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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 547, de 23/04/2014
cve: DSCD-10-CO-547 PDF



CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES


Año 2014 X LEGISLATURA Núm. 547

CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ARTURO GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ

Sesión núm. 21

celebrada el miércoles,

23 de abril de 2014



ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias en relación con las iniciativas sobre la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción. Por acuerdo de la Comisión Constitucional:


- Del señor catedrático de Ciencia Política de la Universidad CEU San Pablo y director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (Pendás García). (Número de expediente 212/001583) ... (Página2)


- Del señor fiscal general del Estado (Torres-Dulce Lifante). (Número de expediente 212/001585) ... (Página15)


- Del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Álvarez de Miranda García). (Número de expediente 212/001584) ... (Página30)



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Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


COMPARECENCIAS EN RELACIÓN CON LAS INICIATIVAS SOBRE LA REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA Y LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN CONSTITUCIONAL:


- DEL SEÑOR CATEDRÁTICO DE CIENCIA POLÍTICA DE LA UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO Y DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES (PENDÁS GARCÍA). (Número de expediente 212/001583).


El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión Constitucional convocada para el día de hoy, sobre distintas comparecencias.


Permítanme sus señorías que ante todo, y por el día tan especial, felicite a los Jordi que, haciendo un esfuerzo considerable están hoy aquí con nosotros. Muchas felicidades. (El señor Jané i Guasch pronuncia palabras que no se perciben).


El primer punto del orden del día es la comparecencia de don Benigno Pendás, director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Para ser un poco consecuente con lo que habían hablado los distintos grupos, esta comparecencia va a
tener una duración de hora y media, por lo cual he pedido al compareciente que no demore más allá de un cuarto de hora su exposición; luego, cada uno de los portavoces de los grupos procurarán ajustarse a un tiempo máximo de unos siete minutos y, a
continuación, daré de nuevo la palabra al comspareciente para que responda a las preguntas o cuestiones que le hayan presentado los distintos grupos. Les pido que hagan un esfuerzo y así me eviten tener que recordarles el tiempo.


Sin más, bienvenido, don Benigno, en nombre de la Comisión Constitucional. Muchas gracias por su presencia hoy aquí en la Comisión. Como ya sabe el motivo de la comparecencia, le escuchamos atentamente.


El señor CATEDRÁTICO DE CIENCIA POLÍTICA DE LA UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO Y DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES (Pendás García): Señor presidente, señorías, comparezco por tercera vez ante la Comisión Constitucional:
la primera fue con motivo del inicio de la legislatura, la segunda con ocasión de la Ley de Transparencia, de la que algo diremos también, y en este caso la comparecencia tiene por objeto abrir la presencia de una serie de autoridades y expertos en
relación con los dos proyectos de ley que forman parte del Plan de regeneración democrática, una respuesta política y una respuesta democrática al fenómeno de la desafección de los ciudadanos de la que tantas veces hemos hablado y que tanto nos
preocupa a quienes, por formación y por vocación, somos absolutamente creyentes en el Estado constitucional como la única forma legítima de gobierno propia del siglo XXI.


Señor presidente, señorías, la primera idea que quería transmitirles es que la sociedad española merece un gran pacto de Estado contra la corrupción. Lo merece porque la corrupción daña la legitimidad del sistema, porque afecta al núcleo
más profundo de las convicciones y porque, en definitiva, hace que se pierda la confianza -que es el elemento nuclear en un sistema democrático- entre lo que no me gusta llamar clase política y sociedad civil -ambos conceptos muy discutibles-, en
definitiva, entre los ciudadanos y sus representantes. Por tanto, consciente de este planteamiento, desde el primer momento se puso en marcha desde la Vicepresidencia del Gobierno un llamado Plan de regeneración democrática que es ambicioso y al
mismo tiempo razonable, y cuyo objetivo final debería ser la recuperación de la ilusión política por parte de los ciudadanos. Un filósofo del derecho danés, Alf Ross, muy conocido, dice que la corrupción hunde sus raíces en la naturaleza humana
pero que la democracia tiene armas para combatirla, que son la publicidad -probablemente hoy hubiera escrito la transparencia- y una conciencia pública despierta y exigente. Con todo, la democracia tiene armas contra la corrupción; cualquier otro
régimen político es, según los clásicos, corrupto por naturaleza. Por tanto, tenemos que trabajar en esta estrategia impulsada, como ya digo, desde la Vicepresidencia del Gobierno y en la que hemos venido trabajando sin parar desde el principio de
la legislatura tanto desde la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes, con una comisión interministerial de alto nivel que allí se formó, como en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en cumplimiento de las funciones que le
corresponden. No hay retrasos, no hay dilaciones, más allá de lo que es razonable en el calendario natural de la vida política.



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Comparecemos cuando hay que hacerlo, cuando están ya aquí los proyectos de ley y cuando tenemos el trabajo sustancialmente hecho.


El esquema de ese Plan de regeneración democrática empezó con la Ley de Transparencia, la Ley 19/2013, una buena ley que se aprobó en las Cámaras con un resultado muy positivo y que ahora tenemos entre todos la obligación de que pase del
boletín oficial a la realidad diaria de la relación entre los ciudadanos y las administraciones. Continúa con estas dos leyes de las que hoy vamos a hablar y tendrá, probablemente, nuevos cauces a través, por una parte, de las reformas previstas
del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal -o código procesal penal, como se llame en su momento-, para lo cual, por supuesto, trabajamos en plena coordinación con el Ministerio de Justicia, y con otra serie de temas sobre los que
estamos en fase de trabajo. Algunos ya están incluso planteados, por ejemplo, la regulación de los lobbys, de los grupos de presión -está ya ante la Comisión de Reglamento de esta Cámara- y las propuestas sobre participación de los ciudadanos en
las que estamos trabajando en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.


Antes de entrar en el detalle de los dos proyectos de ley -por supuesto cumpliendo el tiempo que me indica el presidente-, dos reflexiones principales: una, no hay soluciones mágicas en materia de corrupción. Hoy, aparte de Sant Jordi -por
supuesto me sumo a la felicitación a los amigos catalanes- es también el día del Quijote, pues no se puede ir a la botica, comprar bálsamo de Fierabrás, tomárselo y decir: ya hemos resuelto el problema de la corrupción; eso no existe. Lo que se
puede hacer, y lo que tratamos de hacer, es dar pasos en la buena dirección, cerrar espacios a la posibilidad de que alguien se beneficie de su función política y para ello hay que utilizar los mecanismos democráticos, la transparencia y la
rendición de cuentas, la accountability que dicen los anglosajones. El segundo criterio -que ya les anunciaba antes- es que este pacto es sencillamente imprescindible; sobre las reglas del juego tenemos que estar todos de acuerdo y por tanto la
legitimidad de estas leyes depende, y mucho, de que los grupos parlamentarios, de que ustedes sean capaces de ponerse de acuerdo sobre unas medidas que están dentro de lo razonable que, como todo, son matizables, son mejorables pero que, insisto,
están orientadas en la buena dirección.


Algunas ideas previas. Primero, distinguir entre corrupción y percepción de la corrupción. Los expertos españoles y extranjeros dicen que en España hay casos llamativos, obvios, de corrupción pero que los índices de corrupción son
relativamente bajos y que estamos lejos de ser un país que se pudiera calificar de corrupto en un sentido sistémico. Aquí no se compran las sentencias, no se compra al agente de tráfico cuando le van a multar a uno o no se compran -lo dice un
profesor con treinta y tantos años de ejercicio- las notas de los exámenes. La sociedad española no es una sociedad sistemáticamente corrupta, otra cosa es que existan casos llamativos de corrupción que hay que perseguir, diría un adjetivo con
plena conciencia, implacablemente, porque la corrupción es un cáncer de la democracia. Además la percepción de que es una sociedad corrupta estimula los malos hábitos, que se podrían traducir en: si ellos no cumplen, nosotros tampoco y, por tanto,
se formaría así un círculo vicioso. No hay nada cultural, no hay nada de la Europa del sur que irremediablemente genere corrupción; ese tipo de planteamientos hoy día esencialistas carecen de sentido; lo que necesitamos son buenas leyes, voluntad
política y cultura cívica para luchar contra este fenómeno.


En la misma línea -permítanme que siga por un momento en temas generales-, la reivindicación de la política. No hay nada más irritante que ese mensaje populista, demagógico, que dice: todos los políticos son iguales. No es verdad; la
inmensa mayoría, la muy inmensa mayoría de los políticos son gente que cumple, que cumplimos nuestras funciones con el mejor espíritu, con el mejor deseo de acertar, con el objetivo de hacer las cosas bien y luego unas saldrán bien y otras saldrán
peor, pero con carácter general la honorabilidad y el sentido de la responsabilidad son elementos que pueden caracterizar perfectamente a nuestra clase política, y los primeros interesados en aislar las excepciones y en sancionarlas con todo rigor
son esa gran mayoría de gente que cumple su función.


Fíjense ustedes en algunos datos mínimos pero muy interesantes. Apelo a la última encuesta de la Comisión de la Unión Europea, de la Comisión de Interior en febrero de 2014, Percepción de la corrupción. En España el 95% de los encuestados
creen que la corrupción está generalizada; solo tenemos por encima a Grecia, donde lo creen el 99% y a Italia, donde lo creen el 97%. Pero fíjense ustedes también: el 59% de los alemanes -que no es una cifra menor, por supuesto mejor que la
nuestra pero no es una cifra menor- también responden sí a la pregunta de ¿cree usted que la corrupción está generalizada? En cambio a la siguiente pregunta: ¿ha sido usted victima o testigo de casos concretos de corrupción?, responde que sí el
8% de los españoles, el 8%; comparen ustedes la distancia entre el 95 y el 8.



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¿Dónde está la corrupción? Los expertos y los encuestados lo dicen prácticamente de una forma unánime: financiación de partidos, contratos públicos, urbanismo y régimen local. Frente a eso, gobierno abierto, ejemplaridad, respuesta rápida
y eficaz. Tienen ustedes hoy otras comparecencias que les podrán ilustrar sin duda sobre ello, pero les anticipo mi criterio. Con carácter general es mucho más importante la respuesta procesal ágil que el endurecimiento de las penas. En muy buena
medida lo que irrita de verdad y con toda razón a los ciudadanos es que los procesos se eternicen, que no se avance nunca en la sanción a los culpables, que un abogado medianamente hábil pueda dilatar indefinidamente un proceso y que, por tanto, la
sanción no llegue nunca. Yo haría las dos cosas pero, si tuviera que optar, procuraría buscar primero fórmulas ágiles y rápidas para los procesos.


Dicho todo esto, paso a apuntar algunas ideas básicas sobre los dos proyectos de ley sobre los cuales hemos trabajado en el centro en perfecta cooperación con el resto de los ministerios y de las entidades públicas interesadas en ello. Aquí
no hay protagonismos personales, sino contribución institucional a una tarea común que repito que no solo debe ser fundamental para el Gobierno, sino que indiscutiblemente necesita y requiere un pacto político. El primero de los dos proyectos de
ley es la ley reguladora de los altos cargos de la Administración General del Estado. Es, por tanto, una especie de estatuto del alto cargo de la Administración General del Estado y probablemente sería muy interesante que fuera un modelo para otros
sectores de lo que pudiéramos llamar en sentido sociológico clase política, insistiendo en que el término desde el punto de vista académico no me convence. Sean parlamentarios, sean comunidades autónomas o sean directivos de partidos políticos,
pero aquí vamos a legislar sobre lo que corresponde al Estado y, en concreto, sobre lo que puede y debe promover la Administración General del Estado. El objetivo es plenamente constitucional: servir con objetividad a los intereses generales,
luchar contra las inmunidades del poder y, en definitiva, evitar ese fenómeno que los expertos en corrupción definen de la siguiente manera. Los expertos internacionales dicen que corrupción significa capacidad de decisión más arbitrariedad menos
rendición de cuentas. Cuando se producen los tres fenómenos, estamos ante la posibilidad de corrupción. Por lo que respecta a la capacidad de decisión, cada uno tiene la que el ordenamiento jurídico le otorga. La arbitrariedad no es un fenómeno
fácil que se produzca en nuestro ordenamiento jurídico. Nuestro ordenamiento jurídico es profundamente garantista en las materias incluso más sensibles como los contratos públicos. Los instrumentos jurídicos son lentos -sobre todo los procesales-,
pero existen para el control de la corrupción en esos terrenos. Los juristas, discípulos todos del maestro García de Enterría -que como recuerdan murió hace unos meses-, aprendimos desde siempre que la lucha contra las inmunidades del poder y
contra la corrupción administrativa implica ese control jurisdiccional, y nuestro ordenamiento jurídico tiene mecanismos suficientes en la fase de lucha contra la arbitrariedad. Hay un déficit, en cambio, en el último elemento, que es la rendición
de cuentas. La accountability tiene todavía muchos pasos por mejorar y diría que estas dos leyes están encaminadas en este sentido. Por tanto, desde este punto de vista la ley reguladora del ejercicio de los altos cargos de la Administración
General del Estado es en cierto modo un complemento de la parte de buen gobierno de la Ley de Transparencia que aprobaron ustedes recientemente.


Si tuviera que destacar una novedad principal, sin duda está en el artículo 23 del proyecto de ley, que son los indicios de enriquecimiento injustificado que pueden despertar la alerta temprana y encender la luz de la Oficina del Conflicto
de Intereses a la cual, por cierto, se la dota de más mecanismos como Administración independiente y, por tanto, no sujeta a más reglas que el cumplimiento de la ley. Son ustedes perfectamente conscientes de que es notorio que con percepciones que
se reciben como alto cargo de la Administración General del Estado o como diputado o como senador o como algún cargo autonómico hay ciertos enriquecimientos que sin duda resultan sorprendentes si se perciben. Aquí, la Oficina de Conflicto de
Intereses va a tener la posibilidad de trabajar y controlar ese tipo de indicios y, por tanto, de reclamar explicaciones; explicaciones que por supuesto pueden ser suficientes, desde la riqueza de origen familiar a una herencia o a la lotería.
Indudablemente hay muchas formas también de obtener un rendimiento económico sin necesidad, por supuesto, de haber cometido ningún acto ilícito, pero eso siempre tiene una explicación que, sobre todo a efectos fiscales, se puede demostrar de forma
notoria.


Una cosa que me suscita muchas más dudas es la posibilidad de que eso se traduzca en un delito concreto, en un delito de enriquecimiento injustificado que obligaría a algo que para los juristas es prácticamente perverso, que es la prueba de
los hechos negativos: demuéstreme usted que no se enriqueció ilícitamente. El principio de legalidad penal es una cosa muy seria como para invertir la carta de la prueba: el que acusa es el que tiene que probar y eso habría que mantenerlo de una
forma absoluta. Pero, desde el punto de vista del planteamiento administrativo o el planteamiento de carácter estrictamente



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político, hay ciertos tipos de enriquecimiento que son imposibles, literalmente, si no tiene otra justificación que la percepción que se percibe por los cargos públicos.


Sobre este tema -si quieren ustedes después lo hablamos-, quizá la sociedad española tendría que plantearse un debate general sobre las retribuciones de los cargos políticos. Solo un matiz, ¿a dónde hay que descender en la escala de
retribuciones de una gran empresa, de una entidad financiera o incluso de una pyme para encontrarse, por ejemplo, el sueldo de un ministro? Solo, insisto, es un tema para reflexionar. También habría que reflexionar sobre la llamada puerta
giratoria, sobre el llamado Revolving door. No queremos una clase política profesionalizada pero si no hay manera de salir dignamente de la política parece que estamos fomentando que la gente se quede para siempre en política, por tanto, no se
puede querer A y no A al mismo tiempo. Son temas para reflexionar.


Voy terminando, señor presidente, hablando también brevemente -pero es importante- del otro proyecto de ley, el de financiación de partidos o, de una manera más fuerte, de régimen económico y financiero de los partidos políticos. Por
cierto, lo primero que quería decir es que hemos sido enormemente sensibles a las reivindicaciones de organizaciones que trabajan mucho y bien en este terreno, por ejemplo, de Transparencia Internacional. Si uno compara las peticiones de
Transparencia Internacional en muy diversos documentos, que ha producido en los últimos años, con el proyecto de ley se va a encontrar con que ahí hay muchas cosas coincidentes. Primera, que me parece muy positiva, la prohibición de condonación de
deudas por las entidades financieras, que en el fondo no deja de ser una donación encubierta y que resulta particularmente irritante para la sociedad, para el que tiene que pagar religiosamente la devolución de su crédito. La regulación de la
figura del responsable de la gestión económica financiera de los partidos, ahora mismo bastante diluida. Los principios generales creo que bastante razonables y medidos para la contratación de los partidos, no se pueden someter a la Ley de
Contratos del Sector Público. No son -como lo van a ser- en una democracia entidades públicas, pero tienen una faceta de percepción de subvenciones públicas que obliga a regular sus contratos. Una mayor precisión en el régimen de las fundaciones
vinculadas. Sobre eso si tienen ustedes interés podemos volver luego y, en definitiva, una apuesta muy fuerte por la financiación pública en la medida en que el proyecto de ley prohíbe las donaciones de empresas, de personas jurídicas y limita
bastante drásticamente las donaciones de personas individuales.


Permítanme ustedes, antes de terminar esta primera intervención, que les de un dato que puede ser muy interesante. Los datos son oficiales: El 80% del dinero que perciben ahora mismo los partidos es dinero público. De cuotas de afiliados
estamos hablando solamente del 14%. Para los treinta y siete partidos de ámbito estatal o autonómico que reciben subvenciones -los últimos datos oficiales son de 2012-, estamos hablando de cuotas de afiliados de 40 millones largos de euros. Saben
ustedes que Médicos sin Fronteras, por ejemplo, recibe 43 millones de euros de aportaciones sociales; Oxfam, 40; Unicef, 32. De alguna manera tendríamos que conseguir que la sociedad fuera consciente de que financiar a los partidos en democracia
no es buscar favores posteriores, es contribuir al buen funcionamiento de la democracia.


Si me permiten, y termino con esto, señor presidente, no puedo dejar de recordar que es el día de El Quijote y, pensando en qué opina el pueblo español, qué opinan los ciudadanos españoles, qué opina el propietario del poder en democracia,
que es el pueblo, sobre este tipo de temas, he recordado las reflexiones del buen Sancho cuando deja el gobierno de la ínsula Barataria. El capítulo 43 de la segunda parte de El Quijote se titula: Del fatigado fin y remate que tuvo el gobierno de
Sancho Panza. Sancho Panza, harto ya del ejercicio del poder, dice que lo deja por encima de todo y, cuando tratan de convencerle, insiste -abro comillas-: Vuestras mercedes queden con Dios y digan al duque mi señor que desnudo nací, desnudo me
hallo; ni pierdo, ni gano. Y añade, e insisto en que esto es lo que los ciudadanos españoles piensan sobre estos temas: Sin blanca entré en este gobierno y sin ella salgo, bien al revés de como salen los gobernadores de otras ínsulas. Por tanto,
la autoridad literaria que nos produce nuestra gran obra, eso es lo que todos les debemos a los ciudadanos españoles.


El señor PRESIDENTE: Abrimos el turno ahora de los grupos parlamentarios, en orden de menor a mayor. En primer lugar, el Grupo Mixto. Señor Larreina.


El señor LARREINA VALDERRAMA: En primer lugar, quiero agradecer al señor Pendás sus reflexiones y sus aportaciones a este debate, que es un debate sustancial. Es un debate que mucha de la ciudadanía ve con cierto escepticismo, y yo
también, porque al final más importante que las leyes son las actitudes y las culturas, y muchas veces prevalece y alimenta ese escepticismo ese refrán castellano que dice que hecha la ley, hecha la trampa. Es un problema más de valores y de
actitudes que de leyes, porque el Código Penal



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vigente serviría para dar respuesta a la corrupción. Los tipos penales tienen su validez actual; sin embargo, lo que no está funcionando es todo ese entramado de culturas, de relaciones, de actitudes, porque incluso en las estadísticas a
las que usted aludía solo el 8% de la ciudadanía se siente víctima de actos de corrupción. Pero si vamos al concepto amplio de corrupción, y hay un asunto en el que suelo insistir -sus señorías estarán ya hartos de escucharme- con demasiada
frecuencia, un dato que me sorprende muchísimo porque no tiene ninguna lógica, que es lo que supone la recaudación del IVA sobre el producto interior bruto del Estado español en el conjunto de la Unión Europea. El Estado español es el número
veintiocho de los veintiocho Estados de la Unión Europea. Eso al final denota una cultura, porque ahí hay algo que no cuadra. Hay una actitud generalizada de no cumplir, del escaqueo, del que somos víctimas el conjunto de la ciudadanía, aunque
quizá no nos sintamos así. Ese es un elemento de reflexión. Tendríamos que ver más qué hacemos para cambiar esa cultura, esas actitudes, esos valores de fondo.


Por otro lado, usted se ha referido a los altos cargos de la Administración del Estado, la Ley de Financiación de Partidos, etcétera, que responden a cuestiones lógicas y, como usted ha dicho también, la Fundación Internacional por la
Transparencia también va en la misma línea. El problema, y vuelvo al principio de mi intervención, es cómo hacer para que eso sea una realidad, y desgraciadamente es lo que no acabo de ver y abordo con un cierto escepticismo. La reflexión que
deberíamos hacer las distintas fuerzas políticas es qué hacer para darle la vuelta a esa cuestión de valores, es decir, qué hacer para que la igualdad de oportunidades, uno de los principales principios que se ve atacado por la corrupción, sea real
entre las fuerzas políticas, entre la ciudadanía, es decir, que el acceso a un cargo, que el acceso a un puesto de trabajo, que la libre competencia entre las fuerzas políticas a la hora de abordar una campaña electoral no esté en condicionada por
la desigualdad de oportunidades que puede suponer la financiación ilegal de las fuerzas políticas. Ese es el elemento que yo me planteo y que pongo encima de la mesa. Sé que es una pregunta sin ninguna respuesta, pero creo que ese es el reto que
tenemos que afrontar. Quizá, para encontrar las respuestas primero hay que hacerse las preguntas.


Sin más, quiero agradecerle sus reflexiones.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i Unió, señor Xuclà.


El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor Pendás, por sus contribuciones. El inicio o la inauguración de esta ronda de comparecencias doy por seguro que será de provecho para la conformación de la opinión de la Comisión en el Congreso,
en el Parlamento, para la actividad legislativa. Como se ha recordado, hoy es el día de San Jordi, hoy es el Día del Libro. Yo creo que si algún libro no sería apropiado precisamente invocar ni regalar al señor compareciente sería El gatopardo, de
Giuseppe Tomasi di Lampedusa, aquel que decía: Intentemos que todo cambie para que todo continúe igual. Yo quiero iniciar precisamente esta ronda de intervenciones deseando que, al final, la actividad legislativa sirva, sea provechosa y no se
inspire, precisamente, en El gatopardo. En segundo lugar, creo que también es de justicia reconocer aquello que ya se ha hecho durante los últimos años. En esta misma sala hay algunas personas con las que hemos trabajado, por ejemplo en materia de
financiación de partidos políticos, y es bueno mirar un momento por el retrovisor y reconocer el trabajo ya hecho para recordar que no partimos de cero. Usted recordaba la recomendación de la no condonación, de la prohibición de la condonación de
créditos a partidos políticos. Pues bien, si miramos por el retrovisor esto es, desgraciadamente, algo que ha sucedido en el sistema político español, y es bueno reconocer algunas mejoras producidas en la anterior legislatura. Usted se ha
posicionado claramente a favor de una fuerte financiación pública de los partidos políticos. También nos ha ofrecido datos muy interesantes sobre la dimensión de la aportación de los afiliados, de las personas que somos militantes de un partido
político, y del resto de la financiación de los partidos políticos. Es bueno recordar, señor Pendás, que en esta legislatura -creo que esto es motivo de reflexión y también me gustaría saber su opinión- el grupo de la mayoría, el Gobierno, con dos
reales decretos muy complejos y con mucha materia ha afrontado una reducción de un 30% de la aportación pública de la financiación de los partidos políticos. Señorías, debemos decidir si vamos al modelo norteamericano, que yo creo que no es el
modelo apropiado europeo ni en España, o si apostamos por una financiación pública. Me gustaría conocer su opinión al respecto.


