CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 256

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO

Sesión plenaria núm. 239

celebrada el martes,

10 de febrero de 2015

ORDEN DEL DÍA:


Exclusión del orden del día ... (Página4)


Interpelaciones urgentes:


— Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre las medidas que va a tomar el Gobierno para erradicar el aumento de la discriminación contra las mujeres en España. (Número de expediente 172/000285) ... href='#(Página4)'>(Página4)


Toma en consideración de proposiciones de ley:


— De los grupos parlamentarios Popular en el Congreso y Socialista, y del señor Salvador, señora Oramas y señor Álvarez Sostres (Grupo Mixto), Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en
materia de delitos de terrorismo. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 211-1, de 4 de febrero de 2015. (Número de expediente 122/000189) ... (Página4)


— Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre territorialización del rendimiento del 0,7 % del IRPF destinado a otros fines de interés social, incluidos los de carácter medioambiental. «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie B, número 33-1, de 5 de enero de 2012. (Número de expediente 122/000023) ... (Página26)


Proposiciones no de ley:


— Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el fortalecimiento de la industria en España. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 592, de 16 de enero de 2015. (Número expediente 162/001125) ... href='#(Página37)'>(Página37)


— Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Plan de acción del Sistema Nacional de Salud frente a la hepatitis C. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 592, de 16 de enero de 2015. (Número expediente 162/001126) ... href='#(Página44)'>(Página44)

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Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página52)


Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página53)


SUMARIO


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Exclusión del orden del día... (Página4)


Interpelaciones urgentes ... (Página4)


Del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre las medidas que va a tomar el Gobierno para erradicar el aumento de la discriminación contra las mujeres en España... (Página4)


La Presidencia somete a la consideración del Pleno la exclusión del orden del día del punto del orden del día de referencia, lo que se aprueba por asentimiento.


Toma en consideración de proposiciones de ley... (Página4)


De los grupos parlamentarios Popular en el Congreso y Socialista, y del señor Salvador, señora Oramas y señor Álvarez Sostres (Grupo Mixto), orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en
materia de delitos de terrorismo... (Página4)


Defiende la toma en consideración de la proposición de ley los señores Castillo Calvín, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Serrano Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista; la señora Oramas González-Moro y los señores
Álvarez Sostres y Salvador Armendáriz, del Grupo Parlamentario Mixto.


En turno en contra interviene el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


Replican los señores Castillo Calvín; Serrano Martínez y Llamazares Trigo.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Barkos Berruezo, el señor Baldoví Roda, la señora Fernández Davila y los señores Tardà i Coma y Errekondo Saltsamendi, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Olabarría Muñoz, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia y el señor Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre territorialización del rendimiento del 0,7 % del IRPF destinado a otros fines de interés social, incluidos los de carácter medioambiental... (Página26)

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Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila y el señor Bosch i Pascual, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Anchuelo Crego, del Grupo
Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; el señor Sahuquillo García, del Grupo Parlamentario Socialista y la señora Madrazo Díaz, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.


Proposiciones no de ley... (Página37)


Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el fortalecimiento de la industria en España... (Página37)


Defiende la proposición no de ley el señor García Egea, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, así como las señoras Riera i Reñé, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y
Blanquer Alcaraz, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor García Egea.


Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Plan de acción del Sistema Nacional de Salud frente a la hepatitis C... (Página44)


Defiende la proposición no de ley el señor Martínez Olmos, del Grupo Parlamentario Socialista.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia y Llamazares Trigo, del Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, así como la señora Angulo Romero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda, la señora Pérez Fernández y el señor Cuadra Lasarte, del Grupo Parlamentario Mixto, y la señora Tarruella Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor Martínez Olmos.


Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página52)


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso y Socialista, y del señor Salvador, señora Oramas y señor Álvarez Sostres (Grupo Mixto), orgánica por la que se
modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo, se aprueba por 291 votos a favor más 3 votos telemáticos, 294; 32 en contra y 13 abstenciones.

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Sometida a votación la tramitación directa y en lectura única de la proposición de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo, se aprueba por 302
votos a favor más 3 votos telemáticos, 305; 21 en contra y 6 abstenciones.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre territorialización del rendimiento del 0,7 % del IRPF destinado a otros fines de interés social, incluidos los
de carácter ambiental, se rechaza por 35 votos a favor; 187 en contra más 2 votos telemáticos, 189 y 104 abstenciones.


Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página53)


Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el fortalecimiento de la industria en España, se aprueba por 298 votos a favor; 16 en contra y 11 abstenciones.


Sometida a votación la enmienda transaccional a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Plan de acción del Sistema Nacional de Salud frente a la hepatitis C, se rechaza por 147 votos a favor, 179 en contra y 7
abstenciones.


Se suspende la sesión a las nueve y diez minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.


INTERPELACIONES URGENTES:


— DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A TOMAR EL GOBIERNO PARA ERRADICAR EL AUMENTO DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES EN ESPAÑA. (Número de expediente 172/000285).


El señor PRESIDENTE: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 88.1 del Reglamento, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día del punto 25, correspondiente a la interpelación urgente del Grupo
Parlamentario de La Izquierda Plural, sobre las medidas que va a tomar el Gobierno para erradicar el aumento de la discriminación contra las mujeres. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) Queda aprobado.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:


— DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO Y SOCIALISTA, Y DEL SEÑOR SALVADOR, SEÑORA ORAMAS Y SEÑOR ÁLVAREZ SOSTRES (GRUPO MIXTO), ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, EN
MATERIA DE DELITOS DE TERRORISMO. (Número de expediente 122/000189).


El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley orgánica de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso y Socialista, y del señor Salvador, señora Oramas y señor Álvarez Sostres, del Grupo Mixto, por la que se
modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Popular, el señor Castillo.


El señor CASTILLO CALVÍN: Gracias, señor presidente. Con la venia.


Señorías, señores del Gobierno, la lucha contra el terrorismo es, por encima de todo, el combate de la razón frente a la sinrazón, de la vida frente a la muerte, de la justicia y la libertad frente a la imposición del terror. Es, en
consecuencia, el esfuerzo por hacer prevalecer los principios éticos en que se asienta la convivencia de una sociedad civilizada frente a quienes lo niegan. En ese ya largo y doloroso camino que nos ha tocado recorrer, en ese proceso histórico de
lucha contra el terrorismo en España, hemos podido

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comprobar cuáles son los mejores instrumentos para combatir la violencia irracional e injustificada del terror, la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la actuación de jueces y tribunales, la cooperación internacional y la unidad de
las fuerzas democráticas; una unidad, la de los partidos políticos, que refleja la firmeza democrática de la sociedad española y que se ha convertido en pilar y fortaleza de nuestro Estado de derecho en su lucha contra el terrorismo; una unidad
frente al terrorismo que nos exige eliminar de manera generosa la confrontación partidaria y partidista. Y la gestación de esta proposición de ley, señorías, ha sido buena prueba de ello, de cómo se puede hacer política anteponiendo el interés
general a cualquier otro; de cómo se pueden asumir nuestras diferencias pensando en los intereses de nuestro país.


En este sentido, y como bien saben, el Grupo Parlamentario Popular tiene intención de aprobar la prisión permanente revisable como pena máxima en la reforma del Código Penal, una pena reservada para supuestos de gravedad extraordinaria,
entre los que se encuentran determinados tipos agravados de terrorismo. Es indudable que, a pesar de que la aceptación de la figura de la prisión permanente revisable es mayoritaria en la sociedad española, algunos grupos de esta Cámara han
mostrado su rechazo a esta pena incluida en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, ratificado por España en el año 2002 y, por tanto, vigente en nuestro país. Se trata de una pena que existe en la mayoría de los países de la Unión Europea y
que tanto el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado han venido a considerar plenamente constitucional. La prisión permanente revisable cuenta además con el refrendo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que
ha declarado en reiteradas ocasiones que no debe ser considerada como trato inhumano ni degradante ni esta pena viola la Convención Europea de Derechos Humanos. Precisamente la pasada semana el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tenido la
oportunidad de dictar una nueva sentencia en este mismo sentido.


A pesar de ello, respetamos absolutamente que el Grupo Parlamentario Socialista haya querido poner de manifiesto su oposición a la prisión permanente revisable y su decisión firme de recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional. En
todo caso, la instauración de la nueva pena de prisión permanente revisable en el Código Penal no debería ser hoy la cuestión que consumiera nuestro debate, y ello por una sencilla razón: en esta proposición de ley no se habla de prisión permanente
revisable puesto que a los delitos de terrorismo con resultado de muerte les será siempre aplicable la máxima pena privativa de libertad con la que el Código Penal castigue el asesinato terrorista en cada momento. La discrepancia con respecto a la
prisión permanente revisable, en aras del necesario consenso, fue asumida de forma responsable tanto por el Grupo Parlamentario Popular como por el Grupo Parlamentario Socialista. Por ello se retiró del proyecto de ley orgánica de reforma del
Código Penal —actualmente en tramitación— el bloque de doce enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular para mejorar la lucha contra el terrorismo yihadista, a fin de integrarlas, en el marco de un gran pacto de Estado, en un
instrumento normativo distinto que no es otro que la proposición de ley que hoy debatimos.


Desde esta perspectiva, la proposición de ley que en este acto se somete a nuestra consideración tiene una profunda significación para la propia Cámara y para el conjunto de la sociedad española, porque nace como resultado de un ejercicio de
diálogo, respeto recíproco y renuncia a posiciones particulares para alcanzar un texto de consenso. Se trata de una iniciativa en la que se ha dejado de lado la dialéctica Gobierno-oposición y la definición de posiciones legítimas pero de
naturaleza partidaria o partidista para, por el contrario, tratar de alcanzar un espacio político común. Por este motivo esta proposición de ley, que ha nacido gracias a un esfuerzo colectivo, está suscrita por cinco fuerzas políticas que
representamos el 78 % de esta Cámara y, por tanto, representa a la inmensa mayoría de la sociedad española. Y ello, señorías, debería marcar un punto de continuidad en orden a reforzar la cohesión de los demócratas en la defensa de nuestras
libertades sabiendo que la libertad ni tiene significado electoral ni tiene alcance partidario ni puede ser nunca sinónimo de confrontación.


Por tanto, si estamos de acuerdo en los objetivos, parece lógico que los grupos parlamentarios, en lugar de adoptar posturas en negativo —y no estoy adelantando obviamente la postura de otros grupos—, hagamos un esfuerzo para que esta
proposición de ley, que es un proyecto de esta Cámara, sea mejorada con aportaciones de todos o la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios. En este contexto, señorías, esta proposición de ley tiene un mensaje claro: no hay excusas que valgan
contra el terrorismo. No podemos ser tolerantes, ni siquiera neutrales, frente a la intolerancia fanática. Frente al fanatismo solo cabe la unidad; unidad para adoptar medidas que nos permitan combatir con la mayor eficacia el terrorismo.


Señorías, la experiencia de la lucha contra el terrorismo en España nos ha permitido contar con una legislación penal eficaz en respuesta al terrorismo protagonizado por bandas armadas, pero esta regulación no es aplicable con igual
efectividad al terrorismo yihadista, muy diferente en naturaleza, composición,

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alcance y modalidades. El nuevo terrorismo de corte yihadista se distingue no solo por su peculiar forma de difusión sino también por haber incorporado nuevas formas de agresión consistentes en modernos instrumentos de captación,
adiestramiento y adoctrinamiento en el odio, así como dando cabida al fenómeno del terrorismo individual. También se caracteriza por el hecho de que los diferentes grupos o células que lo componen puedan llegar a organizarse y actuar de forma
independiente unos de otros, sin una cúpula dotada de interconexión interna que permita acceder a la misma. Todo ello plantea serias dificultades en la labor de investigación, prevención y enjuiciamiento que conviene resolver, especialmente cuando
a la nueva amenaza del terrorismo fanático se ha unido el recrudecimiento de su actividad, así como la intensificación del llamamiento a cometer atentados en todas las regiones del mundo. Por ello, cuando se ha incrementado el nivel de amenaza
global del terror yihadista, es perfectamente comprensible que la opinión pública manifieste su preocupación por una situación como la que vivimos. Es, por tanto, una obligación por nuestra parte transmitir tranquilidad a la opinión pública, pero
transmitir tranquilidad en el actual contexto no significa no hacer nada, significa, como señalan las recientes resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, adecuar nuestros recursos e instrumentos legales para mejorar la prevención, la
persecución y el castigo de estos delitos. Estas son fundamentalmente las razones que justifican la naturaleza, el sentido y el alcance de esta iniciativa, convencidos como estamos de que nuestro sistema penal actual es insuficiente. Así que,
señorías, las estridentes críticas de algunos no deben alejarnos de la necesidad de cambios imprescindibles si queremos que España, frente al terrorismo yihadista, no esté en desventaja respecto a otras democracias europeas.


Llegados a este punto, me van a permitir que destaque de la proposición de ley algunos aspectos fundamentales de la nueva regulación propuesta. Concretamente me referiré a la tipificación de las conductas propias de las nuevas formas de
terrorismo como el acceso habitual a determinados contenidos en Internet y la posesión de documentos, así como al fenómeno de los combatientes terroristas desplazados y la figura de los lobos solitarios. Como bien saben, en el ámbito del terrorismo
es conocido que hay grupos y organizaciones que utilizan Internet no solo para darse a conocer divulgando sus ideas sino también para captar personas con el fin de que ingresen en sus filas y para adiestrarlas en el manejo de técnicas militares o de
combate, así como en la fabricación de explosivos que luego van a ser utilizados en la comisión de delitos terroristas. Las redes sociales en este sentido son medios eficaces tanto para la difusión de ideas como para el reclutamiento. Ya en la
decisión marco del Consejo de noviembre de 2008 sobre la lucha contra el terrorismo se recogen múltiples referencias a la utilización de Internet en el marco del terrorismo y la necesidad de erradicar las conductas asociadas a dicho fenómeno. Se
pretende, pues, con la nueva figura delictiva prevista en el artículo 575 del Código Penal, en términos similares a otros ordenamientos penales de nuestro entorno, castigar a quienes, con la finalidad de recibir adoctrinamiento o adiestramiento
militar o en técnicas en explosivos para cometer delitos terroristas, accedan de manera habitual a contenidos dirigidos a incitar bien a incorporar a grupos u organizaciones terroristas o bien a colaborar con ellos. Quedan, por tanto, excluidos
aquellos que accedan de manera puntual a los mismos, bien por curiosidad o bien por estudio.


Señorías, para una eficaz lucha contra el fenómeno terrorista es indudable la importancia de adelantar la persecución penal al momento mismo en que se exterioriza la voluntad de formar parte o colaborar con el entramado terrorista mediante
el acceso habitual a estos contenidos. Del mismo modo, y siguiendo en la línea de adelantar la persecución penal que acabo de apuntar, en el artículo 575 del Código Penal se castiga la adquisición o tenencia de documentos que inciten a la
incorporación o colaboración con una organización o grupo terrorista. No se precisa, en consecuencia, la materialización de un atentado terrorista para iniciar el reproche penal, siendo por tanto punible la adquisición o tenencia de tales
documentos.


Por último, y con la misma filosofía de atajar desde un primer momento cualquier acto relacionado con el terrorismo, se tipifica el desplazamiento de los llamados combatientes extranjeros a zonas de conflicto para integrarse en
organizaciones terroristas. Señorías, con estas nuevas figuras delictivas: acceso a determinadas páginas de Internet, posesión de cierta clase de documentos y traslado a zonas controladas por terroristas, se pretende en definitiva el castigo de
aquellos que pretenden capacitarse o autoadiestrarse para cometer delitos de terrorismo. Con ello se permitirá a las autoridades llevar ante la justicia, sin esperar a la comisión de atentados, a quienes realicen dichas conductas.


Asimismo, con la reforma de los delitos de terrorismo se desvincula el concepto de terrorista de la organización o grupo terrorista, lo que permitirá castigar por estos delitos a los denominados lobos solitarios. En la regulación actual se
castiga a los que perteneciendo, actuando al servicio o colaborando

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con organizaciones o grupos terroristas cometan determinados delitos, siendo en consecuencia requisito necesario la existencia de tales lazos con grupos u organizaciones terroristas para poder aplicar los tipos penales. En el caso de que no
se acreditase la pertenencia, que se actúe al servicio o que haya colaboración con organización o grupo criminal, actualmente la persona que llevase a cabo dichas conductas no habría cometido un delito de terrorismo, sin perjuicio, claro está, de
ser condenado por los delitos comunes que hubiera llevado a cabo. En cambio, con la nueva regulación propuesta, terrorista será quien cometa un delito terrorista, pertenezca o no a una organización terrorista. Bastará la comisión de un delito de
los que enumera el nuevo artículo 573: homicidio, asesinato, lesiones, etcétera, con alguna de las finalidades descritas en el mismo, tales como subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, para castigar al autor como
terrorista sin necesidad de vincularle con grupo u organización alguna. Esta nueva regulación, señorías —lo digo para los que esta redacción les genera alguna suspicacia—, es acorde con la normativa comunitaria, tanto con la definición de
terrorismo prevista en la posición común de 2001, como en la decisión marco de 13 de junio de 2002 sobre la lucha contra el terrorismo.


Termino. Señor presidente, señorías, hoy estamos cumpliendo un deber democrático y de justicia, pero también estamos realizando una apuesta por el futuro y por la paz. Por ello les quiero insistir en que los grupos firmantes, entre los que
se encuentra el Grupo Parlamentario Popular, invitamos al resto de las formaciones que hoy están representadas en esta Cámara a que se sumen a este acuerdo. Nos gustaría que nadie se excluyera, que nadie aprovechara esta oportunidad para lanzar
reproches al adversario político, que ningún grupo hiciera oposición con la excusa del terrorismo, que la única oposición sea la de todos: nuestra oposición al terrorismo. Y por ello estamos dispuestos a seguir dialogando, diálogo que no es una
muestra de debilidad sino de fortaleza, de seguridad en nuestras propias convicciones; diálogo para sumar esfuerzos como acto de sensatez política; diálogo que merece la sociedad española y muy especialmente las víctimas del terrorismo y sus
familias, porque sin duda ellas son las que más han dado en favor de la libertad, que es lo mismo que decir en favor de la democracia y de la paz.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castillo.


Para la defensa de la proposición de ley y por el Grupo Socialista, tiene la palabra don José Enrique Serrano.


El señor SERRANO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, intervengo naturalmente para defender en nombre del Grupo Parlamentario Socialista la toma en consideración de la proposición de ley que suscribimos conjuntamente con el Grupo Popular y los representantes de Coalición Canaria,
Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias. Como saben, es el resultado de una iniciativa de Pedro Sánchez, el secretario general de mi partido, que, he de subrayarlo, fue aceptada de inmediato por el presidente del Gobierno.


Es, a mi juicio, una iniciativa que trae su causa de tres datos que conviene recordar. El primero tiene fecha concreta, el 7 de enero de este mismo año. Lo ocurrido ese día en París volvió a traer al corazón de Europa la evidencia de un
peligro que se hace realidad cotidiana en muchos lugares del mundo. Sin necesidad de detalles pero con la emoción del recuerdo, puedo decir que aquí, en esta ciudad, sabemos bien de lo que es capaz el terrorismo yihadista. Los asesinatos de París
significaron, como se escribió de inmediato, un ataque frontal al sistema de libertades, un ataque que recibió también una respuesta inmediata por tres vías: unidad política y ciudadana frente al terror, revisión de los esfuerzos penales,
procesales y policiales para combatir la amenaza y mantenimiento del sistema de libertades y garantías democráticas de los ciudadanos, con una atención especial frente a las reacciones radicales, xenófobas y racistas.


El segundo dato también tiene fecha, el 8 de diciembre de 2000. Aquel día se suscribió el Pacto por las libertades y contra el terrorismo. También fue fruto de una iniciativa del Partido Socialista, representado en aquella ocasión por su
secretario general de entonces, José Luis Rodríguez Zapatero. Fue, por la fecha, un pacto centrado en la búsqueda de una respuesta unitaria frente a ETA. No hablaré de las incomprensiones que generó en algunos grupos políticos ni tampoco de las
dificultades que encontró su aplicación y su respeto, pero sí diré que entonces, igual que siempre, el Partido Socialista se lo tomó en serio, tanto que desde la oposición se comprometió a corresponsabilizarse de la política antiterrorista hasta el
punto de que fue capaz de proponer la aceptación de un principio esencial: la dirección de la lucha antiterrorista corresponde al Gobierno. Así lo entendimos desde la oposición y también con más fuerza lo defendimos desde el Gobierno, y los
resultados se han visto hace unos años.

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El tercer dato tiene orígenes más difusos, pero también se concretó en una fecha, el 10 de diciembre pasado. Ese día el Boletín de la Cámara publicó las enmiendas presentadas al proyecto de ley orgánica de reforma del Código Penal, entre
las que aparecieron en forma un tanto inesperada las enmiendas 874 a 885 —si no he tomado mal nota—, del Grupo Popular, que implicaba una reforma en profundidad de los artículos del código destinados al mismo. No quiero detenerme en ellas porque,
como consecuencia del trabajo conjunto que hemos desarrollado durante las últimas semanas de enero, son ya historia pasada, pero sí tengo que decir dos cosas. La primera, que no respondían a lo que el Pacto por las libertades y contra el terrorismo
exigía porque no habían sido presentadas siguiendo el procedimiento que en él se preveía, y los pactos, también los políticos, están para ser cumplidos. Finalmente lo hemos hecho. La segunda, que si no se hubiese podido alcanzar el acuerdo al que
responde esta proposición que debatimos, lo previsible es que se hubiesen impuesto en sus propios términos y entonces la política penal frente al terrorismo no sería fruto del consenso, pues el Grupo Parlamentario Socialista no podía compartir los
términos en que estaban formuladas las enmiendas y, en consecuencia, hubiese votado en contra de las mismas.


Habrá quien se encuentre cómodo dejando toda la responsabilidad frente al terrorismo en manos del Gobierno, del Gobierno que sea, pero nosotros no. Ha habido quienes en esta semana han llegado a afirmar que la unidad de los partidos frente
al terrorismo es una tradición histórica, pero que en los nuevos tiempos, cuando el terrorismo ha pasado de ser un problema para el 42 % de los ciudadanos a preocupar tan solo al 1 %, esa unidad ya no es necesaria, como tampoco lo es adoptar nuevas
medidas frente a los terroristas. Nosotros tampoco compartimos esta opinión. Ha habido, en fin, quienes han sostenido que el Código Penal ya contenía previsiones aplicables a las formas de actuar de los nuevos terroristas y que, por tanto, era
innecesario modificarlo en este campo. Imagino que lo mismo sostendrán sobre el asesinato, el robo o la violación, cuya condena se hunde en los comienzos mismos de la historia y que una y otra vez son objeto de pulido, de concreción o de altibajos
en la cuantía de las penas que se les aplican. Tampoco, pues, compartimos la opinión de que todo estaba ya resuelto. De hecho, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó el pasado 24 de septiembre una resolución que urgía a los Estados a
realizar las modificaciones legislativas necesarias para, entre otras cosas, poder procesar y condenar a los combatientes retornados y a los actores solitarios. Y más recientemente, al día siguiente de los asesinatos de París, se sostuvo que, ante
un desafío de la magnitud que plantea a lo largo del mundo el terrorismo yihadista —cito textualmente—, no cabe sino reforzar y actualizar las capacidades estatales de inteligencia y actuación policial, proteger infraestructuras críticas, adecuar el
tratamiento jurídico a las vicisitudes de un fenómeno cambiante, reforzar los mecanismos de cooperación bilateral y multilateral y favorecer iniciativas legítimas de la comunidad internacional en regiones que son foco del terrorismo global. Son
palabras de Fernando Reinares, uno de los más reconocidos expertos españoles sobre terrorismo, que nosotros compartimos. Y como las compartimos, planteamos al Gobierno —y este aceptó— retirar las enmiendas que habían presentado y discutir su
contenido y su texto para alcanzar una propuesta que pudiésemos compartir; por cierto, tal y como preveía el punto 5 del Pacto por las libertades y contra el terrorismo del año 2000. A nuestro juicio, se ha conseguido razonablemente bien, ha sido
el fruto de los esfuerzos de ambas partes, que han sido capaces de encontrar puntos de acuerdo y anteponer los intereses de todos a los de partido. Esta valoración exige mirar a la vez al texto del Código Penal aún vigente y al que hubiese
resultado de haberse tramitado aquellas enmiendas.


Teniendo en cuenta ambos polos, tengo que decir que la proposición que hoy defiendo ha resuelto los principales problemas que nos habíamos planteado. Primero, las reglas de determinación de lo que a partir de ahora debe entenderse por
delitos de terrorismo se han clarificado. Se ha puesto ya de relieve por quien ha intervenido antes que yo, pero quiero insistir en ello. Frente a una larga lista de delitos que, aparte de algunos excesos evidentes, finalmente incluía una cláusula
abierta que permitía calificar como terrorista cualquier delito grave, se ha optado por una fórmula estricta que exige la concurrencia simultánea de tres requisitos: en primer lugar, que sea un delito grave, es decir, penado con más de cinco años
de prisión; segundo, que figure en la ahora restrictiva lista que aparece en el artículo 573.1, y tercero, que se lleve a cabo con determinadas finalidades, por cierto, las previstas en la decisión marco del Consejo Europeo de 2002, esto es,
subvertir el orden constitucional, alterar gravemente la paz social, desbaratar una organización internacional o provocar un estado de terror en la población o en parte de ella.


Segundo, se han suprimido en la regulación que hoy proponemos conjuntamente fórmulas del tipo: haber mostrado la disposición a cometer, incluso se hablaba de conductas aptas para reforzar la decisión de otro, que eran tan abiertas e
indeterminadas que incluso precisaban de un juicio de intención que provocaba una inseguridad jurídica alta y la absoluta falta de garantías propias de un Estado de derecho.

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En su lugar, se describen estrictamente las conductas incriminadas y se exige la concurrencia de las finalidades a las que antes me refería para poder calificarlas como terroristas en términos de autoría directa o indirecta, finalidades que,
como es claro, habrán de ser probadas por los medios admitidos en nuestro derecho.


Tercero, en la legislación hasta ahora vigente ya se contenía alguna previsión sobre los llamados lobos solitarios, pero era muy parcial y reducida, por lo que no resultaba adecuada para el auge que ha tomado esta forma de actuación en
nuestros días. Hoy se corrige este déficit.


Cuarto, preocupaba, y con razón, la forma ilimitada en la que se tipificaba como delito el acceso a páginas web. Coincidiendo en que es necesaria la eventual sanción penal para quien utiliza la red con finalidades terroristas, tuvimos claro
que debíamos asegurar que no incurran en delito quienes necesitan o deben hacer este tipo de consultas: profesionales, investigadores, periodistas, etcétera. Consecuentemente, el texto que hoy debatimos requiere un comportamiento habitual y en el
que concurra la finalidad, de nuevo sometida a prueba, de buscar autoadiestramiento en técnicas terroristas, recibir formación, permitir la captación, recibir instrucciones, órdenes, etcétera. Quinto, el vacío legislativo era casi absoluto en
relación con una de las formas de actuación terrorista que más preocupa actualmente: los viajes a países de intensa presencia o actividad terrorista. Ahora se tipifica claramente como delito, aunque se exige de nuevo vincular esos desplazamientos
con el adiestramiento, adoctrinamiento o colaboración.


Sexto y último, el texto del que partíamos preveía efectiva y expresamente la imposición de la pena de prisión permanente revisable para los supuestos en que un delito de terrorismo tuviese la consecuencia de la muerte de una persona. Hoy
esa referencia no se encuentra en la proposición de ley ni en ningún otro texto que hayamos suscrito los dos grupos que amparamos con nuestra firma esta proposición. Hoy hemos sustituido esa fórmula por la de la pena de prisión por el tiempo máximo
previsto en este código. Es una fórmula que permite el mantenimiento del acuerdo, aunque cambie la regulación del código prevista en la reforma. Con ello el Partido Socialista no avala, no ampara, no asume, no comparte la pena de prisión
permanente revisable, ni en terrorismo ni en cualquier otro ámbito ni en los delitos terroristas ni en cualquier otro tipo de delito. Quien diga lo contrario no dice la verdad, porque en el acuerdo político suscrito entre el presidente del Gobierno
y el secretario general del Partido Socialista se advierte de esta reserva, una reserva tan fuerte que es público nuestro propósito y nuestro compromiso de recurrir la prisión permanente revisable ante el Tribunal Constitucional el mismo día que el
código se publique en el Boletín Oficial del Estado.


