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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 254, de 21/01/2015
cve: DSCD-10-PL-254
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 254
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 238
(Sesión extraordinaria)
celebrada el miércoles,
21 de enero de 2015
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas ... (Página5)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
- Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 66-1, de 4 de octubre de 2013. (Número de expediente 121/000065) ...
- Proyecto de ley orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos; la Ley Orgánica 6/2002, de 27
de junio, de partidos políticos, y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 82-1, de 28 de febrero de 2014. (Número de expediente 121/000082) ...
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página67)
Votación de conjunto ... (Página79)
Votación de conjunto ... (Página82)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Preguntas ... (Página5)
Del diputado don Alberto Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Cuándo tiene previsto restituir a todos los ciudadanos y ciudadanas los derechos
que, de conformidad con el artículo 41 de la Constitución, tenían antes de las reformas iniciadas con el RDL 20/2012, de 13 de julio? (Número de expediente 180/001169) ... (Página5)
Del diputado don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Cree el presidente del Gobierno que, tal y como han dicho algunos de sus ministros, los trabajadores están
contentos con sus condiciones laborales? (Número de expediente 180/001173) ... (Página7)
Del diputado don Antonio Hernando Vera, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia: ¿Cómo valora el Gobierno la sentencia del Tribunal Supremo que mantiene la
ultraactividad de los convenios colectivos a pesar de su reforma laboral? (Número de expediente 180/001174) ... (Página8)
Del diputado don Aitor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al señor ministro de Justicia: ¿Qué opinión le merece que numerosos magistrados estén valorando elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de
Luxemburgo ante la posible incorrecta trasposición de la decisión marco 675/2008 referida a cómo deben valorarse las sentencias emitidas por otros países miembros? (Número de expediente 180/001171) ... (Página10)
De la diputada doña Soraya Rodríguez Ramos en sustitución de doña Rosa Aguilar Rivero, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Justicia: ¿Qué va a hacer el Gobierno tras el informe del Consejo General del Poder
Judicial que considera que no se ajusta a la Constitución la intervención de telecomunicaciones sin previa autorización judicial recogida en el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal? (Número de expediente 180/001175) ...
Del diputado don Antonio Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Cree usted que la política de austeridad de su Gobierno ha dado
frutos en España? (Número de expediente 180/001172) ... (Página13)
De la diputada doña Susana Sumelzo Jordán, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Cuáles son los datos reales de su reforma administrativa? (Número de expediente
180/001176) ... (Página14)
Del diputado don Pedro Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Cuándo va el ministro de Hacienda a contar toda la verdad sobre la amnistía fiscal? (Número de
expediente 180/001177) ... (Página15)
De la diputada doña Lourdes Muñoz Santamaría, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas: ¿Cuáles han sido los motivos de las nuevas dimisiones producidas en la Agencia
Tributaria? (Número de expediente 180/001178) ... (Página17)
Del diputado don Carlos Casimiro Salvador Armendáriz, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al señor ministro del Interior: ¿Qué nuevas medidas va a adoptar el Gobierno para hacer frente al terrorismo? (Número de expediente
180/001170) ... (Página18)
Del diputado don Pere Macias i Arau, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula a la señora ministra de Fomento: ¿Cuáles son las razones del apagón informativo en relación con el número de pasajeros transportados por
las diferentes líneas de alta velocidad? (Número de expediente 180/001183) ... (Página19)
Del diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿Tiene previsto el Gobierno impulsar la subida salarial en España? (Número de expediente
180/001179) ... (Página21)
Del diputado don Rafael Simancas Simancas, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social: ¿Cómo valora el Gobierno el rechazo por el Tribunal Supremo de la mayoría de despidos colectivos
realizados al amparo de la reforma laboral sobre los que ha tenido ocasión de pronunciarse? (Número de expediente 180/001180) ... (Página22)
De la diputada doña Carmen Montón Giménez, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: ¿Tiene intención el Gobierno de evitar que el establecimiento de un copago confiscatorio
impida a las personas que lo necesitan acceder a las prestaciones de la Ley de dependencia, como está sucediendo en la Comunitat Valenciana? (Número de expediente 180/001181) ... (Página23)
Del diputado don José Martínez Olmos, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: ¿Piensa asegurar la financiación del Plan nacional de hepatitis C que le ha reclamado el
Grupo Socialista para que haya igualdad de acceso a las nuevas terapias sin discriminación? (Número de expediente 180/001182) ... (Página25)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página26)
La Presidencia, de acuerdo con el artículo 131.1.2 del Reglamento, informa de que la votación no se realizará antes de las 14:00 horas.
Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal ... (Página26)
En defensa de sus enmiendas y, en su caso, fijación de posiciones, intervienen los señores Salvador Armendáriz y Baldoví Roda, la señora Fernández Davila, y los señores Tardà i Coma y Cuadra Lasarte, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de sus enmiendas intervienen el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario
de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; la señora Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y los señores Villarrubia Mediavilla y Such Botella, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Barreda de los Ríos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Hace uso de la palabra el señor ministro de Justicia (Catalá Polo).
Proyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los Partidos Políticos; la Ley Orgánica 6/2002, de 27
de junio, de Partidos Políticos, y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas ... (Página50)
En defensa de sus enmiendas y, en su caso, fijación de posiciones, intervienen los señores Salvador Armendáriz, Álvarez Sostres y Baldoví Roda, las señoras Oramas González-Moro y Fernández Davila, y los señores Bosch i Pascual y Larreina
Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de sus enmiendas intervienen los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU,
ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; la señora Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el señor Serrano Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Floriano Corrales, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página67)
Sometidas a votación las enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Pena, son rechazadas todas.
Sometido a votación el dictamen de la comisión, es aprobado por 182 votos a favor, 143 en contra y 1 abstención.
Votación de conjunto ... (Página79)
Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 184 votos a favor más 2 votos telemáticos, 186; 142 en contra más 2 votos telemáticos, 144, y 1 abstención.
Sometidas a votación las enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los Partidos
Políticos, la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, son rechazadas todas.
Sometido a votación el dictamen de la comisión, es aprobado por 197 votos a favor, 30 en contra y 100 abstenciones.
Votación de conjunto ... (Página82)
Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 203 votos a favor más 2 votos telemáticos, 205; 26 en contra y 97 abstenciones más 2 votos telemáticos, 99.
Se levanta la sesión a las tres y quince minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
PREGUNTAS:
- DEL DIPUTADO DON ALBERTO GARZÓN ESPINOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CUÁNDO TIENE PREVISTO RESTITUIR A TODOS LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS LOS DERECHOS
QUE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 41 DE LA CONSTITUCIÓN, TENÍAN ANTES DE LAS REFORMAS INICIADAS CON EL RDL 20/2012, DE 13 DE JULIO? (Número de expediente 180/001169).
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Preguntas dirigidas al Gobierno y concretamente al señor presidente del Gobierno. (Rumores). Ruego silencio, por favor.
Pregunta del diputado don Alberto Garzón, del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Señor presidente, ¿cuándo nos va a devolver los derechos recortados en el Decreto 20 de 2012, de 13 de julio?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias por su pregunta.
Como sabe, el año 2012 fue un año de enormes dificultades para todos los españoles. España estaba al borde de la quiebra; según algunos, a punto de salir del euro. Había muchos que reclamaban que
España fuera rescatada. Eso se pudo evitar y con ello evitamos algunos recortes muy duros, sobre todo en materia de pensiones y seguro de desempleo, que es lo que se les demandó a otros países de la Unión Europea. España, por tanto, se
libró del rescate y se libró de sus efectos. España mantuvo el sistema de pensiones, pudo subir las pensiones, no las congeló ni una sola vez a lo largo de esta legislatura, y mantuvo también las prestaciones por el seguro de desempleo. Por lo
tanto, puedo decirle que en 2012 nos hemos librado del rescate y sobre todo de sus efectos. Hoy las principales partidas de gasto de los Presupuestos Generales del Estado son: primero, pensiones y segundo, el seguro de desempleo, que está bajando
porque, por fortuna, se está creando empleo en nuestro país. Además, España el año pasado, en 2014, empezó a crecer y a crear empleo después de seis años de crecimiento negativo y de destrucción de puestos de trabajo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor diputado.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Señor Rajoy, en el verano de 2012 ustedes recortaron derechos sociales a todas y todos los españoles. Esta situación, lejos de mejorar, como usted pretende hacernos creer, ha empeorado. En este momento hay un 43
% de desempleados que no reciben una prestación, que viven a salto de mata buscándose la vida de todas las formas posibles. Esta es una situación dramática, especialmente para los mayores de cuarenta y cinco años, pero también para los jóvenes, que
se tienen que marchar, emigrar de este país porque ustedes les han robado un futuro en su país de nacimiento. Esta realidad también afecta a sus padres y a sus abuelos. Piense usted cuántas madres, padres, abuelos y abuelas están ahora mismo
acordándose de usted y de sus políticas, porque en Berlín, en París, hay muchos emigrantes españoles a los que su Gobierno no les cae nada bien. Quizás eso explique las dificultades que pone este Gobierno a esa gente para votar. (Protestas).
Ustedes se indignan, se emberrinchan y dan patadas aquí, en el Congreso, ahora mismo por mis palabras, pero me gustaría que se indignasen tanto con los desahucios, el hambre, la desigualdad, la miseria y la gente que pierde su empleo ahí fuera, en
la calle. Porque el relato que usted acaba de hacer, señor Rajoy, no corresponde al mundo que está ahí fuera, corresponde a su relato de la propaganda. No corresponde a la miseria de sus políticas, porque son ustedes, todos ustedes, los que
votando y dándole al botón rojo producen la miseria que se recibe ahí fuera. (Protestas). Tienen que ser conscientes: ni poniendo policías y vallas fuera del Congreso van a evitar que el mundo les reconozca como los culpables que son de esa
situación. Por eso esos recortes... (Continúan las protestas). Indígnense, indígnense, pero me gustaría verles pasear por la calle, preguntarle a la gente, ir a los desahucios, ir a los comedores sociales a preguntarle a la gente cómo viven, a
preguntarles quiénes son los responsables, quiénes recortan, quiénes le dan al botón rojo de su miseria. Eso son políticas. No se crean que ustedes están en una burbuja: sus botones rojos son sus miserias, por eso es importante que ningún relato
de la propaganda oculte esa verdad. Y por eso es importante también, señor Rajoy, que en este momento en el que usted nos vende ese relato, sea capaz de devolvernos los derechos sociales que nos corresponden a todos y a todas porque es posible.
Esta crisis estafa nos ha dejado claro que si hay dinero para rescatar a los bancos, si hay dinero para rescatar a las autopistas, hay dinero para rescatar a la gente. No es un problema técnico, es un problema político. Es un problema político de
usted, su Gobierno, sus prioridades y su voluntad. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor presidente.
Mire, señor Garzón, vamos a hablar en serio. En España, entre los años 2008 a 2011 se perdieron 3.400.000 puestos de trabajo. España vivió una crisis económica como no había vivido en décadas. Se hizo frente por los españoles y por este
Gobierno a la crisis económica. En los años 2014, el pasado, y 2015 el número de afiliados a la Seguridad Social va a aumentar en más de un millón de personas. Ese es un dato muy positivo y demuestra el cambio de tendencia que se ha producido en
nuestro país en los últimos años. El empleo es el objetivo prioritario de esta legislatura y por fortuna ya en el año 2014, después de más de seis años destruyendo empleo en España, empiezan a crearse puestos de trabajo.
Hemos mantenido el sistema de pensiones y no hemos tenido que bajarlas como se vieron obligados a hacerlo otros países de la Unión Europea. Hemos mantenido el seguro de desempleo y se ha convertido
en una partida que ha generado un gasto de más de 30.000 millones de euros anuales. Hemos prorrogado el Prepara, que antes se prorrogaba cada seis meses según el criterio del Gobierno en cada momento. Hace pocas fechas hemos pactado con
las organizaciones sindicales CCOO y UGT en Moncloa un programa para los parados de larga duración con cargas familiares, los que están peor, los que tienen más dificultad. Por tanto, queda muchísimo por hacer, pero le hemos dado la vuelta a una de
las situaciones más complejas que nos hemos encontrado en muchos años. Ustedes lo único que hacen es protestar, decir que todo va mal, que aquí no hay nada bueno y que este país no tiene arreglo. Yo soy mucho más optimista que ustedes, que están
instalados en la nada.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
- DEL DIPUTADO DON PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CREE EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO QUE, TAL Y COMO HAN DICHO ALGUNOS DE SUS MINISTROS, LOS TRABAJADORES ESTÁN
CONTENTOS CON SUS CONDICIONES LABORALES? 180/001173).
El señor PRESIDENTE: Pregunta que formula al presidente del Gobierno el diputado don Pedro Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN: Gracias, señor presidente.
Señor Rajoy, hablemos de optimismo. Hemos escuchado durante las últimas semanas a la ministra de Empleo decir que los trabajadores deberían estar contentos, al ministro de Economía decir que los trabajadores españoles ya no tienen ningún
problema, que no tienen ningún miedo a perder su empleo, y me gustaría, señor Rajoy, que de manera muy concisa -un sí o un no- responda a la siguiente pregunta: ¿Está usted o no de acuerdo con lo que dicen sus ministros respecto a la alegría de los
trabajadores españoles? (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias.
Bien, es difícil saber a qué se refiere exactamente su pregunta. (Protestas.-Rumores). Creo que hay gente que no está contenta con sus condiciones laborales, sobre todo aquellas personas que no tienen un puesto de trabajo. Pero esas
personas, que evidentemente hay muchas, que no están contentas -he dicho en numerosas ocasiones que hay muchas cosas por hacer- sí se dan cuenta de que las cosas están mejor porque hoy en España se crece, se crea empleo, los precios están contenidos
y ha aumentado el consumo. Y este año en el que ya hemos entrado, el año 2015, las cosas van a ir mejor: va a haber un mayor crecimiento económico -ayer hemos visto lo que ha dicho el Fondo Monetario Internacional-, se va a generar más empleo que
en el año 2014, el consumo va a ir a mejor y por tanto España ya está enfilando claramente el camino de la recuperación económica. Queda mucho por hacer, pero estamos mucho mejor que cuando ustedes dejaron el Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez.
El señor SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN: Gracias, señor presidente.
Señor Rajoy, diga usted la verdad a los españoles, porque no la dice. Usted no dice que el nivel de ocupación es inferior a cuando ustedes llegaron al Gobierno ni dice que la población activa ha bajado durante estos años como consecuencia
de su reforma laboral, ni dice tampoco el tipo de empleo que se está creando, señor Rajoy. Cuando les escucho hablar -no solamente a usted sino a su Gobierno- de la alegría de los trabajadores, me pregunto con quiénes hablan ustedes, señor Rajoy.
Desde luego, no hablan con todos los trabajadores que ahora mismo están cobrando lo que se cobraba hace treinta años ni con esa mitad de los trabajadores que está cobrando 970 euros al mes; ustedes no hablan con el 60 % de los desempleados de este
país, que son de larga duración, en muchas ocasiones personas de más de cincuenta años a los que ustedes han recortado las políticas activas de empleo en 10.000 millones de euros. Usted no habla con los 3.800.000 desempleados que no tienen ningún
tipo de prestación por una
decisión política que es la suya, la de recortar la cobertura por desempleo a los desempleados, señor Rajoy. Usted no habla ni con los jóvenes desempleados que han tenido que emigrar ni con las mujeres que sufren la brecha salarial. Usted,
por no hablar, no habla ni con los 500.000 desempleados a los que su vicepresidenta del Gobierno, en una rueda de prensa en el Consejo de Ministros, insultó llamándoles defraudadores; un Gobierno que aprueba amnistías fiscales para que se acojan
personajes como Bárcenas. Por cierto, señor Rajoy, que visto lo visto ayer, para escándalo de todos los españoles, con su mensaje a Bárcenas de: Luis, sé fuerte, usted lo clavó, señor Rajoy; lo clavó. (Rumores).
Nosotros no somos de la filosofía Montoro, no somos los de: que se hunda España, que ya vendremos nosotros. Nos alegramos de los datos macroeconómicos, pero le decimos una cosa, señor Rajoy: aquí no habrá recuperación económica hasta que
no se recuperen los derechos laborales y las oportunidades de una clase media trabajadora que ustedes están hundiendo con sus políticas. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Aquí quien ha liquidado los derechos laborales de los españoles fue quien mandó a 3.400.000 personas al paro, el Partido Socialista Obrero Español. (Aplausos). Señor Sánchez, está usted en
una competición que creo que no le conduce a ninguna parte con Izquierda Unida y con Podemos a ver quién dice que van peor las cosas. (Rumores). Antes, cuando gobernaban, negaban la existencia de la crisis y eso produjo los efectos que todos
conocemos, y ahora niegan la existencia de la recuperación. Yo digo que falta mucho por hacer, que tenemos que hacer muchas cosas en España y mantener la política económica que hemos puesto en marcha, pero a ver si es capaz de negar usted aquí en
esta Cámara que en el año 2014, tras seis años de crecimiento económico negativo, crecimos, que en el año 2014 se creó empleo por primera vez en siete años en nuestro país, que en el año 2014 por primera vez en siete años aumentó el número de
afiliados a la Seguridad Social, que en el año 2014 por primera vez en siete años se redujo el paro, que la EPA de mañana va a ser la que vamos a conocer en el día de mañana (Risas), que en el año 2014 los contratos indefinidos suben el 19 %, que la
inflación en España está por debajo del 0 %, que el año que viene se van a crear 600.000 afiliados más a la Seguridad Social, que están aumentando el turismo, las exportaciones y el consumo. Ignorar la realidad es una excelente manera de no tomar
ninguna decisión. Esto ha cambiado. Sé que el cambio no es suficiente, pero en 2011 en España se reducía el empleo un 8 % al año y ahora se está creando un 5 % de empleo al año. Eso, señoras y señores del Partido Socialista, lo verán ustedes en
la EPA de mañana. (Risas).
Muchas gracias. (Aplausos).
- DEL DIPUTADO DON ANTONIO HERNANDO VERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO QUE MANTIENE LA
ULTRAACTIVIDAD DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS A PESAR DE SU REFORMA LABORAL? (Número de expediente 180/001174).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, que formula el diputado don Antonio Hernando, del Grupo Socialista.
El señor HERNANDO VERA: Gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, el pasado 19 de diciembre el Tribunal Supremo decidió que las condiciones pactadas en contrato, ya sean directamente o por referencia a un convenio colectivo, tenían naturaleza jurídica contractual y que con
independencia de que el convenio hubiese perdido vigencia se podían exigir entre trabajadores y empresarios. El núcleo central de su reforma laboral de 2012 es la pérdida de ultraactividad de los convenios, una demanda largamente hecha por los
empresarios y que con ustedes consiguieron. Por eso, le pregunto qué va a hacer el Gobierno tras conocer el núcleo esencial de esta resolución del Tribunal Supremo. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernando.
Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Hernando, el Gobierno respeta las resoluciones judiciales, pero para valorarlas bien hay que conocerlas y la sentencia a la que usted alude no ha sido publicada, con lo que esperaremos a que se publique para valorarla. Eso es lo que
exige el rigor, otra cosa es lo que hace usted esta mañana. Buenos días. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora vicepresidenta.
Señor Hernando.
El señor HERNANDO VERA: El rigor y el sentido institucional hacen que el presidente del Gobierno no deba utilizar la EPA, cuyos datos no han salido, señora vicepresidenta. (Aplausos). Un poquito de vergüenza.
Los cuatro elementos fundamentales de su reforma laboral fueron la devaluación salarial, la modificación de la negociación colectiva y la facilitación y el abaratamiento de los despidos. La pérdida de ultraactividad de los convenios ha
supuesto el empeoramiento de las condiciones laborales, fundamentalmente de las trabajadoras, y también el abaratamiento de los salarios. Se han devaluado los salarios como consecuencia de la denuncia de los convenios colectivos por las empresas.
Y el núcleo esencial de esta sentencia -que ya se conoce desde hace un mes- restituye a los trabajadores de esa situación de debilidad en la que ustedes les habían puesto. El Tribunal Supremo tumba la clave de bóveda de su reforma laboral.
A las dos últimas preguntas orales que le he hecho en este hemiciclo usted no me contestó y por eso las he tenido que registrar por escrito. Señora vicepresidenta, hoy le pido que nos diga la verdad y que sea rigurosa. Si el núcleo
esencial es tumbar la reforma laboral, ¿qué van a hacer ustedes? ¿A cuántos trabajadores va a afectar esta sentencia? ¿Van a reformar o no van a reformar la ley después de la sentencia del Tribunal Supremo?
Por último, le pido que no pierda los papeles como lo hizo ayer mediante un tuit oficial el Ministerio de Justicia diciendo: 'El perjudicado es el PP. Bárcenas se quedó con dinero del PP. No hay una caja B que esté acreditada.' El
Gobierno de todos los españoles ha perdido cualquier sentido institucional, como ha demostrado el presidente ahora mismo.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hernando.
Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Señor Hernando, sí que son osados ustedes hablando aquí de perderse. Señor Hernando, el que tiene problemas de orientación es el Grupo
Parlamentario Socialista, el GPS. (Risas.-Aplausos).
En segundo lugar, señor Hernando, si la clave de bóveda de la reforma laboral es la ultraactividad de los convenios y tanto le preocupa a usted, ¿por qué su grupo parlamentario, que lo recurre todo, no recurrió ese artículo cuando acudió con
la reforma laboral al Tribunal Constitucional? (Rumores). ¿Por qué no lo recurrió? ¿Quiere que hablemos de negociación colectiva? Le voy a dar algunos datos. En primer lugar, señor Hernando, se celebran más convenios colectivos, un 45 % más en
2014 que en 2011. En segundo lugar, se celebran menos ERE, menos expedientes de regulación de empleo, un 47 % menos en 2014 que en 2011. En tercer lugar, hay menos conflictividad laboral, un 25 % menos de huelgas en 2014 respecto de 2013.
(Rumores). Y hablemos de empleo. Ustedes hicieron una reforma laboral que se saldó con 3,5 millones de parados más. Ahora, este año, hay 400.000 afiliados más a la Seguridad Social y crece la contratación indefinida, señor Hernando. ¿Sabe cuál
creo que es el problema? Que a ustedes les preocupan y no les gustan las reformas del PP porque les ponen en evidencia, porque lo que dice el Fondo Monetario Internacional les pone en evidencia, señoría. Me viene usted a hablar de la
ultraactividad de los convenios cuando lo que se ha demostrado es que en este país la crisis ha sido tan grave por la ultrapasividad del Partido Socialista en el Gobierno y en la oposición.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
- DEL DIPUTADO DON AITOR ESTEBAN BRAVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE QUE NUMEROSOS MAGISTRADOS ESTÉN VALORANDO ELEVAR UNA CUESTIÓN PREJUDICIAL AL TRIBUNAL DE
LUXEMBURGO ANTE LA POSIBLE INCORRECTA TRASPOSICIÓN DE LA DECISIÓN MARCO 675/2008 REFERIDA A CÓMO DEBEN VALORARSE LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR OTROS PAÍSES MIEMBROS? (Número de expediente 180/001171).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Justicia. Pregunta en primer lugar el diputado don Aitor Esteban, del Grupo Vasco.
El señor ESTEBAN BRAVO: Señor ministro, ¿qué le parece que numerosos magistrados estén valorando elevar una cuestión prejudicial al Tribunal de Luxemburgo ante la posible incorrecta trasposición de la decisión marco referida a cómo deben
valorarse las sentencias emitidas por otros países miembros?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Esteban.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, señor presidente.
Señor Esteban, desconozco, si numerosos magistrados, como dice en su pregunta, están valorando ir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que sí conozco es el auto reciente del Tribunal Supremo, de la semana pasada sin ir más lejos,
del día 16, donde ha aclarado y ha fijado una posición clara y común para que todos los órganos jurisdiccionales sepan cómo interpretar en este caso una decisión marco y una ley orgánica aprobada por este Parlamento. Por tanto, creo que cuando el
órgano supremo en nuestro Poder Judicial ha establecido una doctrina común, no debería haber muchas dudas sobre cuál es la manera de aplicar la normativa en nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Señor ministro, ustedes saben que tienen pecado, el Gobierno tiene pecado en la trasposición no solo por el principio de retroactividad de la ley penal más favorable consagrado, sensu contrario, en el artículo 9.3 de
la Constitución y afirmado ya desde la sentencia 881 por el Tribunal Constitucional, sino por las formas, porque no fue en el proyecto donde colocaron el límite temporal para la imposibilidad de acumulación de penas de las condenas anteriores al 15
de agosto de 2010. Tuvo que ser el Grupo Popular en el Senado, en una segunda fase, quien con nocturnidad y mucho silencio introdujera esa modificación. Por tanto, ustedes no debían de estar muy convencidos de que estaban haciendo lo correcto
porque lo hubieran hecho desde el principio. Trece de los dieciocho magistrados del Tribunal Supremo firmaron el 18 de diciembre un escrito de protesta contra las injerencias del Gobierno, literalmente. Este es un dato inédito hasta la fecha.
Tres magistrados de la Sección primera de la Audiencia Nacional han pedido amparo al Consejo General del Poder Judicial por ver perturbada su independencia por declaraciones de tres dirigentes del Partido Popular, dos de ellos miembros del Gobierno,
la señora vicepresidenta, el ministro del Interior y el actual portavoz del Partido Popular, sugiriendo que el tribunal prevaricaba en sus resoluciones. Hasta el ministro del Interior ha planteado públicamente la continuidad, que quizá debería
eliminarse la Audiencia Nacional que tan útil parecía resultar hace muy poco. Esa es su política en estos momentos, presionar a los jueces y presionar en la interpretación de las leyes.
Ahora hablan mucho de terrorismo y de llegar a acuerdos, pero niegan, si es tan importante todo esto, la conexión de datos internacionales policiales a la Ertzaintza y a los Mossos d'Esquadra. El lehendakari lleva dos años ofreciendo un
acuerdo en materia de terrorismo y todavía no ha habido una respuesta, ni siquiera un gesto por parte de su Gobierno. Lo que quiere la gente en Euskadi, y creo que en todo el Estado español, es abordar el fin del terrorismo y eso no lo está
haciendo el Gobierno. Ustedes con sus acciones demuestran que en vez de querer cerrar esa carpeta serenamente y dando pasos, están empeñados en mantenerla abierta ficticiamente, presionando a la judicatura y quién sabe por qué tipo de interés.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Esteban.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, señor presidente.
Señor Esteban, como le decía en la primera intervención, el Tribunal Supremo la semana pasada, por mayoría de la Sala de lo Penal, ha establecido una interpretación correcta de la decisión marco de la Unión Europea y de la ley orgánica. (El
señor Esteban Bravo pronuncia palabras que no se perciben). Nos ha dicho cómo hay que interpretarla, cómo la ley orgánica perfectamente recoge el espíritu de la decisión marco, de la misma manera que lo han hecho otros países. Lo ha hecho Francia,
lo ha hecho Alemania, lo ha hecho Italia al trasponer esa misma decisión marco y no solamente es el Tribunal Supremo, sino que es la propia Comisión Europea en el informe que emitió el pasado mes de junio, cuando hacía una evaluación de cómo se
aplicaba la normativa europea en los distintos países, la que ha ratificado también la corrección en esa aplicación. Por tanto, el fondo de la cuestión de su pregunta de hoy nos puede dejar a todos muy tranquilos. Tenemos, señoría, un Estado de
derecho, un Estado de garantías, un Estado en el que se defienden los derechos de todos y especialmente de aquellos que han sido víctimas de delitos, de aquellos que han sufrido los peores delitos como son los del terrorismo.
Reconozco, señoría, que a veces me sorprende el interés que desde algunos sectores jurídicos y políticos hay por buscar resquicios a la legislación para encontrar la interpretación más favorable a los asesinos terroristas. Es sorprendente
el esfuerzo que algunos hacen para encontrar resquicios, plantear dudas y cuestiones. Si tenemos que intentar encontrar posiciones, creo que siempre es mejor estar del lado de los demócratas, incluso del lado de las víctimas y no del lado de los
verdugos. Por lo tanto, señoría, esté muy tranquilo. Hay una ley orgánica aprobada por esta Cámara que garantiza la aplicación correcta de la decisión marco y que está avalada por el Tribunal Supremo y por la propia Comisión Europea. En todo
caso, si algún juez o magistrado considera necesario plantear una cuestión prejudicial, aun cuando el Tribunal Supremo ya ha dejado claro cuál es la recta aplicación de la norma, esa vía la tendrá abierta. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA SORAYA RODRÍGUEZ RAMOS, EN SUSTITUCIÓN DE DOÑA ROSA AGUILAR RIVERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA: ¿QUÉ VA A HACER EL GOBIERNO TRAS EL INFORME DEL CONSEJO GENERAL DEL
PODER JUDICIAL QUE CONSIDERA QUE NO SE AJUSTA A LA CONSTITUCIÓN LA INTERVENCIÓN DE TELECOMUNICACIONES SIN PREVIA AUTORIZACIÓN JUDICIAL RECOGIDA EN EL ANTEPROYECTO DE LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL? (Número de expediente 180/001175).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al señor ministro de Justicia que formula doña Soraya Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, no es la primera vez que mi grupo parlamentario le interpela y le exige la retirada del anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal en relación con la intervención de las comunicaciones sin autorización judicial. Hoy le
pido que en su respuesta haya rigor, veracidad y claridad. El pasado 17 de diciembre usted dijo en esta Cámara que su anteproyecto contaba con el apoyo de jueces, fiscales y doctrina, pero usted sabía que era mentira. Los jueces no lo apoyan -el
Consejo General del Poder Judicial le ha dicho no-, los fiscales no lo apoyan -el Consejo Fiscal ayer le dijo no- y las asociaciones de juristas y profesionales de la abogacía le han dicho no, porque su reforma es claramente inconstitucional y usted
lo sabe. También dijo en esta Cámara que su reforma solo pretendía mantener un artículo introducido, cómo no, por un Gobierno socialista, pero usted sabe que es mentira. Su reforma pretende modificar ese artículo que precisamente es constitucional
al amparo del artículo 55.2. En este país solo se pueden intervenir comunicaciones sin autorización judicial previa en caso de bandas armadas o delitos terroristas. Lo que usted pretende es que su compañero, este o el ministro del Interior de
turno, sea el que decida en qué delitos, en qué circunstancias de gravedad y por qué razones se pueden intervenir las
comunicaciones telefónicas a un ciudadano en este país. Él, el de la ley mordaza, el que quiere legalizar las devoluciones en caliente. ¡Qué miedo! Eso es un Estado policial; en un Estado democrático lo hace el juez de guardia, que para
eso está veinticuatro horas en el juzgado. Por eso, señor Catalá, dígame hoy si va a retirar ese artículo o no. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rodríguez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, presidente.
Señoría, como usted sabe, estamos en la fase de elaboración del anteproyecto. Por tanto, tendremos ocasión sobrada de estudiar los informes tanto del Consejo General del Poder Judicial como del Consejo Fiscal y, posteriormente, del Consejo
de Estado. El Gobierno recibirá esos informes, los estudiará, los evaluará y traerá finalmente a esta Cámara un proyecto de ley. Por tanto, le aseguro, señoría, que tendremos tiempo sobrado de debatir la calidad técnica de la ley y los contenidos,
que son muchos y muy variados, no solamente aquel al que su señoría se refiere. En todo caso, como usted también sabe si se ha leído el informe que ha emitido ya el Consejo General del Poder Judicial, en general es un informe positivo, es un
informe favorable, es un informe que alaba las reformas que ahí se plantean y que hace dos o tres salvedades a las que su señoría da mucha importancia. Sin duda la tienen, pero no como para descalificar absolutamente un proyecto que pretende
mejorar nuestra justicia penal. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ RAMOS: Señor ministro, les doy tanta importancia porque estamos hablando de derechos fundamentales y cuando hablamos de derechos fundamentales hablamos de los pilares sobre los que construimos y sustentamos hoy nuestro
Estado de derecho. ¿Sabe lo que sucede, señor ministro? Que los derechos fundamentales no se matizan, no se tamizan. O se protegen o se vulneran; o se respetan o se quebrantan, que es lo que usted hace en este anteproyecto de ley de
enjuiciamiento criminal y que es lo que su Gobierno ha hecho con la Ley de Tasas: pisotear todos los días el derecho constitucional de los ciudadanos al acceso a la justicia si no tienen dinero para pagar las tasas. Vale ya de discursos moderados
en los que dice usted que modificará, valorará... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, presidente.
Señoría, usted lo ha dicho en su primera intervención. Estamos reformando una Ley de Enjuiciamiento Criminal que, en sus distintas versiones, una de ellas la que se refiere al artículo 588, que es el que regula este tipo de intervenciones,
fue aprobada en 1988 por un Gobierno del Partido Socialista, y ha funcionado muy bien durante veinticinco años, con absoluta excepcionalidad para delitos que en aquella época tenían especial sensibilidad, como los delitos terroristas y delitos de
banda armada. Nosotros hemos planteado simplemente la posibilidad de ampliar ese tipo de delitos a otros que también hoy tienen especial complejidad y que están desarrollados en un ámbito internacional, como la trata de seres humanos, la pederastia
o algunos otros cometidos por bandas organizadas. En todo caso -insisto una vez más-, no deja de ser una propuesta, es un anteproyecto. Vamos a estudiar los informes que vamos a recibir. Tenemos la mejor disposición de que esa ley, como otras
tantas -luego hablaremos del Código Penal en esta Cámara-, pueda ser aprobada con el mayor grado de consenso posible. No sé si ha tenido usted oportunidad de leer el borrador del artículo 588, que habla de la proporcionalidad, de la especialidad,
de la singularidad, del control judicial, en todo caso por parte de las intervenciones acordadas, bien intervención previa o a posteriori, pero siempre con garantías judiciales. Por tanto, estoy seguro de que vamos a tener una buena Ley de
Enjuiciamiento Criminal y un buen sistema judicial de control de las actuaciones policiales, y espero contar con el consenso de esta Cámara para aprobar una buena reforma de nuestra ley procesal penal. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON ANTONIO CANTÓ GARCÍA DEL MORAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿CREE USTED QUE LA POLÍTICA DE AUSTERIDAD DE SU GOBIERNO HA
DADO SUS FRUTOS EN ESPAÑA? (Número de expediente 180/001172).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. En primer lugar, pregunta el diputado don Antonio Cantó, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Señor Montoro, ¿cree usted que la política de austeridad de su Gobierno ha dado frutos en España?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cantó.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Señor diputado, sí ha dado frutos. Ya nadie negará que la política presupuestaria del Gobierno, junto a las reformas estructurales, ha causado una recuperación económica que nos coloca a la cabeza del crecimiento de la Unión Europea, de la
zona euro en concreto, como ha reconocido el Fondo Monetario Internacional en su último informe, y que ello es esperanzador para resolver la crisis económica y la creación de empleo en España. Añado, señor Cantó, que esa política presupuestaria no
ha contado nunca con el apoyo de UPyD, o sea que gracias a ustedes no. Con lo cual, ahora que estamos en la fase de recuperación económica les podemos decir a los españoles que UPyD no ha colaborado en nada a la ahora de facilitar la salida de la
crisis de España.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Señor Montoro, la RAE define austero como rigurosamente ajustado a las normas de la moral. Me gustaría que usted me explicara qué moral le permite a usted ser responsable de que este año sigamos teniendo
más de 5 millones de parados; que más de la mitad de ellos, 2,7 millones, no reciban prestación alguna; que 1,8 hogares tengan a todos sus miembros activos en paro; que los Gobiernos regionales hayan bajado en un 13 % la inversión en sanidad;
que hayan excluido medicamentos de su cobertura; que hayan instaurado el copago; que sigan sin solucionar problemas rápidamente, como el de la hepatitis C, que causa, señor Montoro, 10 u 11 muertes al día; que en educación suba la carga lectiva
de los profesores; que haya más alumnos por clase; que se cierren pequeños colegios; que sigan sin existir guarderías; que bajen e imposibiliten las ayudas a la dependencia. ¿Su moral se lo permite, señor Montoro?
