CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES


COMISIONES MIXTAS

Año 2012 X Legislatura Núm. 24

PARA LA UNIÓN EUROPEA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GERARDO CAMPS DEVESA

Sesión núm. 10

celebrada el martes,

12 de junio de 2012

ORDEN DEL DÍA:


Debate sobre control de subsidiariedad de iniciativas legislativas de la Unión Europea:


- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) número 223/2009, relativo a la estadística europea (texto pertinente a efectos del EEE y para Suiza) [COM (2012) 167 final) (2012/0084
(COD)]. (Número de expediente del Congreso 282/000108 y número de expediente del Senado 574/000037) ... (Página2)


Proposiciones no de ley:


- Sobre la mejora de las condiciones de seguridad de los buques de cruceros, como consecuencia del accidente sufrido por el buque 'Costa Concordia'. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente del Congreso
161/000442 y número de expediente del Senado 663/000006) ... (Página5)

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- Sobre el desarrollo de las infraestructuras energéticas necesarias para la integración de España en el mercado único europeo. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente del Congreso 161/000461 y número de
expediente del Senado 663/000007) ... (Página10)


- Sobre la creación de los fondos europeos contra la pobreza y la exclusión social. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente del Congreso 161/000578 y número de expediente del Senado
663/000010) ... (Página13)


Se abre la sesión a las doce y quince minutos del mediodía.


DEBATE SOBRE CONTROL DE SUBSIDIARIEDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA:


- PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO POR EL QUE SE MODIFICA EL REGLAMENTO (CE) NÚMERO 223/2009, RELATIVO A LA ESTADÍSTICA EUROPEA (TEXTO PERTINENTE A EFECTOS DEL EEE Y PARA SUIZA) [COM (2012) 167 FINAL) (2012/0084
(COD)]. (Número de expediente del Congreso 282/000108 y número de expediente del Senado 574/000037).


El señor PRESIDENTE: Antes de comenzar con el orden del día aprobado por Mesa y portavoces, haré un par de consideraciones. En primer lugar, en contra de lo que es normal en esta Comisión, las votaciones se acumularán, porque así se ha
decidido en Mesa y portavoces, a la finalización de los debates que se produzcan en el seno de la misma. Estábamos intentando calcular la duración del debate en función de la intervención de los distintos grupos y esta Presidencia calcula que la
votación no se producirá antes de las dos de la tarde. Si el debate acabara antes de esa hora, suspenderíamos la sesión hasta las dos en punto, en que se producirían las votaciones.


Damos inicio a la tramitación del orden del día. El primer punto es la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el reglamento número 223/2009, relativo a la estadística europea. Se ha presentado
informe del Gobierno y dictámenes de las Cortes de Aragón y del Parlamento Vasco. Interviene en primer lugar para presentar el informe el señor López Garrido, don José, que tiene la palabra.


El señor LÓPEZ GARRIDO (don José): Permítame, presidente, que para contextualizar un poco el motivo que nos trae a este punto, que es la modificación de un reglamento europeo sobre estadística -que además es un reglamento muy joven,
aprobado en el año 2009, cuya modificación se trata en el año 2012, con lo cual a todos pudiera sorprendernos-, pongamos un poco en antecedentes a la Comisión acerca de cuáles son los orígenes de esta modificación. Tengo que decir, señor
presidente, que aunque no aparece lógicamente en la propuesta de modificación del reglamento pero sí en los antecedentes, concretamente en la comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo denominada 'Hacia una gestión sólida de la
calidad de las estadísticas europeas', este es un documento que tiene su origen a raíz del informe sobre las estadísticas de déficit y deuda del Gobierno griego que se produce el 8 de enero de 2012. Es decir, una vez aprobado este reglamento -que
se pretende modificar- en el año 2009, pocos meses después, en enero de 2010, se produce este informe, que tiene en cuenta las recientes evoluciones y en particular la inexactitud de las estadísticas de déficit y deuda públicos de Grecia. No me
quiero retrotraer a un documento mucho más amplio de 30 páginas en el que se detalla y analiza con extraordinaria precisión -dentro de la corrección diplomática que corresponde a la Unión Europea- cuáles han sido los problemas que se han encontrado
en la elaboración y los resultados de esas estadísticas que se trasladaban desde la República Helénica.


Ante esa disconformidad o disfunción encontrada en esas estadísticas se crea un grupo de trabajo del que forman parte catorce países que concluye sus deliberaciones y su trabajo con esta comunicación de la Comisión, como decía, al Parlamento
Europeo y al Consejo, en donde se desgranan los puntos débiles identificados en estas estadísticas, en nuestro sistema estadístico europeo, y la necesidad de profundizar en la gobernanza del mismo. Todo está ciertamente muy bien, porque no podemos
olvidar que la fiabilidad de las estadísticas europeas -que además se nutren al final de las estadísticas nacionales de cada uno de los Estado miembros, y estas a su vez de las estadísticas, porque en algunos casos se trata de determinadas naciones
con administraciones descentralizadas, que proceden de los Gobiernos de las regiones o de los Gobiernos autónomos- es fundamental tanto para los particulares como para los Estados y al final y muy especialmente -y esto viene muy a colación con la
coyuntura que estamos atravesando- para el equilibrio económico, para el sistema económico y para las decisiones que se tomen para avanzar, para mejorar y para optimizar nuestros resultados económicos. Todo ello depende en gran medida de que esas
estadísticas sean fiables. Si nos basamos en datos erróneos o en una recogida

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defectuosa de datos, si manipulamos -no quiero decir eso- los datos, al final nos va a conducir a conclusiones equivocadas y a la adopción de medidas equivocadas. Ese es el origen fundamental y de ahí la urgencia por la que en tres años
deviene -entiende la Comisión- en parte obsoleto el reglamento que se pretende modificar. De esa comunicación de la que hablaba hacia una gestión sólida de la calidad de las estadísticas europeas se desprenden una serie de objetivos muy loables,
objetivos que pretenden profundizar, como decía, en esa independencia de los institutos nacionales de Estadística, de los organismos que al final tienen que recabar esos datos, profundizar en dar facilidades para que estos puedan recabar datos y en
esa mejora de la gobernanza en el sistema estadístico.


Concretamente, ciñéndome a la propuesta de modificación del reglamento, dentro de esta revisión del marco jurídico, como decía, considerando que es de vital importancia la independencia y profesionalidad de los institutos nacionales de
Estadística y de sus directores, la propuesta aborda mecanismos o recomendaciones para su nombramiento, que se garantice esa independencia, esa profesionalidad y esa autonomía -por tanto, se trata de profundizar en la responsabilidad de estos mismos
directores o presidentes de los institutos nacionales de Estadística-. Atribuye a estos presidentes o directores de los institutos nacionales de Estadística unas funciones -ahí es donde empieza la parte que no nos suena tan bien de esta propuesta,
en general loable, de modificación- coordinadoras sobre el resto de autoridades estadísticas nacionales. Habla también del acceso directo a datos y a metadatos, de independencia y autonomía financiera -absolutamente elogiable-, esa independencia
que entiende la Comisión, después de los trabajos de este grupo, que se debe garantizar para, insisto, buscar el objetivo común y que todos compartimos, que es que nuestro sistema estadístico europeo sea de absoluta fiabilidad.


Lo que ocurre, señor presidente, señorías, es que en esta modificación que se trae de una serie de artículos del reglamento nos encontramos con lo que se considera en algunos casos una injerencia en las facultades de autoorganización de los
Estados miembros. En el caso concreto del Estado español, nos encontramos con que la propuesta de reglamento, añade un párrafo al artículo 5 atribuyendo responsabilidad de coordinación de los institutos nacionales de Estadística, que dice:
Abarcará a todas las demás autoridades nacionales responsables del desarrollo, la elaboración y la difusión de las estadísticas europeas; atribuye al director -en este caso presidente del Instituto Nacional de Estadística- la responsabilidad
exclusiva de decidir sobre los procesos y los métodos, normas y procedimientos estadísticos, así como acerca del contenido y calendario de todas las estadísticas europeas; estarán habilitados para decidir sobre todos los asuntos relativos a la
gestión interna del Instituto Nacional de Estadística; deberán coordinar las actividades estadísticas de todas las autoridades nacionales -vuelve a insistir, en este caso en el artículo 5 bis-; por puesto que no solicitarán ni aceptarán
instrucciones de ningún Gobierno. Habla de no aceptar o solicitar instrucciones de ningún Gobierno cuando se trata de un organismo autónomo dependiente de un ministerio.


En ese apartado concreto, en esos detalles concretos que abordan cuestiones de autoorganización del Estado, de organización de nuestra Administración central y autonómica, es donde encontramos la objeción a que esta propuesta de modificación
cumpla sin ningún reparo con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. En estos aspectos concretos es evidente, es franco que no es así. Si vemos el reglamento del Instituto Nacional de Estadística, se le atribuye la labor de
cooperación con las autoridades regionales, autonómicas y territoriales en materia de estadística. En la mayoría de los estatutos de autonomía -yo he citado en mi informe por un lado el Estatuto de Autonomía vasco, porque el propio Gobierno vasco
hacía alusión a él, y por otro lado, puesto que como ponente vengo de la Comunidad Valenciana, cito el Estatuto de Autonomía de la misma, que contempla esa competencia exclusiva para los asuntos que tienen que ver con la estadística, al menos en su
ámbito territorial-, esa labor de cooperación sí está contemplada en el reglamento nuestro, el nacional, pero no está contemplada en absoluto esa labor de coordinación que atribuye esta propuesta de modificación del reglamento europeo.


Hay fórmulas. En este aspecto concreto de los artículos 5 y nuevo 5 bis que se incorpora con esta modificación reglamentaria no solo nosotros tenemos objeción. Creo que a todos los miembros de la Comisión nos ha llegado el dictamen del
Bundesrat alemán, que -algún idioma domino, aunque no precisamente el alemán, pero he podido utilizar herramientas tecnológicas que me permiten esa traducción esta misma mañana- nos dice que el Consejo Federal presentará su dictamen a la Comisión
directamente, que el Consejo Federal apoya el objetivo de reglamento propuesto y respalda la credibilidad de las estadísticas europeas, pero que la propuesta de reglamento, sin embargo, contiene numerosas disposiciones detalladas sobre organización
de la Administración nacional que entran en conflicto con los principios de los criterios de subsidiariedad y proporcionalidad. Por tanto, no somos solo nosotros o este ponente que les habla los que consideramos que hay algunos aspectos que
vulneran esos principios. Además, insisto, esos aspectos pueden ser superados. Se puede alcanzar el objetivo que se persigue de fiabilidad, de mejora de la gobernanza de la estadística europea en esos aspectos concretos. El propio documento al
que hacía referencia al principio de esa comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo nos habla de mecanismos para alcanzarlo, vía recomendaciones, vía modificación del código de buenas prácticas, para que, a través del seguimiento
del cumplimiento de ese código de buenas prácticas, los

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Estados puedan alcanzar esos objetivos que se persiguen. En cualquier caso, insisto, si hubiera que atribuir facultades diferentes a nuestro Instituto Nacional de Estadística para alcanzar ese objetivo en el que todos estamos de acuerdo, es
necesariamente una competencia responsabilidad de nuestro Gobierno y de nuestro Parlamento, y no en este caso, insisto, vía una modificación reglamentaria de la Comisión o del Parlamento Europeo.


Con esto concluyo. El dictamen en su contenido hace referencia a las bondades y a lo loable de la consecución de los objetivos que se pretenden con esta modificación reglamentaria, pero no podemos obviar que en esa parte relativa a la
organización -y entendemos que esta es una cuestión crucial- dicha modificación ciertamente no cumple o vulnera los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. Por tanto, el informe es desfavorable.


El señor PRESIDENTE: Por los distintos grupos parlamentarios, va a hacer uso de la palabra, en primer lugar, por el Grupo de l'Entesa, el señor Sabaté.


