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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 285, de 09/06/2015
cve: DSCD-10-PL-285
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 285
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 268
celebrada el martes,
9 de junio de 2015
ORDEN DEL DÍA:
Modificación del orden del día ... (Página5)
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas:
- Del Parlamento de Cataluña, de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en relación con el sector de la cultura. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 217-1, de 20 de febrero
de 2015. (Número de expediente 125/000018) ... (Página5)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, de creación del impuesto sobre la detracción de rentas en abuso de derecho y de modificación de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B,
número 216-1, de 20 de febrero de 2015. (Número de expediente 122/000193) ... (Página19)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la realización de un estudio sobre lo que ha supuesto el desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, número 666, de 18 de mayo de 2015. (Número de expediente 162/001236) ... (Página28)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la dignificación del salario mínimo interprofesional acercándolo al 60 % del salario medio, tal y como establece la Carta Social Europea. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número
592, de 16 de enero de 2015. (Número de expediente 162/001123) ... (Página37)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el balance de la política educativa del Gobierno durante la presente legislatura. (Número de expediente 173/000216) ... (Página46)
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores Diputados ... (Página54)
Minuto de silencio ... (Página55)
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas y ciudades autónomas. (Votación) ... (Página55)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página55)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página55)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página56)
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Modificación del orden del día ... (Página5)
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con arreglo a lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en la parte correspondiente a
interpelaciones, de tal manera que la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la necesidad de un crecimiento justo, se debata en primer lugar, y la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (señor Quevedo), al
Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre la libre circulación de las obras de arte entre Canarias-Península-Europa-Canarias, se debata en último lugar, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas ... (Página5)
Del Parlamento de Cataluña, de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en relación con el sector de la cultura ... (Página5)
En turno a favor intervienen las señoras Ponsa i Roca, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, y Vallverdú Albornà, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, y el señor Sabaté i Ibarz, del Grupo Parlamentario
Socialista, representantes del Parlamento de Cataluña.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Baldoví Roda y Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Lleonart Crespo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso
y Democracia; Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Solsona Aixalà, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Vallès Vives, del Grupo Parlamentario Socialista, y Gallego Burgos, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página19)
Del Grupo Parlamentario Socialista, de creación del impuesto sobre la detracción de rentas en abuso de derecho y de modificación de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria ... (Página19)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley de la proposición de ley el señor Rangel Tarrés, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Calduch Cervera, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de IU,
ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; y las señoras Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Asian González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposiciones no de ley ... (Página28)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la realización de un estudio sobre lo que ha supuesto el desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia ...
Defiende la proposición no de ley la señora Montesinos de Miguel, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Martín González, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Pérez Fernández y Jordà i Roura, y el señor Errekondo Saltsamendi, del Grupo Parlamentario Mixto; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Lleonart Crespo, del
Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, así como la señora García Álvarez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra la señora Montesinos de Miguel.
Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la dignificación del salario mínimo interprofesional acercándolo al 60 % del salario medio, tal y como establece la Carta Social Europea ... (Página37)
Defiende la proposición no de ley la señora Ramón Utrabo, del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Tardà i Coma, Baldoví Roda y Cuadra Lasarte, del Grupo Parlamentario Mixto; Calduch Cervera, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y la señora Álvarez-Arenas
Cisneros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Campuzano i Canadés, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra la señora Ramón Utrabo.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página46)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el balance de la política educativa del Gobierno durante la presente legislatura ... (Página46)
Defiende la moción el señor Bedera Bravo, del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Sayós i Motilla, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Álvarez Sostres y las señoras Pérez Fernández y Ariztegui Larrañaga, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sánchez Robles, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor
Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; y las señoras García Álvarez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y Moneo Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada vuelve a hacer uso de la palabra el señor Bedera Bravo.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores Diputados ... (Página54)
Minuto de silencio ... (Página55)
La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio por el fallecimiento de don Francisco Antonio González Pérez y don Pedro Zerolo, como muestra de pesar.
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas y ciudades autónomas. (Votación) ... (Página55)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en relación con el sector de la cultura, se rechaza
por 141 votos a favor y 170 en contra más 1 voto telemático, 171.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página55)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de creación del Impuesto sobre la detracción de rentas en abuso de derecho y de modificación de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, se rechaza por 139 votos a favor; 171 en contra más 1 voto telemático, 172, y 1 abstención.
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página55)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la realización de un estudio sobre lo que ha supuesto el desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia, se aprueba por 167 votos a favor, 137 en contra y 7 abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la dignificación del Salario Mínimo Interprofesional acercándolo al 60% del salario medio, tal y como establece la Carta Social Europea, se rechaza
por 131 votos a favor, 168 en contra y 12 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página56)
Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el balance de la política educativa del Gobierno durante la presente legislatura, se rechaza por 137
votos a favor, 166 en contra y 8 abstenciones.
Se suspende la sesión a las nueve de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Se abre la sesión.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento y según lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en la parte correspondiente a las
interpelaciones, de tal manera que la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, que figura en el orden del día con el número 26, pase a debatirse en primer lugar y la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor
Quevedo, que aparece con el número 24, será debatida en último lugar. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). En consecuencia, queda así aprobada la modificación del orden del día.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS:
- DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 37/1992, DE 28 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO, EN RELACIÓN CON EL SECTOR DE LA CULTURA. (Número de expediente 125/000018).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Comenzamos el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, que modifica la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del impuesto sobre
el valor añadido, en relación con el sector de la cultura. Para su presentación nos acompañan tres representantes del Parlamento de Cataluña que integran la delegación que defenderá la proposición de ley, a quienes doy la bienvenida al Parlamento
nacional en este momento.
Como he dicho, para la presentación de la iniciativa va a intervenir, en primer lugar, doña Àngels Ponsa i Roca.
La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Ponsa i Roca): Muchas gracias, presidenta.
En nombre del Parlamento de Cataluña venimos hoy a esta Cámara para pedir por enésima vez al Gobierno español que reconsidere el incremento que hizo del IVA de la cultura en septiembre de 2012. La injusticia practicada con este salvaje
aumento es un clamor en nuestra sociedad y parece insólito que sea el Parlament de Catalunya quien tenga que llegar al extremo de llevar esta iniciativa al Congreso frente a
la falta de sensibilidad del Gobierno del presidente Rajoy, que no responde ni al clamor del sector ni a la lógica macroeconómica surgida del aumento fiscal. Defendemos un sector económico, el cultural, que en Cataluña ocupa a 157.800
personas, con más de 30.000 empresas, pero, por encima de todo, porque estamos convencidos de que la cultura es la capacidad de generar el espíritu libre y crítico entre la ciudadanía. Estamos aquí en representación del pueblo de Cataluña, pero
también en beneficio e interés del sector cultural del Estado español y, por tanto, de todos los ciudadanos que, sean de donde sean, tienen derecho al acceso a la cultura y el IVA al 21% es un obstáculo, a menudo insalvable, tanto para los
emprendedores culturales como para los públicos. De hecho, no venimos solos, venimos en representación y acompañados por una buena parte del sector cultural, a quienes agradecemos de todo corazón su apoyo, porque es una reivindicación conjunta que
hemos trabajado codo con codo con más de cincuenta comparecencias en la Comisión de Cultura y Lengua y muchísimas más reuniones, tanto con el Govern de la Generalitat como con los grupos parlamentarios para demostrarnos cómo y cuánto les ha
perjudicado el incremento del IVA en la cultura.
Queremos remarcar también que venimos después de haber tomado gran cantidad de iniciativas en esta Cámara y con distintas formulaciones. Si lo tengo bien contabilizado, nuestro grupo, Convergència i Unió, ha presentado hasta veinte
iniciativas y también fuera de ellas, en otras instituciones, como las múltiples peticiones que el president de la Generalitat y los consellers de Cultura y Economía han hecho. También el Govern catalán ha tomado un conjunto de acciones para paliar
este incremento en distintas direcciones. De una parte podríamos poner el ejemplo del programa Escena 25, de fomento de nuevos públicos, la Fundació Catalunya Cultura y, más recientemente, la creación de un impuesto sobre la provisión de acceso a
redes para el fomento del sector audiovisual que, dicho sea de paso, esperamos que tengan a bien respetar. Toda esta multiplicidad de acciones, más la que han hecho otros grupos parlamentarios, no han servido de nada; seguimos teniendo una
política cultural española en blanco y negro, como en la época del NO-DO. De hecho, podríamos poner un titular que definiría la acción del Gobierno español en materia de cultura durante estos cuatro años: cómo desculturizar a la ciudadanía y
maltratar al sector cultural. Les aseguro que ni con esta intención lo hubieran podido hacer peor. Nos prometieron una ley de mecenazgo que no han cumplido, una ley de la propiedad intelectual con un canon por copia privada que compensaría a los
creadores y sigue brillando por su ausencia, y por si fuera poco, deleitan a un sector ya bastante perjudicado por la crisis con un insultante 21 % de IVA, que nos imponen sin ni siquiera valorar su efectividad, porque bien saben que no ha producido
ningún efecto positivo, sino al contrario; si su pretensión era recaudar más, ha producido justo el efecto contrario. Que el IVA cultural se mantenga en el 21 % solo se explica o por una testarudez poco inteligente o por una intención consciente
de debilitar determinados colectivos y determinadas sociedades. Si fuera así, el Gobierno español no está entendiendo una cuestión básica, debilitando la cultura no se debilita un sector. La cultura es un hecho constituyente de cualquier sociedad,
y ninguna sociedad puede permitirse no defender la cultura, y no solo por lo que representa el sector cultural, sino por todas las aportaciones que conlleva y que son esenciales y, sin duda, es imprescindible preservarlas. Esta es nuestra firme
decisión y, por esta razón, seguiremos luchando. Seguiremos luchando porque hay un clamor transversal y conjunto de toda la sociedad contra el 21 % en la cultura. Empresarios, trabajadores, autónomos, públicos, nadie defiende, fuera de ustedes, un
IVA del 21 %. De hecho, no debería sorprendernos esta testarudez. Me sabe mal que el señor Wert no esté y no pueda escucharlo, porque es el mismo que nos persigue el català a l' escola sin un argumento razonable.
Quiero acabar recordando unas palabras de Ovidi Montllor que creo que ilustran la ocasión, cuando decía: (Termina su intervención en catalán.-Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Ponsa.
Doña Teresa Vallverdú Albornà.
La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Vallverdú Albornà): Señora presidenta, señoras y señores diputados, nos encontramos ante otra cuestión que pone en evidencia las diferencias entre los objetivos del Parlament de Catalunya
y el Gobierno del Estado. Han sido tantas las decisiones tomadas con gran consenso en Cataluña y que han sido rechazadas sin argumentos claros, que la esperanza que ponemos hoy en la respuesta de la mayoría de este Congreso no es todo lo sólida que
querríamos. Pero la esperanza, señores, es lo último que se pierde. Y como todavía, por poco tiempo, la situación política nos obliga a depender en algunos aspectos de sus decisiones, aquí nos
tienen, dispuestos a defender la necesidad para Cataluña y para todo el Estado de rebajar el IVA cultural al 4 %.
Cuando el Gobierno decidió pasar el IVA de los productos culturales del 8 % al 21 % dio un golpe mortal al sector de la cultura y a la posibilidad de acceso de la mayoría de la población. Los objetivos que el Gobierno decía pretender cuando
aumentaron dicho impuesto no se han conseguido. La mayor recaudación prevista no ha sido tal. Las familias se ven incapaces de aumentar su presupuesto cultural y esta incapacidad recae sobre los operadores culturales. En época de crisis, en que
los ciudadanos dedican sus esfuerzos a las necesidades más básicas, aumentar lo que deben destinar a presupuesto cultural comporta, inevitablemente, apartar a estos ciudadanos de la cultura. Un impuesto, como el IVA, que no tiene en cuenta el nivel
de renta, tiene unos efectos sociales enormes y provoca una reducción drástica del consumo cultural en las franjas con menos ingresos y en una clase media cada vez más empobrecida. El resultado es que la cultura solo es accesible para las clases
acomodadas y se convierte en patrimonio de las élites. Para las empresas y trabajadores del sector cultural las consecuencias son dramáticas, el sector de la cultura está viviendo la crisis más grave que se recuerda. La subida del IVA ha tenido
como consecuencia un empobrecimiento del sector cultural, traducido en pérdida de puestos de trabajo, cierre de salas y frenada brusca de la progresión industrial. Ha visto reducir de manera alarmante su facturación y ha tenido que disminuir
drásticamente el volumen de actividad económica y de ocupación. En consecuencia, se han visto reducidos los ingresos por IRPF y por Seguridad Social. Esta subida, pues, ha tenido efectos negativos sobre la recaudación de Hacienda; efectos
absolutamente contrarios a los que se decía querer conseguir cuando se anunció la subida del 8 al 21 %.
En resumen, el hecho de que se haya apartado de la cultura a una gran mayoría de la población tiene efectos, y todos negativos, en el presente y en el futuro de las personas y en el de un sector clave para el desarrollo de una comunidad
culta y libre. Igualmente, la comparación con los países del entorno muestra que el Estado español nada contracorriente. La media europea está muy por debajo de este 21 %. La medida del Gobierno español, teniendo en cuenta los ingresos medios de
los habitantes, nos deja en una situación de absoluta inferioridad y descompensación y, además, dificulta la competitividad del mercado propio y se opone de manera evidente a las políticas de los países vecinos. ¿Qué es lo que hace, pues, que este
Gobierno siga, a pesar de anuncios unilaterales y rectificaciones posteriores, manteniendo el IVA cultural en el 21 %? Ya que no hay argumentos económicos que apoyen esta subida, ¿por qué no han seguido el ejemplo de los países europeos que
decidieron rectificar? Porque a este Gobierno no le importa que la cultura sea un derecho básico y fundamental, una posibilidad de reconocimiento internacional, el componente esencial de una industria de futuro. Este Gobierno castiga a un sector
que ha mostrado en repetidas ocasiones libremente su oposición a las políticas del Partido Popular. A este Gobierno le molestan la cultura y sus creadores y las consecuencias de tener una población formada, culta, crítica, libre y menos
manipulable. Sus argumentos para mantener el IVA cultural en el 21 % no son económicos, son ideológicos. La cultura solo les es útil si sirve para reforzar una visión uniforme del Estado, pero no quieren oír hablar de creación, de innovación, de
reflexión, de crítica; no quieren oír hablar de progreso ni de libertad.
Venimos a proponer que rebajen el IVA cultural y además, porque estamos convencidos de que tiene una enorme trascendencia en el modelo de comunidad que se pretende conseguir, nuestra demanda es que el IVA para el sector de la cultura sea del
4 %. La cultura debe ser la herramienta que construya y cohesione la sociedad, y necesita un IVA superreducido porque es un producto de consumo básico, esencial e indispensable. Reclamamos un IVA del 4 % porque la cultura es un elemento de primera
necesidad que aporta al individuo y a la sociedad la capacidad de crecer libres. Esperamos de verdad que rectifiquen.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Vallverdú.
Don Xavier Sabaté, bienvenido de nuevo a su casa.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Sabaté i Ibarz): Muchas gracias, presidenta.
Es verdad, esta fue mi casa durante tres legislaturas, así que no puedo empezar sin recordarlo y agradecer las muestras de afecto que han tenido conmigo durante estas horas previas y mi satisfacción personal por poder dirigirme de nuevo a
sus señorías en esta Cámara, representante de todos los pueblos de España y de todos los españoles.
Añadiré alguna consideración más a las que ya han invocado aquí hoy mis compañeras del Parlament de Catalunya. Es cierto -se han dado cifras-, en el sector cultural se ocupan alrededor de 85.000 personas en Cataluña, 850.000 en España, más
de 7,5 millones en toda Europa, pero aparte de eso y desde una perspectiva de izquierdas, señorías, lo que ha sucedido con este aumento del IVA es un atentado a la igualdad de oportunidades para amplias capas sociales. En la medida en que se ha
aumentado el impuesto sobre los bienes culturales, sobre la producción cultural, sobre el consumo cultural, ha habido amplísimas capas sociales -y ya llevamos cerca de tres años- que se han alejado del consumo cultural, de la creación cultural, del
desarrollo de talentos culturales, y eso nos preocupa. Por eso, hemos venido aquí desde el Parlament de Catalunya a pedir que todo esto se tire para atrás. No hemos venido a cumplir un mero trámite, sino a concienciar a sus señorías, sobre todo a
quienes apoyan al Gobierno, que fue el que promovió estas medidas. Deberíamos mimar más a uno de los sectores de nuestro tejido productivo que está conectado a otros sectores como, por ejemplo, el turismo. Tendríamos que desarrollar más entre
todos el turismo cultural, porque España es un país que tiene muchas posibilidades en este sentido y, por tanto, podría añadir valor añadido, valga la redundancia, hoy que se está hablando aquí tanto de valor añadido. Desde nuestro punto de vista,
la cultura, además de ser un bien público, es un derecho, y como todo derecho tiene que ser protegido y no zancadilleado por los poderes públicos; su desarrollo tiene que recibir impulsos, no frenos. Este aumento que se ha producido durante tres
años en España es una medida culturicida y destructiva del sector cultural y, además, empobrece la conciencia individual y colectiva, porque no permite a los ciudadanos ni a los pueblos y colectividades desarrollarse plenamente. Cuando discutimos
esta cuestión en el Parlament de Catalunya, uno de los portavoces dijo: No ha sido el aumento del IVA lo que ha impedido y ha hecho disminuir el consumo cultural, sino que ha sido la crisis. Podría ser, pero, en todo caso, ha sido una medida
añadida. En un momento de crisis, en lugar de aumentar los impuestos culturales, habría que haber hecho lo contrario, dar mayores facilidades para que la cultura fuera ese bien público al que todo el mundo tiene derecho a acceder.
Les pedimos que voten a favor de la medida que hoy les proponemos y, en todo caso, a quienes tengan la tentación de votar en contra, les pedimos que hagan lo que hicieron mis compañeros del Partido Popular en el Parlament de Catalunya,
abstenerse.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Sabaté.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Mixto, señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta, y bienvenidos.
Una de las tomaduras de pelo de este Gobierno ha sido la del IVA cultural, sobre cuya demanda de reducción el Gobierno ha tenido infinidad de reuniones con el sector, y una y otra vez ha prometido, especialmente ante una gala cercana de los
Goya, que sí, que ya, que lo iba a arreglar. Pero el tiempo pasa, la legislatura se agota y el engaño se hace más evidente. No sabemos cuál era el objetivo cuando se impuso el IVA cultural al 21 %. ¿Hacer inaccesible la cultura la mayoría de la
gente? ¿Destrozar un sector industrial bajo el prejuicio de que ideológicamente era más cercano a otros que al Partido Popular? ¿Vengarse del vídeo de la 'ceja'? ¿O todo junto? En cualquier caso, todos los fines son indignos de un Gobierno
democrático e inmerecidos por una sociedad que vivió en la opacidad cultural durante cuarenta años de Dictadura y que reconstruyó la democracia sobre la cultura como pilar fundamental, a sabiendas de su relevancia para que la gente sea libre en sus
decisiones y en su pensamiento. Pero ahora estoy convencido de que -y cito palabras textuales de Rita Barberá, la alcaldesa de Valencia en funciones hasta el sábado, después de la hostia electoral del día 24- antes de acabar esta legislatura el
Gobierno barajará si baja el IVA cultural. Lo triste es que no lo hará ni porque crea que ha de hacerlo, ni como medida para revitalizar el sector industrial, ni para atender la demanda social existente, ni para hacer accesible la cultura a la
gente; lo hará como medida electoralista para lavar su imagen, como ha hecho en la campaña electoral precedente y en la anterior. Han gobernado estos tres años y medio contra la cultura, contra los trabajadores y trabajadoras, contra la sanidad
universal pública, contra las pensiones dignas, contra las personas en situación de dependencia o diversidad funcional, contra el acceso a la justicia, incumpliendo todas, todas, todas sus promesas electorales. ¿Hay alguien que haya podido olvidar
la inolvidable campaña del presidente Rajoy contra la subida del IVA con el Gobierno del PSOE? Los chuches, el sablazo del mal gobernante..., decía.
La industria cultural genera más de medio millón de empleos, supone el 4 % del PIB y, desde que el Gobierno aprobó la subida del IVA, fue como la entrada de un elefante desbocado en una cacharrería: ha caído la recaudación, se han destruido
muchos puestos de trabajo y la recaudación mínima no justifica esta destrucción de puestos de trabajo; es lo contrario de lo que se ha hecho en muchos países de Europa como Alemania, Francia, Italia y Holanda, que tienen un IVA muchísimo más
reducido que el nuestro. Por tanto, votaremos a favor de la toma en consideración de esta proposición y, además, lo haremos completamente convencidos.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.
Por el mismo grupo, señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta. Bienvenidos, diputadas y diputados del Parlament de Catalunya.
Señorías del Partido Popular, en concreto ustedes, incumpliendo el programa electoral en julio del año 2012, aprobaron, con una gran dosis de cinismo, generalizar el incremento del IVA, en particular del IVA cultural, pasando del 8 al 21 %.
Los republicanos, como respuesta, planteamos dos iniciativas. La primera, la creación de un IVA para los productos de lujo del 33 %, porque no es lo mismo comprar un tractor que un Ferrari. En segundo lugar, también propusimos la reducción del IVA
cultural. De hecho, con la creación de este IVA para los productos de lujo, seguro, seguro que se hubiera podido reducir el IVA cultural. Pero las dos propuestas republicanas fueron rechazadas, al igual que lo fueron otras propuestas en este mismo
sentido presentadas por otros grupos parlamentarios. ¿Cuál es la razón? Muy simple: ustedes no consideran la cultura como un producto de consumo básico. Fueron rechazadas porque ustedes no optaron por ir a buscar los recursos mediante la acción
de gravar las rentas del capital y las rentas de las grandes fortunas, sino que eligieron castigar el consumo de las clases populares. En definitiva, política neoliberal al servicio del poder y mamporreros políticos de una minoría, que es la que
concentra la mayor parte de la riqueza. No hay más, aun cuando -y esto es lo que es imperdonable- ustedes conocían la magnitud de las consecuencias: pagar un precio muy alto. En primer lugar, un mazazo a la producción y a la creación artística en
un contexto de recortes presupuestarios de las administraciones públicas, tensión financiera producto de la falta de crédito y también pérdida de competitividad en el ámbito internacional. Y, además, con dos derivadas. Primera derivada:
destrucción del empleo. Segunda derivada: anular el consumo cultural como catalizador de una hipotética recuperación económica. Y, en segundo lugar, segunda consecuencia, segundo precio muy alto a pagar, algo que difícilmente se les podrá
perdonar: lo que, producto de su elitismo y de su clasismo, se llama fractura cultural. Porque ustedes, ¿qué es lo que han hecho? Ustedes han abortado el proceso iniciado de acceso de las clases populares al consumo de cultura, porque a los que
ya tenían adquirido el hábito por su renta económica o por su herencia cultural, a estos no les afectó. ¿A quién afectó? Afectó a quienes todavía no habían adquirido el hábito de poder acceder al consumo cultural. De hecho, estamos hablando de
los sectores de la ciudadanía que se hallaban en el tránsito hacia su conversión, repito, en consumidores de productos culturales. En definitiva, fractura cultural; o, lo que es lo mismo, fastidiar el progreso, por no utilizar un verbo que empieza
por la letra jota.
Y, finalmente, otro mazazo a las culturas minoritarias, todas aquellas vehiculadas en lengua catalana, gallega o euskara. Ustedes, como solamente responden al grito de ¡clasismo y cierra España!, deberían saber que si sus políticas
culturales y fiscales hacen que la lengua española, hecha en castellano, sufra, imagínense lo que representa su política cultural respecto a aquellas culturas que son vehiculadas a través de lenguas que todavía no tienen garantizada su
supervivencia. Si ustedes ponen en jaque a la cultura española hecha en castellano, este jaque se torna quizás en mate respecto a aquellas otras lenguas minoritarias. Pero ustedes no están por la labor. De hecho, ustedes no soportan la cultura en
castellano, les da miedo, todavía son cautivos de aquella idea franquista de que la cultura es peligrosa, que la cultura atenta contra el statu quo. Pues resulta que si ustedes no soportan la cultura hecha en lengua castellana, si le tienen miedo a
la cultura hecha en lengua castellana, ¡cómo no va a asquearles la cultura que se hace en las lenguas catalana, gallega o euskara! Esta es la razón. Por esto, nunca les vamos a perdonar lo que están haciendo y espero que pronto estén en la
oposición para que la cultura pueda respirar un tanto.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Tardà.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.
En nombre del Grupo Vasco, doy también la bienvenida a los representantes del Parlamento de Cataluña.
El Parlament de Catalunya trae hoy a la Cámara una proposición de ley con el objetivo de que el Gobierno cambie la Ley 37/1992, aquella que hizo que en sus posteriores cambios subiera el IVA cultural. Evidentemente, todos sabemos de lo que
estamos hablando porque los compañeros que aquí han hablado lo han dejado claro. Por lo tanto, el aumento del IVA a las prestaciones de los servicios de carácter cultural es lo que subió drásticamente por medio de ese real decreto; decisión que
quedó plasmada en el Real Decreto 20/2012, de 31 de julio. Evidentemente, no es la primera vez que acudimos a esta tribuna a hablar de esto. En Comisión, en Pleno, lo hemos tratado muchas veces y creo que a excepción del Grupo Parlamentario
Popular, todos los demás hemos argumentado los mismos contenidos, los mismos argumentos y las mismas críticas, y hoy no cambiaremos porque seguimos pensando lo mismo, porque sería de dudar si hoy cambiáramos de argumento.
Evidentemente, mi grupo está de acuerdo con la proposición que trae el Parlament de Catalunya por varios motivos que trataré de explicar y que sustancialmente diferirán muy poco de los argumentos que otros grupos hayan dado o puedan dar con
posterioridad a mi intervención. El Gobierno ha tomado dos medidas, digamos, de carácter económico o fiscal que han incidido directamente en dos líneas de flotación: en el tema cultural y en el tema sanitario. La subida del IVA cultural y el
famoso real decreto de elementos de temas sanitarios que tantas veces hemos tratado. Los dos fueron elementos drásticos con un objetivo economicista puro y duro, criticable, pero economicista. Además, si hubieran tenido el resultado que esperaban,
nos tendríamos que haber callado; pero ninguna de las dos medidas ha obtenido los resultados que el Partido Popular pretendía, es decir, hacer caja. No lo han conseguido. Por tanto, la pregunta que nos hacemos es por qué el Gobierno tomó esta
decisión tan dura y perjudicial, exactamente la del IVA cultural o la del IVA para los espectáculos culturales, que lo que ha conseguido en el fondo ha sido destruir puestos de trabajo y desincentivar tanto la creación como la producción de
actividades culturales, así como un elemento que seguramente es el más importante, la motivación de los espectadores, generando una espiral negativa que ha acabado paralizando la gran actividad cultural que se daba hasta ahora.
El beneficio cultural a su vez tiene detrás una industria cultural, porque la cultura no es solamente algo espontáneo; hay toda una industria que se genera en torno a la misma. Esta medida ha pegado en la línea de flotación de ambas. Hoy
por la mañana el secretario de Estado de Cultura hacía en su intervención, por arte de birlibirloque, una especie de juego malabar hablando de que el 70 % de la actividad cultural del Estado español gira en torno al libro, que tiene un IVA mucho más
bajo. ¿Qué es lo que pretende? Dejémonos de juegos, dejen el IVA del libro donde está. Estamos hablando del IVA de los espectáculos culturales que está perjudicando seriamente a toda la actividad en música, artes escénicas y cine
fundamentalmente. Voy a dar unos datos. En cuanto al cine, desde la implantación del IVA, la afluencia ha descendido un 21 %. Sé que alguien va a decir que como el año pasado una película en concreto ha funcionado perfectamente, de maravilla,
superando todas las perspectivas, se ha elevado el porcentaje. Estamos encantados de que eso haya elevado las cuotas de afluencia al cine, pero es un dato interesante que poco o nada tiene que ver con las medidas que se tomaron. La caída de la
taquilla fue del 45 %; se cerraron más de 25 locales de cine, 150 salas; se perdió un 13 % de empleo directo y, según datos del ministerio -son los datos del ministerio los que lo corroboran, no los que el Grupo Vasco se haya inventado de
repente-, lo del teatro es más drástico. Se pierde un 33 % de recaudación, se pierden 1.500 puestos de trabajo directos, se han dejado de ingresar unos 700.000 euros más o menos en derechos de autor e IRPF, 3,6 millones por desempleo, 2 millones de
cotización a la Seguridad Social y 2,3 millones del impuesto sobre sociedades. Todos los empresarios teatrales redujeron la contratación casi en un 50 %. En música también tenemos datos parecidos o peores. Imagínense que hace poco hemos tenido
hasta un día sin música, en protesta por todo esto que está llevando a una situación dramática a un montón de empresarios que se tienen que arriesgar a generar una actividad, e incluso han tenido que bajar la base imponible para que con el aumento
del 21 % del IVA las entradas a los espectáculos musicales fueran mínimamente asequibles a la ciudadanía. La facturación bruta musical descendió un 20,53 %. Son datos que da la gente que vive de ello, y que el ministerio conoce: unos 42 millones
de euros en pérdidas.