Señor presidente, acabo ya. Los atentados de París, los asesinatos masivos que en la misma fecha llevó a cabo Boko Haram en Nigeria y que hoy mismo ha reproducido en Camerún, el asesinato de rehenes hace pocos días por parte del Estado
Islámico demuestran la capacidad de barbarie de que es capaz el terrorismo yihadistas, y del que hace blanco no solo a las sociedades occidentales, sino también a aquellas en las que vive y tiene su sede originaria, hasta el punto de hacer víctimas
preferentes de sus acciones criminales a quienes en teoría, que no en la práctica, comparten religión y creencias. Nadie está a salvo, tampoco nosotros. No lo estuvimos hace once años y nadie nos garantiza una seguridad absoluta ante el futuro,
porque la amenaza es cierta y nos puede venir de fuera o surgir de entre nosotros. Este es el fundamento de los acuerdos alcanzados, este y la necesidad de, como hace la proposición de ley a la que me vengo refiriendo, actualizar nuestra
legislación penal para castigar todas sus formas de actuación y las de colaboración con ellos. Sabemos que la respuesta al terrorismo no se centra fundamentalmente en el Código Penal, y por eso el acuerdo que han firmado el Gobierno y el Partido
Socialista se extiende a otros ámbitos tan importantes o más que los penales, porque el acuerdo incorpora compromisos adicionales importantes en relación con la inminente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para facilitar los elementos de
prueba de comportamientos terroristas; en relación con un compromiso de dotación de recursos materiales y humanos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la Administración de Justicia; en relación con el combate a las formas de
radicalismo e intolerancia, especialmente la xenófoba; en relación con la promoción conjunta ante la Unión Europea de políticas compartidas en la prevención, persecución y castigo al terrorismo; en fin, en relación con el reconocimiento y apoyo a
todas las víctimas del terrorismo. Nosotros nos preparamos ya para contribuir a hacer efectivos estos compromisos complementarios. Es una tarea a la que nos gustaría incorporar a todos los grupos de la Cámara. Merece la pena un esfuerzo de
comprensión mutua, como creemos que merece la pena apoyar esta proposición de ley, incluso con la presentación de enmiendas que la mejoren.

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En todo caso —con esto acabo—, el Grupo Parlamentario Socialista sigue creyendo en el valor de la unidad de los demócratas frente al terrorismo. Confortemos a los ciudadanos y démosles al menos la fortaleza de esta unidad.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Serrano.


Como suscriptora también de la proposición de ley, tiene la palabra, en primer lugar, la señora Oramas.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.


Señores diputados, Coalición Canaria a lo largo de toda la democracia ha firmado todos los pactos antiterroristas. Consideramos que este es un tema serio e importante que afecta a toda la sociedad. Pero si hay un tema sensible para
Canarias es el fenómeno yihadista y la expansión que está teniendo en este momento en África, porque al final la frontera europea está formada también por España y Canarias. Como salió el otro día en un reportaje importante en el principal
periódico de este país, uno de los puntos de entrada es Canarias; y, en ese sentido, vamos a apoyar esta proposición de ley. Como el Grupo Parlamentario Socialista y todas las fuerzas de esta Cámara, compartimos nuestra oposición a la prisión
permanente revisable, pero la fórmula que se ha buscado para hacer un pacto de Estado en un momento tan importante como este es la adecuada. Estamos en línea con las decisiones que están tomando los países europeos. Como muy bien han explicado los
portavoces que me han precedido en esta tribuna, tenemos vacíos legales y tenemos que recoger la tipificación de los nuevos terrorismos y sus nuevas adaptaciones, así como el papel de las redes sociales y de Internet. Recordemos que este país fue
uno de los primeros del mundo en sufrir esta amenaza el 11 de marzo de 2004.


Espero que la proposición de ley pueda mejorar a lo largo de esta semana con las aportaciones que hagan los grupos. Personalmente, creo que hay cierto vacío sobre la captación de mujeres en nuestro país por estas organizaciones terroristas,
fundamentalmente para su explotación sexual en zona de guerra. En nuestro país ya hemos tenido casos y sigue habiendo determinados vacíos legales en cuanto a la captación de estas mujeres —jóvenes en muchos casos menores de edad— para llevarlas a
zonas yihadistas para su explotación sexual y adoctrinamiento. Igual que hemos contemplado el agravamiento en el tema de menores, debemos actuar sobre la captación de mujeres cuyo papel en la red es distinto y que están siguiendo otros caminos.
¿Hay un vacío legal en el caso de que no se pueda detener a las personas que las llevan, las acompañan o las vienen a buscar para trasladarlas a las zonas de guerra? Son mujeres españolas y creo que en esta semana podríamos definir esas figuras
para las que queda un cierto vacío judicial y jurídico.


Termino agradeciendo tanto a don Conrado Escobar como a don Rafael Hernando, don Antonio Hernando y don José Enrique Serrano la comunicación permanente sobre la evolución en el desarrollo de la proposición de ley. Una vez más, Coalición
Canaria está con los partidos democráticos contra el terrorismo y dentro de la unidad de nuestro país para decir no a ese sinsentido que es el terrorismo.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.


Tiene ahora la palabra el señor Álvarez Sostres.


El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Gracias, señor presidente.


Señorías, señores ministros, mi presencia ante ustedes tiene la pretensión de trasladarles nuestra posición política sobre esta proposición de ley de modificación del Código Penal, en el marco de las nuevas medidas para combatir el
terrorismo islámico. Estas vienen impulsadas por el mandato previsto contra la Guerra Santa en la Resolución 2178 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de 24 septiembre, donde ya se definen los nuevos peligros que acechan a la comunidad
internacional. En definitiva, hay una amenaza nueva en su intensidad y en su extensión que ataca directamente las bases y pilares de nuestra civilización, utilizando para ello el modelo de globalización y el moderno sistema de transporte de ideas,
imágenes, personas y bienes. El texto que nos ocupa quiere modificar la Ley orgánica 10/1995 del Código Penal contemplando nuevas medidas para esta modalidad de terrorismo, que se suma a las ya contempladas en nuestro ordenamiento jurídico para
bandas armadas, llamémoslas convencionales. Nosotros entendemos que el combate contra el terrorismo es un asunto de Estado que necesita un amplio consenso del mayor número de grupos parlamentarios, por eso desde el primer momento manifestamos
nuestra intención de sumarnos a un pacto de las fuerzas políticas y parlamentarias contra esta terrible amenaza.

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En el marco de los contactos habidos con el Grupo Popular en el Congreso, Foro aportó a la futura proposición de ley la opinión de que se introdujeran, de una manera explícita, medidas de investigación y de acción policial que permitieran
perseguir el origen de la financiación de los grupos terroristas de las acciones singulares, así como del tráfico, compra-venta, de explosivos y armas. Aunque el texto pueda ser matizado en su técnica legislativa por la extensión desmesurada de
algunos de sus párrafos y la farragosidad de otros, estamos ante un asunto de Estado que no es posible soslayar con excusas sobre formatos de consenso y modelos de procedimientos para llegar al mismo, que suena más a tactismo preelectoral que se
desvanecería en el aire si ocurriera lo que todos deseamos que no se produzca.


En definitiva, en mi opinión, es puro teatro político que yo no comparto, porque la defensa de nuestros valores de civilización nos excede en nuestras pequeñas miserias. En un plato para este menú no se puede confundir la carne con el
pescado; la carne del plato es la lucha frente a un enemigo común; las patatas son el formato del anuncio de la misma, aunque quizás podría haber sido mejorable. Los intereses particulares debieran dar paso a los intereses generales, como ya
sucedió en los pactos de Ajuria Enea, del año 1984, o en Madrid, en el año 1987. Aún se está a tiempo en este periodo de trámite. Quiero agradecer al Grupo Parlamentario Popular la gentileza que ha tenido al ponerse en contacto con Foro para
conocer su posición política. Votaré, por tanto, favorablemente a la toma en consideración de esta proposición de ley.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Álvarez Sostres.


Tiene la palabra el señor Salvador.


El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, negar hoy el apoyo a esta iniciativa afirmando que el terrorismo no supone una amenaza real sería tanto como estar ciego, voluntariamente ciego. No reconocer, igualmente, que el terrorismo muda constantemente su piel y sus
estrategias buscando destruir nuestra convivencia con nuevos métodos de extorsión sería ignorancia dolosa.


En mi partido, Unión del Pueblo Navarro —quiero que quede claro— defendemos que el Estado debe fortalecerse para hacer frente a este nuevo terrorismo, porque lo contrario sería una irresponsabilidad histórica. Por ello, damos la bienvenida
a esta iniciativa conjunta en la que también hemos trabajado y hemos firmado porque debemos mejorar las respuestas legales para combatir este nuevo brote distinto de terrorismo. Podemos entender perfectamente que algunos no lo suscriban, no lo
valoren siquiera en positivo o que lo critiquen abiertamente. ¿Cómo iban a querer combatir este nuevo brote, por ejemplo, quienes no condenan el terrorismo que hemos padecido en España durante cincuenta años, o quienes afirman que un individuo
juzgado y condenado por graves delitos de terrorismo puede ser un político preso, que debe estar en la calle sin reproche social o penal alguno, o quienes participan en homenajes a terroristas que se enorgullecen de sus crímenes, o quienes jamás
tuvieron un gesto de humanidad con las víctimas del terror? Entraría incluso dentro de la lógica que quienes no han apoyado jamás una medida legislativa en esta Casa, dirigida a combatir el terrorismo de ETA, dejasen una vez más que fueran otros
los que afrontaran estas nuevas amenazas, porque es verdad —lo reconocía hace semanas el ministro de Justicia— que algunos gastan más tiempo defendiendo los supuestos derechos de los más violentos que los derechos agredidos de la gente normal; como
hay también quienes no sabiendo qué proponer o cómo justificar su voto negativo, utilizan cualquier adjetivo grueso sobre actuación fingida o filigrana oratoria para ocultarlo. Pero, señorías, estamos ya acostumbrados —lo digo con pena y lástima— a
que algunos vivan de perfil mientras se amenaza la libertad de los españoles.


Puedo entender que se diga que este acuerdo no contiene la mejor fórmula ni la única fórmula ni los únicas fórmulas, pero entonces sería bueno, en ese caso, conocer las alternativas, que estoy seguro que serán más firmes, más disuasorias y
más eficaces para hacer frente a toda la determinación, a todo el fanatismo y a todo el desprecio —desprecio absoluto— de la vida que muestran los terroristas. En Unión del Pueblo Navarro llevamos combatiendo el terrorismo, por desgracia, desde
nuestra fundación, hace ya más de treinta y cinco años, y jamás nos hemos sometido a los discursos ni a las estrategias de los radicales. Lo hemos hecho denunciando todas las formas de terror y, en especial, la apología del odio, el adoctrinamiento
en idearios extremistas y la radicalización con la que algunas serpientes han querido legitimar su violencia y sus actos criminales durante décadas. Por eso, nos felicitamos especialmente de que el acuerdo incluya una modificación del Código Penal
para proteger nuestra infancia, a nuestros jóvenes, al futuro de nuestro país de quienes tratan de lavarles el cerebro

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convirtiéndoles en instrumentos de odio, incorporando al Código Penal una inhabilitación nueva especial para impedir que los condenados por graves delitos de terrorismo puedan ejercer la docencia y ser profesores o educadores de nuestros
hijos.


Señorías, hoy vemos hasta dónde llegan los fanatismos, los actos de los fanáticos. Somos plenamente conscientes de su amenaza. Podríamos no hacer nada y mirar hacia otro lado, pero creemos que hoy toca dar la cara, prepararnos, unidos y
juntos, para responder a los duros golpes que seguro que vendrán y crear alianzas sin fisuras que trasladen el mensaje de que, por mucho que nos ataquen, no conseguirán sus objetivos, porque juntos somos más fuertes.


Termino, señor presidente. Hemos participado en la elaboración de esta proposición de ley y apoyamos al Gobierno en la lucha contra el terrorismo que, como dice el texto del acuerdo firmado por el Partido Socialista, constituye el peor
enemigo de la democracia y de las libertades. Por eso termino agradeciendo el trabajo discreto y eficaz de todas las personas que han hecho posible esta iniciativa, que ojalá sirva para afrontar este fenómeno con mayores garantías, porque ese es el
único objetivo.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.


Ha solicitado la utilización del turno en contra de esta proposición de ley el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. En su representación, tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.


Señorías, mi grupo parlamentario interviene en el turno en contra de la llamada ley antiterrorista o pacto antiterrorista, que no es tal. Se trata de un blindaje bipartidista, de un blindaje del miedo que, en nuestra opinión, no nos hace
más eficaces frente a las nuevas formas de terrorismo, sino que, fundamentalmente, se basa en un código de venganza, en el código cruel de la prisión permanente revisable o de la cadena perpetua y, por otra parte, en la extensión de calificación de
terrorismo a la mera disidencia. Esa es la realidad de este texto legal que se nos propone por los grupos parlamentarios mayoritarios, con el apoyo de otros grupos dentro del Grupo Mixto.


Tengo que empezar mi intervención, señorías, diciendo que mi grupo parlamentario ha condenado, condena y condenará cualquier acto terrorista, sea este un acto terrorista organizado o sea un acto terrorista individual. Tengo que decir que mi
grupo parlamentario no se pone de lado, muy al contrario; mi grupo parlamentario cree que la democracia sin atajos derrota al terrorismo y que los atajos debilitan la democracia. Esa es la posición de mi grupo parlamentario (Aplausos), y esta
iniciativa es un atajo en materia antiterrorista.


Decía antes que es un blindaje del miedo, señorías. Camus, en Calígula, decía que el miedo lo anula todo, y yo diría que incluso la inteligencia. Bueno, pues el miedo lo anula todo; y para los dos grupos parlamentarios que presentan esta
iniciativa el atentado de París justifica la incorporación de unas enmiendas anteriores del Código Penal como si fuera una nueva ley antiterrorista. Señorías, es solamente un refrito, y lo justifica de manera coyuntural no por el miedo de los
ciudadanos al terrorismo y la necesidad de certidumbre, sino por el miedo de los dos partidos mayoritarios desde el punto de vista electoral, señorías. Nosotros también tenemos miedo del vendaval electoral; legítimamente, tenemos miedo;
expectativa y miedo, pero eso no nos lleva a utilizar el miedo de los ciudadanos ni a utilizar nuestro propio miedo como una estrategia, y mucho menos como una estrategia bipartidista en la lucha contra el terrorismo. Para unos, la prisión
permanente revisable o la fuerza del Estado, el Código Penal ante el fin del código social; para otros, la forma de seguir siendo, a pesar de la situación electoral, una parte de la razón de Estado. En definitiva, es un acuerdo bipartidista que
tiene muy poco que ver con la lucha antiterrorista.


Señorías, tenemos un Código Penal que es de los más duros de la Unión Europea. Podemos decir que tenemos un Código Penal en materia antiterrorista, modificado muchas veces, que contempla toda la casuística que ustedes dicen que incorporan a
su reforma del Código Penal. Incorpora toda la casuística y es utilizado eficazmente por la Policía y por los jueces. Voy a referirme a los tres aspectos esenciales que les han llevado a esta modificación del Código Penal. Lobos solitarios: el
terrorismo individual está contemplado desde hace ya una década en el artículo 577 del Código Penal, y es utilizado por parte de los jueces; recientemente, Valencia, 8 de febrero de 2013, un lobo solitario detenido, acusado y procesado.
Adiestramiento: otro de los argumentos para la reforma del Código Penal, está en el actual artículo 579 del Código Penal; una muestra de ello son las detenciones en Ceuta el pasado mes de enero de 2015; varias detenidos, acusados y procesados por
el Poder Judicial; no hay vacío legal. Traslado a lugares

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donde se producen actividades terroristas: artículo 576 del Código Penal; intervención de varias personas en Siria, supuestos terroristas, septiembre de 2014; detenidos, acusados y procesados.


Señorías, ¿cuáles son las razones para esta nueva reforma del Código Penal? Desde luego, no son los lobos solitarios; desde luego, no es el adiestramiento activo, desde luego, no es el traslado a lugares donde se realizan actividades
terroristas para volver a nuestro país. Y dirán ustedes: ¡Algo había que hacer! Por supuesto, algo había que hacer. Varios países europeos lo han hecho, y nosotros también lo hicimos después del atentado de Madrid. Lo ha hecho Inglaterra y lo ha
hecho Francia. Pero fíjense ustedes en el detalle: ninguno de esos países ha adoptado inmediatamente una reforma legal. Todos ellos se han centrado en los medios a disposición de la Policía, en los medios de seguridad; se han centrado en la
cooperación policial, en la inteligencia y en la prevención. Nosotros podemos y debemos hacer lo mismo. Podíamos y debíamos hacer lo mismo.


Las causas del atentado de Madrid, del atentado del 11 de marzo —las sabemos todos los que estuvimos en aquella Comisión de investigación— fueron problemas de inteligencia, incluso problemas tan básicos como de traducción, de falta de
traductores; problemas de cooperación entre la información policial y la ejecución por parte de la policía judicial y los jueces. Esa fue la realidad. Lo mismo podríamos decir del atentado de París, porque ustedes han convertido el atentado de
París en un atentado del yihadismo internacional. Pero, ¡si es que no se compadece con la realidad! Pero, ¡si es que lo que plantea el atentado de París es el terrorismo local! —Así lo dice el propio Gobierno francés—. Tiene que ver
fundamentalmente con la cooperación policial, tiene que ver fundamentalmente con la situación de integración en Francia. Nosotros creemos que esas medidas adoptadas por el Gobierno francés también podrían ser una parte de las medidas en España.
Las medidas preventivas, por ejemplo, ¿dónde deberían aplicarse? En particular en Ceuta y Melilla, para que dejen de ser ciudades coloniales y comiencen a ser ciudades integradas, integradoras de los ciudadanos sea cuál sea su confesión, sea cuál
sea su procedencia.


No obstante, señorías, vayamos al texto. Venganza y excepción; Código Penal de la venganza. El Grupo Parlamentario Socialista anuncia que modificará el Código Penal para suprimir la prisión permanente revisable o, mejor dicho, la cadena
perpetua. Cadena perpetua que es contraria a la reinserción, que es contraria a los principios constitucionales; porque muy al contrario de que predica que es revisable, no lo es sino que es irreversible; la cadena perpetua revisable a más largo
plazo de nuestro entorno —a veinticinco años—, que por sus requisitos se convierte en una cadena perpetua irreversible; es decir, el código de la venganza. Esa modificación se anuncia que se suprimirá en el momento en que haya otra mayoría
parlamentaria, pero en estos momentos, el Código Penal y la reforma de la ley en materia terrorista, contemplan esa pena para el caso de un atentado terrorista con resultado de muerte. Y eso es inmodificable. Aún más, señorías, cuéntenme ustedes
—los que hemos estado en las reformas del Código Penal— ¿cuándo se ha rebajado en las reformas del Código Penal una pena? En sucesivas reformas del Código Penal en este país, al calor del populismo punitivo —que no es otra cosa que esta nueva
iniciativa—, cada reforma es más dura que la anterior, a pesar de que los datos de violencia en nuestro país cada vez son más bajos y de que los datos de criminalidad son muy inferiores a la media comunitaria. No me creo, no nos creemos esa
reversibilidad de la cadena perpetua; la cadena perpetua ha venido para quedarse de la mano del Grupo Parlamentario Popular y con el inexplicable apoyo del Grupo Parlamentario Socialista.


En relación con otra parte de la reforma de esta ley antiterrorista, que no es menor, es grave que hayamos abierto la puerta de la cadena perpetua, pero aun más grave es la generalización del concepto de terrorismo. Se ha dicho que se
necesitan tres características para que eso sea así: que sea un delito grave; que se produzcan desórdenes públicos —atentados contra el patrimonio, el medio ambiente— o que además signifique desestabilizar —no ha dicho algo muy importante—,
alterar la paz social u obligar al poder público a hacer o a dejar de hacer. Señorías, eso de un delito por obligar al poder público a hacer o a dejar de hacer o por alterar la paz social, ¿no les suena a Gamonal?, ¿no les suena a la movilización
de un barrio donde se produce un conflicto, donde hay denuncias de atentado y donde finalmente se altera la paz social porque se pretende modificar la opinión del poder público sobre una obra? A mí, me suena. ¿No les suena a los escraches, donde
se presiona a los poderes públicos para cambiar una posición, en este caso, sobre los desahucios?, ¿no les suena a muchas de estas materias? Por ejemplo, en materia de medio ambiente, ¿a las acciones de Greenpeace en las centrales nucleares?


Señorías, nos deslizamos por una peligrosa pendiente, la de considerar terrorismo todo conflicto violento, la de considerar terrorismo toda disidencia y, en la medida en que ampliamos la comprensión de terrorismo, diluimos la concepción de
terrorismo, diluimos no solamente lo que es terrorismo sino también

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la lucha antiterrorista. Esa es una de las razones por las que no compartimos esta reforma que, como digo, es una reforma de la venganza, una reforma cruel con la prisión permanente revisable y, por otra parte, una reforma en la que se
convierte la disidencia, incluso la violencia, en terrorismo, y no lo es. Ahora, no les extrañará, señorías, que el PP ya no tenga la voluntad de que la vigilancia se realice en acuerdo o descuerdo con el juez. ¿Para qué? Si todo es terrorismo,
finalmente se podrán intervenir comunicaciones a través de la propia decisión de la Administración, se podrá detener a una persona incursa en esa llamada acusación de terrorismo durante cinco días; es decir, se podrá utilizar todo el aparato
coercitivo del Estado no para luchar contra el terrorismo, sino para luchar contra la disidencia, para luchar contra aquellos que en estos momentos entran en conflicto con el Estado. ¡Qué curioso!, ¿no les llama la atención que sean ustedes de
pactar para acordar reformas del Código Penal y no haya ningún pacto para reformar el código social, no haya ningún pacto contra la pobreza (Aplausos), no haya ningún pacto por el empleo, no haya ningún pacto para defender los derechos sociales de
los ciudadanos? Parece muy fácil gestionar el miedo, pero es mucho más difícil gestionar el malestar de los ciudadanos.


Termino, señorías, hablando de otro aspecto. He hablado del terrorismo de la disidencia, pero es que hay otro: el terrorismo del pensamiento. Lo que no creíamos que fuera posible, no creíamos que fuera posible encontrar una nueva
casuística para el terrorismo, ahora sí, ahora por asistir a una ceremonia religiosa en que un imán plantea la yihad, por leer páginas en Internet, por informarse, por viajar, todas esas cuestiones que no tienen reproche penal en ningún lugar del
mundo ni de nuestro entorno, aquí el delito de pensamiento entra directamente en el Código Penal y en la Ley Antiterrorista. Señorías, es realmente inaceptable, porque ello se suma a la desproporción de las penas, a la ambigüedad de los términos,
en definitiva al llamado populismo penal. Señorías, todo esto forma parte —y no lo pueden evitar el Grupo Parlamentario Socialista ni otros grupos de la Cámara— de un trípode de excepción constituido por la Ley de Seguridad Ciudadana, el Código
Penal y la Ley Antiterrorista, que no pretende dar seguridad a los ciudadanos frente al terror sino que, por el contrario, lo que pretende es dar seguridad al Estado frente a los ciudadanos. Esa es la cuestión fundamental. Señorías —termino—,
decía también Camus que no hay nada más despreciable que el respeto que se obtiene basado en el miedo, y yo creo que se busca un respeto no basado en el consenso sino basado en el miedo.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.


Señor Castillo.


El señor CASTILLO CALVÍN: Gracias, señor presidente.


Señor Llamazares, su grupo ya anunció que trataría de obstaculizar la tramitación parlamentaria de esta proposición de ley y lo cierto es que debo reconocerle que están cumpliendo con lo prometido. El fino sentido de Estado y de
responsabilidad de su grupo le ha llevado a oponerse a la tramitación de esta proposición de ley. Parece que les da igual la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de septiembre de 2014, que ha exigido a los Estados que realicen las
modificaciones legislativas necesarias para procesar y condenar a los combatientes retornados y a los lobos solitarios. Parece que les da igual que las transformaciones recientes del fenómeno terrorista exijan que actualicemos nuestra legislación;
o bien, que acontecimientos desgraciados, como los cercanos atentados de París, hayan vuelto a poner de manifiesto la grave amenaza del terrorismo yihadista. Así que mientras a nosotros nos preocupa la amenaza que para las libertades de todos
supone el terrorismo, a ustedes lo que realmente les amenaza, lo que les da miedo es salir en la foto con el resto de las fuerzas parlamentarias. (Aplausos).


Ustedes sabrán cuáles son sus excusas, pero la verdad es que las que hemos escuchado esta tarde son poco creíbles. Ustedes dicen que la reforma es la reforma de la venganza, que se trata de una reforma cruel. Me gustaría preguntarle con
quién, ¿con los terroristas yihadistas que han asesinado ya en España a cerca de 200 personas? Supongo que cuando usted habla de crueldad se refiere a la crueldad asesina, y cuando habla de derechos se refiere al derecho a la vida de las personas
que han sido asesinadas. Esa es nuestra preocupación. Lo que nos preocupa no es el respeto a la libertad de los asesinos. Lo que nos preocupa es el respeto a los derechos de los ciudadanos, que exige la defensa de la libertad frente al terror.
Si quiere traer aquí otra vez a colación la instalación de la prisión permanente revisable en el Código Penal, que se está viendo y está actualmente en tramitación, le digo que está en el debate equivocado. Ya se lo he comentado anteriormente. En
esta proposición de ley no se habla de prisión permanente revisable, sino que a los delitos de terrorismo con resultado de muerte les será aplicable la máxima pena privativa de libertad

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recogida en el Código Penal. Permítame que le diga que tendrán que explicar mucho mejor por qué no les gusta que se les aplique a los terroristas que han cometido asesinatos la máxima pena de privación de libertad.


Usted dice también que el Partido Popular y el Partido Socialista han gestado solos este acuerdo antiterrorista; ha hablado de blindaje bipartidista. Pues bien, le recuerdo que esta proposición de ley está firmada por cinco grupos
parlamentarios, cinco fuerzas parlamentarias que constituyen el 78 % de la Cámara. Así que antes de hablar de falta de consenso y de bipartidismo, le invito a que mire a los escaños de esta Cámara. Es un sarcasmo que alguien pueda decir que este
es un acuerdo excluyente. Es indudable que la casi totalidad de las fuerzas políticas que estamos representadas en este Parlamento coincidimos en la defensa de la libertad y de la vida frente al terrorismo, y precisamente por ello hemos querido que
este acuerdo esté abierto a todas las fuerzas parlamentarias, también a ustedes; a ustedes, a los que invitamos a participar en ese proceso de diálogo y todavía les estamos esperando. Posiblemente tenían cosas más importantes que hacer, por
ejemplo ver de qué manera podían oponerse a la tramitación de esta proposición de ley. En todo caso, a pesar de ello, nosotros les volvemos a tender la mano, esperamos que nos la estrechen y que a diferencia de lo que suele ser habitual en ustedes,
no nos vuelvan a dar la espalda.


Muchas gracias. (Aplausos.—Un señor diputado: ¡Muy bien!).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castillo.


Don Enrique Serrano.


El señor SERRANO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente. Creo que voy al ser breve.


A mí, que soy aficionado al cine, se me ha quedado grabada a base de verlo una, otra y otra vez, en películas del Oeste, la cita típica de, con la Biblia en la mano: ‘la venganza es mía, dice el Señor’. Pues es del Señor. Soy tan laico
que no la reclamo ni para el Estado. Es del Señor y que él haga con ella lo que quiera. No, el Estado trabaja con leyes. (Rumores). Lo siento, tengo una voz que creo profunda pero no puedo hacer más; puedo levantar el tono.


Tres o cuatro comentarios. Primero. Señor Llamazares, no se puede utilizar un mismo argumento al derecho y al revés, porque ha empezado diciendo que para justificar unas enmiendas utilizamos a París y después ha dicho que para responder a
París utilizamos unas enmiendas. Las enmiendas estaban presentadas —como he dicho en mi intervención— el 10 de diciembre y, le diré más —lo digo con naturalidad—, si no hubiese habido esas enmiendas muy probablemente no estaríamos teniendo este
debate; a lo mejor lo hubiéramos tenido, pero no en el momento en el que lo estamos haciendo, porque probablemente el Gobierno, el Grupo Socialista, usted o cualquier otro grupo de la Cámara hubiese entendido que necesitábamos fortalecer nuestras
respuestas. El problema es que el día 10 había una propuesta sobre la mesa que había que atender y hoy nos hemos decidido a hacerlo intentando pactar para dar una respuesta compartida ante un tema como este —y me da igual si es solo el 1 % de la
población el que se siente hoy preocupado por el terrorismo o es el 90 %, porque con que haya un 1 % me parece suficiente—, y por el contrario, si no lo hubiese habido no lo estaríamos haciendo.


