CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 207

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO

Sesión plenaria núm. 195

celebrada el jueves,

26 de junio de 2014

ORDEN DEL DÍA:


Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados:


- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de Excmos. Sres. Diputados. (Número de expediente 042/000035) ... (Página5)


Enmiendas del Senado:


- Proyecto de ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 80-1, de 14 de febrero de 2014. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 80-3, de 29 de abril
de 2014. (Número de expediente 121/000080) ... (Página5)


- Proyecto de ley por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 75-1, de 17
de enero de 2014. (Número de expediente 121/000075) ... (Página12)


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales:


- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Serbia para el intercambio y protección recíproca de información clasificada, hecho en Madrid el 13 de marzo de 2014. 'BOCG. Cortes Generales', serie A, número 275, de 25 de abril de
2014. (Número de expediente 110/000122) ... (Página20)


- Acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra, sobre los programas europeos de navegación por satélite, hecho en Bruselas el 18 de diciembre de 2013. 'BOCG. Cortes
Generales', serie A, número 279, de 16 de mayo de 2014. (Número de expediente 110/000123) ... (Página20)

Página 2

- Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco, hecho en Seúl el 12 de noviembre de 2012. 'BOCG. Cortes Generales', serie A, número 282, de 23 de mayo de 2014. (Número de expediente 110/000124) ... href='#(Página20)'>(Página20)


Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:


- Proyecto de ley orgánica de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 47-1, de 17 de mayo de 2013. (Número de expediente 121/000047) ... (Página22)


Propuestas de creación de subcomisiones:


- Solicitud de creación de una subcomisión, en el seno de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, para abordar el problema de la violencia contra los niños y las niñas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 473, de 6 de
junio de 2014. (Número de expediente 158/000030) ... (Página30)


Solicitud de prórroga de subcomisiones:


- Solicitud de la Comisión de Interior para prorrogar, hasta el 31 de marzo de 2015, el plazo otorgado a la Subcomisión de estudio sobre las redes sociales para la conclusión de sus trabajos. (Número de expediente 154/000007) ... href='#(Página30)'>(Página30)


Propuestas de creación de subcomisiones. (Votación) ... (Página31)


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página31)


Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados. (Votación) ... (Página32)


Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página32)


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación) ... (Página33)


Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página33)


Votación de conjunto ... (Página34)


SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados ... (Página5)


Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de señores diputados ... (Página5)


La Presidencia informa de que ningún grupo desea intervenir en este punto del orden del día.


Enmiendas del Senado ... (Página5)


Proyecto de Ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito ... (Página5)

Página 3

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Picó i Azanza, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Gómez Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista, y Araújo Gil, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proyecto de Ley por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario ... (Página12)


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda y las señoras Jordà i Roura y Ariztegui Larrañaga, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Centella Gómez,
del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Solsona Aixalà, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Alonso Núñez, del Grupo Parlamentario Socialista, y Serrano Calurano, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales ... (Página20)


Acuerdo entre el Reino de España y la República de Serbia para el intercambio y protección recíproca de información clasificada, hecho en Madrid el 13 de marzo de 2014. 'BOCG. Cortes Generales', serie A, número 275, de 25 de abril de 2014
.... (Página20)


Acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra, sobre los programas europeos de navegación por satélite, hecho en Bruselas el 18 de diciembre de 2013 ... href='#(Página20)'>(Página20)


Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco, hecho en Seúl el 12 de noviembre de 2012 ... (Página20)


Para fijar su posición sobre determinados convenios intervienen los señores Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Picó i Azanza, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Sáez Jubero,
del Grupo Parlamentario Socialista, y Bermúdez de Castro Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página22)


Proyecto de Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas ... (Página23)


En defensa de las enmiendas que se mantienen vivas para su defensa en Pleno intervienen el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; el señor
Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Guillaumes i Ràfols, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); López Garrido, don Diego, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Ferrer Roselló, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Página 4

Propuestas de creación de subcomisiones ... (Página30)


Solicitud de creación de una subcomisión, en el seno de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, para abordar el problema de la violencia contra los niños y las niñas ... (Página30)


La Presidencia informa de que ningún grupo desea intervenir en este punto del orden del día.


Solicitud de prórroga de subcomisiones ... (Página30)


Sometida a votación la solicitud de la Comisión de Interior de prórroga hasta el 31 de marzo de 2015 del plazo otorgado para emitir informe a la Subcomisión de estudio sobre las redes sociales, queda aprobada por asentimiento.


Propuestas de creación de subcomisiones. (Votación) ... (Página31)


Sometida a votación la solicitud de creación de una subcomisión, en el seno de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, para abordar el problema de la violencia contra los niños y las niñas, queda aprobada por asentimiento.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página31)


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la política del Gobierno en relación con el reconocimiento de las provincias de Teruel, Soria y
Cuenca como zonas escasamente pobladas dentro de la Unión Europea, con objeto de recabar las ayudas que los Fondos Estructurales y el Fondo Social Europeo prevén para las zonas con esa problemática, se aprueba el punto número 1 por 308 votos a
favor, y el punto número 2 por 115 votos a favor, 191 en contra y 2 abstenciones.


Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados. (Votación) ... (Página32)


Sometido a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de excelentísimos señores diputados, se aprueba por asentimiento.


Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página32)


Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, son aprobadas todas.


Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el Consejo Agrario, son aprobadas
todas.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales. (Votación) ... (Página33)


Sometidos a votación conjunta y por asentimiento los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores que figuran en el orden del día, son aprobados.

Página 5

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página33)


Sometidas a votación separada las enmiendas al proyecto de Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, son rechazadas todas.


Sometidas a votación separada las diversas partes del dictamen, son aprobadas todas.


Votación de conjunto ... (Página34)


Sometido a votación de conjunto el proyecto de ley orgánica del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, se aprueba por 282 votos a favor, 22 en contra y 5 abstenciones.


Se levanta la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía.


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS:


- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES DE EXCELENTÍSIMOS SEÑORES DIPUTADOS. (Número de expediente 042/000035).


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.


En esta sesión plenaria se incluye el debate y aprobación del dictamen del proyecto de ley orgánica del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, que tiene carácter de ley orgánica. Por lo tanto, habrá una votación final de conformidad
con esa calificación; por ello, tengo que anunciar una hora y, en ese sentido, les comunico que las votaciones no serán antes de las once. Preveo que van a ser bastante después, pero nunca serán antes de las once.


Respecto al punto del orden del día relativo al dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de los señores diputados, no se han pedido turnos de palabra, por lo que pasamos al siguiente punto.


ENMIENDAS DEL SENADO:


- PROYECTO DE LEY DE ORDENACIÓN, SUPERVISIÓN Y SOLVENCIA DE ENTIDADES DE CRÉDITO. (Número de expediente 121/000080).


El señor PRESIDENTE: Enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. Como algunos de los diputados que tienen que intervenir en este punto no están, iré dando la palabra
a los que estén presentes y posteriormente se la daré al resto de los portavoces, aunque no estén en este momento, para que puedan intervenir. De los que tengo apuntados, el portavoz que está es el del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y
Democracia, el señor Anchuelo, que tiene la palabra.


El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.


He tenido el honor ya que definir la postura de mi grupo en dos ocasiones sobre esta ley, en el debate de totalidad que hubo en el Pleno y en el debate en Comisión. Hoy vienen aquí las enmiendas del Senado, que no modifican nada
fundamental. Básicamente son cambios de redacción o aspectos secundarios y, por tanto, mantengo la postura de mi grupo, que ya está definida, y respecto a las enmiendas nos definiremos en la propia votación.


Muchas gracias.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.


Veo que el señor Larreina no va a intervenir. Muchas gracias, señor Larreina. Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.


Señorías, llegamos al final de la tramitación de un proyecto de ley que creo todos consideramos que es muy importante para la economía y para la sociedad española. He de decir que en el trámite del Senado se han introducido modificaciones
que, a nuestro entender, y discrepando de lo que decía hace un momento el señor Anchuelo, tienen en un aspecto importante alguna repercusión, y la pueden tener especialmente en lo que hace referencia a la situación del Sareb. Ese es uno de los
motivos por los cuales he pedido la palabra para fijar posición sobre estas enmiendas.


Deberíamos de nuevo destacar que en el trámite del Senado se han introducido modificaciones que a todos nos hubiera gustado poder discutir en su fase previa y no que se establecieran en ese momento. Quiero destacar especialmente esas
modificaciones, un bloque de enmiendas que suponen un reforzamiento de las competencias del Ministerio de Economía frente a los organismos supervisores: el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Como nada es casual, es
importante destacar que ese mayor intervencionismo del Ministerio de Economía frente a los organismos supervisores y esa contradicción en el discurso teórico del Gobierno y del Partido Popular de dar fuerza a la supervisión externa, pero en cambio
actuar dando cada vez más protagonismo e intervencionismo al Poder Ejecutivo, tiene una razón y tiene un detonante: todo apunta a que es la voluntad de blindar, de proteger el estado contable del Sareb, del banco malo, ante los riesgos evidentes de
que una actuación del Banco de España que estaba ya preparada en forma de circular pudiera poner en riesgo la valoración de los activos del Sareb y, por tanto, poner al descubierto la situación de precariedad en la que se encuentra ese organismo
después de que los bienes que le fueron transferidos al banco malo hayan vuelto al valor que tienen y no al valor contable que se les dio. Por eso me ha parecido oportuno destacarlo y destacar también la importancia de las enmiendas que vamos a
votar para que el conjunto de la Cámara, al menos desde nuestro grupo así lo creemos oportuno, sea consciente de que en estos momentos estamos aumentando el intervencionismo del Ministerio de Economía y, en ese sentido, estamos desprotegiendo al
conjunto de la ciudadanía frente a lo que sin duda es de nuevo un exceso de poder por parte del Ejecutivo. Eso es así cuando aún resuenan las consecuencias de una falta evidente de supervisión de nuestro sistema financiero, una de las causas de la
crisis, cuando aún resuenan los ecos del rescate del sistema financiero, cuando aún los ciudadanos están pagando y van a pagar durante décadas las consecuencias de lo que ha supuesto esa falla en nuestro sistema financiero y de lo que ha supuesto la
creación de ese banco malo, del Sareb, para conseguir el saneamiento de ese sistema financiero. En ese sentido, creemos que lo que se va a votar hoy no es una buena noticia porque ese mayor intervencionismo del Ministerio de Economía contra el
papel de los organismos supervisores no va a suponer más protección de los ciudadanos de este país y del patrimonio colectivo, sino en todo caso más indefensión, y menos supervisión, menos contrapesos, menos controles, más pronto o más tarde,
termina siendo menos democracia. Por eso nuestro grupo va a votar en contra de ese bloque de enmiendas.


Hay otro bloque de enmiendas ubicadas en la disposición final primera que, pretendiendo establecer más claridad en relación con el tratamiento legal de las garantías de los clientes en casos de situación concursal de la entidad, aportan a
nuestro entender una redacción confusa. Compartimos el objetivo del grupo proponente, Convergència i Unió, de clarificar ese tema, pero creo, y lo dijimos en su momento, que en su redacción va a suscitar más de un elemento de conflictividad
jurisdiccional. Por lo tanto, desde ese punto de vista, nuestro grupo se va a abstener.


Termino, señor presidente, señorías. Creo que es importante, en esta última intervención en un proyecto de ley tan significativo para el futuro de nuestra economía, volver a recordar las razones que nuestro grupo ha tenido para su
posicionamiento en contra. El proyecto responde a tres necesidades que nosotros compartimos: abordar la obsolescencia y la debilidad normativa actual, abordar la necesidad de agrupar en un solo texto una normativa española hasta hoy muy dispersa,
y la necesidad sin duda de trasponer la directiva y adaptarla al reglamento de la Unión Europea y al marco de Basilea III. Con eso estamos de acuerdo, lo dijimos en su momento y lo compartimos, y eso solo ya justificaba este proyecto de ley, pero
queremos dejar constancia aquí -lo dijimos en su momento y lo repetimos- que hoy se están sentando las bases de la precariedad, y en algún momento alguien dirá que ha fallado la regulación y por eso estamos aquí, ante una nueva falla del sistema
financiero y una nueva burbuja, y queremos al menos dejar constancia de esto en esta Cámara.

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Este proyecto no es la respuesta que la sociedad española necesita. Es un proyecto que, a nuestro entender, en algunos aspectos nace viejo, nace con las paredes de un edificio que ya se ha derrumbado. Quiero destacar también que lo ha
dicho la propia Comisión Europea cuando le ha recordado al Gobierno español que esta normativa no tiene en cuenta aquellos elementos de la armonización bancaria acordados por la Unión Europea en los últimos meses. La clave de este proyecto a
nuestro entender hubiera sido no fijarse en aquello que hay que hacer, que debe hacerse cuando el sistema financiero ya ha saltado por los aires y solo se puede escoger, como ha pasado en esta última crisis, entre la que se llama la menos mala de
las soluciones, sino que la clave hubiera estado en aprovechar esta regulación para intentar evitar, preventivamente, que el sistema financiero vuelva a cometer los mismos errores, y cuando son errores repetidos ya no son errores, sino que son
situaciones que se vienen repitiendo a lo largo de la vida de los sistemas financieros, primero, por su carácter procíclico y tendencia al gregarismo, que les hace asumir unas deudas insostenibles para conseguir beneficios y luego externalizar los
costes; segundo, por la profunda asimetría que la regulación -y esta la mantiene- establece entre un reparto privado de los beneficios según las reglas del mercado y una asunción/socialización de pérdidas cuando el sistema financiero hace quiebra,
con el grave riesgo moral, en tercer lugar, que comporta esta lógica.


Somos conscientes, y lo dijimos, de la dificultad de intervenir en una regulación nacional eficiente en un ámbito de una economía globalizada y en el marco de la regulación de la Unión Europea, pero creo que el problema no está en los
obstáculos comunitarios, sino en que, desgraciadamente, muchos gobernantes europeos -y el nuestro no ha sido una excepción- comparten su negativa a no cruzar determinadas fronteras. Quiero llamar la atención de lo curioso que supone que hoy incluso
Estados Unidos tenga una regulación del sistema financiero mucho más exigente que la nuestra -tomen nota-. Posiblemente esa sea la razón por la cual Estados Unidos no tiene ningún interés en que el sector financiero forme parte del ámbito
regulatorio del tratado transatlántico entre Estado Unidos y la Unión Europea. Posiblemente esa es la razón de la exclusión, porque sin duda no quieren que los contagiemos.


Discrepamos profundamente de que dentro de los márgenes del reglamento de la Unión Europea y de la directiva comunitaria se haya optado por la adaptación más light de esa normativa. En ese sentido, volvemos a insistir en que creemos que se
ha perdido una oportunidad para establecer mayores exigencias en los ratios máximos de préstamo en función de los depósitos de cada entidad para evitar los riesgos de sobreendeudamiento, que los tenemos aquí, que nos estamos tragando aún. Se ha
perdido la oportunidad de establecer límites más exigentes en relación con el ratio de préstamos agregados en función de la dimensión de la economía nacional, para que no nos pase a nosotros lo que le ha pasado, por ejemplo, también a Holanda, que
un banco es tremendamente más grande que su propia economía, lo que lleva al riesgo de arrastrar a esa propia economía. Se ha perdido la oportunidad de establecer limitaciones en los préstamos a sectores específicos que tienen mayor tendencia al
gregarismo y a su carácter procíclico y, por tanto, a la concentración de riesgos. Todo eso son oportunidades perdidas en esta normativa y es lo que nos ha llevado a considerar que teníamos que votar en contra, y hoy lo vamos a volver a hacer,
porque, a pesar de todo lo que se ha legislado de positivo, se mantiene un grave riesgo moral, y es que quienes provocan ese sobreendeudamiento, quienes privatizan los beneficios nunca, nunca corren con los costes de un sistema financiero fallido,
porque saben que la sociedad actúa como avalista de último recurso. Ese riesgo continúa estando, desgraciadamente, en el proyecto de ley que vamos a aprobar hoy, creemos que ha sido una gran asignatura pendiente y, por lo tanto, queríamos dejar
constancia aquí, al menos, insisto, para que quede constancia en el 'Diario de Sesiones' de que sí hay alternativas; lo que sucede que es que hay alguna gente que se siente muy cómoda con la situación actual porque, desgraciadamente, cuando
entender una cosa supone dejar de tener importantes beneficios, los incentivos para no entenderla son muy poderosos. Eso es lo que le pasa al poder económico y a quienes desde el poder político le dan cobertura.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Coscubiela.


Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Picó.


El señor PICÓ I AZANZA: Muchas gracias, presidente.


A nadie se le escapa que este proyecto de ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito es una continuación de la trasposición de la normativa europea que iniciamos mediante la convalidación del real decreto-ley del
pasado mes de noviembre del año 2013. Por ello, mi grupo parlamentario, que ha apoyado todas aquellas reformas orientadas a la reordenación del sistema

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financiero, lo afrontó al inicio de la tramitación convencido de que entraríamos en la negociación de aquellas enmiendas parciales que pudiéramos formular para alcanzar un acuerdo. Debo decirles que algunas de las enmiendas que formulamos
en el trámite en el Congreso fueron aceptadas, como también lo han sido en el trámite en el Senado, en este último caso en relación con la disposición final primera del proyecto de ley -como decía el señor Coscubiela- con la inclusión de una
enmienda literal, la correspondiente a la formulada por mi grupo parlamentario número 45 en el Senado, y con una transacción sobre las enmiendas 43 y 44 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado. A nuestro entender -y a diferencia de lo que
decía el señor Coscubiela- el texto de esta disposición final clarifica el tratamiento legal que se aplicará a las garantías constituidas por miembros y clientes para aquellos casos en situación concursal de la entidad de contrapartida central.
Pero, señorías, hasta aquí hemos llegado, porque la formulación de una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso modificando el artículo 45 de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias,
ha roto el ánimo conciliatorio de mi grupo.


Los grupos parlamentarios nacionalistas siempre les hemos de recordar -parece que esté implícito entre nuestras funciones- el marco de reparto competencial vigente, que se vulnera con la modificación de ese artículo 45 por parte del grupo de
la mayoría a través de la enmienda formulada en el Congreso, con la previsión de que el protectorado de fundaciones bancarias será ejercido por el Ministerio de Economía y Competitividad cuando el ámbito de actuación principal de esa fundación
exceda el de una comunidad autónoma, y eso será así, dice ahora el artículo 45, cuando el 40 % de la actividad de las entidades de crédito en las que participe directa o indirectamente la fundación se realice fuera de la comunidad autónoma.


Señorías, esta previsión desde nuestra perspectiva vulnera el actual marco competencial. ¿Por qué vulnera el vigente marco competencial? El artículo 118 del Estatut d' Autonomia de Catalunya prevé que corresponde a la Generalitat de
Catalunya la competencia exclusiva sobre el régimen jurídico de las fundaciones que cumplan sus funciones mayoritariamente en Cataluña. Por tanto, la nueva redacción de ese artículo de la Ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias incumple y
vulnera el régimen competencial al ignorar la competencia, como decía, exclusiva de la Generalitat de Catalunya en materia de fundaciones. Además señorías, el tema riza el rizo. La referencia no se hace a la actividad propia de la fundación
bancaria, sino a la actividad de la entidad de crédito en la que la fundación bancaria tiene una participación. Vuelvo otra vez al Estatut d' Autonomia de Catalunya. Su artículo 120 prevé que corresponde a la Generalitat de Catalunya la
competencia otra vez exclusiva sobre la regulación de la organización de cajas con domicilio en Cataluña: de nuevo, en cualquier caso, la vulneración de competencias asumidas por Cataluña.


Asumo plenamente que debo defender el marco competencial vigente, pero también creo que todos deberían hacerlo, y no lo hacen. Además, esta posibilidad que hoy se convertirá en realidad ya la puso de manifiesto mi grupo en la tramitación de
la Ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias. Mi grupo en aquel momento estuvo de acuerdo en cómo se trataba en dicha ley a las fundaciones de cajas, las cajas que se convertían en bancos, y cuya actividad financiera excedía el ámbito de una
comunidad autónoma. Propusimos que en este supuesto el protectorado fuera ejercido por aquella comunidad autónoma en la que la fundación tuviera su domicilio social. Nosotros nos adelantábamos a la realidad que hoy se materializará, por desgracia,
y nuestros temores se han confirmado.


Señorías, mi grupo no puede compartir esta medida. Mi grupo no puede avalar la vulneración del marco competencial vigente, no puede dejar de denunciar estas reiteradas realidades que suponen pérdidas importantes de competencias para
Cataluña. No podemos ni queremos. No podemos dejar de ver que el texto que hoy aprobará la Cámara incumple las competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de cajas y de fundaciones de las cajas que se han transformado en
bancos. Compartíamos, como he dicho al inicio de mi intervención, el objeto del proyecto de ley. En el texto que se aprobará hoy hay líneas escritas por mi grupo parlamentario -pocas, pero las hay-, pero este texto que contiene una flagrante
vulneración de competencias de Cataluña no podrá contar con nuestro apoyo. Por ello, más allá de la redacción dada por el Senado al apartado uno de la disposición final primera del proyecto de ley, el resto de enmiendas aprobadas por el Senado no
contarán con nuestro apoyo, como tampoco lo tiene el conjunto del proyecto.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Picó.

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Por el Grupo Socialista, tiene la palabra don Valeriano Gómez.


El señor GÓMEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, lo que debatimos hoy es el proyecto de ley que comenzó en nuestra opinión con buen pie en esta Cámara y que vuelve -permítaseme la expresión- algo trastabillado del Senado, aunque, si lo miramos bien, los problemas comenzaron
precisamente en el trámite de enmiendas en la Comisión de Economía del Congreso. Como habían pasado ya tres meses y medio desde que se produjo este debate de totalidad respecto de este proyecto de ley, creo que merece la pena que volvamos al
comienzo. Entonces el Grupo Socialista manifestó -era el mes de marzo- que su voto sería la abstención, desde la voluntad de mantener un debate constructivo con el Gobierno y con los grupos en la Cámara. Compartíamos, cómo no compartirla, la
necesidad de reforzar los requerimientos de capital y de liquidez de las entidades bancarias. Cómo no compartirla cuando han sido precisamente sus abusos en forma de endeudamiento excesivo, de expansión irresponsable en sus balances, los que están
haciendo que tengan que ser los Estados, y al final los contribuyentes, los que terminen pagando sus errores. Al fin y al cabo, el proyecto que ahora votamos debería de ser el desarrollo de una directiva europea, que en lo esencial recoge los
acuerdos de Basilea III; unos acuerdos que para muchos de nosotros son insuficientes, pero que al menos caminan en la dirección adecuada. Digo esto porque nosotros pensamos que son necesarios niveles de capitalización, mayores incluso que los
mínimos establecidos en Basilea III, si no queremos que más capitalización bancaria sea equivalente a menos crédito. Cuando un banco tiene más capital, puede que su rendimiento por acción disminuya, pero también disminuye el riesgo de los
accionistas y, sobre todo -y esto es lo importante-, disminuye el riesgo social; sí, el riesgo social, porque al final es la sociedad la que termina por tener que capitalizar las entidades a las que los mercados no están dispuestos a financiar.
Pensábamos que la crisis había acabado -ojalá que para siempre- con esa absurda visión de que los mercados financieros se autorregulan, que por sí mismos alcanzan el equilibrio, y que, como creían las sociedades que salían hace setenta años de la
Gran Depresión de los años veinte y de la Segunda Guerra Mundial, los mercados financieros tienen que ser vigilados estrechamente y penalizados con rapidez en sus peores actuaciones. ¿Por qué? Sencillamente porque la prudencia, por cierto, y la
sensatez no abundan en exceso en el comportamiento de los banqueros.


Pues bien, nuestras propuestas en aquel debate eran perfectamente compatibles con el espíritu y con los objetivos de la norma. Queríamos reforzar la protección y la seguridad de los clientes minoristas en las entidades de crédito.
Queríamos que los servicios de defensa del cliente no dependieran solo de la entidad de crédito ni de la autoridad supervisora competente, sino que fueran también servicios específicos. Planteábamos la creación de una agencia de protección
financiera en la que se integraran el conjunto de las autoridades de consumo y de administración de las reclamaciones en las entidades supervisoras. Defendíamos en segundo lugar la revisión en profundidad de los requisitos de idoneidad para ejercer
la profesión de banquero e impulsábamos el desarrollo de un código deontológico para todos los altos cargos de las entidades de crédito que operaban en España. Queríamos también mejorar el proyecto en dos ámbitos esenciales, publicando en la web
los ratios de diferencia salarial entre los directivos y los consejeros que reciben una retribución más elevada y aquellos trabajadores que la reciben en menor nivel. Garantizábamos -así lo queríamos hacer- la presencia de consejeros independientes
también en el comité de nombramientos y queríamos reducir el componente variable de la retribución hasta el 50 %, no el cien por cien actual respecto del fijo, limitando por consiguiente el nivel más elevado de la retribución actual en la parte
variable. Por último, introducíamos propuestas que iban dirigidas a mejorar la seguridad del contribuyente creando un consejo de estabilidad financiera a nivel nacional, un consejo en colaboración con todas las autoridades financieras nacionales, e
implantando una tasa específica para hacer frente a los servicios de supervisión necesarios, supervisión que ejerce efectivamente la autoridad monetaria, el Banco de España y el Banco Central Europeo.


Pues bien, señorías, el diálogo no fue mal durante el debate en Comisión, no fue mal hasta que apareció uno de los clásicos episodios chuscos -esta es la palabra que se me ocurre ahora- a los que este Gobierno nos tiene acostumbrados en
demasiadas ocasiones a través de enmiendas en el trámite en este caso en el Congreso y después convalidadas en el Senado. Me refiero a la modificación de un asunto esencial, un asunto que ya habíamos discutido algunos meses antes con ocasión de la
propia Ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias. Nosotros lo dijimos entonces, en octubre y en noviembre del año pasado: el asunto del protectorado de las cajas está oscuro y es mejor aclararlo cuanto antes. Esto es lo que decíamos
entonces. El Gobierno nos dijo que no, que todo seguiría igual, que las comunidades

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autónomas seguirían con sus competencias sobre el protectorado de las fundaciones bancarias, que eran titulares de una entidad financiera con presencia y con vocación esencialmente regional. Esta fue la respuesta del Gobierno hace unos
meses con ocasión del debate de la citada Ley de cajas de ahorros y fundaciones bancarias. Pues bien, cinco meses después de aprobar la Ley de Cajas, ahora la enmiendan en esta ley en un tema crucial, alterando, como se ha dicho ya aquí, el marco
competencial de las comunidades autónomas. Ahora es el Ministerio de Economía quien ejerce ese protectorado, también para las entidades que tengan un 40 % de depósitos fuera de la comunidad autónoma. Señorías, no estamos de acuerdo ni con el fondo
ni por supuesto con la forma en que se produce esta modificación.


Puedo entender que, en una entidad financiera propiedad de una fundación bancaria que tiene, por ejemplo, más del 60 % de su negocio fuera de la comunidad autónoma -me estoy refiriendo naturalmente a la Caixa-, algo tenga que decir el
Ministerio de Economía, por supuesto que sí, pero aquí con esta enmienda en la práctica lo que se hace es que todas las fundaciones bancarias serán tuteladas por el Ministerio de Economía. Como no estamos de acuerdo, como se trata de un episodio
más de tantos y tantos durante esta legislatura de malas prácticas parlamentarias, como no ha habido el más mínimo intento -lo subrayo, el más mínimo intento- serio de negociar esto con el principal partido de la oposición, el Grupo Socialista va a
votar en contra, lo que significa ni más ni menos que este apartado de la norma al que me refiero será cambiado cuando cambie la mayoría parlamentaria en esta Cámara.


Quien les habla ha sido siempre partidario de los acuerdos en asuntos fundamentales de nuestra política económica, de nuestra política social y de nuestra política laboral, en este tipo de asuntos, y ya está un poco cansado de tanta
pantomima, en este tipo de materias. Así que votaremos en contra; no nos abstendremos.


Permítanme, por último, que termine con una reflexión de carácter más general. En alguna ocasión, más bien casi a cada momento, uno escucha esa cantinela de que el Partido Popular ha estado solo en estas políticas de reformas -de recortes
sistemáticos habría que decir más bien- que han sacado a España del pozo en el que los socialistas la dejaron. España ha estado al borde del infierno en alguna ocasión, en más de una ocasión durante la crisis, pero cuando de verdad cayó en una
suerte de limbo, del que por cierto todavía no hemos salido, fue en el verano de 2012 tras haber legislado tres decretos-leyes de reforma financiera en cinco meses, tres decretos contradictorios entre sí; tras haber protagonizado la quiebra
bancaria más importante de nuestra historia económica; tras haber tenido que solicitar el rescate financiero a las autoridades europeas y después enterarnos a mediados de año de que la reforma laboral y una política de austeridad tremenda,
contundente, feroz -se puede decir así-, estaba produciendo la mayor sangría de empleos durante los últimos años de crisis. Fue el Banco Central el que terminó perdonando la vida a España e Italia aquel verano, y de paso también se la perdonó, por
cierto, al euro, pero nosotros nunca le perdonaremos al Banco Central la inacción durante cuatro años seguidos, dejando a la mitad del continente europeo en medio de la recesión y del paro masivo.


Este episodio que ahora discutimos con este proyecto de ley es solo uno más en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito laboral. En estos ámbitos el Gobierno nunca ha querido negociar nada importante: ni la Ley de Estabilidad
Presupuestaria -así empezó la legislatura, ¿se acuerdan ustedes?- ni la reforma laboral ni la reforma de la protección por desempleo ni la reforma de las pensiones ni la reforma de la Ley de Dependencia. No han querido negociar nunca nada de nada.
Por eso también ustedes, señores del Partido Popular, en el pecado llevan la penitencia.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Araújo.


El señor ARAÚJO GIL: Llegamos, como ya se ha comentado, al trámite final del proyecto de ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, una norma que reforzará el nivel de exigencia hacia el sector financiero en materia
de regulación prudencial. Para el Partido Popular, que asumió el Gobierno de España, ha sido una prioridad la generación de empleo y la recuperación económica. No tengan la menor duda. El sector financiero desempeña una función clave en la
economía. Es necesario crear las condiciones óptimas para que el crédito fluya a familias y empresas como motor de crecimiento. Inherente a esta función de financiación está también la asunción de riesgos, riesgos que cada día son más complejos,
tanto por la evolución de los productos como por la internacionalización e interdependencia de las entidades de crédito que ahora se mueven en un mercado global. El reto es encontrar un equilibrio entre esos dos factores: por un lado, una gestión
prudente de los riesgos que garantice la estabilidad del

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sistema financiero y, por otro, unas condiciones de financiación óptimas para el buen funcionamiento de la economía. Las leyes que regulaban ese sistema eran de la década de los ochenta, época con un entorno mucho más sencillo que el actual
y en el que el control de la solvencia y la gestión de los riesgos se le asignó al Banco de España. Hoy día el proceso de innovación financiera y la internacionalización e interdependencia global de las entidades financieras exige adaptarse a una
perspectiva regulatoria supranacional, armonizando los criterios a nivel global en el marco del Comité de Basilea de Supervisión Bancaria.


Señorías, con la crisis de 2008 se pusieron de manifiesto dos cosas: primero, que los criterios fijados en Basilea y Basilea II se habían mostrado insuficientes para cubrir las exigencias de capital y, segundo, que las agencias de
calificación habían infravalorado los riesgos de las entidades de crédito, por lo que no se podía depender de sus valoraciones. Por ello, en 2010 Basilea III estableció el marco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios, con el
objetivo de aumentar las exigencias de capital y así evitar futuras crisis, constituyendo la respuesta internacional más relevante a las carencias regulatorias detectadas. Los ejes centrales de este acuerdo se transformaron a mediados del año
pasado en normativa armonizada en la Unión Europea mediante un reglamento y una directiva que hoy se trasladan plenamente a la normativa española. Concretando, el proyecto de ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, en
primer lugar, completa y absorbe el Real Decreto-ley de 29 de noviembre de 2013, que reguló las materias más urgentes al respecto; en segundo lugar, traspone la normativa europea que adapta y amplía Basilea III, creando una normativa bancaria única
en materia de solvencia y las condiciones necesarias para una posterior unión bancaria; en tercer lugar, refunde en un solo texto las normas con rango de ley que regula la ordenación y la disciplina de las entidades de crédito.


