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DS. Senado, Comisiones, núm. 253, de 03/12/2013
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COMISIÓN DE ENTIDADES LOCALES


PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FRANCISCO MANUEL DE LA TORRE
PRADOS


Sesión celebrada el martes, 3 de diciembre de 2013


ORDEN DEL DÍA


Dictaminar


– Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad
de la Administración Local.


(Núm. exp. 621/000054)


Autor: GOBIERNO










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Se abre la sesión a las once horas y diez minutos.


El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión. Buenos días a
todos. Comenzamos esta reunión de la Comisión de Entidades Locales, que,
como saben, va a dictaminar el Proyecto de Ley de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local.


He de informar a los miembros de la comisión que la
ponencia que designamos la semana pasada ha hecho su trabajo y se ha
reunido esta mañana. Ha incorporado las enmiendas números 421 a 447, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado. En principio las restantes
están rechazadas. Y, por lo que tengo entendido, hay algún trabajo
adicional de la ponencia que se va a desarrollar durante la comisión en
cuanto a algún tipo de transacción.


A este proyecto de ley, como también saben, se han
presentado siete vetos y cuatrocientas cuarenta y siete enmiendas.


Primero se van a desarrollar las intervenciones en relación
con los vetos, en torno a diez minutos —si no se agota el tiempo,
mejor—. Y después, una vez votados los vetos, pasaremos al debate
de las enmiendas, con una intervención por cada grupo en torno a cinco o
seis minutos, aproximadamente. Es la petición que me han hecho los grupos
en relación con este tema. Como es tradición, se intervendrá de menos a
más, por lo que en primer lugar está el veto de los senadores Jesús
Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto.


Tiene la palabra el senador Martínez Oblanca.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor
presidente.


Aprovecho para dar por defendidos, en nombre del Grupo
Mixto, el veto de los senadores Mariscal Cifuentes e Iglesias Fernández,
y también el resto de los vetos presentados por el grupo, en concreto, el
de la senadora Capella i Farré, de Esquerra Republicana, y el veto de los
senadores Aiartza, Goioaga, Mendizabal y Unamuzaga, de Amaiur. Por tanto,
los doy por defendidos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Pasamos entonces al veto del Grupo Parlamentario
Socialista.


Para su defensa, tiene la palabra el señor Rodríguez
Esquerdo.


El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor
presidente.


Nos vemos obligados a presentar este veto al proyecto de
ley con el que ustedes pretenden reformar la Administración Local. Y lo
hacemos, porque nosotros sí entendemos que el municipalismo necesita una
reforma, pero una reforma para transformar, para modernizar nuestros
ayuntamientos, y este proyecto de ley hace justo lo contrario: renuncia a
solucionar los verdaderos problemas y preocupaciones que tienen las
entidades locales. Ustedes están intentando y optando ideológicamente por
crear problemas a millones de españoles que todos los días acuden a sus
ayuntamientos demandando soluciones bajo la máxima de la proximidad.
Ustedes hablan de racionalizar el mundo local y, como les digo, hacen
justo lo contrario, consolidan las administraciones más anacrónicas, como
son las diputaciones, pero a la par tampoco las fortalecen porque después
estas tendrán que delegar sus funciones en el sector privado, lo que
también se acabará diluyendo, y dejarán la actividad económica pública en
manos de la actividad económica privada.


Su ley no cumple con los objetivos que en un primer lugar
se proponía; no clarifica competencias, no racionaliza la estructura
organizativa y tampoco ahorra los 8000 millones famosos. Si hablamos de
competencias, ustedes generalizan y oficializan la posibilidad de delegar
competencias de las comunidades autónomas en los municipios, y después,
que las comunidades autónomas vuelvan a devolver, devuelvan esas
competencias a los municipios. Aparecen las diputaciones que, como digo,
comisionarán esas competencias a empresas privadas. Si nos fijamos en la
estructura de la Administración, en un primer borrador —de aquellos
famosos de hace tiempo— eliminaban ayuntamientos; después,
empezaron a vaciarlos de competencias; y después condenan a la
desaparición a miles de entidades locales menores, que, por cierto, ante
una clara contradicción, mantienen su personalidad jurídica pero les
dejan sin ninguna competencia, de acuerdo con ese artículo tres. 2.
Privan de servicios públicos esenciales a muchísimos ciudadanos. ¿Y por
qué hacen todo esto? Sencillamente para privatizar los servicios, que
serán menos eficientes, menos eficaces, más caros y más alejados de los
ciudadanos. ¿Quién pierde con esta ley? Quien gana, ya lo vemos. Con su
ley pierden los ayuntamientos, pierden las









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comunidades autónomas, pero sobre todo pierden los
ciudadanos. Pierde el mundo rural y pierde la coherencia social y
territorial. Pierde el Estado del bienestar y también pierde la
democracia local. Y pierden también los empleados públicos, porque con su
ley van a suprimir la prestación de determinados servicios,
condicionándolos exclusivamente a criterios de sostenibilidad financiera,
y eso va a afectar por lo menos al 25% del empleo público local.


Si nos fijamos por un momento en los alcaldes y en los
concejales —muchos de ustedes lo son—, que, dicho sea de
paso, son el verdadero batallón de voluntarios de la política y los que
están todos los días del año a pie de calle, con su ley los ponen al pie
de los caballos. Los señalan como responsables de la crisis, del déficit
y de la corrupción, y eso es radicalmente falso. Dicen que los
ayuntamientos derrochan y que, como derrochan, hay que actuar. También es
radicalmente falso. El 85% de los alcaldes y concejales de España no
cobran, y de los 8116 ayuntamientos de España, 400 son los que tienen
problemas económicos. Incluso el ministro Montoro, en sede parlamentaria,
se mostraba satisfecho hace unos días por la bonanza económica de los
consistorios y su grado de cumplimiento en cuanto al equilibrio
presupuestario, hablando de situaciones de superávit para este año. A
pesar de todo esto, ustedes siguen con su idea de desmantelar a los
ayuntamientos y de desacreditar el buen nombre de los políticos más
cercanos. Arremeten contra su organización, contra la representatividad
democrática, y los dejan fuera de juego, y además —lo decía
antes— con un componente ideológico importante, no respetan los
estatutos de autonomía ni los cabildos insulares ni los consejos
insulares. Los despojan de sus derechos y de sus competencias y se
olvidan, como siempre cada vez que hacen una ley, de los ciudadanos.


Este es un mal regalo de Navidad que el Gobierno va a
ofrecer a las entidades locales, a sus equipos de gobierno, al personal
público y, en definitiva, a todos los españoles, un regalo de Navidad que
rompe el régimen local con una regulación que tiene un evidente sesgo de
inconstitucionalidad. Es verdad que durante todo este proceso se han dado
cuenta de una cosa: que si desmantelaban determinados servicios
—los sociales— en el ámbito municipal y provincial, y lo
hacían pocos meses antes de las elecciones municipales, ustedes mismos
iban a generar un problema a sus propios alcaldes. Y han dicho: vamos a
aplazar esta situación hasta por lo menos diciembre de 2015. Si ustedes
creen en la ley, consideran que es tan buena y que además roza la
excelencia, no entendemos por qué pretenden aplazar estas actuaciones.
Pero, claro, es lógico que lo pretendan hacer para evitar que esa patata
caliente esté ahí antes de las elecciones municipales, para que sus
alcaldes no sean los que sufran en sus propias carnes el desmantelamiento
de los ayuntamientos que ustedes proponen. Señorías, si esta ley se
aprueba, será una imposición más de su mayoría absoluta. Si esta ley se
aprueba, la autonomía local se verá reducida y sometida a criterios
puramente economicistas y nepotistas con una tutela preventiva del
Estado.


