pesar de que hay una sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid que anula la posibilidad de unir dos estaciones de
esquí, Navacerrada y Valdesquí, en el proyecto de ley se va a permitir
hacerlo.

Por lo tanto, estamos ante un proyecto de ley que es
insuficiente desde el punto de vista de protección, que favorece más los
intereses privados y que no incluye todos los elementos que se deberían
incluir desde el punto de vista de protección ecológica. Por todas esas
razones planteamos nuestro veto.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Para la defensa del veto número 3, tiene la palabra el
senador Cascallana.

El señor CASCALLANA GALLASTEGUI: Gracias, señora
presidenta.

Voy a ser breve. El veto que presentamos a este proyecto de
ley viene fundamentalmente derivado del Plan de Ordenación de Recursos
Naturales de la Comunidad de Madrid, pues mientras que en la vertiente de
Castilla y León ha habido consenso y acuerdo, en la zona de la Comunidad
de Madrid la situación ha sido bien distinta, desgraciadamente, ignorando
informes del propio anteproyecto presentado por Martínez de Pisón, de la
Comunidad Científica; ignorando alegaciones, que —como se ha dicho
aquí—, son 18 500, —históricamente era casi
inconcebible— de diferentes organizaciones sociales y profesionales
y por Amigos del Guadarrama, y que no han sido contestadas. Esto ha
generado una sensación de frustración respecto al proyecto de ley que se
nos presenta. Además, hay una retórica sobre la economía verde, que no se
corresponde en absoluto con no ser capaces de frenar el modelo de
desarrollo económico planteando un modelo de desarrollo económico
alternativo en el área de influencia económica. Hay un desprecio a la
participación en el proceso —como ya se ha dicho—, lo comenta
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que deja claro que las
alegaciones no han sido contestadas. El propio Consejo de la red no tuvo
información suficiente al respecto. Todos estos son hechos evidentes que
rompen incluso la Ley de Red de Parques Nacionales.

En la propuesta de funcionamiento del parque vemos
inconcebible que, por ejemplo, se anule la presencia de los municipios en
la comisión de coordinación o se excluya del patronato a organizaciones
ecologistas, a la Federación de Montañismo o al Colegio de Biólogos, por
poner algunos ejemplos.

Es una ley, sobre todo, que está pendiente del Tribunal
Supremo. El 21 de febrero de 2013 el Tribunal Supremo se pronuncia sobre
dos recursos referidos al PORN, uno de la Comunidad de Madrid,
inadmitiéndolo. Por lo tanto, el recurso de casación de la Comunidad de
Madrid, que quería impedir, incluso bajar el nivel de protección que ya
tenía la zona, ha sido inadmitido por el Tribunal Supremo, pero a la vez
admite el recurso presentado por Ecologistas en Acción. ¿Esto qué
significa? Que estamos en una situación jurídica dudosa. Podemos aprobar
una ley y después una sentencia anular la ley del parque. Tendríamos que
valorar si merece la pena no retomar estos asuntos en este momento.

El proyecto de ley tiene límites artificiales, es
insuficiente, no avanza en la protección sobre la situación actual en la
Comunidad de Madrid, no cambia el modelo económico, como le he dicho, es
un proyecto de cumbres, dejando fuera laderas, valles y pies de monte; es
decir, es incompleto en todos los sentidos —hay una propuesta de
ampliación— y, desde luego, es ajeno a cualquier desarrollo
socioeconómico de la zona.

Por lo tanto, creemos que este proyecto puede frustrar las
aspiraciones que tenían muchos municipios, muchas organizaciones y muchos
vecinos de la Comunidad de Madrid, y por eso presentamos este veto que ya
desarrollaremos en el Pleno.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Para turno en contra, tiene la palabra el senador
Granados.

EL señor GRANADOS LERENA: Muchas gracias, señora
presidenta.

Intervengo en este turno en contra de unos vetos que, como
decía el portavoz de la Entesa, no deberían existir y que si existen es
por motivos políticos, por poner palos en la rueda a una decisión
democráticamente tomada tanto por el Gobierno de Castilla y León como por
el de la Comunidad de Madrid, y —entrando ya en el primer bloque de
motivos que llevan supuestamente a estos vetos— que ha cumplido
escrupulosamente con la ley en cuanto a información pública y a la
apertura a la participación de los ciudadanos y de todas aquellas
entidades, sobre todo ecologistas, que han querido presentar
alegaciones.

El portavoz del Grupo Socialista, señor Cascallana, se
refería al desprecio a la participación, que incluso está recogido en la
sentencia del TSJ, supongo que se refiere a la sentencia consecuencia del
contencioso administrativo que presentó Ecologistas en Acción y que yo
también he tenido oportunidad de leer, y que dice textualmente, en
referencia al PORN de la Comunidad de Madrid: «Si examinamos el tomo 2.3
relativo a las contestaciones a las alegaciones al PORN, se observará que
la Comunidad de Madrid ha examinado todas y cada una de las alegaciones
efectuadas no solo por la asociación recurrente, sino en relación con
todos aquellos que formularon sus pretensiones en fase de información
pública, y se dan razones tanto para la estimación como para la
desestimación, lo que indudablemente supone que el derecho ha sido
atendido.» Entonces, yo no sé, señor Cascallana, a qué se refiere de la
sentencia, que lo que hace es dar la razón a la Comunidad de Madrid,
tanto es así que quien recurre es precisamente Ecologistas en Acción.
Supongo yo que si le hubieran dado la razón a Ecologistas en Acción, no
la hubieran recurrido.

Todas las alegaciones han sido contestadas; se ha cumplido
con la ley en lo que se refiere a la exposición pública; en referencia al
parque nacional, se han atendido el 33%, total o parcialmente, de todas
esas alegaciones; ha habido mucha participación, no se le ha negado
absolutamente a nadie; y la mejor prueba es que, como digo, un tercio de
esas alegaciones han sido atendidas total o parcialmente.

Esta teoría tanto de la Entesa como del Grupo Socialista
de: esperemos a que se resuelvan en fase judicial estas cuestiones, lo
que haría sería paralizar cualquier actividad legislativa en todos los
ámbitos, y si en un proyecto de ley, cada vez que alguien fuera a los
tribunales, se dijera: hasta que no se resuelva por los tribunales, lo
paramos... En fin, para otras cuestiones no les he visto a ustedes esta
misma técnica. Supongo que, como digo, se trata de poner palos en la
rueda a algo que, sin duda, es una extraordinaria noticia tanto para la
Comunidad de Madrid como para la Comunidad de Castilla y León.

Y en lo que se refiere a la delimitación, a si es grande, a
si es pequeño, a si coge todo lo que tenía que coger, solo quiero decir
—sobre esto ya tendremos tiempo de debatir en el Pleno—,
primero, que este parque es más del doble en cuanto a superficie de lo
que marca la ley. Por lo tanto, no será tan pequeño. Es mucho más grande
que otros parques, por ejemplo, que el de Sierra Nevada. Y, en cualquier
caso, la aprobación de la ley no supone el cierre definitivo del parque a
esa delimitación, sino que hay mecanismos por los que en el futuro se
puede ampliar la delimitación del parque.

Y respecto a las teorías, a las que ya nos tiene
acostumbrada la izquierda, sobre el urbanismo especulativo y depredador
del Partido Popular, es evidente que ninguna de las zonas pierde
protección, sino todo lo contrario. Las que están dentro del parque,
decía el señor Cascallana: con afán de quitar protección. ¡Hombre! Si
esta es una iniciativa del Gobierno de la Comunidad de Madrid y del
Gobierno de Castilla y León por la cual se da al parque una mayor
protección, ¿cómo se puede decir que lo que se hace es quitar protección?
Y en lo que no es el parque, desde luego la aprobación de esta ley en
nada afecta a la protección que se tenía hasta ahora.

En consecuencia, el Grupo Popular va a votar en contra de
los vetos que han presentado los diferentes grupos.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Abrimos un turno de portavoces. ¿Algún portavoz desea
intervenir? (Denegaciones.)

Pasamos, por tanto, a la votación de los vetos. Antes de
proceder a esa votación, vamos a comprobar las asistencias.

Por la señora letrada se procede a la comprobación de las
señoras y los señores senadores presentes.

La señora PRESIDENTA: Procedemos a la votación de los
vetos.

En primer lugar, votamos el veto número 1, de los senadores
Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes, del
Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 15; abstenciones, 2.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Votamos a continuación el veto número 2, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 16; abstenciones, 2.

La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, rechazado.

Votamos el veto número 3, presentado por el Grupo
Parlamentario Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 7; en contra, 16; abstenciones, 2.

La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, rechazado.

Al haber sido rechazados los vetos, procede entrar a
considerar las enmiendas presentadas, comenzando por los grupos de menor
a mayor.

En primer lugar, tiene la palabra la senadora Capella, si
desea intervenir,

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señora presidenta.

Intervengo únicamente para dar por defendidas las enmiendas
que hemos presentado; en todo caso, ya se defenderán en el próximo
Pleno.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Maluquer.

El señor MALUQUER FERRER: Gracias, señora presidenta.

Nuestra enmienda hace referencia a la modificación de la
Ley 5/2007, sobre espacios naturales, por la cual se podría producir una
invasión competencial, y por eso la mantenemos.

Quiero recordar que en el Congreso nuestro representante de
Convergència i Unió votó a favor de la declaración del Parque Nacional de
la Sierra del Guadarrama, aduciendo que podríamos dar salida a este
pequeño escollo, porque entendíamos que no era apropiado modificar otras
leyes a través de la declaración de un parque nacional; en todo caso,
tendríamos que hablar del parque nacional y no de otras leyes.

Quiero dejar nuevamente constancia de que mantenemos esta
enmienda viva y que, por tanto, la defenderemos posteriormente.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el
senador Montes.

El señor MONTES JORT: Gracias, señora presidenta.

Quiero presentar ante la comisión la justificación de la
defensa de las veintidós enmiendas parciales que el Grupo Parlamentario
Socialista ha presentado; enmiendas dirigidas, como no podía ser de otra
manera, a intentar mejorar la propuesta y en la zona donde entendemos que
es posible, ya que la propuesta de esta declaración de parque nacional
proviene a su vez de dos planteamientos claramente diferenciados, como se
ha visualizado perfectamente aquí en la intervención en contra de los
vetos del representante del Grupo Parlamentario Popular en el Senado: por
un lado, la propuesta de la Comunidad de Madrid, y, por otro, la
propuesta de Castilla y León.

En definitiva, nuestras enmiendas van a mejorar la
propuesta en la zona de Castilla y León, donde es mejorable, ya que,
obviamente, desde nuestro punto de vista la propuesta de la Comunidad de
Madrid nada tiene que ver con un espacio denominado parque nacional ni
con un espacio que ya tiene una serie de normas de protección altamente
elevadas.

Además de esos argumentos, estas enmiendas defienden un
modelo de gestión sostenible de los montes Pinar de Valsaín y Matas de
Valsaín; un modelo reconocido, ensalzado y valorado a todos los niveles;
el modelo que se propuso por la comunidad autónoma, por la Junta de
Castilla y León, con el apoyo de los ayuntamientos de esa comunidad y de
las provincias de Segovia y Ávila, y que también obtuvo el refrendo del
Consejo de la Red de Parques Nacionales; un modelo obviamente que hace
que hoy tengamos más superficies arboladas, más biodiversidad, más
ecosistemas y que se produzca una relación y simbiosis perfecta entre ser
humano y naturaleza.

Las veintidós enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario
Socialista se agrupan en función de sus objetivos. Un primer grupo hace
referencia a la preservación de los usos y actividades tradicionales en
los montes de Valsaín, que se recogen en la denominada zona periférica de
protección —en concreto, las enmiendas números 28, 38, 24 y
27—, actividades que han sido obviamente favorables para ese medio
natural y cultural.

Un segundo paquete de enmiendas defiende la cultura del
Guadarrama, entre ellas la manufactura Vidrieras, concretamente las
enmiendas números 24, 27 y 40.

Otro grupo de enmiendas, como no podía ser de otra manera,
defienden el poder de lo local, la representación directa de los vecinos
y vecinas, de los ciudadanos y ciudadanas de la sierra norte del
Guadarrama, y también en este caso de la sierra sur, concretamente para
que los ayuntamientos tengan el protagonismo que constitucionalmente les
compete.

Otras enmiendas fomentan la participación y defienden el
reparto constitucional entre las comunidades autónomas y el Estado. Otras
inciden en algo absolutamente irrenunciable, que es el compromiso
económico de cooperación financiera entre las administraciones, que
posibilite un desarrollo socioeconómico sostenible de estas comarcas; por
supuesto, incidimos en la accesibilidad y en la igualdad en función de lo
que el artículo 8 de la Ley 5/2007 recoge para personas con discapacidad.
Y, por último, otras enmiendas pretenden preservar las especies y los
límites de este parque.

En definitiva, pensamos que la propuesta realizada para la
declaración de este parque por parte de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León, por parte de la Junta de Castilla y León, viene a recoger los
elementos del parque natural de esta zona, viene a recoger los elementos
de protección, y con estas enmiendas pretendemos mejorarlo, con la
confianza y en la certeza de que esa mejora es perseguida por todos los
elementos políticos y sociales de esa comunidad autónoma.

No entramos en las enmiendas parciales a valorar un veto a
la totalidad en la parte de la Comunidad de Madrid. Creo que el proceso
ha dejado suficientemente claro que el Gobierno de la Comunidad de Madrid
es un problema para la sierra de Guadarrama, que no queremos que traslade
y que pase del puerto de Navacerrada hacia el otro lado.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Turno en contra. Tiene la palabra la senadora Sanz.

