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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 352, de 20/06/2013
cve: DSCD-10-CO-352 PDF



CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES


Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 352

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ EUGENIO AZPIROZ VILLAR

Sesión núm. 16

celebrada el jueves,

20 de junio de 2013



ORDEN DEL DÍA:


Ratificación de la ponencia designada para informar sobre:


- Proyecto de ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (procedente del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero). (Número de expediente 121/000043) ... href='#(Página2)'>(Página2)


Aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre:


- Proyecto de ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (procedente del Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero). (Número de expediente 121/000043) ... href='#(Página2)'>(Página2)


Pregunta:


- Del diputado don Ricardo Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUia, CHA: La Izquierda Plural, sobre seguimiento que realiza el Gobierno de las partidas finalistas de los Presupuestos Generales del Estado destinadas al Fondo
de apoyo a la acogida e integración de inmigrantes ejecutadas por organizaciones no gubernamentales y administraciones territoriales (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/014936). (Número de
expediente 181/000965) ... (Página32)



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Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.


RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR SOBRE:


- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE APOYO AL EMPRENDEDOR Y DE ESTÍMULO DEL CRECIMIENTO Y DE LA CREACIÓN DE EMPLEO (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 4/2013, DE 22 DE FEBRERO). (Número de expediente 121/000043).


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, si les parece vamos a comenzar la sesión.


Como punto 1.º del orden del día figura la pregunta convertida de escrita a oral, pero este punto se atenderá a las cuatro de la tarde por parte de la secretaria general de Inmigración. A continuación, el que figura como 2.º es la
ratificación de la ponencia designada para informar sobre la siguiente iniciativa legislativa popular: el proyecto de ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, procedente del Real Decreto-ley
4/2013.


Si no hay ninguna cuestión, queda ratificada la ponencia por asentimiento. (Asentimiento).


APROBACIÓN CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE:


- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS DE APOYO AL EMPRENDEDOR Y DE ESTÍMULO DEL CRECIMIENTO Y DE LA CREACIÓN DE EMPLEO (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 4/2013, DE 22 DE FEBRERO). (Número de expediente 121/000043).


El señor PRESIDENTE: A continuación, entramos en el debate de este proyecto de ley. Como ustedes saben, en esta Comisión consta habitualmente que haya un solo turno de diez minutos, pero vamos a dar, como hicimos en la reforma laboral, la
posibilidad de que haya aclaraciones y puntualizaciones en una réplica breve. El orden de intervenciones, por razones de que los diversos grupos deben atender otras comisiones y otras cuestiones parlamentarias, será el siguiente: en primer lugar,
el Grupo Parlamentario Socialista, como grupo mayoritario de la oposición; a continuación lo hará el Grupo de UPyD; en tercer lugar, La Izquierda Plural; en cuarto lugar el Grupo Mixto, al que agradezco que haya posibilitado esta forma de
intervenir de los portavoces de UPyD y de La Izquierda Plural; después lo hará Convergència i Unió; el PNV intervendrá en sexta posición, dado que el señor Olabarría también tenía un problema, y finalmente cerrará este primer turno de diez minutos
el Grupo Popular. A efectos de defensa de las enmiendas y fijación de la posición del Grupo Parlamentario Socialista con relación a este proyecto de ley, tiene en primer lugar, dado que se me ha informado de que van a repartir el turno en tres
intervenciones, la señora Lucio.


La señora LUCIO CARRASCO: Presidente, señorías, permítanme que empiece haciendo algo que no he visto hacer normalmente en esta Cámara, pero deseo hacerlo. Quiero mostrar mi sentimiento de decepción como ponente que soy por primera vez de
un proyecto de ley, sentimiento que comparten también las organizaciones con las que hemos preparado todas las enmiendas, con las que hemos trabajado, y que seguro compartirán los ciudadanos que nos sigan en esta tarea que nos han encomendado, y es
que considero que han sido varios los agravios a esta Cámara, a lo que representa y a lo que representamos. En principio, el real decreto-ley llegó y se presentó como respuesta a la situación de desempleo juvenil, aunque ni siquiera el título de la
ley aludía a este asunto. Además, es una ley que ha servido de cajón de sastre para legislar cuestiones que nada tienen que ver ni con los jóvenes ni con el empleo. Luego se votó positivamente su tramitación como proyecto de ley, y de verdad que
estaba convencida de que íbamos a sentarnos, de que íbamos a trabajar, a discutir, a dialogar sobre nuestras posiciones, a llegar a acuerdos en algunas medidas, pero debo manifestar que no solo ha habido una premura en el último momento y a última
hora sino que también ha habido falta de voluntad de diálogo. Entiendo que ninguna de sus señorías deba hacerse cargo de mi estado de ánimo, pero sí quería que al menos entendiesen mi situación en este momento y la situación que tenemos ante el
debate de esta ley.


El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado sesenta y dos enmiendas a su proyecto de ley, de las cuales no ha sido aceptada ninguna en ponencia, pero voy a defenderlas aquí porque estoy convencida de que mejorarían el texto y es posible
que algunas de ellas puedan ser votadas positivamente. Es cierto que en algunas cuestiones confrontamos modelos muy diferentes y que nosotros nunca vamos a aceptar un modelo de contrato que precarice la debilísima situación de los jóvenes y de las
jóvenes españolas.



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Consideramos que ya hay suficientes figuras contractuales que permiten la contratación de jóvenes sin garantía, sin calidad y sin apoyo a la formación. Por lo tanto, hemos presentado una batería de enmiendas dirigidas todas ellas a fomentar
el empleo juvenil que merecerían al menos su atención. En primer lugar, la puesta en marcha inmediata de la garantía juvenil con una dotación de 3.000 millones de euros al año durante cuatro años, es decir, con un total de 12.000 millones de euros;
un programa de becas y prácticas laborales que les ofrezca garantías para aprender trabajando, tanto en España como fuera de España pero que, a su vez, permita el retorno de los jóvenes con la creación de un observatorio de jóvenes e inmigración que
tome el pulso del exilio económico que están sufriendo los jóvenes y que prepare su vuelta; también el reconocimiento de esos jóvenes voluntarios cooperantes que están trabajando en organismos internacionales; un contrato de primera experiencia
profesional que otorgue al trabajador plenos derechos laborales y de Seguridad Social. También apostamos por el emprendimiento colectivo a través de la economía social; un contrato a tiempo parcial con mayores garantías y con mejor protección; y
finalmente una estrategia de empleo y formación que sirva de verdad para acompañar a los jóvenes en su inserción laboral, a ofertarles formación y seguimiento si quieren emprender, emprender con garantías, claro. Planteamos para ello una enmienda
de adición el capítulo III, sección 1.ª, que promueve la mejora de la formación y la empleabilidad como herramienta clave para poder emprender.


Nuest ras enmiendas también pretenden favorecer a los colectivos con especiales dificultades de inserción proponiendo una nueva bonificación de 75 % de la cuota de autónomos en el caso de varones y del 90 % en el caso de mujeres con
discapacidad; pidiendo la recuperación de las bonificaciones tras las bajas maternales de trabajadoras autónomas y de los permisos de maternidad y paternidad tras el cuidado de hijos, también las de los trabajadores menores de sesenta años;
pidiendo la revisión de la estrategia para el empleo para mayores de cincuenta años; reclamando más medidas para las comunidades autónomas cuya tasa de desempleo es más alta y para aquellas que están afectadas por inclemencias climáticas;
reactivando las políticas de empleo con una mayor financiación y recuperando al personal dedicado a atender a las personas desempleadas, como son los orientadores y promotores, y proponiendo una mejora de la cobertura por desempleo. Estas son
medidas para jóvenes, señorías, medidas reales, pero además hemos preparado toda una serie de enmiendas dirigidas a evitar que se siga destruyendo empleo. Según lo previsto en el Programa nacional de reformas, esto va a ser así, por tanto, hay que
fortalecer a las empresas que están en dificultades con financiación, ayudarlas a mantener el empleo, por lo cual pedimos una moratoria de los despidos económicos para los próximos tres años. Por mucho que repitan que la reforma laboral está
funcionando bien, se sigue despidiendo gente, sigue habiendo expedientes extintivos, como hace escasos días ha ocurrido en Fuentecapala, una empresa que en Navalmoral de la Mata ha cerrado su fábrica española después de toda una vida por causas
económicas y 140 trabajadores han ido a la calle. Esto es lo que pretendemos con estas enmiendas; medidas concretas para jóvenes y además medidas que vayan a favor del mantenimiento del empleo.


A continuación pasaré la palabra a la siguiente ponente de mi grupo, María José Vázquez, que defenderá otro bloque de enmiendas y finalizará Román Ruiz con la última parte de la ley que hoy debatimos.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Vázquez. A efectos informativos, llevan cinco minutos y medio consumidos. Lo digo para que lo tengan en cuenta.


La señora VÁZQUEZ MORILLO: Intentaré darme prisa, señor presidente.


Debatimos hoy una ley que tiene un título atractivo pero que no pasa de ahí porque las medidas que incluye no van dirigidas a apoyar a los emprendedores, es decir, a las personas que desean crear una empresa y a los que pretenden mantener
esa empresa y hacerla crecer. No aparece ninguna medida dirigida al estímulo del crecimiento. Plantea más bien una serie de medidas reiterativas, fundamentalmente dirigidas a hacer bonificaciones, exenciones, deducciones fiscales. Aquí me quiero
detener porque las deducciones fiscales que plantean van dirigidas a empresas a las que se les baja el impuesto sobre sociedades hasta el 15 % para los primeros 300.000 euros de beneficios, son 50 millones de las antiguas pesetas. Eso para los
primeros y de ahí al infinito lo baja al 20 %. La única condición es que sea su primer o segundo año de funcionamiento, es decir, no les invita a la reinversión de beneficios ni a la creación de empleo, tampoco lo liga a la inversión en I+D+i. De
esta forma parece que no estamos favoreciendo el crecimiento de la economía. Por eso nosotros votaremos a favor de todas las enmiendas que tienden a suprimir este artículo 7. Una ley dirigida a apoyar a los emprendedores y estimular el crecimiento
que no tenga entre su articulado medidas dirigidas a formar a las personas, a apoyar la financiación de las



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empresas y repartir el coste de la crisis entre todos no parece que pueda conseguir los fines que pretende en su título. Por eso mi grupo ha presentado varias enmiendas en este sentido para apoyar la financiación de las empresas, por
ejemplo, lo que nos parece muy importante, especialmente de las pequeñas empresas y los autónomos, así como la economía social, que son los que necesitan más mantener el empleo, porque cuando acceden al crédito, si lo logran, llegan a pagar hasta el
triple de interés que las grandes empresas, y eso nos preocupa. Por eso, en primer lugar, a través de la enmienda número 243 nosotros volvemos a plantear al Gobierno que haga un acuerdo político con los agentes sociales dirigido a que entre todos
impulsemos el crecimiento. A ver si ahora que estamos en racha de firmar acuerdos se animan también a firmar este acuerdo con los agentes sociales. Ese acuerdo debe incluir un plan de choque que frene la destrucción de empleo. Lo del mes pasado
sabemos que fue puramente estacional. Si no favorecemos la inversión, si no favorecemos con ello el consumo, y si las empresas no pueden acceder a la financiación no necesitarán producir más, y si no necesitan producir más no necesitarán puestos de
trabajo y por más bonificaciones que les demos no van a contratar.


En política los deseos no son suficientes. El presidente del Gobierno dice insistentemente a las entidades financieras que faciliten el crédito a las pequeñas y medianas empresas, pero esos deseos hay que plasmarlos en leyes y ahora tenemos
una buena oportunidad si ustedes aceptan alguna de las enmiendas que hemos presentado. Por ejemplo, la enmienda 233 propone una línea ICO microfinanciación -microempresas- que canalice de forma directa desde las entidades financieras el crédito a
autónomos, a cooperativas y a sociedades laborales. Proponemos también -no se nos olvida- proteger a los subcontratistas en los planes de pago a proveedores porque normalmente estas son también pequeñas empresas y autónomos que acaban cerrando por
falta de liquidez y por falta de posibilidad de acceder al crédito. Planteamos también la creación de un fondo público, con entidad pública dotada inicialmente con 20.000 millones de euros, y si hay que acudir al MEDE se acude. Se trata no solo de
la creación empleo, sino del mantenimiento del empleo. Incluimos aquí el acceso a 30.000 euros para cada puesto de trabajo que se cree con un contrato fijo.


Acabo ya, señor presidente, pero deberíamos tener flexibilidad porque la ley es un poco densa. Lo que nos parece inaceptable es que en la época que estamos viviendo de crisis todo el coste recaiga sobre los asalariados. Por eso no sé si
conocen un estudio reciente del Banco Central Europeo en el que se destaca el excesivo beneficio de algunas empresas españolas, normalmente de energía y telecomunicaciones, por falta de competencia, porque no se facilita el acceso al mercado a otras
empresas. Destaca también los sueldos de los altos directivos, los más altos de la Unión Europea junto con los italianos, del orden de 800 euros la hora, y además la diferencia entre estos sueldos y el de los asalariados ha aumentado precisamente
durante la crisis. Como nos parece que esto es insoportable, planteamos -termino ya- un pacto de rentas que incluya la moderación salarial -que parece que ya la tenemos casi conseguida-, la moderación de las retribuciones de los directivos, la
moderación de los precios y la reinversión de los beneficios empresariales. Si el Gobierno no financia esas inversiones para impulsar el crecimiento y el consumo, si no se facilita de verdad el crédito, ni crearemos empleo ni aumentaremos la
competitividad de nuestras empresas y esta ley servirá para poco.


El señor PRESIDENTE: Para concluir, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Román Ruiz, a quien le pido ejercicio de síntesis, habida cuenta del tiempo ya consumido.


El señor RUIZ LLAMAS: Intervengo para hablar del tema de la competencia en el sector de los hidrocarburos y a este respecto quiero desarrollar las ideas base de las enmiendas que hemos presentado. En primer lugar, comentaré la que tiene
que ver con el tema del acceso a la Compañía Logística de Hidrocarburos. Dado que la composición del accionariado es un 70 % de fondos de inversión en estos momentos y un 30 % de las grandes operadoras españolas, queremos decir dos cosas
importantes: que las tarifas deben estar sujetas a autorización por parte de la Comisión Nacional de la Energía, y esto lo digo muy claro. Vamos a suponer que las compañías acabaran vendiendo todas sus acciones y que los fondos de inversión lo que
quieren es rentabilidad, por tanto, podrían influir en el precio del carburante. Por eso decimos que no solo se comunicarán, que es lo que dice el Gobierno en su proyecto, sino que se autorizarán por parte de la Comisión Nacional de la Energía y,
además, se establecerá, también por parte de la Comisión Nacional de la Energía, una metodología de si estas tarifas son o no son transparentes. También proponemos que ninguna persona física o jurídica que forme parte de las operadoras forme parte
del consejo de administración de la Compañía Logística de Hidrocarburos, pues al ser parte en el sector



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mayorista, podrían interferir en algún caso y limitamos su participación al 10 %; en estos momentos está en el 25 %.