Por eso hemos presentado nuestro veto, y les anunciamos
además que votaremos favorablemente los otros seis.


Yo solo les pediría que su Gobierno, que el Gobierno del
Partido Popular no pase a la historia como los destructores del mundo
local y de la cohesión territorial de España. No sacrifiquen la calidad
democrática de nuestras entidades locales, que tanto nos costó
conseguir.


Por todo eso, señorías, por más cosas que se verán de aquí
hasta que haya un pronunciamiento del Pleno de la Cámara, y porque va a
suponer un giro histórico, radical e injustificado de nuestro modelo de
democracia local, como les digo, es por lo que el Grupo Socialista
presenta y plantea este veto a este proyecto de ley que traen a esta
Cámara, solicitando que sea devuelto al Congreso de los Diputados y al
Gobierno.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Pasamos al veto número 5, de los senadores Jordi Guillot
Miravet y Joan Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés
de Catalunya.


Para defenderlo, tiene la palabra la señora Sequera.


La señora SEQUERA GARCÍA: Lo doy por defendido.


El señor PRESIDENTE: Gracias por la brevedad.


Pasamos al veto número 6, de la senadora Mónica Almiñana
Riqué, de los senadores Francisco Boya Alós, Rafael Bruguera Batalla,
Carlos Martí Jufresa, José Montilla Aguilera, Joan Sabaté Borràs y la
senadora María Jesús Sequera García, del Grupo de la Entesa.


Tiene la palabra la señora Sequera.









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La señora SEQUERA GARCÍA: También lo doy por defendido.


El señor PRESIDENTE: De nuevo, muchas gracias por la
brevedad.


Pasamos al veto número 7, del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado Convergència i Unió.


Para su defensa, tiene la palabra la señora doña Teresa
Rivero.


La señora RIVERO SEGALÀS: Buenos días, presidente.


Señorías, tal y como consta en la exposición de motivos de
nuestro veto, este proyecto de ley dice perseguir un triple objetivo:
clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con las
competencias de otras administraciones, a los efectos de cumplir el
principio de una Administración, una competencia. También, que se
racionalice la estructura organizativa de la Administración Local de
acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad
financiera. Por último, se pretende favorecer la iniciativa económica
privada, evitando intervenciones administrativas desproporcionadas.


Frente a estas premisas, cabe afirmar que el presente
proyecto de ley vulnera la autonomía local, vulnera las competencias de
las comunidades autónomas, particularmente de Cataluña en materia local,
y no da respuesta a las necesidades de mejora de la financiación
local.


Si es cierto que el municipalismo reclamaba una revisión de
sus competencias y de su financiación, no es menos cierto que la
propuesta que estamos debatiendo no da respuestas a las expectativas ni
da soluciones a los problemas del municipalismo. A nuestro entender, se
trata de un minucioso plan contable que demuestra poca sensibilidad y
poco conocimiento del tema.


¿Por qué así, y ahora, esta ley, que lleva tanto tiempo
reclamada? ¿Realmente atiende esas reclamaciones históricas del
municipalismo? Si es así, pregúntense y díganme cómo explican que haya
tanta unanimidad en contra. O quizá lo que pase es que se aprovecha una
coyuntura económica para modificar la estructura de Estado, centralizar
en pro de una sostenibilidad económica y financiera que, por otra parte,
esta Administración ya ha demostrado. Quizá nos inclinemos más por esto
último: escenificar una ley de racionalización y sostenibilidad sobre una
Administración que —vuelvo a repetir— ha demostrado serlo y
además es la única en estos momentos que lo es. En este sentido, hemos
puesto sobre la mesa una y otra vez las cifras que el ministro nos ha
proporcionado en varias intervenciones. Las administraciones locales han
cerrado el 2012 con superávit, señorías, no llegan a suponer ni el 5% de
la deuda total de las administraciones, y gestionan un 13% del gasto
público, gasto que revierte directamente en servicios esenciales para los
ciudadanos.


Estamos de acuerdo, entonces, en que no tiene sentido desde
el objetivo de hacer sostenible. No, la sostenibilidad en este caso no es
motivo para la redacción de esta ley. Tampoco la racionalización; de
hecho, la quitan de donde la había. Explíquenme cómo vamos a racionalizar
la gestión de los ayuntamientos de menos de 20 000 habitantes desde las
diputaciones. Explíquenme —es el caso de esta senadora— cómo
vamos a dar los mismos servicios de calidad y a menos coste a pueblos,
por ejemplo, del Pirineo —pueblos con pequeña masa crítica y una
orografía muy complicada— desde la Diputación de Lérida, en el
mejor de los casos a más de dos horas en coche. Sin duda, la proximidad
racionaliza, es desde donde se conocen todos los parámetros a tener en
cuenta para la prestación de servicios en tiempo real y ambiente
real.


Esto deja a todo el mundo rural en una situación de
precariedad. No se aclara quién va a prestar, y de qué manera, los
servicios que se pretende restar a los municipios pequeños. Esto supone
en sí mismo la manifestación de falta de autonomía que se confiere a la
Administración Local. El principio de autonomía local que contiene la
Constitución —lo hemos ido repitiendo constantemente, Constitución,
por otro lado, tan dogmática para según qué cosas— en su artículo
140, que en nuestro caso recoge el Estatut d’Autonomia de
Catalunya, y también la Carta Europea de Autonomía Local —quizá me
equivoque, pero esta senadora no ha sabido encontrar referencia a dicha
carta en todo el redactado de este proyecto de ley—, todo esto,
queda vulnerado en este proyecto de ley.


Además, volviendo a las competencias que se le restan a los
municipios de menos de 20 000 habitantes en pro de las diputaciones, no
solo se vulnera la autonomía local sino que se rompe con la proximidad y
también con el compromiso democrático. No hace falta recordar que las
elecciones municipales son las que tienen mayor número de participación y
las que generan realmente un debate entre los ciudadanos más allá del que
se realiza en los medios de comunicación. Esto responde a que son
consideradas por los ciudadanos un referente, un referente que además ha
respondido históricamente a sus necesidades. ¿Qué pasa con este
compromiso?









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Finalmente, lejos de ordenar y aclarar competencias
municipales, lo que se hace es vaciar a los municipios de competencias
por activa y por pasiva —ya tendremos tiempo de abundar en
ello—, además de laminar las competencias de las comunidades
autónomas. En esta vulneración de las competencias, en nuestro caso
reconocidas en el Estatut d’Autonomia de Catalunya, hacen una
referencia basándose en la habilitación competencial del Estado que no se
pone en relación con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que
ya ha establecido muchas veces que Constitución y estatutos forman parte
del bloque de constitucionalidad, de manera que uno de los límites del
Estado para dictar normas básicas se encuentra en el respeto a las normas
autonómicas. Nosotros pensamos que en el caso del Estatut
d’Autonomia esto es flagrante, pero también lo es para el resto de
comunidades autónomas que tienen reflejadas sus competencias en los
estatutos.


