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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 103, de 11/04/2013
cve: DSCD-10-PL-103
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 103
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS POSADA MORENO
Sesión plenaria núm. 97
celebrada el jueves,
11 de abril de 2013
ORDEN DEL DÍA:
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo. ('BOE' núm. 65, de 16 de marzo de 2013) (Corrección de errores en
BOE núm. 81, de 4 de abril de 2013) (Número de expediente 130/000035) ... (Página6)
- Real Decreto-ley 6/2013, de 22 de marzo, de protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero. ('BOE' núm. 71, de 23 de marzo de 2013) (Corrección de errores en 'BOE' núm.
81, de 4 de abril de 2013). (Número de expediente 130/000036) ... (Página31)
Retirada del orden del día ... (Página56)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 37-1, de 15 de febrero de 2013. (Número de expediente 121/000037) ...
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales:
- Protocolo entre el Reino de España y la Confederación Suiza que modifica el Convenio para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio firmado en Berna el 26 de abril de 1966, y su Protocolo,
modificados por el Protocolo firmado en Madrid el 29 de junio de 2006, hecho en Madrid el 27 de julio de 2011. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 130, de 15 de febrero de 2013. (Número de expediente 110/000076) ...
- Enmienda al Acuerdo de servicio de préstamo de 80.000.000.000 de euros entre los siguientes Estados miembros cuya moneda es el euro: el Reino de Bélgica, Irlanda, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la
República de Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, y la República de Finlandia y KfW, actuando en interés público, con
sujeción a las instrucciones y acogiéndose a la garantía de la República Federal de Alemania, como prestamistas y la República Helénica como prestatario, el Banco de Grecia como agente del prestatario, hecha en Bruselas el 19 de diciembre de 2012 y
en Atenas el 18 de diciembre de 2012. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 131, de 15 de febrero de 2013. (Número de expediente 110/000077) ... (Página56)
- Denuncia del Acuerdo entre los Estados participantes en la Brigada Multinacional de Fuerzas de Reserva de Despliegue Rápido para Operaciones de la ONU referente al Estatuto de sus Fuerzas (Shirbrig), hecho en Copenhague el 13 de diciembre
de 2001. 'BOCG. Sección Cortes Generales', serie A, número 132, de 15 de febrero de 2013. (Número de expediente 110/000078) ... (Página56)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proyecto de ley de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número 38-1, de 15 de febrero de 2013. (Número de expediente
121/000038) ... (Página60)
- Proyecto de ley por la que se establece la financiación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de determinados costes del sistema eléctrico, ocasionados por los incentivos económicos para el fomento a la producción de energía
eléctrica a partir de fuentes de energías renovables y se concede un crédito extraordinario por importe de 2.200.000.000 de euros en el presupuesto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie A, número
39-1, de 22 de febrero de 2013. (Número de expediente 121/000039) ... (Página72)
Propuestas de creación de subcomisiones:
- Propuesta de la Comisión de Defensa de creación de una subcomisión de reforma del régimen transitorio de la ley de la carrera militar. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 240, de 15 de marzo de 2013. (Número de expediente
158/000026) ... (Página85)
- Propuesta de la Comisión de Interior de creación de una subcomisión de estudio de las redes sociales. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 244, de 22 de marzo de 2013. (Número de expediente 158/000027) ...
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página85)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación) ... (Página86)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página87)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página6)
Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo ... (Página6)
La señora ministra de Empleo y Seguridad Social (Báñez García) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno en contra interviene la señora López i Chamosa, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno a favor interviene la señora España Reina, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
Replica la señora López i Chamosa y duplica la señora España Reina.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Baldoví Roda, las señoras Oramas González-Moro y Fernández Davila, y los señores Tardà i Coma y Cuadra Lasarte, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Olabarría Muñoz, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Anchuelo Crego, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Coscubiela Conesa, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).
Interviene la señora ministra de Empleo y Seguridad Social.
El señor Coscubiela Conesa pide la palabra, que no le es concedida.
Real Decreto-ley 6/2013, de 22 de marzo, de protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero ... (Página31)
El señor ministro de Economía y Competitividad (De Guindos Jurado) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno en contra interviene el señor Hurtado Zurera, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
Interviene el señor ministro de Economía y Competitividad.
Replica el señor Hurtado Zurera y duplica el señor ministro de Economía y Competitividad.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Álvarez Sostres, Baldoví Roda, la señora Fernández Davila y el señor Bosch i Pascual, del Grupo Parlamentario Mixto;el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV); la señora Lozano Domingo, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; los señores Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) y Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Por alusiones personales pide la palabra el señor Baldoví Roda, que le es concedida.
Contesta la señora Lozano Domingo.
Retirada del orden del día ... (Página56)
La Presidencia informa a la Cámara de la retirada de la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario Mixto al proyecto de ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, por lo que decae la
iniciativa.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales ... (Página56)
Protocolo entre el Reino de España y la Confederación Suiza que modifica el Convenio para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio firmado en Berna el 26 de abril de 1966, y su Protocolo,
modificados por el Protocolo firmado en Madrid el 29 de junio de 2006, hecho en Madrid el 27 de julio de 2011 ... (Página56)
Enmienda al Acuerdo de servicio de préstamo de 80.000.000.000 de euros entre los siguientes Estados miembros cuya moneda es el euro: el Reino de Bélgica, Irlanda, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, la
República de Chipre, el Gran Ducado de Luxemburgo, la República de Malta, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República Portuguesa, la República de Eslovenia, y la República de Finlandia y KfW, actuando en interés público, con
sujeción a las instrucciones y acogiéndose a la garantía de la República Federal de Alemania, como prestamistas y la República Helénica como prestatario, el Banco de Grecia como agente del prestatario, hecha en Bruselas el 19 de diciembre de 2012 y
en Atenas el 18 de diciembre de 2012 ... (Página56)
Denuncia del Acuerdo entre los Estados participantes en la Brigada Multinacional de Fuerzas de Reserva de Despliegue Rápido para Operaciones de la ONU referente al Estatuto de sus Fuerzas (Shirbrig), hecho en Copenhague el 13 de diciembre de
2001 ... (Página56)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista y Casado Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
El señor Nuet Pujals pide la palabra por alusiones, que no le es concedida.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página60)
Proyecto de ley de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario... (Página60)
El señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Arias Cañete) presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.
En defensa de la enmienda de devolución interviene el señor Solsona Aixalà, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Salvador Armendáriz y la señora Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Cantó García del Moral, del
Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; Centella Gómez, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural; Sicilia Alférez, del Grupo Parlamentario Socialista y Serrano Calurano, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Proyecto de ley por la que se establece la financiación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de determinados costes del sistema eléctrico, ocasionados por los incentivos económicos para el fomento a la producción de energía
eléctrica a partir de fuentes de energías renovables y se concede un crédito extraordinario por importe de 2.200.000.000 de euros en el presupuesto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo ... (Página72)
El señor ministro de Industria, Energía y Turismo (Soria López), presenta a la Cámara el proyecto de ley de referencia.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Jordà i Roura y Pérez Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto y Ortiz Castellví, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Martínez Gorriarán, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; la señora Riera i Reñé, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); los señores Segura Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista y Erias Rey, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Propuestas de creación de subcomisiones ... (Página85)
Propuesta de la Comisión de Defensa de creación de una subcomisión de reforma del régimen transitorio de la Ley de la carrera militar ... (Página85)
Al no haber debate en este punto, se aprueba por asentimiento.
Propuesta de la Comisión de Interior de creación de una subcomisión de estudio de las redes sociales ... (Página85)
Al no haber debate en este punto, se aprueba por asentimiento.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página85)
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, se aprueba por 175 votos a
favor más 2 votos telemáticos, 177; 126 en contra y 2 abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 128 votos a favor más 1 voto telemático, 129; 175 votos en contra más un voto telemático, 176 y 1 abstención.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 6/2013, de 22 de marzo, de protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero, se aprueba por 186 votos a favor más 1
voto telemático, 187; 113 a favor más 1 voto telemático, 114 y 4 abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 130 votos a favor más 1 voto telemático, 131 y 173 en contra más un voto telemático, 174.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación) ... (Página86)
Sometidos a votación separada los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores que figuran en el orden del día, todos ellos son aprobados.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación)... (Página87)
Sometida a votación la enmienda de devolución presentada al proyecto de ley de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario, se rechaza por 21 votos a favor; 269 en contra más 2
votos telemáticos, 271 y 10 abstenciones.
Sometidas a votación las enmiendas de devolución presentadas al proyecto de ley por la que se establece la financiación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de determinados costes del sistema eléctrico, ocasionados por los
incentivos económicos para el fomento a la producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables y se concede un crédito extraordinario por importe de 2.200.000.000 de euros en el presupuesto del Ministerio de Industria, Energía
y Turismo, se rechazan por 18 votos a favor, 190 en contra más 1 voto telemático, 191 y 94 abstenciones más 1 voto telemático, 95.
Se levanta la sesión a las cinco y diez minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES.
- REAL DECRETO-LEY 5/2013, DE 15 DE MARZO, DE MEDIDAS PARA FAVORECER LA CONTINUIDAD DE LA VIDA LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE MAYOR EDAD Y PROMOVER EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO. (Número de expediente 130/000035).
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
En primer lugar, vamos a proceder a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 5/2013, de 15 marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo.
Para presentar este real decreto y en nombre del Gobierno tiene la palabra la señora ministra de Empleo y Seguridad Social.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, presento hoy ante esta Cámara el Real Decreto-ley de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo. La norma que sometemos hoy a convalidación
contiene una reforma necesaria que constituye un nuevo avance en la sostenibilidad y la coherencia de nuestro sistema público de pensiones. El sistema necesita de ajustes periódicos, pero, señorías, también goza de buena salud. Hemos tenido que
acceder al Fondo de reserva el año pasado, en 2012, para atender a las necesidades puntuales de liquidez; algo normal considerando la caída de cotizaciones desde el año 2007 y el incremento desde entonces en el gasto en prestaciones, pero hay que
resaltar una vez más que después de cinco años de crisis solo se ha accedido al 5 % del Fondo de reserva, y hoy les quiero avanzar que se han recuperado ya casi la mitad de los recursos dispuestos para el pago puntual de las pensiones durante todo
el año 2012. Es el informe que mañana desde el Ministerio de Empleo elevaremos al Consejo de Ministros sobre el Fondo de reserva. En solo tres meses, en el primer trimestre del 2013, se han obtenido más de 460 millones de euros en rendimientos, lo
que sitúa al Fondo de reserva hoy en el primer trimestre de este año en 63.469 millones de euros, lo que supone un 6,04 % del producto interior bruto. De este modo, en conjunto, el Fondo de reserva de la Seguridad Social ha generado desde el 1 de
enero de 2012 hasta el primer trimestre del 2013 un total
de 3.430 millones de euros en rendimientos. Por tanto, señorías, un Fondo de reserva que está para el pago puntual de las pensiones, pero que también, por las inversiones dispuestas, tenemos rendimientos importantes que suponen una buena
noticia para el sistema.
Señorías, la sostenibilidad no puede ser solo un loable desiderátum a futuro, sino que es un objetivo irrenunciable que debe impregnar también todas nuestras acciones presentes. La reforma de pensiones de 2011 y esta que hoy presentó a la
Cámara refuerzan la situación del sistema de pensiones de cara a los desafíos demográficos a los que se enfrenta. La sostenibilidad en el largo plazo de los sistemas de pensiones y el aprovechamiento de la capacidad de generar riqueza de los
trabajadores de más edad constituyen uno de los mayores retos a los que se enfrenta la política económica contemporánea. Somos menos a contribuir al sistema y afortunadamente cada vez vivimos más. El desarrollo económico y los importantes cambios
sociales han tenido un impacto considerable en la reducción de las tasas de natalidad, produciendo un estrechamiento de la base de la pirámide de población. Por otra parte, los avances científicos y el desarrollo de los sistemas sanitarios permiten
un deseado incremento de la esperanza de vida, lo que consecuentemente supone también un alargamiento del número de años de cobro de pensiones. La función de un Gobierno no es juzgar los cambios sociales que se producen, sino evaluar las
consecuencias que estos tienen en el sistema de Seguridad Social, y por tanto actuar en consecuencia, porque esos factores demográficos y sociales tienen como consecuencia que en la mayoría de las economías desarrolladas la ratio entre pensionistas
y trabajadores esté cayendo, y además se prevé que pueda seguir cayendo más en el futuro. Ello afecta a la sostenibilidad de los sistemas de Seguridad Social a largo plazo y también a la equidad intergeneracional. Son retos por tanto a largo
plazo, pero pese a ello no podemos esperar a solucionarlos, porque en materia de sostenibilidad el mero paso del tiempo está teniendo consecuencias.
Señorías, la reforma de las pensiones de 2011 supuso un avance en materia de sostenibilidad, pero no ha sido una reforma suficiente. Las previsiones de la Comisión Europea plantean un incremento del peso de las pensiones en el producto
interior bruto de 3,6 puntos, pasando del 10,1 % del PIB al 13,7 % en 2060. Les recuerdo que nuestro compromiso abarca no solo las actuales generaciones de pensionistas, sino también las de sus futuros hijos y nietos. Por eso el Gobierno ha
abordado el necesario refuerzo de la sostenibilidad de nuestro sistema desde el primer momento de la legislatura. Lo hemos hecho a través de la culminación del proceso de separación de fuentes de financiación, cumpliendo la primera recomendación
del Pacto de Toledo para este año 2013. Casi cinco mil de las cuotas de los afiliados a la Seguridad Social van a destinarse desde este año a cubrir prestaciones contributivas del sistema, mientras que las prestaciones no contributivas serán
asumidas entre todos, al ser financiadas vía impuestos a través de los Presupuestos Generales del Estado. Lo hemos hecho también en la determinación de las bases de cotización, especialmente de aquellos con mayores salarios, incrementando el
carácter progresivo del sistema y homogeneizando el tratamiento de los rendimientos del trabajo en el ámbito de la Seguridad Social, con el mismo que se le da en el ámbito fiscal. Lo hemos hecho con la prohibición de incluir cláusulas de jubilación
obligatoria en los convenios, favoreciendo así el envejecimiento activo y reforzando los derechos y la libertad de los trabajadores. Y lo hemos hecho también con la nueva regulación de las lagunas de cotización, que es más justa y refuerza la
proporcionalidad y solidez del sistema. Pese a ello cualquier análisis certero de la situación permite concluir que todas estas medidas, por ambiciosas y bien orientadas que sean, no son suficientes para reforzar como es preciso el sistema de
pensiones.
La reforma de la jubilación anticipada y parcial que se hizo en 2011 presentaba -entendemos- algunas distorsiones. El régimen previsto permitía que algunos trabajadores, muchos de los que accedían a la jubilación anticipada, pudieran
mantener una especie de acceso privilegiado a dicha situación mientras que el resto de los trabajadores se jubilaría cada vez más tarde, y cargarían con un mayor coste. El régimen mantenía la posibilidad de utilizar -entendemos que incorrectamente-
la jubilación parcial, una interesante herramienta de transferencia de conocimiento intergeneracional como modalidad privilegiada de acceso a la jubilación anticipada. Por otra parte -lo saben ustedes muy bien, señorías-, la reforma no abordaba la
cuestión de compatibilidad entre trabajo y pensión, y por último no actuaba correctamente sobre la salida prematura del mercado laboral. A los puntos anteriores hay que añadir que era necesario incorporar claramente a la ley de 2011 mayores niveles
de contributividad para la jubilación anticipada, y fijar coeficientes reductores naturales para el sistema de Seguridad Social. Nos parecía fundamental actuar conforme a la recomendación duodécima del Pacto de Toledo, que aconseja dar mayor
relevancia a la carrera de cotización del trabajador, especialmente en la jubilación anticipada, aproximar la edad real a la edad legal de jubilación, y favorecer la coexistencia entre salario y pensión. Así, señorías, este
real decreto-ley nace del compromiso de cumplir con esas recomendaciones del Pacto de Toledo, y para hacer esto hemos tenido como prioridad absoluta el diálogo en el seno del Pacto de Toledo, donde han sido remitidos informes técnicos sobre
jubilaciones anticipadas y parciales, y sobre la compatibilidad entre empleo y pensión, para que sean conocidos por los diferentes grupos parlamentarios en aras de la consecución de un debate riguroso; informes que se realizaron en octubre de 2012
y fueron debatidos en la Comisión del Pacto de Toledo desde noviembre hasta el primer trimestre de este año. Esos mismos informes fueron enviados a los interlocutores sociales para su conocimiento y evaluación, y fruto de esa remisión hemos
recibido observaciones y alegaciones que se han incorporado a la norma. Asimismo esos informes se remitieron a otros colectivos sociales, organizaciones profesionales, de autónomos, de la sociedad civil, para ampliar el alcance de dicho debate.
Informes que también han sido completados con uno sobre la viabilidad financiera de los coeficientes reductores de la edad de jubilación en el sistema de Seguridad Social, así como otro sobre la evaluación de altas de jubilación en el año 2012;
todos ellos fueron puestos en conocimiento de los grupos políticos y de los agentes sociales. Debate y diálogo sí, señorías, y debate informado con documentos oficiales para que fuese fructífero, claro y transparente. Además el Gobierno ha
participado activamente con su presencia, con la presencia de directores generales y demás técnicos, en ese debate constructivo en el seno del Pacto de Toledo.
Del mismo modo se han realizado numerosas reuniones en el ministerio, por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, con diferentes grupos parlamentarios, con agentes sociales; más de quince reuniones de trabajo con los actores
políticos y sociales más importantes. Además se encomendó el pasado verano al servicio jurídico de la Seguridad Social la celebración de jornadas sobre compatibilidad entre salario y pensión en las que han participado numerosos técnicos,
profesionales y académicos, de las que se han extraído documentos de trabajo. En definitiva, señorías, ha habido diálogo intenso, fructífero, de cara a la necesaria aprobación de esta norma, una norma que como saben debía aprobarse de manera
urgente antes de que vencieran los tres meses de suspensión de la entrada en vigor de la regulación anterior.
Señorías, los ciudadanos no nos han elegido para que seamos testigos de excepción de lo que acontece, sino para que seamos capaces de reformar lo que no funciona, y un sistema de pensiones no puede funcionar claramente cuando casi una de las
dos nuevas jubilaciones que se producen cada año es anticipada. La pensión media de jubilación de forma anticipada el año pasado fue un 16 % mayor que la pensión media ordinaria. Tampoco puede funcionar un sistema cuando el número de jubilaciones
anticipadas se ha incrementado un 33 % desde el inicio de la crisis, generando un coste adicional de unos 7.000 millones de euros anuales. Esta es una situación además que nos otorgaba una extraña y disfuncional singularidad en el conjunto de los
países de la Unión Europea. Un país -con el escenario demográfico que tiene España ante sí- que respondía a este reto con el sistema de expulsión anticipada de trabajadores mayores más abierto de nuestro entorno. Es más, al final del período
transitorio establecido con la reforma de 2011 -estamos hablando de 2027- el número de años para acogerse a la jubilación anticipada sería mayor que en la situación actual; todo un contrasentido que nos condicionaba a ir en la dirección contraria
que exige la perspectiva demográfica. Esa es la realidad, señorías. Y ante esa realidad el Gobierno se ha visto en la obligación de actuar, y también a hacerlo que el momento oportuno.
El objetivo de las medidas adoptadas es por tanto compensar suficientemente al sistema por los menores ingresos y mayores costes que genera el anticipo de la jubilación, para evitar que el resto de los ciudadanos no asuma la carga que
genera, y por otro, incrementar la coherencia del sistema en su conjunto. Algunos llegan a veces a la curiosa conclusión de que cuantas más jubilaciones anticipadas mejor para el país o para el sistema. A nadie se le oculta la conclusión de
reducción al absurdo que ello supondría si llevamos hasta el final este planteamiento. Nosotros estamos convencidos de lo contrario; de que España pueda mantener un sistema de jubilaciones anticipadas y parciales, por supuesto que sí, pero que
ésta no sea y no produzca un sistema desproporcionado.
Por lo que respecta a la jubilación anticipada el decreto-ley mantenido en el esquema general de la ley de 2011 sigue distinguiendo entre jubilaciones anticipadas voluntarias e involuntarias. Los principales cambios que hemos introducido
son fundamentalmente dos. Por un lado, se ha reforzado el principio de neutralidad y contributividad incrementando los coeficientes reductores, atendiendo a la carrera de cotización que ahora se tiene más en cuenta para el cálculo de la pensión.
Ello permite que la jubilación anticipada no suponga una ventaja para el beneficiario y un mayor coste para el resto de los ciudadanos; y, por otro lado, la edad mínima de acceso se incrementa gradualmente conforme aumenta la edad legal ordinaria
de jubilación. El régimen de la Ley 27 permitía un incomprensible alejamiento gradual entre la
edad ordinaria de jubilación y la edad de jubilación anticipada, que esta norma pretende corregir. Además en el caso de la jubilación anticipada voluntaria el periodo mínimo de cotización se alarga hasta los treinta y cinco años, también en
línea con las recomendaciones del Pacto de Toledo. El resultado, señorías, es un régimen que refuerza la sostenibilidad y la equidad del sistema.
En cuanto a la jubilación parcial el objetivo de la norma es reconducir esta modalidad hacia su objetivo original, que no es otro que facilitar la transmisión intergeneracional de conocimiento; la transmisión entre conocimientos y
experiencias entre trabajadores de más edad y trabajadores más jóvenes. Por otra parte, la nueva regulación restringe la posibilidad de que esta modalidad constituya una forma privilegiada de acceso a la jubilación anticipada. En 2012 casi 30.000
trabajadores se beneficiaron de esta modalidad y accedieron a pensiones de una cuantía por importe superior a la media en un 33 %. Es decir, al igual que en la jubilación anticipada los beneficiarios no eran los trabajadores con menores salarios,
lo que refuerza la equidad en la nueva regulación. Cada jubilado parcial genera unos costes adicionales al sistema de 80.000 euros soportados por el sistema de Seguridad Social, costes que deben sufragarse con las cotizaciones e impuestos de todo
trabajador medio. Por ello se limita la posible reducción de jornada para los casos en que no exista una clara voluntad de cumplir con los objetivos de esta modalidad de jubilación, es decir, cuando no se acompañe de una contratación a tiempo
completo y con carácter indefinido de un trabajador relevista más joven. De esta forma se mantiene un régimen más generoso también para aquellos casos en los que la jubilación anticipada esté alineada con el objetivo que verdaderamente perseguimos,
que no es otro que esa transmisión intergeneracional de conocimientos y experiencia, y se restringe por tanto para el resto de los casos que se alejan de este objetivo primordial para el que fue creada. Por su parte el régimen de compatibilidad
entre trabajo y pensión va a permitir que los jubilados españoles puedan retomar libremente la vida activa sin dejar de cobrar una parte de la pensión, algo que hasta ahora era bastante complicado, y ello -y es importante destacarlo- sin producir un
menoscabo financiero para el sistema. La nueva regulación exige el pago de una cotización, que llamamos cotización de solidaridad, que no desincentiva la actividad y permite un refuerzo adicional a nuestro sistema. Los jubilados que inicien una
actividad laboral seguirán cobrando el 50 % de su pensión, y podrán recuperar el cien por cien de la misma en tanto que abandonen su vida activa. En definitiva, señorías, las modificaciones que introducimos en la jubilación anticipada parcial y en
la compatibilidad entre trabajo y pensión tienen como consecuencia un régimen más equitativo y más justo para todos los ciudadanos, un sistema que favorece el alargamiento de la vida activa y que por tanto refuerza la sostenibilidad del sistema a
largo plazo, y permite el aprovechamiento de la capacidad de generar riqueza por aquellos trabajadores más experimentados, los trabajadores de mayor edad.
Señorías, una deficiencia tradicional de la regulación del sistema de Seguridad Social en nuestro país ha sido la limitada vinculación de la reforma en este ámbito con las reformas del mercado laboral. Las interacciones entre ambos ámbitos
son intensas, y cualquier reforma debe abordarse de forma conjunta para alcanzar sus objetivos de manera más eficaz. La norma que presento a convalidación articula a su vez una serie de medidas en el ámbito de la regulación del mercado de trabajo y
de los subsidios por desempleo, que contribuyen al alargamiento de la vida activa así como a diversas medidas que refuerzan también la lucha contra el fraude. Son medidas perfectamente alineadas con los objetivos de los cambios en la regulación de
la jubilación. La regulación de la penalización de aquellas empresas que incluían a trabajadores de 50 o más años en despidos colectivos entendemos que adolecía de importantes limitaciones que hemos tratado de corregir. El objetivo como saben es
tratar de limitar la tendencia a recurrir de forma discriminatoria a los trabajadores de más edad a la hora de efectuar despidos colectivos. Estos trabajadores tienen también mayores problemas para reinsertarse en la vida activa, y el generoso
sistema de prestaciones existente permite que las empresas trasladen de alguna manera parte del coste del ajuste laboral al erario público, algo que sin duda es contrario al interés general.
Los principales cambios que hemos introducido en la norma son los siguientes: por una parte, se limita la obligación de la contribución a aquellas empresas que realicen despidos discriminatorios con los trabajadores de más edad. La
regulación anterior planteaba situaciones que a veces podríamos llamar injustas con empresas que debían afrontar un ajuste de personal, y que tenían una plantilla compuesta mayoritariamente por trabajadores de más edad. En estos casos la obligación
de contribuir suponía una penalización adicional para empresas con trabajadores de elevada edad en la plantilla, y podría tener efectos perversos sobre las decisiones de contratación de trabajadores más experimentados. Por eso limitamos la
obligación de contribución a aquellos casos en los que el despido colectivo de trabajadores de más edad sea realmente discriminatorio; es decir, la obligación solo surge cuando el porcentaje de trabajadores de más de 50 años afectados por un
despido colectivo es mayor que su peso real sobre el total de la plantilla. Por
otro lado, a partir de este momento la obligación de contribución va a afectar también a aquellas empresas que actualmente se encuentren en pérdidas, pero que en el futuro más cercano puedan obtener beneficios, potenciando de esa manera el
efecto desincentivador de incluir a mayores en medidas colectivas extintivas.
En cuanto al subsidio de mayores de 55 años su regulación se ha aproximado a la de otras prestaciones, de forma que la renta del núcleo familiar se va a tener en cuenta a la hora de conceder el subsidio. Hay que recordar que se trata de un
subsidio de carácter no contributivo, de duración indefinida, del que se benefician casi 400.000 personas, y que de no ser por esta modificación en muchos casos -algo menos del 20 % de los beneficiarios- el acceso a este subsidio se convertía en una
transferencia de renta clara a ciudadanos que conviven en núcleos familiares con una solvencia ciertamente incompatible con la percepción de un subsidio. El único cambio en la regulación consiste en limitar dicho subsidio a situaciones de verdadera
necesidad. Señorías, es hacerlo más equitativo y más justo, pero nadie -repito, nadie- que verdaderamente necesite este subsidio lo va a dejar de percibir, porque como bien saben, primero, no afectará a los que ya lo perciben, y en el futuro lo
recibirán todos aquellos que lo tengan que recibir. Como bien saben los recursos públicos son limitados, y la redistribución de renta para ser verdaderamente justa tiene que tener en cuenta la situación económica privada del beneficiario. Ahora
bien -y lo que es muy importante-, para reforzar la capacidad de reinsertar a estos trabajadores de más edad en el mercado laboral la nueva regulación establece que aquellos trabajadores de más edad que no tuvieran derecho a prestación, y que deseen
continuar activos, serán objeto de atención preferente por los servicios públicos de empleo en el marco de la ejecución de las políticas activas de empleo.
Por último, la nueva regulación refuerza la lucha contra el fraude para evitar que trabajadores y empresarios alcancen acuerdos que, si bien pueden ser beneficiosos para ellos, sean contrarios al interés general. Estas reformas se
complementarán con la regulación del factor de sostenibilidad que contempla también la reforma del año 2011. Para ello -ya lo he anunciado en esta Cámara- se creará un comité de expertos que remitirá, en un plazo de mes y medio, a Pacto de Toledo
un informe sobre la situación para nuestro país de lo que debería ser el desarrollo del factor de sostenibilidad, un informe que será debatido ampliamente en esta Cámara con los diferentes grupos políticos, y que también llevaremos al seno del
diálogo social para que sea el factor de sostenibilidad que dé esperanza y que dé además seguridad a nuestros pensionistas a medio y largo plazo.
Señorías, quiero aprovechar también esta intervención para anunciar que la próxima semana convocaré a los interlocutores sociales y a los grupos parlamentarios para estudiar las alternativas como consecuencia de la sentencia del Tribunal
Constitucional relativa al cómputo del periodo de cotización en el trabajo a tiempo parcial, con el que se calcula como saben ustedes la pensión de jubilación; un sistema que estaba vigente en nuestro país desde el año 1998, y que tanto el Tribunal
Superior de Justicia de la Unión Europea como el Tribunal Constitucional nos invitan a cambiar. Es un análisis, un estudio y un trabajo que tenemos que desarrollar, como siempre, porque es un cambio importante para el sistema de pensiones, en el
seno del Pacto de Toledo y en paralelo con los agentes sociales. Por tanto les convocaré para que llevemos adelante sin dilación esos trabajos.
Por último, señorías -y termino-, nuestra responsabilidad es afrontar y solucionar con valentía, con determinación y con astucia los desafíos que tenemos por delante. El sistema de pensiones -quiero volver a recalcarlo- goza de buena salud,
pero es nuestra obligación trabajar para que el paso de los años no lo deteriore. Nos lo recomienda primero el Pacto de Toledo, nos lo indican también nuestros compromisos internacionales, así como todos los ciudadanos que nos han elegido. Por
ello les animo a que participen en ese debate y en los próximos, así como en la contribución a la regulación y al diseño del factor de sostenibilidad y a todos los retos que el sistema de pensiones tiene por delante. Nuestro sistema de pensiones es
el corazón de nuestro Estado del bienestar, y es la tranquilidad de los ciudadanos que actuemos con diálogo, con transparencia y también con determinación; su sostenibilidad es la mayor contribución que podemos hacer en el medio y largo plazo a
todos los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Ha solicitado la utilización del turno en contra del real decreto-ley el Grupo Socialista, y en su representación tiene la palabra la señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, he estado en el escaño escuchándola con atención y no sé si es usted la que está alejada de la realidad o somos el resto de los ciudadanos los que no entendemos la realidad que usted
nos quiere explicar. Porque decir que este decreto es todo lo que usted ha dicho aquí, yo simplemente invito a la gente a que lo lea y verán que está alejado en su totalidad de lo que ustedes dicen.
Lo primero que habría que decir aquí, señorías, es que ya basta de decretos-leyes (Varios señores diputados: Muy bien.-Aplausos), es que en lo que llevan ustedes en el Gobierno llevamos más de treinta y seis decretos-leyes, señorías. Y lo
que les pregunto a continuación es que me digan dónde está la extraordinaria y urgente necesidad para autorizar al Gobierno a que haga un decreto-ley con un tema como la reforma de la Seguridad Social, y saben ustedes que el decreto-ley lo que
significa es que hurta el debate y el trabajo para el que fuimos elegidos todos los parlamentarios que estamos aquí, porque nos quita la capacidad de legislar. Ustedes tienen mayoría absoluta, no tienen que tener miedo al debate, al final los votos
son los que son, pero por lo menos permitan que los grupos podamos manifestar nuestras propuestas al respecto. (Aplausos.-Varios señores diputados: Muy bien).
Es la primera vez en lo que llevamos de democracia que se hace una reforma de la Seguridad Social por decreto-ley. Usted hablaba antes de diálogo en el Pacto de Toledo. Creo que habría que empezar por ponernos de acuerdo en qué entiende
usted por debate y diálogo en el Pacto de Toledo. ¿Nos hemos reunido? Sí. ¿Ustedes nos han explicado sus ideas? Algunas, que no todas. Hay cosas muy importantes en este decreto que ni siquiera han mencionado, como es el subsidio de las personas
de más de 55 años. ¿Qué hicimos? Nosotros expusimos nuestras propuestas, le dimos nuestras alternativas. ¿Han recogido ustedes alguna? Ninguna. Por lo tanto, no digan debate y Pacto de Toledo porque no ha sido así, lo han dejado al margen, como
han dejado al margen a los agentes sociales, porque reunirse con los agentes sociales y decirles lo que quieren hacer no es concertación social. Hay que debatir y hay que consensuar, esas dos palabras que creo que ustedes llevan muy mal.
Este decreto modifica la Ley 27/2011, y usted dice: era una buena ley pero era insuficiente. Señora ministra, si es que no han dejado que entre en vigor, es que no han dejado que por lo menos durante un año o unos meses se aplique lo que
decía la Ley 27. Porque, por lo menos, si hubieran dejado que entrara en vigor y hubiéramos visto su efecto, luego podría decirme usted que era insuficiente, pero no antes de que entrara en vigor, porque ustedes la suspendieron para esperar un
tiempo para presentar este real decreto.
Ustedes con su reforma laboral abarataron el despido, hicieron que despedir a un trabajador mayor de 50 años con treinta años de antigüedad en una empresa tenga el mismo coste para el empresario que despedir a un trabajador con diez. El
resultado de su reforma laboral es que mayoritariamente los que han ido a la calle en este último año son los mayores de 50 años, y no se lo tengo que decir yo a usted porque las estadísticas están ahí. Además, ustedes eliminaron el subsidio de
mayores de 45 años, luego pasaron el subsidio de 52 a 55 años, y ahora nos dicen en este decreto que ligan a rentas familiares el subsidio de mayores de 55 años. Señora ministra, ¿usted sabe lo que significa eso para los cientos de miles de
trabajadores que son expulsados del mercado de trabajo con más de 50 años? ¿Usted sabe lo humillante que puede ser para un trabajador que ha trabajado toda su vida, que ha cotizado toda su vida, que lo despidan con 53 años y a partir de los 55 años
tenga que vivir de la solidaridad de su familia? Porque eso es lo que usted ha hecho.
Un trabajador que con 53 años es despedido, a los 55 termina su desempleo. El subsidio de mayores de 55 años le permitía dos cosas; una, tenía cotizaciones a la Seguridad Social. Con el subsidio que cobraba normalmente podía hacer un
convenio con la Seguridad Social para mantener sus cotizaciones. Por tanto, ustedes han condenado a ese trabajador a que desde los 55 hasta los 61 o 63 años, en función de sus cotizaciones, no tenga ni una sola cotización a la Seguridad Social.
Además, hay otra cosa y es que, en cuanto a esa magnífica reforma de cobertura de lagunas, ¿saben lo que le han dicho a este trabajador? Que haya cotizado los años que haya cotizado, que haya cotizado donde haya cotizado, va a ir a pensión mínima.
Porque usted va a cubrir esos ocho o seis años que va a estar sin cotizar en función de su reforma. ¿Y qué dice su reforma? Dos años a cotización mínima y el resto al 50 % de la cotización mínima. Eso es lo que dice su reforma para cubrir las
lagunas de cotización. Ahora dígale a un trabajador que de sus veinte años para calcular su pensión, ocho se han cubierto por lagunas de cotización con las condiciones que yo le acabo de decir.
Mire, en una pareja en la que uno de los dos gana en torno a mil euros y el otro es despedido con 53 años, este último al llegar a los 55 no tiene derecho al subsidio porque se lo ha ligado usted a rentas y con lo que gana el cónyuge no
tiene derecho al subsidio. Eso sí, estamos hablando de todos los despedidos sobre todo de empresas medianas, pequeñas, individuales, comercios o lo que sea, porque con las grandes empresas es otra cosa, pero a estos usted los condena a la pensión
mínima, hayan cotizado los años que hayan cotizado y hayan cotizado en el nivel que hayan cotizado. La cobertura de
lagunas realmente les perjudica, pero también les perjudica que a lo mejor llegan a los 61 años y todavía no se pueden jubilar anticipadamente, tienen que irse a los 62 o a los 63 años. Porque la Ley 27 dejaba la posibilidad de la
jubilación anticipada a los 61 años solo para los despedidos forzosos, aquellos que no se quieren ir del trabajo y se les echa, no a los que quieren irse voluntariamente. Además nos dice usted, señora ministra, que este decreto favorece que no
despidan a los mayores de 50 años. No es cierto, es todo lo contrario. La Ley 27 decía que las empresas que tuvieran beneficios desde el primer trabajador que despidieran con 50 años tenían que hacer una aportación a la Administración pública, al
INEM, por ese trabajador. Ahora ustedes les dicen que lo harán en función del porcentaje de los que quedan, se van o cuántos son; es decir, que el empresario, con una operación matemática, puede no tener que aportar ni un duro para los
trabajadores que despida o ponga en un expediente. Lo que han hecho ustedes es un beneficio para las grandes empresas, no para los trabajadores ni para el INEM, sino para las grandes empresas (Aplausos).
Luego compatibilizan trabajo y pensión. El Pacto de Toledo recomienda que se haga eso, pero no en un momento que hay 6 millones de parados, no en un momento en el que estamos en el 26,2 % de desempleo, que el 55,6 % de los jóvenes no tienen
empleo (Aplausos), que los mayores de 55 años están en el paro, no tienen trabajo, y les compatibiliza usted trabajo y pensión a los que por edad tendrían que estar ya jubilados. Le voy a decir que me llamó un señor que tiene un bufete y me dijo:
el Gobierno me acaba de hacer el regalo de mi vida. Está trabajando con 69 años cotizando como autónomo. A partir de este mes deja de cotizar como autónomo, pasa a cobrar el 50 % de su pensión máxima y, eso sí, sigue trabajando y ganado lo mismo.
¿Usted cree que es el momento para hacer eso? ¿Usted cree que es el momento para lanzar ese mensaje a un determinado grupo de personas? Porque esto, señorías, no lo va a hacer un trabajador que está en una empresa y que lo despiden con cincuenta y
tantos años; este no lo va a poder hacer. ¿Quién lo va a poder hacer? El que tenga un cierto colectivo, autónomos, profesionales diversos, directores, encargados, es decir, personal determinado que podrá compatibilizar su pensión y su trabajo,
pero el resto, no. Sin embargo, nos pillan en un momento en que el 26,2 % de los trabajadores están en paro. ¿Qué mensaje les estamos realmente mandando a nuestros jóvenes que tienen que irse de este país para poder encontrar un trabajo?
A lo mejor no lo dicen y esto lo hacen por otro motivo, porque en todos los decretos que han hecho han metido alguna norma que ha mermado las pensiones futuras. Ustedes van dictando normas con las que cada vez el trabajador va a tener más
difícil acceder a una pensión digna. Como ustedes representan tan bien a los trabajadores, ahora les dicen: les compatibilizamos trabajo y pensión para que les compense. No, señorías. Señora ministra, nos está llevando a un cambio del sistema
público de pensiones que no estamos dispuestos a aceptar. No estamos dispuestos a aceptar el cambio del sistema. Nuestro grupo apoya un sistema público de reparto de solidaridad intergeneracional y no nos va a encontrar para hacer ningún cambio en
el sistema; es más, nos va a encontrar enfrente. Eso sí, si ustedes quieren volver al Pacto de Toledo, nos va a encontrar para buscar soluciones para su continuidad y para seguir fortaleciendo nuestro sistema, tal y como lo hemos hecho en los
últimos años. Por tanto, aprovecho para decirle que vuelvan al Pacto de Toledo, pero a negociar. Y negociar significa que sus propuestas y las muestras tienen que tener un punto de encuentro. Si no, no es negociación; si no, lo que están ustedes
haciendo es imposición. Esto además es coherente con el decreto-ley: llegan aquí, nos lo explican, votamos y se acabó. Eso no es negociar.
Recuerdo que cuando estábamos en campaña una compañera suya dijo que el PP era el partido de los trabajadores. (Risas). ¡Qué suerte! Porque desde que han llegado lo único que les han hecho a los trabajadores y a los pensionistas es
penalizarles su presente y jorobarles su futuro. (Aplausos). Totalmente: la reforma laboral, la reforma por decreto de las pensiones, la no actualización de las pensiones del año pasado, la subida del IVA, la subida del IRPF, el copago
farmacéutico, el copago del transporte sanitario. Pero ¿adónde quieren llevar ustedes este país?, ¿adónde quieren llevarlo? ¿No se dan cuenta de que la gente les está diciendo que ya basta y que no se pueden admitir más recortes?
Señora ministra, nosotros estamos dispuestos a volver al Pacto de Toledo a negociar. Tramite como proyecto de ley este real decreto, tramítelo como proyecto de ley y debatamos todos los grupos todas las enmiendas, cada uno con su posición.
Al final, ustedes tienen la mayoría y, por lo tanto, no tendrían que tener miedo al debate. El debate se enriquece con la aportación de todos y conjuntamente todo el arco parlamentario y los agentes sociales son los que han hecho que tengamos una
Seguridad Social fuerte, con futuro y con un Fondo de reserva que le permite a usted pagar las pensiones en un momento difícil. Por lo tanto, señora ministra, permita que lo tramitemos como proyecto de ley, volvamos al Pacto de
Toledo y consensuemos entre todos una reforma de la Seguridad Social, pero una reforma que garantice de verdad la viabilidad del sistema y sin que signifique un recorte brutal para las futuras pensiones.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora López i Chamosa.
Se ha solicitado la autorización del turno a favor del real decreto-ley por el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra la señora España.
La señora ESPAÑA REINA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, quiero que mis primeras palabras sean para agradecer a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios de la Comisión del Pacto de Toledo su asistencia, su buena disposición y el tono constructivo en todas y cada una de las
muchas reuniones que ha habido en el Pacto de Toledo para tratar todas estas cuestiones. Saben ustedes que los informes correspondientes llegaron al Pacto en el mes de octubre, que en noviembre compareció el secretario de Estado y que desde
entonces los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero han sido meses de muchas reuniones. Nunca antes en la Comisión del Pacto de Toledo había habido tantos informes; nunca antes habían comparecido tantos altos cargos del ministerio
y, por lo tanto, la voluntad de diálogo y de consenso existe en el Partido Popular.
Señora Chamosa, no hay que volver al Pacto de Toledo, ya estamos en el Pacto de Toledo, el Pacto de Toledo está vivo, muy vivo, aunque algunos no lo quieran ver así. Mire usted si hay voluntad de diálogo que dado que en el mes de diciembre
no había avanzado lo suficiente la negociación, el Gobierno, a sugerencia del Pacto de Toledo, suspendió tres meses la entrada en vigor de la Ley 27 en referencia a aquellos artículos que se estaban debatiendo para poder disponer de más plazo para
negociar. Además esta negociación también tuvo su fruto porque se flexibilizaron -usted lo sabe- los planteamientos iniciales hasta llegar a este real decreto. Las propuestas a las que usted aludía se han hecho en la Comisión del Pacto de Toledo;
informes que fueron remitidos a los agentes sociales, a la CEOE, a Cepyme, a Comisiones Obreras, a UGT, muchas de las cuales han hecho las observaciones y consideraciones que han estimado oportunas. También ha habido reuniones por parte de la
Secretaría de Estado de la Seguridad Social con los principales grupos políticos. Incluso se aprobó en este Congreso de los Diputados una propuesta de resolución donde se hablaba de acercar la edad real a la edad legal y de avanzar en la
compatibilidad, propuesta de resolución que tuvo los votos a favor del Grupo Popular, del PNV y de Foro Asturias, así como la abstención de CiU, UPyD y UPN. Por lo tanto, señorías, intercambio de información, negociación y debate buscando siempre
el diálogo. Esa es la voluntad del Partido Popular.
Sin embargo, me hablan ustedes de la Ley 27 del anterior Gobierno socialista. Vamos a ver, la Ley 27 no se hizo con consenso; la Ley 27 tuvo nada más que el apoyo de un solo grupo de esta Cámara, que fue Convergència i Unió. Y la Ley 27
-todo hay que decirlo, porque hay que recordarlo- fue la que aumentó en dos años la edad de jubilación a los ciudadanos españoles, de los 65 a los 67. Hay que recordar que eso lo hizo un Gobierno socialista sin consenso en la Ley 27. (Aplausos).
Señorías, aumentar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años no es ni más ni menos que recortar los derechos a los pensionistas. El Partido Popular se opuso a aquella ley. Ya lo dijimos en su momento: a efectos de la sostenibilidad del
sistema sirve de muy poco aumentar la edad de jubilación ya que más del 50 % de las jubilaciones en este país se están produciendo en el régimen general de forma anticipada a los 61, a los 62 y a los 63 años, y el 42 % si hablamos del total del
sistema. Es decir, que las jubilaciones anticipadas son más frecuentes en este país que las jubilaciones a la edad legal, y eso es absolutamente contrario a la recomendación duodécima del Pacto de Toledo, que habla de aproximar la edad real a la
edad legal. Ya lo ha dicho la señora ministra, las jubilaciones anticipadas se han incrementado un 33 % con una pensión un 16 % superior a la media. Señorías, por cada persona que decide continuar trabajando pudiendo jubilarse, casi siete se
jubilan anticipadamente. Esto quiere decir que nuestro ordenamiento tiene fallos, esto quiere decir que el sistema no es sostenible.
Con respecto a la jubilación anticipada forzosa o involuntaria, lo único que se hace es establecer una relación entre el número de años cotizados y el coeficiente reductor. ¿Es justo que una persona que haya cotizado treinta y ocho años y
seis meses tenga el mismo coeficiente reductor que otra persona que haya cotizado seis años más? Ahora lo que se premian son las carreras largas de cotización. Y en cuanto a la jubilación parcial, la mayoría de ustedes han reconocido que esta
figura no estaba cumpliendo con su función originaria de transmisión de conocimiento y experiencia a los trabajadores de menor edad. Cada jubilación parcial tiene un coste superior a los 80.000 euros y tiene una pensión un 33 % superior a la
media. Por lo tanto, lo que hay que hacer es evitar ese acceso privilegiado a la jubilación anticipada que estaba suponiendo la jubilación parcial y frenar estos abusos en la misma. Además, el relevista ahora podrá formarse adecuadamente y
se potencia el contrato indefinido a tiempo completo al menos hasta dos años después, a diferencia de lo que ocurría con la Ley 27, ya que el relevista podía ser despedido al día siguiente de finalizar el periodo de jubilación parcial.
Señorías, con respecto a la compatibilidad, no es cierta la teoría que ustedes han expuesto aquí hoy. Es decir, todos los estudios al respecto acreditan precisamente lo contrario; la continuidad en el mercado laboral de las personas
próximas a la edad de jubilación no afecta negativamente a la tasa de empleo juvenil sino todo lo contrario. Es decir, que el empleo de los mayores y de los jóvenes no es sustitutivo sino que es complementario. Lo que ustedes han expuesto aquí es
un argumento absolutamente falto de rigor y que no tiene ninguna evidencia empírica, lo que pasa es que les viene muy bien para oponerse a la compatibilidad. Pero les tengo que recordar que los grupos aprobamos por mayoría la recomendación
duodécima del Pacto de Toledo, en la que se hablaba precisamente de eso, de avanzar en la compatibilidad entre trabajo y pensión. Incluso la Ley 27 del Gobierno socialista mandataba al Gobierno a presentar un proyecto de ley para regular la
compatibilidad. Tanto la Ley 27 como la recomendación del Pacto de Toledo se aprobaron ya en el año 2011, momento en el que también había un altísimo desempleo juvenil y sin embargo todos los grupos aprobaron por mayoría la recomendación del Pacto
de Toledo. Qué pasa, ¿que las recomendaciones del Pacto de Toledo servían antes y ahora no sirven, o se oponen porque ahora lo plantea el Partido Popular y hay que oponerse a todo lo que trae el Partido Popular?
