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DS. Senado, Comisiones, núm. 235, de 13/11/2013
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COMISIÓN CONSTITUCIONAL


PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GONZALO PIÑEIRO
GARCÍA-LAGO


Sesión celebrada el miércoles, 13 de noviembre de 2013


ORDEN DEL DÍA


Dictaminar


– Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno.


(Núm. exp. 621/000046)


Autor: GOBIERNO










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Se abre la sesión a las dieciséis horas y doce minutos.


El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.


Buenas tardes, señorías. Comenzamos con el orden del día
previsto, a las dieciséis horas y doce minutos.


En primer lugar, si les parece, vamos a someter a
aprobación el acta de la reunión anterior, celebrada el día 4 de
noviembre del presente año. Como entiendo que el acta ha sido entregada a
sus señorías, se somete a su aprobación o a la posibilidad de hacer
alguna salvedad.


¿Alguna observación al acta? (Denegaciones.)


¿Se aprueba? (Asentimiento.)


Queda aprobada.


El siguiente punto es dictaminar el Proyecto de Ley de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.


A este proyecto de ley se presentaron, como es conocido,
cuatro propuestas de veto y 269 enmiendas. Algunas de ellas han sido
retiradas, otras, consensuadas, y otras se defenderán más tarde, como
indicaremos.


Como es preceptivo, antes de ser sometidos a votación
corresponde la previa defensa, y turno en contra, si hubiese, de los
vetos presentados.


Los cuatro vetos son, por orden de presentación, en primer
lugar, de los senadores Jesús Enrique Iglesias y José Manuel Mariscal,
del Grupo Parlamentario Mixto; de la senadora Ester Capella, también del
Grupo Parlamentario Mixto; el número 3, presentado por el senador
Unamunzaga Osoro, del Grupo Parlamentario Mixto; y el número 4 de los
senadores Jordi Guillot y Joan Saura.


Si les parece bien, abriríamos un turno para la defensa de
los vetos por tiempo de diez minutos para cada uno de ellos.


La ponencia, en la reunión celebrada en el día de hoy, ha
adoptado los acuerdos que a continuación les comunico. Se incorporan por
mayoría las enmiendas números 238 a 264 y 266 a 269, del Grupo
Parlamentario Popular, siendo objeto de una corrección la enmienda 269.
Asimismo, se incorpora por unanimidad la enmienda 218, del Grupo
Parlamentario Socialista. Se incorporan por mayoría las enmiendas números
159, del Grupo Parlamentario Entesa, coincidente con la enmienda 230, del
Grupo Parlamentario Socialista; la 160, del Grupo Parlamentario Entesa,
coincidente con la enmienda 231, del Grupo Parlamentario Socialista; y la
número 161, también de la Entesa, coincidente con la enmienda 232, del
Grupo Parlamentario Socialista.


Asimismo, me comunican que por mayoría de la ponencia,
reunida antes de esta comisión, se ha aceptado una transaccional sobre la
base de la número 166, de Convergència i Unió, al artículo 3. b). Y
también por mayoría de la ponencia, una modificación del artículo 5.4. Se
incorporan por mayoría una serie de correcciones técnicas para subsanar
distintos errores terminológicos y gramaticales que afectan a distintas
disposiciones y artículos. Si tienen interés los puedo leer, aunque
supongo que tendrán conocimiento de ellos. (La señora Vindel López pide
la palabra.)


Doña Rosa Vindel, acláreme si no es así lo acordado en la
ponencia.


La señora VINDEL LÓPEZ: Sí, señor presidente, pero me da la
sensación de que falta por anunciar a la comisión que hemos retirado en
la ponencia la enmienda 265, que fue incorporada esta mañana a la
ponencia y que ahora, como digo, acabamos de retirar.


El señor PRESIDENTE: Sí, exacto. Está retirada, porque he
leído que las enmiendas que se incorporaban eran las números 238 a 264 y
266 a 269.


La señora VINDEL LÓPEZ: Disculpe la intervención, señor
presidente.


El señor PRESIDENTE: Está perfectamente entendido; por
tanto, tenemos razón los dos. Está retirada esa enmienda.


Sin más, procedemos al debate de los vetos, como les decía,
por orden de presentación.


Entiendo que la senadora Capella, del Grupo Mixto —y
es una pregunta que hace esta Presidencia—, va a defender, además
de su veto, el veto número 1, presentado por los senadores Enrique
Iglesias y José Manuel Mariscal, y el veto número 3, del senador
Unamunzaga. ¿Es así?


La señora CAPELLA I FARRÉ: Sí, voy a dar por defendidos los
tres.









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El señor PRESIDENTE: Perfecto. Por lo tanto, tiene usted la
palabra para defender su veto y comunicar —porque yo creo que debe
comunicarse oficialmente— que da por defendidos esos vetos para que
se puedan mantener.


Tiene usted la palabra, senadora Capella.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.


Para facilitarle el trámite, doy por defendidos los tres
vetos presentados por los distintos senadores del Grupo Mixto.


El señor PRESIDENTE: ¿Incluido el suyo?


La señora CAPELLA I FARRÉ: Incluido el mío.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.


El cuarto veto es de los senadores Guillot y Joan Saura,
del Grupo de la Entesa. Entiendo que lo va a defender el senador
Martí.


Tiene la palabra.


El señor MARTÍ JUFRESA: Sí, presidente.


También voy a dar por defendido este veto, puesto que
pertenece a dos compañeros que lo defenderán en el Pleno.


El señor PRESIDENTE: Muy bien. Se dan por defendidos los
cuatro vetos.


Existe la posibilidad de un turno en contra. (La señora
Vindel López pide la palabra.)


La senadora Vindel tiene la palabra para el turno en
contra.


La señora VINDEL LÓPEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Con la misma brevedad que mis colegas en la comisión, nos
vamos a oponer a los cuatro vetos que se han dado por defendidos. No
vamos a ahondar en los argumentos, lo que sí haremos y expondremos en el
Pleno de la semana que viene. Tan solo diré que es una ley muy trabajada,
tanto en el Congreso como aquí —aunque aquí con menos tiempo, como
siempre—, que nos hemos reunido bastante, y que hemos cambiado
muchas impresiones.


En el Grupo Popular entendemos que de lo que se trata no es
de vetar esta ley sino de que eche a andar cuanto antes, y estos son los
motivos que, muy brevemente, nos sirven para oponernos a los vetos.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, senadora Vindel.
Muchísimas gracias por esa brevedad en el turno en contra.


Corresponde ahora el turno de portavoces en referencia
exclusivamente a los vetos.


¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)


No hay intervención.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el
senador Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Puesto que todo va tan rápido,
habrá que ser relativamente breve.


Nuestro grupo considera que esta es una ley muy importante,
en el sentido de que en los últimos años la labor de la Administración y
la relación de la Administración con la ciudadanía se han modificado de
una manera importante, muy importante. Y este proyecto de ley viene a dar
forma y a recoger precisamente de qué manera se profundiza en esa
relación de la Administración, con todo lo que le rodea a esta y al
ámbito institucional, con la ciudadanía.


