CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2012 X Legislatura Núm. 60

INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PABLO MATOS MASCAREÑO

Sesión núm. 4

celebrada el miércoles,

28 de marzo de 2012

ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley:


- Sobre el impuesto sobre la producción de energía termonuclear y sobre el depósito y almacenamiento de residuos. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/000059). ... href='#(Página2)'>(Página2)


- Sobre prospecciones petrolíferas en aguas canarias. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000296). ... (Página5)


- Sobre las prospecciones petrolíferas en Canarias. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000303). ... (Página6)

Página 2

Página


- Sobre la seguridad de las centrales nucleares españolas. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000239). ... (Página12)


- Relativa a la elaboración con carácter urgente de un plan energético nacional. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/000245). ... (Página15)


- Relativa al impulso a la competitividad industrial desde la eficiencia y ahorro energético. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/000258). ... (Página18)


- Sobre medidas de apoyo al sector naval. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000357). ... (Página21)


- Sobre la promoción de redes de banda ancha de velocidad ultrarrápida en España. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000444). ... (Página24)


Se abre la sesión a las cuatro y cuarenta minutos de la tarde.


PROPOSICIONES NO DE LEY:


- SOBRE EL IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA TERMONUCLEAR Y SOBRE EL DEPÓSITO Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/000059).


El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a comenzar la cuarta sesión de la Comisión de Industria, Energía y Turismo. Según el orden del día, se van a debatir 8 proposiciones no de ley, por lo que las votaciones no se realizarán antes de las
diecinueve treinta, si todo va bien, incluso puede ser algo más tarde. Vamos a utilizar el mismo método que en anteriores ocasiones; es decir, tendrá cinco minutos el proponente, cinco minutos el enmendante y tres minutos para fijar posiciones.


Por parte de uno de los proponentes, don Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, se ha solicitado una modificación del orden del día -aceptada por la mayoría de los portavoces- que consiste en debatir en segundo lugar -por tener problemas de
vuelo- y de forma conjunta los puntos números 5 y 6. A continuación se debatirán los puntos 2, 3 y 4 y finalmente los puntos 6, 7 y 8.


Como todos ustedes saben, hoy se celebran a la vez, a esta misma hora, 6 comisiones, lo que afecta tanto a los grupos pequeños que tienen que estar en varias como a muchos de los diputados de los grupos grandes que también tienen que
participar en las votaciones. Al final de la sesión, en el momento de las votaciones les pediré flexibilidad para que todos los grupos políticos estén representados, si es que están votando los pequeños en otro sitio, y así tener quórum a la hora
de votar. Los portavoces irán avisando a los vocales que estén en otras comisiones, pero aceptaré un retraso para que todos podamos estar presentes.


El primer punto del orden del día es una proposición no de ley del Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural, sobre el impuesto sobre la producción de energía termonuclear y sobre el depósito y almacenamiento de residuos. Para su defensa,
tiene la palabra doña Laia Ortiz.


La señora ORTIZ CASTELLVÍ: Esta es una proposición que hace años que venimos defendiendo desde Iniciativa per Catalunya-Verds, CHA e Izquierda Unida. No es la primera vez que viene a este Congreso una propuesta como esta. Como no se han
presentado enmiendas, espero que esta vez cuente con un apoyo mayoritario.


Desde el punto de vista de nuestro grupo, desarrollar la fiscalidad ambiental es fundamental para acercarnos a Europa en el modelo productivo, con la finalidad, por un lado, de internalizar costes y riesgos, pero también para incentivar ese
cambio de modelo productivo y que sea más eficiente desde el punto de vista energético; por otro lado, para redistribuir las rentas generadas por no tener en cuenta ciertos riesgos de seguridad, como las propias externalidades negativas
ambientales. En este caso entendemos que un impuesto sobre la energía nuclear es un avance claro en fiscalidad ambiental, como hacen muchos países de Europa, y que aplicar un tributo a la producción de energía nuclear y también sobre el depósito y
almacenamiento de residuos radiactivos sería un gran avance.


Esta es una propuesta que llega de forma muy oportuna, más si cabe que en otras ocasiones, porque precisamente esta semana el Gobierno ha anunciado un nuevo aumento de tarifas en el mes de abril, entre un 5 y un 7%; es justo cuando el
Gobierno ha decidido penalizar las

Página 3

energías renovables o cuando ha anunciado que en los presupuestos va a haber grandes recortes; es también cuando ha llegado la sentencia sobre el déficit tarifario. Por tanto, entendemos que hay muchísimas razones y que es más oportuno que
nunca aplicar este tipo de impuestos. Algunas de estas razones son: por el impacto y el riesgo que comportan la producción de energía nuclear y los residuos; también por una responsabilidad civil limitada en la producción de energía nuclear en
caso de accidente; incluso por el propio informe de la Comisión Nacional de la Energía cuando habla de los beneficios caídos del cielo para los titulares de centrales nucleares. La Comisión Nacional de la Energía cifra en más de 2.000 millones
esos beneficios caídos del cielo por tener centrales que están amortizadas pero cuya energía se cobra a precios de mercado. Si además el Gobierno anuncia que va a alargar la vida útil, por ejemplo, de Garoña, central más que amortizada, veremos que
en un futuro aumentará ese margen de beneficios caídos del cielo.


Nos parece que no hay excusas para que el Gobierno implante decididamente este impuesto a la energía nuclear, aunque si no las hay, quizá sí haya intereses, por esa estrecha relación que hemos visto entre las eléctricas y miembros vinculados
al Gobierno. No se pueden penalizar las energías renovables o recortar servicios públicos y no tocar los ingresos privilegiados de las centrales nucleares. Precisamente en Alemania un Gobierno conservador hizo esta apuesta: impulsar las energías
renovables y financiarlo a través de un impuesto a las propias centrales nucleares. Aquí les proponemos un impuesto estatal sobre la producción termonuclear y también sobre los propios residuos. Entendiendo que hay comunidades autónomas que ya
aplican ese tributo en la gestión de los residuos, se debería tener en cuenta -y lo incluimos en nuestra propuesta- esa compensación a las mismas. También proponemos que en aquellos territorios que tienen monocultivo nuclear se destine una parte de
la recaudación a un plan de desarrollo de esas zonas. Creemos que es razonable y urgente avanzar en la fiscalidad ambiental, especialmente en este sector que tiene beneficios millonarios, en un contexto de recortes y cuando tenemos que abordar la
cuestión de déficit tarifario.


