CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 117

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO

Sesión plenaria núm. 111

celebrada el jueves,

30 de mayo de 2013

ORDEN DEL DÍA:


Debates de totalidad de iniciativas legislativas:


- Proyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 19-1, de 7 de septiembre de 2012. (Número de expediente 121/000019) ... href='#(Página3)'>(Página3)


- Proyecto de ley para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 44-1, de 5 de abril de 2013. (Número de
expediente 121/000044) ... (Página41)


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página57)


Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página58)


Avocación por el Pleno ... (Página58)


Avocación por el Pleno ... (Página59)


Corrección de error ... (Página59)

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SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página3)


Proyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno ... (Página3)


La señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia (Saénz de Santamaría Antón) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.


En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución y de texto alternativo intervienen el señor Baldoví Roda, las señoras Oramas González-Moro y Fernández Davila y el señor Bosch i Pascual, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores
Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Jané i Guasch, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Contesta la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia.


Replican el señor Baldoví Roda, la señora Fernández Davila y el señor Bosch i Pascual y duplica la señora vicepresidencia del Gobierno y ministra de la Presidencia. Interviene de nuevo el señor Bosch i Pascual.


Continúan la réplica los señores Olabarría Muñoz, Martínez Gorriarán, Nuet Pujals y Jané i Guasch y duplica de nuevo la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Batet Lamaña, del Grupo Parlamentario Socialista y el señor González Pons, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Proyecto de ley para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares ... (Página41)


El señor ministro de Industria, Energía y Turismo (Soria López) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.


En defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución y de texto alternativo intervienen el señor Quevedo Iturbe y la señora Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Mixto; la señor Ortiz Castellví del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA,
CHA: La Izquierda Plural y el señor Segura Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) y Mariscal Anaya, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página57)


Sometida a votación la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la distribución entre administraciones de los objetivos de déficit para 2013 y la efectiva participación de las comunidades autónomas en el aumento
neto de ingresos derivada del alza de impuesto, se rechaza por 139 votos a favor y 180 en contra.

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Sometida a votación la enmienda transaccional a la moción del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política económica del Gobierno y, en concreto, la que se deriva de la actualización del programa de estabilidad 2013-2016 y el programa
nacional de reformas remitidos a la Unión Europea, se rechaza por 138 votos a favor; 177 en contra y 4 abstenciones.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página58)


Sometidas a votación las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se rechazan por 21 votos a favor; 182 en contra, más 1 voto telemático, 183 y 117
abstenciones.


Sometida a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo al citado proyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se rechaza por 17 votos a favor; 287 en contra, más 1 voto telemático, 288 y 16
abstenciones.


Avocación por el Pleno ... (Página58)


Sometida a votación la avocación por el Pleno de este proyecto de ley, se aprueba por 320 votos a favor y 1 voto en contra telemático.


Sometidas a votación las enmiendas a la totalidad de devolución al proyecto de ley para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, se rechazan por 124 votos a favor;
176 en contra, más 1 voto telemático, 177 y 20 abstenciones


Sometida a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo al citado proyecto de ley para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, se rechaza por 104 votos a
favor; 175 en contra, más 1 voto telemático, 176 y 40 abstenciones.


Avocación por el Pleno ... (Página59)


Sometida a votación la avocación por el Pleno de este proyecto de ley, se rechaza por 145 votos a favor; 172 en contra, más 1 voto telemático, 173 y 2 abstenciones.


Se levanta la sesión a las dos y veinticinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:


- PROYECTO DE LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO. (Número de expediente 121/000019).


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.


Vamos a debatir las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Para la presentación del proyecto de ley, en nombre del Gobierno tiene la palabra la señora vicepresidenta
del Gobierno y ministra de la Presidencia.


La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Con la venia del señor presidente.

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Señorías, comparezco hoy ante el Pleno de esta Cámara para defender el proyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; para defender su oportunidad política inaplazable y con su defensa iniciar el debate
en esta Cámara de lo que serán un conjunto de iniciativas de reforma institucional que la sociedad demanda y la democracia precisa para mantener el vigor y la fortaleza con que nació hace treinta y cinco años. Señoras y señores, las instituciones
son los cimientos de la arquitectura de un país; sin ellas no hay Gobierno ni sociedad civil, porque encauzan a largo plazo el comportamiento individual dentro de unos fines superiores que trascienden lo inmediato y lo particular. Sin
instituciones que garanticen la seguridad jurídica y que hagan eficaces la libertad y los derechos de todos no puede haber paz ni bienestar social sostenibles. Es urgente e inaplazable restablecer la salud institucional de nuestro país. Si no
abordamos una profunda estrategia de reformas institucionales nuestro futuro será extremadamente frágil. Si las reformas económicas son imprescindibles no lo son menos las que debe protagonizar el Estado a través de sus instituciones, empezando por
el Gobierno mismo y las administraciones. Tenemos claro el objetivo de las reformas, han de orientarse a despejar las sombras de arbitrariedad, falta de transparencia, burocracia e ineficiencia que en estos momentos no solo dificultan la capacidad
competitiva de España, sino que impiden a los ciudadanos reconocerse en sus instituciones. El cambio se impone a todos los niveles y con él un nuevo paradigma institucional que propicie la responsabilidad, la eficiencia, la flexibilidad y la
transparencia a la hora de encontrar soluciones que nuestra sociedad y el mundo demandan. De esto es de lo que trata esta ley de transparencia. No es la primera ni la última de las reformas institucionales que se debatirán en esta legislatura,
todos tenemos un mandato de estas Cortes Generales, aprobado el pasado mes de febrero, que cumplir en términos de regeneración democrática: reformar la Ley de Partidos, fortalecer su control económico-financiero, aprobar un estatuto del ejercicio
de funciones políticas, fortalecer el Tribunal de Cuentas, regular los lobbies y reforzar las herramientas para perseguir y sancionar los delitos relacionados con la corrupción política. Pero ya con la ley de transparencia se ejemplifica un cambio
de cultura institucional en el ejercicio de funciones públicas y en la ejemplaridad en los comportamientos privados que trasciende la ley misma. La transparencia se convierte en un valor y el buen gobierno en un marco ético, para que nuestras
administraciones, nuestras instituciones, recuperen la credibilidad y para que presten el servicio que demandan los ciudadanos en las condiciones de responsabilidad que merece nuestra sociedad democrática.


Señorías, estamos por tanto ante una ley necesaria e inaplazable, que desarrolla de manera completa un aspecto de nuestra Constitución, el artículo 105, cuando reconoce el derecho de los ciudadanos a acceder a los archivos y registros de la
Administración y en consecuencia impone a las administraciones la obligación de suministrar la información que en ellos se contiene. Hasta la fecha, esos derechos y sus consecuentes obligaciones tan solo han sido recogidos de manera parcial por el
artículo 37 de la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común, la conocida como Ley 30/1992, y por regulaciones sectoriales, como la legislación medioambiental o la de reutilización de información
del sector público. La falta, por tanto, de una verdadera y completa ley de transparencia es una de las lagunas más notables e injustificables de nuestro ordenamiento y cumple darle la solución que una reforma de este calado precisa, como decía,
por lo que supone de nuevos derechos y obligaciones, pero muy especialmente porque está llamada a implantar de forma diferente el funcionamiento de la Administración, las instituciones y su relación con los ciudadanos. En definitiva, una nueva
cultura de apertura política que impone el cumplimiento de objetivos y la responsabilidad en la gestión y facilita la rendición de cuentas de todos los servidores públicos, electos y no electos, políticos, altos cargos y empleados públicos en
general. Esta laguna es tanto más reprochable por cuanto desde junio de 2009 está abierto a la firma el Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos que como Estado tenemos intención de incorporar a nuestra legislación y
ratificar.


Por otro lado, la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno han aprobado, eso sí, con diferente amplitud, leyes de transparencia que también han servido de referente y modelo de la que debatimos hoy, como lo han sido las proposiciones
de ley que algunos grupos, como el Grupo Parlamentario Popular, presentaron la pasada legislatura, o el texto que elaboró el Gobierno anterior, que no llegó a presentarse a las Cortes Generales por su disolución anticipada. Todo ese trabajo quiero
reconocerlo hoy aquí, también el de las leyes que en el marco de su competencia de autoorganización han aprobado algunas comunidades autónomas o que están en fase de elaboración. Sobre esta base y ya desde los primeros meses de la legislatura, este
Gobierno ha apostado por las políticas de transparencia, y la ley de la que hablamos será, no tengan ninguna duda, la que marcará también un antes y un después en el funcionamiento de las instituciones en este año.

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Antes de exponer su ámbito de aplicación y contenido de esta ley, el fondo, permítanme que me detenga en las formas, en el procedimiento que se ha seguido para su elaboración. Este proyecto que hoy discutimos ha sido uno de los primeros en
ver la luz en el Consejo de Ministros. El día 23 de marzo de 2012 el Gobierno aprobó un texto inicial y acordó la apertura de un proceso de consulta pública electrónica para que los ciudadanos pudieran conocer y dar su opinión sobre el borrador.
Más de 80.000 personas participaron en él y aportaron 3.700 observaciones. También hemos querido escuchar a los expertos y lo hicimos a la hora de redactarla, y lo ha hecho esta Cámara al pactar la comparecencia en la Comisión Constitucional de
asociaciones, representantes de diversas instituciones y expertos que han dado su opinión sobre el texto propuesto por el Ejecutivo. Comparecencias extraordinariamente útiles, todas conscientes de la necesidad de dotarnos de una ley de esta
naturaleza y todas ellas con aportaciones constructivas y críticas enriquecedoras que, sin duda, ilustran este debate y lo ilustrarán cuando se trate de abordar las enmiendas parciales.


Algunas voces han criticado la lentitud parlamentaria en la tramitación de esta ley. Fue voluntad conjunta de los grupos y con ellos del Gobierno que antes de cerrar los plazos de enmiendas se pudiera escuchar a los expertos propuestos por
todos y cada uno. Creo que ha sido un acierto. Nos va a permitir llegar a conclusiones sobre mejoras a incluir en la ley, mejoras que la mayoría parlamentaria de esta Cámara, y con ella el Gobierno de la nación, tenemos el firme compromiso de
introducir en la ley de transparencia. Algunas de ellas fueron anunciadas por el presidente del Gobierno en el debate sobre el estado de la Nación. Así también se ha comprometido el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y los ponentes
del Grupo Parlamentario Popular en las reuniones mantenidas con los grupos políticos, y así se lo confirmo yo esta mañana y en esta sesión. Si el anteproyecto ya recogió sugerencias de los ciudadanos, el proyecto recogerá propuestas de todos los
grupos de esta Cámara. Primero, porque la ley de transparencia será una ley para todos y, segundo, porque entre todos haremos la mejor ley posible.


Señorías, esta ley de transparencia nació como una ley destinada principalmente a las administraciones públicas y a otros poderes del Estado cuando actuaban como tales. Se sigue con ello la redacción marcada por el Convenio del Consejo de
Europa como marco de aplicación esencial de la ley. Sin embargo, a lo largo de su tramitación se ha debatido la inclusión de otro tipo de instituciones públicas o incluso de agentes privados cuando desarrollen su actividad con fondos
sustancialmente públicos. La ley dará cumplimiento al acuerdo de una mayoría de esta Cámara en la propuesta de resolución consecuencia del debate del estado de la Nación y se incluirán en el ámbito de aplicación de la norma los partidos políticos,
las organizaciones empresariales y sindicales y aquellas entidades e instituciones que se financian esencialmente a través de dinero público. La primera institución que se va a incorporar de forma expresa en la norma será la Casa Real, que
responderá al mismo régimen de transparencia que se exige, por ejemplo, a esta casa, al Congreso los Diputados, al Senado o al Tribunal Constitucional. Con este nuevo avance, impulsado activamente por la Monarquía, la española se convertirá en la
primera ley de transparencia de Europa que incluye explícitamente a la Casa Real. Hasta ahora la casa del Rey, como otras, se autoexigían criterios de transparencia, pero nuestra Monarquía será la primera en someterse, como otras instituciones, a
una obligación legal de transparencia. También se incluirá al Banco de España, que será mencionado de forma expresa, tal y como pidió la propia institución, el Grupo Popular o el Bloque Nacionalista Galego.


Como decía antes, queremos que sea la ley de todos y en la que estemos todos. Esta ley de transparencia se convertirá así en una de las más avanzadas de nuestro entorno, pero podemos avanzar todavía más. Porque quiero anunciar que
apoyaremos la inclusión en la ley de transparencia de las entidades privadas que reciban una financiación pública relevante. Esto supone multiplicar el ámbito de aplicación de la ley y exige una fórmula equilibrada que tienda a criterios objetivos
y objetivables, que evite omisiones y asegure una eficaz adecuación a la realidad económica y social de cada momento. Sé que los grupos tienen posiciones y criterios diferentes, corresponderá y nos corresponderá a todos definir porcentajes o
cuantías mínimas que determinan esa relevancia en la financiación pública de sus objetivos y espero que seamos capaces de llegar todos a un acuerdo en esa determinación.


Este proyecto fijará, por tanto, unas obligaciones básicas, unos principios comunes de aplicación a todas las administraciones públicas que después deberán ser desarrolladas en las respectivas normativas autonómicas, pero concreta ya su
aplicación estricta y lo dejaremos además todavía más claro para la Administración General del Estado, sometida íntegramente a la regulación y al control de esta Cámara. El proyecto que hoy debatimos impone al sector público tres tipos de
obligaciones. La primera de publicidad

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activa; la segunda es la obligación de la garantía del derecho de acceso de los ciudadanos a la información -como es obvio, ambas constituyen las dos vertientes de la transparencia- y, en tercer lugar, el buen gobierno. El propósito de la
ley es que se ponga a disposición de todos los ciudadanos, sin necesidad de solicitud alguna previa, toda la información cuyo conocimiento se considere de interés y, en particular, información institucional de organización, de planificación, de
relevancia jurídica y de relevancia económica presupuestaria y estadística. Por ejemplo, y para empezar, información relativa a contratos, subvenciones, convenios y retribuciones de altos cargos. Se han suscitado dudas sobre si dentro de esta
información relevante se debe incluir el perfil profesional de los responsables de los diferentes órganos públicos. A nuestro juicio, esa siempre ha sido una información de relevancia institucional, pero para que no quede ninguna duda de que es
así, promoveremos, como reclaman algunos grupos, su inclusión expresa en la ley. Para hacer efectiva esta transparencia activa, y en el ámbito de la Administración General del Estado, pondremos en marcha el portal de la transparencia. Se concibe
como un punto de acceso único para que el ciudadano tenga a mano a golpe de clic toda la información disponible.


En segundo lugar, la ley de transparencia amplía las condiciones del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. Cualquier ciudadano podrá solicitar la información que desee a las administraciones, sin necesidad de motivarlo,
y con el único límite de que la petición no entre en conflicto con otros derechos e intereses igualmente protegidos, para que todos los españoles puedan controlar lo que es suyo y de todos, cómo se gestiona, cómo se decide y, a través de ese acceso,
hacer más efectivas las obligaciones éticas de responsabilidad y rendición de cuentas. Para ello, la ley establece un procedimiento más ágil y con más garantías, no solo como hasta ahora la derivada del principio constitucional de que todo acto
administrativo está sujeto al control de los tribunales. La ley establece un órgano independiente y autónomo encargado de vigilar la aplicación del principio de transparencia y resolver los conflictos que puedan surgir. El responsable de este
órgano deberá obtener el respaldo de la mayoría absoluta de este Parlamento y no podrá ser cesado más que por causas tasadas. Algunos de los comparecientes y algunos de los grupos han reclamado una mayor independencia y especialización de ese
órgano. Vivimos una época en que la austeridad es un deber para las administraciones públicas, por eso el Gobierno optó en un primer momento, para evitar la proliferación de organismos públicos, por atribuir esas tareas a un órgano preexistente
como era la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios, pero siendo muy conscientes de la relevancia que la transparencia ha ido tomando en el debate político y en la exigencia ciudadana, les anuncio la
voluntad de transformarla en un consejo de transparencia y buen gobierno, con los perfiles de mayor independencia y especialización que exige el espíritu de esta ley.


El tercer epígrafe es el del buen gobierno. Hace 1.900 años se preguntaba Plutarco quién gobernará entonces al gobernante. Y se contestaba citando a Píndaro: la ley, señorías, rey de todos, mortales e inmortales. Porque, decía, uno no
puede gobernar si no está bajo ninguna norma y necio es creer que la primera ventaja de gobernar es no ser gobernado. (Aplausos). Por tanto -me alegro, señora Lozano, de que le guste la cita-, esta es una norma de buen gobierno para los que
gobiernan. Hasta la fecha, en España los únicos principios de buen gobierno que existen en la Administración son un conjunto de recomendaciones incluidas en una orden ministerial, que fue bienvenida. Hemos querido reformar esos enunciados
programáticos y reforzarlos. En primer lugar, dándoles rango legal y, en segundo lugar, sistematizándolos con otros parámetros de exigencia a que están sujetos otros servidores públicos. Nos exigiremos más, no menos. Pero una ley es incompleta y
no perfecta, si estableciendo obligaciones, no fija garantías de su respeto y de su cumplimiento. Señorías, infracciones y sanciones. Cierto es que determinados enunciados atienden a obligaciones éticas, y, por tanto, en ocasiones difíciles de
medir, como demuestran las leyes de régimen disciplinario. Pero no creo que las dificultades en su definición justifiquen su no inclusión en la norma, todo es que trabajemos para que esa definición sea más clara. Para los altos cargos, para los
políticos, se tipifican tres tipos de infracciones: conflictos de intereses, gestión económico-presupuestaria e incumplimientos de naturaleza disciplinaria. Se ha pedido que se concreten las infracciones por incumplimiento de esta propia ley de
manera expresa, y así lo haremos, para quien obstruya el ejercicio del derecho ciudadano a la transparencia y al acceso a la información. He oído decir que las sanciones de esta ley son rigurosas, y ciertamente lo son, el mismo rigor que se exige a
los empleados públicos y que nos obliga o nuestra elección por los ciudadanos o la asunción de un compromiso realizado por sus representantes.


Indudablemente, uno de los aspectos básicos del buen gobierno lo es la correcta administración de los recursos públicos. Los avances de la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera han impuesto a las
administraciones nuevas obligaciones y responsabilidades en la gestión

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pública a nivel colectivo. Ahí está esa ley y se mantiene. Pero los ciudadanos demandan también una responsabilidad a nivel individual. En las comparecencias se ha debatido sobre la necesidad de preservar la competencia de cada
Administración para depurar la propia responsabilidad de sus gestores como consecuencia de los principios de autonomía y autoorganización. Señorías, al Gobierno le preocupa el que se sancione, el que se persiga, no tanto quien lo haga, sino que se
tenga la seguridad de que si hay responsabilidad, así se hace. Tampoco queremos que se vea esa exigencia de responsabilidad individual como un motivo de injerencia de unas administraciones en el personal de otras, especialmente cuando se trata del
ejercicio de un principio de autonomía política basada en la elección ciudadana. La creación de una autoridad fiscal independiente y el refuerzo de otros organismos de fiscalización pueden servirnos a tal fin. Su independencia les sitúa en la
mejor posición para velar por el estricto cumplimiento de la ley y poner en conocimiento de cada Administración las posibles vulneraciones a las normas de buen gobierno para que estas incoen el procedimiento y, en su caso, impongan la
correspondiente sanción. De eso es de lo que estamos hablando y debatiendo hoy aquí, señorías, de quienes tenemos responsabilidades públicas, que no debemos dejar nunca de sentir que cada día debemos dar cuenta a quienes nos han elegido o a quienes
servimos de nuestra gestión.


Reconstruir unas administraciones más útiles, más austeras y más cercanas es un requisito básico para que el ciudadano se sienta identificado en ella. Esa identificación solo es posible desde el conocimiento y la apertura, desde la
confianza, desde la ética, es decir, desde la transparencia y el buen gobierno. Esta Cámara ha impulsado, impulsa y va a seguir impulsando medidas de regeneración democrática, de fortalecimiento institucional y de lucha contra la corrupción. Les
pedimos cuantas sean necesarias, sin regatear esfuerzos. Hoy, la política exige una forma de pensar y de actuar ejemplar. Ejemplar para favorecer la confianza de los ciudadanos en sus gestores, en su capacidad para decidir y elegir lo mejor para
la sociedad. Hoy, la política exige que construyamos ese clima de confianza institucional porque las instituciones soportan la arquitectura social y hacen posible que esta se vertebre y se desarrolle responsablemente. Por eso, defiendo una
política con un profundo sentido institucional, que defienda por encima de todo la regeneración del valor de las instituciones, empezando por la primera, el Estado. Creo que esa política es clave para impulsar las reformas que España necesita,
asumiendo la madurez democrática y la altura de miras necesarias para afrontar una cultura colectiva en que la lealtad institucional adquiera un carácter prioritario y necesario. Asumir esa exigencia, en coherencia con la vocación de servicio
público que significa el ejercicio de la política, es la clave para recobrar buena parte de la confianza en nuestra labor y para evitar la desmoralización y desafección que afecta a parte de los ciudadanos y preocupa a todos los políticos. Creo que
este es probablemente uno de los retos más profundos que tenemos por delante, y apelo a lo que significa para reiterar la voluntad de diálogo del Gobierno y también del Grupo Parlamentario Popular del que formo parte, de llegar al acuerdo más amplio
posible con todos los grupos. Les ofrezco, por esta misma razón, que se unan a este empeño. Les ofrezco que trabajemos juntos y que hagamos una ley de transparencia en la que sus instituciones pero sobre todo sus ciudadanos puedan verse
reconocidos.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora vicepresidenta.


A este proyecto de ley se han presentado ocho enmiendas a la totalidad. De ellas, siete son enmiendas de devolución y una, que es de ERC, es de texto alternativo. Para la defensa de las enmiendas, en primer, lugar, tiene la palabra el
Grupo Parlamentario Mixto, que ya anuncio, como dije en la Junta de Portavoces, que dada la importancia de este proyecto de ley y las enmiendas a la totalidad que el propio Grupo Mixto ha presentado, tienen un tiempo más amplio que el resto de los
grupos.


En primer lugar, tiene la palabra el señor Baldoví.


El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente, por la generosidad.


Hoy he traído dos gafas, unas -las que llevo puestas- me permiten leer mi discurso de una manera clara, diáfana, limpia; en cambio, si me pongo estas otras todo se me hace oscuro, opaco, turbio. Hoy llega por fin la ley de transparencia a
esta Cámara; ha tenido una singladura complicada a diferencia de otras o de los treinta y siete decretos que ustedes han aprobado a una velocidad de vértigo. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Por favor, ruego silencio. Es una ley importante y hay que escuchar todas las opiniones.


Señor Baldoví.

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El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.


La enmienda a la totalidad de Compromís-Equo, la primera que se presentó, tiene fecha de registro de 4 de octubre de 2012, hace casi ocho meses. Han hecho treinta ampliaciones para las enmiendas a la totalidad y treinta y dos al articulado,
de momento. La transparencia y el derecho a la información son piezas indispensables para hablar de democracia en mayúsculas; no existe vacuna más segura contra la corrupción que la transparencia. Reflexionemos un poco: Nóos, Palma Arena,
Gürthel, Bárcenas, Emarsa, casos que ensucian la imagen del Partido Popular por la financiación ilegal a cambio de adjudicaciones. Señorías, ¿ustedes piensan que estos casos hubieran sido posibles con una ley de transparencia sólida? ¿No creen
ustedes que algunos se lo hubieran pensado antes de estampar su firma en alguna adjudicación? ¿Ustedes creen que personajes como el Bigotes, Correa, Urdangarín hubieran podido medrar a la sombra del poder?


Compromís-Equo presentó una enmienda a la totalidad que hoy mantenemos y que argumentamos en siete puntos. Primero, porque es una ley ineficaz, a la defensiva. La transparencia es garantía de calidad, no solo democrática sino de gestión.
Con la transparencia los representantes políticos y sus equipos serán más eficaces, serán mejores gestores, resolverán mejor los problemas de los ciudadanos. Y, sobre todo, esta ley no es eficaz porque tampoco da garantía de ejemplaridad. Segundo,
porque es una ley que nace vieja. Ser prácticamente los últimos en Europa en adoptar una ley sobre transparencia solo tenía una ventaja, la de incorporar la innovación, la política, la ciudadana, la tecnológica. Ninguna de estas tres dimensiones
está recogida. No hay ambición por ser referente, que es prácticamente la única obligación que tiene el que llega el último. Tercero, porque no recoge la transparencia como un derecho fundamental, cuando ya todos los convenios internacionales lo
recogen así. Parece un chiste que ustedes lo sigan considerando un derecho administrativo. La información pública no es suya, ni mía, ni nuestra, es de los ciudadanos. Cuarto, porque mantiene el silencio administrativo negativo. ¿Para qué
queremos la ley si ustedes pueden denegar una información sin explicaciones? Es correr en dirección contraria al espíritu de la transparencia. Quinto, porque no trabaja en abierto. Ustedes todavía no han entendido lo que está pasando en la calle,
y es que los ciudadanos se están empoderando; los ciudadanos ya no se conforman solo con votar cada cuatro años, los ciudadanos quieren tomar decisiones cada día y la tecnología lo permite, y así lo vemos en cada votación en esta Cámara. Las dos
últimas ideas sobre un buen gobierno. Primero, utilizar una ley solo para hablar del cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, por encima de todas las que ustedes están incumpliendo, no es serio si ustedes quieren hablar de buen
gobierno. Si ustedes quieren hablar de buen gobierno hablen de gobierno abierto. Y, por último, sobre todo regulen la influencia de los lobbies y de los grupos de presión, establezcan estrictas incompatibilidades, publiquen sus agendas; así
evitaríamos los sobornos que reciben algunos cargos públicos por conseguir contratos.


Voy acabando, señorías. Aunque por primera vez hemos visto un tímido intento del Partido Popular de aceptar alguna de las enmiendas que presentan los grupos de oposición, caso de incluir la Corona, los partidos, los sindicatos o el anuncio
que ha hecho la vicepresidenta hoy mismo con el consejo de transparencia y el buen gobierno, una pregunta: ¿la Iglesia estará incluida? Es una pregunta muy clara: ¿la Iglesia estará incluida? Es un gesto que agradezco sinceramente al ponente, al
secretario de Estado y a la señora vicepresidenta, porque, la verdad, no estamos acostumbrados, aunque hay muchos puntos que esta ley necesita incorporar, y esperemos que en su tramitación se puedan ir incorporando para que podamos votarla sin
atisbo de duda.


Si queremos creer, el Partido Popular debería contestar también algunas preguntas para demostrar verdaderamente que quiere ser transparente, que decididamente apuesta por contestar aquellas cuestiones que realmente quiere saber la gente, por
ejemplo, esa auditoría externa de la contabilidad que prometieron hace más de tres meses y que está en el baúl de los recuerdos. ¿Cómo puede ganar un tesorero de un partido político 38 millones de forma limpia? ¿Por qué le pagaban a Luis Bárcenas
si afirmaban que ya no trabajaba para el Partido Popular? ¿Qué políticos del PP han cobrado sobresueldos, perdón, sueldos de manos del tesorero del PP? ¿Cómo es posible que el Partido Popular tenga todos los años beneficios? Por último, la madre
de todas las preguntas, un misterio mayor que los de Fátima, ¿qué quiso decir exactamente la señora Cospedal con aquello de que la indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido y, como fue una indemnización en diferido, en forma
efectivamente de simulación, de simulación o de lo que hubiera sido en diferido en parte de lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención a la Seguridad Social, etcétera? Mientras no contesten a estas preguntas con sinceridad los
ciudadanos pondremos en duda su voluntad de ser auténticamente transparentes, de hacer una ley

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verdaderamente útil, cristalina y creeremos que ustedes prefieren que, en lugar de estas gafas traslúcidas, los ciudadanos vean a través de estas otras opacas, oscuras. Ustedes eligen: transparentes u oscuras. La pelota está en su campo.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en la tribuna de invitados).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.


Advierto a los invitados de las tribunas que está prohibida cualquier manifestación de aprobación o desaprobación.


A continuación tiene la palabra, por el Grupo Mixto, la señora Oramas.


La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.


Señora vicepresidenta, los nacionalistas canarios no hemos presentado enmienda de totalidad porque creemos que por encima de todo ha habido un plazo más que suficiente para oír a todo el que tenía algo que aportar a esta ley y esta no se
puede retrasar más. Eso no quiere decir que no hubiera argumentos suficientes para esa enmienda de totalidad. Compartimos absolutamente la enmienda de totalidad de Convergència i Unió y la del PNV y creemos que hay condiciones de fondo para esa
enmienda, pero nosotros nos vamos a abstener porque creemos que, por encima de los argumentos y de las materias que hay en el proyecto y en las enmiendas de totalidad que hoy debatimos, por encima de eso, tenemos que tener una respuesta ante los
ciudadanos de que esta ley, lo antes posible, y si puede ser en el mes de octubre, pueda estar aprobada definitivamente.


Consideramos que esta ley además es la ley más importante de esta legislatura, si no hay una reforma constitucional. Es la que va a cambiar sustancialmente la imagen de las instituciones de este país, la imagen que tienen los ciudadanos
hacia sus gestores y la imagen de la Administración y de los gestores políticos. En ese sentido, no se trata solo de la ley, sino de un cambio de cultura en este país, de lo que debe ser la exigencia de responsabilidades, de transparencia y de buen
gobierno y de lo que puede ser la gestión de fondos públicos y la gestión del Gobierno también, como usted muy bien distinguía. Por eso creo que esta ley nació -y por eso no es la ley que vamos a aprobar dentro de un tiempo- como una ley de acceso
a la información pública. Era el planteamiento que se había hecho en la última fase del Gobierno anterior y que ustedes plantearon. Después, a raíz de la Ley de Estabilidad y otra serie de cuestiones, el Gobierno la transformó en una ley de buen
gobierno y, al final, con los escándalos políticos se empezó a hacer el discurso de que esta era la ley que iba a impedir que hubiera más corrupción en este país, que era la ley de la regeneración política y se creó una expectativa política,
mediática y en los ciudadanos de que esta iba a ser la panacea que iba a resolver todo.


Creo que no podemos defraudar esa expectativa, en la que el Gobierno ha tenido mucho que ver, porque cada vez que en las sesiones de control o en el debate sobre el estado de la Nación se planteaba qué se estaba haciendo para luchar contra
la corrupción, la señora vicepresidenta y el señor presidente del Gobierno sacaban siempre la ley de transparencia como la solución para todo. Como digo, esta ley tiene que ir acompañada de un cambio de cultura de este país. Se lo digo por algo
muy sencillo, vayan haciendo un poco la tarea. Por ejemplo, yo como diputada tengo preguntas planteadas al Gobierno desde hace cinco o seis meses -chorradas, como decimos en Canarias- sobre datos económicos y no hay forma de que me contesten.
(Aplausos del señor Pezzi Cereto). Lo que quiero decir es que esto va a cambiar, pero empiecen ustedes a dar respuesta a cosas elementales, como a un derecho reconocido que tenemos los diputados de acceso a la información.


Hemos coincidido todas las fuerzas políticas y lo ha ratificado la vicepresidenta en quién tiene que estar dentro, desde luego la Casa Real, las fuerzas políticas, los sindicatos, los empresarios, pero creo que es importante lo que ha
planteado de que aquellas instituciones cuyo presupuesto en su mayor parte sea con financiación de las administraciones públicas o que estén relacionadas con gestiones en la Administración pública tenemos que ver cómo encajan en su totalidad en la
ley de transparencia o en qué aspectos tendrían que estar en la ley de transparencia. Es un tema pendiente determinar a partir de qué financiación o de qué actuación ligada a las administraciones públicas y a los ciudadanos las incluimos en la ley,
porque no siempre es algo económico, a veces son determinadas funciones sociales que pueden tener, como el caso del Banco de España o de otras instituciones que usted ya planteó, no solo por el aspecto económico sino por la función social que puedan
desarrollar.


Creo que también habrá que dar una vuelta a los límites. Estamos poniendo unos límites excesivos. Además, en la cultura que existe en Europa esos límites no existen; desde la lógica española sí, pero desde la lógica internacional no. El
otro día un compareciente ponía el caso de la Casa Blanca, donde se

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puede acceder hasta a la información de los folios que gasta el señor Obama, de la factura de la luz o de la propia agenda del presidente. Tenemos que abandonar la mentalidad española e ir a la mentalidad de los países de nuestro entorno en
relación con los límites. Resulta absurdo que porque el lince tenga un problema no podamos tener el artículo del medio ambiente. Lo mismo ocurre respecto a los límites en temas de la defensa nacional, en asuntos de economía, de tanto interés para
este país. Son temas que tenemos que trabajar en la ponencia y en la Comisión.