Creo que es un proyecto de ley que todavía se puede
mejorar. Nosotros vamos a posicionarnos favorablemente —y lo
anuncio así—, independientemente de que veamos que todavía se
pueden hacer salvedades que pueden mejorar definitivamente este texto y
que principalmente se refieren a dos ámbitos. El primero es el ámbito de
las excepcionalidades. Entendemos que se puede profundizar en dicho
ámbito porque todavía queda de manera demasiado amplia y discrecional de
cara a la Administración y a todo el ámbito público. Y el segundo ámbito
es ver de qué manera se puede mejorar la participación en el consejo de
transparencia y buen gobierno. En ese sentido, entendemos que profundizar
en la participación de la ciudadanía en todo lo relacionado con lo
público y todo lo relacionado con la Administración es importante.









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Como conclusión, insisto en que se ha hecho un trabajo
importante, pero que todavía se puede mejorar. En ese sentido, pedimos
del grupo mayoritario que de hoy hasta el Pleno todavía se atienda a las
propuestas, a las peticiones de los diferentes grupos, porque, a fin de
cuentas —y lo hemos podido visualizar en la ponencia—, todos
los grupos hemos pretendido lo mismo, cual es mejorar. Yo creo que hay
muy buenas propuestas por parte de todos los grupos aquí presentes y
considero que es bueno ser receptivo. La colaboración y la participación
de los diferentes grupos van a mejorar mucho este proyecto de ley.
Apostemos por ello; nosotros también velaremos por lo mismo.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Bildarratz.


Por el Grupo de la Entesa, tiene la palabra el senador
Martí.


El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, presidente.


En la presente legislatura hemos discutido muchas leyes en
esta Cámara; muchas no aportaban nada, otras, a nuestro parecer, estaban
equivocadas, e incluso algunas nos han parecido altamente negativas. No
es el caso de esta ley. También nosotros consideramos que esta es una ley
importante, una ley necesaria, y aunque entendemos que es insuficiente,
que no sería exactamente nuestra ley, pensamos que es mejor que haya ley
a que no la haya en estos momentos. Por tanto, no vamos a poder apoyar
las propuestas de veto porque entendemos que es bueno que esta ley pueda
avanzar, aunque, insisto, no sea nuestra ley o sea una ley insuficiente,
con la que nosotros no estamos de acuerdo. Pero, aun así, vamos a
abstenernos en las propuestas de veto para mostrar que creemos que es
positivo que esta ley avance en su tramitación.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martí.


Por el Grupo Catalán en el Senado Convergència i Unió,
tiene la palabra la senadora Rieradevall.


La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias.


Quiero manifestar también que no estamos de acuerdo en
apoyar los vetos. Nosotros no hemos presentado ninguno. Estamos a favor
de apoyar esta ley, aunque evidentemente tenga muchos aspectos que
mejorar y creemos que se podrían haber recogido muchas más enmiendas de
todos los grupos. En el Congreso así se ha hecho, y aquí podría haber
habido más aceptación. Aun así, es una ley necesaria, esperada por la
ciudadanía, y más en los momentos que estamos viviendo. Cualquier medida
tendente a reforzar la confianza del ciudadano, su derecho al acceso a la
transparencia de las administraciones, la valoramos positivamente. Quedan
pendientes puntos tan importantes para nuestro grupo como la publicación
de las balanzas fiscales, la creación de un registro general de lobbies,
la eliminación de límites al derecho de acceso —en esto coincido
con el portavoz del PNV— o la determinación del silencio positivo.
Pero de momento más vale tener esta ley que no tenerla.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Rodríguez Esquerdo.


El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor
presidente.


La ley —lo decía antes el senador Bildarratz—
debe de ser una de las más importantes que se van a aprobar en esta
legislatura y seguramente sea una de las más importantes del ordenamiento
jurídico español, fundamentalmente porque intentará por lo menos cambiar
la imagen que de la Administración y de las instituciones tienen muchos
ciudadanos.


Hay que reconocer que cuando la ley entró en el Congreso
era una ley insuficiente, cargada de carencias, llena de lagunas. Era una
ley mala, y creo que entre todos la hemos mejorado. Para intentar
mejorarla nosotros hemos planteado una batería de enmiendas de las que
luego hablará mi compañero, el senador Antich.


Con respecto a los vetos, nosotros no hemos presentado
ninguno, entendiendo que la presentación de los cuatro vetos existentes
tiene sin duda la intención de mejorar la ley o de avanzarla en otros
términos. Como digo, nosotros no hemos vetado la ley, aunque sí lo
hubiéramos hecho si esta ley solo se hubiera referido al buen gobierno.
Decía que no hemos vetado la ley y, por lo tanto, no votaremos a favor de
los cuatro vetos presentados, porque si se aprobara alguno de ellos
estaríamos en una situación peor









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que en la que nos encontramos en estos momentos: no
tendríamos ninguna ley y estaríamos volviendo a unos malos orígenes.


Yo estoy convencido de que el próximo Pleno del Senado, de
esta Cámara, aprobará la ley que presenta el Gobierno, pero me da la
impresión de que la va a aprobar con un escaso consenso, no con el total
consenso que debería tener esta ley.


El Gobierno podría demostrar que cree en la transparencia y
empezar ya a dar pasos en esta materia, por ejemplo, con la presencia en
esta Cámara de los ministros en las comisiones informativas, que tantas
veces pedimos los senadores, o también cambiando la forma de responder a
los senadores y senadoras a las preguntas que se le hacen por escrito.
Sería una buena imagen de ese cambio de transparencia del Gobierno.


El Grupo Socialista sigue teniendo voluntad de pacto, y
para nosotros es fundamental que esta ley recoja dos elementos que hemos
venido manteniendo durante toda la ponencia: la publicidad activa y la
autonomía e independencia de este órgano. Pero repito que será mi
compañero, el señor Antich, quien lo explique mucho mejor que yo.


Mi compañero en el Congreso cerró su intervención cuando
votó en contra de esta ley diciendo que el futuro no está escrito, y yo
quiero acabar igual, diciendo que el futuro no está escrito con respecto
a la ley y que nos abstendremos en los cuatro vetos presentados.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez
Esquerdo.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la
senadora Vindel.


La señora VINDEL LÓPEZ: Muchas gracias, señor
presidente.


Como habrán podido escuchar en todas las intervenciones,
todos coincidimos en cuestiones bastantes sustanciales, la primera, en
que esta es una ley totalmente necesaria. Quiero recordar a los miembros
de la comisión que todos los países occidentales y de nuestro alrededor y
también Estados Unidos tienen leyes de transparencia. Nosotros nos vamos
a incorporar próximamente a ese grupo de países, aunque bien es cierto
que nos incorporamos tarde.


Lo primero que tengo que hacer, señor presidente, es dar
las gracias a los grupos que no han presentado veto pudiendo tener la
oportunidad de hacerlo. Y les agradezco esa voluntad de pacto que, por
cierto, mi grupo y yo hemos demostrado sobradamente a lo largo del día de
hoy.


