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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 136, de 12/09/2013
cve: DSCD-10-PL-136
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 136
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 127
celebrada el jueves,
12 de septiembre de 2013
ORDEN DEL DÍA:
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social. ('BOE' núm. 185, de 3 de agosto de 2013). (Número de expediente 130/000041) ...
(Página5)
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas:
- Proyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 19-1, de 7 de septiembre de 2012. (Número de expediente 121/000019) ...
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de ley orgánica de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 47-1, de 17 de mayo de 2013. (Número de expediente 121/000047) ... (Página41)
- Proyecto de ley orgánica de creación de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 53-1, de 3 de julio de 2013. (Número de expediente 121/000053) ...
- Proyecto de ley por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 54-1, de 3 de julio de 2013.
(Número de expediente 121/000054) ... (Página75)
Propuestas de creación de subcomisiones:
- Propuesta de la Comisión de Empleo y Seguridad Social, de creación de una subcomisión para el estudio de las mejores prácticas, el seguimiento y propuestas de medidas para el empleo juvenil. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D,
número 308, de 16 de julio de 2013. (Número de expediente 158/000032) ... (Página89)
Declaración institucional ... (Página89)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página90)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página90)
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página91)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página93)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes ... (Página5)
Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social ... (Página5)
La señora ministra de Empleo y Seguridad Social (Báñez García) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno en contra intervienen la señora López i Chamosa y el señor Simancas Simancas, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Barkos Berruezo y el señor Cuadra Lasarte, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo
Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora España Reina, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Interviene de nuevo la señora ministra de Empleo y Seguridad Social.
Vuelve a hacer uso de la palabra el señor Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página23)
Proyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno ... (Página23)
En defensa de las enmiendas y fijación de posición intervienen la señora Barkos Berruezo, el señor Baldoví Roda, las señoras Oramas González-Moro y Fernández Davila, y los señores Bosch i
Pascual y Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Nuet Pujals, del Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Serrano Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, y González Pons, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Hace uso de la palabra la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia (Sáenz de Santamaría Antón).
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página41)
Proyecto de ley orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas ... (Página41)
El señor ministro de Defensa (Morenés Eulate) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.
En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución intervienen el señor Bosch i Pascual, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y el señor Centella Gómez, del
Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En turno en contra interviene el señor Ferrer Roselló.
En turno de réplica hace uso de la palabra el señor Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Duplica el señor Ferrer Roselló.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Guillaumes i Ràfols, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y López Garrido, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Proyecto de ley orgánica de creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ... (Página57)
El señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.
En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución y de texto alternativo intervienen la señora Fernández Davila, y los señores Bosch i Pascual y Larreina Valderrama, del Grupo Parlamentario Mixto; Azpiazu Uriarte, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Picó i Azanza, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, y la señora Asian González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proyecto de ley por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras ... (Página75)
El señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.
En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución y de texto alternativo intervienen las señoras Fernández Davila, del Grupo Parlamentario Mixto, y Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural;
los señores Picó i Azanza, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Sánchez Pérez-Castejón, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Madrazo Díaz, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Propuestas de creación de subcomisiones ... (Página89)
Propuesta de la Comisión de Empleo y Seguridad Social, de creación de una Subcomisión para el estudio de las mejores prácticas, el seguimiento y propuestas de medidas para el empleo juvenil ... (Página89)
Sometida a votación la propuesta, es aprobada por unanimidad.
Declaración institucional. (Número de expediente 140/000013) ... (Página89)
La Presidencia manifiesta la más rotunda condena por el ataque a los asistentes al acto cívico de la celebración de la Diada en la sede de la delegación de la Generalitat de Catalunya en Madrid.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página90)
Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por los grupos parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, Catalán (Convergència i Unió) y Socialista a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la necesidad de articular una estrategia global para el empleo de los trabajadores y las trabajadoras de más edad, se rechaza por 142 votos a favor y 173 en contra.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para impulsar el sector industrial y evitar el cierre de miles de empresas, con la
incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, Cha: La Izquierda Plural, se rechaza por 128 votos a favor, 175 en contra y 12 abstenciones.
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes. (Votación) ... (Página90)
Sometido a votación el Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social, se aprueba por 190 votos a favor, más un voto telemático, 191;
en contra 13 más 2 votos telemáticos, 15, y 111 abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 314 votos a favor más 3 votos telemáticos, 317, y 1 abstención.
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página91)
Sometidas a votación las enmiendas al proyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, son rechazadas.
Sometido a votación el dictamen del citado proyecto, es aprobado.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página93)
Sometidas a votación conjunta las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de ley orgánica de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas presentadas por los grupos parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, Unión
Progreso y Democracia y Mixto (señor Tardà i Coma), son rechazadas por 22 votos a favor; 175 en contra, más 1 voto telemático, 176, y 116 abstenciones más 2 votos telemáticos, 118.
Sometidas a votación conjunta las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de ley orgánica de creación de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal, presentadas por los grupos parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La
Izquierda Plural, Vasco (EAJ-PNV), Mixto (señora Fernández Davila y señor Tardà i Coma), son rechazadas por 135 votos a favor; 174 votos en contra más 3 votos telemáticos, 177, y 6 abstenciones.
Sometida a votación la enmienda de texto alternativo al citado proyecto de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, es rechazada por 113 votos a favor más 2 votos telemáticos, 115; 175 en contra más 1 voto telemático, 176, y 26
abstenciones.
Sometidas a votación conjunta las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de ley por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras,
presentadas por los grupos parlamentarios Catalán (Convergencia i Unió) y Mixto (señora Fernández Davila), son rechazadas por 26 votos a favor; 175 en contra más 1 voto telemático, 176, y 114 abstenciones más 2 votos telemáticos, 116.
Sometida a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo al citado proyecto de ley, presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, es rechazada por 11 votos a favor, 179 en contra, más 1 voto
telemático, 180, y 124 abstenciones, más 2 votos telemáticos, 126.
Se levanta la sesión a las seis y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES.
- REAL DECRETO-LEY 11/2013, DE 2 DE AGOSTO, PARA LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL Y OTRAS MEDIDAS URGENTES EN EL ORDEN ECONÓMICO Y SOCIAL. (Número de expediente 130/000041).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señorías, se reanuda la sesión.
Comenzamos con el punto del orden del día correspondiente a la convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes
en el orden económico y social. Para la presentación del real decreto, tiene la palabra la señora ministra de Empleo. (Rumores).
Por favor, ruego silencio. Señorías, si quieren conversar, abandonen el Pleno.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, presidenta.
Señoras y señores diputados, comparezco hoy con ocasión de la convalidación del Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social.
Señorías, con este real decreto-ley se materializa un gran acuerdo; un acuerdo que podemos también considerar histórico en cuanto a la protección de los trabajadores a tiempo parcial y fijos discontinuos. El presente real decreto-ley consagra en
una norma con rango de ley el acuerdo para la mejora de las condiciones de acceso a la protección social de los trabajadores a tiempo parcial, firmado el 31 de julio de 2013 entre el Gobierno, a través del Ministerio de Empleo, y las organizaciones
Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores, Confederación
Española de Organizaciones Empresariales y Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa. Un acuerdo que pone fin a un sistema que reclamaba a los trabajadores a tiempo parcial, en su inmensa mayoría mujeres, un periodo de vida
laboral proporcionalmente mayor al que tienen los empleados a tiempo completo para acceder a una pensión contributiva. Por tanto, este acuerdo al que el real decreto da rango de ley supone un avance cualitativo en la regulación de cotización a la
Seguridad Social, pero es un avance si ustedes quieren, señorías, de manera especial para las mujeres, que han sido tradicionalmente quienes de forma mayoritaria han optado por la contratación a tiempo parcial como fórmula para contribuir a la
conciliación de la vida personal y laboral. Un acuerdo que sirve para corresponder con más equidad a estas mujeres que sacrificaron parte de su salario para ocuparse de otros y que ahora tendrán mejor protección social y podrán acceder a la pensión
de jubilación en condiciones de igualdad con quienes hayan trabajado a tiempo completo.
¿Cómo se consigue esto, señoras y señores diputados? Lo conseguiremos flexibilizando el requisito de periodo de carencia de quince años para acceder a una pensión contributiva, adaptándolo a la parcialidad de cada trabajador. Por tanto,
eliminamos una discriminación que consistía en exigir a un trabajador a tiempo parcial más años de trabajo que a quienes disfrutaban de un empleo de jornada completa. Señorías, es algo que hemos conseguido desarrollar juntos, a través del acuerdo y
el trabajo leal con los interlocutores sociales. Por tanto, la norma corrige el modelo actual para acreditar los periodos de cotización de los trabajadores a tiempo parcial para acceder a las diferentes prestaciones del sistema, conforme también a
las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por nuestro Tribunal Constitucional. Con este real decreto-ley hemos ido más allá, más allá de la aplicación y ejecución literal de la sentencia, porque el texto que
finalmente se acordó -y que hoy sometemos a convalidación- logra, además, salvar algunos aspectos de la regulación anterior que podríamos considerar positivos. Tal es el caso del mantenimiento del coeficiente multiplicador del 1,5 por cada día
teórico de cotización o el compromiso de mantener el sistema vigente de complementos a mínimos. La finalidad de esta regulación es dar cobertura adecuada a todas las personas que realizan una actividad laboral o profesional y mantener los
principios de contributividad, proporcionalidad y equidad que garantizan el sistema español de Seguridad Social. Todo ello garantizando la equidad respecto a la situación con los trabajadores a tiempo completo.
La nueva regulación busca, por tanto, la proporcionalidad entre el esfuerzo de los trabajadores a tiempo parcial y el de los que lo hacen a jornada completa a la hora de acceder a una pensión. Como consecuencia de la sentencia del
Constitucional de marzo de 2013, se declaró la nulidad de la regla de cómputo, en vigor, como saben ustedes, desde los años noventa, para acreditar los periodos de cotización en el caso de trabajadores a tiempo parcial, porque entendía que lesionaba
el derecho a la igualdad y provocaba una discriminación indirecta por razón de sexo, a la vista de la incidencia que tiene el trabajo a tiempo parcial en la vida laboral de las mujeres. Por tanto, la declaración de nulidad que termina con las
reglas vigentes en la Ley General de Seguridad Social, hacía más necesario encontrar fórmulas de consenso, fórmulas estables de cómputo hacia el futuro. Por eso, para dar cumplimiento a la sentencia queríamos alcanzar todos juntos una solución
justa y proporcionada. Una vez más, ante una situación normativa compleja, quiero destacar y agradecer, señorías, que hemos sido capaces de dar lo mejor de nosotros mismos y demostrar que sí hay posibilidad de acuerdo cuando ponemos por delante de
todo el interés general de los españoles. Así, ante un vacío legal provocado por los pronunciamientos judiciales, el Gobierno reunió a los agentes sociales para analizar la situación de la nueva regulación para la protección social de los
trabajadores a tiempo parcial, y quiero destacar que ya hubo coincidencias en la primera reunión. En primer lugar, para evitar efectos perjudiciales para determinados colectivos, para lo cual constituimos enseguida un grupo de trabajo para el
diseño de esa nueva regulación. Las coincidencias giraron desde el primer momento en los siguientes principios: en el principio de igualdad de acceso a las prestaciones mediante la flexibilización de las reglas de acceso; el principio de
contributividad, es decir, de proporcionalidad entre las aportaciones realizadas y las prestaciones a futuro a recibir; el principio de conservación, por supuesto, de las normas más favorables; el principio de legalidad, que impone la aprobación
urgente de un nuevo marco normativo que diese cobertura a la actuación de la Administración pública y proporcionara también seguridad jurídica de cara a los futuros pronunciamientos judiciales; y, finalmente, el principio de solidaridad y
suficiencia de las pensiones, con la garantía de las pensiones mínimas en la misma extensión, términos y condiciones que los establecidos para el resto de los trabajadores. Además, señorías, también se mantuvo en paralelo un diálogo muy
constructivo con los grupos parlamentarios desde el primer momento en el seno del Pacto de Toledo. En varias ocasiones han
tenido también reuniones con el secretario de Estado de Seguridad Social y técnicos del ministerio para que cristalizase ese acuerdo que hemos querido todos, suscrito entre los interlocutores sociales el pasado 31 de julio de 2013.
Como mencionaba anteriormente, señorías, lo que se regula con esta nueva normativa es el acceso a la pensión. El periodo de cotización exigible a los trabajadores a tiempo parcial para acreditar el derecho a una pensión de jubilación no
tendrá que ser, como ahora, de quince años, sino que se reducirá en proporción a la parcialidad del trabajador cuando el trabajador tenga a lo largo de su vida laboral cotizaciones en jornadas a tiempo parcial. Se efectúa, por tanto, una corrección
con un coeficiente global de parcialidad calculado sobre toda la vida laboral del trabajador para que ese coeficiente se aplique a la etapa de la vida del trabajador en la que está trabajando a tiempo parcial. Esto supondría, señoras y señores
diputados, que entre un 30 y un 40 % de las denegaciones, por ejemplo, que se registraron en el año pasado, durante el año 2013, podrán acceder hoy a una pensión del sistema público. El segundo elemento que también tuvimos que tener en cuenta es la
cuantía de la pensión. El periodo de cotización a tiempo parcial se ha calculado en función de la parcialidad que tiene el trabajador en cada momento y se incrementará con un coeficiente corrector del 1,5 %, como venía sucediendo. El porcentaje
aplicable sobre la base reguladora se determinará, como saben, según la escala general prevista en la Ley General de Seguridad Social: para los primeros quince años de cotización se aplicará el 50 % y, a partir de ahí, todo el tiempo que lo supere
se incrementará en función de lo que está previsto en la legislación general. No obstante lo anterior, como quiera que con la nueva regulación de las condiciones de acceso es posible acceder a la jubilación con menos de quince años cotizados, en
estos casos el porcentaje aplicable sobre la base reguladora será proporcional a la regla general.
Por otra parte, quiero destacar que con esta norma se garantiza la pensión mínima prevista también en los Presupuestos Generales del Estado, con la misma extensión, límites y condiciones que la de los trabajadores a jornada completa. Si la
pensión causada por el trabajador resulta o resultara inferior al importe de la pensión mínima vigente en cada momento pero reúne el resto de los requisitos, la persona tendrá derecho a un complemento hasta alcanzar la cuantía mínima. En todo caso,
el importe del complemento, como saben, no podrá superar la cuantía de la pensión no contributiva. Esta nueva regulación es un éxito colectivo, resultado, señorías, del trabajo conjunto del Gobierno con los interlocutores sociales. Señoras y
señores diputados, estos cambios garantizan principios básicos, como la justicia e igualdad entre trabajadores, tanto para el tiempo parcial como para los que trabajan a tiempo completo.
Finalmente, quiero destacar también dos cuestiones o compromisos de la nueva regulación. La primera establece que en el plazo de un año se elaborará un informe de evaluación de la regulación que hoy ponemos en marcha, porque este Gobierno
está comprometido con la evaluación de las políticas públicas, como se ha demostrado también en el informe sobre la reforma laboral que pocas fechas atrás hicimos en esta Cámara. La segunda es que esta nueva regulación será aplicable a las
prestaciones de la Seguridad Social que con anterioridad a la entrada en vigor del real decreto-ley hubiesen sido denegadas por no acreditar el periodo mínimo de cotización exigido, así como aquellas prestaciones cuya solicitud se encuentre hoy en
tramitación. En definitiva, sometemos a convalidación esta nueva regulación de cotización a tiempo parcial que cuenta con un gran apoyo social, con un gran apoyo político y que mejorará -y es lo más importante- las prestaciones sociales de más de
dos millones y medio de españoles.
Señoras y señores diputados, en el ámbito de las políticas de empleo, en el real decreto que hoy sometemos a convalidación se establece un conjunto de mejoras técnicas de la normativa laboral que persiguen otorgar seguridad al operador
jurídico. Estas mejoras pretenden, por un lado, reforzar la vinculación entre la protección por desempleo y la inserción laboral de las personas desempleadas y, por otro, otorgar mayor seguridad jurídica y certidumbre a trabajadores y empresarios y
a sus representantes. Así se mejora la aplicación práctica de algunas instituciones laborales, entre otras el periodo de consultas. Estoy convencida de que las modificaciones propuestas facilitarán que las medidas sigan siendo acordadas, como ya
se están produciendo en más de un 90 %. Se trata de un conjunto de medidas de índole social y económica que contribuyen a impulsar las reformas del Gobierno. Unas reformas -no lo olvidemos- orientadas a la recuperación del crecimiento económico y,
con ello, a la creación de empleo, con el deseo, señorías, de que se produzca en el menor plazo posible. Nos enfrentamos, como saben muy bien sus señorías, a problemas estructurales de grandes dimensiones que han sido agravados por la crisis
económica y que nos han obligado a actuar rápido desde todos los frentes. Por eso, desde hace año y medio se vienen adoptando importantes reformas en todos los ámbitos en materia de empleo y Seguridad Social, pero también en otros sectores como el
de las infraestructuras, el transporte aéreo y terrestre, el
ferroviario y marítimo, así como el sector de la vivienda. Todas ellas para mejorar la eficiencia y la competitividad de nuestra economía; todas ellas con un hilo conductor, profundizar en esas reformas que hacen a nuestro país más
competitivo, poniendo, además, especial énfasis en la seguridad jurídica y en seguir sentando siempre las bases de lo que queremos que llegue pronto, como es la recuperación económica y la creación de empleo. Esta y ninguna otra es la senda del
Gobierno para seguir trabajando para resolver los problemas sin dilación y sacar a nuestro país, a España, cuanto antes de esta crisis. En esta senda me gustaría encontrarles a todos ustedes, como representantes de los diferentes grupos de la
Cámara, con el voto a favor de esta convalidación, que hoy ratifica un gran acuerdo social por la mejora de la protección social de los trabajadores a tiempo parcial de nuestro país y especialmente de las mujeres.
Muchas gracias, señoras y señores diputados, y espero el apoyo a este real decreto-ley. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora ministra.
Ha solicitado el turno en contra el Grupo Parlamentario Socialista, que va a dividir su tiempo entre dos diputados. En primer lugar, la señora López i Chamosa e inmediatamente después el señor Simancas.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, permítanme en primer lugar desde esta tribuna rechazar la agresión sufrida por los compañeros que estaban celebrando la Diada nacional de Cataluña aquí, en Madrid. Creo que actos como esos tendrían que ser rechazados totalmente
por cualquiera de nosotros, porque la violencia no conduce a ningún sitio, a ningún extremo. (Aplausos).
Señorías, empezamos este periodo de sesiones de igual forma que acabamos el anterior, debatiendo un real decreto-ley. Este Gobierno ya nos tiene acostumbrados a que todos los temas importantes, todo aquello que afecta a recortes en la
protección social y en los derechos de los ciudadanos, vengan a esta Cámara por real decreto-ley, sin que ello implique que no podamos tener un debate y hacer nuestras enmiendas en el proceso. También es verdad que hoy vamos a debatir una parte de
un decreto-ley que es fruto del acuerdo alcanzado, como bien explicaba la ministra, con los agentes sociales y con la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios en la Comisión del Pacto de Toledo. Pero, señorías, hay algo lamentable, porque es
verdad que había urgente necesidad de adoptar un acuerdo tan importante para la protección de los trabajadores a tiempo parcial para poder dar cumplimiento a una sentencia del Tribunal Europeo y a la sentencia 61/2013 del Tribunal Constitucional -lo
pedimos expresamente, y todos estuvimos acuerdo- por decreto-ley. Si hubiera sido un decreto-ley que solo contuviera los temas de la protección social para los trabajadores a tiempo parcial, hoy estaríamos haciendo toda la Cámara un acto de
consenso pleno porque iba a haber un respaldo unánime de la Cámara. Sin embargo, el Gobierno parece que no quiere respetar ningún acuerdo y nos mete en este real decreto una serie de materias -fundamentalmente una- que son inasumibles por el Grupo
Socialista. Hay medidas de otros sectores y sobre todo del sector ferroviario a las que luego se referirá mi compañero y explicará nuestra posición, luego hay otras medidas económicas en las que podemos estar o no estar de acuerdo, pero en lo que
no podemos estar de acuerdo es con la vuelta de tuerca a la reforma laboral.
Yo voy a empezar explicando por qué estamos de acuerdo con la parte del decreto referida a la protección de los trabajadores por desempleo. Además de dar cumplimiento a dos sentencias, hay un acuerdo unánime y creo que hemos hecho un buen
acuerdo porque los trabajadores a tiempo parcial van a estar bien protegidos. Si antes para tener acceso a la pensión por cada ocho días trabajados le contaba uno -por tanto, se impedía que muchos trabajadores pudieran reunir los quince años
necesarios-, ahora a efectos de acceso a la pensión si trabaja un día, es un día que cuenta para el acceso a la pensión, indistintamente de que cotice una hora, tres o cuatro. Por tanto, ponemos igualdad de condiciones en el acceso a la pensión.
Es evidente que luego en la prestación tendrá el coeficiente de parcialidad, que se le aplicará en función de sus cotizaciones, pero en los mismos términos que el resto de trabajadores. Es más, a la pensión que pudiera percibir se le aplica un
coeficiente del 1,5 %, lo que significa que si trabaja cuatro horas va a cobrar como si hubiera trabajado realmente seis horas. Por tanto, es un buen acuerdo en el que esto queda recogido.
También es muy importante mantener los complementos a mínimos para estos trabajadores. Sé que aquí todos hemos hecho un esfuerzo importante, porque es verdad que tenemos el problema de que no es lo mismo darle un complemento a mínimos a una
persona que trabaja dos horas al día que a otra que trabaja ocho, pero finalmente pudo haber acuerdo. Asimismo es muy importante lo que mencionaba la ministra de que al cabo de un año se hará un informe para evaluar el impacto que ha tenido.
Finalmente, también recogemos que todos los trabajadores a los que se hubiera denegado la pensión por no reunir los
requisitos con la nueva regulación pueden volver a solicitarla porque se les aplicará la nueva norma. Señorías, aquí termina la coincidencia con lo que decía la ministra.
Señora ministra, si no la conociera y no le tuviera el respeto que le tengo le diría que el que nos diga aquí en la tribuna que las reformas que introducen en el mercado de trabajo son simples matizaciones o modificaciones técnicas es para
echarse a reír. ¿Cómo me puede decir que es una modificación técnica lo que les van a hacer a los parados a partir de la entrada en vigor de este decreto? Han introducido la persecución total a los parados. Fíjese que hasta hablan de medidas
preventivas, por si pudieran hacer alguna falta, pero voy a poner un ejemplo para que todos nos entendamos mejor. En el mes de mayo un compañero mío tuvo un problema y en su día no pudo acudir a sellar a la hora. Le mandaron una carta del INEM y
le dijeron que si no lo justificaba bien le quitarían el desempleo. Él, asustado, pidió los papeles necesarios, fue al INEM, lo justificó y no tuvo ningún problema. Pues bien, señorías, con esta nueva regulación un parado que tenga un problema y
no vaya a sellar, al día siguiente le quitan el desempleo. Le envían un correo electrónico y si luego va y lo justifica bien, con documentación y todo lo demás, recuperará el desempleo, pero desde el día en que se le dio de baja hasta el día en que
se le vuelve a dar de alta, esos días se los ha quedado el INEM. (Una señora diputada pronuncia palabras que no se perciben). Yo creo que eso es una tomadura de pelo para los parados, por no decir algo más gordo. Señorías, hasta ahora un parado
solicitaba el desempleo y esa solicitud le valía, con todos los controles que debe haber -soy partidaria de los controles-, hasta el final de su desempleo o hasta que se diera de alta en una empresa, y ahora tendrá que hacer de nuevo la solicitud
periódicamente. ¿Cada cuánto tiempo? No lo sabemos porque no lo especifican, pero realmente no podemos considerar que estas modificaciones sean temas técnicos.
Después hacen ustedes una cosa muy graciosa. Hasta ahora, cuando una empresa con varios centros de trabajo presentaba un expediente tenía que presentar las cuentas consolidadas de la empresa. Pues bien, han añadido un pequeño matiz, y es
que las empresas que no tengan su sede jurídica en España no tendrán que presentar una consolidación de sus cuentas. Es decir, menudo regalito a las multinacionales, y voy a poner un ejemplo. Si un centro de Iberdrola realiza un expediente, como
su sede central está aquí, se le piden las cuentas consolidadas. Ahora bien, si lo presenta Endesa, como ya no es una empresa española, nada de cuentas consolidadas.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora López i Chamosa, tiene que finalizar.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Voy terminando.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): No, no, termine.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Realmente, señorías, hay más modificaciones. Por ejemplo, ahora obligan a constituir las comisiones negociadoras con la composición que tienen, y si en los centros de trabajo no hay elegidos legalmente
representantes se eligen de entre los trabajadores; al final puede darse el caso de que en una empresa con varios centros de trabajo la comisión negociadora esté compuesta por más trabajadores que no pasaron por las elecciones sindicales que los
que pasaron por ellas. Además anulan la posibilidad de reclamación individual en los despidos colectivos. Señora ministra, esto no...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora López i Chamosa, le está usted dejando muy poco tiempo a su compañero, a pesar de que he sido muy generosa con su tiempo.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Le prometo que termino.
Digo que no es posible, que ya en la reforma se aprobó el despido libre, más barato, sin garantías... ¿Es que no se dan cuenta de lo que está pasando? ¿Es que no se dan cuenta de lo que están bajando los salarios? ¿Es que no se dan cuenta
de lo que están sufriendo los trabajadores? ¿Es que no se dan cuenta de que están trabajando más horas y por menos dinero y de que ustedes están desregulando el mercado cada vez más? Señora ministra, espero que no estén ustedes queriendo llegar a
las condiciones en las que están trabajando en China o en India los niños, porque por el camino que vamos, señorías, no sé ya cuál será la próxima. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora López i Chamosa.
Señor Simancas.
El señor SIMANCAS SIMANCAS: Gracias, señora presidenta.
Tomo brevemente la palabra para manifestar el respaldo del Grupo Parlamentario Socialista a las medidas que se incluyen en este real decreto para mejorar las ayudas que han de recibir las víctimas del trágico accidente ferroviario que tuvo
lugar en Santiago el pasado 24 de julio. A la vez, señora ministra, tomo la palabra para denunciar lo que consideramos una falta de respeto, la que supone tratar estas medidas hoy en el marco de una norma controvertida que a nuestro juicio -lo
acaba usted de escuchar- recorta los derechos de los trabajadores. Creemos sinceramente que se trata de una falta de respeto; a los grupos parlamentarios desde luego porque les obliga a votar en conjunto unas disposiciones que presentan
naturalezas, legitimidades y propósitos muy diversos. Nos obliga a votar en conjunto disposiciones que no tienen nada que ver, que no son homogéneas. Es una falta de respeto a la noble función de esta Cámara en su protección a las víctimas de un
trágico accidente y una falta de respeto en definitiva a las propias víctimas del accidente de Santiago que no merecen que sus ayudas, sus legítimas ayudas, sean aprobadas de esta manera. Claro que es preciso aprobar estas medidas, señora ministra.
Claro que es urgente hacerlo, pero el accidente tuvo lugar el 24 de julio y la comparecencia de la ministra de Fomento en la que los grupos le solicitaron esta medida tuvo lugar el 9 de agosto. Hemos tenido tiempo de sobra para aprobar este
decreto, por ejemplo en un Pleno extraordinario. Hubiera sido razonable que lo hubieran traído ustedes en este mismo Pleno en una norma específica o incluso que lo hubieran dejado ustedes para la semana próxima. Traerlo de esta manera, en el marco
de un decreto controvertido, no es razonable. Se trata, señora ministra, de una falta de respeto. Nos vamos a quedar ahí por respeto por nuestra parte a las víctimas del accidente de Santiago.
Es inaceptable también, señora ministra, que utilicen ustedes este cajón desastre para rectificar por completo su política de tasas aeroportuarias. El pasado mes de diciembre aprobaron ustedes, en el marco de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado, una subida de tasas que entonces calificamos como brutal, que suponía más de un 50 % de incremento para los aeropuertos de Madrid y de Barcelona que ha supuesto, como ya le advertimos en su momento, una caída muy importante de
los tráficos de viajeros, de la actividad turística en Madrid y del empleo -por ejemplo, en Madrid, insisto-. Rectifican ustedes obligados por las asociaciones de transporte aéreo; lo hacen ustedes paradójicamente de urgencia, nueve meses después
de provocar un gran estropicio que nos ha hecho perder competitividad y puestos de trabajo, y lo hacen en el marco irregular de este decreto de recortes en derechos laborales.
Señora ministra, no es razonable llevar a cabo medidas de esta naturaleza que hubieran merecido en otro contexto nuestro respaldo, nuestra aprobación pero que hoy merecen el reproche que le estoy haciendo desde la tribuna. Hagan ustedes lo
que consideren, pero, señora ministra, cuenten ustedes, siempre que actúen de esta manera, con el reproche legítimo del Grupo Parlamentario Socialista por la falta de respeto que supone su actitud.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Simancas.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar el Grupo Mixto, y dentro de él, primero, la señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, presidenta.
Señorías, como han hecho los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, quiero que mis primeras palabras, las de esta portavoz y en nombre de Geroa Bai, sean de solidaridad para las personas que celebraban anoche en Blanquerna
la Diada nacional catalana, especialmente con el compañero Sánchez i Llibre, y por supuesto de rechazo rotundo a la violencia, a cualquier tipo de violencia y a la sinrazón. (Aplausos).
Arranco con estas palabras de apoyo, como no puede ser de otra manera, al ejercicio de la expresión política en toda su dimensión; lo hago además con las palabras con las que vamos a rechazar, señora ministra, este Real Decreto 11/2013, de
protección de los trabajadores a tiempo parcial, porque, como usted ha señalado -yo creo que todos estamos dispuestos a subrayarlo, y en su día nos congratulamos de ello-, parte efectivamente de un acuerdo importante y razonable que, como digo,
entonces nos reunió a todos en esta Cámara y fuera de ella. Lo cierto es que con este real decreto, ministra, lo que ha hecho el Gobierno ha sido fulminar esa posición de consenso, ese acuerdo al que habíamos llegado en un asunto en el que no solo
la legislación vigente o sentencias del Constitucional y de la Unión Europea venían a recordárnoslo, sino también el sentido común y el reconocimiento de los derechos de los trabajadores a tiempo parcial exigían. Ha fulminado, como digo, esa
situación, ese clima de consenso,
trayéndonos a la Cámara un cajón de sastre, un real decreto en el que se incluye una cosa y casi la contraria, y le voy a explicar por qué. Hoy no estamos votando exclusivamente la adecuación del derecho de los trabajadores a tiempo parcial
a una pensión en condiciones de igualdad con el resto de los trabajadores, estamos votando además -es lo que nos proponen bajo el señuelo de un titular que todos compartimos- la precarización del empleo por cuanto que recorta el derecho individual
al recurso de los ERE. No solo eso, ministra, nos trae además un real decreto en el que efectivamente, como señalaba el señor Simancas, nos propone algo en lo que todos volveremos a estar de acuerdo, como es reconocer los derechos a una asistencia
integral -así lo reconoce el real decreto en el preámbulo- a las víctimas del accidente de Santiago el pasado 24 de julio. Al mismo tiempo nos proponen un reconocimiento a ADIF de solicitud de créditos simple y llanamente porque no ha funcionado la
venta de suelo público en el periodo anterior. Nos encontramos con que en este caso urge una medida de estas características que debía haber sido debatida en su contexto, en sus propios términos, y no, como digo, a través de un real decreto que
tenía por objeto otra cuestión, que partía de una situación de consenso que debía haber sido respetada y que finalmente no contenta ni a unos ni a los contrarios. Creo que no contenta a nadie porque los derechos de unos trabajadores no pueden
servir de paraguas para cortar los derechos del conjunto de los trabajadores. No puede ser así, ministra.
No podemos estar de acuerdo con la propuesta que nos trae, ese será el sentido del voto de Geroa Bai, el voto contrario, y por supuesto solicitaremos la tramitación como proyecto de ley de este real decreto, porque no podemos aceptar este
totum revolutum -asiente la ministra; la verdad es que compartimos esa posición, en eso sí-, que finalmente se ha convertido, a nuestro entender, en una trampa.
Gracias, presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Barkos.
Por el mismo grupo, el señor Cuadra.
El señor CUADRA LASARTE: Señoras y señores, igualmente expreso desde aquí nuestra más completa solidaridad, nuestra más estrecha solidaridad con las personas y con el compañero agredidos ayer en la delegación de la Generalitat aquí, en
Madrid, y al mismo tiempo nuestra solidaridad y nuestra felicitación a quienes eran también con toda certeza el segundo objetivo de esta agresión, ese millón y medio de personas que ayer se manifestaron en una cadena humana en Cataluña en defensa
del derecho a decidir de su pueblo.
Entro en materia. Una vez más estamos discutiendo aquí un decreto-ley elaborado conforme a la depurada técnica jurídica denominada del batiburrillo por parte del Gobierno, en la que, como en las tiendas de todo a cien, se mezcla seguridad
aérea, sector ferroviario, ley concursal, entidades navieras, impuesto sobre sociedades, pago a proveedores, contratación parcial, negociación colectiva... ¿Qué quieren ustedes que yo les cuente? Hace treinta y cinco años, cuando yo terminé la
carrera, si en la Escuela de Práctica Jurídica alguien hubiera presentado como trabajo un decreto-ley de estas características, estoy completamente convencido de que le hubieran obligado no solo a repetir curso sino toda la carrera, porque esto es
absolutamente impresentable. De todas formas, ¿qué más da, si aquí existe una mayoría absoluta del Grupo Popular que, convertida en varita mágica, es capaz de transformar una chapuza extrema a nivel jurídico y político en bellos príncipes y
hermosas princesas? Así un sapo de estas características va a tener rango de ley.
Entrando en materia un poco más concreta, por no repetirme, hago mías sin más las críticas que se han vertido sobre la contratación a tiempo parcial; una flagrante injusticia, discriminación e ilegalidad que se venía cometiendo en el Estado
español, y que ha sido así denunciada y calificada por el Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea y el propio Tribunal Constitucional. También coincidimos en lo que se ha señalado sobre el accidente ferroviario de Santiago de Compostela.
Voy a comentar únicamente un par de temas más. El primero tiene que ver con la incorporación una vez más de toda una serie de mayores controles en los millones de personas perceptoras de la prestación por desempleo, ya que, como en
anteriores ocasiones, se está contemplando a este inmenso colectivo como sospechoso, creyendo que constantemente está maquinando para ver cómo hace fraudes con las percepciones que percibe. Se aumentan y se endurecen mucho todos los controles para
poder percibir esta prestación. Hace dos días tan solo la Asociación de técnicos del Ministerio de Hacienda hizo pública una nota en la que se hacía referencia a que de la evasión fiscal existente en el Estado, aquella a la que el Gobierno le
regaló de forma tan generosa la amnistía fiscal, un 97 % de la misma seguía oculta. Pues
bien, la pregunta es muy sencilla: ¿por qué en vez de perseguir, mirar con lupa a todos estos millones de personas desempleadas, no se multiplican los esfuerzos del Gobierno, tanto materiales como profesionales, como económicos, para
perseguir el fraude fiscal? ¿Por qué este trato duro, este guante de hierro para los desempleados y por qué esa mano tan generosa para los grandes defraudadores? Por último, queremos denunciar también desde Amaiur la nueva vuelta de tuerca
centralizadora que practica este decreto en la negociación colectiva. Se margina así, una vez más, a la mayoría sindical existente en nuestro país, en Euskal Herria, y se centraliza muchísimo más el marco de la negociación colectiva a favor de unos
sindicatos estatales, de unos sindicatos de unos marcos estatales y estatalistas, marginando a las mayorías sindicales existentes en nuestro país. Por eso el voto de Amaiur va a ser negativo a este decreto, por ser absolutamente chapucero, por ser
un decreto en el que un colectivo de millones de personas, como es el de los desempleados y desempleadas, es mirado con sospecha por parte del Gobierno y porque, en última instancia, aprovechando una vez más que el Pisuerga pasa por Valladolid, se
impone a Euskal Herria, por encima de sus mayorías políticas, sindicales y sociales, marcos de negociación, marcos sindicales que se oponen a lo que se está decidiendo allá, en nuestro pueblo.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Cuadra.
Por el Grupo Vasco, PNV, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta.
Señorías, quiero que sean también mis primeras palabras de solidaridad con nuestros compañeros catalanes que fueron objeto de una agresión en la noche de ayer en la celebración de un acto institucional. Nos preocupa mucho la imposición de
la razón de la fuerza contra la fuerza de la razón. Quienes ya tenemos algunos años hemos luchado contra los que hacían paradigma de su ideología la razón de la fuerza. No sería la primera vez que en debates e iniciativas parlamentarias de quien
les habla y de otros grupos parlamentarios le hemos insistido al ministro del Interior en que averigüe por qué se consolidan, por qué proliferan grupúsculos de ideología fascista que uno considera que cada vez son más visibles y que además actúan
con lo que uno tiene la impresión de que puede calificarse de cierta impunidad, con todas las limitaciones y con toda la cautela que conviene hacer estas reflexiones. Desde esa perspectiva lo siento, saben que cuentan con nuestro apoyo más
solidario y más afectuoso. (Aplausos).
Dicho lo cual, señora presidenta, señora ministra, nos encontramos otra vez con un real decreto-ley que podríamos considerar, como otros portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, el paradigma de la pulcritud en la actividad
legislativa. Esto está preñado de inconsistencias sistemáticas, señora ministra, hasta el punto de que usted se ha visto en la obligación por falta de tiempo, por falta de ganas o por desconocimiento, de defender solo la sexta parte del contenido
del real decreto-ley; la parte que tenía que haber constituido la totalidad del real decreto-ley, que es la nueva configuración del sistema de cómputo del contrato de trabajo a tiempo parcial en virtud de la declaración de nulidad del anterior por
la sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de febrero del año 2013. Además habíamos pactado la configuración de este sistema nuevo de cómputo de contrato a tiempo parcial, y no hubiese merecido reproches porque viene avalado por acuerdos
interprofesionales y también por las proposiciones inequívocas de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. Lo que pasa es que nos encontramos con un proyecto de ley en el que se regulan materias atinentes a la seguridad
aérea, al ajuste del déficit en el ámbito aeroportuario, a las reformas del sector ferroviario, a la actuación de los cómputos del sector ferroviario y de las tarifas, en virtud de una serie de principios evanescentes para una persona que no está
cualificada y no tiene especialización alguna, porque se basan en el cálculo de tiempos de viaje, márgenes de puntualidad, retraso y perturbaciones -no sé a que se refieren con perturbaciones, pero me lo puedo imaginar-, valoración de retrasos y
liquidación y resolución de conflictos, la configuración de sistemas de indemnización a las víctimas de accidentes ferroviarios, la configuración y provisión de nueva naturaleza jurídica nada menos que a la Sareb, la modificación del Real Decreto
Legislativo 1/1994 y del Real Decreto Legislativo 1/1995, una modificación parcial de la Ley Concursal, una modificación de la Ley de Procedimiento Laboral del año 2011. No sé que más se podría meter en un real decreto-ley de estas características,
pero le quiero hacer una advertencia cariñosa, señora ministra. Recuerde que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales las leyes de acompañamiento. Nos encontramos con que tienen casi el fumus o la apariencia de leyes de acompañamiento
todos y cada uno de los reales decretos leyes que ustedes están presentando en esta legislatura, porque tienen esta característica absolutamente anfibológica de regular todo tipo de materias de forma desordenada y parcial, con lo cual los operadores
jurídicos ya nos están criticando y reprochando
que es imposible saber qué normas están vigentes, dónde encontrarlas y cómo aplicar el ordenamiento jurídico, el derecho. Estamos provocando una quiebra en el principio de seguridad jurídica que, al fin y al cabo, es un principio
constitucional.
En cuanto a lo que se contiene en este real decreto-ley, usted ha defendido la sexta parte y yo por congruencia también voy a defender la misma parte, porque no voy a ser más papista que el Papa o más papista que usted en la defensa del real
decreto-ley. Voy a intervenir algo más que la sexta parte, voy a intervenir con más amplitud, con un espectro más amplio, más trasversal que el que usted misma ha utilizado. En relación con las tarifas en el ámbito ferroviario, la reducción del
déficit en el sector aeroportuario, puesto que se va a debatir -ya lo pedimos formalmente- como proyecto de ley, tendremos la ocasión de, desagregando las materias, poder opinar con más pertinencia sobre estas cuestiones, la atención a las víctimas
después de la conmoción evidente que ha producido en el inconsciente del país el brutal accidente del tren Alvia llegando a Santiago de Compostela. Todas estas materias las analizaremos con más detenimiento cuando se debata el proyecto de ley que
parece que va a anunciar.
En cuanto a lo que realmente constituye el tronco, el corazón de este real decreto-ley, estamos de acuerdo con la configuración del sistema de cómputo nuevo del trabajo a tiempo parcial a través de la aplicación del llamado coeficiente de
parcialidad, que además está negociado con los grupos parlamentarios. Yo no recuerdo en la reunión con los grupos parlamentarios discrepancias por parte de ninguno. Me ha sorprendido que de forma sobrevenida se hayan escuchado en el debate de hoy
algunas discrepancias que no se oyeron cuando tuvimos las reuniones previas con personas relevantes de su ministerio, y todo parecía razonable. Esto de aplicar un coeficiente de parcialidad, estableciendo un sistema de cómputo alternativo,
considerando las jornadas de tiempo ordinarias y las jornadas de tiempo parcial y aplicando, mediante horas trabajadas por día a las de tiempo parcial, un incremento del 1,5 % como coeficiente de parcialidad, nos pareció bien a todos, incluidas las
organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales. Desde esa perspectiva, cuente con nuestro apoyo para este aspecto concreto que debía ser el único elemento que debía regular este real decreto-ley.
Ustedes penetran en otros terrenos más vidriosos, más delicados que están muy conectados con la reforma laboral. Algunos son discutibles, señora presidenta. En las prestaciones por desempleo sabe que conceptualmente nosotros nunca le
reprocharemos que haya una exigencia de que los prestatarios, los beneficiarios de prestaciones y subsidios de desempleo estén inscritos como tales. Cualquier medida o cautela relativa a la concurrencia permanente para la percepción de la
prestación de las causas que justifican la percepción de la prestación nos parece razonable. Desde esa perspectiva, esas cautelas que se introducen manteniendo permanentemente y estableciendo excepciones por razones de ausencia del país de noventa
días en unos casos y, por otras razones, de un año para la recuperación y no la pérdida del derecho a la prestación nos parecen también razonables. Estos requerimientos tan coercitivos, no solo para realizar cursos formativos que están configurados
en la aplicación de las políticas activas para los desempleados perceptores de una prestación o subsidio sino ese compromiso de actividad, ese compromiso que en definitiva supone -explicado de otra manera- la necesidad de aceptar no un puesto de
trabajo vinculado a la especialidad o a la cualificación profesional del desempleado sino cualquier puesto de trabajo, cualquier oferta de empleo que se le presente, ya le dijimos en el debate de la reforma laboral que son discutibles porque podemos
obligar a personas carentes de cualificación y de especialización suficiente a aceptar trabajos que no puedan desarrollar con la suficiente eficiencia y se vean de forma encadenada en la situación de que por la facilidad y la descausalización de los
despidos -sobre todo de los despidos objetivos y colectivos- vuelvan con mucha rapidez a una situación -en una especie de rotación perversa- de desempleado. Tampoco nos parece mal que se asuma una especie de compromiso de actividad y que haya una
predisposición por el desempleado perceptor de una prestación o de un subsidio a aceptar un trabajo que exista, porque hemos observado, en manifestación del fraude muy sutil y poco denunciada, la poca receptividad o carácter refractario de muchos
desempleados a aceptar trabajos que los servicios públicos de empleo les ofertan y que en ocasiones no están muy alejados de sus cualificaciones y de sus capacidades o destrezas profesionales. Desde esa perspectiva la idea no nos parece mala, salvo
que se aplique con un criterio tan coercitivo y tan extremo que se obligue a trabajar a determinadas personas en ámbitos o en profesiones para las cuales manifiestamente carezcan de cualificación absoluta y no sean capaces de desarrollar esas
actividades.
Hay otras materias que ustedes establecen mediante la modificación de la regulación de despidos colectivos que más o menos consagran; no se diferencia mucho de lo previsto en la reforma laboral, salvo la penetración ligera e insuficiente de
la autoridad laboral en los periodos de consulta que se articulan
mediante una reestructuración del centro de trabajo cuando no todos los centros de trabajo de la empresa están afectados y mediante la estructuración del comité de empresa cuando todos los centros de trabajo de una empresa estén concernidos
por la aplicación de medidas de modificación de las condiciones de trabajo o por la aplicación de medidas de despidos de naturaleza colectiva. Esa ligera penetración de la autoridad laboral...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría, tiene que finalizar.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: ...que tendría que ser plena, en nuestra opinión, porque la autoridad laboral es la que provee a través de sus resoluciones -antes de la reforma laboral- de conocimiento suficiente a la jurisdicción del orden
social de la concurrencia de las causas que justifican un despido objetivo, no debería haber desaparecido. Ya que usted ha realizado una ligera aproximación a la reintegración de competencias a la autoridad laboral, debería haber tenido el coraje
suficiente para recuperar la intervención de la autoridad laboral, aunque sé que no está en condiciones de recuperar esta actuación de la Inspección de Trabajo de la autoridad laboral por convicciones ideológicas y porque además está pactado así con
las organizaciones empresariales.
Ya con esto acabo, señora presidenta. Usted también ha modificado -de forma perversa en mi opinión- la Ley de Procedimiento Laboral; de forma perversa porque ha invertido los elementos de legitimación activa y pasiva en los despidos
colectivos, otorgando a los empresarios legitimación activa para que un juez que dicta una sentencia que tiene la condición de cosa juzgada pueda considerar ajustado a derecho un despido colectivo por causas técnicas, organizativas o de producción,
con toda la generalidad y con toda...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sí, acabo ya.
Esto es al revés, señora ministra. Quienes tienen legitimación son los trabajadores para invocar en su caso la ilegitimidad de un despido de estas características, ilegitimidad pasiva del empresario. Esta inversión de legitimidad procesal
en la Ley de Procedimiento Laboral me la tiene que explicar mejor porque no se entiende...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría, lo siento, se acabó su tiempo.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Perdone, señora presidenta, pero estos reales decretos requerirían la mañana entera.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Sí, señor Olabarría, pero ya tenemos la cultura de lo que tarda usted en hacer su explicación. No es la primera vez.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Muy agradecido por su generosidad, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Siempre con usted, señor Olabarría.
Unión Progreso y Democracia, señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.
También quiero comenzar expresando en nombre de mi grupo nuestro rechazo a cualquier acto de violencia y a cualquier ilegalidad, que siempre rechazaremos sin excepciones venga de donde venga.
Entrando en el contenido del real decreto que nos ocupa, mi grupo tuvo una primera aproximación al mismo eminentemente positiva, dado que trata un asunto importante -la regulación de las jubilaciones de los trabajadores a tiempo parcial-
sobre el que había un grado importante de acuerdo en la Cámara y con los agentes sociales, por tanto, creíamos que hoy iba a ser un discurso más que nada para celebrar este importante acuerdo sobre las jubilaciones a tiempo parcial. Me referiré en
primer lugar a este punto, con el que estamos de acuerdo, pero luego hablaré de los otros bloques de medidas, que nada tienen que ver con esta cuestión, como han señalado otros portavoces.
Respecto a la jubilación de los trabajadores a tiempo parcial, se corrige aquí una situación eminentemente injusta. El tema ya se ha tratado anteriormente en la Cámara y recordarán sus señorías que el problema tiene que ver con cómo se
reconocían los períodos cotizados a los trabajadores a tiempo parcial, de tal forma que una trabajadora que hubiese cotizado durante dieciocho años veía ese esfuerzo
reconocido en un periodo de tres; necesitaba estar cincuenta años trabajando -a veces más- para que se le pudiese reconocer la pensión, lo que en términos prácticos suponía que no tenía acceso a esa prestación. Esto afectaba sobre todo a
mujeres en sus tres cuartas partes, con lo que también era un problema de discriminación de género. Ha habido dos sentencias, una del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y otra del Tribunal Constitucional, que han obligado al Gobierno a
cambiar esta regulación. Unión Progreso y Democracia ha impulsado este proceso con una proposición no de ley que coincidió con otras de CiU y de La Izquierda Plural y no le sorprenderá que apoyemos el resultado, porque las grandes líneas que allí
planteábamos y creíamos razonables son las que se han seguido, como es facilitar el acceso a esa prestación -se ha hecho con un coeficiente de proporcionalidad, de forma que se reduzca el período de carencia- y que esto se vea reflejado en la
cuantía, dado que estos trabajadores han tenido un menor esfuerzo de cotización. Nos parece una solución eminentemente razonable y una buena noticia, porque mejora la protección social de un colectivo importante en España ya que hay dos millones y
medio de trabajadores a tiempo parcial. Sin embargo, en España no deja de ser una figura un tanto estigmatizada. Son trabajadores que a menudo están de forma involuntaria en esta situación, en trabajos poco cualificados y con bajos salarios,
mientras que en otros países como Holanda esta figura ha demostrado su potencial sin ningún tipo de estigma. Ese estigma tiene mucho que ver con la mala regulación de la protección social y, en este sentido, esta mejora supone una gran noticia.
Sin embargo, no podemos dejar de manifestar alguna preocupación porque nos da la sensación, como manifestamos en la comparecencia del secretario de Estado, de que al eliminar este agravio a los trabajadores a tiempo parcial se puede estar
involuntariamente generando un nuevo agravio del que no se es consciente y que en este caso se refiere a los trabajadores a tiempo completo. Los trabajadores a tiempo completo que ahora coticen menos de quince años -catorce años y 364 días- no
tendrán acceso a la prestación y los trabajadores a tiempo parcial, con un menor esfuerzo de cotización, sí. Animamos al ministerio a que tenga esto en cuenta y corrija esta nueva discriminación antes de que dentro de dos o tres años haya una nueva
sentencia europea o constitucional que obligue a ello. Nos da la sensación de que el sistema se está reformando con parches y a trozos en vez de con una visión de conjunto, lo que da lugar a este tipo de disfunciones.
