se empezó a legislar sobre regulación y sobre organismos
reguladores independientes. Es un proyecto que agrupa en un solo
organismo el conjunto de otros organismos que en este momento existen
—los de carácter sectorial como, por ejemplo, la Comisión Nacional
de la Energía o la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, y el
organismo más transversal, que es la CNC—. Pensamos que con este
proyecto se acabará reduciendo de alguna manera la protección de los
ciudadanos, que es uno de los objetivos de estos organismos. Es un
proceso que realmente atenta contra la independencia de la regulación en
nuestro país, reasignando funciones de los reguladores actuales a
diferentes departamentos ministeriales, en contra de lo que es la
orientación generalizada que se está produciendo en Europa. No es verdad,
como se dice en la exposición de motivos, que los organismos reguladores
españoles tengan más competencias que las que puedan tener sus homólogos
europeos, ni muchísimo menos. Además creo que provoca una falsa seguridad
jurídica y una falsa confianza institucional fusionar reguladores ex ante
con ex post, como la actual CNC.

Pero hay que reconocer que si ha habido mejoras tras su
paso por el Congreso en el anteproyecto inicial y en el proyecto que
aprobó el Consejo de Ministros ha sido fundamentalmente no porque se haya
advertido esta deriva y esta orientación del mencionado proyecto, sino
por las advertencias en las cartas de emplazamiento que ha realizado la
Unión Europea —por cierto, advertencias y recomendaciones que han
sido incorporadas solo en parte porque muchos otros aspectos de las
cuestiones planteadas por la Comisión no han sido atendidas,
especialmente las relativas a ese proceso de recentralización de
competencias, actualmente en manos de los reguladores sectoriales y que
pasan a ser competencia de algunos de los ministerios, especialmente del
Ministerio de Industria.

Por lo tanto, creo que una razón más para oponerse a este
proyecto es que continúa atentando contra el Derecho comunitario por la
pérdida de independencia presupuestaria y de personal que eso supone, por
los argumentos del falso ahorro porque estos organismos se financian con
tasas que pagan los operadores, por lo que hacer aquí alusión a la lucha
contra el déficit viene poco a cuento; y, en definitiva, porque lo que
hay detrás es un proceso de recentralización que hará más fácil
seguramente la labor de los operadores dominantes por lo que respecta a
la defensa de sus intereses y a la denominada captura de los
reguladores.

También supone —y con esto acabo— una ocasión
para recentralizar —y este Gobierno no la deja pasar por
alto— en este caso no solo las competencias sino también las sedes.
Como es sabido, la sede de uno de los organismos, de la CMT, que está
ubicado fuera de Madrid, en Barcelona, se aniquila con este proyecto de
ley. A pesar de que se argumente que puede ser una subsede, se puede
deslocalizar mañana, y no precisamente con una disposición reglamentaria;
no hará falta ni que la podamos que discutir en esta Cámara.

Por todas estas razones y por algunas más que
argumentaremos en el Pleno, presentamos el veto número 3, de los
senadores Saura y Guillot, y el veto número 4, del resto de senadores del
Grupo Parlamentario Entesa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montilla.

Para la defensa del veto número 5, tiene la palabra el
senador Lerma.

El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señor
presidente.

Creo que para nadie es un secreto que este proyecto es,
como mínimo, dudoso desde el punto de vista de defensa de la competencia
y de los consumidores. Es verdad que el Partido Popular, o el Gobierno en
este caso, en su proyecto recurre en numerosas ocasiones a la tradición
española o europea en lo referente fundamentalmente a la intervención del
Estado —y en eso tiene algo de razón—, pero eso es
precisamente lo que se ha ido eliminando a lo largo de los años mediante
agencias independientes que garanticen la posibilidad de la libertad de
competencia y, al mismo tiempo, la defensa de los consumidores con toda
claridad.

En este veto, aunque así es como funciona el Senado, no nos
hemos limitado a decir que no a un proyecto del Gobierno que no garantiza
la libre competencia y la defensa de los consumidores, sino que, al mismo
tiempo, a través de todas las enmiendas que hemos presentado —y así
lo hicimos en el Congreso—, proponemos un proyecto alternativo; un
proyecto alternativo que trata de hacer posible el ahorro. En ese sentido
cabe decir que hay cierta concentración de organismos reguladores para
intentar mejorar su posición y aprovechar las sinergias pero al mismo
tiempo un control ex ante y un control ex post. Eso significa
fundamentalmente que hemos separado claramente la función de los
organismos

desreguladores de los del Gobierno, al tiempo que hemos
separado claramente la competencia del resto de organismos
desreguladores, porque tienen más funciones que los organismos
reguladores.