No es la ley que hubiera hecho algún grupo; no, señorías.
Tampoco es la ley del Gobierno ni la ley del Gobierno era tan mala como
aquí se ha dicho. Era un proyecto de ley que era bueno y que se ha
mejorado sustancialmente —como, por otra parte, es nuestra
obligación— tanto en el trámite del Congreso como en el trámite del
Senado. Antes de entrar en el Congreso, cuando era un anteproyecto, se
colgó en Internet y hubo multitud de sugerencias; según mis notas, tuvo
más de 80 000 visitas que al final se plasmaron en unas casi 3000
sugerencias al anteproyecto. Después hubo muchísimas comparecencias en el
Congreso, con muchos expertos. La mayoría de la sugerencias que hicieron
esos expertos en el Congreso se han visto reflejadas en el texto que se
sometió a tramitación posteriormente, tanto en comisión como en Pleno en
el Congreso, y además se aprobaron más de 90 enmiendas de todos los
grupos parlamentarios en el Congreso; y cuando digo todos, digo todos y
no excluyo a ninguno. Por tanto, el proyecto viene muy enriquecido. Por
eso, y por defenderlo, nos oponemos a los vetos.


Señor presidente, señorías, estamos legislando sobre lo que
no existe y estamos legislando de nuevo. Y eso es muy interesante, es muy
gratificante, porque no se trata de reformar lo que hay sino de empezar a
poner los cimientos. Tras todas las conversaciones que hemos tenido
durante estos días, incluso en la ponencia de hoy, todos hemos llegado a
la conclusión de que la Administración española y nuestra relación con
ella como ciudadanos tiene que cambiar. Y esta ley es precisamente el
medio para que cambie. Yo siempre he dicho que he visto con cierto
asombro cómo la relación entre Administración y ciudadanos y ciudadanos y
Administración es una relación de desconfianza, y de lo que se trata
precisamente es de echar abajo esa sensación de desconfianza y distancia.
También tenemos la inmensa suerte, señor presidente, señorías, de que las
nuevas tecnologías nos brindan esa oportunidad, y poco prácticos seríamos
y poca visión de futuro —ese que no está escrito— tendríamos
si no la aprovecháramos.


Sinceramente, yo creo que mezclar unas cosas con otras, es
decir, mezclar lo que pueden ser las líneas de la nueva Administración y
nuestra nueva relación con la Administración del futuro no tiene nada que
ver con una cuestión reglamentaria del Senado. Y si el debate va por ahí
opino que sería una equivocación.









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No me voy a entretener más. Ya tendremos oportunidad de
cambiar más impresiones la semana que viene en el Pleno, pero, señor
presidente, se puede deducir fácilmente de esta segunda y última
intervención mía que, efectivamente, votaremos en contra de los
vetos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Vindel.


Procede la votación de los cuatro vetos presentados.


En primer lugar, sometemos a votación la propuesta de veto
número 1, presentada por los senadores don Jesús Enrique Iglesias
Fernández y don José Manuel Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario
Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 1; en contra, 17; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Sometemos a votación la propuesta de veto número 2, de la
senadora doña Ester Capella, del Grupo Parlamentario Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 1; en contra, 17; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Sometemos a votación la propuesta de veto número 3, del
senador Unamunzaga, del Grupo Parlamentario Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 1; en contra, 17; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Por último, sometemos a votación la propuesta de veto
número 4, de los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, de Entesa pel
Progrés de Catalunya.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 1; en contra, 17; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Pasamos al debate de las enmiendas presentadas, que no
hayan sido acordadas por la ponencia.


Enmiendas 1 a 53, de los senadores Iglesias Fernández y
Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.


Como anteriormente se han dado por defendidas las
propuestas de veto de los senadores Iglesias Fernández y Mariscal
Cifuentes, me gustaría que, a su vez, algún senador diera por defendidas
dichas enmiendas puesto que es preceptivo para que no decaigan.


Tiene la palabra la senadora Capella.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señor presidente.


Doy por defendidas las enmiendas números 1 a 53,
presentadas por los senadores Iglesias y Mariscal, del Grupo
Parlamentario Mixto.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Enmiendas 62 a 70, del senador Unamunzaga Osoro, del Grupo
Parlamentario Mixto.


Tiene la palabra la senadora Capella.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Igualmente, doy por defendidas
las enmiendas 62 a 70, del Grupo Parlamentario Mixto.


En todo caso, serán ellos quienes defiendan sus enmiendas
extensamente en el Pleno.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.


Enmiendas 54 a 61, del Grupo Parlamentario Vasco en el
Senado.


Para su defensa, tiene la palabra el senador
Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor
presidente.


Defenderé brevemente estas 8 enmiendas.









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Nuestra enmienda 55 propone la modificación del artículo
2.1.b. Se pretende conservar el siguiente texto: «b) Las entidades
gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social.». Y que se
elimine: «…así como las mutuas de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales colaboradoras de la Seguridad Social.»


Esta modificación tiene como finalidad la de asegurar el
carácter privado de las mutuas de accidentes de trabajo como asociaciones
voluntarias de empresarios. En este sentido, excluiríamos cualquier
equiparación con las administraciones públicas.


Las enmiendas 56, 57 y 58 son del mismo tenor y para su
defensa utilizaré como base lo que ha dicho en el turno en contra de los
vetos la senadora Vindel: intentar superar la desconfianza. Este proyecto
de ley, a fin de cuentas, intenta eso mismo, superar la desconfianza que,
en este momento, siente la ciudadanía hacia la Administración, con lo
público y evitar que haya excepcionalidades tan grandes como las
relativas al acceso a la información. Evidentemente, unas se pueden
entender, pero otros casos, como los que se recogen en las enmiendas 56,
57 y 58, en sus letras h., i. y l., sobre protección del medioambiente,
pediríamos que se considerasen. Así, en dos casos proponemos la supresión
y, en el tercero, una modificación de la propia redacción, aunque no le
damos tanta relevancia en tanto en cuanto se tenga en cuenta que ámbitos
tan globales como la protección del medioambiente pueden fomentar lo
contrario a lo que pretende este proyecto de ley. Por ello, creemos que
es importante que cuidemos de estos puntos.


La enmienda número 59, al artículo 28.f., trata de un
ámbito que entendemos que no corresponde a esta ley que, a fin de
cuentas, tiene una serie de objetivos. Así, la referencia del artículo
28.f. se corresponde más con una serie de requerimientos como los de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera. En este sentido, no entendemos que este
precepto esté incluido en este proyecto de ley.


Hemos presentado las enmiendas 60 y 61 —esta última,
por coherencia con la anterior— porque no entendemos que el
artículo 28.k. pueda tener la misma categorización que la que figura en
el artículo 28.f. —del que acabamos de hablar— calificando el
incumplimiento de ambos apartados como muy grave. No comprendemos que
pueda tener la misma gravedad el incumplimiento de una serie de
obligaciones de publicación o de información, con el propio
incumplimiento de la obligación, en este caso, de destinar íntegramente
los ingresos obtenidos, etcétera. Así, creemos que lo que corresponde a
la información ha de tener una categorización inferior en el alma
coercitiva de este punto y, por ello, pedimos al grupo mayoritario que
atienda nuestra enmienda.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador
Bildarratz.