Este proyecto de ley, insistimos, vulnera nuestra norma
básica, el Estatut d’Autonomia; y lo hemos dicho en repetidas
ocasiones: eso no es bueno para nadie, no ayuda a paliar el
distanciamiento que existe en estos momentos entre el Estado central y
Cataluña. Cabe recordar que ya en su día un futuro presidente del
Gobierno dijo que apoyaría este estatuto de autonomía tal como saliera
del Parlamento catalán —el famoso «apoyaré»—, y que otro
futuro presidente del Gobierno central, una vez que este estatuto fue
aprobado por el Parlament catalán, aprobado por las Cortes Generales,
ratificado por el Rey y refrendado por el pueblo de Cataluña, lo lanzó a
manos del Tribunal Constitucional, que lo sometió a una dura rebaja. Con
todo esto no contribuimos a ese diálogo del que estamos tan acostumbrados
a oír hablar.


En definitiva, entendemos este proyecto de ley como una
reforma estructural en respuesta a una situación coyuntural. No escucha,
no atiende y no entiende las reclamaciones del municipalismo, y tan solo
ha servido, desde el momento de la presentación del primer informe, como
una criminalización de la Administración Local y de aquellos que ejercen
la mayoría de las veces sin ningún tipo de remuneración —como ha
dicho el compañero senador que ha intervenido anteriormente—, ese
ejército de voluntarios que tenemos en esta Administración que son el
estadio político más próximo al ciudadano, al menos lo eran hasta hoy; la
Administración más sostenible, la más racional, la más apreciada y la que
está repleta de grandes políticos que atienden realmente a aquellos que
les han elegido directamente como sus representantes, alcaldes y
concejales, muchos hombres y mujeres que hacen cada día suyos los
problemas de la colectividad.


Se trata de un proyecto que, en contra de lo que insiste el
Gobierno, lejos de reforzar el municipalismo lo pone en tela de juicio,
cuestiona su eficacia, debilita su autonomía local, pasa a entender los
Gobiernos locales como puras administraciones de gestión tuteladas,
invade competencias autonómicas, refuerza las diputaciones en un claro
ejercicio de centralización, gestiona la existencia de entidades locales,
municipios y también entidades menores, por razones coyunturales
―los problemas financieros pueden ser el único motivo de su
desaparición―, y pretende un ahorro de 8000 millones de euros, que
creemos que es más que cuestionable.


En definitiva, es un proyecto que afectará a los ciudadanos
ya que, de hecho, recorta competencias y servicios a los municipios
pequeños, no aclara quién y cómo se van a prestar esos servicios,
descuida la calidad democrática y, desde nuestro punto de vista, más que
una reforma es un ajuste basado únicamente —y aquí radica el
problema— en la eficiencia presupuestaria y la sostenibilidad
financiera.


Por todo ello, Convergència i Unió mantiene el veto que ha
presentado y, además, votará a favor de los que han presentado otros
grupos parlamentarios.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Para turno en contra de los vetos defendidos, tiene la
palabra el senador Sanz, del Grupo Parlamentario Popular.


El señor SANZ CABELLO: Gracias, señor presidente.


Señorías, después de escuchar sus intervenciones volvemos a
sacar la conclusión de que han planteado estos vetos con una vinculación
en el tiempo muy anterior al proceso de avance y de perfeccionamiento que
este texto ha experimentado como consecuencia del diálogo abierto con
instituciones representativas de las corporaciones locales, de los
ayuntamientos, de las diputaciones, de las comunidades autónomas y,
evidentemente, gracias a la voluntad del Gobierno por mejorar este texto.
Digo esto porque si se analizan los vetos, tal y como están planteados,
prácticamente se hace un análisis del inicio del debate y, por tanto, de
los primeros borradores del texto.









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En este sentido, lamento que no se haya producido una
adaptación a lo que hoy es un texto mucho más avanzado, seguramente
mejorado y que, evidentemente, pone en cuestión situaciones que se han
mencionado y que no responden a la verdad. Así, no se puede decir que hay
unanimidad en contra de este texto porque no solo las comunidades
autónomas han expresado un apoyo mayoritario a este texto ―así lo
hicieron hace unos días en la Comisión General de las Comunidades
Autónomas― sino también los miles de ayuntamientos gobernados por
distintas formaciones políticas pero principalmente por el Partido
Popular, que dirige el 46% de los municipios españoles. Por tanto, el
hecho de hablar de mayorías no responde a la verdad.


Además, cuenta con el aval de la Federación Española de
Municipios y Provincias, como se ha puesto de manifiesto, y también ha
sido sometido a trámite en la Comisión Nacional de la Administración
Local y en el propio Consejo de Estado. Por lo tanto, no se puede poner
en cuestión ―como se ha hecho aquí― sin dar más argumento que
este es un texto inconstitucional pero sin explicar dónde está esa
inconstitucionalidad, sobre todo una vez que se introdujeron una serie de
modificaciones que incluían las recomendaciones del Consejo de Estado y
que clarifican la constitucionalidad plena del texto, así como el máximo
y total respeto al principio de autonomía local ―que en los vetos
se indica que queda reducido―. Por tanto, repito, creo que no se
pueden poner en cuestión los números y los apoyos para sacar adelante
esta ley, que cuenta con una mayoría absoluta pero que, además, esperemos
que se amplíe como consecuencia del diálogo con otros grupos. En este
sentido, posteriormente anunciaremos algunas transaccionales, además de
las que ya se han planteado y que han firmado los grupos.


La voluntad del Gobierno es seguir avanzando, máxime dado
que se trata de una ley muy deseada y muy necesaria desde hace mucho
tiempo en nuestro país que, como decía en la Comisión General de las
Comunidades Autónomas, ha evolucionado a lo largo de treinta y siete
borradores. Por tanto, no es en ningún caso, como se menciona en los
vetos, una ley que reduzca competencias, sino todo lo contrario,
fortalece a las corporaciones locales; es decir, que es una ley de
fortalecimiento de las corporaciones locales que, además, fija las
competencias de los ayuntamientos, pero también les permite seguir
prestando un número importantísimo de competencias, bien a través de la
delegación o bien a través de competencias que no desarrollen otras
administraciones. En este sentido, no se puede pedir que se modifiquen
los primeros textos de la ley para que los ayuntamientos sigan
garantizando todos los servicios públicos y todas las prestaciones que
desarrollan y, ahora, criticar que los ayuntamientos puedan ejercer
competencias delegadas por parte de las comunidades autónomas y, además,
llevar aún más competencias si estas no entran en conflicto con otras. No
se puede pedir que se cambie la ley y, cuando se cambia, también
criticarla.


Se insiste en los vetos en el interés por las
privatizaciones y el apoyo al sector privado y, sinceramente, no sé dónde
lo encuentran. Yo únicamente lo encuentro en la gestión socialista, que
habitualmente privatiza donde gobierna, pero en ninguna parte del texto
se favorece la privatización porque no se cambia el modelo de gestión.
Por tanto, se utiliza un argumento demagógico y político para intentar
meter miedo y poder decir que desaparece empleo.


