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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 84, de 24/04/2012
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CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES


Año 2012 X Legislatura Núm. 84

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ EUGENIO AZPIROZ VILLAR

Sesión núm. 5

celebrada el martes,

24 de abril de 2012



ORDEN DEL DÍA:


Acuerdo sobre celebración de las comparecencias solicitadas por diferentes grupos parlamentarios en relación con el proyecto de ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (procedente del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de
febrero) (número de expediente 121/000004) ... (Página2)



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Se abre la sesión a las diez y treinta minutos de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a dar comienzo a esta reunión de la Comisión de Empleo y Seguridad Social, a esta quinta sesión en la que la Comisión debe decidir, porque tiene competencias para ello, si confirma o
no la decisión adoptada en la Mesa de rechazar las solicitudes de comparecencia que se formularon por parte de los Grupos Parlamentarios Socialista y de La Izquierda Plural, en relación con el proyecto de ley de la reforma laboral. La competencia,
al no haber unanimidad en la Mesa, sino haberse rechazado por mayoría, reside aquí en esta Comisión y, después de las intervenciones correspondientes, habrá una votación no antes de las once de la mañana. Recuerdo a sus señorías intervinientes, en
representación de los diversos grupos, comenzando obviamente por los peticionarios de las comparecencias y después, de menor a mayor, que la Mesa y portavoces que trató de la cuestión estableció un tiempo de intervención máximo de cinco minutos.
Tiene la palabra doña Concha Gutiérrez, en representación del Grupo Parlamentario Socialista.


La señora GUTIÉRREZ DEL CASTILLO: Señorías, el Grupo Socialista ha formulado la petición de comparecencia de los sindicatos y organizaciones empresariales en el proceso de tramitación de la reforma laboral aprobada por el Gobierno por real
decreto-ley. Consideramos que el Parlamento y específicamente la Comisión de Empleo deben de conocer sus opiniones sobre la reforma. El Gobierno pretende imponer una reforma laboral que rompe el modelo constitucional de relaciones laborales y de
negociación colectiva. Una reforma que no ha sido ni negociada ni debatida ni siquiera conocida previamente por los sindicatos y organizaciones empresariales, que tienen relevancia constitucional para la defensa y la promoción de los intereses
económicos y sociales que les son propios, es decir, en el caso de los sindicatos, la defensa de los derechos de los trabajadores, de los empleados asalariados, del sector público y del sector privado, de los jóvenes, de los mayores, de los activos
y de los pensionistas. Es la primera vez en todo el proceso democrático que una reforma laboral se impone sin someterla al diálogo social. Hasta ahora todas las reformas laborales que los sucesivos Gobiernos han propiciado habían estado precedidas
del diálogo económico y social. Este proceso podía concluir bien con acuerdos, que el Gobierno de turno transformaba en proyecto de ley; bien en puntos de encuentro, que el Gobierno tenía en cuenta para la elaboración del proyecto correspondiente,
o en desacuerdos, en cuyo caso el Gobierno optaba por la solución legislativa que consideraba oportuna. Todos los Gobiernos actuaron así, porque el sometimiento previo al diálogo social y a la discusión previa es la única forma de respetar el
mandato constitucional del papel que nuestra Constitución reserva a las organizaciones sociales más representativas en el ámbito social.


Sin embargo, en esta reforma el Gobierno ha prescindido y despreciado el diálogo social y lo ha hecho doblemente. Primero, porque no ha abierto ninguna mesa de negociación, de diálogo, para abordar una reforma que atañe de forma tan directa
a la función sindical y empresarial en la defensa de los intereses y de los derechos de los trabajadores. Segundo, porque vulnera de forma flagrante la autonomía de las partes y los acuerdos alcanzados por los empresarios y sindicatos en el mes de
enero en materias como la solución de conflictos mediante el arbitraje pactado, la moderación salarial, los descuelgues, la articulación de la negociación colectiva, etcétera. Esto último a pesar de que fuera el propio Rajoy quien animara esa
negociación bilateral y saludara como histórico el acuerdo alcanzado.