Todo esto está afectando especialmente a la gente más vulnerable. Según Oxfam, somos el segundo país de toda Europa con más desigualdades, solo tras Letonia. Somos el segundo miembro de la Unión Europea con más pobreza infantil, solo tras
Rumania. Invertimos la mitad de los recursos que invierten los países europeos de nuestro entorno en ayudas a la infancia. Dedicamos miles de millones a rescatar cajas de ahorros mientras continúan los desahucios y usted no hace más que engordar
la deuda. ¿Eso se lo permite su moral? Señor Montoro, tenemos la certeza de que esos sacrificios que usted está imponiendo a las familias y a las empresas españolas no se los está aplicando usted en la Administración. ¿Su moral le permite
mantener mientras tanto diputaciones; no fusionar servicios municipales; mantener esos consejos consultivos donde el señor Gallardón o el Camps de turno se colocan en días, cobrando más de 8.000 euros por trabajar una mañana a la semana; mantener
agencias, embajadas, asesores, que se han multiplicado por todas las comunidades autónomas para colocar a los suyos? ¿Por qué no aplica ahí su tijera de una vez por todas? Hay otro significado de austeridad, señor Montoro, que tiene que ver con
retirado, mortificado, penitente. Retirada, excluida del sistema está usted teniendo a toda la gente de este país; mortificada, sufriendo, y penitente porque estamos contando los días que quedan para dejar de sufrir bajo su Gobierno. Le voy a
añadir un pequeño comentario: me siento muy orgulloso de no haber votado nunca y, por lo tanto, de no ser cómplice de sus políticas, señor Montoro. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor Montoro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Desde luego que no, señor Cantó, ni falta que hacía. (Rumores). España tenía estabilidad política y tenía un grupo parlamentario suficientemente fuerte para hacer
lo que se hizo en un momento determinado en el país, y eso ha dado sus frutos. Voy a insistir esta mañana, contra pronóstico. Los organismos internacionales que hoy pronostican que España está liderando el crecimiento económico en Europa no
anticiparon que la recuperación empezaría en 2013. Empezó porque los españoles hicimos un gran esfuerzo y un gran sacrificio; empezó porque este país sabe reaccionar cuando tiene que levantarse. Ustedes no lo han entendido, y lo que han hecho ha
sido una oposición cicatera, mezquina, de pequeño espectro, que les ha descolocado en el cambio político que se está produciendo en España. Eso es lo que ustedes han venido a practicar a esta Cámara, tratando de confundir a la gente. En España el
gasto social asciende al 27,5 % del producto interior bruto, algo que hemos podido mantener con las emisiones de deuda pública. Como tuve ocasión de explicar ayer desde la tribuna -si usted hubiera estado presente en el hemiciclo quizá se habría
podido enterar-, de cada 4 euros del FLA, 3 han ido a gasto social. Ese es el gasto que se ha mantenido, que no se ha restringido en nuestro país y que, por tanto, ha logrado mantener la cohesión social básica en un momento tan duro como fue el de
la destrucción de puestos de trabajo. Ahora ya estamos empezando una nueva etapa y seguiremos...
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA SUSANA SUMELZO JORDÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿CUÁLES SON LOS DATOS REALES DE SU REFORMA ADMINISTRATIVA? (Número de expediente
180/001176).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas que formula la diputada doña Susana Sumelzo del Grupo Socialista.
La señora SUMELZO JORDÁN: Gracias, señor presidente.
Señor Montoro, su Gobierno alardea de haber ahorrado 18.000 millones en la Administración, pero no los detalla. Nuestro grupo parlamentario presentó 400 preguntas. Señorías, ¿saben cuántas ha contestado el Gobierno? Dos, señor ministro.
Cuatrocientas preguntas y dos respuestas, esta es la transparencia de la que ustedes presumen. Por ello le preguntamos: ¿Puede darnos los datos reales de su reforma administrativa? (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sumelzo.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señor presidente, señora diputada, no dirá que este ministro no ha atendido a los requerimientos de control de esta Cámara durante esta legislatura. Llevamos unas
cuantas preguntas, unas cuantas interpelaciones, algunas intervenciones en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas. Por tanto, las preguntas y los controles han sido atendidos; otra cosa es que a ustedes no les haya satisfecho. Los
datos son aquellos en los que usted misma ha insistido esta mañana. Los datos son los propios del informe que examinó el Consejo de Ministros a la vuelta de estas navidades, y a partir de ello el informe, relativo al balance CORA, contiene un
ahorro para las administraciones públicas de 18.000 millones de euros. Por cierto, detrás de ello está el cierre de muchas entidades públicas, prácticamente dos mil, distribuidas entre administraciones locales, administraciones autonómicas y
Administración General del Estado; además está el ahorro procedente de la introducción de la Administración electrónica que está ahorrando cada vez más trámites y reduciendo mucha burocracia. Todo ello se compendia en una menor burocracia, que es
lo que necesita nuestro país para salir de esta crisis económica.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señora Sumelzo.
La señora SUMELZO JORDÁN: Señor ministro, no nos ha dado ni un dato ni medio, y comprenderá que los que nos da no nos los creamos, porque queda de manifiesto que si ustedes no responden a cuatrocientas preguntas es porque no tienen claro
cómo responder, cómo explicar las cifras que ustedes venden a bombo y platillo. En cualquier caso, al no responder a nuestras preguntas están haciendo una dejación de sus funciones, están incumpliendo sus obligaciones, y -lo que a nuestro grupo le
parece más grave- están negando el derecho de los ciudadanos a conocer con exactitud las cuentas del Estado. Han tenido una oportunidad de ser transparentes y no la han utilizado. ¿Sabe por qué no lo han hecho? Porque su Gobierno miente, su
Gobierno llama reformas a lo que en realidad son recortes; recortes en los servicios médicos de más de 1,5 millones de empleados públicos, hachazos en sanidad, en educación, en dependencia y en cultura, auténticos hachazos a las clases medias y
trabajadores de este país. Sus reformas, señor ministro, son amnistías fiscales para los que más tienen y servicios públicos de mucha peor calidad, con empleados públicos peor pagados.
Señor Montoro, le voy a dar unos datos que proceden de su propio departamento, de la encuesta 2014 de la Agencia de Evaluación de la Calidad de los Servicios. En 2011 el 63 % de los ciudadanos consideraba que la prestación de los servicios
era satisfactoria y en 2014 el 43 %, un desplome de 20 puntos. Señor Montoro, lo está haciendo muy mal, estamos retrocediendo muchísimo en la calidad de los servicios. Usted podrá contestarme lo que quiera porque yo no voy a poder responderle,
pero lo único cierto es que con sus políticas han conseguido llevar a la Administración española a la peor situación de su historia; no se lo está diciendo este grupo parlamentario, se lo están diciendo los ciudadanos españoles. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Señoría, la intención del Gobierno es convertir a la Administración en una impulsora de la recuperación económica y de la creación de empleo. Acertaremos o no acertaremos, pero tenemos nuestras políticas, y decididas, en términos de reforma
de la Administración pública. A eso responde toda la orientación de la política del Gobierno, no solo de la política económica sino de las reformas estructurales que está acometiendo el Gobierno; dentro de ello está también evitar la duplicidad de
las competencias entre administraciones públicas. Lo que no incluimos en nuestro programa de Gobierno, ni ahora ni cuando éramos oposición, es la demagogia, como la que ha hecho su secretario general, el señor Sánchez, esta mañana cuando se ha
referido a mi persona y ha hablado de filosofía Montoro. El único proyecto que tiene este modesto ministro de Hacienda y Administraciones Públicas es contribuir a la recuperación económica de España. Jamás he pronunciado una frase como la que ha
utilizado su secretario general para referirse a mí, jamás. (Rumores). Usted no encontrará una grabación privada o... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON PEDRO SAURA GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿CUÁNDO VA EL MINISTRO DE HACIENDA A CONTAR TODA LA VERDAD SOBRE LA AMNISTÍA FISCAL? (Número
de expediente 180/001177).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, que formula el diputado don Pedro Saura, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿cuándo vamos a saber los españoles la verdad de la amnistía fiscal? Yo le preguntaba en septiembre del año pasado si alguien de la familia Pujol se había acogido a la amnistía fiscal. Usted, de manera sutil, calculada, me
dijo que el señor Pujol no. Estos días por un medio de comunicación nacional hemos conocido que a partir de un informe de la Agencia Tributaria -que usted conoce perfectamente- Oleguer Pujol ha regularizado, ha aflorado 4,5 millones de euros, a
partir de la amnistía fiscal. Señor Montoro, ¿la familia Pujol, y más concretamente el señor Oleguer Pujol, se han acogido a la amnistía fiscal?
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Señor Saura, yo tengo la obligación que establece la Ley General Tributaria en su artículo 95 en mis comparecencias públicas. Por cierto, el proyecto del Gobierno es modificar esa ley, para lo que vamos a consultar con el Grupo Socialista.
Yo le pido que sea riguroso; la información a la que se refiere proviene del procedimiento judicial abierto, que demuestra que habiéndose acogido a la declaración tributaria extraordinaria nadie queda exento de los delitos que haya podido cometer.
Eso es lo que se demuestra en el caso que usted cita y también en los demás. En España no ha habido una amnistía fiscal, eso es lo que se demuestra. La amnistía fiscal, según la Real Academia de la Lengua, significa el olvido legal de delitos que
extingue la responsabilidad de sus autores. Lo que estamos viendo es que no ha habido extinción de la responsabilidad de sus autores. ¿Lo ha entendido por fin, señor Saura, o vamos a necesitar que haya cientos de casos de estos? Si lo ha
entendido ya su grupo parlamentario, también le diría que se lo explique al señor Sánchez, a ver si se deja ya de tanta demagogia y hace un planteamiento serio y riguroso, de alternativa de políticas económicas a las que está aplicando el Gobierno
de España, porque el papel de la oposición, señor Saura, es ofrecer alternativa y dejarse de populismos y demagogias.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Saura.
El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señor Montoro, usted que se precia de conocer vida y milagros de artistas, de periodistas y de políticos, ¿cómo no iba a conocer ese informe y cómo no sabía la verdad de la amnistía fiscal del señor Oleguer Pujol? Usted, que filtra la
información de la Agencia Tributaria como le conviene, cuando le conviene y de la manera sectaria que le conviene, ¿cómo no iba a saber en septiembre del año pasado lo que yo le preguntaba? Usted que utiliza la Agencia Tributaria como asesoría
fiscal de las grandes empresas y de los grandes patrimonios, ¿cómo no lo iba a saber? Lo que sucede es que usted no quiso decir la verdad. Usted engañó a los españoles en sede parlamentaria; nos engañó porque no quiere usted que los españoles
sepamos la verdad, que los delincuentes de cuello blanco de este país se han acogido a la amnistía fiscal para irse de rositas fiscal y penalmente. Señor Montoro, el fiscal del caso Bárcenas hace una petición de rebaja de pena porque se ha acogido
a la amnistía fiscal. (Rumores). Sí, sí, se va a ir de rositas el señor Bárcenas. El señor Bárcenas se va a ir de rositas fiscalmente. Todo cuadra. Un apaño, una amnistía fiscal para que sus amigos y el señor Bárcenas se vayan de rositas fiscal
y penalmente. Díganos toda la verdad, señor Montoro. Los españoles nos merecemos un Gobierno que diga la verdad, no nos merecemos un ministro como usted.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Señor Saura, desde luego lo que no se merece el Grupo Socialista es un portavoz como usted, que vaya legislatura que está haciendo. (Risas.-Protestas.-Aplausos). ¿Usted no se ha leído el informe de la Abogacía del Estado en relación con el
caso del señor Bárcenas? En ese caso, defendiendo la postura de la Agencia Tributaria, esta no acepta la regularización fiscal del señor Bárcenas, la declaración tributaria extraordinaria, como explica la Abogacía del Estado. Eso no le interesa a
usted. (Rumores). A usted lo que le interesa -es lo que le decía al señor Sánchez en el debate de presupuestos- son espuertas de demagogia; es lo que ustedes hacen lanzando a la opinión pública, espuertas de demagogia. Así no hay manera de
mantener un debate serio y riguroso sobre nada de lo que está ocurriendo en nuestro país. Le voy a recordar que quien hizo cosas fue un Gobierno socialista, con el señor Rodríguez Zapatero (Rumores), porque cuando se tuvo la información de
defraudación de clientes en Suiza, en concreto, en la sede del HSBC, ahí si se produjo la... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, se le ha acabado el tiempo, hay que medirlo. Gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA LOURDES MUÑOZ SANTAMARÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: ¿CUÁLES HAN SIDO LOS MOTIVOS DE LAS NUEVAS DIMISIONES PRODUCIDAS EN LA AGENCIA
TRIBUTARIA? (Número de expediente 180/001178).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también al señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, que formula la diputada doña Lourdes Muñoz, del Grupo Socialista.
La señora MUÑOZ SANTAMARÍA: Señor ministro, noviembre de 2013, destituida la cúpula de la Delegación central de grandes contribuyentes. Escándalos, ceses, dimisiones, destapan la crisis interna de la Agencia Tributaria. Este enero de
nuevo dimisiones en cadena en la Unidad de grandes contribuyentes. Los técnicos hablan de falta de imparcialidad y objetividad. ¿Usted cree que esto no afecta a la credibilidad de la Agencia Tributaria? ¿Cree que todo este escándalo se puede
calificar de justicia? Eran preguntas que me hacía cuando le formulaba: Qué valoración hace el Gobierno de las dimisiones en la Agencia Tributaria. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Señora diputada, efectivamente en fechas recientes tres funcionarios de quinto a sexto nivel jerárquico en la organización -repito, de quinto a sexto nivel jerárquico en la organización- han procedido a su relevo, porque ni siquiera se puede
hablar de dimisión; son puestos de libre designación, por tanto han decidido eso. Es verdad que vivimos en un momento -se lo voy a reconocer a su señoría- en que determinados medios de comunicación hablan y titulan así: oleada de dimisiones. En
una organización de más de 26.000 personas en la que 3 funcionarios renuncian a su puesto de trabajo -insisto- en quinto o sexto nivel jerárquico de la organización... En fin, es una situación a la que el ministro de Hacienda y Administraciones
Públicas tiene que responder ante la Cámara; es un control de algo realmente fundamental.
La Agencia Tributaria está muy por encima de cualquier tipo de presión, se llame política o se llame de interés económico. Sus resultados tenemos que celebrarlos todos los españoles: la eficacia de su gestión, la lucha contra el fraude, la
lucha contra el fraude en todos los estamentos de nuestra sociedad, la lucha contra el fraude también en los grandes contribuyentes, porque nunca ha habido una época como esta en la que se haya tenido tanta eficacia en la lucha contra el fraude. O
sea, quien lance insidias -se llamen técnicos o no técnicos- lo que tienen que hacer primero es llevar adelante sus denuncias con sus nombres y apellidos sobre casos concretos que realmente identifiquen dónde no se están aplicando procedimientos
legalmente establecidos. A partir de ahí el proyecto del Gobierno es traer por primera vez ese estatuto de la Agencia Tributaria que dé seguridad y fiabilidad a todos. Obviamente vamos a consultar con el Grupo Socialista y con el resto de grupos
de esta Cámara, como ya tuve ocasión de anunciar hace algunos meses.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señora diputada.
La señora MUÑOZ SANTAMARÍA: Señor ministro, gobernar es poner las mejores ideas y a las mejores personas al frente de las instituciones, poner el partido al servicio del país; ustedes creen que gobernar es poner las instituciones al
servicio de su partido. Gobernar no es presionar a los funcionarios, no es influir en las resoluciones de Hacienda a favor de algunos poderosos, de los que más tienen, de los que más deberían pagar. Lo peor de todo este escándalo son sus
consecuencias: la pérdida de credibilidad de la Agencia Tributaria. Cuando se socava la conciencia fiscal, quién va a querer contribuir si se sospecha que se perdona a algunos de los que más deben pagar. Perdemos recaudación y se deterioran aún
más los vínculos y la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Señor ministro, es la primera vez en esta democracia que en pocos meses dimite dos veces parte importante de la cúpula de Hacienda, de la Oficina de grandes contribuyentes. Personas de Hacienda, funcionarios que han hablado estos días,
señalan fuga de funcionarios, descabezamiento de la agencia,
miedo. ¿Pueden trabajar bien quienes controlan a los que más deben pagar? Su Gobierno al servicio del partido perjudica la imparcialidad de las instituciones, a la democracia; ya son varias, demasiadas, las instituciones del Estado de
derecho puestas en duda, en cuestión: dimisión del fiscal general del Estado, filtraciones de informes de Interior de adversarios políticos y ahora funcionarios de la Agencia Tributaria dimiten y se habla de injerencia política a favor de algunos,
de los que más tienen. ¿Cree que esto contribuye al Estado de derecho, a la justicia, a que la gente piense que la Agencia Tributaria trabaja para todos? Le voy a recordar un lema de hace muchos años: Hacienda somos todos. No se olvide de que
sus amigos, los que más tienen, también. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.
Señora diputada, trate de leer alguna cifra. ¿Cómo está yendo la recaudación? A más, a más. ¿Eso tiene que ver con la Agencia Tributaria? Todo con la Agencia Tributaria. ¿Cómo está yendo la lucha contra el fraude? Está aumentando la
recaudación procedente de la lucha contra el fraude... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON CARLOS CASIMIRO SALVADOR ARMENDÁRIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUÉ NUEVAS MEDIDAS VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA HACER FRENTE AL TERRORISMO? (Número de expediente
180/001170).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro del Interior. La formula el diputado don Carlos Salvador, del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, hace dos semanas anunciaron ustedes la intención de impulsar un gran acuerdo contra el terrorismo. Todos los terrorismos actúan siempre igual, sobre una base que es una mezcla de fanatismo, radicalización y prepotencia con
la que creen justificados todos sus crímenes; atentan impunemente contra la libertad y la vida de las personas, pretendiendo socializar su odio buscando provocar miedo y quebrar la convivencia, generando conflictos donde no los hay y despreciando
los valores que cimientan nuestra sociedad. El terrorismo es esa serpiente que muda de piel permanentemente en función de su interés de destrucción de la convivencia y de la paz. Por eso le pregunto, señor ministro: qué hacemos, qué vamos a hacer
y qué van a hacer ustedes para combatir la amenaza terrorista.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Salvador.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señor presidente.
Señor Salvador, el Gobierno desde hace tiempo viene trabajando tanto en el ámbito operativo como en el normativo, tanto a nivel nacional, comunitario como internacional, para hacer frente a la amenaza del terrorismo que pretende destruir el
sistema de libertades y de valores sobre el cual se asienta nuestra convivencia. Usted conoce perfectamente, señoría, que España por desgracia es quizás el país que más ha padecido y durante más tiempo y con más intensidad el terrorismo; ese
terrorismo -en particular el etarra- que, como su señoría señalaba, pretendía imponer un proyecto totalitario y excluyente al conjunto de la sociedad sobre la base, como decía ETA en una de las últimas ponencias, de la socialización del sufrimiento
y del terror como medio para conseguir sus objetivos. Bien, el Estado democrático y de derecho ha conseguido derrotar policialmente a ETA y también al Grapo, y ahora se trata de dotarnos de los medios adecuados para hacer frente a la amenaza de ese
terrorismo del siglo XXI, de signo yihadista. Es evidente que entre todos lo vamos a conseguir.
De todas maneras le quiero recordar, sin perjuicio de que le aclare algunas cuestiones en la réplica, que ya en 2013 aprobamos la estrategia de seguridad nacional. Previamente, en 2012 aprobamos la estrategia nacional integral contra el
terrorismo internacional y la radicalización. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias viene aplicando desde hace tiempo un programa de intervención contra
internos islamistas en centros penitenciarios. Yo mismo tengo intención de llevar a eventual aprobación de un próximo Consejo de Ministros un plan estratégico nacional de lucha contra la radicalización violenta, que pretende diseñar un
enfoque multidisciplinar para hacer frente a la radicalización y el extremismo violento. Estoy convencido de que con esos instrumentos y otros que estamos negociando en un auténtico pacto de Estado con el Grupo Socialista, al que deseamos que se
incorporen cuantos más grupos mejor, estaremos también en condiciones de derrotar todos juntos a ese terrorismo internacional, como fuimos capaces de derrotar al terrorismo de ETA en el pasado.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Señor ministro, señorías, ningún ciudadano nace terrorista. Los terroristas se hacen, se fabrican. Lo que debemos preguntarnos es por qué, dónde, cómo y quiénes convierten a cualquier joven en un terrorista;
esa es la cuestión. Nuestra aportación a ese gran acuerdo que ustedes anuncian es que los condenados por graves actos de terror no puedan ejercer la docencia; no puedan ser ni educadores ni maestros ni profesores, para que no puedan tener la
oportunidad de lavar el cerebro a los jóvenes para utilizarnos en sus objetivos de destrucción de nuestra convivencia. ¿Se imaginan, señorías, señor ministro, a esos mismos condenados por graves delitos de terrorismo formando a sus hijos e hijas?
Debemos combatir el terrorismo cuando actúa, cuando ataca sin duda, pero también cuando esa serpiente incuba sus huevos precisamente allí donde menos peligro aparenta y menos viva parece. Señor ministro, debemos defendernos de las ideologías de
odio y prevenir y blindar a nuestros jóvenes de oscuros personajes que solo buscan radicalizarlos, y debemos hacerlo urgentemente porque esto puede estar pasando ya. Por eso le pido, señor ministro, que incorpore a ese gran acuerdo la propuesta de
Unión del Pueblo Navarro para que los terroristas no sean profesores. Yo espero que lleguen a ese acuerdo y lo hagan integrando al mayor número posible de grupos de esta Cámara, como también espero que incorporen esta propuesta con la que los
terroristas deberían saber y comprender que la sociedad española no se va a rendir jamás, nunca.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Fernández Díaz): Gracias, señor presidente.
Cuente con ello, señor Salvador. Efectivamente, fue una iniciativa de su grupo -y en particular de su señoría, se lo reconozco- la inhabilitación especial para la docencia de aquellas personas que fueran condenadas por terrorismo. Nos
parece absolutamente puesta en razón y va a ser objeto de ese acuerdo de Estado en los términos que he señalado y que usted también ha comentado, así como otras que hacen referencia...
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON PERE MACIAS I ARAU, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE FOMENTO: ¿CUÁLES SON LAS RAZONES DEL APAGÓN INFORMATIVO EN RELACIÓN CON EL NÚMERO DE PASAJEROS TRANSPORTADOS
POR LAS DIFERENTES LÍNEAS DE ALTA VELOCIDAD? (Número de expediente 180/001183).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida a la señora ministra de Fomento, que formula el diputado don Pere Macias, del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió.
El señor MACIAS I ARAU: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, usted ha dado hace poco una cifra de 14.245 millones de euros, que es la cantidad que a lo largo de su mandato se ha destinado a inversiones en la nueva red de alta velocidad. Esta es una cantidad inmensa, muy importante, y
por tanto es una política de Estado que creo que debe ser fundamental en estos momentos. Ahora bien, para avalar las políticas de Estado hace falta que los ciudadanos puedan tener conocimiento de los datos acerca de esta política. Mi pregunta, que
le transcribo literalmente, hace
referencia a una apelación a la máxima transparencia en relación con esta política: ¿cuáles son, señora ministra, las razones del apagón informativo en relación con el número de pasajeros transportados por las diferentes líneas de alta
velocidad?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Macias.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor Macias. No hay falta de información, todo lo contrario; hay datos, hay muchos datos y además son magníficos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señor diputado.
El señor MACIAS I ARAU: Señora ministra, con todo mi cariño, si me permite esta expresión: datos, haberlos, habíalos; pero hasta 2012 esta publicación del Grupo Fomento daba datos como que en el año 2011 -el último que tenemos- 2.545.907
pasajeros viajaron de Madrid a Barcelona; o, por ejemplo, que en la estación de Sevilla, Santa Justa, subieron o bajaron 2.652.030 pasajeros. Pero esto, que se ha seguido publicando en los anuarios de 2013 y de 2014, se ha convertido en una
especie de propaganda institucional donde ha desaparecido cualquier dato de valor estadístico. Por tanto, señora ministra, ha habido un apagón informativo real. Yo creo que en un momento en el que la señora vicepresidenta -que ahora no está- nos
está dando a todos lecciones de transparencia informativa (hay que ser transparente, hay que dar a los ciudadanos la información), algo que ya existía, que estaba muy bien, que era una serie estadística bien trabajada a la cual tenían acceso todos
los ciudadanos del país porque además la información estaba disponible en la web, ahora ha desaparecido, incluso para un parlamentario acceder a estos datos es una gincana de unas proporciones estratosféricas.
Señora ministra, no es verdad. Los datos no existen o cuesta mucho encontrarlos y ni en la web de Renfe ni en la de Ferrocarriles Españoles existen estos datos. Señora ministra, por favor, transparencia. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Macias.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE FOMENTO (Pastor Julián): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Macias, con el mismo cariño y respeto con que usted me lo ha dicho. Mire, señoría, deben ir muy bien las cosas cuando usted me pregunta por un anuario. El ministerio publica numerosos datos estadísticos, todos ellos de ferrocarril:
el boletín estadístico y el anuario estadístico, el informe anual denominado Los transportes y las infraestructuras; el informe anual, las cuentas anuales, que también tienen los datos de actividad; el informe de gestión que realiza cada año Renfe
Operadora. En particular, los datos por los que usted pregunta los elabora el Observatorio del ferrocarril, que van a ser publicados, por cierto, en las próximas semanas. Pero además, señoría, en el Pitvi y en la estrategia logística hemos creado
el Observatorio del transporte y la logística del ministerio, que es una fuente de información integrada donde, además de todos esos datos de ferrocarril, de carreteras, aeronáuticos, aparecen por primera vez los de logística y de transporte
metropolitano, que, como usted sabe, no se publicaban.
Señoría, trabajamos para que los datos sean los mejores; tanto es así, señoría, que los datos son excelentes y eso es lo más importante de los anuarios, que recojan datos excelentes. Mire, frente a los 23 millones de viajeros del año 2011,
el pasado 2014 los trenes AVE y de larga distancia han llegado casi a 30 millones de viajeros, un 28,5 % más y un 15 % más que en 2013. En 2011, señoría, en Cataluña se movieron 4,9 millones de viajeros; en 2012, un 16 % más; en 2013, un 20 %, y
en 2014, un 26 % más. Es decir, de 4,9 millones hemos pasado a 8,6 millones. Esto es lo realmente importante y lo que debería de preocupar.
Por tanto, total transparencia y además esa transparencia lo que dice es que los datos de la utilización del ferrocarril en España son espléndidos, ¿por qué?, porque hemos hecho una política comercial que ha sido magnífica para que los
ciudadanos accedan a un servicio que es de todos y para todos. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON MIGUEL ÁNGEL HEREDIA DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿TIENE PREVISTO EL GOBIERNO IMPULSAR LA SUBIDA SALARIAL EN ESPAÑA? (Número de expediente
180/001179).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social. Pregunta, en primer lugar, el diputado don Miguel Ángel Heredia, del Grupo Socialista.
El señor HEREDIA DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, ¿tiene previsto su Gobierno impulsar una subida salarial en nuestro país?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Heredia.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, señor presidente.
Señor Heredia, como usted conoce muy bien, el Gobierno no fija los salarios, los salarios se deciden en negociación colectiva entre los representantes de los trabajadores y los representantes de las empresas. En este momento están
negociando una renovación del acuerdo de enero de 2012 de negociación colectiva para, como le dijeron al presidente del Gobierno y a mí misma, acompasar la subida de salarios al proceso que ya se está produciendo en España de creación de empleo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Señor Heredia.
El señor HEREDIA DÍAZ: Señora ministra, el otro día leía unas declaraciones de su compañero De Guindos en las que decía que los españoles ya no tienen miedo a perder su empleo. Justo al lado de esa noticia aparecía otra de un niño de
Carabanchel, Nacho, que sufría porque en su familia no entraba ningún ingreso, y decía: Mi madre está en paro y no sé qué hacer para poder ayudarla. Esta es la realidad que su Gobierno, que ustedes, no quieren ver. Hoy hay 650.000 ocupados menos
y 140.000 parados más que cuando Rajoy llegó al Gobierno. La duración media de los contratos el pasado año ha sido de menos de dos meses y el 25 % de todos los contratos no ha llegado siquiera a una semana. Uno de cada dos trabajadores de nuestro
país cobra 970 euros y uno de cada tres solo alcanza los 648. Se lo dije hace una semana y hoy se lo vuelvo a preguntar: señora ministra, ¿podría usted vivir con 648 euros al mes? Responda a esta cuestión. Los salarios han bajado
sustancialmente, los trabajadores españoles solo cobran menos que los de Portugal, los de Polonia y los de Grecia y todos los organismos internacionales les están diciendo que cambien su política salarial. Sin embargo, ustedes no lo están haciendo.
Por eso yo tenía la esperanza de que este año iban a subir de forma decente el salario mínimo, pero no lo han hecho. En cuatro años, en una legislatura, solo lo han subido 7 euros, una subida absolutamente indecente. Les recuerdo que un Gobierno
socialista lo subió 181 euros.
Entérese, señora ministra, con salarios más bajos no hay consumo y sin consumo no hay reactivación económica. Le voy a explicar lo que está haciendo su reforma laboral. Su reforma laboral está provocando situaciones como la de ese
restaurante que por doce horas sirviendo mesas paga 500 euros, o ese hotel de Calviá de cuatro estrellas donde más de un tercio de la plantilla son becarios, o esa panadería de Jerez donde se trabaja de lunes a domingo nueve horas, sin vacaciones,
por 500 euros y en donde además el pan que no se vende se descuenta del sueldo. Esta es la barbaridad de su reforma laboral. Señora ministra, el otro día, en una visita a un comercio en Marbella alguien me decía que su reforma laboral no solo está
castigando y machacando los derechos de los trabajadores sino que, lo que es peor, atenta contra su dignidad. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Heredia.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Heredia, el sueldo de los trabajadores que nos preocupa fundamentalmente es el de los 3,5 millones a los que ustedes mandaron al paro cuando gobernaba el Partido Socialista. (Aplausos). Ese es
el primero que nos preocupa, porque para subir salarios lo primero que hay que hacer es tener empleo. Se creó empleo en España por primera vez en 2014, después de siete años muy duros de crisis económica, por cierto, gobernados la mayoría
por el Partido Socialista. Se crearon 1.600 empleos cada día. ¿Sabe lo que pasaba cuando llegó al Gobierno el Partido Popular? Que se destruían 1.400 empleos cada día. Por tanto, nos queda mucho por hacer, sin duda ninguna, pero hoy estamos un
poco mejor.
Señor Heredia, ¿sabe lo que beneficia a los trabajadores? Que la inflación, que es el impuesto más negativo, esté controlada y sea moderada en este país, y eso se consigue con reformas económicas, como ha hecho este Gobierno del Partido
Popular. Porque la subida media salarial en el año 2014 pactada en convenio colectivo fue del 0,57 %, pero como la inflación fue negativa tuvieron ganancia de poder adquisitivo. ¿Sabe lo que pasó en 2011, gobernando el Partido Socialista? Que
subieron los salarios un 1,6 pero la inflación fue superior al 3 % y todos los trabajadores perdieron, señor Heredia. Perdieron los pensionistas con un Gobierno socialista que les congeló las pensiones por primera vez en la historia democrática de
España. Ha llegado el Partido Popular y las pensiones suben siempre en España, los pensionistas han ganado más de 2.000 millones de euros en 2013 y 2014. Señor Heredia, no den lecciones de empleo ni de subida de salarios porque sus recetas son
ruina económica y social. La nuestra: menos paro, más empleo, menos impuestos y más pensiones.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON RAFAEL SIMANCAS SIMANCAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO EL RECHAZO POR EL TRIBUNAL SUPREMO DE LA MAYORÍA DE DESPIDOS COLECTIVOS
REALIZADOS AL AMPARO DE LA REFORMA LABORAL SOBRE LOS QUE HA TENIDO OCASIÓN DE PRONUNCIARSE? (Número de expediente 180/001180).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida también a la señora ministra de Empleo y Seguridad Social y que formula el diputado don Rafael Simancas, del Grupo Socialista.
El señor SIMANCAS SIMANCAS: Señora ministra, con esa soltura a la que nos tiene usted acostumbrados, recientemente manifestó a los trabajadores de este país que debían sentirse alegres por el resultado de sus políticas de empleo, el
presidente de mi grupo se lo ha recordado hace unos minutos. Me gustaría preguntarle personalmente por qué, por qué entiende usted, señora Báñez, que los trabajadores de este país tienen que estar satisfechos, contentos y alegres por el resultado
de sus políticas de empleo, por ejemplo, en relación con los ERE. ¿Cree usted de verdad que los sufridores del ERE de Coca-Cola están alegres en estos días después de haber sido despedidos de sus puestos de trabajo, o los sufridores del ERE de
Telemadrid, o los del ERE del Ayuntamiento de Estepona, o los del Ayuntamiento de Jerez, o las decenas y decenas de despidos colectivos que se han producido al amparo de su reforma laboral? ¿Cree que están alegres? ¿Sabe por qué están estas
personas en la calle, señora ministra? Por su culpa, porque antes de su reforma laboral no estaban permitidos en este país despidos colectivos en empresa con beneficios ni en administraciones públicas. Coca-Cola ha apretado el gatillo del ERE,
pero usted le ha cargado el arma. El Ayuntamiento de Estepona ha apretado el gatillo del ERE, pero usted le ha cargado el arma. ¿Cree usted de verdad que deben de sentirse alegres los trabajadores despedidos en este país? Más de la mitad de los
recursos presentados ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo por los ERE en el último año han acabado en la anulación. Los tribunales amparan los derechos de los trabajadores que usted deja a la intemperie. Parafraseando al señor Rajoy,
la sentencia del Supremo sobre la ultraactividad dirá lo que mañana leeremos en la sentencia del Supremo sobre la ultraactividad, pero usted sabe qué dice esa sentencia y usted sabe que es el mayor varapalo que ha recibido nunca un ministro de
Empleo en este país. Se lo digo con sinceridad: ante ese varapalo, yo hubiera dimitido, por vergüenza, señora ministra.
