CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 875

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ EUGENIO AZPIROZ VILLAR

Sesión núm. 41 (extraordinaria)

celebrada el miércoles,

22 de julio de 2015

ORDEN DEL DÍA:


Ratificación de la ponencia designada para informar sobre:


- Proyecto de ley para la reforma urgente del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral (procedente del Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo). (Número de expediente 121/000148) ... href='#(Página2)'>(Página2)


Aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre:


- Proyecto de ley para la reforma urgente del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral (procedente del Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo). (Número de expediente 121/000148) ... href='#(Página2)'>(Página2)

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Se abre la sesión a las nueve y treinta minutos de la mañana.


RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR SOBRE:


- PROYECTO DE LEY PARA LA REFORMA URGENTE DEL SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EN EL ÁMBITO LABORAL (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 4/2015, DE 22 DE MARZO). (Número de expediente 121/000148).


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a dar inicio a esta Comisión en la cual, en primer lugar, se va a ratificar la ponencia del proyecto de ley para la reforma urgente del sistema de formación profesional para el empleo
en el ámbito laboral que, como ustedes conocen, procede del Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo. Supongo que lo podemos aprobar por asentimiento. (Asentimiento). Queda aprobada.


APROBACIÓN CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE:


- PROYECTO DE LEY PARA LA REFORMA URGENTE DEL SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO EN EL ÁMBITO LABORAL (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 4/2015, DE 22 DE MARZO). (Número de expediente 121/000148).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto segundo del orden del día, que es el debate y aprobación del proyecto de ley para la reforma urgente de la misma materia. Sus señorías en este proyecto importante me han pedido flexibilidad. Saben
perfectamente que en esta Comisión la costumbre -y habitualmente así suele ser practicada- es diez minutos de intervención sin réplica. Teniendo en cuenta la petición que se me formula, vamos a intentar conciliar el difícil equilibrio entre ser
flexible en el tiempo para quien precise utilizarlo en más extensión de lo habitual, pero a su vez para, si es posible, proceder a la votación y conclusión con competencia legislativa plena que tiene esta Comisión del proyecto de ley antes de que se
inicie a las doce y media la Diputación Permanente. Si no, nos veríamos en la obligación de reanudar la cuestión con posterioridad. Espero que esto no suceda y que hagamos todos un uso flexible, pero también adecuado del tiempo. Sé que hay muchas
enmiendas transaccionales. Sé que es un texto importante y espero que consigamos que salga como todas sus señorías desean y el presidente de la Comisión también. En primer lugar, y entiendo que no hay inconveniente por el resto de los grupos
parlamentarios, ha solicitado la palabra don Emilio Olabarría, en representación del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, porque algunas de sus señorías están simultáneamente con la Comisión que se está celebrando ahora mismo en la sala de al lado. Si
no hay inconveniente, le damos la palabra a don Emilio Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Algunos estamos simultáneamente dado el estajanovismo legislativo que se está practicando en estas postrimerías de la legislatura que algunos denominan postrimerías agónicas. Serán agónicas para los que no tienen
que trabajar en los cuarenta proyectos de ley que están en tramitación en este momento. Desde esa perspectiva, tampoco está destacando esta parte final de la legislatura por la calidad de los textos que se están elaborando, pero sí está destacando
por la degradación del procedimiento legislativo. Señor presidente, estamos observando con preocupación cómo ponencias pueden llegar a durar dos, tres o siete minutos, en el mejor de los casos, donde no se consensúa nada, incumpliendo las funciones
reglamentarias que corresponden a la ponencia para facilitar el decurso de la Comisión, donde no se aboca a Pleno ningún proyecto de ley ni siquiera algunos de esta envergadura o de esta transcendencia como el que tiene este o el que tiene el otro
que estoy debatiendo en este momento, que es el proyecto de ley de seguridad nacional, que inocula conceptos de relevancia constitucional a través de leyes ordinarias que ni siquiera se abocan a Pleno tampoco. En fin, el otro día comentaba en una
ponencia el representante de UPyD que la doctrina científica y la academia nos van a terminar crucificando por degradar tanto el procedimiento legislativo. Ya le comenté mi opinión, creo que ya estamos crucificados ante la doctrina, ante la
universidad y ante la academia por la degradación del procedimiento legislativo, todos salvo él porque acaba de llegar y no ha tenido tiempo a ser crucificado. También le llegará esta benemérita condición.


Dicho esto, mantenemos viva una única enmienda -por eso va a ser breve mi intervención- porque nos interesa mucho focalizar los problemas que hacen referencia a la formación profesional en el

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sostenimiento y el mantenimiento de las previsiones del Estatuto de Gernika, en primer lugar, y lo que consigna el artículo 12.2, que establece que la Comunidad Autónoma del País Vasco tendrá, entre otras competencias, la mejora y promoción
de la cualificación profesional de sus trabajadores y su formación integral y del real decreto ley de transferencia de las políticas activas de empleo. Señor presidente, hay que recordar que la Comunidad Autónoma del País Vasco fue la última
receptora de las políticas activas de empleo, junto con las ciudades de Ceuta y Melilla, costó mucho desbloquear una competencia en la que siempre se intentó darle la singularidad que dimana del sistema de financiación bilateral que afecta a la
Comunidad Autónoma del País Vasco, que es el concierto económico, que también lo invocamos en esta enmienda. La Ley del Concierto Económico del año 2012 y en el que se logró ubicar dentro de las políticas activas de empleo que se transferían a la
Comunidad Autónoma del País Vasco, a sus instituciones, no solo las subvenciones gestionadas y las bonificaciones de cuotas, sino un sistema de formación profesional singular, que es al que se refiere este proyecto de ley, donde no era posible la
superposición de planes estatales con planes autonómicos en virtud de las previsiones de este Real Decreto de Transferencias 144/2010. Sistema de financiación, previsto en el artículo 7.1 del proyecto de ley, es decir, la exacción de cuotas de
trabajadores y empresarios destinadas específicamente a la formación profesional, como todas las demás cuotas sujetas. Quien tiene las bonificaciones de cuotas también puede realizar la competencia de exacción de esas cuotas en virtud de los
requerimientos del concierto económico y de su carácter bilateral, desde una perspectiva financiera. Eso es lo que pedimos en esta enmienda que presentamos y respecto a la cual hemos recibido una transacción que se aproxima mucho al pedimento de
nuestro grupo parlamentario, en tanto en cuanto reconoce ciertas singularidades, la prevista en el artículo 149.1.7.ª de la Constitución española, la prevista fundamentalmente en el artículo 12.2 del Estatuto de Autonomía de Gernika y la prevista en
el Real Decreto 1441/2010, de 5 de noviembre, sobre traspaso de funciones y servicios a la comunidad autónoma en su totalidad sin ningún tipo de excepción -me parece ver en una lectura literal-, manteniendo la política en materia de bonificaciones
de cuotas y los sistemas de financiación, en los que solo faltaría, en nuestra opinión, señor presidente, para -permítame la expresión poco forense- niquelar la enmienda totalmente, un sistema en el que se consignara expresamente la imposibilidad de
la superposición de planes estatales sobre planes autonómicos en el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco en los sectores y subsectores previstos en este proyecto de ley. Si esto se lograra estaríamos en una situación de adhesión plena y de
agradecimiento, dado lo que está sucediendo en el ámbito de la centralización y de la ruptura del pacto constituyente en relación con la configuración autonómica del Estado, al grupo mayoritario de esta Cámara por su predisposición a respetar este
marco estatutario y competencial. Falta este elemento complementario del pedimento de la superposición de planes autonómicos con planes estatales para perfilarlo.


Termino con esto mi exposición, señor presidente. Nuestra posición respecto a,. La filosofía fundamentalmente troncal de este proyecto de ley es desapoderar o privar del monopolio a los interlocutorios sociales para el ejercicio de
funciones en materia de formación profesional mediante la transferencia a la Forcem de las cuotas de empresarios y trabajadores en materia de formación, las que antes eran materia de formación continua y luego se vino en denominar formación para el
empleo. Nuestra posición respecto al proyecto de ley, sin estar en desacuerdo con su filosofía, es que nos parece que no solo los interlocutores sociales, los sindicatos y las asociaciones de empresarios más representativas, a través de
determinados organismos y en régimen monopolístico, deben ejercer estas funciones, sino también otros en un régimen de concurrencia pública. Estando de acuerdo con esto, falta este pequeño perfil que va a posibilitar que nuestro voto no sea
negativo al proyecto de ley, sino que sea una abstención. Agradecemos el esfuerzo realizado por el grupo mayoritario. Tenemos la convicción de que por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social -y señor presidente, si me permite la alusión de
carácter nominal, por usted mismo- se va a llegar a una aproximación que competencialmente, sin ser satisfactoria del todo, nos permite no oponernos radicalmente al proyecto de ley y sí abstenernos. Aceptando la enmienda de adición nueva a la
enmienda número 23 de mi grupo parlamentario.


El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra por el Grupo Mixto, doña Olaia Fernández Davila.


La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Intervengo para defender las enmiendas que presenta el Bloque Nacionalista Galego.


Concretamente, en cuanto a las enmiendas números 12 y 13 la razón de su presentación es que el texto que presenta el Gobierno no incluye como entidades con capacidad propia y directa de impartir

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formación a la Administración local ni a promotores previstos en los acuerdos de formación en el ámbito de las administraciones públicas, como son las asociaciones de municipios. La no inclusión de entidades locales, a nuestro entender,
como entidad interviniente en el sistema, vulnera su competencia de formar y garantizar la empleabilidad de sus propios empleados públicos vulnerando su independencia constitucional.


En el caso de nuestra enmienda número 14 incorporamos un asunto que puede no parecer propio del proyecto de ley que hoy tramitamos, pero que desde nuestro punto de vista es lo suficientemente importante como para presentar esta enmienda.
Como saben, la necesidad de adoptar medidas contra el fraude laboral y la seguridad social relacionados con el encubrimiento de puestos de trabajo mediante becas fue, como digo, debatido en muchas ocasiones y concretamente en la Comisión del Pacto
de Toledo. De hecho, en el último informe de evaluación de la reforma del Pacto de Toledo, aprobado en enero de 2011, este asunto se incorporó en el punto número 10. A partir de ese momento aparece en distintas regulaciones, como en la disposición
adicional 28 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la ciencia, la tecnología y la innovación, que establece una regulación laboral a los programas de ayuda a la investigación dirigidos a personal para que se les contrate en las entidades a las que se
les adscribe. Esta medida proporciona una herramienta eficaz en la lucha contra el uso fraudulento de becas que encubren puestos de trabajo en la investigación. Con ese mismo fin, y después de lo que se incorporó en el informe del Pacto de Toledo,
tratando de extender esta misma cuestión a otros sectores susceptibles de mala praxis o praxis fraudulenta, la Ley 7/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, introdujo la disposición
adicional cuadragésimo primera. Sin embargo, el punto uno de dicha disposición resulta a nuestro entender, y en la práctica, impreciso y difuso, generando confusión a la hora de aplicar la gestión de las altas y bajas en el régimen de la Seguridad
Social. Por esa razón, señorías, presentamos esta enmienda número 14, porque entendemos que con el texto propuesto se solucionaría este problema resolviendo esta disfunción que existe en este momento a la hora de la decisión de aplicar la gestión
de altas y bajas en el régimen de la Seguridad Social.


Por último, señorías, nuestra enmienda número 15, que está relacionada con el hecho de que la modificación de subvenciones correctamente convocadas bajo la legislación competente en el momento de la publicación de su resolución de
convocatoria provoca un retraso injustificable en su aplicación. A esta enmienda tenemos una transaccional que vamos a mirar con mayor detenimiento, pero que podemos aceptar.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por su capacidad de síntesis, señora Fernández Davila. En este momento no se encuentra en la comisión el diputado a quien le correspondería por el turno habitual, que es el representante de UPyD. Si no
tienen inconveniente pospondremos su intervención para cuando se pueda incorporar a esta Comisión. Tiene la palabra don Joan Coscubiela, en representación del Grupo de La Izquierda Plural.


