Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 130, de 17/07/2013
cve: DSCD-10-PL-130
PDF
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 130
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 123 (Sesión extraordinaria)
Celebrada el miércoles,
17 de julio de 2013
Página
ORDEN DEL DÍA:
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 52-1, de 3 de julio de 2013. (Número de expediente 121/000052) ... (Página5)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación. (BOE núm. 155, de 29 de junio de 2013). (Corrección de errores en
BOE, núm. 166, de 12 de julio de 2013). (Número de expediente 130/000037) ... (Página30)
- Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros. (BOE núm. 155, de 29 de junio de 2013). (Corrección de errores
en BOE, núm. 166, de 12 de julio de 2013). (Número de expediente 130/000038) ... (Página43)
- Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. (BOE núm. 167, de 13 de julio de 2013). (Número de expediente 130/000039) ...
Enmiendas del Senado:
- Proyecto de ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (procedente del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 43-1, de 22 de
marzo de 2013. (Corrección de error en 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 43-2, de 5 de abril de 2013). (Número de expediente 121/000043) ... (Página80)
- Proyecto de ley por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español las directivas 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2010, sobre farmacovigilancia, y 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal, y se modifica la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 46-1, de 6 de mayo de 2013. (Número de expediente 121/000046) ... (Página84)
- Proyecto de ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 37-1, de 15 de febrero de 2013. (Número de expediente 121/000037) ...
- Proyecto de ley de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 38-1, de 15 de febrero de 2013. (Número de expediente
121/000038) ... (Página94)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página97)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página97)
Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página98)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
Página
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página5)
Página
Proyecto de ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización ... (Página5)
El señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero), presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.
En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución y de texto alternativo, así como en turno de fijación de posiciones intervienen el señor Álvarez Sostres, la señora Fernández Davila, los señores Tardà i Coma y Larreina Valderrama,
del Grupo Parlamentario Mixto; Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
y Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia y Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Replican los señores Sánchez i Llibre y Tardà i Coma.
Página
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página30)
Página
Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación ... (Página30)
El señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Fernández Davila y los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Garzón Espinosa, del Grupo
Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Picó i Azanza, del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i Unió); Sánchez Pérez-Castejón, del Grupo Parlamentario Socialista y la señora Madrazo Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
Página
Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros ... (Página43)
El señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas (Montoro Romero) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda, la señora Oramas González-Moro y los señores Bosch i Pascual, del Grupo Parlamentario Mixto; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego,
del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora De las Heras Ladera, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; el señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i Unió); la señora
Aguilar Rivero, del Grupo Parlamentario Socialista y el señor Matarí Sáez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Página
Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico ... (Página59)
El señor ministro de Industria, Energía y Turismo (Soria López) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno en contra interviene el señor Segura Clavell, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Pérez Fernández y Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de
Unión Progreso y Democracia; la señora Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; el señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i Unió) y el señor Erias Rey, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Página
Enmiendas del Senado ... (Página80)
Página
Proyecto de ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (procedente del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero) ... (Página80)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Cuadra Lasarte, del Grupo Parlamentario Mixto; Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA,
CHA: La Izquierda Plural; Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i Unió); las señoras Lucio Carrasco, del Grupo Parlamentario Socialista y Álvarez-Arenas Cisneros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Página
Proyecto de ley por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español las directivas 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2010, sobre farmacovigilancia, y 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 8 de junio de 2011, sobre prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal, y se modifica la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios ...
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; las señoras Tarruella Tomàs, del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i Unió); Martín
González, del Grupo Parlamentario Socialista y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Página
Proyecto de ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria ... (Página87)
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Fernández Davila y Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cantó García del Moral, del Grupo
Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Solsona Aixalà, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Alonso Núñez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Interviene en el debate el señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Arias Cañete).
Replica el señor Alonso Núñez y duplica el señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Finaliza el turno de fijación de posiciones con la intervención del señor Pérez Lapazarán, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Página
Proyecto de ley de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario ... (Página94)
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Solsona Aixalà, del Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i Unió) y Sicilia Alférez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Interviene en el debate el señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Arias Cañete).
Finaliza el turno de fijación de posiciones con la intervención del señor Serrano Calurano, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Página
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página97)
Sometidas a votación las enmiendas a la totalidad de devolución y de texto alternativo al proyecto de ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, se rechazan por 120 votos a favor, 195 en contra y 5 abstenciones.
Página
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página97)
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación, se aprueba por 182 votos a favor,
133 en contra y 5 abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 138 votos a favor y 180 en contra.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros, se aprueba por 196 votos a
favor, 17 en contra y 106 abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley, se rechaza por 138 votos a favor y 180 en contra.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico, se aprueba por 180 votos a favor y 138 en contra.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley, se rechaza por 135 votos a favor y 180 en contra.
Página
Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página98)
Sometidas a votación las diferentes enmiendas del Senado al proyecto de ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (proecedente del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero), son
aprobadas todas.
Sometidas a votación las distintas enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español las directivas 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2010, sobre
farmacovigilancia, y 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2011, sobre prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal, y se modifica la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y
uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, son aprobadas todas.
Sometidas a votación las diferentes enmiendas del Senado al proyecto de ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, son aprobadas todas.
Sometidas a votación conjunta las enmiendas del Senado al proyecto de ley de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario, son aprobadas por 297 votos a favor y 6 abstenciones.
Se levanta la sesión a las seis y cincuenta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES Y SU INTERNACIONALIZACIÓN. (Número de expediente 121/000052).
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Comenzamos con el debate de totalidad del proyecto de ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
Para la presentación del proyecto de ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señor presidente, señorías, procede hoy la defensa por parte del Gobierno del proyecto de ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que vimos en
el pasado Consejo de Gobierno de 28 de junio. Tratamos con este proyecto de ley de seguir avanzando en el establecimiento de un entorno que promueva
en España la cultura emprendedora, así como la creación y desarrollo de proyectos empresariales generadores de empleo y de valores añadidos.
Las reformas estructurales que está desarrollando España, su economía, desde el comienzo mismo del año 2012, persiguen tres objetivos principales: dotar a España de la estabilidad macroeconómica tanto en términos de déficit público e
inflación como de equilibrio exterior; un balance de bases que realmente permita la salida de la crisis económica cuanto antes. También lo es recuperar el tejido de nuestro sector bancario constituyendo empresas financieras sólidas y solventes que
permitan canalizar el crédito hacia la inversión productiva; como lo es también lograr un alto grado de flexibilidad de forma que se consiga aumentar la competitividad de nuestra economía. A partir de este conjunto de actuaciones se están
superando algunos de los obstáculos fundamentales para la recuperación económica. Y como ya he tenido ocasión de describir desde esta tribuna, se está consiguiendo también en un tiempo récord.
En este planteamiento de política para la recuperación económica las pymes, los autónomos y los emprendedores constituyen uno de los principales motores para dinamizar la economía española y son la fuente más palpable de creación de empleo.
Durante los últimos años estos agentes económicos han sufrido como ningún otro las consecuencias de la crisis económica. Es por ello la hora de llevar adelante una mejora de su entorno laboral, fiscal, regulatorio y financiero que permita recuperar
su capacidad de adaptación a los cambios. Además a nadie le cabe duda de que estamos ante una necesidad objetiva de reestructuración de carácter estructural también en relación con sus condiciones de operatividad tanto jurídica como de fuentes de
financiación.
El marco regulatorio e institucional en el que se desenvuelven estas actividades empresariales resulta de esencial importancia para impulsar ganancias de productividad y optimizar los recursos. Por ello es imprescindible adoptar las medidas
adecuadas para potenciar y facilitar la iniciativa empresarial, especialmente en la coyuntura económica actual. El proyecto de ley desarrolla las condiciones para que por un lado se promueva y fomente la cultura emprendedora en las etapas
formativas. Algo básico, fundamental, es el área de nuestro conocimiento, que agilice y reduzca el coste de inicio de la actividad, permita a los emprendedores operar bajo nuevas figuras mercantiles menos costosas y más flexibles, establezca
medidas fiscales de apoyo a la liquidez, a la I+D, al crecimiento de la pyme vía reinversión de los beneficios y a la financiación de las pymes; arbitrar mecanismos flexibles para dar solución extrajudicial a las situaciones de insolvencia; crear
nuevos instrumentos para financiar la internacionalización; eliminar cargas en el ejercicio de la actividad; reducir obstáculos para acceder a la contratación pública; facilitar la entrada y permanencia en España de inversores emprendedores. Por
tanto, estamos ante un proyecto de ley realmente ambicioso que nos pone a la altura de los países de nuestro entorno, que obedece, responde a una demanda de los emprendedores actuales y que desde el Gobierno estamos convencidos de que será un arma
eficaz para reducir la duración de la crisis económica y volver cuanto antes a una senda de crecimiento económico.
Los objetivos del proyecto son fomento de la iniciativa emprendedora, facilidades para acceder a la financiación, apoyo al crecimiento y al desarrollo de los proyectos empresariales. A ese respecto abordamos en primer lugar la necesidad y
la oportunidad de que esté presente la cultura, la idea, del emprendimiento en nuestra educación, en nuestros estudiantes, en nuestros universitarios, en nuestros profesores, en términos también de garantizar la capacidad para que desde ahí nazca
esa iniciativa y esa cultura.
Lo es también en términos de emprendedor de responsabilidad limitada. El emprendedor es una figura, como decía, esencial en el desarrollo y en la creación de puestos de trabajo y por tanto la sociedad debe corresponderle flexibilizando el
marco jurídico a cumplir, limitando en algunos supuestos la responsabilidad y suavizando incluso las consecuencias que para el futuro pueda tener una experiencia negativa, una experiencia de fracaso, abriendo lo que se conoce como la segunda
oportunidad. El emprendedor de responsabilidad limitada es una figura gracias a la cual las personas físicas podrán evitar que la responsabilidad derivada de sus deudas empresariales afecte a su vivienda habitual, bajo determinadas condiciones. No
cabe duda de que esta cierta seguridad que se proporciona al emprendedor puede estimular el inicio de la actividad, sabiendo que con su iniciativa no pone en juego su propia vivienda. Esta limitación no impide que el emprendedor ofrezca su vivienda
en garantía, lo que impide es que pueda ser embargada por obligaciones personales que se deriven de su actividad empresarial, evitando por tanto que el riesgo empresarial afecte o llegue al núcleo de su familia.
Se exigen también una serie de trámites registrales para el emprendedor de responsabilidad limitada, que es lo que tratamos de agilizar, y se establece la limitación de 300.000 euros para la vivienda habitual, de manera que se proteja la
vivienda habitual hasta un valor limitado sin que esa protección alcance a
viviendas de carácter suntuario. La limitación no se extiende a obligaciones no profesionales o empresariales ni a los créditos de derecho público. Se trata de incentivar la actividad emprendedora diferenciando de alguna manera la
responsabilidad de las obligaciones generadas en el ámbito de esa actividad de las derivadas de actividades de consumo u otras de carácter particular. En cuanto a los créditos de derecho público que acabo de citar deben seguir teniendo una razón,
un beneficio si se quiere o una circunstancia especial, puesto que así ocurre en cualquier procedimiento extrajudicial de pagos.
También la figura de la sociedad limitada de formación sucesiva, en su nuevo subtipo de sociedad sin capital mínimo, responde a la necesidad de abaratar y facilitar la constitución de una sociedad. Medidas para agilizar el inicio de la
actividad emprendedora serían la creación de los puntos, la atención al emprendedor, concebidos para realizar todos y cada uno de los trámites para el inicio, ejercicio y cese de la actividad. Se trata de que se facilite el rápido inicio de las
operaciones, por ejemplo la constitución de sociedades limitadas sin estatutos tipo donde se introduce una fase inicial muy rápida con inscripción en seis horas de los datos esenciales de la sociedad y una segunda fase en el plazo normal de
calificación para posibilitar la de los estatutos, que al no ser estatutos tipo deberán ser analizados con detenimiento por el registrador. O por ejemplo, en el caso de emprendedor de responsabilidad limitada se ha prescindido de la escritura
pública porque a diferencia de la constitución de una sociedad no precisa de una voluntad fundacional distinta de los fundadores.
El acuerdo judicial de pagos es un mecanismo que entendemos imprescindible, también asimilable a lo que existe en los países de nuestro entorno, ya que hace que en las situaciones económicas como las actuales, con una cultura más propicia al
emprendimiento, podamos garantizar que el fracaso no culmine, no cause un empobrecimiento y una frustración tales que inhiban al empresario de comenzar un nuevo proyecto y pase a ser un medio para aprender y progresar. Se trata, como decía, de
mantener vivo el espíritu del emprendedor aun en circunstancias adversas donde se haya podido establecer ese fracaso. Se establecen límites y requisitos para quienes pueden utilizar este procedimiento, y vuelvo a insistir en la importancia que
tiene que los créditos de derecho público mantengan también una posición de beneficio frente a otro tipo de créditos. Este acuerdo extrajudicial debe alcanzarse en un plazo de dos meses desde la aceptación del cargo por parte del mediador; es un
plazo que entendemos muy razonable puesto que las excesivas dilaciones no hacen sino disuadir a los deudores de la utilización de este procedimiento.
Paso a las medidas de apoyo fiscales y de Seguridad Social, puesto que esta es una norma de muy alto contenido en este aspecto y además es una norma programática, es una norma del programa político en materia económica del Partido Popular, y
es también el desarrollo concreto de normas tributarias. A partir de ello podemos decir que estamos desarrollando plenamente nuestro programa tributario, en primer lugar con la introducción de ese compromiso electoral firme con nuestros electores
que fue la implantación en España del IVA de caja. El IVA de caja es una gran demanda de nuestros emprendedores, de nuestras empresas, es una gran demanda puesto que en una crisis como la que atravesamos -una crisis de raíz financiera- los
emprendedores no deben adelantar a la Hacienda pública en el pago de sus ingresos tributarios lo que para ellos no es todavía fruto de liquidez de entrada o de ingreso. Por tanto, la implantación de ese IVA de caja evita ingresar el IVA hasta que
se cobre la factura. España se incorpora con esta norma a los países más avanzados de nuestro entorno. Lo hacemos porque planteamos un umbral de beneficiarios, el más ambicioso y el que se permite en esos límites en la Unión Europea, me refiero al
vigente en países como Austria e Italia, que implantaron esa medida el 1 de enero del año 2013 con el umbral -que es el umbral que proponemos a la Cámara- de 2 millones de euros. Otros países también europeos, dentro y fuera del euro, tienen este
sistema implantado pero lo tienen para umbrales claramente inferiores.
Seguimos, como no puede ser de otra manera, los contenidos de la directiva en materia de IVA, que permite establecer este régimen con carácter optativo para aquellas pymes con un volumen de negocios inferior a 2 millones de euros, y lo
hacemos con el sistema que se conoce como IVA de doble caja, de modo que el IVA repercutido en las ventas sea exigible en el momento del cobro total o parcial de la factura y el derecho de deducción del IVA soportado en las compras nazca en el
momento del pago al proveedor para evitar incentivar el retraso del cumplimiento de las obligaciones comerciales. Por tanto, el sentido de este IVA de caja doble es por un lado, como decía, que no se produzca anticipo financiero alguno por parte
del emprendedor para la Hacienda pública pero al mismo tiempo que se garantice que el emprendedor está haciendo frente al pago de sus proveedores. De tal forma que estamos luchando de una manera muy eficaz contra la morosidad dondequiera que se
presente en la cadena mercantil. Se sustituye por tanto el tradicional criterio de devengo por el de cobro y pago para todas las operaciones de la pyme; únicamente
se excluyen por razones técnicas operaciones intracomunitarias, importaciones u operaciones sometidas a otros regímenes especiales. Además los clientes de la pyme acogidos al régimen de caja deberán utilizar el criterio de caja respecto a
las operaciones realizadas con ella. Por tanto, decía, estamos ante uno de los mayores avances que podemos proponer en estos momentos a la sociedad española, a los autónomos, a la pequeña y mediana empresa en materia tributaria teniendo en cuenta
que -con independencia de que reglamentariamente desarrollaremos las obligaciones formales- la implantación de esta medida estimamos que producirá unos menores ingresos para la Hacienda pública del orden de 983 millones de euros para el año 2014, es
decir, casi 1.000 millones de euros menos, pero que se recuperarán en 2015. Ello significa que serán 1.000 millones de euros que irán a la liquidez de pymes y autónomos, que de otra manera habrían venido obligados a financiar anticipadamente a la
Hacienda pública. Estimamos también que gracias a esta medida se beneficiarán 1.300.000 personas físicas, autónomos y más de un millón de pequeñas y medianas empresas.
Otra medida fiscal relevante es la deducción por inversión para beneficios. Tratamos con esta medida de capitalizar a las empresas, de que utilicen los recursos propios para generar nuevas inversiones. Esa capitalización empresarial y la
inversión de activos nuevos tangibles afectos a actividades económicas es lo que se devengaría del establecimiento de una deducción por inversión de beneficios para empresas de reducida dimensión. Es un incentivo también comprometido en el programa
electoral con el que concurrió el Partido Popular a las últimas elecciones. Es una modificación de la Ley del impuesto sobre sociedades que permitiría utilizar hasta el 10 % de los beneficios en las nuevas inversiones empresariales y lo haría para
las empresas de reducida dimensión, entendiendo como tales a empresas con importe neto de las cifras de negocio inferior a 10 millones de euros. El incentivo consiste, como decía, en esa reinversión del 10 %; por tanto, estamos hablando de una
categoría de incentivo muy superior a las hoy existentes que, como sus señorías conocen, consisten fundamentalmente en la deducción por reinversión en el negocio de los resultados por venta de activos. Ahora, evidentemente, estaríamos hablando de
utilizar la nueva fuente de financiación para la adquisición de nuevos activos, elementos nuevos de inmovilizado material o inversiones inmobiliarias afectas a la actividad económica. La implantación de esta medida tendría un coste para la Hacienda
pública para el año 2014 de 624 millones de euros. De ellos, 547 millones se corresponderían al impuesto sobre sociedades y 77 millones al impuesto sobre la renta y podrían beneficiarse 200.000 personas físicas y 185.000 sociedades de reducida
dimensión.
Incentivos fiscales también importantes son los que se corresponden a la I+D. Tratamos de favorecer las actividades de investigación y desarrollo manteniendo, por supuesto, el potente incentivo fiscal que actualmente se contempla y se
contiene en el impuesto sobre sociedades. Hoy tenemos los incentivos más generosos de los sistemas tributarios de la OCDE, pero ocurre que en la práctica muchas empresas no pueden utilizar realmente este incentivo. Lo que hacemos es proponer que
esas reducciones por gastos en inversiones en I+D podrán opcionalmente ser objeto de aplicación sin quedar sometidas a ningún límite en la cuota y resultar abonadas con un descuento conjunto del 20 % de su importe cuando no hayan podido aplicarse
por insuficiencia de cuota. Estamos garantizando la utilización de este beneficio fiscal. Con esta reforma todos aquellos que no podían aplicarse íntegramente la deducción por I+D pasarán a poder hacerlo, ya que se va a implantar un régimen de
devolución para recuperar el crédito fiscal que no se ha podido utilizar. Es importante significar que se trata del único incentivo fiscal del impuesto sobre sociedades que no estará condicionado a la existencia de cuota, de forma que, ante una
situación de beneficios de escasa cuantía o ausencia de los mismos, se anticipa el crédito fiscal garantizando su recuperación. Con esta figura entramos ya en esa forma de las imposiciones sobre la renta de carácter negativo. Los requisitos son
los que establecemos en el proyecto de ley y el impacto, el coste estimado de la implantación de la medida asciende a 427 millones de euros en el año 2015 y estimamos que con dicha medida se podrían beneficiar más de 4.000 empresas.
También dentro de este importante paquete de medidas fiscales está la ampliación del patent box, reducción de rentas procedentes de determinados activos intangibles, que son para las cesiones de activos intangibles que se realicen a partir
de la entrada en vigor de la ley, para lo que modificamos el régimen fiscal aplicable a las rentas procedentes de determinados activos intangibles con un doble objetivo: se amplía el ámbito de aplicación, de tal manera que se va a permitir la
reducción en la base imponible no solo para las entidades creadoras del activo, sino también para las que lo adquieren y posteriormente lo ceden para obtener ingresos, y se permite la aplicación del incentivo fiscal a las rentas generadas en la
transmisión de los activos intangibles. Estamos dotando de una mayor seguridad jurídica en su aplicación. Aquí realmente introducimos modificaciones en relación con los rangos actualmente
vigentes permitiendo que el porcentaje de integración en la base imponible de las rentas procedentes de esos usos o explotaciones de activos sea del 40 o 60 %, según los casos, sin límite cuantitativo; la integración de un 40 % tendrá lugar
cuando la entidad cedente haya creado los activos objeto de la cesión.
Otra de las figuras que también es una novedad para España en términos de lo que significa, de contenido, de espíritu, pero también de procedimiento abierto, es la introducción de lo que se llama inversores de proximidad, los business angels
o capital semilla, para las inversiones que se realicen a partir de la entrada en vigor de la ley. Ahí establecemos un nuevo incentivo fiscal en el IRPF con el objeto de favorecer la captación de empresas de nueva o reciente creación de fondos
propios procedentes de inversor de proximidad o de capital semilla, aquellos que solo estén interesados en aportar capital, pero los inversores de proximidad aportarían también sus conocimientos empresariales o profesionales, adecuados para el
desarrollo de la sociedad en la que invierten. Es un incentivo que se refiere a la persona física que está involucrada en ello, incentivo que se inspira en la comparativa internacional, de manera que consistiría en una doble bonificación fiscal:
con ocasión de inversión realizada, una deducción del 20 % en la cuenta estatal del IRPF, con un valor máximo de 20.000 euros anuales en la capacidad de deducción de la cuota, y, con ocasión de la posterior desinversión, exención total de la
ganancia patrimonial que se generase, siempre y cuando se reinvirtiera en otra entidad de nueva o reciente creación. También establecemos los requisitos que darían lugar a esos beneficios fiscales y una estimación inicial por la que podrían
beneficiarse de esta figura, de este incentivo del orden de unas 1.000 empresas en el primer año de su aplicación.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, tiene usted tiempo ilimitado como miembro del Gobierno, pero -como presidente se lo ruego- si lo reduce un poco, se lo agradeceremos.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Atenderé a su ruego, señor presidente. Ya sabe que mi criterio es no ser demasiado extenso, porque en esta tribuna no siempre se consiguen los fines que se
pretenden. Era por hacer un relato de esta ley realmente importante. (Risas y aplausos).
Decía que la reducción de la base de cotización de los trabajadores incluidos en el régimen especial de trabajadores autónomos en los casos de pluriactividad también es una demanda reclamada por las organizaciones de trabajadores autónomos,
que, ciertamente, están también pretendiéndola y demandándola.
Acabadas las figuras tributarias, me referiré a los avances en dos capítulos. En cuanto a los relativos a las medidas de apoyo a la financiación, lo que la ley pretende es actualizar el contenido de figuras como cédulas y bonos de
internacionalización para perfeccionar el marco regulatorio de esas cédulas de internacionalización y creación de un nuevo instrumento -los bonos de internacionalización- que añadan mayor flexibilidad a la emisión de títulos que tengan como
cobertura préstamos vinculados a la internacionalización de nuestras empresas. Hay diferencias sustanciales entre la propuesta que contiene este proyecto de ley en el campo de la emisión de cédulas de internacionalización y en el campo de los bonos
de internacionalización con los instrumentos financieros hoy disponibles para la internacionalización de nuestros emprendedores. Junto con medidas de simplificación de cargas administrativas -este es un punto absolutamente fundamental de la ley,
pero que estamos también acompañando con una reforma de la Administración pública que facilite el emprendimiento en España con menores cargas tributarias-, se contiene la propuesta de un registro oficial de licitadores y empresas clasificadas para
facilitar el acceso a los contratos públicos y también la competencia para esos contratos, al tener un mayor número de jugadores que concurren a ellos, así como la sustitución de la compleja documentación que hoy se requiere para acudir a esos
procedimientos de contratación, de manera que se sustituyen por una declaración responsable.
En lo que se refiere a otro capítulo de la ley, también es relevante destacar que tratamos de la internacionalización de la economía española. Las claves de la nueva regulación serían la concepción de la política de la inmigración como un
elemento de competitividad para favorecer que vengan nuevos inversores a España; inversores que hagan de esa inversión una fuente de riqueza y de creación de empleo para nuestro país. Estos inversores pueden ser de tres tipos: inversores
financieros, con los que pretendemos favorecer la entrada de capital en España; inversores inmobiliarios, punto fundamental puesto que el sector del turismo residencial es crucial para nuestro desarrollo económico, para la economía española, para
lo que exigiríamos 500.000 euros de inversión mínima para apostar también por un inversor de turismo residencial de calidad, e inversores en proyectos de interés general generadores de empleo.
Se trataría de inversores extranjeros que vayan a desarrollar la actividad emprendedora de carácter innovador con especial interés económico. Ese mecanismo pasaría por facilitar visados de residencia, autorización de residencia y atracción
de profesionales altamente cualificados, atracción de personal formado en I+D+i, investigadores, personal científico, técnico, profesores de universidad, escuelas de negocios, traslados intraempresariales, justificación de personal altamente
cualificado, de investigadores y movimientos intracorporativos.
Acabo, señor presidente, evocando la figura de uno de los mejores economistas, ya clásico como tal, al que se le atribuye, en la teoría económica, el énfasis en las teorías del espíritu emprendedor. Me refiero a Joseph Schumpeter, también
ministro de economía durante un tiempo en su país y después profesor universitario y autor de libros, de manuales que desarrollan lo que él denominaba espíritu emprendedor. Entre sus libros más conocidos están Business cycles y Capitalismo,
socialismo y democracia, donde desarrolla realmente la teoría de ese capitalismo creativo pero también como elemento regenerador de los tejidos productivos.
España es un país que está pletórico de emprendedores. España es uno de los grandes países de éxito y de desarrollo económico mundial en los últimos cincuenta años. España es un país que figura en los libros de la teoría del crecimiento
económico como uno de los países que en los últimos cincuenta años ha podido pasar desde los puestos más bajos del desarrollo económico -no ya en Europa sino en el mundo- en los años cincuenta, al final de nuestra Guerra Civil, a estar hoy en
términos de renta per capita en la media europea y eso solo ha sido posible por la capacidad de nuestros emprendedores. España es un país donde realmente se puede decir que existen esos emprendedores en cada uno de los puntos de nuestro territorio.
Con este proyecto de ley el Gobierno pretende favorecer su expansión, imitar su ejemplo, que lideren el crecimiento económico, la creación de empleo y la internacionalización de nuestro país. Por eso traemos este proyecto de ley a la Cámara con el
ánimo abierto para que pueda ser completado a través del trámite parlamentario en la relación con los demás grupos políticos. Es muy importante acertar en sus contenidos y no cabe duda de que lo haremos cuanto más abiertos seamos a los componentes
de esta propuesta que hace el Gobierno a los grupos parlamentarios. Por eso solicitamos el apoyo a este proyecto de ley, apoyo que debería iniciarse en el día de hoy con la retirada de las enmiendas a la totalidad presentadas, entendiendo que el
Gobierno está totalmente abierto a debatir y a tratar todos y cada uno de los puntos esenciales que he relatado. Lo estamos en términos de mejorar los incentivos fiscales, lo estamos en términos de mejorar la seguridad jurídica de ese emprendedor,
lo estamos en términos de mejorar los estímulos en el ámbito de las cotizaciones sociales, lo estamos en términos de favorecer la internacionalización de nuestros emprendedores. Creemos que esta ley cuando salga de las Cortes españolas, si está
completada por las aportaciones de los diferentes grupos, saldrá más completa, saldrá más fiable de lo que lo haría con la mayoría absoluta del Partido Popular. Por eso quiero insistirles en la idea de llevar adelante esa negociación, una
negociación constructiva, que es lo que la sociedad española está esperando de nosotros, que realmente coincidamos en términos, en claves políticas, sobre todo cuando estamos hablando de los resortes del crecimiento económico. Así pues, les animo a
que den su apoyo a este proyecto de ley que trae esta mañana el Gobierno y a que se produzca el gesto político -teniendo la seguridad y la garantía que desde el Gobierno y estoy seguro que desde el Grupo Parlamentario Popular, como tendremos ocasión
de escuchar, estaremos abiertos a esas sugerencias- de la retirada de esas enmiendas a la totalidad por parte de los grupos que las han presentado para buscar cuanto antes esa coincidencia y que la misma se manifieste a final de esta semana en forma
de enmiendas de carácter constructivo que trasladen seguridad y confianza a los emprendedores en España.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
A este proyecto de ley se han presentado siete enmiendas a la totalidad, seis de devolución y una -que creo que es de Convergència i Unió- de texto alternativo. Para la defensa de las enmiendas presentadas tiene la palabra, en primer lugar,
por el Grupo Mixto -en algún caso para la presentación de enmiendas y en otros para fijar posición-, el señor Álvarez.
El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, el proyecto de ley que estamos debatiendo, en primer lugar, es un compromiso electoral del Partido Popular que llega con el retraso de media legislatura, a pesar de haberse comprometido a que en los primeros cien
días de Gobierno se iba a sacar una ley para mimar a la pequeña y mediana
empresa con el único objetivo de crear empleo y que para ello bajarían la presión fiscal. Por fin se presenta, señor ministro, y no tenemos noticias de ninguna bajada de la presión fiscal ni viene acompañada de la circulación de crédito que
es imprescindible, porque este es, señor ministro, el gran problema: el escenario económico del crédito y la falta de inversiones públicas dinamizadoras que hace parecer que en realidad se está regulando no la pequeña empresa, no los emprendedores,
sino la parálisis.
En mayor o menor medida, casi todos los países avanzados han asumido la necesidad de apoyar a sus empresas medianas y pequeñas a través de sus emprendedores. Todas las medidas, en mi opinión, se pueden concretar en dos tipos: el fomento
del espíritu emprendedor, normalmente llamado push, estimulando el nacimiento, desarrollo y capacitación de emprendedores dentro del ámbito educativo, y las medidas tipo pull, que tratan del entorno jurídico, administrativo y económico para generar
competitividad y productividad. España se ha incorporado a esta acción política de fomento del emprendimiento en los diferentes ámbitos: local, educativo, laboral e industrial.
El proyecto tiene un innegable perfil optimista, porque parte del principio de que en tiempos de crisis siempre hay un pequeño hueco para que se den las condiciones para lograr una oportunidad de negocio. Esa oportunidad debe contar con la
creación de una nueva mentalidad de la sociedad española, que debe valorar más la actividad emprendedora, a la vez que sería interesante clarificar el bosque burocrático de acceso a la actividad económica, tanto en tiempo y economía de esfuerzos
como en ahorro económico a la hora de crear una empresa. Aun con las valoraciones positivas que podemos hacer en el ámbito de la tarifa plana de creación de incentivos fiscales durante los dos primeros años o del concepto de segunda oportunidad o
de la introducción del inversor tutor, el business angels, tiene, creemos, todo un tufillo de provisionalidad, de cierta complejidad que nos hace sentir ciertas dudas y recelos. Me refiero por ejemplo a la articulación de la universidad como
institución palanca de emprendedores, a cierta indefinición en la norma de la figura del emprendedor, a la exclusión de cooperativas y sociedades laborales o a la liquidación del IVA con criterio de caja, pero dejándolo todo para final de año. En
todo caso, singularmente visto desde la decadencia de Asturias, es precisa la dinamización de la actividad económica a través del crédito y de las inversiones públicas; son absolutamente necesarias. En definitiva, la ley mantiene muchos
interrogantes, como el propio CES se ha encargado de decirle, pero vamos a darle una oportunidad en el trámite parlamentario que usted también ha citado.
Termino, señor presidente. En todo caso era una de nuestras primeras prioridades en nuestro programa electoral. Foro se ha posicionado favorablemente en el ámbito del Parlamento asturiano con iniciativas de este tipo y no seremos un
obstáculo para esta iniciativa. Votaré negativamente por tanto las enmiendas a la totalidad presentadas al proyecto, aun sabiendo que sus lagunas, sus complejidades, sus indefiniciones y el contexto de restricción crediticia en el que estamos van a
suponer una negatividad para el cumplimiento de los objetivos estimuladores de la actividad económica a través del mundo de los emprendedores.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Álvarez.
Señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, en el poco tiempo que tenemos vamos a exponerle algunas de las razones por las que hemos presentado esta enmienda de devolución a este proyecto de ley, que son, entre otras, que este proyecto no tiene en cuenta los
principales problemas con los que se encuentran las personas que apuestan por el emprendimiento en el actual contexto de crisis económica, que podemos resumir en lo siguiente: frágil sistema de innovación por la falta de apoyo del Gobierno a las
políticas de I+D+i, lo que provoca escasez de transferencia de conocimiento que permita desarrollar nuevos proyectos emprendedores; falta de acceso al crédito debido a un sistema financiero desregulado alejado de la economía productiva y orientado
a actividades especulativas; debilidad de la demanda interna a consecuencia del incremento del desempleo por las medidas impulsadas por Gobierno y patronal tendentes a disminuir los salarios reales de los trabajadores, lo que implica una fuerte
debilidad en la demanda interna actual, así como ocurrirá en los próximos años.
El proyecto de ley, señor ministro, en vez de enfocar los problemas citados anteriormente, fía el apoyo a los emprendedores a un conjunto de medidas inconexas que en muchos casos tienen como objetivo principal conseguir titulares de prensa
en vez de cumplir eficazmente con el propósito que se le supone. Además, el proyecto de ley no tiene en cuenta que el ámbito autonómico tiene atribuidas numerosas competencias en esta materia tanto en instrumentos reguladores como tributarios.
Existe un marco jurídico
de ámbito autonómico y local en relación con el emprendimiento al cual debería adaptarse la regulación estatal. Entendemos, señor ministro, que es necesario impulsar una estrategia coherente que guíe las actuaciones relativas al impulso del
emprendimiento y de la creación de empresas que tenga en cuenta el marco competencial autonómico y los principales problemas que lastran el dinamismo económico en el actual contexto de crisis.
Bajo nuestro punto de vista, el proyecto resulta confuso y desestructurado, puesto que no diferencia entre las medidas dirigidas a propiciar el inicio de actividades empresariales de las que están destinadas a favorecer el desarrollo, de las
que ya están en marcha y de las dirigidas a la internacionalización. Se recoge una definición del concepto de emprendedor que incluye a las personas jurídicas, en contra de la definición comúnmente aceptada referida a personas físicas. La figura
del emprendedor de responsabilidad limitada desarrollada en el capítulo II del título I arroja numerosas sombras como el propio CES ha señalado en su informe sobre el anteproyecto; por cierto, un informe del CES muy negativo con el anteproyecto
presentado por el ministerio.
En lo relativo a los apoyos fiscales y a la Seguridad Social para los emprendedores, sería necesario tener en cuenta que el sistema fiscal del Estado español se asienta sobre unos pilares injustos y poco equitativos, singularmente con
respecto al impuesto sobre sociedades. A pesar de que las grandes empresas tienen un tipo nominal mayor que el de las pymes, existe una maraña de deducciones que provoca que el tipo efectivo sea en la práctica mucho menor para las grandes empresas
que para las últimas, es decir para las pymes. Únicamente, señorías, en el proyecto de ley se plantea el apoyo a los emprendedores colectivos, sociedades limitadas o anónimas, olvidando a las cooperativas, sociedades que quedan al margen de un
número importante de los apoyos que se legislan en este proyecto para los emprendedores colectivos. Esto sucede con los incentivos fiscales contemplados en el título II. El apoyo financiero, a pesar de lo que ha dicho el ministro en su
intervención, es muy escaso o de muy pequeño alcance. La financiación del tejido productivo y en particular de los emprendedores debe abordarse desde una óptica global del problema, incluyéndose entre las medidas a aplicar el impulso de
instrumentos públicos que garanticen la financiación de la actividad emprendedora, como por ejemplo el impulso de una banca pública. En cuanto al empeño que se plantea en el proyecto de ley de incentivar la cultura emprendedora en el sistema
educativo, se trata desde nuestro punto de vista de medidas obsesivas que parten de la concepción errónea, como mencionamos anteriormente, de que el emprendimiento es la palanca para impulsar el dinamismo económico.
Por último, señorías, señor ministro, cabe mencionar que las medidas dirigidas a la internacionalización de la economía española suponen un conjunto de medidas inconexas y de escaso calado, cuyo efecto para el objetivo pretendido será
próximo a cero. Usted nos ha expuesto unos objetivos con este proyecto de ley que nosotros, una vez analizado el mismo, entendemos que son imposibles de cumplir.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Tiene la palabra el señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, el Grupo Parlamentario Popular dio apoyo en el mes de mayo del año 2012 a una iniciativa republicana que pretendía que el Estado español manifestara su adhesión al Año Internacional del Cooperativismo.
Efectivamente, esta iniciativa se aprobó por unanimidad y se remitió a la futura ley de emprendedores la incorporación de un conjunto de medidas, porque el Gobierno decía que dicha ley sería la ley icono de todas las modernidades. Es pues una
contradicción que no incorpore todo aquello que se acordó que se incorporaría. Además, veníamos de la legislatura anterior en la cual todos habíamos aprobado una ley -incluso los que estábamos en la oposición habíamos votado favorablemente-, que
era la Ley de Economía Social. Es decir, la economía social era un tema de aquellos a los que hoy día, de forma estúpida, se los llama transversales. Son temas en los que todos estamos bastante de acuerdo. Por tanto, nos ha sorprendido mucho que
en esta ley ustedes no aprovechen todo aquello que dijimos que haríamos -o que harían, no quisiera ser petulante-. Creo que a nadie se le escapa que, a pesar de todas las crisis económicas, todavía hoy día las cooperativas siguen creando empleo y
no se deslocalizan. Todo el mundo habla maravillas de la capacidad que tiene el conjunto de la economía social para generar solidaridad, para cohesionar socialmente a la población, como motor de crecimiento económico y para ser, en definitiva,
generador de riqueza. Así pues, nos hubiera gustado que se aprovechara la ley para introducir un conjunto de medidas en el ámbito fiscal y de las políticas activas
de empleo que afectaran directamente a la economía social y en todo aquello que viene siendo la vieja reivindicación de las cláusulas sociales. Es una gran oportunidad perdida, lo cual nos obliga a decirles dos cosas. Una es que acepten
una nueva redacción de la ley -de ahí nuestra enmienda de devolución- o que se comprometa aquí, señor ministro, en la medida que usted pueda o quiera hacerlo, a que en el trámite parlamentario están dispuestos a incorporar algunas enmiendas
relativas a la economía social.
Finalmente, también quisiera hacer un llamamiento -voy a hacerlo muy rápido, señor presidente- a todos los grupos parlamentarios que trabajarán en esta ley para poder aprovechar el trámite y modificar el Estatuto de los Trabajadores o bien
el artículo, creo que es el 58 a), de la Ley de la Seguridad Social para que podamos solucionar el problema que están sufriendo ahora los clubs deportivos. Ustedes saben que en estos momentos están viendo amenazada su viabilidad por los peinados
fiscales de la Administración española en todo aquello que afecta al voluntariado. Hay un grave problema en todos los clubs deportivos, porque, repito, su vida está pendiente en estos momentos de las inspecciones fiscales por parte de la
Administración, que pretende que los voluntarios, que hacen posible la vida y el funcionamiento de los clubs deportivos, estén dados de alta en la Seguridad Social aun cuando son protagonistas de trabajo voluntario. Ustedes saben que el Estatuto de
los Trabajadores y la Ley de la Seguridad Social permiten excepciones de este tipo, luego solo haría falta reglamentarlo. Si en esta ley pudiéramos aprobar una disposición adicional que remitiera a la realización de un reglamento para que esto
fuese superado, creo que hoy habría centenares -repito, centenares- de entidades deportivas que respirarían con un tanto de alivio. Si le parece bien, como ustedes en otras ocasiones han aprovechado, cuando eran oposición, alguna ley aun cuando el
asunto fuera un tanto tangencial, quizás, señor Montoro, valdría la pena contemplarlo. Usted sabe que hay centenares de clubes -hablo de Cataluña, pero esto es extensivo a todo el Estado español- que están muy agobiados. No sé, aprovechando que
usted tira mucho de humor, quizás le parece una buena idea.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
Tiene ahora la palabra el señor Larreina.
El señor LARREINA VALDERRAMA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, usted en su presentación ha hablado de los aspectos positivos de la ley. Yo reconozco que la ley, como todas las leyes, tiene aspectos positivos, es imposible que todo sea negativo, sin embargo, me voy a centrar en los
aspectos que yo considero negativos de esta ley. No lo voy a hacer con un ánimo de descalificar, sino con un ánimo de aportar reflexiones y otra visión de la ley que usted ha presentado.
Detrás del título sugerente de esta ley, de este proyecto de ley, se esconde una concepción socioeconómica que al menos desde nuestro punto de vista es ultraliberal, y se esconde también un modelo de Estado centralizado. Esta ley se incluye
dentro de esas reformas generales del Gobierno, es decir, las reformas estructurales que van reforzando ese modelo ultraliberal y desmontando el Estado del bienestar, esas reformas que tienden a centralizar el Estado dando la espalda a las
realidades evidentes, esas sociedades diferenciadas que decían en Canadá, la realidad de un Estado plurinacional. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Estas son dos de las razones por las que rechazamos esta ley,
porque está imbuida de esa filosofía. Asimismo, estamos ante una ley que, como dice el Consejo Económico y Social, es un caos normativo, pero un caos normativo que desde nuestro punto de vista está realizado desde la gran empresa y que es ajeno a
la realidad del trabajador autónomo o el impulsor de la microempresa o pyme. Al mismo tiempo esta ley está imbuida de una falta de compromiso con la sostenibilidad social.
Señoría, yo le señalo que está hecha desde la perspectiva de la gran empresa y hoy en las portadas de todos los periódicos tenemos un ejemplo muy claro: el presidente del Gobierno se reunió ayer con las quince grandes empresas; es decir,
en vez de venir aquí al Parlamento a tratar de transmitir esa confianza, esa estabilidad que reclama, se reunió con las grandes empresas, esas grandes empresas que quizás lo que están haciendo es intentar gobernar el país. A lo mejor el presidente
del Gobierno está dando cuentas y respuestas a esas grandes empresas en vez de dar cuentas al Parlamento. Creo que ese es un elemento que está detrás de toda la acción del Gobierno, ese sometimiento a las visiones, a los intereses, a las angustias,
a las reclamaciones de la gran empresa, y se está olvidando de la pequeña y mediana empresa, se está olvidando de los autónomos, se está olvidando de las micropymes, se está olvidando de un capítulo fundamental, porque yo le decía que apreciamos la
concepción ideológica que potencia un
modelo socioeconómico ultraliberal, centrado en un modelo de empresa de gran tamaño que prima el capital sobre las personas.
Un ejemplo es que en esta ley las cooperativas, las sociedades anónimas laborales, la economía social brillan por su ausencia. Señoría, el emprendimiento no está en las grandes empresas, el emprendimiento empieza pequeño, empieza por las
pequeñas y medianas empresas, empieza por los autónomos. Por eso pensamos que esa concepción que tienen ustedes, esa visión de la gran empresa, esa visión ultracapitalista, es negativa e imbuye esta ley y la hace ineficaz. No solo es que se
excluyan esas cooperativas, esas sociedades anónimas laborales, que constituyen un modelo de empresa alternativo con grandes posibilidades para el emprendimiento y de gran potencialidad a la hora de generar empleo y riqueza para la sociedad, sino
que al final se está generando un modelo de sociedad que está dando la espalda a todo ese entramado social.
Ustedes, con sus reformas estructurales -esta ley forma parte de esas reformas estructurales-, están al final matando la gallina de los huevos de oro, que son las pequeñas y medianas empresas, los autónomos. Ayer mismo, en esa reunión, uno
de los empresarios, el de Mercadona, gran superficie, exigía al Gobierno más reformas desde una concepción que está acabando con el mercado local, con esas pequeñas y medianas empresas que generan empleo, riqueza, impuestos y sostenibilidad social
en los ámbitos naturales en que viven las personas. Sin embargo, ustedes están potenciando un modelo de sociedad muy diferente, centrado en las grandes empresas, en el recorte de derechos de los trabajadores y trabajadoras, en el recorte de esos
derechos sociales, en el recorte del Estado de bienestar. Pensamos que esta ley forma parte de ese enfoque general.
En segundo lugar, esta ley hace caso omiso del actual modelo de Estado y ya no solo no admite los ámbitos de soberanía de las naciones históricas, como es el caso de Euskal Herria, sino que continúa con ese proceso de recentralización
emprendido por el actual Gobierno que supone una auténtica reforma constitucional de hecho, ignorando los ámbitos de decisión que, como en el caso de Euskal Herria, demuestran ser socialmente más eficientes. Ignorando esos ejemplos, ustedes no
favorecen el emprendimiento ni dan solución a los fracasos del modelo socioeconómico español. Creo que ahí tienen elementos importantes para aprender.
En tercer lugar, el proyecto de ley es un cajón de sastre en el que se mezclan propuestas diversas, inconexas entre sí, en las que abundan definiciones ideológicas y programáticas sin concreciones presupuestarias ni derechos ni obligaciones
con alcance jurídico. Este es otro elemento que nos preocupa.
Asimismo, este proyecto de ley trasluce continuamente que está realizado desde la perspectiva de la gran empresa, como le decía antes, y que es ajeno a la problemática diaria del trabajador o trabajadora autónomo, de quien impulsa una
microempresa o una pyme, bien sea bajo el modelo cooperativo o mercantil. Muestra de ello son las medidas de incentivos fiscales en base a beneficios que solo son aplicables a grandes empresas ya consolidadas. Son también un ejemplo de este
enfoque equivocado las limitaciones de las cotizaciones iniciales de Seguridad Social según la edad o la temporalidad. Ustedes cifran esta edad a los treinta años, cuando la realidad muestra que la media de edad del emprendimiento en el Estado
español está entre los treinta y cinco y cuarenta años.
Al mismo tiempo, la experiencia de otros ámbitos, como el ámbito británico, demuestra que es más efectivo vincular el incremento de la cotización inicial de los emprendedores a la facturación real de los mismos. Creo que ese es otro
elemento que está en el déficit y en el mal enfoque de esta ley. Tendrían que centrarse más en los intereses de los autónomos y vincular esa cotización inicial a la facturación del autónomo, no a la temporalidad a los seis meses -porque igual en
seis meses no ha levantado cabeza- ni limitarlo con la edad. ¿Por qué un autónomo de cincuenta años no puede emprender una nueva actividad? Y necesita también esas ayudas. Creo que son limitaciones fruto de ese enfoque que le decía antes de la
gran empresa y no de la realidad que emprende.
En esta misma línea podemos señalar la ineficacia práctica, desde nuestro punto de vista, de ese modelo de cotización que se plantea en los casos de multiactividad, pues no supone en la práctica ninguna facilidad para la persona que se
plantea abordar un emprendimiento. Creo que sería mejor vincular ese elemento a una única cotización y vincular esa cotización, como le decía antes, a la facturación de esa persona. Si le va bien, cotizará más, aportará más. Pero establecer esa
doble cotización de la multiactividad al final va a ser un obstáculo más que facilitar que la gente se lance a emprender otro tipo de actividad mientras mantiene un puesto de trabajo. Creo que esa es otra limitación que habría que abordar en ese
proceso de debate de la ley.
Finalmente -y con esto voy acabando, señora presidenta-, en cuarto lugar, tenemos que señalar que tampoco existen en el proyecto ni enfoque social ni disposiciones de índole social como, por ejemplo, programas para acabar con la
discriminación práctica de la mujer en el ámbito empresarial o con medidas específicas que hagan real la posibilidad de emprendimiento para las mujeres o planes de discriminación positiva que faciliten el emprendimiento a personas con discapacidad.
Es más, lo que sí encontramos es un enfoque totalmente negativo y antisocial en el planteamiento mercantilista a la hora de administrar la concesión de los derechos de entrada y residencia a personas que no tienen la ciudadanía de la Unión Europea
según su estatus socioeconómico y su poder adquisitivo. Creemos que es un elemento también claramente discriminatorio desde el punto de vista social que hay que abordar y que hay que borrar de esa ley.
Por estas razones hemos presentado esta enmienda a la totalidad al proyecto de ley de apoyo a los emprendedores y a su internacionalización y pedimos la devolución al Gobierno, porque consideramos que la sociedad necesita otro enfoque,
necesita otra visión y sobre todo necesita un compromiso con esa pequeña y mediana empresa y ese compromiso también con la sociedad, no con las grandes empresas, como estableció ese compromiso ayer el señor presidente del Gobierno, que se olvide de
las grandes empresas que quieren gobernar y que se fije en los representantes legítimos de la sociedad, en la pequeña y mediana empresa y en la economía real.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Larreina.
Por el Grupo Vasco, PNV, señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.
Señor Montoro, con la amistad que nos une le digo que le veo un tanto ciclotímico esta mañana, pasa de un pesimismo digno de mejor causa cuando ha hecho usted una reflexión indicando que aquí usted no consigue todo lo que se quiere
argumentado; usted sí lo consigue, tiene mayoría absoluta para que, al margen de la convicción y de la erudición de sus palabras pueda conseguir todo lo que pretende. Luego nos pide a los demás grupos, a los que hemos presentado enmiendas de
totalidad, que las retiremos, lo cual ocurría cuando Schumpeter era ministro de Economía. No es probable que ocurra en este momento, salvo que algún grupo haya sido objeto de convicción respecto a las reservas mentales que mi grupo tiene en
relación con este proyecto de ley importante. Le reconozco su gran relevancia y su gran trascendencia. No ha hecho ninguna manifestación que nos permita estar lo suficientemente tranquilos como para poder acometer esta petición de retirada de la
enmienda de totalidad que nos solicita por varias razones.
Esta es una ley muy compleja y un tanto desordenada desde una perspectiva sistemática. Ustedes aquí realizan innovaciones importantes en el ámbito del derecho civil, del derecho mercantil, del derecho concursal, del derecho laboral, del
derecho internacional público, del derecho tributario, del derecho educativo, de todos los sectores del ordenamiento jurídico con cierto desorden -como ya les ha indicado el Consejo Económico y Social-, pero donde no falta ese espíritu centralizador
que sus reformas están incorporando ley tras ley, real decreto-ley tras real decreto-ley, que aquí es meridianamente claro. Nosotros podríamos trabajar en la búsqueda de consenso, señor ministro, tal como usted nos ha reclamado en el debate de las
enmiendas particulares o al articulado que vamos a presentar, pero no con el tenor literal de este proyecto de ley, centralizador de múltiples puntos de vista y específicamente centralizador para las comunidades forales que poseen concierto
económico o convenio económico, como es la Comunidad Foral de Navarra, muy centralizador para estas desde la perspectiva de los aspectos tributarios o estructuras tributarias que aquí se consignan.
Empieza la centralización en la invocación a la educación como elemento o estructura troncal del emprendimiento, de generación entre los jóvenes del emprendimiento y ustedes ya pretenden introducir en el currículo de la educación primaria,
de la secundaria, del bachillerato y de la formación profesional el emprendimiento, lo que pasa es que no especifican cómo, ni en la Lomce -respecto a la cual ayer tuvimos la oportunidad de debatir con prolijidad- se especifica cómo se incorpora el
emprendimiento, el espíritu del emprendimiento, en qué destrezas se desarrolla, salvo que sea una redundancia lo que usted nos está reclamando porque la educación está concebida para aprender a emprender, a resolver problemas, y también problemas de
naturaleza económica, el emprendimiento de iniciativas económicas, pero usted no lo dice. Realiza también una reflexión colateral llamativa, es que ustedes exigen en esta ley la formación del personal docente, de todo él, yo no he visto en el tenor
literal del precepto correspondiente ninguna excepción, incluidos los profesores de Religión, de destrezas para incorporar el emprendimiento
a los alumnos de la enseñanza primaria, de la enseñanza secundaria, de la formación profesional, de la enseñanza universitaria.
Señor ministro, ¿usted qué pretende incorporando a todos -incluidos los profesores de Religión-, transformar la religión católica en una suerte de religión calvinista o de religión presbiteriana y modificar las actitudes desde la perspectiva
de los influjos de la religión metaculturales en la economía, desde la perspectiva del emprendimiento que usted propone? Me imagino que no, me imagino que usted, aunque pueda parecer que profesa una ideología religiosa calvinista o presbiteriana
por su amor al trabajo, no es lo que pretende mediante la incorporación o la transformación de todos los docentes en personas con destrezas para incorporar a sus alumnos mecanismos de emprendimiento. Esto lo tendríamos que concretar un poco, por lo
menos un poco, señor ministro, no se pueden hacer invocaciones tan deletéreas en un proyecto de ley que pretende ser algo taumatúrgico para la recuperación económica, como usted ha venido a comentar.
En segundo lugar, usted toca algo que es un tótem en el derecho civil desde que el derecho civil existe, el artículo 1911 y la necesidad que se establece en su homónimo del Código de comercio de que los deudores responderán de sus deudas con
todos sus bienes presentes y futuros. No me parece mal que se invoque, aunque no hace ninguna concreción de cómo se va a hacer ese ajuste o esa especie de relativización de las deudas con todos los bienes presentes y futuros. Pero le voy a hacer
una pregunta, ¿por qué no lo hicieron con el procedimiento de desahucio y lanzamiento como le requirió el Tribunal de Luxemburgo? Ahí sí tenían que haberlo hecho por imperativo de una sentencia del Tribunal Europeo, en virtud de la cuestión
prejudicial practicada por un juzgado de Barcelona. No lo hicieron ahí y lo establecen aquí pero de forma muy genérica, muy deletérea. Nos tendría que concretar, sin perjuicio de las cifras de los 300.000 euros, hasta dónde pretenden llegar. Con
una paradoja, el emprendedor, de responsabilidad limitada -me lo tendrá que explicar también, señor ministro-, mantendrá su responsabilidad por las deudas anteriores a su inmatriculación en el Registro Mercantil. ¿Qué pasa, que estas las dejamos
fuera de esa ponderación o atenuación de la responsabilidad con todos los bienes presentes y futuros? Porque será el mayor volumen de deudas de un emprendedor, de una persona que inicia una actividad de emprendimiento.