A este respecto quiero terminar diciendo que el problema
que tiene este proyecto es que se ve bastante a las claras su intención.
Este proyecto tiene su nacimiento fundamentalmente en las declaraciones
del señor Rajoy, en sus compromisos iniciales pero, básicamente, en un
informe encargado por Telefónica a Price Waterhouse Coopers, que ha
seguido prácticamente al pie de la letra todo el proyecto de ley del
Gobierno. Textualmente dice: «Por este motivo la supresión de la
regulación y la intervención ex ante en aquellos sectores donde no
existen fallos del mercado y resulta posible el desarrollo de competencia
efectiva se configura como un objetivo a largo plazo.» Ahí se dice cuál
es la voluntad del proyecto que se está defendiendo. Esto es lo que se
persigue, intentar que no haya regulación, que, por otra parte, no es
nuevo, porque todos los lobbies norteamericanos intentan siempre este
tipo de cuestión, así como tampoco los resultados que da. La falta de
regulación da como resultado una crisis como la que actualmente tenemos.
Es verdad que de esta regulación se encuentran excluidos los reguladores
financieros, pero, en cualquier caso, el efecto de la falta de regulación
en cualquier sector va a ser prácticamente el mismo. No solo no se
defiende a los consumidores sino que va a sumergir a la economía en
graves problemas por el hecho de que con la falta de competencia se
impide además la capacidad de innovación. Esto es básicamente lo que
tenemos que rechazar del proyecto; es malo.

Además persigue otro efecto más claro y que se pone en
evidencia en las disposiciones transitorias. Como en los organismos
reguladores no se pueden cesar a los consejeros —cesan, gracias a
su independencia, en un período mayor al de la legislatura y tan solo por
motivos muy claros—, lo cierto es que el Gobierno lo que hace es
modificar la ley para cambiar a los reguladores. No hay más cuestión. Por
tanto, no se garantiza la competencia y al mismo tiempo se garantiza el
cese de todos los actuales reguladores, inmediatamente y sin que esté
previsto adecuadamente el mecanismo transitorio, con lo cual vamos a
tener un lío tremendo en toda la regulación.

Por todo esto nosotros presentamos un veto y, además,
advertimos al Gobierno de que se está metiendo en una grave cuestión y
que, con toda seguridad, acabará siendo contestado por Bruselas, como de
hecho ha sido advertido ya de que iba a pasar.

Nada más.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Lerma.

En principio, ningún grupo ha requerido la utilización del
turno en contra de los vetos, con lo que procede pasar a conocer la
opinión de los portavoces. Sepan que en el turno de portavoces tienen un
período máximo de diez minutos.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, ¿quiere hacer uso del
turno de portavoces la senadora Capella? (Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya?
(Denegaciones.)

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Ramón Alturo.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor
presidente.

Simplemente quiero comentar que nos encontramos ante un
proyecto de ley tremendamente importante. Es evidente que se trata de
promover el correcto funcionamiento de los mercados, la existencia de una
competencia realmente eficaz para el bien de los mercados y también de
los consumidores y que los reguladores puedan hacer realmente su
trabajo.

Quisiera comentar que desde que entró el proyecto de ley en
el Congreso de los Diputados hasta cómo está en estos momentos ha habido
cambios realmente importantes y significativos. Pensamos que se ha
avanzado, pero desearíamos que esto no finalizara aquí. En consecuencia,
en relación con las enmiendas presentadas, nos gustaría que desde hoy
hasta el trámite del día del Pleno —luego lo comentaremos en el
turno de defensa de las enmiendas— no pasara como ha ocurrido con
otros proyectos de ley, en el sentido de que da la sensación de que el
Senado no esté para nada, es decir, que pasan los proyectos y punto, sin
aceptar ninguna enmienda ni nada por el estilo. Desde este punto de
vista, quiero pedir a los portavoces y al Partido Popular que miren las
enmiendas y que no sea un simple trámite de paso, sino que se tengan en
cuenta las aportaciones que se hacen porque, en definitiva, van

en pro de la independencia del organismo, en pro de
fomentar la competencia y en pro de mantener las competencias que en
estos momentos tienen las comunidades autónomas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Alturo.