El señor COSCUBIELA CONESA: Señorías, después de cuarenta y dos meses destacando la falta absoluta de diálogo del Gobierno del Partido Popular, hoy es oportuno destacar que en esta ocasión se ha abierto un resquicio de esperanza para que el
diálogo parlamentario no sea considerado un oxímoron. Quiero destacar que en la tramitación de este proyecto de ley ha habido comunicación, aunque para que se pueda decir que hay diálogo habrá que esperar al final a ver cómo las palabras se
convierten en hechos, a pesar de que en algún aspecto eso ya ha empezado a ser así. El Grupo de La Izquierda Plural ha trabajado intensamente en diálogo con organizaciones sindicales, empresariales, autónomos y con las entidades del mundo de la
discapacidad, entre otras. Hemos recibido centenares de propuestas que ponen de manifiesto la importancia que le da la sociedad y el tejido económico a una ley como esta. Hemos intentando recoger buena parte de ellas, por supuesto en los casos en
los que hemos estado de acuerdo con la orientación de las propuestas que se nos planteaban, que han sido muchas. En nuestras decenas de enmiendas hemos querido centrarnos fundamentalmente en aquellos aspectos que nos parece que configuran lo que
son las paredes maestras, la estructura básica de lo que se quiere sea un nuevo sistema de formación para el empleo, que para que sea nuevo debería ser mejor que el que sustituye. Algunas de nuestras enmiendas a las que les damos importancia
insisten mucho en un aspecto que nos parece central y es que la formación para el empleo debe estar absolutamente insertada dentro del sistema de cualificaciones y de formación. No puede ser una seta que vaya suelta por el mundo. Nuestros
planteamientos van en el término de hacer esa declaración explícita al iniciar la ley, pero también planteando enmiendas que permitan, por ejemplo, un aspecto muy importante, que es que los recursos

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actuales de la red de formación reglada, que en la mayor parte de los casos está transferida a las comunidades autónomas, pueda establecer sinergias y complementariedades con los proyectos y la planificación de la formación para el empleo de
ocupados y desempleados. Sería una buena noticia si se confirma el planteamiento del Grupo Parlamentario Popular y del Gobierno de habilitar en esta ley el establecimiento anual en la Ley de Presupuestos de una partida presupuestaria destinada a la
constitución de acuerdos con esos centros de formación reglada que, sin duda, pueden dar mucho de sí y pueden ayudar a un aprovechamiento recíproco de recursos que hoy son autárquicos y no están utilizados.


Hemos puesto un énfasis especial en situar con mucha fuerza la formación como un derecho de los trabajadores, no solo como un factor productivo. Sin duda, la formación es un elemento clave especialmente en una economía como la nuestra de
pequeñas y medianas empresas, que tienen serias dificultades en los aspectos formativos, que van directamente vinculados también a las dificultades para la innovación, no solo de productos, sino también de procesos y de sistemas. Todo lo que sea
reforzar el carácter de la formación como un derecho nos parecerá poco, porque de lo contrario podemos confundirnos y situar la formación estrictamente solo como un elemento más, como si fuera la energía eléctrica y no lo es; entre otras cosas,
porque aspectos importantes de la formación tienen que ver con el desarrollo personal de esas personas y no con el utilitarismo que en cada momento le puede dar de manera legítima una empresa en el uso de sus estrategias competitivas del aumento de
la productividad. Es básico que todo el proyecto de ley garantice la equidad de todos los trabajadores en el acceso a la formación. Este es uno de los grandes problemas que tiene nuestro sistema formativo actual para el empleo: no garantiza la
equidad en el acceso, porque no siempre las empresas tienen claro que todos los trabajadores deben ser formados, que no hay nadie que no merezca la formación y porque, entre otras cosas, en muchas ocasiones el sistema incentiva esos factores de
inequidad. Ese debería ser uno de los objetivos, al menos lo es nuestro. Nuestras enmiendas van en el sentido de intentar garantizar que el objetivo de la equidad sea para todas las personas, no solo para los colectivos mayoritarios, sino
especialmente para los minoritarios que son los que más sufren esas dificultades de acceso, y muy concretamente hemos recogido, junto con otros grupos, enmiendas del mundo de las organizaciones de la discapacidad para que el sistema formativo salve
los obstáculos que hoy son insalvables en el acceso de estas personas.


Me temo que hay un aspecto que tiene que ver con el derecho de los trabajadores a la formación en la que, salvo que me lo desmienta en su próxima intervención la portavoz del Grupo Popular, el Gobierno del Partido Popular continúa sin
entender la importancia que tiene el papel de la representación legal de los trabajadores en las empresas, con el carácter de emisión de informe preceptivo, que no necesariamente ha de ser vinculante, que permita alegar las posibles discriminaciones
y vulneraciones graves de los derechos de la formación y que disponga de mecanismos de intermediación y arbitraje para resolver los conflictos, porque, si no, simplemente es un procedimiento formal que no lleva a nada.


Es muy importante tener presente algo básico: La formación, como la salud laboral, a quien más afecta es a los trabajadores. Parece un poco extraño que nuestra legislación continúe manteniendo a los trabajadores y a sus representantes
fuera de la capacidad de determinación de cómo se garantiza su salud y, en este caso concreto, su formación. Por eso nuestro grupo ha planteado una enmienda, que reconocemos que es muy desarrollada, que no necesariamente tiene que ser asumida en
sus términos plenos, porque sin duda puede haber gente que la redacte de otra manera, pero que en lo fundamental nos parece imprescindible para nuestro acuerdo en este proyecto de ley, que es la que hace referencia al papel de la representación
legal de los trabajadores en todo proceso de detección de necesidades formativas, planificación y programación de la formación, procesos de determinación de cuáles son las necesidades en cada empresa. Mucho me temo que en este aspecto está jugando
algo que desgraciadamente siempre está y es la escasa visión de las organizaciones empresariales y su capacidad de ejercer de lobby, porque a las organizaciones empresariales como a algunos poderes económicos y también en algunas ocasiones como ha
podido demostrar el Partido Popular, les parece bien que los sindicatos intervengan, pero siempre y cuando lo hagan de puertas de la empresa hacia fuera. De las puertas de la empresa hacia dentro el sindicato empieza a ser molesto. Es un terreno
acotado a la propiedad privada y a eso se llama facultad organizativa exclusiva del empresario sobre la organización del trabajo. Este es sin duda uno de los elementos más conflictivos en la ley y en la fase actual de debate. Por eso, nosotros en
el terreno del papel de las organizaciones sindicales y empresariales creemos que es oportuno reforzar su intervención en el gobierno del sistema, que no tiene nada que ver con la impartición, cosa que ha quedado clara que forma parte de un acuerdo
amplio de todo el mundo desde el punto de vista social y político.

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Poniendo énfasis en un aspecto que es muy importante y que no siempre se clarifica, el papel de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, en cumplimiento del mandato del artículo 7 de la Constitución española, ha de
tener un plus de participación, pero eso no debería excluir en absoluto los espacios de participación y colaboración de otras organizaciones sindicales y empresariales que son representativas en su ámbito, aunque no lo son a nivel del Estado o de
comunidad autónoma, u otras organizaciones y agentes sociales dentro del ámbito que le es propio, porque pueden aportar muchas cosas.


Otro bloque de enmiendas en el que hemos puesto mucho énfasis es el que afecta al tema de pymes y microempresas. Es la gran batalla, la gran esperanza, la gran exigencia que todos nos tenemos que plantear especialmente en un país que tiene
el 97% de las empresas de menos de diez trabajadores. Somos conscientes de que las dificultades de hacer llegar la formación a las pymes y a las micro no está solo en el sistema de formación, tiene mucho que ver con el propio sistema productivo.
Mientras tengamos empresas casi microscópicas va a ser muy difícil que gran parte de los problemas del mercado de trabajo se puedan resolver. Siempre se puede hacer alguna cosa desde el punto de vista de la legislación y algunas de ellas son las
que hemos planteado desde nuestro grupo. Por ejemplo, recogiendo enmiendas de las organizaciones de la pequeña y mediana empresa, concretamente de Pimec de Cataluña, planteamos la posibilidad de una plurianualidad en el uso de fondos de promoción.
¡Ojo!, ¡alerta al Grupo Parlamentario Popular y al Gobierno!, sin eso y sin otras cosas que tienen que ver con la flexibilidad de la que tantas veces se alardea, va a ser muy difícil llegar a un acuerdo. A una pyme no se le puede pedir que utilice
sus escasos recursos disponibles en un año y si no los puede utilizar y a lo mejor los utiliza tres meses después, los pierda. No, no se puede ser tan obtuso o tan rígido. Déjeme romper una lanza en estos momentos a favor de la necesaria
flexibilidad de una pyme, que no es una empresa de 3.000 trabajadores. Planteamos la exención de la aportación empresarial a las empresas de menos de diez trabajadores. Por lo que hemos podido comprobar, el Partido Popular está dispuesto a que esa
exención empresarial llegue a empresas de hasta cinco trabajadores; bien, ya es un avance, pero nos parece básico que llegue hasta las de diez trabajadores, por una cuestión que quiero intentar explicar. Hasta cinco trabajadores las dificultades
son otras. El empresario solo puede subsistir en muchas ocasiones. Donde se da la posibilidad de hacer formación es en esas empresas que están entre seis y diez. Ahí no establecer cofinanciación por parte de las empresas no es un problema
económico para el Estado en absoluto. En cambio puede suponer rebajar las presiones psicológicas en contra de la formación. Porque desgraciadamente aún hay gente que dice: Y además lo tenemos que pagar. Intentemos ayudar en ese sentido. Si no
hay problemas económicos, intentemos ayudar a que las empresas de hasta diez trabajadores no tengan que hacer esa cofinanciación en la formación. Se trata de evitar esos obstáculos económicos y también psicológicos. Hemos planteado la posibilidad
de que las empresas de hasta diez trabajadores pueden agruparse para hacer formación aprovechando sinergias y, por cierto, permítame que lo diga, evitando tapones que en ocasiones suponen los comportamientos de algunos gremios empresariales de
estructura cuasi feudal que ni hacen ni dejan hacer. Permitir que algunas empresas se puedan agrupar autónomamente o territorialmente para hacer de forma conjunta formación sectorial es una buena noticia.


Voy terminando. En el terreno de la gestión intentamos que las exigencias de transparencia y concurrencia que exige la Administración vayan acompañadas de una mayor autoexigencia de la Administración en el pago rápido de los recursos.
Desgraciadamente, por lo que hemos visto ahora en las enmiendas que de forma transaccional nos plantea el Grupo Popular, las cosas no están quedando bien. No se puede plantear un plazo de doce meses; no se puede. Quiero enviar una señal de
alerta. Si la concurrencia competitiva convive con el pago de doce meses legal, sin mora y con la posibilidad de que si se atrasa no pasa nada, vamos de cabeza al oligopolio de los centros formativos, porque nadie va a poder soportar esos plazos.
Ojo, porque queriendo mejorar podemos hacer un pan... ¿Me entienden, no? Pido al Grupo Popular que atienda a las enmiendas que les hemos presentado diferentes grupos, especialmente el nuestro, para acortar ese periodo de tiempo. Si no se puede
cumplir ese periodo de tiempo, que al menos haya el pago de los intereses de mora. De lo contrario va a pasar como en algunos momentos en los centros sanitarios de este país, que solo les podía vender El Corte Inglés -ahora son otros-, porque era
el único que podía hacer de banco. Van a quedar muy pocos centros formativos y en régimen de oligopolio, que no va a ser de concurrencia, por mucho que la ley diga exactamente lo contrario.


No nos parece nada bien el empecinamiento del Grupo Parlamentario Popular y del Gobierno en mantener a toda costa el cheque de formación. Se nos ha reconocido -y todo el mundo lo sabe- que es

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un mecanismo que, como mínimo, tiene riesgos importantes de discriminación de los trabajadores menos cualificados y también es una fuente de fraude. Nos lo ha reconocido informes del Reino Unido en ese sentido. Entiendo que el Gobierno lo
ha hecho, está en la reforma laboral, en el Real Decreto 3/2012, no lo va a quitar, pero acotemos, limitemos una experiencia y si funciona veamos qué hacer, y sobre todo de forma muy controlada. No nos obsesionemos con la ideología del cheque
formación, porque alguien lo ha puesto y ahora no lo quiere quitar. Nos parece bien algunas de las cosas que se han planteado, que suponen mejoras, pero hay que rematarlas en los aspectos específicos para la formación de los empleados públicos, que
en definitiva es la contratación muy diferenciada de la empresa privada, porque la da una Administración pública como empleador y también es para empleados públicos.