Por otro lado, me tiene que explicar de dónde ha copiado esta extravagancia en el sentido jurídico y etimológico del término que son las sociedades limitadas de formación sucesiva. Esta suerte de sociedades que se están formando en régimen
de tracto sucesivo, se están formando pero pueden generar dividendos y distribuir dividendos, pueden crear fondos de reserva y pueden funcionar sin estar constituidas, señor ministro, como una sociedad constituida, perfeccionada, inscrita en el
Registro Mercantil. (Pausa). Perdone la interrupción, pero yo también me he sentido un tanto perturbado por un momento.
Intentando recuperar el hilo de lo que estábamos comentando, esta es una extravagancia al ordenamiento mercantil y a los requerimientos más elementales de la seguridad jurídica. Cómo una sociedad no constituida, una sociedad en el que el
contrato de sociedad no se ha perfeccionado todavía, puede operar en mecanismos financieros tan específicos o actividades económicas tan específicas como la constitución de fondos de reserva o la distribución de dividendos. No estamos ante un
contrato de sociedad en esta que usted preconiza, que ya me dirá de dónde la ha copiado. No la he visto en el derecho comparado en ningún país del mundo. Estaríamos ante un cuasicontrato de los previstos en el artículo 1887 y siguientes del Código
Civil, que son precisamente dos: la gestión de negocios ajenos -la negotiorum gestio- y el cobro de lo indebido, que forma parte de la actualidad que nos acompaña, pero que no vamos a pormenorizar ni glosar lo que es el cobro indebido porque lo
estoy diciendo desde la perspectiva jurídica de la naturaleza de un cuasicontrato especial. Pues si estamos hablando de esto, de un cuasicontrato, convendría también especificarlo, porque el contrato de sociedad se perfecciona -como usted ya sabe-
mediante un iter que acaba con la inmatriculación en un registro que es lo que provee de eficiencia y de posibilidad de penetrar en los mecanismos jurídicos que usted atribuye a estas sociedades en formación en régimen de tracto sucesivo.
¿Dónde empieza la centralización, señor ministro? La centralización empieza en toda la estructura de emprendimiento a través de esta nomenclatura complejísima que ustedes traen a través de acrónimos que son incomprensibles para un ciudadano
ordinario, normal. Quizás para una persona que lea Schumpeter sean más comprensibles, pero para una persona normal no, cuando ya empezamos a hablar de puntos de atención al emprendedor, en primer lugar, únicos, puntos de atención al emprendedor
únicos, centralizando la actividad de emprendimiento desde esa perspectiva. Se establece la tramitación telemática a través del Circe, Centro de Información y Red de Creación de Empresas, única, centralización de la
actividad económica. Estas son las respuestas que le pedía a efectos de poder transar las enmiendas razonablemente. Asimismo, se prevé la existencia de un documento único electrónico, que ya estaba en el real decreto legislativo del año
2010, pero el Grupo Catalán de Convergència y Unió ya les advirtió de que estos instrumentos eran unos instrumentos de centralización que no tenían habilitación o que no dimanaban de ninguna suerte de habilitación competencial por parte de la
Administración General del Estado, ni de esta Cámara tampoco, salvo que ustedes le den la dimensión que le están dando habitualmente al artículo 141.1.1 de la Constitución, que lo mismo sirve como título habilitante para aprobar una ley de
educación, como la ley de dependencia, como la ley de pensiones no contributivas. Y si seguimos estirando el ámbito habilitante competencial, terminaremos también aprobando una ley de montes con este elemento de habilitación tan genérico y tan
deletéreo, como es el 141.1.1.
Sin embargo, con el PAE, con el Circe, con todos estos instrumentos centralizadores, ustedes están afectando al principio dispositivo en el que se basa la configuración autonómica del Estado, el artículo 143. Están afectando al artículo
148, con relación a las competencias de autogobierno que se confieren a todas las comunidades autónomas; al 156 de la Constitución, autonomía financiera, darle a las comunidades autónomas, en el caso de Euskadi, la reserva del servicio público de
Euskadi, de sus servicios esenciales; de la dependencia de las instituciones vascas del servicio público estatal, previsto en el artículo 12 del Estatuto de Autonomía de Gernika; promoción del desarrollo económico y planificación de la actividad
económica que le es propia, artículo 10 del Estatuto de Autonomía de Gernika; sector público propio de Euskadi, artículo 10 del Estatuto de Autonomía de Gernika. Y le podría citar numerosos preceptos estatutarios e incluso constitucionales, señor
ministro, que encajan muy mal con esa centralización a las que ustedes proveen a través de registros únicos, a través del PAE, a través del Circe, etcétera. Solo se reconoce una competencia en este ámbito y es que se obligará a las comunidades
autónomas a informar de las subvenciones, de los apoyos financieros que tengan previstos en su ordenamiento jurídico.
En relación con la disposición adicional séptima, el tratamiento de los créditos de derecho público en caso de acuerdo extrajudicial de pagos, le pedimos que cuando se realicen fraccionamientos o aplazamientos de los pagos de deudas de
derecho público se preserven también las singularidades del concierto económico para la comunidad autónoma vasca y del convenio económico para Navarra. Al fin y al cabo, la mayoría de estos créditos de naturaleza pública serán deudas tributarias en
la generalidad, y la reserva del concierto económico, del convenio económico de la Comunidad Foral de Navarra sería imprescindible para que mi grupo parlamentario apoye esta transacción.
Me llama la atención que en los convenios que se pueden articular con la Tesorería de la Seguridad Social, desde la perspectiva de la aminoración de los créditos públicos en relación con la Seguridad Social, sean de peor condición en esta
ley que los que se pueden tramitar y negociar con la Tesorería de la Seguridad Social en un ERE, un expediente de regulación de empleo, o incluso un empresario o un colectivo de trabajadores particular con la Tesorería. Mal emprendimiento cuando
por vías ajenas a lo previsto en este proyecto de ley, por vías del ERE, se pueden articular mejores condiciones de la refinanciación o de la moratoria, del aplazamiento de las deudas contraídas con la Tesorería de la Seguridad Social.
En relación con el apoyo fiscal en materia de Seguridad Social, usted ha hecho lo que ha venido a denominar con cierta prosopopeya y de forma un tanto solemne, señor ministro, el sistema tributario con el que ustedes concurrieron a las
elecciones. En el ámbito del IVA, se ha referido al establecimiento de regímenes especiales de criterio de caja, los nueve regímenes especiales de criterio de caja, no nos parece mal. Nos parece mal la cifra o la tabulación, como máximo, de los 2
millones. Podríamos, quizá, hablar de un incremento de esta cifra en cuanto a la aplicación de regímenes especiales favorables al emprendimiento y que no son una mala medida. Pero también sabe que el IVA es un tributo concertado en las comunidades
forales sujetas a concierto económico o convenio económico. En cuanto a esta concertación, nos gustaría escuchar -dicho por usted- que el concierto económico y el convenio económico de Navarra no va a ser alterado por esta estructuración nueva del
impuesto del valor añadido, como no va a ser alterado en la deducción por inversión de beneficios, como no debería ser alterado en las resoluciones de la Dirección General de Tributos para la calificación de activos, como no debería ser alterado en
la exclusión de gravámenes de ciertas ganancias patrimoniales para la transmisión de la vivienda habitual, como no debería ser alterado en la deducción por inversión de empresas de nueva o de reciente creación, y como no debe ser alterado en la
cuota líquida autonómica prevista en la Ley 22/2009.
En cuanto a las cédulas y bonos de internacionalización, nos gustaría que nos dijera usted, porque no es algo que sea ajeno ni extravagante al ordenamiento jurídico vigente ni al bloque de constitucionalidad,
que se puedan garantizar las cédulas y bonos internacionales por instituciones de carácter autonómico a través de créditos autonómicos, cosa que no se consigna en el proyecto de ley. Y también que se admitan cédulas o bonos de ámbito
autonómico emitidas por comunidades autónomas, por gobiernos autonómicos o territorios forales -también por territorios forales en las comunidades forales- a cotización en un mercado regulado. Me gustaría saber esto y sabiendo estas cosas, señor
ministro, nos vamos aproximando. No sabiéndolas, es muy difícil, usted nos pide un acto casi de fe y los actos de fe en los tiempos que corren son una apuesta de cierto riesgo, una prima, y con un diferencial muy complicado, señor ministro.
En cuanto a la simplificación de las cargas administrativas, de nuevo están vulnerando las competencias autonómicas en materia de simplificación o de organización de sus propios procedimientos administrativos y su competencia de
organización, régimen y funcionamiento de instituciones de autogobierno.
Hay un tema -ya voy acabando, señora presidenta-, que es el relativo a la limitación o relativización de la Ley de prevención de riesgos laborales para empresas de menos de diez trabajadores. Este es un tema muy serio, señor ministro, sobre
el cual usted no puede disponer ni esta Cámara tampoco, porque estamos hablando de la deuda de seguridad del empresario, consagrada por el artículo 17 de la Constitución para los trabajadores. La seguridad no es el antónimo del emprendimiento. La
seguridad de los trabajadores, su integridad, reproduciendo el texto constitucional, es la garantía del emprendimiento y no se puede relativizar la Ley de prevención de riesgos laborales porque forma parte de los derechos de los trabajadores
previstos por el artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría, tiene que terminar.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: ... derecho necesario absoluto. Y esta relativización es peligrosa. Además, es una antinomia absurda esa entre seguridad y emprendimiento. ¿Por qué la aplicación de la Ley de prevención de riesgos laborales es
un obstáculo para el emprendimiento en empresas con menos de diez trabajadores?
En cuanto a la contratación pública, lo de siempre.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría, tiene que finalizar.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Acabo.
Y ya para acabar, señor ministro, desde una perspectiva ética y moral, en cuanto a esta captación de inversores extranjeros tan glamurosos que usted pretende mediante inversiones de 2.000.000 de euros o adquisición de viviendas de más de
500.000 euros, esto contrasta poderosamente con la legislación de extranjería, que originariamente se basó en la solidaridad. Posteriormente, se basó en la incorporación de trabajadores al Estado español cuando este demandaba trabajadores para los
trabajos que los ciudadanos españoles no querían realizar. Y ahora estamos demandando -yo sé que hay directivas comunitarias que lo abonan- inversores sin un elemento de comprobación de la honestidad de esas inversiones que se van a realizar.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Olabarría, lo siento, ha finalizado su tiempo.
Gracias, señor Olabarría.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Garzón.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Qué pena y qué vergüenza que hoy no hayamos tenido sesión de control al Gobierno. Qué pena y qué vergüenza que el presidente del Gobierno no esté aquí y esté escondido debajo de las piedras en un día en el que
además necesitábamos confianza, necesitábamos la verdad. Qué pena que este Gobierno huya de la verdad. Qué pena, desgraciadamente, que nosotros tengamos que venir a reclamar la presencia del presidente del Gobierno otra vez más en esta Cámara que
está siendo deslegitimada por el propio Gobierno. Y qué pena, precisamente, señor ministro, que tengamos que debatir hoy la ley de emprendedores en este contexto, en un contexto de desconfianza, porque, como usted sabe, señor ministro, señor
Montoro, la economía no puede funcionar si no hay confianza, si no hay verdad, si no hay evidentemente instituciones en las que confíe la ciudadanía, instituciones no solo referidas al Congreso, sino incluso a hábitos, a hábitos con respecto a la
Administración pública. Porque lo que está pesando sobre este Gobierno actualmente, señor ministro, es que el mejor emprendedor sería Bárcenas, la mejor relación para adquirir un contrato público sería participar en redes clientelares. (Aplausos).
Eso es lo que pesa ahora mismo sobre el Gobierno y el Gobierno tendría que salir a desmentirlo si es que verdaderamente piensa que se está mintiendo, sin embargo, tenemos una capa de
oscuridad encima de esta cuestión. ¿Cómo va una empresa a pretender que esta ley le pueda ayudar en algo en ese contexto? Las leyes no operan en el vacío, las leyes operan en un marco institucional muy determinado y el contexto de estas
instituciones españolas actualmente es de tal gravedad que parece inconcebible que una ley que tiene como título Ley de apoyo a los emprendedores pueda tener algún sentido más allá de la simple retórica.
Pero entrando en el contenido, señor Montoro, nos encontramos con otro nuevo error de diagnóstico. ¿Cuántas leyes, cuántas normas, cuántas conferencias y cuántas ruedas de prensa va a hacer el Partido Popular hablando de emprendedores,
cuando no estamos viendo ni un buen resultado en la práctica cotidiana de la economía real? ¿Cuándo podremos ver verdaderamente que se va a la raíz del problema? Es verdad que el Gobierno está usando discursos y retórica de apoyo al emprendedor,
de apoyo a la pequeña y mediana empresa, de apoyo a los autónomos, pero van ya muchas leyes e intuyo que van a seguir viniendo muchas leyes con ese título, que definitivamente lo que hacen es constatar que la sucesión de estas leyes no está
sirviendo absolutamente para nada. El error de diagnóstico es muy importante porque si uno no sabe lo que ha pasado, si uno no sabe cuál es el problema, evidentemente tiene menos elementos para poder saber cuál es la solución; es obvio, señor
Montoro. Nos encontramos ante una nueva ley que nos da soluciones falsas, soluciones que no van a la raíz del problema, como decía anteriormente. Cuando queremos saber qué es lo que está ocurriendo podemos ir al Banco Central Europeo a
preguntarles qué es lo que opinan de los problemas de las pequeñas y medianas, y si lo hacemos nos encontramos conque hay dos problemas fundamentales que señalan las pequeñas y medianas empresas: la falta de financiación y la falta de clientes; es
decir, una cuestión de demanda y una cuestión de financiación. Ninguna de esas cuestiones está resuelta en este proyecto, ni en este proyecto de ley ni en ningún otro. Si el Gobierno no decide acudir directamente a resolver estos problemas, vamos
a seguir teniéndolos porque son estructurales.
La financiación. Una pequeña y mediana empresa necesita financiación, necesita acceso a los créditos. No se está resolviendo aunque hemos tenido muchas oportunidades precisamente por lo que yo denunciaba, porque siempre se utiliza la misma
retórica pero sin resultados. Hemos tenido oportunidad de reclamar opciones alternativas de política económica que pudieran resolver la falta de acceso a la financiación que tienen las pequeñas y medianas empresas, que tienen las empresas en
general, la economía real. Por ejemplo, la creación de una banca pública, la utilización de instrumentos públicos o el condicionamiento de los rescates bancarios a las entidades privadas que han sido rescatadas y a las que nosotros
responsabilizamos de gran parte de la situación actual. Sin embargo, no se está haciendo absolutamente nada de esto. Aunque el Gobierno lleva ya toda la legislatura hablando -otra vez solo de retórica- de la falta de financiación de las pequeñas y
medianas empresas, el problema sigue estando y esto el Gobierno no puede negarlo, el problema sigue sin resolverse y además se agudiza porque con el tiempo las empresas van desapareciendo, van muriendo. Nos estamos encontrando conque el problema se
va agudizando mientras el Gobierno lo único que hace es aprobar leyes que definitivamente no funcionan en nada. Aun así, imaginemos que por arte de magia la financiación vuelve a fluir y llega a las pequeñas y medianas empresas. Desgraciadamente y
porque así funciona la economía capitalista, resulta que las empresas solo van a invertir en la medida en que tengan mercado, en la medida en que haya demanda suficiente, en la medida en que haya pequeñas y medianas empresas, consumidores, familias,
Estado, que quieran consumir. Pero como estamos en una recesión provocada por las políticas de austeridad, una recesión incrementada por los recorte en el gasto público, por el empobrecimiento sistemático ocasionado por las reformas laborales, al
final lo que tenemos es que no hay mercado para las pequeñas y medianas empresas. Esto -lo dijo ya Keynes- es la trampa de la liquidez. Incluso aunque los tipos de interés estuvieran al 0 %, estos sujetos económicos, las pequeñas y medianas
empresas, no lo pedirían porque no sería en absoluto rentable en la medida en que no van a encontrar mercado para resolver esa cuestión. Es que resulta que en este proyecto de ley esconde una filosofía perversa que no atiende a la diferencia de los
propios sectores productivos; es decir, no se habla de estructura productiva, no se habla de modelo productivo, pero no todas las pequeñas y medianas empresas operan de la misma forma. Una PYME no opera igual en el sector del turismo que en el
sector industrial que en el sector del pequeño comercio, y no se hace ninguna diferenciación en ese proyecto ni en ningún otro de este Gobierno, con lo cual al final estamos ignorando la estructura productiva y el modelo económico que queremos para
el Estado español, e ignorando eso todos los tiros van a ser fallidos, desgraciadamente. Además hay una filosofía perversa e individualista detrás de este proyecto. Se habla mucho, con esa filosofía individualista, de esfuerzos individuales, se
habla mucho de pequeñas y medianas empresas, de
esfuerzo de emprendedores individuales. ¿Por qué no hablamos de empresas colectivas, de emprendedores colectivos, de unas fórmulas de negocio diferentes que permitan mayor solidaridad, mayor cooperación, y no de una competencia desenfrenada
en un contexto absolutamente irracional desde el punto de vista económico como es el de la falta de mercado y la falta de financiación? Esa filosofía, a nuestro juicio, es perversa porque está dando un mensaje erróneo a la ciudadanía, les está
diciendo que la salida de la crisis pasa por luchar unos contra otros intentando acceder a un mercado que el propio Gobierno está liquidando con sus medidas de recortes, está mandando un mensaje de enfrentamiento entre los ciudadanos españoles en la
medida que los coloca en un mercado altamente competitivo pero también altamente destructivo por cómo están configuradas las instituciones en este país.
Con respecto a la simplificación de las cargas administrativas, señor Montoro, nadie le dirá que es un error, al contrario, hay que simplificar las cargas administrativas, pero primero hay que hablar de qué es una carga administrativa. No
tiene mucho sentido, al menos a nuestro juicio, que conceptos como la seguridad o la salud sean considerados cargas administrativas porque, al final, de tanto estrechar las cargas administrativas, nos vamos a quedar sin regulación en favor de la
salud y de la seguridad, nos vamos a quedar en esa ley de la selva desgraciada que es la del mundo competitivo capitalista en la que las grandes empresas y las normativas del derecho laboral van a irse reduciendo en detrimento de los propios
emprendedores. Así que vamos a reducir las cargas administrativas -claro que sí- pero vamos a tener muy en cuenta cuáles son. Si son las que se derivan del mal funcionamiento de la democracia, estaremos de acuerdo, señor Montoro, pero si van a ir
en detrimento de derechos laborales conseguidos o de la restricción de derechos sociales, desde luego no vamos a estar de acuerdo en absoluto.
Finalmente hay un elemento que nos preocupa absolutamente y además nos resulta extraordinariamente paradójico y contradictorio, y es otro mensaje erróneo a la sociedad, a nuestro juicio. ¿Cómo es posible que se esté hablando de discriminar
a los trabajadores por origen y por la cantidad de dinero que tienen en la cuenta corriente? ¿Cómo es posible que el Gobierno tenga la desfachatez de decir que hay que atraer a los cerebros extranjeros, que hay que atraer el capital humano -entre
comillas- de fuera, cuando estamos en un contexto en el que nuestro propio capital humano, nuestros ciudadanos altamente cualificados se están yendo del país? Es una discriminación absurda, es una discriminación no ya solo entre los extranjeros
-porque aquellos que tengan más cualificación o más dinero tienen la puerta abierta para entrar mientras los que no dispongan de ello tienen que saltar vallas y encontrarse con la represión, las cárceles y los centros de internamiento de
extranjeros-, sino que además este Gobierno desgraciadamente está dejando que nuestra propia ciudadanía formada y cualificada se vaya del país. ¿Y qué hace el Gobierno? Pues en vez de intentar recuperar a todas las personas que se han tenido que
marchar por las condiciones económicas -la inmensa mayoría de las cuales se han tenido que marchar porque no les quedaba más remedio, no porque estuvieran emprendiendo una aventura ni mucho menos haciendo un viaje-, en vez de ayudar a que esta gente
pueda volver, en vez de establecer las medidas políticas para que puedan regresar al país donde ellos quieren trabajar, en vez de hacer eso, el Gobierno aprueba leyes como esta para atraer a un capital humano, a personas cualificadas que no son las
que nosotros mismos con nuestras políticas estamos expulsando. Es absolutamente irracional y muy difícil de comprender por toda la gente que se está exiliando de este país en este momento histórico tan desgraciado. En definitiva, es una ley que
desgraciadamente nosotros creemos que se va a sumar al reguero de leyes que hablaban de emprendedores, de proyectos de ley, de proyectos no de ley y de todas las medidas de este Gobierno, que tienen mucha retórica pero que ya no son creíbles en modo
alguno. Los resultados son lo que nos importa, señor Montoro, este Gobierno lleva ya mucho tiempo, no puede hablar de herencia recibida, tiene que hablar de sus propias medidas. Desde el principio, este Gobierno ha operado con decretos-leyes y con
proyectos de ley con una urgencia extraordinaria. Ya tendrían que estar dando sus frutos si verdaderamente se estuviera yendo al problema original. No es así, no estamos viendo los frutos y, por lo tanto, lo que pedimos es que haya una reflexión
importante, profunda, de la orientación de las políticas, de cuál es el problema real. El problema real no son solo las cargas administrativas -que, como le he dicho, existen-; no es solo que haya que favorecer que la gente pueda crear empresas
-ojalá fueran colectivas, ojalá fueran con otra filosofía-; el problema es de demanda; el problema es de financiación; el problema es de estructura productiva. Tres cuestiones de las que este proyecto de ley no habla y, en la medida en que no lo
hace, no podemos esperar nada positivo de este proyecto de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villlalobos Talero): Gracias, señor Garzón.
Por el Grupo de Convergència i Unió, señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, efectivamente el Grupo Catalán ha presentado una enmienda a la totalidad con texto alternativo a la ley de emprendedores defendida hoy por el ministro,
porque entendemos que la ley de emprendeduría tendría que ser una ley que generara ilusión, que incrementara las vocaciones empresariales de nuestros jóvenes con mucho talento, de muchísimas personas que están en situación de paro y que quieren
emprender un proyecto empresarial y son menores -o mayores- de treinta años o mayores de cincuenta. En definitiva, que a estas personas este mecanismo y esta ley les produjera ilusión para emprender un negocio.
También entendemos que esta ley tendría que ser un motivo para generar ilusión en todos aquellos empresarios autónomos que hoy están trabajando y luchando contra la crisis y que tienen muchísimas dificultades por falta de liquidez, por
ejemplo. En definitiva, tendría que ser un mecanismo potente y relevante para luchar contra la crisis, para incrementar la actividad económica en nuestro país, para generar empleo. Todos los grupos parlamentarios de esta Cámara esperábamos un
proyecto de estas características, de ahí quizá el motivo de que la mayoría de grupos hayamos presentado una enmienda a la totalidad, porque entendemos que este país en estos momentos necesita de un instrumento eficaz, de un instrumento sólido,
solvente, que genere emprendeduría, porque hasta la fecha, desgraciadamente, España no ha podido disponer de estos instrumentos relevantes.
Yo lo resumiría diciendo que nosotros hemos presentado esta enmienda a la totalidad porque entendemos que en este país hace falta ilusión y confianza para motivar a nuestros jóvenes para emprender un negocio. Al proyecto que ustedes han
presentado, que tiene aspectos positivos, le falta quizá este punch, esta solidez, estos instrumentos que nosotros humildemente hemos presentado en nuestra enmienda a la totalidad con texto alternativo para que finalmente exista ilusión, confianza,
ganas, señor ministro, para que nuestros jóvenes con talento y personas con más de treinta o cincuenta años que ven posibilidades de emprender un negocio dispongan de instrumentos para poder iniciar sus actividades empresariales. Usted ha evocado
al señor Joseph Schumpeter; yo voy a ser muchísimo más humilde, voy a intentar tener los pies en el suelo y evoco la economía real, la economía productiva. Evoco al taxista que hoy me ha traído al Senado, que me ha reconocido porque iba con la
tarjeta del Congreso y me ha dicho: Hoy ustedes van a debatir la ley de emprendedores; yo tengo unos pequeños ahorros -me ha dicho este señor- y mi hijo quiere ser emprendedor. Pero con la ley que ustedes están debatiendo yo no puedo ser su
inversor de proximidad porque esta ley no permite que un padre deje dinero a sus hijos para emprender un negocio. Y esto sucede porque no tiene la visión amplia de la enmienda que ha presentado Convergència i Unió, cuestión a la que me referiré más
adelante. Hemos de intentar complementar esta ley para que tenga todos aquellos mecanismos que hagan posible que un padre que tenga ahorros pueda dejar dinero a un hijo que quiera emprender un negocio como inversor de proximidad y que pueda
beneficiarse de los aspectos positivos, que esto sí lo han recogido ustedes en esta ley. Por lo tanto, en Convergència i Unió evocamos al empresario autónomo, al taxista, al pequeño trabajador autónomo, y también hemos escuchado a la economía real
que representan las asociaciones de empresarios autónomos como ATA, Pimec, Cecop, UPTA, organizaciones de ámbito territorial catalán y de ámbito territorial español que nos han transmitido todos aquellos aspectos que consideraban necesarios para que
esto fuera un éxito, y por eso hemos planteado esta enmienda a la totalidad.
Ciertamente el texto que ustedes han presentado es el de una ley muy transversal, pero hay muchísimo humo, hay muchísimo titular y hay poco contenido y al menos a nosotros nos provoca una cierta frustración que habiendo presentado el
proyecto tarde, aunque llega a tiempo porque todavía queda legislatura por delante, no puedan incorporar estos mecanismos. Y puede que no sean los mecanismos que economistas de gran prestigio internacional incorporarían, pero nosotros hemos
escuchado lo que dice la gente en la calle, señor ministro, hemos escuchado a la economía real, hemos escuchado al tejido de pequeñas y medianas empresas, al tejido de empresarios autónomos y, sobre todo, hemos escuchado a jóvenes con talento que
quieren emprender un negocio y no tienen capital, de ahí la importancia de que hoy lleguemos a un acuerdo. Hemos escuchado también a personas de más de cuarenta y de cincuenta años que difícilmente pueden encontrar empleo pero que tienen la
posibilidad de emprender un negocio. Nosotros hemos de posibilitar a través de esta ley, señor ministro, que esto sea una realidad en España, pero si lo analizamos en profundidad este proyecto de ley no da una respuesta efectiva a todos aquellos
problemas
de liquidez que existen en las empresas, no da una salida óptima a la posibilidad de obtener microcréditos a través de la banca nacionalizada, a través del FROB en España, no permite la posibilidad de que un padre pueda dejar dinero a su
hijo y goce de los incentivos fiscales de los inversores de proximidad. Es cierto, señor ministro, por las conversaciones que hemos mantenido, que podemos resolver que todos aquellos trabajadores o empresarios autónomos o nuevos emprendedores que
tengan la valentía, que ya es mucho decir, y asuman el riesgo de crear un negocio puedan contratar con bonificaciones fiscales en la Seguridad Social. En la tramitación de esta ley podríamos conseguir que esto fuera una realidad si finalmente el
proyecto que ustedes han planteado fuera complementado con las aportaciones modestas que hacen este grupo y el resto de grupos de la Cámara, lo celebraríamos con muchísima satisfacción porque finalmente conseguiríamos generar la ilusión y la
confianza que hoy falta en España para poder emprender un negocio.
¿Cuáles son, señor ministro, los aspectos que nos interesaría mejorar? El criterio del IVA por caja. Ya sé que ustedes aplican el planteamiento de la directiva comunitaria y les es muy difícil superar el límite de 2 millones de euros que
han planteado, pero también tendría que entender que es complicadísimo que un trabajador o un empresario autónomo de pequeña dimensión pueda acogerse al planteamiento que ustedes han hecho. Si uno lee exactamente lo que dice la ley, al final no
puede entender qué es lo que realmente pretende la Agencia Tributaria o la Dirección General de Tributos. Yo creo sinceramente que se han hecho avances significativos desde esta perspectiva. Inicialmente la deducción del IVA por criterio de caja
era de un año y ahora ustedes han colgado en la página de la Secretaría de Estado de Hacienda que no sea un año sino dos. Este es un aspecto muy positivo, pero que no se conoce y hay que informar a las asociaciones de que existe la posibilidad de
devolución del IVA con el criterio que ustedes han fijado -que es muy complicado, repito- para que puedan deducírselo o liquidarlo a Hacienda en un plazo de casi dos años. Desde esta perspectiva, me gustaría que pudiéramos analizar si es posible,
de acuerdo con la legislación comunitaria, establecer un mecanismo más sencillo para que todo el mundo pueda acogerse a esta devolución del IVA por criterio de caja,
El tema de los inversores de proximidad, señor ministro, es importante. Un emprendedor no tiene capital y si establecemos un mecanismo -en esto sí han acertado- para que una persona que tenga capital se lo preste con una bonificación
fiscal, que es lo que existe en todas las economías avanzadas, hemos dado un paso de gigante. Ahora bien, ustedes han planteado un límite de 20.000 euros y en nuestro proyecto se plantea un límite de 200.000 porque con 20.000 euros difícilmente
puedes emprender un proyecto. Aquí tendríamos que buscar un acuerdo para fijar una cantidad razonable y al mismo tiempo, señor ministro, que las personas físicas que tienen recursos y ahorros puedan dejar dinero al emprendedor, que hagan de
business angel, de inversor de proximidad, porque ahora solo pueden prestar dinero o capitalizar un negocio personas jurídicas, y el señor taxista que hoy me ha traído al Senado, que tiene ahorros y quiere que su hijo sea empresario el día de
mañana, no puede dejarle el dinero. Por lo tanto, busquemos una solución para que las personas físicas también puedan ser business angel y puedan hacer de inversores de proximidad.
Bonificaciones para las nuevas contrataciones de los nuevos emprendedores. Busquemos una solución razonable, que es lo que están esperando todos los trabajadores autónomos, todos los empresarios autónomos y los nuevos emprendedores. ¿Por
qué no planteamos bonificaciones fiscales para las nuevas contrataciones? Señor ministro, le voy a señalar una cuestión que para nosotros es muy relevante. ¿Por qué no estudia su ministerio, de acuerdo con el Ministerio de Trabajo, que, por
ejemplo, una tarifa plana de cotización del autónomo para las personas de más de cincuenta años? Lo hemos hecho solamente para los empresarios y los jóvenes de menos de treinta años. ¿Por qué no lo extrapolamos a los de más de treinta años si aquí
lo que interesa, señor ministro, es fomentar la economía productiva, que la gente emprenda? Por lo tanto, esta es una solución, junto con las políticas fiscales, que ustedes tendrían que estudiar para resolver una situación que finalmente
reportaría beneficios a la actividad económica, generaría empleo y sería una forma efectiva de luchar contra la crisis.
En cuanto al tema de la responsabilidad limitada, tengo que decirle, señor ministro, que es humo, porque es fantástico que uno pueda limitar la responsabilidad a su vivienda por un valor de 300.000 euros, pero en realidad esto no sirve para
nada porque si no se puede pagar, la Hacienda pública y la Seguridad Social proceden al embargo por valor de estos 300.000 euros-. Y en cuanto a las garantías bancarias, si firma un crédito, este será prioritario. Por lo tanto, estamos vendiendo
un planteamiento que es fantástico pero que, a la hora de la verdad, no tiene efectividad. Yo le voy a proponer algo, señor ministro, que es
recoger ideas, no de Convergència i Unió, sino de la calle, de la economía real, de los empresarios autónomos, de las pequeñas patronales que están intentando proporcionar mecanismos para que exista el emprendimiento en España. ¿Por qué no
planteamos que es inembargable el salario mínimo interprofesional? Fíjese hasta dónde hemos bajado, pero que al menos el empresario, el emprendedor que cobra el salario mínimo interprofesional tenga la garantía de que si no se puede resolver una
responsabilidad limitada de su vivienda habitual no se le pueda embargar el salario mínimo interprofesional. Este es uno de los temas que vamos a introducir en el trámite parlamentario y nos gustaría que el Grupo Parlamentario Popular tuviera la
sensibilidad de poder resolver esta situación.
Emprendedor social. Aquí también les damos la posibilidad, señor ministro, de que ustedes planteen una legislación activa para el emprendedor social, que no es un tema para legislar de hoy a mañana, pero en un plazo de tres o cuatro meses
puede ser planteado en el Congreso. Este emprendedor social representaría a todos aquellos emprendedores que se dedican a cuestiones sociales que no pueden llegar a las administraciones públicas para que tengan una bonificación más importante.
En cuanto al tema de I+D+i, hay que decir que, así como han abierto la puerta para que existan los inversores de proximidad y a nosotros no se nos caen los anillos por reconocer que es algo positivo, en el tema de I+D+i ustedes han planteado
una cuestión que no puede hacerse efectiva hasta el año 2015, lo que representa un contrasentido. En un momento en que la I+D+i es fundamental para poder resolver situaciones efectivas y de valor añadido, si no podemos aplicarlo hasta el año 2015,
difícilmente va a ser efectiva. Por lo tanto, aquí también existe una posibilidad de negociación con ustedes para tratar de que esto se haga efectivo en el año 2014 para todas aquellas empresas que tengan deducciones negativas y que pueda haber
retroactividad, que no se cierre la puerta a temas muy importantes y que pueden generar muchísimos puestos de trabajo en un futuro.
El señor Tardà ha planteado un tema con el que nosotros estamos totalmente de acuerdo. Incluso hemos presentado una proposición no de ley en el sentido de poder plantear una excepcionalidad dentro del Estatuto de los Trabajadores para
regular la Seguridad Social para todos aquellos voluntarios del deporte. También nos gustaría plantear un sistema especial de exención de cotización de la Seguridad Social para todos aquellos clubes y entidades sin ánimo de lucro. Esto es
interesante para los clubes catalanes pero también lo es para los clubes españoles.
Por lo tanto, señor ministro, acabo mi intervención con la posibilidad que usted ha abierto de que retiremos las enmiendas. Pero antes de hacerlo nos gustaría saber qué opina el Gobierno con respecto a los planteamientos que ha hecho
Convergència i Unió en esta intervención a fin y efecto de saber si usted ha abierto la mano desde una perspectiva general. Si el portavoz del Partido Popular especifica que en estos temas que he planteado hay posibilidad de llegar a acuerdos y,
como he dicho al principio de mi intervención, esto puede generar ilusión, confianza y puede ser un elemento efectivo para luchar contra la crisis, estaremos a expensas de lo que diga el portavoz del Partido Popular o a expensas de que el ministro
estuviera depuesto a la negociación en estos tres o cuatro temas que no presuponen menos ingresos para la Hacienda pública. Al contrario, usted, señor ministro, ha de saber que por cada millón de euros de capital ocioso que se invierta y que pase a
la economía productiva Hacienda recauda en impuestos 4,5 millones más. O sea, que la recaudación de Hacienda por los inversores de proximidad se va a incrementar sustancialmente porque se va a generar empleo, se van a generar ingresos por Seguridad
Social, se van a generar ingresos por IRPF, por impuestos especiales, por más consumo. Por lo tanto, hay estadísticas que demuestran que si ustedes potencian los inversores de proximidad también ustedes van a recaudar muchísimo más y la proporción
es de 1 a 4,5. También hay estudios estadísticos que acreditan que por cada millón de inversores de proximidad que hoy tienen un capital ocioso y que pasan a la economía productiva se generan siete puestos de trabajo a lo largo de los próximos diez
años. Por lo tanto, nosotros humildemente hemos presentado esta enmienda a la totalidad. Vamos a esperar a ver qué dice el Gobierno. Si realmente tenemos garantías de que en la tramitación parlamentaria vamos a conseguir estos objetivos que van a
redundar en beneficio de la economía productiva española, que van a generar confianza y van a atraer talento, no duden de que nosotros escucharemos estas palabras de compromiso y retiraremos esta enmienda a la totalidad.
Muchísimas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, yo también he venido en taxi y mi taxista me ha dicho algo distinto. Concretamente, por qué Rajoy no viene a explicar al Parlamento la que tiene encima. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos). Eso es lo que me ha
dicho mi taxista, señor ministro.
Este proyecto de ley es la gota que colma el vaso de la paciencia y la credibilidad de los españoles en su política económica. Por supuesto que estamos abiertos a hablar de enmiendas parciales, por supuesto, pero es una gran pérdida de
oportunidad. En muchas materias hay una diferencia clara entre lo que dicen que van a hacer y lo que luego hacen. En materia económica esa diferencia es brutal. Dicho de otra manera, se ha caído un mito: que ustedes gestionan bien la economía,
que ustedes apoyan a la empresa y que ustedes apoyan a los emprendedores. Ese es el mito que se ha caído en los meses de gobierno del Partido Popular. Dijeron que iban a bajar los impuestos a las pymes, a los emprendedores y a las familias y los
han subido. Señor ministro, cuando esta mañana ha citado a Schumpeter, yo pensaba por un momento que iba a citar a Laffer, pero no lo ha hecho. Dijeron que iban a bajar los impuestos y han subido y de qué manera, la mayor subida de la democracia.
Dijeron que con ustedes iba a venir el crédito a las pymes y a los emprendedores, y en el tiempo que llevan gobernando el crédito está decreciendo a una tasa del 7 % -anteriormente se decrecía a una tasa del 2 %-, 166.000 millones de euros menos en
crédito para las empresas y para las pequeñas y medianas empresas. Dijeron que con ustedes venía la estabilidad institucional, y son una fábrica de inestabilidad política, y eso tiene unas consecuencias desde el punto de vista económico, la
literatura económica habla de medio punto del PIB cuando se produce esa inestabilidad política. Por tanto, ni confianza ni más crédito a las empresas, han subido los impuestos y no se eliminan las trabas burocráticas, que son las condiciones
necesarias, las bases de partida para que haya recuperación económica y para que haya cambio estructural en la política económica y se gane en competitividad. Me voy a explicar en relación con este proyecto de ley.
Señorías, dijeron a los españoles que las pymes no pagarían IVA hasta que no cobraran las facturas, y eso no es verdad, han mentido, tienen que reconocerlo; esa es la letra pequeña de este proyecto de ley, tendrán que pagar el IVA, hayan
cobrado o no la factura, el 31 de diciembre del año siguiente. Pero el problema y la letra pequeña no termina ahí: la empresa con la que se contrate, la empresa que se ha acogido al régimen de IVA de caja, esa empresa grande tendrá que pagar el
IVA, no se lo podrá deducir, luego los costes en contabilidad administrativos e incluso la discriminación de esa gran empresa respecto a las pequeñas empresas que se han acogido al IVA de caja puede ser importante. Los afectados dicen que,
efectivamente, este sistema no es mejor que el anterior -me refiero a todos los agentes económicos y sociales relacionados con los autónomos, los emprendedores y la economía social en general-. El nuevo sistema implica más costes, más trabas
administrativas. La propia memoria económica dice que solamente va a afectar a 115.000 personas, solo las empresas pequeñas que contraten con la Administración. Por tanto, no es verdad que los pequeños emprendedores tengan esa ventaja que el PP
planteaba en su programa electoral y que les dijo a los españoles cuando Rajoy pronunció su discurso de investidura.
Hay otro tema que me gustaría destacar, y son las ayudas a la financiación de los emprendedores. Es un tema clave, muy importante, que forma parte de la nueva economía industrial. Se trata de ayudar para crear nuevas empresas y estamos
hablando -se ha dicho aquí- de inversiones de proximidad, de los business angels, de todo eso. Señorías, ¿saben cuántas medidas hay en este proyecto en relación con eso? Una sola medida. ¿A cuántas personas va a afectar esa medida en un tema
clave que es financiar, ayudar a crear empresas? En su memoria -lo ha dicho también el ministro en su intervención- dice que nada más y nada menos que a mil empresas, a mil. ¿Y saben cuál es el coste fiscal? 6 millones de euros. Es decir, que
frente a esa bomba atómica de 166.000 millones de euros de menos crédito en el año y medio que llevan de Gobierno, 6 millones de euros; 166.000 millones de euros menos y frente a eso 6 millones, frente a esa bomba atómica el tirachinas de Montoro,
6 millones de euros, ¡6 millones de euros, señorías! (Aplausos). Por eso les decía que es una oportunidad perdida, es una tomadura de pelo de tomo y lomo, señorías. Insisto, estamos abiertos a las enmiendas parciales, por supuesto; estamos
abiertos al diálogo.
Hay otras medidas que me gustaría señalar. Dijeron en la presentación del proyecto que se iba a preservar de las deudas a la vivienda del emprendedor, del empresario. ¿Qué le preocupa a un emprendedor, a una empresa, qué tres elementos le
preocupan en relación con las deudas? Le preocupan los bancos, le preocupa Hacienda y le preocupa la Seguridad Social. En este proyecto de ley la vivienda habitual no se escapa de los bancos ni de Hacienda ni de la Seguridad Social, lo digo por si
hay alguien
mal avisado. Efectivamente, este proyecto de ley no es nada, es una farsa, es un invento, al final es nada desde el punto de vista de ayudar a la empresa. Por eso le decía al principio de mi intervención que se ha caído un mito, que
ustedes gestionan bien la economía; se ha caído un mito, que apoyan a la empresa. Pero si les han subido los impuestos como nadie en la historia de la democracia, como nadie, y siguen, con proyectos de ley que vienen a continuación, subiendo los
impuestos al sector agroalimentario, ¡no queda títere con cabeza desde el punto de vista de los impuestos! Y frente a eso, 6 millones de euros para mil nuevos proyectos, cuando estamos hablando aquí de una nueva política industrial, señorías, ya no
solo emprendedores, ya no solo autónomos, nueva política industrial.
Puedo continuar. La sociedad limitada de formación sucesiva, interesante, tiene tantas trabas, tantos trámites, tantos condicionantes que los emprendedores no la van a utilizar; no lo digo yo, no lo dice el Partido Socialista, lo dicen los
agentes afectados. Por cierto, hay siete enmiendas a la totalidad a este proyecto -una cosa increíble, porque siempre estas leyes han salido por acuerdo, por consenso de todos los grupos de la Cámara-, siete, pero hay una, la enmienda a la
totalidad que es en realidad el dictamen del CES apoyado por todos los agentes económicos y sociales. Esa enmienda a la totalidad es el dictamen del CES, insisto, no apoyado por la Cámara, sino por todos los agentes económicos y sociales. En
cuanto a los acuerdos extrajudiciales de pagos, ¿qué les preocupa a los representantes de los autónomos y los emprendedores? El coste de la mediación independiente y el mantenimiento de las tasas judiciales. En definitiva, puede que acaben
teniendo más costes y más trabas administrativas.
Por lo que se refiere a las deducciones por actividades de investigación y desarrollo tecnológico, se le ha olvidado decir al ministro que el desarrollo tecnológico, que es muy importante, queda fuera de las ayudas y de las deducciones
fiscales. Respecto a la morosidad, también hay un paso atrás. La comprobación que tienen que realizar las administraciones en el proyecto de ley de los pagos de los contratistas con los subcontratistas no tiene carácter imperativo, no lo tiene.
Anteriormente, en el anteproyecto decían que tenía carácter imperativo, pero no tiene carácter imperativo. Lo digo para que los no avisados sepan efectivamente de lo que estamos hablando, si queda alguno. No hay una estrategia y eso nos preocupa
enormemente al Grupo Socialista, de internacionalización ni de mayor financiación a la internacionalización; ni de cambiar regulaciones para incrementar la dimensión de la empresa. Si hay un gran acuerdo, un gran consenso de política económica
aplicada en este país es el de que se necesita más dimensión para poder exportar. Nada de nada, lo único que sabemos, que ya es una evidencia, es que en los dos presupuestos del Partido Popular las ayudas a la internacionalización se han reducido
en un 34 %, un 34 %. Pero además, los créditos al ICEX se han reducido un 45 %. Esa es la estrategia de internacionalización. Aquí nos estamos jugando los pilares del futuro; estamos capitalizando o no la economía de cara al futuro.
Señorías, ni más financiación ni menos trabas administrativas ni más financiación para crear nuevas empresas relacionadas con la tecnología -las startup, el coworking, etcétera-; nada de nada. No hay más financiación, no hay menos trámites
administrativos, no hay más confianza y hay más impuestos. Esto es lo que los empresarios te dicen, esto es lo que dicen los empresarios que hay que hacer; todo lo contrario. Y esta ley surge en un contexto con una restricción de crédito de
caballo. Insisto en que en este año y medio está decreciendo el grifo de la financiación de las empresas un menos 7,3 % -en el año 2011 caía un menos 2 %-, 166.000 millones de euros, y en un contexto de una subida de impuestos a las pymes
generalizada. Por eso les decía, señorías, al principio de mi intervención que ya hay un acuerdo en la sociedad española sobre que no hay justicia a la hora de repartir los costes de la crisis por parte de este Gobierno, pero lo que empieza a
abrirse camino en la sociedad es que el Partido Popular y el Gobierno no crean riqueza, no crean crecimiento, no apoyan ni a los emprendedores ni a la pequeña y mediana empresa. Ese es el consenso que empieza a abrirse paso con su política
económica y con esta ley en concreto. Pero no solamente no crean riqueza, sino que no van a crear riqueza de cara al futuro, porque están descapitalizando el futuro de la economía española cuando reducen los recursos a la I+D, a los emprendedores y
a las becas. No solamente no hay crecimiento en el corto plazo, sino que están hipotecando el crecimiento y la capitalización de la economía en los próximos años. Por tanto, hemos planteado una enmienda a la totalidad, porque se pierde una gran
oportunidad e incluso se desnaturaliza el concepto de emprendedor. ¿Y por qué se hace al principio de la ley? Se hace porque en realidad es un totum revolutum donde se habla muy poco de emprendedores y de autónomos y más de empresa en general.
Por tanto, necesitan en el artículo 3 del proyecto de ley cambiar la definición de emprendedor y la desnaturalizan. Señorías, no apoyan a los emprendedores. Retengan la cifra: 6 millones de euros -no me lo invento yo, está en la memoria
económica-, que son bastante menos que 166.000 millones de
euros que es el menor crédito para la pequeña y la mediana empresa; 6 frente a 166.000 millones de euros menos. Por eso pedimos que se retire.
Estamos abiertos a la negociación, se lo decimos al Grupo Parlamentario Popular, por supuesto. Ahora, señorías, nada de empresa, nada de emprendedores, nada de IVA de caja, nada de que se puedan salvar los bienes del empresario, nada de
menos trabas administrativas. Nada de nada. Nada de economía, nada de presente, nada de futuro.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Saura.
En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
Mi grupo desea iniciar esta intervención lamentando la forma en que se está tramitando esta iniciativa en la Cámara: de manera muy acelerada y con trámites urgentes muy cortos que han impedido preparar las enmiendas necesarias a un texto de
esta complejidad con la calma que se requiere. Es cierto que esto es una desconsideración mínima al Parlamento comparada con la gran desconsideración de que en un régimen parlamentario el presidente del Gobierno se niegue a venir a la Cámara a dar
explicaciones ante unas acusaciones tan graves y tan documentadas como las que se están presentando. Es una desconsideración menor pero es una desconsideración que queremos señalar.
En torno al tema del emprendimiento están proliferando medidas de todo tipo. Es una pena que la teoría económica no señale ninguna correlación directa entre el número de legislación dedicada al emprendimiento y el número de emprendedores,
porque si existiese esa correlación, seríamos un país con un gran emprendimiento. Tenemos un Real Decreto 4, luego tramitado como proyecto de ley, y hoy debatiremos las enmiendas del Senado a ese proyecto de ley. Tenemos una enorme legislación
autonómica sobre la materia, hay seis leyes de emprendedores autonómicas vigentes y otras tres pendientes de trámite, es decir, nueve, y ahora tenemos esta nueva legislación. No deja de ser paradójico, porque precisamente una de las cosas de las
que más se quejan los emprendedores es del caos legislativo que hay en este país asociado a nuestro modelo territorial. Es curioso que incluso en las leyes de emprendedores, destinadas a beneficiarlos, repliquemos ese caos legislativo con todo tipo
de iniciativas sobre el emprendimiento descoordinadas y que se solapan entre sí.
Paso a debatir el texto presentado. Como se ha señalado por otros intervinientes, es un texto un tanto desestructurado, inconexo, con todo tipo de medidas, que, según nuestra valoración general, son unas medidas positivas, unas medidas
bienintencionadas que no van a perjudicar sino beneficiar el emprendimiento pero mínimamente, y ese es el problema, van a beneficiar mínimamente un campo en el que las necesidades son muy importantes. Se queda muy corta respecto a lo que sería
necesario; no es nociva, pero es insuficiente. El título I está dedicado a favorecer la iniciativa emprendedora, algo desde luego necesario en nuestro país, y para ello se plantea una serie de medidas; por ejemplo, incorporar en el proceso
educativo asignaturas, conocimientos relacionados con el emprendimiento. Esto es algo que nosotros favorecemos, también lo hemos propuesto en lo que se refiere a la educación financiera, pero vemos dos inconvenientes. En primer lugar, se está
tramitando la Lomce y tiene mucho más sentido incorporar esto en la Lomce que en la ley que aquí debatimos y, en segundo lugar, las cosas cuestan dinero y no se dota ningún tipo de recursos para formación al profesorado; no hay recursos
adicionales, se quiere hacer a coste cero y, por tanto, nos tememos que se quede en un simple brindis al sol, porque las cosas cuestan dinero, necesitan recursos y una dotación económica.
La segunda forma de favorecer la iniciativa emprendedora es decir: usted emprenda y, si le sale mal, le garantizamos que por lo menos no pierda su vivienda habitual, por un valor inferior a 300.000 euros. Esta es una idea loable, desde
luego, pero se intenta lograr de una manera seguramente poco efectiva; se crea una nueva figura, que es el emprendedor de responsabilidad limitada pero, ¿por qué no va a ser efectiva esta figura? Como han comentado acertadamente otros oradores,
cuando una iniciativa emprendedora falla, buena parte de las deudas son deudas con Hacienda y con la Seguridad Social, que aquí no están incluidas. Por otro lado, hoy es habitual, si se quiere lograr un crédito, que haya que presentar garantías
personales, y en esos créditos con garantías personales la figura tampoco pondrá a cubierto la vivienda. Por último, es probable que esta figura quede estigmatizada a la hora de pedir crédito,
que le sea más difícil lograrlo. Por lo tanto, nos tememos que pocos emprendedores van a poder acogerse a esta nueva figura por bienintencionada que sea.
La tercera forma de favorecer la iniciativa emprendedora es facilitar que constituyan sociedades; es decir, rebajar el coste de constituir una sociedad, que no haga falta una aportación inicial considerable. Aquí en nuestra opinión se está
resolviendo un problema en cierta manera inexistente, porque hoy en España existe ya la sociedad de responsabilidad limitada, que es cierto que requiere un capital mínimo de 3.000 euros, una cifra no tan considerable para una iniciativa
emprendedora, pero es que esos 3.000 euros se pueden cubrir en especies, por ejemplo con una aportación de mobiliario. Además, no hay ningún experto independiente que valore realmente si ese mobiliario vale los 3.000 euros. Por eso nos parece que
se está resolviendo un no problema, un problema inexistente, complicando la legislación, creando una nueva figura, la sociedad limitada de formación sucesiva, a la que para remate se le ponen tantas restricciones que, una vez más, nos tememos que va
a ser muy poco utilizada. Por ejemplo, en el tema de las retribuciones los socios y administradores no podrán cobrar más del 20 % del patrimonio neto, que es menos de 3.000 euros. Es decir, que su sueldo anual no puede superar los 600 euros con
estas restricciones.
La cuarta forma de favorecer la iniciativa emprendedora es un nuevo intento de la famosa ventanilla única. Se ha hablado mucho de ella, vengo oyendo hablar de la ventanilla única casi desde que estaba en la facultad, hace ya mucho tiempo,
pero parece que no se consigue. Hay un enésimo intento de lograr la ventanilla única, esta vez con un procedimiento un tanto extraño, los puntos de atención al emprendedor, de los cuales solo uno, el del Ministerio de Industria, va a tener todas
las funcionalidades; el resto no, y además algunos van a ser privados. Ojalá se consiga la famosa ventanilla única a la enésima intentona, pero lo dudamos.
En el título II entramos en el campo de los apoyos fiscales al emprendimiento. El señor ministro ha dicho que son apoyos fortísimos. Su propia memoria económica le contradice. Son apoyos de escasa cuantía y por tanto serán poco efectivos.
Se sigue con el enfoque equivocado de apoyar a la empresa cuando logre beneficios. Cuando la empresa necesita apoyos es cuando está naciendo, no cuando ya haya logrado beneficios.
Nos parece positivo y acertado que se reconozca la figura de los business angels y que se introduzca el criterio de caja en el IVA, pero de nuevo se introduce con tantas restricciones y de una forma tal, que es difícil que vaya a suponer una
gran diferencia. Es un régimen opcional, solo para empresas pequeñas que facturen menos de 2 millones de euros, pero sobre todo las empresas grandes no van a poder acogerse y es muy probable que discriminen negativamente a las pequeñas que se
acojan a este régimen, porque si contratan con las pequeñas en este régimen van a verse sujetos a una serie de inconvenientes. Por tanto, las pequeñas empresas probablemente no se acojan al régimen para evitar esa discriminación negativa de las
grandes empresas. Bienintencionado, pero poco operativo, nos tememos.