Ahora me puede usted contestar como acostumbra, con Zapatero, con González, con Indalecio Prieto o con quien quiera, olvidándose de los trabajadores. O puede usted tener un arranque de dignidad, pedir perdón a esos miles de trabajadores
despedidos injustamente por su reforma laboral, trabajar para que recuperen sus empleos y derogar la reforma laboral que está trayendo tanta desgracia a este país.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Simancas.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Simancas, lo primero, antes de hacer una pregunta en este Parlamento donde están los representantes de todos los españoles, es tener un poco de rigor (Una señora diputada: ¡Ya estamos!), y yo le voy a contestar con rigor, aunque usted
no pregunte con rigor. Respeto las decisiones judiciales porque respetamos la división de poderes que establece nuestra democracia. En segundo lugar, cuando venga aquí a hacer preguntas lea un poco, aunque sean solo las notas de prensa del Consejo
General del Poder Judicial, pero dé datos reales y datos con rigor. Se los voy a dar esta mañana, ya que usted no hace su trabajo con ese rigor. Entre marzo del año 2012 y septiembre del año 2014 se llevaron a cabo 11.542 despidos colectivos en
este país, de los cuales, señor Simancas, el 84 % fueron acordados por las partes. Solo 58 de más de 11.500 llegaron al Tribunal Supremo, el 0,5 %. De todos esos, 16 fueron declarados nulos y 9 no ajustados a derecho.
Señor Simancas, nosotros hemos dejado claro que con la reforma laboral queríamos que el despido en este país fuera el último recurso, y lo está siendo; cada año sobre el anterior disminuyen en un 50 % los despidos colectivos. Pero no es
verdad que se esté torpedeando en los tribunales la reforma laboral. Me alegro de que los tribunales pongan en su sitio a quienes no cumplen la ley. ¿Usted por qué no lo hace? Quizá porque es parte de ese fraude y de esa injusticia frente a los
trabajadores. ¿Y sabe por qué? Porque su partido, donde gobierna como empleador, no hace eso. El PSOE en Andalucía ha tenido que ser rectificado en el Tribunal Supremo. ¿Sabe por qué? Le han declarado nulo el despido colectivo decidido por la
Junta de Andalucía sobre los agentes locales de promoción de empleo. ¿Sabe lo que dice el Supremo? Lo rechazamos porque ha sido una situación fraudulenta por parte de la Administración andaluza con el único objetivo de evitar el cumplimiento de la
normativa sobre la integración en el Servicio Andaluz de Empleo. (Rumores). Si quiere luchar contra los despidos colectivos y favorecer a los trabajadores, hable primero con su partido en Andalucía.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN MONTÓN GIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: ¿TIENE INTENCIÓN EL GOBIERNO DE EVITAR QUE EL ESTABLECIMIENTO DE UN COPAGO
CONFISCATORIO IMPIDA A LAS PERSONAS QUE LO NECESITAN ACCEDER A LAS PRESTACIONES DE LA LEY DE DEPENDENCIA, COMO ESTÁ SUCEDIENDO EN LA COMUNITAT VALENCIANA? (Número de expediente 180/001181).
El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Pregunta, en primer lugar, la diputada doña Carmen Montón, del Grupo Socialista.
La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, antes de ser presidente, Rajoy aseguró que no tocaría la dependencia. Después han llegado los recortes, los copagos, los repagos, quitar la Seguridad Social a las cuidadoras y cambiar la valoración para restringir el acceso
o la expulsión del sistema. En España el PP está desmantelando el sistema de dependencia, pero en la Comunidad Valenciana se ha cebado.
Ministro, las y los valencianos queremos saber si va a consentir que en la Comunidad Valenciana el establecimiento de un copago confiscatorio impida el acceso a las prestaciones de la Ley de Dependencia. Queremos saber si está de acuerdo
con ese copago extra que Fabra ha aprobado en la Ley de acompañamiento de los presupuestos, si va a consentir que Fabra asuma competencias que no le son propias para, como dice el Cermi, abocar aún más a los dependientes valencianos a la pobreza y a
la exclusión social. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora diputada.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso Aranegui): Gracias, señor presidente.
Señoría, creo que la Ley de Dependencia, tal como estaba establecido el día que se aprobó y como preveía la memoria económica y el calendario de despliegue, se está cumpliendo razonablemente. Tiene que terminar su implantación
definitivamente a lo largo del ejercicio 2015 y eso es lo que se va a producir y, como usted sabe, el día 1 de julio incorporaremos los dependientes de grado I y los dependientes moderados, que son aproximadamente 315.000 personas en España. Por
tanto, habremos terminado en los plazos previstos el despliegue de esta ley. Será también momento de hacer una evaluación exactamente de cómo ha funcionado en todos sus aspectos, también naturalmente en el modelo de financiación que la ley prevé y
el modelo de financiación que la ley prevé es un modelo mixto en el que, según se establece en la Ley de Dependencia, tiene que haber una aportación de los usuarios.
El acuerdo del Consejo Territorial de la Dependencia entre todas las comunidades autónomas estableció las garantías básicas de la participación de los beneficiarios en la financiación. Estableció tres garantías. Primera garantía: nadie
debe quedar al margen de las prestaciones o de la atención por razones económicas. Segunda garantía, un límite por debajo: los que no lleguen a unos ingresos equivalentes al Iprem no pagarán nada. Tercera garantía, un límite por arriba: los
demás pagarán conforme a su capacidad económica -que es lo que preveía la ley y lo que ustedes aprobaron-, pero con un tope del 90 % del coste del servicio. Este es el sistema y, por tanto, esto es a lo que están obligadas el conjunto de las
comunidades autónomas en España. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señora Montón.
La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Señor ministro, contésteme a lo que le estoy diciendo. Usted puede decir muchas cosas, pero debe garantizar la igualdad. Ha tenido que ser el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana el que declare la nulidad
del copago establecido en el Decreto de agosto de 2013 que, por ejemplo, obliga a pagar hasta el 90 % de la pensión. Y ni aún así. Saltándose la sentencia, el presidente Fabra insiste y cuela ese nuevo copago en la Ley de acompañamiento de los
presupuestos de la Generalitat. ¿Usted qué va a hacer? En Andalucía, con la excusa de la defensa de unas supuestas competencias, el PP ha paralizado en el Tribunal Constitucional la subasta de medicamentos, que sin duda beneficia a la ciudadanía.
En la Comunidad Valenciana, gobernada por el PP, ¿va a ser cómplice del quebrantamiento de la vida de las personas con dependencia? Los socialistas vamos a agotar todas las vías en defensa de una vida digna para las personas con dependencia. Si es
necesario, llegaremos al Tribunal Constitucional. ¿Usted qué va a hacer? ¿De qué lado se va a poner? ¿Va a defender a los valencianos y a las valencianas o va a defender a su partido? (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Montón.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso Aranegui): Gracias, señor presidente.
Señora Montón, para hablar con rigor conviene explicar a los ciudadanos lo que ha pasado en la Comunidad Valenciana. En la Comunidad Valenciana ha habido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anuló una decisión del Gobierno de
aquella comunidad por considerar que lo que estaba estableciendo como un precio público era una tasa y, por tanto, tenía reserva de ley. Esa es la cuestión de forma que ha obligado al Gobierno de aquella comunidad a regularlo correctamente
aprobando una norma jurídica de ese rango. Eso es lo que ha ocurrido y les pasó a ustedes también. Cuando ustedes aprobaron en el Consejo Territorial de Dependencia los criterios del copago que habían establecido en la ley ustedes, el Partido
Socialista, también fueron anulados por los tribunales en 2008. Les anularon aquel acuerdo y tuvimos que hacer el acuerdo nosotros en 2012; el acuerdo que está vigente, que no ha sido anulado y que es el que establece las garantías. Por tanto, el
ministerio va a revisar que esas garantías se cumplan en todas las comunidades autónomas. Lo que ocurre en Valencia... (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ MARTÍNEZ OLMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD: ¿PIENSA ASEGURAR LA FINANCIACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE HEPATITIS C QUE LE HA RECLAMADO EL
GRUPO SOCIALISTA PARA QUE HAYA IGUALDAD DE ACCESO A LAS NUEVAS TERAPIAS SIN DISCRIMINACIÓN? (Número de expediente 180/001182).
El señor PRESIDENTE: Pregunta dirigida al señor ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por el diputado don José Martínez Olmos, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor MARTÍNEZ OLMOS: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿piensa asegurar la financiación del Plan nacional de hepatitis C que le ha exigido el Grupo Parlamentario Socialista para garantizar así el acceso a las nuevas terapias a todas las personas que lo necesiten sin
discriminación alguna?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor diputado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso Aranegui): Gracias, señor presidente.
Señor Martínez Olmos, absolutamente sí. Tendremos que garantizar la financiación de esos fármacos porque esa es la manera en que podemos garantizar que llegan efectivamente a todos aquellos que lo necesitan, de acuerdo con los criterios que
desde el punto de vista científico y clínico se establezcan en el plan estratégico. Ahora mismo, como usted sabe, hay aprobados unos informes de posicionamiento terapéutico y una guía que ya establece la prescripción de estos tratamientos y su
indicación a determinado número de pacientes. Quiero decirle que en estos momentos esa guía terapéutica, y por tanto esos IPT y por tanto la prescripción de los pacientes para los que ya está indicado tienen ahora mismo garantizada la financiación
en el sistema.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Martínez Olmos.
El señor MARTÍNEZ OLMOS: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, en este tema desgraciadamente ha habido un retraso injustificado en la actuación de su Gobierno al asumir una reivindicación y una propuesta que, desde el punto de vista de la oposición constructiva, lleva haciendo mi grupo
parlamentario desde hace tiempo. La propuesta era hacer un plan nacional que con los criterios científicos, teniendo en cuenta las aportaciones de las organizaciones profesionales, de las organizaciones de pacientes y de las comunidades autónomas
garantizase que todas aquellas personas que tienen necesidad de nuevas terapias por decisión médica las pudieran tener con la financiación adecuada. Este retraso no tiene justificación y ha sido consecuencia de una actuación inadecuada por parte de
su Gobierno cuando estaba trabajando con el laboratorio que produce alguno de estos productos y ha sido, en mi opinión, débil consiguiendo un precio excesivo. Ahora, con la aplicación de este plan es importante que ustedes hagan la fuerza necesaria
para conseguir un mejor precio de estos productos y que la financiación a la que usted ya empieza a comprometerse -y yo se lo agradezco- esté garantizada con el menor coste posible para el conjunto de los presupuestos públicos. Pero, mire, yo
quiero un compromiso formal, potente, de que las comunidades autónomas no van a tener problemas para poder hacer frente a estas decisiones que el Gobierno tiene que adoptar obligatoriamente. Lo mismo que en su momento hubo una financiación
específica para el sida o para la hormona del crecimiento, hay posibilidades de que las comunidades autónomas tengan garantía de esa financiación. En ese sentido, le propongo algunas vías para ese fondo de cohesión que nosotros planteamos. Por
ejemplo, haga usted una subasta de medicamentos como en Andalucía para que, frente a las industrias farmacéuticas que no sean innovadoras, podamos conseguir los ahorros que permitan financiar este plan. Asimismo, si es posible y quiere, coja parte
de los ingresos del IVA sanitario y dedíquelo a esta finalidad, porque los pacientes no pueden esperar más. Me alegro de que usted ya empiece a rectificar en esta cuestión, en la que desgraciadamente el Gobierno ha sido insensible y ha generado
innecesariamente un daño en la salud de los pacientes. Vayamos hacia delante con firmeza y consigamos hacer posible que los pacientes estén con todas las garantías en nuestro sistema sanitario.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Olmos.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD (Alonso Aranegui): Gracias, señor presidente.
Señor Martínez Olmos, cuando he afirmado que ahora hay capacidad financiera para prescribir los fármacos de acuerdo con la guía terapéutica en vigor -por tanto las comunidades lo deben hacer- no le he explicado cómo se consigue tener esa
financiación. La financiación se consigue porque se obtienen mejores precios por la compra centralizada de medicamentos; por eso creo que ayudaría mucho que la Comunidad de Andalucía se sumara también a esa compra centralizada y se apartara del
sistema en solitario que está siguiendo últimamente. Creo que sería mejor que fuéramos todos juntos. También estamos hablando y negociando con otros países europeos para tratar de comprar juntos los medicamentos. Sería mejor aún que además todos
los españoles compráramos juntos, ya que conseguiríamos mejores precios. Hay incorporaciones de genéricos, patentes que están venciendo a lo largo de este año, y eso deja hueco para que podamos incorporar las innovaciones. Ese es el reto,
incorporar las innovaciones al sistema y gestionar adecuadamente la compra de los medicamentos para que haya margen de incorporación de esas innovaciones, y por esa vía se está consiguiendo.
A partir de ahí, usted pide que establezcamos un fondo específico, y yo le digo que ese es un fondo con nombres y apellidos y que no me parece la mejor estrategia de negociación aprobar ahora un fondo cuyo destinatario se conoce y
seguramente lo está esperando, no es la línea que va a seguir ahora mismo el ministerio. Nosotros trabajamos en la negociación estableciendo, primero, contacto con otros países europeos -se ha hecho en el caso del ébola, donde los equipos de
protección se compran centralizadamente en el marco de la Unión Europea- y, segundo, negociando a través de fórmulas de techo de gasto, de riesgo compartido o de precio por volumen. A través de esa negociación y por esa vía creo que podremos
garantizar que nuestro sistema tiene capacidad -si se gestiona con rigor- de incorporar innovaciones, esta y las que vengan en el futuro. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL. (Número de expediente 121/000065).
El señor PRESIDENTE: Vamos a continuar el orden del día con dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. Ambas iniciativas legislativas tienen carácter de ley orgánica; por lo tanto, de acuerdo con el artículo 131.1.2 del
Reglamento, anuncio que no se votará antes de las dos de la tarde. En primer lugar, dictamen relativo al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Comienzan, en primer lugar, las
intervenciones del Grupo Mixto, que tienen una cierta amplitud cuando los debates son importantes, como en este caso. En primer lugar, tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, estamos en la tramitación de una ley muy importante, sin duda una de las más importantes de esta legislatura, por ello mi primera reflexión y mi primer deseo serían esperar que al final esta norma se pudiera aprobar con el mayor
acuerdo y apoyo posibles.
El Código Penal regula la libertad y la seguridad en el ejercicio de los derechos más importantes de nuestra sociedad -la vida, la propiedad privada, las bases del orden y nuestra convivencia-, lo que se ha llamado, y así lo recoge la
exposición de motivos, la Constitución negativa de nuestro país. Es una ley que debe hacer compatible un principio de intervención mínima con la función de tutela de los valores y derechos de una sociedad cada día más compleja. Es una ley que debe
mantener el equilibrio entre garantizar la seguridad de todos y respetar las libertades constitucionales de cada uno. Es una ley que debe sancionar de forma disuasoria, pero también justa y proporcional, el delito y, a su vez, debe permitir la
resocialización del delincuente. Es una ley que debe responder de manera eficaz a los cambios que observamos y padecemos en la naturaleza y a las nuevas formas de delincuencia que, querámoslo o no, se tecnifican, se especifican, se especializan y,
por desgracia, encuentran nuevas formas de burlar la ley o de aprovechar sus lagunas o sus soluciones anticuadas.
Creo que todos somos conscientes de ello y la prueba son las más de ochocientas enmiendas presentadas por casi todos los grupos. Unión del Pueblo Navarro ha participado modestamente con seis enmiendas. Pedíamos en todas ellas lo mismo, se
justificaban en lo mismo. Todas ellas pedían que se incluyera una inhabilitación especial para aquellas personas que cometen delitos especialmente graves, dirigidos contra la libertad e indemnidad sexuales, delitos de xenofobia, de racismo, los que
se han encuadrado como delitos de odio, delitos de genocidio y también delitos de terrorismo. Creíamos que era necesario regular una protección cualificada de los menores frente a la posibilidad de que los autores de este tipo de delitos tan graves
y repugnantes puedan entrar en disposición de ejercer algún tipo de influencia en la formación o desarrollo educativo de nuestros jóvenes, y especialmente de los menores. El grupo de la mayoría y otros grupos votaron favorablemente nuestras
propuestas de incluir esta inhabilitación para determinados delitos, como los que atentan contra la libertad e indemnidad sexual, xenofobia, racismo, y lo agradezco. Esperamos, como hoy he tenido oportunidad de pedir al ministro del Interior, que
la inhabilitación especial para esas graves condenas por terrorismo se incluya en el futuro acuerdo sobre terrorismo. Es por lo que en su día, en esa confianza, renunciamos a la enmienda número 101, que pretendía esa modificación del Código Penal.
Como también anuncio, señor presidente, que retiraré, porque han quedado descontextualizadas, las enmiendas 99 y 100 de este grupo, que todavía quedaban vivas para su votación hoy.
Termino, señorías. Dada la complejidad técnica de este texto, quisiera finalizar mi intervención agradeciendo el trabajo de los servicios jurídicos de la Comisión, su paciencia y su gran profesionalidad. Muchas gracias, señoras letradas.
Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.
Por el Grupo Mixto también, tiene la palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
El Código Penal viene siendo habitualmente un instrumento al servicio de la demagogia, utilizado frecuentemente por el bipartidismo desde el oportunismo y la hipocresía. Estamos cansados de ver cómo se modifica a golpe de telediario y desde
la visceralidad, apartándose de la racionalidad que se presume a los legisladores. En el presente caso, el Partido Popular ha dado un paso más y ha decidido mantener la pseudoimpunidad de la corrupción política y lanzarse a un discurso del pasado,
antidisturbios, antilibertad de expresión, antidemócrata, seguramente con el fin de contentar a sus votantes más rancios.
Esta ley simboliza un serio paso atrás en la democracia. ¿Que han decidido hacer con la indignación de la gente? Penalizarla, perseguirla. Este Código Penal es un reflejo de lo que es el Partido Popular: legisladores con serios problemas
para entender la democracia. Una ley hecha de cara a un proceso electoral que durará poco, dados los serios problemas e injusticias que va a provocar. El endurecimiento de las vías de protesta y del ejercicio de la libertad de expresión,
expresiones propias del conflicto social que estamos viviendo, es una buena prueba de ello. Los expertos lo llaman criminalización generalizada del conflicto social, esto es, los presuntos corruptos que apoyan a los que gobiernan, y los que se
atreven a protestar, a la cárcel. Se vuelve al sistema pro carcelario, abandonando la reinserción y resocialización. Se incorpora la cadena perpetua con eufemismos, se legisla contra la gente, de nuevo, y este Código Penal aprobado en solitario es
una buena prueba más de cuáles son sus miedos y sus prioridades. Una prueba de que para ustedes el sistema judicial penal es un mecanismo de represión de la disidencia y de la pobreza y no de cohesión social y convivencia. Llenar las cárceles de
manera absurda y desproporcionada, mientras que los que han hundido este país viven tranquilos e impunes, es legislar para los suyos. Su tibieza contra la corrupción les pasará factura. Legislar contra la gente, contra la sociedad, les pasará
factura. Engañar, una y otra vez, a la gente, les pasará factura.
Esta reforma penal es un absoluto disparate en un Estado democrático. Lo mejor que podrían hacer es retirarla antes de generar más caos, indignación y repudio ante su evidente falta de sentimiento democrático y falta de respeto hacia la
libertad de expresión, reunión y protesta. Por la convivencia, por la democracia, por esa Constitución que tanto invocan cuando les interesa y tanto maltratan cuando quieren, por la sociedad a la que esta Cámara representa en su conjunto deberían
retirar esta propuesta de reforma que solo ustedes defienden y que no se ajusta a la democracia en que la mayoría de los ciudadanos queremos vivir.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
También por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, hoy se va a aprobar una reforma del Código Penal que desde todos los ámbitos -político, social o judicial- es considerada como un grave retroceso en la justicia y las libertades, en línea con la recientemente aprobada Ley de
Seguridad Ciudadana. Las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego que hoy defendemos van en la línea de impedir tamaña atrocidad. Eso justifica que más de doce de nuestras enmiendas sean de supresión a diferentes artículos de este proyecto,
intentando evitar que se restauren penas inhumanas como es la permanencia en prisión, además con amplio margen de discrecionalidad, que es claramente incompatible con la finalidad resocializadora de las penas. Las restricciones en el acceso a
beneficios penitenciarios cuando la conducta demuestre que la resocialización evoluciona favorablemente es otra de las cosas que nos preocupan. Con nuestras enmiendas intentamos que esta injusticia no se incorpore al texto. En nuestra enmienda 604
tratamos de evitar la discrecionalidad en la ampliación de medidas de seguridad. En esa misma dirección va nuestra siguiente enmienda, la 605, que suprime el apartado 2 del artículo 101, porque entendemos injustificable que se cumpla parcialmente
la suspensión de la pena de privación de libertad antes que medidas de seguridad, puesto que con ello se pretende que personas que precisan de tratamientos e internamientos especializados, antes de ser sometidos a ellos, cumplan prisión en centros
penitenciarios con otros reos comunes sin recibir tratamientos específicos. Como hemos dicho, este Gobierno continúa la línea represiva de la 'ley mordaza' en la que se penaliza de manera excesiva a personas que participan en movilizaciones
sociales o sindicales. El propio ministro recientemente ha dicho algo de esto. Por eso volvemos a insistir en nuestra enmienda 614 para que en la disposición derogatoria única se añada la derogación del punto 3 del artículo 315, dado que su
concepción proviene de una época de restricción de derechos y libertades. Nuestra enmienda 615, en este caso de adición, pretende restaurar el derecho a perseguir crímenes de genocidio y lesa humanidad. Con nuestra propuesta se busca reponer el
derecho a obtener justicia dentro del Estado español por parte de las víctimas y familiares de graves crímenes cometidos, por ejemplo, por la dictadura franquista.
Señor ministro, aprovechamos para manifestarle que el reproche de nuestro grupo a esta reforma no se ciñe solo al castigo penal, sino también al hecho de que el Gobierno ha impedido hacer una reflexión serena para ahondar en una regulación
penal que, en vez de respetar su finalidad primordial, que debería ser prevenir la delincuencia, se demuestra fracasada a la vista de las estadísticas sobre la evolución de la criminalidad. Con esta reforma este Gobierno incide en los errores,
incrementando el castigo penal y no profundizando en la finalidad primordial de la resocialización de las penas. Por tanto, señorías, vamos a votar favorablemente a nuestras enmiendas, a algunas también de otros grupos parlamentarios y votaremos en
contra del proyecto de ley del Gobierno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.
También por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, je suis Charlie dice el presidente del Gobierno, je suis Charlie dice el ministro de Justicia Catalá, pero solamente je suis Charlie de los Pirineos hacia el norte, de los Pirineos hacia el sur je ne suis pas Charlie, y si no
recuerden la famosa portada de El jueves y lo que les ocurrió a estos creadores. (Muestra la portada). ¿Por qué? Porque aquí se siguen penalizando con este Código Penal las injurias a la Corona y a España, así como la quema de banderas. ¿De
manera que estamos por la libertad de expresión o no estamos por la libertad de expresión? ¿En qué quedamos? ¿Solo cuando nos conviene la libertad de expresión para nosotros, para ellos, para quiénes? Además este Código Penal no encara la
igualdad entre los creyentes y los no creyentes, porque los ateos tenemos que tener una condición distinta a la de los creyentes y se sigue manteniendo el delito de blasfemia. Un Código Penal de derechas, pero no de derechos, porque incluso en las
enmiendas republicanas que pretendían despenalizar el aborto y la eutanasia no hemos tenido ningún apoyo, al menos de los dos grandes partidos, y además se nos endosan la cadena perpetua, la supresión de las faltas, que provocará la existencia de un
gran número de personas susceptibles de ingresar en la cárcel, y porque además pone en jaque la libertad de reunión y de manifestación. Se crean nuevos delitos, nuevas penas contra los manifestantes e incluso se castiga la
resistencia pacífica, como puede ser, por ejemplo, una sentada en una agencia bancaria, que es una medida dirigida directamente por la contestación popular de los afectados por las hipotecas.
En definitiva, es una reforma de acuerdo con las actuaciones distintas del Partido Popular, que pone en jaque la separación de poderes, que además ha legislado a través de la 'ley mordaza' y a través de la próxima Ley de Enjuiciamiento
Criminal para que la sociedad pueda estar controlada de acuerdo con las necesidades represivas producto del desguace del Estado de derecho. Cierto que hemos pactado con el Partido Popular, y hay que reconocerlo puesto que no seríamos honrados si no
lo hiciéramos, hemos pactado, nos han aceptado, hemos transaccionado un conjunto de enmiendas que permiten por primera vez, hay que decirlo también, que el Estado español se homologue al resto de códigos penales en todo aquello que compete a los
derechos de los animales, y así se ha introducido en el Código Penal por primera vez el castigo a la zoofilia y el abandono animal, pero no se han atrevido, por ejemplo, con el toro de la Vega. Atención, pues, a la enmienda 363 que mantenemos viva.
En resumen, la justicia no es igual para todos. El Código Penal, repito, es de derechas, mientras que la prisión es para los pobres: Bárcenas y Matas ya salen, Botín no entró, la infanta no entrará, Urdangarín todavía no ha entrado y los
terroristas Vera y Barrionuevo estuvieron dos días en la cárcel. Este es el resumen para todos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tardà.
Tiene la palabra ahora, por el Grupo Mixto, el señor Cuadra.
El señor CUADRA LASARTE: Señoras, señores, esta reforma penal junto a la 'ley mordaza' constituye desde nuestro punto de vista lo que es la segunda cara de la contrarreforma global que está practicando el Gobierno del PP en esta
legislatura; en la primera vimos la cara socioeconómica, podríamos decir -la reforma laboral, la reforma de las pensiones, recortes en educación, en sanidad, en prestaciones, etcétera-, y ahora vienen los recortes en materia de libertades
democráticas, de derechos humanos, en definitiva. Cuando yo estudié derecho penal, allá en tiempos de Franco, se nos decía que lo fundamental a la hora de asentar esta rama del derecho era la definición del bien jurídico protegible, era el derecho
a la vida, el derecho a la libertad, era la integridad física, incluso la propiedad, el delito se definía como aquello que atentaba contra estos bienes jurídicos y el delincuente lógicamente como la persona que realizaba esos delitos. Pero aquí
todo va al revés, el carro por delante de los bueyes: se dice primero quién es el delincuente, se le fabrica a medida luego el delito, y el delincuente pues es el enemigo político, es el enemigo social, es el desobediente civil, es aquel que
protesta, el jornalero andaluz, los que salen a la calle para evitar las hipotecas. Esto es lo que hay. Con esta reforma, además, las puertas de las cárceles, las de entrada, van a ser bastante más grandes, va a haber más delitos, van a ser
sancionados de una forma más dura, mientras que las puertas de salida van a ser bastante más pequeñas, las libertades condicionales van a ser más escasas y cuando se den va a existir, va a proliferar la libertad vigilada. Es el derecho penal del
enemigo. Pero claro siempre que hay un derecho penal del enemigo hay un derecho penal del amigo, no puede haber uno sin otro. Y así frente a la doctrina Parot, que sanciona doblemente e impone penas dobles, está la doctrina Botín, que permite que
defraudadores y delincuentes fiscales de todo tipo campeen por la calle y sean recibidos en todos los lunches reales como grandes hombres de la patria.
Señor ministro, en su derecho penal del amigo y del enemigo, los condenados por ejemplo por las penas del GAL a varios cientos de años de cárcel, sin cumplir la décima parte de las penas, viven tranquilamente por las calles y se bañan en las
playas, mientras que a Arnaldo Otegi, por ejemplo, señor ministro, se le exige el cumplimiento íntegro de la pena. Ustedes fabrican arquitecturas jurídicas para sortear, para saltar por encima de las directrices de la Unión Europea e imponer dobles
penas a los presos vascos y vascas. Señor ministro, con su derecho penal del amigo y del enemigo, imputados por crímenes contra la humanidad, por genocidio, como Billy El Niño, como Utrera Molina, como Martín Villa, con el beneplácito de su
judicatura andan también tranquilamente por las calles, mientras que esa misma Audiencia Nacional está juzgando hoy a 35 personas dirigentes de la izquierda abertzale que solo han hecho política a lo largo de toda su vida.
Señor ministro, tan solo la semana pasada honorables jueces de su Audiencia Nacional, beneméritos guardias civiles en una actuación policial propia de revienta-cepillos se han apropiado de 90.000 euros recogidos vendiendo pegatinas en una
manifestación legal convocada por una organización legal. Eso es su derecho de enemigo. En el derecho penal del enemigo, señor ministro, portar fotografías de presos y
presas de ETA por sus familiares, por sus amigos, y decirles sin más que se les quiere porque son familiares y amigos, es un delito, y no lo es que el carnicero de Vitoria presida honoríficamente su partido y que tenga bustos en el Senado y
cuadros en este Congreso. En Euskal Herria la doctrina penal del enemigo por desgracia lleva asentada ya varias décadas. Está vigente bajo lo que es la doctrina garzoniana del: todo es ETA. Y gracias a esto ya son varios cientos de personas
pertenecientes a medios de comunicación, a partidos políticos, a organizaciones juveniles y sindicales quienes han sido perseguidas, detenidas, torturadas en bastantes casos, juzgadas y condenadas. Este es su derecho penal del enemigo.
Dando un paso más ustedes han hecho la semana pasada lo que ni siquiera hizo en los tiempos peores Francisco Franco, aquel dictador, que es atentar contra el derecho a la defensa y detener por docenas a abogados y abogadas vascos; lo que no
hizo ni Franco en su tiempo. Y este estado de excepción que existe en Euskal Herria con respecto a un sector importante de la población es el que hoy se pretende extender al resto del Estado y de esto sabe mucho Alfon el de Vallecas y de esto saben
mucho -fíjese usted- diecisiete jornaleros andaluces de Jódar, Jaén, para quienes el fiscal ha hecho peticiones de hasta cinco años de cárcel, en total más de cien años de cárcel. ¿Por qué? Por encerrarse en un local municipal, por hacer una
sentada en el pueblo, por intentar entrar en el ayuntamiento. Cien años de cárcel: doctrina social del enemigo para combatir toda la respuesta social y política que se está dando a su política.
Termino ya, señor presidente. Señor ministro, la última, allá va la despedida. Ustedes están intentado reventar por todos los medios el proceso de paz en Euskal Herria. No saben cómo hacerlo. No lo van a conseguir porque además su
actuación represiva es burda, es zafia, es chapucera. A ustedes se les ve venir de lejos y la gente los tiene calados. No van a conseguir reventarlo. Existen dos razones muy importantes por las cuales le digo eso, porque ustedes nunca podrán
acabar con dos cosas: las ansias de libertad de nuestro pueblo y la dignidad de nuestras gentes. Esa mezcla es explosiva y ustedes no van a pasar por encima de esas dos cosas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuadra.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, recordará que la única recomendación que le hice cuando compareció por primera vez en esta Cámara después de ser nombrado fue que no reactivara este Código Penal, primero porque resulta realmente curiosa la tramitación que se
ha seguido. (La señora vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia). Hace un año se debatieron las enmiendas de totalidad, se amortizó prácticamente la norma y se dejó en un estado de latencia que nos hacía presumir a todos que no
se iba a continuar su tramitación, y llegó usted con un proyecto muy ambicioso de codificación, normativo, y nos anunció que se iba a aprobar solo alguna parte. De alguna manera nos engañó, señor ministro, nos prometió que se iban a aprobar las
partes que pudieran ser objeto de consenso por los grupos parlamentarios. Al final estamos aprobando todo. Esto no es una reforma, señora presidenta, del Código Penal del año 1995, eso es un Código Penal en su totalidad, íntegro, y ya ve usted la
escenografía que nos acompaña para la que se denomina la norma más relevante del ordenamiento jurídico tras la Constitución, el negativo de la Constitución. Ya lo ve. Pero es que ha sido todo así, es que ha sido paranormal la tramitación, un
fenómeno para estudiar por las escuelas de parapsicología, se lo aseguro.
En unas desordenadas sesiones de ponencia, aparecían enmiendas, desaparecían enmiendas, aparecían preceptos, desaparecían preceptos, capítulos enteros que entraban, que salían; se nos entregaban las transacciones hechas no se sabe por quién
ni por quiénes un minuto antes de tener que intervenir, sin tiempo material para poder analizar qué era lo que se presentaba y qué tipo de transacciones se propugnaban; tampoco se sabe muy bien quién las propugnaba, quién las avalaba desde el
Gobierno, si era usted, si eran otras personas, si eran los diputados... El señor Castillo, al que hay que agradecer también su predisposición al diálogo, hay que reconocérselo; igual que las letradas, que tuvieron que hacer un trabajo más que de
letradas, de documentalistas, por lo cual yo también las quiero felicitar: por su doble condición de buenas letradas y buenas documentalistas, porque es metafísicamente imposible manejar tanta documentación y desde luego es imposible leerla. Yo no
sé qué estamos aprobando, señor ministro. Yo tengo muchas dudas de que, como cualquier otro de los ponentes que vaya a intervenir, sepamos muy bien qué estamos aprobando.
¿Qué estamos aprobando? Pues quizás lo que algunos medios de comunicación están afirmando: que ustedes se están deslizando a la derecha por razones electorales. Porque este es un Código Penal
cuya fundamentación ontológica es conservadora; es muy conservadora. Mire, decía un magistrado muy conocido del Tribunal Supremo de Estados Unidos, el magistrado Thomas, con relación a una ley federal aprobada, que no sabía si era buena o
era mala -yo creo saber que esta es mala, se lo voy a decir honestamente, la verdad- pero lo que sí sabía es que iba a perjudicar notablemente la confianza del pueblo norteamericano en su sistema de justicia. Esta norma va a perjudicar notablemente
la confianza de los ciudadanos del Estado español en su sistema de justicia porque los jueces la van a tener que aplicar; la van a tener que aplicar aprobada como se ha aprobado, mediante oleadas de transacciones, de desapariciones de textos
enteros, capítulos y hasta títulos enteros que no se sabe a qué obedecían sino a posibles eventuales transacciones posteriores que no se han hecho luego, yo no sé si las van a hacer en el Senado, si no las van a hacer: en la entrada del terrorismo
yihadista, la salida del terrorismo yihadista... Mire, una cosa que raya en el malabarismo más que en la redacción de un texto legal de esta relevancia -o de esta pretendida relevancia- cuya escenificación ya ve usted: aquí estamos unos cuantos
diputados, unos seguramente por vocación y porque tienen interés en la materia y otros..., pues, por la razón que fuera, que no desean abandonar el hemiciclo, cosa que se les podría recomendar para lo que hay que oír.
En cuanto a los contenidos, ¡si es que todo es conservador! Todo es conservador en cuanto a los contenidos y el señor Cuadra ha hecho una reflexión parafraseando a Jakobs: que estamos ante una configuración de lo que se denomina
críticamente por Jakobs, gran criminalista y penalista alemán, 'derecho penal del enemigo'. Sí, algo así: se incorpora la cadena perpetua por primera vez a nuestro ordenamiento jurídico. La cadena perpetua, sí, lo que no quiso... La cadena
perpetua está constitucionalizada en algunos países europeos, señor ministro, como usted sabe, y es revisable, es revisable en todos. Pero además hay que conectar -o cohonestar- la cadena perpetua, constitucionalizada en otros países, con la
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que establece que una privación efectiva de libertad de una persona más de veinte años causaría una despersonalización de tal naturaleza que contravendría el artículo 7, el artículo 13 y los
distintos preceptos de este Convenio europeo de derechos humanos glosados por prolija jurisprudencia de dicho Tribunal. Además vulnera la Constitución española por lo menos en tres preceptos, señor ministro: el artículo 10 en relación con la
dignidad de la persona; el artículo 15 en relación con la prohibición de penas crueles, degradantes y desmesuradas o excesivas; y el artículo 25, donde se establece el fundamento ontológico de las penas, que es la resocialización de los
delincuentes. Con la cadena perpetua es imposible resocializar. Puede que no llegue a ser perpetua mediante los sistemas de revisión, bastante deletéreos y vagos, como todo, porque todo es vago y todo es deletéreo y todo está preñado de conceptos
metajurídicos en esta norma. Pero, bueno, puede ser: también cadena perpetua, contradiciendo la voluntad del legislador constituyente.