El señor PRESIDENTE: Para fijar su posición, dado que a esta iniciativa no se han presentado enmiendas, por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Entiendo que estamos ante una cuestión que requeriría ser tratada como un tema de política de Estado. Por la lectura del texto y por las explicaciones de la diputada, la impresión de mi grupo es que estamos ante un
planteamiento altamente ideologizado, pero en el sentido de prejuicio; es decir, no en el sentido positivo de la ideología sino en lo que nos parece que parte de un prejuicio. El argumento del grupo proponente de crear un nuevo impuesto se basa en
dos ideas: en el impacto y en los beneficios. Puesto que tiene beneficios, hay que poner un nuevo impuesto y como el impacto no se puede medir, hay que poner en marcha también un nuevo impuesto. A mi juicio, las dos cosas son muy discutibles. En
primer lugar, el impacto radiológico de las instalaciones nucleares es uno de los pocos verdaderamente medidos y controlados; no hay nada más medido y controlado que esto. Tras muchos años de vigilancia radiológica de las instalaciones por parte
del Consejo de Seguridad Nuclear se conocen sobradamente los datos reales del impacto; estos datos se publican anualmente y están en la web del Consejo de Seguridad Nuclear. Por tanto, no creemos que este sea un argumento que nos lleve a tomar la
decisión de crear un impuesto ad cautelam. Se nos dice, por otra parte, que estas empresas tienen muchos beneficios y que, por tanto hay que crear un nuevo impuesto para ellas. Señoría, no se puede penalizar el riesgo de inversión por tener un
producto bueno; sería como decir: si usted tiene un producto bueno, es satisfactorio y no solo le permite ganar dinero sino que, además, produce un efecto positivo, que es la generación de energía, le voy a penalizar. El hecho de que el diseño
haya resultado adecuado no es un argumento para poner una penalización.


Sin perjuicio de que a lo mejor no lo he entendido bien, porque de algunos aspectos de la redacción podrían hacerse dos apreciaciones distintas, me da la impresión de que lo que quiere el Grupo de La Izquierda Plural es decir que si gravamos
la energía nuclear aceleramos la decisión de cierre; digamos que es una derivada de todo su texto: vamos a gravarla porque tiene muchos beneficios y si los gravamos a lo mejor no es rentable y, por tanto, aceleramos la decisión de cierre. No
puedo compartir esa opinión; no me cabe la menor duda de que esto no debe ser así, y menos en un país como España que es deficitario en producción.


Como decía al principio, creo que este debate requiere sentido de Estado; no niego a la diputada que lo tenga, pero desde mi punto de vista hay que plantearlo de manera profesional, hay que hacer un debate abierto y no lo usted ha
propuesto, que lo ha hecho, naturalmente, como le parece más oportuno. El debate sobre la energía nuclear y sobre todo lo relacionado con ella, porque al fin y al cabo estamos hablando de eso, requiere serenidad y sentido de Estado a la hora de
tomar las decisiones. Por ello, mi grupo votará en contra de esta proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra doña Inmaculada Riera.


La señora RIERA I REÑÉ: Desde Convergència i Unió creemos que el verdadero problema que nos obstaculiza en materia energética es la falta de estabilidad que padece el sector. No tenemos una hoja de ruta para la energía a medio y a largo
plazo, un camino pautado

Página 4

que, a nuestro entender, debería fundamentarse en las conclusiones a las que llegó la subcomisión de energía creada en la anterior legislatura, que debería servir para establecer esta hoja de ruta tan necesaria en un ámbito tan importante.
En este sentido, creemos que para que cualquier medida energética fuera eficaz debería ser considerada y contrastada en el marco global de la política energética que vaya a definirse para los próximos años. En todo caso, si se considerase la
creación de una nueva figura impositiva para la generación de energía de origen nuclear debería estar dentro de un contexto más amplio de reforma de la fiscalidad energética y medioambiental, siguiendo, además, los criterios procedentes de la Unión
Europea. No nos parece lógico tomar una decisión si no está basada en una reflexión global que tenga en cuenta el conjunto del sector energético y de acuerdo con los criterios de modificación de la actual fiscalidad energética y medioambiental que
está planteando la Unión Europea.


Por todas estas razones, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió se abstendrá en la propuesta presentada por el Grupo de La Izquierda Plural, porque creemos que cualquier paso en materia energética debe ser coherente con el horizonte
de actuación a medio y a largo plazo y en este momento está pendiente de definir.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Luis Tudanca.


El señor TUDANCA FERNÁNDEZ: Sinceramente, me parece muy interesante el debate que plantea esta proposición de La Izquierda Plural, porque la realización de una regulación que permita establecer en nuestro país una fiscalidad verde, más allá
de esta propuesta concreta, es una absoluta necesidad desde dos puntos de vista. Sin duda, desde el punto de vista medioambiental, dentro de una estrategia que permita seguir fortaleciendo en nuestro país el cambio de modelo energético que
impulsaron los anteriores Gobiernos, un cambio que, por cierto, se ha puesto en riesgo con las últimas decisiones que se han adoptado en el Ministerio de Industria; también para contribuir mediante nuevas figuras tributarias a un uso responsable de
los recursos naturales y a mitigar los efectos medioambientales negativos. Desde otro punto de vista, tampoco es irrelevante pensar que en el actual contexto económico al Estado le hace falta pensar en fórmulas que permitan incrementar los recursos
públicos. Desde luego, para mi grupo no es igual cuál sea la procedencia de estos nuevos ingresos.


Esta apuesta por seguir avanzando en la fiscalidad verde, que ya se había iniciado en muchos casos desde las administraciones autonómicas y locales, estaba en el programa electoral del Partido Socialista y, por tanto, como decía, compartimos
el objetivo de esta proposición. Extremadura, por ejemplo, ya aprobó hace años un gravamen a la producción de la central de Almaraz. Solo con este gravamen, que posteriormente se incrementó, se estimaba que se podrían recaudar 600 millones de
euros en un periodo de diez años. Por tanto, estamos hablando de algo verdaderamente trascendente. Además, diría que las propuestas que se han ido haciendo en diversos parlamentos autonómicos para implantar este tipo de impuestos en su ámbito
territorial han tenido un efecto casi milagroso sobre algunos de los mitos del lobby nuclear. Fíjense, señorías, cuántas veces hemos tenido que oír en las argumentaciones de los defensores de las nucleares que la energía nuclear era la más barata y
que, por tanto, plantearse un modelo alternativo basado en renovables era un suicidio económico. Pues bien, ha sido verle las orejas al lobo de los impuestos y cambiar de discurso. Quien diga que la energía nuclear es barata es que no sabe de lo
que habla. Podría parecer que esto lo ha dicho un portavoz de Green Peace, pero fue el presidente de la patronal eléctrica Unesa el pasado 29 de febrero. Hace tan solo un par de días, el presidente de Iberdrola, el señor Sánchez Galán, planteaba
dudas sobre la futura viabilidad económica de las centrales nucleares debido a las cuantiosas inversiones necesarias para su mantenimiento y cifraba en 6.000 millones de euros la cantidad pendiente de amortizar en Garoña. La verdad es que oyendo
estas cosas a uno casi le entran ganas de pedir al grupo proponente que retire la proposición y debatamos si debemos cambiar el régimen jurídico de las centrales nucleares y hacerlo parecido al de las fundaciones, sin ánimo de lucro, claro.


Puestos a desmontar mitos, resultan ahora ciertamente graciosos, si no fuera porque van a acabar afectando al bolsillo de los ciudadanos, aquellos cantos de sirena que abogaban por prolongar la vida de las centrales por que eso iba a suponer
energía más barata. Justo después de que el Gobierno manifieste su intención de prolongar la vida de Garoña se anuncia una previsible subida de la tarifa de la luz. Parece que en el ámbito energético tampoco ha encontrado el Gobierno las
soluciones mágicas que veía tan evidentes cuando estaba en la oposición.


