
en tiempo y forma el correspondiente escrito.

Comienza la votación del informe de la ponencia con todas
las incorporaciones de enmiendas citadas.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 16; en contra, 1; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobado el informe
de la ponencia con las incorporaciones descritas.

En consecuencia, queda dictaminado por la Comisión de
Industria, Energía y Turismo el Proyecto de Ley general de
telecomunicaciones.

Siguiente punto: corresponde designar a la persona que va a
presentar en el Pleno el dictamen de la comisión. (Varios señores y
señoras senadores: El presidente.)

Muchas gracias por su confianza. Seré digno de la
comisión.

Todos los portavoces saben el tiempo del que disponen para
presentar los votos particulares, no más allá de la tarde de mañana. Por
tanto, ya saben el contenido de lo que tienen que presentar.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

Eran las trece horas y cincuenta y cinco minutos.