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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 47, de 02/03/2012
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
2 de marzo de 2012
Núm. 47
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
Personal
299/000003 Personal eventual como Asistente para la atención de los señores Diputados de los Grupos Parlamentarios del Congreso. Ceses ... (Página3)
299/000004 Personal eventual como Asistente para la atención de los señores Presidentes de Comisión. Nombramientos ... (Página3)
Control de la acción del Gobierno
Proposiciones no de Ley
Pleno
162/000197 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre los medios de extinción del Estado para la lucha contra los incendios forestales. Retirada ...
162/000207 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para luchar contra el fraude fiscal ... (Página4)
162/000208 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para la mejora de la suficiencia y equidad del sistema tributario ... (Página6)
162/000209 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la represión policial de las movilizaciones ciudadanas ... (Página7)
162/000210 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre prospecciones petrolíferas en aguas canarias ... (Página9)
162/000211 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a las ayudas e iniciativas para agilizar la reconstrucción de la ciudad de Lorca tras los terremotos del 11 de mayo ...
162/000212 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, para condicionar el reparto de dividendos y limitar retribuciones en entidades financieras que reciben ayudas públicas ...
162/000213 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas a adoptar en la reforma de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual ...
162/000214 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el 0,7 % del IRPF destinado a fines de interés social ... (Página13)
162/000215 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el acuerdo de libre asociación UE-Marruecos y el sector agrario español ... (Página15)
162/000216 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a los desahucios derivados del impago de las hipotecas ... (Página16)
162/000217 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre los medios de extinción del Estado para la lucha contra los incendios forestales ...
162/000218 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre cese inmediato de las redadas policiales basadas en rasgos étnicos y raciales ... (Página18)
162/000219 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la situación económica del histórico Centro Español de Moscú que ampara a los Niños de la Guerra ...
162/000220 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre asistencia sanitaria a pacientes residentes en zonas limítrofes ... (Página19)
162/000221 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre reconocimiento del profesor como autoridad en el ejercicio de la función pública educativa ... (Página20)
162/000222 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre extensión del primer ciclo de la educación infantil ... (Página21)
Mociones consecuencia de interpelaciones
Urgentes
173/000006 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la continuidad de los Centros Especiales de Empleo ... (Página22)
173/000007 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la dación en pago y los abusos de las entidades financieras ...
173/000008 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las repercusiones de la reforma laboral del Gobierno en la negociación colectiva y sus efectos en los salarios ...
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
PERSONAL
299/000003
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 23 de febrero de 2012 el Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, con efectos de
26 de febrero de 2012, de doña Patricia Gervasio García, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG,
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 24 de febrero de 2012 el Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, con efectos de
26 de febrero de 2012, de doña María de Gracia Marín González, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Socialista.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
299/000004
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.° del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 23 de febrero de 2012 el Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a doña Patricia Gervasio
García, a propuesta del Excmo. Sr. don Alfonso Guerra González, con efectos de 27 de febrero de 2012 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención del Presidente de la Comisión de Presupuestos.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.° del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 24 de febrero de 2012 el Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a doña María de Gracia
Marín González, a propuesta del Excmo. Sr. don José María Barreda Fontes, con efectos de 27 de febrero de 2012 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención del Presidente de la Comisión Mixta de Control
Parlamentario de la Corporación de RTVE y sus Sociedades.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000197
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Retirada de su Proposición no de Ley sobre los medios de extinción del Estado para la lucha contra los incendios forestales.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Nota.-La iniciativa de referencia se publicó en el 'BOCG. Congreso los Diputados', serie D, núm. 42, de 24 de febrero de 2012.
162/000207
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Proposición no de Ley sobre medidas para luchar contra el fraude fiscal.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno y entendiendo que el debate del informe por las Cortes Generales al que se alude en su punto 1 se realizaría, en su caso, por el cauce reglamentario pertinente, admitirla a
trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo
Parlamentario autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para luchar contra el fraude fiscal, para su debate en el
Pleno.
La crisis económica está afectando con especial virulencia en España al mercado de trabajo, con más de 5 millones de personas en desempleo, debido a las particulares circunstancias de nuestro modelo productivo que han puesto al descubierto
las debilidades estructurales de la economía española. Asimismo, la cobertura de las necesidades públicas corrientes y las extraordinarias sobrevenidas por la propia crisis, han producido un acelerado incremento del déficit público que ha
justificado ajustes y políticas regresivas de todo tipo que están impidiendo la propia salida de la crisis.
En este contexto, el fraude fiscal y la economía sumergida reducen de forma decisiva los recursos de nuestro sistema fiscal, limitando la financiación precisa para contribuir al desarrollo económico y social del país.
El IEF -Instituto de Estudios Fiscales-, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, viene realizando, desde hace una quincena de años, estudios que analizan las opiniones y
actitudes fiscales de los españoles aportando, año a año, una preciosa información que resulta esencial para que nuestra clase política pueda adoptar decisiones.
Lo que nos revela el último Barómetro fiscal realizado por el IEF, referido a 2010, es que, eliminando el efecto de la falta de las personas que se abstienen de opinar, un 72 % de los españoles afirma que el fraude ha aumentado, un 57 % que
ha empeorado el cumplimiento de las obligaciones fiscales en la última década y, lo que es más grave, que un 37 % justifica el fraude fiscal.
Igualmente, los ciudadanos opinan que los colectivos que más defraudan son los empresarios (40 %), seguidos por los profesionales (19 %) y autónomos (11 %) y los que menos defraudan los asalariados (2 %).
Los ciudadanos fueron interrogados por primera vez en 2008 sobre las medidas de ahorro que debería tomar el Gobierno en la actual situación de crisis económica. Según el IEF las opiniones de los ciudadanos son bastante claras: existe aún
margen de maniobra antes que subir impuestos y reducir la oferta pública de servicios y prestaciones. Así, un 83 % de los ciudadanos opina que 'una agresiva campaña contra el fraude fiscal permitiría allegar los recursos suficientes para mantener
la calidad de los servicios y prestaciones sin modificar la presión fiscal actualmente existente'.
La aplicación de nuestro sistema fiscal ha permitido que se consoliden notables diferencias en la carga tributaria que soportan los distintos tipos de contribuyentes. Así, en el año 1993, las rentas salariales medias declaradas a Hacienda
superaban a las rentas empresariales medias en el equivalente a unos 2.000 euros; dieciséis años más tarde, las rentas salariales declaradas siguen siendo superiores a las de actividades económicas, pero la diferencia se ha ensanchado hasta los
8.323 euros respecto de los profesionales y empresarios en estimación directa y 8.527 euros respecto de los empresarios en módulos. De este modo se ha perpetuado el sacrificio de los que son fácilmente controlables, como asalariados y pensionistas,
frente a un buen número de empresas, empresarios y profesionales que son objeto de un menor control y que cuentan con mayores medios y recursos para evadir impuestos, pese a que la mayoría de ellos aún declare honestamente.
Todo ello tiene una relación directa con el importante nivel de fraude fiscal y economía sumergida que existe en España -entre el 20 y el 25 % del PIB según la mayoría de análisis internos y externos- que si fuera combatido con mayor
eficacia podría resolver muchos de los problemas económicos y sociales que hoy aquejan a nuestro país. De esta forma sería posible obtener entre un 10 y un 20 % de recursos adicionales sobre los actuales ingresos fiscales por año, lo cual
permitiría un nivel mayor de inversión pública, más crecimiento económico, creación de nuevos puestos de trabajo y reducción del desempleo, y transitar por una senda razonable para reducir el déficit público.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las acciones necesarias para desarrollar el siguiente conjunto de medidas:
1. Elaboración por parte del Instituto de Estudios Fiscales de un estudio que cuantifique la economía sumergida en España, con desagregación territorial, sectorial y por impuestos, y actualizará bianualmente dicho estudio, con la misma
metodología o, en su caso, con la metodología que apruebe la Comisión Europea. Este informe será presentado y debatido por las Cortes Generales y Parlamentos Autonómicos, que adoptarán las medidas correctoras oportunas.
2. Información por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria con carácter trimestral a las Cortes Generales de los resultados de las actuaciones de control del fraude y atención a los contribuyentes realizadas en cumplimiento
de sus funciones, remitiendo datos de los resultados de control en las distintas áreas, así como la detección de grandes redes de fraude organizado, de forma que se garantice una gestión transparente e independiente y posibilitando el seguimiento de
la evolución temporal de la economía sumergida en España.
3. Propiciar los acuerdos necesarios para establecer fórmulas de coordinación y colaboración efectiva entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria del Estado y las Administraciones Tributarias de las Comunidades Autónomas,
potenciando la corresponsabilidad en la lucha contra el fraude fiscal.
4. Propiciar los acuerdos necesarios para crear una base de datos o Censo Único Compartido, con la información tributaria procedente de los ámbitos central y autonómico.
5. Mejorar la información y la asistencia al contribuyente por parte de la Agencia Estatal de Administración Tributaria del Estado para incentivar y facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. En particular, efectuar
un estudio exhaustivo sobre incidencias detectadas en los borradores de declaración de IRPF proponiendo las medidas necesarias para subsanarlas, así como impulsar la colaboración con el sistema educativo para contribuir al desarrollo de una cultura
de responsabilidad fiscal y cumplimiento tributario.
6. Propiciar un Acuerdo en las distintas organizaciones internacionales de carácter político o financiero para controlar e identificar a los verdaderos titulares de los movimientos de capitales y los movimientos efectuados entre los Estados
miembros y los territorios calificados como paraísos fiscales.
7. Coordinar al Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales con el Ministerio del Interior, la Fiscalía General del Estado y la Agencia Tributaria del Estado para averiguar la identidad de las personas o
entidades que utilizan en España los bienes y derechos de los que son titulares las empresas domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraíso fiscal, así como el título jurídico que les permite su utilización o
disfrute.
8. Presentar con carácter de urgencia un Proyecto de Ley para establecer una obligación de las empresas que operan en España, y especialmente en el sector financiero, a suministrar información de las operaciones de sus filiales o sucursales
en paraísos fiscales en los mismos términos que informan de sus operaciones realizadas en territorio nacional.
9. Presentar un estudio para fomentar una especialización tributaria en los órganos jurisdiccionales.
10. Aumentar los recursos materiales y humanos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, cambiar sus procedimientos de trabajo, buscando la calidad de la inspección más que la cantidad y reformar su metodología, organización,
distribución del trabajo y competencias internas.
11. Plantear en las instituciones europeas la eliminación del billete de 500 euros.
12. Limitar los pagos en efectivo en determinadas operaciones a 1.000 euros como medida disuasoria frente al fraude fiscal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2012.-Alberto Garzón Espinosa, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
162/000208
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para la mejora de la suficiencia y equidad del sistema
tributario, para su debate en el Pleno.
Las distintas reformas tributarias de carácter estructural que han llevado a cabo en los últimos años los gobiernos del Estado español han significado una pérdida importante de progresividad, equidad y recaudación. Aprovechando el ciclo
económico expansivo se produjo una subasta de recortes en los tributos directos mermando el margen de maniobra del conjunto del Estado para desarrollar políticas públicas que mejorasen la protección social e impulsasen el cambio productivo. Fueron
rebajas inoportunas e innecesarias que luego, cuando la crisis explota, pasan factura.