Usted ha apuntado otro aspecto, que seguro que será muy provechoso y muy central en nuestras reflexiones, la rendición de cuentas; utilicemos la expresión en inglés, ya muy generalizada, la accountability. Usted nos ha dicho: menos
rendición de cuentas igual a más arbitrariedad. Pues bien, en muchos ámbitos de la actividad de la Administración pública, de las administraciones públicas, de la Administración General del Estado, treinta y cinco años después del ejercicio de la
democracia la rendición de cuentas tiene



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mucho que mejorar. Sin ir más lejos, este Parlamento ha tenido que luchar años y años para tener una oficina presupuestaria, y tenemos algo indiciario de lo que puede ser una correcta oficina presupuestaria para controlar el grado de
ejecución de las partidas presupuestarias, de tal forma que a final de año dedicamos gran pasión, gran intensidad a las enmiendas a la totalidad, a las enmiendas parciales, a las secciones, a los capítulos, y después hay un bajo control y una baja
fiabilidad de aquello presupuestado y de lo realmente ejecutado. Por tanto, cuando usted me hablaba de que a más arbitrariedad menos rendición de cuentas, yo pensaba, en nuestra condición de diputados que intentamos reivindicar el cumplimiento de
las partidas presupuestarias de los ministerios inversores en cada una de nuestras provincias, la gran arbitrariedad, la bajísima accountability que hay en los Presupuestos Generales del Estado. Esto evidentemente sirve para la ejecución
presupuestaria, pero también para el cumplimiento de los compromisos programáticos de acción de Gobierno. No sé si usted en este sentido tiene alguna propuesta concreta que aportarnos, y que sin duda seria muy bienvenida.


Creo que debemos tomar nota de un dato relevante. Usted nos dice que según estadísticas de la Unión Europea, a las cuales podemos añadir otra información relevante de Greco, de este instrumento del Consejo de Europa, es en los contratos
públicos, en el urbanismo y en algunas materias del régimen local donde se encuentran los focos, los elementos de corrupción que la ciudadanía percibe subjetivamente. Hemos avanzado también notablemente, y es bueno reconocerlo, respecto a la
transparencia en estas materias. En estos momentos podemos conocer quién ha concursado y quién ha ganado; además hemos eliminado la baja temeraria, aunque después se ocasione lo que se produce en alguna ejecución de la obra pública. Me gustaría
saber si usted también tiene alguna aportación que hacer para incrementar la transparencia en contratos públicos, en urbanismo y en régimen local. No tengo pregunta al respecto, pero es muy relevante porque una de las tres leyes versa sobre esta
materia. Creo que también es bueno tomar nota de algo que usted nos ha dicho, que es más importante una respuesta judicial rápida que no un incremento de las penas. Yo coincido con usted. La justicia solo es justicia si se aplica en tiempo y en
forma. Nos ha apuntado otro aspecto relevante sobre el estatuto del alto cargo y los mecanismos de alerta temprana. Señor Pendás, sobre esto hay una pregunta que sirve para los altos cargos, que sirve para esta Cámara, que sirve para todo el
mundo. ¿Quién controla a los que son controlados? ¿Quién garantiza que la declaración de bienes de los altos cargos, la declaración de bienes de diputados y senadores se ajusta a la realidad? La Comisión del Estatuto del Diputado simplemente da
trámite y certifica la presentación de la declaración y queda colgada en la página web del Congreso de los Diputados y del Senado, en el caso de los senadores, para que nuestros vecinos sepan los años de hipoteca que nos faltan por afrontar. Esto
está bien, pero sería mucho más apropiado que hubiera un organismo que se dedicara a controlar la veracidad de lo declarado por los altos cargos de la Administración y parlamentarios. Asimismo, podríamos estudiar qué es relevante declarar y qué no
lo es.


Finalmente -esto no es una pregunta-, le tengo que agradecer el coraje de la reflexión que ha hecho en voz alta sobre la necesidad de hacer una reflexión en profundidad sobre la retribución de los políticos. Un incremento de las
incompatibilidades -no hemos hablado de las incompatibilidades, pero es un asunto digno de ser afrontado en el trabajo legislativo- tiene que ir acompañado de una retribución económica apropiada y también para que la actividad parlamentaria sea
apropiada de un equipo de acompañamiento en la actividad de los legisladores. Todo esto es políticamente incorrecto, pero sus señorías saben perfectamente que un buen parlamentario en un país centroeuropeo o en Estados Unidos puede estar acompañado
de un elenco de asesores parlamentarios notable, y aquí no es el caso. Por tanto, gracias por esta última contribución, que no se encuentra en el ámbito de lo políticamente agradable sino en el de la calidad democrática.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Jáuregui.


El señor JÁUREGUI ATONDO: Quiero agradecer, señor Pendás, su comparecencia.


En primer lugar, quisiera hacer una declaración de intenciones de mi grupo a propósito de esta inauguración de sesiones que hoy celebramos, puesto que por primera vez la Cámara en esta legislatura se abre a un debate sobre un tema crucial,
porque queremos que esta escuche a una serie de comparecientes a quienes hemos convocado. Hemos empezado por los más institucionales, el señor Pendás en representación del CEPC, porque ha preparado estudios que han servido al Gobierno para elaborar
algunos proyectos de ley; pero otras muchas personas vendrán en los próximos días a hablarnos en esta Cámara sobre un debate que creemos necesario. ¿Por qué es necesario? Fundamentalmente porque creemos que estamos ante uno de los problemas más
graves del sistema democrático actualmente.



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Esta es una primera declaración que quiero hacer en nombre de mi grupo. El problema de la corrupción, el diagnóstico de lo que le pasa en este momento al país respecto al llamado tema de la corrupción ha llegado a unos niveles muy graves.
Quizás necesitemos, como ha explicitado el compareciente, una precisión respecto de hasta qué punto España es un país corrupto. Esta es una precisión que necesitamos. De entrada, diré que estamos ante un problema muy localizado en tres grandes
ámbitos. Uno es el relacionado con el urbanismo y la burbuja inmobiliaria que durante los primeros años de este siglo hemos tenido en el país. Ha habido una lista enorme de casos en los que el dinero ligado a las recalificaciones y a las
decisiones urbanísticas ha penetrado en la política local. Dos, tenemos un problema en la financiación de los partidos políticos, especialmente por lo que ha surgido en los escándalos relacionados con el caso Gürtel, fundamentalmente. Y, tres,
tenemos un problema muy importante también relacionado con la corrupción en la contratación pública en general. No olvidemos que aproximadamente el 20% de nuestro PIB está sometido a decisiones administrativas. Grosso modo, como en un país
occidental, un país europeo, las adjudicaciones públicas o las contrataciones públicas pueden equivaler al entorno de un 20% del PIB. Hablamos de una masa importante de decisión política que tiene que estar sometida al derecho y no a la
arbitrariedad, por tanto, no a la corrupción.


Me apresuro a decir que comparto el criterio de que en general la vida de los españoles no está impregnada de corrupción. Cuando digo esto puede parecer que estoy aminorando el problema; no es esa mi intención. Me parece necesario, en un
debate tan importante como este, en el que estamos abordando una materia como esta, que precisemos las cosas. La vida diaria de los españoles -esa encuesta que usted citaba en la que solo en torno al 10% de los españoles se consideran afectados por
la corrupción-, su vida administrativa, su relación con los policías o con los guardias de tráfico, con los problemas universitarios, con los problemas sanitarios, con los problemas administrativos en general, no están, afortunadamente, impregnados
de discrecionalidad o de corrupción. Esto es evidente; sin embargo, la percepción de la ciudadanía no es esta, en gran parte porque estamos asistiendo en los últimos cuatro o cinco años a una cascada de informaciones que van ligadas a
investigaciones de corrupción de muchísimas instancias, desde las más altas a las más bajas, que están generando la sensación en el país de que todo está corrupto. Esto me parece gravísimo, es una verdadera metástasis para el sistema democrático.
Corremos el riesgo de que esa percepción se aprecie en los índices de Transparencia Internacional. Como recordarán, Transparencia Internacional consulta a determinadas personas de un país cómo perciben ellas el problema de la corrupción. Estas
personas -generalmente directores de empresas, gentes del establishment universitario, económico, etcétera- perciben a través de los medios cuál es el grado de la corrupción. Los índices que Transparencia Internacional nos muestra de España son
cada vez más graves y más preocupantes, lo que produce esta paradoja respecto de una ciudadanía que no sufre directamente en sus vidas privadas el fenómeno o el problema de la corrupción, sin embargo percibe que todo está sometido a esa
circunstancia. En política lo que importa en gran parte es lo que aparece. Se ha dicho muchas veces que es mucho más lo que se percibe que lo que es.


Ciertamente estamos ante un problema que, señorías, se lo digo con toda franqueza, lesiona gravemente los fundamentos de nuestra democracia. Nosotros lo vemos así, y lo digo con toda franqueza. Llevamos un año, aunque podríamos decir tres
o cuatro, especialmente unos meses particularmente graves en torno a este problema, que reclama una reacción del sistema parlamentario. Ya es hora de que nos hayamos podido plantar aquí a hablar, a abrir el Parlamento a la sociedad que tiene mucho
que decirnos, que quiere decirnos cosas y que, por supuesto, abordemos la posibilidad de encontrar lo que usted ha señalado como el objetivo principal de este proceso, y que yo comparto. Señorías -también es una declaración de intenciones política
de mi grupo- si fuera posible, al acabar este proceso que hemos abierto hoy, el conjunto de los partidos políticos que integramos la Cámara, el conjunto de la representación de la ciudadanía española debería de presentarse ante el país ofreciendo la
autocrítica necesaria, porque creo que tenemos mucho de lo que autocriticarnos, pero también ofreciendo una respuesta común, unitaria, acordada de reformas, de rectificaciones y de soluciones a un problema que no podemos permitir que se expanda. En
ese sentido ya señalo dos cosas. Una, lo que el Gobierno nos trae y que motiva en parte este debate no es suficiente. Nosotros creemos que estas dos leyes que vamos a discutir aquí no bastan para afrontar el problema que tenemos y que, por el
contrario, el conjunto de las reformas que tendríamos que abordar afectarán a muchas leyes. Probablemente hay que hacer correcciones muy importantes no solamente en el estatus de los altos cargos de la política española ni tampoco solo en la
financiación de los partidos políticos en nuestro país, sino que va a haber que afeitar leyes importantísimas en la contratación pública -pongamos la Ley de Contratos del Estado-, en nuestro sistema penal, en



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nuestro sistema procesal, para que los asuntos no se eternicen, para que la gente no perciba la sensación de que la investigación policial o judicial nunca llega a ningún término, para que efectivamente el conjunto del sistema ofrezca
respuestas claras, contundentes, soluciones de verdad a los problemas que estamos padeciendo y que generan imágenes tan brutales como las que estamos viendo estos mismos días de que un juez es investigado o quizá condenado por la actuación -que no
estoy juzgando yo ahora- en relación con un caso sobre las cajas de ahorro o el caso Bankia, etcétera. Repito, no estoy juzgando el asunto (La señora Bajo Prieto: ¡No, no!); no, no lo estoy juzgando. Estoy señalando que desgraciadamente la
percepción ciudadana es que se juzga al juzgador y no se juzga al origen de la corrupción, y esto es muy grave para nosotros. Tenemos que evitar y resolver este tipo de problemas. A esto tenemos que dar respuesta. Por eso, insisto, primera idea
que quiero señalar: estamos ante un problema muy grave. Segunda, creemos que se ha abierto un debate en esta Cámara, un debate abierto, que tenemos que prolongar y que tenemos que extender. Creo que el acuerdo es la mejor solución -yo diría
incluso que la manera en la que solemnicemos el acuerdo entre los grupos políticos de la Cámara todavía añadirá más fuerza a la voluntad política del conjunto del sistema, ya no digo de un partido o de otro, a las soluciones que ofrezcamos- e
insisto en que estas dos leyes que estamos juzgando no son suficientes.


Añado algunas precisiones sobre lo que estamos tratando. Señorías, creo que hace falta una defensa más unánime y más firme de la política. Desgraciadamente el sistema en el que nos encontramos está sufriendo particularmente por la
tentación antipolítica que en este momento está impregnando casi todo lo que se produce en nuestro país. Creo que -en este sentido me refiero al compareciente- cuando se asegura, como se ha dicho, que los partidos políticos están sustancialmente
financiados por el presupuesto público, se tiene que añadir que lo que no puede haber luego son gestos contradictorios. Aquí se ha dicho. En esta Cámara este Gobierno ha ido recortando sucesivamente la financiación de los partidos políticos, en
esa especie de atribución de que la financiación pública de los partidos era mala. Una de dos, tenemos que ser claros y dejar ante la opinión pública la idea de que los partidos no se financian por fuera, quizá algunos sí; pero es importante que
todos nos financiemos solo por la aportación pública. Eso no es congruente con reducir las aportaciones en un 30%, como ya se ha denunciado, ni si se quiere seguir reduciendo en las leyes de presupuestos las sucesivas aportaciones a los partidos
políticos, ni tampoco con la reducción del sistema parlamentario o con la eliminación de sueldos a los parlamentarios autonómicos. Eso no es congruente. Señor Pendás, lo que yo le reclamo es un poco de congruencia en ese tipo de propuestas, porque
una acción antipolítica como la que representa que los parlamentarios no tengan sueldo o que los partidos vayan reduciendo sistemáticamente su financiación es lo que acaba generando que la política no se nutra de personas con capacidad -como decía
Weber, de los mejores de la sociedad-, porque no hay capacidad de atracción o porque los partidos, que instrumentan y vertebran la acción política, no pueden mantener su actividad. Tampoco creo que sea suficiente lo que se nos plantea en torno a
dos temas que conviene que citemos de antemano. En la referencia a los altos cargos hay un problema importantísimo en la sociedad actual, que es la mal llamada puerta giratoria. Esto tiene que ver especialmente con algo que quiero denunciar. Es
particularmente grave en la sociedad actual, dado el poder del sistema financiero, que la puerta giratoria suponga una vinculación de la política con el sistema financiero. Reclamo su atención sobre la conveniencia de que establezcamos algún tipo
de límite por ahí. El poder financiero, los mercados en la sociedad actual, en la que los Estados están en gran parte dependiendo de las aportaciones del sistema bancario, etcétera, sufren particularmente la debilidad de su estructura; la
democracia se somete en parte al sistema financiero. Ese debate está en este momento presionando todas las ecuaciones de la democracia representativa en el mundo que vivimos, globalizado y financieramente intervenido por los mercados. Atención,
tenemos que incorporar alguna reflexión más restrictiva a la posibilidad de que la política, los políticos y los altos cargos puedan encontrar acomodo en el sistema financiero posteriormente. Esto hay que limitarlo de manera particular.


El señor PRESIDENTE: Señor Jaúregui, le ruego que vaya terminando.


El señor JÁUREGUI ATONDO: Ahora mismo.


También quiero señalarles la importancia de establecer una transparencia máxima sobre los intereses económicos de los representantes públicos. Ya no se trata de que tengamos que explicar que los representantes públicos, diputados y altos
cargos, tienen que explicitar si sus intereses económicos lo son en empresas que están relacionadas con la Administración. Por supuesto. La ciudadanía tiene derecho a saber qué intereses económicos tenemos, cualesquiera que estos sean. Los
ciudadanos tienen que saber si somos miembros de consejos de administración, si tenemos acciones en determinadas compañías o si



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tenemos intereses económicos de cualquier otro tipo. Hay que apurar la exigencia en este terreno, y lo señalo a los efectos de que también se incorpore al debate de los altos cargos esta materia que he señalado.


Termino con una apelación, señor presidente -perdón por la extensión-, a lo que creo debe ser el mecanismo de funcionamiento de esta Comisión. Al acabar las comparecencias tenemos que establecer un mecanismo de trabajo entre todos los
grupos para que las respuestas que demos el conjunto de los partidos políticos al problema de la corrupción que hoy se trae aquí puedan ser consensuadas. Quiero señalar, en nombre de mi grupo, nuestra plena disposición a ese acuerdo.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gómez de la Serna.


El señor GÓMEZ DE LA SERNA Y VILLACIEROS: Quiero hacer unas consideraciones previas. En primer lugar, quiero dar la bienvenida, naturalmente, en su tercera comparecencia a don Benigno Pendás a su casa. En segundo lugar, quiero felicitar
al señor Xuclà en el día de San Jordi. En tercer lugar, lamento que en un asunto tan importante y tan nuclear para la salud democrática de nuestro sistema todos los grupos parlamentarios no hayan asistido al debate, al menos en esta primera
comparecencia; lo he echado de menos. En cuarto lugar, quiero recordar que esta es una iniciativa del Gobierno que tiene un origen muy claro en el discurso del presidente en el debate sobre el estado de la Nación, y que luego ha seguido una
evolución. Es insuficiente, señor Jaúregui -también lo compartimos-; no es el final de un camino, sino un hito más. Hemos traído a la Cámara otras medidas esenciales, como la Ley de Transparencia; hoy se presenta el plan nacional de regeneración
democrática en esta Comisión y vamos a traer más instrumentos legislativos. Simplemente quiero recordar que la reforma del Código Penal no se incluyó en este primer momento precisamente para que los partidos pudieran ir madurando sus posiciones al
respecto, pero se hizo el ofrecimiento de traerlo. Con esto quiero decir que se trata de un hito más en un camino de regeneración política y democrática que inicia este Gobierno, y también es de justicia reconocerlo. La siguiente consideración
previa que quiero hacer es que nosotros presentamos este paquete de reformas tendiendo la mano a los grupos políticos para alcanzar los máximos acuerdos, como ya hicimos con la Ley de Transparencia, y también pedimos en esta misma actitud que todos
los grupos seamos capaces de hacer una política de cierto nivel o de cierta altura, que abandonemos el debate oportunista y seamos capaces de huir de los debates de los medios de comunicación, que son debates más de actualidad o de oportunidad que
de fondo.


Se ha hablado -comenzó señalándolo el señor Pendás- de desafección ciudadana de la política. Pues bien, yo creo que hay algo más que eso. Hay una mezcla de factores y quizá la corrupción haya actuado como catalizador de todo el proceso,
pero hay una mezcla de factores. A veces también hay una estrategia política que cuaja en el movimiento de la antipolítica; hay un desprecio de la política y de los políticos muy propio de los periodos de crisis de los regímenes parlamentarios, y
no hay que hacer referencias históricas; asimismo, hay intereses en determinados ámbitos de comunicación o los ha habido. Es verdad que la desafección tiene un origen en la corrupción, pero no es el único sino uno más; es el catalizador. Yo me
atrevería a decir que la corrupción dentro de las conductas indeseadas no es ni siquiera el único origen, sino que hay otros muchos más: la falta de pundonor en el manejo de los fondos públicos o en la manera de ejercer el cargo público; la
ausencia de honorabilidad en los comportamientos de los responsables o de los líderes políticos, estén o no en el ejercicio del cargo público, porque el desprestigio de la política no solo viene del ejercicio público sino también del liderazgo de
los partidos políticos. Y quiero señalar que la propia corrupción y estos comportamientos de falta de pundonor, de ausencia de honorabilidad se corrigen con legislación ad hoc sectorial en la materia, como esta que traemos hoy aquí; pero, claro, y
en eso estoy de acuerdo con el señor Jáuregui, aquí hay otros muchos temas tangentes que habrá que ir abordando. Por ejemplo, la endiablada -permítanme la expresión- legislación de urbanismo en España, y me refiero a la falta de una mínima
coherencia entre los diecisiete -quizá estoy exagerando al decir diecisiete porque luego se simplifican- regímenes urbanísticos de nuestras comunidades autónomas. Quiero decir que esto es naturalmente un proceso mucho más amplio que el paquete
legislativo que traemos aquí, pero está bien que lo traigamos, es absolutamente imprescindible dentro del proceso general de regeneración democrática que ha emprendido este Gobierno.


Entrando ya en los dos asuntos fundamentales, en el estatuto del cargo público y en la Ley de régimen económico y financiero de los partidos políticos, me referiré en primer lugar al proyecto de estatuto de alto cargo. Es verdad que se
trata de una ley que afecta solamente a la Administración General del Estado, pero me voy a referir ahora a los informes de Transparencia Internacional de los últimos doce, trece y catorce años, que cifran la corrupción no tanto en el ámbito de la
Administración General del Estado como en otras



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administraciones de carácter territorial. Únicamente quisiera lanzar la reflexión de que estudiemos, de acuerdo con todos los grupos políticos, la posibilidad de ir o no al modelo que hicimos en su día con la Ley de Transparencia en el
sentido de ir a una ley básica que pueda afectar al conjunto de las administraciones territoriales. Ni siquiera lo planteo como propuesta, solamente como reflexión a los demás grupos. En segundo lugar, y ligado también a esto, me referiré al
ámbito subjetivo de aplicación. Es verdad que se hace un esfuerzo muy importante en la extensión del ámbito subjetivo de aplicación de la ley, pero me queda la duda -quizás sea una ambición que deba esperar a otra reforma legislativa- de la
extensión del ámbito subjetivo de aplicación a otros sujetos, quizás territoriales, órganos constitucionales... No lo sé, pero me queda la duda de si ir a una mayor ambición en lo que se refiere al ámbito subjetivo de aplicación.


Hay alguna cosa puntual que me gustaría que el compareciente valorara de alguna forma. Por ejemplo, algo en lo que estoy completamente de acuerdo pero que me genera dudas a la hora de ponerlo en práctica, que es la valoración de la
idoneidad del candidato. Al fin y al cabo, lo dice el informe del Consejo de Estado, la idoneidad no deja de ser un requisito interpuesto entre el derecho de participación o de acceso al cargo y la facultad de designación del órgano competente para
proponerlo. Eso por una parte. Y por otra, la valoración de la idoneidad es difícil saber a quién correspondería porque al final solamente se referirá, dentro de la Administración General del Estado, a los secretarios de Estado y a los ministros
puesto que los subsecretarios y los directores generales, salvo circunstancias excepcionales, deberán ser funcionarios de carrera del grupo A1 y entiendo que eso ya acredita al menos la idoneidad profesional.


En cuanto al tema de las incompatibilidades, creo que la clave no está tanto en el régimen de incompatibilidades como en el conflicto de interés y creo que ahí la ley da un paso muy importante en la regulación más ambiciosa y extensiva en
cuanto a competencias de la oficina y en cuanto al sistema que establece de alerta temprana.


Hay algún momento, con toda honestidad lo digo, en el que en la lectura de la ley uno se plantea si no estamos incurriendo en algún exceso. Por ejemplo, las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito, que están absolutamente demonizadas
ante la opinión pública en parte por este proceso de desprecio de la función política y de desconfianza de la política, son requisitos a veces imprescindibles precisamente para controlar y para determinar la trazabilidad del gasto. Hay muchos tipos
de tarjetas de crédito: hay tarjetas de crédito, de débito, de prepago...En fin, se me hace un poco extraño demonizar de alguna manera este instrumento de pago que puede ser perfectamente regulable, pero no deja de ser más que una reflexión en voz
alta.


Respecto del régimen económico y financiero de los partidos políticos, querría decir que se hace un esfuerzo esencial: se prohíben las donaciones de personas jurídicas, se prohíben las condonaciones de la deuda; se obliga a la devolución
de las donaciones incluso al Tesoro; se establecen obligaciones de publicidad y transparencia para los partidos muy notables; se establece la figura del responsable de la gestión económico-financiera del partido con obligación de comparecencia en
el Parlamento; se diferencia la fiscalización del Tribunal de Cuentas entre los partidos subvencionados y los que no lo son; se establece un régimen más riguroso para fundaciones asociadas a partidos políticos desde el momento en que se les obliga
a ser inscritos en el mismo registro; se regula el contenido mínimo de los estatutos de los partidos políticos, o se establece algo importante como es la obligación de colaboración de las entidades de crédito y del sector público con el Tribunal de
Cuentas a efectos de fiscalización de los partidos. Quiero decir que se hace un esfuerzo de enorme importancia. Me gustaría que el compareciente hiciera una consideración añadida en torno a la prohibición de condonación de deudas y también me
gustaría que, al hilo del tema de las fundaciones, se hiciera alguna reflexión, porque no se trata de que las fundaciones de los partidos políticos sean difíciles o más difíciles de controlar sino que lo que hay que ver de verdad es el régimen de
las fundaciones privadas en el sistema jurídico español. Los partidos lo único que hacen es utilizar ese régimen jurídico, porque parece que hay un régimen jurídico especial para las fundaciones de los partidos y no es así, es el régimen jurídico
de las fundaciones privadas. Me gustaría que no perdiéramos de vista eso, de cara quizás a una reforma de las fundaciones en el futuro.


Agradezco nuevamente al señor Pendás su comparecencia, tan ilustrativa como siempre.


El señor PRESIDENTE: Don Benigno Pendás tiene la palabra.


El señor CATEDRÁTICO DE CIENCIA POLÍTICA DE LA UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO Y DIRECTOR DEL CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES (Pendás García): Muchas gracias a los grupos parlamentarios por su tono positivo y abierto al diálogo y
también, debo decir, por su presencia. Es mi tercera comparecencia en esta Comisión y ninguna de las tres veces ha estado el representante de un grupo parlamentario que suele opinar con bastante frecuencia sobre estos temas. Me



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limito a decir que, una vez más, lo he echado de menos. Gracias, por tanto, a los que han estado presentes y a los que han intervenido con un rigor y con una capacidad de diálogo verdaderamente positiva.