¿Grupo Parlamentario Socialista? (Denegaciones.) No hacen
uso de la palabra.

¿Grupo Parlamentario Popular? El senador Jaime Mateu tiene
la palabra.

El señor MATEU ISTÚRIZ: Gracias, presidente.

Señorías, buenos días.

Creo que la misión de un buen Gobierno es tratar de adaptar
las estructuras y organismos actualmente existentes a la realidad
económica y social de un país. Creo que esto es lo que está haciendo
ahora el Gobierno del Partido Popular sobre la base de las circunstancias
que tenemos en nuestra patria.

Evidentemente hay un cambio profundo desde la década de los
años ochenta y noventa que se llevó a cabo en España bajo el influjo de
directivas europeas que regulaban determinados sectores del mercado en
red como los grandes sectores —la energía, las telecomunicaciones o
el transporte—. Se realizó un amplio proceso liberalizador en el
marco del mercado único, que generó grandes reformas, fundamentalmente
para asegurar la competencia efectiva de los mercados, la prestación de
los servicios universales, la eliminación de las barreras de entrada y
las restricciones sobre los precios. En aquel momento se planteó un doble
modelo: uno que aglutinara funciones de regulación, supervisión y
competencia y otro que fueran independientes. España optó evidentemente
por la separación de los reguladores y de la competencia, pero, con el
transcurso de los tiempos y el hecho de los procesos de liberalización y
de la transición a la competencia de sectores regulados, ahora mismo este
esquema se ha quedado obsoleto, y, desde luego, la misión del Gobierno es
tratar de adecuarlo a la realidad actual.

Evidentemente es una reforma estructural de gran calado,
necesaria para generar un crecimiento económico y dinamizar la economía,
dotarla de competitividad, con un fin fundamental: conseguir la
estabilidad fiscal y, por supuesto, tratar de minimizar el impacto tan
terrible y reducir esa tasa tan elevada de paro que tenemos y que está
trayendo tanta desolación a los residentes en territorio español.

En este contexto en el que ahora mismo nos estamos moviendo
viene el proyecto de ley que traemos esta mañana a esta comisión. Desde
luego, se trata de buscar mercados más eficientes y competitivos, que
sean más productivos, y, por supuesto, todo ello redundará en beneficio
de las empresas y, por tanto, de los consumidores.

El Gobierno de España no elabora una ley para conseguir los
objetivos que ha comentado, por ejemplo, el señor Lerma de quitar de los
organismos actualmente existentes a personas nombradas por no agotar su
mandato. No se es tan mezquino como para eso, sencillamente estamos
trabajando con ahínco en la mejora de la competitividad, y buena prueba
de ello, con estas reformas estructurales que estamos realizando, es la
mejora de las exportaciones. Tiempo hace que no teníamos una balanza
comercial tan positiva, lo cual demuestra que algo se está haciendo bien,
que algo estamos haciendo bien, y no es el final, sino uno de los motivos
que nos siguen dando aliento para seguir trabajando y resolver todas las
cuestiones que parece que ahora mismo estamos intentando resolver.

A esta mejora de la competitividad va a contribuir esta ley
porque reforzará la competencia, flexibilizará los mercados, reducirá los
trámites administrativos y conseguirá una simplificación regulatoria.

Esta reforma, como no puede ser de otra manera, también
está dentro de la modernización de la gestión pública para evitar esas
duplicidades que tanto están obstaculizando la buena marcha de muchos
aspectos. Desde luego se van a evitar competencias que se van a solapar,
reforzaremos la profesionalidad con esta ley de los organismos y, desde
luego, esa independencia que muchas veces, en algunas de las
intervenciones, quizá se ha puesto en duda.

Hasta el año 2011 teníamos cinco organismos reguladores
—a todas luces, excesivo—; no los voy a mencionar porque creo
que todos ustedes los conocen—, en el año 2011 lo incrementamos con
un sexto y llegamos, con la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la
Comunicación Audiovisual, a tener ocho; un número, insisto, excesivo que
producía esa falta de sinergias, esa falta de eficacia, esa falta de
posibilidad para adoptar decisiones que fueran comunes para todos. Por
ello, el Gobierno de España, viendo la ineficacia de ese funcionamiento
en sus aspectos de coordinación máxima, empezó a pensar en esta reforma
para establecer unos organismos con facultades de supervisión sobre la
misma actividad y sobre el riesgo de esas duplicidades, que desde luego
había que eliminar, y evitar —insisto y repito— esas
decisiones contradictorias que tantos problemas podían generar luego.