Nos alegramos de ese primer gesto que ha tenido la señora vicepresidenta en relación con el órgano supervisor. En lo que no podemos estar de acuerdo es ni en el régimen sancionador ni en lo relativo al ámbito competencial. Como se me acaba
el tiempo, hago mías las declaraciones y las posiciones del PNV y de Convergència i Unió. Hay que resolverlo, no puede ser -simplificando y en lenguaje coloquial, que no es exacto- que el ministro de Hacienda pueda inhabilitar a un cargo público
electo ni a un consejero de una comunidad autónoma. Tenemos que buscar una solución a este asunto que permita respetar el ámbito competencial y también el ámbito de la Constitución y de las leyes que rigen este país, sobre todo en un camino -ya lo
hemos dicho todos- en el que las comunidades autónomas están haciendo leyes de transparencia y en el que tenemos que ver qué aspectos tienen que desarrollarse en los ámbitos parlamentarios autonómicos.


Termino, señor presidente. Señora vicepresidenta, nosotros hemos visto una clara voluntad de negociación del Gobierno. Por primera vez en esta legislatura el Gobierno ha citado a todas las fuerzas políticas, porque en el Grupo Mixto
estamos muchas fuerzas políticas y otras veces se llama al portavoz del asunto que se está tratando. Vemos que hay un ambiente de consenso y de diálogo. Es una pena que esta sea la única ley donde haya habido estos gestos del Grupo Popular y del
Gobierno. Ojalá que la voluntad que ha habido con este proyecto de ley de transparencia fuera igual en el proyecto de ley de educación y en otros que se están tramitando en este Congreso de los Diputados. En ese sentido y en ese camino nos va a
encontrar a los nacionalistas canarios diciéndole que para nosotros la enmienda presentada por Convergència y el PNV tiene todo nuestro apoyo, pero nosotros, por encima de todo, creemos que en este momento -y nos vamos a abstener y por eso no vamos
a votar la enmienda de totalidad- lo importante es que esta ley esté aprobada lo antes posible y con el mayor consenso político.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.


Tiene la palabra ahora la señora Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.


Señorías, señora ministra, hemos presentado una enmienda de devolución a este proyecto de ley porque, a pesar de presentarse en un momento de vivas reivindicaciones ciudadanas para mejorar la calidad democrática del sistema político e
institucional, supone adoptar un modelo de transparencia desfasada, tanto respecto de esas aspiraciones de la mayoría social como incluso de modelos vigentes en otros Estados de nuestro entorno. Se trata, señorías, de un modelo anquilosado que se
centra en habilitar soportes para difundir determinados aspectos de la gestión pública de forma restringida, sin avanzar hacia un modelo que permita monitorizar y fiscalizar plenamente por parte de los ciudadanos las decisiones políticas, pues lejos
de reconocer y poner a su alcance un derecho real y pleno de acceso a la información, lo que se hace es regular las condiciones de determinados ámbitos en los que podrán ver realizado ese derecho.


El derecho de información no se plantea como un derecho fundamental que puede ser ejercitado por cualquier persona, al contrario, se plantea como una extensión o ampliación de los derechos de los ciudadanos como administrados, que puede ser
moldeado por la Administración o autoridad pública, por lo que de hecho aún se mantienen amplias restricciones a su ejercicio, motivadas además de forma discrecional. Por lo tanto, señorías, el acceso a la información, base fundamental para poder
demostrar un ejercicio transparente del poder político, permanece cautivo, dependiente del Gobierno de turno, por lo que también la capacidad de los ciudadanos para conocer a fondo las decisiones que les afectan estará condicionada no a un derecho
objetivo sino a la sensibilidad del Ejecutivo de turno.


Además de ese enfoque limitado en cuanto al acceso a la información, que contradice las pretensiones declaradas del proyecto de ley, también se aboga por un modelo de transparencia que deja fuera de su ámbito a importantes instituciones y
organismos cuya financiación es exclusivamente pública. El principio rector del régimen jurídico en esta materia debería ser la aplicación del mismo régimen de transparencia, acceso a la información y publicidad a todos aquellos entes,
instituciones u organismos cuya financiación

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es mayoritariamente pública, especialmente aquellos que tienen carácter público. Sorprende de esa manera que en el proyecto de ley sobre el que presentamos nuestra enmienda de devolución se excluya a instituciones como la Casa Real o el
Banco de España, administración institucional consultiva, órganos de gobierno de determinados poderes públicos, que manejan importantes fondos públicos, de un funcionamiento transparente que permita como mínimo conocer la gestión y destino de sus
presupuestos financiados a través de los impuestos de los ciudadanos. No puede admitirse, señorías, que bajo esa orientación no se dé satisfacción a las legítimas aspiraciones de la mayoría de ciudadanos a escrutar y poder valorar la acción de los
responsables públicos. Tampoco es admisible que entidades que se gestionan en su mayor parte con fondos públicos, como la Iglesia católica, la banca nacionalizada o empresas que gestionan servicios o concesiones públicas, puedan mantenerse al
margen de esta ley.


Con este proyecto de ley también se elude profundizar en el régimen de incompatibilidades de determinados cargos públicos para evitar lo indeseable, esas puertas giratorias de ir y venir entre la esfera de la responsabilidad política y
pública, mejor dicho, entre la responsabilidad pública y la privada, en el momento en que asistimos sobre todo a una privatización intensa de servicios y actividades públicas, que curiosamente recalan en entidades privadas cuyos gestores tuvieron un
pasado profesional político reciente.


Finalmente, señorías, el Gobierno también pretende hacer una extensión competencial impropia de este régimen de transparencia e información -bastante limitado- a otras administraciones, incluso a través de la reserva de facultades
sancionadoras fuera del ámbito de la Administración central. Se atenta así contra la autonomía y el derecho de la autoorganización de otras administraciones e instituciones que han de poder diseñar su propio régimen sin interferencias ni tutelas
por parte del Estado, que en este caso además serviría para instaurar un régimen de transparencia e información pública de baja intensidad. Y, señorías, aunque la señora vicepresidenta en su exposición, igual que desde el Gobierno una vez que se
presentó este proyecto de ley en el Congreso, ha hablado de que hay voluntad de consenso, de que hay interés de incorporar a la ley aspectos como el que mencionó -y además nombró directamente al Bloque Nacionalista Galego-, tengo que decirle con
toda sinceridad que nos resulta difícil, señora vicepresidenta, señorías, acreditar que este Gobierno -que hace gala de ocultación de sus procesos de toma de decisión acudiendo abusivamente a la fórmula de la aprobación de reales-decretos leyes
exprés para aprobar reformas profundas-, cuyo máximo representante, es decir el presidente del Gobierno, apenas comparece periódicamente ante medios de comunicación para explicar estas políticas, esté dispuesto a procurar consensuar la ley de
transparencia más acorde con esa demanda social que en este momento existe.


Sobre todo, señora vicepresidenta, señorías, el Bloque Nacionalista Galego tiene en este momento una muy reciente decepción respecto a, digamos, compromisos del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular, concretamente respecto al
establecido en la tramitación del proyecto de ley de la cadena alimentaria, donde, a pesar de esa predisposición que se nos expresó de poder llegar a acuerdos en el trámite de las enmiendas parciales, etcétera, fue un compromiso nulo, del que si
algo podemos decir es que fue total y absolutamente incumplido. Por lo tanto, señora vicepresidenta, después de presentado este proyecto de ley, en relación con anuncios hechos por el Gobierno, por el Grupo Parlamentario Popular y por usted misma
en esta tribuna esta mañana para incorporar cuestiones importantes como las que nosotros reclamamos, déjeme decirle de nuevo que nos resulta difícil convencernos de que pueda ser realmente así. No dudamos de que algunas de esas cuestiones a las que
usted se ha referido, como la incorporación de la Casa Real, se vayan a llevar a cabo, pero seguramente no va a ser con la fórmula que a nosotros nos parece la más conveniente, mejor dicho, la más necesaria, ni siquiera aquella que está reclamando
la ciudadanía. Quien dice la Casa Real dice otras cuestiones como esas que yo he comentado en mi exposición respecto de nuestra enmienda de devolución.


El señor PRESIDENTE: Señora diputada, le ruego que termine.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Por eso, señora vicepresidenta, mantenemos nuestra enmienda de devolución, que por supuesto vamos a votar favorablemente, y haremos las enmiendas parciales correspondientes.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.


Por el mismo Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Bosch.

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El señor BOSCH I PASCUAL: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, señora vicepresidenta del Gobierno, creo que trasluce algún problema en la propuesta del proyecto de ley del Gobierno y es que aparentemente están confundiendo transparencia con invisibilidad, cuando entendemos que es exactamente
lo contrario: transparencia es que todo se vea, invisibilidad es que no se vea nada. Nosotros tenemos a veces la impresión de que estamos asistiendo a la redacción o elaboración de una ley de invisibilidad, que llega tarde, pero que no vemos cómo
contribuirá o puede contribuir a aplicar la transparencia que queremos. Traeré algunos ejemplos que usted también ha citado, igual que lo han hecho otros colegas que han subido a la tribuna.


En el caso de la Corona, hace años, lo saben ustedes, hace años que nosotros, empezando por mi compañero Joan Tardà, estamos reclamando que se aplique la transparencia con la máxima institución del Estado español, con la Jefatura del Estado,
aunque sea por ejemplaridad. Eso no se ha hecho y hemos tenido que esperar a que estallaran varios escándalos que han hecho imposible dilatar más la aplicación de tales medidas. Usted ha subido aquí y nos han prometido que lo van a hacer, que la
Corona va a estar presente y que lo va a estar en las mismas condiciones que por ejemplo el Congreso de los Diputados. En el proyecto de ley eso no aparecía y ahora lo que tenemos son sus promesas y sus palabras y nos pide confianza. No sé si es
mucho pedir. Le vamos a dar al menos el beneficio de la duda, de acuerdo. Vamos a esperar a ver cuál es la propuesta exacta y entonces hablaremos.


El caso de la Iglesia para nosotros es un caso importante también, como una institución privada que en gran medida es financiada por el Estado. Como sabe, somos partidarios de un Estado laico y en ese sentido creemos que la Iglesia católica
en concreto debe recibir un trato igual a cualquier otra confesión. Queremos saber cómo se traduce eso exactamente dentro de esta ley de invisibilidad, porque no se trata de una asociación cualquiera: por razones históricas, políticas y de su
magnitud, es especialmente importante.


Otro tema que no aparece en el proyecto de ley y que para nosotros es capital es, vamos a decir, la información territorial. Hemos pedido muchas veces las célebres balanzas fiscales entre el Gobierno y las comunidades autónomas, en el caso
que nos ocupa a nosotros, con Cataluña. Para nosotros es importante, es una información sensible y es muy difícil de conseguir y eso también es transparencia, señora Sáenz de Santamaría, eso es transparencia, porque eso es lo que aplica la Unión
Europea, se lo pedimos a la Unión Europea y el Gobierno español es el primero que le pide a la Unión Europea que aplique esa transparencia para con los Estados miembros. Eso mismo es lo que estamos pidiendo en el Reino de España, esa transparencia
de lo que aportan cada una de las comunidades y lo que reciben.


Compartimos plenamente el principio de transparencia activa, por supuesto. Lo compartimos tanto que nosotros creemos en esa máxima del comerciante de toda la vida que dice que el cliente siempre tiene razón. El cliente o el ciudadano en
este caso siempre tiene razón, por defecto, y es la Administración quien debe demostrar si esa información es o no accesible y, si no lo es, por qué no lo es en ese caso concreto, y no lo contrario. Hasta ahora creo que la Administración española
no ha funcionado con ese criterio. Esperamos que con esta ley se contribuya a arreglar ese déficit ya tradicional. No debemos esperar a que las informaciones aparezcan en la prensa o en los tribunales. Hay que ser activo. Transparencia activa
quiere decir eso, ser activo. Le pediría, señora vicepresidenta del Gobierno, también como alta dirigente del Partido Popular, que aplicaran también ese principio a su propio partido, al Partido Popular, y que no esperaran a explicar las cosas a
que salgan en la prensa o en los tribunales. Pueden explicarlo antes, no hay nada que lo prohíba.


En cuanto al buen gobierno hacemos algunas observaciones. Estamos en contra de todos los privilegios y hacemos unas cuantas propuestas para acabar con muchos privilegios relativos a coches oficiales, al uso de tarjetas de crédito, etcétera.
Creo que no es difícil aplicar esas medidas. Estos días hemos visto esta tormenta, en un vaso de gin-tonic en concreto, sobre las bebidas del bar del Congreso. No es importante, de acuerdo, pero es muy fácil de arreglar. Este tipo de cosas son
muy fáciles de arreglar y contribuyen a la imagen y al buen gobierno. Dado que el problema es pequeño, la solución es simple.


Cumplir el programa electoral es también buen gobierno. Eso también lo reivindicamos y que se traduzca en ley para que quien no cumpla el programa electoral tenga reprobaciones previstas, porque si no eso también es engaño, es engaño a los
electores. Proponemos una agencia de transparencia, pero que no dependa del Gobierno, evidentemente, porque si no ¡vaya buen Gobierno el que se juzga a sí mismo!, sino que dependa de las Cortes, que dependa de los electos por sufragio universal.


Nosotros hemos presentado, como saben, un texto alternativo porque creemos que la ley de transparencia y el principio de transparencia y de buen gobierno son muy importantes. De hecho, nuestra

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sorpresa es que otros grupos no hayan presentado tal texto alternativo; grupos que tienen vocación de Gobierno o de alternativa de Gobierno, como podrían ser el Partido Socialista, la UPyD u otros grupos, a los que algún día les gustaría
estar en el Gobierno del Reino de España, y no presentan su texto alternativo, la propuesta de la ley que harían ellos si estuvieran en el Gobierno. ¿Por qué lo hacemos nosotros, cuando nosotros nos proclamamos abiertamente independentistas y vamos
a buscar nuestro propio Estado? Porque apostamos por mejorar lo presente mientras estemos aquí y por el diálogo -en ese sentido queremos hablar del tema, queremos llegar a acuerdos y aportar todo lo que podamos aportar- y después porque también
estamos haciendo un ejercicio de futuro para nosotros mismos y para con la gente que nos sigue o a la que queremos convencer, ya que para nosotros la transparencia, el buen gobierno, la radicalidad democrática, la responsabilidad del gobernante son
importantes. Son importantes aquí, en el Reino de España y con el Gobierno del Estado español actual, pero también serán importantes en la república catalana cuando la proclamemos. Queremos una república catalana libre, limpia y justa, y por eso
también tenemos una propuesta activa y clara, que nosotros quisiéramos ejemplar en este terreno.


Muchas gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bosch.


Por el Grupo Vasco, PNV, para presentar su enmienda a la totalidad, tiene la palabra el señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente, señorías.


Señora vicepresidenta, no es mala forma de legislar esta que usted ha propuesto hoy dentro de lo que podríamos denominar innovación creativa en el ámbito legislativo. Usted nos presenta un proyecto de ley escrito con múltiples deficiencias
y este es objeto de una novación, de una transmutación prácticamente absoluta en su locución del día de hoy. No nos gustaba el proyecto de ley escrito, lo tuvimos que enmendar -nos obligó a presentar una enmienda de totalidad-, y nos ha gustado
mucho -permítame la expresión- su exposición en la mañana de hoy en lo atinente a la retórica regeneracionista, que nosotros compartimos en sus propios términos, en lo atinente a la necesidad de intentar ir superando la brecha que nos separa de la
ciudadanía, la falta de convicción de muchos ciudadanos de forma creciente en las instituciones democráticas, la falta de transparencia real y cierta opacidad en la que órganos e instituciones diversas todavía desenvuelven su actividad, en lo
atinente a la necesidad de cumplir requerimientos que incluso forman parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 19, o de la Convención del Consejo de Europa, a la que se ha referido. Evidentemente, usted se ha
comprometido con todos estos principios desde una perspectiva que nosotros compartimos en sus propios términos; por eso le digo que esa retórica regeneracionista nos suena bien.


Algunas reflexiones que ha hecho son de más difícil comprensión, si me permite, o más enigmáticas desde una perspectiva hermenéutica, cuando ha hecho una invocación a que las leyes se aplicarán a los vivos y a los muertos. Me tendrá que
explicar después cómo se pueden aplicar también las leyes a los muertos, pero son cuestiones colaterales a lo que estamos debatiendo. (Rumores). Sí, puede ser desde otra perspectiva, no sé a qué sector del ordenamiento jurídico se refiere, si al
sector funerario o a cuál otro.


Estamos hablando de temas muy importantes y nosotros tenemos una gran fe en su capacidad de compromiso. Usted no nos ha fallado nunca y por tanto quiero felicitarla por la exposición que ha hecho. Esta es, la de su exposición hoy en esta
tribuna, la ley de transparencia que nosotros esperábamos. Quiero felicitar también, si me lo permite la vicepresidenta y no lo considera una falta de decoro, al señor Ayllón por su silente y eficaz trabajo en la negociación de una ley tan
importante y tan trascendente para el futuro de la calidad democrática del Estado español como es esta.


En esta ley nosotros tenemos algunas reticencias en relación con el ámbito subjetivo de aplicación que han sido cumplimentadas y sobradamente satisfechas por usted. Nosotros pensábamos que en el caso de la primera institución, la Jefatura
del Estado, la Casa Real, por razones de su dimensión institucional y jerárquica -la Jefatura del Estado nada menos, que es donde debería empezar la aplicación de la publicidad activa y de todos los requerimientos de esta ley en relación con la
jerarquía por su dimensión institucional y otros acontecimientos que no vamos a glosar y que forman parte de la coyuntura de la Casa Real-, era manifiestamente pertinente su ubicación dentro de los requerimientos del ámbito subjetivo de la ley.


La referencia a los partidos políticos y organizaciones sindicales es absolutamente pertinente. Ya sabe usted, señora vicepresidenta, que es experta en estos temas, que la propia Ley de Partidos Políticos del año 2002 no les confiere una
identidad jurídico-privada a los partidos sino una entidad parapública. Desde esa perspectiva, también deberían estar sujetos los partidos políticos a los requerimientos, con las

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limitaciones no vinculadas a la publicidad activa -podría ser actividad o publicidad pasiva-, que se consignan en las propuestas que usted ha enunciado. En el caso de las organizaciones sindicales ocurre lo mismo. Cuando ejercen
determinadas competencias como es la negociación colectiva, la promoción de convenios colectivos, que son fuente de derecho, fuente de la relación laboral, están ejerciendo competencias públicas o, al menos, cuasipúblicas. Luego, resulta muy
pertinente su ubicación. Otras entidades que se financian fundamentalmente con presupuestos públicos -y aquí podemos encontrar una miscelánea muy amplia, desde organizaciones no gubernamentales hasta algunas organizaciones religiosas- obviamente
deberían estar ubicadas en virtud de los principios que inspiran la ley y que nosotros compartimos, quizás no en el caso del proyecto de ley originario pero sí en el transmutado e innovado por usted en su brillante intervención.


Ya le comentamos que había dos ámbitos en esta ley que le daban una cierta incoherencia sistemática. No es lo mismo transparencia que buen gobierno. Cuando hablamos de transparencia estamos hablando de formas de actuar administrativa y
públicamente en el ámbito de determinados órganos jurídico-públicos y privados como garantía de mejora de la calidad democrática, e incluso -por qué no decirlo- de la prevención de la corrupción, que es una de las lacras con las que convivimos
permanentemente. Cuando hablamos de buen gobierno estamos hablando, si me permite la expresión, parafraseando la jurisprudencia constitucional, de un concepto anfibológico. ¿Qué es buen gobierno? Nadie sabe bien qué es un buen gobierno. ¿Cómo se
debe configurar un buen gobierno, señora vicepresidenta? Se debe configurar mediante el ejercicio y el respeto de las competencias de autogobierno, que no corresponden en exclusiva a la Administración General del Estado, sino que corresponden
igualmente a las administraciones autonómicas. Esta es una de las quiebras que nosotros le denunciamos en relación al bloque sistemático relativo al buen gobierno. Desde esa perspectiva, se han realizado avances importantes que no terminan de
generarnos una satisfacción absoluta. El artículo 11, en relación con las excepciones, nos parece demasiado amplio. La limitación del acceso a la transparencia del artículo 11, que es una copia de la Convención del Consejo de Europa, nos parece
desmesurada en tanto en cuanto puede privar de potencia y privar de virtualidad a los aspectos de transparencia que se consagran muy adecuadamente en la ley. Llegar en el artículo 11 a catorce excepciones en el acceso a la transparencia, nada menos
que catorce excepciones, incluidas algunas tan peculiares como la materia medioambiental -ya se nos explicó que se pretendía salvaguardar algunas especies en vías de extinción, por ejemplo, el lince ibérico, etcétera-, no sé hasta qué punto es
pertinente para justificar una excepción a lo troncal, al aspecto más relevante de esta ley que es el acceso a la transparencia. Pero vamos a ser corresponsables y respetuosos con las indicaciones del convenio del Consejo de Europa desde esta
perspectiva y lo aceptaremos siempre que su aplicación sea limitativa y rigorista en el ámbito de las excepciones.


Señora vicepresidenta, estamos más preocupados en la parte relativa al buen gobierno por una transmutación del orden institucional y constitucional en relación con las vinculaciones entre la Administración General del Estado y las
administraciones autonómicas, sobre todo en el ámbito de las potestades sancionadoras -manifiestamente ultra vides, en la redacción original del proyecto de ley- que posibilitaban la penetración por la vía del procedimiento disciplinario, por la vía
sancionadora, de órganos de la Administración del Estado en órganos de las administraciones autonómicas, llegando incluso a proceder a las sanciones más coercitivas y más graves previstas en este proyecto de ley, incluso la destitución de los
responsables de determinados órganos de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, vulnerando muchos preceptos. En la configuración inicial se vulneraba el artículo 150 de la Constitución -en el proyecto de ley ya se deja de
vulnerar, con las expectativas que sé que usted no va a frustrar- y el 150.2, que establece que las comunidades autónomas serán tuteladas por el Tribunal Constitucional o, en su caso, por la jurisdicción Contencioso-administrativa o por el Tribunal
de Cuentas, pero no por otra Administración, en el ejercicio de sus competencias exclusivas. Se vulneraba el artículo 153, se vulneraba el artículo 155, que establecen o consagran el principio dispositivo, que saben ustedes que es el fundamento del
hecho autonómico y del afloramiento de comunidades autónomas. Y sobre todo, desde la perspectiva de una aplicación manifiestamente expansiva de la Ley orgánica 2/2012, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, se posibilitaba que
desde la Administración General del Estado se pudieran incoar expedientes disciplinarios a responsables políticos, los más altos responsables políticos inclusive de las comunidades autónomas, por incumplimiento de las previsiones de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria consignadas en el artículo 5 desde la letra f) hasta la letra o), las vinculadas al déficit público, en congruencia con la reforma del artículo 135 de la Constitución. Esto no solo vulneraba el principio dispositivo, esto
vulneraba el artículo 2, el artículo 136 de la Constitución, esto

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vulneraba -y digo vulneraba, estoy utilizando el pretérito imperfecto- el artículo 153, el artículo 155, y vulneraba la jurisprudencia constitucional. Y puedo citar diversas sentencias que establecen la imposibilidad de una penetración, a
través de la utilización de los mecanismos o los procedimientos disciplinarios, en ámbitos impropios o no adecuados, estableciendo una suerte de subordinación jerárquica de las administraciones autonómicas a la Administración General del Estado ahí
donde no procede, porque la Administración autonómica está ejerciendo competencias de carácter exclusivo. Estoy citando sentencias que usted conocerá perfectamente: la sentencia 4/1981, la sentencia 6/1982, la 76/1983 e incluso la sentencia
22/2012 con relación a cómo se configura la alta inspección del Estado, ya que el Tribunal Constitucional no posibilita que se interprete la alta inspección del Estado mediante mecanismos o efectos que puedan provocar una subordinación
jerárquico-administrativa de administraciones autonómicas que tienen potestad de autogobierno a la Administración General del Estado, ni cuando esta ejerce las potestades de la alta inspección que le reconocen distintos preceptos de la Constitución
y el ordenamiento jurídico.


La relación de vulneraciones competenciales en el ámbito del buen gobierno eran varias, en materia local, normas autonómicas procesales y procedimiento administrativo, que eran objeto de ignorancia en el proyecto de ley original, colisión
competencial con el sector público propio de las comunidades autónomas, colisión competencial con las reservas de regulación del sector público autonómico, de sus recursos y servicios esenciales, con competencias autonómicas en materia de
estadística, con la prevalencia establecida por todos los estatutos de autonomía, sin ninguna excepción, del derecho autonómico emanado del ejercicio de sus competencias legislativas; en el ámbito de las comunidades forales, la Comunidad Foral
Navarra y la Comunidad Autónoma del País Vasco, con las competencias de sus territorios históricos relativas al establecimiento y actualización de sustituciones privativas de autogobierno, con la Ley del Concierto Económico, etcétera.


La propuesta legislativa que usted ha hecho hoy nos va a inducir a retirar la enmienda de totalidad que hemos presentado. Nosotros hemos dicho que nos fiamos de su palabra. Usted no nos ha fallado nunca cuando se ha comprometido con
determinados pactos o acuerdos políticos en esta institución; nos fiamos y retiramos la enmienda por esta razón.


Nos parece muy bien -ya para finalizar- la retirada de la disposición que regulaba la estructura retributiva de los altos cargos de las corporaciones locales, esta es otra materia que está también vinculada al principio de autonomía local,
donde también hay competencias autonómicas que pueden ser objeto de vulneración, pero sobre todo el principio constitucional de autonomía municipal no puede ser objeto de preterición. Tenemos un reto usted y todos los miembros de esta Cámara, que
es nuestra propia autorregeneración y nuestra propia recuperación de la fe, de la fe ciudadana erosionada por distintas circunstancias que en este momento y en este plan de buen rollo que estamos estableciendo usted y yo esta mañana no es menester
glosar ni especificar. Este es un compromiso de todos los grupos parlamentarios, y hago una invocación no solo a ustedes sino a los demás grupos parlamentarios: la regeneración democrática y la recuperación de la fe de los ciudadanos en nuestras
instituciones requiere sobre todo de consensos. No es la peor ley para iniciar estos consensos que estoy invocando esta que estamos debatiendo. Ojalá podamos seguir trabajando con este mismo nivel de empatía con el que hemos trabajado hasta ahora,
ojalá cumpla usted sus compromisos, cosa de la que estoy absolutamente seguro, y ojalá podamos hacer una ley que nos coloque en la senda de la regeneración democrática, que es una invocación de la mayoría de la ciudadanía del Estado español.


Muchas gracias, señora vicepresidenta. Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.


Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia y para defender su enmienda a la totalidad, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.


El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor Presidente.


Nuestro grupo considera que el de hoy es uno de los debates más importantes para el presente y el futuro de la democracia, aunque francamente está adquiriendo unos derroteros que más parece una oposición a notarías en la que se enumera una
cascada de normas. Parecería más que estamos discutiendo un reglamento administrativo que una ley que tiene nada más y nada menos que ver con la conversión de una democracia, la nuestra, la actual, francamente degenerada, en un sistema realmente
digno de ser clasificado entre las democracias avanzadas, para lo cual precisamente la política de transparencia activa es uno de los instrumentos principales. Pero no solamente es un instrumento; la

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transparencia es mucho más, como el acceso a la información. En las democracias avanzadas son fines en sí mismos, no son normas para; son también, aparte de instrumentales para el buen funcionamiento de las administraciones, algo que abre
la participación responsable de la ciudadanía, que promueve la integridad de las administraciones y la eficiencia de la gestión. Además, para el caso de España tiene una importancia particular, porque la política de transparencia activa previene
tres de sus males, de los males que más nos corroen y que más problemas nos están creando: el fraude, la corrupción institucionalizada y el despilfarro de las administraciones.


Nuestro partido, como es sabido, practica la transparencia. He de señalar, porque creo que viene al caso, que aunque no haya una ley vigente de transparencia, la transparencia no está tan prohibida. Es decir, los partidos políticos y las
instituciones no tienen por ley limitada la publicación de su información y el acceso de la ciudadanía a los datos que consideran que deben ser conocidos, etcétera. Pero, en vez de eso, lo que nos estamos encontrando todos los días en todas las
administraciones y en la propia práctica política del Gobierno y de la mayor parte de los partidos políticos de esta Cámara es un mantenimiento constante y permanente de las prácticas de opacidad. Tenemos que aprobar una ley de transparencia y
bienvenida sea su iniciativa, porque ya era hora de que un Gobierno presentara una ley de transparencia cuya carencia era uno de los rasgos más evidentes del atraso, del arcaísmo de nuestra democracia y de la resistencia frenética, numantina, del
establishment no solo político, sino financiero, de los poderes fácticos en general, a perder el monopolio de un poder opaco del que han hecho un uso absolutamente abusivo, y eso es lo que nos ha llevado precisamente a algunos de nuestros más graves
problemas.


Pondré un ejemplo muy claro para que se entienda de qué estoy hablando. Si en España hubiera habido una ley activa de transparencia y además tuviéramos reguladores independientes que la hicieran cumplir, probablemente escándalos financieros
como el de las cajas de ahorro o la estafa de las preferentes no hubieran tenido lugar, precisamente por la capacidad preventiva de este tipo de leyes en otros países, y nosotros no somos una excepción. Aquí se ha hecho alguna mención
verdaderamente lamentable como que igual somos una sociedad que no está preparada para la transparencia. La sociedad española está perfectamente preparada para la transparencia y para cualquier otro uso democrático avanzado. Quienes no están
preparados y quienes no quieren ceder son quienes llevan cuarenta años manejando las instituciones a su gusto y para intereses partidistas y particulares, muchas veces. Y, como les estoy diciendo, si tuviéramos una política activa de transparencia
que incluyera, y esto es imprescindible que se entienda muy bien, la dación activa de cuentas y el acceso a la información como un derecho básico, muchas de las cosas que ahora estamos lamentando con consecuencias como 6 millones de parados, la
ruina prácticamente de las administraciones públicas y la necesidad de pedir rescates del Estado, aunque sean para la banca, no hubieran tenido lugar, porque habríamos podido impedir los manejos que se han llevado a cabo en esas instituciones,
porque la ciudadanía habría podido saber qué es lo que estaban haciendo los representantes de algunos partidos con sus ahorros y porque precisamente hubiéramos conseguido que el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores
cumplieran con su obligación, en vez de estar encubriendo y tapando lo que estaba sucediendo y en vez de obligarnos, en nuestro caso a nuestro partido, a iniciar la acusación particular para que se pudiera saber al menos qué ha ocurrido en cosas
como la salida a Bolsa de Bankia, las preferentes, Banca Cívica y otros ejemplos parecidos.


La cuestión que nos importa es saber si esta ley cumple esos objetivos generales, es decir, la que ha presentado el Gobierno, que nosotros atribuimos -y no solo nosotros, no es una cuestión de partido-, que en las democracias avanzadas se
atribuye a las políticas de transparencia. Y la conclusión es que no. Es una ley que nos parece muy insuficiente y también nos ha parecido que la tramitación de la propia ley ha sido un ejemplo no de transparencia, sino de opacidad. Si ustedes
hubieran tenido -me refiero al Gobierno- alguna intención real de llegar a consensos para lograr una ley de transparencia exigente, no habrían hecho lo que han hecho. ¿Qué es lo que han hecho? Primero aprueban hace más de un año un proyecto de ley
y es después cuando se inicia el debate sobre el contenido de esa ley, y es después cuando se nos pide a los demás partidos que entremos a negociar los cambios del texto que el propio Gobierno ya ha aprobado. ¿Nos podemos fiar en este sentido de lo
que ustedes nos proponen? Pues lamento decirles que no. Ustedes lo que nos han demostrado a nuestro grupo, que siempre ha estado dispuesto a llegar a acuerdos, es que confiar en el Gobierno, darle un margen de confianza, es una grave equivocación,
como ya ocurrió en la tramitación de las reformas hipotecarias. Además, se lo advertimos en este caso que creo que es perfectamente ejemplar para la cuestión que nos ocupa aquí, les advertimos que las reformas

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hipotecarias, por su propio estilo, por su propia tramitación y por la insuficiencia de sus objetivos políticos, iban a acabar creando más inseguridad jurídica, iban a acabar creando protestas de los afectados, y ha sido así. Ya les ha
criticado el Banco Central Europeo, ya les han criticado muchos jueces e incluso el Colegio General del Notariado. Se trata -y nos parece que están repitiendo ustedes el mismo error- de hacer una ley para salir del paso, pero no de una ley
exigente, con ambición política y con objetivos de mejora general del sistema. Cosa que tampoco nos extraña, dada la experiencia de los elogios, por ejemplo, del presidente Rajoy a la opacidad y al secreto de sus actuaciones y de las del Gobierno
como instrumentos de prudencia política, cuando no es prudencia, es una visión completamente burocrática, por una parte y, por la otra, una enorme restricción de lo que es la democracia en la práctica normal del Gobierno.