El señor SABATÉ BORRÀS: Nuestro grupo comparte básicamente el criterio del informe presentado por el diputado señor López Garrido porque entendemos que el objetivo del reglamento es bueno, es una necesidad de la Unión Europea, pero
ciertamente vulnera el principio de subsidiariedad en cuanto entra en campos que deberían estar reservados a la capacidad de actuación nacional o de las comunidades autónomas en el caso de los Estados descentralizados. Por eso compartimos la
propuesta de criterio y votaremos a favor del informe de la ponencia.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Jáuregui.


El señor JÁUREGUI ATONDO: Nosotros creemos que la explicación del informe que nos ha presentado el señor López Garrido responde correctamente al debate que se ha planteado. Empezaremos por destacar la importancia de la iniciativa
legislativa europea. Él lo ha hecho, pero yo querría añadir que existe no solamente un problema de manipulación o de falseamiento estadístico en el caso griego, sino algo que no es tan esporádico, sin ser tan grave, pero que también es muy
importante, y es la enorme heterogeneidad informativa en la forma de suministrar a Eurostat datos nacionales. Europa tiene un problema para medir o establecer parámetros homogéneos a toda una serie de realidades económicas, sociales, etcétera, que
a su vez determinan políticas o decisiones europeas importantísimas en el reparto de los fondos, por poner solo un ejemplo, pero también en la determinación de las políticas presupuestarias, mucho más en la toma de decisiones inclusive de carácter
macroeconómico, financiero, etcétera.


¿Qué pasa entonces cuando en los veintisiete países de la Unión Europea nos encontramos con una estadística tan heterogénea y no solamente, insisto, poco fiable -en algunos países, obviamente no en todos-, sino que no responde a lo que
llamaríamos parámetros de medición comunes? Este es un problema importante, porque luego Europa tiene que tomar decisiones en muchos campos y la base sobre la que opera es irreal. Yo creo que el propósito de la Unión Europea al actuar sobre este
tema, mucho más después del escándalo griego, tiene toda la lógica y responde a un objetivo que compartimos plenamente.


Ahora bien, el señor López Garrido nos ha puesto de manifiesto con precisión que la manera en que la Comisión Europea ha determinado actuar en este asunto es demasiado drástica. Ciertamente el instrumento que ha establecido -un reglamento
nada menos, por tanto una ley de aplicación directa, automática e inmediata en las realidades nacionales- choca con un elemento que a priori parece claro y que, como muy bien decía el señor López Garrido, es la autoorganización nacional. Por tanto,
en ese sentido nos encontramos con un conflicto porque, aun admitiendo la sensatez y racionalidad del objetivo y compartiendo plenamente la necesidad de que Europa actúe para homologar las fuentes estadísticas que den lugar a una base de datos, a un
Eurostat fiable, no compartimos plenamente la manera en la que lo han hecho, además sin tener en cuenta -también se ha dicho- que la especificidad de nuestro modelo territorial -parecido al modelo federal alemán- nos llevaría a la misma conclusión
que ha obtenido el Bundesrat, en el sentido de que, ciertamente, en cuanto a la competencia estadística, en general, los estatutos de autonomía de España han transferido la exclusividad en la organización estadística a las comunidades autónomas,
obviamente para la medición de las estadísticas autonómicas.


Llegados a este punto, y concluyo, estamos de acuerdo con el objetivo que ha planteado el ponente en su informe, pero apreciamos que no es lo suficientemente preciso respecto a la decisión que podemos adoptar aquí. Si siguiéramos el
dictamen, prácticamente nos lleva a la conclusión en unas breves líneas de considerar que en opinión del Parlamento español este reglamento vulnera los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. De ahí se deriva, por tanto, que España veta
esta iniciativa, y no es una conclusión con la que nos sintamos cómodos, porque, repito, la iniciativa la compartimos y el objetivo desde el punto de vista político y técnico es imprescindible. En consecuencia, el veto del Parlamento español nos
parece una decisión demasiado drástica y radical respecto a esta materia. Por eso querría solicitar del ponente y del Grupo Parlamentario Popular, que obviamente es el que tiene la capacidad de decisión final, que hiciéramos un dictamen un poco más
preciso, señalando que el Parlamento español comparte el objetivo que la Comisión Europea ha establecido, pero que entendemos que hay una vulneración, sí, de la proporcionalidad o de la subsidiariedad respecto a la organización nacional de los
servicios estadísticos y del reparto competencial que nuestro Estado tiene articulados en sus normas básicas y que esa vulneración se hace especialmente ostensible

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en el artículo 5 bis. Si esto fuera posible y pudiéramos precisar un contenido de esta naturaleza, estableceríamos más bien un mandato a la Comisión para que en el diálogo -más bien en el trílogo, porque después habrá diálogo con el
Parlamento y el Consejo Europeo- con vistas a establecer el reglamento definitivo se tuviera en cuenta esta opinión del Parlamento español. Nuestro grupo se sentiría mucho más cómodo con un dictamen de esta naturaleza si fuera posible y si por
supuesto el ponente estimara razonable esta proposición que le hago.


El señor PRESIDENTE: Señor López Garrido.


El señor LÓPEZ GARRIDO (don José): En primer lugar, quiero agradecer las intervenciones que se han producido, el tono y la amabilidad de los intervinientes. Nada me va a alegrar más que hacer que el señor Jáuregui y su grupo se sientan
cómodos, máxime cuando mi propio dictamen contiene un párrafo similar -aunque entiendo que será mucho mejor que esa reflexión esté contenida en la conclusión-, que va en la línea de lo que demanda el Grupo Parlamentario Socialista a través de su
portavoz. En la página 5 digo que, siendo loables desde muchos puntos de vista los objetivos que se persiguen con la modificación del reglamento, la propuesta en algunos de los aspectos contenidos en su actual redacción supone una injerencia en las
competencias de organización de los Estados miembros y esta es una injerencia que no se justifica por la necesidad de mejorar la calidad el sistema estadístico europeo. De manera que, señor Jáuregui, coincidimos plenamente. Creo sinceramente que
mejoramos si la conclusión no es tan rotunda, sino que contiene lo que ya está incorporado al texto de las reflexiones del dictamen. Por tanto, el Grupo Parlamentario Popular acepta esa modificación y buscaremos una redacción de consenso que sea la
más adecuada.


El señor PRESIDENTE: Ante la excepcionalidad de lo planteado, les animo, dada la coincidencia, señorías, a que -ya que tenemos un espacio de tiempo más que suficiente hasta que se produzca la votación y porque el resto de los grupos
parlamentarios deben tener también conocimiento exacto de las modificaciones que se produzcan- lo que se haya podido acotar en sus términos esté ya a disposición de la Mesa para que lo pueda trasladar al resto de los grupos. Así podrán saber
exactamente todos los grupos qué votamos en ese momento. Como no creo que haya problemas por parte de sus señorías, de aquí a las dos de la tarde, les animo a que ese consenso que ya ha habido de palabra se plasme en el texto correspondiente.


PROPOSICIONES NO DE LEY:


- SOBRE LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS BUQUES DE CRUCEROS, COMO CONSECUENCIA DEL ACCIDENTE SUFRIDO POR EL BUQUE 'COSTA CONCORDIA'. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente del Congreso
161/000442 y número de expediente del Senado 663/000006).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del siguiente punto del orden del día. En este caso se trata de la proposición no de ley sobre la mejora de las condiciones de seguridad de los buques de cruceros, como consecuencia del accidente
sufrido por el buque Costa Concordia. Es del Grupo Parlamentario Socialista y a ella ha presentado una enmienda el Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, intervendrá para su defensa el portavoz del grupo parlamentario proponente, que es en
este caso el señor Segura. Tiene usted la palabra.


El señor SEGURA CLAVELL: Señorías, los que por razones de edad y del privilegio de representar a nuestros conciudadanos en las Cortes Generales españolas hemos tenido la oportunidad de formar parte de esta Comisión en varias legislaturas,
como es el caso privilegiado del que les habla, hemos presenciado debates vinculados a esta materia. El tema de la seguridad marítima no llega por primera vez a la Comisión Mixta para la Unión Europea. Desde que se produjo en 1992 el accidente del
Estonia, al que haré referencia a lo largo de mi intervención, las Cortes Generales españolas, dentro de una política comunitaria de seguridad marítima, dentro de una política marítima integrada en el seno de la Unión Europea, han debatido en
reiteradas ocasiones aspectos vinculados a la seguridad de las vidas en la mar, a la lucha contra la contaminación marina ambiental y a ir avanzando en la configuración de una política de seguridad marítima integrada en el seno de la Unión Europea.


Para un país como el nuestro, donde prácticamente el 80% de las mercancías que entran y salen lo hacen a través de los puertos, donde tenemos un número elevadísimo de instalaciones portuarias, donde más de medio millón de embarcaciones de
diferente índole y porte surcan nuestras aguas jurisdiccionales, obviamente el tema de la seguridad marítima no es baladí. Además de ello, tenemos que tener conciencia de que por primera vez en la historia de la humanidad -repito, por primera vez
en la historia de la humanidad- hay embarcaciones que transportan un número de pasajeros que no se había alcanzado jamás: más de 5.000 y más de 6.000 seres humanos a bordo de una embarcación. Eso viene ocurriendo en los últimos quince o diecisiete
años, no más.


Aquellas de sus señorías que hayan tenido la curiosidad de leer los fundamentos recogidos en la exposición de motivos de esta proposición no de ley habrán visto una descripción somera a la que voy a hacer referencia de la manera más rápida
posible. En los últimos años del siglo XIX, con la generalización del transporte marítimo como medio de emigración, se sucedieron una serie de siniestros marítimos que pusieron en evidencia la insuficiencia de la normativa internacional en materia
de seguridad marítima y de salvamento de vidas en la mar

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vinculada tanto a los requisitos técnicos en la construcción como a la propulsión de las embarcaciones. A modo de referencia histórica, el buque London, buque se pasaje británico que se hundió en 1866 con 200 personas a bordo, que
fallecieron, desencadenó una normativa de exigencia que se conoció en 1894 como la Merchant Shipping Act. Fue la primera norma internacional elaborada por un país vinculada a normativas -insisto- de propulsión, a normativas de apoyo, de defensa, de
salvamento de la vida en la mar. Con posterioridad, tras el hundimiento del buque alemán Elbe, otros países europeos crearon códigos similares. Estos códigos fueron el origen de los actuales convenios internacionales, que han incluido aspectos
formativos, reglas de navegación, de señalización, de construcción, etcétera, singularizados en el tema que nos concita en esta proposición no de ley: buques de pasaje. Es suficientemente sabido que el hundimiento del Titanic en 1912, tan
superconocido, dio lugar -este es un dato al que hay que hacer referencia y no trivializar la materia- a la primera Conferencia internacional sobre seguridad de la vida humana en la mar, lo que se ha conocido como el Convenio Solas, que fue
ratificado por países como Gran Bretaña, España, Noruega, Holanda y Suecia. A ese Convenio Solas de la década de los años veinte del pasado siglo se añadieron toda una serie de enmiendas. Es un convenio muy conocido por los profesionales de la
mar, por las autoridades marítimas, por las administraciones marítimas en su conjunto. Es suficientemente conocido que la estabilidad de un buque en caso de avería, de colisión o de errores humanos en la navegación constituye un tema fundamental
para la conservación de la flotabilidad del buque de pasaje. Resulta una obviedad que cuanto más tiempo permanezca a flote el buque en caso de daños graves más eficaces serán las evacuaciones y las operaciones de búsqueda y rescate. La
Organización Marítima Internacional, que es el organismo de la ONU especializado en esta materia, ha tratado en reiteradas ocasiones el tema de la estabilidad de los buques, sobre todo de buques de pasajeros, en el contexto del Convenio
internacional para la seguridad de la vida humana en la mar. Las primeras prescripciones de exigencia para el mantenimiento de la estabilidad en embarcaciones con avería fueron instauradas en 1948, mejoradas en 1960 y posteriormente otra vez
mejoradas en 1974. Las llamadas prescripciones Solas 90 tienen un periodo de aplicación progresiva para todos los buques de pasaje de transbordo entre el 1 de octubre de 1998 y el 1 de octubre de 2010, y recuerden la fecha en la que nos
encontramos. Señorías, este diputado recuerda un interesante debate en esta Comisión mixta, pues precisamente a comienzos de la década de los noventa, cuando esta Comisión llevaba muy pocos años de funcionamiento preceptivo, se produce, en
septiembre del año 1994, la catástrofe del Estonia, que causó la muerte de más de ochocientos pasajeros. A raíz de ello, países como Dinamarca, Finlandia, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido decidieron en febrero de 1996,
en Estocolmo, imponer normas más estrictas que las aprobadas con anterioridad en el convenio Solas.