Por cerrar la cuestión de los trabajadores a tiempo parcial, querría reconocer el esfuerzo negociador del ministerio -ministra, secretario de Estado, director general de Ordenación-, de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Carolina
España, y del resto de portavoces en el Pacto de Toledo, que también hemos hecho un esfuerzo importante de acercamiento. Desearía que este fuese el final de mi discurso y decir que nos hemos puesto de acuerdo en algo importante que mejora la
protección social de los trabajadores a tiempo parcial. Si terminara aquí, nuestro voto sería evidentemente sí, pero, por desgracia, hay dos terceras partes del real decreto que, como señalaba el señor Olabarría, la ministra ha soslayado pero que
están ahí y que nosotros no podemos soslayar.
Hay un segundo bloque de medidas de carácter laboral que en opinión de mi grupo suponen una especie de agravamiento encubierto de la reforma laboral, con modificaciones importantes que afectan ni más ni menos que al Estatuto de los
Trabajadores. Estas reformas laborales añadidas, en nuestra opinión, van a tener consecuencias, como facilitar todavía más los despidos -si es que no se habían facilitado lo suficiente en la reforma laboral-, porque se recortan los plazos, se
reducen los requisitos de aportación de documentación que tienen que hacer las empresas y se dificulta que los jueces puedan declarar nulos estos despidos. Estas medidas adicionales a la reforma laboral, en nuestra opinión, facilitan los despidos.
También se establecen nuevos requisitos a los parados para que puedan cobrar las prestaciones y subsidios. Quiero llamar la atención sobre algo que nos preocupa especialmente y que no han mencionado otros grupos -y dudo que lo mencionen los grupos
posteriores-, algo que ha pasado inadvertido, como es la modificación del régimen de sanciones e infracciones. Hasta ahora, las sanciones dependían del Servicio Público de Empleo Estatal y los servicios autonómicos se limitaban a comunicar cuándo
detectaban un incumplimiento, pero la sanción, la tramitación y los recursos dependían del Servicio Público de Empleo Estatal. Con este real decreto se divide ese régimen de sanciones, queda en manos del Estado solo una parte, las infracciones que
tienen que ver con el incumplimiento del régimen económico de las prestaciones, pero otras cuestiones como el incumplimiento del compromiso de actividad pasan a los servicios de empleo autonómicos. La consecuencia que esto va a tener es que se
dupliquen estos servicios; los servicios autonómicos van a tener que crear nuevas unidades, equipos de letrados que puedan atender estos recursos y sanciones. Duplicidad de servicios, algo que el Gobierno dice combatir, y mayor gasto público;
necesidad de los servicios autonómicos de nuevos recursos, de letrados, de
equipos que permitan atender los recursos y sanciones de los que ellos se van a encargar. Nosotros nos oponemos claramente a esta medida importante que ha pasado inadvertida.
A todo esto -cambios en pensiones a tiempo parcial, medidas importantes en la reforma laboral- se añade un tercer bloque de medidas que me resulta difícil no solo analizar sino casi describir porque es una mezcla inconexa de cuestiones sobre
temas que tienen básicamente que ver con el transporte de todo género. Una importante y que apoyamos, por supuesto, es aprobar un reglamento de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios para facilitar la atención a las víctimas del
accidente de Santiago. Por supuesto que lo apoyamos, pero esto pone de manifiesto una vez más que el grave accidente ha sacado a la luz deficiencias importantes en nuestro sistema de seguridad y en nuestra propia legislación. Hay medidas sobre
tarifas aéreas de AENA, hay medidas sobre cánones ferroviarios, hay una autorización para el aumento del endeudamiento de ADIF de nada más y nada menos que 575 millones de euros. Se legisla por tierra, mar y aire sobre temas laborales, sobre temas
de pensiones y, en opinión de mi grupo -lo hemos dicho una y otra vez y no nos cansaremos de repetirlo-, esto es una degradación de la tarea legislativa del Congreso. Se nos obliga a tratar en diez minutos cuestiones complejas y variopintas, se nos
obliga a tomar una postura global en temas sobre los que no tenemos que tener la misma opinión. Nos parece bien lo de las pensiones a tiempo parcial y la ayuda a las víctimas de Santiago, pero hay muchas otras cosas que nos parecen mal. Esto se
suma a otras degradaciones del Congreso, no solo en su techumbre, sino en cuestiones como la postura de España en el conflicto de Siria o la respuesta del Gobierno al caso Bárcenas o Bárcenas-Rajoy. Para nosotros, el Parlamento es mucho más que una
ventana de sellado de engendros legislativos o una especie de apéndice del Poder Ejecutivo y con nuestra aquiescencia nunca vamos a ser cómplices de esta degradación de la tarea legislativa. Por ello, lamentándolo mucho porque hay cuestiones que
nos gustan, vamos a votar no en conjunto a este real decreto. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Anchuelo.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, ayer la ciudadanía de Cataluña protagonizó un verdadero clamor popular, sin duda con tonos y matices diversos, pero con una gran coincidencia en la exigencia del derecho democrático a decidir. Espero que todos
los grupos de la Cámara sean conscientes de que no se puede negar un derecho democrático como ese y sobre todo de que no se puede continuar cerrando los ojos. El diálogo político es imprescindible si queremos cumplir la función para la que hemos
sido elegidos. Déjenme que les diga también que me siento decepcionado por el hecho de que la sesión de esta mañana no haya comenzado con una declaración institucional de rechazo unánime de este Congreso a los actos fascistas de ayer en Blanquerna.
No es comprensible que no hubiera protección policial, no es comprensible que a una agresión fascista se le llame altercado y no es comprensible que se haga como si nada hubiera sucedido. No darle importancia al hecho de ayer supone sentar las
bases para que se vuelva a repetir y para que esos agresores fascistas se sitúen en la impunidad absoluta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Coscubiela, le he parado el tiempo. Antes de que continúe quisiera manifestarle que, como sabe, el señor presidente en este momento no está presente, he tenido que presidir yo, pero le
puedo anunciar que antes de las votaciones habrá esa declaración institucional. Yo, personalmente, lo rechazo radicalmente, pero le quiero recordar que soy vicepresidenta y no la presidenta, pero, por favor, sepa usted que el rechazo es unánime, no
solo de los grupos parlamentarios, que lo están haciendo en cada una en sus intervenciones, sino también de los miembros de la Mesa. Yo lo rechazo radicalmente. La libertad por encima de todo, ya que todos hemos luchado mucho para que volviera a
este país. Por tanto, tenga la seguridad de que se realizará esa declaración institucional.
El señor COSCUBIELA CONESA: Se lo agradezco, señora presidenta. Creo que tenemos muchas discrepancias, pero jamás he puesto en duda sus convicciones. Gracias.
Voy a entrar en materia. Nuestro grupo, La Izquierda Plural, va a votar en contra de la convalidación de este decreto-ley, ya que supone una nueva y grave vulneración de la función constitucional del poder legislativo. El Partido Popular,
el Gobierno, no contento con utilizar su mayoría absoluta para impedir el control del Gobierno, corrompe la función legislativa del Congreso una vez detrás de otra. El primer año
de Gobierno aprobaron ustedes treinta decretos-leyes, este año van a ser menos, pero solo en apariencia, porque se han acostumbrado a aprobar decretos-leyes portaaviones, cinco por uno, una práctica que ha sido declarada contraria a la
Constitución por el Tribunal Constitucional, pero que ustedes reinciden en ella con el convencimiento de que, en el mejor de los casos, el Tribunal Constitucional se va a pronunciar de aquí a diez años. Es, sin duda, un grave riesgo para el Estado
de derecho y un precedente muy negativo.
Este decreto-ley mezcla cambios tan importantes como seguros de transporte ferroviario, infraestructuras, tarifas aeroportuarias, presupuestos, Seguridad Social, empleo o legislación laboral. Solo en materia laboral y de empleo reforman
ustedes cinco leyes y tres decretos. Señora ministra, si alguien le ha escuchado, no va a entender qué es lo que hoy vamos a aprobar, porque ha explicado usted solo una pequeña parte de este decreto-ley. Sin duda un flaco favor a la transparencia,
a pocos minutos de discutir la ley de transparencia. La falta de transparencia llega al extremo de ocultar incluso el contenido de lo que se discute en esta Cámara y, además -se lo han dicho-, incurren en dosis elevadas de chapuza jurídica, como
cuando utilizan normas con rango de ley para modificar decretos y reglamentos; otra de las cosas que los tribunales les han echado en cara reiteradamente. (La señora vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia). Queremos dejar
claro, para que no haya ninguna duda y no se manipule como se ha hecho en otras ocasiones por parte del Partido Popular, que compartimos las medidas para garantizar la atención integral de las víctimas del accidente de Santiago, pero la democracia y
el sentido común deberían impedir que nos obliguen a votarlo en una sola votación en la que se mezclan churras con merinas en un verdadero batiburrillo.
Este decreto-ley confirma, desgraciadamente, que para el Gobierno el derecho y la Constitución son trastos viejos que deben quitarse de en medio para que no molesten en el ejercicio absolutista del poder. Además, señora ministra, su
comportamiento político como ministerio me resulta absolutamente incomprensible. Intento siempre entender por qué el que tengo delante hace las cosas; puedo coincidir o no, pero intento entenderlo, y esta vez, salvo que usted me diga algo o dé una
explicación, no lo entendemos. Por primera vez, durante esta legislatura y después de muchos meses de trabajo, se había conseguido un amplísimo acuerdo para mejorar la protección de los trabajadores a tiempo parcial con organizaciones sindicales y
empresariales y con todos los grupos de la Cámara, habiendo contribuido todos, y ustedes deciden tirar por la borda ese esfuerzo de diálogo con este decreto-ley. Llevan meses repitiendo que la oposición no tiene voluntad de acuerdo. Cuando
presentamos propuestas nos la rechazan y cuando llegamos a acuerdos nos ningunean de la manera que lo hacen hoy. Señora ministra, creo que usted no se puede ir de esta Cámara sin darnos una explicación lógica de por qué su ministerio ha incumplido
el compromiso con todos los grupos de la Cámara en la Comisión del Pacto de Toledo de aprobar las modificaciones del contrato a tiempo parcial en una norma propia, separada del resto, para que se pudiera visualizar ese trabajo y el resultado de ese
diálogo. No es posible. Parece que el Gobierno se siente cómodo, como pez en el agua, en la estrategia de conflicto, en la estrategia de la imposición de la mayoría absoluta, y hasta cuando hay acuerdo decide ponernos el pie en el cuello.
Señora ministra, en relación con las propuestas de trabajo parcial, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, manifestamos nuestro acuerdo en la Comisión del Pacto de Toledo. En todo caso, queremos pedirle al ministerio, a este Gobierno y a
todos los grupos de la Cámara que tengan presente que han quedado abiertos dos graves problemas. Primero, la desprotección que se mantiene a los trabajadores con contrato temporal a tiempo completo, cuya jornada se concentra en dos o tres días a la
semana -hostelería, sanidad- y que solo cotizan por esos dos o tres días. Esos trabajadores continúan, desgraciadamente, discriminados. Además, la mayoría son mujeres. Segundo, los cambios producidos en este decreto-ley hacen aún más insostenible
que se mantenga el requisito de carencia mínima de quince años de cotización para acceder a la jubilación contributiva. Sin duda, es un tema que este decreto-ley hace aún más insostenible y que deberemos abordar.
En materia laboral, con la excusa de dar seguridad jurídica, se introducen cambios que suponen un nuevo endurecimiento de la reforma laboral. Se dificulta el acceso de los trabajadores, la tutela judicial frente a los despidos colectivos.
Primero nos dijeron que hacían desaparecer la autorización administrativa de los expedientes de regulación de empleo, de los despidos colectivos, con la excusa de que las decisiones empresariales estarían sometidas a control judicial, y ahora,
cuando los tribunales dictan sentencias que dan amparo a los trabajadores sobre la base de las directivas de la Unión Europea de despidos colectivos, como a ustedes y a los grandes despachos, los bufetes de las multinacionales, no les gusta, deciden
también reducir de manera significativa la tutela de los tribunales. Ya le adelanto, señora
ministra, que intuyo que ni así van a salir, porque dudo que los tribunales acepten que no se pueda declarar la nulidad en los casos de fraude de ley que ustedes han olvidado incluir como un supuesto claro de despido nulo.
Señora ministra, desgraciadamente, una parte de este decreto-ley no se ha hecho ni en el ministerio ni en el Gobierno. Debería estar firmado por tres ministros: Garrigues, Sagardoy, Cuatrecasas, a lo mejor Roca, quién lo sabe, porque es
evidente que el contenido en materia laboral ha sido dictado por los grandes bufetes que defienden los intereses de las multinacionales. Solo así se explica que hayan recogido ustedes las exigencias que venían haciéndole en público desde hace
tiempo y que hagan una cosa tan horrorosa como atreverse a establecer que la obligación para presentar cuentas consolidadas solo se va a exigir a aquellas empresas que tengan la matriz fuera de España, con una clara vulneración del artículo 14, en
este caso en relación con las propias empresas. Igualdad ante la ley. ¿En nombre de quién legisla este Gobierno, señora ministra? ¿En nombre de quién da seguridad jurídica? A los ciudadanos y a los trabajadores, no; posiblemente a las grandes
corporaciones y a los bufetes que los representan, sí. En este decreto-ley ustedes hacen alguna barbaridad más. Por ejemplo, autorizan que las empresas privadas de colocación a las que el servicio público contrate sus servicios puedan al mismo
tiempo subcontratar, incluso cuando sean empresas de trabajo temporal. ¿Quiere más evidencia la ciudadanía de que este proceso es un proceso de privatización, donde van ustedes a convertir lo que debía ser un servicio público en un negocio?
Además, en materia de prestaciones por desempleo, le exigen ustedes al desempleado, para que no pierda su derecho cuando sale del país, que comunique y espere la autorización del Servicio Público de Empleo. Comunicar si, pero esperar la
autorización... ¿Han pensado qué le puede suceder a un trabajador inmigrante o que tenga familia fuera del país al que se le muera un familiar o que esté gravemente enfermo que deba esperar la autorización del Servicio Público de Empleo? ¿Qué
escoge? ¿La familia o la prestación por desempleo? ¿Piensan los que hacen las normas alguna vez en las personas a las que debe aplicarse? Además, señora ministra, cometen ustedes otra arbitrariedad jurídica. Cuando establecen que se va a poder
rescindir el pago de la prestación por desempleo sin un expediente administrativo previo de sanción están provocando grave indefensión e inseguridad jurídica en los parados. Vigilar sí, sancionar también, pero sin ni tan siquiera la posibilidad de
alegar en un expediente administrativo es una barbaridad. Otra manera de ver la seguridad jurídica. Seguridad jurídica para las empresas; inseguridad jurídica para los trabajadores y para los desempleados.
Señora ministra, compartimos que debe perseguirse el fraude en las prestaciones por desempleo, pero nos gustaría que este Gobierno tuviera más autoridad, y no la tiene. Usted forma parte, señora ministra, de un Gobierno cuyo presidente lo
es de un partido político, el Partido Popular, que ha estado cometiendo un grave fraude a la Seguridad Social, una ficción laboral. Mantener a alguien en la Seguridad Social que no trabajaba y no realizaba contraprestación de trabajo pero que
percibía un salario y estaba cotizando por ello, como el señor Bárcenas, es sin duda un fraude a la Seguridad Social. ¿Ha hecho usted, señora ministra, alguna actuación en ese sentido siendo, como es, responsable de esa materia? ¿Puede ser el
presidente del Gobierno alguien que dirige una empresa que, utilizando su terminología, mantiene una relación laboral ficticia hasta que es descubierto? Por supuesto que no.
Termino, señora ministra, y voy a desmentir al señor Anchuelo. Yo voy a tratar también el tema de la modificación de la Ley de infracciones y sanciones del orden social, pero justo en la dirección contraria de lo que lo ha hecho él. El
decreto-ley contiene cambios en esa materia como consecuencia de una sentencia del Tribunal Constitucional en un conflicto de competencias planteado por la Generalitat de Catalunya en el año 2003; un decreto que vulneraba las competencias de la
Generalitat y que fue aprobado por el Gobierno de Aznar. Diez años después el Tribunal Constitucional se pronuncia. ¡Viva el Estado de derecho y las garantías! Diez años después se pronuncia y ustedes hacen un decreto-ley que se pasa la sentencia
del Tribunal Constitucional por el forro y mantienen de nuevo en un aspecto muy concreto -ya hay catedráticos de Derecho que se lo han echado en cara- otra vulneración competencial, porque continúa afectando a la Generalitat de Catalunya en su marco
competencial. Desoye la sentencia del Tribunal Constitucional diez años después de iniciarse el conflicto. Señoras y señores diputados, ¿se extrañan ustedes de que con este comportamiento del Gobierno central aumenten cada vez más en Cataluña
quienes quieren tener un Estado propio? Cuando no hay Estado de derecho, cuando se aprovechan las mayorías para cargarse el derecho de las minorías, cuando se vulnera...
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Señor Coscubiela, tiene que ir terminando.
El señor COSCUBIELA CONESA: Termino.
...la relación mínima entre administraciones y cuando se utiliza el peso de la mayoría absoluta y la falta de garantías que produce que el Tribunal Constitucional no se pronuncie hasta diez años después, sin duda hay muchas razones para que
la gente piense que así no se puede continuar. Estas son algunas -no todas- de las muchas razones que nuestro grupo tiene para votar no. Señora ministra, espero que esta vez usted nos dé alguna explicación al menos de por qué nos ha hecho la
pirula a todos los grupos que estamos en la Comisión del Pacto de Toledo y sobre todo que nos permita discutir esto como proyecto de ley. Si no lo hace, va a ser muy difícil hablar con usted. Recuerde que entre los interlocutores hay una cosa
sagrada, pacta sunt servanda. Señora ministra, si no se cumplen los acuerdos, el interlocutor, la interlocutora, señora ministra, queda absolutamente hipotecada para el futuro. Lo siento, pero es así. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Gracias, señor Coscubiela.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, mi grupo ha de rechazar también la agresión fascista que ayer se produjo en Blanquerna. Nadie puede pretender banalizar ni minimizar aquello que sucedió. Se me hace difícil pensar qué más grave puede suceder que un asalto a un
centro público, la delegación de la Generalitat, con un público compuesto singularmente por diputados y senadores de estas Cortes Generales. Señorías, si me permiten, ese acto agresivo y fascista de ayer contrasta con la expresión cívica, popular y
democrática de cientos de miles de catalanes que inundaron las carreteras y las calles de nuestro país con la exigencia del derecho democrático a decidir. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Sería bueno que de esa Diada quedase lo que se
expresó en Cataluña y que lo que se expresó en Madrid formase parte de aquello que todos debemos de rechazar y que esta Cámara sea capaz de escuchar el clamor del pueblo de Cataluña. (Aplausos).
Hecha esta consideración, en relación con el real decreto que vamos a convalidar, he de decir que junto con la crítica que ya en diversas ocasiones todos los grupos hemos formulado sobre la manera en la que este Gobierno esta legislando a
través de reales decretos-leyes que se convierten en verdaderas leyes de acompañamiento, rechazadas en su día por el Tribunal Constitucional, en un verdadero cajón de sastre que impide una mínima discusión seria sobre las cuestiones que se deben de
aprobar, más allá de esa crítica que por repetida no podemos convertir ya en normalidad en nuestra actuación parlamentaria, he de decirle, señora ministra que, si me permite, han sido políticamente torpes hoy o en agosto al aprobar la reforma de la
protección de los trabajadores a tiempo parcial y fijos discontinuos de esta manera.
Hoy podríamos tener un debate monográfico, específico sobre esa reforma, en el que todos los grupos de la Cámara nos mostraríamos de acuerdo y felicitaríamos al Gobierno -antes me ha parecido ver en la tribuna al señor Burgos; ahora debe de
estar en el área de Gobierno- por cómo había gestionado con el Pacto de Toledo y con los agentes sociales esta reforma, nos felicitaríamos por el contenido específico de la misma y entenderíamos que mejora sustancialmente la protección social de
estos trabajadores; en cambio, inevitablemente, el debate no pone el acento en aquello que hemos mejorado sino que cada grupo desde su posición legítima expresa aquello en lo que discrepa. Hemos perdido la oportunidad de lanzar un mensaje positivo
a la sociedad en relación con una cuestión tan relevante como esta y, sobre todo, de marcar un camino en las próximas reformas del sistema de pensiones. Señora ministra, han sido torpes acumulando en este real decreto la reforma a tiempo parcial
con otras consideraciones.
Voy a dedicar buena parte de mi intervención a discutir las cuestiones de tiempo parcial para darles valor, en primer lugar, por lo que representan en relación con el funcionamiento del diálogo social. Respecto a la propuesta inicial que
ustedes formularon y que trasladaron al Pacto de Toledo y a los agentes sociales, el diálogo social y singularmente el papel de los sindicatos ha permitido mejorar la propuesta inicial del Gobierno. Ahí les felicito y felicito a los agentes
sociales, singularmente a los sindicatos, por ese esfuerzo; ahí se nos indica que esa es la metodología que en materia de sistema de pensiones debemos continuar desarrollando. Aquello que da fortaleza a medio y largo plazo al sistema de protección
social y también -ojalá- a las políticas en el ámbito laboral es el acuerdo, la concertación social. Ese es el camino. En segundo lugar, quiero poner en valor la propia dinámica del Pacto de Toledo. Se han producido diversas reuniones de la
ministra y del secretario de Estado con los diputados y las diputadas del Pacto de Toledo que han permitido ir construyendo un acuerdo en relación con esa propuesta, y ahora, en el inicio ya de la negociación de una nueva reforma del sistema de
pensiones en relación con el factor de sostenibilidad,
señora ministra, mi grupo le quiere reclamar que la manera en la que se ha discutido lo relativo a la protección del tiempo parcial sea la manera con la que discutamos esa nueva reforma: ante los agentes sociales y en el marco del ámbito
del Pacto de Toledo. Ese es el camino. Quizá eso exige tiempo, dedicación, pero que las prisas no lleven a que el Gobierno tome decisiones de carácter unilateral que no cuenten con el acompañamiento de la concertación social y que no cuenten con
el acompañamiento de la mayoría de los grupos parlamentarios. Además, en esta reforma en concreto, el papel de los tribunales ha sido fundamental; aquello que ha precipitado la solución a un problema que arrastrábamos desde muchos años ha sido una
sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, que establece que la legislación española era discriminatoria, y una posterior sentencia del Tribunal Constitucional, que anula los preceptos legales que regulaban el tipo de cotización a tiempo parcial.
Agradecemos también -y sería bueno que la Cámara tomase nota- que hayamos llegado a esta situación no tanto por la voluntad política del Gobierno sino por dos sentencias que obligaban de manera absolutamente inevitable a tomar esta decisión.
Señorías, junto a las proposiciones no de ley que aprobamos en esta legislatura mandatando al Gobierno a que diese cumplimiento a esas sentencias, he de poner en valor el mandato legal introducido en la ley 27/2012, en la que, a través de
una disposición adicional, mandatábamos al Gobierno a que en el plazo de un año promoviese ante las Cámaras y de acuerdo con los agentes sociales una reforma del tiempo parcial en una dirección similar a la que finalmente hemos aprobado. Esa
disposición adicional fue introducida en el trámite parlamentario de la Ley 27/2012 por parte del Grupo de Convergència i Unió, en el marco del acuerdo que alcanzamos con el Grupo Parlamentario Socialista -con los señores Gómez y Granado y con la
señora López i Chamosa- en la pasada legislatura. Desde ese punto de vista, mi grupo entiende que hoy esta reforma da respuesta a ese mandato legal introducido en la Ley 27/2012. Esta es una cuestión fundamental en un momento en el que estamos
observando cómo, fruto de muchas circunstancias -también de las reformas introducidas en la regulación al tiempo parcial últimamente-, la contratación a tiempo parcial está aumentando. Por tanto, todas las discusiones sobre cómo protegemos a los
trabajadores a tiempo parcial alcanzan una singular importancia; a más personas trabajando a tiempo parcial, mayor preocupación debemos tener en relación con los derechos de protección social que este tipo de empleos generan. Las cifras nos
indican que continúan siendo mujeres quienes optan por el trabajo a tiempo parcial. Por tanto, habrá que ver en el tiempo si la mejora que hoy introducimos es suficiente. Mi grupo no descarta que próximamente debamos continuar mejorando el trabajo
a tiempo parcial si este continúa creciendo y si las pensiones que se van generando no tienen suficiente cuantía para permitir a las personas que opten por trabajar a tiempo parcial garantizarse una vejez digna. Las tres fórmulas que se introducen:
ponderación individualizada para alcanzar el periodo de carencia de los quince años, mantenimiento del multiplicador de 1,5 puntos por día trabajado y mantener el sistema de complementos a mínimos, son tres cuestiones importantes.
Quiero remarcar también -al margen de las cuestiones relativas al tiempo parcial- que el real decreto introduce a los consejos comarcales, que es una institución de la Administración local de Cataluña, como beneficiarios del mecanismo de
financiación de proveedores. Esa es una cuestión que Convergència i Unió venía reclamando, que mi grupo planteó al Grupo Parlamentario Popular y que finalmente se ha concretado en este real decreto-ley. Valoramos positivamente su inclusión,
lamentando insisto, que la formulación del debate sea tal y como lo tenemos que hacer; discutir de consejos comarcales y de trabajo a tiempo parcial es absolutamente surrealista.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora España.
La señora ESPAÑA REINA: Muchas gracias, presidente.
Quiero que mis primeras palabras sean, cómo no, para sumarme al resto de los grupos en el rechazo a la agresión que ayer sufrieron ciudadanos catalanes que estaban celebrando la Diada en Madrid. Desde el Grupo Parlamentario Popular quiero
expresar nuestro rechazo total y absoluto.
Con respecto a este real decreto-ley tengo que expresarles mi sorpresa y mi tristeza al mismo tiempo por el hecho de que algunos grupos hayan decidido no apoyar este real decreto-ley. Ustedes se quejan de que es un real decreto-ley que
contiene muchas materias de diversos ministerios, pero todas las materias que contiene son urgentes, necesarias y positivas para los ciudadanos y además, por respeto a esta Cámara, este real decreto-ley se va a tramitar como proyecto de ley para que
los grupos puedan presentar mejoras y propuestas. Además, señorías, saben ustedes que hay muchos ejemplos de reales decretos-
leyes que contienen materias muy variadas de diversos ministerios. Ayer estuve mirando y encontré muchísimos ejemplos. Por ejemplo, el Real Decreto-ley 9/2011, antes de marcharse ustedes del Gobierno de España, señores socialistas, en el
que se regulan el Sistema Nacional de Salud, la contribución a la consolidación fiscal, los avales del Estado, etcétera.
Me quiero centrar en la materia que da título a este real decreto-ley que realmente es la importante para el Grupo Parlamentario Popular, que es la protección a los trabajadores a tiempo parcial. Saben ustedes, y ya se ha dicho aquí, que se
produjeron dos sentencias, una del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en noviembre del año pasado y la sentencia 61/2013 del Tribunal Constitucional, por la que se declara nula e inconstitucional la regla de cómputo para la cotización que
tenían que acreditar los trabajadores a tiempo parcial para poder tener derecho a las prestaciones a la Seguridad Social. Les puedo decir que desde el primer momento el Gobierno del Partido Popular ha estado trabajando durante muchas horas para
conseguir este acuerdo. Por eso, señorías, ese acuerdo, que se firmó el 31 de julio entre el Gobierno de España y los agentes sociales, y este real decreto-ley son el resultado de muchas horas de trabajo, de diálogo, de negociación; un consenso y
un acuerdo que desde el Partido Popular entendemos que deben ser las premisas básicas que deben regir temas tan delicados que afectan a miles de ciudadanos y cuya solución debe perdurar en el tiempo gobierne quien gobierne. Por eso, señorías, con
este real decreto-ley hoy se hace justicia, se hace justicia social, y yo quiero agradecer a la ministra de Empleo y Seguridad Social su capacidad de diálogo, de negociación, su sensibilidad y su esfuerzo para llegar a este acuerdo y que lo traslade
igualmente al resto del equipo de la Secretaría de Estado de Seguridad Social. Le decía al principio que se hace justicia social por diferentes motivos. En primer lugar, porque se resuelven todas las dificultades que han tenido los trabajadores a
tiempo parcial para poder acceder a las prestaciones de la Seguridad Social; en segundo lugar, con esta nueva regla se va a permitir que el 40 % de las solicitudes de jubilación, que hasta ahora mismo eran denegadas, tengan ahora derecho a una
pensión de jubilación. Señorías, no se nos puede olvidar un matiz fundamental, y es que la mayoría de las personas que están inscritas en el régimen de trabajadores a tiempo parcial son mujeres. Por lo tanto, señorías, con este acuerdo muchos
ciudadanos, muchas mujeres van a tener derecho a una pensión que antes no tenían, es decir, van a tener un futuro mejor, y se garantiza la pensión mínima. Por lo tanto, les aseguro que no es posible un mejor acuerdo.
Señorías, ustedes, con su voto negativo, están diciendo que no a que 2,5 millones de personas mejoren las prestaciones sociales, están votando en contra de lo que la lucha sindical considera una reivindicación histórica y están diciendo que
no a que muchas mujeres y muchos trabajadores precarios tengan una pensión y un futuro mejores. (El señor Coscubiela Conesa hace signos negativos). ¿Y por qué votan ustedes que no? El Grupo Socialista ha hecho alusión a los temas de empleo, y yo
les digo que no, señorías. El Partido Socialista se ha opuesto al 84 % de las iniciativas que ha presentado el Gobierno y este Grupo Parlamentario Popular simplemente por una sencilla razón, porque de lo que se trata, según ellos, es de bloquear
los acuerdos y de recurrir por recurrir cualquier solución que plantee el Gobierno y el Grupo Popular para sacar a este país adelante. Ya lo ha dicho el señor Pérez Rubalcaba hace unos días: recrudeceré -vaya palabrita- e intensificaré la
oposición al Gobierno; y lo lamento tremendamente porque hemos conseguido un verdadero acuerdo histórico, donde además se garantiza el principio de igualdad para todos los trabajadores, es decir, el mismo tratamiento para los trabajadores a tiempo
parcial y a tiempo completo. Por lo tanto, señorías, tienen que pensar que ustedes están diciendo que no también a que se elabore por el Gobierno un reglamento de asistencia integral a víctimas y familiares de accidentes de transporte ferroviario,
precisamente para ir más allá de lo que regula el reglamento europeo; y también están diciendo que no a que Renfe pueda abonar los anticipos a cuenta que procedan en relación con el accidente ferroviario del 24 de julio -señor Simancas, las
víctimas tienen todo nuestro respeto, por eso mismo se hace en el primer Pleno de la legislatura-; y también están ustedes diciendo que no con su voto a que la Sareb tenga la condición de entidad colaboradora en la gestión de las ayudas de los
planes de vivienda estatales. ¿Y esto qué quiere decir? Al final están diciendo que no a que los posibles compradores puedan percibir las ayudas que lleven adheridas esas viviendas. Y están diciendo que no a la disposición final sexta, que no he
escuchado por ningún lado, a que más entidades locales se puedan acoger a la última fase del mecanismo del Plan de pago a proveedores, proveedores a los que luego habrá que pagarles, lógicamente, para que puedan mantener el empleo y crear más
empleo; y están diciendo que no a que se puedan atender los pagos a los proveedores de los consejos comarcales, que habían quedado excluidos.
Con respecto a los temas en materia laboral, efectivamente se trata de modificaciones que suponen aclaraciones, mejoras técnicas y simplificación. Con el tema de los perceptores de las prestaciones y subsidios por desempleo, señora López i
Chamosa, le tengo que decir que lo que se hace es otorgar una mayor seguridad jurídica. Lo único que hace es aclarar que para percibir y conservar la prestación o el subsidio los beneficiarios deben estar inscritos y mantener dicha inscripción a
través de la renovación de la demanda de empleo. No asusten a los desempleados. Lo único que se hace es reforzar la norma. Con respecto a la comisión negociadora en el período de consultas, se trata de dar mayor agilidad al proceso. No se puede
hacer una comisión negociadora con doscientos miembros, como ha ocurrido en otras ocasiones.
Señor Olabarría y señor Coscubiela, no existe ninguna modificación perversa del proceso laboral. Este real decreto-ley otorga un mayor espacio a la demanda colectiva que puedan presentar los trabajadores contra la decisión empresarial del
despido colectivo, pero se mantiene intacto el acceso a la justicia de los trabajadores para poder reclamar individualmente contra su despido individual, garantizándose, como no podía ser de otra manera, señorías, el acceso a la tutela judicial
efectiva de los trabajadores. Por tanto, yo entiendo que no existen argumentos sólidos para votar en contra de este real decreto-ley. Sin embargo, ustedes siempre utilizan cualquier intervención, cualquier decreto, para arremeter contra la reforma
laboral. Le puedo decir que seguimos con cifras de desempleo inaceptables, pero también les tengo que recordar que en el año 2007 este país tenía un 8 % de paro y ustedes, cuando se marcharon del Gobierno, señores socialistas, lo dejaron en un 23
%, quince puntos de incremento cuando la media de la Unión Europea fue solo de tres puntos. Se está viendo un cambio de tendencia; no lo digo yo, lo ha dicho también su líder socialista, el señor Pérez Rubalcaba, que lo peor de esta crisis ya ha
pasado. Llevamos seis meses consecutivos de bajada del paro, 340.000 desempleados menos y 150.000 personas que desde el mes de enero han encontrado trabajo.
Señora López i Chamosa, no van a tener que trabajar los niños como en China o en la India. Seguramente vamos a tener que trabajar todos más años porque acuérdense que el Gobierno socialista -ustedes- elevó la edad de jubilación de los
sesenta y cinco a los sesenta y siete años, y eso probablemente sí sea una bajada de pensiones cercana al 20 %. Digo esto porque, como todos los años, ya vuelven ustedes con la alarma social y a crear el miedo en el cuerpo de que vamos a bajar las
pensiones a los pensionistas. Señorías, la propuesta del Gobierno no es bajar pensiones, sino todo o contrario. Nunca el Partido Popular ha bajado las pensiones ni lo va a hacer. (Aplausos). La propuesta del Partido Popular es que ningún
Gobierno, ningún partido, pueda volver a congelar las pensiones como hizo el Partido Socialista. Nunca más a la congelación socialista de las pensiones. Siempre subirán, como han subido este año 2013 un 2 % para la mayoría, para el 75 % de las
pensiones, cuando el IPC de agosto ha sido el 1,5 %, es decir, más de medio punto sobre el IPC. Por tanto, con esta nueva propuesta del Gobierno siempre subirán las pensiones como mínimo un 0,25 %, pero pueden subir el IPC y más del IPC, el IPC más
0,25 %. Por tanto, con esta propuesta pueden estar tranquilos los pensionistas, porque nadie podrá volver a congelar las pensiones en este país, ni el Partido Socialista ni nadie, por una sencilla razón, porque el sistema de pensiones es la columna
vertebral -decía el corazón la señora ministra ayer- del Estado del bienestar y la apuesta del Partido Popular es total y absoluta por el Estado del bienestar, por el sistema público de pensiones y por la sostenibilidad de la Seguridad Social.
Termino, presidente, pero quiero hacerlo en positivo. A pesar del rechazo que han mostrado algunos grupos de esta Cámara hacia este real decreto-ley, yo tengo que agradecer a los portavoces del Pacto de Toledo la buena disposición que han
tenido en los meses en los que hemos estado negociando, porque el Pacto de Toledo está vivo, más vivo que nunca, y tiene que seguir caminando por el sendero del diálogo y la negociación para abordar el próximo reto que tenemos encima de la mesa, que
es definir el factor de sostenibilidad para seguir construyendo entre todos el mejor futuro de la Seguridad Social, que en definitiva es el futuro de todos los españoles que han trabajado y que trabajan cada día para levantar este país. Es tarea y
responsabilidad de todos, señorías.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora España.
Señora ministra de Empleo.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Gracias, presidente.
Solo intervendré para agradecer el trabajo y el acuerdo que hoy se reafirma con la aprobación y convalidación de este real decreto-ley para mejorar la protección de los trabajadores a tiempo parcial,
agradecer el trabajo que han hecho los señores diputados por este acuerdo. En segundo lugar, quiero anunciar a los grupos de la Cámara que el Gobierno tramitará este real decreto como proyecto de ley para que también se puedan sumar
propuestas en aquellos puntos del real decreto en los que no hay total coincidencia con el Gobierno. Y en tercer lugar, quiero sumarme a la condena más profunda a toda violencia y también a la agresión que compañeros nuestros diputados sufrieron
ayer por unos radicales.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.-El señor Anchuelo Crego pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Perdone presidente, he anunciado nuestro voto negativo al real decreto desde la tribuna por su tramitación, pero ante el anuncio de la ministra de que se va a tramitar como proyecto de ley, lo que permitirá
enmiendas y diferenciar posturas, nuestro voto no será negativo, como he anunciado, sino abstención.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO. (Número de expediente 121/000019).
El señor PRESIDENTE: Entramos en el siguiente punto del orden del día. Dictamen de la Comisión sobre el proyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
Varios grupos han manifestado su intención de defender en el Pleno sus enmiendas. Empezamos por el Grupo Mixto que, dada la importancia de este proyecto, tendrá las intervenciones habituales de cuando son proyectos importantes. Para fijar
posición, tiene la palabra la señora Barkos.
La señora BARKOS BERRUEZO: Gracias, señor presidente.
Muy brevemente, intervendré desde la tribuna para dar por defendidas las enmiendas presentadas por Geroa Bai a este proyecto y para lamentar, por cierto profundamente, el hecho de que no se haya producido una conversación con vocación de
llegar a acuerdo con el conjunto de las formaciones que estamos presentes en esta Cámara. A nuestro entender, este era un proyecto que exige el consenso convencido y absoluto del conjunto de los grupos. Es cierto que se han producido negociaciones
y las saludamos, en ese sentido no podemos decir otra cosa, pero lamentamos profundamente, como digo, que no haya sido con la totalidad de los grupos de esta Cámara. Por lo tanto, presidente, quedan defendidas las enmiendas de Geroa Bai a este
proyecto de ley.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Barkos.
Señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
Justamente hoy que se discute la ley de transparencia hemos querido compartir la democracia y devolver el voto a los ciudadanos. Hemos querido abrir una puerta para que esos ciudadanos que tanto se habían alejado de aquí vuelvan a acercarse
a este Parlamento, un Parlamento que muchos ven como un castillo inexpugnable, impermeable y lejano. Desde Compromís-Equo hemos abierto una página web en la que los ciudadanos han podido votar durante cuatro días las enmiendas que hoy debatimos
aquí y además nos hemos comprometido con ellos a que mi voto hoy aquí sea su voto. Por tanto, cuando yo apriete el botón verde o el botón rojo lo estaré haciendo por esas 2.280 personas que han recobrado el voto que depositaron hace casi dos años,
no importa a quién, y lo han vuelto a ejercer con responsabilidad estos días, sin esperar otros dos años. Por ello, Compromís-Equo hemos cedido nuestro escaño a esas 2.280 personas que han decidido corresponsabilizarse, ser actores directos de este
proceso. Una iniciativa pequeña, artesanal, humilde, pero hecha con toda la ilusión del mundo, una iniciativa que pretende demostrar que hay nuevos caminos para explorar y mejorar nuestra democracia, para que los ciudadanos se impliquen y vuelvan a
creer que la política puede ser un instrumento noble para mejorar la vida de las personas. Por eso, hemos querido hacer coincidir nuestra iniciativa con una ley que podría hacer que los ciudadanos volvieran a creer en las instituciones porque las
haría más transparente y, por
tanto, más cercanas. Lamentablemente, su voluntad, la del Gobierno, no ha llegado muy lejos. Ha habido avances respecto del texto inicial, no lo niego, pero esta ley nace vieja, corta y coja, porque no reconoce el derecho a la información
como un derecho fundamental, porque sigue sin alcanzar a todas las instituciones y entidades que reciben dinero público -por cierto, ¿la Iglesia está?-, porque mantiene el silencio administrativo negativo. ¿Para qué queremos la ley si ustedes
pueden negar una información sin explicaciones? Porque no trabaja en formato abierto, porque no regula la influencia de los lobbies y los grupos de presión. En definitiva, una oportunidad perdida porque la transparencia y el derecho a la
información son piezas indispensables para hablar de democracia en mayúsculas, porque no existe vacuna más segura contra la corrupción que la transparencia, porque los casos Nóos, Gürtel, Bárcenas, Palma Arena y tantos y tantos otros no hubieran
sido posibles con una ley de transparencia sólida.
Acabo. Quisiera dar las gracias a las personas que han hecho posible esta plataforma, a la gente de Ágora y de Compromís-Equo y también quiero dar las gracias a las personas que han decidido compartir la democracia con Compromís-Equo,
reutilizar su voto por una causa limpia, sustituir los muros densos e impenetrables por nítidas paredes de cristal. Se me ha olvidado, toda mi solidaridad con la gente que estuvo ayer en la librería Blanquerna y la repulsa de Compromís-Equo contra
los energúmenos que quisieron impedir un acto de libertad y de democracia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
A continuación, tiene la palabra la señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, desde los nacionalistas canarios queremos condenar a los energúmenos fascistas que ayer atacaron el día de la Diada en Madrid y, sobre todo, a tanta gente que resultó herida, y felicitar a las fuerzas de seguridad por esa
rápida detención y esperar que todos paguen lo que han hecho.
Vamos a hablar de la ley de transparencia. Quiero anunciar aquí que, a pesar de las cuestiones sobrevenidas que nos impidieron participar en la ponencia, ha habido una voluntad de diálogo muy importante por parte del portavoz del Partido
Popular, que las enmiendas que ha presentado el grupo nacionalista canario prácticamente están todas incluidas en el nuevo proyecto, que es sustancialmente diferente al presentado al inicio, donde se han cumplido los compromisos de la vicepresidenta
en cuanto al tema competencial autonómico, el respeto de los cargos electos, la ampliación de qué instituciones tienen que estar en la ley de transparencia, donde se han especificado los temas de buen gobierno con criterio y con claridad y donde
todas las cuestiones que habíamos planteado están ahí. En un momento como el que está viviendo el país, que es totalmente distinto a cuando se planteó la ley de transparencia, debemos dar un mensaje único a la sociedad de un cierre de filas de
todos los partidos políticos en lo que es la transparencia, la tolerancia y la claridad hacia los ciudadanos para evitar casos como los que ha habido a lo largo de la historia, en el pasado y que al final han afectado a todos los partidos pero,
sobre todo, porque una sociedad no puede admitir historias como las que ha vivido este país. Con esta ley de transparencia no se soluciona todo, pero sí se da un paso importante para el control y para que hechos sucedidos en la historia no vuelvan
a suceder en este país. En ese sentido, quiero anunciar que retiramos todas las enmiendas. Sin embargo, hay una parte que no se debatió realmente en la ponencia -porque además no pudimos participar- y que vamos a replantearla en el Senado. Se
trata de aspectos técnicos que afectan al tratamiento de datos; quizás es un componente mucho más técnico que político y habrá que ver si se remite a un reglamento posterior o al revés, si se aprovecha el debate del Senado para dejarlo ultimado y
que se puedan usar, transferir y compartir los datos de forma adecuada. En ese sentido, hoy damos un paso importante de cara a la sociedad y además, como dije en mi primera intervención, lo que tiene que haber aquí es un cambio de cultura de los
partidos, de las instituciones, de los funcionarios públicos y de los ciudadanos. Al final no es una ley de acceso a la información, es una ley de transparencia, es una ley sobre todo para el siglo XXI de una democracia avanzada en la que los
ciudadanos tienen derecho a saber qué hacen sus regidores, qué hacen sus instituciones, qué hacen sus funcionarios y qué se hace con su dinero, sobre todo en épocas de dificultad donde esas aportaciones son tan difíciles para los ciudadanos. Quiero
agradecer la voluntad del Grupo Popular y el compromiso asumido y cumplido por parte de la vicepresidenta.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.
Señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Sean mis primeras palabras para manifestar la rotunda condena del Bloque Nacionalista Galego al brutal asalto fascista de ayer en Madrid a nacionalistas catalanes que pacífica y democráticamente defendían sus ideas, y nuestra felicitación a
los nacionalistas catalanes por esa masiva demostración de civismo en la multitudinaria movilización del día de la Diada, de su día nacional.
Señor presidente, defendemos las enmiendas que mantenemos vivas a este proyecto de ley, que son un total de once, y lo hacemos entre otras razones porque consideramos que la transparencia y el acceso a la información pública no solo deben
ser consideradas, como hace la ley, para los entes, instituciones u organismos que tienen carácter público, sino también para aquellos otros, que aunque no siéndolo mayoritariamente, tienen financiación pública. Si esto que proponemos, señorías,
sería adecuado en cualquier circunstancia, en la actualidad, cuando se están privatizando de manera masiva muchos de los servicios públicos, nos parece inexcusable que se reconozca en la ley. Por otro lado, someter al régimen de transparencia a la
Casa Real es otra cuestión que la mayoría parlamentaria se ha negado a abordar convenientemente. Es cierto que después de la presentación del proyecto de ley por parte del Gobierno hubo negociaciones y una disposición a ello -y quiero reconocer el
esfuerzo del diputado señor Ayllón en esta cuestión-, pero no se recogió como nosotros entendemos que debería hacerse. Aunque el Grupo Popular incorporara al texto esta cuestión a través de una enmienda, disposición adicional sexta, en la que se
crea el filtro de la secretaría general de Presidencia para la Casa Real, se ha hecho de una manera tan limitada que lo que se ha puesto de manifiesto es el miedo a que se conozca con total transparencia los movimientos, las actuaciones y los hechos
vinculados a la Jefatura del Estado, y la historia reciente de la monarquía española, de las malas praxis de algunos de sus miembros, deberían exigirnos poner total y absoluta claridad en esta cuestión.
Deseo explicitar, asimismo, que el que las actividades del Banco de España y del FROB estén sujetas en esta ley a la misma transparencia que otras administraciones para nosotros es fundamental, sobre todo después de que el Banco de España
haya transferido muchos fondos públicos a entidades privadas, que también deben estar sujetas a la ley pero que en este momento no tendrían ningún control ni estarían obligadas a esa transparencia e información pública que se pretende garantizar en
esta ley para los ciudadanos. Y digo que se pretende, señorías, porque creo que al final, a pesar de los esfuerzos que reconocemos, no va a ser en absoluto eficaz, y después de tantísimo esfuerzo realizado, que vuelvo a decir que reconocemos, es
realmente un paripé.
Señorías, las enmiendas 191 y 192 a los artículos 22.2 y 28.4 tratan de que se respete la distribución competencial, por lo que las disposiciones de este título, así como el régimen sancionador, solo puedan ser aplicables a la Administración
General del Estado, sector público estatal o instituciones de este ámbito, correspondiendo a los poderes autonómicos o locales regular sus potestades de autoorganización.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene que ir acabando.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Finalizo, señor presidente.
Señorías, esta es la posición del Bloque Nacionalista Galego. Vamos a votar a favor de nuestras enmiendas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Bosch.
El señor BOSCH I PASCUAL: Muchas gracias, señor presidente.
Permítanme que después de la demostración de civismo, democracia y firmeza pacífica de 1.600.000 ciudadanos en Cataluña ayer, todavía vistiendo los colores que vestimos todos en un tramo que se consideraba delicado y de poca afluencia -el
tramo 15 de Alcanar, donde estuve- y que se llenó no con una ni con dos hileras, sino con tres y cuatro hileras una al lado de la otra, les transmita lo que ayer masivamente me pidió la gente y nuestros compañeros que les hiciera llegar aquí, a este
hemiciclo. La gente me decía: ¡Visca Catalunya lliure! ¡Independència! ¡Volem votar! ¡Dignitat! Eso es lo que me decía y me pedía la gente y lo que les pido yo aquí a ustedes. Señorías del Grupo Parlamentario Popular y del Gobierno, ¿serán
incapaces de responder a un clamor masivo, a 1.600.000 dignidades que piden democracia y que piden votar? ¿Serán incapaces de responder a eso? Porque eso también es transparencia y buen gobierno, que es lo que estamos discutiendo ahora. Eso
también es transparencia y buen gobierno. Usted, señora vicepresidenta, decía antes que quería velar por la mayoría silenciosa. Señora Sáenz de
Santamaría, me parece bien y estamos de acuerdo. Vamos a votar por la mayoría silenciosa y también por la otra mayoría que es la que habla. Vamos a hacerlo. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Permitiendo que voten. Porque en
democracia la mejor manera de que se exprese la gente es votando en las urnas. ¿Con quiénes están ustedes? ¿Con los que quieren la paz, la democracia y quieren votar en las urnas o con los que quieren impedirlo, con los que quieren obstaculizarlo?
¿Con quiénes están? ¿Quieren ejercer de David Cameron, conservadores españoles, gente de Estado y demócratas, o quieren impedirlo y prohibirlo todo con amenazas? ¿Dónde están ustedes? Eso también es transparencia y buen gobierno.
En cuanto a la ley orgánica en sí, como ya hemos dicho más de una vez, reconocemos que en el proceso ha habido mejoras -hay que decirlo- en cuanto a la presencia de la Casa Real y una menor vulneración de competencias de Cataluña, aunque
todavía se producen. Pero echamos en falta muchas cosas que pedimos y eso hará imposible que votemos a favor de este proyecto de ley. No consta ninguna mención a las balanzas fiscales -lo que consideraríamos una muestra de transparencia y de buen
gobierno- ni sobre la remuneración de altos cargos, limitándola y exigiendo la transparencia que se exige en ese aspecto, y tampoco en cuanto al cumplimiento de los programas electorales, por citar solo tres aspectos y no alargarnos de forma
enciclopédica, que podríamos hacerlo pero no es el momento ni el lugar.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene que terminar.