Para terminar, quiero decir que viniendo de una provincia que tiene en su territorio una central nuclear, me parece especialmente relevante lo que señala la proposición de que los ingresos que genere este impuesto se dediquen también, y
fundamentalmente, a la creación en estas zonas de alternativas económicas que generen un tejido industrial sostenible y oportunidades de trabajo a sus habitantes. Solo en Burgos la central nuclear de Santa María de Garoña podría generar unos
ingresos de 14 millones de euros al año, que se destinarían al plan alternativo. Podemos imaginar cuántos puestos de trabajo se podrían crear con estas inversiones. Desconozco lo que votarán todos grupos, pero me gustaría terminar con una breve
referencia a lo que ha defendido el Partido Popular en Castilla y León. El Grupo Socialista presentó en las Cortes autonómicas una enmienda a la Ley de medidas económicas para que se implantara este impuesto y el Grupo Popular votó en contra; eso
sí, la consejera de Hacienda afirmó, apenas unos días después, que propondría al Consejo de Gobierno la creación de un impuesto, exactamente igual que el que se propone hoy, antes de

Página 5

que finalizara marzo. Estamos expectantes. El presidente de la Diputación de Burgos, del Partido Popular, y varios alcaldes de este mismo partido, afirmaron estar de acuerdo con esta ecotasa y también con que se invirtiera en la zona.


Termino señalando que hablando de prejuicios ideológicos -lo señalaba alguna compañera-, me resulta difícil de encajar con las declaraciones...


El señor PRESIDENTE: Debe terminar, señor Tudanca.


El señor TUDANCA FERNÁNDEZ: ...de Rodolfo Martín Villa, exministro de este país y militante y diputado del Partido Popular, que decía literalmente que las eléctricas deberían pagar una tasa por alargar la vida útil de las centrales.


Espero que esta proposición se apruebe y, desde luego, por coherencia, contará con el voto favorable del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Mario Flores.


El señor FLORES LANUZA: Me gustaría diferenciar los tres puntos de esta proposición no de ley. El primer punto trata de establecer un impuesto de alcance estatal sobre la producción de la energía termonuclear y sobre el depósito de
almacenamiento de residuos radioactivos con la finalidad de gravar la contaminación y los riesgos sobre el medio ambiente y la salud humana que ocasionan. En nuestra opinión, no es oportuno gravar como hecho imponible los riesgos sobre el medio
ambiente y la salud humana que ocasionan, tal y como se plantea en esta PNL, ya que supondría asumir la necesidad de establecer una imposición tributaria sobre cualquier actividad industrial que represente un riesgo. En la exposición de motivos de
la PNL en cuestión hablan de gravar la actividad de producción energética termonuclear para disminuir la rentabilidad de la misma y así acelerar la eliminación de este tipo de producción eléctrica, como se ha señalado aquí por la diputada doña Rosa
Díez. Al margen de las consideraciones políticas, de si estamos o no de acuerdo con este tipo de energía, pensamos que si esto fuera extrapolable a cualquier otra industria que no les guste acabaríamos con nuestro tejido productivo. Por cierto, la
señora Ortiz ha hablado de esos beneficios caídos del cielo, lo que me parece poco serio, y hace referencia a 2.000 millones. Es un estudio que en ningún momento ha sido oficializado por parte de la Comisión Nacional de Energía y en estos momentos
las cuentas de resultados de las empresas prácticamente no cubren ni las obras de mantenimiento y mucho menos la amortización de las mismas. De hecho, recuerdo a la señora Ortiz que en muchas ocasiones la energía nuclear entra en un pool a coste
cero por lo regular de su producción, lo que permite bajar el precio.


El segundo punto hace referencia, como ha dicho, a que hay algunas comunidades autónomas que ya están cobrando esto y que deberían resarcirse, que se les debería compensar económicamente. Hay comunidades que ya han establecido impuestos
sobre la generación nuclear o sobre el depósito de residuos radiactivos, concretamente la Junta de Andalucía y la Junta de Castilla-La Mancha. En Andalucía cobran 10.000 euros por metro cúbico por los residuos de baja y media actividad que se
almacenan en la instalación de El Cabril. En este caso se cobra dentro de unas tasas por parte de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, Enresa, y durante el año 2010 se han liquidado más de 4 millones de euros. La Junta de Castilla-La
Mancha grava el impuesto de la generación nuclear, el almacenamiento de residuos y también tiene unas contrapartidas económicas muy importantes. Como conclusión de este segundo punto quería decir que en el caso de aprobarse esta PNL estaríamos
aplicando una doble imposición que sería casi imposible de compensar de otra manera por parte del Estado.


Por último, se habla de un fondo de desarrollo de alternativas económicas en las zonas de las centrales nucleares. En este sentido, la creación del fondo aludido en este punto de la proposición es contrario al principio de la unidad de caja
establecido en el artículo 27 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, aunque dicho artículo introduce la posibilidad de que por ley se establezca su afectación a fines determinados. Efectivamente, Enresa ya está aplicando
esta tasa de residuos; este año está repartiendo, más o menos, unos 22 millones entre los municipios situados en el entorno de las instalaciones nucleares. Actualmente, se encuentra en fase de tramitación un proyecto de orden ministerial del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo que supone una modificación de estas asignaciones y se pretende incrementar aproximadamente unos 7,5 millones de euros al año. A estos fondos concretos habría que añadir lo que se recauda de los municipios
que ingresan el impuesto sobre actividades económicas y sobre bienes inmuebles.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor Flores.


El señor FLORES LANUZA: Para concluir y fijar posición, señor presidente, quiero señalar que ahora mismo nos estamos ciñendo a la Unión Europea y, como se ha dicho aquí, se está estudiando una nueva directiva. Lo más lógico y razonable
sería conocer la nueva directiva, y en este contexto no parece oportuno establecer un impuesto como el que se propone, por lo que nuestra posición es rechazar esta PNL en todos sus puntos.


- SOBRE PROSPECCIONES PETROLÍFERAS EN AGUAS CANARIAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000296).

Página 6

- SOBRE LAS PROSPECCIONES PETROLÍFERAS EN CANARIAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000303).


El señor PRESIDENTE: A continuación, se van a debatir conjuntamente los puntos quinto y sexto del orden del día. Ambos corresponden a proposiciones no de ley sobre prospecciones petrolíferas en aguas canarias. El autor de la proposición
que figura en el punto 5 es el Grupo Parlamentario Mixto (Coalición Canaria-Nueva Canarias) y el autor de la que figura en el punto 6 es el Grupo Parlamentario Socialista. A estas dos proposiciones no de ley se han presentado diversas enmiendas. A
la proposición no de ley del Grupo Mixto se han presentado siete enmiendas -tres autoenmiendas del grupo proponente y cuatro enmiendas de La Izquierda Plural- y a la del Grupo Socialista se han presentado tres enmiendas -una autoenmienda del propio
Grupo Socialista y dos del Grupo de La Izquierda Plural-.


