CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 285

ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. SANTIAGO LANZUELA MARINA

Sesión núm. 28

celebrada el miércoles,

20 de marzo de 2013

ORDEN DEL DÍA:


Ratificación de la ponencia designada para informar sobre:


- Proyecto de ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. (Número de expediente 121/000028) ... (Página2)


Aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre:


- Proyecto de ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. (Número de expediente 121/000028) ... (Página2)

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Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.


RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR SOBRE:


- PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA. (Número de expediente 121/000028).


El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.


En primer lugar, comunico a sus señorías que las votaciones no serán antes de las seis y veinte de la tarde. A ver si logramos que se termine el debate antes de esa hora aunque luego tengamos un pequeño descanso.


En el orden del día -como tienen ustedes- figura como punto primero la ratificación de la ponencia designada para informar de la siguiente iniciativa legislativa: proyecto de ley de creación de la comisión nacional de los mercados y la
competencia. ¿Se ratifica la ponencia? (Asentimiento). Queda ratificada.


APROBACIÓN CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA SOBRE:


- PROYECTO DE LEY DE CREACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA. (Número de expediente 121/000028).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto. Proyecto de ley de creación de la comisión nacional de los mercados y la competencia. Comunico -tal y como habían quedado los portavoces- que cada grupo puede tener un máximo de quince
minutos, alguien me ha preguntado si los tiene que utilizar, pero si alguno quiere emplear menos por supuesto que puede. Empezamos por el Grupo Parlamentario Socialista. Doña María José Vázquez tiene la palabra.


La señora VÁZQUEZ MORILLO: Debatimos hoy, por fin, el proyecto de ley de creación de la comisión nacional de los mercados y la competencia. Ha tardado más de un año en llegar a esta Comisión y solo tengo que decir que ojala no hubiera
llegado nunca, porque para lo que ha llegado... El artículo 1.2 de esta ley establece que el objeto es garantizar, promover el correcto funcionamiento, la transparencia, la competencia efectiva en todos los mercados en beneficio de consumidores y
usuarios. Dicho artículo es un ejemplo de lo que el Grupo Popular hace en otras ocasiones: decir una cosa y hacer la contraria. Ha sido precisamente el incumplimiento de estos principios a lo largo de todo el articulado lo que ha provocado que el
proyecto de ley haya tenido una contestación tan brutal. La sensación es que el anteproyecto se realizó con cierta nocturnidad. El Gobierno solo necesitó la opinión, el modelo que gustaba a Telefónica. Ya lo vimos en el informe que realizó Price
Waterhouse por encargo de Telefónica. Hemos visto que el proyecto de ley y ese informe se parecen muchísimo. Ninguna gran empresa, desde luego no Telefónica, ha manifestado nada en contra, tampoco a favor -calladitos- porque entiendo que sus
dificultades para capturar al regulador han terminado. Ahora el Gobierno tendrá capturado al regulador y las grandes empresas solo tendrán que capturar al Gobierno y, como sabemos, les une una estrecha amistad.


Desde su presentación, el anteproyecto comenzó a obtener una opinión en contra de todo aquel que leía su contenido. Así lo han puesto de manifiesto, por ejemplo, muchos economistas, muchos artículos en prensa especializada, ordinaria,
nacional e internacional. Todos los reguladores, la Comisión Nacional de la Competencia, el Consejo de Estado y por si faltaba alguien también la Unión Europea, han desarrollado una lucha intensa para que este proyecto de ley no se pusiera en
marcha. Al rechazo de los reguladores nos unimos todos los grupos el 20 de diciembre pasado presentando enmiendas a la totalidad. En general, el rechazo derivaba del gran intervencionismo que contiene. Lo resumió muy bien en uno de sus artículos
Vidal Folch diciendo cómo el Gobierno parece querer convertir a reguladores y competencia en una terminal ministerial. No le falta razón. Desde nuestro punto de vista, todo indica que una reforma de este calado hubiera merecido un debate previo.
Así lo ha hecho constar en su informe el Consejo de Estado que dice: Se echa en falta la concesión de un amplio debate de audiencia pública que hubiese recogido con detalle la opinión de los distintos sectores afectados. Hubiera merecido un debate
como el que se hizo para la Ley de defensa de la competencia, que fue precedido de un libro blanco y ello supuso un consenso muy amplio y un reconocimiento nacional e internacional muy importante. No ha sido así. El resultado de este proceso de
parchear y parchear no puede ser tampoco satisfactorio. Precisamente este

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año se celebra el 50º aniversario del inicio de la legislación de competencia, y nosotros en este 50º aniversario tendremos que celebrar más bien el final de la competencia en nuestro país.


Como respuesta a todas estas críticas y a esa primera carta que remitió la Comisión Europea, el ministro de Economía se limitó a abrir la posibilidad de hacer dos salas dentro de ese macroorganismo. Eso no es suficiente a nuestro juicio y
desde luego es insuficiente a la vista de la Unión Europea que tuvo que enviar una segunda carta -esta vez sí- amenazando de apertura de procedimiento de infracción de manos de la mismísima vicepresidenta de la Comisión Europea. El nuevo proyecto
resultante de sus autoenmiendas -llegado después de varios tirones de orejas de la Comisión Europea, como he dicho- no va a satisfacer a nadie. Habrán leído ya en los últimos días, cuando ya se conocían las enmiendas, artículos en la prensa. Decía
Expansión el otro día: Se trata de un proyecto maquillado e insuficiente. Puedo enseñarles muchos artículos de prensa que hablan en contra del proyecto. No sé si el Grupo Parlamentario Popular podrá enseñarme alguno que hable a favor. Nuestro
grupo insiste en que el modelo no garantiza la transparencia, la independencia y la especialización que debe regir en los reguladores. Es un organismo que debe promover no solo la competencia efectiva en los mercados sino también el impulso de la
innovación, porque eso va a ayudar a nuestra economía a salir de la depresión. Y también tienen que trabajar por la defensa de los consumidores y de las pequeñas y medianas empresas, que van a ver muy mermadas sus oportunidades de acceder al
mercado.


Como decía, partiendo de la máxima de que rechazamos el modelo de integración de todo en un solo organismo, aunque sea con dos salas, desde nuestro punto de vista no son suficientes las reformas que se han hecho. En primer lugar, quiero
empezar hablando -el señor Martínez-Pujalte sabrá por qué empiezo por ahí, me lo recordaba el otro día- de que no respeta el cumplimiento de los mandatos de los actuales consejeros. Creemos que esta es la causa fundamental de la modificación de la
ley. El hoy ministro Montoro advertía: El Partido Popular no respetará los nombramientos si llega al poder. Llegó incluso a amenazar a los candidatos en aquel 2011 de que se atuvieran a las consecuencias si aceptaban los nombramientos. Este es
uno de los temas que recalca la vicepresidenta de la Comisión Europea, y le recuerda el artículo 3 de la directiva marco. Hay varias directivas que hablan de este tema, y todas ellas dicen que las autoridades reguladoras se deben nombrar con un
mandato fijo y que solo pueden ser destituidos -estoy leyendo de forma literal de una de las directivas- porque ya no se cumplan las condiciones de la directiva o porque hayan sido culpables de falta de acuerdo con el derecho interno. Ninguna de
estas causas se ha producido, sin embargo la primera actuación que se pondrá en marcha será el cese de los consejos. Yo me pregunto: si la Unión Europea abrió un procedimiento de infracción contra Hungría por un caso similar y tuvo que rectificar
¿por qué no lo hará ahora contra España? Nosotros se lo preguntaremos en caso de que no lo haga, aunque yo confío en que lo hará. Han abierto un melón muy peligroso porque si la Unión Europea aceptara esto supondría que con el cambio de cada
gobierno, cambiarían los consejeros de los organismos. Eso sí, no se han olvidado de quién ha de ser el secretario. El secretario del consejo se lo han reservado a los colegas de la principal impulsora de este modelo, que por lo que define va a
tener que ser necesariamente un abogado del Estado.


Se ha hecho caso omiso, por otra parte, a la atribución de competencias a las autoridades ministeriales que están recogidas en el Real Decreto-ley 13/2012, que además consolidan ya en el anteproyecto de la ley general de telecomunicaciones,
y eso también es una advertencia clara en la carta de la vicepresidenta de la Comisión Europea. En nuestra opinión y en la de las autoridades europeas, también, los reguladores deben fortalecerse e incrementar sus competencias, no solo en el ámbito
de su sector sino también en el de la protección de los consumidores. Solo Estonia y España tendrán fuera de los reguladores la competencia de consumidores, siendo además nuestro país uno de los que ofrece una mayor insatisfacción de los
consumidores en temas, por ejemplo, de energía y telecomunicaciones. Sería importante que estas competencias pasaran a los reguladores (yo digo reguladores porque no llego a aceptar un único regulador) porque favorecería -decía el director del
Berec- la relación con este organismo. Al director del Berec también le ha alarmado el proyecto de ley.