La señora SANZ JERÓNIMO: Muchas gracias, señora
presidenta.

Como bien dice el preámbulo de esta ley, la misma no solo
culmina una concienzuda evaluación científica de sus valores ecológicos y
culturales sino también un largo proceso administrativo particularmente
complejo por haber ocupado el ámbito de dos comunidades autónomas: la
Comunidad de Castilla y León y la Comunidad Autónoma de Madrid. Y,
efectivamente, en este sentido, se han presentado cuarenta y tres
enmiendas: veinte del Grupo Parlamentario Mixto, una de Convergència i
Unió, y veintidós del Grupo Parlamentario Socialista.

Nuestra posición hasta el momento es la misma que
anunciamos en la ponencia; si bien, con el ánimo y el sentir de acercar
posiciones y mejorar, posiblemente podamos llegar a algún entendimiento y
elaborar, con el acuerdo de los grupos parlamentarios, alguna enmienda
transaccional. Por tanto, seguiremos haciendo esfuerzos y gestiones hasta
el Pleno.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señorías.

¿Algún portavoz desea intervenir? (Denegaciones.)

Procede que votemos el informe de la ponencia. Por tanto,
sometemos a votación la propuesta de la Ponencia.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 16; en contra, 1; abstenciones, 8.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el informe de la
ponencia.

Procede ahora la designación del miembro de la comisión que
llevará a cabo la presentación del dictamen. (Pausa.) Entiendo que se
delega en esta Presidencia, que hará con doble satisfacción este encargo
puesto que yo tuve el honor de ser la consejera de Medio Ambiente de la
Junta de Castilla y León, que hizo toda esta tramitación. Así es que ha
querido la fortuna que me encuentre en esta fase de aprobación final, lo
cual me es especialmente grato.

DEBATIR

– MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA PROPUESTA POR PARTE
DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO DE LOS CAUDALES ECOLÓGICOS DE
LA CUENCA DEL RÍO.

(Núm. exp.661/000064)

AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA PEL PROGRÉS DE
CATALUNYA.

La señora PRESIDENTA: Entramos en el debate y votación de
las mociones. La primera de ellas es la presentada por el Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, por la que se insta al
Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con la
propuesta por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro de los
caudales ecológicos de la cuenca del río.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra su portavoz,
el señor Saura Laporta.

El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.

Hace ahora aproximadamente un año la Confederación
Hidrográfica del Ebro presentó el proyecto del plan hidrológico del Ebro
y propuso un determinado nivel de caudal ecológico para el río Ebro. La
propuesta de la Confederación Hidrográfica del Ebro motivó preocupación
en el territorio y en todas aquellas entidades o instituciones que habían
trabajado desde hacía tiempo en una propuesta de caudal ecológico.
Consideramos muy grave que el caudal ecológico que proponía la
confederación hidrográfica situara en el 50% las necesidades de caudal
ecológico, que habían sido determinadas por otros estudios, a los que
luego me referiré. Y es grave por diversas razones. En primer lugar,
porque, a nuestro entender, una propuesta de estas características
agravaría los problemas de salinización y de regresión del delta del
Ebro, ya que se trata de una propuesta que abre vías a la
incompatibilidad entre una sobreexplotación y nuevos usos de regadíos.
Además, esta propuesta entra en flagrante contradicción con otros
estudios efectuados por expertos e instituciones. Posiblemente detrás de
ella se esconda o exista una filosofía que habría que superar, y es que
al hablar de la política del agua hay que considerar que primero cuentan
los usos económicos del agua y después lo que sobra es el caudal
ecológico; o, como dice la Directiva marco del agua, en primer lugar hay
que determinar las restricciones medioambientales y ecológicas y después
ver qué demandas económicas se pueden satisfacer. Desde ese punto de
vista la propuesta que ha hecho la confederación es, evidentemente,
antigua; es una propuesta que, por otro lado, tiene un año y no sabemos
en qué momento del procedimiento está. Y, como he dicho, entra en
contradicción con diversos estudios. El primero y más importante es la
propuesta que hizo la Comisión para la Sostenibilidad de las Tierras del
Ebro, una comisión mixta Estado-Generalitat que proponía como caudal
ecológico en los años húmedos 12 785 hectómetros cúbicos/año, cuando la
propuesta de la confederación lo sitúa como máximo en 5000 hectómetros,
es decir, en menos de la mitad. Esta misma comisión propone en los años
secos un caudal ecológico de 7305 hectómetros cúbicos/año, cuando la de
la confederación no supera los 3300. Es decir, en cualquier caso la
propuesta de la confederación está en el 35 o 40% de las propuestas que
hace la Comisión para la sostenibilidad. Y lo mismo ocurre en relación
con la Agencia Catalana del Agua, que sitúa en 12 000, 9000 y 7000
hectómetros el caudal ecológico, cuando, como he dicho, la confederación
lo sitúa en 3000 o 5000. Por último, una propuesta del Parlamento catalán
también lo sitúa en 12 000 hectómetros en los años húmedos.

Es decir, todos los estudios que se han realizado desde
hace prácticamente diez años determinan que para evitar
—insisto— la regresión y la salinización de las tierras del
Ebro es necesario un caudal ecológico situado alrededor de los 12 000
hectómetros cúbicos/año; y la confederación hace una propuesta de 5000.
Por eso presentamos esta moción, que consta fundamentalmente de dos
acuerdos importantes: el primero, que la confederación rehaga la
propuesta del plan hidrológico y muy en concreto la de los caudales
ecológicos del Ebro, teniendo en cuenta, por un lado, los trabajos que
realizó la comisión mixta para la sostenibilidad Estado-Generalitat que,
como he dicho antes, sitúa la cifra en los años húmedos en 12 000
hectómetros cúbicos/año, y también que esa propuesta contemple, en
relación con el caudal ecológico que pasa por el Ebro, las propuestas del
Ayuntamiento de Lérida. Y finalmente, que todas las propuestas de la
confederación que se hagan tengan en cuenta todos esos estudios
científicos, no solo los estudios de las entidades sino los que han hecho
profesionales, evidentemente de una valía considerable.

Desde ese punto de vista les ruego que voten a favor de
esta moción, y es que no se puede apoyar un plan hidrológico que va a
poner en peligro aún más de lo que ya lo está el delta del Ebro. Se trata

simplemente de atender el trabajo que se ha venido haciendo
durante mucho tiempo y que no fue considerado por la confederación a la
hora de presentar el día 25 de abril del año pasado la propuesta de
caudales ecológicos.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En turno en contra, tiene la palabra la senadora Pons.

La señora PONS VILA: Gracias, presidenta.

En relación con la moción presentada y expuesta por el
senador señor Saura en representación del Grupo Parlamentario Entesa pel
Progrés de Catalunya, relativa a caudales ambientales del río Ebro, la
posición del Grupo Popular, ateniéndose a los informes recibidos del
Gobierno sobre esta cuestión, anuncio ya que será negativa por las
razones que brevemente intentaré exponer.

En su moción usted nos pide que se lleven a cabo los
trámites necesarios para que se haga una nueva propuesta, en el marco del
plan hidrológico, de los caudales ecológicos de todas las cuencas y todos
los envases de la cuenca del Ebro sobre la base de criterios científicos,
que tengan como objetivo principal su correcto funcionamiento y
habitabilidad de la fauna, para asumir el buen estado de las masas de
agua de acuerdo con criterios e indicadores ecológicos establecidos en la
Directiva marco del agua. Y usted lo concreta en el tramo último del
Ebro, en que la Confederación Hidrográfica del Ebro incorpore la
propuesta de caudales ecológicos de la Comisión para la Sostenibilidad de
las Tierras del Ebro. Y en el tramo del río Segre, a su paso por Lérida,
que también se incorpore la propuesta aprobada por el Pleno del
ayuntamiento.

Nuestras informaciones son que la elaboración de este plan
hidrológico de la demarcación hidrográfica del Ebro se ha realizado con
estricto cumplimiento de la legislación que regula la materia, en
concreto el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Planificación Hidrológica, y la Orden Ministerial
2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de
planificación hidrológica. Dicha instrucción es la que establece la
metodología para el cálculo de los caudales ecológicos, habiéndose
realizado multitud de estudios que contemplan los criterios científicos
demandados. Entre esos estudios está también el análisis de las
correspondientes propuestas de la Comisión para la Sostenibilidad de las
Tierras del Ebro y del Ayuntamiento de Lleida, a que usted hace
referencia, que también se han tenido en cuenta a la hora de definir esos
caudales ecológicos.

Por todo ello, el Grupo Popular votará en contra del primer
punto de su moción, ya que la elaboración del plan hidrológico de la
demarcación hidrográfica del Ebro a nuestro entender se ha llevado a cabo
con estricto cumplimiento de la legislación vigente, con la realización y
análisis de estudios basados en criterios científicos y con la
consideración de los caudales ecológicos que se solicita incluir en el
plan.

En cuanto al segundo punto de su moción, usted nos pide
llevar a cabo los trámites necesarios para que la Confederación
Hidrográfica del Ebro tenga especialmente en cuenta las opiniones de
científicos y entidades ambientales competentes en la materia en el
trámite de exposición pública del plan hidrológico de la cuenca del Ebro.
También en relación con este punto, consultado el ministerio al respecto,
se nos ha informado de que ha finalizado el proceso de consulta pública
de la propuesta del proyecto del plan hidrológico de demarcación
hidrográfica del Ebro. Se han recibido 1619 observaciones y sugerencias.
En estos momentos se está ultimando el estudio y análisis de todas estas
observaciones y sugerencias por parte de un equipo técnico que ha
elaborado el plan del organismo de cuenca. El trabajo del personal que
lleva a cabo el plan hidrológico de la demarcación hidrográfica del Ebro
es objetivo, sin que pueda actuarse con ningún tipo de parcialidad a la
hora del tratamiento de las alegaciones.

Por todo ello, el Grupo Popular también votará en contra
del punto segundo de esta moción, ya que todas las alegaciones realizadas
en el período de participación pública del plan están siendo analizadas
desde la objetividad y la imparcialidad, como no podría ser de otra
manera.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Abrimos el turno de portavoces.

¿Algún portavoz desea intervenir?

Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, tiene la
palabra el senador Maluquer.

El señor MALUQUER FERRER: Gracias, presidenta.

Intervengo para decir que apoyaremos la moción del Grupo de
la Entesa porque entendemos que, dada la importancia de la cuenca del
Ebro en su tramo final, la más importante de las zonas húmedas de

Cataluña y una de las más importantes de toda Europa, es de
recibo que la Confederación Hidrográfica del Ebro tenga en cuenta las
determinaciones de los estudios y el posicionamiento que fije la Comisión
para la Sostenibilidad de las Tierras del Ebro, que de alguna forma es
participada por muchos organismos de reconocido prestigio. Y a pesar del
tiempo que ha pasado, detectamos que la Confederación Hidrográfica del
Ebro sigue sin tener en cuenta a la gente que vive al lado, en el
territorio, y las informaciones que aportan. Y aunque se diga que se han
tenido en cuenta otros estudios, no los vemos reflejados en ningún caso,
estudios que indican que es necesario tener fijado ese caudal ambiental,
al igual que cuando se fija un caudal ecológico se tiene que determinar y
hacerlo cumplir. No cabe otra posibilidad. Por eso, como seguimos en las
mismas a pesar del tiempo pasado, y habrá que seguir pactando y
trabajando desde el diálogo con el resto de las zonas afectadas de la
cuenca, consideramos apropiado que no se ignore el posicionamiento sobre
este tramo final del río Ebro. Por tanto, daremos nuestro voto a favor de
la moción de la Entesa.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Montes.

El señor MONTES JORT: Gracias, presidenta.

Esta moción que hoy debatimos está en línea con la debatida
en su momento en el Pleno del pasado 5 de junio del año 2012, debatida
tanto en interpelación como en la moción consecuencia de dicha
interpelación. Y, pasado un año —lamentablemente la moción fue
presentada ante esta comisión el 5 de mayo del año pasado—, aquí
nos encontramos. Nosotros seguimos coincidiendo con las líneas
argumentales de Entesa sobre la necesidad de que el plan hidrológico de
la cuenca del Ebro asegure los caudales ecológicos. Esa es la máxima
fundamental de la Directiva marco del agua y también la que reguló los
enormes trabajos y avances que se produjeron con los Gobiernos
socialistas en relación con la planificación hidrológica en nuestro país.
Pero que los asegure en toda la cuenca; todas las partes de una cuenca
son importantes a nivel de igualdad, y obviamente hay que tener todo en
cuenta.

Como decía, ha pasado un año, y nosotros, en coherencia con
el procedimiento reglado dado a esta tramitación, y por respeto al
momento procesal, entendemos que, finalizado el período de exposición
pública —como se ha apuntado aquí—, y habiéndose recibido más
de 1600 alegaciones y propuestas, aunque nos habría gustado que el
momento procesal fuera más rápido y que tuviéramos sobre la mesa la
contestación a esas alegaciones, lo respetamos por encima de todo.
Queremos que se dé una respuesta concreta a las dos peticiones que hoy
trae Entesa, peticiones muy focalizadas en un problema claro de la cuenca
del Ebro que habrá que solucionar con los parámetros de mantenimiento del
caudal ecológico que ha planteado el proponente.