Esta es una descripción de los accidentes más relevantes de buques de pasaje de los últimos años y de las normativas internacionales aprobadas al respecto. Ahora nos debemos situar en la etapa que estamos viviendo y que motiva esta
proposición no de ley, y no me quiero referir, señorías, a otros debates interesantísimos de los que el presidente de la Comisión y este diputado fuimos testigos a raíz del accidente de un buque petrolero, el Prestige, en el año 2002. Después de
ese accidente las instituciones comunitarias exigieron a la Organización Marítima Internacional de la ONU el cumplimiento de una serie de normas en la construcción, con la exigencia del doble casco para reducir la posibilidad, ante un accidente, de
la contaminación del medio marino. Las decisiones de parlamentos como el español y todos los de la Unión Europea trajeron consigo la adopción de acuerdos, de normativa según la cual hoy en día -consecuencia de la lección derivada del accidente del
Prestige en 2002- no puede entrar en aguas jurisdiccionales de ningún país miembro de la Unión Europea ni puede navegar por aguas internacionales sometidas al control de los países comunitarios un buque que transporte graneles sólidos o líquidos y
que no tenga doble casco. Desde aquella época, y algunos parlamentarios lo recordarán, varios parlamentarios -entre ellos, acéptenme la licencia, porque cada uno tiene su vida académica y política, de mencionarme- defendíamos que la exigencia del
doble casco no solo fuese una exigencia para los buques que transporten combustible, sino también para los buques de pasajeros. Quien resida en un archipiélago tiene que tener esa sensibilidad, como es el caso de quien les habla, y les agradezco la
atención que prestan a esta materia los miembros de esta Comisión, con independencia naturalmente del sentido del voto posterior. Ahora nos encontramos en un momento nuevo, inédito en la historia mundial de la navegación marítima. Jamás el ser
humano fue capaz de diseñar embarcaciones que transportasen un número tan elevado de seres humanos. Hoy nos encontramos con centenares de buques de pasaje que transportan cinco o seis mil seres humanos, como he dicho hace un momento. Entonces se
produce un accidente, el del Costa Concordia, del que todos a lo largo de varios meses tuvimos suficiente información mediática y al que se hace referencia en la última parte de esta exposición de motivos. Dada la trayectoria seguida por las Cortes
Generales españolas, en coherencia con los planteamientos que aquí se han defendido por unanimidad, es por lo que el Grupo Parlamentario Socialista presenta esta propuesta de resolución, que me tomo la libertad de leer aceleradamente, y con ello
termino: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover, en el seno de las instituciones internacionales con competencia en la regulación del tráfico marítimo, todos aquellos estudios que conduzcan a la mejora de las condiciones de
seguridad de los buques de crucero, que han elevado sus capacidades de transporte de pasajeros a unas cuantías

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sin precedentes en la historia del transporte marítimo; a plantear, en el marco de las diversas políticas comunitarias a las que hace referencia la Comisión Europea, conocida como una política marítima integrada en el seno de la Unión
Europea, la necesidad de abordar una mejor regulación de los dispositivos de separación de tráfico dentro de la franja de agua calificada de aguas territoriales, así como la conveniencia de la exigencia de doble casco en la estructura de los buques
referidos, con el objeto de incrementar la seguridad de las personas transportadas u otras medidas de naturaleza laboral y de formación para los tripulantes, que conduzca a los armadores a desestimar la matriculación y registro de los buques en
puertos de paraísos fiscales como puertos de conveniencia. Acépteme, señor presidente, un par de minutos para justificar esta propuesta de resolución, no solo sobre la base de la exposición de motivos que me he tomado la libertad de referenciar,
sino también para puntualizar el porqué de determinados planteamientos.


En primer lugar, volvamos de nuevo al Prestige. Como consecuencia de aquel accidente, la autoridad marítima española tomó la decisión de marcar dispositivos de separación de tráfico -para quienes no estén habituados a esta nomenclatura, un
dispositivo de separación de tráfico viene a ser como una especie de autopista de subida y autopista de bajada en la mar, separadas del litoral y sometidas a control por elementos tecnológicos desde las capitanías marítimas-; es decir, separar las
rutas de subida y las rutas de bajada. Y esto es lo que pedimos para los buques de crucero, que todos los países de la Unión Europea fijen dispositivos de separación de tráfico y que no se produzcan arbitrariedades como la que dio origen al
accidente del Costa Concordia.


Segundo, doble casco. Si lo exigimos para que aumente la estabilidad del buque y los petroleros no contaminen con el petróleo que llevan a bordo, con mucha más razón está justificado que en todo lo relacionado con la vida de los seres
humanos se incremente la normativa de seguridad dentro del buque en lo que a doble casco se refiere.


Tercero, y por último, quienes tuvimos el honor en el año 1992 de actuar como ponentes de la Ley de puertos del Estado y de la marina mercante vimos con satisfacción cómo el Estado español, igual que Francia, Alemania, Portugal o países no
ribereños como Luxemburgo, creó el registro especial de buques. España tiene un registro especial de buques con unas medidas fiscales excepcionales para intentar incentivar que los armadores españoles no registren sus buques con banderas de
conveniencia: Panamá, Liberia, las islas Seychelles y tantos otros lugares. Un buque matriculado -y ya con esto termino- en un país de bandera de conveniencia es un buque en el que la tripulación no está sometida a la normativa de la OIT, de la
Organización Internacional del Trabajo, no está bajo el control de la autoridad marítima del país de origen y, por encima de todo, los buques de estas características llevan a bordo a casi mil quinientas personas, cuya cualificación no responde a
las necesidades tecnológicas de la modernidad a la que estamos haciendo referencia. Por ello, hacemos este planteamiento.


Los parlamentarios socialistas prestaremos mucha atención a la intervención de la representante del Grupo Parlamentario Popular, que va a defender una enmienda de modificación. Yo pediría a los miembros del Grupo Parlamentario Popular y a
su ponente que analizasen el contenido de su propuesta con mayor rigor y, desde luego, que hiciesen el esfuerzo de intentar insertarla de alguna manera en nuestra propuesta porque sería muy deseable para darle fuerza, ya que el Ejecutivo comunitario
y el propio comisario europeo -tengo aquí una revista donde se recoge- están dando muchos pasos en esta línea. Si se aprobase por unanimidad se reforzaría la posición de un país ribereño como el nuestro ante la Organización Marítima Internacional.


El señor PRESIDENTE: Para la presentación de la enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora De Haro.


La señora DE HARO BRITO: Como ya anunció el diputado Segura Clavell, mi grupo parlamentario ha presentado una enmienda al texto inicial presentado por el Grupo Parlamentario Socialista, enmienda que pretende sustituir el texto propuesto
inicialmente por el siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a apoyar las propuesta de modificación de la normativa comunitaria o internacional que se deriven del análisis técnico del accidente y de los últimos desarrollos técnicos
y científicos en la materia.


Compartimos con el Grupo Parlamentario Socialista la preocupación por la seguridad marítima, centrándonos sobre todo en la materia de la proposición no de ley presentada, del transporte marítimo de pasajeros, tal y como señala el encabezado
de la proposición no de ley presentada. Lo compartimos -ya el señor Segura Clavell señaló que no es la primera vez que en el marco de esta Comisión Mixta para la Unión Europea se trata la seguridad marítima-, pero diferenciando claramente el
transporte de pasajeros de otro tipo de transporte marítimo, como pueden ser los buques destinados a carga y los petroleros. Explicaré a continuación por qué el Grupo Parlamentario Popular no está de acuerdo con la proposición, tal y como ha sido
redactada por el Grupo Parlamentario Socialista. La proposición no de ley se presenta en relación con la adopción de determinadas actuaciones que considera necesarias el diputado Segura Clavell, en representación del Grupo Parlamentario Socialista,
para incrementar la seguridad marítima en el transporte de pasajeros. Esto se presenta en dos puntos, si bien del análisis detenido de dicha proposición, y sobre todo de la exposición de motivos que tan detalladamente ha explicado el diputado
ponente, se pretenden cinco puntos. En primer lugar, propone promover en el seno de las instituciones internacionales competentes estudios internacionales que conduzcan a la mejora de las condiciones de seguridad. En segundo lugar, una mejor
regulación de los dispositivos

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de separación del tráfico dentro de las aguas calificadas como territoriales. En tercer lugar, la conveniencia de exigir doble casco en la estructura de los buques. En cuarto lugar, otras medidas que afectan no tanto a la estructura o las
condiciones técnicas de los buques o de los barcos sino más bien al personal, medidas de naturaleza laboral y de formación de los tripulantes. Y en quinto lugar, habla de que se conduzca a los armadores a desestimar la matriculación y registro de
los buques en puertos de paraísos fiscales como puertos de conveniencia.


El señor Segura Clavell habla de sensibilidad. España es el país de la Unión Europea que quizás tenga más tráfico de cruceros de pasajeros, tanto en puertos de origen como de destino. En materia de tráfico marítimo llegaron nada más y nada
menos que 3.616 cruceros a nuestras costas en el año 2010, que en el año 2011 se incrementaron en un 7,73%, con un total de 3.901 cruceros y en lo que va de año, por los datos con los que contamos, se han incrementado respecto al año anterior en un
12,99. Es más, como senadora canaria, que quizás estemos más sensibilizados, como el señor Segura Clavell, con el tráfico marítimo, tengo que decir que el primer puerto en recepción de cruceros y pasajeros, por lo menos en lo que va de año en 2012,
ha sido Santa Cruz de Tenerife, con un incremento de un 39,55% respecto al mismo periodo del año anterior y el segundo puerto ha sido Las Palmas de Gran Canaria. Además tradicionalmente, el señor Segura lo sabrá, son el tercer y cuarto puerto,
tanto en 2010 como en 2011, en recepción tanto de número de cruceros como de pasajeros. Por tanto es lógica esa preocupación, que el Grupo Parlamentario Popular comparte, y en particular esta senadora, ahora ponente, también tiene esa especial
sensibilidad.


Paso a detallar por qué el Grupo Parlamentario Popular considera que es más adecuada la enmienda de sustitución que propone. En primer lugar, porque como ya dijo un europarlamentario, el popular Carlo Fidanza, entendemos que antes de llevar
a cabo las acciones es importante conocer los resultados de las investigaciones y los estudios que está llevando a cabo el Gobierno italiano a raíz del desgraciado accidente, suceso último, del Costa Concordia, que tuvo lugar el 13 de enero pasado.
Por otro lado, la propia Unión Europea -Siim Kallas, nombrado por el propio diputado Segura Clavell en numerosas ocasiones- está de acuerdo y se ha mencionado en numerosas ocasiones la importancia de conocer si se han cumplido exactamente las normas
que la Organización Marítima Internacional establece y los numerosos acuerdos en materia de seguridad marítima internacional. Por tanto, es necesario esperar a esta investigación llevada a cabo por el propio Gobierno italiano y por tanto no
promover otros estudios, tal y como establece el punto primero de la proposición no de ley.