El señor BOSCH I PASCUAL: Acabo ahora mismo, presidente, muchas gracias.
Por tanto, esta ley se queda corta y nosotros no podemos estar de acuerdo con ella. De todos modos, la preocupación que esto nos produce es relativa porque estamos seguros de que muy pronto podremos elaborar la legislación ad hoc, correcta,
democrática, transparente en relación con el buen gobierno cuando empecemos a crear, a trabajar y a legislar en la república catalana independiente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bosch.
Señor Larreina.
El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, aunque mi compañero Sabino Cuadra antes ya ha mostrado nuestro rechazo a los actos que se produjeron ayer en la Delegación del Gobierno de Cataluña, yo también quiero expresar mi solidaridad con mi colega el señor Sánchez i Llibre
y con todos sus compañeros y todas las personas que estaban allí. Como todos ustedes saben, Amaiur rechaza totalmente la violencia y, por tanto, rechazamos lo de ayer.
Sobre la ley de transparencia que ha llegado a esta Cámara, queremos decir con total claridad que, efectivamente, del texto que entró en la Cámara al actual ha habido cambios positivos, eso es innegable. Nos habría gustado -como ha señalado
otra colega del Grupo Mixto- que la actitud de diálogo del Gobierno se hubiese producido con todos los grupos, y también con el nuestro. Desde el primer día Amaiur ha señalado desde esta tribuna que estamos abiertos y que nuestra mano está tendida
al Gobierno para colaborar en todo lo que nosotros podamos aportar desde nuestra visión diferente, desde nuestra concepción muy diferente del Estado, pero con ese aspecto constructivo. Nos gustaría que en el futuro eso se tuviera en cuenta. Y
entrando ya en el contenido de la ley, a pesar de reconocer las mejoras -que indudablemente se ha avanzado- pensamos que sigue siendo insuficiente. La transparencia, sobre todo en los momentos en que estamos y en la actual coyuntura política, tiene
que ser total, y si hay que pasarse que sea por más y no por menos, porque la sociedad, la ciudadanía, lo está exigiendo ahora. Por eso mantenemos nuestras enmiendas y nuestra oposición a esta ley. En primer lugar, porque no se garantiza
explícitamente el respeto a los ámbitos de soberanía vasca que se ejercen en la actualidad, que están limitados y que incluso están respaldadas por la disposición adicional primera del texto constitucional. Este es un elemento que para nosotros es
fundamental, salvaguardar los ámbitos de soberanía vasca, limitados pero que están ejerciéndose en la actualidad. En segundo lugar, pensamos que se siguen produciendo restricciones en el derecho al acceso a la información mediante esos conceptos
genéricos indeterminados que permiten dejar en papel mojado esta ley si no hay realmente voluntad política. Términos genéricos como seguridad nacional, etcétera, son al final cajones desastre en los que puede entrar todo o no puede entrar nada y,
vista la experiencia histórica, los Gobiernos -cualquier tipo de Gobierno, esté quien esté -suelen tender a utilizarlos con carácter expansivo y a restringir el derecho a
la información. Por eso pensamos que ese capítulo tiene que ser muy explícito y que tienen que ser muy restrictivos los puntos que limiten ese derecho de acceso a la información. En tercer lugar, hay otro elemento que también es
fundamental para nosotros, que es el mantenimiento del silencio administrativo negativo. Consideramos que en la práctica esto supone articular una barrera que dificulta el acceso a la información. Para que la transparencia sea total las
denegaciones deben ser motivadas, este es precisamente uno de los principios del derecho a la información. El silencio administrativo negativo, en la práctica, deja en agua de borrajas este principio. Además, en el Estado español la experiencia
nos indica que hasta la fecha aproximadamente el 50 % de las solicitudes de información acaban en silencio administrativo. Por tanto, optar por el silencio administrativo negativo hace inviable un buen sistema de transparencia. También
consideramos que debería reflejarse en esta ley un compromiso del Gobierno con los sistemas de código abierto. Esto, aparte de suponer un ahorro muy importante para las arcas del Estado, supone una garantía en el acceso a la información y en la
igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos en el acceso a la información.
Finalmente, señor presidente -con esto voy acabando-, nosotros planteamos un método diferente de control de la transparencia. Nosotros pensamos que se tenía que haber ido a unas mayorías cualificadas amplias para garantizar la neutralidad.
Proponemos los dos tercios porque con el actual sistema, una mayoría absoluta, indudablemente se limita la neutralidad de cualquier institución. Pensamos que a la hora de abordar la transparencia era fundamental garantizar esa neutralidad con una
mayoría cualificada de dos tercios y no dejarla al albur de las mayorías absolutas; creemos en la necesidad de imponer un consenso amplio para garantizar la transparencia. Pensamos que la transparencia es algo fundamental desde el punto de vista
de la necesidad de hacer política de otra forma; propugnamos cambiar la cultura democrática y hacer política de otra forma, y desde ese punto de vista esta ley es insuficiente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Larreina.
Por Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, señora vicepresidenta, vamos a retirar las cuatro enmiendas que nuestro grupo mantenía vivas, por una razón fácil de explicar: nos hemos quedado sin la percha sobre la que colgarlas al
haber sido aceptadas en un trámite donde ha habido flexibilidad, un trámite de una ley importante donde ha habido flexibilidad. La regeneración, que nosotros sí percibimos, es una regeneración de naturaleza parlamentaria. Es la única ley en la que
hemos observado parlamentarismo de verdad, y esperemos que no sea la última, además de la única. Nos hemos quedado sin percha y retiramos, por tanto, las cuatro enmiendas que manteníamos vivas.
En todo caso, señora vicepresidenta, no considere que esto significa una adhesión al contenido del proyecto de ley que estamos debatiendo hoy, por varias razones. Ustedes pretenden fundamentalmente a través de este proyecto una operación
que podríamos calificar -permítanme la expresión si resulta ofensiva- casi de diseño. Usted misma y otros portavoces de su Gobierno están empezando a utilizar expresiones vinculadas a la necesidad de la regeneración democrática del Estado. Si
después de treinta y cinco años de vigencia de la Constitución están pensando en iniciar la regeneración democrática del Estado, se ha dejado pasar un tiempo razonable para iniciar un proceso tan probo y tan democrático como el que se está
invocando. El señor Floriano, que es uno de sus portavoces más recurrentes en materia de corrupción, ha comentado que hay que concebir de otra manera la forma de hacer política, ya nos explicará sobre qué inputs o sobre qué ítems se debe concebir
la nueva forma de hacer política. En fin, estamos oyendo reflexiones que suenan un poco a las que vemos de nuevo en el NODO, que se ha repuesto por Televisión Española, por la televisión pública, y que hablaban con esta prosopopeya de nociones tan
solemnes como regeneración democrática, regeneración institucional y lucha contra la corrupción y recuperación de la probidad política. Señora vicepresidenta, nosotros siempre hemos opinado que el problema de la lucha contra la corrupción, primero,
no es universal: ni todas las personas son corruptas ni todos los partidos son corruptos. La corrupción es identificable, afecta a muchas organizaciones políticas, pero nosotros partimos de la legitimidad, podemos hablar con la legitimidad que
otorga el que, siendo un partido con ciento dieciocho años de historia, no hemos tenido ninguna persona condenada por un caso de corrupción nunca. Esto provee de cierta legitimidad y acredita que no todos somos iguales desde la perspectiva de la
corrupción; que la corrupción está más enfocada a otras organizaciones políticas y que algunos podemos presumir de habernos comportado con la probidad política exigible a la noble acción política cuando es noble de verdad. Desde esa perspectiva,
para hablar de regeneración política hay que
cargarse de legitimidad en primer lugar, señora vicepresidenta. Y cargarse de legitimidad supone evitar que, como nos indicó Metroscopia el pasado domingo en una conocida encuesta publicada en el diario El País, solo uno de cada tres
votantes de su partido, el Partido Popular, considera que ustedes están actuando con suficiente diligencia en el ámbito de la colaboración con la justicia y de la lucha contra la corrupción. De sus votantes, solo uno de cada tres, señora
vicepresidenta. Evitar estas disfunciones, evitar estas peculiaridades o estas reflexiones sociológicas es lo que a uno le permite cargarse de legitimidad para afrontar una ley de transparencia que, sin embargo, se ha mejorado notablemente, como
otros portavoces han comentado, a lo largo de su debate parlamentario.
La ley que ustedes presentaron originariamente no era una buena ley. Era una ley cargada de insuficiencias, cargada de carencias, cargada de lagunas que, entre todos los grupos parlamentarios, hemos ido complementando. Hay un problema
inicial, señora vicepresidenta, señorías, que es el título competencial, fundamental o troncal que ustedes utilizan para aprobar una ley que deberían ser dos, porque no tiene ninguna conexidad, ningún tipo de analogía la transparencia con el buen
gobierno. Son dos conceptos sustancialmente diferentes, pero utilizan fundamentalmente como elemento de legitimación el artículo 105 de la Constitución, que es el que proclama o el que declara el derecho de los ciudadanos al acceso a los registros
y archivos de la Administración. Fíjese, utilizando ese título competencial que consagra el derecho de acceso de los ciudadanos a los registros y archivos de la Administración, qué dimensión, qué ley hemos construido, una dimensión donde la
transparencia afecta no solo a los sujetos que originariamente se comprendían en la ley, que eran fundamentalmente sujetos administrativos, órganos administrativos, órganos de la Administración, sino que hemos ido incorporando, en función de las
pulsiones públicas y en función de lo que todos los grupos hemos terminado pensando, al ámbito subjetivo de la ley a otros sujetos como son las otras organizaciones sindicales; como son los partidos políticos, por razones obvias; como es la Casa
Real, por razones que en este momento no es menester glosar. Cuán relevante es en este momento ubicar en el ámbito subjetivo de la ley de transparencia a la Casa Real. Al ser el rey el jefe del Estado, es el primero y el que más transparente en el
ámbito de la publicidad activa de la ley, el que más abierto al conocimiento por los ciudadanos de sus actividades debería estar expuesto. Desde esa perspectiva, se ha mejorado la ley. Se han incorporado otros sujetos, como el Banco de España, un
paradigma, el epítome de la opacidad; se ha incorporado a las entidades gestoras de la Seguridad Social; se ha incorporado a las organizaciones financiadas con presupuestos públicos en un porcentaje igual o superior al 40 % -y aquí se incluiría a
la Iglesia católica, a algunas confesiones religiosas y a numerosas ONG-. En fin, el ámbito subjetivo queda perfectamente configurado. En una comparación con las leyes que existen en nuestro entorno -el derecho comparado-, el ámbito subjetivo es
incluso más amplio que en la mayoría de las leyes de nuestro entorno. Lo que pasa es que nosotros ya les hemos comentado que tenemos una objeción o una reserva en relación con esta amplitud del ámbito subjetivo de la ley, que es la siguiente. El
ámbito subjetivo de la ley queda limitado y muy devaluado con las excepciones de acceso a la transparencia previstas por el artículo 11, actual artículo 14. Son excepciones abundantes, son excepciones numerosas, son 14 excepciones donde se
comprenden conceptos absolutamente deletéreos, como son la política económica y monetaria, como son los intereses de la política económica del Estado e incluso la política medioambiental. Ya sé que me van a decir que es una traslación de las
recomendaciones del Consejo de Europa en materia de excepciones del acceso a la transparencia de los sujetos concernidos por el ámbito subjetivo de la ley, pero no me digan que es razonable utilizar conceptos deletéreos que pueden hacer perder
virtualidad a la publicidad activa consignada en este precepto por la vía de las excepciones, excepciones que no se concretan, excepciones que no se matizan y que alguna resulta tan llamativa como la política medioambiental. Cuando he pedido que me
expliquen en qué consiste la política medioambiental como elemento que permite exceptuar el acceso a la información prevista en la publicidad activa, me han comentado cosas como que se trata de proteger la reproducción de algunas especies animales
en estado de extinción, como el lince ibérico y cosas de ese tenor. No sé si somos conscientes de que por la vía de las excepciones podemos privar de potencia e incluso de aplicabilidad y de valor a una ley tan importante como esta, y que tantos
esfuerzos hemos tenido que hacer todos para darle una dimensión desde la perspectiva de una configuración amplia de su contenido subjetivo y de la publicidad activa que hace referencia a su amplio contenido subjetivo. Esta es la primera parte de la
ley y es lo que nos preocupa en este ámbito.
En relación con el buen gobierno, que tendría que formar parte de otro proyecto de ley diferente, que es un concepto anfibológico, parafraseando la jurisprudencia constitucional -como en el ámbito de la regeneración democrática, se puede
considerar que está ubicado también el buen gobierno- vayamos
todos -parafraseando a Fernando VII- por la vía de la regeneración democrática y ustedes los primeros. El buen gobierno está constituido por una serie de requerimientos que gravitan o pivotan sobre un procedimiento sancionador que hace
referencia fundamentalmente a los incumplimientos, tras la reforma del artículo 135 de la Constitución, de la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria, incumplimientos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que nos provocan un problema normativo
que usted, señora vicepresidenta, que es una fina jurista, va a comprender inmediatamente. La Ley de Estabilidad Presupuestaria ya consigna procedimientos disciplinarios para los incumplimientos de su contenido material, de su contenido normativo y
además, si incorporamos en este momento los previstos en la ley de transparencia y buen gobierno, nos vamos a encontrar con un vidrioso problema de un non bis in idem manifiesto porque los procedimientos previstos por el incumplimiento de los
requerimientos de la estabilidad presupuestaria en la Ley de Estabilidad Presupuestaria son idénticos a los procedimientos sancionadores previstos en la ley de transparencia con relación a los incumplimientos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria;
son los mismos. Pero además en este ámbito, como en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, nosotros no logramos salvaguardar la existencia de instituciones forales y la existencia del Concierto Económico para Euskadi y del Convenio Económico para
Navarra, cuestión importante, porque todo lo que dimana de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para las comunidades de régimen común se negocia en la Comisión de Política Fiscal y Financiera pero para las comunidades autónomas forales en la
Comisión Mixta de cupo, vamos a pedir -lo adelanto ya, señor presidente- votación separada del artículo 28 que es el relaciona las infracciones y los procedimientos sancionadores relativos a los incumplimientos de aspectos concretos de la ley o
incumplimientos concretos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, pretendiendo que en el Senado podamos llegar a una transacción consistente en que se establezca cuáles son los dos mecanismos de acceso a los requerimientos de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria y que en unos casos son los previstos en la Comisión de Política Fiscal y Financiera y en otros casos serán los previstos en la Comisión Mixta de cupo.
Por lo demás, señora vicepresidenta, nosotros tenemos poco más que decir. Solo diremos que esa obsesión por la estabilidad presupuestaria se podía haber obviado en una ley que pretende algo tan relevante, un principio tan democrático como
es iniciar -esto sería el preámbulo de esa práctica o estrategia de regeneración democrática del Estado- treinta y cinco años después de la aprobación de la Constitución la regeneración democrática del Estado y lo que, como se ha dicho, otra forma
de entender y de hacer política.
Estas son las cuestiones que nosotros tenemos que manifestar y también quiero decir que ha habido parlamentarismo. Yo quiero agradecerle al señor Ayllón, a otros portavoces del Grupo Popular y a la propia vicepresidenta, así como a los
demás grupos, el esfuerzo de aproximación de posturas en el ámbito del buen gobierno que hacían referencia a problemas de naturaleza estrictamente competencial. Cuando se vulneran competencias en materia de simplificación de procedimientos
administrativos ustedes han sido sensibles a los requerimientos que nosotros les indicábamos de que es una competencia autonómica, exclusiva además, recogida en los artículos 10.4 y 10.6 del Estatuto de Autonomía de Gernika, cuando se configuraba un
portal de la transparencia absolutamente centralizado donde la única habilitación normativa que se concedía a las comunidades autónomas era complementar la normativa estatal, ustedes han aceptado un portal de transparencia en donde se puede convivir
con otros portales de transparencia buscando con otras leyes de transparencia en comunidades autónomas que las aprueben los puntos de conexión adecuados.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que ir acabando.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Voy acabando, señor presidente.
Cuando se vulneraron las competencias en materia de estadística, en los proyectos originariamente presentados, ustedes al final han regenerado esta disfunción de naturaleza competencial y se respetan en este momento las competencias en
materia de estadística. Se respetan todas las competencias, menos las forales, mediante la invocación de un título competencial que yo casi calificaría, vicepresidenta, de impropio. Utilizar la posibilidad de acceso a registros y archivos para
crear una ley de esta dimensión resulta un tanto sainetesco, pero ya la invocación del artículo 149.1.1.ª de la Constitución ya empieza a resultar molesto, porque el 149.1 no es un título atributivo de competencia sino un principio general
garantista de la igualdad entre los ciudadanos, pero que sistemáticamente es utilizado para aprobar leyes, que son aquellas más lesivas para las estructuras competenciales previstas en las comunidades autónomas, en todas. Por favor, no utilicen el
149.1 como elemento legitimante o habilitante de la
competencia del Estado. Y el 105 se ha desmesurado mucho, pero no hay otro. Nosotros no creemos que el derecho que se consagra en este proyecto de ley tenga que ser un derecho fundamental porque no vamos cuáles de los previstos entre los
artículos 14 a 29 de la Constitución desarrolla este proyecto de ley, pero le voy a decir honestamente otra cosa, que sería mejor que se lo dijera en el ámbito de la intimidad o en un ámbito más discreto. Si el derecho que aquí se consagra fuera un
derecho fundamental, no habría ningún resquicio para normativizar o legislar en el ámbito autonómico. Desde esa perspectiva llama poderosamente la atención...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar; no que ir acabando, tiene que terminar.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sí, ya acabo, señor presidente.
Llama la atención que partidos nacionalistas invoquen el carácter de derecho fundamental de lo que aquí se preconiza porque es tanto como abdicar de cualquier tipo de competencia autonómica.
Señor presidente, no sé cuántas veces le he prometido que iba a acabar, incumpliendo mi promesa; por lo menos han sido tres y tres es lo que la generosidad de la Presidencia me suele permitir y no voy a abusar de la suerte.
Señora presidente, hay cosas buenas y hay una cosa mala que seguramente en el Senado -espero- podamos corregir. Voy a ver si semióticamente veo alguna mirada que nos genere expectativas en este aspecto; en todo caso, vamos a pedir la
votación separada del artículo 28.
Señor presidente, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.
Como supongo que ya es conocido -porque en su día lo explicamos en Comisión y lo hemos explicado muchas veces-, nuestro grupo va a votar que no a la ley de transparencia que ha presentado el Gobierno y que se aprobó en Comisión por razones
que hemos explicado muchas veces pero que voy a tratar de volver a resumir para que se comprenda bien. La primera cuestión que hay que decir es que una ley de transparencia es una ley que debería estar siempre pensada para los ciudadanos, y lamento
decirles que la ley de transparencia que se aprobó en Comisión -la que ha aprobado el Gobierno- es una ley pensada para las administraciones.
Es verdad que es una ley que mejora muchas cosas, porque antes sencillamente la situación de opacidad era prácticamente total y ahora vamos a poder acceder a algunas informaciones de las administraciones a las que antes no teníamos acceso,
pero, dicho esto, nos parece complemente insuficiente. La finalidad de una ley de transparencia no es solamente que determinadas informaciones administrativas sean más accesibles que antes o que sean publicadas en las páginas web, lo cual sin duda
está muy bien, y eso es lo que tratamos de explicarles a ustedes en la ponencia que se creó, he de decir que sin demasiado éxito, porque aunque nos aceptaron algunas enmiendas, dichas enmiendas eran francamente, no voy a decir marginales pero sí de
cuestiones de detalle, cuestiones menos importantes y, faltaría más, muchas de ellas tenían que ver con cosas tan elementales, tan simples y tan directas como la inclusión de los partidos políticos, los sindicatos y la Casa Real en el ámbito
subjetivo de aplicación de la ley.
Además, no deja de ser curioso que esta ley haya tenido una tramitación tan peculiar, tan especial; yo diría que tan opaca. Fíjense que el único grupo parlamentario que participó en todos los trabajos de la ponencia fue el mío y sin
embargo los grupos con los que ustedes han llegado a más acuerdos son aquellos que decidieron no participar en la ponencia sobre transparencia. Realmente no sé cómo explican esto; para mí es inexplicable. Antes, mi estimado colega, el señor
Olabarría, ha hecho un elogio de la tramitación parlamentaria de esta ley y ha dicho que le ha parecido un gran ejercicio de parlamentarismo. Pues no sé dónde lo ha visto, porque desde luego en Comisión y en ponencia el parlamentarismo se limitaba
a los diálogos entre el Partido Popular y Unión Progreso y Democracia y, como he dicho antes, sin demasiado éxito, porque entre tanto ustedes ya habían pactado con CiU, PNV y PSOE cómo tenía que ser la ley de transparencia. Esto es lo que ha
ocurrido.
Es decir, volvemos a tener una ley que básicamente ha sido pactada entre los principales partidos pese al extraño clima y las extrañas interferencias que hubo en su tramitación, pero el resultado es el que
era: una ley que, al final, en nuestra opinión está más pensada para protegerse del exceso de interés de los ciudadanos y de los entes cívicos que para facilitar la participación pública, la política transparente, el gobierno abierto, la
dación de cuentas y todos aquellos objetivos que son los que realmente tiene que tener una ley de transparencia avanzada. Lamento decir además que esta ley ha nacido ya marcada por su incumplimiento -por lo menos en espíritu- antes de su entrada en
vigor. Basta con ver las cosas que han ocurrido estas últimas semanas. Yo me he aburrido de decir que uno de los problemas que tiene esta ley y que nos lleva a votar que no es que la Ley de Protección de Datos está no solo jurídicamente por
encima, puesto que aquella es una ley orgánica y esta no lo es, sino que además está concebida como una ley de mayor importancia política. Realmente no ha faltado nada para que ustedes, en este caso el Partido Popular, invoquen la Ley de Protección
de Datos, por ejemplo, para justificar la destrucción de los ordenadores del señor Bárcenas. Eso ya deja claro que esta ley no va a servir para cosa tales como uno de sus objetivos fundamentales: la lucha contra la corrupción y la lucha contra la
opacidad. Ustedes van a utilizar -ya lo han hecho- la Ley de Protección de Datos para justificar todos aquellos actos que van en contra del espíritu y de los objetivos de una ley de transparencia. O que ustedes -en este caso el Gobierno-
consideren de lo más normal del mundo que el señor presidente Rajoy se reúna en secreto con el señor Mas para hablar de cuestiones que nos interesan a todos, nada más y nada menos que del futuro del Estado y de la secesión de Cataluña. Al parecer
es una cuestión privada que se puede tratar en un despacho sin revelarlo para que nos enteremos por la prensa. ¿Dónde está su espíritu de transparencia? Yo no lo veo por ninguna esquina. Esta ley, además y en concreto, es insuficiente para romper
con esa inercia y esa tendencia a la oscuridad y a la opacidad. Una ley de transparencia que en nuestra opinión -lo hemos discutido en ponencia y desde luego en esto no tuvimos demasiado éxito persuasivo, a diferencia de aquellos grupos
parlamentarios que prefirieron no acudir y, sin embargo, consiguieron muchas más ventajas y concesiones- no reconoce que el derecho a la información es un derecho fundamental ya nace muerta, y nace muerta porque si no se considera que el acceso a la
información es un derecho fundamental de los ciudadanos, la información es una vez más una concesión de la Administración a sus administrados. Y no es eso. Al revés, es exactamente lo contrario. Se trata de restablecer la primacía y la prioridad
del derecho a ser informados de los ciudadanos por parte de las administraciones, no de la obligación de las administraciones a dar algunas informaciones discrecionalmente a los ciudadanos que lo soliciten. Además -aquí ya se ha dicho antes y de
esto se ha discutido suficiente- se incluye el silencio negativo, cosa que está específicamente recomendado que no se haga por los convenios internacionales que España firmará una vez se apruebe esta ley, como ha sido el compromiso del Gobierno y
que supongo cumplirá.
En fin, es una ley que no está claro que, por ejemplo, obligue a dar cuenta de todas las subvenciones que las administraciones dan porque pone límites -aunque esos límites se hayan mejorado- en la cuantía y en la naturaleza de esas
subvenciones. Más. Es una ley que tampoco obliga a todas las administraciones en el mismo grado. De hecho han negociado ustedes con los grupos nacionalistas que al final tengamos diecisiete sistemas de transparencia diferentes, porque el
desarrollo autonómico de esta ley va a tener un efecto práctico mucho mayor que el que la propia ley establece en sí. Con lo cual volveremos a repetir el error de que existan diecisiete sistemas sanitarios, diecisiete sistemas educativos y
diecisiete sistemas de transparencia que pueden ser no solo diferentes sino en algunos casos contradictorios e incoherentes.
¡Qué más quieren que les digamos! Desde luego podríamos estar aquí toda la mañana pero, como no gozo de la habilidad de algunos para enlazar torrencialmente todo tipo de argumentos jurídicos y tampoco esta es la cuestión, lo que me interesa
es que los ciudadanos sepan por qué nos parece que esta es una ley de transparencia que en el fondo lo que hace es cubrir una grave laguna para una democracia que se dice avanzada como la española, pero que es una ley reservona y que está fundada en
la desconfianza hacia los ciudadanos y no en la necesidad de mejorar la democracia.
Una ley, por ejemplo, que no permitiría -esta creemos nosotros que no lo permite- saber qué es lo que están haciendo las entidades rescatadas con el dinero público -estamos hablando de miles de millones de euros- que han recibido para a
continuación volver a tener las prácticas de la banca tradicional pero que sencillamente ha sido nacionalizada, nos parece que es una ley de transparencia fallida, porque la ley de transparencia no debería implicar solamente a las administraciones,
como les he dicho, sino también a todas aquellas entidades que además de recibir dinero público -incluso si no lo reciben- pueden tomar decisiones que afecten al interés general y que tienen impacto social. Por ejemplo, a la gran banca. No se
trata de que hagan striptease de cuestiones puramente empresariales, pero sí de que exista
un conocimiento previo de qué efectos pueden tener determinadas decisiones. Por ejemplo la emisión de preferentes, por hablar de un caso que quizás esté medio olvidado pero no se preocupen porque no se va a olvidar, está en marcha un
proceso judicial al respecto.
Finalmente, la propia concepción de la ley de transparencia mezcla dos cuestiones que en nuestra opinión no tienen nada que ver, y eso la convierte en una ley extraña. Me refiero a políticas de transparencia concretas, es decir obligaciones
de publicidad activa, creaciones de portales de transparencia, etcétera -que es lo que una ley de transparencia debe contemplar- con el código de buen gobierno que ustedes incluyeron, que inicialmente contenía algunos disparates que después fueron
rectificados en la ponencia, como la posibilidad de que el ministro de Hacienda o el Gobierno pudieran nada menos que cesar a un alcalde que ha sido elegido por los ciudadanos por cuestiones de faltas administrativas. Son cosas distintas: el buen
gobierno tiene que ver con el buen funcionamiento de las instituciones y de la democracia, y francamente me parece que eso no se puede garantizar por ley sino por la práctica política. Aunque ustedes piensen otra cosa -que me parece legítimo-,
mezclarlo con la transparencia nos parece una mala idea. Diluye el objetivo político de la transparencia, en parte lo banaliza y al final acaba poniendo por delante de los objetivos de la transparencia las cuestiones del control del Gobierno del
funcionamiento de las administraciones de rango inferior, y les pondré un ejemplo muy sencillo de esto: una de las cosas más extrañas de esta ley es que no prevé sanciones para las administraciones que incumplan con las obligaciones de
transparencia que la propia ley fija -esta es una de las cosas más extraordinarias que desde luego tiene esta ley- y, sin embargo, las sanciones por incumplimiento del código de buen gobierno son prolijas y detalladas. Por lo tanto, ¿qué es lo que
acaba ocurriendo? Que a los ciudadanos que quieran hacer un uso correcto de esta ley, en el caso de que las administraciones -que van a gozar de una gran discrecionalidad- ignoren sus obligaciones, se les va a acabar empujando al
contencioso-administrativo, porque es verdad que ustedes en la ley también han incluido un consejo para supervisar su cumplimiento, pero ese consejo depende del Ministerio de Hacienda, vuelve a ser una delegación del Gobierno. A ver si lo entienden
de una vez: las políticas de transparencia están vinculadas indisolublemente a la independencia de los órganos reguladores y supervisores, y lejos de asegurar esa independencia, que sigue sin asegurarse, vuelven a repetir ustedes el error -lo hemos
visto también esta semana- del nuevo Consejo Nacional del Mercado de la Competencia, es decir, crear delegaciones del Gobierno que ustedes luego pactarán con la oposición mayoritaria para ver de qué manera meten ahí a sus delegados. Esto no es, no
puede funcionar así. Para que la ley de transparencia, por suficiente o insuficiente que nos parezca a los diferentes grupos, tenga virtualidad, el regulador encargado de su supervisión y cumplimiento tiene que ser necesariamente independiente, no
puede ser un mandado del ministro de Hacienda; por cierto, no sé por qué del de Hacienda, pero eso lo sabrán ustedes, probablemente porque solo les importa el déficit.
Para acabar ya definitivamente, les quiero decir que es lamentable que se haya pasado por alto una oportunidad más. Ustedes saben que hemos estado abiertos -los únicos, por cierto- a un verdadero debate y negociación de las enmiendas a esta
ley; otros que no han querido negociarlas, al menos en Comisión, han obtenido mucho más. Ya es un comienzo realmente paradójico y extraño para una ley de transparencia.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Nuet.
El señor NUET PUJALS: Gracias, presidente.
Quiero condenar también la agresión fascista del día de ayer que contrasta con el espíritu cívico y democrático de la ciudadanía catalana que decidió salir y tomar la calle: un contraste evidente; una ciudadanía que no pedía, que no pide
nada más que diálogo y democracia, señora vicepresidenta, diálogo y democracia. Si hablamos de diálogo y de democracia, nos podremos entender, y entenderse es necesario, yo diría que ayer más, es urgente. (El señor vicepresidente, López Barrero,
ocupa la Presidencia).
Entro ya concretamente en la ley. Hoy hay que hacer en la Cámara una constatación, señoras diputadas y señores diputados: la batalla de la ley de transparencia la ha ganado el aparato de agitación y propaganda del Partido Popular; aparato
de agitación y propaganda que se mueve entre Génova y Moncloa y que tiene en cada uno de los dos ámbitos sus peones; aparato de agitación y propaganda que en esta ley, como casi en ninguna otra, ha conseguido retorcer las palabras hasta el límite
para intentar
que algo parezca lo que no es. En general, cuando el Partido Popular habla de reformas lo que ejecuta son recortes; pero también a la palabra transparencia le ha aplicado ese sentido lampedusiano de que parezca que hay cambios, pero que
cambios no tiene que haberlos. Por tanto, como decía un famoso periodista hace pocos días que escribe en el periódico Global: Cuanto más se habla de transparencia tratándose del Gobierno del Partido Popular, más se practica la opacidad. Esa es la
realidad del proyecto de ley que hoy se nos trae aquí para su aprobación.
Nuestro grupo parlamentario presentó en su día una enmienda a la totalidad, y de esa enmienda a la totalidad hemos sacado cincuenta y cinco enmiendas parciales, consecuentes, por supuesto, con el texto de la enmienda a la totalidad; ni una
de esas cincuenta y cinco enmiendas parciales ha sido recogida por la ponencia y por el Partido Popular y, por tanto, nuestra visión ante la ley es la siguiente: si ya era crítica el día en que se presentó el proyecto de ley, hoy, después del
trámite parlamentario, no podemos hacer otra cosa que levantar acta de que esta ley nace muerta. Es una ley que fue un intento, sobre todo del aparato de agitación y propaganda del Partido Popular, de vender, entre comillas, un concepto de
modernización democrática, pero luego, cuando artículo tras artículo se ha ido redactando nos hemos dado cuenta de que ha quedado todo en agua de borrajas.
Voy a explicar en siete ejemplos muy concretos algunas de nuestras enmiendas y por supuesto cómo queda ya el proyecto de ley, que ya no es un proyecto, es un texto concreto. Podemos leer qué es lo que está recogido y qué es lo que no lo
está en el texto que hoy vamos a votar. Primero, por supuesto no se instaura la transparencia como derecho fundamental, por tanto, va a tener que competir en desigualdad de condiciones con el derecho a la protección. El Partido Popular hace
simplemente una semana ya decía que apelaba a la protección de datos, que es una ley orgánica, para explicar por qué se habían cargado los discos duros del ordenador del señor Bárcenas. Esto va a ser un sainete constante. La protección de datos
como ley orgánica va a estar por encima de la transparencia, y la transparencia va a ser un concepto democrático de segunda fila y de segunda división en nuestro ordenamiento jurídico. Esta ley, señoras y señores diputados, lo que hace es
entronizar ese concepto. En segundo lugar, la transparencia de dos velocidades. ¿Qué significa la transparencia de dos velocidades? Pues un cambio creativo del Partido Popular respecto a la transparencia. ¿Por qué? Porque en la ley claramente
hay dos cosas, administraciones públicas e instituciones públicas, que no son lo mismo. La ley en general para las administraciones públicas, pero las principales instituciones públicas de este país quedan protegidas en un anexo aparte dentro de la
ley. -Muy sencillo, hay que leerlo.- En el punto f) del artículo 2 quedan separadas, no igualadas a Administración pública, la Casa de Su Majestad el Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del
Poder Judicial, el Banco de España, etcétera, por tanto, una ley de transparencia a la carta. Yo pregunto: ¿no son todas las administraciones públicas e instituciones públicas iguales ante la ley de transparencia? Respuesta: no, no son iguales
ante la ley de transparencia. Hay una ley para las administraciones públicas y una ley especial para aquellas partes que se consideran las élites de la política. Ese es el mensaje que hoy estamos trasladando a la ciudadanía.
Tres, doble silencio negativo. Si no teníamos bastante con la legislación del silencio negativo que aparece en la ley, hay un doble silencio negativo. ¿Por qué? Primero, ustedes saben que la Administración pública no responde el 50 % de
las peticiones de los ciudadanos. Pregunta: ¿qué pasará después de la ley? Respuesta: nada, va a seguir así; la Administración se puede permitir no responder a los ciudadanos, y además eso ahora queda machacado, entronizado en este proyecto de
ley. Además, si estos ciudadanos reclaman al teórico consejo de transparencia, aparece un nuevo artículo que repite el silencio negativo y dice que también el consejo de transparencia puede no contestar a los ciudadanos, luego doble maltrato a la
ciudadanía desde este punto de vista. Se pierde una oportunidad histórica de obligar a la Administración a que responda sí o sí y a que dé una respuesta más o menos lógica incluso denegando la información, pero justificando, respondiendo, y no
ignorando a la ciudadanía. En cuarto lugar, límites inconcebibles al derecho de acceso. Hay doce apartados que quedan excluidos de la transparencia, por supuesto todos discutibles, pero voy a señalar tres no solo discutibles, sino bochornosamente
discutibles, tres ámbitos que son los siguientes: no se puede ejercer esta ley en los intereses económicos y comerciales, artículo 11, apartado h). No se puede ejercer esta ley en el apartado i), la política económica y monetaria. No se puede
ejercer esta ley en el apartado k), la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión. ¡Toma ya!, procesos de toma de decisión. Por tanto, es una discrecionalidad absoluta que va a hacer que el Gobierno, si
quiere, no conteste, y punto, porque hay un proceso de toma de decisión. ¿Ustedes creen que eso es serio, que eso es democrático, que eso es transparente? Pues ni es serio ni es democrático ni es transparente, porque en esos aspectos podemos estar
de acuerdo en que
hay ámbitos que deben quedar excluidos pero, por supuesto, estos tres principios hacen que valga aquello de que hecha la ley, hecha la trampa, luego podemos excluir la información, aplicando estos criterios tan generalistas, en cualquier
pregunta que creamos conveniente.
Consejo de transparencia, punto 5. De nuevo me como las palabras, jugando con ellas, porque ni es un consejo ni es transparente ni es independiente. Es lo siguiente -escuchen bien-: cinco funcionarios, un presidente puesto por decreto por
el Gobierno, un senador y uno o una de todos ustedes. Un diputado o una diputada, un senador o una senadora, cinco funcionarios y un presidente puesto por el Gobierno. ¿Dónde está la sociedad civil?, ¿dónde está la ciudadanía?, ¿dónde está la
pluralidad política de las Cámaras, del Congreso y del Senado? Pues no están, simplemente. Un consejo con siete personas que no es un consejo y que da la espalda a la sociedad civil organizada, a los lobbies que en el mundo de la transparencia y
de la información funcionan y que podrían participar en un consejo amplio. El Gobierno, creo que incluso fue la vicepresidenta, habló de consejo, y resulta que todos entendimos lo que la mayoría entiende cuando se habla de un consejo, un órgano de
participación democrática. Pues bien, a la palabra consejo se le dejó la palabra y se le quitó el contenido, igual que en general con la ley de transparencia que estamos tratando.
En sexto lugar, la disposición adicional sexta. Volvemos a la Casa Real ya protegida antes en el punto que he mencionado. Ahora nuevamente se le coloca un nuevo filtro, yo diría que una figura próxima al comisario político porque resulta
que el secretario general de Presidencia va a filtrar las peticiones y las preguntas que se hagan respecto a la Casa Real. Hasta ahora, cuando un ciudadano o una ciudadana hacía una pregunta comprometida a la Casa Real no obtenía respuesta. ¿Qué
va a pasar después de la ley? Nada, va a seguir igual. Pero hasta ahora, ustedes que están aquí, diputados y diputadas, senadores y senadoras que hacían preguntas sobre la Casa Real sabían que la Mesa del Congreso las filtraba, las impedía; a
partir de ahora, un gran cambio, ya no hace falta que sea la Mesa del Congreso, es el comisario político, secretario de la Presidencia. En consecuencia, un miembro del Gobierno que va a filtrar esas preguntas y que va a impedir que la Casa Real
responda a las preguntas y a las peticiones. De nuevo, hecha la ley, hecha la trampa. La gran propaganda del Gobierno fue que se incluía la Casa Real en la ley de transparencia; la realidad es que la Casa Real va a seguir como ahora, lo que
quiera explicar lo explicará, y lo que no quiera explicar no habrá mecanismo político ni mecanismo democrático en este país, después de dotarnos de un ley de transparencia, que la obligue.
La última vuelta de tuerca, lo que nos faltaba, no teníamos bastante con un mala ley de transparencia y resulta que el Gobierno aprovecha y fusila de forma clara los principios de austeridad en la ley de transparencia y nos pone toda una
serie de puntos sobre cómo tienen que ser los límites presupuestarios, de cómo hay que reinvertir en el presupuesto y no se puede gastar en otras cosas cuando...
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señor Nuet, su tiempo ha terminado.
El señor NUET PUJALS: Acabo ya.
Decía que ya no se puede gastar en otras cosas cuando una administración está endeudada. Luego aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, el Gobierno nos mete otra zancadilla y nos recoloca los principios del austericidio ahora ya en
la ley de transparencia, como si no tuviésemos bastante con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y con la modificación constitucional. De nuevo, algo que no tenía por qué estar aquí. -Acabo ya-. Es verdad, la ley ha tenido una mejora. Lo dije en
la Comisión y lo vuelvo a repetir. Al aceptar algunas enmiendas se ha mejorado el concepto de competencias autonómicas y locales y eso es positivo, pero absolutamente insuficiente para el conjunto de la ley. Ustedes anunciaron esta ley a bombo y
platillo. Al final han parido un ratón, una ley del siglo XX, moderna para el siglo XX, pero absolutamente insuficiente para la democracia que necesita nuestro país en el siglo XXI. Señores del Gobierno, señores del Partido Popular, menos
agitación y propaganda y más democracia.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Gracias, señoría.
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). El señor Jané tiene la palabra.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta del Gobierno, señor secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, señorías, debatimos hoy en esta Cámara un proyecto de ley importante, el proyecto de ley de transparencia que ha tenido una tramitación
parlamentaria en la que se ha buscado el diálogo y la negociación. De
manera expresa queremos agradecer a todos los grupos parlamentarios el esfuerzo de diálogo, el esfuerzo de buscar acuerdos, el esfuerzo de discutir discrepancias. Queremos agradecer también al conjunto de personas que nos han ayudado desde
la sociedad civil con sus comparecencias ante la Comisión Constitucional a buscar puntos de vista que pudieran contribuir a mejorar en la fase de ponencia y en la fase de Comisión el proyecto de ley que inicialmente había presentado el Gobierno. De
esa negociación hacemos una valoración positiva. Queremos agradecer a todos los grupos y a todos los comparecientes ese esfuerzo y por parte del Gobierno de manera muy expresa al señor Ayllón, porque se ha implicado muy directamente para recoger
enmiendas concretas a través de transacciones. Siempre es bueno en una democracia parlamentaria que seamos capaces de modificar y mejorar un texto presentado desde el Gobierno. Vaya por delante ese agradecimiento.
Se ha hecho por otros portavoces también y hoy, el día después de la Diada, quería agradecer las muestras de solidaridad y de rechazo a la violencia ante los actos vandálicos que ayer tuvieron lugar en la llibrería Blanquerna aquí en Madrid.
Todos los grupos lo han hecho, lo ha hecho también el Gobierno a través de la ministra de Trabajo. Quería agradecer ese acto de solidaridad y de rechazo a la violencia. Y aprovechando que hablamos de la ley de transparencia, quería ligar cómo esa
ley de transparencia viene ligada al principio democrático. Más transparencia es más democracia. Precisamente el día después de la Diada y uniendo ese concepto de democracia, desde el Congreso de los Diputados queremos pedir diálogo, negociación y
respeto a los marcos legales para permitir de forma pactada la celebración de una consulta en Catalunya, por tanto, espíritu de diálogo, de negociación y de respeto a la legalidad. Tenemos la obligación y el deber de dar respuesta al anhelo de
centenares de miles de catalanes que quieren realizar ese ejercicio de democracia. Tenemos la obligación de hacer compatible el respeto a las leyes y a ese principio democrático. Hoy, el día después de la Diada y hablando de transparencia,
hablando de ese principio democrático, desde Convergència i Unió queremos realizar esa petición y esa necesidad de buscar ese diálogo y esa respuesta a lo que nos pide la ciudadanía.
Decía al inicio que se ha mejorado el proyecto de ley, y se ha mejorado en un aspecto que valoramos directamente desde Convergència i Unió, en ámbitos competenciales. No se ha mejorado de forma definitiva, por eso vamos a pedir votación
separada de determinados artículos, tal y como hicimos durante el debate en la Comisión Constitucional, pero es cierto que hemos avanzado, como se ha avanzado también en todo aquello que representa un contenido que comporte una ley que dé mejor
cumplimiento al derecho de acceso y a ese deber de transparencia. Se han buscado enmiendas técnicas que vienen a reforzar esa transparencia y esto también se valora positivamente. Es cierto -lo denunciamos también en Comisión- que siguen
existiendo demasiados límites a ese derecho de acceso, a veces límites muy abstractos relativos a invocar intereses económicos y comerciales, una política económica y presupuestaria o temas de medio ambiente que deberíamos ser capaces de acotar
mejor en el Senado porque hay demasiados límites a ese derecho de acceso.
Se ha hablado mucho también del silencio, de si debe ser un silencio positivo o negativo. Ya le adelanto que a Convergència i Unió no nos agrada la regla general absoluta del silencio negativo en materia de derecho de acceso y de
transparencia. Esa generalización absoluta del silencio negativo debería matizarse. Podríamos ser ingeniosos aportando un silencio positivo con la excepción de aquellos aspectos que conllevaran ir en contra de otras leyes de nuestro ordenamiento
-entonces no sería silencio positivo- o en aquellos casos en los que la aportación de una información pudiera conculcar datos de carácter personal especialmente protegidos y que no fuera posible disociar al dar la información. Podría realizarse ese
esfuerzo de establecer un silencio positivo con excepciones, pero no un silencio negativo generalizado. Aquí también podríamos avanzar en la búsqueda de una fórmula que no diera como mensaje al conjunto de la ciudadanía en una ley de transparencia
que el silencio en todo caso es silencio negativo. Nosotros no compartimos esa solución y nos gustaría buscar una alternativa, tal y como proponen las enmiendas de mi grupo.
Quedan cuestiones pendientes porque transparencia es también conocer los datos que tienen las administraciones en aspectos concretos, cuando pedimos las balanzas fiscales. Saber lo que aporta y recibe cada territorio también es
transparencia, y ese esfuerzo de publicación de los datos fiscales, de las balanzas fiscales, de los flujos económicos entre territorios, ayuda a la pedagogía, ayuda al principio democrático, y nos ayudaría muchísimo para reforzar esta ley de
transparencia si fuéramos capaces de introducir ese principio de publicación de las balanzas fiscales. Asimismo, ayudaría a la transparencia introducir en este proyecto la necesaria regulación de un registro para los lobbies, para los grupos de
interés. Sé del compromiso del Gobierno, que existe la intención de realizarlo en el marco de la reforma
del Reglamento de este Congreso de los Diputados. No excluimos esa solución, pero no es la única porque esos grupos de interés se manifiestan y tienen una incidencia muy directa sobre la propia acción de los gobiernos y, por tanto, bueno
sería que en una ley de transparencia se intentara recoger ya la necesidad de una futura regulación de ese registro de intereses. Lo han pedido otros grupos parlamentarios y en Convergència i Unió creemos que esta es una asignatura pendiente en
este proyecto de ley.
Queremos poner en valor -lo hizo la vicepresidenta en el debate de totalidad- cómo hemos conseguido que los bienes inmuebles de la Administración vayan a ser también objeto de la ley de transparencia. Eso ha sido un avance; se aprobó una
enmienda de mi grupo en forma de transacción y lo valoramos positivamente. Es cierto que en ese esfuerzo de transparencia cuando pedimos la publicación de los bienes inmuebles nos quedamos cortos en el sentido de que las administraciones no tienen
únicamente bienes inmuebles. Quizá deberíamos buscar la fórmula de que en ese inventario que se va a publicar se incluyera también el conjunto de bienes muebles y derechos reales que tienen las entidades públicas. Eso también sería un avance en
materia de transparencia porque son también bienes de los poderes públicos sufragados por el conjunto de la ciudadanía y de los presupuestos públicos. Por tanto, deberían también integrar esa transparencia y quizá deberíamos hacer un esfuerzo en el
Senado.
Un último aspecto quería destacar sobre esas asignaturas pendientes que nos quedan para el Senado. Hicimos el esfuerzo de incorporar también el deber de transparencia de entidades privadas siempre que recibieran una financiación de
presupuestos públicos significativa -se ha fijado en un 40 %- y siempre que lo que reciban de subvenciones públicas sea un mínimo de 3.000 euros. Ese mínimo de 3.000 euros quizá puede resultar difícil de cumplir para pequeñas entidades sin ánimo de
lucro que persiguen fines sociales y que reciben fondos públicos en una cuantía superior a 3.000 euros, pero que en ningún caso están haciendo negocio porque realizan labores a favor de la sociedad en ámbitos de interés social y sin ningún fin
lucrativo. Quizá ese límite deberíamos ampliarlo para esas entidades que persiguen fines sociales en concreto para que no tuvieran que destinar el poco presupuesto que tienen en ocasiones a obligaciones burocráticas. Creo que no es la intención de
este Congreso de los Diputados y, por tanto, estamos aún a tiempo de buscar para esas entidades sin ánimo de lucro y con fin social un límite distinto.
Termino ya, señor presidente. Señorías, es una ley importante que refuerza la lucha contra la corrupción. Ser transparentes evita determinadas situaciones y, por tanto, es un buen bálsamo en la lucha contra la corrupción. Es una ley que
llega tarde, pero en el momento en que el Gobierno presenta un proyecto de ley entendemos que nuestra obligación es intentar consensuar contenidos. Por tanto, estamos satisfechos de haberla mejorado. Para finalizar anuncio que votaremos en contra
de un conjunto de artículos bien porque hay límites excesivos, bien porque siguen conculcando competencias autonómicas y todos los aspectos relativos a las sanciones en estabilidad presupuestaria o determinadas actitudes que entendemos que
sobrepasan muy mucho lo que debería ser una ley de transparencia respetuosa con las competencias autonómicas.
Termino. El Parlament de Cataluña está realizando un esfuerzo con una ponencia conjunta para sacar adelante también una ley de transparencia. Nuestro objetivo es que todas ellas, las que aprueben las comunidades autónomas y la que aprobará
estas Cortes Generales, sean compatibles y redunden en el objetivo común de reforzar la democracia y el principio de transparencia, que es importante especialmente en estos momentos.
Muchas gracias a todos.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Jané.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Serrano.
El señor SERRANO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Aunque sea reiterativo, quiero manifestar ante todo mi solidaridad con los compañeros de Convergència i Unió frente al ataque indescriptible del día de ayer. Estoy con todos ellos.
¡Vaya ley para estrenarme en esta tribuna! Señorías, 370 días son los que hemos dedicado en esta Cámara a tratar el proyecto de ley; hoy se cumplen esos 370 días desde que se publicó en el Boletín Oficial de la Cámara. Ha sido un largo
proceso en el que el Grupo Socialista ha compartido con el Gobierno y con los grupos la necesidad de abrir el texto originario del proyecto a nuevos ámbitos, incorporar mayores compromisos, imponer nuevas obligaciones y aceptar más aire fresco.