La ley que nos traen ustedes, lamentándolo mucho, está justamente llena de todos esos defectos. No nos extraña que haya habido incluso, por parte de algunos enmendantes a la totalidad, paradójicamente, todo tipo de elogios a esta ley,
porque es una ley que, efectivamente, sale del paso. España ya puede decir que tiene una ley de transparencia y que puede firmar determinados convenios internacionales, pero es una ley un tanto lampedusiana, va a procurar cambiar lo menos posible.
Por eso han hecho ustedes una ley que es más administrativa que política, donde se mezcla un impreciso código de buen gobierno con lo que debiera ser una ley fundamental clara. Ahora me referiré a esta cuestión de la ley fundamental, de los
derechos básicos, porque ahí es donde quizás se ve con mayor claridad la diferencia entre lo que ustedes proponen y lo que proponemos o pedimos nosotros. Veamos, por ejemplo, la cuestión del silencio negativo, que he discutido con representantes
del Grupo Popular, que dicen que el silencio negativo es algo completamente normal puesto que si el silencio fuera positivo daría lugar a que reclamaciones de información que no corresponden se convirtieran en un derecho adquirido por el silencio
positivo. Pero es que no es así, porque para eso basta conque las administraciones cumplan con su obligación y den una negativa razonada a las peticiones consideradas ilegítimas. Introducir aquí el silencio negativo es hacer una ley de
transparencia que en realidad conserva todos los tics burocráticos de tipo arcaico que consideran a los ciudadanos no como ciudadanos, sino como administrados, y a la Administración algo que está por encima de todo el mundo y que, por supuesto, no
considera ni cree en el principio de toda ley de transparencia de calidad, a saber: toda la información pública que obra en poder de las administraciones es propiedad pública y, por lo tanto, de acceso para todos los ciudadanos, con excepciones que
tienen que estar muy tasadas y que tienen que ver con la seguridad del Estado y con la protección de la intimidad de las personas. En el resto de las cuestiones que tengan que ver con el acceso a documentos, las restricciones tienen que ser las
mínimas y, por supuesto, si introducimos el silencio negativo es un mal comienzo porque esto da a las administraciones una discrecionalidad prácticamente ilimitada.


Aunque usted ya ha anunciado en su intervención, señora vicepresidenta, que se va a incluir a los partidos políticos, a la Casa Real, sindicatos, asociaciones patronales, etcétera, no está recogido en el texto de la ley. Entonces, lo que
nos piden es un acto de fe o, como suele ser habitual, un cambalache o post festum entre ustedes y el otro partido mayoritario de la oposición para ver de qué manera introducen esto. Pero nos están pidiendo eso. Alguien ha dicho por aquí: tenemos
fe. Pues, mire, nosotros no tenemos fe, además, no tenemos fe porque esta no es una cuestión religiosa. La fe hay dos maneras de definirla, a mí la que más me gusta es: fe es no querer creer en lo que ves. Y lo que nosotros hemos visto es que
cada vez que el Gobierno nos pide fe, lo que hace es exactamente lo contrario de lo que nos ha propuesto que haría. De manera que la ley tiene que afectar a todos los organismos y entes, no solo públicos sino privados, que reciban subvenciones o
ayudas públicas, a todos, y en cualquier cuantía. Y si se pone un umbral económico para ver a quién le afecta y a quién no la ley de transparencia, estaremos ya entrando -lo mismo que ocurrió con la Ley de Financiación de Partidos Políticos, que
apoyamos porque efectivamente ha supuesto un avance respecto a la situación anterior- en una grave insuficiencia cual es decir que solo una parte de la organización total del partido político, que es la organización central, se conoce, mientras
todas las organizaciones locales siguen en la oscuridad y en la sombra. Pues aquí ocurrirá algo parecido. De lo que se trata es de que todo el mundo que recibe algún tipo de ayuda pública dé cuentas de qué ha hecho con ellas. Además, el uso y el
empleo de esas ayudas públicas sea evaluado, y lo sea para ver si ha cumplido sus objetivos. Esto debe afectar no solo a partidos políticos, a sindicatos y patronales y a la Casa Real, ¡faltaba más!, también a ONG, a empresas, a iglesias, a centros
educativos concertados, a medios de comunicación que reciben publicidad institucional. Efectivamente, a todo el mundo. Si no se entiende esto, estaremos haciendo una ley de transparencia que pone el foco en un lugar pero, como pasa con los focos
muy intensos, deja todo el resto del escenario en sombras. Se trata de que no haya sombras o de que esas sombras, si se localizan, sean despajadas.

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Su ley también ignora objetivos importantes que se han expuesto en las comparecencias en la Comisión Constitucional, como la regulación de lobbies y todo lo que tiene que ver con transacciones o decisiones financieras que tienen impacto
público. Antes me he referido a las de las cajas de ahorro, a los productos financieros tipo preferentes, etcétera. Todo este tipo de cambalaches, de decisiones, de gestiones, no son privadas porque tienen una influencia pública determinante
puesto que afectan al sistema. Por lo tanto, también la ley de transparencia tenía que ocuparse de estos temas.


La insuficiencia sancionadora. No nos pidan tampoco que tengamos una fe ilimitada en lo que la ley prevé en materia de sanciones cuando resulta que en España se están incumpliendo sistemáticamente leyes fundamentales. Por ejemplo, la Ley
de Bases de Régimen Local. En cantidad de ayuntamientos de España, tanto con alcaldes del Partido Popular como del Partido Socialista y de otros partidos, se prohíbe la grabación de plenos cuando esto es ilegal y, además, hay sentencias del
Tribunal Supremo hablando de la ilegalidad de este tipo de actos. Se dificulta a los concejales -no digo ya a los ciudadanos, digo a los concejales que ellos han elegido- el acceso a documentos que necesitan para su trabajo de representación y
control del Gobierno municipal. Sin embargo, no ocurre absolutamente nada. ¿Por qué tenemos que creer ahora que una ley va a modificar lo que son hábitos profundamente arraigados en la institución? En esta misma institución en la que estamos
hablando, me refiero al Congreso de los Diputados, han pasado treinta y dos años hasta que, por fin, se ha examinado la ejecución del presupuesto de la casa. Sin embargo, eso también es un incumplimiento de una normativa. Por lo tanto, si no
tenemos unas garantías mucho más sólidas de que esta ley va a ser algo más que pasar por un trámite administrativo o político que se nos exige desde instancias internacionales y para contentar a la presión de la opinión pública, estaremos en lo de
siempre, engordando el más del millón de normas que tenemos en España que afectan a la vida económica y a la existencia cotidiana de los ciudadanos pero que, además de ser contradictorias e incoherentes muchas veces, en la práctica, en otras
sencillamente se incumplen sin ninguna consecuencia y obligan a los agentes sociales a recurrir constantemente a la querella y al litigio en los juzgados porque las instituciones políticas no cumplen con sus cometidos. Esta es la cuestión
fundamental que una ley de transparencia tiene que atender, de qué manera se garantiza que sus objetivos se cumplen. Y si no se cumplen, por qué y por culpa de quién. Esta es la cuestión.


Para ir acabando el análisis de la ley que nos han presentado, quizás uno de los fallos, desde el punto de vista conceptual, más graves de esta ley es su insistencia en mezclar principios morales de buen gobierno, que además son demasiado
vagos, ambiguos y discrecionales, con lo que tienen que ser decisiones políticas. El recurso a la ética como solución a las insuficiencias de la política y a las lagunas jurídicas eso es propio de los malos gobernantes, de la mala democracia y de
los partidos políticos sin conceptos profundamente democráticos. La ética es un marco general para la emisión de juicios morales, y no es otra cosa. No pida usted que los juicios morales sustituyan a las insuficiencias de una ley. Sin embargo,
esto es lo que subyace en toda la construcción, la arquitectura teórica de este proyecto de ley. El propio informe del Consejo de Estado -dictamen al que usted no se ha referido, creo- ya advertía de que había un problema serio de colisión de esta
ley con otras. Por ejemplo, con la Ley de Protección de Datos -quiero también referirme a esto e inmediatamente haré una pequeña alusión- y con las normativas autonómicas, como aquí se ha dicho. Por no hablar de que además la propia ley prevé
sanciones, incluso a miembros del gobierno, a alcaldes, etcétera, que entran en colisión con lo que dice la Constitución o con lo que dicen ordenamientos legales previstos para la Administración municipal. Es una ley que, por lo tanto -y esto es un
problema serio de tipo jurídico, aunque no nos parezca lo fundamental, sino su carácter político- que puede llevar a una ley que provoque más inseguridad, más ambigüedad y más imprecisión.


¿Qué proponemos nosotros? Ya lo hemos expuesto muchas veces, pero lo diré brevemente. Nos parece que la ley de transparencia no tiene que ser una ley orientada hacia la Administración y que por eso la parte de buen gobierno debería estar
en otro lugar, si ustedes consideran que es una ley necesaria, sino, sobre todo, de prevención y penalización de la corrupción como uno de los problemas más graves que hay en España y que nos ha llevado en gran parte al agravamiento de la crisis,
hasta las profundidades abismales en las que estamos. Tiene que ser una ley de exigencia de dación activa de cuentas. ¡Ojo!, no solo de la solicitud de los ciudadanos de información y responsabilidad, sino que las propias administraciones y
gestores públicos tienen que estar obligados a dar cuenta de sus actos y de las consecuencias de los mismos. Tiene que prever la evaluación de los resultados de la gestión, de inversiones y ayudas públicas. Tiene que reforzar las
incompatibilidades, cuestión que nos parece básica y fundamental para evitar malas prácticas típicas de la opacidad como el efecto de puerta giratoria. Y tiene que prever la independencia

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efectiva de los reguladores y supervisores, cosa que es uno de los mayores fracasos del sistema democrático en España. Nuestros reguladores y supervisores no son independientes, y no lo son porque ustedes se los reparten, y se los reparten
precisamente para prevenir y para prever que haya un control ciudadano efectivo de las actividades de instituciones de interés público en general.


Para acabar, porque tenemos poco tiempo para este debate, como digo, de importancia fundamental, nos parece básico y fundamental que se desarrolle la ley como un derecho básico a partir del artículo 20 de la Constitución. No estamos de
acuerdo con la interpretación restrictiva que hacen ustedes de la Constitución cada vez que hay que interpretarla. En España la Constitución solo se extiende y se amplía como derechos cuando es para satisfacer reclamaciones nacionalistas y nunca
cuando es para satisfacer reclamaciones de derechos de los ciudadanos. Y este es un caso palmario de lo que estamos hablando. En las comparecencias que hubo en la Comisión y en todas las reuniones que yo personalmente he tenido con prácticamente
todos los que han propuesto algo en España sobre esta materia hay, por supuesto, diferencias de opinión sobre si se podría o no desarrollar como un derecho fundamental el acceso a la información. Nosotros, sin embargo, estamos de acuerdo con esa
opinión. Es posible y no solo eso sino que forma parte de las competencias legislativas del Parlamento, de esta Cámara, desarrollar la Constitución interpretándola a favor y no en contra de reclamaciones ciudadanas legítimas y además de mejora de
la democracia. Por lo tanto, nos parece que esta debería ser una ley orgánica y que debería basarse en una interpretación mejorativa del artículo 20 de la Constitución española. No nos digan que esto no se puede hacer porque la Constitución no
cite expresamente el derecho de acceso a la información, porque ya lo hicieron con la Ley de Protección de Datos.


El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que acabar.


El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Sí, señor presidente, inmediatamente.


En ningún lugar de la Constitución se hablaba de la protección de datos personales como un derecho básico, sin embargo, se hizo una ley orgánica desarrollando el artículo 18.4 de la Constitución. No nos vale que ahora nos digan que no.
Como les decía, si además cumplen ustedes con su compromiso -que esperamos que sea así- de firmar el Convenio europeo de acceso a documentos públicos, ese mismo convenio deja claro que no se pueden aceptar restricciones como el silencio negativo y
otras y por lo tanto nos obligaría, como ya ha pasado varias veces, a un nuevo parche posterior, a una nueva chapuza que sería cambiar una ley recién aprobada.


Para acabar, si no hay una voluntad real de hacer una ley de transparencia que sirva para mejorar los problemas de la democracia y no solo para mejorar la imagen de las instituciones conservando lo esencial de sus malas prácticas y malas
costumbres, lo mejor es no hacer una ley de transparencia porque será otra frustración, otra oportunidad perdida y algo que efectivamente, en una crisis como la actual, empeorará la democracia. Por eso les hemos pedido -y la nuestra es una enmienda
a la totalidad auténtica- que esta ley vuelva al Gobierno y que entonces nos presenten un texto legal, completo, con todo lo que han comprometido aquí que va a contener esa ley, para que podamos enmendarla y votarla.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Gorriarán.


Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Nuet.


El señor NUET PUJALS: Gracias, presidente.


Señora vicepresidenta, una buena fotografía de las intenciones del Gobierno con esta ley de transparencia es la reunión secreta que hace pocos días mantenía el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el señor Adelson, el magnate de los
casinos. Una reunión secreta de la cual no conocemos su contenido pero de la cual se ha comunicado que se estrecharon los vínculos y se colaboró ampliamente. Es una forma de tratar la transparencia. No hay que ser transparentes, pero hay que
parecerlo. Ese es el fondo del proyecto de ley que nos presenta el Gobierno y al cual se ha comprometido el Grupo Parlamentario Popular de esta Cámara. La mayoría absoluta del Partido Popular en esta Cámara le pesa demasiado a la ley de
transparencia, hasta tal punto que le ha recortado tanto las alas que le ha impedido volar. Por tanto tenemos, señoras y señores diputados, una ley cautiva de los intereses del Gobierno que son aquellos antiguos intereses del poder que tantas veces
se han reproducido en nuestro país. Pero pensábamos que estábamos en el siglo XXI y que seríamos capaces de hacer una ley del siglo XXI, y nos hemos encontrado con una ley que responde mínimamente a los parámetros de la transparencia del

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siglo XX, pero que no es valiente y es absolutamente insuficiente. Ese es el marco en el cual nos desenvolvemos.


El Gobierno cuando presentó la ley, no cuando la presentó a la Cámara sino cuando la anunció hace más de un año, mucho más de un año, preveía un debate plano, preveía en una acción de autobombo y propaganda poderse colgar una medalla y darle
a la sociedad española un jueguecito con el cual nos entretuviéramos, y nos hemos encontrado con dos factores determinantes que están cambiando las cosas, que están cambiando tal vez un poquito esa ley que el Gobierno introdujo en esta Cámara. En
primer lugar, una nueva sociedad exigente, las cosas ya no son, señora vicepresidenta, como antes, las cosas están cambiando muy deprisa y nos podremos sorprender en que en tan poco tiempo las cosas vayan tan deprisa. Hoy nos encontramos con el
despertar de conciencias democráticas, por supuesto, provocados por la estafa, bueno quería decir la crisis, a la cual estamos todos y todas sometidos. Y en segundo lugar, también el Gobierno se encontró con un calendario infernal: la Gürtel,
Bárcenas, Urdangarín, Botswana, todo casos que han ido apretando al Gobierno y lo han ido arrinconando en el tema de la ley de transparencia y, al final, el Gobierno se ha visto obligado, como mínimo, a parecer transparente, a prometer, prometer y
prometer que una serie de conceptos que públicamente ya están ganados por la sociedad van a aparecer en la ley de transparencia. ¡Ah!, eso sí, aún hoy este Congreso de los Diputados, posiblemente la inmensa mayoría de los diputados y diputadas del
Partido Popular no tienen ni idea de cómo esos aspectos se van a desarrollar y, por tanto, partidos, sí; Corona, sí; Iglesia, sí, creo que es el Gobierno de la democracia que más enmiendas in voce se ha hecho a sí mismo en la tramitación de un
proyecto de ley, ir anunciando cada semana en rueda de prensa e incluso en esta Cámara novedades que se incorporan al proyecto de ley, pero de las cuales el Gobierno no ha dado ni tan solo una línea de texto. Por tanto, el blablablá, ha funcionado,
el parecer transparentes funciona, pero, señores y señoras, mucho ruido y pocas nueces, y lo que queremos, señora vicepresidenta, son nueces, queremos nueces en la ley de transparencia.


Por eso hemos presentado una enmienda a la totalidad, para no poder ser engañados, otros han decidido probar suerte, estarán rezando a la Virgen de Lourdes esperando que los compromisos del Gobierno y las buenas intenciones se traduzcan en
una correcto proyecto de ley, pero estamos convencidos de que no es una cuestión de fe sino que es una cuestión política; tampoco es una cuestión de suerte y, por tanto, o hay voluntad política, y de momento no la vemos, brilla por su ausencia, o
nos vamos a encontrar al final, tal como empezamos, con un proyecto de ley absolutamente insuficiente.


Siete aspectos que quiero señalar para una enmienda global a este proyecto de ley. El primero, el futuro, señoras y señores diputados, es legislar sobre transparencia y derecho al acceso a la información como un derecho fundamental, como
han hecho algunas de las democracias más avanzadas de nuestro entorno y otros muchos países de Asia y de América. Quiero decir de forma clara que España es el único país de Europa con más de un millón de habitantes que no cuenta con una ley de
acceso a la información pública, a pesar de que a la luz de la Constitución española eso es un derecho fundamental. El artículo 10.2 de la Constitución establece que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la
Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados de acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. El artículo 20.1 de la misma Constitución reconoce
la libertad de expresión, que deberá ser interpretada según la Declaración Universal de Derechos Humanos que reconoce el derecho de acceso a la información como parte inherente a la libertad de expresión. Doce países de América -no los cito, no
tengo tiempo- ya lo han hecho, dieciocho países de Europa ya lo han hecho, seis países de Asia ya lo han hecho, dieciséis países de África -señora vicepresidenta- ya lo han hecho y España no va a ser, por desgracia, con este proyecto de ley uno de
todos esos países.


El segundo aspecto que quiero señalar es que hay una colisión de legitimidades entre el derecho a la protección y el derecho a la transparencia. De forma clara, así en nuestro país podríamos enterarnos de quién es el receptor de una
subvención o de la declaración de bienes e intereses de un diputado pero ser sancionados por vulnerar la privacidad de datos de carácter personal si después divulgamos el citado dato. Conviene recordar, además, que al tener la regulación de
protección de datos rango de ley orgánica -y en principio este proyecto de ley no va a tenerlo-, los conflictos entre ambas leyes, una orgánica y otra no orgánica, una que regula el derecho a la protección y otra que regula el derecho a la
transparencia, van a decantarse a favor de la protección y la transparencia va a quedar subsumida por la Ley Orgánica de Protección de Datos. No decimos que la protección no sea un derecho sino que, señoras y señores diputados, la transparencia,
sin duda en una sociedad democrática del siglo XXI es, como mínimo, un derecho igual de importante. Eso con esta ley no ocurre.

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El punto de exclusiones de la ley es inadmisible. Toda una serie de exclusiones que quedan relegadas y ocultadas al proyecto de ley. Es verdad, en este momento hay un compromiso de que algunas instituciones importantes van, de alguna
forma, a ponerse en el proyecto de ley. Sin embargo, he de decirle de forma clara que el Comité de derechos humanos de la ONU marca claramente que el derecho de acceso a la información puede ejercitarse sobre toda la información en manos de toda
entidad pública y cito el punto 18: Para dar efecto al derecho de acceso a la información los Estados partes deberán proceder activamente a la incorporación al dominio público de la información del gobierno que sea de interés público. El comité
define el gobierno como todos los poderes del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- y otras autoridades públicas o de Gobierno, cualquiera que sea su nivel, nacional, regional o local.


Señora vicepresidenta, queremos denunciar el acuerdo secreto al que ha llegado el Gobierno del Partido Popular con la Corona, acuerdo secreto sobre un pacto de cómo la Corona va a ser inserida en la ley de transparencia. El Gobierno tiene
el derecho y el deber de tener ese diálogo, pero tiene la obligación de que el Legislativo -que somos todas y todos nosotros- conozcamos qué es lo que se ha pactado. Por tanto, que el acuerdo secreto sea un acuerdo público y que cómo la Corona va a
aterrizar en la ley de transparencia sea objeto de conocimiento de forma transparente de la Cámara legislativa. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia). ¿Qué es lo que le han prometido a la Corona? Nos van a repartir
las migajas informativas de lo que la Corona esté dispuesta a dar al pueblo de nuestro país en la ley de transparencia? Pero es que, señora vicepresidenta, hoy la sociedad española lo quiere todo, no quiere las migajas. Queremos la agenda de los
miembros de la Casa Real, queremos el patrimonio de los miembros de la Casa Real, queremos saber cuáles son los negocios de los miembros de la Casa Real al igual que ocurre con otras casas reales europeas. (Aplausos). No pedimos una excepción,
pedimos una norma que algunas casas reales de algunos países democráticos europeos ya están cumpliendo y que ustedes han birlado a este Congreso de los Diputados. Por tanto, exigimos ese conocimiento. Podríamos tal vez hablar también en algunos de
estos términos de la Iglesia. ¿La Iglesia aparecerá en la ley de transparencia? No queremos que aparezca el desembolso de lo que el Estado le liquida a la Iglesia en concepto de IRPF, queremos saber en qué se invierte el enorme caudal público que
este país dedica al funcionamiento y al mantenimiento de una institución privada. Queremos que eso aparezca de forma clara y nítida en la ley de transparencia.


Hay que regular el silencio administrativo positivo y no el silencio administrativo en negativo. El proyecto de ley es completamente incompatible con el principio de publicidad y con la obligación de motivar las denegaciones de información.
Hay que tener en cuenta que en España, señora vicepresidenta, el 50% de las solicitudes de información no se responden, el 50% de los ciudadanos que piden a la Administración una respuesta no la reciben y la contestación del Gobierno es la
regulación del silencio negativo. Pues no, ese no es el futuro, eso no es una ley del siglo XXI. También queremos, por supuesto, un órgano supervisor. Usted hoy ha hablado de un consejo, correcto; estuvo en el debate, queremos un consejo pero,
¿quién va a nombrar al consejo? ¿El consejo va a depender del Congreso y va a rendir cuentas anuales ante el mismo sobre el grado de satisfacción y cumplimiento de la ley de transparencia? ¿Qué consejeros van a ser los nombrados? Queremos saber
todo eso porque si no lo sabemos podemos llegar a pensar que de nuevo el Gobierno actúa como el gobierno de Juan Palomo: yo me lo guiso y yo me lo como.


Señora vicepresidenta, necesitamos independencia para tener garantía del cumplimiento de la ley de transparencia. El formato es clave, señora vicepresidenta. El formato en el que damos la información tiene que ver sobre si esa información
puede ser utilizada y reutilizada o esa información, por el hecho de darla, se convierte solo en una voluntad que no aprovechan los ciudadanos. Por tanto, el concepto de formato, que no aparece en la ley, tiene que estar presente en este proyecto
de ley. Por supuesto, hablamos de proactividad y también de definición del propio concepto de información. Son aspectos en los que nos estamos quedando absolutamente cortos. Le pongo ejemplos. ¿Conoceremos las auditorías internas? ¿Conoceremos
los informes de fiscalización interna que realiza la Administración? ¿Conoceremos las agendas y los currículos de los miembros de la Administración que ocupan cargos relevantes? ¿Conoceremos el patrimonio público de este país? ¿Saben que en este
país es imposible saber cuál es el patrimonio público de las administraciones públicas, empezando por las administraciones públicas del Estado?


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Nuet, tiene que finalizar.

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El señor NUET PUJALS: Voy acabando.


Y, sobre todo, ¿conoceremos el desarrollo de las mesas de contratación pública?


Señora vicepresidenta, en este momento hay dudas razonables sobre la financiación de algún partido que se nutre o que podría estar ligada a empresas constructoras. Señora vicepresidenta, conozcamos los procesos de licitación. No queremos
saber solo cuál es el resultado porque eso es público, queremos saber cómo se llega a las conclusiones, quién vota qué, quién defiende qué y en función de qué intereses porque, evidentemente, sobre su partido hay dudas más que razonables. La ley de
transparencia sería también una oportunidad para ustedes, para que pudiesen salir de ese pozo negro en el cual el Partido Popular está en este momento instalado.


Acabo. Por supuesto también necesitamos promoción del derecho de acceso. Fundamental.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Nuet, ha superado en mucho su tiempo. Tiene treinta segundos.


El señor NUET PUJALS: Acabo ya.


La transparencia, señora vicepresidenta, es una cultura y por tanto estamos convencidos de que solo la promoción de la cultura de la transparencia puede ir transformando una vieja cultura de la opacidad profundamente instalada en nuestro
país. Pero le diré, sobre todo, lo que no es la transparencia: la transparencia no es publicidad, la transparencia no es propaganda.


Muchas gracias señoras y señores diputados. (Aplausos)


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Nuet.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta.


Señora vicepresidenta del Gobierno, señorías, hoy el Pleno de la Cámara aborda el debate de totalidad a un proyecto de ley muy importante. Un proyecto de ley, el de transparencia, que como decía la vicepresidenta es necesario e inaplazable.
Coincidimos: es necesaria esta ley, es inaplazable esta ley e incluso llega tarde esta ley. Porque el marco de otros países de nuestro entorno nos lleva ventaja y por tanto necesidad inaplazable de abordar esta regulación. Necesidad también de
abordarla en un contexto en el que desde Convergència i Unió vemos absolutamente necesaria la regeneración institucional y abrir mecanismos eficaces para la realización plena del derecho de acceso a la información pública. La transparencia es la
mejor medida para, en estos momentos, reafirmar la calidad democrática. La mejor medida para reafirmar el derecho a la información de los ciudadanos en todos los asuntos que inciden en lo que es la gestión de los asuntos públicos. La transparencia
es un mecanismo importantísimo para prevenir la corrupción. Por tanto, regeneración democrática, refuerzo institucional, ley de transparencia. Estamos en la buena dirección. Es necesaria esta ley y desde Convergència i Unió queremos impulsar que
sea una realidad cuanto antes.


Ese impulso, señorías, no puede de todas formas traspasar lo que podrían ser en ocasiones líneas rojas para cada uno de los grupos parlamentarios que hoy hemos presentado una enmienda a la totalidad. No queremos la devolución del proyecto
de ley porque es necesario y es inaplazable, pero tampoco podemos legislar de cualquier forma y no podemos legislar en el ámbito de esta ley de transparencia vulnerando directamente lo que son competencias exclusivas de las comunidades autónomas en
lo que es su autoorganización propia. Esa era una frontera para nuestro grupo que motivaba la presentación inicial de la enmienda de devolución: intentar buscar solución a aquellos aspectos del proyecto de ley que pudieran vulnerar ese ámbito
competencial de las comunidades autónomas y de las propias corporaciones locales en su autonomía local reconocida también constitucionalmente.


Esa era nuestra frontera inicial. Además de esa frontera inicial, hay aspectos del proyecto de ley que no únicamente por aspectos competenciales, sino por aspectos de contenido, merecen una revisión en profundidad. Quiero referirme en esta
ocasión -lo han hecho también otros portavoces- al propio artículo 11, que a la hora de establecer los límites a la transparencia entiende nuestro grupo que ese catálogo de hasta catorce motivos que puede dar lugar a la no atención del ciudadano que
pide el acceso a unos datos, ese elenco de motivos tan omnicomprensivos como pueden ser intereses económicos y comerciales, razones de política económica y monetaria o incluso la propia alusión al medio ambiente, son límites que deberemos acotar
mejor precisamente para reafirmar ese derecho de acceso de la ciudadanía y esa ley de transparencia que queremos impulsar.


Y además de esos aspectos que deben mejorarse en lo que es el contenido del proyecto de ley, en el ámbito competencial hay una precisión de entrada. Cuando el ámbito subjetivo engloba a todas las

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administraciones públicas y cuando el proyecto de ley en su gran mayoría se configura como normativa básica, entendemos que deberemos pulir mucho más aquellos aspectos para distinguir entre los que realmente deben ser principios generales
sobre transparencia y derecho de acceso, que afectarán a todas las administraciones, de aquellos que exclusivamente tratándose de una ley de estas Cortes Generales deben dirigirse a la Administración General del Estado o a los órganos
constitucionales del Estado. Por tanto, deberemos perfilar mucho mejor aquello que es más propio de las normativas autonómicas en este ámbito. Celebro que la propia vicepresidenta en su discurso de hoy haya aludido a esas normativas autonómicas
propias que en ese ámbito existen ya en Galicia y en Navarra, y se está tramitando en Valencia. Esas normativas propias deben poder desarrollar unos principios básicos pero deben tener su entidad propia y en ocasiones el proyecto de ley llega a un
ámbito de detalle que no es propio de una normativa básica. Por tanto, aquí también le pedimos ese esfuerzo de delimitación.


Hay aspectos sobre esa concreción que hoy usted misma desde el Gobierno ha anunciado aquí. Nos decía que incluso el currículum vitae o la trayectoria de cada cargo público se va a imponer en un nuevo artículo para que esté. Me parece muy
bien, pero eso debe imponerse en esta ley para la Administración General del Estado, porque sobre esos aspectos tan concretos debe ser cada Administración autonómica la que con sus leyes propias venga a definir exactamente cuál es el contenido final
de la transparencia que ellas imponen a su Administración propia. Evidentemente en el marco de los principios básicos que se definan en esta ley estatal, pero entendemos, señora vicepresidenta, que este es un aspecto que requiere de una reflexión.


Había también otra cuestión en todo lo relativo al buen gobierno que saben el Grupo Popular y saben sus señorías que desde las primeras comparecencias hemos puesto de relieve porque era una clarísima agresión competencial. Nos referimos a
quién va a incoar, instruir e imponer las sanciones en todo ese elenco de conductas que atentan al buen gobierno que define el proyecto de ley. Entendemos que había una confusión competencial evidente. El hecho de que el ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas fuese quien finalmente acaba imponiendo las sanciones a cargos autonómicos o locales entendemos que era un despropósito competencial; un despropósito competencial que atenta directamente contra el propio texto de la
Constitución cuando en su artículo 153, al enumerar cuál puede ser el control de las comunidades autónomas, en ningún caso se refiere al control del Gobierno sobre Gobiernos de las comunidades autónomas. Por tanto, habría que definir mejor esa
potestad sancionadora, esa agresión competencial. Hoy la vicepresidenta nos ha anunciado que se va a resolver. Quiero agradecer hoy aquí la labor tanto de la vicepresidenta como del secretario de Estado, José Luis Ayllón, a la hora de intentar
perfilar una alternativa a ese modelo sancionador. Una alternativa que no puede ser otra que quien incoa el expediente, quien lo instruye, quien impone la sanción si estamos ante un cargo autonómico es la correspondiente Administración autonómica y
quien lo hace si estamos ante un cargo de la Administración General del Estado es el Consejo de Ministros, es el Gobierno, puede ser el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. Pero, evidentemente, esa yuxtaposición de un procedimiento
sancionador en el que un Gobierno entra en el ámbito de la potestad sancionadora de otra Administración era del todo inasumible para Convergència i Unió. De ahí que agradezcamos las propuestas alternativas que hoy se nos han ofrecido y agradezcamos
también la voluntad que ha expresado la vicepresidenta de repensar ese régimen de infracciones que se están definiendo en todo el capítulo de buen gobierno y también las sanciones.


Comentando este proyecto de ley con nuestro portavoz adjunto, don Pere Macias, llegábamos a una conclusión que creo que todas sus señorías pueden llegar a compartir: una sanción ante un cargo electo como puede ser un alcalde, que comporte
finalmente su destitución, atenta al propio principio democrático. Por tanto, la destitución de un cargo no puede ir aparejada a lo que es, además, una definición de los hechos sancionables que en ocasiones es muy imprecisa o puede dar lugar a
interpretaciones muy dispersas: el incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los estatutos, el incumplimiento de funciones esenciales inherentes al puesto. Todo esto puede dar lugar a una subjetividad a la hora de interpretar si se
da o no esa conducta y si después la sanción es la destitución del cargo entendemos que es totalmente inasumible. Más aún cuando, en el caso de cargos electos locales, se da el principio de democracia por excelencia, como es que una corporación
municipal elija entre sus concejales a aquel que tiene la responsabilidad de la alcaldía de ese municipio. Por tanto, aquí nos queda mucho por andar y deberemos buscar fórmulas que sean realmente las que se adecuen al ámbito competencial, no
únicamente de las comunidades autónomas sino también de las propias corporaciones locales, y vengan a respetar

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de manera directa e importante lo que es el principio democrático en la elección de cargos y también por supuesto en su destitución.