Ustedes han modificado la financiación del organismo, han asumido que tendrá que ser vía tasas, pero se resisten a darle independencia total al organismo porque las recaudará el Gobierno. He visto una transaccional en la que no sé si han
modificado algo de eso porque no me ha dado tiempo a verla con detalle. En principio las recauda el Gobierno, por lo tanto, están socavando la autonomía, porque el Gobierno transferirá las tasas cuando lo considere oportuno. En todo lo que estoy
diciendo estarán comprobando que la mano del Gobierno está en todos los rincones de ese organismo. Además, me ha llamado la atención que uno de los argumentos que ponían para esta transformación era el ahorro de

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coste. ¿Por qué entonces suben las tasas en los anexos? ¿Van a hacer también una tropelía mezclando distintos sistemas retributivos y derechos laborales en un solo organismo? La Comisión Nacional de la Competencia, independiente ahora,
está financiada por los Presupuestos Generales del Estado y sus trabajadores son funcionarios, pero ahora se verán mezclados en un organismo donde habrá distintos derechos laborales y sistemas retributivos, y eso va a provocar efectos negativos en
el funcionamiento del organismos.


Quiero recalcar también nuestro rechazo, primero al modelo, aunque en el organismo se hayan incluido dos salas. Consideramos que la complejidad, la cantidad, la variedad de asuntos que va a abordar la sala de supervisión regulatoria, ya me
explicará, si puede, el Grupo Parlamentario Popular ese cambio porque en toda Europa se llaman órganos de regulación, si esto de supervisión regulatoria esconde algo. Decía que esa complejidad y esa cantidad de expedientes sobre los que van a tener
que conocer cinco miembros nada más va a provocar una congestión y un retraso sin precedentes en la regulación sectorial, un ámbito en el que la rapidez en la actuación es fundamental para el funcionamiento de los mercados. Por si acaso, van
aprendiendo esos cinco de algunos temas. Ustedes proponen que tienen que rotar hacia la otra sala. ¿Esto qué sentido tiene? ¿Saber de todo y no saber de nada? Desde luego se pierde especialización. Además, tal como está puesto en algunas
enmiendas de otros grupos, este consejo está desequilibrado con los diez miembros porque pone su peso en competencia. Echamos en falta todavía el informe preceptivo de Competencia para todos los proyectos normativos, no solo para los que afecten a
los sectores sometidos a supervisión. Ustedes deberían haber mantenido, y aquí lo han corregido, el artículo 25 de la Ley de defensa de la competencia; también Europa hizo un llamamiento en este sentido. Solo lo restringen a informes de sectores
sometidos a supervisión. ¿Por qué no podría informar Competencia, por ejemplo, del monopolio que va suponer para los registradores de la propiedad la legislación reciente del Ministerio de Justicia? Eso va a ser un auténtico monopolio.


Por último, el estatuto orgánico, que esperábamos que en las transaccionales se eliminara -habíamos oído eso-, se refuerza. Vuelve a ser por real decreto del Gobierno y todo el funcionamiento del organismo habrá de respetar lo establecido
en este estatuto. Está claro -yo así lo entiendo- que en el ánimo del Gobierno no ha estado la mejora de la independencia, de la transparencia, de la especialización y de las actuaciones de competencia, sino todo lo contrario: máximo
intervencionismo en todos los rincones del organismo que crea. Han hecho una modificación mínima para ver si evitan el expediente de la Unión Europea. Creo que no va a ser suficiente y que no se va a evitar; al menos nosotros así se lo pediremos
a la Unión Europea.


En nuestro proyecto hemos apostado por reducir costes siguiendo la tendencia de los países de nuestro entorno con un modelo convergente de reguladores y comisión nacional de la competencia independientes. Diferenciamos regulación ex ante y
ex post, porque consideramos que reguladores y competencia cumplen funciones completamente diferentes, por tanto, deben contar con medios y funcionamientos totalmente distintos. Los reguladores vigilan constantemente los distintos sectores, para lo
cual tienen que contar con la especialización necesaria en cada sector; no solo cinco personas pueden entender de todos los sectores. Competencia tiene que detectar y sancionar comportamientos restrictivos de empresas y tiene que responder
inmediatamente a cualquier infracción. Es decir, la regulación ex ante y ex post nos parece fundamental. Esta separación favorece el impulso de la innovación competitiva. Forzamos a los reguladores a que impulsen a las empresas a emprender, a que
innoven y a que inviertan. También favorece la defensa de los consumidores y de las pequeñas y medianas empresas que, como decía, se van a ver muy desfavorecidas con este proyecto. La unión va a suponer una inseguridad jurídica mayor y no va a
evitar casos como el de Telefónica, que a ustedes parece que les dolió tanto. Estos casos se producen, porque es normal que pueda darse un caso de estos; si quieren después debatimos sobre él. También se han producido en Francia y Alemania,
modelo que ustedes ponen de ejemplo; pero, desde luego, este modelo no se parece en nada al de Alemania. Nosotros proponemos un modelo de uno más tres, que es más propio de los países de nuestro entorno con una comisión nacional de la competencia
que coordina a tres organismos de regulación, que serían la comisión nacional de energía, la comisión nacional de transporte -que incluye la regulación aeroportuaria y la ferroviaria- y la comisión de los mercados de las comunicaciones, que asumiría
todas las competencias de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, de la Comisión Nacional del Sector Postal y del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. Aquí en este proyecto se reservan ustedes las competencias de audiovisuales,
porque para temas de concentración ya pueden acudir al artículo 10 de la Ley de Defensa de la Competencia y rectificar al regulador, como ya han hecho con Antena 3 y con La Sexta. Por primera vez se ha utilizado

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ese artículo 10 desde que se creó la Ley de Defensa de la Competencia. Nuestra propuesta amplía las competencias actuales de los reguladores y está más en línea con la Unión Europea. A nosotros nos mueve la transparencia y yo les pregunto:
¿A ustedes qué les mueve? Porque no conozco a nadie excepto a ustedes -y a Price Waterhouse a través de Telefónica- que opine bien de este proyecto.


Terminó ya, señor presidente. Queremos volver a invitar al Gobierno a que retire el proyecto y a que abra un debate sosegado para la reforma de los reguladores, porque lo que salga de este corae y pega que han venido haciendo no va
satisfacer a nadie. Va a resultar, con perdón, un bodrio que no nos merecemos ni siquiera a los ojos del mundo. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señores y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado cincuenta enmiendas aproximadamente al proyecto de ley de la creación de la comisión nacional de los mercados y de la
competencia. Cuando se produjo el debate en el Pleno del Congreso, nuestro grupo parlamentario planteó una enmienda a la totalidad, pero a lo largo del debate se inició un diálogo para la tramitación parlamentaria en esta Comisión que desde nuestra
perspectiva ha fructificado. Convergència i Unió ha llegado a un acuerdo relevante con el Partido Nacionalista Vasco y el grupo parlamentario que da soporte al Gobierno, el Grupo Parlamentario Popular, en todos aquellos aspectos que nosotros
consideramos fundamentales. Como fruto de este acuerdo y de este diálogo la ley que entró el Congreso no va a tener absolutamente nada que ver con la que va a salir de esta Comisión. Se han modificado aspectos muy relevantes y hemos incorporado
algunos de los posicionamientos de nuestro grupo, como el de que prevaleciera la independencia entre el Gobierno y el futuro órgano regulador. Creemos que hemos mejorado esta cuestión sensiblemente, ya que hemos pasado de tener única y
exclusivamente una sala a tener dos. Es cierto que lo óptimo hubiera sido tener tres, pero tenemos los diputados que tenemos. Estamos intentando pactar y dialogar con el grupo parlamentario que tiene la mayoría absoluta pero, dadas las actuales
circunstancias, pasar de tener una sala de regulación y competencia a tener dos -una de regulación y otra de competencia- es un paso significativo. Con las enmiendas que hemos consensuado y que se van a aprobar después de este debate se van a crear
dos salas -una de regulación y otra de competencia- y cuatro direcciones estratégicas (competencia, energía, telecomunicaciones audiovisuales y transportes). También hemos conseguido que los directores, que en el proyecto inicial eran escogidos por
el Gobierno, sean elegidos por el consejo a través de la comisión. Finalmente, también hemos planteado que la comisión recupere todas aquellas funciones que antes tenían tanto la Comisión Nacional de la Energía como la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones. En el proyecto pasaban prácticamente todas al Gobierno, pero con las enmiendas que ha planteado nuestro grupo parlamentario hemos conseguido que estas competencias vuelvan a estar en la comisión y no en el Gobierno. También
queríamos mantener que diferentes comunidades autónomas tuvieran la ubicación que algunas sedes importantes. Nuestro grupo ha elaborado una enmienda que también presentó en el debate de totalidad y que para Convergència i Unió es muy importante.
Es la enmienda 212, que pretende mantener la dirección de instrucción de los asuntos de supervisión regulatoria en los sectores de las telecomunicaciones y servicios audiovisuales en la sede actual de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones en Barcelona. Por lo tanto, este es un aspecto relevante que vamos a plantear en esta Comisión y esperamos que goce de los votos positivos del grupo parlamentario que da soporte al Gobierno y del resto de las formaciones
políticas para que en Barcelona quede ubicada la dirección de instrucción de los asuntos de supervisión regulatoria en los sectores de telecomunicaciones y servicios audiovisuales de la actual sede de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones. Este es un aspecto al que Convergència i Unió le da una gran importancia.