Respecto a las limitaciones de contratos, señorías, el Gobierno comete un gran error, porque cree que poniendo muchas más gasolineras va a incrementar la competencia. Ayer se lo comentaba al ministro: tenemos 10.000 gasolineras. La
Comisión Nacional de la Energía dice que tenemos una extensa red, mayor que la que existe en la mayor parte de los países europeos. Debemos tocar donde tenemos el problema, en el primer escalón del origen del negocio, es decir, los contratos en
exclusiva que tienen las petroleras y que obligan a una fijación de precios. A este respecto, el Gobierno comete un error porque ha introducido que todo aquello que tiene que ver con los contratos de arrendamiento de industria, es decir, todo lo
que es propiedad de las petroleras, no entre en la renovación de los contratos. Usted me puede alquilar una industria y ponerme un precio por ese alquiler, pero yo soy el que tiene que dirigir mi negocio y, por tanto, si quiero entrar en la
competencia usted no me puede decir a qué precio tengo que vender. Por tanto, esos contratos, aunque sean propiedad de las estaciones de servicio, están sometidos a un régimen de competencia, y por eso creo que el Gobierno se equivoca.


Respecto a las grandes compañías, nosotros decimos que hay que limitarlas al 25 % como máximo de la cuota de mercado; en estos momentos Repsol tiene un 45 %. Si no lo hacemos así, la entrada de nuevos operadores no existirá. De 10.000
gasolineras podemos pasar a 20.000, pero si las fuentes de suministro son cuatro, no va a existir competencia el mercado de los carburantes. El Decreto 6/2000 ya pretendió eso y no lo logró. Por eso, decimos que el Gobierno se vuelve a equivocar,
y lo veremos con el paso del tiempo porque, en definitiva, no ha tocado donde está el problema. Aquí vinieron grandes operadores que acabaron yéndose, como ERG, Shell o Agip, porque no había mercado; el mercado de las operadoras está cerrado. Por
tanto, señorías, si solo tocamos el sector minorista y no vamos al primer escalón del negocio para crear más competencia -lo dicen la Comisión Nacional de la Competencia y la Comisión Nacional de la Energía- no fomentaremos la competencia.


El señor PRESIDENTE: A continuación, por parte de UPyD, tiene la palabra don Álvaro Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Quisiera comenzar dando las gracias al presidente, al resto de portavoces y muy especialmente al señor Tardà por la flexibilidad para cambiar los turnos y poder atender compromisos en otras comisiones.


En la discusión en el Pleno del real decreto-ley que está en el origen de este proyecto de ley, tuvimos ocasión de fijar nuestra postura global, y señalábamos allí que las medidas propuestas son muy numerosas, algunas adecuadas en la
dirección correcta, pero en general de escaso efecto económico; muy numerosas pero con muy pequeño efecto, más efecto mediático a menudo que efecto económico. Una primera cautela que nos generaba era el caos legislativo que se estaba creando en
torno al emprendimiento. El emprendimiento es una idea, una palabra muy de moda y, en consecuencia, están predominando las leyes de forma muy descoordinada. Hay leyes autonómicas numerosas, hay una ley estatal pendiente, está el proyecto que aquí
estamos discutiendo. Por eso, nuestra primera enmienda número 122 lo que propone es armonizar, coordinar toda esta legislación porque una vez más estamos generando un caos legislativo, aunque sea con buenas intenciones.


El primer bloque de propuestas de este proyecto tiene que ver con las medidas de fomento del emprendimiento y el autoempleo. Es el tipo de medidas que señalaba antes que en nuestra opinión van en la línea correcta, pero se quedan demasiado
cortas; tienen un efecto muy limitado porque se limitan únicamente a los jóvenes, a los jóvenes menores de treinta años en el caso de los hombres y de treinta y cinco en el caso de las mujeres. Nuestras enmiendas han ido en la línea de generalizar
estas medidas, abrirlas a cualquier desempleado, independientemente de la edad, con lo que su efecto se multiplicaría claramente. ¿Por qué impedir a los no jóvenes lo que aquí se propone, una tarifa plana de la Seguridad Social para nuevos
autónomos, capitalizar el cien por cien de la prestación, compatibilizar durante un tiempo la prestación y el inicio de la actividad, tener la posibilidad de reanudar el cobro de la prestación? Son medidas adecuadas, pero ¿por qué limitarlas solo a
los jóvenes? El efecto se ampliaría y serían mucho más beneficiosas quitando los límites de edad, y eso es lo que hacemos en nuestras enmiendas 99, 102, 103, 104 y 105.


El segundo bloque de medidas se refiere a los incentivos fiscales al inicio de la actividad. Como señalamos en el Pleno, la filosofía de estas medidas fiscales es que, cuando las empresas tengan beneficios paguen menos impuestos, pero para
el que está iniciando su actividad no es tan importante esto porque, cuando tenga beneficios, puede ser adelante, en el futuro, dentro de unos años, y su problema



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inmediato es tener recursos para poner en marcha su actividad. Por eso, sería más útil mejorar directamente esta fase de inicio de la actividad, y en esa línea van nuestras enmiendas que tienen que ver con la fiscalidad. Proponemos, por
ejemplo, que la devolución del IVA, que generalmente se hace a los seis meses para nuevas empresas, se haga a los dos meses, porque las nuevas empresas suelen tener un IVA a devolver, y esto les proporcionaría liquidez. Una segunda propuesta tiene
que ver con, durante los años 2013 y 2014, bonificar las tasas municipales por licencias de apertura, un coste que tiene la empresa cuando está empezando a funcionar. Nuestra tercera enmienda de tipo fiscal se refiere al impuesto del patrimonio, un
impuesto que hay que reformar en profundidad pero, entre tanto se hace esto, hay una de exención por activos empresariales generalizada que podría ligarse a la creación de empleo, al mantenimiento de cierto nivel de empleo. A esto se dedican
nuestras enmiendas 109, 110 y 108.


Un tercer bloque de medidas es de tipo laboral. Este es el bloque que a Unión Progreso y Democracia le genera mayor rechazo y que hace imposible que podamos apoyar la globalidad del proyecto de ley que se nos plantea, porque son medidas de
tipo laboral que profundizan en la precarización del mercado de trabajo. Ya la reforma laboral iba en esa dirección. Esto es un paso adicional en esa dirección que en nuestra opinión está claramente equivocada. Se introduce un contrato a tiempo
parcial con una vinculación formativa muy difusa. Hay un contrato de primer empleo joven que es temporal sin causa, y hay unas prácticas para el primer empleo en las que da igual en qué año se obtuvo el título sobre el que supuestamente se está
practicando. Son medidas de precarización del empleo que rechazamos rotundamente. En nuestra opinión, además, estas medidas aumentan la complejidad en el menú de contratación -una crítica habitual por parte de los expertos- y se basan de nuevo en
las bonificaciones, unas bonificaciones costosas y a menudo ineficientes que, más que crear nuevo empleo, lo que hacen es sustituir un tipo de empleo por otro, crear empresarios que van a la caza de la bonificación. Nuestras enmiendas a este bloque
laboral son la 111 y la 117. La 111 propone la supresión de estas medidas de precarización y la 117 introduce nuestra propuesta laboral que conocen sus señorías sobre la creación de un contrato único indefinido, que en nuestra opinión sería una
solución mucho mejor y muy especialmente para los jóvenes; sería una solución mejor para todos, pero especialmente para los jóvenes.


Hay otros tres bloques de medidas a los que hemos respondido con nuestras enmiendas que tienen que ver con la morosidad, con la necesidad de crédito en la economía y con la situación de las personas con discapacidad.


Con respecto a la morosidad, hemos introducido enmiendas con la idea de perfeccionar las propuestas que aquí se nos traen. Por ejemplo, proponemos que el plazo de pago de sesenta días se aclare, se especifique, que es desde la recepción de
los bienes y servicios; que no sean treinta días de aceptación y comprobación a los que se sumarían estos sesenta días. A menudo las grandes empresas abusan de su situación de dominio respecto de los pequeños proveedores, y esta clarificación
sería una forma de evitarlo. La enmienda 114 lo que intenta es evitar las cláusulas abusivas que hagan que esta lucha contra la morosidad acabe siendo ineficiente; intenta forzar la nulidad de esas cláusulas abusivas. La enmienda 121 se refiere a
la morosidad de las administraciones territoriales, comunidades y ayuntamientos. Proponemos, como hicimos en una proposición no de ley que fue rechazada, que cuando se supera el plazo legal de pago por parte de una administración territorial, el
empresario pueda cobrar de la Administración central que, posteriormente, descontaría ese importe de las trasferencias a la Administración territorial, lo que sería una forma muy efectiva -en nuestra opinión- de garantizar el final de la morosidad
de las administraciones territoriales. Por último, la enmienda 123 se dedica a unas derogaciones normativas de leyes antiguas que creemos que están en contradicción con esta nueva legislación, y por seguridad jurídica convendría aclarar que quedan
derogadas. (El señor presidente ocupa la Presidencia).


El siguiente bloque -como les decía- tiene que ver con enmiendas destinadas a la recuperación del crédito en la economía española. Tenemos cuatro propuestas en ese sentido: en primer lugar, reformar una línea que ya existe del ICO dedicada
a los microcréditos, de forma que la necesidad de avales no sea tan estricta como en la actualidad; mejorar las condiciones de esa línea que, insisto, ya está dotada y no requiere de nuevos recursos, solo de más flexibilidad en su uso en lo que se
relaciona con la necesidad de avales. La segunda propuesta tiene que ver con el crédito a las pymes en las entidades bancarias nacionalizadas. El presidente del Gobierno expresa deseos de que haya más crédito, pero hay entidades que están en manos
del sector público. El Gobierno no tiene que expresar deseos; puede decirles directamente lo que tienen que hacer. Nuestra enmienda es tan modesta como intentar que el crédito a las pymes no disminuya en términos reales; que se les ponga un
objetivo de aumento del crédito, por lo menos, similar a la inflación anual. Es decir, ni siquiera se pide que aumente, solo que disminuya en



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términos reales. Una tercera propuesta tiene que ver con que el ICO facilite avales de forma que sea posible la titulización de los préstamos a las pymes que están en los balances las entidades financieras, porque liberaría recursos en esas
entidades para dar nuevo crédito. Por último, en relación con el crédito, proponemos la creación de una red pública de mentores, que a los nuevos empresarios les acompañe en la creación de su empresa, les asesore: y podría estar ligado este
asesoramiento a la concesión de crédito, de forma que los nuevos empresarios, sobre todo jóvenes, recibiesen no solo el posible crédito sino algún tipo de asesoramiento de esta red de mentores.


Nuestras últimas enmiendas tienen que ver con la situación de las personas con discapacidad, un colectivo con una muy baja tasa de empleo, incluso antes de la crisis, y cuya situación se ha agravado como consecuencia que ella. Hay tres
enmiendas -a 101, 107 y 124- que proponen que si estas personas se dan de alta como autónomos o trabajadores por cuenta propia reciban más bonificaciones, especialmente si se trata de jóvenes. La segunda propuesta se refiere a que la deducción que
hay ya hoy en el impuesto sobre sociedades, cuando se crea empleo ligado a la discapacidad, se actualice -porque es una cantidad que hace tiempo que no se revisa- y se module según el grado de discapacidad del beneficiario. Por último, proponemos
que se exija el cumplimiento de la cuota del 2 % de empleo para discapacitados en aquellas empresas que opten a contratos y subvenciones públicas.


Como ven, señorías, son muchas las enmiendas que se han planteado con un espíritu constructivo sobre temas muy variados. Por eso, nos sorprende -y nos sumamos a los comentarios de la portavoz anterior- que no haya sido posible llegar
prácticamente a ningún acuerdo, que no hayan tenido apenas acogida. Nos parece un ejemplo de la falta de receptividad del partido mayoritario a las ideas del conjunto de la oposición, a los que luego encima se les acusa de carecer de ideas. Solo
ha habido un acuerdo para plantear una enmienda transaccional que liga nuestra enmienda 114 con la 287 del Grupo Popular en el asunto de evitar las cláusulas abusivas en referencia a la morosidad. Por esto, va a ser difícil que nuestro grupo pueda
apoyar este texto en su conjunto.


El señor PRESIDENTE: A continuación va a intervenir, en nombre de La Izquierda Plural, don Joan Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: Agradezco también al presidente de la Mesa y al resto de grupos la facilidad para poder compatibilizar la presencia en esta Comisión con otras dos que han sido convocadas a la misma hora. Intentaremos suplirlo
con la máxima concreción de lo que queremos decir.


En primer lugar, déjenme que les diga que se confirma hoy aquello de que mal acaba lo que ml comienza. Estamos tramitando un proyecto de ley que es la derivación del Decreto-ley 4/2013, que suscitó unanimidad en todos los grupos de la
Cámara, excepto en el Grupo Popular, por todo aquello que no debería ser la actividad legislativa. Preparando esta sesión de hoy he llegado a la conclusión de que, en cuanto tenga oportunidad de volver a dar clases, este va a ser el ejemplo que voy
a escoger como caso práctico para explicar por qué la escasa calidad legislativa de nuestras leyes; dónde está la razón profunda de que nuestras leyes no solo no contribuyan a la calidad institucional sino que en unos casos sean el origen del caos
legislativo al que están sometidos los ciudadanos. Es el caso más evidente de abuso de decreto ley, una norma que afecta a cinco ministerios, en el cual se tratan casi todas las cosas a pedazos y que, además, por si fuera poco, suscita una cantidad
de problemas técnicos, entre ellos, por ejemplo, la confusión entre bonificaciones y reducciones en las cuotas a la Seguridad Social que, sin duda, ha sido lo que ha provocado que en estos momentos el trámite que estamos suscitando sea,
sencillamente, intentar congeniar los intereses -si se puede llamar así- de los diferentes ministerios implicados en la tramitación de este proyecto de ley.