Por otra parte, tenemos que señalar que existe un debate que comenzó en enero del presente año en la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo, como conocerá el propio diputado Segura Clavell, tras el accidente del Costa Concordia. Los
trabajos de la Comisión se están centrando en tres frentes fundamentales para la seguridad de los buques: fomento de las medidas voluntarias del sector, intensificación de la aplicación y cumplimiento de las normas existentes y adopción de las
medidas reglamentarias. Asimismo, Bruselas tiene presente una propuesta de actualización de las normas de la Unión Europea en materia de estabilidad de transbordadores y ya se ha ofrecido a facilitar a la Organización Marítima Internacional la
investigación sobre la estabilidad de los buques, materia que también establece uno de los puntos de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista. Además, tenemos que señalar que la Comisión promueve un proyecto de investigación, que
se llama proyecto Goalds, sobre la estabilidad de los buques y se prevé que a finales de otoño del año 2012 ya estén las conclusiones. Ya se ha anunciado que la Comisión de la Unión Europea esperará los resultados técnicos y la investigación
llevada a cabo por el Gobierno italiano para ver si es necesario estudiar nuevas propuestas. Por tanto, entendemos que es preciso esperar a dichas conclusiones y no promover, como se ha señalado, nuevos estudios.


Respecto de los dispositivos de separación del tráfico, que propone como segundo punto en su proposición no de ley, entendemos que están suficientemente regulados y que su establecimiento ha reducido considerablemente el riesgo y el número
de accidentes, de colisiones y varadas en el tráfico marítimo. Hay que señalar que en cuanto a los dispositivos de separación de tráfico se establece que, cuando un país desea establecer un dispositivo de separación de tráfico, lo propone al Comité
de Seguridad de Navegación de la Organización Marítima Internacional, órgano competente, que evalúa la propuesta y eventualmente recomienda su adopción por el Comité de Seguridad Marítima. También hay que señalar que los dispositivos de separación
del tráfico han sido aprobados por la Organización Marítima Internacional y están publicados en un libro llamado Ships' Routeing, que se mantiene actualizado con los nuevos dispositivos y las modificaciones ya existentes. En esta publicación además
se incluye un capítulo de información general de los sistemas de tráfico marítimo y unas definiciones de los elementos utilizados, la simbología utilizada en las cartas de navegación y también las propias normas de utilización contenidas en el
reglamento internacional para prevenir los abordajes en el mar, concretamente en la regla 10 de este reglamento. Por tanto reiteramos que entendemos que los dispositivos de separación del tráfico están ya suficientemente regulados.


En cuanto a la propuesta contenida en el punto tercero, de disponer de modo obligatorio de doble casco en los cruceros, adoptando una normativa que ahora mismo es para los buques petroleros, entendemos que no es adecuada por las siguientes
razones. En primer lugar, porque la normativa del doble casco de los petroleros no está pensada para protegerlos del hundimiento por avería, como pretende el diputado en la exposición de motivos,

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sino que la finalidad es fundamentalmente minimizar el riesgo de contaminación. El riesgo de contaminación es mucho mayor en los petroleros que en los buques de pasaje debido al tipo de carga que transportan. No obstante lo anterior, los
nuevos buques mercantes no petroleros que tengan una capacidad de combustible -incluidos los de pasaje- de al menos 600 metros cúbicos, ya tienen obligación, por la regla 12.a) del Convenio internacional para prevenir la contaminación de los buques,
de adoptar medidas de protección específicas para sustancias de combustible líquido, que implican ya necesariamente un doble forro. Y en segundo lugar, tenemos que señalar que los buques de pasaje, entre ellos los cruceros, están sometidos a una
normativa de estabilidad después de averías que es más exigente que en los petroleros. Incluye tanto requerimientos deterministas como probabilistas para los buques nuevos y un nivel de seguridad que es creciente según el número de personas a bordo
y que además fue establecido recientemente. Por ello tampoco parece aconsejable adoptar normas aplicables a los petroleros en este aspecto, ya que son menos exigentes todavía que las normas aplicables a los barcos que trasladan pasajeros. Por
tanto, rechazamos también esta propuesta del doble casco de la proposición no de ley del Partido Socialista.


En cuanto a la exposición de motivos, que también detalladamente ha explicado el diputado Segura Clavell, habla de francobordo residual en relación con la altura significativa de la ola como elemento también de estabilidad del buque y sobre
todo para evitar el hundimiento y con ello ampliar el periodo de salvamento de los pasajeros, y habla de la problemática de la acumulación del agua en la cubierta. Tenemos que señalar que en el Grupo Parlamentario Popular entendemos que se refieren
a un problema específico de los buques de transbordo rodado, buques que no tienen las características de los cruceros de pasajeros y que en el caso de los cruceros de pasajeros se solucionó en el ámbito comunitario con la adopción de unas normas
específicas de estabilidad aplicadas a los buques de pasaje de trasbordo rodado haciendo obligatorio el que se conoce como Acuerdo de Estocolmo, que conocerá el señor Segura Clavell, aplicable en toda Europa. No obstante, como ya he señalado, este
problema no existe en buques tipo crucero como el Costa Concordia puesto que no cuentan con cubiertas destinadas al transporte de carga rodada, y por tanto desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que no procede adoptar estas medidas para
buques de tipo crucero.


Es importante señalar -y con esto voy terminando- que los requerimientos de estabilidad después de la avería en el ámbito internacional también han sido recientemente enmendados y que entraron en vigor en su mayor parte a partir del 1 de
enero de 2009. En el seno de la Organización Marítima Internacional anualmente se discute sobre esto en el ámbito del Subcomité de estabilidad, líneas de carga y seguridad de pesqueros y que se van incorporando los resultados de las nuevas
investigaciones si procede. Por tanto, tengo que decir que si del informe del accidente del crucero Costa Concordia se derivan recomendaciones que aconsejan modificaciones en dichas normas, España las apoya en el ámbito internacional en
coordinación con la Unión Europea, y de ahí el sentir establecido en la enmienda de sustitución que propone el Partido Popular.


También menciona el señor Segura Clavell la referencia a la regulación dentro del mar territorial o fuera de este en travesías denominadas nacionales. Tenemos que decir que travesías nacionales son las que tienen origen y destino en puerto
español. Cabe destacar que las normas de seguridad que se aplican a los buques de pasaje en travesías nacionales son competencia comunitaria, que entre otras están reguladas en el Real Decreto 1247/1999 y enmiendas posteriores y que todo ello es
trasposición de directivas comunitarias. No obstante, la Unión Europea y en particular la Comisión han comunicado su intención de que se realice una revisión en profundidad de la legislación aplicable a los buques de pasaje a la luz de las
conclusiones de la investigación del accidente del Costa Concordia.


Tengo que finalizar señalando que yo creo que no existe duda de la importancia que para el Grupo Parlamentario Popular tiene la seguridad marítima. Prueba de ello es la aprobación en enero de este año del Real Decreto 211/2012, de 23 de
enero, que modificó el Real Decreto 210/2004, de 6 de febrero, por el que se establece el sistema de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo. Dicha normativa traspone dos directivas, una del año 2009 y otra de 2011. Era
absolutamente necesario llevar a cabo dicha trasposición con carácter inmediato, concretamente la 16 de la Comunidad Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo, y la 15 de la Unión Europea, de la Comisión, y la finalidad era mejorar sobre todo la
implantación y utilización de avances técnicos que se vienen produciendo y el establecimiento de un sistema comunitario de seguridad e información sobre el tráfico marítimo absolutamente imprescindible para mejorar la seguridad en el tráfico de
pasajeros, pero sobre todo para conocer también las causas cuando se produce un accidente de las características del que mencionamos en esta proposición no de ley y en la enmienda que ahora presenta el Partido Popular.


Por tanto, entendemos la importancia de esta materia y por ello pido encarecidamente su apoyo al diputado defensor de esta proposición no de ley, entendiendo en el Grupo Parlamentario Popular que nuestra enmienda sobre todo mejora porque
avanzamos un paso más en el sentido de que ya no proponemos que se lleven a cabo los estudios sino que asumimos que los estudios se están realizando. Por tanto, instamos al Gobierno a que lleve a cabo y apoye todas las medidas necesarias para que,
desde el ámbito competente -desde la Organización Marítima Internacional y desde la Unión Europea-, se lleven a cabo las modificaciones legislativas -si así procediera y se deriva de las investigaciones que se efectúan-, y sobre todo teniendo en
cuenta lo que resulte de estas investigaciones. Este es el sentir del Grupo Parlamentario

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Popular e invitamos al diputado Segura Clavell y al Grupo Parlamentario Socialista a que apoyen esta enmienda propuesta por el Grupo Parlamentario Popular.


El señor PRESIDENTE: A continuación, pueden tomar la palabra los distintos grupos parlamentarios. (Pausa). Por el Grupo de la Entesa tiene la palabra el señor Sabaté.


El señor SABATÉ BORRÀS: Valoramos muy positivamente la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, y en concreto del diputado señor Segura Clavell, en la medida en que es bien cierto que los temas de seguridad marítima -como él plantea en
su exposición de motivos, exhaustiva y bien fundamentada, como siempre- han ido avanzando como consecuencia de los distintos accidentes que a lo largo de la historia se han ido produciendo. El accidente del Costa Concordia, sin duda, ha sido un
aldabonazo para las conciencias de todo el mundo y en concreto de los responsables políticos y esto plantea la oportunidad, mediante una iniciativa de este tipo, de instar al Gobierno español a que, ante las distintas instituciones internacionales y
en concreto ante la Unión Europea, con responsabilidad en materia de seguridad y de tráfico marítimo, se requiera para que se avance en una serie de medidas como las que la proposición no de ley plantea. Por tanto, nuestro grupo parlamentario, la
Entesa Pel Progrés de Catalunya en el Senado, va a votar favorablemente la propuesta que se somete a votación.


El señor PRESIDENTE: Correspondería ahora que el señor Segura dijera si acepta o no la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, pero como observo que sus señorías están al fondo de la sala intentando llegar a un posible acuerdo y como la
votación no se va a producir con un carácter inmediato, lo emplazo y le haré esta misma pregunta antes de que procedamos a la votación de este punto del orden del día.


- SOBRE EL DESARROLLO DE LAS INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS NECESARIAS PARA LA INTEGRACIÓN DE ESPAÑA EN EL MERCADO ÚNICO EUROPEO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente del Congreso 161/000461 y número de
expediente del Senado 663/000007).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto. En este caso también me temo que el señor Segura va a tener que ocupar su escaño porque es la proposición no de ley sobre el desarrollo de infraestructuras energéticas necesarias para la
integración de España en el mercado único europeo. El Grupo Parlamentario Popular ha retirado la enmienda a la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista y tiene que intervenir nuevamente el señor Segura para su defensa como portavoz de dicho
grupo parlamentario.


Tiene la palabra el señor Segura.


El señor SEGURA CLAVELL: Con toda franqueza tengo que expresar la satisfacción que me produce hoy, en una Comisión tan sensible y tan básica en nuestro país, cumpliendo normativa comunitaria, tocar ahora otro tema de otras características
que creo que incentiva debates y consiguientemente adopción de propuestas que a su vez incentiven al Gobierno. La habrán leído sus señorías, se trata de una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre el desarrollo de las
infraestructuras energéticas necesarias para la integración de España en el mercado único europeo. Acépteme la terminología cordial de broma de este diputado dirigida a los parlamentarios del Grupo Parlamentario Popular, donde les voy a poner una
zanahoria. El presidente del Gobierno, el señor Rajoy -en aquel momento candidato a la Presidencia del Gobierno-, en su investidura hizo referencia en reiteradas ocasiones a políticas energéticas y a la necesidad de conectar energéticamente la
península ibérica con el resto de países de la Unión Europea. Esta es la temática recogida en esta iniciativa; iniciativa en la que decimos que España no es un país deficitario ni en energía eléctrica ni en potencia instalada. Y nos fijamos en
los datos de 2010. La demanda total de energía eléctrica en España fue de cerca de 260.000 gigavatios/hora mientras que la generación neta se cifró en 273.000 aproximadamente. Es decir, se generó mayor cantidad de energía eléctrica de la que se
consumió.