Sabíamos -y lo hemos dicho más de una vez- que una buena ley de transparencia ni va a acabar por sí sola con la corrupción ni iba a erradicar de inmediato prácticas y procedimientos muy anclados en la Administración, como muchos sabemos, pero
teníamos el convencimiento de que una buena ley de transparencia sí iba a dificultar la
corrupción, sí iba a cambiar la forma de actuar de las administraciones y, sobre todo, sí podía dar respuesta a la reclamación de participación, a la exigencia de información, a la toma de postura consciente sobre programas y compromisos
políticos y a la voluntad de protagonismo que hoy, ya sin duda alguna, domina entre los ciudadanos. Todo ello, lo hicimos colectivamente a lo largo de meses de trabajo silencioso y aproximación discreta con el Gobierno y con los otros grupos de la
Cámara, y lo hicimos incluso en circunstancias difíciles. Nadie podrá negar ni discutir el compromiso y el empeño activo del Grupo Socialista en estos objetivos. Este compromiso se trasladó públicamente a través de las enmiendas que presentamos,
sesenta y siete, el mayor número de todos los grupos. Eran enmiendas que, ciertamente, reflejaban la posición del Partido Socialista, pero en muchos casos evidenciaban una abierta sintonía con otras formuladas por el resto de los grupos. En eso
estaba el trabajo común, el acuerdo o el pacto; un pacto que hemos buscado y mantenido incluso cuando el 10 de julio los ponentes del Grupo Socialista abandonamos las labores de la ponencia y dijimos que aquello no significaba sino eso, pero no la
ruptura de los acuerdos alcanzados.
El señor Olabarría ha dicho en esta tribuna esta mañana que retiraba sus enmiendas y votaría a favor de la ley, pese a que no coincidía con muchos de sus contenidos. Quien les habla tiene que decir que, aunque coincida con muchos de los
contenidos de la ley, esta no es la ley del Grupo Socialista -sé que es del Gobierno-, lo digo en el sentido de la que querría haber sido, pero no es la ley del Partido Socialista y no lo es por razones de fondo y por razones de contexto. Por
razones de contexto -ahora leo-, porque, a nuestro juicio, desde el pasado mes de julio se viene produciendo una contradicción hiriente, y para nosotros insalvable, entre la apelación a la ley de transparencia como el bálsamo de Fierabrás de todos
los males que en los últimos tiempos afectan a nuestro sistema político y una práctica del grupo mayoritario que obstaculiza el ejercicio por esta Cámara de una de las funciones que expresamente le encomienda el artículo 66 de la Constitución,
controlar la acción del Gobierno. No puede ser que al mismo tiempo se reclame al Grupo Socialista responsabilidad en torno a esta ley y negar al Grupo Socialista, y con él a toda la oposición, una y otra vez cualquier iniciativa dirigida a pedir
explicaciones. (Aplausos). Esta semana hemos vuelto a vivirlo. Por razones de fondo he dicho que no es nuestra ley, porque ninguna de nuestras enmiendas ha sido formalmente acogida -luego matizaré- en el texto que hoy examinamos, ni siquiera las
quince que, en un gesto que agradecí de inmediato por parte del señor Bermúdez de Castro en nombre del Grupo Popular, fueron aceptadas en la Comisión porque de inmediato se advirtió que todas ellas ya estaban incorporadas como consecuencia de
transacciones con los grupos de CiU, PNV y UPyD. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).
Hablaré de nuestras enmiendas y lo haré advirtiendo que, con excepción de las que mencionaré al final, las restantes proponían cosas en las que estábamos todos de acuerdo, pero ninguna se aceptó. Hemos mantenido para el Pleno solo veinte.
Todas han sido rechazadas hasta ahora. Verán de qué se trata. Pretendíamos que las administraciones tuviesen que hacer públicas sus relaciones de puestos de trabajo, sus procedimientos administrativos, sus cartas de servicios; también los
contratos de alta dirección que se celebren en el sector público; también no solo sus propiedades inmobiliarias o su patrimonio inmobiliario, sino las acciones o participaciones de capital que tengan en sociedades mercantiles. Nada de ello se ha
acogido. Para dar sentido a los trámites de información pública que nuestras viejas leyes de procedimiento prevén, queríamos que se hiciese público un resumen de las alegaciones formuladas que pidan el rechazo o aceptación de las mismas. El
Gobierno lo hizo justamente con el proyecto de ley de transparencia y, sin embargo, no se ha querido que esto se incorpore como práctica aplicable a las leyes y planes de acción del futuro. Queríamos asegurar no solamente la publicidad de los
contratos celebrados por las administraciones, sino también la de sus incidencias -modificados, prórrogas, resoluciones-. Queríamos la publicidad de todas las actuaciones urbanísticas. No se han recogido. Proponíamos la publicidad de todos los
elementos referidos a las campañas institucionales de publicidad. No se han recogido, y esta semana hay agitación en el sector por los resultados de una de ellas. Queríamos que las entidades que prestan servicios públicos, sobre todo en educación,
en sanidad, en servicios sociales, tuviesen que explicar públicamente cómo lo hacen y en qué condiciones. Queríamos mandatar al Gobierno para la aprobación de la actuación de los lobbies. Por no aceptar, no se ha aceptado siquiera un mandato para
que esta Cámara adecúe el Reglamento a los principios que se recogen en esta ley para aplicar pautas de transparencia no solo a su actuación económica o administrativa, sino también al quehacer de fondo del Parlamento.
Queríamos tres -aquí sí hay divergencia, lo digo y lo reconozco-; estas tres, sí. Creemos que no es bueno que un Gobierno con mayoría absoluta sugiera que el presidente del Consejo de transparencia y
buen gobierno sea elegido por mayoría absoluta y no por una mayoría reforzada, al menos mínimamente como la que pedíamos. (Aplausos). Estamos seriamente preocupados por cómo va a incidir en la estabilidad política de los ayuntamientos la
aplicación de las normas de buen gobierno que se contienen en la ley al único supuesto de todo nuestro panorama institucional en el que la condición de alto cargo y cargo electivo coincide, como son los concejales. Y aunque es verdad, y lo
reconozco, que se ha mejorado la redacción inicial y es verdad también que no hemos podido, por razones reglamentarias, incorporar y traer a esta Cámara la votación sobre esta enmienda, seguimos pensando que no puede ser una, no llamada así,
inhabilitación, pero sí bajo el subterfugio de la expresión prohibición de designación para ser cargo público en todos los ámbitos como sanción impuesta por órganos administrativos. Creemos que no puede ser.
Como consecuencia de eso, creemos que se ha empobrecido la ley, que otra ley hubiese sido posible. No es cuestión de número de enmiendas aceptadas, no es cuestión de que se vea la huella del Partido Socialista, es cuestión de habernos
negado la posibilidad de tomarnos más tiempo para resolver algunos de los problemas que he mencionado. Y si digo que es una ley que ha resultado empobrecida es porque creo que estamos ante un acto fallido en términos políticos, respetando -como es
evidente que respeto, sin duda alguna, sin matiz- la legitimidad de los votos, y votos abundantes, con los que va a salir aprobada esta ley. No es lo mejor que esta ley salga; una ley que se presenta, con razón, como pieza esencial de una nueva
etapa de desarrollo institucional y democrático en nuestro país; una ley, además, de carácter estructural para lo que yo llamo la democracia cotidiana, yo creo que no es lo mejor que salga adelante sin la presencia y sin el voto del Partido
Socialista, un partido que ha gobernado este país veintiún años largos de los que llevamos desde la Constitución. (Aplausos). Créanme si les digo que en verdad lo lamento.
De acuerdo con todo ello, mi grupo votará en contra del texto, y como lo que buscamos a lo largo de estos meses ha sido una ley de consenso, que no ha sido posible, mantendremos, en relación con las enmiendas formuladas por los distintos
grupos, el mismo criterio que asumimos en la Comisión Constitucional y, por tanto, nos abstendremos en todas ellas.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Serrano.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor González Pons.
El señor GONZÁLEZ PONS: Señora presidenta, señora vicepresidenta, señorías, quiero que mis primeras palabras sean también de condena de los actos vandálicos sufridos ayer por la representación de la Generalitat de Cataluña en Madrid, y de
solidaridad con nuestro compañero, Sánchez i Llibre, y con el resto de periodistas y personas que resultaron heridas allí, así como de felicitación a las fuerzas del orden público por su rápida actuación y por la rápida detención que, según mis
noticias, ya se ha producido.
Señorías, la cuestión es si España necesita una ley de transparencia o no. Los que creemos que sí vamos a votar a favor. Los que crean que no, por ejemplo -si los hubiera-, los partidarios de la turbiedad, inventarían razones para votar en
contra. (Rumores). Se trata de saber si se está con los que quieren transparencia y votan que sí o confundidos con los que no la quieren y votan que no. Hay quien argumenta que el proyecto de ley es insuficiente y por eso se opone. Hoy mismo
Transparencia Internacional España, que sabe algo más de transparencia que los miembros de la Cámara y por eso los miembros de la Cámara les citamos como expertos y les consultamos, ha dicho que con esta ley de transparencia la Administración
pública española se convierte en cristal. Es suficiente para Transparencia Internacional España, pero puede ser insuficiente para algunas de sus señorías.
A nosotros nos parece que, no habiendo ley española de transparencia, siempre es mejor que se apruebe una avalada por Transparencia Internacional que seguir en la opacidad y la penumbra. Siempre es mejor luz que oscuridad. Por eso, a los
insatisfechos, aunque partidarios de la transparencia, les invitó a votar a favor, porque es mejor continuar luchando por más transparencia que por el efecto del voto de uno siga sin haber transparencia. Esta es una gran ley. Es una ley histórica.
No tiene sentido quedarse fuera solo porque no se coincida con ella al cien por cien. También hay quien se va a oponer por razones que nada tienen que ver con el proyecto que tramitamos, y así lo han reconocido desde la tribuna, quienes, pese a ser
coautores del proyecto, están incómodos por cómo les va de oposición, y lo van a pagar dándole la espalda a la ley de transparencia votando en contra como si se opusieran a la transparencia. Es incomprensible, lo sé, pero va a suceder aquí y esta
mañana. Se ha dicho que se comparte la ley, pero que no se la puede votar a favor. Hay un grupo importante que, con tal de que se le note, hoy intenta
hacerse notar. También les pido con todo respeto que cambien de posición. Después de sus últimos ocho años de Gobierno, después de sus veintiún años de Gobierno sin presentar un proyecto de ley de transparencia a la Cámara, no cometan el
error histórico de oponerse cuando somos nosotros los que presentamos el borrador redactado por ustedes, mejorado y convertido en ley, o quedarán señalados para siempre en el rincón oscuro del Congreso. (Aplausos).
Nuestra ley será más o menos completa -según Transparencia Internacional es completa-, pero es indudable que representa un paso adelante. Ustedes nunca aprobaron un proyecto de ley de transparencia y, si ahora no apoyan el que hemos
presentado nosotros, lo que es indudable es que se habrán decantado del lado de la oscuridad. Por dos veces, en el Gobierno y en la oposición, el Grupo Parlamentario Socialista deja pasar su oportunidad de apostar por la transparencia. Insisto en
que la cuestión es ley de transparencia sí, o ley de transparencia no. No cabe el sí a la transparencia pero no a esta ley, porque sin esta ley la Administración pública española se queda en las tinieblas de toda la vida. Voten a favor de la
claridad aunque solo sea, señor Gorriarán -que no está-, porque es muy difícil justificar que no se vota por la claridad.
Todos sabemos que el sentimiento de que la corrupción resulta impune en nuestro sistema está produciendo un enorme daño a la democracia española. Todos somos conscientes de que no podemos permanecer de brazos cruzados ante el clamor
ciudadano que exige un cambio de actitud en los políticos y mucha más transparencia. La vicepresidenta del Gobierno recordaba ayer en la Cámara que la corrupción nos afecta a todos, que la corrupción es cosa de todos, que la lucha contra la
corrupción es de todos porque tarde o temprano la corrupción puede afectar a cualquiera, que no hay santos y pecadores. La lucha contra la corrupción se puede ganar, como ha dicho también la vicepresidenta, con políticos concienciados, con
actitudes limpias y con leyes como esta. Hoy, además de la crisis y del desempleo, los enemigos de España son la corrupción y la falta de confianza en las instituciones. Frente a ellos, no podemos mostrarnos divididos como hoy, ante los ciudadanos
no puede parecer que los políticos defendemos antes los intereses de nuestros partidos que ponernos de acuerdo en un proyecto de ley de transparencia contra la corrupción. Esta ley es un paso adelante en la lucha contra la corrupción.
Honestamente, puede haber alguien en la Cámara que lo considere insuficiente, ¿pero que el paso adelante de la lucha contra la corrupción sea insuficiente justifica que no se dé y se vote en contra?
Señor Olabarría, yo no puedo decir: mi partido político no está siendo investigado. Es más, diré que nadie puede subir a esta tribuna y decir: mi partido político no está siendo investigado y nunca lo estará. Aquí hay quien ha recibido
millonarias condonaciones de deuda por parte de los bancos, lo que equivale a millonarias donaciones anónimas por parte de los bancos; aquí hay quien no paga la Seguridad Social; aquí hay quien no presenta en los últimos años su contabilidad ante
el Tribunal de Cuentas; aquí hay quien no ha declarado todas las donaciones que recibió en campaña electoral; aquí hay quien cuando era alcalde de su pueblo no se dejaba investigar por la Sindicatura de Cuentas. (Rumores). No voy a señalar a
nadie, no voy a pronunciar ningún nombre, no voy a entrar en el: y tú más, voy a señalar a todos porque tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para que la corrupción deje de ser un arma que utilizan los políticos contra los políticos y su
eliminación se convierta en la causa que une a todos los políticos para conseguir que España sea mejor. (Aplausos).
Los ciudadanos ya no se creen que haya un partido mejor que otro, saben que ante la posibilidad de que alguien se corrompa todos somos iguales, que todos los partidos somos capaces de lo mejor y de lo peor. Demos la razón a los ciudadanos y
empecemos a hacer lo mejor, y en lugar de echarnos la corrupción a la cara unos a otros, echémonosla todos juntos a la espalda. Seguro que hay muchas razones para oponerse a esta ley de transparencia -algunas tienen que ver con la ley, y la inmensa
mayoría, vicepresidenta, no tiene nada que ver con la ley-, pero insisto en que esta ley de transparencia como mínimo es mejor que no tener ley de transparencia y que ya está bien de que los ciudadanos vean que frente a la corrupción no somos
capaces ni siquiera de unirnos en una ley de transparencia común y que, como si fuera una peste selectiva, aquí puede haber quien prefiera que la corrupción siga viva con tal de que solo mate al contrario.
Señorías, son más importantes los españoles que nuestros partidos. Esta es una ley para que los españoles puedan controlar nuestros partidos. Les pido, por tanto, que se pongan de parte de los españoles y no de los intereses de sus
partidos. Nuestra mano está tendida, señor Serrano, y va a seguir tendida en el Senado; lo que digan y lo que voten aquí no va a hacer que retiremos la oferta. Creemos que está ley tiene que ser de todos. Quiero reconocer en este sentido que se
ha hecho un gran trabajo por parte de todos los grupos parlamentarios y que esta ley ya no es de la vicepresidenta del Gobierno, ya no es del
Gobierno, ya no es del Grupo Parlamentario Popular; esta ley ya es de toda la Cámara porque hemos incorporado, señor Serrano, no solo las enmiendas, sino también el espíritu y el trabajo de muchos diputados y diputadas. La tramitación
parlamentaria no ha hecho más que mejorar el proyecto; ha sido una tramitación abierta y el resultado es que se han incorporado noventa enmiendas y que, además, nosotros seguimos en el Senado con la mano abierta.
Podrá decirse lo que se quiera de la ley -Transparencia Internacional dice que es la ley que España necesita, y podrá haber aquí quien sea más exigente que Transparencia Internacional-, pero lo que no podrá decirse es que la ley no es de
todos. La cuestión no es, por tanto, ley sí o ley no, sino si todavía creemos que son buenos los textos de consenso en el ordenamiento constitucional. Nosotros pensamos que un valor añadido de la ley es que es de consenso, porque nosotros pensamos
que el principio fundador de la reconciliación nacional de 1978, el principio fundador de nuestra democracia fue el consenso.
Señorías, en los últimos días y ahora aquí también hemos oído criticar la ley de transparencia porque el Reglamento del Congreso, que no tiene nada que ver con la ley de transparencia, impide las interpelaciones y la reprobación del
presidente del Gobierno. Es un argumento peregrino que consiste en decirle al ciudadano que no vamos a aprobar una ley para que sepa en qué gasta el dinero su ayuntamiento porque algún diputado importante de la Cámara se siente frustrado. Nuestro
sistema constitucional está basado en la colaboración de poderes. El Congreso nombra al presidente y el Congreso destituye al presidente. Para evitar el vacío de poder nuestro parlamentarismo racionalizado establece que el cese parlamentario del
presidente se produzca siempre a través de una moción de censura constructiva, de modo que a un jefe del Ejecutivo le sustituya siempre otro con un programa alternativo; así ocurre también en los países de nuestro entorno.
Aceptar que se pueda producir una interpelación o una reprobación al presidente por el Congreso equivale a incluir la moción de censura destructiva en nuestro ordenamiento constitucional, a admitir la posibilidad de que el Ejecutivo pueda
quedar materialmente descabezado o pueda quedar deslegitimado por la Cámara sin que entre otro presidente alternativo con otro programa alternativo. Esto se llama gobierno de asamblea y suele conducir al caos. La interpelación o la reprobación del
presidente es un ardid, es un atajo parlamentario para evitar la moción de censura constitucional, la moción de censura constructiva. Quien quiera, pueda y crea que hay motivo, que presente una moción de censura constructiva, como ordena nuestra
Constitución y prevé nuestro sistema, con un programa alternativo -si lo tiene- y con un candidato alternativo -si lo encuentra-. Pero, si no hay valor, capacidad o motivo para presentar una moción de censura, es mucho mejor no culpar al Parlamento
de las propias limitaciones y no hacer pagar a la ley de transparencia la propia incapacidad política, partidaria o parlamentaria. Ser transparentes es una obligación que no tiene que ver con lo que nos pase en el día a día político, es una
obligación de la que no puede librarse nadie, una obligación que no admite ni evasivas ni cortapisas.
Termino, señora presidenta. Señorías, señora vicepresidenta, el derecho de acceso a la información a partir de hoy queda más protegido en España que muchos derechos fundamentales. Los partidos políticos, sindicatos, organizaciones
empresariales, la Casa Real y el Banco de España tendrán a partir de hoy la obligación de ser completamente transparentes. Los españoles disfrutarán a partir de hoy de un efectivo derecho a saber. Una agencia estatal velará a partir de hoy por que
todas nuestras administraciones -como pide Transparencia Internacional- tengan ventanas abiertas en vez de paredes. ¿Cabe alguna excusa, de verdad, para votar en contra de todo eso? ¿De verdad, hay alguna razón por la que alguien pueda ahora
apretar el voto no a todas estas cosas que van a pasar a partir de la aprobación de esta ley? Esta ley va a hacer historia. No permitan sus señorías que cuando se recuerde el día en el que se hizo transparente a la Casa Real, a los partidos
políticos, a los sindicatos y a las organizaciones empresariales recuerden que votaron no, porque hoy les cuesta explicarlo pero dentro de algunos años será completamente imposible de explicar.
Quiero terminar acordándome de Adolfo Suárez, que siempre entendió que la política debía consistir en hacer normal para los políticos lo que era normal en la calle. Con esta ley, que es una típica ley de nuestra transición democrática,
nosotros hacemos normal en la política lo que es normal en nuestras propias casas, o sea, señor Serrano, la democracia cotidiana.
Muchas gracias. (Aplausos.-La señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Sáenz de Santamaría Antón, pide la palabra).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Adelante, señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Muchísimas gracias, presidenta.
En primer lugar, como miembro del Gobierno quiero manifestar nuestra más enérgica condena a los actos que ocurrieron el día de ayer contra algunos ciudadanos y algunos compañeros. No es admisible en democracia. Y como diputada, expreso mi
mayor solidaridad a algunos de nuestros compañeros, que tuvieron que vivir algo que en democracia no debería ni vivirse ni verse nunca.
En segundo lugar y ya ciñéndome a la ley que hoy pasa su trámite en debate de avocación en el Congreso, quiero señalar por parte del Gobierno nuestro máximo agradecimiento a todos. A todos los ciudadanos que, a lo largo de su tramitación en
la sede del Ministerio de la Presidencia, han remitido sus sugerencias y sus aportaciones, porque esta es una ley para ellos. También a todas las organizaciones, asociaciones, catedráticos y expertos que en este largo trámite de debate en el
Congreso han tenido la oportunidad de comparecer, de ser escuchados y de dar su opinión. Todos ellos han contribuido -esta también será su ley- a que esta ley sea mejor, de mayor calidad y mucho más efectiva. Quiero agradecer a todos los grupos
parlamentarios, con independencia del sentido de su voto, sus aportaciones porque todos -y creo que eso tenemos que ponerlo en valor- nos hemos tomado en serio esta ley porque es importante.
El Gobierno manifestó desde el primero momento su máxima voluntad de diálogo y el grupo parlamentario que lo sustenta -y al que quiero agradecerle sus esfuerzos- lo ha manifestado aquí. Nosotros no descansaremos en el trámite en el Senado
para que a esta ley puedan incorporarse muchos más, está en la libertad de cada uno, yo no voy a criticar ni voy a entrar en sus motivos ni en sus razones. Solo quiero recordar que la democracia -como decía algún ponente- nos la dimos hace
bastantes años y se debe seguir construyendo y regenerando cada día. Esta ley puede, y creo que debe ser, un paso más, un paso humilde, pero un paso en lo que tiene que ser y creo que es una vocación de todos: una democracia más fuerte, y la
transparencia hace más fuerte a la democracia.
Muchas gracias. (Aplausos).
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS FUERZAS ARMADAS. (Número de expediente 121/000047).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Iniciamos el debate de totalidad de las iniciativas legislativas. En primer lugar, del proyecto de ley orgánica de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. Para su presentación ante esta
Cámara, tiene la palabra el señor ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Morenés Eulate): Señora presidenta, señorías, en primer lugar, hago mías las palabras de la señora vicepresidenta y de otros intervinientes anteriores en relación con los actos lamentables que tuvieron lugar
ayer contra representantes políticos legítimamente elegidos.
Cuando tuve el honor de comparecer ante esta Cámara por primera vez en la Comisión de Defensa para exponer las que iban a ser las líneas generales de la política del departamento para la legislatura, les comenté que en esta última década se
había legislado con profusión, habiéndonos dotado de un cuerpo normativo en materia de defensa que alcanzaba en muchos casos hasta los más mínimos detalles de la vida militar y de la gestión de la administración militar. Por lo tanto, nuestro
principal empeño durante la legislatura iba a ser, sigue siendo y será el de la gestión, el de la resolución de los problemas y el de las necesidades de la defensa nacional. Sin embargo, también les decía que éramos plenamente conscientes de la
existencia de compromisos normativos pendientes que debíamos abordar para cumplir así los mandatos legislativos previos que no se quisieron o no se pudieron llevar a cabo en la pasada legislatura. Este es el caso del proyecto de ley que hoy tengo
el honor de presentar ante esta Cámara, dedicado al régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. No obstante, no quisiera entrar a analizar el mandato legal con el que nos encontramos sin comenzar por remarcar el objeto, el fundamento jurídico y
el principio rector de la norma que presentamos.
La finalidad de esta ley, que se encuentra claramente expresada en su artículo primero, es la de garantizar la observancia de las reglas de comportamiento de los militares, en particular de la disciplina, la jerarquía y la unidad, que, de
acuerdo con la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, constituyen el código de conducta de los miembros de las Fuerzas Armadas. No creo que nadie albergue duda de la enorme importancia y valor para nuestra nación de los bienes jurídicos
que esta ley viene a proteger ni de
los principios a salvaguardar que hacen referencia a un colectivo de servidores públicos ciertamente especial. Y así lo reconoce la cúspide de nuestro ordenamiento, ya que el fundamento jurídico primario no es otro que el artículo 25 de la
Constitución española que, en sentido negativo, establece la singularidad del régimen disciplinario aplicable a la administración militar. Sin embargo, esta singularidad no obsta a la universalidad del principio general de la norma como es el
equilibrio entre las garantías básicas del infractor y las prerrogativas de la administración, justificándose así la potestad disciplinaria en la salvaguardia del interés público y de la defensa de los valores esenciales de las Fuerzas Armadas.
Señorías, una vez establecidas las bases jurídicas, que por supuesto no pueden ser distintas de aquellas que motivaron las antecedentes en el año 1985 y en el año 1998 del presente proyecto de ley, entraré en la razón que nos lleva a
modificar esta última disposición vigente, la Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre. Como bien conocen, la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, en su disposición final octava requiere
al legislador, mediante una reforma de la ley vigente, la adaptación del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sobre derechos y
garantías fundamentales en el ejercicio de la potestad disciplinaria en el ámbito militar, a la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas, a la presencia de la mujer y a la organización y misiones que les vienen señaladas en la Ley Orgánica de
la Defensa Nacional y, como solicita el punto segundo de la disposición adicional de la ley citada, a desarrollar una regulación específica para las unidades y personal destacados en operaciones en el exterior, conforme con los términos establecidos
en el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Defensa Nacional.
La Ley de Derechos establecía también un marco temporal de un año para llevar a cabo la adaptación, es decir, una fecha límite de 30 de septiembre de 2012. Este año de retraso, que lamentamos, es sin embargo fácilmente explicable. En
primer lugar, se llegó a presentar por parte del anterior Gobierno un proyecto de ley orgánica de régimen disciplinario que incluso fue registrado en esta Cámara con anterioridad a la aprobación definitiva de la propia Ley de Derechos y Deberes,
pero que caducó con la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales. A continuación, y con el lógico período de traspaso de poderes y toma de posesión, tuvimos que afrontar dos decisiones importantes que creo han enriquecido
el proyecto, aunque no me duelen prendas en decir que hay más elementos comunes que diferencias entre el texto caducado y este que les estoy ahora presentando. Estas decisiones fueron las siguientes. Como en el precedente caducado, quisimos llevar
a cabo un nuevo texto completo más que una reforma. Es decir -sin entrar en disquisiciones semánticas-, para cumplir con el título y el fondo del mandato de la disposición final citada, adaptar la ley al nuevo universo de las Fuerzas Armadas, tanto
jurídico como operativo, todo esto requería un proyecto de ley nuevo y no una mera reforma del anterior. Basta para justificar esta decisión la comparación entre la vigente Ley Orgánica 8/1998, de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, y el
texto del proyecto objeto de enmienda, puesto que, como observa la exposición de motivos de este proyecto, son numerosísimos los preceptos que deben ser modificados, lo que supone en buena técnica legislativa que una nueva ley, una ley de nueva
planta facilitará su aplicación práctica. Además, los otros criterios para la reforma que establece la misma Ley Orgánica de Derechos y Deberes que ya les he enunciado, hacían imposible mantener una reforma de la Ley 8/1998 que fuese
suficientemente ordenada y coherente.
La segunda decisión tenía que ver directamente con la cuidadosa tramitación que exige un proyecto de ley, que se agravaba en este caso con la voluntad que teníamos de dar voz a las asociaciones mediante el consejo de personal que había de
constituirse y ponerse a andar. Pero no adelantemos trámites. Para la elaboración del anteproyecto de ley orgánica se han solicitado, en primer lugar, los informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal por resultar
preceptivos y de acuerdo con las disposiciones vigentes. Ambos informes valoran positivamente el anteproyecto, destacando el esfuerzo realizado en la descripción de las faltas y en su sistematización atendiendo al bien jurídico protegido, la
incorporación de la sanción económica, el reconocimiento de la revisión jurisdiccional de todo tipo de sanciones, incluidas las impuestas como consecuencia de la comisión de faltas leves y en el que se recojan las garantías de los derechos del
expedientado. También destacan el tratamiento específico del régimen disciplinario aplicable al personal destacado en zona de operaciones, la reducción de la duración de la sanción de arresto y la salvaguarda de los principios de intervención
mínima y non bis in idem y el de la proporcionalidad.
A continuación, y como les comentaba, el anteproyecto se sometió al escrutinio de las asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas, que recibieron el texto a mediados de julio de 2012, debatiéndose posteriormente en sesión del Consejo
de Personal de las Fuerzas Armadas celebrado el 11 de diciembre
de ese mismo año 2012. Por último, se solicitó el dictamen del Consejo de Estado conforme a lo acordado por el Consejo de Ministros en su reunión de 21 de diciembre de 2012. Dicho dictamen, emitido por la Comisión Permanente del Consejo de
Estado en su sesión del pasado 4 de abril, hace referencia a su tramitación larga y cuidadosa, destacando la intervención antedicha, por primera vez en una norma de este calibre, de las asociaciones profesionales. También destaca que el contenido
del anteproyecto, que ha recibido elogios de algunos de los órganos que han participado en el expediente, merece el juicio favorable del Consejo de Estado y únicamente formula una observación de carácter formal relativa a dos disposiciones finales
que no habían podido ser valoradas por el Consejo General del Poder Judicial y que no se han incluido en el proyecto que hoy les presento. Estas dos decisiones, la de crear un texto completo y la de ser absolutamente rigurosos, incluso innovadores,
con el trámite de consultas e informes, creo que justifican plenamente haber incurrido en el retraso consciente con respecto a los plazos de presentación de la norma.
Paso ahora, señorías, y sin ánimo de ser prolijo, ya que el contenido del articulado no es estrictamente objeto de este debate de totalidad, a ofrecerles un sumario de las principales características de la nueva ley, en las que seguro ya han
reparado. En su ámbito de aplicación se ha incluido al que pase a tener la condición de asimilado a personal militar, pensando en las personas que puedan ser movilizadas al amparo de la Ley orgánica reguladora de los estados de alarma, excepción y
sitio para cubrir el vacío que se había producido como consecuencia de la derogación de la Ley de Movilización Nacional. En cuanto a las faltas disciplinarias, se ha adaptado la normativa y jurisprudencia del mandato de la Ley de derechos,
siguiendo un orden lógico en su enumeración, en función del bien jurídico protegido, refundiendo algunas faltas leves y convirtiendo otras en faltas graves por su mayor trascendencia y realizándose un gran esfuerzo de síntesis para reducir el número
de faltas actualmente existente. Por otro lado, en el caso de faltas graves y muy graves se han deslindado los tipos disciplinarios de determinados delitos recogidos en el Código Penal y en el Código Penal Militar. También se ha tenido en cuenta,
por supuesto, que ambos códigos están en proceso de modificación sustancial.
En cuanto a las sanciones, se incorpora como novedad la sanción económica de uno a quince días con pérdida de retribuciones durante ese tiempo, que existe en todos los ejércitos de nuestro ámbito occidental, aplicable en el caso de faltas
leves y graves. Se mantiene la sanción de arresto en el caso de faltas leves en domicilio o unidad, medida absolutamente avalada por la jurisprudencia, de indiscutible eficacia para el restablecimiento inmediato de la disciplina que existe en la
mayoría de los países de nuestro ámbito democrático y/o pertenecientes a la Alianza Atlántica, y cito algunos de ellos: Francia, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Portugal, Canadá, Bélgica, Países Bajos, Suiza, Irlanda, México, Brasil,
Perú, República Argentina, Chile y Australia, entre otros. No obstante, se perfeccionan sanción y procedimiento, al introducirse la sanción económica se permite al mando optar, en función de la gravedad de la infracción, por imponer sanción de
arresto o la sanción económica. Se limita la duración máxima del arresto, que pasa de los treinta días a los catorce días; se restringe la competencia para imponerlo, pues se confiere a determinados escalones del mando, a partir del jefe de la
compañía o similar. En el caso de faltas graves, se reduce la duración máxima del arresto en establecimiento disciplinario, que pasa de dos meses a treinta días, y se incorpora la sanción económica. Para las faltas muy graves se introduce el
arresto con una duración máxima de sesenta días y la resolución del compromiso y se suprime la pérdida de puestos en el escalafón. Por último, se introducen criterios para la individualización de la sanción, atendiendo al principio de la
proporcionalidad.
Por otra parte, tanto la regulación de la potestad disciplinaria como la competencia sancionadora se modifican significativamente, debiendo destacarse la atribución de competencia para sancionar las faltas graves anteriormente reservada a
los niveles superiores de mando a los oficiales generales con mando o dirección sobre la fuerza. En el caso de faltas muy graves se atribuye también al jefe del Estado Mayor de la Defensa, al subsecretario y jefes de Estado Mayor, salvo la sanción
de separación del servicio, que sigue reservada al ministro. Se reserva asimismo al ministro y al subsecretario la competencia para sancionara a los representantes de las asociaciones profesionales en el consejo de personal y a sus suplentes por
las faltas cometidas en el desempeño de su actividad en ese órgano. En lo que se refiere a las medidas cautelares, se reduce el plazo máximo de duración del arresto preventivo, que pasa de un mes a veinte días y el del cese temporal de funciones,
que se reduce de tres meses a veinte días. Se regula el régimen disciplinario aplicable en las unidades y al personal destacado en zona de operaciones, destacando la atribución de potestad disciplinaria a los mandos militares españoles que hayan
sido designados comandantes, jefes o responsables de una fuerza o contingente para sancionar incluso por
faltas graves, salvo la sanción de pérdida de destino, y la posibilidad de demorar la ejecución de la sanción hasta la finalización de las operaciones en curso. En cuanto al procedimiento, se agiliza el mismo sin merma de las garantías,
para lo que se mantiene el procedimiento oral en el caso de faltas leves, mientras que en el caso de faltas graves y muy graves se suprime el pliego de cargos y se simplifican los trámites. Se introduce también la caducidad como forma de
terminación del procedimiento. En el régimen de recursos se introduce la posibilidad de interponer recurso disciplinario militar en el caso de sanciones por falta leve.
Señorías, en resumen, estamos ante una ley que logra la vertical del fiel de la balanza entre garantías y prerrogativas, clarificando prácticamente en su totalidad varias zonas grises que existían en la legislación anterior. En ese sentido,
se minimizan y delimitan mediante el apoyo en la remisión normativa y la colaboración indispensable de la copiosa interpretación jurisprudencial los conceptos jurídicos indeterminados y se protegen los valores esenciales de las Fuerzas Armadas. Se
delimita también claramente la frontera entre régimen disciplinario y responsabilidad penal. Se mantiene sin ningún patrón ideológico sino con las guías de la jurisprudencia la salvaguarda de los bienes jurídicos protegidos el criterio de mando y
el derecho comparado, la sanción de arresto. Se refuerzan las garantías procesales y de ejecución, así como se clarificación las cuestiones jurisdiccionales y se perfecciona la graduación de las sanciones y los criterios para su imposición. En
definitiva, este proyecto de ley estrecha y fortalece el vínculo entre los principios generales del derecho y el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas y cumplimenta totalmente todos y cada uno de los requisitos dados por el mandato de
adaptación de la disposición final octava de la Ley de Derechos y Deberes.
Señorías, terminaré como comencé, con la inmodestia de la autocita o, al menos, de la autoparáfrasis. En aquella primera comparecencia de líneas generales les decía que pretendíamos gestionar mucho, lo que creo que estamos cumpliendo, y
legislar muy poco, más allá de cumplir los mandatos legales. Además, me comprometí a que legislaríamos tratando siempre de que las leyes se haga en consenso con las sensibilidades políticas representadas en la Comisión de Defensa y en este
Parlamento. Les reitero la misma voluntad de consenso. Les aseguro la total atención a sus enmiendas, al debate, a la explicación y a la justificación en el caso de que no podamos llegar a un total acuerdo. El Gobierno, y seguro que la amplia
mayoría de ustedes, tiene claro el criterio que leyes como esta, que regulan la labor de los más comprometidos y vocacionales servidores de la nación, han de ser aprobadas por amplias mayorías. Esperemos que podamos superar desacuerdos y matices
dando ejemplo de esto, voluntad en esta casa de todos los españoles. Reitero, en defensa de unos servidores de la nación que en su juramento profesional ofrecen su vida por España y por el interés general de la nación.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero):Gracias, señor ministro.
Antes de iniciar las intervenciones de las enmiendas, querría anunciar al conjunto de los diputados que las votaciones no se producirán antes de las cinco de la tarde.
A este proyecto de ley se han presentado tres enmiendas a la totalidad. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Bosch.
El señor BOSCH I PASCUAL: Muchas gracias, señora presidenta.
Me alegra mucho ver que la mayoría de los grupos de la Cámara, todos los grupos diría yo, condenan los lamentables hechos de ayer sucedidos en el centro cultural Blanquerna, que nosotros también hemos condenado con toda energía. Ya lo
hicimos ayer por la noche y volvemos a reiterarlo. De todos modos, déjenme también que les diga, en deferencia a los representantes del pueblo que fueron agredidos, que creo que la mejor condena a lo que pasó ayer pasa por realzar una demostración
enorme, pacífica, cívica, reivindicativa, festiva y solemne que se produjo en Cataluña. La mejor condena pasa por realzar el carácter pacífico, decidido y democrático de la gente en Cataluña.
Creemos también que otra condena deseable pasaría por demostrar que las Fuerzas Armadas españolas están sujetas y quieren estar sujetas a la máxima disciplina y a las órdenes de los representantes democráticos elegidos por el pueblo. En ese
sentido, en esta propuesta que presentan ustedes, en este proyecto de ley orgánica del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, creemos que han perdido una oportunidad tal vez única para demostrar exactamente eso, que hay que castigar
severamente a los incendiarios y que hay que castigar severamente cualquier tentación agresiva, también fuera pero por supuesto dentro de las Fuerzas Armadas, dentro del Ejército español, que sin duda aspira a ser un ejército occidental, moderno y
sujeto a democracia. Si ya son incendiarios los que van uniformados, si ya hay
tentaciones violentas entre los uniformes, qué no pasará con los multiformes. Si aquellos que están más sujetos a la disciplina y a la autoridad que emana de un Estado democrático, si ya ellos dan un mensaje que va en contra del orden, de
la ley, de la democracia, qué no harán los que no están sujetos a ese tipo de reglamento. Mensajes claramente golpistas -si me lo permiten, voy a recordar brevemente algunos casos espectaculares e inaceptables-, como el del coronel Francisco
Alamán, agosto de 2012; el señor Vidal-Quadras, miembro del Partido Popular y vicepresidente del Parlamento Europeo -me dirán que no es militar; ya lo sé, al menos no me consta, pero apeló a la intervención de un cuerpo militarizado, como es la
Guardia Civil, para actuar en contra de la voluntad democrática del pueblo de Cataluña, por tanto, usando el nombre de los militares y de las Fuerzas Armadas o cuerpos militarizados-, y el general Chicharro, febrero de 2013; todos ellos militares
de alta graduación, tal vez en la reserva, pero sin duda nada reservados, que hicieron declaraciones incendiarias contra un proceso democrático como el que se está produciendo en Cataluña y que propusieron soluciones que claramente están fuera de la
legalidad española e internacional, por supuesto. Si permitimos que esas derivas golpistas salgan impunes estaremos permitiendo el fomento de la agresividad contra la democracia y contra sus representantes. Por tanto, les pedimos que atajen y que
actúen severamente contra ese tipo de derivas. Podrían haberlo hecho a través de la ley, podrían haber legislado sobre ello, lo podrían haber incluido en este proyecto de ley orgánica, porque es un proyecto de ley orgánica para asegurar y
garantizar la disciplina dentro de las Fuerzas Armadas. Es eso, ¿no? ¿Qué tipo de disciplina garantiza cuando otorga la misma gradación a una falta de un mando de las Fuerzas Armadas por ir borracho que por hacer proselitismo de un golpe de
Estado? Yo lo veo bastante distinto; en cambio, en este proyecto de ley se la da exactamente la misma gradación. Se le da la misma gradación a negarse a pasar por un reconocimiento médico que a obstaculizar las libertades públicas. Para mí -no
sé para ustedes- es evidente que lo segundo es mucho más grave para el funcionamiento del sistema democrático que lo primero. Por tanto, aquí se ha perdido una clara oportunidad para modernizar el Ejército español y para demostrar que esa es la
aspiración y el anhelo.
No hay ninguna referencia a la posición del Ejército español dentro de su entorno europeo e internacional ni a la Corte Penal Internacional, que castiga severamente cualquier actuación contra la población civil desarmada. No hay ninguna
alusión a las normas de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, que claramente van en la misma dirección: penar cualquier actuación descontrolada del ejército contra una población civil desarmada o contra los fundamentos y
derechos fundamentales de la democracia. Incluso rema en contra del espíritu y la práctica del Tratado de Washington de 1949 que, como saben, es el fundamento de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), bajo la cual las Fuerzas
Armadas están encuadradas en su sistema de mando único. Por tanto, hay una serie de oportunidades perdidas que perjudican a las propias Fuerzas Armadas. No entendemos cómo el Grupo Parlamentario Popular, el Gobierno y el mismo ministro de Defensa,
el señor Morenés, en un momento como el actual pueden ir perdiendo oportunidades como esas para demostrar que el Ejército español es moderno, democrático y está en el siglo XXI y en Europa occidental en vez de haberse quedado en fechas pretéritas
que todos quisiéramos olvidar. O se ponen al día o esto se puede poner feo, y en parte será debido a la responsabilidad de aquellos que hoy pueden contribuir a que el Ejército español tenga la imagen que se merece y no otra.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Bosch.
Por el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, señor ministro, en primer lugar me alegro de verle. Le he llamado por teléfono cuatro o cinco veces en las últimas dos semanas y, al no devolver la llamada, estaba preocupada por su salud. Me alegro de que esté bien.
Para nosotros este proyecto de ley de régimen disciplinario es exactamente una oportunidad perdida; coincido, sin que sirva de precedente, con el señor Bosch. A continuación le voy a explicar por qué pensamos que esta oportunidad se podía
haber aprovechado para incorporar plenamente en las Fuerzas Armadas el régimen de libertades y de igualdad que quedó consagrado en nuestra Constitución, y no se ha hecho así. El régimen disciplinario actual, con una normativa que data del año 1998,
entra en colisión directa con esos derechos fundamentales, y desde luego nosotros creemos que en el ámbito castrense esos derechos y libertades están -igual que en el resto de la sociedad- por encima de cualquier otra consideración; su protección y
su defensa están por encima de cualquier otra consideración. Sin duda la
disciplina es un valor en el ejército, una herramienta útil y práctica para defender la propia finalidad del ejército y para que lleve a cabo sus tareas. También esa disciplina es útil en la medida en que protege y ampara el ejercicio de
las libertades y los derechos. No es el valor supremo, como lo son los derechos y las libertades consagrados en la Constitución, y en último extremo la disciplina está y debe estar siempre al servicio de esos derechos, y no los derechos a expensas
de cómo se aplique la disciplina castrense.
Ya planteábamos esta idea en una proposición no de ley que presentó Unión Progreso y Democracia en esta Cámara en el año 2008, en la que literalmente decíamos: El régimen disciplinario debe servir para garantizar la disciplina sin olvidar
nunca el respeto de los derechos y garantías que la Constitución reconoce a todos los ciudadanos, por tanto, también a nuestros militares. Al no ocurrir esto, estamos ante la contradicción aberrante de que aquellos que tienen encomendada la
salvaguarda del orden constitucional quedan al margen de la protección que esa Constitución otorga. Nos encontramos con la aberrante contradicción de que aquellos hombres y mujeres que enviamos a misiones internacionales a defender las libertades y
los derechos de ciudadanos de otros países carecen de ellos en muchos casos en su país. Esta filosofía que estaba en el régimen disciplinario emanado de la ley de 1998 se mantiene exactamente igual en este proyecto de ley. Usted mismo ha señalado
que son más las coincidencias con la ley existente que las diferencias. Por eso seguiremos teniendo que sufrir el bochorno internacional que supone que nuestro país mantenga la reserva a los artículos 5 y 6 de la Convención Europea de Derechos
Humanos para seguir manteniendo ese anacronismo de privar a una persona de libertad por vía administrativa y sin la intervención de un juez. Esa es una vulneración de los derechos humanos que realiza nuestro país, aunque la haga legalmente con esa
reserva a la convención. Desde nuestro punto de vista esto es, sencillamente, una demostración de la baja consideración que este Gobierno tiene hacia los hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas, como también lo es el abuso que se hace de
la privación de libertad, incluso para faltas leves, por más que esa privación de libertad sea de entre 14 a 30 días como máximo -14 días de arresto por una falta leve-. Esa visión arcaica de la disciplina militar que estaba, como digo, en la ley
de 1998 y que sigue estando, deberíamos desterrarla de una vez por todas de nuestro ordenamiento jurídico. No deberíamos permitir que en tiempos de paz y normalidad democrática se pueda privar de libertad a un militar sin un juicio celebrado ante
un juez y con todas las garantías, ni que se pueda imponer una sanción con un procedimiento oral, sin derecho de defensa y bajo una instrucción realizada por el mismo órgano que sanciona. Todo esto está recogido en la ley del año 1998 y nada de
esto cambia en la nueva ley. Sancionar a los militares por descuido en el aseo, falta de interés, alteración del buen orden o actitudes de menosprecio -por citar solo algunas- peca exactamente de lo que ha señalado nada menos que el informe del
Consejo General del Poder Judicial: imprecisión, ambigüedad y vaguedad -literalmente lo dice así el Consejo General del Poder Judicial-. Aumentará los recursos y, lo peor de todo, enrarecerá el ambiente profesional en las Fuerzas Armadas y
perjudicará el trabajo de esos hombres y mujeres. Las consecuencias de esta ambigüedad saltan a la vista, por ejemplo, en el artículo 22, en el que se habla de aplicar las sanciones conforme al principio de proporcionalidad, pero que cuando se
trata de acotarlo se hace con toda una retahíla de imprecisiones que da un enorme margen a la arbitrariedad, a los atropellos, abusos e injusticias; impedirá que haya un criterio uniforme en las sanciones e incluso permitirá que se utilicen con
fines distintos a aquellos para los que está concebido un régimen disciplinario. De hecho, esta arbitrariedad se está dando ya y esta ley no lo va a impedir. Por pasar de las musas al teatro, por hablar de algunos casos concretos, por hablar de la
realidad -porque la arbitrariedad como tal no está recogida en el proyecto de ley pero se da en la realidad-, le puedo citar el caso del presidente de la Asociación Militar de Tropa y Marinería, el señor Martínez Cánevas, que está en estos momentos
cumpliendo un mes y un día de arresto en un centro disciplinario de Ceuta por un expediente absurdo claramente relacionado con su labor asociativa. Lo mismo ocurrió con el subteniente Jorge Bravo hace unos meses, presidente de AUME, al que también
se arrestó un mes y un día por realizar declaraciones a los medios que, claramente, formaban parte de su libertad de expresión y de su trabajo como presidente de esa asociación. Hay otro caso que es un hecho individual, no derivado de
asociacionismo, quizás el más sangrante exponente de cómo se puede emplear el régimen disciplinario para una venganza -este era el caso del que le quería hablar cuando le llamé por teléfono-, es el de la capitán Zaida Cantera de Castro, una
brillante militar, uno de los miembros más destacados de su promoción, con numerosas condecoraciones y felicitaciones, que ha estado destacada en distintas misiones internacionales. Después de sufrir acoso sexual durante quince meses por parte de
un coronel, lo denunció, lo condenó -condena que fue ratificada por la Sala Militar del Tribunal Supremo-, y ahora, mientras este coronel está cumpliendo su condena judicial, el régimen disciplinario se está utilizando para perseguirla, para
castigarla y para
transmitirle el mensaje de que en el Ejército español no se puede denunciar, y mucho menos conseguir condenar, a un coronel por acoso sexual a una capitana; por haber cometido el imperdonable pecado de hacer valer sus derechos y sus
libertades, la libertad básica y esencial de no ser acosada sexualmente, igual que en los otros casos a los que me refería, la libertad de expresión o la libertad de asociación. Lo más curioso de todo es que en esa sentencia del Supremo, en la que
se condenaba a este coronel por dos delitos de abuso de poder, se mencionaba a varios altos mandos del ejército, entre ellos dos tenientes coroneles y un coronel, y después no se utilizó el régimen disciplinario para abrirles expediente, porque eran
también responsables de haber conocido sus actos de acoso sexual y no haber hecho nada para impedirlos. Contra ella se utiliza el régimen disciplinario para llevar a cabo esa persecución que le deje claro los límites de sus derechos, sin embargo
contra esos altos mandos que habían participado, habían sido corresponsables por omisión del acoso sexual, el régimen disciplinario no se utilizó. Todo este margen de arbitrariedad ocurrió dentro de la ley, porque ella permite este margen de
arbitrariedad, y la nueva ley sigue permitiéndola. Lejos de corregirse este margen de arbitrariedad se empeora con esta ley; se imponen más restricciones y una mayor merma de derechos, por ejemplo estableciendo las faltas muy graves, que nunca han
existido en el ámbito militar sino que se consideraban como reiteración de faltas graves, y que, como ocurre en otros códigos penales, se suelen resolver como un posible delito a dirimir en los tribunales, lo que en la jurisdicción militar -que
otorga garantías y derechos a los acusados- no se hace en este nuevo régimen disciplinario.
En cuanto a la garantía de libertades y derechos básicos, la realidad habla por sí sola; ahí están los ejemplos que le he puesto de cómo los máximos representantes de asociaciones profesionales militares están o han estado privados de
libertad porque se ha utilizado el régimen disciplinario para disuadirles de su labor. Tanto la libertad de asociación como la libertad de expresión -esto es lo más chocante de este proyecto de ley- están protegidas por la Ley de derechos y deberes
de los militares, del año 2011, y este nuevo régimen disciplinario entra en colisión directa con esa ley. Tenía cierta lógica que la ley anterior del año 1998 entrara en colisión con una legislación posterior, del año 2011. Lo que no tiene ningún
sentido es aprobar en el año 2013 una legislación que contradice una legislación anterior; es decir, no se ha tenido en cuenta todo el desarrollo legislativo que se ha hecho estos años en relación con los derechos y los deberes y la disciplina de
los militares, se ha mantenido todo igual que en el año 1998, y en algunos casos peor. Yo le pregunto: ¿por qué no deroga usted la Ley de derechos y deberes del año 2011? ¿Por qué no la anula de un plumazo para que les quede claro a los militares
que no tiene ningún derecho, en lugar de hacer esta triquiñuela de consagrar unos derechos en una ley y luego vaciarlos de contenido por la vía de otra ley que impone un régimen disciplinario caduco?