Para la defensa de las enmiendas 71 a 155 y 157 a 165,
ambas inclusive, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el señor Martí.


El señor MARTÍ JUFRESA: Muchas gracias, señor
presidente.


Voy a dar por defendidas las enmiendas 71 a 123, y me
centraré en la defensa de las restantes enmiendas presentadas por mi
grupo parlamentario.


En mi anterior intervención decía que considerábamos que
esta ley es necesaria y tiene un carácter muy importante en relación con
nuestra democracia porque entendemos que, en este momento, una democracia
moderna, un país que aspira realmente a aumentar su calidad democrática
no puede contemplar la posibilidad de no tener regulada la transparencia,
el buen gobierno y el acceso a la información pública.


La credibilidad de nuestras instituciones, de nuestras
administraciones, el sentimiento de que la política la hacemos entre
todos los ciudadanos y ciudadanas —que es la esencia del concepto
de democracia— pasa hoy en día inevitablemente por garantizar esta
transparencia, este buen gobierno y este acceso a la información
pública.


Es urgente plasmar en una ley los derechos que los
ciudadanos ya sienten que tienen sobre estas cuestiones. Además, estas
prácticas previenen de manera muy eficaz la corrupción y, por tanto, se
hace doblemente necesario en nuestro país disponer cuanto antes de los
instrumentos que perfila una ley de transparencia, buen gobierno y acceso
a la información pública. Aun así, como también he señalado antes, para
mi grupo parlamentario esta ley es todavía insuficiente a pesar de sus
mejoras —como se ha dicho—, a pesar de su acierto en términos
de planteamiento y de corpus general, y lo es en dos cuestiones que,
desde nuestro punto de vista, son todavía determinantes: la primera es su
alcance. No conseguimos









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entender por qué los contenidos de la información pública
son tratados de manera distinta a los procedimientos administrativos
habituales y ordinarios de las administraciones y las instituciones de
nuestro Estado. El criterio básico y fundamental debe ser en todos los
casos la publicidad activa. ¿Se pueden establecer reservas? Sin duda. ¿Se
puede restringir la disponibilidad de algunas informaciones? Sin duda.
Esto está en todas las leyes y cabe en el buen entendimiento de cualquier
persona, pero no tiene ningún sentido invertir la carga de la prueba y
hacer que para garantizar el acceso a una parte muy importante de la
información pública sean los ciudadanos los que tengan que pedirla. Este
aspecto es todavía claramente insuficiente y el alcance, por tanto, de la
ley, se queda cualitativamente corto para estar a la altura de las
expectativas de nuestra democracia.


La segunda cuestión que nos parece insuficiente es el grado
de autoexigencia respecto a su propio cumplimiento, todo ello
directamente relacionado con el ente que se crea, de manera
imprescindible, de supervisión de la ley, que es el consejo nacional de
transparencia. Nos parece que la independencia de su carácter, las
funciones de su presidencia, los recursos y funciones en general, aunque
han mejorado un poquito con algunas enmiendas aceptadas por parte de la
ponencia y del grupo mayoritario, siguen siendo escasas, en términos de
impulso, de supervisión; por ejemplo, no estamos de acuerdo con la
composición del consejo y tampoco con su dependencia orgánica. Por ello,
hemos presentado, juntamente con el Grupo Parlamentario Socialista, una
batería de enmiendas en esta dirección.


Quisiera profundizar en el primer aspecto de las enmiendas,
al que me he referido. Para nosotros son básicas algunas enmiendas, en
particular la enmienda referida al artículo 12, la relativa a que el
tratamiento, en cuanto al derecho de acceso, de la información pública
debe pasar a la categoría de publicidad activa y no a la de solicitud de
información. Me gustaría leer lo que establece el artículo 13 para que se
entienda mejor. El artículo 13 señala lo siguiente: «Se entiende por
información pública los contenidos o documentos, cualquiera que sea su
formato o soporte, que obren en poder de cualquiera de los sujetos
incluidos en el ámbito de aplicación de este Título —se refiere
evidentemente a las administraciones públicas, aunque no solo— y
que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones».
No entendemos —y es lo que propone la enmienda al artículo
12— por qué los contenidos o documentos que hayan sido elaborados o
adquiridos por estos sujetos no están, de entrada, puestos a disposición
bajo la fórmula de la publicidad activa. ¿Por qué? ¿Cuál es la
diferencia? ¿Cuál es el fundamento? No conseguimos entenderlo y pensamos
que lo único que va a hacer este proceso es entorpecer el propio
ejercicio del acceso a la información pública y burocratizar en exceso.
Todas las medidas que conllevan peticiones individualizadas son mucho más
complicadas de gestionar porque, luego, hay que poner excepciones y
cautelas mientras que, si se hace un tratamiento genérico, entendemos que
es mucho mejor. Además, creemos que cualquier ciudadano tiene derecho a
acceder sin ninguna petición ni cortapisa a los contenidos y documentos
que elaboran las administraciones públicas. Y si se considerara que
tuviera que haber alguna restricción, se clasifica esta información como
de acceso limitado, tal y como se hace en muchísimos países. En ese caso,
sí habría que pedir, justificar y entrar en un debate sobre si tiene
sentido o no; pero en la inmensa mayoría de estos contenidos o documentos
creemos que no sería necesario.


Quiero hacer, brevemente, hincapié en otras cuestiones de
este capítulo III que, para nosotros, como digo, se queda corto ya que no
cumple con el alcance al que debería llegar esta ley.


En primer lugar, me referiré a la enmienda de supresión del
artículo 17.3, en la que se pide que no haya necesidad alguna de motivar
las solicitudes de acceso a la información, que si se configurara como
nosotros lo pedimos podía llegar a tener algún sentido, pero, tal y como
está ahora, carece de sentido alguno y sería altamente restrictivo. Este
punto del artículo 17 es confuso, y pensamos que no decir nada en este
caso redunda en beneficio de la ciudadanía y su acceso a la
información.


La enmienda al artículo 18.2 —que muchísimas
entidades que trabajan el tema de la transparencia en España han
solicitado—, nosotros la hemos querido matizar, pero apoyándola en
lo básico. El artículo 18 se refiere a las causas de inadmisión de la
solicitud de acceso a la información, y señala que las informaciones que
tengan carácter auxiliar o de apoyo, como las contenidas en notas,
borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o
entre órganos o entidades administrativas, son causa de inadmisión y no
están sujetas a solicitud de acceso. Entendemos que es demasiado
restrictivo; se puede entender que las notas, los borradores, las
opiniones y los resúmenes no sean motivo de solicitud de información,
pero nunca las comunicaciones e informes internos o entre órganos o
entidades administrativas ya que muchas veces son el fundamento de la
toma de decisiones por parte de









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las administraciones. Por tanto, quería resaltar esta
enmienda que me parece simbólica de hasta dónde estamos dispuestos a
llegar como sociedad en la transparencia de nuestras instituciones
públicas.