Para la defensa de su iniciativa, por un tiempo de cinco minutos, tiene la palabra don Pedro Quevedo.


El señor QUEVEDO ITURBE: No puedo empezar de otro modo que agradeciendo al presidente, con el que tuve ayer la ocasión de hablar, y a los representantes del resto de los grupos la oportunidad que nos han dado de adelantar el tratamiento de
esta proposición no de ley, porque como hoy hay un lío de comisiones y mañana hay huelga general, teníamos algunas dificultades complicadas de resolver. Por tanto, muchas gracias a todos.


Quiero comenzar diciendo que no nos hemos presentado tres autoenmiendas porque nos hayamos vuelto locos o porque hayamos cambiado de criterio en esencial; la razón fundamental es que esta proposición no de ley fue presentada antes del
acuerdo del Consejo de Ministros que aprueba las prospecciones y las nueve cuadrículas que, como es perfectamente conocido, se han autorizado a la empresa Repsol. Lógicamente, no estamos ante la misma situación; antes estábamos ante una no
decisión del Consejo de Ministros y ahora estamos ante una decisión de esa naturaleza. Además de estas autoenmiendas, hay algunas enmiendas de La Izquierda Plural, que sobre todo en los puntos 1, 2 y 3 nos parecen razonables -creo que también hay
una del Grupo Socialista- y podemos aceptar.


En este tiempo, ha ocurrido también otra cosa, y es que se ha producido un rechazo enormemente significativo en la Comunidad Canaria. Sé que ha habido informaciones de todos los tipos y colores, pero les puedo asegurar a sus señorías que
pocas veces he visto tanta gente en la calle, sobre todo en Lanzarote y en Fuerteventura. Este es un asunto que ha inquietado enormemente a una parte de la sociedad canaria y que no va a continuar por capricho. Sería un error minimizar el efecto
que esta cuestión está produciendo sobre una parte muy significativa de la sociedad canaria. Todo esto es también producto de una cierta ruptura del diálogo institucional y de la relación de los gobiernos con los administrados. Se ha perdido la
oportunidad de haber explicado las cosas de otro modo. Así, nos encontramos ante un problema que tiene varias vertientes. La primera es un apresuramiento en la decisión. En nombre de mi grupo, les tengo que decir sinceramente que no alcanzamos a
entender la necesidad de esta decisión apresurada, cuando era evidente que se iba a producir lo que se ha producido, es decir, un rechazo institucional, de distintos tipos de organizaciones y de la sociedad civil. Esto ha sido interpretado como un
desprecio a la opinión y a los intereses canarios y podría haberse evitado. Es además una decisión que se produce sin la más mínima información que debe tener una sociedad cuando se toma una decisión que puede impactar sobre su futuro. Está claro
que la cuestión de los riesgos medioambientales no está en absoluto resuelta; no está resuelta la posible incidencia sobre la pesca y sobre la biodiversidad ni está resuelto el riesgo terrible sobre el motor de la economía canaria, especialmente en
Lanzarote y Fuerteventura, que es el turismo. Esta es una situación que contrasta con una decisión en el Mediterráneo de naturaleza opuesta y con los mismos argumentos; no es el de la distancia el que se está utilizando.


Hay otra cuestión que nos parece muy preocupante. Hay un conato de incidente diplomático con el Reino de Marruecos y lo tengo que decir en esta sede con la tranquilidad correspondiente. Hay un asunto no resuelto en relación con la mediana,
que los nacionalistas llevamos años reivindicando y que el ministro de Asuntos Exteriores marroquí ha señalado; lo ha señalado en tono menor, pero lo ha hecho. No se puede seguir mirando hacia otro lado ante la necesidad de delimitar la cuestión
de la mediana claramente. También hay un riesgo de que este tipo de actividades se desarrollen en el lado marroquí de la mediana, que es el término que se está utilizando. Evidentemente, esto tiene riesgos asociados, y creo que hay alguna enmienda
en esa línea que vamos a aceptar. No deja de ser paradójico que quien mejor haya explicado esto, además de los canarios, haya sido el señor González Pons, vicesecretario general del Partido Popular y diputado por Valencia. Como supondrán, tengo
que hacer referencia a esto. El señor González Pons ha dicho: Esta decisión beneficia a Repsol exclusivamente, no crea empleo; el petróleo es negativo para la pesca, para los cetáceos y para la flora marina; puede producir un daño turístico
irreparable; es necesario potenciar las energías renovables y utilizar el oro verde frente al oro negro. No podría haberlo dicho mejor.


Por cierto, tengo que dar una noticia, porque estoy oyendo con insistencia que no hay ningún riesgo. Les voy a leer una información de ayer de la agencia Reuters; ni una palabra en los medios españoles. Dice: Ayer precisamente se ha
producido un desastre de esta naturaleza en el Mar del Norte que ha obligado a evacuar determinadas zonas del norte de Escocia. Claro que hay riesgo. Esto está perfectamente evaluado. Tengo que decir que esto no es testarudez, no es un capricho,
no es eso del

Página 7

nonismo del que oímos hablar. Sabemos que el petróleo y los combustibles fósiles juegan un papel aún en nuestra sociedad, pero no es razonable aceptar los riesgos que supone la potencial destrucción de un sector que representa el 30% del
PIB canario, más aún en las islas de Lanzarote y Fuerteventura; que no es conveniente hacerlo sin disponer de la información suficiente; que no es bueno utilizar una información falsa, como la creación de 50.000 empleos. Esta no es la manera.
Hacemos un llamamiento al diálogo institucional, a escuchar a la gente y a entender que hay una preocupación añadida que, como es lógico, tenemos que reflejar aquí.


Finalizo ya, señor presidente. Lo que hay que potenciar son precisamente las renovables, porque en otro lugar no lo sé, pero en Canarias nos sobran el viento y el sol. No es razonable que se esté limitando el desarrollo de las renovables y
apostando por el desarrollo de una explotación de esta naturaleza, que solo genera dificultades potenciales para esta tierra. Ya han visto lo que ha planteado el cabildo de Lanzarote y van a plantear más: un incidente de ejecución de la sentencia
del año 2004 suspendió las autorizaciones del año 2001. Hay argumentos más que sobrados para rectificar esta decisión, reiniciar el diálogo y, si se demuestra que efectivamente no hay riesgos potenciales -que yo creo que es indemostrable-,
estaríamos dispuestos a estar en otra posición.


El señor PRESIDENTE: Para defender la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Sebastián Franquis, también por cinco minutos.


El señor FRANQUIS VERA: Debatimos esta proposición no de ley precisamente en un momento en el que en Canarias se ha producido una importante participación de ciudadanos que se manifestaron públicamente el pasado sábado. Más de 50.000
personas, en la mayoría de las islas Canarias, salieron a la calle a que les contaran la verdad, toda la verdad, no solo una parte de ella, que es lo que se está contando en los últimos tiempos. Los ciudadanos de Canarias tienen el derecho de que
les cuenten no solo una parte, sino las consecuencias que va a tener para el futuro una decisión de esa naturaleza.