No puede sorprendernos que incluso el Consejo del Poder Judicial haya hablado de la inseguridad jurídica -lo dice en su informe- que provoca esta ley, no solo intrínsecamente sino porque entra en colisión con ese desarrollo legislativo
posterior que ha habido. Es una incoherencia que en el fondo revela que, a pesar de toda la retórica, de toda la palabrería en contra, ustedes no consideran a los militares ciudadanos de primera, no los consideran plenos titulares de los derechos
consagrados en la Constitución para todos los ciudadanos, con restricciones legítimas, como las que se pueden imponer y se imponen en todas legislaciones del mundo, a la libertad de expresión para que no afecte a temas tocantes a la organización
interna, a la defensa nacional; restricciones legítimas, pero siempre las mínimas, los justas y legítimas, y sin querer refugiarse en la disciplina para imponer en el fondo la arbitrariedad y el abuso de poder como norma. La persecución a la que
son sometidos algunos representantes de asociaciones o personas, casos individuales, como el de la capitana Cantera de Castro, que he mencionado, nos demuestran que usted no considera que los militares merezcan tener derechos, ni derechos ni
protección en el ejercicio de esos derechos (a asociarse, a expresarse en libertad, a no ser víctima de acoso sexual). El régimen disciplinario se presenta así como una forma de mantener la prerrogativa y el abuso de poder, como una herramienta
disuasoria de los demás derechos en lugar de una herramienta que garantice y ayude a proteger esos derechos. Por esto es evidente que vamos a rechazar este texto. Se lo devolvemos porque pensamos que no se puede tener un ejército moderno y
profesional cuando se trata de exigirle y de instar su participación en misiones internacionales, en guerras que, como ocurre con las guerras del siglo XXI, no son de necesidad sino de opción, pero no de reconocerle los derechos y las libertades,
como era en el ejército del siglo XIX. O tenemos un ejército moderno o no lo tenemos, pero tenerlo para las obligaciones y no tenerlo para los derechos no es de recibo. Por suerte para todos los españoles en cuestiones de formación, entrega y
capacidad de superación, nuestros militares han demostrado en
numerosas ocasiones que están a la altura de los mejores del mundo y nosotros vamos a seguir reivindicando su condición de ciudadanos de primera por mucho que ustedes se empeñen en lo contrario.
Muchas gracias, señorías. Gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Lozano.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, señor ministro, señoras y señores diputados, nuestro grupo presenta esta enmienda de totalidad porque no compartimos ni la forma ni el fondo de este proyecto de ley. Entendemos que no es la ley
que necesitan unas Fuerzas Armadas al servicio de un sistema de valores de un Estado de derecho. Para nosotros al hablar de derechos y deberes de las Fuerzas Armadas queremos hablar de los derechos y deberes de los ciudadanos y ciudadanas vestidos
de uniforme que componen las Fuerzas Armadas. Por mucho que ustedes se empeñen, nadie deja de ser ciudadano al entrar en el ejército, nadie deja de tener los mismos derechos cuando entra en el ejército.
En este texto, lejos de proceder a reformar -usted lo ha dicho-, lo que han planteado es una ley completa que entendemos que no era necesaria. Realmente, lo que ustedes han hecho ha sido buscar justificaciones para intentar dar solidez a un
concepto de disciplina con el que no podemos estar de acuerdo, y que viene ligado a un modelo de ejército, a una idea de lo militar y a una idea de la justicia militar. Para nosotros, la justicia militar tiene que ser, ante todo, justicia; repito,
tiene que ser fundamentalmente justicia. Ustedes sitúan tan en primer lugar lo militar que queda muy poco de justicia. Una justicia devaluada, finalmente, no solamente no es justicia sino que es injusticia. En ese mismo sentido, también creemos
que no se puede plantear la centralidad de lo que usted ha dicho, la disciplina, la jerarquía y la unidad por encima de la propia justicia. Del principio de justicia tiene que emanar todo el concepto de disciplina. Su concepto de jerarquía acaba
finalmente suplantando la disciplina, y lo fundamental es la jerarquía y la disciplina. Esta ley viene, fundamentalmente, no a hacer justicia sino a que sean la disciplina y la jerarquía las que realmente dicten la justicia. Por eso nos parece que
es contradictorio que usted venga a presentar -como ha dicho aquí- este proyecto de ley como un avance, como algo positivo que viene a situar a nuestras Fuerzas Armadas en la época actual, cuando es lo contrario. Este concepto de disciplina en este
proyecto de ley nos lleva hacia atrás, nos retrotrae a otra época histórica y, sobre todo, nos sitúa en un nivel de entendimiento de la justicia que -le repito- tiene muy poco que ver con la justicia real.
Para que quede más claro lo que le he planteado, entendemos que ustedes no concretan las faltas; ya lo ha dicho otra portavoz. Ustedes vienen a dejar tan difuso el concepto de falta grave y leve que, finalmente, queda a discrecionalidad de
quien la puede aplicar. Además, se da el caso en la justicia militar de que el mismo que instruye puede juzgar y el mismo que instruye juzga y puede aplicar la pena. Compartirá conmigo que eso no es justicia. La justicia tiene que partir,
fundamentalmente, de que quien instruye no puede aplicar y no puede dictar; luego hablaremos. En su código de disciplina quien instruye aplica la pena y además la puede ejecutar. Es realmente sorprendente -usted ha dicho que se han disminuido-,
pero la realidad es que son más de 249 acciones y omisiones susceptibles de ser consideradas como ilícitas disciplinarias; 249 acciones u omisiones. Es decir, ustedes van buscando fundamentalmente disciplina y jerarquía, y eso -repito- por encima
de la justicia. Para nosotros es una ley que realmente necesita darle la vuelta como calcetín. Por eso presentamos una enmienda a la totalidad porque entendemos que es una ley que no es enmendable sino a la que se necesitaría darle la vuelta,
empezando por algo de lo que usted ha hecho gala, y en lo que -perdone- tengo que contradecirle, para que haya una participación efectiva y real de las asociaciones profesionales, para que realmente participen y no sea un mero trámite. Ustedes
tienen mucha veces el concepto de que la participación es un estorbo, pero no solamente en lo militar. En el ámbito general de su política entienden que en lugar de ser representantes son sustitutos de la voluntad popular, pero nada más lejos de la
realidad. Por eso cuando usted ha mencionado la participación ha hablado de un trámite, porque es una realidad que el anteproyecto fue remitido -usted lo ha dicho- a las asociaciones profesionales pero luego en el Consejo de personal de las Fuerzas
Armadas no hubo un debate real, no hubo participación, no hubo posibilidad de hacer un estudio a fondo de esta ley y presentar las propuestas que hubiesen dado realmente contenido de fondo, ni fueron escuchadas las voces de los directamente
afectados.
La verdad es que no hubo ningún grupo de trabajo que pudiera tener el tiempo, la información y el apoyo suficiente para emitir un informe. Basta para ello además ver cómo el informe del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas no se
incorporó al expediente, se dice que porque no estaba aprobada
el acta de la sesión del pleno de dicho órgano colegiado. Sin embargo, la realidad es que no se incorporó porque era solo un trámite; lo que ustedes pretendían era pasar el trámite pero no ir al fondo del mismo. De esa manera llegamos a
elementos que chocan radicalmente con lo que tienen que ser unas Fuerzas Armadas propias de un Estado de derecho. Ya le he dicho un elemento, que es el hecho de que no es posible que quien juzgue aplique la condena. Usted ha defendido el argumento
de mantener los arrestos, leyendo una lista de países donde pueden existir. Usted no ha dado ningún argumento, simplemente ha dicho que se da en otros ejércitos y por tanto por qué no los vamos a tener aquí. La realidad -usted lo sabe- es que el
arresto se eliminó en la Guardia Civil, y no se ha hundido la Guardia Civil, no ha habido desbandada, no hay menos disciplina en la Guardia Civil. Estamos convencidos de que el arresto tal y como se concibe, como una detención, para nosotros
claramente irregular porque no hay un procedimiento judicial ni garantías judiciales, solamente viene a reforzar, como usted dijo al principio, la disciplina y la jerarquía por encima de la justicia y del respeto al Estado de derecho. Por eso
creemos que ese es un elemento que bastaría para ir a otro modelo de justicia, de disciplina, de ejército, en el que evidentemente tiene que haber disciplina y jerarquía pero desde la base del derecho y de la justicia. Usted sabe que también hay
países donde estos hechos existen y donde los jueces que juzgan son jueces civiles, siendo lo militar solo accesorio, al contrario de lo que ustedes plantean; en ellos lo fundamental es lo militar y los elementos de justicia son un engorro que hay
que soportar porque, como también aquí ha dicho otra portavoz, el modelo del arresto se utiliza de una forma discrecional para reforzar la disciplina. Nosotros creemos que no se puede mantener instructores que dependan del mando militar, que es
jerárquico y disciplinado. Usted me puede explicar qué garantía hay cuando los instructores dependen del mando militar. Usted puede pretender que haya realmente justicia en el concepto del Estado de derecho, pero es evidente que no la va a haber
ni la hay porque de lo que estamos hablando -repito una vez más- es de fortalecer la disciplina y la jerarquía.
Lo mismo sucede en relación con el deslinde de los tipos penales tanto ordinarios como los expresamente castrense. Nos sorprende que ustedes pretendan ampliar -es algo que también tenemos que rechazar porque repito que hay un problema de
fondo que hace que rechacemos este proyecto de ley- esa disciplina y esa jerarquía fuera de la propia actividad militar. Una persona no solo tiene que ser disciplinada y someterse a disciplina en el ámbito de sus funciones, sino que fuera de ellas
también puede ser sometida a la disciplina y a esa jerarquía pudiendo por ello ser condenada y sufrir castigos.
Creemos que los militares son ciudadanos y ciudadanas con plenos derechos que realizan una labor por la cual tienen que tener unas condiciones específicas, pero fuera de ella no puede haber ningún tipo de restricción más allá de la que pueda
imponer el código natural o normal para todos los españoles y españolas. Ustedes son muy tolerantes cuando algún militar de alta graduación hace un discurso en sede militar, sin embargo son tremendamente duros cuando un militar hace un discurso
fuera de sede militar para reivindicar simplemente elementos que no tienen nada que ver con lo que debería ser el mantenimiento de la disciplina militar. Por eso, persiguen en la práctica el derecho de asociación en el ejército, porque lo siguen
considerando algo anormal, un estorbo en lugar de algo que enriquecería la propia vida militar. Ustedes no se adaptan, no se conforman, no asumen la realidad de que en el ejército tiene que haber ciudadanas y ciudadanos con derecho a asociarse, con
derecho a defender también de forma colectiva sus derechos; lo asumen de mala gana, y se les nota cuando vienen a aplicar el código de justicia militar, cuando vienen a aplicar las sanciones disciplinarias, que evidentemente tienen una carga y
siempre se aplican contra los que van a defender los derechos de quienes hacen de la milicia una profesión en un Estado de derecho democrático y de libertades. Nos parece que esta ley debería ser devuelta al Gobierno, porque debería reelaborarse,
pero para eso tendríamos que tener también otro concepto de disciplina que ustedes no tienen. Por eso, este debate no lo hacemos para intentar derrotarles en su ley sino para sacarlo a la sociedad, para que haya un debate fuera de su Gobierno, para
que la sociedad tenga que asumir y asuma la defensa de una milicia claramente democrática dentro de un Estado de derecho en el que no se puedan cometer los excesos que, como aquí se ha dicho, se han cometido, llevando a condenar a personas por
ejercer el derecho a la opinión -cosa que en ningún otro ámbito de la sociedad puede ocurrir-, derecho de opinión que claramente se persigue en el ejército como si estuviésemos en otro tiempo.
Nuestra enmienda de totalidad tiene que servir también para hacer una llamada de atención, porque no es de recibo que mantengan la reserva a la aplicación de los artículos 5 y 6 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos
y de las libertades fundamentales. No es posible que el ejército sea un agujero negro para este convenio. Sus compañeros de viaje en este camino, el Grupo Socialista,
se dieron cuenta de que había una laguna y fueron a taparla de la peor manera: no asumiendo la aplicación de esos artículos sino intentando mantener una reserva claramente contraria a lo que tiene que ser, a lo que busca este convenio, que
es proteger la defensa de los derechos humanos de todas y todos los ciudadanos, también de los militares. No podemos admitir que los militares tengan que dejar la ciudadanía a la entrada de los cuarteles; no podemos admitir que los militares sean
ciudadanos de segunda y aún menos que conviertan el ejército en una isla donde lo fundamental sea la disciplina y la jerarquía, porque eso luego puede tener consecuencias que nadie desea cuando luego se habla de la obediencia debida y de otros
elementos que pueden llevar a situaciones desagradables que -repito- creo que usted no desea pero que con su modelo de ejército finalmente va alimentando. Por eso, nuestra enmienda de totalidad quiere provocar el debate de hacer unas Fuerzas
Armadas claramente dentro de un Estado de derecho, claramente al servicio de la ciudadanía, claramente supeditadas al poder civil, claramente normalizadas, claramente civilizadas. No queremos unas Fuerzas Armadas en las que lo militar, en el
sentido peor de la palabra, sea lo que prevalezca, en las que la jerarquía, en el peor sentido de la palabra, prevalezca y en las que la disciplina solamente se utilice para aumentar la capacidad discrecional del mando. Por eso nuestra enmienda a
la totalidad no va a parar ahí; va a continuar en las enmiendas, que serán prácticamente una reedición de esta enmienda de totalidad. También queremos provocar el debate en las asociaciones profesionales para que se las reconozca en la práctica no
solamente como un lastre, como un estorbo, como un enemigo, tal como muchas veces las consideran ustedes dentro del ejército, sino al contrario, como el elemento fundamental que puede hacer que el ejército tenga valores democráticos y de
solidaridad, valores que lo entronquen con la gente normal, con la gente sencilla, con todo el mundo. Eso es realmente lo que el ejército tendría que ser, pero que no lo es porque ustedes siguen poniendo barreras, siguen poniendo tabiques para que
sea algo aislado, algo diferente. Por tanto, repito, esa defensa de las asociaciones es lo que hace que esta ley sea claramente contraria al interés general y por ello defendemos esta enmienda de devolución para que se pueda hacer la ley que este
país necesita.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchas gracias, señor Centella.
Se ha pedido la utilización de un turno en contra de las enmiendas. Para el uso de este turno en contra tiene la palabra, por el Grupo Popular, el señor Ferrer.
El señor FERRER ROSELLÓ: Señora presidenta, señor ministro, antes de nada, si le sirve de algo, yo le veo un aspecto muy saludable y un magnífico color de cara.
Quisiera recordarles, en primer lugar, que si alguien se somete hoy en día a la disciplina militar lo hace en cualquier caso voluntariamente, y esa posibilidad de someterse voluntariamente a la disciplina militar es algo que se debe al
Partido Popular, que fue el que erradicó el servicio militar obligatorio en este país.
Voy a hacer una intervención profundamente aburrida pero intentaré que sea jurídicamente sólida. Lo digo porque el tiempo concedido para las musas y el teatro creo que ya está consumido, señorías. ¿Por qué Izquierda Unida, UPyD y Esquerra
Republicana no se han dirigido a este modesto pero afable portavoz para negociar alguna reforma del proyecto que hoy abordamos y han optado por presentar una enmienda a la totalidad? Básicamente por dos razones confesables. Primera, por una razón
de forma, porque consideran que el Gobierno ha vulnerado el mandato contenido en la disposición adicional octava de la Lordfas al optar por una nueva ley en lugar de plantear ante la Cámara una simple reforma de la norma vigente. Segunda, por una
razón de fondo, que podríamos resumir en que la Constitución reconoce una serie de derechos fundamentales a los ciudadanos de este país que, a su juicio, son vulnerados por el proyecto de ley orgánica y que por tanto, siempre en su opinión, deviene
en contrario a los preceptos constitucionales, argumentos no carentes de peso de ser ciertos. El problema es que como los proponentes saben, al igual que sabemos todos, tales argumentos son -permítanme la expresión popular- falsos como un duro
sevillano.
En relación con la primera de las cuestiones, el Gobierno ha optado por la redacción de un proyecto de ley ex novo y no por una simple reforma; eso es cierto. ¿Vulnera esta decisión el mandato de la disposición adicional octava de la
Lordfas? ¿Es la solución del Gobierno acertada o no? Permítanme que les lea lo que dice a este respecto el informe del Consejo General del Poder Judicial: Esta alternativa, por elaborar un nuevo texto normativo completo, forma parte del margen de
actuación del Gobierno y no solo no plantea objeciones sino que dado el carácter del contenido del anteproyecto permite la coherencia normativa interna de la norma, su actualización respecto al resto de la normativa aplicable en la materia,
facilitando su interpretación y aplicación, y es acorde con las directrices de técnica normativa aprobadas
mediante acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005. Coincidirán comigo en que se puede hablar más alto pero no más claro.
Veamos a continuación el segundo de los argumentos, el relativo a la vulneración de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. Con carácter previo les diré que no podemos olvidar que los militares están ligados a la
Administración militar por un vínculo de sujeción especial a un estatuto jurídico singular que implica el establecimiento de una serie de deberes y el acatamiento de un ordenamiento que, en general, no es aplicable al resto de los ciudadanos y que
impone el establecimiento de límites o restricciones, incluso la exclusión del ejercicio, de determinados derechos fundamentales y libertades públicas. Este es el criterio que viene manteniendo tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos. ¿Es esta mi opinión, señorías? Sí, sin lugar a dudas. ¿Es mío el texto que les acabo de leer? No, no quiero apropiarme méritos ajenos; es literal del informe del Consejo General del Poder Judicial. Pero entremos en
alguno de los casos más notables; por ejemplo, el relativo a los derechos de sindicación y petición, reconocidos en los artículos 28 y 29 de la Carta Magna. En este caso los enmendantes parecen olvidar que el propio texto constitucional, en el
artículo 28.1, dice que la ley podrá limitar o excepcionar el derecho de sindicación a las fuerzas o institutos armados, y el propio artículo 29.2 establece que estos mismos podrán ejercer el derecho de petición solo individualmente y con arreglo a
lo dispuesto en su legislación específica. No creo que ninguna de las dos disposiciones de la Constitución requieran de mayor exégesis.
Consideremos a continuación el derecho de defensa, que los enmendantes consideran también vulnerado. Una lectura, a mi juicio no excesivamente atenta, del artículo 50 del proyecto debería haber arrojado luz sobre las dudas expresadas por
los enmendantes, pero no podemos olvidar ni podemos desconocer la interpretación realizada por el Tribunal Constitucional de este país en sentencia 21/1981, de 15 de julio, siguiendo por cierto la doctrina sentada por el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos en su sentencia de 8 de julio de 1976, que expresamente dice -esto es derecho, no musas ni teatro-: En el ámbito militar el procedimiento de carácter disciplinario no puede, por su propia naturaleza, quedar sometido a las garantías
procesales generalmente reconocidas para los procesos judiciales, pues su razón de ser reside en la prontitud y rapidez de la reacción frente a las infracciones de la disciplina militar.
Si lo dicho hasta el momento no fuera suficiente, no me restaría más que traer a su memoria el propio informe evacuado, y ya citado, por el Consejo General del Poder Judicial que, en relación con este aspecto, no puede ser más terminante
cuando literalmente dice: El proyecto observa las garantías de los presuntos infractores, recogiendo todas las manifestaciones del contenido del derecho a la defensa proclamado en el artículo 24 de la Constitución. Cierro comillas. Además, el
proyecto, como bien ha establecido el propio ministro en su intervención, establece por primera vez la revisión jurisdiccional de todo tipo de sanciones, incluidas las impuestas por infracción leve. Comprenderán que les diga que no entiendo el
razonamiento jurídico que avala las afirmaciones, a mi juicio gratuitas, de los enmendantes a este respecto; en realidad, para ser exactos, no veo que la razón, en cualquiera de sus múltiples manifestaciones, haya mediado para nada en esos
planteamientos.
Finalmente, quiero hacer una breve incursión en relación con las medidas que comportan restricción o privación de libertad; hablo de los famosos arrestos. La interpretación sensu contrario del artículo 23 de la Constitución no deja espacio
a la duda cuando literalmente prohíbe a la Administración civil -y recalco a sus señorías la expresa utilización del término civil por parte del legislador- la adopción de medidas que conlleven privación de libertad. Por otra parte, el Tribunal
Constitucional se ha pronunciado a este respecto, precisamente en la sentencia a la que antes hacía referencia, y establece: La Administración militar puede imponer sanciones que directa o subsidiariamente impliquen privación de libertad. Este es
precisamente el mismo criterio que viene sosteniendo la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos -sentencia 8 de julio de 1976- y el Tribunal Supremo de este país -sentencias de 1 de octubre de 1990, 4 de diciembre del mismo año, 18
de diciembre de 1992 y 2 de marzo de 1994-. ¿Creen tal vez sus señorías que nos encontramos ante una singularidad autoritaria de la legislación española, como me ha parecido entender por la intervención de algunos de los ilustres colegas que me han
precedido? Nada más lejos de la realidad. En legislaciones poco sospechosas de autoritarismo -ha citado algunas el señor ministro-, como Francia, Italia, Alemania, Portugal, Suiza, Holanda, Bélgica, Reino Unido o Irlanda, por citar solo aquellas
de nuestro entorno más inmediato porque la lista es interminable, el arresto con privación de libertad, incluidas las faltas leves, goza de enorme popularidad. De hecho, con ligerísimas variantes, se aplica exactamente igual que aquí.
Dos reflexiones más. La permanencia del arresto no es una iniciativa caprichosa del Gobierno. Responde a la petición expresa de todos los estados mayores. Yo les aconsejo que se tomen la molestia, en este caso como en todos los demás, de
hablar con los profesionales, porque ahorra muchísimos problemas. Por último, el arresto constituye el último recurso para preservar bienes jurídicos vitales para las Fuerzas Armadas, como es el caso de la disciplina, que también ha venido gozando
de mucha popularidad en la organización de las Fuerzas Armadas de los últimos tres mil años. No quiero acabar mis palabras en relación con este punto sin recordar a la Cámara que una de las novedades más importantes introducidas por la ley y que
los enmendantes parecen obviar es que los arrestos se han visto reducidos a la mitad y que esto -quiero recordarles- es una iniciativa del Ministerio de Defensa, en definitiva del Gobierno.
No quiero finalizar mi intervención sin hacer referencia a una cuestión que parece preocupar a los enmendantes. Es cierto que el informe del Consejo General del Poder Judicial considera aconsejable la posibilidad de aumentar la concreción
en algunos tipos, pero no es menos cierto que ese mismo informe no duda en afirmar, primero, que se ha realizado una profunda y detallada enumeración de las conductas proscritas; segundo, que se ha actualizado la redacción y descripción de todas
las conductas con la intención de facilitar la aplicación de la ley por quienes tienen atribuida la potestad disciplinaria -llamo la atención de sus señorías sobre este pasaje-, deslindar los tipos disciplinarios de los tipos penales establecidos
bien en el Código Penal bien en el Código Penal Militar; y tercero, que la ley incrementa la tipicidad y taxatividad de las normas disciplinarias y, en consecuencia, las garantías de seguridad jurídica. Repito, no es mi opinión, no son mis
palabras, son las del informe del Consejo General del Poder Judicial que acompaña a este proyecto de ley. Definitivamente, pues, podemos concluir que el proyecto de ley de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas es escrupulosamente respetuoso
con los mandatos contenidos en la Lordfas y en el texto constitucional, constituyendo además un importante avance en relación con la legislación anterior.
Quiero cerrar mi intervención reiterando las palabras del ministro en orden a tenderles la mano, como siempre, para que en el trámite inmediatamente posterior podamos negociar y estudiar cualquier aportación que mejore el texto, que
contribuya a afinarlo. Estaremos abiertos a todo ello.
Por último, señor Bosch -creo que se ha ido-, yo no conozco a ningún genocida o aspirante a dictador que no estuviera encantado de que su conducta viniera recogida en este texto legal y que el máximo de la pena que le pudiéramos aplicar
fuera de un par de meses de arresto. El genocidio, como la rebelión, no son cuestiones disciplinarias, son los más graves delitos que puede cometer un militar. Por tanto, no se recogen en esta ley, no es algo que podamos someter a un arresto en
banderas. Por otra parte, tengo que reconocer que me resulta profundamente desagradable oír las referencias a genocidio o crímenes contra la humanidad y asociar de alguna manera en este debate ambos conceptos con nuestras Fuerzas Armadas, que han
tenido más de cien muertos y docenas de heridos, la inmensa mayoría en situaciones de combate, pero siempre en apoyo de tareas humanitarias. Me parece tremendamente injusto, extraordinariamente desafortunado, y no me incomoda a mí, ni siquiera al
Partido Popular, creo sinceramente que lo hace a la mayoría de los miembros de esta Cámara y desde luego a la totalidad de nuestros soldados y marinos.
Señora Lozano, yo comprendo que usted esté avergonzada por la reserva que ha realizado el Estado español en relación con la convención y sus artículos 5 y 6, si no me falla la memoria. No le he leído la lista de países, hablo de democracias
homologadas, que han realizado la misma reserva porque habría consumido los quince minutos de intervención para darle esa lista. Quiero decirle con ello, para que no se sienta en soledad, que debe ser muchísima la gente como usted que está
avergonzada de su país; no es nuestro caso.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Ferrer.
Hay un turno de réplica. ¿Algún grupo quiere usarlo? Señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, brevemente para decir que después de la intervención del señor Ferrer nos queda mucho más clara la necesidad de nuestra enmienda a la totalidad, porque la verdad es que el señor ministro había
hecho hoy una intervención un poco complaciente, pero el portavoz del Grupo Popular ha ido al centro, a explicar el por qué. Ha dicho que responde a la petición de todos los estados mayores y después ha dicho: hablen ustedes con los profesionales.
El problema es que quizá hablemos con profesionales diferentes. Ustedes han hablado con los estados mayores y son
los que han dictado este concepto de disciplina; nosotros hemos hablado con las asociaciones profesionales, que son las que se sienten ninguneadas, las que sienten la necesidad de ese reconocimiento y las que sienten la necesidad de otro
concepto de disciplina. Usted ha dado argumentos que en ningún modo ha venido a justificar; ha venido a decir que puede ser legal, que ha tenido el aval de informes, pero eso no quiere decir que sea conveniente ni que sea bueno. Podrá ser legal,
constitucional, ese es otro debate, pero usted no ha justificado por qué su concepto de disciplina, su concepto de jerarquía, es bueno para las Fuerzas Armadas y para España. Eso es lo que tenía que haber justificado, no que sea legal, no que sea
constitucional, porque con otra ley también podría ser perfectamente legal y perfectamente constitucional nuestro modelo de Fuerzas Armadas y nuestro modelo de disciplina. Usted ha dicho que la Constitución habla de podrá, pero no que obliga. Por
tanto, repito, nuestra enmienda ahora está mucho más justificada ya que su proyecto de ley responde al dictado de los estados mayores y nosotros hemos querido introducir la voz de las asociaciones profesionales.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Centella.
Señor Ferrer.
El señor FERRER ROSELLÓ: Muchísimas gracias.
Brevemente. Señor Centella, yo no he hecho una buena intervención, porque la verdad es que he aportado muy pocos argumentos originales. Si usted recuerda lo que he dicho, prácticamente me he limitado a citarle en beneficio de mis
argumentos la Constitución, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También me he limitado a leerle el informe del Consejo General del Poder Judicial. De
manera que, tal y como había anunciado en un principio, mi intervención iba a ser aburrida, pero mi única aspiración era que fuera, en un tema como este, la redacción de una ley disciplinaria, por lo menos jurídicamente sólida.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Ferrer.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Muchas gracias, señora presidenta.
Se ha hablado mucho en torno a este tema y, al final, una ley que es la ley orgánica del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, acaba convirtiéndose en un debate sobre el modelo de Ejército o el modelo de Fuerzas Armadas. Es
inevitable y además creo que es bueno. A veces nos circunscribimos exactamente o queremos que solo se debata sobre el entorno, pero al fin y al cabo se está hablando sobre el modelo, el concepto que cada uno tiene en este caso del ejército. Se han
presentado tres enmiendas a la totalidad. Cada una defiende un planteamiento diferente y aquí estamos para debatir si aceptamos o no las enmiendas a la totalidad por distintos motivos. Mi grupo tiene discrepancia con el texto, sobre todo por una
cuestión central y prioritaria que más de uno ha comentado. Independientemente de que se esté de acuerdo o no con los conceptos que aparecen, hay un halo de ambigüedad en torno a todo. La matriz central de esta ley es decir que existen faltas
leves, graves y muy graves. Cuando hablo de ambigüedad es porque el problema, la diferenciación entre que algo sea leve o sea grave, está basada en una arbitrariedad. Cuando algo tiene un carácter punitivo debe de tener la máxima concreción porque
si no surge lo que se llama inseguridad jurídica. ¿Qué es hacer una leve crítica a un organismo o hacer una crítica a un organismo? ¿Dar una opinión contraria a una institución o hacer una ostensible opinión contraria a una institución? ¿Y quién
decide? El mando que está en ese momento dice: lo que ha dicho usted me parece que es una crítica ostensible o eso es una leve crítica sin más. He dado un ejemplo pero hay otros que aparecen en el texto. Por tanto, independientemente de la
ambigüedad existente y la arbitrariedad en consonancia con las decisiones que se tomen porque el texto no lo deja claro, lo que produce, como decía antes, es inseguridad jurídica. (La señora vicepresidenta, Monserrat Monserrat, ocupa la
Presidencia).
Mi grupo no es precisamente el más militarista que pueda existir en esta Cámara, pero creemos que, sea como sea, el ejército y las leyes que estén en torno a las obligaciones de las Fuerzas Armadas, primero, tienen que tener un carácter
democrático y respeto escrupuloso a los derechos humanos, que son las dos bases previas. Porque aquí se habla siempre de la Constitución, pero hay algo que es previo,
que es el respeto escrupuloso a los derechos humanos y el carácter democrático que, tanto a la hora de aplicar sanciones como a la hora de recibirlas, debe existir. Es importante que esto también esté homologado a las características que la
sociedad civil tiene en torno a este tema. Una de las cuestiones es precisamente esa eliminación de la inseguridad jurídica. Aquí decíamos: privaciones de libertad por faltas leves, etcétera. Podemos estar de acuerdo o no con algunos argumentos
de las enmiendas a la totalidad, pero lo que no podemos es obviar la historia, poner algunas prebendas y mostrarnos prevenidos sobre ciertas cuestiones. Es interesante y es importante para mostrar eso que decíamos del carácter democrático. Porque,
como saben, este Estado ha tenido un largo historial de espadones, caudillos, gente que cogía el caballo y entraba donde estamos nosotros, etcétera, porque consideraban que el ejército le daba la potestad para ello. Es algo que no me estoy
inventando yo ni se lo ha inventado el PNV. Es una realidad de la historia del Estado español. Por tanto, creo que el concepto militarizado de lo civil ha de desaparecer ya y para eso hay que evitar y castigar, porque en cuestiones que van en
contra de la democracia, por ejemplo en relación con la libertad, las declaraciones que pueda hacer un general en una conferencia, ¿quién decide si eso es una leve crítica o es una gran ofensa? ¿Podemos medir de la misma manera las declaraciones
que haga un general en una conferencia o que un soldado tenga los zapatos mal atados? No es caricatura, son conceptos que aparecen, porque debido a lo primero hay cuestiones que atañen al régimen interno de las Fuerzas Armadas, que atañen a una
cuestión propia que internamente ha de decidirse, pero lo otro tiene una repercusión social y, aparte de ello, tiene una responsabilidad social. Por cierto, algunos grupos hemos pedido explicaciones sobre serias interpretaciones que algunos
militares han hecho y todavía estamos esperando respuesta. Por tanto, mi grupo no va a apoyar las enmiendas a la totalidad pero sí está de acuerdo con algunos de los motivos de los grupos que las presentan. Creemos que esta es una ley más que se
debe de trabajar y el grupo proponente debe tener en cuenta los argumentos que se están dando desde esta Cámara porque no son ni gratuitos ni baldíos. Hay que tener en cuenta también un punto que me ha llamado la atención, que es el artículo 6.22,
por el que es una falta leve el trato incorrecto con la población civil por parte de los militares o mandos militares. ¿Y qué es el trato incorrecto con la población civil? ¿Cómo se decide si un militar está vejando, si está tratando mal, si está
imponiéndose o qué está haciendo con la población civil en unas maniobras, por ejemplo? ¿Cómo se establece una exhibición de fuerza o una exhibición desmesurada de acciones, de maniobras en un territorio, sobre la población civil o en un casco
urbano que dejan bastante que desear? ¿Eso dónde se tipifica o dónde se deja de tipificar? Hay que tener en cuenta muchas cuestiones que aquí no están consideradas y que sí ocurren.
Es importante que se tenga en cuenta cosas como, por ejemplo, cuando un militar dice que es necesaria la intervención militar en un territorio como Euskadi o que hay que aplicar el régimen del estado de excepción en Cataluña. ¿Eso en qué
artículo aparece? Si el Gobierno me dice que esto no aparece aquí porque está en un rango superior, incluso en un régimen penal, lo hablaremos, pero aquí ha dicho alguno que otro que hay cuestiones que son leves y que atañen al régimen interno,
incluso a la privación de la libertad personal de muchos militares que no han tenido la posibilidad de defenderse porque está de tal manera el orden, pero esto no es lo mismo que un soldado lo haga o que un general de algo rango lo diga.
Mi grupo no va a apoyar las enmiendas a la totalidad pero estará muy atento al proceso de trámite de esta ley. Veremos cómo se puede mejorar y sobre todo cómo se pueden aclarar aquellas cuestiones de las que si verdaderamente están
convencidos no hay ningún problema en que aparezcan. El oscurantismo es lo peor que puede ocurrir. Mi grupo siempre defenderá esas dos cuestiones: la defensa de la democracia y la defensa de los derechos humanos por encima de cualquier otra
cuestión.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Agirretxea.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Guillaumes.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, permítanme un minuto para condenar también la agresión a la delegación de la Generalitat aquí en Madrid y muy en concreto el trato violento que recibió nuestro portavoz adjunto, el señor Sánchez i Llibre, fruto de
una agresión fascista, violenta, con uso de gases tóxicos. En fin, como en los viejos tiempos podríamos decir. Cerraré este tema con una frase de Gandhi que creo que es muy conocida de todos ustedes: Primero nos ignoraron, luego se rieron de
nosotros, después nos amenazaron
y, finalmente, nos pegaron. Entonces supimos que habíamos ganado. Señorías, en eso estamos en Cataluña.
Hablando del tema que nos atañe -que, por cierto, no está tampoco tan lejano-, no haremos enmienda a la totalidad, ya que se trata de un tema en gran parte técnico y consultado sectorialmente, aunque quizá no lo suficiente, por cierto. En
este tipo de leyes no vemos la utilidad de una enmienda a la totalidad. Miramos con bastante buenos ojos la enmienda presentada por La Izquierda Plural. Nos han resultado interesantes sus argumentos y compartimos varios aspectos, como la necesidad
de asegurar la independencia del instructor, la necesidad de asegurar la autonomía del juez militar -debido a su dependencia jerárquica no la tiene asegurada, aunque según la teoría de Unión Progreso y Democracia esto sería crear más aforados- y la
ambigüedad de muchas de las infracciones. Quizá no son tantas como dicen ustedes, pero hay muchas infracciones que caen dentro de la ambigüedad. En cambio, no compartimos tanto el espíritu de la enmienda del Grupo Parlamentario Unión Progreso y
Democracia, aunque sí los argumentos que comparte con la de La Izquierda Plural. Trata la institución militar como si fuera una profesión más, como cualquier otra, y esto sabemos que no es así -antes lo ha dicho el señor Ferrer-, es casi una
perogrullada. Es una profesión de una base profundamente deontológica como puede ser la de maestro o la de médico. Cuando alguien se hace militar lo hace por vocación profunda, sabe que en su vida van a regir la disciplina, la jerarquía y el
riesgo y no puede quejarse por ello. Es como si un cura se quejara después de ordenarse de que no sabía que tenía que trabajar todos los domingos celebrando misa. Si uno se hace militar ya sabe que en principio la disciplina va a ser parte de su
vida.
¿Qué es un militar? Les voy a dar una definición que no es demasiado culta, sino de literatura popular. Más bien qué es un soldado. Un soldado es alguien que es capaz de interponer su cuerpo entre la gente que él defiende y los que la
quieren hacer daño. No es una definición menor de lo que es un soldado. Por eso he dicho que es una profesión profundamente deontológica. Salvar a las personas, educar a los niños o poner tu cuerpo entre lo que se quiere proteger y quienes
quieren hacerle daño normalmente requiere aptitudes profesionales fuertes y organizaciones creadas ad hoc. Esto contrasta con la definición de terrorista -y esto a la gente de UPyD le gusta- que es justamente la contraria. No es aquel que
interpone su cuerpo entre los que quiere y los que les van a hacer daño, sino justo lo contrario. El terrorista - sobre todo el islamista, pero todos- es el que se cubre detrás de los cuerpos de quienes pretende proteger con tal de hacer daño a
terceros. Esta es la definición de terrorista; terrorista islamista o cualquier tipo de terrorista. Esto es lo que le sucedió ayer al señor Sánchez i Llibre sin ir más lejos. Fue una acción que puede ser definida de esta manera; gente que no le
importa cubrirse detrás de los demás con tal de conseguir unas finalidades abstractas. Un soldado es justo lo contrario. No podemos obviar que somos un partido nacionalista. A alguien le puede sorprender que hayamos hecho esta pequeña defensa y
no tendría que ser así. La verdad es que el contencioso de Cataluña no tiene en este momento absolutamente nada que ver con el ejército y podemos hacer un elogio genérico de cualquier ejército porque, sencillamente, no tenemos ningún contencioso
con él. Puede haber alguna cabeza caliente que lo tenga, pero nosotros no. Para nosotros el ejército en este momento y dentro del proceso catalán simplemente son aquellos chicos y chicas que nos han ayudado este verano, por ejemplo, a apagar
fuegos, etcétera. Un nacionalista catalán en este momento cree que la vía hacia donde debe ir nuestro país no pasa en ningún momento por los medios del siglo XVIII y el siglo XIX. Quizás alguien preferiría que fuese distinto, pero no es así y como
no es así me permito hacer este ejercicio de elogio del cuerpo militar.
Por otro lado, nos permitiremos presentar una serie de enmiendas de contenido quizás aparentemente contradictorio pero que, de hecho, no lo es. Una ya se ha mencionado aquí, relacionada con el oficial Bravo, un oficial que en el ejercicio
estricto, podríamos decir, de su función profesional y por hacer una crítica profesional de la organización en la que está sirviendo es sancionado. Esta categoría de crítica profesional no debería estar dentro de la ley, por eso vamos a presentar
enmiendas. En cambio, en la línea de lo que decía el señor Bosch y de lo que pasó ayer, creemos que el ejército agradecería que las declaraciones totalmente extraprofesionales de contenido profundamente reaccionario, críticas a una determinada
opción política legítima o a una institución democrática o a un territorio democrático, todas estas prácticas no deberían ser toleradas. De hecho, han citado nuestro entorno y en nuestro entorno suele ser así. Creemos que el actual ejército lo
agradecería. Algunos de sus altos oficiales tienen una formación superior a un neurocirujano y no creo que les haga ninguna gracia oír a sus compañeros que les recuerdan la época del ejército del general Pavía -que aquí ha sido citado
implícitamente- o de otro señor más o menos del mismo estilo que también entró en este Congreso. Creo que a la mayoría de los altos mandos no les gusta en absoluto oír este tipo de declaraciones, son otra cosa y les gusta que se les
vea precisamente como eso que son, profesionales. Por tanto, anunciamos este paquete de enmiendas en el sentido de la libertad de expresión, pero también de la limitación de la apología de la violencia y el golpismo en el seno de las
Fuerzas Armadas. También mostramos el apoyo a algunas de las que aquí se han insinuado por parte de Izquierda Unida y Alternativa.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Guillaumes.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, quiero empezar sumándome a la condena por los actos de fascismo realizados ayer en el centro Blanquerna, fascismo que es exactamente lo opuesto a lo que hoy es España.
El proyecto de ley que hoy empezamos a debatir ha tenido algunas enmiendas a la totalidad. Nosotros discrepamos de puntos relevantes de ese proyecto de ley, pero no de su absoluta necesidad. En realidad, se inscribe en un ciclo de
modernización legislativa de la carrera militar, que empieza en el año 2005 con la Ley de la Defensa Nacional y que es imprescindible porque en esta última década hemos tenido cambios muy importantes en nuestras Fuerzas Armadas. Por ejemplo, la
presencia de la mujer en las Fuerzas Armadas, que de paso diré que está bastante estancada esa presencia en este momento. El hecho de que sea ya un ejército consolidado de voluntarios, no por tanto de conscripción obligatoria; el hecho de que
estamos en la OTAN y trabajamos en una organización que ha imprimido cambios en nuestras estructuras internas militares; el hecho de que estemos en misiones internacionales o que hayan cambiado las coordenadas geoestratégicas en el siglo XXI, todo
eso obligaba a esa modernización en lo que es más importante de las Fuerzas Armadas, que es su capital humano. A partir de esa Ley de Defensa Nacional es como después viene la Ley de Tropa y Marinería y la Ley de la Carrera Militar, que culmina con
las Reales Ordenanzas, la Ley de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas y el proyecto de ley que usted ha mencionado, señor ministro, y que presentó el Gobierno socialista sobre régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, que no
pudo tramitarse y que hoy, en parte, es recogido por el proyecto de ley del Gobierno del Partido Popular, pero en parte, porque hay aspectos muy importantes que no han sido recogidos y que nosotros no podemos asumir, en cuanto que no los recoge así.
Voy a referirme al más significativo, a nuestro juicio, que es el mantenimiento del arresto por falta leve.
El arresto por falta leve es una sanción que se impone a una -por definición legislativa- conducta levemente incorrecta, pero la sanción que se impone es grave, es la privación de la libertad, que es, como decía don Quijote de la Mancha a
Sancho, lo mejor que Dios ha dado a los hombres, la libertad, por eso está tan protegido en las constituciones el derecho a la libertad. Es profundamente contradictorio que haya una sanción de carácter grave, de privación de libertad, no de
restricción de libertad, como ha dicho el Tribunal Constitucional, para una acción leve. Usted, señor ministro, ha hablado de la eficacia, de la necesidad de ese arresto. Efectivamente, la eficacia es el último objetivo de los principios de las
Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas están basadas en la unidad, en la jerarquía y, como consecuencia para trasmitir la jerarquía, en la disciplina para que sean eficaces; eso es lo que valora la gente, las ciudadanas y los ciudadanos españoles,
la eficacia de las Fuerzas Armadas. Nosotros no creemos que hoy sea el ejército más eficaz por el hecho de que a una falta leve se le imponga una sanción desproporcionadamente grave. Eso no añade nada a la eficacia del ejército. Efectivamente, se
trata de una desproporción. La sanción de la infracción leve tiene que corresponderse con una infracción que ha sido también leve. Si se fija usted -ha sido mencionado antes- en lo que sucede en la Guardia Civil se dará cuenta de que no tiene nada
que ver hoy el arresto por falta leve con la eficacia. La Guardia Civil hasta 2007 tenía el arresto entre los instrumentos del mando para supuestamente imponer la disciplina. En 2007, la Ley de régimen disciplinario de la Guardia Civil acaba con
el arresto, pero no solamente acaba con el arresto por falta leve, es que en la Guardia Civil no hay arresto por falta leve, ni arresto por falta grave, ni arresto por falta muy grave; ha desaparecido el arresto en la Guardia Civil. ¿Usted nos
podría decir, señor ministro, señores del Partido Popular, que la Guardia Civil es menos eficaz hoy que en 2007?, en todo este tiempo que no ha habido arresto y no lo habrá ni ustedes lo plantean para el futuro en la Guardia Civil, que es un cuerpo
de carácter militar, que tiene disciplina miliar y ha podido prescindir perfectamente del arresto. Por eso, nos parece que estamos ante algo que debe desaparecer en el trámite posterior al proyecto de ley.
Además, resulta que en la práctica, en el régimen sancionatorio, los arrestos se imponen sin intervención judicial. Es decir, hay una privación de libertad sin intervención judicial, lo cual es contrario a los principios fundamentales del
Estado de derecho. Es así; esto es lo que hace -y ha sido citado aquí
varias veces- que España desde que firmó el Convenio de Roma del Consejo de Europa, cuando fuimos una democracia, haya tenido que plantear siempre una reserva al artículo 5 y 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que significa nada
menos que los militares españoles no tienen esa garantía internacional de ir al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. No pueden ir. No pueden invocar eso ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos como otros ciudadanos, como otros
militares de otros Estados. Si tienen un problema profesional o de disciplina que afecta al derecho a la libertad o a las garantías del Estado de derecho, que son los artículos 5 y 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, los militares españoles
no pueden ir a Estrasburgo. Las ciudadanas y ciudadanos españoles sí pueden, los militares no. Eso es una verdadera anomalía, que solamente tienen otros cinco Estados de la Unión Europea, señor Ferrer, y le voy a decir cuáles son: La República
Checa, Francia, Eslovaquia, Lituania y Portugal. Usted decía que tardaría quince minutos en leer todos los que han hecho reservas. Yo he tardado, me parece, menos de quince segundos, cinco Estados. Hay veintidós Estados de la Unión Europea que no
tienen reserva hecha al Convenio Europeo de Derechos Humanos, porque su legislación sancionatoria no lo exige. Eso tiene que desaparecer porque, como digo, veintidós Estados de la Unión, treinta y siete Estados del Consejo de Europa, no tienen
hecha esta reserva. Por tanto, hay una discriminación evidente para los militares españoles.
Quisiera referirme, por último, a dos cuestiones importantes. En cuanto al tema de la situación de la mujer en las Fuerzas Armadas, yo presenté una pregunta hace tres meses al Gobierno sobre la capitán que sufrió acoso sexual por parte de
un coronel, que fue condenado por el tribunal militar; pregunta que, por cierto, no ha sido contestada todavía; tres meses hace que la presente. Esto es un asunto fundamental, el respeto a la no discriminación entre hombre y mujer en las Fuerzas
Armadas. Por tanto, nosotros vamos a hacer mucho hincapié en ello, en el derecho y en el hecho, señor ministro, porque resulta cuando menos chocante -por no emplear otro calificativo- que, ahora mismo, en el Observatorio de la mujer -que ha
cambiado de denominación- el jefe sea un hombre. Realmente es para nota. Es un ejemplo de que no basta solamente el derecho, hace falta el hecho. Lo mismo que en el tema de las asociaciones profesionales, que han sido una expresión de vanguardia
-expresión militar- en el combate por preservar los derechos profesionales de los militares, pero este año 2013 vemos un panorama bastante desalentador. Han sido arrestados muchos miembros de las asociaciones profesionales, representantes de esas
asociaciones. Se han citado algunos: Jorge Bravo o Antonio Martínez Cánevas, pero también Teresa Franco, José Salazar, José Manuel Esnaola, arrestados por declaraciones defendiendo los derechos profesionales. Las asociaciones profesionales son
importantes y aún más cuando tienen representación en el consejo de personal. De los tres miembros de las asociaciones profesionales del consejo de personal dos han sido arrestados este año. Por tanto, hay que fortalecer el estatuto jurídico de
esas personas y tenemos que trabajar en esa dirección, porque las asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas han sido una manifestación evidente de la evolución positiva que la democracia le ha dado a las Fuerzas Armadas y que las Fuerzas
Armadas le han dado a la democracia. Esa evolución no se debe detener, este es un momento importante para aprovecharlo y espero que el Gobierno del Grupo Popular sea consciente de eso.
Quiero terminar señalando que la Ley de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas fue aprobada en esta Cámara por unanimidad. Creo que esa es la línea a seguir con este proyecto de ley, con lo que queda de la Ley de la
Carrera Militar y con lo que espero que sea una pronta elección en esta Cámara y en el Senado del Observatorio de la vida militar.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor López Garrido.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CREACIÓN DE LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL. (Número de expediente 121/000053).
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Pasamos al siguiente punto del orden del día: proyecto de ley orgánica de creación de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal. Para la presentación del proyecto de ley tiene
la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.
Señorías, ocupo la tribuna para defender el proyecto de ley orgánica aprobado por el Gobierno para dar cumplimiento a los diversos compromisos asumidos por España en el ámbito de la Unión Europea. Hace ahora dos años que España se convirtió
en pionera dentro de Europa al llevar a cabo la reforma de la Constitución para recoger en su artículo 135 el principio de estabilidad presupuestaria, de equilibrio presupuestario. Quedaba configurado así en nuestra Constitución el principio de
funcionamiento que se deriva de los tratados de la Unión Europea, de manera que nuestra ley suprema se actualiza a medida que lo va haciendo el Tratado de la Unión Europea. Pocos meses después, en abril de 2012, España volvía a ser pionera,
convirtiéndose también en el país de la Unión Europea que plasmaba esos principios en la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, orientada e inspirada en el artículo 135 de nuestra Constitución. Ahora se trata de
seguir cumpliendo con recomendaciones específicas que han sido marcadas para España en el ámbito del semestre europeo y se derivan del proceso de cumplimiento del procedimiento de déficit excesivo y en el memorando de entendimiento firmado para la
instrumentación de la ayuda financiera destinada a la reestructuración del sistema bancario español y donde se recogía expresamente la puesta en marcha de una autoridad fiscal independiente que proporcionara análisis y asesoramiento y dedicara su
tarea a supervisar la conformidad de la política presupuestaria con las normas presupuestarias nacionales y de la Unión Europea. En la Unión Europea precisamente se ha aprobado una serie de disposiciones normativas que prevén la creación por parte
de los Estados miembros de autoridades fiscales independientes, como el Tratado sobre estabilidad, coordinación y gobernanza de la unión económica y monetaria, que recoge la obligación de establecer un mecanismo automático de corrección de las
desviaciones de los objetivos de déficit fijados sobre la base de una serie de principios comunes. Así, en los Estados miembros debemos contar con instituciones independientes o con autonomía funcional que realizarán evaluaciones públicas sobre
circunstancias para activar mecanismos de corrección, si la corrección se produce de acuerdo con las reglas y planes nacionales, sobre las circunstancias que lanzan, extienden o hacen salir de cláusulas de escape. Estos mismos requisitos quedan
reflejados en el reglamento sobre requisitos comunes para el seguimiento y la evolución de los proyectos de planes presupuestarios y para la corrección del déficit excesivo de los Estados miembros de la zona euro. Este reglamento también define
como previsiones macroeconómicas independientes en las que deben basarse los procesos presupuestarios de los Estados aquellas que son elaboradas o respaldadas por una institución independiente o con autonomía funcional.