En el título III llegamos a la principal carencia de este proyecto, que es el tema de la financiación. Mi partido, como supongo que todos, se reúne con agrupaciones de emprendedores y señalan que el gran problema que tienen en España es el
crédito, y las cifras del Banco de España lo corroboran. Hoy el crédito está cayendo a una tasa mayor que nunca desde el inicio de la crisis. Con tanto anuncio del FROB y tanta declaración parece que no es así, pero hay una fuerte contracción del
crédito. Esto no se trata aquí de ninguna manera. Se podría decir: es que no podemos hacer nada. Sí, hay una banca nacionalizada a la que se le pueden poner objetivos de dar financiación a pymes solventes, hay un ICO que puede dar más avales y
garantías. Se pueden tomar medidas, como una propuesta por UPyD de capitalizar al cien por cien las prestaciones por desempleo sin límite de edad. Nada de esto figura en la ley.
En el título IV hay medidas de apoyo al crecimiento de estas iniciativas una vez que existan, centradas sobre todo en la simplificación de cargas administrativas, y de nuevo se identifica un grave problema. Las cargas administrativas son
muy pesadas en nuestro país y eso tiene que ver con nuestro modelo territorial. Hay cargas administrativas locales, autonómicas, estatales y europeas. Sin embargo, la forma de abordarlo de nuevo es muy poco ambiciosa. En vez de realizar un
catálogo de estas cargas administrativas, eliminar muchas que son obsoletas, otras que están duplicadas y otras que son innecesarias, o reducirlas, lo que se hace es crear indicadores para ver cómo evoluciona el problema, decir que si se crea una se
suprima una existente, lo que no disminuye, sino que mantiene el problema, y para remate se incluye entre las cargas administrativas algo que es muy dudoso que lo sea, que es la prevención de riesgos laborales, algo que tiene mucho más que ver con
la salud. Por último, se promueve la internacionalización de la empresa, pero lo que hay es un resumen de organismos e instituciones ya existentes -se revisan, pero
ya existían- y unos criterios poco definidos y que pueden ser arbitrarios para dejar entrar en España a emprendedores, lo que no deja de ser sarcástico cuando están huyendo masivamente de nuestro país emprendedores y personas muy formadas.
En resumen, señorías, nuestra valoración global de esta ley es que identifica bien los problemas, eso es cierto, que no va a ser nociva, que los efectos serán positivos, pero muy poco intensos, de muy poco calado, comparados con la magnitud
de los problemas que intenta resolver. Es una ley claramente insuficiente. Mi grupo no ha planteado una enmienda de devolución porque creemos que es necesaria una ley de emprendedores y porque cualquier mejora que los emprendedores puedan tener en
su situación tan apurada nos parece digna de ser tenida en cuenta, pero creemos sinceramente que esta ley debería ser enmendada en profundidad en su paso por Comisión.
Para terminar, el señor ministro citaba a Schumpeter. Una de las grandes ideas de Schumpeter era la destrucción creativa. El problema en la política económica de nuestro país es que en la parte de destrucción se ha avanzado mucho, pero en
la parte creativa, como la que hoy nos ocupa, se suele ser mucho menos ambicioso.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor presidente.
Señorías, estamos hoy ante la presentación de un proyecto de ley que nos parece enormemente trascendente para los ciudadanos dentro de lo que ha sido el objetivo fundamental desde que el Gobierno ha cambiado de política gracias a la
confianza que más de 11.000.000 de ciudadanos nos dieron hace algo menos de año y medio. El objetivo fundamental ha sido luchar contra la crisis, derrotar la crisis y volver a sendas de prosperidad y empleo que nunca debimos perder. Para eso, han
sido esenciales todas las reformas que se han presentado destinadas a la mejora de la competitividad de nuestra economía. Hoy traemos una más, pero han sido muchas las que se han presentado y han sido ya bastantes las que se han aprobado y aún
otras las que quedan por debatir, desde la reforma laboral, la reforma financiera, el sector eléctrico, la Administración pública, cuestiones que se han planteado esta mañana y que se le exigen o se le piden incorporar a este proyecto, pero que
están en otro, porque este proyecto es parte de un todo que pretende precisamente cambiar la cultura que hemos vivido en los últimos años y que ha generado una terrible crisis económica, una terrible crisis moral y una terrible crisis de
desconfianza motivada por políticas incorrectas que han llevado a la pérdida, a la destrucción masiva de empleo en este país. Por eso, este proyecto nos parece esencial en ese ámbito, un proyecto que va a apoyar a las pequeñas y medianas empresas,
que es parte esencial de nuestro tejido productivo, organizado y presentado tras el esfuerzo y la coordinación de nueve ministerios, que contiene elementos esenciales de lo que ha sido el programa electoral del Partido Popular con el que ganamos las
pasadas elecciones hace muy poco tiempo y que pretende incorporar desde el primer momento, desde las propias escuelas, un elemento esencial a los jóvenes españoles, a los niños españoles, como es esa cultura del emprendimiento como un valor
sustantivo y esencial para el desarrollo personal y social.
Hemos incorporado, como decía antes, partes muy importantes de nuestros compromisos con los ciudadanos. Ahí tenemos el principio de caja en el pago del IVA, que pretende luchar contra la economía sumergida, vencer y superar las
desconfianzas. Me alegro de que ahora algunos se sumen a esta iniciativa, otros consideren que es insuficiente, pero más insuficiente que eso es, sin duda alguna, lo que durante muchos años hicieron algunos, que era sencillamente incitar a las
administraciones públicas a no pagar a los que les prestaban los servicios, a las pequeñas y medianas empresas, y que ha sembrado de cadáveres empresariales toda la economía española. Eso es lo que han hecho algunos que hoy vienen aquí, no sé si en
taxi o en coche oficial, a hacer reivindicaciones que no tienen nada que ver con lo que ha sido su etapa en el Gobierno.
Señorías, este proyecto contiene también un potente paquete fiscal, con medidas de apoyo a los nuevos proyectos, la reinversión en la consolidación de las mismas, la promoción del I+D+i y una alternativa clara a la bancarización de nuestras
empresas a través del inversor de proximidad. Un nuevo modelo en la relación del empresario con la Administración que debe basarse en la confianza y no en la sospecha. Por eso, se perfecciona también el servicio al administrado, desde la
declaración responsable hasta la ventanilla única, son medidas que van a cambiar también esa cultura de la relación entre el emprendedor y la Administración pública.
Señorías, el proyecto de ley -y se ha hecho poca especificación de esta medida- también contempla una alternativa frente al fracaso y los problemas que muchas veces se plantean en cualquier actividad empresarial. Esto, que ha sido llamado
la segunda oportunidad, la oportunidad de volver a levantarse, se contempla en este proyecto para los pequeños y medianos empresarios, para aquellos pequeños porque para ser grande hay que ser primero pequeño, porque la historia de la economía de
este país está llena precisamente de ejemplos de personas que han sido antes que grandes pequeños, de personas que han caído pero que han tenido fe y confianza en sus posibilidades y se han vuelto a levantar para crear empresas punteras en nuestro
país. Eso es lo que nos debe mover a impulsar proyectos como este y eso es lo que nos lleva a depositar la confianza en este proyecto, algo muy importante, y nuestro apoyo y para el que pediríamos el apoyo del resto de los grupos. Esta es la
España en la que cree mi grupo parlamentario.
Yo sé que ustedes están en la España del ruido. El taxista esta mañana cuando me traía no me preguntaba sobre los ERE y por qué algún grupo que pretende dar lecciones aquí apoya y tapa los ERE a cambio de un sillón. Es verdad.
(Aplausos.-Protestas.-La señora Monteserín Rodríguez pronuncia palabras que no se perciben). Quizás mi taxista ha estado más discreto. Creemos en la España de ciudadanos que se esfuerzan, de ciudadanos que se arriesgan, que son solidarios porque
crean empleo para ellos y para los demás, que en ocasiones fracasan pero que se vuelven -como decía antes- a levantar. Para eso hemos introducido una modificación de la Ley Concursal que no cree solo en la liquidación de las empresas como un
fenómeno para resolver los problemas, sino que hemos introducido el mediador concursal, una figura muy importante y que lamento que los grupos no hayan entendido como tal para permitir solventar situaciones concretas y oportunas en momentos que han
llevado a la liquidación de muchas empresas. Un último paquete -me van a permitir que lo comente antes de que hable de las enmiendas de los grupos- ha sido la internacionalización. La internacionalización de la pequeña y la mediana empresa, la
coordinación de nuestro servicio exterior, de los diferentes elementos financieros que durante mucho tiempo han constituido un verdadero marasmo que hacía imposible acceder, a pesar de tener más disposiciones presupuestarias al crédito para muchas
empresas. El servicio al talento de nuestras pequeñas y medianas empresas, que busca en este bloque de internacionalización de esta ley el talento fuera. Esto supone, señorías, un cambio en la tradicional política de inmigración de nuestro país,
una política que en el pasado se basó en la entrada masiva, en la entrada de mano de obra barata, en la regularización como una componenda para aquellas personas que muchas veces resistían explotadas, y que ahora introduce en este proyecto de ley
nuevas figuras de visados para aquellos que quieren venir aquí a tener una oportunidad de emprendimiento, de creación de empleo, de inversión, de apoyo a los demás y para traer y aligerar la llegada del talento cualificado. Señorías, para eso se
han introducido esos nuevos visados. Quería insistir en esta parte del proyecto porque me parece de extraordinaria relevancia e importancia.
Sus señorías han presentado enmiendas, algunos enmiendas a la totalidad, otros grupos han sido más prudentes -quiero agradecérselo- y han visto elementos positivos en este proyecto. A aquellos que lo han hecho les agradezco su intención y
les manifiesto aquí que intentaremos llegar a acuerdos con las aportaciones que ustedes nos hagan en el trámite de enmiendas. También quiero habilitar un ofrecimiento sincero al resto de los grupos parlamentarios, a aquellos que han presentado sus
enmiendas a la totalidad con buena fe, especialmente a aquellos que lo han hecho con un texto alternativo, porque así es más fácil -¿verdad, señor Saura?- conocer lo que se propone. Está muy bien venir aquí y hacer todas las descalificaciones o a
lo que el señor Garzón nos tiene acostumbrados, la verborrea del eslogan, la pancarta y la camiseta, pero hay que ir de las musas al teatro. (Rumores.-Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben). Si su modelo de crecimiento, señor
Garzón, es el de Andalucía, donde han alcanzado desde que ustedes han llegado al Gobierno y a compartir poltrona el récord de paro más intenso que jamás se ha producido en Andalucía, apaga y vámonos. (Aplausos.-Rumores.-El señor Sixto Iglesias:
Otros cobran en sobres). Ese es su modelo, señor Garzón. Nosotros, señorías, vamos a tener en cuenta las enmiendas y las propuestas de los grupos que lo han hecho.
Quiero decirle al Grupo de Esquerra Republicana que vamos a estudiar con intensidad y con sinceridad las aportaciones que nos hagan en lo que se refiere a la economía social y al voluntariado; también lo que ha propuesto o comentado en el
ámbito de los clubes deportivos. Al Partido Nacionalista Vasco quiero decirle que no tenga temor a que este proyecto de ley sea un proyecto uniformador. No lo es; no lo es porque contempla y respeta las competencias de las comunidades autónomas,
por ejemplo en algo que ha planteado usted como es la emisión de cédulas. No obstante, si usted en el trámite de enmiendas nos planteara alguna consideración específica sobre las competencias de las haciendas forales y de las comunidades autónomas
que tienen competencias específicas en este asunto, no le digo que no lo vayamos a mirar, y lo vamos a
intentar incluir en el proyecto de ley siempre que tenga sentido. Me van a permitir que las últimas palabras las tenga hacia el Grupo de Convergència i Unió. Señor Sánchez i Llibre, créame, no he hablado con su taxista. Me gustaría, de
verdad, dejar tranquilo a su taxista y, para eso, voy a intentar llegar a un acuerdo con usted, porque me parece muy importante lo que usted ha planteado. Hemos tenido la oportunidad de hablar en los momentos previos a mi intervención y a la
intervención del ministro, y creemos que en su texto alternativo -esto está muy bien, porque cuando hay un texto alternativo se está pasando de las musas al teatro y se puede opinar sobre cosas concretas- hay elementos positivos en lo que se refiere
al inversor de proximidad, donde podemos llegar a acuerdos y a puntos de acercamiento. En lo que se refiere a las bonificaciones, tiene el compromiso del Ministerio de Trabajo y de la ministra -usted lo conoce- de estudiar las bonificaciones dentro
de lo que suponga mantener el equilibrio de la Seguridad Social, que es algo muy importante para nosotros, especialmente en unos momentos en los que la Seguridad Social está en déficit. Estudiaremos también aquello que nos ha planteado sobre la
inembargabilidad de determinado tipo de rentas, el I+D+i y también, por supuesto, alguno de los elementos que nos parecen de sentido común para favorecer el emprendimiento y el impulso de la creación de empleo en nuestro país. Todo eso lo vamos a
ver, y ese es nuestro compromiso. Por eso, tanto a usted como al resto de los grupos que han presentado enmiendas a la totalidad les pediría un voto de confianza y que retiren sus enmiendas.
Señorías, para acabar, la mejor política social es la que sirve para crear empleo. Mi grupo cree en una sociedad justa, libre y solidaria en la que se premie el talento, el trabajo, el esfuerzo y la imaginación. Hay otros que creen en la
uniformidad por abajo. Ese no es nuestro modelo. A eso van encomendadas y dirigidas todas nuestras medidas y todas nuestras reformas. Este proyecto de ley que hoy ha presentado el ministro de Hacienda, al que quiero dar las gracias por su
esfuerzo y su exposición, tiene precisamente un objetivo que es en un marco amplio legislativo cambiar las cosas para que nuestro país vuelva a ser lo que ha sido, un país líder en creación de empleo, líder en crecimiento y ejemplo para muchos otros
países, como lo fue en el pasado.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hernando.
Tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Tomo la palabra para manifestar que nuestro grupo va a confiar en las manifestaciones del ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, en las manifestaciones que hizo ayer la ministra de Trabajo y en el compromiso del portavoz del
Partido Popular, Rafael Hernando, en el sentido de que todos estos aspectos que ha manifestado los vamos a negociar en la Comisión. Por este motivo, tal y como hemos planteado, vamos a retirar la enmienda a la totalidad.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Señor presidente, atendiendo al hecho de que el Partido Popular se ha comprometido a abrir la ley a la economía social, y también atendiendo al hecho de que se ha comprometido a estudiar todo aquello que nosotros
hemos reclamado respecto a los peinados fiscales que hoy se están llevando a cabo en los clubes deportivos en todo aquello que afecta al voluntariado, atendiendo a esos dos compromisos, nosotros también retiramos nuestra enmienda a la totalidad.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tardà.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES.
- REAL DECRETO-LEY 7/2013, DE 28 DE JUNIO, DE MEDIDAS URGENTES DE NATURALEZA TRIBUTARIA, PRESUPUESTARIA Y DE FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN. (Número de expediente 130/000037).
El señor PRESIDENTE: Pasamos ya a examinar el siguiente punto del orden del día: Real decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la
investigación, el desarrollo y la innovación. Para presentar el real decreto-ley, tiene la palabra el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señor presidente, quiero comenzar mis palabras agradeciendo y reconociendo públicamente el valor que tiene la retirada de las enmiendas a la totalidad por parte de
los grupos políticos que lo han hecho, también reafirmando los compromisos que sustentan esa retirada y demostrando que el diálogo político es fructífero y debe completar en todo caso iniciativas de gran alcance social como son las que estamos
debatiendo en la mañana de hoy; además de agradecérselo públicamente a los grupos que han apoyado la anterior ley. Traigo a la consideración de la Cámara el Real decreto-ley de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y relativas
también a I+D+i y que, por tanto, aborda diferentes aspectos y contenidos. Al final me referiré también a la necesidad de urgencia que está detrás de este proyecto de ley que ya ha tomado forma de decreto-ley. En primer lugar, quiero recordar a la
Cámara que el esfuerzo fiscal realizado en el año 2012 era inaplazable ya que se daban características específicas que requerían una actuación muy decidida. Las cuentas públicas cerraban el ejercicio 2011 con una desviación del déficit público muy
notable respecto del programa de estabilidad del Reino de España. Además la economía estaba ya en recesión en el último trimestre de ese ejercicio 2011 como lo ha continuado estando hasta prácticamente el segundo trimestre del año 2013.
Necesitábamos, por tanto, en clave de país un esfuerzo de consideración contundente que dejara claro el compromiso con el rigor presupuestario y estableciese la credibilidad en el control de las cuentas públicas. Así, la estrategia de saneamiento
de las cuentas públicas a medio plazo tenía que basarse en actuaciones contundentes en las que el esfuerzo de corregir los desequilibrios presupuestarios se centrase en los primeros años, con objeto de recuperar la credibilidad perdida y mantener
abierto el acceso a los mercados de capitales. Algo que hoy es una realidad que constatamos satisfactoriamente.
Completada esa fase, resultó necesario continuar con la senda de consolidación fiscal incorporando una serie de medidas que son necesarias, urgentes, extraordinarias, comprometidas algunas de ellas en el programa de estabilidad del Reino de
España que abarca el periodo 2013-2016. Primero, en materia de impuestos especiales, en lo que se refiere al impuesto sobre labores de tabaco el decreto-ley programa una modificación de tipos de forma que se reestructura la imposición fiscal de las
labores de tabaco para producir un rebalanceo de la estructura fiscal confiriendo más peso al tipo específico frente al ad valorem. Esta es la tendencia que estamos siguiendo desde el comienzo de esta legislatura para que España tenga una
estructura impositiva con un mayor peso del elemento ad valorem o proporcional, que es lo que rige en la gran mayoría de los países de nuestro entorno. El consumo de tabaco implica, contiene, externalidades negativas y los impuestos que gravan ese
consumo no deben depender tanto de su precio. Ese es el motivo de ese rebalanceo de su estructura fiscal, confiriendo más peso al tipo específico frente ad valorem. Como consecuencia de la modificación el precio de una cajetilla de cigarrillos
aumentará en 15 céntimos y la razón de dicha subida es que la fiscalidad mínima pasará de 2,48 euros por cajetilla a 2,57 euros.
En segundo lugar, en lo que se refiere al impuesto sobre bebidas alcohólicas se modifican los tipos. En materia de tipos especiales el real decreto-ley introduce modificaciones en la imposición sobre las bebidas alcohólicas que forman parte
del ámbito objetivo del impuesto sobre productos intermedios y del impuesto sobre alcohol y bebidas derivadas elevando su tributación en un 10 %, tanto en Canarias que tiene tipos impositivos diferenciados como en el resto del territorio español,
excepto Ceuta y Melilla, donde el impuesto no es exigible. Además tengo que destacar que esta subida no afecta ni a la cerveza ni al vino, que tienen un impuesto cero. Ya he descrito las características y la justificación estriba obviamente en la
necesidad de estabilizar las cuentas públicas a través de una mayor recaudación tributaria, pero también en términos de que se trata de gravar el consumo de alcohol a través de unos tipos impositivos que se encuentran entre los más bajos de la Unión
Europea. Aquí tengo una escala ordenada de los tipos de gravamen del alcohol en la Unión Europea, y se puede ver cómo España es el quinto país por la cola; es decir, que tiene el gravamen más bajo en comparación a lo que es habitual, como les
digo, en los países de la Unión Europea. Por tanto, el camino es este, es el que ha elegido el Gobierno a través de un decreto-ley precisamente para que tengan efectos recaudatorios de manera inmediata. Junto a esta subida de impuestos especiales
figuran las medidas urgentes también en materia tributaria relativas a fortalecer el presupuesto de investigación, desarrollo e innovación: concesión de suplemento de crédito por importe de 104 millones de euros, 79 millones de euros para el Plan
anual de actuación del año 2013, 71 millones de euros que van destinados para el Fondo nacional para la investigación científica y técnica, 8 millones
de euros para el apoyo a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el sistema CTE -ciencia, tecnología y empresa- y 25 millones de euros para la Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC. El
Plan anual de actuación de investigación e innovación para 2013 fue aprobado el 1 de febrero, la estrategia española de ciencia y tecnología e innovación y el Plan estatal de investigación científica y técnica y de innovación. Así quedó allí
establecido el marco sobre el que se desarrollará la I+D+i durante los próximos años. Estas medidas son dotaciones presupuestarias que vienen a concretar el desarrollo, haciendo posible y factible la financiación de diferentes ámbitos de este plan
nacional. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).
En el ámbito del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el decreto-ley programa la concesión de un suplemento de crédito por un importe total de 128.972.249,86 euros que van destinados a la realización de obras de
emergencia y otras actuaciones inversoras. A reparación de daños por intensas lluvias va un crédito de 39,9 millones de euros. Es conocido que también hemos tenido la fortuna de que tanto el otoño como el invierno, y especialmente la propia
primavera, haya sido la más lluviosa de la historia de España, sin embargo, hay un lado negativo de esa cuantiosa lluvia que es la reparación de infraestructuras, y de infraestructuras del agua, que hay acometer.
También hacemos frente con una parte del total del crédito que he mencionado, en concreto la reparación de daños por intensas lluvias, creo recordar que he dicho que va al crédito de 39,9 millones de euros y a actuaciones realizadas en
ejercicios anteriores va un crédito de 61 millones de euros. Se trata de pagar esos compromisos que están radicados en la gestión ordinaria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en particular de la Dirección General del
Agua, con todo lo que representa la dificultad de su realización, y a la reposición de la flota de aviones de lucha contra incendios forestales va un crédito de 28 millones de euros. Se trata de adquirir nuevos aparatos destinados a la lucha contra
incendios forestales habida cuenta de la antigüedad, del envejecimiento de los cinco aviones anfibios que han venido siendo utilizados hasta este momento.
En el nuevo marco jurídico de entidades del tercer sector acometemos una reformulación del marco legal de las subvenciones de los programas de interés social que se financian con el 0,7 % del IRPF. Con el objeto de dotar de mayor coherencia
sectorial a la gestión de los programas de interés social financiados con el porcentaje de la asignación del IRPF y conseguir que los fines a los que se destina la citada asignación queden circunscritos dentro de unos principios rectores
prioritarios, se evoluciona desde la tradicional estructuración de los programas por colectivos protegidos a otra basada en la existencia de cinco ejes en el seno de los cuales se articulan las actuaciones y por tanto los programas. Se definen de
esta forma las actividades que se pueden financiar como actividades de interés general revestidas de interés social, teniendo en cuenta las previstas en el artículo 4 de la Ley 6/1996, de 15 de enero, del voluntariado. Son los siguientes:
protección del medio ambiente y la cooperación al desarrollo; atención a las personas con dificultades de acceso a los servicios sanitarios o con necesidades de atención integral sanitaria; atención a las personas con necesidades educativas o de
inserción laboral; promoción de la integración y, en su caso, reinserción de las personas en situaciones de riesgo de exclusión y prevención de la delincuencia. En otro orden de cosas se hace mención expresa de quiénes son las posibles entidades
beneficiarias al hacer referencia a la Cruz Roja Española y demás entidades u organizaciones no gubernamentales que desarrollen las actividades mencionadas anteriormente y que reúnan los requisitos que se determinen reglamentariamente.
La creación de la figura de las entidades del tercer sector colaboradoras con las administraciones obedece, en un contexto de restricciones presupuestarias, a la necesidad de que las administraciones públicas busquen aliados para lograr la
satisfacción de los intereses generales y estos, en puridad, son las entidades del tercer sector como garantes de una naturaleza vertebradora de la sociedad civil. Se considera prioritario disponer de un instrumento que permita garantizar la
sostenibilidad interterritorial en el ámbito de las políticas sociales por parte del Gobierno de la nación, siendo esta a su vez una petición prácticamente unánime de las principales entidades del tercer sector de acción social. Por tanto, estamos
dando respuesta a lo que nos demandan esas entidades. Este nuevo marco viene amparado competencialmente en el artículo 149.1.2.ª, así como en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución española en cuanto a la creación de la figura de carácter básico
de las entidades colaboradoras con las administraciones públicas. En puridad se persigue superar mediante un nuevo título competencial el cuestionamiento que el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia ha hecho de la gestión por parte de
la Administración General del Estado de las subvenciones de los programas de interés general, alegando que la misma no viene amparada por ese título competencial ni genérico ni específico. En este
real decreto se crea la categoría de entidad del tercer sector colaboradora con la Administración pública, cuya resolución de reconocimiento deberá ser objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado. Estas se definen como aquellas
organizaciones o entidades sin ánimo de lucro que desarrollan programas en el marco de las actividades de interés general recogidas en el artículo correspondiente.
¿Por qué hacerlo a través de un decreto-ley? Sencillamente, señorías, para dar prioridad a la ejecución de las subvenciones del programa de interés social que se financian con el 0,7 % del IRPF, y poder ejecutar el presupuesto del año 2013.
Esta es la razón de la prioridad que damos a esta cuestión que entendemos que queda resuelta en el planteamiento que traemos hoy a la Cámara. En ningún caso, serán reconocidas como entidades del tercer sector colaboradoras con la Administración
General del Estado los organismos o entidades públicas adscritas o vinculadas a una administración pública, las universidades, los partidos políticos, los colegios profesionales, las cámaras oficiales de comercio, industria y navegación, las
sociedades civiles, las organizaciones empresariales y los sindicatos. En otro orden de cosas -voy llegando al término del contenido del decreto-ley-, también contiene la definición de los criterios para el cálculo del índice de evolución de los
ingresos tributarios del Estado para la liquidación de la participación de las entidades locales en tributos del Estado del año 2011. Se trata de una cuestión menor, de corregir un error formal que se había producido.
Es importante la modificación del artículo 7 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, de 17 de noviembre, mediante este real decreto. La citada modificación se refiere a la disposición adicional segunda de la Ley orgánica de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera, que regula la responsabilidad por incumplimiento de normas de derecho comunitario. Esta disposición es muy importante porque permite repercutir a las administraciones públicas que hayan incumplido la
normativa europea todas aquellas sanciones impuestas al Reino de España derivadas de dicho incumplimiento. De forma que estamos concretando la responsabilidad de la Administración incumplidora, que es la que tendrá que sufragar los costes. La Ley
General de Subvenciones regula a su vez, en su artículo 7, la responsabilidad financiera derivada en materia de gestión de fondos procedentes de la Unión Europea, no ajustándose el procedimiento allí previsto a lo dispuesto en la disposición
adicional segunda de la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Es necesario modificar este artículo 7 con el objeto de establecer la competencia del Consejo de Ministros para resolver los procedimientos incluidos
dentro del ámbito de aplicación de la disposición adicional segunda de la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, regular el procedimiento y órgano competente aplicables en el cese de responsabilidades financieras
distintas a las previstas en la disposición adicional segunda de la misma ley orgánica, y eliminar la dispersión normativa existente, que es excesivamente abundante y no tiene mayor sentido; todo ello urgente y necesario, ya que estos
procedimientos de repercusión de responsabilidades deben iniciarse ya, pues el Reino de España ya ha sido condenado por incumplimiento de obligaciones en determinadas ocasiones, por tanto, hay que trasladarlas a la Administración competente.
Por último, también se modifica el artículo 6.6.9 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para variar el importe a depositar por los postores para concurrir a la subasta de bienes inmuebles, en este caso para facilitar a esos postores, pasando el
porcentaje exigido en esa subasta del 20 al 5 %.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.
En fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Mixto, señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, tomamos la palabra para posicionar al Bloque Nacionalista Galego en relación con este real decreto y ya anunciamos que va a ser un voto en contra por varias razones. Vuelven ustedes a hacer un real decreto-ley en
el que incluyen cuestiones menores -en algunas podríamos estar de acuerdo- y otras de enjundia, que nosotros entendemos que habría que abordar con un proceso de tramitación de proyecto de ley, por lo tanto, tratarlas con la suficiente calma pero
sobre todo también con la suficiente profundidad. Es el caso, por ejemplo, señor ministro, de las medidas que se recogen en el capítulo I, las medidas tributarias, y no tanto por lo que representan sino porque entendemos que el Gobierno vuelve a
estar dando palos de ciego, tomando medidas que además son de baja eficacia desde el punto de vista de los ingresos del Estado. Sigue empeñado en no afrontar una modificación de nuestro sistema fiscal, de manera que, además de hacerlo eficaz para
los ingresos del Estado, fuera un sistema más progresivo, con mayor distribución fiscal, con mayor distribución de la imposición fiscal y, sobre todo, eliminando muchas de las inequidades que en este momento existen, como la que mencionábamos en el
debate de la anterior iniciativa, en relación con el impuesto sobre sociedades. Por lo tanto, señor ministro, nuestra posición respecto a estas modificaciones nos parece que no puede ser favorable, precisamente porque ustedes no están
haciendo con el sistema tributario del Estado lo que deberían hacer.
Por otro lado, señor ministro, no podemos compartir para nada lo que ustedes recogen en el artículo 2 relacionado con el 0,7 % del IRPF dedicado a los asuntos de interés general, fundamentalmente dirigidos a actuaciones sociales, porque
usted sabe, señor ministro, que desde el BNG hemos presentado distintas iniciativas para que este 0,7 % fuera transferido íntegramente a las comunidades autónomas, en tanto que estas son las que tienen que gestionar los servicios sociales. Esta
parte del IRPF debería ir dirigida a las comunidades autónomas para que ellas fueran quienes gestionaran estos fondos, por lo tanto no podemos compartir esta cuestión. Tampoco, señor ministro, podemos compartir lo que se recoge en el capítulo III,
artículo 6, relativo a la partida para el Plan de investigación de ciencia y lo correspondiente a cubrir las necesidades de financiación del CSIC, por varias razones. Por un lado, es evidente que el que el Gobierno tenga que tomar esta medida en
este real decreto-ley pone de manifiesto su nulo compromiso con la financiación de I+D+i, como hemos dicho en muchísimas ocasiones. En el caso concreto que nos ocupa en este real decreto ustedes incorporan aquí una determinada cuantía para afrontar
determinados programas en I+D+i pero no resuelve para nada esa falta de financiación que el Gobierno tiene con la investigación y el desarrollo. Creemos que el Gobierno debe asumir con mayor responsabilidad y con mayor compromiso financiero un
asunto tan importante, sobre todo, como se ha dicho en muchísimas ocasiones, que necesita resolver y cubrir este Gobierno en este Estado. Por otro lado, señorías, señor ministro, la cuantía que ustedes destinan a cubrir las necesidades de
financiación del CSIC es a todas luces insuficiente; no lo decimos nosotros. Después de que el Gobierno haya acordado esta partida presupuestaria, el propio CSIC -no solo en cuanto a Galicia, que también, sino en general- reconoce que es un
alivio, pero que no resuelve las dificultades de financiación que tiene el servicio. Señor ministro, el Gobierno debe ser consciente de la importancia de esta institución, sobre todo en cuanto a la investigación. El Gobierno no puede permitir que
una institución como esta cese en su actividad de investigación que le corresponde como tal, que el Estado abandone la investigación, como sucedería si el CSIC paraliza su tarea. Por lo tanto, no podemos compartir esta cuestión en la medida que es
insuficiente y que sigue dejando al CSIC sin capacidad de resolver su déficit financiero en estos momentos.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández.
Por el mismo grupo, señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, quizá nos hubiera interesado más -lo entenderá perfectamente cuando vea cuál es mi interés- hablar de este tema, además de con usted, con la ministra señora Mato. Desde los tiempos en que gobernaba el Partido Socialista
Obrero Español, algunos grupos parlamentarios, como Esquerra Republicana, Convergència i Unió, los compañeros de Izquierda Unida, sobre todo los compañeros de Iniciativa per Catalunya Verds, y también otros del Partido Socialista de Cataluña,
siempre habíamos intentado que desde la Administración General del Estado se revisara todo aquello que tiene que ver con el destino de los recursos que se recaudan a través de la casilla del IRPF para fines sociales. Este es un debate que viene de
lejos. Yo recuerdo que en el año 2004, cuando los republicanos teníamos incluso mayor presencia que ahora, iniciamos esta reivindicación de la territorialización con la que hacía ya años que estaba bregando Carles Campuzano. Lo hemos trabajado
mucho junto con la diputada Esperança Esteve, con Carme García, entonces diputada de Iniciativa per Catalunya Verds, y el Partido Popular no nos ha engañado nunca en ese sentido. Dicho partido entendía que era necesaria la territorialización.
También es cierto que encontramos muchas dificultades en el Partido Socialista Obrero Español. Permítanme que haga un poco de historia para legitimarnos.
En su día alcanzamos un acuerdo con el Partido Socialista Obrero Español, pero transcurridas veinticuatro horas llegaron órdenes desde su sede para que los acuerdos que habíamos conseguido con el Grupo Parlamentario Socialista quedaran en
agua de borrajas. Es decir, estamos trabajando en ello hace muchos años -es cierto que en ese sentido no nos han engañado-. ¿Qué es lo que nos preocupa ahora? En este real decreto-ley hay un capítulo II que viene a plantearnos una vuelta de
tuerca, puesto que ahora lo que se entierra ya no es la territorialización -estamos hablando de las aportaciones solidarias, voluntarias, de la ciudadanía- sino que nos encontramos con un cambio de paradigma. Ahora, atendiendo a su espíritu
centralista, lo que ustedes plantean no es tanto un debate de carácter económico,
de cómo hacemos las partes sino que lo que hacen es modificar el ADN del sentido que tienen estos recursos, que teóricamente tienen que rentabilizar más en la medida en que están situados en la cercanía, donde se produce o se vive el
sufrimiento, porque son recursos que la ciudadanía aporta voluntariamente para llegar donde la Administración no puede hacerlo. La verdad es que estamos muy preocupados porque no nos lo esperábamos que hubiera esta voluntad de decidir cuáles son
las entidades que serán susceptibles de articular con la Administración General del Estado la gestión de estos recursos. No lo entendemos porque no tiene nada que ver con la distribución en el Estado compuesto en que vivimos y que teníamos hasta
ahora. No les entendíamos respecto a la territorialización de los recursos, pero ¿nunca habían dicho ustedes nada? No recuerdo ningún debate en el cual se introdujera este nuevo parámetro. Es decir, estamos en otra fase, que es la de un
centralismo sin parangón. Nunca había oído hablar a ningún compañero del Grupo Popular en todos los debates que hemos tenido -algunos ciertamente muy duros- respecto al 0,7, nunca habían dado ninguna pista de que iban a ir hacia donde van ahora.
De manera que entenderán nuestra sorpresa, y ahora nos alejamos totalmente de cualquier posibilidad que hayamos tenido de alcanzar un acuerdo con los argumentos anteriores. Estamos hablando de entidades de ámbito estatal, pero esto es una locura.
Es cierto que la existencia de algunas ONG de ámbito estatal, como Cruz Roja y la ONCE -más las nomenclaturas madrileñas, porque si se hablaba con la Cruz Roja de Barcelona a veces no decía lo mismo que la nomenclatura de la Cruz Roja en Madrid y
otras entidades de ámbito estatal-, habían sido o eran un corsé para avanzar en este proceso de descentralización de la gestión y de los recursos. Ahora parece que a estas entidades les ponen un frac o el esmoquin y anuncian a las otras que si
quieren tener éxito que se lo vayan comprando. Esto no tiene nada que ver con la distribución actual. Esto es de locos, señor Montoro, no lo entendemos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchas gracias, señor Tardà.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señora presidenta.
Lo principal del Real Decreto 7/2013 que nos ocupa es que trae a esta Cámara una nueva subida de impuestos. La primera pregunta que deberíamos hacernos es por qué. Solo se me ocurren dos respuestas, la primera de las cuales me apresuro a
descartar: una es que el señor ministro padezca algún tipo de sadismo y le guste subir los impuestos, pero él nos ha dicho muchas veces que no es así, que sufre terriblemente cuando los sube; y la segunda -que es la que yo creo- es que la marcha
del déficit público no debe ir tan bien como continuamente se nos dice cuando hay que tomar sobre la marcha medidas extraordinarias como estas. Los impuestos que se nos propone subir -tabaco, bebidas alcohólicas- son fáciles de justificar con
criterios de salud, criterios de externalidades negativas; pero no nos engañemos, porque se están subiendo con fines eminentemente recaudatorios. A este respecto cabe recordar que en el tabaco es la cuarta subida impositiva que aplica este
Gobierno y que esta vez es para las variedades más baratas. Voy a intentar traducir al castellano coloquial lo que el ministro decía. Él hablaba de un rebalanceo entre el tipo específico y el ad valorem; lo que eso quiere decir es que como ha
subido los impuestos repetidamente la gente que fuma ha ido a variedades más baratas por falta de renta y ahora se sube también el impuesto de estas. Esto, por cierto, va a agravar uno de los problemas importantes que aqueja al sector, que es el
del contrabando, sobre todo en zonas fronterizas, en particular en la zona limítrofe con Gibraltar. En cuanto a las bebidas alcohólicas se aplica una subida del 10 %. Hay un sector que se va a ver muy claramente afectado por estas medidas, que es
el hostelero, precisamente, uno de los sectores clave relacionado con el turismo y en plena campaña de turismo veraniego. Deberíamos tener en cuenta, además, que estas subidas impositivas no son en lugar de otras subidas, porque se podría decir que
se van a subir los impuestos al tabaco y a las bebidas alcohólicas porque es preferible subir esto, por motivos de salud, en vez de subir el IVA y triplicarlo o subir el impuesto de bienes inmuebles. No, estas subidas se suman a todas las
anteriores. Llevamos más de treinta subidas de tipos impositivos, y esto una y otra vez ahoga las posibilidades de recuperación. Se nos anuncia la recuperación, y cuando parece que puede producirse se toman medidas que continuamente van en la
dirección de ahogarla -en este caso en el sector clave del turismo-, por eso no es tan sorprendente que instituciones como el Fondo Monetario Internacional vayan aplazando el momento de esa recuperación. El Gobierno con una mano nos anuncia la
recuperación y con otra toma medidas activas para hacerla cada vez más complicada.
Siguiendo en el ámbito presupuestario, hay otro bloque de medidas en el real decreto que esta vez tienen que ver con el lado del gasto público, la otra mitad del presupuesto; son medidas no de gran calado
pero muy reveladoras, porque cuando se discutieron los Presupuestos Generales del Estado, Unión Progreso y Democracia señaló que se estaba recortando de manera brutal en gastos esenciales, y que eran además insostenibles. Aquí tenemos la
prueba de qué es lo que se estaba recortando, porque ahora hay que dar suplementos de crédito ya que se había recortado de manera brutal, como digo. Son cuestiones tan esenciales como lo que tiene que ver con las infraestructuras del agua y los
embalses. Además se nos dice que son gastos que se derivan de actuaciones de ejercicios anteriores, es decir, que ni siquiera eran impredecibles; se recortaron con una gran falta de previsión. Otras cuestiones son la lucha contra incendios -ahora
se va a aumentar la flota en una unidad- y la investigación. El buque insignia de la ciencia española, el CSIC, está en una situación lamentable; hay riesgo de perder proyectos que, a su vez, permiten lograr fondos europeos; hay riesgo de que se
destruyan grupos de investigación consolidados. Está en una situación de emergencia, como cualquiera puede leer a diario en la prensa. Para remate, el Gobierno tiene el humor negro de aprovechar que hay una mínima dotación de recursos para poner
en el título del real decreto que este es de fomento de la investigación y desarrollo de la innovación. Pues bien, en los dos Presupuestos Generales del Estado que elaboró el ministro de Hacienda el recorte en gastos de I+D ha sido de 2.500
millones, y de ellos se devuelven ahora 25 al CSIC, un 1 % de lo recortado. Si devolver un 1 % de lo recortado es fomentar la ciencia, que venga Dios y lo vea.
Junto a estas medidas de ingresos y gastos públicos hay otros dos asuntos que incluye el real decreto. Uno tiene que ver con una modificación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, de forma que si las administraciones
territoriales que gestionan fondos europeos son multadas, porque los gestionan de manera inadecuada, la multa no la pagará el Estado, como hasta ahora, sino la Administración responsable. Nos alegra mucho esta decisión y, de hecho, venimos
defendiéndola desde hace años. Ya que hoy el protagonismo parece ser de los taxistas, imaginemos que le decimos a un taxista: Hoy vamos a tomar una medida; si una comunidad autónoma es multada por Europa va a pagar ella la multa en vez del
Estado. El taxista, con gran sentido común, nos diría: ¿Es que hasta ahora no era así? ¿Quién hizo que no fuese así? Continuamente nos dicen que el Estado autonómico es perfecto, que no está mal diseñado, que no necesita rediseños. No hay mejor
ejemplo de ello que el hecho de que hasta ahora una administración era multada y el Estado pagaba por ella. ¿Quién ha permitido llegar hasta esta situación que ahora estamos corrigiendo? ¿Por qué?
Por último, hay medidas referidas al tercer sector. Nos parece muy bien que se reconozca el papel de entidades colaboradoras de la Administración General del Estado a ciertas entidades que hacen una importante labor social, y que así se va
a ver facilitada. Podría tener sentido que la asignación tributaria del IRPF, el conocido 0,7 %, vaya a unos ejes prioritarios, pero esto de los ejes prioritarios nos plantea dos problemas. En primer lugar, los ejes prioritarios coinciden con
áreas en que ha habido muy importantes recortes en los Presupuestos Generales del Estado (atención sanitaria, inserción laboral o necesidades educativas); de nuevo se devuelve una mínima parte de lo que se ha recortado por otras vías. Por otro
lado, lo que aquí se hace contradice una respuesta del señor Rajoy a nuestra portavoz, Rosa Díez, cuando se comprometió en la Cámara, ante una pregunta oral, a dedicar todo lo recaudado por el 0,7 a pobreza infantil. Nunca entendimos esta propuesta
porque quedarían desatendidas otras necesidades sociales, pero aquí queda claramente de manifiesto que no va a ser así. Es cierto que todos sabemos que el señor Rajoy tiene preguntas mucho más importantes que contestar que esta, pero esta también
debería ser respondida en algún momento.
Terminando con una valoración global de este real decreto de medidas fiscales. Hay una nueva subida de impuestos, la enésima de este Gobierno, en este caso le toca el turno a la hostelería; nos encontramos con la situación habitual, que se
suben los impuestos a los de siempre y se salva a los de siempre con medidas como la infausta amnistía fiscal que este Gobierno aprobó. Estas medidas, insistimos, en opinión de nuestro grupo dificultan la recuperación una y otra vez. Por el lado
del gasto se pone de manifiesto que se han tomado en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 y 2013 unas medidas de recorte en gastos esenciales como la I+D, y el real decreto lo prueba de manera palmaria. Por tanto, consideramos que no solo
estamos votando estas medidas concretas sino que se enmarcan en una política fiscal más general que rechazamos de pleno. En consecuencia, también votaremos que no a este real decreto. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Anchuelo.
Por el Grupo de Izquierda Plural, señor Garzón.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Gracias, señora presidenta.
Dijo Marx que la historia se repite dos veces, la primera como tragedia y la segunda como farsa. Nuestra tragedia particular la tuvimos el 30 de enero de 2011, apenas inauguraba el Gobierno su legislatura
y nos trajo una subida de impuestos muy importante que contradecía absolutamente el programa electoral con el que el Partido Popular se había presentado a las elecciones. Después de aquella primera traición a su electorado, después de
aquella primera ruptura con el hilo de legitimidad que le unía a la ciudadanía, no hemos tenido sino una sucesión permanente de farsas, de subidas parciales de impuestos desde entonces contradiciendo claramente el programa electoral pero también la
supuesta filosofía y la supuesta ideología liberal del partido que da soporte a este Gobierno. Ahora nos encontramos con una nueva subida de impuestos, y además regresiva, porque hace menciones a impuestos indirectos, que no dependen de la riqueza
ni de la renta de la ciudadanía sino del consumo. Esto claramente es regresivo, aceptado por toda la teoría económica, sin embargo es parte de algo que nosotros vamos a rechazar sistemáticamente, a pesar de que evidentemente nosotros no hemos sido
ni mucho menos gente parcial a la hora de cuestionar las diferentes reformas fiscales. Hemos mantenido un rigor fundamental y hemos denunciado asimismo las reformas fiscales que hizo el Partido Socialista cuando gobernaba, que tenían la misma
inspiración, es decir, promocionar más los impuestos indirectos que los directos, y reconocimos en su momento al señor ministro Montoro que habrá elementos parciales, pequeños, de mayor progresividad que en reformas anteriores.
El todo, el conjunto es absolutamente regresivo, y esos elementos que se suman hoy, como la subida del tabaco en los impuestos indirectos, no hacen sino aumentar esa tendencia a la regresividad total del sistema fiscal en España, cuestión
que se suma al fraude fiscal, a la existencia de paraísos fiscales e incluso a que nuestra economía sea en sí misma un paraíso fiscal para las empresas del extranjero. Nosotros tenemos lo que siempre hemos denunciado, que son las empresas de
tenencia de valores extranjeros, cuya desaparición ya pedimos al ministro Montoro y al Gobierno, porque entendemos que hay que hablar de ingresos y no solo de gastos. En este sentido habrá que felicitar siempre al Gobierno cuando deje de hablar de
gastos como en esta ocasión y hable de ingresos, pero el siguiente paso es hablar de ingresos en un sentido altamente progresivo y no dejarnos en esa regresividad que estamos denunciando. Por otra parte, si no se lucha con contundencia contra el
fraude fiscal, contra los paraísos fiscales, incluso dando ejemplo como decimos con las ETVE, al final mandamos un mensaje erróneo, repetido en grandes ocasiones como lo que fue la amnistía fiscal por parte de este Gobierno. Así que entendemos que
no es compatible hablar de luchar contra el fraude fiscal en un contexto como este. Además resulta curioso que el ministro Montoro en su exposición haya sacado una tabla con la que pretendía hacernos ver que el objetivo es que los impuestos
concretos sobre el tabaco y el alcohol se igualen a los impuestos y a los tipos de gravamen que existen en el resto de Europa. Da la sensación -es lo que se siente también en la calle- de que se nos quiere igualar con Europa en todas aquellas
cuestiones que nos van a perjudicar y que suponen un gasto o un impuesto, pero no se iguala por el lado de los ingresos ni del salario mínimo interprofesional y no se converge en políticas sociales que benefician a la mayoría de la sociedad; así
que parece que solo copiamos lo que perjudica a la mayoría de la población.
Por otra parte, en la anterior exposición el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el señor Hernando, nos ha acusado de panfletarios, de hacer política con la camiseta y de estar en la poltrona. Es su legítima opinión que no compartimos
en modo alguno, porque estamos manteniendo un discurso riguroso que nos permite reconocer incluso los elementos positivos que ha tenido su política fiscal; los pocos elementos positivos que haya podido tener los hemos reconocido sin hacer ningún
tipo de corporativismo ni entrar en la pelea del y tú más. Si Andalucía tiene más tasa de paro que La Rioja o Castilla-La Mancha tiene más tasa de paro que el País Vasco no es ni mucho menos porque los Gobiernos de allí tengan una política muy
concreta. Ese es un discurso absolutamente simplista e ingenuo, porque en economía las cosas funcionan de otra forma, y la explicación está precisamente en la diferente estructura productiva que tienen zonas geográficas como el País Vasco,
Extremadura o la Comunidad Valenciana. Esa dispersión, ese modelo de crecimiento regional es lo que lo explica. Frente a eso la solución es la investigación y el desarrollo, que casualmente es lo que está dilapidando el Partido Popular desde que
ha llegado al Gobierno prosiguiendo con los últimos años de recortes del anterior Ejecutivo de Zapatero. Sistemáticamente se está hundiendo la ciencia en este país, y los parches que nos trae este proyecto no lo van a arreglar en modo alguno.
Hasta el presidente del CSIC está denunciando que es probable que esta institución, la punta de lanza de la investigación en España, tenga que cerrar en octubre porque el Partido Popular en el Gobierno no le da el dinero que necesita.
¿Cuánto dinero? Estamos hablando de 100 millones de euros, una cantidad absolutamente ridícula y miserable frente al despropósito de las ayudas de miles de millones que se están dando al sistema financiero. Esa es una opción política tomada por el
Partido Popular. No nos engañemos;
es una opción política, no una cuestión inevitable. Es la opción del Partido Popular de dedicar el dinero a cuestiones como el salvamento del sistema financiero o a créditos al armamento, frente a dar 100 millones al CSIC como está
reclamando su propio presidente y no solo la parte de la izquierda de esta Cámara. Lo que le voy a pedir al señor Montoro -porque seguimos la comparecencia de la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, doña Carmen Vela- es
que deje de secuestrar a la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. Ellos se quejan de que cualquier paso que quieren dar depende finalmente de que el Ministerio de Hacienda les deje o no les deje dar dinero. Esa cuestión
interna del Gobierno está destrozando ya la innovación y el desarrollo. Un recorte del 40 % acumulado en ciencia en los dos años que lleva el Gobierno no puede ser vendido jamás -salvo de una forma absolutamente esperpéntica- como una contribución
a la ciencia en este país. Si no se da dinero a la ciencia, si no se pone como motor de crecimiento económico en este país, finalmente vamos a tener esa sociedad que busca la troika, y con la que parece que está de acuerdo de forma complaciente el
Partido Popular: un modelo de crecimiento basado en bajos salarios y en sectores de bajo valor añadido como la construcción y el turismo, con mano de obra poco cualificada. Entonces se explicaría por qué nuestra mano de obra cualificada, la gente
que se ha formado en un Estado del bienestar, que ahora está en vías de desaparición y de regresión social, se tiene que marchar al extranjero mientras que nos quedamos en un contexto de precariedad absoluta y de vulnerabilidad. Depender del
turismo significa depender del dinero del resto del mundo y de que los extranjeros tengan apetencia y dinero suficientes para visitar nuestro país, que será mucho más dependiente de lo que ya lo es, aunque ya lo era mucho.
Finalmente este proyecto tiene una cuestión absolutamente preocupante, y es el ánimo recentralizador del Gobierno en lo que se refiere a las organizaciones que luchan contra la pobreza, a favor de la dependencia y que tienen comedores
sociales, porque se les está impidiendo acceder a una financiación solo por el hecho de que están circunscritas a zonas geográficas que no son el Estado, que son las comunidades autónomas, que son entidades locales. Y es que resulta que cuando un
colectivo de ciudadanos se pone en una actividad de emprendimiento a apoyar una cuestión social se registra en el lugar más cercano, no tiene por qué ir a Madrid a registrar su ONG, a registrar su organización de ayuda social y, por lo tanto, no
tiene por qué ser totalmente acusada y totalmente vilipendiada por parte del Gobierno en este asunto. Hay que recordar que el Tribunal Constitucional da obligación al Gobierno de transferir un 0,7 % a las comunidades autónomas para estos fines y se
está incumpliendo. Tememos mucho que este proyecto lo que haga sea generar las instituciones suficientes para permitir que se siga incumpliendo; una barbaridad que, insistimos, no va a dar solución. Podemos dar la bienvenida a que el Gobierno por
fin esté mirando los ingresos y no solo los gastos, pero desgraciadamente lo está haciendo de una forma absolutamente regresiva, y eso desde luego no va a ayudar a luchar contra la desigualdad, ni siquiera va a ayudar -por lo que decía antes de
ciencia- a salir de la crisis.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Garzón.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, nos encontramos de nuevo en el trámite de convalidación de un nuevo real decreto-ley, el primero del orden del día de hoy, en el que el Gobierno aprueba un popurrí de modificaciones legales, de la Ley de subvenciones, de la Ley del
catastro inmobiliario, entre otras, incrementos tributarios, regulaciones procedimentales, suplementos de crédito presupuestarios, etcétera. En resumen un totum revolutum con el objetivo de alcanzar la estabilidad presupuestaria, tal como prevé la
exposición de motivos del real decreto-ley. Además es un real decreto-ley, como muchos de los que nos ha traído el Gobierno para su convalidación ante la Cámara, cuyo título y el contenido no coinciden. Les voy a poner el ejemplo más claro: el
título habla de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación. ¿Cuál es el contenido del real decreto-ley en esta materia? El contenido es dos suplementos de crédito, el primero de 79 millones de euros para actuaciones contempladas en
el Plan de investigación científica y técnica y de innovación, y el segundo de 25 millones de euros para las necesidades de financiación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
En el primer caso uno se pregunta la razón por la que la partida correspondiente no se presupuestó suficientemente en su momento, en el momento de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. En el segundo caso todos conocemos la
situación financiera del CSIC y las reclamaciones de financiación de la institución, que -así parece- superan la cuantía que prevé el real decreto-ley. Quiero recordar que
otras instituciones de investigación también están en una situación crítica. Considerar estas dos cantidades, ambas incluidas en el real decreto-ley, por insuficiencia de las dotaciones presupuestarias como fomento de la investigación, el
desarrollo y la innovación, parece decir mucho. Lo que hacen estas dos sumas es solucionar una situación que, en su momento, en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, no se valoró suficientemente: la I+D+I. Se lo hemos repetido en
varias ocasiones, las dotaciones económicas previstas en los Presupuestos Generales del Estado para I+D+I en los años 2012 y 2013 están en estos momentos muy por debajo de los niveles de 2004 y 2005, y además en el año 2012 el nivel de ejecución
presupuestaria fue muy bajo, ya que solo se ejecutó un 55 % de lo que se había presupuestado. Esta situación -nadie lo puede dudar- no solo tiene efectos en el sistema público de investigación, sino también como factor de arrastre y de
consolidación de un modelo económico y social. Nadie duda a estas alturas de que el modelo económico se basa en una economía del conocimiento; el programa Europa 2020 marca que uno de los objetivos de la Unión Europea para el año 2020 es que en
todos los países de la Unión Europea exista una inversión del 3 % del PIB de la UE en I+D. Si no nos creemos esto, si no apostamos por la formación, por la investigación, por la generación de conocimiento, por la transferencia de resultados al
tejido económico, difícilmente podremos poner las bases de un crecimiento sólido y competitivo a medio y largo plazo.
En palabras de Wagensberg, los países ricos hacen ciencia para ser ricos, mientras que los países pobres creen que los países ricos hacen ciencia porque son ricos. No dotar suficientemente las actividades de I+D+i ahora tiene consecuencias
en el modelo científico, pero también en el modelo económico y social de mañana.