Por último, ahora sí, no estamos nada satisfechos con este proyecto de ley en lo que se refiere a las competencias de las comunidades autónomas. Y lo digo como diputado elegido en la circunscripción de Barcelona, por tanto, como diputado
catalán. No se garantizan las competencias de las comunidades autónomas. Parece que otra vez se ha querido aprovechar un proyecto de ley para la recentralización del Estado. Una recentralización que se da en lo concreto pero también en lo
ideológico, y que si en general no tiene sentido, es absurda cuando se trata de una formación que requiere proximidad, flexibilidad y adaptación al entorno. Por lo tanto, esa obsesión en la recentralización nos parece contraproducente,
incomprensible y contradictoria con los mecanismos de flexibilidad. Todo esto tiene un punto de referencia ideológico, la famosa unidad de mercado. Ese dogma ideológico que no dice nada jurídicamente pero que, en cambio, en manos del Gobierno del
Partido Popular, supone por ejemplo la negación de la diversidad, política pero también económica, existente en nuestro país. Y es curioso porque el propio Gobierno del Partido Popular reconoce que en los sistemas de módulos se deberán establecer
márgenes diferenciados atendiendo a los costes diferenciados que hay entre comunidades autónomas. Es absurdo que en un momento en que se están elaborando informes muy detallados sobre la diferencia existente entre las comunidades autónomas de este
país en el poder de paridad de compra y cómo esto incide de verdad en la renta real de las familias y de las personas, se insista en ese concepto ideologizado de la unidad de mercado que el Partido Popular parece que no quiere modificar. Si me
permiten, sin que nadie se enfade, parece que la cabra tira al monte y esto del imperio de la unidad de destino universal parece atraer mucho al Partido Popular, pero la verdad es que es muy poco útil de cara a este proyecto de ley.


En resumen, estamos satisfechos con que de momento la comunicación se pueda plasmar en diálogo. En una primera lectura rápida que hemos podido hacer hoy de algunas de las enmiendas transaccionales parece que se avanza. No podemos
garantizarlo porque eso requiere una lectura más sosegada y, por lo tanto, ya anuncio que aplicaremos el principio jurídico de in dubio pro abstención, para no meter la pata, se entiende. En todo caso les diré que hay cuatro elementos fuertes de
desacuerdo: la no concreción de una participación real y efectiva de la representación legal de los trabajadores en el diseño y concreción de los programas y planes formativos, el mantenimiento de todas todas del cheque formación, los aspectos que
afectan a los plazos y a las garantías de pago en tiempo sostenible para que los centros formativos no caigan en un oligopolio, y la vulneración de las competencias de las comunidades autónomas y los intentos de recentralización aprovechando esta
ley. Son obstáculos que de mantenerse en estos términos no permitirían nuestro voto favorable, aunque tampoco podría ser negativo por lo que se ha avanzado, todo está en el alero. Intentaremos que hoy se puedan despejar algunas de esas incógnitas,
pero creo que el Grupo Parlamentario Popular, que reconozco que se ha comunicado y ha intentado el diálogo, aunque sea a los doce y media de la madrugada del día de hoy, tendría que esmerarse un poco más y convertir las palabras en hechos o la
música en letra.


El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra don Rafael Calduch en representación del Grupo Parlamentario de UPyD.


El señor CALDUCH CERVERA: Señor presidente, doy por defendidas las enmiendas presentadas.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Carles Campuzano, portavoz de Convergència i d'Unió.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Efectivamente, abordamos con competencia legislativa plena el trámite de este proyecto de ley, y hay que darle su importancia política al paquete de transacciones que el Grupo Parlamentario Popular ha
trasladado esta mañana al conjunto de los grupos parlamentarios. No se trata de cuestiones menores, pues afectan a aspectos sustanciales de las enmiendas planteadas por los distintos grupos parlamentarios. Es verdad que hemos tenido muy poco
tiempo para leer el contenido de

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estas transacciones y, por tanto, mi grupo va a analizarlas con calma durante esta mañana para poder fijar nuestra posición. También es cierto que el contenido de estas transacciones no supone una transformación a fondo del texto que fue
aprobado en su día como real decreto-ley. Por tanto, se mantienen algunos de los defectos que llevaron a mi grupo a votar en contra de la convalidación del real decreto-ley. Vamos a ver durante la mañana si las transacciones son lo suficientemente
relevantes en su contenido para permitir pasar de ese voto negativo a un voto de abstención reconociendo, como decía hace un momento, el esfuerzo que reflejan las propuestas de transacciones.


En primer lugar mi grupo parlamentario en toda esta discusión ha entendido siempre que el real decreto-ley venía marcado en exceso por los escándalos que se han producido en los últimos años en relación con los recursos de la formación para
el empleo. Esa discusión o alarma social que ha producido la malversación de recursos públicos en una materia tan esencial como es la formación, exigía una respuesta de mayor control por parte de las administraciones competentes, de buen uso de
esos recursos, pero ese esfuerzo no puede distraernos de lo que es esencial, y es que en una economía que queremos que sea más competitiva, el esfuerzo de inversión en la formación de los trabajadores es fundamental, como lo son todas aquellas
políticas y regulaciones en la línea no solo de controlar el buen uso de los recursos, sino de garantizar su eficacia. Por tanto, la vinculación entre necesidades formativas del tejido empresarial y los recursos que se utilicen en esa dirección,
así como la flexibilidad para permitir que las empresas tengan el margen de actuación que les permita destinar aquellos recursos a la formación adecuada a sus necesidades, nos parecen esenciales. Además, tenemos una visión amplia sobre la idea de
la formación para el empleo en la medida en que se trata de una formación a lo largo de la vida del trabajador, que no tiene que ver solo con los aspectos vinculados a la formación profesional, sino también a otros aspectos de la propia actividad,
por ejemplo, al sistema universitario, cuestión que el proyecto de ley no plantea en ningún momento. Continuamos siendo aún muy prisioneros de esa idea de la vinculación de la formación para el empleo con la formación profesional. Y el reto que
tenemos planteado a medio plazo, incluso a corto plazo, para mejorar la posición competitiva de nuestras empresas y de la economía tiene que ver no solo con una formación durante toda la vida para aquellos que han estudiado formación profesional,
sino también para aquellos que se han graduado en la universidad. En este sentido el proyecto de ley nos parece poco ambicioso respecto a las dimensiones de las necesidades que España tiene en esta materia y, además, en un contexto donde sabemos
que el principal problema que tenemos en materia de desempleo no es tan solo la falta de crecimiento económico para crear empleo suficiente y reducir el paro, sino el poco nivel de cualificación de nuestros desempleados. Eso tiene que ver, entre
otras cuestiones, con nuestras elevadas tasas de fracaso escolar, de abandono prematuro del sistema educativo, y con algunos defectos de nuestro sistema de formación profesional para el empleo. Por ejemplo, el último informe del Consejo Económico y
Social apunta que los graduados en formación profesional, con edades alrededor de la treintena o cuarentena, tienen un desempleo superior al que deberíamos tener en función de la formación de estas personas. Y eso significa que la formación
profesional para el empleo en este caso no está funcionando de manera adecuada. Es un apunte, insisto, del Consejo Económico y Social. Por tanto, los problemas en esta materia son de fondo y tenemos dudas de que el proyecto de ley los pueda
abordar en toda su dimensión, el tiempo nos lo dirá.


En cualquier caso, dentro de esa posición crítica con este proyecto de ley, insistimos en que se trata de una materia donde los títulos competenciales están muy claros, el título competencial de ejecución de la política laboral y de empleo
corresponde a las comunidades autónomas. La formación para el empleo es una materia que prácticamente desde los años noventa ha sido objeto de controversias en los tribunales, precisamente por la necesidad de proceder a la gestión de los recursos
de la formación para el empleo por parte de las comunidades autónomas Sin embargo, el real decreto ha redundado en ese proceso de recentralización atribuyendo al ministerio de Empleo y a los órganos de la Administración General del Estado funciones
que son más propias de la ejecución de las políticas de empleo que no de la competencia en materia de legislación laboral atribuida al Estado. En este sentido el proyecto de ley confirma la dinámica de recentralización que se ha producido durante
esta legislatura. Es cierto que algunas de las transacciones que ofrece el Grupo Parlamentario Popular minoran esas cuestiones, y mi grupo lo valora en su justa dimensión. Sucede, por ejemplo, en materia de teleformación dando respuesta a
sentencias del Tribunal Constitucional muy recientes. También en materia de control de las bonificaciones de este campo, pues mientras los convenios previstos en la legislación vigente no se desarrollen, corresponde a la Administración General del
Estado, al SEPE, esa función de control y seguimiento, pero se mantiene la posibilidad de que por vía de convenio ese control y seguimiento se pueda hacer por parte de los órganos correspondientes

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de las comunidades autónomas. O el propio reconocimiento de la negociación colectiva en el ámbito sectorial territorial y en los órganos paritarios del ámbito territorial. Son avances que, insisto, vamos a tener que leer con un punto más
de calma durante esta mañana. O incluso esa concepción más flexible de los módulos, pues no tiene demasiado sentido que sean determinados por el Ministerio de Empleo, cuando sabemos que los costes de un curso de formación no son los mismos en
Extremadura que en Madrid, en Barcelona o en el País Vasco.


A pesar de esos avances, lo cierto es que en demasiadas cuestiones es el Estado el que regula hasta un nivel de detalle que deja vacía de contenido la competencia autonómica en esta materia, por lo que esa capacidad de desarrollar una
política que se adapte a las necesidades del tejido económico en los territorios concretos queda mermada. En este sentido Convergència i Unió ha presentado un paquete muy amplio de enmiendas, algunas pretenden reconocer explícitamente que en
determinados territorios del Estado -en algunos desde el punto de vista sindical, básicamente en Galicia y el País Vasco, y en otros desde el punto de vista empresarial, básicamente Cataluña y las Islas Baleares- las negociaciones más
representativas no son las habituales del ámbito estatal, sino que existen otros interlocutores sociales que en ese ámbito autonómico tiene el carácter de más representativos y deben participar de esta política. Insisto, ahí Convergència i Unió ha
presentado un paquete muy amplio de enmiendas.


Segunda cuestión, nos preocupaba que esta regulación se adaptase a las necesidades de las microempresas, de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos. En un tejido empresarial, como todos sabemos, tan trabado por microempresas,
demasiado a menudo nuestra legislación está más pensada para las grandes compañías o grandes empresas, que en la complejidad de las regulaciones siempre encuentran la manera de poder cumplirla, incluso la mejor manera de adaptar esa regulación a sus
propias necesidades, frente a un tejido empresarial no suficientemente sofisticado pero tan esencial para la dinámica de nuestra economía. En este aspecto hemos presentado enmiendas recogiendo muchas de las propuestas de la patronal de la pequeña y
mediana empresa de Cataluña, Pimec, sobre acumulación de la reserva de crédito, agrupación de crédito para empresas de menos de cien trabajadores a través del agrupamiento empresarial, apoyo a emprendedores, la previsión de la cotización de los
trabajadores autónomos, y una mejor regulación de la financiación que las Pymes deben realizar en esta materia. Planteamos la exclusión de las empresas de menos de 10 trabajadores de esa obligación de cofinanciación y establecemos una escala
diferente. Las transacciones que nos ofrece el Grupo Parlamentario Popular resuelven algunas de estas cuestiones, especialmente en lo que se refiere a la acumulación de créditos, la reserva de créditos, y una mejora tímida, pero mejora en
definitiva, en materia de las obligaciones de cofinanciación de las microempresas. Lo valoramos en su justa medida.


Finalmente planteamos otro paquete amplio de enmiendas que afectan a aspectos muy distintos del proyecto de ley. En dicho paquete de enmiendas tenemos muy claro que este sistema, especialmente en la regulación de los módulos y de los costes
de organización de los cursos y la actividad formativa, no podemos pretender que la regulación termine abocando de nuevo a las empresas a realizar malas prácticas para su cumplimiento. En este sentido pedimos más flexibilidad en lo que las empresas
pueden gastar para la organización de las actividades que no sea estrictamente formativo; una mejor regulación de los anticipos que las empresas reciben para poder financiar; o una regulación razonable de la subcontratación en esta materia. Esa
necesidad de evitar el fraude o los abusos no nos puede llevar a una regulación que va a ser imposible cumplir y que de nuevo va a obligar a las empresas a terminar buscando caminos para cumplir la ley, que nos llevará seguramente a que dentro de
unos años, con otras características, reaparezcan problemas como los que hemos tenido en los últimos tiempos. Es cierto que también ha habido algunas transacciones del Grupo Parlamentario Popular que mejoran estas cuestiones y pueden dar mayor
flexibilidad a la aplicación de la norma. Insisto, las veremos con más detalle.