Por último, las medidas para desincentivar los despidos colectivos de mayores de 50 años. Señorías, ¿también se van a oponer a esta medida? Si lo que estamos evitando precisamente es que los ajustes de plantilla se ceben sobre los
trabajadores de mayor edad, que son los que de verdad son más difíciles de reinsertar en el mercado laboral. Es decir, incrementamos las exigencias en las llamadas prejubilaciones para que se encarezcan para las empresas y no asuma el coste la
Seguridad Social. Aquí ya se acabó la fiesta, ese lema de 'yo invito, que paga la Seguridad Social' ya no será posible.
Usted me habla de dar una oportunidad a la Ley 27. Sería una grave irresponsabilidad por parte de un Gobierno que, habiendo detectado con técnicos y expertos de la Seguridad Social errores, imprecisiones e injusticias, se mantuvieran estas
disposiciones en vigor. Por supuesto que se les ha dado una oportunidad a todas las disposiciones de la Ley 27 que son adecuadas para el sistema, pero aquellas que tienen efectos perniciosos hay que modificarlas simplemente por responsabilidad.
Pero le voy a decir una cosa, dieron ustedes poca oportunidad a aquellas leyes que dejó aprobadas el Partido Popular como, por ejemplo, las leyes del sistema educativo.
Con respecto a la reforma laboral, hemos heredado del anterior Gobierno socialista nada más y nada menos que casi 5,3 millones de desempleados. El Partido Socialista partió de un 8 % de tasa de paro en el año 2007 y lo dejó en el año 2011
en un 23 %. De un 8 % a un 23 %, es decir, 15 puntos de incremento en la tasa de desempleo, cuando la media de incremento en la Unión Europea fue de 3 puntos. La reforma laboral ha frenado en un contexto de recesión económica el ritmo de
destrucción de empleo y se ha visto un cambio en la tendencia. Ahí está el número de afiliados a la Seguridad Social, que después de siete meses de caída en el mes pasado se incrementó en 30.000 nuevos afiliados. Desde la aprobación de la reforma
laboral la tasa de incremento interanual del desempleo se ha reducido trimestre a trimestre, pasando de un 18 % un 13,5 %. Ha aumentado el número de autónomos en 53.000. Le recuerdo que de 2008 a 2011 se perdieron 625.000 empleos por cuenta
propia. Señorías, tenemos cada día 400 desempleados menos en el año 2012 en relación con el año 2011 y los desempleados de menos de 25 años han bajado en 40.000. A pesar de esto, señorías, las cifras de desempleo siguen siendo dramáticas, pero no
me hagan un uso torticero de la reforma laboral. No me lo hagan.
Con respecto al abaratamiento del despido, cuando ustedes gobernaron hubo casi 3 millones de despidos, de los cuales más de un millón fueron con indemnizaciones a veinte días. Y le recuerdo que la principal crítica que le hicieron a la
reforma laboral del señor Rodríguez Zapatero fue el abaratamiento del despido. Son ustedes bastante frágiles de memoria.
Habla de las lagunas de cotización. Lo único que se ha hecho es tratar igual a todos los ciudadanos, sin discriminación, cosa que no ocurría antes de la modificación. Me habla usted del IRPF y del copago. No confundan, el IRPF no afecta a
la mayoría de los pensionistas, solo afecta al 11 %: 850.000 de los más de 8 millones de pensionistas. Además, son los que cobran una mayor pensión y es temporal. Le recuerdo: año 2012 y año 2013. En cuanto al copago farmacéutico, señoría, es
que había que pagar los más de 16.000 millones de euros de deuda que dejaron ustedes en el sector sanitario. También ha hablado del
subsidio de mayores de 55 años. No hay recortes, lo único que se hace es homogeneizar sus condiciones de acceso con el resto de las prestaciones, y los casi 400.000 beneficiarios actuales lo van a seguir cobrando. Pero ahí está -eso sí que
es importante- nuestro compromiso con el modelo público de pensiones, demostrado con hechos no con palabras. Ahí está la separación de las fuentes de financiación, primera recomendación del Pacto de Toledo. Por primera vez el Gobierno asume los
complementos a mínimos y este Gobierno no va a cargar gastos impropios sobre las cotizaciones sociales, como hicieron otros Gobiernos socialistas, que cargaron a las cotizaciones sociales en los últimos diez años más de 40.000 millones de euros.
Señoría, eso es muy grave, eso no es apostar por la sostenibilidad del sistema, sino todo lo contrario y radicalmente en contra. Precisamente 40.000 millones de gastos impropios -parece que les gusta la cifra-, la misma cantidad que dejaron sin
pagar de facturas en el Ministerio de Fomento y la misma cantidad si suman la deuda del sector sanitario con el sector eléctrico. Y ya puestos, también nos podían haber dejado 40.000 millones de euros de déficit, pero no; se fueron ustedes a
90.000 millones de euros, el déficit más alto de toda la Unión Europea, solo superado por Irlanda. (Aplausos).
Señorías, apostar por un sistema público de pensiones es tener que buscar los mil millones de euros de cotizaciones de los cuidadores no profesionales de la Ley de Dependencia que ustedes dejaron sin pagar en la Seguridad Social. Señores de
la izquierda, las cotizaciones sociales hay que pagarlas para poder abonar las pensiones, y apostar por un sistema público de pensiones precisamente es lo que está haciendo este real decreto-ley, que las jubilaciones anticipadas y parciales y los
ajustes de plantilla de las empresas no los asuma íntegramente la Seguridad Social. Eso sí que es defender el sistema público de pensiones y eso sí es defender a los pensionistas.
Señorías, ¿es justo que el 50 % de las jubilaciones en este país se devenguen de forma anticipada y, además, tengan coste para el sistema? ¿Es justo que haya saltos y distorsiones en los coeficientes reductores? Porque con este real
decreto-ley lo único que hacemos es aplicar la recomendación duodécima del Pacto de Toledo. Señorías, lo que es justo es que los ajustes en plantilla de las empresas no recaigan siempre sobre los trabajadores mayores de 50 años. Lo que es justo es
que las empresas paguen por sus ajustes de plantilla y no los pague la Seguridad Social. Lo que es justo es que quien quiera y pueda seguir trabajando lo haga, como ocurre en el resto de Europa, compatibilizando. Lo que es justo es que el sistema,
es decir, todas las personas que contribuyen y cotizan al sistema, no tengan que pagar el coste de la jubilación parcial y de la jubilación anticipada. Y lo que sería justo es que ustedes arrimaran el hombro para crear un sistema sostenible de cara
al futuro en razón de la esperanza de vida y del envejecimiento activo. Porque, señorías, nadie puede entender que el Gobierno socialista haya obligado en su momento a los ciudadanos a tener que trabajar dos años más para poder jubilarse, a
aumentar la edad de jubilación desde los 65 a los 67 años, una ley que se hizo solo con el apoyo de un grupo en esta Cámara, y que ahora, cuando el Partido Popular trata de ajustar las edades de la jubilación anticipada y parcial de forma
progresiva, resulta que es un recorte de derechos y un recorte de pensiones. No, señoría, un recorte de pensiones es alargar dos años la edad de jubilación marca socialista. Un recorte de pensiones es la congelación que hizo el Gobierno
socialista, frente a la subida del 2 % a las pensiones que ha hecho el Gobierno popular. Y un recorte de pensiones, ya que me habla del Fondo de reserva, es privar a los pensionistas de más de 15.000 millones de euros del Fondo de reserva, que
ustedes estaban obligados a dotar a la Seguridad Social y no lo hicieron, porque el Partido Popular, cuando utiliza el Fondo de reserva dice cuánta cantidad va a utilizar y para qué: única y exclusivamente para pagar pensiones. No sabemos para qué
utilizaron ustedes esos 15.000 millones de euros del Fondo de reserva, que no dotaron. Por las cantidades la verdad es que hay cierta similitud; igual lo utilizaron para ese proyecto estrella del señor Rodríguez Zapatero, acuérdense, PlanE
Gobierno de España, 13.000 millones de euros que se gastaron ustedes. A lo mejor salió de la hucha de todos los pensionistas, y ellos sin enterarse.
Señoría, pregunta usted que a dónde queremos llevar a este país. No queremos llevarlo a ningún lado, lo único que queremos es sacarlo de la ruina a la que ustedes han llevado a este país. (Aplausos). Eso es lo que quiere y lo que está
haciendo el Partido Popular.
Termino, señorías. Por primera vez en este país el gasto en pensiones supera el 10 % de nuestro producto interior bruto, es decir, 43 de cada 100 euros de los gastos finales del Estado se destinan a pensiones. Pagamos más pensiones que
nunca. Es la única partida del presupuesto que sube, junto con la de los intereses, lamentablemente para pagar la asfixiante deuda del Gobierno socialista. El importe en pensiones en el mes de marzo ha aumentado en 4,8 % respecto a marzo del año
anterior. Tenemos muy claro, señorías, cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es buscar la sostenibilidad del sistema o, lo que
es lo mismo, velar por las pensiones públicas y por los millones de pensionistas de este país. (Una señora diputada: ¡Muy bien!).
Muchas gracias. fin
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora España.
Señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señora España, le voy a pedir que cuando suba usted aquí retire lo que ha dicho sobre que se ha utilizado dinero de la Seguridad Social para otros fines que no fuera la Seguridad Social. (Rumores). Lo digo por
lo siguiente, usted sabe igual que yo que la Seguridad Social tiene su propia intervención, tiene su propio control a la hora de los pagos. Si usted cuando suba aquí no lo retira, mi grupo hará una consulta jurídica para hacer la demanda que
corresponda. (Aplausos).
¿Quiere usted que hablemos de la Ley 27? Vamos a hablar de la Ley 27. El Gobierno socialista en la Ley 27 deja dos edades de jubilación y no voy a mentir porque les recomiendo a todos que cojan la Ley 27 y se la lean. ¿Qué dice la Ley 27?
La Ley 27 dice que para jubilarse con el cien por cien, además de tener 65 años cumplidos, hay que tener este año treinta y cinco años y medio cotizados para poderse jubilar y va ascendiendo de forma que en el año 2027 es necesario para poderse
jubilar a los 65 años tener treinta y ocho años y medio cotizados, y si no tienes treinta y ocho años y medio cotizados te jubilas a los 67 años. Sin embargo, todo aquel que con 65 años tenga treinta y ocho años y medio cotizados, podrá seguir
jubilándose a los 65 años; es más, el 82 % de los cotizantes que había en 2010 podrán jubilarse a los 65 años porque tendrán más de treinta y ocho años y medio. ¿Quién va a tener que jubilarse a los 67? Los jóvenes que entran hoy al mercado de
trabajo por su propia situación, por lo tarde que entran y por las entradas y salidas que hacen. Pero, señorías, ¿recuerdan que ustedes dijeron que la Ley 27 no la votaban porque no estaban de acuerdo con que fuéramos a los 67 años? Y ahora
resulta que no contentos con eso, nos traen y nos alargan todo dos años más. ¿Qué pasa, que ahora ya no están en campaña? (Aplausos).
A mí hay una cosa que me molesta sobradamente, lo diga quien lo diga. Cuando habla de subsidios, cuando habla de jubilación anticipada, hablar de fraude y hablar de privilegiados es injusto porque quienes se jubilan a los 61 años, señoría,
es porque los han despedido, es porque los han despedido y no porque quieran irse. (Aplausos). Me habla usted del subsidio a los 55 años y que quienes lo tienen lo van a seguir teniendo -¡solo faltaría!-. Ayer mismo me hizo una consulta una
empresa importante de este país con 1.000 trabajadores, que tenía y tiene preparado para evitar el cierre un expediente de regulación de empleo, es decir, de despidos. Para poder continuar iba a coger a las personas mayores de 55 años para que
pudieran jubilarse a los 61 años. Pues con este decreto ya no lo puede hacer y ahora en vez de plantearse un expediente de reducción de plantilla, se tiene que plantear el cierre porque la empresa no lo puede pagar. Eso es lo que hacen sus
medidas, más gente en la calle y en peores condiciones. Eso es lo que hacen.
Usted dice que a los pensionistas lo del IRPF les afecta poco. A todo pensionista que gane más de 900 euros le afecta el IRPF, de forma que este año y el año pasado apenas han tenido subida porque, a lo mejor, les han subido 5 euros y les
han bajado 7 por el IRPF. Esa es la realidad, señorías; es así. Ustedes dicen que son más justos los coeficientes reductores que usted pone. Le estoy diciendo que a partir del año 2027, una persona que haya cotizado treinta y ocho años y medio
se puede jubilar a los 65 años con el cien por cien, y usted está diciendo ahora con estos coeficientes que con 61 años se va a jubilar con una pérdida del 30 %, cuando la Ley 27 tenían una pérdida del 24 %; 7 puntos más de pérdida para toda la
vida; 7 puntos más. ¿Eso qué significa? Menor pensión, más empobrecimiento para los futuros pensionistas.
Nos hablan ustedes de déficit y nos pusieron como hoja de perejil porque no se cumplió el déficit en 2011. ¿Y que han hecho ustedes en 2012? Retrasar pagos de Hacienda a ciudadanos para que no le contaran el déficit; le ha tenido que
corregir la Unión Europea porque lo contaron mal. (Rumores). Y encima no dicen que los 40.000 millones de la banca, que les han regalado, significa que estamos en un 10 % de déficit. (Rumores.-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, se le pasa el tiempo. Tiene usted que acabar.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Termino.
Un 10 % de déficit el año pasado. Es más, ¿sabe lo que pasa? Que nosotros dejamos la deuda pública en más del 60 %, pero ustedes ya han llegado al cien por cien del producto interior bruto. Eso es lo que hacen ustedes.
Retiren este decreto o déjenoslo debatir como proyecto de ley para que podamos todos aportar nuestras enmiendas y nuestras posiciones. Le repito, hablar y dialogar es bueno, pero negociar quiere decir encontrar el punto de encuentro entre
sus posiciones y las nuestras. Y ustedes lo que hacen es real decreto, real decreto y ordeno y mando. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora López i Chamosa.
Señora España.
La señora ESPAÑA REINA: Gracias, presidente.
Señora López i Chamosa, con respecto al 'Diario de Sesiones', he dicho lo que he dicho: 15.000 millones de euros que por ley ustedes tenían que dotar al Fondo de reserva y que no lo dotaron; por lo tanto, no están en el Fondo de reserva y,
por lo tanto, han privado a los pensionistas de 15.000 millones de euros y no sabemos cómo no están en el Fondo de reserva. El Fondo de reserva solo se puede gastar en lo que se puede gastar, pero como eso no está en el Fondo de reserva pues no
sabemos en qué se lo habrán gastado. A lo mejor algún día ustedes nos lo cuentan. Hoy por hoy, no nos lo han dicho. (Aplausos).
Habla usted de fraude. Yo sólo he hablado de evitar el fraude no en la jubilación anticipada involuntaria, sino en la jubilación parcial. Con respecto a los despidos, las empresas lo que tienen que hacer, precisamente, es utilizar las
posibilidades que les da la reforma laboral para negociar y evitar esos despidos. También me habla de la cifra de déficit, señora López i Chamosa. Aquí no hay ningún maquillaje. Aquí el único Gobierno que no ha dicho la verdad en su momento, por
no decir otra cosa, en el año 2011, ha sido el Gobierno socialista, que dijo que iba a dejar el déficit en un 6 % y lo dejo en más de un 9 %. Estamos hablando de más de 30.000 millones de euros de déficit oculto, señora López i Chamosa. Le voy a
decir una cosa, el déficit el año 2012 es del 6,98 %; no me hable del 10 %, no me incluya las ayudas que ha dado la Unión Europea a las entidades financieras porque sabe que no computan en el déficit. (La señora López i Chamosa hace gestos
afirmativos). A lo mejor, en lugar de arrimar el hombro y ayudar a este país a salir de la crisis a usted lo que le interesa es que en la Unión Europea se crean que tenemos más déficit del que tenemos realmente, y eso no es lo que le corresponde al
Partido Socialista, que es el principal partido de la oposición. Le voy a decir una cosa, no entiendo cómo me habla usted de deuda pública cuando su partido, el Partido Socialista, duplicó en cuatro años la deuda pública: de 2007 a 2011 la aumentó
de un 37 % a un 80 %. Un partido, el Partido Socialista, que dejó a España con una deuda neta externa del 92 % del producto interior bruto cuando los países de nuestro entorno estaban entre un 11 y un 21 %; un 92 % de deuda neta externa. Un
partido, el Partido Socialista, que ha dejado la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea y 2.300.000 cotizantes menos a la Seguridad Social tiene poca credibilidad para no apoyar las reformas que se están aprobando en este Congreso y sacar
precisamente al país de la crisis en la que ustedes lo metieron.
Usted me habla de la intervención, y yo le digo que ojalá hicieran caso a los informes de la intervención en Andalucía porque, como siempre, la izquierda ve la paja en el ojo ajeno pero no ve la viga en el propio (Aplausos), si no, señorías
de la izquierda, díganme cómo llaman ustedes al fraude de los ERE en Andalucía, cómo llaman ustedes a que más de 1.200 millones de los desempleados andaluces se hayan perdido por el camino y en parte hayan ido a parar a manos de sindicalistas con
comisiones ilegales, con intrusos (Rumores.-Varios señores diputados: ¡Venga!), personas que están cobrando una jubilación en empresas donde no han trabajado nunca, cómo llama la izquierda al caso de los ERE fraudulentos en Andalucía. Le voy a
decir una cosa, los intrusos y los ERE fraudulentos en Andalucía son la vergüenza de los millones de pensionistas y de los desempleados de este país. (Aplausos). Por tanto, hagan caso a los informes de la intervención, pongan orden en Andalucía,
porque llevamos treinta años de gobierno socialista y Andalucía tiene la tasa de paro más alta de toda España -un 36 %-, con 10 puntos superior a la media, y por desgracia tiene la mayor trama organizada de corrupción en la historia de la
democracia. (Protestas.-Aplausos). Señorías, a ustedes, que son responsables de la situación tan lamentable en la que se ha quedado España en el año 2011 -nosotros lo seremos cuando acabe la legislatura, pero ustedes lo son de la situación en la
que han dejado a este país-, les pido sinceramente que arrimen el hombro. Nosotros necesitamos una oposición; el principal partido de la oposición tiene que ser un partido fuerte, un partido serio, riguroso, realista. Para salir de la crisis
necesitamos una oposición que esté a la
altura de lo que se merecen los ciudadanos en este país. Los ciudadanos ya han sufrido bastante sus errores, porque ustedes se equivocaron cuando gobernaron, señorías, y lo que lamento es que se estén equivocando también en la oposición.
No se equivoquen en la oposición, arrimen el hombro, señorías, arrimen el hombro.
Terminó como empecé, apelando al consenso, al diálogo que debe existir en la Comisión del Pacto de Toledo. Está claro que todos tenemos muy claro el objetivo, que es lograr un sistema sostenible con pensiones adecuadas, pero está claro
también que todos los partidos políticos tenemos la responsabilidad de adoptar las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, del que siempre decimos todos que nos sentimos muy orgullosos, pero por cuyo futuro
tenemos la obligación de velar, por el futuro del sistema público de pensiones, por el futuro de la seguridad social y por el futuro de los millones de pensionistas este país.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora España.
Entramos en el turno de fijación de posiciones. Por la importancia y el significado de este real decreto, por el Grupo Mixto va a haber varios intervinientes, de acuerdo con lo pactado. Les pido, por favor, que se atengan a los tiempos
pactados.
En primer lugar, tiene la palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
El eufemismo con el que se da título al real decreto ya prueba la catadura moral de los impulsores del mismo. En un país con 6 millones de desempleados, hablar de fomento del envejecimiento activo equivale a hablar de más parados. Este
real decreto es una imposición del Gobierno, que carece de diálogo social, abusando de nuevo del uso del real decreto-ley, dando la espalda al Parlamento y huyendo del debate social. Esto, señorías, se parece cada día más a la dictadura del real
decreto. Y, si no es así, si me equivoco, permitan que se tramite como proyecto de ley. Me ha hecho gracia la señora España cuando estaba hablando de que necesitaba una oposición, mientras que aquí se están ventilando reales decretos con solo dos
horas de debate. ¿Para qué quieren ustedes la oposición, para celebrar dos horitas de debate con estos reales decretos? Realmente me parecen muy hipócritas sus palabras.
Con este real decreto disminuye aún más la protección social para las personas desempleadas en edades próximas a la jubilación, agravando su situación con medidas dirigidas a impedir los acuerdos en expedientes de regulación de empleo
basados en la búsqueda de salidas no traumáticas para los trabajadores. Lo mismo ocurre con el subsidio por desempleo para mayores de 55 años, muy importante hoy dado el altísimo nivel de desempleo. Por lo que respecta a la jubilación anticipada,
se endurece el acceso a las dos figuras de jubilación anticipada, y lo mismo ocurre con la jubilación parcial, un mecanismo importante para crear empleo al que el Gobierno renuncia dificultando enormemente su aplicación.
En cuanto a la creación de un comité de expertos, la derecha española lleva ya tiempo en campaña advirtiendo y asustando con que el sistema de pensiones es insostenible. Con la previsión de creación en el plazo de un mes de un comité de
expertos independientes lo que buscan es dar oficialidad a su opción ideológica, lo que buscan es una coartada que tiene como fin que la gente deje de confiar en el sistema público de pensiones para que las formas privadas -fracaso notorio, por
cierto, en el Reino Unido y en Estados Unidos- se impongan. De hecho, en la exposición de motivos hay referencias continuas al factor de sostenibilidad. De nuevo, la situación de crisis económica es utilizada por el Gobierno para reducir derechos
y justificar las medidas propias de su opción ideológica: privatizar el sistema de pensiones.
En cuanto a los subsidios, los mayores de 55 años son los que más dificultades tienen para encontrar empleo y ustedes están recortando el acceso al subsidio que perciben. Todas las prejubilaciones son castigadas incrementando los
coeficientes reductores, como si fuera una opción para la mayoría de la gente. No cuenten con Compromís-Equo y les deseo todos los recursos de inconstitucionalidad del mundo. Las reformas de las pensiones no deberían ir en el sentido de reducirlas
sino justamente en el contrario. Por ello, repetimos, no cuenten con nuestro voto porque con ello estaríamos legitimando una opción que va en contra de la gente normal y corriente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
Señora Oramas.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, sabemos el difícil escenario al que nos enfrentamos, pero no estamos dispuestos a ser cómplices de un Gobierno que recurre cada viernes a la misma estrategia basada en la imposición, una estrategia recurrente consistente en
la aprobación de decretos en los consejos de ministros de manera unilateral puenteando el diálogo con los agentes económicos y sociales y las fuerzas políticas y restando el protagonismo al foro en el que se deben debatir todas las cuestiones
relativas al sistema de pensiones. Por una parte, nos encontramos en un callejón sin salida, los costes del desempleo son demasiado elevados para el Estado y, por otra, somos testigos de un debilitamiento progresivo del sistema de pensiones debido
a la drástica caída de la afiliación y al aumento de las jubilaciones y las prejubilaciones.
El escenario económico y el marco presupuestario no admiten muchos movimientos y el Gobierno ha optado con este decreto por recurrir a un atajo consistente en encarecer las jubilaciones anticipadas y pagar menos pensión. El tablero en el
que se mueve el Gobierno no admite muchos movimientos, y ante la disyuntiva de anticipar la entrada en vigor de los 67 años como edad legal de jubilación, el ministerio ha recurrido a un paquete de medidas de manera precipitada y sin conocer con
exactitud el cálculo del factor de sostenibilidad del sistema de pensiones, un cálculo que tendrá que definir un comité de expertos durante este semestre. Este decreto supone un nuevo engaño a quienes hace solo quince meses dieron su apoyo al
Partido Popular (Rumores). No existe en el programa del PP ni una sola alusión a menos jubilaciones y menos subsidio, al contrario, su apuesta era otra: más jubilaciones y más subsidios.
Lo más grave es que este decreto se tramita con la máxima diligencia a tenor de las prisas impuestas por Bruselas pese a que nos encontramos ante una de las reformas de la Seguridad Social más importantes de nuestra historia. Es un decreto
en el que el Gobierno vuelve a recurrir a los eufemismos para tratar de maquillar lo que es innegable, el objetivo no es -entrecomillado- favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad; el decreto no favorece, impone;
y tampoco pretende -entrecomillado- promover el envejecimiento activo; no promueve, obliga.
Señora ministra, no vamos a ser cómplices de una reforma de pensiones por decreto-ley ni tampoco de una política basada en imposiciones a esta Cámara y al Pacto de Toledo. Eso sí, con la responsabilidad con la que siempre hemos actuado, con
esa visión de Estado a veces muy superior a la mostrada por los principales partidos, nos mantenemos abiertos al diálogo para perfilar entre todos un sistema cuya sostenibilidad debamos garantizar con altura de miras y no con acuerdos precipitados y
forzados por Bruselas. Le pido, como todas las fuerzas políticas, que este proyecto se tramite como proyecto de ley.
Muchísimas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Oramas.
Señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, este real decreto es tan malo que para tratar de convencer a la ciudadanía de sus bondades de nuevo han tenido que recurrir a la mentira, como al decir que es fruto del consenso con los agentes sociales, que es fruto de los
acuerdos del Pacto de Toledo, etcétera. Nada de eso es verdad y lo único que hace el Gobierno con este nuevo real decreto es castigar con saña real a los trabajadores y trabajadoras ya en edad de jubilación, incluso a aquellos que son pensionistas.
Decía la señora España que la única razón por la que el Gobierno hace este tipo de políticas es su preocupación por la sostenibilidad del sistema; bien, pero es que este decreto es la demostración, pero no la única, de que el Gobierno tiene
tanta preocupación por la sostenibilidad del sistema que al mismo tiempo que hace recortes en las pensiones o elimina, como es el caso del decreto de hoy, el subsidio a los mayores de 55 años, al mismo tiempo reduce los ingresos de la Tesorería
General de la Seguridad Social con bonificaciones a los empresarios, a las empresas, o, como en este real decreto, con la exención que se hace de las empresas que, teniendo beneficios, hacen ERE de mayores de 50 años, algo que fuera una de las cosas
positivas de la reforma del año 2011.
No digan ustedes que lo que hace que el Gobierno tenga que tomar estas medidas es la preocupación por la sostenibilidad del sistema, a ustedes eso no les preocupa; probablemente la mayor preocupación es tratar de conseguir que el sistema de
pensiones privado pueda tener un mayor éxito del que tiene en este momento.
Señorías, ministra, no podemos votar este real decreto porque es un real decreto que recorta las pensiones, recorta el derecho de las personas a jubilarse a una determinada edad pero, sobre todo,
porque adopta una medida indigna, indigna, señora ministra: dejar a las personas mayores de 55 años sin subsidio teniendo que vivir a costa de sus hijos, por ejemplo, en el mejor de los casos. Por lo tanto, señora ministra, no sigan
ensañándose con los más débiles, no sigan por ese camino porque realmente va a llegar un momento en que ya no haya nada que quitarles, en este caso a los pensionistas. No vamos a votar este real decreto, pedimos su retirada, señora ministra, y en
todo caso, votaremos a favor de que se tramite como proyecto de ley.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.
Señorías, ayer un tribunal dictó en Cataluña que un solo alumno que pide el cambio de lengua al castellano obliga a cambiar de idioma al aula entera. La mayoría del Partido Popular siempre ha sostenido que lo que vale en Cataluña vale para
toda España. En lógico paralelismo y en justa correspondencia, entendemos que un solo diputado que exija en esta Cámara un cambio de lengua al catalán obliga también a cambiar de idioma a la Cámara entera. Así que, con la venia, voy a hablar en
catalán. (Continúa su intervención en catalán).
El señor PRESIDENTE: Señor Tardà, le ruego que no provoque un conflicto innecesario cuando estamos en un tema tan importante. Si usted se obstina en hablar en catalán, me obliga a quitarle la palabra. Le ruego que reflexione, porque no
conduce a nada. Tiene usted que cumplir el Reglamento, aunque comprendo que su argumento puede ser incluso interesante, pero no se puede aplicar.
El señor TARDÀ I COMA: (Continúa su intervención en catalán).
El señor PRESIDENTE: Señor Tardà, le llamo al orden por primera vez.
El señor TARDÀ I COMA: (Continúa su intervención en catalán).
El señor PRESIDENTE: Señor Tardà, la secretaria que está en la Mesa va a leer el artículo 104. (El señor Villanova Rueda: ¡Estamos en un Parlamento nacional!-El señor Tardà i Coma le contesta en catalán). No se puede intercambiar
opiniones entre los diputados.
Por favor, señora secretaria, lea el artículo 104 desde su escaño. (La señora secretaria, Cunillera i Mestres: No tengo micrófono). No tiene micrófono. Pues déjeme a mí que lo lea.
Artículo 104: 'Al diputado u orador que hubiere sido llamado al orden tres veces en una misma sesión, advertido la segunda vez de las consecuencias de una tercera llamada, le será retirada, en su caso, la palabra y el presidente, sin
debate, le podrá imponer la sanción de no asistir al resto de la sesión'.
Entonces, usted ha sido llamado al orden por primera vez. Le llamo al orden por segunda vez y le advierto de que si tengo que volvérselo a llamar, le retiraré el uso de la palabra y tendrá que abandonar la tribuna.
El señor TARDÀ I COMA: (Continúa su intervención en catalán).
El señor PRESIDENTE: Pues le llamo al orden por segunda vez.
El señor TARDÀ I COMA: (Continúa su intervención en catalán).
El señor PRESIDENTE: Le llamo al orden por tercera vez. No tiene usted la palabra y le ruego que abandone la tribuna. (Así lo hace el señor diputado).
Muchas gracias, señor Tardà.
Tiene la palabra el señor Cuadra.
El señor CUADRA LASARTE: (Comienza su intervención en euskera).
El señor PRESIDENTE: Señor Cuadra, no sé si usted pretende reanudar el conflicto anterior, pero si es así le advierto: si sigue usted por este camino, le tendré que expulsar de la tribuna.
El señor CUADRA LASARTE: Decía que quería expresar mi solidaridad más plena con el anterior compañero, Joan Tardà, y protestar aquí porque el uso de nuestras lenguas no sea permitido en este hemiciclo.
Merkel y su Banco Central Europeo condicionaron la ayuda a la banca española a que fueran realizadas reformas profundas en el sistema de pensiones, y el Gobierno español, obediente, dijo amén, dócil ante Merkel. La españolísima marca España
cada vez tiene más cuños made in Germany. Señora ministra, el mismo día que ustedes aprobaron este real decreto salieron dos noticias en la prensa que fueron muy interesantes. La primera hacía referencia a que el Estado español era el país de la
Unión Europea en el que más habían bajado los salarios durante 2012, un 3,6 %, y también se recogía otro dato de interés, que los costes empresariales por despido se habían abaratado en un 23 %. Junto a ello, casualmente, mientras bajaban los
salarios, subían un 4 % las retribuciones de los consejeros de las empresas del IBEX y sus retribuciones medias eran ya de 522.000 euros al año, en cifras declaradas oficialmente.
Señora ministra, según la compañía Bolsas y Mercados Españoles, en los cinco años de crisis, 2007-2012, los beneficios que pagaron las empresas que cotizan en Bolsa fueron un 38 % superiores a los beneficios que pagaron en los cinco años
anteriores a la crisis, es decir, la crisis a estas empresas les está saliendo muy bien, es más, se están forrando. Con este Gobierno bajan así los salarios, bajan las pensiones, se recortan los sueldos a los funcionarios, bajan las ayudas
sociales, pero crecen los beneficios empresariales y crecen los sueldos de los altos ejecutivos. Aumentan así las desigualdades sociales. Los pobres son cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos.
Ustedes nos dicen ahora en su defensa de este decreto-ley que el sistema de pensiones en su régimen actual es insostenible y que ello es debido en gran medida al incremento de la esperanza de vida y esto no es cierto, señora ministra,
ustedes mienten, como en tantas ocasiones. Las razones son otras. Después de que los salarios disminuyen, después de que 850.000 puestos de trabajo han sido destruidos por su reforma laboral, después de que son recortadas las retribuciones de los
funcionarios, ¿cómo no van a estar mal las cuentas de la Seguridad Social? Es que no puede ser de otra forma, señora ministra, ustedes se las están cargando. El caballo de Atila comparado con ustedes, con usted, señora ministra, es en esta materia
un pacífico poni, de esos que se dedican a pasear niños. Su proyecto, señores del PP, no es otro que el de dejar convertidas las pensiones públicas en unas ayudas meramente asistenciales que obliguen a la gente que tiene dinero a pasarse a los
planes privados de pensiones. No es en última instancia nada diferente a lo que están haciendo ustedes también con la educación y la sanidad, reducir el nivel de prestaciones públicas en estas materias para que la gente se vea obligada a recurrir a
sistemas privados.
La izquierda soberanista, la izquierda sindical y social en Euskal Herria en su día estuvo en contra de los pactos de Toledo y muchísimo más aún de la reforma que se hizo en noviembre de 2011 entre el Gobierno socialista, Comisiones, UGT y
la patronal. La introducción allí del factor de sostenibilidad, entre otras causas, fue razón de una convocatoria de huelga general en nuestro pueblo contra estas reformas, factor de sostenibilidad que no es sino una trampa, una engañifa para
dinamitar desde dentro el sistema público de pensiones. Al margen en cualquier caso de las valoraciones que podamos tener de este pacto, hay una cosa que ya es evidente: el Pacto de Toledo no existe, el Pacto de Toledo ha sido dinamitado, solo
quedan sus despojos. Hablar hoy del Pacto de Toledo es como hablar de la lista de los reyes godos. No existe y solo quedan esos despojos que la Comisión Europea quiere aprovechar para una nueva reforma del sistema de pensiones para privatizar aún
más el mismo. Por todo ello, ante esto, hemos reclamado en esta Cámara en numerosas ocasiones un sistema propio, nuestro, soberano, en materia de seguridad y en materia de pensiones, asentado por supuesto en unos principios muy diferentes a los
suyos.
Creemos que hace falta multiplicar y no reducir el importe de las partidas destinadas a fomentar el empleo, sobre todo en lo que hace referencia al empleo juvenil; combatir firmemente y no de boquilla, mucho menos con amnistías fiscales, el
fraude fiscal y que estas cantidades sean destinadas a mejorar las prestaciones sociales; favorecer el aumento de la actividad femenina y de la conciliación de la vida familiar, personal y laboral; apoyar la economía productiva y no la
especulativa de la banca, y sobre todo la cooperativa, la social y la de las pequeñas y medianas empresas; subir sustancialmente el salario mínimo interprofesional y los salarios; suprimir al 1.500 % todo tipo de ayudas y desgravaciones a los
planes privados de pensiones y reformar firmemente el sistema impositivo con criterios de progresividad y de redistribución de rentas.
Termino. Con estas medidas sí sería perfectamente posible un sistema de pensiones completamente mantenible y, lo que es más importante, unas pensiones plenamente dignas. Con las suyas, no. Ustedes se están cargando el sistema público de
pensiones y la Seguridad Social.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cuadra.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: (Comienza su intervención en euskera). Hablaremos en castellano por la relevancia de la materia que estamos debatiendo.
Me sorprende, señor presidente, fundamentalmente una cosa, la falta de relevancia aparente en cuanto a asistencia y atención -no sé si atención mediática también- a algo tan importante como el futuro de nuestras pensiones, el futuro de
nuestras pensiones que está severamente comprometido. Todos los que estamos aquí somos postulantes a ser pensionistas algún día. Desde luego, si los ciudadanos reproducen la confianza que han depositado hasta ahora en mí, no me gustaría estar con
72 años en la Comisión Constitucional como ocurrió ayer por la tarde hasta las diez y media de la noche. No lo sé, no es previsible que esté yo a los 72 años en este hemiciclo, pero pueden estar otras personas con 72 años -que es la edad de
jubilación que al final nos vamos a tener que tragar todos- trabajando en uno u otro sitio.
No es bueno porque se producen distorsiones que voy a comentar sucintamente a continuación. No es bueno porque ser postulante a pensiones en este momento se ha convertido en una suerte de presunción. Vamos a calificarla todavía de iuris
tantum, señor presidente, es decir que admite prueba en contrario. Algunos más pesimistas afirman que se trata no ya de una presunción sino de un optimista desideratum llegar a ser pensionista algún día. Yo aspiro a ser pensionista algún día, pero
para llegar a ser pensionista algún día hay que hacer cosas diferentes a las que nos ha traído en este momento el Gobierno, de nuevo abusando y vaciando de contenido los requerimientos del artículo 86 de la Constitución, utilizando la fórmula del
real decreto-ley -que obstaculiza o impide el debate parlamentario-, que, a tenor del mandato constitucional, posee carácter de excepcionalidad, se tiene que acreditar fehacientemente su urgencia y necesidad y además tiene una duración temporal en
el tiempo y no puede afectar -que por conexidad lo podríamos estar haciendo- a los derechos regulados por el título I de la Constitución. Todo esto se ha incumplido regulando esta materia través de un real decreto-ley. (El señor vicepresidente,
Barrero López, ocupa la Presidencia).
Señor presidente, decía la señora España que todos estamos orgullosos de la Seguridad Social. Yo no. Yo del sistema público de pensiones actual no puedo estar orgulloso, porque está hecho unos zorros, y usted lo sabe, además, con unas
perspectivas y unos estudios de prospectiva, hechos por el propio Ministerio de Trabajo y los anteriores, donde las incertidumbres se convierten en verdaderas posibilidades de desastre y donde la sostenibilidad del sistema está severamente
complicada por distintas circunstancias de las cuales usted es una gran conocedora, es una experta, y otras personas que están aquí también.
En primer lugar, desde el año 2007 hasta la actualidad, señora ministra, se han perdido 3 millones de cotizantes. ¿Por qué? Porque se ha destruido mucho empleo. No voy a hacer reproches de quién es el autor o quién es el culpable de la
producción de tal volumen, de tal cohorte -utilizando la expresión propia del sistema de pensiones- de desempleados: 6 millones, que a finales de este año van a estar rondando los 7, de desempleados. Sabe usted que hay dos líneas de convergencia,
señora ministra, en relación con el volumen de desempleados y los desafiliados o no cotizantes al sistema público de pensiones, lo cual plantea una primera situación grave.
En segundo lugar, y este es el segundo problema, es que las cohortes de gente que ingresa en el mercado de trabajo y que tiene que financiar las pensiones de los que ya están jubilados, de los que ya son pensionistas, son cada vez menores;
son cada vez menores por el descenso de la natalidad, son cada vez menores por el descenso de la población activa y son cada vez menores a corto plazo porque tenemos que hacer frente a los efectos del denominado baby boom. En este momento los que
se están jubilando son los hijos de las familias numerosas del fenómeno denominado baby boom, familias donde era habitual tener cinco, seis y hasta más hijos. El otro día en un programa de televisión vi que había una familia que tenía dieciséis
hijos, no del baby boom, de ahora -es una excentricidad que espero que no se extienda más allá de lo puramente razonable-. Estas familias o estos antaño, otrora jóvenes del baby boom se están jubilando, empiezan a jubilarse en estos momentos, en
estos años y los sucesivos, y las pensiones de los hijos del baby boom van a ser pagadas por familias que no tienen cinco, seis o más hijos, sino que han tenido un hijo o dos en el mejor de los casos, con lo cual las cohortes de reposición a efectos
de una tasa de dependencia adecuada para mantener la sostenibilidad y el equilibrio financiero del sistema, de un sistema de reparto donde los que trabajan financian las pensiones de los que han dejado de trabajar y son pensionistas, se complican
terriblemente.
Todavía se complica más la situación porque, como afirman los expertos que usted conoce perfectamente -me estoy refiriendo al informe de Malleu, Devesa, Espinas, Rodríguez y Nagore-, en este momento, a fecha de hoy, el déficit estructural
del sistema público de pensiones ya es el que ustedes habían previsto para el año 2025. Y como estamos conviviendo con trece años de anticipación sobre los déficits estructurales de sus estudios de prospectiva, nos vamos a comer el Fondo de reserva
obligatorio en poquísimo tiempo, señora ministra, ya no va a ser la tabla de salvación de nada, algo basado en los requerimientos estipulados o negociados en el Pacto de Toledo, que por cierto hay que regenerar.
Usted ha hecho una invocación, señora ministra, y la señora España también de la bondades del Pacto de Toledo y de lo bien que funciona. Pues no, no se pueden hacer invocaciones de esta naturaleza porque está semi- o cuasiamortizado.
Deberíamos asumir todos aquí la responsabilidad -es un requerimiento político y ético- de regenerarlo, de hacerlo funcionar y que el consenso que primó o que funcionó históricamente y que posibilitó el mantenimiento razonable a través de reformas
sucesivas siga funcionando con la misma eficiencia, sobre todo cuando los problemas son tan graves.
El problema todavía se agrava más, señora ministra -perdone que sea tan catastrofista, quizá diría realista-, porque respecto a los incrementos de productividad, que es la fórmula mágica que ustedes invocan sistemáticamente para afirmar que
no importa que haya menos cotizantes y que haya más jubilados y que haya más jubilados que viven cada vez más años, cuando se estableció la edad totémica de 65 años de jubilación estábamos en el año 2019. ¿Quiénes superaban los 65 años en el año
2019? El 10 % de la población; luego había un corte cero o un requerimiento de sostenibilidad del sistema de pensiones cero en el año 2019, que hacía referencia al 10 % de los que sobrevivían a la edad de 65 años, pero es que en este momento la
supervivencia de los 65 años, o de los 67 de 2027 en adelante, va a superar los veinticuatro años. El objetivo o las políticas vinculadas al ejercicio de lo que requiere el artículo 41 de la Constitución de la prestación universal suficiente de
pensiones a los jubilados va a mantenerse durante veinticuatro años para los hombres y veintiséis años para las mujeres, por razones biológicas difíciles de discernir y que en todo caso no son cuestión de debate en este momento. Este es otro
problema, que cada vez tienen que pagar con menos cotizantes durante más años las pensiones de más pensionistas, porque la población además envejece. La población activa disminuye no solo porque las tasas de natalidad y fecundidad del Estado
español son las más bajas de Europa, sino porque además muchos de nuestros jóvenes, los más cualificados profesionalmente, tienen que emigrar para buscar oportunidades de trabajo en otros países, prescindiendo y descapitalizándonos del capital
humano y de la fuente de riqueza económica potencial más importante de un país como este, que tiene grandes déficits, en el ámbito de la cualificación profesional, de sus cohortes de personas jóvenes, que son las que van a financiar el sistema.
Por si fuera poco todo lo anterior -puede ser que alguien empiece a llorar si sigo con reflexiones de esta naturaleza y no me gustaría, pero es que la situación es tan dramática como esta y esas invocaciones optimistas que algunos de ustedes
practican saben que carecen de fundamento científico, empírico o experimental de ninguna naturaleza-, aunque se lograran incrementos de productividad del cien por cien -aspecto metafísicamente imposible-, no servirían para nada, porque ya se está
produciendo, presupuesto tras presupuesto, una reforma invisible el sistema de pensiones; reforma invisible consistente en mantener estable la pensión máxima de jubilación y las bases máximas de jubilación e incrementar, presupuesto tras
presupuesto, las bases mínimas de cotización. ¿Qué efecto perverso produce esta circunstancia? Que los incrementos de productividad en nada afectan o en nada benefician a la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, porque los
incrementos de productividad no sirven, mediante la estabilización de las pensiones máximas, para estimular primero el incremento de dicha productividad, que no produce efectos de deriva hacia una mejor sostenibilidad o financiación del sistema de
pensiones. Piensen seriamente en esto, nosotros podríamos explicárselo en el Pacto de Toledo si ustedes tienen a bien oírnos. No se puede mantener estable la pensión máxima e ir incrementando sutilmente, presupuesto tras presupuesto, las pensiones
mínimas y mantener estable la pensión máxima, porque entonces la productividad, incluso el crecimiento de empleo -si algún día lo vamos a ver- no van a tener ninguna virtualidad.
Lo que ustedes ahora acometen a través de este real decreto-ley -ya voy acabando, señor presidente- no deja de ser en algunos aspectos razonable, pero provoca dos problemas. El acercamiento, la convergencia entre la edad real y la edad
legal de jubilación es algo bueno en sí mismo, pero siempre que no se endurezcan estas figuras jurídicas con tal magnitud, de tal manera que su utilización quede amortizada, porque al final, ¿sabe lo que va a ocurrir, señora ministra, endureciendo
los requisitos o los
requerimientos en materia de coeficientes reductores e incremento de la edad de prejubilación o de jubilación anticipada con contrato de relevo? Que los ERE, que se han multiplicado por doce desde que existe la reforma laboral, que podrían
utilizar estas figuras para provocar la extinción de relaciones contractuales, de relaciones con los trabajadores, se van a convertir en ERE extintivos. Al no poder utilizarse estas figuras, los ERE van a ser extintivos, amén de que se va a taponar
las posibilidades de ingreso manteniendo más tiempo en el trabajo a personas que se podrían prejubilar o jubilar anticipadamente, con lo cual se produce un efecto tapón respecto al ingreso de los jóvenes que nos demandan encontrar su primer empleo y
que son más del 54 % de los jóvenes menores de 30 años. Esta es la gran perversión del endurecimiento de estas dos figuras normativas, de la jubilación anticipada y de la jubilación parcial con contrato de relevo, por cierto carentes de estímulos,
porque si el relevado tiene que seguir trabajando el 50 % de la jornada, el 75 % en algunos casos, ya me dirá qué de sugestivo tiene utilizar esta fórmula. Si tampoco se requiere que se dedique a formar al trabajador relevista y si el trabajador
relevista va a tener las mismas condiciones en materia de cotizaciones a la Seguridad Social, no va a ser interesante ni para el relevista ni para el relevado ni para la empresa concertar un contrato de relevo. Desde esa perspectiva, lo que ustedes
proponen cuando menos es inocuo y cuando más, y eso es lo que me temo, perjudicial, en cuanto va a derivar los ERE hacia la extinción...
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señoría, debe concluir.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Ya acabo, señor presidente.
... va a derivar los ERE hacia la extinción de las relaciones contractuales y no a posibilitar ERE donde se acuda a fórmulas como la anticipación de la jubilación o el uso de la jubilación parcial con contrato de relevo.
Con esto acabo, señora ministra. Usted acomete aquí una reforma que tiene una profundidad ideológica que provocaría la inconstitucionalidad de la norma en nuestra modesta opinión. Endosar a la familia -y me estoy refiriendo a la prestación
por desempleo a los mayores de 55 años- una obligación que corresponde a los poderes públicos del Estado es una modificación o un salto ideológico que no es asumible en un país democrático que posee una serie de normas que requieren a los poderes
públicos de forma indisponible, en forma de derecho necesario y absoluto, el cumplimiento de determinados objetivos que no corresponden a la familia -esto es más que privatizar, esto es desestatalizar-, sino que corresponden a los poderes públicos
del Estado, y ustedes están -y este es un precedente peligrosísimo- utilizando a la unidad familiar como elemento sustitutivo de las obligaciones de los poderes públicos del Estado.
Por otra parte, tiene también problemas competenciales con relación a la comisión consultiva nacional de convenios colectivos, en donde se subroga en los ámbitos autonómicos allí donde estas comisiones para la extensión de las causas de los
convenios colectivos no existan. Existen y no son tripartitas en algunas comunidades autónomas como la que yo represento, son bipartitas. Esta invasión competencial también provoca problemas o dificultades de aceptación desde la perspectiva del
respeto a las competencias autonómicas.