Nosotros nos vamos a abstener, pero no porque no estemos de
acuerdo en el fondo. No entramos en él; respetamos lo que la
confederación hidrográfica, con criterios científicos, técnicos y
absolutamente asépticos del partidismo político, realice sobre todas y
cada una de las alegaciones. Creemos que el poder legislativo no debe
inmiscuirse en ese procedimiento reglado. Respetemos, pues, esos
criterios técnicos. Respetemos los tiempos. Respetemos el principio de la
unidad de cuenca y la Directiva marco del agua. Y en coherencia con el
respeto al momento procesal, coincidiendo —repito— con las
líneas argumentales del mantenimiento del caudal ecológico en una zona
especialmente sensible, como es el tramo final del Ebro y su delta,
anunciamos que nos vamos a abstener.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Antes de dar la palabra al siguiente portavoz quiero hacer
una precisión al hilo de lo que ha señalado el senador Montes. Esta
moción estaba en el orden del día de la sesión que la Comisión de Medio
Ambiente celebró el 11 de octubre de 2012, solo que en aquel momento, a
petición del senador proponente, se quedó sobre la mesa.

Para terminar este debate, tiene la palabra la senadora
Pons.

La señora PONS VILA: Gracias, presidenta.

Parece que mis argumentos han sido en parte aceptados por
el senador socialista. Me alegro de ello. Quiero explicarles cómo vemos
nosotros esta cuestión. El Gobierno ha manifestado desde un principio su
voluntad de revisar y finalizar todos los planes de demarcación
hidrográfica intercomunitaria en el mínimo plazo posible. Sabemos que
llevamos muchísimo retraso en este tema, y existe el compromiso, si es

posible, de acabarlos antes de que finalice este año, 2013.
Se está trabajando en ello, y en ese paquete de planes de demarcación de
cuenca se encuentra el plan hidrológico de la cuenca del Ebro.
Entendiendo que una demarcación hidrográfica es un territorio complejo
—en este caso alberga nueve comunidades autónomas con amplias
competencias en materia de agua y medio ambiente—, en la que
cualquier intervención requiere de una gran labor de coordinación y
corresponsabilidad de las partes, el 12 de mayo de 2012 se inició el
período de información y participación pública, publicándose en el BOE el
plan hidrográfico de la demarcación, la cuenca más grande de España, un
plan que es resultado de muchos años de trabajo, como aquí se ha
comentado, en el que se ha perseguido el máximo consenso entre las partes
implicadas a través de un amplio proceso de participación, un proceso
liderado por la Confederación Hidrográfica del Ebro y por las nueve
comunidades autónomas implicadas en su gestión, en el que se han recogido
propuestas del todo el territorio de cuenca a través de un programa de
reuniones y encuentros con más de 1700 asociaciones e instituciones que
representan el entramado social de cada subcuenca, como usted ha citado
antes.

Se abrió entonces un período de exposición de seis meses en
el que se pudieron plantear las observaciones y sugerencias que se
consideraron oportunas —como ya les he dicho, fueron 1619—,
que en estos momentos se hayan en fase de estudio; y habrá que esperar a
ver qué se resuelve después de ese estudio. Una vez que esté ultimado, se
incorporarán, si técnicamente así se considera, al proyecto de plan
hidrológico, que requerirá, a su vez, del informe preceptivo del consejo
del agua de la demarcación.

Concretamente, por lo que hace al tema del régimen de
caudales ecológicos, este se establece de modo que permita mantener de
forma sostenible la funcionalidad y estructura de los sistemas acuáticos
y de los sistemas terrestres asociados, contribuyendo a alcanzar así un
buen estado potencial ecológico en los ríos y aguas de transición. Los
caudales ecológicos son una restricción que se impone a los sistemas de
explotación, y únicamente el abastecimiento a las poblaciones tiene
primacía sobre el régimen de caudal ecológico. En el caso de sequías
prolongadas puede aplicarse un régimen de caudal menos exigente, con la
excepción de zonas incluidas en la Red Natura 2000 en la lista de
humedales de importancia internacional, de acuerdo con el Convenio
Ramsar. El proceso para el establecimiento de esos caudales se establece
en tres fases: una, de estudios técnicos, otra, de concertación, y una
tercera, de implantación y seguimiento adaptativo.

Para la definición técnica de caudales ecológicos mínimos
se han empleado métodos hidrológicos y biológicos aplicados a una serie
de tramos de importancia estratégica, y como resultado se ha obtenido una
distribución temporal de caudales para un total de cincuenta masas de la
demarcación, no solo del delta sino de todo el río. Estas masas son
aquellas que cuentan con resultados por métodos hidrológicos y
modelización de hábitats biológicos que disponen de estación de aforo
para el control de estos y para realizar un seguimiento adaptativo. En
algunas masas no afectadas por la Red Natura 2000 se ha realizado,
además, una segunda definición para el caso de sequías. En el caso del
delta del Ebro, el régimen de caudal ecológico es muy superior al del
resto de puntos de la cuenca del Ebro, ya que al ser una zona Red Natura
2000 y además un humedal incluido en el Convenio Ramsar justifica este
tratamiento diferencial. Para la fijación de los caudales del delta se ha
analizado la aportación de los estudios del régimen de caudales
ecológicos para el delta obtenido por la Agencia Catalana del Agua,
propuesto por el Departament de Catalunya para su consideración en el
plan hidrológico de la cuenca del Ebro.

Por todo ello, el Grupo Popular, al igual que el
ministerio, creen que el régimen de caudal ecológico del delta satisface
lo establecido en el reglamento de planificación y cumple los criterios
técnicos definidos en la instrucción de planificación hidrológica.
Además, se ha buscado el caudal garantizado máximo compatible con los
requerimientos del uso del agua en nueve comunidades autónomas.

El problema del Ebro no es solo su desembocadura ni una
comunidad autónoma. Hay nueve comunidades autónomas con problemáticas
específicas, cada una con la suya. El resultado propuesto es que se pueda
garantizar un régimen de caudal ecológico en el delta del Ebro muy
importante y superior al de los ríos de la vertiente mediterránea. Debido
a que se encuentra en el embalse de Mequinenza, una gran reserva
estratégica para el Ebro, en torno al 30% del total de agua disponible en
la cuenca, estará garantizada en el delta del Ebro en su conjunto. El
régimen de caudal establecido con carácter no vinculante para el plan en
la desembocadura es en la actualidad de 3154 hectómetros cúbicos/año. La
propuesta lo aumenta a 3370. No se ha producido una reducción sino un
incremento de 220 hectómetros cúbicos, además de un régimen variable de
entre 80 y 155 metros cúbicos/segundo, adaptado a las condiciones
naturales del río. Por otro lado, se realizan crecidas puntuales de entre
1000 y 1500 metros cúbicos por segundo para renaturalizar el régimen de
caudales y reducir la invasión de macrófitos.

Todo este importante caudal con bienes ecológicos para el
delta solo es posible si perdura la gran solidaridad de todas las
comunidades autónomas que integran el delta de la cuenca del Ebro. Como
ya les he dicho, todas las alegaciones presentadas —1619—
están siendo estudiadas con rigor y bajo criterios técnicos. Como el
ministro de Medio Ambiente ya ha manifestado sobre este tema, el Gobierno
no tiene ningún apriorismo político en esta materia sino que cree que se
debe hacer con la mejor información técnica disponible. Creemos que hay
que esperar al dictamen de los técnicos.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.

Concluido el debate, procedemos a la votación de esta
moción.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 3; en contra, 16; abstenciones, 6.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

– MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA LA RECUPERACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y
SOCIOECONÓMICA DE LAS ZONAS AFECTADAS POR LOS INCENDIOS FORESTALES
SUCEDIDOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2012 EN LAS PROVINCIAS DE
VALENCIA/VALÈNCIA Y CASTELLÓN/CASTELLÓ.

(Núm. exp. 661/000078)

AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.

La señora PRESIDENTA: Procedemos al debate de la siguiente
moción, en este caso presentada por el Grupo Parlamentario Socialista,
por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas
para la recuperación medioambiental y socioeconómica de las zonas
afectadas por los incendios forestales sucedidos durante el mes de julio
de 2012 en las provincias de Valencia y Castellón.

A esta moción se ha presentado una enmienda de modificación
por el propio Grupo Parlamentario Socialista. Por tanto, se entiende que
en este turno se interviene a los dos efectos.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Navarro.

El señor NAVARRO ANDREU: Muchas gracias, presidenta.

Buenas tardes a todos, señorías. Quiero empezar destacando
la fecha de registro de entrada de esta moción, que es el 11 de julio de
2012. Los incendios del 28 y del 29 de junio desgraciadamente todavía
humeaban por aquellas fechas en la Comunidad Valenciana.

Durante los días 17 y 18 de ese mismo mes hubo un Pleno en
el Senado, y el Grupo Popular presentó una moción sobre esta misma
cuestión: la adopción de determinadas medidas para paliar los daños
producidos por los incendios forestales durante 2012, y en especial en la
Comunidad Valenciana. El Grupo Socialista propuso una enmienda de
sustitución, y el Grupo Popular — quiero agradecerlo una vez más
públicamente— firmó una propuesta de modificación con el resto de
los grupos de la Cámara que, evidentemente, fue aprobada por unanimidad.
Creo, por tanto, que aquel fue un gran día para la Cámara y para los
grupos parlamentarios, que fueron capaces de llegar a ese consenso.

Han pasado trescientos veinte días de aquella presentación
en el registro, y probablemente si se hubiera llevado a alguna de las
comisiones de los tres meses siguientes se habría retirado, porque era
más o menos al consenso al que habíamos llegado. Pero en esta ocasión
creo que el retraso ha sido positivo porque nos permite analizar aquel
acuerdo unánime del Pleno y su cumplimiento. De ahí la autoenmienda que
hemos introducido, como decía la señora presidenta, que nos permite
revisar algunas de las cosas que acordamos en aquel Pleno. Por tanto, voy
a comentar muy sucintamente nuestras propuestas.

En el primer punto planteábamos: Elaborar y poner en marcha
con la Generalitat Valenciana y las administraciones locales afectadas de
las provincias de Valencia y Castellón un proyecto que, financiado con
fondos provenientes de las administraciones central y autonómica,
recupere medioambiental y socioeconómicamente aquellas zonas de la
Comunidad Valenciana en las que se han registrado los incendios
forestales. Los de julio del pasado año.

Pues bien, no hay ningún proyecto global; ni siquiera lo
que algunos denominan parches se han aplicado con la celeridad
conveniente, y menos como base de ese futuro nuevo modelo de gestión
forestal. Pero eso no lo digo yo, lo han dicho asociaciones agrarias,
alcaldes de los pueblos afectados y

actas de responsables del Gobierno central y autonómico,
que, si les parece, puedo mostrarles en mi segunda intervención.

El punto segundo proponía: Asignar a la Generalitat
Valenciana una partida específica y finalista que se destine a promover a
través de los incentivos adecuados y que tenga por objeto la inversión,
gestión y ordenación forestal y medioambiental de los terrenos
incendiados de las provincias de Valencia y Castellón.

Yo no creo que ningún miembro de esta comisión crea que con
los dos millones de euros que el Consejo de Ministros aprobó el pasado
mes para la Comunidad Valenciana, sumados a las aportaciones del Consell
de la Generalitat, se pueda afrontar la recuperación de las 52 500
hectáreas que se quemaron en nuestra comunidad y unos daños que el propio
ministro, el señor Arias Cañete, valoró en cerca de 140 millones de euros
en agosto de 2012; por cierto, creo recordar que además solicitó 97,9
millones de euros a la Unión Europea, de los cuales tampoco sabemos nada
—después explicaremos por qué—. Es, pues, necesario que esta
partida específica y finalista aumente significativamente si queremos que
el futuro no nos vuelva a deparar catástrofes como la que hoy estamos
recordando.

En cuanto al punto tercero, lo conocen perfectamente porque
lo acordamos en el Plenario: incrementar de forma decidida y no temporal,
y con recursos económicos suficientes, la aportación estatal en medios
materiales y personales para la prevención, etcétera.

Yo creo que si hacemos una somera lectura de lo que son los
presupuestos, y no solo los del Estado que aprobamos en la Cámara, sino
los de la Generalitat Valenciana, podremos ver que todo aquello que
aprobamos por unanimidad se ha quedado en papel mojado.

El punto cuarto, que sí manteníamos de la anterior, decía:
Que todas estas medidas de ayuda se encuadren en un nuevo modelo de
gestión forestal que englobe a las explotaciones agrícolas y ganaderas,
así como nuevos usos de la economía verde, biomasa, con el fin de
conseguir un bosque ambiental, social y económicamente sostenible.

Esto es algo en lo que todos estamos de acuerdo, pero
tampoco ha habido ningún proyecto de nuevos usos. Baste decir —y
antes lo hemos hablado— sobre la falta de un nuevo modelo de
gestión forestal que la mayor parte de la madera quemada se exporta a
Italia para biomasa; no quiero pensar que para aumentar las cifras de
exportación, sino más bien por no estimular y conveniar instalaciones en
el medio rural, y especialmente en las zonas quemadas. Evidentemente, los
pueblos, especialmente los quemados, estarían deseando implicarse porque
en ello va su propia supervivencia.

El punto quinto planteaba dar cuenta en el plazo máximo de
tres meses de todo lo acordado en relación con las catástrofes naturales
a que se refiere esta moción ante la Comisión de Medio Ambiente y Cambio
Climático del Senado.

Quiero que ustedes mismos piensen si, tal como acordamos en
el Plenario, los responsables del ministerio han venido a esta comisión,
no ya en tres meses, sino, como decía antes, en diez meses y medio, para
dar cuenta de cómo se han llevado adelante todos los acuerdos que se
alcanzaron por unanimidad —repito— en el Plenario.

El punto sexto era muy importante especialmente para
nosotros, los valencianos, porque suponía garantizar en todo el
territorio nacional la aplicación del artículo 50 de la Ley de Montes, en
la redacción que le dio la Ley 10/2006, de 28 de abril, para evitar
cualquier actuación especulativa en relación con la zona siniestrada,
impidiendo en todo caso que se pueda edificar sobre el terreno quemado si
no se podía hacer con anterioridad.