En otros aspectos del ámbito autonómico y competencial y en algunos temas hemos conseguido algún acuerdo importante, como al que hace referencia la enmienda número 174 de Convergència i Unió para que se puedan suprimir todas aquellas frases
que proponen una unidad de mercado en todo el territorio nacional. Nosotros no estamos de acuerdo con este planteamiento, ya que una afirmación de esta envergadura vulneraba la autonomía y competencias de las comunidades autónomas en el ámbito
económico, al de no tratarse de una cuestión relevante respecto a la tarea del mantenimiento de la competencia efectiva que exige la Unión Europea, a la cual debe responder la comisión nacional de los mercados y la Competencia. Es cierto que el
Grupo Popular ha transado con Convergència i Unió respecto

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a la enmienda 171, en la cual queda perfectamente eliminada la unidad de mercado que nosotros planteábamos en nuestra enmienda.


Hay otro aspecto que todavía estamos negociando con el Grupo Popular, estamos pendientes de llegar a un acuerdo con el Grupo Vasco, en su enmienda número 70, que va en una dirección similar a la nuestra número 174, para que entre las
funciones de la comisión nacional de los mercados y la competencia no puede existir la de velar por la aplicación uniforme de la normativa sectorial. En nuestra opinión, esta aplicación uniforme no cabe en una legislación de ámbito estatal; la
aplicación uniforme la han de plantear las diferentes comunidades autónomas en sus competencias respectivas, por lo que aquí también proponemos que esta posibilidad de la aplicación uniforme pueda desaparecer.


También hemos consensuado algunas enmiendas a las cuales me he referido anteriormente, que van en la dirección de que el personal directivo del futuro órgano de la comisión nacional de los mercados y la competencia no sea nombrado por el
Gobierno sino por la comisión. En esta dirección va la enmienda número 190 de Convergència i Unió que, repito, hemos transaccionado con el Grupo Popular. En este sentido van las enmiendas 205, de Convergència i Unió y 175; en esta hemos
conseguido acuerdos con el Grupo Parlamentario Popular para que quede perfectamente delimitado que la competencia se va a centrar única y exclusivamente en el pleno del consejo y en las dos salas correspondientes. Lógicamente los nombramientos y
las competencias que en el proyecto de ley estaban incorporados a los ministerios ahora van a volver a las dos salas correspondientes.


Al mismo tiempo hay algunas enmiendas, como pueden ser la 192 y la 193, que van en la dirección del funcionamiento del consejo y de estas dos nuevas salas, de competencia y de regulación, respecto de las que también hemos planteado algunas
competencias de funcionamiento y de movilidad relativas a algunos ejemplos, en los que puedan quedar perfectamente delimitados los aspectos en los que finalmente se pueda demostrar una verdadera independencia entre el Gobierno, los ministerios
correspondientes y las dos salas (la de regulación y la de competencia), que finalmente van a quedar articuladas en este proyecto de ley.


Hay otras enmiendas en las que también se ha conseguido un acuerdo con el Grupo Popular, como son las números 206, 216, 208, 215 y 2013, que van en una dirección similar a las anteriores en el sentido de poder modificar algunas de las
disposiciones previstas en materia sancionadora para que sean coherentes con lo que también especifican las directivas correspondientes. Asimismo en estas enmiendas se modifican algunas disposiciones adicionales para que la totalidad de las tasas,
prestaciones patrimoniales e ingresos derivados del ejercicio de las condiciones previstas en la ley sean gestionados y recaudados por la comisión nacional de los mercados y la competencia y ninguna de ellas se destine a algún ministerio, como
preveía la disposición.


También va a existir acuerdo en la 205 y la 211, respecto a las que no se nos han presentado enmiendas transaccionales. En estas se plantea la eliminación de las disposiciones en las cuales se contemplan una serie de funciones que debe
asumir la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Seguridad de la Información del Ministerio de Industria, Energía y Turismo en materia de comunicaciones electrónicas por dicho traspaso, ya que no nos parece adecuado para garantizar el
principio de independencia de dicho organismo. Por lo tanto, la 205 y la 211 también van en la dirección susodicha de poder mantener la independencia entre las diferentes salas, el consejo y entre los diferentes ministerios afectados por esta
comisión nacional de los mercados y la competencia.


Hay otros aspectos relevantes en los cuales desde nuestro punto de vista se vulneran algunas competencias autonómicas, como son los relativos a las enmiendas 167, 168, 169, 172, 176 y 188, que intentamos negociar con el Gobierno en este
trámite o en el Senado. Al mismo tiempo hay dos aspectos que consideramos relevantes y en los que estamos intentando llegar a acuerdos durante esta sesión contenidos en enmiendas como podría ser la enmienda 195, en la que entendemos que la
impugnación de los diferentes actos administrativos que se puedan plantear desde la comisión a diferentes administraciones públicas debe ser una función indelegable del pleno del consejo y no de las salas o de las direcciones estratégicas. Esta es
una cuestión en la que, repito, estamos en la línea de poder llegar a un acuerdo porque no consideramos de recibo que un director general de una comisión pueda tener la competencia, ese gran poder para presentar un recurso ante alguna administración
que no sea la Administración General del Estado. Por tanto, estas competencias tendrían que estar ligadas única y exclusivamente al pleno del consejo y ni siquiera podrían estar delegadas en alguna dirección general estratégica o en alguna comisión
sectorial de las dos que hay, la de regulación y la de competencia.

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Otra enmienda que nos preocupa y en la que intentaremos llegar a un acuerdo a lo largo de esta tramitación parlamentaria con el grupo parlamentario que da soporte al Gobierno -lógicamente estaríamos encantados de que se pudieran sumar el
resto de formaciones políticas-, es la relativa a la elaboración de un estatuto orgánico de la comisión nacional de los mercados y la competencia. Nosotros hemos planteado una enmienda según la cual un organismo de estas características no tiene la
necesidad de que se pueda instrumentar por parte del Gobierno la elaboración de un estatuto orgánico, sino que entendemos que el reglamento tendría que estar elaborado por el pleno de esta comisión nacional de mercados y la competencia y no tendría
que depender de un estatuto orgánico elaborado por el Gobierno. Si esto fuera así perderíamos algunos de los aspectos relevantes de la competencia y habiendo llegado prácticamente a un acuerdo respecto a una serie de aspectos según los cuales el
reglamento tiene que ser elaborado por el pleno del consejo de esta comisión no tiene demasiado sentido que su elaboración tenga que depender de un estatuto orgánico que tenga que estar atribuido al Gobierno por la elaboración de un real decreto.
Por tanto, desde esta perspectiva valdría la pena que apuráramos todas las posibilidades para llegar a este acuerdo que, repito, desde la perspectiva global y el posicionamiento general de Convergència i Unió es aceptable. Es un acuerdo
interesante, dado que prácticamente le hemos dado la vuelta al calcetín a través de esta negociación que se ha implementado concretamente a través de Convergència i Unió y del Partido Nacionalista Vasco, en el sentido de poder recuperar más
independencia para esta nueva comisión, de poder pasar de una a dos salas, una de regulación y otra de competencia, de que todas las competencias vuelvan a la comisión y desaparezcan del ministerio y también de que los directores generales sean
nombrados por las comisiones o por el pleno correspondiente y no sean nombrados por el Gobierno. Finalmente, quiero repetir una vez más que también desde Convergència i Unió le damos un valor importante desde la perspectiva política, en el sentido
de que nosotros consideramos que el planteamiento hecho por Convergència i Unió para que se pueda mantener la dirección de la instrucción de los asuntos de supervisión regulatoria de los sectores de telecomunicaciones y servicios audiovisuales en la
actual sede de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en Barcelona, si esto finalmente es así, y esperemos que sea así porque forma parte del acuerdo que hemos alcanzado, también lógicamente vamos a contemplar todavía como más positivo y
más interesante este acuerdo. Repito, ante una mayoría absoluta como la actual pensamos que no deja de tener un mérito relativo el trabajo y la posición de nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: Quiero comenzar recordando nuestra intervención, y creo que fue una opinión común del resto de los grupos, en relación con que estamos posiblemente ante una de las leyes más importantes que haya visto el Congreso
hasta estos momentos. Una ley que va a determinar aspectos tan importantes como la competencia y también su intervención reguladora y supervisora en elementos de la economía tan determinantes como es el de las telecomunicaciones, el audiovisual, la
energía, y postal, y desde nuestro punto de vista lo estamos haciendo bastante mal. Digo nos porque, sin duda, por pasiva, y al no poderlo evitar, me siento corresponsable, aunque vamos a intentar hasta el final evitar lo que creemos que es un
profundo error, cuando no una visión interesada. Nuestro grupo no tiene una imagen idílica de la competencia, porque desgraciadamente hemos visto como especialmente en nuestro país en nombre de la independencia de los organismos independientes se
han hecho bastantes barbaridades, pero en todo caso sí que tenemos bien claro que la competencia es un factor clave para el buen funcionamiento de la economía y sobre todo para que los ciudadanos en su condición de usuarios y de consumidores no vean
permanentemente arrasados sus derechos frente a la fortaleza de las grandes corporaciones y los grandes lobbies.