Ese elevado número de organismos, señorías, tampoco se
corresponde ahora mismo con el marco de austeridad en el que nos
encontramos, por ello es necesario aprovechar las economías de escala
derivadas de los aspectos coincidentes en función de la supervisión,
métodos de trabajo similares, conocimientos y experiencias comunes.

Señorías, también tenemos como ejemplo para este modelo
nuestro ámbito internacional, en el que se ha pasado del modelo
unisectorial a un modelo multisectorial para sectores con industrias en
red. Con ello evitamos la captura del regulador, provocamos el beneficio
del consumidor y, desde luego, beneficiamos tanto al sector privado como
al ámbito gubernamental. Por esto, señorías, siempre dentro de la idea de
impulsar y vigilar que los mercados sean competitivos, que los servicios
sean de calidad y que todo esto beneficie a los ciudadanos, los ocho
organismos que he mencionado tendrían que estar contemplados en una única
institución.

Fundamentalmente este es el objeto de esta ley, la creación
de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que agruparía
las funciones relativas al correcto funcionamiento de los mercados y
sectores, supervisados por los organismos anteriormente citados.

Señorías, permítanme que sucintamente relate los objetivos
de esta ley. Estoy haciendo una exposición general porque luego, en el
Pleno, ya tendremos ocasión de entrar en el contenido concreto de los
planteamientos que se han hecho en los vetos que ustedes han formulado. A
este respecto les agradezco el tono de sus intervenciones.

Los objetivos básicos y primarios de esta ley son los
siguientes: se reduce el número de organismos, agrupando aquellos que
tengan funciones similares y mismos objetivos y eliminando aquellos cuyas
funciones pueden ser desempeñadas por la Administración; simplificamos
estructuras y funcionamiento a través de la revisión pormenorizada de las
competencias que tiene cada uno y de su racionalización, de forma que
estén ordenadas y sean coherentes con sus objetivos, devolviendo a la
Administración las funciones que no se dirijan a la consecución de estos
objetivos; liberamos a este organismo para que se dedique plenamente y
nada más que a las tareas de la supervisión de la competencia y de la
mejora de la regulación y, desde luego, ajustamos y aumentamos la
profesionalidad, neutralidad e independencia de sus miembros a través de
las mejoras en el nombramiento y cese de los órganos rectores;
garantizamos la efectiva supervisión de las funciones de instrucción y de
enjuiciamiento; y aprovechamos mejor las oportunidades que nos dan los
recursos humanos de perfil técnico y de perfil económico.

Señorías, esta reforma, como he dicho anteriormente, está
dentro de los objetivos de austeridad y de reestructuración de la
Administración en todos los niveles para lograr una mayor eficiencia en
su funcionamiento y, desde luego, colocarlos dentro de la lucha contra el
déficit y, por supuesto, como no podía ser de otra manera, en beneficio
de la estabilidad fiscal.

Señorías, con respecto a lo manifestado en sus vetos, y en
especial a lo escrito por Izquierda Unida, en el Grupo Parlamentario
Mixto, he de decirles que lo rechazaremos porque el modelo que propugna
no es el adecuado para maximizar las sinergias y las eficiencias del
sistema. Lo mismo ocurre con el planteado por la senadora Capella i
Farré, también del Grupo Parlamentario Mixto. Asimismo haremos con el
veto número 3, de los senadores Guillot y Saura, que ha sido defendido
conjuntamente, por los mismos motivos, porque reproduce fielmente los
argumentos establecidos en el veto número 1.

Con respecto al veto número 4, planteado por el resto de
los senadores del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
también votaremos en contra porque entendemos que el texto que plantea el
Gobierno de España, que plantea el Ministerio de Economía y
Competitividad, es el texto que asegura la eficacia, la independencia y
la autonomía de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
garantizando una supervisión de mayor calidad y no restando un ápice de
la protección a los ciudadanos. Insisto, señorías, en que tendremos
oportunidad, en el debate sobre los vetos, de confirmar con más datos y
mejor criterio la exposición que de manera genérica estoy haciendo aquí,
fundamentalmente con lo relativo a la protección de los ciudadanos.