Teníamos una oportunidad, en el momento en que se tramita como proyecto de ley, para intentar mejorar ese desastre, y desgraciadamente creo que no se ha aprovechado por quién pudiera. Primero se congeló su tramitación legítimamente
utilizando el Reglamento y luego se ha acelerado también bruscamente su tramitación que, como han dicho otros portavoces, hace absolutamente imposible el diálogo y, sobre todo, el intercambio de ideas y sugerencias. Por si no hubiera suficiente, es
bastante probable que antes de que terminemos de tramitar este proyecto de ley el Gobierno apruebe otro anteproyecto de ley también dirigido a promover el tema de los emprendedores. Uno llega a la conclusión de que en el fondo en el fondo más que
ante leyes estamos ante anuncios publicitarios que salen, en vez de en La Vanguardia, en El País, en El Mundo o en cualquier otro periódico, en el BOE; se anuncia que se hacen esas políticas. Mucho me temo que es así, y no lo vamos a poder
resolver en este trámite a la



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vista de cuál ha sido la respuesta del grupo mayoritario de la Cámara a las propuestas del resto de los grupos.


He comunicado, en cuanto he tenido oportunidad de ello, a la portavoz del Grupo Popular que no podemos aceptar las dos transaccionales que nos planteaba. Por lo tanto, pedimos que se voten y las vamos a mantener. Vamos a mantener el voto
de todos, no porque tengamos la esperanza de que vaya a cambiar, sino fundamentalmente por respeto a todas aquellas entidades con las que hemos trabajado para intentar que nuestra aportación fuera lo más positiva posible.


Quiero llamar la atención de que como sucedió también con la tramitación del proyecto de ley 3/2012, de Reforma Laboral, ni siquiera se han tenido en cuenta aquellas enmiendas de naturaleza estrictamente técnica, con lo cual creo que más que
un conflicto político estamos delante de un conflicto de actitudes. Parece como si la situación de mayoría absoluta situara tanta comodidad que hiciera ocioso el trabajo de acercamiento. Dicho eso, voy a intentar explicar la naturaleza y qué hay
detrás de nuestros planteamientos en los tres bloques: empleo, impositivo y carburantes.


En materia de empleo, ya lo dijimos, nosotros discrepamos profundamente del enfoque que tiene este proyecto de ley. Es muy difícil que alguien crea que se puede incentivar la creación de empleo cuando los requisitos básicos para que eso se
produzca no se modifican. Aceptando incluso esa lógica -que es la del propio proyecto de ley- hemos intentado mejorarlo con nuestras enmiendas. En primer lugar, evitando lo que ya algún portavoz -en este caso concreto, el señor Álvaro Anchuelo- ha
dicho que este proyecto de ley vaya más allá de la precarización que ya supuso la reforma laboral. Algunas de esas enmiendas suponen, no solo privatización sino incluso cosas innecesarias desde la perspectiva de la propia lógica de la reforma
laboral, por ejemplo todo lo que avanza en materia de privatización de los mecanismos de intermediación en el mercado de trabajo. Algunas de nuestras enmiendas iban en esa dirección porque entendemos que un año de valoración de la reforma laboral
es suficiente como para saber que algunos de los caminos iniciados van en la dirección contraria de los que se decía querer adoptar, que era la promoción del empleo y su calidad. No se han aceptado pero las mantenemos. En segundo lugar, estamos en
contra -por eso hemos planteado enmiendas para su desaparición- de ese marasmo de bonificaciones. No es posible que el discurso generalizado sea, especialmente a través del informe que hizo en su momento el mejor conocedor del mercado de trabajo
-desgraciadamente no está entre nosotros, el señor Toharia-, la inutilidad de las bonificaciones, de cómo estamos regando el desierto o poniendo agua en cesto, como el amor del niño se pierde en el momento que lo vas echando, y en cambio este
Gobierno haya modificado cuatro veces su criterio en relación con las bonificaciones. Es un permanente baile de la yenka; no es izquierda, derecha sino delante y atrás, arriba y abajo en relación con el tema de las bonificaciones. Todo el mundo
sabe que en estos momentos el problema principal de las bonificaciones es que solo se aprovechan de ellas determinadas empresas; se aprovechan aquellos que tienen una superestructura suficiente como para conocerlas porque la inmensa mayoría de sus
destinatarios -que son pequeñas y medianas empresas- para entender qué sucede con las bonificaciones deberían invertir en un departamento más de lo que posiblemente puedan obtener. Se dice que son para las pequeñas y medianas empresas pero no
sirven para nada. En cambio, en un planteamiento muy posibilista hemos intentado situar elementos de mejora en el tema de las bonificaciones para determinados colectivos especiales. Aunque es verdad que el empleo no se crea con bonificaciones, es
posible en determinados colectivos dentro del desastre de los 6 millones de parados que podamos intentar incentivar la contratación de estas personas que están aún en peores condiciones que el resto. Tampoco en eso nos hemos salido.


En relación con aquellas medidas de carácter impositivo, simplemente, quiero insistir en una cuestión. Hemos intentado evitar que continúe esa política de intervención en el ámbito fiscal de disparar a perdigones. Se dispara y estamos
convirtiendo el sistema fiscal en algo absolutamente irreconocible, y todos los fiscalistas -todos, de todos los colores- dicen que la mejor manera de incentivar la elusión y el fraude fiscal es legislar permanentemente en temas fiscales. Eso es lo
que está sucediendo en esta legislatura, y también hemos intentado evitarlo. Por último, en el tema de los carburantes hago mía la intervención del amigo Román. Lo ha detectado todo el mundo, los organismos de la competencia. En estos momentos el
problema no es la cantidad de gasolineras, el problema está clarísimamente en el oligopolio que existe; un oligopolio que es capaz de incidir en el IPC de noviembre - está detectado y estudiado- y de bajar los precios el lunes porque es el día que
la Unión Europea valora de manera armonizada el precio de los combustibles. Eso que está siendo objeto de una intervención inspectora por parte de los organismos de la competencia se quiere resolver aquí con un placebo, ampliemos las gasolineras;
no es eso. Discrepo con él en una cosa, esto no es un error que se repite desde el año 2000.



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Cuando un error se repite muchas veces por la misma gente deja de ser un error para ser una opción. En ese sentido, lamentándolo mucho, nosotros vamos a votar en contra del texto -lo decimos desde ahora-, es imposible. Aunque solo sea por
mantener la liturgia mantenemos la votación de nuestras enmiendas.


El señor PRESIDENTE: A propósito de sus últimas palabras agradeceríamos que si algún grupo va a salir a alguna otra Comisión y tienen ya el listado de votaciones nos lo hicieran llegar a la Mesa para que la letrada pueda ordenar
correctamente el estadillo de votaciones.


A continuación tiene la palabra, por el Grupo Mixto, el sistema Tardà.


El sistema TARDÀ I COMA: Señorías, no pretendo cuestionar la legitimidad del grupo parlamentario que da apoyo al Gobierno pero lamento que siendo este uno de los pocos reales decretos que el grupo mayoritario consideró que debía ser
tramitado mediante proyecto de ley - recuerdo cuáles fueron mis palabras de agradecimiento al grupo mayoritario desde la tribuna siendo uno de los pocos reales decretos que se iba a tramitar como proyecto de ley- el trabajo no haya podido ser
fructífero. El Gobierno ni tan solo nos ha dedicado cinco minutos -repito cinco minutos- para poder trasladarles nuestras iniciativas. Dicho esto, sin cuestionar ninguna legitimidad queda fijada nuestra posición cargada de desazón. Algunas de
nuestras iniciativas -sin caer en ningún pecado de petulancia- hubieran podido ser como mínimo discutidas, debatidas y trabajadas conjuntamente. Planteamos la enmienda número 19 -de las quince que presentamos- donde pedimos introducir una
disposición adicional para que las administraciones públicas y todo aquello que compete directa o indirectamente a las administraciones públicas puedan encauzar expedientes de regulación de empleo, no de extinción sino de suspensión temporal. Por
ejemplo, les pongo el caso muy vivo en Cataluña de toda la situación que atraviesa la Corporación catalana de medios de comunicación TV3 y Catalunya Ràdio, pero que también afecta a otros organismos de otras comunidades autónomas del mundo de la
comunicación. Creo que si el sector público no estuviera forzado a encauzar expedientes de regulación de empleo de carácter de extinción tendrían unos instrumentos para poder flexibilizar soluciones mediante reducciones de jornada, etcétera; es
decir, todo aquello que se intenta hacer por las partes en el ámbito privado. Esto lo pongo como ejemplo y denota la importancia de nuestra iniciativa que merecía, como mínimo, un debate pausado y reposado con el Gobierno porque, repito, es una
necesidad que tienen las administraciones públicas. De manera que incluso les insto que en otras iniciativas legislativas que el Gobierno pensase hacer aterrizar en este Parlamento -por ejemplo, todo aquello que afecta o va a afectar a la
Administración municipal- deberían contemplarlo o al menos especular sobre esta posibilidad. Así pues, repito, presentamos la enmienda número 19 que pretende incorporar una disposición adicional a fin y efecto de que las administraciones públicas
puedan acceder a los expedientes de regulación de empleo de suspensión temporal.


Paso a especificar otros aspectos críticos del proyecto de ley que están contenidos en nuestras enmiendas, por ejemplo las número 5 y 6, que atañen a la bonificación para jóvenes autónomos. Nosotros entendemos que debería haber una
bonificación del 50 % de las cuotas de la Seguridad Social durante quince meses a jóvenes menores de treinta años o de cualquier edad para las mujeres; este concepto de cualquier edad para las mujeres lo hemos ampliado a otros artículos de la ley,
porque entendemos que hay que primar la situación deficitaria de las mujeres. No tiene que haber tope de edad cuando atañe a las mujeres. La bonificación debería ser más alta y progresiva por menos tiempo. También para el caso de las cooperativas
la bonificación que proponemos debería ser del 75 % durante treinta meses y para las personas discapacitadas una bonificación del cien por cien durante cinco años.


Respecto a la compatibilización de paro y trabajo, así como la capitalización de la prestación de paro y el rescate de la prestación de paro si no se ha percibido -enmiendas 7, 8 y 10-, nosotros básicamente lo que pretendemos es que se pueda
pedir la compatibilidad en cualquier momento, desde el inicio, que sea compatible con la creación de empleo y para el caso de la constitución de cooperativas se pueda hacer compatible con toda la duración de la prestación. A la vez, proponemos un
salario de emprendedor que permita hacer compatible trabajo por cuenta propia y prestación de paro por un periodo de 360 días para menores de treinta años o de cualquier edad, si se trata de mujeres. Respecto a la capitalización de la prestación de
paro, incorporamos la posibilidad de capitalizar el cien por cien de la prestación, con independencia de la edad; en el caso de que se aporte a una sociedad o cooperativa se exija la prestación laboral a jornada completa y se compute como inversión
por la capitalización, después de estudios, asesoramiento, etcétera.


Por otro lado, quisiera destacar, por ejemplo, la enmienda 15, con la que pretendemos que se suprima el artículo 12, en la que proponemos la creación de un contrato de transición juvenil al mercado de trabajo,



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una propuesta de nuevo contrato indefinido, con indemnización progresiva y ponderada por antigüedad. Introducimos en la enmienda las ponderaciones y evidentemente se trata de un contrato bonificado con 1.500 euros anuales y la obligación de
tutela de los servicios públicos con la obligación de expedir informes de orientación profesional. Asimismo, en otra enmienda lo que hacemos es modificar y enmendar el contrato en prácticas. De igual manera estamos absolutamente en contra de que
se habilite a las ETT para la habilitación de la formalización de contratos de formación y aprendizaje. También en nuestras enmiendas lo que pretendemos es que todas las medidas, y aquí ustedes deberían considerar la posibilidad de introducir esta
salvaguarda, que afecten a derechos generales de alguna manera estén condicionadas a la coyuntura. Dicho de otra manera, cuando la tasa de paro sea inferior al 15 % se dejen de aplicar. Nosotros entendemos que esta es la prueba del algodón.
Ustedes legítimamente dicen que hay que apretarse el cinturón, y esto comporta regresión de derechos. Incluso hacemos el esfuerzo de instalarnos en su dialéctica, en su lógica, pero pongamos cláusulas de salvaguarda; en el momento en que la tasa
de paro sea inferior al 15 % hagamos un reset y volvamos a empezar, o de oficio se recuperen escenarios anteriores.


Como quiera que veo que se me ha terminado el tiempo, pondremos a votación el conjunto de las enmiendas. Lamento no tener más tiempo para dar una explicación detallada de cada una de ella. En todo caso, termino diciendo lo mismo que al
principio, nosotros esperábamos que nuestro esfuerzo, nuestro humilde esfuerzo como oposición hubiera sido más rentable, y creo que si el grupo mayoritario hubiera sido no digo más justo sino un poco más generoso es posible que algunas de nuestras
iniciativas hubieran podido, como mínimo, aspirar a ser, si no aceptadas, al menos escuchadas.


El señor PRESIDENTE: Encontrándose en la sala el señor Olabarría, va a intervenir en representación del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, para la defensa de enmiendas y posición política. Tiene la palabra.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sin ánimo de resultar estajanovista, que es un premio al que nunca he aspirado, ni siquiera a la posesión de una concepción presbiteriana o calvinista del trabajo, intentaré ser claro y rápido en la medida de lo
posible porque algunos tenemos la obligación, señor presidente, de atender simultáneamente a esta Comisión y a otra de no menor interés que se está produciendo en la sala contigua en relación con el informe de los expertos sobre el factor de
sostenibilidad de las pensiones; no obstante, esta es una ley cuya relevancia merita una reflexión con cierta profundidad y detalle.


En primer lugar, si me permite una reflexión de naturaleza preambular, presidente, con este proyecto de ley se ha llegado ya a lo que podríamos calificar casi como clímax de la coherencia normativa y de la calidad a la hora de la realización
de una de las funciones del Congreso, la función de legislar, sobre todo desde la perspectiva de la coherencia interna de la norma, en donde se regulan una serie de medidas de promoción del empleo juvenil, una reforma parcial del sistema petrolero y
otra reforma parcial del sistema ferroviario. Yo le puedo asegurar, señor presidente - usted es un hombre viajado también-, que si esto lo explicamos en cualquier país del mundo sencillamente no se lo creen. Dicho esto, vamos a ir por su orden;
vamos a empezar con las atinentes al empleo juvenil, intentaremos especular sobre la reforma del sector petrolero, que no está mal que lo haga la Comisión de Empleo, en esa previsión transversal que parece que va adquiriendo por razones que no soy
capaz de discernir, y acabaremos con el sector ferroviario, que forma parte de nuestras especialidades también, señor presidente.