Además de perder recursos potenciales, las rebajas fueron regresivas y ni siquiera se ha luchado con la intensidad necesaria contra el fraude fiscal. Nuestro sistema tributario ha perdido progresividad y equidad.
Así, por ejemplo, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), las rentas salariales declaradas como media superan cada vez en mayor cuantía a las rentas empresariales. Según los datos estadísticos los empresarios y
profesionales personas físicas declaran ser mileuristas. Y si consideramos los tipos efectivos sobre la renta, las personas con mayores ingresos no soportan en su justa medida una mayor tributación, influyendo poderosamente y de forma negativa la
segregación de las rentas del capital de la tarifa general del tributo.
En el Impuesto de Sociedades, las empresas tienen un tipo efectivo menor cuanto mayor es la sociedad, por la posibilidad de acceder a un mayor número de deducciones. Para las grandes empresas, el tipo nominal del 30 % se traduce en un tipo
efectivo del 19,5 %.
Y en lo que respecta al Impuesto sobre el Patrimonio, primero se eliminó a efectos prácticos para luego recuperarlo parcialmente y de forma temporal. Pese al discurso oficial, este impuesto nunca pivotó sobre las clases medias, porque en
realidad, el 80 % de la recaudación lo aportaba el 20 % de contribuyentes cuya riqueza superaba los 750.000 euros.
La economía española ha experimentado la recesión más profunda de su historia reciente al igual que el resto de países desarrollados, pero con las particularidades propias de un modelo de crecimiento que ya daba signos de agotamiento después
de años de excesos especulativos y de acumulación de desequilibrios macroeconómicos. Y los estímulos fiscales, tanto de carácter automático como discrecional, que se pusieron en marcha seguramente evitaron que la crisis tuviese repercusiones aún
más negativas en términos productivos y de destrucción de empleo, pero su contrapartida es un déficit público que ha alcanzado un volumen relativamente importante y que, junto con otras medidas como es el caso de las ayudas públicas al sistema
financiero, han aumentado nuestra deuda pública en circulación y la carga financiera del Estado.
El problema ahora es que la estrategia de consolidación fiscal en forma de severo ajuste presupuestario, por su intensidad y plazos, es contraproducente en términos de demanda agregada y seguramente nos conducirá a una nueva recesión.
Lo sensato es mantener cierto estímulo público, que sólo deberá perder intensidad cuando la economía retome la senda de la recuperación, y asegurar la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas con una lucha decidida contra el fraude
fiscal y con una reforma fiscal en profundidad.
La presión fiscal en nuestro país es notablemente inferior a la media comunitaria. En el año 2010 fue del 31,5 % en España, 8,2 puntos porcentuales inferior a la UE-27 y 8,9 puntos por debajo de la zona euro. Y en paralelo, el gasto total
de las administraciones públicas sobre el PIB es también muy inferior a esas medias. Gastamos en lo que se conoce como estado del bienestar sólo el 74 % de lo que se gasta en promedio de la UE-15.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a preparar un programa de reformas en materia tributaria orientado a mejorar la suficiencia del sistema y a potenciar su equidad y progresividad, que contará con las siguientes líneas de
actuación:
1. En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas:
a) Recuperar el carácter sintético del tributo integrando todos los rendimientos del contribuyente en una única base, con un tratamiento diferencial exclusivamente para las ganancias patrimoniales generadas en más de dos años.
b) Asegurar la progresividad de las tarifas ajustando la amplitud de los tramos y con tipos más elevados para los contribuyentes de mayor capacidad económica.
c) Limitar al máximo la determinación del rendimiento neto en estimación objetiva, extendiendo la estimación directa como método apropiado para calcular el rendimiento de las actividades económicas.
d) Suprimir la deducción por adquisición de vivienda habitual y potenciar la deducción por alquiler de la misma.
e) Limitar la deducción por aportaciones a instrumentos privados de previsión social complementaria a los sistemas de empleo a través de la negociación colectiva, reducir el límite máximo de las aportaciones y establecer que la deducción
opere en la cuota de tributo.
2. En el Impuesto sobre Sociedades elevar el tipo general de gravamen al 35 % para bases imponibles superiores al millón de euros y revisar las deducciones para aproximar los tipos efectivos a los nominales.
3. Recuperar el Impuesto sobre el Patrimonio en los términos y tipos vigentes hasta 2007 y elaborar un Impuesto Solidario sobre las Grandes Fortunas que le sustituya.
4. Crear un Impuesto sobre Bienes Suntuarios aplicable a los productos y servicios considerados de lujo y reducir los tipos del IVA a determinados bienes y servicios de primera necesidad.
5. Desarrollar la fiscalidad verde introduciendo criterios ambientales en el sistema tributario mediante la aplicación de los tributos que gravan la energía, la conversión de algunos tributos ya existentes en medioambientales o mediante la
creación de nuevas figuras tributarias.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2012.-Alberto Garzón Espinosa, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000209
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la represión policial de las movilizaciones ciudadanas en Pleno.
En los últimos meses estamos asistiendo a un incremento de las protestas ciudadanas y las movilizaciones sociales que han tenido como respuesta actuaciones policiales que han arrojado como resultado un número considerable de ciudadanos
detenidos, y también fruto de las cargas policiales se han registrado importantes lesiones en ciudadanos, tanto en los que participaban en las movilizaciones como transeúntes, así como en agentes de policía.
Entre las citadas actuaciones policiales, podemos señalar la del pasado día 15 de enero de 2012 en Madrid, en la que agentes antidisturbios reprimieron una manifestación del movimiento 'Yo no pago', que protestaba contra los recortes
sociales mediante la negativa simbólica a pagar el billete de metro en la estación de Callao, saltando el torniquete para volver a salir a la calle. Cuatro manifestantes fueron detenidos y trasladados a la Brigada Provincial de Información, en
Moratalaz. Los manifestantes respondían a una convocatoria en red, respaldada por el movimiento ciudadano del 15-M.
Posteriormente, otras cargas policiales han tenido resultados similares, como las llevadas a cabo frente a las protestas ciudadanas contra la reforma laboral que tuvieron lugar de forma pacífica en varios lugares de España y que igualmente
se saldaron con detenidos y heridos como consecuencia de las cargas policiales. Concretamente en la protesta llevada a cabo en la Puerta del Sol de Madrid, el balance fue nueve detenidos y nueve heridos leves (según se ha tenido conocimiento por
medios de comunicación 8 de ellos, policías).
Según algunas informaciones el detonante de las cargas policiales fueron las identificaciones indiscriminadas de las personas que pacíficamente estaban expresando su rechazo a la reforma laboral presentada por el Gobierno el mismo día. Ante
el incremento de la crispación de los presentes, un numeroso dispositivo de antidisturbios comenzó a cargar contra cualquier persona que se hallara por las inmediaciones, resultando golpeados transeúntes y varios periodistas y cámaras de televisión
que hacían su trabajo, pese a que la protesta había bajado de intensidad.
Más recientemente, el pasado 17 de febrero, también hubo una carga policial contra los estudiantes del lES 'Luis Vives' de Valencia, que se manifestaban pacíficamente en defensa de la educación pública. El saldo de la actuación policial fue
de varios menores detenidos y denuncias de insultos y tratos vejatorios por parte de agentes de la policía.
Resulta especialmente llamativo que ninguno de los agentes de policía llevase su preceptiva identificación visible en cada una de las intervenciones policiales que se han reseñado, al igual que resulta preocupante el elevado número de
identificaciones indiscriminadas en las mismas, con efectos intimidatorios y/o criterios de productividad inaceptables.
Del mismo modo, se puede observar cierta discrecionalidad e improvisación de estas intervenciones policiales, con efectos negativos en todas las partes, y que parecen tener como objetivo lanzar un mensaje claro, intimidatorio, de tolerancia
cero, con las próximas convocatorias y movilizaciones ciudadanas.
Por último, resulta reseñable que en este contexto de incremento de la movilización ciudadana, que diversas organizaciones de defensa de los Derechos Humanos están denunciando la desproporcionalidad de las actuaciones policiales en dichas
movilizaciones, refiriéndose no sólo a las expuestas en esta iniciativa, sino también a otras anteriores como las convocadas con motivo de la visita del Papa a España, la entrada a la Universidad de Cádiz o las protestas contra los desahucios.
Incluso por la forma de proceder en las referidas intervenciones policiales podría decirse que existe una orden para la represión sistemática del movimiento ciudadano de protesta.
Nuestro Grupo Parlamentario ya tuvo oportunidad de mostrar su preocupación en la primera comparencia del Ministro del Interior por la reacción policial ante un previsible clima de movilización e incremento de la conflictividad social
derivado de la política de recortes que se está llevando a cabo, a la que hemos de sumar la reforma laboral y un posible calendario de movilizaciones sociales en crecimiento y sostenidas en el tiempo.
Por estos motivos, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar un Protocolo específico que regule y acote las intervenciones policiales en manifestaciones y acciones de protesta organizadas por los movimientos sociales o ciudadanos de protesta, garantizando con mayor amplitud los derechos
de manifestación, reunión y libertad de expresión.
2. Adoptar las medidas necesarias para garantizar la obligatoria identificación de forma clara y visible de los miembros de las fuerzas de seguridad, y su obligación de identificación cuando así lo soliciten los ciudadanos con respecto a la
actuación policial.
3. Garantizar que las identificaciones policiales y cacheos en el ámbito de las movilizaciones ciudadanas se reduzcan a las previsiones legales, evitando el uso de esta práctica con fines intimidatorios.
4. Promover la modificación de la Ley 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, para establecer como falta disciplinaria la negativa a identificarse por parte de un agente.
5. Adoptar las medidas necesarias para la regulación e instalación de videocámaras en todas las dependencias policiales para la grabación en video y audio de las actuaciones.
6. Adoptar las medidas oportunas para posibilitar la grabación de todas las actuaciones policiales en los dispositivos desplegados para las movilizaciones sociales o actos de protesta ciudadana.
7. Promover las reformas legales oportunas y adoptar las medidas necesarias para establecer un procedimiento de investigación sistemático ante posibles extralimitaciones en las actuaciones policiales, tanto por parte de agentes de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como de las Delegaciones del Gobierno y, en su caso, exigir las responsabilidades que procedan.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2012.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000210
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Pedro Quevedo Iturbe, diputado de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de la Cámara, presenta para su
debate en Pleno la siguiente Proposición no de Ley sobre prospecciones petrolíferas en aguas canarias.
En el año 2001 la compañía Repsol Investigaciones Petrolíferas, S. A., solicitó al Gobierno de España los permisos de investigación de hidrocarburos en aguas canarias, permisos que fueron otorgados por el Real Decreto 1462/2001, de 21 de
diciembre, por el que se otorgan los permisos de investigación, de hidrocarburos denominados 'CANARIAS-1', 'CANARIAS-2', 'CANARIAS-3', 'CANARIAS-4', 'CANARIAS-5', 'CANARIAS-6', 'CANARIAS-7, 'CANARIAS-8' y 'CANARIAS-9', situados en el océano
Atlántico frente a las costas de las islas de Fuerteventura y Lanzarote.