Pero sobre todo la norma es injusta -con esto de verdad acabo, señor presidente-. Se quejaba amargamente el señor Rajoy y algunos de los portavoces de su Gobierno de que la focalización de los problemas del país en la corrupción estaba
impidiendo apreciar a los ciudadanos sus grandes desvelos -estaría bueno que no estuviera desvelado con los problemas que hay, porque sería un amoral, y no le considero al señor Rajoy un amoral- y focalizar sobre los problemas económicos. Creo que
se equivoca, que es mejor mantener la focalización mediática en la corrupción, porque, si analizamos los problemas económicos del país: 6 millones de desempleados, 11 millones de pobres, 3 millones de personas ubicadas en la pobreza extrema, 10
puntos de incremento de la exclusión social y un endurecimiento de las pensiones y reducción mediante la no utilización del IPC para su revalorización, le aconsejaría al señor Rajoy que casi deje el foco mediático en la corrupción...
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señoría, tiene que concluir, por favor.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: ... y prive o relativice la ubicación del foco mediático en los problemas económicos del país.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Olabarría.
Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, señor Anchuelo, tiene la palabra.
El señor ANCHUELO CREGO: Gracias, señor presidente.
Creo de justicia comenzar mi intervención reconociendo que en este tema los grupos parlamentarios hemos recibido una cantidad importante de información, mediante informes y reuniones informales con altos cargos, por parte de la ministra, por
parte del secretario de Estado señor De Burgos, del director general señor Barberá o de la propia Carolina España. Lo reconozco porque es un rasgo positivo que distingue su gestión en el ministerio. También pasó con la reforma laboral.
Dado que ustedes nos han dado muchas razones por las que han tomado estas medidas, nosotros con la misma lealtad vamos a explicarles las razones por las que en conjunto no podemos apoyarlas. Que conste que no es una posición que tuviésemos
a priori, porque creíamos que había posibilidades que acuerdo. Mi grupo comparte con el suyo la necesidad de acercar la edad real de jubilación a la edad legal. No parece normal que a algunas personas se les obligue a jubilarse pronto a los 67
años y a otras con 50 y muchos. Mi grupo comparte con el suyo también la necesidad de alargar la vida activa, eso sí, de forma voluntaria e incentivada, porque es algo ligado también a la mayor esperanza de vida. En ese sentido, le recuerdo que en
el primer periodo de sesiones de esta legislatura hubo dos medidas importantes que aprobamos conjuntamente. Una tenía que ver con el alargamiento de la vida laboral, que en los convenios colectivos no se pudiese prohibir a las personas seguir
trabajando más allá de la edad legal cuando así lo querían y otra era la famosa enmienda Telefónica: las empresas de más de 100 trabajadores con beneficios, si prejubilaban personas, tenían que compensar al Servicio Público de Empleo Estatal por el
coste. Por eso insisto en que no tenemos una postura a priori en contra de las reformas. Han sido las medidas que han tomado las que nos han llevado a esta postura.
Voy a intentar explicar nuestras objeciones a las diferentes medidas. La primera medida que aprueban ustedes es compatibilizar la mitad de la pensión con un trabajo, sea por cuenta ajena, propia, a tiempo completo o parcial. Esta medida
favorece el alargamiento voluntario de la vida laboral y en ese sentido la podemos apoyar, pero creemos que tiene inconvenientes que no han valorado. En primer lugar, que solo determinadas profesiones relativamente privilegiadas tendrán acceso a
esta posibilidad y, en segundo lugar, que hay un riesgo y es que estas personas que cobran la mitad de la pensión más el salario puedan trabajar a salarios más bajos y sustituyan trabajos existentes. Nosotros tendríamos un modelo alternativo.
Creemos que hay una figura, la jubilación demorada, que se podía incentivar más. Como saben ustedes, no compatibiliza salario y pensión, simplemente sigue trabajando más allá de la edad legal sin cobrar pensión, porque cuando se jubila cobra una
pensión más alta. Hoy casi nadie pide eso. ¿Por qué? Porque los incentivos son muy pequeños. Se ha perdido una buena ocasión de incentivar más la jubilación demorada, que es el modelo que nosotros habríamos favorecido.
La segunda medida que aplican ustedes tiene que ver con la jubilación parcial. La jubilación parcial es una figura claramente fracasada, todos los expertos coinciden en ello. Es muy costosa, cada jubilado parcialmente supone un coste para
la Seguridad Social de 84.000 euros, esto implica 2.700 millones de euros cada año debido a la jubilación parcial porque no tiene coeficiente reductor; son personas con pensiones muy altas las que acceden a esta figura privilegiada, una pensión un
35 % superior a la media, y la idea de que estas personas dejaban de trabajar unas horas y daban el relevo a unos jóvenes tampoco ha funcionado. Si esta figura está fracasada, ¿por qué no optar como otros países, como Alemania en 2010, por
reformarla más profundamente, incluso asimilarla a la jubilación anticipada? Ustedes la reforman pero en este caso con mucho cuidado, porque saben que hay unos intereses importantes detrás de las grandes empresas que han querido respetar. En una
figura claramente cuestionada han preferido ser relativamente suaves, cuidadosos con los intereses de las grandes empresas, por ejemplo, automovilísticas.
Sin embargo, en la jubilación anticipada voluntaria pasa exactamente lo contrario, la han endurecido demasiado. A veces se quedan demasiado cortos con los poderosos y son demasiado drásticos con otras cuestiones. La Ley 27/2011 ya
endurecía la jubilación anticipada voluntaria y ahora la endurecen más. Había correcciones que podían estar justificadas, como los saltos bruscos en los coeficientes que ustedes señalaban, pero es que la reforma ha ido más allá de esas correcciones
y se endurece de tal manera que es una figura que creemos que va a perder bastante virtualidad. Nosotros habíamos optado por una aproximación diferente, que sin coste para la Seguridad Social habría dado más libertad de elección a los individuos,
que es olvidar la idea de edad rígida a la que se pueden jubilar de manera voluntaria anticipadamente, siempre que en las pensiones se refleje de manera adecuada lo que han contribuido a la Seguridad Social; es decir, si alguien se quiere jubilar a
los 61 años y está dispuesto a asumir una pérdida de la pensión del 40 %, o la que sea, y con eso no afecta a la Seguridad Social ¿por qué ser tan
rígidos, por qué tomar estas medidas casi manu militari? Se puede dar más libertad a los individuos sin que eso suponga un coste para la Seguridad Social, siempre que se respete la contributividad.
Dicho todo esto, las discrepancias fundamentales tienen que ver con la última figura que se reforma, que es la jubilación anticipada involuntaria, porque estas personas realmente no son jubilados son parados. Son parados a los que se ha
despedido a una edad avanzada y que tienen muy difícil, por no decir imposible, la vuelta al mercado laboral. Por tanto, llamarlos jubilados anticipados da una idea equivocada de quiénes estamos hablando. Estamos hablando de personas que
involuntariamente están en una situación de paro, con una edad avanzada y que no pueden salir de esa situación. Estas personas merecerían un tratamiento especial y se lo hemos dicho -usted lo sabe, señora España- una y otra vez en las reuniones,
que creíamos que era importante complementar cualquier tipo de reforma con un apoyo especial a este grupo. Sin embargo, las medidas en el pasado y las que hoy nos traen aquí lo que hacen es endurecer cada vez más la situación de estas personas. En
medidas anteriores de su Gobierno se elevó el subsidio para mayores de 52 años hasta los 55 años. Su propia reforma laboral ha favorecido que muchas de estas personas hayan sido despedidas y es muy difícil que vuelvan al mercado de trabajo. Hoy
nos traen un real decreto que da una vuelta de tuerca en la dificultad de la situación de estas personas, de este colectivo tan desprotegido, porque ahora va a aumentar la brecha que existe desde que pierden el empleo hasta que pueden acceder a la
jubilación. Esa edad va a ir aumentado; por tanto, la brecha desde que son despedidos hasta que pueden acceder a la jubilación aumenta. Además, para más inri, el subsidio de 55 años, que ya se había elevado la edad, ahora se endurece; se va a
tener en cuenta no solo la renta de la persona sino también la de su cónyuge o sus familiares cercanos, sus hijos. Esto puede parecer muy razonable porque cuando lo cuentan parece que están hablando de familias millonarias, pero lo que hay que
decir a los que nos escuchan sin ser especialistas es que basta que esta persona tenga un hijo mileurista para que ya no pueda cobrar el subsidio; no estamos hablando de familias millonarias precisamente.
Por último, y en nuestra opinión, para remate, una de las medidas que se toman que se dice que es para favorecer a este colectivo, la que tiene que ver con la enmienda Telefónica a la que antes me refería, se utiliza de una manera un tanto
hipócrita, porque parece que se hace para favorecerlos, pero a nosotros nos parece que es una excusa para esa enmienda Telefónica que antes era generalizada ahora limitarla a casos muy específicos; ahora una empresa sólo tendrá que compensar al
Servicio Público de Empleo Estatal por las prejubilaciones si despide más trabajadores de 50 años que ahí como media en la empresa y si no, no tiene que compensar. ¿Por qué? ¿Por qué las otras no van a tener que compensar si las prejubilaciones
siguen existiendo? Nos da la sensación de que se aparenta que se quiere favorecer a este colectivo de edad avanzada como excusa para deshacer esa enmienda Telefónica que perjudicaba a las grandes empresas. Ustedes saben perfectamente que nosotros
proponíamos exactamente lo contrario; no endurecer la situación de este colectivo sino favorecerlo. En eso estábamos en línea con lo que pide la Unión Europea. La Unión Europea nos ha dicho que hay que desarrollar la estrategia global para
trabajadores de más edad. Ustedes no sólo no la desarrollan sino que toman medidas que les perjudican. Esta es nuestra objeción más importante al real decreto que nos trae.
He empezado mi intervención señalando que nos han informado mucho en el pacto de Toledo, pero también tengo que decirles que una cosa es informar y otra es pactar, negociar. Nos han informado mucho pero no han aceptado propuestas de los
demás grupos. Una cosa es informar y otra es pactar. Por eso, al menos que la señora ministra nos garantice que este real decreto se va a tramitar como proyecto de ley y que en esa tramitación se va a favorecer al colectivo de trabajadores de más
edad retirando el endurecimiento del subsidio de trabajadores de más de 55 años y desarrollando la estrategia global de trabajadores de más edad, si usted no nos da esas garantías de retirar las medidas que les perjudican y garantizar una mejora de
su situación, nosotros tendremos que votar no a este real decreto.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Anchuelo.
Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.
El señor COSCUBIELA CONESA: Nuestro grupo La Izquierda Plural va a votar en contra de la convalidación de este decreto-ley por cuatro grandes razones: es inconstitucional, es injustificado e innecesario, es injusto socialmente y es
políticamente cínico. Es inconstitucional y ustedes lo saben. No cumple el requisito que exige la Constitución española para habilitar al Gobierno a utilizar la figura del
decreto-ley. Lo de la extraordinaria necesidad sería discutible, pero ¿dónde está la urgencia exigida por la Constitución? Esta es una medida que ustedes anunciaron hace dieciséis meses. Durante esos dieciséis meses podrían haber
presentado un proyecto de ley. Dicen que han estado hablando; es verdad, todo menos negociar. Incluso cuando ustedes decidieron aplazar la entrada en vigor de la Ley 27/2011, han tenido tres meses para presentar un proyecto de ley y discutirlo en
este Parlamento, como corresponde a un tema de esta magnitud. La razón para el abuso reiterado del decreto-ley en este caso también es otra, señora ministra, y usted lo sabe; se lo hemos dicho muchas veces. El Gobierno y el Partido Popular se han
vuelto adictos a los decretos-leyes y tienen alergia a la democracia parlamentaria. Son los síntomas más evidentes de su gusto por el absolutismo.
Señora ministra, este decreto es absolutamente injustificado e innecesario, y ustedes para justificar lo injustificable deciden inventarse un problema y nos presentan unos datos que, en unos casos, son falsedades y, en otros, medias
verdades; por ejemplo, cuando usted compara la pensión media entre los jubilados anticipados y los jubilados en la edad ordinaria. Usted sabe que eso no depende de la regulación de esa modalidad, sino que depende de las bases de cotización, y lo
único que pretende es trasladar a la ciudadanía la imagen de que los jubilados anticipadamente son unos aprovechados del sistema, cuando usted sabe perfectamente que gran parte de ellos son personas de más de 50 años expulsadas contra su voluntad
del empleo, sin perspectiva de tenerlo, abocadas a la jubilación anticipada porque no tienen otra posibilidad. Además de recortarles derechos no les conviertan ustedes en culpables, no les victimicen, por favor. Deje usted de una vez por todas de
utilizar los datos y entrarlos y sacarlos para justificar lo que no se puede justificar. Usted sabe perfectamente que nuestro sistema de Seguridad Social es sostenible. Lo era, al menos, hasta el inicio de la crisis. Tenemos un gasto en pensiones
del 10,7 % del PIB, frente al 3,4 % de la media de la Unión Europea. Traernos aquí previsiones para 2060 cuando las previsiones del año 1995 no aguantaron ni cinco años, sin duda constituye otra falacia y un intento de utilizar los datos para
manipular y sobre todo recortar los derechos de la gente.
Señora ministra, señorías del Partido Popular, si hay algún problema hoy en la Seguridad Social no está en la Seguridad Social, sino en una economía asfixiada, asfixiada completamente por una austeridad suicida y un mercado de trabajo con
menos empleo y más precario. No es recortando los derechos de la gente en las pensiones como vamos a sacar adelante la Seguridad Social; es actuando sobre lo que de verdad es el problema: las medidas económicas y un mercado de trabajo que cada
vez degrada más el empleo y, por tanto, también las cuentas de la Seguridad Social. El problema de la Seguridad Social, señora ministra -y usted lo sabe-, no es de exceso de gasto y, por tanto, no se resuelve con ajuste en el gasto; es de caída de
ingresos, y por mucho que se recorten los gastos si no se restituyen los ingresos no hay equilibrio. Supongo que tendremos oportunidad de discutirlo, y espero que sea con mayor profundidad que en este caso. El futuro de la Seguridad Social depende
fundamentalmente de factores que están fuera de la regulación de la Seguridad Social; depende de una economía que sea capaz de crear empleo y de más calidad; depende del reparto del empleo -aunque a ustedes no les guste escucharlo-, y también, sí,
de más productividad. Esta es la historia de éxito del siglo XX y la única oportunidad de futuro para la Seguridad Social del siglo XXI.
Señora ministra, una de sus grandes falacias es utilizar de nuevo el tema de la jubilación anticipada intentando identificarla como un privilegio de algunas personas. Usted sabe que la edad legal de jubilación en España es de las más altas,
entre 65 y 67 años después de la Ley 27/2011; usted sabe también que la edad media real está en 63,9 -casi 64 años-, de las más altas de toda Europa; usted sabe también que el diferencial entre edad legal y real, que es lo que mandata el Pacto de
Toledo, es de los más estrechos de toda la Unión Europea, y usted sabe también que en los últimos años esa diferencia entre edad real y edad legal se ha acortado y que en seis ejercicios, de 2006 a 2012, la edad real de jubilación ha aumentado en
medio año. Usted sabe, pues, que no existe ese problema, pero se lo inventa para justificar sus recortes. El Gobierno, además, no ha querido esperar a conocer los impactos de la Ley 27/2011 para actuar, porque sus razones no están en la realidad y
en los datos, sino en el mandato que ustedes asumieron con la Unión Europea a cambio de la ayuda a los bancos. Otra vez más la soberanía de este Parlamento no está aquí -la soberanía de la ciudadanía no está en este Parlamento-, sino en la troika
que han aceptado. Desgraciadamente, señora ministra, esa es la realidad. A estas alturas su Gobierno aún no ha sido capaz de dar los datos del coste que tiene para la Seguridad Social la jubilación anticipada; no los ha dado ni los dará, porque
no los puede dar, porque no hay coste alguno. Se lo pregunté el 28 de diciembre y me contestó en el mes de marzo el Gobierno con una hoja que no da ni un solo dato, porque no puede darlo. Por favor, deje de manipular a la ciudadanía de este país,
si no, salga a la tribuna, aunque ya sé que usted cree que no puede debatir con los diputados de los grupos -lo debe tener prohibido por su religión- y no va a salir, pero diga por favor en público cuál es el
coste para el sistema de la edad de jubilación anticipada. La parcial, sí, pero la anticipada saben ustedes que no; esa es otra de sus falacias, de sus medias verdades o de sus mentiras. Es más, saben que el coste de la jubilación
anticipada lo sufragan los pensionistas, porque es verdad que empiezan a cobrar la pensión antes, pero también es verdad que la cobran con un coeficiente penalizador muy importante y, por tanto, durante toda su vida laboral compensan sobradamente
esa anticipación.
Su reforma, señora ministra, además de ser inconstitucional e injustificada es injusta; lo es en general, pero lo es especialmente para algunos colectivos, los jóvenes. Se podría haber reformado la jubilación parcial y ustedes han optado
por cargársela; la mantienen legalmente pero en la práctica nadie va a poder acceder a ella salvo en el periodo transitorio a 2009. Haciendo eso taponan una vía más de acceso de los jóvenes, vía contrato de relevo, al empleo y permiten la
compatibilidad entre empleo y cobro de pensión. Podríamos discutir en genérico si eso es posible o no o si eso es aceptable o no, pero en momentos de crisis como este, permitir e incentivar el alargamiento y la compatibilidad del trabajo con la
pensión es una verdadera aberración en términos de empleo y de justicia social. En una economía que no crea empleo, que solo gestiona el existente, alargar la vida laboral de los pensionistas, que además va a ser de unos pocos privilegiados de
colectivos muy concretos, no va a hacer otra cosa que dificultar aún más el acceso al empleo de los jóvenes.
Señora ministra, usted sabe que este decreto-ley es especialmente duro e injusto con los mayores de 50 años. Lo que ustedes están haciendo con los mayores de 50 años no tiene nombre; o sí, se llama claramente que ustedes están actuando
como acosadores de esos mayores de 50 años, y voy a justificar esta afirmación, que es contundente, lo sé, pero es rigurosa. Aprueban una reforma laboral que incentiva el despido de los mayores de las empresas, y lo incentiva porque ustedes han
hecho una combinación perversa: por un lado, abren un gran portal por el que entra trabajo joven, trabajo precario y de bajo coste y, por otro, abren un inmenso boquete por el que incentivan el despido. Cuando ustedes rebajan la indemnización,
cuando le ponen tope a la indemnización, están incentivando, están llamando, están casi casi exigiendo a las empresas que despidan a los trabajadores con más antigüedad porque son los que les permiten tener una amortización de costes más elevada.
Están provocando un efecto sustitución muy grave hoy en nuestro mercado de trabajo. Y luego vienen aquí y plantean eso como un problema, el problema que ustedes han creado. Con este tema hacen ustedes lo mismo que con otras políticas: primero
actúan, crean una injusticia y luego se ofrecen a resolver la injusticia provocando una injusticia mayor, que es la que nos traen en este decreto-ley. Señora ministra, desgraciadamente los trabajadores de más de 50 años se están viendo acorralados
por su Gobierno. Usted, después de facilitar e incentivar su despido, en el Real Decreto-ley 20/2012 les reduce el acceso al subsidio asistencial pasando de 52 a 55 años, les reduce las cotizaciones del 125 % de la base mínima al cien por cien de
la base mínima, con lo cual les condena a tener una pensión siempre, para toda la vida, mucho más baja y ahora, de un plumazo, le quita a una parte de ellos el subsidio asistencial con la excusa del control de rentas. Señora ministra -míreme, por
favor, al menos aunque sea cuando hablamos de las personas-, ¿usted es consciente de que cuando dice que nadie que necesite el subsidio va a dejar de tenerlo está diciendo una cosa muy grave? ¿Usted es consciente de que en una familia de dos
miembros donde uno trabaje y tenga un contrato mileurista el otro ya no va a tener subsidio a pesar de que tenga 35 o 40 años de cotización, a pesar de que no haya cobrado nunca la prestación por desempleo y de que esa sea la primera vez que lo
cobre, que a pesar de eso se va a encontrar en esa situación? Señora ministra, ¿de verdad cree usted que nadie que necesite subsidio por desempleo va a dejar de cobrarlo? ¿Usted se atreve a repetir esa frase hoy aquí? ¿Sabe que hay 3 millones de
personas paradas sin subsidio? ¿Sabe usted que el 50 % de los que cobran prestación la cobran asistencialmente? Su afirmación de hoy solo puede obedecer a dos cosas: usted es muy ignorante o es muy cínica y, en cualquiera de los dos casos, no
merece continuar como ministra de Empleo de este país y, si no, rectifique sus afirmaciones, por favor. (Aplausos).
Termino. Creo que he justificado suficientemente por qué le he dado a este decreto-ley el calificativo de cínico, pero es que además es cínico por muchas otras cosas. ¿Dónde está la famosa cláusula Telefónica? Estuvieron ustedes
cacareando durante meses y meses el año pasado que iban a poner en vereda a las grandes empresas que despedían a los trabajadores mayores y pusieron la cláusula Telefónica. ¿Me puede usted decir que han cobrado la Seguridad Social de Telefónica?
Yo se lo diré, nada, ni un euro, y de algunas de las otras empresas tampoco. Y antes de que empiecen a pagar las famosas empresas a las que ustedes iban a poner en vereda modifican el decreto-ley para perdonarles en algunos casos esa cotización que
sí tienen que pagar al sistema. Son ustedes...
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Señoría, debe concluir, por favor.
El señor COSCUBIELA CONESA: Termino, señor presidente.
Son ustedes muy sensibles ante las movilizaciones sociales y las presiones de las personas desahuciadas y, en cambio, son muy susceptibles de influenciar por los grandes lobbies, supongo que porque eso se hace en la clandestinidad. Usted
hoy nos viene aquí con una propuesta que está hecha al dictado de grandes empresas como Telefónica, que es al dictado del que ustedes gobiernan.
Por último, señora ministra, lo cierto es que el cinismo llega hasta el título de este real decreto-ley. Estamos acostumbrados a que ustedes utilicen el eufemismo y la neolengua, pero llamarle a este decreto-ley decreto-ley para favorecer
la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, es eso, mucho, mucho cinismo. Le propongo que al menos nos acepte un cambio. Llámele decreto-ley para promover activamente el empobrecimiento
de los pensionistas, es más ajustado ese título al contenido que nos ha estado ofreciendo. Señora ministra, usted tiene derecho a justificar su política, sin duda, pero lo que no puede hacer es venir aquí día sí, día no a traernos propuestas que
además de recortar derechos engañan a la gente y usted lo sabe, eso no creo que se lo merezcan las personas víctimas de sus políticas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Barrero López): Muchas gracias, señor Coscubiela.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
He de empezar afirmando que mi grupo respeta el gesto del señor Tardà hoy en la tribuna, porque expresa lo que hoy es el sentido común de buena parte de la sociedad catalana en el tratamiento que las principales instituciones del Estado dan
a la cuestión lingüística, en esta Cámara y también con las sentencias de los tribunales en relación con la inmersión; por tanto, insisto, respetamos ese gesto entendiendo que nuestra obligación hoy en este debate es posicionarnos en relación con
un real decreto de una importancia muy evidente.
Señora ministra -ya lo anunciamos- esta vez Convergència i Unió no va a votar favorablemente este real decreto, no vamos a apoyar con nuestros votos esta reforma de las pensiones. Al menos, desde 1995 hasta donde yo puedo llegar en mi
memoria, Convergència i Unió ha participado activamente en las reformas de pensiones que se han producido en España. Estamos convencidos de que el reto demográfico, las transformaciones en el mundo del trabajo, los nuevos estilos de vida de los
ciudadanos, la competencia global a la que están sometidas nuestras economías obligan a un esfuerzo permanente de reformas. Y de la mano de Miquel Roca, de Francesc Homs y de Rafael Hinojosa, diputados durante buena parte de las décadas de los
ochenta y los noventa, propusimos, cuando gobernaba el PSOE, un instrumento de concertación política y social para garantizar el futuro de las pensiones. En desarrollo de ese instrumento, que fue el Pacto de Toledo, hemos participado activamente en
todas y cada una de esas reformas, e incluso en aquella que fue aprobada en la pasada legislatura; en un contexto política, económica y socialmente extremadamente difícil primó nuestro sentido de la responsabilidad que no el ventajismo político en
el corto plazo, y no todo el mundo en la Cámara puede afirmar con esta contundencia una actitud parecida a la mantenida por Convergència i Unió. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Precisamente, desde la legitimidad que tenemos de haber
participado en estas reformas, hoy no podemos apoyar la reforma que ustedes nos proponen. Nos parece que su propuesta es innecesaria e injusta. Intentaré explicarlo. Si me permiten decirlo, además nos parece que es un grave error confundir los
problemas que hoy tiene nuestro sistema público de pensiones, que no son tanto fruto del impacto de la demografía sino del impacto de la crisis y de la destrucción de empleo, y las respuestas que se necesitan en el medio y largo plazo no pueden
estar tan condicionadas por las urgencias de la situación económica que vive España. Las respuestas que se deben dar en el corto plazo para garantizar la fortaleza del sistema de pensiones tienen que ver con una política económica orientada al
crecimiento y a la creación de empleo. Hoy la demografía en 2013 no es nuestro reto, lo va ser a medio y largo plazo.
Les decía que esta reforma es injusta en la medida en que va a castigar a los trabajadores de más edad que son despedidos llegando a los 60 años, con más de 50 años, y que no vuelven a encontrar trabajo. Con las reformas que ustedes hoy
están proponiendo a la Cámara van a castigar a esos trabajadores de manera dura, porque además no han desarrollado ninguna de las políticas públicas que la Comisión Europea les viene exigiendo precisamente para facilitar la permanencia activa de
estos
trabajadores en el mercado de trabajo, para acompañarles en el supuesto de que pierdan el desempleo y para reciclarles profesionalmente mientras están trabajando y mientras están activos.
Con nuestra colega, la señora Riera, hace quince días nos reuníamos con un grupo de trabajadores de la antigua Pegaso, trabajadores que vieron sus fábricas cerradas en Cataluña hace un par de años, hombres de 54 y de 55 años trabajando toda
la vida en el sector de la automoción, hombres que hoy ven agotada su prestación por desempleo y que, a pesar de los esfuerzos de recolocación que se han hecho por parte del sector público y del sector privado, no tienen manera de encontrar empleo.
Son hombres con cargas familiares, con hijos jóvenes en sus familias y con hijos jóvenes desempleados. A ese colectivo de mayores de 50 años el Gobierno, más allá de esta reforma que les va a castigar, no les ha ofrecido ninguna política pública.
Y esos trabajadores nos ponen de manifiesto que en nuestro mercado de trabajo existe una grave discriminación para un desempleado mayor de 53, de 54 y de 55 años, porque a menudo en las ofertas de trabajo que aparecen a través de las ETT, a través
de los servicios públicos de empleo, a través de las empresas de recolocación, a través de los anuncios en los medios de comunicación, cuando el que ofrece el empleo observa que el demandante es un hombre mayor de 53 o de 54 años ni se le llega a
entrevistar. En nuestro mercado de trabajo los mayores de 50 años padecen una grave discriminación. Por tanto, penalizar a ese colectivo que no tiene oportunidades de encontrar empleo con el régimen existente de las jubilaciones anticipadas, nos
parece injusto y, si me lo permiten, cruel. Les he de recordar una cifra. En el tercer trimestre de 2007 había 131.000 desempleados mayores de 51 años. A finales de 2012, 530.000. El paro de larga duración está castigando a los trabajadores de
más edad. Y en este contexto, en este real decreto que llevan a convalidación, limitan el acceso al subsidio de estos mayores de 55 años. Entiendo que algunos portavoces hayan utilizado algunos adjetivos quizá excesivamente duros, porque a esos
trabajadores despedidos, a esos trabajadores con cargas familiares, a esos trabajadores que no tienen oportunidad de crear empleo, ante una ausencia de política pública que les acompañe, ante un mercado de trabajo que no les ofrece oportunidades,
ustedes les recortan el mínimo subsidio que les permite acompañar su recorrido vital en este contexto. Nos parece cruel en concreto esa modificación de la protección social a los mayores de 55 años.
Les decía que es innecesaria porque en 2011, no sin su apoyo, y efectivamente, ejerciendo en solitario con el Gobierno socialista nuestra responsabilidad, propusimos y aprobamos una reforma que, señorías, endurecía las condiciones de la
jubilación anticipada y las de la jubilación parcial, pactada con los sindicatos y la patronal, pero las endurecía. Señorías, ustedes hoy pretenden que aprobemos una modificación de aquella reforma que no ha podido entrar en vigor y que no sabemos
si hubiese producido los efectos que quienes la apoyamos en su momento creíamos que iba a producir. Porque, señorías, se afirma, a veces de una manera excesivamente escandalosa, que tenemos un problema con relación a las jubilaciones anticipadas.
Efectivamente, lo tenemos, pero si ustedes observan la evolución, al menos desde 2005, las jubilaciones anticipadas en términos porcentuales no están creciendo; es más, lentamente van disminuyendo. La respuesta quizá no está tanto en dar más palo
a la gente, sino en introducir mayor zanahoria, mayores estímulos para que la gente continúe en el mercado de trabajo. En este sentido, ustedes introducen en su reforma una cuestión que defendimos con el señor Burgos en las recomendaciones del
Pacto de Toledo, la compatibilidad entre pensión y trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia. Va en la buena dirección, conceptualmente no nos oponemos a ello. Somos conscientes de que hoy va a ayudar a relativamente poca gente y a las personas
que tienen más oportunidades de no vivir esa discriminación, pero ese incentivo es claramente insuficiente, no es un incentivo que compense el palo que introduce este real decreto. Eso sin olvidar que trabajadores públicos y trabajadores autónomos
continúan sin ver desarrolladas las opciones de su jubilación anticipada, como mandatan el Pacto de Toledo y la Ley 27/2011, y que continuamos sin desarrollar una nueva configuración de aquellas profesiones que exigirían también coeficientes
reductores menores en función precisamente de sus actividades. Continúa pendiente, tampoco han desarrollado esas cuestiones.
Finalmente -y termino, señor presidente-, a pesar de todo, mi grupo se resiste a pensar que el Pacto de Toledo esté condenado a morir. Nos resistimos a pensarlo, quizá porque modestamente nos sentimos padres de este instrumento que ha
permitido más de quince años de reformas consensuadas, continuadas y eficaces, que permiten hoy algunos de los éxitos que la ministra puede atribuirse, que responden a esa lógica iniciada gobernando el PSOE, gobernando el PP, con el apoyo de
Convergència i Unió.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, le ruego que vaya terminando.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Ahora mismo, señor presidente.
Le ruego dos cuestiones. Tramiten este real decreto como proyecto de ley para permitir en el trámite parlamentario encontrar el consenso que hoy no existe, y cuando pongan en marcha el factor de sostenibilidad, sepan que la complejidad
técnica y política de dicho factor exige sí o sí el consenso. No será creíble la introducción de un factor de sostenibilidad sin acuerdo en la Cámara y con los agentes sociales, que dé fortaleza y certidumbre a esta política.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
Señora ministra de Empleo.
La señora ministra de EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Señor presidente, intervengo solo para agradecer las intervenciones de los señores diputados e invitarles a trabajar juntos, ya que, como ha dicho más de un portavoz, los retos
que tenemos por delante son muy importantes. En el desarrollo y el diseño del factor de sostenibilidad, así como en la nueva regulación del cómputo del trabajo a tiempo parcial -dos retos importantes para el sistema de pensiones a medio y largo
plazo- debemos trabajar juntos en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo. Espero de todos ese diálogo constructivo.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra de Empleo y Seguridad Social. (El señor Coscubiela Conesa pide la palabra).
Señor Coscubiela, las palabras de la ministra están perfectamente medidas para que nadie pueda decir que ha comenzado un debate. Ha agradecido la presencia de los grupos y no tiene ninguna razón de ser ahora la intervención de ningún grupo.
El señor COSCUBIELA CONESA: ¿No debatimos entonces? (Varios señores diputados: No.-El señor Hernando Fraile: No ha abierto el debate).
El señor PRESIDENTE: No, en este punto ha habido ya un debate entre el grupo que estaba en contra del proyecto y a favor del mismo, y luego la fijación de posiciones que ha sido, estoy convencido, de lo más dispar, desde los que estaban
algo a favor, a totalmente a favor y nada a favor. Una vez terminado ese debate, la ministra, en un gesto que le honra, agradece a todos su participación -algunos totalmente contrarios a su proyecto y otros a favor-, pero no da lugar a que se abra
ningún debate. Por tanto, no hay debate de ningún tipo.
- REAL DECRETO-LEY 6/2013, DE 22 DE MARZO, DE PROTECCIÓN A LOS TITULARES DE DETERMINADOS PRODUCTOS DE AHORRO E INVERSIÓN Y OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER FINANCIERO. (Número de expediente 130/000036).
El señor PRESIDENTE: Comenzamos ahora el debate sobre la convalidación del Real Decreto-ley 6/2013, de 22 marzo, de protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero. Para
presentarlo en nombre del Gobierno, tiene la palabra señor ministro de Economía y Competitividad.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Gracias, señor presidente.
Señorías, tengo el honor de comparecer hoy en el Pleno del Congreso de los Diputados para defender y solicitar el apoyo para la convalidación del Real Decreto-ley 6/2013, de protección a los titulares de determinados productos de ahorro e
inversión y otras medidas de carácter financiero, aprobado el pasado viernes, 22 de marzo, por el Consejo de Ministros. Con la aprobación de este real decreto-ley el Gobierno da un paso más en el conjunto de iniciativas que ha adoptado desde el
inicio de la legislatura para proteger a los pequeños ahorradores que han sufrido la mala comercialización de unos productos de inversión de gran complejidad. Como saben, la venta de participaciones preferentes y deuda subordinada entre inversores
minoristas se realizaron de forma masiva entre los años 2008 y 2009. Durante este periodo se emitió más del 75 % del volumen total del saldo vivo de estos productos. Destaca sobre todo el caso de BFA-Bankia, donde el 82 % del saldo vivo actual
procede de emisiones del año 2009. Señorías, la comercialización se realizó sin las precauciones debidas para un tipo de productos que, por su complejidad, no deberían haberse
distribuido entre ahorradores y pequeños inversores, ya que estaban destinados fundamentalmente a inversores institucionales. Desde el primer momento el Gobierno ha buscado fórmulas que compatibilicen la compensación a los afectados por
esta comercialización con la normativa comunitaria de ayudas de Estado, los planes de reestructuración y resolución de las entidades financieras aprobados por la Comisión Europea y el respecto al principio de reducir el coste para el contribuyente.
Señorías, el Gobierno ha heredado este problema; sin embargo, somos muy conscientes de las consecuencias que ha tenido para miles de ahorradores. Por eso, hemos hecho frente a esta realidad desde el primer momento, actuando en dos
direcciones. En primer lugar, hemos aprobado una batería de medidas destinadas a evitar que situaciones similares se vuelvan a reproducir en el futuro. En segundo lugar, hemos puesto encima de la mesa soluciones reales y efectivas para los
pequeños inversores atrapados por las preferentes en las entidades nacionalizadas. Concretamente este real decreto-ley que hoy convalidamos recoge dos medidas en las que más adelante me detendré.
Señorías, empezaré primero por las soluciones adoptadas por el Gobierno para evitar que situaciones similares a las que hoy nos reúnen aquí se repitan en el futuro. Para ello, hemos modificado el marco normativo en tres sentidos: en primer
lugar, restringiendo la comercialización de estos instrumentos híbridos de capital aumentando los niveles de inversión mínima para que no se pueda comercializar entre minoristas; en segundo lugar, aumentando la transparencia en la comercialización
de estos títulos de manera que si un inversor no profesional desea adquirir este producto, debe firmar de su puño y letra un documento donde reconozca su voluntad de adquirirlo bajo su propia responsabilidad; y, en tercer lugar, intensificando los
poderes de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en relación con la comercialización de productos de inversión especialmente complejos. Como saben, estas reformas fueron aprobadas en un real decreto-ley que se convalidó por esta Cámara el
pasado mes de septiembre y al que se opusieron -lamento recordárselo- algunos de los grupos parlamentarios que con más contundencia exigen hoy cambios legislativos en defensa de los afectados por los productos híbridos. Señorías, si estas
modificaciones se hubieran adoptado hace años, hoy no tendríamos a más de 300.000 ahorradores con inversiones en estos productos complejos. Les citaré solo un ejemplo: el 60 % de estos inversores -más de 200.000- corresponden a Bankia, una entidad
que emitió el 82 % del saldo vivo actual de sus preferentes en el año 2009, como les acabo de indicar. No creamos el problema, señorías, pero estamos trabajando para darle una solución. Ha sido voluntad de este Gobierno el impulso de unos
procedimientos de arbitraje para dirimir las controversias derivadas de la comercialización de participaciones preferentes y deuda subordinada. La vía arbitral se está aplicando desde hace meses en Novacaixagalicia y Catalunya Banc, y comenzará de
forma inminente en Bankia, todas ellas entidades participadas mayoritariamente por el FROB.
El sistema arbitral de consumo es una solución extrajudicial y voluntaria para la resolución de conflictos con carácter vinculante y ejecutivo para las partes. Mediante unos criterios objetivos establecidos por expertos independientes, las
partes afectadas acuden a un tribunal de arbitraje que dicta una solución satisfactoria para ambas. Consideramos que es una vía rápida, eficaz y menos costosa que un procedimiento judicial. Se trata de un nuevo canal más sencillo y rápido para
resolver el litigio con las entidades que comercializaron estos productos. Como ustedes conocen, el procedimiento de arbitraje de consumo es gratuito debido a la inexistencia de tasas, es más sencillo puesto que evita el formalismo y la complejidad
de los procedimientos judiciales y es más rápido ya que establece un periodo máximo de seis meses desde el inicio del procedimiento arbitral para la resolución de la controversia. Asimismo, se trata de un procedimiento especializado en el que el
árbitro es elegido por la Junta Nacional de Consumo. Es, por lo tanto, un experto con especial sensibilidad y conocimiento de los problemas que afectan a los consumidores.
Señorías, el ejemplo más evidente de que la vía arbitral ha supuesto una solución efectiva para miles de ahorradores afectados por la mala comercialización lo tenemos en las siguientes cifras. Más de 16.000 casos en Novacaixagalicia y casi
10.000 en Catalunya Banc han sido resueltos y los ahorradores han podido recuperar su dinero. Como ven, son unos resultados positivos; el arbitraje ofrece una solución inmediata y a unos costes asequibles para los ahorradores, que evitan así tener
que emprender un proceso judicial largo y costoso. Huelga decir que este sistema de arbitraje seguirá abierto hasta que se consigan analizar todos los casos de ahorradores que opten por esta vía. En el caso concreto de Bankia, y como ya anuncié en
la Comisión de Economía de esta Cámara el pasado 12 de marzo, el FROB ha dado instrucciones para que comiencen los procedimientos de arbitraje en los próximos días; todo ello, por supuesto, está supeditado al cumplimiento de los trámites que
prescribe el real decreto-ley que hoy les
presento en materia de constitución de la comisión de seguimiento de los arbitrajes y de las tareas que le son encomendadas, a los que me referiré más adelante. Bankia es la cuarta entidad española en volumen y, como saben, su presencia se
extiende por toda la geografía nacional. Por eso se ha decidido que sea el Instituto Nacional de Consumo, y no los institutos autonómicos, el encargado de llevar a cabo el sistema de arbitraje. En el caso de Bankia también se incluirá en el
proceso a aquellos preferentistas que acudieron al canje de participaciones preferentes, como fue el caso de Caixa Laietana, por acciones a principio del año 2012, a pesar de que estos canjes tuvieron el visto bueno -le recuerdo- del Banco de España
y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Aquí, como todos sabemos, se produjo en determinadas circunscripciones, en determinadas ciudades, como es el caso de Mataró, una concentración importante desde el punto de vista del canje de estas
preferentes por acciones. En cualquier caso, confiamos en que la vía arbitral en Bankia tenga una buena implementación y arroje resultados similares a los conseguidos en Novacaixagalicia y Catalunya Banc, donde la mayoría de los laudos están siendo
favorables para los ahorradores.
Señorías, todas estas medidas que les he detallado se han completado con el Real Decreto-ley de protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero aprobadas por el Consejo de
Ministros del pasado 22 de marzo y que hoy forman parte de la convalidación de este real decreto-ley. Esta norma contiene dos medidas fundamentales: en primer lugar, se crea una comisión de seguimiento al más alto nivel, que estará presidida por
la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y cuya vicepresidencia corresponde al subgobernador del Banco de España. Puedo avanzarles ya que su primera reunión tendrá lugar el próximo miércoles, 17 de abril. La citada comisión
tendrá como principales propósitos los siguientes: establecer las directrices de la ejecución de los procedimientos de arbitraje y hacer un seguimiento de los problemas sociales derivados de la comercialización de las participaciones preferentes y
otros instrumentos híbridos de capital. La comisión de seguimiento estará compuesta por todos los organismos relacionados con la comercialización de esos productos para que sea un órgano transparente, eficaz y solvente. Además de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores y del Banco de España, estarán presentes la Secretaría General de Sanidad y Consumo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el secretario general del Tesoro y Política Financiera y la presidenta del
Consejo de Consumidores y Usuarios. Asimismo, la comisión invitará a participar en sus reuniones a los representantes designados por las autoridades de consumo de las comunidades autónomas y del Instituto Nacional de Consumo que bien hayan
intervenido o bien vayan a intervenir en los procedimientos de resolución de las reclamaciones. La comisión estará asistida por un secretario que será designado por la comisión nacional. Señorías, el Gobierno no pretende crear un órgano más sino
que persigue que esta comisión actúe como un verdadero organismo supervisor que ejerza un auténtico control de manera transparente y eficaz y, por eso, entre las funciones que se le han encomendado a esta comisión están las siguientes: En primer
lugar, analizar las causas que generan las reclamaciones judiciales y extrajudiciales relativas a la comercialización de instrumentos híbridos de las entidades controladas por el FROB; en segundo lugar y como muestra de que queremos que sea un
órgano transparente, tendrá que informar de dichos procedimientos a esta Cámara trimestralmente, y en tercer lugar, tendrá que elevar propuestas de mejora para la protección del inversor en la comercialización de este tipo de productos.
Me gustaría destacarles, señorías, como uno de los objetivos fundamentales de esta comisión, la elaboración de los criterios básicos que tendrán que emplear las entidades participadas por el FROB para someter a arbitraje las controversias
que hayan surgido en relación con este tipo de comercialización. Señorías, en este sentido les puedo anunciar que habrá un procedimiento rápido para aquellos colectivos especialmente vulnerables a los cuales se les dará prioridad. La comisión está
trabajando ya en estos criterios, que tendrán en cuenta los siguientes factores: En primer lugar, los afectados que tengan un menor nivel de ingresos; en segundo lugar, los que tuvieran una edad avanzada en el momento de la contratación; en
tercer lugar, los que tengan especiales cargas familiares; en cuarto lugar, los que carecieren de experiencia o formación financiera y, por último, entre otros, aquellos que tengan una mayor proporción de sus ahorros invertidos en este tipo de
productos. Estos parámetros, así como los criterios generales a seguir, que podrán ser revisados trimestralmente, se fijarán en la reunión constitutiva de la comisión de arbitraje que, como ya he indicado, tiene lugar el día 17 próximo.
Señorías, paso ahora a detallarles la segunda medida de este real decreto-ley. Se trata de hacer las modificaciones legislativas necesarias para que el Fondo de garantía de depósitos pueda adquirir las acciones que se obtengan del canje de
las dos entidades que han recibido ayudas públicas y que no
cotizan en Bolsa. De esta manera, será el Fondo de garantía de depósitos -que, como saben, se nutre de las aportaciones de las entidades bancarias- quien dé liquidez a los tenedores de preferentes. Como saben, dentro del marco de la
reforma y recapitalización del sistema financiero español -basada en los planes de reestructuración y resolución aprobados por la Comisión Europea- se va a proceder a un ejercicio de canje de instrumentos de deuda subordinada y participaciones
preferentes por capital de las entidades que han recibido ayudas públicas. Es imprescindible dotar de liquidez a las acciones de entidades ya saneadas que estos tenedores recibirán dentro del ejercicio de canje de los instrumentos híbridos de
capital. En el caso de Bankia, que cotiza en Bolsa, las acciones son líquidas y no es preciso acudir al mecanismo extraordinario de liquidez que establece este real decreto-ley. Sin embargo, en la medida en que algunas de estas entidades no
cotizan en un mercado oficial -como es el caso de Novacaixagalicia y Catalunya Banc-, la falta de liquidez suficiente de sus títulos comporta una dificultad para los clientes minoristas. Por lo tanto, el Gobierno ha aprobado otorgar al Fondo de
garantía de depósitos la capacidad legal de poder adquirir esas acciones no cotizadas que resulten de la conversión de preferentes. A su vez, el Fondo de garantía de depósitos volverá a hacer una valoración para establecer el precio al que se
comprarán dichas acciones. Esta ampliación de funciones del Fondo de garantía de depósitos no puede lograrse sin deteriorar su posición financiera. Por esta razón y en garantía de los depositantes, el Gobierno ha decidido que las entidades de
crédito realicen una contribución especial de un 3 de los depósitos computables. Esta carga supone una cantidad que oscilará entre 1.500 y 2.000 millones. Insisto, se trata, señorías, de implicar a las entidades para que formen parte de la
solución. Si bien es cierto que esta derrama añadida supone en el corto plazo un esfuerzo adicional, estamos convencidos de que en el medio plazo redundará en una mejora de la percepción de las instituciones financieras.
Señorías, el Gobierno ha establecido que esta contribución especial de un 3 se articule en dos fases lo largo de los próximos años: Una primera, en la que se abonará el 40 % de esta derrama extraordinaria y que tendrá lugar en los
primeros veinte días del año 2014, y una segunda fase, que comprenderá el 60 % restante, que se abonará a partir del año 2014 en un plazo máximo de siete años, de acuerdo con el calendario de pago que fije la comisión rectora del fondo. En relación
con el primer tramo, se ha establecido que la comisión gestora del fondo pueda acordar una serie de deducciones. Por ejemplo, en primer lugar, eximir a las entidades participadas mayoritariamente por el FROB. En segundo lugar, reducir las
aportaciones que realicen las entidades de menos de 5.000 millones de euros de balance. O finalmente, deducir un máximo del 30 % de las aportaciones que las entidades hayan realizado al Sareb.
Por último, el real decreto-ley incluye un conjunto de medidas técnicas que les apuntaré brevemente. Como saben sus señorías, el Gobierno puso en marcha el Fondo social de viviendas en alquiler para personas afectadas por los desahucios,
que puedo anunciarles que ha comenzado ya a recibir las primeras solicitudes de viviendas y se están produciendo las primeras adjudicaciones. Con este real decreto-ley se exige y habilita a los servicios de atención al cliente y a los defensores
del cliente en las instituciones de crédito a que atiendan las reclamaciones relacionadas con los compromisos suscritos por las entidades en relación con este fondo de viviendas. En segundo lugar, para cumplir con el perfeccionamiento del registro
público de créditos impuestos por el MOU; se mejorará la obtención de información relevante que las entidades de crédito deben declarar a la central de información de riesgos del Banco de España. En tercer lugar, se permite a las entidades
aseguradoras españolas que puedan competir en igualdad de condiciones con los otros Estados miembros, los cuales pueden utilizar a las agencias de suscripción en la mediación de seguros. Se satisface así una clásica reivindicación del sector. En
cuarto lugar, se completa el régimen de transmisión de activos a la Sareb a efectos de que pueda desarrollar de forma eficaz las funciones que tiene encomendadas. Se clarifica la situación en la que quedaría la Sareb en el caso de que una entidad
financiera que le haya transmitido activos entre en concurso de acreedores. Por último, y al igual que el resto de nuestros socios europeos, se dota al ministro de Economía y Competitividad de la potestad de adoptar determinadas exenciones en el
marco de la iniciativa europea para unificar el régimen de transferencias bancarias a la Unión Europea.