En relación con la promoción del empleo juvenil, hay varios bloques temáticos de enmiendas, que ya he discutido con la compañera del Grupo Popular, que hacen referencia a la competencia en materia de aplicación de bonificaciones de cuotas.
Tuve el honor de negociar la transferencia con el último Gobierno socialista del señor Zapatero de las políticas activas de empleo a la única comunidad autónoma, junto a las ciudades de Ceuta y Melilla, que todavía no la ostentaba, la de políticas
activas de empleo. Ubicamos dentro del contenido material de esta transferencia tres materias fundamentales, que eran las que a la sazón en aquella época configuraban las políticas activas de empleo. La primera era la relativa a las subvenciones
gestionadas, la segunda era la relativa a las bonificaciones de cuotas -que también se transfirieron, además mediante la aplicación de los procedimientos del cupo, del concierto económico, en este momento institución que ha adquirido una notable
relevancia mediática por razones que no es menester glosar- y por último la formación profesional. Todo esto formó parte de las competencias que mi grupo parlamentario consiguió. Desde esa perspectiva, yo le pediría al Grupo Parlamentario Popular
que fuera sensible a las competencias autonómicas en materia de políticas activas en lo atinente a las bonificaciones de cuotas, que no tienen por qué ser necesariamente iguales, y esto meritaría la incorporación de una enmienda como la 65 o alguna
de las demás que se incardinan en esta cuestión;



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que respeten las competencias de las comunidades autónomas, estableciendo bonificaciones de cuotas de volumen diferente, de cuantía diferente. Esto no tiene que ser una política necesariamente uniforme, porque no es uniforme la competencia
en materia de políticas activas. Esta sería la primera reflexión que hacemos.


De signo similar es la relativa a la enmienda número 66, la siguiente, en relación con el respeto de la competencia, una competencia que es muy querida para el presidente de esta Comisión y para mí mismo en relación al régimen de las
cooperativas y que es una competencia exclusiva. La Comunidad Autónoma vasca fue la primera comunidad autónoma donde se legisló en el ejercicio de una competencia exclusiva, además pura, de estas competencias exclusivas previstas en el artículo 10
del Estatuto de Gernika que no están condicionadas ni por la legislación básica, ni por la legislación marco, ni por la alta inspección del Estado, ni por los principios ordenadores de la economía y todos estos instrumentos que han forzado una
degradación de los esquemas de transmisión de competencias y de los propios contenidos de las competencias en virtud de una interpretación desmesurada de todos esos principios. Se legisló y nosotros pretendemos en la enmienda 66 que se considere
también que existe legislación autonómica y circunstancias normativas diferentes que afectan a las cooperativas de trabajo asociado y aquellas entidades que complementan la prestación en materia de Seguridad Social de las cooperativas de trabajo
asociado. Como sabe la portavoz del Partido Popular perfectamente, los cooperativistas se afilian al régimen especial de trabajadores autónomos y los grupos de cooperativas normalmente tienen entidades de previsión social voluntarias que en estos
momentos están muy castigadas por la prohibición acometida por los Presupuestos Generales del Estado de que las mismas puedan ser objeto de financiación o de aportaciones por las instituciones públicas. Este es un tema que están negociando su
partido y el mío, la prohibición o la extensión de lo que se consignó en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de prohibición de asignaciones públicas a planes de pensiones. Pero luego, en una interpretación expansiva de la Dirección General
de Seguros, la locución planes de pensiones se extendió a todo tipo de instrumento de complementación de la Seguridad Social: planes de pensiones, fondos de pensiones y EPSV también, entidades de previsión social voluntaria. Esta sería la razón de
la enmienda 66.


La enmienda 67 también establece lo que antes comentábamos, la posibilidad de que existan bonificaciones de cuotas en el ámbito autonómico en aquellas comunidades que ostentan la competencia en políticas activas de volumen diferente a las
que se consignan en este proyecto de ley, cosa que nos parece bien. El sistema de bonificaciones de cuota, sobre todo para los jóvenes emprendedores, es un buen sistema de promoción de la actividad y el emprendimiento. Aunque el emprendimiento no
sea el paradigma, sí es una fórmula importante de potenciar el empleo juvenil y no tan juvenil, el empleo de personas que tengan ideas y que quieran poner en funcionamiento un proyecto empresarial. Pero, además de bonificaciones de cuotas, señor
presidente, para llegar a que las cuotas puedan ser bonificadas en primer lugar se tiene que haber constituido la empresa; esa empresa tiene que estar funcionando durante un tiempo, con alfombra roja o sin alfombra roja, como preconizó la ministra
de Empleo y Seguridad Social, y durante ese tiempo tiene que producir los primeros rendimientos y rentas para que se pueda proceder a la exacción de los tributos que tenga que abonar y también las cuotas, que en este caso son bonificadas, pero son
bonificadas si la empresa está ya constituida. Alguna de las carencias que nosotros percibimos en este proyecto de ley es que se enfatiza mucho la alfombra roja pero la parte final de la alfombra roja y no el inicio, que es el elemento constitutivo
de la empresa, donde realmente los jóvenes emprendedores necesitan ayudas de verdad mediante el acceso al crédito. Y como el acceso al crédito privado en este momento no deja de ser un optimista desiderátum, una utopía, porque a un joven, por muy
brillante, por muy buena que sea la idea y por muy importantes que sean sus avales, ninguna entidad de crédito le va a prestar para constituir una empresa, tenemos que volver a recuperar la benemérita figura de las subvenciones gestionadas,
subvenciones desde las administraciones públicas, desde la Administración General del Estado y desde las administraciones autonómicas o desde las instituciones de crédito corporativo o su vinculación a sociedades de garantía recíproca. Esa sería
esta enmienda y un bloque de enmiendas que se incardinan en esta situación de que la alfombra roja no hay que mirarla solo en su final, porque es muy difícil que lleguen al final de la alfombra roja los jóvenes emprendedores, sino al inicio de la
actividad empresarial de un grupo de jóvenes que tienen una idea, que la quieren poner en marcha y tienen una imposibilidad metafísica de acceder al crédito en materia de capital circulante fundamentalmente que se necesita para poner en marcha un
proyecto de naturaleza empresarial.


La enmienda 68 se incardina también en la compatibilidad de la prestación de desempleo con actividades económicas en determinadas circunstancias, con una excepción que me gustaría que los



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demás miembros de esta Comisión, y particularmente el grupo mayoritario, consideren. La exención de la compatibilización con la prestación de desempleo no parece que tenga demasiado sentido cuando las percepciones de los trabajadores
autónomos sean equivalentes a las percepciones previstas en convenio colectivo para los convenios colectivos que regulan las retribuciones del mismo sector de actividad. ¿Qué sentido tiene cuando la percepción de un autónomo es igual a la
percepción de quien ejerce la misma actividad por cuenta ajena mediante un trabajo dependiente y recibe la misma o parecida retribución a la prevista en el convenio colectivo de ese sector de actividad, la posibilidad de compatibilizar su actividad
con la prestación por desempleo? Parece desigual, parece que puede contradecir incluso el principio de igualdad ante la ley, pero sobre todo parece fundamentalmente injusto dada la situación o los déficits de tesorería que afectan con carácter
general a los servicios públicos de empleo.


En cuanto a la enmienda 69, los supuestos previstos para las personas con discapacidad y la capitalización por desempleo -el señor Tardà lo ha dicho-, nosotros pedimos que se eleve al cien por cien la posibilidad de capitalizar la prestación
del desempleo cuando se pone en marcha una actividad. Veo que ha cambiado el color del...


El señor PRESIDENTE: ... aparato


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sí, no quería utilizar esa expresión tan equívoca, señor presidente. (Risas).


Esto me obliga a correr. Ese sería un bloque de enmiendas y me va a permitir el presidente que, por la advenida y sobrevenida relevancia del Concierto Económico del País Vasco y el Convenio económico de Navarra, haga referencia a la
salvaguarda de las relaciones financieras previstas de naturaleza bilateral y que se articulan, no en el Consejo de Política Fiscal y Financiera sino en la Comisión mixta de cupo, en cuanto a las relaciones o flujos financieros en distintos
preceptos de esta ley. Y aquí vamos desde la enmienda 76 a la 78 y hasta la 82 prácticamente.


Luego entramos, señor presidente -y lo voy a hacer con mucha rapidez y con brevedad máxima-, en lo atinente al sector petrolero que nos ha tocado en suerte tener que debatir aquí también, seguramente por nuestra condición de profundos
conocedores de la problemática que afecta al sector petrolero. (Risas). En la enmienda 39, que hace referencia al artículo 43.bis, limitación a los vínculos contractuales de suministros en exclusiva, les pedimos que la duración máxima de los
contratos sea de tres años y que se puedan prorrogar automáticamente de mutuo acuerdo entre las partes por un año hasta un máximo de cinco. ¿Para qué? Para respetar la libertad de empresa y la libertad de contrato de la normativa comunitaria y del
Reglamento 330/2010, de 20 de abril, y porque sobre todo en este ámbito no se vulnera -en el artículo 5 del reglamento citado se establece así- y permite que los contratos de exclusiva cuya duración no exceda de cinco años vulneren el acervo
comunitario. Por tanto, nos gustaría que se debatiera y me sorprende sobremanera que no la ministra de Empleo, que yo no sé si es una profunda conocedora de la problemática del sector petrolero, pero sí que el ministro de Industria, el señor Soria,
no haya sido más sensible a este pedimento. Me gustaría que se intentase hacer un esfuerzo porque yo creo que él comprendería perfectamente de lo que estamos hablando.


Lo mismo ocurre con la enmienda 33 relativa a la supresión de la disposición transitoria quinta del Real Decreto 4/2013, de 22 de febrero, en donde se establece la evitación de posiciones de dominio a efectos de adquirir y poder enajenar, en
su caso, gasolineras, el lugar donde se puede proceder a la expedición de combustibles de todo tipo. A pesar de la liberalización que se acomete en este proyecto de ley, existen excepciones en donde a empresas que ostentan una cuota de mercado
superior al 30 % se les limita inadecuada e ilegítimamente -y probablemente ilegalmente también- la posibilidad de adquirir, mediante un mal entendido concepto de liberalización del sector de la prestación del servicio de gasolineras...


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sí, señor presidente, acabo ya.


Las del sector petrolero me va a permitir que las lea con más detenimiento, porque sabe el señor presidente, que me conoce hace muchos años, que esta no es mi especialidad particularmente. (Risas).


Por último, con la enmienda 94, relativa a los operadores al por mayor de productos petrolíferos con una cuota de mercado superior al 40 %, se introduce que no se pueda incrementar el número de instalaciones en régimen de propiedad o en
virtud de cualquier otro título que les confiera la gestión



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directa o indirecta de la instalación ni suscribir nuevos contratos de distribución en exclusiva con distribuidores al por menor que se dediquen a la explotación de la instalación para el suministro de combustibles y carburantes a vehículos,
con independencia de quién ostente la titularidad del derecho real sobre la misma. Es, de nuevo, una mala interpretación o una mala concepción del concepto liberalización del sector, que vulnera además la disposición adicional cuarta, incorporando
una retroactividad de una norma menos favorable de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, Reguladora del Sector de Hidrocarburos. Esta retroactividad me parece preocupante desde una perspectiva técnico-jurídica en cuanto que retroactivamente se están
aplicando, señor presidente, normas menos favorables.


Si me lo permite, hay una última que hace referencia al sector ferroviario, que no dejaría de glosar, que es la supresión de una serie de líneas, que por su origen y destino...


El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, si es posible, finalice


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Ya con esto de verdad que acabo, señor presidente.


Son la línea 720 Santurtzi/Intermodal Abando, Muskiz/Desertu- Barakaldo, Bilbao mercancías/Santurtzi, BIF La Casilla/Aguja de enlace, Ariz/Basurto Hospital y Lutxana-Barakaldo/Irauregui. Es una modificación en la que se propone su supresión
porque son líneas que discurren íntegramente en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco, por lo que no pueden ostentar la condición de líneas de interés general.


Después de este esfuerzo de concreción sobre estas materias tan interesantes, señor presidente, espero que por parte del Grupo Popular se consideren algunas de las reflexiones hechas con la suficiente atención.


El señor PRESIDENTE: En todo caso, como buen docente universitario que es usted, nos ha acreditado el carácter de vis atractiva de la materia laboral.


A continuación, por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señor presidente, también el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió va a dividir su intervención. Yo voy a defender las enmiendas centradas en los aspectos de empleo y el señor Picó defenderá el resto.
Coincidimos con el conjunto de los grupos parlamentarios en dos consideraciones: denunciando la técnica legislativa que el Gobierno está utilizando en esta legislatura con ese abuso de real decreto-ley y, al mismo tiempo, con esa configuración de
normas que nos podrían recordar a las leyes de acompañamiento que ya en su día el Tribunal Constitucional dictaminó que no correspondían al espíritu y a la previsión de la propia Constitución, así como la acumulación de materias tan absolutamente
dispares que no permiten un debate a fondo sobre cuestiones sumamente importantes. Al mismo tiempo -y eso no afecta, como pueden imaginarse, a la actitud personal de la portavoz del Grupo Popular, ya que seguro que por su parte se han hecho todos
los esfuerzos que correspondan-, la actitud de fondo del Gobierno va a impedir que Convergència i Unió pueda apoyar el dictamen de esta Comisión.


El Grupo Popular va a imponer su mayoría absoluta, va a utilizar, en la expresión catalana, el corró, que permite aplanar las enmiendas que presentamos los grupos de la mayoría sin prácticamente ofrecer ningún tipo de aproximación seria a
las cuestiones que estamos debatiendo. Nos parece un error político creer que la mayoría absoluta impide alcanzar acuerdos importantes en cuestiones tan fundamentales como las que estamos debatiendo en este proyecto de ley.