Para terminar, señor presidente, señorías, estamos llegando
los últimos y tarde, y habría que intentar no llegar mal. Creo que no
llegamos mal, pero ya que vamos los últimos, ya que, como ha dicho la
portavoz del Grupo Parlamentario Popular muy acertadamente, es una ley ex
novo que estamos creando, creemos que habría que copiar a los mejores,
habría que copiar a los que más han hecho por la transparencia, a los que
tienen acreditado las mejores leyes por organismos internacionales
independientes, que avalan estos trabajos y, por consiguiente, habría que
hacer todavía un esfuerzo en estos dos campos que hemos señalado para
estar realmente a la altura de las expectativas y de lo que le
corresponde a un país que llega el último, que es ponerse a la altura de
los primeros.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí.


Para la defensa de las enmiendas números 166 a 203, del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la
palabra la senadora Rieradevall.


La señora RIERADEVALL TARRÉS: Gracias, señor
presidente.


La enmienda número 166 ha sido transaccionada; por lo
tanto, no vamos a comentarla.


En referencia a la enmienda número 167, por la que se
pretende añadir un apartado sexto al artículo 5, el objetivo es obligar a
la Administración General del Estado a publicar anualmente la información
relativa a las diferencias en cada comunidad autónoma entre la inversión
presupuestada por el Estado, incluyendo el sector público estatal, y la
efectivamente realizada en todos los ámbitos de su competencia a los
efectos de que se conozcan las estadísticas y las inversiones
efectuadas.


Uno de los principios generales de la transparencia que
debe aplicar la Administración General del Estado y que debe conocer
cualquier ciudadano es cómo se vinculan las inversiones que el Estado
realiza en los diferentes territorios. La recaudación de impuestos de
cada territorio genera un conjunto de inversiones que debe fomentar el
crecimiento en consonancia con su actividad económica, y los ciudadanos
de cada uno de ellos deben conocer certeramente cuál es la inversión o el
retorno que la Administración realiza en sus territorios. Por ello, el
hecho de conocer esta inversión pública debe ser uno de los principios
generales de esta ley como ejemplo de transparencia.


Por lo que se refiere a la enmienda número 168, pretendemos
introducir una adición al artículo 7, en el sentido de puntualizar que la
determinación del momento en que debe darse publicidad a los proyectos y
las memorias corresponde a las propias comunidades autónomas a través del
departamento responsable que ejerce su competencia.


La enmienda número 169 modifica el artículo 8.1.a.,
intentando evitar que se traspase el carácter básico, de lo que pueden
constituir posiciones mínimas que permitan al legislador autonómico el
ejercicio de sus competencias en la materia.


Mediante la enmienda 170 pretendemos la adición de una
letra j. al artículo 8 para establecer la obligación de publicación de
las balanzas fiscales bianualmente. El mayor ejercicio de transparencia
en un modelo territorial compuesto es el hecho de establecer la
obligación para que la Administración General del Estado publique las
balanzas fiscales de todas las comunidades autónomas del Estado.


Destacamos también las enmiendas 173, 174 y 175, que
proponen suprimir las letras h., i. y l. del apartado 1 del artículo 4.
Consideramos que no deben ser excluidos los intereses económicos y
comerciales, la política económica y monetaria, como tampoco la
protección al medioambiente. Los motivos de denegación deben acotarse a
los que sean expresamente determinados y lo suficientemente claros y
necesarios para amparar determinados bienes jurídicos protegidos,
conforme a lo que podría desprenderse del artículo 102 de la Constitución
ya que, en caso contrario, estaríamos estableciendo un conjunto de
restricciones que limitarían arbitrariamente el derecho de acceso.


Mediante la enmienda 176 modificaríamos el artículo 15.1
para delimitar el acceso a los datos que atañen únicamente al solicitante
del acceso, con el fin de que, como a menudo en un expediente
administrativo o documento constan datos de otras personas, el
solicitante pueda acceder solamente a los que le atañen a él.


La enmienda de modificación del artículo 20.4 se encamina a
establecer el silencio positivo, excepto cuando pudiese conllevar la
revelación de datos de carácter personal, especialmente protegidos, o
cuando una ley contemple una denegación. Consideramos que, dado el
espíritu de la ley, el silencio









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positivo hubiera sido muy valorado por el ciudadano y
habría facilitado muchísimo su acceso a la información.


La enmienda 178 es de adición de un nuevo apartado al
artículo 20. Se presenta para puntualizar que el procedimiento
administrativo posterior que se derive del ejercicio del derecho de
acceso a la información pública pueda ser objeto de regulación propia por
aquellas comunidades que tengan competencia exclusiva en la materia.


En las enmiendas 180 a 191 proponemos suprimir las letras
e., f., g., h., i., j., k., l., m., n., ñ. y o. del artículo 28. Teniendo
en cuenta que la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ya prevé procedimientos
disciplinarios para el incumplimiento de sus requerimientos, establecer
un procedimiento sancionador nuevo podría duplicar la existencia de
procedimientos sancionadores, vulnerando el principio non bis in
idem.


En la enmienda 192 proponemos una adición al mismo artículo
28 para que, teniendo en cuenta que en ocasiones la causa del
incumplimiento puede derivar de otra Administración que no ha cumplido a
su vez con sus obligaciones, se considere que no ha existido infracción
en aquellos supuestos en que se dé este caso.


En referencia a las letras a. y f. del artículo 29.1
planteamos la supresión de las mismas dado que estos supuestos se
consideran poco precisos y de posible aplicación arbitraria.


Las enmiendas 195 y 196 consisten en la supresión de las
letras a. y b. del apartado 3 del artículo 29. En el primer caso porque
se trata de una vulneración del principio de seguridad jurídica en lo
referido al principio de tipicidad en materia sancionadora, que exige que
los mandatos sean claros, concretos, precisos e inteligibles, tal y como
señala el Consejo de Estado. Asimismo, proponemos la modificación de la
letra b. del apartado 3 del artículo 29, mediante la supresión de la
expresión: «El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones»,
pues se considera que dicha expresión vulnera el principio de seguridad
jurídica en lo referido al principio de tipicidad.


Mediante la enmienda 197 se suprime la destitución como una
sanción por entender que no tiene buen encaje con la sistemática de este
régimen sancionador de carácter administrativo.


En la enmienda 198 proponemos la adición de un nuevo
apartado en la disposición adicional cuarta, para puntualizar que en todo
caso las comunidades autónomas puedan atribuir las funciones que esta ley
concede al consejo de transparencia y buen gobierno al órgano
independiente que determinen.


La enmienda 199 contiene una nueva disposición adicional
que establezca un registro general de intereses. Consideramos que se debe
normalizar la relación de los grupos de interés, también conocidos como
lobbies, y los poderes públicos a través de la ley de transparencia, con
el ánimo de dotar de un marco regulatorio que ampare jurídicamente la
creciente participación de estos grupos, de acuerdo, también, con el
Libro Verde de la Unión Europea «Iniciativa por la Transparencia» y muy
particularmente con el Registro de Transparencia de las instituciones
europeas, que entró en vigor el mes de junio de 2011.