Por último, por lo que respecta al veto formulado y
defendido por el senador Lerma, del Grupo Socialista, no se va a aceptar
tampoco y por consiguiente votaremos en contra, porque el modelo que
presenta nuestro proyecto de ley, el proyecto de ley del Gobierno del
Partido Popular, insistimos en que es el más adecuado para aprovechar
esos conocimientos, para aprovechar esa eficiencia, esas sinergias y,
desde luego, reiterar con mayor amplitud y contundencia si cabe todavía
lo que es la independencia en el funcionamiento de la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competencia. Y ya entraremos en los detalles
puntuales, señor Lerma, que ha planteado aquí con respecto a las críticas
que usted hace a este proyecto de ley el próximo miércoles, cuando
tengamos ocasión de debatir en el Pleno los vetos.

En sus intervenciones dicen que nos hemos apoyado en el
modelo holandés, que es un modelo que no se había puesto en vigor y que
había sido rechazado por el Parlamento. He de comunicarles que la
autoridad de los consumidores y de los mercados holandeses lleva
funcionando felizmente, según declaraciones de varios líderes, desde el
día 1 de abril de este mismo año y, desde luego, es un organismo a imagen
y semejanza prácticamente del español.

Por ello, señorías, votaremos en contra de estos vetos.

Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías, por su
atención.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Mateu.

Agotado el turno de portavoces de posicionamiento sobre los
distintos vetos, pasaremos a la votación de los vetos en el orden en que
se han ido defendido, aunque los votaremos por separado —antes se
han aglutinado intervenciones, pero votaremos cada veto por
separado—.

La señora letrada va a confirmar las asistencias.

Por la señora letrada se procede a la comprobación de las
señoras y los señores senadores presentes.

El señor PRESIDENTE: Comprobadas las asistencias, entramos
en la votación del veto número 1, presentado por los senadores Jesús
Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes, del Grupo
Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazado.

Pasamos a votar el veto número 2, presentado por la
senadora Ester Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 16; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazado.

Pasamos a la votación del veto número 3, presentado por los
senadores Jordi Guillot Miravet y Joan Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazado.

Pasamos a votar el veto número 4, de la senadora Mónica
Almiñana Riqué, los senadores Francisco Boya Alós, Rafel Bruguera
Batalla, Carlos Martí Jufresa, José Montilla Aguilera, Joan Sabaté Borràs
y la senadora María Jesús Sequera García, del Grupo Parlamentario Entesa
pel Progrés de Catalunya.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazado.

Pasamos a votar el veto número 5, del Grupo Parlamentario
Socialista.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 8; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazado.

Rechazados, pues, todos los vetos, correspondería pasar al
debate de las enmiendas.

Para la defensa de las enmiendas cada grupo proponente
dispondrá en comisión de un tiempo máximo de diez minutos, si quiere
hacer uso del mismo. Insisto, las enmiendas no se votarán en comisión en
tanto en cuanto el informe de la ponencia ya conoció de las mismas con
una propuesta de dictamen del siguiente tenor: La ponencia por mayoría,
con el voto favorable de los ponentes del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado y el voto en contra de los ponentes de los restantes grupos
parlamentarios, acordó aprobar como informe de ponencia el texto remitido
por el Congreso de los Diputados, por lo cual decaían todas las enmiendas
presentadas.

En cualquiera de los casos, pasaríamos ahora a la defensa
de las enmiendas. En primer lugar, enmiendas números 1 a 100, del Grupo
Parlamentario Mixto, senadores José Manuel Mariscal Cifuentes y Jesús
Enrique Iglesias Fernández. ¿Quiere hacer uso de la palabra, senadora
Ester Capella?

La señora CAPELLA I FARRÉ: Las doy por defendidas.

El señor PRESIDENTE: Muy bien.

Para la defensa de las enmiendas número 101 a 141, del
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la senadora Rut
Martínez Muñoz.

La señora MARTÍNEZ MUÑOZ: Gracias, señor presidente.

Quiero señalar que hemos presentado cuarenta y una
enmiendas, todas ellas buscan incrementar la independencia de la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia y mejorar la atribución de las
necesarias competencias a esta para que pueda asegurar una regulación
efectiva e imparcial del sector de las comunicaciones electrónicas en el
marco del mercado único.

En ese sentido, esperamos que el grupo mayoritario que
apoya al Gobierno haga alarde también de la misma altura de miras y de la
misma vocación de diálogo de la que hizo gala en el Congreso de los
Diputados durante su tramitación y que tenga en cuenta los objetivos y
las mejoras técnicas que implican las enmiendas presentadas por mi grupo
parlamentario.