En segundo lugar, habla usted de la prisión permanente revisable, y yo lo comprendo, hoy no toca pero hay que hablar de ello. ¿Cuándo se han bajado las penas? Yo, que tengo memoria porque he estado donde he estado durante mucho tiempo, le
digo que aquí ha habido alguna campaña sobre que el Gobierno socialista estaba vaciando las cárceles (El señor Llamazares Trigo hace signos negativos). Sí, señor Llamazares, hace unos cuantos años, pero las hubo y fue una campaña que se produjo
justamente a raíz de una rebaja en las penas previstas en el Código Penal para una serie de delitos. Sobre eso de que da igual lo que nosotros digamos y que estamos avalando la prisión permanente revisable, le diré que cuando empecé a estudiar
derecho y me enseñaron lo que son las reglas de la interpretación jurídica aprendí que la que vale por encima de cualquier otra es la auténtica, y la auténtica es la de quien escribe alguna cosa, lo demás son presunciones o juicios de intención, que
es el que yo podría hacer si leo un texto planteado por su grupo parlamentario que comienza, ni más ni menos, diciendo: De conformidad con el artículo 135 de la Constitución española, todos los tratados deberán supeditarse de forma estricta al
cumplimiento de las exigencias de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. ¿Tengo que inferir de esto que usted está de acuerdo con la redacción del artículo 135 de la Constitución? Doy por hecho que no; lo doy
por hecho y no quiero debate sobre esto. Dé usted también por hecho que nosotros no amparamos, no compartimos, no asumimos la prisión permanente revisable. (Aplausos). Es el mismo tipo de razonamiento.

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Termino. En general me he preocupado durante mi ya larga vida de mantener un compromiso medianamente digno con lo que es la lucha por las libertades y los derechos de las personas. Esto hace que siempre, también en esta ocasión, al tiempo
que endurecemos penas, concretamos comportamientos, etcétera, insistamos —y así se recoge en el pacto que hemos suscrito el Partido Popular y el Gobierno con el Partido Socialista— en nuestra preocupación sobre la garantía de los derechos de los
ciudadanos e incluso el compromiso de combatir los radicalismos violentos, fundamentalmente los xenófobos y racistas. Digo esto porque tengo claro que no estamos ante el buen salvaje, que no estamos ante el buen salvaje; esto es otra cosa, y
comportamientos como los que ocurrieron aquí hace once años y en todo el mundo cada día merecen una respuesta adecuada.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Serrano.


Señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.


No, no estamos ante el buen salvaje; no estamos ante esa figura. Incluso continuando con Camus, eso es cierto, lo que pasa es que el hombre, el ser humano tiene muchos más aspectos que le salvan que los que le condenan. Parece que alguna
de las filosofías en materia de Código Penal y en política antiterrorista va por esa concepción del ser humano no como buen salvaje sino como el ser humano sobre el que se traslada la duda y la condena.


Han dicho que ustedes querían el acuerdo, yo no sé cómo. Tan solo viendo la tramitación de esta proposición de ley se ve la voluntad de acuerdo: una tramitación urgente en lectura única. ¿Qué quieren, más palabras que les muestren lo
cerrado de la iniciativa? Es que no las hay, es que urgente y en lectura única, el próximo debate es el jueves. Por tanto, ninguna posibilidad de acuerdo, ninguna; pero además ninguna posibilidad de informe previo por parte de los órganos
constitucionales que podrían informar la posición de los grupos de esta Cámara. Es decir, se saltan ustedes el procedimiento porque no va a haber informe de los órganos constitucionales del Estado, ni del Consejo de Estado ni del Consejo General
del Poder Judicial, y por otra parte establecen un procedimiento sumarísimo y dicen: ahora que va en alta velocidad, súbanse ustedes si tienen la suficiente valentía. ¡Y luego dicen que no queremos estar en la foto! Bueno, yo he oído muchas veces
lo contrario en esta Cámara: que hacemos oposición porque solo queremos estar en la foto. Pues en esta ocasión bienvenido sea que no queremos estar en la foto; en esa foto movida de la alta velocidad y de la tramitación urgente de esta iniciativa
nosotros no vamos a estar.


Luego hablan de las resoluciones de Naciones Unidas, la mayor parte de ellas no tienen modificaciones legales; proponen inteligencia, cooperación policial, prevención; modificación legal, aquel que la necesite. ¿El Gobierno español que ha
modificado ene veces el Código Penal recientemente y lo ha hecho en materia antiterrorista necesita una nueva modificación legal? Yo les digo que no, que en los temas que a ustedes les preocupan tenemos los artículos 576, 577 y 579; y no lo digo
yo ni lo dice el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, lo dicen los fiscales y los jueces de la Audiencia Nacional. Si ellos lo dicen, que tienen arsenal jurídico y que lo que necesitan son medios, medios policiales, medios también de
cooperación en materia de inteligencia, por algo será.


En relación con el Código Penal al que hemos llamado código cruel, no es la primera vez que se le llama históricamente así. En Francia se le llamaba antes del final de la pena de muerte el código sangriento; no he llegado tan lejos, he
hablado de código cruel. Ustedes recuperan una pena que ¿saben ustedes de cuándo es? ¿Saben quién derogó la pena de la prisión permanente revisable? Primo de Rivera, Primo de Rivera hace un siglo, hace un siglo la dictablanda, derogó la prisión
permanente revisable. ¡Vaya honor para el Partido Popular y vaya honor para aquellos que proponen en esta Cámara recuperar tal figura! ¿Saben por qué es cruel esa figura? Vuelvo a Camus, porque pretende únicamente la sanción sin prevención. Es
algo del siglo XX, no de ahora. Pretende la sanción sin prevención. Cuando hay prevención junto a la sanción hay remisión de la pena, no hay una prisión permanente irremediable, que es lo que ustedes proponen en este caso.


Señorías, hablan de las enmiendas y del proceso de París. Lo he dicho muy claramente, las enmiendas estaban en el Código Penal y tanto el Grupo Parlamentario Socialista como el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural enmendamos esas
propuestas del Partido Popular. La parte antiterrorista la enmendamos y además a la totalidad. Lo llamativo es que, una vez producido el atentado de París, el Partido Socialista y el Partido Popular hayan alcanzado un acuerdo en esta materia, que
no tiene que ver tanto con las enmiendas y con las necesidades antiterroristas en nuestro país, sino fundamentalmente, y lo he dicho antes, con el

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clima creado después del atentado de París, con el populismo penal y también con lo que he llamado blindaje electoral de las dos fuerzas políticas que van a salvar la razón de Estado frente a la agresión.


Termino ya brevemente con los derechos ciudadanos. Cuando he hablado de la concepción del terrorismo, lo que decían que era el terrorismo, códigos penales anteriores, decían: acto de violencia política organizada y grave con capacidad de
poner en peligro el sistema democrático, es decir, subvertir el orden constitucional, ese era el precepto que definía terrorismo. ¿Cómo se define ahora? Delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la
libertad e indemnidad sexual, el patrimonio, los recursos naturales, el medio ambiente, la salud pública, el riesgo catastrófico, incendio, contra la Corona, atentado, desorden público, tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones y explosivos,
apoderamiento de aeronaves, buques y otros medios de transporte colectivos o de mercancías, cuando se llevara a cabo con cualquiera de las siguientes finalidades, ya no de acabar con el sistema democrático, además de desestabilizar gravemente el
funcionamiento de la institución, de la estructura económica y social del Estado —económica y social—, de obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de él, de alterar gravemente la paz social… Señorías, si alguien sabe la
concreción de este concepto de terrorismo que me lo diga. Todos somos terroristas. Según este planteamiento todos somos terroristas. (Aplausos). Como no lo somos todos, como no lo somos todos, no somos terroristas los republicanos, no somos
terroristas los que nos movilizamos en la calle y no somos terroristas los que nos movilizamos contra los desahucios, como no lo somos todos, ustedes cometen el error de convertir terrorismo en disidencia y disidencia en terrorismo. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.


En turno de fijación de posiciones de los grupos, comenzamos por el Grupo Mixto. En primer lugar, tiene la palabra la señora Barkos.


La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señor presidente.


Fijación de posición que en el caso de Geroa Bai es una prolongación del turno en contra que iniciaba La Izquierda Plural. Queremos empezar fijando nuestra posición con una reflexión en torno a algunas de las palabras que hemos podido
escuchar o algunas de las respuestas que por los proponentes hemos podido escuchar esta tarde. Que estamos ante un problema de seguridad lo sabemos todos. Sugerir que en la posición contraria a esta reforma lo que hay es buenismo es absolutamente
inaceptable, o que no hay firmeza ante la violencia y ante el terrorismo yihadista, igualmente inaceptable. Fijados, pues, estos puntos de partida, como digo, el voto, y lo anuncio ya, será contrario.


Nos avanzaba el portavoz del Grupo Popular que efectivamente hoy aquí no estamos analizando la prisión continua revisable. Comparto la posición, es algo muchísimo más amplio. Hoy ustedes nos proponen, y otros decimos que no, una visión
política que prima, a nuestro entender, el control de las libertades bajo el miedo a la inseguridad, y en esta posición —lo quiero subrayar— no hay ni tibieza ni mucho menos connivencia con el terrorismo, hay firmeza en no permitir en el debate
seguridad y libertad, triunfen las tesis de quienes enfrentan ambos conceptos, porque ambos —lo reivindicamos una y otra vez— son necesarios en la construcción, en el mantenimiento y en el dibujo de una sociedad civilizada. Y la tensión que entre
ambos se genera en momentos de alarma como el que seguramente estamos viviendo con altibajos además, pero desde hace ya unos cuantos lustros, exige precisamente otro tipo de respuesta a nuestro entender que la que hoy se nos está proponiendo. Nos
dicen desde el Partido Socialista que este grupo parlamentario no ampara, no avala y no asume la prisión permanente revisable, es decir, la cadena perpetua. Pues no, pero la firma, con circunloquio legislativo, pero lo cierto es que hoy el Partido
Socialista firma un sí a que se recupere esta pena. Señorías, un acuerdo que solo ha sabido trascender lo que realmente no es sino la implantación de la cadena perpetua no es un acuerdo eficaz, no garantiza ser un arma efectiva contra la violencia,
contra el terrorismo yihadista en este caso. Un pacto que ha cargado el grueso de sus esfuerzos en la escenificación del encuentro entre los dos partidos mayoritarios de esta Cámara, en lugar de trabajar por el encuentro dentro y fuera de esta
Cámara —quiero insistir en ello, dentro y fuera de esta Cámara, porque el tema lo requiere—, no es un buen pacto, y mucho menos, como algunos pomposamente pretenden llamarlo, un pacto de Estado. Esta propuesta que hoy nos hacen ni es lo ambiciosa
que la ambición en torno a la seguridad debiera ser, ni lo valiente que la valentía en la defensa de la libertad también desde esta Cámara debemos proponer. Además, añado, ¿dónde está la memoria económica de este pacto, dónde están los medios para
la prevención?

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Termino ya, presidente. La oposición contra la violencia y contra el terrorismo es bastante mayor que ese 72 % que se nos ha dicho hoy apoyará esta proposición de ley. Así que creo que no es como para ponerse la medalla. Señorías, frente
a la violencia hace falta el cien por cien.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barkos.


Señor Baldoví.


El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.


La semana pasada leí dos titulares aterradores, uno encima de otro. El primero decía: los yihadistas queman vivo al rehén jordano; el siguiente decía: Jordania ejecuta a dos islamistas como represalia. La ley del talión, ojo por ojo,
actuar con las vísceras y no con el cerebro. ¿Alguien cree que con estas dos ejecuciones los asesinos del Estado Islámico van a dejar de ejecutar rehenes? Con esta reforma tengo el mismo sentimiento. Se ha actuado para contentar los instintos más
primarios, el miedo, en lugar de legislar con la inteligencia, con la razón. ¿Alguien cree que por instaurar la cadena perpetua los locos iluminados renunciarán a matar? ¿En serio? ¿Queremos evitar los atentados? Dotemos de medios a la
investigación, invirtamos en prevención en los barrios marginales de Ceuta y Melilla, donde se reclutan los potenciales terroristas, aumentemos la dotación de los cuerpos de seguridad dedicados a controlar la actividad terrorista, pero no
aprovechemos esta reforma para perseguir la protesta, la libertad de expresión y de reunión, para herir de muerte a la democracia. Con esta nueva chapuza legal convertiremos en terroristas a tuiteros, a civeractivistas, a estudiantes que protestan
contra el tres más dos del señor Wert, a personas que protestan por un desahucio, por la privatización de la sanidad o contra las centrales nucleares, y ustedes, PP y PSOE, lo revisten de pacto de Estado. Lo del PP lo entiendo, pero lo del PSOE es
pura esquizofrenia, aprobar algo que vas a derogar cuando puedas, hacerse la foto con alguien que está dinamitando el bienestar de las personas desde el mismo día que empezó a gobernar en esta Cámara. ¿Quieren pactos de Estado, por qué no un pacto
sobre la educación, sobre la dación en pago, sobre la hepatitis C, sobre la reforma laboral, sobre la dependencia, sobre la pobreza? Eso sí es fino instinto de Estado, eso sí que sería tender la mano de verdad, no esto.


Acabo. Cuando el rey absolutista Fernando VII volvió de Francia, sus partidarios lo recibieron al grito de ¡vivan las cadenas! —lo recordaba hace unos días el jurista Martín Pallín—; y eso hizo, le puso una cadena a la Constitución de
1812. Ustedes hoy con esto le ponen una cadena a la Constitución, amordazan la democracia, reinstauran la cadena perpetua. No lo conseguirán.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.


Señora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Señorías, anuncio el voto negativo del Bloque Nacionalista Galego a la toma en consideración de esta proposición de ley por varias razones; por la forma y por el fondo, pero sobre todo por el fondo. En relación con actividades y actos
terroristas, como han señalado incluso fuentes del ámbito judicial, con la legislación actual se podrían llevar a cabo las actuaciones que se pretenden con esta propuesta, mientras que con este glorioso pacto que han firmado los dos grandes partidos
no se habla de ningún de tipo de medidas destinadas a la prevención. Por otro lado, con la definición tan amplia que se hace en el artículo 573 del concepto de delito de terrorismo, puede llegar a acusarse de tal a cualquier grupo o persona que
convoque o participe en movilizaciones sociales o haga declaraciones que, no teniendo nada que ver con terrorismo, no sean del gusto o interés de quien gobierna. Por poner un ejemplo, una simple manifestación frente al Congreso como las que ya ha
habido. Realmente, el Partido Popular y el PSOE deberían explicar con mayor claridad el objetivo de este pacto. Pacto de Estado, dicen ustedes. ¿Cuál es el bien social que va a reportar a los ciudadanos y ciudadanas este acuerdo? ¿Realmente le
va a aportar mayor seguridad o le va a recortar más derechos y libertades? ¿O acaso, señores del PP y del PSOE, el objetivo sea profundizar en el miedo ciudadano, de tal manera que se puede estar dispuesto a justificar la falta de derechos y
libertades en aras de una mayor seguridad, típica posición, por cierto, de sociedades amedrentadas de tal forma que incluso están dispuestas a justificar la pena de muerte? Profundizar en el miedo, señorías, no lleva a nada bueno; el miedo es la
antesala de la cobardía y, amparándose en la cobardía, la condición humana manifiesta más sus miserias que sus

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generosidades. Por eso, como legisladores, deberíamos estar preocupados y no acomodados, como parece que están los dos grupos mayoritarios, con las encuestas que indican que una mayoría de ciudadanos están de acuerdo con la cadena perpetua
aprobada hace unas semanas y que esta proposición de ley ratifica. Eso significa, señorías, estar más de acuerdo con un sistema penal vengativo, no rehabilitador, que con un sistema que aplique justicia desde la razón frente a la irracionalidad de
quien delinque. Señores del PP y del PSOE, yo diría que lo que han hecho ustedes es un paripé de Estado, lo que han hecho, señorías, de alguna manera, es escenificar su predisposición o disposición mejor dicho a defender un bipartidismo que
socialmente ya está caducado. Por tanto, seguimos manifestando nuestra posición contraria a la toma en consideración de esta proposición de ley.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.


Tiene la palabra ahora el señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.


Señorías, vaya por delante el asco que nos provoca el yihadismo, causante de dolor, muerte y barbarie, y vaya por delante también el asco que nos provoca la actuación de los Estados que lo alimentaron para satisfacer la venta de armas y sus
intereses geopolíticos. Nuestra total condena, pues, al yihadismo, pero el pacto Partido Popular-Partido Socialista es un monumento al cinismo, porque ustedes saben que solo será eficaz en la prevención si las democracias dejan de ser el brazo
armado de los grandes grupos de capital que expolian los recursos naturales de los territorios originarios del conflicto —Irak, Afganistán, Libia— y se actúa también allí a favor de la población excluida y pobre, susceptible de enrolarse en esta
locura. Además, este pacto es un monumento a la mentira, porque saben que no existe relación entre yihadismo y orden constitucional. ¿A qué viene, pues, hablar de subvertir el orden constitucional? Yo se lo diré. Cada vez que firman un pacto
antiterrorista quedan las libertades más amenazadas. ¿Nos lo van a aplicar a nosotros, los catalanes, si democráticamente decidimos independizarnos? Este pacto es igualmente un monumento a la irresponsabilidad. ¿Por qué se niegan a que los Mossos
d’Esquadra, policía integral, estén representados en Interpol y Europol? Si la seguridad de los ciudadanos es tan prioritaria, ¿por qué ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos catalanes prohibiendo que los Mossos d’Esquadra se integren en
estos organismos? Asimismo, es un monumento a la vergüenza, porque el Partido Popular lo aprovecha para blindar la cadena perpetua y ustedes, los socialistas, se la comen, aun cuando tengan que prostituir su ideario político. ¿Saben por qué se la
comen? Porque están construyendo la pista de aterrizaje para la gran coalición, porque este pacto un monumento a Maquiavelo. Señores socialistas, no nos vuelvan a llamar nunca más. Son unos trileros políticos. Hace año y medio el señor Rubalcaba
nos convocó a todos y firmamos solemnemente un pacto para derogar la Lomce en el momento que pudiéramos, cuando hubiera un cambio en la correlación de fuerzas de este Parlamento, y ustedes, veinticuatro horas después de firmar este pacto
antiterrorista, se dirigieron al Partido Popular solicitándoles un pacto de Estado de educación. Esto es jugar a ser trileros. Ustedes pactaron con nosotros —con el señor Duran, con el señor Esteban y con todos los dirigentes políticos; yo mismo
firmé en nombre de Esquerra Republicana de Catalunya— un compromiso para derogar la Lomce; sin embargo, veinticuatro horas después de firmar este mal llamado pacto de Estado antiterrorista, que va contra las libertades, ustedes solicitan al Partido
Popular pactar aquello que ya pactaron con nosotros: derogar la maldita ley Wert. Así pues, no nos vuelvan a llamar, porque ustedes cada vez se parecen más a ellos. Cánovas y Sagasta, los dos caciques y conservadores. No nos vuelvan a llamar.
(Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.


Tiene ahora la palabra el señor Errekondo.


El señor ERREKONDO SALTSAMENDI: Señoras y señores del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Socialista, ¿realmente piensan ustedes que esta ley puede contribuir a solucionar el problema del yihadismo? Nosotros tenemos claro
que no. Esta cuestión —por cierto, muy compleja— exige abordarla en toda su dimensión. Exige tener en cuenta el contexto internacional y partir de un modelo de relaciones basado en la diplomacia y no en la injerencia, no en la intervención militar
y la represión. Por tanto, hablemos claro, porque aquí llueve sobre mojado. No se trata de un pacto antiyihadista, no nos engañen, porque aquí lleva vigente ya desde hace tiempo un Código Penal, el más duro de Europa.

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Me iba a dirigir al señor Sánchez, pero no está, así que transmítanle, por favor, que en verdad no nos sorprende en absoluto que ustedes hayan firmado semejante barbaridad porque esta es una más de tantas; no nos sorprende que faltando
incluso a su palabra y a sus evaporados principios —si es que alguna vez los tuvieron— hayan tragado con la cadena perpetua y mucho más. Hace ya tiempo que ustedes, señores del PSOE, y ustedes, señores del Partido Popular, instauraron la cadena
perpetua. ¿O qué piensan ustedes que son cuarenta años de prisión? Así les va y así les irá, si no al tiempo. Sus objetivos con este acuerdo son otros. El pacto antiyihadista, la ley mordaza y la reforma del Código Penal conforman una trilogía
contra los derechos y las libertades de la ciudadanía; exactamente con ello la protesta política y social en la calle se convierte en delito, y además ustedes pretenden calificarlo de terrorista. En realidad, en nuestro país, de facto, esto es así
desde hace ya mucho tiempo. Por tanto, estamos ante una nueva versión renovada del todo vale contra quien quiere cambiar el modelo actual. Este no es un pacto antiyihadista, sino que es un pacto anticiudadanos; el yihadismo no es sino la excusa
para dar otra vuelta de tuerca al Código Penal, extendiendo el concepto de terrorismo a otros ámbitos. El mayor cambio no va dirigido a los yihadistas, sino que va dirigido a los sectores populares de aquí, que en este momento cuestionan el modelo
neoliberal y el modelo territorial vigente y protestan por las consecuencias que lo originan. Por eso precisamente ustedes extienden el concepto del terrorismo hasta el extremo, introduciendo delitos tan genéricos como el de atentado, desórdenes
públicos o contra la libertad. Esta es la verdadera vuelta de tuerca, la que conforma la trilogía en perfecta sintonía con la ley mordaza y la reforma del Código Penal.


Reforma tras reforma ustedes han establecido un auténtico estado de excepción encubierto. Solo les falta firmar un acuerdo, un pacto para el toque de queda; ya les veo ansiosos por firmarlo en la próxima reforma. Con este acuerdo lo que
va a suceder además es que las puertas de entrada de las cárceles serán gigantescas, mientras que las de salida ni existirán. Ustedes han tenido tiempo ya para poder aprender algo de la sabiduría de Víctor Hugo cuando decía: abran una escuela y
cerrarán una cárcel. Sin embargo, con este Gobierno lo tenemos crudo, porque precisamente tiene el objetivo contrario, que es llenar las cárceles con los ciudadanos que se atreven a defender sus derechos y sin embargo vaciar las escuelas. No nos
engañen, porque ustedes realmente buscan amedrentar y criminalizar la protesta social y todo aquello que les molesta. ¿O es que ustedes se olvidan de que con la legislación antiterrorista actual en el País Vasco ya se han ilegalizado partidos
políticos, organizaciones juveniles, organizaciones internacionales, se han prohibido manifestaciones y actos políticos, se han cerrado periódicos, revistas y radios y se ha llegado a condenar a jóvenes a dieciséis años de cárcel por quemar un
cajero automático? Aun así ustedes pretenden profundizar y extender esta situación represiva ante el evidente clamor de cambio y respeto a la voluntad de la ciudadanía que llega desde Euskal Herria, Cataluña y amplios espectros del Estado. Hay que
decirlo bien claro, estamos ante un golpe de Estado contra los derechos y las libertades democráticas de la ciudadanía. Descubramos los turbios intereses de este acuerdo, los turbios intereses de esta unión de conveniencia, que podríamos llamarlo
quizá de subsistencia. Este pacto de Estado es la respuesta del Estado ante la protesta social por los derechos sociales usurpados. Es la respuesta del Estado ante el problema territorial de las naciones que defienden sus derechos políticos y el
derecho a decidir su futuro libremente, como Euskal Herria y Cataluña. Es la respuesta del Estado, con el PP y el PSOE al frente, para blindar el actual modelo de Estado, el actual modelo económico, político, social y territorial impuesto por el
régimen de 1978. Quien no muestre obediencia al mismo, ya sabe lo que tiene; de eso, los alumnos, los profesores, las mujeres y trabajadores y todas las personas de a pie de Euskal Herria ya sabemos bastante.


Voy acabando, señor presidente. Aunque el Estado, ciego en su trinchera, pretenda impedirlo, es la hora de la voluntad popular, la hora de la solución de los problemas sociales y territoriales, la hora de que sean los ciudadanos quienes
decidan democráticamente sobre todas sus cuestiones, y la represión, señoras y señores del PP y del PSOE, no lo van a parar, porque ahora es el momento, porque se avecinan cambios profundos y porque nosotros trabajaremos para que en nuestro país
este cambio sea una realidad.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Errekondo.


En este mismo turno de fijación de posiciones, tiene la palabra ahora, por el Grupo Vasco, PNV, el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, siento que se hayan ausentado los dos ministros que han iniciado la sesión con nosotros, incluso se han ausentado los dos portavoces que han

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intervenido en nombre de los grupos signatarios de este pacto llamado de Estado, eufemísticamente. La retórica realizada o practicada por ambos es una retórica un tanto alucinógena, ideológica, en el sentido más marxista de la expresión
ideología, que es transformación o perversión de la realidad, porque este pacto de Estado no tiene ninguna de las bondades, ninguna de las virtudes que ellos han glosado, y sin embargo tiene —es una reflexión que pretende ser realista y honesta— los
siguientes problemas. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Primero, es un pacto de Estado sub conditione, sujeto a condición. El pacto de Estado, si es verdad lo que afirman los miembros del Partido Socialista,
será objeto de modificación en un aspecto tan importante como el sistema de penas. Ustedes se han comprometido a derogar la cadena perpetua, la prisión perpetua revisable, a la que no se han referido. Dicen que no la avalan y se comprometen a
reformarla, pero en el ínterin la están avalando, en tanto en cuanto admiten los requerimientos o la previsión, que ya está prevista, en cuanto a los delitos más graves recogidos en esta proposición de ley orgánica que se refiere al Código Penal y
en donde sí se consigna la prisión perpetua revisable. Por muchas driblings, por muchas operaciones elípticas, ideológicamente hablando también, que ustedes realicen, están avalando transitoriamente la prisión perpetua revisable. ¿Cuándo la podrán
remover de este pacto de Estado? Cuando gobiernen. ¿Cuándo va a ser eso? El tablero político está muy desordenado y uno tiene la impresión de que este pacto de Estado se incardina en un intento, un tanto perverso en nuestra opinión, o bien de
afianzar determinados liderazgos recientes en algunos partidos o bien de ocultar la deficiente gestión política de otros partidos en distintos ámbitos o bien de obtener réditos electorales. Esta es la esencia de este pacto de Estado. Tenemos la
convicción de que es así y, por tanto, es un mal pacto de Estado ab origine, desde el principio, y carente de legitimación. Además, es un pacto de Estado a dos, a dos y tres miembros del Grupo Mixto, al que, obviamente, yo quiero manifestar mi
consideración y mi respeto, pero es un pacto de dos, que obliga a los demás grupos de la Cámara a realizar un acto de adhesión incondicional a lo pactado por ustedes. Es una fórmula muy inadecuada de conseguir consensos amplios en materias tan
importantes como la lucha no contra el terrorismo yihadista —metodológicamente tengo que corregir a todos los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra—, sino contra el terrorismo. Aquí se regulan todos los delitos que pretenden
reprochar penalmente la actitud o las conductas terroristas, y se pretende muy mal, desde una perspectiva técnica, de manera absolutamente chapucera.


Por si fuera poco lo anterior, este pacto de Estado está anudado a la prisión perpetua revisable. Quiero recordar que el mejor alegato que escuché contra la prisión perpetua revisable, contra la cadena perpetua —vamos a olvidarnos de los
eufemismos, de las perífrasis— fue del portavoz del Grupo Socialista en el debate del Código Penal, el señor Villarrubia, que declaró enfáticamente la inconstitucionalidad de la cadena perpetua y su contradicción con tres preceptos de la
Constitución, el 10, el 15 y el 25; el que garantiza la dignidad de las personas, el que prohíbe las penas crueles y degradantes y el que establece que el sentido o la orientación de las penas de privación de libertad consiste en la
resocialización, en la reinserción social de los delincuentes. Difícilmente se puede resocializar a nadie con la prisión perpetua revisable.


El señor Castillo —siento que no esté aquí— ha citado una recientísima sentencia producida en el Reino Unido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos —porque también se contradice la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos—, donde se dice que el no establecimiento de revisiones contradice el Convenio europeo de derechos humanos. Pero es que el establecimiento de revisiones se hace en plazos tan prolongados en esta proposición de ley en la regulación de los
delitos de terrorismo y en la regulación de la prisión perpetua revisable, que estas revisiones ya superan lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera penas crueles, degradantes y contrarias, por tanto, al Tribunal Europeo de Derechos
Humanos. Luego también este pacto, amén de las extravagancias anteriormente anunciadas, posee la extravagancia de que se funda en un precepto inconstitucional, el reconocimiento —aunque sea contra su propia voluntad, con su acervo cultural o su
acervo ideológico— de la prisión perpetua revisable. ¿La van a remover cuando ustedes gobiernen? No hace falta que ustedes gobiernen, y permítanme que les recuerde el presupuesto; presupuesto no fácil tal y como está el tablero político en estos
momentos. Ya veremos si la remueven cuando ustedes gobiernen, pero por lo pronto son avalistas de la cadena perpetua mientras gobiernen y la deroguen, mientras dure esta situación y su vigencia y se siga condenando o se pueda condenar, a través de
esta proposición de ley, a personas a esta pena, que no es inconstitucional porque lo diga yo. En el «Diario de Sesiones» constituyente que sirvió para aprobar la Constitución hay por lo menos seis referencias en virtud de las cuales el legislador
constituyente manifestó su oposición a incorporar al ordenamiento jurídico español la cadena perpetua.