Entro en las reflexiones concretas. El señor Xuclà aludía a El Gatopardo; esperemos que no, la responsabilidad es de todos, no vamos a cambiarlo todo para que nada cambie, vamos a cambiar algo para que algo mejore, y eso creo que puede ser
bastante dentro de ese sentido posibilista y realista de la política. También es verdad, como reconocía, que sobre el tema de financiación de partidos ya se ha hecho algo importante en esta legislatura, fue una de las primeras leyes que se
aprobaron en esta legislatura. Un matiz sobre algo que planteaba su señoría y también el señor Jáuregui es la aparente contradicción entre apostar por la financiación pública y reducir porcentualmente el dinero público para los partidos. Son cosas
diferentes; es decir, apostar por la financiación pública es buscar un modelo -luego daré mi opinión al respecto-, que es sustancialmente el de la Europa continental -básicamente el de Francia- y que, obviamente, está muy alejado del de los países
anglosajones, incluida la propia Inglaterra y, por supuesto, Estados Unidos que quizá nos queda un poco lejos para estos temas. La reducción en un 20%, un 25% o un 30% no pasa de ser la adaptación de las medidas de austeridad que sufrimos todos los
ciudadanos españoles a la actividad de los partidos y de los grupos parlamentarios. Sigue siendo sustancialmente financiación pública; se ha reducido, como se han reducido, desgraciadamente y por imperativos de imposible superación voluntarista,
tantas cosas que han afectado a la vida cotidiana de los españoles, pero, insisto, creo que son magnitudes diferentes a la hora del razonamiento.


Estoy muy de acuerdo con la oficina presupuestaria, desde luego debe funcionar bien, es un instrumento muy importante para el control democrático, para la rendición de cuentas.


Sobre el tema de contratos públicos, la Ley de Transparencia ofrece unos cauces muy interesantes de control. Estamos en pleno momento de aplicación de la Ley de Transparencia, tenemos un año para que entre formalmente en vigor toda esa
parte, no la del buen gobierno que ya lo está, y desde luego es imprescindible que ese sistema funcione bien. ¿Cómo se controla mejor? Se controla mejor aplicando un artículo de la Constitución, el 103, que dice: La Administración sirve con
objetividad los intereses generales. ¿Y cómo se garantiza la objetividad? Con funcionarios públicos imparciales y rigurosos que ejercen sus funciones de control. Por tanto, ¿cómo se mejora, sobre todo en los niveles locales, el funcionamiento?
Apostando por los cuerpos de habilitación estatal, que están integrados por profesionales bien cualificados, bien preparados y capaces de funcionar de una manera objetiva para el control del gasto. Esa apuesta que se ha hecho ya en la reforma
reciente de la Ley de Régimen Local es el camino más adecuado.


Me alegra que usted haya compartido conmigo la idea de que hay que reflexionar en voz alta y sin tabúes sobre la retribución de los políticos y sobre las incompatibilidades sin prejuicios, sin posturas predeterminadas, sin posturas fáciles,
también siendo conscientes de que las circunstancias socioeconómicas actuales son las que son y por tanto en este momento no hay margen para plantearse ningún tipo de modificación en ese terreno. Pero sin duda como línea de principio hay que pensar
seriamente que el prestigio de la política depende también de atraer a gente que por supuesto no venga a enriquecerse pero que tampoco venga a perder su cualificación en la vida social y profesional y encima en una actividad que ahora mismo
desgraciadamente goza de menos prestigio del que merece y que, por tanto, puede resultar poco atractiva en algún momento determinado. Es decir, además de controles, además de transparencia, además de rendición de cuentas, que es obligatoriamente
básico en un régimen democrático, tenemos que ser conscientes también de que el prestigio de la política depende de que atraigamos a la política a la gente más valiosa.


El señor Jáuregui ha hecho una serie de reflexiones generales que por supuesto comparto plenamente. Estamos ante un problema de una gravedad excepcional que lesiona -lo dije principio- el núcleo esencial de la democracia, que es la
confianza entre los representantes y los representados. No hay democracia sin confianza y los casos de corrupción -que por cierto no se producen solo en un partido sino en todos los partidos- son indudablemente un lastre para esa confianza.


El tema de los contratos públicos efectivamente es muy importante, suponen una cifra muy adecuada: aproximadamente el 20% del PIB y por tanto hay que controlarlo mucho y bien. Vuelvo a insistir en que desde mi punto de vista la legislación
es suficientemente garantista; probablemente nos fallan ciertos mecanismos en cuanto a la rendición de cuentas, en cuanto al proceso posterior, no en cuanto a los procesos legales de adjudicación, que están bastante bien regulados.


Hay que hacer también una reflexión general de naturaleza más política que estrictamente técnica. Es verdad que existen casos graves de corrupción, creo que lo hemos dicho todos en voz alta y si hace falta lo volvemos a repetir. La
corrupción es el cáncer de la democracia y hay que perseguirla implacablemente. Pero



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también añado: hay muchos casos de corrupción que están siendo juzgados en los tribunales de justicia, cada uno en una fase diferente, los medios informan permanentemente sobre ello, el Parlamento trata continuamente sobre ello, es decir,
nuestros mecanismos democráticos funcionan. ¿A la perfección? La perfección es incompatible con la condición humana pero creo que funcionan razonablemente bien. Las dictaduras tapan los casos de corrupción, las democracias, por su propia
naturaleza, los sacan a la luz pública. Y, repito, si analizamos la realidad sociopolítica de la corrupción en España, vemos efectivamente que hay procesos judiciales, hay información en los medios, hay debates parlamentarios, por tanto no hay
motivos para pensar que nuestra democracia no funciona en ese terreno, aunque por supuesto siempre será insuficiente.


Como insuficientes son, señor Jáuregui -yo también lo creo-, si ponemos un modelo ideal como punto final, estas dos leyes. Habrá que mejorarlas y habrá que traer más. En ello estamos. Vuelvo a algo que he oído con satisfacción que se
comparte por varios grupos parlamentarios: es importantísima la respuesta judicial rápida y sin merma de las garantías, porque el Estado de derecho es una cosa muy seria. Tiene que haber una respuesta judicial ágil que evite esa natural y lógica
indignación de los ciudadanos en el sentido de que los procesos se eternizan y las sanciones no llegan nunca. Por tanto, no solo Código Penal sino casi principalmente Ley de Enjuiciamiento Criminal, código procesal penal o como se quiera.


Estoy abierto y además pongo al CEPC a disposición de todos ustedes para eso que llama usted muy bien defensa de la política y los políticos. Indudablemente el prestigio de la política es la clave de la legitimidad y debo decir que no todos
los que hablan mal de la clase política están cargados de buenas intenciones; y utilizo a propósito una expresión bastante suave. Hay muy mala intención en algunos casos. Hay algo que se llama históricamente demagogia y que hoy día tiende a
llamarse populismo; por tanto, cuidado con cierto tipo de actitudes en las que denigrar a la clase política -por razones en las que puede haber una parte de verdad- significa, sin embargo, una descalificación del sistema a favor de otras opciones
en las que no nos van a encontrar o, mejor dicho, nos van a encontrar absolutamente enfrente.


Reitero la respuesta que le di al senador de Convergència i Unió sobre recorte y financiación pública. Son materias distintas, pero quisiera decir algo sobre este tema concreto de la financiación pública. En teoría no soy contrario a la
financiación privada de los partidos. Me parece que, como tantas cosas en política, no es geometría y tiene claroscuros siempre. Se puede analizar la cuestión desde dos puntos de vista. Dar dinero a un partido político se puede leer como que se
están comprando eventuales favores posteriores, opción A; o como que se está contribuyendo al funcionamiento de la democracia porque, lo mismo que queremos que Médicos sin Fronteras o Unicef realicen su tarea, también queremos que nuestra
democracia funcione bien, opción B. Por tanto, no me parece que haya que demonizar la idea de que un ciudadano pueda querer que la democracia funcione; y los partidos en democracia no son un mal que hay que soporta, sino elementos y protagonistas
decisivos del sistema democrático. Una vez más, ¿qué tiene la democracia para hacer las cosas bien? Se llama poner el foco, transparencia absoluta, luz del sol, decir públicamente cuánto y a quién se ha dado. Por tanto, una vez más transparencia.


El tema de democracia y mercados quizá nos llevaría a debates de otro tipo, pero para concluir con su intervención quiero hacer otra reflexión sobre el tema de la puerta giratoria. Volvemos un poco a lo mismo, porque se parece al tema de
las retribuciones. Si no dejamos abierta una vía razonable en la salida, aunque -por supuesto- bajo estrictas condiciones de publicidad y -me atrevería a utilizar una palabra clásica- decoro, estaremos fomentando la idea de que de la política no se
puede salir porque no se puede ir a ningún sitio, por tanto, abracémonos a los cargos públicos, con lo que todo eso conlleva de pérdida de independencia y de pérdida de libertad. Vuelvo a insistir en que la política no es geometría y que siempre
hay claroscuros, pero no se puede querer A y no A al mismo tiempo. Si queremos que la clase política se renueve y que haya más gente que participe, tenemos que dar salida a quien considere que ha cumplido durante un tiempo, más largo o más corto,
el ejercicio de funciones políticas y pretenda reanudar su vida profesional, incluso con la objetiva mejora que puede suponer en el mercado tener más experiencia. Dicho esto, transparencia absoluta, pudor en la forma de hacer las cosas y, sobre
todo, información plena a los ciudadanos.


Al señor Gómez de la Serna, gracias por supuesto también por sus reflexiones y por sus palabras. He oído también con mucha satisfacción la intención del Grupo Popular de tender la mano a posibles acuerdos -lo dije al principio, eso me
parece absolutamente determinante- y he visto también con satisfacción que comparte mis reflexiones sobre las intenciones que mantienen algunos de los defensores de la antipolítica con los cuales no estoy dispuesto a ir ni al bar de la esquina, si
me permiten la expresión coloquial. La política es una cosa muy seria y la política en democracia es un bien que tenemos que cultivar y tenemos que transmitir a los ciudadanos que merece la pena.



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Plenamente de acuerdo sobre la legislación de urbanismo, como en general lo estoy -es un tema del que hablo con frecuencia- sobre la complejidad de nuestro ordenamiento jurídico que empieza a ser inmanejable. Las normas jurídicas sufren un
proceso de inflación que tiene las mismas consecuencias que la inflación monetaria, cuantas más leyes hay menos valen, cuanto más moneda menos vale. Porque no se cumplen, porque son casi imposibles de cumplir, son casi imposibles de conocer. Ni el
más detallado y estudioso de los juristas puede ahora mismo controlar, por ejemplo, en derecho administrativo todas las materias ni siquiera en urbanismo. Vamos a ver si al menos hacemos un buen texto refundido de la legislación del Estado en esa
materia, pero es que hay, efectivamente, una multiplicidad de legislaciones autonómicas.


Ámbito de aplicación de la ley. Lo dije al principio y quiero reiterarlo también. La Administración General del Estado es el objeto de esta ley pero en muy buena medida debería servir de pauta, de modelo para otras administraciones y para
otros integrantes de lo que en términos sociológicos se llama los políticos o la clase política.


Idoneidad. Me ha hecho pensar bastante esa reflexión que creo muy acertada. La idoneidad se compone, en el sentimiento que transmite la ley, de dos cosas. Una cualificación para el puesto, que efectivamente hay que dar por supuesto en
muchos casos y la segunda parte, lo que pudiéramos llamar honorabilidad, es el no estar sujeto a un determinado tipo de procedimientos o el no tener tacha en el expediente personal en cuanto a temas relacionados con la corrupción. Pero quizá habría
que darle una vuelta, efectivamente, con cuidado a esta materia. Muy de acuerdo con que incompatibilidades y conflicto de interés son cosas diferentes y que la ley apuesta ahora muy seriamente por la cuestión de conflicto de interés. Me hacía
también el señor Xuclà la pregunta eterna para la que ni yo ni nadie tiene respuesta: quién controla a los controladores. Una vez más, pongámoslo difícil a quien pretenda corromperse, pero sí es cierto que la oficina de conflicto de intereses sale
bastante reforzada de este proyecto de ley tal como está ahora.


Sobre el tema de las tarjetas de crédito efectivamente habría que darle una vuelta. Yo también confieso que uno ya tiene una larga experiencia profesional y todavía no he visto una tarjeta de crédito, además he preguntado a muy altos cargos
y tampoco la habían visto nunca, pero bien está que las controlemos.


Condonación de deudas, ya lo he dicho, me parece una novedad extraordinariamente positiva de esta ley. Todos probablemente hemos sido conscientes hablando con nuestros vecinos, con nuestros amigos, ustedes con sus votantes o no votantes,
con las gentes de su circunscripción de la irritación que le causa al ciudadano que tiene que ir a fin de mes al banco a devolver la cuota que le corresponde ver que a los partidos se les han condonado históricamente unas cantidades importantes.
Por tanto, yo cerraría radicalmente esa posibilidad.


En cuanto a las fundaciones, dos reflexiones. Una, es verdad, a lo mejor lo que hay que revisar es la legislación general sobre fundaciones. Los partidos políticos lo que hacen legítimamente es acogerse a ello y, segundo, para que no
pensemos siempre -como tendemos a veces los españoles con una cierta capacidad para autoflagelarnos que nos distingue- que esto solo pasa aquí. En Alemania hay unos controles rigurosísimos sobre los partidos, pero las fundaciones de los partidos -y
todos sabemos que son enormemente poderosas- perciben dinero público, tienen grandes facilidades para recibir dinero privado y están muy generosamente alimentadas. Por tanto, no es un fenómeno que nos ocurra aquí estrictamente. En todo caso, yo
creo que el proyecto de ley mejora la regulación de las fundaciones, las define con cuidado y exige su inscripción en el registro, que es un paso importante.


Señor presidente, creo que cumpliendo estrictamente el tiempo, damos pasos en la buena dirección. Si me permiten, finalizo con la misma reflexión con la que empecé. Creo que la sociedad española merece un gran pacto de Estado contra la
corrupción y que esta es una buena oportunidad para ponerlo en práctica y, me sumo a lo que ha dicho también el señor Jáuregui, con la mayor solemnidad posible. Al final, la imagen de los partidos transmitiendo que están poniendo por delante el
interés general a sus intereses particulares es algo que les llega a los ciudadanos. Tuvimos ocasión de comprobarlo con el reciente fallecimiento del presidente Suárez y una cierta recuperación de la ilusión constitucional que todos hemos tenido y
que muchos españoles conservamos. Por tanto, diría que estamos ante una buena oportunidad, que estoy seguro que sabrán ustedes aprovechar.


El señor PRESIDENTE: Con esto termina la primera de las comparecencias previstas para el día de hoy.



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- DEL SEÑOR FISCAL GENERAL DEL ESTADO (TORRES-DULCE LIFANTE). (Número de expediente 212/001585).


El señor PRESIDENTE: Señorías, continuamos con la comparecencia de don Eduardo Torres-Dulce, fiscal general del Estado, a quien le damos la bienvenida y le agrademos su presencia en la tarde de hoy aquí ante la Comisión Constitucional.
Vuelvo a repetir las observaciones que hice al principio, en el sentido de que para que podamos ajustarnos a los tiempos que previamente los distintos grupos habían estimado, y que yo me voy a limitar a ponerlos en práctica, el compareciente
dispondrá de diez o quince minutos, cada uno de los representantes de los grupos en torno a siete u ocho minutos y luego le daré un último turno al fiscal general del Estado para que conteste lo que estime conveniente a las distintas intervenciones.
Sin más, repitiendo el agradecimiento y dándole la bienvenida a la Comisión, tiene la palabra el fiscal general del Estado.


El señor FISCAL GENERAL DEL ESTADO (Torres-Dulce Lifante): Señor presidente de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, señoras y señores diputados, tengo el honor de comparecer esta tarde ante sus señorías en cumplimiento
de lo previsto en el artículo 10 del Estatuto orgánico del ministerio fiscal, que prescribe que el ministerio fiscal colaborará con las Cortes Generales a requerimiento de estas y siempre que no exista un obstáculo legal, sin perjuicio de comparecer
ante las mismas para informar de aquellos asuntos para los que especialmente, como en este caso, fuera requerido.


La corrupción es una de las cuestiones que más preocupan a la ciudadanía. La última encuesta del CIS de enero de 2014 sitúa la corrupción como la segunda cuestión que más preocupa a los españoles, solo superada por el paro. Esta percepción
también es compartida por la fiscalía, en tanto que el número y entidad de procedimientos abiertos sobre hechos que podrían quedar englobados en este concepto se ha incrementado en los últimos años. Este incremento que es cuantitativo y cualitativo
no tiene solo reflejo en la creación de un estado de opinión y preocupación, sino que también lo tiene sobre el propio funcionamiento de la Administración de Justicia, poniéndola muchas veces en evidencia en tanto que no es capaz de dar una
respuesta adecuada -debemos de reconocerlo- en el tiempo y en el resultado final del propio procedimiento. Si examinamos los datos reflejados en la memoria de la fiscalía del año 2013, se comprueba que durante el periodo 2010-2012 la incoación de
causas por delitos relacionados con la corrupción, como son la prevaricación administrativa, el cohecho, la malversación de caudales públicos, el tráfico de influencia y los fraudes comunitarios, se han incrementado en un 17%, con una clara
preponderancia del delito de prevaricación administrativa, que supone un 23% en el año 2012 respecto al total de los delitos citados. Las sentencias dictadas en este mismo periodo de tiempo por estos delitos se incrementaron -fíjense en la
cantidad- en un 151%, representando la prevaricación administrativa un 44% del total y la malversación de caudales públicos un 39% del total. Los distintos tipos delictivos que están integrados dentro de la corrupción constituyen una de las formas
más graves de delincuencia, consistiendo en un ejercicio de las funciones públicas de forma contraria a las normas, con el propósito de obtener beneficios económicos u otras ventajas y provocando el desvío de fondos públicos, tan necesarios, a fines
privados. En definitiva, supone un ataque demoledor a los pilares del Estado de derecho, que si no se combate con contundencia se corre el peligro de su generalización en la sociedad y que entre la ciudadanía -como las encuestas lo vienen
demostrando-, amparándose en una percepción generalizada de la corrupción, se justifique la elusión o contravención de las normas, dando lugar, por ejemplo, al incremento de los fraudes tributarios o los fraudes a la Seguridad Social.


Por otra parte, en el plano económico la corrupción administrativa se erige en un factor verdaderamente desestabilizador de primer orden en una economía social de mercado como la nuestra, y se traduce en un freno para el propio desarrollo
del país, pues supone siempre un coste añadido sobre bienes y servicios que acaba siendo repercutido en el consumidor final, lo que es especialmente negativo en períodos como el actual tras una recesión económica. El tema de la corrupción ha
saltado en los últimos años a la actualidad pública y social, y podemos pensar que la percepción que tiene esa opinión pública de este fenómeno es diferente de la que tenía hace unos años. Bien es cierto que ese cambio de percepción parece venir
dado, al menos en su mayor parte, por el largo período de crisis económica que estamos padeciendo, provocando un mayor rechazo, si cabe, el comprobar cómo se han podido emplear fondos públicos o privados en provecho de unos pocos, cuando cerca de
una cuarta parte de la población de este país se encuentra por debajo del umbral de la pobreza. De otro lado, se ha de señalar que la mayor parte de los casos de corrupción que se están dilucidando en la actualidad ante los tribunales corresponden
temporalmente con una época pasada identificada con la denominada burbuja inmobiliaria, en la que la



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sociedad en general y las administraciones públicas en particular disponían de una gran cantidad de recursos económicos que daban lugar a una actividad de contratación y gasto que incurrían en muchos casos en prácticas manifiestamente
ilegales. De no llevar a cabo una actuación lo suficientemente decidida y enérgica, se corre el riesgo, de un lado, de incrementar una sensación de impunidad que sirva para extender comportamientos irregulares o corruptos y, del otro, a que puedan
generalizarse críticas infundadas o sectarias, a veces, cuestionando irresponsablemente la labor de algunos servidores públicos que cumplen, sin embargo, honestamente con su deber.


Ciertamente, es una opinión extendida entre la ciudadanía que la justicia no trata igual al poderoso que al resto y que existe ideología en la respuesta judicial, a la vista de los ejemplos que existen para realizar dicha consideración.
Seamos sinceros y admitamos esta afirmación, a la vista de los ejemplos que existen para analizar dicha consideración. Una legislación manifiestamente insuficiente, enrevesada y con penas no acordes con la gravedad que se demanda por la ciudadanía,
principalmente a la vista de la contundente respuesta punitiva frente a la pequeña delincuencia. Investigaciones que rebasan toda una década que permite el olvido del verdadero alcance de los hechos delictivos cometidos. Prescripciones que
conducen al archivo de responsabilidades. Cambios jurisprudenciales que permiten declarar la nulidad del acervo probatorio existente que desdibujan sensiblemente las presuntas responsabilidades. Pactos de acusaciones y defensas que, siendo
habituales, son vistas como una componenda por conducir a una respuesta laxa y por debajo del nivel de exigencia esperado. Absoluciones inesperadas de difícil comprensión pública. Condenas que no llevan aparejadas la recuperación del dinero
público que abonan la idea de considerar que el delito merece la pena, una vez pasado el purgatorio procesal, por el posterior disfrute del dinero ilícitamente obtenido, escondido fuera del alcance legal en muchos de los casos. O los indultos en
ocasiones concedidos a condenados por este tipo de hechos. Desmontar este estado de opinión es una tarea que recae principalmente en los que formamos parte de la Administración de Justicia y así debemos de reconocerlo, dado que no basta pensar que
se equivoca quien así lo considere, ya que es necesario acreditar, mediante el recto actuar profesional, que ese prejuicio no se corresponde con la realidad, dando una respuesta eficaz, seria y rigurosa a este tipo de fenómenos, demostrando con
nuestros hechos un trato igualitario, igual para todos, que proclama el artículo 14 de nuestra Constitución y el cumplimiento de una tutela judicial efectiva del interés público que permite y exige el artículo 24 de nuestra Constitución.


En el análisis de la respuesta que la Justicia está ofreciendo en los procedimientos por corrupción, la idea de una maquinaria lenta pero que no se detiene se ajusta bastante bien a la realidad de las cosas. La imagen de la apisonadora que
circula con exasperante lentitud pero que ningún elemento externo es capaz de hacer parar, concuerda muy bien con la actuación de la Administración de Justicia en la mayor parte de los casos de corrupción. El ciudadano, que percibe desde fuera el
modo de actuación judicial, plantea por ello una queja esencial, la lentitud de la respuesta. Sin embargo, y pese a las opiniones más o menos generalizadas, no creo sinceramente que la experiencia pueda permitir sostener como queja la impunidad de
estas causas, como piensa parte de la ciudadanía, ni que pueda darse por buena la idea de que las injerencias externas de carácter ideológico-político acarreen la salida en falso o el archivo de este tipo de procesos. Al final, tras mucho caminar,
tras mucha diligencia, se acaba abriendo el juicio y celebrando este con el resultado de sentencias de todos conocidas que suponen un castigo de los hechos. Ahora bien, debemos reconocer que la respuesta es lenta y que parte del problema es este.
Se halla alejada en el tiempo de la comisión de los hechos a una instancia que impide percibir, cuando los hechos suceden o se denuncian, la eficacia del sistema y, sobre todo, su efecto de prevención, que es uno de los fines del Código Penal y del
proceso penal. Ciertamente, en este tipo de delitos nos hallamos ante tramas organizadas y ante fenómenos delictivos de no fácil esclarecimiento. No estamos ni mucho menos ante delincuencia menor que bien podría ser enjuiciada de modo directo en
el juzgado de guardia, como estoy sosteniendo repetidamente, como alguna vez ya he sostenido además ante esta Cámara en la Comisión de Justicia. Nos encontramos fundamentalmente ante delitos que anidan bajo la forma de corrupción y que precisan
innegablemente de una fase de investigación y de instrucción y esta -reconozcámoslo por los propios hechos- no es tarea sencilla. No lo es ante la frecuente existencia de varios partícipes, ante la creación de personas jurídicas interpuestas, en
cuyas estructuras organizativas se suele diluir deliberadamente y ocultar la participación de los auténticos responsables, ante la necesidad de acreditar hechos que no son únicos, sino que se repiten a lo largo de años y mediante secuencias
extraordinariamente complejas.



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En ese escenario no resulta si quiera pensable un enjuiciamiento que no venga apoyado en una instrucción adecuada de los hechos y delimitador de las posibles responsabilidades que hayan de ser reclamadas donde deben dilucidarse y cuanto
antes los asuntos, en la vista oral ante el tribunal competente. Ahora bien, no obstante lo dicho, entiendo que debe llevarse a cabo un entendimiento distinto en el modo en que se están instruyendo en general, y muy en particular, estas causas de
corrupción. Hoy la instrucción se ha erigido en principal, no en accesoria, en un fin en sí mismo, no en un medio, en un intento de dejar acreditado ante el juzgado de instrucción lo que solo debe dejarse acreditado tras el juicio ante el tribunal
de enjuiciamiento. La instrucción debe tender solamente a buscar los indicios racionales de la existencia de un delito y de sus responsables, de modo que constatados pueda formularse sin duda acusación, pero no debe tender a aquilatar en esa fase
inicial lo que ya es propio del juicio oral, y eso es lo que estamos haciendo normalmente ante los tribunales de justicia. La instrucción, dicho claramente, no es un juicio por adelantado en fase escrita.