Podemos dar datos, datos y datos, incluso emplear todo el turno dando datos, pero ya los saben ustedes perfectamente. Se trata más de una cuestión de criterio: ¿Qué es lo que se buscaba? Quiero que el representante del Grupo Popular
cuando suba aquí diga: Mire, todo lo que usted dice es verdad pero hemos recaudado esto, esto y esto, y ha sido beneficioso. No lo va a poder hacer porque no es así. El
coste de esa recaudación es brutal, tanto en empleos como en cierres de salas, en ausencia de conciertos, en imposibilidad de hacer giras, en impedimentos para compañías teatrales y producciones cinematográficas. Además, parece ser que el
ministro de Hacienda de España es el hechicero más experto de toda la Unión Europea, porque se ha saltado las recomendaciones de todos los expertos, de los cuales -perdone que lo diga- me fío más. El IVA cultural o de espectáculos culturales en
Noruega es del 0 %, en Suiza del 2,5 %, en Bélgica y Holanda del 6 %, en Francia del 5,5 % y en Alemania del 7 %. Cuando países como Francia, Holanda o Portugal vieron que las consecuencias de la crisis eran negativas rebajaron el IVA, mientras que
España lo que hizo fue subirlo. El señor Montoro es un mago, ya lo sabemos; pero sobre este economista alquímico, que supera en conocimientos y predicciones a países como los citados, vistos los resultados, verdaderamente no sé qué pensar. Lo
peor -lo cité en su momento también- es que el Ministerio de Cultura no dice ni mu. El Ministerio de Cultura es el encargado de ello pero, como manda Hacienda, el Ministerio de Cultura obedece, y viendo cómo se están desangrando producciones
culturales que con un IVA normal hubieran podido seguir adelante. La crisis dejó tocada a la industria y a los espectáculos, y el IVA, en vez de ser un elemento paliativo que ayudara a sobrevivir, como ocurrió en otros países europeos, lo que ha
hecho es rematarlos, dejarlos KO. En el fondo -alguien lo citaba- lo peor es la desincentivación y la desmotivación de los futuros públicos, que ya no consumen productos culturales porque no pueden pagarlos. Como no pueden pagarlos, buscan la
forma de conseguirlos, porque la gente quiere consumir cultura. Entonces, ¿qué ocurre? Que entra la piratería, las cosas ilegales, la forma de acceder ilegalmente, porque legalmente es imposible, ya que no hay bolsillo que lo permita.
Acabo ya, señora presidenta, para decir que apoyaremos la medida que plantea el Parlament de Catalunya. Como no es la primera vez, reitero que adoptar una medida correctora a tiempo es mejor que no tomarla. Por lo tanto, espero que antes
de que acabe la legislatura el Gobierno termine por lo menos un mandato y no lo deje para el siguiente.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Agirretxea.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Lleonart.
El señor LLEONART CRESPO: Muchas gracias, señora presidenta.
Seré breve, señorías, porque, aunque el asunto es de elevadísima importancia, no quisiera que el debate se alargase, puesto que considero que la mayoría de grupos de esta Cámara coincidiremos en nuestra evaluación de la iniciativa. Ojalá no
seamos solo una mínima mayoría, sino la más amplia de las mayorías.
Esta proposición de ley que se nos trae aquí desde el Parlamento de Cataluña es una reivindicación que se ha ido produciendo a lo largo y ancho de la legislatura. Cuando digo largo me refiero a que se produjo desde el mismo instante en que
el Gobierno decidió subir el IVA cultural; si digo ancho se debe a que es un tema que se ha traído a esta Cámara en todas sus posibilidades y condiciones (preguntas por escrito al Gobierno, proposiciones no de ley, mociones, en Comisión y en
Pleno). Se ha pedido por varios grupos parlamentarios a través de multitud de solicitudes de toda índole, en reuniones con colectivos civiles y empresariales, para los que esta medida que aprobó el Gobierno dilapidó las posibilidades de futuro de
sus negocios y para aquellos colectivos que han visto reducido su derecho al acceso a la cultura. Por ello, han sido los cineastas, técnicos de audiovisuales, actores, actrices de teatro y de cine, colectivos relacionados con las salas de cine,
asociaciones de tablaos flamencos, músicos y productoras de gran y pequeño tamaño los que nos han solicitado que hagamos llegar su voz a esta Cámara.
Aunque el Gobierno todavía no ha dado señal alguna de haber entendido la situación, he de recordar que estamos hablando de cultura, de un derecho constitucional, y que después de la subida del IVA han dejado a España como el farolillo rojo
de la Unión Europea respecto al acceso a la cultura, ya que, gracias a ustedes, nuestro país ostenta el sistema impositivo más elevado de toda la Unión Europea. A estas alturas de la película, del libro, con un 4 % en formato de papel y un 21 % en
formato electrónico -siendo que el Gobierno ya aprobó, a propuesta de UPyD, igualar el IVA electrónico al IVA en papel en el caso de los libros-; a estas alturas de la obra, de la historia, parece increíble que el Gobierno no se dé cuenta de que la
cultura es la antesala de la educación, y a eso se debe aspirar: a una sociedad con mayores posibilidades, con mayor calidad de vida. Para ello es imprescindible la cultura, ese sector que ya se vio gravemente afectado por la crisis y al cual el
Gobierno dio la puntilla en 2012 con la subida de impuestos.
Para finalizar, en mi Grupo Parlamentario de UPyD siempre se ha entendido que hay que hacer una gestión eficiente de los recursos, por ello existen algunas medidas regresivas del Gobierno que pueden llegar a ser entendibles o justificables,
aunque nunca deseables. Mientras el Gobierno dé la espalda a la verdadera lucha contra el fraude -recordemos que España cuenta con la mitad de la media de inspectores de Hacienda que el resto de los países de nuestro entorno-; mientras el Gobierno
se decida a realizar regulaciones fiscales -disculpen, me corrijo para que no lo haga la vicepresidenta del Gobierno, que no está aquí, amnistía fiscal-; mientras todo esto ocurra, siempre apoyaremos aquellas iniciativas que vayan dirigidas a la
reducción del IVA cultural. Por ello, anunciamos el voto a favor de esta toma en consideración de la proposición.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Lleonart.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señora presidenta. (Continúa su intervención en catalán).
Esta es una proposición de ley que se defiende por sí sola en su exposición de motivos y por las razones explicitadas en este momento. Son tantas las veces que hemos tenido la oportunidad de hacer este debate que cuesta incorporar más
argumentos. Argumentos frente a votos es lo que hemos tenido hasta ahora. Por eso quisiera utilizar mi intervención, la del Grupo de La Izquierda Plural, para poner en contexto esta iniciativa en el ámbito de la irracional y clasista política
fiscal de este Gobierno. Señorías, si hay algo que identifica bien la orientación de un Gobierno son sus políticas fiscales, aunque desgraciadamente en España durante algún tiempo la fiscalidad ha sido el gran espacio de indistinción política, y el
resultado lo tenemos en estos momentos: un sistema fiscal que desde 1993 ha perdido su capacidad, su función de reducir las desigualdades. Hoy tenemos un ejemplo de eso, porque actualmente hablamos de la cultura no solo como un sector económico
sino sobre todo como un derecho y de cómo un IVA del 21 % dificulta el acceso de una buena parte de la población a ese derecho básico que es el de la cultura. Desde esa perspectiva insisto en que es muy importante que todos los grupos de esta
Cámara tengamos presente que estamos discutiendo alguna cosa más que un tipo de un impuesto indirecto que es el IVA. Estamos discutiendo sobre un modelo de sociedad, estamos discutiendo sobre qué tipo de sociedad queremos y qué papel juega la
cultura en esa sociedad.
Hoy nuestro sistema fiscal incumple las tres exigencias del mandato constitucional: ni es suficiente, ni es equitativo, ni es eficiente. No es suficiente; al contrario, es claramente insuficiente en su capacidad de recaudación. Han
desaparecido ya los ingresos, la grasa fiscal que facilitó la burbuja especulativa, y hoy nos encontramos con la cruda realidad de un sistema fiscal cadavérico que ingresa 8 puntos del PIB menos que la media de la Unión Europea, un diferencial de
80.000 millones de euros menos cada año; 80.000 millones de euros menos cada año que bien podrían ser utilizados, por ejemplo, para incentivar las industrias culturales y, por lo tanto, el acceso de los ciudadanos a la cultura. Desgraciadamente
eso no lo permite un sistema fiscal insuficiente. Además es profundamente inequitativo, porque el sistema fiscal ya desde 1993 -especialmente a partir de las políticas de este Gobierno, incumpliendo sus promesas pero sobre todo yendo en la
dirección contraria a la que necesita este país- ha aumentado los impuestos, pero no todos ni a todos los ciudadanos. Lo ha hecho de manera profundamente injusta, castigando fundamentalmente las rentas salariales y haciendo subidas de impuestos
indirectos tan injustas como la del IVA cultural. Insisto en esa cuestión porque hoy a un trabajador y a una trabajadora en este país se les castiga doblemente: aumentando sus impuestos directos en forma de más IRPF sobre el salario y al mismo
tiempo dificultando el acceso a un bien básico como es el de la cultura, en definitiva poniendo trabas al acceso al derecho a la cultura.
Además de ser insuficiente e inequitativo, nuestro sistema fiscal es profundamente ineficiente, porque los impactos que está provocando en la economía en términos de ineficiencia son brutales. Hoy tenemos un ejemplo concreto, y no solo de
manera coyuntural como consecuencia del impacto que el IVA ha tenido junto a otros elementos en el marco de una crisis para reducir la actividad de un sector económico clave. En estos momentos deberíamos estar pensando en España cómo se incentiva
un cambio de modelo productivo, cómo se consigue generar sectores económicos de calidad, cómo se consigue salir solo del turismo estacional, del turismo de temporada. En ese término, el factor de la cultura, que no lo veo como subsidiario sino en
todo caso como un elemento claramente complementario, debería jugar un papel muy importante. Si hay algún yacimiento futuro de empleo para el siglo XXI, además del de acceso a los
derechos sociales y los temas medioambientales, es la cultura como un gran yacimiento de empleo de calidad. Este Gobierno y el Grupo Popular que lo sostiene hacen es exactamente todo lo contrario, obviando la propia naturaleza jurídica y
política de la cultura. Cuando analizamos las medidas adoptadas con relación al IVA vemos claramente que en general el tratamiento que han hecho el señor Montoro, el Gobierno y el Partido Popular de la subida del IVA ha sido tratar a determinados
sectores no como lo que son, un derecho, sino puramente como un bien y una mercancía. Es verdad que el sector cultural es económicamente importante, pero es algo más que un sector económico. No es lo mismo producir coches o yates de lujo que
cultura. No debería ser lo mismo, a pesar de que desgraciadamente en muchas ocasiones eso se olvida. La cultura como derecho que permite abrir las puertas, junto a la educación, a otros derechos básicos está siendo maltratada por este Gobierno, y
lo es también en este caso con el aumento del IVA al sector de la cultura. Por eso los argumentos coyunturales son muy importantes, sin duda, porque están llevando a la ruina a muchos sectores, a muchas empresas, a muchas iniciativas que se han
tirado años, décadas intentando construir proyectos culturales para que luego llegue una subida del 8 % al 21 % en el IVA y les castigue a una situación en muchos casos de economía sumergida, cuando no de desaparición. Siendo importantes los
factores coyunturales quiero insistir en el factor estructural, determinante, por el cual creemos que el tratamiento del IVA al sector de la cultura debería ser el del IVA superreducido. No entendemos las razones, porque no se han dado. En el
Parlament de Catalunya la portavoz del Partido Popular dijo lo siguiente, que la prueba de que el Partido Popular atendía a la cultura es que una parte de esa cultura, la del sector de los libros, está gravada con el IVA superreducido del 4 %. Es
cierto, pero eso hace aún más incomprensible que el resto del sector cultural, de actividades culturales, esté sometido a ese IVA del 21 %. Mi pregunta al Grupo Popular es la siguiente: ¿Por qué una historia en forma de libro está gravada con un
IVA del 4 % y si esa misma historia se convierte en un guión cinematográfico o en un espectáculo, en una obra de teatro, tiene que estar gravada con el 21 %? No lo entiendo, como no entiendo nada de los criterios que ha establecido este Gobierno
con relación al IVA.
Permítanme que les haga una excursión por la irracionalidad de lo que ustedes han aprobado con un ejemplo muy concreto. Si este verano un servidor decide utilizar su tiempo de ocio y se va a un establecimiento balneario, pagará por estos
servicios el 10 % de IVA. Si en ese establecimiento o balneario utilizo los servicios de un guía de actividades deportivas pagaré un 21 %. Si soy más sedentario y me intereso por una sala de arte pagaré el 10 %. En cambio si mis inquietudes
culturales van dirigidas al teatro, al cine, a un concierto, a la música o al circo pagaré un 21 %. Si me quedo en el balneario y me compro un libro pagaré el 4 %, pero si tengo la costumbre de leer en un libro electrónico pagaré el 21 %. ¿Se
puede tener más irracionalidad en la determinación del tipo del IVA? Sí, y ustedes lo han conseguido aplicando un IVA del 10 %, por ejemplo, a un sector como el de las importaciones de objetos de arte, antigüedades y colecciones. Ese es el
concepto que tienen ustedes de lo que son los impuestos. ¿Qué explicación tiene eso? Muy sencilla, la determinación del IVA en el caso de la cultura se ha hecho por dos criterios: uno, el general, el del lobby. El IVA está determinado en función
de cada uno de los lobbies, y aquí lo hemos visto en alguna ocasión, por ejemplo, en el debate sobre las actividades hortofrutícolas. El que tiene lobby y el que consigue hacerlo vencer logra que el Gobierno le haga caso; el que no, o ha
conseguido suscitar las iras del Gobierno, como es el sector cultural, parece que obtiene no solo un desprecio sino el castigo.
Voy a utilizar un único argumento en el terreno de ustedes, del Partido Popular, son ustedes de palabra los mayores constitucionalistas del mundo, los mejores defensores de la Constitución española, pero les quiero recordar el artículo 9.2
de esta Constitución española, que dice lo siguiente: 'Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas'. Eso, cuando se lleva
al ámbito del sistema tributario y a la regulación del IVA supone no gravar el IVA del sector cultural con el 21 %, sino aplicarle el tipo superreducido. Ustedes no lo hacen porque, desgraciadamente, como nos han demostrado en muchas ocasiones, son
ustedes unos constitucionalistas a tiempo parcial, ya que de la Constitución solo les interesa un cosa: la unidad de destino en lo universal. Y la unidad de destino en lo universal nunca se ha llevado bien con la cultura, y ustedes son hijos de
esos ancestros. Lo siento, pero es así. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Coscubiela.
Por el Grupo de Convergència i Unió, señor Solsona.
El señor SOLSONA AIXALÀ: Gracias, señora presidenta. (Comienza su intervención en catalán).
Señorías, estamos otra vez debatiendo una cuestión importante para el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, como demuestran las distintas iniciativas parlamentarias, como ha dicho la diputada Àngels Ponsa; ya son veinte en esta
legislatura en todas sus diferentes versiones: proposiciones no de ley en Comisión, interpelaciones, mociones consecuencia de interpelaciones, diversas preguntas al Gobierno en Pleno. Es decir, lo hemos intentado por todos los lados, sobre todo
porque es un tema que desde que el Gobierno decidió su implantación consideramos que era una decisión errónea, injusta, desproporcionada, desorbitada en su globalidad. Aprovechamos que el Parlament de Catalunya trae a esta Cámara esta proposición
de ley para señalar que plantea lo mismo que nosotros hemos propuesto por activa y por pasiva durante estos años, y nos hemos encontrado siempre con un muro y con la sensación de no ser escuchados. Por tanto, a veces pensamos que estamos en el
Congreso del no, del no a cualquier iniciativa que quiera minimizar el impacto de medidas fiscales en el mundo de la cultura y también en otros aspectos que ahora no vienen al caso.
Nos encontramos a dos años y medio de la subida desproporcionada del IVA al 21 % sobre bienes y servicios culturales. Es una medida que en este tiempo ha significado un auténtico vía crucis para el sector cultural, con consecuencias
sangrantes como lo han venido demostrando los distintos estudios e informes del sector y los datos económicos: destrucción de empleo, cierre de empresas y caída en picado del consumo de productos culturales. Sobre estos datos se ha hablado ya en
muchas ocasiones. De hecho, posiblemente la necesidad de que se produzca una rebaja en el IVA aplicado a productos y bienes culturales es una demanda ya de todos los grupos de esta Cámara, de todos excepto del que da apoyo al Gobierno. Por lo
tanto, es una demanda con la que todos estamos de acuerdo, como lo demuestra, si sumamos a las veinte iniciativas parlamentarias de Convergència i Unió la de todos los grupos parlamentarios, que quizá sea el tema de esta legislatura que más
iniciativas parlamentarias ha suscitado. Desde septiembre de 2012 nuestro grupo parlamentario ha reclamado una bajada del IVA cultural y además su armonización con el que grava los productos y actividades culturales con el resto de Europa. Lo
hemos hecho de forma insistente y haciéndonos eco de las voces que desde todos los ámbitos del sector pedían dicha bajada (artistas, músicos, promotores de conciertos, compañías de teatro, representantes de las salas de cine, promotores de cine);
en definitiva, de un amplio abanico de nuestras industrias culturales, así como desde el punto de vista de los consumidores, porque esta subida del IVA dificulta el acceso a la cultura. No podemos olvidar, como ya se ha dicho, que la Constitución
española, esa Constitución que tanto se tiene que cumplir, protege en su artículo 44 el acceso de los ciudadanos a la cultura. Esta subida desproporcionada del IVA dificulta, en consecuencia, el acceso a la cultura a un sector concreto de la
población, a aquel que desde el inicio de la crisis económica -con la que seguimos luchando- más sacrificios se les ha exigido. Se trata, además, de un sector amplio de la población, lo que explica el enorme descenso del número de espectadores en
todos los espectáculos de cultura en vivo, ya sea teatro o conciertos de todo tipo y en las salas de cine y la consecuente caída en picado de la recaudación.
Fue sorprendente que a principios del año pasado se rebajara el IVA para la compraventa de arte, un mercado que no resulta especialmente representativo y que afecta a una franja muy concreta de la población. Al mismo tiempo, aparte de
incomprensible, pese a tímidos anuncios de una posible reducción del tipo impositivo del IVA aplicado a los servicios y productos culturales, no se entiende que el Gobierno se mantuviese inmóvil y condicionara la rebaja del IVA a que la economía
mejorara. Por tanto, era la subida temporal del IVA. Bien, puesto que actualmente el Gobierno nos habla reiteradamente de recuperación y de crecimiento económico, consideramos que esta proposición de ley del Parlament de Catalunya llega en un
momento adecuado. Si la condición era la mejoría de la economía y el Gobierno no deja de hacer propaganda de que esta mejoría y los resultados económicos colocan a España a la cabeza del crecimiento europeo, se puede bajar ya el IVA. Si la
coherencia fuese un valor, este sería hoy aceptar la toma en consideración de esta proposición de ley y articular los mecanismos para la rebaja del IVA.
Vamos a votar favorablemente la toma en consideración de esta proposición de ley, que aún va más allá de nuestra habitual reclamación de IVA reducido para la cultura. En la proposición se pide el IVA superreducido, aplicándose el 4 %.
Creemos que este es el momento de aplicar una medida de tan envergadura y darle un empuje al sector de la cultura, no solo a las empresas del sector cultural por el peso indiscutible que suponen en la economía del país, sino también por la creación
de empleo de calidad que llevan asociadas. (La señora vicepresidenta, Monserrat Monserrat, ocupa la Presidencia). No solo es por eso, sino por una cuestión de higiene democrática en temas como las
entradas a museos, galerías de arte, pinacotecas, teatros, circos, conciertos de ópera o de música popular, espectáculos musicales, proyecciones cinematográficas, así como el acceso a monumentos, yacimientos y parques naturales, en
definitiva el acceso a la cultura, que es lo que se debe proteger y defender.
Estamos en 2015. La legislatura llega a su fin y seguimos igual que hace tres años. Económicamente, según el Gobierno, vamos mejor; por lo tanto, han cambiado las cosas. Seguimos escuchando continuamente declaraciones del Gobierno que
nos pueden llevar a confusión y que mantiene al sector cultural en vilo, a la expectativa, lo que supone que determinadas decisiones que desde el sector cultural se podrían tomar queden en stand by, porque no hay concesión y hay una cierta
inseguridad y paralización para poder hacer inversiones en el campo de la cultura. Recordemos que la subida de 13 puntos del IVA llegó en un momento especialmente crítico para el sector cultural, ya que, además de la crisis generalizada que sufría
la economía con el descenso del consumo en todos los ámbitos, el sector cultural tenía que luchar con problemas específicos junto a la desaparición de gran parte de las ayudas de distintas administraciones debido al efecto de la crisis económica, a
la falta del acceso al crédito de las empresas e industrias culturales y a la falta de impulso efectivo también del mecenazgo, otro tema reivindicado por nuestro grupo durante todos estos años.
El sector cultural representa prácticamente el 4 % del producto interior bruto de la economía. Por otra parte, resulta una obviedad -no podemos dejar de recordarlo otra vez- lo que dice el artículo 44. Por lo tanto, tenemos la ocasión en
esta proposición de ley de aprovechar y dar trámite y credibilidad a una concepción de que, cuando decimos que las cosas son temporales, el tiempo -concepto temporal indeterminado- no es eterno. Esperemos que se pueda concretar en esta medida.
Aprovechamos esta proposición del Parlament de Catalunya para poder retomar el rumbo de lo que sería el fomento de la actividad cultural en nuestro país.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Solsona.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Vallès.
El señor VALLÈS VIVES: Muchas gracias, señora presidenta.
Quisiera empezar, si me lo permiten, mi intervención esta tarde expresando el profundo dolor, personal y de todo el Grupo Parlamentario Socialista, por la triste pérdida de Pedro Zerolo. (Aplausos). Sirvan estas palabras para reconocer su
ejemplo de lucha comprometida, coherente y desacomplejada por la igualdad, los derechos civiles y las libertades de millones de personas de este país. Esta casa, el Parlamento, y el conjunto de la sociedad le deben mucho a su figura y a su lucha.
Su pasión, su perseverancia y su integridad han hecho que este sea un país mejor, un país más justo y un país más digno. Hay huellas, señorías, que no se borran y legados que no se olvidan, y el suyo es uno de ellos. Compañero, ya te echamos de
menos.
Señora presidenta, senyors comissionats del Parlament de Catalunya (Continúa su intervención saludando en catalán), quisiera empezar agradeciendo la presentación de esta iniciativa por parte de los representantes del Parlament de Catalunya y
avanzarles ya de entrada que desde el Grupo Socialista vamos a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley. Lo hacemos porque compartimos su preocupación y sus planteamientos, porque lo cierto es que, desde la aprobación por el
Gobierno del Partido Popular en el año 2012 del aumento de 13 puntos del IVA de productos y servicios culturales, se ha constatado el duro golpe que esta medida ha asestado a la industria cultural. Esta ha sido, sin duda, una mala decisión, una
mala decisión por los efectos letales que ha tenido en el hundimiento de la actividad cultural, por los efectos nocivos que ha provocado sobre el consumo y, como se ha demostrado también, por su ineficacia como instrumento de recaudación fiscal, que
ha sido la principal justificación del Gobierno a este disparate. Fíjense si ha sido mala esta medida que, además de pulverizar a todo un sector, han sido incapaces de aumentar la recaudación. ¿O es que de verdad creían ustedes, señores del
Partido Popular, que con esta subida de impuestos iban a contribuir a recuperar la economía? ¿De verdad creían que así iban a crear empleo? ¿No pensaron ni por un momento que pasando del 8 al 21 % del IVA la consecuencia inmediata iba a ser el
hundimiento de todo el sector? Una subida de 13 puntos, señorías, no sirve ni como argumento económico para justificar un despropósito de esta magnitud. Destruyen el sector cultural y encima recaudan menos. ¡Impresionante, señorías,
impresionante, señorías!
Ustedes han puesto el IVA cultural más alto de toda Europa y lo han hecho en un momento en el que el consumo interno está bajo mínimos. Con su decisión han provocado el incremento de un 13 % de los
precios y, por consiguiente, una pérdida de espectadores en todo tipo de espectáculos. Ustedes han ahogado un sector que representa el 3,5 % del PIB y el 2,6 % del empleo en nuestro país. Señorías, en julio del año pasado las empresas
culturales españolas enviaron una carta al presidente del Gobierno informándole del impacto de sus medidas: pérdida de empleos, pérdida de la capacidad de producir, pérdida de tejido empresarial, de talento local e, incluso, emigración de muchos
creadores. Sus políticas han fulminado las esperanzas y las expectativas laborales de carpinteros, de pintores, de electricistas, de maquilladores, de guionistas, de músicos... Las cifras son dramáticas: más de 150 salas cerradas en los últimos
años; tres de cada cuatro actores y actrices sin trabajo y el 68 % de ellos ni siquiera puede vivir dignamente de su profesión. Eso por no hablar de los museos.
Esa es la cruda realidad, señorías. Más del 30 % de caída del consumo y pérdida de tejido empresarial, lo que se traduce en un aumento del paro y de la precariedad laboral. Todo ello ha mermado considerablemente la capacidad de producir
nuevos contenidos culturales y ha contribuido, tristemente, a la degradación de un sector cuya producción era aclamada y aplaudida en todo el mundo y que constituía un valor muy importante de proyección exterior. Además, según datos de la
Federación de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza, solo en el primer año de aplicación de la subida del IVA la recaudación de los servicios culturales bajó más del 26 % dejando de ingresar, en consecuencia, más de 84 millones de euros. Cerca
de 4 millones de espectadores -el 29 %- han dejado de asistir regularmente a espectáculos. Se han perdido más de 1.800 puestos de trabajo directos, con un coste de desempleo mucho mayor que lo recaudado con la subida del IVA, en torno a 14,5
millones de euros durante el primer año. O sea, como les decía antes, que desde el punto de vista del interés económico esta medida ha sido también una ruina.
Los datos son escalofriantes y, sin embargo, el Gobierno sigue impertérrito. ¿Saben por qué? Porque esta no ha sido únicamente una decisión fiscal y económica. Esta ha sido una medida ideológica del Partido Popular, porque en el fondo a
ustedes la cultura les incomoda. Ustedes conciben la cultura como un entretenimiento y no como un derecho, pero generar cultura, generar conocimiento, generar pensamiento crítico y difundirlo es apostar por una sociedad más democrática. Ustedes
han hecho todo lo contrario: han subido 13 puntos el IVA de una tacada, han reducido los presupuestos públicos destinados a la cultura y han retrasado incomprensiblemente la aprobación de la ley de mecenazgo, un hachazo a la cultura sin
precedentes, una decisión que ha empobrecido culturalmente al país y que, sin duda, les va a pasar factura.
Un Gobierno comprometido con la cultura debería hacer todo lo posible por revertir esa situación y, aunque son muchas las voces que en el Partido Popular se han mostrado de acuerdo con la bajada del IVA cultural -por citar alguna de las más
sonadas, la de la propia vicepresidenta del Gobierno hace apenas un año-, los hechos demuestran todo lo contrario. Yo les pido, señores del Partido Popular, que si realmente piensan, que si realmente contemplan la posibilidad de reconsiderar esta
subida, voten hoy a favor de esta proposición de ley, como se abstuvieron sus compañeros del Partido Popular en el Parlament de Catalunya hace unos meses. Abran el debate, anticípense al Gobierno y empecemos a legislar sobre una cuestión que es de
justicia. Todo Gobierno debería tener como objetivo fundamental trabajar para mejorar las condiciones de acceso a la cultura, trabajar para corregir sus desequilibrios y trabajar para defender los derechos de los ciudadanos. La cultura no puede
ser tratada ni como un lujo ni como una mercancía. La cultura es un derecho y con un aumento impositivo de 13 puntos ustedes están dificultando y limitando el acceso y el ejercicio de ese derecho. Esa es la realidad.
Señorías, garantizar el acceso a la cultura es apostar por la libertad, porque promueve la creatividad y el pensamiento libre y crítico. La cultura, señorías, es igualdad, igualdad de oportunidades, y poniendo obstáculos al acceso a la
cultura ustedes consiguen todo lo contrario: crean desigualdades y condenan a toda una generación a la ignorancia. Déjense de criterios fiscales y recaudatorios que se han demostrado inútiles y tengan un poco más de sensibilidad, un poco más de
sensibilidad cultural, un poco más de sensibilidad social, un poco más de alma, señorías del Partido Popular, un poco más de alma. La subida cultural ha sido un error que ha hundido a todo un sector y no ha conseguido los beneficios que pretendía.