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Y ustedes están avalando la incorporación al ordenamiento jurídico español de la cadena perpetua. Hay seis referencias diferentes, prácticamente de todos los ponentes constitucionales en la ponencia, y usted lo sabe, señor Serrano.


Por otra parte, en relación con las penas, el sistema de penas se expande. Nosotros siempre hemos partido del presupuesto de que contra el terrorismo hace falta incrementar la democracia, fortalecer la democracia, no debilitarla. ¿Cómo se
debilita la democracia? Expandiendo el Código Penal, produciendo una expansión e intensificando el reproche de las penas, que es lo que se ha hecho siempre detrás de todos los pacto que han firmado ustedes con el PP o el PP con ustedes; en 2003,
en 2010, y sobre todo ahora. Pero es que el incremento de las penas, no existiendo terrorismo de corte local territorial, sino un terrorismo de nuevo perfil, el terrorismo yihadista al que nos estamos refiriendo, no tiene ningún efecto disuasorio.
La finalidad de la pena, la prevención general, la progresión especial y la retribución es irrelevante para un yihadista que ya ha descontado previamente su inmolación antes de cometer un atentado. Luego desde una perspectiva disuasoria de la
comisión de delitos de terrorismo, el incremento de las penas puede servir para otros pero no para un terrorista yihadista, produciéndose además un perverso efecto criminógeno, ya que van a ser objeto de condenas más duras aquellos que colaboren,
aquellos que realicen reflexiones apologéticas, aquellos que adoctrinen, que el propio comitente, que está dispuesto, porque este es el perfil del terrorista yihadista, a inmolarse.


El señor Llamazares lo ha dicho con brillantez. Los dos estuvimos en la Comisión de investigación del 11-M y lo que hace falta fundamentalmente es eficiencia y colaboración extracomunitaria o internacional e intracomunitaria, porque en este
Estado hay fuerzas también integrales, que son fuerzas policiales que tienen competencias plenas en materia de seguridad ciudadana. El señor Llamazares, como yo, recordamos lo que pasaba antes del 11-M. Pasaba lo siguiente: los terroristas que
pusieron las bombas las obtenían de unas minas de caolín protegidas por un perro sin dientes y que eran entregadas a los terroristas por confidentes de la policía en Asturias. Esto es lo que hace falta evitar, estas perversiones e ineficiencias
operacionales en el ámbito de la policía para acabar con cualquier fenómeno terrorista y no incrementar indiscriminadamente las penas y reducir la democracia. Menos democracia contra el terrorismo, no; más democracia contra el terrorismo.


Señor Serrano, usted, un gran conocedor del derecho, no ha sido capaz de convencer a sus compañeros, a sus copactantes, de algo que usted sabe que está mal configurado desde una perspectiva técnico-jurídica. El terrorismo es un delito
autónomo, se define por sí mismo, sus formas de participación también, y la incorporación de una lista de delitos, que automáticamente se convierten en terrorismo, provoca una severa inseguridad jurídica, porque en esa lista que usted ha incorporado
al 573 con sus compañeros de pacto allá arriba, incorporan delitos, pero no todos los delitos que pueden ser objeto de comisión por una organización terrorista. Se han olvidado nada menos que de los Strauss, se han olvidado nada menos que de las
coacciones, se han olvidado nada menos que del secuestro o de la detención ilegal e incluso introducen delitos que habitualmente no son cometidos por organizaciones terroristas como los delitos medioambientales, por ejemplo. ¿Cómo han hecho la
lista? Sabiendo usted que una lista incorporada a la definición o al tipo de terrorismo no hace más que confundir y provocar una arbitrismo judicial, porque tendrán que ser los jueces los que determinen cuándo concurre el injusto penal o no, ¿cómo
lo ha permitido usted o no ha sido capaz de evitarlo, sabiendo que es una definición técnicamente inadecuada? Se define el terrorismo y las formas de participación y luego otros delitos; y a esos otros delitos que tienen su nomen iuris y su tipo
específico se les incrementa la pena si han sido cometidos por una organización terrorista, pero no se les introduce en el concepto genérico de terrorismo, que tiene que ser autónomamente definido. Por si fuera poco, ustedes utilizan conceptos
vagos, extravagantes, conceptos difíciles de precisar que van a provocar un manifiesto arbitrismo judicial. En materia de apología, en materia de colaboración, ¿cómo pueden admitir ustedes —me refiero a usted, señor Serrano— la colaboración o
participación pasiva en el ámbito de la colaboración con la actividad terrorista? ¿Cómo se colabora pasivamente…


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sí, voy acabando, señora presidenta.


En materia de apología, definen la apología de esta forma tan vaga y tan extravagante que el propio relator de derechos humanos de Naciones Unidas les ha reprochado esta regulación por insegura jurídicamente y contraria al principio de
legalidad penal. Adoctrinamiento. ¿Qué es adoctrinamiento? ¿Aquello que es idóneo? ¿Cómo utilizan ustedes conceptos metajurídicos como la idoneidad sin concretar

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qué es idóneo, vulnerando de nuevo el principio de legalidad penal? ¿Cómo hacen esta chapuza y le llaman pacto de Estado contra el terrorismo contando solo con otro partido por razones seguramente —no, con toda seguridad— electorales?


Yo esperaba más de ustedes en esta materia, pero relativamente. Yo también asistí a los pactos previos a la reforma de 2003 y a los previos a la reforma de 2010…


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: … donde se llegó a incrementar la pena para ciertos delitos hasta los cuarenta años de privación efectiva de libertad. Esto se denomina técnicamente código penal del enemigo, parafraseando a Jakobs, autor
predilecto para usted. Siguen ustedes jugando al código penal del enemigo y este lo único que hace es fortalecer a los terroristas porque pueden denunciar los déficit democráticos del ordenamiento punitivo.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.


Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidenta.


Señorías, primero se corrompe el lenguaje y después se corrompe la política; siempre es un paso previo: la corrupción del lenguaje conlleva a la corrupción de la política. Y aquí se ha corrompido el lenguaje cuando le llamamos pacto de
Estado de lucha contra el terrorismo a una reforma del Código Penal. Ha habido pactos de Estado de lucha contra el terrorismo en España: el pacto de Ajuria Enea en el año 1998 y el pacto por las libertades y contra el terrorismo en el año 2000.
Ninguno de ellos modificaba ninguna ley; era un pacto político, de condiciones políticas, de lucha contra el terrorismo, para acabar con el terrorismo, para armar a la sociedad democrática, para señalar a quienes eran los enemigos de la democracia.
Esto no es un pacto de Estado de lucha contra el terrorismo, no lo llamen ustedes así porque no lo es y porque, además, devalúan los auténticos pactos de Estado que ha habido en España de lucha contra el terrorismo y a favor de las libertades. Han
querido ustedes emular los pactos de Estado contra el terrorismo del año 2000 o de 1988 para hacerse una foto; la fotografía de dos boxeadores noqueados encima de una lona, que parece que se están pegando pero que se están sosteniendo para no
caerse sobre la lona y nos han traído esto. Además, insisto, han pervertido el lenguaje, lo han corrompido y lo han llamado lo que no es y nos lo han querido vender como lo que no es. Han utilizado otra corrupción mayor o igual de mala, y es que
lo han llamado también —lo señalaba el señor Olabarría— pacto de Estado contra el terrorismo yihadista. ¡Pero qué manera de llamar a las cosas por los nombres que no son! Ni es un pacto de Estado ni son medidas de Código Penal contra el yihadismo.
¿O solo se les aplica a los del turbante? Son medidas de reforma del Código Penal que son aplicables a todos los terroristas, de turbante y de boina. Pero no lo denominen contra el yihadismo ni digan que tiene que ver con los atentados de Paris ni
con los lobos solitarios. No, es que no es por eso.


Además, esta chapuza —chapuza procedimental, no ya la del contenido, que es otra chapuza— ustedes la han querido enmascarar con esto de que es para defendernos del terrorismo. Hombre, algunos no tenemos ya que explicar lo que nos repugna el
terrorismo, no tenemos que subir a la tribuna a explicarlo, pero esto de vestirlo así, sacar las enmiendas del Código Penal para traerlas a esto que han llamado pacto de Estado, es una chapuza y una falta de respeto monumental. El Partido Popular
había planteado enmiendas al Código Penal sobre cuestiones respecto de las que no había reflexionado anteriormente. Será porque no creía que hacía falta reforzar el Código Penal para combatir eficazmente el terrorismo porque si no, en tres años ya
lo hubiera hecho, digo yo. No, las meten como enmiendas y ustedes, para echarles una manita, las sacan para poderse hacer la foto. Haber debatido las enmiendas dentro de la reforma del Código Penal, porque esta es una reforma chapucera del Código
Penal y no otra cosa. No corrompan más el debate político llamando a las cosas por lo que no son, no lo corrompan más porque así se corrompe la política. No hace falta que venga un juez para hablar de corrupción; esto es corrupción, lo que han
hecho ustedes hoy llamando a las cosas por los nombres que no son y tratando de engañar a los ciudadanos. Como decía antes, los dos pactos, el de 1988, de Ajuria Enea, y el del 2000, por las libertades y contra el terrorismo, no traían ninguna
reforma legal porque las leyes se reforman de otra manera. Ninguna de ellas contenía ninguna reforma legal y eran, efectivamente, pactos políticos. ¿Por qué confundir? ¿Por qué traerlo aquí ahora? ¿Por qué llamarlo como no es? ¿Quizá para
devaluar aquello

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o quizá porque ustedes, los socialistas, quieren llamar a esto un pacto antiyihadismo porque están de acuerdo con ellos, con los populares, en que ETA ya no existe y no quieren hablar de pacto antiterrorista para que no parezca que va
dirigido también para los de la boina?


Desde el punto de vista de la reforma propiamente penal, es una chapuza y algunos se lo han dicho ya. Es verdad que en el trámite han arreglado algunas de las chapuzas en la redacción: adiestramiento pasivo como un nuevo tipo penal. Pero
si eso ya estaba en el Código Penal. ¿O no está que si uno va a Siria, viva aquí o donde sea, y se forma, digamos entre comillas, se convierte en terrorismo? ¿No estaba así, señor Castillo? Sí estaba ya en la reforma que hicimos del Código Penal.
También lo han arreglado un poquito en las páginas web, no sea que entre un periodista o cualquiera de nosotros a ver qué se habla en esas páginas web y nos consideren terroristas. Dice: No, tiene que ser —han puesto ustedes— que se acredite la
finalidad. Oiga, ¿y cómo se acredita la finalidad? ¿Se interpreta el pensamiento del que está entrando en la página web? ¿O es que comete una acción terrorista? Porque si la comete, ya estaba penalizado. Por tanto, ¿qué es esto de que se
acredite la finalidad? ¿Pero qué chapuza es esa?


Luego, la contradicción con la reforma que se había hecho sobre la justicia universal. ¿Pero es que no se han dado ustedes cuenta de que hay una contradicción con la reforma de la justicia universal y que tendrían siquiera que haber puesto
una enmienda, una disposición adicional, transitoria o como sea para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que no se encuentren los jueces con un problema al día siguiente de que se apruebe esto? (Rumores). Y lo que es ya, a mi juicio,
el colmo de los colmos es ese artículo 573. Para no citar la prisión permanente revisable, pues han puesto ahí —como además la prisión permanente revisable todavía no está en el Código Penal porque está en el Senado— que se aplicará a estos delitos
la prisión por el tiempo máximo prevista en el Código Penal. Pero es que esto es inconstitucional. Usted lo sabe bien y usted también. (Señalando a izquierda y derecha). ¿Cómo en un Código Penal se puede ser impreciso? Dice: el tiempo máximo
previsto en el Código Penal. ¿Y los jueces van a tener que mirar en cada momento cuál es el tiempo máximo previsto? ¿Esto tendrá que ver con el tiempo máximo previsto? ¿Y cuál es el tiempo máximo previsto para este tipo de delito? ¿Conocen
ustedes algún Código Penal en el que exista una imprecisión a la hora de hablar de un delito y no se diga: este delito, tantos años; este, tantos otros? Imprecisión. Fíjense que se fuman algo en el Senado y deciden, ahora que está allí, que el
tiempo máximo son diez años. Entonces, ¿diez años el tiempo máximo? ¿Pero qué broma es esta? Solo para no llamar a las cosas por su nombre, para que estos señores siguieran sobre la lona abrazados al otro medio noqueado, vamos a quitar el nombre
para que no se sepa de lo que estamos hablando. Pero estaban hablando de esto. Es, a nuestro juicio, una vergüenza.


Pero además de ser una vergüenza por todo esto, lo que necesita la lucha contra el terrorismo —el de boina y el de turbante— no es reforzar los tipos penales o tipos penales nuevos. Lo que necesita es prevención. Lo que necesita es
inteligencia. Hay cuatro pilares europeos —se citan permanentemente— que son: prevenir, proteger, perseguir y castigar. Y aquí ustedes solo hablan de castigar; ni de prevenir, ni de proteger, ni de perseguir. Hace falta inteligencia, recursos
para inteligencia, recursos para la persecución, recursos para la detención. No tipos penales nuevos ni reforzar los tipos que ya existían. Con lo cual, desde el punto de vista de la lucha verdadera contra el terrorismo, esto es puro humo. Es una
vergüenza y es un ejercicio de irresponsabilidad aunque ustedes le hayan puesto palabras muy serias a la hora de denominarlo.


Por todo eso, señorías, aunque ustedes saben, o se lo recuerdo, que mi grupo parlamentario en general siempre vota a favor de la toma en consideración, que es lo que nos ocupa esta tarde: la toma en consideración, después de haberles
escuchado a ustedes y a ustedes (Señalando a izquierda y derecha), déjenme que les diga una cosa: les tomaremos en consideración cuando ustedes nos tomen en consideración a nosotros. Por tanto, no vamos a apoyar la toma en consideración. Ya
tienen ustedes votos suficientes para que la ley siga adelante. Ustedes no nos toman en consideración, no nos respetan ni nos toman en consideración, ni en el fondo ni en la forma, nosotros tampoco les vamos a tomar en consideración y por tanto no
votaremos a favor de esta toma en consideración.


Gracias, presidenta. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Díez.


Por último, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señorías, los actos de terrorismo internacional constituyen una amenaza contra la paz, contra la seguridad, que debemos prevenir, que debemos reprimir. Y Convergència i Unió siempre, en todas las
legislaturas, hemos estado al lado de esa finalidad compartida

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de luchar contra el terrorismo, contra —ahora de manera muy especial— esas nuevas formas de terrorismo internacional. Empiezo con esta afirmación para comenzar a mostrar la discrepancia profunda que desde Convergència i Unió tenemos sobre
la forma en que se ha gestado la propuesta que estamos debatiendo hoy aquí. Se ha hecho de una forma —se ha dicho ya— bipartidista, de una forma que se aleja de aquellos amplios consensos que dicen querer buscar en un tema que necesita de amplios
consensos y se ha hecho como un pacto a dos, se ha solemnizado como un pacto a dos y después se pregunta a los demás grupos si nos queremos adherir o no a aquello que ya han acordado, que solemnizan incluso de forma institucional; se les dice a los
demás grupos que podemos realizar aportaciones, pero se nos pide en un momento posterior al momento inicial en el que ambos grupos ya habían tenido incluso entrevistas y reuniones directas con el ministro del Interior o con el ministro de Justicia.
Desde el inicio, Convergència i Unió afirmó que las formas no eran las adecuadas y tampoco nos gusta el contenido concreto de algunos preceptos, especialmente aquellos que pueden comportar una ampliación poco precisa y peligrosa del tipo definido en
algunos delitos que van a pasar a considerarse como de terrorismo y lo hacen a través de una nueva normativa que carece de claridad, que carece de rigor; una claridad y un rigor que siempre son exigibles en toda norma pero de manera especial cuando
hablamos de una norma penal.


Las prisas no son buenas. Las formas aceleradas, las formas bipartidistas les han llevado a cerrar con prisa el acuerdo, a cerrar con prisa el texto, a imprimir, como han hecho, una tramitación acelerada que se va a debatir en lectura única
y directamente en el Pleno. Esta reforma penal no va a tener ponentes, esta reforma penal no tendrá informe de la ponencia, esta reforma penal no tendrá dictamen de la Comisión de Justicia, irá directamente al Pleno. Estamos hablando de tipos
penales importantes que hay que saber legislar viendo el alcance final que tienen y ustedes pactan una tramitación acelerada que nunca es buena en este Parlamento pero menos aún si se trata de definir nuevos tipos penales. Por tanto, nos saltan las
luces de alerta. No nos vamos a oponer a que se tramite parlamentariamente esta proposición de ley que ustedes han pactado pero, no se confundan, no oponerse a su tramitación no significa en absoluto avalar el contenido actual que ese texto tiene.
Vamos a presentar enmiendas que van a dirigirse de manera expresa a lo que puede ser —y no compartimos— una extensión desmesurada del tipo penal. Aquí se da una extensión desmesurada del tipo penal porque con esta reforma se produce —y los que son
juristas lo van a ver de forma clara, y me gusta que se incorpore ahora el ministro de Justicia—, desde un punto de vista penal —y los penalistas a los que ha consultado Convergència i Unió así se han pronunciado—, una mutación de los delitos
básicos que relaciona el artículo 573.1 —algunos delitos, voy a citar, contra la libertad, contra la Corona, de desórdenes públicos—, que pasan a ser delitos de terrorismo por el simple hecho de que pretendan alguna de las finalidades que se indican
en ese artículo. ¿Cuáles son esas finalidades? Puede ser desestabilizar el funcionamiento de instituciones, o de estructuras económicas o sociales, puede ser subvertir el orden constitucional, puede ser alterar la paz pública. Todo esto que son
conceptos jurídicos indeterminados de acuerdo con lo que ha dicho la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional, todas esas finalidades de repente se convierten o mutan en un delito de terrorismo. ¿Saben qué ocurre con esto? Que se ignora
que son los medios, y no la finalidad, los que convierten el terrorismo en delito. Y los medios es la violencia, los medios es actuar violentamente. ¡Claro que estamos todos contra el terrorismo! ¿Cómo no vamos a estar todos contra el terrorismo?
Y el terrorismo ¿cómo actúa? ¡Actúa con medios violentos! Y si los medios no son violentos, no estamos ante esa actuación terrorista. Por tanto, nosotros, ¿qué les pedimos? Les pedimos que por la vía de las enmiendas seamos capaces de acotar esa
extensión desmesurada del tipo penal; lo pedimos, así lo vamos a enmendar. Y del resultado de esas enmiendas va a depender que el jueves de la próxima semana votemos que sí o votemos que no al texto que finalmente salga de esa tramitación
acelerada en el Pleno, porque es importante y porque nos lo dice el propio Tribunal Constitucional.


El Tribunal Constitucional nos advierte de que debemos vigilar para no delimitar lo que el este tribunal llama tipos ilícitos abiertos que no están de acuerdo con la Constitución. Y les citaré solo tres sentencias: la 26/2005, la 283/2006
o la primera de ellas, la 100/2003. En esas sentencias nos dice el Tribunal Constitucional que no cabe constitucionalmente admitir formulaciones tan abiertas por su amplitud, por su vaguedad, por su indefinición que la efectividad dependa de una
decisión prácticamente libre y arbitraria del intérprete y juzgador. Por tanto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional nos está advirtiendo de que siempre debemos definir con mayor precisión los tipos penales, y más en este caso que se hace
de forma tan abierta y extensiva, y más en este caso en que la pena puede ser una pena a la que Convergència i Unió y la señora Surroca, que es la ponente del Código Penal, nos hemos opuesto; nos hemos opuesto a la prisión permanente revisable, nos
hemos opuesto claramente a la prisión permanente revisable. Y es

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la oposición a una pena que se va a exigir en estos casos cuando el tipo quede en abierto, cuando quede peligrosamente en abierto.


Por tanto, compartimos esa finalidad de luchar contra el terrorismo, compartimos esa finalidad de atajar esas nuevas formas de terrorismo internacional. Entendemos que en estos aspectos es positivo que existan grandes acuerdos, que existan
voluntades compartidas y deseamos que esto acabe con esas voluntades compartidas, con esos amplios acuerdos. Lo deseamos, lo desea, como siempre, Convergència i Unió, pero hoy, repito, no nos oponemos a que esto se tramite, pero sí vamos a ser
exigentes en esas enmiendas apresuradas que van a imprimir ante el mismo Pleno, exigentes en lo que debe ser una norma penal no abierta, clara, concisa, como nos exige el propio Tribunal Constitucional y como nos exige la más elemental seguridad
jurídica. No se puede aceptar que en este ámbito de la lucha contra el terrorismo queden tipos abiertos, queden tipos totalmente sin definir, queden tipos que pueden tener esa aplicación extensiva que causa peligro en su aplicación, riesgos en su
aplicación, y que además desde Convergència i Unió entendemos que no es la mejor de las formas para legislar. Por tanto, pedimos esa reflexión serena, pedimos que en la fase de enmiendas —se ha dicho ya por parte de otros portavoces y lo
celebramos— estén abiertos a mejorar el texto, a presentar enmiendas. Nosotros deseamos que esto sea así.


Termino ya con una última reflexión. En la Cumbre de la ONU sobre Terrorismo, que se celebró en Madrid en el año 2005, se alertó sobre los abusos que en ocasiones los Estados podrían llegar a imprimir en la lucha contra el terrorismo a
través —se decía en esa cumbre— de modificaciones legislativas que con el objetivo de disuadir, de dificultar o de defender lo que todos compartimos, que es ir en contra de actos de terrorismo, se llegaran a eliminar derechos y libertades
garantizados por el derecho internacional sobre derechos humanos. Y nos decía en esa cumbre el Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos que las medidas antiterroristas siempre, siempre, deben ser compatibles y respetar
íntegramente los principios de necesidad y de proporcionalidad. Por tanto, en esa reforma nos van a encontrar, en una reforma que sea exigente, que nos sirva realmente para incrementar los mecanismos que nuestro ordenamiento jurídico tiene para
luchar contra el terrorismo y contra esas gravísimas nuevas formas de terrorismo internacional, pero nos van a encontrar también exigentes en los principios de seguridad jurídica y en los principios de preservar que ese ordenamiento penal se aplique
de la forma en que debe aplicarse siempre, no de la forma en que hoy se presenta el contenido de esta proposición de ley.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Jané.


— DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE TERRITORIALIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DEL 0,7 % DEL IRPF DESTINADO A OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL, INCLUIDOS LOS DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL. (Número de expediente 122/000023).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre territorialización del rendimiento del 0,7 % del IRPF destinado a otros fines de interés social,
incluidos los de carácter medioambiental.


Para su defensa, tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.


Subo a la tribuna en defensa de esta proposición de ley que plantea Convergència i Unió, que pretende traspasar la gestión de los recursos del 0,7 % del IRPF para fines sociales y ambientales a las comunidades autónomas. (La señora
vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia). No es esta ni mucho menos, señorías, una cuestión nueva, la hemos debatido en numerosas ocasiones en la Cámara y no tan solo en esta legislatura, sino en anteriores legislaturas con
iniciativas compartidas casi siempre, o yo diría que siempre, por grupos catalanes. Incluso en la pasada legislatura se llegó a aprobar un mandato al Gobierno entonces socialista para avanzar en la dirección precisamente que orienta esta
proposición de ley; un mandato que finalmente no se pudo cumplir por voluntad, supongo, del Gobierno de entonces. Es una iniciativa que responde a una amplia demanda del tercer sector social y ambiental en Cataluña. Hay un enorme consenso en
Cataluña en la necesidad de que los recursos del 0,7 % sean gestionados, en nuestro caso, por el Gobierno de la Generalitat y además en Cataluña esa demanda goza de un robusto apoyo político. Prácticamente la totalidad de la Cámara defiende esa
aspiración y, si me permiten, he llegado incluso a escuchar en un congreso del tercer sector social de Cataluña cómo la hoy líder del Partido Popular

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en Cataluña, la señora Sánchez-Camacho, defendía la necesidad de que fuese el Gobierno de Cataluña quien gestionase esos recursos. Es una demanda que se justifica por los títulos competenciales de las comunidades autónomas exclusivos en las
materias que afectan a estas subvenciones. Además, específicamente en el caso de Cataluña y en materia de subvenciones, con mucha claridad el artículo 114 del estatuto establece que en cuanto a las subvenciones de carácter estatal pero que afecten
a materias cuya competencia es de la Generalitat, debe ser la Generalitat quien las gestione.


Es una demanda, señorías, fundamentada en doce sentencias —doce sentencias— del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que a lo largo de los últimos años han establecido de manera meridiana que en aquellas materias que es competente
la comunidad autónoma, el Estado puede establecer una línea de subvenciones, puede decidir gastar el dinero en esa política, pero que le corresponde a la comunidad autónoma competente gestionar esos recursos. El Estado, en términos de lo que la
doctrina constitucional define como spending power, tiene capacidad de gastar en aquello que no es competente, pero su capacidad de gasto no puede dejar vacía la competencia de la comunidad autónoma. En doce ocasiones el Supremo y el Constitucional
han establecido ese principio, e incluso el Tribunal Constitucional ha llegado a mandatar expresamente al Gobierno que deje de incumplir las sentencias y que las cumpla de una vez por todas; ha mandatado expresamente al cumplimiento de las
sentencias.


Además, señorías, es una demanda justificada porque el retorno solidario de los contribuyentes catalanes, el esfuerzo que los contribuyentes catalanes hacen marcando la correspondiente crucecita en su declaración de la renta no se ve
compensada con un suficiente retorno de los recursos asignados. En concreto, a Cataluña llegan en programas sociales y ambientales 22 millones de euros menos que aquellos que se recaudan en Cataluña. A Cataluña retornan 29,7 millones de euros
—estamos hablando de cifras de los últimos años—, quedan 22 millones que los contribuyentes catalanes han decidido destinar a fines sociales y que no se invierten en la lucha contra la pobreza en Cataluña, en la asistencia a las personas mayores, en
la asistencia a las personas con discapacidad y a la infancia en situación de riesgo. Esa cifra de 29,7 millones de euros representa el 14 % del gasto del Estado y no tiene nada que ver con la población, porque la población en Cataluña es el 19 %,
ni con esa aportación de los catalanes que representa el 25 % del conjunto de las crucecitas que se marcan en España. El 25 % de los recursos que se destinan al 0,7 % provienen de los contribuyentes catalanes y el retorno es del 14 %. Además es
bueno recordar que hoy Cataluña es el territorio donde más ciudadanos marcan la cruz. El 48 % de los contribuyentes catalanes están marcando la cruz; la media en el Estado es del 36 %. Es un esfuerzo ciudadano, cívico, solidario de los catalanes,
que estamos dispuestos a ser solidarios con el conjunto del Estado, pero no lo podemos ser en esos términos. Eso también justifica esta iniciativa. Además, en las políticas que el Gobierno español ha ido construyendo en esta materia se empuja, de
manera quizá no muy sutil, a que si las entidades de ámbito autonómico se quieren beneficiar de los recursos del 0,7 %, deben ir por el camino de articularse a nivel estatal. Lógicamente, eso encuentra el rechazo de un importante sector de la
sociedad civil catalana que aspira a construir una sociedad civil autónoma e independiente, no necesariamente vinculada a organizaciones de ámbito estatal.


Todas estas son las cuestiones que a lo largo de estos último años han llevado a Convergència i Unió y a otros grupos de la Cámara a plantear la necesidad de que el 0,7 % sea gestionado por las comunidades autónomas, en nuestro caso por el
Gobierno de Cataluña, por el Gobierno de la Generalitat. Hasta ahora nos hemos encontrado con un claro rechazo de los partidos de ámbito estatal, con una concepción de la política social claramente jacobina y centralista, con una mirada
intervencionista sobre el tercer sector y con una visión contraria a la racionalidad de las administraciones públicas, porque, señorías, si las competencias en política social corresponden a las comunidades autónomas, si las comunidades autónomas
son las que legislan sobre los servicios sociales que afectan a los colectivos que se benefician de las políticas que desarrollan las ONG, si quienes impulsan las políticas en el territorio, en los barrios, en las ciudades, en los pueblos son las
comunidades autónomas y ayuntamientos, ¿qué sentido tiene un programa gestionado desde la Administración General del Estado? ¿Qué utilidad tiene en la lucha contra los problemas de la desigualdad, de la pobreza, del apoyo a los colectivos más
vulnerables que sea gestionado por una administración que hace treinta años que no desarrolla programas en el ámbito de lo social? Cuando además la afirmación que ha justificado este programa a lo largo de estos años es que los problemas son
comunes en todo el Estado —las minorías, los grupos vulnerables, las personas mayores— y que eso exige la intervención del Estado. Desde ese mismo prisma, quizá deberían plantear que la política social volviese a los tiempos del franquismo. Bueno,
como en esa época no había, que volviese a la gestión pura y dura desde el Estado. No tiene ningún sentido en términos de racionalidad de la Administración pública, de la no duplicación de los servicios públicos una gestión centralizada de esa
política.