La enmienda 200 presenta la adición de una nueva
disposición adicional para establecer un mecanismo de publicidad sobre el
grado de cumplimiento de las iniciativas respaldadas por la Cámara. De
esta manera el Gobierno debería comparecer ante la Comisión
Constitucional del Congreso de los Diputados al inicio de cada periodo de
sesiones, previa remisión del informe correspondiente, para informar
sobre el grado de cumplimento de las iniciativas que hayan contado con el
apoyo de la Cámara.


El objetivo de la enmienda 202 es evitar que, como
consecuencia de normas estatales, se deban asumir compromisos de gasto o
reconocimiento de obligaciones que afecten gravemente a las
disponibilidades presupuestarias de las administraciones territoriales
distintas de la Administración General del Estado, disponiendo que en el
plazo de seis meses a partir de la publicación de la presente ley el
Gobierno debería impulsar la revisión y, en su caso, modificación de las
disposiciones estatales contenidas en el ordenamiento jurídico que
supongan para cualquiera de las administraciones territoriales distintas
a la Administración General del Estado compromisos de gasto o
reconocimiento de obligaciones que afecten gravemente a las
disponibilidades presupuestarias de dichas administraciones y que pongan
en peligro la consecución del objetivo de estabilidad presupuestaria.


Finalmente, la enmienda 203, de modificación de la
disposición final sexta, propone el objetivo de acotar el ámbito de la
legislación básica en materia de transparencia por lo que al título
competencial se refiere.


Mediante la presentación de estas enmiendas pretendemos
mejorar el texto, para las que pedimos un voto favorable.


Muchas gracias, señor presidente.









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El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Rieradevall.


A continuación, para la defensa de las enmiendas 204 a 211
y 213 a 237 del Grupo Parlamentario Socialista —con la excepción de
las que señalamos antes, que ya han sido incorporadas—, tiene la
palabra el señor Antich.


El señor ANTICH OLIVER: Gracias, señor presidente.


Mi intención es aunar el turno de defensa de las enmiendas
con el correspondiente a la fijación de posición.


Tal y como han manifestado distintos senadores
intervinientes, se trata de una ley muy importante. Sin duda, no supone
una varita mágica que lo vaya a arreglar todo, pero sí un instrumento
extraordinario para mejorar el funcionamiento de las instituciones, de la
política y para combatir asuntos muy actuales en estos momentos como la
corrupción —a mayor transparencia, más dificultad para los
corruptos—, así como su acercamiento a la ciudadanía y, así,
facilitar el que puedan participar e involucrarse, como digo, en aquellos
asuntos que se tratan desde las instituciones e, incluso, desde la
política.


También se ha señalado que durante el trámite parlamentario
en el Congreso de los Diputados se ha avanzado de manera muy relevante.
La ley ha cambiado mucho. Por ejemplo, respecto a los sujetos a quienes
les es aplicable —partidos políticos, sindicatos, etcétera—,
la ley ha mejorado, y también lo ha hecho en otro aspecto relevante: en
ser mucho más respetuosa con las variadas competencias de los distintos
niveles institucionales. En este sentido se ha dado un paso hacia
delante. Por eso, lo primero que quiero hacer es agradecer el trabajo
realizado por parte de todos los grupos parlamentarios y la disposición
que en todo momento ha tenido el Ministerio de la Presidencia. Mi grupo
también ha participado en este trabajo dando su visión a través de la
presentación de 67 enmiendas en el Congreso y 33 en el Senado. Por lo
tanto, quiero valorar el diálogo habido en relación con esta ley, que hay
que reconocer que podemos tratarlo como un caso especial.


Quiero reconocer también el esfuerzo que se ha hecho aquí,
en el Senado, si bien desde nuestro punto de vista no es suficiente de
acuerdo con las enmiendas que hemos presentado. Nuestra idea es que la
ley se pudiera reforzar en toda una serie de aspectos, y quiero hacer un
pequeño resumen.


Entre otros temas, cabe citar la necesidad de reforzar la
publicidad activa en cuanto, por ejemplo, a altos cargos, contratos,
puestos de trabajo, participaciones en el capital de sociedades
mercantiles, bonificaciones fiscales del impuesto sobre sociedades,
enajenaciones de inmuebles públicos, negocios jurídicos, urbanismo,
campañas de publicidad, mejora del portal de transparencia, y en relación
con las sanciones, la falta de estas. Por lo tanto, uno de los núcleos
importantes de las enmiendas que de momento no han sido admitidas por la
mayoría irían dirigidas a reforzar la publicidad activa de las
instituciones.


Otro apartado importante se refiere al presidente del
consejo de transparencia y a su composición. En cuanto al presidente del
consejo de transparencia, desde nuestro punto de vista tendría que ser
refrendado también por el Senado, no solo por el Congreso, y por una
mayoría cualificada de tres quintos y no por simple mayoría absoluta, lo
que implicaría un mayor esfuerzo de consenso por parte de todos los
grupos políticos y una mayor garantía de independencia.


Además, también proponemos otra composición del consejo de
manera que sea más independiente de las administraciones públicas.
Creemos que además de que la ley, de alguna forma, haga un mandato al
Senado y al Congreso para que se adecuen a esta ley, también lo tendría
que hacer respecto de los demás órganos constitucionales. También creemos
que la ley, tal y como se ha esgrimido por parte de otros intervinientes,
tendría que promover la regulación de las organizaciones representativas
de interés.


Por otra parte, si realmente se modificara la Constitución,
estaríamos de acuerdo en que este derecho que desarrolla la Ley de
transparencia fuera un derecho fundamental, lo que no puede ser en estos
momentos debido a que no viene detallado en la Constitución. Nos gustaría
que se pudiera dar un paso que demostrara esta voluntad, y un paso que
demostrara esta voluntad es que los recursos contencioso-administrativos
que se deriven de la Ley de transparencia puedan ser tramitados por el
procedimiento especial que ampara los derechos fundamentales.


En cuanto al buen gobierno, creemos que no es lógico que
hagamos una ley que trate del buen gobierno y que no inspiren a este buen
gobierno principios como la rendición de cuentas, la gobernanza o la
evaluación de políticas públicas. Creemos que estos principios debieran
quedar fijados como principios de este buen gobierno, y en estos momentos
no lo detalla así la ley.









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Finalmente, creemos que en las comunidades autónomas donde
hay lengua cooficial se tiene que hacer un esfuerzo para que los
documentos se faciliten en la lengua que pida el ciudadano demandante sin
perjuicio de valorar muy positivamente que se nos haya aceptado una
enmienda por parte de la mayoría en relación con que los distintos
demandantes puedan dirigirse en la lengua cooficial para pedir la
información.