Tres años han sido más que suficientes para comprobarlo. Ha sido un error que no ha beneficiado a nadie, un error que se debe corregir, y cuanto antes se den cuenta de eso, mucho mejor para todos. Hoy tienen una oportunidad, señores del Partido
Popular, para reparar ese error. Hoy tienen una magnífica oportunidad para reparar una injusticia. Yo les pido que la aprovechen y permitan que esta proposición de ley del Parlament de Catalunya empiece la tramitación en el Congreso de los
Diputados.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Vallès.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Gallego.
El señor GALLEGO BURGOS: Muchas gracias, señora presidenta.
También me quería unir a las palabras de bienvenida que han expresado el resto de compañeros a los tres diputados del Parlament de Catalunya. Como catalán que soy, siempre es una alegría que vengan aquí, que defiendan sus ideas y que tengan
presencia en este hemiciclo.
Antes de entrar a hablar sobre el asunto en cuestión, me gustaría hacer referencia a una serie de adjetivos que he ido escuchando lo largo del debate. Me ha parecido bastante curioso que para defender la cultura se utilicen expresiones del
tipo: son cautivos del franquismo, mamporreros políticos, que impulsamos medidas destructivas, que estamos propinando atentados, que nos molesta la cultura, que estamos castigando al sector, desculturalizar al país, maltratar, insultar, testarudez
poco inteligente. Si esta es la manera que tienen de defender la cultura...! Es curioso. Estas expresiones, señora presidenta, algunas creo que ofensivas, desde luego le voy a pedir que las retiren del acta.
Ahora vamos a hablar de la cosa y vamos a intentar pulir algunas de las expresiones que me han parecido demagógicas y electoralistas en estado puro. ¿Por qué subimos el IVA? Cuando accedimos al Gobierno ¿cómo estaba el país? En 70.000
millones de euros había caído la recaudación del Estado (Rumores.-La señora López i Chamosa pronuncia palabras que no se perciben.-Un señor diputado: Que sí, que sí); 3,5 millones de empleos destruidos en los últimos cuatro años; déficit público
absolutamente disparatado, 9 %; millones y millones de euros en facturas por pagar en los cajones y miles de empresas, incluidas las culturales, que no cobraban de las administraciones públicas. Esa era la situación que nos encontramos cuando
accedimos al Gobierno. ¿Tuvimos que tomar una serie de medidas urgentes? Por supuesto, tuvimos que tomar una serie de medidas urgentes. ¿Tuvimos que subir algunos impuestos? Por supuesto, fue la primera medida que tomamos. Pueden creernos que
no nos gustó, llegar y ver que lo primero que teníamos que hacer era subir los impuestos. Lo tuvimos que hacer. Entre otras medidas, ¿qué se hizo? Se apostó por subir el IVA de parte de los productos culturales. El IVA de otros productos no se
subió, pero el de parte de los productos culturales sí, efectivamente, se pasa del 8 al 21 %.
¿Para qué subimos el IVA? Para aumentar la recaudación, para evitar que España entrara en bancarrota, para evitar el corralito, para evitar eso de lo que hablaban en su momento, a los hombres de negro. La situación era la que era, y no era
la que era porque hubiéramos gobernado nosotros durante la legislatura anterior. Es que precisamente fue el PSOE el que había gobernado en este país la legislatura anterior y era al menos un poquito responsable de la situación económica que nos
encontramos en el país. Ahora el mismo, el PSOE que te dejó el país en bancarrota -el presidente Zapatero se tuvo que largar corriendo; sí, no acabó la legislatura, no aprobó ni el presupuesto, se largó- y dejó la prima de riesgo en 420 puntos,
ese mismo PSOE nos pide que no subamos los impuestos y nos dan lecciones de política económica y de empleo. Es ese mismo PSOE. Me parece curioso.
También me parece curioso que haya críticas en materia fiscal -el Partido Popular ha subido los impuestos- y que esas críticas vengan nada más y nada menos que de Cataluña, comunidad autónoma que obviamente conozco, pero que es la comunidad
autónoma que más impuestos ha creado en los últimos tres años. No es una opinión mía -ya sé que ustedes ahora a nosotros no nos creen-: La Vanguardia -que no es sospechosa-: Cataluña estrenará en 2014 un aluvión de nuevas tasas e impuestos,
sucesiones, el tramo autonómico más alto de toda España. Y ustedes son los que nos dicen: No suban los impuestos. Y ustedes lo han subido todo, y lo que no han subido lo han creado nuevo. Plantearon hasta crear un tasa a las bebidas gaseosas.
Ustedes, legitimidad para hablar de política fiscal, cero, cero.
¿El IVA afecta a la industria? Claro. ¿Es el factor que más afecta a la industria cultural? No. La crisis económica afecta a los sectores culturales y a los no culturales, a todo el mundo. Cuando vivimos una crisis económica, cuando el
PIB en España decrece, cuando se destruye sistemáticamente empleo en nuestro país, también lo notan lógicamente las empresas culturales, es obvio, lo han notado y ha habido efectos perniciosos sobre el sector cultural, pero decir que todos los males
del sector cultural son consecuencia de la subida del IVA es engañar a la gente. Creo que no es la causante de todos los males. Hemos hecho muchísimas cosas para mejorar la cultura en este país y ha dado algunos resultados. Les voy a dar cuatro
datos. En 2014, el último año del que conocemos datos, el cine español logra el mejor dato de taquilla de la historia, el año pasado, un 75 % mejor que en el año 2013. En 2014, el empleo en la
industria cultural española creció en 36.000 personas, otro dato que tampoco aparece en el debate. Nuestros museos recibieron 1,86 millones de visitantes en 2011. En 2014 -el último año que conocemos- ha habido un millón más de visitantes
en los museos españoles que en el año 2011. La facturación musical creció un 21 %. En fin, todo no estará mal, pues algunos datos son positivos, y ustedes ganarían en objetividad si dijeran que algo se hace bien, pero todo lo que hace el Partido
Popular está mal y somos como asesinos, mamporreros, cautivos del franquismo que queremos cargarnos la cultura. Curioso.
Tres. El IVA cultural no existe. Ustedes hablan todo el rato del IVA cultural. ¿Los libros son cultura o no lo son? Son cultura, ¿no? Un 4 % de IVA. Hablan del IVA cultural como si todos los productos culturales tuvieran un 21 %. Es
falso. Están engañando a la gente continuamente. Los periódicos y revistas, también un 4 %, el superreducido. Servicios de biblioteca, archivo, centros de documentación, museos, galerías de arte, pinacotecas, las importaciones de arte en el
ámbito privado se gravan al 10 %. Eso tampoco es arte, eso tampoco es cultura. Bien. Cuando estos servicios los ofrecen entidades de derecho público y entidades privadas de carácter social están exentos. Eso también es cultura. Cuando hablen
del IVA cultural hablen también de eso. No, vamos a engañar a todo el mundo, vamos a decir que todo lo que huela a cultura en España se grava al 21 % porque el Partido Popular es muy malo. Ustedes mienten descaradamente y, por tanto, están
engañando y están manipulando.
También es falso eso que dicen de que el Partido Popular quiere destruir la cultura, que somos unos asesinos y unos terroristas de la cultura. Es alucinante lo que he escuchado aquí esta tarde. Nosotros pensamos que la cultura en sí misma
es un valor social, es un activo básico irrenunciable de nuestro país, además de una de las piezas clave del despegue económico español. Sabemos que es un 4 % del PIB español y, por tanto, vamos a seguir ayudando con medidas como las que ahora les
detallaré. Hemos luchado contra la piratería como nadie. Desde que gobierna el Partido Popular España ya no está en la lista de países con piratería abundante. No está, nos han sacado de la lista, y no lo digo yo, lo dicen los propios productores
y los responsables del cine español. Hemos bajado el impuesto sobre sociedades de manera general, lo que también afecta a las empresas culturales y especialmente a las deducciones en el ámbito de la producción cinematográfica. Hemos aprobado la
semana pasada, con el consenso de todo el sector, el Real Decreto-ley de modificación de la Ley del Cine. Tampoco han hablado de esto. Se aprobó la semana pasada. Todo el sector del cine ha votado a favor de esa medida. Hemos introducido
deducciones en el IRPF vinculadas al micromecenazgo. Hemos consensuado con el sector el sistema de subvenciones. Hemos impulsado importantes deducciones fiscales para que series y películas internacionales se puedan rodar en España. Esta semana
era noticia la grabación en Girona y en Peñíscola de la famosa serie Juego de tronos, y no es casualidad. El mismo productor de la serie lo ha dicho, está publicado, lo he visto por aquí hoy: Los incentivos fiscales traen Juego de tronos de vuelta
a España. Incentivos fiscales. La política fiscal no solamente es el IVA. Es el IVA y otras más cosas. Cuando ustedes hablan de impuestos y de fiscalidad y omiten el resto de figuras fiscales lo único que pretenden es sacar un poquito de rédito
electoral y unirse, ponerse detrás de una pancarta, pero con poco rigor político desde mi punto de vista.
También hemos visto en prensa estos días que el FMI nos pedía que subiéramos el IVA en determinados productos. Se publicó ayer: El FMI le pide a España que suba el IVA en determinados productos. No lo estamos haciendo. ¿El Partido
Popular tiene voluntad de bajar el IVA cultural? Por supuesto. ¿El Partido Popular lleva en su ADN bajar los impuestos? Sí. ¿Queremos bajarlos? Sí, cuando la situación económica lo permita lo haremos. Nosotros somos en este Parlamento los que
tenemos la obligación de cuadrar las cuentas en España. Nadie va a ir a pedir dinero por nosotros a los mercados internacionales y somos nosotros los que tenemos que sacar adelante este país, reducir el déficit y pagar los servicios sociales
fundamentales. Por eso es importante también que se tenga en cuenta ese factor. Por tanto, nosotros, en la medida en que se pueda revertir la situación, lo haremos -lo hemos dicho en algunas ocasiones, el ministro de Cultura así lo ha dicho- y, en
la medida de lo posible, intentaremos bajar el IVA de esos productos culturales cuando la situación económica, desde luego, vaya mejorando.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Gallego.
Despedimos con agradecimiento a la delegación del Parlament de Catalunya que esta tarde nos ha acompañado en este punto. (El señor Canongia Gerona pronuncia palabras que no se perciben). Señor Canongia, por favor.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE CREACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA DETRACCIÓN DE RENTAS EN ABUSO DE DERECHO Y DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 58/2003, DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA. (Número de expediente 122/000193).
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Pasamos al siguiente punto del orden del día. Corresponde debatir la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de creación del impuesto sobre la
detracción de rentas en abuso de derecho y de modificación de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Rangel.
El señor RANGEL TARRÉS: Gracias, presidenta.
Señorías, subo a esta tribuna para defender la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista, de creación del impuesto sobre la detracción de rentas en abuso de derecho y de modificación de la Ley General Tributaria.
Si me permiten, dado que hemos hecho un debate en el que se ha reclamado mayoritariamente por todos los grupos la rebaja de un tributo como es el IVA a la actividad cultural, esta proposición de ley que plantea el Grupo Socialista es precisamente
para generar ingresos y repartir mejor la carga tributaria. Por lo tanto, estarán de acuerdo conmigo en que es oportuno y necesario debatirlo y tomarlo en consideración, al menos eso espero, por parte del Grupo Popular, que tanto se ha quejado en
el anterior punto.
Saben que la globalización no es un fenómeno nuevo, pero el ritmo de integración de las economías y los mercados nacionales ha aumentado significativamente en los últimos años. Tanto es así que dicho fenómeno ha generado un cambio de
paradigma empresarial que, partiendo de modelos operativos específicos para cada país, ha dado lugar a nuevos modelos globales. No en vano el peso de las multinacionales en el producto interior bruto mundial es cada vez mayor. Bien distinto en
cambio ha sido el ritmo en el proceso de globalización, por decirlo de alguna manera, de adaptación al cambio experimentado por los poderes públicos con el objeto de regular la actividad económica y someterla al interés general.
La evolución asimétrica de la globalización ha dado primacía a la lógica desigual del mercado en detrimento de la lógica igualitaria de la democracia. Por otra parte, desde el punto de vista del cumplimiento de las obligaciones fiscales,
los tratados y acuerdos internacionales han puesto más el foco en evitar la doble imposición que la elusión fiscal de las empresas multinacionales. La importancia creciente del sector servicios dentro de una economía globalizada y el de productos
digitales en particular ha facilitado que las empresas localicen muchas de sus actividades productivas en ubicaciones geográficas distantes de la ubicación física de sus clientes, que es precisamente donde generan sus beneficios. En el ámbito
tributario eso se ha traducido en un fenómeno conocido como la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, en sus siglas en inglés, BEPS (Base Erosion and Profit Shifting). En este sentido se debe recordar que dichas fórmulas de
elusión fiscal sofisticadas, al margen de las obvias consecuencias que tienen sobre las finanzas públicas en forma de menores ingresos, generan consecuencias negativas respecto a la competitividad del tejido empresarial, especialmente en la
industria digital y tecnológica, que se ven abocadas a competir en un mundo global en desigualdad de condiciones al incurrir en mayores costes fiscales simplemente por cumplir la ley. Esto está produciendo efectos perniciosos para nuestra economía,
efectos que también con carácter equivalente se reproducen en los países europeos de nuestro entorno, y en particular dicho fenómeno de competencia desleal concurre en aquellos sectores más dinámicos de la misma centrados en la economía del
conocimiento.
Al margen de ello, dichas patologías tributarias dañan la conciencia colectiva de nuestra ciudadanía, que asiste impávida a dichos fenómenos de desimposición que atacan directamente a los cimientos de nuestro contrato social. En este
contexto, desde la perspectiva española, se aboga por combatir esta planificación fiscal agresiva con medidas armonizadas que deben ser adoptadas en el seno de organizaciones internacionales como la OCDE y la Unión Europea. Así, España está
firmemente comprometida con el desarrollo de instrumentos como el que antes he mencionado, de acción BEPS, o con el proceso de armonización fiscal del impuesto sobre sociedades en la Unión Europea como herramientas de lucha eficaces contra la
planificación fiscal internacionalmente agresiva. No obstante lo anterior, el Gobierno español no puede perder la iniciativa en este ámbito, capital para la economía de nuestro país, de modo que, en tanto en cuanto no se adopten medidas eficaces en
los foros multilaterales,
España puede y debe acometer la implantación de dichas medidas de forma unilateral en el mismo sentido que el apuntado por otros países de nuestro entorno. En este contexto, para luchar contra los mecanismos de planificación fiscal
internacional abusiva se enmarca nuestra propuesta de implantación del impuesto sobre la detracción de las rentas en abuso de derecho, que pretende gravar los beneficios desviados a través de operaciones de ingeniería fiscal transfronteriza. La
implantación de dicho impuesto se edifica sobre dos elementos, en primer lugar, la modificación del régimen legal del conflicto en la aplicación de la norma tributaria del artículo 15 de la Ley General Tributaria como norma general antiabuso dentro
del derecho tributario español; en segundo lugar, mediante la regulación sustantiva del tributo.
En cuanto a la modificación de la Ley General Tributaria, este cambio supone el anclaje legal para la propia implantación del impuesto en la medida en que solo los supuestos de hecho que sean calificados como conflicto podrán dar lugar en su
caso al hecho imponible del impuesto, es decir, cuando el negocio u operación internacional calificados como tales se realicen con el fin de detraer determinadas rentas de la sujeción de la Hacienda pública española es cuando se produce el supuesto
de hecho. Dicha exigencia de calificación de conflicto en aplicación de la norma tributaria supone un reforzamiento de los instrumentos de lucha contra el gran fraude fiscal generado por la planificación fiscal agresiva sin detrimento de los
derechos y garantías de los obligados tributarios afectados por la norma, puesto que la calificación exige el informe favorable y preceptivo por parte de la comisión consultiva regulada en la Ley General Tributaria, en su artículo 159, que le da un
plus de objetividad a la eventual acción administrativa que se pueda llevar a cabo.
El otro elemento sobre el que se edifica el gravamen es la regulación del propio impuesto denominado, como antes se ha dicho, impuesto sobre la detracción de la renta en abuso de derecho. Este tributo se configura como un tributo diferente
al impuesto sobre sociedades, al impuesto sobre la renta de las personas físicas o al impuesto sobre la renta de los no residentes de carácter específico, con un tipo de gravamen del 35 %, que grava todos aquellos beneficios no sujetos por los
impuestos citados, derivados de operaciones de ingeniería fiscal transfronteriza realizadas en abuso de derecho que se realicen por motivos de evasión tributaria. Un elemento esencial del sistema es que, al ser un tributo específico no
identificable ni con el impuesto sobre sociedades ni con el IRPF ni con el impuesto sobre la renta de no residentes, no se incluiría en el ámbito material de las redes de convenios -para evitar la doble imposición- suscritos por España, de modo que
el tributo se podría implantar de forma unilateral. Adicionalmente, dicha característica evitaría la utilización torticera de las redes de convenios con fines de elusión tributaria. A efectos de evitar la doble imposición y cumplir sus objetivos
antiabuso, quedarán no sujetos al impuesto todos aquellos negocios u operaciones en los que los contribuyentes afectados prueben que las rentas han sido sometidas al gravamen de la Hacienda española o bien al gravamen de otra jurisdicción fiscal
homologable.
Señorías, ante la situación de elusión fiscal a la que nos enfrentamos, la respuesta no puede ser la de laissez faire, laissez passer. No podemos dejar que se agrave el problema y, con ello, la tendencia a una desigualdad creciente en el
seno de nuestra sociedad ni tampoco dar por bueno, por ineludible, el modelo de Estado mínimo o low cost al que pretenden abocar las políticas neoliberales; al menos, desde el Grupo Socialista no lo vamos a permitir. La situación de emergencia
social en que nos encontramos demanda respuestas claras y contundentes, en este caso contra las prácticas de evasión y elusión fiscal como las que hemos descrito que no solo resultan rechazables desde el punto de vista ético sino que también
distorsionan de manera muy grave, como también hemos comentado, nuestra actividad económica.
Señorías, está en nuestra mano hacer que la política gobierne de nuevo a la economía para así estar en condiciones de volver a garantizar las políticas de cohesión social que los españoles nos están exigiendo. Por todo ello, pedimos el
apoyo de la Cámara a la toma en consideración de esta proposición de ley que hoy estamos debatiendo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Rangel.
En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra por el Grupo Vasco el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señorías, compartimos la filosofía y las medidas que se plantean en esta proposición de ley con el fin de evitar los abusos jurídicos que conducen a las empresas multinacionales,
fundamentalmente, a evadir, a eludir, a defraudar en definitiva a la Hacienda pública y a los ciudadanos; por tanto, les apoyaremos. En este sentido nos hemos manifestado siempre que se han planteado debates o medidas tendentes a luchar contra el
fraude fiscal. Siempre ha sido algo
impresentable -pero mucho más tras sufrir las consecuencias de la crisis económica que aún pervive- que las grandes fortunas, que las grandes empresas, que las multinacionales evadan el pago de impuestos con lo que llaman ingeniería fiscal o
ingeniería financiera. Se trata de una tecnología que, amén de reportar elevados emolumentos a multitud de despachos y consultoras, en el fondo lo único que pretende es que sus clientes, grandes empresas o multinacionales, sean insolidarios no
pagando impuestos.
Desde el punto de vista de la política social, de la justicia social, de la equidad y de la propia política tenemos que evitar que ello se produzca, así como evitar, en la medida que podamos, que sea posible este tipo de comportamientos.
Hemos de tapar las rendijas legislativas para que los listos asesores no puedan montar instrumentos fiscales que fomenten el fraude. Sé que no es fácil y que las fuerzas del mal, en este sentido, son muchas. Sé que es necesaria la cooperación
internacional de los países normales o normalizados, así como la colaboración de los paraísos fiscales, la de las instituciones y organismos internacionales. También sé que no siempre los intereses son los mismos, y esto es precisamente lo que
dificulta esta coordinación. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia).
Este debate y el propio impuesto deberían ser europeos, al igual que el impuesto sobre las transacciones financieras internacionales respecto a las que, después de años y años de debate, seguimos aún pendientes de que se pongan en
funcionamiento. Sin embargo, entendemos que se intente avanzar en la materia a falta de consenso y de cooperación por parte de otros países o instituciones. Por eso, apoyaremos esta iniciativa, a pesar de que los que la traen a esta Cámara saben
en el fondo que en este momento no es más que una iniciativa electoralista. Señoras y señores del PSOE, saben que esta iniciativa no se va a tramitar, que estamos al final de la legislatura y que no hay ningún tiempo para ello. Seguramente, una
nueva mayoría parlamentaria configure esta Cámara en breve y espero seriamente que al inicio de la próxima legislatura se traiga una proposición similar a esta, con la misma intención, que no es mala, para que prospere. Espero igualmente que cuando
se plantee una reforma tributaria de este calado se tenga en cuenta la realidad territorial del Estado, que -siempre insisto y creo que es necesario hacerlo una vez más- cuenta con cinco haciendas: la del Estado o territorio común, la de Álava, la
de Vizcaya, la de Guipúzcoa y la de Nafarroa. No hay que olvidarlo. Esto significa que hay que contar con el resto de las haciendas, parlamentos o juntas generales para impulsar este tipo de reformas que no se pueden hacer solas.
Si en un futuro se procede de esta forma, con el respeto al marco competencial y con el espíritu de la colaboración necesaria, podrán contar seguramente con nuestras ideas y con nuestro apoyo. De lo contrario, seguiremos denunciando el
incumplimiento estatutario y la ruptura de las reglas del juego. Esperemos que en un futuro esto no sea así.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Calduch.
El señor CALDUCH CERVERA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, vivimos en una realidad internacional caracterizada por la creciente limitación de la soberanía de los Estados, debida entre otras causas a la conjunción de procesos de globalización comunicativa y económica. En el actual estadio
de desarrollo de la globalización, los medios de comunicación y las corporaciones multinacionales se han fundido dando origen a las empresas transnacionales de la información y el conocimiento cuya principal actividad económica se centra en la
prestación de servicios y bienes intangibles aprovechando las redes financieras y de comunicación mundiales. Ello implica, naturalmente, una mayor complejidad a la hora de determinar el volumen y el valor económico de sus actividades y servicios en
cada país, generando también una mayor dificultad a la hora de determinar las cargas tributarias que deben asumir. Paralelamente, los Estados más desarrollados, entre los que se encuentra España, hace tiempo que asumieron que su crecimiento
económico está intrínsecamente asociado a la integración económica y política con otros Estados. En definitiva, la política económica, comercial, financiera y fiscal de un país desarrollado como España no puede dictarse siguiendo exclusivamente
criterios unilaterales que ignoren los vínculos de interdependencia con sus socios europeos y con el resto de países con los que se mantienen importantes e intensas relaciones económicas.
Nuestro grupo parlamentario coincide con el texto de esta proposición de ley, en el diagnóstico que se realiza en su preámbulo sobre la necesidad de enfrentar las nuevas formas de elusión fiscal que practican las empresas multinacionales,
especialmente las que operan en el mercado mundial de las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento. Sería estúpido ignorar que la consolidación de un mercado global asociado a estas nuevas tecnologías ha abierto el camino para nuevas
formas de negocio y de
servicios que hasta hace tan solo unos pocos años eran inexistentes o marginales, pero que en la actualidad y sobre todo en las próximas décadas concentrarán una parte muy importante del producto interior bruto mundial. Empresas como
Google, Microsoft, Apple, Texas Instruments, eBay, Cisco Systems, Amazon, Verizon Communications, Oracle, configuran el núcleo de las veinticinco mayores empresas mundiales de tecnologías de información y comunicación, con unas ventas anuales de
casi medio billón de dólares en 2013.
Obviamente, nuestro grupo parlamentario también comparte con la proposición de ley la aplicación del deber constitucional consagrado en el artículo 31.1 y, por consiguiente, la finalidad de que legalmente se regule y administrativamente se
persiga por la Agencia Tributaria cualquier actuación realizada por personas físicas o jurídicas con el objetivo de evadir o eludir sus cargas fiscales, máxime cuando para ello se utilizan procedimientos de distorsión legal, abuso de derecho y
manipulación contable que solo están al alcance de unas pocas empresas y/o personas físicas. Sin embargo, precisamente por la importancia económica y el alcance social que tienen estas actividades de elusión fiscal, su tratamiento legal debe ser
especialmente riguroso y su aplicación administrativa debe ser exhaustiva para que sus efectos recaudatorios sean verdaderamente eficaces. Es precisamente en este ámbito, el del rigor legal, donde nuestro grupo parlamentario plantea sus principales
objeciones a esta proposición de ley. Estas objeciones se pueden resumir en tres: unilateralismo extraterritorial, contradicciones jurídicas e ineficacia práctica.
Unilateralismo extraterritorial. El propio texto de la proposición de ley señala en su preámbulo -cito literalmente- que en tanto en cuanto no se adopten medidas eficaces en los foros multilaterales, España puede y debe acometer la
implantación de dichas medidas de forma unilateral. Y más adelante se afirma de un modo categórico -cito literalmente- que un elemento esencial del sistema es que, al ser un tributo específico no identificable ni con el impuesto sobre sociedades ni
con el IRPF ni con el IRNR, no se incluye dentro del ámbito material de las redes de convenios suscritos por España para evitar la doble imposición. En otras palabras, la intencionalidad expresa de esta proposición de ley es que para combatir una
práctica internacional elusiva de la fiscalidad española, nuestro país decide unilateralmente crear un impuesto que no existe en otros países con los que tiene regulado el sistema de información y doble imposición por tratados internacionales y
encima aplicarlo extraterritorialmente. Porque, en efecto, se trata de aplicar este nuevo tributo a las actividades de personas jurídicas o físicas residentes en otra jurisdicción fiscal que, acogiéndose a los convenios internacionales para evitar
la doble imposición, realizan actuaciones o procedimientos artificiosos para transferir una parte de sus rentas generadas en España a dicha jurisdicción fiscal, donde asume la correspondiente tributación, generalmente menor que la española.
Pretender legislar eludiendo los compromisos jurídicos internacionales para combatir la elusión fiscal de las multinacionales me parece pretender combatir el fuego con gasolina. Resulta sorprendente que mientras ochenta países de la OCDE, entre
ellos España, crearon un grupo de trabajo el pasado 27 de mayo para el desarrollo de un convenio multilateral que estableciera el plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, la proposición de ley aborde el
camino del unilateralismo legal en esta materia. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
Contradicciones jurídicas. La proposición de ley también incurre en importantes contradicciones o conflictos con otras normas legales que no pueden ignorarse a la hora de determinar la posición de nuestro grupo parlamentario; en primer
término, con la legislación europea. En efecto, la directiva 2015/121, del Consejo, de 27 de enero de 2015, o sea, de este mismo año, que modifica la directiva 2011/96, del Consejo, de 30 de noviembre de 2011, por la que se establece el régimen
fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes, establece imperativamente, en su artículo 2, que el tratamiento legal para evitar la detracción de rentas en abuso de derecho debe realizarse en el marco de
la aplicación de las directivas ya aprobadas y no al margen de ellas. Por tanto, el Estado español no puede ignorar jurídicamente este mandato sin caer por ello en infracción legal ante las autoridades europeas, experiencia a la que reiteradamente
nos han acostumbrado los sucesivos Gobiernos del PP y del PSOE con el consiguiente perjuicio económico para todos los españoles. Bastará recordar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativa al denominado céntimo sanitario, de
27 de febrero de 2014, o la propuesta de sanción de la Comisión Europea por las ayudas a la industria naval concedidas entre 2007 y 2011. Nuestro grupo parlamentario no apoyará semejante conducta temeraria en términos jurídicos.
Por si ello no bastara para rechazar la proposición de ley, el propio texto contiene una apreciable inconsistencia jurídica con la Ley General Tributaria al considerar como un nuevo hecho imponible lo que en puridad no es más que un caso
particular de los supuestos regulados con carácter general en el
artículo 15.1. En todo caso y para garantizar una mejor aplicación de la citada directiva, bastaría con que la proposición de ley hubiese recogido de modo explícito un nuevo apartado en el artículo 15, sin por ello haber creado una nueva
figura impositiva.
Una tercera contradicción radica en que, al crear unilateralmente un nuevo impuesto distinto al impuesto sobre sociedades, al IRPF y al IRNR a un supuesto particular de actividades ya reguladas fiscalmente y al margen de la directivas
europeas, quiebra el principio general de asistencia mutua regulado en el artículo 1 de la Ley General Tributaria, así como la jerarquía de fuentes recogida en el artículo 7.1 de la citada ley.