Señorías, este proyecto de ley, como bien saben, se organiza en tres bloques. El primero aborda el régimen jurídico de las entidades de crédito, en el que se incluyen los requisitos de autoridad, idoneidad, honorabilidad y gobierno
corporativo; el segundo trata más específicamente de la supervisión prudencial y solvencia de las entidades de crédito, así como de su régimen sancionador. El tercero modifica la Ley de Mercados de Valores para adaptarla a la norma europea, adecua
el régimen de participaciones preferentes, adapta la regulación de los conglomerados financieros y modifica la composición de la comisión gestora del Fondo de garantía de depósitos.


Señorías, las enmiendas del Senado que hoy consideramos son un total de siete y fueron presentadas por el Grupo Parlamentario Popular y, como se ha comentado, por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, junto con una docena de
correcciones técnicas al texto remitido. Entre las modificaciones aprobadas por la Cámara Alta, destaca la ampliación de plazo de cuatro meses hasta el 31 de octubre concretamente, de algunos preceptos en la norma, entre ellos la obligación
impuesta a las entidades que constituyan un comité de nombramientos, uno de remuneraciones y otro conjunto de nombramientos y remuneraciones. No obstante, se mantiene la fecha límite de 30 de junio para las entidades que antes de esta ley ya
estuvieran obligadas a contar con esos órganos; además, dos de los cambios amplían al Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Instituto de Contabilidad y Auditorías de Cuentas la potestad de dictar normas de contabilidad y
los modelos a los que deben sujetarse los estados financieros de las entidades de crédito, aunque será el Ministerio de Economía y Competitividad el que determine los informes preceptivos.


En cuanto a las entidades de contrapartida central, se precisa en qué casos se puede aplicar el vencimiento anticipado de contratos y posiciones de un miembro, y también se clarifica el tratamiento legal aplicable a las garantías
constituidas por miembros y clientes en caso de concurso de acreedores de la entidad de contrapartida central. Como bien saben, este proyecto de ley -ya se ha comentado- en su tramitación en el Congreso había conseguido un amplio respaldo inicial
de casi todos lo grupos parlamentarios, estando de acuerdo en la práctica totalidad del articulado, pero la decisión de nuestro grupo de no retirar una enmienda especificando cuándo el Ministerio de Economía y Competitividad ostenta el protectorado
de una fundación bancaria provocó el desacuerdo de socialistas y nacionalistas, que decidieron en el último momento no respaldar el texto. Señorías, en la confianza de que con las mejoras técnicas realizadas en el trámite parlamentario de este
proyecto de ley y de que este cumpla eficazmente su objetivo de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades de crédito, les solicito un esfuerzo de reflexión adicional y que voten favorablemente al texto.


Por último, permítanme que termine mi intervención con unos pequeños agradecimientos. En primer lugar, al portavoz de mi grupo parlamentario, el señor Martínez-Pujalte, por la confianza depositada en este diputado. En segundo lugar, y de
forma muy especial, a mis compañeras de ponencia, doña Irene

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Garrido y doña María Eugenia Romero, por el extraordinario trabajo realizado. En tercer lugar, quisiera agradecer, lo digo sinceramente, la labor realizada por los ponentes y portavoces de Convergència i Unió, del Partido Nacionalista
Vasco, de Unión Progreso y Democracia y del Partido Socialista, que han colaborado activamente con sus propuestas en el trámite parlamentario de este proyecto de ley. Siento que no se haya podido llegar a un acuerdo consensuado pero, señor
Valeriano, recuerde que a lo mejor no solamente los ciudadanos, sino sus propios votantes le recordarán a usted y a su partido la inacción cuando ustedes gobernaron. (Aplausos). En cuarto lugar, quiero agradecer al ministro de Economía y
Competitividad, don Luis de Guindos, y a su equipo ministerial el diálogo permanente con los ponentes y la flexibilidad mostrada para aceptar los cambios propuestos.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Araújo.


- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA REPRESENTATIVIDAD DE LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS Y SE CREA EL CONSEJO AGRARIO. (Número de expediente 121/000075).


El señor PRESIDENTE: Enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley por la que se regula el procedimiento o la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el consejo agrario. En primer
lugar, en turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto interviene el señor Baldoví.


El señor BALDOVÍ RODA: Las enmiendas que vienen hoy aquí no corrigen lo que desde Compromís Equo ya apuntamos en su momento. Existe un claro empecinamiento en no considerar estas elecciones un proceso electoral y, por tanto, siguen sin
ponerse las garantías suficientes que regula la Ley Orgánica 5/1985. No se regulan ni la campaña ni los medios de comunicación ni los gastos y subvenciones ni las infracciones. La barrera de los electores por mesa ha bajado de 1.400 a 500, pero no
es suficiente, sobre todo en los territorios menos poblados, para asegurar una buena participación. Sigue la barrera del 15 % de los votos en el conjunto del Estado y eso perjudica a algunas organizaciones agrarias territoriales; en definitiva, se
pierde la oportunidad de celebrar unas verdaderas elecciones en el campo y no cumple con la finalidad señalada ni con las aspiraciones legítimas de las organizaciones agrarias ni de los trabajadores del campo. En consecuencia, votaremos en contra.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.


Por el Grupo Mixto también la señora Jordà.


La señora JORDÀ I ROURA: Gracias, señor presidente.


Señorías, vuelven a esta Cámara las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y la creación del consejo agrario.
En primer lugar, debo mostrar nuestra satisfacción por la decisión política de poner en marcha esta iniciativa, ya que es necesario y conveniente la realización de un proceso electoral en el sector agrario y la consiguiente creación de un órgano de
representación y a la vez de concertación. A pesar de esto, Esquerra Republicana presenta varias enmiendas al articulado de dicha ley que van desde el objeto de la ley, que en su apartado 1 del artículo 1 solo preveía la representación
institucional, olvidando la concertación de las políticas públicas que inciden sobre los profesionales agrarios y entendiendo que es un elemento esencial del desarrollo del participación institucional en los asuntos públicos, hasta enmiendas para
determinar a la vez la representatividad, la representación institucional, la votación mediante las tecnologías de la información y de la comunicación, el censo, las organizaciones elegibles y la organización de la consulta. Hemos enmendado las
funciones específicas del consejo agrario, la composición del mismo, la atribución de los consejeros, el comité asesor agrario y un largo etcétera, porque había muchísimas cosas que no entendíamos y que no nos parecían bien.


Dicho esto, no podemos dejar de hacer unas consideraciones de tipo más general. Este proyecto de ley determina la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias con implantación territorial autonómica sobre la base, como
siempre, una vez más, de una visión centralista y unitarista que caracteriza la actividad legislativa del Partido Popular en la presente legislatura. El establecimiento del requerimiento de tener una presencia mínima en al menos seis comunidades
autónomas para considerar representativa una organización agraria es tan excluyente, señorías, como arbitrario. Me explico: excluyente por la

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pretensión reforzada por el criterio mínimo del 15 % a nivel estatal de marginar la representación de los colectivos autonómicos y, es a la vez también arbitrario, porque el criterio de seis comunidades autónomas es absolutamente
desorbitado, hasta el punto de que actualmente cinco comunidades autónomas pueden representar únicamente el 23 %.


Acabo. Por último, quiero señalar que la disposición transitoria única establece una provisionalidad sine die para el mantenimiento del comité asesor agrario que viola la libertad sindical y la libertad de representación. Así pues, sí a la
decisión política de poner en marcha esta iniciativa, pero no a este precio.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.


Señora Ariztegui.


La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: Muchas gracias, señor presidente.


Por muy repeinado que nos llegue el capricho del señor Cañete tras su paseo por el Senado, con el maquillaje de sus veinte autoenmiendas, estamos ante el mismo bodrio de ley, una chapuza legal totalmente inasumible porque es otra partida con
las cartas marcadas por la discrecionalidad, con el único objetivo de mostrar la realidad del sector agrario que ustedes quieren, su realidad difuminada, pero no la verdadera situación ni responder a los objetivos planteados. Hoy se demuestra
claramente no solo las carencias de esta ley, sino su nula voluntad de diálogo; ninguna intención de atender las peticiones de los colectivos a los que va dirigida la ley ni la contestación aquí y en el Senado. Otra vez la pared de su supermayoría
y su actitud caciquil para recentralizar y liquidar la contestación de las organizaciones agrarias críticas.


Primero, lo decíamos antes, siguen empeñados en hacernos tragar otra vez un sistema totalmente centralizado y uniforme, al eliminar cualquier intervención de nuestro país o limitándonos a ser meros gestores de lo que Madrid ordene,
excluyendo también la representatividad de las OPA con implantación territorial autonómica, cuando bien saben que en Nafarroa, Gipuzkoa, Bizkaia y Araba contamos con competencias exclusivas en materia agraria, es decir, soberanía para decidir y cómo
ordenar del modo más acorde a nuestra realidad y nuestros intereses. En Nafarroa se han celebrado elecciones agrarias con todas las garantías y sin ningún problema, y en la comunidad autónoma donde contamos con una ley específica para ello, aunque
a quien manda no le interesa lo que pudiera salir y seguimos reivindicando que se convoquen, déjenlo que lo hagamos nosotros. Luego el fallo viene de origen, de ese concepto centralizador o uniformizador del hasta ahora ministro y todo su Gobierno.
¿Cómo pretenden que acepten estas votaciones nuestros baserritarras? Estamos ante una nueva intromisión totalmente ilegal y un ataque directo a nuestra soberanía que no acataremos si finalmente se lleva adelante. (La señora vicepresidenta,
Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia).


En segundo lugar, la representatividad, por mucho que quieran marear la perdiz con los términos, se mide aquí y en Singapur mediante elecciones. Estas son unas seudoelecciones disfrazadas de consulta, sorteando la Ley Electoral, haciendo
como que es una consultilla de nada, más aún tras las enmiendas aprobadas para, finalmente, darle el valor de unas elecciones en toda regla con sus consecuencias, con todo lo que ello acarrea: reparto de patrimonio y la financiación de las
organizaciones, además de que los interlocutores que salieran no contarían con el respaldo y la legitimidad que da un proceso electoral, es decir, continúan jugando con la discrecionalidad y, según lo que les conviene, debilitando al máximo las
opciones sindicales que no les gustan. Sigue sin haber transparencia ni objetividad ni garantías democráticas de participación para las y los profesionales del campo. No pretenderán hacernos creer que el hecho de subir de 3.000 a 5.000 euros el
mínimo de ayudas recibidas para votar, por ejemplo, garantiza que sean profesionales del campo quienes voten; o sea, es un auténtico pucherazo, cuando además siguen sin otorgarse al consejo agrario las funciones de negociación y concertación,
siguen sin aclararse exactamente sus funciones y siguen con su órgano limitado a consulta y asesoramiento. ¿Para qué todo esto entonces? Lo que está en juego es el concepto de democracia, que ustedes están vaciando cada vez más de contenido. Lo
único positivo, y nuestra última esperanza, es su decisión de retrasar la celebración de la primera convocatoria. Queremos entender que al faltar su padre y mentor, el señor Cañete, y no tener a nadie que la quiera, es una manera de apartarla,
olvidándola seguramente en un cajón. De todas formas, ahí queda y es nuestro miedo, al capricho de cualquier Gobierno que quiera aplicarla.


Respeten el derecho a la libertad sindical, respeten nuestra soberanía, olviden este proyecto y pónganse a la única solución para lograr sus fines, que sería cambiarla radicalmente.


Muchas gracias.

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La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora Ariztegui.


Por el Grupo Parlamentario EAJ-PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea.


El señor AGIRRETXEA URRIARTE: Gracias, señora presidenta.


Intervengo muy brevemente por una sencilla razón, porque lo que tuvimos que decir sobre este proyecto de ley ya lo dijimos en su día. Ha pasado por el Senado y, en vez de mejorar, lo que ha hecho es empeorar. Por tanto, el discurso que mi
grupo tiene sigue siendo el mismo y lo ha sido en el Senado. La forma de las autoenmiendas del Grupo Popular es algo que me parece increíble, porque si quieren desfigurarlo lo pueden desfigurar y llevarlo además de una manera en la que el debate no
ha existido.


Sabemos que el proyecto de ley que hoy tratamos, que viene del Senado, opta en consecuencia por un precepto, ya lo decía en su día, preconstitucional para la determinación de las organizaciones profesionales agrarias que, aunque se encuentre
y sea acorde a la Constitución, carece de fundamento constitucional expreso. En este contexto este proyecto plantea un cambio de modelo en la elección de las organizaciones profesionales agrarias más representativas al pasar de uno en el que las
comunidades autónomas ostentan un papel determinante en los procesos de elección, a otro definido por lo que ustedes llaman una consulta única en el conjunto del Estado. Vuelven a repetirse palabras que más de una vez mi grupo en esta tribuna ha
dicho, y sobre todo referidas a proyectos de ley que presentaba el señor Cañete -supongo que los seguirá presentando la señora García Tejerina-, es decir: consulta única, conjunto del Estado, y no aparecen las palabras, territorio nacional, que son
las que más le gustan al señor Cañete en sus proyectos de ley. Por tanto, se pretende instaurar un sistema de carácter centralizado y uniforme, en el que se elimina cualquier intervención de las comunidades autónomas cuando estas ostentan
competencia exclusiva en materia de agricultura -no sé cómo hay que decirlo-, materia que a fin de cuentas es la que va a ser tratada en el seno del consejo agrario, que crea esta ley como resultado de lo que el Estado denomina una consulta de
ámbito estatal.


Podríamos decir muchas cosas que ya se dijeron en su día, y seguramente los grupos que no vamos a votar a favor de este proyecto de ley podemos tener diferentes visiones, pero está claro que hay cuestiones que no se nos escapan a ninguno:
la forma de trufar una serie de cuestiones y una forma de querer implantar este consejo. Se podría admitir quizá la validez de dicho fundamento competencial -el que le citaba antes-, en el caso de que la representatividad se obtuviera como se hacía
en etapas anteriores, a través de las extintas cámaras agrarias, dada su condición de corporaciones vinculadas a las administraciones públicas que participan de la naturaleza de las mismas, según sentencia del Tribunal Constitucional 22/1999.
Tratándose de organizaciones profesionales agrarias, el Estado no puede ampararse como se ampara en este proyecto de ley en el artículo 149.1.18ª de la Constitución española, ese cajón de sastre que vale para todo; teniendo en cuenta que no se
tiene claro si es competencia tuya o no, por si acaso nos amparamos ahí para dictar el presente proyecto de ley. Como tampoco puede el Estado ampararse en el título relativo a la agricultura, porque en este ámbito la competencia pertenece en
exclusiva a las comunidades autónomas. La consulta que propone este proyecto de ley constituye una suerte de intervención estatal en el ámbito autonómico, en el que pueden llevarse a cabo los procedimientos de selección de las organizaciones
profesionales agrarias más representativas, de conformidad con la correspondiente normativa autonómica, y estas organizaciones profesionales agrarias de ámbito autonómico pueden verse, se verán si este proyecto de ley se aprueba -no es que puedan
verse, se verán-, difuminadas o infravaloradas en su ámbito de actuación, porque se verán concernidas a una consulta única y centralizada que pretende desarrollarse también en ese mismo ámbito territorial, de forma paralela y a modo de intromisión
en un contexto más amplio y uniformizado que plantea el proyecto de ley.


Por todo ello, y por otra serie de cuestiones en las que no me voy a alargar porque ya las comentamos en su momento cuando este proyecto de ley se presentó aquí -también lo hemos dicho en el Senado-, no era necesario dictar una norma con
rango de ley para estos términos, pero el Gobierno del Partido Popular lo ha pretendido, con el objetivo de volver a acaparar en el Estado competencias que ya estaban transferidas o querer intervenir en aquellas cuestiones, dotándose una especie de
estamento superior, supraautonómico, queriendo demostrar que el Ministerio de Agricultura, que el Gobierno central está por encima de los departamentos de Agricultura de las comunidades autónomas y que es el que tiene que tutelar y velar por si
alguno no hace bien las cosas; no hace bien las cosas como el Partido Popular quiere que se hagan. Por tanto, estuvimos en contra de este proyecto de ley, en el Senado hemos votado en contra de las enmiendas que se han presentado y hoy haremos lo
mismo.


Muchas gracias, señora presidenta.

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La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Agirretxea.


Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Centella.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, señorías, ya dijimos en la primera fase de la tramitación de esta ley que estábamos ante una ocasión perdida. Manifestamos que unas elecciones agrarias eran y son el medio más democrático y más
legítimo para medir quién representa a quién en el sector agrario pero, claro, no estábamos ante unas elecciones agrarias, sino ante una consulta, con todas las comillas del mundo, que no daba legitimidad al proceso. Nos encontrábamos ante una
consulta, con todas las comillas, que era un verdadero apaño para que finalmente tuviese las consecuencias propias de un proceso electoral, con toda la transparencia y todos los elementos, algo que parece mentira que a estas alturas del siglo XXI
haya que repetir. Por eso presentamos y defendimos una enmienda de totalidad para que se pudiese devolver ese proyecto de ley, para que se pudiese debatir más a fondo y para que saliese un proceso de elecciones agrarias -repito- con todas las
garantías. No fue así porque, entre las prisas del antiguo ministro, el señor Cañete, y el intento de hacer un apaño, nos encontramos con un proyecto que no nos servía. Lo malo no es que no nos sirva a nosotros, sino que no va a servir. Nos
encontramos ante un proyecto que va a crear más problemas de los que puede resolver. Eso no ha cambiado en el Senado, por lo que estamos ante una ley que, aparte de las barbaridades que contempla, ni siquiera se va a aplicar.


A partir de aquí, nos traen enmiendas del Senado y hay cuestiones que en un principio podían parecer positivas. De forma concreta está la inclusión en el texto legal del Consejo Agroalimentario del Estado que evita que desaparezca este foro
de ámbito político para analizar y debatir los asuntos agroalimentarios, en el que participan las organizaciones y las asociaciones más representativas de los sectores de producción y cooperativas, así como la industria y los trabajadores del
sector. Pero este consejo no constituye un órgano capaz de llegar a acuerdos, porque no se recoge entre sus funciones la de la negociación y la concertación. Es decir, es un consejo que no puede ni negociar ni concertar; por tanto sigue siendo
una chapuza, como otros elementos de esta ley. Este aspecto fundamental de la interlocución puede incluso empeorar respecto al actual Comité Asesor Agrario. Es una enmienda que podría parecer interesante pero que en su concreción nos viene a
manifestar que ustedes siguen sin entender lo que es un proceso democrático, un proceso que realmente sirva para representar al sector agrario y para resolver problemas en el sector agrario. Por ello vamos a seguir manteniendo nuestra confrontación
con el actual texto, y vamos a seguir planteando que ustedes han perdido la ocasión de reformarlo en el Senado, porque el proceso sigue sin tener garantías democráticas, y eso es lo peor que le puede pasar a cualquier proceso electoral: que no se
reconozca su legitimidad democrática.


En alguna enmienda que incorpora el Senado se eliminan las referencias a un proceso electoral para resaltar que lo que se regula no es un proceso electoral. Ustedes verán cómo resuelven esa situación. Se elimina incluso la referencia a las
mesas electorales para subrayar que no se trata de un proceso electoral, sino de una consulta. Pues para consultas están las encuestas, para consultas están las empresas que se dedican a ello. Lo contrario es realmente grave. Puede llevarnos a
que este Parlamento se haga a través de una consulta y no de unas elecciones regladas -esto es el absurdo- y lo mismo podría ocurrir con las elecciones sindicales. El absurdo no nos puede llevar a no señalarles la gravedad de lo que están haciendo,
porque a partir de que este consejo ejerza va a representar una foto del mundo agrario que no va a ser producto de unas elecciones; no va a ser un resultado electoral democrático, y no va a ser reconocido como tal, por lo que va a crear más
conflicto y más deslegitimidad. El problema está en que ustedes tienen que decidir. Quieren superar el mecanismo actual que reconocemos que es insuficiente, y que aunque salió por consenso tiene que ser superado por un marco electoral que
represente claramente al sector agrario. Pero háganlo bien; hagámoslo bien por el bien del sector y por el bien de la propia democracia. Repetimos que hablar de consulta y no darle legitimidad democrática elimina la foto y crea un problema: ¿con
quiénes van ustedes a mantener una interlocución? ¿Con un consejo o con una estructura que salga de una consulta que no tiene -lo repito por enésima vez- legitimidad democrática? ¿O van a tener que seguir negociando con las organizaciones
agrarias, que no se van a ver representadas en esta estructura? Por lo tanto, señorías, están ustedes cometiendo una verdadera barbaridad que va a repercutir en mayores conflictos en el sector agrario, y en mayor dificultad para el entendimiento en
un sector que necesita en este momento todo lo contrario. Necesita saber quién lo representa, cómo lo representa y cómo se relaciona con el Gobierno.

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Para terminar, repito que no podemos aceptar este proceso y que no podemos aceptar esta ley. Vamos a confrontar democráticamente con ella, y creemos que hay que darle el carácter de derecho a la libertad sindical a lo que tendría que ser
este proceso de elecciones. Ustedes han perdido una ocasión y por desgracia las consecuencias las pagarán todo el sector agrario y todo el conjunto de la democracia.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Centella.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Solsona.


El señor SOLSONA AIXALÁ: Muchas gracias, señora presidenta.


Lo primero que quiero mostrar es nuestra decepción ante este proyecto de ley en el trámite del Senado. Nosotros presentamos una enmienda a la totalidad aquí en el Congreso; nos abstuvimos porque el Grupo Popular y el mismo ministro Cañete
expresaron su voluntad de incorporar enmiendas en el Senado. Al final, después del trámite del Senado, podríamos decir que nada o para ser más justos casi nada. La enmienda a la totalidad era porque se hacía una consulta vinculante para elegir un
órgano consultivo. Esto por concepto ya es un poco contradictorio, y si encima se regula no teniendo en cuenta la tarea que hacen las comunidades autónomas en competencia exclusiva para poder realizar sus elecciones, aún nos chirriaba más. Al fin
y al cabo era un proceso electoral que el Gobierno tiene todo el derecho de poder convocar. Pero cuando decimos nada o casi nada queremos decir que se sigue sin regular el proceso electoral, se siguen sin modificar los parámetros de
representatividad, ni el 15 % ni el 5 % en seis comunidades autónomas. Nosotros decíamos que si era circunscripción única con un único concepto habría suficiente, pero se empeñaron en mantener el 5 % en seis comunidades autónomas, aparte del 15 %
general.


Siguen sin darse las aclaraciones necesarias sobre la posibilidad de compatibilizar procesos electorales simultáneamente: los que hacen las comunidades autónomas con los que propone la consulta del Estado. Lo más flagrante es que lo que se
nos dijo en el Congreso que era un error, y que se enmendaría en el Senado, persiste el error o la voluntad en el Senado. Me refiero a la disposición adicional quinta, donde se fija un plazo máximo para realizar la consulta dieciocho meses después
de la entrada en vigor de la ley. Nos preguntamos: ¿por qué tanta celeridad y rapidez a la hora de legislar para, al final, hacer una disposición adicional que nos emplaza dieciocho meses después para poder hacer la primera consulta? No lo
entendemos. Si lo entendiéramos pensaríamos que esta ley es un compromiso electoral del señor Cañete, que sustituye una ley que se dice inaplicable por otra ley -esta- que seguramente tampoco se aplicará; que se hace un trámite con mucha
celeridad, y he dicho que no terminamos de entender por qué; una ley que muy poco soluciona, que nada tiene que ver -y que todo el mundo está en contra- con las OPA, con las organizaciones que son objeto de regulación o de determinación de su
representatividad a través de esta ley.


Esta ley penaliza o no da ningún refuerzo positivo a esas comunidades autónomas que sí cumplieron la anterior ley que ahora se deroga, como es por ejemplo Cataluña. Por eso también en su momento expresamos nuestra queja. A pesar de esto
Convergència i Unió trabajó para mejorar la ley, y ustedes lo saben. Participamos activamente, pero al ver el resultado final estamos -como he dicho al principio- decepcionados, y si me permiten y sin que nadie se ofenda nos sentimos engañados.
Para una vez que se legisla sin vulnerar las competencias tampoco la podemos votar. En consecuencia vamos a votar en contra de las enmiendas que provienen del Senado. Estamos de acuerdo -como no podía ser de otra manera- con alguna enmienda con un
concepto más gramatical o alguna de modificación o mejora técnica, pero globalmente y a raíz de lo expresado en mi intervención vamos a votar en contra.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Solsona.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Alonso Núñez.


El señor ALONSO NÚÑEZ: Muchas gracias, presidenta.


Terminamos hoy la tramitación de un proyecto de ley que podríamos decir, señores del Grupo Popular, que nadie entiende, ni la mayoría de las comunidades autónomas ni por supuesto la oposición, y han oído a todos los portavoces. He tratado
de encontrar algún editorialista de los que escriben de agricultura en los distintos medios agrarios y tampoco he encontrado a nadie que defienda o justifique esta ley. Nadie entiende; nosotros no entendemos a qué objetivos responde ni a qué
problemática se quiere dar respuesta

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con esta ley. A lo largo de la tramitación los grupos parlamentarios, tanto en el Congreso como en el Senado, hemos tratado de conocer qué hay de trasfondo en esta ley, pero lamentablemente nuestras dudas siguen planteadas, siguen sin
resolverse.


Ustedes, señores del Partido Popular, debían ya haberse dado cuenta de que porque tengan mayoría, que la tienen, no pueden hacer lo que les dé la gana, y en esta ley ustedes están haciendo simple y llanamente lo que les da la gana,
respondiendo a un compromiso, a un pacto oculto entre el anterior ministro y no se sabe quién, que la mayoría parlamentaria va haciendo que se cumpla plazo a plazo. Ustedes nos traen aquí un proyecto que habla nada más y nada menos que de elegir la
representatividad por medio de una consulta, y ni siquiera han tenido la más mínima voluntad no solo de negociarla con la oposición, sino ni siquiera de hablarla con los distintos afectados de las organizaciones profesionales agrarias. Ustedes no
han sometido esta ley al dictamen del Consejo de Estado, y estamos hablando de derechos de voto de los particulares para elegir sus representantes. Ustedes ni siquiera han llevado esta ley al Consejo Económico y Social, cuando es una ley que
tendría que haber pasado para recibir informe de los afectados.


Cuando hemos tratado de que nos explicaran a qué respondía esta ley algunos nos dicen que responde a un acuerdo del señor ministro en precampaña electoral con una organización profesional agraria, que en ese momento manifestaba su
disconformidad con la ley anterior. Deberían explicarnos si esto es así, qué pacto es el que hay y a quién trata de arreglar, porque lo que hemos escuchado de los tres sindicatos mayoritarios, Asaja, UPA y COAG, es que no están de acuerdo con esta
ley, ni con sus principios ni con ninguno de sus contenidos. Y ustedes, señores del Partido Popular, sobre la base de ese acuerdo oculto, que no se ha conocido, nos traen aquí un proyecto de ley que modifica la anterior. Se lo voy a repetir otra
vez: el anterior, señores del Partido Popular, fue el proyecto de ley que vino a esta Cámara a propuesta de Asaja -señor Serrano, de Asaja- de UPA y de COAG, cuyo contenido literal, el texto de la ley al cien por cien fue pactado entre el Partido
Socialista y el Partido Popular. Y ustedes no han dedicado un solo segundo a hablar con quien ustedes pactaron la ley, es decir, con el Grupo Socialista, ustedes no han dedicado ni un segundo de tiempo, ni un minuto, ni una hora a hablar con quien
les ofreció el pacto en la pasada legislatura para tratar de negociar alguno de los aspectos de esta ley. Ustedes van a aprobar esta ley con su mayoría, tienen votos para aprobarla, pero van a aprobar una ley con la que está en contra la mayoría de
la representación agraria de este país, y con la oposición absoluta del Congreso de los Diputados.


Señor Serrano, creo que va a intervenir usted en nombre del Partido Popular. La verdad es que le aprecio y le va a resultar difícil, va a tener que hacer aquí un esfuerzo, porque yo sé y saben sus compañeros que usted es dirigente de una
organización profesional agraria, Asaja. Le va a resultar difícil defender esta ley aquí cuando en las asambleas de Asaja de Extremadura, de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, de Aragón, la ley se critica abiertamente, y cuando compañeros
suyos de organización han preguntado en distintos medios de comunicación adónde va el ministerio regulando este procedimiento electoral en contra de -según Asaja- la principal organización profesional agraria de este país. Ahora nos dicen que es un
acuerdo del ministro Arias Cañete con esta nueva organización. El señor Cañete nos dijo aquí, en su primera comparecencia en esta legislatura, que iba a haber esta ley -es verdad que se comprometió a ello-, que vendría inmediatamente, que se
celebrarían elecciones con carácter inmediato, en el primer año. El primer año pasó, el segundo ha pasado. Sean serios, señores del Partido Popular, ustedes con las enmiendas que han introducido en el Senado no van a convocar elecciones en esta
legislatura. El Gobierno del Partido Popular con esta ley está enfadando a unos, a Asaja, UPA y COAG, que no quieren esta ley, y engañando a otros, porque ustedes les han prometido elecciones y no las van a celebrar, y si no, señor Serrano,
explique aquí esa enmienda que han introducido en el Senado, que dice nada más y nada menos que el proceso electoral se va a desarrollar cuando transcurran dieciocho meses desde la aprobación del reglamento, que no sabemos cuándo se va a aprobar.
Aunque ustedes aprobaran el reglamento ahora en el mes de julio, dieciocho meses después es después de que ustedes se vayan del Gobierno. Luego, enfado a unos y engaño a otros, señor Serrano; debería explicar que no van a convocar elecciones.


Hay una cosa que me parece evidente, y es que la actual ministra no coincide con el acuerdo de Cañete. La actual ministra es la que les ha dicho a ustedes que esto es una cosa de Cañete sin explicación, sin justificación, sin base legal ni
respaldo jurídico. Señores del Partido Popular, ¡si ustedes van a dar derecho a voto a gente en función de lo que cobran de la PAC! ¡Qué barbaridad es esta! Si cobran 5.000 euros de PAC pueden votar y si no los cobran no votan. ¿Pero ustedes creen
que esto es serio? ¿Pero cuándo en una democracia se dan derechos de voto por lo que cobran de la PAC? Es una barbaridad, es

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un atropello que no se entiende. Además hay sectores de la agricultura española que no cobran de la PAC, que no tendrían posibilidad, como los ganaderos de porcino, o de avicultura, o de cunicultura. Ellos nos cobran ayudas de la PAC ahora
ni las van a cobrar nunca. ¿Cómo se pueden establecer derechos de voto en función de la cantidad de ayudas que reciben de la PAC? En definitiva son muchos los temas de fondo que tiene la ley, y en cualquier caso si ustedes hubieran querido hacer
elecciones ya les solicitamos nosotros que las hagan conforme a la legislación electoral general. Ustedes han planteado aquí un paripé, un pucherazo como ha dicho alguno. Llaman consulta electoral a una cosa que va a dar derecho de
representatividad. En definitiva algo que no entiende nadie.


Por último, señores del Partido Popular, les diré que la ley es mala en origen. No solo no se ha mejorado en la tramitación, sino que se ha empeorado. Por tanto nosotros votaremos en contra en el Congreso, en el Senado hemos votado en
contra de las enmienda, y vamos a votar en contra de estas enmiendas que han introducido en el Senado, con una salvedad, señores del Partido Popular, pero que demuestra de alguna manera su incapacidad para el consenso. Vamos a votar a favor la
enmienda que crea el Consejo Agroalimentario del Estado, mejor dicho lo mantiene de la ley anterior. Señor Serrano, en la tramitación en el Congreso esta enmienda fue una propuesta del Grupo Socialista. El Grupo Socialista propuso en el Congreso
el mantenimiento del Consejo Agroalimentario del Estado de dos maneras, con dos textos diferentes: lo hicimos con el texto propuesto por la FIAP y la organización cooperativa. Les propusimos la misma enmienda de creación del Consejo
Agroalimentario del Estado en el Senado, y la han votado en contra. Han votado nuestras propuestas en el Congreso y han votado en contra la enmienda planteada por el Grupo Socialista, y han dicho: bueno, pero la escribimos nosotros votamos la
nuestra. Pues bien, como no somos como ustedes y es bueno que exista un Consejo Agroalimentario del Estado para que haya representación de FIAP, de cooperativas, de los sindicatos de trabajadores, etcétera, vamos a votar a favor de esa enmienda.
Pero ni siquiera merecerían ese gesto del Grupo Socialista.