Quiero decir que el Gobierno valenciano, y no me lo
desmentirán, acaba de rechazar en las Cortes una propuesta sobre este
punto exclusivamente, y se ratificó en lo acordado en la Ley de
acompañamiento de los Presupuestos para 2012, donde se dejaba en el aire
el cumplimiento de este punto de la Ley de Montes. Creo, señorías, que,
siguiendo el espíritu de aquel acuerdo alcanzado en julio de 2012,
deberíamos aprobar esta moción. Después de la lección que dimos en el
Plenario del pasado mes de julio no podemos defraudar a quienes se
sienten defraudados. Por tanto, volvamos a hacer de hoy el gran día que
hicimos de aquel de julio del pasado año.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.

En turno en contra tiene la palabra el senador Campoy.

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invertidos para la contratación de Tracsa en las zonas
afectadas por los incendios de Andilla y Cortes de Pallás. Hablan del
marco legal, hablan de la distribución de las ayudas, y ahí nos quedamos.
Esa es toda la ayuda que han recibido del Gobierno central y de la
comunidad autónoma los damnificados valencianos por los incendios. Creo
que el resto de comunidades autónomas, igual. Y le voy a citar otro caso:
el municipio de Teresa. Estas son las propuestas que hizo el Ayuntamiento
de Teresa. El montante total que recibió por el real decreto fue de 101
150,73 euros, por daños evaluados. ¿Sabe cuánto han recibido hasta ahora?
4409,39. No me voy a extender a todos los puntos de la provincia de
Castellón o de Valencia. Esto es lo que están haciendo.

¿Sabe cuál es la valoración de los particulares? Les voy a
leer algún párrafo del último boletín de la Unió de Llauradors i
Ramaders, del jueves, 23 de mayo de 2013. Dice textualmente: las ayudas
por los incendios del pasado año son una tomadura pelo, según la Unió;
las de la Generalitat siguen sin pagarse la mayoría y a las del Gobierno,
publicadas hoy en el BOE, es muy complicado acceder y el presupuesto es
ridículo. Dice que, para las ayudas de la Generalitat, hay que buscar
información en los ayuntamientos, que la documentación exigida es
demasiado compleja y que, por si fuera poco, se daban apenas veinte días
para justificarla, y que pasaba de se ayuda, según normativa de la
Conselleria de Gobernación, a ser subvención según la normativa posterior
de algunos ayuntamientos, con un evidente coste fiscal para los
solicitantes. No quiero extenderme. Son los particulares afectados; antes
hablábamos de los ayuntamientos, de los bienes públicos y de dónde
estamos.

Por otra parte, tal como dijimos en el Pleno del pasado
julio que usted recordó, la Generalitat Valenciana redujo en un 80% la
partida para el refuerzo de las brigadas forestales en 2012. Pero, claro,
si en los presupuestos de 2013, después de la catástrofe que ocurrió a
finales de junio de 2012 y de las críticas que recibió, no ha aumentado
ni un euro —es más, la empresa pública Vaersa ha sufrido un
ERE—, creo que tenemos que reflexionar. Y, además de reflexionar,
tenemos que llegar a un acuerdo para ver qué hacemos con esta, no voy a
decir desesperación, pero sí crítica, la que les he dicho.

En julio de 2012, el Gobierno central y la Generalitat
Valenciana anunciaron un compromiso conjunto para contratar entre 400 y
450 parados hasta mayo para las labores de limpieza de las zonas
afectadas. Pues bien, en este momento, son justamente la mitad. El
Gobierno reduce a la mitad los parados contratados para limpiar el monte
quemado; lo dice un periódico de enjundia en la Comunidad Valenciana, Las
Provincias. Los primeros 200, bajo la financiación de la Generalitat, se
incorporaron en unos pocos meses, y dice que ahora, en este momento, es
dificilísimo encontrar a los pocos parados contratados para trazar un
mapa. Afirma que, en los pueblos del Alto Palancia afectados por las
llamas que partieron de Andilla, el número de contratados es de 10, y que
los otros desempleados limpian el monte en los pueblos afectados por el
incendio forestal de septiembre en Chulilla.

En Benagéber, por ejemplo, se quemaron 637 hectáreas junto
al embalse, de un gran valor ecológico, y, a fecha de hoy, las brigadas
de Vaersa o de la diputación no han realizado trabajo alguno. El
ayuntamiento ha tenido que subastar la madera —esa la mayoría de la
cual se la llevan a Italia— para poder contratar a una persona.
Fíjese: este es el panorama de que estamos hablando. Las técnicas
parlamentarias no serán las correctas, pero nos han elegido para
solucionar los problemas de nuestro territorio. Y me remito otra vez a lo
que comentábamos antes: tendríamos que buscar un consenso. No podemos
mirar hacia otra parte. Esa es la realidad. Y si no, que vengan aquí,
durante los próximos tres meses, los responsables de los ministerios
—y, si pueden venir los de la Generalitat, mucho mejor— a
explicarnos qué se ha hecho de los acuerdos que firmamos en julio del año
pasado.

Nada más.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
señor Campoy.

El señor CAMPOY SUÁREZ: Muchas gracias, señora
presidenta.

Inicio mi intervención por donde ha terminado el senador
Navarro. Efectivamente, este grupo parlamentario tiene sensibilidad y
predisposición para alcanzar todos los acuerdos que lleven a mejorar la
prevención de incendios y el cuidado de nuestro medio ambiente,
especialmente en las zonas que han quedado afectadas por un incendio
forestal de las características y de la magnitud que tuvo el que se
produjo el pasado verano en las provincias de Castellón y Valencia. No me
compete a mí hacerlo, para eso está nuestro portavoz en la materia aquí,
que será el que verá la manera de impulsar las acciones oportunas.

Ha dicho usted que han pasado 320 días y que los ciudadanos
quieren saber dónde estamos. Es mi obligación y la del Grupo
Parlamentario Popular recabar toda la información posible. No sé cuáles
serán las fuentes de sus afirmaciones; las fuentes que yo tengo son el
ministerio y la Generalitat, y con mucho gusto les voy a dar a todas sus
señorías, y a usted especialmente, la oportuna información sobre todo lo
actuado en relación con la parte dispositiva de la iniciativa que se
aprobó en el Pleno del Senado. Por eso le pido a la Presidencia cierta
generosidad con el tiempo, para que pueda explicarme como merecen los
ciudadanos de las zonas afectadas.

Han sido 320 días, decía usted. Fíjese: ya el 18 de julio,
cuando se debatió la cuestión, había sido aprobado un decreto de la
Generalitat Valenciana, el 6 de julio. Todavía no se habían apagado
algunos de los focos del incendio, y la Generalitat Valenciana ya había
aprobado un decreto con ayudas por importe de 90 millones, y que era algo
abstracto. Si usted ha tenido a bien leerlo, ese decreto está muy bien
esquematizado, muy bien estructurado, con la condición de beneficiario
muy bien delimitada —pymes, personas físicas, explotaciones
ganaderas, agrícolas y avícolas, a las que usted ha hecho referencia, e
incluso la comunidad de regantes; además, establecía los mecanismos para
la obtención de las ayudas.

El Gobierno central: tras el debate del 18 de julio, desde
el punto de vista legislativo —que es lo que en una democracia
mueve la ejecutoriedad de un Gobierno y de sus acciones—, el 7 de
septiembre se aprueba el Real Decreto 25/2012; es decir, transcurren 45
días desde el debate en esta Cámara y desde la aprobación del texto
transaccional, con el mes de agosto de por medio. Díganme ustedes si esto
no es actuar de manera urgente. Y, por si fuera poco, como usted sabe, a
ese real decreto le siguieron otras dos normas: en noviembre, el Real
Decreto 1505, que, si el primero establecía la ayudas de urgencia para
paliar los daños producidos por los incendios, ampliaba el ámbito de
aplicación, y al que siguieron dos órdenes ministeriales, la 279 y la
269, que especificaban los anexos con las poblaciones afectadas, en este
caso beneficiarias o destinatarias de las ayudas. Y tras los dos reales
decretos, una ley, la 14/2012, de 26 de diciembre, que se superpone en
parte a las ya aprobadas e incluye nuevas medidas, como las ayudas a las
corporaciones locales por los gastos derivados de la evacuación de
personas, a la vez que aprueba líneas preferenciales de crédito. Además,
esta Ley 14/2012, de 26 de diciembre, establecía la ampliación de dos
meses para la presentación de los proyectos, lo que nos lleva a finales
de febrero de 2013. Precisamente a finales de febrero de 2013, por efecto
de esta ley, el Ministerio de Medio Ambiente emite la declaración de zona
de actuación especial, una vez transcurrido el plazo, para la
restauración forestal y medioambiental de esas zonas, y declara la
urgencia de las obras de reparación de los daños de los incendios, con
dos millones, que se suman los dos millones que aportó la Generalitat; en
total 4 millones. En marzo ya estaban en marcha tres actuaciones por
importe de 400 000, 375 000 y 1 225 000, respectivamente, en distintas
comarcas, que generan la contratación de 300 personas que están llevando
a cabo esas labores; 300 personas. Esta información no la he recogido del
titular de un medio de comunicación —como habrá hecho usted,
probablemente—, es información oficial. A esto hay que sumarle el
dinero que destinó tanto la Diputación de Valencia como la de Castellón,
y, por qué no decirlo, el gesto —si usted quiere llamarlo
así— de la consellería, que, el Día del Árbol, repartió entre las
poblaciones de las comarcas afectadas por el incendio 350 000 árboles.
Ahí están, igualmente, las demostraciones de la voluntad del Gobierno de
la Generalitat y del Gobierno central de repoblar cuanto antes, sobre la
base de los 22 convenios que firmaron con los ayuntamientos y de los
cuatro millones de euros que adelantó la Generalitat para paliar los
primeros efectos. Todo esto, unido a la cobertura de los seguros y unido
al decreto del Condell al que me he referido, creo que demuestra que se
han puesto en marcha medidas urgentes y que se ha continuado tomando
medidas. Por fin, está el control parlamentario que usted decía; mi grupo
no tiene ningún inconveniente en pedir la comparecencia de los
responsables para que vengan a dar explicaciones, dentro de los cauces
parlamentarios pertinentes.

No quiero extenderme, pero no puedo dejar de decir que ha
hecho usted una afirmación que es absolutamente falsa: ha dicho que se ha
reducido el 80% del presupuesto destinado a prevenir y a paliar los
efectos de los incendios. En el año 2012, la Generalitat Valenciana
destinó 98 millones de euros a la prevención de incendios; es decir, tres
veces más que en la etapa en que gobernaba el Partido Socialista. Eso
podría ser relativo, pero supone un millón de euros más de lo que destinó
en 2011. Y a prevención, concretamente, en el año 2012 destinó 20
millones de euros. No puede decir que ha habido una reducción del 80%,
sino que ha habido un incremento; ligero, pero hay que tener en cuenta la
situación de crisis y de ajuste de sus cuentas de todas las comunidades,
con el Gobierno de la nación a la cabeza. Quiero decir con esto que no es
un tema baladí ni una materia sacrificable para el Gobierno; ni para el
Gobierno de la nación ni para el Gobierno de la Generalitat Valenciana,
que también preside el Partido Popular.

Con el mejor afán constructivo, le invito a un encuentro,
con las iniciativas que estime oportunas, para mejorar, para implementar,
lo que se ha hecho. Porque una cosa es cierta —y con esto termino,
señora presidenta—: todos los medios son pocos para garantizar que
no ocurra una catástrofe natural. Nadie será capaz nunca, con todos los
medios del mundo, de garantizar que no se produzca una catástrofe natural
que afecte a las personas o a los bienes —en este caso, también a
los bienes medioambientales—; pero siempre nos va a encontrar para
mejorar nuestro entorno, para mejorar el medio ambiente y, por supuesto,
para poner en marcha cuantos medios se precisen para la prevención
—y, en su caso, para la extinción— de tragedias como la que
ocurrió el año pasado, en la que, desgraciadamente, perdió la vida un
piloto. Desde luego, para ese fin, siempre encontrará al Grupo
Parlamentario Popular.

Nada más y gracias por su generosidad, señora
presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Concluido el debate de la moción, pasamos a la votación de
la misma.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 16; abstenciones, 2.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

– MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA
ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA LA RECUPERACIÓN Y REGENERACIÓN
INTEGRAL DE LA ISLA DE LA GOMERA (SANTA CRUZ DE TENERIFE).

(Núm. exp. 661/000092)

AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.

La señora PRESIDENTA: Procedemos al debate de la siguiente
moción que figura en el orden del día, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista y por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas para la recuperación y regeneración integral de
la isla de La Gomera, en Santa Cruz de Tenerife.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Medina.

El señor MEDINA TOMÉ: Señora presidenta, señorías, buenas
tardes.

Ocho meses después de ser presentada, el 27 de septiembre
de 2012, el Grupo Parlamentario Socialista somete a la consideración de
esta comisión la presente moción, relativa a la recuperación y
regeneración integral de la isla de La Gomera, moción que trae causa del
incendio ocurrido en la isla en agosto de 2012.

Señorías, la isla de La Gomera, declarada en julio de 2012
reserva de la biosfera, apenas tiene una superficie de 370 kilómetros
cuadrados; sin embargo, un tercio de su territorio cuenta con algún grado
de protección con arreglo a las categorías definidas en la Ley de
espacios naturales de Canarias; diecisiete en concreto: un parque
nacional, el Garajonay, declarado patrimonio de la humanidad; un parque
natural; un parque rural; una reserva natural especial; una reserva
natural integral; un paisaje protegido; ocho monumentos naturales y tres
sitios de interés científico.