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Los portavoces del Grupo Popular, cuando deban pronunciarse, pueden tener la tentación de decir que en esta materia, efectivamente, se han producido esas doce sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que han llevado a
formular un nuevo paradigma legal que justifica que las subvenciones continúen siendo gestionadas por el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales —el correspondiente real decreto que se aprobó hace ya cierto tiempo— y que por tanto ya se ha dado
cumplimiento a esas sentencias y el Gobierno está en pleno orden constitucional. Ustedes saben que el Real Decreto 536/2013, de 12 de julio, y las convocatorias posteriores vinculadas al mismo han sido recurridos por el Gobierno de la Generalitat,
básicamente con el argumento y las razones de que en esa normativa el Estado ha modificado los títulos competenciales para atribuirse esa competencia pero el contenido concreto de los programas que se están subvencionando es prácticamente el mismo
que el de aquellos que se recurrieron y que fueron ganados en los tribunales por el Gobierno de la Generalitat. No existe un nuevo paradigma de gestión del 0,7 %, es el mismo que ha sido rechazado por el Tribunal Supremo y por el Tribunal
Constitucional justificado en títulos competenciales que efectivamente el Estado tiene, pero que poco tienen que ver con los programas concretos a los que se están aplicando las subvenciones. Por tanto, la cuestión de fondo sigue sin resolverse.
Estamos hablando de recursos que los ciudadanos asignan a colectivos en riesgo, vinculados a las políticas sociales de manera fundamental, que deben ser gestionados por las comunidades autónomas.


Señorías, el trámite parlamentario en el que estamos hoy es el de la toma en consideración y eso nos permite formular, si sus señorías optasen por aceptar esa toma en consideración, que estamos dispuestos a alcanzar un acuerdo político en
esta materia que dé estabilidad a esta cuestión que viene siendo polémica política y judicialmente en los últimos años y que permita al tercer sector de ámbito estatal beneficiarse de estos recursos. Los dirigentes del tercer sector de ámbito
estatal conocen esta posición de Convergència i Unió. Incluso en otros momentos en Cataluña se llegaron a formular propuestas concretas sobre cómo se podía llegar a una solución satisfactoria para las entidades de ámbito estatal, de ámbito catalán
y de cualquier ámbito territorial, y que al mismo tiempo diese cumplimiento al marco legal existente y corrigiese ese desequilibrio en el esfuerzo solidario de los contribuyentes catalanes. Estamos dispuestos también a dar esa estabilidad a esta
cuestión. Además, señorías, estamos convencidos de que esta no es una demanda para Cataluña. Es cierto que esta demanda nace en Cataluña, entre otras cosas por la vitalidad, la energía, la fuerza, la independencia del tercer sector, incluso por su
carácter crítico si me permiten decirlo, pero estoy seguro de que en otros territorios con dinamismo, con fuerza, con sociedad civil, como puede ser el caso de Galicia —País Vasco y Navarra están excluidos de este sistema, como ustedes saben—, este
tipo de propuestas pueden encontrar también apoyo. Y en aquellos territorios donde se prefiera que la gestión sea centralizada por parte del Gobierno central, que se pueda continuar haciendo. Señorías, si ustedes quieren, estamos dispuestos a dar
un paso más en aras de dar más capacidad de elección a los ciudadanos, más libertad a los ciudadanos para decidir a qué destinan sus recursos. Abramos la posibilidad a que los ciudadanos decidan también cuando hagan su declaración de la renta a qué
entidad o a qué programa quieren destinar estos recursos. No dejemos que sean ni la Administración central ni las administraciones autonómicas las que determinen a qué se deben dedicar estos recursos que vienen de ese esfuerzo solidario de los
ciudadanos en su declaración de la renta.


Señorías, en esta legislatura, hace un par de años, en septiembre de 2012, al día siguiente de la gran manifestación en Barcelona del 11 de septiembre de 2012 que abrió lo que conocemos como proceso soberanista catalán, dije desde esta misma
tribuna que la desafección de buena parte de la sociedad civil y del conjunto de la sociedad catalana hacia España tenía que ver también con este tipo de actitudes que los Gobiernos españoles han tenido en los últimos años en materias donde la
posición catalana —no la posición catalana de las fuerzas políticas, sino la posición de la sociedad catalana— es unánime. Y los Gobiernos del Estado —los Gobiernos del Partido Popular y también, por desgracia, los Gobiernos del Partido Socialista—
responden con el rechazo. Señorías, obras son amores y no buenas razones. Si alguien cree que aún es posible reencontrar a la sociedad catalana —el tiempo nos lo dirá—, sería bueno que empezase a corregir su práctica política en esta materia
concreta y diese a la sociedad civil catalana la capacidad de gestionar estos recursos de común acuerdo con el Gobierno catalán. Hoy tienen la oportunidad de corregirlo. Estamos convencidos e insistiremos en esta batalla y, si hoy no es posible,
en la tramitación del proyecto de ley del tercer sector vamos a ponerlo encima de la mesa. Nuestro tercer sector nos lo exige y es de justicia defenderlo.


Muchas gracias. (Aplausos).

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La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Campuzano.


En turno de fijación de posiciones tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, como no puede ser menos, subo a esta tribuna para posicionar al Bloque Nacionalista Galego de manera favorable a esta proposición de ley que acaba de defender brillantemente el señor Campuzano, la proposición de ley sobre
territorialización del rendimiento del 0,7 % del IRPF destinado a otros fines de interés social.


Señorías, como ya ha comentado el señor Campuzano, antes del día de hoy se han defendido diferentes iniciativas —proposiciones no de ley, mociones, etcétera—, algunas de ellas presentadas por nuestro partido, el Bloque Nacionalista Galego.
En los años que hemos tenido este debate algunas cosas han avanzado, pero desgraciadamente en todas las cuestiones que se han aprobado, tímidas, nos hemos encontrado con la oposición cerril del Gobierno central a ceder a las comunidades autónomas
esta parte del IRPF que, por otro lado, es voluntaria por parte de los contribuyentes. Estos lo hacen pensando muchas veces en colaborar con aquellas asociaciones más cercanas a su territorio pero, por la distribución que hace el Estado de lo
recaudado, ello no es posible. El Gobierno, con su actitud cerril, no solamente está impidiendo que las comunidades autónomas ejerzan plenamente sus competencias en materia de servicios sociales —lo cual es una injerencia en esas competencias—,
sino que, como ya hemos denunciado en otras ocasiones, está actuando de manera discriminatoria con muchas organizaciones que trabajan en el mundo del asociacionismo social o medioambiental. Por lo tanto, aprovechamos esta propuesta que nos hace el
Grupo de Convergència i Unió para volver a manifestar nuestra posición favorable a la toma en consideración. Su admisión a trámite y posterior aprobación puede ser la forma de que definitivamente el Gobierno actúe no solo en la dirección que le
reclamamos los grupos políticos que hemos presentado las distintas iniciativas, sino en la dirección de las múltiples sentencias judiciales que ya se han dictado y que ha citado el señor Campuzano, porque efectivamente en este tiempo no solamente se
ha debatido esta cuestión en el Congreso de los Diputados llegando a determinados acuerdos en diferentes iniciativas, sino que también se ha debatido en los tribunales con una posición favorable de la justicia a la petición de las comunidades
autónomas, como es el caso de Cataluña.


Por lo tanto, repito lo que ya he dicho al principio: votaremos favorablemente esta iniciativa porque en el Bloque Nacionalista Galego coincidimos con la demanda que se hace.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora Fernández.


Por el mismo Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Bosch.


El señor BOSCH I PASCUAL: Gracias, señora presidenta.


Señorías, nos encontramos otra vez ante un caso en el que el mayor partido nacionalista de la Cámara no entiende lo que está pasando. Y al decir mayor partido nacionalista me refiero al Partido Popular, partido nacionalista español,
nacionalista radical —lo demuestra una y otra vez—, y partido del Gobierno. Este partido se opone a propuestas como la del señor Campuzano, de Convergència i Unió, una propuesta que podría fortalecer la idea de nación que pueda tener el Partido
Popular, y en cambio hacen todo lo posible para fabricar argumentos que alimentan nuestras posiciones a favor de la independencia de Cataluña. Ustedes sabrán lo que están haciendo; creo que alguien se lo debería indicar.


Los hechos son muy claros: se decide que las personas pueden destinar un 0,7 % —primero un 0,52 % y después un 0,7 %— del IRPF a fines sociales. A partir de aquí, recogiendo lo que emana de la Constitución española, el Estatut de Catalunya
y la ley del año 2008 —que lo deja muy claro—, es evidente que este 0,7 % se debería gestionar a partir de la comunidad autónoma, porque las competencias en cuestiones sociales están muy claras, y en el caso de Cataluña por supuesto. A partir de
aquí el Partido Popular y algún Gobierno anterior básicamente se dedican a incumplir la ley, la letra y la filosofía del tema que destacamos. Pero es que además impone una naturaleza determinada a las entidades destinatarias de esas ayudas para
fines sociales —las ONG o las entidades sociales—; es decir, que tienen que tener personalidad jurídica en el registro estatal en Madrid de asociaciones o entidades, cuando muchas de ellas no quieren eso, no lo desean ni se lo han planteado nunca,
pero son obligadas a federarse para acceder a esas ayudas. Es decir, se obliga a las entidades a que se conviertan también en entes españolísimos cuando a veces no se lo han planteado ni lo desean.

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Nosotros votaremos a favor de esta iniciativa porque intenta corregir una injusticia manifiesta, aunque es una iniciativa que nosotros vemos como autonomista. Pero vemos con sorpresa y estupor que incluso el mayor partido nacionalista
español de esta Cámara, que es el Partido Popular, no entiende que, de acuerdo con sus convicciones, esta medida autonomista les puede venir bien. El resultado es que Cataluña no gestiona ese 0,7 % para finalidades sociales. El resultado es que el
Gobierno español centraliza directamente todo ese tipo de competencias que no le corresponden, e incluso obliga a muchas ONG y entidades a convertirse en entidades de alcance español, cuando igual no lo desean. A lo mejor eso sí que es un empuje,
una idea, una acción de tipo nacionalista español, pero eso no significa que sea inteligente. Nos ofrece argumentos a los que decimos que hay poco que hacer en este contexto y en este marco autonomista, y al final hace que ese 0,7 % que debería
dedicarse a fines sociales acabe contribuyendo a ese 50, 60 o 70 % de independentistas, a que crezca en Cataluña esa mayoría social que está a favor de buscar otro Estado nuevo y propio.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Bosch.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.


Intervengo muy brevemente desde el escaño para fijar la posición de nuestro grupo en relación con la proposición de ley que plantea el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Es una iniciativa recurrente, una iniciativa que hemos
debatido con diferentes formatos desde hace bastante tiempo, lo que quiere decir que estamos hablando de un tema no resuelto. Ahí está lo malo. No es que la iniciativa sea antigua, sino que el tema no está resuelto. ¿Y por qué no se resuelve una
cuestión en la que parece estar claro dónde está la competencia? La competencia en el ámbito social está en manos de las comunidades autónomas, y la lógica política dice que estos recursos deberían ser gestionados por las comunidades autónomas.
Eso dice la lógica política. La lógica económica, la de la eficiencia y la eficacia en la gestión de los recursos humanos, también dice que debe ser gestionado por las comunidades autónomas. Son en total poco más de 200 millones de euros al año, y
a Cataluña le corresponderán en torno a 50 millones al año. ¿Por qué no los va a gestionar la Generalitat de Cataluña cuando es a ella a la que le corresponde? Creo que el Gobierno debe hacer ya una reflexión en serio sobre esta cuestión y ceder a
las comunidades autónomas el famoso 0,7 % del IRPF, para que cada institución haga lo que tenga que hacer. También es verdad que esta cuestión no les es ajena a ciertas organizaciones gubernamentales de ámbito estatal, a las que me imagino que les
resulta más fácil gestionar los recursos con carácter centralizado que hacerlo a nivel descentralizado. Por tanto, aparte de al Gobierno, habrá que apelar también a estas instituciones para que respeten las reglas del juego y los marcos
competenciales que existen en el ámbito del Estado español. Hagámoslo, porque si no el señor Campuzano amenaza con seguir con esta cuestión en la siguiente legislatura y creo que ya no merece la pena debatirla, sino que hay que resolverla.


Al margen de esta cuestión, el IRPF en el caso de Euskadi, como saben sus señorías, es un tributo concertado de normativa autónoma y, por tanto, este 0,7 % lo gestionamos desde las instituciones autonómicas. Por consiguiente, para que no se
entienda que es una intromisión, nuestro grupo se va a abstener a la hora de votar esta iniciativa, pero teniendo en cuenta que lo que queremos es que se cumpla la legalidad y que además se actúe en la gestión de los recursos humanos con la máxima
eficiencia y eficacia.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchísimas gracias, señor Azpiazu.


Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.


Esta proposición de ley nos invita a territorializar el gasto para fines sociales que se financia con la casilla del 0,7 % del IRPF. Es decir, en términos coloquiales, para que todos nos entendamos, lo que propone es que lo que se recaude
en cada comunidad autónoma con ese 0,7 % del IRPF se gaste íntegramente en esa misma comunidad autónoma. Hay que reconocer que los intervinientes anteriores han hecho unas defensas muy hábiles de esta posición, porque en el fondo es una posición
difícilmente defendible cuando se analiza con detalle. En esas defensas anteriores han olvidado lo esencial, y lo esencial es para qué se destina este dinero, cuál es el fin de este dinero. El fin de este dinero es combatir

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unos males sociales asociados en general a la pobreza, a la exclusión social; por tanto, el dinero tendrá que ir donde se concentran esos males. Es tan evidente como eso. Esos males sociales —la pobreza, la exclusión social— se reparten
de forma desigual a lo largo de todo el territorio; no entienden de fronteras provinciales ni autonómicas; se repartan de forma desigual. Pero para que esta propuesta tuviese lógica, el reparto de la pobreza y la exclusión social tendría que ser
proporcional a lo que se recauda en el 0,7 % del IRPF. Si eso fuese así, si cuando una comunidad recauda mucho en el 0,7 % tiene mucha pobreza, esta propuesta tendría sentido, no habría ningún problema. Pero a poco que se piense intuitivamente se
ve que no tiene ningún sentido; es exactamente al revés. Lo que cabe esperar es exactamente lo contrario. En aquellas comunidades donde se recauda más 0,7 % del IRPF —está asociado a la renta al fin y al cabo— cabe esperar que los problemas
sociales que se intentan combatir con estos fondos sean precisamente menores. Vivimos en un país —todos lo sabemos, señorías— con enormes desigualdades territoriales. Hay comunidades, como donde ha salido elegido el señor Campuzano o donde he
salido elegido yo, la comunidad de Cataluña, la Comunidad de Madrid, el País Vasco, Navarra, con unos niveles de renta per cápita superiores a la media de la Unión Europea. Y hay otras comunidades, como Extremadura, Andalucía o Canarias, con unos
niveles muy inferiores a la media europea. La desigualdad se ve también en las tasas de paro, en la pobreza, en la exclusión social. ¿Tiene sentido en un país así que digamos que cada uno se quede con lo suyo, que la recaudación se quede donde se
recaude si la recaudación está en un sitio y los males que estos fondos pretenden combatir están en otro?


En Unión Progreso y Democracia no lo vemos así. En el fondo, el debate es siempre el mismo. Hay grupos que dan prioridad a los territorios, a las comunidades, a los debates competenciales, y hay otros grupos que damos prioridad de las
personas. No es Cataluña quien sufre pobreza ni Madrid, ni Andalucía. Son personas con cara, con nombre y apellidos, que se concentran más en unos determinados territorios, que se concentran más en unas determinadas zonas y, por tanto, tiene toda
la lógica —y yo, como diputado de Madrid, así lo defiendo representando el interés general, como todos nosotros— que los fondos se concentren donde se concentran los males que se pretenden combatir, independientemente de dónde se hayan recaudado
esos recursos. Defender lo contrario, defender esta vieja reivindicación nacionalista tiene una implicación muy desagradable, por mucho que se quiera soslayar: dar prioridad a los males sociales que se concentran en el territorio de uno mismo,
independientemente de que haya otros más graves en el territorio vecino. Por eso, sorprende que este tipo de propuestas a veces encuentren el apoyo de grupos que se autodefinen como progresistas.


Esto es lo esencial del debate. Podría terminar aquí mi argumentación y se entendería perfectamente por qué mi grupo va a votar no a esta proposición de ley, pero se invocan también otras cuestiones secundarias asociadas a este asunto
fundamental y no queremos evadir debatirlas. Una de esas cuestiones es si las convocatorias tienen que ser nacionales, algo que ha surgido en intervenciones anteriores. Nosotros vemos numerosas ventajas a que estas convocatorias se hagan con
carácter nacional. Por ejemplo, poder analizar las necesidades sociales en conjunto; poder analizar los problemas sociales en el conjunto del territorio. Por ejemplo, es importante tratar de forma similar necesidades similares. Si hay una
familia o una persona que está atravesando una situación mala en la comunidad A y otra una situación similar en la comunidad B, en una convocatoria nacional se les puede dar tratamiento similar a sus males similares. También creemos que pueden ser
convocatorias más competitivas. Y además está la cuestión de las entidades no gubernamentales, de las entidades del tercer sector que quieren realizar, legítimamente, políticas en todo el territorio. Imaginen una iniciativa contra la pobreza
infantil en toda España. ¿Qué se nos pide con este modelo alternativo? ¿Que una entidad así se presenta a diecisiete convocatorias y en un sitio se le conceda y en otro no, en uno se den más recursos y en otro no? ¿Cómo podría realizar esa
política equitativamente en todo el territorio nacional con unas convocatorias fragmentadas como las que se plantean? Creemos que sería un sistema más ineficiente y más injusto que el actual. Al hilo de esto, habría que recordar que estamos
hablando de fondos íntegramente estatales, los recursos de los que estamos hablando provienen en su totalidad de los Presupuestos Generales del Estado, no hay aportaciones autonómicas. Sin embargo, en la Conferencia sectorial de asuntos sociales
las comunidades tienen un papel a la hora de determinar cuáles son las necesidades prioritarias que se tienen que cubrir con estas actuaciones.


Por último, el debate tiene también una vertiente jurídica que tampoco queremos eludir. Se nos dice que hay sentencias del Tribunal Constitucional, que hay sentencias del Tribunal Supremo, y escuchando a esos intervinientes uno creería que
esas sentencias dicen que se haga lo que dice esta proposición de ley, pero no es así. Algunas sentencias, como una del Tribunal Supremo, cuestiona una convocatoria

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concreta porque no llevaba acompañándola una memoria económica, peor no va al fondo de estos asuntos. Y las sentencias del Tribunal Constitucional estiman parcialmente recursos, pero en esas sentencias lo que se dice es que hay una
competencia estatal para desarrollar programas de acción social en todo el territorio nacional y que el Estado está legitimado para fijar la cuantía, el objeto y los beneficiarios últimos. Fíjense, cuantía, objeto y beneficiarios últimos: cuánto
se dedica, para qué se dedica y a quién se dedica. Lo único que se cuestiona es que tienen que participar en la gestión las comunidades autónomas, que tienen que participar en ejecutar esto que se ha decidido a nivel estatal, en la tramitación,
pero de ningún modo implica que haya que territorializar los gastos, como aquí se nos está planteando, como si fuese un mandato legal.


Sin embargo, en este punto vemos realmente lo más positivo de la iniciativa de CiU. Consideramos que se plantea en esta iniciativa un auténtico vuelco político de lo que ha sido la posición de CiU en toda esta legislatura, porque entendemos
que a partir de ahora van a ser muy respetuosos con las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Saludamos con alegría este cambio de posición de CiU que estamos seguros de que va a llevar en el futuro a que respeten
sentencias que tienen que ver con la educación en castellano en Cataluña o a que respeten sentencias que tienen que ver con la no celebración de referéndums secesionistas. Pero, valorando este cambio de actitud de CiU tan positivo en lo que se
refiere a esta iniciativa concreta, insisto en que nuestro voto va a ser no porque nosotros no pensamos en los territorios sino en las personas que viven en esos territorios. Este dinero es para gasto social asociado a la exclusión social y tiene
que ir a quienes están atravesando situaciones de pobreza y exclusión social, independientemente de la zona donde vivan, para que situaciones dramáticas similares tengan un tratamiento similar en todo el territorio nacional.


Gracias, señora presidenta. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Anchuelo.


Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora Ortiz.


La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, presidenta.


Señorías, estamos aquí de nuevo abordando lo que es ya un clásico, el debate sobre la territorialización del 0,7 de la casilla social del IRPF; un debate que hoy se presenta en formato de proposición de ley, pero que hemos traído a esta
Cámara diversos grupos, no solo Convergència i Unió, sino también Esquerra e Iniciativa. Este debate venimos arrastrándolo no ya en esta legislatura y la anterior, sino que incluso podríamos hablar de décadas. Tampoco es una cuestión de los
diputados o de este Congreso, o de la Generalitat de Catalunya, sino que existen ya sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que avalan precisamente la necesidad de apostar por este modelo de territorialización y
descentralización fiscal. En una sentencia les instaron ya en su momento a rectificar órdenes ministeriales, marcando precisamente los límites competenciales, que en el caso de la asistencia social o la gestión y protección de espacios naturales
son muy claros. La propia sentencia dice que estas son competencias exclusivas y, por tanto, el Estado debe limitar mucho su capacidad de actuación y también su capacidad de otorgar recursos. Lo dejó muy claro la sentencia: son las comunidades
autónomas las que asignan estos recursos. De hecho, esta es una cuestión que no surge desde las instituciones, es la propia sociedad civil catalana; las entidades del tercer sector social y también ambiental nos piden, a estas alturas ya con
indignación, que adecuemos el criterio a las necesidades y a la realidad que su centralismo no les permite ver. Es más, creo que este tipo de debates ilustran bien las causas que nos han llevado a la crisis actual del modelo territorial, algo que
cada vez parece más irreconciliable y que ustedes, con capítulos como los de hoy, muestran una vez más que no tienen ni voluntad ni la habilidad, diría, de abordar con inteligencia la complejidad de lo que es el Estado más plurinacional de la Unión
Europea. El obcecamiento, la negación a la realidad plural, la deslealtad institucional, la incomprensión de lo que es un Estado compuesto con distintos niveles de autogobierno, el centralismo, el autoritarismo fiscal con el que nos han venido
deleitando, el inmovilismo, la impermeabilidad e inflexibilidad, todo esto es lo que se ha recibido de su Gobierno y también de anteriores gobiernos en este capítulo, quizá de una forma más sibilina, pero al final con el mismo resultado. Creo que
si buscáramos las causas del actual hartazgo y agotamiento sobre el actual modelo de las autonomías, estas radicarían precisamente en este tipo de respuestas a los debates como el que hoy planteamos. El hecho de que tras veinte años no se haya
resuelto indica incapacidad, insensibilidad e irresponsabilidad y provoca indignación, desapego y, diría más, cada vez más ruptura democrática y, como decía el señor Bosch, cada vez tienen más independentistas precisamente a causa de debates como
los de hoy. Ustedes no ofrecen soluciones, sino problemas. Estamos hablando no de

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problemas de gestión a la Generalitat o a los diputados de esta Cámara, estamos hablando de problemas que generan ustedes a entidades sociales que trabajan en las comunidades, que trabajan con enfermos, con personas mayores, con personas que
sufren exclusión social. Son esas las entidades que sufren precisamente las consecuencias.


¿Qué es lo que plantea esta proposición de ley y lo que hemos venido planteando desde hace años? Pide algo de sentido común: gestionar la recaudación de la casilla social del IRPF de acuerdo con su objetivo de otorgar proximidad,
democratizar la fiscalidad y contribuir a la responsabilidad y vinculación del contribuyente con la inversión social, así como distribuir el gasto cumpliendo con el reparto competencial. Es algo que debería resultar simple en un Estado que desde
hace tanto tiempo, como ustedes dicen, es compuesto y que tiene distintos niveles de autonomía, por lo que es una cuestión que debería haberse resuelto.


¿Por qué es positivo territorializar? En primer lugar, por una cuestión de proximidad. Estamos hablando de una casilla para que el contribuyente sienta su capacidad de incidencia y decisión sobre los recursos. Estamos hablando de un
incentivo a la corresponsabilidad, que se consigue con la proximidad de los receptores y los contribuyentes, que la ciudadanía vea que marcar una casilla marca la diferencia y puede contribuir a la mejora de su entorno. Ese es un elemento que
entendemos clave. Una segunda cuestión es la vinculación. La desvinculación de ingresos y gastos de esa casilla ha generado situaciones profundamente injustas, lo que genera desapego en los contribuyentes. Por ejemplo, Cataluña marca la casilla
del 0,7 muy por encima de la media; no es una cuestión de riqueza, señor Anchuelo, es que marca 10 puntos por encima de la media de personas que marcan la casilla social. Si eso posteriormente no tiene ninguna incidencia en cómo repercute, también
genera desapego, que es algo que se tiene que tener en cuenta en una política justa, pero también eficaz a nivel fiscal. La falta de territorialización y el reparto completamente injusto y desvinculado, no solo de la recaudación sino también de los
criterios de población, señor Anchuelo, genera el problema de que el reparto no tiene nada que ver con las necesidades y la población objetiva. Vemos casos que son un auténtico despropósito. Es decir, por qué en poblaciones donde hay, por ejemplo,
muchísimos más enfermos, esas entidades no reciben proporcionalmente esos recursos. Esto tiene que ver con la justicia y la equidad orientada también al resultado. Otro argumento: el de la eficacia en la gestión de los recursos, que es otro
elemento fundamental. La no territorialización de los recursos hace que muchas organizaciones que tienen magníficos proyectos de asistencia social o de custodia del territorio —creo que aquí el tema del medioambiente y la proximidad son
fundamentales— y que están mejor insertadas en barrios y comunidades que otras de ámbito estatal precisamente por su carácter próximo queden excluidas. Ustedes lanzan un falso populismo de igualdad territorial, pero lo que atenta contra la equidad
y la eficacia de los servicios, lo que atenta contra un reparto justo es la falta de territorialización precisamente. Estamos hablando del 0,7 % del IRPF, no pueden pretender que ese porcentaje, repartido con criterios basados en la recaudación,
atente contra la solidaridad. Seamos serios, señorías, no tiene ni pies ni cabeza. Nosotros defendemos la solidaridad territorial y social y ustedes defienden el centralismo y la regresividad social, que es lo que han demostrado con su reforma
fiscal.


Un cuarto elemento es la transparencia. Una gestión de proximidad a la hora de otorgar subvenciones también repercute en una transparencia por la vinculación de las organizaciones a los proyectos. Porque resulta difícil encontrar criterios
para entender, si no es por motivos políticos, por qué organizaciones que prestan asistencia a personas con discapacidad o a enfermos mentales reciben muchos más recursos en función de dónde se ubican y no por la cantidad de población a la que
atienden. Eso tiene difícil explicación, a no ser que digan que ustedes quieren utilizar esos recursos para otra cosa pero no precisamente para la asistencia social.


En definitiva, la negativa a tramitar esta proposición de ley solo se explica desde el centralismo y para impedir a la ciudadanía decidir ni siquiera el destino de la casilla social de los contribuyentes.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora Ortiz.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sahuquillo.


El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Señorías, este es un tema recurrente pues una vez más debatimos sobre la asignación de lo recaudado del IRPF para fines sociales. Si no me falla la memoria, esta es la novena vez que se trata aquí en el
Parlamento. En esta ocasión lo que hoy plantea el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va más allá y es la toma en consideración como proposición de ley sobre la territorialización del rendimiento del 0,7 % del IRPF destinado a otros
fines de interés social incluidos los de carácter medioambiental.

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Esta vez, para justificarlo, el grupo proponente hace mención, entre otras cuestiones, a que no pueden duplicarse las estructuras administrativas para el ejercicio de unas mismas competencias, planteando que quien dispone de las competencias
debe disponer de los recursos para ejercerlas. Cuestión curiosa, cuando menos, planteada por el grupo que sustenta al Gobierno de la Generalitat, que nunca obvió esas duplicidades, es más las incrementó y ahora incluso las alimenta. Y para ello
habla de jurisprudencia del Tribunal Constitucional; pero obvia que ese mismo tribunal ha dicho también que el Estado no puede verse privado del ejercicio de sus competencias exclusivas por la existencia de una competencia, aunque también sea
exclusiva, de la comunidad autónoma. Y hace referencia a las reservadas al Estado en el artículo 149 de la Constitución española confiando a los órganos generales del Estado la consecución del interés general de la nación y los de carácter
supracomunitario. Precisamente sobre este artículo 149 el Tribunal Constitucional, en su sentencia 239/2002, de 11 de diciembre, con mención a la sentencia 61/1987, de 20 de marzo, señala que mediante su contenido se permite al Estado una
regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad. Y ya más recientemente, la sentencia del Tribunal Constitucional 46/2007, de 1 de marzo, dice sobre la concurrencia de competencias que el interés general será el título prevalente
para determinar la preferente aplicación de una competencia del Estado en detrimento de la correspondiente a la comunidad autónoma.