En definitiva, señorías, con este real decreto-ley el Gobierno habilita una vía rápida y sencilla, que tiene como prioridad aquellos ahorradores en circunstancias más vulnerables, bien por su situación familiar o económica. Les reitero que
este es el primer Gobierno que ha adoptado medidas concretas, transparentes y rigurosas para paliar las consecuencias de una mala comercialización y para evitar que estas situaciones vuelvan a suceder en el futuro. En primer lugar, hemos limitado
la comercialización de estos productos, hemos aportado más transparencia y hemos intensificado los poderes de control de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores. En segundo lugar, hemos impulsado procedimientos de arbitraje para determinar de forma más sencilla y eficaz los casos en los que ha habido una mala práctica en la actuación de las entidades
financieras. Hemos creado a su vez una comisión de seguimiento del más alto nivel para controlar y coordinar estos procedimientos de arbitraje. En tercer lugar, hemos creado un instrumento para dar liquidez a los preferentistas sin coste para el
contribuyente. Señorías, este es el Gobierno que más ha hecho por los ahorradores, por los afectados por desahucios, por los hipotecados, por los colectivos en situaciones más vulnerables, porque desde el primer momento hemos tomado medidas para
mejorar la solvencia, la liquidez y generar confianza en el sistema financiero español, protegiendo de esta forma a millones de ahorradores. Solamente durante el año 2012 les recuerdo que hemos limitado las remuneraciones de los directivos de las
entidades con ayudas; hemos exigido un aumento de las provisiones de los riesgos ligados a sector promotor por 63.500 millones de euros, que lógicamente ha tenido un impacto en los beneficios declarados de estas instituciones; hemos establecido
normas que han llevado a una recapitalización de las entidades por un importe de 53.700 millones de euros; hemos modificado la legislación para proteger a los deudores hipotecarios, paralizando los desahucios, limitando los intereses de demora,
poniendo coto a las cláusulas abusivas, creando un fondo social de casi 6.000 viviendas de alquiler a precios muy asequibles y aprobando un código de buenas prácticas que ha posibilitado la reestructuración de la deuda hipotecaria y la dación en
pago para muchas familias. Estas medidas para las que hoy pedimos aquí la convalidación, se suman a todas las acciones que ha llevado a cabo este Gobierno en materia de protección de ahorradores y tenedores de preferentes que les acabo de relatar.
Señorías, por todo lo anteriormente expuesto, solicito su voto favorable en la convalidación de este real decreto-ley. Hoy tienen ustedes una nueva oportunidad para poner en valor su coherencia votando a favor de las medidas contenidas en
esta norma con la que estamos dando solución real a un problema que, aunque generado en el pasado, subsiste a día de hoy.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Economía y Competitividad.
En relación con este real decreto-ley ha solicitado utilizar el turno en contra el Grupo Socialista y, en su representación, tiene la palabra el señor Hurtado.
El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente.
En primer lugar, quiero tener unas palabras de apoyo y de compromiso con las más de 300.000 personas y familias que siguen en el infierno de las preferentes, familias que están atrapadas y familias que se manifiestan libremente y de forma
pacífica para defender su derecho y, sobre todo, para que se haga justicia en este país. Quiero hacer un primer llamamiento al señor ministro y al Gobierno, y es que se pida a la delegada del Gobierno en Madrid que deje de poner multas de 500 euros
(Muestra un documento) a las personas que se manifiestan pacíficamente. (Muestra una foto). Voy a poner un simple ejemplo. A estas personas que se manifiestan pacíficamente se les están poniendo denuncias de 500 euros, una forma más de intimidar
a los que se manifiestan libremente en defensa de unos derechos y de forma claramente pacífica. Señor ministro, le invito a que se eliminen estas sanciones y no se vuelva a repetir. Sería un gesto por su parte. En segundo lugar, voy a
transmitirles lo que me manifestaba una de estas personas, en la calle Alcalá, 1, donde se manifiestan todos los jueves, además de en gran parte de todos los territorios españoles. Me decía que no entendía cómo los políticos estamos admitiendo en
este país que los bancos estén robando a los pensionistas sus ahorros y que a sus hijos les estén quitando las viviendas. Esa manifestación, muy profunda, de gente del pueblo que ha sido engañada tiene gran parte de razón, y nosotros tenemos que
evitar eso que se está produciendo.
Señor ministro, para venir hoy aquí he estado viendo unas veinte sentencias judiciales favorables a estas personas, nunca con la intención de encontrarme lo que me he encontrado, que lo debe conocer la Cámara, señor ministro, porque para mí
ha sido una sorpresa, se lo digo desde la más absoluta sinceridad, y mi objetivo era otro bien distinto. De las veinte que he visto, me he encontrado con que un tercio de ellas son justamente sentencias favorables de la comercialización de
preferentes de Lehman Brothers, señor ministro; participaciones comercializadas a través de otras entidades, emitidas por Lehman Brothers y comercializadas durante los años 2006 a 2008, siendo usted presidente ejecutivo de Lehman Brothers para
España y Portugal. ¿Qué le quiero decir con eso, señor ministro? Que usted no está legitimado para hablar de herencia, porque usted ha sido parte del sistema financiero y ha sido parte de los causantes. Le voy a decir más. Estoy seguro que usted
ha leído el informe del Defensor del Pueblo. Y, ¿sabe lo que dice
una de las anotaciones del Defensor del Pueblo? Que en el año 2002, siendo usted secretario de Estado de Economía, el informe del Banco de España sobre estabilidad financiera advertía, en primer lugar, que las entidades bancarias tenían un
peso muy elevado de participaciones preferentes en sus recursos propios y advertía, en segundo lugar, que la comercialización estaba siendo inadecuada, señor ministro. Ese informe le llegó a usted, pero usted en el año 2003 adoptó una medida, no
para evitar lo que le estaba informando el Banco de España; la medida que adoptó fue justamente la contraria, desgravaciones fiscales a la emisión de participaciones preferentes en este país. Por tanto, señor ministro, usted no está legitimado, se
lo digo con toda sinceridad.
He sacado una serie de conclusiones del análisis de esta sentencia, que es a lo que iba. ¿Cuáles son los fundamentos de derecho que está utilizando la justicia para devolver sus ahorros a estas personas? Llego a dos conclusiones por los
fundamentos de la propia sentencia. La primera es que los jueces dicen que las participaciones preferentes son productos financieros unidos al rendimiento y a la rentabilidad de entidades bancarias, y el falseamiento de los datos contables de estas
entidades bancarias son razones suficientes para decir que han sido claramente estafados, engañados, señor ministro. ¿O es que Lehman Brothers había informado de su situación real? Si Lehman Brothers hubiese informado de su situación real de 2006
a 2008, no hubiera comercializado ningún título. ¿Es que el falseamiento de la información de Bankia, cuando un auditor se niega a firmar la auditoría que daba beneficios de 300 millones y al final tenía perdidas de 3.000 millones, no era una
información clave para que, no ya los ahorradores sino los inversores, adquiriesen este tipo de títulos? Pues claro que sí. Son engaños; engaños que definen el fracaso de una inversión de hasta más de un millón de personas.
Hay una segunda razón: una comercialización fraudulenta. Se ha colocado estos productos a ahorradores, no a inversores. Estas sentencias también son una razón de peso. ¿Qué le quiero decir, señor ministro? Que si unimos al engaño de los
inversores, como consecuencia del falseamiento de las cifras, el engaño en la comercialización, ha sido una estafa generalizada, que técnicamente se llama estafa estructural o estafa masa. Acorde con estas circunstancias tenemos que actuar. No
podemos venir aquí a ofrecer migajas cuando lo que hacen falta son dos panes, señor ministro. Hace falta una solución, pero la que usted trae no es real ni justa. Señor ministro, pido que reconsidere su posición. Desde luego, nosotros estamos
dispuestos, pero no con las premisas y con lo que usted trae hoy aquí.
Usted trae un real decreto que crea una herramienta; es como un bisturí, que se puede utilizar para matar o para salvar vidas. Usted trae una comisión de seguimiento como herramienta, pero mejor sería que la herramienta fuese KPMG para el
caso de Bankia. Usted no trae una solución real, porque a la par que aprueba este real decreto el famoso viernes de Dolores aprueba una resolución el FROB, que es determinante y afecta a estas personas porque significa, en primer lugar, un canje
obligatorio en acciones, señor ministro. El Grupo Parlamentario Socialista jamás va a admitir un canje obligatorio en acciones, y ustedes es lo primero que van a llevar a cabo. Me voy a remitir otra vez al informe del Defensor del Pueblo que dice
que cualquier canje u oferta que se haga a las personas engañadas nunca sea en productos que signifiquen riesgo. Las acciones significan riesgo; una liquidez inmediata pero a costa de muchísimos riesgos, señor ministro. No le hace usted caso
tampoco al propio Defensor del Pueblo. También existen quitas, de las que usted no habla, y que son sustanciales. Una primera quita es la que ustedes van a hacer en las nacionalizadas de forma obligatoria con el canje automático; un canje que va
a significar una quita del 38 % al 61 %, dependiendo de la entidad. No se escude usted en Bruselas, porque es una decisión de este Gobierno; ha sido negociado en Bruselas, pero es una decisión de este Gobierno. Esa va a ser una primera quita. Va
a haber una segunda quita, que será cuando estos señores vayan a Bolsa con sus acciones, si son de Bankia, y se desplome la cotización de Bankia. Van a ser muchísimos los que quieran vender esas acciones, porque son ahorradores, no inversores;
porque no les interesa ser titulares de acciones. Van a tener una segunda quita. El mecanismo que usted ha creado del Fondo de garantía de depósitos, también lo dice el real decreto -al que tampoco hace usted mención-, será con un precio que
establecerá un consultor externo y que tendrá en cuenta el precio de referencia de mercado. ¡No se atreve usted a decirlo! ¿Por qué? Porque va a haber una segunda quita también para los titulares de Nova Galicia y para los titulares de Catalunya
Bank; va a haber una segunda quita. Ha habido algo que para nosotros era una condición y que parece ser que ha cambiado usted de opinión. Le he visto negociar con CiU, y ha podido ser la razón. A los cien mil ahorradores -gobernando ustedes,
porque fue en marzo del año 2012, en marzo del año pasado- de Caixa Laietana (Un señor diputado: No, no). de Caja Rioja, de Caja Ávila, de Caja Segovia, de Bancaja, de la Caja Insular de Canarias y de Caja Madrid -los de Caja Madrid fueron a los
únicos que salvaron-, prácticamente, les hicieron ustedes un canje por acciones que
hoy no valen nada más que un céntimo. Nosotros tampoco íbamos a admitir que no se tuviesen en consideración. Nosotros no vamos a admitir la argucia que está utilizando usted con el tema de que sea el Instituto Nacional de Consumo. No
quiere que se le vaya de las manos este proceso; estas migajas no quiere que se le vayan de las manos y quiere controlarlo a través del Instituto Nacional de Consumo. Nosotros le dijimos claramente que debería ser la opción de los propios
afectados dependiendo de su territorio. ¿Por qué no? Dependiendo de la comunidad autónoma hay sistemas de arbitrajes en los distintos territorios. ¿Por qué no podían tener esa posibilidad de elegir su sistema arbitral? Tampoco lo ha aceptado
usted, señor ministro.
Le voy a decir más, nosotros no vamos a aceptar para lo que ha utilizado usted el real decreto, para el Sareb, para adquirir capital del Sareb. Usted sabe que el Sareb puede ser la peor inversión pública que jamás se haya hecho, la peor;
aunque no sea capital mayoritario público puede ser la peor. Sabe usted el poco entusiasmo que tiene entre las entidades bancarias. Le ha costado Dios y ayuda conseguir a usted que inviertan; incluso la segunda más importante de este país se ha
negado, y ahora las castiga usted con las deducciones. Usted sabe que el Sareb va a necesitar una capitalización en poco tiempo, y que esa capitalización no la podría conseguir usted en el mercado y se ha inventado que ahora sea el Fondo de
garantía de depósitos el que lo pueda conseguir. Señor ministro, le ofrecemos la posibilidad de que suspenda la aplicación de este real decreto, pero sobre todo la resolución del FROB; que abordemos esto como un problema de Estado y como una
solución de Estado, señor ministro, en todos los sentidos y en todos los ámbitos. Abordémoslo; que sea como dice la propia Defensora del Pueblo en su informe: que sea determinante lo que diga la Comisión Nacional del Mercado de Valores en este
tema determinante. Que no sean estudios, análisis o estadísticas; que sea determinante. Nosotros le hemos llamado a esto una auditoría de oficio; determinante para ver qué personas han sido engañadas. Además, hay que hacer un canje por
depósitos para que estas personas recuperen sus ahorros y no vuelvan a ser objeto de un engaño, porque esto es un engaño.
Señor ministro, lo que usted nos dice es que el sistema de arbitraje va a significar que estas personas tengan que renunciar a la vía judicial, cuando la vía judicial es la que está poniendo en este país las cosas en su sitio, señor
ministro. Nosotros queremos que haya una intervención mucho más profunda a nivel judicial, y hacemos un llamamiento a los jueces porque van a tener muchísimas demandas de estas personas por la conversión obligatoria en acciones. Va a haber
muchísimas demandas y esperamos que los jueces las atiendan con diligencia y que dicten sentencias como las que hoy le traigo aquí y de las que puede usted disponer. Incluso animamos a que lo que están haciendo los fiscales en Galicia lo hagan
también en Madrid y en otras provincias españolas; que se actúe para denunciar incluso penalmente, señor ministro. Nosotros estamos dispuestos no solamente a solucionar el problema con la financiación que sea necesaria y devolverles los ahorros a
estas personas engañadas sino que exigimos que se depuren responsabilidades. Que aquellos que emitieron títulos ocultando la situación real de sus entidades respondan ante la justicia y aquellos que comercializaron títulos engañando a las personas
que eran clientes de sus sucursales también tienen que asumir sus responsabilidades, y ahí está la justicia. También hacemos un llamamiento a la justicia. Por tanto, señor ministro -insisto-, devuelva este toro a los corrales y sobre todo el
enorme miura que ha significado la resolución del FROB; no oculte esa decisión vergonzante para este país, porque es la decisión que más claramente significa meter la mano en los bolsillos de los ahorradores y significa que en este país...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene que ir terminando.
El señor HURTADO ZURERA: Concluyo, señor presidente.
... muchos de los responsables se han ido con pingües indemnizaciones sin ningún tipo de responsabilidad así como los emisores y los comercializadores. Ahora estas personas van a tener que pagar los desvaríos y los desfalcos provocados por
estos negligentes e irresponsables gestores, pero no lo vamos a admitir. No lo hemos admitido jamás ni lo vamos a admitir ahora.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hurtado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Hurtado, la vaciedad de sus argumentos está a la altura de su estilo personal; eso creo que es algo que conocemos todos. (Aplausos). Usted manipula los datos y generaliza la anécdota. Allá usted con su estilo, señor Hurtado; allá
usted. Simplemente déjeme que le diga una serie de cuestiones que son importantes. En primer lugar, este real decreto-ley incluye básicamente dos normas fundamentales: la creación de una comisión y dotar de liquidez el Fondo de garantía de
depósitos. La comisión, como sabe, porque me parece que estaba presente, es una oferta que hace un compañero suyo, el diputado Valeriano Gómez en la Comisión de Economía (El señor Hurtado hace gestos negativos). Usted dirá que no, pero es así y
así queda registrado en el 'Diario de Sesiones'. (El señor Martínez-Pujalte López: ¡No tiene ni idea!). Le repito que me llama posteriormente, cuando nosotros planteamos el tema del arbitraje de Bankia. Teniendo en cuenta que este es un buen
sistema le pediría un poquito de prudencia en sus aseveraciones sobre el arbitraje, porque le repito que ha sacado a 26.000 personas de la situación de mala práctica. A usted eso le puede parecer poco en su dialéctica parlamentaria, pero ya ha
habido 26.000 personas y va a haber muchísimas más a las que se va a compensar a través del arbitraje. Por tanto, yo sería prudente al respecto. Ya sé que usted no se caracteriza por la prudencia, pero yo, como responsable que soy y que tengo que
responder ante la sociedad española, que le pediría un poquito de prudencia porque es mucha gente y va a ser muchísima más. Señor Hurtado, esta comisión que pactaron con nosotros recogía el espíritu y la letra de lo que se pactó con el Partido
Socialista, y es lo que se refleja en estos momentos en el real decreto-ley. Usted me dirá ahora que no, pero no creo -vuelvo a repetir- que aporte usted la más mínima prueba de que esto no ha sido así. Será su palabra contra la mía -y alguna
tenemos-. Le vuelvo a repetir que lo que pone de manifiesto es la escasa fiabilidad del Grupo Socialista para pactar cuestiones con el Gobierno (Aplausos) y la escasa voluntad de su grupo para llegar a soluciones reales.
Déjeme que le comente algunas cuestiones -después lo puede usted analizar- porque en esto creo que tengo un poquito más de información que usted-. Usted se remonta al año 2002 o al 2003; le voy a explicar una cuestión. El problema de las
preferentes no es el producto en sí mismo, señor Hurtado. Las preferentes son un producto como otro cualquiera, un producto híbrido entre la renta fija y la renta variable con unas características específicas. El problema de las preferentes, señor
Hurtado, cuando usted habla de esa modificación del 2003, es lo que se hizo. ¿Sabe lo que se hizo allí? Esas participaciones preferentes, que se estaban emitiendo para clientes institucionales por parte de los bancos de todo el mundo y de algunas
empresas que no eran bancarias, en España se tenían que hacer a través de paraísos fiscales, y lo que hizo la normativa fue modificarlo y se dijo que se podían emitir en España. El problema no es la participación preferente, señoría, el problema es
la comercialización de la participación preferente a quien no se debe. (Varios señores diputados: ¡Ahí, ahí!-Rumores.-Aplausos). Es como si yo le vendo acciones de un valor especulativo a un señor de ochenta años. Ese es el problema, no se puede
hacer así. Hay una cuestión, señor Hurtado, que seguro que usted conoce, pero se lo recuerdo por si acaso: todo producto financiero tiene dos componentes, riesgo y rentabilidad. Evidentemente, riesgo y rentabilidad van en la misma dirección, y
eso es lo que se tiene que tener en cuenta. El problema, vuelvo a repetir, no es la preferente en sí misma; preferentes se han emitido en todas las partes del mundo, en todas las entidades financieras del mundo, pero lo que se ha hecho mal en
España es que en el año 2008 y 2009 se comercializaban masivamente, con el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. (Aplausos). Esa es la cuestión, con el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Vuelvo a
repetirle, si el problema son las preferentes de Lehman Brothers está usted haciendo una gota de lo que es un problema mucho más amplio.
Por otro lado, déjeme que le dé algún dato. (Un señor diputado: Dale muchos). Sí, bueno... ¿Sabe usted cuántos clientes preferentistas hay con menos de 30.000 euros colocados? (Rumores). Déjeme que se lo diga: en el caso de Catalunya
Bank, señor Hurtado, el 95 %; en el caso de Galicia el 90 % y en el caso de Caixa prácticamente el 80 %. ¿Qué le quiero decir con esto? Lo que le quiero decir es que si se establece un sistema de arbitraje que de alguna forma dé prioridad a los
que efectivamente han sido pequeños ahorradores, las posibilidades de salida a través del arbitraje son enormes, y estaríamos actuando a favor de quien merece la pena que se actúe. Eso es lo que va a hacer la comisión que -vuelvo a decirle- fue
pactada con ustedes. Ahora se dan de baja; será por don Valeriano Gómez, que no está aquí ni siquiera, y me parece muy bien. Usted, que acaba de llegar a este tema, sabe perfectamente que don Valeriano Gómez alcanzó con este ministro un acuerdo
para la creación de esta comisión. Por otro lado, usted comenta que esto es consecuencia del MOU; no es así, señor Hurtado, se lo repito. Hemos visto hace unos días cómo se nacionalizó un banco y
se intervino en Holanda. ¿Qué hizo el Gobierno holandés? Que todos los accionistas tuvieran pérdidas, que los tenedores de lo que se denomina la deuda junior, que es la deuda subordinada y las preferentes, todos hayan tenido pérdidas. Ahí
no hay ningún MOU, es consecuencia de la normativa de ayudas de Estado. Por ejemplo, ahora estamos discutiendo en Bruselas una cosa que se llama la directiva de resolución bancaria, en la que se establece una prelación de los diferentes activos.
Los primeros que aparecen, que son los que tienen las primeras pérdidas, son los accionistas; los segundos son las deudas subordinadas y los preferentistas; los terceros son las deudas senior y después -estamos discutiendo para que sean
absolutamente intocables- tenemos los depósitos. Por tanto, no tiene nada que ver con el MOU, señor Hurtado. Usted puede decir que sí, pero el ejercicio de distribución de la carga es consecuencia fundamentalmente de la normativa de ayudas de
Estado y de resolución de los bancos; no tiene nada que ver con el MOU. El MOU recoge esa tradición y esos planteamientos, pero nada más. Lógicamente, los bancos del MOU son bancos que tienen ayudas de Estado porque han tenido una inyección de
capital, pero respecto a esa inyección de capital, si usted mira por ejemplo lo que ha ocurrido con otros canjes de preferentes en casos que están fuera del MOU, también ha habido quitas y conversión. Mírelo usted, mire el caso del Banco SNS, que
yo comentaba anteriormente de Holanda.
Acerca del canje de Bankia a finales del año pasado y principios de este año, he comentado anteriormente -lo señalé en la Comisión de Economía- que es especialmente importante, porque se les vendieron preferentes en algunos casos
inadecuadamente y después se les recompraron o se les convirtieron en acciones, las cuales después han ido perdiendo valor. Por supuesto que lo vamos a tener en cuenta pero, en contra de lo que usted ha dicho, el Ministerio de Economía y el
Gobierno no tienen nada que decir. Es decir, el sistema de las preferentes lo autoriza la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que de alguna forma registra un folleto y lo acepta, porque esto es una oferta pública, y en segundo lugar el Banco
del España autoriza la ampliación de capital. ¿Dónde están involucrados el Ministerio de Economía o el Gobierno aquí? Mire usted a otro sitio, señor Hurtado, se está equivocando; está usted manipulando, manipulando (Aplausos). Tenga usted
cuidado con esa manipulación porque no es cierta. El Gobierno desde el punto de vista de los perjudicados, de los preferentistas... Me olvido del pasado pero usted vuelve a él; usted tiene memoria selectiva, señor Hurtado, cuando le interesa
vuelve y cuando no le interesa no. Yo estoy aquí para solucionar los problemas de los preferentistas, no para hacer demagogia (Aplausos); no para hacer demagogia. La solución que nosotros proponemos hoy aquí es la que de alguna forma ya ha
permitido que salgan 26.000 familias y va a permitir que salgan muchísimas más. Por lo tanto, apelo lógicamente a su conciencia; sí, a su conciencia. De esto está saliendo mucha gente, no genere usted incertidumbre. El sistema de arbitraje es
más rápido, mucho más limpio, mucho más centrado al respecto, mucho más barato que el judicial, y así se ha puesto de manifiesto. Vuelvo a decirlo: 26.000 personas han sido ya compensadas, y estoy convencido de que un porcentaje elevadísimo de las
300.000 personas que han sido perjudicadas durante los años 2008, 2009 y -a pesar de la manipulación de sus datos- durante la Administración anterior, a las que con una mala práctica se les ha colocado este producto, saldrán, y saldrán gracias a
actuaciones de este Gobierno.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos.-Rumores).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Economía y Competitividad.
Tiene la palabra el señor Hurtado.
El señor HURTADO ZURERA: Señor ministro, se ha puesto usted muy nervioso (Risas.-Aplausos); no obstante le voy a repetir la pregunta a ver si es tan amable de contestarme. ¿Usted siendo presidente ejecutivo de Lehman Brothers avisó a las
comercializadoras de que era un banco que iba a quebrar? (Varios señores diputados: ¡Ahí, ahí!). Se la voy a hacer más directa: ¿usted ha perdido dinero con las preferentes de Lehman Brothers? Me gustaría saberlo, si es tan amable; me gustaría
saberlo. (Aplausos).
Señor ministro, ¿duda usted de la Defensora del Pueblo que ha estado aquí recientemente? Le digo literalmente lo que dice la Defensora del Pueblo: que el Banco de España en el año 2002 en su informe de estabilidad financiera puso de
manifiesto que el peso de las participaciones preferentes en los recursos humanos de las entidades bancarias de este país era excesivo y que la comercialización de estos productos era engañosa. Le doy el informe cuando usted quiera, y no dude de la
Defensora del Pueblo. Usted era secretario de Estado de Economía, señor ministro y usted no hizo nada. (Rumores). Usted lo que hizo fue reducir y ampliar las desgravaciones fiscales para que se emitiesen en este país muchísimas más preferentes.
Señor ministro, nosotros estamos dispuestos a un acuerdo y le he dicho las condiciones: lo primero, revoque la resolución del FROB. Revoque usted la resolución del FROB y nos sentamos, se lo brindo. Este grupo parlamentario demuestra la
responsabilidad: revoque usted la resolución del FROB, elimine la conversión en acciones de las preferentes de estas personas de inmediato, lo puede hacer usted, y es una decisión del FROB. Le pido también que elimine las quitas que están
significando empobrecimiento de estas personas que han sido engañadas, elimínelo usted, se lo estoy diciendo. Vamos a sentarnos y vamos a encargarle una auditoría de oficio a la comisión nacional o a la comisión de seguimiento con la Comisión
Nacional del Mercado de Valores. Atendamos al Defensor del Pueblo cuando dice que tiene que ser determinante la Comisión Nacional del Mercado de Valores -se lo estamos diciendo- a través de la comisión de seguimiento. Vamos a hacer una auditoría
de todos los engañados y vamos a hacer -tampoco habla usted de ello y es parte fundamental para nosotros- que los engañados tengan un canje en depósitos. Lo han hecho muchas entidades, señor ministro.
Aquí con el mismo supervisor y con el mismo Gobierno usted sabe perfectamente que ha habido entidades que no han emitido participaciones preferentes. Unicaja no ha emitido participaciones preferentes, es decir no ha engañado a nadie.
CajaSur las emitió, se dio cuenta de que había errado y las convirtió en depósitos a través de la BBK Bank a tres años. Ahora resulta que las nacionalizadas, las peor gestionadas, las que han demostrado que falseaban sus datos, dejan atrapadas a
300.000 familias. Señor ministro, el arbitraje va a servir para eso, como operación de maquillaje, lo mismo que usted ha hecho con los desahucios, para salvar, como lo que han hecho en Galicia, a un 15 %. Señor ministro, ¿y el resto de 255.000
chipriotas que se van a quedar a dos velas, con su dinero perdido y con una recuperación que en muchos casos no va a llegar ni a un 20 %? ¿Quién responde ante ellos? Planteemos esto como se merece. Coja usted las sentencias judiciales que
-insisto- son muy claras y me han servido de mucho. Le voy a aclarar que no vengo a este tema ahora. He sido el representante del Grupo Parlamentario Socialista en este asunto y hemos sido los primeros que hemos presentado iniciativas aquí cuando
se ha detectado que era muy grave lo que estaba ocurriendo, y usted sabe que esto se ha ido destapando poco a poco. Le digo más, muchas personas que están atrapadas no lo saben todavía. Cuando les llegue de Bankia la comunicación de que son
accionistas se van a dar cuenta de que están atrapados en las preferentes, y muchos todavía lo desconocen, señor ministro.
Planteemos esto con seriedad, porque somos un grupo parlamentario... No es como usted dice, que lo que trata es de enfriar el problema escudándose en la herencia -no, no es esa la solución-; escudándose en Bruselas -le digo que no, señor
ministro-. No sea cobarde, no se escude usted. Admita que es una decisión de su Gobierno y que es una solución que para el 85 % va a ser un atraco a mano armada y que un 15 % va a poder recuperar su ahorro con esa operación. Demos a esto una
solución seria porque estoy seguro de que podemos conseguir un consenso total y absoluto porque todos estamos sensibilizados y porque en todos los territorios la estafa es estafa masa, estafa estructural.
No nos vamos a quedar aquí, señor ministro, se lo garantizo. Siga usted criticando, siga usted diciendo barbaridades. No nos va a amilanar ni a amedrentar. Estamos decididos, señor ministro, porque sabemos que la justicia tiene que
prevalecer en este país y estamos decididos a llevar esto donde haya que llevarlo y se va a enterar usted (Varios señores diputados: ¡Eeeeeeh! ¡Hombre, hombre!-Rumores y protestas) por la prensa. No, no lo entiendan ustedes como una amenaza, por
favor. Se va a enterar usted por la prensa, le quiero decir, porque veo que usted no quiere... (El señor Martínez-Pujalte López pronuncia palabras que no se perciben.-Rumores y protestas). Tranquilo, tranquilo.
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, silencio.
Señor Hurtado, tiene usted que terminar porque se le ha pasado el tiempo.
El señor HURTADO ZURERA: Concluyo ya. Se va a enterar usted por la prensa porque ya estamos manteniendo contactos; va a ser a nivel de Europa, a nivel judicial y de la fiscalía, pero no vamos a renunciar a defender una causa justa. Le
vuelvo a ofrecer la oportunidad de que suspenda la aplicación del real decreto, revoque la resolución del FROB y sentémonos, porque estoy seguro de que todos podemos llegar a un acuerdo.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Hurtado.
Señor ministro de Economía y Competitividad.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos Jurado): Muchas gracias, señor presidente.
Señor Hurtado, estoy convencido de que no me estaba usted amenazando, usted tiene otro estilo, es un estilo distinto, conocido de todos en esta Cámara. Me habla usted de un pacto, ¡pero si yo alcancé un pacto con ustedes! (El señor Hurtado
Zurera: No). Usted dice que no, pero alcancé un pacto con ustedes, pregúnteselo a don Valeriano Gómez (Varios señores diputados: ¡Ah!) y verá que alcancé un pacto con ustedes y cómo él me propuso en la Comisión de Economía crear esta comisión,
presidida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Miren ustedes el 'Diario de Sesiones'. Me lo ofreció y llegué a un acuerdo con él y se recogió el tema. ¿Cómo quieren que pacte con ustedes si no son en absoluto fiables en ese sentido?
(Aplausos).
Usted antes ha dicho -no me amenazaba- que me enteraré por los periódicos. ¿Pero de qué me tengo que enterar, de lo que se comercializó en el año 2008, en el 2009, en el 2010? (El señor Hurtado Zurera: De todo.-Aplausos). ¿Quién estaba
en la Comisión Nacional del Mercado de Valores; quién estaba en el Banco de España? ¿Pero a qué se refiere usted? Si es que el problema fundamental, se lo vuelvo a repetir, es la comercialización concentrada en un periodo de tiempo. Tiene usted
los datos, se los he dado yo. Más del 80 % de esto, por ejemplo en el caso de Bankia, se comercializó en el año 2009, señor Hurtado. ¿Qué quiere que le haga yo; qué quiere que le haga el Grupo Parlamentario Popular? (Risas). Mire usted para
atrás, haga propósito de la enmienda, y a partir de ahí vótennos por ejemplo -y déjeme que se lo diga- las normas que hicimos para la comercialización futura, en las que se impedía absolutamente la comercialización de este producto.
Señor Hurtado, a ver si nos enteramos: las preferentes no se puede prohibir. (El señor Hurtado Zurera: Sí). Es un producto que existe en el mundo, existe según Basilea I, Basilea II y Basilea III. El problema, se lo vuelvo a repetir, es
que un producto que no era el correcto se comercializó a quien no se tenía que haber comercializado, que era al pormenor, y eso alguien lo autorizó. ¿Fuimos nosotros? (Varios señores diputados: No). ¿Quién fue? A partir de ahí, como usted dice,
nos encontramos con un problema. Las quitas del FROB no tienen nada que ver con el tema del arbitraje. Usted lo mezcla todo, no tienen nada que ver. Si se demuestra en el arbitraje que la comercialización es incorrecta al preferentista se le va a
dar el cien por cien de su dinero, se haya convertido en acciones o no. No tenga usted mala voluntad, explique eso, y eso no tiene nada que ver con la quita del FROB.
Otro punto. A lo mejor usted quiere que la liquidez en vez de dársela los bancos a las acciones derivadas de canje de preferentes, en el caso de Galicia y de Cataluña, que se la demos los contribuyentes. Yo prefiero que sean los bancos.
Usted, dentro de su planteamiento -por calificarlo de forma cariñosa- desordenado ha llegado a decir que prefiere que sean los contribuyentes. No, yo prefiero que lo paguen los bancos sinceramente, y lo van a pagar los bancos. (Varios señores
diputados: Muy bien.-Aplausos). Lo van a pagar los bancos, y esto no tiene nada que ver con el Sareb; en el Sareb ha entrado quien tenía que entrar y no ha entrado quien no tenía que entrar. Tendrá que hacer una derrama extraordinaria del 3 de
los depósitos, que se distribuye en dos partes -se lo sigo explicando-: 40 % a pagar en los primeros veinte días del año 2014, y de ahí el Fondo de garantía de depósitos, su sociedad gestora, podrá establecer una serie de deducciones. Ahí están
representados el Banco de España y las instituciones. Este Gobierno, como no es un Gobierno intervencionista al respecto, lo que hace es señalar la obligación de dotar de esos recursos al Fondo de garantía de depósitos, la posibilidad de dar
liquidez a los accionistas que derivan de esas acciones de su canje de preferentes, y decir que lo paguen los bancos. Eso es lo que hace el Gobierno. A lo mejor está usted en la posición de algún famoso banquero que ha dicho que no estaba
demasiado contento con esto. Espero que no; estoy convencido de que no será así.
Por tanto, tal y como le iba diciendo, señor Hurtado, hemos establecido una comisión de acuerdo con ustedes. Ahora se dan de baja. Perfecto, muy bien, pues mala suerte, aprendo para el futuro, y sé lo que se puede pactar y con quién, y por
supuesto no me ofrezca usted más pactos, porque para pactos de este tipo, ¡menudo viaje! En segundo lugar, hemos establecido un sistema para dar liquidez y estamos finalizando los arbitrajes. Vuelvo a repetir que en última instancia lo único que
queda claro es que es un problema que se creó en los años 2008 y 2009 -por mucho que usted lo intente enmascarar-, y que este Gobierno va a establecer un mecanismo por el cual los pequeños ahorradores que se han visto afectados por una mala práctica
en los años 2008 y 2009 recuperarán en su gran mayoría la mala colocación de este producto, que nunca se tendría que haber producido. (Aplausos.-Un señor Diputados: Muy bien).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Economía y Competitividad.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Álvarez Sostres.
El señor ÁLVAREZ SOSTRES: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, mi objetivo en esta intervención es trasladar la posición política de Foro ante este real decreto y su convalidación. Es una norma que va a afectar a muchos ciudadanos de segmentos humildes a los que los circuitos del mundo
financiero han hecho un roto en sus proyectos de vida, en muchos casos de gigantescas proporciones. Los esfuerzos de una vida de laboriosidad se han ido por el desagüe de las ambiciones de gente con muy pocos o ningún escrúpulo moral. En este
marco histórico de años se cree que la comisión que cita el real decreto para el seguimiento de instrumentos híbridos de capital tiene como objetivo efectuar un control continuado de las incidencias y reclamaciones de los tenedores de este producto,
que ha supuesto una monumental estafa por parte de las direcciones comerciales de las cajas de ahorros fundamentalmente. Cualquier medida, señor ministro, que tienda a minimizar las consecuencias de ese engaño, perfectamente elaborado para abusar
de la confianza del inversor, hasta el punto de que en muchos casos los propios empleados suscribieron esos productos fraudulentos, resulta bien vista y susceptible de apoyo político. Pero uno se pregunta por qué quedaron desprotegidos los
preferentistas. La respuesta es palmaria: por la inacción de la CNMV y del Banco de España, que decidieron no actuar cuando tenían todos los datos en su mano para poder actuar. La verdad es que ahora parece que se van de rositas entidades y
centros de supervisión. Por ahí hay que atacar el problema, primero, responsabilizando civil y patrimonialmente a las entidades financieras involucradas; segundo, modificando la comercialización de estos productos; tercero, estableciendo un
procedimiento de arbitraje específico, colegiado y universal; y cuarto, modificando los sistemas de supervisión con información directa de los técnicos a los órganos de gobierno de la CNMV y del Banco de España.
En este sentido Foro la pasada semana denunció en la propia Junta del Principado de Asturias la auténtica farsa y estafa que supuso la oferta de preferentes y deuda subordinada en la antigua Cajastur -hoy Liberbank-, una oferta
comercializada como depósitos a plazo sin informar de las auténticas características del producto. Estamos hablando de más de 200 millones de euros de estafa en Asturias con una media de 40.000 euros por titular y 30.000 millones en España que
afectan a más de un millón de familias. En definitiva los ahorros de todo un sector humilde de población tras toda una vida de trabajo. Se ha entrado en este caso en auténticas estafas de cuello blanco por personas que han demostrado ser altos
dignatarios del reino de la crueldad social y de la ambición y falta de escrúpulos sin límite. En este sentido adquieren relevancia las ampliaciones de las funciones del Fondo de garantía de depósitos, que permiten adquirir valores no liquidables
en beneficio de clientes y titulares. Asimismo nos parecen convenientes y apropiadas las referencias al Banco de España y las recomendaciones a los servicios y entidades de ayuda al consumidor de las propias entidades de crédito. En definitiva,
aun con reservas, apoyamos conminar protección al preferentista y exigencia de responsabilidades patrimoniales a las entidades con protección de las entidades financieras, para que vuelva a fluir el crédito a empresas. Por eso apoyamos críticamente
la convalidación del real decreto y las modificaciones que conlleva.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Álvarez Sostres.
Señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señor presidente.
Escuchaba estupefacto decir al señor ministro que este es el Gobierno que más ha hecho por los hipotecados y por los ahorradores, y yo ciertamente veo las calles llenas de gente con ganas de aplaudirles todos los días. En España se ha
producido una estafa masiva por parte de los bancos bajo el nombre de instrumentos híbridos de capital y deuda subordinada; eran activos financieros tóxicos y altamente especulativos, vendidos a la gente como depósitos ordinarios, una estafa
dirigida desde las cúpulas de cajas presididas en muchos casos por miembros del Partido Popular, como José Luis Olivas o Rodrigo Rato, por poner dos ejemplos. Lo que hace falta no es una comisión de seguimiento, lo que hay que hacer es declarar
nulas las estafas e investigar lo ocurrido. Lo democrático es que la fiscalía abra una investigación para conocer desde qué momento, quién y en qué reunión se decide que las sucursales bancarias van a engañar a la gente, aprovechándose de su
desconocimiento, vendiéndoles unas acciones que nunca van a poder recuperar. Eso es un robo, señorías, una estafa a nivel estatal que debe ser investigada.
Los directivos de las cajas deciden de manera consciente engañar a la gente al mismo tiempo y en todo el Estado. Sabían a quienes vendían estos productos, sabían a quienes podían engañar, los criterios se decidieron en los consejos de
administración de las entidades, y mientras ustedes crean una comisión que evidentemente no es una solución. Parece que como afecta de lleno a su partido quieren hacer como si no existiera. Ustedes mandaban en las cajas de ahorros que más
preferentes vendieron: Bankia, Bancaja, Caja Madrid y Novacaixagalicia, y el informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores es indudable. Bankia por ejemplo incumplió la ley de manera continuada al vender estos activos, es decir, los
ahorradores defraudados deben ser tratados como víctimas de una estafa masiva, y así debe ser trasladado a la normativa. La responsabilidad, señor ministro, sigue en sus manos, pues los bancos más responsables están bajo el control del Banco de
España. Es responsabilidad del Gobierno establecer mecanismos satisfactorios que solucionen lo ocurrido, pues es la Administración pública la que ha permitido esta estafa masiva.
Todas las medidas adoptadas hasta la fecha por el Gobierno implican pérdidas para los ciudadanos engañados, tratándoles como inversores que tienen que asumir pérdidas y no como ahorradores engañados. La creación de la comisión va acompañada
de la apuesta por el arbitraje, que implica pérdidas de los inversores y quitas de los inversores, que supone asumir pérdidas para recuperar algo. Vincular las medidas a precio de mercado vuelve a implicar asumir pérdidas por los afectados.
¿Entonces de dónde viene el título que ustedes otorgan al real decreto de protección a los titulares de determinados productos financieros? ¿Les protegen con la creación de una comisión de seguimiento o es una nueva tomadura de pelo?
Sobre la posibilidad de que el Fondo de garantía de depósitos compre estas acciones fraudulentas a precio de mercado los afectados denuncian que puede suponer una pérdida del valor de hasta el 70 %. ¿Se imaginan perder el 70 % de sus
ahorros? Las decisiones de su Gobierno en forma de real decreto se destinan al beneficio de la banca, que se confunde con el beneficio del Estado.
Termino. Sobre el capítulo II del real decreto se posibilita que el Banco Central Europeo, si hiciera falta y sin garantía directa del Estado, pueda prestar más dinero al sistema financiero español. ¿A costa de qué? Del patrimonio del
Fondo de garantía de depósitos. Es decir, ante problemas del sistema financiero el patrimonio estará comprometido con el Banco Central Europeo, poniendo en peligro el retorno de los depósitos de hasta 100.000 euros a los ahorradores. Y el Fondo de
garantía de depósitos podrá adquirir instrumentos financieros altamente especulativos y tóxicos, gran contradicción. Ponen en marcha una comisión por los problemas causados por estos productos.
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene que terminar.
El señor BALDOVÍ RODA: Me quedan dos líneas. Y con la garantía de los ahorradores dejan especular con ellos. Más desregulación a favor del sistema financiero. Más desprotección a las personas.
Muchas gracias, señor presidente, por su amabilidad.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.
Señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, cuando usted anunciaba las bondades del Real Decreto 2/2012 decía que, entre otras, tendría el de la mejoría, la confianza y credibilidad del sistema financiero, y aliviaría la restricción financiera sobre el
crédito. A estas alturas tenemos que decir que eso ha sido un fracaso, pero además lo más grave, señor ministro, es que no dijo la verdad en aquel momento. Realmente lo que hicieron ustedes fue mentir sobre la repercusión a todos los ciudadanos y
aún más sobre las concretas cargas impuestas a miles de estafados, como los adquirentes de participaciones preferentes, que deben ahora, señor ministro, sufragar con sus ahorros incautados la grave responsabilidad de la banca y de los supervisores
del sistema durante años. Ahora con este real decreto el Gobierno pretende, por una parte, un lavado de cara, y por otra, preparar el terreno para consumar esa incautación de ahorros a miles de pequeños ahorradores, a miles de familias que
precisamente reservan su dinero para situaciones de crisis. Y ahora que la sufren ven cómo les son apropiadas ilegítimamente -y decimos que ilegítimamente, señor ministro, a la vista de muchas sentencias favorables a estas personas-. Y el
Gobierno, en vez de tenerlas en cuenta y restituir la justicia, legaliza la estafa. Al tiempo que se regula un tímido organismo deliberativo o consultivo -y nos referimos al real decreto-, que no va a solucionarles nada a los estafados por las
preferentes, se activa un mecanismo que va a poder hacer efectivo el descuento para que las
entidades financieras nacionalizadas cuenten con el instrumento legal necesario para quedarse con una parte importante del ahorro de miles de personas estafadas y engañadas. Es decir, el Gobierno da largas y propone medidas cosméticas a los
realmente engañados. También dota a los bancos no solo de dinero a través del rescate, sino de la capacidad para ejecutar la orden de quedarse definitivamente con una parte relevante de los miles de millones depositados a través de una captación
engañosa y fraudulenta de las participaciones preferentes.
Señor ministro, usted ha dicho aquí que la quita no tiene nada que ver con el arbitraje, como si efectivamente el arbitraje se estuviera haciendo y de manera acelerada. Los preferentistas y lo que conozco de Galicia, que es un tercio de lo
que usted dice que existen en Estado -porque si usted dice que son 300.000 en Galicia hay 80.000-, en este momento están recibiendo escritos no para invitarles al arbitraje y devolverles el cien por cien, sino para informarles de las quitas que les
corresponderían. Por lo tanto, señor ministro, nosotros le decimos que retiren este real decreto. Arbitren otras medidas que permitan a los estafados recuperar el cien por cien, porque además estamos hablando de los ahorros de familias que los
estaban guardando para esos momentos de necesidad, y se encuentran ahora con que no pueden utilizarlos, algunos incluso con problemas de hipoteca y tienen que ser desahuciados. Por lo tanto, señor ministro, estafados y engañados por las entidades
bancarias, y ustedes siguen engañando con unas alternativas que siguen beneficiando a la banca.
Decía usted que prefiere que pague la banca y no los contribuyentes. Al final, señor ministro, quienes vamos a pagar somos los contribuyentes porque la banca en estos momentos tiene fondos de todos. Ahí sí que no han tenido ustedes
problemas en transferir fondos a la banca que son de los contribuyentes. Asuman ustedes el papel de resolver el problema de estas personas también con los fondos de la banca. No le den más fondos a la banca para pagar esto. No, que usen los que
tienen en este momento, que les hemos transferido muchos. Por eso, señor ministro, le insistimos en que retire este real decreto, haga una acción de gobierno destinada a devolver el cien por cien de las preferentes.
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, tiene usted que terminar.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Métase en la piel de los preferentistas, señor ministro, y resuelva el problema.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández Davila.
Señor Bosch.
El señor BOSCH I PASCUAL: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, ayer un tribunal dictó que en Cataluña un solo alumno que pida el cambio de lengua al castellano obliga a cambiar de idioma al aula entera. La mayoría del PP siempre ha sostenido que lo que vale en Cataluña vale en
toda España. En lógico paralelismo y en justa correspondencia entendemos que un solo diputado que exija en esta Cámara un cambio de lengua al catalán obliga a cambiar de idioma a la Cámara entera. Así que con la venia, presidente, voy a proseguir
en catalán. (Continúa su intervención en catalán).
El señor PRESIDENTE: Señor Bosch, como usted muy bien dice, ha pedido mi venia. No la tiene, no porque yo esté personalmente contra usted ni contra el catalán, pero hay un Reglamento que cumplir. Por tanto, yo le pido con cariño que no
creemos un incidente. Si usted sigue en catalán yo tendré que retirarle la palabra.
El señor BOSCH I PASCUAL: Gracias, señor presidente.
Yo con todo el afecto del mundo, afecto personal, le quiero pedir que me diga en qué sustenta su razonamiento, porque el Reglamento de la Cámara, que yo sepa, no prohíbe que un diputado hable en catalán; no me consta. ¿A usted le consta
que en algún artículo del Reglamento de la Cámara se pueda prohibir a un diputado usar el catalán? (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Lo que dice el Reglamento es que hay que hablar en castellano. Usar el catalán -y esto ha sido lo que yo he hecho durante todo este tiempo- en una cita, en un saludo o en una despedida o alusión -o en vasco, en gallego
o en cualquier idioma de los reconocidos en la Constitución-, no tiene ningún problema. Sin embargo hacer el discurso en catalán es algo que está prohibido por el
Reglamento. Ahora vamos a cambiar el Reglamento y todo se puede intentar, pero hoy por hoy está prohibido.
El señor BOSCH I PASCUAL: Gracias, señor presidente.
Insisto en que no me consta que el Reglamento prohíba que yo me pase al catalán. Por tanto, continuaré en catalán. (Continúa su intervención en catalán).
El señor PRESIDENTE: Le llamo al orden por primera vez.
El señor BOSCH I PASCUAL: Gracias, señor presidente.
Agradezco que me advierta. De todas formas, si le parece inapropiada o inadecuada esta situación, imagínese usted cómo de inadecuada les parecerá la situación a los alumnos de las aulas de los colegios catalanes. (Protestas.-Varios señores
diputados: No.-La señora Sánchez García: Esto es la Cámara Baja. No hagas demagogia). Imagínenselo ustedes. ¿No se lo pueden imaginar? (Rumores.- Protestas). Ya se lo digo yo. También es una situación surrealista. (Rumores).