Termino, señora presidenta. Un fiasco de ley, una ley incomprensible. Una ley que creo que es ilegal. Una ley que no va a tener vida propia ni en esta legislatura ni seguramente en la siguiente. Un engaño manifiesto del Partido Popular
en este caso a las organizaciones profesionales agrarias y a los agricultores.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Alonso.


Por el Grupo Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Serrano Calurano.


El señor SERRANO CALURANO: Gracias, señora presidenta.


Señorías, por lo escuchado en esta tribuna a quienes me han precedido en el uso de la palabra parece ser que es el Gobierno del Partido Popular y el Partido Popular quienes quieren taparle la voz a los agricultores y ganaderos de nuestro
país. Parece ser que es el Partido Popular quien no quiere que haya democracia en el sector agrario. Pues bien, me van a permitir que aclaremos la situación porque quienes nos están escuchando a lo mejor no conocen en profundidad el tema ni la
realidad que hay en este momento en el sector agrario de nuestro país, en cuanto a la representatividad, en cuanto a democracia en el sector agrario, y en cuanto a la legitimidad o no de las organizaciones agrarias que actualmente representan al
sector. Por ello me van a permitir que les haga una breve introducción.


En estos momentos está en vigor la Ley 10/2009. Una ley que mide la representatividad del sector agrario de dos maneras: la primera de ellas en el artículo 4, que dice que serán representativas aquellas organizaciones agrarias que saquen
al menos el 15 % de los votos escrutados en el total de los procesos de las distintas comunidades autónomas de nuestro país. La segunda determina que si no se alcanza el punto anterior las organizaciones pueden ser representativas siempre y cuando
las reconozcan en al menos diez comunidades autónomas. Vamos a analizar qué es lo que ha ocurrido desde que ustedes aprobaron la ley en el año 2009, con nuestro apoyo, señor Alonso, porque creíamos que era una ley bienintencionada.


En primer lugar, en cinco de las diecisiete comunidades autónomas, es decir, en el 30 % de las comunidades autónomas españolas nunca se han celebrado unas elecciones al campo; nunca. En el 53 % de las comunidades autónomas de este país, es
decir, en nueve comunidades autónomas, solo se han celebrado una vez en treinta y cinco años que llevamos de democracia, y una de ellas, la más reciente, fue hace dieciséis años. Solo en una comunidad autónoma -ahora después hablaré de ello- se
determina por afiliación a las distintas organizaciones agrarias; y solo en dos comunidades autónomas de las diecisiete se celebran elecciones simultáneamente y cuando toca: Cataluña y Castilla y León. En el resto solo una vez se han celebrado
elecciones en treinta y cinco años de democracia, y en cinco de ellas

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ni siquiera esa vez, no se han celebrado nunca. ¿De verdad consideran ustedes que esto es serio en democracia? ¿De verdad consideran ustedes que se puede dar legitimidad a las OPA que dicen representar al sector agrario en nuestro país?
(Una señora diputada: ¡Muy bien!). ¿De verdad consideran ustedes que esto es serio y se puede sostener, señor Alonso? ¿De verdad lo considera usted? (Un señor diputado: ¡Qué vergüenza!).


El Gobierno podía haber hecho dos cosas: primero, hacer como hicieron ustedes, mirar para otro lado y no mirar para el problema, dejando que las organizaciones agrarias se siguiesen representando a sí mismas, o segundo, coger el toro por
los cuernos e intentar solucionar el problema, pero para ello no hemos contado con ustedes, eso sin duda. ¿Qué es lo que está ocurriendo con esta ley? Con esta ley lo que está ocurriendo es que se pacta la representatividad entre todas las
organizaciones agrarias de nuestro país. Hay tres organizaciones agrarias que pactan la representatividad al 33,33 % cada una, y ya está. ¿Eso es de recibo? ¿Eso es democrático? ¿Eso es representativo en nuestro país, en un Estado social y
democrático de derecho? Nosotros creemos que no; nosotros consideramos que no. ¿Qué es lo que ocurre? Que si hay organizaciones agrarias nuevas que quieren entrar en el sistema no pueden, porque la ley lo impide. ¡Si no se celebran las
elecciones en las comunidades autónomas! Es decir, son las comunidades autónomas quienes tienen la potestad para celebrar esas elecciones, pero no las han celebrado en estos treinta y cinco años, solamente dos. ¿Cómo vamos a determinar la
representatividad del sector agrario en el campo español? Es imposible, y ustedes saben que es totalmente imposible. Hay disputas entre las organizaciones agrarias todos los días: yo represento más que tú; tú no representas a nadie; yo tengo
más afiliados que tú; yo tengo más oficinas. ¿Cómo se puede consentir esto? ¿No será mejor que les hagamos pasar por las urnas y determinemos quién representa a quién? Ustedes dicen que una consulta no es válida. ¿Por qué no, si va a ser lo que
salga en las urnas lo que determine la representatividad de las organizaciones agrarias? Eso es lo que va a ser. Una consulta es totalmente válida y eficaz para determinar este grado de representatividad de las distintas organizaciones agrarias.


Señorías, como pueden comprobar al leer la ley que hoy debatimos aquí, se ha elaborado una ley para permitir que los agricultores y ganaderos españoles elijan democráticamente en las urnas a los representantes ante la Administración General
del Estado. Se trata de una ley necesaria ante la inaplicabilidad de la Ley 10/2009 -es imposible aplicarla, es imposible determinar el grado de representatividad del actual sistema en las organizaciones agrarias-, una ley pionera en España y en la
Unión Europea. No existe precedente de elecciones a nivel nacional y por eso las vamos a hacer. Esta es una ley que va a permitir a nuestras organizaciones agrarias sembrar un precedente dentro de la Unión Europea. Ya es hora de que nosotros le
demos lecciones a Europa también de cómo deben elegirse los representantes del sector agrario. Señorías, una ley pionera en Europa, una ley que va a permitir a las organizaciones agrarias tener ese plus de legitimidad a la hora de reivindicar y de
sentarse en las distintas mesas de negociación. Va a permitir acabar con las disputas permanentes de organizaciones agrarias que se han creado nuevas, y ustedes lo saben muy bien en Cataluña, que diariamente llaman y no pueden ser recibidas porque
la ley no lo contempla. Están todos los días llamando a la puerta del ministerio y no pueden ser atendidas; todos los días disputas sobre lo mismo. Pues bien, esta ley acaba con esas disputas porque se va a determinar de una vez por todas quién
tiene la representatividad. Señorías, el ministerio necesita interlocutores válidos, interlocutores democráticos, interlocutores que hayan sido elegidos por los agricultores y por el sector agrario de este país.


En cuanto a las distintas intervenciones, el señor Baldoví dice que es un empecinamiento nuestro. Es un empecinamiento nuestro ante una realidad palmaria y ante la falta de democracia en el sector agrario; por eso es un empecinamiento
nuestro, señor Baldoví. Esquerra Republicana dice que es una ley necesaria. Coincidimos en algo, señora Jordà; nos gusta que haya dicho que es una ley necesaria, lo que ocurre es que no le gusta cómo la hemos hecho. Hubiese sido la gloria
completa que también hubiera dicho que le gusta y que la iban a votar a favor (Risas.-Aplausos), pero nos conformamos con que diga que es una ley necesaria en el sector agrario; nos vale con eso. Amaiur dice que ese una ley centralizadora.
Ustedes no pueden darnos lecciones de democracia en ningún concepto, y tampoco ahora en el sector agrario. Ustedes determinan la representatividad en el País Vasco por afiliación de las organizaciones agrarias; son la única comunidad autónoma que
lo hace en España. ¿Qué le parecería a usted que la representatividad en el Parlamento español la definiéramos en función de la afiliación de los ciudadanos de este país a los partidos políticos? ¿Les gustaría a ustedes eso? La mayoría absoluta
sería para aquel que tuviera más afiliados. ¿Eso es serio, señores de Amaiur? ¿Eso es serio? Dan ustedes lecciones de democracia, y no pueden venir dando lecciones de democracia. Se está determinando la representatividad

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a nivel nacional. A ninguna comunidad autónoma se le dice lo que tiene que hacer; es más, si quiere adherirse se adhiere, y si no quiere adherirse no se adhiere. Puede seguir con los procesos que estime necesario, pero a nivel nacional, a
nivel del ministerio, a nivel de la Administración General del Estado necesitamos saber quiénes son los interlocutores válidos. Desde luego no podemos regirnos por la afiliación, porque si yo me presento aquí con mi familia y cinco más, somos los
más representativos. Eso no es serio; de verdad que no es serio. Izquierda Unida dice que faltan garantías, que es una consulta. No faltan garantías, señores de Izquierda Unida; es una consulta y tiene todas las garantías para salir adelante.
CiU dice que es mejorable. Por supuesto todo es mejorable, y no interfiere en lo que dicen las comunidades autónomas. Señor Alonso, ¿a qué responde la ley? Se lo repito, a la democracia, a ver quién es quién; a ver qué organizaciones agrarias
tienen de verdad esa representatividad. Hablan del consejo, pero ustedes nunca predican con el ejemplo. La ley se aprueba en 2009, nosotros llegamos al Gobierno en 2011 y ni siquiera habían convocado al consejo ni al comité, y ahora dicen que es
importante que haya consejo y que haya comité. ¿Para qué los quieren, si no los convocaron? En dos años y medio ustedes no los convocaron. ¿Para qué los quieren? ¿Es buena la Ley 10/2009? Creo que no. Pero ustedes están en el no por el no...


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señor Serrano, tendría que ir terminando.


El señor SERRANO CALURANO: Termino, señora presidenta.


Ustedes están en el no por el no y da igual lo que hubiésemos traído a esta Cámara. Ustedes iban a decir que no, si no porque era demasiado blanco, porque era demasiado negro; si no porque estaba muy a la izquierda, porque estaba muy a la
derecha. Da igual; ustedes están en el no por el no y sabemos que no vamos a contar con ustedes. No se preocupen, esto lo vamos a sacar adelante solos, implantando la democracia en el campo, que los agricultores y ganaderos se puedan pronunciar
como no lo han hecho en los treinta y cinco años que llevamos de democracia en nuestro país. (Aplausos).


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Serrano.


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:


- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE SERBIA PARA EL INTERCAMBIO Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN MADRID EL 13 DE MARZO DE 2014. (Número de expediente 110/000122).


- ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA CONFEDERACIÓN SUIZA, POR OTRA, SOBRE LOS PROGRAMAS EUROPEOS DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE, HECHO EN BRUSELAS EL 18 DE DICIEMBRE DE 2013. (Número de
expediente 110/000123).


- PROTOCOLO PARA LA ELIMINACIÓN DEL COMERCIO ILÍCITO DE PRODUCTOS DE TABACO, HECHO EN SEÚL EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2012. (Número de expediente 110/000124).


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Pasamos a examinar el punto del orden del día relativo a los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales con números de expediente 110/000122, 110/000123
y 110/000124.


Algunos grupos han manifestado su voluntad de intervenir en este punto, por lo que, conforme al acuerdo adoptado por la Junta de Portavoces, se abrirá un único turno de fijación de posiciones de cinco minutos para cada grupo parlamentario en
relación con los dictámenes que se someten a la consideración.


El primer grupo que ha pedido la palabra es el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y tiene la palabra el señor Nuet.


El señor NUET PUJALS: Gracias, presidenta.


Rápidamente, para fijar la posición de nuestro grupo parlamentario. Vamos a votar favorablemente tanto el Acuerdo de información con la República de Serbia como el Acuerdo de cooperación de la Unión Europea con la Confederación Suiza y el
Protocolo contra el comercio ilícito de productos del tabaco. Respecto a la firma de este protocolo antitabaquista hay varios temas que queríamos señalar. Primero,

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recordar la justeza del Convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco, que marca de alguna forma los principios internacionales de los cuales todos nos hemos dotado para el comercio del tabaco. En segundo
lugar, quiero señalar de forma clara la impotencia de este tratado para abordar la comercialización del tabaco en las zonas francas. No estamos hablando de cosas lejanas, estamos hablando de Gibraltar, de Andorra o del aeropuerto de Madrid, del
duty free, cuando muchos de nosotros viajamos y algunos se compran una cajetilla de tabaco. De estas cosas estamos hablando. Este convenio no consigue regular el tema de las zonas francas, que se han convertido de facto en verdaderos paraísos
fiscales del negocio del tabaco superando las fronteras y los controles creados, verdaderas burbujas legales que se aprovechan por parte de las grandes multinacionales del tabaco para burlar la fiscalidad de los Estados, la fiscalidad española con
el tema del tabaco, también en muchas ocasiones la fiscalidad con el tema del alcohol y las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de Naciones Unidas.


Hay que recordar que el artículo 6.2 del Convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco alienta a las partes -y por tanto también a España, que es Estado firmante de este convenio- a que prohíban o
restrinjan, según proceda, la venta y/o la importación por los viajeros internacionales de productos del tabaco libres de impuestos y libres de derechos de aduana. Puede parecer o algunos pueden creer que estamos hablando de restricciones
inasumibles desde el punto de vista de la libertad de mercado, pero quiero recordar que los supuestos beneficios que genera la industria del tabaco son ampliamente superados por los costes que representan para los sistemas de salud de los distintos
países las adicciones y las enfermedades que el tabaco produce, pero de nuevo estamos cediendo al aprobar este convenio -que, repito, vamos a votar a favor porque es un paso adelante- ante los intereses y estrategias de las grandes multinacionales
del tabaco, que usan estos paraísos -repito, Andorra, Gibraltar o, por ejemplo, nuestro aeropuerto- para superar la fiscalidad y la legislación de países como España. Por tanto, es un paso adelante, pero queda muchísimo camino por recorrer.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchísimas gracias, señor Nuet.


Por el Grupo de Convergencia i Unió, tiene la palabra el señor Picó.


El señor PICÓ I AZANZA: Gracias, señora presidenta.


En este ya habitual trámite en el Pleno de la Cámara mi grupo parlamentario manifiesta que votará a favor de los acuerdos y del protocolo. Se avanza con la aprobación de estos instrumentos internacionales en materias como el intercambio y
protección recíproca de información clasificada con Serbia, la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco, acuerdo hecho en Seúl el 12 de noviembre, y en programas europeos de navegación por satélite, según el Acuerdo de cooperación
entre la Unión Europea, los Estados miembros, y Suiza.


Quiero centrarme en este último acuerdo. En su artículo 1 se manifiesta que el objetivo del acuerdo es alentar, facilitar y mejorar la cooperación a largo plazo entre las partes en materia de navegación por satélites bajo control civil, en
particular mediante la participación de Suiza en los programas europeos de navegación por satélite a nivel mundial, es decir, el programa Galileo y el Sistema europeo de navegación por complemento geoestacionario, conocido por sus siglas Egnos. No
es la primera vez en esta legislatura que aprobamos un instrumento de acuerdo de cooperación en relación con sistemas de navegación europeos. A inicios de la misma, el Congreso ya concedió su autorización al Acuerdo de cooperación sobre un sistema
de navegación por satélite entre la Unión Europea, sus Estados miembros, y el Reino de Noruega. Los programas europeos de navegación por satélite son un claro ejemplo de que la cooperación en el seno de Europa en materia de innovación y desarrollo
en sectores punteros y estratégicos con aplicaciones multimodales en un ámbito que representa un potencial importante en la cadena de actividades espaciales consigue aunar una importante participación, no únicamente de los Estados miembros de la
Unión Europea, sino también de otros Estados europeos no integrados en la Unión Europea, como es el caso de Suiza, e incluso de países no europeos. El avance tecnológico, las aplicaciones resultantes de los procesos de desarrollo tecnológico
también constituyen un objeto de la cooperación multilateral, de diplomacia, de fomento de las relaciones mundiales, y consideramos que ello es positivo.


Repito, mi grupo votará a favor de la autorización de estos tres convenios internacionales que hoy debatimos.


Muchas gracias, señora presidenta.

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La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchísimas gracias, señor Picó.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sáez Jubero.


El señor SÁEZ JUBERO: Gracias, señora presidenta.