En el año 2002 se presentan recursos contencioso-administrativos contra la resolución del Gobierno, uno de ellos por el Cabildo Insular de Lanzarote. El 24 de febrero de 2004 la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo
dicta sentencia declarando la anulabilidad del programa de trabajo e inversiones contemplado en el Real Decreto 1462/2001, para los años tercero a sexto, por falta de control medioambiental.
En abril de 2005, el Ministerio traslada al Gobierno de Canarias el expediente con nuevos informes medioambientales. Desde el Gobierno de Canarias se solicitó una ampliación de dichos informes al considerarlos poco rigurosos.
En mayo de 2010 el Gobierno de España afirmó en respuesta escrita a pregunta parlamentaria que 'la situación del expediente administrativo de los Permisos de Investigación de Hidrocarburos Canarias 1 a 9 no ha cambiado significativamente
desde el fallo de la sentencia' y que 'No está prevista ni hay solicitudes para la realización de prospecciones petrolíferas en aguas próximas a las islas Canarias'.
Ahora el tema se ha vuelto a abrir de una forma, que entendemos, apresurada con una decisión del ministro de Industria, Energía y Turismo que ha generado inquietud y alarma en amplios sectores de la opinión pública canaria y, de forma muy
significativa, en las islas de Lanzarote y Fuerteventura.
Desde el inicio de su tramitación, la autorización para realizar prospecciones petrolíferas en aguas Canarias ha sido objeto de preocupación constante tanto para las administraciones públicas afectadas, como para la ciudadanía en general.
En Lanzarote y en Fuerteventura ha habido ya contestación generalizada sobre las consecuencias de iniciar este procedimiento. Y es que la preocupación sobre la cuestión de si existen o no hidrocarburos en aguas canarias va más allá del mero hecho
de que se confirme su existencia. En una comunidad autónoma en la que turismo representa el 30 % de su PIB, con la tasa de desempleo más elevada del estado español y con escasas posibilidades de reconversión de su modelo productivo, desarrollar una
actividad que puede poner en grave peligro la industria turística canaria, con serios riesgos medioambientales y con un desconocimiento absoluto sobre cuáles serán los beneficios potenciales asociados para los canarios, suponen un motivo de alarma
justificada. No se puede pretender que Canarias acepte todos los riesgos a cambio de ningún beneficio conocido.
Una decisión de esta naturaleza requiere consenso institucional e información a la ciudadanía. Sin embargo, hasta ahora lo que existe son los mensajes de imposición por parte del gobierno español, la confusión y la ausencia de información
clara y precisa. Desinformación sobre una amplia variedad de asuntos, que van desde conocer con certeza si existen o no hidrocarburos en aguas canarias; cuál sería el grado de impacto medioambiental; cuál sería la repercusión sobre la economía
canaria, su empleo y su riqueza; o cuáles los riesgos asociados; hasta saber si el Gobierno de España piensa aprovechar esta cuestión para abordar otra de enorme importancia para la comunidad canaria desde hace décadas: la oportunidad de definir
con precisión la mediana de España con el Reino de Marruecos, esencial para delimitar la zona económica exclusiva española, y en consecuencia canaria, fundamental a la hora de determinar ámbitos competenciales y, sobre todo, de definir un estatus
que genere tranquilidad para el presente y para el futuro.
Por todo lo expuesto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. Suspender cualquier decisión relativa al inicio de prospecciones petrolíferas en aguas canarias hasta conocer con criterios válidos los riesgos potenciales de este tipo de actividad para la Comunidad Autónoma Canaria.
2. Postergar cualquier decisión positiva al respecto mientras no exista un conocimiento cuantificado de los beneficios que reportaría a los canarios, a la economía y al empleo en las islas.
3. Establecer como principio fundamental en esta materia la búsqueda del consenso entre las instituciones canarias y el Gobierno de España, así como la información de la población, antes de adoptarse cualquier decisión significativa en esta
materia.
4. Confirmar que se están llevando a cabo prospecciones autorizadas por el Reino de Marruecos y
abrir un diálogo con su Gobierno para establecer mecanismos de seguimiento permanente que permitan verificar de manera continua el cumplimiento de las exigencias medioambientales comunitarias en esta materia y las garantías máximas de
seguridad y respeto al medio ambiente marino y terrestre, para evitar posibles repercusiones negativas en las costas canarias y de Marruecos.
5. Aprovechar esta oportunidad para retomar las negociaciones oportunas con el Gobierno de Marruecos a los efectos de llegar a un acuerdo satisfactorio sobre la delimitación de la mediana.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-Pedro Quevedo Iturbe, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000211
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley relativa a
las ayudas e iniciativas para agilizar la reconstrucción de la ciudad de Lorca tras los terremotos del 11 de mayo, para su debate en el Pleno de la Cámara.
Exposición de motivos
El 11 de mayo de 2011 se produjo en la Región de Murcia un fuerte terremoto que causó nueve víctimas mortales e importantes daños materiales y económicos en la ciudad de Lorca.
En el primer Consejo de Ministros celebrado tras el seísmo, el Gobierno de España aprobó un importante paquete de ayudas destinadas a indemnizar a los damnificados y restablecer, lo antes posible, la normalidad en la zona afectada. Entre
otras, se aprobaron ayudas personales para los afectados, para la rehabilitación de viviendas y del patrimonio arquitectónico y cultural, así como medidas de orden social y laboral.
Todas las ayudas y medidas acordadas inmediatamente después del seísmo por el Gobierno de España, están contenidas en el Real Decreto-ley 6/2011 que fue posteriormente convalidado y tramitado como Proyecto de Ley por el Parlamento para,
entre todos los grupos parlamentarios, poder contribuir a mejorar e impulsar nuevas medidas que contribuyeran a paliar los daños causados y restablecer, lo antes posible, la normalidad en Lorca y en el resto de municipios afectados.
Este mismo ánimo es el que ha impregnado las iniciativas llevadas a cabo por distintos grupos parlamentarios, tanto en el Congreso como en el Senado, durante la pasada legislatura, tratando de contribuir, entre todos, al pronto
restablecimiento de la normalidad y a dotar del impulso económico necesario a una ciudad y una zona de nuestro territorio donde se llegaron a paralizar importantes sectores de la economía, Así, en el Pleno del Congreso celebrado el 13 de septiembre
de 2011, se aprobó por unanimidad una iniciativa parlamentaria para acelerar el realojo de las familias que perdieron su vivienda y aprobar un plan de actuaciones, complementarias a las previstas en el citado Real Decreto-ley, con compromisos de
inversión y financiación en distintas áreas.
Asimismo, tanto la Asamblea Regional de Murcia, como el Ayuntamiento de Lorca han aprobado, en el último mes, iniciativas que conminan a las distintas Administraciones a acelerar los esfuerzos para ayudar a los damnificados y contribuir, de
forma decidida, a la reactivación económica de la zona afectada.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Apoyar el Plan Lorca, elaborado por el Gobierno de la Región de Murcia, el Ayuntamiento y los agentes económicos y sociales de Lorca, y a complementarlo, en el plazo máximo de un mes, asumiendo compromisos de financiación para los
próximos tres años que permitan acelerar la construcción y rehabilitación de viviendas, la reparación de las dotaciones escolares y sanitarias, la revitalización del tejido productivo, la creación de empleo, la rehabilitación del patrimonio
histórico y cualesquiera otras inversiones complementarias que permitan la revitalización del municipio.
2. Impulsar las acciones necesarias, conjuntamente con las Administraciones más directamente afectadas, para conseguir la máxima financiación al Plan Lorca por parte de la Unión Europea.
3. Dotar de los recursos necesarios a la Comisión Mixta, creada por el Real Decreto-ley 6/2011, para acelerar la tramitación de los expedientes de ayudas a los damnificados.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-María González Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000212
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para condicionar el reparto de dividendos y limitar retribuciones en
entidades financieras que reciben ayudas públicas, para su debate en el Pleno.
Desde el inicio de la crisis financiera en 2007 han sido variadas y numerosas las intervenciones de los Estados para reestructurar o rescatar entidades financieras.
En Europa, donde todas las ayudas de los estados tienen que ser aprobadas por la Comisión Europea, entre 2007 y 2010 los Estados miembros han destinado 0,5 billones de euros en apoyos de capital y liquidez (4 % del PIB europeo). Entre ellos
se incluyen inyecciones directas de capital, con o sin derechos políticos, recompras de activos tóxicos o concesión de créditos para favorecer la liquidez. Además, las entidades financieras han podido emitir hasta 1,1 billones de euros (9 % del
PIB) de deuda con aval público. y a estas ayudas se han sumado las inyecciones de liquidez y compra de ciertos activos por parte del Banco Central Europeo.
En España, según la Comisión Europea, las entidades financieras han recibido hasta finales de 2010 ayudas públicas por valor de 146.000 millones de euros (el 8,4 % del PIB), en forma de inyecciones de capital o de avales para emitir deuda.
Estas ayudas han ido aumentando progresivamente a medida que avanzaba la crisis, desde 2.330 millones de euros en 2008 a 56.700 millones en 2009 y 87.150 millones en 2010.
En 2011, los problemas de financiación para las entidades financieras españolas no terminaron, el grifo del crédito a familias y PYMES continuó cerrado y el Gobierno forzó a las Cajas de Ahorro a convertirse en Bancos. Se reformó el Fondo
de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para que éste pudiese adquirir acciones de las entidades con problemas de recapitalización e incorporarse a los órganos de administración entrando en el accionariado de esas entidades.
En julio de 2011, el Banco de España interviene la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y le inyecta 2.800 millones de euros a través del FROB, en septiembre nacionaliza además tres entidades resultantes de fusiones de Cajas (Unimm, NCG
Banco y Catalunya Caixa) y en noviembre interviene el Banco de Valencia, inyectándole 1.000 millones de euros también a través del FROB. Hasta ese momento, el Banco de España había intervenido en tres Cajas de Ahorro: la ya mencionada CAM, Cajasur
y la de Castilla-La Mancha. A finales de 2011 el nuevo Gobierno prorroga la posibilidad de otorgar avales a la banca por 100.000 millones de euros en el ejercicio 2012.
Podemos comprobar que las entidades financieras en nuestro país han recibido una inyección masiva de recursos públicos, de manera directa o indirecta, que sin embargo, no se ha traducido en una mejora apreciable del sistema financiero.
Además, y esto es lo más importante, la financiación a las familias y a pequeños y medianos empresarios no se ha revitalizado. El dinero público se ha dirigido a intentar solucionar los problemas generados por las entidades financieras, sin ninguna
contrapartida sustancial a cambio.
En ese contexto, hemos asistido a actuaciones poco comprensibles e incluso inmorales, como son el reparto de dividendos y el escándalo de ciertas retribuciones de administradores, consejeros y directivos en entidades financieras que han
recibido ayudas públicas.