Este asunto no es nuevo, viene de muy atrás, exactamente del año 2001. Fue precisamente un Gobierno del Partido Popular, presidido por el señor Aznar, quien inició este expediente, que fue en aquel momento recurrido por el cabildo de
Lanzarote y también por el Partido Socialista. Siempre hemos tenido una posición clara y coherente en todo este proceso; la tuvimos en 2001, la tuvimos en 2004, la hemos tenido en 2006 y la volvemos a tener 2012. Es justo, es necesario, es
responsable decir a los ciudadanos qué hay detrás de esta decisión que ha adoptado el Gobierno, porque de la noche a la mañana, precisamente en el año 2012, precisamente en el año que la Asamblea de Naciones Unidas ha declarado como el año de
apostar por las energías renovables, el Gobierno de España hace exactamente todo lo contrario y Canarias es una de las comunidades que está sufriendo esas políticas. Empezó un mes atrás, con la famosa decisión de suprimir las primas a las energías
renovables. Inmediatamente después la decisión del Gobierno fue autorizar en Canarias las prospecciones petrolíferas, justo al mismo tiempo que el ministro, el señor Soria, hablaba con sus compañeros de Valencia y les anunciaba que no se iban a
autorizar esas mismas prospecciones en la Comunidad Valenciana. ¿Por qué razón? ¡Qué casualidad! El señor Soria aplica las mismas razones de una forma distinta en Valencia y en Canarias. Dice que en Canarias las prospecciones están a 60
kilómetros de la costa de Fuerteventura. Y yo pregunto en sede parlamentaria, porque lo llevo preguntando durante meses y el señor Soria todavía no ha contestado: ¿Por qué el Gobierno autoriza que se hagan prospecciones petrolíferas a 10
kilómetros de la costa de Canarias? ¿Por qué? Si tienen claro que va a ser a 60 kilómetros, ¿por qué lo hacen a 10 kilómetros? ¿Por qué solo hablan de esa distancia y cuando se refieren a otras comunidades hablan de la distancia más corta? En
Valencia han autorizado a 4 kilómetros la distancia más corta de la costa de Valencia y a 54 la más alejada, casi igual que Canarias, y sin embargo es la razón que utiliza el Gobierno, que utiliza el ministro de Industria para justificar esa
decisión respecto a Canarias, y lo ha hecho en contra de las instituciones públicas de Canarias, en contra del Parlamento, en contra de los cabildos insulares de Lanzarote y Fuerteventura. La gente está reclamando que le expliquen por qué, por qué
este Gobierno está dispuesto a hipotecar el futuro de una comunidad autónoma que depende prácticamente en un 26% del turismo. Los datos están absolutamente claros. El señor ministro lo sabe. Esta mañana nos dijo que era por el interés general.
¿De quién? De Repsol, sin ninguna duda. Queremos que nos explique cuál es ese interés general que está persiguiendo esta decisión del Gobierno de España, porque solo ha utilizado dos argumentos, que está a 60 kilómetros y que en Valencia perjudica
al sector turístico. Hay muchas preguntas que se hacen los canarios, muchísimas preguntas: Si el Gobierno ha encargado un informe de investigación científica; si ese tipo de prospecciones afecta a una zona volcánica activa como es Canarias -lo
hemos visto en los últimos meses con el volcán submarino de la isla de El Hierro-; si se han pedido informes a los organismos de la biosfera de Lanzarote y Fuerteventura. El Gobierno se niega a pedir todo tipo de informes sobre esta materia y solo
utiliza argumentos demagógicos justificando que esto se hace por la crisis, pero esta es una decisión que ya se produjo en 2001 y entonces no tenía nada que ver con la crisis, absolutamente nada que ver. No se puede utilizar el argumento de la
crisis para justificar todas las políticas de este Gobierno.


Envidio de verdad la capacidad de influencia de los parlamentarios del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, la envidio de verdad, porque han tenido la

Página 8

capacidad de parar esta decisión respecto a la Comunidad de Valencia. Han utilizado los mismos criterios -que perjudica al turismo y perjudica al medio ambiente-, pero han tenido la capacidad de llamar al señor Soria, su amigo, el ministro
de Industria, y hacerle comprometerse a que no iba a poner en marcha las prospecciones en aquella comunidad. Por eso les pido, especialmente a los parlamentarios de Canarias del Partido Popular, que ejerzan su influencia en beneficio de los
intereses de Canarias, para explicar a los ciudadanos por qué se toma esta medida corriendo, en contra de todas las instituciones públicas de la comunidad autónoma y sin ningún tipo de información y consenso. ¿Qué intereses hay detrás de esta
decisión del gobierno?


Quiero acabar mi intervención leyendo algunas palabras que es bueno recordar especialmente a los diputados que lo han sido en anteriores legislaturas. Quiero acabar mi intervención de esta manera: Por tanto, no queremos el oro negro,
queremos el oro limpio, el azul y el amarillo de nuestras aguas y de nuestras playas, el de la energía de futuro. Hay que hacer una apuesta por las nuevas energías. España no debe depender de terceros energéticamente y la solución no es encontrar
el petróleo en frente, que a lo mejor aparece en nuestras costas, pero no es la solución definitiva para el futuro de nuestra comunidad. La industria del petróleo no crea riqueza más que para una empresa que lo explota; no traerá riqueza ni a
Fuerteventura ni a Lanzarote ni a Canarias. Señorías, el Gobierno no debe tomar estas decisiones sin consultar con las comunidades autónomas que son competentes en medio ambiente; no puede ignorar a la Comunidad Autónoma de Canarias a la hora de
aceptar que se hagan este tipo de prospecciones petrolíferas en sus costas. Señorías, esto no puede dejarse solo en manos del ministro de Industria; la Comisión de Medio Ambiente tiene algo que decir, porque la industria no puede desarrollarse
allá donde el impacto medioambiental puede ser irreparable. Hay lugares que valen más que el petróleo: el Parque Natural de Archipiélago Chinijo, la reserva integral del Roque del Este, el Parte Natural de Isla de Lobos, el Parque Natural de las
Dunas de Corralejo, etcétera.


El señor PRESIDENTE: Señor Franquis, vaya terminando, por favor.


El señor FRANQUIS VERA: Acabo.


No son solo nuestros paisajes, sino también nuestra personalidad y nuestra identidad común como ciudadanos, como pueblo en nuestra comunidad. Si hay petróleo frente a las costas de Fuerteventura y de Lanzarote es mejor no saberlo, porque si
lo sabemos algún día habrá alguien que querrá extraerlo.


El señor PRESIDENTE: Señor Franquis.


El señor FRANQUIS VERA: Acabo.