Se endurece todo. Se endurece la conexidad de los delitos mediante un sistema de conexidad que impide la refundición introduciendo de tapadillo una suerte de doctrina Parot nueva porque ya se prolonga, mediante ese sistema que impide la
refundición de las penas a través de los mecanismos de conexidad, se extiende el tiempo de privación de libertad, se opta por la cárcel en virtud de otros sistemas de redención o de rehabilitación de las personas que cometen delitos. Se incumple la
Ley Orgánica del Poder Judicial y su artículo 72 en relación con la individualización de la progresión de los penados, de los condenados, de todos, porque esta excepción no cabe ni para los que han cometido delitos de terrorismo, a pesar de que
ustedes están recuperando -me parece mezquino lo que le ha dicho a mi portavoz, al señor Esteban- esta dialéctica de buenos y malos, de que algunos -ha insinuado- están o estamos más próximos de los que han cometido delitos que de las víctimas.
Mire, no juegue a esto, por favor, con nosotros. Usted sabe que nosotros hemos estado con las víctimas; nosotros tenemos víctimas en nuestra organización y no avalamos -nos parecen aberrantes- las acciones de la organización terrorista ETA; pero
sí estamos en un proceso de intento de normalización de nuestro país que, de repente, por razones que se nos escapan -eufemismo que ha utilizado también mi portavoz, el señor Esteban-, parece que su Gobierno no está interesado en facilitar.
Decisiones-marco del año 2008. Usted hace una invocación a la decisión del Tribunal Supremo -no a la primera, porque usted le pidió el informe al Tribunal Supremo y 23 magistrados objetaron y dijeron que no está para hacer informes la Sala
segunda del Tribunal Supremo- respecto a la resolución de un recurso de algunas de las decisiones de la Audiencia Nacional. Se establecieron criterios que no son de aplicación general. -Léaselo muy bien-. Las decisiones marco son derecho
comunitario y el derecho comunitario prima y tiene un rango jerárquico superior al derecho español en esta materia, aunque sea un derecho de carácter orgánico y público como es el Código Penal. En materia de refundición o de
reciprocidad en el caso de las penas, usted tiene que considerar lo que consideran todos los países de la Unión: que a efectos del cómputo lo que no puede hacer es dejar de considerar el tiempo cumplido en el extranjero ni puede revocar,
salvo que pretenda vulnerar la soberanía del Poder Judicial de otro Estado de la Unión, resoluciones judiciales dictadas por ese otro Estado de la Unión. Esto lo puede decir el supremo o no lo puede decir el Supremo, por cierto con mayorías que se
corresponden con los calificados de magistrados conservadores y de magistrados progresistas. Casualmente, para las dos últimas plazas se nombró a magistrados progresistas porque, si no, le puedo asegurar que la relación entre los que votaron a
favor de esa resolución -que a usted le interesa, prácticamente se le ha escapado antes en la contestación a la pregunta del señor Esteban-, entre lo que a usted le interesa en cuanto a la interpretación de estas decisiones marco y lo que las
decisiones marco establecen, podría haber sido diferente si no hubieran sido progresistas los nombrados para las dos últimas vacantes que se han cubierto por el Consejo General del Poder Judicial.
La excarcelación a partir de los setenta años se endurece, la excarcelación para los enfermos graves se endurece, y lo hace en el momento en el que fallecía el ex preso Bolinaga, cuando en su momento se dudó hasta de la existencia de la
enfermedad de este recluso y hubo un gran acompañamiento mediático contra su excarcelación, una presión brutal contra el Gobierno -se negó la existencia de la enfermedad y, un año después, la semana pasada, falleció-, al contradecir la previsión del
artículo 15, en relación con las penas desmesuradas, las penas crueles, y el artículo 10 respecto a la dignidad de las personas. Por cierto, no oí yo campañas mediáticas de esta dimensión respecto a otras excarcelaciones por este mismo
procedimiento respecto a un antiguo general de la Guardia Civil.
En relación con las medidas de seguridad, es lo único de lo que nos podemos congratular: han desaparecido. Pero lo han hecho porque a usted se lo impone, tal como estaban previstas, vinculadas a un concepto difícilmente mensurable como la
peligrosidad, dos sentencias del Tribunal Constitucional que usted conoce: la 61/1998 y la 36/1991. En cuanto al agravamiento del régimen de cancelación de antecedentes penales -hasta veinticinco años en el Registro Central de Penados-, no se da
cuenta, señor ministro, de que la existencia tan duradera de los antecedentes penales es un obstáculo objetivo en nuestra sociedad para la reintegración social de los delincuentes, y que los antecedentes penales son un obstáculo, entre otras cosas,
para encontrar trabajo y recuperar una vida convencionalmente normalizada. La regulación de los delitos de odio se empeoran respecto a la regulación previgente: los realizados por motivos raciales, antisemitas, de ideología, religión, pertenencia
a etnia, orientación sexual, etcétera. ¿Por qué no analiza y lo compara con lo previsto en la sección primera del título XI del actual Código Penal vigente? Verá qué regulación de las dos es mejor, más adecuada, más ponderada y más proporcional.
Las asociaciones ilícitas y la regulación tan deletérea, tan vaga que se realiza donde su conexión -ha sido ya advertido por ello por el relator de las Naciones Unidas para los derechos humanos- con el derecho de asociación es confusa, va a
provocar muchos problemas de inseguridad jurídica y sobre todo mucho arbitrismo judicial. El legislador del Código Penal debería intentar evitar en la medida de sus posibilidades el arbitrismo judicial. En cuanto a la actuación en grupos, y
particularmente en su dimensión en el ejercicio del derecho de huelga, esta asimetría entre la pena impuesta o que se puede imponer al empresario que obstaculiza el ejercicio de este derecho fundamental y los piquetes o participantes en piquetes
-comprendo que muchas veces comenten conductas absolutamente reprochables-, se le llama eufemísticamente piquetes informativos. A veces, esta información se basa en el aforismo de que la letra con sangre entra, pero la asimetría en tanto en cuanto
las actuaciones de los piquetes están -en virtud de tres sentencias del Tribunal Constitucional- acogidas o incardinadas en el ejercicio de un derecho fundamental, como es el ejercicio del derecho de huelga, no puede provocar un mayor reproche penal
que el previsto para el empresario que obstaculiza el derecho de huelga.
La nueva regulación de organización criminal es absolutamente contraria a la decisión-marco 2008 del año 1984. En los delitos de terrorismo se endurece todo, señor ministro. Ustedes han convertido el terrorismo en una especie de mantra y
no sé si hacer caso de quienes están realizando afirmaciones, que vinculan estas posiciones a posicionamientos puramente electoralistas. Se ha hecho en ocasiones, y uno tiene la sensación o la intuición de que se sigue jugando al electoralismo. No
se puede regular en materia de terrorismo endureciendo más las penas, ya los terroristas que cumplen un asesinato cumplen cuarenta años de privación de libertad efectivos, reales. Es muy difícil además incorporarles penas mayores, como la cadena
perpetua, pero también lo es regular cosas que contradicen incluso recomendaciones del relator de derechos humanos del año 2008 y del año 2011, que ya les he recriminado; regular lo que constituye una verdadera contradictio in terminis, la
colaboración pasiva con organización terrorista -que ninguno
de sus múltiples ponentes en este debate me ha sabido explicar en qué consiste, pero sé que contradice la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1566 de 2004-; la regulación evanescente y vaga de conceptos como apología,
entorno, enaltecimiento, que posibilita la apertura de sumarios o de diligencias judiciales que acaban con todos los detenidos puestos en libertad posteriormente creando grandes tensiones en un país que busca la normalización -se lo aseguro-
mediante mecanismos que van en un sentido vectorialmente contrario a la normalización, incluso si algún día es posible a la reconciliación. No solo por la regulación o la utilización de estos conceptos vagos como entorno, apología, enaltecimiento,
participación, sino sobre todo por la imposibilidad de la reinserción de los delincuentes que han cometido delitos de terrorismo, en concreto, de los que han sido detenidos por la pertenencia a ETA, a los que se les impide absolutamente cualquier
grado de redención, de mejora de grado penitenciario, de excarcelación, de obtención de la libertad condicional, aunque hayan abdicado de su pertenencia a esa organización, aunque critiquen a esa organización, aunque pidan perdón a las víctimas y
aunque realicen todos los actos que el ordenamiento jurídico ha previsto para acreditar que en algún momento tendremos que escenificar cómo bajar la persiana de tantos y tantos años de sufrimiento con el terrorismo de ETA. Cuando vienen las
elecciones parece que estas decisiones se difuminan y se cambian por posicionamientos legislativamente oportunistas, con lo más bastardo que se puede conseguir, que es la intención de captación de votos.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señor Olabarría, tiene que terminar.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Ya acabo, señora presidenta.
¿Por qué no opta ya por acabar con la legislación antiterrorista que es un solo precepto? Se habla de legislación antiterrorista y es un solo precepto, es el artículo 509 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite procesos de
retención en dependencias policiales de cinco días, superando el límite constitucional manifiestamente y generando espacios de impunidad donde son posibles las torturas. ¿Cuántos informes de los relatores de derechos humanos de las Naciones Unidas
conoce usted que piden que derogue este precepto, el artículo 509 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, exigiéndole grabaciones videográficas de los incomunicados, la atención del médico forense durante ocho horas y la posibilidad de elegir no un
abogado de oficio -como impone este precepto- sino un abogado llámelo de confianza o profesional?
En materia de corrupción, y con esto acabo, señora presidenta, no he entendido el criterio de su grupo y de sus ponentes del Partido Popular. Nos han aceptado unas enmiendas que incrementan el reproche penal y otras no.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señor Olabarría, tiene que terminar.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo ya.
Señor ministro, acabo comentándole que en cuanto a la edad para el consentimiento de las relaciones sexuales, la han elevado mucho porque dieciséis años en los tiempos que corren, señor ministro, parece una edad desmesurada para que este
consentimiento se pueda considerar no libre. Nosotros les proponíamos quince años.
Hay muchos elementos que quedan para el debate que podríamos articular desde una perspectiva de un debate serio y reposado, pero como ustedes están regulando el nuevo Código Penal, pero no les interesa un buen Código Penal -porque este no es
el Código Penal de la democracia, este es el código penal del Partido Popular, solo es el código penal del Partido Popular y están jugando a lo que están jugando-, vamos a tener que reproducir en las votaciones nuestra crítica prácticamente
sistemática horizontal y transversal a la totalidad de la norma que en este momento -con esto acabo, señora presidenta- estamos debatiendo.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, como se suele decir en castellano viejo, lo que mal empieza mal acaba. Es verdad que la tramitación de este Código Penal empezó hace año y medio con su antecesor, el señor Ruiz-Gallardón, y es verdad que en aquel
debate de totalidad el señor Olabarría, justo quien me acaba de preceder ahora en el uso de la palabra, ya advirtió de una anomalía, algo que él advirtió como inédito. Él explicaba aquí que en cuanto a la tramitación de una ley tan importante para
la democracia, para la
regulación de derechos fundamentales, como el Código Penal -para la limitación, si se hace mal, de esos derechos fundamentales-, era la primera vez que en democracia se hacía ese debate sin que ocupara la mañana completa. Que era un debate
que merecía tiempo suficiente y que merecía que nos dedicáramos exclusivamente a abordar esa cuestión. Él lo citaba como una cosa extraordinaria. Supongo que había tirado de hemeroteca y sabía que exactamente era la primera vez que ocurría eso, y
esto podría parecer una cosa poco importante o anecdótica, de cuestión de formas, pero ahora sabemos, por cómo se han producido las demás cuestiones, que no era anecdótico ni que era una cuestión de formas, sino que lo que para ustedes era
anecdótico es la propia reforma del Código Penal y no la forma en la que se abordaba, sino la propia reforma del Código Penal.
Lo que ha ocurrido desde entonces hasta ahora -lo que mal empieza mal acaba- nos lo demuestra. En aquel debate de reforma del Código Penal, que era de enmiendas a la totalidad, mi grupo no presentó una enmienda a la totalidad porque
estábamos convencidos de que hacía falta enmendar el Código Penal, y teníamos la esperanza infundada -se ha demostrado- de que en el trámite íbamos a poder introducir -como el resto de los grupos parlamentarios- las mejoras que consideráramos y que
todos consideraran necesarias. Que no íbamos a llegar a un debate en el que tuviéramos que enfrentarnos con una especie de verdad revelada que venía del Gobierno y, a la que hacían caso automáticamente cuando la entendían, por cierto, y cuando no
era cuestión de contradicciones permanentes, los portavoces del Grupo Parlamentario Popular.
Antes de entrar en las críticas, quiero, en nombre de mi grupo, felicitar a los portavoces del Grupo Popular por la tarea tan ingrata que han tenido en ponencia, particularmente al señor Castillo, que ha sido el portavoz del Grupo Popular en
todas las tareas de ponencia y de Comisión, porque si los ciudadanos hubieran visto por un agujerito las condiciones en las que llegaban los portavoces al debate, con montones de papeles recién entregados por el Ministerio de Justicia, u otros,
contradictorios entre sí, sin podernos dar una explicación, sin saber si estábamos abordando un debate, una enmienda, una transaccional, una oferta, si era la última o era la última a las cinco y cuarto, pero cambiaba a las cinco y diecisiete. Esa
forma en la que ustedes han llevado al grupo, por lo menos a los que yo he visto en la ponencia, a trabajar y a abordar el debate sobre el Código Penal, demuestra, mejor que nada, el desprecio con el que ustedes, el Gobierno, ha abordado esta
reforma.
Mal empezó, mal acabó. Antes de entrar, cierro con el agradecimiento por sus dificultades, su talante, su estilo y por cómo han procurado resolver, en la medida de sus posibilidades, lo que era una afrenta al trámite parlamentario ejercido
por el Gobierno, que ha actuado como si este Parlamento fuera su chiringuito, que ha tenido el Código Penal en un cajón durante año y medio y lo ha sacado cuando el señor que se sienta ahí, el señor Rajoy, ha creído que tenía que decir a la opinión
pública que iban a tomar medidas para regenerar la democracia. Entonces han sacado el Código Penal del cajón y, para hacer un debate en un Pleno y que él apareciera como el supermán de la defensa de la regeneración de la democracia, nos han hecho
este apaño y esta afrenta.
Volviendo al inicio, como le pude decir al señor Gallardón en aquel debate, que acabo de recordar, hace año y medio en esta misma tribuna, el Código Penal mecería una revisión, pero no la revisión que el Partido Popular nos ha impuesto,
porque lo que ha realizado -además en solitario- es decepcionante desde todo punto de vista. Hasta yo tengo más esperanzas en usted, en ustedes -perdone que lo coloque en usted mismo-, a pesar de que después de tres años de Gobierno, sobre todo en
la cartera de Justicia, sea fácil perder la esperanza, más que nada por el ejercicio de la práctica y por cómo se han venido produciendo los hechos. Hasta yo misma esperaba más; esperaba que al abordar una ley tan importante tuvieran ustedes no
otro talante, sino que le dieran la importancia que tiene. Esperaba que, una vez que el presidente del Gobierno hizo su aparición estelar, se pusieran a trabajar en serio. Ya le habían dado el titular y los telediarios. Ya había salido diciendo
que era el supermán de la regeneración de la democracia; después podían haberse puesto a trabajar, pero no ha sido así.
Ministro, voy a pasar al contenido. Perdonen que hable con el ministro, pero hemos visto que es el que manda en esto. Aunque sea el grupo parlamentario el que va a aprobar el Código Penal, ¿para qué me voy a dirigir a ustedes? A lo mejor,
hasta nos poníamos de acuerdo. Me voy a dirigir a él, que es el que manda; aunque no sea más que por delegación del presidente del Gobierno en esta materia, pero es el que manda. Una vez planteadas las cuestiones de forma, voy a pasar un poco al
fondo. Es verdad que la forma lo ha marcado todo y, como se dice siempre -además, es cierto-, en democracia las formas son el fondo. Las formas lo han marcado todo, pero también el fondo tiene importancia y nos lleva a rechazar este Código Penal.
Empiezo por la eliminación del libro III en el que se encuentran tipificadas las faltas.
Lejos de una práctica despenalizadora, como han señalado todos los expertos que comparecieron en esta Casa, alrededor del 60 % de las faltas se convierten en delitos y, el resto, en sanciones administrativas sin control judicial. También
desaparecen las faltas por imprudencia, como las de tráfico, que pasan a la jurisdicción civil, lo que implicará -ya se ha dicho y se seguirá diciendo, porque en Comisión se dijo mucho- pago de abogado, procurador, tasas y peritos. Eso es algo que
a su Gobierno le gusta mucho, pues se produce una situación de desprotección del ciudadano similar a la operada por la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada hace pocas fechas. No es que esto se lo diga Unión, Progreso y Democracia o esta portavoz,
sino el Consejo de Estado. Concretamente, el alto órgano consultivo señaló que la supresión de las faltas supone una reforma de calado en el sistema penal español y que la exclusión de algunas conductas del ámbito penal y de su jurisdicción,
reconduciéndolas hacia la vía civil o administrativa, implica una reducción de las especiales garantías del proceso penal, que consagra el artículo 24 de la Constitución, y puede generar un efecto multiplicador tanto de los recursos movilizados por
el Estado para dar una oportuna respuesta en la vía administrativa, Contencioso-administrativa y civil, como de los costes correspondientes. La parte económica es importante, sobre todo para aquellos que no pueden soportarla y tienen que buscar que
se haga justicia.
Me podrá decir usted que a pesar de esa apelación de posible inconstitucionalidad, el Consejo de Estado no se atreve a decir que sea en este aspecto una norma inconstitucional, pero sabe usted, señor ministro -aunque a veces abusamos de
ello, decimos que es inconstitucional, nos cerramos en eso y ustedes nos contestan que es constitucional-, que la cuestión es que es injusto y que es un atraco a derechos civiles de los ciudadanos. A lo mejor encaja en la Constitución, aunque yo
creo que no, como dice el Consejo de Estado, pero lo que nadie discute es la injusticia que esta medida provocará, y la desprotección que de hecho ya produce a los ciudadanos que, por cierto, más necesitan la protección del Estado.
Otro de los aspectos de un tremendo impacto social es la actual regulación penal en España al introducir la prisión permanente revisable. El señor Olabarría habló de ello en su intervención; no insistiré demasiado, pero son ustedes
conscientes de que una medida de estas características tiene el rechazo social, el rechazo de la inmensa mayoría de los expertos que han comparecido en la Comisión, que tiene el rechazo de la nueva fiscala general del Estado, que fue preguntada al
respecto en el trámite previo y dijo que no lo veía, y que tiene el rechazo de todos los grupos de la Cámara. ¿No estará tan claro que hay que hacerlo, no? ¿No les ha entrado a ustedes alguna duda de que algo que produce un rechazo de estas
características, tan unánime, diversa y tan transversal, es algo que no se ha hecho bien, que no está bien hecho? Es criticable no solamente la introducción, sino los plazos con los que ustedes introducen la revisión de la condena, la ausencia de
condiciones suficientemente acreditadas. Es una chapuza, es un retroceso, es innecesario para perseguir la delincuencia, para castigar a los delincuentes, incluso a los delitos más graves. No hacía falta hacerlo, es negativo, es grave, produce
rechazo desde todo punto de vista. No sé por qué lo hacen, salvo que necesiten un titular -que yo creo que ya ni siquiera en esta materia; pero bueno, tampoco me voy a meter yo en eso, porque no me corresponde-. Esa es otra de las cuestiones que
merecen reproche del Código Penal.
En cuanto al libro II, los delitos y sus penas, desde nuestro punto de vista, tiene especial relevancia -quisiera detenerme aquí un momento- la reforma en relación con la edad de consentimiento para mantener relaciones sexuales. En España
somos muy dados a actuar en plan péndulo. Hasta el momento presente teníamos la edad de consentimiento más baja de toda Europa -no sé si había alguien por debajo de los trece años, yo no lo he encontrado-, y ahora pasamos -no voy a decir a la más
alta porque hay un país en el que es diecisiete años-, a una más elevada de lo común, dieciséis años, sin ningún tipo de explicación. Cuando se planteó esta cuestión en la reforma Gallardón había un debate social importante en relación con un caso
lamentable de víctimas menores en España. Este es un asunto delicado, yo lo entiendo, no es fácil acotarlo en catorce, quince o dieciséis sin dar ningún tipo de explicación, sin hacer una reflexión suficientemente serena, sin introducir a la vez
que reformas la edad de consentimiento una reflexión o una referencia a la madurez de la persona con la que se mantiene la relación, a la equiparación de madurez. ¿Están en la misma situación una niña de quince años y siete meses que mantiene
relaciones sexuales con un chico de dieciocho años que una chavala de quince o catorce años que mantiene relaciones con un hombre de cuarenta, que se supone que es lo que se estaba pensando y lo que la sociedad reprueba inmediatamente sin pararse a
reflexionar sobre ello? No; hay un grado de madurez similar entre hombres y mujeres, entre jóvenes de distintos sexos, pero hay que contemplarlo a la hora de establecer cuándo es o no un delito. Además, hay un salto de catorce a dieciséis años.
Según
el Código Civil a los catorce años una niña puede casarse -con la autorización del juez sí, pero puede casarse, por supuesto habiendo escuchado a los padres, pero sin el consentimiento de los mismos- y puede emanciparse, pero no emanciparse
totalmente, como me decían los colegas del Grupo Popular cuando hablábamos del asunto: se puede emancipar, pero la propia ley establece para qué, no para todo hasta que tenga mayoría de edad. Resulta que ahora para mantener relaciones sexuales sin
que sea un delito hace falta tener dieciséis años, pero te puedes casar con catorce. ¿Esto cómo lo combinamos, cómo lo arreglamos? ¿Son amiguitos durante dos años para evitar que un juez les denuncie, o el padre que no la ha autorizado, porque el
juez lo ha autorizado, y no le gusta el chico con el que se ha casado su hija?
Sin embargo, algunos dicen: esto no ha ocurrido nunca, no va a ocurrir; está emancipada, está protegida, es una locura. No ha ocurrido, nunca, es verdad, porque nunca hemos estado en esta situación. Pueden decir que en la reforma está
previsto elevar la edad para el matrimonio también de catorce a dieciséis años, pero eso todavía está en la reforma. Es verdad que no ha ocurrido, pero la primera denuncia terminará en un Juzgado de lo Penal, y entonces se establecerá el criterio
porque hoy no hay jurisprudencia. ¿Es raro? Sí, será raro que ocurra, pero terminará ocurriendo, porque ustedes han introducido sin encomendarse ni a Dios ni al diablo una situación en esta reforma que plantea una contradicción con una ley que
está en vigor y con una situación que se da cotidianamente. Los jóvenes empiezan a mantener relaciones antes, señor ministro, con normalidad, entre jóvenes de su edad, y esto nos plantea un problema.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señora Díez, tiene que ir terminando.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Señora presidenta, nos dijo ayer el presidente de iba a ser tolerante y yo voy a pedir un poco de tolerancia. Es cierto que dijo: Mientras yo esté. Pero espero que usted también lo sea.
Dos cuestiones importantes del Código Penal que también merecen nuestro voto en contra y que tienen que ver con la corrupción política. Ustedes han admitido una reforma en este sentido, y hemos avanzado, qué duda cabe, pero en lo sustancial
no hemos avanzado. ¿Qué es lo que ha hecho el Código Penal en relación, por ejemplo, con la financiación ilegal de los partidos políticos? Ha convertido las infracciones administrativas reguladas en la Ley de Financiación en delitos cuando se
producen determinadas circunstancias, como sobrepasar de manera considerable los límites impuestos. Esta nueva regulación, convertir una infracción administrativa en delito en determinados supuestos, no castiga explícitamente conductas nuevas, sino
que convierte el reproche administrativo en reproche penal. Me dirán ustedes: ya es suficiente. Es un avance, consecuencia de un avance del año 2011, cuando aceptaron ustedes una enmienda, también el señor Castillo, en la que se reconocía en
aquel momento responsabilidad penal a las personas jurídicas. Esto es consecuencia de aquello, y es un avance. Era una enmienda de Unión Progreso y Democracia -lo llevamos a gala- que tuvo el voto en contra de toda la Cámara, menos de Izquierda
Unida, que ha mantenido esa posición. Esto es una consecuencia, pero para que nos entiendan los que nos oyen y no lo saben: no se regula el enriquecimiento ilícito y, por tanto, cuestiones capitales como la existencia de cajas B o el patrimonio en
España o en el extranjero no declarado no son delito. Por poner un ejemplo, con este Código Penal, cuando entre en vigor, el señor Bárcenas podría seguir siendo tesorero del Partido Popular. Es un ejemplo claro. ¿Hemos avanzado? Sí, de forma
insuficiente, generando una expectativa y contando a la opinión publica cosas que no son ciertas, porque la opinión pública si solo ve los titulares cree que aquí se ha producido un avance sustancialísimo.
Sí, por primera vez será delito que los partidos políticos se financien ilegalmente, continuación de lo que les hablaba antes de la responsabilidad penal que asumen las personas jurídicas, pero los nuevos delitos, los grandes delitos, la
caja B, por ejemplo, no están, no aparecen. Simplemente lo que eran sanciones administrativas pasan a tener reproche penal. ¿Es importante? Sí. No es suficiente. Nos quedamos muy por detrás. He puesto el ejemplo del señor Bárcenas. Podría
poner más, pero no tengo tiempo. Con ese se ve claramente qué cosas importantes se han quedado fuera.
Una última referencia -le agradezco mucho, señora presidenta, su benevolencia- tiene que ver con las cuestiones de terrorismo que han quedado fuera del Código Penal, solo por avanzar la posición de mi grupo parlamentario. Me hubiera gustado
que puesto que va a ser una reforma del Código Penal, lo hubiéramos debatido cuando debatimos el Código Penal y no a través de una proposición de ley orgánica que reformará el Código Penal que estamos aprobando hoy. Eso es una chapuza y todos lo
saben. ¿Había que buscar consenso y no daba tiempo dentro de la Comisión? Un ejemplo más de que la Comisión
y el trámite de ponencia ha sido una chapuza, porque si hubiéramos tenido el tiempo suficiente, la reflexión suficiente, el sosiego suficiente, hubiéramos podido hacerlo donde toca, no en una ley orgánica aparte que reformará la ley orgánica
que estamos aprobando. Dicho eso, este grupo parlamentario tiene la máxima disponibilidad de avanzar en nuevos tipos penales que castiguen delitos de terrorismo, por cierto, no yihadista. No hay un supuesto distinto. Dará igual que tengan boina o
que tengan turbante. Será para penalizar el terrorismo, cualquier tipo de delito terrorista. Todo lo que sea un avance, este grupo parlamentario está a disposición a hablar con el grupo parlamentario, con el Gobierno, con quien tenga la última
palabra.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señora Díez, tiene que terminar.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Pero, déjeme que le diga una cosa, ministro. Si introducimos nuevos tipos penales en materia de terrorismo, que a la vez suponen una reforma de la definición común del delito de terrorismo que es una norma europea
-lo podemos hacer, nuestro Código Penal puede hacerlo- y si además llega aquí la ley sin un presupuesto especial y específico que refuerce la lucha contra el terrorismo, no valdrá para nada. Lo que hay que hacer es prevenir y perseguir para después
castigar. Si no invertimos en inteligencia, o sea, en cerebros, para prevenir -invertimos económicamente para poder invertir en personas-, si no invertimos en medios humanos, en policías, en más plantillas, en guardias civiles, en militares para
perseguir y detener a los terroristas, tampoco servirá para nada. O sea, más cerebros y más chalecos; o sea, más dinero. Y si no será, otra vez, propaganda pura.
Gracias, presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora Díez.
Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor ministro, señorías, muerto el Estado social, viva el Estado penal. De eso se trata en esta contrarreforma del Código Penal. No es, por supuesto, el Código Penal de la democracia, no lo es. No se atreven
ni siquiera a decirlo, porque no lo es. Tampoco es el Código Penal anticorrupción, porque no lo es, porque las medidas anticorrupción se han diluido en la tramitación y seguramente al final no las conocerá ni quien las propuso. Es el Código Penal
de la austeridad, el Código Penal de la autoridad -como he dicho antes, muerto el consenso social, es necesaria la autoridad, imponer la austeridad en este país, imponer las políticas antisociales durante el resto de la legislatura-, pero sobre todo
es un Código Penal de partido, es el Código Penal del Partido Popular en campaña electoral. ¿Qué le puede importar al partido del Gobierno en la precampaña electoral? Pues, primero, la paz social, amordazar la protesta social -esa es una
estrategia-, y segundo, el populismo penal. Tanto que hablan de populismo, más populista que este Código Penal no hay nada. El populismo penal de la cadena perpetua, no de la prisión permanente revisable, que no hay nada revisable en esa prisión
permanente. Es cadena perpetua indeterminada, pura y dura, no otra cosa.
Señorías, con relación a la tramitación, es un trágala penal, una vergüenza para esta Cámara. Que hayamos tenido inicialmente que esperar un año para la tramitación, tras una paralización por razones desconocidas, hasta el punto de que la
Ley de Seguridad Ciudadana que iba después del Código Penal adelante al Código Penal, pero que luego hayamos tenido a la trágala que reformar el Código Penal en sesiones exprés, sumarísimas de la ponencia y de la Comisión, realmente es digno de
mejor causa, porque las prisas, señorías, los trágalas traen como consecuencia la chapuza, y este Código Penal, aparte de un Código Penal represivo, autoritario, es un monumento a la chapuza. Les voy a decir algunas, señorías. En relación con el
libro III, en la trasposición de faltas, una mayoría en delitos, todavía no tenemos el procedimiento para juzgar esos delitos; es decir, hacemos una modificación del libro III que deroga una parte muy importante del Código Penal y no sabemos cómo
se van a juzgar esos delitos. Para más inri, incorporamos a la reforma algo que no tiene que ver con el Código Penal, el decomiso. Menos mal que se ha modificado y ya no es el comiso, es el decomiso. Era el decomiso en términos castellanos, no sé
por qué se ponía lo del comiso. El decomiso tiene un tratamiento diferente en este Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es decir, que estamos haciendo una reforma del Código Penal en materia de decomiso que es contradictoria con el
procedimiento e incluso con la valoración que ha hecho el Consejo General del Poder Judicial sobre la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de decomiso. Señorías, es una verdadera chapuza. En ese sentido, quiero elogiar el trabajo de aquellos
que en la ponencia han tenido que tragarse este procedimiento, y fundamentalmente de las letradas, que se han
convertido en las heroínas del Código Penal, porque han tenido que hacer exégesis de texto, talmudismo para poder saber qué es lo que realmente quería decir el ponente con respecto a la reforma del Código Penal. Por tanto, señorías, un
texto electoral, una reforma autoritaria y, por otra parte, una verdadera chapuza, un monumento a la chapuza y a la inseguridad jurídica. Los estudiosos, los profesores de universidad dicen de nosotros, en particular con relación al Código Penal,
que estamos siempre con remiendos, que lo que hacen es aumentar la inseguridad jurídica. Pues no han conocido nada hasta ahora, ahora van a conocer lo que es realmente una reforma del Código Penal que favorece y que prácticamente instala la
inseguridad jurídica.
Señorías, ese procedimiento vicia de fondo la reforma del Código Penal. Un procedimiento sumarísimo, un procedimiento exprés, una reforma de partido del Código Penal es poco menos que ilegítima. El Código Penal es el negativo de la
Constitución. Los procesos de reforma de la Constitución, del bloque de constitucionalidad deben ser procesos ampliamente apoyados y consensuados, no pueden ser procesos de mayorías. Pues bien, el Partido Popular ha decidido que la reforma del
Código Penal es un proceso de mayoría, que el Código Penal es suyo, que el Código Penal es Código Penal de partido. Esa es una contradicción de fondo, porque lo que apunta es que este Código Penal durará muy poco. Probablemente pueda ser utilizado
en la campaña electoral agónica de 2015, pero con toda seguridad es un Código Penal que no está para quedarse. Ni su prisión permanente revisable, ni sus medidas de criminalización de la protesta, ni tampoco sus prejuicios con respecto a la pobreza
están para quedarse, sino que se corresponden con un momento político determinado y con un partido político determinado que tiene los meses contados hasta las próximas elecciones generales. Por tanto, también es un Código Penal coyuntural.
Pero yendo al contenido del Código Penal, señorías, este Código Penal intentará ser presentado por parte del Partido Popular -porque es su Código Penal, es el código del partido- como el Código Penal de la cadena perpetua, como el Código
Penal de la prisión permanente revisable. Y uno se pregunta inmediatamente: ¿Qué tiene que ver eso con la realidad social del país?, ¿qué es lo que hoy, si preguntáramos a los ciudadanos, dirían que consideran prioritario que se reforme en el
Código Penal? Pues, seguramente, no hablarían de la cadena perpetua -ya lo dicen las encuestas-, de lo que hablan los ciudadanos es de la corrupción. España no tiene un problema de cumplimiento de penas, España no tiene un problema de
endurecimiento de penas en el Código Penal; tenemos el Código Penal más duro de nuestro entorno europeo. España tiene un problema, que los ciudadanos también perciben, de corrupción. Por tanto, esta reforma debería ser la reforma del Código Penal
para condenar, para penalizar más la corrupción y el delito de cuello blanco. Pues no, señorías. En ese sentido, es un Código Penal de partido, pero no es un Código Penal de la sociedad española. La sociedad española quería medidas contra la
corrupción y en este Código Penal realmente las medidas contra la corrupción son el parto de los montes, han parido un ratón. Incorporan, es verdad -se ha dicho con anterioridad-, el delito de financiación de partidos, pero ponen tantas cautelas
que no hay delito, ponen tantas cautelas a ese delito de financiación de los partidos que no en vano el señor Bárcenas está en la calle y seguirá en la calle a tenor de esta reforma del Código Penal. Así como el delito de cuello blanco y el delito
de corrupción, que es lo que más alarma a la sociedad, no se abordan de manera profunda en este Código Penal, sin embargo en otros delitos, como la pequeña criminalidad que en nuestro país tiene un reproche penal altísimo, este Código Penal aumenta
aún más ese reproche, y la obsesión del Partido Popular es con la criminalidad reincidente. Ese es un planteamiento de fondo también de este Código Penal. Es decir, es un Código Penal de clase: se ven los problemas patrimoniales de los afectados
por la pequeña criminalidad, no se ve el problema patrimonial del Estado afectado por la corrupción. En ese sentido, en mi opinión, no es el Código Penal de la sociedad española o no es el Código Penal que exigiría hoy la sociedad española para
luchar contra la corrupción, contra la especulación y el delito de cuello blanco, es de nuevo la obsesión del Partido Popular con la pequeña delincuencia que puebla nuestras cárceles y que en la mayor parte de los casos no tiene salida en la
reinserción social.