Esta ley no solo fortalece a las corporaciones locales sino
que garantiza el empleo y da estabilidad a los servicios públicos, que es
lo que más nos importa de cara a los ciudadanos. ¿Cómo lo hace? Lo hace
garantizando por primera vez la financiación. Se dice en los vetos que no
incluye la financiación local, pero existe por primera vez el compromiso
de vincular la financiación local con la autonómica en el plazo de un
año. Y no solo garantizará una mejoría sustancial en la capacidad
económica de los ayuntamientos, sino que la prestación de todos los
servicios, especialmente de aquellos que sean competencias delegadas, que
hoy no tienen ninguna garantía de financiación, a pesar de la delegación
de competencias por parte de la comunidad autónoma, en el proyecto de ley
sí cuentan con una financiación clara, con una financiación garantizada,
porque el convenio de delegación ha de fijar claramente el 100% de la
financiación y, además, si no paga la comunidad autónoma, la garantiza el
Estado mediante una aportación directa que luego retiene a la comunidad
autónoma. Esta es la mejor garantía porque, por primera vez, los
servicios públicos, y muy especialmente los servicios sociales, van a
estar plenamente garantizados porque se va a contar con la financiación
suficiente para ello.


Por lo tanto, en contra de lo que se dice en los vetos, es
un avance muy considerable que no solo va a consolidar las competencias
de las corporaciones locales sino que va a mejorar la garantía de
financiación. ¿Y cuál es la mejor garantía para mantener los servicios
públicos y todas las prestaciones sociales? La garantía de la
financiación, que es lo que resuelve el texto de la ley en contra del
miedo que se pretende trasladar a través de los vetos; vetos que, además,
insisten en que se van a retirar









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competencias de los ayuntamientos y de los municipios
menores de 20 000 habitantes. Sin embargo, eso no es así en el texto
actual, porque cuando se habla de colaboración de las diputaciones, esa
colaboración tiene que contar con la conformidad previa del ayuntamiento.
Por tanto, será el ayuntamiento en todo caso el que solicite la
colaboración de la diputación y, en consecuencia, no desaparece ninguna
competencia. Creo que alguien se quedó en algún borrador muy primario
porque el texto no lo reconoce en ningún caso, como se ha puesto de
manifiesto en este trámite de la comisión y de la ponencia y, por lo
tanto, no se corre ningún riesgo ni se quitan competencias.


Es verdad que se ha modificado del coste estándar al coste
efectivo y que ahora también se critica que se haya establecido el coste
efectivo. ¿Pero no era eso lo que pedían los grupos? Pues ahora también
se critica.


El texto significa un claro avance a favor del futuro de
los ayuntamientos, consolida a los ayuntamientos como la institución más
cercana al ciudadano, que deben tener una financiación suficiente y
prestar unos servicios de calidad y de manera estable; además, es un
texto claramente respetuoso con la Constitución y con los estatutos de
autonomía. Para ello, se establece pleno respeto y garantía con los
regímenes forales del País Vasco y de Navarra. Respeto a la organización
territorial de determinadas comunidades autónomas con sistema
institucional, como Cataluña. Respeto a las comarcas de la Comunidad
Autónoma de Aragón. Respeto al régimen institucional de las Comunidades
Autónomas de Canarias y Baleares; ahora estamos planteando una enmienda
transaccional a fin de fortalecer ese reconocimiento institucional, esa
singularidad de Canarias y Baleares. Lo mismo en el caso de Ceuta y
Melilla, y también los regímenes especiales de Madrid y Barcelona, a los
que se dedica la disposición adicional cuarta.


Es un texto de máximo respeto a la autonomía local, que
presta especial atención a las diferentes especialidades del régimen
local derivadas del ordenamiento jurídico, y en particular a todos los
estatutos de autonomía como leyes orgánicas que son.


Por tanto —y finalizo—, el Grupo Popular
reconoce que el diálogo ha significado un perfeccionamiento de la ley, y
aún estamos a tiempo de seguirlo perfeccionando. Con la actitud mostrada
a través de los vetos, con la excepción de algunos grupos aquí presentes,
procedemos a un diálogo constructivo que estamos seguros de que va a
consolidar, fortalecer y mejorar el texto. Seguimos confiando en un
cambio de actitud de algún grupo porque quedan días por delante hasta la
celebración del Pleno, y la convicción del Grupo Popular es que esta es
una ley que ya va a nacer con una amplísima mayoría de apoyo pero,
evidentemente, nunca vamos a renunciar a seguir ampliando ese apoyo por
parte de otros grupos parlamentarios.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Una vez concluido el debate sobre los vetos, procedemos a
su votación.


En primer lugar, votamos el veto número 1, de los senadores
Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 9; en contra, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Veto número 2, de la senadora Capella i Farré, del Grupo
Parlamentario Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 9; en contra, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Votamos el veto número 3, de los senadores Aiartza,
Goioaga, Mendizabal y Unamunzaga.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Votamos el veto número 5, de los senadores Guillot Miravet
y Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.









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Votamos el veto número 6, de la senadora Almiñana, de los
senadores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera,
Sabaté Borràs, y de la señora Sequera García, del Grupo Parlamentario
Entesa pel Progrés de Catalunya.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Votamos el veto número 7, del Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado Convergència i Unió.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Votamos el veto número 4, del Grupo Parlamentario
Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Señorías, finalizada la votación de los vetos, pasamos al
debate de las enmiendas. (El señor Sanz Cabello pide la palabra.)


El señor SANZ CABELLO: Señor presidente, ¿podríamos
comunicar a la Mesa una serie de enmiendas transaccionales y propuestas
sobre algunas de las enmiendas del Grupo Popular?


El señor PRESIDENTE: Creo que es oportuno y práctico
hacerlo porque puede orientar el debate de las enmiendas.


El señor SANZ CABELLO: Señor presidente, hemos entregado a
la Mesa una serie de enmiendas transaccionales y además quiero comunicar
que el Grupo Popular retira la enmienda número 434 y solicita la
incorporación de la enmienda número 416, del Grupo Vasco, aparte de las
enmiendas transaccionales ya planteadas a la Mesa.


El señor PRESIDENTE: Muy bien, señoría.


Pasamos a la defensa de las enmiendas.


En primer lugar, enmiendas números 1 a 37 y 149, de los
senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, que no están
presentes.


¿Desea defenderlas el senador Martínez Oblanca?
(Asentimiento.)


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Si me lo permite, señor
presidente.


El Grupo Mixto ha presentado en total ciento cincuenta y
una enmiendas: treinta y ocho de los senadores Mariscal e Iglesias, en
concreto, las números 1 a 37 y 149; treinta de los senadores Quintero y
Zerolo, de Coalición Canaria, números 38 a 67, ambas inclusive; yo mismo,
en nombre de Foro, he presentado treinta enmiendas, las números 68 a 97,
ambas inclusive; siete enmiendas de los senadores de UPN, Eza, Salanueva
y Yanguas, números 98 a 104, ambas inclusive; cuarenta y cuatro enmiendas
de la senadora de Ezquerra Republicana de Cataluña, Capella i Farré,
números 105 a 148; y dos enmiendas de los senadores de Amaiur, Aiartza,
Goioaga, Mendizábal y Unamunzaga, números 150 y 151.