Por último y como consideración no menos importante para explicar el sentido negativo del voto de nuestro grupo parlamentario, cabría destacar que el nuevo impuesto, caso de que se aprobase la proposición de ley, tendría una escasa eficacia
en la recaudación fiscal, entre otras razones porque per se la creación de un nuevo impuesto no generará un incremento automático y significativo de la recaudación tributaria si no va acompañado de un paralelo aumento de los recursos humanos y
materiales destinados a la inspección y control del cumplimiento de las nuevas obligaciones tributarias derivadas de dicho impuesto. Ello es tanto más cierto cuanto que, como en el caso que estamos considerando, quienes serán los obligados
tributarios gozan de los mejores expertos contables, los asesores fiscales y los bufetes de abogados idóneos para litigar con éxito ante los tribunales nacionales y europeos sobre la nulidad de la nueva norma legal, además de hacerlo sobre la
adecuación de las actuaciones de sus clientes en la nueva figura tributaria, definida en términos de abuso de derecho. A este respecto la proposición de ley no hace ninguna referencia a la habilitación de más recursos humanos y materiales de la
Agencia Tributaria para la gestión e inspección del nuevo tributo, una laguna que probablemente se ha realizado para evitar el control gubernamental establecido en el artículo 126.2 del Reglamento de las Cortes, que, de aplicarse, habría arruinado
las expectativas creadas en la opinión pública con la presentación de esta proposición de ley, pero que limita seriamente su eficacia.
Nuestro grupo parlamentario no considera que haya que legislar al margen de nuestros socios europeos e internacionales y mucho menos de un modo tan inconsistente jurídicamente. Por ello, nuestro voto será contrario.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Calduch.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, señorías, nuestro grupo saluda esta proposición de ley que se presenta por parte del Grupo Socialista porque entendemos que hay motivos suficientes para el debate. Es posible que llegue tarde,
pero nunca es tarde cuando hay que afrontar un problema. Es verdad que hay que afrontar un problema porque en estos momentos se sufre una tremenda injusticia que es necesario resolver, una injusticia que no es casualidad, que es fruto de un
sistema, que es fruto de una deriva, que es fruto en realidad de cuando los intereses económicos priman más sobre los intereses del ser humano. Es necesario atajar esta situación en una economía globalizada, en una economía donde las grandes
empresas transnacionales son las que realmente dirigen la vida de las personas y para ello utilizan también todo tipo de estrategias, incluso en este caso la fiscal y financiera para conseguir los mayores beneficios, aunque sea a costa de causar
problemas, causar perjuicios a las arcas públicas, que no es ni más ni menos que causarlos a las personas, que son las que luego tienen que resolver sus problemas, su forma de vida desde esas arcas públicas.
Cuando se causa un perjuicio a las arcas públicas, cuando se evade dinero, cuando no hay un sistema tributario justo, son las personas, son los seres humanos los que tienen problemas a la hora de financiar la educación, la sanidad o a la
hora de hacer infraestructuras. No estamos ante una cuestión pequeña, no estamos ante una cuestión teórica, estamos ante una cuestión que tiene repercusión directa en la vida de la gente porque cuando se rompe, cuando se distorsionan las reglas de
la competencia a favor de los grandes, siempre acaba perdiendo el pequeño. Estos procedimientos no solamente son conocidos, sino que además incluso son ayudados en muchos casos por las legislaciones de los Estados. En el caso del Estado español es
el caso de las entidades de tenencia de valores extranjeros, por ejemplo, que viene también a ahondar más en este mismo problema, que viene más a facilitar este negocio, este beneficio de las transnacionales en perjuicio de la economía nacional.
No solamente hay una clara dejación por parte de los poderes públicos sino que hay, en cierto modo también, una colaboración, un cierto colaboracionismo de estos sectores públicos con las transnacionales.
Aquí no puedo dejar de resaltar cómo hay todo tipo de control para las personas, cómo el sistema se preocupa de que las personas tengan el máximo control, mientras que para el capital todo son facilidades para obtener beneficios. Se regula
la vida de las personas y se desregulan los beneficios empresariales. Eso tiene un nombre, y es el de poner la economía al servicio del interés de una minoría y no del interés de la mayoría. Por lo tanto, entendemos que hay que ir a una nueva
regulación en la Unión Europea. Evidentemente, para eso también tendríamos que ir a otro modelo de Unión Europea. Estos días se va a celebrar en Bruselas una cumbre entre la Unión Europea y la Celac. ¡Ya le vendría bien a esta Unión Europea tomar
ejemplo de otros modelos de integración territorial donde están primando más las personas que los intereses económicos!
Por lo tanto, poner en cuestión estos elementos está poniendo en cuestión la propia estructura de la Unión Europea. También habría que afrontar nuevas regulaciones en el Estado español. También habría que afrontar una regulación
reglamentaria que tiene que basarse en una lógica que es la que sustenta esta situación, que las empresas, el capital, tienen que tener controles, tiene que haber planificación democrática de la economía, tiene que haber un control de manera que las
empresas financieras estén sometidas a la economía productiva y fundamentalmente a la democracia; es decir, tiene que haber democracia también en la economía, no puede haber puntos oscuros, no puede haber lugares de la economía que no estén
sometidos al control ciudadano, al control popular. Cuando en un mundo hay lugares, fundamentalmente en la economía, que no son controlados por los parlamentos, por ninguna institución democrática, algo está fallando, nos están cambiando el sistema
pretendiendo que no nos demos cuenta. Eso se llama la dictadura del capital, la dictadura de los mercados.
Ustedes nos pintan una democracia que puede darnos el derecho de ir a votar cada cuatro años, pero los que realmente controlan, los que realmente ganan las elecciones no se presentan a ellas, sino que son los que están detrás de estas
empresas los que realmente legislan a su favor, y luego se convierten en meros administradores los gobiernos y los parlamentos. A nosotros nos parece bien este debate, nos parece bien esta iniciativa, pero la consideramos corta. Hay que ir a una
reforma fiscal, hay que ir a un nuevo modelo fiscal, hay que ir a una nueva modalidad fiscal para que en este nuevo marco realmente puedan acometerse estos problemas con toda su amplitud y no solamente quedarnos en un tema parcial que evidentemente
puede ser un avance, pero que no va al fondo del problema de cómo somos capaces de someter al capital a controles democráticos, cómo ponemos la democracia por encima del capital y a las personas por encima de los intereses. Eso es lo que está
sustentando la crisis actual, lo que sustenta su política económica, en definitiva, lo que está sustentando un mundo cada vez más injusto y cada vez más desigual. Cuando estamos planteando nuestra alternativa, no lo hacemos solo de forma parcial,
planteamos una alternativa global a su sistema que ha llevado a la pobreza y a la desesperación a millones de personas.
Nuestro grupo va a votar a favor de la tramitación. Entendemos que es bueno que se tramite, es bueno el debate, pero tenemos dudas sobre algunos aspectos de la ley. Evidentemente aquí no se vota la ley. Uno puede estar en desacuerdo con
la ley pero de acuerdo con que se produzca el debate y de acuerdo con que hay que regular y resolver esa situación, porque lo peor es dejarlo como está. Por lo tanto, tenemos dudas y presentaremos enmiendas a lo largo de la tramitación de la ley.
Por ejemplo, creemos que hay situaciones que dificultarían la puesta en marcha del nuevo impuesto. Si este tributo se implanta de forma unilateral no evitaría la utilización de redes, de convenios que tuviesen ese fin de elusión tributaria, porque
se propone una tributación territorial y no se consigue sortear el segundo artículo de los convenios firmados por España conforme al modelo de la OCDE. Es decir, puede ser algo con muy buenas intenciones, pero que luego resulte un tanto inútil. En
segundo lugar, no entendemos que si a una empresa residente se le exigen las cuotas del impuesto sobre esas sociedades eludidas, a las que no son residentes se les exija un nuevo impuesto. En esta situación se podría pensar más en una actitud
sancionadora que en una actitud impositiva que es a donde debemos ir. Repito, estos son elementos que no entran en el debate de hoy. Lo que queremos resaltar hoy es esa necesidad de que la economía no puede estar al servicio de los intereses de la
minoría, que la globalización no es un mantra que se repite y que todo lo tapa. La globalización significa desigualdad, significa mayor pobreza para unos y mayor riqueza para unos pocos, significa que en este mundo la mayor parte de las guerras que
están ocurriendo son en función de esos intereses y que la destrucción del planeta también se hace en función de los mismos intereses, un sistema que es injusto en sí y que algún día tengo la esperanza de que sea sustituido por otro sistema que sea
más justo y más igualitario. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Centella.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÈ: Señor presidente, señorías, desde mi grupo parlamentario quisiera hacer tres breves consideraciones sobre esta iniciativa que presenta el Partido Socialista, tema sobre el que mi grupo ya ha manifestado su
preocupación y nuestra voluntad de encontrar soluciones a la problemática que se plantea.
Mi primera consideración es sobre el contenido de esta iniciativa; desde mi grupo parlamentario compartimos el fondo pero dudamos de la eficacia de la fórmula que se propone. El objetivo de esta iniciativa que presenta el Partido
Socialista es combatir la elusión fiscal sofisticada y obligar a las grandes empresas multinacionales, especialmente las del sector de la economía digital que se escudan en planificaciones fiscales complejas y agresivas, a tributar por los
beneficios realmente obtenidos en España a través del impuesto sobre sociedades. Este objetivo es completamente compartido por Convergència i Unió y, de hecho, persigue la misma finalidad que la pregunta oral que presentamos y que realizó nuestro
portavoz de Economía y Hacienda, el pasado 17 de diciembre de 2014, al ministro de Hacienda. Esta pregunta hizo énfasis en lo que en Convergència y Unió consideramos terriblemente injusto, que es el hecho de que las ocho mayores compañías
tecnológicas internacionales que operan en España y que facturan cientos de millones de euros, en 2013 tan solo aportaran por el impuesto sobre beneficios unos 17 millones de euros. Por ello, Convergència i Unió propuso al ministro de Hacienda que
se gravaran los beneficios reales obtenidos en España por las compañías internacionales mediante establecimiento permanente.
Sin embargo, a pesar de que el objeto de la propuesta fuera el mismo que hoy nos propone el Grupo Parlamentario Socialista, también es cierto que la fórmula que planteamos en su momento, desde el grupo parlamentario que represento, para
corregir estos desequilibrios es distinta. En este sentido, el Partido Socialista plantea crear un impuesto sobre la detracción de rentas en abuso de derecho de naturaleza, es decir, un impuesto similar al coloquialmente llamado impuesto Google en
Reino Unido. No obstante, a Convergència i Unió le parece o resulta cuestionable la eficacia de este nuevo impuesto debido a que este tipo de impuesto ha sido creado acorde a un sistema tributario distinto al español, puesto que el régimen inglés
se basa en la obligación real -esto es, se tributa por los rendimientos obtenidos en el territorio- mientras que en el caso español se basa en la obligación personal, es decir, que tributan aquellos contribuyentes considerados residentes fiscales
tanto por los rendimientos obtenidos en el territorio como por aquellos obtenidos en el extranjero.
En consecuencia, a nuestro juicio, más que crear un nuevo impuesto que también sería de difícil encaje con los actuales convenios de doble imposición, creemos y estamos convencidos de que resultaría más conveniente y más eficiente promover
medidas para que la Agencia Tributaria pueda exigir a todas aquellas compañías internacionales con establecimiento permanente en España que tributen por los beneficios reales obtenidos como empresas separadas e independientes de la matriz. Con
ello, se evitaría que estas empresas solo tributen en España por los ingresos percibidos por una sociedad comisionista que es, en el fondo, el objetivo que persigue este nuevo impuesto. Por lo tanto, mi primera consideración es que si bien estamos
de acuerdo con la finalidad de esta propuesta, habría que cerciorarse y debatir sobre la letra pequeña contenida en la misma para buscar una respuesta más eficaz en el marco del sistema tributario español, así como de las normas de fiscalidad
internacional.
La segunda consideración que quiero hacerles va en la línea de avanzar en cooperación y transparencia. En esta materia, presidente, señorías, se necesitan más avances y más efectividad en cooperación y coordinación informativa tributaria.
Me gustaría enfatizar en la oportunidad y la necesidad que subyace en la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista y es que, al margen de las apreciaciones sobre cómo se propone luchar contra la elusión fiscal sofisticada o la planificación
fiscal agresiva, la toma en consideración de esta iniciativa ofrece la oportunidad de debatir sobre esta cuestión, y esto para mi grupo es también fundamental. Abrir este debate puede suponer un paso determinante, porque necesitamos mejorar la
transparencia en materia de fiscalidad internacional; sobre ello, desde mi grupo parlamentario, hemos insistido siempre. De hecho, hace escasos días, la OCDE en el marco del proyecto BEPS ha publicado una serie de recomendaciones para los países
que permitirán a las administraciones fiscales comprender completamente la forma en que las empresas multinacionales estructuran sus operaciones, garantizando la confidencialidad de las informaciones que se comuniquen.
Entendemos que esta iniciativa y estas recomendaciones son buenas noticias y van en la buena dirección. Adoptar estas recomendaciones y avanzar en la cooperación entre países para que la información sea compartida es un paso imprescindible
en la lucha contra la elusión fiscal de las grandes multinacionales y debe ser una prioridad para cualquier Gobierno. Es necesario -insisto- avanzar en el marco de proyectos como el promovido por la OCDE, el proyecto denominado BEPS, para reformar
la fiscalidad internacional y garantizar que los beneficios de las empresas multinacionales sean declarados donde se generen o donde las actividades económicas sean efectuadas o donde se genere valor, al fin y al cabo, asegurar que sean gravados
igual que se gravan los beneficios de cualquier otro tipo de empresas o autónomos.
Mi tercera consideración va en la línea europea, porque entiendo que es necesario instar a las autoridades europeas a avanzar, en términos de armonización europea, en el impuesto de sociedades. En el marco de esta estricta cooperación en
materia de fiscalidad entre países, en Convergència i Unió creemos que una medida muy eficaz y potente para combatir la planificación fiscal más agresiva transfronteriza, y sobre la que el Gobierno debería insistir y persistir ante las autoridades
europeas, sería la idea y la propuesta de armonizar la base imponible del impuesto de sociedades entre los países de la Unión Europea. Ello permitiría que no hubiese una competición impositiva para atraer inversiones entre Estados, lo cual
facilitaría a su vez la no existencia de desvíos de tributación. Con ello, creemos sinceramente que habría una tributación más equitativa y más justa dentro de la Unión Europea. Esta es una propuesta a tener en cuenta y sobre la que el Gobierno
debería estudiar, insistir y trabajar.
Hechas estas tres consideraciones, nuestro grupo parlamentario -tal y como ya he avanzado en mi intervención- apoyará la toma en consideración de esta iniciativa legislativa, manifestando y reiterando que, más allá de compartir el objetivo
que se persigue, es necesario abrir un debate legislativo sobre las formas y las soluciones a esta problemática, teniendo en cuenta que se trata de una problemática europea y diría que internacional y que , por tanto, soluciones más armonizadas a
nivel europeo serían no solo necesarias sino bienvenidas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Riera.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Asian.
La señora ASIAN GONZÁLEZ: Señor presidente, señorías, lo primero que quiero hacer es felicitar al Grupo Socialista, porque después de tres años y medio de legislatura por fin ha encontrado un hueco para hacer una propuesta fiscal concreta.
Hasta ahora, lo único que ha hecho el portavoz de Hacienda del principal grupo de la oposición ha sido oponerse y criticar todas y cada una de las medidas que se han traído a esta Cámara, mentir a los españoles al decir que la declaración tributaria
especial blanquea conductas delictivas; y lo que es peor, no rectificar cuando los hechos han demostrado que no decía la verdad. El Grupo Socialista ha votado en contra de una bajada de los impuestos que beneficia a todos los españoles, pero en
especial a los de rentas bajas y medias. El Grupo Socialista ha votado en contra de bajar el tramo inferior del impuesto sobre la renta de personas físicas del 24 % al 19 %. El Grupo Socialista ha votado en contra de una rebaja en el IRPF del
23,47 % al 72 % de los contribuyentes españoles, que son los que tienen rentas inferiores a 24.000 euros. Pero yo tengo que felicitar al Grupo Socialista por hacer una propuesta fiscal concreta, aunque en nuestra opinión sea errónea y, además,
evidencia las carencias de la gestión socialista en la anterior legislatura.
Puedo entender que cuando la experiencia ha consistido en una bajada en la recaudación del impuesto sobre sociedades del 63 % -de más de 44.000 millones de euros en 2007 a algo más de 16.000 en 2011- los grandes contribuyentes estén con un
tipo medio efectivo del 3,8 y algunas grandes empresas del IBEX al 0 % y se quiera ocultar esta realidad con una capa de maquillaje consistente en la creación de un nuevo impuesto. Pero, ¿por qué se produjo la caída en la recaudación del impuesto
sobre sociedades? La mitad de esta caída se produjo porque se habían caído los beneficios de las empresas -esto es cierto-, pero la otra mitad de la caída del impuesto sobre sociedades se produjo por la permisividad de la gestión socialista:
medidas tales como permitir la libertad de amortización sin exigir creación de empleo o permitir la deducción de gastos financieros artificiosos. -En España se ponía el gasto financiero y el ingreso todavía estamos buscando en qué país se había
puesto-. Todo esto ocasión una caída espectacular en la recaudación del impuesto sobre sociedades y en especial de los grandes contribuyentes. ¿Qué pasó, señores del Grupo Socialista? ¿No sabían cómo subir los impuestos a los grandes
contribuyentes o no quisieron hacerlo?
Frente a esto, hoy día el nuevo impuesto sobre sociedades ya se ha simplificado, se han eliminado deducciones y, por tanto, se han cerrado las puertas a la planificación fiscal, a la ingeniería fiscal y a otras formas de eludir el pago del
impuesto. Pero no solo ha habido un cambio normativo formal, sino que además también la aplicación del sistema tributario ha sido ejemplar. Ahí están los resultados de lucha contra el fraude: 12.300 millones de euros en 2014; cifra récord,
35.000 millones de euros en los tres últimos años, un 21,5 % más que en los tres últimos años del Gobierno socialista. Quizás estos resultados ayuden a comprender el hecho de que no se haya puesto en cuestión la capacidad, el rigor, la
independencia del personal de la Agencia Tributaria y sí le hayamos dotado de los instrumentos adecuados para que puedan realizar con brillantez las funciones que tienen asignadas.
Por supuesto que las empresas multinacionales usan mecanismos para eludir el pago de los impuestos que hacen reflexionar sobre si el principio de la soberanía nacional, sobre el que gira la gobernanza fiscal internacional, no está desfasado
en nuestros días, pero por eso es importante la acción simultánea y coordinada de todos los Estados. Así, la nueva comisaria de la Competencia en sus primeras declaraciones dijo: Es necesario armonizar el impuesto sobre sociedades para evitar la
elusión fiscal. Las empresas multinacionales se aprovechan de esta falta de armonización en el impuesto sobre sociedades para trasladar artificiosamente beneficios hacia países y territorios de baja o nula tributación erosionando las bases
imponibles y creando la competencia fiscal desleal entre todos los Estados. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que la opinión pública internacional ha cambiado y hoy día en los foros internacionales se están realizando nuevos
intercambios de información, por ejemplo, la firma de acuerdos con territorios tradicionalmente opacos como Suiza, Andorra o islas del Canal; las acciones integradas en el denominado programa BEPS, programa patrocinado por la OCDE a instancias del
G-20 y en el que están implicados 44 países. También Estados unidos ha vencido sus iniciales reticencias a que haya una normativa específica para las empresas tecnológicas de la información internacionales. España ha liderado en los últimos años y
ha hecho un gran esfuerzo para una mayor integración fiscal y financiera, en especial para el establecimiento de un impuesto sobre las transacciones financieras, pero también en el ámbito interno ha introducido numerosas medidas: la creación de una
unidad de fiscalidad internacional, el modelo 720 para declarar los bienes y derechos en el extranjero, la declaración país a país en el nuevo impuesto sobre sociedades. Porque mucho hablar de la elusión del pago por las multinacionales, pero hasta
que este Gobierno no ha recogido la obligación de declarar país por país en las operaciones no se hacía. Quizás todos estos cambios son los que han contribuido a que Amazon haya dicho que a partir del 1 de mayo tributará en España por las
operaciones de venta realizadas en territorio nacional.
Señores del Partido Socialista, parece que han descubierto recientemente que se utilizan negocios anómalos o impropios para eludir el pago del impuesto, pero esta es una preocupación que ha tenido siempre el legislador fiscal, por supuesto
desde 1963, cuando se reguló en la Ley General Tributaria el fraude de ley en materia tributaria. Lo novedoso fue, en 2003 -ya ha llovido mucho-, la regulación del conflicto en aplicación de la norma tributaria, como reacción del ordenamiento
jurídico ante la planificación fiscal abusiva y agresiva. El conflicto en aplicación de la norma es nada más que una cláusula de cierre del sistema tributario, una cláusula genérica antiabuso o antielusión. ¿Cuáles han sido los resultados del
conflicto en aplicación de la norma? Si examinamos las liquidaciones que se han producido, los informes que ha emitido la comisión consultiva, las empresas multinacionales han tenido este tipo de expediente. ¿Y cuál ha sido, en la mayoría de los
casos, la conducta de estas multinacionales? La utilización de gastos financieros artificiosos que han sido trasladados desde nuestro país. En España se cargaba el gasto financiero y el ingreso se ponía no sabemos dónde. Esta ha sido la
utilización del conflicto en aplicación de la norma. Con esto, vuelvo al principio de mi intervención: Dejaron muchas puertas abiertas a la planificación fiscal, muchas puertas abiertas a la elusión, que hoy día están corregidas.
¿Cómo se puede proponer un nuevo impuesto cuyo hecho imponible exige la declaración previa del conflicto en aplicación de la norma? ¿Cómo se va a devengar un impuesto sobre la base de una decisión administrativa? ¿Es que no conocen el
principio de reserva de ley en materia tributaria? Además, ¿cómo van a exigir un impuesto en conflicto en la aplicación de la norma cuando ya se conoce la operatoria y el propio ordenamiento tributario dispone de los mecanismos para pagar el
impuesto eludido? ¿Cómo se va a exigir un impuesto que deja fuera la ocultación, el fraude, el engaño, la falsedad? ¿Cuál es la función que tiene la propuesta realizada? ¿Una estrategia cara a la opinión pública, para decir que se intenta
solucionar un problema que, en realidad, no se resuelve? Porque la problemática de las multinacionales no se resuelve de manera unilateral, como han expuesto aquí diversos grupos, y mucho menos exigiendo un nuevo impuesto cuyo hecho imponible tiene
una configuración errónea, que en la práctica provocaría
su falta de aplicación, y que además deja fuera precisamente aquellas conductas constitutivas del fraude más recalcitrante, porque vuelvo a decir que el conflicto solo se refiere a la elusión propiamente dicha, no a la evasión ni muchísimos
menos al fraude.
Por tanto, parece, en un relato corto, que el Partido Socialista ha oído campanas: las multinacionales no pagan; pero no analiza las causas, hace un mal diagnóstico y viene aquí con una propuesta imposible. Por eso, nuestro grupo va a
votar en contra de esta proposición de ley, si bien invito a todos los grupos a que utilicen los elementos constructivos que se han manifestado en este debate en el que se va a tener en la reforma de la Ley General Tributaria, en la cual se van a
crear nuevos instrumentos para prevenir el fraude fiscal, fomentando el cumplimiento en voluntaria, y a dotar de mayor seguridad jurídica a la Administración y a los contribuyentes, con el objetivo de hacer el sistema tributario más justo y más
eficaz, cuestión con la que, por lo que he oído en este debate, estamos de acuerdo todos.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Asian.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO SOBRE LO QUE HA SUPUESTO EL DESARROLLO DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. (Número
de expediente 162/001236).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular, relativa a la realización de un estudio sobre lo que ha supuesto el desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia. Para defender la iniciativa, tiene la palabra la señora Montesinos.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: Gracias, señor presidente.
Señorías, esta iniciativa que presento en nombre del Grupo Parlamentario Popular -además nos asiste todo el derecho, tal y como recoge el Reglamento- tiene la intención de reafirmar nuestro compromiso social con las personas dependientes y
seguir mejorando su asistencia. Ya lo hicimos desde la oposición al apoyar la ley y lo hacemos hoy; unos, desde el Gobierno, garantizando la sostenibilidad del sistema y otros, desde el Grupo Parlamentario Popular, con iniciativas como esta cuyo
objetivo es iniciar un periodo de trabajo para abordar aquellas cuestiones que consideremos mejorables en el sistema de la dependencia.
Señorías, el Tribunal de Cuentas en su informe sobre la gestión de la Ley de Dependencia entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2010, emitió una preocupante radiografía de la situación. La universalidad de la ley había derivado
en diecisiete sistemas diferentes. Las comunidades autónomas incumplían ampliamente el plazo máximo de seis meses establecido por ley para el reconocimiento del derecho a recibir una prestación. Más de 300.000 personas, es decir, el 28,91 %, se
encontraban en lista de espera; había información sin actualizar -personas fallecidas reconocidas como beneficiarias, duplicidades, etcétera-; el Imserso no pagaba la totalidad de la deuda contraída con la Seguridad Social, que llegó a alcanzar
1.034 millones de euros y, desgraciadamente, en el último año del Gobierno anterior, se redujo en 234 millones la financiación de la dependencia en el año 2011.
La reforma de la dependencia ha configurado un sistema que garantiza la calidad, la equidad y la sostenibilidad del mismo al ampliar el catálogo de servicios y prestaciones frente a aquellas voces que dicen que se ha recortado; al mantener
los derechos de los ciudadanos, que se están garantizando y al utilizar el baremo de valoración de los casos de puerta de entrada al sistema, que fue aprobado por el último Gobierno socialista en febrero de 2011, que es quien marca, quien entra y
quien no. Pero todo es mejorable, y por eso desde el comienzo de la legislatura el espíritu de consenso que ha imperado en las acciones del Gobierno en esta materia se ve materializado -perdonen la redundancia- en lo que han sido las actuaciones en
los últimos tres años de legislatura.
Desde el Gobierno del Partido Popular se ha ordenado y simplificado la normativa, se ha mejorado el catálogo de servicios y prestaciones al ampliar a todos los grados la dependencia y la prestación para la asistencia de personal. Se ha
aumentado la calidad de la atención y fomentado la creación de empleo al aumentar el número de servicios profesionales reconocidos, dando así cumplimiento a la ley. Se ha priorizado la atención a los grandes dependientes y a los dependientes
severos, que en la tasa de
cobertura alcanza al 89 % un año antes de lo que la ley preveía, de entrada hoy atendidos el 97 %. (El señor vicepresidente, Barrero López, ocupa la Presidencia). Se ha reforzado la atención a los menores mediante el acuerdo en el Consejo
Territorial de los criterios comunes, recomendaciones y condiciones mínimas de los planes de atención integral a menores de tres años, y se ha mejorado la transparencia del sistema de información. Es decir, las evaluaciones son interanuales y las
hace el Consejo Interterritorial, que es quien vuelca los datos de la dependencia en la página web y en el Boletín Oficial del Estado. Por otra parte, las mensuales son provisionales y por eso pueden ir variando. Toda la información -insisto-
sobre sistemas se publica en el portal de la dependencia y en el Boletín Oficial del Estado de acuerdo con el Comité Interterritorial. Se han solucionado las irregularidades reflejadas por el Tribunal de Cuentas, lo que ha permitido recuperar 39
millones de euros de los presupuestos. Se ha pagado la deuda reconocida a 15 de noviembre de 2011 por el Gobierno socialista de 1.034 millones. Señorías, los datos del sistema para la autonomía y atención a la dependencia a 31 de diciembre de 2014
con respecto -vamos a contrastar los datos- a 31 de diciembre de 2011 -les explicaba anteriormente que los datos definitivos que están verdaderamente valorados son aquellos de carácter interanual- nos reflejan, primero, más beneficiarios con
prestación -hay 745.720 personas beneficiarias con derecho a prestación-; se han incorporado 304.307 nuevos beneficiarios de prestaciones, el 40 % de los actuales beneficiarios se han incorporado en los últimos tres años, y hay menos personas
pendientes de recibir prestación, con un descenso del 51,62 %. Hay más servicios profesionales, más empleo, más cobertura; la tasa de cobertura, señorías, ha pasado del 71 % en 2011 al 83,5 % en 2014. Todos estos datos, se han dado con una crisis
que no nos podíamos imaginar y con el resultado de una mala gestión de esa crisis que nos dejó el Gobierno anterior -podemos recordar los más de 3,5 millones de parados, la prima de riesgo disparada, etcétera- y, sin embargo, el Gobierno garantizó
con enorme cobertura la asistencia a la dependencia.