Pero el aspecto esencial, aparte del que tiene que ver con la asimetría en el trato del delito de cuello blanco y del delito menor, es la prisión permanente revisable, esa medida populista en el país que tiene ya la condena más larga de
Europa por terrorismo. En ese país donde se puede condenar por terrorismo a cuarenta años de prisión, el Partido Popular pone en marcha una nueva medida llamada prisión permanente revisable, que sí es permanente pero no es revisable porque las
condiciones son tan duras y además el mecanismo es tan rígido que no hay revisión posible. Es, en pocas palabras, no ya cuarenta años, sino que se pudran. Ese es el planteamiento del Partido Popular: que se pudran. Y ahí apunta una
posición del Código Penal contradictoria con la propia Constitución. El Partido Popular en estas medidas, como en las medidas de peligrosidad, no cree en la resocialización. El Partido Popular va a un Código Penal represivo y vengativo, no
a un Código Penal orientado hacia la reinserción social. Esa es la realidad de esta llamada prisión permanente revisable, enésimo eufemismo en la vida política española, que claramente es una cadena perpetua inhumana e inconstitucional, porque es
una pena degradante. Sin embargo, aparte del populismo de la prisión permanente revisable que el Partido Popular intenta extender entre su electorado más duro, el Partido Popular pretende en este Código Penal algo más profundo y más grave, y además
eso tiene que ver con una panoplia de medidas que estamos oyendo en los últimos tiempos. Al Partido Popular no le basta el estado de sitio, no le basta el estado de emergencia y no le basta el estado de excepción. El Partido Popular pretende
regular la alarma nacional del franquismo, pretende regular el estado de alerta y además pretende hacerlo por una decisión soberana del Gobierno, no del Parlamento; hecho gravísimo, en mi opinión, que muestra esa deriva autoritaria del final de la
legislatura. Por si no fuera suficiente, el Partido Popular también ha promovido la 'ley mordaza'. ¿Y qué es el Código Penal en materia de derechos y libertades? Pues la 'ley mordaza' transformada en 'ley grillete'. Lo que en la 'ley mordaza' es
una sanción, en el Código Penal es un delito y una pena de cárcel. Esa es la realidad de esta deriva autoritaria a la que le falta una tercera pata, que es la que tiene que ver con la lucha antiterrorista.
Es una desgracia que estas medidas salgan del Código Penal y se vayan a implementar mediante una proposición de ley, y es una desgracia ¿saben por qué? Porque no van a tener informes previos de los órganos constitucionales del Estado. Por
algo será; una nueva ley antiterrorista que no tiene informe previo de constitucionalidad. Además me hubiera gustado poder debatir algunas cuestiones de la ley antiterrorista con los miembros de la ponencia y con los miembros de esta Cámara. Eso
de que el aborto es terrorismo me llama la atención. Me llama la atención que la mediación sea terrorismo. Me llama la atención también que el cerco al Congreso o paralizar las actividades de un organismo internacional sea terrorismo. Si el
terrorismo lo es todo, el terrorismo no es nada. El terrorismo es la utilización del terror para objetivos políticos, con hechos concretos, señorías, no con peligrosidad ni con previsiones. Ese es un hecho también que forma parte, como decía
antes, de esta panoplia de medidas autoritarias. El núcleo, pues, de esta reforma del Código Penal es la limitación de los derechos y libertades, la política autoritaria para imponer la austeridad. La representación más clara de todo ello es el
artículo 315.3. Todos creíamos que, además de las medidas de restricción de las movilizaciones, de las manifestaciones y de la libertad de expresión ahí el Partido Popular iba a responder al hecho de que haya 300 sindicalistas en proceso para los
cuales se piden años de cárcel. Es el caso de Jerez pero hay muchos otros casos en nuestro país. El Partido Popular no solamente reforma ese aspecto sino que lo empeora porque al que vulnera el derecho de huelga le quita el reproche carcelario, le
pone una pena por debajo de dos años, con lo cual el empresario que dificulte el derecho de huelga no irá nunca a la cárcel. De hecho, lo que no hay son procedimientos penales.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señor Llamazares, debe ir terminando.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Voy terminando.
Pero al trabajador que defienda el derecho de huelga, incluso que se exceda en la defensa del derecho de huelga, a la cárcel con él; hasta tres años, con lo cual entrará en prisión. Otra vez la demostración del talante del Gobierno en
materia de derechos y libertades.
Termino hablando de la edad de la mayoría sexual. En su reforma del Código Penal no solamente van ustedes contra el Parlamento, contra el resto de los grupos parlamentarios y contra la sociedad, sino que van hasta contra la biología,
señorías. Precisamente en el momento en que la biología y las relaciones sociales suponen que las relaciones sexuales se anticipan, ustedes retrasan la edad de relaciones sexuales consentidas. Esto es una locura. Ustedes van a situar durante tres
años a los adolescentes y a los jóvenes españoles en la ilegalidad, con reproche del Código Penal. Es una locura, y además -se ha dicho antes- algunos de ellos estarán casados y serán obligados al celibato.
La verdad, señorías, es que no tiene mucha defensa esta reforma del Código Penal. Será su Código Penal de partido, será su Código Penal electoral, intentarán imponerlo en la calle pero habrá desobediencia civil.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Surroca.
La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, anuncio en este momento que Convergència i Unió va a votar en contra de este proyecto de ley; de hecho, ya lo hemos anunciado a lo largo de los debates que se han sucedido en la Cámara.
Estamos ante una reforma profunda, una reforma que limita derechos fundamentales de las personas, especialmente en lo que se refiere a la introducción de la prisión permanente revisable. En vez de hablar de prisión permanente revisable
tendríamos que hablar, como ya ha dicho algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, de lo que realmente es, de cadena perpetua, aunque sea revisable, pero como no hay un límite de plazo, estamos hablando de esto. También estamos
ante una profunda reforma que implica que nos alejemos del principio de intervención mínima que tendría que presidir todo el Código Penal, principio sustancial en nuestro sistema de derecho en el ámbito penal. Estamos además ante una reforma que
agrava de forma importantísima las consecuencias penales del acto injusto. Entendemos que también en este caso nos alejamos del necesario principio de proporcionalidad que debería presidir el establecimiento de las penas. Y también creemos que con
esta reforma es falso que se consiga una mayor justicia penal. Entendemos que este no es el camino, al contrario de lo que se recoge en la exposición de motivos del proyecto. En definitiva, desde Convergència i Unió nos oponemos a este proyecto
por cuestiones de fondo que voy a desglosar a lo largo de la intervención, pero también por motivos de forma. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Muchos de los portavoces que me han precedido en el uso de la
palabra han hecho mención a ello. Entendemos que es lamentable, muy lamentable que una reforma amplia del Código Penal como ésta, una reforma que implica cambios de paradigmas, de modelos de nuestro sistema penal, no se haya podido tramitar
parlamentariamente con la debida reflexión, con el debido consenso. Aquí también tengo que recordar, señor ministro, que en su primera comparecencia en la Comisión de Justicia nos ofreció esa posibilidad de consenso. Dijo que solamente
prosperarían aquellos temas en los que hubiera amplios consensos y la realidad le ha desmentido, no es así. Tenemos aquí el proyecto que hoy se va a aprobar en esta Cámara y la verdad es que las transacciones que nos han ofrecido son mínimas,
aparte del esfuerzo -tengo que coincidir con lo que también han dicho ya otros portavoces- de los ponentes del Grupo Parlamentario Popular ante una situación bastante caótica en cuanto a los ofrecimientos de transacciones, porque no se sabía qué nos
estaban ofreciendo; transacciones, por cierto, mínimas, con cambios de papeles a lo largo de toda la tramitación o de los trabajos de la ponencia. En definitiva, lo que se nos dijo en la Comisión de Justicia no tiene nada que ver con la realidad,
con lo que ha sucedido con la tramitación parlamentaria en las distintas ponencias en las que nuestro grupo parlamentario ha participado activamente. Lamentamos, en todo caso, que no haya habido ese consenso.
Creemos que la tramitación ha sido un auténtico atropello parlamentario. Se ha infravalorado la tramitación parlamentaria pasando por ella como si fuera un mero trámite y entendemos que en una ley de esta naturaleza, que tiene el carácter
vertebrador de nuestro sistema penal, que tiene esa importancia fundamental en nuestro Estado de derecho, merecía otra tramitación parlamentaria. Se ha prescindido totalmente de los plazos mínimos razonables para tramitar una reforma de este
calado. Creemos que es del todo impropio en una reforma de esta envergadura. En definitiva, lamentamos y rechazamos la forma del todo improcedente en que se ha tramitado pero, como decía, también lo rechazamos por motivos de fondo, motivos
sustanciales. Estamos ante una reforma, insisto, que supone un cambio profundo de modelo y, de hecho, así lo recoge la misma exposición de motivos del proyecto de ley. Sobre todo se centra en el sistema de consecuencias penales. Ahí el cambio es
fundamental, especialmente en la introducción de la prisión permanente revisable que, desde nuestro grupo parlamentario, rechazamos con toda rotundidad. Es una reforma -se ha dicho y también lo ha dicho nuestro grupo parlamentario- populista,
electoralista, que responde únicamente a demandas mediáticas que no son reales. Una reforma del Código Penal de esta naturaleza no era ni es una necesidad urgente. Esta reforma, insistimos, no va a resolver los problemas auténticos de la justicia
penal en España, no aborda las asignaturas pendientes para incrementar la eficacia de la justicia y creo que en este sentido es muy ilustrativo recordar las palabras de la nueva fiscal general del Estado en su comparecencia en la Comisión, donde nos
dio unos datos muy relevantes: España ocupa el puesto número 33 en la Unión Europea en el índice de fiscales por población y lo mismo sucede en el caso de funcionarios no fiscales en fiscalía; es decir, estamos por debajo de la
media europea. Por tanto, teniendo en cuenta la importancia en este caso del papel de la fiscalía en los procedimientos penales, estos datos creo que tendrían que hacernos reflexionar sobre si esta es una reforma que realmente necesitamos.
¿Está abordando cuestiones como esta, cuestiones de medios personales y materiales? Para nada. Al revés, creo que va a incrementar los problemas que se encuentran día a día nuestros juzgados, que no pueden abordar muchos de los expedientes que
están tramitando por falta de recursos.
No necesitamos este nuevo Código Penal que endurezca las penas, lo que sí necesitamos es incrementar y gestionar debidamente los recursos personales y materiales que precisa la Administración de Justicia desde una perspectiva realista
-nosotros somos conscientes de ello, especialmente con el actual contexto presupuestario-, o también tendríamos que priorizar otros ámbitos. Estamos a punto de tramitar, parece ser, una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y ahí tenemos que
poner especial énfasis en garantizar la agilidad de los procedimientos penales, eso sí sin menoscabar derechos fundamentales de los ciudadanos porque, con mayor rapidez, corremos el riesgo de poner en peligro la protección o el aseguramiento de
derechos fundamentales de los ciudadanos. De hecho, muchas de las polémicas que precisamente hoy salen en los medios de comunicación tienen mucho más que ver con la Ley de Enjuiciamiento Criminal que con el Código Penal vigente porque, precisamente
en el ámbito de las penas, si comparamos cuáles son las penas para determinados delitos en el Estado español con las de otros países de nuestro entorno, estas últimas son inferiores y, por consiguiente, el problema no es tanto incrementar las penas
sino dedicar los esfuerzos donde realmente los necesitamos. Por ejemplo, insistimos en que la Ley de Enjuiciamiento Criminal sería un ámbito de especial urgencia y nosotros desearíamos que en el caso de que se tramite esa reforma no suceda lo mismo
que nos ha sucedido con la tramitación del Código Penal.
En resumen, desde Convergència i Unió creemos que la reforma actual del Código Penal tendría no solamente que perseguir la disminución de la delincuencia como efecto de prevención general sino también el número de población reclusa. Por el
contrario, esta reforma va en otra dirección, en la dirección totalmente opuesta y lo que va a conseguir es aumentar el número de población penitenciaria en España que, por cierto, ya es de las más altas de Europa. Desde nuestro grupo parlamentario
denunciamos que con este proyecto de reforma de Código Penal queda atrás el principio de intervención mínima, como decía al inicio de mi exposición, y se recurre de forma abusiva a la sanción penal. Nos preocupan también otras consecuencias que
puede conllevar la aplicación de esta reforma -aparte del aumento de la población penitenciaria-, como, por ejemplo, el correspondiente coste económico para la Administración de Justicia y para la Administración penitenciaria, en el caso de Cataluña
con competencias en esa materia. Además, nos preocupa de forma fundamental la limitación de derechos de las personas. Esa misma preocupación nos la han hecho llegar -y estoy segura de que a todos los grupos parlamentarios- desde organizaciones,
entidades, colegios profesionales, el Consejo General de la Abogacía, el Colegio de Procuradores, los Jóvenes Abogados de Cataluña, la Federación de Salud Mental de Cataluña, el Cermi. En definitiva, hay una gran preocupación por la limitación de
derechos fundamentales de la persona que va a suponer esta reforma del Código Penal.
Además, este será el Código Penal de la peligrosidad, concepto que es usado de forma abusiva a lo largo del texto para fundamentar un sinfín de tipos agravados y la introducción de nuevas respuestas penales. Por ejemplo, en el caso de las
medidas de seguridad, el de la peligrosidad era un concepto utilizado a lo largo de todo el texto de la reforma penal. En este caso celebramos que se haya aparcado la reforma de las medidas de seguridad. Nosotros ya dijimos en su momento que
creíamos que esta reforma iba en contra de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional; citaré solamente la sentencia 23/86, de 14 de febrero, que precisamente fija de forma contundente una doctrina jurisprudencial que va totalmente en contra de
lo que este proyecto de ley recogía en cuanto a las medidas de seguridad.
En cuanto a la prisión permanente revisable o cadena perpetua, que es lo que sería en realidad, en Convergència i Unió ya decimos que estamos totalmente en contra de la introducción de esta cadena perpetua. Tenemos dudas sobre su
constitucionalidad, a la vez que podría vulnerar el principio de seguridad jurídica. Creemos que en el marco español y en nuestro sistema penal la prisión permanente revisable entraría en contradicción con el artículo 25.2 de la Constitución
española; creemos que va en contra de la finalidad resocializadora de las penas de prisión y además contra la prohibición de penas y tratos crueles e inhumanos. Creemos que la introducción de esta medida entra totalmente en colisión con esos
principios. La prisión permanente revisable es de facto una modalidad de la privación de libertad indefinida a pesar de que se prevea su posible revisión. No es exacto que se diga que introducimos la
prisión permanente revisable porque no se establece ningún plazo final de duración, es de una duración totalmente indefinida y ahí es donde nosotros creemos que entra en colisión con los principios constitucionales que antes mencionaba.
Tampoco va en línea con lo que sucede en otros países de nuestro entorno, es totalmente falso. Es evidente que sí, que hay otros países que tienen esa prisión permanente revisable, pero estamos hablando de unos sistemas penales totalmente distintos
al nuestro, donde no están previstas unas penas de duración tan larga como en el Estado español, donde además es posible el cumplimiento íntegro de la condena, que en muchos casos es posible que llegue a cuarenta años. Por lo tanto, estamos en un
contexto totalmente distinto al de los países europeos de nuestro entorno que tienen la prisión permanente revisable, no podemos compararlo en ningún caso con la previsión que se contempla en este proyecto de reforma del Código Penal.
Hay otra cuestión que nos preocupa enormemente y con la que tampoco estamos de acuerdo, como es la eliminación de las faltas, la supresión del libro III del Código Penal. Esta supresión está orientada según la exposición de motivos del
proyecto por el principio de intervención mínima y la respuesta a algunas de ellas mediante sanciones administrativas y civiles. En principio así se tendría que cumplir con el objetivo de la eficacia de justicia penal. Pero esto no es así, señor
ministro. Aun cuando se manifiesta que se suprime el catálogo de faltas, es decir que se suprime el libro III, lo cierto es que se ha suprimido un número muy limitado de faltas. La verdad es que una gran mayoría de las faltas ha pasado a la
categoría de delito, no se ha modificado...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Surroca, finalice.
La señora SURROCA I COMAS: Voy terminando, señora presidenta.
Decía que la gran mayoría de las faltas no se han suprimido realmente, lo que ha sucedido es que han pasado a delito sin modificar la tipificación de las conductas. Por tanto, ante la misma tipificación van a recibir unas consecuencias
mucho más graves. Ahí nos preocupa mucho cómo van a cubrirse, por ejemplo, los procedimientos en materia de accidentes de tráfico. Es una preocupación que ya hemos manifestado a lo largo de distintas intervenciones en la Comisión de Justicia y
también en la ponencia.
Ciertamente se han introducido algunos cambios en cuanto a la corrupción. Entendemos que este tendría que haber sido un debate también consensuado. Además, creemos que los cambios que se introducen simplemente obedecen a una necesidad
electoralista y populista del Grupo Popular para lavar la imagen ante determinados supuestos que están apareciendo en los medios de comunicación.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Surroca.
La señora SURROCA I COMAS: Ya termino, señora presidenta.
En cuanto a la cuestión del terrorismo, exactamente lo mismo, entendemos que no es procedente que solamente se hayan sentado a hablar en una mesa el Grupo Socialista y el Grupo Popular para llegar a un pacto de Estado. En Convergència i
Unió siempre hemos apoyado al Gobierno en esta materia tan sensible y entendemos que en la mesa teníamos que haber estado todos para hablar de una cuestión tan importante.
En definitiva, el Grupo de Convergència i Unió rechaza totalmente el contenido de este proyecto de ley porque va en contra del modelo de justicia penal que defendemos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Surroca.
Por el Grupo Socialista, señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Popular procede hoy en este Pleno a la aprobación inicial de una reforma del Código Penal totalmente innecesaria que supone otro paso atrás en nuestro sistema de derechos y libertades. La amplia y consensuada reforma del
Código Penal de 2010 humanizó un poco nuestro durísimo Código Penal. Esta gran reforma fue consensuada y votada por casi todos, con la abstención a última hora del Grupo Popular. Señorías, el Código Penal español es de los más duros de la Unión
Europea y el grado de cumplimiento efectivo de las penas supera ampliamente el de los países de la Unión. Tenemos el mayor índice de población reclusa cuando el de delincuencia es el cuarto por la cola. Tampoco existe un incremento de la
criminalidad. Por tanto, no hay necesidad objetiva de reforma global del Código Penal y mucho menos en la línea planteada por el Grupo Popular contra todos, tan solo con su
mayoría parlamentaria, que además está muy lejos ya de ser la mayoría social. Su política de recortes de derechos y libertades se concreta en la mal llamada ley de protección de la seguridad ciudadana, en esta reforma del Código Penal y en
la anunciada de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que incluye la posibilidad de intervención de las comunicaciones sin autorización judicial. Son reformas, sin duda, al servicio de la ideología, con triunfo de las posiciones más duras del
Ministerio del Interior. Señores del PP, no engañen más. Con la excusa de la seguridad no se pueden recortar los derechos y libertades fundamentales, del mismo modo que con la excusa de la crisis económica tampoco se debe desmantelar el Estado del
bienestar, como están haciendo ustedes.
Señorías, la tramitación de este proyecto de ley ha sido un despropósito y un auténtico atropello tanto en el fondo como en la forma: en el fondo, por sus contenidos de claro populismo punitivo y de aumento generalizado de las penas y en la
forma, por la precipitación, la improvisación y la tramitación en apenas unas semanas de los meses de diciembre y enero, incluyendo las fiestas navideñas. Además, están aprobando un proyecto de ley sustancialmente distinto al presentado por el
Gobierno del Partido Popular, con más de noventa autoenmiendas que no han sido objeto de los preceptivos informes del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal, y que afectan a asuntos vinculados a derechos
fundamentales. Esto constituye un auténtico fraude de ley. Señor ministro de Justicia, poco duraron las buenas intenciones que mostró en su comparecencia del pasado 15 de noviembre en la que se comprometió ante esta Cámara a realizar una reforma
más reducida del Código Penal y consensuada. Nada de nada, señor ministro. Es una pena.
Señorías, por razones de formato y de tiempo doy por reproducidos los argumentos expuestos por mi grupo parlamentario en la Comisión de Justicia en los pasados días 15 y 16 de este mismo mes de enero y me permito apuntar telegráficamente
algunos aspectos importantes. El primero se refiere a la prisión permanente revisable. Más allá del debate de su constitucionalidad o no que pueden haber disfrazado con las nuevas denominaciones que sucesivamente han venido realizando, la nueva
pena que introducen en el Código Penal supone la vergüenza de recuperar la cadena perpetua como posible pena, aunque pueda ser objeto de revisión. La prisión permanente revisable introduce imprevisibilidad en la determinación de la pena,
incompatible con los principios constitucionales de reeducación y reinserción del penado que se recogen en el artículo 25.2 de la Constitución española y que se refieren tanto a las penas como a las medidas de seguridad. Ustedes ya lo defendieron
en 2010. Mariano Rajoy afirmaba que no hay que tener miedo a la cadena perpetua si es revisable y lo llamaban ustedes en su enmienda prisión perpetua revisable. En España tenemos penas de hasta cuarenta años de cumplimiento efectivo, que pueden
ser más amplias que la prisión perpetua revisable. La mayoría de la doctrina penal sostiene que la constitucionalización del fin de la pena, relativo a la reeducación y reinserción social, se inserta en el catálogo de los derechos fundamentales y
libertades públicas, emanando del principio de la dignidad humana recogido en el artículo 10.1 de la Constitución. La pena de prisión permanente revisable supone un obstáculo insalvable para la reinserción, dada la falta de esperanza del sujeto en
su puesta en libertad, aunque sea revisable.
Señorías, en cuanto a las medidas de seguridad -artículos 95 a 108, 6.2 y concordantes-, el proyecto introducía una regulación propia de las leyes de peligrosidad de tiempos pretéritos. La libertad vigilada fue introducida en 2010 como
medida excepcional solo para delitos de terrorismo y delitos sexuales especialmente graves. El proyecto de ley ampliaba la libertad vigilada a numerosos delitos y con una duración también indeterminada que podía llegar a ser indefinida. Tenemos
que agradecer al Grupo Parlamentario Popular la aceptación de nuestra enmienda 647 que suprime la totalidad de esta regulación en esta reforma. Su retirada, señor ministro, constituye sin duda lo más positivo que han realizado el Gobierno y el
Partido Popular en toda la tramitación de este proyecto de ley.
Se produce un aumento generalizado de penas dando respuesta a la casuística concreta difundida y amplificada en los medios afines. El Partido Popular vuelve atrás en el tiempo y olvida que el Código Penal es la última ratio y no el medio
sustantivo para resolver algunos de los problemas de nuestra sociedad; el Partido Popular quiere resolver con represión lo que no es capaz de solucionar invirtiendo en prevención, en políticas sociales, educativas, etcétera, y esto conduce al
fracaso. El PP confirma una vez más que es fuerte con los débiles y muy débil con los fuertes. La supresión del libro III del Código Penal, de las faltas, las hace desaparecer convirtiendo en delitos una buena parte, sobre el 60 %, y otras las
pasa a infracciones administrativas reguladas por la Ley de Seguridad Ciudadana. La transformación de las faltas en infracciones administrativas, lejos de despenalizar, conduce a una mayor restricción de los derechos de los ciudadanos y a aumentar
el riesgo de arbitrariedad en la aplicación de las normas. Consecuencias: la
potestad sancionadora se sustrae al control del Poder Judicial y pasa a la Administración y las garantías aplicables en el procedimiento administrativo son muy inferiores a las del procedimiento penal: se reconoce expresamente la presunción
de veracidad de los informes policiales, que ahora solo tienen el valor de simple denuncia; se invierte la carga de la prueba, el expedientado tiene que probar su falta de responsabilidad; para que exista control judicial hay que ir a la
jurisdicción contencioso-administrativa, con el pago de tasas, etcétera, y ya si hablamos de la vía civil, hay que ir a la jurisdicción civil con el pago de tasas y con el colapso que existe. Es un despropósito esta eliminación de las faltas.
En cuanto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, regulada por primera vez en la reforma de 2010, la enmienda 815 del Grupo Popular supone una autoenmienda con total nueva regulación que no ha sido informada por el Consejo
General del Poder Judicial ni por el Consejo Fiscal. La regulación defectuosa que ustedes presentan tiene un mayor margen de impunidad, presenta y establece una vía de negocio y una parte de su reforma se ha limitado a copiar literalmente varios
apartados de la regulación de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas del derecho italiano. Este defectuoso injerto legislativo, con excesivo reglamentismo, con inversión de la prueba, ha supuesto un extraordinario gasto y que
no se aplique en Italia en estos catorce años; lo mejor que pueden hacer es retirarlo.
En aras de la brevedad, en lo que se refiere al aspecto de regulación de las penas me remito a lo expresado en la Comisión los pasados jueves y viernes, igual que en la suspensión y sustitución de las penas y en la libertad condicional, que
la incorporan como una forma de suspensión de la pena cuando nuestro Código Penal lo trata como una forma de cumplimiento de la pena. No ha habido acuerdo, señorías, en la regulación de la libertad condicional porque no aceptaron la enmienda 644
del Grupo Socialista, que exigía para la libertad condicional en la sustracción de bienes o patrimonio público la devolución efectiva del reintegro y que no se diera información inexacta del patrimonio en la lucha contra la corrupción. En cuanto a
la responsabilidad civil, decomiso, regulación de los antecedentes penales, también me remito a lo expresado en la Comisión.
Para terminar, señorías, quiero recordar al Grupo Popular que el Código Penal no es el código moral, sino el código de convivencia con respeto a los valores constitucionales. Por estas razones y muchas más, el Grupo Parlamentario Socialista
votará en contra de esta reforma innecesaria, populista, injusta y de incremento de represión indiscriminada, con un Código Penal de dureza desproporcionada, dirigida, eso sí, contra los de siempre. (Aplausos).
La segunda parte de esta intervención la hará mi compañero Antoni Such.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchas gracias, señor Villarrubia.
Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Such.
El señor SUCH BOTELLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro de Justicia, señorías, voy a proceder a defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista respecto a la parte especial del Código Penal, y lo voy a hacer centrándome en tres o cuatro aspectos fundamentales que son
prioritarios para el Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, señor ministro, esta reforma supone una elevación de penas de forma generalizada e injustificada en los delitos ordinarios. Un ejemplo claro: los delitos contra las personas.
Este Código Penal eleva las penas de tres a cinco años de prisión en todas las formas de delitos de homicidio y asesinato, además de introducir la llamada permanente revisable. Nosotros queremos saber, señor ministro, por qué. ¿Cuál es el motivo
para este incremento de penas que se propone en el Código Penal? ¿Qué razones hay? ¿Porque se están incrementando este tipo de delitos? ¿Porque falla la prevención general? ¿Porque no funciona? ¿Porque las penas son inferiores a los de otros
países europeos, señor ministro? ¿Hay una petición de los ciudadanos para que se eleven las penas? Queremos saber cuál es el motivo. Hemos intentado, tanto en ponencia como en Comisión, que el Partido Popular nos explicara los motivos para elevar
e incrementar las penas en este tipo de delitos, y aún no los sabemos, señor ministro. Esperemos que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular pueda explicar a qué se debe el incremento de penas.
Pero, señor ministro, le diré algo respecto a los delitos contra la corrupción. Frente a la corrupción es necesaria una respuesta de los poderes públicos, también de Parlamento, ampliando los tipos de conductas reprobables y sancionables
penalmente e incrementando en algunos casos las sanciones a aplicar, y esto por dos motivos: disuadir a los delincuentes potenciales y también apartarlos de la vida pública. Una de las facetas más sorprendentes de la propuesta en materia de
corrupción del PP es que no subían ninguna de las penas a los delitos de corrupción, ninguna, incluso en dos tipos tan característicos como el cohecho y la malversación las bajaban. Sus enmiendas tan solo proponían la inclusión de la pena
de pérdida del derecho de sufragio pasivo y la ampliación de los derechos de plazos de prescripción. El Código Penal del PP eleva las penas con dureza en los delitos ordinarios, pero sus enmiendas, señor ministro, son excesivamente benignas
con los corruptos, tradicional enfoque de dureza frente al débil, como decía mi compañero Julio anteriormente, y de debilidad frente al fuerte. Luego el PP se dio cuenta de que, efectivamente, no podía mantener esta posición y ha aceptado algunas
enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista de incremento de penas, lo que es de agradecer, pero del todo insuficiente. Un ejemplo lamentable: la financiación ilegal de partidos políticos. Es una de las cuestiones más graves, porque altera las
reglas de juego de la democracia: la participación en condiciones de igualdad. ¿Cuál es la respuesta del PP? Completamente insuficiente, señor ministro. Quien reciba o quien haga donaciones ilegales destinadas a partidos políticos no tendrá pena
de cárcel, solo de multa. Para que haya prisión la donación ilegal tiene que ser superior a 500.000 euros o a 100.000 euros si el donante es extranjero, y técnicamente no se dice si esa cifra es por donante o por recepcionario, por año o por
campaña electoral. Ningún criterio, señor ministro, al respecto. No se sabe. Realmente difícil de probar. Efectivamente, si se repasa la lista del señor Bárcenas vemos que nadie ha dado más de 500.000 euros. Tal vez esa sea una buena muestra de
por qué se incluyen este tipo de actuaciones en el Código Penal. Nos parece completamente inaceptable, señor ministro, y una desfachatez.
Como queda poco tiempo, voy a tratar de centrarme en dos temas más que son tremendamente importantes. El delito de coacciones de los piquetes de huelga, artículo 315.3 del Código Penal. Creíamos que íbamos a llegar a un acuerdo en esta
materia. Los sindicatos les dieron documentos suficientes para poder trabajar esta materia, sin embargo la reforma que se ha realizado es completamente insuficiente. Nosotros entendíamos que eran necesarias la supresión y remisión al tipo básico
de coacciones del artículo 172.1 del Código Penal y no dejarlo como lo han dejado, porque lo que supone realmente es que han bajado a dos años de prisión la acción de los empresarios que impiden el ejercicio de la huelga. Por tanto, difícilmente
podrán entrar en prisión aquellos empresarios que impiden un derecho fundamental de los trabajadores que se ejerce libremente.
El segundo de los temas es la elevación del consentimiento de la edad sexual. Tanto en Comisión como en ponencia creíamos y habíamos entendido que podíamos llegar a un acercamiento importante. Aún estamos esperando saber por qué se aprobó
en la Comisión los dieciséis años que era lo que venía en el texto del proyecto de ley. No sabemos qué ha pasado entre las manifestaciones del Grupo Popular y lo que realmente viene luego reflejado. Esperemos que este tema pueda ser tratado y
explicado. Nosotros entendemos que incrementar de trece a dieciséis años es un exceso, sobre todo teniendo en cuenta que nuestro Código Civil establece que se pueden reflejar matrimonios a partir de los catorce años. Nosotros entendíamos que podía
haber un acercamiento real y efectivo para que en esta materia pudiéramos llegar a un consenso entre todos. Y, por último, el delito de atentado y desórdenes públicos. Esta reforma en materia de delitos de atentados y desórdenes públicos es
rechazable y supone un endurecimiento que no compartimos para hacer frente a la protesta social. Es un complemento claro de la Ley de Seguridad Ciudadana. Especialmente grave es la ampliación de concepto de atentado, que ahora solo incluye la
resistencia activa grave.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Such, vaya terminando.
El señor SUCH BOTELLA: Voy acabando, señora presidenta.
A partir de ahora, incluirá también la resistencia pasiva, la simple protección frente a una carga policial, un bloqueo o una asentada. Entendemos que se busca una gestión autoritaria de los derechos fundamentales de reunión y libre
expresión, que rechazamos los socialistas. Acabo. Señor ministro, usted va a ser el responsable de un código innecesario que atenta gravemente contra los derechos y libertades de los españoles, un código que pasa de una ley de prevención y
persecución del delito a una criminalización previa del comportamiento de los ciudadanos. Señor ministro y señores del Partido Popular, esta va a ser su responsabilidad.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Such.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Barreda.
El señor BARREDA DE LOS RÍOS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular respalda la reforma del Código Penal porque la consideramos imprescindible y llega al Pleno tras más de un año de tramitación parlamentaria. Por tanto, es un texto mejorado por todos, aunque aquí no
se haya querido reconocer, y que la oposición, singularmente el Partido Socialista, rechaza. Y lo rechazan alegando, en primer lugar, las formas. Hablan de precipitación, de falta de tiempo, de imposición. El señor Villarrubia y la señora Díez
apelan a la supuestamente ejemplar tramitación de la reforma de 2010. Yo he comprobado cuánto hay de verdad y cuánto de mito en sus palabras. En 2010, el Congreso aprobó la reforma en cinco meses. Aquello sí que era celeridad. Ahora vamos, en
cambio, camino de quince meses. Han tenido diez meses solamente para el esfuerzo de presentación de enmiendas. Entonces hubo cinco sesiones de ponencia, igual que ahora, y tan solo una de Comisión por dos en este trámite de ahora. Y entonces se
incorporaron 200 enmiendas frente a las más de 300 que se han incorporado en el momento presente. La conclusión es, señores de la oposición, que la reforma de 2010 no era leyenda, era cuento. Es un cuento que utilizan ustedes como pretexto, una
vez más, para una oposición destructiva que no ha sido capaz de plantear alternativas. Por tanto, insisto, aquí no hay ni precipitación ni imposición, hay cuento de una oposición que ha rechazado la mano tendida del Gobierno y del Grupo Popular y
que no ha sido capaz de sumarse a ese esfuerzo de diálogo después de 300 enmiendas y después de la retirada de un tema tan polémico como el de las medidas de seguridad. Reiteraron ustedes sus argumentos del debate de totalidad en el de Comisión y
han reproducido casi literalmente los discursos de Comisión en este debate en el Pleno. Se oponen a todo el contenido del proyecto de ley porque hoy se disponen a votar contra todo el dictamen de la Comisión.
Objeto de una reforma paralela será todo lo relativo a los delitos de terrorismo. Debemos felicitarnos por esa posibilidad abierta de pacto, de acuerdos amplios, de lo que deben ser pactos de Estado para hacer frente a nuevos desafíos, a
nuevas modalidades delictivas, singularmente las derivadas del terrorismo yihadista. La unidad refuerza nuestra capacidad como sociedad para hacer frente a la amenaza. A nadie se pretende excluir y debemos confiar en que nadie se autoexcluya de la
búsqueda del entendimiento para hacer frente al terror. Nosotros defendemos esta reforma, una reforma imprescindible. La sociedad española demanda mayor eficacia y mejor respuesta de la justicia. Legislamos para resolver los problemas de los
españoles. Conocemos la doctrina variada; conocemos las opiniones de los expertos para todos los gustos, pero legislamos para las personas, para dar respuesta a sus demandas y resolver sus problemas. Por tanto, en 2015 esta es una reforma para
combatir la corrupción y perseguir a los corruptos. Es una reforma que revisa la regulación de los delitos económicos, que tipifica conductas hasta ahora impunes, que agrava la sanción de la gestión desleal del patrimonio público y extiende a las
sociedades mercantiles públicas la responsabilidad penal. Como veremos, es una reforma que tipifica la financiación ilegal de partidos, inhabilita a los condenados para desempeñar empleo público, les impide presentarse a las elecciones y hace
hincapié en la devolución y recuperación de lo ilegalmente logrado. Ustedes a todo esto hoy votarán no.