Aunque creo, señorías, que el grupo proponente cuando presentó esta iniciativa, que fue nada más y nada menos que el 21 de diciembre de 2011, hacía mención a otras sentencias para basar su argumento. Me refiero a las del Tribunal
Constitucional 178/2011, de 8 de noviembre, en relación con las bases reguladoras para la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones del área de servicios sociales, familia y discapacidad. Y la del Tribunal Supremo de 16
de diciembre de 2011, en relación con las bases y la convocatoria de subvenciones para la realización de cooperación y voluntariado social con cargo a la asignación tributaria del IRPF. En este sentido el Tribunal Constitucional considera incluida
en la esfera de la competencia estatal la regulación de los aspectos centrales del régimen subvencional (objeto y finalidad de las ayudas, modalidad técnica de las mismas, beneficiarios y requisitos esenciales de acceso), mientras que sitúa dentro
de la competencia autonómica lo concerniente a su gestión, esto es: la tramitación, resolución y pago de las subvenciones, así como la regulación del procedimiento correspondiente a todos estos aspectos.


El Tribunal Supremo, por su parte, en referencia a este texto del Tribunal Constitucional, considera que se reafirma la doctrina ya invocada por la Generalitat con respecto a la exclusividad de la misma en cuanto a la fijación de las bases
para la distribución y control de las ayudas, aunque el Estado pueda determinar el montante. Lo dice expresamente en la parte final del fundamento de derecho sexto.


Por consiguiente, las sentencias no dicen lo que afirma el grupo proponente sino lo contrario, como les termino de contar. Lo que realmente se propone con esta iniciativa es que la territorialización de los fondos se efectúe de acuerdo con
la recaudación que en el territorio de cada comunidad autónoma se obtenga por este concepto, y no se puede afirmar sin ser falaz, señorías, que esto es lo que dicen las sentencias mencionadas de noviembre y diciembre de 2011, porque si esas
sentencias dijeran lo que pretende el Grupo Parlamentario de CiU se impediría que el IRPF fuese un instrumento de solidaridad estatal ya que este está dirigido a la recaudación de impuestos para satisfacción de necesidades colectivas vía gasto
público y todos los ciudadanos tienen el deber de contribuir a financiar estas necesidades, aunque con lo que estamos viendo estos días no todos lo tienen o han tenido tan claro esto de contribuir para satisfacer las necesidades colectivas. Desde
el Grupo Parlamentario Socialista estamos a favor de una situación que respeta el contenido de la jurisprudencia constitucional; sin embargo, ese no es el objetivo de la proposición de ley que hoy debatimos, ni mucho menos. Les tengo que recordar,
señorías, para que no se olvide, que fue un Gobierno socialista, el de José Luis Rodríguez Zapatero, el que decidió aprobar que el porcentaje a percibir por las comunidades autónomas pasase del 0,52 % al 0,7 %. Eso supuso que, por ejemplo, de
repartir 134 millones de euros en 2008 pasásemos a repartir 190 millones de euros en 2009, es decir, 56 millones de euros más, y todo ello con el fin de contribuir a mejorar la situación de los colectivos en situación de riesgo social y a consolidar
en algunos casos y a sostener en otros las estructuras organizativas en varios ámbitos. Les recuerdo, señorías, que en septiembre de 2012 se debatió una proposición no de ley, también de CiU, donde se instaba al Gobierno a dar cumplimiento a las
sentencias del Tribunal Constitucional de noviembre de 2011 y mi grupo votó a favor, como no podía ser de otra manera, pues se trataba de reclamar el cumplimiento de sentencias del Constitucional y así se lo manifestó mi compañero Sánchez Amor, que
entonces les dijo a ustedes, como ahora, que interpretaban mal la sentencia porque no es lo mismo transferir la recaudación que territorializar el gasto.

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Si estas políticas son prioritarias para el Gobierno de Catalunya, de la Generalitat, puede, en uso de su plena autonomía presupuestaria, destinar a ellas los recursos que considere convenientes con cargo a lo recaudado por sus impuestos o
con la parte autonómica del IRPF. Una cosa es que el dinero deba llegar a las comunidades autónomas para que estas procedan a su gestión —esto es, en palabras del Tribunal Constitucional, la tramitación, resolución y pago de las subvenciones, así
como la regulación del procedimiento correspondiente a todos estos aspectos— y otra cuestión muy distinta es que el reparto deba hacerse de acuerdo exclusivamente con lo recaudado en cada territorio. ¿Dónde estaría entonces la solidaridad entre
territorios?


Señoras y señores parlamentarios, el reparto de lo recaudado del 0,7 % del IRPF destinado a otros fines de interés social debe hacerse teniendo en cuenta criterios de necesidad, no de recaudación, eso es lo solidario, lo igualitario y lo
justo. Permítanme que les cuente algo que puede ser muy ilustrativo: cuando el Consejo estatal de ONG de acción social pone de manifiesto que los programas prioritarios para recibir las subvenciones del 0,7 % son programas de urgencia dirigidos a
la atención de las necesidades básicas de las personas en situación de pobreza o programas que se orienten hacia la prevención y lucha contra la pobreza y la exclusión social, en lo que están pensando desde el consejo estatal es en que se intente
paliar con ese 0,7 % la pobreza en nuestro país, en toda España. Escuchen: ayer, en mi provincia, en Cuenca, nos desayunábamos con un informe de Cáritas que decía que la pobreza alcanzaba al 36,7 % de los conquenses y pedía a los políticos
esfuerzos para paliarla, porque la pobreza no sabe de territorialización mal entendida, de que se repartan fondos en función de lo recaudado en la Comunidad Autónoma de Cataluña o en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Hoy mismo se hacían
eco los medios de comunicación de que en Castilla-La Mancha es donde hay más nuevos pobres de España. ¿Se imaginan ustedes que con los brutales recortes que han hecho Cospedal y Rajoy en mi provincia y en mi región ahora llegase y les dijese a mis
paisanos que apoyamos la propuesta de CiU, que parece que quiere comer aparte, comerse un trozo más grande de la pequeña tarta que puede ayudar a los más vulnerables?


Termino, señora presidenta. Mi grupo defiende, para que no exista ninguna duda ni aquí ni en Cataluña, lo siguiente. Primero, el cumplimiento de las sentencias: que atendiendo a lo que dice el Tribunal Constitucional, en la esfera de la
competencia estatal se regulen los aspectos centrales del régimen subvencional, objeto y finalidad de las ayudas, modalidad técnica de las mismas, beneficiarios y requisitos esenciales de acceso; y en la autonómica, lo atinente a su gestión, esto
es, la tramitación, resolución y el pago de las subvenciones así como la regulación del procedimiento correspondiente a todos los aspectos como los que he dicho anteriormente, que es el nudo gordiano de las sentencias. Segundo, que en el diseño de
un sistema coherente con las sentencias se alcance un acuerdo de las comunidades autónomas en Conferencia sectorial de asuntos sociales con los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y en consenso con las organizaciones sociales que
concilie los derechos de dichas organizaciones en el ámbito autonómico y estatal. Pero, señorías, el objeto de esta proposición de ley no tiene nada que ver con todo eso, sino con otra cuestión con la que no estamos de acuerdo: que la
territorialización se haga en función de lo acordado en cada comunidad.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Sahuquillo.


Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Madrazo.


La señora MADRAZO DÍAZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, efectivamente, CiU nos presenta hoy una iniciativa que hemos debatido de forma reiterada en esta Cámara y en ella solicitan territorializar la asignación tributaria del IRPF para fines de interés social y piden además que la
recaudación total del importe obtenido por este concepto en cada comunidad autónoma sea cedido íntegramente a la misma comunidad autónoma para subvencionar actividades de interés social. Ante esta cuestión hemos fijado nuestra postura claramente en
muchas ocasiones y es la misma que hemos explicado reiteradamente y que nos va a llevar hoy a votar en contra rotundamente de la toma en consideración de esta proposición de ley. La primera razón y más importante que quiero exponer aquí es que
carece del mínimo sentido común. Nuestra posición se puede resumir en una sola frase: no se puede territorializar la solidaridad de los españoles, señor Campuzano, esta es la primera y más importante razón. Porque, señores de CiU, estamos
hablando sobre todo de una cuestión humanitaria, aquí nadie ha hablado de personas, nadie ha hablado de necesidades, nadie ha hablado de la implicación de toda una sociedad que cuando marca esa cruz en su declaración de la renta lo que quiere es
mostrar su solidaridad con los colectivos más desprotegidos de la sociedad, con los colectivos más vulnerables, y

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no está pensando si esos colectivos, si esas personas más necesitadas están en su comunidad autónoma o están en cualquier otra parte del territorio, sea español o sea fuera de nuestras fronteras. Les pido un poco de alturas de miras,
señores de CiU, porque después de la VIII legislatura, la IX y la X siguen ustedes a piñón fijo y a la sociedad española creo que no les preocupan sus obsesiones nacionalistas y competenciales; lo que le preocupa a la sociedad española, a los que
marcan esa cruz en la declaración de la renta, es que esa ayuda solidaria llegue efectivamente a las personas que más lo necesiten y con la mayor eficacia posible.


El planteamiento que ustedes hacen de esta cuestión desde luego nos parece disparatado, y repasando sus intervenciones —y hoy lo ha vuelto a repetir aquí—, plantea usted que como los catalanes marcan esa cruz y aportan un 25 % de lo que se
recauda por esa solidaridad, ese 25 % tiene que gastarse íntegramente en la Comunidad Autónoma de Cataluña, lo cual carece absolutamente del mínimo sentido común. O sea, que según ustedes la sociedad catalana cuando marca esas cruces solo quiere
ser solidaria con los pobres de su comunidad autónoma. Hombre, eso no es de recibo, estamos convencidos de que no es así, porque la sociedad catalana seguro que tiene un concepto mucho más amplio de la solidaridad de lo que lo tienen los grupos
nacionalistas catalanes, estoy convencida. Parece que lo que les preocupa es que lleguen menos recursos de la solidaridad social a Cataluña de lo que aportan los catalanes, cuando lo que deberíamos estar debatiendo aquí es que esas ayudas se
repartan con eficacia, que lleguen a las personas que realmente están en situación de extrema necesidad.


La segunda razón que me gustaría exponer y que ninguno de los intervinientes ha dicho en esta tribuna es que nuestra posición, la del Grupo Parlamentario Popular, coincide plenamente con la expresada por las organizaciones del tercer sector,
por las ONG, que son las que con los recursos que se obtienen por esta asignación del impuesto del IRPF financian programas destinados a combatir el maltrato infantil, el apoyo a los discapacitados, la asistencia a drogodependientes y a reclusos, en
definitiva, colectivos muy vulnerables que son tan dignos de protección en Cataluña como en cualquier parte del territorio español.


Creo que lo que a ustedes les molesta, a los grupos nacionalistas catalanes, es la palabra Cruz Roja Española, especialmente la palabra española, o Cáritas Española. Eso parece que es lo que les escuece. En definitiva, esta ayuda tiene que
llegar allá donde se necesite y esta plataforma que agrupa a todas estas ONG de acción social remitieron ya entonces, en el año 2008, una carta al presidente del Gobierno, el señor Rodríguez Zapatero, en la que expresaron su oposición frontal a la
territorialización de la asignación tributaria del IRPF. ¡Es que lo expresaron las propias entidades del tercer sector, las ONG que realizan con altruismo y con dedicación labores muy importantes en la asistencia social! Y como expresa la
plataforma en la propia carta, al situar las necesidades sociales de los ciudadanos —cito literalmente— en primer término, esas necesidades que son nuestro primer objetivo, se favorece la generación de políticas sociales comunes de ámbito estatal,
al margen de criterios territoriales o de recaudación. A continuación añaden que la función redistributiva de rentas y riquezas es una función esencial del Estado social, democrático y de derecho que hace real y posible una sociedad más justa y más
igualitaria. Esto no lo dice mi grupo, lo dice la plataforma de ONG, pero, desde luego, en mi grupo parlamentario no podemos estar más de acuerdo con esta posición.


Señorías, las subvenciones a las entidades del tercer sector a través del 0,7 % del IRPF son una herramienta de solidaridad social indispensable. Por tanto, nosotros somos tan entusiastas con la labor que realizan estas ONG como el que más
de esta Cámara. Queremos unas organizaciones fuertes y potentes que sean capaces de afrontar los grandes retos sociales que tenemos planteados. Además, señorías, saben perfectamente que ese reparto no se hace de manera arbitraria, cosa que tampoco
se ha señalado en esta tribuna, sino que ese reparto se acuerda en la conferencia sectorial con todas las comunidades autónomas, incluida la Comunidad de Cataluña, con absoluta lealtad institucional y respeto a las competencias de las comunidades
autónomas. El señor Campuzano citaba en su intervención que quizá tuviéramos la tentación de citar el marco legal que efectivamente ha sido modificado, como usted sabe, a través del Real Decreto-ley 7/2013. Pues sí que voy a caer en esa tentación,
porque me parece muy importante señalar que en ese real decreto del año 2013 se cambia el título competencial y la principal novedad de ese real decreto es que se sectorializan los programas seleccionados a través del IRPF con ejes de actuación que
son considerados de interés social prioritario para destinar los recursos de ese 0,7 % del IRPF, que son la atención sociosanitaria, la atención a personas con necesidades educativas o de inserción laboral y el fomento de la seguridad ciudadana y
prevención de la delincuencia. Y con este nuevo marco legal, señores de CiU, se ha dado una respuesta eficaz a la demanda de los sectores en los que es necesario actuar con mayor urgencia. La estructura

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de colectivos protegidos se ha sustituido por unos ejes prioritarios de actuación que responden a un nuevo marco que se encuentra amparado constitucionalmente por las competencias del Estado. Además les quiero resaltar que esta política
social dirigida desde el Gobierno de la nación es compatible y absolutamente concurrente con cualquier política social que quiera llevar a cabo cualquier comunidad autónoma, no son incompatibles.


Una vez resuelto ese debate jurídico y competencial, centrémonos en las personas, que es lo que realmente importa en esta cuestión. La pobreza y la exclusión social no tienen banderas ni tienen fronteras ni pertenece a determinados
territorios, y mucho menos pertenece a determinados territorios la solidaridad de todos los españoles que marcan esta cruz en su declaración de la renta. Al Grupo Parlamentario Popular nos es indiferente de qué territorio son esas personas que
necesitan estos recursos, lo que queremos es ayudarles de la mejor manera posible, y pensamos que la regulación actual es la más adecuada para hacerlo.


Termino ya, señorías. No creemos en la solidaridad al estilo nacionalista, señor Campuzano, no creemos en ese tipo de solidaridad, porque eso se transforma precisamente en lo contrario, en insolidaridad con las personas. Por ello, vamos a
votar en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora Madrazo.


PROPOSICIONES NO DE LEY:


— DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE EL FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA EN ESPAÑA. (Número de expediente 162/001125).


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Pasamos al punto II del orden del día, relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el
fortalecimiento de la industria en España. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor García Egea.


El señor GARCÍA EGEA: Gracias, señora presidenta.


Antes de comenzar, quisiera saludar al presidente del Instituto de la Ingeniería de España, don Manuel Moreau, y al decano del Colegio de Ingenieros de Montes, don José Carlos del Álamo, personas que representan aquí hoy a un sector
importantísimo de nuestra sociedad relacionado con el impulso tecnológico y el desarrollo industrial, y que han trabajado y trabajarán para que las medidas que hoy debatimos lleguen a buen puerto.


Señorías, hace unas semanas estuve repasando algunas publicaciones y otros apuntes sobre un tema interesante y muy relacionado con lo que hoy debatimos aquí, la revolución industrial y el odio a las máquinas. Arkwright inventó en 1770 su
maquinaria para el hilado de algodón. En aquella época se ha calculado que existían en Inglaterra unas 7.900 personas dedicadas al sector de la producción textil. La introducción de una innovación tecnológica como esta máquina en esta industria
encontró desde sus inicios una fuerte oposición, porque amenazaba la forma de vida de los obreros. Sin embargo, diecisiete años después, en 1787, una investigación parlamentaria mostró que el número de personas empleadas en el hilado y tejido del
algodón había ascendido de 7.900 personas a 320.000 personas, lo que representaba un incremento en el empleo de un 4.400 %. Este hecho histórico me lleva a concluir dos aspectos fundamentales. Por un lado, una primera conclusión sería que no será
posible crear empleo estable y de calidad si no conseguimos desarrollar un tejido industrial fuerte y competitivo en nuestro país. Un ecosistema de emprendedores y de empresas innovadoras lo tendrá difícil para desarrollarse si no conseguimos una
industria fuerte y estable que tire de ellos. La segunda conclusión a la que he llegado es que solo será posible conseguir una industria fuerte y crear empleo de calidad a través de la innovación tecnológica. Tal y como ha venido ocurriendo en el
pasado, el empleo se creará como consecuencia de hacer de forma excelente lo que hoy solo hacemos bien. En nuestra historia reciente tenemos casos en los que lo que acabo de enunciar ha sido refrendado. Analicemos la recientemente creada
—recientemente en términos relativos— industria del automóvil en Estados Unidos en el año 1910. Por aquellos tiempos se hallaban empleadas 140.000 personas en dicho sector. Diez años después, en 1920, con diversas mejoras tecnológicas introducidas
y la reducción asociada de los costes de producción, dicha industria empleaba a 250.000 personas. Tras introducir nuevos métodos, perfeccionar dicha industria, diez años después, en 1930, el número de personas empleadas ascendía a 380.000. Si
avanzamos en el tiempo,

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vemos que en 1973 el número de empleados en la industria rozaba el millón de personas, porque en ese mismo año trabajaban 514.000 personas en la industria aeronáutica y otras 393.000 en la producción de componentes electrónicos.


Lo que acabo de describir ha venido ocurriendo en todas las industrias de reciente creación a medida que se iban perfeccionando los métodos de producción y se reducían los costes. Los diputados de esta Cámara, bajo mi humilde punto de
vista, debemos dedicarnos a potenciar la creación de nuevas industrias, a garantizar la unidad en términos de regulación para todas ellas y a defender los intereses industriales de nuestro país. Atrás quedan otros planes impulsados por Gobiernos
anteriores, en los que se gastaron miles de millones de euros en crear puestos de trabajo que no generaban valor añadido ni desarrollaban nuevos métodos de producción ni mejoraban las condiciones en las que se realizaba este trabajo. Espero que
todo aquello nos sirva para no caer en el futuro en los mismos errores y, a partir de ahora, todos trabajemos en la misma dirección.


El Grupo Parlamentario Popular con esta proposición pretende apoyar al Gobierno en su agenda para el fortalecimiento industrial. Creemos que las noventa y seis medidas para que el peso de la industria en el producto interior bruto llegue a
ser del 20 % son muy acertadas y muy pertinentes, y queremos ayudar a su consecución con todos los medios a nuestro alcance. Como saben, el Gobierno del Partido Popular ha puesto en marcha una política económica apoyada en una sólida base
macroeconómica y orientada al fortalecimiento y desarrollo de una industria fuerte, competitiva, de referencia internacional, partiendo del saneamiento de las cuentas del sector público. La industria puede ser una palanca para el crecimiento del
sistema productivo y para que impulse la recuperación de la economía y la creación de empleo. El sector industrial tiene margen de maniobra para convertirse en los próximos años en uno de los motores de nuestra economía, aportando soluciones a los
principales retos que afronta nuestro país. Dentro de estas medidas concretas, como habrán podido comprobar en la agenda para el fortalecimiento de nuestra industria, se pretende estimular la demanda de bienes industriales con efecto multiplicador
en la economía a través de programas específicos, programas que ya están disponibles para los ciudadanos, como es el caso del Plan PIVE u otros que inciden y permiten aumentar la demanda de bienes concretos; se pretende mejorar la competitividad de
los factores productivos clave mediante la reducción de los costes asociados a la actividad industrial, y reforzar la estabilidad y uniformidad del marco regulatorio industrial mediante la puesta en marcha o eliminación de leyes innecesarias. Es
algo muy importante porque, al igual que necesitamos poner encima de la mesa recursos para que nuestras industrias fomenten la innovación, también es necesario eliminar aquellas trabas burocráticas que están frenando la innovación. Mención especial
merece la Ley de Patentes que se va a tramitar en esta Cámara, que será una de las reformas importantes que se abordarán en esta legislatura para proteger la innovación. O una de las más importantes: orientar la capacidad de influencia de España a
sus intereses industriales. Estas son algunas de las líneas que desarrollan las noventa y seis medidas concretas, que están a su disposición, y que habrán podido leer, propuestas para el fortalecimiento de la industria en España.


La actual crisis económica ha puesto en evidencia la trascendencia del papel de la industria como generador de crecimiento y empleo, demostrando que aquellos países con un mayor peso de la industria en su producto interior bruto han sido más
resistentes a este ciclo económico adverso al perder menos empleo, al aumentar sus exportaciones y al contribuir así a contrarrestar la caída de la demanda interna y a la mejora de su balanza de pagos. A corto plazo, las iniciativas de esta agenda
contribuirán al crecimiento del valor añadido bruto industrial, permitirán crear empleo y favorecerán la mejora de la posición competitiva del tejido industrial en España, al tiempo que sientan las bases para que a medio plazo nuestro tejido
industrial sea capaz de adaptarse a los nuevos retos globales y a los cambios que ya se están produciendo como resultado de la transición digital en el conjunto de nuestra economía, creando nuevas oportunidades de negocio, utilizando el poder
transformador de la tecnología para aumentar la competitividad y productividad de nuestro tejido industrial. Además, como saben, la Secretaría General de Industria y la Pequeña y Mediana Empresa va a elaborar anualmente un informe de seguimiento
del grado de implantación de las medidas recogidas en esta agenda.


Para terminar, quiero decirles que he leído con detenimiento todas las enmiendas que han planteado desde la oposición, tanto las del Grupo Parlamentario Socialista como las de Convergència i Unió y La Izquierda Plural. Tras su lectura
detallada, quiero decirles que valoramos desde nuestro grupo parlamentario la actitud constructiva de muchas de ellas, y tengo el convencimiento de que con esta actitud podremos trabajar conjuntamente para que esta agenda sea un éxito. Les
proponemos trabajar conjuntamente con el sector industrial de nuestro país, tomar esta hoja de ruta que presenta el Gobierno, apoyar hoy esta

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proposición no de ley con el voto favorable de todos nosotros y asumir un compromiso personal por parte de todos los portavoces de esta Cámara para apoyar al Gobierno y al sector industrial en la puesta en marcha de estas noventa y seis
medidas.


No quisiera terminar sin trasladar mi apoyo a los trabajadores de Bosal, con los que estamos trabajando desde este grupo parlamentario para apoyarles y tratar de que esa industria permanezca en España y siga generando valor añadido.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor García Egea.


Para la defensa de las enmiendas formuladas por los grupos, interviene por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural el señor Centella.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Señorías, para nuestro grupo la denominada agenda para el fortalecimiento del sector industrial en España no es el instrumento adecuado para el sector industrial. Es más, no va a ayudar en nada a que el sector
industrial se convierta en un motor de nuestra economía. En primer lugar, porque no tiene instrumentos financieros ni planes de actuación concretos. Por lo tanto, no va a ser un instrumento útil. En segundo lugar —para nosotros, lo más
importante—, siguen pensando que el relanzamiento de la actividad productiva depende básicamente de la bajada de los costes sociales y laborales y, en función de ello, intentar hacer crecer las exportaciones. Ese es el camino completamente
contrario al que hace falta para nuestra industria. Más allá del nombre, tampoco es un planteamiento de carácter sostenible; al contrario, va contra la sostenibilidad que debe tener cualquier propuesta industrial.


Frente a esta idea, nuestra propuesta tiene como objetivo abordar lo que entendemos que son las bases del relanzamiento de la actividad productiva en el Estado español. Para ello es fundamental la financiación. Es fundamental que de una
vez por todas se pueda financiar el desarrollo industrial. Eso cambia radicalmente el concepto actual de sistema financiero e implica la necesidad de que una banca del sector público pueda apostar por la economía real y no siga enmarcada en la
economía productiva. Señorías, la banca privada no es una ONG ni lo va a ser nunca, por lo tanto, sin una banca pública será imposible que haya en este país un relanzamiento de la actividad industrial. Además, como denunciamos presupuesto a
presupuesto, el déficit de la inversión en investigación y desarrollo es un lastre que seguimos sin superar. Además hemos denunciado en muchas ocasiones el modelo energético, que lastra cualesquier desarrollo sostenible de nuestra industria.


Por último, las políticas de austeridad han deprimido y siguen deprimiendo la demanda interna, por tanto, nuestro grupo ha presentado una verdadera enmienda a la totalidad. Es una enmienda de sustitución porque partimos de principios
diferentes. Ustedes siguen pensando que bajando los costes laborales vamos a ser más competitivos; nosotros creemos todo lo contrario, que bajando los costes laborales lo que estamos consiguiendo es ser cada vez menos competitivos. Por ello hemos
planteado una enmienda que tiene cinco elementos que sí responden a un verdadero plan de relanzamiento y recuperación de nuestra industria. Planteamos que haya un plan global que reactive la industria liderado por el sector público. Evidentemente
el sector privado no es una ONG, y si no hay un sector público competitivo, no se puede hacer un plan global para reactivar la industria. En este sentido, para avanzar es clave una participación sindical, un nuevo modelo productivo. Un nuevo
modelo productivo que parta del empleo, un empleo de calidad, un empleo que pueda reactivar la demanda interna, pero que también se base en la innovación tecnológica de verdad, con inversiones, y en la sostenibilidad medioambiental y en el
fortalecimiento del mercado interior. Ese es el primer punto de nuestra enmienda y es la base de nuestra propuesta industrial. En el mismo sentido, proponemos un segundo punto, que plantea la convergencia con Europa en inversión pública, en
investigación, desarrollo e innovación; crear una banca pública es imprescindible y es nuestra tercera propuesta. Si no hay un nuevo sistema financiero —no nos engañen—, no va a haber financiación para las pequeñas y medianas empresas, no va a
haber posibilidad de financiar la industria. Un cuarto punto es la calidad y la cooperación entre pequeñas y medianas empresas para acometer proyectos industriales de cierta dimensión y se puedan abrir nuevos mercados. Y el último punto es una
planificación energética que apueste por las tecnologías renovables —esas a las que ustedes les han declarado la guerra desde el inicio de su gestión—, que reduzca las dependencias del exterior y que considere el suministro eléctrico como un
servicio público esencial que introduce en la formación de precios en el mercado de energías la transparencia, eso que a ustedes les da alergia.


Como ven, son propuestas alternativas, propuestas que apuestan por la industria sostenible y por el futuro de la economía de este país. Es evidente que confronta con su propuesta. Estamos convencidos

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de que no la van a aceptar, y por ello trasladaremos esta propuesta a través de una proposición no de ley que presentaremos próximamente en esta Cámara.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Centella.


Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Riera.


La señora RIERA I REÑÉ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, antes de entrar en el contenido de la proposición no de ley que nos presenta el Grupo Parlamentario Popular y en la defensa de nuestra enmienda déjenme hacer unas breves consideraciones más generales. En primer lugar, es necesario
recordar una vez más la apuesta inequívoca y contundente de mi grupo parlamentario por la industria. Como siempre, compartimos esta apuesta industrial, que es hoy una apuesta claramente europea, y que aplicamos desde Cataluña. En la definición de
la política industrial el papel de las comunidades autónomas es relevante y es irrenunciable. Entendemos que son necesarias políticas a favor de la industria mirando a Europa desde el consenso y el respeto competencial en materia. En mi grupo
parlamentario creemos que la apuesta ha de ser por una industria moderna, sostenible, seguramente transversal y, sobre todo, una industria competitiva y abierta. Para ello son necesarias nuevas herramientas al servicio de la competitividad
industrial, nuevas herramientas que permitan pasar de una competitividad más frágil, ganada vía salarios, a una competitividad más sólida basada en la innovación y en el valor añadido. El valor de la industria es económico, señorías, pero es
también social, porque la industria es formación, la industria es equilibrio social, contribuye a recuperar el valor y la estabilidad de las clases medias, y la ocupación industrial no será lo que era en términos cuantitativos, pero el valor
económico y social de la ocupación industrial es y será muy relevante. Es necesario resaltar en este contexto que el concepto de la nueva industria por la que apostamos va más allá de los parámetros convencionales y que incorpora la industria
digital o la llamada industria verde. Por ello, hoy hemos de apostar por una industria con capacidad de adaptarse a los cambios, una industria competitiva y que tenga en la innovación uno de sus ejes más importantes. Es importante, señorías, una
hoja de ruta industrial, pero desde el consenso, y sobre todo son necesarias una serie de medidas concretas orientadas a impulsar la competitividad y a fortalecer los factores determinantes de la competitividad industrial, y entre ellos destaco el
energético. Déjenme insistir, en este contexto, en que hay una política industrial muy relevante en las comunidades autónomas, no solo por razón de sus competencias, sino relevante por razón del valor de la proximidad, de la mayor efectividad, del
valor del conocimiento de la propia especificidad territorial, del propio tejido industrial que requiere atención específica y, muchas veces también, medidas diferenciadas. En este contexto, insistimos, como ya hemos hecho en otras ocasiones y en
otros debates, en la importancia y efectividad de la territorialización de los fondos y de los recursos destinados a los programas de reindustrialización y, en concreto, los que afectan a las pymes.