La Directiva 2011/85/UE, sobre requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros, contiene algunas disposiciones que justifican la creación de esta nueva autoridad. Así, establece la obligación de los Estados
miembros de realizar un seguimiento efectivo y oportuno del cumplimiento de las reglas basado en análisis fiables e independientes realizados por órganos independientes u órganos dotados de autonomía funcional respecto de las autoridades
presupuestarias. Además, los Estados miembros velarán por que la planificación presupuestaria se base en previsiones macroeconómicas y presupuestarias realistas, que quedarán sujetas a una evolución periódica, no sesgada y general, incluida una
evolución ex post, con el objetivo de detectar -si los hubiera- sesgos significativos en las previsiones macroeconómicas.
Con todos estos motivos, con este trasfondo que para nosotros como españoles es una obligación, el Gobierno propone a la Cámara el diseño de una autoridad independiente de responsabilidad fiscal, inspirada por supuesto también en la
experiencia internacional. Hay varios países de la OCDE y de la Unión Europea que cuentan con este tipo de autoridad. Hay quien lo tiene desde hace más tiempo, como es el caso de Estados Unidos, pero también se han ido incorporando progresivamente
países de Europa, como es el caso de Suecia, Reino Unido, Dinamarca, países los que he mencionado fuera del euro, y países dentro del euro como Irlanda o más recientemente Portugal, que también lo ha hecho suyo. Asimismo, hay algún país
latinoamericano, como es el caso de Chile, donde existe este tipo de autoridad. Se trata, como decía, de dar un control fiscal a una entidad independiente, un control fiscal que no empece en absoluto los fundamentos mismos de nuestra democracia,
que no empaña en absoluto la tarea de un Parlamento, que no empaña ni por supuesto ensombrece la responsabilidad política de un Gobierno, en concreto de su responsable en la presentación de los Presupuestos Generales del Estado. Debemos dejar
claras estas cuestiones, porque no se trata en modo alguno en este tipo de planteamientos de empequeñecer o minusvalorar las funciones que se corresponden con los elementos fundamentales de nuestras democracias, tanto a la hora de proponer el ciclo
presupuestario que nace en un Consejo de Ministros, como la aprobación definitiva en las Cortes en términos de representación de la soberanía popular y, por tanto, con el único y legítimo derecho de aprobar esas cuentas y establecer las normas que
deben regir la financiación de dichas cuentas, así como el gasto público y los límites de dicho gasto público. Por tanto, este tipo de instituciones -vuelvo al concepto de autoridad independiente de responsabilidad fiscal- ya tenemos
experiencia internacional para fundamentarlas, normativa europea para fundamentarlas, y lo que hoy debate el Congreso de los Diputados en primera instancia es precisamente un proyecto de ley que se ha diseñado siguiendo las líneas básicas de este
ente de derecho público. En el ámbito europeo, el que está presentando el Gobierno a la Cámara -no menciono la experiencia anglosajona, que pertenece a otro tipo de cultura- es el más avanzado, es el que ya aprovecha la experiencia de los órganos
existentes en el seno de la Unión Europea y por tanto es el que más avanza sobre figuras similares que se han creado en países de nuestro entorno. Por eso proponemos crear esta autoridad a través de una ley orgánica con base en el artículo -ya lo
he dicho antes- 135.5 de la Constitución española. El fundamento constitucional es absolutamente básico puesto que el diseño de la autoridad debe abarcar al conjunto del sector público, incluyendo la Administración General del Estado, las
comunidades autónomas, las corporaciones locales, la Seguridad Social y otros órganos, insisto, sin contraponer, ni siquiera obstaculizar la normativa, el esquema institucional de España en términos de comunidades autónomas, en términos de haciendas
forales, y por tanto haciéndolo absolutamente compatible, por descontado, con nuestra realidad, la autonomía municipal plena que también protege y auspicia la Constitución española.
Como garantía de su independencia se le dotará de personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, asegurando su existencia de forma separada respecto de las administraciones sujetas a su evaluación. Esta configuración de
la autoridad como sujeto diferenciado encuentra su reflejo, insisto, en la experiencia de los países de nuestro entorno. También hay que resaltar la valoración que hace el Consejo de Estado en su dictamen preceptivo a este respecto y en relación
con la incardinación de este ente en el conjunto del sector público español, destacando -como leo literalmente- los preceptos establecidos en el dictamen de ese Consejo de Estado cuando dice: La autoridad debe y puede, de acuerdo con los principios
del derecho administrativo español, tener una adscripción, adscripción que tiene una configuración formal, dado que se contienen diversos preceptos que garantizan la autonomía e independencia funcional del ente más allá de la adscripción formal que
se propone en este proyecto de ley que, como es conocido, corresponde al ámbito del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Eso no empece para nada su independencia ni su autonomía de decisión, como ya tenemos claros referentes, claros
ejemplos en la realidad administrativa española. Se configura como una entidad de derecho público dotada de independencia funcional y autonomía respecto de las administraciones públicas, con un régimen específico en atención a su carácter único y
exclusivo, de manera que las funciones que desarrolla no podrán ser asumidas por ningún otro ente y se extienden a todo el territorio nacional y a todo el sector público. Sus fines son garantizar el cumplimiento efectivo por las administraciones
públicas del principio de estabilidad presupuestaria mediante la evaluación continua del ciclo presupuestario, del endeudamiento público y del análisis de las previsiones económicas, con informe favorable en relación con las previsiones
macroeconómicas sobre las que se asientan los Presupuestos Generales del Estado.
También es importante destacar que el proyecto de ley la configura como un órgano de análisis, evaluación y valoración de la información económico-financiera del sector público, sin alterar -y en consecuencia respetando y respaldando- las
actuales competencias de los órganos encargados de la elaboración y publicación de toda la información económico-financiera y presupuestaria, en especial de la Intervención General de la Administración del Estado.
La estructura -está en su contenido- estará adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a través del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. La adscripción directa al ministro, y no a las diferentes áreas del
ministerio, refuerza su autonomía, estableciendo un cauce directo con el titular del ministerio. Ejercerá sus funciones con autonomía e independencia funcional respecto de las administraciones públicas. Esa independencia queda reforzada por
numerosas disposiciones contenidas en el proyecto de ley, algunas de las cuales son ya muy conocidas, han sido divulgadas suficientemente.
La dirección corresponderá a un presidente cuya designación se realizará por el Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas entre quienes ostenten reconocido prestigio y experiencia mínima de diez
años de ejercicio profesional en materias de análisis presupuestario, económico y financiero del sector público, valorándose especialmente su independencia y objetividad de criterio. El nombramiento requerirá con carácter previo la comparecencia
del candidato ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados, que deberá aceptar su nombramiento por mayoría absoluta. El presidente será elegido por tres años, renovables únicamente por otros tres y tendrá rango
de subsecretario. El cargo de presidente, de dedicación exclusiva, está sujeto al régimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración y es incompatible con el ejercicio de cualquier actividad profesional pública o
privada. Se evita así cualquier conflicto de intereses. Además, contará con la asistencia de directores de división, que serán nombrados por el Consejo de Ministros a propuesta del presidente entre quienes cuenten con experiencia -igual que el
presidente- de al menos diez años en materias propias de la división correspondiente. Se dotará de personal funcionario de carrera o laboral, pudiendo integrarse en el mismo personal procedente de organismos nacionales o internacionales con
funciones de control o análisis económico, fiscal, presupuestario o financiero. La selección de personal se realizará conforme a criterios de publicidad, mérito y capacidad. Ni el presidente ni su personal podrán solicitar o aceptar instrucciones
de ninguna entidad pública o privada. La autoridad independiente de responsabilidad fiscal contará con los recursos económicos y humanos necesarios.
En relación con sus funciones, destaco y subrayo que contará con autonomía, con independencia funcional respecto de las administraciones públicas y que su función será el análisis, las recomendaciones y el seguimiento de la política fiscal.
Su labor se refiere a todo el ciclo presupuestario, desde su inicio hasta su final. En el desarrollo de sus funciones elaborará informes en los casos previstos en la ley. Si la Administración destinataria del informe se aparta de las
recomendaciones en él contenidas, deberá motivarlo e incorporar informe en el expediente. También podrá formular opiniones a iniciativa propia sobre las materias previstas en la ley. Finalmente, a petición del Gobierno, del Consejo de Política
Fiscal y Financiera, de la Comisión Nacional de Administración Local o de la Comisión Financiera de la Seguridad Social, podrá realizar estudios. Conforme al principio de transparencia, sus informes y opiniones serán públicos y motivados. Hay que
destacar que para el ejercicio de sus funciones la autoridad independiente de responsabilidad fiscal tendrá acceso a toda la información económico-financiera relativa a las distintas administraciones. El acceso a la información se realizará
preferentemente a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, pudiendo asimismo requerir información adicional a las correspondientes administraciones públicas en los casos que se estime necesario.
Los asuntos sobre los que informará serán previsiones macroeconómicas; los cambios que se produzcan en la metodología utilizada para calcular las previsiones tendenciales de ingresos y gastos y para la tasa de referencia de crecimiento a la
que alude la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera; el proyecto de programa de estabilidad; el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública del ejercicio en curso; el establecimiento
de los objetivos individuales para las comunidades autónomas de estabilidad presupuestaria y de deuda pública tras la aprobación por el Gobierno de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de las administraciones
públicas; los planes económico-financieros y planes de reequilibrio de la Administración central y de comunidades autónomas con carácter previo a su aprobación; los proyectos y líneas fundamentales de los presupuestos de las administraciones
públicas, de conformidad con el reglamento de la Unión Europea sobre disposiciones comunes para supervisión y evaluación de los proyectos de presupuestos; la conveniencia de activar las medidas preventivas, correctivas y coercitivas previstas en el
artículo 4 de la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y la concurrencia de las circunstancias excepcionales a las que hace referencia el artículo 11.3 de esa misma ley orgánica que acabo de
citar. Asimismo podrá emitir opiniones sobre el seguimiento de la ejecución presupuestaria, la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo y cualquier otro asunto determinado por ley.
También se contiene en este proyecto de ley la institucionalización del Comité técnico de cuentas nacionales para la valoración e imputación de operaciones económicas efectuadas por las distintas unidades del sector público, comité que
estará integrado por la Intervención General de la Administración del Estado, el Banco de España y el Instituto Nacional de Estadística. Este comité ya está funcionando, lo que hacemos en esta ley es la formalización del mismo, pero está
funcionando desde hace mucho tiempo en España y afortunadamente existe esa coordinación y la fiabilidad que se deriva de ella, pero ahora le damos ese rango de ley.
Otra consideración sería la financiación principal mediante tasa. Se determina que la principal fuente de financiación de la nueva autoridad será una tasa, satisfecha por las distintas administraciones públicas que son objeto de su
supervisión. El proyecto de ley prevé la creación de esa tasa de supervisión, análisis, asesoramiento y seguimiento de la política fiscal.
En conclusión, este proyecto de ley orgánica dotará a España de una institución independiente, con autonomía funcional, que garantizará el cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera. Es un supervisor. La supervisión se extiende a todas las administraciones públicas y con este proyecto de ley España da cumplimiento a exigencias europeas, pero son esas mismas exigencias que se derivan de
nuestra pertenencia al club europeo las que están promoviendo que nuestro país recupere el crédito y la confianza, como lo estamos haciendo a marchas forzadas. Lo estamos viendo en la recuperación de confianza en los mercados financieros y en los
órganos europeos e internacionales que nos supervisan. Por tanto, es un proyecto de ley que va a contribuir finalmente a reforzar esa confianza y a acortar la salida de la crisis económica.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor ministro.
A este proyecto de ley se han presentado seis enmiendas a la totalidad. De ellas, cinco son enmiendas de devolución y una es de texto alternativo.
Para la defensa de las enmiendas presentadas, por el Grupo Mixto, que compartirá el tiempo, tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, se empeña este Gobierno, se obstina en mantener como uno de los ejes de su política económica la estabilidad presupuestaria. Figura en la exposición de motivos de este proyecto de ley orgánica y lo ha dicho usted
en su intervención. El Bloque Nacionalista Galego ha presentado esta enmienda de devolución porque entendemos que con este proyecto de ley se pretende, entre otras cosas, anular de hecho la escasa autonomía en la gestión de recursos públicos al
supeditar la elaboración presupuestaria y la ejecución de las políticas de gasto de todo el sector público a informes emitidos por un organismo cuya configuración real, aunque la letra del proyecto de ley se esfuerza -usted también se ha esforzado
en decirlo- en resaltarlo como independiente, indica que se trata de un apéndice del Estado, más aún, del Gobierno central. Es, por lo tanto, un instrumento directo al servicio del Ejecutivo central para intervenir en la política económica de las
comunidades autónomas, también para cercenar el debate de las asambleas legislativas e incluso para reducir la autonomía de instituciones que la tienen garantizada constitucionalmente, como es el caso de las corporaciones locales, cuya política de
gasto público será sometida no a un control propio en base al análisis de organismos internos de control financiero, sino al escrutinio externo de un organismo adscrito al Gobierno con facultades para condicionar la aprobación de su política
presupuestaria.
También, señor ministro, se hace patente en este proyecto de ley el abismo que hay entre el título del texto legal y su contenido. Señorías, la adjetivación como independiente otorgada a la autoridad de responsabilidad fiscal aparece
desmentida en el propio desarrollo de su régimen jurídico, una auténtica subversión del lenguaje, un uso fraudulento de las palabras con el que se pretende esconder las verdaderas pretensiones del futuro organismo. No es necesario ahondar en
disposiciones sofisticadas de esta propuesta legislativa que desde el BNG rechazamos, puesto que ya en los aspectos superficiales de la regulación de la autoridad de responsabilidad fiscal se constata su dependencia y vinculación gubernamental.
Así, se adscribe directamente al ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Su presupuesto será nutrido en una parte importante con las consignaciones de los Presupuestos Generales del Estado y sobre todo la designación de sus responsables
directos es gubernamental al designarse su presidente por el Gobierno con el refrendo de las Cámaras legislativas del Estado central y los restantes miembros del comité directivo directamente por el Consejo de Ministros. Además, señorías, de que
este órgano se reserva también la potestad de regular su estatuto orgánico. Esta designación gubernamental de los máximos responsables de la autoridad de responsabilidad fiscal pone en entredicho la pretendida independencia funcional pues se
otorgan amplios poderes sobre el control de las cuentas públicas en todas las administraciones públicas a un organismo donde las máximas responsabilidades se ejercen por personas designadas directamente por el Gobierno central, reservando solo un
descafeinado refrendo de su presidencia al no exigir siquiera una mayoría parlamentaria cualificada y negar cualquier participación a otros órganos que cuenten con presencia institucional de las comunidades autónomas. Además, impone una carga
tributaria injusta a todas las administraciones públicas y entidades del sector público, que deberán financiar con sus fondos los informes que emita la autoridad de responsabilidad fiscal y que impone como obligatorios este proyecto de ley. Es
decir, señorías, no solo han de someterse a un nuevo organismo con amplias facultades para intervenir sobre sus cuentas públicas, pero con vinculación con el Poder Ejecutivo central, sino que además han de contribuir obligatoriamente a su
sostenimiento.
Con independencia de ese diseño conscientemente orientado para favorecer la recentralización que pretende imponer el Partido Popular en todos los ámbitos institucionales, hemos de reiterar la inutilidad de crear un nuevo organismo al
servicio del cumplimiento de una estrategia económica claramente equivocada. Por cierto, señorías, nos atrevemos a decir que, además de equivocada, ha fracasado, a la luz de la negativa evolución económica. El proyecto de ley diseña un nuevo
instrumento para mantener la senda en la dirección errada, para asegurar que las políticas de contención presupuestaria indiscriminada e injusta se aplican homogéneamente a todo el sector público, maniatando de este modo la capacidad y cualquier
margen de maniobra, de opciones políticas que apuesten por programas económicos alternativos. Un organismo, en suma, que más que supervisar la aplicación de políticas presupuestarias, impondrá una única política presupuestaria que condicionará toda
política económica, lo que además le confiere un carácter totalmente antidemocrático. Por todo ello, señor ministro, el Bloque Nacionalista Galego presenta esta enmienda de devolución solicitando al Gobierno un nuevo proyecto de acuerdo a una
realidad más ajustada a un organismo independiente que no se entrometa en las competencias que en este momento tienen estipuladas administraciones como las autonómicas o las locales.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Monserrat Monserrat): Muchas gracias, señora Fernández.
Tiene la palabra el señor Bosch, del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor BOSCH I PASCUAL: Gracias, señora presidenta.
Señorías, hemos presentado una enmienda de devolución, entre otras cosas por temas de contenido, porque la férrea disciplina presupuestaria que ustedes defienden está afectando gravemente a las políticas sociales. Hace tiempo que lo
decimos, lo creemos así y por eso lo expresamos. Además, la falta de recursos públicos que eso supone acaba sirviendo como coartada para la privatización de servicios sociales y afecta a su calidad y a su universalidad. Poner límites al déficit
público supone iniciar un certificado de defunción de la salida social a la crisis, o así lo vemos nosotros. Asimismo, la creación de una autoridad que tenga como objetivo el control de dichos límites supone la culminación de este proceso.
En segundo lugar, pedimos la devolución porque no nos encontramos ante un órgano independiente, pese a que ustedes lo han nombrado de ese modo, nosotros no lo vemos así. Después de leernos con mucha atención y paciencia todos los documentos
que nos han facilitado, no lo vemos así. Vemos que la que ustedes denominan autoridad independiente de responsabilidad fiscal no es más que un nuevo organismo a merced del Gobierno de turno. En este sentido, tanto el presidente de dicha autoridad
como los directores de división serán nombrados por el Consejo de Ministros. ¿Qué independencia es esa? Respecto al Gobierno, no la vemos. Igual sí respecto a otras cosas que se nos han escapado.
Finalmente, también lo rechazamos porque la creación de este organismo supone un nuevo ataque a la ya poca autonomía financiera que queda de Cataluña, de nuestro país, sustrayéndole el ámbito de decisión política y depositándolo en un órgano
cuyos miembros son nombrados a dedo por el Gobierno del Estado. De hecho, no deja de ser la culminación de un proceso recentralizador iniciado mediante la última reforma constitucional. Se trata de imponer un marco homogéneo a una realidad que es
y seguirá siendo plural, a pesar de todos los decretos y de todas las autoridades que ustedes quieran fabricar.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Monserrat Monserrat): Muchas gracias, señor Bosch.
Tiene la palabra el señor Larreina, también por el Grupo Parlamentario Mixto.
El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, nosotros en el anterior punto, referido al tema del reglamento militar, no hemos intervenido porque pensamos que ustedes los españoles tienen que decidir si quieren tener ejército, si no quieren tenerlo y cómo quieren
tenerlo. Sin embargo, en este punto sí vamos a intervenir, aunque pensamos que en nuestro país no es necesaria esta institución. Pero vamos a intervenir por tres razones. En primer lugar, porque consideramos que este tipo de institución
profundiza en ese proceso de recorte del espíritu democrático, que profundiza en el déficit democrático que se está produciendo en el conjunto de la Unión Europea. Al final toda la acción política se está dirigiendo hacia una especie de tecnocracia
en la que pseudoinstituciones deciden sobre lo que tiene que hacer el conjunto de la ciudadanía, sin contar con la representación legítima de la ciudadanía. Quienes tienen que controlar si se cumplen las condiciones de déficit, presupuestarias,
etcétera, son las cámaras legislativas, es la representación de la ciudadanía.
Crear este tipo de instituciones al margen de la representación ciudadana supone profundizar en el déficit democrático de la Unión Europea. Es decir, es una pseudo-Unión Europea, hay un pseudo-Parlamento, un pseudo-Banco Central Europeo, un
pseudo-Gobierno europeo, pero realmente no hay instituciones democráticas europeas, y creo que esto profundiza en esa línea. En segundo lugar, porque nosotros consideramos que al final esta institución contribuirá al proceso de recentralización que
ustedes están impulsando mediante el control desde la Administración central de todo lo controlable y más, pero no para controlar el fondo de la cuestión, es decir si se cumple el déficit público etcétera, sino para controlar políticamente. Porque,
¿qué va a controlar una institución que ustedes llaman independiente pero que en el propio desarrollo de la ley se demuestra que no es independiente, sino que depende ustedes mismos, de quien esté en el Gobierno -bien sean ustedes, bien sean los
socialistas-, que son los responsables de todo el desmadre presupuestario y de desestabilidad presupuestaria que hay en el Estado español? Si son ustedes mismos. ¿Qué van a controlar ustedes mismos cuando son incapaces de asumir su responsabilidad
de control de la deuda pública, de control presupuestario en el conjunto de las comunidades autónomas, que es una de las causas de la actual situación de caos presupuestario en el Estado? Ese es el principal problema. Por lo tanto, no creemos que
sea útil esta institución. Creo que hay que ir a la base, es decir que los parlamentos controlen y que ejerzan ese control de verdad, y que ejerzan ese control con responsabilidad democrática. Al final esta autoridad independiente de
responsabilidad fiscal no es independiente y lo que va a hacer es perpetuar la irresponsabilidad fiscal que ha habido en todo el ámbito político.
Con esto acabo, señora presidenta. Voy a poner un ejemplo. Como usted sabe, la propia Unión Europea ha reconocido que en el Estado español hay cinco sistemas fiscales: el sistema fiscal estatal, el de Álava, Vizcaya, Guipuzcoa y Navarra.
Pues bien, precisamente en esos ámbitos es donde se ha producido un mayor control de esa actividad y donde se ha producido un menor descontrol. Allí hay una auténtica responsabilidad fiscal y no hace falta ningún tipo de institución porque hay un
control político por parte de todas las fuerzas políticas, porque aquello realmente es una sociedad diferenciada. Le voy a poner un ejemplo -y con esto acabo de verdad, señora presidenta- que es el caso de Guipúzcoa. La agencia Fitch de rating ha
dicho recientemente con total claridad: Guipúzcoa reúne condiciones como la fuerza institucional, la autonomía financiera y la fortaleza económica para dar respuesta a la crisis. Subraya que aunque la deuda se incrementó entre 2008 y 2011, en el
pasado ejercicio 2012 se redujo un 16 % y se espera que se mantenga estable en los próximos años. Augura que la recuperación va a ser antes que en el Estado y después señala un elemento que es fundamental, muestra de la responsabilidad fiscal y de
la realidad del control político. Fitch afirma que la Diputación de Guipúzcoa reúne condiciones para que su calificación pueda ser dos escalones superior a la calificación del Estado, pero usted ya sabe que las costumbres en las entidades de rating
es que ninguna entidad que esté dentro de un Estado puede superar en calificación a ese Estado. Pero aquí lo dice, y por eso insisto, y con esto acabo, en que creo que lo que usted propone ni es autoridad ni va a ser independiente ni va a ser de
responsabilidad fiscal. Y a nosotros, aunque seamos independentistas vascos, nos preocupa que España vaya por ese camino.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Larreina.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados, señor ministro, intervengo en nombre de mi grupo, el Grupo Parlamentario Vasco, para defender la enmienda a la totalidad que hemos presentado al proyecto de
ley orgánica de creación de la autoridad fiscal independiente, con el fin de devolverlo al Gobierno para que sea modificado en la dirección que planteamos y que trataré de argumentar a continuación.
El presente proyecto debe situarse -así lo entendemos en nuestro grupo- en el marco del ordenamiento jurídico comunitario elaborado en el desarrollo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, un acuerdo adoptado como marco de coordinación de
las políticas económicas y presupuestarias de los Estados miembros de la unión económica y monetaria. Como saben sus señorías, este pacto ha atravesado muchas vicisitudes que han culminado con la firma en el año 2012 del Tratado de estabilidad,
coordinación y gobernanza en la unión económica y monetaria. Además, para completar y reforzar el ordenamiento comunitario en este ámbito existen dos conjuntos legislativos: el paquete legislativo sobre gobernanza económica conocido como Six Pack
y el paquete legislativo sobre supervisión presupuestaria conocido como Two Pack. Como es también conocido en esta Cámara, la traslación de ese acervo comunitario al
ordenamiento del Estado español ha tenido lugar principalmente con la aprobación de la Ley orgánica 2/2012 de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera a partir de la previa modificación del artículo 135 de la Constitución. En
la disposición final tercera de esta Ley de Estabilidad se señala en relación con las haciendas forales algo que es importante manifestar. Se dice, en primer lugar, que en virtud de su régimen foral la aplicación a la Comunidad Foral de Navarra de
lo dispuesto en esta ley se llevará a cabo según lo establecido en el artículo 64 de la Ley orgánica de reintegración y amejoramiento del régimen foral de Navarra conforme a lo dispuesto en el convenio económico entre el Estado y la Comunidad Foral
de Navarra. En el punto 2 se dice que en virtud de su régimen foral la aplicación a la Comunidad Autónoma del País Vasco de lo dispuesto en esta ley se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Concierto Económico. Para seguir en la
línea jurídica argumental, en la Ley 12/2002, de 23 de mayo, por la que se aprueba el concierto económico -usted bien lo sabe, señor ministro- se establece en su artículo 48 que las relaciones financieras entre el Estado y el País Vasco se regirán
por los siguientes principios. Hay un primer principio de autonomía fiscal, un segundo de respeto a la solidaridad y un tercero específico de coordinación y colaboración con el Estado en materia de estabilidad presupuestaria. Luego hay un cuarto y
un quinto que pueden mirar en la legislación. En el artículo 62 del concierto económico se dice que corresponde a la comisión mixta del concierto económico las siguientes funciones: acordar las modificaciones del concierto económico, b) acordar
los compromisos de colaboración y coordinación en materia de estabilidad presupuestaria -esto es relevante, señor ministro-, c) acordar la metodología para el señalamiento del cupo en cada quinquenio, acordar el nombramiento de los componentes de la
junta arbitral, etcétera, y todos aquellos acuerdos en materia tributaria y financiera que resulten necesarios en cada momento para la correcta aplicación y el desarrollo de lo previsto en el concierto. Por tanto, se aprecia con meridiana claridad
el respeto por parte de la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, a los derechos históricos relativos a las relaciones tributarias y financieras entre el Estado y las haciendas vascas sin que
haya sido un obstáculo que la misma sea un desarrollo del modificado artículo 135; y ello en coherencia con la Carta Magna que ampara y respeta los derechos históricos de los territorios en la disposición adicional primera. Sin embargo -es lo que
nos preocupa-, el presente proyecto de ley orgánica que debatimos es también un desarrollo del artículo 135 de la Constitución que puede considerarse complementario de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, pero mantiene una postura en la
que el respeto a aquel régimen foral brilla por su ausencia.
En este proyecto de ley no se contempla en absoluto el marco normativo foral al que me he referido; esto es lo que a nosotros nos preocupa enormemente y este es el motivo fundamental por el que hemos presentado una enmienda a la totalidad.
Señor ministro, usted conoce tan bien o mejor que yo el marco normativo al que me he referido y, por tanto, no puedo considerar que su no referencia en este proyecto sea un olvido, sino un acto consciente de ignorarlo a sabiendas con el fin de
desvirtuar o menospreciar las reglas de juego existentes. Como comprenderá, políticamente no lo vamos a permitir y lo denunciaremos cuantas veces atenten contra el marco jurídico de referencia, bien sea por ignorancia o porque traten de adulterarlo
de manera unilateral. Este es el motivo de la enmienda a la totalidad de nuestro grupo parlamentario.
Por otra parte, tal y como señala el proyecto en su parte expositiva, con esta nueva ley orgánica se pretenden introducir nuevos mecanismos de supervisión y transparencia en las políticas fiscales de las distintas administraciones públicas
y, además, se dice que se da cumplimiento a lo previsto en la Directiva 2011/85 del Consejo, de 8 de noviembre, sobre los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros. En efecto, en la referida Directiva 2011/85 se
establecen los requisitos mínimos que deben cumplir los marcos presupuestarios de los Estados miembros, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones que el tratado de funcionamiento de la Unión Europea les impone a efectos de evitar los
déficits excesivos. De conformidad con dicha directiva, se entiende por marco presupuestario el conjunto de disposiciones, procedimientos, reglas e instituciones que constituyen la base de las políticas presupuestarias de las administraciones
públicas. En dicho conjunto, por tanto, se incluyen las previsiones macroeconómicas y presupuestarias utilizadas para la planificación presupuestaria, los marcos presupuestarios a medio plazo y las normas presupuestarias. El objeto de la autoridad
fiscal independiente, de acuerdo con la exposición de motivos, será el de velar por el estricto cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Con ese fin, la autoridad independiente valorará las
previsiones macroeconómicas que se incorporen a los proyectos de presupuestos y escenarios a medio plazo, no pudiendo aprobarse sin contar con un informe favorable de la autoridad, y analizará la implementación y la ejecución de las políticas
fiscales, con la finalidad de
detectar de forma temprana las posibles desviaciones en los objetivos perseguidos. Por tanto, la oportunidad de la elaboración y aprobación de esta norma no puede cuestionarse, dado que viene exigida por las disposiciones comunitarias y
también por los compromisos asumidos por el Estado español.
En lo que discrepa totalmente mi grupo es en que, tal y como se señala en el artículo 3 del proyecto, la autoridad independiente de responsabilidad fiscal ejercerá sus funciones en todo el territorio español de forma única y exclusiva y con
respeto a todos los objetos integrantes del sector público. Con ello se impide que otros niveles de Gobierno con potestades fiscales, como es nuestro caso, como las haciendas forales con un régimen foral particular, puedan crear su propia autoridad
independiente de responsabilidad fiscal. En este sentido, como sabe el señor ministro, en el considerando 17 del Reglamento 473/2013 se señala que habrá de tenerse en cuenta la diversidad de los sistemas existentes en los Estados, posibilitándose,
sin que ello sea una opción preferente, la creación de más de un organismo independiente encargado del seguimiento del cumplimiento de las reglas, siempre que haya una clara asignación de responsabilidades y que no se solapen las competencias en
aspectos concretos del seguimiento, siendo así coherente con el marco institucional vigente y con la estructura administrativa específica de cada país. Tal previsión siguió sin duda la opinión del Parlamento Europeo que también manifestó -como
usted sabe- que dada la diversidad de sistemas posibles y existentes debe poderse disponer, sin que ello sea una opción preferente, de más de un organismo independiente encargado del seguimiento del cumplimiento de las reglas, siempre que haya una
clara asignación de responsabilidades y que no se solapen las competencias en aspectos concretos del seguimiento. Todo ello ofrece el respaldo a la demanda que planteamos para que se instituyan, al menos, tres organismos independientes en el Estado
español en correlación con los sistemas fiscales diferenciados que existen, el de régimen común y, al menos, los dos del régimen foral. Solo en el caso de que se siga considerando como preferente la opción por un único organismo independiente,
entenderíamos que su labor debería insertarse en los procedimientos consensuados por la Ley de Concierto Económico y los reconocidos en la Ley de Estabilidad, tal y como le he planteado en mi intervención. Así ha de ser, a nuestro juicio, para
mantener una coherencia con la estructura institucional existente en el Estado.
Por último, quisiera referirme brevemente a la necesaria independencia que se exige o se debería exigir a la autoridad fiscal, a tenor de las disposiciones comunitarias. En este sentido, sorprende la previsión del artículo 7 en relación con
la proclamación de la independencia orgánica de la autoridad, independencia difícilmente cohonestable con su adscripción orgánica a un ministerio concreto, en este caso al suyo, señor ministro, el de Hacienda y Administraciones Públicas. Podemos
entender que tal adscripción no tenga que afectar obligatoriamente a su independencia funcional, pero ciertamente sí toca y de plano a la dependencia orgánica. Las disposiciones comunitarias ponen un especial énfasis en la necesidad de garantizar
la autonomía funcional de estos organismos independientes, formulando diferentes criterios para garantizar dicha autonomía funcional en relación con la regulación de su régimen jurídico, el mandato y la obligación de rendir cuentas de esos
organismos, nombramientos, idoneidad de los recursos, acceso a la información, etcétera. En este sentido, el hecho de que el nombramiento del presidente de la autoridad corresponda al Consejo de Ministros a propuesta de usted, señor ministro, puede
sembrar ciertas dudas sobre su independencia real, aunque se prevea la intervención de las Cortes Generales para aceptar dicha propuesta. En opinión del Grupo Vasco, otra solución orgánica hubiera sido deseable; se podría haber ubicado la
autoridad fiscal independiente en las propias Cortes Generales, por ejemplo dependiendo de la pendiente puesta en marcha de aquella oficina presupuestaria, que también en esta Cámara se ha debatido y que en su día aprobó aunque todavía no funciona.
Creemos que dependiendo de la oficina presupuestaria hubiera sido más adecuado.
Básicamente, por estos tres motivos, por la falta de independencia de la autoridad, por el hecho de que solo se contempla la creación de una autoridad fiscal independiente única para el conjunto de todas las administraciones del Estado y,
sobre todo, la más importante para el Grupo Vasco, por obviar el marco jurídico existente, las reglas de juego, solicitamos la devolución del proyecto. De todas formas, señor ministro, quisiera decirle que nos gustaría que en el proceso de
tramitación parlamentaria podamos acordar las enmiendas que hemos presentado y que nos permitan al final corregir la situación y no tener que oponernos frontalmente al proyecto. Veremos, en este sentido, cuál es el talante de su Gobierno, el
talante del Grupo Parlamentario Popular, y si ello es posible.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Garzón.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señora presidenta.
Como puede usted imaginar, señor ministro, nuestro grupo no está en absoluto de acuerdo con este nuevo paso, el propósito de institucionalizar una teoría económica concreta, la teoría económica neoclásica, y de institucionalizar una
ideología. Como usted bien ha señalado acertadamente, es el tercer paso en este sentido. El primero fue la reforma constitucional que tuvo lugar en agosto de 2011, una reforma constitucional que venía a institucionalizar unos determinados dogmas
económicos no contrastados con la realidad empírica, con la realidad material de las economías de nuestras sociedades. El segundo paso fue la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Financiera, que seguía ahondando en esto que, con un espíritu de
eufemismo, podríamos decir que es la consolidación fiscal, aquí llamado responsabilidad fiscal, pero que en última instancia acaba siendo en la práctica -por lo menos en lo que estamos teniendo constancia en los últimos años-simplemente la
materialización de unos recortes presupuestarios, de recortes en el gasto público y de una subida de impuestos bastante regresiva. Es la línea, es la tendencia que se va marcando. Aquí, con este tercer paso, en esta institucionalización se crea
una chaqueta de fuerza, una camisa de fuerza, que después va a condicionar absolutamente la capacidad y el margen de maniobra en política económica de los diferentes gobiernos que sucedan, afortunadamente, al Gobierno del Partido Popular. Por eso,
nos parece un error garrafal y un despropósito democrático aislar determinadas cuestiones del ámbito democrático, implantándonos en el ámbito jurídico como si fueran verdades absolutas. Al fin y al cabo, señor ministro, cuando hablamos de la
consolidación fiscal parece pretender usted, cuando hace referencia a los diferentes informes internacionales que mantienen la misma línea que la suya, que la consolidación fiscal es una herramienta útil para salir de la crisis. Sin embargo,
también sabrá usted que no hay consenso al respecto. No hay consenso; los debates se suceden en torno a si es adecuada la consolidación fiscal como mecanismo prioritario para salir de la crisis o no lo es. Y como hay debates, parece bastante
inoportuno constitucionalizar una de las visiones de ese debate. De hecho, conocemos algunos informes de la troika, de la Comisión Europea, del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional que vienen a insistir en la necesidad de la
consolidación fiscal. Esa es la línea que el Gobierno está siguiendo. Sin embargo, incluso dentro del Fondo Monetario Internacional hay diferentes trabajos, diferentes working papers, que trabajan en una línea absolutamente distinta, que vienen a
cuestionar la metodología de trabajo y que vienen a cuestionar, en definitiva, el dogma de que la consolidación fiscal permite salir de la crisis. Al contrario, se reconoce que la consolidación fiscal tiene, en última instancia, efectos muy
perjudiciales en tanto que ataca la demanda interna, la debilita, nos empobrece y, en ese sentido, debilita también los ingresos fiscales. Esto es algo en lo que hemos insistido en muchas ocasiones y es importante seguir remarcándolo.
Probablemente se acordará usted, señor ministro, de una de sus intervenciones en esta Cámara en la que hizo bastante crítica, a mi modo de entender bastante acertada también, del Banco Central Europeo en la medida en que no estaba
respondiendo como debería hacer un banco central, como un prestamista de última instancia. Usted hizo esa crítica y nosotros entendíamos el contenido pero nos sorprendía que le hiciera precisamente usted. Al fin y al cabo, cuando hablamos de
consolidación fiscal estamos hablando de algo muy parecido. Hablamos de institucionalizar, de alejar -otros ponentes lo han dicho en intervenciones anteriores-, de aislar de la democracia una determinada política económica. Parece que muchos de
los defensores de esta tesis utilizan una metáfora sobre Ulises y el canto de las sirenas, según el cual hay que atar a Ulises para que no escuche el canto de las sirenas. Esto vendría a ser el propósito del Banco Central Europeo o el propósito de
creaciones de instituciones que vigilen la consolidación fiscal y su buena marcha en la economía. Sin embargo, nada garantiza que la hipótesis de partida de ese argumento, que las sirenas y escucharlas es peligroso, tenga sentido en la vida
económica, porque hablamos de una ciencia que no es exacta sino una ciencia social. Al final, puede ser que se encuentren ustedes con las manos atadas, cuando necesitarían tenerlas libres para hacer una política económica alternativa. Por eso, en
su momento, nos sorprendía que usted criticara al Banco Central Europeo, cuando toda su formación, incluido igualmente el Partido Socialista, apoyaron la figura de un banco central europeo independiente. Esta pretendida independencia no existe en
absoluto en economía. No se puede disfrazar de tecnocracia lo que, en última instancia, es teoría económica, es ideología, es transformación de la sociedad a través de la política económica. Hay ganadores, hay perdedores y no todos caminan ni
reman
en el mismo sentido. Por lo tanto, la política es ideológica siempre y no existe la tecnocracia ni la independencia, por más que se pretenda hacer -como en este proyecto de ley- un disfraz, en términos formales, al pretender esa supuesta
independencia.
No obstante, podemos ir más allá, señor ministro. España fue alumno predilecto de la consolidación fiscal antes de la crisis. Respetó perfectamente el tratado de Maastricht, respetó al Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Fue el alumno
estupendo. ¿Para qué sirvió hacer todo aquello, cuando nos encontramos actualmente en estas circunstancias? Por eso parece bastante extraño, vamos a decirlo de esa forma en primer lugar, que se pretenda decir que la deuda pública y el déficit
público son los culpables de la situación actual. Sabemos que la deuda pública y el déficit público no pueden permanecer en niveles elevados continuamente, pero son herramientas de las que se puede disponer en determinadas ocasiones y la historia
económica lo demuestra: los años treinta, la Segunda Guerra Mundial, la época dorada supuestamente del capitalismo y diferentes acciones, incluidas las que están haciendo países como Japón o Estados Unidos en diferente grado. Por lo tanto, son
herramientas que por qué nos vamos a desprender de ellas institucionalizándolas; no tiene ningún sentido, más allá de un sentido ideológico, pero no tienen sustento riguroso ni valioso para hacer un debate serio.
Sabemos también que el papel del gasto público es fundamental para salir de la crisis. Lo que ocurre es que estamos insertos en una arquitectura europea que nos ha dado unas reglas de juego por las cuales no tenemos un Banco Central
Europeo, como decía anteriormente y tenemos condicionada nuestra política económica. Sin embargo, en vez de aplicar y de aceptar acríticamente esas reglas, tendríamos que rebelarnos, rebelarnos para disponer de instrumentos que democráticamente
puedan servir para salir de la crisis. Actualmente no hay incentivos, señor Montoro, para que surja la inversión; no hay mercado ni suficiente demanda interna. Pretender que la débil demanda externa, que por fin da un saldo positivo muy débil y
muy vulnerable, en la medida que la demanda interna se está cayendo - por eso caen las importaciones que por cierto está vinculado a un modelo laboral de bajos salarios, a una especialización productiva en productos de bajo valor añadido y de poca
tecnología, no así en países como Alemania y Francia-, en la medida que eso es así hay que plantear otras opciones, que la creación de esta institución no ayuda para nada a llevarlas a cabo; al contrario restringen su misma opción. Sabemos
perfectamente que el proyecto plantea que no van a ser decisiones o informes vinculantes, pero también sabemos que está todo preparado -se lee entrelíneas en ese mismo proyecto- para que aunque no sean formalmente vinculantes los Gobiernos no tengan
más remedio que seguir esas directrices, de la misma forma que siguen las directrices de la troika. Al fin y al cabo aunque no sea una vinculación formal está claro que hay una vinculación tácita en la práctica.
Finalmente, porque como seguimos insistiendo en los mismos debates de siempre, usted conoce perfectamente nuestra opinión, podemos también criticar aparte de la pretendida independencia de qué ha servido la independencia de otros organismos
reguladores en este país como la Comisión Nacional del Mercado de Valores o como el Banco de España, que no solo se supone que eran independientes, aunque se les puede ejercer la misma crítica que hemos hecho aquí ahora mismo a esta nueva
institución y al Banco Central de Europeo, sino que además han sido incapaces de prever la crisis; al contrario, la han estimulado de diferentes formas la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el tema de las preferentes, y el Banco de España
absolutamente con todo lo que tiene que ver con la estabilidad financiera, y son entidades independientes. En consecuencia, han fracasado entidades independientes o pretendidamente independientes. No tiene sentido venir aquí con un proyecto de ley
y hacernos creer que la garantía de independencia va a ser a su vez la garantía de éxito. Nos parece poco acorde con los hechos económicos de este país, y sin embargo conocemos perfectamente el camino desastroso que se va transitando cuando se
institucionaliza una ideología y se aleja de la democracia, porque entonces no solo se queda en un error de política económica, sino que también es un error político en general de grave ataque a la democracia.
Por eso estuvimos en contra de la constitucionalización de una ideología, estuvimos en contra de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que sirve para justificar el desmantelamiento progresivo del Estado de bienestar, en la medida que
justifica necesariamente los recortes en el gasto público y estamos, por supuesto, en contra de este proyecto. No lo estamos porque estemos en contra de todo lo que presente este Gobierno, sino porque estamos convencidos, -los hechos así lo
reflejan a nuestro parecer- de que hay alternativas pero que este Gobierno no las quiere ver por un interés puramente ideológico, por un interés claramente poco neutral.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, señor Garzón.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: Muchas gracias, señora presidenta.
Permítanme, señorías, aprovechando la oportunidad de subir al estrado, agradecer personalmente a todos los grupos parlamentarios y diputados las manifestaciones unánimes de apoyo a los diputados de Convergència i Unió, a los diputados del
Partit Socialista de Catalunya, a los senadores del Partido Nacionalista Vasco y a la delegación del Govern de la Generalitat, que nos encontrábamos en la celebración de la Diada de Catalunya, y expresar la más profunda repulsa y rechazo absoluto al
acto de intolerancia y violencia perpetrado ayer. Muchas gracias.
Nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda a la totalidad al proyecto de ley orgánica de creación de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal, y ello no tanto por el objeto del proyecto de ley sino por cómo se
configura en el proyecto de ley la llamada autoridad independiente de responsabilidad fiscal. El ministro hacía referencia a las normas europeas que nos obligan a crear la autoridad -nada que objetar a esto, al contrario-, pero les aseguro que mi
grupo daría apoyo a un proyecto de ley que creara una autoridad de responsabilidad fiscal que se caracterizara por la independencia, por la transparencia y por la solvencia, pero estas no son las características que el proyecto de ley otorga a dicha
autoridad. Me permitirán que les manifieste que mi grupo duda mucho de la presunta independencia, como reza el título del proyecto de ley, de la autoridad que se prevé crear, y cree que es más que cuestionable la independencia de la autoridad de
responsabilidad fiscal. ¿En qué se basan estas dudas? Se ha hablado -también lo ha hecho el señor ministro- del tema de la adscripción orgánica, pero mucho más allá de la adscripción orgánica hay otras dudas al respecto. No puede ser que el
nombramiento del presidente y de los directores de las divisiones corresponda al Consejo de Ministros y dependan orgánicamente de su ministerio, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Como decía, más allá de la adscripción
orgánica, será una orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la que determinará los datos, documentos y procedimientos a remitir a dicha autoridad o, por ejemplo, es el Consejo de Ministros el que aprueba su estatuto orgánico, el
que desarrollará la organización y funcionamiento interno de la nueva institución. Una razón más es que el régimen de variaciones y de vinculación de los créditos del presupuesto de la nueva institución será el que se establezca en este estatuto
orgánico de la autoridad independiente, estatuto orgánico aprobado también por el Consejo de Ministros. Todos estos puntos, como mínimo, a mi grupo parlamentario le provocan serias dudas para calificar la autoridad como independiente, repito, mucho
más allá de lo que diga el título del proyecto de ley que estamos debatiendo y no tanto como se va diciendo después.
En Convergència i Unió defendemos sin lugar a dudas la necesidad de garantizar una total desvinculación de las autoridades fiscales gubernamentales, y la designación objetiva y externa del mejor candidato. Sin estas garantías difícilmente
podrá calificarse la autoridad como independiente; por ello, presentamos una propuesta para garantizar la independencia de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal, como han hecho otros grupos. Consideramos más adecuado adscribir este
organismo, por ejemplo, a las Cortes Generales; por qué no. El señor Azpiazu decía que a través de la Oficina Presupuestaria, y podría ser una buena idea.
Son numerosos los ejemplos de que disponemos en los países de nuestro más directo entorno sobre cómo configurar estos organismos y qué competencias deben ostentar. El ministro en su intervención hablaba de que estas autoridades existen en
Estados Unidos, en Suecia, en el Reino Unido, en Dinamarca, Irlanda y Portugal, dentro y fuera de la Unión Europea. El Gobierno podría haber tomado como referencia los organismos creados en estos países. Tenemos la impresión de que no se ha hecho
y no calificaría, como ha hecho el ministro en su intervención, como el modelo más avanzado el que impulsa el proyecto de ley orgánica que nos presenta el Gobierno hoy; discrepo de ello. Pero no únicamente es esta razón suficiente para mi grupo
posicionarse en contra del proyecto de ley orgánica que nos lleva a presentar la enmienda a la totalidad, sino que el proyecto de ley supone además una limitación de la capacidad de acción en materia presupuestaria de las comunidades autónomas y de
recorte de la autonomía de las mismas, dado que refuerza las limitaciones establecidas por la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Este proyecto de ley, con las modificaciones que incorpora, condiciona enormemente
la capacidad de las comunidades autónomas y hasta al Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano -quiero recordar- paritario Estado/comunidades autónomas, para participar en el proceso de distribución de los objetivos de estabilidad
presupuestaria.
Este proyecto de ley con las modificaciones que incorpora condiciona enormemente la capacidad de las comunidades autónomas y hasta al propio Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano -quiero recordar- paritario Estado-comunidades
autónomas, para participar en el proceso de distribución de los objetivos de estabilidad presupuestaria. Las funciones que debería desarrollar la autoridad fiscal no pueden suponer en ningún caso un intento de paralizar el ejercicio de las
funciones económico presupuestarias que corresponden a las comunidades autónomas según la Constitución. Para que ello no sea así, cabría por ejemplo -otra propuesta que le hacemos- incluir al Consejo de Política Fiscal y Financiera en la recepción
de los informes de la autoridad sobre los objetivos individuales de estabilidad presupuestaria y deuda y la necesidad de informar al consejo sobre los criterios utilizados para establecer los objetivos individualizados por comunidades autónomas.
En tercer lugar, el proyecto de ley adolece de falta de transparencia y de nulo respeto a las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque no deja ninguna puerta abierta a conocer el contenido de los informes emitidos por la autoridad antes de
ser publicados o la posibilidad de presentar alegaciones por parte de las administraciones analizadas, singularmente de las comunidades autónomas, teniendo en cuenta además que se le otorga a la autoridad competencias en la fijación de los objetivos
de estabilidad presupuestaria individuales de las comunidades autónomas, como decía antes. Por ello, para evitar la indefensión de los diferentes organismos sujetos a la supervisión de dicha autoridad, la ley debería obligatoriamente prever la
posibilidad de interponer recursos por parte de estas administraciones. Es otra propuesta que le hacemos, señor ministro.
Y en último lugar pero no por ello menos importante, en relación con la creación de la tasa de supervisión, análisis, asesoramiento y seguimiento de la política fiscal y de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal, esta tasa
representará un coste adicional para las comunidades autónomas y para todas aquellas administraciones que deberán someterse a esta autoridad, y supone un mecanismo claro de control para las mismas. El proyecto de ley revierte el coste de la tasa a
las propias comunidades autónomas y a las administraciones, que deberán asumirla además tomando como base imponible para su cálculo el montante total del presupuesto de cada una de ellas, perjudicando y castigando a aquellas comunidades autónomas
que tienen asumidas competencias específicas, como es el caso de Cataluña; castigando, por ejemplo, la incorporación de transferencias finalistas, como son los ingresos recibidos en concepto de participación de los municipios en los ingresos del
Estado. Ni es lógica ni está correctamente configurada esta tasa. Los costes asociados a las competencias y funcionamiento de la autoridad fiscal independiente deben recaer única y exclusivamente en la Administración General del Estado, tal y como
sucede -y se lo digo en relación con su intervención- en el resto de países de la Unión Europea, por ejemplo, en Alemania, en Portugal o en Irlanda, donde los organismos equivalentes a la autoridad independiente de responsabilidad fiscal son
financiados directamente por los presupuestos generales del respectivo Estado y en ningún caso existe una tasa como la prevista en este proyecto de ley orgánica.