Finalmente hay tres cuestiones que no son menores. A través de la enmienda número 156 planteamos una revisión de la regulación del trabajo de los menores de edad. Hoy existen empresas, especialmente en el sector industrial, que cuando
pretenden contratar a través de los contratos de formación y aprendizaje a jóvenes de menos de 18 años, se encuentran con que la Inspección de Trabajo y los servicios públicos de empleo están aplicando una normativa de 1957 -cuando mi grupo se
enteró de esto, creyó que aquella norma estaba derogada, pero no es así- que continúa regulando el trabajo de los menores, de tal manera que hay empresas del sector industrial que no pueden ofrecer contratos de formación y aprendizaje a jóvenes de
esas edades porque dicha regulación se lo impide. Esta norma de 1957 que regulaba el trabajo de mujeres y de menores fue derogada en el caso de las mujeres, pero se ha mantenido vigente en el caso de los menores. Mi grupo no plantea tanto una
derogación de esa norma como su

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revisión, porque entre 1957 y 2015 el mundo ha cambiado muchísimas veces. Por tanto, insisto al Grupo Parlamentario Popular para que piensen en la enmienda número 156 porque es un tema relevante, ya que el tejido empresarial que apuesta por
la formación dual, hoy se encuentra con dificultades para poder contratar a jóvenes en determinadas actividades industriales.


De la misma manera, la enmienda número 181 se refiere a una cuestión que nos preocupa, que hemos planteado en distintas ocasiones y que afecta a la utilización de todas estas fórmulas que permiten a jóvenes graduados y licenciados tener, con
financiación pública, experiencias laborales en el seno de las empresas. A pesar de las regulaciones que hemos incorporado en los últimos años, hay muchos jóvenes graduados o licenciados que no realizan actividades formativas con un contrato en
prácticas, sino que son contratados con otras fórmulas contractuales que no son tan garantistas. La enmienda 181 pretende garantizar esa cuestión. Finalmente en la enmienda número 107 planteamos un régimen específico de la formación de los
empleados públicos. Creo que otros grupos parlamentarios también lo han planteado, pero el proyecto de ley mezcla estas dos cuestiones y nos parece que la formación de los empleados públicos debe tener un régimen específico.


Termino, señor presidente. Ojalá hubiéramos podido trabajar estas transacciones con más tiempo no solo para poder fijar con más rigor nuestra posición esta mañana, sino incluso para intentar ofrecer algunas mejoras a esas transacciones, que
hubiesen permitido que el texto que finalmente sometamos a votación sea más ajustado a las preocupaciones y a las necesidades que legítimamente todos los grupos pretendemos resolver.


El señor PRESIDENTE: A continuación, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Manuel de la Rocha.


El señor DE LA ROCHA RUBÍ: Señorías, quiero empezar mi intervención haciendo referencia a dos cuestiones de carácter más conceptual o general, antes de entrar en el análisis de las enmiendas y de las propuestas de transacciones que nos ha
facilitado el grupo de la mayoría. La primera cuestión tiene que ver con la importancia que nuestro grupo, y en general todos los grupos parlamentarios, damos a la formación profesional para el empleo. Dicha formación en el ámbito laboral y
también en el ámbito reglado es un instrumento clave para la mejora de la economía española, para mejorar la productividad y competitividad de nuestras empresas y la empleabilidad de los trabajadores. Es también un derecho de los trabajadores a su
desarrollo personal y profesional, a tener una mejor y mayor capacidad de adecuarse a los cambios en el mercado de trabajo. Para mi grupo parlamentario la lucha contra el desempleo para la salida de la crisis y el desarrollo de nuestro país, no
pasan por la reducción de salarios o el recorte de derechos laborales, sino por el incremento de la educación y de la formación y por proporcionar a los trabajadores competencias y conocimientos adecuados, superando entre otras cosas -quiero que
conste en el 'Diario de Sesiones' porque es un elemento muy importante- la enorme brecha digital que existe todavía en nuestro país.


La segunda idea previa, si me lo permiten, es poner en valor el actual sistema de formación profesional para el empleo, que tiene muchas fortalezas y tiene también muchas debilidades e ineficiencias. Empezando por sus fortalezas tenemos su
vinculación con la negociación colectiva sectorial. Es un sistema que lleva cerca de 23 años, desde los primeros acuerdos nacionales de formación continua que promovió el añorado ministro Martínez Noval. Y desde entonces, los distintos Gobiernos,
tanto central como autonómicos, y las organizaciones sociales más representativas, han impulsado y generalizado la cultura de la formación para el empleo, que llega ya a más de 4 millones de trabajadores al año y a más de 478.000 empresas. Repito,
con limitaciones, con insuficiencias, pero con una importante fortaleza que debe ser puesta en valor.


El proyecto de ley que hoy debatimos tiene como antecedente el Real Decreto-ley 4/2015, que se promulgó sin acuerdo con los sindicatos y las asociaciones empresariales. Por primera vez en 22 años, se aprobaba una norma sobre formación
profesional para el empleo sin acuerdo. No me remito ya a los acuerdos de formación continua que son negociados por su propia naturaleza, sino a los sucesivos reales decretos que han regulado esta materia, el Real Decreto 1046/2003, gobernando el
Partido Popular, o el Real Decreto 393/2007, gobernando el Partido Socialista, que se hicieron con el acuerdo de los interlocutores sociales. Mi compañero diputado, el señor Simancas, denunció en el debate de convalidación y expuso como uno de los
puntos clave de nuestra posición crítica, el hecho de que no se hubiera logrado un acuerdo social previo, y manifestó su voluntad y cierto voto de confianza para intentar alcanzarlo en vía parlamentaria. Un acuerdo satisfactorio para los agentes
sociales, y especialmente en lo que al Grupo

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Parlamentario Socialista se refiere, a los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Debo decir que se ha hecho un esfuerzo serio de negociación entre varios grupos parlamentarios, en todo caso el mío, con el Grupo Parlamentario Popular y con el
Ministerio de Empleo. Un esfuerzo que, como ha dicho el señor Coscubiela, es anómalo o extraño en esa casa. Llevamos cuatro años en que las leyes prácticamente se aprueban sin debate, sin negociación, sin búsqueda de puntos de encuentro. Y quiero
enfatizarlo porque creo que el resultado final, aunque siempre insuficiente, va a mostrar que se ha hecho un serio esfuerzo con el que mi grupo está, si no del todo digamos que razonablemente satisfecho, y creemos que por parte del Grupo
Parlamentario Popular también se ha avanzado en este tema. Se han conseguido aproximaciones y acuerdos en diversas materias -no totalmente, como enseguida explicaré- que han permitido recomponer suficientemente el desacuerdo anterior, la ausencia
de pacto social.


Ahora expondré los temas básicos sobre los que mi grupo ha presentado enmiendas y en los más se ha esforzado para buscar un consenso. En primer lugar, la gobernanza del sistema, puesto que, como he dicho antes, el sistema de formación
profesional para el empleo busca proporcionar a empresas y trabajadores recursos e impulsos para fomentar la formación y la mejora de la empleabilidad. La formación de los trabajadores es un derecho de estos y una necesidad de las empresas.
Quienes mejor conocen qué necesidades formativas tienen las empresas son las propias empresas y las organizaciones que las asocian. Quienes mejor conocen qué necesidades formativas tienen los trabajadores son los propios trabajadores y los
sindicatos que los representan, también las administraciones a través de observatorios que pueden ir analizando qué necesidades hay de cara al futuro, y expertos que pueden aportar sus sugerencias, pero empresarios y trabajadores, asociaciones
patronales y sindicatos son, sin duda, los que mejor conocen y pueden canalizar esas necesidades. Por otra parte, hay que recordar que las cuotas de formación profesional sí son recursos públicos, pero son aportadas por trabajadores y empresarios
que algo han tenido y tienen que decir en esta materia. Por eso desde el año 1992 el sistema ha venido funcionando bajo el principio del protagonismo de los agentes sociales más representativos. Incluso el Gobierno del Partido Popular el 29 de
julio de 2014 llegó a un acuerdo con sindicatos y patronales, con propuestas donde se recogía expresamente el principio de participación de los agentes sociales en el gobierno del sistema. Sin embargo, el real decreto-ley limitaba esa participación
que, en muchos casos, quedaba en mera colaboración. De alguna manera fue uno de los puntos clave por los que no se llegó a un acuerdo social previo al propio real decreto-ley. Igualmente se introducía una extraña modificación del sistema de
participación institucional en el ámbito laboral, al abrirlo a todos los sindicatos y asociaciones empresariales y no a las más representativas de ámbito estatal y de ámbito autonómico -en este sentido ha habido alguna intervención recientemente-.
Los sindicatos más representativos, de ámbito estatal, artículo 6, y de ámbito autonómico, artículo 7 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, tienen el derecho a la participación institucional en todos los ámbitos no solo territorial sino también
estatal. Debo decir que en esta materia, en la que mi grupo ha presentado un número amplio de enmiendas, se ha llegado a un acuerdo restableciendo el protagonismo de los agentes sociales más representativos junto a las comunidades autónomas que
tienen, como se ha señalado, competencias ejecutivas, sin perjuicio de que otras entidades, por ejemplo, asociaciones de trabajadores autónomos o de la economía social, puedan también y deban intervenir en la regulación del sistema, pero con esa
primacía de participación de los sindicatos y patronales más representativos.


El segundo objetivo de mi grupo, que también señaló en el debate del real decreto-ley mi compañero, el diputado señor Simancas, era promover la utilización de los centros de formación públicos para la formación profesional para el empleo.
Hasta ahora los centros públicos en el mejor de los casos intervenían concurriendo con los centros privados en condiciones de igualdad que eran condiciones de desigualdad, se primaba siempre a los centros privados. Nosotros, aun siendo conscientes
de que no es posible formar a 4 millones de trabajadores en centros públicos, pensamos que había que promover una presencia más activa de estos en la formación profesional para el empleo. Y se ha introducido, a propuesta de mi grupo y de otros
grupos parlamentarios, un importante apartado en el artículo 7, conforme al cual habrá una partida presupuestaria específica para financiar la formación que se imparta a través de la red pública de centros de formación profesional. La mayor parte
de ellos son centros autonómicos, aunque también hay centros de referencia nacional. Por tanto, los centros autonómicos serán también gestionados en esa parcela por las comunidades autónomas.


El tercer objetivo de mi grupo parlamentario era el incremento de recursos de la formación para el empleo. Pretendemos eliminar el que los contratos formativos sean pagados con cargo a la cuota de formación profesional, que son más de 20
millones de euros al año. También planteamos algo que de

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momento no está resuelto, que es la exigencia de la reanualización de los remanentes de crédito. Si la cuota de formación profesional es finalista, como ha declarado en sentencias recientes de los años 2013 y 2014 el Tribunal
Constitucional, y si como el Tribunal de Cuentas ha establecido en un reciente informe de septiembre del año pasado, que los remanentes de crédito de la cuota de formación profesional no pueden diluirse en el Tesoro para cubrir el déficit -objetivo
de todo ministro de Hacienda, también del señor Montoro con gran pasión-, nosotros solicitamos que conforme a esta nueva doctrina ya declarada por el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas, los remanentes de empleo se reincorporen a la
formación profesional para el empleo en el ejercicio siguiente. Sobre esto hemos tenido conversaciones -espero oír a la ponente del Grupo Parlamentario Popular-, y ha habido acercamientos. Se nos han ofrecido algunos textos que debo decir
públicamente que no nos satisfacen, pero espero que de aquí al final de la sesión de la Comisión o en el Senado podamos encontrar alguna salida para ese punto.


Hemos planteado la capacidad de las comunidades autónomas de adecuar los módulos económicos a la realidad, a la diferencia de precios de mercado en cada comunidad autónoma. Ahí también se ha conseguido un acercamiento satisfactorio.


La cuarta cuestión que mi grupo ha enfatizado ha sido la formación de los empleados públicos. Algunos empleados públicos no cubren cuota de formación profesional, pero por ello el sistema también tiene un plus de financiación que aportan
los Presupuestos Generales del Estado. Los empleados públicos, por su propia condición, siendo su empleador las administraciones públicas, han regulado el desarrollo de su formación profesional para el empleo a través de acuerdos específicos con la
Administración del Estado. Nosotros planteamos que esos acuerdos se adecuen a la nueva normativa, pero que se puedan mantener y, sobre todo, que se diera salida a los problemas transitorios que el real decreto-ley generó para las convocatorias de
empleados públicos que ya habían sido publicadas y que quedaron suspendidas, cuando había una demanda por parte de estos trabajadores y de sus sindicatos para que se les diera una solución satisfactoria. Debo decir que también en este punto se ha
dado una solución que satisface razonablemente la pretensión de mi grupo.