Señorías, hay aspectos de este proyecto de ley que deberían desaparecer. Uno de ellos es también la alusión que se hace a la necesidad de que las leyes de Presupuestos Generales del Estado establezcan cada año el baremo retributivo de los
órganos de gobierno de las entidades locales. Esa es una manifestación más de que se extralimita en aquello que debería incluir un proyecto de ley de transparencia y buen gobierno. Por tanto, le pedimos, señora vicepresidenta, que desaparezca de
este proyecto de ley esa alusión al baremo retributivo de los órganos de gobierno de las entidades locales. Le pedimos también que desaparezca esa obligación a las administraciones públicas de tener que simplificar su ordenamiento jurídico. En
Cataluña, la Generalitat, a través del Parlament de Catalunya, en la pasada legislatura hizo un esfuerzo enorme de simplificación normativa con las llamadas leyes ómnibus, pero lo hizo en razón de su autogobierno, de sus competencias estatutarias,
no porque se lo venga a ordenar o no una ley estatal de transparencia. Por tanto, esa obligación de refundir textos, que nos parece correcta para la Administración General del Estado en esta ley, en el caso de las administraciones autonómicas deben
ser estas las que, en uso de sus facultades de autogobierno, establezcan esa obligación, ese iter de política legislativa que quieran realizar en su territorio, repito, tal y como hizo la Generalitat de Catalunya a través de su Parlament en la
pasada legislatura. Por tanto, estos aspectos, señora vicepresidenta, son también importantes para Convergència i Unió, como es importante el ámbito subjetivo del proyecto de ley.


Hemos realizado avances. Quiero recordar hoy aquí que precisamente en el debate de política general el pasado 26 de febrero hubo una propuesta de Convergència i Unió que aprobó este Pleno en el sentido de que debería incluirse en el
proyecto de ley de transparencia a todas las instituciones que se financian esencialmente con dinero público. Nos referíamos por tanto a la Casa Real y así lo anunció desde esta misma tribuna Convergència i Unió entonces, el pasado mes de febrero,
y ese compromiso al que llegamos aquí en esa resolución aprobada se debe materializar en forma de enmiendas, incluyendo claramente a la Casa Real en el ámbito subjetivo del proyecto de ley, así como debe incluirse a los partidos políticos, a las
organizaciones sindicales, a las organizaciones empresariales y a todas aquellas entidades que, aunque sean privadas, tienen un porcentaje de financiación pública significativo o, a pesar de que el porcentaje pueda no ser significativo, tienen una
cantidad de dinero público, vía presupuestos, que les llega y que les obliga también a entrar en el ámbito subjetivo de este proyecto de ley. Por tanto, nos queda aquí un camino por recorrer, y consideramos que vamos en la dirección correcta a la
hora de ampliar a la Casa Real, a los partidos políticos, a los sindicatos y a las organizaciones empresariales todo aquello que debería ser objeto de esta ley de transparencia, aportando desde Convergència i Unió aspectos que entendemos que
podríamos aprovechar la tramitación del proyecto de ley para incluir.


Sería positivo incluir en el nuevo proyecto de ley de transparencia la obligación de la Administración General del Estado de dar publicidad a los bienes que son de su propiedad y conocer el uso de los mismos. Transparencia es saber
exactamente el patrimonio que se tiene desde la Administración General del Estado y qué utilización se le da. Eso ayuda también a la transparencia. Transparencia es, asimismo, cumplir con las leyes y con la obligación de que se publiquen las
balanzas fiscales entre el Estado y las comunidades autónomas. Nos hace falta esa transparencia. Nos hace falta que la obligación de la publicidad de las balanzas fiscales se refuerce también en esta ley de transparencia. Transparencia es también
si somos capaces de incluir en el proyecto de ley disposiciones que refuercen de manera muy clara qué cumplimiento se da a la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado, cómo se cumplen los Presupuestos Generales del Estado y de qué manera
la Administración publicará en su web, vía transparencia, el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Esto también es transparencia, y también lo es -a mi grupo le gustaría que esto se incluyera en este
proyecto de ley, aunque fuera una remisión a una futura normativa- la necesidad de dotar de un marco regulatorio a las relaciones entre grupos de interés y poderes públicos, no únicamente Cortes Generales, sino poderes públicos, porque los llamados
lobbies también tienen una relación con el Poder Ejecutivo y, por tanto, es necesaria una regulación a través de un registro, tal y como se ha hecho en la Comisión Europea y en el Parlamento Europeo. El pasado mes de junio del año 2011 entró en
vigor ese registro en el ámbito europeo para el seguimiento de la participación tanto de las organizaciones como de los individuos en el proceso legislativo y ejecutivo. Sería también positivo que esa llamada a una regulación futura se incluyera en
este proyecto de ley de transparencia.


Termino ya, señora vicepresidenta, señora presidenta de la Cámara, con un ofrecimiento. Lo hacía el Gobierno y desde Convergència i Unió admitimos esa apuesta. Nos decía que esta debe ser una ley de

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consenso, una ley de todos, y se nos abría la posibilidad al diálogo y a las enmiendas. En materia sancionadora de buen gobierno se nos han ofrecido soluciones concretas y nosotros hoy, como no deseamos que se devuelva el proyecto de ley
porque es urgente aprobarlo, porque la sociedad espera de nosotros que lo aprobemos cuanto antes ya que nos debe ayudar a la regeneración democrática y al fortalecimiento institucional, como no deseamos que se devuelva, sí queremos implicarnos a
fondo en la negociación de las enmiendas parciales y superar todos los aspectos competenciales que hemos denunciado desde mi grupo, como también lo han hecho otros. Nosotros retiraremos nuestra enmienda de devolución con el ánimo de intentar buscar
el acuerdo. Esta es una retirada prodiálogo que esperamos pueda conducirnos a una aprobación final. Si el resultado de la negociación final es buena, tendremos un mayor consenso final en la aprobación de este proyecto de ley. No desearíamos que
la retirada de hoy nos condujera a no votar el proyecto de ley al final de su tramitación porque no hayamos conseguido el acuerdo que hoy, sobre la base de la oferta de diálogo y de las redacciones concretas, nos ha ofrecido el Gobierno. Podemos
intentar caminar juntos hacia esa normativa tan importante, tan emblemática, tan deseada por la ciudadanía y que no debe quedar solo como una frase que queda bien en un proyecto de ley. La transparencia nos exige a todos abrir ventanas y que de
manera muy clara y muy honesta aquello que es público sea realmente de la ciudadanía en su conjunto, respetando evidentemente los límites que en cada momento se deben respetar. La propia Constitución en el artículo 105 nos marca unos límites.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: La seguridad, la defensa del Estado, averiguación de delitos, intimidad de las personas... Más allá de esos límites, seamos capaces de dar esa apertura que la sociedad nos exige porque desde el Congreso de los
Diputados y desde las instituciones no les podamos defraudar.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Jané.


Señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas gracias, señora presidenta.


Señores diputados, quiero, en primer lugar, agradecer las aportaciones y el tono de todos los presentes en el debate de esta ley que, como decían muchos, está llamada a ser una ley importante en el entramado institucional y en el entramado
normativo de nuestro país. Quiero agradecer a todos las observaciones, las aportaciones, así como la búsqueda de diálogo y la confianza en él depositado. Algunos grupos parlamentarios se han mostrado dispuestos y confiados con lo que ha propuesto
hoy el Gobierno para seguir trabajando y llegar a un texto de todos. Yo trabajaré y lo hará mi grupo parlamentario y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes -ya lo viene haciendo- para que ese trabajo que hoy empezamos, o que venimos
haciendo desde hace unas semanas pero que hoy acentuamos, sea una realidad. Les agradezco esa labor constructiva. ¿Por qué? Porque como decían muchos de los aquí presentes, esta es una ley necesaria e inaplazable.


Quiero diferenciar aquí dos posiciones que se han mantenido en esta Cámara; el partido que ha presentado una enmienda a la totalidad, Esquerra Republicana de Catalunya, y el resto de grupos que de momento mantienen esa enmienda. A los
grupos que han pedido la retirada del proyecto siento decirles con todos los respetos que me parece incoherente e incongruente. Aquí se ha dicho que estamos ante una ley necesaria, estamos ante una ley que es imprescindible, estamos ante una ley
que tiene que cambiar la forma de funcionar las administraciones, que esta ley es básica pero que llega tarde. Yo misma lo he dicho en la tribuna; España se incorpora muy tarde a los Estados que tienen una ley de transparencia pero lo hacemos
ahora. Pero, por otro lado, no ofrecen nada más que su retirada. Señorías, si retiramos ahora esta ley, tendremos dificultades para que en esta legislatura haya una ley de transparencia. El grupo que ha presentado una enmienda a la totalidad por
lo menos ha presentado un texto, los grupos que haciendo valer con la enmienda a la totalidad los problemas de calado que tenían y que van a arreglar han dado una solución; los que simplemente han propuesto aquí su retirada y su devolución al
Gobierno nos condenarían a que no hubiera ley de trasparencia en esta legislatura o al menos a perder ese tiempo que ya ponen en evidencia que se ha perdido al no tenerla. A algunos de los que han intervenido parece ser que no les satisfacen las
observaciones, las enmiendas, los compromisos que se han planteado aquí. Dicen no creer. Yo creo, señorías, que una de las fórmulas del diálogo para llegar a consensos es la

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confianza mutua. En esta Cámara estamos para trabajar, para respetar la palabra dada y para seguir construyendo, no sirve el no creo, pero bueno, si algunos quieren ser como santo Tomás, después verán al final del texto si se suman o no se
suman. Pero, como decía, si es inaplazable, si es necesaria, si estamos haciendo un tanto el ridículo institucional por no tenerla, lo que no entiendo es que pidan sin más que la retiremos. Alguno de los intervinientes decía: cojan ustedes el
texto, reháganlo con lo que hemos dicho aquí todos y nos lo vuelven a traer. Señoría, eso es tanto como no entender qué es el Parlamento. Eso es como si en cada ley que hubiera alguna enmienda que ustedes proponen, que al Grupo Parlamentario
Popular le parece conveniente y oportuna y al Gobierno coherente dijéramos: dénnosla, nos la volvemos a llevar, la volvemos a traer y aquí solo se pone el sello. El Parlamento es para debatir, para discutir, para hablar en las ponencias, para
aportar, para hacer enmiendas y para hacer observaciones, y este es el plazo que abrimos ahora; el plazo en que el Gobierno asume un compromiso con los grupos en los términos de las palabras que se han mantenido en esta tribuna.


Voy a ordenar las intervenciones porque hay algunos puntos que son compartidos por distintos grupos parlamentarios y, sin estar cerrado a que alguno de los asuntos pueda perfilarse y matizarse en las enmiendas parciales, sí me gustaría
aclarar alguno de los asuntos. En primer lugar, se dice que esta ley debería ser una ley reguladora de un derecho fundamental. Aquí quiero diferenciar dos intervenciones diferentes porque hay que mantener la coherencia, lo digo especialmente
respecto a Esquerra Republicana de Catalunya. Es muy incoherente mantener que esta es una ley reguladora de un derecho fundamental y, por tanto, una ley orgánica, en cuyo caso las leyes del Estado agotan prácticamente el inmenso contenido de su
regulación porque son derechos fundamentales y, por otro lado, decir que son las comunidades autónomas las que tienen que desarrollar aspectos concretos. Señores de Esquerra Republicana de Catalunya, una cosa u otra. Si es un derecho fundamental
se agota la totalidad porque no puede existir legislación básica, la legislación es completa para garantizar la igualdad. Si es un derecho de otra naturaleza, en ese caso pueden, como se ha hecho en algunas comunidades autónomas, regularlo.


Yo he estudiado mucho este asunto porque creo que hay un gran debate doctrinal y lo ha habido en las comisiones, lo ha habido en la Comisión Constitucional y en las comparecencias de los expertos no ha habido opinión unánime. Ha habido
insignes constitucionalistas como Tomás Ramón Fernández o Santamaría Pastor que consideraban que no lo era y otros que decían que podía hacerse una novación constitucional. Porque estaríamos hablando no de una interpretación, sino de una novación
constitucional. No me parece quizá la fórmula que dé más seguridad jurídica para abordar las reinterpretaciones o ampliaciones de nuestra Constitución. Pero, señorías, yo me voy a ir a quien tiene la interpretación auténtica de la Constitución,
que podemos ser nosotros en parte, pero que fundamentalmente es el Tribunal Constitucional y también el Tribunal Supremo, y les voy a decir lo que han dicho al respecto. Sentencia del Tribunal Constitucional 161/1988, de 20 septiembre, en que se
inadmite el recurso de amparo porque se considera que este derecho está amparado en el 105 y no en el artículo 20. Esa es la interpretación del Tribunal Constitucional. Quiero citarles una sentencia del Tribunal Supremo de la sala tercera, de 19
mayo de 2003, de la que fue ponente don Manuel Goded Miranda, conocido bien por alguno de los comparecientes en la Comisión Constitucional, donde se señala expresamente que en este caso lo que nos encontramos es ante un derecho de configuración
legal, como determina el artículo 105. b) de la Constitución, que debe calificarse como un derecho subjetivo a la información que, sin embargo, en el caso enjuiciado con lo que tiene vinculación es con los derechos de los ciudadanos a los archivos
y registros administrativos; eso incluso cuando se había pedido por parte de algún medio de comunicación. Eso no quiere decir que el derecho no tenga la máxima garantía y protección posible, que al fin y al cabo es de lo que se trata, que la ley y
los derechos que hoy ampliamos y reconocemos no estén protegidos de la manera más extensa por los tribunales, por eso en esta tribuna se ha hecho una oferta a las observaciones que algunos de los grupos han realizado. Señores, antes del recurso
contencioso-administrativo en toda su amplitud, que exista un consejo de la transparencia, de buen gobierno, encargado de examinar cómo se responde, si se responde, si se está haciendo bien y qué medidas pueden adoptarse. Es decir, hagamos un
refuerzo del derecho dentro de lo que es con las máximas garantías.


En segundo lugar, se ha hablado por muchos de los grupos del silencio administrativo y también diré que es un asunto, señor Gorriarán, del derecho administrativo, pero es que el derecho administrativo también es importante y hay que
analizarlo con sumo cuidado. Claro que a todos nos gustaría que en todos los temas de todas las administraciones hubiera un silencio positivo, sería lo idóneo en unas administraciones que pudieran decidir en plazo en todos los asuntos de que se
ocupa, pero da la casualidad de que también la Administración es limitada en sus medios, en sus recursos y en sus funcionarios, con

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lo que hay que encontrar un equilibrio. Ustedes me dicen que en otros Estados, en otros sitios, es positivo, pero no han puesto ejemplos. En primer lugar, el señor Gorriarán maneja el informe del Consejo de Estado y dice que no lo he
citado, pero cuando se cita, o al menos cuando se cita en los tribunales, señor Gorriarán, uno acepta un documento en lo que le beneficia y en lo que le perjudica. Esas son las reglas procesales, aunque no sean las de esta Cámara. Pues bien, el
Consejo de Estado dice que la opción del silencio negativo es lógica y adecuada al derecho. Entiende que no cabe admitir la posibilidad de que como consecuencia de la falta de resolución expresa en plazo de una solución de acceso, otros derechos
puedan resultar vulnerados. La sola necesidad de protegerlos, frente a la posibilidad de que puedan verse afectados o vulnerados como consecuencia de la estimación presunta de las solicitudes de acceso a la información pública justifica per se la
regla del silencio negativo. Es el supremo órgano consultivo del Gobierno y creo que su opinión es importante.


Aquí se ha dicho también que el Convenio de Europa regula el silencio positivo. Tengo que decirles a algunos de ustedes, al señor Nuet, al señor Gorriarán y al señor Bosch, que no es así. En los Estados occidentales que han aprobado normas
de acceso a la información -algunos han sido citados en esta Cámara-, como puede ser el caso de Estados Unidos, la regulación del silencio es negativa, como lo es en Francia, en Italia, en Reino Unido, en Portugal, en Canadá o en Suiza. Y estamos
diciendo que queremos parecernos a ellos. Algo habrán tenido que analizar en el equilibrio de los derechos que están en juego, sencillamente, señorías, A mí me parece muy bien, lógico y coherente, y pongámoslo en enmiendas, que el empleado público,
el funcionario público, el alto cargo que no conteste, que obstruya, tenga su sanción. Lo que me preocupa es que, como consecuencia de esa obstrucción querida o de una obstrucción involuntaria debida al aluvión de asuntos, perjudiquemos a
particulares -no estoy hablando de altos cargos, no estoy hablando de políticos, estoy hablando de ciudadanos- vulneremos su derecho a la protección de sus datos, de su intimidad personal como consecuencia de un retraso de la Administración. Si la
Administración se retrasa, sancionémosla, pero protejamos, a través de esta fórmula, los derechos de otros. Estoy hablando de datos de carácter personal, de datos de carácter sanitario, de datos de la intimidad personal; estoy hablando de datos de
la seguridad de las personas, que es de lo que se habla cuando nos referimos a los límites de la seguridad nacional.


Algunos grupos, como es el caso del Bloque Nacionalista Galego, han abogado por ese silencio positivo. Yo, con todos mis respetos, les pido un poco de coherencia, porque la Ley de transparencia gallega, que es una buena ley, establece el
silencio negativo. Allí la votaron por unanimidad, lo que no entiendo es que aquí no sirva lo que sirve en Galicia; al fin y al cabo creo que estamos todos en el mismo Estado.


Último dato para el señor Nuet. Conviene leerse bien los papeles. Convenio de Europa sobre datos o documentos oficiales de 2009. Al regular el procedimiento de revisión dice lo que presupone el silencio negativo: contra las decisiones
denegatorias, expresas o presuntas debe arbitrarse un recurso ante un tribunal o ante una instancia independiente e imparcial. Señor Nuet, una denegación presunta es la otra forma de llamar, de hecho así se llamó en ocasiones en derecho
administrativo, al silencio positivo negativo, con lo que el convenio del Consejo de Europa está admitiendo que puede haber denegaciones presuntas, es decir, por silencio, de las peticiones que se dan.


Límites al derecho de acceso. Estoy dispuesta a sentarme con los grupos a analizar este asunto. Quiero señalar una cuestión. A veces con la relación de límites tendríamos que ver si es bueno que haya pocos y muy amplios o más, pero muy
estrictos. Les pido que analicemos conjuntamente esa cuestión, porque a veces límites muy genéricos, muy amplios, pueden ser cobertura para que se deniegue mucho más de lo que a lo mejor se puede denegar como consecuencia de tasar muy bien las
causas de esa limitación. En este punto, decía la señora Oramas, y agradezco muchísimo su intervención y además su posición muy constructiva en este punto, que otros Estados tienen menos límites de acceso y citaba a Estados Unidos. Quiero decir
que en Estados Unidos su regulación tiene prácticamente los mismos límites que la nuestra: seguridad nacional y defensa; relaciones exteriores; seguridad pública; investigaciones criminales; ciertas normas en las que es necesario un mayor
control administrativo; vida privada, salud y otros intereses privados legítimos; intereses comerciales y otros intereses económicos, privados o públicos; política económica monetaria y tipos de cambios; procedimientos judiciales o
deliberaciones u otros aspectos en que haya que guardarse la confidencialidad. Si analizamos el derecho comparado de todos ellos, veremos que todos nos estamos manejando en los mismos límites y con una aplicación casi similar. No obstante, el
Grupo Parlamentario Popular está dispuesto a analizar la redacción de esos límites, a concretarlo en la medida de lo posible y si alguno entendemos que no es imprescindible para proteger los derechos de los ciudadanos, hagámoslo.

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Hay otra cosa que creo que hay que diferenciar al hilo de la protección medioambiental. Que haya un límite no quiere decir que se utilice y que se niegue como consecuencia de ese límite toda información de naturaleza medioambiental. El
límite está ahí y la Administración y el consejo de transparencia y buen gobierno tendrá que decir si lo interpretará bien, tendrá que justificar que por protección de ese medio ambiente no se dé información, pero no que toda información ligada con
la protección del medio ambiente no se dé. Lo que hemos hecho es buscar un equilibrio. ¿Por qué? Porque el convenio de Aarhus que España ha ratificado establece que en materia de protección de medio ambiente a lo mejor debemos ser más rigurosos
en el acceso a la información que se tiene. Aquí se han dado algunos ejemplos. Valorémoslos. Que un pirómano pueda acceder a donde están las torres de vigilancia en materia de incendios creo que es una información que no tiene que tener; y los
cazadores furtivos cuando han sido condenados por ello en lugares de crías, no, pero quien retenga información de otros asuntos medioambientales que son importantes para la ciudadanía, por supuesto. Cómo no vamos a darlos.


Sobre los aspectos puntuales que me ha planteado algún grupo parlamentario, creo que he tratado de aquellos asuntos que pueden seguir abiertos en la ley, otros han sido cerrados y con su aportación podemos seguir trabajando y cerrarlos aún
más, quiero señalar algunas cosas. Señor Baldoví, usted ha subido aquí y ha dicho que hablaba en nombre de los ciudadanos. Permítame que le diga una cosa, con gafas y sin gafas es ciudadano, pero también es político, también se le aplica la ley y
ha sido también alto cargo; creo recordar que ha sido alcalde de un ayuntamiento. Entonces no sirve venir a esta tribuna y decir: los ciudadanos queremos saber. No, es que los ciudadanos también quieren saber lo que usted hace. (Aplausos).


El señor Bosch y el señor Nuet decían que esta ley llega tarde, que había que haberla hecho antes, que no se ha hecho... Les recuerdo que ustedes han gobernado, al menos sus partidos han formado parte de algún grupo tripartito y en su época
no impulsaron ni aprobaron una ley de transparencia, al menos no la aprobaron. Ahora es cuando se está discutiendo en el parlamento de Cataluña. O sea que tarde llegamos todos. (Aplausos). No sé en sus gobiernos y en sus administraciones, pero
yo le hablo de la que conozco, que es la Administración General del Estado, a la que sirvo ahora en este puesto y a la que volveré a servir desde mi puesto como funcionario público, jamás he visto una tarjeta de crédito en la Administración del
Estado. Si ustedes quieren que se prohíban, por supuesto, que se prohíban; si no se han visto nunca. Eso sí, nos tendrán que explicar si ustedes las han visto en las administraciones donde han tenido responsabilidades de gobierno. (Aplausos).


Señora Fernández Davila, no le parece bien o le parece insuficiente la ley del Gobierno. Le decía hace un momento que ustedes impulsaron una ley en Galicia en el año 2006. La votaron por unanimidad. Es una buena ley. La hemos analizado,
la hemos estudiado para elaborar un marco de carácter general, además, fueron ustedes pioneros y hay que reconocérselo. Pero, señoría, si esa ley le gusta y la votaron, no entiendo que diga que algunos aspectos de esta ley, de la que es general, no
le gusta, sobre todo porque en materia de ámbito de aplicación la ley gallega es más restrictiva. Está mucho más limitada a las administraciones. Está mucho más limitada en materia de sociedades mercantiles, pero no dice nada de las sociedades
privadas. Por ejemplo, exige que haya un derecho, un interés legítimo de las personas para acceder a la información. Señoría, aquí se accede a la información sin tener que invocar ningún interés legítimo. Señor Nuet, repásese la ley, no se exige
que se motive la petición de acceso. Una cosa es que usted cuando la pida quiera añadir algún dato para ver si se centra más, permítame que lo diga llanamente, el tiro, pero aquí no se le obliga a nadie a acreditar ningún derecho, ningún interés
legítimo, ni ha motivarlo. Si usted quiere hacerlo, lo hace, pero no se le obliga a nadie en esta ley a que tenga que hacerlo, todo lo contrario.


Señor Olabarría, quiero agradecerle su tono. Creo que el buen rollo, como usted lo ha llamado, a veces también es bueno, especialmente porque estamos hablando de una ley que se nos aplica a todos. En esta Cámara todos somos ciudadanos,
todos somos políticos y a todos, porque ustedes también quieren llegar alguna vez a responsabilidades de gobierno, para eso se presentan, se les va a aplicar esta ley, en publicidad, en acceso a documentos y en buen gobierno. Por eso le agradezco
ese tono porque entre todos tenemos que construir y fortalecer las instituciones, que son de todos. Se fortalecen construyendo desde la discrepancia, viendo las posiciones de cada uno y tratando de llegar a un acuerdo. Dice que las leyes no se
aplican a los muertos; se les aplican, aunque ya no les produzcan efecto, señoría. El registro civil, la ley de servicios funerarios y algunas rehabilitaciones a posteriori que se vienen produciendo.

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Señor Martínez Gorriarán, ha hablado de muchas cosas, muy variadas y de todos los ámbitos. También de la ley de transparencia. Yo no sé si ha oído el debate de quienes han hablado con anterioridad en la tribuna pero no hemos hablado de
derecho administrativo, aunque a algunos nos guste mucho. Hemos hablado de cultura institucional y de regeneración democrática. Con todos mis respetos, me gustaría saber en qué cree porque dice: yo no tengo por qué creer en usted. Indudablemente
que no, ni yo lo pretendo. Procuro ser fiel a la palabra dada, es lo que me han enseñado en mi casa y en mi tierra, pero usted no tiene por qué creer en mí. Pero añade: tampoco voy a creer que la ley de transparencia cambie las cosas. Oiga, en
mí no crea, pero en las leyes tenemos que creer. Esa es la base de nuestro sistema, creernos las leyes. Luego, sin embargo, dice: ustedes hablan de ejemplaridad y eso no es legal. Aquí también hay que hablar de ejemplaridad y la señora Díez y
yo, en las innumerables preguntas que hemos tenido sobre transparencia, se decía una cosa: las leyes son importantes y la ejemplaridad de los comportamientos individuales también. Señoría, dígame usted si cree o no en la ley de transparencia,
porque si cree en ella y si alguna vez llega a algún gobierno tendrá que aplicarla. Yo creo que es bueno creer en las leyes.


Habla usted de cambalache. Llámelo como quiera. Yo creo en la cultura del diálogo y si en algún asunto uno puede ser convencido por otro, me parece positivo, señor Martínez Gorriarán. Yo le pido que trate de convencerme. A nosotros nos
han convencido en algunas cosas los expertos o ustedes y las hemos incorporado; no tenemos ningún problema, señoría, pero le pido que sea más positivo. Quizá cuando exista esta ley a lo mejor no es tan fácil hacer algún tipo de debates; a lo
mejor cuando exista esta ley algunos pierden alguna parte de su discurso; a lo mejor, pero habremos construido y habremos avanzado en la democracia, que es de lo que se trata, señor Martínez Gorriarán. (Aplausos). Habremos avanzado en la
democracia. Yo estoy aquí para eso y no me considero ni más ni menos demócrata que nadie, al menos lo mismo, con independencia de los votos que tenga cada cual; lo mismo. Construyamos. Esto no es para decir que yo soy transparente o menos
transparente. No, no, esta ley y este debate no es para decir yo soy más transparente o usted es menos. No, esta ley es para que seamos transparentes todos. Todos. Luego veremos cómo se ejecuta y cómo los distintos gobiernos y las distintas
administraciones de las distintas instituciones los aplican. Pero esta ley es para que lo seamos todos.


Señor Nuet, hablaba de subvenciones. Claro que hay derecho a conocer las subvenciones, es lo que dice la ley. Las subvenciones se tendrán que acordar y veremos cómo se ejecutan. Veremos cómo se cumplen y veremos si se reintegran. Señor
Nuet, algún día si quiere hablamos usted y yo particularmente de esto, de cómo se exige el reintegro de las subvenciones que no se ejecutan, porque también es importante. No confundamos los términos. Esta ley se va a ampliar a las entidades
privadas, a todo tipo de entidades privadas, sin apriorismos. A mi me da igual el signo, me da igual la confesión porque esto tiene que ser objetivo, si son organizaciones no gubernamentales, si son confesiones religiosas... No es por voluntad
nuestra, es por lo que diga la ley. Y si la ley dice que a partir de un determinado porcentaje, a partir de una determinada cuantía para determinados fines tiene que ser transparente será porque lo diga la ley no porque suba aquí cada uno con sus
preferencias o no preferencias para decir a quién se le aplica o a quién no. Igualdad en la aplicación de transparencia, por encima de determinados estándares, por encima de determinados porcentajes, por encima de determinados volúmenes que la
aplique. En cuanto a las subvenciones, señor Nuet, todas, todas; no porque las entidades tengan que hacerlo, sino porque lo va a tener que hacer la Administración. Seguro que nos vendrá muy bien, seguro que nos vendrá muy bien, porque así
sabremos de cada entidad que subvencionamos quién la subvenciona y hasta dónde llega el monto de la subvención; a lo mejor también podemos ahorrar y discriminar qué estamos subvencionando, y de manera coherente, porque da la casualidad de que hoy o
hacemos una labor ardua de mirar los boletines oficiales, que es imposible, o probablemente haya entidades sobrefinanciadas y otras infrasubvencionadas, con lo que esto también nos servirá para ello.


Habla usted de los procedimientos de licitación. Se van a colgar los contratos del último hasta el final. Señor Nuet, yo no sé si usted ha estado en una administración pública, pero en las administraciones públicas funcionan las juntas de
contratación y las mesas de contratación, hay sentado un interventor y un letrado de la Administración correspondiente, se abren los pliegos y se examinan. Yo no sé si usted ha gobernado, pero donde yo lo he visto, desde fuera y desde dentro, estas
cosas se hacen con cierta seriedad y no conviene desconfiar de los funcionarios públicos; desconfíe usted, si quiere, de los políticos. (Aplausos).


Señor Jané, le agradezco el tono, la confianza y la coherencia. Esta ley es necesaria, esta ley es inaplazable, esta ley es mejorable; sí, mejorémosla. Ha señalado usted algunos puntos, que nosotros estamos dispuestos a estudiar y
analizar; ha pedido que los bienes del Estado se publiquen, y así se hará.

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Podremos hacerlo, al menos en la Administración del Estado, porque una de nuestras tareas en estos primeros meses es hacer un inventario de bienes inmuebles de la Administración del Estado, que ya tenemos porque no existía; primero hacerlo
y ahora tratar de gestionarlo bien y de generar ahorros.


Señorías, termino como empecé. Quiero darles las gracias. Esta ley comenzó como un proyecto del Gobierno, porque saben ustedes que el Gobierno tiene iniciativa legislativa como también la tienen estas Cámaras, pero no creo que tenga que
acabar como una ley del Gobierno o de un determinado grupo. Se nos va a aplicar a todos, va a establecer obligaciones para todos y espero que sirva para que todos -les recuerdo lo que somos todos los que estamos aquí, todos- recibamos un mejor
respaldo de confianza de la ciudadanía. Aquí no está en cuestión, señorías, no se cuestiona ideologías de unos y de otros, se cuestiona la función misma. Si esta ley ayuda a ejercerla bien, a controlarla bien, a rendir cuentas como se debe,
bienvenida. Espero que sea de todos.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora vicepresidenta.


Vamos a abrir un turno de réplica. En primer lugar, por el Grupo Mixto, señor Baldoví. Tiene dos minutos.


El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señora vicepresidenta, por supuesto que soy un ciudadano, por supuesto que tuve un cargo público, y estoy dispuesto en el momento que quiera, donde quiera, en el sitio que quiera a responder de cualquier acción de mi gobierno; repito, donde
quiera. (Rumores). Donde quieran, señores del PP, donde quieran.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Por favor, no intercambien debate.


El señor BALDOVÍ RODA: Me están interrumpiendo.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Continúe su intervención, señor Baldoví.


El señor BALDOVÍ RODA: Me están interrumpiendo.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): No le están interrumpiendo.


El señor BALDOVÍ RODA: Esto no lo he visto, por ejemplo en los señores del PP, porque he planteado algunas preguntas -son las que todos los ciudadanos quieren hacer- que llevan esperando mucho tiempo a que ustedes las contesten, mucho
tiempo. Si tienen algún problema, tengo los certificados aquí, los que ustedes puedan desear.