Es una reforma para la protección de personas y bienes, que da respuestas a esa inseguridad difusa de una criminalidad que se ceba en los más débiles o más desprevenidos; que se propone aportar seguridad a los comerciantes, a quienes
padecen robos o hurtos en el campo, a quienes se ven sobresaltados por incendios forestales provocados o padecen tirones, sustracciones o hurtos en calles comerciales o plazas de nuestras ciudades. En adelante no será igual cometer un hurto que una
docena. La reiteración de los hurtos llevará aparejada pena de prisión, habrá tipos agravados para robo en casa habitada y quienes actúen en grupos organizados también verán agravada su condena. Se dispondrá de mejores instrumentos para combatir
la multirreincidencia y los extranjeros a los que se impongan penas de prisión de más de un año serán expulsados de España. También a todo esto ustedes votarán hoy no.
Es una reforma para reforzar la protección de los menores frente a los abusos, la pornografía infantil o la explotación sexual. Se trata de una reforma que protege a las mujeres y lucha contra el acoso sexual a través de Internet u otras
vías telemáticas y que eleva la edad para el consentimiento sexual a los dieciséis años. Esta es una cuestión ciertamente debatida, pero que regulan por igual Gran Bretaña, Bélgica, Holanda, Noruega, Finlandia, Rusia, Suiza y Portugal; no parece
una excepción. En cualquier caso, ustedes votarán no.
Es una reforma para combatir la discriminación, el racismo, la violencia o la xenofobia, también por razón de género, y su difusión a través de las redes sociales en nuestro país; una reforma que refuerza la lucha contra los tratantes de
personas y que impide, definitivamente, que prestar ayuda humanitaria a un inmigrante ilegal pueda ser delito, así como impide los efectos del artículo 315 sobre los sindicalistas, que
ustedes aprobaron en la reforma de 2010 y que en ningún caso son responsabilidad ni del Partido Popular ni de este Gobierno. También ustedes a todo esto votarán no.
Decía que esta es una reforma para combatir la corrupción. Esa es la demanda principal de nuestra sociedad. Los ciudadanos desean ver actuar a la justicia y desean respuesta penal eficaz frente a los corruptos, que la justicia cuente con
los instrumentos adecuados para combatir esta lacra, que mina la confianza en las instituciones democráticas y que quiebra de raíz el principio de igualdad. Hemos buscado la unidad en este tema; lo saben todos, lo sabe especialmente el Partido
Socialista. Hemos trabajado por el acuerdo durante meses. Eso explica parte del retraso de este proyecto de ley. No ha sido posible. También en esta materia clave han preferido ustedes hacer una oposición destructiva, una oposición irresponsable
y destructiva. Sin embargo, la lucha contra la corrupción es parte fundamental del impulso de regeneración democrática; es más, es una exigencia de la sociedad española que no vamos a dejar sin respuesta. Por ello el Código Penal incorpora
cambios trascendentes en la lucha contra la corrupción; cambios que hasta la fecha solo la señora Surroca reconoció, por cierto, en Comisión. Claro que los señores socialistas llegaron a la Comisión sin leerse los papeles (Un señor diputado:
¡Venga, hombre!-.Protestas) y así es muy difícil que alcancen ustedes a comprender nada; quizá para descalificar todo -ya se sabe- no hace falta leer los papeles. (Rumores.-Un señor diputado: ¡Qué barbaridad!).
Nosotros estamos atentos a los ciudadanos, señorías, y ellos quieren en materia de corrupción tres cosas, muy sencillas, muy comprensibles: que los corruptos vayan a la cárcel, que los corruptos salgan de la Administración y se alejen de la
política y que los corruptos devuelvan lo que han robado (El señor Villarubia Mediavilla pronuncia palabras que no se perciben); y en esos tres objetivos avanza significativamente este Código Penal. Para empezar, y no es poca cosa, los partidos
políticos seguirán teniendo responsabilidad penal y también los sindicatos; la tienen desde 2012 como personas jurídicas. Ya sé que ustedes se oponen, ya sé que ustedes no quieren que los partidos políticos tengan responsabilidad penal. Defienden
privilegios penales, inexplicablemente, para los partidos políticos; van a seguir teniendo esa responsabilidad penal, aunque sea con su oposición; la van a seguir teniendo. También habrá tipos penales nuevos. Hoy los corruptos, en efecto, van a
la cárcel, porque las condenas acaban llegando y por la exigente línea de la jurisprudencia en esta materia; pero no es suficiente. Por ello la reforma introduce en el título XIII bis los delitos de financiación ilegal de partidos políticos. Es
la primera vez que la financiación ilegal de partidos tiene respuesta penal en España. La reforma castiga con penas de prisión a quienes entreguen, acepten o reciban donaciones ilegales y a quienes formen parte de estructuras u organizaciones
destinadas a la financiación de partidos políticos al margen de las previsiones legales. Han tratado ustedes de banalizar estos artículos. Han dicho que no se irá a la cárcel, y es mentira, literalmente mentira. El artículo 304 bis permite
graduar las sanciones para conductas individuales de quien entregue o reciba una donación ilegal. La multa en cualquier caso podrá quintuplicar el importe donado, pero las conductas más graves, a partir de 100.000 euros en algunos casos y a partir
de 500.000 en otros, tendrán hasta cuatro años de prisión -esto para las conductas individuales-. Además el artículo 304 ter prevé penas de cinco años de prisión para quienes formen parte de cualesquiera estructuras de financiación ilegal desde el
primer euro -repito, cualesquiera estructuras de financiación ilegal desde el primer euro, señores socialistas-, hasta seis o más años de prisión, es decir, la pena superior en grado para quienes dirijan esas estructuras. Por tanto, dejen de tratar
de engañar a la opinión pública. La financiación ilegal de partidos desde ahora tendrá consecuencias, y graves; nunca tuvo ninguna, pero ahora tendrá consecuencias, y graves, en atención al Código Penal. A pesar de que ustedes se opongan a la
responsabilidad penal de los partidos y de que voten no en la tarde de hoy, será así a partir de la aprobación definitiva de este Código Penal.
El segundo compromiso es alejar a los corruptos de la Administración y de la política. Para ello la reforma, en primer lugar, incrementa de modo generalizado las penas de inhabilitación especial, las mínimas y las máximas, las que
corresponden a la inhabilitación para empleo o cargo público en los delitos contra la Administración. Así sucede, entre otros, con los delitos de prevaricación, de nueve a quince años; de cohecho, de nueve a doce años; de tráfico de influencias,
de cinco a nueve; de malversación, de diez a veinte; de información privilegiada, de nueve a doce; etcétera. En segundo lugar, en los delitos más graves se añade la imposición adicional, no alternativa sino adicional, de una segunda pena de
inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo. Es decir, los condenados por delitos de corrupción tampoco podrán optar a un cargo público, no podrán presentarse a las elecciones. Así se ha previsto, por ejemplo, en los delitos de
cohecho, de prevaricación de funcionarios o en el de tráfico de influencias. (El señor presidente ocupa la Presidencia). En tercer lugar, se amplían hasta diez años en
los casos más graves las prohibiciones de contratar con la Administración, la prohibición de recibir subvenciones o ayudas o de acceder a incentivos fiscales o de la Seguridad Social. Así sucede en los delitos de cohecho y en los cometidos
por quienes se pongan de acuerdo para defraudar a la Administración. En cuarto lugar, se han ampliado los plazos de prescripción, que llegarán a los quince años; es decir, se alargan los plazos para evitar esa sensación, de impunidad de los
corruptos por el mero paso del tiempo, que tienen algunos ciudadanos cuando ven cómo prescriben esos delitos. Así se ha previsto para los supuestos más graves, para aquellos que tienen aparejadas inhabilitaciones con duraciones superiores a diez
años. Hablamos, por tanto, de la prevaricación judicial, de la prevaricación administrativa, del cohecho, fraudes, etcétera.
Y, por último, en tercer lugar, nuestra sociedad exige que los corruptos devuelvan el producto de sus delitos, y la ley penal debe aportar instrumentos a la justicia para hacerlo posible. Con carácter general el artículo 90 prevé que no se
acceda a la libertad condicional sin haber satisfecho las responsabilidades civiles declaradas en sentencia, con carácter general para todo tipo de delitos. Adicionalmente, esa previsión general será causa de denegación de la libertad condicional
cuando los condenados por delitos contra la Administración no hayan cumplido sus responsabilidades pecuniarias o reparado el daño causado, y específicamente en los delitos fiscales o contra la Seguridad Social no podrán lograr la suspensión de las
penas de prisión impuestas sin abonar las deudas tributarias o las deudas con la Seguridad Social, o sin reintegrar antes las subvenciones o ayudas indebidamente recibidas o utilizadas. Todo esto que ustedes banalizan lo rechazarán y hoy votarán
no.
Por último, para potenciar la acción de la justicia frente a la corrupción, para dar respuesta penal a la exigencia de toda la sociedad española de no dar tregua a los corruptos, el Código Penal incorporará una nueva regulación del decomiso
con un objetivo claro: impedir que corruptos o cualquier otro delincuente pueda eludir la acción de la justicia sobre el producto de sus delitos. Pretendemos que la corrupción no sea rentable para quien se implique en ella. Con la reforma España
cumple sus compromisos internacionales y traspone la correspondiente directiva europea. Se mejora la regulación del decomiso sin sentencia, se extiende el alcance del decomiso ampliado, que se aplicará a delitos de blanqueo, cohecho o malversación,
y permitirá el decomiso de bienes de acusados que provengan de otras actividades delictivas, al margen de la que se esté investigando en ese momento. Habrá indicios, como la desproporción entre ingresos y patrimonio, que permitirán la actuación de
los jueces contra el producto de cualesquiera delitos cometidos por los acusados. Finalmente, se mejora la regulación del decomiso de bienes en poder de terceros, a fin de que los condenados no puedan evitar la localización de sus patrimonios
ilícitamente obtenidos y ocultos. Para la gestión de sus patrimonios se crea la Oficina de gestión de activos, a semejanza de Francia.
Como se ve, en muy diferentes ámbitos el Código Penal refuerza los medios y la capacidad del Estado de derecho frente a la corrupción y los corruptos. Pues bien, señora presidenta, señorías, a todo esto los socialistas hoy votarán no.
(Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben). Yo creo que hay que tener mucha cara, señores socialistas, para subir a la tribuna a descalificar esta reforma. (El señor Villarubia Mediavilla pronuncia palabras que no se
perciben). Hay que tener mucha cara porque hace cuatro días, en 2010, ustedes no hicieron nada, y no me digan que entonces no había corrupción, por favor. El Gobierno y el Partido Popular quieren con esta reforma del Código Penal que los partidos
políticos tengan responsabilidad penal, que la financiación ilegal de partidos sea delito, que los corruptos no puedan permanecer en la Administración, ni contratar con ellas, ni presentarse a las elecciones; que devuelvan lo robado o defraudado,
que se les deniegue la libertad condicional en caso contrario y que su patrimonio y las maniobras de ocultación sean investigados hasta el final. (El señor Villarrubia Mediavilla pronuncia palabras que no se perciben). Nosotros hoy votaremos sí a
todo ello. Ustedes, señores socialistas, los del discurso contra la responsabilidad penal de los partidos políticos, votarán hoy en contra de todo eso. Pues bien, suban aquí, miren de frente a la sociedad española y expliquen por qué no hicieron
nada de esto en 2010 y por qué se oponen a todo ello en 2015. Esa es su responsabilidad en la mañana de hoy. (Aplausos).
Termino, señora presidenta. Al servicio de estos objetivos la reforma incorpora importantes novedades en el Código Penal, comenzando por la supresión de las faltas -algunas serán delitos leves, otras sanciones administrativas-, una petición
largamente expuesta por los fiscales, por ejemplo. Se modifica el sistema de penas con la introducción de la prisión permanente revisable; una pena de la que ustedes han hecho caricatura penal y que pretenden confundir con la cadena perpetua y
confrontarla por tanto con nuestra Constitución y sus previsiones en materia de reinserción. Son argumentos falaces. El Consejo
General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y destacadas personalidades socialistas -no las voy a citar una vez más- han avalado su constitucionalidad. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado la conformidad con el artículo
3 del Tratado de Roma de penas semejantes en múltiples países europeos. La reforma reserva esta pena a los crímenes, los asesinatos más execrables, los que más dolor y más repugnancia causan en la sociedad española. Es la propia sociedad la que
viene exigiendo que no sea igual matar a uno que a veinte; que no sea igual la condena sin tener en cuenta el alcance, el dolor causado o la impiedad en la conducta del criminal. Hablamos de crímenes terroristas, de delitos contra la vida y la
libertad sexual, de delitos cometidos sobre menores o personas especialmente desamparadas; conductas que merecen el máximo reproche social y el máximo reproche penal, una respuesta penal proporcionada a su gravedad y a la alarma social que suscita.
Pues bien, a esto ustedes también votarán no. La reforma flexibiliza y moderniza la regulación de los hitos jurídicos, como la suspensión de ejecución de penas y la sustitución de las mismas. Integra, es verdad, la libertad condicional como
modalidad de suspensión, de modo que la condena por un nuevo delito permita alzar la suspensión y que el reo cumpla en prisión el resto de la condena; algo que hasta ahora rara vez sucedía, pues cuando recaía condena ya había transcurrido el plazo
de libertad condicional y se había extinguido la responsabilidad criminal. También se han ampliado los plazos de prescripción de los delitos para que los criminales, y en particular terroristas y corruptos, no se puedan ver beneficiados por
problemas de investigación o por la lentitud de las causas. A su vez se potencia el margen de decisión de los jueces -termino ya, señor presidente- en relación con los delincuentes primarios o con la apreciación de la reincidencia y la valoración
de los antecedentes penales. Se trata de evitar los efectos injustos de ciertos automatismos procesales hasta la fecha y de favorecer, digan ustedes lo que digan, la reinserción social de los penados, en particular la de quienes delinquen por
primera vez. Claro, a todo esto ustedes votarán no.
En fin, el Grupo Parlamentario Popular, por todo lo expuesto, respaldará con su voto la reforma del Código Penal. Respaldará también la subsanación de erratas del dictamen y las enmiendas técnicas de las letradas, incluida la que -no a
petición del señor Llamazares pero coincidiendo con su petición- unifica lingüísticamente el proyecto de ley y mantiene el término decomiso como preferente al término comiso que se deslizaba en algunos artículos.
Señor presidente, si me permite quince segundos, no quiero terminar sin agradecer la labor del presidente de la Comisión de Justicia; el talante de todos los portavoces por encima de la discrepancia; la labor de los equipos del Grupo
Parlamentario Popular y del Gobierno, no solo pero singularmente los del Ministerio de Justicia; la de las letradas de la Comisión, simplemente imprescindibles como creo que ha quedado muy de manifiesto en este debate; y la de mis compañeros en
ponencia y Comisión. Solo citaré un nombre en esta intervención, el de nuestro portavoz José Miguel Castillo que durante quince meses ha realizado una tarea ingente con los grupos políticos, con decenas de entidades sociales y a lo largo y ancho de
la mayor parte de la geografía española.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.-El señor Ministro de Justicia, Catalá Polo, pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barreda.
¿Pretende hablar, señor ministro? (Asentimiento). Tiene usted la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Muchas gracias, presidente.
En absoluto quiero reabrir debate ni entrar en temas de fondo de los múltiples que han sido tratados en la sesión de esta mañana. Simplemente quiero poner de manifiesto dos cuestiones. En primer lugar deseo manifestar el agradecimiento
-que ha sido reiteradamente expresado- a los grupos parlamentarios, a sus portavoces, a los servicios y a los letrados de la Cámara por el trabajo que han hecho durante estas semanas en un debate intenso, participativo y abierto, para mejorar este
proyecto que hoy aprueba esta Cámara. 300 enmiendas han sido aceptadas o transaccionadas. A pesar de la valoración que sus señorías puedan hacer sobre la importancia cualitativa y cuantitativa de este proceso, me parece que tiene un alto valor de
debate, de negociación y de mejora técnica, así como democrática, de un proyecto de ley tan importante como este. También tendremos ocasión en el Senado de plantear enmiendas, de seguirlo mejorando, y todo ello con el objetivo que hemos planteado
desde el primer momento: que podamos contar con una reforma del Código Penal que sea propia de los tiempos actuales. Es una reforma sobre la que, aunque en conversaciones que tuvimos entre los portavoces del Gobierno y del grupo parlamentario, sus
señorías nos dijeron desde el primer día que no iban a votar a favor por dos o tres cuestiones troncales
que les parecen importantes. Para el Gobierno y para el Grupo Parlamentario Popular eso no ha sido óbice para buscar el diálogo, el consenso y aceptar, como he dicho, hasta 300 enmiendas.
Muchas gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CONTROL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY ORGÁNICA 8/2007, DE 4 DE JULIO, SOBRE FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS; LA LEY ORGÁNICA 6/2002, DE 27
DE JUNIO, DE PARTIDOS POLÍTICOS, Y LA LEY ORGÁNICA 2/1982, DE 12 DE MAYO, DEL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente 121/000082).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al dictamen relativo al proyecto de ley orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de
los Partidos Políticos; la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos; y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas. En primer lugar intervendrán varios miembros, como he dicho antes, dentro del máximo posible,
del Grupo Mixto. Entre ellos tiene en primer lugar la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, empezaré mi intervención poniendo en valor la presentación de los dos proyectos de ley que enmarcan este debate, el que estamos tratando hoy y el del ejercicio del alto cargo en la Administración General del Estado. También creo
que ha sido positiva -hay que valorarlo así- la participación, la alta participación vía enmiendas de casi todos los grupos en este debate sobre corrupción. Igualmente hay que reconocer la disposición del Grupo Popular porque al final de la
tramitación -si nadie me corrige- puede que haya más enmiendas aceptadas que pendientes de aceptar en este proyecto. En todo caso, creo que es un proyecto fundamental y espero que al final de esta tramitación haya un acuerdo, que es lo que nos
piden los ciudadanos. No creo que nadie esté inhabilitado para proponer soluciones a la corrupción.
Unión del Pueblo Navarro ha presentado enmiendas a los dos proyectos, como digo, tanto a este como al del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, con objetivos comunes, que eran: que exista un mayor control de la
financiación de los partidos políticos, así como un mayor control del gasto público, una mayor despolitización de la justicia. Con todo ello pretendemos eliminar o al menos reducir, y al máximo, espacios de corrupción. UPN ha propuesto la
prohibición de las donaciones, no solo de las personas jurídicas, como recoge el proyecto, sino también de las personas físicas en nuestras enmiendas 31, 32 y 33, que hasta ahora han sido rechazadas y que se van a votar conjuntamente. Hemos pedido
también la condonación de préstamos a los partidos políticos por entidades bancarias, que es verdad que ya se ha aceptado vía incorporación de otras enmiendas. En nuestra enmienda 34 hemos planteado la reducción del tiempo a la mitad de las
campañas electorales, porque en un año con cuatro convocatorias electorales ya confirmadas -una vez que se ha hecho con las andaluzas- deberíamos considerarlo en serio una vez más; es la enmienda número 34, repito. Pedimos en la enmienda 35 el
impulso de la oficina presupuestaria de las Cortes Generales. Este es un compromiso de 2010 que no acaba de arrancar. Presentamos la enmienda el 27 de noviembre, se celebró el convenio entre el Congreso y la Administración General del Estado el 4
de diciembre pero aún no lo hemos visto publicado, y nos gustaría avanzar en ello. Planteábamos otras fórmulas para erradicar la corrupción, que es verdad que no corresponden a este proyecto de ley pero que nos parece interesante mantener. Las
enmiendas 36 y 37 pretenden la despolitización de la justicia recuperando el sistema de elección de jueces por los propios jueces y la número 38 abrir un debate en torno a la posibilidad de que se incluya en el ordenamiento español, también a nivel
de los partidos políticos, una oficina, un mecanismo o un sistema de denuncia de irregularidades que nos parece que sería un avance en el control de la corrupción. Sabemos que es un mecanismo que no está contemplado aún en el ordenamiento español,
pero ya hay muchas experiencias en derecho anglosajón en determinados sectores y también en varios países europeos. Pedimos al Gobierno que presente un proyecto de ley en un tiempo razonable en el que se incluya este sistema de denuncias internas
acompañado de las modificaciones legislativas oportunas, siempre, eso sí, garantizando tanto la confidencialidad de los denunciantes como el derecho a su defensa de las personas denunciadas. Hasta ahora y por lo que sabemos no parece que este sea
el momento procesal oportuno para generar o
abrir este debate, o no es el tiempo político, pero nosotros vamos a mantener esta enmienda en el deseo de que en el futuro exista otra sensibilidad que haga que se acepte.
En todo caso, termino, señor presidente, señalando lo que dijo el sabio: Si queremos obtener resultados diferentes para combatir la corrupción tendremos que hacer cosas diferentes. Eso es lo que pretenden nuestras enmiendas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.
Señor Álvarez Sostres.
El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Gracias, señor presidente.
Señorías, el 27 de noviembre el presidente Rajoy presentaba este proyecto de ley como una de las leyes anticorrupción. En aquella ocasión voté en contra de las enmiendas a la totalidad a la espera del paso de este proyecto por la Comisión
Constitucional. No cabe duda de que la asunción de muchas de las enmiendas ha mejorado el texto incorporando elementos de control y cautelas, aunque entiendo que no es suficiente y ya anuncio mi abstención en la votación del mismo. Entendía -y
sigo entendiendo- que toda acción política debería venir impulsada por una actitud y comportamiento ético que tuviera como fondo la verdad. No se pondrá en duda que se ha llegado a una situación en la que nadie se rasga las vestiduras por faltar a
la verdad, del presidente del Gobierno para abajo, y en esa escala incluyo, en su caso, el mundo mediático de la información. Viene a cuento citar un acontecimiento en el que adquiere protagonismo el ministro de Hacienda, pero que afecta al
Gobierno con su presidente a la cabeza y al que me referí ayer en mi intervención a propósito de la convalidación del real decreto sobre la financiación de las comunidades autónomas -por no citar algún otro que la dinámica jurisdiccional pone de
actualidad todos los días y que perfila los contornos éticos del Partido Popular en obtener ventajas políticas propias del mundo que hemos conocido como el de Dick el Tramposo-; viene a cuento mencionar el concepto de lealtad de las comunidades
autónomas y a las comunidades autónomas que tanto se cita, pero que nos conduce a preguntarnos en qué sitio encajamos la lealtad debida por los partidos políticos a los ciudadanos, a través de los cuales participan en la vida política, de lo que se
promete en periodo electoral y de lo que se cumple en periodo electoral desde el Gobierno o desde la oposición parlamentaria. Señorías, el concepto de corrupción en mi opinión no es solo el control de la actividad económica financiera de los
partidos sino de la identificación de los valores y compromisos con esos valores que hay detrás de todo grupo político, de todo grupo social y de sus representantes. Ninguna norma regeneradora conseguirá algo positivo mientras en el corazón de los
gobernantes anide el sentimiento de engañar, de vivir por y para crear un mundo de fantasías. Esta norma puede sin duda ayudar, pero que nadie lo tome como un punto cero de un nuevo currículum, de un nuevo desarrollo.
Termino. Debe restaurarse -parece esto un mundo feliz, un mundo idílico, pero es lo que siento- desde la escuela la ética civil de la sociedad que conduce a distinguir entre el bien y el mal, a que no todo vale en la vida política; al
principio de que el fin no justifica la transgresión de los principios morales; al valor ejemplarizante de los gobernantes y de los que estamos más o menos coyunturalmente en la vida política. Si no somos capaces de actuar en esta línea educadora
de estos valores éticos la sociedad se encargará de la poda y de la siembra posterior.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Álvarez Sostres.
Señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
Leía el mes pasado una noticia que decía: El Gobierno prohíbe que los bancos perdonen las deudas de los partidos políticos. ¡Ah! Pero ¿los bancos han perdonado deudas a los partidos? ¿A qué partidos, cuánto dinero? Y, sobre todo, ¿por
qué les han perdonado las deudas, a cambio de qué? Esa es la preocupación de los ciudadanos que reflejan las encuestas. Esas son las cosas que de verdad les gustaría saber a los ciudadanos. La sensación que uno tiene ante este tipo de medidas
como la de hoy es dispar. De una parte -lo reconocemos-, es positivo que aunque sea tímidamente se avance en el control. Dado que en la actualidad hay un partido que ostenta la mayoría absoluta en este Parlamento pero también la mayoría absoluta
en casos de corrupción, pensamos que eso hace difícil avances sustanciales, aunque se les obligue a maquillar su imagen y a realizar gestos. De otra, esta ley aún queda lejos de lo que
nosotros entendemos y de a lo que gran parte de los ciudadanos aspiran como medidas para controlar la financiación de los partidos políticos. Señorías, el juez Ceres procesó a 19 personas por la financiación ilegal del Partido Popular
valenciano. Según la UDEF, la financiación ilegal ya empezó en la época del señor Zaplana, que además de ser presidente de la Generalitat después fue ministro de Trabajo del Partido Popular y portavoz de su grupo en la oposición. Ustedes de esto
no hablan nunca, se hacen los suecos.
Ustedes hablan ahora mismo -que está de actualidad- de Bárcenas, que fue tesorero de su partido nada menos que veinte años, como de esa persona, con lejanía. Esa persona -su tesorero durante veinte años- acumuló 47 millones en Suiza. ¿Qué
hacía un tesorero del Partido Popular para que alguien le pagara ese dinero? ¿A cambio de qué le pagaban? ¿Por qué el señor Rajoy le llamaba por su nombre, Luis, y ahora se ha convertido en esa persona, en el tesorero desconocido? Ustedes llevan
muchos años haciendo trampas, ganando las elecciones con trasfusiones generosas de financiación ilegal y nos presentan hoy aquí un mayor control del dinero en A, cuando el problema está, ha estado, en el dinero que gestiona y ha gestionado su
partido en B, con el que han ganado elecciones. ¿Cómo va a fiscalizar el Tribunal de Cuentas la actividad de todos los partidos, sus fundaciones, los más de 8.000 ayuntamientos y las diputaciones con solo veinte funcionarios? Imposible.
Recordemos que el Tribunal de Cuentas avaló los números del PSOE y del PP y tuvieron que ser los jueces los que encontraran irregularidades en los casos Filesa, Naseiro, Gürtel, Bárcenas, Púnica, etcétera.
Señorías, aunque reconocemos que hay algún avance en esta reforma, nuevamente entendemos que es insuficiente. Es una ley que sale paticorta y partidista, por ejemplo, en algunos de los cambios de la Ley Electoral que no abordan el nudo
principal, el reparto justo de los escaños y de las subvenciones públicas.
Acabo. En definitiva, cuando de verdad contesten a todas estas preguntas nosotros creeremos de verdad que quieren controlar de manera transparente a los partidos, sobre todo al suyo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
Señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, hoy vienen dos proyectos importantes y Coalición Canaria se comprometió a trabajar en el sentido de que veíamos la necesidad social y política de abordar estos temas, pero quiero decir dos cosas. Con respecto al
Estatuto de alto cargo, nosotros no presentamos enmiendas, lo vamos a apoyar sin que nos tiemble la mano en absoluto, pero queremos hacer una reflexión por el debate que se generó en Comisión. No podemos pretender que la actividad pública sea un
tema permanente en la vida o que te destroce tu vida profesional. No se puede criticar que cobres dos años después de la salida y que a la vez seas incompatible. No se les puede decir a determinas personas que no pueden volver a vida judicial o a
la vida funcionarial porque no son neutrales y, a la vez, no darles salida. El paso por las responsabilidades de alto cargo en un Gobierno es una etapa temporal en la vida y tenemos que dignificarla. Con este proyecto de ley lo importante es ser
transparente y claro, con un régimen de incompatibilidades importante, pero con una solución a lo que es la vida personal de la gente que en un momento dado quiere dedicarse a la actividad pública.
Con respecto a la Ley de financiación de partidos políticos, nosotros presentamos un grupo de enmiendas que se aprobaron en su totalidad en el proyecto y al respecto quería decir que creo que hay cosas que no son suficientes. El Partido
Popular no puede pretender que con la aprobación hoy de la reforma del Código Penal, de la Ley de financiación y del Estatuto de alto cargo hemos regenerado la política y que hay transparencia. Hay una demanda social y hay cosas que se han quedado
por el camino, con alegaciones a la reforma constitucional. Hay alternativa, y pongo el caso del aforamiento. Soy de las que planteo que la renuncia a un derecho constitucional tiene un marco legal, y así me lo han planteado a mí magistrados
importantes. ¿Qué pasa si todos los partidos acordamos que renunciamos al derecho de aforamiento? Eso es interpretable. Mientras no se recurra en el Tribunal Constitucional, porque tenemos buenas leyes en este país y no las vamos a recurrir
ninguno de los partidos, estará vigente como ley. A lo mejor hay que ser valientes en determinadas cuestiones. Desde luego, comparto la opinión de UPyD sobre la limitación de la aportación de particulares a la financiación de partidos mientras sea
transparente y sean unas cantidades asumibles en la sociedad, porque está en el debate. Cuanta más financiación privada, mejor, es al modelo que tendríamos que tender, lo tienen otros países occidentales y no dudamos de que tienen transparencia,
léase Estados Unidos o en países nuestro entorno occidental. Me parece
que esas limitaciones son absurdas mientras haya transparencia, mientras se sepa cómo se dona y cuál es la cantidad. En ese sentido debemos ir a un modelo que no recaiga sobre las arcas públicas por la poca concienciación sobre financiación
que hay en nuestro país.
En cualquier caso, las expectativas que tuvimos con las primeras reuniones con el Partido Popular y con el Grupo Popular para temas de regeneración política se han quedado cortas. En ese listado que en las primeras reuniones tuvimos no se
ha querido asumir, quizá por las prisas del Partido Popular ante el debate social de que había que sacarlo ya y no esperar más al consenso, quizá por el cerramiento del Partido Socialista alegando cosas que están en la calle y que no tienen...
El señor PRESIDENTE: Señora Oramas, tiene usted que terminar.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Termino ya, señor presidente.
No lo sé, pero creo que esto no debe ser un punto y final, sino que tiene que tener una continuidad con respecto a la primera voluntad que manifestó el Gobierno y el Partido Popular de llegar más lejos en la regeneración política de este
país y en atender la demanda social.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.
Señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, ante una situación de grave crisis política provocada por los numerosos casos de corrupción, fundamentalmente en el seno del Partido Popular -siempre he dicho que el 90 % de los casos de corrupción son de cargos institucionales o
políticos del Partido Popular-, el Gobierno ha presentado tres proyectos de ley -uno el del Código Penal, otro el del Estatuto del empleado público y otro el que estamos debatiendo en este momento de la financiación de los partidos políticos- como
grandes proyectos destinados a combatir la corrupción. Señorías, desde el Bloque Nacionalista Galego entendemos que estos proyectos de ley no son más que humo, porque no hay nada en ellos que nos diga que aplicándose la ley que se va a aprobar hoy
la corrupción en los partidos políticos va a dejar de existir. Señorías, una pregunta que me hago es cómo se puede legislar la ejemplaridad que debe estar implícita en todo cargo político, sobre todo cuando es cargo institucional. Esa ejemplaridad
quienes mejor la pueden exigir, además de los ciudadanos cuando van a votar, son los partidos políticos, que no pueden tener en sus filas a nadie que no actúe con la debida corrección. Por tanto, no se puede decir que se quiere luchar contra la
corrupción política cuando no se expulsa de las filas de los partidos a los que están haciendo corrupción o cuando se deja en sus puestos institucionales a personas corruptas en sus actuaciones. Por tanto, señorías, es puro y simple humo. Como
ejemplo voy a citar una cuestión relacionada con una enmienda que presenta el Bloque Nacionalista Galego, la enmienda 119. No podemos entender cómo el grupo mayoritario de esta Cámara, el Grupo Parlamentario Popular, además de impedir que las
personas que estén trabajando para las administraciones públicas puedan donar a los partidos políticos, no esté de acuerdo con la enmienda del BNG que también incorpora a las personas físicas que sean directivos o responsables de empresas. No, el
Grupo Parlamentario Popular parece que quiere dejar aquí a resguardo la posibilidad de que desde esas empresas que están trabajando con las administraciones públicas se pueda financiar a los partidos políticos.
Otra cuestión que para nosotros también es muy importante son las modificaciones en la Ley Electoral en la dirección de reducir los gastos de las campañas electorales, porque es una de las causas de la imperiosa necesidad de los partidos
políticos -al menos, de algunos de ellos- de conseguir tantísimo dinero. Las campañas electorales lo único que han demostrado hasta ahora es que pueden conseguir grandes mayorías absolutísimas, pero con una corrupción implícita y explícita
bochornosa y que avergüenza a todas las personas que estamos trabajando en política.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández.
Señor Bosch.
El señor BOSCH I PASCUAL: Intentaré intervenir brevemente, señor presidente.
Señorías, vicepresidenta, nuestro grupo votará que no porque esta es una ley muy importante -de hecho, es nuestra ley, la ley que controla a los partidos políticos- y debería ser la más estricta de todas,
pero entendemos que no lo es. Ha habido avances en algunos campos -es lógico, solo faltaría en los momentos en que estamos-, por ejemplo, en lo que se refiere al control de las donaciones por parte de empresas, pero en otros campos no hay
avances. A tenor de lo que dice esta ley, no se evitan donaciones de particulares en especie o en metálico, no se somete a las fundaciones y a las asociaciones políticas a la misma vigilancia que a los partidos políticos, y ahí tenemos una vía de
escape. Señora vicepresidenta, en su momento, en el año 2012, aceptaron nuestras enmiendas en este sentido y ahora no. ¿Por qué entonces sí y ahora no? ¿Qué ha pasado, qué ha sucedido? Francamente nos sorprende. No se regulan por ley los
lobbies, los grupos de interés o de presión, y eso hay que hacerlo por ley, hay que ser estrictos.
En suma, lo que pedimos es normalidad, que se aplique a todo el mundo -también a los partidos políticos- lo que es normal para cualquier otro ciudadano, e incluso a nosotros como los más normales. Aquí viene a cuento no solo hablar de los
partidos políticos, sino también de los políticos, es decir, de nosotros mismos, de los cargos electos y de los altos cargos políticos. Nosotros debemos ser y debemos parecer -como la mujer del César- los más normales; ese es un esfuerzo que
debemos hacer. En su momento ya planteamos enmiendas al Reglamento del Congreso en ese sentido, pero eso hay que legislarlo, hay que incorporarlo también en las prácticas y en las normas que nos rigen. Debemos ser normales, no tenemos por qué ir
en coche oficial, salvo por motivos muy excepcionales de seguridad. En nuestra práctica diaria nosotros ya no lo utilizamos, hemos renunciado a ese privilegio. ¿Por qué no tomamos una decisión colectiva en ese sentido? ¿Por qué no lo hacemos? No
debemos ir en primera o en business, debemos ir en turista, como todo el mundo, como la gente normal. ¿Por qué no tomamos una decisión colectiva en este tema? Nosotros ya lo hacemos en nuestra práctica diaria. Seamos atrevidos. Debemos renunciar
y hacer desaparecer el sistema de dietas, que genera suspicacias, lógico. ¿Por qué no nos basamos en un sistema de gastos contra justificantes, como se hace en cualquier empresa, como hace la gente normal? Además debe haber sueldos razonables, no
superiores a los de presidentes del Gobierno, de comunidades autónomas o alcaldes; sueldos transparentes. Eso es la normalidad, la más estricta de las normalidades, la que nos debemos de aplicar a nosotros mismos. Decimos que la gente no se fía
de nosotros. ¿Pero cómo se va a fiar la gente? Debemos ser y parecer normales, es la manera de conectar; ir en metro, ir en taxi, ir en clase turista, tener sueldos normales, sin extras descontrolados o incontrolables. Nosotros lo intentamos
hacer, pero eso no basta, debemos tomar una decisión colectiva al respecto.