La quinta cuestión -perdone que sea analítico, señor presidente, pero me parece que estamos ante un tema de enorme trascendencia- es la formación de demanda en las pymes. Este es uno de los problemas más importantes que viene arrastrando el
sistema de formación profesional para el empleo. La formación no llega a las pequeñas empresas, ni la de oferta ni -lo que es más importante- la de demanda, la que promueven las propias empresas y que pagan a través de una bonificación en la cuota
de formación profesional. Aunque más del 92 % de nuestro tejido empresarial está formado por pequeñas empresas, no llega al 20 % del total de trabajadores, de los cuatro millones de trabajadores de empresas. Hay dificultades para organizar la
formación, para financiarla, incluso hay dificultades culturales en el pequeño empresario que no asume la necesidad de que es bueno que sus trabajadores y él mismo se formen. Habíamos planteado algunas vías como complemento a las que ya recogía el
proyecto de ley. Por ejemplo, que se potenciara la organización de la formación para las pymes a través de estructuras paritarias sectoriales, formadas por sindicatos y asociaciones empresariales, que serían los que llevarían la organización de la
formación y, por tanto, los que la impulsarían en las pequeñas y medianas empresas en los polígonos industriales, en las zonas donde se agrupan o por sectores productivos, con apertura también a otras entidades. Quiero dejar claro aquí que hay
quien tiene un exceso de pasión por las entidades formativas privadas, externas, que buscan el lucro empresarial -como es lógico, por otra parte, en una economía de mercado-, con alto riesgo de que se constituyan chiringuitos, entidades que no
actúen al servicio del sistema, sino de su propio interés.


En esta materia hemos planteado diversas enmiendas dirigidas a fomentar la formación de las pymes; a potenciar esa organización a través de las entidades paritarias sectoriales; a abaratarla promoviendo que las pequeñas empresas no tengan
que pagar nada; a facilitar que puedan acumular la cuota de formación profesional más de un año, como han pedido algunos otros grupos parlamentarios; a que puedan actuar agrupadamente, cosa que no estaba prevista en el proyecto de ley, para
acumular más cuota entre muchas empresas y tener más medios para organizar y ejecutar la formación. Debo decir que, aunque no plenamente, se ha avanzado bastante, que ha habido sensibilidad en el grupo de la mayoría para entrar en estos temas. El
señor Coscubiela decía que estuvieran exentas las empresas de menos de diez trabajadores y nosotros también lo habíamos planteado así. En las transaccionales que se nos han ofrecido dice que sean las de menos de cinco trabajadores y que las de seis
a diez pagarán una cuota pequeña. En todo caso, es un avance que nosotros queremos reconocer.

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También hemos buscado fórmulas para garantizar, o al menos facilitar, la vinculación a la negociación colectiva de la formación de demanda en las empresas y en las pymes, sobre todo en las pymes, donde hay escasa presencia sindical. El
artículo 10.2 del proyecto de ley recoge la obligación de las grandes y medianas empresas de solicitar un informe a la representación legal de los trabajadores. Habíamos presentado una enmienda -quiero decirlo con claridad- de origen sindical,
promovida por las organizaciones UGT y Comisiones Obreras, en la que se garantizaba la metodología de intervención de la representación legal de los trabajadores en este ámbito, que no se separaba sustancialmente del sistema vigente, pero como ahora
hay un sistema nuevo, lo hicimos para que no desapareciera ese método. Se nos ha propuesto una transacción simplificada, de tal manera que haya un compromiso de que el cuerpo de esa enmienda no vaya en la ley -es discutible jurídicamente que tenga
que ir en la ley-, sino en el reglamento. Espero que ese compromiso se haga público, de tal manera que podamos aceptar la transacción y que el contenido de esa fórmula de intervención de la representación legal de los trabajadores se incorpore al
reglamento y no a la ley. También hemos propuesto, y en parte se ha aceptado, que pueda paliarse la intervención de la representación de los trabajadores, que no existe en las pymes, precisamente a través de esas estructuras paritarias sectoriales
cuando intervengan en la organización de la formación de las pequeñas empresas.


Otro objetivo de mi grupo era fomentar la calidad de la formación, tanto la de la oferta como la de la demanda, manteniendo, por ejemplo, el objetivo de la acreditación de la experiencia laboral, que hasta ahora ha sido un objetivo más bien
abstracto y sobre lo que se ha hecho poco, y que es un reto para las administraciones públicas, sobre todo para las autonómicas que tienen la competencia ejecutiva. Nosotros queríamos que se eliminara la referencia a que la formación de demanda, la
formación de las empresas, tuviera una duración mínima de una hora. Nos parecía que una hora puede ser de información, pero no de formación. Hubiéramos preferido que ese tema se hubiera dejado para el ámbito reglamentario, que siempre es más
flexible y en el que hay más capacidad para modificarlo, para adaptarlo, para ajustarlo a la realidad cambiante. Se nos ha ofrecido una transacción casi simbólica para que la duración mínima de la formación de demanda sea de dos horas. Quiero
decir aquí que nos parece insuficiente, aunque no sea un tema tan sustancial como para que nos lleve a una confrontación sobre los objetivos que hemos alcanzado.


Habíamos presentado una enmienda para posibilitar con más claridad que la financiación procedente de la cuota de formación profesional y de los fondos europeos se pudiera adjudicar a través del régimen de contratación pública y no
necesariamente a través de la Ley de Subvenciones. La Ley de Subvenciones es muy rígida e impone que los beneficiarios de subvenciones vayan siempre a coste y que tengan que justificar todos sus costes, uno a uno, a través de facturas absolutamente
precisas. Mi experiencia -permítanme este impudor-, que es larga en esta materia, es que un gestor, un beneficiario de formación que tenga solamente un 1 % de justificaciones que no estén bien hechas -no digo que no haga bien la formación, no digo
que se reconozca que la hace con claridad- es un gran gestor de formación. Esto quiere decir que el sistema de subvenciones también tiene sus limitaciones. El sistema de contratación pública permite a las administraciones centrarse en el control
de que se haga la formación y que sea de calidad. Lo mismo que cuando se adjudica la ejecución de una carretera hay que ver que está bien hecha y que tiene las calidades que estaban en el proyecto, porque si no no se paga, hay que controlar que la
formación se haga con las calidades y los precios que se han pactado, pero no hay que estar mirando solamente si una factura concreta tiene un estampillado puntual, porque los controles administrativos llegan hasta ese nivel y eso dificulta mucho.
Debo decir que el Ministerio de Empleo y el grupo mayoritario también han demostrado sensibilidad en este punto.


Hemos presentado enmiendas para potenciar la prospección y detección de necesidades formativas en el marco de la planificación plurianual, con la participación de los agentes sociales más representativos y de las comunidades autónomas que
tienen competencias ejecutivas, lo que facilita y mejora la coordinación y cooperación entre el Ministerio de Empleo y las comunidades autónomas, que -debo decirlo- es otra de las asignaturas pendientes en nuestro sistema, pero no solo con este
Gobierno -hay que decirlo en honor a la verdad-, sino en general. La relación comunidades autónomas-Ministerio de Empleo ha ido mejorando progresivamente a través de la conferencia sectorial, pero no hay una perfecta coordinación, ni siquiera
estadística, en esta materia. También queríamos que se incorporara la perspectiva de los trabajadores discapacitados y ha habido avances en ese aspecto.


Quiero referirme a un punto en el que tenemos más distancia, que es el relativo al cheque de formación. Es una de las cosas que menos nos gustan del nuevo sistema, porque está basado en la idea de que los

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trabajadores desempleados -solo desempleados- puedan elegir la formación que quieran, recibiendo a cambio un cheque para pagarla -un cheque abstracto, no es que reciban un cheque bancario-, que da derecho a financiarla a través del centro
que hayan elegido, dentro de la lista de los seleccionados por la administración competente. Nos hubiera gustado que no se incluyera, pero un acuerdo implica cesiones. Debo decir que, aunque hubiéramos preferido que no se incluyera, se ha acotado
su utilización, de manera que su aplicación por las comunidades autónomas ha de ser progresiva, previa evaluación de cómo funciona el modelo, y se ha de hacer previa fijación de criterios por la conferencia sectorial, con consulta de las
organizaciones más representativas, determinando, además, las comunidades autónomas qué sectores concretos son los más adecuados para que se vaya aplicando. Si en su desarrollo se viera que efectivamente se cumple lo que mi grupo anunció que podría
ser un riesgo y que recogió en las enmiendas, es decir, que se utiliza fundamentalmente por trabajadores de cierto nivel económico y cualificación profesional, por élites laborales, o que se producen irregularidades en su gestión, entre el
trabajador y el centro elegido, como de hecho ha pasado en los países donde se ha implantado, fundamentalmente Inglaterra y Suecia, en lo sucesivo mi grupo se replantearía su mantenimiento.


Hay temas que no se regulan directamente en esta ley, por ejemplo, la formación dual en las empresas, que tiene su propia normativa, aunque se hace una remisión al llamado modelo alemán, al que apelamos mucho pero que es de difícil
implantación en nuestro país por la distinta estructura productiva que existe.


Esta ley no nos gusta plenamente, pero sin duda es un paso adelante que puede permitir mejorar esta herramienta clave para la economía española que es la formación profesional para el empleo, que es un derecho de los trabajadores.


Quiero terminar agradeciendo a tres personas la tarea realizada. A mi compañero de ponencia Rafael Simancas, que ha compartido conmigo reflexiones, dudas y negociaciones sobre esta materia; también a mi compañero Joan Coscubiela, porque
juntos nos hemos reunido muchas veces con los sindicatos para debatir posiciones y para buscar propuestas constructivas, como también nos hemos reunido, debo decirlo, porque no es algo que deba estar oculto, con el grupo de la mayoría; por último,
a Celia Villalobos, diputada del Grupo Popular, cuyo papel en esta ley sin duda ha sido muy importante, facilitando el entendimiento entre posiciones inicialmente no idénticas. El trabajo realizado pone en evidencia que cuando el Parlamento quiere,
o cuando el grupo de la mayoría quiere, se pueden buscar aproximaciones, se pueden hacer leyes que mejoren la realidad y se pueden clarificar los consensos y los disensos.


El señor PRESIDENTE: A continuación, voy a dar la palabra a doña Celia Villalobos, no sin antes rogar -me lo indica la letrada- a los grupos que manifiesten si van a pedir votación separada de algunas enmiendas para poder organizar el
cuaderno votacional.


La señora Villalobos tiene la palabra.


La señora VILLALOBOS TALERO: El representante del Grupo Socialista, don Manuel de la Rocha, ha iniciado su intervención en esta Comisión expresando algo que yo también quiero decir, que es la importancia que tiene la formación profesional
como base fundamental para la creación de empleo. El otro día en el Pleno, creo que fue el ministro de Industria el que dijo que había más de 600.000 puestos de trabajo en Europa que no se cubrían por la falta de especialización de los
trabajadores. En nuestro país siguen apareciendo listados de empleos que no se pueden cubrir por falta de formación, lo cual quiere decir que aunque hemos hecho un enorme esfuerzo desde el año 1990 para buscar la solución a la falta de
cualificación de los trabajadores, fundamentalmente de los desempleados, pero también de la formación en la empresa, todavía nos queda camino por recorrer. No cabe duda de que la competitividad de nuestras empresas está muy relacionada con la
formación de los trabajadores dentro de la empresa y con su adecuación a los cambios profundos que se producen permanentemente en el sistema económico. Comparto con él la importancia de esta ley, la necesidad de que sea una norma -así lo dijimos
todos en el debate en el Pleno- pactada, que permanezca en el tiempo, porque a veces cambia el color político de los ministros y quieren implementar con sus propias ideas determinadas cuestiones, cosa que puede ser asumible, pero eso no ocurre con
la formación profesional, porque es algo profundamente sensible. Creo que este país ha hecho un enorme esfuerzo.


Quiero reconocer lo que ha significado la participación de los agentes sociales como base fundamental del mercado laboral, y el que quiera expulsar a los agentes sociales del manejo de todo lo relacionado con la empresa se está equivocando
profundamente. Me consta que la ministra de Empleo y la entonces secretaria de Estado hicieron un enorme esfuerzo por conseguir ese consenso, porque consideraban que era esencial. Las centrales sindicales también hicieron renuncias en la
negociación, porque los pactos

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siempre significan renunciar a alguna cosa, como ha expresado el señor De la Rocha, pero no fue responsabilidad suya no llegar a un acuerdo, porque la patronal considera que las cuotas de formación son suyas -y a partir de ahí es muy
complicado llegar a un consenso-, sin darse cuenta de que no es así, sino que son de los trabajadores, de los empresarios y del conjunto de la sociedad española; es diferente que para algunos sean parte de los salarios diferidos y para otros parte
de lo que es realmente el coste laboral en la empresa. Era necesario también ordenar la formación de los trabajadores ocupados, pero ha sido imposible ese pacto.