Partiendo de la idea de la necesaria instrucción en delitos de corrupción y en otros muchos fenómenos de criminalidad que precisan de una labor de investigación compleja, creo que ha llegado el momento de procurar un cambio conceptual y
cultural acerca del significado y fines de la instrucción. Debemos lograr que sea más sencilla, más ágil, más rápida, que se ajuste a los fines para los que se destina, que no son otros que permitir decidir sobre la procedencia de formular
acusación por determinados hechos contra determinadas personas que deben fijarse cuanto antes. Su finalidad no es acreditar esos hechos, sino apreciar que existen indicios racionales para permitir que se acuse de los mismos a alguna persona. Creo
que una futura atribución de la investigación al ministerio fiscal, en línea con los sistemas de los países de nuestro entorno, pudiera ser el detonante que permitiese romper con un modelo de instrucción judicial que ha adquirido una serie de vicios
que la retrasan y hacen escasamente operativa en términos exclusivamente de celeridad. La posibilidad por el fiscal de dirigir la instrucción, de acuerdo con los parámetros sobre los que será su acusación, bajo un principio de oportunidad con
límite de los recursos admisibles en dicha fase, con la reordenación de la intervención de otras acusaciones, bajo reglas de conexidad procesal que le permitan dividir las causas a fin de evitar macrojuicios y de obtener respuestas ante hechos
sencillos que puedan ser enjuiciados separadamente sin necesidad de esperar el resultado de la investigación de otros que aun relacionados ni es claro que puedan acreditarse ni lo es que pueda hacerse en poco tiempo, son coordenadas que, en mi
opinión, permitirían simplificar y agilizar la instrucción notablemente. No es necesario ni posible, ni siquiera lo entiendo adecuado, ligar la suerte de todo un cúmulo de hechos a la necesaria acreditación en instrucción del último y pormenorizado
de todos ellos. Se hace necesario introducir criterios de flexibilidad, de oportunidad reglada, de racionalización en la selección y dibujo del objeto procesal. No se está en modo alguno abogando por la no persecución de los hechos complejos y la
dedicación exclusiva a aquellos acreditados, pero si se aboga por la posibilidad de que el objeto procesal ya acabado no tenga que esperar a que concluya una instrucción por muchos más hechos, con o sin los cuales la respuesta apenas sería distinta,
ganaríamos extraordinariamente en el verdadero objetivo y finalidad del proceso penal.


No solo hace falta una reforma legal, no solo depende de eso, es más, sin un cambio conceptual en nuestro modo de ver y entender la instrucción, cualquier reforma legal podría quedarse en un mero cambio de la denominación del procedimiento,
en una mera redenominación, en un puro nominalismo. Como se ha tenido ocasión de señalar en la última memoria de la fiscalía, la realidad diaria de las fiscalías provinciales ante este fenómeno, debo reconocerlo ante sus señorías, es
descorazonadora, pudiendo afirmarse que los mecanismos de que se ha dotado la Administración de Justicia a tal fin son más bien escasos. Fuera de los medios puestos a disposición de algunos órganos centralizados, muy señaladamente los de la
Fiscalía Anticorrupción, las fiscalías provinciales, donde se ventilan más del 80% de las causas de corrupción, se encuentran ante una precariedad de medios materiales y humanos que hacen que afrontar una causa de estas características sea una tarea
poco menos que titánica y en muchos casos destinada al fracaso, ya que las investigaciones se alargan en el tiempo, cuando no se paralizan de manera indefinida y dan como consecuencia la impunidad de comportamientos muy graves. Con que señale a sus
señorías la situación dramática de la fiscalía de Málaga, con menos de 0,5 del personal auxiliar respecto a los fiscales, pondré simplemente el ejemplo de una excelente plantilla de fiscalía enfrentada a una masa de criminalidad organizada, compleja
y extraordinariamente importante. La lucha contra la corrupción ha de ser estructural, mediante el establecimiento de mecanismos de controles administrativos y políticos, y la dotación a la Administración de Justicia de medios materiales,
personales y normativos, que permitan una respuesta punitiva real y eficaz, en tanto que en la Fiscalía especial contra



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la corrupción y la criminalidad organizada, como les he dicho, los medios personales no están a la altura de las exigencias del proceso penal y las demandas de los ciudadanos. La naturaleza de esta clase de hechos delictivos y su
complejidad exigen una mayor dedicación. Es por ello que se hace imprescindible organizar los medios disponibles, a fin de conseguir un fiscal verdaderamente impulsor de la investigación o promotor de la acción de la justicia, como nos exige el
artículo 124 de la Constitución, sobre todo para las causas complejas con gran trascendencia, evitando, como en la actualidad ocurre, que estos procedimientos se perpetúen en el tiempo, con la consiguiente desmoralización social, que debemos
reconocer, y pérdida de confianza en la justicia, que también debemos reconocer, y por ende, y lo que es aún más grave, en las instituciones.


Pronto se pondrán en marcha -así lo espero- los procesos legislativos impulsados por el Ministerio de Justicia, a los que ya hemos ofrecido nuestra leal colaboración y también nuestra leal crítica, pero no debe impedir que esperemos a que se
concreten. Yo no voy a esperar a que se concreten. Es posible, y yo diría que exigible, que entre tanto anticipemos algunos de sus objetivos. El camino no puede ser otro que crear mecanismos internos en las fiscalías que concentren el esfuerzo y
dedicación exclusiva de fiscales especializados en técnicas de investigación, de manera que en cuanto se puedan perfilar el objeto del proceso y las personas concernidas, quepa practicar solo aquellas diligencias verdaderamente imprescindibles para
concluir la instrucción, sin merma alguna de la imparcialidad y sostenimiento de las garantías y derechos procesales, cuya observancia nos impone el artículo 124 de la Constitución a los fiscales, y permitir, como reiteradamente vengo diciendo a sus
señorías esta tarde, cuanto antes el verdadero objetivo del proceso, como recordaba Alonso Martínez en la exposición de motivos tan esencial de 1882, permitir un juicio oral y público, horizonte esencial de un proceso penal, y un enjuiciamiento de
los hechos en tiempos razonables, como nos vienen exigiendo las sentencias y la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo.


Por ello, como ya he tenido ocasión de anunciar públicamente, voy a crear en los próximos meses secciones de investigación en todas aquellas fiscalías en las que estadísticamente hemos detectado un porcentaje de procesos penales que
requieren una atención más exigente y más dinámica en la investigación de estas causas. Ello no impedirá el establecimiento de mecanismos de respuesta individualizada de investigación en el resto de las fiscalías cuando se produzcan procesos que
así lo requieran. Todo ello sin alterar sustancialmente las funciones de las fiscalías especializadas a las que estatutariamente correspondan ciertas causas. Se buscará una coordinación de esfuerzos y una singularización de procedimientos de
asignación de causas. Para ello se hace preciso aunar colaboración y sinergias institucionales. Esa labor de los fiscales de investigación debe contar con la pericia y el auxilio especializado de miembros de la Policía judicial, de los agentes
tributarios y de la Intervención General del Estado. Hemos abierto las consultas para establecer esos canales de colaboración con el Ministerio de Justicia, con el Ministerio de Hacienda y con el Ministerio del Interior con muy alentadores
resultados y la promesa de total y completa colaboración. Esta necesaria adscripción a la fiscalía de otros funcionarios especializados de la Administración tiene su razón en que para la investigación de estos delitos se suele requerir el auxilio
de profesionales de la Administración, inspectores de la AEAT, interventores, etcétera, que en funciones de auxilio judicial no queden relevados de su trabajo ordinario, lo que sucede actualmente, de manera que el auxilio judicial solicitado se
acaba convirtiendo en un añadido a su habitual carga de trabajo, sin que esté regulado normativamente una exención temporal durante el tiempo prudencial necesario para elaborar el informe solicitado y requerido por los órganos judiciales o por la
fiscalía. El auxilio judicial no debería convertirse ni en una carga añadida al trabajo habitual -enorme, por otra parte- asumido por el funcionario ni el desempeño de su función de auxilio debe perjudicarle tampoco económicamente. La necesidad de
que los ciudadanos perciban cuanto antes que los procesos penales se impulsan con criterios de la máxima dedicación personal, competencia profesional y agilidad es la que mueve esta iniciativa que vamos a emprender desde la Fiscalía General del
Estado, para la que estoy seguro contaré con la cooperación institucional del Poder Judicial y del Consejo General del Poder Judicial, pues sin jueces y sin tribunales comprometidos con esta tarea no será posible llevarla a buen puerto, como
igualmente recordaba Alonso Martínez.


Respecto a la necesidad de más medios materiales, se observa que en bastantes ocasiones los archivos informáticos incautados en los registros no pueden ser examinados en los ordenadores del Ministerio de Justicia, con programas anticuados y
no puestos al día, circunstancias a la que se ha de añadir la falta de conexión de los sistemas informáticos a nivel nacional, creando compartimentos estancos en lo que debía ser una organización nacional. Igualmente, es necesario facilitar a la
Administración de



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Justicia la información telemática del Registro de la Propiedad o Mercantil, los datos de las oficinas del Catastro, el acceso al contenido real de la base de datos de la AEAT y el acceso a datos de la Tesorería General de la Seguridad
Social. De tener acceso vía telemática a parte de los datos mencionados, se obtendría en minutos una información que tarda varias semanas en hacerse por la vía tradicional. Esta tardanza es importante en el trámite de diligencias informativas
tramitadas por la fiscalía, tan esenciales para preparar la posición de la fiscalía, al existir un plazo de seis meses, prorrogable por otros seis, salvo el plazo de un año prorrogable en caso de asuntos asumidos por la Fiscalía especial contra la
corrupción y la criminalidad organizada. Asimismo, se ha de profundizar en la colaboración institucional con organismos como el Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que ha sido fundamental en algunos de los procedimientos
a los efectos de la determinación del objeto del proceso, como estamos contemplando especialmente en aquellos aspectos de la criminalidad financiera o de la criminalidad bancaria correspondientemente.


Finalmente, quiero reiterar de nuevo ante sus señorías el honor y la satisfacción que me produce esta comparecencia ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, agradeciendo de antemano su acogida y cuantos comentarios a
esta intervención pudieran suscitarse por los grupos parlamentarios, que escucharé con atención, esperando que sea de utilidad para la tarea que están acometiendo y por la que les felicito y con la que la fiscalía está seriamente comprometida.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor fiscal general del Estado por su exposición.


Es el turno ahora de los grupos parlamentarios. Comenzamos por el Grupo Mixto, el señor Larreina.


El señor LARREINA VALDERRAMA: En primer lugar, quiero agradecerle en nombre de mi grupo, Amaiur, su comparecencia y las reflexiones que nos ha trasladado.


Ha planteado como cuestión de fondo un cambio del modelo de instrucción que puede ser interesante. Ante ese cambio de modelo -también si permaneciese el modelo actual-, querría que respondiese a una cuestión que creo fundamental para que un
modelo u otro funcione: la independencia de la fiscalía. Es decir, en el actual modelo la fiscalía tiene una dependencia jerárquica con respecto al Gobierno y cuando estamos hablando de delitos de corrupción en los que están mezcladas formaciones
políticas, entre otras cosas, se puede producir una incompatibilidad clara en cuanto que los responsables de un determinado caso de corrupción estén en el Gobierno y puedan precisamente por eso condicionar la actividad de la fiscalía. Por eso yo
pienso que uno de los elementos fundamentales es conseguir que la fiscalía sea realmente independiente de la acción del Gobierno y que pueda tener por tanto un estatuto propio y un sistema de elección y funcionamiento totalmente diferenciado del
Gobierno. Ese sería uno de los elementos, a mi juicio, importantes para evitar al menos la sombra de parcialidad que se ha producido en muchas ocasiones. Si recurrimos a la historia, vemos que la interferencia del Poder Ejecutivo en el ámbito de
la fiscalía o a través de ésta ha sido muy negativa para muchos procesos; quizás no en el ámbito de la corrupción económica, aunque es posible que también, e históricamente hay procesos que usted ha señalado también como una de las causas
importantes de retrasos que llevan a medio plazo a la prescripción, por ejemplo, de ciertos delitos. Pero también en otros ámbitos que podríamos denominar de corrupción democrática, por ejemplo en el ámbito de lo que fue en su día la ilegalización
de partidos, etcétera. Eso, desde mi punto de vista, ha retrasado el actual escenario unos cinco o siete años. Quizás sin esa influencia de la acción del Gobierno no hubiese tenido lugar y se hubiese producido un escenario más esperanzador mucho
antes. Por eso creo que un elemento fundamental es la independencia de la fiscalía con respecto al Gobierno -y me gustaría saber su opinión-, cómo puede ser eso y a dónde nos puede llevar o cómo se puede llevar a cabo.


Sin más, quiero agradecerle su comparecencia, las reflexiones que nos ha hecho. Creo que son interesantes las propuestas que ha hecho de modificación de todos los procesos de instrucción, sobre todo para conseguir eso que usted también
señalaba, que la justicia sea rápida, para que sea justicia y para que la ciudadanía no tenga la sensación de cierta impunidad que se produce muchas veces en estos casos de corrupción.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Sixto.


El señor SIXTO IGLESIAS: Señor fiscal general del Estado, ha hecho usted una presentación general del tema que coincide con la percepción de la mayoría de la población: la falta de rapidez de la justicia; la lentitud generalizada de la
instrucción: cuando se llega al final al juicio oral, la mitad de las veces las



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personas están fuera de los órganos públicos, ya están fuera de las instituciones públicas; la complejidad en la restauración del daño, la sensación que hay de que a pesar de que se pueda condenar a una persona por un hecho delictivo, al
final no restaura el daño que ha causado a las administraciones públicas y al bien público. Ha comentado usted incluso cuestiones que están fuera de este acuerdo o pacto de regeneración democrática, ha comentado concretamente el tema de los
indultos. Desde mi grupo parlamentario hemos presentado incluso proposiciones de ley al Pleno de la Cámara planteando la reforma de esta ley del siglo XIX que ha dado lugar también a muchas diferencias de criterio en la opinión pública en la
cuestión de los indultos y que, como digo, no entra dentro de esta modificación legal que tenemos encima de la mesa.


Usted ha centrado la iniciativa fundamentalmente en tratar de buscar una instrucción más sencilla, más rápida y más ágil, que es una cuestión que compartiremos creo que absolutamente todos los grupos políticos y la inmensa mayoría de la
opinión pública, en la necesidad de que la instrucción no se eternice. Pero al mismo tiempo ha planteado un panorama ciertamente desolador, por la falta de medios y concretamente la falta de accesos a cuestiones tan sencillas y tan básicas en
cualquier proceso de investigación y de instrucción: Registro de la Propiedad, Catastro, AEAT, Comisión Nacional del Mercado de Valores, Banco de España. Es inexplicable cómo al final se acaba instruyendo algo en este país sin tener esos medios
mínimos que tiene cualquier pequeña o mediana empresita de recursos limitados para su trabajo diario y sin embargo es de lamentar que la fiscalía en España no disponga de ellos. Es un panorama ciertamente desolador el de esa carencia de medios. En
esta línea, he echado de menos en su intervención que hubiera roto una lanza a favor de la heroicidad de bastantes fiscales anticorrupción en bastantes provincias. Usted ha hablado de los medios escasos, pero he echado en falta en su intervención
-perdóneme si lo ha dicho- la mención al acoso que están sufriendo y que han sufrido algunos fiscales anticorrupción por parte precisamente de los mismos corruptos que están tratando de sentar en el banquillo de los acusados. Es una situación
tremenda, lo que, unido a la falta de medios y al panorama desolador de accesos y demás, plantea una circunstancia ciertamente complicada.


Frente a esto, otra de las iniciativas que nos plantea usted es la atribución de la investigación a la fiscalía como elemento dinamizador de la instrucción. Yo, como el señor Larreina que me ha precedido en el uso de la palabra, le voy a
plantear cuál es el límite a la atribución de la investigación a la fiscalía, y es la dependencia que tiene su nombramiento del Poder Ejecutivo. Si dispusiésemos de un cuerpo de fiscales verdaderamente independiente, que tuviera rota cualquier
vinculación con el Poder Ejecutivo...Porque cualquier situación que pudiese llevar a la más mínima sospecha de que un telefonazo puede hacer variar la voluntad investigadora o la línea de una investigación sería tremenda. El panorama que tenemos
ahora mismo es el de una fiscalía con un orden muy jerárquico cuyo máximo responsable no es nombrado por la Cámara sino por el Gobierno directamente, y unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que a veces se ven constreñidos en su actividad
incluso por circulares -yo las he visto- que se les hacen llegar diciendo: avisen ustedes al mando antes de que se vaya a producir un registro en la sede de una organización política o antes de que se vaya a detener a un cargo público. Esas
circulares las ha habido en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; no lo han admitido los responsables pero en alguna Comisión de Interior ha salido el tema. Cuando eso pasa en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen que
investigar los casos de corrupción y cuando la fiscalía tiene el componente que tiene, entenderá usted que es fácil que en el conjunto de la opinión pública haya una cierta sospecha de que pueda haber alguna veleidad. No obstante, desde mi grupo
parlamentario confiamos y queremos confiar, como usted ha dicho, en la labor con muchísimo tesón, sacrificada y con muy pocos medios de los fiscales que día a día en cada provincia están tratando de acabar con esa lacra de la corrupción, que si bien
es cierto que en otra época -como usted ha comentado-, en la época de la burbuja, es cuando ha florecido con mayor virulencia, es ahora en esta época de crisis, en esta época de terribles privaciones para mucha gente cuando es incomprensible que ese
jardín de corrupción haya florecido desde hace unos años en nuestro país.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene, en primer lugar, la palabra el señor Xuclà.


El señor XUCLÀ I COSTA: Señor presidente, voy a compartir el turno de mi grupo parlamentario con don Jordi Jané, que es el portavoz en la Comisión de Justicia.


Señor fiscal general, muchas gracias por su comparecencia, muchas gracias por su aportación a esta ronda de comparecencias que tienen delimitado el perímetro en una reflexión que estamos desarrollando en la Comisión Constitucional sobre una
eventual reforma de la financiación de los partidos políticos, la



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transparencia y también la lucha contra la corrupción. Creo que usted nos ha planteado un perímetro más amplio que evidentemente abarca los asuntos que nos ocupan pero también problemas endémicos de la justicia, ante los cuales nos plantea
y reclama una solución con celeridad por parte del Gobierno. Se ha dicho en la intervención que le ha precedido que sin celeridad no hay justicia, no hay justicia si la justicia no se administra en el tiempo apropiado. Sobre este particular, señor
fiscal general, usted nos ha apuntado claramente que los tiempos procedimentales no siempre casan con los tiempos mediáticos; este es un factor que no vamos a cambiar a través de la legislación, pero es un factor nuevo. A veces hay gente que está
convencida de que alguien ya está visto para sentencia en la fase mediática, no en la fase de lo que es importante en la lucha contra la corrupción, que creo que cualquier defensor del Estado de derecho coincidirá en que es la obtención de una
sentencia. Qué duda cabe que usted ha planteado una eventual reforma muy importante, creo que en sintonía con los planteamientos del Gobierno, que es revisar el sentido de la instrucción. Usted ha dicho literalmente: la instrucción no es un
juicio avanzado. Estoy de acuerdo con usted, es muy importante prestar atención al juicio oral y es muy importante la elaboración de las pruebas que pueden llevar a la apertura del juicio oral. No puedo hacer más que sumarme a quienes me han
precedido en el uso de la palabra sobre los puntos fuertes pero también sobre los puntos débiles de que la fiscalía lleve el peso de la instrucción.


Termino para pasar la palabra al señor Jané. Decía que lo importante son las sentencias pero hasta que llegue la sentencias hay un 'mientras tanto' y es precisamente sobre este 'mientras tanto' sobre el que yo creo que en esta Comisión
vamos a reflexionar, la figura del imputado, la figura de aquella persona que potencialmente está a las puertas de un juicio oral pero que no le ha caído sentencia firme al respecto. Lejos de demagogia y con rigor, en esta Comisión deberemos
afrontar una reflexión sobre el particular, lejos del ruido y lejos de lo que decía: los tiempos procesales, los tiempos mediáticos y los tiempos de instrucción no siempre coinciden.


El señor PRESIDENTE: Señor Jané, tiene la palabra.


El señor JANÉ I GUASCH: En primer lugar, quiero dar la bienvenida al fiscal general del Estado en esta Comisión Constitucional y en estas comparecencias específicas sobre un tema que preocupa. Se decía ya en la primera de las
comparecencias: en ocasiones hay una percepción de la corrupción que incluso es superior a los casos mismos en sí de corrupción, y ese diagnostico que nos ha dado el primer compareciente, la diferencia entre la percepción mediática que se pueda
tener de los casos de corrupción y la corrupción en sí, esa diferencia en ocasiones viene dada por un aspecto que el fiscal general del Estado ha definido con precisión, que consiste en instrucciones demasiado dilatadas, instrucciones que van más
allá de lo que debería ser ese concepto de una instrucción más breve para acumular lo que es una fase probatoria y que en todo caso permitiera la posterior fase de juicio oral. Esa instrucción más breve, más acotada, más eficaz, precisa de mayores
medios y por tanto también aquí hay una coincidencia en el diagnostico. La instrucción, para que sea realmente lo que entendemos que debería ser, requiere de mayores recursos humanos y materiales para facilitar esa labor a quienes la realizan. Ya
le anticipo también que en la Comisión de Justicia estamos abiertos a cualquier modificación que se pretenda realizar de un esquema decimonónico que viene de una ley del siglo XIX y que sin ninguna duda desde el consenso y desde buscar la mejor de
las soluciones posibles deberemos abordar, que es la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En esa coincidencia en el diagnóstico y en esa coincidencia también con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha
establecido que un proceso penal para ser justo no debería tener una duración superior a los cinco años. Por tanto, debemos ponernos a trabajar para cambiar esa Ley de Enjuiciamiento Criminal para facilitar ese otro modelo de una instrucción más
ágil, más operativa.


Ligando lo que se decía hace un momento, la instrucción en ocasiones, señor fiscal general del Estado, también va muy ligada a una cierta resonancia mediática de los hechos sobre los que se está instruyendo, y en ocasiones existe la llamada
pena del telediario, que viene reforzada -lo decía el señor Sixto en su intervención inicial- en ciertas filtraciones mediáticas que incluso ponen en aviso de detenciones que se van a realizar para tomar declaración en un determinado juicio que se
está aún instruyendo. También vienen ligadas a un cierto concepto -respecto al que también quería saber la opinión del fiscal general del Estado- de la figura del imputado, que no deja de ser un testigo asistido que va con un letrado por si pudiera
estar en una futura causa de responsabilidad penal, pero que está siendo investigado y en ningún caso es ya una persona con el estigma de la culpabilidad. Precisamente ese diagnóstico inicial nos lleva a que instrucciones muy dilatadas en el tiempo
puedan llegar a comportar una



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condena pública sin sentencia de personas que después son inocentes. Por tanto, tenemos que reflexionar sobre qué trato se da a las personas que están imputadas e incluso si puede ser beneficioso cambiar la terminología de esta figura por
la concepción mediática que se tiene de las personas que puedan estar afectadas por una imputación. También aquí nos gustaría conocer la reflexión del fiscal general del Estado.


En muchas ocasiones responsables políticos están en un proceso penal en fase de imputación. Nos gustaría conocer en qué momento considera el fiscal general del Estado que debería un cargo público abandonar sus responsabilidades. En
ocasiones se les exige en la fase de imputación, cuando quizá el consenso de todas las fuerzas políticas debería llevar a esa posible suspensión cautelar de responsabilidades en el momento en el que se abre el juicio oral contra esa persona, cuando
realmente hay una acusación sobre ella. Por tanto, también aquí entendemos que hay un camino por recorrer y nos gustaría conocer la opinión del fiscal general del Estado.