Podemos hacer un recorrido cronológico de lo ocurrido. El 30 de noviembre, el señor Rajoy, antes de ser investido presidente y para dar esa imagen de dialogante, se reúne con los secretarios generales de los sindicatos Comisiones Obreras y
UGT y les traslada lo que según él debería tratar el diálogo bilateral entre empresarios y sindicatos. Durante los meses de diciembre y enero, sindicatos y empresarios negocian y llegan a importantes acuerdos, en concreto los firmados los días 9 y
25 de enero, que son calificados por el propio Gobierno de transcendentales e incluso de históricos. Materias como los sistemas de arbitraje pactado, la moderación salarial, la articulación de la negociación colectiva, se rubrican con empresarios y
sindicatos en un ejemplo de responsabilidad, sin parangón, convencidos de que es lo que España exige de ello dado el momento de crisis por la que atraviesa nuestro país.


Los sindicatos comunican al Gobierno, a través de la ministra de Empleo, estos acuerdos. Despreciando esos acuerdos, la reforma laboral es aprobada el 10 de febrero, sin que los sindicatos sean ni tan siquiera informados de su contenido.
Solo se sabía lo que el propio Gobierno había filtrado desde Bruselas: que eran tremendamente agresivos con los trabajadores y que iban a provocar una huelga general. Es decir, la reforma nace mediante un real decreto-ley innecesario, pues no hay
razones de urgencia, y, lejos de ser objeto de consulta o diálogo social, dinamita el acuerdo previo. El Gobierno lo hace así para satisfacer demandas del sector menos dialogante de una de las partes, llevando al extremo la unilateralidad del poder
empresarial, tanto en la relación individual como atacando de frente el papel que nuestra Constitución reserva a los sindicatos más representativos. Por todo ello, el Grupo Socialista propone que los sindicatos y las organizaciones empresariales
tengan la posibilidad de venir a esta Comisión y expresar sus puntos de vista. Estaríamos haciendo un flaco favor a nuestro país y faltando a nuestro deber si, por la intransigencia del Partido Popular, perdiéramos la oportunidad de escucharles.
(Una señora diputada: ¡Muy bien, Concha!-Aplausos).



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El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra don Joan Coscubiela por La Izquierda Plural.


El señor COSCUBIELA CONESA: Aunque mucho me temo que la contundencia con la que se ha expresado la portavocía del Grupo Popular en este tema nos lleve a pensar que, como diría un castizo, está todo el pescado vendido, no quiero renunciar a
justificar y dar las razones que nos han llevado al Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, a solicitar la comparecencia de las organizaciones sindicales y empresariales ante esta Comisión. Las razones son tres
fundamentalmente.


En primer lugar, estamos hablando de un cambio legislativo, que es algo más que una reforma laboral, que es un desmantelamiento de lo que eran las reglas del juego clásicas de las relaciones laborales, introduciendo cambios significativos
incluso en la prelación de los convenios colectivos, deteriorando la capacidad de los convenios colectivos, no afecta solo a los derechos de los trabajadores individualmente entendidos, sino que afecta al papel de las organizaciones sindicales,
papel que la Constitución igual que a las organizaciones empresariales les da una significación especial tanto en el título I como en los fundamentos de nuestro Estado social y democrático de derecho, en el artículo 7. Eso de por sí confiere a esta
reforma laboral una especial significación. No deberíamos abordarla como un mero trámite ni tan siquiera utilizando el simple criterio de los votos de las mayorías, aunque sin duda son legítimos y que perfectamente se pueden normalizar. Es
importante que se aborden las cuestiones de fondo que están planteadas.


En segundo lugar, no hay ningún motivo de carácter reglamentario o temporal que permita desaconsejar esa comparecencia. El real decreto-ley, para desgracia de quienes lo están sufriendo ya, ha entrado en vigor, por lo que las razones de
carácter temporal no vienen en este caso a cuento ni tampoco las de carácter reglamentario. Es perfectamente compatible combinar la necesaria diligencia en el funcionamiento de esta Comisión con hacer las cosas bien y eso es un argumento a tener en
cuenta siempre.