Puedo decir que como ponente del Grupo Popular en esta ley recibí de la ministra de Empleo la orden de consensuar, de buscar una solución que permaneciera en el tiempo para poner en marcha el proyecto, porque aunque a lo largo de unos años
posiblemente otros Gobiernos introducirán algunos cambios, es fundamental que sea estable y que pueda funcionar. En julio se firmó un acuerdo entre los sindicatos, la patronal y el presidente del Gobierno que tenía que estar reflejado en esta ley.
Debo decir que hemos hecho ese esfuerzo, y quiero dar las gracias al actual secretario de Estado porque en el poco tiempo que lleva ha trabajado para participar en la solución de diferentes cuestiones.


Es muy difícil contestar a todo, pero me gustaría hacerlo a los temas más importantes que ha planteado cada uno de los diputados. Si me lo permite el presidente, después haré una relación de las enmiendas transaccionales para que sepamos a
qué artículos van a afectar. El señor Olabarría, del PNV, que en este momento no está, ha mantenido una enmienda relativa a lo que significa para la Comunidad Autónoma del País Vasco la implementación de esta norma. Creo que la transaccional que
hemos planteado recoge lo más importante de su situación. Las pegas que hayan podido poner están resueltas en la ley y en las enmiendas que hemos ido introduciendo. Creo que en esta transaccional se reconoce el papel fundamental que tiene la
transferencia de esta gestión a la Comunidad Autónoma Vasca, realizada en el año 2011, con unas condiciones determinadas. Era otro Gobierno, pero es ley y, por tanto, hay que mantenerla, hay que protegerla y hay que reflejarla en esta norma.


La mayoría de las enmiendas del BNG se referían a la participación del conjunto de los ayuntamientos. Es muy complicado introducir esto aquí, entre otras cosas, porque son competencias de las comunidades autónomas que, vía convenio con los
diferentes ayuntamientos, subvencionan o no determinadas propuestas que estos plantean. Tenemos que respetar las competencias de las comunidades autónomas. Le agradezco mucho que acepte la transacción a su enmienda.


Al señor Coscubiela le quiero decir que efectivamente ha habido comunicación con el Gobierno. Creo que la convocatoria de esta Comisión precisamente se ha retrasado por el afán negociador tanto del ministerio como de mí misma. Comprendo
que se entrecruzan temas personales que, desde mi punto de vista, son mucho más importantes que cualquier ley; por tanto, la comunicación podía haber sido mucho más intensa y me hubiera gustado que hubiera sido así. Creo que el señor Coscubiela
sabe perfectamente cuáles han sido los ejes fundamentales a la hora de negociar sus enmiendas. La primera duda que planteaba, la importancia de la inserción en el sistema de formación de la formación profesional dentro de las cualificaciones, que
es la enmienda 28, se refleja de una forma clarísima y lo aceptamos, porque también nos parece muy importante.


Varios grupos, el suyo, Convergència, el Grupo Socialista -después diré las enmiendas concretas- han planteado una enmienda que creo que refleja claramente cuál es su intención y su voluntad, porque queda muy bien acotada. Se trata de
habilitar una partida en los Presupuestos Generales del Estado que garantice poner en valor los centros públicos, puesto que hoy muchos de ellos están cerrados a las cuatro de la tarde y podrían completar la formación. Si funciona bien -espero que
sí-, a lo largo del tiempo seguirá apareciendo esta partida en los Presupuestos Generales del Estado, pero si no es así, los próximos Gobiernos tendrán que buscar soluciones diferentes para que se utilice ese dinero de la formación, porque sería
terrible que las asignaciones contenidas en los Presupuestos Generales del Estado para los centros públicos se perdieran. Eso sería un fracaso para todos nosotros. Por tanto, serán los Presupuestos Generales del Estado los que tendrán que
dimensionar hasta qué momento se hace; ojalá funcione perfectamente y el incremento de esa partida presupuestaria sea cada vez mayor. Lógicamente, eso va a depender de cómo funcione. Desde luego, está fuera de duda la voluntad de este Gobierno de
que se ponga en marcha y de que funcione.


Me referiré ahora a la equidad y a la participación de la representación legal de los trabajadores. Aquí hay dos cuestiones que van a afectar a la fundación: qué es lo que tiene que contener la ley y qué es lo que tiene que contener el
reglamento. En este tema concreto hemos hecho una propuesta que afecta a la enmienda 65 del Grupo de La Izquierda Plural, que creo que delimita en la ley la importancia

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que va a tener la representación legal en la mediación y en el control. Entendemos que el desarrollo del papel de la representación legal de los trabajadores va en la misma dirección que la fundación tripartita. Esos reglamentos se están
empezando a negociar y se están convocando reuniones, con documentos que está terminando de elaborar el Ministerio de Empleo, para cerrar con las centrales sindicales y la patronal esta reglamentación, y el secretario de Estado me ha asegurado que
se hará en estos próximos meses para que acompañe a la ley. Es cierto que la formación en la empresa es importante, pero no debe ser solo para determinados colectivos, sino que tiene que llegar hasta el último trabajador y, por tanto, los
representantes legales de los trabajadores tendrán un papel significativo. Lógicamente, sin poner cortapisas a la necesidad de la empresa a la hora de poner en marcha la formación, se les da un papel fundamental que se concretará en ese reglamento,
y ya hay un compromiso formal para que así sea. Pasa exactamente igual con la fundación.


Hemos puesto en la ley la estructura del consejo general de la formación, que es tripartito, sindicatos, patronal y Administración central, y ahí van las comunidades autónomas, etcétera. ¿Qué significa eso? Que en el conjunto de la ley
aparece reflejado el papel fundamental de las organizaciones sindicales más representativas. Allí donde puede aparecer de forma destacada, está; no estaba, pero ahora está. Se reconoce, como no podía ser de otra forma, ese papel fundamental a las
organizaciones más representativas, empresariales y sindicales.


Hemos intentado hacer un esfuerzo importante en el tema de las pymes, incluso hemos tratado de cuál va a ser el papel de las paritarias. Es cierto que había una enmienda que decía que prioritariamente serían las paritarias las que lo
llevarían a cabo. Nosotros lo ponemos en la ley y se desarrolla en el reglamento, porque, como todo el mundo sabe, en este momento en la fundación se está reduciendo el número de paritarias y se está concretando cuáles van a ser sus funciones. Con
el sistema anterior de la fundación, se está negociando con la directora general de SEPE, y así me lo reconocían los propios sindicatos. ¿Hasta dónde tienen que colaborar las pymes poniendo dinero de su propia empresa para poner en marcha la
formación? Comparto con el resto de los grupos la dificultad de las pequeñísimas empresas a la hora de dar valor a la formación, que posiblemente también la necesiten los empresarios. Ya se podía ocupar la CEOE de formar también a esos empresarios
pequeños, porque el problema no está en que los trabajadores no estén formados, sino en que el empresario tampoco lo está.


También aparece en la ley algo que se está desarrollando fuera de ella, porque así debe ser, que es la necesidad de financiar la negociación colectiva. La negociación colectiva -esto también tiene que ver con una enmienda de La Izquierda
Plural- es muy amplia, no se reduce a negociar los salarios, sino que, en el más amplio sentido de la palabra, en una negociación colectiva está todo: la salud laboral, los salarios, la no discriminación, la igualdad, etcétera. Todo está
contemplado en ese apartado de la ley que significa la necesidad de financiar esa negociación colectiva. Lógicamente esto se negociará con las centrales sindicales y la patronal. Yo sugiero a la patronal que forme también a los empresarios, a los
directivos que negocian, porque están un poquito obsoletos. Por tanto, que la formación profesional llegue a las pymes no consiste solo en que no pongan su dinero, sino en que se den cuenta de la necesidad de que dicha formación sea eficiente.


En este país hay 1.205.612 empresas que tienen de uno a cinco trabajadores que no van a tener que poner nada, pero no olvidemos que la Administración va a tener que poner; por tanto, estamos obligando a la Administración autonómica y a la
estatal a dar más dinero para formación en el caso de que consigamos que se ponga en marcha. Quedan exentas 1.205.612 empresas de tener que poner nada. De seis a nueve hay 110.819, no son muchas. Son empresas pequeñas, pero casi medianas. ¿Por
qué? Porque la estructura empresarial de nuestro país es la que es. Hemos hecho un esfuerzo muy importante que afecta a cuatro veces más empresas de las que quedan sujetas todavía al sistema de la cofinanciación. Es importante el paso que hemos
dado en este sentido para apoyar a estas pequeñas empresas.


El cheque formación -y esto va a servir para todos-, no es un tema ideológico, señor Coscubiela, es que había que buscar fórmulas diferentes. También lo dije en la intervención en el Pleno. Vamos a darle la oportunidad de que funcione. Si
no funciona, se quitará, porque las cosas que no funcionan no tiene sentido que sigan permaneciendo. ¡Es algo tan básico! Además como a mí me da la sensación de que aquí estamos los que dentro de un año vamos a estar donde estemos... Yo espero
seguir gobernando, pero si no, habrá otros que tienen el mismo concepto global. Usted se va a ir a Cataluña. Señor Coscubiela, vamos a dejar de verlo, lo cual es una pena. Le felicito. Espero que tenga la suerte de ayudar a parar determinadas
cosas. (El señor Coscubiela Conesa: Por favor, no me ayude usted, que me hunde). Volvamos al tema. En el cheque formación hemos hecho un esfuerzo importantísimo para buscar una

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salida que sea aceptable para todos. ¿Que no nos gusta en su conjunto? Le puedo decir al señor De la Rocha que tampoco al ministerio le gusta mucho lo que vamos a hacer, pero hay que hacerlo porque es equitativo y es bueno. Hay tres
enmiendas relacionadas que son del Grupo Socialista, las números 189, 194 y 221, que van reflejándose a lo largo de la ley. La enmienda que afecta a la 189 del Grupo Socialista, a la 38 y a la 1, del Grupo UPyD, quedaría: 'Las administraciones
competentes, previa consulta a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, podrán decidir la implantación progresiva de un cheque de formación para trabajadores desempleados delimitando los sectores en los que se aplicará. A
tal efecto reglamentariamente se determinarán los requisitos y condiciones para su disfrute. Asimismo, en el seno de la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales se analizará su puesta en marcha y los mecanismos para su evaluación.' No
podemos decir que se determinará, porque con que solamente haya una comunidad autónoma que no quiera ponerlo en marcha está impidiendo que aquella que quiera lo pueda hacer. Si la conferencia sectorial es la que decide si el cheque de formación se
pone en marcha, imagínese que hay una comunidad autónoma -la que sea, por ejemplo, Andalucía- que quiera ponerlo en marcha, pues no lo puede poner, porque a lo mejor Valencia dice que no quiere. Se analizará y se evaluará, pero la competencia de la
comunidad autónoma de tomar decisiones hay que respetarla. En ese sentido, al señor Campuzano le querría decir que esta ley sí respeta las competencias de las comunidades autónomas. Después me referiré a alguna de las enmiendas que ha planteado.
¿Esto con qué está relacionado? Con lo siguiente. Tenemos un concepto del cheque que es un papelito que dice: se pagará al portador o a don Fulanito tanto dinero, pero este no es el concepto. El concepto es que, como bien decían el señor
Campuzano y el señor Coscubiela, el derecho a la formación es del trabajador, como así se refleja en la reforma del Estatuto de los Trabajadores. El trabajador desempleado busca la formación y el centro que considera oportuno, pero es la
Administración la que le paga directamente al centro la formación de ese trabajador. El trabajador no va con un chequecito a un centro a decir: Tengo este dinero, ¿qué me dais a cambio? No. Quiero formarme aquí. El mejor centro que da esta
formación es este y voy allí, y ese centro le dice a la Administración que ese trabajador está ahí y la Administración le paga por ese trabajador, con lo cual hemos acotado mucho lo que significaría un posible fraude en el uso del cheque de
formación. ¿Que puede haber un fraude? Los fraudes, como las corrupciones, no dependen de las leyes, sino de las personas. El que es corrupto lo es esté donde esté. El que comete fraude lo hace en la medida en que pueda. Delimitamos esa
posibilidad de fraude, que después se completa lógicamente. Tengan en cuenta que le hemos dado en la propia ley un valor -hay algún grupo que ha presentado enmiendas en contra- a la Inspección de Trabajo, creando un organismo que va a controlar y
evaluar esa formación. Estamos delimitando la posibilidad de que se pueda producir un fraude. Uniendo todas las competencias de comunidades autónomas, las estructuras de los centros, que van a tener que estar cualificados para poder dar esa
formación, estamos evitando ese posible fraude, Lógicamente se ha en concurrencia competitiva. Por ejemplo, Galicia ya ha puesto en marcha la formación competitiva y quien se la ha llevado y mejor calificación ha obtenido ha sido la UGT, pues se
llevará lo que le corresponda, que es bastante más de lo que se van a llevar otras. Porque tiene una magnífica estructura de formación y en competencia con otras privadas se la lleva. Funciona. ¿Que se la podrán llevar los sindicatos o empresas
que tengan más cultura de dar los cursos? La vida es así. El que no, que se espabile. Está claro que es positivo y ha quedado bastante acotado y muy controlado lo que va a ser el cheque formación.