En relación con las cuestiones de empleo, el Gobierno presentó este proyecto de ley como su principal política de lucha contra el desempleo juvenil. En nuestra intervención en el plenario dijimos que, desde el punto de vista de la capacidad
de las medidas que contenía el real decreto para de verdad hacer frente a este problema, estábamos ante propuestas que quizá tengan impacto, pero un impacto que será menor en relación con la dimensión cuantitativa y cualitativa del problema del
desempleo juvenil, tanto en términos del número de jóvenes que están desempleados como en términos de aquellos jóvenes desempleados con mayores déficits de formación, de empleabilidad, de experiencia laboral. Convergència i Unió ha formulado una
enmienda en el sentido de que si el Grupo Popular y el Gobierno analizasen otras medidas para luchar contra el desempleo juvenil que se han tomado en el resto de Europa en los últimos quince años, observaría que las propuestas europeas se mueven en
la dirección de la enmienda de Convergència i Unió. Algo fundamental para los jóvenes, o para muchos jóvenes, son las primeras oportunidades de



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empleo vinculadas a la finalización o a la recepción de procesos de formación, ya sea en el ámbito de la formación profesional, ya sea en el ámbito universitario e incluso ya sea a jóvenes que no han accedido a esos niveles. Por tanto,
utilizar las fórmulas contractuales del contrato de prácticas y el contrato de formación y aprendizaje como fórmulas contractuales para incorporar de entrada a estos jóvenes nos parece fundamental. En este sentido planteamos que, junto con la
reducción y bonificación de cotizaciones sociales, exista una subvención sobre la masa salarial equivalente al 70 % del salario mínimo interprofesional. No se trata tan solo de reducir el coste social de estos contratos de formación y en prácticas,
sino subvencionar también la masa salarial. En tiempos de crisis, una medida de este tipo -que seguramente en un escenario normal no sería imprescindible- y asumiendo que tenemos un grave problema de desempleo juvenil, hemos de ser capaces de hacer
barata la contratación de los jóvenes, y si eso exige subvencionar la creación de este empleo, hagámoslo. Se hizo en el Reino Unido para combatir el desempleo juvenil, al igual que se ha hecho en Francia. ¿Es una medida poco ortodoxa? Lo es, pero
esta crisis nos exige medidas poco ortodoxas. Esta es la principal propuesta de Convergència i Unió en relación con este proyecto de ley.


Al mismo tiempo, en materia de empleo, suprimimos la propuesta que formula el Gobierno del nuevo contrato para la formación a tiempo parcial. No la entendemos porque nos parece que desvirtúa las ventajas que puede tener el contrato de
formación y aprendizaje. Vamos a ver en el medio plazo si esta medida provoca tener menos jóvenes en la formación profesional, menos jóvenes en la formación dual, y nos inventamos un tipo de contrato para la formación que no sirva para formar a los
jóvenes. Nos parece un error este planteamiento.


En tercer lugar, recogemos el guante del contrato del primer empleo joven que formula el Gobierno en el proyecto de ley, pero entendemos que este contrato de primer empleo joven, que es un contrato temporal, siendo temporal debe de tener
capacidad de ofrecer un mínimo decente de estabilidad. Planteamos que sea un contrato que tenga una duración mínima de seis meses y una duración máxima de tres años, porque así ofrece perspectiva de un cierto plazo para que este joven pueda tener
una primera oportunidad de empleo pero con una cierta duración. En la propuesta que formula el Gobierno, donde desaparece la causalidad en relación con la temporalidad, lo es por ser la primera oportunidad, nos parece que se queda extremadamente
corta. Reclamamos un estudio sobre las prácticas no laborales porque nos parece que es un buen instrumento también para las primeras oportunidades de los jóvenes.


En último lugar, planteamos la necesidad de que exista una política final con recursos que permita desarrollar la denominada garantía juvenil que está promoviendo la Unión Europea. En España, con los recursos que el Gobierno español ha
puesto encima de la mesa, la garantía juvenil va a tener muy poco recorrido y ese mandato de que todo joven de menos de 24 años que ha terminado sus estudios o que ha perdido el empleo tenga una oportunidad de formación, de prácticas de empleo, no
se va a poder cumplir con los recursos que el Gobierno ha puesto a disposición de las comunidades autónomas en esta materia.


En este ámbito de empleo, se produce un enfoque en materia de relación entre la Administración General del Estado, a través del Servicio Público de Empleo Estatal, y las comunidades autónomas equívoca, que supone por la vía indirecta
cercenar la capacidad de autonomía de las comunidades autónomas. Lo hemos enmendado para asegurar la libertad de actuación de los servicios públicos de empleo autonómicos en los acuerdos de intermediación que el Gobierno va a facilitar que se
firmen. Proponemos que se limite la idea de una base común de datos porque nos parece que es un planteamiento que pretende también limitar la capacidad de las bases de datos de los servicios públicos autonómicos y lógicamente estamos en contra de
que se condicione la transferencia de recursos de las políticas activas a la colaboración en estas materias por parte de las comunidades autónomas. Nos parece un planteamiento realizado desde la desconfianza hacia la iniciativa de las comunidades
autónomas. Pretendemos también incorporar un paquete de cuestiones que afectan a la discapacidad que nos parecen muy relevantes en una transacción que el Grupo Popular nos ofrecía. Se remitía a una futura ley general de la discapacidad, pero creo
que estamos ante una cierta confusión de conceptos. Hay un mandato parlamentario de refundición de los textos legales de la Lismi, de la Liondau y aquello que se derive de la Convención Internacional de la Discapacidad, y un texto refundido no es
un texto que permite incorporar nuevas previsiones legales tal como está planteando el sector de la discapacidad y plantean las enmiendas de Convergència i Unió. No hemos podido aceptar la transacción que nos ofrecía la portavoz del Grupo Popular,
la señora Álvarez-Arenas. Insistimos, sería bueno que nos aclarase qué previsiones legislativas tiene el Gobierno en materia de discapacidad porque el propio sector está confundido.



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Finalmente, planteamos una solución legislativa a algunos problemas que están apareciendo, como en aquellos supuestos de trabajadores que dejen de cobrar las nóminas, que no son despedidos formalmente por las empresas y que impide que el
Servicio Público de Empleo les pueda reconocer su derecho a la prestación por desempleo. No cobran el sueldo, no están despedidos y no pueden acceder a la prestación por desempleo. Existe una laguna legal que está afectando a los trabajadores.
Planteamos que en estos supuestos los trabajadores puedan estar de manera extraordinaria en el inicio de un expediente de regulación que pueda permitir a la comunidad autónoma aprobarlo y que al menos el trabajador pueda empezar a cobrar la
prestación por desempleo.


Termino. Esa cuestión la vamos a defender en forma de proposición de ley. Y le cedo la palabra al señor Picó.


El señor PRESIDENTE: Señor Picó, su compañero prácticamente ha agotado el tiempo, pero seremos con usted igual de flexibles que con los anteriores portavoces.


El señor PICÓ I AZANZA: Señor presidente, seré breve.


Señorías, este proyecto de ley, con un título que no sugiere todos los cambios que contiene, incluye modificaciones en el IRPF, en el impuesto sobre sociedades, en el texto refundido de la Ley de contratos al sector público, la Ley de lucha
contra la morosidad y la Ley de Hidrocarburos, entre otras muchas.


Algunas de estas medidas nos parecen interesantes, especialmente desde el punto de vista de apoyo a los emprendedores con una reducción de la carga impositiva en los primeros años de actividad, pero también creemos que son claramente
insuficientes, y a ello se refería el señor Campuzano. Otra oportunidad perdida para crear un marco generoso para el emprendimiento.


Nuestro grupo, con la presentación de diferentes enmiendas, ha pretendido en esta materia profundizar en las medidas proponiendo, por ejemplo, la regulación de la figura del inversor de proximidad, la regulación del pago del impuesto sobre
el valor añadido bajo el criterio de caja impulsando la simplificación administrativa y la financiación para respaldar y promover el acceso al crédito de los emprendedores, con participación activa del Estado en este caso, por ejemplo, con el uso de
préstamos participativos por parte de Enisa, así como microcréditos concedidos por parte del ICO o programas de avales para emprendedores coordinados entre Cersa y la Sociedad de Garantía Recíproca y la extensión de fondos de titulación para pymes y
emprendedores. Del mismo modo, en el ámbito social y sin ánimo de lucro, nuestras enmiendas propuestas pretendían impulsar las iniciativas lideradas por emprendedores sociales.


En relación con el nuevo mecanismo de financiación para el pago de deudas a proveedores y las entidades locales, nuestro grupo propone la inclusión también en el ámbito subjetivo del mecanismo de aquellas entidades locales que, pese a no
participar en los tributos del Estado, prestan servicios de entidades locales que sí están incluidas en este mecanismo. Creíamos que era importante pero no hemos tenido éxito.


En relación con la modificación del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley de lucha contra la morosidad, creíamos que, aprovechando la trasposición de la directiva europea, era una buena oportunidad para
promover de forma resolutiva el cumplimiento de los plazos de pago de las obligaciones previstas en la normativa europea, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Este tema debe resolverse con urgencia y la oportunidad la teníamos con
la tramitación de este proyecto de ley. Tampoco hemos podido avanzar mucho más en ello, a pesar de agradecer a la portavoz del PP su interés.


En relación con la modificación de la Ley del Sector de Hidrocarburos, debemos manifestar que nuestras enmiendas perseguían y persiguen solucionar la ambigüedad de las modificaciones que desde nuestra perspectiva pueden ocasionar graves
problemas de seguridad jurídica para el sector, tanto en el mercado mayorista como en el minorista, y que no conseguirán el objetivo que persiguen, es decir, incrementar la competencia efectiva. Por tanto, fomentar la competencia en el sector debe
ser compartido por nuestro grupo, sin lugar a dudas, pero la forma como se contempla en el proyecto de ley creemos que no fomentará la inversión de los operadores y, por tanto, la competencia. Además, vulnera las competencias en materia urbanística
que ostentan las comunidades autónomas y las entidades locales. Veremos las consecuencias de estas modificaciones que el proyecto contiene.


En resumen, con nuestras enmiendas pretendíamos impulsar medidas de fomento de la actividad económica, del emprendimiento, medidas de seguridad jurídica, de nuevo una nueva oportunidad perdida para impulsar el crecimiento y la creación de
empleo y el apoyo al emprendedor.



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El señor PRESIDENTE: Para cerrar esta primera intervención, en representación del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Carmen Álvarez-Arenas.


La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Muchas gracias a todos los intervinientes por el trabajo en las enmiendas y por el que hemos realizado en la ponencia que, desde luego, el Grupo Parlamentario Popular ha intentado hacer en la reunión que
mantuvimos, en donde abrimos un diálogo franco para que nos pudieran hacer llegar los principales temas que ellos veían al margen de la globalidad de las enmiendas. En algunas especificidades así lo hizo algún grupo con el que hemos podido trabajar
en el ámbito de la comodidad y flexibilidad que ofrece una ponencia y otros no nos plantearon nada y se han ceñido a sus propias enmiendas. Por tanto, al final diré cómo ha quedado el asunto de las enmiendas transaccionales que nosotros hemos
propuesto.


Voy a empezar, señor presidente, simplemente por centrar un poco el debate, que es la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto 4/2013, cuyo objetivo principal es desarrollar la estrategia de emprendimiento y empleo joven, apoyar el
fomento de la financiación empresarial, así como establecer una serie de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales y de financiación para el pago a los proveedores en entidades locales y comunidades autónomas. En otro
orden de cosas, regular aspectos ferroviarios y de hidrocarburos y le adelanto al presidente que intervendrá brevemente también mi compañera María del Mar Baena en esos dos campos.


Las medidas reales de desarrollo en materia de emprendimiento y empleo joven, que creo que son conocidas, por la brevedad simplemente las voy a enumerar. Es el fomento al emprendimiento y autoempleo de los jóvenes, incentivos fiscales con
algunas puntualizaciones que no me da tiempo en este momento a introducir; estímulos a la contratación laboral de jóvenes hasta que la tasa de paro se sitúe por debajo del 15 %, en donde se habla de reducciones de cuotas de la empresa a la
Seguridad Social; también de reducciones de los autónomos y las empresas que se beneficiarán de ese cien por cien que en algún caso se ha hablado aquí y que ya está llegando de autónomos y empresas para que sea del cien por cien de la cuota a la
Seguridad Social; contrato de primer empleo joven; incentivos al contrato en prácticas; mejora de la intermediación laboral y fomento de la financiación empresarial. La señora Vázquez hablaba de que había que incentivar e incrementar, hablaba
también del impuesto sobre sociedades. Dos acotaciones muy cortas. Una, aquí se incentiva y se concentra más la participación del ICO -también se hará y me referiré a ello en la próxima ley de emprendedores-, y además tengo que decir que si
hablamos de financiación empresarial, el presidente del Gobierno en el debate del estado de la Nación -y ya está en funcionamiento- habló de los 45.000 millones que van a estar en circulación para potenciar precisamente el empeño del Gobierno, que
creo que es reiterado en toda sus manifestaciones, de que fluya el crédito hacia las pequeñas y medianas empresas, y así lo está defendiendo también en todas las instancias europeas y lo hará en el próximo Consejo del fin de semana que viene.


En cuanto al impuesto sobre sociedades, del que he oído aquí muchas cosas pero no tengo tiempo de hablar de ello, simplemente quiero recordarles a los señores socialistas que yo estoy muy de acuerdo con que hay que ordenar el impuesto sobre
sociedades para que aquellas empresas que más capacidad tienen paguen más impuestos. Les recuerdo que en la época del Grupo Socialista y su Gobierno el impuesto sobre sociedades estaba en el 30 % y la media que pagaban las grandes empresas con más
beneficios a través de diferentes mecanismos no llegaba al 12 %, mientras que había pymes que no se podían acoger a esos mecanismos y estaban pagando el 20 % o el 25 %. Por tanto, señorías, creo que hay que ser un poco rigurosos cuando establecemos
esta serie de cosas.


Por último, este real decreto aborda una cuestión importante que es la morosidad en las operaciones comerciales. Se ha hablado aquí de ello y, por supuesto, se amplía el plan de proveedores, pero siguen sin centrarse en lo que son las
operaciones comerciales entre particulares aplicando por fin, ya directamente, y yo creo que de una forma además más efectiva que la propia directiva, la Directiva 2011 de la Unión Europea.