En La Gomera —y salvando lo ocurrido en septiembre de
1984, por lo que supuso de pérdida de vidas humanas—, el incendio
de agosto de 2012 es el más importante que hemos padecido, tanto desde el
punto de vista de la superficie afectada como por los daños causados. La
superficie dañada ascendió a 2984 hectáreas, el 8% de la superficie
insular, y afectó a seis espacios naturales protegidos —1742
hectáreas— y a siete espacios incluidos en la red europea Natura
2000 —2338 hectáreas, el 75% de todos—; y lo más grave,
delicado y preocupante: en el Parque Nacional de Garajonay se vieron
afectadas 733 hectáreas, el 33% de las cuales corresponden al ecosistema
que distingue al parque nacional gomero: bosques de laurisilva, reliquias
de masas forestales subtropicales que hace millones y millones de años,
en el terciario, revestían el sur de Europa y el norte de África, de
difícil o imposible recuperación.

Consecuencias: imprevisibles y preocupantes, de no llevarse
a cabo de inmediato una restauración forestal y medioambiental. Hay quien
piensa, señorías, que se ha perdido un valioso tiempo en el período
comprendido entre la finalización del incendio y la aparición de las
primeras lluvias. El peligro de la erosión por la desprotección de las
zonas quemadas, que tardarán mucho tiempo en recuperarse, si es que lo
hacen, es evidente, y el ciclo hidrológico insular puede verse alterado
por la disminución en la recarga de

los acuíferos. Alisios-mar de nubes-lluvia horizontal es un
trinomio que en La Gomera significa supervivencia. Si no hay tierra, no
habrá bosque; si no hay bosque, no habrá agua; si no hay agua, no habrá
vida; y si no hay vida, señoría, no habrá Gomera, así de claro y
dramático.

Pero el devastador incendio no solo dañó los espacios
naturales señalados; también daño, y mucho, determinas infraestructuras
insulares y municipales, en las que se vieron afectados cuatro de los
seis municipios de La Gomera. A saber: redes viarias insular y municipal,
red eléctrica insular y redes de alumbrado público municipales,
telecomunicaciones, telefonía, redes de suministro de agua potable y de
riego, depósitos de agua de la red insular y depósitos reguladores
municipales, redes de saneamiento, parques y canchas deportivas. También
se produjeron daños a particulares y empresas: en producciones agrícolas
y ganaderas, en instalaciones y equipos, en establecimientos
industriales, mercantiles, agrarios y de servicios, y en viviendas y
enseres, principalmente en el municipio de Valle Gran Rey. Y por último,
señorías, daños intangibles, como los que afectan a las señas de
identidad de la isla de La Gomera y especialmente al Parque Nacional de
Garajonay.

Pues bien, señorías, el Cabildo Insular de La Gomera,
consciente de la necesidad de dar una respuesta rápida y eficaz para la
pronta restauración y rehabilitación medioambiental, para la reparación
de las infraestructuras insulares y municipales dañadas, así como para
atener a los damnificados, especialmente a aquellos que llegaron a perder
incluso sus viviendas, elaboró antes de finalizar agosto de 2012 un
amplio documento comprensivo de los daños causados, tanto en medios, como
en infraestructuras y en las personas y sus bienes; documento que fue
trasladado a las primeras autoridades locales, autonómicas y nacionales,
incluido el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

El 8 de septiembre de 2012 aparece publicado en el Boletín
Oficial del Estado el Real Decreto Ley 25/2012, de 7 de septiembre, por
el que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por
los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridas en
varias comunidades autónomas, real decreto transformado con posterioridad
en la Ley 14/2012. Desde su publicación, señorías, y en atención a las
especiales circunstancias que rodearon el incendio de agosto de 2012 en
La Gomera y sus consecuencias, hemos entendido insuficiente el contenido
del referido real decreto, que nada ha mejorado en su tramitación como
proyecto de ley. Estimamos necesario y urgente un conjunto de medidas
específicas para la isla, que no solo restituyan los daños causados, sino
también —y es importante esto— las graves consecuencias en
las economías de la isla y de sus habitantes. Proponemos también en la
presente moción cuestiones de futuro que podrían ayudar a la prevención y
extinción de los incendios forestales como los que hemos padecido en la
Gomera, que doy por reproducidas en la moción y para las que pido el
apoyo de esta comisión.

Gracias, señora presidenta. Gracias, señorías.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.

Para turno en contra, tiene la palabra el senador
Gutiérrez.

El señor GUTIÉRREZ VERA: Gracias, presidenta. Buenas
tardes.

La verdad es que es complicado debatir esta moción, porque
somos de Canarias y sabemos lo que sufrió La Gomera por el incendio de
agosto de 2012. Pero también creo que hay que analizar la situación,
senador Medina, saber lo que pasó y dar respuesta hoy aquí en concreto a
la moción que usted defiende. No quiero calificarla ni mucho menos de
demagógica, pero sí de extralimitada en algunas peticiones. Con todo lo
que pasó en La Gomera, por desgracia, se mezclan medidas como
bonificaciones aéreas o ayudas al transporte.

Ha expuesto lo sucedido: un 8% de la isla afectada, el
cabildo dice que hacen falta 19,3 millones de euros para restauración
forestal y medio ambiente y 54 para infraestructuras de turismo. Aparte,
la moción pide cinco millones para que el Gobierno de Canarias bonifique
los transportes marítimos. Pero no incluye en esta moción ninguna memoria
económica del Cabildo de La Gomera sobre este tema. (El señor
vicepresidente, Vallines Díaz, ocupa la Presidencia.)

Por mi parte, voy a contestar a los puntos de la moción con
los informes del ministerio; los tengo aquí, si usted los quiere, se los
puedo facilitar. En cuanto al primero, emprender las acciones necesarias
para solicitar las ayudas del fondo de solidaridad de la Unión Europea,
se hicieron todas las gestiones con rapidez e incluso el ministro Arias
Cañete se desplazó en varias ocasiones a Bruselas. Tras esas reuniones,
en las que se trató de incluir también Tenerife y La Palma, el FSE, el
Fondo de Solidaridad Europea desestimó, el 30 de abril de 2013, la
concesión de ayudas europeas a los espacios afectados.

Y continúa: Declarar zona de actuación especial para la
restauración forestal y medio ambiente. El 7 de septiembre ya se aprobó
el Real Decreto 25/2012, que contenía medidas, sobre todo tributarias y
personales, para la ayuda a La Gomera.

Dotar a la isla de un equipo de intervención rápida tipo
BRIF. Ya hay uno en la isla de La Palma y, según los informes del
ministerio, tener más no resultaría demasiado efectivo.

Dotar en épocas de riesgo de más medios humanos y
materiales a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El Estado
siempre colabora. Hay que dejar claro —usted lo sabe y lo repetiré
luego, en la segunda intervención— que la prevención y la extinción
de incendios corresponde a las comunidades autónomas, que tienen
delegadas las competencias en los cabildos insulares, lo sabe usted
perfectamente. Es decir, el Estado siempre colabora cuando se produce ese
tipo de incendios.

Luego habla usted de cofinanciar hasta un máximo del 75% la
inversión prevista por el Cabildo Insular de La Gomera; de eximir de la
cuota de la Seguridad Social, en referencia al Decreto de septiembre de
2012; de bonificar durante el año 2013 el coste de los billetes de avión
desde Tenerife o Gran Canaria, aunque ya sabe usted que en Canarias hay
bonificación en esta materia, y la comunidad autónoma considerará una
subvención específica de 5 millones de euros con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado del año 2013 para el transporte marítimo en las
conexiones entre Tenerife y La Gomera, por lo que creo que en ese aspecto
se ha salido usted un poco, senador Medina, porque las competencias del
transporte marítimo en Canarias corresponden a la comunidad autónoma.

Asimismo, habla de desarrollar una campaña de turismo y
elaborar un plan para la recuperación y regeneración integral de La
Gomera. Señoría, el Partido Popular en el Parlamento de Canarias pidió la
elaboración de ese plan, pero todavía está esperando que el Gobierno de
Canarias lo lleve a cabo. Asimismo, pidió una comisión de investigación
para averiguar qué sucedió en la isla de La Gomera en ese incendio. Todos
los que estábamos en la zona sabemos —usted, mucho mejor que yo,
por supuesto, porque es de allí— que se rebajó la alerta ante el
incendio el día 8 de agosto y que el día 10 se volvió a activar, pero
nunca ni Coalición Canaria ni el Partido Socialista en el Parlamento de
Canarias quisieron aprobar la creación de esa comisión de investigación
para saber qué paso, por qué se rebajó el nivel de alerta.

Y, por último, a la vista de lo sucedido en el archipiélago
el pasado verano, propone establecer en Canarias una base permanente de
tres hidroaviones y tres helicópteros tipo Kamov. En Canarias ya hay
Kamov y por todos es sabido, por los informes de los técnicos de la
comunidad autónoma, que los hidroaviones son menos efectivos que los
helicópteros en Canarias por la dificultad que encuentran muchas veces
para llegar a determinadas zonas en La Palma y en Tenerife, y sobre todo,
si hay mal tiempo en el mar, no pueden cargar con la misma rapidez que
los helicópteros y tienen que hacerlo en los aeropuertos, y por tanto, no
son tan efectivos como los hidroaviones, que, sin embargo, pueden llegar
desde la península.

Me gustaría que esto no lo considerase como un asunto en
contra de su moción, senador Medina, porque sé que usted estuvo allí
presente y supongo que en esos momentos se tiene que pasar muy mal. Pero
estas son las conclusiones de los informes de los ministerios y que
nosotros le ofrecemos.

Por tanto, no apoyaremos esta moción, porque entendemos que
sobrepasa lo que realmente se podría pedir al Estado, que ya ha cumplido
con ese decreto de ayudas y con sus gestiones en Europa, que no consideró
necesaria la ayuda. Bien sabe usted que la prevención y extinción de
incendios son competencias de la comunidad autónoma y que están delegadas
en los cabildos insulares.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Vallines Díaz): Gracias.

Turno de portavoces.

El portavoz del Grupo Mixto no está presente.

El portavoz del Grupo Vasco tampoco está.

El portavoz del Grupo de Entesa, tampoco.

¿Grupo Convergència i Unió? (Denegaciones.) No
interviene.

En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el senador
Medina.

El señor MEDINA TOMÉ: Muchas gracias, señor presidente.

Como entre canarios anda la cosa, en primer lugar, soy
senador por la isla de La Gomera y mi tarea como senador no es cuestionar
aquí lo que hacen otros parlamentos ni otros Gobiernos; mi papel aquí es
exigir al Gobierno del Estado —que para eso me han elegido los
gomeros— lo que yo crea oportuno y

conveniente, sin faltar ni calificar a nadie, acerca de
aquello que el Gobierno de España, que es también mi Gobierno, pueda
ofrecer para mejorar la calidad de vida de los gomeros. Creo que el
senador que ha intervenido en nombre del Grupo Popular no ha entendido la
moción, que, efectivamente, va más allá de hablar del incendio: se habla
de mejorar una situación económica y social en La Gomera como
consecuencia de un devastador incendio, sobre el que no voy a volver
atrás a analizar las causas o por qué bajó y subió el nivel de alerta,
porque eso ya se ha hecho, y mucho habría que decir sobre ello, pero no
voy a entrar. Sí quiero, sin embargo, entrar en esa frase que acaba usted
de decir acerca de que el Estado ha cumplido, porque ya podría haber
enmendado usted la moción y haberla mejorado. Dice usted que el Estado ha
cumplido. No, el Estado no ha cumplido. El Estado ha reaccionado tarde
—ahora explicaré por qué—, ha reaccionado de forma
insuficiente —y diré por qué— y además su propio ministro, el
ministro de Agricultura, ha incumplido promesas y compromisos adquiridos
en esta misma sala en su comparecencia de octubre de 2012.

¿Por qué digo que el real decreto ley y las actuaciones del
Gobierno están tardando en exceso, desesperantemente? Efectivamente, como
ya se ha dicho, el real decreto ley se aprueba el 7 de septiembre y la
ley el día 26. ¿Saben ustedes cuál ha sido la primera orden publicada en
el Boletín Oficial del Estado que tiene que ver con la activación de las
ayudas? La del 22 de mayo. Que me digan a mí dónde está la regulación
sobre los daños en producciones agrícolas y ganaderas, de las líneas ICO,
de la subvención por daños en infraestructuras municipales y en la red
viaria. Que se diga, si se sabe, para cuándo la publicación de las
diferentes normas que desarrollan la Ley 14. Y se están poniendo en
marcha medidas ahora, cuando tenemos a las puertas el inicio de la
campaña de verano contra incendios. ¡Chiquita tardanza! (La señora
presidenta ocupa la Presidencia.)

Sigo. Insuficiencia. Le voy a poner un ejemplo al senador
del Grupo Popular. Es verdad que fue un error por mi parte no haber
incluido en la memoria el documento que elaboró el Cabildo Insular de La
Gomera, pero lo tienen el ministro, la vicepresidenta del Gobierno de
España, el presidente del Gobierno de Canarias, etcétera. Y tengo aquí un
informe firmado por el director conservador del Parque Nacional de
Garajonay, quien, poco sospechoso de ninguna inclinación política, evalúa
los daños en proyectos de restauración y reposición en 7 036 000 euros.
La aportación que hace el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente —por eso digo que es insuficiente— para tareas de
rehabilitación y mejoras medioambientales son de 578 741 euros, es decir,
el 8,2% de las necesidades perentorias que tiene el Parque Nacional de
Garajonay, en función de un informe que no es nada político.