Hay algunas enmiendas del señor Coscubiela con las que comprendo que pasa lo mismo que con algunas del señor Campuzano, que las presentan por otras razones que no tienen nada que ver con esta ley. Hablamos estos días de que el Gobierno
utiliza una ley para introducir cosas que no tienen nada que ver, y ustedes ¡vaya tela, señor Campuzano! desde los notarios a los procuradores; esto no tiene nada que ver con esta ley. Usted lo sabe igual que yo. Lo dirime usted con el ministro
de Justicia y con otros para los Presupuestos Generales del Estado. Lo mismo me pasa con el señor Coscubiela, porque hay algunos... Comprendo que desgraciadamente Cataluña está en una situación ahora mismo complicada y él es candidato a unas
elecciones autonómicas y lo respeto, absolutamente. No le voy a votar, aunque estuviera en Cataluña, por lo que no le voy a ayudar a usted absolutamente en nada. El papel que tiene que jugar usted es el que tiene que jugar y lo entiendo, aunque no
lo comparta. Se respeta de una forma clarísima las competencias, pero la planificación es la que es y está lo que dice la Constitución, y esto el Gobierno central, sea quien gobierne, no lo va a eliminar.


Hemos introducido una enmienda en los costes de los módulos para que las comunidades autónomas puedan, en ejercicio de sus propias competencias, dentro lógicamente de una horquilla, adecuar su coste de módulos en función de la comunidad
autónoma. No es lo mismo un curso de cocina de chef en

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Barcelona o Madrid que en Soria, porque los costes laborales no son los mismos ni los alquileres tampoco. Tienen que tener la posibilidad de adecuarlo, porque eso está dentro de ese respeto a la competencia de las comunidades autónomas.
Exactamente igual que en el cheque formación le hemos dado un valor a las comunidades autónomas y a las organizaciones sindicales y empresariales para que las cosas vayan bien, porque la comunidad autónoma que intenta hacer las cosas sin contar con
la representación de los trabajadores va mal. Porque el sistema es ese, ha funcionado bien y gracias a ese sistema tenemos una democracia con sus altibajos, pero que funciona y una democracia en el mercado laboral que es buena y que funciona
adecuadamente con la necesidad de alguna mejora que se va produciendo.


Hay una enmienda que han planteado todos ustedes, que es la reutilización de los fondos que no se han utilizado. Nosotros teníamos un texto. El Gobierno es más que el Ministerio de Empleo, aunque me gustaría que solo fuera el Ministerio de
Empleo, pero también está el Ministerio de Hacienda, que es el que nos persigue a todos. No le ha gustado mucho nuestra redacción, pero a mí tampoco me gusta la suya, en absoluto. Por tanto, no la voy a someter a votación, porque no la comparto en
absoluto. Sí emplazo a los portavoces a llegar a un acuerdo en el Senado. Hay un compromiso de la ministra de Empleo de que esto se apruebe allí. El Ministerio de Hacienda nos ha enviado la enmienda a las diez de la mañana y como comprenderán el
texto ni lo comparto ni lo voy a someter a votación. Eso lo dejaremos para el Senado.


En cuanto al agrupamiento empresarial, es cierto que lo hemos planteado y hemos aceptado enmiendas del Grupo Socialista, del Grupo de Convergència i d'Unió y del Grupo de La Izquierda Plural para que las empresas de menos de 50 trabajadores
puedan agrupar su dinero para dar cursos. Es decir, que cinco empresas en un polígono industrial de la misma rama que no pueden enfrentarse solas a ese curso de formación puedan agruparse y dar ese curso conjuntamente, de forma que les sea más
fácil poder hacerlo. Enmiendas 203 y 204 del Grupo Socialista. Es importante que queden reflejadas en la ley.


Al Grupo Socialista le quiero agradecer el enorme esfuerzo que ha hecho. Don Manuel de la Rocha -no es porque me haya echado alguna flor, es que lo creo profundamente- es un viejo sindicalista que de esto sabe mucho. (El señor De la Rocha
Rubí: Veterano). Vamos a quitar lo de viejo, porque entonces yo también soy vieja, aunque no sindicalista. Vamos a decir que es un veterano sindicalista con muchas horas de negociación que ha puesto mucho de su parte para que podamos llegar a
este acuerdo. Quiero agradecerle sus palabras dirigidas a mí. Creo que la ministra me ha puesto aquí porque sabe que no me gustan los noes, me gustan los pactos, no me gustan los enfrentamientos, no me parece que sea forma de trabajar y me alegro
mucho de haberlo conseguido en parte, gracias -lo he dicho desde el principio- a la actitud absolutamente a favor y dirigiendo todo esto de la ministra y el secretario de Estado.


Hemos hecho el esfuerzo de la representación de los trabajadores que queda reflejado en el conjunto de toda la norma. Respecto al cheque formación, ya lo he comentado. En cuanto a la gobernanza del sistema, que era algo muy importante,
enmienda número 187, al artículo 4, queda muy clara la participación de los representantes de las organizaciones sindicales y empresariales en la gobernanza del conjunto. Antes aparecía solo en la gestión, ahora aparece como un total, como no podía
ser, desde mi punto de vista, de otra forma. Queda muy claro en el texto. El consejo general vuelve a aparecer de forma importante en la enmienda número 215 del Grupo Socialista, en la número 144 del Grupo Parlamentario de Convergència i d'Unió y
en la número 79 del Grupo de La Izquierda Plural. En cuanto a los centros públicos, ya me he referido a ello. Los contratos de formación, enmienda número 193, que ha sido aceptada en los términos planteados por el Grupo Socialista: desaparece el
contrato de formación y de aprendizaje dentro de esta norma, seguirá funcionando exactamente como estaba. Hay otras enmiendas del Grupo Socialista y del Grupo de La Izquierda Plural que son innecesarias porque desaparece dicho contrato. Ya no está
reflejada en los subvencionables de la ley. Va a seguir como estaba. La reutilización, lo que he dicho, y el compromiso formal de que en el Senado se introduzca la enmienda adecuada, pero en ningún caso la planteada por el Ministerio de Hacienda.
Respecto a los módulos, ya lo he mencionado. En cuanto al reglamento, ya me he referido a ello.


Por último, quiero decir que hemos hecho un esfuerzo importante para buscar ese consenso. Quiero agradecer a todos los portavoces de todos los grupos el enorme esfuerzo que han hecho: al señor Olabarría, a la señora Fernández, al señor
Calduch, al señor Coscubiela, al señor Campuzano, al señor De la Rocha, porque hemos trabajado mucho. Especialmente quiero agradecer a mis compañeros, a Carolina España y a Rafael Merino, el esfuerzo que han hecho.


Se me ha quedado una enmienda que es fundamental, que es la de las administraciones públicas. Voy a pasar si les parece a decirles las enmiendas transaccionales: a las enmiendas números 1, 38 y 189, del Grupo

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Socialista, al artículo 4, que modifica el párrafo segundo de la ley; a las enmiendas 7, 30, 74, 92, 168, 184 y 213, al artículo 3; a las enmiendas números 15, 89, 178 y 224, a la disposición transitoria primera; a las enmiendas números
17, 63, 125 y 204, que afecta al artículo 10.5, que ahora se la pasaré a la letrada, porque faltan dos trozos importantes, lo que se refiere a las empresas de menos de 50 y a las empresas de 100 -en el documento que le di ayer, como era muy tarde,
pero ahora se lo voy a pasar para que quede reflejado según lo que hemos negociado con el resto de los grupos-; a la enmienda número 23, del Grupo PNV, a la disposición adicional nueva, de la Comunidad Autónoma del País Vasco; a las enmiendas
números 25 y 181, a la exposición de motivos, donde aparece el protagonismo de las organizaciones sindicales y empresariales en el control seguimiento y evaluación de la formación profesional; a las enmiendas número 27 y 183, al artículo 1.2,
vuelve a hablar de la importancia de las organizaciones sindicales y patronales; a la enmienda número 28 relacionada con la 182, que se aprobó en ponencia, es de La Izquierda Plural, al artículo 1.1, que es la que le comentaba antes al señor
Coscubiela -la presente ley tiene por objeto regular en el marco general del sistema nacional de las cualificaciones y formación profesional, que para él era uno de los ejes fundamentales de incardinar esta ley de la formación profesional-; a las
enmiendas números 32 y 185, al artículo 3, letra d); a las enmiendas números 35 y 186, al artículo 4, modificando el artículo 26.1 de la Ley de Empleo; a las enmiendas números 36, 37 y 187, al artículo 4, modificando la Ley de Empleo; a las
enmiendas números 44, 49, 106 y 196, son de La Izquierda Plural, de Convergència i Unió y del Grupo Socialista, al artículo 7.3, nueva letra d); a las enmiendas números 45, 192, que la aprobamos ya en la ponencia, es una enmienda de La izquierda
Plural, al artículo 7, apartados dos y tres nuevos; a las enmiendas números 47, 103 y 193, estas dos últimas se aprobaron en ponencia, al artículo 7.3, letra a); a las enmiendas números 62, 123 y 204, relacionada con la 147, al artículo 10.4; a
las enmiendas números 53 de La Izquierda Plural y la 198 del Grupo Socialista, al artículo 7.6, nuevo, párrafo tres; a las enmiendas números 55 de La Izquierda Plural, 111 de Convergència i Unió y 200 del Grupo Socialista, al artículo 8.2, párrafo
primero; a las enmiendas números 58 y 69 de La Izquierda Plural, 115 de Convergència i Unió y 201 del Grupo Socialista, al artículo 9.2, párrafo segundo; a las enmiendas números 59, de La Izquierda Plural, 116 y 117 de Convergència i Unió y 202
del Grupo Socialista, relacionada con la número 5 de UPyD y con la 118 de Convergència i Unió, que se aprobaron en ponencia, que afectan al artículo 10.1, nuevo párrafo; a la enmienda número 65, de La Izquierda Plural, 148 de Convergència i Unió y
206 del Grupo Socialista, al artículo 10.2, nuevo párrafo, que es la representación legal de los trabajadores y el resto irá en su totalidad al reglamento; a las enmiendas números 73, de La Izquierda Plural, 136 de Convergència i Unió y 212 del
Grupo Socialista relacionada con la 174, al artículo 16.2; a las enmiendas números 79, de La Izquierda Plural, 144 de Convergència i Unió, que está relacionada con la 215, del Grupo Socialista, al artículo 25.2, nuevo; a las enmiendas números 83
de La Izquierda Plural, 151 de Convergència i Unió y 221 del Grupo Socialista, a la disposición adicional segunda; a las enmiendas números 84 y 152 relacionada con la 222, del Grupo Socialista, que se aprobó en ponencia, a la disposición adicional
tercera, letra d); a las enmiendas números 85 y 153, a la disposición adicional sexta; a la enmienda número 98, de La Izquierda Plural, al artículo 5.1; a las enmiendas números 104, 105 y 194, al artículo 7.3, letra b), párrafo tercero; a la
enmienda número 195 relacionada con la 104, al artículo 7, apartado tres, letra c); a las enmiendas números 119 y 203 relacionada con la 171, que se aprobó en ponencia, al artículo 10.2; a las enmiendas números 132 y 208, al artículo 12.1, párrafo
segundo; a la enmienda número 143, al artículo 25; a las enmiendas números 149, 150 y 220, a la disposición adicional primera; a las enmiendas números 158 y 166, a la disposición transitoria nueva; a la enmienda número 180, al artículo 27.1,
párrafo primero; a la enmienda número 190, al artículo 6.1; a las enmiendas números 107 y 197, relacionadas con la 170, que fue aprobada ya en ponencia, al artículo 7.4, nuevo párrafo; a la enmienda número 207, al artículo 11.2, que se refiere a
las estructuras paritarias sectoriales, y a la enmienda número 209, al artículo 12, apartados dos y tres.