Quisiera centrarme en otro aspecto que contiene el real decreto-ley y al que se ha referido el ministro, el relativo a la regulación de los fines de interés general a que irá destinado el porcentaje del rendimiento del impuesto sobre la
renta de las personas físicas y del régimen de las entidades del tercer sector. Esta previsión de nuevo reincide en alargar un conflicto competencial con una dilatada historia. No estoy de acuerdo con la afirmación del ministro de que este tema
queda cerrado de esta forma.
El porcentaje del impuesto sobre la renta de las personas físicas destinado a otros fines de interés social ha sido objeto de muchas iniciativas parlamentarias en legislaturas anteriores, algunas de ellas aprobadas, persiguiendo su
distribución -la territorialización que se decía- entre las comunidades autónomas para que sean estas administraciones las que gestionen íntegramente los fondos. Muchas son las razones que justifican esta demanda: posibilitar el ejercicio de las
competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de acción social, garantizar la dotación de recursos para programas sociales y medioambientales de entidades en el ámbito local y autonómico, hacer efectivo el principio de proximidad
como elemento rector de la política social y vincular recaudación y distribución para evitar el desincentivo que provoca la inexistencia de esta relación. En resumen, quien dispone de las competencias debe disponer de los recursos para ejercerlas.
Si no existe duda alguna respecto a las competencias que ostentan las comunidades autónomas en materia de acción social, servicios sociales, voluntariado, asociaciones y fundaciones, el Estado no puede y no debe condicionar las políticas públicas en
materias cuya competencia corresponde, como decía, a las comunidades autónomas, dedicando recursos en forma de asignación directa, en forma de subvenciones. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
Esto que yo estoy manifestando no es ni más ni menos que lo que de forma reiterada, en diversas sentencias, ha resuelto el Tribunal Constitucional en conflictos positivos de competencia promovidos por la Generalidad, considerando incluida en
la esfera de la competencia estatal la regulación de los aspectos centrales del régimen subvencional, mientras que debe situarse dentro de la competencia autonómica lo atinente a su gestión, esto es, la tramitación, resolución y pago de las
subvenciones, así como la regulación del procedimiento correspondiente a todos estos aspectos. Ustedes, con este real decreto-ley y con el Real Decreto 56/2013, de 12 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras de subvenciones
estatales destinadas a la realización de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas en el ámbito de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, reinciden de
nuevo en incumplir el parecer del Tribunal Constitucional en esta materia. Los Gobiernos del Estado, tanto del PP como del PSOE, han incumplido reiteradamente las sentencias del Tribunal Constitucional no territorializando la asignación tributaria,
y la Generalidad de Cataluña, como ha hecho en todos los casos, continuará formulando los conflictos positivos que correspondan.
El contenido del real decreto-ley no resuelve ni resolverá el conflicto. La resolución del conflicto solo vendrá por el respeto a las competencias, el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional y el acuerdo político.
Repito, el acuerdo político. Mi grupo reclama, como ya lo ha hecho en el pasado y
continuará haciéndolo, un acuerdo político para solucionar este conflicto, territorializando la asignación tributaria del IRPF destinada a otros fines de interés social y reconociendo las competencias exclusivas que ostentan las comunidades
autónomas en esta materia y su capacidad para gestionar los recursos recaudados.
Para finalizar, una referencia al incremento de impuestos especiales, como se ha dicho, incremento del impuesto sobre el tabaco y las bebidas alcohólicas. Recuerden que el incremento de recaudación que se derive de los cambios normativos
que contiene el real decreto-ley deben trasladarse, en el porcentaje previsto legalmente, a la comunidades autónomas como parte de su financiación ordinaria por imperativo legal y por lealtad institucional.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Picó.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sánchez Pérez-Castejón.
El señor SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ya le anunciamos que votaremos en contra de la convalidación de este real decreto por considerarlo una prueba más de la improvisación de su acción de Gobierno, y me voy a explicar a lo largo de esta intervención, tanto en la
forma como en el fondo. En relación con la forma, a la cual usted ha dedicado en torno a tres segundos para justificar la urgencia de vehicular muchas de estas medidas a través de un decreto-ley, hay que decirle, señor ministro, que en bastantes
ocasiones desde el Grupo Parlamentario Socialista se le critica a su Gobierno, y a usted en particular, la utilización abusiva de los reales decretos-leyes para vehicular muchas de las medidas que -como se ha calificado aquí por parte de otros
intervinientes- son unos totum revolutum que no guardan una coherencia sino una improvisación en relación con su acción de gobierno.
Cabría preguntarse si está justificada o no la urgencia de utilizar esta figura del decreto-ley. La respuesta la da el propio Consejo de Estado en los informes que ustedes han tenido a bien presentar a la Cámara y a los grupos
parlamentarios, pero es cierto que ese Consejo de Estado de manera indirecta viene a señalar la responsabilidad en la improvisación del Ministerio de Hacienda y también del Gobierno de España, la urgencia del caso, es decir, el fracaso de sus
previsiones presupuestarias, el fracaso de su diseño de los Presupuestos Generales del Estado en 2013. Por ejemplo, en su informe sobre los suplementos de crédito para atender las necesidades financieras del CSIC, del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, en la página 10, en la letra D, dice textualmente el Consejo de Estado lo siguiente, señor ministro: Por lo que respecta a la urgencia, basta señalar que los Presupuestos Generales del Estado de 2013 no incluyen
dotaciones presupuestarias suficientes para su cobertura y que, de no concederse los suplementos de crédito previstos, no podrían atenderse en su totalidad los compromisos previamente adquiridos. Señor ministro, de lo que estamos hablando no es de
una causa sobrevenida que justifique la urgencia de vehicular estas medidas mediante un decreto-ley, sino de un clamoroso fallo por parte del Gobierno en el diseño y en la previsión de los Presupuestos Generales del Estado.
Así, señorías, señor ministro, señores del Gobierno, es todo el decreto-ley, un reflejo de un Gobierno sobrepasado por las circunstancias, ocupado en otras cuestiones, que gobierna a golpe de improvisación, por cierto, con una política
fiscal que funciona a espasmos, porque otro espasmo, y ya no sé cuántos van, es la subida de impuestos que ustedes recogen en este decreto-ley. Usted en particular aseguró en el mes de abril de 2013, señor Montoro, que garantizaría, incluso llegó a
utilizar, que no subiría los impuestos en 2013. Tres meses después usted vuelve a subir los impuestos con este decreto-ley y con ello vuelve usted a echar por tierra muchas de sus aseveraciones que hace una manera la verdad que bastante
contundente. A mí siempre me ha llamado mucho la atención, señor ministro, el que usted asevere una cosa y la contraria con la misma contundencia. Usted de cara a los españoles tiene el mismo crédito cuando dice que España ha dejado atrás ya la
recesión que cuando dice que no va a volver a subir los impuestos, señor ministro, la misma. A los españoles, por cierto, no les faltan argumentos para desconfiar de muchas de sus declaraciones.
Sin ir más lejos, este decreto-ley es una buena muestra de que ustedes mismos no creen en lo que dicen. Me voy a explicar. En primer lugar, no es cierto, como le he escuchado decir en esta Cámara, que la recaudación vaya bien a lo largo de
este año, ha caído un 4,4 % en términos acumulados hasta el mes de mayo, que es el último dato disponible que tienen al menos los grupos parlamentarios. En segundo lugar, si de verdad está mejorando la actividad económica, señor ministro, lo que no
entiendo es por qué ustedes intentan aumentar las recaudaciones fiscales con una subida de los tipos impositivos y no de una mejora de
las bases imponibles, que es lo que no está ocurriendo. La respuesta a esa pregunta, señor ministro, no se la voy a dar yo, se la da la Agencia Tributaria en el informe del mes de mayo de 2013 en relación con la recaudación, donde dice
textualmente que el aumento de la recaudación de determinados tipos impositivos y no del total de la recaudación del Estado se debe a que se producen cambios normativos y de gestión, y cita textualmente el IVA como una de las principales fuentes de
ingresos públicos. Ustedes, ante una depresión de las bases imponibles, ante una no reanimación de la actividad económica, están basando sus previsiones de mayor ingreso en la recaudación por las subidas de los tipos impositivos. Esto me llevaría
a la tercera idea, señor ministro, que me gustaría reiterarle en esta tribuna, que es la urgencia de hacer de verdad una profunda reforma de nuestro sistema fiscal. Por cierto, no para el año 2015, como ustedes pretenden, sino para ya, porque
necesitamos un sistema fiscal que, entre otras cuestiones, garantice la estabilidad a prueba de crisis y que tengamos un sistema fiscal semejante al de los países de nuestro entorno, de la Unión Europea, sin que caiga la recaudación, como
consecuencia de la crisis -como hemos visto en España-, cinco puntos del producto interior bruto a lo largo de estos años de crisis.
Respecto a los créditos -con fines, por cierto, muy heterogéneos y que reflejan esa improvisación, señor Montoro, y con soluciones muy deficientes comentadas por parte de otros intervinientes desde esta tribuna- me gustaría decirle lo
siguiente para que sepa cuál es la posición de mi grupo parlamentario. Estamos de acuerdo en que es una buena idea adquirir un avión nodriza para la lucha contra incendios pero, acto seguido, tenemos que reprocharle que nos parece muy deficiente,
entre otras cuestiones, por los precedentes del año pasado cuando se quemaron 210.000 hectáreas como consecuencia de la inacción y la insensibillidad de su Gobierno en relación con la prevención y la lucha contra incendios. Nos parece, insisto,
deficiente porque, entre otras cuestiones, ustedes lo que han hecho ha sido -como ha denunciado nuestro grupo parlamentario en esta tribuna en otras ocasiones- derogar la Ley de Desarrollo Rural, han degradado las competencias de los cuerpos
profesionales ambientales y, por cierto, miran hacia otro lado cuando Gobiernos como el de la Generalitat Valenciana derogan el artículo 50 de la Ley de Montes que, entre otras cosas, prohibía la recalificación de suelos incendiados antes de los
treinta años.
En relación con los proyectos sociales a gestionar por el tercer sector con cargo al IRPF, le quiero recordar lo que dice el Consejo General del Trabajo Social, señor ministro, que es un intento de sustituir la red pública de servicios
sociales por ayudas puntuales a través de los servicios concertados. Nosotros no es que estemos en contra de la acción de los servicios concertados, sino que reconocemos el liderazgo del sector público en la lucha contra la erradicación de la
pobreza con medidas que le hemos planteado en esta tribuna y en esta sede como, por ejemplo, el plan especial contra la pobreza que ustedes no tuvieron a bien aprobar.
Finalmente, la ciencia, señor ministro. Ustedes tienen el dudoso honor de ser el Gobierno que ha puesto en jaque todo el sistema de ciencia y tecnología en nuestro país. Las consecuencias no las voy a mencionar, no voy a entrar en ellas,
no tengo tiempo, pero están en la retina de las señorías que están compartiendo esta sesión y son la fuga de cerebros, la reducción de becas, los retrasos en las convocatorias... En fin, todo un desastre sometiendo, por cierto, a una inseguridad
total a los investigadores españoles. Ya les dijimos que con poco más de 700 millones de euros, poco más de 300 millones de euros en el caso de la partida no financiera del Fondo nacional de investigación científica, poco o nada se iba a hacer.
Con este crédito extraordinario que ustedes conceden de poco más de 100 millones de euros lo único que hacen es refrendar su improvisación en relación con las políticas de I+D+i por parte del Gobierno de España y, además, es a todas luces
insuficiente. Lo más grave está ocurriendo con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Ustedes aprueban en este real decreto-ley un crédito extraordinario de 25 millones de euros. Quiero recordarle lo que ha dicho el
secretario general del CSIC en relación con esta cuestión: culminar una primera fase -cito textualmente, señor ministro, al secretario general del CSIC- con el referido real decreto -que es el que hoy se va a convalidar con la mayoría absoluta del
Partido Popular- por un importe de 25 millones de euros, confiamos en que se materialice el resto a lo largo del ejercicio para asegurar la viabilidad del CSIC. Ustedes no resuelven el problema, ustedes prolongan la angustia a un colectivo ya
castigado como consecuencia de sus políticas, el de los investigadores y los científicos. Sirvan estas palabras, señor ministro, señorías, para transmitir el total apoyo y respaldo de nuestro grupo parlamentario a los trabajadores del CSIC, a sus
investigadores y científicos que están siendo maltratados por la política del actual Gobierno.
En resumen, señor ministro, señorías, por todas estas razones, por improvisado, por equivocado en su orientación, por insuficientes e injustas muchas de las soluciones que ustedes plantean en este decreto ley, nosotros votaremos en contra de
esta convalidación del decreto ley que ustedes vuelven a traer a esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a apoyar la convalidación de este real decreto de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación. Quiero comenzar mi intervención
diciendo que algunos grupos políticos se han equivocado hoy de debate. Se ha hablado incluso de reforma fiscal, de impuestos indirectos y directos, cuando el propio Gobierno ya ha nombrado una comisión de expertos que presentará un informe en
febrero, que será la base para iniciar una reforma fiscal en profundidad de nuestro sistema impositivo. Por lo tanto, hoy no toca ese debate y sí toca hablar de consolidación fiscal. El Grupo Parlamentario Popular está convencido de la necesidad
de continuar en esa senda de consolidación fiscal iniciada por el Partido Popular -tengo que decirlo- nada más llegar al Gobierno, desde el minuto uno. Pensamos que es absolutamente necesario para iniciar nuestra recuperación económica y alguna de
las medidas tributarias que se contienen en este real decreto, en concreto las que hacen referencia a impuestos especiales, forman parte de nuestros compromisos asumidos por nuestro programa de estabilidad presupuestaria correspondiente al periodo
2013 a 2016.
Señorías, España ha vivido en los últimos años una crisis económica de una virulencia que no habíamos visto nunca. Una crisis global que, en el caso particular de España, fue fuertemente agravada por la inacción de un Gobierno socialista
que no quiso o no supo tomar las medidas adecuadas que los españoles necesitaban. Por eso me parece una auténtica ironía que el señor Sánchez, portavoz del Grupo Socialista, nos acuse aquí de medidas improvisadas y de presupuestar inadecuadamente,
porque desde luego ustedes han sido un ejemplo clamoroso de presupuestación errónea e inadecuada.
Sabe usted, señor Sánchez, que en el año 2011 España alcanzó un déficit del 9 % del producto interior bruto, cuando las previsiones de su Gobierno, que según usted presupuestaba muy bien, eran de un 6,5 %. Esos números rojos fueron
consecuencia de un gasto público desmesurado y de unos ingresos públicos en caída libre, porque la recaudación tributaria en los últimos años de Gobierno socialista estaba en caída libre y era una recaudación impropia de un país desarrollado. Por
eso desde el primer día se pusieron en marcha por parte del Gobierno del Partido Popular, numerosas medidas tendentes a cambiar de manera radical el rumbo de España porque estábamos abocados al rescate. Las primeras decisiones del nuevo Gobierno
marcaron un firme compromiso con esa consolidación fiscal para devolver a España al lugar que le corresponde en el mundo, recuperando esa credibilidad perdida durante los años de Gobiernos socialistas. Y gracias a ese compromiso con la
consolidación fiscal y a las decisiones adoptadas por el Gobierno nada más llegar hemos conseguido una reducción de nuestro déficit sin precedentes, hemos logrado recuperar la confianza de los mercados y hemos evitado -como decía antes- el rescate
de nuestra economía.
La reducción del déficit en el ejercicio pasado ha permitido reducir esa brecha fiscal que nos distanciaba de nuestros socios europeos y deterioraba nuestra credibilidad. Hoy sigue siendo necesario que, junto a otras reformas que ha
emprendido el Gobierno y que está llevando a cabo con gran ímpetu, España continúe también en esta senda de consolidación fiscal. En ese contexto es en el que hay que enmarcar este real decreto ley que hoy vamos a votar. Porque, señorías, se
contempla un conjunto de medidas tributarias que afectan a los impuestos especiales y en concreto los que afectan al impuesto sobre las labores del tabaco y al impuesto sobre bebidas alcohólicas. En los dos casos se elevan los tributos como
condición necesaria para seguir en esa línea de consolidación fiscal. El real-decreto también introduce modificaciones en la imposición sobre las bebidas alcohólicas elevando su tributación en un 10 %, muy importante, y lo ha dicho el ministro, sin
afectar a la cerveza y al vino, que son bebidas de gran consumo en España y porque además tenemos un amplio margen porque España se encuentra dentro de los países con más baja tributación del alcohol dentro de los países de la Unión Europea. Además
la última subida de tipos impositivos sobre el alcohol se produjo en el año 2005, por lo que es necesario proceder a una revisión.
Estas medidas, señorías, van a tener un impacto recaudatorio de unos 700 millones de euros en los ejercicios 2013 y 2014. Por tanto, contribuirán de manera definitiva a la consolidación de nuestras cuentas
públicas en los próximos ejercicios, que es el primer objetivo que se fijó este Gobierno. Luego se introduce otro conjunto de medidas que hacen referencia a materia presupuestaria. Por un lado se contemplan suplementos de crédito en el
presupuesto del Ministerio de Economía y Competitividad para investigación, desarrollo e innovación. Voy a detenerme un poco en esta medida en que para el marco del Plan anual de actuación de 2013 se tiene previsto publicar convocatorias de ayudas
a proyectos de I+D+i y se destinan además recursos al Centro Superior de Investigaciones Científicas para garantizar la viabilidad financiera de esta institución. Esta medida parece que ha sido criticada por todos los grupos de la oposición,
especialmente por el portavoz del Grupo Socialista, aunque la merma de recursos de este Centro Superior de Investigaciones Científicas se produjo entre los años 2008 y 2011 cuando se recortaron las aportaciones a este centro casi un 30 %. Esto es
un ejemplo y pone en evidencia la demagogia a que nos tiene acostumbrados el Partido Socialista porque, señorías, hay que predicar, pero sobre todo hay que dar trigo y este Gobierno está demostrando su absoluto compromiso con este organismo, al
contrario de lo que hizo el Gobierno socialista. Además nosotros pensamos que lo importante es gastar bien, no gastar más, que suele ser la política que lleva a cabo el Partido Socialista en todas las áreas de Gobierno. Piensan que gastando más se
emplean bien los recursos públicos y nosotros pensamos que no es necesario gastar más, pero sí gastar mejor los recursos que son de todos.
Dentro de ese conjunto de medidas, el ministro también ha mencionado un aumento de dotación presupuestaria para el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que repare los daños causados por las intensas lluvias caídas este
invierno y para la reposición de la flota de lucha contra incendios forestales.
Por último, señorías, otra medida que mis antecesores en el uso de la palabra también han criticado es el nuevo marco jurídico para las entidades del tercer sector. Nosotros pensamos que es necesario fijar este nuevo marco jurídico porque
las órdenes estatales reguladoras de las subvenciones en materia de asistencia social han sido, como ya se ha dicho, reiteradamente impugnadas ante el Tribunal Constitucional, pero para poder ejecutar el presupuesto de 2013 es preciso diseñar una
nueva estrategia de reparto de esas subvenciones, y en particular de ese porcentaje del 0,7 % del IRPF, y por ello se ha procedido a una reformulación de ese marco legal. Además se ha procedido a la creación de la figura de entidades del tercer
sector colaboradoras con las administraciones públicas porque pensamos que resulta necesaria su colaboración para realizar estas acciones de interés social tan necesarias en estos momentos de profunda crisis económica con la mayor eficiencia.
Han sido muy críticos los distintos grupos parlamentarios con estas medidas, pero quiero decirles desde la tribuna que estos recursos deben ir destinados a las necesidades sociales, a las personas que lo necesitan, no a los territorios;
siempre lo hemos mantenido. Confundir las necesidades sociales de las personas con debates territoriales da una idea de la distorsión que algunos grupos políticos nacionalistas quieren hacer de algún debate parlamentario, pero nosotros en primer
lugar estamos con las personas y con las necesidades de las personas y a eso va destinada esta medida. En definitiva, señorías, la extraordinaria y urgente necesidad que justifica la aprobación de este real decreto, deriva de una situación
económica en cuyo contexto es imprescindible la adopción de nuevas medidas en el ámbito tributario que contribuyan, como ya he dicho, a la consolidación de las finanzas públicas, y demorar esas medidas sería perjudicial para nuestra economía.
Concluyo ya. Toda la política económica que está impulsado el Gobierno va dirigida a crecer y a crear empleo y para ello es fundamental continuar con ese proceso de consolidación de nuestras cuentas públicas. Cuando reducimos el déficit
público, señorías, trabajamos para crecer y crear empleo, no lo duden. Cuando hacemos reformas estructurales trabajamos también para crecer y para crear empleo. Vamos por la buena dirección y debemos perseverar para llegar al objetivo final. Es
verdad que el camino hasta aquí no está siendo fácil, pero el objetivo es claro, el rumbo también lo es y desde luego la determinación, el trabajo y la perseverancia del Gobierno del Partido Popular son incuestionables.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Madrazo.
- REAL DECRETO-LEY 8/2013, DE 28 DE JUNIO, DE MEDIDAS URGENTES CONTRA LA MOROSIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE APOYO A ENTIDADES LOCALES CON PROBLEMAS FINANCIEROS. (Número de expediente 130/000038).
El señor PRESIDENTE: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales
con problemas financieros. Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Montoro Romero): Señor presidente, señorías, ocupo de nuevo la tribuna para defender el Real Decreto-ley 8/2013 de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones
públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros. La orientación de estas medidas es ciertamente importante. Son continuidad de lo que el año pasado ya hicimos, que fue conocido y reconocido como el Plan de pago a proveedores, una
movilización financiera para hacer frente a pagos excesivamente demorados por parte de nuestras administraciones públicas y en concreto por las administraciones territoriales: ayuntamientos, diputaciones y también obviamente comunidades autónomas.
En esta ocasión desde el Gobierno no pretendemos reproducir aquel plan, pero entendemos que debemos promover el instrumento financiero que nos lleve a que en pocos meses todas la administraciones públicas de España -todas, con independencia de su
tamaño o de su posición financiera concreta- estén pagando a los proveedores a treinta días, es decir, que esté vigente y se aplique una ley tan importante como es la Ley de Morosidad, que ya establece que para 2013 las administraciones públicas
deben no demorar el pago a proveedores más allá de treinta días. Lo que traemos a la Cámara son los mecanismos financieros para que sea factible y posible hacerlo así, para recuperar la imagen de un país que es capaz de afrontar sus compromisos en
forma de pago de las administraciones, de que esa capacidad es real y factible. De esa manera estamos inyectando recursos económicos a la actividad productiva, mucha de ella referida a la pequeña y mediana empresa pero también a las grandes
empresas, y no solo españolas sino también multinacionales, que son proveedoras de nuestras administraciones públicas y que no pueden estar esperando eternamente el cobro de sus facturas, porque ello pone en riesgo la existencia de esos proveedores,
pero también la capacidad de seguir siéndolo de cara al abastecimiento de nuestros servicios públicos, como puede ocurrir por ejemplo en el caso de la sanidad.
Vamos a dar otro paso con el aprendizaje que ya tenemos de lo que hicimos el año pasado en materia de proveedores. Vamos a dar un paso que también hemos comprometido como objetivo político a corto plazo en la reforma de las administraciones
públicas, un paso muy importante a la hora de promover financiación, cuando todavía escasea financiación ordinaria desde las entidades bancarias a quienes nos tienen que sacar de la crisis, que son las empresas, las pequeñas y medianas empresas y
los autónomos de España. Vamos a utilizar otra vez la capacidad que tiene la Administración del Estado, el aval del Estado para financiar recuperación económica a corto plazo, pero también insisto en la idea de que esto es introducir disciplina y
rigor en el conjunto de las administraciones públicas y, en concreto, como plantea la segunda parte de este real decreto-ley, es atender a los ayuntamientos con problemas de financiación.
Tengo que advertir de que el que promueve este decreto-ley es un recurso extraordinario, al que se pueden acoger del orden de 500 ayuntamientos. Hay que tener en cuenta que más de 4.500 ayuntamientos de España están ya en superávit. Por
tanto, podemos y debemos atender con medidas extraordinarias a los que no pueden operar por sí mismos, y lo hacemos en un marco muy distinto al que teníamos hace un año y medio, cuando la escasez total de liquidez era general para todas las
corporaciones locales, la gran mayoría de las cuales estaban en déficit público; hoy están en superávit y, por tanto, aquel Plan de pago a proveedores que en aquel momento se puso en marcha hoy sencillamente no tiene sentido.
¿Qué es lo que vamos a abordar? Vamos a abordar los pagos, que van a llegar, como les decía, en un ámbito temporal relativamente corto. Vamos a cubrir las obligaciones vencidas, líquidas y exigibles, anteriores al 31 de mayo de 2013 y
contabilizadas, entendiendo que en buena medida son operaciones de tesorería para esas administraciones públicas en el ejercicio 2013. Quiero destacar que no se trata de una operación que vaya a aflorar déficit público, ni para las comunidades
autónomas ni para las entidades locales. No hay afloramiento de déficit público, como ya lo hubo el año pasado. Entonces sí hubo afloramiento. Se trataba de sacar lo que había en los cajones. Ahora no hay que sacar nada, todo está contabilizado
en términos de déficit reconocido y de deuda comercial, pero parte de esa deuda comercial no está liquidada. Ese es el peor de los mundos, tener déficit y no pagarlo, y a eso es a lo que atiende este decreto-ley y esta movilización financiera que
va a liderar la Administración General del Estado una vez más. Insisto, lo hacemos con la tranquilidad de que todo está ya sobre la mesa, de que no nos vamos a encontrar nada cuando hagamos eso. En consecuencia, vamos a transmitir también
tranquilidad y fiabilidad a quienes nos tienen que prestar esos recursos de que es una operación -como decía antes- para financiar lo que ya está reconocido e incluso de que es una operación de tesorería. ¿Por qué hacerla
entonces? Para acortar plazos, porque es inadmisible que, estando vigente una ley como la de morosidad, las administraciones públicas -parte de ellas, no todas afortunadamente- no estén pagando ya a treinta días, aunque hay muchas
administraciones públicas que ya lo están haciendo. Estamos reaccionando ante esa situación en términos operativos para poder insuflar recursos financieros en momentos en que todavía el crédito bancario ordinario es renuente y existe una cierta
aversión al riesgo en nuestro sector bancario.
El ámbito subjetivo que cubriría esta operación se refiere a los proveedores de la administración de las comunidades y del resto de entidades, organismos y entes dependientes de la comunidad incluidos en el sector administraciones públicas,
los proveedores de municipios, diputaciones provinciales, consejos y cabildos insulares, mancomunidades y consorcios y el resto de entidades, organismos y entes dependientes de aquellas incluidos en el sector administraciones públicas, subsector
corporaciones locales. Quiero añadir aquí que si se ha quedado algo fuera lo corregiríamos, porque el ánimo es realmente llegar a la cobertura de absolutamente todas las entidades públicas. Ese es el único ánimo de promover esta acción. Por lo
tanto, lo que no esté en el ámbito que acabo de citar lo corregiremos en el siguiente decreto-ley, que tendrá lugar dentro de algunas semanas, e irá incorporado como adenda para que pueda efectivamente incorporarse esa financiación.
Se incluyen como novedades respecto de la situación anterior los proveedores de las universidades. Se aplicarían medidas específicas de ajuste para universidades en los planes de ajuste de las comunidades autónomas a dos niveles. Por un
lado está la financiación de deudas de las universidades con sus proveedores a 31 de mayo de 2013, con el límite de la transferencia que a su favor tiene la comunidad autónoma pendiente de pago. En este caso la universidad tiene el mismo
tratamiento que el resto de entidades, de manera que sus datos se integran con el resto en el plan de ajuste presentado por la comunidad. En el nivel 2 estaría la financiación de deudas de las universidades con sus proveedores por importe superior
al de la transferencia que a su favor tiene la comunidad autónoma pendiente de pago a 31 de diciembre de 2012. En este caso se requiere acuerdo de la comunidad autónoma con la universidad y la presentación de un plan de ajuste específico para la
misma.
Para los proveedores de entidades locales se establece el límite de la deuda pendiente por las comunidades autónomas con las entidades locales por impago de las transferencias. De esta manera las comunidades autónomas figurarán como
titulares de las deudas a las entidades locales. Esto tiene una singular importancia. Lo que estamos creando son pasarelas financieras para que las deudas que tienen las comunidades autónomas con las corporaciones locales se liquiden. Eso también
tiene una gran importancia a efectos de favorecer la tesorería y la capacidad de financiación de los ayuntamientos respecto de sus proveedores, pero también doy mucha importancia a lo que está detrás de esa deuda de comunidades autónomas con
corporaciones locales. Están los pagos pendientes al tercer sector, los pagos pendientes a servicios sociales, los pagos pendientes a dependientes, a personas mayores, a personas que realmente son las más necesitadas en cualquier circunstancia pero
también como resultante de la crisis económica que seguimos atravesando. Por tanto, estamos favoreciendo, como decía, desembolsos que debemos catalogar en términos de desarrollo de política social, que hoy las comunidades autónomas no pueden
liquidar, y por ese motivo estamos creando esas pasarelas financieras.
Quiero citar a los subcontratistas. Si estamos haciendo esta segunda edición de pagos que, insisto, es reductora de morosidad, tenemos que ir clarificando el espacio para que no sea solo el proveedor directo de la Administración el que
recupere la liquidez -que se le debe, por lo demás, qué cosa más normal que cobrar aquello a lo que tiene derecho-, sino también el subcontratista que ha participado en el desarrollo de ese servicio, de esa obra. En consecuencia, vamos también a
programar que los pagos que se desarrollen a partir de esta operación sean publicitados en las páginas web de esas administraciones públicas, para que los subcontratistas conozcan directamente que se están pagando esas facturas y no reciban como
excusa de que ellos no están cobrando que la Administración es morosa. Van a poder acceder directamente a esa información y en consecuencia van a exigir también la aplicación para su caso de la Ley de Morosidad vigente, que obviamente es para
todos, una ley de esta importancia que todos debemos valorar y, sobre todo, hacer cumplir en la medida en que esté en nuestra mano.
En cuanto al ámbito objetivo de aplicación, están todas las categorías contractuales de las fases 1 y 2 del mecanismo, contratos incluidos en la Ley de Contratos del Sector Público, en la Ley 31/2007, sobre procedimientos de contratación en
los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales; concesiones administrativas; contratos de arrendamiento sobre bienes inmuebles; convenios de colaboración; encomiendas de gestión; determinados contratos de concesión
de obras públicas;
determinados contratos de gestión de servicios públicos. Se incluyen como novedades -ya he insistido en la importancia de las mismas- determinadas transferencias a asociaciones e instituciones sin fines de lucro y con fines sociales:
infancia, tercera edad, discapacitados, todo lo que significa ese ámbito de carácter social. También quiero citarles como novedades las indemnizaciones por expropiaciones reconocidas por resolución judicial firme por el concepto ya liquidado
judicialmente, siempre que la Administración sea la beneficiaria de la expropiación.
Obviamente, estableceremos la condicionalidad para las comunidades autónomas, que será análoga a la recogida en las fases 1 y 2 del mecanismo, y se añade una específica para las universidades, a las que las comunidades, que son las
responsables, deben pedir los correspondientes planes de ajuste. La condicionalidad para las entidades locales sería análoga a la recogida en las fases 1 y 2 del mecanismo, de manera que se establecería la garantía de la participación en tributos
del Estado y sería necesario que las entidades locales aprobasen un plan de ajuste o que revisasen los que ya estuviesen aprobados en el marco de los procedimientos ya establecidos. Si las cuantías pendientes de pago que se incluyan ahora superan
el 70 % de los préstamos concertados en fases anteriores, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá imponer medidas adicionales a las de los planes de ajuste. En el caso de que las entidades locales no las adopten, deberán
amortizar los préstamos y si no lo hiciesen se les retendrá la participación en los tributos del Estado. Hay mayor control. Se exige junto a la identificación de la factura y del proveedor la aplicación presupuestaria o cuenta contable en la que
está registrada la operación, así como la categoría contractual en la que se ha instrumentado. En una primera fase el proyecto se acomete la financiación de deudas pendientes por importe de 7.000 millones de euros, pero la intención del Gobierno es
seguir con la aportación de recursos necesarios para llevar adelante la liquidación pertinente.
Junto a ello el decreto-ley contiene medidas extraordinarias de liquidez para los municipios con problemas financieros. Decía que estimamos que en torno a 500 ayuntamientos tienen problemas muy serios de liquidez a la hora de afrontar
incluso el pago de las nóminas de los trabajadores, de los funcionarios públicos, para llevarlo adelante. Por tanto, estamos desarrollando un mecanismo que evite, por un lado, el deterioro financiero estructural de esas posiciones de los
ayuntamientos, arbitrando medidas extraordinarias de apoyo de tres tipos. Medidas en el marco de la participación en tributos del Estado, que también van a través de concesión de anticipos de la participación en tributos del Estado, con ampliación
del plazo de los reintegros de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado de los años 2008 y 2009; reducción del porcentaje de la retención que se venga aplicando a las entidades locales en su participación en tributos
del Estado; suspender la retención que se venga aplicando a las entidades locales en su participación en tributos del Estado para compensar deuda con acreedores públicos.
Asimismo hay medidas respecto a deuda con acreedores públicos, con la Agencia Tributaria del Estado y la Seguridad Social, así como medidas en relación con la formalización de operaciones con endeudamiento. Por descontado, este nuevo
instrumento irá con una condicionalidad fiscal, con condiciones generales que harán que los ayuntamientos tengan que establecer un plan de ajuste con unas características ya descritas en el contenido del decreto-ley. Será un plan de ajuste riguroso
que los devuelva a la credibilidad en la acción que debe ser obviamente llevar adelante su propia capacidad.
El decreto-ley también contiene una disposición relativa a avanzar en la reforma de las administraciones públicas en el sentido de modificar el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público con el objeto de trasladar las pautas
marcadas por la Comisión de reforma de las administraciones públicas, la conocida como CORA, que trata de impulsar una central de compras única en la Administración General del Estado. Esa central permitiría ahorros y mejoras importantes en la
contratación, incrementando la transparencia en los contratos, homogeneizando los niveles de calidad de los servicios y suministros que se contratan en la Administración General del Estado, y la simplificación de la estructura de los órganos de
contratación. Para poder acometer esta ingente labor de forma eficaz y decidida se refuerzan al máximo las garantías del proceso atribuyendo al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través del órgano que se determine en su
estructura orgánica, las funciones de órgano de contratación del sistema de contratación centralizada.
En cuanto al sector social, ya he marcado la importancia de que el plan de erradicación de la morosidad contenga el planteamiento de lo que estamos arbitrando como instrumentos financieros para que vayan dirigidos hacia ese sector de
carácter social, frente al que no caben más demoras, más impagos, más aplazamientos, razón por la que desde el Gobierno solicitamos el apoyo de todos los grupos parlamentarios a esta iniciativa. Todos entendemos la urgencia de llevar adelante la
misma con el fin de evitar demoras en
los pagos a los que las administraciones públicas están obligadas, pero hablaba de la ampliación del espectro de instituciones que abarca también esos centros tecnológicos que no habían sido incluidos hasta ahora en el Plan de pago a
proveedores anterior, sabiendo el éxito que tuvo el año pasado dicho plan.
Quiero insistir, no estamos ante el último, no es que sea el último plan por un anuncio político, no. Es el último porque, gracias a este instrumento, lo que haremos es cerrar los plazos de pago de manera que nos dirijamos hacia un sistema
en el que las administraciones públicas sencillamente no van a poder demorar los pagos a proveedores, porque lo va a impedir la ley, y no solo la Ley de Morosidad, sino el conjunto de normas que vamos a traer a esta Cámara, que también van a impedir
el uso abusivo de las deudas comerciales no liquidadas. Por tanto, estamos al final de un proceso que significa claridad, transparencia en las cuentas públicas, saneamiento de las mismas, veracidad y fiabilidad, también por parte de los gestores
públicos, así como una operación financiera de calado que viene a reforzar el argumento del Gobierno de que con ello estamos finalizando la etapa de recesión económica de España y de que a partir de los próximos meses podemos y debemos esperar
escenarios de crecimiento económico, comenzando todavía por un crecimiento moderado, pero con acciones como la que hoy planteamos al final de esta mañana estamos dando por terminada la fase de recesión económica y acercándonos cada vez más a frenar
definitivamente el deterioro del mercado de trabajo, que es la razón última que da sentido a toda la política, desde luego lo da a la acción política del Gobierno, que está entregado completamente a vencer la crisis económica con iniciativas como
las que hoy hemos traído a esta Cámara y que se concretan en este Real Decreto-ley 8/2013, que muestra que un Gobierno está para gobernar en todas las circunstancias atendiendo a la prioridad de los españoles, que es superar cuanto antes la crisis
económica que azota a España.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Vamos a comenzar con las intervenciones de los grupos. En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Hay una película del año 1969 que se llamaba Si hoy es martes, esto es Bélgica. Esta película me recuerda otro título: si hoy es miércoles, esto es sesión de control. Pero no, esto no es sesión de control.
(Aplausos.-Protestas.-Una señora diputada: ¡Saca la camiseta!-Un señor diputado: ¡Qué bueno eres!). Veo que al Partido Popular le gustan mis intervenciones y se lo agradezco de todo corazón. Muchas gracias, señores del Partido Popular.
(Aplausos). No es sesión de control, estamos debatiendo decretos-leyes, que es lo que se hace no los miércoles sino los jueves.
Vamos al decreto-ley de hoy. Quiero señalar en primer lugar la insuficiencia de los fondos. Las administraciones autonómicas y los ayuntamientos declaran 19.000 millones -es la estimación que se hace- y la dotación de este plan es de
8.200, la mitad. Por tanto, se van a quedar muchos proveedores sin cobrar. En segundo lugar, quiero señalar la tardanza en la aprobación. Si ya lo sabían, se aprueba en el mes de julio, en el mes siete, los proveedores cobrarán a partir del mes
de noviembre. Lo señala el mismo decreto-ley, que dice que la valoración que hará el Ministerio de Hacienda finaliza el 31 de octubre, es decir tres meses y medio más para que los proveedores cobren. Por tanto, por supuesto que incumplirán con
creces los plazos de treinta días de los que hablaba el señor ministro. Por último, ¿qué pasa si el ministerio no aprueba, por ejemplo, el plan de un ayuntamiento? ¿Los proveedores no cobrarán? Es una pregunta que hicimos anteriormente y que
volvemos a hacer.
Nos parece que este decreto -hablando en términos futbolísticos- es más una patada adelante, es lanzar la deuda, enviar el balón de la deuda unos años más allá. Quiero señalar -y quiero que conste- que el principal deudor de los
ayuntamientos en el caso valenciano es la Administración autonómica, gobernada -no lo olvidemos, señores del PP- por el Partido Popular desde hace dieciocho años. En mi ayuntamiento -un ayuntamiento con un presupuesto de 20 millones de euros- solo
en servicios sociales la Generalitat Valenciana administrada por el Partido Popular debe 2 millones de euros. Decía el diputado Pedro Saura, del Partido Socialista, que se cayó el mito de que el Partido Popular sabía gobernar, y salió luego Rafael
Hernando hablando de la comunidad andaluza. Solo quiero recordarle al señor Hernando que la Comunidad Autónoma Valenciana es, en términos relativos...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, cuando hace usted aseveraciones políticas al principio lo tiene que descontar de su tiempo y se le está pasando.
El señor BALDOVÍ RODA: Acabo.
Vamos a ver, la deuda con proveedores de la Comunidad Autónoma Valenciana es de 3.812 millones, es decir, el 25 % de la que declaran todas las comunidades autónomas; solo la Comunidad Autónoma Valenciana supone la cuarta parte. Por tanto,
lecciones de saber gobernar, pocas, señoras y señores del Partido Popular.
No vamos a votar en contra, señor ministro, porque entendemos que las empresas tienen que cobrar y sabemos que es necesario que a las empresas comience a llegar dinero y que no pase lo mismo que con el Plan Confianza que lanzaron en Valencia
que logró arruinar a muchas empresas. En el caso de mi ayuntamiento, en una piscina municipal la empresa quebró porque la comunidad autónoma no le pagaba. Por tanto, no votaremos en contra, pero lecciones de gobernar, ninguna.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
Señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, quiero agradecerle su intervención y valorar positivamente la ley, pero también quiero hacerle dos aportaciones porque estoy segura de que el ministerio, por lo que manifestaba en su intervención en el sentido de que se trata
de resolver un problema, lo va a estudiar y así lo he estado hablando con el portavoz del Grupo Popular. Por un lado, se me plantea desde la Federación Canaria de Municipios que, respecto a la factura electrónica y el registro contable, es
importante que se implante, pero dadas las dificultades de los pequeños ayuntamientos -por un lado, económico administrativos, y por otro lado, el soporte electrónico-, a lo mejor les es imposible cumplir el plazo actual, que es adecuado para los
medios y los grandes ayuntamientos pero no para los pequeños; se podría poner una transaccional porque, al condicionarse la acogida a las medidas a tener en funcionamiento ese soporte electrónico y haber dificultades, no parece lógico que dejemos
fuera de este proyecto a algunos ayuntamientos con voluntad de cumplir pero con incapacidad tecnológica administrativa. Hay que tener cierta flexibilidad en ese perfil que debe definir el propio ministerio con la Federación Española de Municipios y
Provincias.
Yo también he sido alcaldesa y creo que hay otra cuestión a la que hay que darle una vuelta. Se trata del vínculo para computar el porcentaje de deuda de la mancomunidad conforme a la cuota de cada asociado. Hay mancomunidades donde hay
ayuntamientos que están al día en las aportaciones a la mancomunidad y otros que no. No parece lógico que se adjudique en función de la cuota de participación en la comunidad y no de la cuota de la deuda. Sobre esa materia creo que debería darle
una vuelta el ministerio porque no parece lógico computar deuda en función de la participación en la comunidad y no sobre la deuda efectiva del ayuntamiento sobre la comunidad.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.
Señor Bosch.
El señor BOSCH I PASCUAL: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, nosotros nos vamos a posicionar en contra. Entendemos que este es un real decreto que arranca mal incluso a partir del título cuando ustedes hablan de la morosidad de las comunidades autónomas, tratándolas como
morosas. Tengo entendido que a esta hora las comunidades autónomas son parte del Estado; están acusando al mismo Estado de morosidad o es que nos hemos convertido en independientes y no me he enterado. Si es eso, me lo cuenta, porque alguna
responsabilidad tendrá el Gobierno español en esa morosidad.
Nosotros entendemos la posición de las administraciones locales, de las comunidades autónomas, del Gobierno de Cataluña, asfixiado, con necesidad de líquido, de cash, para pagar a los proveedores, eso lo entendemos, pero es que nos da la
sensación de que la morosidad también arranca de ustedes, ¿por qué se produce esa asfixia? Entre otras cosas, porque no pagan a Cataluña lo que deben, no se le paga la disposición adicional tercera, el Fondo de competitividad, las becas, el 0,7 %,
las ayudas para la dependencia y el déficit fiscal. Si Cataluña dispusiera de los recursos que genera a través de las aportaciones, de las contribuciones de los ciudadanos, esta ley no sería necesaria porque habría autosuficiencia financiera.
Aprovechar esa situación de asfixia para después cortocircuitar el autogobierno
en Cataluña y flirtear con los proveedores no nos parece bien de principio, aunque tal vez haya que aceptar medidas como estas para pagar a la gente, lógicamente.
Nos piden que confiemos en el Gobierno de Mariano Rajoy cuando realmente las razones para confiar en su Gobierno brillan por su ausencia; confiar en ustedes para solucionar la morosidad, los impagos, que ustedes son gente de ley, de orden y
de progreso. ¿Cómo vamos a confiar en ustedes si ni siquiera comparece aquí el presidente del Gobierno cuando hay problemas? Cuando hay problemas gordos, de confianza, cuando todo el mundo tiene la sospecha masiva de que ustedes son los mayores
tramposos de este reino, ¿cómo vamos a confiar en ustedes? Eso sería mucho confiar, señor ministro, eso sería mucho confiar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bosch.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, señor ministro, en el Boletín del 29 de junio de 2013 se publicó el real decreto-ley que hoy debatimos. Este real decreto-ley tiene como finalidad esencial,
tal como aparece en el preámbulo, una tercera y última fase del denominado mecanismo de financiación para el pago a proveedores, que como medida coyuntural y extraordinaria ayude a las administraciones autonómicas y locales a reducir su deuda
comercial acumulada y puedan cumplir de forma inmediata con las nuevas reglas de futuro vinculadas al control de la deuda comercial. Se trata, como usted bien ha explicado, señor ministro, de poner el contador de la deuda comercial a cero con
carácter previo a la implantación de la factura electrónica del registro contable del periodo medio de pagos y en última instancia de los controles de la Ley Orgánica 2/2002 de Estabilidad Presupuestaria.
En su día le dijimos, y hoy también queremos decirle, que el instrumento y el sistema implementado nos parecían positivos, nos parecía que en este tema el Gobierno efectivamente había acertado. El primero de estos mecanismos citados en la
exposición de motivos fue el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan las obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago de los proveedores de las
entidades locales. Este mecanismo de financiación se hizo extensible a las comunidades autónomas mediante el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 6 de marzo de dicho año, y paralelamente, por medio del Real Decreto-ley 7/2012, de
9 de marzo, se creó un fondo para la financiación del pago a proveedores. En esta normativa se estableció un mecanismo extraordinario de financiación para el pago y cancelación de las deudas contraídas con los proveedores de las entidades locales y
comunidades autónomas. La segunda de esas iniciativas se articuló a través del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y estímulo al crecimiento y la creación de empleo, ampliando el ámbito objetivo y subjetivo
al permitir la entrada también a las mancomunidades de municipios y a las entidades locales del País Vasco y de Navarra. En esta tercera fase, la actual, la de este real decreto-ley, se amplían también los ámbitos objetivo y subjetivo y se
establecen las especialidades de procedimiento necesarias con el objetivo de ayudar a las comunidades autónomas y a las entidades locales a reducir su deuda comercial acumulada para que puedan estar en mejores condiciones de cumplir con las nuevas
reformas estructurales. En este contexto, la adopción de medidas tendentes al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, las diputaciones forales de Gipuzkoa y Bizkaia han dictado sus propias normas
forales en relación con esta materia.
En relación con las disposiciones aplicables a las comunidades autónomas, me gustaría señalar, señor Montoro, que la disposición adicional tercera apartado dos de la Ley Orgánica 2/2002 establece de forma expresa que, en virtud de su régimen
foral, la aplicación en la Comunidad Autónoma del País Vasco de lo dispuesto en la Ley de Estabilidad se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Concierto Económico. Señor ministro, lo que la vigente Ley de Concierto Económico dispone
en relación con la estabilidad presupuestaria se recoge en su artículo 48 que contiene los principios generales relativos a las relaciones financieras entre el Estado y el País Vasco, siendo el tercero de estos principios el de coordinación y
colaboración con el Estado en materia de estabilidad presupuestaria. En este contexto, y en los términos en que se encuentra redactado el capítulo II del título I de este real decreto-ley que debatimos hoy, cabe deducir que las disposiciones ahí
recogidas deben ser interpretadas en todo caso en los términos previstos en la Ley de Concierto Económico, en cuyo artículo 62 b) se atribuye a la Comisión Mixta del Concierto Económico la función de acordar los compromisos de colaboración y
coordinación en materia de estabilidad
presupuestaria. Es, por tanto, en el seno de esa comisión mixta donde debe acordarse cualesquiera compromisos en materia de estabilidad presupuestaria entre el Estado y el País Vasco, lo que llevado a las previsiones de este real decreto
implicaría la imposibilidad de la aplicabilidad directa de esta norma en la Comunidad Autónoma de Euskadi sin que antes hayan sido fijados los compromisos de colaboración y coordinación en la citada Comisión Mixta del Concierto Económico. Ahora
bien, con independencia de que una interpretación integrada de las disposiciones vigentes en esta materia desemboque en la obligación de que los compromisos de estabilidad presupuestaria entre el Estado y el País Vasco deban ser acordados en el seno
de la Comisión Mixta del Concierto Económico por ser -como decía- una exigencia expresa de la Ley de Concierto Económico en cuanto a expresión normativa de la disposición adicional primera de la Constitución, un reforzamiento de la seguridad
jurídica en esta materia sería necesario a nuestro juicio, así como una invocación inequívoca al ordenamiento vigente que parece demandar la inclusión de este tipo de normas estatales como el Real Decreto-ley 8/2013.
En lo relativo a las disposiciones aplicables a las entidades locales, cabría señalar que el artículo 14.1.d) del Real Decreto-ley 8/2013 establece que podrá ser de aplicación esta nueva fase del mecanismo de pago a los proveedores y, entre
otras, a las entidades locales del País Vasco y Navarra que estén incluidas en el modelo de participación de los tributos del Estado previa suscripción -se dice- del correspondiente convenio entre la Administración General del Estado y las
diputaciones forales del País Vasco o la Comunidad Foral de Navarra, según corresponda. Por tanto, según el real decreto-ley para que las entidades locales del País Vasco puedan acogerse a este nuevo mecanismo de pago a proveedores resulta
condición indispensable la suscripción de un convenio entre la Administración General del Estado y las diputaciones forales. Como usted bien sabe, señor ministro, la posibilidad de tal participación de las entidades locales de Euskadi en los
ingresos por tributos no concertados viene recogida en el artículo 51 de la Ley de Concierto Económico en los siguientes términos. Se dice que en los supuestos de aportación indirecta mediante participaciones en tributos no concertados, las
diputaciones forales distribuirán las cantidades que a tenor de la norma de reparto de carácter general correspondan a las entidades locales de sus respectivos territorios históricos. En este contexto, más allá de la legitimidad que tendrían las
diputaciones forales para suscribir convenios de esta naturaleza, lo cierto es que las disposiciones del Real Decreto-ley 8/2013, así como las del real decreto-ley que establecía mecanismos similares de financiación, se enmarcan dentro de los
objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que se exige en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril.
En este sentido, a nuestro juicio, la aplicación en la Comunidad Autónoma de Euskadi de las obligaciones que contempla esta ley deben dilucidarse de conformidad con las previsiones de la Ley de Concierto Económico y dentro de la misma en el
seno de la Comisión Mixta del Concierto Económico constituida por representantes de las diputaciones forales y también del Gobierno vasco y cuyos acuerdos deben adoptarse por unanimidad de todos sus miembros. Es lo que establece el artículo 61.
Además, la existencia en la Comunidad Autónoma de Euskadi de una específica articulación institucional interna implica que los compromisos de carácter financiero deben acordarse en el seno de la Comisión Mixta del Concierto Económico cuando se trata
de relaciones financieras entre el Estado y la comunidad autónoma y en el seno del Consejo Vasco de Finanzas Públicas en el caso de las relaciones financieras entre los territorios históricos y la Hacienda General del País Vasco. En este sentido,
el artículo 14.2 de la Ley de Territorios Históricos exige que la quiebra financiera de los territorios históricos y de su sector público se ejerza en coordinación con la Hacienda General del País Vasco. Siendo esto así, en el caso de que alguna de
las diputaciones forales decidiera acogerse a las iniciativas que contempla el Real Decreto-ley 8/2013, debería verificarse al menos la coordinación exigida por la Ley de Territorios Históricos, puesto que en caso contrario se estaría incumpliendo
la citada obligación legal, cuestión que no está contemplada en este real decreto-ley. Como referencia ilustrativa, cabe indicar que el Gobierno de Navarra ha suscrito el 27 de marzo de 2013 un convenio con la Administración General del Estado para
la aplicación a las entidades locales de la comunidad foral el mecanismo de financiación para el pago de proveedores de entidades locales. Como les he señalado, de forma paralela al dictado de los reales decretos del Estado que recogen medidas
destinadas a combatir la morosidad en las entidades locales con problemas financieros, las diputaciones forales de Gipuzkoa y Bizkaia han dictado sendas normas forales de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera en el ámbito de la
tutela financiera sobre las entidades locales de sus respectivos territorios históricos.
Valorando positivamente la idea de que estos reales decretos sirven para resolver unos problemas que existían y que eran importantes desde el punto de vista económico, pero teniendo en cuenta las
salvedades que le he mencionado a lo largo de mi intervención, nuestro grupo parlamentario se va a abstener a la hora de votar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.
Como en la vieja película de alienígenas, llegamos hoy a los encuentros en la tercera fase, los encuentros en la tercera fase con el problema de la morosidad pública. Lo curioso es que en estos encuentros en la tercera fase escuchamos los
mismos eslóganes que en los encuentros en la primera y en la segunda fase: que se va a poner el contador a cero, que todas las facturas van a salir de los cajones, que el problema queda definitivamente solucionado, que se trata de una medida
extraordinaria que no será necesario repetir. Sin embargo, la realidad es exactamente la contraria, y es la que predijo nuestro grupo en el encuentro en la primera fase, que los problemas iban a rebrotar, que lo extraordinario se iba a convertir en
ordinario. Efectivamente, ahora nos encontramos, según todas las informaciones, con un problema que ha rebrotado, con unos 20.000 millones de euros de morosidad pública pendientes de pago. Puede que esa cifra esté camuflando un problema mayor,
porque los pequeños empresarios que se reúnen con nosotros señalan la práctica de que para contratar con ayuntamientos, con comunidades, a veces se les exige el aplazamiento en la emisión de la factura.
A nosotros nos parece muy bien que se pague la deuda a los proveedores; nos parece tan bien que ya en la anterior legislatura propusimos que el PlanE se dedicase a esto, a mantener vivas muchas empresas viables, en vez de a tapar agujeros
en las aceras. Hemos denunciado una y otra vez el escándalo que supone en un país de la Unión Europea y no en un país emergente que las administraciones no paguen a sus proveedores, que haya empresas viables que quiebran por culpa de esa morosidad
pública y que, para más inri, esas mismas administraciones estén exigiendo a las empresas a las que no pagan el cumplimiento de sus obligaciones, entre otras sus obligaciones tributarias, incluso de las facturas que no les han abonado.