Señorías, el Tribunal de Cuentas aprobó el pasado 29 de mayo el informe de fiscalización sobre las medidas de gestión y control adoptadas por las comunidades autónomas para la adecuada aplicación de la Ley de Dependencia, que en sus
conclusiones constata numerosos avances. Constata el esfuerzo por refundir el desarrollo reglamentario de la ley, una evolución positiva en la reducción de los plazos de resolución de reconocimiento de la prestación (49 días de media nacional), si
bien lamentablemente hay que destacar que en comunidades como la de Andalucía, todavía están en 310, que es lo que ralentiza la media de toda España. Afirma también el Tribunal de Cuentas que se ha conseguido reducir significativamente en 2012 y
2013 el número de solicitudes pendientes de resolución; eso sí, una de cada tres personas en España en situación de dependencia que se encuentra a la espera de recibir su prestación, vive en Andalucía, comunidad de la que, por otro lado, el
Tribunal de Cuentas refleja la opacidad de la Junta, que no ha remitido todavía la certificación correspondiente a la ejecución presupuestaria. En cualquier caso, señorías, lo que es importante es que no debemos olvidar que son las comunidades
autónomas quienes deciden quién se incorpora al sistema; que la financiación de la dependencia, cuyo modelo se acordó en el año 2009, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se financia a través de dos leyes, la Ley de Dependencia y la
de las autonomías. Desde el primer día de implantación del sistema de atención a la dependencia hasta nuestros días, el avance es notorio y debe seguir reforzándose. Para ello necesita ser evaluado y revisado y así continuar mejorando y
fortaleciendo los pilares del sistema de la dependencia. Todos somos conscientes de que el próximo 1 de julio se incorporan los dependientes moderados y se terminará de desplegar el sistema de atención. Se calcula que se incorporarán 300.000
nuevos dependientes. El Gobierno ha garantizado la financiación que le corresponde. Cuando estas personas entren en el sistema, estaremos en el noveno año de aplicación de la ley y se habrá cumplido el calendario establecido en la disposición
final primera de la misma.
Por ello, una vez transcurrido este periodo, consideramos procedente que se realice una evaluación del grado de desarrollo de la ley, y a partir de ahí trazar una nueva hoja de ruta. Es importante que seamos capaces de hacer un estudio en
profundidad, una reflexión de la manera más desapasionada y objetiva posible de lo que ha supuesto el desarrollo del sistema; cuáles son los problemas que presenta, sus carencias, sobre todo cuáles son los retos de futuro que presenta el sistema de
atención a la dependencia. Como decía el ministro Alonso, se trata de ver con valentía y sentido común cuáles son las debilidades en relación con todas las cuestiones, también con las que pueden ser más polémicas como la financiación, la
participación de los usuarios en la financiación del sistema y fundamentalmente cuál es la relación del Sistema de Dependencia con el conjunto de los sistemas sociales y, por tanto, cuál es la visión de futuro
que podemos compartir para hacer evolucionar este modelo y este sistema, con el objeto de que sus conclusiones sienten las bases para modificar aquellos aspectos que se evidencian como mejorables y sentar las bases de trabajo posterior.
Todo ello con el consenso de los grupos políticos y los agentes involucrados.
Señorías, termino. La atención a la dependencia no debe nunca ser moneda de cambio entre partidos. Tenemos la obligación de abrir una etapa de consenso y sentido común para abordar los retos de la dependencia, porque todos estamos
convencidos de que hay importantes aspectos mejorables y de que entre todos seremos capaces de abordarlos. Y para ello les pido su apoyo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora Montesinos.
Defensa de las enmiendas presentadas. Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Señora Montesinos, el problema no es de legitimidad de su grupo parlamentario a la hora de presentar esta iniciativa y cualquier otra en este caso en concreto, sino de discrepancia en el diagnóstico que ustedes hacen sobre esta política, y
desde la convicción, además, de que quizás el planteamiento que hacen en esta moción y especialmente cuando apelan a un consenso de todos los grupos parlamentarios, podría haberse planteado en el inicio de la legislatura, en medio de la
legislatura... A pocos meses de cerrar la actividad parlamentaria en el Congreso de los Diputados, nos parece estrictamente un brindis al sol y, por tanto, ya le anuncio que votaremos en contra de esta iniciativa suya.
Y decía que nos parecía que usted ha hecho -no tanto, que también, en la intervención que acaba de realizar, sino sobre todo en la exposición de motivos que justifica esta proposición no de ley- un análisis del funcionamiento de la Ley de la
Dependencia en esta legislatura que mi grupo no puede compartir. Porque, entre otras cosas, la legislatura se ha caracterizado por el efectivo abandono del compromiso del Estado en la financiación de la Ley de la Dependencia. Usted sabe -y ha sido
objeto de innumerables debates a lo largo de la legislatura- que hoy la aportación del Estado a este sistema representa alrededor del 18 %. Son las comunidades autónomas y los usuarios a través de los mecanismos de copago quienes asumen el grueso
de la financiación del Sistema de Dependencia. Por tanto, en ningún caso nuestro voto a un planteamiento que podría ser inocuo -es decir, hágase un estudio para evaluar la dependencia- puede ser favorable. No queremos convalidar esta tarde una
política en la que el Estado ha decidido continuar implementando a fondo el Sistema de Dependencia y ha traspasado la responsabilidad a las comunidades autónomas, comunidades autónomas que se han visto además, a través de esas decisiones del
Gobierno, sometidas todas a una enorme presión financiera y que ha forzado, para mantener los compromisos legales a los que estaban obligados por la Ley de Dependencia, a debilitar el conjunto del sistema de servicios sociales. Y todo ello además
en el contexto de la reducción de recursos del plan concertado y de la reforma de la Ley de Régimen Local, que deja menos capacidades a los ayuntamientos en esta materia e indirectamente establece más responsabilidades a las comunidades autónomas,
que deberán hacer frente a finales de este año o principios del próximo a más responsabilidades en la financiación de los servicios sociales. Y todo ello además en el contexto de un reparto de los objetivos de reducción del déficit público que aún
ahoga más la capacidad financiera de las autonomías para mantener los servicios públicos esenciales del Estado del bienestar en educación, en servicios sociales y en sanidad. Por tanto, se nos escapa ese balance positivo que ha hecho el Gobierno.
Lo hemos discutido en otras ocasiones en esta legislatura: hay menos listas de espera, pero también sabemos que, por desgracia, hay más ciudadanos que han muerto esperando entrar en el sistema. No entramos a fondo en la discusión sobre la calidad
de los servicios que estamos ofreciendo y además continuamos -eso se arrastra de la etapa anterior- con un sistema que pivota no tanto sobre los servicios a las familias y a las personas como sobre la fórmula del cuidador familiar y, por tanto,
manteniendo en la práctica el viejo esquema de atención a la dependencia: la asunción de las mujeres en el seno familiar del cuidado de sus maridos, de sus padres o de sus hermanos. Y a pesar de la tendencia positiva de las cifras, lo que es
verdad es que este sector, con un apoyo efectivo de los Presupuestos Generales del Estado, podría haber sido uno de los grandes yacimientos de empleo durante estos años de crisis. Todo ello no ha formado parte de la política del Gobierno y, como
decía, debemos votar en contra de esta iniciativa. Eso sí, presentamos una enmienda que plantea sustancialmente modificar el sistema de financiación de la dependencia para lograr los recursos que garanticen a las autonomías la suficiencia del
sistema. Esa es
la cuestión de fondo, la cuestión principal, que ustedes no han resuelto en esta legislatura, sino que han empeorado.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, interviene la señora Martín González.
La señora MARTÍN GONZÁLEZ: Muchas gracias, presidente.
Señora Montesinos, hay que ser de una categoría política especial para defender lo indefendible, que es lo que ha hecho usted esta tarde. El Grupo Socialista quiere saludar, en primer lugar, a los representantes de la plataforma estatal de
la Dependencia -bienvenidos-, porque ellos saben bien de lo que hablamos esta tarde.
El Partido Popular nos propone un interesante debate: solicitar al Gobierno que realice un informe de la aplicación de la Ley de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. No hace falta nuestra autorización,
ya deberían estar haciéndolo, lo que les pedimos es que sea una evaluación real, no solo un informe. Les hemos dicho muchas veces que esto no está evolucionando correctamente porque los datos son escandalosos. A la insuficiencia presupuestaria
fueron añadiendo medidas que derogaban de forma encubierta una ley importante y muy bien valorada por el 85 % de los ciudadanos ya en 2011. Empezaron anulando derechos con el Real Decreto 20/2012, siguieron con el aplazamiento de la aplicación de
la ley, aumentaron los copagos, expulsaron beneficiarios del sistema y remataron la faena con el desarrollo normativo, que han aplicado de forma dispar las diferentes comunidades autónomas, y hasta los tribunales les han quitado la razón en este
desarrollo, como ha ocurrido en Castilla-La Mancha. Y ustedes, con su silencio, lo han consentido y lo han celebrado.
Estos son los datos, señorías: 140 beneficiarios se pierden cada día; hay 55.300 personas menos con derecho a atención en el último año; 137.000 personas valoradas siguen esperando su plan de atención; 177.000 han perdido el derecho por
rebaremaciones injustas o porque han fallecido esperando, y hay 173.000 cuidadores familiares despreciados y expulsados del convenio con la Seguridad Social. Y hay más números que se pueden analizar en el sistema común que tenemos todos. Señores
del Partido Popular, la Administración debe evaluar sus políticas y sus consecuencias y este ministerio también, y corresponde al Consejo Territorial de la Dependencia su aprobación. Saben que ya existen varios informes previos elaborados por el
ministerio, analicen la evolución estadística de los datos publicados todos los meses por el Imserso, analícenla despacio. Y hay más informes: el informe de la Oficina del Defensor del Pueblo, informes del Tribunal de Cuentas, informes anuales del
Observatorio de la dependencia, de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, del Consejo estatal de colegios de trabajadores sociales, y también pueden contar con las aportaciones que podrían hacer las diferentes plataformas en
defensa de la Ley de Dependencia, que seguro que pueden aportarles mucho porque han vivido, han sufrido el día a día de la aplicación de esta ley. Pregunten a los dependientes y a sus familiares, pregunten a los expulsados del sistema y a los
familiares de los fallecidos, y pregunten también a los profesionales, a esos que han visto tantos y tantos despidos por los recortes introducidos año tras año, seguro que ellos también tienen mucho que decir. Pero no lo demoren mucho tiempo,
porque muchos de los ciudadanos con derechos reconocidos pueden seguir falleciendo esperando una respuesta o una prestación que no les llega. Deberían conocer la existencia de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de
los Servicios, solicítenles un informe de evaluación -informe de evaluación- lo antes posible y apruébenlo en el Consejo Territorial, porque no hace falta que se lo autoricemos. Pero no se lo piden para 2016, después de las elecciones, para que no
se vean sus vergüenzas.
Su interés por la aplicación de la Ley de Dependencia parece nuevo, pero desde luego no engañan a nadie. Ahora todos quieren maquillar los datos introduciendo a miles de dependientes valorados como grado I y además lo que hacen es realizar
actividades de prevención de la dependencia, sí, las que cuestan menos y las más extendidas, y es que esto ya lo veíamos venir. Ya estamos viendo cómo introducen en los últimos meses a ciudadanos beneficiarios de prestaciones de servicios sociales
relacionadas con la dependencia pero que en muchos casos ni siquiera han sido valorados: usuarios de ayuda a domicilio, de teleasistencia o que participan en actividades de ocio de los centros de mayores. Siguen instrucciones, eso es lo que nos
dicen. Hacen una gran trampa cuando pretenden mejorar el número de usuarios y no han aumentado el presupuesto para 2015; ya recibían servicios, no son usuarios nuevos. ¿A quién quieren engañar? Desde luego a los grupos no. Por respeto a los
dependientes y a sus
familiares, a los profesionales, ustedes deberían incluir un punto en el que les pidieran perdón por haberles dado el trato que les han dado.
Hemos presentado una enmienda para que la evaluación se haga, naturalmente que queremos que se haga, pero diciendo cómo, cuándo y por quién, y escuchando a quién deben escuchar. Deduzco de sus palabras que no nos van a aceptar la enmienda;
me gustaría que la aceptaran, pero parece que no. Si no nos aceptan la enmienda, lógicamente, votaremos en contra.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora Martín González.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Pérez.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, presidente.
Señora Montesinos, desde luego los estudios, si se hacen, esperamos que sean bastante más objetivos de lo que ha sido su intervención. La Defensora del Pueblo, el CES, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y
cientos de asociaciones de usuarios o familiares han denunciado en innumerables ocasiones a lo largo de los últimos tres años el desmantelamiento progresivo que ha sufrido la Ley de Dependencia. En las cifras que ustedes dan en la exposición de
motivos de su iniciativa nada dicen, por ejemplo, de los 1.500 millones de euros que han recortado a las comunidades autónomas, responsables últimas de la atención a las personas dependientes en los últimos tres años. Tampoco mencionan que a estos
1.500 millones de euros hay que sumar el recorte directo de otros casi 1.000 millones de euros en las cuantías a percibir por las personas dependientes con prestación por cuidados familiares. Tampoco hablan en su iniciativa de lo que ha supuesto la
brutal reducción de la financiación pública para los usuarios en lo referente al incremento de los copagos, casi un 70 % entre 2009 y 2013. Ha habido comunidades autónomas, señora Montesinos, que han dejado de reconocer prestaciones por falta de
fondos para hacer frente al gasto que suponen y desde luego tampoco hay ni rastro en su iniciativa de los más de 100.000 dependientes que han fallecido desde 2012 esperando la prestación ya reconocida por el Estado. En fin, estos y muchos otros
datos, pero sobre todo la merma de la atención y las condiciones en las que se encuentran miles de personas dependientes ya nos dan una idea bastante clara de la situación de la aplicación de la Ley de Dependencia en el Estado. Nosotros no tenemos
nada en contra de que se realicen estudios que efectivamente pongan sobre el papel todo esto que denunciamos y de lo que tantas veces hemos hablado en esta Cámara; ahora bien, mientras se realizan los estudios les rogaríamos que paralelamente se
incrementasen las partidas presupuestarias para la atención a los miles de personas que todavía siguen en lista de espera, que transfiriesen a las comunidades autónomas los fondos necesarios para que puedan atenderlas dignamente y que tomen nota de
los datos y de las conclusiones de los múltiples estudios ya realizados en estos años por distintas entidades y asociaciones relacionadas directamente con el sector y se pongan definitivamente manos a la obra. Esto implica empezar a recuperar el
nivel de gasto por usuario que había antes de 2011; implica que reconsideren los cambios que han hecho en los baremos y que han endurecido las condiciones para el reconocimiento de los grados de dependencia, e implica sobre todo, señoría, que se
restablezcan los más de 2.000 millones de euros que han desaparecido de las partidas presupuestarias afectadas. Por lo tanto, estudios, sí, pero dotación presupuestaria también y cuanto antes.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora Pérez.
Señora Jordà.
La señora JORDÀ I ROURA: Gracias, señor presidente.
Señorías del Partido Popular, déjenme que les diga que es absolutamente indignante la desvergüenza que tienen ustedes, que tiene el Partido Popular. (Rumores). ¿Cómo se atreven, señorías, a fardar de las incorporaciones a la Ley de
Dependencia cuando más del 20 % de las personas que tienen derecho a ella no lo cobran y cuando su Gobierno no paga ni la mitad de lo que debería? ¿Cómo se atreven cuando han recortado más de 1.500 millones de euros en una Ley de Dependencia que,
lejos de recortes, necesitaba 800 millones más? ¿Cómo se atreven cuando el Gobierno de Rajoy aporta tres veces menos de lo que aportan las comunidades autónomas, más que ahogadas por Montoro? ¿Cómo se atreven cuando el Estado está aportando lo
mismo que las personas beneficiarias aportan a través de unos estafadores repagos? ¿Cómo se atreven cuando hacen repagar a personas pensionistas, a personas enfermas crónicas o con
discapacidad, a las que por otro lado les han recortado inversiones y a la vez beneficios sociales? ¿Cómo se atreven cuando han reducido las ayudas para pagar a las cuidadoras y han dejado de pagar su cotización a la Seguridad Social
estimulando así la economía sumergida? ¿Cómo se atreven a hablar de cumplimiento de un calendario que retrasaron en su primer año de Gobierno lo que ha hecho que más de 100.000 personas hayan muerto esperando que les reconocieran su derecho a la
dependencia? La Ley de Dependencia debería ser una prioridad. Es una prioridad porque la dependencia es un derecho y los derechos no dependen de la graciosa voluntad de un Gobierno, sino que son obligados, como mínimo tan obligados como pagar la
deuda de la señora Merkel.
Acabo. Ustedes saben del sufrimiento que están generando, saben de las necesidades de las personas con discapacidad, de los familiares esclavizados, de los gastos en adaptar la casa, en sillas de ruedas, en pañales, en camas articuladas, en
adaptadores para el baño, etcétera. Ustedes saben también de personas de más de ochenta años que cuidan a sus parejas que están postradas en una cama o en una silla de ruedas, que las levantan como pueden y que para lavarlas o para sentarlas frente
a una ventana o un televisor se las ven y se las desean. No sean tan cínicos de decirnos que no hay dinero, no lo sean porque ustedes la semana pasada aprobaron un crédito a costa de deuda de más de 800 millones de euros para comprar aviones y
tanques militares. De verdad que no se puede ser tan miserable.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora Jordà.
Señor Errekondo.
El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: Señorías, la aplicación de la Ley 39/2006, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, realmente está incumplida. Debería estar cumplida desde 2012, pero las
políticas de desmantelamiento del Gobierno del Partido Popular contra el Estado del bienestar precisamente lo han impedido. Y es que el Gobierno del Partido Popular ha paralizado el calendario de aplicación de esta ley; de hecho, ha vaciado
incluso los fondos. Si no fuera por el compromiso adquirido por las entidades locales, las diputaciones y las comunidades autónomas, el sistema de atención hoy estaría en una situación de parálisis, ingresado en cuidados intensivos.
Ustedes, el Partido Popular, acostumbrados a pasar el rodillo de su mayoría absoluta, nos traen aquí esta pírrica iniciativa cuando precisamente fueron ustedes quienes cerraron la entrada al sistema de atención a las personas en situación de
dependencia moderada. O cuando fueron ustedes quienes abandonaron a su suerte el nivel acordado de manera unilateral, dejando a las autonomías, diputaciones y comunidades autónomas en una situación de absoluta indefensión y a decenas de miles de
personas fuera del sistema. O cuando fueron ustedes quienes recortaron el nivel de protección, alrededor de un 15 % en todos los niveles. O cuando han sido también ustedes quienes literalmente han suspendido los derechos de las personas
convirtiendo a las mujeres en verdaderas psicólogas y cuidadoras del entorno familiar. Sin embargo, ¿qué ha hecho el Gobierno del Partido Popular respecto, por ejemplo, a las enfermedades poco frecuentes? Nada, cero. Lo único que ha hecho ha sido
darles la espalda; dar la espalda, por ejemplo, a las personas víctimas de la talidomida o con síndrome de Sanfilippo, etcétera.
¿Qué han invertido en sensibilidad y pedagogía para romper con los prejuicios, los tabúes y los términos denigrantes que están tan interiorizados en la sociedad y que tanto daño hacen? Por ejemplo, está mal decir una persona dependiente;
está bien decir una persona en situación de dependencia. Está mal dicho una persona discapacitada o minusválida, lo que hay que decir es una persona con alguna discapacidad. Tampoco está bien decir enfermedades raras, hay que decir enfermedades
poco frecuentes. Estamos hablando de pedagogía, y es más importante de lo que parece. Estamos hablando por tanto de poner en valor la realidad, de transformar la sociedad actual en un verdadero sistema inclusivo. Debemos entender que todas las
personas estamos en una situación de dependencia, de un modo o de otro. Tenemos que entender también que la interdependencia es precisamente una característica intrínseca de la propia sociedad, entre las personas y su entorno. Hay por tanto mucho
que hacer; sin embargo, con el Partido Popular lo único que hemos hecho es avanzar hacia atrás. Y ustedes, que lo tienen en sus manos, nos vienen ahora con que hay que realizar un estudio. Viniendo de ustedes resulta insultante, porque dicen que
es para tomar medidas para mejorar. Un consejo, pueden empezar a mejorar rápidamente devolviendo todo lo que han desmantelado con sus manos durante estos tres años, quizá entonces recuperen algo de credibilidad. Mientras tanto, oír de su boca
mejorar la atención a la dependencia
significará desmantelar, privatizar y abandonar. Pero no se preocupen porque en los territorios históricos de Euskal Herria seguiremos invirtiendo el 50 % de los presupuestos en los servicios sociales.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Errekondo.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) interviene el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.
Señora Montesinos, ha realizado una invocación a la pertinencia del estudio. El estudio es un gran valor. Nosotros lo ponderamos como tal. Pero nosotros ya hemos estudiado esta ley. La llevamos estudiando desde el mes de diciembre de
2006 y cuanto más la estudiamos, más observamos el fiasco en que ha consistido su aplicación, fiasco que se podría desagregar en muchas cuestiones que han sido ya indicadas por los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra y otras que
podría añadir yo. Señora Montesinos, ¿qué quiere que estudiemos en relación al área de la dependencia? ¿El incumplimiento del régimen de tracto sucesivo, de la cronología de aplicación para la valoración de todos los dependientes, incumplido ya en
más de seis años? ¿Eso es lo que quiere que estudiemos? Incumplimiento flagrante, tengo que decir en su descargo, no solo de su Gobierno, sino también del Gobierno anterior, que tampoco cumplió los plazos de valoración de los dependientes tal como
estaban consignados en la ley mediante este peculiar régimen de tracto sucesivo. ¿Qué quiere que estudiemos, señora Montesinos? ¿Las modificaciones permanentes de los criterios de baremación de los dependientes que suponen baremaciones in peius
para los dependientes, excluyendo a más dependientes cada vez que se establecen nuevos criterios, hasta el punto de que en este momento no son objeto de valoración aquellos discapacitados que no llegan al 68 % de discapacidad? ¿Eso quiere que
estudiemos? Estas personas quedan absolutamente desatendidas al no incorporarse a un proceso de dependencia que, sin embargo, no se ve complementado por otros procesos de protección a estas personas discapacitadas en porcentajes del 68 %, que se
dice pronto ¿Qué quiere que estudiemos, señora Montesinos, el incumplimiento permanente y sistemático de los calendarios de valoración de los nuevos dependientes? Ustedes no quieren que estudiemos, lo que quieren es que leamos la exposición de
motivos de su proposición no de ley, una exposición de motivos apologética y cuya coincidencia con la realidad de lo sucedido es mera coincidencia en su caso. No tiene nada que ver con la realidad lo que ustedes de forma muy loable, muy apologética
establecen sobre cuántos beneficiarios están percibiendo ya prestaciones con cargo al Sistema de Dependencia. No son los que ustedes indican aquí, son muchos menos. Y no se van a cumplir las previsiones que ustedes hacen cuando se valoren, si es
que algún día se valoran, los dependientes nuevos. No se van a incorporar 300.000 nuevos dependientes moderados, porque en este momento no existen consignaciones presupuestarias. Basta analizar las previsiones de los últimos Presupuestos Generales
del Estado, donde se han detraído de las consignaciones presupuestarias para la atención a la dependencia más de 2.000 millones de euros. Su previsión materialmente no va a ser posible más que en el caso de que la valoración de los nuevos
dependientes se haga, como ha dicho la portavoz del Grupo Socialista, desde una perspectiva meramente preventiva, pero no se atribuyan a los nuevos dependientes las prestaciones que consigna una ley que, por cierto, nosotros hemos visto siempre con
prevención.
Señora Montesinos, le voy a decir lo que usted debería estudiar. Las diputaciones forales vascas, antes de la aprobación de la ley, ya atendían a todos los dependientes que van a ser objeto de valoración cuando acabe el tracto sucesivo de
valoraciones previstas en la Ley de 2006, de Dependencia y Autonomía. Sí, a todos, incluidos los moderados. Se creó un derecho de ciudadanía, que en el ámbito de la doctrina científica nadie sabe en qué consiste exactamente, no es un derecho de
Seguridad Social, no es un derecho subjetivo, de los ciudadanos, es un derecho de ciudadanía, algo anfibológico reproduciendo la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que no significa realmente nada y que no se sabe cómo reivindicar, que ni
siquiera se puede reivindicar ante los tribunales la aplicación de un derecho de estas características; de hecho, no ha habido reivindicaciones o reclamaciones ante los tribunales del reconocimiento de las prestaciones previstas en la Ley de
Dependencia. Se excluye no solo a los discapacitados que no llegan al 68 % de discapacidad, sino que se excluyen de la valoración de dependencia situaciones verdaderamente aberrantes, como las de aquellos que padecen enfermedades raras que
realmente carecen absolutamente de autonomía personal, que requieren una dedicación de sus familiares digna de encomio, que raya en la épica, y a los que ustedes han privado de financiación porque han impedido lo que originariamente la ley
preconizaba, que es la posibilidad de que familiares que tienen que atender a un dependiente pudieran ser remunerados y cotizar a la Seguridad Social. Se ha excluido
de la ley esta consignación que era una fuente -el señor Campuzano lo decía también- de generación de empleo en el ámbito de la atención a la dependencia, creando sinergias y efectos económicos interesantes e importantes.
En definitiva, qué quiere que estudiemos si ustedes han incumplido todos los requerimientos de la Ley de Dependencia desde la perspectiva de las valoraciones, desde la perspectiva de la identificación de los baremos, desde la perspectiva de
la cronología de los calendarios de valoración de los dependientes -seis años de demora en la valoración de los dependientes- y mediante la vulneración, por si fuera poco todo lo anterior, de competencias exclusivas de las comunidades autónomas,
como ha sido comentado también por el señor Campuzano. En materia de asistencia social estamos ante una competencia exclusiva de las comunidades autónomas pura, es de las pocas que no están afectas ni por la legislación básica del Estado, ni por la
legislación marco del Estado, ni por la Alta Inspección del Estado, ni por los principios rectores ordenadores de la economía; por nada, es una competencia pura. Por eso nuestras diputaciones forales -no otras comunidades autónomas que han sido
muy deficitarias en atender estos requerimientos de mera justicia social, de mera justicia material- ya atendían a todos los dependientes radicados en los territorios forales de Euskadi. Luego esta ley no supuso nada y por eso ustedes indican en la
exposición de motivos que fue aprobada por todos menos por los partidos nacionalistas. Los partidos nacionalistas lo estábamos haciendo ya, por eso no lo aprobamos y porque suponía una perturbación en la estructura de distribución competencial del
Estado en materia de asistencia social que consideramos peligrosa y perturbadora. Desafortunadamente el tiempo nos ha dado la razón, señora Montesinos: ha resultado inadecuada, perturbadora mediante el incumplimiento sistemático de una ley que,
sin embargo, podía tener eventualmente efectos beneficiosos. Ni 700.000 perceptores de prestaciones ya ni 300.000 pro futuro, olvídese de las dos cifras; 300.000 preventivamente van a ser analizados pero no hay consignaciones presupuestarias para
atenderles. Desde esa perspectiva se establecerán algunos mecanismos de naturaleza preventiva para ver qué se puede hacer, para ver cómo se puede acompañar a las familias; en fin, lo que a ustedes se les ocurra, lo que podamos estudiar. La
invocación era estudiar, pues estudiaremos qué se puede hacer, pero con esas consignaciones presupuestarias, con el desajuste que han hecho ustedes del Estado del bienestar en este ámbito en concreto de la asistencia social, con los propios
contenidos materiales de la Ley de Dependencia, que se han tomado por su Gobierno y por el anterior a puro beneficio de inventario, es imposible cumplir los propios requerimientos no de la ley, sino los propios requerimientos de la Constitución
previstos en el artículo 41: se atenderá de forma suficiente cualquier situación de necesidad. Esta ley ni atiende cualquier situación de necesidad de forma universal ni de forma suficiente. Lo hace al revés, señor presidente: de forma
manifiestamente insuficiente y no de forma universal; nunca va a ser de forma universal, sin perjuicio de las vulneraciones, que también son de constitucionalidad, señor presidente: las vulneraciones de las competencias autonómicas en este ámbito.
Parece que esto tiene una dimensión menor, pero también se vulnera la Constitución cuando se penetran, se vulneran y se vacían de contenido las competencias autonómicas. Desde esa perspectiva, señora Montesinos, con el aprecio que sabe que yo le
tengo, voy a estudiar todo lo que usted quiere que estudie, pero estudiando esto uno tiene la sensación de que lo único que va a interiorizar -desde una perspectiva subjetiva y personal- es pura melancolía.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Lleonart.
El señor LLEONART CRESPO: Muchas gracias, señor presidente.