Señorías, en resumen, para acabar rápidamente, no se ha configurado una autoridad independiente, por mucho que así se califique en el título y en el texto del proyecto de ley orgánica presentada por el Gobierno, se incorporan nuevos recortes
a la autonomía financiera de las administraciones públicas -singularmente comunidades autónomas y entes locales- y se vulneran las competencias de las comunidades autónomas en materia financiera. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
Por todas estas razones entenderá, señor ministro, que nuestro grupo haya presentado una enmienda a la totalidad de devolución al Gobierno, como lo han hecho cinco grupos más, con el nuestro seis. En definitiva, nuestro grupo parlamentario
se opone a este proyecto de ley orgánica y reclama su devolución al Gobierno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Picó.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA GARCÍA: Señor ministro, hace unos días usted dijo en un acto de su partido que España es el gran éxito del mundo económico, que España puede dar lecciones al mundo y a Europa en materia económica. Yo soy de los que creen que
España tiene posibilidades; creo en sus posibilidades y en sus potencialidades, creo firmemente. Ahora bien, yo creo bastante menos en las lecciones de política fiscal y de gestión de las finanzas públicas que usted puede dar al mundo y a Europa.
¿Cuáles son los hechos, las lecciones que han dado su política y usted al mundo en relación con la gestión de las finanzas públicas? Lo que ha dado al mundo, en primer lugar, ha sido la amnistía fiscal, a
la que muchos defraudadores, muchos presuntos delincuentes, incluido el extesorero del Partido Popular, de su partido, se acogieron; y una de las lecciones que queda para Europa es el retraso de la aprobación de unos presupuestos generales
por una conveniencia electoral en el caso de las elecciones andaluzas. Dijo que iba a bajar los impuestos, y lo que sabemos en términos de contabilidad nacional es que, cuando pasamos del nueve y pico al siete y pico de 2012 a 2013, quitando el
déficit relacionado con las actividades financieras, un punto del PIB es por el incremento de los impuestos, el 50 %; en términos netos, un punto, el 50 %. La otra gran parte sabe usted que es la reducción de la inversión pública. Ese es el
ajuste. Es decir, ustedes han subido los impuestos a todas las administraciones -precios, tasas, impuestos directos, impuestos indirectos-, a todo el que se mueve en este país. Esta es una de las lecciones que usted ha dado al mundo en la gestión
de la política fiscal y de las cuentas públicas.
En lo que llevamos de año hay una desviación por el lado del gasto de en torno a 14.000 millones de euros. Usted aseguraba que ajustaba por el lado del gasto, que ustedes sí ajustaban: 14.000 millones de euros. Como la desviación en
relación con los objetivos de déficit en 2012 iba a ser muy grande, desplazaron devoluciones de los impuestos más importantes a 2013, en torno a 5.000 millones de euros. La trampa era tan burda que al final Eurostat se la pilló. En los dieciocho
meses de gestión al frente del ministerio la deuda pública ha crecido en 207.000 millones de euros, alrededor de 21 puntos del PIB. Esto es lo que ha sucedido en los dieciocho meses de gestión que usted lleva al frente del ministerio.
Con toda esta trayectoria, con todas estas lecciones a Europa, con esta montaña de deuda y sobre todo de crecimiento de la velocidad de la deuda pública, con todos estos elementos, y entendiendo que la política fiscal creíble es un elemento
central para salir de la crisis económica -una política fiscal creíble es muy importante en estos momentos, probablemente de las más importantes en estos meses-, nos trae a instancias de Europa una ley de autoridad fiscal independiente que no es ni
autoridad ni es independiente, señor ministro. En realidad lo que ustedes quieren también con este organismo es secuestrar esa autoridad independiente.
Decía un reputado periodista de este país que en realidad lo que van a nombrar es un mayordomo para hacer informes al ministro de Hacienda en relación con las cuentas públicas ex ante y ex post. Esto es lo que decía un reputado periodista
español en un periódico importante en este país. En definitiva, un negociado más del ministerio, porque es verdad, señor ministro, que la ley proclama en muchísimos artículos la importancia de la independencia, y además de manera reiterada. Pero
al final, señorías, señor ministro, esta autoridad está adscrita al Ministerio de Hacienda, y al presidente lo nombra el Consejo de Ministros a propuesta del ministro de Hacienda. Luego, ni autoridad ni independiente. En fin, es una oportunidad
perdida en un momento muy importante, cuando hay dudas sobre la deuda pública y sobre su evolución en este país.
La auténtica independencia radica en la presencia de expertos con amplios conocimientos -no vale solo con conocimientos, no, expertos con amplios conocimientos en las finanzas públicas-, en la adscripción a las Cortes Generales por ser
elegido ese órgano -el presidente y los consejeros- por tres quintas partes del Congreso y en un mandato del presidente y los consejeros de seis años, sin posibilidad de reelección, para evitar coincidir con el ciclo político. Hay un número elevado
de países de la OCDE y de la Unión Europea que han aprobado instituciones similares. Hay casos -lo ha nombrado usted, señor ministro, en su intervención-, como la oficina presupuestaria del Congreso de los Estados Unidos, que funcionan
magníficamente, entre otras cosas porque, primero, hay expertos, está nombrado por el Congreso y, además, con un consenso del espectro político. Eso es lo que sucede en el caso de la oficina de Estados Unidos.
Usted me podrá decir, señor ministro, que también hay casos de países reputados donde esta autoridad no cae en el ámbito de las Cortes Generales. Sí, perfectamente, pero el caso de España no es el caso de otros países, porque, como le decía
anteriormente, en el caso de España el incremento de la deuda pública, la velocidad de ese incremento, es la que es, no es la de otros países. Además, por ejemplo, en transparencia hacia el ciudadano de los presupuestos públicos en el último
informe internacional, el del año 2012, el índice es 63. Por encima de nosotros están Bulgaria y Uganda. Por tanto, yo creo que se puede y se debe mejorar. Nuestra posición no es la misma que la de otros países en este momento, y en el caso de
España tenemos una historia más bien negativa en este sentido. En los siglos XVI, XVII y XIX ha habido en nuestra historia trece defaults. En esas condiciones no podemos hacer cualquier autoridad. Tiene que ser una autoridad fiscal independiente
y, como digo, en este asunto nos estamos jugando mucho para salir de la crisis.
La clave es la capacidad de esos expertos y que haya consenso del espectro político. También es importante. Así piensa la OCDE en un informe de febrero de 2013, reciente, donde se habla de las características de la independencia de estas
autoridades fiscales, y la mayoría -por no decir todos- de los institutos de análisis económico de este país y todos los expertos, incluido Fedea, hablan de la necesidad de que sea una verdadera autoridad independiente. Eso se garantiza con esas
dos condiciones: que sean expertos y que haya un consenso político.
Señorías, la calidad de nuestras instituciones es importante. La no utilización partidaria de las instituciones es muy importante para la democracia, pero es un excelente predictor del crecimiento económico y un predictor de la riqueza de
las naciones: la calidad de las instituciones y el no uso partidario de las instituciones. Lo suyo es directamente, en todo lo concerniente a las instituciones económicas, ocupar las instituciones en beneficio de su partido. Eso se llama más bien
capitalismo de amiguetes. En materia económica lo que hay es una ocupación de las instituciones. Ahí está la comisión de los mercados recientemente aprobada o podemos hablar de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o podemos hablar, si
quieren, de cómo una secretaria general de un partido político, el que sostiene al Gobierno, conoce los datos de desempleo antes que el resto de la sociedad española. De eso es de lo que estamos hablando. Cuando estamos hablando de la calidad de
las instituciones, estamos hablando de democracia, pero cuando hablamos de calidad de las instituciones estamos hablando de financiación de la economía, estamos hablando de inversión extranjera en España, estamos hablando de creación de empleo.
Pero más particularmente en el caso de una autoridad fiscal, porque, insisto, hay muchas dudas en este momento sobre la política fiscal de nuestro país y hay muchas dudas sobre la velocidad de la deuda pública de nuestro país. Como digo, son
207.000 millones de euros en dieciocho meses, no han tenido ningún problema, ningún empacho, 207.000 millones de euros. Aquellos que decían que es muy importante cuadrar las cuentas, que los ingresos coincidan con los gastos, 207.000 millones de
euros, en torno a 21 puntos del PIB. Por tanto, nos parece que nos jugamos mucho en esta institución, en todo lo relacionado con las instituciones económicas, pero particularmente en el caso de esta institución nos estamos jugando la salida.
Nosotros hemos planteado una enmienda a la totalidad, pero creemos que era necesario también plantear un texto alternativo, que pasa evidentemente por algunas de las cuestiones que he comentado yo anteriormente. Primero, tiene que caer en
el marco de las Cortes Generales; tiene que ser aprobado por tres quintas partes del Congreso de los Diputados; el presupuesto lo aprueba esta autoridad y se tiene que elevar a las Cortes Generales; por supuesto, el estatuto orgánico no lo debe
aprobar el Gobierno, tiene que aprobarlo el propio organismo. En definitiva, hacer una autoridad verdaderamente independiente, una autoridad que efectivamente no sea secuestrada por el Ministerio de Hacienda, porque si es la voz de su amo, si es el
mayordomo del amo, al final le va a hacer caso al amo. Por tanto, no ganamos nada en términos de financiación internacional, no ganamos nada en términos de inversión extranjera, no ganamos nada en términos de crecimiento económico. Insisto,
nuestro problema de deuda pública es el que es y el de su sostenibilidad, porque el crecimiento nominal de la economía está muy por debajo del tipo de interés que se está aplicando a la deuda, pero muy por debajo, es una de las razones que explica
la no sostenibilidad de la deuda pública. Señorías, nos estamos jugando mucho. Nos jugamos mucho en calidad democrática, pero en lo que nos estamos jugando mucho es en la recuperación de la actividad económica y en la salida de la crisis.
En materia económica, señorías, lo del PP es siempre lo mismo, es relativamente fácil, en realidad hacen lo contrario de lo que dicen que son: liberales, que van a bajar los impuestos; hacen lo contrario de lo que prometieron: en
impuestos, en deuda pública, en política de nombramientos; hacen lo contrario de lo que prometieron, lo contrario de lo que dicen que son. En materia económica, señorías, lo del PP es muy sencillo: una contradicción permanente.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.
No habiendo solicitado turno en contra, pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo, Unión, Progreso y Democracia, no ha presentado una enmienda de totalidad de devolución a este proyecto de ley por una razón muy sencilla, por simple coherencia. Tal vez recuerden ustedes que hemos sido nosotros los que por primera
vez en esta legislatura, en la enmienda 144 a la Ley de estabilidad
presupuestaria, propusimos la creación de una autoridad independiente de responsabilidad fiscal, donde pedíamos lo que aquí se propone, que las nuevas predicciones que había que hacer de tasa de crecimiento tendencial, de déficit cíclico se
hiciesen por una autoridad de este tipo. Por tanto, nos parecería contradictorio decirles que devuelvan algo que creemos que es necesario, algo en lo que nosotros creemos. Sin embargo, ustedes votaron en contra y nos parece muy significativo
porque, en nuestra opinión, no creen realmente en esta autoridad, sino que se ven obligados, como ha señalado el ministro, a ponerla en marcha porque nuestros socios europeos les obligan a ello. Eso se nota mucho en el texto que nos han remitido.
Nosotros no nos vamos a oponer a su tramitación, pero creemos que son necesarios importantes cambios en Comisión para que podamos votar a favor y creemos que esos cambios no se van a producir. Nos tememos que en Comisión tendremos que votar
en contra. A estas alturas nos perdonarán que no seamos tan ingenuos de pensar que ustedes creen en la independencia de supervisores y reguladores, porque ya hemos tenido la experiencia de la CNMV, hemos tenido la experiencia de la CNMC, incluso la
experiencia del Tribunal Constitucional. Ustedes creen compatible la independencia con nombrar en los reguladores a personas que saltan directamente desde su escaño, o que están afiliados a su partido, o que provienen de la oficina económica de La
Moncloa. Por lo tanto, hablarles de independencia a estas alturas es como hablarle de mansedumbre al lobo, si me permiten la metáfora. No tenemos ninguna fe en que vayan a cambiar los rasgos y no tenemos ninguna duda de que, al final, en Comisión
votaremos que no, pero somos respetuosos con los procedimientos parlamentarios. En este momento del procedimiento lo que creemos que procede es no obstaculizar su tramitación y señalar los cambios que, en nuestra opinión, son imprescindibles para
que podamos votar a favor más adelante. Pero, insisto, no creemos que vaya a suceder.
Paso a referirme a los rasgos que necesita esta institución para ser mínimamente independiente y que hoy no tiene. En primer lugar, el nombramiento del presidente. En su texto lo propone el señor ministro de Hacienda, lo aprueba el Consejo
de Ministros y luego viene al Congreso. Creemos que la iniciativa debe ser del Congreso. Debe ser el Congreso quien realice la selección de ese presidente en un proceso con unos criterios objetivos, claros y verificables de conocimiento y
experiencia y por una mayoría cualificada, una mayoría de dos tercios. Tal vez al señor ministro le suenen estas cosas porque son exactamente las que él defendía cuando estaban en la oposición. Qué pena que a veces se pierda el sentido común
cuando uno llega al banco azul y puede poner en práctica las cosas que predica en la oposición. Otro rasgo fallido, elemental, es el de los mandatos. Los mandatos son de tres años renovables. Todos los expertos saben y señalan que los mandatos
deben ser largos y no renovables si queremos que se garantice la independencia. No tres más tres, sino seis no renovables. En nuestra opinión, debería ser un órgano colegiado, no un órgano tan presidencialista. Junto al presidente debería haber
un par de expertos más en una especie de consejo director. Los directores de división deberían nombrarse a propuesta del presidente, pero no con la ratificación del Consejo de Ministros, sino del Congreso de los Diputados. Por otro lado, creemos
que la institución debería adscribirse a las Cortes Generales, igual que sucede con el Tribunal de Cuentas, y que su estatuto, que desarrolla los rasgos de funcionamiento interno, debería decidirse por la propia institución. El Gobierno podría
fijar los grandes rasgos, pero no el detalle del funcionamiento interno de ese estatuto. Otra carencia muy importante que quiero resaltar es la financiación. También es algo elemental cuando se quiere garantizar la independencia de una
institución. La financiación debería ser plurianual, debería estar garantizada durante un período de años, no fijarse cada año en los presupuestos generales, de forma que se pueda premiar o castigar a la institución en los presupuestos según haya
sido más o menos dócil, más o menos sumisa a las instrucciones del Ministerio de Hacienda.
Hablaba antes el señor Garzón de Ulises atado al mástil. El Ulises que están haciendo tiene las manos bien atadas en el mástil. Es la institución la que nace atada, porque se le dan unas funciones muy limitadas que señalan por todos los
lados desconfianza y una actitud a la defensiva. Creemos que la institución debería realizar previsiones económicas; lo único que se le permite es analizar las previsiones de otros, pero ella no realiza previsiones. Debería ser esta institución
la que realizase previsiones, como los cuadros macroeconómicos que sustentan los presupuestos generales o los rasgos básicos de la Ley de Estabilidad: el déficit estructural o la tasa de crecimiento tendencial de la economía. Estas previsiones
debería realizarlas la institución y no solo opinar sobre las previsiones de otros. Debería también participar en el diseño de la metodología con la que se realizan estas previsiones y no limitarse a opinar sobre ella. Estamos hablando siempre de
una especie de organismo consultivo con muy poca capacidad de iniciativa. Y debería realizar esas previsiones para el conjunto de las administraciones públicas -no solo para el
Estado, sino también para las comunidades autónomas-, de forma que las previsiones fuesen coherentes y se pudiesen agregar; no como ahora que cada cual realiza las suyas y al agregarse no cuadran entre sí. Por otro lado, también debería
tener, en nuestra opinión, mayor capacidad de iniciativa en la elaboración de informes y opiniones en su ámbito de competencia. Aquí se le hace un listado de materias sobre las que puede opinar; no vaya a salirse del guion y dar un susto al
Gobierno diciéndole algo desagradable. Debería tener mucha más capacidad de iniciativa para realizar informes y dar opiniones; eso sí, siempre dentro de su ámbito de competencia.
Como se ve, lo que trasluce su texto por todos los lados es desconfianza y miedo a la nueva institución, actitud a la defensiva y cumplimiento formal sobre el papel de algo a lo que las instituciones europeas les han obligado, pero en lo que
en el fondo no creen. Insisto en que lo han demostrado una y otra vez en las demás instituciones de este estilo en las que han tenido posibilidad de garantizar su independencia y hasta ahora han hecho todo lo contrario.
Una última cuestión que nos preocupa es el coste de creación de esta nueva institución. Creemos que habría que minimizarlo y para ello habría que aprovechar recursos ya existentes en el Instituto Nacional de Estadística y en el Servicio de
Estudios del Banco de España.
Si ustedes cambian la nueva institución en la línea que apuntamos garantizando su independencia, en Comisión apoyaríamos la configuración porque creemos que es una institución importante y necesaria. Si no es así -como nos tememos-,
votaremos que no en Comisión. En este momento del procedimiento no vamos a obstaculizar su tramitación porque creemos que España necesita una autoridad de responsabilidad fiscal independiente. Como dice su título, independiente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Asian.
La señora ASIAN GONZÁLEZ: Señor presidente, señorías, me corresponde intervenir en representación del Grupo Popular para fijar nuestra posición, que anticipo que no puede ser otra que el voto afirmativo a la aprobación de esta ley orgánica,
puesto que refuerza el compromiso para lograr el control eficaz del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria, del endeudamiento público y de la regla del gasto. Este compromiso del Grupo Popular con la estabilidad presupuestaria surgió ya en
el verano de 2011 cuando apoyamos la reforma del artículo 135 de la Constitución. Tras la reforma de la Constitución, el compromiso con la estabilidad presupuestaria es de todos los españolas, con independencia de los partidos políticos; y tras la
ratificación del Tratado sobre Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la unión económica y monetaria, es un compromiso entre todos los españoles y también con nuestros vecinos de la Unión Europea.
Con la aprobación de la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera el principio de equilibrio presupuestario estructural constituye el centro fundamental de la política financiera del Estado y el Gobierno de la nación
naturalmente se dota de los instrumentos necesarios para hacerlo efectivo. Pero hemos pasado del dicho al hecho, es decir, no se trata de un simple marco legal, lo hemos dotado de un contenido material, y buena prueba de ello son los presupuestos
de 2012 y 2013, que son un ejemplo de compatibilidad entre una consolidación fiscal vigorosa y el mantenimiento de la cohesión social. Así, en el presupuesto de 2013 el gasto social es el gran protagonista, alcanzando el 66,3 del gasto total. Y en
materia de ingresos, igual; tanto en 2013 como en 2012 se les exige más a los que más tienen, prueba de ello es el incremento del 20 % en el impuesto sobre sociedades. Y todos juntos, no solo la Administración General del Estado sino también las
administraciones territoriales, hemos conseguido una de las mayores consolidaciones fiscales en términos estructurales de los países desarrollados, y así lo recogen instituciones tan importantes como el Fondo Monetario Internacional, y además lo
hemos logrado en un momento de recesión económica.
Quiero poner de manifiesto, porque es muy importante, que el esfuerzo que hemos realizado entre todos está detrás del inicio de la recuperación de la confianza en nuestro país, presupuesto ineludible para iniciar la recuperación económica.
Indudablemente, también la recuperación de la confianza a través del éxito de la consolidación fiscal de 2012 está detrás del mayor margen fiscal que nos han concedido en 2013, pero el esfuerzo tiene que continuar y el Gobierno de España ya ha
preparado un importante paquete legislativo. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas -ese al que tanto se le ha criticado su política fiscal y que ha apoyado a las administraciones territoriales y ha permitido el control efectivo del
pago a los proveedores y acreedores del sector público- ha remitido un informe de un nuevo anteproyecto de ley de control de la deuda comercial del Estado con la finalidad de impedir que la deuda
comercial sirva para financiar a las administraciones públicas y garantizar los derechos de todos los acreedores. Y hoy asistimos a un hito importante en todo el proceso porque aprobamos la creación de un mecanismo independiente que va a
garantizar el cumplimiento efectivo de lo dispuesto en el artículo 135 de la Constitución española, mediante la evaluación del ciclo presupuestario, el endeudamiento público y el análisis de las previsiones económicas. Esto puede parecer muy
técnico, pero se le voy a decir de otra manera: esta autoridad fiscal independiente va a ser un intérprete para todos los ciudadanos a través de la cual van a conocer toda la información económica y financiera de todas las administraciones
territoriales, de forma tal que cuando no se cumplan las previsiones de ingresos, se va a saber por qué, y cuando no disminuyan los gastos, también se va a saber por qué. Vamos a tener un intérprete adecuado.
En cuanto a las enmiendas a totalidad presentadas, me gustaría distinguir dos grupos: aquellos grupos enmendantes entre los que se encuentra Izquierda Unida, BNG y Esquerra Republicana, que se oponen a la pura creación de la autoridad
independiente y se oponen también al propio equilibrio, incluso a la propia estabilidad presupuestaria; y aquellos grupos enmendantes que critican la institución creada por considerarla insuficientemente independiente o recentralizadora. A los
primeros, que nos proponen soluciones que pasan por la salida del euro -y quién sabe también si del mundo occidental- y que nos quieren convencer de que la deuda pública es inocua pero no renuncian a exigirnos que no la paguemos y también de que
podemos tener un robusto Estado del bienestar sin exigir esfuerzos a los ciudadanos para financiarlo, les diré que comprendo que hagan críticas a la política del ministro de Hacienda que tan brillantemente ha resuelto la consolidación fiscal en este
país. ¡Si ustedes no aceptan ni siquiera lo que significa el concepto de equilibrio presupuestario estructural! Mire, estructural es un vocablo -como usted bien sabe- que simplemente significa que en todo momento una regla independiente y
automática va a fijar cuál es el déficit corriente del ejercicio con un principio anticíclico, de manera tal que cuando el crecimiento económico esté por debajo de la tendencia a largo plazo, es decir, en momentos de recesión, desaceleración o
crisis, se va a fijar mayor margen fiscal, que será compensado con una mayor disciplina fiscal en momentos de expansión económica. Por tanto, la legislación española no renuncia a utilizar el déficit público como un instrumento de estabilidad
económica, sino que, al contrario, lo consagra y lo regula de una manera libre de arbitrariedad, de manera transparente. Lo que sí es cierto, pues hay un gran consenso entre los analistas económicos y la evidencia histórica así lo confirma, es que
la eficacia del déficit como política de expansión disminuye cuando el endeudamiento es muy alto; de ahí la importancia de la política de responsabilidad fiscal para conservar la eficacia del déficit público, es decir, para poder utilizar el gasto
cuando hace falta, porque antes hemos ahorrado y está fijado de una manera automática.
En cuanto a la independencia, poco puedo decir porque ya el ministro lo ha dicho todo, y además está garantizada por ley, pero hay algunas cosas que me han sorprendido. En primer lugar, la crítica que recibe esta institución cuando en
nuestro ordenamiento existen otras con una estructura similar, y adscripción en este caso al Ministerio de Economía y Competitividad, que es el Instituto Nacional de Estadística. ¿Es que alguien duda del excelente trabajo y de la independencia
probada del Instituto Nacional de Estadística?
Quisiera ahora hacer algunos comentarios sobre algunas cuestiones manifestadas por las personas que me han precedido y que me han sorprendido. El portavoz de CiU ha dicho que no le parece bien que las comunidades autónomas no conozcan los
informes de la autoridad independiente antes de ser públicos. Pero, señoría, si por eso es independiente, ¿cómo los va a conocer? Se harán públicos y luego usted manifestará lo que crea más oportuno. Se ha hablado mucho de la independencia y se
ha mezclado con los nombramientos. Quiero recordar que aquí estamos hablando de la estructura de la organización, no de los nombramientos. Y me ha sorprendido mucho la intervención del diputado socialista, porque ha hecho una crítica de la
política económica del Gobierno de España, del ministro en particular, que se contradice totalmente con las recientes manifestaciones, por ejemplo, del presidente de la Comisión en el debate sobre el estado de la Unión Europea; yo creo que con eso
le contesto a todo lo planteado. También me ha sorprendido porque ha dicho que la independencia se garantiza con nombramientos de expertos y consenso político, y yo hasta ahora no sabía que el carácter de experto se podía obtener por consenso
político. Y me ha sorprendido más aún que crea que la autoridad independiente pueda ser un mayordomo del ministro. Oiga, por lo que dice la ley, esta autoridad se va a nutrir de funcionarios de carrera de las administraciones territoriales y
personal laboral de organismos nacionales e internacionales. No me parece que sea una forma adecuada de llamar a este personal; ellos sí que son expertos, son personas que han logrado realizar sus funciones a través de unas pruebas creo que
objetivas y que defienden la labor que desarrollan.
Por último, a aquellos enmendantes que han dicho que la política de responsabilidad fiscal del Gobierno de España, de la legislación española, es recentralizadora, querría aclararles lo evidente. Estaremos ante un proceso de
recentralización, si así lo quieren expresar, pero será europeo, no español. El Gobierno de España adquiere unas responsabilidades con sus socios europeos y se dota de los mecanismos adecuados para cumplirlas. Ni nos hemos quedado un paso atrás ni
hemos saltado el cumplimiento de la ley, de la Constitución y, en este caso, de los tratados de la Unión Europea. Por tanto, hoy en día, en un momento en que nadie duda de la continuidad del euro y que el éxito de la consolidación fiscal obtenido
en España posiblemente ha contribuido a que la Unión Europea, el Banco Central Europeo -que también se ha mencionado aquí- pueda llevar a cabo la política de expansión monetaria que está realizando, con la creación de un órgano independiente se da
cumplimiento sobresaliente a las exigencias europeas y nos colocamos a la vanguardia de los países de nuestro entorno en materia de disciplina y responsabilidad fiscal. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Asian.
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ESTABLECEN DETERMINADAS MEDIDAS EN MATERIA DE FISCALIDAD MEDIOAMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS MEDIDAS TRIBUTARIAS Y FINANCIERAS. (Número de expediente 121/000054).
El señor PRESIDENTE: Terminado este debate, pasamos al proyecto de ley por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras. Para presentar este proyecto
de ley tiene la palabra el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señor presidente, señorías, hace escasamente dos meses ocupaba esta tribuna para defender la Ley de medidas urgentes, tributarias y presupuestarias aprobadas por el
Gobierno en el Real Decreto-ley 7/2013 y en el proyecto de ley de emprendedores, que también ayer inició su andadura en el Senado. En mi exposición, en mi discurso de entonces, recordaba a la Cámara que el esfuerzo fiscal realizado en el año 2012
era inaplazable ya que se daban características específicas que requerían una actuación muy decidida. Era necesario realizar un esfuerzo social muy amplio, un esfuerzo contundente que dejara claro el compromiso de España, de nuestro país, con el
equilibrio presupuestario, con el regreso al equilibrio de las cuentas públicas. Había que actuar con urgencia para restablecer la credibilidad en el control de las cuentas públicas. La estrategia de saneamiento de esas cuentas públicas a medio
plazo tenía que basarse en actuaciones que denominamos de carácter estructural en las que el esfuerzo de corregir los desequilibrios presupuestarios acumulados en los años anteriores quedaran concentrados en los primeros años de legislatura, todo
ello con objeto de recuperar la credibilidad perdida y mantener abierto el acceso a los mercados de capitales. Hoy eso es una realidad, basta ver la posición de España en términos de financiación internacional, mejor que la de otros países de
Europa en términos de prima de riesgo, para comprobar que aquellas actuaciones eran necesarias; lo eran, en primer lugar, para evitar esa figura que ha quedado completamente atrás conocida como rescate y que, a tenor de los acontecimientos, algunos
entendían inevitable para España y que hoy vemos completamente alejada, como si fuera parte de nuestro pasado y que en modo alguno debe proyectar su sombra sobre nosotros.
Hoy, esa política de saneamiento presupuestario y de esfuerzo tributario nos anima a avanzar por esta misma senda. Por esa razón, esta Cámara aprobó en aquel momento el proyecto de ley que acabo de citar y hoy traigo a la Cámara un nuevo
proyecto de ley que defiende una nueva normativa tributaria en diferentes ámbitos que son absolutamente básicos para perseverar y anticipar parte de la reforma tributaria que, a través de la consulta del comité de expertos que ha convocado el
Gobierno, tendremos a comienzo del año próximo. Tenemos que seguir tomando decisiones en materia tributaria para fortalecer el componente de ingresos de nuestras cuentas públicas. A ese respecto facilitaré también un dato a la Cámara sobre la
evolución del impuesto sobre sociedades en el ejercicio de 2013. Teniendo ya las cifras relativas a los meses de julio y agosto, podemos decir que la cuota diferencial neta resultante de la diferencia entre ingresos y devoluciones de la campaña del
impuesto sobre sociedades del año 2012 superará la previsión recogida en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 en torno a 2.500 millones de euros. Por lo tanto, también en la vertiente de los ingresos tributarios estamos reforzando
esa credibilidad de España y por eso tenemos que seguir progresando y aplicando normas en
el ámbito del impuesto sobre sociedades que devuelvan a este tributo la capacidad de recaudar y de hacerlo con equidad, de recaudar más sobre los contribuyentes de mayor tamaño, los que más facturan y también los que mayor rentabilidad
tienen. Y además de ese ámbito recaudatorio, un gran efecto económico como es promover el desapalancamiento financiero de nuestros principales agentes económicos, algo que está ocurriendo y que el mercado, la Bolsa, está premiando eficazmente,
justifica las modificaciones en el impuesto sobre sociedades que hemos traído a esta Cámara el año pasado y que continuamos trayendo en el ejercicio 2013. Ahí está el reconocimiento de esos mercados, el reconocimiento de las bolsas, que están
premiando más a las empresas que están presentando programas de desapalancamiento financiero más ambiciosos. Y eso tiene que ver mucho con los cambios tributarios que ha aprobado esta Cámara en el impuesto sobre sociedades, cambios que han
estimulado el desapalancamiento financiero, como fue la limitación de la deducibilidad de gastos financieros aprobada en el mes de abril en un decreto-ley y que por tanto está en línea con las modificaciones que hoy proponemos a la Cámara también en
el ámbito del impuesto sobre sociedades.
La novedad fundamental del cambio del impuesto sobre sociedades es la supresión de la deducibilidad de las pérdidas por deterioros de los valores representativos de la participación en el capital o fondos propios de las entidades y las
rentas negativas obtenidas en el extranjero por los establecimientos permanentes. El efecto sería para los periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero del año 2013, puesto que hemos solicitado también la tramitación de este proyecto de
ley por la vía urgente y estará en vigor plenamente en el ejercicio 2013. Estas medidas tratan de evitar la doble deducibilidad de las pérdidas, en un primer momento, en la sede de la entidad o del establecimiento permanente que las genera; y, en
segundo lugar, en la sede del inversor o casa central. Con estas medidas la normativa fiscal del impuesto sobre sociedades se aproxima muy mucho a la vigente en los países de nuestro entorno. En concreto, en Alemania, la deducibilidad de esas
pérdidas no existe teniendo como tiene Alemania las empresas más competitivas del mundo. Por lo tanto, estamos acercando efectivamente la fiscalidad de nuestro impuesto sobre sociedades al régimen tributario que tienen los países de nuestro entorno
y en concreto los más competitivos.
En cuanto a los deterioros de la participación, se establece la no deducibilidad del deterioro de las participaciones en el capital de entidades cotizadas y no cotizadas, lo que determinará el correspondiente incremento y ajuste positivo en
la base imponible. Para eso se proponen las modificaciones, obviamente, de la Ley del impuesto sobre sociedades. Y en lo relativo a las rentas negativas obtenidas en el extranjero a través de establecimiento permanente, se modifica el artículo 14
de la Ley del impuesto sobre sociedades para establecer como gasto no deducible las rentas negativas obtenidas en el extranjero a través de un establecimiento permanente, excepto en el caso de transmisión del mismo o cese de su actividad. Se
establece un régimen transitorio aplicable a las pérdidas por deterioro de los valores representativos de la participación en el capital o en los fondos propios de las entidades y a las rentas negativas obtenidas en el extranjero a través de un
establecimiento permanente generadas en periodos impositivos, insisto, iniciadas con anterioridad a 1 de enero de 2013, que seguirán reinvirtiéndose cuando se aprecie la cartera previamente deteriorada. Adicionalmente se procederá a la revisión de
ajustes previos cuando se reciban dividendos de las entidades participadas.
Con el fin de coadyuvar a continuar avanzando en la senda de consolidación de las finanzas públicas y de cumplir los compromisos de estabilidad acordados, se requiere la prórroga de determinadas medidas temporales establecidas en la
normativa del impuesto sobre sociedades, bastantes de las cuales afectan únicamente a las grandes empresas. Así, proponemos la limitación a la compensación de bases imponibles negativas ampliándola a los periodos impositivos 2014 y 2015 -los
límites son conocidos y están en la actual propuesta normativa- y la incorporación en la base imponible del pago fraccionado determinado de acuerdo con el sistema establecido en el artículo 45.3 de la Ley del impuesto sobre sociedades del 25 % de
los dividendos y rentas exentas. En lo que se refiere al pago fraccionado mínimo, se amplía el ámbito temporal de esta medida a los pagos fraccionados correspondientes a periodos impositivos iniciados durante los años 2014 y 2015. Se limita la
deducibilidad del fondo de comercio a que se refieren los artículos 12.5, 12.6 y 89.3 de la Ley del impuesto sobre sociedades ampliando el ámbito temporal de esta medida a los ejercicios 2014 y 2015. Se limita la deducibilidad de los activos
intangibles de vida útil indefinida -por ejemplo, marcas- y también se extiende a los mismos ejercicios. Se amplían a 2014 los pagos fraccionados incrementados para las entidades con un importe neto de la cifra de negocios superior a 10, 20 y 60
millones de euros en el año anterior y se limitan los incentivos fiscales aplicables en cuota, prorrogándose también a esos periodos impositivos los límites a las deducciones. En cuanto a la libertad
de amortización pendiente de aplicar, se prorroga a 2014 y 2015 el régimen transitorio sobre libertad de amortización pendiente de aplicar regulado en la disposición adicional correspondiente de la Ley del impuesto sobre sociedades.
El carácter indefinido de la deducción por inversiones en producciones cinematográficas y series audiovisuales es otra característica de este proyecto de ley. Proponemos establecer -ya lo he dicho en el título- el carácter indefinido a la
deducción por inversiones en producciones cinematográficas y series audiovisuales. También proponemos clarificar el régimen de bonificación por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla especificando mejor sus cuantías y otras modificaciones técnicas
relativas a los contenidos de las leyes de presupuestos en relación con correcciones monetarias y actualizaciones de balance. La prórroga de contratos de arrendamiento financiero para excepcionar el carácter constante o creciente de las cuotas es
otro de los ámbitos que esperamos que tenga un impacto positivo.
En relación con la tributación medioambiental, que forma parte del título de este proyecto de ley y que recogemos en la exposición de motivos, tratamos de avanzar hacia la implantación en España de lo que llamamos una tributación
medioambiental; una tributación que, por supuesto, responde también al desarrollo del artículo 45 de nuestra Constitución que consagra la protección del medio ambiente y, de acuerdo con los preceptos de la Unión Europea, debemos fortalecerlo en
España, como antes avanzaba, a través de la implantación de una fiscalidad medioambiental. A tales fines y con efectos de 1 de enero de 2014, se propone la creación del impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero como instrumento que
actúa sobre las emisiones de hidrocarburos halogenados. Es conocido que estos hidrocarburos halogenados, que han venido siendo utilizados en muy diferentes actividades y sectores, tienen un efecto bastante pernicioso, sobre todo por la dificultad
de su destrucción en términos también de impacto del contenido de CO2.
Otras modificaciones que contiene el proyecto de ley se refieren a tributos locales, que lo que hacen es prorrogar la vigencia del gravamen complementario del IBI para los periodos impositivos iniciados en 2014 y 2015, fortaleciendo
precisamente las finanzas municipales de España. Quiero insistir en este apartado también en el progreso ejemplar que están teniendo las corporaciones locales de nuestro país, y espero que en pocas semanas podamos estar todos muy orgullosos de lo
que ha sido el cierre del ejercicio 2012 de las corporaciones locales de España en términos de cifras que van avanzando hacia la estabilidad presupuestaria, hacia el saneamiento presupuestario, a una velocidad que sencillamente era imposible de
predecir en el comienzo del año 2012.
Otra modificación se refiere a la plusvalía municipal para establecer la posibilidad de que en determinadas circunstancias los ayuntamientos puedan establecer una bonificación de hasta el 95 % de la misma. La modificación del texto
refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario también se incorpora aquí, así como la modificación del impuesto especial sobre determinados medios de transporte. Se trata de potenciar las actividades de alquiler de embarcaciones que realmente tienen
una utilización en términos deportivos, de recreo, de ocio, de explotación turística en nuestras costas. Lo que hacemos es modificar el requisito de la eslora mínima para que puedan tener una exención de la primera matriculación y, por tanto,
favorecer ese tipo de actividades y potenciar el desarrollo turístico inherente a las mismas. También modificamos la normativa para el establecimiento de una exención del avituallamiento de embarcaciones que realizan navegación intracomunitaria.
La cuenta ómnibus. También se modifica la Ley 35/2003, de 4 noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, para permitir que las participaciones de fondos de inversiones españolas que venda una comercializadora establecida en España
puedan ser registradas a nombre del partícipe directamente por ella y no por la gestora, y hay modificaciones tributarias aplicables a la Sareb, equiparando a la Sociedad de Gestión de Activos de Reestructuración Bancaria con una entidad financiera,
excluyéndola de la limitación de gastos financieros prevista en el artículo 20 de la Ley del impuesto sobre sociedades y exceptuando las retenciones respecto de las operaciones de préstamos que hayan percibido de las entidades aportantes.
Adicionalmente se establece la exención en el impuesto sobre transmisiones y actos jurídicos documentados para la constitución de garantías para la financiación de adquisiciones de inmuebles y se establece que la Sareb no tributará por el impuesto
sobre actividades económicas con ocasión de la venta de inmuebles recibidos.
Finalizo, señor presidente, insistiendo en que las medidas de este proyecto de ley tienen un objetivo fundamental: la consolidación de las finanzas públicas, a lo que ha de contribuir también el aumento tributario, el aumento de la
recaudación por parte de la Hacienda pública para generar cuanto antes la consecución de ese equilibrio presupuestario. Las modificaciones son avances, con independencia de
que en la tramitación parlamentaria los avances que introduce esta ley también puedan ser perfeccionados para causar los menores efectos negativos por la implantación de un nuevo impuesto como los impuestos medioambientales, por supuesto sin
perjuicio de que todo ello tenga acomodo real en la reforma tributaria que está planeando el Gobierno para el próximo año.
Insistiré, por último, en que el compromiso con la estabilidad presupuestaria es ineludible. El compromiso con la estabilidad presupuestaria está acelerando la salida de la crisis económica. El compromiso con el equilibrio presupuestario y
su consecución está haciendo que esta crisis esté finalizando y lo esté haciendo contra pronóstico, puesto que ningún organismo internacional pronosticaba que el segundo trimestre del año 2013 iba a ser el último trimestre de recesión económica en
España. Está ocurriendo y eso, por supuesto, lo que nos debe indicar es el refuerzo del papel que realizamos en esta Cámara. La economía es política, la economía depende de la política, el bienestar de los ciudadanos depende de las decisiones que
se toman en esta Cámara y de los compromisos que se asumen en esta Cámara. Tenemos un gran país. España es un gran país que ha dado ejemplo al mundo sucesivamente en muchas etapas de su historia reciente. Ha sido el primer generador de empleo del
mundo, ha sido el país que cuando ha abrazado los principios de estabilidad económica, empezando por el equilibrio de su balanza de pagos y de estabilidad presupuestaria, ha dado lecciones al mundo, lecciones de crecimiento económico creador de
empleo, lecciones que son bien recientes y que están en los anales de esta Cámara, en los escritos de esta Cámara de no hace más de diez años. Son las lecciones de un procedimiento y de un proyecto, por supuesto, comprometido con lo que está detrás
de esas predicciones económicas. Ahora las estamos ganando, las estamos venciendo con proyectos reformistas, las estamos venciendo con proyectos que no son fáciles, como los que el Gobierno trae una vez más a esta Cámara en este momento. Estamos
pidiendo un esfuerzo tributario que vale la pena para acelerar la salida de la crisis económica como está ocurriendo y lo hacemos con un planteamiento de equidad tributaria, exigiendo más a quienes más tienen. Esa es la reforma y esos son los
proyectos reformistas que están sucediéndose uno tras otro esta mañana en esta Cámara y que se completan con el proyecto de ley que he vuelto a tener el honor de defender ante sus señorías a la hora de solicitarles su apoyo.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
A este proyecto de ley se han presentado tres enmiendas a la totalidad. De ellas, dos son de devolución y una, la tercera, es de texto alternativo. Para la defensa de las enmiendas tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Mixto, la
señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Intervengo para defender en nombre del Bloque Nacionalista Galego nuestra enmienda a la totalidad a este proyecto de ley por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas
tributarias y financieras. Señorías, primero tenemos que decir que presentamos esta enmienda a la totalidad independientemente de que desde el Bloque Nacionalista Galego no seamos contrarios a algunas de las medidas introducidas en este proyecto,
medidas como la no deducibilidad del deterioro del valor de las participaciones en el capital o fondos propios de entidades o la introducción de un instrumento de política ambiental como el impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero,
puesto que los impuestos ambientales, desde nuestro punto de vista, bien diseñados, son medioambientalmente efectivos y eficientes económicamente. De hecho, en el Estado español la introducción de este tipo de gravámenes es desafortunadamente muy
escasa. Por lo tanto, señorías, la presentación de esta enmienda de totalidad no se debe tanto a los contenidos del proyecto de ley sino a las ausencias derivadas de una óptica sobre las políticas fiscales y tributarias que consideramos claramente
errónea y empíricamente fracasada.
Es necesario e inaplazable cambiar radicalmente las actuales medidas fiscales y tributarias centradas en la contracción del gasto, en especial el de carácter social y el relativo a la inversión productiva, y en la prioridad absoluta de la
reducción del déficit y el control financiero a las comunidades autónomas, todo, señorías, a costa de diseñar suculentos rescates a la banca. Estas políticas son contrarias a los intereses de la mayoría social y están mostrando un rotundo fracaso a
la hora de trazar una senda de recuperación ante la gran depresión económica que padecemos.
Con este proyecto de ley se mantiene la actual estructura del sistema fiscal, que se caracteriza por realizar un reparto injusto y desigual de la carga tributaria, donde la contribución impositiva recae sobre los impuestos indirectos al
consumo y a las rentas del trabajo frente a las de capital, en un escenario
donde estas últimas tienen un peso cada vez mayor en el PIB. De esta manera, el resultado es un sistema con un bajo nivel de presión fiscal sobre determinadas rentas y un reparto poco equitativo de la carga fiscal que impide el desarrollo
de un sistema de bienestar y de los recursos necesarios para poder adoptar medidas de estímulo a la economía dirigida a un crecimiento sostenible a largo plazo.
Las políticas de desarme fiscal realizadas por los gobiernos de Aznar y Zapatero, como las modificaciones en el IRPF, la supresión del impuesto sobre el patrimonio o la rebaja en el impuesto sobre sociedades, llegaron a suponer una pérdida
de recaudación de más de 6.000 millones de euros anuales. Esta situación se agrava con las elevadas cifras de fraude fiscal existentes en el Estado, que según estimaciones del Sindicato de Técnicos de Hacienda se sitúa en 59.515 millones de euros,
de los cuales el 71,8 % corresponde a la evasión y fraude fiscal de las grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas. Se calcula, señorías, que las actividades que escapan al control del fisco suponen en torno a un 23 % del
producto interior bruto, mientras que la media de la Unión Europea se sitúa en un 13 %. En consecuencia, una acción decidida a combatir el fraude fiscal que consiguiera reducirlo hasta la media europea supondría unos ingresos adicionales de 25.000
millones de euros anuales.
Señorías, desde el Bloque Nacionalista Galego entendemos que urge modificar dichas políticas y acometer una amplia reforma fiscal -no simplemente modificaciones parciales, temporales y aisladas de esa necesaria reforma global- que refuerce
los principios de equidad, justicia y progresividad del sistema tributario y que proporcione recursos suficientes para garantizar servicios públicos esenciales y para elaborar políticas de estímulo económico. En ese sentido, proponemos la retirada
de este proyecto de ley y la presentación de uno nuevo que incluya los criterios mencionados anteriormente y en especial medidas tanto para gravar de manera más intensa los grandes beneficios como para combatir de manera eficaz el fraude y la
evasión fiscal.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, para presentar su enmienda tiene la palabra la señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, yo también quiero sumarme a la celebración del éxito que hubo ayer de la movilización, al éxito rotundo, histórico y sin precedentes que hubo en Cataluña, igual que el año pasado. Eso les emplaza a ustedes a
responder y a estar a la altura del civismo, de la movilización y de la democracia. También quiero sumarme al resto de compañeros que han condenado el ataque fascista de ayer. Al fascismo hay que llamarlo por su nombre y seguramente debería hacer
que nos planteáramos qué no hemos hecho bien y, sobre todo, que podríamos hacer mucho mejor para dar memoria a una generación que no vivió los horrores del franquismo y lo que ello significa.
Antes el señor González Pons, hablando de Suárez, decía que nuestra labor era hacer normal lo que la gente entiende que es normal. Efectivamente, lo normal y lo de sentido común para mucha gente es que organizaciones fascistas y violentas
no tuvieran cobertura legal. Y lo que también para mucha gente sería normal es que, como en Canadá o en el Reino Unido, se pudiera realizar una consulta de forma democrática y que la gente pudiera expresar libremente lo que quiere. Aquí pasa justo
lo contrario y esto solo depende de las leyes. No se amparen en las leyes, porque las leyes las cambian las voluntades, y lo que toca precisamente es cambiarlas y escuchar el clamor popular.
Señorías, entrando ahora en el contenido de esta ley, empezamos el curso político con la misma tónica que en toda la legislatura: más decretos, más leyes de urgencia, nuevas medidas tributarias. Mucho llenarse la boca de transparencia y de
democracia, pero insisten en este secuestro democrático al que nos tienen sometidos en la Cámara. Más de cuarenta reales decretos-leyes, más de cuarenta leyes modificadas y, peor todavía, leyes con contenidos contrarios a los que titulan o que
dicen lo opuesto de lo que publicita el Gobierno; o leyes ómnibus que hablan de todo, o con cambios constantes sobre las mismas materias, como es el caso de la fiscalidad que hoy nos viene a presentar aquí el ministro, y ya nos dice que va a haber
una, pero luego el presidente también dice que el año que viene vendrá a anunciar otra que irá en el sentido contrario de lo que está haciendo ahora.
La fiscalidad, efectivamente, es un ejemplo y ustedes tienen sumidos al país en una inseguridad jurídica constante, lo que genera miedo y parálisis y viene acompañado también de un autoritarismo de mayoría absoluta en la Cámara que impide el
debate sereno, siempre a toque de urgencia, y también impide enriquecer y mejorar las leyes, lo que también las lleva a ser peores. Es la tónica de esta legislatura
y hoy tenemos un nuevo ejemplo, una ley cuyo título dista mucho de su contenido y una nueva oportunidad perdida para hacer la reforma fiscal que necesita el país.
Nuestro grupo ha presentado una enmienda a la totalidad con texto alternativo. Por lo tanto mi intervención irá, por un lado, a posicionarme sobre el contenido de la ley y, por otro, a explicar cuáles son las alternativas, porque sí hay
alternativas, y por eso, ante una ley a la que el Gobierno llama de fiscalidad ambiental, en el texto alternativo planteamos medidas de fiscalidad verde, porque es lo que tiene este país pendiente, una reforma fiscal que incluya lo que le falta a
nuestro sistema: sostenibilidad, equidad y eficacia. En el proyecto que hoy nos traen nos esperaríamos una reforma fiscal verde, en la línea de lo que tienen los demás países de Europa; una reforma que incorpore la responsabilidad en nuestra
economía e internalice los costes reales de las actividades, pero que también catapulte la transición de nuestra economía hacia un cambio de modelo productivo. Pero no, realmente tienen ustedes un gran sentido del humor -y seguro, es verdad que el
ministro tiene sentido del humor- y en esta ley solo un artículo plantea un gravamen a los gases fluorados y por esa medida titulan toda la ley. Realmente es una tomadura de pelo. Esa medida es irrisoria, porque además de aplicarse en otros
países, lo que plantea el Parlamento Europeo es que estas sustancias estén prohibidas a partir de 2020. En consecuencia, no es un gran avance y por ello les pedimos que dejen de manipular.
¿Cómo pueden hablar de transparencia si hacen esto ya con el título de las leyes? Porque mientras hablan de fiscalidad ambiental tienen la desfachatez de plantear en el mismo proyecto deducciones fiscales a una actividad no precisamente
acorde con la sostenibilidad, como ocurre con la exención que se introduce en el impuesto especial sobre determinados medios de transporte para embarcaciones y buques de recreo o deportes náuticos que se dedican al alquiler. ¿Cómo contribuye
exactamente esto a reducir el impacto ambiental? Es una deducción sobre una actividad que poco tiene que ver con la sostenibilidad, pero ese es el estilo del Gobierno, como ocurre con la ley que abandona nuestra costa, a la que ustedes llaman de
uso sostenible del litoral, o con aquella ley que penaliza las renovables, a la que tildan de sostenibilidad energética. Y así vamos sumando. Por eso planteamos esta enmienda a la totalidad, porque el error no es baladí, porque pospone y además
confunde a la ciudadanía sobre lo que es la fiscalidad verde. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).