Lo que les pido es que hoy voten por un horizonte sin torres petrolíferas frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura. Les pido que elijan playas, tortugas y cetáceos y que elijan vida antes que humo y petróleo. Por eso les pido su
voto para la defensa de las costas canarias. Estas palabras fueron dichas por el señor González Pons en una proposición no de ley que presentó hace un año y medio en el Congreso de los Diputados, justo en este ámbito, en esta sede parlamentaria.
Solo he cambiado algunas palabras que ustedes ven en amarillo, cuando me refiero a Canarias, el resto es una copia íntegra de la proposición no de ley que fue apoyada por todos los grupos políticos de la Cámara. Espero que ustedes sean coherentes y
apoyen la misma propuesta que hemos traído hoy a esta Comisión.


El señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural tiene la palabra don Chesús Yuste.


El señor YUSTE CABELLO: En la larga lista de decisiones erróneas que ha adoptado en menos de cien días el ministro de Industria, la última es precisamente la autorización de las prospecciones petrolíferas en Canarias, una decisión que solo
puede calificarse de disparate medioambiental y social para el archipiélago canario y para el pueblo canario. Nadie desconoce que la economía canaria se sustenta en el turismo, que supone una tercera parte de su PIB, y también en la puesta en valor
de su inmensa riqueza medioambiental. Canarias es un país precioso, que cuenta con innumerables recursos naturales. Solo en Lanzarote y Fuerteventura, las dos islas más cercanas a la prospección petrolífera, existen una docena de espacios
naturales protegidos, algunos incluidos en la Red Natura 2000; no los voy a citar, porque ya lo ha hecho el portavoz del Grupo Socialista. Toda esa riqueza está amenazada por los riesgos que supone una prospección petrolífera como la que Repsol
pretende. La propia Repsol ha reconocido que sus sondeos pueden producir vertidos y derrames, con las consecuencias que eso implica para el medio ambiente y para el turismo. Canarias, con su elevadísima tasa de paro en la actualidad, no puede
hacer experimentos con el petróleo.


Esa decisión del ministro ha concitado la mayor unanimidad que se conoce en la sociedad canaria en su contra. Las manifestaciones masivas del fin de semana así lo confirman y los acuerdos institucionales y los manifiestos de organizaciones
sociales de todo el archipiélago también lo atestiguan. Los canarios no pueden entender que el Gobierno Rajoy utilice una doble vara de medir al rechazar las exploraciones petrolíferas en el Mediterráneo para evitar peligros de cara al turismo en
Baleares y en la Comunidad Valenciana y, sin embargo, no tenga inconveniente en autorizarlas en Canarias. La gente no lo entiende y, desde luego, La Izquierda Plural tampoco. ¿Cómo puede el señor Soria paralizar las energías renovables, que son
vitales para el futuro de Cana

Página 9

rias, y abrir la puerta al chapopote? Nadie lo puede entender. Desde luego, nosotros no lo entendemos y nos gustaría que el Grupo Popular nos lo explicase, si puede.


Nuestro grupo va a apoyar las dos iniciativas que se debaten hoy, la de Coalición Canaria-Nueva Canarias y la del Grupo Socialista, aunque hemos presentado cinco enmiendas a la primera y dos enmiendas a la segunda en la línea del acuerdo del
Parlamento canario que se ha adoptado en el Pleno del 6 y 7 de marzo. Nuestra intención es trasladar la resolución aprobada en Canarias al Congreso de los Diputados y, de paso, completar ambas proposiciones no de ley. Perseguimos con esas
enmiendas dos o tres objetivos: el primero, constatar los riesgos para la industria turística y el empleo, la biodiversidad marina y la pesca; el segundo, abrir un proceso de diálogo directo en la Unión Europea sobre las repercusiones de las
autorizaciones petrolíferas a cargo del Reino de Marruecos y su posible afección en Canarias, y el tercero, suprimir el apartado segundo de la iniciativa de Coalición Canaria, que nos suena mal. Se habla de postergar cualquier decisión hasta
conocer los beneficios para los canarios y nos parece una expresión desafortunada, como si la riqueza natural de Canarias estuviera en venta. No nos gustó y por eso propusimos su supresión. En ese sentido, nos agrada que, a través de las
autoenmiendas que ha planteado el grupo proponente, ese párrafo haya sido suprimido, con lo cual, en la parte que le corresponde, entiendo asumida esa enmienda.


En todo caso, quiero terminar haciendo nuestras las palabras con las que concluía el manifiesto 'No a las petroleras, sí a las renovables', suscrito por medio centenar de organizaciones sociales de todo tipo, bien representativas de la
sociedad Canaria, y que decían así: Somos conscientes de que la dependencia del petróleo no puede cambiarse de la noche a la mañana, pero también de que Canarias se encuentra en un momento crucial para definir el modelo de islas que queremos legar
a las generaciones venideras. Reunimos las condiciones naturales óptimas para aspirar a convertirnos en uno de los modelos mundiales de energías alternativas. Tenemos sol, viento y mareas, que al contrario del petróleo son inagotables y nos hacen
mucho menos dependientes. Pero este amplio debate exige información por parte de los poderes públicos y que esa información sea transparente. Exigimos el derecho a decidir nuestro futuro, pero de forma democrática, participativa, que cuente con
todos los sectores de la sociedad.


El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Vasco no está. Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra doña Rosa Díez, para fijar posición, por un tiempo de tres minutos.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Como ha dicho, aunque con otra intención, el representante de La Izquierda Plural ahora mismo, a veces los intereses locales o regionales se articulan como una posición política, pero con precio de compra, y se
terminan imponiendo, o pretenden hacerlo, al interés general. El debate que he escuchado hasta este momento en esta Comisión respecto a estas dos proposiciones no de ley me ha hecho preguntarme a mí misma si estaba en el Parlamento de Canarias o
estaba en el Parlamento nacional, en el que los diputados debemos representar y defender el interés general. Aquí no estamos en un debate sobre Canarias, no estamos en un debate para defender los intereses de Canarias, porque los intereses de
Canarias no pueden ser diferentes de los intereses de España y los intereses de España no pueden ser diferentes de los intereses de Canarias. De eso se trata, de compaginar ambos y de no poner precio a las cuestiones y esconder ese precio en lo que
aparenta ser una posición política.


Comparto la necesidad, si esto es lo que hay en el fondo -tendrá que ser muy en el fondo, porque no lo he visto-, de adoptar todas las cautelas necesarias y las medidas requeridas para evitar los riesgos medioambientales, pero una cosa es
adoptar medidas de prevención de acuerdo con la legislación vigente, con la más rigurosa que se pueda aplicar, y otra bien distinta es no hacer nada o posponer las decisiones, como propone el Grupo Socialista. Me resulta sorprendente -insisto- esa
posición del Grupo Socialista, que no articula una posición definida y se limita a posponer cualquier decisión a que la Unión Europea decida una normativa. Para un partido que acaba de gobernar en España, que tiene responsabilidades de gobierno y
que es un gran partido -entiéndanme, un partido grande, un partido que ha asumido muchas responsabilidades y que las asume en este momento en muchos lugares de España-, esperar a ver lo que dice la Unión Europea es realmente inútil, muy poco
positivo y un tanto decepcionante, por lo menos para esta diputada.