Incumplimientos del señor ministro. Quienes estuvimos en la
comparecencia del señor Arias Cañete en la Comisión de Agricultura
pudimos oírle decir que se celebrarían las reuniones técnicas y
sectoriales que hicieran falta. ¿Cuántas se han realizado que no vayan
más allá de las dos reglamentarias que marca el Comité de Lucha contra
Incendios? Tengo información directa de que con los técnicos de Canarias
en esta materia no se ha reunido para abordar tareas de coordinación
contra incendios ni una sola vez.

Continúo. ¿Se han tomado o se están tomando medidas, como
prometió aquí el señor ministro, para erradicar a los pirómanos, en la
lucha contra los pirómanos? ¿Dónde está la planificación y el plan de
actuación que debe aprobar el Gobierno para la prevención y la lucha
contra los incendios forestales? ¿Lo va a hacer este año otra vez
finalizando el mes de junio? ¿Por qué no lo ha hecho ya?

Y concluyo hablando de la tan traída y llevada casuística
que tiene que ver con los medios aéreos en Canarias. También afirmó aquí
el señor ministro que no haría caso a los políticos pero sí a los
técnicos sobre si era o no conveniente ubicar en Canarias medios aéreos.
Pero hasta la fecha, esa reunión no se ha celebrado.

Me gustaría plantear una duda que tengo: ¿Qué pasaría si en
este año 2013 se repite el escenario de 2012 en Canarias, con tres islas
ardiendo y ningún medio aéreo que complemente a los que están en
Canarias? ¿Qué pasaría si el Gobierno de Canarias elevara el nivel hasta
el nivel 3 y la responsabilidad del incendio estuviese en manos del
Gobierno? ¿Cuánto tardaría el Gobierno de España en trasladar a Canarias
un hidroavión o más helicópteros? ¿Cuánto tardaría en gestionar con el
Gobierno de Marruecos, como hizo entonces, tres o cuatro hidroaviones?
¿Por qué no somos sensatos e instamos al Gobierno de España a que se
siente con el canario y todas estas cosas se hablen en un clima de
diálogo, consenso y acuerdo? ¿Por qué el Gobierno de España no hace eso,
en lugar de que su directora general de Desarrollo Rural y Política
Forestal, en respuesta a una solicitud de la Federación Canaria de
Municipios, afirme que no son necesarios medios complementarios aéreos
porque la mayor parte de los incendios en Canarias son conatos? ¡Faltaría
más! ¡Claro que son conatos! Todos los incendios empiezan por conatos.
Pero que

es necesaria en Canarias una base, si no permanente, sí
temporal, en los meses de mayor índice de posibilidad de incendios:
junio, julio, agosto y septiembre, no lo dice un político; lo dicen los
técnicos.

Y yo apelo al sentido común de un canario —sé que el
canario que me ha respondido es de la provincia oriental, no de la
occidental—, apelo a la sensibilidad de un canario para que, al
menos, vayamos juntos de la mano a pedir al Gobierno que se siente con el
nuestro para buscar soluciones a estas cuestiones, que son delicadas.
Señorías, 200 000 hectáreas ardieron el año pasado; esto no es una broma.
Y contra los incendios forestales hay que tomar medidas con tiempo
suficiente. Y en Canarias en general, y en La Gomera en particular, sobre
incendios forestales y sobre desgracias sabemos mucho. Y medios son
necesarios.

Gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador Gutiérrez.

El señor GUTIÉRREZ VERA: Muchas gracias, señora
presidenta.

De entrada, cuando me propusieron debatir esta moción, dije
que no me gustaba, porque estamos jugando con tragedias y sucesos muy
importantes, que en Canarias no son muy frecuentes, pero cuando se viven
son desgraciados. Por lo tanto, en ese punto estoy totalmente de acuerdo
con el senador, pero otra cosa es el sentido de la moción.

Senador Medina, si usted hubiera planteado una moción que
instase al Gobierno a sentarse con el Gobierno de Canarias para buscar
soluciones, la hubiésemos aceptado, pero ha presentado una moción con un
montón de puntos que se salen de una lógica de entendimiento.

Como le he dicho, no quería debatir esta moción, aunque
podría entrar en el fondo de la cuestión de aquellos días —el 8 y
el 10— que se vivieron en La Gomera y que salieron en prensa, pero
no quiero hacerlo porque supongo que ustedes lo pasaron muy mal y además
supondría iniciar un debate político mucho más importante.

Sin embargo, usted dice que estamos a punto de empezar la
campaña del próximo año y seguimos igual, pero, como usted sabe, desde
hace tres años, las competencias de los parques nacionales de Canarias:
Garajonay, en La Gomera; La Caldera de Taburiente, en La Palma; el Teide,
en Tenerife y Timanfaya, en Lanzarote —aunque este no tiene peligro
de incendio—, están transferidas a las comunidades autónomas. Desde
el año 2010, el Gobierno de Canarias —formado actualmente por su
partido y Coalición Canaria— no ha justificado la subvención de 3,5
millones de euros que se le concedió. Además, con la transferencia de los
parques nacionales vinieron 16,9 millones de euros, que tampoco se han
justificado todavía y, por lo tanto, el Gobierno central no va a dar más
dinero al Gobierno de Canarias para parques nacionales mientras no
justifique las cantidades anteriores.

Si no cuentan con dinero, los parques nacionales no podrán
hacer las tareas de prevención y de limpieza y, por lo tanto, creo que se
lo tiene usted que decir a su secretario general, que es el consejero de
Sostenibilidad del Gobierno de Canarias, don José Miguel Pérez, para que
haga esa gestión y justifique esos gastos ante el Gobierno central, de
manera que pueda seguir recibiendo dinero con el fin de que los parques
nacionales realicen las tareas de prevención necesarias.

Señor Medina, todos sabemos que los incendios son
imprevisibles y nadie los deseamos, pero cada uno debe hacer su trabajo.
Por ello, si usted presenta algún día una moción que inste al Gobierno de
España a sentarse con el Gobierno de Canarias para hablar de este o de
otros temas y llegar a acuerdos, seré el primero que la firme.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Concluido el debate de la moción, vamos a proceder a la
votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 6; en contra, 16; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

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no dan ni para los primeros meses. En este sentido, el otro
día la presidenta de la Diputación de Guadalajara se lo confirmó también
a una representación de los municipios ribereños.

Creo que esta situación es absolutamente irreal y
esperpéntica ya que se niegan inversiones en los municipios ribereños que
son necesarias para terminar las obras en un tiempo razonable y para
cuando estaba previsto, y garantizar el suministro de agua, y por tanto
de consumo humano, porque insisto en que el año pasado tuvieron que
volver otra vez las cisternas en el verano, y si no se remedia, este
verano volveremos a verlas. Estos municipios ven dos pantanos, ven el
agua —aunque cada vez menos— y no la pueden utilizar para su
consumo y desarrollo, mientras se aprueban trasvases y trasvases al
Levante español. Este año, por ejemplo, 406 hectómetros cúbicos, más de
lo que ha sido la media.

Insisto en que es una situación absolutamente irreal y
esperpéntica, que supone una clara discriminación hacia estos municipios,
de manera que si esta obra y otras actuaciones no se llevan a cabo están
abocados a marcharse de la zona, a dejarla desértica y sin ninguna
posibilidad de futuro.

Como en el Grupo Parlamentario Socialista no queremos eso,
queremos que haya desarrollo en los municipios ribereños y que puedan
beber agua potable, de calidad y que no les falte, presentamos esta
moción, que tiene dos partes: la primera, que se cumpla el plazo de
finalización de las obras de abastecimiento de la futura mancomunidad de
aguas de los núcleos colindantes con los embalses de Entrepeñas y
Buendía, de las provincias de Cuenca y Guadalajara para el 14 de
diciembre de 2014, que es lo que dicen todos los documentos que existen
ahora mismo y que es un compromiso que ha de cumplir la empresa; y, la
segunda, es que para que esto se pueda llevar a cabo, se realicen los
incrementos presupuestarios precisos en los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2013 para dar cumplimiento al citado proyecto, de tal
forma que durante este año se reinicien las obras que en este momento
están paradas y que puedan llevar un ritmo adecuado para que estén
finalizadas en el plazo establecido para su terminación, el 14 de
diciembre de 2014, para que a partir de ese momento puedan consumir esa
agua que tienen y que no disfrutan los municipios ribereños.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra la senadora Moya.

La señora MOYA MORENO: Buenas tardes, y muchas gracias,
señora presidenta.

Señorías, señor Alique, las obras de abastecimiento de la
mancomunidad de los municipios colindantes a los embalses de Entrepeñas y
Buendía, como usted sabe, se encuentran en construcción. El vigente
contrato de ejecución de las obras tiene prevista su finalización en el
año 2015, y, como usted también conoce, se está tramitando en estos
momentos el modificado número 1 del proyecto para permitir en un futuro
la ampliación del número de núcleos de población a abastecer no previstos
inicialmente —tampoco estaba previsto el presupuesto—, lo que
necesariamente va a requerir un plazo de ejecución adicional al
actualmente vigente; y, por supuesto, también un presupuesto adicional al
vigente, todo ello de acuerdo con lo acordado —valga la
redundancia— en la comisión de seguimiento del convenio, que se
celebró, como decía usted muy bien, el día 13 de junio del año 2012.

Por tanto, no vamos a apoyar el texto de la moción tal y
como usted la ha presentado. Proponemos, como ya sabe, un texto
alternativo, por el cual la Comisión de Medio Ambiente insta al Gobierno
a que se ultime la tramitación del modificado número 1, complementario al
proyecto de abastecimiento a la futura mancomunidad de los municipios
colindantes con los embalses de Entrepeñas y Buendía. Hasta tanto en
cuanto no se produzca este modificado con el presupuesto correspondiente
y con todos los informes técnicos correspondientes y se firme,
difícilmente podrán terminarse las obras. Así pues, entendemos que es
prioritaria la aprobación de este modificado número 1 del proyecto de las
obras de abastecimiento a la mancomunidad de los municipios de Entrepeñas
y Buendía.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Senador Alique, tiene la palabra para decir si acepta o no
el contenido de la enmienda que se presenta.

El señor ALIQUE LÓPEZ: No —luego tendré ocasión de
contestarle a la señora Moya—. No la podemos aceptar. Solo para que
quede claro: el día 26 de noviembre del año 2012 en el Boletín Oficial
del Estado se anunció por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo
la información pública del proyecto modificado número 1, y lo leo
textualmente, señora Moya, porque entiendo que a lo mejor no está en
estas cosas y no lo conoce, dice: «Plazo de ejecución. Las obras
constitutivas del proyecto modificado número 1 está previsto ejecutarlas
dentro del plazo de ejecución actualmente en vigor para las obras

principales cuya fecha de finalización es el 14 de
diciembre del año 2014», no del año 2015, señora Moya. Pero es más, el 13
de julio del año 2012 se celebró esa reunión de la comisión de
seguimiento —le vuelvo a leer— porque se hace un reajuste de
las anualidades, en el que se dota de 12,1 millones de euros para el año
2013; precisamente porque las fechas de finalización de las obras están
previstas, dice: el plazo vigente para la finalización de los trabajos el
14 de diciembre del año 2014. So pena de que entienda usted 14 de
diciembre del año 2014 por el día 1 de enero del año 2015. En ese caso sí
lo entendería, pero ya le digo que están los documentos.

No admitimos la enmienda, que además es de sustitución,
porque es una enmienda, si me permite la calificación, de fuegos de
artificio. Pretende no hablar de lo que realmente importa y hablar de
algo que no estamos planteando. Nosotros no estamos sugiriendo nada del
proyecto modificado, imaginamos que lleva el ritmo adecuado: no hace
falta la evaluación de impacto ambiental, según se dice en el anuncio del
mes de noviembre del año 2012, en el Boletín Oficial del Estado. Es un
proyecto que ya autorizó la Dirección General del Agua en 2009; por
tanto, entendemos que estará a punto de terminarse, so pena de que usted
nos diga lo contrario. Nosotros no hablamos de eso, decimos que el
Gobierno ha quitado casi la totalidad, por no decir la totalidad, del
presupuesto para hacer la obra principal, que es la que está parada. No
es que esté parado el proyecto modificado, está parado el proyecto
principal.

El Gobierno no hace ni una cosa ni la otra. No hace el
proyecto principal, porque para las obras, y no hace el proyecto
modificado, porque todavía está mareando la perdiz. Ustedes lo que nos
proponen es que el Gobierno deje de marear la perdiz y ultime la
tramitación de la modificación. ¡Pues que deje de marear la perdiz; que
lo ultime! Ustedes con esta enmienda, como digo, salen por peteneras,
porque lo importante es que el Gobierno ha parado las obras, que ha
parado la obra principal, y lo que plantea el Grupo Popular es que se
ultime la tramitación del modificado número 1. Pues bien, como le he
dicho anteriormente, que se ultime; repito, que se ultime, pero con
presupuesto, y sobre todo que se dote de presupuesto a la obra principal,
que es la que está realmente parada, porque la obra del proyecto
modificado es accesoria; importante, por supuesto, pero no influye sobre
la obra principal, porque se sabe dónde están las conexiones, se sabe la
sección que tienen que tener las nuevas conexiones; por tanto, la obra
principal es la que no debería estar parada.