Un indicador de la magnitud de este escándalo -porque no se le puede dar otra palabra- es el listado de los agentes que han ido desfilando por esta Cámara, citados en los distintos reales decretos, en la primera, segunda y tercera fase. Las
administraciones territoriales implicadas no han pagado los recibos del agua, no han pagado los recibos de la luz, no han pagado los alquileres de sus locales, no han pagado las obras públicas, no han pagado las subvenciones en I+D, no han pagado
las indemnizaciones por expropiación, reconocidas legalmente, e incluso, como vemos hoy, ni siquiera han pagado a las instituciones del tercer sector, sin ánimo de lucro, que se dedican a fines sociales. Por supuesto que hay que pagar todo esto,
habría que haberlo pagado desde el principio.
¿Qué es lo que criticamos entonces? Lo que criticamos no es que se pague, lo que criticamos es cómo se está haciendo. ¿Y cómo se está haciendo? En primer lugar, se ha recurrido a un rescate masivo de las administraciones territoriales,
comunidades y ayuntamientos, a costa del Estado. El Plan de pago a proveedores I y II supuso la movilización de 27.000 millones de euros, el Fondo de liquidez autonómica en sus dos años supuso la movilización de 41.000 millones de euros, y ahora
estamos hablando de otros 10.000 aproximadamente. Estamos hablando de un rescate por un valor de 80.000 millones de euros, millones de euros que no se han encontrado para otras finalidades. Se está tapando el problema de comunidades y
ayuntamientos con la deuda del Estado, que no es gratis, que supone pago de intereses y mayores impuestos en el futuro.
Segundo error, en nuestra opinión. Al recurrir a este expediente se ha tomado una decisión que empeora gravemente el diseño de nuestro modelo descentralizado, que bastantes problemas de diseño tiene ya, y ha sido la abolición de lo que se
llama la cláusula de no rescate, que es el principio que se aplica en cualquier país descentralizado, en cualquier país federal, donde unas administraciones no son responsables de las deudas de otras. El Estado federal americano no es responsable
de las deudas de California. Pues esa cláusula de no rescate, esencial en un Estado descentralizado, aquí se ha suprimido.
Tercer problema, habitual desde el inicio de la crisis: no se exige a nadie ninguna responsabilidad. Hay una absoluta impunidad, hay responsables públicos que han ocultado facturas en los cajones, que no las han contabilizado, que han
realizado gastos que no tenían respaldo presupuestario, que se han saltado los controles. ¿Cuáles han sido las consecuencias? Absoluta impunidad. Al contrario, algunos están indignados porque no reciban más dinero, y es culpa del Estado que no se
paguen las facturas. Pero esto
es difícil que nos sorprenda a estas alturas porque la impunidad, cuando afecta a grupos poderosos, ha sido algo repetido desde el inicio de la crisis.
Cuarto problema, también importante, la insuficiente condicionalidad que ha ido ligada a estos rescates. España ha tenido un rescate bancario de la Unión Europea con condiciones. El Estado ha rescatado a comunidades y ayuntamientos sin
suficiente condicionalidad, y no porque no existan instrumentos legales para ello. Hay una Ley Orgánica de Estabilidad que nosotros apoyamos y contribuimos a enmendar que da esos instrumentos al Gobierno y los propios rescates incluían la
posibilidad de esa condicionalidad. No ha habido voluntad política de poner una condicionalidad proporcional al rescate que estaban recibiendo estas administraciones morosas e incumplidoras, que debería haber incluido un recorte del gasto superfluo
de estas administraciones y que se hiciesen cargo de las nuevas facturas para que el problema no rebrotase.
Tampoco se han establecido mecanismos para acabar con el problema de las facturas ocultas definitivamente. Había un expediente muy sencillo que Unión Progreso y Democracia ha planteado como proposición no de ley, rechazada indignadamente,
como siempre. Simplemente consistía en que cuando se supera el plazo legal de pago de treinta días el Estado pague las facturas morosas, sean de la administración que sean, eso sí, descontando a continuación esos importes de las transferencias de
la administración incumplidora. Con este mecanismo saldrían a la luz todas las facturas de los cajones y en último término las pagarían quienes adeudaban las cantidades. En esa propuesta incluíamos también que se informase a los subcontratistas de
cuándo cobraba el contratista principal, porque se daba el caso de que a veces cobraba el contratista principal y este no pagaba a los subcontratistas. Esto también se rechazó. Sin embargo, hoy lo recoge el real decreto. Nos alegra que lo recoja.
Hay un segundo asunto incluido en este real decreto que tiene que ver con un mecanismo de ayuda a las entidades locales en situación de especial dificultad. Este mecanismo nos confirma lo que ya sabíamos, lo que hemos denunciado
repetidamente y se nos niega, y es que en España hay centenares de ayuntamientos zombies, que no se pueden sostener por sí solos, que no son capaces de elaborar sus presupuestos, de rendir cuentas, de pagar a la Administración tributaria o a la
Seguridad Social, que no son capaces de hacer frente a sus pagos ordinarios. Esto es algo que en la Comisión del Tribunal de Cuentas se puede apreciar una y otra vez y que este real decreto corrobora. Se nos dice que hay 536 de estos
ayuntamientos, aunque no se nos dice de momento cuáles. ¿Cómo responde el Gobierno al problema de estos ayuntamientos zombies? Pues igual que antes: a costa del dinero de todos, a costa del contribuyente, mantenerlos artificialmente vivos.
Nosotros hemos hecho propuestas reiteradas en un sentido totalmente diferente, creemos en una solución mucho mejor. Uno es la propuesta de fusión de ayuntamientos, lo hemos repetido una y otra vez, hay más de 8.000 ayuntamientos en nuestro
país y de esos 8.000 el 85 % tienen menos de 5.000 habitantes. Nuestros países vecinos han realizado un proceso de consolidación de ayuntamientos en las últimas décadas, Alemania, Suecia, Reino Unido, ¿por qué no hacer lo mismo en nuestro país en
vez de mantener artificialmente estas entidades inviables? Unido a esa fusión de ayuntamientos iría la eliminación de las diputaciones provinciales, hoy ya superfluas, pero que lo serían todavía más tras la fusión de ayuntamientos.
Tercer y último punto del real-decreto, en la disposición final quinta se trata de impulsar un proceso de compra centralizada por parte del sector público, que se hagan pedidos conjuntos para que sean más baratos. Es una propuesta que
también ha realizado desde hace años Unión Progreso y Democracia, que también se nos decía que era equivocada e imposible. Volviendo a nuestro taxista arquetípico, si le contásemos esto le sucedería como en el caso anterior, si le dijésemos: hoy
hemos adoptado una gran medida, a partir de ahora las administraciones van a hacer compras conjuntas, así el pedido va a ser más barato y vamos a ahorrar muchos millones de euros. El taxista seguro que nos diría con gran sentido común: ¡qué
alegría me da con esta medida!, ¿pero es que no era así hasta ahora? ¿Cuántos millones han perdido durante estos años pasados por que no fuese así hasta ahora? ¿Quién hizo que no fuese así hasta ahora? ¿Y por qué?
Resumiendo, señor presidente, con una valoración del conjunto del real decreto en sus medidas más importantes, Unión Progreso y Democracia no puede oponerse a que se pague a los proveedores, faltaría más, pero tampoco podemos apoyar un real
decreto cuyo método rechazamos, consideramos equivocado, porque creemos que hay alternativas mejores. En consecuencia, nuestro voto va a ser la abstención. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.
Quiero decirles a sus señorías, como me llegan consultas sobre cuándo terminaremos, que no es fácil decirlo, pero las votaciones no serán antes de las cinco, probablemente más tarde, pero no antes de las cinco, para que lo sepan.
Seguimos con el Grupo de IU, ICV, EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra De las Heras.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Gracias, presidente. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).
Señoras y señores diputados, después de cinco horas de Pleno y de oír al señor Montoro presentando este decreto, les tengo que decir que ya no me cabe ninguna duda de que el Gobierno continua aferrado a su silencio atronador ante las graves
acusaciones de corrupción que pesan sobre el Partido Popular y el presidente, al igual y a la vez que continua erre que erre con su receta fracasada de políticas que pretenden culpabilizar a las administraciones públicas para, acto seguido -sí,
señor Montoro-, recortar gasto público, austericidio. Para el Gobierno del Partido Popular y del señor Rajoy la crisis es una excusa para acometer y culminar su gran proyecto: menos Estado y menos servicios públicos y más privatizaciones y
privilegios para las élites. Ya teníamos datos sobre por qué el Partido Popular privilegiaba a las élites; ahora parece que tendremos más que datos. Financiación B, sobres y billetes de 500 euros en cajas de puros. Mientras, se siguen pidiendo
más sacrificios y se deprime con descaro la economía, aumentando el paro por la disminución del gasto y de la inversión pública. Así es como este decreto-ley sobre el control de la morosidad de las administraciones públicas y apoyo a las entidades
locales se inserta en la estrategia de control de lo local ya planteada en el anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, una contrarreforma que pretende el desmantelamiento de la democracia local y de los
servicios públicos municipales. De igual forma, este decreto tiene sus antecedentes y está imbricado en la reforma del artículo 135 de la Constitución y la Ley orgánica 2/2012, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Una
reforma, la del artículo 135 de la Constitución, que La Izquierda Plural rechaza de plano porque prioriza el pago de la deuda por encima de cualquier otro condicionante político o social, sometiéndonos al poder de la troika y de los mercados.
Frente a las condiciones draconianas que se imponen con las medidas de este decreto-ley, La Izquierda Plural propone restablecer las prioridades sociales mediante una economía al servicio de las personas, de las mayorías sociales y no de los
intereses de los mercados, que es lo que realmente manifiesta el decreto. La única forma de apoyar a los ayuntamientos, señor Montoro, es situándolos verdaderamente en la preocupación de la política ciudadana, con una Ley de financiación municipal
y una Ley de gobierno local consensuadas que otorguen verdadera suficiencia financiera y garanticen su autonomía.
Existe una manera diferente de financiar y gestionar las administraciones públicas, señor Montoro, pero a ustedes no les interesa. Es con impuestos más justos y una fiscalidad progresiva. Por tanto, si de verdad queremos ayudar a los
ayuntamientos con problemas financieros, lo que debemos hacer no es recortar gasto público, sino aumentar los ingresos de manera justa, que paguen de manera justa sus impuestos las grandes empresas que evaden al fisco, que se persiga el fraude y los
paraísos fiscales, que aumente la carga impositiva a las grandes fortunas. Hoy, este Gobierno, sobre el que se cierne la duda y la sombra alargada de la corrupción, no creemos que esté en condiciones de garantizar absolutamente nada de esto, máxime
cuando el propio presidente del Gobierno se esconde y no comparece para explicarse en esta Cámara.
El decreto que ahora nos ocupa exige presentar un plan de ajuste a las entidades locales, un plan de ajuste que asesta un duro golpe a la democracia y la autonomía local al fomentar e impulsar privatizaciones y la pérdida de servicios
públicos. Por eso, las ayudas son trampa, las ayudas que se pretenden se darán bajo condiciones draconianas. Se pide la reducción de gastos de funcionamiento en el primer año, con la congelación en los dos siguientes y limitación en los sucesivos.
Se obliga a financiar íntegramente el coste de los servicios públicos prestados con tasas o precios públicos en tres ejercicios. No se podrán aprobar medidas que supongan un aumento de la recaudación ni podrán suprimirse tributos. No se podrán
adquirir, constituir o participar en la constitución de nuevos organismos, sociedades, consorcios, fundaciones o cualquier otro ente. Prohíbe el encadenamiento de prórrogas de presupuestos por más de un año. Exige la corrección con las provisiones
de los saldos de difícil recaudación para tener una imagen fiel de la situación financiera de la entidad. Establece una intervención de Hacienda, mediante informe previo de carácter vinculante, en el proceso de elaboración de los presupuestos
generales de los municipios en
determinados supuestos. En fin, no me voy a alargar. Por último, también pretende disolver en el plazo de tres meses las entidades dependientes o vinculadas de segundo nivel.
Señor Montoro, ¡claro que hay que articular medidas de apoyo a las entidades locales! Pero este decreto, con su condicionalidad fiscal, no es tal apoyo sino una forma de control e intervención de las entidades con problemas financieros; una
forma perversa de adelantar mediante decretazo las medidas recentralizadoras y de estrangulamiento democrático que pretenden imponer también con la reforma de la Administración local y sin dar ninguna garantía de que los proveedores vayan a cobrar
antes.
Por último, quiero decirles que ustedes, señores del Partido Popular, están entre las cuerdas. La legalidad democrática que les dieron las urnas no les da la legitimidad para seguir acometiendo medidas mediante decretos-leyes sin contar con
nadie, con absolutamente nadie, en este caso ni con la Federación Española de Municipios y Provincias ni con las comunidades autónomas ni con los municipios. Ustedes, señoras y señores del Partido Popular y del Gobierno, no pueden seguir actuando a
espaldas de la ciudadanía y de sus intereses.
Desde La Izquierda Plural nunca hemos esperado nada bueno de este Gobierno. Ahora solo esperamos su dimisión y la convocatoria de elecciones ya, y esperamos que lo hagan, de verdad, cuanto antes por el bien de este país.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora De las Heras.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señora presidenta, señor ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, señores diputados, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió valora positivamente el Real Decreto sobre medidas urgentes sobre la
morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a las entidades locales con problemas financieros. En su momento, nosotros también valoramos los recientes decretos que hacían referencia al pago de proveedores que se aprobaron al inicio de
esta legislatura. Desde Convergència i Unió siempre hemos planteado mecanismos para que las administraciones públicas no fueran morosas de lo que podríamos denominar la economía real y, como no podía ser menos, también estamos de acuerdo con esta
última propuesta, según ha planteado el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, que va a suponer que a finales del año 2013 el contador esté a cero.
Es cierto que el señor ministro ha hecho alguna valoración sobre que en el futuro no podrá existir morosidad de las diferentes administraciones. Totalmente de acuerdo, señor ministro, pero también ha de convenir con nosotros que para que
las administraciones no sean morosas necesitan de todos aquellos mecanismos que tengan a su alcance para poder emitir deuda, si es posible. Usted sabe que la emisión de deuda hoy está en manos del Tesoro única y exclusivamente, con lo cual las
comunidades autónomas van a tener más dificultades de las que pueda tener la Administración central para poder financiarse. Al mismo tiempo, ustedes tendrán que rectificar su política fiscal y tributaria en cuanto a la participación en los
diferentes impuestos que hoy están cedidos a las comunidades autónomas, porque la Administración central se ha quedado con el cien por cien de la recaudación de los recientes incrementos y han dejado huérfanas a las administraciones autonómicas y a
las corporaciones locales. Por lo tanto, estamos de acuerdo con poner el contador a cero, pero ustedes también tendrán que hacer una variación de su política fiscal y tributaria con respecto al resto de administraciones públicas, que también son
Estado, para que dispongan de los mismos instrumentos que la Administración central del Estado para poder pagar a 30 días a sus proveedores.
Es cierto que cuando fijamos la posición en este real decreto-ley lo valoramos positivamente y teníamos dudas porque era confuso. Usted hoy, también hay que decirlo, ha despejado muchísimas dudas que teníamos en el sentido de que las
administraciones, una vez aclaradas las dudas con sus manifestaciones, van a disponer de elementos sólidos y solventes para que puedan pagar puntualmente todas aquellas deudas que tengan contraídas con los proveedores hasta mayo del año 2013. Como
digo, este es un tema muy importante y usted ha aclarado muchísimas dudas y nos ha dado cierta tranquilidad para votar sin tanto desasosiego porque, si esto se cumple, el contador podrá estar a cero a finales de 2013.
Una de nuestras preocupaciones venía motivada por la falta de seguridad jurídica y concreción de cara a los plazos de pago a proveedores. El planteamiento de los pagos para la fase 1, que era conciertos sanitarios y sociales, farmacia,
tercer sector y ayuntamientos, parece correcto, si bien hacía falta concretar el calendario de pagos. Se habla de que se pagará durante el último trimestre pero no se concreta. Yo he deducido de su intervención que a lo largo del año 2013 todas
aquellas administraciones públicas que
tengan deudas con conciertos sanitarios y organizaciones sociales de farmacia y del tercer sector tendrán la garantía de que antes de que finalice el año 2013 podrán pagar satisfactoriamente todas sus deudas.
Había otra duda y es que creíamos que la inseguridad podría ser máxima para todos aquellos pagos contemplados en la fase 2, o sea proveedores comerciales en general. En este caso no se concretan importes ni se prevé qué ocurrirá si las
obligaciones superan las previsiones iniciales. Las previsiones del Gobierno apuntan a que el pago se podría realizar, en el mejor de los casos, durante el año 2014, cosa muy preocupante. Si la facturación asignada a este fondo no se puede
financiar bancariamente por inseguridad jurídica, el colapso de liquidez podría ser máximo. De sus manifestaciones y según la conversación que hemos mantenido antes de que este portavoz subiera al estrado, podemos llegar a la conclusión de que la
fase 2, o sea todo lo que son proveedores comerciales, van a tener la seguridad de que a lo largo del año 2013 podrán ver satisfechas sus obligaciones mediante el pago de las administraciones públicas que hoy son acreedoras. Por tanto, si logramos
desvanecer o esclarecer esta duda, se producirá una seguridad jurídica importante y las entidades financieras que hoy están interesadas en financiar el pago de proveedores podrán acudir con muchísima más tranquilidad a satisfacer estas obligaciones.
Hay otro aspecto que entendemos que no se resolvía con este real decreto y que impide dar una solución integral al problema; me refiero a las deudas existentes entre administraciones públicas. Y cabe decir -y cuando una cosa se resuelve
satisfactoriamente tampoco se nos caen los anillos por reconocerlo públicamente- que usted también ha dado una contestación favorable a este tema que es muy importante para nosotros. Una cuestión que nos preocupaba son las deudas que hoy tiene la
Generalitat de Catalunya y seguramente también otras administraciones autonómicas, con ayuntamientos o con diputaciones; al menos esto estaba incluido en todas aquellas entidades saneadas que pagaban puntualmente a sus proveedores. Y estas deudas
de la Generalitat o de las administraciones autonómicas con los ayuntamientos no podían verse satisfechas con este plan de proveedores. Nosotros entendemos que estas deudas deberían ser incluidas en el fondo. Las entidades locales saneadas pagan
puntualmente y, por lo tanto, no tienen facturas para compensar con la deuda de la Generalitat o con la deuda de las administraciones autonómicas. Por tanto, a través de su intervención, a través de las conversaciones que hemos mantenido, creemos
que es una gran noticia para todos aquellos alcaldes de municipios que están saneados y que tienen deudas con la Generalitat o con las diferentes administraciones autonómicas, que pueden tener la seguridad de que a lo largo del año 2013 podrán ver
satisfechas todas las obligaciones contraídas con las administraciones autonómicas.
Había otra cuestión que nos preocupaba muchísimo y creo sinceramente que también se ha resuelto, que es la interpretación que se está dando al artículo 3, que no permite resolver un problema sencillo pero importante en Cataluña como es la
inclusión de aquellas facturas de proveedores correspondientes a otras administraciones -consejos comarcales- que presten servicio por delegación de competencias a través de un convenio de colaboración que encomienden una gestión municipal o
autonómica, conservando el municipio su competencia. Una interpretación diferente a la dada por el artículo 3 debe permitir que los ayuntamientos o la Generalitat asuman la deuda a cambio de la inclusión del pago de la factura del consejo comarcal
por parte del fondo de pago a proveedores, en la parte proporcional que corresponda a cada ayuntamiento o a la Generalitat. En definitiva, se trataría de que los municipios de la comarca pudieran acogerse a esta convocatoria, incluyendo en su
relación certificada de obligaciones pendientes de pago las liquidaciones proporcionales correspondientes al pago de los servicios municipales delegados que la empresa contratista ha liquidado a los consejos comarcales. Un municipio que tenga una
deuda por un derecho de crédito derivado de una delegación debe poder acogerse a esta convocatoria. Según la interpretación o declaración que ha hecho el señor ministro, entendemos que esta cuestión referida a todas aquellas administraciones que
son consejos comarcales se incorporará a lo largo de estos próximos días o semanas y se modificará en otro real, para que todos aquellos consejos comarcales que tengan deudas pendientes de las diferentes administraciones, ya sean los ayuntamientos o
las administraciones autonómicas, en este caso la Generalitat u otras comunidades autónomas, a través de esta delegación y a través de este convenio de colaboración puedan cobrar todas las obligaciones existentes. Por tanto y en resumen, señor
ministro, nosotros entendemos que a lo largo de estas próximas semanas ustedes tendrán que desarrollar con la máxima complicidad con las diferentes administraciones municipales y autonómicas para recoger este espíritu que se ha derivado de su
intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados o en el Senado, según el cual queda muy claro que todas aquellas administraciones que tengan deudas con proveedores podrán ver satisfecho el pago de dichas obligaciones a lo largo del año 2013.
Este asunto lo consideramos muy relevante. También tiene que quedar
perfectamente claro que todas aquellas deudas que tenga la Generalitat u otras administraciones autonómicas con diferentes municipios que son buenos pagadores podrán ser satisfechas a través de una modificación importante que se va a
establecer en breve y, al mismo tiempo, que tengan la seguridad de que a lo largo del año 2013 todas aquellas deudas que tengan los ayuntamientos o las administraciones autonómicas con los conciertos sanitarios y sociales, con las farmacias o con el
tercer sector, serán satisfechas a lo largo del año 2013 y que pueda ponerse finalmente el contador a cero.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el Grupo Socialista, señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, subo a esta tribuna a fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista en relación con la convalidación del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, real decreto-ley que es la tercera y última fase del mecanismo que el Gobierno
puso en marcha de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales y que se hizo extensible a las comunidades autónomas mediante un acuerdo alcanzado en marzo de 2012 en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Un mecanismo,
señorías, que podemos definir -y a nadie le debe extrañar- como perverso, y digo esto porque cualquiera que oiga al señor ministro tal como lo cuenta, podría pensar que todo es bondad. Sin embargo, hay que afirmar que nada más lejos de la realidad.
Porque, señor ministro -aunque ahora esté distraído y hablando con el ministro de Industria-, he de decirle con toda claridad que usted no cuenta toda la verdad. Desde el primer real decreto-ley que trajo a la convalidación de la Cámara está
diciendo la verdad a medias, que es la peor de las mentiras, y es que usted cuenta las cosas como le interesan, y lo hace además porque es plenamente consciente, desde su habilidad, de que juega con ventaja y se aprovecha de ello, porque nadie se va
a oponer a que los proveedores puedan cobrar. ¡Faltaría más! ¿Verdad, señor ministro? Y justamente eso mi grupo parlamentario ya lo manifestó durante el debate del primer decreto-ley. Le dijimos entonces -hace dieciséis meses- y le reitero ahora
que en el Grupo Parlamentario Socialista claro que queremos que cobren los proveedores, claro que queremos que apoye a los ayuntamientos, claro que queremos que se respalde a las comunidades autónomas, claro que queremos y queríamos hace dieciséis
meses -y se lo dijimos entonces, señor ministro, pero usted no hizo ni caso- que se incorporara a los subcontratistas, tema que trae ahora como novedad de esta tercera fase. Claro que le dijimos entonces que priorizara el pago a los autónomos y a
las pequeñas y medianas empresas, a pesar de que usted introdujo en aquel real decreto-ley la cuña de la quita que beneficiaba a las grandes empresas. Claro que queremos -y se lo dijimos también entonces- que se incluyera a las organizaciones del
tercer sector, que se incluyeran las cuestiones de carácter social. Y además se lo planteamos no solo en el debate sino también en una proposición no de ley de marzo de 2012, y le planteamos también que se incorporaran mecanismos para facilitar la
liquidez de las universidades. Esta propuesta se la hicimos hace un año en una proposición no de ley que votó en contra el Grupo Parlamentario Popular. Es la realidad, señor ministro. Y ahora, pasados dieciséis meses, nos trae esta tercera fase,
y en ese sentido hemos de subrayar que todo ese tiempo se ha perdido. Pudo incluir a los subcontratistas y no lo hizo, pudo incluir a las universidades y no lo hizo, pudo incluir a las organizaciones del tercer sector y no lo hizo. ¿Y qué ha
ocurrido? Que hay empresas subcontratistas que se han perdido, trabajadores que tenían su puesto de trabajo y que ahora están en el paro. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que usted no incluyó al tercer sector y automáticamente hay trabajadores
sociales que estaban trabajando con las personas más vulnerables de la sociedad y que hoy están en el paro y empresas que han desaparecido de ese tercer sector, que es extraordinariamente importante.
Me gustaría que aclarara una cosa en relación con su intervención en esta tribuna. En el real decreto se habla de empresas del tercer sector que estén directamente relacionadas con la infancia, con personas mayores y con discapacidad.
Usted ha hablado aquí de dependientes y me parecería muy bien que se utilizara el término de dependientes y no se restringiera sino que se dirigiera a un universo global y total de las personas que necesitan ayuda para su vida. Pero las empresas
del tercer sector se han visto afectadas no solo como consecuencia de no haber sido incluidas en aquel momento, sino también porque hay una política de desmantelamiento de las políticas sociales y de la Ley de Dependencia que está llevando a cabo el
Gobierno del Partido Popular y que está dando un cambiazo del modelo social. Incluye a las universidades un año después. Usted sabe que ese retraso hace daño, pudo haberlo hecho y no dio ninguna explicación de por qué no lo hacía. Y sabe bien,
señor ministro, que los tiempos son muy importantes y cuando vivimos una situación tan difícil como la actual aún lo son más. Y usted no ha querido tenerlos en cuenta y no ha querido incorporar a sectores esenciales y fundamentales.
Dicho esto, nosotros estamos de acuerdo con que cobren quienes tengan una sentencia judicial en el ámbito de las expropiaciones y también con la ampliación que se hace del ámbito subjetivo y objetivo en el marco del real decreto-ley. Pero,
señor ministro, le tengo que decir que usted no es el hombre bueno para las administraciones públicas y la universidad. Más bien -permítame esta expresión- es el hombre de negro, porque usted está haciendo uso, y hasta abuso, de su situación
predominante. Y digo esto porque no está siendo leal institucionalmente con las entidades locales y con las comunidades autónomas que, no lo olviden, forman parte del Estado. Usted da un pequeño balón de oxígeno a las administraciones públicas
-entidades locales, administraciones autonómicas y a las propias universidades- y es normal que en la situación de crisis profunda que tenemos se acojan a ese pequeño balón de oxígeno, pero se aprovecha y su aprovechamiento va a traer consecuencias
nocivas, graves y peligrosas para las propias comunidades autónomas y los ayuntamientos.
Usted, señor ministro, sabe que los fondos de este real decreto son insuficientes; sabe además que desde el primer día está afectando gravemente a la autonomía local, está invadiendo la autonomía local y sustrayendo una parte de ella. Está
claro ya que no va a haber por parte de este Gobierno un nuevo sistema de financiación de las entidades locales; está claro también que lo que pretende es controlar de lleno a las propias administraciones con capacidad incluso de intervenir esas
administraciones locales a las que ahora les está tendiendo la mano aparentemente. Va a tener en sus manos -y usted estará encantado por ello- toda la información, imponiendo procedimientos a quienes también son Estado con un claro afán
recentralizador. Las administraciones, señor ministro, en sus manos y bajo su control, que es lo que usted está buscando. Y mientras, planes de ajuste y reajuste que hipotecan las decisiones de futuro de estas administraciones. Están aplicando de
hecho la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que pronto aprobarán y nos impondrán, porque no quieren negociar nada, absolutamente nada. Y todo esto al final lo pagan los ciudadanos a través de más tasas, precios públicos más altos, revisión
del catastro con el incremento del IBI correspondiente y con el desmantelamiento del sector público, gran parte de cuyos trabajadores van al paro, trabajadores que hasta ahora tenían fijo su puesto de trabajo. Pagan los ciudadanos y gana la banca,
como siempre, que compra el dinero al 1 % y -según sus propios datos- lo vende a más del 5 % que van a pagar los ayuntamientos, que van a pagar las administraciones. Esta es toda la verdad y nos hubiera gustado que usted, señor ministro, no se
aprovechara de la situación y contara solo una parte sino que dijera la verdad en su totalidad.
Del real decreto-ley del que hoy hablamos para su convalidación hay que decir que solo se van a acoger -porque solo ellos pueden hacerlo- 536 ayuntamientos de los 8.116 ayuntamientos que tenemos. Son las dos caras de una misma moneda que
está cargada de intencionalidad política e ideológica; que afecta, señoría, al modelo de Estado centralista que quieren imponernos por la vía de los hechos. La crisis para el Partido Popular está siendo la gran aliada para recentralizar.
Mi grupo -y termino, señora presidenta- se va a abstener y solicitamos la tramitación como proyecto de ley porque es este Parlamento el que debe debatir democráticamente las distintas iniciativas. No quieren venir, pero por lo menos no
nieguen la oportunidad de debatir. En ese sentido no me diga que, como es de urgencia, ya no puede esperar más, porque hemos estado esperando dieciséis meses para una iniciativa y un año para que venga al Parlamento a dar una respuesta. Concluyo
diciendo, señor ministro, que no dice la verdad de todo lo que guarda y esconde este real decreto-ley, este mecanismo que ha puesto en marcha, y se comprobarán los efectos que tiene cuando vaya pasando el tiempo, porque hoy es un respiro para las
administraciones, pero mañana será una losa insoportable en su quehacer para el conjunto de la ciudadanía. Le ha puesto, y yo le felicito, buena música...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Aguilar, tiene que terminar.
La señora AGUILAR RIVERO: ... pero cuando se vea toda la letra en la partitura entera, descubriremos lo que persigue usted con esto, señor Montoro, que es tener en sus manos controladas todas las administraciones que conforman el Estado y
así consagrar un Estado plenamente centralista.
Muchas gracias (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Aguilar.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Matarí.
El señor MATARÍ SÁEZ: Señora presidenta, lo primero que quiero hacer es felicitar al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, porque creo que es de justicia hacer un reconocimiento a la ingente
labor, al ingente trabajo que está desarrollando desde el principio de la legislatura y del que esta mañana, desde las nueve de la mañana, estamos teniendo muy buena muestra, así que, enhorabuena al señor ministro.
Señoras y señores diputados, el Grupo Popular va a votar favorablemente la convalidación de este real decreto sobre el que compartimos plenamente los objetivos que se propone: suministrar liquidez a las empresas mediante la cancelación de
su deuda comercial con las comunidades autónomas y las entidades locales; apoyar financieramente a las administraciones territoriales, responsables de la prestación de importantes servicios públicos; poner a disposición de los municipios que se
encuentran en dificultades un conjunto de medidas para que puedan hacer frente a sus problemas económicos; y, finalmente, señorías, erradicar la morosidad de las administraciones públicas y eliminar el stock de facturas acumuladas para sentar así
las bases de nuevas e inmediatas reformas estructurales que impedirán la acumulación de nuevos retrasos en los pagos de la deuda comercial. Este real decreto, señorías, supone la culminación de la tarea que el Gobierno del Partido Popular está
llevando a cabo desde el inicio de su mandato para el saneamiento de las cuentas públicas, que es condición fundamental para el saneamiento de la economía española; dieciocho meses de trabajo por el que tenemos que felicitar al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, al ministro y a todo su equipo, porque sin duda están acometiendo un proceso muy laborioso de saneamiento del sector público; un proceso, señorías, que se inició en uno de los primeros consejos de ministros
presididos por el presidente Rajoy, concretamente en el cuarto, y cuyo objetivo es, como decía, erradicar uno de los principales problemas de nuestra economía, la morosidad de las administraciones públicas.
Señorías, las deudas de las administraciones con miles de proveedores han sido, sin duda, una de las causas, señora Aguilar, una de las causas que disparó el desempleo y el alto índice de cierre de empresas en los últimos años; que una
empresa tenga que cerrar, que haya tenido que cerrar y sus trabajadores pierdan el empleo porque una Administración pública no le paga los servicios no es de ninguna manera aceptable, señorías. Y para que eso no suceda más en nuestro país, el
Gobierno ha aprobado un importante paquete normativo: este real decreto, la ley de la factura electrónica y la ley orgánica de la deuda comercial, un conjunto de normas cuyo objetivo es combatir la morosidad e impulsar reformas estructurales que
garanticen el pago en los plazos previstos en la ley. Se trata, en palabras del propio ministro, de poner el contador a cero, porque solo así las administraciones podrán cumplir de forma inmediata con las nuevas reglas de control de la deuda
comercial. Para ello, señorías, el real decreto-ley que estamos convalidando pone en marcha, efectivamente, la tercera fase del Plan de pago a proveedores. Será la tercera y última fase de un plan que se inició en febrero del año pasado.
Señorías, la primera fase aprobada el 24 de febrero de 2012 y la segunda el 22 de febrero de este mismo año han permitido pagar nada más y nada menos que 5,5 millones de facturas por un importe de 28.500 millones de euros. ¿Mecanismo perverso,
señora Aguilar? Señor Anchuelo ¿propagandas? No, realidades. En concreto, se han abonado 3.800.000 facturas pendientes de 32.500 proveedores de las comunidades autónomas por un importe de casi 19.000 millones de euros, y, por otra parte,
1.800.000 facturas pendientes de 116.000 proveedores de entidades locales, por un importe total de casi 10.000 millones de euros. Señorías, señora Aguilar, todavía recuerdo -y usted lo recordará también, señor ministro- cuando en la anterior
legislatura el Grupo Popular y otros grupos -por ejemplo, Convergència i Unió- instábamos al Gobierno socialista para la puesta en marcha de un plan de pago a proveedores y el Gobierno respondía que no era posible, y además retaba a la oposición a
proponer las fórmulas mágicas, entre comillas, que lo hicieran posible. Señora Aguilar, ¿por qué no hicieron lo que querían hace dieciséis meses y lo que quieren ahora cuando gobernaron? Se han perdido, dice usted, dieciséis meses para algunos
casos concretos. No, se perdieron cuatro años para hacer lo que hizo este Gobierno nada más llegar al mismo, Esa es la realidad. (Aplausos).
Señorías, las administraciones públicas españolas tienen que pagar puntualmente las obligaciones contraídas. Esa tiene que ser la norma de comportamiento porque España es un país serio que cumple sus compromisos, un país en el que se puede
invertir y en el que se puede emprender con plenas garantías. En poco más de un año, señora Aguilar, hemos corregido el daño producido por el anterior Gobierno socialista en la confianza y en la credibilidad de España. Señoras y señores diputados,
el Plan de pago a proveedores forma parte de un gran bloque de medidas adoptadas durante estos dieciocho meses por el Gobierno del Partido Popular y que han servido para tres cosas: para mejorar la liquidez de las administraciones territoriales, de
las comunidades autónomas, de ayuntamientos y diputaciones; para permitir cumplir los objetivos de déficit y avanzar en el camino de la estabilidad presupuestaria y para garantizar -esto es lo más importante- que se sigan prestando por las
comunidades autónomas y las
entidades locales los servicios públicos y los servicios sociales que tienen encomendados y a los que los ciudadanos sin duda tienen derecho. El Estado somos todos, Administración General del Estado, comunidades autónomas y entidades
locales, aunque algunos, parece, señor Anchuelo, que todavía no se han enterado. Permítanme, señorías, que muy brevemente recuerde algunas de estas medidas de apoyo presupuestario y financiero. Para las comunidades autónomas anticipos de
tesorería, ampliación del plazo para el reintegro de las liquidaciones de los ejercicios 2008 y 2009 -por cierto, que se ha tenido que hacer a causa de los presupuestos falsos que hizo el Gobierno socialista para ocultar la crisis económica-,
aplicaciones o plenitud del sistema de financiación autonómica que ha permitido que se mantenga, e incluso se incremente, la financiación de las comunidades autónomas y aprobación de un Fondo de liquidez autonómica, dotado con 18.000 millones de
euros en 2012 y 23.000 en 2013, y que permite atender, insisto, los vencimientos de deuda y la financiación de los servicios básicos que prestan las comunidades autónomas. Señoras y señores diputados, por otra parte, también este real decreto
contiene un conjunto de medidas extraordinarias para apoyar a las entidades locales con especiales problemas financieros. Los esfuerzos hechos por todos los ayuntamientos y las medidas adoptadas por el Gobierno han logrado magníficos datos en
términos de corrección del déficit porque las entidades locales cerraron 2012 con un 0,15 por debajo del objetivo fijado. Sin embargo, es verdad que hay ayuntamientos que todavía se encuentran en situaciones de especial dificultad. Para esos
ayuntamientos, alrededor de quinientos, como decía el señor ministro, este real decreto contiene un conjunto de medidas extraordinarias de apoyo a la liquidez de carácter temporal y voluntario que les permitirá hacer frente a sus problemas
económicos y les ayudará a cumplir con sus obligaciones fiscales y financieras, así como a hacer frente a los pagos ordinarios o a la devolución del crédito a proveedores.
Señoras y señores diputados, en un año y medio la situación de los ayuntamientos españoles ha cambiado radicalmente. Es verdad que un 6 % del total de esos 8.000 municipios tienen todavía problemas importantes, y para eso se hace este plan.
Pero también es verdad que hay muchísimos más, hasta cuatro mil ayuntamientos, que tienen superávit y que quieren invertirlo, y para los que también el ministerio ha puesto en marcha la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Esta
situación tan radicalmente distinta es fruto, insisto, del trabajo serio de muchos miles de alcaldes y concejales, así como del conjunto de medidas, además del Plan de pago a proveedores, que este Gobierno ha puesto en marcha los últimos dieciocho
meses. El aumento del fraccionamiento de 60 a 120 meses de la devolución de lo que tienen que hacer los ayuntamientos por esos presupuestos que he dicho antes falsos; el incremento de las entregas a cuenta -un 20 % en los presupuestos de 2013-;
el anticipo de la liquidación de 2010; la autorización de la refinanciación de operaciones de crédito a largo plazo anteriores a 2012; la supresión de la obligación de cancelar las operaciones a corto plazo a 31 de diciembre de cada año.
Señorías, estas y otras medidas adoptadas, insisto, en estos dieciocho meses han servido para corregir los desajustes existentes en nuestras administraciones públicas, para reducir el déficit excesivo y también para pagar las muchas facturas
pendientes. Se trata de introducir en las administraciones públicas españolas una cultura de austeridad, de contención y de control del gasto público. Las administraciones no pueden gastar más de lo que ingresan, ni basar sus políticas en
crecimiento descontrolado del gasto público, porque eso se ha comprobado que no contribuye en ningún caso a una mayor calidad en la prestación de los servicios y sí a un elevado nivel de déficit que pone precisamente en riesgo la prestación de esos
servicios públicos. El resultado de los cambios normativos y las reformas que se están llevando a cabo serán unas administraciones más eficientes que presten mejores servicios públicos bajo los principios de sostenibilidad financiera, estabilidad,
equilibrio presupuestario y la exigencia también de responsabilidad para los gestores públicos. Una reforma, señorías, que impulsará la competitividad de nuestra economía porque convertirán a nuestras administraciones en motor del crecimiento
económico y la creación de empleo.
Muchas gracias y de nuevo, señor ministro, enhorabuena. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Matarí.
- REAL DECRETO-LEY 9/2013, DE 12 DE JULIO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD FINANCIERA DEL SISTEMA ELÉCTRICO. (Número de expediente 130/000039).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos a examinar el punto del orden del día referente a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la
estabilidad financiera del sistema eléctrico. Para su
presentación y defensa en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor ministro de Industria, Energía y Turismo.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señora presidenta, señorías, comparezco en nombre del Gobierno para solicitar a esta Cámara la convalidación del Real Decreto-ley 9/2013, aprobado en Consejo de Ministros en
su sesión del pasado día 12 de julio. En efecto, el pasado 12 de julio el Consejo de Ministros en materia eléctrica aprobó dos disposiciones: una, un anteproyecto de ley del sector eléctrico, y dos, el Real Decreto-ley de medidas para garantizar
la estabilidad del sector eléctrico. Ambas normas suponen cambios regulatorios importantes en el sector y ambas disposiciones han venido precedidas de distintas medidas adoptadas a lo largo del año 2012 y de este año 2013, todas ellas encaminadas a
encauzar el déficit de tarifa del sector.
El conjunto de medidas que se han ido adoptando a lo largo de los años 2012 y lo que llevamos de 2013 junto con el anteproyecto de ley que se aprobó en el Consejo de Ministros el pasado viernes y el Real Decreto-ley cuya convalidación hoy se
solicita en esta Cámara sabemos que no han sido fáciles, han sido medidas difíciles de asumir por parte de todas las empresas, tanto de las empresas de energías renovables como de energías convencionales; han sido medidas difíciles para los
consumidores tanto domésticos como los industriales; y también han sido medidas difíciles para la propia Administración del Estado. Es verdad, que el problema existente a principios del año 2012 era un déficit acumulado de 22.000 millones de euros
en el sector con un incremento anual de 10.000 millones de euros. Ese problema podíamos haberlo solucionado de otras maneras. Podíamos haber procedido a disminuir la retribución del transporte de la distribución de los sistemas insulares y
extrapeninsulares sin cambiar el sistema de incentivos basados en las primas a otro tipo de incentivos a la inversión en función de la rentabilidad razonable. Incluso, podríamos no haber aprobado el Real Decreto 1/2012 que vino a limitar la
posibilidad de seguir prerregistrando proyectos de energía renovable, régimen especial, en el Ministerio de Industria. Sin embargo, todo eso que podíamos haber hecho, lo hemos evitado, porque si no hubiésemos hecho todo ello tendríamos que haber
aumentado los peajes de electricidad en un 80 %, lo que significa un incremento en los precios de electricidad del 40 %. Esos incrementos no hubieran sido asumibles ni para las familias ni para la industria ni para la competitividad de la economía
y el Gobierno no estaba dispuesto a ello. Por tanto, señorías, algo muy importante es el conjunto de medidas ya adoptadas a lo largo de estos últimos dieciocho meses: este real decreto-ley, el propio anteproyecto de ley, más el conjunto de los
reales decretos que ya están siendo enviados a la Comisión Nacional de la Energía para su informe y que forman parte también de toda la reforma del sector eléctrico. No hay otra finalidad en el conjunto de medidas adoptadas que la de resolver un
grave problema de la economía española dado por el déficit del sistema eléctrico; en segundo lugar, resolverlo sin que se proceda a incrementos en el precio de la electricidad por encima del 40 %; en tercer lugar, hacerlo con un porcentaje de
aportación a la solución por parte de las empresas, otro por los consumidores, otro por la Administración General del Estado; hacerlo pensando más en el consumidor y hacerlo además dotando al sistema de estabilidad para que no vuelva a producirse
una situación como la que hemos descrito. Además, hemos planteado estas medidas primando el interés general sobre el interés particular de las distintas empresas, que es muy legítimo -a veces puede coincidir con el interés general, otras veces no
pero, lógicamente, si no coincide ha de prevalecer siempre el interés general-. También hemos pretendido acabar con la incertidumbre en el sector y cambiar, por tanto, una situación de insostenibilidad financiera con incertidumbre por otra de
sostenibilidad financiera con certidumbre.
Señorías, a menudo se han tratado de justificar muchas medidas, normas, leyes y disposiciones sobre el sector eléctrico por la supuesta complejidad del tema. Se argumenta que las cuestiones del sector eléctrico son muy complejas. No voy a
negar que técnicamente sea así, pero no hay que ser ningún ingeniero industrial, rama eléctrica, para comprender dónde estamos, por qué estamos aquí, cómo hemos llegado y qué hay que hacer para solucionar el problema de una manera definitiva.
Señorías, el precio de la electricidad en España está por encima de la media europea, está por encima tanto el precio que pagamos las economías domésticas como el precio que paga la industria. Solo en Italia, Irlanda y Chipre es más alto el precio
de la electricidad para el consumidor doméstico que en España, pero téngase en cuenta que tanto Irlanda como Chipre son sistemas de producción eléctrica aislados donde la producción tiene un coste superior a aquel coste que hay en los sistemas
continentales. Pero no solo se trata de que el precio al consumidor sea más elevado en España que en el resto de Europa, es que también el precio al consumidor industrial es más elevado. El consumidor industrial paga la electricidad más cara que
la
mayoría de nuestros competidores. Solamente un grupo reducido de países tiene en Europa la electricidad, precio industrial, más cara que en España. Esos países son: Lituania, Reino Unido -que también es un sistema aislado-, Eslovaquia,
Irlanda, Italia, Malta y Chipre. En todos los demás el precio de la energía es más barato que en España. Sin embargo, a pesar de ese mayor precio promedio de la electricidad en España en comparación con el resto de las economías europeas, persiste
un creciente y preocupante déficit de tarifa eléctrica. De no haberse adoptado las medidas que se adoptaron a lo largo de todo el año 2012 y en el año 2013, el déficit del sistema eléctrico habría alcanzado 10.500 millones de euros para este año
2013. Para corregirlo habría sido necesario un aumento en la factura de la luz del 42 %. Sin embargo, tras las medidas que se han adoptado por parte del Gobierno desde el año 2012, el déficit de tarifa previsto para este año 2013, si no incluimos
las medidas que están en el real decreto-ley que hoy traemos para convalidar, sería todavía de 4.500 millones de euros, porque a pesar de las medidas de 2012 y de las de 2013, todavía habría unos costes del sistema -costes regulados- de 22.500
millones de euros frente a 18.000 -diferencia 4.500 millones- de los ingresos regulados del sistema.
Todo esto lleva a preguntarse: ¿qué es lo que ha ocurrido a lo largo de todos estos años para que el desfase entre los ingresos y los costes del sistema haya sido de tal envergadura? No es difícil saberlo, señorías, solo hay que atender a
la evolución de los costes regulados del sistema entre los años 2003 y 2011. En efecto, los costes regulados del sistema han crecido entre 2003 y 2011 muy por encima de los ingresos. El déficit de tarifa, por tanto, se origina por un crecimiento
exponencial de los costes del sistema, en especial las primas a las energías renovables y también por la amortización de la deuda, y esto no es, señorías, ninguna fijación que tenga el Gobierno con una tecnología u otra, esto es simplemente
evidencia empírica de los datos que se deducen de la evolución del sistema 2003 a 2011. En efecto, el importe de las primas a las energías renovables entre el año 2003 y el año 2011 ha crecido un 497 %, el importe de la cuantía que se destina a
amortizar el capital y los intereses del déficit creciente entre 2003 y 2011 ha crecido un 567 %. Estos son los dos incrementos más importantes en las partidas de coste, para ir entendiendo por qué los costes son mucho mayores que los ingresos.
Pero hay otros incrementos no tan abultados, y otras partidas de los costes que también han aumentado; por ejemplo, entre 2003 y 2011 los costes de la distribución han aumentado un 66 % y los del transporte un 91 %. Esos incrementos de costes,
señorías, no han sido neutrales respecto al precio de la electricidad, es decir, la evolución del precio de la electricidad tiene mucho que ver, mejor dicho, tiene todo que ver con la evolución de estos costes y sobre todo de los incrementos en
estos costes. Es muy sencillo, solo hay que comparar el coste de la factura eléctrica del consumidor doméstico medio en el año 2003 -un consumidor medio en España-, o sea, lo que pagaba en 2003 por su factura, desglosar los elementos, con lo que
pagaba en 2011. Aquí está toda la explicación, no hay ningún enigma en el sector eléctrico; si ocurren determinadas cosas, tienen que ocurrir otras.
¿Qué consideramos consumidor medio a los efectos de este ejercicio? Consumidor medio sería aquel que contrata una potencia de 5,5 kilovatios y que tiene un consumo de 3.300 kilovatios/hora/año. Para entender qué ha pasado y por qué ha
pasado entre los años 2003 y 2011 les diré cómo han evolucionado los elementos integrantes de esa factura del consumidor tipo entre un año y otro. Año 2003: con esa potencia contratada y ese consumo anual, la factura del consumidor medio era en
2003, 360 euros. De esos 360 euros, ¿qué costes eléctricos había detrás? De costes extrapeninsulares, 12 euros; costes de primas a energías renovables, 60 euros; costes de distribución, 120 euros; costes de transporte, 31 euros; y costes de
generación de la energía, 125 euros. Total, 360 euros. Esa factura del consumidor tipo en el año 2003 de 360 euros, ¿a cuánto pasó ocho años después en el año 2011? Exactamente el mismo consumidor con la misma potencia contratada y el mismo
consumo pasó a 588,5 euros. Es decir, el consumidor medio en España pasó a pagar un 63 % más entre 2003 y 2011. Señorías, esto es pura evidencia empírica; esto es contrastar la evolución de los datos. ¿Y cómo se produce ese aumento del 63 % en
la factura del consumidor medio entre 2003 y 2011? Se produce de una manera muy sencilla. Lo que no generaba ningún tipo de coste de amortización de deuda por capital e intereses en 2003 porque no la había, en 2011 resulta que se pagaban -dentro
de los costes eléctricos- 24 euros. Por cierto, los costes eléctricos habían pasado en el año 2011 de 360 a 751 euros; y dentro de esos 751 euros, 24 euros son para la amortización de la deuda. Los costes de las extrapeninsulares, por los que el
consumidor medio estaba pagando en 2003 12 euros dentro de su factura, pasan a 47; se multiplica por cuatro el coste de las extrapeninsulares repercutibles en la factura de cada consumidor medio. En cuanto al coste de las primas a energías
renovables, en la factura del año 2003 eran 60 euros y ahora pasan a 253 euros; se multiplica por cuatro entre 2003 y 2011. Los costes de la distribución eran en el año 2003 por cada
consumidor medio 120 euros y pasan en 2011 a 176 euros; por tanto, se multiplican por 1,5. El coste del transporte de la energía en 2003 era de 31 euros y pasa a 52 euros; se multiplica también por 1,5. Y, finalmente, el coste de la
generación, que también aumenta, pasa de 125 euros a 199 euros; se multiplica por 1,6. Como pueden ver, señorías, todo en esta vida tiene su explicación. En el año 2003 el consumidor medio pagaba por su factura 360 euros y resulta que ocho años
más tarde está pagando 588 euros.
¿Cuál es el efecto de esos incrementos que se sitúan entre el 150 y el 450 % dentro de las principales partidas de coste por las actividades reguladas? El efecto directo es un crecimiento espectacular en el déficit de tarifa. Señorías, en
el año 2003 no hubo generación de déficit de tarifa; es decir, cuando tenía el consumidor medio una factura de 360 euros, en España no había déficit de tarifa. ¿Qué pasó en el año 2004? Ya hubo un pequeño déficit de tarifa, en torno a 200
millones de euros. Y en el año 2005 el déficit de tarifa de ese año solamente era de 4.800 millones de euros. Luego, en 2006 bajó un poco el déficit anual, de 4.800 a 3.500; y sigue bajando en 2007 hasta 2.200. Pero luego se dispara en 2008
hasta 6.000 millones de euros. En el año 2009 vuelve a ser de 4.800 millones de euros; 5.100 millones en el año 2010, que baja a 4.700 millones en el año 2011 y sube a 5.000 millones en el año 2012. Como consecuencia de todos esos déficits
acumulados en el periodo de 2004 a 2011, hoy, a mayo de 2013, tenemos un déficit de tarifa acumulado en el sector eléctrico de 26.062 millones de euros, habiéndose amortizado ya 10.000 millones de ese déficit acumulado. A todo ello, señorías, hay
que añadir una cuestión no menor, consistente en que hasta el 31 de diciembre del año 2012 todo ese déficit de tarifa que se iba acumulando era susceptible de ser titulizado a través del fondo estatal denominado FADE. Pero, como saben sus señorías,
ese FADE ha vencido el 31 de diciembre de 2012, con lo cual a partir de principios de este año ya no es posible seguir titulizando déficit de tarifa aunque este se produzca. Con lo cual, si no diéramos una solución definitiva al problema del
déficit de tarifa, iría directamente al balance de las empresas operadoras. Adicionalmente, si no hubiésemos tomado las medidas que ya hemos tomado en el año 2012, en lo que va de año 2013, si no hubiésemos aprobado en el Consejo de Ministros el
anteproyecto de ley de medidas sobre el sector eléctrico o este que traemos a convalidar, el real Decreto-ley de medidas urgentes sobre el sector, más los distintos reales decretos que ya están siendo cursados a la Comisión Nacional de Energía para
su informe, si no hubiésemos hecho nada de eso, en el año 2020, fruto de la evolución de los ingresos y de los costes hasta ese momento, tendríamos otra vez 10.000 millones de euros de déficit de tarifa. ¿Por qué tendríamos esos 10.000 millones?
Por una razón muy sencilla, porque de no tomar medidas adicionales como las que hoy traemos para convalidar, en el año 2020 los costes del sistema serían 30.000 millones, los ingresos del sistema serían 20.000 millones, y el déficit resultante seria
la diferencia, por tanto, 10.000 millones.
Por todo ello, lo que hace la reforma que hoy traemos para su convalidación es evitar una subida en el precio de la luz del 42 %. Para corregir el déficit estructural de 10.500 millones que había a principios del año 2012 en el sistema -el
déficit estructural me refiero al anual, no al acumulado, el déficit previsto solo para ese año-, tendríamos que haber subido la factura un 42 %. Bien, no lo hicimos; lo que hemos hecho ha sido adoptar medidas que globalmente evitan esa subida del
42 % al consumidor a cambio de otras medidas que tienen una distribución porcentual como la que les voy a decir a continuación: aportación de los Presupuestos Generales del Estado dentro de ese 42 % que se evita subir, un 3,8 %; aportación de
impuestos a las empresas generadoras, un 12,7 %; reducción de costes del sistema, un 17,9 %. En total habrá subido el precio de la luz entre enero del año 2012 y la actualidad, incluyendo la orden ministerial que ayer se firmó para aumentar el
precio un 3,2 %, durante este año y medio como parte de las medidas, como parte del impacto en el consumidor, un 8 %. -Fíjense en que antes les decía que entre 2004 y 2011 había crecido un 63 %, y justamente este incremento del 8 % se hace para
evitar el otro incremento del 42 %-. Señorías, parece claro que la situación exige medidas difíciles pero totalmente imprescindibles y, si me lo permiten, hasta ahora ningún Gobierno ha podido o ha querido llevarlas a cabo. Yo lo comprendo,
créanme que no ha sido en absoluto fácil reformar el sistema eléctrico con las medidas que necesariamente tenemos que adoptar, generando tanta incomodidad a sectores que tradicionalmente han mostrado una singular capacidad de persuasión en relación
con los distintos Gobiernos. No ha sido en absoluto fácil, pero tampoco lo hemos tenido como una restricción del modelo. Hemos hecho simplemente aquello que creíamos que debíamos hacer porque, si no, el sistema no aguanta, y como tiene que
aguantar porque lo que no puede ocurrir es que se vaya la luz tenemos que adoptar estas medidas.