Hay precariedad de medios; se ha dicho y lo compartimos. Compartimos también la precaria defensa del derecho fundamental al honor de muchas personas que en ocasiones se ven en un proceso penal y que son totalmente inocentes después. Por
tanto, debemos entre todos preservar el derecho fundamental al honor de la persona, el derecho a tener el cauce necesario para conocer en qué proceso está inmersa, evitando las filtraciones mediáticas que pueden llegar a perjudicar a personas que
están en un proceso penal. También aquí nos gustaría conocer la opinión del fiscal general del Estado sobre qué deberíamos realizar para mejorar y prevenir ese tratamiento informativo de las instrucciones penales. En Cataluña se ha abierto una
comisión específica para tratar en el Parlament todos estos temas e incluso se ha llegado a proponer que se ampliara la posibilidad de que los propios jueces y fiscales en ocasiones pudieran informar públicamente y de primera mano ante la ciudadanía
de casos concretos vinculados con las corrupción, precisamente para dar una traslación exacta de lo que puede tener una traslación mediática deformada que puede perjudicar a las personas con cargos públicos que están en un proceso penal.


Son reflexiones importantes y tendremos trabajo en esta Comisión Constitucional para definir el marco en el que debemos tratar todos estos supuestos. Necesitamos fortalecer la regeneración democrática y la imagen de los cargos públicos y
necesitamos reforzar la lucha contra la corrupción. Todo ello exigirá medidas en esta Comisión Constitucional -y también a los que somos portavoces en la Comisión de Justicia- para acotar bien las figuras delictivas en el Código Penal y cambiar, si
es necesario, la Ley de Enjuiciamiento Criminal para dar mejor respuesta a aquello que la sociedad nos demanda: que seamos capaces de instruir y juzgar con los tiempos necesarios para dar a la justicia en este ámbito -y en todos, pero en este
ámbito de manera muy especial porque preocupa a la ciudadanía- los medios que precisa y que en este momento son escasos.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Serrano.


El señor SERRANO MARTÍNEZ: La intervención del fiscal ha venido a ratificar el interés que mi grupo tenía en su comparecencia. Le tengo que decir, y creo que me entenderá exactamente qué es lo que quiero decir, que su análisis de la
situación, su análisis de cuál es el nivel o la calidad de la respuesta normativa, incluso también de la respuesta práctica que en relación con la corrupción tenemos a nuestra disposición en este momento, ese análisis, señor fiscal, ha sido
impetuoso, homérico. ¿Por qué lo digo? Porque ha sido enormemente descarnado y creo que también enormemente valiente en el sentido de reconocer una realidad y de proponer una línea de actuación en la que, no tenga la menor duda, buena parte de lo
que en esencia ha dicho está en las proposiciones que el Grupo Parlamentario Socialista ha formulado ya en esta Cámara y que conocen los restantes grupos, como es, por ejemplo, lo relativo a cómo y a quién atribuir la instrucción; cómo y a través
de qué medios agilizar la instrucción; cómo evitar que la pena, como se ha dicho recientemente, sea no la sentencia sino la instrucción en sí misma.


En relación con sus propuestas que afectan al proceso penal, al proceso de averiguación de los hechos y de persecución de una sanción penal, insisto, no tengo más que anunciarle que contará con nuestro apoyo. Pero en relación con estos
temas querría hacerle tres o cuatro, no tanto preguntas sino consideraciones, porque nos gustaría conocer su opinión. Primero, mi grupo ha planteado la posibilidad o la conveniencia, según se quiera ver, de que para evitar algunos de los males que
actualmente se padecen en relación con estos temas pudiésemos avanzar en la centralización de la persecución y la sanción penal, es decir, atribuir la competencia en concreto a la Audiencia Nacional. Esto es algo que el grupo parlamentario ha
sugerido y querría conocer su opinión. A nuestro juicio, una propuesta de este tipo permitiría poner fin a algunos de los problemas que hoy padecemos, que es la sensación de que según en qué territorio tenga lugar un determinado acontecimiento se
produce una determinada respuesta por



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parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por parte del ministerio fiscal, por parte de los jueces y tribunales, etcétera. Hay una conveniencia de unificar tratamientos, unificar doctrina, unificar sanciones. Esto sería lo
primero que querría decirle. Segundo -lo ha mencionado como una de las hipotecas que hoy se perciben por la ciudadanía-, nosotros creemos que habría que avanzar en la prohibición de estas penas pactadas con las que se resuelven algunos de los
asuntos de lo que genéricamente se llama corrupción política, que yo creo que producen un efecto desolador en los ciudadanos porque indudablemente todo el mundo piensa que si se pacta una pena es porque resulta más beneficiosa que la que
eventualmente se pudiese derivar de una aplicación estricta de la prevista en el Código Penal. Querríamos también conocer su opinión. En tercer lugar, también se ha mencionado ya pero incido en ello, hay un debate que mantenemos desde hace algunos
meses entre nosotros sobre el tema de imputación y cargos públicos; cuál es el momento en el que sería razonable llegar a un acuerdo sobre que se debe dejar la responsabilidad pública que se desempeñe porque pesa más el impacto social de que un
electo o un alto cargo de cualquiera de las administraciones ejerza sus funciones cuando está sometido a una investigación judicial que el perjuicio que a él mismo se le pueda originar. Yo creo que entre nosotros hay un acuerdo crecientemente
unánime de que el momento es la llamada a juicio oral, pero también querría conocer su opinión.


Por último, en esta dimensión, no sabemos si vamos a abordar o no -lo digo por lo que se ha visto en los últimos días en los medios- la elaboración y aprobación en esta legislatura de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Creo que fue
justamente anteayer cuando en algún medio se decía que realmente ya no daba tiempo a aprobarla. Quiero conocer también su opinión sobre la necesidad de algunas reformas parciales, las imprescindibles para que el esfuerzo que hoy iniciamos con su
comparecencia y las que van a producirse en los días siguientes y el esfuerzo de los grupos no sean ad calendas graecas, sino que lo podamos ver en concreto el año que viene -el año que viene deberíamos planteárnoslo como objetivo-, que fuésemos
capaces de llegar a conclusiones pactadas entre nosotros para que el año que viene tuviésemos un panorama legislativo diferente al que hoy tenemos.


Pero, señor fiscal, el ministerio fiscal y el fiscal general del Estado tienen otra dimensión que me parece muy importante poner de relieve, y es que es el principal colaborador para la definición y aplicación de la política criminal del
Gobierno. En este sentido, querría hacerle también dos o tres consideraciones, no tanto sobre cuestiones procesales sino sobre cuestiones de fondo, sobre cuestiones sustantivas. La primera es la que a mí más me inquieta, y es qué es en términos
penales esto de la corrupción política. Un cohecho ya sabemos todos que lo es, propio o impropio, eso da igual, pero una apropiación, depende. No sé si se sigue llamando así o no, pero cuando yo estudié se llamaba maquinación para alterar el
precio de las cosas. Pues, depende, puede ser corrupción política o no. Hay un tipo de corrupción entre privados, ¿no? Lo que quiero plantear con esta reflexión es que yo creo que no todo se consigue diciendo: Donde hoy está prevista una pena de
prisión o de privación de libertad de diez años pongámosle quince. Esto no va a ningún sitio. Otra cosa distinta es que seamos capaces de perfilar cuándo de verdad estamos en un caso de corrupción política y cuándo estamos en un caso de otro tipo.
A lo mejor, habría que avanzar por ahí. Le pregunto su opinión al respecto.


Le quería plantear también una segunda cuestión con relación al tema del Código Penal. Nosotros hemos planteado la posibilidad, porque esto es mucho más efectivo, de conseguir alguna cierta desvinculación o una cierta variación de lo que
está previsto hoy en el código en relación con la duración de las penas de inhabilitación, tanto absoluta como especial, que impida uno de los efectos más letales que conocemos, que es que alguien que ha sido condenado por un supuesto de este tipo,
a las elecciones siguientes figura en una lista o a las elecciones siguientes, como resulta de la constitución de un nuevo Gobierno, aparece nombrado director general o similar. Esto sí que es inexplicable, en términos de fondo.


Termino ya. He estado, en términos incluso legales, en el Gobierno y creo que el ministerio fiscal, que empieza con el fiscal general del Estado y termina con el último de los fiscales, es independiente, y que trabajan así. Lo que ocurre
es que justamente por serlo es más necesario que en ningún otro sitio la prudencia en las manifestaciones, para evitar lo que antes decía de que se pueda tener la sensación de que según los territorios, según los casos, según el delito perseguido,
según los sujetos implicados, se tiene una actitud u otra.


Le agradezco muy muy sinceramente su intervención; me parece, como he dicho al principio, que ha sido valiente, aparte de fordiana, y en consecuencia me siento satisfecho de haber tenido hoy la ocasión de oírle.



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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su representante el señor Castillo.


El señor CASTILLO CALVÍN: Señor Torres-Dulce, en primer lugar, quiero felicitarle, en nombre del Grupo Popular, por la magnífica labor que viene desarrollando desde que está al frente de la fiscalía; una labor presidida por una
indiscutible independencia personal y un compromiso institucional fuera de toda duda, que nos permite contar con un ministerio público que realiza su función de manera imparcial al servicio de todos los ciudadanos y ajeno a intereses de partido o de
Gobierno. Buena prueba de ello es su comparecencia en el día de hoy ante esta Comisión que quiero agradecerle, pues nos ha permitido conocer de primera mano y en profundidad no solo la intensa labor desarrollada por el ministerio fiscal en su lucha
contra la corrupción, sino también su visión, que es la de la fiscalía, acerca de las inquietudes, necesidades y medidas que considere más adecuadas para mejorar la lucha contra esta lacra y para avanzar en la regeneración democrática.


Voy a comenzar refiriéndome a los datos que nos ha facilitado de la última memoria de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, son datos del año 2012, de la que resulta necesario resaltar el aumento tanto de
investigaciones y procedimientos como del número de sentencias recaídas en causas judiciales de esta fiscalía, concretamente de sentencias condenatorias, manteniéndose el número de procedimientos judiciales nuevos. Estos datos vienen referidos no
solo a la delincuencia económica y criminalidad organizada, sino también a casos de corrupción pública. Se trata de una actividad de la fiscalía que, según nos ha indicado y acorde con la preocupación social, refleja un incremento de un 151% en los
últimos tres años de sentencias por delitos relacionados con la corrupción, cohecho, malversación, prevaricación administrativa, tráfico de influencias o fraude. Como nos ha señalado, ésta es una de las cuestiones que más preocupan a la ciudadanía
y también a la fiscalía, por cuanto los tipos relacionados con la corrupción pública constituyen hoy en día una de las formas más graves de delincuencia en tanto suponen un ataque a las instituciones, al sistema democrático y, en definitiva, al
Estado de derecho.


Coincido con otros portavoces en dar una importancia particularmente extraordinaria a los temas de corrupción. Existe una razón evidente que compartimos todos y que no es otra que la desafección de la ciudadanía respecto de la política y a
las instituciones. Todos sabemos que el motivo de esa desafección, no el único pero quizá uno de los más importantes, es el que está constituido por los fenómenos de corrupción política. Hoy, afortunadamente, existe un amplio consenso social que
compartimos, en el sentido de asegurar un nivel de tolerancia cero frente a estos fenómenos de corrupción. Pero lo cierto es que, en consonancia con esa creciente preocupación de la sociedad, la incoación de estas causas frente a los delitos de
corrupción pública -como bien ha señalado- se ha incrementado notablemente en los últimos años, si bien -como ha señalado- este incremento se corresponde con una época pasada, más concretamente con la correspondiente a la burbuja inmobiliaria. Así,
no puede extrañarnos la labor ingente que ha desarrollado la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía de la Audiencia Nacional y las fiscalías provinciales, cuyos resultados nos ha detallado. Por ello, quiero poner de manifiesto mi reconocimiento, que
es el de todos, a esta importantísima tarea. Nos ha indicado que existe una clamorosa falta de medios en las fiscalías provinciales y tomamos buena nota de ello. En este punto me gustaría que nos señalara si la Fiscalía Anticorrupción -que es la
pieza clave en esta lucha al ser la que investiga y conoce de los procesos de especial trascendencia relativos a los delitos económicos y otros relacionados con el fenómeno de la corrupción cometidos por funcionarios o empleados públicos en el
desempeño de sus funciones- ha sido reforzada suficientemente para cumplir su fundamental labor tanto en sus medios personales como materiales. Me gustaría escuchar su reflexión igualmente sobre si considera adecuados y suficientes los recursos
destinados actualmente a las distintas unidades de apoyo a la Fiscalía Especial contra la Corrupción: Unidad de Apoyo de la Agencia Estatal de la Agencia Tributaria, Unidad de Apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado y
unidades de apoyo de la Policía judicial integradas por la Unidad adscrita de la Policía Nacional y la correspondiente a la Guardia Civil.


Voy a referirme ahora a un aspecto en el que también ha incidido, concretamente a los fiscales adscritos a los servicios especializados del ministerio público, que como sabemos vienen haciendo una labor verdaderamente encomiable, gracias a
ese proceso de especialización funcional, permitiendo afrontar de manera más eficaz la lucha contra la criminalidad. Por ello, esta especialización debería incrementarse en el futuro, y así lo entiende el Grupo Popular, siendo necesario profundizar
en la unificación de criterios por parte del ministerio público, además de reforzar la coordinación y cooperación entre instituciones a través de las



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distintas secciones especializadas del ministerio fiscal. Con relación a este punto, le agradecería que nos indicara qué medidas considera que se podrían adoptar para mejorar la ya alta cualificación de los miembros de la fiscalía especial
y con ello la eficacia de su importante labor. El señor Torres-Dulce ha considerado en su intervención que uno de los mayores problemas que se presentan a la hora de abordar judicialmente el preocupante fenómeno delictivo de la corrupción,
especialmente cuando hay en juego derechos de particulares, derechos patrimoniales y el derecho de las víctimas, es que nos seamos capaces de ofrecer a estas víctimas y a los ciudadanos en general una respuesta ágil y solvente a cada una de sus
manifestaciones. Estando en cuestión en estos procesos sobre corrupción no solo la credibilidad de las instituciones, sino especialmente el prestigio de la Administración de Justicia y del ministerio fiscal inquieta que pueda quedar en evidencia
por las dilaciones de los procedimientos. Esta es una reflexión importante y que compartimos plenamente.


En cuanto al diagnóstico del complejo modelo de gestión del ministerio fiscal, y a falta de una estructura consolidada de relación con las distintas comunidades autónomas con competencias transferidas, le rogaría un breve balance general
sobre su funcionamiento y coordinación entre la Fiscalía General del Estado, las consejerías de Justicia y las fiscalías de las diferentes comunidades autónomas. Asimismo, le pido su opinión sobre la colaboración que prestan otros órganos de la
Administración cuando son requeridos para tales fines. Teniendo en cuenta que esta coordinación no solo está limitada al ámbito nacional, sino que resulta imprescindible también la cooperación internacional que tiene una indudable relevancia en la
lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada en un contexto en que el delito no conoce fronteras, siendo esta en muchas ocasiones una de las claves del éxito, me gustaría que nos explicara cómo se podría mejorar, desde su punto de vista,
la asistencia judicial pasiva o respuesta que desde la fiscalía especial se ofrece a las solicitudes de colaboración remitidas por autoridades extranjeras; cómo se podría incrementar la colaboración prestada a las instituciones de la Unión Europea,
con particular referencia a la Oficina de Lucha Antifraude de la Comisión Europea, OLAF, y a Eurojust, y cómo se pude mejorar la aplicación en España del Convenio contra la corrupción de funcionarios públicos extranjeros en las transacciones
económica internacionales.


Son muchas las cuestiones interesantes que se pueden abordar, pero el tiempo es limitado. Así que, abusando de su amabilidad y también la de sus señorías, en relación con la reforma del Código Penal que actualmente tramitamos me gustaría
que nos indicara si considera necesario incrementar los tipos y endurecer la respuesta penal para los casos de corrupción. Asimismo, me gustaría saber si en su opinión se puede mejorar las estrategias de prevención y control que deben implementar
los partidos políticos y las administraciones. Por otro lado, y aunque la Fiscalía Anticorrupción no ha hecho todavía pública la memoria con los datos correspondientes al año 2013, me gustaría que nos diera su opinión sobre alguna de las propuestas
que han sido avanzadas por algunos medios de comunicación, concretamente la posibilidad de establecer medidas que incremente la protección de los denunciantes o de los testigos que intervienen en estos procedimientos, o si considera necesario que
sea considerado delito el enriquecimiento injustificado de funcionarios públicos como prevé el artículo 20 de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción del año 2003.


Para finalizar, me gustaría conocer su posición respecto a los compromisos asumidos recientemente por el ministro de Justicia en sede parlamentaria, que contempla la eliminación de aquellos privilegios que actualmente tenemos los políticos
en relación con los procedimientos judiciales, y que se plasmarían en las futuras reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concretamente apuntaba el ministro la posibilidad de suprimir la potestad que
tienen las asambleas legislativas para elegir aquellos jueces que tienen la competencia para juzgarlos; impedir que aquellas personas a las que se les haya abierto un juicio oral por delitos cometidos por corrupción puedan ser candidatos en las
siguientes elecciones, así como la supresión de privilegios a la hora de comparecer en juicios cuando sean llamados a declarar como testigos. Termino agradeciéndole de nuevo su intervención, señor Torres-Dulce, así como las explicaciones que nos va
a ofrecer a continuación, reconociendo el esfuerzo que supone comparecer ante esta Comisión, su tono amable y, por supuesto, su paciencia. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: A continuación, le voy a dar la palabra al fiscal general del Estado, al cual le voy a pedir la mayor concreción posible. Como quiera que ha habido muchas preguntas que se han hecho en las intervenciones, me atrevo a
pedirle que haga una concreción general, sin perjuicio de que luego los representantes de los distintos grupos puedan tener las aclaraciones particulares y pertinentes que puede haber, porque contestar una a una todas las observaciones nos llevaría
mucho tiempo. En cualquier caso, dispone de su tiempo.



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El señor FISCAL GENERAL DEL ESTADO (Torres-Dulce Lifante): Quiero agradecer todas las intervenciones porque cuando se comparece ante una Comisión del Congreso de los Diputados resulta doblemente ilustrativo, tanto lo que puede expresar el
compareciente como lo que recibe de observaciones, de quejas, de propuestas o de preguntas, particularmente en una Comisión como la Constitucional y el propósito que les guía a ustedes para estas comparecencias. Siguiendo las indicaciones del señor
presidente, voy a intentar ser lo más sintético posible para que nadie pueda pensar que me intento escapar o escabullir de las respuestas. En modo alguno es mi estilo, ni creo que sea esta la finalidad cuando se cita aquí a un compareciente. Si en
algún caso queda algo por responder, me brindo a ustedes, como ha dicho el señor presidente, para atenderles personalmente en la sede de la Fiscalía General del Estado o través de cualquier escrito que nos quieran hacer llegar.


En primer lugar y contestando al señor Larreina, al que en su nombre y en el resto agradezco el tono absolutamente constructivo de cualquiera de las observaciones que se han hecho a mi intervención, en cuanto al cambio de modelo que se ha
repetido continuamente, hay un acuerdo generalizado a que el actual modelo de proceso penal no obedece ya a las realidades sociales para las que surgió en su momento. La figura del juez de Instrucción, que tiene su sentido, debe transformarse en el
juez de garantías y, siguiendo la mayor parte de los modelos europeos, concentrar las labores de investigación -tenemos el modelo muy próximo en Portugal que está funcionando espléndidamente desde hace casi veinte años- y atribuir labores de
investigación al ministerio fiscal. Me gusta ser muy sincero y tengo que decir que en España las causas más complejas no las instruye el juez de Instrucción, que es independiente ni el ministerio fiscal, sino que por lo general nos vienen
precocinadas por la labor de la policía que cumple sus funciones, pero que no tiene el estatuto de los países anglosajones y de la Agencia Tributaria, con lo cual después la capacidad de filtraje crítico de lo que nos viene resulta siempre muy
limitado. De ahí nuestra insistencia para la creación de un modelo en el que la Policía judicial y la Agencia Tributaria dependan en mayor medida, no del control, sino de la dirección, que es muy distinto, del ministerio fiscal. Esta es una
reflexión que conviene hacerles llegar a sus señorías con absoluta claridad. Esto no impide una crítica a la labor de las policías estatales y autonómicas de la Agencia Tributaria, pero hay que reconocer las cosas como son en este momento.


En cuanto a la dependencia del Gobierno y lo que se ha expresado en algunas otras intervenciones, el modelo está en la Constitución. Habría que cambiar la Constitución. Como han dicho los señores Larreina, Sixto y algunos otros. Cualquier
modelo que incremente la percepción externa de la independencia del ministerio fiscal que refuerce su imparcialidad debe ser bienvenido. Por mi parte, no puedo sino hacer votos en este sentido. Además, debo decir que las recomendaciones del Greco
así lo han hecho llegar a España, por lo tanto, es algo que podrán tener en consideración sus señorías. Si dentro del amplio margen que en la Constitución puede permitir el diseño constitucional del nombramiento del fiscal general del Estado puede
incrementarse todo ello, esto es así. Como se ha dicho por parte del señor Serrano, lo cierto es que sí puedo decir con absoluta claridad que los fiscales se comportan con la mayor imparcialidad, con la mayor independencia posible y lo refuerza el
día a día. No quiero ponerme medallas ni poner medallas a los fiscales correspondientes, pero tengo que decir dos cosas: la prisión del señor Bárcenas la ha solicitado el ministerio fiscal, ninguna de las partes presentes en el proceso. Lo digo
en cuanto a un proceso especialmente sensible a este respecto. Si yo he dado órdenes las digo públicamente. La obligación del fiscal general del Estado en el caso Faisán o en algún otro caso es decir públicamente que ha ejercido el poder que la
Constitución y el Estatuto le dan, para que quede clara su responsabilidad y cambiar el punto de vista que se tenga a este respecto concretamente. Cualquier observación, cualquier implemento de la visibilidad de la independencia y de la
imparcialidad del ministerio fiscal, como han expresado el señor Larreina, el señor Sixto y el Grupo de Convergència i Unió, me parece absolutamente necesario sin ningún género de dudas en este terreno.


Un buen medio que no roza la Constitución podría ser abordar en lo que queda de legislatura, que es una propuesta que le he hecho ya al ministro de Justicia, una modificación del Estatuto orgánico del ministerio fiscal, lo he insistido así
en la Comisión de Justicia, en la que se limiten los poderes del fiscal general del Estado, dentro de la exigencia del principio de dependencia jerárquica y el blindaje de los fiscales que llevan asuntos de especial sensibilidad social o de especial
sensibilidad política. Sus señorías tienen el campo abierto para esa modificación del Estatuto orgánico del ministerio fiscal, que no es ley orgánica y que forma parte de alguna forma del bloque de constitucionalidad.


Con respecto al señor Sixto, representante de La Izquierda Plural, quiero poner de manifiesto que, como decía Alonso Martínez en la exposición de motivos, los males sociales no se curan ocultándolos. Las llagas sociales hay que ponerlas de
manifiesto y poner los remedios para ello y él emprendió ese camino, luego no muy seguido, a partir de 1882.



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La falta de medios que he denunciado es real, pero no quiero en modo alguno que se tome como excusa de las obligaciones y las responsabilidades que los jueces y fiscales tenemos. Tenemos medios materiales y personales suficientes para hacer
frente a la corrupción, a los tipos de delincuencia. Sí es cierto, y lo he puesto de manifiesto, que incrementos de medios materiales y tecnológicos ayudarían extraordinariamente no a la respuesta, sino a la rapidez y a la eficiencia de las
respuestas. Nunca voy a poner la escasez de medios o la eficiencia de medios materiales y personales para poner un parche, para poner paños calientes a la actuación del ministerio fiscal y en modo alguno puede entenderse así.


Mi defensa constante de los fiscales, pero sobre todo de los fiscales Anticorrupción, que es verdad que en muchos casos han sido objeto de un verdadero ataque absolutamente injustificado, la he hecho personalmente en la prensa y lo ha hecho
el Consejo Fiscal brindándoles el amparo correspondiente y lo tienen de una forma completa y total. En todo caso, le agradezco al señor Sixto esta referencia aquí en la Comisión Constitucional sin ningún género de dudas concretamente.


Respecto a las dos intervenciones tan interesantes como las anteriores del Grupo de Convergència i Unió, en cuanto a los tiempos procesales y a los tiempos mediáticos me referiré a continuación; y en cuanto a las funciones de la
instrucción, quisiera que ustedes contemplen que la bondad, dejando aparte la independencia del ministerio fiscal, para hacer visible y creíble la posición del ministerio fiscal, reforzar su independencia e imparcialidad es absolutamente esencial y
se basa en un criterio conceptual. Los fiscales tenemos como función la visión estratégica de todo el proceso, saber qué hechos son objeto de persecución, quiénes son las personas responsables, cuál es la tipología penal y de qué pruebas se dispone
para pedir el archivo de las actuaciones si no se ha vencido el principio de presunción de inocencia o bien formular la acusación correspondiente. Esa visión, porque nosotros intervenimos en la fase de instrucción y en el acto de la vista del
juicio oral, la tiene el fiscal, pero no la tiene el juez de instrucción que debe cumplir una función de equilibrio y de garantías. De ahí que conceptualmente haya que pensar en que la investigación debería llevarla el ministerio fiscal, con el
reforzamiento, como he dicho desde el primer momento, de carácter estatutario o incluso constitucional de la figura del fiscal general del Estado.