Anuncio el voto afirmativo de mi grupo parlamentario en la votación de los dictámenes de estos convenios internacionales. Así, votaremos a favor del primero, el Acuerdo entre el Reino de España y la República de Serbia para el intercambio y
protección recíproca de información clasificada. Hace unos días expresamos en esta Cámara nuestras reservas por la firma de un convenio de idénticas características con la Federación Rusa atendiendo a criterios de oportunidad, pero en este caso
votaremos a favor del convenio con la República de Serbia. En definitiva, el contenido de este convenio está dirigido a establecer los procedimientos y las prácticas de seguridad para el intercambio de información clasificada entre las partes en el
curso de la cooperación política, militar, económica o de cualquier otro tipo y para la protección de dicha información clasificada.


También votaremos a favor del Acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y la Confederación Suiza para programas europeos de navegación por satélite porque nos parece un convenio importante. Está pensado para la cooperación a largo plazo
entre los países de la Unión Europea en los sistemas mundiales de navegación por satélite.


En cuanto al tercero de estos convenios, el comercio ilícito de productos de tabaco, hecho en Seúl, al que ha hecho referencia de manera específica el portavoz del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, mi grupo parlamentario también lo
valora positivamente, como ha hecho el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra. Efectivamente hay una preocupación general de salud pública por ese tipo de comercio ilícito y creemos que este convenio va a permitir que se pueda luchar
con mejores instrumentos para evitar las conductas ilícitas y establecer mecanismos de control, de vigilancia del cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional e internacional para que este tipo de comercio se vaya eliminando. Por tanto, nos
parece un paso adelante y por ello queremos manifestar también nuestro voto positivo.


Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señorías.


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchísimas gracias, señor Sáez.


Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Bermúdez de Castro.


El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Muchas gracias.


El debate de esta mañana en relación con los convenios internacionales hace referencia a materias dispares, desde la protección e intercambio recíproco de información entre el Reino de España y la República de Serbia referida a materias
clasificadas hasta la ratificación de un convenio entre la Unión Europea y la Confederación Suiza sobre programas de navegación vía satélite y especialmente ese al que han hecho referencia otros portavoces sobre eliminación del comercio ilícito de
productos del tabaco. Nosotros no vemos las objeciones que ha puesto encima de la mesa el señor Nuet. Yo creo que este convenio, que viene a complementar el Convenio marco de la Organización Mundial de la Salud, define claramente conceptos como
intermediación, decomiso, zona franca o comercio ilícito que preocupan tanto al señor Nuet. Las medidas de vigilancia que recoge este convenio entendemos que son un avance muy importante en el comercio ilícito del tabaco y por tanto nosotros vamos
a ratificar estos convenios, porque, repito, entendemos que supone un avance muy significativo en esa materia que preocupa a dichos portavoces.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Bermúdez.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:


- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS FUERZAS ARMADAS. (Número de expediente 121/000047).


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Pasamos al punto relativo a dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas, en concreto el relativo al proyecto de Ley orgánica de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas.


Para defender las enmiendas formuladas a esta iniciativa legislativa tiene la palabra, por el Grupo Mixto, el señor Tardà.

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El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, tal como ya manifestamos en la Comisión de Defensa, los republicanos catalanes vamos a votar en contra de esta ley. Entendemos que las Fuerzas Armadas deben estar sometidas a leyes muy estrictas, leyes que castiguen con dureza
conductas que cuestionan los derechos humanos y que, en definitiva, cuestionan la misma democracia, y esta ley que hoy van a aprobar ustedes no es lo exigente que debería atendiendo a los tiempos que vivimos, tiempos en los que hay que dar un paso
adelante en todo aquello que atañe a la calidad democrática de nuestras sociedades. Consideramos -y entiendo que ustedes no considerarán petulante lo que voy a decir- que la ley no alcanza este objetivo en la medida en que volverán a ser rechazadas
nuestras enmiendas. ¿Acaso no es importante fijar de forma clara y diáfana que los crímenes de genocidio, los crímenes de guerra o los crímenes de lesa humanidad deben ser juzgados por la Corte Penal Internacional? Porque es evidente que el riesgo
siempre existe. Por ello entendemos que sería fundamental que la ley contemplara que las instituciones están obligadas a denunciar cualquier crimen de este tipo, porque es evidente que el poder militar, que externamente se valora por su capacidad
armamentística, internamente es poder real simplemente por su existencia, por su capacidad de imponerse a toda la población en un momento determinado mediante la violencia. De hecho, en la historia de España existe una larga tradición de golpes
militares, de dictaduras avaladas por las Fuerzas Armadas. De ahí que los delitos cometidos por las Fuerzas Armadas contra la población, contra la sociedad civil en el exterior o en el interior del Estado deban ser juzgados por tribunales civiles y
ustedes no están dispuestos a ello. Ustedes todavía consideran que debe existir una excepcionalidad jurisdiccional. Ustedes no están dispuestos a ello y lo que hacen es anclarse en fórmulas ya superadas. Como tampoco están dispuestos a dejar
fijada como falta muy grave no colaborar o atender a los requerimientos de los tribunales del Estado o de la Corte Penal Internacional de Justicia, así como no investigar o intentar esconder denuncias hechas contra miembros de las Fuerzas Armadas
para que queden impunes conductas criminales. De hecho, todo es tan lamentable que incluso nos han negado nuestro requerimiento de considerar solamente falta, repito, falta, expresiones de menosprecio a las lenguas cooficiales en el Estado español
o incluso expresiones de menosprecio a la misma nacionalidad. Ni tan solo, repito, han sido capaces de reconocerlo como falta, ya no hablo de otra categoría que podría también haberse conceptuado.


Hoy ustedes se van a ratificar en el voto negativo a nuestras enmiendas. Creo que ni el Grupo Socialista las va a votar; en Comisión creo que se abstuvo, pero, repito, quede claro que votando en contra de nuestras enmiendas van a perpetuar
un marco de impunidad que se ve todavía más agravado por el hecho de que los delitos cometidos por los militares, en tanto en cuanto no son juzgados por la jurisdicción civil, en tanto en cuanto son juzgados por la jurisdicción militar, suponen una
excepcionalidad inadmisible. De hecho, lo que ustedes hacen es consagrar que los militares son juez y parte y esto no tiene parangón en las sociedades que anhelamos. Estamos convencidos de que dentro de unos años ustedes mismos sentirán vergüenza
cuando vean cómo en el año 2014 todavía defendían la jurisdicción militar. ¿Cómo se sostiene esto? Se puede sostener mediante la asunción del pasado militarista de los Estados. Asumimos la historia, no nos atrevemos a corregirla y, en
consecuencia, lo que hacemos es convertir una excepcionalidad retrógrada, arcaica, superada por los tiempos, intentar configurar un marco de modernidad dentro del cual pueda caber esta estupidez, porque se trata de una estupidez.


Afortunadamente, y a pesar de que el Estado español no lo reconozca, hoy todavía hay delitos que son universales e imprescriptibles y afortunadamente todavía hay países, Estados, no como el Estado español, que no han enterrado la justicia
universal. Si alguna vez alguno de ustedes, alguien tiene todavía la tentación de expresar o incluso de traducir en hechos algunas ideas violentas, alguna amenaza, procuren recordar a estos militares, o recuérdenselo ustedes mismos, que todavía hay
sociedades en las cuales en el frontispicio de sus leyes figura como parte fundamental, eje de las actuaciones y aviso para los poderes militares que nada se puede hacer contra el pueblo. Recuerden ustedes que hoy han votado una ley que no aporta
nada nuevo; no se atreven a dar un paso hacia delante sino al contrario, viven del pasado y, como el pasado no es otro que el del fuego y la espada de los militares, muchas veces en contra de la ciudadanía, ustedes se limitan a hacernos creer que
esta ley es moderna. Pues no, no solamente no es moderna, sino que incluso está a la altura de lo que ustedes hicieron hace pocos días enterrando la justicia universal.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Tardà.


Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Lozano.

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La señora LOZANO DOMINGO: Gracias, presidenta.


Señorías, en el último trámite de esa nueva legislación respecto al régimen disciplinario de los militares quiero señalar sobre todo que nuestras enmiendas han tratado de adaptar este régimen disciplinario, que procedía del año 1998, y
casarlo con la Ley de derechos y deberes del año 2011. Esto era lo coherente desde el punto de vista legislativo, pero también desde el punto de vista social. Ya dijimos en el debate en Comisión que es legítimo imponer ciertas restricciones a los
derechos y las libertades de los miembros de las Fuerza Armadas por su estatus especial, pero en tiempos de paz no se puede establecer un régimen disciplinario que pueda dar pie al abuso de poder y a ejercer un control férreo sobre estos miembros de
las Fuerzas Armadas a costa de derechos y libertades que ellos defienden, y que los defienden en otros países del mundo para otras personas, cuando ellos mismos no los tienen en nuestro propio país. Esta es la contradicción y la tristeza que
nosotros tratábamos de enmendar. Por desgracia no lo hemos conseguido, porque el Grupo Parlamentario Popular y Grupo Parlamentario Socialista han pacto un régimen disciplinario encaminado fundamentalmente a tener las cosas más fáciles dentro del
ejército cuando gobiernen unos y otros, como si esto fuera ocurrir siempre, cosa que ya tienen suficientes motivos para dudar, pero siguen comportándose como si no los tuvieran.


Este régimen disciplinario es un retroceso. Se lo dije en Comisión, y el señor López Garrido, que hizo una defensa ardorosa de este pacto del bipartidismo en cuanto al régimen disciplinario, discutió que existiera ese retroceso. El
retroceso al que yo me refiero, señor López Garrido, es respecto a la Ley de derechos y deberes -que, por cierto, aprobó un Gobierno del Partido Socialista-, no respecto al régimen disciplinario del año 1998. Por cierto, respecto a ese apenas se
avanza, ese es el drama de este proyecto de ley, que apenas se avanza respecto a lo que era el régimen de disciplina de los militares en el año 1998. El espíritu de la Ley de derechos y deberes del año 2011 debería estar incorporado en este nuevo
régimen disciplinario, porque la disciplina no puede estar por encima de los derechos y de las libertades básicas, no pueden existir valores que tengan mayor rango jerárquico que los valores de reconocer a los militares esos derechos y libertades
recogidos en nuestra Constitución. Esto no solamente es una posición política, que desde luego lo es, sino que también ha quedado registrado en un voto particular a la sentencia de la Sala de lo Militar del Tribunal de Supremo, de 2 de marzo de
1994, hace ya veinte años: no pueden existir valores de mayor rango jerárquico que los derechos y libertades reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico. Y la disciplina no puede ser un valor que esté por encima de ellos.


Por entrar en algunos detalles que consideramos particularmente aberrantes y que han sido discutidos en la Comisión, quiero señalar especialmente la cuestión de la inseguridad jurídica que crean algunas sanciones. Sanciones, por ejemplo, y
cito literalmente del proyecto: al descuido en el aseo personal, por la falta de interés en la preparación, por alteraciones del buen orden, por inexactitud en el cumplimiento. Estos son conceptos que pecan de imprecisión y ambigüedad, lo decía el
propio informe del Consejo General del Poder Judicial, por lo que entendemos que se pone en cuestión la seguridad jurídica.


Otra aberración que ustedes consagran en este proyecto de ley es cuando se arresta, cuando se priva de libertad a un militar. Saben que las sanciones se tienen que cumplir de manera inmediata. Si posteriormente un militar, al recurrirlo a
los tribunales, consigue que se reconozca que esa sanción estaba impuesta de manera incorrecta, se le retribuye por los daños morales que le causa esa sanción. ¿En cuánto se le retribuye? Es decir, ¿cuánto vale un día de privación de libertad?
Esta ley establece que el importe de un día de privación de libertad equivale a un día de dietas; esto es, ustedes creen que privar a alguien de libertad es lo mismo que el que tenga que viajar fuera de casa, pero como además se da la circunstancia
de que el importe de la dieta está calculado en el ejército según el grado, se produce la aberración de que la privación de un día de libertad de un soldado es más barata que la privación de un día de libertad de un coronel. Esto es absolutamente
aberrante y demuestra el sentido que tienen ustedes de lo que significa privar de libertad a una persona, que en una sociedad libre y en un régimen político democrático como el nuestro es la sanción más grave que se le puede imponer a una persona y
desde luego no es comparable ni subsanable con la dieta de un día.


Me quiero detener, al hilo de lo que comentaba de los arrestos y la inmediata ejecutividad de las sanciones disciplinarias, es decir, que las sanciones se tengan que cumplir de forma inmediata y posteriormente se puedan recurrir, en que
seguimos teniendo un sistema único en Europa e insólito en el que se puede privar a la gente de libertad por la vía administrativa. Ustedes dicen que lo han solventado introduciendo la posibilidad de instar el procedimiento de hábeas corpus y que
gracias a eso se ha podido eliminar la reserva que España había establecido respecto al Convenio Europeo de Derechos Humanos, a sus artículos 4 y 5. Este razonamiento que hacen ustedes es una trampa porque el artículo 5 del

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Convenio Europeo de Derechos Humanos dice literalmente: Toda persona detenida o privada de libertad deberá ser conducida sin dilación ante la presencia de un juez. Y la enmienda que ustedes, el PP y el PSOE, han pactado dice que cuando un
sancionado sea privado de libertad la ejecutividad se entenderá inmediata, sin perjuicio de que el sancionado pueda instar el procedimiento de hábeas corpus. Es decir, el convenio europeo dice que se deberá poner a esa persona ante un juez y
ustedes le permiten la posibilidad de instar el hábeas corpus. Son cosas muy distintas. El convenio impone la obligación de la Administración del Estado, como garante de derechos, de poner a esa persona ante un juez, de que la privación de
libertad no pueda ser por vía administrativa y ustedes simplemente le conceden el derecho de hábeas corpus. La conclusión real es que ustedes eliminan esa reserva al Convenio Europeo de Derechos Humanos y probablemente la tengan que introducir,
como ya ocurrió con el anterior régimen disciplinario, deprisa y corriendo, vía Consejo de Ministros, como ya se hizo una vez, porque habrá recursos de militares españoles ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ustedes eliminan la reserva
para dar la apariencia de que ya no se vulnera ese convenio, pero la realidad es que sí se vulnera, la realidad es que no se cumplen sus términos.


Para terminar, señorías, creemos que hay derechos elementales, como la libertad de expresión o el derecho de asociación, que quedan menoscabados en este proyecto de ley. Pese a las limitaciones legítimas que puede haber a los derechos de
los militares, no se les trata como ciudadanos de primera en este proyecto de ley y nosotros pensamos, señorías, que o tenemos un ejército moderno o no lo tenemos. No puede ser que lo tengamos para las obligaciones, pero no a la hora de recoger y
respetar sus derechos. Por suerte para todos los ciudadanos, en cuestiones de formación, de entrega y de capacidad los militares españoles han demostrado en repetidas ocasiones que están a la altura de los mejores del mundo y nosotros vamos a
seguir reivindicando que, en justa correspondencia a su entrega y dedicación, les consideremos ciudadanos de primera y no de segunda, como hace este proyecto.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señora Lozano.


Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Centella.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, señorías, esta es la última intervención de nuestro grupo en este periodo de sesiones -más allá del Pleno extraordinario siguiente- y quería hacer constar en el 'Diario de Sesiones' la
felicitación y el agradecimiento de nuestro grupo al diputado Chesús Yuste, que ha trabajado en nuestro grupo durante esta legislatura y que va a ser sustituido con brevedad. Por lo tanto, quiero dejar constancia de nuestra valoración positiva y
nuestro reconocimiento al compañero Chesús. (Aplausos).