Hacemos referencia a que la potencia instalada en el sistema peninsular -porque no hablamos, aunque sea canario el que está interviniendo, de los archipiélagos, que es otra temática, nos estamos refiriendo a la España peninsular- es de
97.000 megavatios. España, en contra de lo que en muchas ocasiones se suele transmitir informativamente, es un país netamente exportador de energía eléctrica. En el año 2010 nuestras exportaciones superaron los 8.000 gigavatios/hora en línea con
el carácter exportador de los últimos años. Aquí, en un cuadro que va desde 2006 a 2010, se recoge la energía medida en gigavatios/hora que cada uno de los países ha exportado o ha recibido. España, concretamente en 2006, tuvo que importar 4.410
gigavatios de Francia; en 2010 tuvo la capacidad de exportar a Francia 1.387. Es decir, España puede tener una capacidad -me refiero a la España peninsular, insisto- de exportación de energía eléctrica nada desdeñable y es obvio que para ello se
necesitan redes de transporte que comuniquen la península ibérica con el resto de Europa. ¿En cuántas ocasiones hablamos del mercado ibérico? Hace muy pocas fechas, previo al encuentro de los dos gobiernos de la Península -del Gobierno español y
del Gobierno portugués- una delegación de las Cortes Generales españolas mantuvo un encuentro con otra delegación del Parlamento portugués. Allí se habló precisamente del mercado ibérico que puede tener unas perspectivas de desarrollo
espectaculares, pero para ello se necesitan vías de entrada y salida,

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de intercambio y de interconversión energética con el resto de los países de la Unión Europea.


Es conveniente que pongamos de manifiesto que en el caso de la actividad de generación eléctrica son frecuentes las referencias a que la Península se ha ido convirtiendo en una especie de isla energética, dicho entrecomilladamente, separada
de los sistemas o de los mercados de los países vecinos de la Unión Europea, de Pirineos hacia arriba. Sin embargo, la realidad es bien distinta. El mercado en el cual compiten los generadores tiene un ámbito, al menos en principio, ibérico.
Queremos poner de manifiesto que desde julio del año 2007 los generadores españoles peninsulares y los generadores portugueses remiten sus ofertas de generación a un mismo operador del mercado, que es quien determina el precio del mercado eléctrico
considerando todas las ofertas de forma simultánea y conjunta. Y solamente en el caso de las interconexiones entre España y Portugal, en el caso de que esas interconexiones se encuentren saturadas, se determina un precio distinto para cada país,
pero el 80% del mercado es uniforme. Es decir, el consumidor en Oporto o en Lisboa paga por el kilovatio/hora lo mismo que el consumidor en Sevilla, en Albacete, en Cuenca o en Valladolid. Esto pone de manifiesto que se va avanzando de menor a
mayor en la creación de un mercado único que es el desiderátum, un mercado único de electricidad y de energía en su conjunto en el seno de la Unión Europea. Y por lo menos los dos países más vecinos con menores dificultades geográficas, España y
Portugal, vienen avanzando notablemente. Pero no ocurre así en lo que a las infraestructuras se refieren con el otro vecino potente, Francia. No podemos olvidar que el mercado peninsular español tiene unos 44 millones de ciudadanos y el portugués
unos 10 millones, pero en Francia ya estamos hablando de otras dimensiones.


El mercado eléctrico español, en consecuencia, no solo ha de tener la aspiración de consolidar y avanzar en un mercado ibérico peninsular sino que también ha de estar interconectado con el francés. ¿Para qué? Es obvio, porque es el que más
nos posibilita un mercado de mayor dimensión, el de los veintisiete países miembros de la Unión Europea. Es decir, el mercado eléctrico español debe estar conectado con el francés y, consiguientemente, con el resto de los mercados eléctricos
continentales. España, señorías -debemos tener mucha conciencia de ello porque ahí es donde se justifica la propuesta de resolución que presentamos-, ha pasado de ser un país netamente importador de electricidad a través de la interconexión que
existe actualmente con Francia a ser un país netamente exportador por los menores precios que puede aportar en la mayoría de los mercados. De hecho, hay que poner de manifiesto que en el año 2010 -año más próximo que estamos tomando como
referencia- las interconexiones con Francia no estuvieron saturadas en casi un 90% de las horas, es decir, hubo mucho tiempo con posibilidades de exportación de kilovatios/hora al mercado francés. De hecho, cuando las interconexiones se encuentran
saturadas dicha saturación tiende a ser en sentido exportador, de tal modo que los generadores españoles se encuentran presionados por la competencia de generadores ubicados no solamente en Francia sino en el resto del continente europeo.


Señorías, con todas estas consideraciones, que no dejamos de entender, de carácter tecnológico, por un lado, y, por otro, comercial porque es un producto que se genera, se transporta, se vende o se compra, los avances en el seno de la Unión
Europea en la constitución de ese mercado único de la energía constituyen una de las asignaturas pendientes que tiene la Unión Europea para posibilitar su desarrollo, la apertura de nuevos mercados y nuevas industrias, para hacer que los productos
de la Unión Europea sean mucho más capaces de encontrar puntos de venta sobre todo en países como India, China o República Sudafricana, países en los que crece su producto interior bruto y, consiguientemente, su capacidad de carga.


En suma, si hacen una lectura rápida de la exposición de motivos -de la que no he querido leer sus apartados esenciales- verán que la interconexión entre España y Francia fue declarada como proyecto de interés europeo. No estamos hablando
de redes de infraestructuras para el transporte o la movilidad, sino del transporte de la energía, es decir, el kilovatio/hora, en el caso de energía eléctrica, o la energía gasística. Esta interconexión está financiada, aprobada por el seno de la
Unión Europea, con 225 millones de euros en el European energy program for recovery y con fecha de finales de 2013. Este fue un acuerdo firmado en Zaragoza entre los dos gobiernos, español y francés, el 27 de junio del año 2008, con esa
disponibilidad económica, que se sacó a concurso y que adjudicó a determinadas empresas distintos tramos e infraestructuras, por cierto, infraestructuras con dificultades notables, no son temas fáciles. A finales de 2013 se tiene que producir la
puesta en tensión y a mitad de 2014 la puesta en servicio y la operación comercial, es decir, la fluidez energética entre los dos países en la dimensión prevista para el consumo previsto hasta el año 2050. Por ello, planteamos que la Comisión Mixta
Congreso-Senado para la Unión Europea inste al Gobierno a, primero, la adopción de todas las medidas que se estimen oportunas con el objeto de impulsar la interconexión eléctrica entre España y Francia y el desarrollo de los contenidos del acuerdo
de Zaragoza firmado el 27 de junio de 2008 entre los gobiernos de España y Francia, calificado como proyecto de interés europeo en el marco del programa EEPR. Segundo, informar ante la Comisión correspondiente de las Cortes Generales -que sería
esta- sobre las medidas adoptadas al objeto de poder contar con un mecanismo de seguimiento y rendición de cuentas periódico en torno a este proyecto que integrará a España en el mercado único de electricidad europeo.


Consiguientemente, señorías -si me permiten que termine la intervención con cordialidad y una cierta ironía-, pido al Grupo Parlamentario Popular que voten a favor de esta iniciativa y que se lo comunicen al presidente del Gobierno, señor
Rajoy, que a buen seguro se

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sentirá satisfecho de la iniciativa que promueve el principal grupo parlamentario de la oposición.


El señor PRESIDENTE: Recuerdo al conjunto de sus señorías que se había retirado la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, por lo que abre el turno de portavoces.


Por el Grupo de la Entesa, tiene la palabra el señor Sabaté.


El señor SABATÉ BORRÀS: Señorías, la interconexión eléctrica entre España y Francia es, sin duda, un proyecto -impulsado por el anterior Gobierno, presidido por el señor Rodríguez Zapatero- importante y de mucho calado, no solo ya, como
recoge la exposición de motivos de esta proposición no de ley defendida por el señor Segura Clavell, porque somos un país hoy en día excedentario en la producción de energía -cuestión que puede favorecer la exportación-, sino sobre todo porque mira
al futuro, porque puede ser un factor importante en un asunto clave, estratégicamente hablando, para nuestro país y para el conjunto de la Unión Europea como es la seguridad energética. El hecho de que hoy seamos excedentarios no es una garantía de
que lo sigamos siendo en un futuro ni inmediato ni a medio o largo plazo. Por tanto, esa interconexión de redes es una garantía no solo para la exportación, sino para un posible suministro en caso de necesidad en un futuro inmediato. Por todo
ello, vamos a dar apoyo a la proposición no de ley que hoy se nos plantea.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Ripoll.


La señora RIPOLL JUAN: Señor Segura, créame, es todo un honor poder intercambiar con usted opiniones sobre esta PNL debido, como usted dice muchas veces, a su enorme experiencia en esta Cámara y en el Senado. Me consta que sus
explicaciones son profundamente extensas y exhaustivas, lo cual para alguien que no tiene tanta experiencia como usted resulta ilustrativo. En ese sentido, se lo agradezco muchísimo. También es cierto, señor Segura, que estamos hablando de un tema
importantísimo como es la energía y la transferencia de la misma. Si leemos la exposición de motivos tenemos muy claro de qué se trata. Es verdad que usted ha presentado en nombre de su grupo una proposición no de ley sobre el desarrollo de las
infraestructuras energéticas necesarias para la integración de España en el mercado único europeo. Créame que cuando leí el título a la hora de repartirnos las PNL -como supongo que también harán en su grupo- me llamó muchísimo la atención porque
comparto con usted que es un asunto de enorme importancia para nuestro país y para el conjunto de Europa. Tengo que decirle también que me sorprendió posteriormente ver que se refería a un punto concreto de un tema concreto de un proyecto concreto
que, además, ya está en ejecución. Esa fue mi gran sorpresa porque es cierto -se lo confieso- que me hubiera gustado profundizar un poco más, no solo en la energía eléctrica, sino en la procedencia de esa energía eléctrica, si viene de renovables o
no. Podría ser otro debate interesante.


La explicación que ha dado ha sido, repito, extensa y exhaustiva pero nos hemos quedado todos atónitos, es verdad, y le voy a explicar por qué. Su señoría se centra en un proyecto concreto basado en la interconexión de energía eléctrica
entre España y Francia que permitirá la construcción de la línea subterránea de interconexión. En la exposición de motivos habla usted profusamente de que este proyecto aumentará la capacidad de intercambio de energía, que se reforzará la seguridad
de suministro tanto a nivel regional como nacional, que la tecnología elegida es la adecuada, que el trazado utiliza en la medida de lo posible las infraestructuras ya existentes -lo cual me parece inteligente-, que ya se ha obtenido la declaración
de impacto ambiental -si no recuerdo mal en diciembre del pasado año-, que está declarado como proyecto de interés europeo, que tiene financiación de la Unión Europea... Todas esas explicaciones -que, por supuesto, le agradecemos mucho- figuran en
la exposición de motivos y estamos absolutamente de acuerdo con ellas. En eso coincidimos totalmente, señor Segura. Lo estamos tanto que no somos capaces de entender, con esa exposición de motivos exhaustiva, qué es exactamente lo que pretende con
la propuesta de acuerdo. Ahí es donde nos perdemos. Porque lo que pretende es tomar medidas para impulsar el proyecto en cuestión, un proyecto que está en ejecución y que se desarrolla con absoluta normalidad. Pues como no vayamos -permítame la
ironía- todos los miembros de esta comisión al Pirineo oriental a tirar del cable, no se me ocurre qué otro tipo de medidas podemos tomar para un proyecto que está en ejecución y, como le decía, se desarrolla con total normalidad.