Me gustaría hacerles llegar a ustedes, al hilo de la interesantísima intervención del señor Jané, que la percepción de la corrupción, desde el punto de vista de la estadística procesal, cuando hablamos de una reforma procesal, es que solo
afecta a un 3% de los asuntos, es decir, la gran reforma de la Administración de Justicia tiene que ver con el 97% de los asuntos, que afectan extraordinariamente a la ciudadanía y no son parte del pacto por el que están ustedes aquí, pero de lo que
no conviene olvidarse y lo suelo recordar en mis comparecencias en la Comisión de Justicia. Si nos centramos exclusivamente en el 3% mediático de impacto social, con respecto a la mejora del proceso penal con relación a la percepción de carencias
ciudadanas, estaremos haciendo, perdónenme la expresión castiza, un pan con unas tortas. Reformemos todo, pero vayamos fundamentalmente a dos de los ejes que he puesto de manifiesto. Primero, estudio, que voy a someter al Gobierno en el mes de
junio, de una modificación profunda del libro III del Código Penal de las faltas: 800.000 faltas y 325.000 vistas a las que tiene que asistir el ministerio fiscal. Si eso de alguna forma ordenadamente permite que el ministerio fiscal no se ocupe
masivamente de esos asuntos, tendremos buena parte de la plantilla de jueces y fiscales que se van a poder dedicar a los asuntos a los que han de prestar mayor atención. Segundo, con respecto a una mejora de los juicios inmediatos, permitiría que
el 85% de los procesos estuvieran solventados en setenta y dos horas, sin los papeles, yendo y viniendo, sometiéndolos a recursos y con los gastos económicos correspondientes. Entonces no nos queda más que concentrarnos en el 3% de los asuntos, a
los que hay que dejar no voy a decir los mejores recursos pero sí los más especializados recursos de las plantillas y medios materiales del ministerio fiscal en este aspecto. No quiero romper cántaros ni llorar, pero tengo que decir, como pongo de
manifiesto en todas las memorias, que en cuanto a medios tecnológicos el 97% está dedicado a jueces y solo el 3% al ministerio fiscal, que tenemos esa labor de impulsor de los procesos. En cuanto al personal auxiliar, el 95% está entregado a los
juzgados y tribunales, y solo el 5% al ministerio fiscal. Pedir, como digo continuamente, que comience una inversión para hacer más eficientes los fines de satisfacción de intereses sociales, que el artículo 124 de la Constitución exige al
ministerio fiscal, me parece que es de estricta no solamente justicia, sino de conveniencia para las cosas públicas.


Respecto a los conceptos de resonancia, las penas del telediario, imputado, etcétera, le puedo decir que todos estamos profundamente insatisfechos de la situación, por un lado, de imputación y, en segundo lugar, de las repercusiones
mediáticas que tiene, con graves perjuicios con respecto a la causa del proceso. Voy a hacer muy rápidamente, porque no tengo tiempo para más, algunas observaciones. Por parte de la Fiscalía General del Estado, en los próximos meses vamos a
aprobar en Junta de Fiscales de



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Sala una circular en la que vamos a llamar la atención a los fiscales acerca de cuál debe ser el comportamiento de los fiscales respecto a la petición, seguimiento y consecuencias de la figura del imputado. No voy a explicar a sus señorías
cuál es el origen de todo esto, y es que era procesalmente lamentable que los ciudadanos españoles se sentaran en los tribunales, en el banquillo, sin saber que había una causa desarrollada con respecto a eso. Para eso puso pies en pared el
Tribunal Constitucional creando la figura de la imputación, para decirle al imputado: mire, a usted hay que decirle que se sigue un proceso contra usted, para qué, por qué y en qué condiciones, para que pueda defenderse. Primero, en cuanto a la
utilización semántica de la palabra imputado, esto ha sido un desastre en términos de percepción de la ciudadanía, porque se compadece mal con el principio de presunción de inocencia, que ha de ser la gran guía del proceso hasta que se produzca una
sentencia y sobre todo una sentencia de naturaleza firme. En segundo término, los jueces, dicho con todos mis respetos, no han distinguido bien en general, y salvemos los casos particulares, cuál es la sensación de la imputación. En cuanto a
sensación de la imputación, se puede hacer una reforma procesal parcial en estos momentos acerca de distinguir una causa admitida a trámite con un concepto y un estatuto de querellado y denunciado, al que hay que decirle: existe este proceso
admitido a trámite y usted tiene la condición de querellado y de denunciado de un acto de imputación, que debería suponer la atribución pública de unos hechos considerados como delictivos y asumidos en cuanto a esa atribución a petición de parte,
desde mi punto de vista nunca de oficio por parte del ministerio fiscal, con respecto a esa condición de imputado. En definitiva, reduciendo convenientemente, la idea del auto de procesamiento, que era el auto de garantías correspondiente.
Delimitaría bastante la situación saber que una persona es querellada o denunciada simplemente -y va a tener todo tipo de garantías en ese proceso-, y que con respecto a ella se ha pedido una imputación y el juez, razonadamente, ha aceptado dicha
imputación. Si no se hace esa clarificación, vamos a seguir moviéndonos en un terreno ambiguo, que perjudica extraordinariamente la percepción de lo que es la imputación, la atribución de una investigación respecto de una causa a este respecto sin
ningún género de duda concretamente.


En cuanto a cuándo debe abandonar un político imputado el cargo público, se ha sugerido que sea en el momento del acto de la vista del juicio oral. Yo diría que esa regla general parece bastante conveniente, pero no conviene olvidar -les
traslado la reflexión- que algunos hechos delictivos con respecto a una tipología delictiva son tan especiales en cuanto a la participación pública o política de esa persona, que quizá en esos casos algún tipo de medida cautelar pudiera implicar esa
reflexión anticipadamente, aunque en términos generales la vista del juicio oral, dejando siempre además, si me permiten decirlo, la percepción de moral estética que por parte de la persona afectada o de los partidos políticos pudieran valorar a
este respecto. Establecer un cauce, un momento procesal de esa trascendencia sería bueno a la hora de mandar el mensaje a la opinión pública de que hay una seguridad jurídica, un mandato jurídico en la respuesta de ese criterio.


Con respecto a los criterios del honor, es percibido el enorme daño que se hace no solamente al honor, sino también a las finalidades reales del proceso, que son garantizar los derechos de todas las partes en el proceso, víctimas, intereses
públicos, pero indudablemente también la del imputado, que tiene derecho a una presunción de inocencia, que tiene derecho a un derecho de defensa pleno que se dificulta extraordinariamente mientras se hace un juicio mediático. ¿Dónde nos
encontramos, en la mayor de las defensas de los objetos o bienes jurídicos del proceso, que es el sistema francés, consistente en que declarado judicialmente la reserva o el secreto de unas actuaciones judiciales, no solamente que pudiera probarse
quien lo filtra, sino también aquel que lo publica, resulta penalizado desde el punto de vista del Código Penal o sencillamente lo dejamos a las investigaciones correspondientes? Con sinceridad, no me atrevo a establecer un balance sobre lo que es
el derecho a la información pública. Como ha sugerido el señor Jané, la precisión por parte de las políticas de comunicación oficial acerca de lo que se trata en el proceso y lo que se está dilucidando, con todo el respeto, podría ser una salida,
pero créanme que no es fácil tomar una decisión que equilibre el derecho a un proceso público con información con respecto a los derechos de las partes en el proceso, que son extraordinariamente tan importantes como el derecho de información de
naturaleza puramente constitucional.


En relación con las reflexiones que ha hecho el representante del Grupo Socialista, el señor Serrano, lo único que lamento de que se haya invocado aquí a John Ford y al Hombre tranquilo es que no esté presente Maureen O'Hara, pero solo puedo
dar las gracias a esa referencia homérica e impetuosa también del señor Serrano, que agradezco de corazón en este aspecto. En cuanto a las consideraciones que ha hecho, además de agradecer el apoyo, como al resto de los grupos parlamentarios, la
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de ellas, relativa a la centralización de la competencia en la Audiencia Nacional, tiene la extraordinaria ventaja de la concentración de esfuerzos y la respuesta unificada, como se produce en algunas causas, pero no estoy muy convencido de
que la situación -vamos a reconocerlo, no estoy hablando solamente en términos de terrorismo- de un tribunal con una cierta percepción no de excepción pero sí especializado, no pueda matizar ese supuesto. Tenemos que reflexionar todos acerca del
enorme poder que concentran los juzgados centrales de Instrucción, con todo lo que conllevan. Intentar equilibrar esa exigencia de concentración, de seguridad de respuesta, de rapidez de concentración de medios, con esa percepción, aunque por mi
parte pueda ser bien acogida, merece una reflexión, para ser lo más prudente a la hora de prever no solamente la consecución de un fin mediato sino las consecuencias que a veces también vemos en ciertos aspectos de este tema. Las conformidades nos
preocupan extraordinariamente. Vamos a sacar también en la Fiscalía General del Estado una circular antes de final de año acerca de las conformidades, no solamente de los asuntos pequeños. Creo -esta es la instrucción que tienen todas las
fiscalías- que en aquellos delitos en los que existe una percepción pública de disposición de fondos públicos o de corrupción pública o privada, la posición del ministerio fiscal debe ser extraordinariamente restrictiva respecto de las
conformidades, y en ese sentido vamos a orientar la circular de la Fiscalía General del Estado.


Tercero, en cuanto a los imputados y cargos públicos, creo que ya he contestado en términos generales pero vuelvo a insistir de alguna forma en la rapidez y sintetización, así como en mi disposición absoluta para todos los grupos
parlamentarios a recibirles y a hablar más extensa y concretamente respecto de las interesantísimas propuestas que me hacen.


Cuarto, respecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, si no va a haber tiempo, creo que es el momento para hacer reformas parciales. Existe -yo lo noto aquí y en la Comisión de Justicia- un gran consenso. Lo que quizás no haya en
sanidad ni en educación creo que lo hay en justicia, y creo que sería buen momento aprovechar lo que queda de legislatura para hacer reformas. ¿Qué reformas? Yo creo que el estatuto de imputación respecto de cargos públicos. Primero, tendría que
haber la exigencia de obligarnos a todas las partes del proceso, y sobre todo a los jueces de instrucción, a delimitar desde el primer momento el objeto del proceso para evitar inquisiciones generales; segundo, obligar a la parcelación de los
procesos complejos en piezas para poder dar respuestas particularizadas, singularizadas y rápidas a dichos criterios; eliminación de gran parte de los recursos interlocutorios en la primera instancia que no aseguren de alguna forma garantías
absolutamente esenciales. Concretamente estas serían algunas de las cosas, juntamente con -a ver si lo conseguimos de una vez por todas- una regulación armonizada con las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de las interceptaciones
telefónicas -que se nos está recordando continuamente-. Eso y una regulación de una verdadera segunda instancia, que evite que la casación cumpla una segunda instancia, serían las cosas en las que creo que hay el consenso suficiente para al menos
parcialmente abordar esas reformas, que -coincido con el señor Serrano- resultan absolutamente importantes.


En cuanto a la definición de corrupción política, me resulta francamente muy difícil hacerla porque creo que existen delitos cuyo bien jurídico, cuya descripción de la acción, es claramente político o administrativo-político, mientras que
otros, el resto -en el fondo, reconozcámoslo, fuera de estafa, fuera de apropiaciones indebidas- son construcciones dogmáticas alrededor de conductas de defraudación o de apropiación. Yo creo que no se trata de incrementar más las penas -contesto
al señor Castillo- ni de más tipos. Tenemos suficientes delitos y penas para hacer frente a cualquier tipo de delincuencia, particularmente a la de la corrupción política, aparte de directivas y recomendaciones que nos puedan llegar a este
respecto. Veintisiete modificaciones del Código Penal desde 1995, algunas tan sustanciales como las presentes, mandan el mensaje de que tenemos una sociedad extraordinaria y progresivamente conflictiva, y eso no es así. El apresuramiento con el
que se han hecho algunas de las modificaciones nos hace tener en este momento un Código Penal farragosísimo, absolutamente carente de sistemática, concretamente en muchos aspectos, y que en muchos casos -quiero decirlo con mucha claridad- está
vulnerando el principio de proporcionalidad de los hechos, de los medios de comisión y de las penas. Si se hiciera un estudio de cómo están castigados unos hechos y cómo están castigados otros, nos daríamos cuenta de cómo el parcheo incesante de
las políticas de Código Penal está creando un horrendo desequilibrio, en muchos casos con tipos penales absolutamente desproporcionados respecto de las penas.


No he hablado de lo más importante. Rapidez de los procesos debe suponer eficacia y eficiencia de las ejecuciones. No habla nadie en España del agujero negro de la justicia que es la ejecución de la sentencia. Sin una sentencia rápida no
hay justicia, pero sin una sentencia ejecutable en sus propios



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términos cuanto antes estamos haciendo burla del trabajo de los tribunales; es un enorme agujero negro el que existe en las ejecuciones. Eso y unas buenas penas alternativas darían bastante solución. Estoy absolutamente de acuerdo con las
penas de inhabilitación. Creo que es una verdadera burla que una pena de inhabilitación sea cumplida más o menos y a continuación entremos en esas situaciones. Hay que estudiar el sentido último y las consecuencias de las penas de inhabilitación
respecto a ciertos hechos que, en algunos casos, son no solamente políticos sino, por ejemplo, de indemnidad sexual con respecto a aspectos educativos, religiosos, etcétera. Eso debería hacernos reflexionar, siempre con los límites lógicamente del
principio de legalidad en este sentido sin ningún género de dudas.


Finalmente, respecto al señor Castillo, representante del Grupo Popular, le agradezco de veras su consideración. La falta de medios en la Fiscalía Anticorrupción no es lo que más me preocupa. Tiene medios suficientes. Se han incrementado
en los últimos tiempos tres plazas más incluso que las que había solicitado al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Hacienda. Creo que fundamentalmente de lo que se trata es de hacer reflexiones a futuro. Tendremos que plantearnos en su
momento si una Fiscalía de la Audiencia Nacional, una Fiscalía Antidroga y una Fiscalía Anticorrupción y contra el crimen no deberíamos someterlas a una fiscalía contra el crimen organizado, que es el gran desafío que tenemos en los tiempos que
corren. Eso queda, evidentemente, a futuro y fuera probablemente de este cambio correspondiente.


Tenemos excelentes relaciones con las comunidades autónomas. Solo puedo dar mi agradecimiento por la colaboración que las comisiones mixtas estamos teniendo de todas las autonomías de España, que hacen unos esfuerzos incesantes cuando no
reciben el trasvase de presupuestos. Estamos implantando una oficina del fiscal común en toda España, y tengo que reconocer que es gracias al esfuerzo de las comunidades autónomas en general, cada una efectivamente con sus peculiaridades. Incluso
en la Comunidad Valenciana, que es la que mayor déficit tiene con respecto al personal de auxilio de la fiscalía, y de ciertas infraestructuras en la provincia de Alicante, estoy encontrando la máxima colaboración en este aspecto.


Me preocupa extraordinariamente lo que ha dicho usted en relación con Europa. Respecto a estos casos de anticorrupción hemos pedido al Ministerio de Justicia -quiero decírselo a su señoría- que cambien los institutos normativos de
cooperación internacional. No puede ser que se estén constituyendo equipos de investigación en España -lamento decirlo- en los que el Ministerio de Justicia, en aplicación de la propia legalidad -quizás a veces con un poco de falta de
sensibilidad-, está excluyendo al ministerio fiscal, que es pieza importante de los equipos de investigación. Hay que cambiar la ley correspondiente para que en los equipos de investigación estén los jueces y fiscales, que permiten actuar en todos
los países respecto a la criminalidad organizada en conexión con Eurojust y con la OLAF. Deseo que esto se ponga de manifiesto. Pienso que la creación de la fiscalía europea daría un plus no solamente en la construcción europea sino en esos
fraudes comunitarios que empiezan a ser una lacra importante dentro de la Unión Europea.


Discúlpenme si no he contestado a todas las interesantes preguntas. Estoy sometido al marcaje del presidente de la Comisión, hoy que es día deportivo -por lo menos para los que defendemos ciertos colores, blancos en este momento,
concretamente-. En todo caso, agradezco a todos ustedes sus sugerencias -que me llevo- y extraordinario tono constructivo. Sepan que el fiscal general pero también todo el ministerio fiscal -estamos al servicio de los ciudadanos- lo único que
queremos es que se nos hagan llegar los impulsos suficientes para corregir allí donde no llegamos o estamos actuando mal y agradecer el reconocimiento al trabajo callado que jueces y fiscales hacen a veces en condiciones extraordinariamente penosas.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Torres-Dulce, fiscal general del Estado, por su comparecencia, por su presencia en esta Comisión, por sus aportaciones y por las distintas contestaciones que ha dado a las preguntas que han
hecho los diferentes grupos parlamentarios.


Agradeciéndole su presencia y su disposición, pasaremos a la siguiente comparecencia. (Pausa).


- DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (ÁLVAREZ DE MIRANDA GARCÍA). (Número de expediente 212/001584).


El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar la última de las comparecencias acordadas por la Mesa para la sesión del día de hoy. Corresponde a don Ramón Álvarez de Miranda, presidente del Tribunal de Cuentas, al cual le doy la bienvenida a la
Comisión Constitucional y le agradezco su disposición para venir ante la misma. Seguiremos con el mismo formato que hemos tenido para las comparecencias anteriores: una primera



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exposición en torno a diez o quince minutos por parte del compareciente, seguida por las intervenciones de los representantes de los grupos en torno a siete minutos y, finalmente, daré la palabra al compareciente para que aclare, responda o
manifieste lo que crea conveniente. Sin más, don Ramón, le doy la palabra.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Señorías, comparezco en esta Comisión para dar mi opinión sobre los proyectos legislativos realizados por el Gobierno y que se encuentran en tramitación en esta
Cámara. En esta ocasión -no como en mi última comparecencia con motivo de la Ley de Transparencia- no voy a hablar exclusivamente a título particular en esta primera intervención, sino que directamente les presentaré a ustedes la valoración que el
pleno del Tribunal de Cuentas realizó sobre esta reforma legislativa presentada ante esta Cámara. Con eso no voy a intervenir más. Por supuesto, en el trámite de preguntas contestaré a cualquier cuestión relacionada con el Tribunal de Cuentas que
los señores diputados estimen conveniente formular.


Ateniéndome precisamente a esta propuesta, les diré que el pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión de 14 de enero de 2014 analizó el escrito de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia de fecha 23 de diciembre de 2013, en
el que solicita que por parte del Tribunal de Cuentas se emita informe en relación con el anteproyecto de ley orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos en el plazo máximo de quince días hábiles. En relación
con el documento presentado, el pleno considera: El anteproyecto de ley orgánica de control de la actividad económico-financiera de los partidos políticos, que viene precedido de una exposición de motivos, consta de tres artículos que modifican las
leyes orgánicas sobre financiación de los partidos políticos, de partidos políticos y del Tribunal de Cuentas respectivamente, así como una disposición transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. Además, el anteproyecto
viene acompañado por una memoria del análisis del impacto normativo al que sigue como anexo la ficha de resumen ejecutivo. El pleno del Tribunal de Cuentas quiere destacar la apertura de un trámite que, si bien encuentra amparo en el artículo 22.3
de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, no resulta preceptivo. En efecto, la solicitud de informe al Tribunal de Cuentas con carácter previo a la aprobación de modificaciones de normas que afectan a sus competencias no está prevista
expresamente en la legislación del Tribunal de Cuentas, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, cuyo artículo 561 establece la obligación de someter a informe del consejo los
anteproyectos de leyes que versen, entre otras materias, sobre las modificaciones de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial. Por lo tanto, la iniciativa gubernamental que se realiza por primera vez en relación con el Tribunal de Cuentas tiene
que calificarse de positiva, pues pone de manifiesto la alta consideración que al Ejecutivo le merece el tribunal, tanto por la función que desarrolla como en su condición de órgano constitucional del Estado. Es preciso resaltar que se solicita el
parecer sobre una reforma legislativa que afecta no solo a la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas sino también a otras dos leyes orgánicas referidas a los partidos políticos cuya actividad económico-financiera fiscaliza el tribunal.


En efecto, con esta reforma se trata de ampliar y clarificar la función de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre los partidos políticos y las fundaciones y demás entidades vinculadas a los mismos, de dotar al tribunal de la potestad
reglamentaria en relación con su propio funcionamiento y organización, y de reforzar el deber de colaboración con el mismo para el ejercicio más eficaz de su función fiscalizadora. Con este conjunto de reformas se contribuye a dotar de mayor
transparencia a la actividad económico-financiera desarrollada por los partidos políticos y se facilita el control de la misma, se potencia el ejercicio de las funciones constitucionalmente asignadas al Tribunal de Cuentas y se refuerza su
autogobierno en aras de una mayor independencia de la institución. No obstante, para que estas modificaciones normativas surtan efecto será necesario concretar el alcance efectivo de las reformas propuestas. En particular, se considera necesario
precisar y actualizar entre otras las consecuencias que se derivan del incumplimiento del deber de colaboración, el alcance en el ejercicio de la potestad reglamentaria, la reforma del Estatuto del personal al servicio del Tribunal de Cuentas y su
capacidad de autoorganización manteniendo en la ley orgánica las actuales competencias del pleno del Tribunal de Cuentas en relación con el régimen de recursos. Estas cuestiones son de especial relevancia considerando que las nuevas obligaciones
legales que el anteproyecto establece respecto a la transparencia y al control supondrán nuevas competencias para el Tribunal de Cuentas y una mayor exigencia en sus plazos de ejecución. En definitiva, el pleno del Tribunal de Cuentas valora la
presente iniciativa legislativa sometida a la consideración del tribunal que permitirá avanzar en el mejor funcionamiento de esta institución y coadyuvará a la más eficiente satisfacción de las demandas de la sociedad dirigidas a un fortalecimiento
del control de la actividad económico-financiera del sector público y de las formaciones políticas.



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De esta manera el pleno del Tribunal del Cuentas emitió una valoración sobre el proyecto de reforma legislativa que como se ve está formulada en términos generales, con carácter positivo y entendiendo que la reforma que se propone -en los
términos en los que a continuación y de acuerdo con sus preguntas les podré desarrollar- supone mayores competencias y mayor capacidad de actuación del tribunal en el ejercicio de las funciones que le son propias. Con esto, presidente, yo termino y
doy paso a aquellas preguntas que se me quieran formular.


El señor PRESIDENTE: Comenzamos ahora el turno de los grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Larreina.


El señor LARREINA VALDERRAMA: En primer lugar, quisiera agradecer la comparecencia del señor Álvarez de Miranda y el traslado que nos ha hecho de la opinión del pleno del Tribunal de Cuentas acerca de esta reforma legislativa. Yo quisiera
ir un poco más allá en la línea de lo que usted planteaba como sugerencia a la hora de abordar el trámite de preguntas. ¿Cuáles son las propuestas que habría de hacer el Tribunal de Cuentas a la hora de dar respuesta rápida a las necesidades de
fiscalización de las administraciones públicas y de los propios partidos políticos? Vemos que en el pasado ha habido con demasiada frecuencia muchos retrasos. Últimamente se ha pegado un cierto empujón y se ha abordado una cierta puesta al día,
pero hay una serie de años de decalaje entre cuando se producen los hechos y se realiza o se hace público el informe. Desde ese punto de vista, creo que la pregunta sería: ¿qué hay que hacer para que se produzca una mayor rapidez en la realización
de los informes? ¿Dónde están los problemas: en la aportación de datos por parte de las administraciones públicas o de las fuerzas políticas?, ¿en la falta de medios del tribunal?, ¿en la necesidad de abordar una nueva sistemática?, ¿en la
necesidad de abordar cambios tecnológicos para afrontar con una mayor precisión todos los análisis de las cuentas, etcétera? Esas serían las preocupaciones. Más que el cambio de la ley sería qué habría que hacer para que el Tribunal de Cuentas sea
realmente efectivo, esté al servicio de la transparencia y sea un instrumento útil para combatir la corrupción.


Sin más, le agradezco nuevamente su presencia.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, el señor Sixto tiene la palabra.