Precisamente ahora -por negar alguna de las cosas que se han dicho-, teniendo en cuenta la actual situación económica española, nuestra dependencia energética de la energía primaria -que es del 47,3% en materia de productos petrolíferos y
del 23,5% en gas-, la situación de Canarias -esto sí- y la situación de España -esto también- desde punto de vista del paro, de la crisis económica y de la crisis social, es cuando hay que hacer cosas, es cuando hay que tomar iniciativas y es cuando
los ciudadanos nos piden que hagamos algo más que esperar a que nos resuelva los problemas la lluvia o yo qué sé qué otra cosa que se decide al margen de nuestras propias responsabilidades. Nuestra posición, la posición de Unión Progreso y
Democracia, es favorable a que se investigue y se conozca a fondo el potencial petrolífero de nuestra plataforma continental. Somos completamente favorables a que se investigue y se conozca a fondo, con todas las cautelas, pero no esperando a que
alguien venga de fuera a resolvernos las cuestiones. Por cierto, eso no supone en ningún caso una desviación del desarrollo de las tecnologías limpias, en ningún caso. No lo supone en ningún otro país que esté haciendo esta investigación y desde
luego no lo supone tampoco en España. Ojalá que el problema de España

Página 10

fuera cómo gestionar bien unos yacimientos petrolíferos como los del Mar del Norte en Gran Bretaña, por poner solamente un ejemplo. Ojalá ese fuera nuestro problema y no el más del 30% de parados en algunos lugares de España, más del 22%
del paro y todas las demás cuestiones que tienen que ver con la crisis política, económica y social que sufre nuestro país. Vivir en la ignorancia puede ser muy cómodo, a veces lo más cómodo, pero, desde un punto de vista político, preferir la
ignorancia al conocimiento es una grave irresponsabilidad. Votaremos en contra de las dos proposiciones no de ley.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra doña Inmaculada Riera.


La señora RIERA I REÑÉ: Debatimos las dos proposiciones no de ley presentadas por el Grupo Mixto y por el Grupo Socialista sobre las prospecciones petrolíferas en Canarias. Es cierto que las prospecciones de hidrocarburos, en caso de tener
éxito, pueden aportar una ventaja importante, que es la de reducir la dependencia española en la importación de gas y petróleo. Convergència i Unió reconoce el atractivo y el activo que supone esta opción, sobre todo en un momento de excesivo
déficit energético como el actual. También entendemos que la comunidad autónoma implicada, en este caso Canarias, estaría sujeta a potenciales beneficios en caso de éxito de la explotación. Convergència i Unió considera asimismo que es prioritario
y decisivo que en caso de que la concesión de derechos de investigación de hidrocarburos sobre una zona -concesión que permite exclusivamente que la empresa investigue la existencia de hidrocarburos y que es lo que se aprobó en el Consejo de
Ministros del 16 marzo- prospere, es decir, en caso de que a raíz de la investigación la empresa quiera realizar prospecciones, se debería requerir una tramitación previa que evalúe el riesgo medioambiental y denegar cualquier prospección si el
riesgo resulta elevado, pues en este caso dejarían de estar justificados los beneficios sobre la comunidad autónoma y sobre la economía en general.


Por último, a pesar de que hayamos obviado aparentemente los beneficios asociados a las prospecciones, creemos que estos beneficios deben ser percibidos por todas las partes implicadas para que se dé luz verde a este proyecto. Para
Convergència i Unió es requisito indispensable que se tenga en consideración la decisión de la comunidad autónoma afectada, pues ella es parte directa del proyecto, mientras que los demás pueden ser más observadores que participantes activos.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Guillermo Mariscal.


El señor MARISCAL ANAYA: Señorías, ¿qué país renuncia a conocer si existe o no petróleo en su subsuelo? Quiero que me respondan a esta pregunta quienes han formulado estas dos proposiciones no de ley. ¿Qué país renuncia a conocer si
existe o no petróleo en su subsuelo? Nos quieren negar el conocimiento de los recursos de los que dispone España. Nos niegan el conocimiento para después decirnos lo que debemos y no debemos hacer. Necesitamos conocerlos para valorar
posteriormente si conviene o no su explotación y eso es lo que pretendía y pretende el real decreto. El desarrollo de los recursos propios es fundamental en el mundo de la energía. Tengan en cuenta ustedes que actualmente el precio del barril de
petróleo está en 120 dólares, que si lo expresamos en euros es el más caro de la historia. La Agencia Internacional de la Energía plantea para 2035 un precio de 210 dólares/barril. ¿Ustedes saben que somos dependientes del petróleo en un 99%?
¿Saben que tenemos un déficit de 28.000 millones de dólares/año? ¿Saben que el 94 % del transporte utiliza hidrocarburos, esos hidrocarburos que permiten que los turistas se desplacen a Canarias en aviones y barcos? Los 12 millones de turistas que
vienen cada año, ¿cómo vienen en su gran mayoría? Dejemos de hacer demagogia, intentemos en la medida de lo posible analizar, con argumentos técnicos y de forma serena, qué es lo que ocurre, porque, si no, empezamos con un planteamiento de
desconocimiento y desinformación que trae consigo el rechazo y del rechazo pasamos a la violencia, como está ocurriendo en alguna de las islas Canarias hacia mis compañeros del Partido Popular.


¿Qué es lo que presentó el Gobierno el pasado viernes? ¿Qué pretende el decreto? El decreto permite investigar. Investigar no es explotar, es una cuestión que ambos grupos desconocen. Esa investigación se realizaría a 60 kilómetros de
las costas canarias, justo en la mediana imaginaria que separa Marruecos de España -por cierto, al señor de Nueva Canarias quería preguntarle que qué argumentos jurídicos tiene para esgrimir que esas aguas no son españolas-; con una probabilidad
estimada del 20%, cuando las compañías petroleras a partir del 10% realizan estas investigaciones y con una posible cantidad de petróleo que cubriría el 10% del consumo diario. Ante esta situación, ¿por qué quieren negarnos esa posibilidad? ¿Cuál
es esa pretensión? ¿Por qué desean hacerlo, cuando después de este proceso hay un proceso de veinte a veinticuatro meses para establecer una declaración de impacto ambiental que es vinculante y que anunciará si se puede o no se puede explotar, que
requiere preceptivamente el informe de la Comunidad Autónoma de Canarias, de los cabildos, de las organizaciones ecologistas y de todos aquellos que estén implicados, para proteger la flora y fauna, que también es uno de nuestros requisitos y de
nuestros principios como miembros del Partido Popular? Cada sondeo, cada trabajo tendrá obligatoriamente su declaración de impacto ambiental, por qué engañar, señorías.