España tiene en la historia reciente algunos ejemplos bastante duros, lo que empezó siendo un proceso llamado de liberalización ha terminado siendo un proceso de privatización de los antiguos monopolios que ha terminado sin duda con unos
niveles de oligopolio importante, unos niveles de desprecio a los derechos de los consumidores bastante significativos y sobre todo un poder absoluto por parte de esos oligopolios que mucho me temo que después de la reforma financiera van a llegar
también al sector financiero. Tenemos ejemplos como el hecho de ser el país con una de las tarifas de ADSL más caras de Europa, un sector eléctrico que se lucra de una regulación nefasta y que tiene previsto, por la propia regulación de los
Gobiernos, transferir una parte de sus costes, vía déficit de tarifa, a generaciones futuras. Tenemos compañías telefónicas con más reclamaciones que en ningún otro país; tenemos un sector de los hidrocarburos al que desde dentro y desde fuera del
país mucha gente ha denunciado con

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datos, son capaces de manipular los precios del lunes para condicionar así las estadísticas de Eurostat y son capaces también de interferir y modificar el IPC del mes de noviembre del año pasado para incidir así en algunos de los intereses
macroeconómicos del Gobierno. En ese sentido les he de decir que no tenemos una visión idílica de lo que funcionaba hasta ahora, pero sin duda mucho me temo que este proyecto de ley nos va a situar en muchas peores condiciones en términos de
competencia y sin duda en peores condiciones también en relación con los derechos de los ciudadanos en su condición de usuarios y consumidores.


Se vuelve a confirmar una máxima popular que dice que mal acaba lo que mal empieza, espero aún poderlo resolver en los trámites posteriores, porque un proyecto de ley que empieza con una similitud tan grande con el informe de la consultoría
Price Waterhouse encargado por Telefónica, difícilmente puede evolucionar a mejor. Entenderán ustedes por qué nuestra obsesión para regular en este país el funcionamiento de los lobbies y sobre todo para establecerles transparencia.
Desgraciadamente, son ya muchas las leyes aprobadas en los últimos años que han sido redactadas en grandes despachos. Yo, como conocedor del mundo de las relaciones laborales, le puedo decir que no son pocas las reformas laborales que se han hecho
en este país donde la pluma de grandes despachos ha sido absolutamente determinante. En ese sentido, déjenme que les diga que las enmiendas que nos ha propuesto el Grupo Popular, incluso las transaccionales que incorporan parcialmente algunas de
las nuestras, a nuestro entender no modifican de manera significativa el proyecto de ley presentado y, por lo tanto, tampoco modifican nuestra posición. Quiero dejar constancia aquí de que creo que, a pesar de las apariencias que se han dado en los
medios de comunicación, este proyecto de ley en su redacción actual y con las enmiendas que se pretenden incorporar no responde a las exigencias de la Comisión Europea y vamos a batallar hasta el final para que la Comisión Europea haga valer también
esa opinión suya cuando vea el texto que sale del Congreso. Quiero poner algunos ejemplos en relación con eso. Por ejemplo, sigue adelante el proyecto del Gobierno y el Partido Popular como partido mayoritario de la ley general de
telecomunicaciones, que afecta de manera significativa a las competencias que en su momento la Comisión Europea dijo que no debería perder el regulador. Quiero dejar constancia también de que creo que desde la perspectiva del actual texto no se
garantiza la suficiencia financiera del regulador, sobre todo su independencia, y especialmente la separación funcional entre las competencias del Gobierno y las del organismo regulador no solo no se cumplen sino que son claramente insuficientes,
cuando no cercanas al incumplimiento de las directivas comunitarias.


En segundo lugar, este modelo continúa siendo un modelo que no tiene referentes en Europa. Es bueno que España sea un país innovador, pero es bueno que lo sea también intentando no ser el conejillo de indias de los experimentos de las
grandes corporaciones trasnacionales. No es bueno que nosotros, que no somos un país puntero en la liberalización y en la libre competencia, pongamos en marcha un nuevo esquema de organismos reguladores y supervisores que sin duda no tiene ningún
tipo de referencia en el marco de la Unión Europea. Lo que ustedes utilizan, el modelo holandés, ha dado muchos vuelcos y en estos momentos ni tan siquiera se ha puesto en marcha, está pendiente de su aprobación definitiva y creo que no deberíamos
someter a los ciudadanos españoles al riesgo de ser el conejillo de indias de esos cambios. Hay una cosa bastante importante y es que con independencia del cambio que se ha podido producir con esas enmiendas, el nuevo organismo que se nos plantea
pierde especialización y gana riesgos de captura. Sin duda, los riesgos de captura del regulador no son una cosa que nos hayamos inventado nosotros en un ataque de paranoia, existe, está documentado, se ha estudiado mucho sobre ellos y en estos
momentos la reducción de organismos, la fusión en un solo organismo con diez consejeros a la especie de maravillosos superman o superwoman que saben de todo, a la especie de Leonardos da Vinci a los cuales se les encarga funciones tan complejas como
las que se desprenden de esta ley, creo que aumentan los riesgos de captura, los riesgos de captura voluntaria, es decir, de quien se quiere dejar capturar, o los riesgos de captura de aquellos que no tienen la capacidad suficiente para enfrentarse
a las grandes armas que ponen las corporaciones cuando quieren llevar la regulación a su río o a su caudal, y eso no es una especulación sino que lo hemos visto en los últimos años. Desde ese punto de vista, entendemos además que insistir en
anteponer la regulación ex post de la competencia a la regulación ex ante en relación con los sectores y las funciones de regulación continúa siendo un error y es un ejemplo también de cómo se quiere actuar por parte del legislador español, por
parte del Partido Popular. Dejemos que las empresas actúen y en todo caso establezcamos después el control posterior de la competencia. Quiero insistir en esa cuestión. A nuestro entender, no se ha resuelto suficientemente el proceso de
recuperación del Gobierno de competencias que nunca debieron salir del ámbito de los reguladores, y en

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ese sentido pierde capacidad de independencia el organismo regulador y sin duda la adquiere el Gobierno, que va a tener un solo organismo con mayor capacidad de ser controlado políticamente.


En relación con el estatuto orgánico, déjenme que les diga que creo que es otra manifestación de cómo se quiere condicionar hasta el último momento por parte del Gobierno, por parte del Partido Popular, la ordenación de ese organismo. En
vez de dejar el desarrollo de ese estatuto orgánico de ese organismo interno al acuerdo del organismo que en su momento se cree, es decir, del propio consejo, se va a querer determinar desde el propio Gobierno hasta el último extremo la estructura
interna de esos ámbitos, incluido el de las direcciones de instrucción, que sin duda van a jugar un papel muy importante.


Hay un tema muy significativo para nosotros, y es garantizar el tema de la subsede de Barcelona, que no solo no se blinda, sino que a nuestro entender se generan incertidumbres. Déjenme que les diga que lo de Barcelona no lo planteo
estrictamente en mi condición de diputado de Barcelona. Creo que se ha hecho un avance significativo con relación a ubicar en una ciudad un punto de referencia en el ámbito de las telecomunicaciones, que eso sin duda ha sido un elemento de
atracción de inversiones y de organismos, y que diluir eso no va a ayudar nada a Barcelona, a Cataluña, pero tampoco va a ayudar en absoluto al conjunto de España.


Nosotros no somos nadie para juzgar lo que va a hacer el resto de los grupos -por supuesto, todo el mundo tiene derecho a considerar como crea oportuno esas enmiendas-, pero permítanme que les diga que, en contra de lo que he oído por parte
de algún otro grupo, a nuestro entender en lo fundamental el texto que se nos presenta en forma transaccional no modifica significativamente la estructura del texto del Gobierno. No lo hace porque en definitiva mantiene un único organismo con dos
salas; ni tan siquiera se ha aceptado esa idea de descentralización en salas, en cuatro o incluso hasta en tres. Situar en el mismo nivel energía, telecomunicaciones, postal y audiovisual es una barbaridad. Incluso un aspecto tan determinante
como el audiovisual, con contenidos básicos que afectan a derechos fundamentales, creo que puede ocasionar problemas graves en la defensa de esos derechos constitucionales, por ejemplo del derecho a la infancia, y en cambio desde esa perspectiva se
ha ignorado. Espero que sea verdad eso que dice el señor Sánchez i Llibre en el sentido de que desaparecen los elementos vinculados a utilizar esta ley para garantizar la famosa unidad de mercado, y espero que no sea por la vía de que la unidad de
mercado desaparece, porque lo que desaparece es el mercado en manos de un oligopolio en cada uno de los sectores. También reitero lo que he dicho antes en relación con la sede de Barcelona.