En tercer lugar y posiblemente el más destacado, las organizaciones sindicales y empresariales van a ser -lo son ya- las que en el día a día van a jugar un papel determinante en el equilibrio del marco laboral, del marco jurídico, como un
elemento de garantía de derechos, de búsqueda del equilibrio entre los intereses de las partes y de gestión de los recursos humanos en las empresas; son ellas las que se van a ver abocadas a gobernar el día a día de esas relaciones laborales
transformadas, subvertidas, en el sentido más literal del término, por esa reforma laboral ya aprobada. Esas organizaciones sindicales y empresariales se han encontrado con una sorpresa y es que el Gobierno y el Partido Popular suelen utilizar su
nombre en vano, si me permiten la expresión. Hemos escuchado reiteradamente al Gobierno y al Partido Popular insistir en que se está dialogando con las organizaciones sindicales y empresariales, cuando lo que se está haciendo es oírlas sin
escucharlas y cuando incluso se ha utilizado en sede parlamentaria el contenido del acuerdo del mes de enero entre sindicatos y empresarios en una relación inversamente proporcional a la poca atención a su contenido; es curioso, cuánto menos se
atiende al contenido de la concertación social, más se manipula y se instrumentaliza en sede parlamentaria su existencia. El Gobierno del Partido Popular se ha apropiado del contenido del acuerdo para legitimar sus políticas, pero al mismo tiempo
lo ha ninguneado en la plasmación de las reformas. Por eso creo que el sentido común, incluso una determinada manera inteligente de gobernar desde la mayoría absoluta debería aconsejar que las organizaciones sindicales y empresariales pudieran
comparecer para que escucháramos directamente lo que ya hemos escuchado bilateralmente de ellas; para que en sede parlamentaria, en esta Comisión, que es la que tiene en estos momentos la capacidad legislativa, escucháramos si es verdad que ha
habido diálogo social o no, si es verdad que se ha tenido en cuenta el acuerdo del mes de enero o no y, sobre todo, para que escucháramos alguna de sus sugerencias. Solo se me ocurre una razón por la que el Grupo Popular se quiera oponer a esta
comparecencia y es que a lo mejor nos encontramos con la sorpresa de que los representantes de organizaciones sindicales y empresariales nos dicen que algunas cosas no son entendidas, por ejemplo, que no se entiende por qué la prelación del convenio
de empresa al convenio sectorial, cuando eso puede propiciar un dumping empresarial muy contrario a los intereses de un modelo de empresa competitivo en términos de calidad y no de precariedad. Si no es por querer salvar el chasco de ver que existe
un punto de encuentro entre intereses sindicales y empresariales que no es precisamente por el que ha optado el real decreto-ley de reforma laboral, no termino de entender esa obcecación en no querer la comparecencia de aquellos a los que el
artículo 7 de la Constitución española encarga la función de canalizar los intereses de trabajadores y empresarios.


Lamento que mi intervención pueda parecer muy ingenua, pero para estar durante cuatro años ante una mayoría absoluta ejercida absolutistamente o uno es perseverante y un poco ingenuo o es muy duro.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Barkos, por el Grupo Mixto.


La señora BARKOS BERRUEZO: Intervendré brevemente, señor presidente.


No voy a abundar en los argumentos que compartimos con los proponentes, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y el portavoz de La Izquierda Plural, en torno a la conveniencia de tener la oportunidad de escuchar en esta Comisión a
los agentes sociales y hacerlo además no a través del filtro del discurso mediático, sino con el tiempo y con la extensión que permitiría una comparecencia en sede parlamentaria. Además, creemos



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que el objeto de la comparecencia se ajustaría a los requerimientos y a las necesidades. No comprendemos la posición del grupo mayoritario, el Grupo Popular, en la medida en que no existen razones que expliquen que un proceso de
comparecencias vaya a retrasar en absoluto la aplicación de la reforma laboral; la reforma laboral se está aplicando desde el momento de su publicación y, por tanto, este no es un argumento válido para explicar esa oposición. Digo más, por
ejemplo, desde el momento de la aplicación de esta reforma laboral hemos conocido, que el número de ERE se ha multiplicado con respecto al mismo periodo del pasado año y sería interesante poder compartir con las organizaciones empresariales y
sindicales el análisis en torno a cuestiones como esta que apunto.