El señor PRESIDENTE: Señor Bosch, debe usted acabar.
El señor BOSCH I PASCUAL: No hemos hecho lo suficiente porque no hemos convencido al resto de los políticos. Señorías, tomemos una decisión en este sentido.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bosch.
Finalmente, dentro del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Larreina.
El señor LARREINA VALDERRAMA: Gracias, señor presidente.
Estamos ante una cuestión importante y que preocupa a la gente de la calle, porque al final, cuando hablamos de corrupción y lo unimos al mundo de la política estamos hablando de algo muy serio, de algo que pone en cuestión el sistema
democrático, un sistema democrático que tiene que estar basado en algo que es fundamental, la igualdad de oportunidades. Precisamente cuando hablamos de la financiación de los partidos estamos hablando de algo que afecta muy directamente a la
igualdad de oportunidades, porque eso indudablemente hace que unos partidos, unas fuerzas políticas puedan tener muchos más medios que otros de forma ilegal. Esta es la cuestión que está encima de la mesa con este proyecto de ley, que tiene como
título el control de la actividad económico-financiera de los partidos, y que está también detrás de todas estas medidas que desde el Gobierno se han impulsado en aras teóricamente de combatir la corrupción. Cuando ustedes hablan de este tema, y
viendo lo que se está plasmando en la realidad, me viene a la mente aquella frase del príncipe de Salina, don Fabrizio Corbera, en El gatopardo, cuando decía que hay que cambiar todo para que todo siga igual. Detrás de todas estas iniciativas
legislativas han ido cambiando cosas en el ámbito positivo, pero, en el fondo, para que todo siga igual, y eso me preocupa especialmente.
Una muestra clara de que todo sigue igual es lo que han hecho con esta ley. Han incurrido en una corruptela legislativa en la que caen continuamente, que es aprobar, en una ley que se refiere al control
de la actividad económico-financiera de los partidos, una modificación de la Ley de Partidos en el apartado 3 del artículo 9 en un sentido que no tiene nada que ver con la actividad económica de los partidos y que va en la mima línea de los
últimos diez años, cuando aplican eso del todo es ETA y al final aprueban medidas restrictivas del derecho fundamental de participación política. Esa modificación del apartado 3 del artículo 9 que introducen en una ley de control
económico-financiero de los partidos no tiene nada que ver con esa cuestión, Introducen conceptos jurídicos indeterminados que permiten que se pueda aplicar esta modificación legislativa precisamente para recortar de forma grave el derecho de
participación política. Y esto no es teoría, es práctica, lo están haciendo continuamente y lo hacen ahora mismo. En este momento tenemos en los tribunales a personas que están siendo juzgadas por hacer única y exclusivamente actividad política,
con un rechazo total de la violencia, con un compromiso claro en favor de los derechos y libertades, y la Audiencia Nacional las está juzgando ahora mismo. Hay personas que están juzgadas únicamente por hacer política, aplicando conceptos
indeterminados, a los que me refería en Comisión diciendo que sirven incluso para ilegalizar en un determinado momento al Partido Socialista, porque se refieren a que cuando se utilicen mensajes que utilizan personas que están comprometidas con el
terrorismo se podrá ilegalizar un partido. Eso me parece inadmisible desde el punto de vista democrático, eso es corrupción política, eso es corromper la democracia, eso es socavar la democracia. Las libertades nunca se defienden recortando
libertades, se defienden precisamente reforzando el ejercicio de las libertades. La única forma de combatir a quienes utilizan la violencia es precisamente reforzando a quienes optan única y exclusivamente por la actuación política, y ustedes lo
están dificultando con modificaciones en leyes que no tienen nada que ver del derecho fundamental de participación política. A nuestro grupo eso le parece especialmente grave y una irresponsabilidad en estos momentos en los que todos tendríamos que
estar implicados en construir la paz, en hacer las paces, como dice Lederach, para contribuir a crear una sociedad más justa en la que todos podamos ejercer nuestras libertades de forma total y normalizada. Eso es lo que ustedes están impidiendo y
es lo que nos preocupa.
Por eso, nos oponemos especialmente a esta ley, no solo porque no avance lo suficiente en el ámbito del control económico y financiero de los partidos ni garantice de forma clara la igualdad de oportunidades, sino sobre todo porque están
utilizando una ley para modificar otra ley y para recortar un principio fundamental que es el de participación política, en la línea que están siguiendo ustedes en toda la legislación de esta legislatura. Están abordando una reforma encubierta de
la Constitución, recortando derechos fundamentales en el ámbito social, en el ámbito político y en el ámbito de las libertades, y eso es inadmisible. Nosotros hemos dicho muchas veces que la Constitución del Estado español, su Constitución, no es
admisible para nosotros porque no reconoce los derechos colectivos. Sin embargo, hemos admitido también muchas veces que en el ámbito de los derechos individuales era una Constitución muy avanzada. Ustedes en la práctica han ido recortando también
esos derechos individuales, lo que es inaceptable para nosotros y hace que nos reafirmamos en la necesidad de reivindicar la soberanía para nuestro país con el fin de ejercer esa soberanía y crear un ámbito constitucional vasco que reconozca los
derechos y libertades para todos los ciudadanos y ciudadanas.
Con esto acabo, señor presidente, porque nuestro compromiso -lo hemos dicho muchas veces en esta tribuna- es contribuir a construir la paz, a construir la convivencia. Trabajar por la paz no es devolver mal por mal, y ustedes últimamente en
la legislación están cayendo en ese defecto, en devolver mal por mal, en caer en una dinámica de venganza que no tiene ningún sentido. Nosotros seguimos ofreciendo nuestra mano tendida para construir la paz, para hacer las paces, para construir una
sociedad en la que la violencia no tenga presencia y en la que el respeto a todos los derechos individuales sea una realidad.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Larreina.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Gracias, señor presidente.
Permítanme que empiece por la crítica o por lo que veo menos claro en esta ley, porque ya dije en Comisión que me dejaba un sabor agridulce, tal y como va a salir hoy del Congreso hacia el Senado. La primera pregunta de los ciudadanos ante
la modificación de estas tres leyes supongo que sería: ¿va a acabar esto con la corrupción?, ¿este nuevo texto va a poner punto final a la corrupción? Hay que contestar claramente dos cosas. Primero, el que quiera siempre intentará y buscará un
camino para saltarse las normas establecidas. En cualquier caso, eso sería ilegal. Lo que sí va a tener mucho más difícil y, si se le coge, con un riesgo mucho mayor con las sanciones que se van a establecer, es adoptar esa conducta y
actuar de esa manera. Por otra parte, ¿va a acabar esto con la corrupción? Depende de la actitud que tomen las cúpulas, los mandatarios de los diversos partidos políticos. Desgraciadamente, este asunto, más allá de que deba existir una
legislación, afecta no solo es a la ética personal, sino a la ética colectiva de partidos. A partir de la actitud y de los mensajes que se manden de las ejecutivas de los partidos y de las sanciones o medidas ejemplarizantes que puedan adoptar ante
las situaciones que ocurran podremos ir avanzando en la disminución de esta lacra.
Otra de las preguntas de un ciudadano podría ser: ¿la aprobación de esta legislación sana ya cualquier conducta irregular? Y antes esto tengo que decir que rotundamente no. Y de todo lo que haya ocurrido deben dar explicaciones aquellos
partidos políticos que estén afectados. Esto no debería tapar determinadas situaciones ni determinados casos que todavía estamos viendo, una y otra vez, en los medios de comunicación y que esperamos que se resuelvan y se juzguen cuanto antes, sin
ningún tipo de excusa, con la explicación correspondiente de cada uno de los partidos políticos a los que les afecte.
Una tercera pregunta podría ser: ¿hemos enfrentado el problema de la financiación? Lo hemos enfrentado parcialmente. Más bien hemos enfrentado la problemática del control y de la transparencia de la financiación de los partidos políticos.
El de la financiación como tal se nos ha quedado a medias, porque lo que se hace es cerrar el grifo de la posible subvención de personas físicas. Se prohíbe totalmente el de las personas jurídicas y el de las personas físicas se limita
considerablemente. Es cierto que esos límites se abren para las fundaciones, pero eso puede responder más a un tipo de modelo de partido que funciona a una en su actividad diaria y en paralelo con una fundación, pero no a la gran mayoría de los
modelos que tienen los partidos políticos en el Estado español. Se cierra el grifo de las subvenciones, de la vía privada, se limitan también, porque se da un corte del 20 %, los gastos de mailing de los partidos políticos. Esto puede parecer
razonable, pero a lo que no nos enfrentamos es a si verdaderamente haciendo esto va a haber una financiación suficiente, porque hay dos partes, una, que tiene que ser trasparente, que sea controlable, que sea exigible cualquier dato, pero lo otro
es: ¿verdaderamente estamos acertando en cuanto a la distribución de las fuentes de financiación y son estas suficientes? Con respecto a este último aspecto me temo que habrá que reflexionar de aquí a unos años y ver si verdaderamente estamos
dando respuesta o no, porque intuyo que no está cerrado ese capítulo. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).
¿Se ha respondido en esta ley, en esta modificación a cosas que estaba pidiendo la ciudadanía? Pues yo creo que sí, que a muchas de las cosas sí, sobre todo en el ámbito del control y de la transparencia, y también para clarificar
situaciones complicadas para los partidos políticos. Por ejemplo, se ha fijado un momento para que en todos los estatutos de los partidos políticos quede establecido cuándo una persona que ha sido llevada ante los tribunales y que tiene
responsabilidades públicas debe ser suspendida en sus derechos de militancia. En eso ya hemos establecido que sea el juicio oral, porque sabemos que en muchos casos sucede que se hacen denuncias falsas para crear determinadas sensaciones respecto a
un determinado partido político, y aunque luego vaya a haber una sentencia exculpatoria, esa persona ha podido estar imputada. Hemos establecido que sea el juicio oral y una suspensión, y además una obligación de todos los partidos políticos de
expulsar de su formación a aquellas personas que hayan sido condenadas por razón de la corrupción. Evidentemente esto no obsta para que, como he dicho antes, cada una de las autoridades de los partidos políticos tome medidas con anterioridad, las
que consideren convenientes, para ser todavía más radicales o más ejemplarizantes, si cabe, en un caso que sea evidente. También se han especificado con mucho detalle obligaciones para partidos políticos en cuanto a la presentación de cuentas, en
cuanto a la respuesta que habrá que dar también ante la Comisión Mixta Congreso-Senado sobre quién es el responsable de las cuentas dentro de los partidos políticos, obligaciones que además acarrean una serie de infracciones con unas penas graves.
Llegados a este punto, quiero hacer mención, para que conste en el 'Diario de Sesiones', de un aspecto que me preocupa para los partidos que no nos presentamos en todo el ámbito electoral del Estado, que es el asunto del techo del gasto
electoral, porque el armazón de la campaña electoral cuesta lo mismo para una provincia que para cuarenta o cincuenta y dos y, sin embargo, debido a la regulación que figura en la Loreg, el techo de gasto para los partidos políticos que no se
presentan en todo el Estado es menor y, por tanto, es más fácil de romper. Mientras que el gasto básico, el gasto fundamental ha podido ser el mismo para un Partido Popular que para un Partido Nacionalista Vasco o para una Convergencia i Unió, el
techo, sin embargo, es mucho más limitado para unos que para otros. Esto lo digo porque uno de los temas claros en las infracciones es el gasto electoral y esta diferencia debe quedar señalada en el 'Diario de Sesiones'.
Además se han clarificado algunos asuntos importantes, por ejemplo, que determinadas actividades que han sido tradicionales en algunos lugares del Estado por parte de partidos políticos, por ejemplo, las actividades de los batzokis o de las
casas del pueblo en el País Vasco, que siempre han existido como forma de acercarse y de interrelacionarse con la ciudadanía y que han tenido los locales de hostelería abiertos al público, no deben confundirse con lo que pueda ser una actividad
mercantil de los partidos políticos, entendiéndose evidentemente que esta actividad siempre tiene que estar controlada exhaustivamente por el Tribunal de Cuentas. Y esa actividad estará bajo control, está de hecho ya hoy en día bajo control del
Tribunal de Cuentas, pero no debe confundirse con lo que se denomina actividad mercantil en otro artículo de la ley.
Hemos aprobado un factor de estabilidad, para que no quede en manos del ministro de turno, del señor Montoro de turno, el que se nos recorte un 40 % las subvenciones a los partidos políticos, de manera que se ha acordado que sea en razón al
gasto social del presupuesto consolidado de la Administración General del Estado. Bueno, hay una referencia. Como también hemos hecho un recorte, yo creo que fuerte, con ese recorte del 20 % del mailing.
¿Esto quiere decir que se han abordado todas las cuestiones? No, todavía quedan cosas que habrá que abordar en el Senado. Hay un asunto que puede parece nimio pero que es importante: ahora se han querido introducir, y me parece que es
correcto, unos mínimos en los estatutos de los partidos políticos, al mío le afectan muy poco estos mínimos exigibles pero creemos que van a servir para la democratización de todos los partidos políticos, pensemos que no son solo los que están
representados en esta Cámara sino que hay cientos de partidos políticos en el Estado. Eso va a ser bueno, pero hay un asunto que debemos modificar, y es que se ha puesto que la edad de afiliación tiene que ser la mayoría de edad, dieciocho años,
cuando la edad tradicional para algunos partidos políticos como el mío, por ejemplo, ha sido dieciséis años. No sería malo para acercar a las juventudes, a las personas que estén interesadas en acercarse a la política, que esto pueda hacerse desde
una edad más temprana.
Otro tema que queda pendiente. No sé si esto se aceptará o no. Si el Tribunal de Cuentas al final nos examina a todos, qué mejor que a la hora de nombrarlo también pudiéramos tener todos una participación. Nosotros seguiremos manteniendo
una enmienda en la que solicitamos que cada grupo parlamentario de esta Cámara pueda al menos proponer una persona, evidentemente capacitada de manera suficiente, para formar parte de este tribunal.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: También queda pendiente la devolución del patrimonio de los partidos políticos, algunos perdimos mucho patrimonio con las incautaciones por parte del Estado. Por poner un ejemplo, hay un edificio que utiliza el
Estado, el Instituto Cervantes en París, en la Avenue Marceau, que fue pagado por mi partido político, que nunca ha visto resarcido...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Solo tres minutos, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): ¿Tres?
El señor ESTEBAN BRAVO: Sí, por favor. Estamos tratando un tema importante, señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Sí, importantísimo, lo entiendo, pero intente resumir.
El señor ESTEBAN BRAVO: Señora vicepresidenta, ya sabe usted que voy a ser conciso y breve.
Este tema, aunque sea como compromiso a futuro, debe tener alguna mención en esta ley. Es de justicia, es de rigor. Se hizo con los sindicatos y se debe hacer con los partidos políticos.
Voy acabando, señora vicepresidenta. Había que dar una respuesta a la ciudadanía y a gran parte de lo que demandaba la ciudadanía se da respuesta en estas modificaciones, quizás no en todo, pero para eso había que presentar enmiendas y
había que trabajar, y no en todos los casos ha ocurrido esto. ¿Sale paticorta? Seguramente no como todos quisiéramos, pero se consiguen avances y avances importantes y a ellos no se puede decir que no. Vamos a ver cómo acaba de salir en el
Senado, pero en estos momentos nos parece que mejor con estas modificaciones en cuanto a transparencia, en cuanto a control,
en cuanto a lo que demanda la ciudadanía que lo que había anteriormente y, por lo tanto, nuestro voto será favorable.
Aprovechando que está el ministro de Justicia, señora vicepresidenta, en diez segundos tengo que decirle una cosa que no tiene que ver con esto pero que como veo que está teniendo repercusión en la prensa, yo lo iba a dejar pasar por hacerle
un favor al ministro, pero como veo que está teniendo repercusión en la prensa -repito- no lo puedo dejar pasar. Es intolerable la insinuación que ha hecho en la contestación a la pregunta de control a que mi grupo político favorece a los
terroristas o intenta favorecer a los terroristas. Intolerable porque usted sabe que no es así y que siempre hemos estado en defensa de la democracia y con las víctimas. Quería señalar esto públicamente.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Esteban.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.
En Comisión mi grupo explicó que iba a abstenerse en la votación de esta ley sobre financiación de partidos, pero hemos cambiado de opinión y voy a decir el porqué. En primer lugar, esta ley efectivamente toca una cuestión de suma
importancia que tiene que ver nada más y nada menos que con la reputación de los partidos políticos, que en una democracia representativa son sencillamente indispensables para que haya oportunidades de acción política para cualquier ciudadano. Hay
un problema de fondo que en nuestra opinión -ya lo expliqué también en Comisión- esta ley de financiación de partidos ha abordado de un modo insuficiente, y ese problema es la pésima percepción que la mayor parte de la ciudadanía tiene en España
sobre los partidos políticos. De hecho, en la última encuesta del CIS uno de cada cuatro encuestados dijo que los partidos políticos eran uno de los cuatro principales problemas que había en España, algo que indica un grado de rechazo -quizás
también de desconocimiento- que hay que tomarse con la seriedad que el caso requiere. Además, hay una constante aparición de nuevos partidos políticos en los últimos ocho años, entre ellos el mío. Algunos de ellos hemos tenido éxito parlamentario,
otros no, pero lo que está claro es que pese a su mala reputación los partidos políticos siguen siendo la manera habitual, normal y desde luego la más útil por la cual la ciudadanía puede participar en la democracia.
En este caso la Ley de financiación de partidos tenía que enfrentarse, por lo tanto, a una de las cuestiones clave de esa mala reputación, que es la percepción de que los partidos políticos son en gran parte focos de corrupción. Ya se ha
dicho aquí, pero creo que es necesario repetirlo: es cierto que durante muchos años ha habido falta de políticas de transparencia, opacidad, falta de regulación del funcionamiento interno de los partidos, que no son clubes privados. Los partidos
somos una institución un tanto peculiar con un carácter mixto, público-privado. Efectivamente, tenemos nuestras propias reglas y tenemos nuestros afiliados y simpatizantes, etcétera, pero tenemos utilidad pública, y esa es la razón de que haya
subvenciones y ayudas públicas para el funcionamiento de esa institución especial y particular que somos.
No quiero extenderme mucho en los argumentos que sobre esta cuestión ya expliqué en Comisión, pero sí quiero recordar que, como dije entonces, esta ley era una oportunidad para llegar al fondo de la cuestión, que en nuestra opinión no
llegaba y por eso nos íbamos a abstener porque sí admitimos dos cosas. Una de ellas es que en esta Comisión, a diferencia de otras, sí ha habido un verdadero interés por llegar a un consenso, quizás porque al ser una cuestión que afecta a todos los
partidos políticos como agentes políticos, más allá de sus diferencias políticas o ideológicas, parecía más fácil poder llegar a algunas medidas comunes. Sin embargo, otras se han quedado en el tintero y a nosotros nos preocupan particularmente
dos. Una de ellas es el modelo de financiación. Lo que hace esta ley en realidad es dificultar mucho la financiación privada de los partidos porque exige una serie de medidas que se presentan como de transparencia pero que en realidad son de
publicidad de qué personas físicas privadas hacen donativos a los partidos, lo que en nuestra opinión desincentiva la posibilidad de que los partidos políticos se autofinancien en un mayor grado. La otra medida, que no compartimos, es que prohíben
la financiación por parte de entes jurídicos, no de personas físicas sino de personas jurídicas. Ya explicamos por qué pero voy a repetirlo porque la cosa tiene su importancia, sobre todo en un país con tan poca tradición democrática como España.
Los partidos políticos, puesto que son entes público-privados, en nuestra opinión y como han hecho otros países -recientemente por ejemplo Alemania-, tienen que tener como ideal un régimen mixto de financiación, debería ser público-privada, pero
evidentemente si dificultamos la financiación privada vamos hacia la pública. Esto a algunos les puede parecer muy virtuoso pero encierra
una trampa que nos preocupa: va contra el principio de igualdad de oportunidades porque aquellos partidos -y hay muchos- que no han entrado todavía en las instituciones, y tienen todo el derecho del mundo a entrar si consiguen los votos
necesarios, van a encontrar enormes dificultades para funcionar porque la financiación privada se les dificulta mucho. No van a tener financiación bancaria porque las reglas de la financiación bancaria dependen en enorme proporción de la
financiación pública. Es decir, los bancos prestan a los partidos políticos si tienen la garantía -hasta que el Estado deja de hacerlo, las administraciones empiezan a fallar, cosa que ya ha ocurrido por cierto- de que el Estado va a retornar en
forma de subvenciones la mayor parte de ese préstamo, por ejemplo el mailing y otras partidas. ¿Qué es lo que le ocurre a un partido político al que se le ponen enormes dificultades para la financiación privada vía donativos? Pues que ni va a
encontrar financiación pública, porque no tiene derecho con esta ley, ni va a encontrar financiación bancaria porque por supuesto esa vía la tiene prácticamente cerrada. Eso le ocurrió a mi partido: en el año 2008 ningún banco, ni uno solo nos
prestó un solo euro porque consideraban que no lo valíamos; por fortuna desmentimos ese pesimismo, pero evidentemente es una barrera de acceso prácticamente insalvable en muchos casos. Esta ley, en este sentido, lo que hace es retroceder en la
igualdad de oportunidades al avanzar hacia un modelo de financiación en el que los partidos dependen básicamente del Estado, con el hecho añadido además de que van a ser juez y parte puesto que son los partidos que gobiernen y los grupos de
oposición grandes los que se van a poner de acuerdo sobre la manera en que se van a financiar con fondos públicos. Aunque hay avances en transparencia el fondo de la cuestión no cambia, es decir no se avanza hacia un sistema de autofinanciación de
los partidos políticos. Mi partido está también en contra de estas teorías que existen por ahí que dicen que los partidos no tienen que recibir un euro. Esto es un absurdo porque entonces no tendrían ningún interés público, sería clubes privados y
ni lo son ni lo tienen que ser. Pero desde luego avanzar hacia un modelo de financiación mixto hubiera sido algo muy adecuado para la sensibilidad que nos está pidiendo la sociedad por la necesidad de repartir cargas, de hacer partidos políticos
más abiertos y, sobre todo, donde sea la sociedad la que en el fondo consigue apoyar con sus fondos aquello que quiere tener, por ejemplo un partido político concreto.
La segunda cuestión, que nos ha dejado todavía más insatisfechos: qué es lo que ha ocurrido con el delito de financiación ilegal de los partidos políticos. Ya les dijimos en Comisión que estaríamos atentos a cómo quedaba la cosa en el
Código Penal y he de decir que aquí el Gobierno ha jugado al trilerismo legislativo porque, al final, el asunto estaba en dónde meto el delito: tiene usted aquí varios vasos, elija. Pero desde el principio ha habido -en nuestra opinión- una
voluntad de ocultar cuál iba a ser el resultado final, porque se alegaba que el delito de financiación de partidos políticos, puesto que se hablaba de delitos, tenía que ir al Código Penal y por lo tanto se rechazaron todas las enmiendas -nuestras y
de otros grupos- que iban en este sentido. Pero es que después, en el Código Penal, aunque efectivamente se ha avanzado respecto al anterior vacío legal sobre el delito de financiación ilegal de partidos, que ya digo que es el tipo de corrupción
más grave que afecta a los partidos políticos como tales, ha quedado muy desdibujado y de hecho con una confusión y falta de claridad que en nuestra opinión van a hacer muy difícil que se pueda actuar más allá de los casos que ya hemos conocido, por
ejemplo lo que ha ocurrido con el caso Bárcenas y otros parecidos. En fin, esto todavía podría tener un arreglo o un pase si viéramos o hubiéramos encontrado algún tipo de propósito de la enmienda, por decirlo en el viejo lenguaje católico. Pero
es que nos hemos encontrado en estos tres últimos días exactamente con todo lo contrario, ustedes han hecho algo que es verdaderamente increíble: utilizar una cuenta oficial del Ministerio de Justicia para hacer propaganda de la posición del
Partido Popular a través del ministerio de Justicia -el señor Catalá- sobre la negación de que exista la caja B cuando resulta que la caja B del Partido Popular, les guste a ustedes o no, ha sido acreditada tanto por la fiscalía como por la Abogacía
del Estado en la instrucción del caso Gürtel. Y si resulta que prácticamente acabamos de aprobar un informe de la ponencia en el que se está hablando de un delito cuya figura o expresión popular es el tener una caja B, resulta que ustedes mismos
están negando algo que está acreditado en una instrucción y desde luego encontramos que esto es, en el fondo, el viejo pitorreo de tratar de hacer leyes enmarañadas que encubran el problema de fondo para intentar que no se resuelva.
Fíjese, el problema no está en que la financiación ilegal la controle el Tribunal de Cuentas porque, si es ilegal, evidentemente no va a llegar nada al Tribunal de Cuentas. Ya debería ser algo a investigar per se el que exista, por ejemplo,
y que se tipifique la llevanza de doble contabilidad o, para decirlo popularmente, los viajes de maletines y de sobres con dinero. No se hace, se elude todo esto. Consecuencia, va a ser sumamente complicado que a partir de este Código Penal se
puedan iniciar acciones legales, penales, contra un partido político como responsable colectivo por una práctica
constante, continuada en el tiempo, de financiación ilegal. En fin, lo que decía antes, si ya incluso utilizamos a un ministerio para hacer propaganda -en el fondo, para justificar prácticas corruptas negando que hayan existido-, es
evidente que ustedes no tienen ninguna intención de cambiar de prácticas ni tienen ninguna intención de llegar al fondo de la cuestión, esa que es la responsable de la pésima fama y la pésima reputación de los partidos políticos.
Por esa razón nosotros hemos decidido cambiar el voto. No confiamos en que exista aquí ningún verdadero interés de regeneración más allá de la propaganda. Ya pueden decir ustedes que queda mucho por hacer, ¡por supuesto! Para evitar la
corrupción les queda casi todo por hacer, y esperemos que lo que están pensando hacer no sea volver a las andadas. Mi grupo mantiene sus enmiendas y en este caso cambiará el voto de abstención por un voto negativo.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señora presidenta.
Por situar un poco en qué marco nos movemos, la prensa nacional publicó ayer y vuelve a publicar hoy también un anuncio bastante grande del Partido Popular iniciando una campaña en los medios sobre lo bien que van las cosas, la transparencia
y lo bien que lo está haciendo el Gobierno. (Muestra la página). De esta campaña que lanza el Partido Popular forma parte también esta ley, la ley que hemos visto en el punto anterior del orden del día, el Código Penal, la Ley de altos cargos -que
no vuelve al Pleno porque no tiene carácter de ley orgánica y fue rechazada por la inmensa mayoría de los grupos en el debate en Comisión- o la Ley de transparencia, que también fue rechazada ampliamente por los grupos de la Cámara. En medio de
esta campaña que lleva adelante el Partido Popular y el Gobierno, mi grupo parlamentario no quiere ser una comparsa, una parte más de esa campaña.
El señor Esteban se hacía antes una pregunta: ¿va a servir esta reforma de la ley para acabar o dificultar los casos de corrupción que se han dado y que han alarmado tantísimo a la población? ¿Evitaría este nuevo texto legal lo que ha
sucedido, lo que ha llenado titulares y ha llevado a la cárcel al tesorero del partido del Gobierno, a pesar de que pueda salir en próximas fechas? En nuestra opinión, el texto mejora lo existente anteriormente, pero no evita la voluntad de la
gente de delinquir o la voluntad de una organización política de financiarse de forma manifiestamente ilegal. Desde el punto de vista de mi grupo parlamentario, mientras no abordemos, además, las causas y las vías por las que se facilitan esas
dádivas, esas entregas de dinero que acaban llegando a la financiación de los partidos, no habremos atajado el fondo. Fundamentalmente nos referimos a la Ley de contratos de las administraciones públicas, porque uno de los mecanismos que ha habido
ha sido: te doy dinero a ti o a tu partido a cambio de obtener después un contrato. Ahí no hemos entrado y tampoco hemos entrado ni se entra en ningún caso en reformar la Ley del Suelo, que ha sido uno de los principales mecanismos de corrupción
en las administraciones locales, como se ha vivido en el Ayuntamiento de Alicante costándole el puesto a la alcaldesa de dicha ciudad.
Tampoco hemos entrado ni dialogado sobre uno de los principales mecanismos de control de los Gobiernos a todos los niveles -aquí, en las comunidades autónomas o en las administraciones locales- y es el de los medios necesarios para el
control de esos Gobiernos, los medios que se ponen a disposición de la oposición para controlar a quien gobierna, que es una de las funciones principales de la oposición en democracia. Eso, además, tiene relación con el modelo de financiación de
partidos políticos. Los partidos gobernamos o nos oponemos a los que gobiernan y los controlamos. Para eso hacen falta medios y es opinión de mi grupo parlamentario que esos medios y esa financiación de los partidos políticos ha de ser pública en
razón del apoyo popular que obtienen en las elecciones y una de las enmiendas clave que presentamos así lo defendía, sin olvidar que los militantes y simpatizantes de los partidos políticos también tienen una importancia clave a la hora de financiar
mediante sus cuotas y sus aportaciones.
Mi grupo parlamentario no va a ser completamente negativo en relación con el texto de esta ley. Reconocemos el trabajo que se ha hecho en la ponencia por parte del ponente del Grupo Popular y reconocemos que se han logrado mejoras en este
texto legal, de las que quisiera expresar tres concretamente. Una, el sistema de sanciones; se ha mejorado el sistema de sanciones, la tipificación y las sanciones que se van a imponer a las fuerzas políticas que no lleven las finanzas y que no
lleven la contabilidad como marca la legislación. Dos, el control en la financiación de partidos y la transparencia; aquí se ha mejorado -en nuestra opinión no todo lo que se podía mejorar pero se ha mejorado- por el
trabajo que se ha llevado a cabo en la ponencia. O el mecanismo de actualización de registro de partidos políticos, que no existía, y ya hay un sistema que mejora el registro de partidos políticos, inflacionario en el número de partidos que
se han ido inscribiendo en los últimos años. Sin embargo, mi grupo parlamentario presentó a esta ley treinta y ocho enmiendas y de ellas solo siete han sido transaccionadas o aceptadas y otras treinta y una las mantenemos vivas porque no han sido
aceptadas.
Por eso mi grupo parlamentario quiere traer a esta Cámara qué temas no se han visto comprendidos en la nueva redacción de la ley y nos hacen imposible votarla favorablemente a pesar de que, como digo, se han producido avances. No se mejora
el tema de la subvención a los partidos políticos en razón del número de votos sino que además se mantiene la segunda ratio según el número de diputados. No se ha prohibido la donación de bienes inmuebles, que se mantiene. Nosotros proponíamos
además que la limitación de donaciones no solamente fuese de 50.000 euros al año por personas físicas sino que en la suma de tres años no fuese superior a 100.000 euros. Proponemos una regulación concreta del procedimiento de gasto en los partidos
políticos para facilitarles ese mecanismo de control interno de gasto y que además sus militantes tengan cumplida cuenta de cómo se gasta el dinero dentro de sus partidos, cosa que no siempre pasa y es un derecho fundamental de participación de los
militantes. Planteamos un incremento del plazo de las prescripciones. Planteábamos una mejor redacción de los procesos de regulación y protección de los derechos de los afiliados, sobre todo alrededor de la comisión ética o la de las garantías de
transparencia, con una cosa muy concreta: garantizar que los militantes de los partidos políticos participarán en la elaboración de las candidaturas de los procesos electorales, sin que renunciemos a que en el trámite en el Senado pueda ser
incluido en esta ley. Proponíamos la creación de una comisión para la racionalización del gasto electoral, algo que nos parece básico; más allá de hablar de cómo se consolidan las cuentas también hay que hablar de cómo se gastan los partidos
políticos el dinero en las campañas electorales y si es necesario o no seguir manteniendo esas reglas y esos mecanismos de gasto.
En esta ley se modifica también la Ley del Tribunal de Cuentas. Mi grupo parlamentario ha presentado enmiendas para mejorar el funcionamiento del Tribunal de Cuentas, para limitar la duración de los mandatos, para evitar lo que ha sucedido:
ver al Tribunal de Cuentas en los titulares de la prensa por cómo se ha contratado a su personal o cómo ha funcionado internamente. Para eso hemos presentado enmiendas que desgraciadamente no han sido incorporadas.
Finalmente, ha habido dos cuestiones básicas que son para nosotros sumamente importantes a la hora de hablar de lo que el Gobierno pretendía, que era un pacto por la regeneración democrática. Por un lado, la financiación de las fundaciones,
que son entes instrumentales de los partidos políticos. Mi grupo parlamentario presentó enmiendas y ya defendió en la anterior reforma -porque esta es la segunda reforma que se hace en esta legislatura de la legislación que afecta a la financiación
de partidos políticos- la aplicación a las fundaciones, a los entes instrumentales de los partidos políticos de las mismas limitaciones financieras de donaciones que tienen los partidos políticos. Eso no ha sido contemplado ni asumido por parte del
Grupo Parlamentario Popular, que mantiene una manifiesta oposición a que esas limitaciones se apliquen a las fundaciones de los partidos políticos. Para nosotros es un punto básico, porque como ente instrumental de un partido político puede acabar
haciendo prácticamente las funciones que la ley reserva a los partidos políticos en determinadas cuestiones, no ya solamente de la elaboración de las ideas sino en cuestiones relativas a trasladar esas ideas a la sociedad mediante actuaciones,
actividades y además estaríamos dejando una puerta abierta.
A ese respecto también ha habido una puerta abierta que se ha dejado, que a mi grupo parlamentario no le gustó y lo puso de manifiesto en la ponencia, y es que no existe limitación a las aportaciones. Existe limitación a las donaciones
-50.000 euros por personas físicas al año-, pero no existe limitación a las aportaciones de los militantes. Con ello existe una puerta por la cual se puede hacer de forma legal lo que la ley cercena en su texto como donaciones. La otra cuestión
básica para mi grupo parlamentario era la reforma de la Loreg, hacer la Ley Electoral más proporcional y más ajustada a lo que los ciudadanos votan en las urnas, porque esta Cámara sobre todo -menos en otras instituciones- ha sido depositaria de
profundas injusticias democráticas. Aquí se han sentado diputados que con toda legitimidad han obtenido su escaño con apenas 30.000 votos y sin embargo otros diputados han necesitado más de medio millón de votos para poder obtener su escaño en esta
Cámara. Eso es manifiestamente injusto. En algún punto, en algún momento del año 1977 para acá habrá que reformar esa Ley Electoral. Habrá que salvaguardar que los partidos que nos presentamos en todo el Estado español porque tenemos un proyecto
de Estado vemos sumamente dificultosa la obtención de escaños por la necesidad de presentarse por provincias.
Es necesario que se establezcan mecanismos que compensen eso para hacer menos injusto y menos desigual el reparto de votos por escaño que se produce al final.
Por esos motivos fundamentales, porque no se aplican las limitaciones de los partidos políticos a las fundaciones, a sus entes instrumentales y porque no ha habido la más mínima intención de introducir de alguna forma una reforma en la Ley
Electoral, en la Loreg, para hacerla más proporcional y corregir las desigualdades existentes, mi grupo parlamentario no puede votar favorablemente este texto. Es la segunda vez en esta legislatura que se ve este texto en la Cámara. Se van a
modificar siete leyes, pero aun así no es suficiente para nuestro grupo parlamentario. Tendríamos que haber entrado en una mayor reforma legal que pudiera corregir todos los efectos perversos que hemos visto deslizarse en la prensa y que tanto han
alarmado a la población española en los últimos años.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sixto.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Surroca.