Cuando mi compañero ha intervenido en el turno de los
vetos, ha recordado una frase del diputado señor Serrano señalando que el
futuro no estaba escrito, y lo decía en el sentido de que aún quedaban
más trámites. Nosotros, en principio, vamos a votar en contra del informe
de la ponencia, pero sí estamos dispuestos a seguir trabajando para
intentar mejorar la ley. Cuando decíamos que el futuro no estaba escrito
era porque vamos a seguir manteniendo las enmiendas porque hasta el día
del Pleno hay tiempo para ir adoptando posiciones por parte de los
distintos grupos a fin de conseguir acuerdos para poder mejorar el texto
de la ley.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Antich.


El Grupo Parlamentario Popular también tiene derecho a
defender sus enmiendas, independientemente de que hayan sido
incorporadas.


Senadora Nevado, tiene la palabra.


La señora NEVADO DEL CAMPO: Las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular han quedado incorporadas al informe de la ponencia,
por lo que nosotros lo que íbamos a hacer es intervenir en el turno en
contra de las enmiendas presentadas y que se mantienen por los diferentes
grupos parlamentarios, evidentemente, si le parece bien al señor
presidente.


El señor PRESIDENTE: Perfecto. Por eso he dicho yo que aun
estando incorporadas, tenía derecho a defenderlas. No obstante, renuncia
a ello, por lo que comenzamos ya con el turno en contra.


¿Hay algún turno en contra más de alguna de las enmiendas?
(Denegaciones.)


Siendo así, tiene la palabra la señora Nevado en turno en
contra.


La señora NEVADO DEL CAMPO: En primer lugar, quiero
agradecer tanto el tono como la forma que han utilizado todos los
portavoces de los distintos grupos parlamentarios a la hora de referirse
a la ley, porque creo que aquí hay unanimidad de todos y cada uno de
nosotros en que esta es una ley muy relevante, probablemente una de las
leyes más fundamentales de la presente legislatura y lo importante es que
esta ley vea la luz cuanto antes.


Recogiendo las palabras que ya expresara la vicepresidenta
del Gobierno, también la Ley de transparencia y del buen gobierno, en
estos momentos, es una ley inaplazable.


Creo que se ha trabajado mucho, que se ha trabajado bien,
que la ley ha llegado al Senado ciertamente muy mejorada desde el texto
inicial, pero una vez que ha llegado al trámite de la Cámara Alta, ha
sido también muy mejorada, porque de las 261 enmiendas que se han
presentado, la inmensa mayoría tenían un carácter meramente técnico y
aquí también hemos conseguido admitir enmiendas de casi todos los grupos.
Evidentemente, hay que seguir trabajando hasta el Pleno, porque cuanto
mayor consenso alcancemos en esta ley creo que mejor será para los
ciudadanos. Además, es una oportunidad para poder cambiar las cosas, y
creo que en el ambiente también se respira que la intención de todos es
dar luz verde a este proyecto y cuanto antes.


Tanto el Grupo Parlamentario Vasco como el Grupo
Parlamentario Socialista dejan encima de la mesa ese recorrido. Nosotros
cogemos ese guante y vamos a seguir trabajando hasta el último día para
conseguir el mayor consenso posible.


No voy a ir enmienda por enmienda, como ha hecho algún
grupo, como el Grupo Catalán Convergència i Unió, porque creo que las
enmiendas que se mantienen fundamentalmente están basadas en criterios de
posicionamiento ante un mismo texto. Hablan fundamentalmente de cinco
aspectos que creo que podemos resumir y agrupar. Están aquellas dirigidas
a la tramitación como ley orgánica, en las que no voy a entrar
especialmente puesto que los grupos que las sostienen no las han
defendido en comisión y solo se ha hecho una somera referencia por parte
del grupo de Entesa. Es una cuestión de nuestra propia Constitución. El
derecho está recogido en el artículo 105.b), como sus señorías saben muy
bien. Por lo tanto, en el título IV y no en la Sección 1.ª del título I,
que es la que regula los derechos fundamentales y las libertades
públicas.









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Igualmente compartimos, junto con el señor Antich, que si
el derecho hubiera estado en la Sección 1.ª, el Grupo Parlamentario
Popular también habría defendido que el trámite hubiera sido el de la ley
orgánica, a fin de que el procedimiento sumario, que después se prevé en
la ley administrativa para la defensa de este derecho, fuera el
procedimiento rápido que dé respuesta a los ciudadanos ante una petición
al amparo de esta Ley de transparencia y buen gobierno.


En cuanto al criterio del silencio positivo, creemos que
hay unanimidad absoluta en casi todo el derecho comparado y en la Unión
Europea. Todos los textos de nuestro entorno jurídico prevén el silencio
positivo, y nosotros consideramos que es prudente arbitrar esta fórmula
dentro del ámbito de la regulación española. Y por no extenderme en los
argumentos, si el debate se suscita en el Pleno, el Grupo Parlamentario
Popular estará encantado en ampliarlos.


En cuanto a los límites del derecho de acceso, hay que
manifestar que aún podemos tener recorrido en cuanto a las posiciones que
ha marcado el Grupo Parlamentario Vasco relativas al medio ambiente y
otras, pero entendemos que la ley tiene que recoger necesariamente
algunos límites que tampoco extralimitan los de las leyes de
transparencia y buen gobierno de nuestro entorno jurídico. En
consecuencia, las leyes internacionales avalan que el contenido de
nuestra ley en este aspecto es muy similar. Por lo tanto, entendemos que
la regulación que se propone es correcta. En ese sentido tampoco vamos a
hacer mayor hincapié en este trámite. Creemos que algunas de las
enmiendas destinadas, por ejemplo, a facilitar notas, opiniones o
borradores, no recogen en definitiva ninguna posición oficial. En
consecuencia consideramos que hay que confiar en la ley. Las comunidades
autónomas también tienen sus propias leyes de transparencia, y aquellas
que no la tienen — son cuatro en este momento — pueden
desarrollar con mayor amplitud este aspecto tomando como base la ley
nacional. De este modo, con este posicionamiento cumplimos también con
los requisitos de las leyes de nuestro entorno. Por tanto, en este
trámite nos manifestamos en contra de las enmiendas en los términos en
que han sido planteadas.


Como decía, consideramos que esta es una ley en la que hay
que confiar. Es una ley nueva que llega tarde, no por culpa del Grupo
Parlamentario Popular, porque ya en la anterior legislatura intentó que
se aprobara una ley de transparencia y de buen gobierno cuando gobernaba
el Partido Socialista. No fue posible y, por lo tanto, en esa
responsabilidad que ahora tenemos al frente al Gobierno se ha llevado a
las Cortes Generales una ley que dé respuesta a los ciudadanos en un
momento muy delicado. Esta ley supone un cambio radical muy oportuno en
este momento, al que uno se puede sumar o no.


Nosotros agradecemos enormemente el posicionamiento del
Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió y del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado, porque creemos que tenemos que trasladar confianza a
la ciudadanía respecto a que hay distintas formas de actuar en las
administraciones, en las instituciones, en las organizaciones, en las
entidades privadas, siempre y cuando perciban dinero público. Esta ley es
una oportunidad para decirle a la ciudadanía que queremos hacer las cosas
de forma distinta porque es una demanda.