Hemos escuchado a todas las partes involucradas en el sector. Si se me pregunta: ¿han hablado con todos y cada uno de los consumidores? No, eso no. ¿Y con todas y cada una de las empresas? Tampoco. Hemos hablado con representaciones
empresariales de las distintas tecnologías, eso sí. Es verdad que
los intereses particulares, que también se mueven en el sector eléctrico y que en todo caso son legítimos, normalmente son totalmente contradictorios los de unos respecto a los otros, pero también es cierto que entre el interés general y el
interés particular el Gobierno siempre ha de optar por el interés general. Por ello se ha planteado este real decreto-ley, cuya convalidación solicita el Gobierno de esta Cámara.
El real decreto-ley tiene tres líneas básicas. La primera, establecer un marco normativo que garantice la estabilidad financiera del sistema eléctrico ya con carácter definitivo. En segundo lugar, conseguir una reducción significativa de
los costes del sistema a través de medidas regulatorias. Tercero, garantizar el suministro al menor coste posible para el consumidor fomentando la competencia y la capacidad de elección del consumidor. Para establecer un marco normativo que
garantice la estabilidad financiera se fijan distintas medidas. Primero, se establece una regla de estabilidad financiera mediante un sistema automático de revisión que evitará la aparición de nuevos desajustes. Ya no va a ser posible, porque
cuando un determinado nivel sobrepase el nivel de costes al de ingresos regulados del sistema automáticamente se va a producir un aumento de peaje. Sí, es verdad que dirán: pero eso al final se va a traducir en un aumento de precios. En lo que le
puedo garantizar que no se va a traducir es en una acumulación de déficit, porque los precios -estarán de acuerdo conmigo- tienen que reflejar directamente los costes del sistema, eso sí, unos costes muy aquilatados ahora con el conjunto de medidas
que se adoptan en este real decreto-ley. Segundo, se limita la introducción de nuevos costes en el sistema eléctrico. Hasta ahora era muy normal que a petición de parte, y en no pocas ocasiones casi a la carta, se iban aumentando costes porque se
introducían conceptos en el sistema eléctrico, muchas veces conceptos que nada tenían que ver con el sistema eléctrico. Se decía: como esto forma parte de la generación de la energía en este sector en concreto y es un extracoste para esta
industria, lo metemos directamente en el precio de la energía eléctrica. Eso ya no va a ser posible, porque de acuerdo al real decreto-ley no se va a introducir ningún incremento de costes que no vaya acompañado directamente por una disminución de
coste equivalente o un aumento de ingresos de efecto equivalente.
Después hay otra cuestión importante: los sobrecostes para todo el sistema generados por normativas autonómicas o locales van a tener que ser asumidos por esas corporaciones locales o esas comunidades autónomas. Se admite que en cualquier
comunidad autónoma o en el ámbito de cualquier corporación local pueda haber medidas extra específicamente orientadas a esa comunidad autónoma. Ahora, eso no lo va a pagar el sistema, eso tendrá que exigírselo esa comunidad autónoma a su
consumidor. Para conseguir una reducción significativa de los costes del sistema a través de medidas regulatorias se articulan distintos reales decretos, algunos de los cuales, como ya vengo informando a sus señorías, ya han sido remitidos a la
Comisión Nacional de la Energía en los días de ayer y anteayer, y a lo largo del día de hoy y de mañana van a ser sucesivamente remitidos el resto de reales decretos. En primer lugar, un real decreto que regule el nuevo régimen retributivo para las
instalaciones de generación de energía renovable, cogeneración y residuos. ¿Cuál va a ser el nuevo régimen para este tipo de tecnologías? En primer lugar, como son tecnologías que hay que impulsar porque disminuyen la emisión de CO2 y contribuyen
a conseguir los objetivos que hemos comprometido con la Unión Europea, establecemos un complemento por sus costes de inversión basado, eso sí, en estándares por tecnología, dentro de cada tecnología un estándar, no dentro de cada tecnología un coste
distinto según quien sea el inversor. Un estándar globalmente calculado por cada una de las tecnologías. En segundo lugar, se garantiza una rentabilidad adecuada basada en lo que resulte de las obligaciones del Tesoro a diez años más 300 puntos
básicos para estas tecnologías, lo que equivale aproximadamente a una rentabilidad del 7,5 %. Esto es doctrina, rentabilidad razonable, del Tribunal Supremo. En tercer lugar, se establece un sistema específico de incentivos para este tipo de
tecnologías en Canarias y Baleares, donde la energía eólica y fotovoltaica son más baratas que la generación convencional. No se trata de ninguna excepcionalidad, permítanme decirlo, ni mucho menos trato de favor a Baleares y a Canarias. De lo que
se trata en definitiva es de que hoy el coste de generación en estos sistemas insulares por megavatio está en un promedio de aproximadamente unos 220 euros. ¿Por qué? Porque producen básicamente a través de fuel. De lo que se trata es de
introducir un sistema específico para ir aumentando la proporción de producción con energías renovables que lleva ese coste de megavatio de 220 euros hasta aproximadamente unos 85 o 90. Eso no solo es bueno para quienes vivan en Baleares y
Canarias, es bueno para todo el sistema porque una parte muy importante de los extracostes de las actividades reguladas es precisamente el conjunto de los extracostes de estos sistemas.
Segundo real decreto. Se establece un nuevo régimen retributivo para las redes de transporte y distribución. Se fija también aquí en este caso una retribución homogénea, adecuada a lo que es una
actividad de bajo riesgo, por tanto, en este caso la rentabilidad razonable que se fija es algo inferior a la de las tecnologías renovables y estará marcada por obligaciones del Tesoro a diez años más 200 puntos básicos. Por lo tanto,
aproximadamente un 6,5 %, y además se establece un volumen máximo de inversión asumido por el sistema eléctrico como coste anual. En tercer lugar, dentro de estos reales decretos otro destinado a la reducción de la retribución de otras actividades
reguladas del sistema. Aquí se incluyen medidas para disminuir el coste de producción eléctrica y mejorar la eficiencia de las centrales de fuel en los sistemas extrapeninsulares e insulares. Se disminuye además la retribución actual de los pagos
por capacidad que perciben en la actualidad fundamentalmente las centrales de ciclos combinados. Se establece un mecanismo de mercado para la interrumpibilidad. Con todas estas medidas que he mencionado hasta este momento, se contribuye a paliar
de ese déficit estructural que todavía hay de 4.500 millones, 2.700 millones.
Tercer grupo de medidas dentro de esta reforma. Garantizar el suministro al menor coste posible. -También quiero decirles que va dentro de la reforma una reformulación del recibo de la electricidad. (Muestra un documento). No sé si lo
podrán ver con claridad, pero va a ser un recibo que les garantizo que entienda cualquier consumidor. En la actualidad, como saben todos ustedes, es bastante complicado. En el recibo va a aparecer cuánto es la factura, cuáles son los datos del
titular -nombre y NIF- y la facturación, cinco cosas muy simples. Usted cuánto ha contratado, pues esto; cuánto es lo que ha consumido, pues tanto; impuestos, qué impuestos corresponden al Estado y qué impuestos corresponden a la comunidad
autónoma; el total de la factura y la información del consumo eléctrico, cuánto se ha consumido en las horas más caras -horas pico- y cuánto se ha consumido en las más baratas -las horas valle-. Y al final, atención al cliente. Esto forma parte
también de esta reforma, clarificar el recibo de la luz para hacerlo más legible y entendible.
Otras modificaciones. La actual tarifa de último recurso, a la que ésta acogida actualmente la gran mayoría de los consumidores en España, pasa a denominarse precio voluntario al pequeño consumidor. ¿Por qué? Porque así refleja lo que
hasta ahora ha venido siendo esa tarifa. En primer lugar, porque no es una tarifa, es un precio. En segundo lugar, porque es voluntario, se puede acoger a ello un consumidor o, si no, puede contratar bilateralmente. En tercer lugar, porque no es
para todos los consumidores, es solo para los pequeños domésticos y pequeños y medianos empresarios. Por tanto, precio voluntario del pequeño consumidor. Se habilitan nuevas comercializadoras para el suministro de estos clientes permitiendo,
además, la competencia entre ellas para realizar ofertas y descuentos a sus clientes. En cuarto lugar, se agiliza el proceso de cambio de la compañía suministradora. Los consumidores más vulnerables podrán continuar acogiéndose al descuento del
bono social pero, eso sí, ese descuento va a ir por cuenta de los operadores eléctricos. Se refuerzan, además, los mecanismos de atención al cliente, garantizando su gratuidad. Se fomenta la resolución alternativa de litigios, de acuerdo con la
Directiva europea en materia de consumo. Finalmente, se incluyen otras medidas. Primera, se refuerza la lucha contra el fraude a través de una mayor colaboración con las empresas distribuidoras. Segunda, se modifica la estructura de peajes
reduciendo el coste sobre el consumidor medio y penalizando las segundas viviendas y las viviendas que estén vacías. Tercera, se habilita la posibilidad demandada por parte de las plantas de ciclos combinados de proceder a su hibernación bajo
estrictos criterios de garantía de seguridad de suministro. Señorías, la reforma que se presenta a través de este real decreto-ley del que se solicita su convalidación, permite corregir el déficit con un reparto equilibrado entre el consumidor, el
Estado y el sector eléctrico. La proyección del déficit existente anual a principios del año 2012 era de 10.500 millones de euros para ese año 2012. Sin embargo, se han adoptado medidas que permiten cubrir 6.000 millones de esos 10.500, luego
quedan los 4.500 millones para los que se articulan estas medidas. De esos 4.500 van 2.700 al conjunto de medidas del sector a las que antes me referí, 900 millones a Presupuestos Generales del Estado y otros 900 van directamente al consumidor.
En definitiva, termino, señorías, con esta reforma se ataja de forma definitiva un problema que se arrastra desde el año 2004 y se procede a eliminar el déficit de tarifa que actualmente todavía -a pesar de las medidas adoptadas- está en
4.500 millones de euros. Digo todavía porque estas medidas solamente tendrán aplicación en la segunda mitad de este año. Por eso en este año 2013 habrá un déficit de 2.500 a 3.000 millones, pero será el último año en el que haya déficit porque,
con la aplicación de todos los mecanismos automáticos previstos y el resto de medidas a todo el ejercicio del año 2014, el déficit ya será -de existir- simbólico. Con esta reforma se impide que pueda volverse a repetir en el futuro una situación de
fuerte desequilibrio financiero como el actual, con efectos tan nocivos para la economía. Esta reforma permite hacer un ajuste con el menor impacto posible para el consumidor. Pese al déficit
acumulado, el recibo de la luz para el consumidor será similar al que tenía hace un año por estas fechas. Se consigue también reducir considerablemente los costes de las actividades reguladas del sistema, garantizando una retribución
adecuada a las empresas, y se consigue establecer un marco regulatorio homogéneo, transparente y estable que introduce certidumbre en el sector y confianza en los inversores.
Señorías, lógicamente habrá quien de contrario piense que lo que se debiera haber hecho es suspender todo tipo de incentivos al régimen especial. No lo compartimos. Habrá quien considere también que lo que habría que hacer es cargar todo
el coste de la reforma con una determinada parte del sector eléctrico, quienes están dentro de lo que son las energías o fuentes convencionales. También hay quien opina así. Incluso, hay quien dice que el ajuste debería hacerse sin ningún tipo de
medidas como las que hoy traemos aquí, sino simplemente que lo pague todo el consumidor, un 42 % de aumento, y resolvemos el problema. En cambio, lo que ha hecho el Gobierno es reformar un sector que en el año 2003 estaba en equilibrio y en
perfecto estado de revista, y que ocho años más tarde estaba con un déficit de tarifa inasumible y creciente, fruto de unas deficientes previsiones macroeconómicas que se hicieron a mitad de la pasada década. No digo que las medidas que se
adoptaron fueran medidas adoptadas solo para llegar aquí. Lo que sí demuestra la realidad es que con aquellas medidas, en todo caso, hemos llegado. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, en el año 2005 -es verdad que dos años antes de que estallara
toda la crisis de las subprime y todo lo demás- se hicieron unas previsiones de crecimiento para la economía española que decían que entre 2005 y 2013 el PIB iba a crecer un 24 %. Pues bien, vean cuál ha sido la evolución del PIB a lo largo de
estos últimos cinco años de recesión. En el año 2005 también se estableció como previsión que la demanda eléctrica, fruto de ese aumento del PIB, iba a aumentar un 24 %. Resulta que tampoco se ha cumplido y la demanda eléctrica hoy sigue cayendo.
Fueron previsiones macroeconómicas deficientes y, por tanto, al no cumplirse se arrojan los resultados que hemos comentado. Vamos a corregirlo, lo vamos a corregir con las medidas que hemos adoptado y con las que hoy se han traído a esta Cámara.
Ello, no solo creo que será bueno sino que, señorías, no hay ninguna otra opción, no hay ninguna otra alternativa frente a la solución de este problema.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor ministro.
Se ha solicitado un turno en contra de su aceptación. Por parte del Grupo Socialista y para la defensa de ello tiene la palabra el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Señora presidenta, señorías, señor ministro, comenzó usted describiendo el déficit tarifario marcando su nacimiento histórico en 2004, época malévola en la que los socialistas volvieron al poder. Bien sabe usted,
señor ministro, que en España hay centenares de departamentos universitarios de muy distintas especialidades; centenares de consultoras, de grupos de expertos; centenares también de expertos en los distintos sectores profesionales que han dado
centenares de publicaciones, y no todos coinciden con el enfoque que usted ha hecho. Cuántos hubiésemos querido que usted hubiese comparecido ante la Comisión de Industria y Energía semanas atrás para expresar monográficamente la defensa del
planteamiento que usted acaba de hacer. Porque este Consejo de Ministros el viernes de la semana pasada aprueba este real decreto-ley, aprueba también un anteproyecto de ley de modificación del sector eléctrico nacional, y tiene conocimiento de
cinco reales-decretos y tiene conocimiento de ocho órdenes ministeriales, que constituye todo un conjunto de iniciativas gubernamentales para configurar por primera vez, en la actual legislatura, un nuevo marco jurídico para combatir definitivamente
el déficit tarifario. Recordará, señor ministro, que el Real decreto-ley 1/2012, el Real decreto-ley 13/2012, el Real decreto-ley 20/2012, el Real decreto-ley 29/2012, el Real decreto-ley 2/2013, la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad
energética y posteriores reales decretos-leyes a comienzos del 2013, configuran todo un conjunto de prácticamente diez grandes normas que, a excepción de la Ley de medidas fiscales, han podido ser objeto de debate, no en Comisión sino en el Pleno.
Fíjense ustedes, señorías: el sábado de la semana pasada se publica un importantísimo real decreto-ley que es este objeto de este debate, en el BOE; entra en las Cortes Generales, y los diputados comenzamos a estudiarlo el lunes pasado.
Este real decreto-ley tiene nueve artículos relevantes, disposiciones adicionales, disposiciones derogatorias; unas, que modifican la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico; otras que modifican la Ley de Impuestos Especiales; otra que modifica la Ley
-ni más ni menos- de Presupuestos Generales, actualmente en vigor; otra que modifica la Ley -una ley de hace tres o cuatro meses- del nuevo organismo regulador de los mercados de la competencia. Y ayer, señor ministro, ayer, esta cantidad que es
el volumen económico donde se fundamentan los contenidos del real
decreto-ley, entró en las Cortes Generales ayer martes. ¿Cómo es posible desde el punto de vista de la dignidad del Parlamento este encorsetamiento? El Grupo Socialista no puede aceptarlo desde un punto de vista de ética parlamentaria, de
respeto a los valores de la democracia cada vez más disminuidos. Este mecanismo no es aceptable.
Señor ministro, no tenía la intención de hacer referencia en mi intervención ni montar doctrina sobre el déficit tarifario. Repito que hay centenares de publicaciones, algunas de ellas establecen el origen del déficit tarifario en los
costes de transición a la competencia, que valorados en el año 1997, cuando se publicó la Ley del Sector Eléctrico, que sustituyó a la Ley del Sector Eléctrico Nacional, se cifraron en 8.600 millones de euros. -Aquí estamos algunos diputados
veteranos que recordamos aquellos debates con el ministro Piqué en el Congreso de los Diputados: 8.600 millones de euros, costes de transición a la competencia, año 1997-. Ahí está el origen del déficit tarifario. ¿Que es cierto que en el
transcurso de los años posteriores, con un crecimiento espectacular en determinados momentos de las energías renovables y consiguientemente con sus primas, se produjo un incremento? Es cierto. Pero el origen del déficit tarifario está en la
normativa de la Ley del Sector Eléctrico del año 1997, ministro de Hacienda el señor Rato, ministro de Industria el señor Piqué, presidente del Gobierno el señor Aznar. ¿Es que estos tres ejecutivos del Gobierno en aquel momento quisieron
perjudicar a nuestro país? Evidentemente que no. Y tampoco los que les sustituyeron de otro color político.
Ha dicho usted que ha consultado a todos los sectores interesados. Resulta que las Cortes Generales españolas no han sido consultadas. Los grupos parlamentarios no han sido objeto de consulta. Qué diferencia del Parlamento inglés, que
lleva prácticamente dos años estudiando por todos los grupos parlamentarios una modificación sistemática de la generación, distribución y producción en general de energía eléctrica en su país. Los costes de transición a la competencia en aquel
momento se crearon para asegurar que las centrales existentes entonces recuperarían la totalidad de su inversión durante un periodo transitorio, tras el cambio regulatorio del año 1997. La recuperación de la inversión se estableció en normas
derivadas de la ley de 1997 que decía que se articularía a través de la tarifa eléctrica, si en el mercado percibían un precio inferior a los 36 euros por megavatio/hora, o a través del mercado si el precio superaba esa cifra. Esta recuperación se
ha producido más allá de cuales hayan sido las prácticas contables de unas u otras empresas. Señorías, debido a la moderación de precio durante los años posteriores a 1997, los costes a la transición de la competencia se pagaron a través de la
tarifa por un importe cercano a los 2.000 millones de euros anuales; sin embargo, en años posteriores los precios superaron ampliamente los 36 euros por megavatio/hora, por lo que las empresas recuperaron sus inversiones a través del precio de
mercado. Los precios fueron tan elevados en relación con sus costes que ya en el año 2005 los consumidores habían pagado los costes a la transición a la competencia por un valor de 8.600 millones de euros, que fue el límite máximo que fijo la Ley
54/1997; sin embargo, y en contra de las recomendaciones del libro blanco del año 2005 del que no se ha vuelto a hablar, ni en ese año ni en posteriores se produjo revisión alguna del régimen retributivo de las centrales históricas que siguen
cobrando unos precios de mercado muy superiores a sus costes remanentes reales. Podríamos seguir haciendo un análisis exhaustivo de cómo ha ido evolucionando el déficit tarifario, qué elementos han causado esos incrementos producidos. Señorías, es
evidente que en este punto no podemos estar ni dictando doctrina ni reproduciendo los contenidos de análisis sobre lo que ha significado para cada uno de los grupos parlamentarios el déficit tarifario, que hemos realizado en el libre ejercicio
intelectual y honesto de nuestros criterios derivados del análisis de esa evolución.
La realidad es que hoy España está en un momento crucial, por muchas razones que aquí a lo largo de todas y cada una de las intervenciones de todos los diputados, de todos los grupos parlamentarios, en todos los puntos que han integrado la
sesión parlamentaria de ayer y de hoy, se ha puesto de manifiesto. Desde el punto de vista del sector que estamos analizando somos conscientes -yo creo que todos- de que es necesario una reforma de la regulación del sector eléctrico porque
constituye la única llave que pueda abrir en estos momentos la puerta a una mejor política energética, y a base de reales decretos-ley no se consigue. Es evidente que no les preocupa a ustedes el criterio de los grupos parlamentarios. ¡Qué duda
cabe! Señor ministro, si les preocupase usted hubiera venido voluntariamente al Congreso de los Diputados ante la Comisión y hubiese hecho una exposición previa al momento actual de defensa del contenido del real decreto-ley. No lo han hecho porque
saben que, digan lo que digan los portavoces de los grupos parlamentarios de la oposición, hay 185 diputados que votarán a favor de la convalidación. El Grupo Parlamentario Socialista no lo va a hacer y va a pedir su tramitación posterior como
proyecto de
ley. Además nos encontramos con la grave situación de que el Consejo de Ministros del viernes pasado aprobó un proyecto de ley que va a modificar la Ley 54/1997 enteramente.
Dicha ley, a la que he hecho referencia en reiteradas ocasiones en mi intervención, ha sido modificada en 38 ocasiones -si no me falla la memoria- con reales decretos-leyes consecutivos y reales decretos de toda índole; ya no hay quién la
entienda. Hoy se hace necesario una ley que sustituya a la Ley 54/1997, estamos de acuerdo. Comparezca ante la Comisión correspondiente o la que usted estime oportuno, vamos a tener varios días o una semana de debate y vamos a intentar llegar a un
gran acuerdo nacional, mientras tanto no podemos apoyar la ruta que el Gobierno se ha marcado. Nosotros, a pesar de la penuria del tiempo -como le he puesto de manifiesto porque creo que esto no tiene precedentes, al menos en esta legislatura, que
yo recuerde-, hemos analizado con el mayor interés posible todos y cada uno de los contenidos de los nueve artículos de todas las disposiciones y estamos realmente sorprendidos porque hacer un reparto equitativo entre sectores no conduce a nada. De
la lectura de los contenidos del real decreto-ley hemos llegado a la conclusión de que el autoconsumo con balance neto que tanto hemos defendido pasa a ser un instrumento inviable, porque con los contenidos de este real decreto-ley se elevan los
términos fijos de la factura que se van a cobrar y se elevan los peajes para cualquier instalación. En segundo lugar, hemos detectado que este real decreto-ley coadyuva al hundimiento definitivo del desarrollo de las energías renovables en España,
de todas -eólica, solar, biomasa, residuos, de todo tipo-, coadyuva al hundimiento de la cogeneración y, con toda contundencia permítame, señor ministro, que le diga que la retroactividad en la que se basa -que ustedes han establecido-,
desproporcionada de manera absoluta en sus consecuencias para las energías renovables, va a coadyuvar también a hundir la confianza en España por parte de inversores extranjeros y de los organismos económicos internacionales. Creemos que es una
inmensa responsabilidad cara a la urgente necesidad de recuperación económica lo que está ocurriendo y lo que contiene este proyecto de real decreto-ley. Señor ministro, le ruego -no quiero utilizar la expresión le exigimos- que su ministerio haga
una evaluación del número de puestos de trabajo que se van a perder como consecuencia de la implementación de los contenidos de este proyecto de ley. Señor ministro, le ruego que salga a la tribuna y nos conteste por qué se niega a cambiar el
mecanismo de formación de precios en el mercado eléctrico que, si no se hace, va a continuar generando sobrerretribuciones, tal como le ha sido sugerido en diversas ocasiones por la Comisión Nacional de la Energía y por la Comisión Europea.
Por lo que se refiere a todos y cada uno de los contenidos de los artículos, en el artículo 1 y posteriormente en los artículos 3, 4, 5 y 6 encontramos que se aplica una tasa financiera de retribución del activo para las actividades de
transporte y distribución referenciadas al bono a diez años más un diferencial, pasando a considerarse estas actividades de bajo riesgo. Este elemento innovador, señor ministro, sin duda, por su indefinición y por su capacidad de introducir
incertidumbre y el consabido riesgo para las actividades de redes, permite y va a permitir reducir la retribución de las actividades en las redes, poniendo en riesgo la inversión a futuro y el mantenimiento de las redes actuales existentes. Esta
reducción, derivada de la aplicación de los contenidos -repito- de los artículos 1, 3, 4, 5 y 6, que inicialmente ustedes han cuantificado en 500 millones de euros anuales, viene a sumarse a los recortes del pasado, a las redes que llegaron a
alcanzar 1.000 millones. En este escenario resulta complicado poder definir estas actividades como de bajo riesgo, tal como lo define el articulado del proyecto de ley; es más, resulta aún más preocupante comprobar cómo el diferencial de la tasa
de retribución para la actividad de distribución pasa de ser de 100 puntos para la segunda mitad del año 2013 a más de 200 puntos en 2014. Además, se fijan metodologías distintas para 2013 y 2014, y este extraño desarrollo regulatorio parece
diseñado para evitar el carácter retroactivo de la retribución de las actividades de redes en 2013, justamente lo contrario, señor ministro, de lo que está contenido en reales decretos suyos, firmados por usted medio año atrás. Esto es lo que
ocurre, por ejemplo, con el decreto de 2012 en el que se redujeron las retribuciones de las actividades de redes desde el inicio del año. Otro ejemplo, si me permite, de notable contradicción lo constituye la aplicación de las medidas contenidas en
el artículo 1, que se refiere a un error cometido al hablar de la liquidación definitiva en lugar de liquidación número 14 que permite titularizar el desajuste temporal de 2012.
Señor ministro, ha hecho referencia en la última parte de su intervención a un tema que creo que es otro ejemplo más de incoherencia a normas dictadas con anterioridad por ustedes. Me refiero al artículo 7, de incentivos a la inversión, que
reduce el incentivo a la inversión de los pagos por capacidad desde 26.000 euros por megavatio/año a 10.000 euros por megavatio/año. Este pago estaba inicialmente fijado en 26.000 euros por megavatio/año a principios de 2012 y ustedes lo rebajaron
en un 10 % de manera
excepcional para ese año, para volver a fijarlo en 26.000 euros por megavatio/hora a comienzos de este año. (El señor ministro de Industria, Energía y Turismo, Soria López, hace gestos con los brazos). No, no, la teoría del acordeón no
vale. Son muchas líneas de incoherencia las que hemos detectado en todos y cada uno de los contenidos del real decreto-ley. Por encima de todo, señor ministro, ¡cuánto nos preocupa el bono social! ¡Cuánto nos preocupa ese reparto que usted ha
hecho de 900 millones para los contribuyentes, 900 millones para los consumidores! Pero los consumidores y los contribuyentes son lo mismo. Se van a cargar 1.800 millones de euros en la mochila frente a los 2.700 que se van cargar a las industrias.
(El señor ministro de Industria, Energía y Turismo, Soria López, hace signos negativos.- El señor Olabarría Muñoz: Ahí, ahí). Sí, sí, tranquilo. Nos preocupa la fórmula por la cual se elimina la tarifa de último recurso y aparece la figura de un
precio voluntario al pequeño consumidor. Lean los medios de comunicación de ayer. Periódicos relevantes, sólidos en sus argumentaciones reproducen las preocupaciones de colectivos como la Federación española de familias numerosas que ha rechazado
la fórmula de este nuevo bono social. Según esta asociación a la que estoy haciendo referencia -Federación española de familias numerosas- esto va a suponer limitar el acceso de muchos colectivos que hasta ahora se beneficiaban del contenido de la
tarifa de último recurso porque van a modificar el criterio de tal manera que puede ocurrir que familias con un número elevado de miembros en la misma y en reducidas condiciones económicas de ingresos salariales pueden llegar a experimentar hasta un
incremento de un 40 %.
Señor ministro, el sector industrial de la cogeneración está que trina y nosotros, los parlamentarios, naturalmente tenemos que ser portavoces de los colectivos sociales. No nos dan otra oportunidad, no nos han permitido dialogar -se lo
digo por tercera vez- para configurar este real decreto-ley para el que hoy solicita su convalidación el Gobierno, y que lo tiene asegurado, como le he dicho, con los votos de su grupo -valore mucho la lealtad que les caracteriza-. Me gustaría
ponerle de manifiesto, señor ministro, que el sector de la cogeneración en distintos tipos de industria... Señor ministro, supongo que habrá leído usted en los medios de comunicación en los últimos días que la Junta de Extremadura, en cuyo Gobierno
participa el Partido Popular, ha decidido elaborar un informe a toda velocidad para que en el supuesto de que fuese convalidado este real decreto-ley, que considera que afecta gravemente a las industrias de cogeneración, no solo en Extremadura...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Sí, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): No, sí no; vaya terminando. Mire usted el relojito por dónde va ya.
El señor SEGURA CLAVELL: Termino.
...un recurso de inconstitucionalidad. Estimo que ese recurso de inconstitucionalidad que introducirá la Junta es un reflejo de la excepcional preocupación de todos los sectores industriales españoles que con su tecnología producen energía
eléctrica y también calor para los distintos sistemas productivos a los cuales sirven.
Señor ministro, cuánto nos gustaría poder votar a favor por haber sido copartícipes en la elaboración de un modelo de desarrollo energético en modernidad para nuestro país. No nos deja otra vía más que votar en contra -lo hacemos, desde
luego, con total y absoluta convicción- de esta convalidación, y solicitamos a la vez su tramitación posterior como proyecto de ley, para que la Cámara, las instituciones que representan a los ciudadanos...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Segura, lo siento. Muchísimas gracias.
El señor SEGURA CLAVELL: ... puedan participar de manera... (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Segura, he sido muy generosa con usted.
Pasamos a la fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Pérez.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Presidenta, señorías, señor ministro, el Real Decreto-ley 9/2013, que nos traen para su convalidación, forma parte de la reforma energética que está llevando a cabo el
Gobierno y tiene como elemento más importante también el recientemente aprobado anteproyecto de reforma del sector eléctrico. Las líneas generales de ese anteproyecto -permítame que haga una referencia a él- son totalmente contrarias y
antitéticas a nuestros planteamientos, puesto que dicho anteproyecto arrebata competencias a las autonomías en materias como la concesión de autorizaciones para determinadas instalaciones, también contempla que sobrecostes tales como los impuestos
generados por las comunidades autónomas se repercutirán a los usuarios de la respectiva comunidad, tal y como usted, efectivamente, ha explicado. Así, por ejemplo, en comunidades en donde se gravan instalaciones de generación eléctrica, el caso de
Galicia por ejemplo, la electricidad será más cara que en comunidades en donde no hay instalaciones de generación, por ejemplo en la Comunidad Autónoma de Madrid. Es decir, es un planteamiento totalmente opuesto al formulado por el Bloque
Nacionalista Galego, en el sentido de impulsar una tarifa eléctrica propia cuyo precio sea inferior debido a nuestra condición de territorio excedentario en la producción de energía eléctrica.
Es especialmente importante, a la hora de fijar un precio final de la tarifa, introducir el criterio de la proximidad del consumo al de generación, ya que en comunidades autónomas exportadoras de electricidad, como es nuestro caso, el hecho
de ser exportadores netos de energía eléctrica solo aporta a la comunidad los negativos efectos sociales y medioambientales de tal generación sin que ello repercuta en energía a un precio más reducido para su territorio. Por otra parte, creemos que
es necesario recordar que se estima que en el transporte de electricidad se producen pérdidas de alrededor del 10 %, por lo que diseñar una tarifa que tenga en cuenta el lugar de generación de la electricidad supondrá además una mejora de eficiencia
en el sistema y facilitaría, por lo menos nosotros lo entendemos así, la localización de industrias intensivas en energía eléctrica. Además, señor ministro, el anteproyecto -aún no me estoy refiriendo al propio real decreto- no afronta a nuestro
juicio, por lo tanto no lo resolverá- el problema estructural del mercado eléctrico del Estado, derivado precisamente de una desastrosa liberalización del sector. Para nosotros la reforma necesaria en el mercado eléctrico es la que conduzca a que
el precio de la electricidad se estipule en función de los costes de generación de cada tecnología. Esto sentaría las bases de una solución global a este acuciante problema y resolvería la injusta situación que se produce en la actualidad en el
mercado energético, en el cual la existencia de tecnologías que producen a diferentes costes propicia que en determinadas tecnologías se generen cuantiosos beneficios y engrosen artificialmente la factura y el déficit tarifario.
Este real decreto -ahora ya me refiero al Real Decreto-ley 9/2013-, que ustedes han aprobado el viernes en el Consejo de Ministros y que con escasísimo margen hoy tenemos que convalidar en este Congreso, articula medidas urgentes para
garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. Continúa, tal y como afirma en la propia exposición de motivos literalmente, en la línea de las modificaciones anteriormente referidas; unas modificaciones que ya se han mostrado
ineficientes para el objetivo enunciado de reducir el déficit tarifario y que cargan injustamente la problemática de dicho déficit en las energías renovables y en la factura eléctrica que pagan los consumidores y que subirá como mínimo en el mes de
agosto un 3,5 %, a pesar de que el propio power point que publica el Gobierno reconoce que el precio final de la electricidad para un consumidor doméstico es el tercero mayor de la Unión Europea, solo superado en estos momentos, señor ministro, por
Irlanda y Chipre, y que el precio final para un consumidor industrial está también por encima de la media europea.
Termino, señora presidenta. El real decreto-ley contempla incentivos específicos para la energía eólica y fotovoltaica en los territorios insulares, es decir, en Canarias y en Baleares. Así, en el Real Decreto-ley 1/2012, ustedes
suprimieron las primas a las renovables y suspendieron el registro de preasignación que para Galicia supuso la paralización de todo el sector eólico y el toque de gracia definitivo al concurso impulsado por el Gobierno del señor Feijoo.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Pérez, tiene que finalizar.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Termino, señora presidenta. Me quedan dos frases. Sin embargo, ahora se conceden primas para determinados territorios. Con respecto del bono social, señor ministro, este real decreto contempla la obligación de
que lo financien las grandes eléctricas, pero al mismo tiempo la reforma del sector eléctrico contemplará, según las informaciones publicadas, mayores restricciones para el acceso al bono que, por tanto, recaerá de nuevo en los consumidores. Por
todos estos motivos, señor ministro, nosotros no vamos a apoyar este real decreto.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Pérez.
Señora Jordà.
La señora JORDÀ I ROURA: Señor ministro, señoras y señores diputados, señora presidenta, el Gobierno de Partido Popular nos presenta un proyecto de ley para que aprobemos un crédito de 2.200 millones de euros -repito, 2.200 millones de
euros-. Son 2.200 millones de euros -repito por tercera vez- para dárselos a las empresas eléctricas, y para colmo pretenden dárselo a costa de la deuda pública. La justificación del Gobierno es que de esta manera será la Administración quien
pague en vez del consumidor; olvida, no obstante, en primer lugar, que la Administración en definitiva somos todos y que, tal y como vemos en los últimos tiempos, la deuda que contrae, en este caso el Estado, debemos pagarla también entre todos
-bueno, entre todos es una manera de decirlo porque en definitiva siempre acabamos pagando unos más que otros-; o sea que, señor ministro, no nos venda motos de que lo que hacen lo hacen por el bien del consumidor cuando lo que están haciendo es
perjudicar directamente al contribuyente.
Asimismo, el Gobierno obvia la urgente reforma del sector eléctrico para evitar en un futuro generar más deuda como esta de 2.200 millones y los otros 24.000 acumulados como déficit de tarifa. Esta deuda, a nuestro entender, es
absolutamente ilegítima, absolutamente. De hecho, la barbaridad de dinero que debemos a las cinco grandes compañías eléctricas se corresponde con la barbaridad de dinero que estas compañías acumulan como inmorales beneficios año tras año. Esto es
peor aun porque esta deuda ya no la tenemos con las compañías eléctricas, que ya han cobrado, sino que la tenemos con los bancos que han cobrado esa deuda y a los que estamos pagando sus correspondientes y abusivos intereses. La deuda no solo es
ilegítima por esto sino porque también el oligopolio eléctrico hace que cinco compañías determinen el precio de la luz, que el Gobierno acepta sin tener idea de cuál es el coste real de la electricidad. A nuestro entender, es imprescindible una
auditoría publica para saber cuál es el coste de la electricidad y pagar un precio razonable, regulado, basándose en él y no en el precio que determinan las eléctricas. No solo es necesaria la auditoría sobre el coste de la electricidad sino que
también es necesaria una auditoría sobre la globalidad del déficit de tarifa, como los costes de interrumpibilidad o el pago por capacidad, que son dos conceptos que pagamos todos para beneficio, nuevamente, de cinco grandes empresas. Además y para
colmo de una trágica ironía, el Gobierno y las grandes eléctricas nos quieren hacer creer -así lo dice no solo la exposición de motivos sino también el título de la propia ley- que la culpa es de las energías renovables, y no es la primera vez que
así se nos plantea. Nosotros decimos que esto no es verdad, lo decimos alto y claro. No es verdad, en primer lugar, porque antes de las primas de las renovables el déficit tarifario ya era de unos 14.000 millones de euros; en segundo lugar,
porque las energías renovables han abaratado el mercado hasta el punto de que el ahorro que han supuesto ha sido mayor que las primas entregadas entre 2005 y 2011 en más de 7.500 millones de euros; y, en tercer lugar, porque las energías renovables
ya no son un gasto, señor ministro, sino que son -también lo hemos dicho millones de veces- una inversión en futuro, en un futuro limpio, sostenible y barato. Ahí esta, precisamente, el problema, que el avance de las tecnologías supone un sistema
eléctrico renovable y barato. Ese es el miedo que tienen las grandes compañías, básicamente quedarse sin los escandalosos beneficios de los cuales gozan hoy.
Acabo. Señorías, el futuro es y debe pasar por las energías renovables, no solo por el problema de agotamiento de las energías fósiles -que también- sino por la disminución de la dependencia energética y sobre todo por la necesidad de
cumplir con los objetivos medioambientales comprometidos a nivel internacional. Ante el oligopolio es necesario señalar -así lo hacemos- que aún hay alguna esperanza, alguna alternativa. Podemos contratar energía verde y pagarles a ellas la
factura de la ley. Entre estas, en los països catalans tenemos las cooperativas Som Energia y Enercoop, alternativa que nosotros defendemos.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Jordà.
Por el Grupo Vasco, PNV, señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados, lo primero que cabe destacar es que diecisiete meses después de su toma de posesión este Gobierno trae otro decreto-ley de reforma energética; si no me
falla la memoria van seis: el 1, 13, 20 y 29 del año 2012, y el 2 y el 9 de este año 2013. Esta vez se dice que ya es el definitivo, que con este decreto ya se va a resolver
la cuestión del déficit tarifario. El primer mensaje que me gustaría lanzar, señor ministro, es que así no se hacen las cosas ni económica ni políticamente. Un país que necesita inversión privada para crecer no puede ejecutar una reforma
sectorial de este calado jactándose -eso es lo que me dicen los afectados- de no haber informado al sector, con el que no ha hablado -dicen-, ni siquiera han intentado llegar a un acuerdo. Insisto, es lo que dicen los afectados. Usted hoy ha dicho
que, efectivamente, han hablado con el sector. Se entiende hablar en términos de buscar un acuerdo, un consenso. Ellos dicen sinceramente que no. Señor ministro, no hay que buscar muy lejos para ver cómo hacen las cosas otros. En Portugal sin ir
más lejos se pactó con el sector eléctrico una reforma similar a la que propone su Gobierno. Igual planteamiento cabe hacer a nivel político. Deberíamos decir que nos trata igual que a las empresas. A ellas las llamaron desde el ministerio -no sé
si usted o quién- la tarde anterior para que no se enteraran por la prensa -insisto es lo que dicen muchos de los afectados- y a nosotros se nos convoca con tres días para ratificar lo que se denomina la reforma definitiva del sector. Creemos que
no ha habido tiempo -otros diputados que me han precedido en el uso de la palabra lo han dicho también- para que podamos mirar con cierta tranquilidad, con cierta sensatez una reforma de este calado. Además, me imagino que no querrán tramitarlo
como proyecto de ley, con lo cual hoy se acaban todas las posibilidades que tenemos para decir algo al respecto.
Sobre el contenido del real decreto -que no hemos podido mirar con el detalle que nos hubiera gustado- poco podemos decir, salvo que por su relevancia merece a nuestro juicio ser tratado como una ley. Aparte de eso, si algo tiene por seguro
es que se rompe cualquier atisbo de seguridad jurídica que quedaba en el sector energético tras la avalancha de decretos, leyes y de cualquier grado de confianza en la acción del Gobierno que, a nuestro juicio, ha dado un nuevo espectáculo negándose
a cumplir lo que tan reiteradamente se ha solicitado en esta Cámara, y que recogía la normativa legal vigente -aquellos costes sociales como los extrapeninsulares que fueran asumidos por los presupuestos del Estado. El resultado es que, al final,
entre la restricción política de no tocar los presupuestos y la restricción política de que esto se resuelve en un día, consumidores y empresas, a nuestro juicio, han tenido que asumir o van a asumir ajustes excesivos que van a tener repercusiones
en la cuenta de resultados y en el empleo, y creemos que es un mal momento para que tengan efecto en la cuenta de resultados y en el empleo. Insisto, señor ministro, no se han hecho las cosas bien y la guinda es el esperpento de la política de
renovables, de nuevo bajo un ataque a nuestro juicio directo, quién sabe si respondiendo a qué prejuicios en contra de estas tecnologías. En seis meses se ha cambiado dos veces el sistema de apoyo a estas tecnologías que tanto aportan, en nuestra
opinión, al sistema eléctrico. Se ha pasado de prima a tarifa y de tarifa a una cosa que usted ha intentado explicar esta tarde, que es la retribución específica; por cierto, debe ser pionera en el mundo porque no tenía mucho conocimiento de ella.
Han sido atrevidos y han experimentado con unas industrias punteras que, insisto, tienen el riesgo de sufrir mucho desde el punto de vista económico. También es un cambio retroactivo y discriminatorio, pues a diferencia de las actividades de
distribución y transporte, donde el recorte se aplica a futuro, en las renovables se aplica hacia atrás. Eso sí que no es, señor ministro, tan pionero en el mundo, aunque, insisto de nuevo en que tampoco es propio del continente europeo.
En definitiva, es un decreto-ley, a nuestro modo de ver, un tanto absurdo en su elaboración y en el que el Gobierno ni siquiera ha mostrado la voluntad de intentar negociar un ajuste. Una incapacidad que van a pagar también las empresas,
sus empleados y su inversión. Si a cada problema público como el déficit tarifario el Gobierno español solo sabe responder tirando bombas de destrucción masiva, la verdad es que demuestran poca capacidad para llegar a acuerdos y para gobernar.
Entendemos que así no se resuelve el problema. El déficit tarifario no se va a resolver, las empresas van a sufrir, los ciudadanos van a pagar lo mismo o más y la pregunta es si con este tipo de decisiones y la forma de hacer las cosas invertirá
alguien en este país en el futuro. La verdad es que cada vez parece más difícil hacerlo. Creemos que no es una buena forma de gobernar, señor ministro. Por estos motivos, sin haber entrado en detalle porque no hemos tenido tiempo para hacerlo,
vamos a votar en contra de esta convalidación. Sí nos gustaría, si fuera posible, que este real decreto se tramitara como proyecto de ley para que pudiéramos solucionar de alguna manera todas aquellas cosas que entendemos desde el Grupo Vasco que
serían mejorables.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.
La verdad es que a la hora de abordar este real decreto-ley me entran dudas de por dónde comenzar. No sé si empezar porque es la décima iniciativa que tiene que ver con este asunto -no ya con la política energética sino con el déficit
tarifario- que presenta el Gobierno en lo que llevamos de legislatura o si hablar de algo que ya se ha citado, aunque creo que no con la suficiente importancia, que es el tipo de atropello parlamentario que significa la forma de tramitar este
decreto-ley. Casi vamos a empezar por ahí, porque la calidad de la política tiene mucho que ver con la calidad de los resultados; si la política es mala, los resultados no van a ser buenos, serán malos siempre. Estamos ante un caso típico de eso.
No es posible pretender hacer un real decreto-ley de estas características, presentarlo y que a los tres días se debata en el Parlamento, por muy real decreto-ley que sea. Eso es ignorar una de las bases fundamentales de la democracia
parlamentaria, que es la deliberación, el debate. Ya sé que a ustedes eso del debate y la deliberación no les interesa mucho, pero es que no es a ustedes a quienes les tiene que interesar; le interesa a la sociedad, a los ciudadanos, que son los
que van a pagar una vez más el resultado de una mala política y de una mala gestión. Por cierto, usted ha hablado en su larga exposición -no deja de ser indicativo que haya necesitado tanto tiempo para explicar un real decreto-ley que a los demás
nos deja tres días para que lo veamos- del reparto de los costes. La parte del Estado la pagan también los consumidores, que somos los que pagamos impuestos y es de ahí de donde sale el dinero público para hacer frente al déficit tarifario. Luego
no es cierto que vaya a haber una pequeña repercusión en la factura de los consumidores; la repercusión va a ser vía fiscal mucho mayor a corto y a largo plazo.
Lo que no se puede hacer es pretender que en una democracia, donde se supone que las políticas, sobre todo las esenciales, tienen que ser objeto de especial cuidado y deliberación, esto se resuelva por la vía de un trámite, un trámite que es
simplemente que demos el visto bueno porque ya tienen ustedes mayoría suficiente para una cuestión que exige muchas más explicaciones y una deliberación mucho más a fondo en la que además se oigan y se tengan en cuenta las opiniones de los
afectados, no solamente de los consumidores, a los que representamos los que aquí estamos, sino de las empresas, los inversores, el sector, etcétera. Nada de esto se ha hecho. ¿Por qué? En mi opinión. porque este real decreto-ley es a su vez
otra apoteosis del lenguaje distraído. Leer la exposición de motivos no deja de ser un verdadero placer desde el punto de vista interpretativo, de la exégesis de textos. Hablan ustedes todo el rato de ha sucedido, se han producido, se dieron
circunstancias, han acontecido cosas, inesperadamente... ¿Cómo que inesperadamente? Vamos a ver, ¿por qué hay déficit tarifario? Básicamente por una decisión política que se tomó, por cierto no en el año 2005, como usted ha dicho, sino mucho
antes, con un Gobierno que también era del Partido Popular y donde, según tengo entendido, la opinión del señor Montoro fue clave para este asunto -él además, como es uno de los coautores intelectuales de este decreto, tendría en ese sentido mucho
que explicar-, y porque después en ningún momento se rectificó una decisión que originalmente fue rigurosamente demagógica, que era tratar de que los consumidores pagaran menos de lo que costaba el recibo de la luz y menos de lo que eran los costes
reales del sistema precisamente por intereses políticos a la hora de recolectar votos.
Eso se ha ido agravando con el tiempo, y eso, por cierto, sí lo explica la exposición de motivos. Dicen ustedes que de entre las partidas de costes que han contribuido especialmente destacan dos, y añaden: las primas de régimen especial y
-aquí está la cuestión- las anualidades del déficit acumulado. Es el déficit el que genera déficit, es el no acabar con el déficit tarifario lo que incrementa y no para de aumentar el déficit tarifario; es decir, volver a dirigir otra vez la
atención de la gente, como se suele hacer a través de la política de comunicación, hacia la política de primas a renovables. Aunque en su momento se hizo mal -y hemos hablado de esto muchas veces-, realmente no hace otra cosa que despistar del
verdadero origen del déficit. Primero, fue una decisión política, luego la solución tiene que ser política; y segundo, el principal origen del que se alimenta constantemente y se retroalimenta el déficit tarifario es el propio déficit en sí, esta
es la cuestión. Esto no ha ocurrido milagrosamente, esto no ha ocurrido porque hayan pasado cosas raras; es que llegan ustedes a decir que nos pasan cosas tan desagradables como que este año, debido a las buenas condiciones meteorológicas del
primer trimestre, se encarecieron los costos del sistema. Yo no sé si consideran que todos somos tontos. Si hay mucha agua en los embalses no tiene por qué ser forzosamente convertida en electricidad, si los generadores eólicos están todos a
máxima actividad, no tienen por qué estar todos funcionando y vertiendo luz constantemente al sistema, es porque se les ha autorizado, y lo habrán hecho ustedes. Por lo tanto, dejemos de atribuir a la naturaleza lo que no es otra cosa que
decisiones políticas.
Yendo al fondo del asunto, a mí me parece que lo que aquí se reúnen son tres cosas francamente intolerables desde el punto de vista de una democracia que funcione bien, y el déficit de tarifa es la consecuencia de una democracia que funciona
mal, donde no hay transparencia, donde no hay controles rigurosos, donde se toman decisiones que afectan al interés general por el corto plazo, sin dar explicaciones y sin que se supervise; de hecho, ustedes han presentado este real decreto-ley y
seguimos careciendo de una auditoría que nos diga con rigor cuáles son los costos de la generación de electricidad, cuáles son los costos regulados auténticos y cuál es la generación de precios en España, y se nos sigue pidiendo que demos nuestro
asentimiento a medidas de corrección de unos precios que no sabemos exactamente cómo se han formado ni lo sabe nadie, a la luz de cuando uno habla con los interesados en el asunto porque cada uno cuenta una historia distinta y normalmente
contradictoria.
Es además, como decía anteriormente -y lo digo sacando la cuenta de su propio real decreto-ley-, la décima medida que se toma en esta legislatura de diferente ámbito. Solo ha habido una ley ex profeso, nada más que una para hacer frente al
déficit tarifario, la de 27 de diciembre de medidas fiscales de sostenibilidad del sector eléctrico y nos dijeron entonces que esta ley iba a ser la definitiva, la que iba a resolver el problema. Es evidente que no resolvió el problema cuando han
sido necesarios después nuevos reales decretos-leyes y nuevas medidas incluidas en otros reales decretos-leyes de otras cuestiones hasta llegar a este. Entonces ¿en qué tenemos que fundarnos, aparte de la fe, la esperanza y la caridad para creer
que este real decreto-ley va a solucionar lo que los anteriores no han solucionado ni tampoco la Ley de Sostenibilidad, que ha sido una ley que no ha sostenido nada. Esta es la cuestión de fondo. Este nuevo parche desde el punto de vista del
Gobierno y desde el punto de vista jurídico-legislativo continúa y culmina el abuso del real decreto-ley como instrumento fundamental legislativo típico de su Gobierno, que en esto ha empeorado al anterior aunque nadie lo creía posible. Evitar como
sea el debate, evitar que haya una deliberación, evitar la persuasión del debate -que en el origen de la democracia es lo fundamental- y que solo jueguen los rodillos y las mayorías les permitirá aprobar este real decreto-ley, pero no acabar con el
déficit tarifario. Eso es evidente.
Para seguir con el asunto del desprecio parlamentario y de las consecuencias nefastas de la mala política, en este mismo Parlamento se han aprobado -que yo recuerde- tres proposiciones no de ley -una del propio Grupo Parlamentario Popular,
otra del Grupo Parlamentario Catalán y otra de UPyD- sobre la elaboración de un plan energético nacional. La nuestra era la más directa y se titulaba Plan para la elaboración de un plan energético nacional y fue aprobada con modificaciones que
aceptamos de su grupo el 28 de marzo del año pasado. Esto no ha servido absolutamente para nada; es que nos hacen perder el tiempo, aunque eso a mí me preocupa poco porque al fin y al cabo estamos aquí porque nos han elegido para lo que tengamos
que hacer, pero es que esto no para de deteriorar el funcionamiento de las instituciones, la confianza de la gente, la credibilidad del sistema y, por supuesto, tampoco va a arreglar el déficit tarifario porque redunda en medidas que ya se habían
tomado. Todas son de tipo fiscal, todas son redistribuir costes por aquí y por allá, todas son intentar poder alegar que se ha perjudicado a todos y que, como se ha perjudicado a todos, no ha habido favoritismo con nadie. Esto es lo mismo que
decir que mantenemos el sistema y a ver si esta vez acertamos con el parche adecuado para que no nos reviente por las costuras. Esto no puede ser porque las empresas eléctricas importantes han bajado su valor en Bolsa tras este real decreto-ley y
ya vienen advirtiendo que tiene consecuencias nefastas para la inversión y para la seguridad jurídica de la inversión internacional en España. Vuelve a penalizar otra vez a los perceptores de primas al régimen especial; vuelve a cambiar las reglas
del juego por enésima vez; sacrifica algunas de las fuentes de energías más eficientes, como la cogeneración, a favor de mantener un sistema ya fallido en ese sentido; y sigue sin entrar en el fondo de la cuestión, que es qué tipo de mercado
eléctrico queremos. Vuelve a ser otro ajuste fiscal y a ver qué pasa. Nosotros creemos que esto no va a funcionar porque sigue basándose en las evasivas, en atribuir a la mala suerte y a la naturaleza lo que son decisiones políticas y, como les he
dicho antes, las consecuencias son las que son y a la vista están. Una mala política en una mala democracia solo trae malas consecuencias económicas, sociales, políticas y de todo tipo; y esta es una de ellas.
Cuando se comienza a rehuir la dación de cuentas en otras cuestiones lo único que se consigue es que las decisiones se tomen no en el Parlamento sino en los juzgados, y que la vida de los ciudadanos y la propia estabilidad y sostenibilidad
de la economía del país esté en constante peligro por decisiones políticas improvisadas que no tienen otra finalidad que salir del apuro a corto y medio plazo y que no aportan nada nuevo. Estoy convencido de que lamentablemente a la vuelta del
verano tendremos el
undécimo o el duodécimo real decreto-ley, que igual no es de energía, sino que aparece esta vez un real decreto-ley sobre la cría de aves canoras, que todo podría ser.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Señorías, seguimos en esta Cámara que continúa secuestrada por la cobardía y el silencio del Gobierno. Una Cámara que será una anomalía democrática, por eso nuestro grupo insistirá en recordarles que es una
anomalía democrática mientras continúe ese silencio, mientras no se rindan cuentas y mientras no se señale a los culpables. Esa es la anomalía democrática que les estaremos recordando permanentemente. No dejaremos que se acomoden en esos sillones
porque el hedor del sistema político y de las instituciones se hace cada vez más insoportable ante una mayoría que pretende esconder la porquería con silencio y con cinismo. Lo que vivimos no es propio de un Estado de derecho ni de un Estado
democrático. En un Estado democrático avanzado lo que sucedería es que con un mínimo de dignidad se dimitiría y se convocarían elecciones. No hay normalidad democrática y nosotros estaremos aquí para recordárselo. (Aplausos).