Doy por defendidas, señor presidente, estas ciento
cincuenta y una enmiendas presentadas por el Grupo Mixto.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


A continuación, enmiendas números 152 a 177, del senador
Fuster Muniesa y las senadoras Ibarz Ibarz y Santos Fernández, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.


Tiene la palabra la señora Santos Fernández.


La señora SANTOS FERNÁNDEZ: Gracias, presidente.


Los senadores del Partido Aragonés, Fuster, Ibarz y yo
misma, hemos presentado las enmiendas números 152 a 177, en total
veintiséis. El Estatuto de Autonomía de Aragón reconoce competencia
exclusiva a la comunidad autónoma en materia tanto de régimen local como
de organización de nuestro territorio. En virtud precisamente de esta
competencia del Estatuto de Autonomía, hemos organizado nuestro
territorio en municipios, comarcas y provincias y hemos otorgado
competencias a cada nivel de la









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Administración a través de treinta y seis leyes de las
Cortes de Aragón aprobadas por unanimidad de todos los grupos políticos:
cuatro de carácter general y treinta y dos, una por cada comarca que se
ha creado.


Por tanto, poseemos en Aragón un sistema especial de
organización territorial que tiene anclaje tanto en el Estatuto de
Autonomía como en la Constitución y en la doctrina del Constitucional, y
que encaja perfectamente con las características orográficas,
demográficas y geográficas de Aragón. Aragón es un territorio, como todos
ustedes saben, muy poco poblado y muy extenso, donde más del 30% de su
espacio tiene cotas superiores a mil metros, con una densidad media de
población de veinticinco habitantes por kilómetro cuadrado, que en
algunos casos empeora; en muchos casos tenemos densidades de población de
tres habitantes por kilómetro cuadrado y más de la mitad de la población
localizada en la ciudad de Zaragoza. Lógicamente, esta circunstancia nos
ha llevado a establecer un sistema de organización territorial propio que
se adapta perfectamente a las características de nuestra comunidad
autónoma y a las necesidades de nuestros ciudadanos para hacer llegar los
servicios a todos los rincones de la comunidad autónoma, donde las
comarcas y los municipios actúan como una especie de demarcaciones de
solidaridad que vertebran y cohesionan todo el territorio.


Pues bien, nuestro régimen especial no está reconocido de
manera explícita en la ley que se somete a debate de esta comisión. El
senador Sanz ha expresado ese reconocimiento y nosotros hemos reconocido
en diferentes intervenciones los avances que se han producido en este
texto desde el primer redactado, desde el primer anteproyecto hasta el
actual, pero, repito, no existe en el texto que se somete a debate de
esta comisión un reconocimiento explícito del régimen especial de Aragón
como sí existe, sin embargo, de otros nueve regímenes: de los dos
forales, de los insulares y de los cinco uniprovinciales. La disposición
adicional segunda, que va encaminada precisamente a reconocer esos
regímenes especiales de las comunidades autónomas, a nuestro entender,
ofrece dudas interpretativas, y la disposición adicional quinta, que es a
la que se refería el senador Sanz, no refleja en rigor jurídico
—siempre a nuestro entender— la realidad de Aragón.


En este contexto, hemos presentado un total de veintiséis
enmiendas que, básicamente, se concretan en lo siguiente: las enmiendas
números 152, 169 y 171 pretenden ese reconocimiento específico de nuestro
sistema de organización territorial al que hacía referencia y, por tanto,
la determinación del carácter no básico de determinados artículos de esta
ley. En sentido similar, aunque más genérico, las enmiendas números 153,
158 y 170 aspiran a un reconocimiento más diáfano de las legislaciones
autonómicas en materia de Administración Local y de los entes creados
para este fin por los estatutos de autonomía. Y las restantes van
encaminadas a salvaguardar las competencias autonómicas porque, en
ausencia de ese reconocimiento explícito al que hacía referencia,
entendemos que sí se producen afecciones a las competencias autonómicas
de la Comunidad Autónoma de Aragón. Como digo, las restantes pretenden
salvaguardar esas competencias autonómicas.


Considero que con esta explicación ya he defendido nuestras
enmiendas. Solo me queda decir que las enmiendas presentadas por el Grupo
Popular en este proceso no cambian sustancialmente el sentido que acabo
de manifestar, excepción hecha de la enmienda número 439, que coincide
con la número 172 nuestra, de supresión de la disposición adicional
séptima, pero, como digo, las restantes enmiendas no satisfacen los fines
anunciados.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Santos
Fernández.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, para defender las
enmiendas números 400 a 420, tiene la palabra el senador Cazalis.


El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, señor presidente. Buenos
días.


Hemos presentado las enmiendas números 400 a 420, tanto en
el trámite del Congreso como en el Senado, esencialmente para resaltar y
asegurar el respeto a las singularidades de la Comunidad Autónoma de
Euskadi y de la Comunidad Foral Navarra en materia de régimen foral y
local. Nos congratulamos por haber llegado a acuerdos muy importantes con
el grupo mayoritario que hacen que el Grupo Vasco considere que el
proyecto que entró en el Congreso y que va a salir del Senado mejore
sustancialmente, aunque lógicamente todavía quedan muchas enmiendas
importantes que queremos seguir discutiendo hasta el último minuto, hasta
el minuto de la votación, e intentando pactar, sobre todo de manera
especial lo correspondiente a las entidades instrumentales de segundo
nivel, a los enclaves o a cantidad de asuntos que tenemos pendientes.









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En principio, aparte de anunciar que seguiremos trabajando
en esta línea, queremos manifestar que no mantendremos los votos
particulares de nuestras enmiendas números 403 y 419, pero sí todas las
demás, y esperamos que podamos seguir mejorando el texto en los días que
nos quedan por delante.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cazalis.


Lamento el salto de números porque, efectivamente, le
hubiera tocado al Grupo Socialista defender las enmiendas números178 a
224.


Tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor
presidente.


En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento por
haber otorgado a esta comisión un poco más de tiempo para debatir esta
importante ley; digo importante porque afecta a buena parte del
territorio —más del 95% de los municipios que tienen menos de 20
000 habitantes y a muchos ciudadanos y ciudadanas—.


Nuestras cuarenta y siete enmiendas son de supresión porque
nuestro planeamiento es negar la mayor, es decir, esta no es una mejora
de la Ley de Bases del Régimen Local de 1985 sino que lo que hace es
cambiar el modelo que los ayuntamientos se habían dado y han venido
desarrollando desde hace treinta y cuatro años, con lo cual, estamos en
contra de toda la ley y lo que pedimos es que se devuelva, aunque ya, una
vez votados los vetos, sabemos que es difícil. Estaríamos de acuerdo en
apoyar las enmiendas del PAR porque también van en esa línea de
supresión.


El portavoz del Grupo Popular ha dicho que se ha buscado el
consenso; sé que se ha conseguido el consenso con el Grupo Vasco. Se ha
sacado del saco a los ayuntamientos de ese territorio, con lo cual, le
felicito, pero el resto de España sigue en la misma tesitura. Si esto es
bueno bueno, no sé por qué no se mantiene, igual que si es buena buena no
sé por qué a través de enmiendas ustedes van deslizando aquello que
consideran más problemático electoralmente para después de las elecciones
municipales, pero también se puede entender. Cuando se quiso buscar el
consenso fue en el año 1984: Grupo Parlamentario Socialista, 202
diputados, comienza el debate en el Congreso y dura un año, con ocho
plenos y tres comisiones. Eso es buscar el consenso, porque lo que
ustedes han hecho con esta precipitación en una ley tan importante
evidentemente no ayuda a ello.