El señor SIXTO IGLESIAS: Comenzaré mi intervención por el tema que ha sacado el señor Larreina, que es una de las cuestiones que más ha podido llamar la atención también a la opinión pública en general respecto a la financiación de los
partidos político: el retraso que históricamente ha habido en la fiscalización de la actividad de los partidos por el Tribunal de Cuentas y, finalmente, de esta Cámara. Afortunadamente, después de un arduo trabajo del tribunal y también de la
Comisión Mixta Congreso-Senado del Tribunal de Cuentas, a la cual me honro en pertenecer, se ha avanzado bastante en esta cuestión. Se ha visto finalmente hasta el año 2011 la financiación de partidos políticos -además en un informe de tres años:
2009, 2010 y 2011-; la de 2012 está ahora mismo en plazo de alegación por los partidos -se les ha trasladado el informe preliminar del tribunal para que procedan a sus alegaciones-; y respecto al año 2013 todavía estamos en el periodo de
presentación de cuentas que marca la ley, que concluirá el próximo 30 de junio. Sin embargo, el proyecto de ley que aporta el Gobierno a la Cámara trae una reducción muy llamativa del plazo que tienen los partidos políticos para presentar sus
cuentas ante el propio tribunal, un plazo que se reduce de seis a tres meses. El Grupo Socialista incluso llegó a plantear ante el Pleno en una proposición de ley una reducción -no sé si en los mismos o parecidos términos- del plazo de presentación
de las cuentas ante el Tribunal de Cuentas por los partidos y de reducción del plazo que tiene el Tribunal de Cuentas para fiscalizarlas finalmente.


Se corrige ahora el atraso que ha habido en otros tiempos -por la falta de interés o de protagonismo en los medios y por la preocupación de la opinión pública- en la financiación de partidos pegando un apretón a los plazos a la hora de
presentar las contabilidades. La primera reflexión que quiero hacerle como presidente del Tribunal de Cuentas y como conocedor en detalle la situación es la siguiente. ¿Cree que esa reducción de plazo va a redundar en una mejora de la presentación
de las cuentas, en una mejora de la fiscalización de las cuentas, o es más una medida de actuación clara cara a la galería, por decirlo así, pero no efectiva? La elaboración de las cuentas de una organización política y después su fiscalización,
paso a paso, por parte del Tribunal de Cuentas es una cuestión que tiene sus complejidades y sus especificidades. ¿Cree usted que esa reducción de plazos es positiva? ¿Valoraría una reconsideración? Desde luego, mi grupo



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parlamentario es una de las cuestiones que quiere plantear encima de la mesa, no acortar excesivamente los plazos y acabar consiguiendo que las cuentas que presenten los partidos ante el Tribunal de Cuentas no respondan a lo que tienen que
responder, que es a la actividad real desarrollada por los partidos políticos.


En segundo lugar, el Gobierno nos ha traído una reforma legal que por segunda vez modifica la Ley de Financiación de Partidos Políticos. Bien, es una opción. Nosotros, en la modificación anterior, a pesar de que votamos favorablemente el
dictamen, en la votación final de la ley nos abstuvimos porque entendíamos que no iba todo lo lejos que tenía que ir la reforma. Fuimos el único grupo parlamentario que en aquel momento se abstuvo. No obstante, esa reforma de la Ley de
Financiación de Partidos fue un avance. Desde nuestro punto de vista insuficiente, pero fue un avance. ¿Pero cree usted que volver a modificar por segunda vez la Ley de Financiación de Partidos Políticos y no entrar en una modificación de una
parte fundamental de la financiación de los partidos políticos, que es la financiación electoral, no entrar en esa reforma en ningún caso, va a ayudar mucho, va a ser suficiente o va a ser insuficiente? Usted lo sabe porque además el Tribunal de
Cuentas fiscaliza directamente la actividad de los partidos políticos en las elecciones municipales, en las elecciones generales y en las europeas e indirectamente también en las elecciones autonómicas, incluso en aquellos territorios en los cuales
se dispone de órgano fiscalizador propio, porque el propio Tribunal de Cuentas acaba exigiendo a los partidos políticos que presenten la copia íntegra de toda la contabilidad electoral de elecciones autonómicas. Es una parte sustancial
importantísima del dinero que manejamos los partidos políticos. De hecho, en todo este maremágnum de afectación de financiación A, B, caja A, caja B y demás, uno de los motores fundamentales o de los consumos fundamentales del dinero aportado, del
dinero que ha figurado en donaciones más o menos irregulares y que están sometidas a la consideración de los tribunales, es la mecánica electoral, es el gasto de la maquinaria electoral. ¿Eso es suficiente o el Tribunal de Cuentas, y usted como
presidente con el cargo que ocupa, cree que debería ser necesario también abrir la reforma de la cuestión de financiación de los partidos políticos en lo que es la Loreg, la Ley reguladora del procedimiento electoral?


La tercera cuestión que le quiero considerar es el tema de las fundaciones, que para nosotros se quedó pendiente en la anterior reforma de la ley y que en este proyecto tampoco vemos que se avance. Ha salido ya esta tarde en la primera de
las comparecencias el tema de las fundaciones, pero es un clamor popular en toda esta puesta al día sobre la problemática referente a la financiación de los partidos políticos las fundaciones dependientes de los partidos políticos y la no concreción
de los límites a su financiación, como sí que se aplica a los partidos políticos. ¿Considera usted suficiente la legislación? Desde nuestro punto de vista le adelanto que nuestro grupo parlamentario sería partidario de introducir un paralelismo
claro entre los límites que tiene la financiación y las donaciones a los partidos políticos y los límites que se deben imponer específicamente a las fundaciones de los partidos políticos para no producir ahí una especie de agujero negro, en el cual
podrían darse una serie de desviaciones y, por lo tanto, seguir manteniendo la sospecha que una parte de la ciudadanía tiene al respecto.


Para concluir, una cuestión clarísima. Señor Álvarez de Miranda, en los tribunales en España hay ahora mismo varios casos relacionados con la financiación de partidos políticos. Sustancialmente afectan al partido mayoritario. Yo quiero
mencionar dos casos muy claros. El primero, la financiación electoral, ya que en los procesos electorales está taxativamente prohibido por la Loreg asumir gasto electoral por parte de terceros. Es un hecho que se está investigando en mi tierra, en
Valencia, respecto a una campaña electoral autonómica que ya pasó hace muchos años, que fue la de 2007. Una campaña electoral en la cual además hubo una actividad de vallas publicitarias por parte del Partido Popular que clarísimamente si uno
conoce el coste de las vallas publicitarias y ve las vallas publicitarias que fuera de periodo electoral y dentro de periodo electoral se colocaron era facilísimo colegir que algo no se ajustaba a la legislación vigente y a la presentación de las
cuentas. Sin embargo, ese fenómeno sucede exactamente igual con las recientes declaraciones del extesorero del Partido Popular que ha desvelado la existencia de cajas B en todas las provincias y demás. Esa disfunción entre las cuentas que se
presentan al Tribunal de Cuentas y entre la realidad que al final está aflorando ante los tribunales no ha sido detectada nunca por el Tribunal de Cuentas. ¿Qué instrumento habría que arbitrar o qué tendría que hacer el Tribunal de Cuentas para que
pudiese detectar, porque es el que lo tiene que hacer al margen de los tribunales en las cuestiones delictivas, cuándo no hay un ajuste real entre la contabilidad presentada por los partidos políticos al Tribunal de Cuentas y la actividad de hecho
realizada por los partidos políticos, sea en periodo electoral o fuera del periodo electoral? ¿Qué habría que hacer para que el tribunal pudiese cerrar esa fisura, esa diferencia enorme, que ha hecho que el tribunal en su actividad no detectase lo
que han acabado detectando los tribunales y lo que era un clamor en otros ámbitos?



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El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Xuclà.


El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor Álvarez de Miranda, por su comunicación inicial y sobre todo por esta capacidad de profundizar a través de las preguntas en alguno de los aspectos que están construyendo en esta Comisión
Constitucional una deliberación sobre una eventual futura reforma en la lucha contra la corrupción.


Yo le voy a plantear cuatro aspectos y en el primer aspecto no voy a ser nada original respecto a los dos colegas que me han precedido en el uso de la palabra, pero es que realmente tenemos un panorama negro en cuanto al cumplimiento de los
plazos de los informes del Tribunal de Cuentas. Usted nos podrá decir con acierto que en estos dos últimos años se ha producido un empujón, una actualización o una reducción, pero continuamos sin entender para obtener una información que permita
conocer a este Parlamento, a la opinión pública y eventualmente al ámbito judicial, los ritmos de elaboración de los informes del Tribunal de Cuentas. Este es un panorama negro, este es un agujero negro dentro del sistema de funcionamiento. Usted
nos puede presentar un balance de reducción de los plazos, pero continuamos en unos plazos insatisfactorios.


El Tribunal de Cuentas -este es mi segundo punto- se ha especializado estos últimos años también en hacer unas referencias muy explícitas en sus informes, en el informe general y en algunos informes especializados, a la fiscalización de la
contratación pública. Esta tarde hemos empezado hablando precisamente de que es en la contratación pública donde se detectan, fruto también de la actividad económica de los últimos años en el sector público, agujeros de corrupción o de potencial
corrupción. Ustedes elaboran informes, pero elaboran informes que después no tienen consecuencias, que simplemente son enumerativos. Voy a justificar mi afirmación. El profesor Agustí Cerrillo, que va a comparecer mañana, en su libro El principio
de integridad en la contratación pública hace una referencia a estos informes de fiscalización de la contratación pública de las administraciones y cito unas breves líneas de su trabajo académico. El profesor Cerrillo dice: La identificación de
estas irregularidades o ilegalidades queda generalmente en una mención genérica en los informes de fiscalización y en las propuestas y recomendaciones a los entes afectados, para evitar que se produzcan en un futuro, sin entrar a analizar o valorar
si han sido consecuencia de una abuso de poder o si ha habido por medio enriquecimiento alguno o conflicto de interés -fin de la cita-. Señor Álvarez de Miranda, creo que este es un elemento muy importante, no solo el aseñalamiento de la
irregularidad sino el aseñalamiento de la causa que lleva a esta irregularidad. Me gustaría que nos ilustrara y profundizara sobre este aspecto.


El tercer punto viene referido a la cooperación con las comunidades autónomas. Como muy bien sabe el compareciente, distintas comunidades autónomas también tienen sus órganos de fiscalización en el ámbito de las cuentas públicas, tanto en
la Sindicatura de Cuentas en Cataluña como en tantos otros ámbitos. Observamos con preocupación cómo en el proyecto de ley se plantea un vaciamiento de competencias de estos organismos dentro de una tendencia recentralizadota que estamos viviendo y
sufriendo en esta legislatura por parte de la mayoría absoluta del Grupo Popular. Me gustaría que usted no hiciera una valoración política sobre este extremo porque esta será la opción legislativa del momento. Me gustaría que nos informara sobre
la eficacia y cooperación entre el tribunal que usted preside y los tribunales de las comunidades autónomas dedicados a las mismas materias y si es necesaria esta opción legislativa que se contempla en el proyecto de ley.


Finalmente, mi cuarto punto viene referido a la financiación electoral. Cabe recordar en este extremo que en la anterior legislatura, en una reforma bastante calibrada y bastante trabajada en esta Comisión Constitucional referida a la Ley
electoral, al final se incorporó, y el señor Bermúdez de Castro sabe muy bien de lo que estoy hablando, una actualización de la financiación en período electoral. Con lo cual, señor Sixto, más que una nueva reforma, una nueva inflación en materia
de legislación, lo que debemos exigir, y aquí el Tribunal de Cuentas sí tiene un papel, es el efectivo control de aquello que está legislado. Bien es cierto, y no entiendan como cinismo lo que voy a afirmar, que el Tribunal de Cuentas no puede
fiscalizar ninguna caja B, porque las cajas B están fuera del paisaje de la legalidad. Las cajas B potencialmente llegan a los tribunales y se tiene que luchar contra la financiación irregular y contra el extremo cinismo de predicar la reducción de
la financiación pública y, a la vez, mantener formas irregulares de financiación.


El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra la señora Sumelzo por el Grupo Parlamentario Socialista.



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La señora SUMELZO JORDAN: Señor presidente del Tribunal de Cuentas, le agradecemos su intervención y su presencia, de nuevo, en la Comisión Constitucional. Compareció hace poco más de un año para informar sobre el proyecto de ley de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Hoy lo hace en relación a las iniciativas sobre regeneración democrática y la lucha contra corrupción, comparecencia que consideramos imprescindible en el día a día que vivimos, en el
que la corrupción es uno de los temas que más preocupan a los ciudadanos y que influye de forma decisiva en el alejamiento de la vida política y en la deslegitimación de las instituciones, con lo que contribuyen a un debilitamiento de la democracia
y de la política. Consideramos imprescindible e importante que órganos constitucionales como el que usted preside, el Tribunal de Cuentas, estén presentes en este debate y nos trasladen su opinión sobre las medidas que debemos adoptar con
celeridad, medidas urgentes que deben ser llamadas a combatir eficazmente la corrupción porque el sistema democrático debe dar una respuesta suficiente y rápida a este gravísimo problema que desgraciadamente tenemos tan presente hoy mismo


El Grupo Parlamentario Socialista cree necesario conseguir dos objetivos que adelanto y que van a fundamentar las cuestiones que vamos a plantearle en esta comparecencia para conocer su opinión. Nuestro primer objetivo es la ejemplaridad en
la condena de conductas porque consideramos imprescindible ponerlo de manifiesto ya que conseguir la ejemplaridad exige rapidez. El segundo objetivo es que todo sistema de lucha contra la corrupción no debe ser solo regresivo sino que tenemos que
esforzarnos todos en imaginar un sistema preventivo.


A continuación, señor presidente, pasaré a plantearle varias cuestiones concretas directamente relacionadas con el Tribunal de Cuentas, sobre las que nos gustaría conocer su opinión. En primer lugar, el problema anteriormente nombrado por
los portavoces de todos los grupos parlamentarios que no es otro que el de los plazos en la emisión de los informes de fiscalización del Tribunal. Mi grupo es consciente de que el Tribunal de Cuentas está haciendo un gran esfuerzo por reducir sus
plazos, pero es evidente que debemos avanzar hacia plazos que respeten el resto de normas legales. El informe de los estados contables de los partidos políticos y de las donaciones percibidas por sus fundaciones del ejercicio 2008 fue aprobado por
el pleno del Tribunal en junio de 2013. El de los ejercicios de 2009, 2010 y 2011, en octubre de 2013. Si se obliga a los partidos políticos a remitir sus cuentas al tribunal dentro de los tres meses siguientes al ejercicio al que se refieran esta
es la cuestión que le planteamos: ¿No sería deseable reducir el plazo de emisión del informe de fiscalización por el tribunal de seis a tres meses, como ha propuesto recientemente nuestro grupo parlamentario? ¿No cree usted que es posible? En
cualquier caso, señor Álvarez de Miranda, ¿considera que el tribunal va a ser capaz de agilizar su trabajo en este ámbito?


En segundo lugar, y en cuanto a los objetivos que se plantea el Grupo Parlamentario Socialista, ¿concibe usted algún papel del Tribunal de Cuentas en la prevención de la corrupción? Y, si no lo concibe, ¿qué sugerencias incorporaría usted
para prevenirla?


En tercer lugar, en materia de donaciones a los partidos políticos ha podido comprobarse que las procedentes de sociedades y demás personas jurídicas han incumplido sistemáticamente en el seno de alguna formación política tanto los límites
referidos al importe máximo de sus cuantías como los relativos a la prohibición de que las mismas no provengan de empresas que mediante contratos vigentes presten servicios o realicen obras para las administraciones públicas, organismos públicos o
empresas de capital mayoritariamente público. Por lo anterior resulta imprescindible revisar la actual normativa y, como también ha propuesto reiteradamente nuestro grupo parlamentario, acogiendo el principio general de prohibición de las
donaciones procedentes de sociedades y demás personas jurídicas, al objeto de impedir de forma efectiva que dichas donaciones pretendan en última instancia la obtención de un ilegítimo beneficio económico para las actividades empresariales o un
tratamiento privilegiado de los intereses particulares de cualquier tipo de entidad. En las iniciativas presentadas por el Gobierno tal prohibición no se extiende y, sin embargo, sí a las donaciones privadas que pueden efectuarse en las fundaciones
o demás entidades vinculadas o dependientes de los partidos políticos que pueden provenir sin límite cuantitativo de personas jurídicas. ¿Cómo valora usted, señor presidente, tal circunstancia? ¿Considera necesario, como se dice en el informe de
fiscalización de los estados contables de los partidos políticos de los ejercicios 2009 a 2011, que debe evaluarse la conveniencia de ampliar a las fundaciones y asociaciones los requisitos y limitaciones exigidas a los partidos políticos en
relación con las donaciones privadas?


El señor Jáuregui ha destacado en una comparecencia anterior que para evitar estas donaciones privadas se debería garantizar la financiación pública de los partidos políticos. El actual Gobierno ha disminuido un 30% cada año la asignación a
los mismos y nos gustaría conocer su opinión sobre si considera necesaria la financiación pública de los partidos políticos.



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Señor presidente, las iniciativas legislativas que subyacen en esta comparecencia hemos de reconocer que mejoran en cierto modo la definición de los deberes de colaboración con el Tribunal de Cuentas, pero no podemos dejar de mostrar nuestra
preocupación por si tales mejoras son suficientes y en concreto en un ámbito. En algunos supuestos, como, por ejemplo, la fiscalización de entidades locales y de sus sociedades mercantiles participadas se ha evidenciado que la limitación de los
trabajos de fiscalización no se hubieran producido si el tribunal hubiese tenido acceso a determinada documentación de tipo fiscal como, por ejemplo, las declaraciones de impuestos sobre sociedades o el impuesto sobre las rentas de las personas
físicas o las declaraciones anuales de operaciones con terceras personas.


Las funciones y competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas deben contemplar de forma específica en nuestra opinión el deber de colaboración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, así como el de las entidades gestoras y
servicios comunes de la Seguridad Social, previendo cauces estables de suministro de información. Es así que el control de la legalidad en la actividad económico-financiera de las entidades objeto de fiscalización debe permitir el correspondiente
contraste entre la información suministrada por estas últimas y la información de la que disponen las entidades, agencias u órganos de las administraciones públicas. De otra forma, el tribunal carece de la capacidad de dilucidar si es o no es
correcta o incompleta la información que le proporcionan las entidades sujetas a control.


Por ello, le queremos plantear: ¿Considera necesaria la modificación del artículo 95 de la Ley General Tributaria y del correspondiente precepto de la ley General de la Seguridad Social para precisar que los datos, informes o antecedentes
obtenidos por la administración tributaria en el desempeño de sus funciones pueden ser cedidos al Tribunal de Cuentas cuando sean requeridos en general para el ejercicio de su función fiscalizadora y no solo con el ejercicio de sus funciones de
fiscalización de la propia Agencia Estatal de Administración Tributaria?


Termino ya, señor presidente. Por último, aparte de los temas concretos que le planteamos, no puedo finalizar mi intervención sin solicitarle una evaluación global de las medidas que, a juicio del presidente del Tribunal de Cuentas y en el
ámbito de su responsabilidad, deberían adoptarse, y preguntarle si las que se contemplan en las iniciativas legislativas que tratamos serán suficientes para acabar de una vez por todas con las irregularidades en el funcionamiento y financiación de
los partidos políticos, un fenómeno que, como hemos estado hablando toda la tarde, deteriora profundamente la confianza de los ciudadanos en la democracia y en sus instituciones, sobre todo cuando tales prácticas irrumpen en una realidad cotidiana
caracterizada, como la que vivimos hoy, por un desempleo masivo y por un aumento de la desigualdad social.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Bermúdez de Castro.


El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Quiero comenzar agradeciendo al señor Álvarez de Miranda su comparecencia, como han hecho otros portavoces, y que haya dado cuenta del contenido del informe aprobado por unanimidad -esto es importante
resaltarlo- por el pleno del Tribunal de Cuentas en relación con la consulta que voluntariamente el Gobierno le realizó sobre uno de los proyectos, concretamente el proyecto de ley de control de la actividad económica y financiera de los partidos,
que forma parte de ese paquete de medidas denominado el Plan de regeneración democrática que ha presentado el Gobierno a esta Cámara. Una consulta que, como el propio presidente del tribunal ha recordado, no era preceptiva, pero que, a nuestro
juicio, ha sido muy conveniente porque una parte importante de las medidas que contempla ese plan de regeneración y ese proyecto de ley, a los que he aludido con anterioridad, les afecta directamente, y además, y esto es lo más importante, porque
estas medidas nuevas pueden servirles y ser de gran utilidad y ayuda en esa labor, en esa función de control y fiscalización de los estados contables de los partidos y sus fundaciones. Por tanto, no tome la consulta que les hizo el Gobierno,
reitero de forma voluntaria, solo como una consideración o reconocimiento a la labor que están realizando en ese tribunal, que también lo es, sino fundamentalmente como consecuencia lógica del carácter abierto que el Gobierno ha querido presentar
ante esta Cámara de ese Plan de regeneración democrática, un plan abierto para que todo el mundo que tenga una buena idea que aportar lo pueda hacer, nos la pueda trasladar. Esa es precisamente la razón por la que usted está compareciendo aquí, por
lo que hay varios comparecientes y por lo que vamos a realizar toda una serie de sesiones de comparecencias de diferentes expertos e instituciones durante estos días, que lo que pretenden es ayudarnos a encontrar los cambios legislativos y las
medidas que sean mejores, las más eficaces, las más contundentes y avanzadas, las más útiles para prevenir y desterrar de la vida pública los comportamientos irregulares y también, en su caso, para mejorar y potenciar la función fiscalizadora del
Tribunal de Cuentas



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sobre las cuentas de los partidos, porque ello va a contribuir sin duda a mejorar la calidad de nuestra democracia y a recuperar el crédito en la política y en sus instituciones, y también en los partidos políticos que, no olvidemos, son
elementos nucleares de nuestro sistema democrático.


Lo he dicho en más ocasiones, soy de los que pienso que en los casos de corrupción no fallan solo las leyes, fallan sobre todo las personas, falla el cumplimiento de las leyes, pero también pienso que las leyes se pueden mejorar, se pueden
mejorar los controles, se pueden mejorar los mecanismos de prevención, los sistemas de alerta temprana y desde luego se puede y se debe castigar con mayor dureza a los culpables. Es eso en lo que nosotros, los grupos parlamentarios, debemos
ponernos de acuerdo, tenemos que ponernos de acuerdo. Como decía antes otro compareciente, tenemos la obligación de alcanzar ese gran pacto contra la corrupción y a favor de la regeneración democrática que nos demanda la sociedad. Desde luego
nuestro grupo va a poner todo de su parte para poder alcanzarlo. Eso no significa que antes no existieran los controles o que el Tribunal de Cuentas no ejerciera correctamente su función, pero no es menos cierto que en algunos puntos la legislación
anterior, la del año 2007, tenía ciertas lagunas que ya corregimos en la modificación de la Ley de Financiación de Partidos, que realizamos al inicio de esta legislatura, pero que ahora también queremos completar y reforzar. Me refiero
concretamente a los incumplimientos e infracciones por parte de las formaciones políticas de su norma reguladora y de sus correspondientes sanciones. En ese sentido, dado que ha habido un ofrecimiento por parte del presidente del Tribunal -hoy
aparece una información en un medio de comunicación que señala que a petición del fiscal el Tribunal de Cuentas ha abierto un trámite de audiencia previa a diferentes partidos y fundaciones por irregularidades detectadas en los ejercicios contables
de los años 2009, 2010 y 2011-, nos gustaría, dado que se ha prestado a ello, que pudiera confirmarnos la veracidad de dicha información y además, de ser cierta, que realizara una valoración sobre la misma por la trascendencia que tiene. Sé que
este tema no es nuevo y que aquí hay algún otro portavoz que lo trató precisamente -creo- el mes pasado en la Comisión del Tribunal de Cuentas con ocasión del informe correspondiente a la fiscalización de dichos ejercicios. Recuerdo que usted, como
presidente del tribunal, ya manifestó su voluntad de hacer todo lo posible para poder iniciar el procedimiento sancionador y determinar las responsabilidades derivadas del incumplimiento de la Ley de Financiación por parte de algunas formaciones
políticas, a pesar de las dificultades que podrían encontrarse a la hora de hacerlas efectivas, porque es verdad que la ley anterior, la ley de 2007, que era la que estaba vigente y la que corresponde a la hora de enjuiciar los ejercicios de los
partidos políticos del años 2009, 2010 y 2011, no tenía ninguna clasificación de infracciones y tampoco señalaba plazos de prescripción para los mismos, por lo que de manera supletoria debería acogerse a la Ley de Procedimiento Administrativo. En
todo caso, le reitero la petición de que haga una valoración de esa información y de esas infracciones, especialmente las que a su juicio considera que son incumplimientos que por su naturaleza son más graves. Y sobre todo este tema, si hay algo
que me sorprende es que ni el fiscal ni el tribunal se hayan pronunciado sobre lo que considero un hecho muy grave, como es que haya fuerzas políticas que presenten de forma deficiente o incompleta sus cuentas ante el tribunal, porque hemos hablado
antes de la rendición de cuentas y creo que es muy importante que el tribunal se pronuncie sobre este tema en alguno de esos ejercicios que han sido fiscalizados. Le pregunto si tiene previsto o ha tomado ya el tribunal alguna medida en relación
con este asunto.