Después de escuchar a los grupos parlamentarios de la
oposición, yo estoy convencida de que a la izquierda le hubiera encantado
hacer esta ley y que son conscientes de que llegamos tarde, pero alguna
responsabilidad tienen. Ahora están a tiempo de sumarse a este proyecto y
ser protagonistas de ese cambio, de ese compromiso que nos demandan los
ciudadanos, realizar un gesto sincero, y dar un paso firme para luchar,
como han señalado, contra esa corrupción que dejaban encima de la mesa,
porque hay una forma distinta de hacer las cosas y tenemos el compromiso
de hacerlo. Será la única manera de recuperar la confianza que hemos
perdido porque esta ley nos va a permitir ejercer nuestras
responsabilidades con lupa, con la lupa de los ciudadanos, y con el
espejo de los ciudadanos en el que nos vamos a mirar, y ellos se van a
mirar en esa labor de transparencia.


Este es el espíritu de la ley y por eso les pedimos su
apoyo. Agradecemos las enmiendas porque la han mejorado sustancialmente,
y ello redunda en la calidad de esta ley al ofrecer una mejor respuesta
con esa forma distinta de gestionar los asuntos públicos. Para eso se
crea también el consejo de transparencia, porque si no hubiéramos
recogido en la ley dicho consejo, no garantizaríamos en absoluto el
cumplimiento de esas obligaciones de publicidad activa contenidas en la
ley, que se podrán ampliar a través del desarrollo de la misma o en otras
leyes de transparencia autonómicas. El hecho de que el presidente se
elija por mayoría absoluta responde a los criterios de numerosas leyes
que recogen la elección de otros miembros como, por ejemplo, la Ley de
Protección de Datos de Carácter Personal, que ha dado una respuesta muy
satisfactoria a nuestro marco jurídico. Yo creo que contar con ese amplio
respaldo parlamentario de la mayoría absoluta garantiza la pluralidad en
la elección del presidente. No olvidemos nunca que el poder emana del
pueblo y, por lo tanto, ahí está reflejado. Creemos que solo el defensor
del









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pueblo recoge esa mayoría cualificada de los tres quintos
porque tiene un tratamiento constitucional muy diferente de comisionado
de las Cortes. Por lo tanto, entendemos que tenemos que seguir respetando
la figura del defensor del pueblo en los términos constitucionales
previstos, y no dotar al presidente del consejo de esa mayoría reforzada
que no responde a esa necesidad.


Por último y muy brevemente, quiero hacer referencia a
algunas enmiendas relativas a la materia de infracciones. Respecto a las
infracciones, lo que tenemos que hacer en no llegar a ellas. Tienen que
estar en la ley como una garantía de cumplimiento, para que aquel que se
salte la ley tenga una consecuencia, pero no hay que tener miedo a
fracasar, no hay que tener miedo a la sanción. Entendemos que la
regulación en materia de infracciones y del buen gobierno es necesaria
porque desgraciadamente muchas veces nos saltamos el espíritu de la ley,
las obligaciones que nos impone la ley a los administradores públicos y,
en este caso, a instituciones tan importantes como las previstas en la
misma. Si hay algún alcalde hoy aquí, —probablemente sí, y muchos
de nosotros hemos ejercido o ejercemos responsabilidades en otros
ámbitos, en el local, en el provincial o en el regional— entenderá
muy bien que la ley —por eso no apoyamos la enmienda del Grupo
Catalán Convergència i Unió— tiene que evitar, de una vez por
todas, que haya comportamientos tales como gastarse dinero público sin
crédito, suscribir convenios sin informes favorables, etcétera. Y todo
esto lo regula el apartado del buen gobierno de la ley que estamos
debatiendo, de modo que tengamos la obligación de rendir cuentas, que
tengamos que justificar las desviaciones, porque esas prácticas hasta
ahora han estado prácticamente impunes. Y ya era hora de que una ley lo
recogiera de forma expresa, para que cuando uno llega a los Gobiernos al
menos tenga un margen de maniobra, o que cuando uno se salta estos
trámites, tenga una respuesta amparada por un texto legal porque la
situación es insostenible. Por lo tanto, entendemos que esta ley es una
garantía para la sociedad, pero, sobre todo, señorías, es una garantía
para la estabilidad institucional. Por eso, entiendan que nuestro voto en
contra de las enmiendas que han quedado pendientes no tiene otro sentido
más que esta ley entre en vigor cuanto antes, que la Ley de transparencia
vea la luz cuanto antes, que empiece a funcionar para cambiar la
mentalidad tanto de los ciudadanos como de los políticos que nos
dedicamos al noble ejercicio de lo público.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Nevado.


Antes de abrir un turno de portavoces, creo que tienen
conocimiento de ello los portavoces de los distintos grupos, quiero
indicar que al amparo de lo previsto en el artículo 115 del Reglamento de
este Senado se pueden presentar correcciones. En este caso concreto se ha
presentado una corrección al artículo 8.1, letra h) del presente proyecto
de ley, y hace referencia a las declaraciones anuales de bienes y
actividades de los representantes locales. Ponía:»… así como de los
miembros no electos de la Junta de Gobierno Local, en los términos
previstos en la Ley 7/1985, de 2 de abril». Pues bien, lo que se somete a
la incorporación del dictamen es eliminar la referencia a los miembros no
electos de la Junta de Gobierno Local, puesto que, como bien es conocido
por sus señorías, se debe adaptar a la Sentencia 103/2013, de 25 de
abril, del Tribunal Constitucional que declaró nulo un apartado en el que
se decía que podían incorporarse estos miembros no electos en la Junta de
Gobierno Local. Creo que tienen conocimiento de ello sus señorías, por lo
tanto, se incorpora al informe de la ponencia.


Hay derecho a un turno de portavoces, si alguno de los
grupos quiere hacer uso del mismo en relación con las enmiendas
defendidas y con el turno en contra. Si no es el caso, pasaríamos
directamente a la votación del informe de la ponencia.


¿Algún grupo quiere intervenir? (Denegaciones.)


Se somete a votación directamente el informe de la
ponencia, con las incorporaciones que hemos ido comentando en el
transcurso de esta tarde, incluida esta última y con la transaccional que
los distintos grupos han negociado con carácter previo también a esta
comisión.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 17; en contra, 8.


El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobado el
informe de la ponencia que pasa a constituir el dictamen de la comisión
que se elevará al próximo Pleno de este Senado.


Para finalizar queda, y antes de agradecer a sus señorías
su presencia y su trabajo, designar a la persona que presentará el
dictamen ante el Pleno.


La señora VINDEL LÓPEZ: El Grupo Parlamentario Popular
propone al señor presidente.









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El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias. Muy amable.


¿Hay alguna otra propuesta? (Denegaciones.)


Muchísimas gracias por su presencia y por su trabajo.


Se levanta la sesión.


Eran las diecisiete horas y veinticinco minutos.