Termino dando mi opinión en relación con las enmiendas transaccionales que se han planteado. No voy a referirme a todas ellas, pero sí a algunas, y voy a prestar más atención a aquellas que rechazamos. No podemos aceptar las enmiendas
planteadas al artículo 14. Creemos que la composición y funciones que se nos plantea de este consejo no es la adecuada. Tampoco podemos aceptar las enmiendas planteadas al artículo 23 como transaccionales en relación con el estatuto orgánico y
reglamento de funcionamiento interno. Discrepamos en que sean una buena medida las enmiendas transaccionales a la disposición adicional séptima, fundamentalmente vinculadas al mantenimiento en el Ministerio de Industria, Energía y Turismo de las
competencias en materia audiovisual; pensamos que es un error y que va a comportar problemas importantes en el sector de las telecomunicaciones. Asimismo, discrepamos en la disposición adicional novena, apartado 3. Creemos que desde ese punto de
vista en sectores tan importantes como el eléctrico y el de hidrocarburos eso nos va a traer problemas graves de competencia. Mantenemos también nuestra discrepancia en relación con las enmiendas transaccionales al artículo 6. Creemos que es
negativa porque, aunque se han modificado algunas cuestiones, es insuficiente, sobre todo en relación con el mantenimiento en ese organismo de las competencias vinculadas al ámbito de las telecomunicaciones, ya que se mantiene una referencia muy
fuerte a la Ley General de Telecomunicaciones que sin duda no ayuda nada a la independencia del organismo regulador que se va a crear por esta ley. También va a ser esta nuestra posición respecto a los artículos 17 y 18 debido a la negativa a
aceptar una ampliación de más salas.


Termino. No me da tiempo a referirme a todo, pero creo que he utilizado suficientemente mi tiempo. Concluyo diciéndole que por nuestra parte vamos a hacer todo lo posible para que este texto no se apruebe así definitivamente. Vamos a
intentar que la Comisión Europea se dé cuenta de que lo que les ha dicho el Gobierno de que cumple los acuerdos adoptados entre el Ministerio de Industria y el Ministerio de Economía con la Comisión Europea no es así, que se le está levantando la
camisa a la Comisión Europea. Vamos a hacer todo lo posible para que vuelva a intervenir de nuevo y así antes de que se apruebe definitivamente nos dé otro toque más fuerte que el que nos ha dado en su momento. Y vamos a hacer también todo lo
posible -dentro de nuestra modestia- en el Senado.

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Finalizo diciéndole lo siguiente. Me gustaría equivocarme, pero mucho me temo que si alguien está en esta Comisión de Economía de aquí a cuatro o cinco años probablemente va a tener que discutir alguna iniciativa de algún grupo que tenga
que ver con la devastación que en algunos sectores haya podido provocar el cambio legislativo que en estos momentos se ha empeñado en tirar adelante el Gobierno con el apoyo del Partido Popular. Me gustaría -insisto- equivocarme, pero creo que
estamos ante un verdadero desastre. Un país que no es capaz de regular bien la competencia, que no es capaz de controlar a sus grandes corporaciones y lobbies, es un país que difícilmente puede ser eficiente y competitivo, sobre todo nunca será
justo. Lo más injusto de este proyecto de ley es que es el único de toda la Unión Europea que no hace una sola referencia a otorgar competencias a este organismo con relación a los derechos de los usuarios y los consumidores. Es increíble, pero
tanto poner en boca el Gobierno a los usuarios, a los consumidores, a los ciudadanos y no hay ni una sola referencia a otorgar competencias a este organismo con relación a los usuarios y consumidores. Ellos son, estos ciudadanos, las víctimas de
este proyecto de ley.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de UPyD, tiene la palabra el señor Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Unión Progreso y Democracia considera que el proyecto de ley que nos ocupa esta tarde es una de las grandes reformas estructurales que van a suceder en esta legislatura. Es una reforma importante porque afecta a
sectores estratégicos de nuestra economía, sectores tan importantes como la energía, las telecomunicaciones, el sector audiovisual, los transportes. Reforma importante también porque tiene que ver con una de las raíces de la crisis, los problemas
en la supervisión y en la regulación, que no solo afectan al sector financiero; e importante asimismo porque nos propone un cambio absolutamente radical del modelo de organización de las autoridades de regulación y defensa de la competencia que hay
en nuestro país.


Los objetivos que se declaran perseguir con esta reforma no pueden ser más loables: aumentar la profesionalidad e independencia de los reguladores y reducir el gasto público. Son objetivos que Unión Progreso y Democracia comparte. Somos
un partido que ha insistido en la importancia de la independencia de supervisores y reguladores, un partido que quiere reducir estructuras administrativas, que quiere reducir el gasto público. Por eso, como dije en el Pleno, nuestra predisposición
inicial a esta reforma era favorable, pero el estudio de los detalles nos decepcionó tanto que nos llevó a plantear una enmienda de devolución en el Pleno. Y al estudiar esta nueva versión nos hemos dado cuenta de que, aunque algunos de los
problemas se han paliado, esencialmente nuestras reticencias no varían. Creemos que esta versión que se dice que se va a aprobar, porque en este momento todavía no hay incorporada ninguna enmienda, lima alguno de los defectos pero esencialmente
nuestra postura se mantiene.


En primer lugar, tenemos diferencias sobre el modelo global que se plantea. Nosotros podríamos estar de acuerdo en unificar a los reguladores sectoriales, pero no en unir también a la autoridad de defensa de la competencia, porque son
actuaciones totalmente diferentes en los objetivos, en el plazo y en los sectores a que se dirigen. La autoridad de competencia actúa sobre todos los sectores, no sobre algunos, y con plazos más largos, son actividades totalmente diferentes; por
eso favoreceríamos un modelo dual como el alemán, pero no lo que aquí se está haciendo. El organizar la nueva comisión en dos salas palía el problema pero no lo corrige del todo. Nosotros habíamos planteado enmiendas posibilistas en ese sentido
-la 77 y la 78-, pero aunque eso mejora el problema no lo soluciona. Nos sorprende que no se trate aquí la protección del consumidor, porque se pone como único ejemplo de algo similar a Holanda cuando Holanda hizo algo parecido a esto con el
objetivo de unificar las autoridades de defensa del consumidor con el resto; aquí sin embargo ese aspecto clave no se tiene en cuenta. También se guarda silencio sobre las autoridades autonómicas de defensa del consumidor y de defensa de la
competencia con lo que al final la dispersión de autoridades continuará, no a nivel estatal pero sí con los organismos autonómicos. El resumen de todo esto es que creemos que el modelo que se nos está planteando no es un modelo homologable en la
Unión Europea; en ningún otro país se ha hecho algo parecido, y seguramente si ningún otro país ha hecho algo parecido habrá buenos motivos para ello.


Aparte de estas reticencias generales sobre el modelo, también tenemos diferencias importantes de detalle. Algunas tienen que ver con las funciones que se atribuyen a esta nueva comisión, porque hay una serie de funciones reguladoras que
hoy están en los ministerios y que creemos que deberían atribuirse a la nueva comisión. Y no solo no se hace esto con la radicalidad suficiente, sino que incluso se sustraen algunas funciones que hoy tienen los actuales reguladores y pasan a los
ministerios. Por eso hay un amplio bloque de enmiendas de las que plantea Unión Progreso y Democracia que intentan, por un lado,

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que se asignen más competencias a la nueva comisión -son las enmiendas 12 a 16, incluidas- y otras que intentan impedir que se asignen a los ministerios -son las enmiendas 31 a 37, incluidas-. Habríamos dado más funciones a la comisión y
menos a los ministerios.


Otras reticencias tienen que ver con la falta de independencia funcional de este organismo. Cuestiones tan esenciales como su estructura orgánica, decisiones de personal o su propio presupuesto no las puede tomar con total libertad. Esta
es una de las cuestiones que se han limado en lo que parece que va a ser la versión final pero que siguen siendo esencialmente ciertas. La comisión nacional de los mercados y la competencia no puede decidir con total libertad sobre su propia
estructura, su personal o su presupuesto. Un amplio conjunto de enmiendas de Unión Progreso y Democracia buscaba corregir esto. Son las enmiendas 9, 10, 17 a 28 incluidas, 30 y 38. Buscaban garantizar una mayor independencia funcional de forma
que la comisión decidiese libremente sobre su estructura interna, su personal y su presupuesto.


Los supuestos ahorros que se nos plantean como otra de las grandes justificaciones de esta reforma nos parecen más que dudosos, porque esencialmente se atribuyen a que no va a haber que crear una serie de nuevas comisiones, que estaban
pendientes de creación, que tenían que ver con el juego, las actividades aeroportuarias o los medios audiovisuales. Sin embargo, aunque no se creen estas nuevas comisiones, la nueva comisión nacional de los mercados y la competencia tendrá que
ocuparse de estas cuestiones, por lo que no puede considerarse que el ahorro sea total sino como mucho parcial. Creemos que el problema de la captura del regulador tiene una cara positiva y una negativa. La positiva es que en este nuevo organismo
la captura del regulador será más complicada, es menos probable; la negativa es que si se produce esa captura es mucho más peligrosa, porque quedaría capturado el organismo único de regulación y defensa de la competencia. Nos preocupa también el
periodo transitorio hasta que este nuevo modelo se asiente y funcione adecuadamente porque, como he dicho al principio de mi intervención, estamos hablando de sectores clave, de sectores estratégicos de la economía española.


Siendo, como se puede ver, numerosas nuestras reticencias dejo para el final las dos que consideramos más importantes. Una tiene que ver con el conflicto que todo esto ha planteado con la Unión Europea desde el principio del procedimiento.
Ya en la fase de anteproyecto, en la evaluación del Plan nacional de reformas de España se decía literalmente que el actual proyecto de ley que crea la comisión nacional de los mercados y la competencia no garantiza que esta comisión realice su
actividad regulatoria de forma eficaz e independiente. Posteriormente, el 29 de noviembre, hubo una carta de cuatro directores generales al Gobierno de España poniendo en cuestión aspectos claves que tenían que ver con la independencia de esta
nueva comisión. Nos parece muy peligroso, en un momento en que España tiene que recuperar su credibilidad internacional, en que tiene que recuperar confianza, que se haya puesto en cuestión esa credibilidad internacional en un ámbito tan delicado
como la independencia de los reguladores. Nos parece una decisión realmente irresponsable por parte del Gobierno.