Respecto a las retribuciones, el Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero, corrige parcialmente esa situación al regular el régimen aplicable a las retribuciones de los administradores y directivos de
entidades de crédito que hayan precisado o necesiten en el futuro apoyo financiero del FROB, distinguiendo entre las entidades participadas mayoritariamente por el Fondo y entre aquellas que han sido asistidas por él, imponiendo unas reglas más
estrictas en el caso de las primeras.
Aunque los límites de las remuneraciones en las entidades que reciben apoyo financiero público para su saneamiento o reestructuración pueden considerarse excesivos, lo cierto es que es un avance positivo. Ahora bien, estas limitaciones
retributivas tan sólo se establecen para las entidades que reciben apoyo financiero del FROB, excluyendo otro tipo de ayudas como es el caso de los avales.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para:
1. Extender el régimen aplicable a las retribuciones de los administradores y directivos contenido en el título IV del Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero, a las entidades de crédito que hayan
precisado o necesiten en el futuro apoyo público a través de avales de la Administración General del Estado.
2. Impedir el reparto de dividendos en aquellas entidades de crédito que hayan precisado o necesiten en el futuro apoyo financiero del Fondo de Reestructuración Bancaria o avales de la Administración General del Estado, mientras disfruten
de dichos avales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-Alberto Garzón Espinosa, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000213
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley ante el anuncio efectuado por el Gobierno de reforma de la Ley 7/2010, de
31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, para su debate en el Pleno.
El Gobierno ha anunciado su intención de proponer la reforma de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual (LGCA), permitiendo a las Comunidades Autónomas determinar los modelos de gestión del servicio público de
comunicación audiovisual, que puede consistir en la gestión directa, en la gestión indirecta o en diferentes instrumentos de colaboración público-privada; externalizar los servicios informativos y todos los contenidos de las radiotelevisiones
públicas y todo ello se une a la decisión de no crear el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales y el recorte de 200 millones de euros en las compensaciones por el cumplimiento de las obligaciones de servicio público consignadas en los Presupuestos
Generales del Estado a que se refiere la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la Radio y Televisión de Titularidad Estatal (RTVE) para el ejercicio 2012, lo que implicaría una revisión profunda del modelo actual de RTVE.
Nuestro Grupo Parlamentario considera que es un derecho fundamental de la ciudadanía disponer de una oferta audiovisual diversa, gratuita y de calidad, y de una información veraz, independiente y plural, en el marco de un modelo que informe,
entretenga y eduque. La dinamización del sector de la comunicación depende de la coexistencia y el equilibrio entre los operadores privados y las radiotelevisiones públicas, esenciales para facilitar el acceso universal de la ciudadanía a una
oferta de interés multimedia e interactiva en abierto, tanto generalista como especializada, contribuyendo también a la alfabetización mediática.
Los recientes cambios introducidos en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, rompieron el consenso existente y favorecieron la desregulación y la concentración de medios, sin opiniones más allá del pensamiento único del espectáculo esperpéntico que
ofrecen algunos operadores privados. Y al amparo de esa Ley se está comerciando con las licencias TDT obtenidas en 2000 y a partir de 2008, se cierran canales, se despide a las plantillas y se teje una red especulativa similar a la del ladrillo.
No se incorporó la fórmula de la corregulación como método de control, ni se creó el Consejo Superior del Audiovisual con capacidad sancionadora, de vigilancia y de asignación de licencias, capaz también de elaborar Códigos de conducta para
garantizar el pluralismo, la dignidad humana, el derecho al honor y a la intimidad, a la propia imagen y la protección de la juventud, de la infancia y de las personas mayores. Tampoco se reguló la emisión de publicidad en las televisiones
públicas, que nadie controla ni sanciona, y que ha propiciado la condena a España por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por exceder el limite de 12 minutos por hora que marca la legislación comunitaria.
A juzgar por el Anteproyecto de Ley de reforma que ahora se quiere hacer, los cambios previstos podrían acarrear efectos muy negativos para el empleo, la industria de producción y de servicios audiovisuales y los derechos ciudadanos
recogidos en la Constitución. Esta reforma no responde a ninguna demanda social y tampoco se justifica cuando tan sólo han transcurrido dos años desde la última reforma de la Ley. En un escenario caracterizado por la multiplicación de canales, la
privatización total o parcial de las radiotelevisiones públicas autonómicas favorecería a los canales privados y de pago, en detrimento de unos contenidos gratuitos y de calidad .
Si a la privatización añadimos la asfixia financiera que están sufriendo tanto las públicas autonómicas como la propia radiotelevisión pública estatal, acosada por la reducción drástica de su presupuesto en 204,8 millones de euros y la
amenaza que pesa sobre uno de sus dos multiplex, la incertidumbre pesa sobre su futuro y está en riesgo su viabilidad, su producción y su plantilla. Todo ello, sin olvidar la demanda interpuesta por la Comisión Europea contra la tasa a los
operadores de telecomunicaciones para financiar la radiotelevisión pública estatal.
La reforma, además potenciaría la externalización de los informativos, supeditando a intereses privados el derecho de la ciudadanía a la información, sin garantías de veracidad, pluralidad e independencia. Ya se han externalizado parte de
los informativos en las televisiones públicas de Illes Balears, una opción por la que también han optado Castilla-La Mancha, Canarias, Asturias, Murcia y Aragón.
Son muchas las radiotelevisiones afectadas. Baste señalar las amenazas de privatización en Murcia, Castilla-La Mancha, Asturias o Illes Balears, el ERE abierto en Canal Nou, el que se prepara en Euskal Telebista, los despidos de personal
contratado en Canal Sur -con huelga e intervención policial en febrero de 2012-, el cierre de TV Extremadura, los recortes en la CRTVG de Galicia, además del peligro que se cierne sobre TV3, TV de Castilla-la Mancha y Telemadrid, entre otras muchas.
Con este panorama, no sólo está en gravísimo peligro el empleo en el sector, sino 'la propia función del servicio público estatal de televisión y radio, como garante de los derechos fundamentales y de las libertades públicas como la que
reconoce el artículo 20 de la Constitución, con una programación de calidad y el fomento de la producción española y europea, que incorpora la oferta de servicios conexos e interactivos' que la Ley 17/2006, de 5 de junio, encomienda a la Corporación
RTVE y que su Mandato Marco detalla con objetivos de calidad y de contenidos, defensa de los
valores constitucionales, vertebración y cohesión territorial, independencia, pluralismo, neutralidad, imparcialidad y rigor, defensa de la pluralidad social, respeto a los principios éticos, promoción de los intereses españoles en el
panorama internacional, respeto a la intimidad, honor y propia imagen, compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres, protección de la infancia y la juventud, cobertura institucional y comunicaciones oficiales, procesos electorales, derecho de
acceso y derecho de rectificación, además de un fuerte compromiso con producción propia, la contratación de producciones nacionales, europeas e iberoamericanas, derechos de emisión de cine internacional, competiciones deportivas y de apoyo al cine
español.
Es por ello, que este Grupo presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'Ante el anuncio de reforma de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
A) Respetar la función de servicio público de las radios y televisiones públicas, y muy especialmente la obligación de:
1) Prestar el servicio público esencial.
2) Ofrecer programaciones de calidad.
3) Suministrar información veraz, independiente, plural, neutral e imparcial.
4) Velar por la protección del archivo audiovisual, conservando y dando uso público a las imágenes y sonidos que son patrimonio de nuestra historia reciente.
5) Desarrollar y fomentar el acceso universal a las infraestructuras de telecomunicación en todos sus soportes.
6) Fomentar el desarrollo de las creaciones audiovisuales de su ámbito territorial, particularmente en cine, documentales y video-creación.
B) Y para que todo esto sea posible:
1) Garantizar la titularidad y la gestión pública de las radiotelevisiones públicas.
2) Regular y divulgar el derecho de acceso, que posibilite la participación efectiva de la ciudadanía en las programaciones y en la información.
3) Asignar los medios necesarios para la conservación y el disfrute público de los archivos audiovisuales.
4) Fijar los porcentajes de producción propia con medios propios y en el caso de RTVE, 100 % para los servicios informativos y programas de actualidad, del 85 % para la programación de contenido divulgativo (infantil y juvenil, educativo,
político, deportivo, medioambiental, de protección del consumidor) y nunca menos del 65 % para el resto de programas.
5) Proporcionar una financiación plurianual estable y suficiente, que garantice el presente (la explotación) y el futuro (las inversiones), mayoritariamente con fondos públicos.
6) Exigir condiciones de trabajo reguladas por convenio colectivo para la radiotelevisión pública y para las empresas con las que subcontraten servicios.
7) Obligar a todas las radiotelevisiones, tanto de titularidad pública como privada, a las que se asigne un ancho de banda en el espacio público radioeléctrico, a unos compromisos en materia de programación, publicidad, transparencia en la
gestión y condiciones laborales, así como a emitir en un plazo determinado, devolviendo la licencia en caso de incumplimiento de alguno de estos compromisos.
8) Asignar al Consejo Audiovisual poder sancionador, con potestad para regular los procesos de adjudicación de licencias de emisión y de retirada de éstas en caso de incumplimiento de los compromisos adquiridos o de concentración de medios
en pocas manos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.-Ricardo Sixto Iglesias y Joan Josep Nuet i Pujals, Diputados.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda
Plural.
162/000214
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre el 0,7 % del IRPF destinado a fines de interés social, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
En el año 2009 las llamadas 'organizaciones del tercer sector de acción social' celebraron la decisión del Gobierno Socialista de incrementar el porcentaje del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) destinado a fines
sociales. En virtud de este incremento, dicho concepto pasó del 0,52 % al 0,7 %.
Tras esta modificación se intensificó el debate acerca de la necesidad de avanzar en la 'territorialización' de la asignación de lo recaudado en el IRPF 'para otros fines sociales', una reivindicación histórica de algunas
Comunidades Autónomas, especialmente de Cataluña, donde existe una importante 'Mesa de entidades del Tercer Sector Social' que reúne a 4.000 ONG.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.1.ª' de la Constitución Española, la Administración General del Estado tiene competencia sobre la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en
el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. La Administración General del Estado tiene título competencial para gestionar con plena autonomía el Programa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en
base al principio de naturaleza específica del ya citado artículo 149.1.1.ª y a los principios constitucionales generales recogidos en los artículos 1.1, 9.2, 138.1 y 2, 139.1 y 156.1 de la Constitución Española. Por otro lado, es cierto que
corresponde a las Comunidades Autónomas con carácter exclusivo la competencia en materia de asistencia social, sin más limitación que la de que los servicios sociales correspondientes se realicen en su propio territorio.
Sobre esta cuestión se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en numerosas ocasiones. De acuerdo con su sentencia 146/1986, de 25 de noviembre, que recoge la doctrina de la sentencia 95/1986, es imprescindible realizar la gestión
centralizada con objeto de garantizar la igualdad de los posibles destinatarios en todo el territorio nacional. De la misma manera, el mismo Tribunal Constitucional en su sentencia 56/1986, de 13 de mayo, afirma que el Estado no puede verse privado
del ejercicio de sus competencias exclusivas por la existencia de una competencia, aunque también sea exclusiva, de una Comunidad Autónoma, según declaró ya su sentencia 1/1982, de 28 de enero. Efectivamente, la consecución del interés general de
la Nación, y de los de carácter supracomunitario, queda confiada a los Órganos Generales del Estado, según la sentencia, también del Tribunal Constitucional, 42/1981, de 22 de diciembre, que hace referencia a las competencias reservadas al Estado en
el artículo 149 de la Constitución.