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, fue uno de los proyectos estrella de la primera legislatura de José Luís Rodríguez Zapatero; un proyecto vacío
de competencias y de financiación; un cascarón lleno de buenas intenciones que realmente ha supuesto ciudadanos dependientes de primera y ciudadanos dependientes de segunda. La PNL que debatimos ahora mismo propone instar al Gobierno a estudiar el
desarrollo de la Ley de Dependencia una vez finalizado su periodo de implantación, con el objeto de que sus conclusiones sienten las bases para modificar aquellos aspectos que se evidencien como mejorables y poder sentar las bases de un trabajo
posterior. Ahora bien, hay que resaltar la demagogia que supone presentar por parte del Grupo Popular esta proposición ante un Gobierno que agoniza y que no ha sido capaz en toda la legislatura de dotar de contenido a esta ley.
Desde el Grupo Parlamentario de UPyD estamos, por supuesto, a favor de la adopción de cualquier iniciativa que favorezca el sector de las personas con discapacidad; si bien, debemos manifestar una serie de salvedades que hacen que, lejos de
una decisión fácil, ésta sea una decisión difícil, pues como decíamos antes, ni desde el Gobierno ni desde los Gobiernos autonómicos -la mayoría del PP- se ha trabajado realmente en una mejora de la Ley de Dependencia. El hecho de que la
competencia para la aplicación y gestión de la Ley de Dependencia dependa de cada comunidad autónoma y la ausencia de un soporte mínimo por parte del Estado ha ocasionado una tremenda desigualdad entre los ciudadanos españoles en función del lugar
de residencia, a la vez que un fracaso en el nivel de cobertura deseable por la falta de dotaciones presupuestarias y medios materiales humanos, que en esta época de crisis se ha agravado aún más. Más que realizar un estudio -como aquí proponen-
sería necesario que las comunidades autónomas informaran debidamente del desarrollo y carencias de la norma y que por todos los grupos políticos se afrontase una reforma legislativa y una mejora de la eficiencia en la aplicación de la misma,
confiriendo, en primer lugar, la competencia en la materia de atención de la dependencia al Estado.
Los presupuestos del Estado deberán, en un futuro, contemplar las dotaciones adecuadas y no quedarse en las vergonzosas microcifras de los últimos ejercicios. Entre 2011 y 2013 las comunidades autónomas y entes locales recortaron su
aportación a los servicios sociales en más del 13 %, situándose en una media de gasto anual por ciudadano de poco más de 300 euros. Estos recortes, que han seguido en años posteriores, también han sido desiguales entre las diferentes comunidades,
agrandando aún más entre los españoles las diferencias al respecto en materias de discapacidad. La inversión conjunta del Estado y comunidades autónomas en materia de servicios sociales debería situarse en torno al 15 %, y no caben excusas. Sigue
habiendo mucho gasto superfluo que recortar en otras partes para dedicarlo a lo que verdaderamente importa: la calidad de la vida de los españoles dependientes. El sistema de atención a la dependencia no es capaz ni siquiera de garantizar la tasa
de reposición. Es decir, cada vez son menos las personas que reciben prestaciones o servicios por su situación de dependencia. Por ello, tenemos que exigirnos a todos el compromiso de garantizar, al menos, el mismo porcentaje de beneficiarios del
sistema que cuando se alcanzó el máximo histórico. Si bien, no hay que perder de vista que para el primer trimestre de 2016 existe el compromiso de atender a todas las personas con derecho al servicio de atención domiciliaria, teniendo en cuenta
que la incorporación al sistema de todos los grados es ya un derecho efectivo, pues ya se acabaron los periodos transitorios y sus prórrogas.
La red básica de servicios sociales de las entidades locales constituye la estructura imprescindible para atender las necesidades de más de 8,5 millones de personas en la actualidad. Víctimas de los sucesivos recortes, su situación es, en
muchos lugares, de absoluta precariedad por la falta de apoyos en las entidades locales por parte de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas. Además, muchos de los servicios que se gestionan en esta red local están
amenazados por la incertidumbre que genera la reforma local. Es el caso de servicios tan importantes como la ayuda a domicilio, las residencias de mayores o programas de atención a la infancia. Por último, hay que instar desde ya al Gobierno a que
garantice la transparencia y la información por parte de las comunidades autónomas y que el Gobierno central ejerza sus responsabilidades a nivel estatal, de manera que todos podamos valorar el desarrollo de los diversos servicios sociales, sin
diferenciar entre los residentes en diversas comunidades autónomas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Lleonart.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, La Izquierda Plural, señora García Álvarez.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Gracias, presidente.
Señora Montesinos, ha empezado usted su intervención intentando justificar la iniciativa que hoy nos trae a este Pleno, y ya sabe usted aquello de excusatio non petita, accusatio manifesta, justificación no pedida, acusación manifiesta.
Señora Montesinos, es lógico, ustedes son conscientes de que no han hecho nada en todo este tiempo por implantar y seguir mejorando la Ley de Dependencia, por mucho que venga usted con autobombo. En este caso, señora Montesinos, nos trae una
iniciativa similar a otras que han traído ustedes aquí para instar al Gobierno, a su Gobierno, al Gobierno de todos los españoles pero al Gobierno del Partido Popular, a que elabore y haga actuaciones que parece ser que no confían ustedes en que el
Gobierno vaya a hacer, porque le tienen que instar a que lo haga. Resulta cuando menos curioso, voy a utilizar esta palabra. En este caso, es que, una vez finalizado el periodo de implantación -que fue atrasado- en el próximo mes de julio, se haga
un estudio con el objetivo de modificar aquellos aspectos que se evidencien como mejorables. Pues para modificar aspectos que se evidencien como mejorables han tenido
ustedes tiempo más que de sobra, porque desde luego los aspectos mejorables son muchos, han sido muchísimos a lo largo de esta legislatura. En cualquier caso, nosotros podríamos calificarlo como loable objetivo si antes no hubieran
realizado la práctica congelación de la Ley de Dependencia.
Ustedes desde el primer momento -y lo dijo la señora Mato- dijeron que era inviable la Ley de Dependencia y, desde luego, ustedes la han hecho de verdad inviable. Han hecho todo lo posible para que fuera inviable con las aportaciones a las
comunidades autónomas cada vez más rebajadas y con los recortes que han hecho a la propia ley. Ustedes tampoco han escuchado ni a las familias ni a las personas en situación de dependencia, no les ha interesado escucharlas. No es ya que no hayan
hecho caso de estudios que se hayan podido realizar, es que no han querido escuchar ni a las familias ni a las personas en situación de dependencia, que en más de una ocasión se han manifestado enfrente del ministerio y ustedes nunca han tenido la
deferencia de atenderles, nunca. Muy recientemente hemos podido escuchar en los medios de comunicación a personas que manifestaban cómo la subida de los copagos no les permitía seguir recibiendo las prestaciones correspondientes porque no podían
abordar esos copagos. Hemos visto también cómo a personas se les ha rebajado la gradación de dependencia, y hay personas que la podrían haber cobrado si ustedes hubieran tenido la deferencia de haberlos atendido y escuchado, cosa que no han hecho.
Y hay personas a las que, habiendo sido evaluadas y su evaluación determinar finalmente que tienen que estar residenciadas, se les exige unas aportaciones económicas superiores a la propia pensión que reciben. Señora Montesinos, ustedes tampoco han
escuchado eso que es una realidad. Además, señorías, incluso analizando sus propios datos, los suyos, se puede ver que los sucesivos recortes que han llevado a la vulgarmente conocida como Ley de Dependencia, especialmente aquellos que se
impusieron a través del Real Decreto-ley 20/2012, han conducido a una situación gravísima a muchísimos familiares y a muchísimas personas en situación de dependencia. Se ha reducido en un 12,63 % las personas con derecho a prestación y en un 4,46 %
el número de dependientes que reciben una prestación efectiva. Son sus datos, no los nuestros. Ustedes tienen un vídeo, del cual hacen promoción, a lo mejor un poco cursi, en el que dicen que nos pongamos en la piel de las personas que sufren
determinadas situaciones. Pues bien, les instamos a que se pongan de una vez en la piel de las personas y de las familias que están sufriendo sus recortes, los numerosos recortes y las numerosas rebajas que ustedes hacen en la Ley de Dependencia.
Señorías del Grupo Popular, sé que es difícil y costoso entender qué es lo que los ciudadanos nos demandan tras los últimos procesos electorales, pero al menos una cuestión debería quedar clara, y es que están hartos de mentiras y engaños,
hartos de que se les diga que son el centro de las políticas y que luego se hagan políticas en su contra, en contra de sus intereses y en contra de sus derechos. Esta iniciativa que traen hoy es una iniciativa que solamente tiene un contenido
preelectoral, pero desde luego ningún contenido beneficioso para los ciudadanos en situación de dependencia ni para sus familiares. Ni siquiera han tenido -permítanme la expresión- la decencia de poner una fecha concreta a la finalización de ese
estudio. Por tanto, como no podemos seguirles el juego, no podemos votar a favor. Estaremos siempre con aquellas políticas que vayan a favor de los ciudadanos y las ciudadanas, de sus familias, pero estaremos en contra siempre de las políticas de
autobombo, que tienen un carácter nada positivo para los ciudadanos y solo positivo para el partido que las propone.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora García Álvarez.
Señora Montesinos, a efectos de aceptar o no alguna de las dos enmiendas.
La señora MONTESINOS DE MIGUEL: No vamos a aceptar ninguna enmienda. Hemos intentado llegar a un acuerdo transaccional, que lamentablemente ha sido imposible.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señora Montesinos.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A LA DIGNIFICACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL ACERCÁNDOLO AL 60 % DEL SALARIO MEDIO, TAL Y COMO ESTABLECE LA CARTA SOCIAL EUROPEA. (Número de expediente 162/001123).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Siguiente punto del orden del día: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la dignificación del salario mínimo interprofesional
acercándolo al 60 % del salario medio, tal y como establece la Carta Social Europea. Presenta la iniciativa y tiene la palabra la señora Ramón Utrabo.
La señora RAMÓN UTRABO: Señorías, el Grupo Socialista vuelve a subirse a esta tribuna para reclamar algo que considera de justicia, el incremento del salario mínimo interprofesional, y lo hacemos pidiendo, en primer lugar, la recuperación
de su poder adquisitivo, perdido en estos cuatro años de Gobierno del Partido Popular en más de un 5,4 %, y además exigiendo su acercamiento gradual al 60 % del salario medio de este país, objetivo marcado en la Carta Social Europea suscrita por
España.
Señorías, nuevamente han saltado las alarmas sobre el aumento de la pobreza en nuestro país. Según la última encuesta de condiciones de vida publicada a finales de mayo, los ingresos medios anuales de los hogares españoles continúan en
caída libre. En 2013, un 2,3 % menos que en 2012 y un 5,7 % menos que en 2011. Es más, este riesgo de pobreza ha aumentado en la población en edad de trabajar en 4 puntos porcentuales en los cuatro años de Gobierno del Partido Popular. Hoy, tener
un trabajo en España no implica dejar de ser pobre. Esa ha sido la consecuencia de su reforma laboral, la consecuencia directa de las políticas de contrarreformas neoconservadoras llevadas a cabo por este Gobierno, que apuesta por la devaluación
salarial y el retroceso en los derechos laborales como forma de ganar en productividad y en competitividad de las empresas. Saben que eso no es así y lo estamos padeciendo día a día en nuestro país.
Señorías, la encuesta de población activa de déficit de salario publicada a finales de 2014 muestra ya como más del 27 % de las personas asalariadas de entre veinticinco y cincuenta y cuatro años cobra menos del salario mínimo y muestra
también cómo en un momento en el que se está produciendo la sustitución de contratos de trabajo a jornada completa por contratos a jornada parcial, más de la mitad de los trabajadores y trabajadoras cobran por debajo de este salario mínimo. También
quiero indicar que son las mujeres las principales perjudicadas: un 15,4 % de las mujeres reciben este salario frente al 4,9 % de los varones. Lejos de dignificar el salario, de mejorar las arcas de la Seguridad Social por constituir estos
salarios la base mínima de cotización, lejos de avanzar en la corrección de la brecha salarial en la desigualdad social y evitar la exclusión social, las políticas del Gobierno del Partido Popular hacen recaer el peso de la crisis en los más débiles
y además retrasan la auténtica recuperación económica al minar la confianza de los trabajadores y trabajadoras y su contribución a la consolidación de la demanda interna. Es así como cabe interpretar la congelación del salario mínimo
interprofesional llevada a cabo por este Gobierno; un Gobierno que ha congelado dos veces el salario mínimo, en 2012 y en 2014; un Gobierno que ha incrementado este salario en apenas 7 euros en cuatro años frente a los más de 180 euros en los que
lo incrementó el Gobierno socialista, casi un 40 % en siete años. Ello, paralelamente a cuando subía la luz un 2,4 % en 2013 frente a un 0,6 % del salario mínimo. Precisamente ese año, en 2013, más del 10 % de los hogares manifestaron que no
podían pagar esa luz, no podían pagar esa comunidad, no podían pagar el alquiler o no podían pagar la hipoteca de su vivienda.
España, que ocupa el cuarto puesto de la zona euro en razón de su producto interior bruto, sin embargo ocupa los últimos puestos en cuantía de salario mínimo junto con Grecia y Portugal, distanciado de Gran Bretaña, el país que nos antecede
en la lista en casi 500 euros. En las pasadas legislaturas, los Gobiernos socialistas asumimos el compromiso de alcanzar un salario mínimo con una cuantía equivalente al 60 % del salario medio, adecuando así ese compromiso al contenido en la Carta
Social Europea. Ese compromiso permitió, como he dicho anteriormente, que en siete años incrementáramos notablemente el salario mínimo, llegando en 2010 a encontrarnos en el 41 % del salario medio de nuestro país. En los últimos cuatro años, el
salario mínimo no solamente ha perdido poder adquisitivo, sino que también se ha distanciado de forma sustancial del objetivo marcado por la Carta Social Europea, pudiendo decir, sin demasiado riesgo de cometer error, que nos situaremos en torno al
35 %. La congelación del salario mínimo o los incrementos nimios que ustedes han llevado en este mismo año con el 0,5 %, nos distancian cada vez más de lo que están haciendo países de nuestro entorno más cercano. Necesitamos un salario mínimo de
cuantía adecuada, porque esa es la garantía imprescindible para asegurar la cohesión social y contribuir así a una distribución justa de la riqueza que nos reclama el artículo 131 de nuestra Constitución española. En España el Gobierno ha tomado
una dirección diametralmente opuesta a la señalada por las economías más avanzadas. Esto está provocando un terrible sufrimiento a los trabajadores y trabajadoras; un sufrimiento que no se acompasa para nada con la campaña de recuperación
orquestada por el Gobierno del Partido Popular. Recuperación para unos pocos y condena para amplias clases medias, para los trabajadores que ven cómo merman sus salarios, que se ven abocados a la renuncia de sus derechos
sociales, a la renuncia a un salario digno. Esta reclamación de garantía de suficiencia en la retribución salarial que mandata el artículo 35 de la Constitución como un derecho de los trabajadores por la prestación de su trabajo y que se
está viendo seriamente comprometida por las políticas emprendidas por este Gobierno, es la razón que avala a nuestro grupo, al Grupo Parlamentario Socialista, para presentar esta proposición no de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señora Ramón Utrabo.
Para la defensa de las enmiendas presentadas, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Tardà tiene la palabra.
El señor TARDÀ i COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, por supuesto que estamos de acuerdo con lo propuesto por el Grupo Parlamentario Socialista respecto al incremento del salario mínimo interprofesional. Compartimos el rechazo a su congelación. Compartimos la indignación ante la
pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y anhelamos el objetivo establecido por la Carta Social Europea para acercarnos al 60 % del salario medio. Y esta es la palabra clave: acercamiento. Hablamos de una voluntad progresiva de
conseguirlo, razón por la cual creemos hoy oportuno volver a traer a votación aquí, hoy, una enmienda que entendemos que el Grupo Parlamentario Socialista nos debería aprobar ya que hace pocos meses ya lo hizo, nos la aprobó, consiguiendo con ello
aunar un debate que será necesario emprender en la próxima legislatura, porque hoy a ustedes les van a decir que no a esta propuesta y entendemos que es muy importante aunar en el debate dos temas. En primer lugar, el incremento del salario mínimo
interprofesional y, en segundo lugar, otra propuesta que nos parece muy, muy importante para conseguirlo, que es realizar las reformas legislativas oportunas a fin y efecto de establecer un salario mínimo en las empresas que tenga una relación de
una a doce respecto a los salarios máximos que se den también en esa misma empresa. Entendemos que este debate es imprescindible a fin de hacer más efectivo este tránsito desde un salario mínimo interprofesional absolutamente deficiente y
deficitario como el actual, hasta el objetivo que deberíamos alcanzar y que establece, repito, la Carta Social Europea. Entendemos que si hoy no se aprueba nuestra enmienda, reforzamos el debate que deberemos emprender en la próxima legislatura.
Repito la voluntad de aunar los dos temas que creo que es básico que vayan paralelos y conjuntamente hasta su resolución definitiva. Si nos lo aprueban, creo que podremos reforzar este debate político.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Tardà.
Señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
Hay una viñeta del dibujante El Roto en donde dos personajes, con traje y corbata, comentan: 'Les ofrecemos salarios mínimos con condiciones pésimas y aún los cogen. Hay que apretar más.' Este es el resultado de las políticas del Partido
Popular en estos años, lo que nos ha conducido a esto. La verdad es que la cuantía del salario mínimo no se arregla ni con el 5 % de incremento que plantea la proposición. Tenemos un serio problema de salarios bajos, irrisorios en comparación con
las medias europeas a pesar de que el coste de la vida no esté tan distante, y no se arregla con el 5 %, aunque evidentemente se mejore. Por cierto, el PSOE lo hubiera podido mejorar en la pasada legislatura. Recordemos que el mismo presidente
Rodríguez Zapatero sugirió elevar la cuantía a 800 euros, pero lo dejó para la siguiente legislatura, que nunca llegó. Una de las compensaciones a estos bajos salarios siempre ha sido la estabilidad y la indemnización de cuarenta y cinco días por
despido improcedente. Ambas compensaciones han dejado de existir para la mayoría y los salarios, encima, se han reducido un 10 % de media. Los sindicatos demandan aumentos más importantes para compensar las congelaciones y las pérdidas de poder
adquisitivo y sencillamente para dignificar la cuantía. La pregunta es: ¿qué modelo laboral quiere este Gobierno, el de la dignidad o el de la explotación? Y la respuesta está en su incremento ridículo del 0,5 % mientras intenta cantar la canción
de la recuperación económica. Si queremos que la gente perciba que hay recuperación económica, empiecen por dignificar los salarios, y el primero, el que está en sus manos, que es el más bajo: el salario mínimo interprofesional, una cifra que si
en 2004 la cobraba un 6 % de los trabajadores y trabajadoras, en 2012 ya ascendía al 12,5 % y en 2014 nada menos que
el 34 % de los trabajadores ganaron menos de 645 euros al mes gracias a su política de sueldos mínimos. Ustedes verán.
Anunciamos que votaremos a favor de la propuesta aunque nos parezca insuficiente.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Baldoví.
Señor Cuadra, tiene la palabra.
El señor CUADRA LASARTE: Señoras y señores diputados, tras dos años de congelación, el Gobierno del Partido Popular ha subido el salario mínimo interprofesional de 645,30 a 648,60 euros, es decir, 3,30 euros. Es todo un pastón, una subida
impresionante del 0,5 %. Frente a ello, por ejemplo, los beneficios de las multinacionales del IBEX 35 el año pasado se han incrementado en un 60 %. Esta sí que es una subida seria. El salario mínimo interprofesional en el Estado español es uno
de los más bajos de Europa, se sitúa entre un 40 y un 50 % por debajo de los existentes en países como Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Irlanda, etcétera. En esto, como en tantas otras cosas -en cifras de paro, de precariedad, de siniestralidad
laboral, etcétera-, el Estado español siempre se ubica en la cola, en todo lo peor, siempre.
El PSOE, tras haber hecho sus cálculos, nos plantea hoy una subida de un 5 % para el salario mínimo interprofesional con el fin de recuperar el poder adquisitivo perdido durante estos últimos tres años. Nos dicen, además, que se trata de
avanzar hacia el objetivo fijado por la Carta Social Europea que establece que el salario mínimo interprofesional llegue hasta el 60 % del salario medio real existente. Pero esto es tremendamente insuficiente desde el punto de vista de Amaiur. Con
la subida del 5 % propuesta tan solo se conseguiría que el porcentaje actual, que es del 34,5 %, pase a ser del 36,2 % del salario medio del Estado español. Repetimos, es claramente insuficiente. Además, con el criterio de seguir manteniendo el
poder adquisitivo del salario mínimo tan bajo existente nunca se podría alcanzar ese objetivo del 60 %, sino que seguiría siempre estancado en un treinta y tantos por ciento. Desde el punto de vista de Amaiur, el salario mínimo interprofesional,
SMI, debería añadir una letra más a su sigla, la D de dignidad que le falta, porque nos encontramos antes y con la propuesta del Grupo Socialista con un salario mínimo que no cubre los mínimos vitales más elementales para una persona. Es una
cantidad, un salario yo diría limosnero y de supervivencia. Lo que hace falta es garantizar un mínimo de dignidad en las condiciones sociales de las personas, y esto no se cubre con la cantidad actualmente existente ni con los 681 euros que
supondría la subida que plantea el Grupo Socialista. No se alcanzan estos mínimos de dignidad ni muchísimo menos, ni muchísimo menos; por eso mismo, porque se queda muy corto y porque los criterios que se establecen no sirven para alcanzar ese 60
%, Amaiur se va a abstener ante esta propuesta.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señor Cuadra.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Calduch.
El señor CALDUCH CERVERA: Señor presidente, señorías, periódicamente el Congreso debate sobre la necesidad de adecuar el salario mínimo interprofesional a la evolución de unas condiciones de vida personales y familiares dignas y acordes con
la realidad económica del país, tal como se exige por la propia Constitución en su artículo 35. Ello se debe no solo al empeño de la oposición parlamentaria de controlar la acción del Gobierno de turno en materia salarial, sino a la importancia
intrínseca que el salario mínimo interprofesional posee para determinar dos dimensiones básicas de la vida de cualquier país: de una parte, las rentas que se consideran mínimas para garantizar las necesidades básicas de cualquier ciudadano, lo que
supone afectar al núcleo mismo de la dignidad humana y los límites de la pobreza; y, de otra, los costes salariales mínimos que deben asumir los empleadores, lo que afecta directamente a la política de empleo y al mercado laboral. (El señor
presidente ocupa la Presidencia). En consecuencia, reclamar la mejora del salario mínimo interprofesional no es tan solo reclamar una mejor retribución salarial como instrumento de una política de redistribución de rentas, sino ante todo una
dignificación de la retribución en los empleos menos cualificados, no tanto por su rentabilidad económica -criterio economicista- como por la obligación de respetar el derecho humano a una vida digna en la que se garantizan las necesidades básicas
de la persona. Sin embargo, el salario mínimo interprofesional, como cualquier retribución salarial, solo es directamente aplicable a las personas que tienen un empleo. En economías con condiciones de pleno empleo, el impacto de las variaciones en
el SMI sobre el volumen de empleo puede ser marginal; en cambio, su impacto puede ser muy significativo cuando se trata de economías con un alto índice de paro, como es el caso de la economía española desde hace más de un
lustro. En estas condiciones, la mejora del salario mínimo interprofesional debe realizarse considerando su doble impacto: por un lado, el aumento del consumo que genera, pero también por el incremento de los costes laborales y su
repercusión en el mercado laboral. Por tanto, teniendo bien presente la decisiva importancia del salario mínimo interprofesional en las dos dimensiones señaladas, resulta obvio que cualquier mejora debe realizarse considerando el necesario
equilibrio entre la satisfacción de las necesidades básicas de las personas para garantizarles una vida humanamente digna y el mantenimiento o mejora del empleo. Cualquier análisis que ignore alguna de ambas dimensiones solo puede servir para el
debate ignorante o la demagogia política, además de provocar perniciosos efectos sociales y/o económicos al país.
Si tomamos como referencia la última década, periodo en el que se han alternado los Gobiernos del PSOE y del PP, nos encontramos con que el salario mínimo interprofesional ha pasado de 540,90 euros en 2006 -obviamente por 14 pagas- a los
648,60 euros de 2015; es decir, un aumento de 107,70 euros, que equivale a un incremento medio anual del 1,9 %. Teniendo en cuenta que durante ese mismo periodo el IPC tuvo un aumento medio anual del 1,8 %, sería sencillo concluir que su
actualización ha permitido garantizar la capacidad adquisitiva básica de las personas; sin embargo, como siempre ocurre, estos datos estadísticos deben analizarse con detalle para no caer en una visión errónea de la realidad. En primer lugar, la
evolución del SMI no ha sido homogénea durante esta década. En efecto, mientras en los tres primeros años aumentó en 60 euros, en los siete restantes tan solo aumentó en 48,60 euros. Ello se ha debido en buena medida a las congelaciones aplicadas
en 2012 y 2014. Además el grave aumento del desempleo provocado por la crisis económica ha restringido el número de trabajadores cubiertos por el SMI, algo que ha provocado una caída de la capacidad adquisitiva de las personas y de las familias.
De acuerdo con estos datos de la encuesta de presupuestos familiares, solo entre 2011 y 2013 el gasto anual medio por hogar se redujo en 2.032 euros, equivalente a un 7 % del total. De acuerdo con las constantes manifestaciones del presidente del
Gobierno y los datos macroeconómicos que nos facilita el Ministerio de Economía y Competitividad, en 2014 el crecimiento del producto interior bruto se estimó en un 1,4 %, que pasará a ser entre el 2,9 % y el 3 % entre el presente año y 2018, y
habrá una reducción -estimamos que muy optimista- de la tasa de paro de casi 9 puntos porcentuales en el mismo periodo.
Nuestra posición se basa en dos argumentos claros y contundentes. Porque el crecimiento del producto interior bruto y del empleo junto con el moderado incremento del IPC lo permiten y porque además es de justicia para los millones de
trabajadores que cobran el SMI y para sus familias, nuestro grupo parlamentario no solamente apoya esta medida de aumentar el 5 %, sino que quiere ir más allá, por lo que ha propuesto una enmienda en la que ofrecemos a los demás grupos de la Cámara
y al propio Gobierno un pacto público para garantizar el crecimiento del SMI en torno a un 3 %, revisable al alza, de acuerdo con el crecimiento del producto interior bruto, el IPC y el mercado laboral durante los próximos tres años de la siguiente
legislatura. Con ello demostraríamos a la ciudadanía...
El señor PRESIDENTE: Señor Calduch, tiene usted que ir acabando.
El señor CALDUCH CERVERA: Voy concluyendo, señor presidente.
Demostraríamos la voluntad política de mejorar las condiciones laborales y sociales de la población en situación de mayor vulnerabilidad y exclusión.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Calduch.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Álvarez-Arenas.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la portavoz del Grupo Socialista ha vertido una serie de calificativos, a los que por otra parte ya estamos acostumbrados, y ha manifestado que todos esos adjetivos son las consecuencias de las políticas neoliberales del Gobierno
del Partido Popular. Simplemente para introducir el debate a priori tengo que decir que si nos referimos a las consecuencias de las políticas del PSOE, no socialistas -probablemente yo no se las imputo al socialismo, sino al Partido Socialista
Obrero Español-, las consecuencias de su Gobierno fueron 3,5 millones de parados, un millón de empresas cerradas y un incremento del 28 % en el riesgo de pobreza y de exclusión social. Eso simplemente cogiendo los datos que todos conocemos.
Señorías, lo primero que hay que recordar es que para fijar el salario mínimo interprofesional, cuestión que por otra parte corresponde al Gobierno previa consulta con las organizaciones sindicales y empresariales, hay que tener en cuenta,
según lo que establece el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 27, la evolución del IPC, la productividad media alcanzada a nivel nacional, así como la evolución de la participación de las remuneraciones salariales sobre el conjunto de la
renta nacional, y todo ello analizado en el contexto más amplio definido por la situación de la coyuntura económica. En este mismo contexto de lo que dice el Estatuto de los Trabajadores es donde se centra la enmienda que mi grupo ha presentado y a
la que me referiré a lo largo de mi intervención. Por ello, en coherencia con lo que acabo de explicar, la valoración conjunta de las variables a que me he referido justificó la decisión del Gobierno de incrementar el salario mínimo
interprofesional en un 0,5 para 2015, lo que -como se dice en el real decreto que lo reguló- responde a la mejora de las condiciones generales de la economía -estaban ya cuando se aprobó este real decreto-, a la vez que continúa favoreciendo de
forma equilibrada su competitividad, acompasando así la evolución de los salarios con el proceso de recuperación del empleo, porque ese es el equilibrio que yo creo que también el señor Calduch de alguna manera ha apuntado que es necesario conseguir
para estas cuestiones, sobre todo para regular el salario mínimo interprofesional. Por ello es importante resaltar que la determinación del salario mínimo interprofesional no es el resultado numérico de una operación matemática en la que
intervienen las diversas magnitudes indicadas de los cuatro factores que he señalado anteriormente, sino de la valoración conjunta de todos ellos. Este tema ya lo hemos debatido en esta Cámara en Comisión, en Pleno. No se puede indexar el salario
mínimo interprofesional al IPC sin tener en cuenta otros factores a los que me he referido y que además están en nuestra legislación.