Simplemente quiero dar algunos datos en relación con los objetivos de este real decreto, porque aquí se han dicho muchas cosas. Aquí se ha dicho que la bajada del paro en el mes de mayo era estacional, como si fuera poco menos que un
espejismo. Han sido 98.265 las personas que han salido del desempleo. Eso no significa más que la tendencia es positiva; no vamos a decir que esto sea la panacea. Pero si hablamos de que hay un factor de estacionalidad, en todos los meses de
mayo ha habido factor de estacionalidad -mayo siempre es mayo, con lo cual la estacionalidad es la misma- y desde 1997 ha sido la caída más acentuada del desempleo. Sin lugar a dudas, alguna incidencia tienen que tener las



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medidas que el Gobierno está aplicando, lo que ha sido reconocido por propios y extraños, personas afines y no afines. Igualmente, si se quita todo el factor de estacionalidad, por primera vez ha habido bajada en el paro y, por tanto, es
importante. La señora Lucio lo primero que ha dicho es que estamos potenciando modelos de contrato que precarizan. Yo le voy a dar un dato: las medidas que el Gobierno está tomando para luchar contra la precariedad laboral han tenido como
resultado la firma de más de 350.000 contratos indefinidos nuevos en lo que va de año. Insisto en que esa tampoco es la solución, pero es un dato que no se puede negar. Vamos en el camino de lo que estábamos buscando y no se puede decir que
incidimos en la precarización cuando se está fomentando este tipo de contratación y cuando ha habido un incremento en la afiliación a la Seguridad Social, que es uno de los temas que más nos debe preocupar a todos.


En cuanto al paro entre los jóvenes, desde que se ha puesto en marcha esta estrategia hay 33.000 personas menores de veinticinco años que han salido del desempleo, lo que significa una tasa del 6,5 % interanual. Más de 55.000 jóvenes en
toda España se han beneficiado de las oportunidades que esta estrategia. Por cierto, tengo que recordar que ha sido acordada y firmada por los agentes sociales. Ese es un elemento que también debemos tener en cuenta porque los agentes sociales, en
un ejercicio de responsabilidad, están adheridos a esta estrategia de emprendimiento y empleo joven. Hay 38.000 jóvenes autónomos que se han acogido a la tarifa plana de 50 euros. Se han firmado más de 30.000 contratos de formación y aprendizaje.
Esta es una de las medidas impulsadas por el Gobierno de la que aquí se ha hablado mucho y todos compartimos la importancia de la formación, del aprendizaje y del primer empleo joven. Esos 30.000 contratos representan un 73 % de crecimiento
respecto al año anterior y, por tanto, algo tendrán que ver las medidas. Otro dato muy importante, señorías, es que más de 14.000 demandantes de empleo, personas que están apuntadas en las oficinas de empleo, se han formado en nuevas tecnologías;
un sector que se espera que genere en torno a 300.000 puestos de trabajo de aquí a 2017. Ese es un factor de empleabilidad que hay que tener en cuenta y que se ha propiciado gracias a todas estas medidas. Por tanto, señorías, en términos globales
está previsto que con esta estrategia se realicen más de dos millones de actuaciones a lo largo de los cuatro años que va a durar y que haya una inversión que supere los 3.485 millones de euros en el marco de las cien medidas que contempla y que
-insisto- han sido consensuadas y rubricadas por los agentes sociales. El representante de algún grupo -creo recordar que ha sido mi buen amigo don Carles Campuzano, que no está en este momento- ha hablado de la importancia del empleo joven y del
primer empleo. Hay que poner de manifiesto nuestro agradecimiento por el esfuerzo que han realizado empresas como Mapfre, Iberdrola y BBVA que ya se han adherido a la estrategia de empleo joven y que están propiciando prácticas laborales para
nuestros jóvenes. Es uno de los objetivos que tiene un papel muy importante. Señorías, este es el balance de lo que se está haciendo, que va en la dirección de los objetivos que marcaba el real decreto que ahora estamos tramitando como proyecto de
ley.


Al señor Coscubiela, que siempre ejerce su derecho a la crítica -y fundamentalmente a la crítica legislativa y semántica-, le tengo que decir que desde nuestro grupo les hemos propuesto hasta cuatro transaccionales a enmiendas de La
Izquierda Plural -él ha dicho a dos enmiendas; pero ha sido a cuatro-: una referida al empleo, otra referida a la tributación de las cooperativas y la 45 y la 47 dirigidas al asunto de la discapacidad, al que ahora también muy brevemente me voy a
referir. Al señor Olabarría, que tampoco está -sé que están todos donde yo también querría estar, que es en la Comisión del Pacto de Toledo, pero estamos aquí cumpliendo nuestra responsabilidad para aprobar este proyecto de ley-, y al señor
Campuzano les recuerdo que las políticas activas se negocian, se acuerdan y se pactan con las comunidades autónomas, que son las que las van a aplicar en conferencia sectorial. Por lo tanto, aquí podemos intentar hacer cosas, pero ese es su ámbito
y a él nos tenemos que atener en este campo. El señor Campuzano también ha hablado de la relación de los servicios públicos de empleo con las comunidades autónomas y le vuelvo a decir lo mismo. Estas son cuestiones que se abordan en la conferencia
sectorial, se tienen ya acordados los mecanismos de funcionamiento y no somos quiénes para interferir en la autonomía de las comunidades autónomas, que es precisamente lo que él pretende defender. El Gobierno lo entiende claramente y lo aplica a
través de la conferencia sectorial. El señor Olabarría ha planteado el tema de las bonificaciones y ratifico que no hemos podido admitir sus enmiendas porque las bonificaciones son competencia del Gobierno central. Otra cosa distinta es que las
comunidades autónomas colaboren en la gestión, pero la definición de las bonificaciones o no es competencia del Gobierno central. Me ha hablado de dos enmiendas, la 70 y la 71, que hablan de capitalización por desempleo, y le tengo que decir que ya
están recogidas en el Real Decreto 5/2013. Por eso no las hemos



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atendido; no porque no nos parecieran importantes. De la misma forma, la enmienda 69 habla de capitalización por desempleo de los discapacitados y ya está recogida la posibilidad de hacerlo al cien por cien en la normativa vigente. Al
conjunto de enmiendas que ha habido -que ha habido bastantes y compartimos desde el Grupo Parlamentario Popular su sensibilidad- hemos propuesto a los grupos transaccionales que no han querido aceptar. Proponíamos trasladar todo esto a una nueva
normativa que está elaborando el Gobierno. No veo el alcance de lo que ha establecido el señor Carles Campuzano, no lo compartimos. Por eso, proponemos que todo el asunto de discapacidad que se veía aquí y que afecta a nuevas normativas -no me
refiero a cuestiones puntuales de bonificaciones o no, que en algunos aspectos están recogidas, sino a lo que significan nuevas normativas- se reconduzca a través de una disposición adicional en el desarrollo normativo que se puede hacer en este
campo.


Por último, quiero hablar de la morosidad, que es muy importante. Lamento que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) -se ha quedado el señor Picó, al que se lo agradezco; él sabe que hemos hablado de esto- no haya admitido
nuestra enmienda. Vamos a mantener una transaccional en este sentido entre una enmienda del Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia y una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, la 287, a la que queríamos que se hubiera sumado
Convergència i Unió. Puede que a ellos no les resulte suficiente, pero a nuestro juicio la enmienda 287, del Grupo Parlamentario Popular, mejora con la transacción con UPyD. Va en la línea que a nosotros nos preocupa, que es cerrar todo lo posible
los abusos y la falta de cumplimiento de la directiva europea y de la ley que ya existe aquí desde el año 2010 respecto al pago no superior a sesenta días y, además, impide que haya acuerdos bilaterales que produzcan abusos en las relaciones
comerciales. La enmienda transaccional mejora ese aspecto. Hubiéramos mejorado también con una transaccional que queríamos aprobar con la enmienda 193 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Al no aceptar la transaccional,
lógicamente no podremos aceptar la enmienda. Por tanto, señorías, este aspecto que a nosotros nos preocupaba y nos preocupa enormemente también se ve recogido en este proyecto de ley.


Para que mi compañera pueda intervenir brevemente en lo que se refiere al sector ferroviario y fomento, termino diciéndoles que desde el Grupo Parlamentario Popular vamos a aceptar directamente -por cierto, el señor Campuzano se ha referido
también con gran insistencia a ella- la enmienda 180 de Convergència i Unió, que habla justamente sobre las prácticas no laborales, y que hemos propuesto cuatro transaccionales que los grupos han aceptado y que creo que están distribuidas porque
ayer intenté hacérselas llegar a todos los portavoces. La última se la he entregado a la letrada esta mañana porque el grupo al que se la proponíamos la ha aceptado esta misma mañana. Son las siguientes: una transaccional de la enmienda 114 de
UPyD y de la 287 del Grupo Parlamentario Popular, que hablan de morosidad; una transaccional a la 169 de Convergència i Unió, sobre adhesión a la estrategia de emprendimiento y empleo joven; otra transaccional de la 170 de Convergència i Unió con
la 291 del Grupo Parlamentario Popular, que habla de la comisión interministerial para el seguimiento de la estrategia de empleo joven; y una a la enmienda 79, que habla de formación de trabajadores sin ningún tipo de cualificación, que procede del
PNV, al que le hemos propuesto una transaccional que nos ha aceptado. Por tanto, serían estas cuatro transaccionales las que someteríamos a votación, dejando por supuesto vivas tres enmiendas del Grupo Popular, la 288, la 279 y la 293, que
procederíamos a votar, y la 180, que ya he anunciado que votaremos directamente.


El señor PRESIDENTE: Agradeceríamos que hicieran circular las transaccionales a los grupos para su conocimiento y pudieran ejercer así el voto que deseen.


A continuación, tiene la palabra doña María del Mar Baena.


La señora BAENA AZUAGA: Intervengo brevemente.


Señorías, las medidas que contiene este proyecto de ley en sus títulos IV y V, referentes al sector ferroviario y al sector de hidrocarburos, se enmarcan dentro de ese esfuerzo reformista que el Gobierno del Partido Popular, apoyado por este
grupo parlamentario, está realizando en aras de recuperar la senda del crecimiento y de la creación de empleo. Por ello, tiene todo el sentido que estas medidas se incluyan en este proyecto de ley, porque todo lo que sean medidas para fomentar la
competitividad de la economía española tendrá sus efectos, como decimos, en el crecimiento y en la creación de empleo y, por tanto, en el bienestar de todos los ciudadanos.


En el ámbito del sector ferroviario, se persiguen dos objetivos con las medidas recogidas en este proyecto de ley. En este ámbito, debemos celebrar el amplio consenso parlamentario que han tenido estas medidas, dado el escaso número de
enmiendas presentadas por el resto de los grupos. Como decíamos,



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estas medidas persiguen dos objetivos: en primer lugar, aumentar la eficiencia en la gestión de los servicios, y ello se va a conseguir unificando en ADIF la administración -que ya la tenían- y la titularidad de las infraestructuras
ferroviarias y estaciones que constituyen la red de titularidad del Estado; en segundo lugar, conseguir una apertura progresiva a la libre competencia del transporte ferroviario y, en este sentido, se distinguen tres sectores: trenes turísticos,
servicios comerciales y los servicios sometidos a obligación de servicio público, estableciendo un periodo transitorio diferente para cada uno de ellos según sus características. Por parte de nuestro grupo, el Grupo Parlamentario Popular, se
ofreció una transaccional a la enmienda 115, de Unión Progreso y Democracia, precisamente para recoger claramente que el proceso de liberalización es progresivo y, por tanto, requiere periodos transitorios. Lamentablemente, esta transaccional ha
sido rechazada por este grupo, por lo que nos veremos obligados a votar en contra.


En cuanto a lo manifestado por el señor Olabarría, el portavoz del PNV, sobre la supresión de ciertas líneas, además de que en muchas de esas líneas circulan trenes intercomunitarios, lo cierto es que tanto en este proyecto de ley como en la
Ley del Sector Ferroviario ya se recogen los procedimientos y mecanismos para establecer esa red ferroviaria de titularidad estatal y que las comunidades autónomas puedan proponer el traspaso de las mismas; por tanto, no es este el momento oportuno
para hacer esas observaciones. En el ámbito del sector de hidrocarburos, los objetivos que se persiguen con las medidas recogidas en este proyecto de ley son principalmente conseguir la estabilización de los precios de los carburantes -en las
circunstancias económicas actuales muy necesario-, aumentar la eficiencia en el funcionamiento de este mercado y aumentar la competencia efectiva en el sector. Para ello se adoptan medidas tanto en el ámbito mayorista como en el minorista; en el
ámbito mayorista, para que los costes de distribución sean lo más bajos posible.


En cuanto a la metodología de tarifas -hago referencia a las observaciones hechas por el portavoz socialista-, sí se aumenta la transparencia con las medidas adoptadas en este proyecto, sobre todo en cuanto a la obligación de comunicación de
las mismas a la Comisión Nacional de la Energía; además, la exigencia de la autorización previa parece incongruente con la necesidad de elaborar una metodología para dichas tarifas, sobre todo teniendo en cuenta que ya se prevé que la Comisión
Nacional de la Energía resolverá en un plazo de tres meses los conflictos que se le presenten, y porque nos encontramos inmersos ahora mismo en el establecimiento de una armonización en esta metodología con el resto de Estados miembros de la Unión
Europea, y España ha puesto especial énfasis en esa armonización con el resto de Estados miembros.


Las medidas en el ámbito minorista -y voy terminando, señor presidente-...


El señor PRESIDENTE: Sí, hágalo, por favor.


La señora BAENA AZUAGA:... facilitan la apertura de nuevas estaciones de servicio que aumentan la competencia, eliminando barreras de entrada y expansión de nuevos operadores en España, acotando los contratos de suministro al por menor en
exclusiva. Señorías, nuestro grupo ha presentado en este ámbito varias enmiendas encaminadas a mejorar el ámbito de aplicación de esa nueva regulación de los contratos de suministro en exclusiva; en cambio, otras enmiendas presentadas por otros
grupos -y aquí respondo al portavoz del PNV y al portavoz de CiU- suponen en su mayoría aumentar el horizonte temporal de aplicación de estas medidas, y aun valorándolas, no podemos aceptarlas, pues supondrían retrasar la consecución de los
objetivos perseguidos por este proyecto de ley. En las actuales circunstancias no podemos permitirnos esto porque la búsqueda de la creación de empleo y de nuevas oportunidades es prioritaria e inaplazable.


Por último, quiero decirles que todas estas medidas se enmarcan perfectamente en el ámbito competencial que la Constitución española reconoce al Estado en el artículo 149.1 y, por tanto, no suponen menoscabo alguno de las competencias
municipales ni de las comunidades autónomas.