En segundo lugar, en relación con el contenido de la proposición no de ley, si bien compartimos en gran parte la exposición de motivos, nos parece que los objetivos que persigue, y a los que se insta al Gobierno, son extremadamente
generalistas. En su momento, ya manifestamos nuestro apoyo a la agenda, pero es un apoyo no exento de matizaciones, porque aun compartiendo objetivos más generales de la agenda, nos preocupan ciertos riesgos relevantes en su aplicación, por
ejemplo, el riesgo de la aplicación del principio de unidad de mercado, al que mi grupo se opone de manera contundente por razones tanto competenciales como económicas. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). En su
momento manifestamos que la agenda nos parecía excesivamente amplia y ambiciosa, algo que tiene el riesgo de querer abarcar tanto que luego se diluya, y dijimos también que llegaba tarde, el último año de legislatura, cuando la industria debería ser
una prioridad desde el primer momento.


A esta proposición no de ley hemos presentado una enmienda que pretende, en la medida que sea posible, entrar en más detalle y acotar en mayor medida los ejes de actuación y las prioridades de la agenda. En primer lugar, incidimos en la
necesidad de un plan específico para pymes. Las pymes son hoy una parte muy importante del tejido industrial. Han sido las más afectadas por la crisis y requieren de una especial atención. Ya en su momento nuestro grupo presentó una moción,
aprobada también por el Grupo Popular, en la que instábamos al Gobierno a presentar un programa de competitividad para las pequeñas y medianas empresas. Nos gustaría que, en este contexto, aun cuando no lo hayamos especificado en la enmienda, se
reconociese el papel de las comunidades autónomas, tanto en términos de competencias como de proximidad, en la definición del plan y en la gestión de los recursos. En segundo lugar, conscientes de la imposibilidad de abarcar y poner en marcha todas
las medidas…

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La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Riera.


La señora RIERA I REÑÉ: … es necesario —termino, señora presidenta— priorizar aquellas que impactan en factores de competitividad determinantes, como el energético, que hasta hoy no ha contribuido a mejorar los costes; al contrario
—recordemos la situación de la cogeneración o la situación actual de la interrumpibilidad—, y sin olvidar el factor de la innovación como eje de competitividad. Igualmente, los proyectos industriales han de formar parte de los fondos y programas
europeos, como el próximo plan Juncker. Por último —termino, señora presidenta—, y no menos importante —para mi grupo, muy relevante—, es tan importante la coordinación entre ministerios como la coordinación entre administraciones públicas y, sobre
todo, con las comunidades autónomas. Es imprescindible un escrupuloso respeto competencial. Las comunidades autónomas, señorías, tienen un papel determinante en la política industrial; hacen y deben hacer política industrial, y debe ser así no
solo por las competencias que tienen —insisto—, sino también por el valor del conocimiento, de la proximidad y de la efectividad de sus políticas industriales. Por todo ello, el consenso es imprescindible.


Esperamos que el Partido Popular comparta estas propuestas y estos principios y pueda incorporar esta enmienda a su proposición de ley que, en este caso, mi grupo valorará como un voto favorable a la misma.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Riera.


Por el Grupo Socialista, señora Blanquer.


La señora BLANQUER ALCARAZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, hoy se cumplen tres años de la aplicación de la reforma laboral, y lo único que se ha conseguido es precarizar las condiciones laborales sin recuperar los niveles de empleo de 2011. Han apostado por la devaluación salarial y su
prioridad no ha sido cambiar el modelo productivo; han abandonado la industria. Según la EPA del cuarto trimestre de 2014, hay 148.700 ocupados menos; y en enero de 2015, 225.717 afiliados menos en industria que en 2011. Según los últimos datos
del Dirce publicados por el INE, 19.638 empresas del sector industrial se han destruido desde 2011 en España. El año 2014 concluyó, para la producción industrial, de forma negativa; con la de diciembre ha acumulado tres caídas consecutivas en
términos mensuales, lo que se traduce en un descenso interanual del 0,9 %. Por tanto, como así demuestran los datos, se refleja un grave problema estructural de pérdida de tejido productivo en nuestro país.


En un contexto macroeconómico favorable, como el actual, es preocupante que la recuperación no llegue al conjunto del sector industrial. Sin lugar a dudas, necesitamos una base industrial fuerte para apuntalar el crecimiento económico y la
generación de empleo. Pero no basta con decirlo, sino que deben programarse, presupuestarse y desarrollarse las medidas para conseguirlo. En definitiva, se requiere de una estrategia integral de política industrial, política a la que el Partido
Popular renunció nada más empezar la legislatura. Despreciaron y no aplicaron el Plan integral de política industrial 2020, que aprobó el Gobierno socialista en noviembre de 2010, con presupuesto hasta el año 2015, consensuado con los agentes
sociales, con representantes del tejido industrial y con las comunidades autónomas; recogía 124 actuaciones, y tres años después presenta el Partido Popular la llamada agenda sin cronograma y sin presupuesto.


Acaban de aprobar el presupuesto de 2015, no hay mención alguna a esta agenda, y no han aprobado ninguna de las enmiendas que les hemos presentado para reforzar la industria. El hecho de que hoy el Partido Popular, en el último tramo de la
legislatura, nos presente una iniciativa en la que se insta a calendarizar las acciones contenidas en esta agenda, lo único que viene a confirmar es la dejadez y el abandono del Gobierno en política industrial durante toda la legislatura. Sin
plazos y sin dotación presupuestaria, la agenda solo se convierte en un recurso mediático improvisado de meras intenciones. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Además, no ha contado con la colaboración de las comunidades autónomas
competentes en materia de industria y de empleo. Por tanto, la agenda no articula una política coherente y coordinada que impida duplicidades de actuación, que garantice la armonización fiscal y que, de manera eficiente, garantice un tejido
industrial fuerte en los distintos territorios. No da respuesta a la desindustrialización y despoblación que se está dando en nuestro país. Son ya muchas las empresas que consiguieron, con ayudas públicas, instalarse, y que ahora cierran —o
pretenden hacerlo— por el interés de ubicarse en nuevos territorios que les permitan nuevas ventajas,

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provocando la desindustrialización de zonas de alta tradición industrial y un impacto muy negativo en la economía y el empleo de la zona. Este es el caso, por ejemplo, de la empresa Bosal en Sagunto.


La realidad es que vivimos en un contexto en el que sigue habiendo muchos ciudadanos que temen perder su empleo, y muchos otros que ya lo han perdido y que temen no encontrar uno nuevo. Esa es la realidad de la gente y no otra. Señorías,
los socialistas estamos de acuerdo en que hay que fortalecer la industria para generar empleo, y no pueden perder ni un minuto más; ya han perdido bastante tiempo. Hay que apuntalar la industria existente, pero dada la pérdida empresarial de los
últimos años, y de la desindustrialización a la que están sometidos muchos de los territorios que conforman nuestro país, esto no es suficiente. Es necesario apostar por la creación de nuevas empresas para generar nuevos puestos de trabajo en los
próximos años, además de modernizar la actividad industrial tradicional para volverla más productiva e intensiva en tecnología y conocimiento. Es necesario llevar a cabo una estrategia de política industrial a medio y largo plazo, que haga
competitiva la localización de empresas de alto valor añadido de nuestro territorio y el pago de los impuestos en nuestro país. Este es un gran reto al que nos enfrentamos y en el que la seguridad, la formación de los trabajadores, empresarios,
emprendedores, en definitiva, el conocimiento, deben ser clave para conseguirlo. Esto no puede hacerlo el Gobierno solo; se requiere del compromiso de todas las administraciones con competencias en la materia y de los sectores y agentes
implicados.


Por todo ello, les hemos propuesto una enmienda de modificación en la que instamos a elaborar un plan de acción para la reindustrialización, capaz de contribuir a un crecimiento económico y social sólido, sostenible y generador de empleo de
calidad; consensuado con las comunidades autónomas y los agentes sociales y económicos; en línea con la agenda europea y acorde con la realidad sectorial; que contenga medidas específicas, calendarizadas y con dotación presupuestaria para
incorporar la innovación al tejido industrial, promover el dinamismo empresarial y mejorar la productividad. Asimismo, les proponemos una evaluación anual imprescindible para analizar el alcance de los resultados y el cumplimiento de los objetivos.


En definitiva, y para terminar, le pedimos un plan de acción concreto, consensuado, en el que todos los agentes implicados se sientan comprometidos, coordinados y con dotación presupuestaria, con plazos y con presupuesto, algo que no ocurre
en estos momentos. Con nuestras enmiendas no pretendemos volver a empezar un proceso, sino corregirlo, complementarlo y convertirlo en una verdadera apuesta por la industria y por el futuro de este país. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Blanquer.


En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto, el señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.


Señorías, hoy ustedes aquí nos hablan de fortalecimiento del desarrollo industrial, nos hablan de recuperación económica, nos hablan de racionalidad y de coordinación económica e industrial. Pues bien, yo hoy les hablaré de otras
realidades. Ustedes son incapaces de plantar cara a las multinacionales que deslocalizan sin ningún tipo de responsabilidad social, aun cuando estas empresas trasnacionales hayan recibido subvenciones públicas, créditos públicos a bajo interés,
beneficios múltiples de todas las administraciones, etcétera. La pregunta es: ¿dónde esta la racionalidad? No existe. Solo existen dos víctimas: por un lado, los trabajadores y, por otro, la desertización industrial.


No obstante, hay otra realidad: la falta de planificación y de coordinación, cuando no la deslealtad institucional o la guerra sucia. Fíjense (muestra un cartel en catalán), Anovo Euroterminal, una empresa de L’Hospitalet de Llobregat, una
empresa puntera dedicada a la reparación de teléfonos móviles con más de un centenar de trabajadores, a la calle. Y, ¿saben por qué? Porque en esta empresa —repito, una empresa que ha desarrollado tecnología— ahora hay alguien que desde Madrid ha
decidido —Anovo Central y Orange, atención Orange— deslocalizar y recentralizar la producción en Madrid. Toda la actividad de la empresa, nacida —repito— en L’Hospitalet de Llobregat, deslocalizada a Madrid y las autoridades mirando hacia otra
parte. ¿Qué sentido tiene esta descapitalización? ¿Qué sentido tiene esta recentralización de la mano de Orange, repito? ¿No habíamos quedado, desde la Administración española también, en que se apostaba para que Barcelona y su área metropolitana
se convirtieran en un pool de referencia en todo aquello que atañe a las nuevas tecnologías relacionadas con la telefonía móvil? ¿No se celebra en Barcelona el Mobile World Congress? ¿A qué viene este ataque permitido desde la Administración
española, y quizá fomentado desde Madrid? ¿Cuál es la operación de calado que hay detrás de todo ello? ¿Acaso dinamitar el sector de la telefonía móvil en Cataluña? ¿Esta es la operación

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de calado? Les instamos a moverse, no permitan, no toleren o dejen de facilitar esta irracionalidad. Queremos hacer también un llamamiento a todos los trabajadores, a los ciudadanos españoles. Nosotros los catalanes hemos sido muy
solidarios (Muestra el mismo cartel). Yo mismo desde esta tribuna he llamado a la solidaridad con los trabajadores madrileños de Coca-Cola. Creo que hemos demostrado nuestra solidaridad activa; ahora lo que pretendemos es que también se sea
solidario desde Madrid, porque la causa de los trabajadores de Madrid es la causa de los trabajadores catalanes. Nadie puede poner en duda este axioma. (Pronuncia palabras en catalán). Que coja el toro por los cuernos y que no permita esta
deslocalización salvaje e irracional. (Continúa su discurso en catalán). Este es nuestro llamamiento. Así pues… (Termina su intervención en catalán).


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.


Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señorías, señores del Grupo Popular, por enésima vez nos vienen ustedes a esta Cámara con una iniciativa cuyo objetivo es más publicitario y electoralista que el de abordar un tema de fondo
importante, como es el tema industrial, tal y como debe ser abordado. Podemos incluso coincidir con la mayoría de los grupos parlamentarios en que el fortalecimiento y el apoyo a la industria puede ser el camino adecuado y necesario para salir de
la crisis con cierta solvencia y garantías, desde el Grupo Vasco estamos plenamente convencidos de ello. Es cierto que hasta la Unión Europea entiende que la política industrial, incluida la energética, debe ser una palanca que impulse el
crecimiento económico y el empleo. ¿Dónde está entonces el problema, señores del Partido Popular? El problema está en que esos asuntos no son nada simples y no pueden ser considerados al margen de la realidad material, al margen del ámbito
competencial, como si el PP y el Gobierno central pudieran actuar por su cuenta, ajenos a lo demás.


Señores del PP, como saben, la industria en Euskadi tiene un peso relativo y una relevancia muy superior a la media del Estado. La tradición industrial, la formación y cualificación de los trabajadores, el compromiso empresarial de décadas,
el papel activo de las instituciones públicas, el apoyo e impulso a la I+D+i, a la internacionalización, la utilización de la fiscalidad en beneficio de la actividad empresarial y un largo etcétera, forman parte de una cultura muy arraigada, un
quehacer y una experiencia que no se improvisan de la noche a la mañana. Por lo tanto, para el cambio, el impulso y para fortalecer la industria hace falta voluntad, sí, pero también capacidad, de lo contrario, las ideas pueden quedarse en agua de
borrajas. ¿No se dan cuenta, señores del Partido Popular, que si aplicamos el objetivo del 20 %, por ejemplo en Euskadi tendríamos que desinvertir en la industria, dar marcha atrás, es decir, perder peso en la economía? Tampoco quieren enterarse
de que las competencias en política industrial están en manos de las comunidades autónomas y de que además no puede ser de otra manera. No es posible instrumentar medidas de política industrial de arriba abajo al margen de la realidad local; si se
empeñan en ello despilfarrarán recursos y nada conseguirán en el campo industrial. Tan solo la actuación desde el terreno, conociendo perfectamente los resortes, las fortalezas, las carencias, las debilidades, utilizando los cauces existentes,
etcétera, tan solo así será posible implementar una política industrial exitosa. Lo hemos dicho en multitud de ocasiones y lo seguiremos diciendo cuantas veces haga falta: si quieren ser eficaces, trasladen sus preocupaciones e ideas a las
comunidades autónomas. No pretendan descubrir el Mediterráneo que, por cierto, ya está descubierto hace muchos años. En Euskadi venimos trabajando en materia de política industrial desde hace muchísimos años, desde que recuperamos las
instituciones de autogobierno. Además, es competencia, como le decía, tanto del Gobierno como de las diputaciones forales actuar en el campo industrial.


Señorías, si revisan su enfoque; si cambian de orientación, tal y como también les ha sugerido el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), podrían contar con nuestro grupo, con nuestras ideas y con nuestro trabajo. Si por el
contrario lo único que pretenden es hacer publicidad y propaganda, tal y como sospecho, haciendo propuestas de carácter electoralista —a estas alturas de la legislatura, que también se ha dicho—, no cuenten con nosotros. Sé que las tentaciones
electoralistas pueden ser muy fuertes, pero les pediría que no generen expectativas fraudulentas en la población, que está esperando medidas eficaces para salir de la profunda crisis en la que aún nos encontramos. Si reconocen la realidad
territorial, si respetan el marco competencial y si a partir de ahí pretenden impulsar y colaborar en el desarrollo de una política eficaz, nos encontrarán. Mientras tanto, no estamos para perder el tiempo. Votaremos que no a esta iniciativa del
Grupo Parlamentario Popular precisamente porque consideramos que la política industrial es muy importante para consolidar el crecimiento económico que se precisa. Tan

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solo si aceptan algunas de las enmiendas, que podría ser la de Convergència i Unió, el respeto al ámbito competencial, y ponderaran su iniciativa con los contenidos que otros grupos parlamentarios han propuesto, tan solo en ese caso, si nos
parecen razonables, llegaríamos a la abstención.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.


Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.


El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.


Yo quiero ser breve para tratar de una proposición de ley que, francamente, tiene un problema, que es su insustancialidad. Me parece forzar las cosas, aunque hoy parece que estemos en el día de la vacuidad, ocupar tanto tiempo como el que
estamos ocupando, por lo que trataré de no ocupar más.


Por supuesto que creo que todos compartimos el objetivo absolutamente obvio de que es necesario aumentar la base industrial de la economía, potenciar la industria. Curiosamente uno de los efectos de la crisis ha sido la recuperación
parcial; pero no gran cosa, poco más de un punto del PIB industrial o de la parte industrial del PIB en España. Pero esto es por otra parte completamente contradictorio con otras actuaciones del Gobierno y ustedes lo saben porque lo hemos
discutido muchas veces en Comisión y en Pleno. Es decir, por ejemplo, la política energética —y la energía es el segundo capítulo de costes industriales— ha sido una política energética en contra de la industria. Basta recordar los escandalosos
peajes y tasas a la cogeneración, que es fundamental para la siderurgia, la metalurgia, la cerámica, las cementeras y otras industrias más. Hay sectores que son industriales, como los ligados al mundo digital, que no se encuentran más que con
barreras de desarrollo y de accesos. No hacen ningún tipo de política a favor del desarrollo de sectores emergentes. En realidad, que la crisis y últimamente la pérdida de valor del euro frente al dólar hayan favorecido las exportaciones no es
precisamente algo de lo que un Gobierno debiera presumir, sino una consecuencia positiva no deseada de una política industrial inexistente. Más; este mismo año electoral hay 5.500 millones presupuestados de inversión en AVE. Buena parte de ese
dinero estaría mucho mejor dedicado precisamente a una política industrial que, insisto, no existe. Y ya para terminar, porque he prometido no alargarme, es que es además una proposición no de ley desde el punto de vista lógico sin ninguna
consistencia, porque comienza afirmando: El Gobierno del PP ha puesto en marcha… Y termina diciendo que se le pide al Gobierno que pongan en marcha la política que dicen que ya está. Miren, la lógica hay que tomársela un poco en serio. Yo
comprendo que el Grupo Popular tiene dificultades para llenar el tiempo parlamentario que le toca como grupo mayoritario y se dedica a traernos este tipo de cosas, que no es la primera vez, pero, la verdad, no es serio. No creo que sea el trabajo
de esta Cámara contra la crisis el presentar cosas que no van a ninguna parte y que además no tienen las consecuencias lógicas que se siguen. Si ustedes creen que el Gobierno está incumpliendo su propia agenda industrial, que es lo que dice esta
proposición no de ley, ¿saben lo que tendrían que hacer? Presentar una moción de censura al Gobierno. Nosotros la apoyaríamos con mucho gusto.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Gorriarán.


Señor García Egea, ¿acepta su grupo alguna de las enmiendas?


El señor GARCÍA EGEA: Estamos preparando una transaccional.


El señor PRESIDENTE: Muy bien, muchas gracias.


— DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL PLAN DE ACCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD FRENTE A LA HEPATITIS C. (Número de expediente 162/001126).


El señor PRESIDENTE: Vamos a ver ahora la proposición no de ley del Grupo Socialista sobre el plan de acción del Sistema Nacional de Salud frente a la hepatitis C. Este será el último punto que debatiremos esta tarde.


Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Martínez Olmos.


El señor MARTÍNEZ OLMOS: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, subo a esta tribuna para debatir una proposición no de ley sobre un tema que está siendo recurrente en los últimos meses: el abordaje que el Gobierno está haciendo de la necesidad de atender

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una enfermedad como es la hepatitis C; unos pacientes que tienen ante sí la posibilidad de tener nuevas terapias que suponen un milagro capaz de curar una enfermedad que hasta ahora era casi de curso fatal y un retraso en la actuación por
parte del Gobierno que tiene, desgraciadamente, un coste importante en salud, en desesperación y a veces incluso en vidas. Esto es algo que no nos podemos permitir y por eso pensamos que hay que traer una y otra vez a este Pleno la necesidad de
abordar de manera concreta, adecuada y como se merecen nuestros pacientes, la atención a quienes sufren la hepatitis C. Hasta que no se resuelva, mi grupo parlamentario va a traer aquí este tema, porque, a pesar de que el Gobierno ha rectificado, lo
ha hecho a empujones y, a pesar de eso y de que va en una dirección que nos da alguna esperanza, seguimos teniendo enormes dudas de que sea eficaz el planteamiento que se está haciendo.


Señorías, pocas veces en medicina nos encontramos con la posibilidad de disponer de unos fármacos o de unas terapias para poder curar una enfermedad grave; cuando eso sucede, estamos prácticamente ante una especie de milagro de la medicina
y, cuando eso ocurre, es lógico que los profesionales de la medicina y de la enfermería, que la sanidad y que los pacientes vean con enorme expectación y esperanza la aparición de esas nuevas terapias que pueden ser, como decía, una especie de
milagro. Los pacientes lógicamente se impacientan si ven que no hay respuesta a sus necesidades cuando los médicos deciden que tienen derecho a una terapia para tener la esperanza de salvar la vida, mejorar o curar esta enfermedad. ¿Qué ha pasado?
Pues que el Gobierno ha sido cicatero en los planteamientos que ha hecho en relación con la hepatitis C durante muchos meses; ha desatendido la reivindicación que hacían mi grupo parlamentario y otros grupos, las sociedades científicas médicas y
las propias asociaciones de pacientes. Lo ha hecho de una manera que no tiene explicación alguna y nos ha hecho perder un tiempo precioso. Mi grupo parlamentario cree imprescindible poner en marcha un plan a nivel nacional para que el conjunto del
Sistema Nacional de Salud ofrezca garantías a los pacientes de que se va a hacer prevención cuando se pueda, detección precoz cuando sea necesaria, atención sanitaria con las nuevas terapias que el mercado pone a nuestra disposición cuando la
evidencia científica así lo determine y los médicos, por tanto, así lo decidan y que para que eso sea una realidad existen los recursos y la financiación necesarios. Y aquí nos encontramos con una cuestión que está generando un debate importante,
trascendente, no solamente en España sino a nivel internacional: el precio de estas terapias es injustificable, injustificable. No se puede justificar que el precio de una terapia llegue a alcanzar los 40.000, 50.000 o 60.000 euros, máxime cuando
estas son terapias que se van a ir aplicando en el conjunto de la Unión Europea y en otros países, cuando vamos a aspirar en nuestra acción en el ámbito internacional a que sean terapias que lleguen a todo el globo terráqueo y, por tanto, cuantos
más pacientes puedan ser atendidos más posibilidades de que el coste unitario sea menor. Hacemos aquí un llamamiento a las compañías farmacéuticas que tienen que hacer un esfuerzo para explicar por qué estos son los precios que quieren imponer para
estas nuevas terapias, que suponen en la práctica una dificultad de acceso para pacientes de muchos países. Pero, dicho eso, el Gobierno no ha negociado bien el precio de estas terapias. Señorías, yo les anticipo que dentro de poco vamos a tener
precios menores de estas terapias, entre otras cosas porque el Gobierno no se había comprometido a hacer un abordaje como tiene que ser. Todos los pacientes de hepatitis C que estén en los registros de las comunidades autónomas, todas las personas
que detectemos tienen que tener una respuesta en un plan, tienen que tener una respuesta planificada, decidida en función de la evidencia científica, ordenada en función de criterios clínicos, y eso les ofrece una esperanza a los ciudadanos, les
ofrece una esperanza a los pacientes, pero también ofrece un arma poderosa al Gobierno para definir el precio adecuado de esas nuevas terapias con las compañías farmacéuticas. Así lo hemos venido haciendo siempre en el Sistema Nacional de Salud y
eso no ha comprometido la viabilidad de la sostenibilidad de la sanidad pública española. Por eso, señorías, nosotros planteamos en nuestra proposición no de ley desarrollar ya el plan nacional de hepatitis C. Asimismo, proponemos una cuestión que
es vital: no se le puede decir a la gente que vamos a hacer un plan para todos, que vamos a garantizar que todos los pacientes que tengan necesidad de nuevas terapias según la evidencia clínica y la decisión de sus pacientes van a acceder a esas
nuevas terapias si no hay garantía de financiación. No es tiempo de juegos florales, no es tiempo de articulaciones por escrito que parece que pueden dar una garantía que luego no es una garantía real. Es tiempo de estar con la gente, es tiempo de
asegurar que las personas en España van a poder beneficiarse de sus derechos y de una supuesta recuperación económica que le tiene que llegar al conjunto de los ciudadanos. Por eso vamos a insistir, vamos a defender en todos los lugares que los
ciudadanos, los pacientes van a tener respuesta sí o sí, porque no se puede aceptar otro planteamiento.

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Hemos recibido, señor presidente, una serie de enmiendas de los grupos parlamentarios, y yo anticipo que vamos a poder aceptar propuestas que nos han hecho el Partido Nacionalista Vasco, Izquierda Unida, UPyD, que les vamos a presentar un
texto para su votación. Desgraciadamente, no hemos podido llegar a un acuerdo con el Partido Popular, yo reconozco que lo han intentado, pero la falta de compromiso de financiación para un plan como éste sinceramente impide, en el momento en el que
estamos, un acuerdo que la gente entendería que no les da garantías y no estamos para no resolver los problemas de manera definitiva. Por lo tanto, señorías, mi grupo parlamentario hace ese planteamiento, abre la mano, quiere que vayamos todos
juntos, sería una buena señal que los ciudadanos vieran que, efectivamente, el Gobierno rectifica, pone en marcha las medidas que tuvo que adoptar y de alguna manera también me gustaría que pidieran disculpas por ese retraso porque nos ha costado
mucho sufrimiento, sobre todo a los pacientes, algo de salud y algunas vidas.


Muchísimas gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Olmos.


Se han formulado en efecto enmiendas y para su defensa, en primer lugar, por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.


El Grupo Socialista ha presentado una proposición no de ley sobre la necesidad de una estrategia de prevención y de actuación ante la hepatitis C. Como bien ha señalado el señor Martínez Olmos, la hepatitis C es una enfermedad causada por un
virus que infecta y desarrolla una patología que en algunos casos es leve y en otros se cronifica; su gravedad sobre todo está en la cronificación, que genera problemas posteriores. El caso es que afecta a muchos millones de ciudadanos en el
mundo. La pertinencia del tema es oportuna porque tiene importancia, pero viene a su vez acompañada por un gran eco mediático y social derivado en gran parte por el uso o no uso, sobre el suministro o no suministró de cierto fármaco en el Sistema
Nacional de Salud. No es por lo tanto una enfermedad nueva, que haya aparecido ahora, es decir, eso lo conocemos, lo hemos tratado, lo hemos vivido, quizá la repercusión ha venido por otros lados.


El Grupo Vasco ha presentado una enmienda que incluye básicamente dos elementos fundamentales a nuestro entender y que mejora el texto presentado por Grupo Socialista. En el primer punto que planteaba el Grupo Socialista estamos de acuerdo,
en que hay que hacer un plan de acción del Sistema Nacional de Salud frente a la hepatitis C que fomente la prevención, la detección precoz y el tratamiento eficaz en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos y pacientes mediante un
protocolo clínico elaborado en base a evidencias científicas. Nada que objetar, evidentemente creemos que es positivo; lo malo es si solo es literatura, pero en lo que dice el Grupo Socialista estamos de acuerdo. Dicho plan, eso sí, tiene que
elaborarse con el consenso de las comunidades autónomas, sobre todo, y también de las sociedades científicas y organizaciones de pacientes.