Las doy todas por defendidas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Martínez.

Para la defensa de las enmiendas números 182 a 303,
presentadas por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya,
tiene la palabra el senador Montilla.

El señor MONTILLA AGUILERA: Gracias, señor presidente.

Las doy por defendidas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Montilla.

Pasamos a la defensa de las enmiendas número 142 a 181,
presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència
i Unió. Tiene la palabra el senador Ramón Alturo Lloan.

El señor ALTURO LLOAN: Muchas gracias, señor
presidente.

Muy brevemente, simplemente quiero manifestar que hemos
presentado cuarenta enmiendas, agrupadas en tres bloques: un bloque
destinado prioritariamente a dotar de más autonomía a la nueva comisión
que se va a crear con esta ley. Un segundo bloque, para dotarla de una
mayor independencia, puesto que hay competencias que están traspasadas al
Ministerio de Industria y Energía, por ejemplo, con lo cual entendemos
que tiene que tener más independencia en relación al Gobierno. Un tercer
bloque, como no puede ser de otra forma, es competencial, ya que hay una
serie de artículos que vulneran algunos aspectos importantes que son
competencia de las comunidades autónomas,

Por lo tanto, insisto en lo que he dicho antes, y es que
entendemos este trámite como un acto de buena voluntad. Espero que de
aquí al Pleno se puedan negociar algunas de estas enmiendas que para
nosotros son muy importantes. Deseamos que sea así y no sea un puro
trámite y el día del Pleno no tengamos que decir lo que hemos dicho en
otros proyectos de ley.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Alturo.

Del Grupo Parlamentario Socialista, enmiendas números 304 a
378.

¿Quieren hacer uso de la palabra? (Asentimiento.)

Tiene la palabra el senador Ortiz.

El señor ORTIZ MOLINA: Muchas gracias, señor
presidente.

También voy a ser muy breve. Intervengo a los efectos de
ratificar los argumentos esgrimidos por el senador Lerma, porque, en
definitiva, lo que hacemos desde el Grupo Parlamentario Socialista con
las enmiendas parciales a este proyecto de ley es, por una parte, tratar
de suprimir la práctica totalidad del contenido de dicho proyecto porque
no lo compartimos y, al mismo tiempo, hacer una nueva configuración del
articulado con detalle, orientado fundamentalmente a mantener la
naturaleza de los órganos reguladores y de la Comisión Nacional de la
Competencia, haciendo un esfuerzo de reducción de los mismos, porque de
seis reguladores sectoriales que vienen funcionando en la actualidad, los
reducimos

a tres, quedándose configurados estos en torno a la
Comisión Nacional de la Energía, en la nueva Comisión Nacional de las
Comunicaciones, que supone la desaparición de la actual Comisión del
Mercado de las Telecomunicaciones, de la actual Comisión Nacional del
Sector Postal y del actual Consejo Estatal de Medios Audiovisuales y la
nueva Comisión Nacional del Transporte, que supone la desaparición de la
actual Comisión de Regulación Económica Aeroportuaria y del actual Comité
de Regulación Ferroviaria.

En definitiva, lo que hacemos es prácticamente una
reducción del 50% de los órganos reguladores sectoriales, mantenemos la
Comisión Nacional de la Competencia y lógicamente no se toca
—tampoco lo hace el proyecto— el Banco de España y la
Comisión Nacional del Mercado de Valores. Lo que hacemos en esta nueva
configuración, como decía al principio, es mantener la naturaleza de los
reguladores, reforzando su capacidad de actuación y también su
independencia y salvaguardando, en todo caso, la defensa de consumidores
y usuarios, que nos parece esencial y que ataca de manera muy directa el
proyecto de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Ortiz Molina.

Para el turno en contra, por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el senador José Luis Vallines Díaz.

El señor VALLINES DÍAZ: Muchas gracias, señor
presidente.