Señoría, respetamos absolutamente -como no podía ser de otra forma- el derecho que tiene cualquier miembro de esta Comisión a presentar una iniciativa, una proposición no de ley o cualquier otra cuestión que estime conveniente, pero también
entendemos que aquí no se trata de una cuestión cuantitativa, de ver cuántas PNL presenta mi grupo ni de presentar más que nadie. Se trata de una cuestión más cualitativa, no debería basarse solo en la cantidad. Por eso, entendemos que lo que
usted ha hecho en la exposición de motivos no es ni más ni menos -me he molestado de verdad, se lo digo de corazón, en prepararlo, en estudiarlo y en ver dónde estaba el origen- que coger el Acuerdo de cooperación de Zaragoza de 2008 y ponerle un
poquito más de literatura, pero prácticamente es textual y es lo que figura en la exposición de motivos. Aquí se hablaba de ese proyecto de interconexión que está adjudicado, que tiene financiación de la Unión Europea y que va a ser beneficioso
para el país. Por lo tanto, ya está absolutamente todo hecho. Se solicita, en nuestra opinión de forma totalmente innecesaria, que se impulse un proyecto

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que ya está en marcha y que sigue adelante con total normalidad.


Este es el motivo por el cual el Grupo Parlamentario Popular no tiene más opción que votar en contra, en concreto, de las propuestas de acuerdo que usted hace aquí, como le decía, por ser innecesario, por ser un proyecto que está en marcha y
evoluciona con total normalidad.


- SOBRE LA CREACIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente del Congreso 161/000578 y número de expediente del Senado
663/000010).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la última proposición no de ley incluida en el orden del día, en este caso, sobre la creación de los fondos europeos contra la pobreza y la exclusión social, propuesta por el Grupo Parlamentario
Catalán. No se han presentado enmiendas y tiene la palabra, en primer lugar, su portavoz la señora Parera.


La señora PARERA ESCRICHS: Es evidente que la actual crisis económica ha provocado que los índices de pobreza y exclusión social se hayan agudizado de manera alarmante. Según un reciente informe de Cáritas, en la actualidad en el Estado
español hay más de 11,5 millones de personas en situación de riesgo de pobreza y 30.000 personas sin hogar, por no mencionar que ya en 2012 se establecía que la población en riesgo de caer en pobreza era superior a los 115 millones de personas.
Hace escasamente cinco días hemos podido leer un nuevo informe, esta vez de Cáritas de Barcelona, dando unos datos absolutamente escalofriantes. En este informe se reflejaba que los 24 millones de euros que gestionaba el año pasado Cáritas de
Barcelona no han sido suficientes para atender la petición de aquellas personas que han acudido a ellos y se han visto en la obligación de vender patrimonio por valor de 2 millones de euros. Cáritas lleva invertido en ayudas económicas para
necesidades básicas en este periodo de 2012 el 50% más que en el mismo periodo de 2011. Eso es un crecimiento enorme. Estos recursos se están destinando principalmente a la infancia, a la vivienda y a la ocupación. Hasta hace poco los afectados
que acudían a Cáritas eran aquellas personas que se veían en situación problemática debido a la crisis del sector inmobiliario. Esto ya no es así, ahora son familias completas que acuden a los servicios de Cáritas y especialmente la infancia;
solamente en Barcelona el 35% de los atendidos son menores de edad, y eso es muchísimo. Los infantes, los pequeños, los adolescentes son las personas más débiles ante la crisis, los que se están viendo más afectados. Esto es así y por ello Cáritas
está preparando un proyecto destinado sola y exclusivamente a la infancia.


Sabemos que la Unión Europea ha fijado como objetivo para el año 2020 reducir el número de personas en riesgo de exclusión a, como mínimo, 20 millones de personas, pero para eso se necesitan recursos económicos. De ahí la creación del Fondo
social europeo. Pero ante los datos que les acabo de pasar entendemos en Convergència i Unió que estas medidas no son suficientes. Consideramos imprescindible que el Gobierno promueva en las instituciones europeas la creación de un fondo
específico contra la pobreza y la exclusión social. Este fondo deberá destinarse exclusivamente a políticas que garanticen la lucha y la erradicación de dicho problema que, como hemos visto, está creciendo a pasos agigantados. Por ello,
Convergència i Unió presenta esta proposición no de ley, en la que instamos al Gobierno a que promueva en las instituciones europeas la creación de un fondo europeo contra la pobreza y la exclusión social con el fin de combatirla y cumplir con el
objetivo establecido en la estrategia europea 2020 que, a todas luces, al ritmo que está siguiendo el aumento de la pobreza no va a poder cumplirse.


El señor PRESIDENTE: Seguidamente, se abre el turno de portavoces. En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Iñarritu.


El señor IÑARRITU GARCÍA: Señorías, en Amaiur creemos que si bien esta proposición presentada por Convergència i Unió puede ayudar a sensibilizar sobre la situación que estamos viviendo e incluso puede suponer un pequeño beneficio,
consideramos que de crearse este fondo contra la pobreza y la exclusión social en el mejor de los casos se trataría de un parche. La señora portavoz de Convergència i Unió ha hecho una exposición detallada sobre el aumento de la pobreza y exclusión
social en la Unión pero no ha manifestado que gran parte de este aumento ha sido debido precisamente a las políticas neoliberales impulsadas estos últimos años por la propia Unión. Por ello, ante esta crisis brutal, Amaiur considera que es
fundamental en el caso europeo, y más concretamente en el caso español, tomar medidas políticas globales que vayan a la raíz y atajen esa creciente pobreza y exclusión social. En primer lugar, consideramos que teniendo en cuenta las definiciones
técnicas del umbral de pobreza, ya sea tomando las definiciones de trabajo de la OCDE o de la ONU, esta debe ser combatida por medio de una renta de garantía de ingresos partiendo de la base de un salario mínimo interprofesional digno que en ningún
caso sea inferior a la mitad del salario medio estatal. Y por otro lado, establecer una renta básica de ingreso para aquellas personas que estén en situaciones de desempleo o de desamparo. Esto es, unos mínimos decentes a nivel europeo que
posibiliten el pleno desarrollo de los proyectos de vida de las personas.


La demanda de una renta básica regulable a cada Estado o región podría ser una medida real contra la pobreza. Precisamente en el caso que nos atañe, el Estado español es uno de los que más tienen que mejorar

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en la tarea, visto lo ridículo del salario mínimo -compárese, por ejemplo, con los vecinos franceses que doblan este salario, llegando a superar los 1.300 euros- y las prácticamente inexistentes ayudas sociales y rentas mínimas de inserción.
Si bien debo decir, como ciudadano vasco, que en la Comunidad Autónoma Vasca y en la Comunidad Foral Navarra, aunque no somos la panacea, es cierto que contamos con unas coberturas sociales sensiblemente mayores, que si bien cabrían mejorarse
podrían ser un modelo a seguir para el resto del Estado. Esto es, todo el mundo debe tener acceso a una renta mínima que garantice su derecho a la vida digna. Para ello, debemos asegurar que se cumpla la primera ley social, aquella que garantiza a
todas las personas que integran la sociedad los medios para existir. Para la consolidación de este derecho es preciso llevar a cabo un debate social y político con el fin de articular una propuesta sobre esta renta.


Señorías, hablemos claro. No proponemos ninguna quimera, en Europa hay dinero para eso y para más. Ya basta de que sigan existiendo dentro de la Unión paraísos fiscales, islas donde los filibusteros y forajidos han escondido el fruto de
sus escamoteos y desfalcos. De igual forma, aplíquese ya dentro de la Unión Europea el previsto impuesto de transacciones, la tasa Tobin, y que esos beneficios se transfieran al Fondo social europeo. Hay recursos económicos, pero las instituciones
europeas y españolas prefieren destinarlos a esos bancos de 'Alí Babank y los cuarenta ladrones', a esos que desde Amaiur pedimos que se investigue, se procese y se juzgue.


En segundo lugar -y continuando con el Estado español-, como ustedes saben, la crisis ha supuesto que, por ejemplo, organizaciones como Cáritas -como manifestaba la señora Parera- hayan pasado en cuatro años a atender al doble de personas:
jubilados, familias; la clase media con hambre dispuesta a mendigar por comida. Frente a esta crisis socioeconómica, el Gobierno del Partido Popular se ha dedicado a luchar contra la deuda y el déficit, que está muy bien. Eso sí, contra el
principal problema de su Estado, el paro, 6 millones de parados, récord de la Unión Europea, nada. Las cifras de desempleo siguen en aumento. Y además, para luchar contra la deuda y el déficit, ¿qué hace? Recortar de donde no se debe, de los
pilares fundamentales del Estado social, del Estado del bienestar: sanidad, educación y servicios sociales. El propio presidente del Estado más liberal que existe, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ha dicho al señor Rajoy que se
ha pasado de frenada con los recortes, que mientras siga aumentando el paro no se pueden aumentar estos recortes. Y esta suma de paro más recortes sociales produce miseria y miseria. Una miseria cada vez más extensa, más intensa y crónica que
además tiene rostro, tiene rostro de mujer, de jubilado, de joven, de emigrante o de infante. Los sectores más vulnerables cada vez más afectados.


En conclusión, desde Amaiur consideramos que la creación de este fondo sería de carácter coyuntural y meramente paliativo, sería como dar un caramelo a alguien que muere de inanición, pero aun así votaremos a favor. Eso sí, insisto, lo que
urgen son medidas globales y eficientes a nivel estatal y europeo contra la pobreza, fomentando la renta básica, el empleo y, cómo no, impulsando la sanidad, la educación y los servicios sociales, que sean siempre universales, gratuitos y de
calidad.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Lozano.


La señora LOZANO DOMINGO: No sé si en esta Comisión de la Unión Europea, el mismo día que la directora del Fondo Monetario Internacional ha dicho que tenemos tres meses para salvar el euro, vale mucho la pena discutir de asuntos que quizá
cuando lleguen a la Unión Europea ya no exista, según la señora Lagarde, pero en todo caso es la cita y la convocatoria que teníamos para hoy y vamos a hacerlo.


En primer lugar, le agradezco, señora Parera, la proposición no de ley que presenta y su intervención. Coincidimos plenamente con que es imprescindible afrontar de manera integral y coordinada la lucha contra la pobreza y contra la
exclusión social y, desde luego, vamos a apoyar esta proposición no de ley. Sin embargo, quiero traer también aquí una reflexión sobre las causas de la pobreza. Ha citado usted los informes de Cáritas -datos en los que creo que no es necesario
abundar-, pero también los informes que hace Cáritas con Foessa, la Fundación de Estudios Sociales, explicitan y relacionan de forma evidente la pobreza con la precariedad laboral, con la temporalidad y con el desempleo y, particularmente, con el
desempleo de larga duración, con ese desempleo crónico de personas que tienen cincuenta o cincuenta y cinco años y que sienten que lo que nuestra sociedad les está diciendo es que ya no les consideramos útiles, que no les consideramos necesarios y
que no consideramos que sea posible recuperarlos para el mercado de trabajo. También es necesario poner en marcha políticas que vayan a esas causas y las erradiquen para evitar que esas personas lleguen a una situación de pobreza. Está también,
por supuesto, la pérdida de prestaciones por desempleo, que afecta ya a más de un tercio de los desempleados, que es gente que ha perdido toda la protección social y que, no tardando mucho -algunos de ellos ya lo han hecho-, ingresarán en esas
bolsas de exclusión y de marginalidad.


Creo que es muy importante subrayar que, según los últimos datos de la Red europea contra la pobreza, ya el 25% de la población española, una cuarta parte, vive por debajo del umbral de la pobreza. Es un fenómeno especialmente grave el
hecho de que lo que está ocurriendo es una erosión de la clase media, y esto es algo que nos debería preocupar no solo por el sufrimiento individual que es evidente que acarrea, sino por lo que significa para nosotros como país. Que esa clase media
esté entrando en muchos casos en un círculo infernal de pérdida de empleo y pérdida de la casa por desahucio y

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que por tanto esté cayendo en la marginalidad significa que se están alterando de manera peligrosa los cimientos básicos de la cohesión en el país.