Hemos presentado un segundo punto que creo que es importante, que es que el precio excesivamente alto de los medicamentos más recientes para tratar esta hepatitis C, los antivirales de acción directa, pueden poner en peligro, en serio
riesgo, la sostenibilidad de los sistemas de salud de las comunidades autónomas dada la elevada prevalencia de la enfermedad. Por ello, planteábamos como punto instar al Gobierno a que el órgano actualmente responsable de la fijación de precios de
los medicamentos, el Ministerio de Sanidad a través de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, proceda a renegociar los precios de los medicamentos antivirales de acción directa y establezca unos precios asumibles por los
sistemas de salud de las comunidades autónomas y que sean más equilibrados en relación con los costes de producción de los mismos. Este es un eje fundamental y estamos hablando de algo muy importante. Creo que es importantísima la responsabilidad
de la industria farmacéutica a la que antes apelaba el señor Martínez Olmos. Es industria, pero también es farmacéutica. Es industria, pero tiene una responsabilidad social con lo que hace. No es lo mismo elaborar cualquier cosa que elaborar
fármacos para nuestra salud. Por tanto, pedimos y queremos que esa responsabilidad, y apelamos a ello, de la industria farmacéutica negocie como es debido, con precios asumibles y que se plantee en esta situación en la cual todos creemos que se
debe llegar a un acuerdo.


Por último, planteamos un tercer punto que es que el papel de las comunidades autónomas en el proceso de negociación y fijación de precios de los medicamentos es actualmente de carácter testimonial. Teniendo en cuenta que las comunidades
autónomas son las que financian el coste de los medicamentos en el tratamiento de los pacientes, sería deseable, recomendable incluso, una mayor participación en el proceso de decisión. Por ello, instamos al Gobierno central, a través del
Ministerio de Sanidad, a desarrollar

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un proceso normativo que garantice la participación efectiva de la Comunidad Autónoma de Euskadi en este caso en el proceso de negociación de precios de los medicamentos. Y preguntarán otros: ¿Y por qué no en otras comunidades? Estamos de
acuerdo en que cada una lo pida, porque quizá algunas no quieren participar y, según los estatutos, Euskadi y Cataluña, las primeras que tenían la competencia, eran competentes en esa materia. Por tanto, yo, como represento a los ciudadanos de
Euskadi, pido que la Comunidad Autónoma de Euskadi participe ahí y si otras comunidades quieren hacerlo que lo soliciten también, porque esta fórmula que se ha ultimado de que de forma rotatoria estén dos testimonialmente, no nos convence en
absoluto. Nosotros queremos estar y pedimos que se desarrolle una norma para poder articular esa presencia. Esto además no es nuevo. Mi grupo lo ha solicitado siempre, a este y a otros Gobiernos, incluso alguna ministra adquirió un compromiso con
mi grupo para conseguir eso; para nada. La palabra, como tantas otras veces, se la llevó el viento. Solo responden algunos grupos a los acuerdos cuando están pillados. Esa es la realidad.


Como veo que se me acaba el tiempo, quiero decir que ante este problema ha habido mucho eco mediático. En Euskadi solo en este mes de enero ha habido alrededor de 120 pacientes nuevos tratados con los nuevos medicamentos de la hepatitis C.
Semanalmente van entrando nuevos fármacos. Es falso que para el tratamiento de la hepatitis C solo haya un único fármaco y que antes de este medicamento no se estuviera tratando la hepatitis C.


El señor PRESIDENTE: Señor Agirretxea, tiene usted que acabar.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Acabo.


Por tanto, cierro con una frase del consejero de Salud del Gobierno vasco que decía en una misma sentencia dos cuestiones. No solo Sovaldi cura la hepatitis C y nunca dejaremos a nadie sin tratamiento. Eso está ocurriendo en Euskadi y
espero que pase en otros lugares también.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Agirretxea.


Para la defensa de la enmienda del Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Cantó.


El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señor presidente.


Apoyamos y por eso enmendábamos esta propuesta que nos trae hoy el Grupo Socialista, porque trata de dar una solución urgente además a los afectados por la hepatitis C. No quisiera entrar en argumentos económicos, señores del Grupo Popular,
porque tendríamos que entrar y preguntarles a ustedes cuánto vale una vida humana. En todo caso, el precio que le pusiéramos me parecería irrelevante, porque para mí es bastante vergonzoso que no estén ustedes dando una solución como este problema
merece y además con la máxima rapidez. Lo que sí volvemos a ver es que el Gobierno del Partido Popular vuelve a demostrar una vez más una absoluta falta de empatía hacia los ciudadanos, hacia lo que se esconde tras las cifras que ustedes manejan,
tras sus recortes, tras sus prioridades presupuestarias. Llevamos meses hablando de este tema, de un tema que no acaba de solucionarse y este paso del tiempo se traduce en un empeoramiento de la salud de los enfermos e incluso en más muertes.


¿Qué quisiéramos nosotros? Nosotros creemos que el Gobierno que merecen los españoles debería estar ahora mismo trabajando en Europa para formar un frente único con el resto de Estados y negociar así con fuerza ante el laboratorio para
abaratar mucho el precio. Además, ese Gobierno que nosotros creemos que merecemos los españoles habría revisado ya hace tiempo el sistema de negociación y fijación de precios de estos medicamentos, para conseguir así una mayor transparencia a la
hora de fijar estos precios, evitando un abuso como este del que tratamos hoy. Entre las numerosas cifras que se barajan —porque ha habido un baile bastante importante de ellas—, nadie parece discutir que hoy en día existen alrededor de 35.000
personas en un estado avanzado de la enfermedad que podrían salvar su vida con la administración de este fármaco. Sé que estaríamos hablando de cientos de millones de euros, pero, señorías, nosotros en los Presupuestos Generales del Estado hemos
presentado enmiendas una y otra vez que demostraban que en esos presupuestos todavía podemos ahorrar miles, no cientos, miles de millones de euros en duplicidades y en organismos innecesarios. Comencé diciendo que no quería utilizar argumentos
económicos, pero les recuerdo que ustedes podrían ahorrar también mucho aplicando estas vacunas, porque ahorraríamos en muchos gastos que tienen que ver con hospitalizaciones muy

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prolongadas o, por ejemplo, evitando muchos trasplantes con los que tenemos que enfrentarnos ahora mismo. Repito, ¿cuáles son sus prioridades? ¿A quiénes defienden ustedes, señores del Partido Popular?


La organización de Médicos del Mundo, que considero que en esta ocasión me defiende y me representa mucho mejor que ustedes, ha hecho algo muy distinto. Se lo voy a explicar. Lo que han hecho no es imposible, porque se ha hecho en Brasil y
en India. Están impugnando la validez de una patente, ¿saben por qué? Por abuso manifiesto, que es lo que está sucediendo ahora, porque el precio es excesivo, porque la desigualdad que genera es injustificable, ya que en algunos países el precio
de este medicamento puede doblar el que se presenta en otros. ¿Saben ustedes lo que pasaría a costar este medicamento si ustedes estuvieran haciendo lo que ha hecho estas ONG? 88 euros. Además, Médicos del Mundo aduce que esta molécula no es lo
suficientemente novedosa como para patentarla. ¿Para quién trabajan ustedes, señores del Partido Popular, para los ciudadanos que están afectados por esta enfermedad o para el laboratorio que va a hacer el negocio del siglo con ella. ¿Para quién
trabajan ustedes? Porque estamos hablando ni más ni menos que de una limitación de los derechos humanos, y mientras tanto ¿qué hacen ustedes? Ustedes se limitan, como siempre, a elaborar un plan estratégico, cuyo primer borrador todavía no está
listo. Yo hablé de este tema con ustedes hace ya meses en la Comisión pertinente y el borrador todavía no está listo. ¿A qué esperan, señores del Partido Popular? Como siempre, ustedes vuelven a ofrecer solo palabras, porque una vez más no se han
comprometido con un fondo extraordinario que acompañe este plan. De nuevo nos presentan ustedes palabras vacías, propuestas sin acompañamiento presupuestario. Una vez más palabras vacías, señores del Partido Popular, que en este caso no curan.
Les vuelvo a decir que nosotros y los enfermos de hepatitis C merecemos un Gobierno mucho mejor que el que ustedes nos están dando.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cantó.


Por el Grupo de La Izquierda Plural y para presentar su enmienda, tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Señorías, otra vez más debatimos sobre el tratamiento de los pacientes de hepatitis C. Mi grupo parlamentario cree que este debate es justo y oportuno. Mi grupo parlamentario coincide con el resto de grupos
parlamentarios que en esta Cámara están reprochando al Gobierno la tardanza y la restricción en relación con los nuevos fármacos para la hepatitis C. Hubo un índice de posicionamiento terapéutico, hubo una estrategia terapéutica y está en marcha
otra estrategia para la que ha sido nombrada una comisión recientemente. Da la impresión, no solamente a los pacientes desesperados porque no les llega el tratamiento, no solamente a los grupos parlamentarios, de que el Gobierno está ganando
tiempo, y los pacientes no lo tienen. En ese sentido, mi grupo parlamentario comparte que es necesario un plan objetivo que tenga criterios clínicos, que sea creíble y que tenga certidumbre para los pacientes y los profesionales y también respalda
lo relativo a adecuar los presupuestos e incluso el reparto de competencias para que haya financiación, pero, señorías, nos quedaríamos en la superficie si, al igual que en los prolegómenos de la crisis económica, no nos diéramos cuenta de que en el
caso de la hepatitis C se está produciendo un cambio importantísimo que afecta —es verdad— a la expectativa de los pacientes, pero también a la viabilidad futura de los sistemas sanitarios. Es la primera vez que nos ocurre que tenemos la capacidad
de tratar y de erradicar una enfermedad y la gran dificultad no ya para los sistemas privados sino para los sistemas públicos es el precio abusivo de una multinacional.


En el caso del ébola, señorías, el problema fue que no había demanda, es decir, ante la falta de demanda no había investigación y por tanto cuarenta años y todavía no teníamos terapéutica. En el caso de la hepatitis C, donde hay una demanda
potencial de millones, nos encontramos con el reverso, y el reverso es la especulación. ¿Vamos a poner pie en pared y parar la especulación? Esa es la pregunta. Para eso no basta únicamente con que el Gobierno cambie su política de gestión, no
basta únicamente con la política de comunicación del Gobierno, que tiene los mismos defectos que la del ministerio anterior. Es necesario cambiar las relaciones con las empresas multinacionales porque este fármaco, señorías, para incluso retribuir
el interés normal en el mercado a la multinacional, no debería costar más de 100 euros; sin embargo, cada tratamiento va a costar más de 25.000 euros al sistema sanitario. Señorías, si abrimos en este tema la veda, no solamente está en peligro la
accesibilidad de los tratamientos por parte de los ciudadanos, sino también el sistema sanitario público; por tanto, hay que poner pie en pared. Eso significa adoptar las medidas que hoy se proponen, como mejora de la gestión, gestión clínica o
puesta en marcha de un fondo, pero eso no bastaría porque ¿qué vamos a pagar, lo que pidan? ¿Vamos a aceptar lo que quieran o realmente hay una estrategia europea y una estrategia española para doblar el

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brazo a las compañías multinacionales? Europea porque hay masa crítica y española porque utilizamos la licencia voluntaria y también, si es preciso, la licencia obligatoria. No nos van a tomar el pelo porque nos jugamos la salud de los
ciudadanos y el sistema sanitario público. Por eso hemos presentado las enmiendas, porque creemos que este es un indicador del presente y del futuro de nuestro sistema sanitario. Si lo abordamos bien, hay futuro; si no, vamos a tener muchos
problemas.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Llamazares.


Para presentar la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Angulo.


La señora ANGULO ROMERO: Señor presidente, señorías, disponer de nuevos medicamentos que puedan avanzar en la curación de la hepatitis C es una muy buena noticia para los afectados y también para el conjunto del sistema. Nosotros lo vemos
como una oportunidad y así lo ha visto también el Gobierno. En contra de lo que han dicho aquí algunos portavoces, el Gobierno ha trabajado intensamente para facilitar los nuevos medicamentos a los afectados; lo hizo aprobando las guías y, aún
más, incorporando a la financiación pública todos los medicamentos que iban siendo aprobados. De hecho —ustedes lo saben, aunque intencionadamente no lo mencionen—, España es uno de los pocos países que los han incorporado todos. Los españoles
tienen hoy acceso a tratamientos de los que no pueden disfrutar muchos ciudadanos europeos. Por eso, si algo debe quedar claro hoy aquí es el compromiso del Gobierno de que todos los pacientes que cumplan con los criterios clínicos establecidos
recibirán su tratamiento. Eso, señorías, es lo que quieren los afectados. (Aplausos).


Precisamente para garantizar la equidad en el acceso a los tratamientos insistimos en la necesidad de elaborar el plan estratégico para el abordaje de la hepatitis C. Un plan que cuente con la participación de expertos y que fomente la
prevención, la detección y el tratamiento eficaz en condiciones de igualdad para todos; que se elabore con el consenso de las sociedades científicas, de los pacientes y de las comunidades autónomas; que nos permita elaborar el registro de
pacientes para saber el número real de personas que pueden estar afectadas y no manejar malintencionadamente las cifras, y que defina los criterios clínicos para asegurar el acceso a estas nuevas terapias a todos los ciudadanos en condiciones de
igualdad, vivan donde vivan. Eso es equidad. Un plan más amplio incluso que el que pide el Grupo Socialista. Esa es nuestra propuesta. Pero me gustaría insistir en que, mientras se elabora ese plan, los afectados no están siendo desatendidos.
España tiene el arsenal terapéutico, están elaboradas las guías y hasta finales de enero alrededor de 4.500 pacientes han recibido los tratamientos que les han sido prescritos. Por tanto, no es verdad que se esté desatendiendo a los pacientes. Con
el plan se pretende avanzar y mejorar la situación, pero no nos quedamos ahí. A diferencia de ustedes —el Partido Socialista— que aprobaban planes sin dinero que luego no servían para nada, en nuestra enmienda pedimos que se asegure la aplicación
de dicho plan. La incorporación de estas innovaciones supone un reto para el Sistema Nacional de Salud, sí, pero reto no significa imposibilidad ni veto. Al contrario, el sistema ha sabido demostrar en los últimos tiempos su capacidad para hacer
frente a estos retos. Estoy completamente convencida de que nuestro sistema va a ser capaz de hacer frente a esos retos, porque el Gobierno del Partido Popular está articulando nuevos mecanismos para hacerlo, como el del riesgo compartido, el del
precio por volumen o la compra centralizada. Me sorprende mucho que en esta tribuna se hable hoy del precio por volumen del que tendríamos que hablar en la Unión Europea cuando hay una comunidad autónoma en España que se está negando a hacerlo
dentro de España, limitando el acceso de millones de ciudadanos a muchos medicamentos. (Aplausos). Me sorprenden esas contradicciones. Por eso, señor Martínez Olmos, no podemos estar de acuerdo con su petición de acotar una única medida para
conseguir esa financiación. Primero, porque ni siquiera conocemos todavía el número total de afectados y, segundo, porque incorporar esa partida supondría darle armas en la negociación a la industria.


Todos ustedes son plenamente conscientes del enorme trabajo que el ministerio está haciendo en este tema y su compromiso de asegurar el acceso a los tratamientos a todos aquellos que reúnan los requisitos clínicos. Ustedes lo saben, aunque
hoy lo nieguen. Dejemos trabajar al ministerio y pidámosle que asegure la aplicación del plan, porque eso es lo que asegura la equidad y la igualdad, pero no acotemos ni cerremos la forma de hacerlo. Por eso les pedimos que acepten nuestra
enmienda, que supone avanzar en ese plan que nos permita conocer mejor la situación, sobre todo porque incorpora el compromiso de asegurar esa asistencia con equidad. Lo importante que debería unirnos hoy es el objetivo. Los ciudadanos no quieren
el y tú más, los ciudadanos quieren soluciones y nosotros se las estamos ofreciendo: criterios científicos para que todos los ciudadanos tengan acceso a los tratamientos en

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condiciones de igualdad en todo el territorio español y asegurar que serán aplicados esos criterios. Hoy ya hay bases para que sea así, porque hay alrededor de 4.500 afectados que están siendo tratados.


Para el Grupo Popular la sanidad tiene que ser una cuestión de Estado. Nosotros lo vemos así y les hemos ofrecido diálogo en este tema. Esperemos no tener que comprobar una vez más cómo para algunos esto no es una cuestión de Estado sino
que sigue siendo una cuestión de partido.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Angulo.


En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Baldoví.


El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.


Cada día mueren personas por no haber sido tratadas con un medicamento que las podía haber curado; de eso se trata. Día tras día los hepatólogos recetan medicamentos que no superan los protocolos por su elevado coste y, por tanto, no
llegan al paciente; los recetan porque saben que son necesarios, saben que curan, pero la Administración en muchos casos impide su acceso a los enfermos; es más, algunos Gobiernos autonómicos obligan a que receten otros que no mejoran la salud.
Cada día que pasa es un día que se pierde y para muchos es demasiado tarde. Anteayer el ministro reconoció que quizá se había perdido tiempo. Claro que se ha perdido un tiempo precioso, incluso he oído a la portavoz del Grupo Popular que aún no
saben cuántos enfermos hay. No sé a qué esperan.


Los hechos también ponen en evidencia la mezquindad de la industria farmacéutica, no lo vamos a negar. Desde Compromís Equo consideramos que se debe legislar contra la especulación de la salud de la gente. Ya estamos viendo las
consecuencias; si seguimos por este camino, al final, solo los ricos podrán curarse. Las instituciones han de ofrecer una respuesta legislativa contundente frente a este tipo de actuaciones, imponiendo medidas que impidan que se especule con la
salud de la gente. El Estado español cuenta con mecanismos legales para solucionar la situación de abuso respecto a la patente de los fármacos contra la hepatitis C. Con respecto a la PNL y a las enmiendas, los hepatólogos están desesperados por
poder recetar los tratamientos de última generación y no hay nada más que estudiar, está todo estudiado, hay que proporcionar estos tratamientos de última generación recetados sobre la base de criterios médicos y no economicistas. Esta medida ha de
ser adoptada de carácter inmediato, de manera que las personas afectadas por esta situación reciban cuanto antes la medicación prescrita.


Acabo. Por supuesto apoyamos todas las medidas tendentes a negociar un precio razonable y asequible. Nos jugamos la vida. Por tanto, desde Compromís Equo anunciamos nuestro apoyo a esta medida.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví. (Rumores).


Ruego un poco de silencio, por favor.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Pérez.


La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, anticipamos ya nuestro voto favorable a la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista y a cualquier otra iniciativa que vaya en este sentido, máxime después de haber anunciado el proponente que aceptará algunas de las enmiendas
presentadas.


Señorías, desde que la Agencia Europea del Medicamento aprobó el Sovaldi en enero de 2014, pasó casi un año hasta que el medicamento se aprobó y se incluyó en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y hasta que se publicó el
IPT. Después de un año, todavía en enero el ministerio decide constituir un comité de expertos para elaborar un plan estratégico para abordar la hepatitis C, que según el propio ministro no acabará su trabajo hasta el mes de abril. Señorías,
hablamos de vidas humanas y la situación que este Gobierno ha generado no se entiende ni desde el punto de vista sanitario ni tampoco desde el punto de vista humano, porque en esta enfermedad el factor tiempo es absolutamente crucial y miles de
personas no solo siguen empeorando sino que fallecen. Este es un caso de emergencia y el Gobierno, mientras crea comités de expertos y dilata cada vez más el tiempo, se dedica a ser cómplice de la industria farmacéutica, que juega con la salud y la
vida de muchas personas para obtener beneficios, recortando, desmantelando y privatizando la sanidad pública. Para el BNG es prioritario que se atiendan de inmediato los casos más graves, a fin de evitar más muertes. No son momentos de estar
esperando

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resultados y análisis de expertos, son momentos que requieren actuaciones inmediatas. Que se garantice ya el tratamiento a las personas que se encuentran en peor situación y bajo criterios estrictamente médicos y no en función del techo
económico fijado por el Gobierno. Se ha actuado, señorías, con vertiginosa diligencia para rescatar bancos, para recortar hasta la saciedad —termino, señor presidente—, para dar amnistías fiscales y para defender, por parte del Partido Popular, la
vida de los todavía no nacidos. Exigimos la misma diligencia o mucha más para evitar que sigan falleciendo afectados de la hepatitis C.


Gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez.


Tiene la palabra ahora el señor Cuadra. (Rumores). Ruego un poco de silencio, por favor.


El señor CUADRA LASARTE: Señoras y señores, en primer lugar, quisiera saludar la firme y digna lucha llevada a cabo por todos los enfermos y enfermas de hepatitis C en Nafarroa, en Euskal Herria y en el conjunto del Estado; una lucha en
defensa de su salud y para evitar que se subordine la misma a la política cicatera del Gobierno del PP y a la falta de escrúpulos de las multinacionales farmacéuticas. Quisiera hablar de la farmaindustria, de lo que en justicia debería ser llamado
farmaciaindustria. Digo esto porque es un auténtico crimen social que debería ser perseguido por la justicia que una multinacional como Gilead, amparada por una legislación sobre patentes que vulnera claramente los derechos humanos, cobre a la
sanidad pública española, como ya se ha dicho, 25.000 euros por cada tratamiento, cuando en la práctica su producción únicamente vale 100 o 150. Hace un par de horas hemos discutido el llamado pacto antiyihadista y que yo llamaría antidisidencia
política y social, en el que se define como terrorista cualquier delito grave —se dice— contra la salud pública. Pues bien, ¿por qué no se aplica este acuerdo que llaman antiterrorista a estas multinacionales que ponen sus intereses por encima de
los de 900.000 personas que hoy se encuentran en el Estado español padeciendo esta enfermedad? ¿Por qué se deja en manos privadas por parte de este y de anteriores Gobiernos la investigación médica y farmacéutica en general y no se impulsa esta
desde la Administración pública? ¿Por qué desde los hospitales y los centros de salud no se dispensan los medicamentos que estos mismos recetan y se deja toda la distribución y toda la venta en manos de la industria privada? ¿Por qué se vacía de
competencias y de dinero a la Organización Mundial de la Salud para que esta no pueda implementar prácticamente plan alguno ni contra esta ni contra otras enfermedades, todo ello con el objetivo de que campeen a sus anchas las multinacionales
farmacéuticas? ¿Por qué se pueden expropiar terrenos para autovías, para los coches, y sin embargo no se pueden expropiar patentes que pueden solucionar los problemas médicos de millones de personas? ¿Por qué, en definitiva, la salud está
dependiendo de los intereses del capital de las multinacionales, y no de los intereses y de las necesidades de la propia población afectada?


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuadra.


Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Tarruella.


La señora TARRUELLA TOMÀS: Gracias, señor presidente.


Señorías, en primer lugar, debemos felicitarnos todos de que por fin tengamos un tratamiento que cure, en la mayoría de los casos, la hepatitis C. Nunca podemos negar un tratamiento a los pacientes que padecen una enfermedad si este puede
curarles y, sobre todo, si es su médico especialista quien, con criterios científicos, se lo receta. El papel de las instituciones es hacer que ese tratamiento les llegue y que no sean los pacientes quienes deban preocuparse por quién lo paga.
Este es un debate que no es la primera vez que hacemos aquí —lo ha dicho el proponente de esta proposición no de ley— y que por no estar resuelto todavía el problema va saliendo una y otra vez. Me gustaría ponerme por un momento en la piel de un
paciente de hepatitis C, que sabe que hay un medicamento que le puede curar y que oye todo el día discusiones entre partidos o entre grupos por el precio que se debe pagar por ese medicamento. Creo que este espectáculo no debe darse y debe
solucionarse.


En el último consejo interterritorial hubo un acuerdo entre todos los consejeros y el Gobierno para hacer un plan estratégico para la hepatitis C y para que llegara a todos los pacientes que —vuelvo a repetir—, con criterios científicos, se
les deba suministrar. Este es el caso de Cataluña. En Cataluña, incluso, hemos ido un punto más allá de lo que dice el Plan estratégico nacional. En Cataluña, hasta el momento, han sido tratadas ya más de seiscientas personas con hepatitis C, y
algunos casos muy particulares en los que, según el criterio médico, debía hacérseles llegar, y se ha dado también a enfermos no solo del grupo F4 —como dicen esos protocolos—, sino que también se ha dado a enfermos con F2 y F3.

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Nuestro grupo parlamentario, Convergència i Unió, no ha presentado ninguna enmienda a esta proposición no de ley porque en su espíritu recoge lo que hemos estado diciendo, no ahora sino otras veces también, respecto de elaborar ese plan de
acción sobre la hepatitis C. He oído a la representante del Grupo Popular que se está tratando ya a más de 4.000 enfermos de hepatitis C; por supuesto, y todos los que sean necesarios, pero son las comunidades autónomas quienes están tratando y son
las comunidades autónomas las que están pagando ese tratamiento. Por eso, coincidimos también con el punto 2 de esta proposición no de ley en el sentido de que debe incorporarse una partida; aquí pone en el Fondo de cohesión social, pero a
nosotros no nos importa que sea en este fondo, en el FOGA o que se cree una partida específica para esto, da igual, pero lo que sí sabemos es que en el contexto en el que estamos, la Agencia Europea del Medicamento es quien aprueba los medicamentos
y el ministerio es el responsable de negociar ese precio de los medicamentos, pero en realidad son las comunidades autónomas quienes los compran y quienes los pagan. Nosotros volvemos a pedir aquí ese fondo específico para las comunidades
autónomas, donde se deben financiar estos nuevos tratamientos y todos los medicamentos innovadores por primera vez. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Perdón, señora Tarruella.


Por favor, ruego silencio para que podamos oír a la interviniente.


La señora TARRUELLA TOMÀS: En noviembre de 2013 ya discutimos una proposición no de ley, donde pedíamos esas partidas específicas para las comunidades autónomas. Entonces, el ponente del Grupo Popular nos dijo que no hacía falta, que eso
ya estaba en el FOGA. Me hablaba del FOGA en el año 2013, cuando, a día de hoy, todavía no se ha puesto en marcha este fondo de garantía asistencial. Pónganlo donde quieran, pero es importante que ayuden a las comunidades autónomas, que son las
que están dando la cara, que son las que están atendiendo a los pacientes, que son las que están haciendo que les lleguen estos medicamentos y estos tratamientos a todos los pacientes que lo necesiten y que ninguno se quede sin él. Por tanto, desde
Convergència i Unió vamos a apoyar esta proposición no de ley, y más después de haber anunciado el señor Olmos que acepta parte de las enmiendas del Grupo Nacionalista Vasco, con el cual también coincidimos en que las comunidades autónomas tienen
que tener una parte importantísima, imprescindible en estas negociaciones en cuanto al precio de los medicamentos.


Muchas gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tarruella.


Señor Martínez Olmos, aunque ya lo ha dicho, por lo que veo, hay una transaccional.


El señor MARTÍNEZ OLMOS: Efectivamente, presidente. Hay una transaccional que hemos presentado con el apoyo de los grupos a los que se les han aceptado las enmiendas.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Olmos.


En dos minutos vamos a votar. (Pausa).


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN).


— DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO Y SOCIALISTA, Y DEL SEÑOR SALVADOR, SEÑORA ORAMAS Y SEÑOR ÁLVAREZ SOSTRES (GRUPO MIXTO), ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, EN
MATERIA DE DELITOS DE TERRORISMO. (Número de expediente 122/000189).


El señor PRESIDENTE: Votación de la toma en consideración de la proposición de ley de los Grupos Popular, Socialista, y del señor Salvador, señora Oramas y señor Álvarez Sostres, orgánica por la que se modifica la Ley orgánica 10/1995, de
23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo. Hay tres votos emitidos telemáticamente.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333 más 3 votos telemáticos, 336; a favor, 288 más 3 votos telemáticos, 291; en contra, 32; abstenciones, 13.

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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos a continuación la tramitación directa y en lectura única de esta proposición de ley orgánica. Han sido emitidos tres votos telemáticos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326 más 3 votos telemáticos, 329; a favor, 299 más 3 votos telemáticos, 302; en contra, 21; abstenciones, 6.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


— DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE TERRITORIALIZACIÓN DEL RENDIMIENTO DEL 0,7 % DEL IRPF DESTINADO A OTROS FINES DE INTERÉS SOCIAL, INCLUIDOS LOS DE CARÁCTER MEDIOAMBIENTAL. (Número de expediente 122/000023).


El señor PRESIDENTE: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre territorialización del rendimiento del 0,7 % del IRPF destinado a otros fines de interés social, incluidos los
de carácter medioambiental. Hay dos votos emitidos telemáticamente.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326 más 2 votos telemáticos, 328; a favor, 35; en contra, 187 más 2 votos telemáticos, 189; abstenciones, 104.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN).


— DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE EL FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA EN ESPAÑA. (Número de expediente 162/001125).


El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el fortalecimiento de la industria en España. Hay una transaccional que conocen sus señorías, que es la que vamos a votar.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 298; en contra, 16; abstenciones, 11.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


— DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL PLAN DE ACCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD FRENTE A LA HEPATITIS C. (Número de expediente 162/001126).


El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Socialista, sobre el Plan de acción del Sistema Nacional de Salud frente a la hepatitis C. Hay una transaccional que conocen sus señorías y es la que vamos a votar.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 147; en contra, 179; abstenciones, siete.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Se suspende la sesión.


Eran las nueve y diez minutos de la noche.