En estos treinta y cuatro años, los ayuntamientos han
desarrollado una colaboración al Estado del bienestar en España que no
sería entendible hoy en día sin su contribución, porque no solamente son
escuelas de democracia, como muchas veces se ha dicho, sino que también
se han encargado de llevar a cabo infraestructuras con pocos recursos:
equipamientos sociales, culturales, deportivos, de ocio, de
esparcimiento, etcétera, para todos sus ciudadanos, cuyo resultado fue
que la vida en los pueblos, ciudades, barrios, fuera agradable. Este ha
sido el modelo, y en esos treinta y cuatro años los ayuntamientos han
luchado y reivindicado históricamente —los que hemos estado muchos
años en el municipalismo hemos asistido a distintas asambleas de la
Federación Española de Municipios y Provincias— mejoras en su nivel
de competencias y que estas se clarificasen, porque la Constitución
evidentemente no lo desarrolló, mejoras en la financiación para atender
esos servicios que estaban prestando; no voy a decir servicios impropios
porque realmente eran demandas ciudadanas, demandas sociales.


A pesar de todo eso que han hecho, senadores y senadoras,
no han gastado un céntimo más del gasto público de lo que gastaban a
principios de los ochenta; siguen gastando el 13% del gasto público.
Luego no es un problema de exceso de gasto público por parte de las
corporaciones locales. Pero además, si vemos la deuda —y se ha
dicho aquí—, no llega al 4% del total de la deuda pública, a pesar
de que supone el 13% del gasto.


Pero si vemos el déficit, en el año 2012 se redujo a la
mitad y el año 2013 posiblemente se cierre con superávit. ¿Dónde está
entonces el problema? ¿Por qué se cambia ese modelo cuando no existe un
problema que justifique, en aras de la estabilidad o del ahorro, la
situación real de los ayuntamientos? Esa es la gran pregunta. Los otros
objetivos que pretenden tampoco se consiguen. No se disminuye el coste.
No hay una memoria económica en esta ley, que es lo primero que habría
que denunciar. No existe memoria económica. ¿De dónde sacan esos siete
mil ciento y pico millones de ahorro? ¿De dónde? Explíquenmelo porque
tampoco hay una simplificación burocrática, salvo que se piense en la
eliminación de empleados públicos locales, y no se evitan tampoco las
duplicidades.









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Hay hechos muy concretos que no puedo obviar. Ustedes se
cargan a las entidades locales menores. Las excluyen del artículo 3.2 de
la Ley de bases, con lo cual dejan de ser entidades locales y entonces ni
menores ni mayores, simplemente dejan de serlo. Nos han pedido que las
mantengamos, pero ustedes no han tenido sensibilidad. Esa es la realidad.
No tienen sensibilidad municipal. Lo demuestra quien ha elaborado la ley,
el ministerio correspondiente. Y lo demostró el otro día el ministro
Montoro en la Comisión General de Comunidades Autónomas que dedicó tres
cuartas partes de su intervención a hablar del plan de proveedores y de
las ayudas financieras que había hecho su ministerio y solamente unos
minutos a leer dos cuartillas sobre el régimen local porque, además, no
lo conocen. No conocen el territorio. No conocen la pluralidad que
existe. No conocen que hay comunidades autónomas uniprovinciales. No
conocen las situaciones que provoca la insularidad. Prueba de ello es que
tratan de corregir las cosas mediante enmiendas transaccionales. Pero esa
es la realidad, su desconocimiento y la falta de sensibilidad, pero esta
última, la falta de sensibilidad social, es mucho más acusada, señoría.
Destruir esa red asistencial que tenían los ayuntamientos y no darles más
recursos a las comunidades autónomas significa simplemente que
desaparecerán. A nosotros nos han venido a ver instituciones como Cáritas
que conocen el terreno, el territorio, los pueblos, los barrios, que
saben de la situación. Pues bien, Cáritas está alarmada por el hecho de
que pueda desaparecer esa red porque ellos saben, son los que lo saben,
lo importante que es para este país. Y, por supuesto, han demostrado muy
poca sensibilidad a la hora de negociar señores del Gobierno, señores del
Partido Popular, señores del grupo que lo sustenta.


Este es el marco en el que nos movemos. ¿Qué va a pasar?
Esta pregunta se la hacían hace unos minutos los representantes de
entidades locales menores. Va a pasar que, a base de posponer
determinadas decisiones para finales de 2015, a base de corregir,
posiblemente esta ley sea de difícil aplicación. La única alternativa que
yo veo a estas alturas es que una nueva mayoría pueda cambiarla, pueda
derogarla. Esperemos que el Tribunal Constitucional, porque todos los
grupos, todos los vetos, están de acuerdo en que invade competencias y es
inconstitucional, tenga, al final, algo que decir sobre esta ley en el
sentido en el que nos estamos manifestando. De ahí nuestra oposición
absoluta a la misma. Damos por defendidas nuestras enmiendas, de
supresión todas, pero lo que nos gustaría es que no pudiese
aplicarse.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Vázquez.


Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya.


La señora Sequera tiene la palabra.


La señora SEQUERA GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Las doy por defendidas y las mantenemos vivas para su
debate en el Pleno.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Enmiendas 342 a 399 del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado Convergència i Unió.


Tiene la palabra la señora Rivero.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, señor presidente.


Intervendré muy brevemente. El Grupo Parlamentario Catalán
en el Senado Convergència i Unió ha presentado un total de cincuenta y
siete enmiendas parciales que abordan distintos temas, funcionales, de
desburocratización, de respeto,por supuesto, al ámbito de la autonomía
local y al ámbito competencial de las comunidades autónomas. Fundamental
es para Cataluña —y así lo hemos manifestado— que se preste
atención en la adicional segunda al reconocimiento explícito a la
singularidad de nuestro sistema institucional, tal y como se refleja en
nuestro Estatuto de Autonomía. Este sería para nosotros el vértice a
partir del cual podríamos empezar a hablar. En cualquier caso, este grupo
siempre está abierto al diálogo. Además, nuestras enmiendas no son todas
de sustitución. Hemos intentado mejorar el texto con algunas de ellas.
Decía un senador que quizás nos habíamos perdido en un borrador. Quizás
es que yo no he sabido expresar en mi intervención que se ha suavizado el
texto desde la primera presentación hasta este momento; en algunas cosas
ha habido pequeñas mejoras; en otras ya les avanzo que no.


He recibido, en cuanto a los municipios de 20 000
habitantes, al entrar en esta comisión la corrección de errores de la
autoenmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado en la que habla de esta conformidad con los municipios afectados.
Vuelvo a decir que suaviza, pero que no soluciona el tema como en tantos
otros aspectos de este proyecto de ley.