La señora vicepresidenta nos ha hecho un reproche. Prácticamente ahora seremos nosotros los que tenemos la culpa por pedir que se retire la ley. Les recuerdo que ustedes ya gobernaron en otra época y no la hicieron, por tanto a veces no
por mucho madrugar amanece más temprano. Se puede mejorar la ley, y si se mejora vale la pena esperar. La señora vicepresidenta no ha contestado a una pregunta que para nosotros es fundamental. ¿La Iglesia aparecerá también en la ley de la
transparencia, o no? Yo creo que esa es una pregunta que los ciudadanos quieren que se responda de forma categórica, sí o no. Ustedes tienen una oportunidad histórica única de acercar este Parlamento a los ciudadanos. Les pedimos que reconsideren
algunos aspectos tales como la regulación de los lobbies y los grupos de presión, la consideración de la transparencia como derecho fundamental -les recuerdo que ustedes cambiaron la Constitución en una semana- o el silencio administrativo, que
entendemos que es contrario al espíritu de transparencia. Ser los últimos nos podría haber llevado mucho más allá. Por último, insisto, sería un buen síntoma que el Grupo Popular contestara a las preguntas que les hemos hecho.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Baldoví.


Señora Fernández.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señora presidenta.


Señora vicepresidenta, en relación con las incoherencias que atribuye al Bloque Nacionalista Galego, en primer lugar, la ley aprobada en Galicia en 2006 no limita a ninguna administración autonómica a generar su propia ley, mejor o peor que
la gallega, diferente; eso la ley gallega no lo impide. Esta ley, señora ministra, por un lado, pone límites a las diferentes cámaras legislativas autonómicas, es una ley

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que circunscribe lo que se puede o no se puede hacer o hasta dónde se puede llegar. Por otro lado, señora vicepresidenta, desde el año 2006 hasta hoy, siete años, mire si ha llovido en relación con las necesidades de hacer una ley de
transparencia; mire que ha llovido tanto en cuestiones relacionadas con el Banco de España, con la Corona y con las diferentes administraciones e incluso con los partidos políticos; mire que ha llovido como para responder en esta ley a las
demandas de la ciudadanía.


En relación con el voto del BNG y lo que pedimos acerca del silencio positivo, señora ministra, no nos hable de coherencias en cuestión de votos entre el Parlamento gallego y las Cortes Generales. No nos hable de coherencia en este Pleno
cuando el martes el Grupo Popular votó en contra de una iniciativa exactamente igual a la que votó favorablemente en Galicia. Según dice el presidente de la Xunta de Galicia el voto diferente es porque en las Cortes Generales se habló de Caixa
Catalunya y Bankia. Señora vicepresidenta, tengan en cuenta lo que son incoherencias a la hora de mantener un voto o no hacerlo. En este caso, la coherencia del Bloque Nacionalista Galego es perfecta porque que se votase en 2006 una ley en el
Parlamento de Galicia que era en aquel momento algo que no se había hecho en ninguna administración del Estado es positivo para nuestro grupo.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Fernández.


Señor Bosch.


El señor BOSCH I PASCUAL: Señora vicepresidenta, muchas gracias por sus observaciones, especialmente la de poner en valor el texto alternativo que hemos presentado, que es el único que se ha presentado. Le animamos a que sirva de algo, lo
pueden aceptar o podemos negociar alguno de sus extremos o detalles; se puede transaccionar.


En cuanto al tema de las tarjetas de crédito usted asegura que no las ha visto. No sé si se acuerda de don Carlos Dívar, presidente del Tribunal Supremo; no hace tanto tiempo que se habló de sus tarjetas de crédito y sus gastos
descomunales. Si no las ha visto, si quiere, la acompaño al oculista porque igual tiene un problema. Igual tiene una en el cajón y todavía no se ha dado cuenta. (La señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Sáenz de
Santamaría Antón, pide la palabra.-Rumores). Vamos a resolverlo. También podemos resolver la paradoja que usted ha indicado diciendo que vivimos en permanente paradoja porque participamos en una ley orgánica, en cambio construimos diques para
nuestra comunidad autónoma. Sí, tenemos una paradoja; nosotros en Cataluña tenemos una nación, y esa nación no es soberana. He ahí la paradoja. Ayúdenos a superarla. ¿Cómo? Pudiendo votar nosotros sobre nuestro futuro. Ayúdenos; así nosotros
haremos leyes orgánicas de la república catalana y se acabará la contradicción.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Señor Baldoví, no es donde yo quiera donde tiene que dar usted explicaciones, esto no es voluntario, es donde diga la ley. Si la ley dice que
es en los órganos fiscalizadores de cuentas, es en los órganos fiscalizadores de cuentas; si la ley dice que es en los parlamentos autonómicos, es en los parlamentos autonómicos. Eso de la rendición de cuentas no tiene que ser voluntario, es
obligatorio, hay cumplirlo y en los plazos que marca la ley. (Aplausos). Señorías, sobre las entidades que aparecerán o que no, será con criterios objetivos, no porque le guste a usted más o menos sino porque se cumplan unos criterios objetivos,
no por voluntariedad, por amistad o menos simpatía que se tenga hacia las instituciones. Si usted recibe más dinero que el que marca la ley, en mayor porcentaje o de mayor relevancia, usted cuenta lo que le han dado, con independencia de si le
gusta al señor Baldoví o al señor Olabarría -al que cito no porque haya dicho nada sino porque me ha pillado más cerca al mirar-. (Risas).


Señora Fernández Dávila, ha defendido usted aquí su ley gallega. No se trataba de eso. Si ya le he dicho que me gusta, que me parece una buena ley, que fue pionera y que abrió el camino. Si consideran que se ha quedado corta después de
esta ley, pueden ampliarla. Señora Fernández Davila, esta no es una ley que agote toda la materia. Es una legislación básica, porque estamos hablando del régimen jurídico de las administraciones públicas, y dentro de la bases del Estado y de esos
principios comunes que se nos tienen que aplicar a todos ustedes pueden desarrollar lo que tengan por conveniente. Ese, señoría, es el principio de autogobierno, que las cámaras, tanto las Cortes Generales como los parlamentos en el

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ámbito de sus competencias, puedan decidir y defender lo que a cada uno le corresponde, a unos en su ámbito y a otros en otro. Eso también, señoría, es el autogobierno y la coherencia.


Señor Bosch, diferéncieme usted y permítame que defienda la separación de poderes. Una cosa es el Estado y los poderes del Estado: el Legislativo es también Estado; el Ejecutivo, que es el Gobierno, vértice de la Administración; y de
otro lado el Poder Judicial. ¿Qué quiere que le diga? Me está dando usted la razón sobre lo necesaria que es la ley de transparencia, porque esta ley se aplicará al Congreso, al Senado, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo y a los
órganos judiciales en cuanto a ejercicio de funciones políticas. Bienvenida sea.


Le pido que retire lo de las tarjetas porque yo las únicas que tengo son las que me ha dado mi banco a mí y que nutro con mi sueldo. Retírelo, señor Bosch, porque en esta Cámara no se deben hacer manifestaciones que no se pueden sustentar.
La inmunidad parlamentaria tiene un límite, que es respetarnos. (Aplausos). Yo no dudo de que usted haga lo correcto porque si lo hiciera, y fuera un delito, tendría que ir a denunciarlo ante los tribunales. Si no fuera un delito, da la
casualidad de que con esta ley de transparencia -y bienvenida- estaría usted incumpliendo una obligación de naturaleza disciplinaria y podrían sancionarle en la Administración que corresponda.


Muchas gracias. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Bosch.


El señor BOSCH I PASCUAL: No hay ninguna afirmación que retirar porque no he hecho afirmaciones.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Bosch, usted ha dicho que la señora vicepresidenta tiene tarjetas guardadas. Si no la retira usted, pido que no aparezca en el 'Diario de Sesiones'.


El señor BOSCH I PASCUAL: Si no recuerdo mal, yo lo que he dicho es que igual no ha visto lo que tiene en su cajón.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Bosch, ¿lo retira o no?


El señor BOSCH I PASCUAL: Ella ha dicho que no lo había visto.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Bosch, usted ha dicho que posiblemente tenía... Vamos a ver si nos llevamos bien todos.


El señor BOSCH I PASCUAL: Si la señora vicepresidenta se ha sentido herida o dolida por mi especulación, lo retiro.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Bien, muchísimas gracias.


El señor BOSCH I PASCUAL: Pero no he hecho afirmaciones.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Bosch, se ha acabado el debate.


Por el Grupo Vasco, señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señora presidenta.


Señora vicepresidenta, en primer lugar, gracias por sus reflexiones ponderativas sobre mi humilde persona. En segundo lugar, también nos ha explicado cómo se aplica el ordenamiento jurídico a los muertos (Risas), innovación hermenéutica que
desconocíamos, por tanto le agradezco también esta información. Y en tercer lugar, quiero indicarle que el consenso que hoy ha cristalizado en relación con los aspectos troncales, a la ontología de la ley, debe continuar a partir de ahora. Tenemos
muchas cosas que regenerar y espero que fructifiquen y acabe bien.


Muchas gracias, señora presidenta, señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Olabarría.


Señor Martínez Gorriarán, por el Grupo de Unión Progreso y Democracia.

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El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señora presidenta.


Señora vicepresidenta, gracias por su intervención adicional porque nos ha aclarado muchas cosas, algunas de las cuales pensábamos; ahora ya las sabemos. Yo no me voy a detener en chascarrillos. Le diré únicamente que mi partido ya ha
presentado dos veces, en la anterior legislatura y en esta, una ley de transparencia propia con un artículado completo desarrollado. De manera que si ustedes tienen interés en conocer qué es lo que propone Unión Progreso y Democracia lo tienen ahí.
Es solamente gracias a una Ley Electoral injusta, que reduce a nuestro grupo a un grupo mínimo con un cupo muy reducido de presentación de proyectos de ley, por lo que no hemos podido defenderlo, pero ahí está y ahí lo tiene usted si le interesa,
que supongo que sí. Dicen ustedes respecto de nuestro partido: ¡ya se dan cuenta de que esta ley se les va a aplicar! No solamente lo sabemos; las cosas que nosotros pedimos a la ley de transparencia para los partidos políticos, mi partido las
practica voluntariamente desde que nació, y ahí están; hay otros partidos que no admiten auditorías de sus cuentas, que están todavía por presentar y de las que no sabemos nada.


No estamos en un tribunal de justicia ni estamos discutiendo un recurso contencioso-administrativo. Si fuera así, yo mandaría a mi abogado que es muy bueno y sabe mucho más que yo de esto. Esto es el Poder Legislativo del Estado. Estamos
aquí para hablar de política, de la calidad de las leyes y de sus fines, y no de nuestras creencias particulares ni de la fe. Hombre, ya han metido ustedes demasiada fe en la Ley de Educación, no metamos también la fe en la ley de transparencia.
Le diré de todas maneras en qué creemos. Nosotros creemos en los actos, creemos en las acciones, creemos en la palabra dada. El día que ustedes nos demuestren que cuando les ofrecemos llegar a un acuerdo después se va a respetar, estaremos
encantados de llegar hasta el final. Hasta entonces pues no, porque estaríamos cometiendo un acto completamente irresponsable con nuestros votantes y con los ciudadanos a los que representamos, que es para lo que estamos aquí, no para sustituir a
abogados en una querella sobre cómo interpretar el silencio administrativo. Añadiré, por cierto, que el Convenio europeo de acceso a documentos públicos dice -expresamente- que hay que dar respuestas a los ciudadanos que piden el acceso a un
documento. Si el Estado suscribe ese documento, entonces tendríamos que dar una respuesta porque, si no, lo estaremos incumpliendo y volverán a encontrarse ustedes con que han hecho una ley insuficiente que se queda corta y crea inseguridad
jurídica.


Lo que más me ha interesado de su exposición es que ahora ya sé realmente por qué no quieren que esta sea una ley orgánica. No es tanto por un problema de interpretación de la Constitución, sino porque, claro, una ley orgánica subsumiría
las normas autonómicas en materia de transferencia que ustedes han defendido como algo tan interesante. Está claro que ustedes ya han llegado a un acuerdo para que en España, así como hay diecisiete sistemas de sanidad y diecisiete sistemas
educativos, haya también diecisiete sistemas de transparencia con derechos y obligaciones diferentes. Eso nos parece una verdadera aberración. Es volver a profundizar en la descentrifugación del Estado. Por eso ustedes han pactado, con los
partidos nacionalistas y con el PSOE -al menos con los partidos nacionalistas-, la retirada de sus enmiendas a la totalidad. Comenzamos bien, buen debate de una ley de transparencia: con un acuerdo opaco, presentando enmiendas a la totalidad que
no lo son. Son ocasiones para llegar a un acuerdo opaco para hacer una ley de transparencia rebajada que permita los desarrollos que interesen a las comunidades autónomas, cuando precisamente si hay un Convenio europeo de acceso a documentos
públicos es porque lo ideal sería que hubiera un sistema de transparencia al menos similar en lo básico en todos los países de la Unión Europea, que es lo que nosotros defendemos, y no diecisiete sistemas de transparencia que tratan a los ciudadanos
como distintos, diferentes y como súbditos ignorantes e irresponsables. En este país los únicos que han demostrado que son unos irresponsables y unos ignorantes no son los ciudadanos, porque si no tendríamos las calles en llamas, pero no lo están
porque la gente en España es responsable y no es ignorante. Los que han demostrado que lo son son los que nos han llevado hasta esta situación; ahora se ponen de acuerdo para mantener el reparto de la tarta so capa de una ley de transparencia que
al final se va a quedar en agua de borrajas. Desde luego lo siento mucho. Si en el trámite de enmiendas parciales ustedes nos demuestran aquello que no han querido traernos en un texto escrito y nos parece suficiente tenga la seguridad de que lo
apoyaremos; pero tenga también la seguridad de que este grupo parlamentario no va a votar ninguna ley que aproveche el trámite para consolidar lo peor de nuestro Estado, que es el disparate competencial, las diferencias entre ciudadanos y blindar
las competencias administrativas para seguir permitiendo su control por los partidos políticos, las patronales y los sindicatos. ¡No estamos dispuestos! No vamos a votar eso. Más claro no se lo puedo

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decir. Ahora ya sabe qué es lo que queremos y pensamos. Lo decimos aquí porque estamos hablando de política, no en un tribunal alegando si nos han respondido o no a la petición de un documento.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Martínez Gorriarán.


La Izquierda Plural. Señor Nuet.


El señor NUET PUJALS: Gracias, presidenta.


Bajo nuestro punto de vista el debate de las enmiendas a la totalidad ayuda a clarificar qué fuerzas políticas están por lo antiguo y qué fuerzas políticas apuestan por lo nuevo, por tanto sirve. Señora vicepresidenta, hoy usted aquí se ha
comportado muy mucho como vicepresidenta y muy poco como ciudadana, y es esta una tendencia que explica qué proyecto de ley ustedes han presentado.


En primer lugar, la responsabilidad de un mal proyecto de ley, señora vicepresidenta, es suya, es del Gobierno. No quiera ahora pasarnos a los grupos parlamentarios que hemos presentado una enmienda a la totalidad ni un ápice de
responsabilidad de un mal proyecto de ley. Nuestra obligación y creo que la de todos hubiese tenido que ser presentar una enmienda a la totalidad y pedirle al Gobierno un buen proyecto de ley. Evidentemente, un futuro Gobierno progresista de este
país hará un buen proyecto de ley de transparencia porque el actual no puede durar mucho tiempo. Ese es el resultado que tenemos.


Le voy a hacer una pregunta que tal vez no me va a contestar, no lo sé. Si ahora tuviésemos que hacer un nuevo proyecto constitucional para este país, una nueva constitución ¿creen ustedes que la transparencia sería un derecho que en ese
nuevo proyecto constitucional pondríamos de forma clara como un derecho? Quiero saberlo, señora vicepresidenta: Nuestra Constitución tiene ya treinta y cinco años de historia y en ese momento no tuvo esa visión pero otros países lo han resuelto.
Usted sabe que Canadá o Francia no tienen tampoco la transparencia como un derecho fundamental. ¿Sabe lo que ha pasado? Que los tribunales constitucionales de esos países democráticos han enmendado la plana a su propia historia y han dicho
mediante sentencias que la transparencia es un derecho fundamental. Por tanto, si ahora Canadá o Francia hiciesen un nuevo proyecto de constitución la transparencia sería en esas constituciones un derecho fundamental. ¿Por qué tanto miedo a
estirar los derechos en la Constitución de nuestro país? ¿Por qué tanto miedo a restringirlos? ¿Por qué, señora vicepresidenta? Hagamos una lectura positiva, hagamos una lectura en la línea de la corriente histórica que pide nuestro país, no
hacia el pasado, no con miedo y no sin valentía. Por tanto, la transparencia debe ser un derecho fundamental, y eso infla de una forma totalmente distinta, le da un carácter muy distinto a la ley de transparencia que ustedes están presentando en
este momento.


Acabo. Sí, he gobernado, señora vicepresidenta, tengo esa suerte. Usted ha hablado de mesas de contratación, de subvenciones. Solo le digo una cosa, un principio que no debemos olvidar nunca: las administraciones públicas no somos
propietarios de la información, solo depositarios. Démosle a la gente lo que es de la gente. En una frase antigua pero muy valiosa, démosle al pueblo lo que es del pueblo. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Nuet.


Señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.


Señora vicepresidenta, señorías, respuesta positiva de Convergència i Unió a la apelación al diálogo que nos ha hecho el Gobierno. Es una respuesta positiva que encaja con nuestra voluntad, que creemos que es compartida, con enmiendas al
articulado, enmiendas parciales, en primer lugar, de mejorar el principio de transparencia del proyecto de ley y, en segundo lugar, acotar realmente el ámbito competencial que tiene esta ley estatal, respetando las competencias exclusivas de las
comunidades autónomas y de las corporaciones locales en este ámbito. Por tanto, hay predisposición a llegar a un acuerdo con esas enmiendas parciales; en ningún caso, tal como se hacía referencia -por eso quiero dejarlo muy claro desde esta
tribuna-, a acuerdos opacos. No es un acuerdo opaco pedir que se respete la Constitución y los estatutos de autonomía. Esto no es opacidad. Eso es cumplimiento de nuestro ordenamiento constitucional, no es opacidad. A alguien quizá le gustaría
un modelo en el que solo hubiera estas Cortes Generales como Poder Legislativo, pero no es el caso. Están estas Cortes Generales, pero diecisiete comunidades autónomas con sus parlamentos tienen competencia exclusiva en autoorganización de sus
propias administraciones. Eso existe y debemos respetarlo. Eso no es opacidad. Se trata de respetar la Constitución, respetar los mecanismos de control que la Constitución otorga sin extralimitarnos en ellos.

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Eso es lo que pide Convergència i Unió. Esa voluntad de diálogo es la vía por la que esperamos llegar a un acuerdo final. Si llegamos a ese acuerdo final nuestro voto podrá ser positivo al dictamen de la Comisión cuando se realice la
aprobación de las enmiendas parciales, y si no llegamos al mismo, no; pero tenemos esa esperanza con la oferta de diálogo, con la oferta de limar exactamente todos esos aspectos competenciales que tiene el proyecto de ley.


Cataluña está legislando ahora una proposición conjunta de todos los grupos parlamentarios -también del grupo que representa aquí el señor Nuet- para tener allí una ley de transparencia. ¿Qué anhela Convergència i Unió? Que la ley catalana
pueda ser plenamente compatible con la que salga de estas Cortes Generales, que la de estas Cortes Generales se limite a los aspectos de legislación básica, a unos principios generales básicos, pero que deje un margen amplio de desarrollo a cada
comunidad autónoma que tiene esa competencia, y Cataluña la tiene. Si esta fuera una ley orgánica, como pretende el señor Nuet... Evidentemente las leyes orgánicas son las que la Constitución dice que deben ser. En el artículo 81 no se permite,
como ha dicho el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia, alargar el concepto de ley orgánica a aquello que quizá nos gustaría que fuera pero que no es y que la Constitución no define como tal. Por tanto, debemos acotar, sobre todo
aquellos que tenemos la voluntad de hacer leyes propias de transparencia en nuestros respectivos parlamentos autonómicos, que sean leyes importantes, con contenido, y que no sean meras aplicaciones de lo que sería el desarrollo de una ley orgánica
de estas Cortes Generales. En este supuesto no encaja, y no encaja porque el desarrollo por ley -no por ley orgánica, por ley- está expresamente citado en el texto constitucional: artículo 105 letra b), y no está en la sección 1.ª del capítulo
segundo del título I de la Constitución. Quizás ahora nos gustaría que estuviera si existiera una nueva Constitución -admito el debate-, pero se trata de lo que dice la Constitución en este momento. Por tanto, a ello apelo, sobre todo para
respetar el ámbito competencial que tienen las comunidades autónomas. A esa apelación de diálogo que nos hacía la vicepresidenta del Gobierno nosotros le respondemos positivamente. Esperamos mucho de la ponencia, así como del buen hacer del
secretario de Estado, a la hora de intentar buscar soluciones positivas que den respuesta a aquello que la sociedad espera también de nosotros, que en estos momentos de necesaria regeneración democrática e institucional salga de estas Cortes
Generales una buena ley de transparencia.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Jané.


Señora vicepresidenta.


La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA (Sáenz de Santamaría Antón): Muy brevemente primero contestaré al turno que me falta. Discúlpeme, pensé que el anterior era para contestar pero simplemente fue para
responder al señor Bosch. Les pido que disculpen esta vulneración del Reglamento.


Señor Olabarría, le agradezco el diálogo, pero no se acaba ahora. Esta es una etapa y hay que seguir trabajando; no le quepa ninguna duda de que el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, que es el impulsor verdadero de esta
ley, y yo misma procuraremos que llegue a buen puerto.


Señor Gorriarán, dice usted que tiene poco cupo y que no ha podido discutir la ley de transparencia. Yo no le voy a dar lecciones de Reglamento, porque soy una humilde diputada como usted, pero usted la podría haber presentado, si estaba
tan orgulloso de ella, en una enmienda a la totalidad con texto alternativo. Eso no se lo impide el Reglamento, todo lo contrario. Si tiene usted una ley buena, de la que está orgulloso y satisfecho, y la quiere discutir, ¿por qué no la ha
presentado en este trámite? ¿Quizá, señor Gorriarán, porque de dieciocho artículos solo en diez habla de transparencia? ¿Quizá, señor Gorriarán, porque a lo mejor no le venía bien en su estrategia parlamentaria o procesal, llámele como quiera, que
comparáramos esas normas? No lo sé, señor Gorriarán, eso usted lo sabrá.


Dice: no se pueden aquí citar cosas y citar como se citan los tribunales. Señor Martínez Gorriarán, yo no me subí a esta tribuna y saqué el informe del Consejo de Estado. Lo sacó usted a relucir. Usted me dijo: es que usted no ha
hablado del informe del Consejo de Estado. Efectivamente, no he hablado del informe del Consejo de Estado ni de otros muchos, pero usted sí. Y al hablar usted del informe del Consejo de Estado me da autoridad a mí para dársela al Consejo de Estado
cuando le quita a usted razón en una cosa que usted defiende. Lo citó usted y no yo.


Se opone usted a que haya leyes en las distintas administraciones que desarrollen esta materia. Mientras la Constitución sea la que es -y no voy a abrir ese debate, desde luego, son las doce de la mañana- tenemos que cumplir el artículo 149
de la Constitución, y al Estado le atribuye las bases del

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régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y al resto de las administraciones su desarrollo y su capacidad de autoorganización. Pero, mire lo que le digo, es que precisamente con esta ley
también evitamos lo que usted dice. Nos damos unos estándares comunes, unos principios, unas bases para que todos las apliquemos. Señor Martínez Gorriarán, en Asturias están discutiendo una ley de transparencia. Creo que ustedes allí están muy
cercanos al Gobierno. A lo mejor algún día nos tiene que explicar aquí si participa en esa deliberación. (Aplausos).


Señor Nuet, le voy a explicar cómo veo yo esto de los cargos. Mire, yo soy una ciudadana que se presentó a unas elecciones, la votaron los ciudadanos, iba en la lista por Madrid, me dieron la responsabilidad de ser diputada, en la
investidura el presidente del Gobierno decidió formar Gobierno y me nombró vicepresidenta. Soy una ciudadana que en representación de su país soy diputada y por designación del presidente, vicepresidenta. Soy una ciudadana que ejerce esas tareas
mientras tenga esa responsabilidad. De lo que me congratulo es de que a partir de ahora cuando aprobemos esta ley, además tenga que cumplir una ley de transparencia, que procuro respetar en mi día a día aunque todavía no sea una ley, pero que
espero que además nos ponga a todos los deberes mucho más claros, a los que hemos gobernado, a los que gobernaron antes y a los que esperan volver a gobernar.


Señor Nuet, ha hablado de interpretaciones que realizan los tribunales en otros Estados. Yo respeto a los tribunales de otros Estados pero también respeto a los tribunales en el mío, y han dicho lo que han dicho. Probablemente, si nos
pusiéramos a redactar muchos textos nuevos de muchas cosas cambiaríamos bastantes. Ojalá fuéramos capaces -lo que es más importante- de lograr un consenso como el que logramos entonces porque si no, de nada serviría.


Termino dándole las gracias a señor Jané, igual que al señor Olabarría, lo mismo que al Grupo Socialista; a todos los que en este proceso han colaborado en que vayamos avanzando en esta ley. Espero que sigamos avanzando. Estoy a su
disposición para escuchar su intervención e ir anotando aquellos aspectos que les preocupen y que podamos mejorar.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora vicepresidenta.


Señora vicepresidenta, solo por dejarla tranquila, el Gobierno puede intervenir, según el Reglamento de la Cámara, cuando considere oportuno. Si no hubiera sido así sería imposible que yo le hubiera concedido a usted la palabra. Por tanto,
tranquila, que ha cumplido el Reglamento a rajatabla.


En fijación de posición, en primer lugar, por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Batet.


La señora BATET LAMAÑA: Gracias, señora presidenta.


Señora vicepresidenta, la crisis política e institucional que está afectando no ya solo a España sino a toda Europa es seria y profunda. Aunque la crisis económica, efectivamente, ha actuado como catalizadora de este malestar, pensamos que
no es una cuestión meramente coyuntural, sino que viene de más lejos y con motivos mucho más complejos. Frente a eso, urge que las fuerzas políticas, especialmente las fuerzas políticas representadas en esta Cámara, nos convoquemos a buscar cómo
mejorar nuestra democracia, profundizando en ella y empoderando las instituciones democráticas, para así poder combatir mejor y de manera más legitima a los poderes que no son democráticos. Se trata, señorías, de que la democracia representativa dé
respuestas que están esperando los ciudadanos. Nuestra responsabilidad, por tanto, es recuperar precisamente la credibilidad perdida. No se trata, pues, de desmantelar el sistema, porque no hay uno alternativo, sino de transformarlo y adaptarlo a
los nuevos tiempos y a las nuevas demandas. En este sentido, debatimos hoy sobre un instrumento fundamental para conseguir este objetivo de profundización democrática: la transparencia.


La transparencia y el acceso a la información pública por parte de la ciudadanía será sin duda un elemento medular para avanzar en la buena dirección. Sin transparencia, no hay información; sin información, no hay debate, y sin reglas, el
debate se convierte en ruido, y en la actualidad es precisamente lo último que necesitamos. Fruto de una creciente reclamación de más transparencia, de mayor participación en los asuntos públicos y de una más intensa exigencia de rendición de
cuentas de los poderes públicos, se han ido concretando en nuestro entorno normas generales de transparencia y de acceso a la información pública. La mayor parte de los países democráticos disponen ya de una ley específica, España, sin embargo,
adolece de esta regulación. Hemos hecho avances significativos sectorialmente, por ejemplo en materia de medio ambiente, pero esta regulación es claramente insuficiente. Esta ley, pues, en estos momentos, desde nuestro punto de vista es urgente y
necesaria, y su devolución sería negativa para el avance en una materia reclamada y esperada en toda la sociedad española. Es

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claro que no nos vale cualquier ley de transparencia, algún otro grupo lo ha dicho, y que el texto que el Gobierno nos presentó en su momento tenía carencias significativas, pero las comparecencias y las conversaciones mantenidas con el
Ejecutivo han servido para avanzar. Así, hay base desde nuestro punto de vista para un trabajo fructífero que ya no puede esperar. No hemos presentado enmienda a la totalidad por ese motivo y además por la disposición explícita y clara del
Gobierno a negociar, consensuar y cambiar cuestiones fundamentales para el Grupo Parlamentario Socialista, en las que entraré luego. Una prueba clara ha sido la intervención de la vicepresidenta, que ya no ha presentado estrictamente el proyecto de
ley, sino otro contenido resultante precisamente de estos meses de trabajo. En todo caso, las ocho enmiendas a la totalidad que debatimos hoy aquí, aunque algunas ya se ha anunciado que se iban a retirar, muestran que para alcanzar el consenso
deseado que esa norma merece, el Gobierno deberá trabajar mucho más.


Es cierto, y así lo quiero destacar, que si tuviéramos en cuenta sólo el título II de la ley referido al buen gobierno, habríamos presentado también enmienda a la totalidad, básicamente por cuatro motivos de peso, compartiendo, como se verá,
algunos de los argumentos que se esgrimen en las enmiendas que hoy debatimos: inoportunidad, ambigüedad, vulneración de competencias y ruptura del principio democrático. Inoportunidad de ligarlo con una ley de transparencia y acceso a la
información, ninguna otra ley de nuestro entorno lo hace; una ley que debería ir dirigida a los ciudadanos reconociendo nuevos instrumentos para el ejercicio del control y la exigencia de rendición de cuentas a los representantes, acaba siendo una
ley de sanciones circunscrita además básicamente a la Ley de Estabilidad Presupuestaria como si ese fuese el único problema en el ejercicio del poder. Ambigüedad porque contemplar en un texto legislativo lo que el Gobierno socialista reguló como
principios éticos -o morales, si ustedes quieren-, que se aplicaban perfectamente además, genera problemas de inconcreción de muchos términos en su significado legal exacto, cosa que puede generar inseguridad jurídica. Invasión de competencias en
la medida en que no podemos contemplar en una ley que el Ejecutivo español pueda sancionar a altos cargos de otros Gobiernos, y ruptura del principio democrático porque es inadmisible que un proyecto de ley contemple como hace este en sus artículos
27 y 28, que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas pueda cesar nada más y nada menos que a un alcalde elegido democráticamente por sus vecinos. Por todo ello, hemos pedido al Gobierno o bien una tramitación separada de este título,
que contamina innecesariamente el resto del texto, o bien que acepten cambiarlo sustancialmente mediante enmiendas.


Dejando a un lado el buen gobierno, me quiero centrar ahora en lo que debería ser la parte nuclear de este proyecto. Desde nuestro punto de vista, los principales objetivos a los que debe responder esta nueva regulación sobre transparencia,
a los que el actual proyecto de ley responde solo a medias, son los que a continuación apuntaremos, indicando también algunos aspectos que creo que deben mejorar. En primer lugar, un gran avance, y lo ha destacado también la vicepresidenta, es el
reconocimiento del derecho de cualquier persona a acceder a la información sin ninguna limitación por razón de nacionalidad ni exigencia de interés en la información solicitada ni necesidad de motivación, no como pasa ahora en la regulación que
tenemos vigente. En segundo lugar, el ámbito subjetivo que contempla el proyecto de ley es claramente insuficiente, debiéndose incorporar otros sujetos que necesariamente deben estar sometidos también a transparencia. Me refiero a la Casa Real, a
los partidos políticos, a las organizaciones sindicales y empresariales y a las entidades privadas que reciban ayudas públicas. En este sentido, el Gobierno ya nos ha trasladado a todos los grupos su voluntad -y hoy lo ha reiterado en la tribuna-
precisamente de incorporar estos supuestos. En tercer lugar, debe imperar un principio de máxima publicidad. La Administración pública, y aquellos sujetos que se incluyan sometidos a la ley, debe ser proactiva y poner a disposición de la
ciudadanía toda la información posible, de manera ordenada y fácil de consultar. En este sentido, los artículos que regulan la publicidad activa deberán ampliarse en algunos aspectos, así como establecer claramente sanciones asociadas al
incumplimiento de las obligaciones de esta publicidad. En cuarto lugar, el régimen de excepciones a este acceso debe limitarse a las constitucionalmente establecidas y a las que también prevé el Consejo de Europa. Creemos que se debe incluir en la
ley lo que podríamos llamar la transparencia de la transparencia, esto es, la publicación de las resoluciones que deniegan el acceso a una información y las razones que fundamenten dicha denegación, de manera que los ciudadanos podamos conocer la
interpretación que esa Administración hace de los límites contemplados en la norma. En quinto lugar, una de las cuestiones medulares de toda ley de transparencia y, por tanto, fundamental para mi grupo parlamentario, es prever, antes de llegar al
ámbito judicial, un órgano, institución o autoridad garante del derecho del ciudadano a obtener la información

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solicitada que cumpla los requisitos de independencia y objetividad. Ello es especialmente relevante, teniendo en cuenta que venimos, como país, de una tradición de poca transparencia. Para ello habrá que dotar al órgano previsto en el
proyecto de ley de mayores garantías de autonomía funcional y revisar la forma de elección o la duración del mandato entre otras cuestiones. Celebramos que el Gobierno se haya comprometido a incorporar esta petición del Grupo Parlamentario
Socialista en esta misma tribuna. Finalmente, se debe facilitar el acceso con la previsión de un procedimiento ágil y simple, con gratuidad o a precio de coste en la obtención de la información por parte del ciudadano y ofreciendo siempre la
información de manera clara. Creemos que colgar datos de manera que nadie entiende lo que está viendo o que nadie encuentra lo que está buscando, no nos servirá de nada. El aprovechamiento de todos los medios tecnológicos y trabajar con datos de
uso abierto es también materia obligada si no queremos que el texto quede obsoleto antes de que vea la luz.