Este es un proyecto de ley que curiosamente ha merecido más
número de enmiendas en el Senado que en el Congreso. Seguramente tendrá
algo que ver con la composición de grupos en esta Cámara, distinta a la
del Congreso. Es un proyecto de ley que ha sufrido una gran modificación
en el Congreso merced a 18 enmiendas transaccionales, que han afectado a
41 enmiendas parciales de distintos grupos, incluso algunas de Izquierda
Unida, dentro del Grupo Mixto. Ha afectado a 8 del Grupo Parlamentario
Vasco, a 12 del Grupo Catalán (Convergència i Unió), a 4 de UPyD y a 14
del Grupo Parlamentario Popular, de las 44 que el propio Grupo Popular
presentó en el Congreso de los Diputados. Por tanto, es un proyecto de
ley que no solamente tiene las bases del que aprobó el Gobierno, sino que
además ha sido modificado de acuerdo con la participación de muchos
grupos políticos.

Dicho esto, puedo decir que todas las enmiendas se pueden
agrupar en cuatro apartados. Un primer grupo de enmiendas pretende un
cambio de modelo, como se ha dicho en los vetos, y después se desarrolla
en las enmiendas parciales ese modelo que quiere sustituir al que
presenta el proyecto de ley. Un segundo grupo de enmiendas se refiere a
materias competenciales, es decir, que en el proyecto de ley se señalan
determinadas intervenciones administrativas al Ministerio de Industria,
al Gobierno y otras a la comisión y las enmiendas pretenden restar a los
ministerios en favor de la propia comisión. Un tercer grupo de enmiendas
son materias de competencias de la Administración central del Estado y la
colisión con las comunidades autónomas y pretenden dejar más claro lo que
a mi modo de ver está bien claro y el cuarto grupo de enmiendas se
refiere a las advertencias que en su día hicieron determinados
departamentos de la Comisión Europea.

Sobre el cambio de modelo, el primer grupo de enmiendas,
tengo que decir que modelo por modelo, queremos el nuestro. Por tanto,
todas las enmiendas que se refieren a esta materia van a ser
rechazadas.

En cuanto a las materias competenciales, tengo que decir
que también estamos de acuerdo —aunque ahí podemos admitir algún
matiz y estamos dispuestos, de aquí al Pleno, a intentar llegar a algún
acuerdo en alguna de las enmiendas— con la distribución que se hace
de competencias entre lo que es la Administración central del Estado y
las comunidades autónomas, porque queda claro siempre que es sin
perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas, es decir, la
legislación es nacional, pero sin perjuicio de las propias competencias
que tienen las comunidades autónomas.

En lo relativo a la asignación de las competencias del
Gobierno en relación con la comisión, también estamos de acuerdo, es
decir, se han delegado aquellas competencias que son meramente
administrativas, no las que son regulatorias en sí mismas o
sancionadoras.

Sobre las advertencias hechas por la Comisión Europea,
creemos que se han recogido prácticamente todas, pero puede ser que
alguna, en la que no esté de acuerdo el Gobierno y estemos de acuerdo
nosotros, no se haya tenido en cuenta.

Todo esto me permite decir que vamos a votar en contra de
todas las enmiendas, sin perjuicio de que de aquí al día del Pleno
podamos precisar algunas en las que todavía tenemos alguna posibilidad de
acuerdo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Vallines.

Paso a ofrecer un turno de intervención a cada uno de los
grupos parlamentarios que lo deseen por un espacio máximo de cinco
minutos.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Vasco en el Senado?
(Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya?
(Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió?
(Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Socialista? (Denegaciones.)

¿Grupo Parlamentario Popular? (Denegaciones.)

Agotado el debate de las enmiendas, pasamos a votar el
informe de la ponencia.

Se somete a votación el texto de la ponencia que, como les
leía anteriormente, lo que hizo fue aprobar, con el voto a favor de los
ponentes del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y el voto en contra
de los ponentes de los restantes grupos parlamentarios, como informe de
la ponencia el texto remitido por el Congreso de los Diputados, es decir,
que no se incorporó ninguna enmienda al mismo. En el supuesto de que sea
aprobado, se incorporará al dictamen de la comisión. En el caso de que
fuese rechazado, pasaríamos a votar las enmiendas.

Votamos el informe de la ponencia.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 17; en contra, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el informe de la
ponencia, que se incorporará al dictamen de la comisión junto con las
votaciones de los vetos.

Queda por designar el miembro de la comisión que llevara a
cabo la presentación del dictamen ante el Pleno del Senado.

Como es costumbre, depositamos en esta presidencia la
oportunidad de presentarlo ante el Pleno, salvo impedimento mayor, que
entonces lo haría la vicepresidencia.

¿De acuerdo? (Asentimiento.)

Muchas gracias a todos.

Se levanta la sesión.

Eran las doce horas y cincuenta minutos.