Y la última reticencia, y la más importante de todas, tiene que ver con la independencia política de este nuevo organismo. Antes me he referido a la independencia funcional, pero me refiero ahora a la independencia política. Hace falta ser
ingenuo para no acabar llegando a la conclusión de que el objetivo principal que busca esta reforma es uno que no está explicitado en ningún lugar del texto: cambiar el color político de unos reguladores ya previamente politizados por un nuevo
color político. Es una maniobra de abordaje político que intenta sustituir a los actuales consejeros, antes de que concluyan su mandato, por unos nuevos consejeros. Mi grupo no idealiza la independencia política de los reguladores actuales
-creemos que están politizados-, pero tampoco pensamos que la solución pueda ser cambiar de color político sin cumplir los plazos. Por eso, nuestra enmienda más importante es la número 79 en la que Unión Progreso y Democracia pide exactamente lo
que pedía el Partido Popular por boca de su portavoz económico, el señor Montoro, cuando estaba en la oposición. Si ustedes leen la prensa del día 18 de abril de 2011 se encontrarán propuestas muy parecidas a nuestra enmienda 79: Que se exijan
mayorías reforzadas en el Congreso de tres quintos para nombrar a los nuevos consejeros, de forma que se fuercen acuerdos entre los partidos. Que estos nombramientos se basen en convocatorias abiertas con requisitos contrastables de formación y
experiencia en actividades relacionadas con las de la comisión. Y que las comparecencias en el Congreso no sean un mero trámite, sino que se examine el currículum y la experiencia de estos consejeros. Insisto en que son las ideas que defendía el
Partido Popular cuando estaba en la oposición y no vemos ningún motivo para que no las siga defendiendo ahora que está en el Gobierno.


Desde el punto de vista de Unión Progreso y Democracia, constituye un grave error no extraer las lecciones de la crisis y persistir en los viejos errores, en este caso en el error de la politización de

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supervisores y reguladores, que es una de las raíces de la crisis económica que padecemos. Por eso, aunque se han limado algunas de las asperezas, persistimos en nuestra oposición al conjunto de la reforma de los reguladores que aquí se nos
plantea.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Voy a intervenir brevemente puesto que coincido plenamente con el portavoz de Convergència i Unió, que ha estado reflexionando sobre el proceso de negociación y los cambios que va a experimentar este proyecto con
la incorporación de las enmiendas que se proponen.


Como saben sus señorías, nuestro grupo parlamentario presentó en su día también una enmienda a la totalidad porque entendíamos que este proyecto no daba satisfacción a algunas cuestiones que para nosotros eran básicas: temas de
independencia, no nos gustaba el órgano único, había unos aspectos competenciales que no nos gustaban. Pero dándole un margen de confianza al Grupo Popular entonces y al Gobierno, que se comprometió a establecer una relación, una comunicación y una
negociación con el Grupo Parlamentario Vasco y también con el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, quisimos darle un margen de maniobra. De hecho, lo que hicimos en Pleno fue retirar la enmienda a la totalidad para dar ese margen de
confianza al Gobierno. Ahora, efectivamente, después de un montón de tiempo de negociaciones y de conversaciones bastante intensas, se han producido cambios que yo diría que no son del todo suficientes, pero que entendemos que cumplen con un mínimo
que nuestro grupo exigía. Podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío; preferimos verlo medio lleno en este caso.


En opinión de nuestro grupo hemos avanzado en tres cuestiones que nos parecen relativamente importantes. Una es que no exista únicamente un órgano regulador. Pensábamos que un órgano regulador no era suficiente. Pretendíamos que fueran
tres; no ha podido ser. En principio hemos conseguido dos, por eso digo lo del vaso medio lleno o medio vacío. Entendemos que es un paso adelante aunque no suficiente, pero es un paso, por lo que lo valoramos positivamente.


La segunda cuestión era que se preservara la independencia de los órganos reguladores. Queríamos que los órganos de mercados y de competencia fueran organismos reguladores homologables a nivel europeo y que cumplieran con el trabajo que
tienen encomendado con absoluta independencia y profesionalidad. No sé tampoco si se ha resuelto esta cuestión del todo, pero creemos que algún paso importante se ha dado. De hecho, hay una enmienda, la 50 del Grupo Vasco, por la que se suprime
una disposición adicional, la octava, por la que se devuelven las competencias que inicialmente se pretendían llevar al Gobierno a los órganos reguladores. Creemos que esta es una cuestión realmente importante.


La tercera de las cuestiones que está resuelta en parte -y, como ha dicho el señor Sánchez i Llibre seguramente tendremos tiempo de llegar a acuerdos más definitivos- es el respeto al marco competencial de las comunidades autónomas. Creo
que en esto también se ha dado un paso importante. No voy a adentrarme ahora en los detalles, pero creemos que es posible avanzar un poco más.


Nuestro grupo parlamentario, en definitiva, ha presentado cuarenta y ocho enmiendas al texto. A estas enmiendas el Grupo Parlamentario Popular ha presentado -no en exclusiva al Grupo Parlamentario Vasco, sino también a otros grupos
parlamentarios- diez enmiendas transaccionales con las que básicamente -no diría que con todas- estamos de acuerdo. No obstante, nuestro grupo parlamentario va a mantener vivas el resto de las enmiendas presentadas a este proyecto de ley porque
queremos que se voten. Seguramente no tendrán mucho recorrido o mucha fortuna, pero queremos mantenerlas para que quede clara cuál es nuestra posición en relación con las enmiendas que hemos planteado. Insisto, sin estar satisfechos del todo, en
este sentido, dimos un margen de maniobra, creemos que el Gobierno y el grupo parlamentario se han movido, queremos ver el vaso medio lleno y vamos a dar un margen de confianza votando favorablemente a este proyecto de ley.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Jordà.


La señora JORDÀ I ROURA: Esquerra Republicana de Catalunya hemos presentado tres enmiendas al articulado del proyecto de ley de la creación de la comisión nacional de los mercados y de la competencia. Déjenme, de manera muy breve y antes
de entrar propiamente en las enmiendas, que relate una vez más y de modo telegráfico nuestra postura respecto a la totalidad de este proyecto de ley.


Con esta ley nosotros entendemos que ustedes supeditan el control de supervisión de los órganos reguladores. Una vez más lo supeditan a la ideología y lo hacen dificultando la fiscalización y a la vez también la transparencia, a la vez que
se impulsa una doctrina neoliberal de desregularización que

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beneficia claramente la concentración oligopólica. Por otro lado, y en línea con la práctica neoliberal, las políticas de control y las políticas de regulación sobre los mercados de la competencia favorecen las llamadas puertas giratorias
entre la política y las grandes empresas. De hecho, el sistema que implantan favorece indiscutiblemente los grandes lobbies con acceso directo al Gobierno. Asimismo, la ley rompe con la profesionalidad y especialización del personal de los órganos
reguladores, de manera que se favorece la subjetividad y las visiones parciales y a la vez las visiones también manipuladas. Y para colmo, no se fija la necesidad de rendir cuentas ante el Parlamento sobre la actuación concreta. En definitiva, el
neoliberalismo del Partido Popular y de su Gobierno. Un neoliberalismo que camina hacia una democracia orgánica, donde las grandes corporaciones y las familias del régimen están en absoluta connivencia con el poder para la creación de un sistema
corporativista oligopólico.


Con la excusa de la austeridad y con la excusa de los recortes, señorías, a nuestro entender no todo vale. Este proyecto de ley pretende reducir y limitar la independencia y la capacidad de control de los organismos reguladores a favor del
propio Gobierno. Una vez rechazada la enmienda que hicimos a la totalidad, entendemos que la batalla ideológica está perdida; casi como siempre, por no decir siempre. Por ello, solo hemos presentado tres enmiendas concretas con la intención de
negociar. Cosa, también a nuestro entender, difícil. Pero, bueno, vamos allá. La primera es una enmienda de adición en el artículo 2.3, para que se añada al final de dicho artículo lo siguiente: Que en cualquier caso la comisión nacional de los
mercados y de la competencia respetará las sedes ya establecidas de los organismos que la componen. A nuestro entender, este proceso pone en riesgo la continuidad de la CMT en la capital catalana, único organismo descentralizado, con todo lo que
ello comporta y que ya se ha dicho aquí en varias ocasiones. En el proyecto de ley queda especificado que la comisión nacional de los mercados y de la competencia tendrá su sede principal en Madrid y que podrá prever la existencia de otras sedes o
no. Intentamos, pues, asegurar con esta enmienda la continuidad en Barcelona de la infraestructura ya creada. En este mismo sentido y por la preocupación de que la concentración en Madrid afecte también a los trabajadores, planteamos una enmienda,
también de adición, en este caso a la disposición adicional sexta, que pretende añadir un nuevo punto, en este caso un punto 3, con el siguiente redactado: Que los funcionarios y los trabajadores que prestan servicios en los organismos que se
extinguirán, no serán obligados a traslados de ciudad o comunidad autónoma. Se establecerán, pues, mecanismos compensatorios para todos aquellos que no acepten voluntariamente un traslado. Y finalmente, presentamos una tercera enmienda de adición
en el artículo 5.1 añadiendo un nuevo apartado, en el que proponemos que una de las funciones de la comisión sea velar por los derechos sociales de los consumidores y en particular ante los abusos en materia de competencia o en materia de
tarificación.