Votaremos por tanto a favor de las comparecencias y en contra de la decisión tomada por la Mesa, más allá de que sabemos, como el resto de los portavoces, que se producirá lo contrario en esta sesión de hoy.


El señor PRESIDENTE: En representación de UPyD, tiene la palabra don Álvaro Anchuelo.


El señor ANCHUELO CREGO: Se nos pregunta hoy aquí nuestra opinión sobre si deben comparecer los agentes sociales para manifestar su postura respecto a la reforma laboral y me sucede como a la portavoz anterior: cuando uno piensa sobre el
asunto, se le ocurren distintos argumentos a favor de la comparecencia, pero es difícil encontrar ninguno en contra. La reforma laboral está muy relacionada con la tarea de los agentes sociales. Según las declaraciones del propio presidente del
Gobierno, el señor Rajoy, los agentes sociales estaban manteniendo una actitud constructiva antes de la reforma, llegando a acuerdos de moderación salarial importantes. Que comparezcan o no comparezcan no altera para nada los plazos de puesta en
marcha de la reforma, dado que al aprobarse como real decreto ya está funcionando, y esta Comisión parece el ámbito adecuado para que comparezcan, si lo hacen. Si ellos tienen interés en comparecer y hay partidos importantes que lo proponen,
resulta difícil encontrar argumentos para oponerse. Esto no prejuzga, por supuesto, que, en caso de comparecer, fuésemos a estar necesariamente de acuerdo con sus opiniones, en absoluto. Nuestro partido piensa que los sindicatos han mantenido una
actitud muy inmovilista respecto a la reforma laboral. Nosotros somos partidarios de que haya una reforma laboral; nuestra discrepancia viene más por el contenido de la reforma, que profundiza en la precariedad y ha sesgado la negociación
colectiva demasiado fuertemente a favor de los empresarios. Escuchar argumentos de sindicatos y patronal distintos a los de nuestro partido no tiene por qué ser nada extraño; suponemos que igual debería suceder con el resto de los grupos y, por
tanto, nuestra postura es favorable a su comparecencia.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Mi grupo no va a entrar a valorar el contenido de la reforma laboral o sus consecuencias sobre el funcionamiento de nuestro mercado de trabajo, porque hemos tenido ocasión de hacerlo en diversas ocasiones en el
Pleno y lo podremos continuar haciendo en esta Comisión las próximas semanas. También es cierto que esta reforma laboral está vinculada no solo con la situación económica en la que estamos inmersos, sino también con la evolución del diálogo social
en la pasada legislatura. Es cierto que en enero de este año hubo un acuerdo de los agentes económicos y sociales importante, pero también es cierto que en ese mismo acuerdo, en determinadas materias, especialmente en lo que afecta a la
contratación, esos agentes renunciaban a ponerse de acuerdo y trasladaban la decisión a la acción del Gobierno y de estas cámaras. Todos podríamos ser críticos con el proceso de diálogo social vivido en la pasada legislatura, que dio resultados
escasos. Seguramente un buen diálogo social en 2008 o en 2009 hubiera permitido a nuestras empresas y a nuestra economía abordar en mejores condiciones esta crisis.