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Comparto un poco la reflexión que ha hecho el senador
socialista sobre que esta ley pone en cuestión, a pesar de estas pequeñas
mejoras, a las entidades menores. Ha habido alguna autoenmienda que las
condiciona a su estabilidad presupuestaria, pero no se recoge como
entidad local, por lo que se le está negando esta presunta capacidad
jurídica y de autonomía. Lo mismo pasa con los municipios pequeños. Más
allá de que se hayan mejorado algunos aspectos, este proyecto de ley
cuestiona todo el entramado municipal y los servicios que se dan desde
los ayuntamientos y —como ha dicho el compañero socialista—
desde muchas entidades que participan, juntamente con los ayuntamientos,
para dar servicios esenciales a los ciudadanos, especialmente en estos
tiempos de crisis.


Les vuelvo a reiterar que nuestro grupo es crítico con este
proyecto de ley. Estamos en contra de que se aplique tal y como está en
estos momentos. Continuamos abiertos al diálogo, ese diálogo que
manifestó el propio ministro en la Comisión de Comunidades Autónomas.
Cierto que en esa comisión hubo diálogo. Cierto también que ese diálogo
pudo llevarse a cabo porque fue la oposición quien convocó esa Comisión
de Comunidades Autónomas.


Nosotros no perdemos la esperanza hasta el último momento.
Dejamos la puerta abierta para llegar a acuerdos en algunos puntos de
esta ley, que para Cataluña son vitales, y para mejorar cualquier otro
que favorezca no solo a Cataluña sino al resto de comunidades
autónomas.


Damos por defendidas las enmiendas y las debatiremos en
Pleno.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rivero.


Sebastián García Martínez, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, tiene la palabra para defender sus enmiendas y
posicionarse en relación con las enmiendas defendidas por los restantes
grupos.


El señor GARCÍA MARTÍNEZ: Muchísimas gracias, señor
presidente.


Muy buenos días a todos. De la intervención de todos los
portavoces de los distintos grupos se ve que estamos ante un proyecto de
ley complejo que afecta, en general, a los 40 millones de españoles
representados por sus ayuntamientos. Los alcaldes y todo el municipalismo
hemos reivindicado soluciones de competencias, de financiación, con un
claro objetivo, la sostenibilidad de los servicios que desarrollamos los
municipios.


Se ha dicho por alguno de mis compañeros anteriormente que
era un tema coyuntural y no estructural. Lo ha dicho la senadora Rivero
en su primera intervención. Pero yo creo que no, el problema es de
estructura y tiene que ver con la situación económica. Los ayuntamientos
vemos cómo las competencias se invaden entre comunidades, ayuntamientos y
otras administraciones. Un Gobierno que toma esa decisión tiene que ser
fuerte, riguroso y responsable anteriores Gobiernos socialistas han sido
incapaces—; ha de serlo para modificar la Ley 7/1985 Reguladora de
las Bases del Régimen Local que, en definitiva, era necesaria. A unos les
gustará más y a otros menos, pero la ley es necesaria y supone una
reivindicación histórica del municipalismo.


Lo que en este momento está en juego es poner orden para
asegurar especialmente la sostenibilidad de los municipios, su
financiación y, sobre todo, el compromiso que los ayuntamientos tenemos
que implica, en general, a todos. El pago a proveedores implica a las
empresas, por tanto, la morosidad implica la vida de una Administración,
de un municipio, porque tenemos que pagar. Y esto es lo que intenta este
proyecto de ley, evitar la dicotomía entre las Administraciones
estableciendo quién tiene que asumir competencias. Pero yo quiero
recalcar, sobre todo, que es una ley que reconoce la autonomía municipal.
Aquí se ha discutido sobre la intervención de las diputaciones. En la
rectificación técnica que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado en
la ponencia, quedaba claro que ningún municipio asumiría funciones que
fueran a realizar las diputaciones si no muestran su conformidad. Por
tanto, hay un respeto pleno a la autonomía municipal en las funciones que
tienen que realizar las diputaciones.


Es verdad que las diputaciones son necesarias como
Administración representativa de todos los municipios y que son un órgano
de elección indirecta a través de los concejales elegidos en los
municipios. Primero, porque tienen otra dotación económica. Y, segundo,
porque hay muchos municipios y servicios que sería imposible realizar,
especialmente, en los más pequeños, por ejemplo, temas como el de los
bomberos, la recaudación o sistemas de emergencia. Creo que las
diputaciones, tal y como se recogen en la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular, son positivas, sobre todo, reconociendo la
autonomía.


Se ha discutido también sobre las entidades menores, de
ámbito territorial inferior al municipio. Yo creo que es discutir o hacer
demagogia, porque el propio proyecto de ley regula este tema,









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fundamentalmente en su disposición transitoria tercera,
donde se dice que mantienen su personalidad jurídica, sus competencias y
su forma de funcionamiento. Pero también se les garantiza su estabilidad
económica y su financiación.


Igualmente, creo que esta ley recoge la financiación de los
municipios, que por una vez pueden elegir y solicitar la delegación de
competencias desde las comunidades, asegurándose, asimismo, la
financiación. A este respecto, quiero recalcar las enmiendas 442 y 443
del Grupo Parlamentario Popular, sobre la adecuación de la normativa de
financiación, que asegura para los municipios esa financiación para las
competencias que desarrollen, principalmente, en lo relacionado con
educación, servicios sociales o sanidad, con la garantía del Estado.


Importantes también son nuestras enmiendas 426 y 430 sobre
un tema muy político de debate —lo digo desde mi experiencia de
alcalde—, relativas a la cantidad de las retribuciones, a cuáles
son los liberados y los eventuales. Yo creo que esta ley viene a resolver
un problema de enfrentamiento político dentro de los ayuntamientos. Por
un lado, determina cuáles van a ser las retribuciones de los liberados,
de los alcaldes y de los concejales. Además, hemos modificado, mediante
unas enmiendas, la relación de habitantes estableciendo para las
retribuciones entre 1000 y 5000 habitantes. Como también se garantiza la
posibilidad de personal eventual en poblaciones inferiores a 1000
habitantes que no tengan dedicación exclusiva.


Asimismo, consideramos que esta ley, con las veintisiete
enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, garantiza la
autonomía y la normativa autonómica, como ha dicho mi compañero el
senador Sanz. Clarifica funciones y respeta las disposiciones forales de
los Parlamentos, así como los estatutos de autonomía. Sobre todo, evita
entrar en su normativa. Asimismo, clarifica las funciones de los
interventores, cuestión que también ha sido discutida con ocasión del
paso de esta ley por el Congreso, así como en anteriores borradores.


En definitiva, era una ley necesaria para el municipalismo,
para los ayuntamientos, que viene a poner orden en la relación entre
administraciones, que establece una Administración, una competencia, y
que quien desarrolle dicha competencia tenga la financiación adecuada,
porque, como muy bien se ha dicho, tendrá el apoyo de la financiación
autonómica local.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor García Martínez.
(La señora Rivero Segalàs pide la palabra.)


¿Sí, señora Rivero?


La señora RIVERO SEGALÀS: Disculpe. Quisiera intervenir por
alusiones.


El señor PRESIDENTE: Adelante, pero con brevedad.


La señora RIVERO SEGALÀS: Yo no sé si es que no he sabido
explicarme bien o no me han entendido, pero en ningún momento he dicho
que el problema sea coyuntural cuando hablamos de la clarificación de
competencias y de la financiación del municipalismo.