Precisamente, sobre este artículo 149, el Tribunal Constitucional en la Sentencia 239/2002, de 11 de diciembre, con mención de la 61/1987, de 20 de marzo, señala que mediante su contenido se permite al Estado una regulación de las
condiciones básicas que garanticen la igualdad. Y, ya más recientemente, la sentencia del Tribunal Constitucional 46/2007, de 1 de marzo, dice, sobre la concurrencia de competencias, que el interés general será el título prevalente que determinará
la preferente aplicación de una competencia del Estado en detrimento de la correspondiente a una Comunidad Autónoma.
Finalmente, en su sentencia 178/2011, de 8 de noviembre, el Tribunal Constitucional considera incluida en la esfera de la competencia estatal la regulación de los aspectos centrales del régimen subvencional -objeto y finalidad de las ayudas,
modalidad técnica de las mismas, beneficiarios y requisitos esenciales de acceso, mientras que sitúa dentro de la competencia autonómica lo atinente a su gestión, esto es, la tramitación, resolución y pago de las subvenciones, así como la regulación
del procedimiento correspondiente a todos estos aspectos. Esta sentencia hacía referencia a la convocatoria correspondiente al año 2005.
La convocatoria de 2009 marcó un punto de inflexión, pues en ella se introdujeron modificaciones importantes. Teniendo en cuenta el texto aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados en el debate conjunto de dos Proposiciones no de
Ley, presentadas una de ellas por ERC-IU-ICV y la otra por CiU, el día 10 de marzo de 2009, se fijaron en la Orden de bases y de convocatoria de ese año las siguientes medidas:
- Las entidades sociales, cualquiera que fuera su ámbito de actuación, podrían acceder a la condición de beneficiario de las subvenciones según lo establecido en sus estatutos, manteniéndose esta previsión en el proyecto de Orden de bases y
de convocatoria del año 2010 y 2011.
- La XXXIX Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, en su reunión del día 17 de febrero de 2009, acordó los programas que tendrían carácter nacional a efectos de estas subvenciones. Esta participación ha tenido lugar posteriormente en
2010 y 2011.
- El informe que emiten las Comunidades Autónomas en relación a los criterios objetivos de evaluación de los programas tiene carácter vinculante en los casos de exclusión, continuando esta reserva en el proyecto de Orden de bases y de
convocatoria de los siguientes años.
- Que los programas cuya ejecución no rebasen el ámbito autonómico podrán ser financiados si son declarados de interés general por la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se realice la actividad subvencionable, permaneciendo esta opción en
el proyecto de Orden de bases y de convocatoria posteriores.
A su vez, en el año 2010 se produjo un avance significativo en el acuerdo sobre la convocatoria entre todos los actores públicos y privados involucrados en el proceso, que fueron aprobados en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales del
2 de marzo de 2010 .
A la vista de la situación expuesta, es preciso encontrar una fórmula que sea respetuosa con la doctrina constitucional, acordada con las Comunidades Autónomas en Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales y con los grupos parlamentarios del
Congreso de los Diputados; y consensuada con las organizaciones sociales, que concilie los derechos de dichas organizaciones, en el ámbito autonómico y en el ámbito estatal.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Acatar las sentencias del Tribunal Constitucional (178/2011, de 8 de noviembre) y del Tribunal Supremo (Recurso Núm. 6507/2009, de 16 de diciembre de 2011).
2. Trasladar, de común acuerdo con las Comunidades Autónomas, el contenido de las sentencias mencionadas a las nuevas convocatorias de régimen general y de 0,7 % IRPF a fin de garantizar a las Comunidades Autónomas con título competencial
el fijar las bases para la distribución y control de los proyectos subvencionados. Establecer medidas y criterios que permitan la gestión por parte de las Comunidades Autónomas de la asignación tributaria del 0,7 % del IRPF destinado a fines
sociales, con efectos en la próxima convocatoria.
3. Ejecutar todo cuanto contiene el punto 2 atendiendo a los intereses y a las aspiraciones de todas las organizaciones sociales -de todos los ámbitos territoriales y niveles- que hasta el día de hoy se han beneficiado de dichos fondos.
4. Para velar por el cumplimiento de esta Moción, instamos al Gobierno a presentar en el transcurso del presente año, una fórmula acordada con las Comunidades Autónomas en Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales, con los grupos
parlamentarios en el Congreso de los Diputados y consensuadas con las organizaciones sociales, que concilie los derechos de dichas organizaciones, en el ámbito autonómico y en el ámbito estatal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2012.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000215
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el
acuerdo de libre asociación UE-Marruecos y el sector agrario español, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El pasado 15 de febrero, el Parlamento Europeo emitió dictamen favorable y vinculante en relación con la revisión del Protocolo Agrario del Acuerdo de Libre Asociación Unión Europea-Marruecos.
Esta revisión se enmarca en la decisión del Proceso de Barcelona (1995), coherente con su finalidad de impulsar las relaciones euromediterráneas, de crear una Zona de Libre Cambio en 2010 entre la UE y terceros países del Mediterráneo. Esta
fecha no se ha cumplido pero el proceso parece imparable. Desde el año 2003 la Unión Europea y Marruecos mantienen unas relaciones fijadas en un acuerdo que ahora se ha revisado y actualizado.
El Mandato para revisar el mencionado Protocolo (noviembre de 2005) incluyó, a solicitud del Gobierno español, una cláusula de especial atención a las producciones sensibles comunitarias que, por coincidir en el calendario con las
exportaciones marroquíes, podían verse especialmente afectadas por el mismo.
Como resultado de ello y de los constantes esfuerzos para asegurar la defensa de los intereses españoles, en el Acuerdo se califican como sensibles los productos más vulnerables (tomate, pepino, calabacín, clementina, fresa y ajo). La
preocupación se extiende también a otros productos como el aceite de oliva y, en general, a todo el sector agrario español.
Existen efectos positivos en este Protocolo para el sector español como es, a simple título de ejemplo, la supresión de los aranceles de entrada en Marruecos (anteriormente en el 50 %) para todas las hortalizas y para los cítricos en el
primer año y el resto de frutas en un plazo de 5 años, así como la reducción sustancial de los que se aplican a los productos agrarios transformados de alto valor añadido (PATs).
No obstante, el acuerdo, conforme ha sido aprobado, incide de forma preocupante en el sector agrícola español que concentra buena parte de la producción europea de los productos agrícolas más afectados por el mismo, en concreto, el tomate
(Almería y Murcia, fundamentalmente) y la fresa (Huelva). Y más si tenemos en cuenta que estos productores vienen acusando, además, varias campañas con bajos precios de sus productos en el mercado comunitario y que se ven afectados por un alza
permanente de costes de producción que limita su rentabilidad y competitividad.
En el Acuerdo no se han incluido, finalmente, una serie de propuestas que habrían evitado estos perjuicios para el sector agrario español y que consideramos imprescindibles para el funcionamiento equilibrado del mismo, como son la garantía
del control efectivo de los productos sensibles, la estricta aplicación de los contingentes y la reforma del sistema de precios, así como tener en cuenta que, buena parte de los productores ubicados en Marruecos son de nacionalidad
española y francesa. Estos déficit son los que han justificado el voto negativo de los eurodiputados socialistas.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, una vez aprobado el Protocolo Agrario del Acuerdo de Libre Asociación entre la Unión Europea y Marruecos, y para minimizar sus efectos negativos en el campo español:
1. Insta al Gobierno de España a llevar a cabo ante la Comisión Europea y demás instituciones de la Unión las gestiones oportunas para asegurar:
a. La consignación de un fondo específico y las medidas de apoyo a los productos españoles para compensar a los sectores que se vean afectados negativamente por el Acuerdo.
b. El establecimiento de un sistema para la correcta aplicación de los contingentes y de los controles que garanticen que las cantidades de los mismos no son, en ningún caso, rebasadas.
c. La reciprocidad en el cumplimiento, control e inspección de los estándares fitosanitarios, sociales y ambientales, así como de seguridad alimentaria, que se exigen en las producciones europeas,
d. La elaboración, de forma inmediata y sin esperar a la próxima reforma de la Política Agrícola Común (PAC), de una propuesta de reforma del Reglamento de precios de entrada, que garantice su estricta y eficiente aplicación,
e. La realización de un estudio de impacto de las consecuencias del Acuerdo sobre las rentas del sector hortofrutícola europeo.
2. Insta al Gobierno español a:
a. Ayudar al sector productor en España a nuevas inversiones que mejoren su competitividad mediante:
- La modernización y ampliación de las instalaciones.
- La promoción de actuaciones de I+D+i encaminadas a nuevos productos, nuevas técnicas productivas, ahorros energéticos y de insumos.
- El establecimiento de medidas especificas de ayudas nacionales para los sectores afectados tales como la rebaja de tarifas eléctricas, el gasóleo bonificado, medidas fiscales, entre otras.
b. Acordar con el Gobierno francés mecanismos de control aduanero y su directa implicación en el buen cumplimiento del Protocolo.
c. Implicar al sector productor español en Marruecos en la necesidad del cumplimiento exhaustivo del acuerdo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2012.-Alejandro Alonso Núñez, Leire Pajín Iraola, María José Rodríguez Ramírez, Consuelo Rumí Ibañez, María Carmen Sánchez Díaz, Pedro Saura García y Felipe Jesús Sicilia Alférez,
Diputados.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000216
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a los desahucios derivados del
impago de las hipotecas, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Es de sobra conocida la dramática situación del paro en el Estado español: ya son cinco millones trescientas mil las personas registradas como desempleadas según la última Encuesta de Población Activa, referida al último trimestre de 2011.
A la difícil situación por la que están atravesando millones de personas debido a la pérdida de empleo, hay que añadir en muchos casos la pérdida de su vivienda habitual por la imposibilidad de afrontar el pago de sus hipotecas.
A esto hay que sumar que, ante el principio de responsabilidad patrimonial universal por el que se rige el sistema, la imposibilidad de pago puede suponer incluso atravesar el umbral de la pobreza. En este sentido, es alarmante el repunte
de los porcentajes de pobreza en el Estado español, según han publicado recientemente diversos indicadores económico-sociales.
Por todo ello, a nadie se le escapa que es urgente tomar medidas dirigidas a paliar en lo posible la dramática situación a la que se ven abocadas las personas que no pueden afrontar el pago de sus hipotecas.
Estas medidas deben abordarse del modo más integral posible y deben estar enfocadas, en primer lugar, a evitar en lo posible la pérdida de la vivienda habitual; y en el caso de su pérdida, a restringir el principio de responsabilidad
patrimonial universal de las personas físicas y a que puedan seguir disfrutando de una vivienda y, en lo posible, que sea la misma en la que vivían.
Por todo lo anterior,
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que decrete una moratoria hipotecaria que tenga por objetivo el evitar que quienes, como consecuencia de la pérdida de empleo o caída de ingresos, no puedan hacer frente al pago del préstamo hipotecario deban abandonar su vivienda,
siempre que ésta constituya su residencia habitual y sea la única de su propiedad.