Dicho todo esto, el planteamiento del Grupo Parlamentario Socialista y de La Izquierda Plural no nos genera ningún tipo de problema, al contrario, en cualquier discusión parlamentaria siempre es bueno que aquellos sectores más directamente
afectados puedan comparecer en el Congreso de los Diputados para expresar sus opiniones, que seguro que van a enriquecer el debate y las posiciones de los distintos grupos. No tenemos la sensación de que las obligaciones que tiene este Parlamento
de tramitar de manera suficientemente rápida la reforma -este es un procedimiento de urgencia- se vean afectadas por el hecho de dedicar, por ejemplo, un lunes entero, si hiciese falta, a que se produjesen esas comparecencias, justo antes de que la
Comisión procediese al debate de las correspondientes enmiendas. Nos parece que la declaración de urgencia de este trámite es perfectamente compatible con escuchar a los agentes sociales, como también lo es estar con el Gobierno, en el sentido de
que se necesitaba una reforma laboral de una determinada orientación, con escuchar en el seno de esta Comisión las posiciones críticas de los agentes sociales. Creo que eso enriquece el propio proceso democrático y el debate en esta Comisión y que
al Grupo Popular le permitiría expresar que su mayoría, más que absoluta en esta Cámara, es perfectamente compatible con el diálogo abierto con la sociedad. Estoy seguro de que votar a favor de estas comparecencias y no negarse a que se produzcan
daría mayor fortaleza política al Grupo Popular. Espero que den vueltas a esta idea.


El señor PRESIDENTE: En representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Carmen Álvarez-Arenas.


La señora ÁLVAREZ-ARENAS CISNEROS: En primer lugar, tengo que manifestar el respeto y la alta



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valoración del diálogo social que a lo largo de su historia ha demostrado siempre como Gobierno el Partido Popular; así lo indican los acuerdos alcanzados y, desde luego, esta nueva acción de Gobierno del presidente Mariano Rajoy. Estamos
convencidos de que el diálogo social es un instrumento absolutamente útil e imprescindible, así como de la importancia de los agentes sociales para ese diálogo social, que, además, está recogida -como se ha dicho aquí- en la Constitución. Para
nosotros, repito, tiene un inmenso valor. Tanto es así, que todos los ciudadanos, todos los españoles saben que la primera actuación, aún antes de haber tomado posesión, siendo presidente electo, de don Mariano Rajoy fue recibir a los agentes
sociales. Señorías, sabíamos que estábamos en una situación grave, después hemos conocido que es de emergencia nacional por la situación heredada y no transmitida en el traspaso de poderes; en cualquier caso, ya en aquel momento el presidente
sabía que se requerían unas actuaciones, unas reformas urgentes, rápidas, globales y coordinadas y, por tanto -antes, insisto, de tomar posesión-, hizo un encargo a los agentes sociales precisamente para impulsar el diálogo y para demostrar
públicamente su valoración de lo que supone la concertación y el diálogo social. Lo hizo, pero también les dijo, con la responsabilidad que conlleva haber recibido un mandato de los españoles, que si no había un acuerdo como el que el Gobierno
entendía que debía haber, como el que se estaba demandando que se hiciera para que las reformas pudieran empezar a dar frutos a medio plazo -porque todos sabemos que estas reformas no dan fruto en un corto plazo-, se legislaría. Esto se dijo desde
el principio, y el que quiera puede manipular las palabras, pero las hemerotecas están ahí y las palabras están grabadas. Sabemos perfectamente -lo dijo algún representante del Partido y del Gobierno socialista- que una reforma laboral por sí misma
no arregla las cosas, pero es imprescindible. Desde esa responsabilidad, sabíamos que tenía que ser una reforma muy profunda, global, que fuera eficaz para conseguir, una vez que se inicie la recuperación económica, generar un empleo estable y con
mayores flexibilidades, que es lo que exige nuestra capacidad de competir en Europa y en el mundo.