El señor PRESIDENTE: Traslado que la amplia flexibilidad de esta Presidencia se debe a que me han comentado que era una primera iniciativa suya a nivel legislativo, por lo que le doy la enhorabuena, pero habitualmente no somos tan extensos
en el tiempo. Enhorabuena por su intervención.


La señora BAENA AZUAGA: Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: A continuación, si desea hacer uso de la palabra el Grupo Parlamentario Socialista para alguna anotación concreta, informo que seremos un poco más estrictos. La señora Lucio tiene la palabra.



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La señora LUCIO CARRASCO: Sigo esperando debatir sobre la ley que nos ha traído aquí. Sencillamente no sé cómo responde este proyecto de ley a la problemática de los jóvenes que están en desempleo, de los jóvenes que no tienen formación,
de los jóvenes que sí tienen formación, de los jóvenes exiliados. No veo cómo responde este proyecto de ley a nada de eso. Sigo sin entender por qué no somos capaces de hablar, por qué no hablamos de emprendimiento. Esta ley de emprendimiento
para jóvenes se ha liado con otra ley de emprendimiento, y lógicamente, porque el emprendedor no tiene por qué ser joven, las ayudas a los emprendedores tienen que ver con las necesidades de los emprendedores y no de los jóvenes, el emprendimiento
no es la respuesta al desempleo juvenil. Por lo tanto, les pediría que mínimamente tuvieran en consideración las medidas por las cuales nosotros pedimos que se apoye a esos emprendedores desde otros puntos de vista, que se les ayude con
financiación, que es lo que necesitan; pero no solo financiación, sino microfinanciación, con 8.000 euros que necesitan para emprender un negocio estos jóvenes autónomos. Lo que necesitan es un apoyo, un seguimiento, una formación, un
acompañamiento, que está absolutamente ausente en esta ley. En esta ley no se habla de formación en ningún momento; estamos hablando de una ley de emprendedores y no hablamos de formación en ningún momento. No entiendo por qué no se apoya de otra
manera; ni siquiera se han querido ver las enmiendas que tenemos sobre formación, y me parece que sería lo mínimo para una ley de apoyo a emprendedores jóvenes, porque además la hemos situado en emprendedores menores de treinta años.


Por otro lado, nos han ofertado tres enmiendas transaccionales -de 62 enmiendas que hemos presentado, de 300 que hay en total-, que nada tienen que ver con el objeto de lo que nosotros proponíamos en nuestras enmiendas. Creo que ha habido
oportunidad de haber transaccionado en otras enmiendas de las presentadas, no solo por nosotros, sino por el resto de los grupos, y esto se ha dicho por parte de todos. ¿Dónde está la voluntad de luchar contra el desempleo juvenil, que todos hemos
dicho que es prioritario? ¿Dónde está la voluntad, si ni la ley responde al desempleo juvenil, porque no se puede responder a ello exclusivamente con iniciativas de emprendimiento, porque ni siquiera cuando se proponen medidas se negocian? No me
queda otra que seguir insistiendo en que se llegue a esta posibilidad.


Por otro lado, si vamos a abordar el tema del emprendimiento, hay medidas que deberían contemplarse, como las que valoran que no solo con 50 euros para los jóvenes, durante seis meses, vamos a resolver el problema de los autónomos. Esto se
resuelve revisando en profundidad el sistema de cotización a la Seguridad Social y la fiscalidad de autónomos. Ni siquiera han contemplado nuestra enmienda 261, en la que proponemos este tema.


Falta una política global de empleo. Esta es una ley que aporta medidas inconexas que no tienen nada que ver con una solución global de lo que está pasando. Se ha hecho con precipitación, solapándose con una nueva ley que no sé en qué va a
interferir con esta ley que estamos ahora debatiendo. Para terminar -que ya veo la cara del señor presidente-, diré que hay 150.000 contratos indefinidos, pero ¿qué contratos indefinidos, aquellos que antes de terminar el año del periodo de prueba
se les puede echar a la calle, con despido libre? Sí, esos son los contratos indefinidos.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo parlamentario quiere hacer uso de la palabra? (Pausa). El señor Tardà tiene la palabra.


El señor TARDÀ I COMA: Señor presidente, solo intervendré un minuto para repetir algo que para nosotros es importante, teniendo en cuenta las declaraciones que hemos leído hace pocas horas del Fondo Monetario Internacional que incluso se
atreve a recordar al Gobierno, que ya ha hecho una reforma laboral que nosotros consideramos durísima, que los deberes no han terminado, instándole a legislar todavía de forma más dura, más drástica e incluso apunta la necesidad de rebajar sueldos,
es decir, intensificar el camino que nos lleva a tener que decidir entre escenarios de precariedad o escenarios de paro. De manera que dentro de pocas semanas, quizás dentro de pocos meses, volveremos a estar instalados en un debate de pimpampum,
lo cual nos lleva a lamentar que no se haya sido capaz de buscar escenarios en donde todos nos sintiéramos un poco más comprometidos. Antes no tuve tiempo suficiente para explicar todas las enmiendas; da igual, están escritas, están presentadas y
justificadas. Aquí de lo que se trata es de volver a lamentar que no haya habido mayor diálogo. Ya nos dirán ustedes para qué nos quieren. Si nos quieren para poder ayudar, quizás deberían decírnoslo. Yo tengo muchas ganas de poder debatir
dentro de unas semanas con la ministra Báñez, con la cual no tenemos ningún problema personal, al contrario la respetamos muchísimo. Sin embargo, le voy a recordar que se comprometió a dialogar, a llamarnos, a trabajar conjuntamente; luego,
legítimamente puede hacer caso o no a nuestras propuestas. Quizás yo he pecado de ingenuo, pero hemos trabajado en esta ley, hemos hecho propuestas



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y no nos han dedicado -repito- ni cinco minutos. No porque seamos nosotros, evidentemente, sino porque el tema exige mucha responsabilidad por parte de todos. Creo que no soy en absoluto desaforado y por esto tenía interés en volverlo a
decir.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo quiere hacer alguna apostilla? (Pausa). Por el Grupo Parlamentario, PNV, señor Olabarría.


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: No voy a hacer ninguna apostilla. Obviamente, no he estado presente; he estado estudiando una importante reflexión sobre el futuro que nos espera con relación a la protección del sistema público de Seguridad
Social y prefiero no parafrasearlo para no preocupar a sus señorías.


Ha habido una oferta del Partido Popular relativa a la enmienda 79 de mi grupo parlamentario, que la vamos a aceptar en sus propios términos. Algo es algo, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Álvarez-Arenas.


La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: El señor Olabarría no estaba cuando le he dado las gracias y he hablado de esta enmienda, así que le vuelvo a dar las gracias.


En cualquier caso, señorías, para cerrar el debate y por matizar alguna de las cuestiones porque la señora Lucio ha dicho que no entiende esta política de jóvenes, que ella no entiende que estas medidas sean para favorecer a jóvenes. Yo sí
que entiendo que ella no lo entienda, aunque parezca un poco de galimatías. Puede ser que la señora Lucio y el Grupo Parlamentario Socialista no lo entiendan, pero como nunca han sido capaces de proponer ninguna para los jóvenes y nos llevaron al
50 % del desempleo, yo puedo entender que ellas no entiendan que estas medidas vayan a ayudar a los jóvenes. En fin, los resultados son los que son, lo diga Agamenón o su porquero. Porque está claro -los datos están sobre la mesa- que vamos en la
buena dirección, y quiero insistir en ello; no que sea la solución sino que vamos en la buena dirección. (La señora Vázquez Morillo: Vamos camino de siete).


Dice que no entiende que en una ley de emprendedores no se recojan determinadas medidas. Señora Lucio, no estamos viendo la ley de emprendedores porque se verá en esta casa dentro de pocos días, ya que acaba de ser aprobada. (La señora
Lucio Carrasco: Estamos viendo la ley de apoyo a emprendedores). Estamos viendo una estrategia de emprendimiento y empleo joven y para el crecimiento. Yo comprendo que es complicado, pero también es fácil de entender que no es la ley de
emprendedores. Por tanto, ahí se recogerán muchas de las cosas que aquí precisamente no hemos aceptado porque van en ese proyecto de ley de emprendedores. Por tanto, diferenciemos bien y no mezclemos.


La diputada ha hablado de tres enmiendas transaccionales que hemos propuesto. Yo creo, si no me equivoco, que tres es más que cero. Cero son las que nos propusieron en muchas reformas legislativas y sobre todo en la reforma laboral que
hizo el Grupo Socialista. Nuestra voluntad ha sido intentar hablar con todo el mundo desde el miércoles pasado que se constituyó la ponencia y he estado abierta a hablar. Pero si no se quieren aceptar las transaccionales, cada uno es libre de
hacerlo.


Por último, no eran 150.000 los contratos indefinidos a los que yo me he referido, señora Lucio, que usted puede constatar en el Ministerio de Trabajo; son 350.000 indefinidos en lo que va de año. Además usted ha puesto en duda que sean
indefinidos, que duren, que sean permanentes en el tiempo. Yo les voy a dar un dato para su tranquilidad y la de todas sus señorías sobre el contrato de emprendedores, que ustedes siempre han cuestionado diciendo que luego todos se iban a ir al año
siguiente, pero para empezar si se van, no van a cobrar el beneficio que tiene el contrato de emprendedores. Ha habido ya 110.000 contratos de apoyo a emprendedores hasta este momento desde que se puso en marcha y la tasa de mantenimiento ha sido
del cien por cien, es decir, todos han finalizado el año y se han mantenido en el tiempo. Por tanto, señorías, digamos las cosas con un mínimo de rigor, entre otras cosas, simplemente porque estamos hablando de algo que al Grupo Popular le
preocupa, y estoy segura que al resto de los grupos también. (La señora Lucio Carrasco: Si tuviéramos los datos...). Desde luego, el objetivo de nuestro grupo apoyando al Gobierno y en concreto a este proyecto es el crecimiento y el empleo. No
nos vamos a salir de ese objetivo, es lo que está impregnando toda la actuación de este grupo parlamentario y del Gobierno porque al final, señoría, lo que nos preocupan son las personas, los parados, porque detrás de esos parados hay familias y hay
mucha gente con graves problemas. Estamos intentando aprobar medidas que favorezcan -he nombrado alguna de ellas- y palien en la medida de lo posible, poco a poco, esas situaciones.



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El señor PRESIDENTE: La señora letrada me indica que, como mínimo, va a precisar dos horas para ordenar el cuaderno de votaciones. A lo mejor resulta que son dos horas y cuarto o dos horas y media, pero cree que con dos horas se puede
intentar citar a la Comisión. De manera que suspendemos la Comisión y quedamos a las dos y media para ver si estamos en condiciones de proceder a la votación. (Pausa).


Se suspende la sesión a las doce y treinta minutos del mediodía.


Se reanuda la sesión a las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde.


El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión.


Vamos a proceder a la votación de este proyecto de ley. Se someten a votación las enmiendas del Grupo Mixto, en concreto de las que es autora la señora Oramas. En primer lugar, la enmienda número 1.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 36; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. (El señor Tardà i Coma pide la palabra).


Señor Tardà.


El señor TARDÀ I COMA: Señor presidente, pido disculpas por lo que diré, pero ha sido un fallo mío. La señora Oramas me comunicó que retiraba algunas enmiendas. Antes no lo he anunciado y ahora me he dado cuenta de mi error.


El señor PRESIDENTE: Pues si usted es tan amable de decirnos cuáles, nos evitará unas votaciones, cosa que le agradeceremos.


El señor TARDÀ I COMA: La señora Oramas tenía cuatro enmiendas. Comoquiera que la primera ya se ha votado, se retiran la 2, la 3 y la 4.


El señor PRESIDENTE: Se lo agradecemos mucho.


Pasamos a votar las enmiendas de la señora Fernández Davila. En primer lugar, la número 59.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 36; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Resto de enmiendas de la señora Fernández, que son de la 60 a la 64.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del señor Tardà. En primer lugar, las números 5 y 6.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 23; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas 7 a 10.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 36; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 11.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 24; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas 12 a 14.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 36; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 15.



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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas 16 y 18.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 36; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda 17.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Finalmente, enmienda 19 del señor Tardà.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). En primer lugar, las números 65 y 67.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 37.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas 66 y 70.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 23; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas 84, 96 y 98.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 23; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda 69.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 36.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas 71, 72, 81 y 82.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 36; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Me indica la letrada -aunque en el cuaderno figuraban las cuatro enmiendas establecidas como 71, 72, 81 y 82 y por lo tanto congruente con el estadillo las he sometido a votación- que parece que algún grupo había pedido votación separada de
la 81 y la 82. ¿Es esto así? (Pausa). ¿No hay ningún problema entonces en dejar la votación como está? (Pausa). Pues seguimos adelante.


Enmiendas 85 y 86.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 37.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda 80.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 24, abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 90.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 37.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



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Enmienda número 91.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 24; abstenciones 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 97.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas 92, 93 y 95.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 36; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas 73, 88 y 89.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas, que en concreto son 68, 83, 87 y 94.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 37; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas de UPyD. Enmienda número 124.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 23; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas también de UPyD números 99, 102 a 105, 108 a 110, 115 y 117.


El señor ANCHUELO CREGO: Perdón, señor presidente, me he equivocado.


El señor PRESIDENTE: En este caso seguro que usted vota a favor.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 36; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 100, 106, 118 y 120 a 123.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas 101, 107, 111 y 116.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 23; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Votación de las enmiendas 112, 113 y 119.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. (La señora Álvarez-Arenas Cisneros pide la palabra). Señora Álvarez-Arenas.


La señora ALVAREZ-ARENAS CISNEROS: Señor presidente, figura en el estadillo la enmienda número 114, que no se debe votar porque va en una transaccional que votaremos al final con la 287 del Grupo Parlamentario Popular.


El señor PRESIDENTE: Muy bien. No sometemos a votación la 114, que será objeto de retirada para votar la transacción correspondiente en su momento.



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Pasamos a las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. En primer lugar, la enmienda número 25.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 37; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 53.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 38; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. (Las señoras Vázquez Morillo y Lucio Carrasco pronuncian palabras que no se perciben).


¿Qué ha sucedido? Quiero decir que hemos computado lo que han señalado.


La señora VÁZQUEZ MORILLO: Señor presidente, es que no ha mirado.


El señor PRESIDENTE: Ya veo cuál es la intención de su voto. Si lo quieren cambiar, plantéenlo, pero ya los veo, llevo gafas. ¿Cuál es la votación en la que tienen problema?


La señora VÁZQUEZ MORILLO: En la última.