En cuanto a la pérdida de poder adquisitivo del salario mínimo interprofesional no es cierto porque, como es sabido, en 2013, que es a lo que se refiere esta iniciativa en su exposición de motivos, el IPC subió el 0,3 y el salario mínimo
subió el 0,6. En 2014, cuando no hubo incremento del salario mínimo interprofesional, el IPC fue del menos 1 %. El segundo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, firmado en enero de 2012 por los agentes sociales, ha facilitado el
camino hacia la moderación salarial y se ha iniciado un proceso de mejora de nuestra competitividad, que es el requisito previo para el crecimiento económico y la creación de empleo que se está produciendo en España, del que ya nadie duda, señorías.
Desde luego, también necesita continuar y sobre todo hacer posible que el empleo llegue a todos los que todavía no tienen una oportunidad de trabajar. No se puede sostener lo que el Grupo Socialista indica en su exposición de motivos para
justificar esta proposición no de ley. No se puede hablar en términos generales de pérdida de poder adquisitivo, de cohesión social y de consumo, porque los datos que arrojan las estadísticas y el Instituto Nacional de Estadística son los
siguientes: el consumo privado ha pasado en España del menos 2,9 en 2012 al 2,3 en positivo en 2014 y a una previsión para este año de un crecimiento del consumo privado del 2,7. El salario medio en 2013 se situaba en 26.027 euros y en 2014 en
26.162. Por lo tanto, todos los datos van en una dirección contraria a la que establece el Grupo Socialista, que no es que sea lo mejor; no, claro que no. Queda mucho por hacer, mucho camino por recorrer y mucho que mejorar; pero la progresión y
las tendencias no son las que marcan la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, sino todo lo contrario. Un solo apunte más sobre este tema, de 2004 a 2011 -no tengo que recordar quién estaba en el Gobierno- el salario mínimo interprofesional
subió un 39 %, y en ese mismo periodo nuestra tasa de paro subió 15 puntos y la pobreza y el riesgo de exclusión social -como ya he dicho al principio- se incrementaron en un 28 %. Por ello, señorías, es importante tener mesura, continuar en la
senda actual, que sin duda está dando buenos resultados en todos los indicadores a los que me he referido.
Habla también el Grupo Parlamentario Socialista en su iniciativa de la encuesta de población activa en relación con los salarios -voy a intentar terminar porque veo que se me pone la luz roja-. Señorías, lo que más me interesa señalar es la
referencia constante que se hace a la Carta Social Europea. No es cierto que en la Carta Social Europea se recoja en ningún sitio que el salario mínimo interprofesional tiene que alcanzar el 60 % del salario medio; no es cierto. El artículo 4.1
de la Carta Social Europea habla de los derechos de los trabajadores a una remuneración suficiente, pero nunca lo establece, como ustedes falsamente ponen en su iniciativa y recogen también en el petitum de esta proposición no de ley. No se puede
ni manipular ni faltar a la verdad, señorías. Además, voy a ponerles un ejemplo, y con esto voy a terminar, señor presidente. En esta Cámara el 10 de marzo de 2009 se debatió una proposición de ley del Parlamento de Cataluña que venía justamente
pidiendo que el salario mínimo alcanzara ese 60 % del salario medio español; repito, el 10 de marzo de 2009, Gobierno del señor Zapatero. ¿Saben ustedes lo
que votaron, señores socialistas, que ahora vienen aquí a solicitar esto? Votaron que no, votaron en contra de esa propuesta. También lo hicimos nosotros, pero unos tenemos coherencia y responsabilidad, en el Gobierno hoy y en la oposición
en 2009, y ustedes, en su línea habitual, ni coherencia ni responsabilidad. Cuando gobiernan votan no y cuando están en la oposición lo proponen, como hoy, basándose en falsedades y demagogias. Ya se sabe, donde dije digo, digo Diego. De ahí, la
coherencia de nuestra enmienda...
El señor PRESIDENTE: Señora Álvarez-Arenas, termine.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Termino, señor presidente, refiriéndome a la coherencia de nuestra enmienda, en la que se habla de lo que he señalado al principio: fijar el salario mínimo de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores y
teniendo en cuenta la mejora de las condiciones generales de la economía, etcétera -como está en el texto de nuestra enmienda-. Es un elemento absolutamente cohesionado y equilibrado para facilitar esa adaptación progresiva del salario mínimo
interprofesional al crecimiento de nuestra economía. Por lo tanto, señorías, si no se acepta nuestra enmienda, tendremos que votar en contra de una iniciativa cargada de demagogia y de inexactitudes, por no decir de falsedades.
Muchas gracias, señor presidente, señorías. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Álvarez-Arenas.
Turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente. El portavoz de Unión Progreso y Democracia ha tenido un abordaje argumentativo digno de encomio, en estos momentos de confusión que acompañan estas postrimerías de la legislatura;
lo ha hecho desde una perspectiva ética y desde otra económica. Puedo hacer mías ambos tipos de argumentaciones sin ningún tipo de reserva intelectual.
La portavoz del Grupo Popular comentaba que el requerimiento de la Carta Social Europea es el de la suficiencia, es el mismo requerimiento del artículo 35 de la Constitución española. La suficiencia no puede ser de cuantía inferior a lo que
se denomina umbral técnico de la pobreza por el Eurostat. Dicho umbral está definido precisamente por el 60 % de las retribuciones medias o de los salarios medios del país en donde se aplica la determinación del criterio de suficiencia. No lo digo
yo; esto lo dice, como sabe la portavoz del Grupo Popular, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el ámbito de las retribuciones y también del sistema público de pensiones. No es ninguna novedad lo dicho, y el requerimiento del Grupo
Socialista está bien fundado, desde una perspectiva constitucional. Si no se llega a un salario mínimo interprofesional del 60 % de los salarios medios del Estado, no estaríamos con un salario mínimo interprofesional inferior al umbral técnico de
la pobreza, incumpliendo el requerimiento de suficiencia exigido por la jurisprudencia constitucional, vulnerando el artículo 35, vulnerando el artículo 141 -de pensiones sería el artículo 41-. Mire hasta qué punto es cierto lo que le estoy
comentando, que en este momento un salario mínimo interprofesional en España -de 645 euros- alcanzaría -si consideramos que en Europa el 60 % del salario medio interprofesional debe ser el 60 % de los salarios medios- una cuantía de 1.869 euros,
exactamente. Manteniendo un salario mínimo en el Estado español de 645 euros no llegamos ni al 34,5 % de lo que se requiere para cubrir lo que la Carta Social Europea mandata, que es llegar al 60 % del salario mínimo interprofesional. ¿Por qué
digo que estaríamos bajo el umbral de la pobreza? No hay más que analizar un documento del Gobierno del Estado español. En la Encuesta de condiciones de vida de 2013, publicado el 27 de mayo de 2014, se sitúa en términos anuales el umbral de la
pobreza en 8.114,2 euros en los hogares con una sola persona. Si utilizamos el salario mínimo interprofesional español, nos encontraríamos con una cifra de 9.034,2 euros, en una unidad familiar constituida por una sola persona; pero como las
unidades familiares son de más de una persona en más del 80 % de los casos, entonces estaríamos ubicando el salario mínimo interprofesional considerado por unidad familiar en el Estado español bajo el umbral mínimo de la pobreza. Estaríamos
incumpliendo el requerimiento, bien glosado por usted, de que tiene que ser suficiente, como reclama la Carta Social Europea y el artículo 35 de la Constitución; por lo tanto, estaríamos con un salario mínimo interprofesional insuficiente. De
todas formas, aquí se han dicho cosas interesantes también, señor presidente; aquí hay que distribuir responsabilidades de forma pertinente. El salario mínimo interprofesional en 2010 y 2011 se incrementó en porcentajes inferiores al IPC, y estas
no son responsabilidades atribuibles al Grupo Popular, aunque él posteriormente lo congeló, en 2012 y 2014. Por lo tanto, estamos ante un salario mínimo
interprofesional que, considerándolo por unidad familiar o individualmente, no cumple los requerimientos de suficiencia del artículo 35 de la Constitución española y del artículo 41 de la Carta Social Europea.
¿Cuál es la otra reflexión? Tras la reforma laboral y la invocación hecha por la portavoz del Grupo Popular al Estatuto de los Trabajadores, esto nos pone en guardia; nos preocupa manifiestamente. La deflación salarial sufrida por los
salarios en el Estado español del 0,8, por término medio, es por la aplicación del Estatuto de los Trabajadores tras la reforma laboral de 2012, por la que el empresario unilateralmente puede disponer de la retribución por causas económicas,
técnicas, organizativas y de fuerza mayor. Esto provoca una deflación salarial, una disminución salarial del 0,8 sufrida por la media de los trabajadores españoles. Le pido a la portavoz del Grupo Popular, desde la estima que sabe que le tengo
también, que no invoque el Estatuto de los Trabajadores porque este degrada las condiciones salariales por las razones que le he dicho tras la reforma de 2012. Hay que distribuir responsabilidades. Antes de la reforma de 2012 hubo otra reforma en
2010, no de su Gobierno sino del del Partido Socialista Obrero Español, también de características similares a las acometidas, de forma más brutal...
El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, usted no lo ve, pero la luz ya se ha puesto roja.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sí, y no me gustaría ponerme rojo también por abusar del tiempo con tanta recurrencia, señor presidente.
A la hora de imputar responsabilidades vamos a dejarnos ya de distribuirlas entre unos y otros y vamos a ubicar el salario mínimo interprofesional de forma digna, constitucionalmente digna por lo menos. No es mala propuesta la presentada
por el Grupo Socialista para ir progresando o transitando hacia esa dignidad que la Constitución y la Carta Social Europea requieren en relación con el salario mínimo interprofesional.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.
Señorías, permítanme que inicie mi intervención compartiendo con ustedes la gran alegría de una noticia que me acaban de dar. En el Parlamento Europeo la gran coalición de socialistas, conservadores y liberales acaba de retirar la votación
del Tratado llamado de libre comercio e inversión. Las cosas empiezan a ir bien, por ese camino pueden ir bien. (Aplausos).
En relación con el tema de hoy, nuestro grupo, La Izquierda Plural, va a votar favorablemente a esta proposición de ley presentada por el Grupo Socialista, entre otras razones porque coincide plenamente con la que presentamos en su momento,
defendimos y perdimos oportunamente ante los votos, que no los argumentos, del Grupo Popular. Estamos ante una de las situaciones más dramáticas de nuestra historia reciente en términos de salarios, con una caída brutal de la capacidad adquisitiva
de los salarios. Si eso es grave en general, lo es mucho más en relación con los salarios más bajos. Estamos -conviene que el Grupo Popular empiece a reconocerlo- ante una de las grandes injusticias de los llamados programas de reforma, que no son
otra cosa que contrarreformas basadas en la devaluación salarial como el gran mecanismo de ajuste de la crisis. Esta congelación del salario mínimo, además de ser injusta -no se olvide-, es una de las causas que está detrás del aumento de la
pobreza y de la desigualdad. No solo es la crisis; son las consecuencias de las reformas laborales de 2010 y especialmente de 2012, votada por el Grupo Popular y Convergència i Unió, las que han provocado un grave deterioro del empleo. Hoy son
muchos más los trabajadores, y sobre todo trabajadoras, especialmente jóvenes, que perciben como retribución el salario mínimo interprofesional. Esta es una de las causas del aumento de la pobreza porque con esos escasos 600 euros es difícil
sobrevivir.
Tiene razón la diputada popular Arenales Serrano cuando dice que existe pobreza infantil porque los padres de los niños pobres son familias pobres. Es verdad, es una deducción muy lógica. Qué pena que se le haya olvidado pensar y también
decir que la pobreza de los padres de los niños pobres no es un castigo bíblico que nos envíe Dios por algún pecado cometido; es la consecuencia de la reforma laboral del Grupo Popular y Convergència i Unió, de estas congelaciones salariales y,
especialmente, de la congelación del salario mínimo. Además, detrás de esa situación de injusticia y de aumento de la pobreza, hay una situación de profunda desigualdad porque todos los salarios han perdido poder adquisitivo, pero no todos lo han
perdido igual.
Les recomiendo un estudio elaborado por la Fundación 1.º de Mayo, que deja bien claro que mientras el 10 % de los perceptores de los salarios más altos han perdido un 4 % de poder adquisitivo desde 2010, el 10 % de los perceptores de los
salarios más bajos han tenido una pérdida cercana al 23 % en el salario real que perciben. Eso es consecuencia de muchos factores; por ejemplo, el efecto sustitución de trabajadores que ha provocado la reforma laboral entre trabajadores estables
con salarios dignos por otros temporales, a tiempo parcial, con salarios precarios. Es también la consecuencia de la política de reducción y de ajuste salarial, y sin duda igualmente de la política de congelación del salario mínimo provocado en
estos últimos años. Injusticia, aumento de la pobreza y aumento de la desigualdad son tres grandes impactos sociales de la política de congelación del salario mínimo, pero, si se me permite decirlo, hay también una razón de naturaleza económica.
Congelar el salario mínimo interprofesional no hace sino aumentar la disponibilidad de un ejército de trabajadores precarios que, con salarios de miseria, forman parte del mercado de trabajo precarizado que está a disposición de sectores
empresariales que, con esa gran disponibilidad, no requieren ni innovar, ni invertir, ni modificar su producto. Sencillamente, pueden obtener grandes beneficios solo a partir de esas condiciones de degradación salarial. ¿Para qué invertir, innovar
y arriesgar si se puede apostar por sectores de bajísimos salarios y rentabilidad elevada? Deberían saber que España no tiene problemas de competitividad por salarios altos. La prueba es que muchos países que compiten -y mucho mejor que nosotros-
tienen salarios más elevados que el nuestro. Incluso, en nuestro país los sectores más dinámicos, los exportadores, son aquellos que tienen unos salarios más elevados porque aportan y apuestan por la innovación y la calidad. En ese sentido, el
argumento tan manoseado por ustedes sobre que la congelación salarial ayuda a tener más competitividad se demuestra falso también en términos económicos. Con estas políticas, ustedes solo incentivan un modelo productivo obsoleto que nos lleva a ser
el gran yacimiento de empleo precario de toda Europa.
En este sentido -termino con esto-, la pregunta que hay que hacerse es: Si esto provoca injusticia y pobreza, además no tiene ningún valor económico, ¿por qué razón ustedes se han empeñado en mantener la congelación del salario mínimo y la
depreciación salarial durante toda esta legislatura? Creo que la respuesta es tan sencilla como cruel. Han decidido que sean los trabajadores los que paguen el ajuste de la crisis; y han decidido que para recuperar la tasa de beneficio del
capital eso se consiga no con más inversión y más innovación, sino con una reducción del salario y especialmente del salario mínimo interprofesional. Así de injusto, así de avaricioso y, si se me permite, así de cutre. Así de cutre es y así de
favorable va a ser nuestro voto a la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Coscubiela.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Mi grupo va a votar favorablemente a esta iniciativa del Grupo Socialista que mandata esa mejora del salario mínimo interprofesional. No es la primera vez que en esta legislatura lo hemos hecho y debatido, y siempre hemos apoyado este tipo
de planteamientos. Quiero empezar recordando que la semana pasada se aprobó un acuerdo entre los interlocutores sociales en esta materia. No he tenido la sensación de que en nuestro debate en esta tarde hayamos dado todo el valor a la concertación
social para empezar a revertir la política que en materia salarial ha funcionado durante estos últimos años. Por tanto, démosle valor. Los interlocutores sociales, los representantes de los empresarios y de los trabajadores entienden que la
estrategia de devaluación salarial se ha terminado y que la recuperación económica debe ir también acompañada de la recuperación de los salarios. En una legislatura donde algunos han parecido condenar a muerte la capacidad de los interlocutores
sociales de negociar, es bueno que reivindiquemos y que pongamos en valor que la negociación colectiva, los acuerdos entre los representantes de los trabajadores y los empresarios continúan funcionando. Estamos convencidos de que, en el camino que
ese acuerdo ha anunciado, el papel de la negociación colectiva para garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores va a ser fundamental y de que la modernización de las relaciones laborales en el Estado español planteará que en materia salarial
no tengamos tan solo la perspectiva de la vinculación de los salarios a la evolución de los precios al consumo, como ha sido lo tradicional, sino que incorporemos con toda su complejidad la vinculación de los aumentos salariales a la mejora en la
productividad de las empresas, y eso solo es posible realizarlo en el marco de la negociación entre los representantes de los trabajadores y los representantes de los empresarios.
Esta es la posición de fondo de Convergència i Unió y en este contexto defendemos que hoy efectivamente es necesario subir el salario mínimo interprofesional, que la lógica de la devaluación salarial ha dejado de tener sentido. Ahí discrepo
de algunas de sus señorías que no han querido entender ni aceptar que a partir de los años 2008, 2009 y 2010, en el peor momento de la crisis, la situación española no dejaba demasiadas alternativas, que recuperar la posición competitiva de las
empresas reclamaba esa contención de los aumentos salariales y que en los primeros años de la crisis esa negociación colectiva no estuvo en condiciones de adaptar las condiciones salariales al contexto económico de crisis. Nos gusta citar a Paul
Krugman -porque estamos convencidos de que desde la izquierda difícilmente se le cuestiona-, quien en todos los aterrizajes que hizo en España en 2009, 2010 y 2011 afirmaba que la única alternativa que tenía la economía española para mejorar su
posición competitiva en los mercados globales era hacer ese esfuerzo de la devaluación salarial. Parte de la mejora de los niveles de exportación de nuestras economías -en un país orientado a los mercados exteriores como Cataluña singularmente-
tuvo que ver con ese esfuerzo y ese sacrificio que hicieron los trabajadores. Si bien es cierto que los costes de la crisis no se han repartido de manera equitativa, en el momento de la recuperación económica, cuando toca repartir y redistribuir
mejor el crecimiento económico, también los trabajadores deben beneficiarse de ello, y el instrumento de política pública que afecta a los salarios es la decisión gubernamental de subir el salario mínimo interprofesional. En este momento de
recuperación de la economía, en el que hay que redistribuir mejor el crecimiento económico, hay que apostar por la subida del salario mínimo interprofesional.
Desde este punto de vista votaremos favorablemente esta iniciativa, convencidos además, señorías -y con esto termino-, de que el debate sobre las desigualdades -que es un debate que ha llegado para instalarse en nuestra economía y en nuestra
sociedad- en el caso español está muy claramente vinculado al funcionamiento del mercado de trabajo, tanto en la cuestión del paro de larga duración como en las condiciones de trabajo que se han generado durante estos años de crisis, y en esa lógica
de las medidas en las que parece razonable que toca avanzar, está ese objetivo de alcanzar el 60 % del salario medio, tal como establece la Carta Social Europea. Debe ser nuestro horizonte, esta iniciativa va en esa dirección y contará con nuestro
apoyo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
Señora Ramón, le pregunto cuál es su posición respecto a las enmiendas.
La señora RAMÓN UTRABO: Gracias, presidente.
En primer lugar, agradezco las tres enmiendas que han planteado los grupos, pero no vamos a aceptarlas, en el caso del Grupo Popular porque es de una generalidad absoluta que no aporta nada y en el otro caso por no mezclar conceptos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Entonces la votaremos en sus propios términos.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL BALANCE DE LA POLÍTICA EDUCATIVA DEL GOBIERNO DURANTE LA PRESENTE LEGISLATURA. (Número de expediente 173/000216).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la moción del Grupo Socialista sobre el balance de la política educativa del Gobierno durante la presente legislatura. Este será, de acuerdo con lo hablado en la Junta de Portavoces, el último punto que
debatiremos esta tarde. Para su defensa tiene la palabra el señor Bedera.
El señor BEDERA BRAVO: Gracias, presidente.
Señorías, en el último Pleno mi grupo interpeló al ministro de Educación sobre el balance de su política educativa en esta legislatura y lo hacíamos antes de que cambiara la calle de Alcalá por los Campos Elíseos. Como señalamos entonces,
tras casi cuatro años de continuos desatinos ministeriales, el ministro de Educación y su secretaria de Estado han perpetrado un ataque inmisericorde a la escuela pública, nos han hecho retroceder más de un cuarto de siglo en financiación y en
derechos consolidados
y, lo que son las cosas, señorías, por todo ello el señor Wert y la señora Gomendio van a ser premiados con un largo Erasmus en París. (Aplausos).
Señorías, la moción que hoy defendemos parte de un axioma, esto es, de una verdad que no necesita demostración, y nos referimos a la enfermiza incapacidad para el diálogo y el consenso de los máximos representantes ministeriales con la
comunidad educativa, los grupos de esta Cámara y las comunidades autónomas. Esta ha sido una constante en esta legislatura, una falta de tacto insufrible que, unida a un desconocimiento palmario del ámbito educativo y a una arrogancia natural
difícil de calibrar, ha llevado al todavía ministro de Educación a alcanzar un récord insuperable de enfrentamiento con propios y extraños. El periodista Manuel Jabois explicaba así esta extraña unanimidad sobre el ministro Wert: 'Solo un experto
que haya trabajado científicamente sobre las bases de datos de los españoles y sepa tanto de sus gustos puede llegar a cabrearlos a todos'.
La moción que hoy defendemos propone por un lado derogar aquellas medidas legales que han resultado ser especialmente nocivas para nuestra educación; en segundo lugar, recuperar algunas políticas que han demostrado con anterioridad su
efecto benefactor sobre el sistema educativo y, finalmente, sugerir algunas propuestas que pongan de manifiesto nuestra prioridad por la educación. En definitiva, señorías, queremos proponer a los grupos la recuperación del sentido común en materia
educativa tras el oceánico dislate a que el ministro Wert y su secretaria de Estado la han sometido a lo largo de esta legislatura.
La arquitectura del nuevo modelo neoliberal implantado por el Gobierno del Partido Popular se asienta en tres normas para las que instamos su derogación. En primer lugar, la Lomce. Instamos a que se haga realidad el acuerdo parlamentario
firmado en esta Cámara para frenar lo que entendemos como el mayor ataque a la escuela pública de toda la democracia, que rompe el pacto constitucional del artículo 27 y que dejará secuelas permanentes en la igualdad de oportunidades en caso de no
corregirse. Esta derogación, por supuesto, lleva implícitamente incorporada la búsqueda de un gran pacto por la educación que dé estabilidad a nuestro sistema. Instamos también a la derogación del Real Decreto-ley 14/2012, de medidas urgentes de
racionalización del gasto público en el ámbito educativo, culpable del incremento de ratios, del despido de miles de profesores, del incremento inusitado de las tasas académicas, del ataque a la autonomía universitaria y de una desatada invasión
competencial; un decreto-ley que ha empobrecido nuestra educación y ha herido de muerte nuestra equidad al dificultar el sistema de desdobles de refuerzos que hacían que ningún estudiante se quedara atrás durante la enseñanza obligatoria; un
decreto-ley que, además, señorías, ha dejado de tener sentido, pues el incremento de la ratio se condicionaba a una tasa de reposición que fuera inferior al 50 %. Como ustedes saben, los presupuestos de 2015 elevaron dicha tasa del 10 al 50 % y así
desaparecía la condición que sustentaba el incremento de ratios. Instamos, finalmente, a la derogación de los reales decretos que han modificado el sistema de concesión de becas, que, disfrazado de excelente, se convierte en elitista cuando se
elimina la igualdad. (Aplausos). Son unos reales decretos que han dado la puntilla a la condición de la beca como derecho implantado en 2005. Señorías, es doloroso y bochornoso comprobar cómo el ministerio recorta becas, regatea ayudas y dinamita
la dimensión social de la educación, el único oxígeno para que muchos estudiantes puedan respirar el aire universitario.
A estos tres bloques normativos habría que añadir la derogación del Real Decreto 43/2015, que modifica la ordenación de las enseñanzas universitarias, conocido como 3+2, mientras no se realice una evaluación del sistema anterior, como está
pidiendo todo el mundo, incluida la Conferencia de Rectores. Nuestra moción propone asimismo recuperar los programas de cooperación territorial, un poderoso instrumento de mejora a la vez que una oportunidad única de colaboración entre
administraciones educativas. Programas como el PROA y el Educa3 fueron ejemplos de acción conjunta entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Puestos a retomar elementos necesarios para la buena marcha de la educación, nos parece muy
relevante recuperar la materia de Educación para la Ciudadanía. Es algo más que una asignatura, señorías, es una bandera que nos identifica o no entre los países que apuestan por que la ciudadanía se aprenda desde la escuela.
Nuestra moción finalmente se completa con tres líneas de trabajo que representan otras tantas desiderata a futuro. La primera, la universalización de la educación entre los tres y los dieciocho años, es decir, garantizar progresivamente una
oferta suficiente de plazas para estas edades. En segundo lugar, desarrollar un plan de impulso de la formación profesional dentro del nuevo modelo de desarrollo industrial -saben ustedes que tenemos experiencias en nuestro país donde fijarnos, sin
ir más lejos, en el País Vasco- y, en tercer lugar, asegurar un porcentaje mínimo de inversión en educación -en nuestra opinión
debería estar en el 5 %-, con un horizonte de crecimiento que nos homologara a países que han hecho de la educación la piedra angular de su proyecto político, como Finlandia o Canadá, que se mueven entre el 6 y el 7 % del PIB.
Termino, señorías. Esta es la moción que sometemos a su consideración para paliar el destrozo educativo del Partido Popular en esta legislatura, porque mientras a los máximos responsables del ministerio siempre les quedará Paris, a
demasiados estudiantes solo les quedará la amargura de saber que, gracias a ellos, muchas de sus expectativas educativas se van a ver truncadas.
Gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bedera.
Se ha presentado una enmienda por el Grupo Catalán de Convergència i Unió y para su defensa tiene la palabra la señora Sayós.
La señora SAYÓS I MOTILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Socialista recoge de forma genérica buena parte de las iniciativas que Convergència i Unió ha defendido a lo largo de toda la legislatura. Aunque hemos presentado una
enmienda que modifica dos de los puntos y que después analizaré, nuestra intención -al margen naturalmente de llegar a un acuerdo en lo referente a las enmiendas- es apoyar esta moción. Algunos puntos responden plenamente a nuestros requerimientos
a la política educativa del Partido Popular, una política hasta hoy opuesta a la que hemos llevado a cabo en Cataluña a lo largo de varias décadas y cuyo fruto ha sido el modelo de consenso de la Llei d'Educació de Catalunya, un modelo de éxito y de
integración social que había funcionado sin estridencias, sin conflicto social y sin problema alguno hasta que el actual ministro de Educación, por azar cósmico, decidió emprender su particular cruzada españolizadora, palabra esta para utilizar el
vocabulario Wert, pero sobre la cual no me pronuncio porque es un ofensa. Lo podría pensar pero no lo voy a decir. En cualquier caso, sí a la derogación de la Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa y sí, por supuesto, a la derogación
del Real Decreto-ley de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, un sí rotundo porque, señorías, consideramos prioritario retirar este real decreto, tal y como propone la moción, por injusto y para poder
garantizar un sistema educativo de calidad sostenido con fondos públicos que garantice la igualdad de oportunidades de todos los alumnos, y un sistema educativo de calidad precisa inversión pública. Un país desarrollado, un país puntero no puede
ponerle un corsé a la inversión en educación porque la inversión es futuro.
Si las aspiraciones para nuestro sistema educativo sostenido con fondos públicos son acabar con el abandono escolar temprano, reducir la tasa de repetición y mejorar realmente su calidad, tenemos que garantizar la inversión necesaria para su
buen funcionamiento y para el éxito de los alumnos. Hablamos desde Convergència i Unió de educación sostenida con fondos públicos y en ese punto hemos realizado la primera modificación que plantea nuestra enmienda. La moción habla de servicio
público de educación; nosotros, de servicio de educación sostenida con fondos públicos, porque la formulación del texto nos parece así más correcta y más inclusiva respecto a la escuela concertada, que tiene un gran peso en el Estado español y en
Cataluña.
En lo referente a la derogación de la Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa, sería la medida previa para construir un consenso que va implícito en lo que siempre se ha reclamado por parte de Convergència i Unió, es decir un
pacto de Estado para la educación. Eso es conseguir estabilidad para que la comunidad educativa tenga de una vez por todas un marco claro de referencia para dedicar sus esfuerzos a la mejora de la educación y no a los cambios legales y
administrativos que les van imponiendo y que suponen una situación continua de inestabilidad e inseguridad. Por tanto, repito: estabilidad en la comunidad educativa. Es necesario que la educación, el sistema educativo y la comunidad educativa
gocen de un pacto fruto del consenso que otorgue serenidad y siente unas bases sólidas para el desarrollo de un modelo educativo de éxito y que garantice la igualdad de oportunidades.