Yo creo que, igual que el Gobierno mete papeles, el Partido
Popular, con esta moción, quiere meter un papel para marear la perdiz,
pero no para lo importante, que es lo que proponemos en nuestra moción:
que se dote presupuestariamente a esta obra de la cantidad suficiente
para que, insisto, se reinicien las obras que están hoy paradas y se
pueda cumplir con el plazo de finalización. Me da lo mismo que sea el 14
de diciembre del año 2014, que es lo que dicen todos los documentos del
expediente, o el 1de enero del año 2015, que tampoco pasaría nada; el
problema es que si no se reinician las obras no estarán terminadas ni en
diciembre de 2014 ni en enero de 2015, o, como dicen, por cierto, los
Presupuestos Generales del Estado, con la dotación presupuestaria que
había para este ejercicio presupuestario de 1,5 millones de euros; en
concreto, se terminaría con esa previsión del Gobierno en el año 2016,
donde habría 5 millones de euros. Ya digo que es una clara discriminación
a una tierra que trasvasa agua; la única de este país que trasvasa agua,
que ve cómo el agua sale de su territorio, que ve que no tiene agua para
beber y tiene que utilizar cisternas en verano porque no tiene un
abastecimiento de calidad y suficiente para beber y para su desarrollo.
Creo que La Alcarria, del centro de España, tiene también derecho al
desarrollo, y su gente también tiene derecho a beber agua de calidad y
suficiente.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

No habiéndose aceptado la enmienda de sustitución, para un
turno en contra, tiene la palabra la senadora Moya.

La señora MOYA MORENO: Muchas gracias, señora
presidenta.

Yo creo que para el resto de compañeros senadores que no
son de la zona, que no son castellano-manchegos, que no son tampoco de la
comarca de Entrepeñas y Buendía y que no son ni de Guadalajara ni de
Cuenca —como sí lo somos usted y yo, señor Alique— debemos
ponernos en situación de cuál es la verdad y qué es lo que ha venido
ocurriendo en los pueblos ribereños de Entrepeñas y Buendía durante
muchos años.

Señorías, las obras de abastecimiento a la mancomunidad de
los municipios colindantes con los embalses de Entrepeñas y Buendía
fueron declaradas de interés general por la Ley 10/2001, del Plan
Hidrológico Nacional, y se encuentran en estos momentos, a pesar de que
usted diga lo contrario, en

construcción, y de acuerdo con el contrato de ejecución
vigente tiene previsto la finalización en el año 2015.

Usted habla de presupuestos. Yo estoy acostumbrada a ver
Presupuestos Generales del Estado socialistas, donde durante muchos años
han modificado cantidades a diestro y siniestro, donde anuncian obras que
luego no se hacen, y, en definitiva, lo que hacen es anunciar para luego
no hacer. Yo creo que hay que ser serios a la hora de hablar de
presupuestos, y usted, que tiene alta experiencia en este sentido,
debería ser también serio al hablar de esto.

La obra en cuestión, señorías, va a abastecer a unos 66
municipios y núcleos de población de las provincias de Cuenca y
Guadalajara, todos ellos del entorno de los embalses de Entrepeñas y
Buendía y algunos otros que no son del entorno, pero que sí son pueblos o
municipios situados por la zona donde transcurre el trasvase Tajo-Segura.
La mayor parte de estos pueblos ribereños, señorías, han venido sufriendo
problemas de abastecimiento desde hace años, mientras contemplaban con
total solidaridad cómo el agua almacenada en los embalses discurría hacia
el Levante, a través del trasvase Tajo-Segura, y cómo un Gobierno
socialista de la región de Castilla-La Mancha, instalado durante casi
treinta años, no procedía ni producía la más mínima inversión, ningún
tipo de ayuda al desarrollo de ninguno de ellos, y más teniendo en cuenta
que las arcas regionales recibían religiosamente el canon del trasvase.
Año tras año lo recibían, a la vez que año tras año también se producía
el trasvase de agua a levante, que parece que ahora es algo nuevo. A su
vez se hace una guerra abierta con el agua —una guerra entre
comillas— por parte de los Gobiernos socialistas de Castilla-La
Mancha, haciéndose, por tanto, bandera política por parte del señor Bono,
del expresidente Bono, y del señor Barreda, cuya respuesta cuando se les
preguntaba que dónde iba a parar el dinero que recibía la comunidad era
que al cajón de sastre, incumpliendo, por tanto, la ley, ya que está muy
claro que ese dinero debía ir fundamentalmente a los pueblos situados en
las cabeceras.

Señorías, señor Alique, si en aquel momento y durante
tantos años el dinero recibido por la comunidad autónoma se hubiese
destinado a donde debía, es decir, a las cabeceras de los pueblos
ribereños, hoy no seguiríamos hablando de abastecimiento con cisternas de
agua a muchos de los pueblos ribereños de Entrepeñas y Buendía. Yo, desde
luego, creo que usted, entre otros, durante muchos años debería haber
exigido, debería haber pedido, puesto que es de la zona —yo no soy
de la zona de los ribereños, usted está más cercano que yo—,
debería haber exigido —insisto— la inversión en esos pueblos
para dejar de ver las cisternas. Pero ustedes entonces aplaudían,
mientras que los demás lo estábamos pidiendo efectivamente.

Señorías, la obra que nos ocupa fue proyectada durante un
Gobierno del Partido Popular en el Plan Hidrológico Nacional, que no solo
contemplaba esta obra sino otras más, algunas de ellas ya terminadas,
sobre todo en infraestructuras en materia de comunicación. Pero, además,
también había obras como los azudes de Entrepeñas y Buendía; ahora veo
que usted también sale pidiendo el azud, cosa que antes no había hecho,
como tampoco otros azudes en otros pantanos que también afectan a
Castilla-La Mancha y que suponían un desarrollo y reconocimiento a muchos
años de contribución solidaria con otras regiones de España. Pero ya
sabemos todos qué es lo que pasó con el Plan Hidrológico Nacional: que el
señor Zapatero y el Gobierno socialista lo derogaron, con el consiguiente
visto bueno y apoyo de los socialistas de Castilla-La Mancha, incluido
usted, señor Alique. Como decía, esas obras fueron declaradas de interés
general en el año 2001. Desde el año 2001 y hasta el 2004 el Gobierno del
PP planificó ese Plan Hidrológico y empezó a desarrollar esas obras. Me
gustaría saber qué hicieron ustedes con anterioridad a 2001, y qué
hicieron a partir de 2007 y hasta el año 2009, en que comenzaron las
adjudicaciones de algunas obras. Y me gustaría saber qué hicieron para
poner en marcha el famoso programa de desarrollo sostenible de esos
municipios, que contemplaba, entre otras, las obras de abastecimiento a
las que estamos haciendo referencia.

Efectivamente, señor Alique, el 13 de julio de 2012 se
reunió la comisión de seguimiento del convenio firmado en 2007, donde se
hizo balance de la situación de los expedientes de las obras contempladas
en él, entre ellas, el abastecimiento a los núcleos colindantes con los
embalses de Entrepeñas y Buendía. Ya en esa comisión, como usted conoce
muy bien, se ponen de manifiesto algunas dificultades a la hora de
iniciarse la obra debido a la disponibilidad de los terrenos, entre otras
cuestiones. También se comunica la tramitación de la modificación número
1, que supone un incremento del 14,8962%, que haría posible la
finalización de la ampliación de la red de suministro de agua a los
municipios y núcleos urbanos que solicitaron con posterioridad su
incorporación al referido abastecimiento mancomunado, así como la
modificación local de los trazados inicialmente previstos. Como usted
sabe, la modificación supone la

suspensión parcialmente de la ejecución de la obra en
algunos tramos; igualmente, deberán acomodarse los plazos y, como es
obvio, también los presupuestos. En este caso, señor Alique, como usted
sabe muy bien, porque tiene el convenio, igual que yo, los representantes
de la asociación de pueblos ribereños ponen de manifiesto que estas obras
no estaban contempladas en el proyecto original y que esto supondría un
retraso, así como que si este modificado no se aprueba y sale rápidamente
no podrán entrar en funcionamiento las redes construidas y la
mancomunidad no se pondría en marcha, con el consiguiente perjuicio a los
municipios. Es más, añaden que sería una inversión malgastada.

Por tanto, señor Alique, creo que lo importante es que
estas obras continúen, que no se corra ningún riesgo, y que se adapten a
las dotaciones presupuestarias, dada la situación económica actual.

Finalmente, quiero poner en valor que el Gobierno del
Partido Popular — porque aquí hay que hablar de otras cosas en lo
que afecta a los pueblos ribereños— ha vuelto a poner en marcha
todas las infraestructuras hídricas paralizadas por Gobiernos
socialistas. Barreda prometía y Zapatero paralizaba. Además, se ha
elaborado un Plan de cuenca del Tajo con el que creo que usted también
debe estar satisfecho, que satisface la demanda histórica de los pueblos
ribereños. El Gobierno de Castilla-La Mancha, con la presidenta De
Cospedal a la cabeza, logra un acuerdo hídrico histórico que establece
una nueva reserva de 400 hectómetros cúbicos no trasvasables en los
embalses de cabecera. Esto supone una lámina del 40% de la superficie en
terreno, un logro que ha sido aplaudido por los pueblos ribereños, por
organizaciones agrarias, menos por ustedes, por los socialistas. Creo que
hay que recordar que la reserva anterior era de 240 hectómetros cúbicos.
Entonces el señor Bono, presidente de la comunidad autónoma, se dio por
satisfecho, y a bombo y platillo manifestó: No tengo más objetivos que
conseguir. Todos los objetivos que nos hemos planteado en el Tajo, están
todos conseguidos. Todos. ¿Cabe mayor satisfacción? Además, dijo: Hemos
conseguido lo mejor que podíamos alcanzar, algunas veces ni siquiera en
mis sueños más optimistas con respecto al Tajo podía imaginar estos
objetivos.

Le suena, ¿no? Vuelve a ser un Gobierno del Partido Popular
el que sin alharacas, sin banderas y, por supuesto, sin expresiones como
las que se hicieron en aquel momento, presenta una propuesta seria que
garantiza el agua en cantidad y calidad, pero no solamente para el
abastecimiento —porque podríamos tener obras hechas y después no
tener agua— de los castellano-manchegos, sino que también garantiza
la demanda de agua para abastecimiento a regadíos y demás usos
industriales, de lo que parece que usted se olvida. Garantiza el agua
potable aun en época de sequía a más de un millón de personas, y también
hay agua suficiente para las más de 158 000 hectáreas de regadíos y la
transformación de otras futuras, lo que tendrá como consecuencia la
fijación de empleo y población en el medio rural. Y, hablando de fijación
en el medio rural, señor Alique, durante los muchos años en los que
ustedes gobernaron en Castilla-La Mancha podían haber puesto en marcha
medidas que fijaran la población para que la gente no se fuera de los
pueblos ribereños, como se ha tenido que ir, porque ni siquiera fueron
capaces de poner en marcha los regadíos tradicionales que venían
aprobados en el Plan Hidrológico Nacional; ni siquiera fueron capaces de
ponerlos en marcha. Señorías, lo más importante es asegurar la
finalización del proyecto sin crear falsas expectativas y contar de una
vez por todas con una realidad que sea la que desarrolle nuestros
pueblos.

Señora presidenta, voy a finalizar rápidamente, pero no sin
dejar de referirme a dos o tres consideraciones que creo que son
inasumibles por mi parte. El señor Alique calificaba de esperpéntica e
irreal la situación que se está viviendo. Yo, desde luego, creo que no
hay nada más esperpéntico e irreal que decir la mentira. Y, desde luego,
señor Alique, no sé cómo usted tiene el valor, en La Crónica de
Guadalajara, el 22 de abril de 2013 —no me lo invento yo—,
hablando de esta infraestructura y del azud de Sacedón, de decir: Las
obras están paradas, no hay máquinas ni personal trabajando porque el
Gobierno de Rajoy las ha dejado sin presupuesto en 2013 para destinar los
12,1 millones de euros que tenían asignados a obras de reparación en el
canal del trasvase Tajo-Segura. Señor Alique, creo que cuando uno
representa a alguien —usted en este caso a los habitantes de
Guadalajara y también de los pueblos ribereños— tiene que ser
serio. Usted sabe que las máquinas están allí. Usted sabe que la gente
está trabajando en la obra. Usted lo sabe. (El señor Alique López: ¡Pero,
bueno!) Pero bueno, no. Usted no tiene que decir esto; lo dice aquí. El
señor Rajoy no ha quitado dinero. Usted no va a la obra; usted no ha ido
a la obra y no lo ha visto. (Rumores.) Por lo tanto, usted no puede decir
que el señor Rajoy ha quitado el dinero a esta obra y la destina a otros
menesteres.

También hay que arreglar las grietas que tiene el trasvase
para que no se pierda el agua, y ustedes no arreglaron ni una.

Yo creo, señorías, que no hay que crear esas falsas
expectativas, como decía; lo que hay que hacer es seguir invirtiendo en
esa obra, que en estos momentos tiene más de dos millones. A mí me
gustaría que fueran doce, o que fueran catorce, pero también me gustaría
que la situación económica de España fuera otra y no la de desastre que
ustedes nos han dejado por el despilfarro que han hecho durante los años
de Gobierno socialista. Entonces usted no se quejaba. Lo que ha hecho ha
sido colaborar con su apoyo, con su voto y con su silencio a que estos
pueblos estén en la situación en la que están.

Muchísimas gracias, señora presidenta. (Varios señores
senadores: Muy bien.—Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

En turno de portavoces, tiene la palabra el senador
Alique.

El señor ALIQUE LÓPEZ: Muchas gracias, presidenta.

Sinceramente, veo que la señora Moya, quizá por
desconocimiento y no estar en el terreno o en el territorio, tiene un
cierto guirigay. Y yo creo que lo tiene el PP en su conjunto.