Dicho esto y entrando en el debate del tema que nos ocupa, ya dijimos en Comisión lo que vamos a señalar a grandes rasgos en el Pleno, ya dijimos que este no es el proyecto de ley que necesitan nuestras Fuerzas Armadas. En este proyecto,
que parece ser que está consensuado, el Gobierno viene entregado a los estados mayores y al anclaje de una concepción de la disciplina más del pasado que del presente. Viene situando todavía a las mujeres y a los hombres que conforman las Fuerzas
Armadas como ciudadanos y ciudadanas de segunda. Parece ser que todavía no va a llegar la democracia y el reconocimiento pleno de los derechos y libertades a las Fuerzas Armadas. No entendemos cómo no se ha podido avanzar más a la hora de trabajar
en la defensa y la seguridad de unas personas a las cuales les adjudicamos la responsabilidad de la defensa de nuestro territorio. Esta es la situación que justifica un proyecto como este, que perpetúa el arresto. Ustedes pueden llamarlo como
quieran llamarlo y pueden envolverlo como quieran envolverlo, pero perpetúa la privación de libertad como elemento básico y esencial para el mantenimiento de la disciplina sin control judicial. Lo pueden envolver como lo quieran envolver; y luego
algo les diré. Ustedes siguen pensando que la disciplina se basa fundamentalmente en el arresto y en la privación de libertad. Por tanto, es una reforma que poco progresa y poco avanza hacia unas Fuerzas Armadas del siglo XXI, en las que haya
deberes pero también, al mismo nivel, se reconozcan los derechos de cualquier ciudadano. Repito que el mantenimiento del arresto es inasumible para nuestro grupo, lo pongan como lo pongan, como lo es también que se imponga por autoridad militar al
margen de la intervención de una autoridad judicial independiente y que se haga sin las garantías reales de una defensa, es decir, sufriendo indefensión. En ese sentido, volvemos a reiterar que la falta de separación y el mantenimiento de la
dependencia jerárquica directa de quienes instruyen los procedimientos disciplinarios y quienes los resuelven son más que ilustrativas de lo que significa realmente la falta de garantías en el procedimiento, que puede acabar -ya se ha dicho en esta
tribuna- con la peor sanción

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que puede tener una persona, que es la privación de libertad. Por eso, nuestras enmiendas iban en el sentido contrario, en el sentido de alejar la instrucción de la ejecución y en el sentido de reconocer verdaderamente una separación en
este ámbito. Si a esta situación se le suma un hecho grave para nosotros como es una configuración de tipo disciplinario que se adentra en la represión de conductas en la esfera personal de los militares, en ámbitos privados y de ciudadanía,
comprenderán nuestra radical oposición a este proyecto y nuestro voto contrario a su aprobación. Si además -como decía- seguimos otorgando potestad disciplinaria a escalones de mando que están contaminados por los hechos a investigar, podemos decir
aquello de que la justicia, cuanto más militar es, menos justicia es. Esto es preocupante. Nosotros habíamos entendido -y habíamos abierto una puerta a la esperanza- que lo que se pretendía era reformar el régimen disciplinario de las Fuerzas
Armadas para modernizarlo, para adaptarlo a la vida real, a la situación actual de plena profesionalización de las Fuerzas Armadas y, por tanto, al mantenimiento de una estructura que no tenga los límites, los miedos, las prevenciones preexistentes
de una conciencia militar que, repito, no debe ser la de un Estado democrático.


Sabemos -ya lo oímos en la Comisión- que los grupos que han llegado a un acuerdo van a negar esta realidad, eso nos sitúa ante la evidencia de lo que cada uno entendemos por disciplina, por militar, incluso por regular los derechos sociales
y las libertades, de otra manera no se explica. Tenemos ideas diferentes de los derechos a preservar; ustedes entienden que están preservados en esta ley y nosotros creemos que no. Nos preocupa que haya quien todavía a estas alturas piense que lo
que ustedes plantean aquí es algo que cumple los derechos fundamentales de las personas en el siglo XXI. Nosotros creemos sinceramente que no. Ahí tenemos un primer problema de entendimiento. Ustedes entienden que hay garantías democráticas
cuando el hábeas corpus, que ya existe, no es un instrumento adecuado para el control, y ya se ha explicado en esta tribuna. Ustedes se limitan a eso, pero no es lo que existe en otros ámbitos de la vida. Por tanto, estamos separando el ámbito de
la vida militar de otros ámbitos de la vida ciudadana. Además -lo escuchamos en la posición del Grupo Popular en la Comisión- no se desprende que estén de acuerdo en lo que han interpretado cada uno de los dos grupos que finalmente han llegado a un
acuerdo. Sostienen la misma enmienda, pero le dan interpretaciones diferentes, algo que espero que se explique en esta tribuna para evitar ese dislate que supone que ustedes se pongan de acuerdo en una enmienda pero luego cada uno la interprete de
una forma diferente.


Nosotros no creemos que este proyecto vaya a resolver problemas; al contrario, ustedes no crean una jurisdicción independiente, hay miedo, hay temor, hay recelo en esta ley. Por tanto, seguimos manteniendo unas Fuerzas Armadas en las que
nosotros entendemos que no se cumple la aplicación de los artículos 5 y 6 del Convenio de Derechos Humanos y que ustedes van a hacer una interpretación que terminará teniendo que reinterpretarse en otros ámbitos que no sean el político.
Evidentemente, va a haber quien lleve esta interpretación a otros ámbitos y finalmente tendrá que ser en los ámbitos del convenio europeo donde se imponga la razón y donde se imponga realmente cómo tienen que regularse estos artículos. (La señora
vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).


Para ir terminando, reafirmamos el espíritu de nuestras enmiendas porque entendemos que hay que ir a unas Fuerzas Armadas que no conviertan a sus componentes en ciudadanos y ciudadanas de segunda sino que, al contrario, por aquella
responsabilidad especial, por aquella responsabilidad importante que tienen, tengan la posibilidad de ser ciudadanos al mismo nivel que el resto de los compatriotas, a los que tienen la responsabilidad de defender. Creemos que con este régimen
disciplinario que ustedes van a aprobar los militares estarán en las peores condiciones para reivindicar sus derechos, porque esta ley les sitúa en peores condiciones que a otros ciudadanos para defender sus derechos, por ejemplo, un salario justo,
y defender la verdadera conciliación de la vida familiar, personal y profesional. En definitiva, ustedes siguen castigando que los militares se puedan asociar para defender su derechos porque esta ley, digan ustedes lo que digan, sigue castigando a
las asociaciones y a quienes las representan.


Termino, señora presidenta, manifestando que no vamos a apoyar este proyecto, aunque ya sé que tiene poco valor matemático en esta Cámara, advirtiéndole que no va a resolver los problemas, sino que les va a crear más problemas de los que
ustedes quieren resolver.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Centella.


Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, señor Guillaumes.


El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Gracias, presidenta. Permítame gastar unos segundos también para felicitar y despedir al señor Yuste. La verdad es que no hemos llegado a hablar en todo este periodo

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de legislatura, pero a pesar de ello ha sabido ganarse el respeto por sus intervenciones en esta tribuna, al menos el mío y el de mi grupo. Por tanto, quisiera mostrarle nuestro agradecimiento.


Derechos, en este caso jurisdiccionales, de los militares. Tenemos una vieja tradición en nuestro grupo, que se remonta casi a su constitución, que es la profunda defensa de los derechos, las libertades, las garantías jurisdiccionales, las
garantías, en definitiva, del estamento militar. Comenzó a hacerlo nuestro diputado Lluís Recoder hace muchos años ya, en los años ochenta, y continuó haciéndolo con mucho mérito el diputado aún presente en nuestra Cámara Carles Campuzano, que de
alguna manera culminó la mejor parte de ese trabajo al hacer que se consiguiera el servicio militar no obligatorio. Aprovecho para recordar su trabajo, que yo humildemente intento continuar, así como para agradecer a todos aquellos chicos -porque
en aquel tiempo todos eran chicos- que hacían el servicio militar que nos informaran de las cosas que pasaban dentro de los cuarteles, porque, señores, es bueno que recordemos de dónde venimos. Los diputados no podíamos entrar en los cuarteles, no
podíamos saber qué pasaba allí, y ahora esto ha cambiado. Aprovecho para dar las gracias a estos chicos, que no nos dijeron nunca un secreto de Estado, obviamente, tampoco debían saberlo, pero que nos avisaban de las novatadas, a menudo salvajes,
que provocaban víctimas mortales, que nos avisaban también cuando en los órdenes del día de los cuarteles se hacían alabanzas a Franco y a la Guerra Civil. Es de donde venimos, señores, hemos de recordar que es de ahí de donde venimos. Hoy tenemos
una ley de derechos y deberes, ahora vamos a aprobar una ley de régimen disciplinario y tenemos un Observatorio de la vida militar, que es una sindicatura de este Congreso. En definitiva, no podemos decir que no haya habido un progreso importante.
Hoy vamos más allá. Me apresuro a decir que no suficientemente más allá. Comparto algunas de las críticas hechas por Izquierda Unida sobre la falta de independencia de los jueces militares; no tiene sentido que sean jueces y, a la vez, continúen
teniendo una dependencia jerárquica. Pero, aún así, creemos que ha habido una sustancial mejora.


Voy a hacer una defensa genérica de nuestras enmiendas. No puede ser de otra manera porque, siguiendo la tradición que les he indicado antes de intervenir mucho en este tipo de temas, hemos presentado más de setenta enmiendas. Nosotros
hemos querido, en definitiva, concreción y seguridad jurídica. Hemos hablado con todas las asociaciones de militares y lo que a ellos les alarmaba de manera extraordinaria, y alguna portavoz ha hecho referencia a ello, es la inconcreción con que
muchas veces se definían las infracciones, lo cual permitía un grado de arbitrariedad que estaba absolutamente fuera de lugar y la violación de los derechos fundamentales de las personas.


Concreción y seguridad jurídica. Creemos que la concreción la hemos conseguido. Han sido aceptadas siete de nuestras enmiendas. No vamos a hacer una valoración cuantitativa sino cualitativa. La verdad es que se han aceptado dos de
nuestras enmiendas que corrigen todo el artículo que hablaba de las faltas graves y otra enmienda de nuestro grupo, la que hablaba de las faltas muy graves. Por tanto, si hacemos una valoración no cuantitativa sino cualitativa de nuestra aportación
a esta ley podemos decir que, de alguna manera, se ha aceptado en el corazón de la ley de manera significativa nuestra necesidad de concreción y de seguridad jurídica. También en cuanto a asistencia letrada, a acceso a documentación y un sinfín de
pequeños detalles que, en definitiva, son los que configuran las garantías jurídicas de los militares. Hemos defendido estas enmiendas y en ellas nos sentimos reflejados y creemos que hemos hecho un buen trabajo en las que han sido aceptadas.
Queríamos más y, en definitiva, no es nuestra ley todavía pero hemos ido más allá de lo que se ha ido nunca hasta ahora. La correlación parlamentaria es la que es. Nosotros, repito, valoramos cualitativamente el trabajo conseguido y, por lo tanto,
vamos a ser coherentes en este sentido. Nos parecen absolutamente coherentes con las nuestras las enmiendas de Esquerra Republicana y vamos a votarlas favorablemente y en la inmensa mayoría de las otras nos vamos a abstener, pero, debido a que
entendemos que hemos modificado el corazón de la ley con dos de nuestras enmiendas, vamos a ser coherentes y vamos a votar a favor de la ley.


En mi época de servicio militar -el señor Centella no se ha atrevido a hacer la cita entera, pero yo voy a hacerlo- se decía aquello de que la justicia militar es a la justicia lo que la cocina militar es a la cocina. Es una frase bastante
gráfica. Entiendo que con la aprobación de esta ley esta frase es menos cierta. Nosotros no dejaremos de luchar para que finalmente esta frase sea una anécdota del pasado.


Gracias, presidenta. Gracias, señorías.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Guillaumes.


Por el Grupo Socialista, en turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el señor López Garrido.

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El señor LÓPEZ GARRIDO (don Diego): Señora presidenta, señorías, la ley que estamos debatiendo y que vamos a votar corresponde a lo que llamaría una segunda modernización legislativa de las Fuerzas Armadas. La primera modernización fue lo
que sucedió después de la aprobación de la Constitución, donde aparecen las Fuerzas Armadas en el artículo 8, y se remite a una ley orgánica para su regulación de criterios básicos, regulación que dio lugar a una serie de normas que a lo largo de la
última década se han ido modificando y reformando ante el cambio sustancial que se ha producido en una organización -como es el caso de las Fuerzas Armadas- que tiende a comportarse como una institución y que requiere una regulación específica,
propia. Desde que se aprobó la Constitución España ha ingresado en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, España forma parte de la Política Común y de Seguridad y Defensa de la Unión Europea; el Ejército se ha profesionalizado; ha
tenido lugar la incorporación de la mujer al Ejército; las Fuerzas Armadas españolas han participado crecientemente en misiones en el exterior como fuerza de interposición, como fuerzas de mantenimiento de la paz, como ayuda humanitaria;
participan en emergencias, en ayuda frente a catástrofes o cataclismos de una forma muy eficaz. Todo esto llevó a que el Gobierno socialista, que actuó a partir de 2004, empezase a hacer una segunda modernización legislativa que se inició con la
Ley Orgánica de Defensa Nacional de 2005 y que siguió con leyes referidas a la carrera militar, como la Ley de Tropa y Marinería de 2006, con una importantísima reforma de las enseñanzas militares en 2007, así como con leyes sobre el comportamiento
de los miembros de las Fuerzas Armadas, como las ordenanzas de 2009 y la Ley de derechos y deberes de las Fuerzas Armadas de 2011. Así que esta ley de régimen disciplinario de alguna manera es una cierta culminación -aún queda el Código de Justicia
Militar- de este proceso modernizador en todos los ámbitos importantes que se refieren a la regulación de las Fuerzas Armadas.


La ley de régimen disciplinario tiene mucho que ver con unas reglas esenciales de comportamiento de las Fuerzas Armadas, como son la unidad, la jerarquía y la disciplina, pensadas para que las Fuerzas Armadas sean eficaces y sean neutrales
políticamente. Nosotros pensamos que los cuerpos del Estado que llevan armas, que tienen, por tanto, una capacidad importante de intervención y de coacción, deben ser especialmente disciplinados, deben estar sometidos especialmente a la disciplina;
creemos que eso es absolutamente necesario, fundamental en una democracia. Hemos asistido a acontecimientos históricos que prueban la importancia de la unidad, de la jerarquía y de la disciplina en las Fuerzas Armadas. La ley de régimen
disciplinario está al servicio de esta cuestión, como otras leyes sobre el régimen disciplinario en otros países de la Unión Europea y de fuera de la Unión Europea. (El señor presidente ocupa la Presidencia).


Esa ley esencialmente hace lo que toda ley de régimen disciplinario tiene que hacer, regula la tipología de las infracciones, las sanciones y las garantías. Nosotros dijimos aquí en esta tribuna, en el debate de totalidad, en el que nos
abstuvimos, que si la negociación posterior con el Gobierno y con el Grupo Popular evolucionaba positivamente, nuestro voto evolucionaría también hacia el sí y, si no, evolucionaría hacia el no, en la votación que va a haber a continuación. La
negociación que se ha realizado a lo largo de bastante tiempo creemos que ha sido constructiva, que ha evolucionado bien, que ha reformado el proyecto de ley que el Gobierno trajo y por esas razones nosotros vamos a apoyarlo, sin perjuicio de que
naturalmente es mejorable. Nosotros hubiéramos hecho un proyecto más avanzado en muchas cosas y nos hubiera gustado que enmiendas de otros grupos parlamentarios hubieran sido aceptadas, cómo no.


En el campo de la tipología de las infracciones se han introducido nuevos tipos importantes que están acordes con la Ley orgánica de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, el derecho de los conflictos armados
o el principio de igualdad y no discriminación en el seno de las Fuerzas Armadas por razón de nacimiento, origen racial o étnico, género, orientación sexual, religión, convicciones, opinión o cualquiera otra condición o circunstancia personal o
social. Y hay un tema, señor Tardà, que usted ha señalado como ausente en este proyecto de ley y que no es en absoluto tal. Usted ha hablado de que en este proyecto de ley no se respetan las lenguas cooficiales y otros elementos de las comunidades
autónomas. A mí me gustaría que usted se leyera el proyecto de ley, señor Tardà, cuyo artículo 7.1 recoge las faltas graves. La primera de las faltas graves, señor Tardà, que hay en el proyecto de ley -falta grave, no falta leve- es manifestar
públicamente expresiones contrarias, realizar actos irrespetuosos o adoptar actitud de menosprecio hacia las comunidades autónomas y sus símbolos -entre ellos, naturalmente, las lenguas- y las personas que las representan. Querer presentar este
proyecto de ley como lo que no hay, como lo que no dice o como que no dice lo que usted dice que no dice es demagogia, pura y simplemente demagogia, porque falta absolutamente a la verdad. Por eso me parece importante que, aparte de las
manifestaciones lícitas absolutamente

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genéricas al respecto, se concrete cuando se critica un determinado resultado de una negociación política.