Prosigo. (Continúa su intervención en catalán.-Protestas).
El señor PRESIDENTE: Le llamo al orden por segunda vez. Si vuelve a incumplir el Reglamento le tendré que expulsar de la tribuna.
El señor BOSCH I PASCUAL: Señor... (Rumores). No quiero que me expulsen, quiero... (Rumores). No se pongan nerviosos. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Ruego silencio. El orador está en el uso de la palabra y puede utilizarla como le parezca, con las consecuencias que se deriven, pero tiene él la palabra.
Siga, señor diputado.
El señor BOSCH I PASCUAL: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, no se pongan nerviosas. Simplemente lo que hago es tomar ejemplo de lo que dicen los tribunales. Una sola persona puede cambiar el idioma de un aula, de una clase, está facultada, por tanto creo que aquí se aplica lo mismo, y si
no hablen con el señor juez a ver qué les explica. (Un señor Diputado: No.-Continúa su intervención en catalán).
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, le llamo al orden por tercera vez y le ruego que abandone la tribuna. (Así lo hace el señor diputado).
Muchas gracias, señor Bosch. (Pausa).
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, hemos hablado largo y tendido sobre el tema de las preferentes, señor ministro, un producto realmente complicado, sofisticado, que fue comercializado
fundamentalmente por las entidades financieras entre multitud de clientes de buena fe que pensaban que estaban haciendo un producto líquido, rentable y sin riesgo. Ahora muchos de ellos se ven pillados y tienen el riesgo de perder efectivamente una
parte muy grande de su inversión, de sus ahorros, que han acumulado con mucho esfuerzo a lo largo de mucho tiempo y para su futuro. Son personas que no tenían la necesaria cultura financiera para saber exactamente en qué estaban invirtiendo, pero
que confiaban en su entidad financiera y no se les pasaba por la cabeza que les iban a engañar, o al menos que no les explicaran suficientemente los riesgos que corrían con la inversión.
Tras el rescate de las entidades financieras a través del FROB o del Fondo de garantía de depósitos, de los recursos europeos, estos inversores se ven pillados con sus ahorros, con sus inversiones. Las quitas o rebajas que se plantean en
muchos casos para recuperar parte de sus ahorros son muy elevadas -aquí se han dado unos porcentajes; pueden ser esos u otros- y suponen o pueden suponer una auténtica expropiación. Al igual que los accionistas de Bankia, por ejemplo, han visto
esfumarse su inversión, y eso nadie lo pone en cuestión, más allá de la posible salida fraudulenta a la Bolsa.
Desde la Unión Europea, que son los que nos han prestado los recursos para sanear y salvar el sistema financiero, entienden que los propietarios de preferentes también deben contribuir al rescate del sistema. Nosotros estaríamos de acuerdo
si los inversores hubiesen sido conscientes realmente de lo que compraban, pero dado que una parte muy importante de ellos fue engañada deberían ser las entidades financieras, que han realizado estas prácticas engañosas o fraudulentas, las que
sufraguen o paguen por
sus actuaciones negligentes. Creemos que se debe identificar con claridad y nitidez a los ahorradores que han actuado con buena fe y se han visto pillados por la quiebra de las entidades y tienen un gran riesgo -insisto- de perder sus
ahorros. A estos ciudadanos hay que darles una solución satisfactoria, señor ministro. De igual manera, las personas que sabían exactamente lo que compraban y los riesgos que corrían también deberían conscientemente asumir las pérdidas.
Por otro lado, el Real Decreto sobre protección a los titulares de determinados productos de ahorro o inversión y otras medidas de carácter financiero que hoy debatimos plantea el establecimiento del arbitraje como método de resolución de
conflictos. He de reconocer que es un avance positivo, y como tal positivamente lo valoramos. Se crea así para ello una comisión ad hoc y se dota al Fondo de garantía de depósitos de nuevas competencias y recursos para afrontar la situación. Sin
embargo, aun siendo un paso adelante respecto a la situación actual, nos parece insuficiente y no va a resolver el problema de muchísimas personas y familias. Hay que dar satisfacción, señor ministro, a todos los afectados, y si en lugar de 2.000
millones hay que poner 6.000, pues se ponen 6.000. Los preferentistas engañados no deben pagar en ningún caso el rescate financiero más allá de lo que ya vamos a pagar el conjunto de los ciudadanos.
El Real Decreto-ley 6/2013 prevé, además, en el marco del proceso de saneamiento del sector financiero ciertas medidas que resultan a nuestro juicio discutibles, tanto desde la perspectiva de su cuando menos dudosa eficacia para la
consecución del objetivo que se les asigna, como en atención a los desajustes que sin duda generan en las condiciones de competencia. En particular, me referiré a los siguientes extremos. Las previsiones del artículo 2 del real decreto-ley,
orientadas, conforme señala en su exposición de motivos, a ampliar el ámbito de actuación ordinario del fondo, suscitan las siguientes consideraciones principales. En primer lugar, resulta ciertamente dudoso que esta ampliación de funciones del
Fondo de garantía de depósitos refuerce, como se indica en el análisis de impacto económico y presupuestario recogido en la memoria, la confianza del inversor, toda vez que -siempre de acuerdo con dicha memoria- se articula un mecanismo para dar
solución a una situación generada por la venta en numerosas ocasiones de productos complejos con prácticas deficientes. Resulta ciertamente discutible, a nuestro entender, que la utilización de una entidad que es el Fondo de garantía de depósitos,
cuyo objeto inicial constitutivo no es en absoluto atender a este propósito sino garantizar los depósitos en las entidades de crédito, genere la confianza alegada. La desafortunada incursión del ministro de Hacienda hablando al día siguiente de lo
de Chipre de un impuesto sobre los depósitos, además mal explicado, generó preocupación e incertidumbre. Pues bien, ahora, cuando la garantía de los depósitos de los ahorradores y su cobertura por los instrumentos legalmente previstos para ello ha
devenido en un tema de actualidad tras los últimos movimientos en Europa, se pretende ampliar el contenido y funciones del Fondo de garantía de depósitos para atender situaciones que nada tienen que ver con su objetivo primigenio y que pueden
introducir una merma de su patrimonio. Así, la deformación de las funciones y del objetivo del Fondo de garantía de depósitos, en atención al alegado beneficio del conjunto del sistema de entidades adheridas, puede llevar al efecto contrario al
pretendido en tanto en cuanto los ciudadanos pueden considerar que este instrumento ya no constituye ninguna garantía para sus depósitos pues viene atendiendo a otra serie de necesidades del sistema de resultado, al menos, incierto. A esta
desconfianza coadyuva también el hecho de que no existe seguridad alguna en cuanto a la factura final que puede suponer para el Fondo de garantía de depósitos -entiéndase para las entidades adheridas- la atención a los preferentistas que se
pretende, dañando las cuentas de resultados de las entidades sanas. Así, la propia memoria relativa al real decreto-ley reconoce una horquilla ciertamente amplia y en términos en absoluto concretos, en torno a 1.500 o 1.900 millones de euros. Esta
incertidumbre en el importe del esfuerzo adicional que se exigirá al Fondo de garantía de depósitos no puede sino generar dudas acerca de su capacidad para atender a esta nueva función que se le asigna, capacidad esta que dependerá en todo caso de
aquella con la que cuenten sus entidades adheridas para atender a las derramas -derramas que tienen la consideración de gasto en las cuentas de resultados- que posibles incrementos en las cifras manejadas pueden suponer.
A lo anterior, señor ministro, se suma ciertamente una cuestión de principios. ¿Por qué deben cubrir las entidades que no han incurrido en las prácticas deficientes a que se refiere la memoria relativa al real decreto-ley las actuaciones
irregulares realizadas por otras entidades que asimismo son sus competidoras? ¿Por qué deben ser las entidades que han actuado regularmente las que asuman el coste tanto económico como reputacional de estas prácticas deficientes y de la gestión de
un problema que no es el suyo? ¿No resulta esto atentatorio, señor ministro, en contra de lo que se indica en la memoria, de la competencia,
ya que el incumplidor no sufre daño patrimonial alguno sino sus competidores? ¿No constituye esta socialización entre todas las entidades del crédito de un problema generado por algunas de ellas que continúan en el mercado una exigencia
desproporcionada y que se podría calificar de cuasi sancionadora de las entidades que han actuado regularmente? Por cierto, lo anterior, además, no va precisamente dirigido a facilitar el crédito. Las entidades de crédito, ante una continúa
modificación de las reglas de juego, van a tomar más precauciones, señor ministro, no vaya a ser que una decisión correcta el día en que se adopta se convierta en letal por una modificación posterior.
Por otra parte, la disposición final tercera del real decreto-ley recoge una serie de previsiones relativas al régimen jurídico aplicable a la trasmisión de los activos a la Sareb a efectos de que, de acuerdo con lo que se indica en la
exposición de motivos, esta pueda desarrollar de forma eficaz las soluciones que tiene encomendadas. Esto constituye a nuestro entender, en ciertos casos, el otorgamiento a esta sociedad de privilegios claramente atentatorios de la competencia y
que generan serias disfunciones en el mercado. Así, cabe asumir la equiparación que la inclusión de los nuevos apartados i) y j) del artículo 36.4 de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, supone entre el régimen aplicable a la Sareb y a las entidades
de crédito convirtiendo a aquella en beneficiaria de previsiones de las que asimismo son beneficiarias en el régimen general, entre otras, las entidades financieras. Lo que no es en absoluto asumible es que la Sareb cuente con privilegios, señor
ministro, en relación con el resto de acreedores de terceros deudores que puedan incurrir en una situación concursal cuando la posición en la que se ha subrogado la Sareb, en virtud de la transferencia y de la posición crediticia realizada por la
correspondiente entidad de crédito de acuerdo con lo legalmente previsto, era una posición subordinada respecto de otros créditos frente al correspondiente deudor. La trasmisión de posiciones crediticias a la Sareb no puede implicar -si queremos
que no se produzcan desajustes en la competencia- el otorgamiento de un privilegio en esta última derivado de la pérdida de la condición de los subordinados de los créditos transmitidos cuando contaran con dicho carácter por la vinculación de la
entidad transmitente con el deudor cedido, máxime cuando dicha alternativa de trasmisión, que no puede sino calificarse de privilegiada, no sea posible para otras entidades financieras también acreedoras y atendiendo asimismo al hecho de que la
creación de la Sareb no puede ni debe en ningún caso perjudicar al resto del sistema financiero sano.
En la exposición de motivos del real decreto-ley se habla de que esas previsiones tratan de permitir a la Sareb que pueda desarrollar de forma eficaz las funciones que tiene encomendadas; pero estas funciones de gestión independiente de los
activos especialmente dañados o cuya permanencia en el balance de determinadas entidades de crédito se considere perjudicial para su viabilidad que la Sareb tiene legalmente atribuidas no justifican en modo alguno que el régimen de gestión aplicable
a esta pueda ser privilegiado frente al aplicable a otras entidades que operan en el sector.
Voy terminando. Para que se entienda mejor, le pongo un ejemplo. La entidad A, sana, tiene algunos créditos contra el deudor que tiene la condición de subordinados -por ejemplo, por tener una participación accionarial-. Como es sana, no
ha podido transferir ese crédito a la Sareb y su crédito será subordinado. La entidad B, que está intervenida, está en la misma situación jurídica, pero transfiere su crédito a la Sareb, y he aquí que ese crédito deja de ser subordinado y se
convierte en preferente sobre el crédito de la entidad A, que, por cierto, además ha aportado una importante cantidad de dinero a la creación de la Sareb. La entidad A es acreedora no subordinada de un deudor y la B subordinada. Al pasar por el
Jordán de la Sareb, la B iguala su categoría con la A. Si no hay patrimonio suficiente, la B, en vez de esperar a ver si tras pagarse a los anteriores le llega a ella, participa con el mismo régimen que A. Todo esto tiene algo que ver con las
funciones de la Sareb: desarrollar de forma eficaz las funciones que tiene encomendadas...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar.
El señor AZPIAZU URIARTE: Termino, señor presidente.
La Sareb debe subrogarse en el lugar que tenía la entidad que le pasa el activo y punto, en nuestra opinión. Nada más se exige el cumplimiento de sus funciones. El Gobierno está jugando en este sentido con fuego. Si seguimos este camino
de aportar a la Sareb y al Fondo de garantía de depósitos para pagar lo que no se debe modificando la legislación, etcétera, estaremos haciendo todo lo posible para que haya que abrir otra vez la carpeta de la reestructuración del sector.
Por todo lo anterior, señor ministro, nuestro grupo parlamentario se va a abstener en la votación de este real decreto-ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor diputado.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Señorías, qué gran representación, qué buena puesta en escena la del señor ministro y la del señor Hurtado; qué fabulosa interpretación de una supuesta discrepancia cuando lo cierto es que los dos tienen razón.
En esta ocasión estamos de acuerdo con los dos, porque la mitad de las culpas que ve cada uno de ustedes -ustedes y ustedes- con su ojo tuerto, cuando se suman, explican el conjunto de la realidad de lo que ha pasado con las preferentes, pero ha
sido una representación verdaderamente fabulosa. Han escenificado aquí que tienen ustedes alguna discrepancia. Todavía están ustedes tratando de engañar a la gente diciendo que la culpa fue del otro: 'no, tú más, tú tuviste más culpa', cuando es
evidente, como voy a explicar una vez más a continuación, que son ustedes por igual responsables ambos, el Partido Popular y el Partido Socialista. (Rumores).
Con este decreto lo que intenta el Gobierno es enterrar esas responsabilidades compartidas, ese engaño masivo que han constituido las preferentes, esa mentira institucional, esa estafa diseñada por las cúpulas de los dos partidos, ejecutada
desde las cajas de ahorros que ustedes gobernaban y que ustedes controlaban, los dos, a medias. Usted sabe, señor ministro, que el único país del mundo en el que las preferentes se han comercializado a minoristas ha sido en España, y eso no ha
ocurrido por casualidad; eso ha ocurrido porque cuando el Gobierno anterior nos decía que teníamos el sistema financiero más solvente del mundo, mientras en otros países se rescataba a la banca y se saneaba con fondos públicos, aquí se tramó una
operación por la cual eran los ahorradores, en su mayor parte jubilados, los que iban a cubrir con sus ahorros esos agujeros de la banca. Esta es la gran mentira, presentarlo como si hubiera sido un despiste; alguien se despistó y comercializó a
pequeños ahorradores lo que no estaba pensado para ellos. No; así se diseñó y así se ejecutó.
Usted dice: Nosotros no creamos el problema. Señorías, esto ocurrió en cajas controladas por el Partido Popular en cuyo consejo de administración estaba también el Partido Socialista; también en algunas había miembros de Izquierda Unida
-aunque ellos dicen siempre que se cayeron en una lancha-, también en algunos casos la formación del señor Baldoví, también Convergència i Unió. Se libran muy pocos. (Rumores). Por eso, el Gobierno tiene la necesidad de seguir cultivando la gran
mentira desde el título de este decreto, señor ministro, que reza: De protección a los titulares de determinados productos de ahorro. Este decreto no es para proteger a los ahorradores, este decreto es para proteger a los estafadores, a quienes
tramaron la estafa, a quienes la llevaron a cabo y a quienes miraron para otro lado. Para eso es este decreto, para enterrar responsabilidades.
El escándalo de las preferentes empieza en los bancos y, sobre todo, mayoritariamente en las cajas que controlaban el Partido Popular y el Partido Socialista. En el 80 % de los casos -tampoco debe ser casualidad cuando el porcentaje es tan
alto- se vendieron las preferentes a jubilados con prácticamente nulos conocimientos financieros y no se les dijo que esos artefactos financieros -que no tienen otro nombre- tenían una conexión con la realidad tenue, por decirlo suavemente; y no se
les dijo que el mercado de venta de las preferentes era ficticio y que estaba controlado por las propias entidades financieras; y no se les dijo que su dinero existía pero no era líquido, es decir, no existía. Y ahora usted sigue diciendo, señor
ministro, que a los de Bankia se les va a canjear por acciones y por tanto va a ser líquido; un estado de liquidez de un céntimo, que es casi el estado gaseoso, señor ministro. Dejen ya de mentir a la gente. Cinco años de preferentes, cinco años
de mentiras. Ya está bien, señor ministro.
En el año 2009 el Gobierno de España animaba a las entidades financieras a captar lo que llamaban capital de alta calidad, que así es como se llama ahora al botín de un robo. Señorías, 30.000 millones de euros se consiguió captar en
preferentes, casi un rescate europeo. Y mientras el Gobierno animaba a esa captación, el Banco de España, con su supervisión negligente, impedía que los ahorradores conocieran el estado real de las entidades financieras. Y cuando la CNMV debía
advertir de la comercialización de estos productos e impedirlo, miraba para otro lado. Esto no ocurre por casualidad, no se captan nada menos que 30.000 millones de euros por despiste, porque alguien no se da cuenta y vende una preferente a quien
no se la debe vender. Aquí hay estafadores y cooperadores necesarios en la estafa; se reparten los papeles a partes iguales y con este decreto el Gobierno pretende protegerlos. Por eso, esa comisión de seguimiento está presidida por la CNMV, por
Elvira Rodríguez, de cuya independencia da fe el hecho de que se fuera directamente desde este escaño a la CNMV, y por eso el vicepresidente va a ser el señor Restoy, que actualmente es el subgobernador del Banco de España y que en el momento de la
estafa era vicepresidente de la CNMV. Todo queda en casa, en la casa corrupta, putrefacta y opaca del bipartidismo.
Así todo queda en casa. Claro que lo han pactado, como nos ha contado el ministro, han pactado encubrirse mutuamente, seguir encubriéndose mutuamente. La lógica de su protección, de la protección tal y como usted la entiende, consiste en
poner a los colaboradores necesarios de la estafa a vigilar a los estafados -eso es la comisión de seguimiento- e impedir que lleguen a la vía judicial, que es la que les está dando la razón. Este grupo parlamentario, señor ministro, tiene un
informe secreto e interno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de hace dos meses en el que se habla abiertamente de ilegalidades, de mala práctica generalizada y se habla de informes anteriores de los años 2008 y 2009 en los que ya se
alertaba de todo esto. No se hizo nada, no se tomaron medidas y, por tanto, que el Partido Socialista ponga ahora el grito en el cielo como si acabara de descubrir la estafa de las preferentes es sencillamente patético, señores diputados.
Lo suyo también lo es, señor ministro, porque usted quiere poner a quienes no controlaron y no supervisaron en el momento en que debían hacerlo a supervisar ahora las consecuencias de la fechoría que perpetraron. Esto es el mundo al revés,
señor ministro, el mundo al revés. Y usted utiliza frases en ese decreto que revelan la forma en que quieren disfrazar la realidad, que llega a unos límites insuperables. Dice usted en ese decreto -y cito literalmente-: En los últimos años ha
crecido el número de reclamaciones de clientes de entidades financieras. Como si las reclamaciones cayeran del cielo. ¿Cómo se escriben estos decretos, señor ministro, cómo se escriben en su ministerio? Me imagino que las carcajadas de ustedes se
deben oír por todo el paseo de la Castellana, porque no es posible escribir estas frases sin que uno suelte una carcajada o se le caiga la cara de vergüenza. Ese decreto habla de incidencias que hayan podido derivarse de la comercialización de
preferentes, como si fuera una conjetura. ¿Pero es que ustedes no se han enterado que se le ha robado a la gente su dinero? ¿Están todos los días en la calle tocando el silbato y ustedes no se han enterado todavía de lo que ha ocurrido? ¿O es que
esa voluntad de disfrazar la realidad es infatigable? Esto no se puede explicar. Este es el lenguaje de este decreto, el lenguaje del encubrimiento, del enterramiento de las responsabilidades y de la complicidad, señor ministro.
Me decía el otro día un estafado por las preferentes: Yo soy jubilado pero no soy imbécil, si a mí me dicen que no voy a recuperar nunca mi dinero yo no lo pongo en un producto de esos. Nadie lo habría hecho, señor ministro. Usted, con
este decreto, quiere dar por terminada esta historia, quiere cubrir con nuevas toneladas de mentiras el gran engaño de las preferentes. Y yo le digo, señor ministro, que para los responsables directos y para sus colaboradores necesarios con este
decreto no termina la historia de las preferentes; hoy empieza, porque existen responsabilidades políticas que depurarán las urnas, existen responsabilidades penales claras también que la fiscalía debía haber investigado -otro nuevo intento de
tapar la realidad, el Gobierno ha dado órdenes a la fiscalía para que lo investigue-, pero nosotros se lo vamos a decir en el lenguaje que sí entienden porque nuestra respuesta a este decreto no es lo que le he dicho; nuestra respuesta es una
querella criminal que vamos a presentar en los próximos días en la Audiencia Nacional contra todos, para que esta estafa no quede impune, para que no quede impune nadie, ni quienes las comercializaron, ni quienes animaron a comercializarlas, ni
quienes miraron para otro lado, ni quienes tenían que supervisar, ni tampoco, señor ministro, quien quiere enterrar todas esas responsabilidades por decreto. Es imposible, señor ministro, esto es una vergüenza y no lo van a conseguir.
Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Baldoví Roda pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lozano.
Este debate va a discurrir por los cauces previstos y, al terminar el mismo, si alguien quiere pedirme la palabra, ya veré si se la doy o no, pero será al final del debate.
Por el Grupo de IU-ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, señorías.
Señor ministro, tras escuchar su intervención -y si usted tiene a bien escuchar la nuestra- tenemos la tentación de pensar, como han hecho otros grupos esta mañana, que ustedes y nosotros vivimos realidades diferentes. No es eso, señor
ministro, vivimos la misma realidad, lo que pasa es que ustedes se sitúan en un lado diferente al nuestro; ustedes se sitúan con los poderosos, ustedes se sitúan con esos que aparecen luego en los papeles de su antiguo tesorero, se sitúan con
aquellos que aparecen en esos papeles que son quienes han cometido las estafas. Y nosotros nos situamos con los débiles, nos situamos con aquellas personas que han sufrido una estafa, señor ministro, porque hay que llamar a las cosas por su nombre;
hay que llamar estafa a lo que es una estafa. Nos situamos con esas personas que han venido a vernos, que vienen a vernos diariamente y que nos cuentan... Señor presidente, si el señor ministro no tiene a bien escucharme, interrumpo mi
intervención. Le ruego que pare el tiempo.
El señor PRESIDENTE: Le voy a cortar el tiempo, pero, señor diputado, usted tiene que intervenir y el ministro hará lo que le parezca oportuno. Yo le aconsejaría al ministro que le atendiera. (Aplausos).
El señor CENTELLA GÓMEZ: Es que me parece realmente una falta de respeto que el señor ministro, en lugar de intervenir en el debate, tenga tiempo para despachar, algo que podría hacer en otro momento.
Le decía, señor ministro, que estamos hablando en nombre de la gente que viene a vernos a nuestro despacho, de nuestros familiares, de nuestros amigos que han sufrido esta estafa, que son los que han dedicado una vida a un trabajo con un
solo objetivo: ahorrar un poco de dinero para dejárselo a sus hijos y que hoy se ven estafados. Por eso usted posiblemente solo oiga a los poderosos y por eso usted hoy viene aquí a defender a los poderosos, por más que quiera jugar con las
palabras. Claro que pueden entrar ustedes en el debate de que el Gobierno anterior tenía responsabilidades, es evidente; es evidente que había responsabilidades y es evidente que el PSOE podía haber parado la estafa, es evidente que el anterior
Gobierno tiene una responsabilidad compartida, que el Partido Socialista tiene una responsabilidad compartida, y es evidente también que ha habido muchos fallos, porque para que haya una estafa tiene que haber quien ayude con su negligencia.
Pero aquí hoy lo que nos interesa es hablar de soluciones. Hoy aquí lo que nos interesa es hablar de cómo resolver un problema porque ustedes también se han negado a investigar. Les planteamos hace ya meses una comisión de investigación
sobre la crisis financiera y ustedes dijeron que no, que no había que investigar, que había que tapar, y por eso no se ha investigado quién tiene responsabilidad. Por tanto, hoy aquí venimos a hablar de soluciones y usted desde esta tribuna nos
dice que trae medidas -he tomado nota- reales, rápida, sencillas y además eficaces. Pues bien, no es verdad, señor ministro. No es verdad que su decreto sea rápido ni eficaz ni sencillo ni mucho menos real, porque no hay otra solución que la de la
recuperación total e inmediata del dinero estafado, esa es la única solución. Evidentemente no queremos que pague la banca, aunque también hay que decir que nos sorprende ese interés en que no pague el contribuyente, ya lo podían haber tenido en
otras ocasiones. Esa es la única solución, señor ministro: la devolución inmediata y urgente del dinero a quien ha sido estafado, y creo que hay mecanismos para ello, porque en pocas circunstancias como esta -también en el tema de la vivienda,
sobre el que usted ha hecho aquí un alarde en el que no quiero entrar para no perder más tiempo- se puede evidenciar tan claramente cómo se afronta la crisis. Porque, mire usted, cuando la banca tiene problemas se pone toda la maquinaria del Estado
a su servicio, incluso ustedes con el Partido Socialista en veinticuatro horas modificaron la Constitución para que no hubiera problemas, por si había dudas de si la banca iba a cobrar; toda la maquinaria del Estado al servicio de la banca. Sin
embargo, cuando son personas, cuando son seres humanos indefensos los que tienen el problema, ahí ya hay otra cuestión, aparece Europa, aparecen problemas legales, entramos en juegos de palabras y la realidad es que el Estado no se pone al servicio
de esas personas. Esa es la clave, señor ministro; cuando estamos ante los débiles, ustedes tienen que poner el mismo empeño por lo menos que han puesto en salvar a la banca y eso es lo que ustedes no hacen. Por eso este decreto es insuficiente.
Y claro que nuestro grupo nunca ha estado ni estará en ningún acuerdo. Por eso no estuvimos en el acuerdo entre ustedes y el PSOE cuando planteaban una salida parcial, porque solo hay un acuerdo posible en el que el Grupo de La Izquierda
Plural entrará y es en la devolución inmediata y rápida del dinero estafado. Ese es el único acuerdo en el que usted contará con nuestro grupo. Porque ese es el problema que tenemos, un problema real y que es posible resolverlo y ustedes lo saben.
Es evidente que tienen que tocar elementos sensibles y decirle a la banca que tiene que pagar lo estafado. Tienen que decirle a los poderosos que tienen que pagar y ustedes tienen mecanismos para detraer ese dinero, tienen mecanismos para
resolverlo, porque -no lo voy a repetir más, se ha dicho muchas veces- estamos hablando de personas de buena fe que han sido engañadas, que han sido estafadas y que han perdido toda una vida, y ustedes se tienen que poner en ese lugar.
Usted puede hoy vallar el Congreso y tener a los que se han manifestado a cientos de metros, pero -se lo decía ayer- a su conciencia no puede ponerle vallas y su conciencia le tiene que decir que hoy usted tiene que resolver el problema
aquí. Su conciencia y la nuestra es la que nos obliga hoy a resolver el problema de la gente concreta aquí, que, repito, han visto toda una vida engañada. A partir de ahí hay que empezar a trabajar y a acordar y ahí sí que contará con nuestro
grupo, pero, eso sí, con el dinero por delante para los estafados. Ustedes pueden seguir echando la culpa al Gobierno anterior, pueden seguir intentando jugar al y tú más, pero eso solamente nos recuerda aquello de entre todos la mataron y ella
sola se murió, y eso no resuelve el problema, señor ministro.
Lo que usted nos plantea no es ni más ni menos que una dilación. Usted viene aquí y alardea de que se ha resuelto un número limitado, pero quedan muchos y quedan muchos a los que se les está dando un castigo añadido. Por poner un ejemplo,
los titulares de preferentes de Caixa Laietana, que hoy está integrada en Bankia, han sido estafados tres veces: primero cuando se les vendió este producto de ahorro a plazo fijo que se planteaba como la solución de sus ahorros de toda la vida.
Luego cuando se les presionó para que en pocos días aceptasen canjear sus preferentes por acciones y ahora esas acciones no valen nada. Y por si dos estafas no fuesen pocas, ahora se les excluye del derecho a plantear el arbitraje porque se les
dice que ya son accionistas. Por eso, señor ministro, la cuestión de la que estamos hablando es: ¿ustedes de qué lado están, del lado de la banca o de las personas? Esa es la clave de este debate. No es un debate técnico, no es un debate
teórico, no es un debate entre economistas, sino que es un debate entre personas. Y ustedes pueden situarse del lado de la banca como vienen haciendo día tras día. El lema del todo por la banca sigue estando en el frontispicio del Partido Popular.
Ustedes pueden situarse del lado de los poderosos, pero la gente está ahí. La gente está en la calle y la gente está reclamando soluciones ya y aquí. El acuerdo al que ustedes llegaron con el PSOE, y que hoy ha repetido, era evidentemente un
acuerdo insuficiente, un acuerdo de minorías, un acuerdo que no resolvía el problema y por eso le repito que nuestro grupo no estuvo en ese acuerdo. Nosotros no vamos a estar en ningún acuerdo que no sea la solución ya inmediata. Pero su fórmula
de hoy es todavía peor y por eso ni siquiera le ha acompañado el otro grupo que acordó con ustedes, porque su fórmula de hoy va todavía más atrás, su fórmula de hoy es todavía más discriminatoria, es todavía más minoritaria, su fórmula de hoy viene
a reducir aún más la solución.
Adicae, a la que hay que felicitar, igual que hay que felicitar a las miles de personas que han mantenido una lucha sin la cual hoy seguramente no estaríamos hablando de este problema, porque ha sido la gente la que les ha obligado a ustedes
a traer este problema aquí, ha señalado que podemos estar hablando de una pérdida de 2.000 millones. Es verdad. Estamos hablando del caso de Chipre, del caso de un corralito inhumano que está condenando a la desesperación a miles de personas. Por
eso se está bloqueando el ahorro de miles de familias que han creído simplemente que el esfuerzo de su vida se ponía a buen recaudo y han sido engañados. Además, ustedes pueden poner quitas mayores incluso que las que se han planteado en Chipre.
Eso sí, el señor Rajoy decía que eso no se iba a repetir en España. Pues bien, se repite y con creces en este caso. Les repito que estamos ante un auténtico corralito realizado con engaños. Por tanto, señor ministro, ustedes tienen que tomar una
decisión.
Hoy aquí todos vamos a votar y el voto va a decidir de qué lado estamos. Ustedes van a decidir de qué lado se ponen. El voto va a decidir si ustedes se sitúan del lado de la gente, si quieren resolver realmente el problema. Para eso solo
hay una solución, retirar el decreto y traernos aquí una propuesta de cómo devolverles, ya inmediatamente, el dinero a los estafados. Si ustedes deciden seguir hacia delante, ustedes son los que se sitúan en el lado contrario. Ustedes son lo que
en esta realidad se sitúan del lado de los poderosos, esos que luego aparecen en los papeles del señor Bárcenas. Ustedes hoy aquí van a seguir condenando a la desesperación a miles de personas. Ustedes hoy aquí van a seguir condenando a la
desesperación a gente honesta, sencilla, a esa gente que me visita cada día en mi despacho y que me cuenta cómo han sido engañados, cómo han perdido lo poco que han podido ahorrar en su vida. Esa gente hoy no puede recibir un bofetón de este
Parlamento o darle con la puerta en las narices, debería recibir una llamada de esperanza.
Señor ministro, termino pidiéndole que retiren el decreto y que traigamos de verdad una solución efectiva, real y rápida, como usted decía, porque la que usted nos ha planteado no es ni rápida ni eficaz ni sencilla, es un incremento más del
engaño que se le ha hecho a esta gente.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Centella.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro de Economía, señoras y señores de diputados, existe en Cataluña un consenso social y político de indignación en todos aquellos aspectos que hacen referencia a las preferentes, como también existe en torno a la cuestión a la
que anteriormente se ha referido el diputado, señor Campuzano, con relación al sistema de inmersión lingüística que ahora se pretende poner en cuestión después de treinta años de ejemplar convivencia escolar y de ejemplar convivencia en las aulas.
Les rogaría a los señores
diputados del Partido Popular con la máxima modestia, ya que este es un tema de suma gravedad, que actúen con la máxima responsabilidad para no dividir a la sociedad catalana. (Aplausos).
Voy directamente ya al tema que hoy estamos debatiendo. La posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) -lo hemos dicho en todos los debates que hemos mantenido en todas las comisiones y en el Pleno del Congreso de los
Diputados- en todos aquellos aspectos que hacen referencia a las preferentes es que vamos a actuar desde una óptica no partidista. Vamos a intentar fijar una posición pensando en la problemática de todas aquellas personas que fueron estafadas
-diría que vilmente, ya que estos productos fueron comercializados de una forma fraudulenta por determinadas entidades financieras- y hoy se encuentran en una situación de precariedad, van a romper la hucha de sus ahorros y ven que finalmente no
existe nada, porque invirtieron pensando que eran productos financieros de liquidez y se les vendieron deudas subordinadas o deuda a largo plazo. Por tanto, vamos a intentar ser lo más objetivos posible en nuestra intervención. No vamos a intentar
sacar partido de las desgracias de estos ahorradores que han sido estafados y que lo están pasando muy mal, y vamos a intentar verlo de forma positiva y estar abiertos a todos aquellos planteamientos que van en la dirección de resolver la
problemática de dichos ahorradores. Por tanto, de entrada nosotros vemos aspectos muy positivos en este real decreto.
Señorías, el primer aspecto positivo que vemos es que hoy el señor ministro en su intervención ha dado una buena noticia a todos aquellos ahorradores de Caixa Laietana que en su momento invirtieron en productos de preferentes y fueron
engañados una vez, y que posteriormente en el año 2012 fueron engañados por segunda vez e invirtieron en acciones de Bankia. A la vista de este real decreto parecía de entrada que estos señores que han sido engañados dos veces no podrían ir
directamente al sistema de arbitraje de consumo, pero hoy en su exposición el señor ministro ha cumplido con aquello que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) le propuso en la Comisión del 12 de marzo porque entendíamos que los
accionistas de Bankia que eran depositantes de Caixa Laietana, que en su momento les vendió fraudulentamente preferentes, y que posteriormente fueron estafados vendiéndoles acciones de Bankia, hoy tienen una buena noticia. Hay que intentar también
dar buenas noticias a la sociedad y cuando se pacta, se dialoga y se consiguen objetivos importantes hay que transmitirlo a la sociedad. Pues, señorías, hoy dichos accionistas y ahorradores de Caixa Laietana de Mataró en el Maresme tienen la
satisfacción de que podrán acudir al arbitraje y podrán recuperar el cien por cien de sus ahorros. En ese caso, quiero resaltar -porque es de bien nacido ser agradecido- que el ministro de Economía ha cumplido fielmente con todos aquellos aspectos
planteados por este grupo en la Comisión de Economía y Competitividad.
Al mismo tiempo, también quisiera resaltar una afirmación que he hecho al inicio de mi intervención. Este no es un éxito de Convergència i Unió, sino que tendría que ser un éxito de todos los grupos de esta Cámara. Todos los grupos de esta
Cámara hemos trabajado con muchísima profundidad en la Comisión en la que pactaron en este caso Convergència i Unió y el Grupo Parlamentario Popular. Quiero agradecer también aquí al señor Martínez-Pujalte la sensibilidad que ha tenido, no ya con
este grupo sino con todos los grupos de esta Cámara, para poder llegar a soluciones como la de hoy, con la que resolvemos en parte un problema muy importante que existe en la sociedad española. Por tanto, señorías, les agradecería que todos los
diputados y portavoces de los diferentes grupos parlamentarios de esta Cámara pudiéramos dar también una buena noticia a todos aquellos ahorradores que, como los del caso de Caixa Laietana, hoy tienen una posibilidad legal de recuperar sus ahorros.
Agradecería al resto de los grupos parlamentarios que pudieran hacer de altavoces para dar esta buena noticia, porque desgraciadamente buenas noticias se dan poco desde la perspectiva económica en nuestro país. Por lo tanto, quiero resaltar este
aspecto positivo.
A los que puedan tener alguna duda o no les haya quedado claro les diría que el señor ministro lo manifestado en tres ocasiones: en su exposición, en la dúplica que le ha dado al portavoz socialista y en la primera réplica que le ha dado al
portavoz socialista. Por tanto, ha dejado bien claro que todos aquellos accionistas de Bankia provenientes de preferentistas de Caixa Laietana que han sido estafados dos veces van a tener la posibilidad de recuperar el cien por cien de sus
inversiones a través del sistema de arbitraje de consumo. Lógicamente esta buena noticia es también extensiva desde la perspectiva de Cataluña a todos aquellos preferentistas de Catalunya Caixa que están en la misma situación y a muchísimos
preferentistas de otras cajas nacionalizadas que a través de esta comisión de arbitraje van a poder recuperar sus ahorros.
Señorías, hay otra segunda cuestión importante que vale la pena resaltar. Siempre hemos dicho que nunca se tendría que haber llegado a la situación real que hoy estamos debatiendo, porque estamos intentando resolver la problemática de
muchos ciudadanos españoles que confiaron sus ahorros a diferentes entidades financieras y que han sido estafados vilmente. Nunca tendríamos que haber llegado a esta situación. Por lo tanto, me gustaría resaltar aquí que cuando hablemos de los
criterios que ha de fijar esta comisión, que será presidida por la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tuviéramos sensibilidad para que los criterios fueran lo más universales posibles. Porque, señor ministro, desde nuestra
perspectiva tiene las mismas posibilidades de poder acudir a esta comisión de seguimiento y de arbitraje el jubilado de más de 65 años, que hoy podría ser considerado un estafado, que otra persona que tenga 55 años y que habiendo confiado y tenido
la garantía de la entidad financiera quizás no pueda abrigarse a los criterios que se fijen en esta comisión y pase por un especulador sin tener la posibilidad de recuperar sus ahorros.
El señor ministro en su intervención ya ha dado un panorama de que intentarán flexibilizar al máximo los criterios. Ha hablado de un primer nivel de 30.000 euros de ahorro sin especificar si tienen 25, 35, 55 años o si es jubilado, con lo
cual hay aquí ya una garantía importante de que se puede resolver esta situación, pero al mismo tiempo nosotros vamos a continuar pidiendo al Grupo Popular -dentro de la influencia que nosotros tenemos, que es nula, porque el Grupo Popular dispone
de mayoría absoluta- que se fijen unos criterios lo más universales posible para que todas aquellas personas que puedan demostrar que han sido estafadas no por desconocimiento sino porque confiaron en la marca de la institución financiera, en el
prestigio, en la solvencia de la marca de la institución financiera, también puedan recuperar sus ahorros. Desde esta perspectiva, si es necesario atraer más recursos para que esto sea lo más universal posible, lo seguiremos pidiendo y seguiremos
confiando en la sensibilidad y en la complicidad que hasta la fecha ha demostrado -hoy lo ha hecho- el Partido Popular en el sentido de que a partir de hoy vamos a resolver muchísimos casos de personas que han sido estafadas vilmente, algunas dos
veces, para que puedan recuperar sus ahorros. Para Convergència i Unió esto es muy importante. Se trata de estar más al lado de las personas que lo necesitan y no de problemas o planteamientos partidistas que no nos llevan a ningún sitio.
Muchas gracias, señor presidente, y señoras y señores diputados. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte. (Fuertes rumores y protestas en la tribuna de invitados profiriendo insultos).
Tienen ustedes que abandonar la tribuna. (Fuertes protestas).
Una vez que se ha procedido a dejar las tribunas libres de los que han alterado el orden el señor Martínez-Pujalte, tiene la palabra. (Fuertes protestas.-Varios señores diputados: ¡Zapatero! ¡Zapatero!-El señor Ruiz Llamas pronuncia
palabras que no se perciben.-El señor Elorza González: ¡Vosotros!). ¡Señor Elorza, siéntese en su escaño! (El señor Elorza González: Me están insultando). ¡Señor Elorza! (Fuertes protestas en la tribuna de invitados profiriendo
insultos.-Aplausos.-Un señor diputado del Grupo Parlamentario Popular: ¡Os están llamando ladrones!-El señor Ábalos Meco: ¡Bankia, Novacaixa! ¡Estabais todos ahí!-Fuertes protestas).
Espero que se haya reestablecido el orden en el hemiciclo. Aviso que ante cualquier actitud por parte de los diputados que lleve a un enfrentamiento entre grupos llamaré al orden y expulsaré al diputado que sea llamado al orden por tercera
vez. Por lo tanto, quiero silencio, quiero que se escuche al orador como se ha escuchado antes a los demás oradores.
Por lo tanto, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchísimas gracias, señor presidente.
Señorías, con el ánimo de dar una solución a un problema real me subo a esta tribuna. Pensaba cuando estaba sentado en el escaño que mi padre me enseñó dos cosas cuando empecé en política. Me dio un consejo, no quería que me dedicara a la
política pero me dio un consejo. Me dijo: Nunca digas nada que no sea verdad. Y me dijo otra cosa: Y cumple los acuerdos a los que llegues aunque solo sean acuerdos de los que se sellan dando la mano. (Aplausos). Señorías, me subo a esta
tribuna enseñando un documento que me mandó el Grupo Socialista, el asesor de don Valeriano Gómez y que anunciamos en prensa ambos. Un acuerdo que tiene en rojo los añadidos que el señor Gómez puso. Un acuerdo que hoy, junto con el acuerdo del
FROB de hace unos días, da cumplimiento
este decreto-ley. Estoy aturdido de que el Grupo Socialista no cumpla no con los acuerdos que se forjan dando la mano, sino que no cumpla con acuerdos que quedan por escrito y sobre los que se dan ruedas de prensa. (Aplausos).
Señorías, este decreto-ley no va de bancos, va de personas. Este decreto-ley no va de ayudas a entidades financieras, va a dar solución a ahorradores que fueron engañados, sí, engañados. ¿En qué año? En el año 2009 cuando era presidente
del Gobierno el señor Zapatero. (Aplausos). Señorías, queremos dar una solución al problema y les doy datos de la CNMV. Se emitían participaciones preferentes en España. En 2002, 900 millones; en 2003, 711; en 2005, 265; 11.000 millones
vendidos a accionistas en 23 emisiones en el año 2009. Datos de la CNMV. ¿Y saben por qué se emitieron 23, por qué hubo 23 emisiones y 11.000 millones? Porque en el año 2009 había empezado la crisis, las entidades financieras tenían problemas y
el señor que se sentaba ahí, el señor Zapatero, dijo que estábamos en la Champions League, que no quería pedir ayuda para los bancos, y engañó a los preferentistas y engañó a los ciudadanos. (Aplausos). Por eso se emitieron 11.000; por eso, no
por otra razón. Yo entiendo al señor Hurtado cuando habla de estafa estructural; lo entiendo. Yo no diría eso, pero él lo dice, y entendería su coherencia si cuando acabe este debate pide un taxi y se va a la plaza de Castilla y le pone una
querella criminal a Zapatero, que era el presidente, a Solbes y a Elena Salgado, a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador, y al presidente de la CNMV, que son los que autorizaron las emisiones. Que son los que autorizaron las emisiones.
(Aplausos).
Por cierto, señora Lozano, solo un detalle. Unos y otros. En esos años, líder socialista importante que iba dando mítines con Zapatero: Rosa Díez, número uno en las europeas. (Aplausos.-Una señora diputada: ¡Muy bien!). Señorías, hasta
el 2010 las entidades tenían un sistema de recompra de las participaciones preferentes cuando un minorista quería venderlas, y el 16 de junio de 2010 -siendo presidente del Gobierno Zapatero, siendo vicepresidenta Elena Salgado, siendo gobernador
del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y siendo presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el otrora comunista y luego socialista Julio Segura, escribió una carta (Muestra un documento) prohibiendo hacer esa práctica, y
ahí es cuando quedaron atrapados los preferentistas; en ese momento, señorías, no en otro. (Aplausos).
En el Partido Popular habremos hecho cosas muy mal, y yo le dejo que las diga, pero cuando nosotros llegamos la deuda viva en preferentes era de 31.000 millones de euros. Este año, un año de gobierno, no se ha emitido ninguna; es más,
hemos prohibido que se haga en el futuro, y la deuda viva son 10.000 millones de euros. Hemos arreglado 21.000 millones de euros, y de minoristas quedan ahora mismo 5.600 millones. Y hoy aprobamos un decreto -y señorías, voten con orgullo- para
solucionar el problema de esos ciudadanos. (Aplausos.-Una señora diputada: ¡Muy bien!). Ustedes autorizaban las emisiones a través de las personas que habían puesto en los organismos, ustedes prohíben que haya un mercado en las entidades y
ustedes ahora -y se lo digo con cariño- agitan a los ciudadanos queriendo que la responsabilidad sea del Partido Popular cuando es suya. La nuestra es dar solución. (Aplausos).
Señorías, no se pongan nerviosos pero les voy a contar una historia. En España había unas entidades donde muchos ciudadanos ahorraron, que se llamaban Forum y Afinsa, y un día, justo el día en que habían detenido ilegalmente a dos
militantes del Partido Popular, el señor Rubalcaba -estoy seguro de que por casualidad, estoy seguro- envío a los GEO a intervenir esas dos entidades, y dijo el señor Rubalcaba, ministro del Interior: Esto lo hago para proteger sus ahorros. Desde
entonces no han cobrado ni un duro, ni un duro. ¡Así protegen ustedes los ahorros! (Aplausos). Por cierto, señor Hurtado, esos señores se manifestaban en la puerta de Ferraz y la policía -de la que era ministro Rubalcaba- puso, seguro que por
casualidad, más de 500 denuncias en multas, y algunos ahorradores de Forum y Afinsa se suicidaron. (Protestas.-El señor Ruiz Llamas: ¡Eres un sinvergüenza!). Un amigo me dice -yo no lo diría ni lo pienso-: Si hubiera sido en la puerta del PP
dirían que los culpables sois vosotros. Yo no lo digo. (Varios señores diputados: ¡Nooo, nooo!).
Miren, de ustedes veo una cosa. Ayer me decían que la posición del PSOE la fija la consejera de Vivienda de Andalucía, que ha declarado: O voy en el coche oficial o hago escrache a los del PP. ¿Esa es la democracia? (Rumores). Yo sé que
muchos diputados del Grupo Socialista no están de acuerdo con lo que está haciendo su grupo; estoy seguro, pero nosotros tenemos que pensar... (Rumores.-El señor Ruiz Llamas pronuncia palabras que no se perciben).
El señor PRESIDENTE: Señor Ruiz Llamas, tiene usted que guardar silencio porque hay un orador en el uso de la palabra. (El señor Ruiz Llamas: Que sea respetuoso también el que habla). Silencio, se lo pido. (El señor Ruiz Llamas
pronuncia palabras que no se perciben). Le llamo al orden por primera vez.
El señor MARTÍNEZ PUJALTE-LÓPEZ: Nosotros tenemos que pensar en las personas, y este decreto-ley, señorías, lo que hace -y lo ha dicho el señor Sánchez i Llibre- es agilizar un procedimiento para que los ciudadanos que han recibido, con
Gobierno socialista, una comercialización inadecuada de un producto lo puedan recuperar en su integridad. Y aquí se establecen la Comisión, los criterios, lo que yo entendía que el Grupo Socialista iba a respetar, que es mi pacto con el señor
Gómez. Entendía que era lo que iban a respetar. Por eso no ha venido y le respeto. (Aplausos). Esto viene (Muestra un documento) del ordenador del señor Gómez. Su lema puede ser la agitación, el nuestro es arreglar los problemas a los
ciudadanos. (Aplausos).