Señorías, respeto la decisión de los grupos parlamentarios de enmendar a la totalidad este proyecto, pero yo les pediría que nos preguntemos todos qué significa su devolución, qué podría suponer la devolución de este proyecto. A nosotros
nos parece que la ley debe mejorar mucho, pero pensamos que se puede, si se quiere, y que a final de año podemos disponer de una buena ley de transparencia. La alternativa nos llevaría al comienzo de los tiempos y, como ya he dicho, no podemos
esperar. El Grupo Parlamentario Socialista va a enmendar muchos artículos y muchos aspectos, pero nuestra voluntad es pactar una gran ley de transparencia. Queremos hacerlo con el Gobierno, desde luego, pero no solo. Queremos un amplio consenso y
trabajaremos para ello.


Por último, déjeme que me dirija al Gobierno. Ustedes pueden aprobarla solos, disponen de los votos, pero se equivocarían. Una ley de transparencia como esta reclama que se produzca en torno a ella un gran consenso porque afecta a todo el
país, incluidas comunidades autónomas y entes locales, es una ley con vocación de perdurabilidad, para varias legislaturas, por tanto, con distintos Gobiernos de diferente color político. Es, en definitiva, una ley estructural básica y su mayoría
parlamentaria, por amplia que sea, no es suficiente. Celebramos que la vicepresidenta lo haya reconocido también así en la tribuna.


Señorías, para ir terminando, creo que es un ejercicio de responsabilidad exigible a esta Cámara saber y reconocer que la aprobación de esta ley no lo resolverá todo. También será necesario crear o adecuar toda la infraestructura que un
cumplimiento efectivo y ágil de las obligaciones de transparencia exige, pero, sobre todo, habrá que cambiar hábitos y culturas arraigadas durante mucho tiempo para que la ley sea efectiva. Eso es lo más complicado, sin duda. De hecho, aun sin
ley, el Gobierno podría estar dando signos de ese cambio de cultura y de esa nueva voluntad política. Creo que ni los ciudadanos ni los diputados de esta Cámara lo acabamos de percibir. Un buen indicador, como apuntaba la señora Oramas
anteriormente, son las respuestas que el Gobierno nos ofrece a las preguntas escritas que los parlamentarios hacemos.


Termino como empecé, la transparencia ha de ser la virtud buscada para generar el debate público como instrumento de una democracia vigorosa, la transparencia ha de ponerse al servicio de una mejora de la calidad de nuestra democracia, al
permitir que una ciudadanía mejor informada sea más libre, más crítica, más deliberativa y también más constructiva. (El señor presidente ocupa la Presidencia). El éxito de la transparencia no se producirá solo con la aprobación de una ley, lo más
importante será que todas las fuerzas políticas, pero también toda la sociedad, creamos en su necesidad, en su transversalidad y, en consecuencia, se proceda a su correcta, efectiva y responsable aplicación.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Batet.


Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor González Pons.


El señor GONZÁLEZ PONS: Gracias, señor presidente.


Señora vicepresidenta del Gobierno, déjeme que, en primer lugar, la felicite por el proyecto que ha enviado a la Cámara, ya que todo el mundo ha reconocido que era un proyecto oportuno y necesario, pero es su Gobierno el que le ha dado
trámite parlamentario.


Señorías, el valor de la transparencia como requisito de la democracia no es nada nuevo. Sin transparencia es imposible que haya democracia, como sin luz es imposible que se pueda ver. En la sociedad del papel y de la imprenta era
demasiado costoso copiar y exhibir todos los archivos administrativos, pero actualmente no hay excusa que valga. Es absurdo que las compañías telefónicas puedan especificar en cada factura todas las llamadas que ha realizado un usuario, su duración
y los mensajes, y el Estado no pueda señalarle a un ciudadano en qué se ha gastado hasta el último céntimo

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de los impuestos que ha pagado. Hace más de dos siglos ya, Thomas Jefferson defendía como inherente a la democracia la necesidad de que las finanzas de la Unión se plasmaran de forma clara y comprensible y con la sencillez con que llevaría
un comerciante sus libros, para que no solo el Congreso, sino cualquier ciudadano, pudiera consultarlas y descubrir si se producía algún tipo de abuso. Es cierto que los tiempos actuales no son los de Jefferson, es cierto que además son mucho más
complejos y especializados, pero también es verdad que tecnológicamente hemos adelantado mucho y que hoy es muy fácil encontrar métodos para posibilitar que todo lo que hace la Administración se pueda ver, para abrir la Administración y que los
ciudadanos puedan mirar. Hoy sería injustificable que los Gobiernos hicieran magia, porque la magia es lo contrario de la democracia, en la democracia el ojo tiene que ser siempre más rápido que la mano.


Señorías, por otro lado, no hay mejor remedio contra la corrupción que anticiparse a ella, que evitarla. Solo se corrompe el agua que está estancada. Allá donde habitan la sombra, el secreto o el exceso de confianza es donde es sencillo
que se produzcan favores, arbitrariedades y desfalcos. No es cuestión de unos partidos u otros, si fuera tan sencillo bastaría con que siempre gobernasen los más puros, con que siempre gobernasen aquellos que se puedan considerar superiores. Todos
la hemos visto a nuestro alrededor, está en la naturaleza humana, si hay oportunidad de corromperse, siempre habrá alguno que se corrompa, la única forma de evitar la corrupción es ventilar, iluminar, descubrir, en definitiva, dejar que se vea.
Donde todo está a la vista es muy complicado que nadie haga lo que no debe, que nadie haga lo prohibido. En una democracia bien instalada cada ciudadano es policía de sus propios intereses, pero también por extensión policía de los intereses
generales. Por eso, también es obligatorio que los políticos democráticos sepamos que con esta ley una lupa va a observar cada uno de nuestros actos, que con esta ley ya nunca nadie podrá llegar a creer que el poder democrático puede ejercerse
desde la intimidad, que con esta ley la Administración pública, como su propio nombre indica, trabajará siempre en público. Con esta ley, señorías, los políticos nos veremos forzados a actuar permanentemente como si estuviéramos delante de una
cámara de televisión, es decir, como nos ponemos siempre delante de la tele, impecables y ejemplares.


Vivimos una nueva edad histórica impulsada por las nuevas tecnologías de la comunicación. Los ciudadanos hoy están expuestos a todo tipo de observaciones. La sociedad de la información tiene como reverso siniestro la sociedad de la
vigilancia. Entre las cámaras de seguridad que hay instaladas en la calle y en los comercios, el rastro de llamadas, geolocalizaciones, correos electrónicos, e-mails que atesoran y conservan durante años las compañías telefónicas, lo que sabe y
dice de nuestro modo de vida nuestra tarjeta de crédito y nuestros datos particulares que guardan los bancos, con todos los datos privados económicos y personales que las administraciones atesoran, hoy prácticamente puede decirse que solo el
pensamiento es completamente privado. La verdad es que nunca los ciudadanos fueron más transparentes para los grandes poderes y nunca los grandes poderes se mostraron más opacos para los ciudadanos. En estas condiciones históricas, un Estado
verdaderamente democrático no debería consentir que sus ciudadanos caminaran desnudos sin haberse desnudado el Estado antes.


Señorías, por todo eso, resulta increíble que no tuviera España ya una ley de transparencia. Resulta increíble que hayamos llegado hasta aquí sin que esa ley sea presentada. Y por todo eso se puede entender también no solo que el Gobierno
la haya traído a la Cámara, sino que la vicepresidenta haya hecho un gran esfuerzo para que, en la medida de lo posible, este error de tanto tiempo, esta ausencia de tanto tiempo, se corrija con el esfuerzo de todos. Por eso, déjenme que diga que
me parece absurdo que se presenten a esta ley enmiendas de totalidad sin texto alternativo, y me parece oscuro. Porque si es verdad, como se ha dicho, que la ley llega tarde, lo único que no se puede hacer es pedir que se devuelva. Si la ley tenía
que haber estado antes, lo que habrá que hacer es tramitarla rápido para evitar que siga produciendo ese retraso. Pero es que, además, si se dice que es urgente y necesaria, habrá que aceptar este texto o tramitar un texto alternativo, pero algo
que es urgente y necesario no se devuelve sin aceptar el texto ni proponer un texto alternativo, porque entonces ni es urgente, ni es necesaria o simplemente estamos haciendo un discurso para la galería. (Aplausos). Creo, señorías, que es un
discurso para la galería decir que se tiene una ley alternativa pero que no se presenta, porque si uno tiene una ley alternativa y la tiene solo para su disfrute particular, eso no es una ley alternativa, es un ejercicio intelectual, y un ejercicio
intelectual no tiene nada que ver con la función que esta Cámara tiene encomendada, que es la de producir derecho, es decir, superar o mejorar los límites que a la acción del hombre impone la ética y convertirlos en derecho, que es ética
democratizada. Compartiendo la oportunidad, si se discrepa del texto que se está tramitando lo normal es que se ofrezca otro a cambio, a no ser que eso que se dice de

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que se tiene otro a cambio no sea realmente cierto. Porque decir no por decir no es torpedear que simplemente haya un trámite de la ley; decir no por decir no es simplemente no querer que haya ley, aunque enfáticamente se afirme lo
contrario. España lo que necesita son políticos que aprovechen las oportunidades para que haya consenso, no oportunistas que sacan partido de romper los consensos posibles que puedan crearse. (Aplausos). Señorías, necesitamos parlamentarios
capaces de oír algo más que sus propios discursos. (Una señora diputada: ¡Qué morro!).


Mi decepción se justifica todavía más si se tiene en cuenta el tipo de trámite que ha seguido esta ley. Desde la etapa constituyente ninguna ley ha sido tan ofrecida al diálogo como esta antes de llegar a este trámite. No voy a entrar en
cuánto se ha dilatado el plazo de enmiendas para ahondar en el diálogo; no voy a entrar en cuántas comparecencias se han producido; no voy a entrar en cuántas comparecencias se van a producir; diré simplemente que el texto que tenemos delante,
que formalmente es el que vino del Gobierno, materialmente ha cambiado, ha crecido y ha mejorado en el pretrámite parlamentario, antes de que formalmente el trámite parlamentario empezase. Cuando llegó la ley, vicepresidenta, no incluía la Casa del
Rey. Ya la incluye. Cuando llegó la ley no incluía los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones empresariales. Ya los incluye. Cuando llegó la ley no incluía el Banco de España. Ya lo incluye. Cuando llegó la ley no incluía las
entidades privadas que reciben una buena parte de sus fondos de aportaciones de la Administración. Ya ha anunciado la vicepresidenta hoy que las va a incluir. Cuando llegó la ley se objetó que el órgano de control de la transparencia no era
suficientemente independiente. Ya ha anunciado la vicepresidenta hoy que también eso va a cambiar. La ley que en este momento materialmente está en trámite es una ley que prácticamente es de todos los grupos de la Cámara porque cuenta con el apoyo
de todos los grupos de la Cámara; que ha sido verdaderamente consensuada; que hemos conseguido que sea una ley como las de la etapa constituyente. Por eso, entiendo que quien discrepe de lo que ya tenemos acordado presente un texto alternativo,
pero me resulta incomprensible que quien cree que la ley realmente es necesaria y ante una ley que ya es casi de todos, presente una enmienda de devolución. Porque devolver la ley, tal y como está ya prácticamente pactada, no es devolver el
proyecto del Gobierno, es devolver el proyecto de ya casi todos los grupos parlamentarios de la Cámara.


No obstante, hay dos asuntos que han salido a colación y han sido respondidos por la vicepresidenta del Gobierno, pero a los que deberé prestar atención. Se pregunta: ¿por qué el derecho de acceso a la información de la Administración no
es un derecho fundamental? Fácil, porque la Constitución no lo incluye en la lista de derechos fundamentales. Es así de sencillo. Y el Tribunal Constitucional ha dicho reiteradas veces que no se puede considerar un derecho fundamental. ¿Podría
ser de otra forma? Sí. ¿Con otra Constitución podría ser de otra forma? Sí, pero con la Constitución que tenemos es como es, es como es. Parece que algunos están deseando aplicar el principio de que la Constitución no te arruine un buen titular
en la prensa del día siguiente. Porque se trata de que nosotros como legisladores tenemos que cumplir la Constitución; lo que se espera de nosotros no es que dejemos de cumplir la Constitución cuando la Constitución no responde a nuestras
aspiraciones. Señor Martínez Gorriarán, es muy peligroso modificar la Constitución, mutar la Constitución por vía de ley orgánica. Hoy puede parecerle a usted que hay una causa justa que justifica, valga la redundancia, una mutación constitucional
por vía de ley orgánica, pero se abre una brecha por la cual la Constitución puede acabar siendo papel mojado. Por cierto, dice que su grupo parlamentario presenta una enmienda auténtica de totalidad; una enmienda auténtica de totalidad es con
texto alternativo, si no tiene texto alternativo será una enmienda, pero yo no creo que sea una enmienda auténtica de totalidad.


En segundo lugar, buen número de grupos de la Cámara se han preguntado por qué el silencio administrativo ha de ser negativo. Pues fácil también. Todas las leyes de transparencia del mundo tienen el silencio administrativo negativo, todas.
No hay ninguna que lo tenga positivo. La razón es fácil también, es sencilla. Si el silencio fuera positivo, bastaría con que la Administración no respondiera a una petición para que se creara un derecho irrenunciable, un derecho incondicional del
ciudadano a que se le diera la información solicitada, fuera cual fuera, por ejemplo, un historial médico, por ejemplo, el plan de evacuación en caso de ataque terrorista del Congreso de los Diputados, o el lugar en el cual se está repoblando el
lince ibérico. Señorías, el silencio administrativo es positivo en todo el mundo y es normal. Esta ley tiene que compensar el derecho a saber lo que hace la Administración con el derecho a no saber lo que hacen los administrados. La ambición
justa de saber todo lo que hace la Administración no incluye el derecho injusto a saber todo lo que hacemos los administrados, y eso es lo que se compensa con silencio negativo. El silencio negativo no es una garantía de protección de la
Administración, es una garantía de protección de la intimidad de los ciudadanos. ¿Importa mucho la transparencia? Sí, señorías, pero a muchos nos

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importa también muchísimo la intimidad. Ha de ser transparente la Administración, pero las personas tenemos que tener derecho a que nuestra intimidad se vea también preservada.


Termino, señor presidente. Esta ley va a marcar un antes y un después, lo ha dicho la vicepresidenta en su intervención. Esta ley establece un nuevo paradigma para el derecho constitucional y el derecho administrativo español. No se
queden fuera de ella. Hoy, mantengan, si tienen algún compromiso fuera o si quieren dar esa imagen pública, sus enmiendas de totalidad sin texto alternativo, manténganlas, pero cuando pase ese rato, cuando hayan hablado con los periodistas, súmense
a la ley de transparencia, porque va a haber ley de transparencia, va a ser buena para la democracia y nosotros queremos que sea de todos. No queremos que el día que se recuerde esta ley que completó nuestra Constitución se diga: y fue aprobada
por todos los grupos de la Cámara salvo por... Queremos que entonces se diga: fue aprobada por todos los grupos de la Cámara. Porque lo que es bueno para España, y esta ley es buena para España, es mucho mejor si lo hacemos juntos todos los
españoles, y porque los ciudadanos esperan que seamos transparentes, sí, pero sobre todo, escúchenme bien, esperan que seamos responsables y no intentemos hacer leyes para constituciones que solo existen en nuestra imaginación, sino que apliquemos,
y bien, la única que tenemos, la Constitución de 1978, a la que tanto le debemos.


Muchas gracias. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González Pons.


- PROYECTO DE LEY PARA LA GARANTÍA DEL SUMINISTRO E INCREMENTO DE LA COMPETENCIA EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS INSULARES Y EXTRAPENINSULARES. (Número de expediente 121/000044).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día de hoy, debate de totalidad del proyecto de ley para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. Tiene
la palabra para presentar el proyecto el señor ministro de Industria. (Rumores).


Por favor, señor ministro, un momento. Ruego que los que están abandonando el hemiciclo lo hagan con toda rapidez.


Comience, señor ministro.


El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señor presidente, señorías, comparezco en nombre del Gobierno en relación con la enmienda de totalidad al proyecto de ley para la garantía de suministro e incremento de la
competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. Quiero en relación con esta enmienda a la totalidad fijar la posición del Gobierno, que ya adelanto es la petición a los distintos grupos parlamentarios de que renuncien a ella,
por las razones que a continuación les explicaré.


Señorías, este proyecto se justifica desde una doble perspectiva, desde una perspectiva nacional y desde el punto de vista de las comunidades autónomas afectadas. Desde la perspectiva nacional, en el marco del proceso de reforma energética,
en el Real Decreto 2/2013, de 1 de febrero, se establece como prioridad solucionar el problema de los desajustes en el sistema eléctrico, equilibrando los ingresos y costes del sistema. Como conocen sus señorías, los sistemas eléctricos insulares y
extrapeninsulares tienen singularidades respecto al sistema peninsular, derivadas del tamaño, de las características propias, de las reducidas economías de escala y del aprovisionamiento de combustible, todo lo cual provoca un mayor riesgo en la
garantía de suministro eléctrico, aparte de que encarece el coste de generación, provocando con ello un extracoste que es financiado con cargo a los consumidores, a las empresas eléctricas y a los Presupuestos Generales del Estado.


Desde el punto de vista de las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas Ceuta y Melilla, que están afectadas por el proyecto de ley, el marco regulatorio de la Comunidad Autónoma de Canarias está constituido por la Ley 11/1997, de 2
de diciembre, que regula específicamente el sector eléctrico canario, y por la Ley 54/1997, que regula el sector eléctrico. Ambas disposiciones tienen un planteamiento común, que es garantizar el suministro de energía eléctrica y su calidad al
menor coste posible. Por otra parte, la especial vulnerabilidad de estos sistemas insulares y extrapeninsulares, derivada de su aislamiento, unida a la necesidad de lograr una mayor penetración de energías renovables, aconseja la introducción de
medidas que refuercen el papel de la operación del sistema y la realización de estudios de nuevas infraestructuras para incrementar el tamaño de los cuatro sistemas

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eléctricos y los correspondientes subsistemas. (La señora vicepresidenta, Montserrat Montserrat, ocupa la Presidencia).


Señorías, con relación al contenido del proyecto de ley, incluye distintos aspectos. Primero, el proyecto tiene como objetivo aumentar la eficiencia en estos sistemas. Segundo, el proyecto procura que haya más operadores de los actualmente
existentes. El tercer objetivo es aumentar la seguridad ante posibles riesgos. Cuarto, que haya nuevas instalaciones de generación y distribución. Quinto, optimizar el coste de los combustibles. Sexto, asegurar los bombeos en estos sistemas.
Haré algún comentario respecto de cada uno de estos objetivos.


Respecto al impulso a la instalación de nueva generación y que sea además una generación más eficiente, el objetivo de esta medida es posibilitar la introducción paulatina de nueva generación en estos sistemas que vaya desplazando a la
generación ineficiente. Respecto a la entrada de nuevos operadores, se trata de favorecer que operadores que hoy no están operando en el sistema puedan entrar, de tal forma que no se podrá otorgar el régimen retributivo adicional o primado
destinado a la actividad de producción de nuevas instalaciones en estos sistemas que sean de titularidad de una empresa o grupo empresarial que posea un porcentaje de potencia de generación de energía superior al 40% en ese sistema.


Es verdad que en estos términos figura el proyecto de ley tal cual entró en las Cortes Generales. Sin embargo, el Gobierno de Canarias ha pactado con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo una enmienda de modificación en esta
materia, de tal forma que se permitirá que el operador dominante pueda realizar nuevas instalaciones cuando no existan otras empresas interesadas. Por tanto, aquí se pone de manifiesto una primera mejora pactada entre el Gobierno de Canarias y el
Gobierno de la nación sobre el proyecto de ley que ha entrado en el Parlamento, que supongo será del conocimiento de las fuerzas políticas que respaldan al Gobierno de Canarias en la comunidad autónoma.


En tercer lugar, respecto de los mecanismos retributivos para nuevas instalaciones, se habilita al Ministerio de Industria, Energía y Turismo para que se establezcan mecanismos retributivos para nuevas instalaciones de producción con la
finalidad de disminuir el coste de generación y para la introducción de señales económicas de ubicación.


Cuarto, en cuanto al derecho a la retribución, en el proyecto de ley se establece la necesidad de una resolución de compatibilidad de la Dirección General de Política Energética y Minas para tener derecho al régimen retributivo con carácter
previo a la autorización administrativa.


Quinto, optimización en el cálculo del coste del combustible. El coste del combustible, que supone más del 60% del total de los costes de estos sistemas, se determinará de acuerdo con este proyecto de ley conforme a un mecanismo
competitivo.


Sexto, control por parte del ministerio y el operador del sistema respecto a la disponibilidad real de las instalaciones. Se trata de habilitar a la Dirección General de Política Energética y Minas para minorar el concepto retributivo
adicional destinado a la actividad de producción en el caso de que se produzca una reducción sustancial en cuanto a la disponibilidad de las instalaciones, de la seguridad del suministro o de los índices de calidad.


Séptimo, capacidad de actuación del Gobierno en casos de riesgo. El proyecto de ley refuerza la capacidad de dicha actuación en los casos de riesgo para la seguridad del suministro en estos sistemas.


Octavo, titularidad de las instalaciones de bombeo y plantas de regasificación. Se ha introducido en este apartado una enmienda, también pactada entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de la nación, en los siguientes términos: A las
instalaciones que incorporen un bombeo y que tengan autorización administrativa o que sean concesionarias de un aprovechamiento hidráulico se les fijará un calendario de ejecución, y solo si lo incumplen se traspasará a Red Eléctrica. La
titularidad, de acuerdo con esta enmienda, por Red Eléctrica de España será solo en caso de que lo autorice la Comisión Europea.


Finalmente, dentro de este proyecto de ley se introduce también una consideración respecto del control ambiental para la tecnología de la fracturación hidráulica. Como saben ustedes, con el objeto de evaluar los impactos sobre el medio
ambiente de los proyectos que utilizan estas técnicas de fracturación hidráulica, se ha considerado oportuno por parte del Gobierno introducir esta disposición en este proyecto de ley.


¿Cuál es la valoración que hace el Gobierno de los distintos puntos que se han incluido en la enmienda a la totalidad por parte de los grupos enmendantes? Se dice en la enmienda que es necesaria la consulta a las comunidades autónomas
afectadas. Quiero decir que este proyecto de ley, tras el Consejo de Ministros, ha sido acordado, pactado y mejorado y se ha hablado con todas las comunidades autónomas y ciudades autónomas afectadas. Respecto de los informes de los organismos
reguladores, de la Comisión

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Nacional de la Competencia y Comisión Nacional de Energía, se dice en la enmienda a la totalidad que no se han solicitado. Haré algunas consideraciones.


Los requisitos establecidos en la normativa vigente para la tramitación de esta norma se han cumplido todos. Así, el anteproyecto se acompaña de memorias, estudios o informes sobre la necesidad y oportunidad del mismo. Además, se acompaña
del informe preceptivo de la Secretaría General Técnica del ministerio -lo fue-. Asimismo se ha elevado al Consejo de Ministros en primera vuelta para que decida sobre ulteriores trámites -también lo ha sido- y, una vez cumplidos los trámites, se
ha de someter en segunda vuelta para su aprobación como proyecto de ley -también se hizo-. Por razones de urgencia, se puede, como saben sus señorías, prescindir de los trámites anteriores, salvo los que tengan carácter preceptivo. Así se ha
hecho.


Respecto a la tramitación de este proyecto de ley y respecto a los informes preceptivos, cabe decir lo siguiente. El anteproyecto de ley fue sometido a informe del Consejo de Ministros el 1 de marzo de 2013 en primera vuelta y aprobado en
segunda vuelta por el Consejo de Ministros del día 15 de marzo. Quiero decir también que con carácter general, teniendo en cuenta que las Cortes Generales representan la soberanía popular, no es obligatorio someter un proyecto de ley a ningún
trámite adicional respecto a aquellos trámites a los cuales ha sido sometido este proyecto de ley. En cuanto al informe de la Comisión Nacional de Energía y de la Comisión Nacional de la Competencia, el único informe que resulta preceptivo de
acuerdo con el artículo 22 es el informe al que me he referido con anterioridad de la Secretaría General Técnica del ministerio.


Se dice también en la enmienda a la totalidad que es un proyecto dirigido a Canarias, sin considerar las peculiaridades de los otros tres subsistemas extrapeninsulares. Permítanme decirles que no solo no es así, sino que, tal como les decía
con anterioridad, ha sido también hablado con las otras comunidades y ciudades autónomas. Algunas de las cuestiones que han planteado, como es la retribución a los sistemas de distribución, no es una cuestión planteada en este proyecto y, por
consideración, por ejemplo, a alguna de las cuestiones que se incluyen como son los bombeos, afecta más a Canarias que a otras comunidades autónomas, pero todo lo que en el proyecto se establece afecta a los sistemas insulares y extrapeninsulares.
Se dice además en la enmienda que la insularidad es un factor limitativo de la competencia. Sí, estamos de acuerdo y precisamente por esa insularidad se debe velar para que no haya monopolios en cuanto a generación y suministro en estos sistemas.


La enmienda a la totalidad sale en legítima defensa del grupo empresarial dominante en los sistemas insulares y extrapeninsulares y critica la limitación de nuevas instalaciones para los grupos que tengan más del 40%. Respecto a esta
consideración, quiero trasladar a la Cámara que esta medida es acorde con el planteamiento en países de nuestro entorno en relación con la gestión óptima de este tipo de instalaciones. Quiero decir que en la situación actual de la competencia de
los sistemas insulares y extrapeninsulares, en esos sistemas la demanda eléctrica se cubre con generación térmica. La titularidad es de una sola empresa y las actividades de distribución y comercialización también. Esta situación hace que la
reducción de costes en estos sistemas sea asimismo importante y en todo caso una condición necesaria para la reducción de los costes generales en todo el sistema eléctrico de España.


Respecto a las centrales hidroeléctricas que existen en la isla de El Hierro, ya prácticamente culminadas, y en la isla de Gran Canaria, todavía en fase de proyecto, en virtud de una enmienda que hemos pactado también con el Gobierno de
Canarias, no se traspasarán a Red Eléctrica siempre que se cumpla con el calendario que se proponga y se apruebe. Eso sí, quiero decir que desde hace un año y medio aproximadamente, están paralizados todos los trámites adicionales de la central de
bombeo de la isla de Gran Canaria, siendo lo cierto que su orden de retribución de la misma fue firmada hace algo más de un año. Por tanto, la única finalidad en cuanto a estas centrales de bombeo es que, a la mayor brevedad posible y sin que medie
ningún tipo de restricciones burocráticas ni administrativas, puedan ser puestas en marcha, por la importancia que tienen en los sistemas insulares. La enmienda que está pactada en esta materia con el Gobierno de Canarias tiene como finalidad que a
las instalaciones que incorporen un bombeo y tengan autorización administrativa o sean concesionarias de un aprovechamiento hidráulico se les pueda fijar un calendario de ejecución y que solo si lo incumplen sean ejecutadas entonces por Red
Eléctrica. La titularidad por Red Eléctrica solo será posible cuando lo autorice la Comisión Europea. El objetivo del Gobierno para garantizar el suministro es promover la construcción y el funcionamiento de los bombeos.


Finalmente, quisiera hacer una consideración sobre la fracturación hidráulica, aspecto al que me refería con anterioridad. En modo alguno el Gobierno pretende con esta disposición entrar en competencias

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que por normativa existente corresponden única y exclusivamente a las comunidades autónomas. Por tanto, en cuanto a las tecnologías de fracturación hidráulica exclusivamente en el ámbito de su territorio, serán las comunidades autónomas las
que lleven a cabo las autorizaciones de exploración y también los permisos de investigación. Ahora bien, corresponderán en esta materia a la Administración General del Estado las autorizaciones de exploración y permisos de investigación que afecten
al ámbito territorial de más de una comunidad autónoma y en todo caso el otorgamiento de las concesiones de explotación.


Por todas estas razones, quisiera pedir a los grupos que plantean una enmienda a la totalidad que retiren esas enmiendas, pero no solo por las razones apuntadas, sino también porque, teniendo en cuenta que parte de esos grupos están
constituidos por Coalición Canaria y el Partido Socialista, que coinciden plenamente con los dos grupos que apoyan al Gobierno de Canarias en la comunidad autónoma, y que ese Gobierno de Canarias ya ha pactado, ha llegado a un acuerdo con el
ministerio en relación con determinadas enmiendas, entenderíamos que fueran enmiendas parciales, pero traer una enmienda a la totalidad por parte de estos dos grupos a este Congreso, cuando esos dos grupos en Canarias, que sustentan al Gobierno, ya
han pactado con el ministerio esa otra enmienda, equivale prácticamente a presentar una enmienda a la totalidad pero a sí mismos. Por tanto, les pediría que no se enmendaran a sí mismos, sino que las retiraran y que prestaran -si me permiten
decirlo- atención a que sus propios grupos parlamentarios en sede de Cámara regional han apoyado al Gobierno de Canarias en estas modificaciones que mejoran con mucho este proyecto, tal cual era la intención del Gobierno. (Aplausos). Porque siendo
absolutamente legítimo presentar enmiendas parciales y enmiendas a la totalidad, es verdad que en la historia del parlamentarismo español -al menos para mí- es algo muy novedoso que un grupo se enmiende a la totalidad a sí mismo, porque, insisto, es
un proyecto de ley que ya tiene el visto bueno del Gobierno de Canarias, Gobierno apoyado justamente por dos de las fuerzas políticas que hoy todavía sustentan esa enmienda a la totalidad.


Muchas gracias, presidenta. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Montserrat Montserrat): Muchas gracias, ministro.


A este proyecto de ley se han presentado cuatro enmiendas a la totalidad, de ellas tres son de devolución y una de texto alternativo. Para la defensa de las enmiendas presentadas tiene la palabra, por el Grupo Mixto, el señor Quevedo.


El señor QUEVEDO ITURBE: Muchas gracias.


Señoras y señores diputados, señor ministro, lo primero que tengo que decirles es que hoy, 30 de mayo, es el Día de Canarias y, como dice un humorista canario: Bastante que me alegro. Por otra parte, quiero decirles también que a lo mejor
es un buen día para defender, creemos, los intereses de Canarias en esta Cámara, lo que justifica bien que, en vez de estar en nuestra tierra de celebración, estemos en esta Cámara defendiendo los intereses de nuestra tierra.


Señor ministro, ha conseguido sorprenderme. Pensé que venía a discutir en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley que ha aprobado su Gobierno a propuesta de su departamento y resulta que venimos a discutir las enmiendas que este
diputado desconoce, porque, claro, hay un problema. Este diputado es de Nueva Canarias, como usted sabe perfectamente, que no está vinculado al Gobierno de Canarias, y está apoyado por una diputada que es de Coalición Canaria, que creo que defiende
igual que yo que esta Cámara tiene la independencia de -¡solo faltaba!- debatir los proyectos de ley con total independencia y autonomía, haya o no negociaciones con el Gobierno de Canarias, que por cierto son posteriores. ¿O es que estamos
discutiendo aquí las enmiendas? Estamos discutiendo el proyecto de ley que usted ha formulado. Ojalá se hubiese producido ese proceso de consenso antes y hoy no estaríamos hablando de esto. Sinceramente, me parece asombroso que usted cuestione la
independencia de esta Cámara porque resulta que el Gobierno de Canarias -en parte, que no en la totalidad- parece ser que está llegando a algún tipo de acuerdo con su departamento que este diputado desconoce y, además, poco que me importa en esta
fase. Estamos hablando del proyecto de ley que usted ha presentado. Lo que se tendría que preguntar es por qué ha merecido cuatro enmiendas a la totalidad y no tratar de impedir que las formulemos en el ejercicio legítimo del derecho democrático
que, como sabe, nos asiste. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).