Las sanciones son la otra parte importante de este proyecto de ley. Nosotros habríamos querido que hubieran desaparecido por completo los arrestos por falta leve. No ha sido así, pero se ha acotado su alcance. Los arrestos por falta leve
no van a poder imponerse cuando no esté en cuestión la disciplina militar o las reglas esenciales del comportamiento en las Fuerzas Armadas. Además, las sanciones tienen que estar motivadas y hay un control judicial sobre las mismas, lo cual nos
parece un avance -no un retroceso- sobre la anterior ley, todavía vigente, y sobre el proyecto que trajo el Gobierno aquí. La última parte importante de este proyecto es la relativa a las garantías del procedimiento, donde ha habido avances
sustantivos, importantísimos, en el procedimiento administrativo y en el control judicial. Nosotros hemos introducido la inmediata posibilidad de que el militar arrestado por falta leve, grave o muy grave inmediatamente pueda solicitar la
intervención de un juez por el procedimiento de hábeas corpus. Hay un control judicial inmediato, no diferido -que también lo hay- a la sanción y, por tanto, con posibilidad de suspender la ejecución inmediata de la misma. A nuestro juicio, eso
nos permite decir que la reserva en el Convenio Europeo de los Derechos Humanos que España tiene establecida desde que empezamos nuestra democracia por razón de la existencia de este tipo de sanciones sin suficiente control judicial debería ser
retirada, porque no es necesario establecerlo. Por tanto, lograríamos algo que todavía los militares españoles no tienen, como es la posibilidad de llegar hasta Estrasburgo en cuestiones disciplinarias. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos
ahora mismo no es competente porque existe esa reserva, y habría que equiparar a los militares españoles con los demás militares europeos, que sí pueden hacerlo. Creo que ese es un avance sustantivo en este proyecto de ley que nos va a permitir
votarlo favorablemente y sentirnos satisfechos al final de esta negociación.


Señor presidente, el Grupo Socialista, el Partido Socialista Obrero Español, ha tenido las iniciativas políticas esenciales en la última década -por supuesto que no ha sido el único- para una transformación legislativa importante del
funcionamiento de las Fuerzas Armadas, de su régimen interno, de su régimen disciplinario, de la carrera militar, y después de los cambios efectuados por este proyecto de ley nos satisface poder culminarlo con un grado importante de consenso en el
día de hoy, como el que han tenido las anteriores leyes referidas a las Fuerzas Armadas en esta Cámara.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López Garrido.


Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ferrer.


El señor FERRER ROSELLÓ: Señorías, esta es una ley importante porque lo es el objetivo que persigue. Su finalidad es garantizar la observancia de las reglas de comportamiento de nuestros militares, en particular, la disciplina, la unidad y
la jerarquía, de acuerdo con la Constitución y el resto del ordenamiento. Constituyen, al fin y al cabo, el código de conducta de los miembros de las Fuerzas Armadas; en definitiva, uno de los pilares básicos de la organización militar y, como
consecuencia de ello, de la defensa nacional.


Es una ley importante, pero además es una buena ley, la mejor que hemos tenido nunca en este ámbito. Consigue, a mi juicio, un equilibrio armónico porque, salvaguardando los valores básicos a los que hacíamos referencia de unidad, jerarquía
y disciplina, constituye un poderoso avance, un notable progreso en lo tocante a la salvaguarda de los derechos de los militares. No podía ser de otra manera porque esta ley adapta el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas a la doctrina del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sobre derechos y garantías fundamentales en el ejercicio de la potestad disciplinaria en el ámbito militar. Se adapta también a la plena profesionalización de
las Fuerzas Armadas, garantiza especialmente los derechos de la mujer y establece una regulación específica para el personal desplazado en misiones en el exterior. Podría agotar mi tiempo describiendo todos y cada uno de los nuevos elementos que
incorpora la norma, pero baste con afirmar que nos encontramos ante una de las leyes más garantistas, avanzadas y progresistas del mundo en materia de disciplina militar.


He dicho, señorías, que es una ley importante, que es buena y que es avanzada. Ahora quisiera adelantarles una característica más. Es una ley pactada. Winston Churchill decía que la democracia es la necesidad de doblegarse de vez en
cuando a la opinión de los demás; este es un ejercicio que encuentro muy recomendable y que hemos puesto en práctica el Gobierno de la nación y varios de los grupos representados en esta Cámara. Lo hemos hecho porque esta es una norma que, tal y
como les decía, constituye uno de los pilares de la defensa nacional, y la defensa nacional es una cuestión de Estado, es

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la cuestión de Estado por excelencia, y demandaba -así lo hemos creído- un ejercicio de responsabilidad por parte de todos. Es una ley consensuada porque se ha realizado un enorme esfuerzo. No ha sido fácil, se lo puedo asegurar. Se ha
actuado con generosidad, y quiero agradecérselo por igual al Ministerio de Defensa, al Grupo Socialista, a Convergència i Unió y al resto de grupos que apoyan esta nueva ley. Quiero decirles que el secreto del acuerdo ha estado sencillamente en
primar en todo momento el interés de la nación. No deslegitimo el derecho a la disensión, pero flexibilidad, capacidad de alcanzar acuerdos, de aunar consensos y de cerrar pactos me parece la más noble, la más inteligente y la más saludable de las
actitudes políticas, y no está reñida con la firmeza. Fue Le Bon quien afirmó: gobernar es pactar y pactar no es ceder.


No quiero finalizar mi intervención sin realizar una reflexión sobre algunas de las intervenciones que me han precedido. No veo al señor Centella, pero si no me equivoco es secretario general del Partido Comunista de España. Yo les he
tenido siempre por gente de orden -es verdad que alguna vez se les ha ido la mano, pero gente de orden en definitiva-, como el paradigma de la disciplina, pero les oigo y no salgo de mi asombro. En cualquier caso, estoy convencido de que si Juan
Modesto, Enrique Líster o Agustín González, más conocido como El Campesino, todos ellos extraordinarios generales y buenos comunistas, hubieran escuchado al señor Centella esta mañana aquí, el señor Centella habría acabado el día arrestado, en el
calabozo y echando de menos una ley como esta.


Señor Tardà, yo no sé si son imaginaciones mías o detecto un cierto tono de hostilidad hacia el Grupo Popular. Me preocupa, porque eso genera dificultades de comprensión y de comunicación. ¿No cree su señoría que, quizá, si probaran alguna
vez a quitarse la bayoneta de entre los dientes cada vez que se dirigen a nosotros, además de que su señoría ganaría en comodidad -no le quepa la menor duda-, sería más fácil y más fluida la relación? Lo digo en beneficio de todos.


Por último, señora Lozano, yo le he escuchado a usted y a su grupo desde esta misma tribuna en repetidas ocasiones acusar al Partido Popular y también al Partido Socialista de ser incapaces de alcanzar grandes acuerdos de Estado -se lo he
oído aquí-, porque se trataba de unos irresponsables dispuestos a sacrificar en todo momento el interés general a los bastardos beneficios electorales. Hoy, señora Lozano, traemos un pacto de Estado que afecta a la defensa nacional, sin embargo, a
usted tampoco parece gustarle; es más, lo ha criticado con dureza. No acabo de entenderlo, no acabo de entender las razones. Antonio Machado decía que en España, de cada diez cabezas, nueve embisten y una piensa. Yo no sé si atribuirlo a esto, o
a que el problema también podría ser que sean ustedes quienes en realidad siempre sacrifican el interés nacional a los intereses electorales.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ferrer.


PROPUESTAS DE CREACIÓN DE SUBCOMISIONES:


- SOLICITUD DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN, EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES, PARA ABORDAR EL PROBLEMA DE LA VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS. (Número de expediente 158/000030).


El señor PRESIDENTE: El último punto del orden del día es el relativo a las propuestas de creación de subcomisiones, con la solicitud, dentro de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, y a propuesta suya, de la creación de una
subcomisión para abordar el problema de la violencia contra los niños y las niñas. No se han pedido intervenciones y lo votaremos con todo lo demás.


En unos minutos comienza la votación. (Pausa).


SOLICITUD DE PRÓRROGA DE SUBCOMISIONES:


- SOLICITUD DE LA COMISIÓN DE INTERIOR PARA PRORROGAR, HASTA EL 31 DE MARZO DE 2015, EL PLAZO OTORGADO A LA SUBCOMISIÓN DE ESTUDIO SOBRE LAS REDES SOCIALES PARA LA CONCLUSIÓN DE SUS TRABAJOS. (Número de expediente 154/000007).


El señor PRESIDENTE: Comenzamos las votaciones con unos acuerdos que creo que son por asentimiento.

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Esta Presidencia somete al Pleno la prórroga hasta el 31 de marzo de 2015 del plazo otorgado para emitir informe a la Subcomisión de estudio sobre las redes sociales. ¿Queda aprobado por asentimiento? (Asentimiento).


PROPUESTAS DE CREACIÓN DE SUBCOMISIONES. (VOTACIÓN):


- SOLICITUD DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN, EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES, PARA ABORDAR EL PROBLEMA DE LA VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS. (Número de expediente 158/000030).


El señor PRESIDENTE: Hay una solicitud de creación de una subcomisión en el seno de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales para abordar el problema de la violencia contra los niños y las niñas. Considero que se aprueba por
asentimiento. (Asentimiento).


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL RECONOCIMIENTO DE LAS PROVINCIAS DE TERUEL, SORIA Y CUENCA COMO ZONAS ESCASAMENTE POBLADAS DENTRO DE LA UNIÓN EUROPEA,
CON OBJETO DE RECABAR LAS AYUDAS QUE LOS FONDOS ESTRUCTURALES Y EL FONDO SOCIAL EUROPEO PREVÉN PARA LAS ZONAS CON ESA PROBLEMÁTICA. (Número de expediente 173/000158).


El señor PRESIDENTE: Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo de La Izquierda Plural, sobre la política del Gobierno en relación con el reconocimiento de las provincias de Teruel, Soria y Cuenca como zonas escasamente
pobladas dentro de la Unión Europea, con objeto de recabar las ayudas que los Fondos Estructurales y el Fondo Social Europeo prevén para las zonas con esta problemática.


Quiero decir que cuando se discutió esta moción, las palabras del señor Yuste fueron que se votaría en sus propios términos y separados los dos puntos, pero, a continuación, el señor Yuste, lo que si me permiten diría que fue su última
voluntad en este Congreso, y aprovecho para agradecerle lo que ha hecho durante todos estos meses y para decir que es una satisfacción para todos nosostros haber compartido este año con él (Aplausos), me comunicó que aceptaba la enmienda socialista.
Por tanto, esta moción se votará con la enmienda socialista, cosa que hago conocer a los portavoces porque no ha sido reflejado así. (El señor Hernando Fraile pide la palabra).


Señor Hernando.


El señor HERNANDO FRAILE: Señor presidente, solamente para aclarar eso, que se ha producido una alteración en el cuaderno de votaciones, y también para puntualizar que, no como último acto de voluntad del señor Yuste ni de mi grupo,
hubiéramos deseado votar el primer punto de la moción del señor Yuste, conscientes de la situación de despoblación que se produce en Soria, Teruel y Cuenca.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hernando. (El señor Yuste Cabello pide la palabra).


Señor Yuste.


El señor YUSTE CABELLO: No sé si hago bien cambiando mi última voluntad, pero creo que a veces en los parlamentos es bueno que alcancemos acuerdos, es bueno que busquemos lo que nos une y no lo que nos separa, y en este caso concreto
entiendo que el Grupo Parlamentario Popular, que durante la interpelación no se mostraba de acuerdo en estos términos e incluso en el debate de ayer tampoco, sin embargo, ahora es proclive a aceptar una parte de la moción. En ese sentido, pensando
en la gente de Teruel, Soria y Cuenca, tengo que cambiar de opinión. Pido disculpas al Grupo Socialista, pero a veces estas cosas ocurren en política, y sería bueno que ocurrieran más. No voy a aceptar ninguna de las enmiendas para facilitar la
votación por separado.


Muchas gracias. (Varios señores diputados: Muy bien.-Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Yuste, pero debo decir al resto de la Cámara que estos cambios de actitud solo se los aceptaremos al que a continuación abandone el Congreso. (Risas). Por tanto, pido a los portavoces que sean
conscientes de cómo está la situación. Vamos a votar en sus

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propios términos la moción de La Izquierda Plural, con dos votaciones distintas del primer y el segundo párrafo.


Votación del primer párrafo.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 308.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad. (Aplausos).


Votación del segundo párrafo.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 115; en contra, 191; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS. (VOTACIÓN):


- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES DE EXCELENTÍSIMOS SEÑORES DIPUTADOS. (Número de expediente 042/000035).


El señor PRESIDENTE: Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de los señores diputados.


¿Puedo considerar que este punto se vota por asentimiento? (Asentimiento). Pues así queda.


ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN):


- PROYECTO DE LEY DE ORDENACIÓN, SUPERVISIÓN Y SOLVENCIA DE ENTIDADES DE CRÉDITO. (Número de expediente 121/000080).


El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado. Proyecto de ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. Vamos a hacer votación separada de las enmiendas.


Enmienda al artículo 4, apartado 2, letra b.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 178; en contra, 106; abstenciones, 28.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda al artículo 84, apartado 2.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 177; en contra, 124; abstenciones, 12.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda a la disposición final primera. Uno.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 196; en contra, 98; abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda a la disposición final primera. Veinticuatro.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 176; en contra, 123; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda al preámbulo.

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Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 179; en contra, 121; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Resto de enmiendas al proyecto de ley.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 177; en contra, 107; abstenciones, 29.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULA EL PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA REPRESENTATIVIDAD DE LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES AGRARIAS Y SE CREA EL CONSEJO AGRARIO. (Número de expediente 121/000075).


El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias y se crea el consejo agrario.


En primer lugar, votamos la enmienda por la que se crea un nuevo capítulo IV.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 269; en contra, 22; abstenciones, 21.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Resto de enmiendas al proyecto de ley.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 183; en contra, 115; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES. (VOTACIÓN):


- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE SERBIA PARA EL INTERCAMBIO Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN MADRID EL 13 DE MARZO DE 2014. (Número de expediente 110/000122).


- ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA CONFEDERACIÓN SUIZA, POR OTRA, SOBRE LOS PROGRAMAS EUROPEOS DE NAVEGACIÓN POR SATÉLITE, HECHO EN BRUSELAS EL 18 DE DICIEMBRE DE 2013. (Número de
expediente 110/000123).


- PROTOCOLO PARA LA ELIMINACIÓN DEL COMERCIO ILÍCITO DE PRODUCTOS DE TABACO, HECHO EN SEÚL EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2012. (Número de expediente 110/000124).


El señor PRESIDENTE: Vamos a votar conjuntamente y por asentimiento los tres convenios que se han debatido esta mañana. ¿Puedo considerar que hay asentimiento? (Asentimiento).


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):


- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS FUERZAS ARMADAS. (Número de expediente 121/000047).


El señor PRESIDENTE: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. Proyecto de ley orgánica de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas.

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En primer lugar, enmiendas del Grupo Mixto, Señor Bosch. Votación en bloque de todas sus enmiendas.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 27; en contra, 179; abstenciones, 103.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votación en bloque de las enmiendas del Grupo de Unión Progreso y Democracia.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 5; en contra, 180; abstenciones, 124.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votación en bloque de las enmiendas de La Izquierda Plural.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 19; en contra, 178; abstenciones, 112.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votación en bloque de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 32; en contra, 178; abstenciones, 98.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Vamos a votar ahora el dictamen de la Comisión. En primer lugar, votación de la disposición final cuarta bis (nueva).


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 270; en contra, 31; abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votación de la disposición final cuarta ter (nueva).


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 266; en contra, 32; abstenciones, 7.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votación del resto del dictamen.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 279; en contra, 23; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


VOTACIÓN DE CONJUNTO.


El señor PRESIDENTE: Ahora vamos a realizar la última votación, que es la votación de conjunto del proyecto de ley orgánica del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas por tener precisamente este carácter orgánico.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 309; a favor, 282; en contra, 22; abstenciones, 5.

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El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Antes de levantar la sesión, quiero decirles que a las doce y cuarto en punto comenzaremos el nuevo Pleno.


Se levanta la sesión.


Eran las doce y cinco minutos del mediodía.