Asimismo, es inevitable, cuando se habla de la pobreza, hablar de la desigualdad, porque están estrechamente relacionadas, y la desigualdad está relacionada también con la reducción de sueldos, con la congelación de las pensiones, con la
congelación del salario mínimo, con el agotamiento de prestaciones como decía antes. En España ha aumentado la desigualdad y eso es algo que nos tiene que preocupar y hay que hablar de ello cuando se habla de la pobreza. Ustedes conocerán el
índice de Gini, que mide la desigualdad en un margen de cero a cien. Pues bien, estábamos en el lugar treinta y uno, es decir, más cerca del cero -que sería la no existencia de desigualdad- y estamos ya en el lugar treinta y cuatro. Mejor dicho,
estábamos en el puesto treinta y cuatro en 2010; probablemente ahora esa desigualdad haya aumentado aún más. Estamos en los niveles de desigualdad de Letonia o de Rumanía, mientras otros países como Francia o Alemania están en el entorno del
veintinueve en ese índice del que les hablaba de cero a cien.


Este aumento de desigualdad y, por tanto, la pérdida de la cohesión social también tiene consecuencias políticas a las que creo que debemos atender. Les quiero citar unas palabras de Nouriel Roubini, el celebrado economista que anticipó la
crisis que se nos venía encima, que recientemente escribía: Cualquier modelo que no aborde debidamente las desigualdades está abocado a enfrentarse a una crisis de legitimidad. Muchos estudios de investigación académica, incluido uno del Fondo
Monetario Internacional, demuestran que el ensanchamiento de la desigualdad conduce a un menor crecimiento económico. Esto lo decía un economista, por tanto, incluso dejando de lado la cuestión de la justicia, la desigualdad también es negativa
siguiendo el criterio tradicional económico de la eficiencia. Esto es lo que decía Nouriel Roubini. Nos debe preocupar por motivos de justicia, pero nos debe preocupar también por motivos de eficacia y eficiencia económica.


Por último, señorías, quiero subrayar que el problema de la pobreza no es solo un problema de los pobres, no es solo de quienes la padecen directamente. Aquí quiero mencionar el muy recomendable y muy interesante libro que escribieron dos
epidemiólogos británicos, Wilkinson y Pickett, titulado precisamente Desigualdad, en el que hablaban de la desigualdad como la peor forma de infelicidad colectiva y probaban con cifras y datos, fruto de su trabajo como epidemiólogos en primer lugar,
que los países donde hay más esperanza de vida no son los más ricos, sino aquellos en los que hay menores desigualdades. Todos los indicadores negativos en una sociedad, desde el embarazo adolescente hasta la obesidad, el alcoholismo, la violencia,
las tasas de homicidio o de criminalidad, empeoran cuando hay fuertes desigualdades. Estos dos epidemiólogos demostraban que en un país más desigual, en el conjunto de la población, no solamente en la población más desfavorecida sino en toda la
población, hay cinco veces más posibilidades de padecer enfermedades mentales, hay más probabilidades de ir a la cárcel y hay más probabilidades de ser obesos. La razón de estas diferencias tan acusadas -dicen Wilkinson y Pickett- está
sencillamente en que los efectos de la desigualdad no se limitan a los más desfavorecidos, sino que afectan a la gran mayoría de la población. Por tanto, al ocuparnos de la pobreza nos estamos ocupando de toda la sociedad, de su cohesión, y desde
luego nosotros vamos a apoyar su proposición.


El señor PRESIDENTE: A continuación, por el Grupo de L'Entesa, tiene la palabra el señor Sabaté.


El señor SABATÉ BORRÀS: La crisis económica que estamos padeciendo sin duda ha tenido y está teniendo múltiples consecuencias y a cual peor, aunque es evidente que la peor de ellas o por lo menos la que resume bastante fielmente la
situación es el hecho de que muchas personas y muchas familias han traspasado lo que se considera el umbral de la pobreza y, por tanto, se han visto abocadas a una situación en absoluto deseable, impensable en la mayoría de los casos hace
seguramente poco tiempo para ellas, en cualquier caso a una situación de la que se les debería ayudar a salir de manera inmediata.


Es bien cierto, y a esto han aludido los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, que es imprescindible, necesario pero imprescindible sobre todo, un cambio de políticas, cambio de políticas rebajando precisamente la presión
sobre la austeridad y la estabilidad presupuestaria, que no por eso deja de ser necesaria, pero sí mirando de rebajar la presión y alargar en el tiempo el cumplimiento de los objetivos de déficit, y por otra parte impulsando el crecimiento, nuevas
políticas que permitan precisamente crecer y crear puestos de trabajo, que sin duda es la mejor garantía de calidad de vida, de estabilidad y de igualdad social, que en definitiva son los objetivos que debemos perseguir y que evidentemente están
lejos de las políticas que está impulsando en este momento nuestro Gobierno. Esperamos que el cambio de escenario en la Unión Europea, sobre todo a partir del acceso de François Hollande a la presidencia de la República Francesa, permita que haya
un giro en esta política de la Unión Europea y que afecte también claramente a nuestro país.


Como decía, la consecuencia principal más evidente o más lamentable de la crisis ha sido abocar a escenarios de pobreza a amplios sectores de nuestra sociedad de la clase trabajadora, no tanto de la clase media, tema en el que todo el mundo
insiste -tendríamos que entrar aquí en un debate sociológico-, pero el sector más importante de nuestra sociedad, los trabajadores, es el que está en ese límite que, precisamente por la pérdida de su puesto de trabajo y la dificultad para volver a
conseguir otro, los aboca a esa situación en la que no pensaban nunca que iban a caer. Es por tanto ahí donde debemos volcar todos nuestros esfuerzos, los de las instituciones,

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los de los representantes políticos y centrar todo nuestro trabajo en esta dirección.


Más allá de esta necesidad de cambio de políticas y de impulsar la justicia social, no podemos ignorar la necesidad perentoria e inmediata que tienen muchos sectores de nuestra sociedad. Por tanto, no es momento para ignorar la realidad, la
necesidad cotidiana. Ahí ciertamente -y lo decía la senadora Parera-, entidades como Cáritas están haciendo un papel encomiable y realmente extraordinario. Son entidades que se basan en el voluntariado de mucha gente que está haciendo un esfuerzo
precisamente para ayudar a los más débiles en un momento en que las necesidades están creciendo de manera exponencial. Por tanto, lo que se puede hacer también en esta dirección no nos parece ningún parche, sino una necesidad y además inmediata.
Debe hacerse en el ámbito del Gobierno, pero también impulsando las políticas que sean necesarias en el ámbito de la Unión Europea. En consecuencia, votaremos a favor de que se inste a la creación de este fondo europeo contra la exclusión social y
la pobreza porque nos parece una iniciativa positiva.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sánchez.


El señor SÁNCHEZ AMOR: Pido disculpas a la señora Parera y a los demás colegas por haber llegado unos minutos tarde ya que estaba en una ponencia.


Compartimos el análisis que algunos de los compañeros han hecho, en primer lugar, la necesidad de la desagregación de la pobreza ya no como un concepto genérico, sino intentando buscar esas diferencias entre la pobreza que tiene que ver con
la situación rural o urbana, el género, la edad, etcétera. Compartimos la preocupación de que esa situación de pobreza se haya visto agravada por la situación de crisis económica, de manera que aparecen tipos de pobreza nuevos como la del
asalariado pobre, trabajador que tiene empleo, pero esa presión de la competitividad lleva a unas condiciones de trabajo que al final conducen a los trabajadores con empleo a tener que ser considerados pobres. Está la situación de desempleo crónico
de la que la colega Lozano hablaba y el riesgo que se ha señalado por el Parlamento Europeo en el informe Daerden sobre que las políticas solo de austeridad conducen a la pobreza por dos vías: porque están terminando con una gran cantidad de
empleos y porque al mismo tiempo están levantando o desarticulando los servicios sociales que servirían precisamente para cuidar de esas personas en riesgo o en situación de pobreza.


Lo que he echado de menos en la discusión a la que he asistido hasta ahora es el enfoque europeo. Entiendo que nuestra preocupación es la que han expresado los colegas, pero esta es la Comisión Mixta para la Unión Europea y lo que nos pide
la senadora Parera es que examinemos la conveniencia de un instrumento europeo específico sobre pobreza y a eso querría referirme. Comparto con ella el análisis y en general el que han hecho los colegas que han intervenido, comparto la
preocupación. En el informe de evaluación del programa europeo 2020 hay un reconocimiento casi expreso de que no se va a alcanzar el objetivo de rebajar en 20 millones las personas en situación de pobreza en esa fecha. Casi hay un reconocimiento
de que como mucho se rebajarían en 15 millones. Además, en ese informe de evaluación, hecho público en noviembre pasado, hay una tentación implícita de volver a revisar los criterios de cuantificación y de distribución de la pobreza, el viejo truco
de que cuando no se pueda resolver un problema, modificamos la estadística con el que lo medimos.


Compartimos con la senadora Parera la intención de revisar todo el entramado jurídico de lucha contra la pobreza. Hay que recordar que son los Estados y los programas nacionales a los que les cabe la mayor parte de la labor -en este caso el
programa nacional de reformas incluye un apartado sobre esta cuestión- y hay diversos mecanismos europeos. La plataforma europea contra la pobreza ha sido citada por la diputada Lozano como una de las siete iniciativas emblemáticas vinculadas al
programa Europa 2020. Está el programa de ayuda alimentaria, que corre el riesgo de verse reducido e incluido en el Fondo social europeo. Existen otros mecanismos indirectos, pero que ayudan, como el Fondo europeo de adaptación a la globalización,
que da ayudas directas en los casos de despidos por reconversiones que tengan que ver con cuestiones de comercio internacional. Está el instrumento europeo de microfinanciación Progress, el programa Grundtvig, pero sobre todo está el casi 12% del
Fondo social europeo, que ha sido el mecanismo de financiación de mayor volumen que la Unión Europea dedica a la exclusión y a la pobreza.


Compartimos en buena medida la necesidad de clarificar esta instrumentación a cuyo corazón va la propuesta concreta que la senadora Parera hace, algo que pide el propio informe Daerden, que -cito brevemente- lamenta la falta de claridad y el
solapamiento de los diferentes instrumentos y líneas presupuestarias dedicadas a la pobreza, aunque luego, contradictoriamente, en el informe adjunto de la Comisión de Presupuestos, pide que se mantenga la función específica de cada fondo en el
próximo marco financiero. Recuerda, como es habitual en los documentos de la Unión Europea, la necesidad de coordinar los instrumentos entre sí y de coordinar los instrumentos europeos con los instrumentos nacionales.


La plataforma para la lucha contra la pobreza, que ha sido citada aquí y que es el instrumento más específico de la Unión Europea, pide un aumento de la dotación del Fondo social europeo y una reserva del 20% del mismo dedicado a la
exclusión y la pobreza. La senadora Parera nos pide un fondo específico en la dirección de clarificar los muchos instrumentos que pueden estar dedicados en la Unión Europea a esta cuestión. Pero la verdadera cuestión no es tanto si es un
instrumento único o varios instrumentos específicos, sino la dotación financiera que van a tener. Yo creo que la duda no será tanto si es un instrumento o un fondo específico o varios fondos, sino

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si ese fondo va a permitirnos llegar al objetivo de los 20 millones de personas rescatadas de la situación de exclusión y pobreza en el año 2020. Esa es la cuestión esencial. Hay que calcular también, si se crea un fondo específico, qué
efecto tendría sobre el volumen del Fondo social europeo, del que se predica que habría que aumentar hasta el 20% para dedicarlo a estos conceptos.