El señor PRESIDENTE: Por último, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Suárez.


El señor SUÁREZ LAMATA: Señorías, en este trámite del proyecto de ley de creación de la comisión nacional de los mercados y la competencia, después del debate de totalidad, se presentaron trescientas enmiendas a este proyecto de ley que
tiene treinta y cinco artículos, quince disposiciones adicionales, diez transitorias y una derogatoria. Esto da una idea de la importancia del texto que hoy estamos debatiendo. Tengo que decirles que la filosofía de este grupo parlamentario ha
sido esa. Estábamos ante una reforma estructural importante, se ha dicho aquí y es cierto, que afecta a elementos de la economía de mercado como es la regulación del mercado y la competencia. Esta es una cuestión que no puede pillar a nadie por
sorpresa puesto que el Partido Popular la incorporó en su programa electoral y el presidente del Gobierno lo anunció al poco tiempo de tomar posesión. Y al final, la filosofía que este grupo parlamentario ha utilizado para plantear sus enmiendas,
es preservar y promover el correcto funcionamiento del mercado, así como mejorar la transparencia y la existencia de competencia efectiva. Dentro de los objetivos que fueron prefijados por el Gobierno como eran austeridad, profesionalidad del
sector público y mejora de la intervención pública en los sectores afectados, en esos parámetros ha abordado mi grupo parlamentario las enmiendas. Porque nosotros, señorías, creíamos y creemos necesario transformar y simplificar los órganos
supervisores para mejorar y ahorrar en la gestión pública y evitar duplicidades y competencias que se solapan. Creemos que era necesario reforzar la profesionalidad de estos organismos y, por lo tanto, ir hacia una mayor independencia. A nuestro
juicio, ocho órganos supervisores era un número elevado y yo creo que es evidente que desde el punto de vista de eficiencia y costes había que corregir esta cuestión. Y yo creo también, al hilo de algún discurso que he oído, que nadie cuestionará
que había habido fallos evidentes en la supervisión y existen políticas sectoriales divergentes en sectores donde la

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filosofía debe ser similar. Pues bien, cuando se debatieron las enmiendas a la totalidad del proyecto de ley, el ministro dijo que estaba abierto al diálogo y es evidente, por los discursos que hoy aquí hemos oído, que unos grupos
parlamentarios lo entendieron y otros no quisieron oír o no les interesó oír. Como estamos en el trámite, voy a pasar a defender las cuarenta y cuatro enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, número muy importante y que se
incorporarán al proyecto de ley mejorándolo de forma trascendental. Aunque por los discursos que se han oído aquí, para alguna portavoz sean mínimas estas modificaciones, al final, señorías, tres formaciones políticas, por lo que hemos oído, han
entendido que sí son modificaciones importantes, que sí son modificaciones sustanciales y que al final la voluntad del Grupo Parlamentario Popular ha sido negociar y llegar a acuerdos.


Quiero hacer una precisión porque ha habido varias intervenciones en cuanto a que nadie en Europa apoya o maneja este modelo. Tengo que decirles a sus señorías que el 26 de febrero el Senado holandés dio el visto bueno a un planteamiento
similar al que hoy se hace en esta Cámara. En Alemania, es cierto que no es similar el modelo, pero se asemeja bastante.


Respecto a la defensa de las enmiendas, hemos planteado dos en las que se asigna al pleno del consejo de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia la competencia del nombramiento del personal directivo a propuesta de su presidente.
Quiero recordar que esta era una cuestión cuya ausencia fue muy criticada en el proyecto de ley inicial. Se aplica el régimen de incompatibilidades de altos cargos del Gobierno también a los directores de instrucción y se prevé su dedicación con
carácter exclusivo. Esta es la enmienda 281. Se introduce la posibilidad -esta era otra de las cuestiones que preocupó a la mayor parte del resto de grupos parlamentarios- de que el consejo funcione en pleno o en sala. A efectos de esa
distribución se especializa por razón de la materia en competencia en una sala y supervisión regulatoria en la otra. En las enmiendas 274, 275 y 278 se articula -que también lo he oído aquí, porque da la sensación de que alguno de los
intervinientes no han leído las enmiendas- un sistema de informes preceptivos. Y algo importante para este grupo parlamentario es que se amplía la obligatoriedad de transparencia a todas las reuniones mantenidas por los miembros de la comisión. En
la enmienda 278 se establece la creación de un órgano de control interno para mejorar la eficiencia, eficacia y calidad de los procedimientos.


Hay otro grupo de enmiendas que afectan a funciones a realizar por el organismo y que son también importantes porque se modifica el articulado para mantener en el organismo la totalidad de las funciones que actualmente desempeña la Comisión
del Mercado de Telecomunicaciones. Lo digo porque se ha hecho una crítica a esta cuestión ignorándose esta enmienda. En este proyecto de ley se procede a una regulación de la función relativa a la toma de participaciones en el sector energético
que sustituye la autorización de la Comisión Nacional de la Energía por una comunicación al Ministerio de Industria que solo podrá establecer obligaciones cuando exista una amenaza grave. Es la enmienda 293.


Respecto a otro grupo de enmiendas relativas al sistema de financiación del organismo -cuestión que también ha sido criticada- se instaura un esquema que realiza un ajuste o adecuación automática entre los ingresos que se van a obtener por
la tasa general de operadores y los costes en que se ha incurrido por las autoridades nacionales de reglamentación, independientes o no, por la aplicación del régimen jurídico y las actividades de regulación y supervisión en el sector de
telecomunicaciones. Esta es la enmienda número 300. Además, se instaura igualmente un esquema que, como consecuencia de la distribución de funciones entre la comisión nacional y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, determina el
porcentaje de lo recaudado en concepto de tasas que debe ser atribuido a la comisión nacional de los mercados y la competencia para el ejercicio de sus funciones. Lo digo porque parece que alguien no se había enterado de esta cuestión. Por otra
parte, se incluye específicamente una disposición final para eliminar la restricción que actualmente existe en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, para los operadores dominantes en el sector que impide que estos puedan realizar
las adquisiciones de energía en otros países comunitarios fuera del ámbito del mercado ibérico de la electricidad. A partir de este planteamiento y después de haber hablado con distintos grupos parlamentarios, conocen todas sus señorías, porque
hemos dado traslado de las mismas, las propuestas de enmiendas que hemos intentado alcanzar con las distintas enmiendas que han formulado los diferentes grupos parlamentarios. Por lo tanto, voy a obviar su explicación.


Muy brevemente, voy a hacer algún comentario de por qué no votaremos a favor de determinadas enmiendas formuladas en este caso por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. Al final, y lo ha explicitado su portavoz, señor
Anchuelo, es verdad que inciden mucho en que determinadas competencias que en el proyecto están en el ministerio en estos momentos vayan a la comisión nacional

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de los mercados y la competencia, pero entendemos que como tienen carácter administrativo hay que residenciarlas en el ministerio fundamentalmente, porque, si no, se pueden llegar a producir grandes bloqueos, que es lo que sucedía
anteriormente en alguna que otra comisión. En relación con la organización interna sobre la que han planteado una batería importante de enmiendas, algunas de ellas sí se recogen, señor Anchuelo. Por ejemplo, las dos salas y los cuatro directores
que sean nombrados por la comisión. Me sorprende que no quieran que la asistencia jurídica la preste la Abogacía del Estado. Por una cuestión normativa esto es lo más eficiente. Algunas cuestiones que plantean respecto al presupuesto, de
introducirse en la ley incumplirían todo lo que es la normativa presupuestaria.


Por lo que se refiere a las tres enmiendas de Esquerra Republicana de Catalunya, han llegado a decir que la sede está en Madrid. Se mire por donde se mire la ley, en ningún momento la sede está en Madrid. Es una cuestión que habrá que
determinar. La enmienda 83 me atrevería a decir que no está territorializada. Se recoge ampliamente en el espíritu de la ley.


Las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco las dividiría en dos bloques. Señor Azpiazu, al final ustedes intentan cambiar el modelo proponiendo una Comisión Nacional de la Competencia y tres autoridades supervisoras y no lo podemos
aceptar. Tampoco podemos aceptar ese nuevo sistema de cooperación entre organismos reguladores y la Comisión Nacional de la Competencia en coherencia con el modelo que planteamos. De un segundo bloque de enmiendas, algunas se han transaccionado y
el resto no tienen la misma filosofía.


El Partido Socialista e Izquierda Unida comparten fundamentalmente el modelo. De ahí que como no es el nuestro, el mantenimiento de la Comisión Nacional de la Competencia y tres órganos reguladores, tendrán que entender que no las apoyemos.
Yo creo, y me dirijo al portavoz de Izquierda Unida, que la posibilidad de una subsede en Barcelona queda claro en las nuevas propuestas a través de las transacciones. Hay una enmienda que nos ha llamado la atención porque no es acorde con nuestro
ordenamiento jurídico. Proponer excluir al personal no funcionario de carrera de las labores de inspección; no alcanzamos a entender el contenido de la misma.