También planteamos una enmienda a la totalidad porque este país no se puede permitir ese constante goteo de medidas tributarias sin abordar una reforma fiscal profunda que garantice los principios básicos que plantea nuestra Constitución de
igualdad y progresividad. Usted ha venido aquí y ha dicho que este proyecto de ley no es definitivo y que están preparando una nueva ley y además nos están planteando también que el año que viene las van a cambiar en el sentido contrario. Ustedes
lo que hacen es presentar esta enésima modificación de figuras tributarias y además no sabemos si en las propias enmiendas, cuyo plazo acaba esta tarde, van a plantear nuevas figuras, si van a aprovechar para hacer una ley ómnibus, que eso es lo que
leíamos en la prensa; es decir, ya no solo el título esconde el contenido real de la ley, no solo vuelve a ser una ley transitoria mientras esperamos las siguientes, sino que puede ser que estemos debatiendo a la totalidad sobre un texto que
realmente no es el que va a acabar siendo, sino que nos van a colar una ley alternativa vía enmiendas.
¿Qué plantean ustedes en este texto? Plantean cambios importantes en deducciones del impuesto sobre sociedades o una reforma menor del IRPF, que en gran parte compartimos, y en cambio, en determinadas figuras de fiscalidad municipal o en la
cuestión de la Sareb, no podemos estar de acuerdo. Lo que no acabamos de entender es ese constante goteo. Llevamos más de diez leyes o cambios tributarios en esta legislatura y los parches que han planteado hasta ahora no resuelven los problemas.
Usted decía: necesitamos incrementar los recursos. Ustedes para incrementar los recursos no se han planteado otra vía que sangrar y sangrar precisamente a los que menos tienen, a los trabajadores o a los consumidores con el IVA. Seguramente ahora
mismo para aumentar los recursos lo que deberíamos hacer es incrementar la renta, y la reforma laboral, que está haciendo que caigan en picado los salarios, precisamente es un bucle que nos genera más caídas de ingresos.
Nosotros planteamos una reforma fiscal que resuelva los problemas de injusticia, de regresividad y de ineficacia. Las rentas del trabajo son hoy la principal fuente de ingresos y para los ciudadanos es incomprensible el trato fiscal a las
grandes empresas. En sectores como el financiero, que ha recibido fuertes ayudas públicas, es todavía más incomprensible la permisividad con los mecanismos que posibilitan una tributación insultantemente baja, tema que no se aborda. Además, el
problema de la ineficiencia del sistema está estrechamente relacionado con los contenidos concretos del proyecto presentado por el Gobierno. En materia de supresión de deducciones contarán con el apoyo de nuestro grupo -por eso lo
hemos incluido en el texto alternativo y la redacción se conserva tal como venía-. Estamos de acuerdo con algunas supresiones, como las pérdidas por deterioro de la cartera, la venta de participaciones con pérdidas, si se reparte el
dividendo, por rentas negativas generadas durante el plazo de mantenimiento de establecimientos permanentes en el extranjero o la limitación de la deducibilidad fiscal del fondo de comercio. Con todo eso estamos de acuerdo, pero los avances
introducidos parecen, más allá de positivos, muy insuficientes ante la gravedad del problema de la ineficacia y de la regresividad que planteábamos.
El sistema fiscal español tiene un auténtico agujero negro recaudatorio, con noventa y cinco tipos diferentes de beneficios fiscales entre deducciones, exenciones, reducciones en la base imponible, bonificaciones y tipos reducidos, un
entramado complejo y a menudo arbitrario que supone una reducción en la recaudación entre 150.000 y 200.000 millones de euros al año para las arcas públicas. Ustedes, con estas medidas, no resuelven la cuestión, y no lo hacen porque no quieren o
porque sus mecenas tampoco quieren, por eso la injusticia de perpetuar el sistema, porque mientras vamos gravando a los que menos tienen, los que sí que tienen se van a Gibraltar o se van a Suiza o gozan de una amnistía. Recientemente hemos tenido
un ejemplo, el anuncio de la Comisión Europea de apertura de un expediente sancionador contra España por permitir la aplicación de deducciones fiscales multimillonarias a la internacionalización de empresas españolas. El Gobierno pretende que las
empresas puedan deducirse esa amortización del fondo de comercio en compras fuera de la Unión Europea, precisamente las grandes empresas. Ustedes siempre se llenan la boca al hablar de los autónomos y de las pequeñas empresas, pero luego las
medidas son para las grandes. Otra herramienta tributaria al servicio de los grandes capitales son las Sicav. Las Sicav tributan de forma ridícula en nuestro país -hablamos de 5,9 millones de euros según el último informe de la CNMV-. Nos parece
una tomadura de pelo que las medidas que ustedes plantean aquí hablen exclusivamente de información, sin resolver esa tributación extremadamente baja.
Dentro de las cuestiones que no compartimos de las medidas tributarias que plantean está la modificación del tipo de IBI, que viene a ser una repetición de lo que hicieron en diciembre de 2011 y que ya implicó incrementos de cerca del 10 %
de la cuota en plena crisis y justo cuando muchos ayuntamientos habían hecho la revisión catastral. Plantean un nuevo aumento poniendo en más dificultades a muchas familias y dejan también a los ayuntamientos sin capacidad de cambiar la situación,
sin compensar esa situación, porque muchos de esos inmuebles que ya estuvieron sujetos a una revisión ahora han caído en picado de valor y también se debería tener en cuenta. Es otro ejemplo de deslealtad institucional y de recentralización no
tener en cuenta la potestad de los municipios para decidir. Por lo tanto, aunque nosotros planteamos alternativas para el IBI, no compartimos los criterios con los que lo han planteado y sobre todo la deslealtad de cara a los ayuntamientos.
En cuanto a la disposición final, que afecta al régimen fiscal de la Sareb equiparándola a nivel fiscal con las entidades de crédito, la Sareb es, porque ustedes lo han querido y a nuestro pesar, una entidad privada, de la que no podemos
tener información y, a pesar de ello, este cambio legal permitirá que el banco malo pueda deducirse todos los gastos financieros derivados de su actividad. Esta propuesta, que se suma a otros incentivos fiscales que ha recibido la Sareb, supone un
trato fiscal favorable y, según ustedes, es una entidad privada. Es un agujero negro para acceder a la información. Al final, esta medida, que no compartimos, es un malabarismo más del Gobierno para tapar los agujeros negros de la banca.
En definitiva, se trata de un texto que dista mucho de lo que necesita el país para avanzar en la reforma fiscal ambiental y una reforma fiscal que avance en progresividad y equidad. ¿Qué les proponemos a cambio? Si quieren hablar de
fiscalidad ambiental, hablemos a fondo. Hemos planteado una enmienda con texto alternativo que precisamente lo que quiere es que todas aquellas actividades que tienen costes para la sociedad en términos económicos pero también en términos de salud
y ambientales contribuyan de forma equitativa y que sean penalizadas. Eso no es solo una cuestión de equidad, de contribuir por aquellas actividades que son perjudiciales para el conjunto de la sociedad, sino que además es beneficioso para cambiar
nuestro modelo productivo. El Gobierno sigue empecinado en insistir en un modelo basado en la especulación, el ladrillo y en el sol y playa, cuando la economía verde hoy sería una gran oportunidad de creación de empleo y de transición industrial en
nuestro país.
Lo que planteamos son diversas figuras tributarias. En el título I, incluimos unos cambios en el impuesto sobre matriculación de vehículos, de acuerdo con el nivel de contaminación; también en el impuesto sobre sociedades para incrementar
los incentivos a las inversiones ambientales. Proponemos una rebaja del IVA en los productos con menor impacto ambiental pero también en aquellos con mayor necesidad social. Modificamos de manera parcial el IRPF para fomentar el transporte público
y sostenible, algo que el Gobierno no tiene como una prioridad, sino que ha sido muy castigado en los presupuestos. En el título II
se crea un nuevo impuesto imprescindible para ese cambio de modelo, el que llamamos un impuesto sobre el cambio de usos del suelo. Dicho tributo tiene la intención de evitar la depredación del territorio, especialmente del patrimonio
natural, así como fomentar un cambio y dejar de lado los modelos basados en burbujas inmobiliarias. Además, supondría una importante fuente de ingresos para la conservación del patrimonio natural y también la gestión de la biodiversidad. El título
III incluye reformas en las haciendas locales, como antes comentaba, proponiendo tasas sobre residuos y un IBI basado en la eficiencia energética. Otra figura pretende preservar el territorio como un tributo sobre las plusvalías urbanísticas. El
título IV recoge aquellos artículos del proyecto original con los que, como decía, estamos de acuerdo.
En definitiva, se trata de una enmienda a la totalidad con alternativas, las que ustedes no ofrecen, porque sí que hay alternativa a la arbitrariedad, a la insostenibilidad y a los recortes. Solo necesitamos que pongan a la gente por encima
de los bancos, que escuchen a su pueblo en lugar de someterse a la troika. Por eso también les pido que den una oportunidad al debate parlamentario, que nos dejen tramitar las leyes de una forma tranquila, con un debate sereno y que incluso podamos
escuchar a la ciudadanía, a la sociedad civil, que vengan a esta Cámara, porque esta Cámara cada vez parece más a un búnker sometido al absolutismo de la mayoría absoluta.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Ortiz.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, señor ministro, subo por segunda vez esta tarde a la tribuna ahora defendiendo la enmienda a la totalidad presentada por mi grupo parlamentario al proyecto de ley por la que se establecen determinadas medidas en materia de
fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras. Como hemos repetido ya durante toda esta legislatura, señor ministro, no compartimos la política fiscal que está llevando a cabo el Gobierno en materia de incremento de
la presión fiscal. De nuevo el proyecto de ley incrementa impuestos. En lo que llevamos de legislatura su política tributaria se ha caracterizado por un incremento desmesurado en los impuestos. Recordemos que se han incrementado los tipos de
gravamen del IRPF, del impuesto sobre sociedades, del IVA, impuestos especiales y se han creado nuevos impuestos como por ejemplo el que grava la energía.
El presente proyecto de ley, más allá de titularse por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental, tiene de nuevo, creemos, una finalidad meramente recaudatoria a través del incremento de la presión
fiscal. El máximo aspecto medioambiental del proyecto de ley es la creación de un nuevo impuesto sobre gases fluorados de efecto invernadero, el cual gravará la puesta en consumo de dichos gases, sin tener en cuenta que en algunos casos los
gravámenes impuestos suponen incrementos fiscales inasumibles para algunos de los sectores afectados, por ejemplo, el sector turístico, el comercio, la industria, el transporte e incluso algunas actividades farmacéuticas, entre otros. Creemos que
capacidad para avanzar en materia de fiscalidad medioambiental tenemos y mucha. Los datos de Eurostat así lo ponen de manifiesto. España se sitúa entre los últimos Estados miembros con relación al peso en la recaudación de los impuestos
medioambientales en el total de la recaudación fiscal. Por ello, existe capacidad para impulsar cambios legislativos en materia tributaria medioambiental. Lo que pasa es que no se hace.
Frente a esta situación, la única medida que contiene el proyecto de ley es la creación de un nuevo impuesto sobre gases fluorados, que además, como se configura en el texto, es poco equiparable con la legislación comparada. La regulación
en relación con el impuesto sobre dichos gases tendría sentido siempre y cuando todos los Estados miembros de la Unión Europea aplicaran las mismas medidas, cosa que en la actualidad no se hace. Por tanto, en la medida en que puede colocar a esos
sectores industriales a los que me refería antes en una posición aislada y menos competitiva que el resto de los países de la Unión Europea, no nos parece bueno. Otro ejemplo de esta vorágine recaudatoria es que el proyecto de ley prorroga para los
años 2014 y 2015 los incrementos en los tipos de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles, ya incrementados, recordemos, con carácter provisional para los años 2012 y 2013.
Señorías, la política fiscal no puede exprimirse imponiendo más gravámenes de manera generalizada al consumo, a la inversión, al ahorro y a la producción como se ha hecho y se está haciendo. Es preciso que la política fiscal también tenga
por objeto la recuperación del crecimiento económico y la creación de empleo. En nuestro grupo parlamentario defendemos la necesidad de incorporar a nuestro ordenamiento mecanismos orientados a impulsar un marco fiscal de acuerdo con la actividad
económica y la economía
productiva. El marco fiscal es el instrumento que debe utilizarse para ello y es uno de los instrumentos en manos del Gobierno del Estado que no se está utilizando directamente para reactivar la economía y para crear puestos de trabajo.
Con un aumento indiscriminado de impuestos como el que estamos viviendo en esta legislatura, difícilmente recuperaremos la confianza para que exista inversión y se pueda crear empleo.
Señorías, el proyecto de ley únicamente tiene de nuevo esta repetida finalidad recaudatoria sin más consideraciones. Además, la creación de este impuesto no es la única medida recaudatoria que incorpora el proyecto. Como decía el señor
ministro, se introducen modificaciones de importancia y de calado sobre el impuesto sobre sociedades. Se establece, por ejemplo, la no deducibilidad en la base imponible del impuesto sobre sociedades por las pérdidas sufridas por las filiales, se
impide que una sociedad pueda aflorar una pérdida en la transmisión de su sociedad participada, cuando con anterioridad se hayan percibido dividendos de la misma que han generado un ingreso en la sede de la matriz, entre otras medidas que en buena
parte afectan a actividades que afrontan en estos momentos procesos de internacionalización. Estas medidas, señorías, al final, ponen en peligro la internacionalización de nuestras empresas, colocándonos en peor situación que la existente en
nuestro entorno internacional más directo, y precisamente ahora, como así demuestran los datos que todos conocemos, cuando las medidas de impulso de la internacionalización de las empresas resultan imprescindibles para salir de la actual coyuntura
económica.
Las modificaciones que incorpora el proyecto de ley constituyen desincentivos a las actividades de internacionalización. Estamos convencidos, mi grupo está convencido de que existe margen para modificar el impuesto sobre sociedades
naturalmente, pero siempre que al mismo tiempo estas modificaciones que se implementen impulsen la inversión, impulsen la creación de empleo y la reactivación económica que necesitamos, y las medidas que contiene este proyecto de ley, el que estamos
debatiendo en esta materia, sobre el impuesto de sociedades no lo hacen, no impulsan la inversión, no impulsan la creación de empleo, no impulsan la reactivación económica. Y permitan que formule una pregunta muy sencilla, ¿para cuándo políticas
orientadas a apoyar la internacionalización de la economía productiva? Porque este proyecto de ley no lo hace.
En último lugar, para terminar, pero no por ello menos importante, existe una clara deslealtad institucional hacia el conjunto de las administraciones públicas, especialmente con las comunidades autónomas, antes un portavoz también se
refería a ello. Todas las subidas de impuestos promovidas por el Gobierno han ido dirigidas exclusivamente a mejorar las finanzas de la Administración General del Estado, procurando además que la recaudación de las comunidades autónomas no
aumentase. Ello ha revertido en una reducción de la demanda, en una agudización de la crisis y en una reducción de la recaudación de las comunidades autónomas, sin que el Estado además compense a las comunidades autónomas por ello, por aquellos
impuestos que son de las comunidades autónomas. Son diversas además las modificaciones fiscales que afectan a la minoración de los ingresos de las comunidades autónomas, ahora de nuevo por ejemplo el proyecto de ley introduce un nuevo supuesto de
exención en el impuesto especial sobre determinados medios de transporte, al que se refería el señor ministro, que comportará una pérdida de recaudación para las comunidades autónomas, lo mismo que sucede con la novación de préstamos hipotecarios en
que el Sareb sea acreedor, ya que se le exime del impuesto de actos jurídicos documentados, que recaudan las comunidades autónomas. Como decía de nuevo se conculca el principio de lealtad institucional, principio previsto en la Ley orgánica de
financiación de las comunidades autónomas, sin establecer los mecanismos de valoración que garanticen que las normas estatales que supongan reducción de los ingresos para las comunidades autónomas sean compensadas por parte del Estado. El Gobierno,
repito, a lo largo de esta legislatura ha incrementado impuestos y las comunidades autónomas no han participado en este incremento de impuestos, algunos de los cuales los tienen cedidos las comunidades autónomas. El Gobierno acuerda medidas que
reducen los ingresos tributarios a las comunidades autónomas y no las compensan por esta pérdida.
Recuerden, señorías, que nuestro grupo presentó hace unos meses una proposición de ley sobre medidas para garantizar la efectiva participación de las comunidades autónomas en los aumentos de recaudación de los impuestos parcialmente cedidos,
proposición de ley que la mayoría de la Cámara no apoyó. Esta iniciativa preveía que si el Estado modificaba los tipos impositivos o la regulación de impuestos, en cuya recaudación participaban las comunidades autónomas, los incrementos o
decrementos de recaudación serían compensados en el mismo importe por una disminución o en su caso incremento en el Fondo de suficiencia, como materialización del repetido principio de lealtad
institucional, principio -recuerdo otra vez- establecido en la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas.
En resumen, y para finalizar, por todo ello y vistas las medidas incluidas en el proyecto de ley, que tienen un afán meramente recaudatorio a favor de la Administración General del Estado, que el proyecto de ley no contiene elementos
esenciales para el crecimiento y la creación de empleo, que el proyecto de ley, tercera razón, olvida el principio de lealtad institucional previsto por la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, nuestro grupo parlamentario ha
presentado la enmienda de totalidad para su devolución al Gobierno.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Picó.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. El señor Azpiazu, del Grupo Vasco, no está presente. Por tanto por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Muchas gracias, señora presidenta.
Tengo que confesar a la Cámara que las intervenciones del señor ministro de Hacienda me producen cada vez mayor confusión y mayor perplejidad, y supongo que lo mismo le sucederá a muchos ciudadanos, porque viene una y otra vez a la Cámara,
cada vez más crecido, anunciando no ya la salida de la crisis, sino que prácticamente somos el pasmo de occidente, y a continuación nos dice que en consecuencia tiene una nueva ocurrencia de subida de impuestos o de prolongación de los impuestos
existentes. Me resulta difícil compaginar ese mensaje de equilibrio presupuestario prácticamente alcanzado y las medidas que a continuación nos propone, a no ser que prevea un crecimiento tan fuerte que esté intentando que la economía no se
recaliente; es la única forma que se me ocurre de compaginar las dos cosas.
Mi grupo, Unión Progreso y Democracia, puede compartir alguno de los objetivos que se manifiestan en este proyecto de ley. Nosotros también somos partidarios del equilibrio presupuestario a lo largo del ciclo, de la necesidad de una
imposición medioambiental, y de modificar, de reformar las deducciones que hay en nuestro país, y particularmente en el impuesto sobre sociedades. De lo que estamos en contra es de la forma en que esto se está haciendo, de la forma improvisada,
caótica y a golpe de urgencia recaudatoria en que esto se está haciendo, así como de la inseguridad jurídica que está creando en nuestro país para empresas y para familias. Este texto es un nuevo ejemplo de esa práctica reiterada. En primer lugar,
hay unas medidas de imposición medioambiental que aparecen en el título de manera prominente, como si fuese el núcleo de lo que aquí se nos trae. Seguramente habría acuerdo en la Cámara, nosotros participaríamos de él, sobre la necesidad de una
reforma fiscal verde en nuestro país, pero lo único que aquí se trae es una medida muy concreta, de poco calado, y no se trae nada de lo que sería esencial, que es reorientar los impuestos ya existentes según esta filosofía de imposición
medioambiental, algo necesario en la reforma fiscal. Por otro lado, se anticipan ya cosas de esa reforma fiscal cuando los expertos que el Gobierno ha nombrado todavía no han informado sobre cómo debería ser. Debe ser que el señor ministro conoce
ya sus conclusiones, porque nos dice que está anticipando medidas para la reforma fiscal sobre la que hay un grupo de expertos que todavía no ha dicho nada, un grupo de expertos nombrado directamente por él.
Un segundo bloque de medidas tiene que ver con el impuesto sobre sociedades. El desbarajuste que hay en este impuesto es muy preocupante de cara a la posibilidad de inversión en nuestro país. Aquí hay una serie de medidas que se anunciaron
como temporales y que ahora se prorrogan. Es cierto el viejo dicho que hay en España de que nada hay más permanente en nuestro país que las medidas que nacen con carácter temporal: el incremento de pagos a cuenta se prorroga, la compensación de
bases imponibles negativas se prorroga para 2014-2015, todo lo que era temporal se va convirtiendo en permanente. A esto se añade una nueva ocurrencia, que es limitar la deducción de pérdidas en el exterior. Nosotros compartimos que el régimen de
deducción hasta ahora era demasiado permisivo, pero con el típico efecto péndulo de este Gobierno se va de ese régimen tan permisivo a uno en el que se prohíbe de forma generalizada este tipo de deducciones. No se intenta lograr el objetivo que se
dice, que es evitar la doble deducibilidad, sino que se suprime de forma generalizada, algo que va en contra de uno de los supuestos lemas de este Gobierno: fomentar la internacionalización de nuestra economía, fomentar la internacionalización de
nuestras empresas, que es una de las palancas que ayudan a fomentar las exportaciones.
Un tercer bloque de medidas tiene que ver con la imposición local. Aquí de nuevo hay prórrogas de recargos temporales, la subida del impuesto sobre bienes inmuebles se prorroga para el año 2014-2015;
lo temporal se va convirtiendo en definitivo, hasta que lleguen las elecciones y unos meses antes se baje alguna de estas cosas evidentemente. Y se añade algo a lo que no han hecho referencia los otros grupos, pero que para mi grupo es
importante, y sobre lo que quiero llamar especialmente la atención, que es la introducción de bonificaciones discrecionales en una serie de impuestos locales. Ya se hizo en el pasado para el IBI, el impuesto de actividades económicas y el impuesto
de construcciones, añadiéndose ahora el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos. Para que todos nos entendamos lo que se permite aquí es que un ayuntamiento perdone estos impuestos a una empresa si considera que así conviene, por
razones muy genéricas, ya sean de interés social, de interés cultural o de fomento del empleo. Creemos que este es un precedente muy peligroso. Nos alegra que esto conste en el 'Diario de Sesiones' porque estamos seguros de que dentro de meses,
como mucho años, habrá casos en que en muchos ayuntamientos se abuse de esta práctica. Recuerdo una conversación con un catedrático de hacienda en la universidad en que yo le elogiaba, y le sigo elogiando, definiendo los ayuntamientos como una
administración muy cercana a los ciudadanos, y él me dijo una frase que nunca olvidaré en el sentido de que son una institución tan cercana a los ciudadanos que a veces pueden distinguir si uno de esos ciudadanos es su primo, es su sobrino o es su
hermano. Dejar que un ayuntamiento perdone los impuestos locales a una empresa porque fomenta el empleo -qué empresa no fomenta el empleo- es dejar una puerta abierta a la arbitrariedad, a la discrecionalidad, al abuso, y veremos si no a la
corrupción.
Por último, hay otro bloque de medidas que constituyen la guinda de este proyecto de ley, porque no es cierto, señorías, como muchos ciudadanos piensan, que el Gobierno no esté dispuesto a bajar los impuestos. Aquí hay dos bajadas de
impuestos; una es a la Sareb, una empresa con mayoría de capital privado, a la que una y otra vez se le beneficia fiscalmente. Pero más revelador todavía es la otra bajada de impuestos, que es la relativa al alquiler de yates, que seguro que es
una gran prioridad de cara al verano que han pasado la mayoría de los habitantes de este país.
Señor ministro, por mucho que usted intente aparentar lo contrario, lo cierto es que a finales del mes de julio el déficit del Estado era el 4,38 % del PIB, una cifra que superaba el objetivo para todo el año, que era del 3,8. En julio
habíamos superado el objetivo para todo el año. Eso es lo que realmente explica lo que usted está haciendo, intentar hacer caja rápida y de forma caótica, al igual que en sus anteriores medidas fiscales. Esta es nuestra interpretación de este
proyecto de ley que en consecuencia intentaremos enmendar en Comisión, porque desde luego necesita ser profundamente enmendado.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Anchuelo.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Sánchez Pérez-Castejón.
El señor SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, usted ha dicho en su intervención que el Gobierno tiene que tomar medidas para afrontar un incremento fiscal y consolidar las cuentas públicas de nuestro país. Efectivamente a la luz de la lectura de este proyecto de ley
podemos decir que ustedes están planeando una subida discriminada -como siempre, es discriminada-, porque afecta a las clases medias, quienes sufren principalmente sus subidas de impuestos con arbitrariedades fiscales de las que este proyecto de ley
es un ejemplo elocuente. La verdad es que -y se ha dicho por parte de otros intervinientes en esta tribuna- no hay contradicción mayor que la de ver a un ministro decir, por un lado, que se está en el camino de la consolidación fiscal, de la
recuperación económica, y decir después que estamos tan bien que vamos a subir los impuestos de nuevo a los contribuyentes en nuestro país. Pero a falta de una reforma fiscal en profundidad, que es lo que le hemos solicitado y exigido desde nuestro
grupo parlamentario a lo largo de los últimos meses, lo que vamos a debatir es un nuevo remiendo a la política fiscal de este Gobierno que no va a resolver los tres principales problemas que nosotros siempre hemos dicho que tiene nuestro sistema
fiscal. Uno de ellos es la inestabilidad en la recaudación, el segundo es la insuficiencia de los ingresos públicos respecto de un gasto público que ya ustedes se empeñan en recortar sistemáticamente, y también la injusticia al no ser un sistema
fiscal progresivo, porque aquí no paga más quien más tiene. Además a este respecto el discurso del Gobierno es demoledor, porque lo que le dice a aquel contribuyente que paga es que va a tener que pagar más -y aquí vemos algunos ejemplos de ello-,
y a aquellos que no pagan impuestos el Gobierno les dice que no se preocupen porque ya actuará el señor ministro para rescatarlos con una amnistía fiscal.
Entrando en materia, usted, señor ministro, debería despejar una incógnita que ha planeado en este debate y que hemos visto a lo largo de los últimos días en algún medio de prensa escrita, y es si van a
utilizar este proyecto de ley para transformarlo en una ley de acompañamiento, introduciendo en el trámite de enmiendas nuevas y masivas subidas de impuestos a los contribuyentes españoles (El señor presidente ocupa la Presidencia), porque
si es así, señor Montoro -y míreme cuando me refiero a usted, señor Montoro-, si es así, usted estará hurtando el principal debate sobre este proyecto de ley en esta tarde a esta Cámara, y es si el objetivo último de este proyecto de ley es aumentar
la recaudación fiscal en 25.000 millones de euros vía enmiendas y vía subida masiva de impuestos, o la imposición medioambiental. Y mucho nos tememos, señor ministro, señorías, que después de escucharle no decir absolutamente nada al respecto
estemos ante una nueva subida de impuestos a lo largo de la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley.
Y sí voy a hacer alguna referencia, señor ministro, a su intervención. Porque, claro, escucharle decir que nuestra economía avanza hacia la consolidación fiscal, cuando tenemos un déficit público en torno al 9 % del PIB; cuando tenemos una
deuda pública que está por encima del 90 % del PIB, con unos incrementos de 400 millones de euros diarios de deuda pública desde que ustedes están gobernando. Hombre, a mí me parece que decir que estamos caminando hacia la consolidación fiscal,
señor ministro, señorías, es cuando menos un sarcasmo. Como sarcasmo es verles sacar pecho de lo bien que va el sector exterior, y acto seguido en este proyecto de ley lo que ustedes están haciendo es subir los impuestos a las empresas tractoras de
esta internacionalización. Como sarcasmo es escucharle decir que este proyecto de ley camina -o avanza, mejor dicho- hacia la equidad del sistema fiscal, y en cambio ustedes lo que hacen es, por un lado, prorrogar las subidas del IBI del año 2012
hasta el año 2015, y acto seguido extender las bonificaciones ya no solamente en el IBI o en el IAE que hicieron en el Real Decreto 12/2012, sino ampliarlo ahora al impuesto de valor de bienes de naturaleza urbana, como bien se ha recogido por parte
de otro interviniente. A lo que nosotros añadimos que esas extensiones fiscales, esas bonificaciones fiscales tienen nombres y apellidos, y son Adelson, Eurovegas, región de Madrid. Y a nosotros, señorías, nos parece que es un ejercicio de
arbitrariedad muy característico del actual Gobierno. Por tanto no diga lo que no es, señor ministro. Su política fiscal es todo lo contrario a lo que dicen defender. Desde luego no fomenta el crecimiento, sino que lo frena; no es justo con la
mayoría de los españoles, y lo que hace es privilegiar mediante regalos fiscales a colectivos ya privilegiados. ¿Porque qué explicación tiene si no la extensión de beneficios fiscales a yates o embarcaciones de recreo con unas esloras superiores a
los 15 metros de longitud? Porque la pérdida de recaudación, señorías, en un contexto de consolidación fiscal como en el que está la economía española, significará que de alguna manera las clases medias van a acabar pagando este tipo de regalos
fiscales, ya sea mediante subidas de impuestos o ya sea también mediante recortes en las políticas de bienestar que bien se empeñan ustedes diariamente en recortar.
Y ya el colmo, señorías, señor ministro, es escuchar hace dos semanas al presidente del Gobierno en una localidad gallega decir que en el año 2014 va a bajar los impuestos. Hombre, yo entiendo, señor ministro, que es difícil decirle al jefe
las verdades del barquero, pero sí habría que pedirle al señor Rajoy que se leyera al menos o se enterara de los dossieres que se aprueban en el Consejo de Ministros, porque ustedes en este proyecto de ley, señor ministro, no solamente están
subiendo los impuestos para 2013 y 2014, están subiendo los impuestos hasta 2015, prorrogando muchas de las subidas de impuestos que aprobaron en el Real Decreto 12/2012 y que hoy están consolidando sus subidas hasta el año 2015. Por lo tanto hacen
lo contrario a lo que dicen.
Y entrando en el asunto del impuesto de gases fluorados y en la fiscalidad ecológica, es lo que ha justificado que nosotros no presentemos una enmienda a la totalidad, porque queremos abrir este debate -que consideramos necesario, señor
ministro- de la fiscalidad ecológica en nuestro país. Pero, claro, ustedes le han cogido el gusto a esto de retorcer las palabras. Calificar este proyecto de ley como de medidas de fiscalidad medioambiental cuando solamente aprueban un impuesto
sobre gases fluorados, que a nuestro juicio está técnicamente mal diseñado, nos parece cuando menos una audacia. Porque, claro, algunas críticas que le hace la industria afectada deberían ustedes escucharlas. La primera de ellas es la falta de
interlocución, de que la industria agroalimentaria se haya enterado por la prensa o poco menos de la creación de este impuesto. Pero la segunda crítica es que la industria les dice, señor ministro: cuidado, porque el coste que implica la creación
de este impuesto puede fomentar o incentivar que la industria utilice otro tipo de gases, de técnicas de menor eficiencia energética, y en consecuencia a la larga se acabará contaminando más. Su impuesto de gases fluorados, señor ministro,
señorías, es un corta y pega del impuesto creado precisamente en Suecia hace ya unos cuantos años. En principio no es malo parecernos a Suecia, porque ya nos gustaría a nosotros parecernos al país nórdico en el Estado del bienestar o incluso
también en fiscalidad ambiental. Pero cuando hablamos de crear un impuesto sobre
las máquinas de refrigeración, que son las máquinas que principalmente emiten este tipo de gas HFC, es muy importante incluir cuestiones como las condiciones climáticas o las necesidades de refrigeración en el diseño de este impuesto, y por
tanto hacer un corta y pega sin tener en cuenta que las necesidades climáticas y las necesidades de refrigeración en un país y en otro -Suecia y España- son diametralmente distintas es condenar al fracaso este tipo de impuestos. Como tampoco
ustedes han previsto desde luego el impacto que va a tener en la industria la creación de este impuesto ni la reducción de las emisiones de CO2, que sí previó por cierto el Gobierno sueco hasta el año 2020, y que ustedes por supuesto no incluyen en
su memoria. Y en el colmo de su improvisación legislativa, señor ministro, si se fija en la memoria que ustedes enviaron a esta Cámara en relación con este proyecto de ley, y se va a la penúltima frase de esa memoria, en la última página, verá que
ustedes reconocen que el impacto medioambiental de este proyecto de ley es nulo, es cero. Así que ya nos gustaría a nosotros que ustedes siguieran la senda de países avanzados en materia de fiscalidad ambiental como Francia o como Suecia, y no
legislaran, como hacen ustedes en este caso, a golpe de improvisación.
Concluyo ya, señor presidente, diciendo dos cuestiones que me parecen importantes. La primera de ellas es que compartimos con otros grupos que han presentado enmiendas a la totalidad muchos de los argumentos sobre la política fiscal de este
Gobierno, pero consideramos importante abrir un debate en esta Cámara sobre la fiscalidad ambiental, sobre la necesidad de incorporar lo verde a nuestro sistema fiscal, y en ese sentido estamos dispuestos a abrir el debate, a debatir con ustedes e
incluso también a poder llegar a acuerdos, aunque lo vemos muy difícil en este asunto dado el texto de su proyecto de ley, pero sí queremos abrir ese debate. En segundo lugar, señor ministro, le pedimos que las cartas estén encima de la mesa, esto
es, que ustedes nos digan si van a utilizar este proyecto de ley como excusa de una ley de acompañamiento donde vayan a subir otros impuestos, como el IVA de nuevo, para recaudar 25.000 millones de euros en los próximos años y consolidar o
equilibrar las cuentas públicas, porque si esa es la alternativa, si ese es el objetivo y no el medioambiental, entonces estaremos ante dos cuestiones: por un lado, será una vuelta de tuerca más al bolsillo del contribuyente medio en nuestro país,
y en segundo lugar, habremos perdido una gran oportunidad para abrir de verdad un debate que necesita nuestro país y nuestro sistema fiscal, que es el de la fiscalidad ambiental. Así que, señor ministro, aclare esta cuestión. ¿Van a presentar
ustedes en el trámite de enmiendas nuevos impuestos, van a presentar nuevas subidas de impuestos, sí o no? Dígame sí o no, señor ministro, porque mucho me temo que estamos en la antesala de una nueva subida de impuestos. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez.
Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, se han presentado a este proyecto de ley tres enmiendas de totalidad por parte de CiU, BNG y La Izquierda Plural. Me gustaría destacar algunos de los aspectos que los distintos portavoces han resaltado para rebatir
algunos de los argumentos que justifican su rechazo a este proyecto de ley. En primer lugar, los grupos que representan a la izquierda parlamentaria o bien no se han leído las medidas que contiene este proyecto de ley o simplemente recurren como
siempre a los tópicos facilones, a los tópicos de eslogan para rechazar todo aquello que viene de un Gobierno del Partido Popular, porque, ¿cómo se puede decir en una enmienda de totalidad una cosa y la contraria? ¿Cómo se puede decir que se está
de acuerdo con gran parte de las medidas que contiene este proyecto de ley, y luego presentar una enmienda a la totalidad? Para justificarla, como les digo, recurren al eslogan fácil y demagógico de los ricos no pagan, las grandes empresas no pagan
impuestos, tenemos un sistema fiscal injusto. Es lo de siempre. Para remate ustedes, los abanderados del ecologismo, la izquierda parlamentaria, ni siquiera se han pronunciado a favor de un impuesto, el impuesto sobre los gases fluorados de efecto
invernadero, que es una medida para combatir precisamente el cambio climático y proteger el medio ambiente, en un intento de promover cambios del comportamiento y la búsqueda de alternativas menos contaminantes. Lo suyo desde luego en este
hemiciclo es puro teatro, como decía la canción.
Señorías, nuestro sistema fiscal se puede mejorar, claro que sí, y de hecho el Gobierno está en ello y hay una comisión de expertos que va a estudiar las posibles reformas fiscales; todo es mejorable en esta vida. Pero desde el minuto uno
de la llegada del Partido Popular al Gobierno se han estado adoptando medidas que avanzan en la justicia y que avanzan en la equidad de nuestro sistema fiscal para que paguen más aquellos que más tienen, y para que sean perseguidos con mayor
contundencia los defraudadores. (Rumores). Es verdad que este Gobierno ha tenido que adoptar medidas extraordinarias
y urgentes en materia de impuestos, no lo vamos a negar, claro que sí, pero también es verdad que han sido cuidadosamente elegidas para no perjudicar a las familias con menor poder adquisitivo, y esto es una realidad. Pese a lo que dicen,
las medidas tributarias del Gobierno del Partido Popular avanzan en la progresividad de nuestro sistema tributario... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdón, señora diputada. Por favor, ruego silencio. Las conversaciones no se pueden tener en el hemiciclo, vamos a oír a la diputada. Continúe, por favor.
La señora MADRAZO DÍEZ: Gracias, señor presidente.
¿No les parece avanzar en justicia de nuestro sistema fiscal que el gravamen complementario del IRPF implantado por el Gobierno lo paguen las rentas de mayor poder adquisitivo? ¿No es eso progresividad? ¿O introducir un gravamen progresivo
para las rentas de capital en el IRPF no es introducir justicia en nuestro sistema fiscal? ¿O prorrogar la vigencia del impuesto de patrimonio, o introducir la obligación de declarar rentas y bienes situados en el extranjero por primera vez en
España? Señorías, no se puede venir a este hemiciclo a contar las mismas patrañas de siempre porque la única verdad es que tenemos hoy, gracias al Gobierno del Partido Popular, un sistema fiscal que es más justo, que es más equitativo y que es más
eficaz en la lucha contra el fraude fiscal, porque se han tomado medidas para atajarlo.
Señorías, tengo que recordarles también que en el impuesto sobre sociedades la recaudación estaba en caída libre cuando llegamos al Gobierno; la recaudación del impuesto de sociedades se desplomó en un 64 % en años del Gobierno socialista,
cuyo portavoz critica las medidas adoptadas por este Gobierno, pero me gustaría que nos hubiera contado qué medidas adoptó el Gobierno que se autodenominaba de izquierdas para que las grandes empresas pagaran impuestos de manera justa. ¿Y qué ha
hecho el Gobierno del PP en cambio para recuperar esa recaudación? Sencillamente ha aumentado la tributación de las grandes empresas para bajar los impuestos a las pymes y a los autónomos.
Les voy a refrescar la memoria porque o no conocen o no se leen o no quieren estudiar las medidas que ha adoptado este Gobierno en materia de impuesto sobre sociedades. Se ha limitado la deducción del fondo de comercio, se ha limitado la
deducción de los gastos financieros, se ha limitado la compensación de las bases imponibles negativas, se ha limitado la libertad de amortización, se han aumentado los pagos fraccionados, y todo ello afecta fundamentalmente -y ustedes lo saben- a
los bolsillos de las grandes empresas, no de los pequeños empresarios ni de los autónomos. En este proyecto de ley que ustedes rechazan se avanza en esa misma línea, se prorrogan algunas de esas medidas, y se introducen otras que van destinadas
como digo principalmente a las grandes empresas, y hoy podemos decir aquí que gracias a las medidas fiscales adoptadas por el Gobierno del Partido Popular los ingresos impositivos se incrementaron en 2012 en 6.856 millones de euros, de los cuales
4.800 millones corresponden a recaudación del impuesto sobre sociedades, fundamentalmente de las grandes empresas, luego el mayor esfuerzo fiscal lo están haciendo las grandes empresas. Además el 20 % de los contribuyentes con rentas más altas han
pagado el 80 % del incremento en el IRPF. Sin embargo el Gobierno quiere aliviar la carga fiscal de las pymes y de los autónomos, y por eso ha aprobado ya en esta Cámara un proyecto de ley de emprendedores que contiene medidas como la implantación
del criterio de caja en el IVA o la tarifa plana de autónomos para los nuevos emprendedores, que son ya una realidad, y que sin duda ayudarán a estos pequeños empresarios a sacar adelante sus negocios.
Quisiera detenerme también unos minutos en los argumentos empleados por CiU en su enmienda de totalidad, porque acusan ustedes al Gobierno de tener afán recaudatorio, y no lo vamos a ocultar, saben ustedes perfectamente que es necesario
recaudar los impuestos, pero no para el Gobierno. Los impuestos son de todos y para todos; para mantener nuestros servicios públicos fundamentales, para mantener la educación, la sanidad y los servicios sociales. En eso sí estamos de acuerdo.
Está claro que lo que se persigue es recaudar más, es evidente, pero no es un capricho del Gobierno, sino para continuar en el importante proceso de consolidación fiscal porque, como ha señalado el ministro Montoro, España está saliendo de la crisis
económica gracias al esfuerzo sin precedentes que el Gobierno y el conjunto de las administraciones están haciendo para reducir nuestro déficit público.
Gracias a estas reformas del Gobierno y al esfuerzo de los ciudadanos, gracias a que la política, como decía el señor ministro, efectivamente transforma la economía y la realidad, la situación hoy es muy distinta y estamos a punto de
abandonar la recesión económica e iniciar el camino de la recuperación. Hasta el propio señor Rubalcaba -¡cómo será!- ha reconocido públicamente que la economía está hoy
mejor, lo ha reconocido públicamente. A esto, señorías, han contribuido medidas como las que contiene este proyecto de ley que hoy debatimos y al que ustedes han presentado una enmienda de devolución.
Señorías, voy terminando. En los últimos días diferentes organismos como la OCDE, Funcas o el G-20, por citar algunos de ellos, han mejorado ostensiblemente las previsiones de crecimiento para España. Datos para la esperanza se pueden
citar muchos, y ustedes los conocen, como los de la última EPA, la prima de riesgo, la Bolsa, los índices de confianza del consumidor, las exportaciones, los datos del sector turístico y una balanza de pagos positiva en los primeros seis meses de
este año. Datos para la esperanza, como les decía, señorías, hay muchos, pero el Gobierno va a continuar trabajando sin descanso para que esa esperanza llegue por fin y se perciba por muchas familias españolas que puedan ver cómo sus miembros
encuentran al fin trabajo y cómo sus hijos tienen mejores y más oportunidades de futuro de las que tenían cuando llegó al Gobierno el Partido Popular. En eso está el Partido Popular y desde el Partido Popular estamos convencidos de que vamos en la
buena dirección, el Gobierno va en la buena dirección para lograrlo y cuando superemos esta crisis España será un país completamente distinto, un país que crecerá sobre unas bases sólidas y saneadas, capaz de competir internacionalmente en mejores
condiciones que las actuales.
Por todo ello, señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a votar en contra de las enmiendas presentadas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Madrazo.
PROPUESTA DE CREACIÓN DE SUBCOMISIONES.
- PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN PARA EL ESTUDIO DE LAS MEJORES PRÁCTICAS, EL SEGUIMIENTO Y PROPUESTAS DE MEDIDAS PAR EL EMPLEO JUVENIL. (Número de expediente 158/000032).
El señor PRESIDENTE: El último punto es una propuesta de la Comisión de Empleo y Seguridad Social de creación de una subcomisión para el estudio de las mejores prácticas, el seguimiento y propuestas de medidas para el empleo juvenil.
¿Puedo interpretar que se aprueba por unanimidad? (Asentimiento).
Queda aprobada.
En unos minutos empezaremos a votar. (Pausa).
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL (Número de expediente 140/000013).
El señor PRESIDENTE: Señorías, como ya han declarado los portavoces de los grupos parlamentarios, quiero poner de manifiesto la más rotunda condena por el ataque a los asistentes al acto cívico de la celebración de la Diada en la sede de la
delegación de la Generalitat de Catalunya en Madrid, entre ellos varios diputados y diputadas de esta Cámara. Nuestra democracia es incompatible con actos violentos que vulneren la libertad de los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos).
Vamos a comenzar las votaciones. (La señora López i Chamosa pide la palabra).
Señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señor presidente, querría manifestar que en el debate de esta mañana del Decreto-ley 11/2013 mi grupo ha manifestado que íbamos a votar que no, pero como la ministra nos ha hecho la oferta de tramitarlo como
proyecto de ley -lo que es una demostración de buena voluntad- vaya nuestra voluntad cambiando de voto y vamos a abstenernos. Esperemos que con este cambio no nos veamos defraudados. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora diputada.
Ruego silencio.
Vamos a votar las mociones que se debatieron el miércoles.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA NECESIDAD DE ARTICULAR UNA ESTRATEGIA GLOBAL PARA EL EMPLEO DE LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS DE MÁS EDAD. (Número de expediente 173/000098).
El señor PRESIDENTE: Moción consecuencia de interpelación del Grupo Catalán de Convergència i Unió sobre la necesidad de articular una estrategia global para el empleo de los trabajadores y las trabajadoras de más edad. Se vota en los
términos de la enmienda transaccional presentada por los Grupos Parlamentario de La Izquierda Plural y Socialista a este texto de Convergència i Unió.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 142; en contra, 173.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA IMPULSAR EL SECTOR INDUSTRIAL Y EVITAR EL CIERRE DE MILES DE EMPRESAS. (Número de expediente 173/000099).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Socialista sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para impulsar el sector industrial y evitar el cierre de miles de empresas. Se vota con la incorporación de la enmienda del Grupo de La
Izquierda Plural.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 128; en contra, 175; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN).
- REAL DECRETO-LEY 11/2013, DE 2 DE AGOSTO, PARA LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL Y OTRAS MEDIDAS URGENTES EN EL ORDEN ECONÓMICO Y SOCIAL. (Número de expediente 130/000041.)
El señor PRESIDENTE: Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social. A este real decreto se han presentado tres votos telemáticos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314, más 3 votos telemáticos, 317; a favor, 190, más 1 voto telemático, 191; en contra, 13, más 2 votos telemáticos, 15; abstenciones, 111.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Se va a votar ahora su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315, más 3 votos telemáticos, 318; a favor, 314, más 3 votos telemáticos, 317; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN).
- PROYECTO DE LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO. (Número de expediente 121/000019).
El señor PRESIDENTE: Dictámenes. Proyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Empezamos con las enmiendas del Grupo Mixto, de la señora Barkos. Votación en bloque de las enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 22; en contra, 174; abstenciones, 119.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Baldoví. En primer lugar, enmienda número 30.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 31; en contra, 174; abstenciones, 110.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del señor Baldoví.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 21; en contra, 174; abstenciones, 120.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas de la señora Fernández Davila. En primer lugar, enmiendas 191 y 192.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 27; en contra, 180; abstenciones, 108.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas de la señora Fernández.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 22; en contra, 176; abstenciones, 117.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Bosch. En primer lugar, enmiendas 123 a 158, 160 a 169 y 178.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 26; en contra, 183; abstenciones, 106.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del señor Bosch.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 22; en contra, 177; abstenciones, 116.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Larreina. Votación en bloque de todas sus enmiendas.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 314; a favor, 16; en contra, 181; abstenciones, 117.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. En primer lugar, enmienda 362.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 314; a favor, 28; en contra, 176; abstenciones, 110.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas de UPyD.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 19, en contra, 175; abstenciones, 120.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas de La Izquierda Plural. En primer lugar, enmienda 259.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 31; en contra, 174; abstenciones, 107.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas de La Izquierda Plural.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 312; a favor, 22; en contra, 174; abstenciones, 116.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Se votan en bloque.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 33; en contra, 178; abstenciones, 104.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, enmienda 505.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 135; en contra, 172; abstenciones, 8.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313; a favor, 120; en contra, 172; abstenciones, 21.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Vamos a votar ahora el dictamen. En primer lugar, votamos una serie de artículos que comienzan con el artículo 11, nuevo artículo 14, y termina con la disposición final octava, nueva sexta.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 180; en contra, 131; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votamos ahora el artículo 25, que es el nuevo artículo 28.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314; a favor, 176; en contra, 137; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votación del resto de artículos del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 190; en contra, 123; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados. (Aplausos).
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN).
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS FUERZAS ARMADAS. (Número de expediente 121/000047).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación conjunta de las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia y el señor Tardà al proyecto
de ley orgánica de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. Hay tres votos emitidos telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 313, más 3 votos telemáticos, 316; a favor, 22; en contra, 175, más 1 voto telemático, 176; abstenciones, 116, más 2 votos telemáticos, 118.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CREACIÓN DE LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL. (Número de expediente 121/000053).
El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley orgánica de creación de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal. En primer lugar, vamos a votar las enmiendas de devolución presentadas por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, el
Grupo Parlamentario Vasco (PNV), el Grupo Parlamentario Mixto (señora Fernández Davila y señor Tardà) y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Han sido emitidos tres votos telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315, más 3 votos telemáticos, 318; a favor, 135; en contra, 174, más 3 votos telemáticos, 177; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora la enmienda de texto alternativo a este mismo proyecto de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Han sido emitidos tres votos telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314, más 3 votos telemáticos, 317; a favor, 113, más 2 votos telemáticos, 115; en contra, 175, más 1 voto telemático, 176; abstenciones, 26.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE ESTABLECEN DETERMINADAS MEDIDAS EN MATERIA DE FISCALIDAD MEDIOAMBIENTAL Y SE ADOPTAN OTRAS MEDIDAS TRIBUTARIAS Y FINANCIERAS. (Número de expediente 121/000054).
El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley por el que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras. Vamos a votar conjuntamente las enmiendas a la totalidad de
devolución presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y por el Grupo Parlamentario Mixto, señora Fernández Davila. Hay tres votos emitidos telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315, más 3 votos telemáticos, 318; a favor, 26; en contra, 175, más 1 voto telemático, 176; abstenciones, 114, más 2 votos telemáticos, 116.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos ahora la enmienda de texto alternativo presentada por La Izquierda Plural. Se han emitido también 3 votos telemáticos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 314, más 3 votos telemáticos, 317; a favor, 11; en contra, 179, más 1 voto telemático, 180; abstenciones, 124, más 2 votos telemáticos, 126.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se levanta la sesión.
Eran las seis y cinco minutos de la tarde.