La señora SURROCA I COMAS: Gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, señorías, estamos ante una reforma que supone un avance importante en cuanto a mayor control y mayor transparencia de la actividad económico-financiera de los partidos políticos y creo que decir lo contrario es
tergiversar y manipular la realidad en aras de intereses estrictamente partidistas. Por tanto, desde Convergència i Unió, igual que ya hicimos en su momento en la Comisión Constitucional, reconocemos ese avance sustancial en mayor control y mayor
transparencia en el ámbito de la actividad de los partidos políticos. Ahora bien, creemos que ha quedado abierto un debate, el debate de la suficiente financiación de los partidos políticos. Es un debate que quedará como asignatura pendiente. Nos
gustaría que pudiera abordarse en el Senado, aunque lo vemos difícil porque un debate de estas características que se tiene que abordar desde el realismo tendría que quedar al margen de determinados climas. Probablemente ahora, que estamos ante
unas próximas elecciones, no es muy conveniente que se aborde ese debate con la debida serenidad y el realismo que necesitaría un tema de estas características. En Convergència i Unió creemos que esta cuestión queda pendiente.
Quiero poner de manifiesto que nosotros lo que defendemos es un modelo de financiación mixto con recursos públicos y privados, igual que sucede en muchas otras democracias europeas. Podemos examinar el caso del Reino Unido, Alemania,
Holanda, Austria y Francia. Todos esos países tienen un modelo de financiación mixto y nosotros entendemos que ahí debería apoyarse el modelo de financiación que queremos para los partidos políticos en España.
Debe haber una financiación pública porque los partidos políticos son una parte sustancial de nuestra democracia y por ello también creemos que debe compatibilizarse con recursos privados precisamente para fomentar la participación y la
implicación de los ciudadanos en la vida política y especialmente en estos momentos en los cuales se nos reclama una mayor implicación activa por parte de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas. Sin embargo, este proyecto de ley, igual
que las últimas reformas legislativas en esta materia, queda corto tanto por lo que se refiere a la financiación pública como por lo que se refiere a la financiación privada.
Tenemos que prestar atención a un dato. En cuanto a la financiación pública, en los últimos cuatro años se ha reducido la financiación ordinaria -es decir, fuera de procesos electorales- en prácticamente un 40 %. La reducción ha sido
ejemplar e incluso ha ido más allá de lo que ha sucedido en otros ámbitos. Hay ámbitos en los que tiene que haber austeridad, y uno de ellos es el que estamos abordando en estos momentos, pero creemos que hemos ido incluso más allá de lo que era
estrictamente necesario para sustentar esos pilares importantes para nuestra democracia que son los partidos políticos. Decíamos que este proyecto se queda corto también en lo que se refiere a la financiación privada, porque aparte de que se
prohíbe la financiación a través de las personas jurídicas con las donaciones -presumiendo de entrada que esto es una cosa negativa-, no se fomentan las aportaciones privadas a través de incentivos fiscales; precisamente en la última reforma fiscal
se reducen los incentivos para las aportaciones de personas físicas a los partidos políticos. Por lo tanto, para Convergència i Unió este es un debate importante que quedará como asignatura pendiente, y nos gustaría que fuera abordado en el Senado,
aunque lo vemos difícil en el actual contexto político. Además, estamos en un periodo preelectoral.
Voy a seguir incidiendo en la parte que se corresponde con el control y la transparencia; decía que hay un avance importante en cuanto a un mayor control y transparencia de los partidos políticos. Se asegura mayor información respecto al
origen de la financiación de los partidos y también en cuanto al destino de
los gastos. Ahora habrá mucho más control y mucha más transparencia. Se refuerza el papel del Tribunal de Cuentas como órgano fiscalizador y de control. Este es un asunto importante, aunque también ha quedado pendiente redefinir su
composición y mecanismo de designación -ya ha hecho referencia a ello el portavoz del Partido Nacionalista Vasco-. Además, como decíamos, también se produce otro cambio importante, que es el nombramiento del responsable de la gestión
económico-financiera de los partidos, y este tendrá que comparecer en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas en el caso de que haya infracciones, y tendrá que dar explicaciones de las cuestiones que le sean requeridas.
Esta es una figura que no existía hasta ahora y que nos habría evitado muchos de los problemas que están saliendo estos días en los medios de comunicación. Otro aspecto muy destacable en cuanto a mayor transparencia y control, es que se clarifican
las relaciones de los partidos políticos con las entidades financieras, obligándolas a facilitar determinadas informaciones en cuanto a las operaciones relacionadas con los partidos. Además, se prohíben las condonaciones de deudas y créditos. No
podemos negar que todas estas cuestiones son relevantes por el avance que implican en relación con la regulación actual. Es muy importante la nueva regulación del contenido mínimo que deberán recoger los estatutos de los partidos políticos. Ese
contenido garantizará que los partidos se rijan por unos mínimos principios democráticos comunes a todos ellos. Muchos de esos contenidos mínimos ya los cumplimos gran parte de los que estamos aquí, pero hay otros partidos políticos que no los
cumplen. Es muy importante también porque va a facilitar la apertura de las estructuras de los partidos políticos a la sociedad, así como la efectiva participación de sus afiliados en la toma de decisiones importantes en los mismos. En este ámbito
para Convergència i Unió tiene especial interés haber introducido en el proyecto que estamos debatiendo algunas enmiendas que establecen, por ejemplo, mayores garantías para proteger los datos de las personas físicas que decidan hacer aportaciones
económicas mediante donaciones a los partidos. Aquí todavía hay aspectos que se pueden mejorar a través de algunas de las enmiendas que vamos a mantener vivas; deberíamos continuar hablando en el Senado de esta cuestión para adecuar el proyecto de
ley a la Ley de protección de datos de carácter personal.
Otro aspecto importante de este proyecto de ley es la lucha contra la corrupción. Entendemos que hay un cambio sustancial en este contenido mínimo de los estatutos de los partidos políticos. Hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en
algo tan importante como el debate sobre qué tenemos que hacer los partidos políticos cuando nos encontremos con imputados, con aperturas de juicio oral entre nuestros afiliados o incluso condenas penales en casos de corrupción. Se ha establecido
un criterio común que tendrá que recogerse en los estatutos de los partidos políticos y, por tanto, este es un avance muy importante y necesario en estos momentos. Así pues, el trabajo que se ha hecho en la ponencia en este punto ha sido
sustancial. Hay un conjunto de enmiendas de nuestro grupo parlamentario que deberían ser valoradas, por eso las mantenemos en el Senado. Una de ellas hace referencia a la financiación de los partidos políticos, a que es necesario motivar a través
de los incentivos fiscales la aportación de las personas físicas en los partidos políticos y su financiación. Si limitamos la financiación pública -como está sucediendo a través de los presupuestos del Estado- y limitamos la financiación privada,
sugerimos que al excluir las donaciones de las personas jurídicas se incentive esa participación a través de mecanismos de micromecenazgo e incorporando incentivos fiscales.
Hay otra cuestión importante para Convergència i Unió, y es la tan reclamada deuda histórica; hay una enmienda de nuestro grupo parlamentario que hace referencia a ello. Esta es una deuda que el Estado tiene pendiente desde hace años con
determinados partidos políticos y, por tanto, nosotros vamos a insistir en esta cuestión en el Senado.
En definitiva, nuestro grupo parlamentario va a apoyar este proyecto de ley porque consideramos que se avanza de forma sustancial en esa parte de mayor control, mayor transparencia. Queda pendiente el debate sobre cuál debe ser la
financiación adecuada para los partidos políticos. Creemos que esto se debería abordar en el Senado y confiamos en que esas cuestiones que quedan pendientes puedan terminar de salvarse en la otra fase de la tramitación parlamentaria.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Surroca.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don José Enrique Serrano.
El señor SERRANO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
De nuevo hablamos de la corrupción. Como han puesto de relieve intervenciones de otros portavoces, celebramos este debate en un clima trastocado por las noticias de los últimos días. Empezaron por un
escrito estremecedor de la fiscalía y han continuado con la excarcelación de quien ejemplifica mejor que nadie la relación pervertida entre política y economía. El estupor ciudadano no es solo comprensible sino compartido -estoy seguro de
ello- por casi todos nosotros.
Este es el tercero de tres proyectos de ley que la Cámara habrá aprobado en el plazo exacto de una semana y que plantea medidas preventivas y sancionadoras contra la corrupción. El primero, aprobado el miércoles pasado en la Comisión
Constitucional, define el Estatuto de los altos cargos de la Administración General del Estado. Es un proyecto que dice someter a especiales controles la actividad y la renta de los altos cargos. Es cierto que incorpora mejoras en el régimen de
incompatibilidades que les afectan, pero he de decir que basta con la negativa del Grupo Popular a adoptar medidas que impidan eficazmente el fenómeno estricto, el estricto, de la puerta giratoria para justificar nuestro voto en contra de ese
proyecto. ¿Creen de verdad que podemos seguir amparando, por ejemplo, que sucesivos consejeros de Sanidad de distintas comunidades autónomas aprovechen su cargo para colocarse, dos años después de su cese, al frente de empresas del sector privado y
sanitario, cuando antes carecían de toda experiencia en ese sector?
El segundo, la reforma del Código Penal. En ella se introduce un nuevo delito, el de financiación ilegal de los partidos políticos, y se incorpora una respuesta más dura desde el ámbito penal para los delitos vinculados con la corrupción.
Si tenemos en cuenta que el nuevo delito de financiación ilegal requiere para producirse la recepción de donaciones prohibidas superiores a 500.000 euros y que el endurecimiento de las penas para los delitos de corrupción en gran medida se
circunscribe a añadir la pena de pérdida del derecho de sufragio pasivo, entenderán que el voto negativo de mi grupo a la reforma del código incluya entre sus motivos nuestra decepción con este tratamiento. ¿Creen de verdad que esto es lo que
esperan los ciudadanos o que lo que quieren es que estén largo tiempo en prisión quienes se han hecho ricos a costa del dinero público que han escamoteado o de los contratos que han concedido a cambio de comisiones o de las alteraciones en los
planes de urbanismo?
El tercero es este que ahora debatimos, el de reforma de la financiación, de la organización y del funcionamiento de los partidos políticos y de su control por el Tribunal de Cuentas. Es un texto que, en la versión que ahora vemos, prohíbe
la financiación de los partidos por empresas y otras entidades; limita la cuantía de las donaciones hechas por personas físicas y las somete a obligaciones de transparencia, que incluyen la identidad del donante y su comunicación al Tribunal de
Cuentas cuando se superen los 25.000 euros; incrementa las capacidades de control del propio tribunal sobre la actividad económica y financiera de los partidos, que debe responder también a nuevos criterios de contabilidad y de auditoría;
establece la responsabilidad directa de los gerentes o administradores; impone un muy severo régimen de sanciones pecuniarias por infracciones en este ámbito, y también en el de superación de los gastos electorales autorizados; e incorpora una
cláusula de estabilidad para la financiación pública de los partidos con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Asimismo, incide en la organización y funcionamiento de los partidos al democratizar y hacer más transparente la vida de los
mismos, pues impone períodos máximos para la reunión de su congreso y para la elección de sus dirigentes; reconoce derechos concretos a los afiliados, como son el de participar mediante voto universal y secreto en las elecciones internas o el de
recurrir mediante procedimiento contradictorio contra las decisiones de los órganos de dirección y contra sanciones disciplinarias; e impone, y esto es particularmente importante, respuestas automáticas, esto es, la suspensión de la afiliación de
los afiliados implicados a título de acusados en procesos penales por corrupción y la expulsión del partido de quienes sean condenados por delitos de este mismo perfil.
En todos estos cambios están las enmiendas del Grupo Socialista, pero también está el trabajo, quiero reconocerlo expresamente, y la receptividad de Montserrat Surroca, Aitor Esteban, Ricardo Sixto, Carlos Floriano y, singularmente, José
Antonio Bermúdez, que han posibilitado que, como mi compañero Antonio Pradas y yo mismo hemos planteado, haya podido plasmarse en techos compartidos que hoy se votarán. Esta valoración no puede olvidar que el grupo mayoritario haya pospuesto a
futuros proyectos del Gobierno, que no conocemos, el debate de algunos temas sobre los que habíamos presentado enmiendas que no han sido en consecuencia aceptadas, pese a que se vinculan muy claramente con algunos elementos esenciales en el
tratamiento de la corrupción. A título de ejemplo, mencionaré: la negativa a modificar el sistema de designación por las Cámaras de miembros de los órganos constitucionales y de organismos reguladores; la negativa a corregir la legislación de
contratos del sector público para acabar con las corruptelas de los contratos fraccionados, con los contratos adjudicados sin licitación pública, o la negativa a levantar el secreto por las infracciones tributarias superiores a 30.000 euros, del que
todavía disfrutan los defraudadores fiscales, pese al reto que el ministro de Hacienda dirigió a los grupos
parlamentarios para que se cediesen a otro poder. Lo hemos hecho y él se ha negado. Él tendrá que dar las explicaciones y nosotros mantendremos votación separada hoy para nuestra enmienda que se refiere a este asunto que es la número 144.
Ha sido un argumento este de posponer estas cuestiones a normas futuras que, afortunadamente, no se ha aplicado a otras propuestas con el compromiso para reducir los aforamientos, la flexibilización de las condiciones para la defensa en la Cámara de
las iniciativas legislativas populares o, aunque en forma muy frustrante para nosotros, el control de los indultos.
Sin embargo, como decía al principio de mi intervención, parece que desde hace ya dos años, una maldición empaña la toma de decisiones en materia de lucha contra la corrupción en esta Cámara. El problema es que no es un fátum que nos llueva
desde el cielo; es simplemente la lenta pero inexorable llamada de atención que nos hace la justicia sobre una realidad corrompida que se empeña en estar presente en nuestros debates y que objetivamente los condiciona, por dos razones: ante todo
porque es muy ancha la reticencia con la que muchos ciudadanos reciben iniciativas regeneradoras que provienen de un Gobierno cuyo partido aparece, una y otra vez, mencionado en algunos sumarios. Somos los primeros en creer y en saber, por
experiencia, que del pasado se aprende y más si es el de la propia historia. A nadie negamos esa capacidad, pero para dar fuerza a ese aprendizaje no basta, aunque sea importante, promover reformas legales. Hay que acompañarlas de explicaciones y
condenas y no de enroques en el silencio o en la ignorancia. Condiciona también nuestros debates porque, al menos a ojos de mi grupo, acrecienta la importancia de lo que podíamos haber hecho y no hemos hecho. En materia de altos cargos, en
particular en lo referido a su cese como al de los cargos electos cuando concurren en ellos circunstancias que les vinculan con la corrupción, en el incremento de las penas privativas de libertad para delitos de corrupción política, en la adopción
ya -sabemos que se anuncian en un futuro proyecto, pero las desconocemos- de medidas destinadas a agilizar los procesos, en asegurar la devolución de lo injustamente aprendido, descolonizar las instituciones y tantas otras cosas planteadas como un
todo coherente y no con el fraccionamiento actual. Por todo ello, mi grupo comparte las medidas que se contienen en el texto que hoy votaremos, pero nos abstendremos en esa votación.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Serrano.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Floriano.
El señor FLORIANO CORRALES: Señor presidente, señoras y señores diputados, tomo la palabra para fijar la posición de mi grupo en torno a la ley orgánica de control de la actividad económica y financiera de los partidos políticos.
Desgraciadamente, señorías, la corrupción no es un fenómeno nuevo, porque la corrupción no entiende ni de épocas ni de ideologías ni de partidos. Sí quiero subrayar, porque sí es un fenómeno nuevo, la voluntad política de acabar con la corrupción a
través de un plan integral que sea del todo intolerante con quienes no respetan la nobleza que hay en el ejercicio del servicio público. Así es, señorías. La ley sobre la que fijo la posición de mi grupo forma parte de un conjunto de reformas de
iniciativas legislativas, de normas que pretenden ponérselo imposible a los corruptos. Si alguno consiguiese esquivar los controles castigarlos más duramente y, lo más importante: obligar a los corruptos a devolver lo robado. Sería injusto
olvidar que estas iniciativas legislativas traen causa de la voluntad expresada por el presidente del Gobierno en el debate sobre el estado de la Nación de 2013. Un compromiso político claro, nítido que hoy trae su traslación en diversas reformas
legislativas. Si alguien pensaba que al Grupo Parlamentario Popular o al presidente del Gobierno les iba a faltar determinación para abordar medidas contra la corrupción se equivocaba de principio a fin. También hay que poner de manifiesto, porque
sería injusto no hacerlo, que por lo que se refiere a quienes han trabajado en la ponencia y en Comisión en la ley que hoy debatimos, esta voluntad es compartida casi por unanimidad. Por eso quiero reconocer y subrayar el esfuerzo realizado por
todos los ponentes, pero todos ellos compartirán conmigo el deseo de que figure en el 'Diario de Sesiones' el reconocimiento que expreso al trabajo realizado por mi compañero de grupo José Antonio Bermúdez de Castro.
Señorías, con esta ley demostramos que mayoritariamente en esta Cámara hay coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos, que lo nuestro no son solo palabras, sino hechos. Por eso esta ley es una ley de autoexigencia a los partidos
políticos, autoexigencia de transparencia y autoexigencia de ejemplaridad. Es una ley hecha porque quienes queremos terminar con la corrupción, porque en este momento es muy importante distinguir entre los corruptos, los que queremos terminar con
la corrupción y aquellos, que también los hay, que no quieren terminar con la corrupción, sino utilizarla para conseguir réditos electorales.
Después de escuchar al señor Martínez Gorriarán en ponencia y Comisión pensaba que era imposible incluirlo en este último grupo. Créame que tengo mis dudas después de escucharle en esta tribuna esta mañana. Señor Gorriarán, muestra su
preocupación por el prestigio de los partidos políticos, muestra su preocupación por la importancia que tienen, pero ¿qué hace usted por mejorar el prestigio de los partidos políticos dada su importancia? ¿Decir que todos somos unos corruptos menos
ustedes? Cambia, sin que haya pasado absolutamente nada, su criterio desde la ponencia y la Comisión al Pleno, diciendo que en el Código Penal no se recoge lo que se recoge, que es la recuperación de la figura de la financiación ilegal de los
partidos políticos, y dice además que quiere usted incrementar la financiación privada, la financiación de las personas jurídicas a los partidos políticos. Señor Gorriarán, nosotros entendemos que hay que separar el mundo de los negocios de la
financiación de los partidos políticos, y nos parece que ese es un paso mucho más importante que el que usted pretende dar aquí. Señor Martínez Gorriarán, le ruego que reconsidere su posición, porque no hay argumentos, no ha expresado usted aquí
ningún argumento sólido para desdecirse de su posición en Comisión, y creo que hará usted un gran favor al prestigio de los partidos políticos si usted recupera su posición, la que mantuvo en Comisión. Si no estará usted incluido entre ese grupo de
gente que pretende no terminar con la corrupción, sino sacar réditos electorales de la misma. Porque es un hecho cierto que abundan ahora los adanes de la nada que tratan de deslegitimar a los políticos, a los que estamos en las instituciones,
intentando deslegitimarlas con el único objetivo de acabar con el sistema. Presentan la corrupción como algo que es de todos menos de ellos, tratando de aparecer como los únicos legitimados para tener el poder. Hace falta mucho más que palabrería,
que un eslogan o que un charlatán para acabar con esta lacra que desangra la vida pública. (Aplausos).
Señorías, en España hay corruptos, pero España no es corrupta ni las instituciones están corrompidas. En nuestro país el Estado de derecho funciona, porque la Policía, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria investigan, los fiscales hacen
su trabajo y los jueces juzgan y condenan. No lo evita todo, señorías, como el Código Penal no evita que siga habiendo comportamientos que merezcan el reproche social, pero sí es cierto que todo aquel que tenga un comportamiento recogido en el
Código Penal sabe que después de su comportamiento puede tener con una gran probabilidad una sanción. Eso también lo pretende esta ley, que los partidos políticos que tengan determinados comportamientos sepan que a partir de ahora tendrán una
sanción más grave que la que tenían hasta ahora. No lo evitará, pero sabrán que tienen una sanción mucho más grave de la que tenían hasta ahora.
En España quien la hace la paga, pero esto no es óbice, no es obstáculo para que demos una lucha sin cuartel contra la corrupción, para que demos respuesta a las nuevas exigencias de transparencia y ejemplaridad, unas exigencias de todos los
ciudadanos. Somos los depositarios de la soberanía popular, los representantes de todos los españoles, elegidos por los españoles de entre los españoles para servirles. Por eso, cuando aprobamos normas como la de hoy, derribamos los muros que
puedan existir y los que algunos interesadamente tratan de levantar entre esta Cámara y los españoles que están en la calle, porque con esta ley damos respuesta a uno de los problemas que tiene la gente, a uno de los problemas que tenemos. Hacemos
lo que se espera de nosotros cuando incrementamos los mecanismos de control, detección y sanción de la corrupción, porque si no acabamos con la corrupción, la corrupción acabará con todo. En este sentido, el Plan integral contra la corrupción
cuenta con más de setenta medidas, entre las que están las incorporadas por esta ley que hoy debatimos y otras que afectan tanto al Código Penal como a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Prohibimos las donaciones a los partidos políticos
procedentes de las personas jurídicas para separar el mundo de los negocios de lo que es la financiación de los partidos políticos, y prohibimos las condonaciones de deuda.
Sin ánimo de darle lecciones al señor Baldoví, que lamento que no esté en este momento en la Cámara, aunque suba siempre a esta tribuna con la intención de dar lecciones a los demás -yo no pretendo darle lecciones a él-, cuando se preguntaba
por qué el Gobierno impulsaba la medida de prohibir las condonaciones a los partidos políticos y decía que cuáles eran los partidos políticos a los que se había condonado la deuda, sin ánimo de darle lecciones, le diré que uno de los socios que lo
hicieron a él alcalde. A lo mejor convendría que les preguntara a ellos, por qué y cuáles fueron los motivos que llevaron a las entidades de crédito a condonar la deuda a sus socios, ya que le llevaron al ayuntamiento en el 2007. (Aplausos).
Quiero subrayar, como ha hecho el portavoz del Grupo Vasco, las aclaraciones que hace esta ley entre determinadas actividades, unas para mejorar la participación de los afiliados y lo que son actividades mercantiles y cómo se endurecen las
infracciones y sanciones y se amplían los plazos de prescripción, lo cual, sin duda alguna, hará mucho más fácil detectar y castigar los comportamientos que sean perseguibles.
Es muy importante, señorías, que hoy los españoles reciban un mensaje muy claro de esta Cámara, el mensaje de que sus representantes dan una respuesta nítida y contundente a la corrupción. Vamos a terminar con ella, vamos a terminar con la
corrupción porque estamos decididos a que todos aquellos que se sirven de las instituciones, de las administraciones que gobiernan y de los partidos o sindicatos en los que militan no tengan ni un solo día de tregua, no les va a salir gratis
intentar llevarse el dinero de todos ni utilizar la honradez o integridad de los que honestamente nos dedicamos al servicio público. Quien se corrompe roba a quien más lo necesita, a los más pobres, a los más vulnerables, a quienes dependen del
dinero de todos para tener una vida digna, y es nuestra responsabilidad como legisladores poner todos los medios que estén a nuestro alcance para que ni un solo céntimo del dinero público se distraiga de su principal función, mejorar la vida de
todos los españoles. Decía Darwin que la historia se repite y ese es uno de los errores de la historia. Hoy tenemos la oportunidad con la aprobación de esta ley, y del resto de iniciativas que componen el Plan integral contra la corrupción, de
evitar que la vergonzosa historia de la corrupción política en España se repita nunca más.
Señorías, termino. Somos los depositarios de la soberanía popular, somos los legítimos representantes de los ciudadanos y representamos a la gente porque somos parte de la gente, a la que escuchamos y con la que compartimos sus
preocupaciones y sus problemas. Por eso tenemos razón, tiene razón la gente, toda la gente, la que está aquí y la que está fuera, cuando aprobamos normas como este Plan integral contra la corrupción, porque estamos dando respuesta a una de las
mayores preocupaciones que tenemos los ciudadanos, que tiene la gente, que tenemos toda la gente, que tenemos todos los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Floriano.
En dos minutos vamos a votar. (Pausa).
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL. (Número de expediente 121/000065).
El señor PRESIDENTE: Vamos a empezar las votaciones. Son numerosas, lo digo para que tengan paciencia. Hemos reducido a la mitad el tiempo para votar, lo digo para que estén atentos.
Proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, el señor Baldoví. Enmiendas 7, 13, 32, 51, 53, 57, 60 a 62 y 64.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 119; en contra, 180; abstenciones, 20.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 9 y 12.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 32; en contra, 277; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 10 y 11.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 127; en contra, 180; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 14 y 33.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 11; en contra, 178; abstenciones, 127.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 15.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 24; en contra, 278; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 16, 17, 31, 35, 40 a 44, 56, 58 y 70 a 74.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 19; en contra, 180; abstenciones, 119.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 18 y 22.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 32; en contra, 279; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 24.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 11; en contra, 278; abstenciones, 28.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 38.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 34; en contra, 179; abstenciones, 104.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 49.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 115; en contra, 180; abstenciones, 24.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del señor Baldoví.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 20; en contra, 278; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. Señora Oramas. Enmiendas 75 y 77.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 119; en contra, 179; abstenciones, 21.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 78.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 34; en contra, 180; abstenciones, 104.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 79 y 93.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 21; en contra, 180; abstenciones, 117.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 80 y 92.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 12; en contra, 181; abstenciones, 126.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 81.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 35; en contra, 277; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 82, 85, 89 y 94.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 13; en contra, 279; abstenciones, 27.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 83, 84 y 86.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 22; en contra, 278; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 87.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 35; en contra, 279; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 95.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 7; en contra, 194; abstenciones, 116.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas de la señora Oramas.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 21; en contra, 279; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas también del Grupo Mixto, de la señora Fernández Davila. Enmiendas 592, 601, 607 y 614.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 117; en contra, 187; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 593 a 597, 599, 600, 603 y 611 a 613.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 138; en contra, 181; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 598 y 608.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 21; en contra, 276; abstenciones, 20.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 602, 609 y 615.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 21; en contra, 183; abstenciones, 115.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 604.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 21; en contra, 278; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 605 y 610.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 35; en contra, 278; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas de la señora Fernández.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 21; en contra, 279; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Mixto, señor Tardà. Enmiendas 302, 303, 305 a 315, 317 a 319, 326, 333, 339, 346, 393 y 394.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 138; en contra, 182; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 316 y 332.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 34; en contra, 280; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 320 a 323, 341, 351, 352 y 396.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 119; en contra, 185; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 324.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 33; en contra, 185; abstenciones, 100.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 325, 328, 334 a 338, 344, 350, 354, 356, 357 y 366 a 374.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 19; en contra, 182; abstenciones, 118.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 330 y 331.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 31; en contra, 279; abstenciones, 9.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 342 y 343.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 32; en contra, 182; abstenciones, 105.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 345.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 25; en contra, 280; abstenciones, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 347.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 19; en contra, 195; abstenciones, 105.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 348 y 349.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 23; en contra, 195; abstenciones, 104.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 363 y 365.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 37; en contra, 183; abstenciones, 99.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 376.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 25; en contra, 182; abstenciones, 118.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 377 y 378.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 25; en contra, 278; abstenciones, 21.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 379.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 38; en contra, 180; abstenciones, 104.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 380 a 386.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 19; en contra, 280; abstenciones, 20.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 387 y 388.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor; 19; en contra, 181; abstenciones, 119.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 389 a 391.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 125; en contra, 181; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 395.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 19; en contra, 178; abstenciones, 120.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del señor Tardà.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 19; en contra, 278; abstenciones 20.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Vasco (EAJ-PNV). En primer lugar, enmiendas 209, 214, 215 y 226.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 132; en contra, 182; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 212, 218, 232, 244, 249, 251, 254, 255, 258 a 260, 262, 292 y 301.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 35; en contra, 182; abstenciones, 107.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 213, 219, 220, 222, 223, 225, 228, 233, 241, 243, 245, 246, 256, 257, 263, 273, 287 a 289, 295 y 298.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 130; en contra, 183; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 216, 224, 230, 240 y 265.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor; 36; en contra, 181; abstenciones, 108.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 229, 269 y 270.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 26; en contra, 190; abstenciones, 104.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 231, 248, 250, 252 y 253.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 26; en contra, 181; abstenciones, 116.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 268.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 34; en contra, 278; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 271.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 116; en contra, 191; abstenciones 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 275 a 285.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 35; en contra, 285; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del PNV.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 34; en contra, 280; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. Enmiendas 516 y 574.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 6; en contra, 289; abstenciones, 24.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 517, 531, 532, 544, 546 a 549, 551, 556, 562, 563 y 578 a 580.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 6; en contra, 180; abstenciones, 131.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 590 y 591.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 5; en contra, 281; abstenciones, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 519.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 18; en contra, 278; abstenciones, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 520.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 5; en contra, 280; abstenciones, 34.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 527, 553, 564 a 567, 575 y 576.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 5; en contra, 277; abstenciones, 35.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 533 a 535, 545, 554, 555, 577, 581 y 589.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 16; en contra, 182; abstenciones, 119.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 536.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 5; en contra, 193; abstenciones, 119.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 537.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 5; en contra, 191; abstenciones, 123.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 550.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 24; en contra, 181; abstenciones, 114.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 552.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 36; en contra, 183; abstenciones, 100.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 557.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 25; en contra, 181; abstenciones 113.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 558 a 561.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 6; en contra, 181; abstenciones, 130.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 570, 571 y 573.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 5; en contra, 294; abstenciones, 20.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 572.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 23; en contra, 289; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 586.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 13; en contra, 181; abstenciones, 123.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 587.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 13; en contra, 181; abstenciones, 125.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 588.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 5; en contra, 280; abstenciones, 34.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas de UPyD.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 14; en contra, 278; abstenciones, 26.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. Enmiendas 104, 106, 109, 110, 114 a 124, 140, 142, 144, 148 a 150, 153, 170, 174, 179 a 183, 193, 197 a 204, 206 y 207.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 18; en contra, 183; abstenciones, 118.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 105, 108, 111, 112, 143, 172, 175 a 177 y 189 a 192.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 139; en contra, 177; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 113, 152, 171, 173, 184 a 186, 194 a 196, 205 y 208.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 118; en contra, 180; abstenciones, 20.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 125, 146 y 147.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 33; en contra, 180; abstenciones, 105.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 128.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 33; en contra, 279; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas de La Izquierda Plural.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 18; en contra, 277; abstenciones, 22.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Enmiendas 397, 398, 400, 402, 411 a 413, 420, 422, 423, 426, 459, 460, 462 a 466, 468, 470, 471, 473 a 476, 479 a 482, 484 a 489, 498 a 500, 507, 510 a 512, 514 y 515.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 130; en contra, 181; abstenciones, 7.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 401, 403 a 407, 409, 417 a 419, 421, 424, 436 y 469.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 120; en contra, 180; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 410, 477, 478, 483 y 508.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 21; en contra, 279; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 414, 430, 432 a 435, 467 y 472.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 34; en contra, 182; abstenciones, 103.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 415, 416, 425, 438 a 456 y 504.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 21; en contra, 286; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 427, 428, 431, 437, 490 y 501.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 22; en contra, 180; abstenciones, 116.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 457, 495 y 505.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 119; en contra, 189; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 492 a 494 y 502.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 34; en contra, 182; abstenciones, 103.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas de Convergència i Unió.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 32; en contra, 278; abstenciones, 9.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, las enmiendas 616, 618, 620, 625, 628, 631, 633, 646, 648, 658, 668, 669, 671, 672, 679, 680, 683, 692 a 695, 711, 730, 737, 738, 740, 771, 773 y 774.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 133; en contra, 180; abstenciones, 7.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 621.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 118; en contra, 185; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 622.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 109; en contra, 186; abstenciones, 22.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 649 a 653, 688 y 753.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 105; en contra, 180; abstenciones, 34.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 117; en contra, 181; abstenciones, 21.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora el dictamen con las correcciones que han sido distribuidas.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 182; en contra, 143; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
VOTACIÓN DE CONJUNTO:
El señor PRESIDENTE: Votación de conjunto del proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, por tener la misma carácter orgánico. Hay cuatro votos emitidos telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327 más 4 votos telemáticos, 331; a favor, 184 más 2 votos telemáticos, 186; en contra, 142 más 2 votos telemáticos, 144; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CONTROL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY ORGÁNICA 8/2007, DE 4 DE JULIO, SOBRE FINANCIACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS; LA LEY ORGÁNICA 6/2002, DE 27
DE JUNIO, DE PARTIDOS POLÍTICOS, Y LA LEY ORGÁNICA 2/1982, DE 12 DE MAYO, DEL TRIBUNAL DE CUENTAS. (Número de expediente 121/000082).
El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, por la que se modifican la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, la Ley
Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos y la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Salvador. En primer lugar, la enmienda 31.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 7; en contra, 293; abstenciones, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 32 y 33.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 13; en contra, 279; abstenciones, 29.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 34.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 10; en contra, 293; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 35 y 38.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 6; en contra, 183; abstenciones, 130.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 36 y 37.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 6; en contra, 278; abstenciones, 36.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Mixto, de la señora Fernández Davila. En primer lugar la enmienda 124.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 19; en contra, 278; abstenciones, 28.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas de la señora Fernández Davila.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 21; en contra, 276; abstenciones, 26.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación en bloque de las enmiendas del señor Tardà.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 25; en contra, 280; abstenciones, 21.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Vasco, PNV. En primer lugar, enmiendas 157 y 158.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 30; en contra, 284; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 174.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 33; en contra, 278; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del Grupo Vasco, PNV.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 41; en contra, 276; abstenciones, 8.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas de Unión Progreso y Democracia. Enmiendas 12, 19, 22 y 29.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 6; en contra, 281; abstenciones, 33.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 30.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 13; en contra, 182; abstenciones, 125.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas de UPyD.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 13; en contra, 278; abstenciones, 25.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación en bloque de las enmiendas de La Izquierda Plural.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 25; en contra, 182; abstenciones, 118.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Catalán de Convergència i Unió. Primero, enmiendas 83 a 85 y 90.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 23; en contra, 283; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 87, 101, 105 y 112.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 19; en contra, 292; abstenciones, 9.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas 104, 106, 109, 110, 113 y 114.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 30; en contra, 187; abstenciones, 103.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas de Convergència i Unió.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 31; en contra, 283; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer la enmienda 144.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 116; en contra, 180; abstenciones, 24.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 115; en contra, 182; abstenciones, 22.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el dictamen de la Comisión.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 197; en contra, 30; abstenciones, 100.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.
VOTACIÓN DE CONJUNTO.
El señor PRESIDENTE: Votación de conjunto del proyecto de ley orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos. Se han emitido 4 votos telemáticos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326 más 4 votos telemáticos, 330; a favor, 203 más 2 votos telemáticos, 205; en contra, 26; abstenciones, 97 más 2 votos telemáticos, 99.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Se levanta la sesión.
Eran las tres y quince minutos de la tarde.