Dado el esfuerzo que están haciendo para ponerse al día en la fiscalización de las cuentas de actividad ordinaria de los partidos, porque en la actividad electoral están al día -ya lo estaban el año pasado-, aprovechando su presencia me
gustaría preguntarle en qué fase se encuentra. Antes lo ha recordado también el señor Sixto, pero me gustaría que ratificara usted en qué fase se encuentra el informe de fiscalización de la actividad ordinaria de los partidos correspondiente al año
2012 y en qué medida podría usted comprometerse a que, si todo el mundo cumple con los plazos establecidos en la vigente norma, antes de finalizar el año vendrá a esta Cámara el informe de fiscalización de la actividad ordinaria de los partidos
correspondiente a los estados contables del año pasado, del año 2013. Creo relevante hacerle esa pregunta porque son ejercicios en los que se va a aplicar ya la vigente Ley de Financiación, la Ley de Financiación con la reforma operada al inicio de
esta legislatura, donde tengo que recordar -hay que poner en valor también lo que ya se ha hecho- que otorgamos potestad sancionadora directa al Tribunal de Cuentas y elevamos también los plazos de prescripción para las infracciones más graves a
cuatro años, por lo que las dificultades o las dudas que podían suscitarse en relación con la responsabilidad existente respecto a las infracciones derivadas de los ejercicios 2009, 2010 y 2011 quedarían en este caso totalmente despejadas. Dijimos
que íbamos en serio, lo estamos tomando en serio, lo tenemos que seguir tomando en serio y creo que es algo que, por mor de la ejemplaridad, debemos ser los primeros en aplicar.



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Ahora, en el proyecto de ley de control de la actividad económica y financiera de los partidos, lo que hacemos es recoger una tipología completa. En la modificación operada al inicio de esta legislatura solo recogimos lo que consideramos
infracciones muy graves y ahora en el proyecto de ley se define una tipología -reitero- completa, recogiendo informaciones y clasificando las infracciones en leves, graves y muy graves, con un régimen sancionador -es importante resaltarlo- muy
severo y reforzado. En ese sentido, nos gustaría que pudiera darnos su opinión y si considera, a la vista de su ya dilatada experiencia en la fiscalización de las cuentas de los partidos e incluso antes de que fuese presidente de esa institución,
si es mejorable, si es óptima, si es completa esa tipología de infracciones; y el procedimiento sancionador, si puede ser perfeccionado en alguna medida.


Por último, considero relevante algo en lo que usted ha venido insistiendo mucho desde el inicio de la legislatura, y es la necesidad de reforzar el deber de colaboración de otros organismos e instituciones para facilitar precisamente el
ejercicio de la función fiscalizadora de los estados contables de los partidos. Ya dimos, por cierto, un paso muy importante en esta legislatura con la aprobación de la Ley de Transparencia, que obliga ya a los partidos a someterse a los principios
de publicidad activa y que establece además mecanismos de colaboración entre el consejo de transparencia, del que el Tribunal de Cuentas tiene además un representante, con otros organismos, especialmente con la Agencia de Protección de Datos. Pues
bien, en el proyecto de ley de control de la actividad económica de los partidos, que ahora valoramos, además de establecer los principios a los que los partidos deben ajustarse en todos los procedimientos de contratación interna, se refuerza
precisamente esa exigencia de colaboración que usted reclamaba especialmente relativa al control externo. Por ejemplo, comunicación o información de proveedores de los partidos, también en periodo electoral; de suerte que el propio tribunal puede
solicitar a cualquier proveedor del partido de vallas electorales, de mailings, de lo que sea, toda la información que requiera el tribunal para la correcta fiscalización y control de la actividad, también electoral, de los partidos. Asimismo, se
refuerza todo el deber de información que deben tener de comunicación de datos de las entidades de crédito al tribunal. Además, se establece la posibilidad de suscribir convenios de colaboración entre el Tribunal de Cuentas y otros organismos
dependientes de la Administración General del Estado. Por ello, por último, me gustaría preguntarle si con ello considera satisfecha esa reiterada petición del tribunal.


Termino, como no puede ser de otra manera, agradeciéndole de antemano las reflexiones y las respuestas a las preguntas que le he formulado y trasladándole algo que creo que merece el tribunal, la valoración positiva que hace nuestro grupo,
creo que también el resto de grupos, por el esfuerzo que está realizando el Tribunal de Cuentas que usted preside para ponerse al día en la fiscalización de las cuentas de los partidos, que era un compromiso, por cierto, que usted adquirió el pasado
año en esta Comisión con ocasión de la valoración que hacía sobre el entonces proyecto de ley de transparencia. Un compromiso y un esfuerzo que le pedimos, nuestro grupo desde luego y yo creo que todos los grupos que estamos aquí presente, que
continúe a lo largo de este año precisamente para dar por superada la etapa de retrasos del pasado, porque ello sin duda va a ayudar a algo muy importante, que es fortalecer la imagen y el prestigio del tribunal que usted preside en esa
importantísima función que ejercen sobre el control de la actividad económica y financiera de los partidos.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas, don Ramón Álvarez de Miranda.


El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Señor presidente, empezaré precisamente por una de las cuestiones finales y en concreto con la reflexión que ha formulado el señor Bermúdez de Castro sobre el deber de
colaboración, precisamente porque me sirve para dar lo que de alguna manera se me ha solicitado, que es una valoración global. ¿Por qué el tribunal, ante una medida que hace el Gobierno de reforma de un conjunto de cuestiones que afectan a
diferentes áreas de trabajo del tribunal en relación con partidos políticos y con su propia organización, ha hecho una valoración podríamos decir tan positiva planteada desde un punto de vista global, sobre la iniciativa del Gobierno? Pues
precisamente por la modificación del deber de colaboración. Desde el año 1982, el deber de colaboración estaba circunscrito en la legislación del tribunal precisamente a quienes eran cuentadantes. Es decir el cuentadante, el que tiene la
obligación de dar las cuentas, ha tenido siempre, a lo largo de todos estos años, la obligación de dar al Tribunal de Cuentas cualquier información relativa a la gestión que desarrolla, aportando los justificantes tanto de contratos como de gastos
como de la propia actividad económico-financiera que desarrolla. La novedad, que es una novedad transformadora en este sentido y con unos efectos a largo plazo muy importantes, es que con la declaración que contiene la reforma que



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ustedes tienen la oportunidad de aprobar -y yo, por otra parte, así se lo pido- no solo van a ser los cuentadantes los que están afectados por el deber de colaboración, sino cualquier otra persona, cualquier tercero que pueda estar
relacionado con la actividad económico-financiera que el tribunal esté fiscalizando. Es decir, cualquier proveedor, cualquier contratista, cualquier persona que haya concursado en un procedimiento que esté fiscalizando el tribunal deberá
suministrar, por ley, al Tribunal de Cuentas aquella información que se le solicite. Esto supone una modificación que el tribunal lleva planteando desde hace más de veinte años porque representaba, por otra parte, una diferencia sangrante entre las
competencias del control interno y las competencias del control externo. En la Ley General Presupuestaria se regulaba precisamente el deber de colaboración de la Intervención General de la Administración del Estado en el sentido amplio que ustedes
tienen la oportunidad de aprobar en esta ocasión y, sin embargo, como les he dicho a ustedes, el deber de colaboración, a los efectos de la ley de funcionamiento del tribunal, solo afectaba a los cuentadantes. Por eso, solo por eso, este proyecto
de modificación legislativa tiene que ser valorado muy positivamente -y así lo es- por el Tribunal de Cuentas, porque le va a suponer una modificación en el procedimiento de trabajo que desarrolle a partir de ahora muy notable. He querido coger
precisamente el aspecto señalado por el señor Bermúdez de Castro del deber de colaboración porque creo que es muy positivo y ahora, cuando ya desarrolle el conjunto de preguntas que ustedes me han formulado, haré algunas precisiones sobre cuestiones
relacionadas con el deber de colaboración que, sin embargo, pueden y deben ser mejoradas.


Intentando responder por el orden que ustedes han intervenido, el señor Larreina me planteaba un tema recurrente también, y en esta contestación al señor Larreina voy a incluir todo lo que se me ha formulado sobre la situación de retrasos
del tribunal y qué se puede hacer en relación con la mejora de estos retrasos. Ustedes conocen -sé que siguen los trabajos de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas- que en el último año el Tribunal de Cuentas ha
incrementado en más de un 50% el ritmo de trabajo en relación con ejercicios precedentes; es decir, hemos hecho un esfuerzo notable -lo ha hecho todo el tribunal-, y ese esfuerzo notable es el resultado de una política ilusionada de un pleno que ha
cogido con toda la ilusión posible la realización de la tarea que tiene encomendada y, por otra parte, por un colectivo de funcionarios que indudablemente quieren dar respuesta a la necesidad social de mayor control que se nos formula por el
conjunto de la sociedad y, por supuesto, por las propias Cortes Generales. Ese incremento de informes realizado por el tribunal ha disminuido en gran medida los retrasos históricos del tribunal. En el caso concreto de los partidos políticos -me
parece que alguno de ustedes lo ha dicho-, en este año y medio se han aprobado aproximadamente cinco informes de partidos políticos referentes a cinco ejercicios de su contabilidad ordinaria. El trabajo de la contabilidad del 2012 está terminado y
enviado a alegaciones y estamos pendientes de que las alegaciones y las peticiones de ampliación de plazo de estas alegaciones que se nos formulan podamos tramitarlas con la suficiente rapidez para que en junio, a más tardar en julio, el informe
esté aprobado por el pleno y presentado ante esta Cámara.


En relación con el año 2013, como se ha dicho, estamos en plazo de presentación de cuentas. Solo hay una formación política de todas las que están obligadas a rendir cuentas que la ha presentado al tribunal y, por lo tanto, el trabajo
comenzará cuando efectivamente estemos en disposición de poder realizar las pruebas correspondientes al ejercicio 2013, que será a finales de junio. ¿Cuál es el compromiso? Por supuesto, el compromiso es tener el informe a finales de diciembre,
son los seis meses establecidos en la ley, y vamos a hacer todo lo posible para cumplirlo, aunque ustedes saben -y si no, se lo informo- que desde el ejercicio 2009 el Tribunal de Cuentas no ha tenido convocatorias de oposiciones, es decir, que la
plantilla del tribunal está realizando más con la misma gente, incluso con menos, porque el proceso de jubilaciones lleva a que se vayan produciendo bajas en nuestra estructura. El Tribunal de Cuentas formula oferta pública de empleo en este
ejercicio 2014, la ha publicado en el Boletín Oficial del Estado y esa oferta pública de empleo precisamente va destinada a fortalecer -así ha sido el acuerdo del Pleno del Tribunal de Cuentas- aquellos aspectos de la gestión del Tribunal de Cuentas
que pueden tener mayores problemas; en concreto, a dotar de una unidad de partidos políticos que multiplique por dos, incluso por más de dos, las actuales personas que prestan sus servicios en esta unidad, a fortalecer también por supuesto el
trabajo de actuaciones previas en la sección de enjuiciamiento, que es donde también existen ciertos retrasos, y también a fortalecer el trabajo de los departamentos territoriales en la medida en que, efectivamente, los departamentos territoriales
tienen un incremento de necesidades de actuación derivada de la demanda de mayor profundidad en el trabajo desarrollado por el tribunal.



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¿Qué hay que hacer para dar más rapidez a los informes? Dar más rapidez a los informes es lo que estamos intentando hacer en el tribunal en la medida en que los programas de fiscalización pretenden incorporar un volumen mayor de
fiscalizaciones que tengan un cometido o unos objetivos más claramente definidos, y dentro del volumen de ese programa, no es que este tipo de fiscalizaciones desplacen a las otras, sino que de alguna manera permitan llevar más rápido los hechos que
se están fiscalizando. Pero hay que tener en cuenta que el incremento del trabajo del tribunal seguramente va a acabar con esos siete años de decalaje, que ha formulado el señor Larreina, que creo que es contabilizar en nuestro retraso el que
también es imputable a la propia Comisión mixta; es decir, los informes se ven también cuando, una vez aprobados por el tribunal, los analiza la Comisión mixta, o sea, no son exactamente siete años, por lo menos no lo es para la mayor parte de los
informes que aprueba el tribunal, sino muchos menos de los que usted dice.


¿Son necesarios cambios tecnológicos? El tribunal está haciendo una apuesta muy clara por la incorporación de tecnologías en su gestión, tanto en el proceso de rendición de cuentas, y esto se está viendo precisamente en la elaboración y
puesta en marcha de la plataforma de rendición de cuentas de entidades locales, como en los trabajos desarrollados en el ámbito de la cuenta general y, por supuesto, también en el ámbito de las comunidades autónomas. Por otra parte, el Tribunal de
Cuentas ha aprobado y ha instalado su sede electrónica, está haciendo un plan estratégico precisamente para incorporar todas las necesidades tecnológicas que necesita su desarrollo, y la incorporación de nuevas tecnologías no solo se aplica al
proceso de rendición de cuentas, sino también al desarrollo del trabajo de los informes de fiscalización y la posibilidad de tener un expediente informático de fiscalización.


En relación con lo que me plantea el señor Sixto, en contraposición con lo que por otra parte me ha planteado la señora Sumelzo, sobre qué opino sobre la reducción del plazo de fiscalización, señor Sixto nosotros vamos a aplicar la
fiscalización en todo caso en el plazo que tengamos disponible. Creo que el plazo de tres meses es escaso en la medida en que eso nos obligaría necesariamente a empezar los trabajos de fiscalización antes de la finalización del ejercicio económico.
Si tuviéramos que desarrollar en tres meses nuestro informe -que es lo que hacen los auditores privados. Como usted sabe perfectamente, los auditores privados no empiezan su trabajo el 1 de enero, sino que en el segundo semestre de cada ejercicio
están desarrollando labores de fiscalización en las empresas en las que luego presentan sus informes de auditoría a fecha de 31 de marzo o en el mes de abril-, si eso fuera así, si se redujera el plazo de fiscalización, que usted no defiende pero sí
la señora Sumelzo, lógicamente nos veríamos obligados a adaptar nuestro método de trabajo para poder empezar a desarrollarlo con anterioridad a que termine el ejercicio económico y tener adelantado parte del trabajo.


Me plantea también el tema de la reforma de la financiación electoral, que ha sido modificada en el ejercicio anterior y, asimismo, en relación con las fundaciones me plantea qué aspectos de la fiscalización de las fundaciones serían
mejorables. En la nueva ley existen cosas positivas en relación con las fundaciones; quizá la más importante es que se determina con mayor claridad lo que se entiende por vinculación entre una fundación y un partido, cuestión que no ha sido fácil.
Muchas fundaciones, aunque todo el mundo conoce que están vinculadas con partidos, pretenden decir que no lo están. En la ley se han establecido de una manera precisa los criterios sobre vinculación entre una fundación y un partido -por lo menos de
manera más precisa; no con la suficiente claridad con que se establecían en el borrador del Plan general de contabilidad de los partidos que elaboró el tribunal, pero se acerca bastante- y eso permitirá determinar en qué supuestos las fundaciones
se encuentran vinculadas a los partidos. Habría aspectos mejorables. Tal y como se encuentran recogidos en la actual propuesta de legislación, los convenios de colaboración entre fundaciones y particulares son mejorables, porque es tan genérico el
concepto de interés común, que entendemos que las fundaciones van a acogerse a este tipo de convenios con carácter general y toda la financiación que se instrumente a través de convenios de colaboración va a quedar fuera del ámbito de fiscalización
en la misma medida que otro tipo de donaciones. En ese sentido, una mayor precisión de los convenios de colaboración sería necesaria. En relación también con las fundaciones y con la pregunta que me formulan otros diputados de si es conveniente
ampliar los límites e igualarlos a los de los partidos políticos, el tribunal ya se pronunció en relación con este tema y lo hizo en el último informe. Es cierto que cuando el tribunal aprobó el anterior informe no existía como existe en la
actualidad una separación clara en la ley para que las fundaciones no puedan llevar a efecto gastos o compromisos derivados de los partidos políticos. En la medida en que eso queda claramente disociado, entendemos que no tiene la misma importancia
que en el pasado.



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El señor Xuclà me pregunta sobre la fiscalización de la contratación pública y las consecuencias que se derivan de esta fiscalización. Hay una parte del trabajo del tribunal que no es pública, que no es conocida y es que en cualquier
informe de fiscalización el fiscal del tribunal emite el correspondiente dictamen, y parte de este dictamen es determinar si pueden existir supuestos a trasladar en el ámbito penal para que los tribunales ordinarios actúen. Quiere decirse que los
informes no detallan un conjunto de circunstancias, lo que no quiere decir que sobre estos mismos informes no existan iniciativas que el fiscal del tribunal solicita a cada departamento de fiscalización y el testimonio de particulares
correspondiente. Los departamentos de fiscalización elaboran unos testimonios de particulares verdaderamente extensos que son trasladados a la correspondiente jurisdicción penal para que en ese ámbito se puedan ver las actuaciones que sean
precisas, porque además es el lugar adecuado. En este sentido, no puede decirse que el tribunal no colabora en la lucha contra la corrupción porque precisamente en ese ámbito de trabajo del tribunal, que es el dar traslado a la fiscalía de todos
los supuestos que se han visto en la elaboración de su trabajo, es donde puede efectivamente promoverse procedimientos y además así ha sido en el pasado. Hay que recordar que precisamente derivado de los informes de fiscalización de las entidades
locales, en el caso concreto de Marbella, ha habido importantísimos pronunciamientos en el ámbito penal cuyo origen son los informes de fiscalización del tribunal e incluso que tienen los antecedentes de la sección de enjuiciamiento sobre el trabajo
que se desarrolló en ese terreno. Y es el fiscal precisamente el que determina en sus informes los supuestos de abuso de poder, de conflictos de intereses, de eventual o posible prevaricación en el ámbito de una decisión de un contrato o de una
decisión administrativa y solicita de cada uno de los departamentos la aportación de esa información. Como digo, todo este caudal de trabajo desarrollado por el tribunal no tiene una proyección pública, pero sin embargo tiene un efecto muy claro en
el trabajo de nuestros tribunales.


Me plantea usted también el ámbito de la cooperación con comunidades autónomas. El tribunal y los órganos de control externo de las comunidades autónomas en la actualidad tienen una plena cooperación desarrollada a través de cuatro niveles.
La Conferencia de Presidentes se reúne dos veces al año para establecer políticas comunes de fiscalización, la elaboración de nuestros programas anuales y la discusión de cualquier problema que afecte a cómo coordinamos y desarrollamos nuestra labor
de manera conjunta. Por otra parte, funciona una comisión específica de entidades locales que agrupa al Tribunal de Cuentas y a los OCE y otra también que se desarrolla en el ámbito de comunidades autónomas para la elaboración del informe anual del
sector público autonómico que se presenta en esta Cámara. Por último, hay también una comisión de normas y de procedimientos de fiscalización que precisamente hace unos diez días elaboró la adaptación de las normas internacionales de fiscalización,
de las ISAI, al ámbito español y que es el acuerdo tanto del Tribunal de Cuentas como de los OCE para trabajar con unos mínimos y mismos procedimientos de fiscalización que se encuentran aprobados por esta comisión y que seguramente serán
ratificados por la Conferencia de Presidentes el próximo mes de junio. Por lo tanto, la cooperación en el ámbito de comunidades autónomas entre el Tribunal de Cuentas y los OCE es plena -por supuesto, hay aspectos mejorables-, en el sentido de que
además tiene sus pruebas claras y palpables, como son los convenios de doble rendición que el Tribunal de Cuentas ha firmado prácticamente con todos los OCE y que llevan a la utilización de instrumentos comunes. La plataforma de rendición de
cuentas es una plataforma que promovió el Tribunal de Cuentas y en realidad en la actualidad es una plataforma conjunta en la que trabajamos tanto el Tribunal de Cuentas como los órganos de control externo.


La señora Sumelzo me plantea, en el ámbito de la lucha contra la corrupción, aquellos aspectos preventivos que pueden ser importantes. Hay una medida de carácter preventivo importantísima respecto a la lucha contra la corrupción en el
ámbito local, que es el hecho de que los informes y los reparos de los interventores locales tengan como destinatarios, cuando ha habido una decisión contraria por parte de la autoridad local, tanto a la Intervención General de la Administración del
Estado como al Tribunal de Cuentas y a los órganos de control externo. Quiere decirse que en uno de los ámbitos donde puede haber habido una mayor debilidad de control, que es el ámbito local, esta medida recientemente adoptada va a suponer también
una importantísima modificación de las posibilidades del control interno de los ayuntamientos, es decir, de los interventores, y por supuesto también de detección y de actuación tanto de los órganos de control externo como del propio tribunal. Me
plantea, en relación con la mejora del deber de colaboración, entidades mercantiles, entidades locales, el deber de colaboración en el ámbito de Hacienda pública y Seguridad Social. Aquí retomaría lo que empecé a plantear al señor Bermúdez de
Castro de que, efectivamente, la regulación del deber de colaboración tiene una cierta pega en que se hallan regulados estos supuestos a través de convenios entre el Tribunal de Cuentas, la Agencia Tributaria



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y la Seguridad Social. Entendemos que la mejor manera de abordar este tema sería con la modificación tanto del artículo 95.1 g) de la Ley General Tribunal Tributaria, como del artículo 66 de la Ley de Seguridad Social, en los que se
habilitara al Tribunal de Cuentas para contar con este tipo de información para la realización de su trabajo.


Me preguntaba el señor Bermúdez de Castro cómo valoraría la vía de utilización de convenios. Si el resultado es que el tribunal finalmente a través de convenios tiene esta información, lo importante no es tanto la modificación o no de una
norma, sino el hecho de que la labor de fiscalización cuente con estos datos tanto de la Agencia Tributaria como de la Seguridad Social, e incluso también de la Central de Riesgos del Banco de España; es decir, sería aplicable también toda la
información de endeudamiento que pueda aportar la Central de Riesgos del Banco de España en relación con entidades locales, que sería muy necesaria para poder desarrollar nuestro trabajo. Por otra parte, me plantea el señor Bermúdez de Castro, en
relación con el procedimiento sancionador -voy intentando ir un poco más rápido-, qué es lo que ha desarrollado el Tribunal de Cuentas en relación con el trámite de audiencia, que hoy, por otra parte, publica un determinado medio de comunicación.
Como sabe el señor Sixto, en la última comparecencia hubo un debate, derivado de los informe de 2009, 2010 y 2011, sobre si podrían entenderse prescritas todas las eventuales sanciones que podrían derivarse de estos informes o no. Se formularon
diferentes opiniones, pero usted ha recogido, señor Bermúdez de Castro, una posición que yo mantuve en ese momento en el sentido de que el tribunal iba a hacer todo lo que estuviera a su alcance con el fin de analizar esa situación para, si pudieran
abrirse procedimientos, que se abrieran. En este sentido, le puedo informar que se ha abierto un periodo de información previa, conforme a lo previsto en el artículo 18, párrafo segundo, de la Ley orgánica 8/2007, sobre financiación de partidos
políticos, a un conjunto de trece formaciones políticas y veinticuatro fundaciones. Se les ha dado un plazo de quince días para, sobre las alegaciones que puedan formular, decidir la próxima apertura de expediente sancionador relacionado con los
hechos irregulares descritos. Los hechos irregulares descritos no los voy a repetir porque ustedes los conocen perfectamente; son los que figuran en las conclusiones del informe de partidos políticos de 2009, 2010 y 2011.


Usted, señor Bermúdez de Castro, me preguntaba cuáles eran los más importantes. Pues los más importantes son, precisamente, los que ustedes, al hacer la ley, han formulado como verdaderamente graves. Entre los más importantes son,
lógicamente, las donaciones anónimas y, desde mi punto de vista, también la no rendición de cuentas o la rendición de cuentas de manera incompleta, que no permite la realización de la fiscalización por parte del tribunal. Precisamente me pregunta
usted, señor Bermúdez de Castro, qué pasa con esta situación de no rendición de cuentas completas porque no figuran en la noticia de prensa que ha aparecido hoy. Le puedo decir que, efectivamente, existen otras iniciativas formuladas por el fiscal
dirigidas, precisamente, a aquellas entidades que no presentaron las cuentas completas o que las presentaron con tan graves deficiencias que impiden su fiscalización y que sobre las mismas no existe todavía decisión, aunque espero que en el futuro
pueda también existir una decisión de carácter parecido.


Yo creo que me he referido a todos los temas que me han formulado. Disculpen si en algún caso se me ha pasado alguna cuestión formulada.


El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Álvarez de Miranda, por su comparecencia y las explicaciones dadas.


Con esta intervención del presidente del Tribunal de Cuentas termina la sesión de hoy, recordándoles que mañana continuará la serie de comparecencias y que empezará la sesión a las diez y media.


Se levanta la sesión.


Eran las ocho y treinta y cinco minutos de la noche.