2. Que presente una propuesta normativa con el objeto de que la obligación garantizada se haga efectiva solamente sobre los bienes hipotecados en los casos de deudor hipotecario de buena fe y cuando el bien sea la vivienda familiar, previo
análisis del impacto jurídico y financiero de dicha medida.
3. Que presente una propuesta normativa dirigida a restringir el principio de responsabilidad patrimonial universal de las personas físicas, de modo que una vez ejecutado el patrimonio embargable del deudor persona física de buena fe, el
pasivo restante quede exonerado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2012.-Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
162/000217
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los medios de extinción del Estado para la lucha contra los
incendios forestales en Pleno.
Las Comunidades Autónomas tienen atribuidas en sus respectivos Estatutos de Autonomía la lucha contra los incendios forestales conforme a las competencias atribuidas en el artículo 148.8.a CE respecto de los montes y los aprovechamientos
forestales.
En consecuencia las Comunidades Autónomas son las responsables de los respectivos planes de prevención y extinción de incendios en su ámbito competencial, la Administración General del Estado al amparo del artículo 149.1.23.ª regula la
competencia legislativa Básica sobre protección del medio ambiente, aprovechamientos forestales y vías pecuarias y es competente en concreto y conforme al artículo 7.2.c) de la Ley 43/2003, de Montes, de la normalización de los medios materiales
para la extinción de incendios forestales en todo el territorio español, así como el despliegue de medios estatales de apoyo a las Comunidades Autónomas en el contexto de una política prioritaria como lo es la lucha contra los incendios forestales.
Es de destacar que entre los recursos con los que cuenta el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, además de los de extinción aéreos y medios de apoyo, se cuenta con las BRIF brigadas de refuerzo contra incendios
forestales formadas por más de 500 personas altamente cualificadas integradas en los dispositivos autonómicos, con posibilidad de actuar si fuera necesario en cualquier punto del territorio.
La anterior Administración General del Estado en concreto el Ministerio de Medio Ambiente, de quien es competencia, mantuvo la intención de ceder los medios de lucha contra los incendios del Estado a las Comunidades Autónomas, dicha cesión
supondría de hecho la omisión de la función de apoyo, control y supervisión del Estado.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en colaboración con las Comunidades Autónomas correspondientes a:
1. Garantizar el despliegue de medios estatales de apoyo a las Comunidades Autónomas que existe en la actualidad, destinado a acciones de prevención, sensibilización, información, planificación, coordinación, formación y de extinción de
incendios forestales.
2. Garantizar el mantenimiento del empleo de este colectivo durante todo el año, así como la aportación de los medios materiales necesarios para su cumplimiento.
3. Mantener y potenciar esa función de refuerzo, de vital importancia, en el departamento del organismo ambiental competente en política forestal, actualmente la Dirección General de Medio Natural y Política Forestal del Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
4. Que el Estado se comprometa a mantener, garantizar y potenciar los recursos profesionales tanto humanos como profesionales, en especial las BRIF, encargadas de la prevención y extinción de incendios forestales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.-Cayo Lara Moya y José Luis Centella Gómez, Portavoces del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000218
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para el cese inmediato de las redadas policiales basadas en rasgos
étnicos y raciales, para su debate en Pleno.
Las redadas policiales basadas en rasgos étnicos y raciales lamentablemente continúan siendo usuales en los barrios con alta concentración de población migrante, lo cual constituye una violación flagrante de los derechos humanos.
Aunque tanto el anterior como el actual Gobierno nieguen su existencia, la propia ONU, a través del Comité para la Discriminación Racial, ha exigido 'erradicar' estas actuaciones a las autoridades españolas.
En el IV Informe de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) de diciembre 2010 'se exhorta a las autoridades españolas a que aseguren una prohibición efectiva de todas las prácticas en materia de perfiles étnicos por
parte de las fuerzas policiales en todo el país'.
En el Informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU de febrero 2011 se 'insta al Estado parte a tomar medidas efectivas para erradicar la práctica de controles de identificación basados en perfiles étnicos y
raciales'.
Estas redadas policiales lejos de cesar con el cambio de Gobierno, en las últimas semanas organizaciones sociales han denunciado que las mismas se están llevando a cabo en las proximidades de comedores populares, albergues y lugares donde
tienen su actividad asociaciones de inmigrantes, como el barrio de Lavapies en Madrid.
Esta política de acoso que provoca la criminalización de personas por sus rasgos físicos es absolutamente injustificable, de carácter ilegal, que vulnera derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución, tal y como han denunciado
insistentemente innumerables organizaciones sociales, asociaciones vecinales, abogados, juristas e incluso el Sindicato Unificado de la Policía.
Según cifras del propio SUP, en un año y sólo en el territorio de la Comunidad de Madrid se han practicado 445.000 'detenciones preventivas', absolutamente ilegales, dado que los agentes carecen de habilitación para privar de libertad a una
persona que, en todo caso, ha cometido una infracción administrativa para la que está prevista una multa económica de conformidad a lo establecido en la legislación de extranjería.
Por lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados condena los controles de identidad basados en rasgos étnicos y raciales que provocan la discriminación y criminalización de personas por sus rasgos físicos y suponen una flagrante vulneración de los derechos
humanos.
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
La inmediata erradicación de las redadas racistas y el fin de toda manifestación de racismo institucional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2012.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000219
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la grave situación económica del histórico Centro Español de
Moscú que ampara a los Niños de la Guerra, para su debate en el Pleno.
El Centro Español de Moscú, cuya sede se encuentra desde 1965 en la céntrica calle Kuznetski Most, núm. 18/7, Y que durante decenios ha aglutinado a los 'Niños de la Guerra' y a sus descendientes, corre el riesgo de tener que cerrar sus
puertas debido a la falta de fondos para hacer frente al pago de un alquiler mensual de 667 euros que adeuda al Ayuntamiento de Moscú, además de los gastos de comunidad y de personal.
El problema al que está confrontado el centro ha sido la denegación por el IMSERSO de la subvención correspondiente al ejercicio de 2011, cuando en años anteriores siempre la habían recibido, siendo la más reciente de 4.900 euros del
ejercicio 2010.
El centro asegura la cohesión de los españoles, no sólo de Moscú, sino de los residentes en todo el territorio ruso y de sus amistades rusas. Parada tradicional de todos los presidentes de Gobierno españoles, tiene cientos de socios, pero
son muy pocos los que pagan la cuota anual debido a la carestía de la vida en la capital y a los escasos ingresos de que disponen nuestros compatriotas, en su mayoría octogenarios.
El local incluye un salón de actos, donde se imparten clases de tres ciclos de lengua española, baile flamenco
y coros, junto a un espacio de convivencia en el que estos veteranos pueden conversar y jugar a las cartas y al dominó.
El alma histórica del centro lo representan unos 70 supervivientes de los 3.000 niños españoles que fueron trasladados a la URSS entre 1937 y 1939 para protegerlos de la Guerra Civil. Si el Centro Español desaparece, desaparecerán también
los 'Niños de la Guerra' como colectivo y testimonio de aquellos acontecimientos históricos.
Para evitar el desahucio por parte del Ayuntamiento de Moscú es urgente que el Gobierno español entregue una subvención extraordinaria y urgente al centro, con independencia de que luego se proceda a restablecer la histórica ayuda a través
del IMSERSO o de otros cauces en el ejercicio 2012.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:
1. A tomar de forma inmediata las medidas económicas necesarias para evitar el cierre y desahucio del Centro Español en Moscú.
2. A asegurar la continuidad del centro, mediante el restablecimiento de la tradicional ayuda del IMSERSO en el ejercicio presupuestario de 2012.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000220
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
asistencia sanitaria a pacientes residentes en zonas limítrofes, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Históricamente pacientes residentes en zonas limítrofes de una Comunidad Autónoma han sido atendidos -asistencia sanitaria no urgente- por los servicios sanitarios de otra Comunidad Autónoma debido a las dificultades geográficas que para
dichos pacientes supone el acceso a centros sanitarios especializados de su propia Comunidad Autónoma y a la cercanía a servicios sanitarios de otra.
Así pacientes residentes en el País Vasco y en Navarra en zonas limítrofes con La Rioja han recibido asistencia sanitaria en centros sanitarios de Logroño, que dista escasos kilómetros de su localidad de residencia; a su vez, Osakidetza
presta atención sanitaria a ciudadanos de Navarra, Cantabria, La Rioja y Castilla y León. Esta colaboración ha sido pauta general entre todas las Comunidades limítrofes.
Existe un pacto tácito en este sentido entre las Comunidades Autónomas concernidas. Este pacto, inspirado en el principio de igualdad de los españoles en el acceso a los servicios sanitarios, refleja la concepción integral de nuestro
sistema sanitario (artículo 4 de la Ley General de Sanidad). La gestión de la asistencia sanitaria corresponde a las Comunidades Autónomas pero éstas deben actuar bajo los principios de coordinación y cooperación entre ellas y teniendo en cuenta el
principio de lealtad institucional. En definitiva, toda nuestra legislación sanitaria y la estructuración del Sistema Nacional de Salud se guía por un objetivo último: prestar a los ciudadanos una asistencia sanitaria efectiva y de calidad.
El pasado mes de septiembre, el Gobierno de La Rioja decidió unilateralmente rechazar las derivaciones de pacientes residentes en La Rioja alavesa, sin comunicarlo ni a los pacientes ni a las autoridades sanitarias de la Comunidad Autónoma
Vasca. Lo mismo ocurrió con pacientes residentes en el municipio navarro de Viana.
A partir de entonces, a instancias del Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco, se mantuvieron conversaciones entre ambas Administraciones para solucionar el conflicto y restablecer la asistencia sanitaria prestada hasta
entonces.
Por su parte, a principios de diciembre el Ministerio de Sanidad requirió a la Consejería de Salud y Servicios Sociales de La Rioja que anulara las Instrucciones dadas a los centros de su Servicio de Salud para que dejaran de prestar
asistencia sanitaria especializada a pacientes residentes en otra Comunidad Autónoma.
Finalmente el 7 de diciembre se firmó un Acuerdo Transitorio entre los Consejeros de Salud de La Rioja y del País Vasco en virtud del cual La Rioja se compromete a seguir prestando la asistencia sanitaria, se acuerda realizar una
contabilización de la atención sanitaria que se intercambian ambas Comunidades, con el fin de establecerse un mecanismo de compensación económica si no hubiera equilibrio asistencial. Asimismo el Acuerdo permite a cualquiera de las partes someter
el asunto al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud si se considera que se debe alcanzar una solución de carácter nacional. Este Acuerdo rige hasta el 29 de febrero de 2012, pudiendo ser prorrogado por periodos de un mes.