Quiero acabar, señor presidente, manifestando nuestra sorpresa. Las enmiendas del Grupo Socialista se pueden resumir en tres comisiones reguladoras y el mantenimiento de la Comisión Nacional de la Competencia, pero piden que se modifique la
Ley 2/2011, de Economía Sostenible, y piden que el nombramiento de los consejeros por parte del Gobierno sea con una ratificación de las dos terceras partes de la comisión correspondiente al Congreso. La pregunta que me hago es: ¿por qué cuando
tuvieron la oportunidad de hacer esto no lo hicieron? De estas ya tenemos habitualmente muchas en esta Cámara.


Respecto a las enmiendas de CiU, el señor Sánchez i Llibre ha explicado muy bien aquellas en las que hemos conseguido una transacción. Sí quiero hacer especial referencia a una porque se ha referido a ella: al estatuto orgánico porque
además su preocupación ha sido utilizada por varios portavoces. Al final, se podrá estar de acuerdo o no se podrá estar de acuerdo, pero estamos en un sistema con un ordenamiento jurídico en donde hay jerarquías y aquí determinadas cuestiones las
tiene que aprobar un órgano u otro. Pues bien, el estatuto orgánico, desde nuestro punto de vista, debe ser aprobado por decreto y, por lo tanto, debe hacerlo el Gobierno. A partir de ahí, se puede fijar en este estatuto orgánico un mínimo, por
decirlo de alguna manera una regulación básica, y luego será la comisión nacional, como así estamos seguros que va a ser, quien desarrolle ese estatuto orgánico.


Yo quiero acabar, señor presidente, manifestando la importancia del trámite del día de hoy, es un paso más que modifica -ya lo he dicho- un elemento estructural de este país. Nos hubiera gustado, sin lugar a dudas, más apoyo, pero al final
este grupo parlamentario ha pensado en el interés general, en mejorar la situación económica de este país. Hemos abordado este periodo de enmiendas -insisto- con una mentalidad de intentar llegar a acuerdos. Yo quiero manifestar mi satisfacción
porque hemos avanzado en ese sentido y al final hay acuerdos importantes, que modifican la ley también de forma importante en este momento.


El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea añadir alguna observación? (Denegaciones).


Suspendemos durante veinte minutos la Comisión, porque ahora hay unas votaciones un poco complicadas y tenemos que ordenarlas un poco. De todas formas, habíamos avisado que antes de las seis y veinte no habría votaciones. (Pausa).


Señorías, comenzamos las votaciones. En primer lugar, enmiendas transaccionales. Enmienda transaccional a las 173 y 174 de Convergència i Unió y a la 265 del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; en contra, 13; abstenciones, 3.

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El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda transaccional a la 190 de Convergència i Unió y a la 272 del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; en contra, 16; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda transaccional a la 282 del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 17; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda transaccional a la 204 de Convergència i Unió.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 16; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda transaccional a la 33 de UPyD, a la 50 del PNV, a las 134 y 135 de La Izquierda Plural y a la 205 de Convergència i Unió.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; en contra, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda transaccional a la 51 del PNV.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; en contra, 16; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda transaccional a la 85 del PNV, a la 175 de Convergència i Unió y a la 266 del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; en contra, 16; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda transaccional a la 77 de UPyD, a la 191 de Convergència i Unió y a la 274 del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; en contra, 13; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda transaccional a las 192 y 193 de Convergència i Unió y a la 275 del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; en contra, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda transaccional a la 19 de UPyD, a las 118 y 119 de La Izquierda Plural y a la 281 del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; en contra, 13; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda transaccional a la 297 del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda transaccional a la 68 del PNV, a la 156 de La Izquierda Plural y a la 298 del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; en contra, 13; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda transaccional a la 72 del PNV y a la 299 del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 16; abstenciones, 2.

Página 17

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda transaccional a la 41 de UPyD, a la 76 del PNV y de la 302 a la 304 del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 14; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda transaccional a la 305 del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 16; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda transaccional a la 54 del PNV y a la 294 del Grupo Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 16; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmienda transaccional a la 215 de Convergència i Unió.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; en contra, 13; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Por último, enmienda transaccional a la 71 del PNV y a la 213 de Convergència i Unió.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; en contra, 13; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Pasamos a las enmiendas de los grupos. Las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, de la 81 a la 83.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco. En primer lugar, votación de las enmiendas 84 y de la 86 a la 96.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 36; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario del PNV, salvo las transaccionadas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Pasamos al Grupo Parlamentario de UPyD. En primer lugar, la enmienda número 9.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 26; abstenciones, 16.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 20 de UPyD.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 27; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la 28.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 24; abstenciones, 18.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la enmienda 78 del mismo grupo.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 40; abstenciones, 2.

Página 18

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la 79.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 37; abstenciones, 5.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos la 80.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 39; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Votamos del mismo grupo las enmiendas 21, 23, 25 y de la 32 a la 35.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 24; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Resto salvo la 19, 33, 41 y 77, que han sido transaccionadas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 23; abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Pasamos al Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. En primer lugar, votación de todas las enmiendas salvo las 118, 119, 134, 135 y 156 que han sido transaccionadas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Pasamos al Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Votamos en bloque salvo las enmiendas transaccionadas.


El señor COSCUBIELA CONESA: Habíamos pedido votación separada de la enmienda 195.


El señor PRESIDENTE: Dentro de las enmiendas del Grupo Catalán, votamos en primer lugar la número 195.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 38; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Resto de las enmiendas salvo las transaccionadas por Convergència i Unió.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 6; en contra, 36; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. (El señor Sánchez i Llibre pide la palabra).


Señor Sánchez.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: De nuestro grupo parlamentario quedaban dos enmiendas para votarlas separadamente. Una de ellas es la 211 y otra de ellas -para que lo sepan los demás grupos parlamentarios- es la 212, que es una transaccional
presentada por el Partido Popular con la que nosotros no estábamos inicialmente de acuerdo, pero ahora vamos a redactar otra que va en la dirección que nosotros aceptamos.


El señor PRESIDENTE: Pero hemos quedado que esa la votamos al final.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Sí, sí. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Votamos ahora únicamente la 211 de Convergència i Unió.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; en contra, 13; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Todas las enmiendas se votan en un solo bloque, como debe ser.

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 23; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.


Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, votamos las enmiendas 284, 285 y 295.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 16; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


En segundo lugar, votamos la 293 y la 300.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 19; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Popular salvo las transaccionadas y la 296 que se ha retirado.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; en contra, 16; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.


Antes del informe, rogamos que nos digan si podemos votar la 212.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Presidente, la enmienda 212 de Convergència i Unió pedimos que se vote con una nueva redacción -y ahora se la paso a la letrada- que leo para que conozcan los miembros de la Cámara lo que queremos someter a
votación. La comisión nacional de los mercados y la competencia podrá tener otras sedes de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del artículo 2 de esta ley. Su ubicación se realizará manteniendo la actualmente existente, donde se situará la
dirección de instrucción de telecomunicaciones y servicios audiovisuales para el aprovechamiento de los recursos e infraestructuras actuales.


El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, le rogaría que no nos tuviera en esta tensión en otra ocasión.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Y yo también, señor presidente. (El señor Coscubiela Conesa pide la palabra).


El señor PRESIDENTE: Sí, señor Coscubiela.


El señor COSCUBIELA CONESA: Disculpe, no solo es la tensión, sino el entendimiento. Simplemente quiero preguntar si esta es la enmienda por la cual se mantiene una oficina de alquiler en Barcelona.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, creo que lo que pregunta el señor Coscubiela no ha lugar. Es lo que dice esta enmienda.


El señor PRESIDENTE: Lo que dice la enmienda es que la sede, esté alquilada o no -eso no se especifica-, estará en Barcelona, que es lo que en principio parece que usted mismo quería. (Varios señores diputados: La subsede). La subsede.
(El señor Sánchez i Llibre pide la palabra).


Señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Creo sinceramente que el que tiene que opinar es quien es el propietario de la enmienda; y quien ha reclamado que la dirección estratégica de telecomuniciones y servicios audiovisuales se mantenga en Barcelona ha
sido Convergència i Unió. Esta transaccional que hemos acordado con el Partido Popular refleja exactamente lo que quería Convergència i Unió. Por tanto, la aceptamos, y además de buen grado, porque finalmente queda específicamente aclarado que la
dirección estratégica de telecomunicaciones y audiovisuales va a quedar en Barcelona. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!).


El señor PRESIDENTE: En cualquier caso, antes de votar si vuelve a ocurrir esto sugiero que como hay una ciudad equidistante, que es Zaragoza, se puede instalar allí la sede cuando ustedes quieran. (Risas).


Pasamos a votar la enmienda 212 en los términos en los que se ha leído.

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 42; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Pasamos a la votación del texto del informe.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; en contra, 17.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


En consecuencia pasamos el proyecto al Senado.


Se levanta la sesión.


Eran las siete y diez minutos de la tarde.