Acabo, presidente. Mutatis mutandis les va a valer el ejemplo, mutatis mutandis les va a valer el ejemplo. La sentencia de Estrasburgo sobre una cláusula abusiva en un contrato de hipoteca se dicta sobre una hipoteca firmada en el 2007,
con un Gobierno de zapatero; el impago, en el 2008; el inicio de ejecución, en 2009, y el desahucio -el lanzamiento técnicamente-, en el 2011; todos con Gobierno socialista. La hipoteca se la concede -para que se sepa, no quiere decir nada-
Caixa Catalunya, presidida por un socialista y en cuyo consejo de administración estaban insignes socialistas. Eso sí, el escrache delante de la casa de los diputados del Partido Popular. (Prolongados aplausos). Señorías, esa es la verdad.
Concluyo. Ustedes en 2009 engañaron a millones de personas vendiéndoles preferentes en vez de acudir a un rescate en Bruselas, que era lo mejor para la banca española y lo que hizo otra banca europea. Ustedes me engañaron a mí, porque
llegué a un acuerdo con ustedes que no han cumplido, y ahora mi lucha va a ser que no engañen a los ciudadanos diciendo que la responsabilidad es nuestra, cuando es suya.
Gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular, puestos en pie).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte. (El señor Baldoví Roda pide la palabra).
Señor Baldoví, supongo que quiere hablar por una alusión personal. El debate no puede abrirse. Si es por la alusión personal que se le ha hecho, tiene usted un minuto.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias y no llegaré a consumirlo.
Simplemente es por la alusión personal que me ha hecho la miembro de UPyD señora Lozano, cuando ha dicho que la formación del señor Baldoví ha participado en los consejos de administración. Compromís no ha participado en los consejos de
administración por una razón obvia, no teníamos representación en las Cortes y, por tanto, nos era materialmente imposible nombrar consejeros, cosa que no pasa con algún miembro destacado de su partido, que sí que ha estado muchos años vinculado al
Partido Socialista vasco, y que fue consejera del año 1991 al año 1997 y qué sí que tiene la potestad. Le pido simplemente que retire las palabras que hacen referencia a mi persona y a Compromís. (La señora Lozano Domingo pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Señor Baldoví, Compromís está en Caixa Ontinyent. Si de mis palabras se ha desprendido que eso significa que esté implicado en las irregularidades, estoy dispuesta a retirarlo. Quizá ha habido una confusión en
cuanto a partidos que están en las cajas y partidos que están implicados en cajas con irregularidades. Pero no discuta que Compromís está en Caixa Ontinyent porque lo está desde el año pasado. En cualquier caso, retiro cualquier alusión a su
implicación en irregularidades, porque eso no lo ha habido, y reitero también, por las alusiones personales que me han hecho a mí otras personas, que nuestro partido va a llevar este asunto a la Audiencia Nacional mediante una querella criminal,
porque somos los que podemos hacerlo, los que queremos hacerlo y los que no tenemos miedo. (Rumores).
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lozano.
Zanjado el incidente.
RETIRADA DEL ORDEN DEL DÍA.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA CADENA ALIMENTARIA. (Número de expediente 121/000037).
El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Mixto, BNG, la señora Fernández Davila ha retirado, cosa que le agradezco, la enmienda a la totalidad al proyecto de ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Por
tanto, esto nos dice que desaparece el punto 34. (Insultos en la tribuna de invitados).
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES.
- PROTOCOLO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA CONFEDERACIÓN SUIZA QUE MODIFICA EL CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO FIRMADO EN BERNA EL 26 DE ABRIL DE 1966, Y SU PROTOCOLO,
MODIFICADOS POR EL PROTOCOLO FIRMADO EN MADRID EL 29 DE JUNIO DE 2006, HECHO EN MADRID EL 27 DE JULIO DE 2011. (Número de expediente 110/000076).
- ENMIENDA AL ACUERDO DE SERVICIO DE PRÉSTAMO DE 80.000.000.000 EUROS ENTRE LOS SIGUIENTES ESTADOS MIEMBROS CUYA MONEDA ES EL EURO: EL REINO DE BÉLGICA, IRLANDA, EL REINO DE ESPAÑA, LA REPÚBLICA FRANCESA, LA REPÚBLICA ITALIANA, LA REPÚBLICA
DE CHIPRE, EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO, LA REPÚBLICA DE MALTA, EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS, LA REPÚBLICA DE AUSTRIA, LA REPÚBLICA PORTUGUESA, LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA, Y LA REPÚBLICA DE FINLANDIA Y KfW, ACTUANDO EN INTERÉS PÚBLICO, CON SUJECIÓN A
LAS INSTRUCCIONES Y ACOGIÉNDOSE A LA GARANTÍA DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, COMO PRESTAMISTAS Y LA REPÚBLICA HELÉNICA COMO PRESTATARIO, EL BANCO DE GRECIA COMO AGENTE DEL PRESTATARIO, HECHA EN BRUSELAS EL 19 DE DICIEMBRE DE 2012 Y EN ATENAS
EL 18 DE DICIEMBRE DE 2012. (Número de expediente 110/000077).
- DENUNCIA DEL ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS PARTICIPANTES EN LA BRIGADA MULTINACIONAL DE FUERZAS DE RESERVA DE DESPLIEGUE RÁPIDO PARA OPERACIONES DE LA ONU REFERENTE AL ESTATUTO DE SUS FUERZAS (SHIRBRIG), HECHO EN COPENHAGUE EL 13 DE DICIEMBRE
DE 2001. (Número de expediente 110/000078).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. En este punto, que serían los puntos 31 a 33, que tramitamos conjuntamente, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA:
La Izquierda Plural, ha pedido la palabra y la tiene el señor Nuet. (La señora vicepresidenta, Villalobos Talero, ocupa la Presidencia).
El señor NUET PUJALS: Gracias, presidente.
Sin duda este país se está poniendo caliente y el Congreso de los Diputados es un buen termómetro para darnos cuenta. Yo aconsejaría a sus señorías que se lo tomen con calma porque esto solo acaba de empezar. (Protestas.- Varios señores
diputados pronuncian palabras que no se perciben).
En el debate de los tratados, señorías, escrutamos hoy el rescate griego y también el Fondo europeo de estabilidad y sobre ese tratado en concreto tenemos opinión. En primer lugar, no sé si saben que hace pocos días se ha publicado en la
prensa que sin paraísos fiscales en estos momentos los países de la Unión Europea recaudarían anualmente entre 200.000 y 250.000 millones de euros y hoy el tratado que pretendemos aprobar habla solo de 80.000 millones de euros del Fondo de rescate
europeo. Dense cuenta de qué lejos estamos, de qué lejos está la Unión Europea y de qué lejos está este Congreso de los Diputados, si al final vota favorablemente a este tratado, de la realidad de la Unión Europea. El dinero existe, el dinero
está, pero está en algunos sitios muy concretos, por ejemplo en los paraísos fiscales, y por eso tenemos que aprobar un mecanismo de rescate que no cuenta con el apoyo de este grupo parlamentario ni con el apoyo de una parte importantísima de la
ciudadanía de la Unión Europea.
Hace pocos días el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicaba unos datos muy concretos: 130.000 nombres de políticos y empresarios de 170 países, algunos de esos países de la Unión Europea, que están teniendo
prácticas y que tienen dinero en paraísos fiscales; 70 de esos nombres son españoles y hasta este momento aún no conocemos todos esos nombres, aunque sí se han filtrado a prensa algunos de ellos. Asimismo quiero decirles que 30 de las 35 empresas
que cotizan en el IBEX 35 de la Bolsa española tienen trabajos, tienen cuentas, tienen intereses en paraísos fiscales, 30 de las 35 españolas que cotizan en nuestro IBEX 35. Esos son datos concretos.
Ayer el presidente Rajoy en esta misma Cámara, hablando de Europa, utilizó el concepto de la deuda como llave de bóveda de su discurso. Nos decía, con esa cita socialdemócrata que él comentaba, que un país endeudado no puede ser soberano,
para justificar básicamente el sometimiento del Gobierno del Partido Popular a los intereses de la troika, como en el caso de este tratado y del rescate de Grecia o de Chipre, o también como en el rescate del sistema financiero de nuestro país.
La deuda tal y como se ha desarrollado en países como Grecia, Portugal o España no es legítima. Ese concepto no es nuevo, ya se empleó en muchos países de América Latina durante los años ochenta y noventa, para los cuales el corralito de
Chipre no es una novedad porque lo vivieron en sus propias carnes. Por tanto, nosotros solicitamos una auditoría ciudadana que separe la deuda legítima de la deuda odiosa, y no toda la deuda debe ser asumida por nuestro país ni por Grecia ni por
Chipre.
A veces también nos preguntamos -y me refiero a las palabras del propio presidente del Gobierno- por qué la banca alemana de forma particular nos dejó tanto dinero, parte de nuestros problemas actuales, parte de nuestra deuda. La solución
es muy sencilla: porque como consecuencia de la burbuja inmobiliaria en nuestro país, no había, señores diputados, ningún lugar en el mundo donde se obtuvieran los rendimientos especulativos que aquí obtenía el capital alemán invertido. Pero ese
dinero no se dedicaba a hacer autopistas, carreteras o a construir universidades; se utilizaba en un modelo de especulación que por parte de algunos partidos políticos que hoy están aquí presentes fue fomentado. Por tanto, la deuda -fíjense bien-
es, sí, una llave de bóveda, pero una llave de bóveda que debe ser analizada y resuelta de una forma radicalmente distinta a como nos propone el Gobierno del Partido Popular y a como nos propone el tratado de rescate, tanto de la situación griega
como de otras situaciones que se puedan dar en el marco de la Unión Europea.
El Partido Popular quiere asimilar las responsabilidades de los españolitos hipotecados con la planificación usurera de la banca alemana y española. Pues no, no estamos de acuerdo y por eso tenemos opinión concreta ante el tratado que ahora
vamos a votar. El rescate griego es, señores diputados y señoras diputadas, una estafa. El rescate bancario español es, señores diputados y señoras diputadas, una estafa y se merece por supuesto nuestro voto en contra, como vamos a hacer en este
tratado.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Nuet.
Por el Grupo Socialista, señor Saura.
El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Queríamos fijar posición desde el Grupo Parlamentario Socialista sobre el protocolo entre España y Suiza. Fundamentalmente, lo que quiero transmitirles son tres ideas. La primera es que este protocolo pone encima de la mesa el debate sobre
la fiscalidad internacional, el gran fraude internacional, las jurisdicciones opacas, los paraísos fiscales y, en definitiva, la competencia fiscal a la baja. Esto tiene mucho que ver a nuestro juicio, es una pieza importante para salir de la
crisis económica y es una pieza importante también para construir sociedades más homogéneas, más cohesionadas social y territorialmente. Una cuarta parte de la riqueza del mundo está en paraísos fiscales. En el año 2011 los depósitos en paraísos
fiscales se incrementaron a una tasa del 2 %. Incluso, hay islas en el mundo donde existen más sociedades que habitantes en esas islas. Esta es la primera idea que quería transmitirles. Es un debate muy importante en la clave de la salida de la
crisis y de la cohesión social.
La segunda idea que queríamos transmitirles es que este protocolo es un paso adelante en esa lucha. Desde el Grupo Socialista lo valoramos como un elemento positivo. Ahora bien, es el inicio pero de ninguna manera es el final donde
queremos ir. Es un punto de partida, insisto, pero no es el punto final al que debe aspirar la sociedad española. ¿Por qué digo esto? Porque esto que hoy ratificamos aquí es un protocolo que se firmó hace un año y medio prácticamente. Desde hace
un año y medio ha llovido mucho, porque la crisis se ha hecho mucho más profunda, porque los recortes han ido a más, porque la sensibilidad social es mucho mayor y porque además hay instrumentos nuevos muy útiles para luchar contra los
paraísos fiscales, para luchar contra el gran fraude internacional. No nos engañemos, en el capítulo 12 de este protocolo que cambia el convenio existente se dice muy claramente: No va a haber intercambio de información automática. No nos
engañemos, no va a haber intercambio de información automática con Suiza. Por tanto, tenemos que seguir avanzando.
Esto se relaciona con la tercera idea que quería poner de manifiesto. España y Europa tienen que ser proactivas en la solución del problema, porque, como les decía anteriormente, si hay recursos para que la sociedad esté más cohesionada,
habrá una demanda efectiva mayor y será un elemento para salir de la crisis. ¿En qué dirección tiene que trabajar España? ¿En qué dirección tiene que ser proactiva España? Al menos en tres direcciones. En primer lugar, hay que apostar en el seno
de la OCDE por un nuevo modelo de convenio que incluya la filosofía de la Ley Fatca, una ley de la Administración Obama muy útil para luchar contra los paraísos fiscales. ¿De qué estamos hablando? Se obliga a las entidades financieras a que
comuniquen a esa autoridad las cuentas que tienen los extranjeros, tienen que dar información de todas las cuentas de todos los ciudadanos. Una segunda idea es que efectivamente España tiene que ser proactiva para apostar por el intercambio
automático de información dentro de la Unión Europea; dicho de otra manera, una especie de Fatca europea. Por último, si no se avanzara en las dos líneas anteriores, España tiene que trabajar por acuerdos Fatca sobre todo con países como Suiza.
Es decir, este convenio habría de evolucionar. Si no hubiera acuerdo en el seno de la OCDE, si no hubiera acuerdo en el seno de la Unión Europea, se tendría que trabajar por acuerdos tipo Fatca de España con países como Suiza para evitar
situaciones como la del informático Falciani, que ha obtenido información de los bancos suizos y la ha puesto a disposición de las autoridades francesas, italianas, griegas y españolas. Por tanto, la posición tiene que ser proactiva, porque además
tenemos algunos aliados interesantes. La Administración Obama está en ese camino con la Ley Fatca, que es muy útil, muy eficaz para luchar contra los paraísos fiscales, así como la Administración Hollande, la Administración francesa. En
consecuencia, acuerdos tipo Fatca sí, acuerdos Rubik no. Cuando hablamos de Rubik estamos hablando de amnistía fiscal, por ejemplo...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Saura, tiene que finalizar.
El señor SAURA GARCÍA: Termino ya, señora presidenta.
...acuerdos tipo Rubik no, porque implican amnistía fiscal para los depósitos y los activos de españoles que están en Suiza. Para eso no.
En definitiva, señora presidenta, señorías, creemos que es muy importante y estamos...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Saura.
El señor SAURA GARCÍA: ¿Sí, señora presidenta?
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Tiene exactamente tres segundos.
El señor SAURA GARCÍA: Nosotros, el Grupo Socialista, vamos a apoyar esta propuesta, pero nos parece insuficiente y tenemos que trabajar en España para conseguir avanzar en este tema. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchas gracias, señor Saura.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Casado.
El señor CASADO BLANCO: Muchas gracias, señora presidenta.
Antes de entrar a anunciar el apoyo del Grupo Parlamentario Popular a esta modificación del acuerdo tan importante que es el rescate o el préstamo que la Unión Europea en colaboración con el FMI ha dado a un Estado miembro y socio como
Grecia, quería hacer alusión a las primeras palabras del señor Nuet. Creo que es absolutamente indecente que un diputado de esta Cámara suba a esta tribuna a decir que está muy calentito este Congreso y que esto no ha hecho más que empezar. Es
preocupante porque quizás usted está mostrando su complicidad, su complicidad hacia esta algarada callejera, ante esta delincuencia autoritaria, ante este totalitarismo que está agrediendo a los diputados del Partido Popular (Aplausos), y lo más
preocupante de todo es que además agreden al Partido Popular precisamente porque está arreglando lo que ustedes, en complicidad con el Partido Socialista, dejaron en este país, que fue una crisis sin precedentes (Protestas.-Aplausos), por lo cual me
parece absolutamente inaceptable. Lo que usted debería hacer es, directamente, condenar este supuesto ambiente caliente y desde luego no amenazar con que lo peor está por venir. (El señor Nuet Pujals y la señora De las Heras Ladera
pronuncian palabras que no se perciben). Usted debería -como tiene que hacer su portavoz, no como hizo hace dos días en rueda de prensa- condenar exactamente lo que están sufriendo los diputados democráticamente elegidos y que están
haciendo exactamente lo que ustedes no hicieron, en colaboración con el señor Zapatero, lo que ustedes no están haciendo ahora mismo gobernando en Andalucía (Protestas) y sin duda lo que ustedes están fomentando, que es que haya un clima de
crispación que desde luego el Partido Popular en ningún caso va a fomentar.
Dicho esto, creo -y difiero también del señor Nuet- que es una responsabilidad y no solo de España. Usted dice que se preocupa del tema de España y que no se va a meter en los procelosos mundos de la Unión Europea. Pues le voy a hablar de
la repercusión que tienen esos acuerdos europeos en España. Por ejemplo, hay una frase de un conocido banquero que dice: si tú debes 10.000 euros a un banco tienes un problema, pero si debes 100 millones de euros el problema lo tiene el banco.
Esto es básicamente lo que se intenta resolver desde el Mecanismo de estabilidad europea, que es facilitar el pago de la deuda de los Estados miembros, de los socios comunitarios que tienen dificultades para pagarla.
Creo que fue muy adecuado que en 2010 tanto el FMI como los socios comunitarios, el Eurogrupo, dieran una línea de crédito, un préstamo a Grecia, en efecto de 80.000 millones en la parte correspondiente a la Unión Europea y de 30.000
millones, hasta llegar a 110.000, por parte del FMI. Me pareció también muy adecuado que en 2011, por las dificultades de pago que tenía el Estado de Grecia, el entonces Fondo de estabilidad europeo decidiera bajar un punto los intereses y
decidiera ampliar a siete años y medio la amortización del préstamo. Me parece también muy oportuno que en 2012 se volviera a bajar el interés a un punto y medio y se ampliara a quince años y me parece muy oportuno lo que ahora estamos defendiendo,
que se amplíe a treinta años el plazo de amortización y que se deje el interés básicamente en un 0,50 más Euríbor a tres meses. Eso a usted no le parece bien, pero veamos qué repercusiones tendrían las dificultades de Grecia en la eurozona. Lo ha
dicho el presidente del Gobierno precisamente ayer.
Si Europa ha demostrado en la última semana que es fuerte, es por la irreversibilidad del euro, es por el éxito de la resolución de la crisis en Chipre y es también por el hecho de que cualquier socio, por ese Mecanismo europeo de
estabilidad, sabe que va a poder contar con la ayuda de sus socios comunitarios si tiene algún problema. Pero el Gobierno de España, con su presidente a la cabeza, también ha exigido a Europa -lo que reclama usted es porque a lo mejor ayer no
escuchó- cinco puntos fundamentales: en primer lugar, avanzar en la unión fiscal, en segundo lugar en la unión bancaria, en tercer lugar reestructurar completamente la función del Banco Central Europeo, en cuarto lugar aumentar la convergencia
política de los Estados miembros y en quinto lugar -y también tremendamente importante y creo que es lo que ustedes vienen demandando- que empecemos a impulsar políticas de crecimiento.
Dirán ustedes que por qué no lo hace el señor Rajoy. Es que ya las ha anunciado. Respecto al informe precisamente de ayer, del que ustedes han destacado muchísimo los dos puntos negativos -tasa de paro y deuda pública-, lo que no destacan
son los ocho parámetros en que sí ha mejorado España en el año 2012, desde la balanza por cuenta corriente, pasando por los costes unitarios laborales, pasando por inversiones internacionales, etcétera. Lo que decía Olli Rehn precisamente es que,
apoyando las reformas estructurales que ha hecho el Gobierno de España en esta legislatura en apenas un año y medio, hay que hacer más, como las que ayer se anunciaron para el 26 de abril, exactamente la reforma energética, exactamente la reforma de
emprendedores, exactamente la reforma de una cosa que ustedes han reclamado muchísimo y que me parece también importantísima, que es la reforma de las administraciones públicas. Pero, claro, aquí lo que no se puede hacer, señor Nuet, es intentar
bombardear la estabilidad de la Unión Europea, porque afecta también a España, y ese es el gran problema que tenemos.
Valoro muy positivamente que los demás grupos vayan a apoyar estos convenios, porque es nuestra responsabilidad como socios comunitarios. Entiendo que hagamos lo que hagamos les parecerá muy mal. Esto es, parafraseando a Thatcher, como si
ustedes ven al señor Rajoy caminando sobre las aguas de la ría de Pontevedra, dirán que no sabe nadar. O sea, por mucho que hagamos aquí, para ustedes será poco, pero les recuerdo que lo que está haciendo el Gobierno de la nación y el presidente
del Gobierno a la cabeza es precisamente arreglar el desaguisado que ustedes, la izquierda, dejaron, por lo cual les solicito que dejen de apelar a la crispación social, que dejen de vulnerar el respeto a la democracia y a la libertad de los
diputados en el ejercicio de sus responsabilidades y que simplemente, si no quieren recorrer el camino de la recuperación económica con nosotros, por lo menos no pongan zancadillas ni piedras en el camino.
Muchas gracias. (Aplausos.-Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Casado.
El señor NUET PUJALS: Pido la palabra por alusiones personales.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor Nuet, lo siento mucho, pero he seguido el debate con muchísima atención y el debate ha sido de alusiones personales tanto por una parte como por otra. Usted era el portavoz de La
Izquierda Plural y lógicamente se referían a usted. (El señor Nuet Pujals: Pido la palabra). No le doy la palabra, señor Nuet, lo siento. (Protestas.-El señor Nuet Pujals: Me ampara el Reglamento. Pido que el señor diputado me dé disculpas y
solicito el amparo). Señor Nuet, en primer lugar, no se le escucha porque no tiene usted el micrófono activado, con lo cual es muy complicado... (El señor Coscubiela Conesa: Pero se le entiende y además se le escucha). Señor Coscubiela...
(Rumores). Señor Nuet, para que se le escuche tiene que tener usted el micrófono encendido. Ahora lo tiene encendido. Usted me ha pedido la palabra por alusiones y yo le he dicho que usted ha sido el portavoz de La Izquierda Plural y,
lógicamente, usted es el portavoz y por tanto las alusiones son hacia usted. Yo no he observado ni en su intervención -ni en su intervención, señor Nuet- ni en la intervención del señor Casado ninguna cuestión que tuviese que ser motivo de llamada
al orden. Por lo tanto, siento muchísimo decirle que no tiene usted la palabra, lo siento.
El señor NUET PUJALS: Señora presidenta, se me ha llamado en esta Cámara -y debe constar aún en el 'Diario de Sesiones'- que soy un indecente. Yo pido ante este insulto poder tomar la palabra porque el Reglamento me ampara.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señor diputado, llevo el suficiente tiempo en esta Cámara para haber escuchado cuestiones importantes sobre criterios de los diputados y sobre la opinión de los diputados por las que no han sido
llamados al orden por la Presidencia ni les ha sido dada la palabra. Por lo tanto yo no veo razón para que así se produzca en el día de hoy, señor Nuet.
El señor NUET PUJALS: Señora presidenta, si no me da la palabra, nos reservamos el derecho de amparo ante esta injusticia que usted está claramente cometiendo.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Me parece muy bien, señor Nuet.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY DE FOMENTO DE LA INTEGRACIÓN DE COOPERATIVAS Y DE OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS DE CARÁCTER AGROALIMENTARIO. (Número de expediente 121/000038).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al punto siguiente del orden del día. Debate de totalidad del proyecto de ley de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario.
Para su presentación tiene la palabra el señor ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (Arias Cañete): Señora presidenta, señorías, el proyecto de ley que presento a esta Cámara, el proyecto de ley de fomento de la integración de cooperativas y otras entidades
asociativas de carácter agroalimentario, se enmarca en el objetivo estratégico del Gobierno de acometer una serie de reformas estructurales para reforzar la competitividad del sector agroalimentario y su capacidad de internacionalización. En España
contamos con cerca de 4.000 cooperativas y sociedades agrarias de transformación que en total apenas facturan 19.000 millones de euros, y de las 35.000 empresas agroalimentarias que tenemos, más del 90 % son pequeñas y medianas empresas. Para que
se hagan una idea de la situación de España respecto de lo que ocurre en la Unión Europea, señorías, solamente en los Países Bajos dos cooperativas: FrieslandCampina y Vion, una del sector lácteo y otra del sector cárnico, entre las dos, facturan
18.636 millones de euros; las 4.000 españolas 19.000, es decir, 4.000 cooperativas españolas tienen la misma cifra de facturación que dos cooperativas de los Países Bajos. En Alemania la mayor cooperativa, que es Bay Wa, factura 8.795, la mitad
que las 4.000 españolas, y en Suecia Arla Foods factura 6.200, la tercera parte -una sola cooperativa- que 4.000 españolas. Si se ve la cifra de las cooperativas españolas que más facturan, la primera es Coren con 966 millones de euros,
Agropecuaria Navarra la segunda con 420,
Anecoop la tercera con 412, Hojiblanca con 276 y Covap en Andalucía con 266. Las cifras ponen de manifiesto el diferente músculo que existe en el mercado entre unos y otros, todos competidores en un mercado único. Las 60 cooperativas más
potentes españolas facturan, sumadas todas, 6.600 millones de euros, que es lo mismo que factura la quinta cooperativa europea. Por lo tanto, tenemos un problema de falta de dimensionamiento que hace muy difícil tener posiciones negociadoras
potentes en la cadena agroalimentaria, en la que se ha producido un fuerte grado de integración de la distribución comercial organizada. Por eso, con este proyecto de ley el Gobierno ha querido poner a disposición del sector los medios para
permitir su redimensionamiento y favorecer un modelo cooperativo empresarial profesionalizado, generador de valor y que contribuya a la sostenibilidad del sector agroalimentario español.
Se pretende poner en marcha medidas para la potenciación de grupos comercializadores de base cooperativa y de dimensión supraautonómica capaces de operar en toda la cadena agroalimentaria y en los mercados nacionales e internacionales,
contribuyendo a mejorar la renta de los agricultores y a consolidar el tejido industrial alimentario de nuestras zonas rurales. Como saben sus señorías, la dimensión óptima de un grupo de comercialización relevante en el mercado la marca el propio
mercado en que ha de operar. Así, los actuales mercados abiertos y crecientemente competitivos requieren iniciativas que van más allá del ámbito territorial de una comunidad autónoma.
El proyecto de ley sobre fomento de la integración de cooperativas aprobado por el Gobierno en el Consejo de Ministros de 8 de febrero y que hoy les presento, es fruto de la colaboración con todos los sectores implicados. Previamente a su
aprobación en Consejo de Ministros han sido consultadas las comunidades autónomas, las principales entidades representativas del sector y las organizaciones profesionales agrarias, incorporándose en el texto muchas de sus aportaciones. El objetivo
que persigue el proyecto de ley es fomentar la integración de productores y la fusión de cooperativas para la constitución o ampliación de entidades asociativas de ámbito supraautonómico mediante dos instrumentos. Primero, el Plan estatal de
integración asociativa, cuyo objetivo es coordinar las políticas de fomento asociativo tanto del ministerio como de las comunidades autónomas en colaboración con el sector para aunar esfuerzos y promover las medidas que puedan conducir a la
concentración de la oferta. En segundo lugar, la creación, fomento e incentivación de las entidades asociativas prioritarias como nuevas figuras de ámbito supraautonómico. Es un proyecto de ley que pretende adaptar el marco jurídico al futuro de
nuestro mundo asociativo agroalimentario de forma clara, concisa y concreta. Se establecen como fines el fomento de la integración de productores y entidades asociativas en los primeros eslabones de la cadena alimentaria, la mejora de la formación
de sus cuadros directivos y la mejora de la renta de los productores agrarios en ellas integrados.
El proyecto de ley contiene las condiciones que deben cumplir las entidades asociativas prioritarias para su reconocimiento relativas a su ámbito de actuación supraautonómico, obligación de comercialización conjunta de la totalidad de la
producción, así como el montante de facturación. Se establecen las ayudas y beneficios previstos ante las diferentes situaciones de prioridad que se complementarán con otras establecidas en el marco de la política del departamento. Entre los
incentivos que se van a emplear para fomentar las entidades asociativas prioritarias cabe destacar las ayudas y subvenciones en materia de formación y asistencia técnica, mejora de los procedimientos de gestión, transformación y comercialización,
inversiones, internacionalización, promoción, I+D+i y nuevas tecnologías. Se crea el Registro nacional de entidades asociativas prioritarias adscrito a la Dirección General de la Industria Alimentaria. La inscripción en el registro se hará a
petición de la entidad interesada y en él se recogerán los datos correspondientes de la entidad asociativa prioritaria, así como los relativos a las entidades que la integran y la relación de productores que forman parte de las mismas, la cual será
objeto de actualización con carácter anual. El proyecto de ley regula el régimen de financiación de las ayudas, la colaboración de las comunidades autónomas y el Plan estatal de integración asociativa. Las ayudas podrán ser financiadas por la
Administración General del Estado y las comunidades autónomas, quedando el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente obligado a presentar a la conferencia sectorial el Plan estatal de integración asociativa, en el que se incluirán las
previsiones y dotaciones del departamento para impulsar la aplicación de la nueva ley, así como las actuaciones previstas en este mismo sentido por las comunidades autónomas. En definitiva, el principal objetivo que persigue este proyecto no es
otro que reforzar la competitividad del sector alimentario y su capacidad de internacionalización, contribuyendo así a impulsar el proceso de recuperación de la actividad económica y ello respetando escrupulosamente la distribución de competencias
contemplada en nuestra Carta Magna, porque este proyecto de ley se fundamenta, como el de medidas
para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, en el título competencial que atribuye al Estado las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. En cuanto a las cooperativas a las que se refiere
específicamente parte del articulado, la jurisprudencia constitucional atribuye expresamente la competencia exclusiva al Estado sobre las cooperativas de ámbito supraautonómico, y ello sin perjuicio de los reconocimientos, prioridades, ayudas y
cuantas medidas de apoyo puedan establecer las comunidades autónomas en relación con las cooperativas de su ámbito territorial.
En definitiva, el proyecto cumple rigurosamente con los principios de lealtad y respecto al ámbito de competencias de las comunidades autónomas y contribuye a garantizar el principio de libre competencia y el de unidad de mercado, principios
rectores de nuestra economía, pues incentivará el redimensionamiento del sector con medidas que se ajustan a las prescripciones del derecho comunitario.
Para terminar, quisiera recordar la importancia del asociacionismo agrario como fenómeno general y las cooperativas en particular, ya que han sido auténticos protagonistas del gran cambio experimentado en el sector agroalimentario español,
contribuyendo a la vertebración del territorio y a la viabilidad y sostenibilidad de nuestras zonas rurales. En los últimos cinco años, el número de agricultores asociados a cooperativas de primer grado se ha incrementado en un 16,8 % y la
facturación de las cooperativas en un 22 %, pero todavía no se ha alcanzado ese grado de dimensionamiento que les permita defender una posición negociadora en la cadena acorde con el grado de integración de sus clientes. Con el actual proyecto de
ley estamos impulsando un modelo cooperativo empresarial profesionalizado, generador de valor con la creación de grupos cooperativos de dimensión relevante, moderno y competitivo, con vocación exportadora y generación de empleo de calidad.
Por todo ello, les pido, señorías, su apoyo a este proyecto de ley, manifiesto el rechazo de la enmienda a la totalidad presentada y les expreso mi agradecimiento por las enmiendas que sin duda presentarán los grupos parlamentarios, que
mejorarán el texto propuesto por el Gobierno y contribuirán a que España pueda tener un potente sector cooperativo.
Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchísimas gracias, señor ministro.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) se ha presentado una enmienda de devolución. Para su defensa tiene la palabra el señor Solsona.
El señor SOLSONA AIXALÀ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, compartir objetivos y propuestas no es sinónimo de compartir los instrumentos y normas jurídicas que se aplican para intentar dar respuesta a una propuesta como esta ley de su ministerio. Es decir, no por compartir el fin de
su proyecto de ley nos cargaremos y pasaremos por alto nuestro marco regulatorio competencial, un marco que sobrevivió al brutal recorte del Tribunal Constitucional en el año 2010, y menos cuando la tendencia política de su ministerio en la práctica
totalidad de las iniciativas o propuestas se rigen por intentar imponer siempre el carácter nacional a todo y para todo, e intentar residualizar por un detonante de crisis o de coyuntura el marco competencial de las comunidades autónomas. No lo
podemos aceptar y por esta razón presentamos esta enmienda a la totalidad a este proyecto de ley.
El proyecto de ley de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario tiene como principal objetivo fomentar la fusión o integración de las cooperativas agroalimentarias y de otras
entidades de naturaleza asociativa, con el fin de favorecer la agrupación de los primeros eslabones que conforman la cadena alimentaria, consiguiendo así su redimensionamiento y mejora de su competitividad. Sin lugar a dudas, el Grupo Parlamentario
Catalán de Convergència i Unió comparte dicho objetivo por considerarlo prioritario para el sector agroalimentario y el desarrollo económico y social de nuestras zonas rurales, pero no comparte, como ya he dicho, la concreción del marco regulatorio
para llevarlo a cabo.
Como usted sabe, tres aspectos principales determinan las discrepancias de este grupo parlamentario respecto al proyecto de ley. El primero es de naturaleza competencial. La disposición final primera del proyecto de ley establece que esta
se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 139.1.13ª de la Constitución, en el que se atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación general de la actividad económica. Sin embargo, por su especificidad, la
concreción del fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario va más allá de la determinación de unas bases o de una coordinación general de la actividad económica. En cambio, encaja
completamente en las competencias exclusivas de determinadas comunidades autónomas. Es el caso del
artículo 116 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, el cual prevé la competencia exclusiva de la Generalitat en los ámbitos a los que se refiere este proyecto de ley, como por ejemplo, la regulación de los procesos de producción, las
explotaciones, las estructuras agrarias y su régimen jurídico; la investigación, el desarrollo y la trasferencia de tecnología, la innovación de las explotaciones y las empresas agrarias y alimenticias y la formación en estas materias. Por ello,
el título competencial invocado en el proyecto de ley queda desplazado por el autónomico -entendemos nosotros-, relativo a la agricultura y ganadería y al sector agroalimentario, por ser el que resulta implicado de forma más directa o relevante de
acuerdo también con la doctrina constitucional.
El segundo aspecto de discrepancia de esta enmienda a la totalidad con el proyecto de ley lo configura su falta de cumplimiento con un principio de defensa de la competencia, por mucho que una vez leídos los informes de la Comisión Nacional
de la Competencia así no lo interprete. Entre los requisitos que establece el proyecto de ley para el reconocimiento de las entidades asociativas prioritarias figura tener el ámbito de aplicación, de actuación suprautonómico como requisito
indispensable para ser considerada una entidad asociativa prioritaria, lo cual discriminaría cualquier iniciativa de fusión o integración de cooperativas que pudiese generarse en una misma comunidad autónoma, excluyendo a entidades que puedan
cumplir todos los demás requisitos exigidos, incluso el volumen de facturación, por el que no concentren su actuación en una misma comunidad autónoma. Ni la normativa española ni la europea sobre competencia permitirían esta discriminación.
El tercer elemento principal de discrepancia se centra en la indefinición -muy importante- sobre la financiación de las ayudas al fomento de la fusión e integración de las cooperativas agroalimentarias y de otras entidades de naturaleza
asociativa contempladas en el proyecto de ley. El proyecto de ley señala -entrecomillado- que las ayudas podrán ser financiadas por la Administración del Estado y por las comunidades autónomas. ¿Qué significa podrán? ¿Qué compromisos financieros
conlleva para la Administración central en un momento en que el Estado está reduciendo todas las aportaciones presupuestarias a programas que están gestionados por las comunidades autónomas? Las ayudas son necesarias, pero urge concretarlas y
comprometerse con ellas; de lo contrario, se corre el peligro de engañar al administrado, tal como ha ocurrido en otras normativas quizá bien diseñadas pero mal financiadas. En este aspecto, aparte de la indefinición de quién pagará, se nos
intenta -y permítanme la expresión- colar un gol por la escuadra en el momento de plantear a partir del cheque nacional de la PAC un plan nacional de desarrollo rural; es decir, quitar asignaciones directas a las comunidades autónomas para
articular un plan nacional que les permita, entre otras cosas, financiar estas ayudas; es decir, directa o indirectamente se pagarán a través de las comunidades autónomas ayudas para entidades supraautonómicas. Cada comunidad autónoma, de acuerdo
con el marco nacional, tiene un PDR aprobado en el que se ha incorporado una serie de medidas de desarrollo rural de acuerdo con la realidad socioeconómica de cada territorio. En el caso de Cataluña, las ayudas a la cooperación y la integración
cooperativa están auxiliadas fuera del PDR y se financian todas íntegramente con el presupuesto autonómico. Entendemos que la decisión estatal de incluir estas ayudas en el PDR es una clara injerencia en la competencia exclusiva en materia de
agricultura y ganadería. En cualquier caso, la descripción de las medidas de cada PDR debería ser autonómica de acuerdo con los intereses y características de su ámbito territorial. La determinación de la prioridad estatal debería ser de carácter
orientativo y no obligatorio. La competencia en agricultura es exclusivamente autonómica, por lo que en la técnica de reparto territorial de las subvenciones se tendría que proceder a territorializar estas ayudas, estableciendo unos mínimos
criterios o unos principios generales que regularan la finalidad última de la norma y dejando margen a las comunidades autónomas para su posterior desarrollo. Finalmente, quiero señalar que el proyecto de ley establece excesivas remisiones
reglamentarias, como la cuantía de facturación anual mínima para el reconocimiento de la entidad asociativa prioritaria o una extralimitación en la regulación de las situaciones de preferencia, que pudieran dar lugar -como he dicho- a situaciones
discriminatorias en el sector.
Señor ministro, como ve, la principal motivación de esta enmienda a la totalidad es por el tema competencial y también por la indefinición económica. Hemos intentado y hemos hablado hasta el final -hasta el último minuto podríamos decir-,
con informes y contrainformes, para intentar llegar a acuerdos. Esa voluntad, que agradecemos, es también la que mantenemos incluso a día de hoy, pero nos vemos en la obligación de mantener esta enmienda a la totalidad. Señor ministro, agradecemos
su voluntad y esperamos que en el trámite de enmiendas se puedan subsanar estas cuestiones y que tenga en cuenta la propuesta que le hemos hecho ahora mismo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Solsona.
En torno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo en nombre de Unión del Pueblo Navarro muy brevemente para anunciar nuestro voto contrario a esta enmienda a la totalidad que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al proyecto de ley de
cooperativas. En primer lugar, quisiera poner en valor la retirada de la enmienda de devolución al proyecto de ley de mejora de la cadena alimentaria que, de alguna manera, forma un mismo grupo normativo en esta materia. Nosotros no compartíamos
las razones que justificaban o explicaban la enmienda de devolución a ese proyecto de ley y tampoco compartimos las razones que se esgrimen ahora para presentar esta.
Como el anterior compareciente, compartimos los objetivos del proyecto de ley que, de alguna manera, son una necesidad objetiva: coadyuvar a que el impulso y fomento de la integración cooperativa favorezca su competitividad y corregir los
problemas de atomización del sector con la regulación de su redimensionamiento, su modernización y su internacionalización. Hoy lo recordaba el señor ministro, ninguna cooperativa española está entre las veinticinco más grandes de la Unión Europea.
Yo creo que él ha dado un prolijo estado de la atomización del sector con toda objetividad, y yo añadiría con toda crudeza. En todo caso, Unión del Pueblo Navarro va a trabajar activamente esta norma defendiendo la autonomía de las comunidades para
legislar respecto a su propio ámbito de competencias. La Ley de Amejoramiento del Fuero recoge en su artículo 27 que las cooperativas son una competencia exclusiva de Navarra; en todo caso, regulándolas conforme a la legislación general. Vamos a
trabajar para que esa relación no sea enfrentada sino de colaboración, esa va a ser en todo caso nuestra actitud o una de ellas.
Desde Navarra, señor ministro, el sector de cooperativas nos ha presentado -creo que también se las ha hecho llegar- una serie de reservas, puntualizaciones o modificaciones tanto en esta norma como en la que citaba anteriormente de cadena
alimentaria, que hasta ahora no han tenido mucho éxito; en todo caso nosotros insistiremos en ello. Yo no voy a hablar de su contenido porque no tengo mucho tiempo, pero sí diré que a nuestro juicio puede resultar paradójico que, por un lado, se
pretenda aumentar la dimensión de las cooperativas y, por otro, se pueda limitar las ayudas una vez que las cooperativas adquieran cierta dimensión en determinadas condiciones. Pensamos que se debería eliminar la posibilidad de que se consideren
como entidades cooperativas a determinadas organizaciones de productores que no tienen nada de cooperativas o que hayan podido crearse de manera un tanto ficticia. Navarra, señorías, señor ministro, es una comunidad -usted lo sabe muy bien- en la
que el peso del sector agroalimentario es muy importante, es innegable. Usted hacía referencia a Agropecuaria Navarra como la segunda entidad de peso y de facturación de nuestro país, y es verdad que es un sector puntero y de innovación en nuestra
tierra por capacidad, por empleo, por facturación, por I+D+i y por exportación, etcétera.
Finalmente, quiero trasladarle, no como inquietud pero sí como compromiso, que desde luego lo que mi partido quisiera es que esta norma no perjudicase sino que ayudase al sector y obviamente también a los operadores que actúan en Navarra.
Usted hacía mención al Plan anual de integración asociativa que recoge el proyecto de ley, y en Navarra ya está puesto en marcha el II Plan de integración cooperativa en fase de grupos, del que esperamos presenten sus propuestas y sus conclusiones
el primer semestre de 2013. El anterior plan, que abarcaba de los años 2006 a 2011, Plan de actuaciones para la reestructuración de las cooperativas agrarias en Navarra, ha supuesto una movilización, una dotación presupuestaria superior a los 20
millones de euros, que yo creo que muestra el compromiso de mi partido y del Gobierno de Navarra con este sector. Es un plan que recoge distintas medidas pero parecidas a las que plantea este proyecto de ley para incentivar la integración: el
apoyo a la fusión de cooperativas, incremento porcentual de ayudas a las inversiones de aumento de valor añadido que realicen las cooperativas fusionadas, ayudas a la dotación de instalaciones y equipamientos en régimen asociativo y apoyo a la
dinamización de la integración cooperativa.
Perdóneme, señor ministro, si insisto en el interés de mi partido por que acertemos con las reformas que debemos hacer para que este sector se modernice, como usted lo describía muy bien, y funcione mejor. Nosotros esperamos que esta
reforma, junto con la que también vamos a ver en esta Cámara de la cadena alimentaria u otras anunciadas sobre gran distribución y denominaciones de origen, redunden en beneficio de ese sector y, en definitiva, en beneficio de los consumidores. Por
eso, damos la bienvenida a esta iniciativa y yo le anuncio desde luego nuestra participación activa en su tramitación. Solo esperamos,
pedimos o sugerimos que el Gobierno mantenga una disposición abierta a acoger las propuestas de los grupos, como las que nosotros presentaremos, para poder mejorar el texto.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Salvador.
Por el mismo grupo, tiene la palabra la señora Jordà.
La señora JORDÀ I ROURA: Señoras y señores diputados, señor ministro, ayer un tribunal dictó en Cataluña que un solo alumno que pida cambiar de lengua, es decir, pasar al castellano, obliga a cambiar de idioma al aula entera. La mayoría
del Partido Popular siempre ha sostenido que lo que vale en Cataluña vale también en toda España. En lógico paralelismo y en justa correspondencia a la vez, entendemos que un solo diputado que exija en esta Cámara un cambio de lengua al catalán
obliga a cambiar de idioma a la Cámara entera. Así, no sé si con la venia o no de la señora presidenta, proseguiré y empezaré el discurso evidentemente en catalán. (Continúa su intervención en catalán).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Jordà, conoce usted perfectamente cuál es el criterio aplicado en esta Cámara a lo largo de toda la historia y, por lo tanto, tiene usted que volver al castellano. Si no lo hace, lo
siento, pero tendrá que abandonar la tribuna.
La señora JORDÀ I ROURA: Señora presidenta, permítame, le ruego o le pediría, por favor, si es posible, que me lea -a los señores letrados- el artículo del Reglamento de la Cámara...
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Jordà, no debata usted con la Presidencia. Le ruego cumpla estrictamente las normas que se aplican en la Cámara. Si vuelve usted al catalán, siento decirle que tiene que abandonar la
tribuna.
La señora JORDÀ I ROURA: Si me permite -se lo digo en castellano, evidentemente-, necesito que haya algún amparo del Reglamento que dé razón a esta prohibición.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Jordà, si no le parece adecuado lo que hace la Presidencia tiene usted instrumentos legales para hacer lo que considere oportuno. Por lo tanto, o continúa en castellano o le ruego que
abandone la tribuna.
La señora JORDÀ I ROURA: Como decíamos... (Continúa su intervención en catalán).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Señora Jordà, ya se lo he avisado. Abandone la tribuna.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: En primer lugar, me gustaría decir que debería de permitirse hablar en el idioma que cada uno posee y que la Constitución y los estatutos de autonomía amparan.
En torno al tema que nos trae hoy, en primer lugar me gustaría decir que nos encontramos ante un debate de totalidad realista y justificado, porque otras veces quizá se traen debates de totalidad mucho más ligeros, pero en este caso creo que
la ley es importante. El señor ministro creo que ha dado una explicación interesante, con la cual incluso estoy de acuerdo en muchos criterios que ha planteado, sobre todo en los objetivos de la ley. Lo que pasa es que desde mi grupo consideramos
que hay una serie de cuestiones en ese ínterin, en el camino, con las cuales no estamos de acuerdo.
El proyecto de ley de fomento de la integración de cooperativas y otras entidades asociativas de carácter agroalimentario es un proyecto de ley que coincidiendo con los criterios del grupo enmendante -es decir, el Grupo Catalán- es a nuestro
entender algo así como predirigista. No sé si existe esta palabra en el diccionario, pero más o menos nos entendemos. Se dirige o está dirigido a conseguir una serie de objetivos que más tarde añadiré. Creo que este proyecto de ley -tal y como ha
señalado el representante de CiU- tiene una serie de carencias muy importantes. Algunos dirían que no son carencias, que son cuestiones planteadas intencionadamente porque tiene unos objetivos. Por lo tanto, lo que nosotros consideramos que son
carencias, para otros, para los que han redactado la ley evidentemente no lo son.
Podríamos debatir hoy sobre la ley, pensaba que íbamos a debatir sobre la enmienda a la totalidad. Al fin y al cabo se van a mezclar las dos cuestiones porque el ministro ha presentado la ley, por lo tanto nos da
juego para abordar los dos temas. Coincido plenamente en los criterios que el enmendante, el señor Solsona, ha planteado aquí como materia por la cual esta ley requiere una enmienda a la totalidad, o por lo menos son los ámbitos de
discrepancia. Mi grupo no ha presentado enmienda a la totalidad, pero discrepo en los mismos términos en los que el señor Solsona ha planteado, porque creo que son cuestiones muy importantes y que afectan a mi comunidad también. En primer lugar,
sin duda alguna, el ámbito competencial. Mi grupo comparte plenamente el criterio establecido porque aunque el proyecto de ley invoca el título competencial del Estado basado en la aplicación del artículo 149.1.13ª, las comunidades autónomas, o
algunas de ellas, son competentes en materia agrícola. Todas lo son, pero en el caso de Euskadi, por ejemplo, podría apelar al artículo 10.9 del Estatuto de Gernika que le da exclusividad en materia agrícola y ganadera. Yo creo que invocar siempre
-y es que es siempre- al 149.1 de la Constitución para poder legislar todo aquello que el Estado quiere adjudicarse es un camino engañoso, pero se establece como una especie de varita mágica. Yo no sé por qué el Gobierno cuando quiere conseguir
algo que puede tener dudas y que sabe que ciertas comunidades autónomas pueden levantar el dedo, dice: 149.1. Señor ministro, usted saber perfectamente que el 149.1.13ª también tiene sus límites. Este es un aspecto que, como decía, mi grupo
también considera preocupante. Cada vez más se pretende entrar en la casa ajena con una especie de derecho de propietario que considera que las comunidades o algunas de ellas, porque el que no protesta allá él, son una especie de inquilinos que
están en propiedad ajena, pagando un alquiler o lo que sea, y el Estado ejerce una especie de derecho de propietario, es decir, una especie de título superior en ese ámbito. Las leyes marcan lo que marcan, eso es así, y no somos inquilinos en
nuestro territorio, somos propietarios de nuestro territorio. Por tanto, ese es un ámbito que creo que es importante remarcar y, tal como ha considerado el enmendante, creo que esta ley se lo salta.