El señor PRESIDENTE: En la enmienda 53. Muy bien. ¿Qué es lo que quieren votar?


La señora LUCIO CARRASCO: Votar que sí.


El señor PRESIDENTE: Bien, entonces se corrige la votación de la enmienda 53.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 24; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Yo intento ir lo más rápido posible para que ustedes concluyan lo más rápidamente posible, pero este es un esfuerzo en el que todos tenemos que estar activamente despiertos, no solo el presidente, sino todos. Si las manos no se levantan
cuando procede, luego ocurren estas cosas. No lo digo por usted, señora Vázquez Morillo, lo digo con carácter general, no es una alusión ad personam.


La señora VÁZQUEZ MORILLO: Señor presidente, ¿puedo hablar?


El señor PRESIDENTE: Adelante.


La señora VÁZQUEZ MORILLO: Realmente nos han dado el cuadernillo de votación y no nos han dado ni dos minutos para que lo miremos y decidamos el sentido del voto. Entonces lo vamos haciendo sobre la marcha. Lo normal es haber tenido unos
minutos. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Si ustedes quieren que hagamos un receso de media hora o una hora para estudiarlo, estoy dispuesto.


La señora VÁZQUEZ MORILLO: Se hace siempre así. (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben).


El señor PRESIDENTE: ¿Qué es lo que prefieren? ¿Que hagamos un receso de media hora, de una hora o de hora y media? Lo hacemos. Esta Presidencia da todas las facilidades, pero todos tenemos que hacer un esfuerzo.


Pasamos a continuación a las enmiendas 20, 21, 31, 40, 44, 55 y 58.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 23; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas 22 a 24, 26, 28, 30, 32 a 36, 41 a 43, 45 a 52, 54 y 57.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



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Enmiendas 27, 29, 37 a 39 y 56.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 36; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Pasamos a las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, sometemos a votación la número 125.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 23; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 126.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 23; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas 127 y 128.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 36.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas 129 a 131.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra 23; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda 132.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas 133 y 134.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 37.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 135.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 23; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 136.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 37.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas 137 a 141.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 37.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda 142.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18, en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 143.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 24; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



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Enmiendas 144 y 145.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas 146 y 147.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 37.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda 148.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 24; abstenciones, 14.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 149.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 150.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 23; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 151.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 23; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 152.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 24; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas 153 y 155.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 36; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas 154, 156 y 157.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda 158.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 37.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas 159, 160, 164, 184, 199, 205 y 206.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 23; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas 161 y 162.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



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Enmiendas 163 y 168.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 36; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda 165.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 36; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas 166 y 167.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 36; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda 171.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor 4; en contra, 36; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas 172 a 176.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda 177.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 37.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 178.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 179.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. (La señora Álvarez-Arenas Cisneros pide la palabra).


Señora Álvarez-Arenas.


La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: La enmienda 180 va sola.


El señor PRESIDENTE: Gracias por avisar, porque no estaba tan clara la cuestión. Por tanto, se vota por separado.


La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: Al servicio de la Presidencia siempre.


El señor PRESIDENTE: Se agradece. Luego hablaremos de las dietas. (Risas).


Enmienda 180 por lo tanto separada.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Enmiendas 182 y 183.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18, en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



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Enmienda 181.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 24.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 184.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 23; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas 185 y 186.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 23; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas 187 y 189.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 36.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 188.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas 190 y 191.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 36; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas 192 y 193.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda número 194.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 195.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 36.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 196.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 197.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda número 198.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 36.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



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Enmienda 199.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 23; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 200.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 36.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas 201 a 204.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas 205 y 206.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 23; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda 207.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 23; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmienda 208.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 5; en contra, 23; abstenciones, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas 209 a 211.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda 212 y última de Convergència i Unió.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 24; abstenciones 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


A continuación pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. El primer bloque son las enmiendas 213 a 217, 228, 230, 232, 233, 243, 247, 250, 251, 252, 253, 255, 257, 258, 261, 270 y 274.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas 218 a 227.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 14; en contra, 23; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda 231.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 16; en contra, 24; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Enmiendas 241, 244 y 245.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 14; en contra, 24; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmienda 248.



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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 14; en contra, 24; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Resto de enmiendas vivas del Grupo Parlamentario Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 14; en contra, 23; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Pasamos a continuación a las enmiendas que mantiene el Grupo Parlamentario Popular; si hay alguna consecuencia de las transaccionales, por favor, me lo indican, yo voy siguiendo el estadillo que me han proporcionado. En primer lugar, la
enmienda 279.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 26; en contra, 13; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmiendas 288 y 293.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 23; en contra, 14; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


A continuación, vamos a entrar en el capítulo de las enmiendas transaccionales. ¿Precisan que sean objeto de lectura o todos las conocen?


La señora ÁLVAREZ -ARENAS CISNEROS: Han sido distribuidas por mí.


El señor PRESIDENTE: Sí, pero si alguien quiere que conste, yo lo voy a hacer constar. (Pausa). Veo que nadie tiene ese interés, conforme. Por tanto, vamos a someterlas a votación sin más dilación.


Enmienda transaccional que se refiere a la enmienda 79.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 41; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda transaccional que se refiere a las enmiendas 114 y 287.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 25; en contra, 13; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda transaccional referida a la enmienda 169.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 26; en contra, 13; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Por último, la enmienda transaccional que se refiere a las enmiendas 170 y 291.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 26; en contra, 13; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


A continuación, procedemos a la votación del texto del proyecto de ley según el informe de la ponencia con las enmiendas aprobadas, aceptadas y las transaccionales incorporadas más las correcciones técnico-jurídicas que sus señorías conocen
y que nuestras letradas están realizando para adaptar el texto a las enmiendas incorporadas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 1; abstenciones, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado y, como sus señorías conocen, con competencia legislativa plena, por lo cual el proyecto pasará al Senado.


Les recuerdo que a las cuatro hay una pregunta sobre inmigración que contestará la secretaria general de Inmigración y Emigración.


Se suspende la sesión.


Eran las tres y veinticinco minutos de la tarde.



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Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


PREGUNTA:


- DEL DIPUTADO DON RICARDO SIXTO IGLESIAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE EL SEGUIMIENTO QUE REALIZA EL GOBIERNO DE LAS PARTIDAS FINALISTAS DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO DESTINADAS AL
FONDO DE APOYO A LA ACOGIDA E INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES EJECUTADAS POR ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/014936). (Número de
expediente 181/000965).


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, se reanuda la sesión.


Señora secretaria general de Inmigración y Emigración, sabemos el esfuerzo de su agenda para poder estar hoy aquí. Vamos a concluir la Comisión del día de hoy con la pregunta transformada de escrita a oral por el miembro de La Izquierda
Plural señor Sixto Iglesias.


Quiero señalarles que el tiempo de que dispone cada parte, para hacerlo en un turno o en dos, son cinco minutos estrictos, como se desarrolla en el Pleno. Por lo tanto, tiene usted la palabra para formular la pregunta, ampliarla o los
planteamientos con relación a la misma que quiera hacer.


El señor SIXTO IGLESIAS: Muchísimas gracias, señor presidente, y muchísimas gracias por la comparecencia, tantas gracias quiero dar como intempestiva es la hora. El motivo de mantener esta pregunta no es una cuestión de capricho.
Efectivamente, se ha respondido tarde; aunque hubiese sido mi voluntad retirarla. Pero no puedo retirarla porque lo que está pasando en el País Valenciano, en la Generalitat Valenciana, es algo terrible, y si ayer no podía retirarla, hoy menos
todavía, porque en la respuesta que nos da el Gobierno, el ministerio, resulta que se dice que para los años 2012 y 2013 no ha habido consignación y, sin embargo, sí salió la convocatoria del año 2012 por parte de la Generalitat Valenciana y hoy
mismo nos hemos vuelto a llevar la sorpresa de que el Boletín Oficial de la Generalitat Valenciana publica la convocatoria de estas mismas subvenciones para el año 2013 cuando resulta que no se ha cobrado todavía ni lo del 2010, cuando el Estado le
ha ingresado a la Generalitat Valenciana el 2010 y el 2011, cuando la Generalitat Valenciana le acaba de ingresar ahora a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias parte del 2010, y encima la Federación Valenciana de Municipios y
Provincias se lo gasta en cualquier otra cosa, en mantener sus asuntos propios, pero no en transferírselo a los ayuntamientos. Y al final tenemos a los ayuntamientos valencianos sin recibir ni un solo euro de unas subvenciones finalistas que el
Estado ha pagado y que la Generalitat Valenciana ha malversado directamente.


Yo no sé cómo gritar desde los ayuntamientos valencianos, y no solamente por esta subvención del ministerio, sino por los millones de euros que desde el Gobierno de España, en la legislatura anterior y en esta, se están enviando a las
comunidades autónomas y concretamente a la Comunidad Valenciana, y la Generalitat Valenciana está malversando directamente y no enviándolo a sus destinatarios finales. Esto es un grito, un grito al Gobierno de España para que meta en cintura a la
Generalitat Valenciana, para que haga lo que sea necesario. Pero ni con el Plan de pago a proveedores, ni con el FLA, ni con ninguna otra de las brillantes formas de ayuda que ha implementado el Gobierno de España se está consiguiendo que se les
pague a los ayuntamientos y a los particulares las subvenciones que debe la Generalitat Valenciana. Es una situación terrible.


El señor PRESIDENTE: A continuación, doña Marina del Corral, secretaria general de Inmigración, tiene la palabra.


La señora SECRETARIA GENERAL DE INMIGRACIÓN Y DE EMIGRACIÓN (Del Corral Téllez): Señor diputado, ya ha mencionado usted que efectivamente el Fondo de apoyo a la acogida e integración no ha tenido dotación durante los años 2012 y 2013. Pero
he de decirle que en contestación a la primera pregunta que usted planteaba por escrito, desde el 2006 y hasta el 2011 el Gobierno de España firmó anualmente un acuerdo de prórroga del convenio de colaboración firmado en 2005 entre el entonces
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y cada una de las comunidades autónomas. Se fue prorrogando año tras año y también en el ejercicio que concierne a esto.



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En la cláusula cuarta del convenio se establecían las obligaciones de las partes, incluidas sus aportaciones financieras y cómo se debía justificar. El convenio es transparente y, cuando quiera, se lo podemos facilitar. En este caso se
establecía, en la cláusula quinta, que la justificación del gasto se llevaría a cabo mediante certificación de la propia comunidad autónoma o ciudad autónoma en el caso de Ceuta y Melilla, en la que se debían indicar los datos de la cuantía por
concepto de gasto y su aplicación económica según lo señalado en la regla sexta, número 2, artículo 86 de la Ley General Presupuestaria. La comunidad autónoma debía presentar una memoria económica de las actuaciones realizadas con la información
necesaria para conocer la aplicación del gasto de acuerdo a lo establecido en la cláusula cuarta del convenio. Y en la cláusula novena, seguimiento y evaluación, se determinaba la puesta en marcha de mecanismos y dispositivos de seguimiento y
evaluación del Plan de acción desarrollado por la comunidad autónoma en el marco del convenio. Dicha cláusula establecía igualmente que para conocer el desarrollo de las actuaciones y de los resultados, se incluirían en el Plan de acción, anexos al
convenio o a su prórroga, indicadores cuantitativos y cualitativos de proceso, de resultado y de impacto. Asimismo, la comunidad autónoma debía remitir periódicamente la información necesaria para conocer el desarrollo de actuaciones. Finalizada
la vigencia inicial del convenio o la de sus prórrogas, no más tarde del 31 de marzo, la comunidad autónoma debía elaborar una memoria técnica con una descripción detallada de las actuaciones llevadas a cabo a través del plan. Toda esta información
obra, haciendo el seguimiento, en la secretaría.


En cuanto a la segunda pregunta, se informa que, según lo establecido en la cláusula cuarta del convenio, obligaciones de las partes, la comunidad autónoma se comprometía a derivar a las corporaciones locales de su territorio con una mayor
presión migratoria, un porcentaje, efectivamente, de la asignación que le era atribuida con cargo a la aportación que realizaba el Estado. Es decir, se trasladaba a las corporaciones locales con más concentración de inmigrantes. Establecía
igualmente que en la memoria técnica que debía presentar cada comunicación, recoger la información relativa a la ejecución del importe derivado de las corporaciones locales y nuevamente todo este procedimiento aparece debidamente cumplimentado en la
comunidad. Lo cierto es que, según la información que tenemos, está todo ejecutado. Yo creo que el mecanismo de seguimiento no es lo más óptimo.


El señor PRESIDENTE: El señor diputado, para hacer las observaciones que estime, dispone todavía de dos minutos y cuarenta y cinco segundos.


El señor SIXTO IGLESIAS: Me dedicaría a repetir el mensaje que trataba de lanzar anteriormente, y agradezco a todos los miembros de la Comisión que hayan venido.


Esto es una llamada de socorro de los destinatarios finales de subvenciones finalistas y no ya solamente en esta cuestión concreta que es una cuestión de inmigración. El caso que se expone aquí lo gobernamos nosotros, Esquerra Unida del
País Valencià. Es un ayuntamiento pequeño, con un presupuesto pequeño y tiene pendiente una ayuda, según el propio ministerio, de 38.000 euros más lo que se le debe del año 2010. Han sido subvenciones de ayudas a viviendas que son finalistas a
personas concretas, son subvenciones que se han pagado por parte del Estado, el Estado ha cumplido con sus obligaciones, pero es la Comunidad Valenciana, la Generalitat Valenciana la que continúa sin cumplir después de muchísimo tiempo.


El señor PRESIDENTE: La secretaria general tiene dos minutos para lo que quiera manifestar.


La señora SECRETARIA GENERAL DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN (Del Corral Téllez): Simplemente quiero decir que este Ejecutivo ha puesto en marcha todo un plan estratégico de subvenciones para fiscalizar de manera más idónea o transparente,
aplicando criterios de racionalización y de transparencia absolutos cuando damos dinero público. Hablo de transparencia y reducción de la discrecionalidad, hablo de penalización de las conductas ineficaces o indebidas desarrolladas en convocatorias
anteriores y la promoción de la cofinanciación público-privada y, sobre todo, austeridad presupuestaria para controlar perfectamente la ejecución y la rendición de cuentas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, secretaria general. Muchas gracias a los comparecientes. Con este trámite damos por definitivamente concluida la Comisión del día de hoy.


Se levanta la sesión.


Eran las cuatro y diez minutos de la tarde.