Ya aviso que este no va a ser un debate amable. Tampoco hay normalidad democrática cuando se nos hace debatir una reforma energética de este calado dos días después de haber entrado en esta Cámara. Eso es propio de un régimen autoritario y
antidemocrático y eso es también esta reforma energética. Piensen que conocimos antes los SMS del señor presidente del Gobierno que esta reforma energética, y en cambio hoy nos hacen debatir este real decreto y el presidente no es capaz de
comparecer en esta Cámara. ¿Saben qué sucede? Que no somos marionetas, somos diputados y diputadas de una Cámara elegida por ciudadanos y ciudadanas; no somos marionetas, no somos brazos de madera y no estamos aquí para legitimar una mayoría que
está cada vez más desgastada y que no tiene credibilidad. Eso es autoritarismo. (Rumores.-Aplausos). Lo que no es propio de un Gobierno democrático es precisamente esa sensación de impunidad, esa sensación de no rendir cuentas o utilizar una
mayoría absoluta para cambiar todo un sistema energético a golpe de real decreto; eso es enterrar la democracia. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Usted ha vuelto a decir que no había ninguna alternativa. Claro que la hay, si
seguramente incluso la primera propuesta del ministerio no era esta, si nos han sometido a un segundo sainete estival, como lo que hicieron en julio el año pasado, exactamente lo mismo. No es la única reforma energética posible, es la única reforma
energética posible que según su dogma, según su ideología y según los acuerdos entre Hacienda y Energía han podido llegar. Esa es la reforma energética que ha llegado, y eso es lo que cubre esta reforma energética, la arbitrariedad. La
arbitrariedad es lo que caracteriza esta reforma, que es la enésima y que nos viene a decir hoy el mantra de siempre. Es que es como el día de la marmota, esta es la definitiva, pero llevamos siete; siete recortes energéticos. Llevamos siete
reformas energéticas y nos viene a decir que esta es la definitiva, siete reformas en 560 días de Gobierno. Vuelven a decir que es la definitiva pero, ¿qué credibilidad tienen? ¿Cómo pueden someter a un sector como el energético a siete reformas
en un año y medio? Eso sí que es arbitrariedad y una amenaza constante a un sector que es clave para la economía, clave para la sociedad, clave para el medio ambiente e incluso clave para la soberanía del país. Precisamente a un sector como este
se le han aplicado siete reformas en unos meses. Es una amenaza constante. Y de la misma manera que un Gobierno o un presidente de Gobierno no puede vivir amenazado, un sector como el energético tampoco puede vivir bajo la amenaza constante.
Según usted, el problema es el déficit de tarifa, que usted decía que empezó en 2004. Pues no, empezó en 2002, y empezó por un criterio político, cuando el señor Rato dijo que no convenía subir la tarifa de la luz; así empezó el problema y
el desastre del déficit tarifario. ¿Pero sabe qué pasa? Que llevan siete reformas energéticas, siete recortes, más los del Gobierno anterior, y ustedes se niegan a hacer una auditoría energética. Dicen que esta es la única posible. ¿Por qué no
hacen una auditoría? Porque ya sabemos que la transparencia no va con ustedes seguramente, pero lo que tocaría sería hacer precisamente una auditoría de los costes; de dónde nos viene esa deuda colectiva, por qué estamos pagando una deuda y los
intereses de la misma a las compañías eléctricas; qué es lo que se ha hecho bien; quiénes son los responsables. La Comisión Nacional de la Energía dice: hemos pagado 3.400 millones de euros más a las compañías eléctricas en términos de costes de
transición a la competencia. ¿Amnistiamos, les regalamos como ciudadanos, como Gobierno, esos 3.400 millones, porque no los recuperamos con esta reforma? Por tanto es un regalo; no solo les damos 3.400 millones sino que encima les pagamos los
intereses. Europa dice que tienen que cambiar y hacer una reforma energética porque hay tecnologías que están sobrerretribuidas, beneficios caídos del cielo que se llaman, y tienen que cambiar el sistema de configuración de precios. ¿Qué
han hecho con esta reforma? ¿Han cambiado ese mercado? No lo han hecho. Un mercado que es especulativo, que hace también incrementar el precio de la energía y que hace que algunas tecnologías estén retribuidas. Esto tiene relación con lo que yo
exigía de rendir cuentas y transparencia. ¿Por qué a algunos no les tocan precisamente estos recortes? ¿Por qué a la hidroeléctrica, que tiene unos superbeneficios por encima de los costes, no le toca ese recorte o no cambian la configuración de
su precio? Pues no sé. Como yo no encuentro explicación a que no entre a recortar ciertas cuestiones, empiezo a pensar, por ejemplo, que el señor Villar Mir es propietario de centrales hidroeléctricas. Otro ejemplo: ¿De qué depende la reforma
energética del Gobierno, de quien tiene más influencia en el Gobierno, de quien puede llamar directamente al presidente o enviarle SMS sobre el nivel y el tamaño que tiene una empresa? ¿Depende de esto la configuración y el grado de los recortes?
Si no, no entenderíamos ese nivel de arbitrariedad. ¿Por qué no cambiamos el mercado marginalista o las propias subastas del Cesur, que son las que han hecho subir la electricidad este año? ¿O por qué no entramos en la interrumpibilidad? Porque a
esas empresas tampoco las queremos tocar. La interrumpibillidad ha sido muy escasa, cuando es algo que no necesitamos. Eso son ayudas de Estado. Dígalo claramente: queremos dar a algunas empresas ayudas de Estado. (Aplausos). Estupendamente.
Eso es lo que estamos haciendo. Pero entonces no diga que el gran problema es el déficit tarifario. Claro que es un problema, pero si no cambia la regulación del mercado no lo vamos a solucionar. Lo más curioso es que su manera de solucionarlo,
ustedes que son los liberales y que lo dejan todo al mercado, es decir: ahora las renovables van a cobrar en función de lo que nosotros creemos que deberían cobrar. Es decir, como antes de 1997, como antes de liberalizar el mercado, la retribución
en función del precio fijado. En cambio, al resto, que son las empresas integradas verticalmente, las que controlan la oferta y la demanda, a esas les damos el mercado, les damos el poder. Eso es una auténtica tomadura de pelo.
El gran problema es que esta reforma no responde al interés general del que usted hablaba, señor ministro, todo lo contrario, responde a intereses particulares, a influencias concretas del gran poder energético de nuestro país. Claro que se
recorta un poco en el transporte y la distribución para que no se note, para que usted pueda decir que todo el mundo ha recibido recortes, pero usted sabe que el transporte y la distribución acaban siendo repercutidos en el precio de la tarifa
eléctrica, que es lo que pagará el conjunto de ciudadanos y ciudadanas, porque son empresas que tienen capacidad de repercutirlo.
En definitiva, sus medidas atentan en primer lugar contra el interés general, porque hunden el sector que más empleo crea -solo hace falta hoy leer todos los periódicos-; hunden el sector que abarataba la energía en el mercado; hunden el
sector que nos da autonomía respecto al gas y al petróleo, que están volviendo a aumentar los precios; hunden el sector que reduce las emisiones del sector energético, que han aumentado el 38 % en dos años. Incumplen la directiva de renovables,
porque hoy nos hacen discutir un real decreto-ley sin conocer la ley y sin conocer el resto de reales decretos. Pero ese borrador que está circulando -no gracias al ministerio, que no nos lo ha ofrecido- lo que dice es que las renovables dejarán de
ser prioritarias, un claro incumplimiento de la propia directiva de renovables. Por tanto, no es una reforma que responda al interés general. Responde a un diseño concreto de cómo se reparte el poder en el sector energético, porque además esas
formas de retribución luego podrán ser controlables. ¿Qué quiere decir una empresa eficiente? ¿La que defina el Gobierno que es una empresa eficiente? ¿Definirá el tamaño? ¿Qué tipo de inversores? ¿Serán las grandes empresas el modelo de
empresas eficientes? ¿Eso lo dirá el Gobierno? En definitiva, aquí hay dos grandes víctimas, el sector de las energías limpias y sobre todo los consumidores, al fin y al cabo los ciudadanos, que pagan doble gracias a lo que aporta el Estado y por
el aumento del precio de la energía. Y usted tiene la desfachatez o el cinismo de venir aquí a decir que es una reforma para que no aumente el precio de la luz. Pero si lo que prevé precisamente esa reforma es el aumento de la tarifa de la luz. Y
viene aquí a decirnos: no, vamos a poner la solución. Pues no, no la ponen.
Lo único que nos gusta es el criterio de renta del bono social. Nos parece bien. Lo que no nos parece bien es que quede excluida demasiada gente, porque uno de los problemas de este país es precisamente la pobreza energética. Tenemos un
10 % de la población que son pobres energéticos y esta reforma energética no les da solución. Tenemos muchos excluidos de lo que debería ser un bien básico y ustedes no cambian esa cuestión.
El último tema es el autoconsumo, otro ejemplo de cómo ustedes atentan, en este caso, contra la libertad y la democracia energética. Lo que más daño hace a las grandes empresas es que haya gente
que pueda decidir desconectarse y tener energía propia, ser productores y ser consumidores que no dependan de las grandes empresas. Por eso ustedes se afanan en poner un registro, más burocracia y sobre todo peajes para impedir el
desarrollo del autoconsumo y ya no digamos del balance neto, algo que es de lo más avanzado en lugares como Alemania o California, que son líderes a nivel energético. Por lo tanto, una reforma arbitraria que da inseguridad y que igual que la
corrupción alejará la inversión de este sector. Esta reforma se puede...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que terminar.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Termino.
Esta reforma se puede resumir en arbitrariedad, opacidad (Rumores), amiguismo, injusticia, inseguridad, engaño y autoritarismo; muy lejos de lo que necesita este país en términos políticos, en términos energéticos, sociales y
medioambientales. Esta reforma es un lastre, como también lo es esta mayoría y el presidente del Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ortiz.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro de Industria, señores diputados, la convalidación de este real decreto que hoy estamos debatiendo, en el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, es una demostración más
de la incapacidad del Gobierno actual del Partido Popular de establecer una política estratégica a medio y largo plazo para un sector tan importante como es el sector energético español. El sector energético español es un sector estratégico de gran
importancia que tendría que ser, en teoría y en la práctica, en la realidad, un esquema solvente que pudiera contribuir a la resolución y a ser un mecanismo efectivo para luchar contra la crisis, pero lo que está estableciendo el Gobierno a través
de este real decreto a lo largo de esta legislatura es una política de improvisación, una política de parches, una política que no ha sido capaz de establecer algunas de las medidas que hemos planteado en esta Cámara. Nuestro grupo parlamentario
planteó una estrategia energética a medio y largo plazo que pudiera contribuir a una reforma estructural en la que se pudiera determinar un mix energético competitivo con la colaboración de todas las fuerzas políticas, de todos los sectores
afectados de las comunidades autónomas para poder ser competitivos en el futuro. Pero no ha sido capaz, a la vista de los hechos, el Partido Popular, ni tampoco lo fue en su momento el Partido Socialista. ¿Cuál es el resultado de esta miopía
política de no tener en cuenta la importancia del sector estratégico en una economía como la española? Que hoy tenemos un déficit de alrededor de 30.000 millones de euros motivado por políticas desafortunadas del Partido Socialista y del Partido
Popular ahora y en vez de poder contribuir todas las formaciones políticas, todos los sectores afectados a elaborar esta reforma estructural para establecer una estrategia a medio y largo plazo en un sector energético como el que tenemos en la
actualidad, somos incapaces de sentarnos, de sentar también al sector, y de no provocar, como se va a provocar, lamentablemente, daños colaterales muy importantes en la economía española.
En primer lugar, señor ministro, los más perjudicados, ¿sabe quiénes van a ser? Los consumidores finales, las familias, que van a ver incrementado el recibo de la luz inmediatamente. De entrada dicen que un 3,5 %, pero ¿quién nos dice,
señor ministro, que dentro de tres meses no se vuelve a establecer un incremento del precio de la luz para las economías domésticas? Van a ser los consumidores finales, las familias, las más perjudicadas ya que, además de soportar una crisis
económica como la que están soportando, van a tener que sufrir un incremento del precio de la luz, que les va a repercutir muy negativamente en la economía familiar. ¿Quiénes van a ser los segundos perjudicados de esta política precipitada de
improvisación, desde la perspectiva energética? El tejido industrial español, la economía productiva española. Nuestras empresas no van a poder soportar estas reformas sobre la base de esta política de parcheo porque les va a repercutir
necesariamente en un incremento de los costes industriales. No van a ser competitivas, desgraciadamente, y esto va a provocar que el gran beneficiado de esta política energética de improvisación va a ser el tejido empresarial italiano, el tejido
empresarial alemán, que nos van a ir ganando, desafortunadamente, cada día más mercado, porque nuestro tejido industrial español no va a ser competitivo por esta falta de política, de estrategia, de una reforma estructural en el sector energético a
largo plazo. Fíjese usted que esta falta de rigor en los planteamientos que ustedes han
realizando a lo largo de estos dieciocho meses de Gobierno ha tenido su reflejo en la Bolsa española. Empresas españolas que cotizan en el IBEX 35 han experimentado una rebaja importantísima en estos últimos tres o cuatro días, rebaja de
miles de millones de euros. Esto, lógicamente, repercute negativamente en los mercados internacionales.
Otro grupo de grandes perjudicados de esta política de improvisación es el de los sectores energéticos del Estado español, sin exclusión. Empezaré por las renovables. Es cierto que existe un desfase y un déficit tarifario importante, pero
no tienen culpa los empresarios y las familias que invirtieron en unas energías que, según el Boletín Oficial del Estado, a su entender, gozarían de una rentabilidad en el futuro. A lo largo de los últimos meses -y también por una política
desacertada del Gobierno socialista- han ido cambiando las reglas del juego cada seis meses, revirtiendo en una inseguridad jurídica tremenda tanto desde la perspectiva interna como desde la externa. Esto también va a revertir en que muchas de
estas empresas que invirtieron en renovables tengan que ir a parar a un banco malo del sector eléctrico. No lo descarte, señor ministro, porque lamentablemente vamos en esta dirección.
El sector de la cogeneración, señor ministro, ha sido un elemento relevante para que en España pueda existir una política industrial eficiente -usted lo sabe perfectamente- y a través de la cogeneración se han conseguido precios de energía
competitivos. Ahora, con estos reales decretos que van improvisando cada tres o cuatro meses, nos estamos cargando el sector industrial de la cogeneración, lo que va a desembocar en que no vamos a ser competitivos en los precios energéticos,
mientras que las grandes beneficiadas van a ser -repito- las industrias alemanas e italianas.
Ciclos combinados, algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra ya ha comentado la rebaja sustancial que ustedes van a aplicar por el kilovatio producido. Esto va a hacer que empresas que han invertido en ciclos combinados
tengan que hibernarlos, cerrarlos, lo que va a comportar una falta de competitividad de nuestro tejido industrial. La biomasa, un sector importantísimo y de futuro, como han hecho los italianos. Una parte importante de la materia prima de biomasa
se está exportando desde los puertos españoles hacia Italia, porque aquí no tenemos una política efectiva de la biomasa. En la biomasa hay inversiones incipientes, en la dirección de un tejido competitivo, que estamos matando con este parcheo y
esta constante improvisación. Tampoco tenemos un planteamiento serio para el futuro de la energía nuclear en España. No nos da miedo hablar de energía nuclear pero tampoco hay una estrategia a medio y largo plazo para saber cuál va a ser el futuro
de la energía nuclear.
Las empresas energéticas convencionales también están cabreadísimas -como todo el sector- con la política de improvisación del Gobierno. Hay que tener en cuenta que tan importante es tener un sector de renovables fuerte y un sector de
cogeneración relevante como tener empresas energéticas convencionales que sean eficientes y que ganen muchísimo dinero que se quede en el Estado español, lógicamente. No he visto ninguna reacción positiva de estas empresas energéticas
convencionales hacia estas reformas que ustedes están planteando.
También hay otro sector muy eficiente, los distribuidores de menos de 100.000 clientes, empresas comarcales y locales muy importantes y eficientes -no solo en Cataluña, sino en el resto del Estado español- a las que vamos a acabar matando
con esta política errónea de parcheo e improvisación.
Señor ministro, quisiéramos que esta intervención -ya sé que las mayorías absolutas son malas para que se amplíe la democracia y que desde la democracia y la transparencia pudiéramos ser capaces de elaborar una estrategia a largo plazo para
el sector energético, tan importante para la economía española- les hiciera reflexionar y que cogieran todas las iniciativas que pudiéramos aportar todos los grupos políticos sin excepción para que, al final, pudiera desembocar en una política
energética competitiva que dé como resultado que las familias españolas no tengan que sufrir incrementos constantes y de gran volumen que merman la economía familiar y que les impide llegar a final de mes.
Finalmente, creemos que tendríamos que ser capaces de dotar a la economía real española, al sector productivo español, de una política energética eficiente para que pueda ser competitiva, para que pueda ser también la puerta de salida de
esta crisis y para que se pueda generar confianza y se puedan generar puestos de trabajo.
Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Erias.
El señor ERIAS REY: Señor presidente, señorías, señor ministro, en este momento del debate, y después de haber escuchado las distintas posiciones manifestadas por los portavoces de los grupos
parlamentarios que acaban de intervenir, compruebo que, a mi juicio, no se ha hecho más que intentar desacreditar una reforma necesaria con valoraciones genéricas, con valoraciones inexactas y llenas de prejuicios y de ideologización. Por
lo tanto, estos intervinientes no han tenido en cuenta la situación en la que estamos ni nos han formulado ningún tipo de propuesta para poder entender mucho mejor aquello que intentaban decirnos de las dificultades que creaba la acción del
Gobierno. Si tuvieran en cuenta las alternativas que existían, sabrían que eran básicamente dos: o bien subir un 42 % los peajes o bien dejar quebrar el sistema eléctrico. En este sentido, creo conveniente comentar ahora a sus señorías a qué
cuestiones está intentando, a mi juicio, dar respuesta en materia energética el actual Gobierno de España para que no suceda ninguna de las dos alternativas que acabo de mencionar; es decir, incrementar un 42 % o dejar quebrar el sistema.
¿Con qué criterios se está actuando e implementando la política energética desde que el Partido Popular gobierna en España? Podría resultar paradógico que tanto quienes pretendían atajar el déficit de tarifa con los reales decretos leyes
6/2009 y 14/2010 como sus socios no reconozcan que ellos son los responsables políticos del desbarajuste producido, fundamentalmente en los costes del régimen especial y que, sin sonrojo, nos vengan reclamando más de lo mismo para sacarnos de donde
estamos. No tengo duda alguna, señorías, de que si hiciéramos esto profundizaríamos en el lugar al que nos han llevado con este enorme déficit tarifario que alcanza casi el 3 % del PIB.
Es más, no perdamos de vista tampoco que si la actual situación regulatoria del sector energético hay que cambiarla es porque hemos constatado que no funciona y que su no funcionamiento tiene que ver, como he apuntado, con los resultados
proporcionados por las políticas económicas llevadas a cabo en los últimos siete años y medio, ya que después de esos siete años nos encontramos con que la deuda acumulada del sector energético está próxima en 2013 a los 27.000 millones de euros;
que el sistema eléctrico español cuenta con una potencia instalada de unos 106.000 megavatios, de los cuales son firmes 88.000, muy por encima de la demanda punta de 44.000; que adicionalmente los ingresos por peajes entre 2004 y 2012 han crecido a
un ritmo del 122 %, mientras que los costes regulados en ese mismo periodo lo hicieron un 197 %, destacando en este último el incremento y los aumentos de los costes del importe de las primas del régimen especial y de las anualidades del régimen
tarifario.
Todo ello, señorías, conduce a este déficit tarifario conocido al que hemos de dar solución. Pero, señorías, para poder valorar también con más precisión la situación con la que se encontró el Gobierno a comienzos de 2012 es preciso reseñar
que en España los precios de la energía para los consumidores e industriales están entre los más elevados la Unión Europea, especialmente los de los consumidores, que en los últimos siete años han soportado unas subidas de más del 60 %. Asimismo
nuestro sistema eléctrico cuenta actualmente con unos 56 ciclos combinados pensados en su momento para producir energía y servir de respaldo a las energías renovables, que están siendo infrautilizados y sin alcanzar una utilización del 10 % de la
capacidad prevista.
A todas estas cuestiones, a toda esta situación recibida intenta dar solución este Real decreto-ley 9/2013, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sector eléctrico. Fíjense lo que dice: la
estabilidad financiera del sector eléctrico. Porque a pesar del esfuerzo regulatorio acometido para bajar costes y para mejorar los ingresos, el déficit de tarifa persiste llegando hasta los 4.500 millones de euros, que alcanzarían los 10.500
millones de euros a no ser por las medidas acometidas ya por este Gobierno y que lo han minorado obviamente en unos 6.000 millones de euros, quedando así en los conocidos 4.500 millones de euros.
Llegados a este punto y como ya el señor ministro ha hecho una clara exposición y como somos conocedores del marco regulatorio, veamos qué medidas hay que tomar para garantizar de una vez por todas la estabilidad del sistema eléctrico tal
como promueve este Real decreto 9/2013. Señorías, es importante recalcar que con esta medida estamos acometiendo una reordenación de los costes del sistema eléctrico español pues resulta imprescindible actuar, como he señalado, dado que la política
económica implementada en el pasado ha generado estos desajustes que ahora se convierten en resultados no deseados para este Gobierno y para nuestro país, por lo que lógicamente se han de modificar y así garantizar no solo la seguridad de
suministro, que también, sino la sostenibilidad del sistema y evitar su quiebra.
Lamentamos que todas las buenas intenciones manifestadas por sus señorías no se tradujeran en su día en una planificación estratégica coherente cuando gobernaba el Partido Socialista Obrero Español con el apoyo de otros grupos. Y quiero que
sepan sus señorías que esta reordenación de costes del sistema ha de contribuir a hacer más viable un mix equilibrado que, como es obvio y he señalado, se ha
visto desbordado por el efecto llamada de las energías renovables, especialmente las menos maduras tecnológicamente y que ha de atender a unos pagos por capacidad con infrautilización de otras tecnologías.
Somos conscientes asimismo de que esta reforma ha de promover y mantener nuestros compromisos 20-20-20, de tal forma que nuestras políticas energéticas nos acerquen y promuevan una más estrecha coordinación con los países del área del G-20,
especialmente en las políticas que tienen que ver con el fomento de las energías renovables para alcanzar un futuro con economías más bajas en carbono de la economía global. De ahí que intentar acercarnos, una vez resueltos los problemas expresados
de los desajustes nacionales, a un acuerdo global sobre emisiones podría ser una solución a tener en cuenta. Sepan sus señorías que estas soluciones que estoy comentando y que ha llevado a cabo el Gobierno han intentado siempre que las mismas no se
trasladen indebidamente a los más débiles, es decir a los consumidores. Ahora bien, constatamos que con este real decreto a mi juicio los menos afectados son los consumidores, pues del total de los 4.000 millones de déficit estructural solo han de
atender 900 millones de manera directa, ya que como he comentado había soportado ya en los últimos siete años subidas de hasta un 63 % en el precio de la energía. Es verdad también que las empresas han de hacer frente a un importante y excepcional
ajuste de unos 2.700 millones de euros, que se repartirán fundamentalmente entre la distribución, el transporte y las tecnologías renovables. En contraposición a aquellos que hablan de inseguridad e irretroactividad, he de decir que con este real
decreto lo que se promueve es más certeza, ya que han de acometerse revisiones automáticas de peajes, tal y como ha dicho el señor ministro, cuando los ingresos no sean suficientes para atender los costes y que se garantizará asimismo una
rentabilidad razonable como la proporcionada por las obligaciones a diez años, más 300 puntos básicos antes de impuestos, que en el momento actual alcanzaría un valor del 7,5.
He de señalar que con el mismo se intenta mejorar los ciclos combinados que modifican, reduciendo los pagos por capacidad de 26.000 euros/megavatio a 10.000 euros, extendiendo el periodo de pagos de 10 a 20 años, que los propietarios de los
ciclos combinados puedan hibernar hasta el 25 % es una reclamación que vienen haciendo aproximadamente unos 6.000 megavatios y que se modificará la forma de facturar el pago por energía y el pago por potencia en la factura eléctrica -como ha dicho
el ministro-, simplificando la misma y modificando los porcentajes de repercusión de cada uno de ellos.
En definitiva, señorías, esta reforma debe impedir que la situación actual presente y a la que hemos llegado desde unas políticas que no supieron evaluar convenientemente los resultados a los que nos llevarían vuelvan a producirse y que
consumidores, inversores y Estado puedan contar con un marco regulatorio trasparente y estable, que garantice certidumbre al sector y la confianza de los inversores, bajo la premisa de equilibrio entre las partes y equidad. Señorías,
desafortunadamente no existe una solución...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.
El señor ERIAS REY: Ahora termino.
Señorías, no existe una solución óptima en la que nadie se vea afectado, pero sin duda esta es una solución de second best. Parte de la solución a este problema pasará por lograr un mayor grado de eficiencia en los costes del sistema y, por
tanto, creemos que en este momento es hora de hacer más con menos.
Por último, hay que recalcar que la reforma ha de atajar el problema que desde 2002 padece la economía española -el del déficit de tarifa- y ha de impedir que se vuelva a repetir, ha de llevar a cabo esto con el menor impacto posible para el
consumidor y ha de procurar en primer lugar reducir considerablemente los costes de las actividades reguladas...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar. No puede seguir, corte por donde sea, pero termine.
El señor ERIAS REY: ...y establecer un marco regulatorio estable.
Señorías, una vez más dicho esto les pedimos que reconsideren el rechazo al presente real decreto y reclamamos su colaboración para intentar entre todos solucionar de manera definitiva este problema permanente y que no ha tenido solución
hasta el presente.
Muchas gracias. (Aplausos).
ENMIENDAS DEL SENADO:
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE APOYO AL EMPRENDEDOR Y DE ESTÍMULO DEL CRECIMIENTO Y DE LA CREACIÓN DE EMPLEO (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 4/2013, DE 22 DE FEBRERO). (Número de expediente 121/000043).
El señor PRESIDENTE: Vamos a entrar en el siguiente punto del orden del día: Enmiendas aprobadas por el Senado: Proyecto de ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, procedente del
Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero. En primer lugar por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Cuadra.
El señor CUADRA LASARTE: Señores, señoras, compañeras, compañeros, de los varios cientos de enmiendas que se han presentado a este proyecto de ley, el Partido Popular no ha dejado pasar ni una. Esto, yo diría, es talante, talante
joseantoniano y de las JONS a más decir. (Protestas). En otros temas este talante se manifiesta de una forma más abierta, más condescendiente, más receptiva. A la hora de hablar, por ejemplo, de sobres y sobresueldos la mano suele estar bastante
más abierta (Protestas), pero en el juego parlamentario de este Congreso esa mano que en algunos momentos está abierta se convierte en un puño. Es requetesabido que entre 100 jóvenes menores de veinticinco años, 55 de ellos están en el paro, 30
tienen contratos precarios, son becarios, tienen contratos de formación y de prácticas, temporales, de todo tipo. Ante esta situación, este proyecto de ley, acompañado de medidas que hemos visto anteriormente, lo que hace es profundizar en todo un
marco de desregulación laboral, de intensificación de la flexibilidad del marco legal para profundizar, favorecer e intensificar aun más la explotación que se está haciendo de la mano de obra, sobre todo de la mano de obra juvenil.
Con este decreto-ley se trata también de aumentar las competencias de las empresas de trabajo temporal hasta convertirlas prácticamente en intermediarias esclavistas, negreras, de mano de obra marginada y desamparada. Se trata también de
regalar, como siempre, a las empresas importantes cantidades de dinero que se detraen de la Seguridad Social para luego poder decir que esta es deficitaria y poder implantar reformas reaccionarias en el sistema de pensiones. En definitiva, lo que
se hace con este proyecto de ley es decirle a la patronal: Ahí tienen ustedes carne fresca, joven y a bajo precio. No tiene medida. El objetivo es sencillo, es domesticar por la brava a la juventud, someterla y humillarla hasta que se convierta
en una mano de obra dócil y servil, tenerla en esta situación diez o quince años para posibilitar finalmente que entre en el mercado de trabajo después de pasados todos estos años como una mano de obra ablandada y sometida.
Esto es lo que se quiere hacer, y para ello se inventan términos, se habla mucho de los emprendedores. Se dice, por ejemplo, que los patrones y los empresarios son empleadores, cuando no hacen sino destruir empleo por cientos de miles de
casos. A quienes destruyen empleo se les llama empleadores. Se habla de regularización fiscal a la hora de mencionar una amnistía fiscal que ha amnistiado a defraudadores, delincuentes y chorizos de todo pelo y condición. Y ahora se habla de
emprendedores para referirse a una realidad social formada por millones de personas que han sido expulsadas del mercado de trabajo gracias a los ERE de la reforma laboral del Gobierno, para referirse a jóvenes que no han encontrado nunca un empleo o
lo han hecho en unas condiciones completamente degradadas. No lo olvidemos, lo señalé cuando este proyecto de ley pasó por aquí, los únicos emprendedores existentes en el Estado español son los cientos de miles de inmigrantes que se han encontrado
sin trabajo y sin futuro y han tenido que emprender el camino a su casa, a sus países de origen, los cientos de miles de mujeres que han sido despedidas también de sus puestos de trabajo y han tenido que emprender el camino a casa, al trabajo
doméstico, al trabajo de cuidados, y las decenas de miles de jóvenes que han tenido que emprender el camino de la inmigración.
La situación política, por desgracia, no es que huela, es que hiede -diría yo-. Es una pena que el Congreso no cuente de oficio con un inspector de trabajo porque creo que sería el momento de aplicar el reglamento de actividades tóxicas,
nocivas y peligrosas al partido en el Gobierno por la situación que está generando. Creo que esto sería algo obligado y necesario según la ley. Yo quería hacerle una pequeña petición al presidente. Aprovechando que se están haciendo obras de
reforma en el Parlamento sería interesante que aquello fuera desinfectado y fumigado a fondo para ver si es posible acabar con la termita corrupta, franquista de ayer y hoy que allí anida. (Protestas).
El señor PRESIDENTE: Señor Cuadra, emplee un lenguaje adecuado. Se puede decir todo con un lenguaje adecuado.
Siga.
El señor CUADRA LASARTE: El otoño lo tenemos cerquita, está ahí y yo creo que va a ser un otoño calentito. ¿Qué quieren que les diga? Ustedes se pueden reír y pueden chillar, pero en cualquier caso yo tengo la sensación de que a su
Gobierno le queda menos tiempo que a un caramelo a la puerta de un Congreso o de un colegio. (Protestas). A pesar de sus gritos. Porque, además, y esto suele pasar en todos estos casos, entre ustedes han empezado ya a navajazos y a dentelladas y
este suele ser el último capítulo de las novelas negras de la corrupción. (Protestas).
Termino hablando de emprendedores, del tema que nos ocupa. Tiene relación también con lo anterior. Es otra impresión que yo tengo. En el próximo otoño, que va a estar caliente, ustedes van a tener que ser los nuevos emprendedores porque
me temo que van a tener que emprender las de Villadiego. (Un señor diputado: ¡Hala!).
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuadra.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Olabarría. (Denegación). No interviene. Muchas gracias, señor Olabarría, se lo agradezco.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, presidente.
He tenido ya el honor de fijar por dos veces la posición de mi grupo respecto al real decreto-ley cuando se convalidó en el Pleno y al proyecto de ley resultante cuando se tramitó en la Comisión. Las tres enmiendas del Senado hacen unos
mínimos retoques y por tanto mantienen la vigencia de las dos intervenciones anteriores.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Anchuelo.
Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo, La Izquierda Plural, va a votar a favor de la enmienda referida al artículo 7 de este proyecto de ley y en contra de las otras dos, reiterando nuestra opinión de que desgraciadamente esta ley no va a ser en absoluto positiva
desde el punto de vista de los trabajadores y mucho menos de eso que llaman la cultura del emprendimiento. Déjenme en todo caso que les diga lo siguiente. Si en algún momento se ha puesto de manifiesto la inutilidad de esta forma de gobernar es en
esta sesión de hoy. Esa hiperactividad legislativa que hace que hoy hallamos visto la séptima reforma energética y que, simultáneamente en el mismo Pleno, veamos dos leyes que dicen querer impulsar, reforzar y apoyar a los emprendedores pone de
manifiesto que cuando no se tienen políticas se hacen leyes. Y recuerden, señores del Gobierno y del Partido Popular, si hay algo en lo que está de acuerdo todo el mundo es que lo que hace que un país se desarrolle es su calidad institucional. Y
la calidad institucional depende fundamentalmente de dos cosas: estabilidad y seguridad jurídica y la inexistencia de corrupción. (Protestas). Ustedes no cumplen ninguna de esas condiciones. Ustedes con la generalización de la corrupción y con
la falta de estabilidad y seguridad jurídica son hoy el principal problema para el desarrollo de este país, son ustedes el verdadero obstáculo a la salida de la crisis. (Un señor diputado: ¡Vaya, hombre!). Cuanto antes se vayan antes saldremos de
la crisis. (Protestas).
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Coscubiela.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Dijimos que el proyecto de ley, tal como el Gobierno lo había presentado en forma de real decreto-ley, era decepcionante en sus contenidos, que quedaba muy lejos de las ambiciones que expresaba la exposición de motivos e incluso la
presentación de la señora ministra. Además denunciábamos que se convertía de hecho en un totum revolutum; en una misma norma se englobaban aspectos tan distintos
como la lucha contra el desempleo juvenil, la política ferroviaria o modificaciones en el ámbito de la morosidad, entre otras. He de decir que, a pesar de las buenas palabras de la señora ministra el día de la convalidación, el trámite
parlamentario ha sido absolutamente decepcionante. Ustedes no han aceptado prácticamente ninguna de las propuestas que les hemos formulado los grupos de la oposición, no hemos conseguido mejorar prácticamente nada aquello que ustedes planteaban y,
por tanto, para mi grupo, la valoración política de ese real decreto es la misma crítica que formulamos en el debate de la convalidación.
En materia de lucha contra el desempleo juvenil, las propuestas que ha incorporado hoy ya este proyecto de ley son cacahuetes, son medidas que generan titulares, pero que no tienen un impacto significativo en la lucha frente al desempleo
juvenil. Y algunas propuestas, las que formulábamos desde Convergència i Unió y que iban en la línea de las mejoras prácticas que se han desarrollado en otros Estados de la Unión Europea, han sido rechazadas desde la prepotencia que ejercen desde
su mayoría absoluta. Es una pena. Esta mañana el señor Montoro ha anunciado una posición favorable a algunas de las consideraciones que Convergència i Unió ha formulado en el proyecto de ley del emprendedor. Mi grupo espera que los compromisos de
esta mañana se puedan asumir y que no suceda lo que ha sucedido en este proyecto de ley.
Y estrictamente, en relación con las enmiendas incorporadas en el Senado, tres, vamos a votar favorablemente a las mismas. Una de ellas afecta a una cuestión que Convergència i Unió intentó mejorar durante el trámite parlamentario, que
finalmente en parte ha sido resuelto en el Senado, que garantiza ese plazo máximo de pago a proveedores a sesenta días, que nos parece fundamental. En todo caso, señorías, ha sido una ocasión perdida para recoger opciones, ideas y propuestas de la
oposición y mejorar su texto. Una pena, insisto.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Lucio.
La señora LUCIO CARRASCO: Gracias, presidente.
Señorías, paradójicamente estamos celebrando un Pleno en el que se está debatiendo por segunda vez una ley de apoyo a emprendedores. Si en la tarea legislativa la cantidad fuese un mérito, estaríamos de enhorabuena, pero lo importante es la
calidad de lo que se trata, es la calidad lo que importa y la profundidad y la capacidad de transformar la realidad que puedan tener las leyes que aprobemos en esta Cámara. Hasta la fecha solo hemos observado caos, un caos conceptual con respecto
al término emprendedores: en la primera ley era un término que afectaba solo a jóvenes, a continuación ha sido un término que afecta a empresas que pueden llevar veinte años funcionando; un caos conceptual que no nos resulta ajeno porque no es más
ni menos que el caos en el que está sumida la política económica del Gobierno del Partido Popular y, por supuesto, el Gobierno del Partido Popular en su conjunto. Como decía, no es una cuestión de cantidad lo que tiene valor de verdad, sino las
leyes que cambian la realidad, la realidad de los emprendedores, y mucho me temo que ni el proyecto que se ha debatido esta mañana, ni la ley cuyas enmiendas estamos debatiendo en este momento responden a ninguna de las demandas y cuestiones
necesarias para resolver los problemas de las personas desempleadas jóvenes que quieren iniciar una aventura emprendedora.
Permítame que recuerde la trayectoria que ha seguido esta ley, esta ley de apoyo a emprendedores y del estímulo del crecimiento y del empleo. Vino a la Cámara utilizando la fórmula del real decreto-ley, esa fórmula que tanto le gusta al
Gobierno; de hecho, hoy se han debatido tres reales decretos-leyes en esta Cámara. Se debatió sobre la necesidad de que fuera tramitada como proyecto de ley, se consiguió, se votó favorablemente y después de un amplio periodo de enmiendas
asistimos a una negociación exprés de la misma en la que la voluntad de acordar fue ínfima, aprobándose cuatro enmiendas transaccionales y con el agravante, que ya ha dicho el señor Campuzano, del compromiso expreso que la ministra mostró en la
Cámara para llegar a acuerdos al tratarse de una ley que afectaba a uno de los principales problemas que tiene este país, que no es otro que el desempleo juvenil. En el Senado no corrió mejor suerte y ahora vuelve al Congreso con tres enmiendas.
Una de ellas, la enmienda al artículo número 7, en la que valoramos la consideración que han tenido por la economía social, pero, desde luego, si querían hacer un guiño a ese sector podrían haber aceptado algunas de nuestras enmiendas en las que
pedíamos al Gobierno que con carácter inmediato a la entrada en vigor de la ley, y con la participación, por supuesto, de comunidades autónomas, que ustedes tienen olvidadas, y del Consejo para el Fomento de la Economía Social, que creo que no se ha
reunido todavía, elaborara un programa de incentivos para las empresas de
la economía social o aquellas enmiendas en las que pedíamos también evitar el trato discriminatorio que la economía social tenía respecto a otras fórmulas jurídicas o societarias, tanto en las bonificaciones como en la compatibilización de
la prestación por desempleo.
Señorías, están demostrando cada día que su política económica es errática, que su respuesta a las y los jóvenes desempleados, a los emprendedores y emprendedoras, a los autónomos y a la economía social es nula. Traen leyes con enunciados
propagandísticos, pero vacías de contenido que supongan avances y resolución de los problemas principales de este país. No negocian, no pactan, no escuchan, no dan crédito, no promueven el empleo y mucho menos la calidad en el mismo. Si le hacemos
la sencilla pregunta de qué va a resolver cambiar o modificar la ley que estamos hoy debatiendo, no encontramos ninguna respuesta. Pero no solo nosotros, el Grupo Socialista, sino también el resto de grupos que se ha manifestado aquí, además de
todo el sector, los jóvenes, los autónomos, las empresas de la economía social, que no ven que esta ley vaya a resolver ninguno de los problemas que tienen en este momento. Solo me queda insistir en que en este maremágnum de leyes de emprendedores,
tienen ahora la oportunidad de debatir lo que no debatieron en la ley que hoy quedará definitivamente aprobada y que acepten las peticiones y propuestas de los sectores afectados por la falta de ambición y de visión de las iniciativas legislativas
de este Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lucio.
Por el Grupo Popular, la señora Álvarez-Arenas.
La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, estamos viendo por tercera vez en la Cámara lo que ya es un proyecto de ley en relación con el apoyo al emprendedor, el estímulo al crecimiento y al empleo joven. Como todas sus señorías saben, y como aquí ya se ha comentado, se
tramitó en su convalidación como real decreto y se aprobó su tramitación como proyecto de ley. Este proyecto de ley, por tanto, tiene como objetivo principal desarrollar la estrategia de emprendimiento y empleo joven y apoyar el fomento de la
financiación empresarial, así como establecer una serie de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y la financiación para el pago a proveedores y, en otro orden, regular aspectos de sectores como el ferroviario y el de
hidrocarburos. Todo ello con el objetivo que siempre tienen todas las propuestas que trae el Gobierno, proyectar y favorecer el crecimiento económico, la creación de empleo y mayor competitividad, de ahí, que se hayan introducido modificaciones
para favorecer esa competitividad del sector ferroviario y del sector de hidrocarburos.
Señorías, como he dicho, este proyecto de ley básicamente está desarrollando la estrategia de emprendimiento que, como todos ustedes saben, es un ambicioso plan de empleo que incluye más de cien medidas, quince de ellas de choque, para
cambiar esa tendencia que aquí ya se ha citado de que 5 de cada 10 jóvenes menores de 25 años estén en paro. Pues bien, señorías, yo creo que con esos más de 3.485 millones, que es la financiación que va a tener esta estrategia, estas cien medidas
que beneficiarán a más de 1 millón de jóvenes sin lugar a dudas van a ser muy positivas para aquellos objetivos que nos estamos marcando. Pero, cuando se habla de estas cuestiones, creo que lo mejor es dar datos -no he oído aquí ninguno, he oído
muchas críticas pero ningún dato- y hay que decir que, según la última encuesta de población activa -la próxima saldrá muy pronto y veremos cómo los datos se van confirmando-, el paro entre los menores de veinticinco años ha disminuido en más de
26.000 jóvenes en los últimos meses, desde luego, a causa de la reforma laboral y desde que está en funcionamiento este real decreto que se convalidó, como digo, en el mes de febrero. Además, señorías, se han firmado más de 55.000 contratos
formativos, que en este momento constituyen el mayor registro en los últimos cinco años para aplicar el contrato de formación y aprendizaje. Se firmaron 73.000 contratos de apoyo a emprendedores, señorías, que fueron muy criticados y que en más de
un 52 % han beneficiado a jóvenes menores de treinta años.
Señorías, cuando se habla de que no ha habido un impacto significativo, como ha dicho el señor Campuzano, o que es un caos, como ha dicho la representante del PSOE, hay que hablar con seriedad -porque hemos oído discursos que son de todo
menos serios-. Porque si estamos hablando de cosas serias, señorías, de cosas que se pueden palpar que afectan a las familias, que afectan a los jóvenes y que están en el vértice de la preocupación de este grupo parlamentario y de la preocupación
del Gobierno y de todas sus políticas hay que dar datos. Y los datos nos van diciendo mes a mes y trimestre a trimestre que la política de empleo -siendo absolutamente lamentables los datos que hay todavía- sin duda va
por el buen camino. Y los datos que les acabo de exponer vienen a demostrar que medidas como este real decreto -hoy transformado en proyecto de ley- y como la reforma laboral sin duda están siendo positivas en la línea que el Gobierno está
trabajando y en la línea que este grupo parlamentario apoya.
Muchas gracias, señor presidente, señorías. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Álvarez-Arenas.
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE INCORPORAN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL LAS DIRECTIVAS 2010/84/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 15 DE DICIEMBRE DE 2010, SOBRE FARMACOVIGILANCIA, Y 2011/62/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO, DE 8 DE JUNIO DE 2011, SOBRE PREVENCIÓN DE LA ENTRADA DE MEDICAMENTOS FALSIFICADOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO LEGAL, Y SE MODIFICA LA LEY 29/2006, DE 26 DE JULIO, DE GARANTÍAS Y USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS.
(Número de expediente 121/000046).
El señor PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día: Enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley por la que se incorporan al ordenamiento jurídico español las directivas 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de
diciembre de 2010, sobre farmacovigilancia etcétera.
Para fijar la posición, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señorías, señores y señoras senadores, tal día como hoy hace 2.200 años Cicerón decía lo siguiente: Quousque tandem, Catilina, abutere patientia nostra? Algo parecido se podría decir hoy en esta Cámara, algo muy
parecido. La primera catilinaria: ¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia? ¿Hasta cuándo esta locura tuya seguirá riéndose de nosotros? ¿Cuándo acabará esta desenfrenada audacia tuya? (Rumores). Señorías, la segunda catilinaria
es la huida de Catilina; la tercera, la alegría de la ciudad; y la cuarta, el juicio a Catilina. Espero, señorías, que aunque en este caso estemos ante la primera muy pronto estemos ante la cuarta catilinaria en nuestro país frente al Partido
Popular y frente a la corrupción que hoy nos avergüenza. (Rumores.-Aplausos).
Señorías, esta directiva que llega del Senado viene con algunos afeites pero sigue siendo la misma, la misma directiva que dice ser directiva de lucha contra el fraude y farmacovigilancia, que se la podían haber aplicado -la lucha contra el
fraude y la farmacovigilancia, parece que no hubo mucho de eso-, pero luego uno ve la directiva y hay muy poco de farmacovigilancia y casi nada de lucha contra el fraude. Prácticamente todo son tasas y sanciones, eso es lo que vemos en esta
directiva. Vemos también con preocupación muchas reformas de la Ley del Medicamento generando una gran inseguridad jurídica en relación con el medicamento en nuestro país y el anuncio de un texto refundido. Es decir, aquello de Romanones: haced
vosotros las leyes, nosotros nos encargaremos de los reglamentos. Eso es la directiva, como digo, con algunos afeites del Senado. Nosotros no votaremos favorablemente las enmiendas, rechazaremos como rechazamos en el Congreso una directiva que en
forma y fondo es rechazable. En forma, porque ha sido tratada de manera súbita, no ha sido un real decreto pero ha sido un tratamiento exprés, y en el fondo, porque no tiene nada que ver con la directiva y fundamentalmente son medidas recaudatorias
del Gobierno y nueva complejidad en la Ley del Medicamento que se deja al albur del Gobierno en el desarrollo reglamentario.
Señorías, espero que la cuarta catilinaria llegue cuanto antes. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Muchas gracias, señor presidente.
Desde nuestro grupo parlamentario queremos lamentar no haber podido llegar a más consensos en la tramitación de este primer proyecto de ley que vemos de ámbito sanitario. Nos hubiera gustado llegar a más acuerdos, a mayores consensos y,
sobre todo, lamentamos que no hayan sido aceptadas algunas importantes enmiendas de nuestro grupo parlamentario de temas sociales como las que quiero volver a repetir aquí: la de eliminar el copago farmacéutico hospitalario o la de derogar el
artículo que habla de los profesionales APD y de los de contingentes de zona y cupo para que, al final de su vida laboral, no se les cambien las condiciones laborales. Precisamente nos llama mucho la atención que esta enmienda nuestra, que ha sido
reivindicada por todo el colectivo, no haya sido aceptada cuando los consejeros de las
comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular dicen que esa norma no se va a aplicar en sus comunidades autónomas; por tanto, no entendemos por qué no ha sido aceptada nuestra enmienda.
Otro apartado del trámite de esta ley en el que lamentamos no haber podido llegar a un acuerdo es nuestra consideración de la segunda parte de esta ley. En la segunda parte se ha aprovechado, por parte del Partido Popular, la tramitación de
la directiva europea -con la cual sí está de acuerdo nuestro grupo- con la introducción de sus enmiendas para quitar competencias a las comunidades autónomas. Esto nos duele y nos preocupa. En cuanto a las enmiendas del Senado, tengo que decir que
la mayor parte de las mismas son enmiendas técnicas. Las dos de más importante contenido han sido transaccionadas con nosotros y con otros grupos y, por tanto, votaremos a favor de todas ellas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Tarruella.
Por el Grupo Socialista, la señora Martín González.
La señora MARTÍN GONZÁLEZ: Gracias, presidente.
Señorías, intervengo en representación del Grupo Parlamentario Socialista en este último trámite de la modificación de la llamada Ley del Medicamento. Como ya hemos dicho en otras ocasiones en todas las intervenciones de los diferentes
trámites parlamentarios por los que ha pasado esta ley, hoy volvemos a repetir que no se ha tratado de la adaptación de las directivas del Parlamento Europeo -eso responde a la primera voluntad y se hace tarde-, sino que ha sido la excusa para
acometer otras modificaciones que afectan a otras leyes que nada tienen que ver con esta. Si hubiera sido la adaptación de las directivas europeas, no duden de que nuestro apoyo -y creo que el de todos los grupos- hubiera sido unánime. Solamente
su falta de diálogo, la ausencia de voluntad de negociar hace que hayan recurrido a su mayoría para imponer algunos artículos que nada tienen que ver con esta ley. Han impuesto también su voluntad clara y manifiesta para incorporar en esta ley el
artificio legal para impedir que la Comunidad Autónoma de Andalucía recurra a la convocatoria de subastas de medicamentos. Lo han intentado ustedes todo y solo su mayoría les ha mantenido en este objetivo. Ya les advertimos que las interferencias
que van a producir en la gestión farmacéutica de las comunidades autónomas traerá cola, porque estamos seguros de que va a ser así.
Nosotros hicimos propuestas de enmiendas al texto inicial con voluntad de mejorarlo, propusimos que se aprovechara el trámite para devolver a los ciudadanos la garantía de la universalidad de la atención sanitaria que ustedes destruyeron con
la aprobación del Real Decreto-ley 16/2012. Ustedes, lejos de aceptarlo, siguen dando pasos cada vez más agresivos que agravan la enfermedad y castigan con copagos y repagos a los ciudadanos que están enfermos. Incluso, señora ministra -ahora que
me escucha-, niegan la atención sanitaria a algunos colectivos y esto es rigurosamente cierto. No contentos con todo esto, nos demuestran día a día que ejercen su mayoría absoluta y que ejercen la política de espaldas a los ciudadanos.
Sinceramente, creo que en este momento, salvo al sector farmacéutico, el trámite de esta ley preocupa poco a la mayoría de los ciudadanos. No significa que no les afecte, simplemente en este momento hay otras preocupaciones y puede que este debate
pase totalmente inadvertido.
Hoy completamos el trámite de esta ley a la que mi grupo ya ha manifestado su oposición. No nos satisface ni el continente ni su contenido. Señorías, todas las decisiones que se tomen en el ámbito parlamentario deben velar por mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos -para eso estamos-, y esto es aún más importante en el ámbito de la salud. Repetimos de nuevo que la salud es lo primero. Pero no podemos cerrar los ojos a lo que nos rodea y no podemos ser insensibles a todo lo
que ocurre a nuestro alrededor. Estamos en el momento más grave y más crítico de la salud democrática de nuestro país, vemos cómo se niega el derecho de los representantes de los ciudadanos a ejercer la tarea política que nos han encomendado. Si
se nos niega el derecho de reclamar la presencia de miembros del Gobierno y muy especialmente del presidente, se niega una parte esencial de la democracia. (Aplausos). Pero hoy, en este punto toca hablar de salud, hoy reclamamos de nuevo en esta
tribuna, en este caso en este escaño, la presencia del presidente del Gobierno para que nos aclare el estado de salud del principal instrumento del ejercicio de la democracia: queremos que nos aclare la salud de su partido político, porque mucho
nos tememos que su nivel de salud no es óptimo, cada vez tiene peores constantes vitales y mucho me temo que el fallo es multiorgánico. Señorías, todo lo que el presidente no nos cuente conduce inevitablemente al deterioro de la salud democrática
que debemos defender.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, céntrese usted, no hagamos malabarismos y céntrese en el asunto. (Risas).
La señora MARTÍN GONZÁLEZ: Termino, señor presidente, gracias.
El foco insalubre está en su partido y les pedimos que apliquen el tratamiento correcto aunque sea agresivo. Permítanme -si me lo permite el presidente- que por deformación profesional les aclare más síntomas de esta enfermedad para que
ustedes lleguen a un diagnóstico y apliquen un buen tratamiento. Lo que ocurre y no nos quieren aclarar en sede parlamentaria a ustedes les está produciendo fuertes dolores de cabeza. Yo les aseguro que a los demás grupos políticos, a los demás
diputados y a muchos ciudadanos les produce náuseas y vómitos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martín.
Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Rodríguez Sánchez.
La señora RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señor presidente, señorías, quiero felicitar a la señora ministra por lo que esta ley supone de avance en materia de medicamentos y sobre todo en seguridad para los pacientes, porque con la consideración de las
enmiendas que vienen del Senado finalizamos la tramitación de una ley que es extremadamente importante entre otros aspectos porque previene algo tan grave como es la entrada de medicamentos falsificados, asegurando la identificación, la autenticidad
y la trazabilidad de los medicamentos desde su fabricación hasta el consumidor final. Se trata de una ley que refuerza la farmacovigilancia para garantizar que cualquier producto con un nivel de riesgo inaceptable pueda ser retirado rápidamente
para asegurar el control sobre la salud pública, la seguridad del paciente y para aclarar las responsabilidades de todos los que forman parte del proceso de desarrollo y comercialización de un fármaco; una ley que insiste en anticiparnos a la
aparición de efectos adversos y no en las actuaciones a posteriori; una ley que intenta involucrar tanto a los pacientes como a los profesionales sanitarios en la notificación de reacciones adversas; una ley que efectivamente actualiza el régimen
de infracciones y las cuantías de las tasas -unas tasas que datan del año 2006; la ley ni se inventa las infracciones ni se inventa esas tasas-, y además manteniéndolas muy por debajo de la media que existe en los países de nuestro entorno; una
ley que mejora otros aspectos importantes del medicamento, de la seguridad de su uso y de la equidad en su acceso.