Hay un segundo ámbito de actuación que creo que es también la clave de esta ley, la priorización del ámbito supraautonómico de las cooperativas. Este es uno de los pilares de nuestro apoyo a la enmienda a la totalidad del Grupo Catalán y,
por tanto, uno de los criterios de disconformidad absoluta por nuestra parte. ¿Cuál es el criterio que va a utilizar el Gobierno? ¿Por qué establecen ustedes que las entidades asociativas prioritarias han de ser las supraautonómicas, o por qué las
supraautonómicas han de ser prioritarias? De verdad que no nos gusta esta discriminación y, además, genera ciertas sospechas e incertidumbres. ¿A quién se quiere beneficiar con esto? Podemos darle la vuelta a la pregunta: ¿A quién se quiere
perjudicar? El titular de la enmienda, señor Solsona, apela al cumplimiento de la defensa de la competencia, y creo que no le falta razón. Es decir, en el fondo usted está penalizando el ámbito autonómico de actuación, porque hay una especie de
penalización en el momento en que se prioriza a otra serie de cooperativas o entidades que sean supraautonómicas. Puedo entender ciertas razones que usted ha planteado desde una perspectiva de Estado. Me ha dado la comparación de las cooperativas
holandesas, alemanas, etcétera, de lo que facturan, del volumen de negocio que tienen, de lo que mueven, como diciendo que el Estado español es un país de cooperativillas del tres al cuarto, con 4.000, etcétera. Yo procedo de un país en el que el
cooperativismo está arraigado en el sector industrial, por ejemplo, y sé la importancia que tiene, y no se la voy a negar, es más, coincido plenamente en lo que usted está diciendo como objetivo, seguramente más bien económico y asociativo, pero no
podemos permitir que ese objetivo suplante lo que verdaderamente es penalizar otra serie de actuaciones, como le comentaba.
Por último, hay una especie de incertidumbre de financiación. Coincido también, porque al fin y al cabo no pasa nada por coincidir, es que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el señor Solsona. Hay que hacer hincapié en el tema que
someramente y por encima trata este proyecto de ley, pero ciñéndome a la enmienda que ha presentado el Grupo Catalán, que es de lo que hoy se trata, también me hago la misma pregunta. ¿Qué quiere decir cuando indica que las ayudas para el fomento
de la fusión e integración de las entidades de naturaleza asociativa podrán ser financiadas por el Estado o por las comidas autónomas? ¿Cuál es el compromiso? El compromiso financiero. Porque sea cual fuere el compromiso financiero, bueno o malo,
ajustado, suficiente, insuficiente, necesita estar definido, porque si no corremos el riesgo de vagar por un mar de suposiciones que no concretan nada, y después vienen las rebajas. Pero a nosotros nos preocupa no solo el destino y el montante de
la financiación, sino también el origen de esa financiación. ¿Es a cargo de los Presupuestos Generales del Estado? ¿Es a cargo de los correspondientes a las comunidades autónomas? ¿Es a cargo de las ayudas europeas que se van a retraer de algún
otro lado? Hay una serie de cuestiones que el enmendante solo cita; después, en su intervención ha explicado más ampliamente cuáles son sus sospechas, que son las mías también y por tanto no las voy a repetir. Creo que no son menores y quizá no
vayamos a debatirlas hoy, pero espero que, como sabemos algo de matemáticas y esta enmienda no prosperará, en el proceso de debate de enmiendas parciales puedan ser
aceptadas enmiendas que modifiquen y mejoren este proyecto de ley en todo su ámbito. En definitiva, creemos que lo peor que le puede pasar a esta ley tan necesaria y tan importante es que sea discriminatoria, y es la definición más exacta.
En consecuencia, tal y como decía al inicio de mi intervención, parece que está destinada a priorizar a quién quiere priorizar.
Para acabar, quiero decirle que estoy de acuerdo, señor ministro, con el principio que usted ha expuesto de la necesidad, sobre todo económica y asociativa, de las cooperativas. Por eso mismo le digo que se podía haber hecho esta ley
planteando los mismos objetivos, pero sin necesidad quizá de priorizar lo que ustedes priorizan o lo que consideran como prioritario. El mero hecho de marcar ese término ya es una forma de discriminación, porque las cooperativas y el sector agrario
necesitan funcionar con una maquinaria que verdaderamente le dé valor y que funcione. Por tanto, sintiéndolo mucho porque una ley de estas características podría no tener una enmienda a la totalidad y aunque nosotros no la hayamos presentado,
estamos de acuerdo con los principios que ha planteado el compañero de Convergència i Unió, apoyaremos esta enmienda a la totalidad.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Agirretxea.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, en primer lugar, saludamos la llegada de un proyecto de ley que nos parece necesario y, en segundo lugar, quiero decir que estamos en contra de esa enmienda a la totalidad que ha presentado Convergència i Unió. Las razones
por las que estamos en contra serían muy parecidas a las mismas explicaciones que le habría dado al BNG por esa enmienda a la totalidad, que finalmente ha rechazado en cuanto al proyecto de ley de cadena alimentaria. Para nosotros este es un
proyecto de ley muy necesario y es una pena, señores nacionalistas, que en nombre de ese 'con las competencias hemos topado' se olvide a quien realmente es importante en este caso, que es el sector; un sector que necesita como agua de mayo -por
usar una expresión agrícola- un proyecto como el que se nos presenta hoy aquí.
Hemos hablado a menudo en el Pleno y en la Comisión de la necesidad de ayudar al sector agrícola, al sector ganadero a que se redimensione. Es obvio que por el tamaño que tienen actualmente las cooperativas -el señor Cañete ha dicho que las
4.000 cooperativas ni siquiera llegaban a superar a dos de las grandes europeas y que tampoco facturaban lo mismo, ni mucho menos- necesitan redimensionarse y adquirir otro tamaño para poder negociar en una situación más ventajosa con aquellos que
van a distribuir sus productos o con aquellos que les proporcionan los insumos. Por esa razón, saludamos que el Estado además pretenda detener el vaciamiento de competencias. Para nosotros es bueno y además es bueno no solamente para el agricultor
de Girona, sino también para el agricultor valenciano, extremeño, andaluz o quien sea. Para nosotros es algo bueno, a pesar de lo que decía el compañero del PNV, que en estos casos se hable del artículo 149 y para nosotros, desde nuestro punto de
vista, con muy buena lógica.
En segundo lugar, para nosotros el ámbito supraautónomico del proyecto en sí mismo, solo en sí mismo, ya es un bien y un criterio muy razonable para priorizarlo. Precisamente creemos que los proyectos más adelantados y con financiación
pública que hoy en día se contemplan, como los Eureka, los FP7 y otros muchísimos que podríamos citar, son fundamentales y apuntan en esta misma línea, tienen esta misma idea: romper fronteras en vez de levantar nuevas fronteras; ampliar la
visión, agrandar mercados, aprovechar sinergias, etcétera. Nosotros desearíamos que el Gobierno no solamente hiciera este tipo de cosas con la política agrícola, sino también con la política industrial, con la de investigación y con la de
innovación.
Me gustaría cerrar mi breve intervención con dos apuntes. Lo hemos vuelto a oír y lo oímos muy a menudo cuando hay un discurso nacionalista en esta Cámara que intenta identificar que el Estado asuma unas competencias con una visión poco
demócrata o de derechas. Puedo poner el ejemplo de un Estado como el de Afganistán, con sus señores de la guerra y para nada centralizado que, desde luego, no puede ser calificado como un Estado demócrata; o un vecino como Francia, que
evidentemente es un país bastante más centralizado que el nuestro, y no creo que nadie en esta Cámara se atreva a decir que es poco demócrata o que es fascista incluso, como hemos tenido que escuchar a menudo.
Para cerrar la intervención y muy brevemente, señor Solsona, le diré que nos parece que en esto, y en muchas otras cosas, ustedes parecen no ver -cuando hablan de sus políticas identitarias, especialmente en agricultura y en lo que tiene que
ver con las cooperativas- que el tamaño sí importa. Por eso,
apoyaremos este proyecto de ley e intentaremos mejorarlo en la medida de lo posible, si nos deja el señor ministro, con nuestras enmiendas.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Muchas gracias, señor Cantó.
Por el Grupo de La Izquierda Plural, señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, señorías, voy a ser breve porque para lo que queremos plantear va a ser mucho más importante el trámite de enmiendas que este debate. Este proyecto es probable que sea oportuno y necesario. Es
verdad que nosotros tenemos ciertos reparos, ciertas dudas, pero parece ser que se apunta a la conveniencia de agrupar la oferta para intentar lograr un cierto equilibrio. También tenemos dudas porque el concepto cooperativa no es el concepto de
empresa y, aunque puede haber argumentos a favor de mejorar la dimensión, también encontramos elementos que nos ponen en guardia a la hora de intentar que el concepto cooperativa mantenga el espíritu de lo que es una cooperativa, y no queramos hacer
empresas que compitan en el mercado capitalista cuando la cooperativa tiene otros valores que hay que intentar mantener, como es la relación con el entorno, como es un funcionamiento de las cooperativas. Tenemos dudas a la hora de comprobar la
efectividad de las medidas que establece el proyecto de ley. Tenemos duda de que los problemas del sector se vayan a solucionar con una mayor concentración o con una mayor integración. Estas dudas se plasmarán en enmiendas en las que intentaremos
trabajar y aportar para mejorar la ley.
Por otra parte, hablando de lo que se discute hoy aquí, que es la enmienda de totalidad de Convergència i Unió, nos tenemos que plantear cuestiones interesantes y necesarias a la hora de debatir. Efectivamente, al tratarse de una norma
estatal, tiene que tenerse en cuenta la cuestión competencial, la distribución de las competencias autonómicas. Nosotros no queremos cambiar el modelo autonómico; al contrario, queremos profundizar en él. No voy a entrar en debate con quien me ha
precedido, pero hay ejemplos que son desafortunados. Hablar de Afganistán para referirse a un Estado federal, la verdad, no es el mejor ejemplo. Pero, repito, nuestro grupo, que plantea avanzar hacia un Estado federal, tiene dudas que se
intentarán plasmar en enmiendas a esta ley, porque nos parece que hay que ser muy cuidadosos en esa distribución de competencias entre el Estado federal y el aparato del Estado central. También es verdad que el requisito establecido en el ámbito de
actuación supraautonómico, que es el fundamento de este proyecto, podría limitar, señor ministro, según se interprete, a un reducido tipo de cooperativas agrarias, expulsando a otras entidades. Desde esa duda, entendemos que hay cuestiones que
plantea la enmienda a la totalidad que son interesantes y que habrá que tener en cuenta. No es menor la cuestión sobre la indefinición de la financiación de las ayudas al fomento de la fusión e integración de las cooperativas agroalimentarias y de
otras entidades de naturaleza asociativa. Esta situación de indefinición cobra todavía una mayor realidad al hablar de unas situaciones presupuestarias que no son precisamente boyantes. Por tanto, también tenemos dudas sobre cómo se va a
administrar en esta situación, repito, donde lo que se reparte es cada vez menos.
Por último, es cierto -como en tantas otras iniciativas que presenta el Gobierno- que hay una excesiva remisión a reglamentos posteriores, lo cual también nos plantea dudas. En función de las dudas que tenemos, y a pesar de que vemos con
cierto interés la enmienda de totalidad que presenta CiU, creemos que es una ley que hay que tramitar y que no sería bueno aplazarla, por lo que nuestro grupo se va a abstener, desde esa comprensión al discurso planteado por Convergència i Unió pero
también desde nuestro interés por que la ley se tramite incluyendo como enmiendas concretas algunos de los elementos que se plantean en la enmienda de totalidad para intentar, por la importancia que tiene este proyecto de ley, ser capaces de
conjugar las competencias autonómicas con la necesidad de redimensionar el tamaño de las cooperativas, pero siempre, repito -y con esto termino-, manteniendo el espíritu de cooperativa. Creemos que se haría un flaco favor si, finalmente, por una
cuestión de tamaño, matamos el espíritu de lo que tiene que ser una cooperativa y las convertimos en empresas, sin más. Por tanto, va a contar, como bien he dicho, con nuestra participación en la tramitación de la ley. Por eso no vamos a votar a
favor de la enmienda de devolución, porque creemos que hay que tramitarla ya y en ese sentido vamos a trabajar para que realmente sea una ley útil no solamente a la hora de competir, sino también a la hora de seguir manteniendo el espíritu de la
cooperativa.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Centella.
Por el Grupo Socialista, señor Sicilia.
El señor SICILIA ALFÉREZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, permítanme que antes de nada salude, en nombre de mi grupo, al señor Herrero, subdirector de Cooperativas, y a la responsable de prensa que le acompaña.
El Grupo de Convergència i Unió nos propone que devolvamos al Gobierno el proyecto de ley de fomento de la integración de cooperativas agroalimentarias y el motivo que argumentan para ello es básicamente una cuestión competencial, pues
entienden que este proyecto invade competencias que le son propias a la Comunidad Autónoma de Cataluña en virtud de su estatuto. Mi grupo parlamentario, señor Solsona, va a votar en contra de esta enmienda de totalidad, la va a rechazar, en primer
lugar, porque este proyecto de ley cuenta -aun con muchos reparos y con muchos matices- con la conformidad de las cooperativas agroalimentarias de nuestro país, así como con el de las OPA y con el del resto de los sectores que se ven implicados. En
segundo lugar, señor Solsona, lo vamos a rechazar porque -permítame la expresión- mi grupo no cree que deba ser el que lleve a cabo una cuestión de constitucionalidad sobre la base de ese conflicto de competencias que usted plantea en su enmienda de
totalidad, más aun cuando el Gobierno catalán tiene posibilidad de plantearlo. Por tanto, les corresponde a otros dilucidar esta cuestión competencial.
El Grupo Socialista no va a paralizar en esta Cámara este proyecto de ley. Ahora bien, quiero dejarlo claro, esto no quiere decir que al Grupo Socialista le parezca que la norma que se nos propone sea buena; creemos que es poco ambiciosa y
que se queda muy corta para lograr los fines que plantea, unos fines con los que sin duda estamos de acuerdo: fomentar la agrupación de los primeros eslabones de la cadena alimentaria para que, de esta manera, puedan ser más grandes, más fuertes,
más competitivos y puedan poner en valor sus producciones y mejorar así la renta de los productores. Estamos de acuerdo, señorías, en que una de las acciones para mejorar el presente y el futuro de nuestro sector agroalimentario pasa por el fomento
del cooperativismo y del asociacionismo dentro del sector, pero esto, a nuestro juicio, señorías, señor ministro, no se va a conseguir con los medios cicateros y roñosos que se proponen en este proyecto de ley.
Todos coincidimos también en la existencia de un profundo desequilibrio en la cadena agroalimentaria y que este puede ser corregido, en parte, por el fomento de la creación de cooperativas de mayor dimensión, es decir, que este desequilibrio
se puede corregir en parte con la integración y la fusión de cooperativas para que cojan más músculo y puedan tratar de tú a tú con las distribuidoras en esas relaciones comerciales. Coincidimos en ese fin, faltaría más, pero, volvemos a decir,
creemos que con este proyecto de ley eso no se puede conseguir porque, en definitiva, el Ministerio de Agricultura, señor Cañete, lo más que hace es conceder un título para aquellas cooperativas que se integran; un título, un papel que luego les
dará ciertas ventajas a la hora de no se sabe qué ayudas ni tampoco en qué momento se va a disponer de las mismas. Son muy pocos los medios que el ministerio pone sobre la mesa, señor Cañete, muy pocos los medios que se plasman en el proyecto de
ley para lograr un fin tan difícil; difícil, porque nuestro sector agroalimentario es muy particular, muy diferente al que podemos encontrarnos en el resto de la Unión Europea y por eso requiere esfuerzos extraordinarios por parte de los poderes
públicos y no una mera declaración de intenciones, eso sí en forma de proyecto de ley, dados los escasos recursos que se plantean, recursos además condicionados todos ellos por los fuertes recortes presupuestarios que año tras año nos presenta el
Ministerio de Agricultura.
Nuestro sector agroalimentario está fuertemente atomizado, muy disperso, lo que sin duda limita seriamente su competitividad y su capacidad de negociación. Esto se traduce a su vez en un grave perjuicio para los productores que no consiguen
un precio no ya razonable y mucho menos rentable, sino ni siquiera un precio justo para sus productos. El número de cooperativas presentes en el sector agroalimentario no ha crecido prácticamente en la última década y la facturación media de los
últimos años se ha mantenido estable, en torno a los 4,4 millones de euros, según el dato del año 2012. Ninguna cooperativa de nuestro país se encuentra entre las veinticinco mayores de la Unión Europea, hecho aún más significativo si tenemos en
cuenta el potencial que el sector agrario tiene en nuestro país. Las cinco mayores cooperativas agrarias de la Unión Europea superan, todas ellas, los 6.000 millones de facturación. Les recuerdo que las nuestras -datos del 2011- facturan 4,4
millones de euros, frente a esos 6.000 millones de facturación de las cinco mayores cooperativas de la Unión Europea. No me voy a extender en darles datos -ya lo ha hecho el señor ministro describiendo la situación y la realidad en la que se
encuentra el sector agroalimentario, y específicamente el cooperativo, de nuestro país y lo tienen en la exposición de motivos de la ley-, pero he querido trasladar hoy aquí estos datos e incidir en los que decía el ministro para reflejar la
realidad del sector agroalimentario de nuestro país, el sector cooperativo de
nuestro país, que requiere, insistimos, medidas de más calado, mucho más ambiciosas que las que propone este proyecto de ley.
Señor ministro, está muy bien que el ministerio conceda ese título a las cooperativas que se integran y fusionan, pero, créame, estaría mucho mejor si el presupuesto que se dedica para fomentar esas fusiones no se recortara año tras año,
como se está haciendo. En el presupuesto del año 2012, señor ministro, en la partida destinada a mejora de la organización de la producción y ordenación de los sectores productivos -una partida que evidentemente está muy relacionada con este
objetivo que plantea el proyecto- hay un recorte del 38,76 % respecto al presupuesto del 2011. Pero es que, aparte de este recorte que ya sufrió en el presupuesto del año 2012, en este, el que presentó hace unos meses, esta misma partida se recorta
en un 40 %. Está muy bien, señor ministro, fomentar la fusión de cooperativas en el proyecto de ley y estaría mucho mejor que lo hiciera también con el presupuesto. Está muy bien, señor ministro, ensalzar en la ley el asociacionismo agrario; lo
ha hecho usted al final de su intervención y lo refleja la ley, justo al inicio, en la exposición de motivos: El asociacionismo agrario fomenta el empleo rural y la vertebración del territorio. Hacen todo un elogio al asociacionismo agrario en la
ley, en la exposición de motivos, pero créame, señor ministro, estaría mucho mejor que eso también se reflejara en el presupuesto, porque hablan muy bien del asociacionismo agrario, pero en el año 2012 la partida para fomento del asociacionismo
agrario tenía 2.348.000 euros y para este año 2013 lo han dejado en unos pírricos 100.000 euros. Está muy bien que ustedes plasmen en las leyes, en los textos, en los discursos, el apoyo al asociacionismo, pero estaría mucho mejor que eso también
se viera reflejado, señor Cañete, en el presupuesto. Hablan ustedes de la importancia que tiene que las cooperativas se integren, pero cuando se presenta una enmienda que lo que procura es apoyar la fusión de cooperativas como, por ejemplo, las
cooperativas de aceite de oliva, ustedes la rechazan, el Partido Popular que apoya al Gobierno la rechaza. Está muy bien sobre el papel, está muy bien en el discurso pero donde verdaderamente se ve la voluntad de un gobierno es en el presupuesto,
señor ministro, y sería mucho mejor que el presupuesto estuviera acompasado con este discurso y con esta norma que hoy nos presenta.
Señor ministro, es mucho más preocupante que pretendan derivar fondos de desarrollo rural a nutrir esta ley; es mucho más preocupante, porque ya están recortando los fondos dedicados a desarrollo rural como para que encima les sigan
quitando fondos a las comunidades autónomas, que ven peligrar muchos de los planes de desarrollo que llevan a cabo para poder nutrir esta ley, porque ustedes no están haciendo un auténtico plan a nivel estatal, están quitándole el dinero a las
comunidades para poder nutrir su acción. Si verdaderamente cree en esto y lo quiere hacer como una ley de Estado, ponga también el presupuesto del organismo estatal, que es el ministerio, y no el de las comunidades autónomas.
Termino ya. No desaprovechemos la oportunidad que nos ofrece este proyecto de ley para poner en manos de las cooperativas un verdadero instrumento que estimule y que premie de verdad la integración o fusión de las mismas. Ya les anuncio
que en este sentido irán las enmiendas que va a presentar mi grupo porque, como les digo, creemos que el proyecto de ley es poco ambicioso y por tanto debemos mejorarlo. Pero debemos mejorarlo, señor Solsona, en esta Cámara, con las enmiendas de
los distintos grupos y no devolviéndosela al Gobierno y más por una cuestión competencial, que en definitiva lo que vienen a decirles es que guarden la ley en un cajón porque no son competentes. Lo que necesitan las cooperativas en este momento y
lo que están esperando son pasos decisivos, pasos adelante para conseguir un sector más fuerte y más competitivo. Nuestro trabajo en la Comisión y las enmiendas que vamos a presentar van a tratar que esos pasos sean más grandes, más firmes y más
ágiles.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Sicilia.
Por el Grupo Popular, señor Serrano Calurano.
El señor SERRANO CALURANO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, en primer lugar quiero decir que nos sorprende que el Grupo de Convergència i Unió haya presentado una enmienda a la totalidad a la ley de integración de cooperativas en nuestro país; nos sorprende, desde el punto de vista de que
es una ley necesaria, pedida por el sector, que ustedes vayan contra el sector, contra lo que está pidiendo el sector. Aunque desde luego no nos sorprende porque esto -más adelante se lo diré- se puede enmarcar en el entorno en el que ustedes se
mueven en estos momentos. Es una ley necesaria, una ley que es complemento de la ley de la cadena agroalimentaria, de la que se ha retirado una enmienda anteriormente. Lo ha dicho el señor ministro: tiene unos objetivos que conseguir y los va a
conseguir. Esta ley tiene el objetivo fundamental de conseguir unos precios justos
para nuestros productores a través de la integración cooperativa en nuestro país. Justifican su enmienda a la totalidad en tres puntos, que usted ha ido desglosando. El primero es porque dicen ustedes que invade competencias de las
comunidades autónomas. Saben perfectamente que las comunidades autónomas no tienen ninguna competencia en materia de integración cooperativa supraautonómica; ninguna competencia, y lo saben ustedes. Y, casualidades, son ustedes la única comunidad
autónoma -porque aquí hay diputados de muchas comunidades autónomas- que presenta una enmienda a la totalidad sobre esta ley, una enmienda innecesaria. Y le diré más, tienen competencia, pero para regular la fusión cooperativa dentro de sus propios
territorios, nunca para fusionar cooperativas en una integración cooperativa supraautonómica fuera de sus territorios.
Es imposible, y usted lo sabe, porque en ningún Estatuto de Autonomía de las diecisiete comunidades autónomas existe un artículo que permita a las comunidades autónomas fusionar cooperativas de ámbito supraautonómico. Existe jurisprudencia
al respecto, y usted lo sabe. La sentencia 72/1983, de 23 de julio, del Tribunal Constitucional, sobre varios artículos de la Ley de Cooperativa Vasca, dice clarísimamente que es el Estado el que tiene las competencias. Le diré más, hay más
sentencias del Tribunal Constitucional aparte de la 72/1983 que le he dicho: la 44/1988, la 165/1985 y la 88/1989. Es decir, atribuyen al Estado competencias exclusivas en materia de integración cooperativa supraautonómica, máxime, señorías,
cuando con esta ley se tratan de modificar algunos artículos de la Ley 27/1999, de 16 de julio, y también se trata de modificar la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, de Régimen Fiscal de Cooperativas. Es el Estado el único que tiene competencias para
modificar estas dos leyes de ámbito nacional. Por tanto, déjense ustedes de historias porque saben que esa no es la verdadera razón para que ustedes presenten una enmienda a la totalidad.
He dicho antes que esto lo enmarco dentro de lo que venimos viendo y de lo que hemos visto a lo largo de esta mañana en esta Cámara; dentro de esa vorágine nacionalista, dentro de esa justificación nacionalista que no tiene ningún sentido,
ahí es donde se puede enmarcar esta enmienda a la totalidad de su grupo parlamentario. (Aplausos). Señorías, ustedes están siempre con el victimismo: el Estado invade competencias de nuestra comunidad autónoma. Siempre es lo mismo, es una
canción que ya nos sabemos, de todos los días, de todas las leyes y de todos los reglamentos que se hacen en esta Cámara. Ustedes hacen siempre lo mismo.
En el segundo punto ustedes dicen que no cumple con los principios de defensa de la competencia. Con todos los respetos, o ustedes no se han leído el informe de la Comisión Nacional de la Competencia o no lo han entendido o, desde luego,
nosotros hemos leído otro informe que no es el que viene con la ley. Es increíble que ante un informe que en sus dieciséis páginas se dedica a alabar la experiencia del Gobierno, a apoyar en su totalidad esta iniciativa y la califica de necesaria y
de importante, vengan ustedes diciendo lo que dicen. Hace un llamamiento a que se haga lo que se está haciendo. Anima a los Estados miembros a que integren estas cooperativas y dice que es positivo fusionar las cooperativas. Les voy a leer un
párrafo muy breve del informe de la Comisión Nacional de la Competencia. En la página primera en los antecedentes dice: En los últimos años se ha generado un importante debate a nivel nacional y comunitario sobre las posibles acciones para
garantizar un mejor futuro del sector agroalimentario. Una de las medidas que más comúnmente se ha propuesto por parte de instituciones públicas y por operadores privados consiste en el fomento del cooperativismo y asociacionismo dentro del sector.
Sigue diciendo: A nivel comunitario, diversos análisis y estudios han apuntado la necesidad de mejorar la capacidad de negociación de los productores, siendo una de las estrategias propuestas incentivar la creación de órganos agroalimentarios de
mayor dimensión. Por tanto, dígame usted dónde dice en el informe de la Comisión Nacional de la Competencia que esto choca con la competencia. Es un informe totalmente positivo a favor de esta ley.
En el tercer punto ustedes dicen que hay una indefinición de la ley y una falta de financiación. Lo ha dicho también el señor Sicilia, portavoz del Grupo Socialista. Si nos comparamos con lo que ustedes hicieron por los agricultores y
ganaderos durante siete años en este país, podríamos estar en un pedestal. Si les recuerdo lo que ustedes han hecho con la PAC en Bruselas con la tarifa plana de los cien euros, apaga y vámonos. Encima durante siete años ustedes no se han
preocupado de integrar las cooperativas ni una sola vez. No han hecho absolutamente nada, señor Sicilia; nada. No puede decirnos que la ley es buena, pero también le sacude usted dos patadas para pasar por aquí. Lo siento, pero creo que no es
así.
Existen compromisos financieros y usted lo sabe. Le voy a decir dónde están los compromisos financieros. Actualmente existe un compromiso. En la Orden ARM/2759/2008, de 19 de septiembre, hay destinada una partida de 2.552.000 euros; una
partida que está destinada para este fin, con su partida
presupuestaria numerada para la ejecución de este fin. No digan ustedes que esta ley no tiene partida financiera; la tiene. Le digo más. En todo caso, en la conferencia sectorial la ley dice que se elaborará un plan de integración
asociativa donde se marcará la ley y el reglamento que la desarrolla, y donde se pondrá el dinero destinado a este fin. No digan ustedes que no existe financiación para esta integración cooperativa en nuestro país. Independientemente del
presupuesto que pueda aportar el Estado, hagan ustedes un esfuerzo desde las comunidades autónomas, pongan ustedes dinero para esta ley, ayuden ustedes a que sus cooperativas salgan de sus fronteras y adquieran un volumen importante para poder
competir en el mercado. Dicen ustedes que tiene excesivas revisiones reglamentarias. No, tiene las justas, señorías, para poder sacar una ley. El señor ministro ha dado datos nacionales y europeos, yo le voy a dar algunos datos de sus
cooperativas. De las diez mayores cooperativas españolas, la primera catalana está en el número diez. En segundo lugar, la primera cooperativa española factura 1.005 millones de euros, la primera cooperativa catalana factura 179. Fíjese usted si
tienen recorrido para trabajar y si les viene bien esta ley que pueden fusionarse con cooperativas de fuera de su comunidad autónoma para adquirir un volumen importante y salir a los mercados en condiciones oportunas.
El Grupo Parlamentario Popular lamenta el error de que presenten una enmienda a la totalidad a una ley que ha pedido el sector. Aquí tienen ustedes hoy a personas de cooperativas agroalimentarias de España. Las organizaciones agrarias han
apoyado esta ley, es una reclamación hecha desde el sector. Es una ley necesaria para conseguir el volumen necesario para poder adquirir volumen en el mercado. Los productores de este país no cabemos en once campos de fútbol como el Camp Nou o el
Santiago Bernabeu, y los que nos compran los productos que producimos caben en un taxi. Como ustedes comprenderán arreglamos ese problema o el sector agrario tiene poco futuro. (Aplausos). Por tanto, señorías, el Grupo Parlamentario Popular pide
la retirada de esta enmienda a la totalidad. Todavía está usted a tiempo antes de quedarse solo en esta Cámara. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Gracias, señor Serrano.
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ESTABLECE LA FINANCIACIÓN CON CARGO A LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO DE DETERMINADOS COSTES DEL SISTEMA ELÉCTRICO, OCASIONADOS POR LOS INCENTIVOS ECONÓMICOS PARA EL FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA A PARTIR DE FUENTES DE ENERGÍAS RENOVABLES Y SE CONCEDE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE 2.200.000.000 DE EUROS EN EL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. (Número de expediente 121/000039).
La señora VICEPRESIDENTA (Villalobos Talero): Pasamos al siguiente punto del orden del día, el debate de totalidad del proyecto de ley por la que se establece la financiación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de determinados
costes del sistema eléctrico ocasionados por los incentivos económicos para el fomento a la producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables y se concede un crédito extraordinario por importe de 2.200.000.000 euros en el
presupuestos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Para su presentación tiene la palabra el señor ministro de Industria, Energía y Turismo.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO (Soria López): Señora presidenta, señorías, comparezco con el fin de abordar el debate de las enmiendas al proyecto de crédito extraordinario del sector eléctrico y expresar la posición del
Gobierno en relación con ellas. Previamente me van a permitir que haga una serie de consideraciones generales en relación con la situación del sector. En primer lugar, ha habido un aumento del 40 % en la potencia instalada en el sistema eléctrico
en España entre los años 2005 y 2012. El exceso de capacidad instalada sobre la demanda punta en el sistema era al final del año 2012 del 60 %. En segundo lugar, respecto al precio de la electricidad, desde el punto de vista del consumidor
industrial en España se pagan por cada kilovatio/hora 0,108 euros, mientras que la media de la Unión Europea -coste industrial- es de 0,090 euros kilovatio/hora. Por tanto, es verdad que el precio en España está por debajo del de Italia, Irlanda,
Chequia, Chipre y Malta, en cambio nuestro precio en términos de consumidor industrial está por encima del de países como Francia, Alemania, Portugal, Luxemburgo, Austria, Bélgica o Reino Unido. En cuanto al precio para el consumidor doméstico en
España es de 0,166 euros kilovatio/hora, mientras que la media de la Unión Europea es de 0,120 euros kilovatio/hora. Por tanto, el precio en términos de consumidor doméstico en España es superior al de
todos los países europeos, salvo el caso de Chipre y Malta. El precio doméstico y el precio industrial son más elevados en España, y ello se debe fundamentalmente al alto coste de las actividades reguladas, no tanto al coste de la
generación. En cuanto a las actividades reguladas en España, el coste por cada megavatio/hora es de 74 euros frente a 54 euros megavatio/hora en Alemania, 50 euros megavatio/hora en Dinamarca, 28 euros megavatio/hora en Francia y 44 euros
megavatio/hora en Portugal. En este apartado de las actividades reguladas que el coste de estas actividades en España es aproximadamente un 40 % superior al de las principales economías de la Unión Europea. Además, entre 2006 y 2012 los costes de
las actividades reguladas en España se han doblado debido fundamentalmente al aumento en todos los conceptos de estas actividades reguladas. Han aumentado los costes del transporte, de la distribución, los costes ligados a las primas del régimen
especial, las anualidades del déficit y también los costes de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, además con un consumo de energía que es igual o inferior al que había hace cinco años. En paralelo, las causas del déficit de
tarifa que todo ello ha generado se deben, en primer lugar, a que las previsiones del crecimiento económico no se han cumplido -fundamentalmente centrales y redes sobredimensionadas-; en segundo lugar, a una apuesta temprana por tecnologías
inmaduras que, por tanto, no han permitido aprovechar suficientemente su curva de aprendizaje; en tercer lugar, a un aumento en determinados costes en comparación al incremento que ese tipo de costes ha tenido en otras economías; y, en cuarto
lugar, a no haber trasladado al consumidor todos los costes de inversión. Quisiera hacer una serie de precisiones en cuanto a cada una de estas causas.
En primer lugar, las previsiones que se hicieron en cuanto a aumento de demanda y aumento del producto interior bruto en España en el año 2005 en relación con el año 2012 partían de que el aumento de la demanda iba a suponer un 22 %, sin
embargo la realidad de los hechos ha puesto de manifiesto que ha sido solo un 2,6 %. Asimismo, la previsión de aumento del PIB que se hizo en 2005 para el año 2012 a lo largo de todo ese periodo era del 21 % cuando en realidad ha sido del 2,8 %.
¿Todo ello qué ha provocado? Ha provocado una sobreinversión en las redes, una sobrecapacidad de generación y una sobrecobertura de la demanda. En segundo lugar, ha habido una apuesta temprana por tecnologías que todavía estaban inmaduras. El
grueso de la inversión fotovoltaica que se instaló en España, señorías, se hizo en el año 2008. En ese momento se instaló el 76 % de todo lo que se instaló en el periodo 2008-2011. En Alemania, por ejemplo, se instaló el 69,2 % en un periodo
posterior, 2010-2011, cuando ya era superior el grado de madurez de esta tecnología fotovoltaica, cuando los costes de las instalaciones en términos de deudas por kilovatio-hora eran ya más bajos. Algo similar ha ocurrido con la termosolar a partir
del año 2011. Como le decía con anterioridad, ha habido también un aumento significativo a lo largo de todos estos años en determinadas partidas de los costes regulados. Por ejemplo, el aumento en cuanto a las primas del régimen especial ha sido
del 700 % entre el año 2005 y el año 2012, el aumento en los costes de transporte y distribución ha sido del 44 % y el aumento en la compensación de los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares ha sido del 172 %. Por tanto, el gasto en
primas de régimen especial sobre el producto interior bruto en España ha sido del 0,8 %. Para que nos hagamos una idea de si esto representa mucho o poco respecto a países de nuestro entorno, ese dato en términos de producto interior bruto en
España es el doble del que hay en Alemania o, por ejemplo, seis veces superior al del Estado más verde de Estados Unidos, que es California. En otras palabras, frente al 0,8 % que comporta el coste de las primas del régimen especial sobre el
producto interior bruto en España, en otros países son las siguientes: Alemania 0,5 %, Italia 0,2 %, Francia 0,15 %, Reino Unido 0,1 %, Finlandia 0,03 % y California 0,13 %.
Bien, señorías, debido a estas circunstancias a lo largo de todo el año 2012 se adoptaron distintas medidas con el objeto de paliar el impacto negativo que esa situación ha tenido a lo largo de todos estos años en la conformación del déficit
de tarifa. Se aprobó por ello, en primer lugar, el Real Decreto-ley 1/2012 para suspender nuevas preasignaciones en el registro correspondiente a este tipo de tecnologías; en segundo lugar, el Real Decreto-ley 13/2012, en el cual se adoptan
distintas medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos del sistema eléctrico; en tercer lugar, el Real Decreto-ley de 26 de diciembre del año 2012, con medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad. Y, en cuarto lugar, el Real Decreto-ley 29/2012, con otro tipo de medidas de carácter económico y con el fin de incidir también en la disminución del déficit. En el año 2013 la situación inicial
pone de manifiesto la necesidad de considerar ingresos adicionales para equilibrar el sistema utilizando parte de los ingresos que se obtengan con la Ley 15/2012, que es la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. Además, estos
ingresos van a comportar aproximadamente 2.921
millones de euros, y aparte de ellos ingresos por las subastas de las emisiones de CO2 previstas en la Ley 17/ 2012 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013. (El señor presidente ocupa la Presidencia). En el año 2013 se han
adoptado en el Real Decreto-ley 2/2013 dos medidas adicionales: la primera, adaptar el incremento de las primas al régimen especial a lo que sea la evolución del índice de precios al consumo pero a impuestos constantes, y además considerando la
inflación subyacente; y la segunda consistente en que para la retribución, prevista en el Real Decreto-ley 661, se pueda elegir entre tarifa regulada o tarifa de mercados sin prima, pero no que se pueda intercambiar una por otra. A la luz de todo
ello y teniendo en cuenta la insuficiencia adicional que se establecía se aprobó el proyecto de ley cuyas enmiendas hoy se debaten y que tiene por objeto establecer una financiación por cargo a los Presupuestos Generales del Estado para determinados
costes del sector eléctrico ocasionados por los incentivos para el fomento de la producción de energía eléctrica a partir de energías renovables. Se concede un crédito extraordinario en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 de
2.200 millones de euros en los presupuestos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Ruego a esta Cámara que en atención en primer lugar al problema por el cual se adopta todo este tipo de medidas y considerando además que el problema del déficit eléctrico -aunque está encauzado- todavía no está en su totalidad resuelto se
reconsideren estas enmiendas y, por tanto, se le dé apoyo al proyecto de ley en los términos en los que el Gobierno lo ha remitido esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Se han presentado dos enmiendas de totalidad de devolución a este proyecto de ley. Para su defensa, en primer lugar por el Grupo Parlamentario Mixto -que también fijará posición en este turno-, tiene la palabra la señora Jordà.
La señora JORDÀ I ROURA: Señor ministro, señoras y señores diputados, antes que nada dejadme hacer un paréntesis y decir que, una vez demostrada la arbitrariedad respecto a nuestro derecho a expresarnos en esta Cámara en lengua catalana y
después de mostrar también nuestro absoluto rechazo -el mío y el de mis compañeros- a la sentencia que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña -no voy a hablar en catalán ahora-, pasaré a defender una enmienda de devolución importantísima
que afecta a nuestro entender a las clases populares.
Dicho esto, señor ministro, el Gobierno del Partido Popular nos presenta hoy un proyecto de ley para que aprobemos un crédito de 2.200 millones de euros -repito, 2.200 millones de euros- para dárselos a las empresas eléctricas, y para colmo
pretenden dárselo a costa de la deuda pública. En un momento en el que estamos recortando en educación, en sanidad, en pensiones o en derechos de todo tipo, pretenden que aprobemos un crédito nada más y nada menos que de 2.200 millones de euros
para las eléctricas. La justificación del Gobierno es que de esta manera será la Administración quien pague y no el consumidor; olvida, no obstante, en primer lugar, que la Administración somos todos y que, como estamos viendo en los últimos
tiempos, la deuda que contrae el Estado debemos pagarla entre todos -cabe decir que algunos más que otros-. Señor ministro, señorías, no nos vendan motos de que lo hacen por el bien del consumidor, cuando perjudican de manera directa al
contribuyente. Asimismo el Gobierno obvia la urgente reforma del sector eléctrico para evitar en un futuro generar más deuda, como estos 2.200 millones y los otros 24.000 acumulados como déficit de tarifa. Esta deuda es absolutamente ilegítima
-repito, absolutamente ilegítima-, de hecho la barbaridad de dinero que debemos a las cinco grandes compañías eléctricas se corresponde con la barbaridad de dinero que estas compañías acumulan como inmorales beneficios año tras año. Peor aún, esa
deuda ya no la tenemos con las compañías eléctricas, que ya han cobrado, sino con los bancos que han comprado esa deuda y a los que les estamos pagando sus correspondientes y abusivos intereses. La deuda no es solo ilegítima por esto, sino que
también es ilegítima porque el oligopolio eléctrico hace que cinco compañías determinen el precio de la luz, que el Gobierno acepta sin tener idea de cuánto es el coste real de la electricidad. Es imprescindible, pues, una auditoría pública -lo
hemos dicho en repetidas ocasiones- para saber cuál es el coste de la electricidad y pagar un precio razonable, un precio regulado basado en él y no el precio que determinan -en este caso las protagonistas de hoy- las eléctricas. Como bien sabe el
Gobierno y la propia Comisión de la Energía, las grandes empresas eléctricas acuerdan entre ellas el precio, atentando contra toda la legislación sobre libre competencia. El problema es que la multa por ello, cuando excepcionalmente se produce, es
tan extremadamente ridícula que a las eléctricas les compensa continuar fijando sus precios abusivos. No solo es necesaria una auditoría sobre el coste de la electricidad, sino que es necesaria una
auditoría también sobre la globalidad del déficit de tarifa, como los costes de interrumpibilidad o el pago por capacidad, que son dos conceptos que pagamos todos para beneficio, nuevamente, de solo cinco grandes empresas.
Por si todo eso no fue suficiente, tampoco se tiene en cuenta que los escandalosos beneficios que tienen las eléctricas provienen también de los costes externalizados, aquellos costes de las eléctricas que en lugar de pagarlos ellas los paga
la Administración; es decir una vez más los pagamos entre todos -unos más que otros, repito-. Entre ellos están los perjuicios medioambientales, las compensaciones a los territorios nuclearizados, el coste de los cementerios nucleares y sus nuevas
respectivas compensaciones, los planes de reindustrialización o recolocación en las zonas desnuclearizadas o con cierres de minas, el ahorro en costes de seguro al limitar la responsabilidad de las empresas en caso de accidente nuclear en perjuicio
de la Administración, incluso el gasto militar, como en Irak, en Afganistán o en Libia, para asegurar suministros a nuestras sociedades. Por si no fuera suficiente, y para colmo de una trágica ironía, el Gobierno y las grandes eléctricas nos
quieren hacer creer, y así lo dice no solo la exposición de motivos sino el título de la propia ley, que la culpa es de las energías renovables. Ahí ya decimos prou -en catalán-, ja n'hi ha prou, y también que esto no es verdad. No es verdad por
muchísimas razones, y solo voy a explicar tres: en primer lugar, porque antes de las primas a las renovables el déficit tarifario ya era de unos 14.000 millones de euros; en segundo lugar, porque las energías renovables han abaratado el mercado
hasta el punto de que el ahorro que han supuesto ha sido mayor que las primas entregadas, entre 2005 y 2011 en más de 7.500 millones de euros; y, en tercer lugar, porque las energías renovables no son un gasto. Las energías renovables son una
inversión en futuro, y en un futuro además limpio, sostenible y barato. Ahí está precisamente el problema, en que el avance de las tecnologías supone un sistema eléctrico renovable barato. Ese es el miedo que tienen las grandes compañías,
básicamente uno, el de quedarse sin los escandalosos beneficios de que gozan hoy; beneficios tan escandalosos que estas compañías constituyen un poderoso lobby que, a la vista de la legislación, considera al Gobierno su marioneta, tanto que para
frenar a las renovables el Gobierno ha adoptado medidas retroactivas, recortes de hora de producción y de primas, nuevos impuestos, moratorias, etcétera. Todo ello le sirve para ir vulnerando los principios jurídicos esenciales como la seguridad
jurídica, la tutela judicial efectiva, la irretroactividad de normas desfavorables, etcétera. No en vano la Defensora del Pueblo ha iniciado -de hecho ya lo comentó en esta misma Cámara el día que compareció- actuaciones oportunas. Vamos a ver si
prospera la denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Voy acabando. Señorías, el futuro es y debe ser de las renovables, no solo por el problema de agotamiento de las energías fósiles, que también, sino por la disminución de la dependencia energética y la necesidad de cumplir con los objetivos
medioambientales comprometidos también internacionalmente. Además el futuro no solo son las compañías renovables sino el autoconsumo. Tanto es así que en Alemania por ejemplo el 50 % de las renovables está en manos de la ciudadanía; nada más ni
nada menos que el 50 %. Lejos de eso aquí, en este Estado, en el Estado español, está penalizada. No solo se obliga a los autoproductores a regalar a las compañías eléctricas su energía excedentaria sino que se está obligando a pagar por el
servicio. Las grandes compañías no pueden permitir que las familias puedan ser autosuficientes, faltaría más, perderían su negocio. Ante tantos intereses no es gratuito que expresidentes o exministros del Gobierno español ocupen cargos bien
pagados como consejeros de estas compañías. La pregunta es si los partidos de Gobierno también reciben sobres por ello -pero lo voy a dejar aquí-. Ante el oligopolio es necesario señalar que hay alternativas en que podemos contratar energía verde
y pagarles a ellas la factura de la luz, se lo cuento por si lo desconocen. Hay un par, les voy a hablar de un par. Entre estas en los països catalans tenemos...
El señor PRESIDENTE: Señora diputada, parece ser que comparte usted su tiempo con otro miembro del Grupo Mixto; lo digo para que vaya acabando.
La señora JORDÀ I ROURA: Acabo, perdón.
Les hablaba de estas dos, por poner dos ejemplos, y acabo. En los països catalans tenemos las cooperativas Som Energia, concretamente en Girona, y Enercoop.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.
Señora Pérez.
La señora PÉREZ FERNÁNDEZ: Señorías, señor presidente, señor ministro, el enfoque explicitado por el Gobierno del Partido Popular en la exposición de motivos de este proyecto de ley que estamos debatiendo, como en otras ocasiones que
debatimos temas similares, culpabiliza y pone el acento en exclusiva en que el sobrecoste del sistema eléctrico está originado por la financiación de las energías renovables y obvia por completo otros costes. Este proyecto de ley, de nuevo, evita
realizar un diagnóstico global sobre los costes del sistema eléctrico, cuando los desajustes principales del sistema eléctrico se deben a un problema estructural de la regulación del propio sistema, que no se resuelve con las medidas que ustedes nos
proponen. Ustedes, insisto, culpabilizan injusta e irrealmente a las energías renovables. Este proyecto de ley se centra fundamentalmente en justificar el crédito al Ministerio de Industria en la desviación sobre las previsiones de costes e
ingresos provenientes de las fuentes de generación renovables, olvidándose por completo de que -tal y como reconocen distintos informes de la propia Comisión Nacional de Energía- la insuficiencia económica del sistema eléctrico en 2013 es también
debida al incremento de las partidas de coste de mantenimiento, tales como el servicio de interrumpibilidad o la incorporación de nuevas partidas de costes. Con este enfoque, señor ministro, ustedes se olvidan de que precisamente gracias a las
energías renovables en gran medida el Estado español ya no es importador neto de electricidad; se olvidan de la contribución de las energías renovables a la reducción de las emisiones de CO2; se olvidan del importantísimo impacto económico
positivo de estas energías, sobre todo en territorios como Galicia, o de la incidencia de las renovables en la reducción de la dependencia del petróleo del Estado español, que es también justamente parte del déficit tarifario.