Voy a referirme a las enmiendas que se admiten en sus propios términos: la enmienda número 61, de La Izquierda Plural, al artículo 10.3, párrafos dos, tres y cuatro; la enmienda 102 y 103 de Convergència i Unió y 193 del Grupo Socialista,
que afecta al artículo 7.3, letra a); la enmienda número 121 de Convergència i Unió, al artículo 10.3, párrafo cuatro, nuevo inciso final; la enmienda número 131 de Convergència i Unió, al artículo 12.1, párrafo primero; la enmienda número 137 de
Convergència i Unió, al artículo 17.1, letra e); la enmienda número 141 de Convergència i Unió, al artículo 23.1, párrafo primero; la enmienda número 164, de Convergència i Unió, a la disposición final nueva; la enmienda número 165, de
Convergència i Unió, disposición transitoria nueva; la enmienda número 167, de Convergència i Unió, disposición adicional nueva y, por último, la enmienda 174, de Convergència i Unió, al artículo 16.2, párrafo segundo. Dentro de

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estas enmiendas hay una muy importante que se refiere a la formación dentro de las administraciones públicas en el sentido de que aquellas que ya han sido publicadas se regirán por el sistema antiguo para garantizar que este año la formación
en las administraciones públicas que ya habían firmado sus acuerdos dentro de la Mesa de la Función pública puedan ponerse en marcha sin ningún tipo de problema.


Acabo, dándole las gracias a todos y al presidente por su benevolencia. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Me sumo a los agradecimientos que se han expresado. Ruego a aquellos grupos que todavía puedan estar pendientes de su solicitud de votación separada lo hagan a la mayor brevedad, porque aunque habíamos dicho que no
procederíamos a votar antes de las once y media, y hay que dejar que la letrada pueda ordenar el cuaderno correspondiente para proceder a su votación. Si los portavoces son tan amables y se pueden acercar un momentito para comentar esto.
Desconozco en este momento qué tiempo de suspensión de la Comisión vamos a precisar. (Pausa.-Rumores). Señorías, por favor, portavoces y ponentes, medio segundo. Si me permiten quiero informarles que en previsión de que todavía falta un poco de
tiempo no votaremos antes de las doce y ojalá podamos votar a esa hora. (Pausa).


El señor PRESIDENTE: Ruego a sus señorías que tomen asiento. Cuando estén en condiciones procederemos a votar este proyecto de ley. Creo que todos los grupos parlamentarios están en disposición de iniciar la votación. Hay unas cuantas
votaciones, señorías, y vamos a comenzar con las transaccionales. (La señora Villalobos Talero pide la palabra).


La señora VILLALOBOS TALERO: Gracias, señor presidente, por su benevolencia. Me gustaría leer la enmienda número 223, del Grupo Parlamentario Socialista, que se refiere a los remanentes de crédito recuperados en el sistema, que afecta
también a las enmiendas números 86, 124 y 154. El texto sería el siguiente: 'Los remanentes de crédito destinados al sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral que pudieran producirse al final de cada ejercicio en la
reserva del crédito del Servicio Público de Empleo Estatal, se incorporarán a los créditos correspondientes a los siguientes ejercicios, conforme a lo que se disponga en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio'. Esta sería
la enmienda que por olvido mío ahora incorporamos.


El señor PRESIDENTE: Perfecto. Muchas gracias, señora Villalobos.


Señor Nuet ¿quería hacer alguna manifestación? (Denegación). No. Pues entonces sin más demora vamos a proceder a la votación. En primer lugar del conjunto de las enmiendas transaccionales, con excepción de la que figura como decimoctava
en el listado que se refiere a las enmiendas números 58, 69, 115 y 201 que votaremos a continuación. En primer lugar votamos el conjunto de las enmiendas transaccionales. (El señor Campuzano i Canadés pide la palabra).


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: ¿Puede repetir qué estamos votando por favor?


El señor PRESIDENTE: Sí, todas las enmiendas transaccionales con excepción de la que figura con el número 18 y que afecta a las enmiendas números 58, 69, 115 y 201.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: He pedido varias votaciones separadas.


El señor PRESIDENTE: Pues a mí no me las han hecho llegar. Lo siento, no me habían comunicado esto y, por lo tanto, iba a someterlas a votación en su conjunto. Entonces, vamos a tirar por la calle del medio, vamos a votarlas separadamente
porque si no estamos otra media hora. De manera que vamos a votar la enmienda transaccional que figura como número 1, que afecta a las enmiendas números 38 y 189.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 39; en contra, 1; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la enmienda que figura como el bloque número 2, que afecta a las enmiendas números 7, 30, 74, 92, 168, 184 y 213.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 41.

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El señor PRESIDENTE: Queda aceptada.


Votamos la enmienda transaccional que figura con el número 3, que afecta a las enmiendas números 15, 89, 178 y 224.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 40; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda incorporada.


Votamos la enmienda transaccional cuarta relativa a las enmiendas números 63, 125 y 204.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 41.


El señor PRESIDENTE: Queda incorporada.


Votamos la enmienda transaccional número 5 que afecta a la enmienda número 23.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 40; en contra, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aceptada.


Votamos la enmienda transaccional número 6 que afecta a las enmiendas números 25 y 181.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 40; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda incorporada.


Votamos la enmienda transaccional número 7 que afecta a las enmiendas números 27 y 183.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 39; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda incorporada.


Votamos la enmienda transaccional número 8 que afecta a la enmienda número 28.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 40; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda incorporada.


Votamos la enmienda transaccional número 9 que afecta a las enmiendas números 32 y 185.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 39; en contra, 1; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda incorporada.


Votamos la enmienda transaccional número 10 que afecta a las enmiendas números 35 y 186.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 39; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda incorporada.


Votamos la enmienda número 11 que afecta a las enmiendas números 36, 37 y 187.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 39; en contra, 1; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda incorporada.


Votamos la enmienda transaccional número 12, que afecta a las enmiendas números 44, 49, 106 y 196.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 41.


El señor PRESIDENTE: Queda incorporada.


Votamos la enmienda transaccional número 13 que afecta a la número 45.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 40; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda incorporada.


Votamos la enmienda transaccional número 14 que afecta a la enmienda número 47.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 41.

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El señor PRESIDENTE: Queda incorporada.


Votamos la enmienda transaccional número 15 que afecta a las enmiendas números 62 y 123.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 40; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda incorporada.


Votamos la enmienda transaccional número 16 que afecta a las enmiendas números 53 y 198.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 41.


El señor PRESIDENTE: Queda incorporada.


Votamos la enmienda transaccional número 17 que afecta a las enmiendas números 55, 111 y 200.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 41.


El señor PRESIDENTE: Queda incorporada.


Votamos la enmienda transaccional número 18 que afecta a las enmiendas números 58, 69, 115 y 201.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; en contra, 1; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda incorporada.


Votamos la enmienda transaccional número 19 que afecta a las enmiendas números 59, 116, 117 y 202.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 41.


El señor PRESIDENTE: Queda incorporada.


Votamos la enmienda transaccional número 20 que afecta a las enmiendas números 65, 148 y 206.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 40; en contra, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la enmienda transaccional número 21 que afecta a las enmiendas números 73, 136 y 212.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38; en contra, 1; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda incorporada.


Votamos la enmienda número 22 que afecta a las enmiendas números 79 y 144.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 41.


El señor PRESIDENTE: Queda incorporada.


Votamos la enmienda transaccional número 23 que afecta a las enmiendas números 83, 151 y 221.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 40; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda incorporada.


Votamos la enmienda transaccional número 24 que afecta a las enmiendas números 84 y 152.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 41.


El señor PRESIDENTE: Queda incorporada.


Votamos la enmienda transaccional número 25 que afecta a las enmiendas números 85 y 153.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 41.


El señor PRESIDENTE: Queda incorporada.


Votamos la enmienda transaccional número 26.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 41.

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El señor PRESIDENTE: Queda incorporada.


Votamos la enmienda transaccional número 27 que afecta a la enmienda número 194.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 41.


El señor PRESIDENTE: Queda incorporada.


Votamos la enmienda transaccional número 28 que afecta a las enmiendas números 119 y 203.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 40; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda incorporada.


Votamos la enmienda transaccional número 29 que afecta a su vez a los números 132 y 208.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 40; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda incorporada.


Votamos la enmienda transaccional número 30 que afecta a la enmienda número 143.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 41.


El señor PRESIDENTE: Queda incorporada.


Votamos la enmienda transaccional número 32 que afecta a las enmiendas números 158 y 166.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 40; en contra, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda incorporada.


Votamos la enmienda transaccional número 33 que afecta a la enmienda número 180.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 39; en contra, 1; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda incorporada.


Votamos la enmienda transaccional número 34 que afecta a la enmienda número 190.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 41.


El señor PRESIDENTE: Queda incorporada.


Votamos la enmienda transaccional número 35 que afecta a las enmiendas números 107 y 197.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 40; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda incorporada.


Votamos la enmienda transaccional número 36 que afecta a la enmienda número 207.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 41.


El señor PRESIDENTE: Queda incorporada.


Votamos la enmienda transaccional número 37 que afecta a la enmienda número 209.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 41.


El señor PRESIDENTE: Queda incorporada.


Votamos la enmienda transaccional número 38 que afecta a la enmienda número 223.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 41.


El señor PRESIDENTE: Queda incorporada.


A partir de aquí pasamos a votar las enmiendas de los grupos parlamentarios, comenzando por las del Grupo Parlamentario Mixto del señor Armendáriz. Procedemos a votar en bloque el conjunto de sus enmiendas vivas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra; 37; abstenciones, 3.

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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


A continuación, votamos las enmiendas de la señora doña Olaia Fernández Dávila. En primer lugar la número 12.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos el resto de enmiendas de la señora Olaia Fernández.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. En primer lugar la número 2.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 37; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Segunda votación de las enmiendas de UPyD, enmienda número 9.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 25; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos el resto de enmiendas del Grupo Parlamentario de UPyD.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. En primer lugar sometemos a votación las enmiendas números 31, 33, 56 y 57.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 24; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


A continuación votamos la enmienda número 48.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 24; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda número 61.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 41.


El señor PRESIDENTE: Queda incorporada.


Votamos el resto de enmiendas. (La señora Villalobos Talero pide la palabra).


La señora VILLALOBOS TALERO: Señor presidente, ¿hemos votado la enmienda número 43?


El señor PRESIDENTE: Lo he dicho yo mal, no habíamos votado la enmienda número 43. Disculpen, la rapidez tiene estas servidumbres.


Votamos entonces la enmienda número 43 de La Izquierda Plural.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 24; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Y ahora sí votamos el resto de enmiendas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 1.

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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Sometemos ahora a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió. En primer lugar las enmiendas números 93, 99, 109, 113, 114, 126, 128, 129, 135, 146 y 156.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


A continuación votamos las enmiendas números 131 y 137.


La señora VILLALOBOS TALERO: Y la número 103.


El señor PRESIDENTE: No porque han pedido votación separada.


Por tanto, votamos las enmiendas números 131 y 137.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 41.


El señor PRESIDENTE: Quedan incorporadas.


Ahora sí, votamos la enmienda número 103 para la que se había pedido votación separada.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda incorporada.


Votamos las enmiendas números 104 y 105.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas números 110, 122, 133, 139, 157, 162 y 163.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votamos la enmienda número 121.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 41.


El señor PRESIDENTE: Queda incorporada por unanimidad.


Votamos la enmienda número 141.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda incorporada.


Votamos el resto de enmiendas del mismo grupo parlamentario.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 23; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Pasamos ahora a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, enmienda número 193.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 199.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos el resto de las enmienda del Grupo Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23.

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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, votamos la enmienda 164.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 39; en contra, 1; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la enmienda 165.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38; en contra, 1; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda incorporada.


Votamos la enmienda 174.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; en contra, 1; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda incorporada.


Sometemos a votación la enmienda 175.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 13; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda incorporada.


Por último, votamos la enmienda 167.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 13; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda incorporada.


A continuación, si les parece, votaremos por asentimiento las correcciones técnicas que han sido puestas en evidencia por los servicios jurídicos de la Cámara. ¿Se aprueban por asentimiento? (Asentimiento). Quedan aprobadas.


Por último, habida cuenta de que esta Comisión tiene competencia legislativa plena, vamos a someter a votación el proyecto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Se levanta la sesión.


Eran las doce y treinta y cinco minutos del mediodía.