Un acuerdo similar se suscribió el 8 de diciembre entre la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Teniendo en cuenta que, como se ha citado anteriormente, la situación de asistencia especializada no urgente de pacientes residentes en zonas limitrofes derivados de una Comunidad Autónoma a otra por razones de una mayor cercanía se produce
con carácter general entre Comunidades, es necesario que la solución definitiva de esta situación: a) sea aplicable en un ámbito general para todo el Estado; b) se adopte en un ámbito de mayor alcance que el intercomunitario; c) adquiera una
formalidad que le proporcione estabilidad y seguridad jurídica plena, y d) es necesario, además, que la solución cuente con la garantía del Estado, al que corresponde constitucionalmente (art. 149.1.16.ª) las bases y la coordinación general de la
sanidad.
En este sentido, el Ministerio de Sanidad, en colaboración con las Comunidades Autónomas, tiene experiencia en la gestión de un sistema de información que registra los procesos de derivación y prestación de asistencia sanitaria entre
Comunidades cuando concurren las causas -ausencia de recursos o servicios sanitarios en una Comunidad Autónoma, atención en centros y servicios de referencia, asistencia sanitaria derivada de usos tutelados- que dan lugar a la compensación con cargo
al Fondo de Cohesión Sanitaria.
Esta experiencia debe utilizarse para solucionar con carácter permanente la situación descrita de derivaciones de pacientes entre Comunidades cuando concurren otras razones diferentes a las que debe cubrir el Fondo de Cohesión Sanitaria,
como son las de proximidad o cercanía.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte todas las iniciativas políticas y medidas administrativas necesarias para garantizar el derecho de los ciudadanos a la protección de la salud y a recibir la asistencia
sanitaria adecuada, de tal manera que los ciudadanos residentes en zonas que, por razones geográficas, tienen dificultad de acceso a los centros sanitarios especializados de su Comunidad Autónoma sean atendidos por los servicios sanitarios de la
Comunidad Autónoma limítrofe, en virtud del deber de colaboración entre ellas.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar un acuerdo en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que:
2.1 Articule un sistema de registro y validación de los procesos de derivación y prestación de la asistencia sanitaria entre las Comunidades Autónomas, que posibilite la compensación intercomunitaria, estableciendo un sistema contable
normalizado de compensación económica entre ellas por los gastos originados por dichas asistencias.
2.2 Recomiende y favorezca que las Comunidades que tengan suscritos acuerdos de colaboración sanitarios transitorios prorroguen los mismos, hasta que se implante efectivamente el sistema de compensación de gastos intercomunitarios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.-Ramón Jáuregui Atondo y José Martínez Olmos, Diputados.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000221
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley para otorgar el reconocimiento del profesor como autoridad en el ejercicio de la función pública educativa, para su debate en Pleno.
La Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, proclama en su exposición de motivos 'la mejora de las condiciones en que el profesorado realiza su trabajo, así como el reconocimiento, apoyo y valoración social de la función docente'. A
pesar de esa plausible intención, con la redacción actual, el profesorado sigue sin contar con la protección y las atribuciones precisas para poder desarrollar, en condiciones adecuadas, su función docente en interés de los alumnos, de los padres y
tutores y en general de la sociedad.
Para conseguir que, en los Centros educativos y en las aulas, se reconozca la autoridad del profesor y se proteja debidamente el derecho a aprender de los alumnos, sin que se consienta el comportamiento de aquellos que tratan de limitarlo
con una conducta improcedente, la Administración ha de dotarle de la condición de autoridad pública. Así, se trasmite a la sociedad la importancia que para el sistema educativo tiene la figura del profesor, ya que sin él no podría desarrollarse el
derecho fundamental a la educación establecido en el artículo 27 de la Constitución; además de mejorarse su protección legal frente a los malos comportamientos y agresiones, tanto de alumnos como de padres o tutores.
En consecuencia, se propone, en un artículo de esta Ley básica del Estado, que se reconozca la condición de autoridad pública a los profesores de los centros educativos públicos y privados, sean o no concertados, en el ejercicio de la
función pública educativa.
Por otra parte, varias Comunidades Autónomas como Madrid (Ley 2/2010, de 15 de junio), Comunidad Valenciana (Ley 15/2010, de 3 de diciembre) y La Rioja (Ley 2/2011, de 1 marzo), ya han legislado en este sentido y han otorgado la condición de
autoridad pública a profesores, por lo que se hace necesario legislar a nivel nacional este aspecto para no crear desigualdades entre unas Comunidades Autónomas y otras.
La Ley Orgánica de Educación y la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, según se trate respectivamente de centros públicos o privados, concertados, reconocen al director del centro capacidad disciplinaria. Esta atribución desconoce que
para una adecuada solución de los problemas de disciplina es preferible someterse a dos principios: el de inmediación, que permite un mejor conocimiento del problema y es garantía de acierto, y el de celeridad en la reacción, que potencia la
eficacia para alcanzar los fines de la sanción. No es el director, sino el profesor quien conoce con inmediación la conducta de un alumno que esté impidiendo o dificultando la función docente y alterando la convivencia en clase y quien puede
adoptar rápidamente una medida disciplinaria que corrija inmediatamente a aquel alumno en asuntos leves o las medidas cautelares necesarias si el asunto es grave. De ahí que, en esta reforma, se proponga que el profesor pueda imponer medidas
disciplinarias directamente a los alumnos en asuntos leves y adoptar las medidas cautelares necesarias en asuntos graves, siempre que acontezcan hechos que impidan o dificulten la función docente o la actividad complementaria en la que el profesor
esté participando, y conforme a lo indicado en las leyes.
Para adecuar esta nueva función del profesor con las competencias que la ley atribuye al director, se propone al Gobierno que acometa las reformas legislativas necesarias para reformar el artículo 132 de la Ley Orgánica de Educación y del
artículo 54 de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación en los que se recoge esa competencia respectivamente del director en centros públicos y centros privados concertados, de tal manera que el director podrá tomar medidas disciplinarias en
asuntos graves y conocer las medidas disciplinarias o cautelares que impongan los profesores, de acuerdo a su nueva atribución, en los casos y formas que establezca la Ley.
También se propone reforzar los derechos de los padres y tutores para velar por una adecuada aplicación de las medidas disciplinarias. Por eso se propone una iniciativa para modificar el artículo 4 de la Ley Orgánica del Derecho a la
Educación introduciendo un nuevo derecho de información de los padres y tutores de las medidas disciplinarias que afecten a sus hijos.
Por lo expuesto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a acometer las reformas legislativas necesarias para reconocer al profesor como autoridad en el ejercicio de la función pública educativa.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
162/000222
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre
extensión del primer ciclo de la educación infantil, para su debate en el Pleno de la Cámara.
Exposición de motivos
La educación infantil es básica para el desarrollo posterior de las personas, Es un elemento fundamental en el desarrollo intelectual y emocional de los niños y constituye un importante factor de igualdad de oportunidades e integración
social, favoreciendo fundamentalmente a los sectores de población con menor nivel sociocultural.
La educación infantil favorece el éxito escolar. La escolarización en edades tempranas es un elemento determinante en la mejora del rendimiento académico de los niños y, por tanto, en la lucha contra el fracaso escolar. Una formación de
bases sólidas en esa etapa favorece un aprendizaje más eficaz en las posteriores, e incrementa la probabilidad de que se mantenga durante el resto de la vida. Así lo reconocen los profesionales educativos y todos los organismos internacionales que
trabajan en este ámbito.
En las dos legislaturas anteriores se avanzó extraordinariamente en la implantación y extensión de esta etapa educativa; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, otorgó el carácter educativo a toda la etapa de educación infantil,
desde el nacimiento hasta los seis años, y se extendió de forma gratuita al cien por cien la escolarización entre los tres y los seis años.
Además, el Gobierno promovió el Plan Educa 3, con el que se comenzó a extender la escolarización de 0 a 3 años, y con una inversión en colaboración con las Comunidades Autónomas de 1.087 millones de euros. Fue un importante esfuerzo
presupuestario y de planificación que se plasmó en convenios con las
Comunidades Autónomas, incentivándose también la participación de los Ayuntamientos, y que buscaba garantizar una adecuada financiación en la provisión de plazas respetando criterios de habitabilidad, espacio, higiene y todo tipo de
condiciones que garantizasen la calidad de las aulas en esta etapa educativa.
Un plan con una vertiente, por un lado, educativa y, por otro, social, para atender a las necesidades de conciliar la vida personal, familiar y laboral, Se empezó así a dar solución a esa creciente demanda de la sociedad y se promovió que
las Administraciones facilitasen las plazas escolares públicas necesarias en esas edades.
En definitiva, comenzó a desarrollarse, conjuntamente con las Comunidades Autónomas, una red de escuelas infantiles en todo el territorio que diese respuesta a los retos y a las necesidades de la sociedad.
En el ámbito de la Unión Europea y dentro de la Estrategia 2020, las Conclusiones del Consejo sobre un marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación, aprobadas el 12 de mayo de 2009, incluyen, como
uno de sus valores de referencia, la 'Educación en la primera infancia' invitando a los Estados miembros a aumentar la participación en la primera infancia como base para el ulterior éxito educativo, en especial en el caso de los que proceden de
medios desfavorecidos, de modo que el objetivo para 2020, sea que al menos un 95 % de los niños con edades comprendidas entre los cuatro años y la edad de escolarización obligatoria debería participar en la educación en la primera infancia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados:
1. Reitera la importancia social de la educación infantil, desde el nacimiento hasta los seis años, asi como el carácter educativo de los dos ciclos en que se ordena, y reconoce su condición de elemento básico en la lucha contra el fracaso
escolar posterior.
2. Insta al Gobierno a potenciar esta etapa educativa promoviendo, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, la extensión de la oferta educativa de 0-3 años, manteniendo el esfuerzo presupuestario previsto en el Plan Educa 3 para el año
2012 y elaborando nuevos planes para mantener en los años posteriores los objetivos de mejora de la calidad educativa en este ciclo, con los correspondientes créditos presupuestarios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de febrero de 2012.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
MOCIONES CONSECUENCIA
DE INTERPELACIONES
Urgentes
173/000006
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(173) Moción consecuencia de interpelación urgente.
Autor: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la continuidad de los Centros Especiales de Empleo.
Acuerdo:
Calificarla de congruente con la interpelación en que se funda, conforme al artículo 184 del Reglamento, incluir en el orden del día de la primera sesión plenaria que se celebre, informando de ello a la Junta de Portavoces, trasladar el
acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de acuerdo con lo establecido en el artículo 184.2 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Moción consecuencia de la interpelación urgente sobre la continuidad
de los Centros Especiales de Empleo, debatida en sesión plenaria el 22 de febrero de 2012.
Exposición de motivos
En la Legislatura pasada, el Real Decreto-Ley 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa de recualificación profesional
de las personas que agoten su protección por desempleo, excluyó a los Centros Especiales de Empleo de las medidas de promoción que posibilitaba cumplir los requerimientos del artículo 49 de la Constitución y de la Convención sobre los derechos de
las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo que fueron aprobados el 13 de diciembre de 2006 en la Sede de las Naciones Unidas
en Nueva York. Este Convenio invoca como proceso idóneo para la integración social de los discapacitados su integración en el mercado laboral.