Este proyecto de ley es un parche, a nuestro juicio; un enfoque parcial que no supone una solución global al problema del déficit tarifario, que ustedes no pueden o no quieren resolver definitivamente. Para el Bloque Nacionalista Galego la
solución global pasa necesariamente por la modificación de la regulación del sistema eléctrico en su totalidad, ya que el principal culpable del actual déficit tarifario y de su incremento exponencial es la actual regulación para conformar el precio
final de la electricidad. En este sentido, el Bloque Nacionalista Galego ha demandado en numerosas ocasiones la modificación de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, de manera que el precio de la electricidad se calcule en función de los costes de
generación de cada tecnología. Todo lo demás, cualquier propuesta distinta es obviar sistemáticamente el problema y, como consecuencia, no implementar las medidas para solucionarlo. Por eso, señor ministro, el Bloque Nacionalista Galego no puede
tampoco apoyar este proyecto de ley.
Muchas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez Fernández.
Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y para presentar su enmienda a la totalidad, tiene la palabra la señora Ortiz.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Gracias, presidente.
Señorías, señor ministro, el Gobierno presenta un nuevo proyecto de ley, en este caso con la finalidad de cubrir ciertos costes del sistema eléctrico. Es la enésima ley, la enésima medida, el enésimo parche del Gobierno para el sector
eléctrico. Una ley que a nuestro entender pone en evidencia, por un lado, la chapuza que se tramitó en los propios presupuestos y en la Ley de medidas fiscales sobre la sostenibilidad energética -atribuir a los presupuestos generales, es decir a
toda la ciudadanía, los costes del sistema eléctrico, que en todo caso deberían repercutir a los consumidores- y, por otro lado, esa hipoteca que pagaremos -los intereses de la deuda, deuda del Estado- y que ustedes venden como fruto de esa Ley para
las medidas de sostenibilidad energética, esos 3.000 millones de euros. Pero no son impuestos que vienen de la nada, sino que ya está calculado el impacto y la forma de repercutir esas medidas fiscales. En primer lugar, 2.200 millones se calcula
que irán directamente de los bolsillos de los consumidores, porque las grandes eléctricas pueden repercutirlo en el precio de las tarifas; en segundo lugar, 750 millones que pagará el sector de las renovables y, en tercer lugar, 200 millones de la
hidroeléctrica. Es decir, es una ley que ya denunciamos en su momento injusta y que pagaremos doblemente, ahora también a nivel de presupuestos.
Pero la ley que hoy presentan no es solo fruto de la chapuza en los presupuestos sino que a nuestro entender pone en evidencia el fracaso de sus políticas, los errores de sus previsiones y la mala fe de señalar con el dedo a unos culpables
de forma insistente -las renovables- para acabar con su implantación e insistir en un modelo de concentración de la producción. Nuestra enmienda a la totalidad responde precisamente al cuestionamiento de estas decisiones y a la sensación de que
tampoco van a cumplir con este crédito extraordinario para cubrir el déficit con esta cantidad, así como a las dudas que
tenemos de que haya disponibilidad efectiva de ese crédito extraordinario. En un momento en que ni el señor Montoro es capaz de decir qué déficit nos encontraremos y las previsiones de la economía española van a peor, difícilmente nos
podemos creer que este crédito se vaya a ejecutar. En el mismo título de la ley se expresa esta mala fe: Los costes son ocasionados por las energías renovables. Lo que no aclara es cómo se van a cubrir el resto de costes, porque nos parece
manifiestamente tendencioso que se relacione el déficit tarifario con las energías renovables, como si fueran las únicas que están en los costes regulados. Me gustaría, hablando de cifras, que el señor ministro escuchara, ya que es lo único que nos
queda: insistir en esa necesidad del cambio energético. Mire, las conclusiones de la Comisión Nacional de Energía niegan que la causa de la necesidad de los 2.200 millones de euros de crédito sean las renovables, porque lo que dicen esas
conclusiones es que se deben fundamentalmente al incremento de otros costes, costes que precisamente son fruto de las decisiones que está tomando el Gobierno y que ustedes mismos contribuyen a aumentar. (Rumores). En primer lugar, ¿de qué habla la
Comisión Nacional de Energía? De interrumpibilidad. Señorías, 264 millones que se dedican a interrumpibilidad. (Rumores). A mí me gustaría...
El señor PRESIDENTE: Perdón, señora diputada.
Señorías, ruego que se atienda al orador, y el que quiera hablar que salga fuera.
Continúe.
La señora ORTIZ CASTELLVÍ: A nosotros realmente nos gustaría que el Gobierno pudiera aclarar por qué se aprobó en diciembre una orden ministerial que cambia el servicio de interrumpibilidad de cinco plantas de los tres consumidores
industriales de electricidad de este país aumentando esa partida. Nos gustaría saber por qué se aumentan esos costes cuando hay un exceso de potencia. El señor ministro ha dicho aquí que tenemos un exceso de capacidad. Entonces, ¿por qué aumenta
los costes de interrumpibilidad? ¿Para subvencionar a la gran industria a costa de todos los consumidores? Porque no hay ninguna razón. Viene aquí a decir que tenemos un sistema con exceso de potencia, entonces, ¿por qué pagamos más a la
interrumpibilidad y a la gran industria? Esto es una transferencia de rentas de los consumidores directamente a la gran industria.
¿Pero qué plantea también la Comisión Nacional de Energía? Que los errores del Gobierno, tales como la anualidad de 2012, la devolución de la financiación del bono social, el impacto de la revisión de los tipos de interés, los costes
extrapeninsulares, el transporte, la distribución, todo ello es lo que ha supuesto el gran desvío presupuestario. Es decir, que después de una ley y cinco decretos-leyes la insuficiencia del sistema en 2013 va a ser similar a la de 2012. Lo que le
dijimos en 2012 efectivamente y a nuestro pesar se cumple: no han solucionado nada. Eso sí, han creado muchísimos problemas, destruido un sector tecnológico como el de las renovables y miles de puestos de trabajo. El otro día en la misma Alstom
se manifestaban por el ERE. Una industria tecnológica y de valor añadido se va de nuestro país gracias a las políticas del Gobierno. ¿Qué nos espera en 2013? ¿Qué se inventarán este año? Porque también nos gustaría saberlo. La Ley de Costes
Extrapeninsulares realmente es un fraude porque no pone solución al problema. Nos gustaría saber en qué nuevas medidas están pensando para penalizar a las energías limpias, que es lo único que se les ocurre cuando se les desvían las previsiones de
déficit. El proyecto de ley que nos plantean dice textualmente que sin este importe no podría alcanzarse la suficiencia de ingresos del sistema necesaria para garantizar la sostenibilidad económica del mismo, pero lo que nos preocupa es que este
proyecto de ley no va a garantizar esa sostenibilidad económica del sistema. La Comisión Nacional de Energía ha evaluado recientemente el déficit de 2012 en 5.511 millones de euros cuando no debía superar los 1.500 millones, y si analizan con
detalle las cifras se ve que la situación continúa igual. Los sobrecostes de los sistemas extrapeninsulares evaluados son de 1.755 millones, es decir, que estamos hablando para 2013 de un déficit estructural de 4.000 millones de euros que ustedes
pretenden maquillar. Otra cuestión es saber si realmente esos 2.200 millones se van a ejecutar. Sinceramente, tenemos la sensación de que esas partidas van a acabar engrosando el déficit de tarifa, aumentando la hipoteca futura y los
correspondientes intereses del déficit de tarifa. En cambio, ustedes no abordan lo sustancial, que es la reforma de la regulación del mercado. Esa es la partida que no para de aumentar, la de los intereses.
También nos gustaría plantear una segunda cuestión que venimos diciendo de forma insistente. ¿Por qué no auditamos la deuda con las eléctricas, detectamos dónde puede haber una quita y nos quitamos una parte de ese peso de encima? Está más
que demostrado que las eléctricas han cobrado en exceso los costes de transición a la competencia. Deberíamos pedir que contribuyeran a una redistribución de los
costes y no que todos los ciudadanos y consumidores y el sector de las renovables sean los penalizados por esas malas precisiones y esa especulación que se hace con el modelo energético en nuestro país. Pero ustedes no se plantean una quita
de la deuda o una auditoría, porque a ustedes lo que les interesa es proteger el oligopolio, que es lo que los tiene secuestrados en todas estas medidas.
Otra cuestión que merece debate cuando ustedes plantean hipotecarnos para pagar los costes es la decisión que tomó el ministro sobre la tarifa eléctrica del mes de abril. Nos gustaría saber por qué. Usted aquí hizo marketing político y
dijo: aprovechemos la bajada de precio del mercado para rebajar la tarifa. A nuestro entender, esto esconde un gran electoralismo, una manera de maquillar la propia realidad. Nosotros entendemos y compartimos que no nos podemos permitir la
factura eléctrica que pagamos, que hoy la pobreza energética está subiendo y que esto tiene un impacto sobre la competitividad en nuestro país, eso es evidente, pero también le queremos decir que la decisión de hoy de no mantener la tarifa a niveles
nominales y aprovechar esa bajada del precio va suponer que en el fondo vamos a acabar pagando más déficit de tarifa y más intereses por lo mismo. Por tanto, no estamos resolviendo nada. Si se hubiera mantenido el precio de tarifa con costes
regulados aumentados proporcionalmente, a lo mejor hubiéramos conseguido ampliar los perceptores del bono social y cubrir a la gente que está en situación de más vulnerabilidad o disminuir ese déficit de tarifa. Nos gustaría conocer por qué se toma
esa decisión. Sobre todo, lo que realmente es paradójico y perverso, sinceramente, señor ministro, es que usted venda a la ciudadanía que el Gobierno baja la tarifa y a la vez diga que las renovables nos salen caras. ¿Sabe por qué ha podido bajar
usted la tarifa? Porque el mercado ha reducido un 16,2 % el precio de la electricidad en este primer trimestre. ¿Y sabe por qué ha bajado, señor ministro? Por la lluvia, por el viento y por la aportación del sol. Eso, a coste cero, ha supuesto
que la producción de renovable está en el 50 %. Gracias a eso, gracias a la aportación de las renovables, ha bajado el precio de la electricidad un 16 %. A medida que aumenta la generación renovable bajan los precios de la energía. Tiene guasa
que las difame mientras luego aprovecha para decir que usted baja la tarifa.
Es cierto que, como las compensaciones de las renovables se calculan a partir del precio de mercado, si este baja, aunque las renovables cobren un precio fijo las compensaciones parecen mayores. Pero no sea miope y mire la aportación
global, como decían otros representantes que han intervenido antes. En el periodo 2005-2011 el ahorro por la disminución del coste de energía debido a las renovables en el mercado diario fue de 28.400 millones de euros y el coste de las primas de
20.000. Si a esta cifra se le añade el importe de las emisiones evitadas de CO2, tenemos 2.825 millones de pagos que nos evitamos. Y si añadimos las importaciones energéticas, hablamos de 12.938 millones de euros. Por tanto, el ahorro de las
renovables es de 44.245 millones de euros, más del doble de lo que aportamos en primas. Usted decía: el gran problema es que empezamos a invertir en renovables cuando no eran maduras. Es que la prima no es una subvención, la prima es precisamente
aquella aportación para hacer madurar una tecnología, porque lo que estamos haciendo es invertir para que luego el precio del kilovatio, de la entrada de renovables sea cero. Por eso hay que invertir, para que la curva de maduración de esa
tecnología se acelere.
Otra cuestión que debería incorporar en su visión del modelo energético es un cambio en el modo de pensar sobre el ahorro y la eficiencia energética. Usted no quiere hablar de autoconsumo ni de políticas de eficiencia porque cada vez que
baja le disminuyen los ingresos por costes regulados. Es verdad, desde 2008 la demanda eléctrica ha caído un 20 %, por la crisis y también por otras cuestiones, pero nos gustaría que usted, en lugar de combatir la política de ahorro energético,
frenara la sobrecapacidad del sistema. Usted dice: es que tenemos sobrecapacidad. Efectivamente y ¿por qué estamos pagando en concepto de ciclos combinados y de pagos por capacidad lo que estamos pagando? Desde 2008 hemos aumentado los pagos por
capacidad un 402 %. Esto es gente que también se está forrando a costa de todos. Lo que soluciona un sistema que tiene sobrecapacidad es que las energías limpias y las energías renovables desplacen a las antiguas y a las energías sucias, y por
tanto que unas se retiren de ese sistema productivo. Si tenemos sobrecapacidad, ¿por qué no empezamos a cerrar las nucleares? ¿Por qué mantenemos Garoña si tenemos sobrecapacidad del sistema? Esas son las preguntas que cuando usted viene aquí a
afirmar que tenemos sobrecapacidad debería poder responder: por qué no apostamos por las energías limpias y desplazamos precisamente las inseguras y las sucias.
En resumen, por un lado demonizan a las renovables y por otro proponen un crédito de 2.200 millones con los que no se soluciona el déficit de tarifa ni se nos asegura que esta partida se vaya a ejecutar y acabe engrosando el déficit futuro.
Realmente les aconsejaríamos desde nuestro grupo parlamentario que analicen el fracaso regulatorio de 2012 sobre las propias previsiones de la Comisión Nacional de la
Energía. Esta enmienda a la totalidad es una enmienda a su política energética y a su política ambiental, a la incapacidad de prever y de cumplir los objetivos que ustedes mismos han fijado y sobre todo es una enmienda a la totalidad a su
falta de voluntad por apostar por un modelo energético justo, democrático, transparente, distribuido, inteligente y sostenible. Y eso ustedes no lo hacen porque sería terminar con un oligopolio que es, al fin y al cabo, el que les dicta a usted y
también al secretario de Estado, señor Nadal, lo que tienen que hacer. Esa es la losa que pesa a nuestro país y especialmente a toda la ciudadanía.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ortiz.
Ahora tienen la palabra los grupos para fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras y señores diputados, señor ministro, creo que a nadie puede sorprender, o al menos no debería, este parche que trata de solucionar parcialmente el desequilibrio existente entre ingresos y
costes en el sector eléctrico, es decir, el famoso déficit tarifario que comenzó hace ya una década sin que se le haya dado todavía una solución efectiva. Por tanto, nos seguimos encontrando con un escollo importante para un adecuado desarrollo de
la política energética de futuro y sin solventar el mismo no hay política estable posible. De la energía depende la competitividad de nuestro tejido industrial, la sostenibilidad del medio ambiente, el bienestar de los ciudadanos y, en definitiva,
el desarrollo económico y social. Por tanto, necesitamos tener, contar con una política energética clara -por cierto, una política energética que brilla por su ausencia-, entendiendo por tal aquella que defina un modelo energético claro para
afrontar todos estos retos a medio y largo plazo, de forma que los diferentes actores puedan ver el camino por dónde avanzar y tomar sus decisiones estratégicas en un marco de absoluta seguridad jurídica y estabilidad regulatoria, de la que la
actual regulación energética, a nuestro juicio, todavía carece. ¿Por qué indico que esto no debería sorprender a nadie o que al menos a nuestro grupo parlamentario no nos sorprende? Les recordaré lo que manifestábamos textualmente durante la
tramitación de la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética hace unos pocos meses. Decíamos, en relación al tema que nos ocupa, que los sucesivos reales decretos-leyes han querido asumir el reto de solucionar lo que estaba
ocurriendo para no sufrir los costes políticos derivados de esa decisión, generándose un déficit de tarifa con carácter estructural de unos 5.000 millones anuales y de más de 30.000 millones, decíamos entonces, acumulados. De igual manera
manifestábamos nuestras dudas fundadas de que el déficit tarifario del año 2013 vaya a ser cero, como lo exigía y como lo exige el Real Decreto-ley 6/2010, a pesar de considerar el incremento de la recaudación que se producirá como consecuencia de
la entrada en vigor de la ley. En definitiva, lo que señalábamos en aquel momento era que nos traían un parche que no solucionaba el problema del déficit ni lanzaba señales positivas de política energética. Por todo ello, este grupo parlamentario
votó en su día en contra de la Ley de fiscalidad energética. Creo que es suficientemente elocuente lo que ya anticipábamos en aquel momento y que tristemente se está cumpliendo.
Volvemos a reiterar que lo que nos traen es un parche, necesario, eso sí, para pasar el año 2013, pero claramente insuficiente para solucionar el tema del déficit del sector eléctrico. La solución pasa por lo que ya indicábamos: eliminar
de la tarifa eléctrica aquellos costes que no le corresponden trasladándolos a los presupuestos del Estado, como por ejemplo los 1.750 millones de euros de extracostes derivados de la extrapeninsularidad -dicha medida está recogida en el Real
Decreto-ley 6/2009 y yo creo, señor ministro, que lo que hay que hacer es cumplirlo- o los costes entre 2.200 y 2.400 millones al año de la amortización de la titulización del déficit tarifario, que es la medida que hoy nos trae en este proyecto de
ley. Hágala permanente, no parcial como propone, y traspase los 500 millones del coste de las subvenciones al carbón. ¿Por qué solo los consumidores eléctricos tenemos que subvencionarlos si es una política de Estado? O trate de eliminar la
exención de impuestos a las importaciones y gravámenes a las exportaciones de producción y recaude más dinero eliminando dichas exenciones. Ese es el camino. No vuelva a pedir más esfuerzos a las empresas del sector ni a los consumidores, y menos
por sorpresa y sin consenso a través de tanto real decreto-ley que, al final, no han dado soluciones. Quiero recordarle que han sido seis reales decretos-leyes y dos leyes ordinarias, más una en ciernes que esperemos que le dé una solución
definitiva al problema del déficit tarifario. Por ello, le reiteramos al Gobierno nuestro ofrecimiento de colaboración, que sabe que siempre lo ha tenido, para acabar con este problema del déficit tarifario, aunque de momento el Gobierno ha optado
por el no consenso, no acuerdo y, lo que en mi opinión es peor, casi ni escuchar. Señor ministro, necesitamos un marco de absoluta seguridad jurídica y estabilidad
regulatoria de la cual, insisto, actualmente carece este Gobierno. Una regulación energética que sería absolutamente imprescindible para que los sectores y los consumidores operen con información, transparencia y seguridad. Por lo tanto,
señor ministro, nuestro grupo se va a abstener en la votación de estas enmiendas a la totalidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra el señor Martínez Gorriarán.
El señor MARTÍNEZ GORRIARÁN: Gracias, señor presidente.
Voy a ser breve para ver si se va acabando esta no demasiado digna de recuerdo sesión parlamentaria. Lo que nos preocupa del proyecto de ley que nos presenta el Gobierno es que, por una parte, parece necesario para solventar un problema,
pero, por otra parte, es precisamente un problema creado por el fracaso tanto de la política económica en general como de la política energética en particular. Por una parte es la consecuencia, como ya se ha dicho y no voy a repetir, del
mantenimiento y aumento del déficit tarifario y, por otra parte, de unas previsiones macroeconómicas que eran más propagandísticas que otra cosa. Se preveían unos aumentos del consumo de energía eléctrica completamente fuera de lugar con la crisis
y con los indicadores que teníamos, que ya daban pistas suficientes al respecto. Además, no se han resuelto los problemas de fondo del mercado eléctrico, la formación de los precios de la electricidad en España, del pool energético que hay, de las
primas, etcétera. Consecuencia de eso es que una situación que en unas circunstancias normales hubiera sido muy buena para el país -es decir, que gracias a la meteorología por una vez teníamos una gran cantidad de energía renovable barata,
hidroeléctrica y eólica sobre todo-, unido al bajo consumo y unido al circo de este mercado intervenido da como consecuencia que hay que compensar a las compañías eléctricas por lo que han perdido en la generación. Francamente desastroso. Nosotros
nos vamos a abstener en la votación de estas enmiendas a la totalidad porque tampoco creemos que la solución sea negarse a asumir las consecuencias de una política que, al fin y al cabo, se ha tomado en los órganos legítimos, pero desde luego
llamamos la atención al Gobierno sobre que en el año y tres meses que lleva gobernando todavía ha sido incapaz de presentar una política energética digna de tal nombre que acabe con estos disparates; la suya va redundar en un aumento de la deuda
pública, es decir, en un empeoramiento de la situación económica general del país.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Gorriarán.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Presidente, señorías, señor ministro, nuestro grupo votará favorablemente este proyecto de ley, pero creemos que es oportuno hacer una serie de consideraciones previas sobre el sector y el sistema eléctrico antes de
entrar en unas consideraciones más específicas sobre esta medida que, reitero, nuestro grupo apoyará.
En primer lugar, una primera consideración más estratégica, de medio y largo plazo, en relación con el sector y la necesidad de proyectar y planificar la política energética. Nuestro grupo, desde hace ya tiempo, ha venido reclamando esta
necesidad y esta urgencia, y así también lo hemos manifestado en nuestra reciente interpelación al señor ministro en materia energética y en concreto sobre la política energética a corto, medio y largo plazo que está impulsando el Gobierno. Desde
nuestro punto de vista la actual política energética del Gobierno tiene prácticamente como objetivo único la eliminación del déficit de tarifa eléctrico, fundamentalmente aplicando una reducción en la retribución de la actividad de producción de
energía eléctrica en régimen especial. En cambio, nosotros creemos que el Gobierno ha de definir y exponer cuál es su modelo de futuro del sistema energético español. Sería oportuno y conveniente tenerlo antes de decidir medidas para reducir este
déficit de tarifa eléctrico.
He hecho referencia, señor ministro, a nuestra última interpelación al Gobierno. Nuestras posiciones son bien conocidas debido a los diversos debates mantenidos sobre el sector. Nuestra preocupación por una estrategia energética es clara y
no viene de ahora. Ya en la anterior legislatura nuestro grupo parlamentario impulsó la creación de una subcomisión de estudio para definir una estrategia global que especificara la oferta y demanda energética para los próximos veinticinco o
treinta años y así poder hacer frente a las necesidades energéticas del país desde la eficiencia y el ahorro, garantizando la calidad y
seguridad del suministro a costes competitivos, y a la vez de forma medioambientalmente sostenible para garantizar el desarrollo económico y social. Las conclusiones las tenemos, están en los trabajos de la subcomisión. Se abordaron temas
estructurales clave, como el déficit de tarifa, las interconexiones eléctricas y de gas o las redes de distribución y transporte. Se definieron también posibles horizontes de oferta y demanda energética para las distintas energías. Se realizó,
señorías, un trabajo relevante, un trabajo de todos, sin que estas conclusiones hasta el momento hayan pasado a ser compromisos por parte del Gobierno. Nuestra conclusión continúa siendo clara: no se puede continuar legislando de manera puntual e
individualmente en función de cada una de las energías, con una visión cortoplacista y con el único objetivo de reducir el déficit de tarifa. Es necesario abordar la reforma del sector; una reforma pendiente que es estructural. Se debe definir
cuál es el modelo -como decía antes- por el que apostamos y en función del mismo definir las medidas, las políticas adecuadas. Continuamos siendo uno de los Estados y de las economías europeas energéticamente más dependientes. Es necesaria una
estrategia y una política energética rigurosa, lo que requiere estabilidad, una visión de medio y largo plazo, seguridad y también orientar las inversiones de manera competitiva y sostenible. Esta estrategia y esta visión de medio y largo plazo han
de primar sobre la inmediatez y ser compatibles con las medidas orientadas a eliminar el déficit de tarifa, que entendemos y reconocemos es hoy un problema grave pendiente de solucionar.
Mi segunda consideración va íntimamente ligada a la primera y es cómo se está actuando en materia energética, a nuestro entender, con una visión cortoplacista. Lamentablemente, este escenario cortoplacista en el que nos movemos y la
incapacidad de proyectar y planificar la política energética llevan consigo graves consecuencias para el modelo de crecimiento futuro y para la competitividad de nuestro sistema económico. Desde el inicio de legislatura la política energética del
Gobierno se ha basado en la lucha contra el déficit de tarifa, como decía antes. Evidentemente, resulta incuestionable que este es uno de los problemas más difíciles que enfrenta el Ejecutivo en el ámbito energético, ya son 30.000 millones de euros
reconocidos a las empresas eléctricas y pendientes de cobro que cuentan con la garantía del Estado. Las políticas de contención del déficit realizadas hasta la fecha se han basado en una contención del coste de las actividades reguladas,
distribución y transporte, donde se ha optado por reducciones lineales sin más, no amparadas en criterios objetivos, y que acaban incidiendo en las inversiones en distribución y transporte, es decir, en actividades que inciden más directamente en la
calidad del suministro eléctrico que en la formación del precio de la electricidad. Igualmente, se ha intervenido mediante contención del coste de las primas de régimen especial. En este sentido se ha optado por la suspensión de estas primas para
las nuevas centrales en régimen especial, provocando una inseguridad jurídica de graves consecuencias y afectando especialmente a la credibilidad internacional de nuestra economía. Por ello, señorías, presidente, señor ministro, necesitamos una
estrategia y la solución a situaciones graves y actuales como la del déficit de tarifa eléctrica deben encontrar una solución definitiva en el marco de una estrategia global del sector que permita soluciones definitivas y que permita sobre todo
recuperar seguridad jurídica y estabilidad, a través de una política energética que dé respuesta tanto a los retos energéticos como al modelo de crecimiento por el que apostamos, un modelo sostenible, diversificado y competitivo.
En tercer lugar, y como última consideración, señor ministro, y en relación con el crédito extraordinario que se propone, consideramos que, sobre la base de la liquidación provisional de las actividades reguladas y considerando el déficit
del sistema eléctrico del ejercicio correspondiente al año 2012, el crédito extraordinario de 2.200 millones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado para la financiación de las actividades reguladas del sistema eléctrico es una medida
coyuntural necesaria para atenuar el desajuste entre ingresos y costes del sistema eléctrico producidos en el ejercicio 2012. En línea con las consideraciones anteriores, creemos que la solución definitiva al problema del déficit del sistema
eléctrico ha de formar parte de la reforma global del sector; una reforma que ha anunciado el Gobierno y que, siendo aún desconocida para nosotros, entendemos que es necesaria y urgente, y esta reforma ha de considerar un reajuste de los ingresos y
los gastos del sistema evitando la generación de déficit en el sistema eléctrico.
Presidente, señorías, señor ministro, votaremos favorablemente, como ya he anticipado al inicio de mi intervención, este proyecto de ley, pero al mismo tiempo continuaremos insistiendo y reclamando la necesidad de definir un modelo
energético de presente y futuro que sea sostenible, que permita la competitividad y la reconducción de los problemas actuales.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Riera.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Señor presidente, señor ministro, señorías, ¿de qué estamos hablando en este proyecto de ley? Se trata de un proyecto de ley que concede un crédito extraordinario de 2.200 millones de euros para el presupuesto del
Ministerio de Industria. Señor ministro, mire cómo evolucionan las cosas. El Grupo Parlamentario Socialista le ha dado el voto en contra a cinco reales decretos-leyes relacionados con esta materia desde el mes de enero del año pasado. Votamos en
contra de la tramitación del proyecto de ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. Hoy no hemos presentado enmienda a la totalidad, hoy queremos que este proyecto de ley que usted trae a la Cámara debe ser objeto de tramitación en
la Cámara y debe ser objeto -y ahí le pido su intermediación- de unos retoques y que se analicen con rigor las cuatro o cinco enmiendas que este grupo parlamentario va a presentar. Es bueno que expliquemos a los colegas, compañeros, diputadas y
diputados de qué estamos hablando.
Hoy no toca hablar del futuro energético nacional. Ya el presidente del Gobierno, señor Rajoy, en el debate sobre el estado de la Nación anunció que dentro de los seis primeros meses de este año -y también lo ha dicho el ministro en
reiteradas ocasiones en foros públicos- el Gobierno iba a remitir a la Cámara una ley que reemplace a la Ley 54/1997; para entendernos, una ley que ordene, modernice y sitúe en el rango de competitividad al sector energético nacional. Y hoy, ¿de
qué estamos hablando? Estamos hablando de un proyecto de ley que consta solamente de dos artículos. El artículo primero introduce una nueva obligación económica a cargo del Estado... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor diputado.
Ruego atención al orador. El que tenga que hablar, insisto, que se vaya fuera, pero presten atención al orador.
El señor SEGURA CLAVELL: Como digo, señoras y señores diputados, el artículo primero de este proyecto de ley introduce una nueva obligación económica a cargo del Estado para el ejercicio 2013, consistente, ni más ni menos -tiene
importancia-, en la financiación de parte de los costes del sistema -dice el proyecto de ley creemos que erróneamente- asociados al incentivo de las energías renovables. Esta obligación que recoge el proyecto de ley en su artículo primero es
adicional a la que recoge la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética y la Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año, que ambas leyes, la de medidas fiscales y la de presupuestos, solamente preveían que se sufragase con
cargo a las arcas públicas un importe equivalente a la suma de lo que se recaudase al aplicar los seis nuevos tributos, entre ellos el célebre 7 % para la generación de energía eléctrica recogido, implementado e introducido en la nueva Ley de
medidas fiscales para la sostenibilidad energética, y, además, se complementase con los ingresos que se obtenían por subastas de derechos de emisión.
Señorías, el proyecto de ley en su exposición de motivos reconoce, porque así se ha dicho aquí, que ha disminuido la recaudación, que hay una carencia de ingresos previsibles para este año de 2.200 millones. ¿Como consecuencia de qué? En
primer lugar, del crecimiento de los costes del régimen especial de producción energética. En segundo lugar, por la disminución de la demanda, desgraciadamente ha ido disminuyendo la demanda eléctrica en nuestro país de manera alarmante. Debemos
destacar que es necesario complementar la suma de ambos déficits a los que acabo de hacer referencia porque, entre otras cosas, hay un archipiélago que se llama archipiélago canario a más de 2.000 kilómetros de aquí que no puede conectarse con una
central de Cádiz, de Algeciras, de Valladolid o de Cuenca. El kilovatio/hora que se produzca en una isla tendrá que ser consumido en esa isla, con un incremento de los costes en esa producción. De ello hablaremos en un nuevo proyecto de ley que
remitió el Gobierno a esta Cámara hace unas tres semanas y que está en periodo de presentación de enmiendas.
Queremos poner de manifiesto que llama la atención que con esta ley se pretenda -fíjese bien, señor ministro, incluso borro este término-, se aparenta, se ha transmitido a la ciudadanía que es un proyecto de ley, digamos, demonizador de las
energías renovables, que son las únicas causantes del déficit tarifario y que exigen, en consecuencia, por la generación de este déficit, una aportación adicional por parte de los Presupuestos Generales del Estado. Pero, señor ministro -y yo quiero
dirigirme a las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Popular, miembros de la Comisión de Industria y Energía-, precisamente esto contradice de manera expresa lo que se acordó con competencia legislativa plena en la Comisión de
Industria y Energía de este Congreso, cuando se discutió la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, donde pactamos -la única enmienda que se nos aceptó al Grupo Socialista-
que los nuevos ingresos impositivos derivados de la aplicación de las nuevas figuras tributarias de esa Ley de medidas fiscales debían dedicarse a cubrir -y lo digo en grandes letras- el total de costes del sistema eléctrico.
Señorías, señor ministro, este proyecto de ley adolece de ese defecto; adolece de otros y no nos vamos a oponer a su tramitación, pero le digo, tal y como le indiqué al comienzo: Acepten unas enmiendas razonables porque, señor ministro
-ojo a este dato-, las nuevas directrices de las ayudas de Estado comunitarias pueden hacer que si en un proyecto de ley español puedan llegar a ser consideradas como ayuda de Estado las primas para la renovables, la Comisión Europea podría
sancionar al Gobierno español y obligar a los perceptores de las primas a su devolución. Nosotros creemos que estos 2.200 millones tienen que ir a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, pero para financiar el déficit del sector energético
español.
Termino. Señor ministro, nos encontramos en una etapa en la que hay un sector clave de nuestra economía vinculado al sector minero. Por eso le quiero trasmitir en nombre de mi grupo parlamentario que, con esta previsión de crédito
extraordinario, nosotros no podemos ni debemos olvidarnos de la situación en la que se encuentra la minería del carbón, y no es razonable ni justo solucionar el déficit tarifario a costa de sacrificar un sector que ha venido siendo estratégico para
el suministro eléctrico y para el desarrollo económico del país. Señor ministro, los recortes en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 y de 2013, la inexplicable, injustificada y arbitraria decisión de paralizar el pago de las ayudas a la
explotación minera, así como las incertidumbres generadas por anuncios y decisiones sobre el consumo de carbón autóctono han llevado al sector a una situación de desconcierto e inviabilidad que viene suponiendo el ahogo de un sector industrial
asentado en nuestro país, que aún mantiene un importante empleo directo y que es generador también de empleo indirecto en el territorio. Señor ministro, esta situación del sector minero está creando gravísimas consecuencias en los territorios
mineros, a los que se les está dejando sin ninguna posibilidad de supervivencia económica por el cierre de las explotaciones mineras, consecuencia de decisiones conscientes, a veces, e irresponsables del Gobierno español. Esto se produce en un
momento de insoportable destrucción de empleo en todo el país, con lo que las posibilidades de reconversión en esta zona son imposibles por muchos años.
Y le pedimos -y termino, señor presidente- que considere que a cargo de este presupuesto extraordinario, de esta ley de crédito extraordinario de 2.200 millones se eche mano en cuanto termine su tramitación y se produzca la consignación
presupuestaria pertinente para resolver el problema de las comarcas mineras que están necesitando del auxilio imperioso de un nuevo plan que aún no ha culminado. Debemos aprovechar la tramitación de este proyecto de ley para resolver un problema
que acucia a media España.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Segura.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Erias.
El señor ERIAS REY: Señor presidente, señores ministros, señorías, tal y como es conocido y tal y como se contempla en el artículo 110 del Reglamento de esta Cámara, una enmienda a la totalidad a un proyecto de ley ha de versar sobre los
principios, la oportunidad o el espíritu de dicho proyecto, y proponer o bien la devolución del mismo o formular una propuesta con texto alternativo.
Es cierto que La Izquierda Plural pide la devolución de este proyecto y es cierto que Esquerra Republicana formula la misma pretensión. Pero alguno de los dos grupos no explica la justificación de la misma y no explica el porqué; o, lo que
es más grave, en algunos casos falsea lo que la iniciativa persigue y formula. Por lo tanto, considero necesario que ha de quedar nítidamente claro que el Gobierno, con este real decreto-ley no solo no demoniza a las energías renovables ni mucho
menos las culpabiliza del déficit tarifario existente, sino que lo que quiere lograr es dar solución a los desajustes que en las previsiones de ingresos y gastos del sector eléctrico se están dando. Por tanto, retirar el proyecto de ley como
propone La Izquierda Plural para realizar un acertado y no sesgado diagnóstico no es lo que, a nuestro juicio, el Gobierno tiene que hacer, sino más bien continuar profundizando, como ya el ministro ha anunciado en otros foros y hoy mismo, en
mejorar la liberalización y contribuir a que el precio de la energía no lastre el potencial de competitividad de nuestras industrias o bien que esta sirva para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Una acción como la propuesta en el real
decreto, constata adicionalmente, como acabo de decir, que existe una insuficiencia presupuestaria y confirma cómo este Gobierno está intentando que
los costes de los desajustes no vayan a la tarifa y que los que los tengan que sufragar y soportar no sean siempre los mismos, es decir, los consumidores.
Por ello, quiero reafirmar que este Gobierno, con la acción política llevada a cabo en esta materia hasta el presente, lo que ha perseguido es no solo reducir el precio de la energía, en todo caso mantenerlo, sino que de forma indirecta los
ciudadanos sigamos acumulando deuda con el sector eléctrico a través de llevarlo directamente al déficit tarifario. Señorías, resulta paradójico que hasta la llegada del Partido Popular al Gobierno de España, todos aquellos grupos políticos que
dicen estar preocupados por las personas y por su calidad de vida no manifestaran y se percataran de que la mayoría de los costes regulatorios energéticos y sus incrementos recaían exclusivamente sobre el consumidor y que el coste de la promoción de
actividades para la mejora de esa mencionada calidad de vida y la sostenibilidad ambiental no se contemplaba incorporarlo como un gasto más a los Presupuestos Generales del Estado.
Pues bien, señorías, hoy tenemos que debatir y llevar a cabo un análisis del real-decreto que no solo no intenta erosionar y promover más déficit tarifario que el existente, sino que procura mejorar la reputación y la credibilidad de la
acción gubernamental. Pues al ser conocedor el Gobierno a través de diferentes informes y estudios, en particular de la Comisión Nacional de la Energía, de que existen potenciales desviaciones en los ingresos y gastos presupuestados para 2013, es
por lo que actúa con celeridad y, no dejando pasar el tiempo, asume el coste de sus decisiones políticas y procura que la regulación no trastoque más la competitividad.
Las energías renovables no son demonizadas en el real decreto por el Gobierno de España ni culpabilizadas de todos los desajustes existentes en el sector eléctrico -como lo hacen los prejuicios y la ideologización de algunos grupos, en
particular lo que dice Esquerra Republicana en su enmienda a la totalidad-, sino que lo que el Gobierno formula y persigue es la búsqueda de la racionalización de los costes y la metodología más adecuada para el cálculo y actualización de las primas
y cómo es muy importante tener presente siempre el estado de desarrollo de las curvas de aprendizaje de todas y cada una de las diferentes tecnologías de generación para valorar más adecuadamente las estrategias de futuro. Por tanto, a mi juicio
tampoco es correcto señalar esto y no es cierto que el real decreto no haga un diagnóstico de la situación; más bien lo que se confirma es que no solo lo hace, sino que en el mismo hay un claro análisis del escenario actual y de por qué es
conveniente actuar. Es más, podemos recalcar que estas acciones y las anteriormente llevadas a cabo por este Gobierno solo persiguen garantizar la supervivencia de las energías renovables y la búsqueda de un sistema eléctrico y de un precio de la
energía más competitivos.
Este real decreto no es un parche, como algunos dijeron, es más, y es una de las acciones que hay que llevar a cabo para cumplir la ley, dar estabilidad al sistema y no trasladar inadecuadamente a los consumidores los resultados de una mal
llamada política energética que en otro tiempo se ha implementado. Que el Estado, vía Presupuestos Generales del Estado, empiece por asumir parte de las primas, resulta a mi juicio fundamental, como ya he recalcado, para no continuar haciéndolo
exclusivamente los ciudadanos vía subida de precios en el propio recibo de la luz y está claro que no es lo mismo ni tiene las mismas consecuencias económicas y de comportamiento futuro para los agentes que esta decisión se haga de una u otra forma.
Para 2013 había consignados en la Ley 17/2012 de Presupuestos Generales del Estado una estimación aproximada de 3.300 millones de ingresos -450 millones por una parte y 2.920 de la Ley 15/2012-, y como hay un desfase para cubrir los costes estimados
respecto de los costes totales que se estiman en 20.374 millones y los ingresos en 14.844, este desfase de 5.700 millones hay que intentar cubrirlo para que ciertamente no sean los peajes los que tengan que asumir esta responsabilidad. Por tanto,
para cubrir estos 5.700 millones y contando con los 3.300 consignados, la necesidad presupuestaria es de los 2.200 que el real decreto consigna. Por ese motivo, creo que queda claro que la cantidad es adecuada y necesaria y que además resultaba
imprescindible porque las previsiones no tenían en cuenta la caída en la demanda que se ha producido, la elevación del número de horas de funcionamiento de algunas tecnologías y la indexación al brent de otros productos.
Esta medida también revela cómo el Gobierno de España ha asumido finalizar con el déficit de tarifa en este año 2013 para no relajar las condiciones que la ley fijaba y que ya en otros momentos se había hecho. Es más, no hace otra cosa el
Gobierno que cumplir con lo previsto por las normas existentes, pues ya en la disposición adicional veintiuna de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, se preveía que los peajes habrían de ser suficientes para pagar la totalidad de los costes de las
actividades reguladas sin que pueda existir el llamado déficit ex ante.
Hay que recalcar que el Gobierno optó por esta medida, que es una medida temporal de una naturaleza excepcional. ¿Por qué? Porque se pretende que una vez resueltas las dificultades que han surgido en este ejercicio presupuestario no tener
que recurrir a ella. Eso es la excepcionalidad de una norma porque, si no, sería un recurso de carácter ordinario. Por eso, es un recurso de carácter extraordinario. Pero, lo que es más importante es decir que se formula para atender nuevas
necesidades que han surgido, no para culpabilizar a nadie del resultado de esas necesidades. Se reconoce que su aplicación se va a destinar para financiar los costes de las energías renovables. Señorías, es para financiar los costes de las
energías renovables no para demonizarlas. Si no se financian estos costes, ciertamente entonces sí se perseguiría a las energías renovables, pero hay que tener un mínimo de coherencia intelectual para que cuando leemos un documento -en este caso un
proyecto de ley- nos atengamos no solo a la literalidad...
El señor PRESIDENTE: Señor diputado, tiene usted que terminar ya.
El señor ERIAS REY: Voy terminando, señor presidente.
El Gobierno responsablemente acude a presentar en la Cámara hoy este real decreto-ley con medidas extraordinarias para poder resolver las dificultades que han sobrevenido. Queremos decir que vamos a rechazar, lógicamente, después de lo que
ha dicho el señor ministro y lo que yo mismo he expresado, las dos enmiendas a la totalidad, la de La Izquierda Plural y la del Grupo Mixto, de Esquerra Republicana. Agradecemos a los que han manifestado la abstención y a aquellos que nos han
manifestado ya su intención, en su momento, de votar favorablemente.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Erias.
PROPUESTA DE CREACIÓN DE SUBCOMISIONES.
- PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE DEFENSA DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN DE REFORMA DEL RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA LEY DE LA CARRERA MILITAR. (Número de expediente 158/000026).
- PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE INTERIOR DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN DE ESTUDIO DE LAS REDES SOCIALES. (Número de expediente 158/000027).
El señor PRESIDENTE: Queda el último punto del orden del día, relativo a las propuestas de creación de subcomisiones. En primer lugar, la propuesta de la Comisión de Defensa de creación de una subcomisión de reforma del régimen transitorio
de la Ley de la carrera militar. Y en segundo lugar, la propuesta de la Comisión de Interior de creación de una subcomisión de estudio de las redes sociales. ¿Se pueden aprobar por asentimiento? (Asentimiento). Quedan aprobadas por asentimiento.
En dos minutos empezaremos las votaciones. (Pausa).
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN).
- REAL DECRETO-LEY 5/2013, DE 15 DE MARZO, DE MEDIDAS PARA FAVORECER LA CONTINUIDAD DE LA VIDA LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE MAYOR EDAD Y PROMOVER EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO. (Número de expediente 130/000035).
El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar con la votación acerca del Real Decreto-Ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo.
Hay dos votos emitidos telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303, más 2 votos telemáticos, 305; a favor, 175, más 2 votos telemáticos, 177; en contra, 126; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda convalidado.
Como han pedido varios grupos, vamos a proceder ahora a la solicitud de que sea tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303, más 2 telemáticos, 305; a favor, 128, más 1 voto telemático, 129; en contra, 174, más 1 voto telemático, 175; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: No se tramitará como proyecto de ley.
- REAL DECRETO-LEY 6/2013, DE 22 DE MARZO, DE PROTECCIÓN A LOS TITULARES DE DETERMINADOS PRODUCTOS DE AHORRO E INVERSIÓN Y OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER FINANCIERO. (Número de expediente 130/000036).
El señor PRESIDENTE: Real Decreto-ley 6/2013, de 15 de 22 de marzo, de protección a los titulares de determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter financiero. Han sido emitidos dos votos telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303, más 2 votos telemáticos, 305; a favor, 186, más 1 voto telemático, 187; en contra, 113, más 1 voto telemático, 114; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda convalidado.
Varios grupos han pedido que se tramite como proyecto de ley, y esto es lo que sometemos a votación.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303, más 2 votos telemáticos, 305; a favor, 130, más 1 voto telemático, 131; en contra, 173, más 1 voto telemático, 174.
El señor PRESIDENTE: No se tramitará como proyecto de ley.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES. (VOTACIÓN).
- PROTOCOLO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA CONFEDERACIÓN SUIZA QUE MODIFICA EL CONVENIO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO FIRMADO EN BERNA EL 26 DE ABRIL DE 1966, Y SU PROTOCOLO,
MODIFICADOS POR EL PROTOCOLO FIRMADO EN MADRID EL 29 DE JUNIO DE 2006, HECHO EN MADRID EL 27 DE JULIO DE 2011. (Número de expediente 110/000076).
El señor PRESIDENTE: En los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales vamos a votar por separado cada uno de los puntos.
Votamos el punto 31.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 300; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el convenio.
- ENMIENDA AL ACUERDO DE SERVICIO DE PRÉSTAMO DE 80.000.000.000 DE EUROS ENTRE LOS SIGUIENTES ESTADOS MIEMBROS CUYA MONEDA ES EL EURO: EL REINO DE BÉLGICA, IRLANDA, EL REINO DE ESPAÑA, LA REPÚBLICA FRANCESA, LA REPÚBLICA ITALIANA, LA
REPÚBLICA DE CHIPRE, EL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO, LA REPÚBLICA DE MALTA, EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS, LA REPÚBLICA DE AUSTRIA, LA REPÚBLICA PORTUGUESA, LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA, Y LA REPÚBLICA DE FINLANDIA Y KFW, ACTUANDO EN INTERÉS PÚBLICO, CON
SUJECIÓN A LAS INSTRUCCIONES Y ACOGIÉNDOSE A LA GARANTÍA DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, COMO PRESTAMISTAS Y LA REPÚBLICA HELÉNICA COMO PRESTATARIO, EL BANCO DE GRECIA COMO AGENTE DEL PRESTATARIO, HECHA EN BRUSELAS EL 19 DE DICIEMBRE DE 2012 Y
EN ATENAS EL 18 DE DICIEMBRE DE 2012. (Número de expediente 110/000077).
El señor PRESIDENTE: Punto 32.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 285; en contra, 13; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- DENUNCIA DEL ACUERDO ENTRE LOS ESTADOS PARTICIPANTES EN LA BRIGADA MULTINACIONAL DE FUERZAS DE RESERVA DE DESPLIEGUE RÁPIDO PARA OPERACIONES DE LA ONU REFERENTE AL ESTATUTO DE SUS FUERZAS (SHIRBRIG), HECHO EN COPENHAGUE EL 13 DE DICIEMBRE
DE 2001. (Número de expediente 110/000078).
El señor PRESIDENTE: Punto 33.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 289; en contra, 8; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el convenio.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN).
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE FOMENTO DE LA INTEGRACIÓN DE COOPERATIVAS Y DE OTRAS ENTIDADES ASOCIATIVAS DE CARÁCTER AGROALIMENTARIO. (Número de expediente 121/000038).
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar ahora la enmienda de devolución presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), al proyecto de ley de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de
carácter agroalimentario. Han sido emitidos dos votos telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300, más 2 votos telemáticos, 302; a favor, 21; en contra, 269 más dos votos telemáticos, 271; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda de devolución.
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ESTABLECE LA FINANCIACIÓN CON CARGO A LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO DE DETERMINADOS COSTES DEL SISTEMA ELÉCTRICO, OCASIONADOS POR LOS INCENTIVOS ECONÓMICOS PARA EL FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA A PARTIR DE FUENTES DE ENERGÍAS RENOVABLES Y SE CONCEDE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE 2.200.000.000 DE EUROS EN EL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. (Número de expediente 121/000039).
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar ahora las enmiendas de devolución presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Jordà, y el Grupo de La Izquierda Plural al proyecto de ley, que hemos discutido, por la que se establece la
financiación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, etcétera. Hay dos votos emitidos telemáticamente.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302, más 2 votos telemáticos, 304; a favor, 18; en contra, 190 más 1 voto telemático, 191; abstenciones, 94 más 1 voto telemático, 95.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas de totalidad.
Se levanta la sesión.
Eran las cinco y diez minutos de la tarde.