A este respecto les puedo asegurar que el Parlament de Catalunya tiene experiencia precisamente en el ámbito educativo. La tramitación de la Llei d'Educació de Catalunya es un claro ejemplo. En Cataluña el modelo educativo y la cultura son
garantía de la cohesión social de nuestra sociedad, son garantía de éxito escolar, son plataforma para alcanzar una profesión de futuro y son instrumento básico para la transmisión de nuestra cultura. La institución educativa es básica y la
sociedad catalana confía en el modelo de escuela catalana y en su modelo de inmersión lingüística, ambos descritos y explicitados en la Llei d'Educació de Catalunya. Precisamente hoy el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña avala -y
repito: avala- el modelo educativo catalán dejando sin efecto el último ataque del Gobierno contra Cataluña. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha desestimado la medida cautelar que solicitó la Abogacía del Estado para que se
abriera un nuevo plazo de preinscripción en las escuelas catalanas, de forma que las familias pudieran elegir el castellano como lengua vehicular. La ha desestimado por considerar que dicha medida cautelar no es procedente y porque esa cuestión ya
está agotada por la propia Llei d'Educació de Catalunya al impedir la segregación de alumnos por razón lingüística. Es un triunfo para el modelo educativo catalán.
El señor PRESIDENTE: Señora Sayós, debe usted acabar.
La señora SAYÓS I MOTILLA: Acabo.
Es un triunfo para el modelo educativo catalán, pero es un triunfo amargo, porque el modelo del sistema educativo no debería discutirse en los tribunales.
Finalmente, por lo que hace referencia a la nueva ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en referencia a la cual versa la segunda modificación del texto de la moción que planteamos en nuestra enmienda, ya hemos dicho en otras
ocasiones, tanto en la Comisión de Educación como en este hemiciclo, que nuestra interpretación del Real Decreto-ley 43/2015 es positiva para el modelo universitario catalán. Es positiva, pero en lo que no estamos de acuerdo es en la forma adoptada
por el Gobierno al emitir un real decreto, no estamos de acuerdo en que se utilice esta fórmula legislativa. La flexibilización puede ser, bien aplicada, una herramienta útil para buscar la mejora continua del sistema universitario.
El señor PRESIDENTE: Señora Sayós, tiene usted que acabar. Se le ha acabado el tiempo. Diga usted que esta es la enmienda y ya está.
La señora SAYÓS I MOTILLA: Muchas gracias, presidente, ya he acabado. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sayós.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto, en primer lugar, tiene la palabra el señor Álvarez Sostres.
El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Gracias, señor presidente.
Ya son varias las iniciativas en Comisión y en Pleno, a cargo del PSOE y de otros grupos parlamentarios, sobre la Lomce y otras normas con incidencia en becas, en universidad o en formación profesional, en las que se muestra en definitiva
una especie de objeción de conciencia a toda norma que modifique la LOE y las disposiciones vigentes anteriores, así como a la política del Gobierno en materia de educación y su financiación. Me apresuro a decir que comparto su diagnóstico en
materia de financiación. La última moción presentada por ustedes sobre el sistema general fue el 9 de septiembre de 2014. En ella les trasladaba que mi no a la Lomce nada tenía que ver con el suyo. Mi no fue porque no se mantenía el marco general
pedagógico que se definía en la Lomce. Tenía que ver con mantener vivo un bachillerato prácticamente de juguete, tenía que ver con la regulación actual de las bases del sistema de FP, que es tan amplia y tan balcanizada que realmente se pueden
perder y se pierden todas las virtualidades.
Hoy no les hago ninguna enmienda, salvo la de totalidad, porque su moción es una especie de coche escoba estéril y ya anacrónico sobre la opinión que les merece la gestión del ministro señor Wert. No seré yo, desde luego, el apologeta de
don Ignacio, pero tampoco les podría apoyar todas las cuestiones que plantean en su moción. Cabe pedirles ahora que se pongan de acuerdo con el Partido Popular, con los nacionalistas y con las fuerzas sociales para consensuar un desarrollo
normativo común en un marco financiero reactualizado. Cabe pedirles a todos que sean reflexivos en su amenaza de derogación, porque conlleva nuevas reacciones posteriores, y así hasta el infinito patético con escándalo de la comunidad
internacional.
Mi balance, señor presidente, es que esta legislatura se recordará por la autorreconocida candidez reformista de un ministerio laboratorio sin conexión con su propio partido ni con el mundo educativo y social, por la cerrazón fundamentalista
de otros y por el romántico irracionalismo particularista de un nacionalismo de fibra parcial o totalmente excluyente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Álvarez Sostres.
Señora Pérez.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, presidente.
Señorías, después del paso del ministro Atila por el Ministerio de Educación, tardará en volver a crecer la hierba y después de las medidas tomadas y aplicadas sin ningún tipo de contemplación por este Gobierno, la educación pública requiere
de un auténtico plan de choque que la recupere de la situación actual, de su alarmante pérdida continuada de calidad y del incremento progresivo de su privatización, que han puesto en peligro las conquistas de décadas y auguran una sociedad menos
formada y con un aumento de las desigualdades sin parangón. Este plan de choque tendría que comenzar, efectivamente, con la derogación del clasismo, la segregación y la españolización de la Lomce, que en los últimos días ha vuelto a ser rechazada
mayoritariamente con motivo de la implantación de las reválidas, y tendría que empezar a recuperarse el diálogo con la comunidad educativa que este Gobierno ha volado por los aires poco después de su toma de posesión.
Desde luego, al igual que en el punto que hemos tratado anteriormente, el de la dependencia, habría que dotar presupuestariamente todas aquellas partidas tendentes a valorizar la educación pública, a universalizarla y a hacerla una verdadera
garantía del futuro. Se requiere mayor dotación para becas, para aumentar los recursos para los servicios complementarios, para eliminar las precarizadas condiciones laborales del profesorado con menos salario, para aumentar el profesorado, que ha
sido reducido brutalmente en estos años, sobre todo el dedicado a la atención de niños y niñas con necesidades educativas especiales. La enseñanza universitaria, además de la caída del profesorado y de las becas para el alumnado y para la formación
de docentes, ha sufrido también una descapitalización de la investigación con la pérdida continuada de personal cualificado y necesita de mayores recursos públicos que vayan en la dirección de recuperar calidad, alumnado y, sobre todo, la igualdad
de acceso para los alumnos con menos recursos económicos.
La concepción de que la educación es un recurso estratégico para cualquier Estado y para su población, así como una conquista histórica, ha sido abandonada por este Gobierno, y sus políticas han atacado directamente la igualdad de
oportunidades, políticas que hoy nos sitúan a la cabeza de Europa en desigualdad y en falta de gasto público en educación. En eso es en lo que el Partido Popular es un verdadero campeón. Con estos principios y su política austericida han hecho un
daño gravísimo al sistema educativo público, que ha afectado...
El señor PRESIDENTE: Señora Pérez, tiene que acabar.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Termino, señor presidente.
... un daño gravísimo que ha afectado al sistema educativo público y que ha afectado muy negativamente al alumnado más desfavorecido económicamente. Es un daño que costará mucho tiempo y muchos recursos paliar y también la toma de
decisiones contundentes que reviertan esta demolición. Algunas de ellas se recogen en esta moción y por eso vamos a votarla favorablemente.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.
Señora Ariztegui, dentro del Grupo Mixto.
La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: Gracias, señor presidente.
Acaba el curso y es hora de recoger las notas y, desde luego, también en cuanto a educación se han lucido en todo lo que han tocado, pero estos dos minutos no me dan más que para referirme a su tema estrella, ese con el que se han
estrellado: la Lomce. Miren un poco hacia los centros educativos, oigan a la comunidad educativa y pónganse ustedes mismos la nota, porque lo tienen fácil.
Nosotros tenemos claro que la educación es la mejor inversión y la garantía para construir sociedades más justas y humanas, para transmitir no solo conocimientos y habilidades vitales para el desarrollo de las personas sino también valores
colectivos, para avanzar en igualdad e inclusión, más aún en este tiempo en el que ustedes siguen cavando en esa brecha social, económica y cultural entre pobres cada vez más pobres y ricos cada vez más opulentos. La educación es la herramienta
fundamental para rellenar, para allanar ese abismo. El choque entre esa aspiración de justicia, tan arraigada en la sociedad vasca, y su Lomce, centralista, clasista, que solo empobrece, autoritaria, machista y que mira para atrás, entre otras
cosas, ese choque es brutal, porque los valores que impulsa no tienen nada que ver con las necesidades de nuestros hijos e hijas, con las prioridades de la sociedad y con los intereses de nuestra sociedad de
Bizcaia, Gipuzkoa, Araba y Nafarroa, porque todo su recorrido desde su aprobación mediante rodillo hasta hoy es el mejor ejemplo de su nula cultura democrática.
Desde que la conocimos en Euskal Herria, el rechazo a esta ley es mayoritario y contundente. Prueba de ello son estos últimos días, en los que, frente a la imposición de reválidas, la dinámica popular ha respondido con responsabilidad y
coherencia, con insumisión y desobediencia, con un valiente plante generalizado que ha logrado unir a una comunidad muchas veces distanciada: aulas vacías, pruebas no realizadas. Las madres y padres que se han negado a que sus hijas e hijos hagan
estas pruebas, el profesorado, los centros que, firmes, han desafiado estas órdenes, los pueblos que han apoyado a sus escuelas, créanme, eso es lo mejor que tenemos, y ya les han puesto nota a ustedes: cero patatero. Aún están a tiempo de
recuperar en septiembre. Deroguen la Lomce y las demás normas que han aprobado. Desde luego, desde Amaiur nos reafirmamos en seguir avanzando en la construcción de nuestro propio sistema educativo desde Euskal Herria y para Euskal Herria.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ariztegui.
Por favor, ruego silencio y que no se hagan grupos para conversar en el hemiciclo.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Sánchez Robles.
La señora SÁNCHEZ ROBLES: Señor presidente, señorías, no hay ninguna duda de que los debates sobre educación en esta Cámara a estas alturas de legislatura se han convertido en un ejercicio estéril. Ha quedado sobradamente demostrado que el
ministro Wert tiene atrofiada -yo diría que anulada- cualquier capacidad para la escucha y el diálogo, y ello per se le inhabilita para ocupar un cargo público del máximo nivel, el de ministro del Gobierno de España. Tal y como ya le trasladé en
una ocasión, carece de todas y cada una de las cualidades para un adecuado desempeño de la gerencia y el liderazgo político requeridas para estar al frente de un ministerio, y especialmente el de educación. Suspende en coherencia, en credibilidad,
en compromiso, en afectividad, en empatía, en autocontrol, en capacidad de comunicación y escucha, en valores democráticos como el respeto a la ley, al diálogo abierto y sincero. Muy al contrario, su narcisismo, su vanidad y su megalomanía le han
llevado a creerse superior intelectualmente a los diputados y diputadas que integran las distintas administraciones educativas, a los que trabajan en las escuelas, los colegios, las ikastolas, los liceos, las universidades; a creerse superior al
alumnado, a sus familias, a nuestras familias y en general a toda la sociedad que integra este Estado llamado España. Envuelto en su obcecación, ha sido incapaz de diseñar y conducir un proyecto educativo de futuro para el territorio y para la
comunidad, de gestionar el patrimonio común con eficacia y honestidad y, en definitiva, de dar respuesta a las demandas de la ciudadanía en un ámbito tan trascendental como la educación.
Frente a ello, ha preferido optar por un desmedido afán de control, por la recentralización, por la ausencia del más mínimo respeto a la legalidad y por el bloque de constitucionalidad; por cuestionar y cercenar los principios de equidad y
de igualdad, por declaraciones explosivas, excluyentes, ideologizantes y adoctrinadoras; por despreciar los casos de éxito como el de Euskadi, las mejores prácticas, en una voluntad pacata, como decía, y homogeneizadora; por despreciar valores
como la pluralidad, la diversidad y la riqueza de las lenguas propias, faltando además al compromiso que solemnemente adquirió el 31 de enero de 2012, recién estrenada su responsabilidad. Ha roto el consenso sobre la finalidad de la educación:
asegurar las bases sólidas para el desarrollo equilibrado de la persona a lo largo de su vida en todas sus dimensiones. Por fortuna, vendrá una nueva legislatura y unas nuevas mayorías que ayudarán a reconstruir las bases para el nuevo modelo
educativo, unos nuevos modelos de aprendizaje acordes con el siglo en que vivimos.
Al Grupo Socialista le diré que confiamos en su palabra, en su apuesta por el consenso y el diálogo reiteradamente manifestados ante esta Cámara y ante la sociedad. A la vista del texto de la moción que hoy nos traen a votación, tengo que
decirles que no han estado acertados, en nuestra modesta opinión. Creemos que habría sido mucho más generoso que la hubieran formulado en unos términos más inclusivos, más alejados de dogmatismos de partido y de su programa electoral. En cualquier
caso, compartiendo el fondo del debate y reservándonos el derecho a debatir e incluso a discrepar en un futuro, cuando una nueva mayoría parlamentaria lo permita, sobre todos los puntos que abordan en su iniciativa, les anuncio que votaremos
favorablemente.
Por último, no quisiera concluir este debate de hoy, que inevitablemente desprende un fuerte aroma a fracaso y despedida -hoy, antes de que baje el telón y el ministro Wert protagonice su último mutis por el foro-, sin dedicarle la lectura
del pasaje de Macbeth con el que el señor ministro, en ausencia de mejores
argumentos, concluyó su intervención y de forma cínica, sutil y displicente pretendió insultar al diputado interpelante al afirmar -cito literal y abro comillas-: recordará usted perfectamente -sé que es una persona cultivada y por tanto
reconocerá la referencia; me lo ha demostrado varias veces, una vez me citó El jueves y otra vez una letra de Peret- la famosa escena V del V acto de Macbeth, cuando se refiere a la vida como un cuento lleno de ruido y furia que no significa nada,
y como usted es una persona cultivada -concluyó-, está echando de menos una parte de la cita.
No era la primera vez que ocurría. Yo misma he soportado sus impertinencias como otros diputados y diputadas de esta Cámara. Y dado su gusto por esta obra -aprecio además que se siente identificado con esta tragedia acerca de la traición y
la ambición desmedida-, le invito a disfrutar y a reflexionar sobre este pasaje de la obra de William Shakespeare que le viene como anillo al dedo. Les pongo en situación. El protagonista medita al enterarse de la muerte de la reina, y dice así:
Mañana, mañana, mañana. Palabra falaz que nos va llevando poco a poco al final de nuestros días, mientras el ayer ilumina al necio el camino hacia la muerte sombría. Apágate, apágate, cabo de vela, la vida no es más que una sombra errante, un
pobre comediante que pasa pomposamente por el escenario y de quien no se oye hablar más. Es un cuento contado por un idiota lleno de ruidos y furia que nada significan.
Confío en que haya disfrutado. Bon voyage. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez Robles.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.
Mi grupo va a apoyar esta moción no tanto por una cuestión de detalle de las cosas que propone -aunque algunas las compartimos y otras nos gustaría matizarlas o discutirlas- sino por una cuestión de fondo. Es verdad que la política
educativa de esta legislatura del Gobierno del Partido Popular difícilmente podría ser más decepcionante. Me he referido a ello como los demás grupos en infinidad de intervenciones. Simplemente quiero añadir que han conseguido algo que a mí me
parecía impensable, nunca se me había ocurrido, han conseguido incluso que la corrupción se meta en la educación, como estos días estamos volviendo a ver con la trama Púnica, que está siendo desmantelada por la Guardia Civil, a través de la no tan
extraña medida que se introdujo de hacer centros concertados en terrenos públicos sin ningún tipo de control. Eso sí que es de matrícula de honor, pero de matrícula de honor en el peor sentido de la palabra, de cómo se puede hacer algo que nadie
había considerado ni siquiera posible, que hasta la educación se convirtiera en un terreno para el capitalismo de amiguetes y para negocios sucios. Es verdaderamente lamentable. Por eso mismo vamos a apoyar esta moción, porque creemos que
realmente hay que volver al punto de partida y volver a hablar en serio de qué se puede y se debe hacer en educación en España.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora García Álvarez.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, finaliza la legislatura confirmando nuestros peores augurios en cuanto a la situación de la educación pública en nuestro país. En el ministerio se ha tocado a rebato y todo el mundo intenta huir de la quema. La penúltima, porque
mi grupo cree que no será la última que vaya a utilizar la puerta giratoria, ha sido la señora Gomendio. Doña Montserrat dice que se va con la sensación del deber cumplido y hay que reconocer que es así, que ha cumplido con el objetivo ultraliberal
de destrucción de cualquier sistema público. Esperamos y deseamos que en la próxima legislatura se pueda revertir el desaguisado de este nefasto Gobierno, de esta nefasta secretaria de Estado y de su no menos nefasto ministro.
Señorías, un sistema educativo es equitativo si además de proveer los conocimientos básicos establecidos garantiza la igualdad de oportunidades frente a las posibilidades de optar a una educación superior. Por el contrario, si priva a los
grupos de población más vulnerables de la sociedad de la posibilidad de profundizar en su formación primará la iniquidad, por mucho que el sistema garantice la escolarización y el acceso a la educación básica. Señorías, estas frases no son
nuestras, si bien las suscribimos desde el inicio hasta el final, es Save the Children quien hace esta descripción del sistema educativo en nuestro país: falta de equidad y privación a los sectores más vulnerables del acceso a niveles académicos
superiores, a lo que nosotros añadimos que conculcan los principios constitucionales vigentes.
Son ustedes, señorías del Grupo Popular -iba a decir señorías del Gobierno del Partido Popular, pero no hay ninguno-, son ustedes, insisto, los que conculcan los principios constitucionales vigentes. Son ustedes, no otros, los que han
iniciado un proceso deconstituyente, retorciendo la norma y eliminando de facto derechos conseguidos a lo largo del tiempo por los trabajadores y trabajadoras. Señorías, el ministro Wert, con el apoyo inestimable de la señora Gomendio, no solo ha
prendido la santabárbara del buque, sino que, además, una vez incendiado, lo ha conducido contra los arrecifes para hacerlo estallar, en perfecta sintonía con otros buques ministeriales, contra las políticas sociales y la inversión pública en este
país.
El señor ministro reclama datos, pero solo si le benefician. En caso contrario son mera especulación no contrastada o falta de comprensión de los datos de su propio ministerio. No creo que pueda encontrarse mayor dosis de cinismo político
que el realizado por el ministro, señor Wert. Porque, señorías, son muchos los datos oficiales sobre los que numerosas organizaciones no gubernamentales han trabajado y siguen trabajando en la elaboración de sus informes, y será casualidad, pero
todas ellas llegan a las mismas conclusiones que los diputados y diputadas de la oposición de esta Cámara. Mucha casualidad parece. Los datos ponen de manifiesto que ustedes, señorías, del Partido Popular y su Gobierno, han acabado con la equidad
del sistema educativo público. Los datos dicen que ustedes han optado por un sistema segregador y mercantilista. Los datos dicen que ustedes no apuestan por la calidad del sistema y menos aún por sus trabajadores públicos. Los datos dicen que a
la población más vulnerable se les cercena la posibilidad de acceso a niveles académicos superiores. Los datos dicen que ustedes han optado por teledirigir al alumnado más vulnerable a ser mano de obra barata, casi esclava. Los datos dicen que
ustedes han optado por el mercantilismo por encima del bienestar social.
Señorías, Malala Yousafzai, ganadora del Premio Nobel de la Paz, escribió que un niño, un profesor, un libro y una pluma pueden cambiar el mundo. La educación es la única solución. Señorías, es evidente el porqué de las políticas
educativas del Gobierno de don Mariano Rajoy. No quieren cambiar el mundo, quieren mantener sus postulados neoliberales y depredadores a la vez que destruir los derechos de la clase trabajadora. Por todo ello, votaremos a favor de la iniciativa
que hoy se nos trae.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora García Álvarez.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Moneo.
La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señor presidente.
Debo confesar, señorías del Grupo Socialista, que fijar posición en relación a esta moción me ha producido cierto desaliento. No tengo por menos que echar la vista atrás y señalar con cierta frustración que estos cerca de cuatro años no han
sido sino la confirmación de que resulta verdaderamente imposible entablar cualquier tipo de acuerdo con ustedes cuando se trata de educación. Su único propósito ha sido, es y seguirá siendo únicamente impedir que exista una alternativa a su modelo
educativo. La moción objeto del debate es fiel reflejo de su actitud: intentar cambiar todo para, al final, no cambiar nada. No vamos a apoyarla y no lo vamos a hacer por responsabilidad y por convencimiento, porque lo que ustedes nos piden es
una vuelta al pasado. Puede que ustedes se sientan cómodos con esas tasas de abandono educativo temprano absolutamente escandalosas. Nosotros, no. Les recuerdo, señorías, que dos años después de aprobada la LOE, su LOE, en el año 2006, la tasa de
abandono educativo temprano era del 31,7 %, y que, a día de hoy, es del 21,2 %, dos puntos menos que hace un año. ¿Me quieren decir por qué tenemos que renunciar a una mejora sustancial de los resultados del sistema educativo?
Señorías, lo único que ustedes ofrecen es la política de tierra quemada, y nosotros no vamos a acompañarles. Nos piden que enterremos una ley que recoge las medidas más ambiciosas y más efectivas para lograr el éxito escolar, medidas de
éxito en aquellos países que las han aplicado. La existencia de diferentes vías que respondan a los intereses y a las aptitudes de los alumnos, flexibles, alternativas a la rigidez que ha condenado a los alumnos a las más altas tasas de fracaso
escolar. Los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento para ayudar a que ningún alumno con dificultades se quede atrás. Las evaluaciones censales, externas, en línea a las que disponen diecisiete países en Europa, las mismas
evaluaciones que permiten mejorar los resultados académicos entre un 20 y un 40 %. La formación profesional básica que permite esas segundas oportunidades... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdón, señora Moneo, un momento. Por favor, ruego silencio para oír a la oradora.
La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señor presidente.
La formación profesional básica -decía-, señorías, que permite esas segundas oportunidades tan necesarias para aquellos alumnos que no encuentran respuesta a sus intereses dentro del sistema. La formación profesional dual que casi ha
cuadriplicado el número de alumnos y ha superado el de centros en estos dos últimos años. ¿Me quieren, por tanto, decir dónde encuentran el listado de prejuicios y descalificaciones que atesoran sus discursos en estas medidas? ¿Me quieren explicar
dónde ataca la Lomce la escuela pública?
Señorías, la escuela pública sigue siendo mayoritaria en España. De los más de 8 millones de alumnos españoles casi el 70 % acuden a un centro público. Los alumnos acuden mayoritariamente a ella, a pesar de que es ella la que ha sufrido
estoicamente los vaivenes derivados de su falta de ambición en educación. Señorías, el único peligro que corre la escuela pública en España es que ustedes vuelvan a gestionar la educación porque no son un ejemplo ni en gestión educativa ni en
optimización de recursos. Yo sé que es muy socorrido aludir a la financiación como fuente de todos los problemas, pero ustedes, señorías, han tenido responsabilidades de gobierno, ustedes gobiernan comunidades autónomas y ni antes ni ahora ni nunca
les he visto dedicar el 7 % del PIB a la educación. ¿Tan seguros están de que no van a gobernar que se permiten hacer promesas que saben que no van a tener que cumplir? Permítanme que lo reitere: son incompatibles con una gestión eficaz de los
recursos públicos. Por eso no les preocupó gestionar un sistema de becas absolutamente ficticio. La beca es un derecho, claro que sí; ahora, además, más que nunca porque la dotación presupuestaria para becas generales dispone de más recursos que
nunca; porque hay más becados universitarios que nunca; porque el sistema es más seguro, más justo; porque recibe más dinero quien más lo necesita, pero también quien más se esfuerza. Lo ha reiterado hace escasas fechas el Tribunal Supremo: el
rendimiento académico estaba en la LOE, estaba en la Ley Orgánica de Universidades.
Señorías, son ustedes nostálgicos del pasado y eso les impide ver el futuro. Se aferran a defender medidas cuya eficacia es más que cuestionable: los programas PROA, el programa Educa3, un claro ejemplo del yo invito y tu pagas tan
característico de su gestión, o la joya de la corona de su modelo educativo, Educación para la Ciudadanía, el más agresivo ataque al derecho que asiste a los padres a que sus hijos sean educados conforme a sus propias convicciones. Si alguien,
señorías, ha vulnerado el pacto constitucional han sido ustedes. Lo hicieron desde el momento en que decidieron que la escuela era el lugar adecuado para adoctrinar y ahora sufren la pataleta por no poder controlar a sus potenciales discípulos.
Finalizo, presidente. Señorías, nuestro compromiso con un sistema educativo de calidad, equidad y en libertad es el pilar sobre el que se asienta nuestra acción política. Hemos dado pasos importantes, nos queda mucho por hacer pero no nos
desviaremos de nuestro camino hasta lograr que el sistema educativo español sea uno de los mejores del mundo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señor Bedera, le pregunto por la enmienda presentada.
El señor BEDERA BRAVO: Sí, señor presidente. Hemos llegado a una transacción con Convergència i Unió que hemos entregado a los servicios de la Cámara.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Esa transacción es la que pondremos a votación dentro de unos minutos. (Pausa).
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución, conforme al artículo 20.1.3 del Reglamento, de dos nuevos miembros del Congreso de los Diputados. En sustitución de doña Uxue Barkos, pregunto
a don Bizente Serrano Izko si jura o promete acatar la constitución.
El señor SERRANO IZKO: Sí, prometo por imperativo legal. (Rumores.-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.
En sustitución de don Joaquín Francisco Puig Ferrer, pregunto a don Josep Lluís Grau Vallés si jura o promete acatar la Constitución.
El señor GRAU VALLÉS: Prometo. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Don Bizente Serrano Izko y don Josep Lluís Grau Vallés han adquirido la condición plena de diputado. Enhorabuena. (Aplausos).
MINUTO DE SILENCIO:
El señor PRESIDENTE: Señorías, el pasado lunes, 1 de junio, falleció don Francisco Antonio González Pérez, diputado del Partido Popular en esta Cámara durante cinco legislaturas. Somos muchos los que recordamos a Paco por su labor
política, por su compromiso con Ceuta, de donde ahora era delegado del Gobierno, pero también por su carácter afable y siempre conciliador.
Hoy también hemos conocido la triste noticia del fallecimiento de don Pedro Zerolo, quien si bien no fue diputado en esta Cámara pasará a la historia de nuestro país por su inquebrantable y comprometida lucha por la defensa de los derechos
civiles y de las libertades individuales. Con afecto y con el deseo de hacer llegar a sus familiares y amigos nuestro sentimiento de pesar y a propuesta de los grupos parlamentarios, ruego a sus señorías que guardemos un minuto de silencio. (Las
señoras y los señores diputados, puestos en pie, guardan un minuto de silencio).
Muchas gracias. (Aplausos).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y CIUDADES AUTÓNOMAS. (VOTACIÓN):
- DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 37/1992, DE 28 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO, EN RELACIÓN CON EL SECTOR DE LA CULTURA. (Número de expediente 125/000018).
El señor PRESIDENTE: Vamos a las votaciones. Lo hacemos en primer lugar de la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor
Añadido, en relación con el sector de la cultura. Hay un voto emitido telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311 más 1 voto telemático, 312; a favor, 141; en contra, 170 más 1 voto telemático, 171.
El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE CREACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA DETRACCIÓN DE RENTAS EN ABUSO DE DERECHO Y DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 58/2003, DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA. (Número de expediente 122/000193).
El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista de creación del impuesto sobre la detracción de rentas en abuso de derecho y de modificación de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
Hay un voto emitido telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311 más 1 voto telemático, 312; a favor, 139; en contra, 171 más 1 voto telemático, 172; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: No se toma en consideración.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO SOBRE LO QUE HA SUPUESTO EL DESARROLLO DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. (Número
de expediente 162/001236).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Popular, relativa a la realización de un estudio sobre lo que ha supuesto el desarrollo de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia. Se va a votar en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 167; en contra, 137; abstenciones, 7.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A LA DIGNIFICACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL ACERCÁNDOLO AL 60 % DEL SALARIO MEDIO, TAL Y COMO ESTABLECE LA CARTA SOCIAL EUROPEA. (Número de expediente 162/001123).
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la dignificación del salario mínimo interprofesional acercándolo al 60 % del salario medio, tal y como establece la Carta Social Europea. También se
vota en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 131; en contra, 168; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL BALANCE DE LA POLÍTICA EDUCATIVA DEL GOBIERNO DURANTE LA PRESENTE LEGISLATURA. (Número de expediente (173/000216).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Socialista sobre el balance de la política educativa del Gobierno durante la presente legislatura. Hay una enmienda del Grupo de Convergència i Unió y una enmienda transaccional que conocen los
diputados, que es la que sometemos a votación.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 137; en contra, 166; abstenciones, 8.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la moción.
Se suspende la sesión.
Eran las nueve de la noche.