En el seno de la OCDE, el Estado español ocupa uno de los últimos lugares en la atención al empleo protegido a través de los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social. En el Estado español solo 0,6 % de las personas con discapacidad
por cada mil habitantes está en empleo protegido; en Polonia en 10,1 % de las personas con discapacidad están en empleo protegido; en Holanda el 9,2 % de las personas con discapacidad está en empleo protegido; en Suiza el 5,6 % de las personas
con discapacidad está en empleo protegido y en Francia y Alemania respectivamente el 4,2 % de personas con discapacidad se encuentran en empleo protegido.
En el Informe Olivenza se acredita el mayor dinamismo de los Centros Especiales de Empleo en relación a las empresas ordinarias en materia de contratación, circunstancia esta que se justifica por la existencia de la ayuda del 75 % del
salario mínimo interprofesional por cada contratación en estos Centros, ayuda que el Real Decreto 10/2011 hizo desaparecer.
El empleo al que nos estamos refiriendo hace referencia a colectivos particularmente vulnerables en materia de empleabilidad: enfermos mentales, discapacidades psíquicas, autistas con un espectro superior al 33 % y discapacidades físicas y
sensoriales superiores al 65 %. Desde el año 2011 y tras la aprobación del Real Decreto 10/2011, y de igual manera con la actual Reforma Laboral configurada por el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del
mercado laboral, estas subvenciones han dejado de existir.
Por todo lo anterior,
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adoptar las iniciativas adecuadas a fin de que:
- Se habiliten subvenciones del 75 % del salario mínimo interprofesional reconocido a cada contratado en los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social.
- Se flexibilice la edad de jubilación anticipada en el caso de las personas con discapacidad que se correspondan con los baremos expuestos en la exposición de motivos de esta moción.
2. Articular políticas que posibiliten la convergencia del empleo protegido y de los Centros Especiales de Empleo hacia tasas medias de la OCDE.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.-Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
173/000007
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(173) Moción consecuencia de interpelación urgente.
Autor: Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la dación en pago y los abusos de las entidades financieras.
Acuerdo:
Calificarla de congruente con la interpelación en que se funda, conforme al artículo 184 del Reglamento, incluir en el orden del día de la primera sesión plenaria que se celebre, informando de ello a la Junta de Portavoces, trasladar el
acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la dación en pago y los abusos de las
entidades financieras, para su debate en el Pleno.
Entre 2007 y el tercer trimestre del 2011 se han producido en España 328.687 procedimientos de ejecución hipotecaria. En 4 años, desde el 2008 y el 3.er trimestre del 2011 se han producido en España 151.369 procesos de desahucio como
consecuencia de los procesos de ejecución hipotecaria instados por actividades financieras.
Estos desahucios, la mayoría de la vivienda habitual y que afectan a familias enteras, en muchos casos con hijos, son junto al paro de larga duración y a los hogares sin ningún miembro de la familia trabajando, dos de los efectos más
dramáticos de esta crisis.
En cambio y a pesar del impacto que ello tiene en muchas familias y de las movilizaciones llevadas a cabo por la Plataforma de Afectados por Hipotecas,
este drama humanitario no ha merecido ninguna iniciativa de cambio normativo que afronte los problemas de fondo de estas familias.
Estas situaciones ponen de manifiesto un comportamiento abusivo, cuando no un fraude de ley de la mayoría de las entidades financieras. Que mientras reciben recursos públicos que en muchos casos utilizan para tapar los agujeros dejados por
la dación en pago que aceptan de inmobiliarias o grandes propietarios de suelo, se niegan a dar igual trato a las familias. Esta situación evidencia el poder que ostentan estas entidades financieras, la impunidad con la que actúan y la connivencia
que en muchas ocasiones reciben de los poderes públicos.
En la mayoría de los casos asistimos a situaciones escandalosas. Elevados tipos de interés, adjudicaciones de viviendas en procesos hipotecarios por cantidades irrisorias, enriquecimiento en fraude de ley por parte de estas entidades que,
después de la adjudicación, obtienen en el mercado precios muy superiores que sólo revierten en el Banco y no en los deudores que continúan teniendo una pesada losa.
Ante esta situación la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Observatori DESC junto a otras entidades sociales y organizaciones sindicales (UGT, CC.OO., Taula del Tercer Sector, UCC, CONFAVC) han registrado una Iniciativa Legislativa
Popular con el fin de regular la dación en pago con efectos retroactivos, de manera que las miles de familias que ahora mismo se ven condenadas a ser morosas de por vida a causa de una ley injusta, tengan el derecho a una segunda oportunidad como
ocurre en el resto de Europa y en los EE.UU. Esta iniciativa también incluye una moratoria inmediata de los desahucios y la reconversión de las hipotecas en alquiler social, como medida de mínimos destinada a garantizar el derecho a la vivienda de
las personas afectadas por ejecuciones hipotecarias.
En el Pleno del pasado 22 de febrero y respondiendo a la interpelación planteada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, el Ministro de Economía y Competitividad anunció en nombre del Gobierno unas medidas que
a nuestro entender no afrontan el problema desde su raíz, dado que ni encaran la complejidad del problema, ni lo hacen con los instrumentos que el Ejecutivo y el Legislativo tienen a su alcance que es la posibilidad de aplicar normas legales que
tengan un efecto inmediato y capacidad de incidir en la situación actual de las familias afectadas sin discriminarlas en función del momento en que asumieron sus obligaciones y firmaron contratos con garantías hipotecarias.
Situar, como supuesta solución al problema, un Código de Buenas Prácticas que se propondría a las entidades financieras para que ellas decidieran voluntariamente su aplicación no resuelve el problema y además supondría una renuncia por parte
del Gobierno a ejercer su capacidad de aprobar normas y de impulsar la acción legislativa. Además, esta opción por los Códigos de Buenas Prácticas, choca con otras actuaciones del Gobierno para las cuales sí ha utilizado su capacidad de aprobar
normas o proponer leyes. Sin ir más lejos, el Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero, en el que entre otras cosas se habilitan, a cargo de los presupuestos generales del Estado, otros 6.000 millones de euros
para que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria -FROB- dé cobertura al proceso de restructuración de Bancos y Cajas. O la más reciente Reforma Laboral, aprobada por el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la
reforma del mercado laboral. Sorprende pues, este doble rasero del Gobierno en el momento de hacer frente a los problemas del país.
Ello es especialmente sorprendente, cuando el propio contenido de la propuesta de Código de Buenas Prácticas, no ha sido impulsado por el Gobierno en aquellas entidades que controla societariamente a través del FROB.
Siendo conscientes de la complejidad del problema, nuestro grupo considera que más grave que sentirse desamparados por la acción de los poderes públicos, es que las familias afectadas, además de desamparadas se sintieran también engañadas.
Por todo ello, se presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente:
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Presentar en el plazo de tres meses las propuestas de cambios normativos siguientes:
- Posibilitar que los propietarios de viviendas embargadas -cuando sea su domicilio habitual -puedan hacerse cargo de su deuda en condiciones justas y sin perder el acceso a una vivienda digna.
- Crear en el plazo de tres meses un procedimiento rápido y económico que permita a personas y familias la liquidación de la deuda hipotecaria -cuando afecte al domicilio habitual- mediante la dación en pago de la finca hipotecada, sea cual
fuere el momento en que subscribieron el contrato con garantía hipotecaria y el momento en que entraron en morosidad.
Dicho procedimiento también incluirá los mecanismos para incentivar que la vivienda dada en pago, pueda continuar siendo utilizada, durante un período de tiempo determinado, por sus anteriores propietarios, a partir de un contrato de
alquiler o de cesión temporal de uso, en unas condiciones acordes con su capacidad adquisitiva.
2. Presentar en el plazo de tres meses un proyecto de reforma de la legislación hipotecaria y mercantil que aborde las siguientes problemáticas:
- Medidas contra el sobreendeudamiento hipotecario personal y familiar, limitando la concesión de futuras hipotecas (que no comprometan más del 30 % de sus ingresos, por un plazo máximo de 30 años y que la hipoteca no supere el 80 % del
valor de la vivienda).
- Limitación de los intereses de demora en caso de impago.
- Establecimiento de las cantidades mínimas por las que se podrá adjudicar la vivienda embargada en el proceso hipotecario, estableciendo una relación con el importe de la tasación del bien embargado en el momento de la suscripción de la
hipoteca. A fin y efecto de que el riesgo del cambio del valor de la vivienda en el momento del embargo no recaiga únicamente en el deudor y deba repartirse ese riesgo entre deudor y acreedor.
- Nueva regulación de los ingresos inembargables en función de las características de la unidad familiar.
- Reducción de los costes financieros asociados a las hipotecas y regulación de las cláusulas de suelo y techo.
- Nueva regulación del procedimiento extrajudicial ordenada de deudas hipotecarias, en especial en lo referente a la cantidad mínima por la que el bien embargado puede ser adjudicado.
3. En relación a aquellas entidades financieras participadas por el FROB con recursos públicos se pongan en marcha de manera inmediata las siguientes actuaciones:
- La aplicación de la dación en pago como forma de liquidación de la deuda, cuando se trate de la vivienda habitual del ejecutado, sea cual fuere el momento en que se subscribió el contrato con garantía hipotecaria y el momento en que
entraron en morosidad.
- Utilizar el stock de viviendas en manos de las entidades financieras participadas por el FROB para la creación de un parque de vivienda que se ponga a disposición de las familias que hayan sufrido proceso de ejecución hipotecaria de su
vivienda habitual y no dispongan de recursos suficientes para garantizarse su acceso a una vivienda digna.
4. Adoptar las medidas necesarias para que las Comunidades Autónomas creen, en el marco de sus competencias y dentro de sus respectivos marcos normativos, los servicios de información, asesoramiento, acompañamiento y mediación específicos
para intervenir en los procesos de negociación de créditos, liquidación de deuda o renegociación de nuevas hipotecas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
173/000008
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(173) Moción consecuencia de interpelación urgente.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista.
Moción consecuencia de interpelación urgente sobre las repercusiones de la reforma laboral del Gobierno en la negociación colectiva y sus efectos en los salarios.
Acuerdo:
Calificarla de congruente con la interpelación en que se funda, conforme al artículo 184 del Reglamento, incluir en el orden del día de la primera sesión plenaria que se celebre, informando de ello a la Junta de Portavoces, trasladar el
acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista se dirige a esa Mesa para, al amparo del artículo 184.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente al Gobierno sobre las
repercusiones de la reforma laboral del Gobierno en la negociación colectiva y sus efectos en los salarios.
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a rectificar y adoptar urgentemente las siguientes medidas:
- Dejar sin efecto el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.
- Convocar a los interlocutores sociales para negociar una reforma que respete e incluya el contenido del II Acuerdo para el Empleo y la Negociación
Colectiva 2012, 2013 y 2014, alcanzado por los interlocutores sociales el 25 de enero, tanto en lo relativo al uso de la flexibilidad interna en las empresas, como en relación al pacto de rentas, por ser el instrumento que permite la
adaptación de las mismas a la coyuntura económica del momento, haciéndolas más competitivas y favoreciendo una mayor estabilidad en el empleo.
- Reestablecer el equilibrio en las relaciones laborales, con respeto absoluto a la negociación colectiva y a los elementos sustanciales de la misma.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de febrero de 2012.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.