Este proyecto de ley se presenta en un contexto que es muy particular, después de una catarata de reales decretos-leyes en materia energética, todos ellos sin consenso y muchos de ellos perjudiciales para Canarias, como le dijimos en su día.
Es un proyecto de ley que, efectivamente -usted ha intentado colocarse la tirita antes de la herida-, trata igual lo que es diferente. La Comunidad canaria, la balear y

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las dos ciudades autónomas nada tienen que ver o poquísimo -que no sea que están en territorio no peninsular- en materia energética, como seguro que usted conoce. Sí hay algo que es común para todas: la intrusión en las competencias de las
comunidades autónomas -esto sí que afecta a todos- y la cuestión del fracking. Usted lo ha contado y lo que nosotros nos preguntamos es por qué se coloca una nueva técnica con un cuestionamiento tremendo por parte de media humanidad, que es el
fracking hidráulico, en una disposición final segunda de un proyecto de ley que es teóricamente para otra cosa y que modifica la Ley del Sector de Hidrocarburos. Claro, a usted le parecerá normal, pero es que a nosotros no nos lo parece, ni a casi
nadie. De forma que, al final, si quitamos esto, el resto afecta a Canarias. Por tanto, creo que con esto perjudica usted a Baleares, a las ciudades autónomas y a Canarias, porque al final ninguno tiene el trato singularizado que en nuestra
opinión se merece.


Asimismo se da en un contexto en el que Canarias, debiendo ser el paraíso de las energías renovables, en este momento tiene una penetración del cuatro y poco por ciento de este tipo de energías en nuestro territorio, lo cual es completamente
dramático, y precisamente en esta ley no hay ni una sola mención al estímulo a las energías renovables y se mantiene el incumplimiento de su compromiso de garantizar la bonificación a las energías renovables en Canarias que usted eliminó en el Real
Decreto-ley 1/2012. Además hay un impulso obsesivo por la cuestión de las energías sucias. Le hemos pedido a usted que nos explique las ventajas y los inconvenientes de la cuestión del petróleo. Confío en que no sea una ventaja aquello que le leí
de que con eso se acabaría con la pobreza en Canarias, porque sería poco serio. También se da en el contexto de que da la sensación de que solo hay una preocupación por este asunto y no por lo que de verdad nos preocupa a los canarios, que es la
independencia energética, la disminución de la dependencia exterior y la producción energética a un costo mucho menor. No sé si le estoy incomodando, señor ministro, o está usted más ocupado en otra cosa. Si no, me puedo dirigir a otro. Como
usted quiera.


En relación con el procedimiento, vaya oportunidad perdida, porque todo esto que usted nos ha contado aquí, que no es el proyecto de ley sino la modificación del proyecto de ley, que no toca hoy, es una especie de proyecto de ley misterioso.
A usted le parecerá normal haberlo hecho a la carrera como lo ha hecho, pero ni informe del el Consejo de Estado ni de la Comisión Nacional de Energía y, lo que es peor, tampoco ha habido informe previo, que es preceptivo, de las comunidades
autónomas, artículo 12.1 de la Ley de 1997, del Sector Eléctrico, y más aún en una Comunidad como la canaria que, como usted sabe, tiene su propia ley del sector eléctrico. Usted ha pertenecido al Gobierno de Canarias y estoy seguro de que lo sabe.
Por tanto, al final lo que hay aquí es una recentralización encubierta en esta materia porque lo que está claro es que le otorga usted competencias a la Dirección General de Minas, por decirlo rápido, que antes eran de la Comunidad canaria.


Con relación a los objetivos de la ley y su título, incremento de la competencia, esto debería llamarse competencia a palos, emulando la comedia de Molière. Usted debería saber -y estoy seguro de que lo sabe- que Canarias es lo que se
denomina monopolios naturales, y así lo demuestra la historia. Antes había un monopolio público que era Unelco, que ustedes y su partido, en tiempos del señor Aznar, transformaron en un monopolio privado. Y a pesar de que existen leyes
antimonopolio -y en Canarias también-, no se ha producido la competencia, porque la competencia es extremadamente difícil en las energías tradicionales o sucias en territorios como los insulares. Estamos de acuerdo en que hay que acabar con los
monopolios, pero usted ha elegido justamente una vía que no es eficaz. Una política de expropiaciones que me deja atónito porque sé que las expropiaciones de lo privado hacia lo público no están en su naturaleza, a no ser que tenga algo que ver
-permítame la broma- con el Protocolo de entendimiento con el Partido Comunista Chino que ha suscrito su partido a través de la señora De Cospedal. Si no es un contagio de esa naturaleza, ¿me puede decir por qué está bien que la política sea una
expropiación que afecta a dos centrales hidroeléctricas absolutamente fundamentales para trabajar hacia la independencia energética de Canarias en dos islas en concreto, ahora en El Hierro y en Gran Canaria y luego en el conjunto de Canarias,
mediante la utilización de energías limpias? Porque esa expropiación afecta precisamente a esos dos proyectos y le entrega al gestor actual del sistema, que es Red Eléctrica Española, la generación. Como usted sabe muy bien, eso se perderá en su
momento en Bruselas con total seguridad. ¿Sabe cuál es la consecuencia? Litigiosidad en torno a este tema, y mientras se litiga y además usted lo pierde, Canarias pierde la oportunidad de desarrollar dos proyectos absolutamente estratégicos para
nuestra tierra.


Como demuestra la historia, la competencia no se crea a palos, se crea estimulando las energías que de verdad funcionan, que son las renovables. Le he puesto un ejemplo es nuestra enmienda, el concurso

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eólico del año 2009, en el cual, de los 440 megavatios que salieron a concurso, fíjese usted, la operadora que hoy tiene el 93% del sistema obtuvo menos del 20%. El resto, operadores privados, corporaciones locales y empresas públicas. Si
usted quiere de verdad trabajar en la línea de acabar con los monopolios, mire qué procedimiento más perfecto utilizando además las energías que de verdad son baratas de producir, que son las renovables, en contra de las energías sucias que son más
caras y por supuesto no recomendables.


Mantenemos la enmienda a la totalidad, naturalmente, que es lo que toca en esta fase. Le pedimos que la acepte porque así nos da la oportunidad de corregir todo lo que usted ha venido a corregir aquí y que no vale, porque hoy no vale hacer
eso. Le anunciamos que vamos a apoyar las enmiendas a la totalidad formuladas por Esquerra Republicana de Catalunya, por el Grupo Socialista y por La Izquierda Plural. También le anunciamos que oportunamente formularemos las enmiendas
correspondientes cuando ese trámite sea el oportuno.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Quevedo.


Señora Jordà.


La señora JORDÀ I ROURA: Señora presidenta, señoras y señores diputados, señor ministro. Este proyecto de ley debería -digo debería- servir para mejorar el suministro eléctrico y servir también para asegurar la generación y la distribución
de los territorios que la propia ley menciona, pero no sirve para esto, este proyecto de ley sirve en realidad para introducir pequeños cambios y para abrir las puertas a la extracción gasística por fracking. No obstante, la mejor manera de
garantizar el suministro de energía eléctrica y su calidad a los territorios insulares y extrapeninsulares es apostar por el autoabastecimiento basado en las energías renovables. Pero lejos de ello, ustedes optan por mantener el modelo energético
deficitario, optan por mantener el modelo energético generador de deuda, un modelo que perpetúa la dependencia de combustibles fósiles, sirviendo así a los intereses del oligopolio energético, que se beneficia evidentemente de este modelo.


Debemos decir también que el proyecto de ley incluye de manera subrepticia la modificación de la Ley de Hidrocarburos con el objetivo de permitir, como ya he dicho, el fracking, auspiciándose en el canto de sirena del autoabastecimiento para
algunos años que podría suponer este sistema extractivo. Señorías, lo tenemos que decir alto y claro: la fiebre por la extracción de gas no convencional a través de la fractura hidráulica ha cruzado ya el charco, y ahora presiona aquí, en el
Estado español, para quedarse; quedarse al servicio de unos determinados intereses económicos y especulativos que han hecho que se sobrevaloren las estimaciones de extracción real entre un 100% y un 400%. Asimismo, no es una solución definitiva
sino un nuevo parche para garantizar la extracción durante unos años y además con importantes costes medioambientales, a la vez que un importante riesgo para la propia salud, como hemos denunciado en varios Plenos.


En definitiva, señor ministro, ahí donde ustedes ven una oportunidad, nosotros, con toda la humildad del mundo, vemos una ruina. La introducción del fracking en el presente proyecto de ley supone una legalización, como ya he dicho, de este
modelo que, aunque no era ilegal -también cabe decirlo, no era ilegal-, tampoco estaba recogido explícitamente por la legislación española. Su introducción en esta ley supone, pues, una manera indirecta y torticera de legalizarlo, y de hacerlo
además sin las suficientes garantías saludables y medioambientales, porque pese a que se incorpora la necesidad de evaluación de impacto ambiental -faltaría más-, la modificación no incluye ningún tipo de prevención adicional ni medidas correctoras
más allá de las que ya se prevén en las excavaciones petroleras cuyo impacto está más que demostrado. Además, como ya hemos podido comprobar también en la Ley de Costas, la evaluación de impacto ambiental no es suficiente para evitar políticas
devastadoras para el medio ambiente.


Señor ministro, según datos de su propio ministerio, las solicitudes de permiso de investigación de hidrocarburos -me refiero a la primera fase-, que son para estudiar si el suelo reúne o no las condiciones para una futura perforación, ha
aumentado nada más y nada menos que un 67% desde el año 2008. Pero queremos alertar también de que las empresas del sector de hidrocarburos y el Gobierno, que ya ha dado alas a su desarrollo, se mueven en un terreno revuelto, tenemos que decirlo
así. Saben perfectamente que esto, a los territorios que ponen en riesgo y a los que no permiten capacidad de decisión al respecto, no les gusta ni mucho ni poco, no les gusta nada el fracking, y la contestación social a esta práctica es

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cada vez más creciente y organizada y dispuesta a la vez, si es necesario, a la resistencia y a la desobediencia activa. Voy acabando.


En definitiva, la apuesta por la fracturación hidráulica es errónea desde varias perspectivas: la primera, desde una perspectiva energética, la segunda, ecológica, estratégica y, dejen que les diga también, económica. Y, sí, insisto en la
económica, porque es de mucho más difícil acceso que el gas convencional y acarrea serias desventajas a la hora de su extracción. Por otro lado, ponen también a la vez en riesgo el presente y el futuro de las economías de muchos de los territorios,
territorios que se sustentan a día de hoy en la agricultura, que se sustentan también en la ganadería y en el turismo. Y es evidente que si convertimos parte del Estado español en un campo de pozos, nunca mejor dicho, todos estos usos se van a
imposibilitar, y es evidente también que estos no van a durar para siempre y que dentro de veinte o treinta años las empresas se irán y dejarán solo tierra quemada. Esta técnica arrasa y por eso nosotros, señor ministro, señorías, nos vamos a
oponer de manera firme a ella.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Jordà.


Por el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra la señora Ortiz.


La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Muchas gracias, señora Presidenta.


Señor ministro, estamos debatiendo un nuevo proyecto de ley, llevamos ya seis leyes que afectan al sector energético y siete reales decretos-leyes, y hoy volvemos a debatir sobre energía. Es una nueva ley que, a nuestro entender, sigue sin
resolver la situación, ni la situación energética de España ni tampoco la situación insular y extrapeninsular. Es verdad que los costes extrapeninsulares de aprovisionamiento energético son muy altos, es evidente, y que han generado una desviación
y han aumentado el déficit de tarifa en 1.700 millones, según preveía el informe de la Comisión Nacional de la Energía y que se maquilló también en las cuentas por parte del Estado. Entendemos que esta ley tiene como finalidad garantizar el
suministro y aumentar la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, pero hemos presentado una enmienda a la totalidad porque esta ley, a nuestro entender, no resuelve los problemas sino que en algún caso nos aleja de la
solución porque no garantiza el suministro y mucho menos abarata los costes.


Antes de entrar en el contenido, usted ha dicho que han participado. A nuestro entender, no ha habido un proceso de participación ni de información previa a la entrada de esta ley. De hecho, deprisa y corriendo se ha tenido que negociar
con el Gobierno canario cómo solucionarlo por la vía de enmiendas. Al ser un proyecto que afecta de esta manera y en clave tan territorial, entrar en esta Cámara sin el consenso adecuado y menos sin haberlo hablado, sinceramente entendemos que es
un grave error. Además, es una ley que no tiene perspectiva de conjunto ni trata la diversidad de los territorios insulares y extrapeninsulares, como si El Hierro, Ceuta o Ibiza compartieran realidades en clave energética. Esta es una ley para
Canarias, pero digan las cosas por su nombre. Sobre todo, parece mentira que un ministro que fue vicepresidente en las islas haga las cosas sin participar.


Entrando en el contenido, si queremos reducir los costes en Canarias y garantizar el suministro, ¿alguien cree que introduciendo competencias se va a conseguir? Eso es lo que usted planteaba aquí. Precisamente fue el Partido Popular el que
privatizó la empresa en su momento, pensando que el libre mercado funcionaría. Ahora, viendo que no funciona y que los costes energéticos y la tarifa aumentan de forma exponencial, vamos a poner parches y parches en un mercado que es imposible que
funcione porque no es un mercado libre. Lo que necesitamos en Canarias, porque es imposible que funcione un mercado de forma competitiva, es planificación energética al servicio de los intereses públicos que promueva las renovables y la energía
distribuida. Canarias sería un escenario óptimo precisamente para hacer eso. Aquí le sale de nuevo esa fobia -o como mínimo el texto transpira todo esto- y el dogma contra las energías limpias. Aunque tienen que reconocer en la propia ley que los
costes de las renovables son mucho menores que el resto de las centrales, luego deciden que la solución es el gas. Realmente las renovables es lo más rentable y lo mejor que hoy puede tener Canarias y el 70% del sobrecoste, como usted también
decía, se debe al combustible.


En el informe de los sobrecostes de la energía en Canarias claramente se aconseja una legislación distinta para una situación distinta. Canarias está aislada, no puede tener plantas grandes, no puede almacenar grandes cantidades de energía
y no puede tener un sistema competitivo. Por tanto, necesita regulación y planificación, combatir el monopolio y reducir la dependencia energética de más de un 90%. Es el escenario perfecto para diseñar un plan para Canarias 100% renovable en las
próximas décadas y

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que se generalice la modalidad de autoconsumo en balance neto en pequeñas centrales. Esto significa desplazar energía térmica basada en combustibles fósiles y generalizar las renovables, no gasificar la isla. Hoy es mucho más rentable y
más barato funcionar con ellas, y no entendemos que como mínimo aquí no se suspenda la moratoria de las renovables. Sinceramente, generar una falsa competencia en un monopolio natural no tiene sentido, y nos va a salir mucho más caro a todo el
mundo. Si tenemos un escenario donde lo más barato son las renovables, ¿por qué no se suspende precisamente la moratoria? La irracionalidad de esa resistencia ya la practicó cuando usted estaba gestionando en Canarias. En el momento de más auge
de las renovables en toda España Canarias fue el territorio donde menos proliferó la inversión renovable, ni en eólica, por esos concursos opacos y mal hechos, ni tampoco en fotovoltaica por los cupos. Es el territorio que menos inversión tiene,
cuando es el que más lo necesita y al que precisamente más rentable le sería. Al final, la herencia de esa gestión es una energía mucho más cara.


Otra cuestión vinculada al desarrollo de las renovables es que se podría haber aprovechado para hacer una prueba piloto, como mínimo, y entendemos que esta ley debería ser el trámite, para el autoconsumo de energía con balance neto. De
nuevo la falta de regulación y de facilidades administrativas impiden el desarrollo del autoconsumo, pero en Canarias deberíamos hacerlo porque si lo que ustedes quieren es combatir un monopolio, lo más ventajoso es aprovechar las renovables y sobre
todo el autoconsumo, es decir, democratizar el sistema energético en Canarias y que cada ciudadano pueda producir energía. Eso es lo que podría hacer frente al monopolio de Endesa. Cuando hablan de las cotas de mercado, de que no superen el 40%,
deberían plantear medidas eficaces de democratización porque no va a funcionar a base de la retribución. A nuestro entender, el autoconsumo es la manera de plantar cara a los monopolios, además, la descentralización mejora la eficiencia, fomenta el
desarrollo local y genera empleo. Es la mejor salida para Canarias, junto con centrales de apoyo, las que existen y las de minibombeo; es la mejor salida, mucho mejor que el gas. Nos preguntamos por qué introducir gas en una de las islas que ni
siquiera tienen gasoductos y en las que es mucho más barato producir electricidad a partir de renovables. Entendemos que las renovables necesitan apoyo, pero hagámoslo con las centrales que están ahí. A nuestro entender, con el soporte de la
hidráulica es más que suficiente. Más que la seguridad de suministro parece una compensación a las centrales de gas, y eso es lo que no entendemos, un gas que es importado, que necesita de la construcción de gasoductos, que contamina, que aumenta
aún más la dependencia energética del exterior y va a incrementar el déficit de tarifa. Es como si no hubiéramos aprendido de la burbuja de los ciclos combinados, de la que también la Comisión Nacional de Energía nos ha advertido más de una vez.
Lo que nos sale caro es no ir al fondo de la cuestión, lo que deberíamos hacer en un territorio que está doblemente aislado es planificar y regular de acuerdo con la realidad y la situación distinta de cada territorio.


Una cuestión controvertida de esta ley es la cuestión de las centrales de bombeo y su titularidad para evitar usos indebidos, y diría también que especulativos, que se han producido por parte de la empresa que ostenta esa titularidad ahora.
Nuestro grupo no vería mal que unas instalaciones de gestión del sistema sean del operador del propio sistema, no lo veríamos mal, especialmente si el operador tiene participación pública, como es el caso de Red Eléctrica. De todos modos, creemos
que Red Eléctrica no es el paradigma de cómo debería funcionar una empresa al servicio de los intereses generales, porque no es así, con la sobrerretribución que ostenta, con los beneficios y los márgenes que tiene en un momento de crisis económica
y de aumento de déficit. Además, es también un monopolio que no funciona al servicio del interés público. Sospechamos, y nos gustaría también que nos lo pudiera aclarar, que esa titularidad no sea tanto para combatir el mal uso que hace Endesa
sino que, ante los rumores de venta de la parte pública de Red Eléctrica, eso le pueda facilitar la venta. Eso sí que nos preocuparía, porque al final es sustituir un monopolio por otro por intereses que están lejos de los ciudadanos de Canarias.


Por otro lado, nos gustaría saber el impacto de ese cambio de titularidad sobre los proyectos de centrales hidroeléctricas que también son vitales para Canarias. El resto de medidas, en general, del proyecto de ley no responden al objetivo
que predica el título de esta ley. Estas medidas pueden incrementar incluso los costes y generar problemas de suministro, porque vuelven a ser parches sin una estrategia global al servicio de las necesidades y no responden a los recursos que sí
tenemos. Por no hablar del medio ambiente, de las emisiones, que evidentemente no forman parte de su agenda, como ocurre con los once proyectos y reales decretos que llevamos debatidos. Cada vez más lejos.


Hablando de sostenibilidad, llegamos a la guinda del pastel de esta ley, una auténtica provocación a los que combatimos la implantación de la fractura hidráulica. Me refiero al intento de exprimir los últimos

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combustibles fósiles del planeta a cuenta de destrozar el entorno y contaminar aguas y subsuelo: el fraking. En primer lugar, de nuevo se utiliza la técnica de regulación del fraking en una ley que nada tiene que ver con la materia. Igual
que cuando regulaban la Seguridad Social de las trabajadoras del hogar y aprovechaban para hablar del déficit de tarifa. Pues en la misma línea actúan en esta ley, con la misma técnica de regulación. Pero son bien conocidos y están demostrados por
instituciones independientes los impactos ambientales de la fractura hidráulica que usted no quiere ver. El consumo intensivo de agua que no tenemos en nuestro país, las sustancias químicas liberadas, muchas y con gran opacidad por parte de la
empresa, que es verdad que se utilizan en Estados Unidos, aunque muchas de esas sustancias están prohibidas en la legislación europea. Productos tóxicos que pueden contaminar las aguas freáticas y superficiales, por no hablar del impacto en el
paisaje y en el territorio. Nos lo demuestran las huellas de miles de pozos en Estados Unidos. Sinceramente, España no es Estados Unidos y ni La Garrocha es Texas ni el País Vasco o la cuenca del Ebro son Dakota del Norte. No tiene sentido hablar
de Estados Unidos en un paisaje como el nuestro. El fraking es incompatible con otras actividades como la agricultura o el turismo rural y está hipotecando el futuro, porque ahora lo que tenemos en Estados Unidos es un desierto de pozos, cada vez
menos rentables y muchos ya abandonados.


Teniendo en cuenta los principios de prevención y precaución que se deberían aplicar en las nuevas actividades, se tendría que establecer la prohibición de la extracción de gas mediante fractura hidráulica y no avalarla y garantizar su
explotación por ley y por la puerta de atrás, pretendiendo maquillarlo con la evaluación de impacto ambiental. ¡Solo faltaría! Pero nos gustaría que usted nos garantizara, por un lado, que no se va a modificar la evaluación de impacto ambiental
para flexibilizar esos requisitos y, por otro lado, nos gustaría que nos lo confirmara. Usted ha dicho que respetará a las comunidades autónomas que no quieran dar esas autorizaciones. Es decir, si Andalucía, Cantabria o Cataluña quieren prohibir
el fraking en su territorio, ¿usted lo va avalar? Esa reserva básica de ley que introducen en la Ley de Hidrocarburos nos confirma lo que ha dicho aquí. Si unas comunidades autónomas quieren que su territorio esté libre de fraking, ¿va a ser así?
¿Usted lo va a respetar? Estoy hablando de tres casos, de Andalucía, de Cataluña y de Cantabria, que así lo han decidido en sus territorios. Por otro lado, se han emborrachado pensando que esto será El Dorado. Esto es porque solo escuchan a las
empresas que les venden una moto. Es temerario tomar decisiones sobre el futuro energético sin contrastar y esto nos preocupa. Varios países de Europa ya han anunciado que se bajan del tren del fraking. Francia, Bulgaria, Dinamarca y República
Checa han puesto moratorias a la búsqueda del gas no convencional, no solo por los riesgos medioambientales de los que hemos hablado, sino también por las dudas sobre la aportación real de esta fuente de energía al abaratamiento del precio y su peso
para lograr una mayor independencia energética. El comisario europeo de Medio Ambiente dice: Explotar las reservas de gas de esquisto ayudará, a lo mejor, momentáneamente a relajar los precios, pero no hará a Europa autosuficiente. De hecho, la
Agencia Internacional de la Energía hace muy pocos días dijo que esas predicciones sobre la bajada del precio del gas no estaban bien hechas y que por lo tanto el precio va a continuar subiendo, y que lo que ha acabado comportando la introducción
del fraking es el aumento del consumo de carbón porque el gas vuelve a subir. Además, se ha demostrado, y el Gobierno debería ser responsable antes de tomar decisiones, que en todos los casos las previsiones sobre las reservas que hay en el
subsuelo de las empresas están sobreestimadas entre un 60% y un 200%. El entusiasmo del ministro no se corresponde con lo que dicen las propias empresas, que en España no servirá como resolución de los problemas energéticos. De hecho, así es. Las
empresas de Shell Gas han desembarcado y seducido al Gobierno, pero aún no sabemos si para producir o para especular. Todos los indicadores y analistas de Wall Street hablan de la nueva burbuja del fracking. El presidente de Chesapeake decía:
Comprar concesiones de arrendamiento por una cantidad y venderlas por diez veces el precio inicial es más rentable que intentar producir gas. De hecho, los informes del Post Carbon Institute y el Foro de política energética concluyen que el auge de
la fractura hidráulica podría llevar a una burbuja similar a la burbuja inmobiliaria que estalló en 2008. Sinceramente, el entusiasmo del ministro nos avergüenza. Cuando la mitad de los países, por responsabilidad y por prudencia con el medio
ambiente y con la economía, establecen prohibiciones y moratorias, ustedes aplauden con entusiasmo y animan a esa especulación con las licencias. Una nueva ley, en definitiva, que empeora, que desplaza a las renovables y que impide el cambio de
modelo energético que tanto necesitamos; un modelo basado en la reducción del consumo, en un consumo eficiente, uso inteligente de la energía limpia, sostenibilidad y democracia.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Ortiz, tiene que finalizar.

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La señora ORTIZ CASTELLVÍ: En definitiva, por eso planteamos esta enmienda a la totalidad. Nos alejamos cada vez más de ese modelo que necesita de forma urgente nuestro país.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señora Ortiz.


Por el Grupo Socialista, señor Segura.


El señor SEGURA CLAVELL: Señora presidenta, señor ministro, encantado de saludarles en un debate sobre tema tan trascendente para Canarias.


Señor ministro, estamos de acuerdo con el título del proyecto de ley que usted nos ha presentado, no estamos de acuerdo ni con la exposición de motivos ni con el artículo 1 ni con el artículo 2 ni con el 3 ni con el 4 ni con el 5; sí con el
artículo 6. No estamos de acuerdo con las disposiciones finales del fracking a las que ha hecho referencia la diputada Ortiz. Señor ministro, consiguientemente, el Grupo Parlamentario Socialista presenta una enmienda a la totalidad con texto
alternativo a un mal proyecto de ley. Yo agradezco a la señora vicepresidenta del Gobierno en el debate anterior de cuatro horas y al señor Pons, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que hayan glosado e incentivado en aquel debate sobre
transparencia a que aquellos grupos parlamentarios que no estuviesen de acuerdo con un tema presentasen enmienda a la totalidad y, coherentemente, texto alternativo. Este diputado, coherentemente, con la mayor consideración parlamentaria -que es lo
que tenemos que hacer aquí, sin entrar en jueguitos de palabras-, tiene que reiterar que presentamos una enmienda a la totalidad a un mal proyecto de ley. Es un mal proyecto, y ustedes lo reconocen, porque desde el ministerio han tenido que
negociar con las cuatro comunidades autónomas. Hace una semana el consejero pertinente del archipiélago balear se desplazó al ministerio, por tercera vez, para renegociar cuestiones. Es el papel que tienen que hacer las comunidades autónomas, las
asociaciones profesionales, los colectivos sindicales y todo tipo de ciudadanos o de colectivos de ciudadanos que puedan tener interés en estos temas.


Quiero indicarle, señor ministro, que la Ley 54/1997 en su artículo 12 -aquí se ha reiterado- dice, en su apartado 1: Las actividades para el suministro de energía eléctrica que se desarrollen en los territorios insulares y
extrapeninsulares. Y aquí tiene que quedar muy claro que esta ley afecta a Ceuta, Baleares, Melilla y Canarias, a cuatro comunidades y también tiene que quedar claro, señor ministro, que este diputado y su grupo parlamentario no entienden la
incoherencia de la presentación de este proyecto de ley. No, señor ministro, por una razón. El señor Rajoy, presidente del Gobierno, en el debate del estado de la nación dijo en tres ocasiones en esta tribuna que antes de finalizar el primer
semestre del año -y termina a finales del mes de junio próximo- entraría una gran ley para regular en la modernidad los sistemas generadores de energía eléctrica. Y ustedes van a tener que traer, en coherencia con lo que ha manifestado y prometió
el presidente del Gobierno, una nueva gran ley. Y esa gran ley tiene que afectar a La Rioja, a Andalucía, a Castilla-La Mancha, a Galicia, a Cataluña, a Canarias, a Baleares, a Ceuta y a Melilla. ¿Qué razón hay para coger ahora estas cuatro
comunidades digamos que muy mal calificadas de manera pretérita como regiones insulares y extrapensinsulares? El término extrapeninsular yo creo que hay que irlo dejando atrás; insular es una realidad incuestionable. Le digo y le reitero que el
artículo 12 dice: Las actividades para el suministro de energía eléctrica que se desarrollen en los territorios insulares y extrapeninsulares serán objeto de una reglamentación singular que atenderá las especificidades derivadas de su ubicación
territorial -por favor, atención a estas dos palabras- 'previo acuerdo de las comunidades o ciudades autónomas afectadas'. Ese previo acuerdo no se ha producido, aquí se ha reiterado.


Señor ministro, tengo en mis manos un documento del Gobierno de Baleares de cinco o seis folios: Gobierno de las Islas Baleares -se lo voy a leer-, Vicepresidencia Económica de Promoción Empresarial y Ocupacional de la Dirección General de
Industria y Energía, firmado por el correspondiente director general. El informe con respecto a este proyecto de ley del Gobierno balear termina -sería muy largo leerlo, le leo los tres últimos párrafos-: Quiere decirse con esto -dice el texto del
Gobierno balear- que para el sistema eléctrico balear se requiere, como se ha ido diciendo a lo largo de las observaciones anteriores, una importante revisión de la normativa específica que regula su funcionamiento, pero estos requerimientos no
coinciden en absoluto con los que pretende resolver este proyecto de ley. Segundo párrafo: La conclusión final es, pues, que los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, cuyo funcionamiento regula el Real Decreto 1747/2003, tienen
características tan diferentes que pretende regular sus especificidades con una normativa uniforme carente de sentido práctico. Y el último párrafo: Finalmente, manifestar que en el proyecto de ley no solo se obvia de manera inadmisible -lo
subraya-

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la participación de la comunidad autónoma afectada, sino que en determinados aspectos se pretende -lo subraya- recortar sus competencias.


Con ello, señor ministro, creo que queda muy claro y con las veinte páginas, veinte páginas que integran el texto de la enmienda de rechazo, porque no puede utilizarse otro adjetivo, la enmienda al proyecto de ley, que mi obligación es
explicarle y rogarle atención, como lo está haciendo sin duda alguna, y a los miembros de esta Cámara, el contenido más relevante del proyecto de ley alternativo. Porque en coherencia, como he dicho, como se ha solicitado en otras ocasiones, aquí
hay un proyecto de ley, y quien lo analice con cierto rigor podrá comprobar que no podemos coincidir en modo alguno con los contenidos de un proyecto de ley que han hecho ustedes desde el ministerio de manera acelerada, tan acelerada que han tenido
que estar pidiendo en la Cámara ampliaciones de plazo de presentación de enmiendas parciales, que se cerrará el martes próximo, y cuando en Comisión se vean las enmiendas, ya veremos qué vota el Grupo Parlamentario Popular a las enmiendas parciales
de los diferentes grupos y naturalmente qué vota el Grupo Parlamentario Socialista a las enmiendas que presente el Grupo Parlamentario Popular. Desde luego, usted ha explicado aquí otro proyecto, otro proyecto que significa avance, y esos avances
están recogidos en nuestra enmienda de totalidad y en nuestro proyecto alternativo. Ha cambiado, usted ha explicado no el artículo 1 del proyecto de ley, sino un artículo 1 prima, otro artículo, y usted ha explicado otro artículo, no el 5 del
proyecto de ley, sino otro artículo y empieza a ir un poquitín por la buena línea, por la buena conducta, de reconocimiento de errores pasados.


Señor ministro, el proyecto de ley que nosotros presentamos, el proyecto de ley alternativo consta de doce artículos, diez disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, cuatro disposiciones finales. Hay varios planteamientos
básicos que inspiran las propuestas que integran todo el articulado. En primer lugar, la necesidad de que las planificaciones eléctricas en los territorios insulares y extrapeninsulares tienen que realizarse de acuerdo con las comunidades y
ciudades autónomas afectadas, han de incluir, entre otros aspectos, la estimación de la potencia necesaria de régimen ordinario a instalar para cubrir sin superar los índices de cobertura la demanda prevista bajo criterios de seguridad del
suministro, diversificación energética, mejora de la eficiencia y protección del medio. Y, en segundo lugar, que sean los criterios de concurrencia, señor ministro, criterios de concurrencia, no manu militari expropiaciones típicas de otros países
de otras latitudes; libre concurrencia, pliego de condiciones, apertura a la libre competencia y, repito, esa es una filosofía básica, criterios de concurrencia. Nosotros hemos tenido en cuenta para una comunidad específica, la Comunidad Autónoma
de las Islas Canarias, los contenidos del Plan energético de Canarias. ¿Cómo no vamos a recordar, ni a inspirarnos, ni a leer los contenidos de las casi doscientas cincuenta páginas del Plan energético de Canarias? Señor ministro, un Plan
energético de Canarias que se ha venido elaborando por el Parlamento de Canarias desde el año 1986. Siendo don Jerónimo Saavedra presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias, el Parlamento de Canarias aprobó el primer Plan energético de
Canarias. Consecutivamente, don Fernando Fernández, presidente de la comunidad, de su partido, en 1989 presentó otro Plan energético de Canarias, un avance más; y así sucesivamente hasta el último. El Grupo Parlamentario Socialista lo ha
analizado y se ha inspirado en él para hacer una serie de planteamientos que, referidos exclusivamente a Canarias, se recogen en nuestro proyecto de ley alternativo.