Señorías, queda claramente expuesta la importancia que para el Grupo Parlamentario Popular, para el Gobierno del Partido Popular tienen el diálogo social y los agentes sociales. Tanto es así, que cuando se presentó el real decreto el Grupo
Parlamentario Popular, antes de proceder a la elaboración de sus propias enmiendas, se reunió públicamente con los agentes sociales. Yo no sé lo que ha hecho el resto de los grupos, desde luego cuando nosotros estábamos en la oposición también nos
reuníamos con los grupos sociales; en este caso, desde luego, siendo el grupo que apoya al Gobierno, lo primero que hicimos fue convocarles. Las reuniones han sido públicas, transparentes, con medios de comunicación y teniendo la posibilidad de
hacer declaraciones. Yo he estado presente y he visto que los agentes sociales han estado más tiempo haciendo declaraciones que el propio portavoz del Grupo Popular en esta casa. Por tanto, no podemos decir que no ha habido una negociación y que
no conocemos sus opiniones. El Grupo Popular conoce la postura de los agentes sociales, y estoy segura de que todos hemos recibido sus enmiendas. Para el Grupo Popular es muy importante el diálogo con estos agentes sociales, de los que se ha
pedido su comparecencia, que son limitados, porque son los que en este momento representan esa posición constitucional por las mayorías reconocidas de su representatividad, como son Comisiones, UGT, CEOE y Cepyme; pero desde luego, también le
importa muchísimo conocer, en ese contexto de diálogo social y del conocimiento de los agentes que intervienen y que van a utilizar esta reforma, la posición de los autónomos, de la economía social y de otros muchos colectivos a los que hemos
recibido. Por tanto, por supuesto que entendemos esa importancia y que la valoramos.


Cuando el presidente dio a los agentes sociales ese mandato y esos plazos, también dijo: Si para después de Reyes no ha habido un acuerdo, el Gobierno legislará. Es verdad que el 25 de enero hubo un acuerdo de mínimos, y el Gobierno y el
Grupo Popular lo ponderamos de una forma extraordinaria, fundamentalmente en materia salarial, que sin duda ha sido histórico. Después, se alcanzaron acuerdos en otras materias, como en la negociación colectiva, que están recogidos -lo dije en el
Pleno- en la reforma laboral; es decir, el acuerdo de flexibilizar y de llevar al ámbito de la empresa la negociación colectiva. No voy a entrar, al igual que ha hecho el señor Campuzano, porque no es este el trámite, en el fondo de la reforma
laboral, sobre todo porque entiendo que ha sido suficientemente debatida en esta Cámara la posición de mi grupo, que tuve el alto honor de defender en el debate cuando rechazamos las enmiendas a la totalidad; además, en esta Comisión vamos a tener
un debate en el que podremos entrar de manera más profunda y pormenorizada en el contenido de cada una de las enmiendas parciales.


Señorías, vuelvo a encontrarme con una contradicción, hablando en términos políticos, del Partido Socialista Obrero Español, porque en la anterior reforma de 2010 no se pidió que comparecieran los agentes sociales y ahora, de repente, es
imprescindible escucharles. Me sigue pareciendo -ya lo dije en el Pleno- que es la política del doctor Jekyll y Mister Hyde. Lo que no se puede hacer es decir que el Gobierno y el Grupo Popular imponen una reforma cuando el anterior Gobierno
-lamento decirlo, pero ahí están las hemerotecas y cuando alguien quiere hacer cosas que no se han hecho en la anterior etapa no hay más remedio que recordarlas- lo hizo en 2010; pero es que además el señor Pérez Rubalcaba dijo esta frase tan
contundente -la vuelvo a reiterar, porque ya la dije en el Pleno-: Esta reforma está aprobada y no se va a modificar. Por tanto,



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señorías, creo que el Grupo Popular ha cumplido este trámite. En el debate de las enmiendas de esta reforma -lo hemos demostrado- estamos dispuestos, como siempre, a hacer modificaciones en los temas en los que se alcancen acuerdos. No
estamos cerrados a hacerlas, pero entendemos que esta petición hecha por el Grupo Parlamentario Socialista y por Izquierda Unida está superada. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Como habíamos manifestado al principio de la Comisión que no se produciría la votación hasta las once y faltan un par de minutos, suspendemos la sesión hasta esa hora. (Pausa).


Señorías, como ya son las once de la mañana, procederemos a la votación en relación con la solicitud de comparecencias en la reforma laboral.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 23.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la solicitud de comparecencia.


Se levanta la sesión.


Eran las once de la mañana.