Lo que he dicho es que se ha abordado un problema
estructural, que es el problema que tiene el municipalismo, desde una
situación coyuntural concreta, que es este entorno de crisis en el que
estamos instalados, que ha hecho que se tenga únicamente en cuenta la
estabilidad presupuestaria y financiera. Estamos de acuerdo en que esto
se tenga en cuenta, pero no solo esto. Lo aclaro por si no se me había
entendido.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muy bien. Comenzamos con el turno de
portavoces.


¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)


¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones.)


¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya?
(Denegaciones.)


¿Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió?
(Denegaciones.)


¿Grupo Parlamentario Socialista? (Denegaciones.)


¿Grupo Parlamentario Popular? (Denegaciones.)


Ningún grupo hace uso de la palabra, por lo que estaríamos
llegando al final, debiendo someter a votación el informe de la ponencia.
Como saben, ha sido retirada la enmienda número 434 del Grupo
Parlamentario Popular y se ha incorporado la enmienda número 416 del
Grupo Parlamentario Vasco, así









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como la transaccional número 412 del mismo grupo, también
conocida por todos. Luego la enmienda transaccional sobre la base de la
enmienda número 12 y la 64 del Grupo Parlamentario Mixto.


El señor SANZ CABELLO: Y otra relativa a la singularidad
canaria.


El señor PRESIDENTE: Son tres enmiendas, porque la enmienda
número 64 del Grupo Parlamentario Mixto es la que resuelve la
singularidad canaria. Estamos hablando, por tanto, de la enmienda número
412, del Grupo Parlamentario Vasco y de la enmienda número 12 del Grupo
Parlamentario Mixto. Estas son las tres transaccionales. Con la salvedad
de que en el informe se retira la enmienda número 434, sustituyéndose por
la número 416 del Grupo Parlamentario Vasco. Esto es lo que vamos a
votar. Si alguien no tiene el texto, ahora mismo se le facilitará.
¿Alguien quiere esperar antes de votar a tener el texto?


El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Nosotros lo único que tenemos son
las dos correcciones de errores que nos dieron al principio y dos
transaccionales. Una, sobre el tema de los cabildos y consejos insulares
y otra sobre el artículo 32 bis, en relación con los directivos de
diputaciones, cabildos y consejos.


El señor PRESIDENTE: Ahora mismo se están haciendo las
fotocopias.


Es una enmienda de modificación de la número 412 y se añade
la parte que va en negrita, que dice: Las instituciones vascas podrán,
—es una adición al punto 1— en sus respectivos ámbitos
competenciales, atribuir competencias como propias a los municipios de
sus respectivos territorios, con sujeción, en todo caso, a los criterios
señalados en los apartados 3, 4 y 5 del artículo 25 de la Ley Reguladora
de las Bases del Régimen Local. Eso es lo que modifica, de forma que esta
enmienda se incorpora al dictamen de la comisión.


El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Presidente, las enmiendas no se
votan ahora, ¿no?


El señor PRESIDENTE: No. Ahora se vota el dictamen de la
comisión incorporando las matizaciones, declaraciones y añadidos.


Pero por una cuestión formal estamos esperando a que tengan
el texto en la mano antes de votarlo. (El señor García Martínez pide la
palabra.)


Mientras llegan los papeles, parece que el señor García
Martínez quiere decir algo. Tiene la palabra.


El señor GARCÍA MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Solamente quiero proponer que sea el señor presidente de la
comisión el que lleve a cabo la presentación de este proyecto de ley ante
el Pleno, si todos los grupos están de acuerdo. (Asentimiento.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Será para mí un honor
hacerlo. (El señor Rodríguez Esquerdo pide la palabra.)


Tiene su señoría la palabra.


El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Sí, señor presidente.


Si el Grupo Popular retira la enmienda 434 y a la par se
incorpora la enmienda 416 del Grupo Parlamentario Vasco que yo sepa esto
es una comisión, no un mercadillo donde se intercambian cosas. Por lo
tanto, si una cosa se retira y otra se incorpora al proyecto se tendrá
que votar la que se incorpora para que pase al proyecto, si no no se
incorporaría. Vamos, así lo entiendo yo. (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Al votar ahora el dictamen, estamos
votando justamente esa propuesta. (Rumores.)


El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Pero supongamos que el resto
de grupos no admitiera la 416 del Grupo Parlamentario Vasco.


Yo entiendo que se tendría que votar previamente al
dictamen de la comisión, independientemente de que luego se
incorpore.


El señor PRESIDENTE: ¿Por separado?


El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Sí, porque se incorpora algo
nuevo al dictamen.









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El señor PRESIDENTE: No hay inconveniente en hacer una
votación separada de ese punto específico, pero entendíamos que no era
necesario.


¿Quieren una votación específica sobre la enmienda 416?


El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Si incluso podríamos votarla a
favor pero, por procedimiento, la nueva enmienda que se incorpora debería
votarse para su incorporación. Es decir, no se puede cambiar una enmienda
por otra. El Grupo Popular no puede retirar una y a la par el Grupo
Socialista presentar otra. (Rumores.—El señor Martínez Oblanca pide
la palabra.)


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Martínez
Oblanca.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Señor presidente, si me permite,
quiero apuntar algo. A mayor abundamiento, al tratarse de una
transaccional que está firmada por el grupo proponente y el que tiene la
mayoría, creo que por lo menos otros dos grupos tendrían que firmar esta
transaccional, al igual que hemos hecho en el transcurso de la mañana con
las otras dos transaccionales que hemos firmado.


El señor PRESIDENTE: Dice usted a mayor abundamiento, pero
reglamentariamente no es necesario.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Pues retiro lo dicho.


El señor PRESIDENTE: Pero sí podemos hacer una votación
separada de la 416. A lo mejor hay quien quiere votarla a favor pero no
mantenerla en el dictamen.


Señor Cazalis, ¿tiene inconveniente en que votemos la
416?


El señor CAZALIS EIGUREN: No, mientras se mantenga en el
informe de la ponencia. (Risas.)


El señor PRESIDENTE: Sí, por supuesto, la vamos a mantener.
Es el principio básico.


El señor CAZALIS EIGUREN: Entonces de acuerdo. Si no,
votamos de una en una.


El señor PRESIDENTE: De eso no hay ninguna duda. Pero no sé
si algún grupo quiere mantener algún apoyo singular a esa enmienda. No lo
sé, no lo acabo de entender.


En cualquier caso, votamos la enmienda 416.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 17; abstenciones, 8.


El señor BELLOCH JULBE: Perdón, para explicar el sentido de
nuestro voto, ¿me permite treinta segundos?


El señor PRESIDENTE: Por supuesto. Tiene la palabra.


El señor BELLOCH JULBE: Estamos de acuerdo en el fondo, que
quede claro. No estamos de acuerdo por una cuestión procedimental y por
eso nos abstenemos.


El señor PRESIDENTE: Aclarado.


Una vez repartidos los textos, formalmente podemos someter
a votación el dictamen de la comisión, el trabajo que se ha hecho sobre
la base del realizado en ponencia. Votamos el dictamen con las
transaccionales, que han quedado claras, y los últimos cambios, que
también han quedado claros.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 17; en contra, 7; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Muchas gracias.


Con esto hemos terminado el trabajo hasta el Pleno.


Se levanta la sesión.


Eran las doce horas y treinta minutos.