Señor ministro, señorías, en el artículo 1, sobre régimen económico de las nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica -un artículo en el que nos diferenciamos notablemente-, planteamos que la nueva capacidad de generación en
régimen ordinario que sea necesaria, conforme a lo establecido con anterioridad, será asignada -como dice la Constitución española, no por un proceso de expropiación- mediante un procedimiento de concurrencia, cuyos criterios serán establecidos
reglamentariamente de acuerdo con las comunidades autónomas o ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. ¡Ojo!, en estos criterios se dará preferencia a las fuentes de energía renovable, en caso de empate de ofertas la adjudicación se realizará
preferentemente a nuevos agentes. Artículo 2, resolución de compatibilidad de las instalaciones; artículo 3, homogeneización de los criterios de remuneración; artículo 4, retribución de la actividad de producción de energía eléctrica; artículo
5, titularidad de instalaciones de bombeo en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. En este asunto nos preocupa Gorona del Viento. Señorías, Gorona del Viento es una experiencia única en el mundo, que tiene lugar en la isla de El
Hierro, un sistema hidroeléctrico de autoabastecimiento energético en la isla de El Hierro diseñado por el Cabildo insular de la isla de El Hierro en 1999, con apoyos económicos comunitarios. Hay que recordar a un miembro de esta Cámara, doña
Loyola de Palacios, que en su condición de vicepresidenta de la Comunidad Europea apoyó económica y políticamente este proyecto. Ahora se corre el riesgo de que se produzca una

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especie de expropiación y esto queremos impedirlo. El Cabildo insular de la isla de El Hierro es mayoría en esa sociedad Gorona del Viento.


Señor ministro, le decía que coincidíamos con el artículo 6. Le ruego que tenga la amabilidad de leer el artículo 6 de nuestro proyecto de ley, instalaciones de regasificación en las islas Canarias. Este diputado veterano en la provincia
de Santa Cruz de Tenerife, en foros parlamentarios -no puedo dejar de recordar vivencias políticas de coherencia- ha defendido siempre infraestructuras portuarias que posibiliten la llegada de buques, ya que no es posible mediante conducción gasista
con la Península, dedicados al transporte de gas licuado. De ahí la posición del Grupo Parlamentario Socialista en un extenso artículo 6º. Señorías, el artículo 7; igualmente el artículo 8, producción de los sistemas insulares -CUP-; artículo 9
-y con él va un reto, señor ministro, usted que es un gran amigo del ministro de Hacienda y del ministro de Economía y goza de la confianza, como es lógico, de todo el grupo del Gobierno y del presidente del Gobierno-, financiación de la
compensación extrapeninsular con cargo a los Presupuestos Generales del Estado; que año tras año se recoja en los Presupuestos Generales del Estado una partida presupuestaria para financiar el extracoste en la generación de energía eléctrica en
Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla; artículo 10, cupos e incentivos económicos para nuevas instalaciones del régimen especial en Canarias; artículo 11, objetivos mínimos de eficiencia; artículo 12, nuevas funciones del operador eléctrico.
Después hay una serie de disposiciones adicionales.


Señor ministro, ¿usted quiere competencias en Canarias? El Real Decreto-Ley 1/2012, que supuso la paralización en toda España de todas las instalaciones de producción de energía eléctrica a través de fuentes renovables, que en Canarias,
Baleares, Ceuta y Melilla deje de aplicarse. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Deber derogarse el Real Decreto-Ley 1/2012. Señor ministro, no me presta atención, pero eso está recogido en el disposición adicional segunda. En la
disposición adicional tercera, señor ministro -qué insistencia la mía en decir señor ministro para que me preste atención-, planteamos la regulación del autoconsumo con balance neto para los sistemas eléctricos de Ceuta, Baleares, Canarias y
Melilla. No tengo que explicar a la Cámara lo que eso significa. Esta es una oportunidad para generar empleo, para aprovechar nuestros recursos energéticos naturales. En la disposición adicional cuarta -porque este es un proyecto de ley para las
Islas Baleares también- planteamos una convocatoria de preasignación de retribución para instalaciones de tecnología eólica, fotovoltaica y termoeléctrica. La disposición adicional quinta es la relativa a la conexión gasista entre las islas de
Mallorca y de Menorca. La disposición adicional sexta alude a la planificación de infraestructuras energéticas en Canarias, conexión entre las diferentes islas de Canarias, entre Lanzarote con Fuerteventura, con Gran Canaria. Pero, en fin, ni
prestar atención.


La disposición adicional séptima recoge los proyectos experimentales -y yo creo que este tema también le puede interesar mucho al ministro de Justicia- de régimen especial en las islas Canarias. Señor ministro de Justicia, desde luego un
día charlaremos de estas materias experimentales, de ese régimen especial en las islas Canarias, porque creo, sin lugar a dudas, que usted está motivado por ello, por la energía geotérmica, la energía mareomotriz, la energía undimotriz..., ¿verdad,
señor ministro? Acépteme esta expresión coloquial. Yo sé que usted está muy motivado por este tema y habrá ido a consultar al ministro de Industria sobre qué es la energía mareomotriz y la undimotriz. (Risas y aplausos). A estas horas no queda
más remedio que gastar una broma, porque si no desde luego no me hacen caso. Pero, bueno, a mí me consta que el señor ministro es un hombre que lee mucho y que me valora personalmente; cómo no va a valorar a mi grupo parlamentario y a mí, al igual
que yo le valoro a él. Usted se va a llevar este texto y este fin de semana no va a hacer otra cosa. (Risas). No va a recorrer las agrupaciones del Partido Popular en las islas Canarias. Usted se lo va a empollar y desde luego va a asesorar a su
grupo parlamentario para que el martes próximo, cuando se cierre el plazo de presentación de enmiendas, las presenten. Pero mire esta qué bonita. (Risas). Disposición...


El señor PRESIDENTE: Señor Segura, con gran dolor por mi parte, se lo aseguro (Risas), tengo que decirle que se le ha acabado el tiempo.


El señor SEGURA CLAVELL: ¿Usted me deja unos segundos más?


El señor PRESIDENTE: Le dejo unos segundos más, como usted ha pedido. Unos segundos, ¿eh?


El señor SEGURA CLAVELL: Señor presidente, sabe usted que 120 segundos constituyen 2 minutos. (Risas).

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Disposición adicional séptima -fíjese qué alegría le doy, señor ministro, si usted lo incorpora a este proyecto de ley-, relativa a proyectos experimentales de régimen especial en las islas Canarias. En las islas Canarias hay mucho
contenido de energía mareomotriz y undimotriz. El Plocan, la plataforma oceánica canaria, ha hecho estudios y tiene unas tecnológicas, por lo que bastaría con coger a unos cuantos empresarios que utilizasen esta tecnología de 10 megavatios de
potencia, como autoriza la comunidad autónoma, para aprovechar la energía mareomotriz, la undimotriz y la oleomotriz. Naturalmente, esto en La Rioja no interesa, pero en Canarias, con el mar que nosotros tenemos, no me dirá usted... También
planteamos las energías eólica marina y la geotérmica.


Este proyecto de ley que presenta el Grupo Parlamentario Socialista es un proyecto de ley de modernidad, del año 2013, porque el que ha presentado usted es de mediados del siglo pasado, señor ministro. No entiendo cómo ha traído un
documento de esas características. Termino y lo hago agradeciendo al señor presidente que me permita recordar que en la disposición adicional novena nosotros planteamos que Baleares se incluya en el mercado ibérico de la electricidad. Asímismo, en
otra disposición adicional que tengo un poco más adelante -que seguro que usted va a leer con muchísimo interés porque tenemos mucho interés por Ceuta- se recoge la incorporación del sistema eléctrico de Ceuta en el mercado ibérico de la
electricidad. Es decir, planteamos encargar a la Red Eléctrica de España para que, en cooperación con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, se elaboren en el plazo de tres meses los correspondientes estudios de los sistemas eléctricos de las
citadas ciudades con el objeto de incrementar la garantía de suministro, mejorar la eficiencia energética, incrementar la autonomía de generación. Desde luego, la viabilidad de la incorporación del gas natural en las islas Canarias es una apuesta
fuerte del Grupo Parlamentario Socialista, como lo hizo con Baleares.


El señor PRESIDENTE: Señor Segura, tiene usted que terminar inexorablemente.


El señor SEGURA CLAVELL: Ya termino, señor presidente.


La incorporación a la gestión del gestor de la red para hacerse cargo, naturalmente, de la mayoría de Gesplan para que salga adelante ese proyecto de llegada de ese fluido comburente para que los equipos que están utilizando como fluidos
comburentes gasoil y fuel oil dejen de quemarse.


Señor ministro, yo sé que está usted ilusionado con el proyecto de ley alternativo que nosotros le hemos presentado, estoy seguro de que este fin de semana desde luego va a meditar mucho, va a leer; usted tiene mi teléfono móvil y desde
luego yo estaría en condiciones de darle un criterio más concreto. Si usted me invita a una copita en Las Palmas, yo voy a Las Palmas, que tengo nietos allí.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Segura.


En turno de fijación de posiciones tiene en primer lugar la palabra por el Grupo Vasco, PNV, el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras y señores diputados.


El proyecto de ley para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares que hoy nos traen a debate a esta Cámara debiera servir para mejorar el suministro eléctrico, asegurar
la introducción de competencias en las actividades liberalizadas como la generación y la comercialización y también para reducir los costes regulados. Actualmente esos extracostes por valor de 1.750 millones de euros son también pagados por el
consumidor eléctrico peninsular y, por lo tanto, son parte directa del famoso déficit de tarifa, aunque esperemos que se cumpla lo establecido en el Real Decreto-ley 6/2009 y por fin estos sean pagados por los Presupuestos Generales del Estado. En
cualquier caso, el texto propuesto no cumple las expectativas técnico-regulatorias necesarias y, como viene siendo ya habitual en los proyectos que impulsa este Gobierno, invade competencias, infringiendo nuevamente el reparto previsto en el bloque
de constitucionalidad. Pero veamos más concretamente cuáles son las razones que avalan nuestra posición.


Comenzaré la exposición por el análisis de la vulneración de las competencias que en la materia tienen las comunidades autónomas, aspecto nuclear, como ustedes bien conocen, para este grupo parlamentario. En primer lugar, es necesario
señalar que no nos consta que se haya consensuado con las comunidades autónomas afectadas el presente proyecto de ley, consenso, por otra parte de carácter preceptivo de conformidad con lo previsto en el artículo 12.1 de la Ley 54/1997, que se debía
haber alcanzado con carácter previo con las comunidades autónomas y ciudades autónomas afectadas, como

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se señala. En segundo lugar, quisiera también apuntar la más que probable inconstitucionalidad del proyecto de ley, pues trata de buscar el amparo en las competencias que en virtud de los títulos competenciales reservados al Estado por los
apartados 13.ª y 25.ª del artículo 149.1 de la Constitución han sido reconocidos jurisprudencialmente en relación con el régimen económico y con la garantía de suministro del sector eléctrico, pero en nuestra opinión los citados preceptos invocados
no amparan en ningún caso muchos de los desarrollos establecidos en el proyecto de ley, lo cual a nuestro modo de entender no es más que un paso adicional en la clara e inequívoca voluntad política centralizadora que anima al Gobierno, cuestión que
no aceptamos bajo ningún concepto. Por poner algún ejemplo, citaré la vulneración de competencias en relación con las autorizaciones de instalaciones de producción de energía eléctrica que, según el reparto competencial establecido, son asumidas
por las comunidades autónomas afectadas, impidiéndose de facto y de iure su ejercicio al incorporar la exigencia de un informe preceptivo y vinculante del Ministerio de Economía cuando dispone que el Ministerio de Economía, previo informe de la
Comisión Nacional de Energía, autorizará los parámetros técnicos resultantes de la puesta en marcha de nuevos grupos o en su caso de la modificación de los existentes que tengan incidencia en la retribución económica. La invocación a la afectación
a la seguridad del suministro no puede exceder en estos casos del ámbito de estas y, por tanto, la Administración central no está, a nuestro juicio, ni jurídica ni constitucionalmente habilitada para dotar medidas de esta naturaleza.


En cuanto a algunos de los aspectos más técnicos del proyecto de ley que no compartimos quisiera señalar en primer lugar que resulta sorprendente que se pretenda dar un trato igualitario y uniformador a Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla
desde el punto de vista regulatorio cuando por sus especificidades de diseño y desarrollo eléctrico y energético -además de por la distancia con el territorio peninsular-, su población, su realidad económica o su demanda estaría más que justificada
una regularización singularizada para cada uno de los ámbitos territoriales. Por señalar algunas de estas diferenciaciones técnico-regulatorias indicaré a modo de ejemplo que a diferencia del sistema de las islas Canarias el sistema de las islas
Baleares dispone ya de una interconexión eléctrica en corriente continua y gasista con la península Ibérica y además en la planificación en la actual implementación tendrá a corto plazo todas las islas conectadas. Por no hablar de Ceuta y Melilla
que presentan una realidad energética totalmente diferente.


Igualmente, nos sorprende la cuestión del bombeo y su asunción por Red Eléctrica de España. Las instalaciones de bombeo son instalaciones de generación, por lo que entendemos que su atribución al gestor de la red de transporte vulnera el
principio de separación funcional obligatoria recogida en la Directiva 2009/72 del Consejo Europeo y además contraviene lo establecido en la Ley 54/1997, del sector eléctrico. Asimismo, creemos que esta asignación puede generar un posible conflicto
de intereses entre los agentes y el gestor de la red de transportes. Este se podría producir por el hecho de que el transportista pertenece a la misma sociedad que el operador del sistema, es decir a Red Eléctrica de España, y teniendo en cuenta
que es el operador del sistema el responsable de conceder acceso y conexión o no a la red de transporte a posibles competidores de las instalaciones de bombeo es seguro que se producirán colisiones de intereses de compleja solución. Voy
concluyendo. Consideramos que las instalaciones de generación de bombeo no deben corresponder al operador del sistema. Es cierto que se podrían enunciar unos cuantos más, pero creo que no es el momento de cansarles agotando a su vez toda mi
intervención. Estoy seguro de que sus señorías los tienen diagnosticados.


A pesar de lo dicho, señor ministro, queremos darle a usted y su Gobierno un margen de maniobra, no sabemos si demasiado merecido, pero lo queremos hacer en la confianza de que en el trámite de enmiendas parciales renuncien a la ilegítima
invasión competencial en la que el proyecto incurre, se otorgue un tratamiento diferencial a los respectivos subsistemas eléctricos estatales respetando sus especificidades y con carácter general se mejoren los contenidos técnicos y regulatorios del
proyecto. Por todo ello, nuestro grupo se va a abstener a la hora de votar las enmiendas a la totalidad hoy presentadas a este proyecto de ley.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Azpiazu, por su consideración a la hora de todos.


Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.


El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.


Intervendré brevemente. Teníamos interés en la exposición del señor ministro para ver cuál iba a ser nuestra posición respecto a esta ley ya que teníamos muchas reservas, pero su intervención y

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exposición -que no han aclarado nada sobre las cosas que nos preocupaban- nos ha llevado a la conclusión de que tendremos que votar en contra y voy a decir brevemente por qué. En primer lugar, como cuestión de técnica parlamentaria hacer
leyes ad hoc es algo siempre desaconsejable y esta es una ley ad hoc -aunque ustedes la intenten disfrazar hablando de archipiélagos- para Canarias, es evidente. Y es más, es para una empresa concreta que tiene posición dominante en Canarias:
Endesa. Ya que ustedes no lo dicen lo diré yo para que lo sepan los ciudadanos que son los que nos pagan por explicarles lo que decidimos aquí. En segundo lugar, es además una improvisación. Esta es la séptima sino la octava -me puedo perder-
norma sobre energía que traen aquí ustedes y, como digo, es parcial, es opaca, no aclara cuáles son los verdaderos objetivos de esto y sigue dejando la mayor oscuridad en uno de los problemas que tiene el sistema eléctrico español, que es la falta
de competencia como ha dicho muchas veces no yo sino la Comisión Europea y los informes europeos sobre el sistema eléctrico español.


Le pregunté a su secretario de Estado, Alberto Nadal, en Comisión directamente si solo había problema de competencias en Canarias, que es lo que inspira esta ley y, por supuesto, no me contestó. No deja de tener gracia que tras un debate
sobre transparencia y opacidad una vez nos traen aquí ustedes una ley que es opaca, opacamente tramitada. Aquí se nos ha explicado incluso que ya la tienen ustedes pactada con el Gobierno de Canarias y que les extrañaba mucho que hubiera grupos que
apoyan al Gobierno de Canarias que presentan enmiendas. No, no es que les extrañe, es que es la consecuencia política de la falta de claridad, de la falta de transparencia y del chanchullo como único modo de tomar decisiones políticas.


Finalmente, lo que nos parece el colmo es que, después de que ustedes se opusieran a una PNL nuestra sobre la regulación del fracking, ahora la metan de matute en esta ley que tiene que ver algo de un modo puramente accidental. El fracking
es una técnica de extracción de una fuente energética, de gas, complicada, que tiene sus dificultades y que crea inquietud en la opinión pública y por eso necesita una regulación rigurosa. Ustedes no hacen una regulación rigurosa, hacen otra vez
otra chapuza, con lo cual mantienen todas las dudas que hay y las aumentan sobre el fracking, porque algo que tiene que ser tratado de una manera tan disimulada debe ser muy peligroso, aunque no sea verdad. O sea, que flaco favor hacen ustedes a
una política energética competitiva y, sobre todo, basada en una información rigurosa a la opinión pública y en el rigor a la hora de conceder permisos de explotación y de exploración.


Para terminar, no deja de ser paradójico que Canarias, que es uno de los territorios que tiene la desventaja de la insularidad pero la ventaja de muchas fuentes de energía alternativa renovables, entre ellas una segura como es la energía
geotérmica, resulta que en todos estos años, al hilo de lo que decía el señor Segura barriendo para casa, lleva desde nada menos que desde el año 1986 haciendo un plan energético y hasta ahora no ha conseguido gran cosa, quitando algún experimento
estupendo pero que tiene un nivel de impacto en la economía muy limitado y es eso, un experimento. Esto también demuestra que su preocupación por las competencias autonómicas, que es la única que siempre ponen por delante, no es sino la
preocupación por mantener la incompetencia autonómica.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.


Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.


Señor ministro, señoras y señores diputados, quisiéramos resaltar, en primer lugar, respecto a este proyecto de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular que hace referencia a todas aquellas cuestiones de la garantía de los
suministros en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, que hay dos grandes aspectos de este proyecto que creemos desde Convergència i Unió que, lejos de promover la competencia y reducir los costes del sistema, van claramente en
detrimento de la propia garantía del suministro en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, que es algo fundamental para el sistema y para todos los usuarios. Hay algunos aspectos relevantes sobre los que nosotros vamos a presentar
enmiendas en el trámite parlamentario. Parece ser que, según ha dicho el señor ministro en su intervención, todos aquellos aspectos que hacen referencia a la competencia ya los tenían pactados o previamente acordados con el Gobierno insular y,
desde esta perspectiva, si esto está resuelto y en estas enmiendas que nosotros presentamos vamos en la misma dirección, probablemente podríamos subsumirlas y acordar conjuntamente aquellos textos que hemos planteado en esta cuestión.

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Finalmente -para ser breve, señorías-, hay un aspecto que nos preocupa, que hemos debatido ya en algunas propuestas que se han presentado en esta Cámara y que hace referencia a todos aquellos temas en relación con la fractura hidráulica.
Pensamos que en la actualidad esta técnica de extracción de gas no convencional no está exenta de riesgos, los cuales pueden acarrear graves externalidades negativas sobre los ciudadanos mermando la salud pública y afectando al medio ambiente debido
a que dicha práctica no ha sido suficientemente investigada por geólogos y otros expertos. Por tanto, señorías, nosotros vamos a presentar unas enmiendas en el trámite parlamentario ya que entendemos que algunos aspectos planteados por el Gobierno
y por el Grupo Parlamentario Popular invaden competencias autonómicas respecto a cuál es la Administración final que ha de determinar la autorización afirmativa o negativa para hacer este tipo de extracciones. Desde esta perspectiva vamos a seguir
manteniendo la posición de que tiene que ser en primer lugar el pronunciamiento de las autoridades comunitarias, y que hasta la fecha todas aquellas autorizaciones que se hayan planteado puedan estar paralizadas hasta que finalmente esta comisión de
expertos que nosotros proponemos en nuestras enmiendas sea la que decida la idoneidad o no idoneidad para hacer este tipo extracciones.


Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Mariscal.


El señor MARISCAL ANAYA: Gracias, señor presidente.


Señorías, señor Quevedo, este tipo de debates exigen rigor. La maraña de trabas burocráticas que tenemos en Canarias es lo que imposibilita el desarrollo de energías renovables, no la Administración General del Estado.


Señor Segura, no le veo muy contento por que el Gobierno de España y el Ministerio de Industria negocie con el Gobierno de Canarias. ¿Está usted en contra del diálogo entre instituciones? ¿Puede explicarnos por qué usted no ha presentado
ese texto alternativo a sus compañeros del Gobierno de Canarias? ¿Es que acaso no le gusta el Gobierno de Canarias? En eso coincidimos, a mí tampoco me gusta el actual Gobierno de Canarias. El ministro lo ha explicado con una claridad meridiana.
No confundan más, el proyecto de ley defiende que dispongamos por una parte de mayor competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares porque más operadores traen siempre más oportunidades y ahora solo una compañía genera energía
eléctrica. En segundo lugar, mayor penetración de las energías renovables, con una presencia en Canarias de apenas el 4% cuando en el resto de España es del 30%. Esto mejorará un mix obsoleto y contaminante. En este sentido, el impulso de los
bombeos elevará la presencia de la energía renovable, y la puesta en marcha de las regasificadoras reducirá un 18% las emisiones de gases de efecto invernadero en las centrales convencionales de Canarias. En definitiva, energía baja en carbono y
mayor presencia de la energía renovable, utilizando el gas como tecnología de respaldo. En tercer lugar, reducir los costes con una generación que incorpore más eficiencia económica y técnica. Con ello queremos contribuir a rebajar la factura
eléctrica a todos los españoles. Esta semana el precio de la demanda en toda España fue de 55 euros megavatios/hora y en Canarias de 224 euros megavatio/hora; una diferencia de 170 euros. Pues bien, este proyecto de ley dispone de mecanismos que
harán posible que el sobrecoste de 1.300 millones de euros solo en Canarias y de 1.700 millones en todos los sistemas extrapeninsulares e insulares pueda verse reducido significativamente. El ministro ha tomado la iniciativa política para
solucionar esta dificultad que supone, sin duda alguna, una transformación global, porque promueve mayor competencia y una razonable estructura de precios. En cuarto lugar, el suministro eléctrico de Canarias cuenta con seis sistemas aislados que
presentan enormes dificultades. Pues bien, este proyecto hará realidad un mix equilibrado que garantice mayor seguridad y calidad en el suministro.


Señoras y señores diputados, la economía española y particularmente la canaria están fuertemente terciarizadas, por tanto, estas economías exigen que el suministro eléctrico, que es una pieza fundamental en la prestación de servicios, por
ejemplo, en el sector turístico, se facilite en condiciones óptimas. Señores de Coalición Canarias, Nueva Canarias y Partido Socialista, si la política energética no se desarrolla con criterios de eficiencia, a las dificultades presentes se sumarán
las derivadas de su inercia política; políticas de inercia que han desatendido el reto de garantizar suministros en los sistemas aislados. Estamos aquí hoy por su no política energética, por los resultados de su política. Después de siete años y
medio, ¿qué mejora introdujeron en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares? Yo vivo en Gran Canaria y se lo puedo decir: ninguna. Ninguna mejora, señores del Grupo Socialista y de Coalición Canaria. ¿Qué pretenden con las
irresponsables enmiendas presentadas? Explíquenselo a los ciudadanos. Reclaman

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diálogo y aquí pretenden romperlo. Estas enmiendas sin duda alguna suponen una deslealtad con las islas Canarias, las islas Baleares, Ceuta y Melilla. ¿A quiénes representan ustedes? ¿A los ciudadanos? Yo creo que no. ¿A los empresarios
del territorio? Tampoco. ¿Al interés general? Sin duda alguna, no. ¿A sus partidos tal vez? Lo dudo. Por tanto, solo a ustedes mismos. ¿Cuál es el interés general de esta enmienda a la totalidad? ¿Cómo y por qué ahora se autoenmiendan
ustedes, como ha dicho anteriormente el ministro? ¿Por qué el Gobierno de Canarias dice una cosa y ustedes la contraria? ¿O es que desde hace unos días, apenas unos días, ni la viceconsejera ni el Gobierno del que forman parte son dignos del
respeto de los diputados de Coalición Canaria y del Partido Socialista, socios en dicho Gobierno? ¿Qué valor tienen para ustedes los acuerdos alcanzados con la viceconsejera de Energía, la señora Luengo?


Señorías, si no hay respeto a los acuerdos no puede haber confianza. Pónganse de acuerdo, por favor. No sigan improvisando. No se equivoquen. ¿Por qué se oponen a una norma que en síntesis busca mejorar la competitividad y posibilitar
que no se incrementen los sobrecostes en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares? Sistemas que por un principio de justicia y equidad incrementan además los costes de la factura de todos los españoles. ¿A quién le perjudica más
competencia, más competitividad, más energías renovables, una generación eléctrica menos contaminante y un esquema que logrará una mejor asignación y formación de los precios de generación? No han explicado estos interrogantes ni a los afectados ni
a la Cámara, y lo saben.


Señorías, este tipo de iniciativas parecen basadas en la frustración de quienes pudieron hacer algo y no hicieron nada. En su caso parece que reconocer el acierto del Gobierno supone un fracaso. Y se equivocan. En política, las
responsabilidades otorgadas las asumen quienes toman las decisiones, quienes son capaces de enfrentarse a los retos y desafíos sin complejos, quienes rinden cuentas de sus logros. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Mariscal.


Por favor, ruego atención al interviniente.


El señor MARISCAL ANAYA: Gracias, señor presidente.


El PP ha establecido un diálogo y ha tendido puentes para llegar a acuerdos, y una vez logrados, ustedes son incapaces de explicar qué interés oculto les impulsa a tratar de romperlos.


Por último, señores proponentes de las enmienda a la totalidad, si están de verdad preocupados con la garantía del suministro, dígannoslo pues hemos presentado una propuesta y ustedes quieren rechazarla sin siquiera abrir un mínimo resquicio
al diálogo. Estos puentes siguen abiertos y existe por parte del Gobierno y de este grupo parlamentario buena disposición para continuar recibiendo propuestas que sirvan para mejorar el texto inicial y que con ello se sienten las bases de un
sistema eléctrico que posibilite generar riqueza y empleo, principal ocupación y preocupación de este Gobierno. Reitero que por primera vez se afronta el reto de mejorar la eficiencia de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. Por
primera vez, desde el Gobierno y con el apoyo de este grupo, se afrontan las dificultades para resolverlas, no para padecerlas. Por ello, una vez más en el día de hoy les reclamamos que reconsideren su postura y su cerrazón.


Señorías, para todos los ceutíes, los melillenses, los baleares y los canarios el coste de la no reforma es inasumible e inadmisible. Por eso les reiteramos el ofrecimiento al diálogo y la reconsideración de sus posturas. Espero que actúen
con sensatez y apoyen este proyecto que promueve e impulsa nuevas oportunidades y esperanzas para un presente más exitoso y un futuro prometedor.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mariscal.


En unos minutos procederemos a votar. (Pausa).


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) SOBRE LA DISTRIBUCIÓN, ENTRE ADMINISTRACIONES, DE LOS OBJETIVOS DE DÉFICIT PARA 2013 Y LA EFECTIVA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN EL AUMENTO NETO DE INGRESOS DERIVADA DEL
ALZA DE IMPUESTOS. (Número de expediente 173/000086).


El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar las votaciones.


En primer lugar, votación de las mociones que debatimos ayer.

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Moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre la distribución entre administraciones de los objetivos de déficit para 2013 y la efectiva participación de las comunidades autónomas en el aumento neto de ingresos derivada
del alza de impuestos.


Esta moción se vota en sus propios términos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 139; en contra, 180.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL GOBIERNO Y, EN CONCRETO, LA QUE SE DERIVA DE LA ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE ESTABILIDAD 2013-2016 Y EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORMAS REMITIDOS A LA UNIÓN EUROPEA.
(Número de expediente 173/000087).


El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario Socialista sobre la política económica del Gobierno y, en concreto, la que se deriva de la actualización del programa de estabilidad 2013-2016 y el programa nacional de reformas remitido a
la Unión Europea. Hay una enmienda transaccional con La Izquierda Plural que conocen los grupos.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 138; en contra, 177; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):


- PROYECTO DE LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO. (Número de expediente 121/000019).


El señor PRESIDENTE: Vamos a votar ahora las enmiendas de totalidad de devolución presentadas al proyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Han sido retiradas las del Grupo Catalán (Convergència i
Unió) y Vasco, PNV. Estas enmiendas de devolución se votan en bloque y ha sido emitido un voto telemáticamente.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320, más 1 voto telemático, 321; a favor, 21; en contra, 182, más 1 voto telemático, 183; abstenciones, 117.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Al mismo proyecto de ley se ha presentado por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Bosch, una enmienda con texto alternativo. Hay un voto emitido telemáticamente.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320, más 1 voto telemático, 321; a favor, 17; en contra, 287, más 1 voto telemático, 288; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


AVOCACIÓN POR EL PLENO.


El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a votación, pedido por diversos grupos, la avocación del proyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Hay un voto emitido telemáticamente.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320, más 1 voto telemático, 321; a favor, 320; en contra, 1 voto telemático.


El señor PRESIDENTE: El voto emitido telemáticamente me han dicho que ha sido un error.


Queda avocado a Pleno.

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- PROYECTO DE LEY PARA LA GARANTÍA DEL SUMINISTRO E INCREMENTO DE LA COMPETENCIA EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS INSULARES Y EXTRAPENINSULARES. (Número de expediente 121/000044).


El señor PRESIDENTE: Enmiendas a la totalidad de devolución presentadas al proyecto de ley para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares. Las enmiendas de devolución
han sido presentadas por el Grupo Mixto, señor Quevedo y señor Bosch, y La Izquierda Plural. Se someten a una votación conjunta. Ha habido un voto telemático.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319, más 1 voto telemático, 320; a favor, 145; en contra, 172, más 1 voto telemático, 173; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos ahora la enmienda a la totalidad con texto alternativo a este mismo proyecto de ley del Grupo Socialista. Hay un voto telemático.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319, más 1 voto telemático, 320; a favor, 104; en contra, 175, más 1 voto telemático, 176; abstenciones, 40.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda a la totalidad.


AVOCACIÓN POR EL PLENO.


El señor PRESIDENTE: Finalmente, votamos la avocación de este proyecto de ley al Pleno pedida por varios grupos. Hay un voto telemático.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319 más 1 voto telemático, 320; a favor, 145; en contra, 172, más 1 voto telemático, 173; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: No se avoca a Pleno.


Se levanta la sesión.


Eran las dos y veinticinco minutos de la tarde.


Corrección de error. En el 'Diario de Sesiones' número 113, correspondiente a la sesión plenaria celebrada el pasado miércoles 22 de mayo de 2013, en la página 65, línea 8, donde dice: 'colectivos como Sortzen-Ikazbatuaz, Ikasle
Abertzaleak, ETA sindicatos y sindicatos como Comisiones...', debe decir: 'colectivos como Sortzen-Ikazbatuaz, Ikasle Abertzaleak, eta sindicatos (y sindicatos) como comisiones...'.