En consecuencia, senadora Parera, vamos a apoyar su proposición, pero no dejamos de llamar la atención sobre dos circunstancias: el riesgo que supone que las políticas solo de austeridad conduzcan a más desempleo y a un levantamiento de los
servicios sociales -y por tanto a una mayor situación de exclusión y pobreza- y el hecho de que no será tan importante si es un solo instrumento, un solo fondo o varios, sino la dotación que tenga ese instrumento.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Sanín.


La señora SANÍN NARANJO: El Grupo Parlamentario Popular, sensible como es a situaciones de extrema pobreza, está en contra, como no puede ser de otra forma, de cualquier situación que genere desigualdad en los seres humanos, cualquiera que
sea el sexo, la raza, la etnia, la edad o la procedencia, y por supuesto está firmemente convencido y comprometido con acabar con las desigualdades sociales, la pobreza y la exclusión social, cualquiera que sea su causa. El Gobierno de España,
sensible al objeto del debate de hoy, está adoptando medidas estructurales de gran calado, tendentes todas a la reactivación económica y a la creación de empleo, que son pilares fundamentales para la erradicación de la pobreza y la exclusión social.


No podemos estar más de acuerdo, señorías, en la exposición de motivos que sustenta su proposición. Sin embargo, esas mismas razones de grave crisis económica que no solamente padece España sino también la Unión Europea en su conjunto
obligan a todos los Estados miembros a ajustar las finanzas para poder crecer en lo económico y lo social. Solo entonces aquellos que hoy más sufren los efectos de esta crisis podrán recuperar la confianza y participar de igual a igual en todos los
ámbitos de la vida social, económica y política. En estos momentos de crisis es cuando debemos apoyar una iniciativa dirigida a paliar los efectos negativos con mecanismos e instrumentos que vayan en beneficio de los sectores menos favorecidos.


Nos parece muy loable la proposición no de ley propuesta por Convergència i Unió. Es una propuesta que ya se hizo en su día, precisamente cuando el presidente del Gobierno compareció en el Pleno del 8 de febrero para informar sobre el
Consejo de Europa del 30 de enero de 2012, y fue allí donde el presidente del Gobierno se comprometió con el señor Duran i Lleida, con Convergència i Unió, para poder enfrentar el problema de la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Fue
una propuesta que le pareció interesante al presidente del Gobierno y se comprometió decididamente a luchar y a llevar ante las instituciones de la Unión Europea esta propuesta, que entendemos -y así entienden todos los grupos parlamentarios-
necesaria para poder equilibrar la situación social entre todos los seres humanos.


No podemos olvidar, señorías, que ya existen en el ámbito de la Unión Europea mecanismos y políticas de desarrollo tendentes a la erradicación de la pobreza y la exclusión social, como por ejemplo el mercado único, el presupuesto de la Unión
Europea, incluidos los fondos de desarrollo regional, social y de cohesión, y los instrumentos de política de cohesión. Estas prioridades, señorías, son prioridades de crecimiento y se han incluido precisamente en las propuestas de la Comisión para
el próximo marco financiero plurianual 2014-2020. En estos momentos en los que se están negociando los reglamentos de los fondos estructurales para el siguiente marco presupuestario de la Unión es de destacar el papel que deben jugar estos fondos
en la inclusión social. El Fondo social europeo, especialmente en relación con la inclusión social a través del empleo, es un instrumento clave y eficaz para la reducción de la pobreza y la lucha contra la exclusión social. El Feder, señorías, con
las modificaciones operadas recientemente, incluyendo los aspectos sociales, será junto con la promoción de la vivienda un avance importante en esta materia. La propuesta de la Comisión Europea de asignar una parte importante del presupuesto del
Fondo social europeo a la inclusión social es también, señorías, un elemento clave de esfuerzo del papel que debe jugar dicho fondo en facilitar la inserción laboral de las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad social,
convirtiendo, como no puede ser de otra forma, el empleo en un instrumento básico de reducción de la pobreza y la exclusión. Son estos instrumentos, señorías, los que ayudan a garantizar que el dinero se invierta eficazmente en apoyo del
crecimiento inteligente, sostenible e integrador.


Actualmente, el Fondo europeo de desarrollo destina una parte al desarrollo regional. El Fondo social europeo y el Fondo de cohesión representan en su conjunto más de la tercera parte de la Unión Europea. Y el reglamento 1905, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, con algunas modificaciones posteriores, destaca que la política de cooperación al desarrollo de la comunidad se guía por los objetivos del desarrollo del milenio y que el marco general de
actuación de la comunidad en materia de desarrollo está determinado por el consenso europeo, reiterando que los objetivos de dicha política consisten en la reducción de la pobreza, el desarrollo económico social y sostenible y la inserción
progresiva y armoniosa de los países en desarrollo en la economía mundial. Además establece que la ayuda comunitaria se ejecute mediante programas geográficos y temáticos, así como mediante un programa de medidas complementarias para los países de
África, del Caribe y del Pacífico, que son los que más sufren la pobreza y la exclusión social. En estos instrumentos financieros de la Unión Europea, señorías, que son imprescindibles para el

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desarrollo de la estrategia 2020, es donde deben incluirse los fondos necesarios para la reducción de la pobreza y la exclusión social, y, cómo no, la PNL que se somete a debate viene a reforzar los instrumentos ya existentes y a hacer
viable la efectividad de los fondos en relación con los fines sociales que se pretenden con la propuesta o iniciativa que hoy sometemos a debate.


No podemos pasar de largo sin decir que compartimos los análisis hechos por casi todos los grupos parlamentarios. Y digo por casi todos los grupos parlamentarios porque no podemos dejar de llamar la atención sobre que es inaudito que Amaiur
venga aquí a dar lecciones de gestión pública para afrontar la crisis, cuando su gestión al frente de la Diputación Foral de Gipuzkoa es un ejemplo de mala gestión pública, de paralización de inversiones públicas necesarias y de priorización de una
ideología excluyente frente a las necesidades de los ciudadanos.


Señorías, como no puede ser de otra forma, el Grupo Parlamentario Popular apoya rotundamente la iniciativa de Convergència i Unió y apoya en su conjunto todas las manifestaciones efectuadas por los representantes de los grupos
parlamentarios, a excepción por supuesto de las de Amaiur, porque entendemos que nunca se puede decir que es un parche una política dirigida precisamente a las personas más desfavorecidas y tendente a luchar contra la pobreza y contra la exclusión
social. (Aplausos.-El señor Iñarritu García pide la palabra).


El señor PRESIDENTE: ¿A qué efectos solicita la palabra, señor Iñarritu?


El señor IÑARRITU GARCÍA: Se ha hecho una afirmación sobre mi grupo que es errónea y me gustaría simplemente corregirla.


El señor PRESIDENTE: Tiene usted para ello un minuto.


El señor IÑARRITU GARCÍA: Me sobra la mitad, presidente.


Simplemente querría comunicar a la señora Sanín que Amaiur es una coalición de partidos que solamente está presente aquí, en el Congreso y en el Senado en Madrid. Amaiur no gobierna la Diputación Foral de Gipuzkoa.


El señor PRESIDENTE: Creo que ha quedado claro.


La señora SANÍN NARANJO: Ha quedado claro, señoría, pero evidentemente me ratifico en lo ya dicho, porque.


El señor PRESIDENTE: Espere a que le dé la palabra en todo caso. Tiene usted la palabra durante un minuto también.


La señora SANÍN NARANJO: Sí, señor presidente, y disculpe la aceleración en la respuesta.


Evidentemente, esta parlamentaria y el Grupo Parlamentario Popular no van a retractarse de lo dicho, porque entendemos que el portavoz de Amaiur está actuando en representación de un grupo y es parte integrante de la gestión en la Diputación
Foral de Gipuzkoa. Por tanto, tendrá las responsabilidades que le competen en las decisiones que allí se adopten y que tendrán por supuesto consecuencias en el ámbito de la nación y en el ámbito de Europa. (Aplausos.-El señor Segura Clavell pide
la palabra).


El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Segura.


Pasamos a las votaciones previstas por el orden de los temas objeto de debate. En primer lugar, hemos debatido sobre control de subsidiariedad de iniciativas legislativas europeas y quedaba pendiente, tanto por parte del ponente como del
Grupo Parlamentario Socialista, la redacción de una conclusión distinta a la que conocían sus señorías -como así se ha hecho- y a la que paso a dar lectura para ver si puede ser votada en estos términos. La conclusión diría exactamente así: Por
los motivos expuestos, la Comisión Mixta para la Unión Europea entiende que la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica el reglamento 223/2009 relativo a la estadística europea, aun siendo loables desde
muchos puntos de vista los objetivos que persigue, en algunos de los aspectos contenidos en su actual redacción supone una injerencia en las competencias de organización de los Estados miembros que no se justifica por la necesidad de mejorar la
calidad el sistema estadístico europeo y, por ello, vulnera los principios de subsidiariedad y proporcionalidad establecidos en el vigente Tratado de la Unión Europea.


Reitero que en estos términos de la conclusión -el resto del dictamen queda como lo conocían sus señorías- se procede a la votación del dictamen.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.


Pasamos ahora a la votación de la primera de las proposiciones no de ley, sobre la mejora de las condiciones de seguridad de los buques de cruceros como consecuencia del accidente sufrido por el buque Costa Concordia. Ahora sí procede,
señor Segura, que usted diga si está conforme o no con la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra su señoría.


El señor SEGURA CLAVELL: Señor presidente, hemos llegado a una enmienda transaccional que, si no tiene inconveniente, se la leo y se la entrego a continuación, porque está en borrador. El acuerdo de los dos grupos parlamentarios queda
redactado de esta manera: Apoyar las propuestas de modificación de la normativa comunitaria e internacional que se deriven del análisis

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técnico del accidente y dentro de los últimos desarrollos técnicos y académicos en materia de seguridad marítima. A continuación: Plantear en el marco de las diversas políticas comunitarias a las que hace referencia la Comisión Europea,
conocidas como una política marítima integrada en el seno de la Unión Europea, la necesidad de abordar una mejor regulación de los dispositivos de separación de tráfico dentro de la franja de agua calificada de aguas territoriales, así como la
conveniencia de la exigencia de doble casco en la estructura de los buques referidos, con el objeto de incrementar la seguridad de las personas transportadas, u otras medidas de naturaleza laboral y de formación para los tripulantes, si así
resultase de las investigaciones en marcha por parte de las autoridades europeas con competencia en seguridad marítima.


Ese sería el acuerdo derivado de la búsqueda de la transacción entre los dos grupos parlamentarios. Quiero expresar mi reconocimiento a la cordialidad y afecto de la señora senadora del Grupo Parlamentario Popular que intervino defendiendo
la posición de su grupo, la señora De Haro Brito.


El señor PRESIDENTE: En los términos en que ha sido expuesta, procedemos a la votación de esta proposición no de ley.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Procedemos ahora a la votación de la siguiente proposición no de ley, sobre el desarrollo de las infraestructuras energéticas necesarias para la integración de España en el mercado único europeo. (El señor Segura Clavell pide la palabra).


Señor Segura.


El señor SEGURA CLAVELL: Como se trata de una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, el último esfuerzo va dirigido a hacer una invocación al Grupo Parlamentario Popular para que la apoye por cuanto desde luego creo que la propuesta
es positiva. También quiero expresar mi reconocimiento -a ver si de esta manera se anima- a la senadora doña Carlota Ripoll por la cordialidad en su intervención.


El señor PRESIDENTE: A pesar del último intento, procedemos a la votación en los términos en los que estaba formulada la proposición no de ley.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 25; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Pasamos a la votación de la última proposición no de ley, sobre la creación de los fondos europeos contra la pobreza y la exclusión social, en los términos en los que ha sido presentada por el grupo Parlamentario Catalán.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.


Sin más asuntos que tratar, señorías, se levanta la sesión.


Eran las dos y quince minutos de la tarde.