Dice el Grupo Socialista que esta ley es una mera excusa para atacar la subasta andaluza, pues no, la ley es bastante más ambiciosa que todo ello. Es una ley que entre otros muchos aspectos clarifica las cuestiones relativas a los
biosimilares y a los equivalentes terapéuticos, pensando sobre todo en la seguridad del paciente, y quiero agradecer en este aspecto a CiU, a UPyD y al Grupo Vasco las transaccionales que han mejorado la redacción en este apartado. La ley también
clarifica las competencias respectivas del Gobierno y de las comunidades autónomas para evitar en parte los conflictos competenciales, pero sobre todo para reforzar la equidad en el acceso al medicamento y asegurar el acceso a estos de todos y cada
uno de los ciudadanos, incluyendo a todos y cada uno de los andaluces, porque, como saben ustedes, con la excusa del ahorro o recorte, como quieran ustedes llamarlo, aquí se está limitando el acceso al medicamento de los ciudadanos andaluces y
además saben también que en estos momentos hay desabastecimiento de fármacos adjudicatarios de la subasta.
En definitiva, señorías, se trata de una ley importante para la seguridad y la racionalidad del medicamento, en cuya tramitación se ha manifestado la voluntad de consenso del ministerio y el espíritu constructivo de muchos de los grupos, lo
que ha permitido que se hayan reconsiderado muchas enmiendas y se hayan incorporado o transaccionado un número muy importante de ellas. Por el contrario, dicen desde La Izquierda Plural y desde el Grupo Parlamentario Socialista que esta ley no
tiene nada que ver con la directiva. Lo que no tiene nada que ver con la directiva ni con esta ley es la cantidad de enmiendas que han presentado ustedes y que no tienen que ver en absoluto con los contenidos específicos de la ley y que van contra
la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud e incluso contra leyes que no pertenecen al ámbito sanitario.
Es importante resaltar el trabajo del ministerio porque ha demostrado que se puede ser eficaz en la gestión de los recursos, que se puede ahorrar en gasto farmacéutico y a la vez asegurar la calidad de los servicios. El trabajo del
ministerio ha permitido ser más justos en las aportaciones farmacéuticas liberando a los parados de larga duración y a los colectivos más desfavorecidos de un copago o repago -por utilizar el término que usan tan reiteradamente- que era
tremendamente injusto y antisocial; un trabajo que ha
permitido incluir en el sistema a muchas personas que antes estaban excluidas, no solo a muchos colectivos de profesionales, sino también amparando a los parados de larga duración que antes no solo tenían que pagar el 40 %, sino que con
ustedes no tenían derecho por ellos mismos a disponer de su propia tarjeta sanitaria. Eso sí que es trabajar por la universalidad del sistema. Por eso reclamo que se deje la confrontación en materia sanitaria y que se dejen al margen prejuicios y
dogmatismos y que nos centremos en asegurar la sostenibilidad de nuestro sistema público de salud por el bien de todos los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez Sánchez.
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA CADENA ALIMENTARIA. (Número de expediente 121/000037).
El señor PRESIDENTE: Enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
En primer lugar, por el Grupo Mixto, la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo para posicionarnos sobre las enmiendas que vienen del Senado -en el que estamos en la tarde de hoy- al proyecto de ley de la cadena alimentaria. Señorías, desde el Bloque Nacionalista Galego no vamos a apoyar ninguna de ellas y
fundamentalmente las primeras. Concretamente me refiero a la que está relacionada con el artículo 16, que es el que de alguna manera regula el código de buenas prácticas, que es voluntario, es decir, obliga a aquellos que voluntariamente se
adhieran al mismo. La enmienda que el Senado aprueba nos parece que es una redundancia de esa voluntariedad y, por tanto, una redundancia de la ineficacia que este código de buenas prácticas representa en relación con la cadena alimentaria y,
concretamente, con la trazabilidad de los alimentos y con la garantía de un precio justo en origen a los productores. Con esta enmienda del Senado parece que se quiere intentar dar alguna contestación al sector primario que reclamaba que en esta
ley se tomaran medidas en relación con la garantía de un acuerdo entre las partes o una mediación -de no haberlo- para garantizar el precio en origen. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). Pero, señorías, dada la
voluntariedad del Código de buenas prácticas mercantiles y dada la voluntariedad y la no vinculación a los acuerdos que se alcancen en la mediación, realmente esto es papel mojado. Por tanto, el Bloque Nacionalista Galego no va a apoyar estas
enmiendas y lamentamos que no se aproveche este proyecto de ley para dar solución real a un problema que tiene el sector agrario, que es el de los precios que están siendo más bajos que los costes de producción.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández.
Por el mismo grupo, señora Jordà.
La señora JORDÀ I ROURA: Muchas gracias, presidenta.
Señoras y señores diputados, diré de manera muy rápida que para nosotros este proyecto de ley podría haberse convertido en una ley histórica; de hecho, podrían haber prohibido las condiciones abusivas que explotan a los agricultores y
exprimen a las pymes, especialmente la venta con pérdidas. También podrían haber eliminado las situaciones de dominio que tienen las grandes distribuidoras y que se están cargando el pequeño y mediano comercio, o podrían haber obligado, como
solicitábamos desde Esquerra Republicana en una enmienda, a los supermercados que tiran alimentos a donarlos a bancos de alimentación o a comedores sociales. No obstante, lejos de ello, han optado por una perspectiva continuista e injusta de las
relaciones comerciales en el ámbito de la cadena alimentaria, una perspectiva que niega cualquier derecho al consumidor o a sus organizaciones representativas. Pese a ser el destinatario último de esta cadena alimentaria, se niega también al
consumidor el derecho a una adecuada información del producto. Por ejemplo, con relación al lugar de origen de los principales ingredientes o respecto a todos los aditivos, organismos, modificaciones genéticamente, vacunas o cualquier otro elemento
que contengan los productos alimentarios. Las sanciones que impone la ley por las malas prácticas o por conductas delictivas, a nuestro entender son irrisorias, discriminatorias y evidentemente no proporcionales. No son disuasivas para las grandes
empresas, mientras que se convierten en hipotecas para las pequeñas y
medianas empresas que sufren problemas económicos al no establecer un criterio de proporcionalidad según la capacidad económica.
Acabo. Por otro lado, los únicos avances que se producen en la ley -que hay alguno- no están recogidos como obligaciones legales, sino que simplemente son una guía de buena conducta que las empresas que libremente quieran adherirse a ellas
podrán cumplir o simplemente no hará falta que cumplan. Lejos de fijar, pues, unas relaciones comerciales jurídicamente seguras y éticamente responsables, la ley legitima una campaña de marquetin para lavar la cara de empresas comerciales sin
escrúpulos mediante la adhesión a un código de conducta que podrán publicitar pero que no se podrá obligar, ni controlar, ni sancionar en caso de incumplimiento. En definitiva, una nueva ley de marca neoliberal que beneficia a las grandes empresas
en detrimento de las pequeñas y medianas empresas, al mantenerse, pues, las situaciones de dominio, como hemos dicho, en detrimento de los productores que continuarán padeciendo la explotación y las situaciones abusivas de las grandes marcas; y en
detrimento del consumidor a quien se niega su derecho a la información.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Jordà.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Intervengo para decir solamente que mi grupo no va a apoyar las enmiendas que vienen de este mismo Senado, entre otras cosas y, sobre todo, por la nula capacidad y voluntad negociadora que el Partido Popular ha
demostrado una vez más en esta ley no aceptando ninguna de las enmiendas de mi grupo ni incluso de otros grupos. Creo que si siguen así se van a quedar solos como están, con una mayoría absoluta pero solos. Quiero decir también que esta ley es muy
importante y que podría haber sido mucho mejor de lo que va a salir de este Congreso, aunque estemos hoy en el Senado. Por lo tanto, mi grupo no va a apoyar las enmiendas que proceden del Senado porque no aportan nada a la ley y no han beneficiado
en absoluto a las peticiones de los demás grupos y del sector, que es lo más importante.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Agirretxea.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señora presidenta.
Si me lo permite, acumularé la siguiente intervención acerca del proyecto de ley de cooperativas. Quiero decir brevemente que nosotros apoyamos estos dos proyectos de ley. Nos parecían necesarios, pero creemos que una vez más el Gobierno
ha pecado de timidez, ha pecado de cobardía y no ha llegado al fondo de lo que se podría haber obtenido con estos dos proyectos de ley que, sin duda, eran muy importantes para todo el sector agroalimentario. También quiero decirles en cuanto a las
cooperativas que usted no ha llegado al fondo de la cuestión porque no consiguen hacer nada para arreglar un problema fundamental. Hablábamos de que el tamaño sí importa, hablábamos de que hay que ayudar a que nuestras cooperativas se dimensionen
como debe ser, pero no terminan de derribar todas esas fronteras que se han erigido en España a través de las comunidades autónomas, etcétera, para permitir que esto suceda. Por último, quiero decir que el proyecto de ley de cadena alimentaria nos
parece positivo, tímido e insuficiente, pero positivo, por eso lo hemos apoyado, pero sí queríamos comentar especialmente una de las enmiendas que llegan ahora, de repente, desde el Senado. Señores del Partido Popular, desde nuestro punto de vista,
habitualmente ustedes tienen un grave problema con el control. Tienen una especie de alergia a lo que hubiera solucionado muchos de los problemas que padecemos en este país, una alergia al control independiente. Con unos controles independientes,
con un gobernador del Banco de España, con una Comisión Nacional del Mercado de Valores, con una justicia, con una fiscalía independiente, etcétera, la situación económica y política de nuestro país sería evidentemente mucho mejor. Ustedes parece
que aprovechan los controles no para favorecer a los ciudadanos, sino para apuntalar un sistema que se está derrumbando, que no funciona, que está podrido. Hay un trabajo que están haciendo los ciudadanos, y bien, entre otras cosas porque ustedes
no hacen el suyo, que es el control a todas aquellas empresas que nos venden, el control que están ejerciendo las asociaciones de consumidores para ver si lo que se nos vende es lo correcto, si pasa los controles sanitarios que debe pasar, si se nos
está engañando, si corremos algún riesgo sanitario, etcétera, trabajo que con una enmienda que ustedes han
aportado desde el Senado parece que se complica enormemente. Nos parece muy grave que a un trabajo que están haciendo los ciudadanos, repito, porque ustedes no hacen el suyo, se le pongan cortapisas.
Como un tercer ejemplo del problema que tienen ustedes, de la alergia que tienen ustedes al control, no quiero dejar pasar la oportunidad para pedirles que, por favor, nos dejen hacer nuestro trabajo, que nos dejen llevar a cabo el control
parlamentario. Convenzan al presidente de nuestro país, al señor Rajoy, de que la estrategia del avestruz no funciona, que es mala para su partido y, lo que es peor, es mala para España.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), el señor Solsona tiene la palabra.
El señor SOLSONA AIXALÀ: La ley de la mejora de la cadena alimentaria tenía que ser una ley importante, con consensos. Tenía que ser una ley que diera respuesta real a la voluntad del sector productivo y de la distribución para articular
un pacto legislativo que permitiese competir y formalizar relaciones comerciales en un marco de garantías para protegerlo de las prácticas abusivas y de diferentes desequilibrios que son evidentes dentro de la cadena alimentaria. Todos los grupos
parlamentarios hemos trabajado esta ley: reuniones, comparecencias, muchas enmiendas, monográficos y un largo etcétera de acciones para trasladar al Gobierno que esta ley no solo era una necesidad, sino también una oportunidad. ¿Y con qué nos
hemos encontrado? Podríamos reducirlo a dos palabras: indiferencia y falta de diálogo. Una ley con estas pretensiones, las de estratégica e importante, no puede pasar por el Congreso con un trato parlamentario exprés, sin debate, sin aceptar
enmiendas, y utilizando el trámite parlamentario solo para incorporar las autoenmiendas del mismo Grupo Popular. Creemos que se ha jugado un poco con la gente y con los profesionales de los diferentes eslabones de la cadena. Y al final ¿para qué?
Pues para frustrar expectativas a algunos y para al final no tener contento y satisfecho -creemos- a nadie. Mucho querer regular y dejamos de enumerar, por ejemplo, prácticas abusivas en lo relativo a la venta a pérdidas. Mucho querer evitar
desequilibrios y obviamos incorporar conceptos como, por ejemplo, costes de producción. Muchas ganas de optimizar organismos y creamos nuevos y encima sin definir cómo se financiarán. Mucho querer innovar y ser pioneros y no se reconoce ni respeta
competencialmente a las comunidades autónomas, que ya hace tiempo que trabajamos en este tema, como, por ejemplo, con la creación del código de buenas prácticas en Cataluña. Mucho hablar de la cadena alimentaria y en la ley casi se olvida el papel
de los consumidores o de las prácticas sostenibles o medioambientales.
En definitiva, desde Convergència i Unió creemos que se ha perdido una oportunidad. Nuestro grupo no descarta activar iniciativas parlamentarias para ir mejorando poco a poco esta ley. Hoy no acaba nada. Hoy no cerramos un expediente,
señorías. Hoy, desde nuestro punto de vista, se pone un punto y seguido, porque seguiremos defendiendo nuestro marco competencial y nuestra singularidad ante las duplicidades que seguro que surgirán con la aplicación de esta ley. De las enmiendas
que provienen del Senado poca cosa que decir. De las siete aceptadas, seis son del mismo Partido Popular. Por tanto, un gracias por nada desde nuestro grupo parlamentario, que va a votar en contra de cuatro de ellas y se abstendrá en las tres
siguientes.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Solsona.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Alonso Núñez.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, vamos a terminar hoy la tramitación de un proyecto de ley de equilibrio de la cadena alimentaria, una buena iniciativa, una iniciativa demandada por todos los operadores de la cadena alimentaria, pero tendríamos que decir que
es una iniciativa mal resuelta, mal terminada por el Gobierno y sobre todo por el trámite parlamentario del grupo de la mayoría. Señores del Partido Popular, van a aprobar ustedes una mala ley, una mala ley que no va a resolver los desequilibrios
que tiene la cadena y en algún caso, desde nuestro punto de vista, podría agotarlos. En la tramitación de la ley ustedes, de entrada, han rechazado todas las ofertas de colaboración que les hemos hecho los grupos parlamentarios. Han rechazado
todas y cada una de las enmiendas que hemos presentado los grupos parlamentarios. Incluso, y esto es paradójico, ustedes han rechazado hablar, discutir, analizar el contenido de algunos artículos que han sido enmendados por todos los grupos de la
Cámara tanto en el Congreso como en el
Senado. Van a aprobar ustedes, señores del Partido Popular, una ley que no tiene consenso político, esto es evidente, pero tampoco tiene el consenso de los operadores de la cadena alimentaria, que cada vez con más claridad critican los
contenidos de esta ley. Señor ministro, es una ley mal construida. Es una ley -y usted lo sabe, señor ministro- frágil, frágil, que va a tener un recorrido corto. Es una ley que no fue sometida para su análisis al Consejo de Estado y tendría que
explicar -no sé si va a intervenir- por qué siendo usted además abogado del Estado en una ley de legislación de comercio, que tiene que convivir con legislación europea, española, amplias leyes, decide no remitirla al Consejo de Estado y deja aquí
amplios ámbitos de dudas de legalidad en el contenido de la ley.
La ley, como ya se les ha dicho, señores del Partido Popular, señor ministro, tiene fallos flagrantes; en primer lugar, en el primer artículo en el ámbito de aplicación. ¿Por qué, señor ministro, una ley que pretende regular la cadena
alimentaria deja fuera de la regulación a amplios sectores de la contratación? ¿Cómo le va a explicar usted a un empresario de la industria láctea o enológica, del vino o de la carne que tiene que asumir obligaciones en relación con lo que compra a
los agricultores y ganaderos y le deja usted en manos de la distribución, fuera del amparo de la ley en sus relaciones con la distribución alimentaria? Usted tiene que explicar por qué no ha querido, como le piden todos los operadores, regular
bien, seriamente, el capítulo de prácticas abusivas. ¿Por qué no han querido llevar a la ley aspectos que algunos presidentes del Partido Popular han firmado que tienen que ver con la venta a pérdida, con las prácticas abusivas? ¿Por qué no han
aceptado regular en España, igual que en Francia, el tema de mediador de contrato? Han introducido una enmienda en relación con los mediadores de contratos que no sólo le voy a decir mi opinión, que es que vamos a votar en contra, sino que quienes
lo han analizado dicen que la formulación que ustedes nos traen hoy aquí a votación es absurda y que no servirá para nada. Ha mandado usted, señor ministro, una ley desde el punto de vista de lo que es el régimen sancionador frágil, una lábil, no
valen para nada las multas que usted impone, va a ser más barato pagar la multa que someterse al imperio de la ley.
En definitiva, ustedes plantean un sistema, darle todo el control de la contratación alimentaria a la Agencia del Aceite de Oliva, que son cuatro, usted lo sabe, señor ministro, y dice la ley que no puede incrementar ni medios personales ni
técnicos. ¿Qué control va a hacer la Agencia del Aceite de Oliva si no tiene ni medios, ni competencias ni los va a tener en el futuro? En definitiva, les vuelvo a repetir que quede claro que nosotros quisimos comprometernos con ustedes en la
tramitación de esta ley que consideramos importante, pero ustedes han negado cualquier oferta de colaboración, han aprobado una mala ley, una ley que desde nuestro punto de vista no solo defrauda a la oposición, sino que defrauda todas las
expectativas que los distintos operadores de la cadena alimentaria habían puesto en la misma.
Hoy vienen a votación siete enmiendas, una es del Grupo Socialista, una pequeña cosa que ustedes han aceptado. Lógicamente, la votaremos a favor. Votaremos a favor también una enmienda que habíamos presentado prácticamente con el mismo
texto, que tiene que ver con la realización de estudios e informes por las organizaciones de consumidores y cinco enmiendas más del Grupo Popular, más otras enmiendas exclusivamente del Grupo Popular, que lógicamente votaremos en contra. Han hecho
ustedes un verdadero ejemplo de desprecio político a las minorías, a la oposición, y su responsabilidad con esta ley será total, en los éxitos y en los fracasos.
Muchas gracias. (Aplausos.-El señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Arias Cañete, pide la palabra).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Alonso.
Señor ministro, ha pedido usted la palabra.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Señora presidenta, yo no pensaba intervenir en este debate, pero escuchando la intervención del señor Alonso no puedo dejar pasar, en nombre del Gobierno, este
trámite. Porque el señor Alonso no es un extraterrestre que ha aterrizado en esta Cámara, es un diputado socialista que era diputado socialista (Rumores y protestas.-Un señor diputado: ¡Qué listo eres!-El señor Campos Arteseros: ¡Hombre, claro
que no!) -señores, no se alteren- cuando el 15 de julio del año 2011 el Partido Socialista Obrero Español -entonces en el Gobierno- presentó el proyecto de ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Señor Alonso, aquí
está la filosofía de su partido. Todo lo que usted le pide al Gobierno hoy fueron incapaces de plasmarlo en este proyecto. (Varios señores diputados: ¡Muy bien, muy bien!-Aplausos). Por lo tanto, usted está haciendo hoy gala de un enorme cinismo
parlamentario. Usted cuando está en el Gobierno no hace nada por la cadena alimentaria. Ocho años sin hacer nada.
(Rumores y protestas). Mes de julio de 2011, un proyecto que no dice nada y se lo voy a poner de manifiesto: Contratos, no hay nada, este Gobierno establece la obligatoriedad de los contratos escritos; mediador en los contratos, no lo
regulan, lo regulamos en el código de buenas prácticas; plazos de pago, no los regulan, por primera vez este Gobierno establece el incumplimiento de plazos como sanción administrativa; subastas electrónicas, no las regulan, las regulamos;
conservación de documentos, no las regulan; prácticas comerciales abusivas como la modificación unilateral de contratos y pagos comerciales, no las regulan, nosotros las prohibimos. Continúo: suministro de información obligatorio, no lo regulan;
gestión de marcas, no lo regulan; código de buenas prácticas comerciales, no establecen nada. Usted se ríe del Observatorio de la cadena alimentaria y de la agencia. Señoría, por primera vez en España hay un organismo, La Agencia del Aceite de
Oliva, que es capaz de controlar qué está pasando en el mundo del aceite. Tenemos funcionarios, presupuesto y medios para ver qué pasa en la cadena alimentaria. Régimen sancionador, la ley socialista no tiene ni una sanción por incumplimiento y
prácticas abusivas y esta ley sí las contiene.
Señor Alonso, se puede hacer política, se puede hacer oposición, pero no se puede ser tan vacío. (Rumores). Esta ley es la ley más avanzada de la Unión Europea. La Comisión Europea la está usando como referencia para la futura legislación
comunitaria. Somos el primer país que ha dado pasos en esta dirección con una ley coercitiva -y usted dice que los sectores no la quieren-. Es la primera vez que se regula este tema. ¿Se podrá ir mejorando? Sin lugar a dudas y hay grupos, como
Convergència, que lo han dicho. No es el final, es el principio, por supuesto. Pero es la primera vez, en toda la democracia, que un Gobierno interviene en la cadena alimentaria. Estuvieron ustedes ocho años y no hicieron nada y ahora usted
critica a este Gobierno lo que hace. No tiene usted ninguna legitimación activa para hacer esta crítica. Ninguna. Ninguna. (Aplausos.-Rumores y protestas).
Este Gobierno se ha tomado en serio el sector agroalimentario, ha puesto en marcha una ley de la cadena. Será mejorable, como toda obra humana, pero es el primer paso. Este Gobierno ha tenido el valor de dar el primer paso. Ustedes no lo
hicieron. (Rumores). Nosotros estamos del lado de los agricultores, del lado de la industria agroalimentaria, del lado del equilibrio en la cadena, ¿ustedes de qué lado estaban? Si no hicieron nada diga usted de qué lado estaban. Nosotros de los
agricultores, de la industria agroalimentaria, de la transparencia y del equilibrio. Podremos mejorar, pero hemos llegado al máximo que la legislación de la competencia europea admite. Al máximo. Dice usted que no regulo la venta a pérdidas.
¿Sabe usted por qué? Porque si hubiera regulado que la venta a pérdidas es una infracción administrativa, ¿sabe quién sería el sujeto responsable? El agricultor que vende a pérdidas, y yo no estoy dispuesto a sancionar al agricultor.
(Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!). ¿Usted está dispuesto? Dígalo. Porque la ley sanciona la venta a pérdidas de aquel que vende por debajo del costo de producción para ganar mercado, y eso incluye al agricultor y a la industria, por eso
no lo hemos regulado. Hemos puesto el mediador en el código de buenas prácticas comerciales.
Señor Alonso, este Gobierno se toma las cosas en serio, hace reformas... (Rumores y protestas). Pero, vamos a ver, lecciones en materia de apoyo a la agricultura y a la industria agroalimentaria que no las dé el Grupo Socialista. La renta
agraria cayó todos los años de Gobierno socialista. (Aplausos.-Rumores). En la Unión Europea han perdido ustedes todas las batallas. Nunca las daban. Ustedes llegaban a Bruselas y decían: Lo que me ofrecen es maravilloso; qué éxito he
obtenido; me han dado lo que quería. (Rumores). Pues mire usted, nosotros hemos dado todas las batallas y las seguiremos dando. Este es el primer paso, como es la ley de las cooperativas, para que el sector tenga instrumentos. ¿Se podrán
mejorar? Sin duda. ¿Los grupos parlamentarios, cuando veamos el funcionamiento, podrán ver las imperfecciones? Sin duda. ¿Tendremos que oír a los grupos parlamentarios? Sin duda. Pero este es el mayor paso que hemos conseguido y es un paso
adelante. ¿Usted lo quiere devaluar? Yo lo pongo en valor. Ahora, el sector agroalimentario tiene un instrumento que puede utilizar y estoy seguro de que a los agricultores, organizaciones agrarias, cooperativas e industria alimentaria lo valoran
y nos lo dicen. A usted no sé lo que le cuentan, la UPA, organizaciones próximas a ustedes; pero a nosotros la gente nos cuenta que es la primera vez que un Gobierno interviene en la cadena agroalimentaria. O sea que haga usted memoria histórica
y no critique. Enriquezca el debate. Hemos llegado al máximo que permite la legislación. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Y ahora estamos queriendo que la legislación europea consolide horizontes más ambiciosos cambiando la
legislación de la competencia, en la que su comisario, señor Almunia, algo tendrá que decir; porque si no podemos llegar más lejos en temas de competencia tiene un responsable, y no está en estas filas sino en las suyas.
Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo!-Prolongados aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Aunque no he estado presente parece claro que usted, señor Alonso, ha sido aludido (Risas.-Rumores), así que tiene la palabra.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Muchas gracias, señor presidente.
No esperaba yo que el señor ministro de Agricultura, buen amigo mío (Risas.-Rumores), quisiera hoy sustituir en el Pleno al gran ausente (Rumores.-Aplausos) y que haya hecho esta intervención tan apasionada no sabemos si para justificar, si
es eso lo que está justificando, la ausencia del presidente en este debate. (Rumores y protestas.-Aplausos).
Señor presidente, me va a permitir dos reflexiones nada más. La primera es un consejo de amigo, señor ministro, tranquilidad, que me parece que pierde usted los nervios después de tantos años. (Rumores.-Varios señores diputados: No,no).
Sí, sí, yo creo que usted interviene aquí movido por la pasión que le lleva la defensa de la agricultura, no creo que ni un milímetro más que la mía, pero pierde la razón que tenga con las formas que expresa, que creo que no son correctas.
(Rumores). Señores del Gobierno, yo creo que pierde la razón con esa beligerancia con la que habla.
Señor ministro, usted tiene mayoría. Usted tiene un nombramiento hecho por el gran ausente, pero usted no me puede acusar a mí de falta de legitimidad, que tengo tanta como usted o más. (Aplausos). Falta de legitimidad que ustedes tienen
y que, por lo que hacen últimamente despreciando la democracia en este país, están perdiendo a mansalva. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos.-Rumores y protestas). Muchas gracias, señores del PP, por el respeto.
Señor ministro, usted decía que intervenía por las cosas que yo le preguntaba. Le he preguntado una cosa concreta, por qué usted, señor ministro de Agricultura, abogado del Estado en ejercicio, ha tomado la decisión en esta ley de no
someterla a la consideración del Consejo de Estado. Le he preguntado por qué. Porque seguramente usted sabe que ha metido al Parlamento, al Congreso, y a su grupo en un gran berenjenal con una ley que tiene muchísimas dudas de legalidad para usted
y para todos los que la analicen. Y si tiene lo que tiene que tener, de lo que otras veces ha presumido, conteste a la pregunta que yo le he hecho, con respeto: ¿por qué no ha remitido al Consejo de Estado este proyecto de ley? (Rumores y
protestas). Y deje de analizar el del Gobierno socialista, porque el del Gobierno socialista ya quedó aquí para los anales. Hoy estábamos discutiendo su proyecto, el que usted ha remitido que hoy se va a aprobar con los votos del Partido Popular y
que, vuelvo a repetir, no cumple las expectativas, tiene serias dudas de legalidad y yo le pido que lo explique. (Una señora diputada: ¡Muy bien!-Aplausos.-Rumores).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alonso.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Señor Alonso, usted sabe que usted y yo podemos discrepar políticamente, pero tenemos una relación de amistad personal consolidada. (Rumores.-Risas.-Varios
señores diputados: ¡Aaah! ¡Sí, claro!). Es verdad, señorías, no se pongan ustedes nerviosos. (Rumores). La política es una cosa y las relaciones personales son otra. Y cuando yo le digo que usted no tiene legitimidad, o sea, cuando uno ha
aprobado un proyecto de ley como el socialista, ¡hombre!, tiene que ser prudente, porque ya se sabe lo que piensan los socialistas, está escrito. Entonces, señor Alonso, yo voy a hacer una cosa muy sencilla. Yo no pretendo que usted reconozca aquí
que tengo razón en mis argumentos. Yo le voy a pedir a un ujier que, por favor, le entregue al señor Alonso el Boletín Oficial de esta Cámara de 15 de julio de 2011 -y curiosamente 16 de julio de 2013- y que en la intimidad me conteste cuál de los
dos... (Risas.-Rumores). ¡En la intimidad de una carta, señorías! Señorías, no se pongan nerviosos. Que en una carta me conteste....
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, mándele a la Mesa los papeles que sean. Yo se los paso al señor Alonso y vamos a seguir adelante, que llevamos mucho retraso. (Aplausos).
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Señor presidente, siempre acataré las instrucciones de la Presidencia. Que se manden a la Presidencia los dos boletines, que se le manden al señor Alonso, pero
que el señor Alonso, en una correspondencia epistolar veraniega, se los estudie y conteste con honestidad. (Protestas). No le niego la legitimidad, pero le presumo la honestidad para que conteste con honestidad.
Muchas gracias. (Rumores.-Aplausos.-Hace entrega de un documento a la Mesa).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Pérez Lapazarán.
El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Señor presidente, señorías, después de asistir a este debate, vemos que el Gobierno del Partido Popular tiene Ministerio de Agricultura, cuestión que el Partido Socialista y su Gobierno no tenían; que tenemos
políticas; que tenemos proyectos y que tenemos pasión por la defensa de la agricultura en la Unión Europea. (Rumores.-Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!). Y después de escuchar las intervenciones de los diferentes portavoces de los grupos
parlamentarios, quisiera hacer una serie de valoraciones de tipo general sobre la ley que hoy vamos a aprobar.
Esta es una ley importante que afecta a un sector tan estratégico como es el sector alimentario, pero también, como ha dicho el ministro, es una ley novedosa y pionera en la Unión Europea; es una ley demandada y valorada positivamente por
las organizaciones agroindustriales y también cooperativas, y por supuesto es una ley que pretende dar soluciones a los problemas históricos que afectan a toda la cadena alimentaria, en especial a los más desfavorecidos como puedan ser los primeros
eslabones de la cadena, cuestión a la que antes nadie, ni el Gobierno anterior ni el anterior, quiso dar soluciones. Con las medidas que hoy se incluyen en el Senado los objetivos iniciales de esta ley todavía se incrementan, se mejoran y se
amplían. Esto es lo se ha hecho con esta ley. Una ley que no puede traspasar una línea roja en materia de competencia, que no puede traspasar una línea roja en materia de competencia desleal, que no puede traspasar esa línea roja en materia de
morosidad, en materia de regulación de mercados ni por supuesto en nuestros compromisos que tenemos en la Unión Europea. Hay que ser serios y hoy vamos a probar unas enmiendas que afectan a sectores como son los sectores agrarios.
La primera cuestión que quisiera resaltar se refiere a la introducción de la figura de mediación; mediación para resolución de conflictos que puedan surgir en la contratación y que se incluyen en el artículo 6. El mediador es una figura
que servirá para resolver problemas, sin lugar a dudas para el beneficio de un sector tan necesitado como es el sector agrario, y sobre todo esta figura de la mediación va a afectar al sector lácteo español que tiene una gran importancia en toda la
cornisa cantábrica y muy en particular en comunidades como Galicia. Todo ello con el objetivo de acercar posiciones entre organizaciones, productores y compradores en la venta de sus productos y en un supuesto muy concreto como es en el de la
formación de precios y en la disfunción que pueda haber en este tipo de situaciones. Señorías, esto es buscar soluciones reales para los agricultores y ganaderos, soluciones legales, soluciones similares a las puestas en práctica en países como
Francia. Esto es lo posible y no lo que proponen algunos grupos que se aproximan a las economías intervenidas, que no son muy proclives ni tienen cabida en la Unión Europea.
La segunda cuestión importante que se someterá hoy a votación y que a nuestro juicio mejora el proyecto de ley, que principalmente también afecta al sector lácteo, se refiere a los fines generales de la agencia de información y control de
alimentos. Esta agencia también se crea en esta ley, ya que no se hizo en la anterior ley porque no se aprobó. Es una agencia que gestionará los sistemas de información y con todos los mercados. Esta agencia, en principio y en la redacción
inicial de la ley, se centraba en el sector oleícola y en aquellos sectores que reglamentariamente se organizan, ahora se introduce incluso al sector lácteo para seguir un control sobre estos sectores. Estas enmiendas cumplen con todos los
compromisos que tenía el Partido Popular en comunidades que producen leche, como puede ser la comunidad gallega, donde se comprometió a establecer ese tipo de medida. La tercera cuestión a destacar y que se introduce en el trámite del Senado se
refiere a la realización y difusión de estudios y análisis sobre productos agroalimentarios, una cuestión que es muy importante y que aquí ha sido criticada por el señor Cantó. Sin embargo, cualquier difusión de estudios y análisis de alimentos
tiene que tener la seguridad en la difusión pública, en la garantía, en el rigor, y todo esto para favorecer al consumidor y sobre todo para no generar problemas en los mercados, ya que una disfunción errónea o una mala transmisión a la opinión
pública puede generar unos problemas en los mercados inasumibles.
En cuanto al reconocimiento de las organizaciones interprofesionales, lógicamente aquí reconocemos la posibilidad de eliminar esas organizaciones interprofesionales cuando no cumplan su función.
Para finalizar, ya lo ha dicho el ministro en cuanto a la intervención del Grupo Socialista, la ley que publicaron en junio de 2011 no contemplaba contratos ni plazos de pago ni subastas electrónicas ni conservación de documentos ni
prácticas comerciales abusivas ni suministros de información ni régimen sancionador ni control sobre la cadena; es decir, hicieron una ley que no la pudieron aprobar por mala que era esta ley. Esta ley aborda todas las cuestiones que le he
comentado y aborda todas las recomendaciones
que se han hecho en las reformas de la política agraria comunitaria y también en los diez principios que se han propuesto para la aprobación de la próxima reforma. Somos el primer país que aborda esta cuestión con una ley que puede tener
sus efectos, pero es una ley valiente y pionera. Nosotros creemos que todo esto va a ir en beneficio del agricultor, del ganadero, de la industria, del consumidor y de todo el sector agroalimentario español.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez Lapazarán.
- PROYECTO DE LEY DE FOMENTO DE LA INTEGRACIÓN DE COOPERATIVAS Y DE OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS DE CARÁCTER AGROALIMENTARIO. (Número de expediente 121/000038).
El señor PRESIDENTE: Enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario. En primer lugar, por el Grupo Mixto tiene la palabra la
señora Jordà i Roura.
La señora JORDÀ I ROURA: Gracias, presidente.
Intervendré de manera muy rápida. Para nosotros el presente proyecto de ley se carga el modelo tradicional de cooperativismo para imponer un modelo ideológico neoliberal, explicando a las cooperativas agroalimentarias, si me permite, el
cuento de la lechera. Contra el modelo de cooperativismo enraizado y vinculado a una comunidad, gestionado de manera cercana, directa e independiente por los cooperativistas y donde los beneficios revierten en pro de esta comunidad, ustedes imponen
una perspectiva mercantilista de las cooperativas en que se fomenta la concentración de poder y se obvia la función social y comunitaria de las cooperativas. Una cooperativa, a nuestro entender, debe ser eficaz económicamente pero no puede tener
solo una dimensión económica. Una cooperativa no es una empresa convencional, y aunque entre otras cosas pretenda satisfacer unas necesidades y a la vez unas aspiraciones económicas, su éxito no está determinado por el incremento continuo de su
cuenta de resultados porque, en definitiva, tiene una función social y unos principios éticos y a la vez también morales.
El presente proyecto de ley no solo obvia todos estos valores y principios que definen lo que es una cooperativa, sino que más bien destila unos valores difícilmente compatibles con ellos, por no decir abiertamente contrarios. La creación
de unas entidades supraautonómicas, que además están obligadas a la comercialización conjunta de toda la producción para poder recibir ayudas, no nos parece que sea compatible con el modelo de enraizamiento territorial, gestión democrática y
beneficio comunal, y lo que es peor aún, además de abrir la puerta a fórmulas asociativas que nada tienen que ver con las cooperativas, este proyecto de ley no supone un fomento del modelo mercantilista sino un chantaje para ello. Es decir, si
traicionáis vuestro modelo cooperativista y os integráis como grandes empresas, cobraréis subvenciones; si no lo hacéis, no las vais a cobrar. Esto, a nuestro entender, no es para nada ético. No rechazamos la oportunidad o la necesidad de
fomentar la integración de cooperativas, la intercooperación, la modernización o su competitividad. Eso también queremos dejarlo claro, pero consideramos que debe hacerse basándose en su esencia y no traicionando su modelo de éxito para embarcarlas
en una aventura mercantilista que creemos absolutamente experimental.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Solsona.
El señor SOLSONA AIXALÀ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Catalán de Convergència i Unió confiaba de manera sincera en que el Senado mejoraría esta ley. Esperábamos más sensibilidad, más flexibilidad y más apertura de miras a la hora de incorporar algunas de nuestras enmiendas
que para nosotros son clave para que no acabe siendo una ley más de esta gran coartada de la crisis. Con la excusa de la crisis, el Gobierno, artículo 149.1; donde no pueden legislar porque no son competentes, artículo 149.1. Nosotros desde
Convergència i Unió solo -digo solo en mayúsculas y con letra de cuerpo grande-, solo pedíamos que el ámbito supraautonómico no fuera un requisito indispensable para poder ser considerada cooperativa agroalimentaria prioritaria, o sea, para poder
recibir ayudas. Después del trámite del Senado, tampoco se aclara quién pagará y de dónde saldrán los fondos para ello. Nosotros, en las dos intervenciones que
hemos hecho en este tema, ya lo decíamos. Incluso el Grupo Popular, a la vez que nos replicaba, decía que lo que estábamos diciendo eran solo hipótesis. Pues las hipótesis poco a poco se están haciendo realidad. Ya dijimos en su momento
que esto se pagaría con la creación de un PDR nacional que se financiará reduciendo los PDR de las comunidades autónomas vulnerando lo establecido hasta la fecha. Hicimos en su momento, en el Congreso, una enmienda a la totalidad; nos abstuvimos
en la ponencia y lo hicimos como muestra de buena predisposición para que se atendieran nuestras enmiendas en el Senado. Por tanto, hoy en este trámite, nos sentimos de verdad decepcionados. Esta ley, en contra de lo que pretende excluye y no
incluye; vulnera competencias y empobrecerá -ya lo verán- los fondos europeos destinados a las comunidades autónomas provenientes de la nueva PAC.
En lo referente a la única enmienda que hay, la votaremos a favor ya que lógicamente participamos en la transaccional.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Solsona.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sicilia.
El señor SICILIA ALFÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, a esta Cámara que esta tarde nos acoge llega una enmienda que propuso mi grupo, que apoyaron el resto de fuerzas aquí representadas y que va a permitir que las cooperativas puedan hacer un uso y un aprovechamiento de los recursos
energéticos del medio rural. Una enmienda que propusimos ya en el anterior trámite, y que el Partido Popular no quiso admitir. Nos alegra por tanto que se hayan dado cuenta de la importancia que tenía esta acción que ahora sí vamos a poder
consentir a las cooperativas, y que va a cerrar un ciclo importante de actuación de nuestras cooperativas. Nos alegra ver que han entendido, no solo porque así se lo decíamos el resto de fuerzas políticas sino porque también las cooperativas les
decían que esta era una enmienda importante y vital para nuestras cooperativas. Es una muestra más de que esta ley que llegaba era un proyecto de ley muy mejorable. Ya se lo estuvimos diciendo durante todo el trámite de la misma. Era una ley muy
mejorable y así se ha ido demostrando pese a que han sido muy pocas las enmiendas que se han aceptado. Una ley que, como les decíamos, se quedaba corta; podía llegar mucho más lejos; una ley poco ambiciosa puesto que los fines que planteaba eran
unos fines muy difíciles de alcanzar y de lograr con los escasos medios que el ministerio ponía en cima de la mesa. Porque el ministerio lo más que nos propone son unas futuras ayudas aún por concretar y, eso sí, un título que podrá quedar muy
bonito en las paredes de nuestras cooperativas, pero poco más que eso.
Lo que le pedimos al ministerio es que llegara más lejos, que aprovechara esta oportunidad para pensar que el tejido cooperativista de nuestro país es muy distinto al del resto de Europa y que necesita apoyos y estímulos mucho más serios,
mucho más comprometidos. Eso se demuestra, señorías, con el apoyo presupuestario; un apoyo presupuestario que no aparece en la ley. Y lo que es más grave, como bien decía el anterior portavoz que hablaba antes que yo, parece ser que los fondos
que van a nutrir esta ley van a salir de las comunidades autónomas, detrayendo los fondos para desarrollo rural para hacer un programa nacional, pero como les digo detrayendo las acciones que puedan llevar a cabo las comunidades autónomas. Si el
ministerio cree verdaderamente que esta es una política importante -la del fomento del cooperativismo y de la integración- lo menos que podía hacer es disponer de fondos propios para nutrir esta ley en lugar de quitársela a las comunidades
autónomas, aunque es complicado que esto pueda hacerlo el ministerio puesto que lo único que hace, presupuesto tras presupuesto, es reducir las partidas que inciden en estos ámbitos.
Permítanme dos ejemplos, ya voy terminando. En el presupuesto de este año, en la partida para mejorar la organización de la producción y ordenación de los sectores productivos, el recorte respecto al presupuesto del año pasado es de un 40 %
o el recorte que se destina para el fomento del asociacionismo agrario es extraordinario puesto que ha pasado de los 2.300.000 del año 2012 a escasamente 100.000 euros para este año. Queda muy bien que el ministerio, que la ley nos proponga un
fomento del cooperativismo y un fomento de la integración de cooperativas, pero donde verdaderamente se ve la voluntad de un Gobierno para apostar por estas medidas es en el presupuesto y ese vemos como año tras año se reduce. Encima con esta norma
vemos como las comunidades autónomas pueden ver mermados sus fondos para desarrollo rural puesto que de ahí se pueden nutrir. Por tanto, vamos a apoyar la ley, en este caso a apoyar la enmienda, una enmienda que sale y que viene de nuestro grupo
apoyado por el resto de grupos, pero es una oportunidad perdida por parte del Gobierno y también por parte del grupo
mayoritario que apoya al Gobierno, para hacer una ley más ambiciosa, más avanzada que pueda poner al tejido cooperativista de nuestro país a la altura que ahora mismo tienen otros países con cooperativas potentes y fuertes, que pueden tratar
de tú a tú a la gran distribución y solucionar el gran problema que ahora mismo tienen nuestros agricultores y los cooperativistas, que es el problema de los precios. Insisto, con esta ley no se va a poder llegar al objetivo, la apoyaremos pero es
una oportunidad perdida. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señor ministro de Agricultura.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Señor presidente, con extraordinaria brevedad, quiero hacer una aclaración a esta Cámara. Se ha dicho por algunos portavoces que la financiación de las
actuaciones para la integración cooperativa y creación de entidades asociativas prioritarias se iba a hacer sobre la base de una reducción de los fondos de desarrollo rural para comunidades autónomas. Para tranquilidad de la Cámara, en el periodo
2007-2013 se perdieron más de 1.000 millones de euros en la negociación, pero en el periodo 2013-2020 el presidente del Gobierno consiguió que hubiera un sobre para España de 500 millones de euros adicionales. (Protestas.-Un señor diputado: ¿Un
sobre?). Señores, son las actas del Consejo Europeo, les moleste o no al Grupo Socialista. (Aplausos). Por lo tanto, lo que vamos a utilizar para financiar el programa nacional de desarrollo rural es el excedente que el Gobierno ha conseguido
sobre el periodo anterior, y a las comunidades autónomas les vamos a repartir lo mismo que tenían en el periodo anterior. Es decir, puedo tranquilizar a la Cámara diciendo que no va a haber las reducciones que el Grupo Socialista, el Gobierno
socialista impuso en el año 2007 a las comunidades autónomas. Les voy a repartir la misma cantidad que tenían, y el programa nacional será con el exceso fruto de la buena negociación,
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, señor Serrano.
El señor SERRANO CALURANO: Gracias, presidente.
Señorías, llegamos hoy a la finalización del trámite parlamentario para la aprobación de la ley de integración cooperativa y otras entidades de carácter agroalimentario. Esta ley no es un capricho del Gobierno, no ha sido un capricho del
ministro, ha sido una exigencia del sector agrario, ganadero y agroalimentario de nuestro país; una exigencia que viene de lejos, una exigencia que viene desde hace muchísimos años. Esta es una ley que va a permitir, junto con la ley de la que
hemos hablado anteriormente, la ley de la mejora de la cadena alimentaria, mejorar la posición de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos y de nuestra industria agroalimentaria en nuestro país y en el mercado. Es una ley que va a facilitar la
integración cooperativa para que nuestros agricultores se posicionen mejor. Ha llegado la hora, señorías, de hacer una integración cooperativa a nivel nacional, ya no vale tener una, dos o tres cooperativas en cada pueblo; ya no vale hacer
integraciones cooperativas comarcales o regionales, que vale que se han hecho y ahí están; ahora lo que prima es hacer integración cooperativa supraautonómica y de carácter nacional para posicionarse en el mercado porque si no nuestras cooperativas
estarían absolutamente fuera de todo mercado.
Les voy a dar unos datos que son significativos, señorías. Tres cooperativas de los Países Bajos facturan 22.095 millones de euros; las 3.918 cooperativas españolas facturan 17.405 millones de euros. La primera cooperativa española
factura 1.005 millones de euros y la primera cooperativa del top 10 de la Unión Europea factura 9.500 millones de euros. Fíjense ustedes si tenemos camino que recorrer y fíjense ustedes lo necesaria que es esta ley, sobre todo para el sector. Es
una ley que no solo va a potenciar la integración cooperativa, sino que también va a potenciar sin duda alguna el desarrollo en la zona rural. Va a servir como motor económico porque las cooperativas van a poder hacer actividades que no estaban
contempladas anteriormente. Para ello modificamos la Ley 27/1999, para abrir esa diversificación al mundo cooperativo.
Contesto a algunas de las intervenciones que ha habido. Al señor Cantó, de UPyD, hay que decirle que el tamaño sí importa, en este caso. (Risas y aplausos). Si no importase el tamaño, para qué vamos a fusionar cooperativas. Si aquí no
hacemos grupos cooperativos más potentes y de mayor tamaño, para qué nos vamos a molestar. La señora Jordà, de Esquerra Republicana, dice que es el cuento de la lechera. Yo creo que se equivoca, no es el cuento de la lechera; ustedes siempre con
la misma historia, pero le tengo que decir de otra manera cariñosa: siempre vuelve la burra al trigo. Ustedes siempre con lo mismo, con el victimismo y con la vuelta a la empresa del siglo XVI, pero estamos en el siglo XXI, hay que competir en un
mercado globalizado y para eso necesitamos tejido y músculo productivo. A Convergència i Unió, señor Solsona, no le hemos aceptado ninguna enmienda. El requisito de supraautonómico es imprescindible, es decir, o integramos cooperativas y
hacemos grupos de cooperativas nacionales o esto no tiene solución. Integrar cooperativas dentro de una comunidad autónoma no tiene sentido, ya lo estamos haciendo y lo están haciendo ustedes en las propias comunidades autónomas. El resultado que
ha sido es el que le he comentado anteriormente, tres cooperativas de los Países Bajos facturan aproximadamente 22.000 millones de euros y pico, y 3.918 cooperativas españolas facturan 17.000 millones. Ese es el resultado de lo que se está haciendo
hasta ahora, por lo tanto, hay que cambiarlo. El portavoz del PSOE dice que es mejorable, poco ambiciosa, que hay que llegar más lejos, que necesita más apoyo económico y más fondos del PDR. Y lo dice quien ha estado en el Gobierno siete años y no
ha movido un duro por el sector cooperativo (Una señora diputada: ¡Bien!-Aplausos), y lo dice quien ha estado en el Gobierno y no ha hecho absolutamente nada por el sector cooperativo y por el sector agroalimentario de nuestro país.
Termino, señor presidente. Quiero agradecer al señor ministro de Agricultura y al Gobierno del Partido Popular (Varios señores diputados: Oh). Sí, sí, porque después de ocho años penando el sector por el desierto pidiendo una ley de
integración cooperativa, y hemos tenido que llegar los del Partido Popular para hacerla, ya que ustedes fueron incapaces, señores, incapaces (Aplausos). Quiero agradecer al ministro el esfuerzo que ha hecho para que esta ley se presente en tiempo y
forma fuera de esta Cámara para aplicarla nuevamente. Igualmente, quiero agradecer a Cooperativas Agroalimentarias de España -estando aquí su presidente, su director general y otras personas- el trabajo que han realizado para la elaboración de esta
ley. Ellos han sido los verdaderos promotores, por lo que hay que agradecerles el que se haya hecho de verdad un trabajo muy eficiente y muy bueno. (Aplausos). Y nuestro agradecimiento también al sector, a las organizaciones agrarias, a Asaja,
UPA y COAG, que han trabajado codo con codo para que esta ley sea hoy una realidad.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Serrano.
Ocupen los escaños para proceder a la contabilidad de los diputados existentes.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN).
- PROYECTO DE LEY DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES Y SU INTERNACIONALIZACIÓN. (Número de expediente 121/000052).
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones. No hay muchas pero sí bastantes, o sea que pido a todos atención y paciencia. Empezamos con las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas por los Grupos Parlamentarios
Mixto, Vasco, La Izquierda Plural y Socialista al proyecto de ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
Se han emitido cuatro votos telemáticos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 120; en contra, 195; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN).
- REAL DECRETO-LEY 7/2013, DE 28 DE JUNIO, DE MEDIDAS URGENTES DE NATURALEZA TRIBUTARIA, PRESUPUESTARIA Y DE FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO Y LA INNOVACIÓN. (Número de expediente 130/000037).
El señor PRESIDENTE: Convalidación o derogación del Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación.
Se han emitido cuatro votos telemáticos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 182; en contra, 133; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el real decreto-ley.
Como ha sido solicitado ya por algún grupo, para que este decreto-ley sea tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, vamos a someter a votación esa tramitación.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 138; en contra, 180.
El señor PRESIDENTE: No se tramitará como proyecto de ley.
- REAL DECRETO-LEY 8/2013, DE 28 DE JUNIO, DE MEDIDAS URGENTES CONTRA LA MOROSIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DE APOYO A ENTIDADES LOCALES CON PROBLEMAS FINANCIEROS. (Número de expediente 130/000038).
El señor PRESIDENTE: Votamos el Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas financieros. Hay cuatro votos telemáticos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 196; en contra, 17; abstenciones, 106.
El señor PRESIDENTE: Queda convalidado el real decreto-ley.
Vamos a votar ahora la tramitación como proyecto de ley. Ha habido también cuatro votos telemáticos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 138; en contra, 180.
El señor PRESIDENTE: No se tramitará como proyecto de ley.
- REAL DECRETO-LEY 9/2013, DE 12 DE JULIO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD FINANCIERA DEL SISTEMA ELÉCTRICO. (Número de expediente 130/000039).
El señor PRESIDENTE: Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. También hay cuatro votos telemáticos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 180; en contra, 138.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Vamos a votar ahora la tramitación del real decreto-ley como proyecto de ley. Hay cuatro votos telemáticos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 135; en contra, 180.
El señor PRESIDENTE: No se tramitará como proyecto de ley.
ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN):
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE APOYO AL EMPRENDEDOR Y DE ESTÍMULO DEL CRECIMIENTO Y DE LA CREACIÓN DE EMPLEO (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 4/2013, DE 22 DE FEBRERO). (Número de expediente 121/000043).
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar ahora las enmiendas aprobadas por el Senado en primer lugar al proyecto de ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. Vamos a votar en primer lugar la
enmienda al artículo 7.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 210; en contra, 5; abstenciones, 96.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda a la disposición transitoria segunda.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 197; en contra, 21; abstenciones, 93.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda a la disposición final séptima.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos emitidos, 311; a favor, 291; en contra, 15; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE INCORPORAN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL LAS DIRECTIVAS 2010/84/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 15 DE DICIEMBRE DE 2010, SOBRE FARMACOVIGILANCIA, Y 2011/62/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO, DE 8 DE JUNIO DE 2011, SOBRE PREVENCIÓN DE LA ENTRADA DE MEDICAMENTOS FALSIFICADOS EN LA CADENA DE SUMINISTRO LEGAL, Y SE MODIFICA LA LEY 29/2006, DE 26 DE JULIO, DE GARANTÍAS Y USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS.
(Número de expediente 121/000046).
El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Senado al proyecto de ley por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español las Directivas 2010/84/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, etcétera. Enmiendas a los apartados 4, 24 y 68 del
artículo único, a la disposición adicional cuarta, a la disposición final segunda y a la disposición final séptima.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 191; en contra, 105; abstenciones, 7.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas a los apartados 23, 26, 27 y 50 del artículo único.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 287; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas al apartado 35 del artículo único.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 190; en contra, 10; abstenciones, 102.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas al apartado 37 del artículo único.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 283; abstenciones, 19.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Resto de las enmiendas del proyecto.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 190; en contra, 9; abstenciones, 103.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA CADENA ALIMENTARIA. (Número de expediente 121/000037).
El señor PRESIDENTE: Enmiendas al proyecto de ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. En primer lugar, enmiendas al artículo 16 y a la disposición adicional primera.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 179; en contra, 111; abstenciones, 9.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas a la disposición adicional segunda y a la disposición adicional cuarta.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 283; en contra, 15; abstenciones, 7.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Resto de las enmiendas del Senado a este proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 179; en contra, 108; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- PROYECTO DE LEY DE FOMENTO DE LA INTEGRACIÓN DE COOPERATIVAS Y DE OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS DE CARÁCTER AGROALIMENTARIO. (Número de expediente 121/000038).
El señor PRESIDENTE: Ahora vamos a votar conjuntamente todas las enmiendas del Senado al proyecto de ley de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario. Se votan en bloque.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 297; abstenciones, 6.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Se levanta la sesión.
Eran las seis y cincuenta minutos de la tarde.
http://www.congreso.es Calle Floridablanca, s/n. 28071 Madrid
D. L.: M-12.580/1961 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Teléf.: 91 390 60 00
Edición electrónica preparada por la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado - http://boe.es