Miren, ABC digital —es una fotocopia, no es el
periódico—. «PP: las obras de abastecimiento a pueblos ribereños
terminarán en 2013. El senador del PP por Guadalajara, Porfirio Herrero,
anunció que las obras de abastecimiento a los municipios ribereños
estarán concluidas a finales del 2013.» Lo dice el 17 de julio del 2012,
cuando yo hago unas declaraciones diciendo que se está abasteciendo con
cisternas a varios municipios ribereños. La señora Moya nos acaba de
decir hoy que las obras finalizan en el 2015. Los papeles, los documentos
dicen que el 14 de diciembre del año 2014. Y los presupuestos —el
señor Rajoy o quien haga esto— dicen que se terminará en el año
2016. Por tanto, no saben ni cuándo la van a terminar. Sinceramente, creo
que tampoco tienen mucho interés.

Yo no voy a llamarla a usted mentirosa, porque no creo que
sean los términos parlamentarios, pero usted falta a la verdad cuando
dice que las obras están en construcción. Pero ¿cómo voy a ver las obras,
si están paradas? No se puede ver lo que no existe. Las obras están
paradas. Vaya usted a los municipios ribereños. La presidenta de la
diputación, que es presidenta del Partido Popular en Guadalajara, el otro
día le reconoció a una delegación de los municipios ribereños que las
obras están paradas. Vaya a hablar con la gente en los pueblos. Las obras
están paradas, se pongan como se pongan. Están paradas, porque no hay
presupuesto, no por otra cosa. Si hubiese presupuesto, imagino que la
empresa las reiniciaría o las haría. (Rumores.) Yo no les he
interrumpido, señora Moya y señores del Partido Popular. Les veo muy
nerviosos. Sinceramente, creo que es un asunto mucho más sencillo: que se
dote de presupuesto suficiente a esta obra para que se reinicie y se
termine en plazo suficiente para que la gente pueda beber agua y pueda
tener posibilidades para el desarrollo, claro; el industrial y el que
sea. Me hablaba usted de que no se han ejecutado los regadíos...
(Rumores.) —bueno, si me dejan hablar, si no también voy a seguir
hablando— …los regadíos de los municipios ribereños. Pero es
que no está planteado ningún regadío en los municipios ribereños; no
confunda usted la zona de Almoguera, que está más abajo. ¿Usted sabe de
dónde sale el trasvase Tajo-Segura? Antes ha dicho: …que está
afectado por los municipios por los que transcurre el trasvase. El
trasvase transcurre desde Bolarque. A esos municipios no les llega el
agua. A unos un poquito abajo, sí; a Almonacid. Pero en todos los demás
municipios no transcurre el trasvase, es que todavía no ha nacido el
trasvase. Desde ahí sale el trasvase del agua. Y no hay ningún regadío ni
en Sacedón ni en Huete ni en ninguno de esos municipios (Rumores.); en
Sacedón no existe ningún regadío. Hablo de los municipios ribereños; otra
cuestión es que estén planteando nuevos. Pero ese no es el asunto que nos
trae aquí. El asunto que nos trae aquí es esta obra, que, como digo, se
necesita en un sitio donde hay una situación deficiente de abastecimiento
en esos pueblos, que se tienen que abastecer —e insistiré hasta el
final— con cisternas. Puede ocurrir eso, que sea algo que podamos
ver en algún sitio, pero que en el lugar que es el único sitio de este
país en que se trasvasa agua al Levante español la gente no pueda
beber… (Rumores.) Por Dios, eso no tiene remedio. Pero es que no
tienen agua ni para beber ni tampoco para el desarrollo, para que puedan
instalarse industrias, etcétera. Y todo esto ocurre —y escúcheme
bien, señora Moya— al mismo tiempo que, como le he dicho
anteriormente, en la provincia de Guadalajara y la provincia de Cuenca
los municipios ribereños son los únicos de este país que llevan
trasvasando agua más de treinta años, en este caso al Levante español. Al
mismo tiempo que cuando hay una rotura en la conducción del trasvase
Tajo-Segura —yo no digo que no haya que arreglarla— para eso
no le falta tiempo ni presupuesto al Gobierno del Partido Popular. Mire
usted el dinero que había el año pasado para arreglar las conducciones
del trasvase Tajo-Segura y mire lo que hay este año, y comprobará que es
una realidad lo que le dicho: que sí hay dinero para arreglar la

conducción del trasvase Tajo-Segura y no para hacer la obra
de abastecimiento de los municipios ribereños. Y eso se produce bajo un
Gobierno del Partido Popular, les guste o no les guste.

Por tanto, el Gobierno no tiene tiempo ni presupuesto para
las obras de abastecimiento de los municipios ribereños de Entrepeñas y
Buendía y le falta tiempo para autorizar, por cierto, trasvases. Este
año, en el último, de 228 hectómetros cúbicos, ya van 406 hectómetros
cúbicos, cuando —fíjense en el último trasvase— El Talave,
que es el que recibe el agua de verdad, está echando agua porque ya no
puede más por toda el agua que está recibiendo. ¿Sabe a cuánto está la
cuenca del Segura en este momento? Al 71,3% más/ menos. Y la cuenca de la
cabecera del Tajo, es decir, Entrepeñas y Buendía, está al 40%. Es una
cosa increíble. En un momento en que se supone que faltaba agua, hay más
que agua o demasiada agua, y donde se supone que debería ser un sitio
donde se almacene agua para los problemas que pueda haber el día de
mañana no hay agua. Y se siguen autorizando trasvases.

En cuanto a lo del plan hidrológico de la cuenca del Tajo,
que no es para hoy y, por tanto, no quiero distraerme, solamente le voy a
decir dos cosas. Primero, el borrador del año 2011, con un Gobierno
socialista, no era un borrador del Gobierno en el sentido político, era
un borrador que los técnicos habían presentado al Gobierno. Por tanto,
era un documento técnico. ¿Y sabe lo que decían los técnicos? Decían que
era necesario casar dos cosas, porque, si no, el problema de la cabecera
del Tajo sería endémico, no se podría nunca solucionar. La primera, que
se fijase un nivel mínimo en cabecera de 400 hectómetros cúbicos. Por
cierto, no es el 40% de superficie; veo que controla poco. Usted haga la
cuenta: 2474 hectómetros cúbicos; 400 hectómetros cúbicos es el 16,1%, no
el 40%, digo yo. ¿O 400 hectómetros es el 40% de 2474? Si ya también le
fallan las matemáticas… Ya veo que usted está de números hoy
relativamente mal.

Pero, ya digo, hay que casar dos cosas: un nivel mínimo de
400 hectómetros cúbicos de agua, cuidado, no para cinco años que se
produzca definitivamente, y, sobre todo, lo más importante, que, como
ocurre ahora con los 240 hectómetros cúbicos, aun en situaciones
hidrológicas excepcionales, por ejemplo, riegos de socorro, que no se
pueda mandar. Porque, ahora, ¿qué estamos haciendo? Subir de 240 a 400,
ponerlos en una línea en el hormigón de la presa, pero ustedes se lo
pueden saltar, porque en casos excepcionales se puede pasar, cosa que hoy
no ocurre con los 240 hectómetros cúbicos. En segundo lugar, junto con
esa subida del nivel, limitar los trasvases entre 200— 250
hectómetros cúbicos cada año. Eso es lo que soluciona la cabecera del
Tajo y las demandas de la cuenca del Tajo y el que pueda haber agua de
calidad en el curso del río Tajo a su paso por las provincias de Madrid y
de Toledo.

Por tanto, esa es la cuestión, un nivel mínimo de 400
hectómetros cúbicos, pero con un límite de trasvase en unos 200
hectómetros cúbicos, y lo contrario, subir a 400 hectómetros cúbicos, que
son inseguros, porque se pueden pasar cuando se quiera en el caso de que
haya una situación excepcional, y no limitar el trasvase, como propone el
Partido Popular.

Por tanto, si ese plan se queda como está ahora mismo no
satisface las necesidades de los municipios ribereños; a lo mejor las del
Partido Popular, las de la señora De Cospedal y las suyas, sí, pero no
—repito— las de los municipios ribereños. Y pregunte a ellos,
que quieren un 40%; y un 40% no son 400 hectómetros cúbicos.

Usted hablaba al mismo tiempo de las inversiones. Fue el
Gobierno socialista en el año 2007 —antes, porque, claro, si se
licita en noviembre de 2007 hay que hacer primero el anteproyecto—,
el que hizo el proyecto, como hizo también la carretera de comunicación
de los municipios de Cuenca y Guadalajara. Pero esa no es la cuestión. Lo
haya hecho quien lo haya hecho o quien no lo haya hecho, el problema es
que tenemos ahora una situación encima de la mesa, y es que las máquinas
en los municipios ribereños están paradas, y para que se continúe se
necesita hacer una modificación en el Presupuesto General del Estado para
2013 para dotarlo de mayor cantidad, aproximada a los 12,1 millones de
euros, si queremos que se termine en diciembre del año 2014; si no, ya me
dirá usted. Lo importante es que se termine; sí, coincido con usted, pero
puede terminarse en 2014, como dicen los papeles; en 2013 ya no, como
dice el señor Herrero; en el 2015, como dice usted; o en 2016, como dicen
los Presupuestos Generales del Estado. Aclárenlo, pero los municipios
ribereños no pueden seguir esperando y viendo cómo se trasvasa agua
mientras que no tienen agua para su consumo y para su desarrollo.

Y termino. Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Para la conclusión del debate, ¿quiere intervenir
nuevamente la senadora Moya? Tiene usted un minuto.

La señora MOYA MORENO: Muchas gracias, señora
presidenta.

Voy a intervenir muy brevemente. Señor Alique, le vuelvo a
insistir: de verdad, me gustaría que esta obra estuviera terminada desde
hace muchos años y que no hubiera cisternas que tuvieran que llevar agua
a pueblos de Guadalajara y de Cuenca. Pero, señoría, me habría gustado
muchísimo que hubiese estado hoy aquí un senador compañero nuestro de
Guadalajara, que por las mañanas cuando sale de su casa para venir a
Madrid o cuando va a Guadalajara se fuma un cigarro con los trabajadores,
con los que están en el tajo de esta obra; y me habría gustado que
hubiera hecho una foto y me la hubiese mandado. Repito: se fuma un
cigarro con los trabajadores en el tajo. Usted viaja poco por la
provincia de Guadalajara y poco por los pueblos ribereños. (Rumores.) Y
prueba de ello es que ahora se hace el defensor total y absoluto, un
defensor a ultranza de los pueblos ribereños de Entrepeñas y Buendía,
cuando ha estado muchos años callado, muchos años consintiendo; y ha
habido treinta años sin inversiones, treinta años sin que se lleve dinero
a esos pueblos, y treinta años en que el dinero que han recibido se ha
gastado en otras cosas en las que no se debería haber gastado. Por tanto,
esa es la situación en la que nos encontramos. Es una situación muy
clara: ustedes han estado callados durante esos casi treinta años y ahora
se hacen defensores totales y absolutos.

Vuelvo a insistir: hay regadíos que están aprobados, como
los regadíos del Guadiela, aprobados, de interés general, que también son
de Cuenca, no de Guadalajara —mire usted, yo soy de Cuenca—,
que estaban incluidos en el Plan Hidrológico Nacional. Pero pueblos
ribereños son de Entrepeñas y Buendía, y tengo que recordarle que Buendía
es el pantano más grande que surte de agua al de Entrepeñas, ¿o no es
verdad tampoco? Es verdad, claro. (Rumores.) Entonces, esos regadíos,
señoría…

La señora PRESIDENTA: Vaya terminando, por favor.

La señora MOYA MORENO: Es que es así, señor Alique. Esos
regadíos estaban declarados de interés general, pedidos por muchos
agricultores de la zona, incluidos en el Plan Hidrológico Nacional, y no
fueron aprobados ni puestos en marcha nunca porque no había fondos del
dinero de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Hubo un plan
especial de pueblos ribereños que ustedes votaron en contra, al menos
desde la Diputación de Cuenca para los de Guadalajara, para hacer
inversiones. Usted se ríe. Haga todo lo que quiera. Ríase. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Por favor.

La señora MOYA MORENO: Lo que tiene usted que hacer es ir a
explicar a los pueblos ribereños qué es lo que durante treinta años han
hecho en el Gobierno de Castilla-La Mancha, y por qué ahora están en
contra de que haya una reserva de 400 hectómetros cúbicos de agua para
las cabeceras del Tajo. Eso es lo que tiene usted que explicarles, y en
qué han gastado el dinero durante treinta años, y por qué durante tantos
presupuestos de Gobierno socialista han ido alargando los presupuestos,
no han ido haciendo la obra y dónde han invertido el dinero. Eso es lo
que tiene usted que explicarles, y por qué se han hecho otras
infraestructuras. Nada más y nada menos.

Creo, señoría, que hay una situación económica de la que
ustedes son conscientes.

La señora PRESIDENTA: Vaya terminando, señoría.

La señora MOYA MORENO: Es consecuencia, como he dicho
anteriormente, del despilfarro que ha habido durante estos últimos años
de Gobierno socialista, y entre todos debemos ser conscientes y sacar
adelante a nuestra comunidad autónoma, por un lado, como se está
haciendo, y también a España en general. Y estoy segura de que esas obras
se van a terminar lo antes posible, porque en el momento en que haya
posibilidades presupuestarias se podrán adelantar, lógicamente, y
terminar en beneficio de todos y de los pueblos ribereños.

Gracias, presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.

Concluido el debate tenemos que proceder a la votación de
la moción. (El señor Alique López pide la palabra.)

Tiene un minuto, pero sin reabrir el debate. (Rumores.)

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