Hagamos un poquito de historia que en este caso es muy conveniente. El señor Rivero, el presidente del Gobierno de Canarias y presidente de Coalición Canaria, anunciaba que era muy partidario de los beneficios fiscales que traerían consigo
las prospecciones petrolíferas,

Página 11

el día 2 de enero. Además en el Pecan, en el Plan energético de Canarias, también se anuncia ya la necesidad de que haya prospecciones en Canarias y ese plan lo presentó un consejera de Coalición Canaria. Si hablamos del Partido
Socialista, evidentemente además de mentir aquí hay mucha irresponsabilidad. Irresponsabilidad, señor Franquis. El señor López, lehendakari en el País Vasco, anuncia a bombo y platillo la extracción y perforación en Álava para buscar gas. El
señor Pérez, el día 31 de enero de este mismo año, anuncia que el Partido Socialista haría prospecciones con los ojos cerrados. ¿Qué ha ocurrido para cambiar de opinión? ¿Por qué hemos cambiado de opinión de repente? ¿Qué es lo que ha pasado?
¿Por qué no verbalizan las razones para ese cambio de opinión? ¿Qué tipo de rentabilidad estamos buscando? ¿De dónde viene esa irresponsabilidad? Ocurre lo siguiente, se dicen aquí unas cosas y se han pensado otras. Se dijeron unas y se gritan
ahora otras. Eso se llama hipocresía, señorías. Hipocresía, que es el principal argumento que están esgrimiendo en esta Cámara. Por último, ya está bien de decir que no va a haber un retorno claro o efectivo a Canarias, una comunidad autónoma con
341.9000 personas que quieren trabajar y que no pueden. Segunda comunidad autónoma con más parados después de Andalucía. ¿De qué estamos hablando, señorías? Hay claramente identificados retornos directos, mediatos e inmediatos. Inmediatos 350
millones de euros de gastos de capital solamente para hacer un pozo de investigación, señorías.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor Mariscal.


El señor MARISCAL ANAYA: Para hacer un pozo de investigación, señorías, parte de lo cual retornaría a nuestra tierra. En segundo lugar, de forma inmediata, un relanzamiento de la actividad portuaria, de nuestra industria que está solamente
en un 4%, de la capacidad eléctrica, de la ocupación hotelera, del aprovisionamiento de buques y, de manera mediata, evidentemente, si al final se ve la necesidad de que se puede hacer, si las declaraciones de impacto ambiental así lo permiten y hay
explotaciones petrolíferas, un retorno evidente a través del impuesto sobre sociedades y de la modificación que habrá que hacer del Régimen Económico y Fiscal. Tengamos muy claro, señorías, que cuando hablamos de cosas relacionadas con la energía,
con el futuro de nuestra tierra, de una tierra que sufre un paro del 30%, tenemos que ser más serios e intentar evitar en la medida de lo posible no utilizar argumentos técnicos, claros y concisos y apartar de una vez ya, por favor, la demagogia,
los insultos y la falta de criterio, que es la que han estado ustedes esgrimiendo tanto aquí como en Canarias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Señor Quevedo, las preguntas retóricas no son para contestar por los diputados, por lo que tendríamos que llamar también al señor González Pons para que viniera a la Comisión. Tiene una intervención, señor Quevedo,
exclusivamente para manifestar si acepta o no las enmiendas presentadas a su iniciativa por parte del portavoz de La Izquierda Plural, rogándole que no abra el debate, porque si lo abre tendré que dar otro turno al que lo pida. Le agradecería que
se manifestara solamente sobre las enmiendas a su iniciativa.


El señor QUEVEDO ITURBE: Desde luego, no se preocupe que el debate no se va a acabar aquí, eso se lo garantizo.


En relación con las enmiendas ya he planteado que las enmiendas que se nos hace a los puntos 1 y 2, estamos de acuerdo, porque la PNL es anterior al acuerdo del consejo. Sí aceptaríamos esto. En el caso del Grupo Socialista hay una
enmienda que queda igual, plantea que se retire la adhesión del Consejo de Ministros. Otro día le explico al señor de La Izquierda Plural por qué estaba escrito como estaba escrito el segundo punto.


El señor PRESIDENTE: La enmienda de sustitución a los puntos 1 y 2, que es de supresión, se aceptan. ¿La enmienda número 3 que es de adición?


El señor QUEVEDO ITURBE: Sí, no habría problema tampoco.


El señor PRESIDENTE: ¿La enmienda número 4 de adición?


El señor QUEVEDO ITURBE: Sí.


El señor PRESIDENTE: ¿La enmienda número 5 de adición?


El señor QUEVEDO ITURBE: Sí, esas se aceptan todas, pero hay un problema porque hay un punto en el que se plantea -no tengo la información, no lo pudimos sacar por escrito y lo tengo que ver aquí directamente- retirar el punto 5 y con esto
no estamos de acuerdo. No consideramos que el tema de la mediana deba ser retirado de esta proposición no de ley, porque es un tema central.


El señor PRESIDENTE: Aceptan todas las enmiendas, menos la número 2.


El señor QUEVEDO ITURBE: Excepto retirar nuestro punto 5, que estaba en la enmienda 2.


El señor PRESIDENTE: No aceptan la enmienda número 2 que es la supresión de los puntos 2, 4 y 5.


El señor QUEVEDO ITURBE: Lo que no acepto es la supresión del punto 5. De los puntos 2 y 4 no importa, porque están sustituidos en el resto de las enmiendas. No me importa que se diga de esa manera.

Página 12

El señor PRESIDENTE: Señor Franquis, para manifestar si acepta o no las enmiendas presentadas por La Izquierda Plural.


El señor FRANQUIS VERA: Sí, aceptamos las enmiendas presentadas por La Izquierda Plural.


- SOBRE LA SEGURIDAD DE LAS CENTRALES NUCLEARES ESPAÑOLAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000239).


El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos al punto número 2 del orden del día, que no tiene enmiendas, que es una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la seguridad de las centrales nucleares españolas. Para su
defensa tiene la palabra, por un tiempo de cinco minutos, el señor Segura.


El señor SEGURA CLAVELL: Tal como sus señorías pueden leer en la exposición de motivos de esta iniciativa, esta iniciativa tiene su origen en la voluntad política de exigencia de mandatos derivados de acuerdos plenarios en las Cortes
Generales. Concretamente, el 20 de abril de 2011, en la pasada legislatura, a instancias del Grupo Parlamentario Socialista, el Pleno del Congreso de los Diputados acordó lo siguiente: Punto número 1, con los apartados a), b), c), d), e), f), g),
etcétera; punto número 2; punto número 3, etcétera, que me tomo la libertad de recomendarles a los miembros de esta Comisión que vuelvan a releer esos acuerdos, porque, sin duda alguna, van a convertirse en una especie de columna vertebral de
futuros debates, inexorablemente en esta Comisión y en el Pleno. ¿De qué se trata? A raíz del desgraciado accidente de Fukushima en el mundo entero se produjo una convulsión y se reabrieron los debates acerca del futuro de la energía nuclear a
efectos de integración en las políticas en cada uno de los países. Las decisiones que tomó el Gobierno alemán y las que han tomado otros Gobiernos no son motivo de discusión en estos instantes, pero marcaron una línea directriz. Ahora nos
encontramos con que los puntos 4 y 5 de aquel acuerdo plenario no se han cumplido. El punto 4 establece: Presentar un informe en el Congreso de los Diputados con toda la información recopilada y los resultados y conclusiones que se deriven de
dichos estudios y pruebas con las cautelas que se consideren oportunas en relación con la salvaguarda de la seguridad pública y la prevención del terrorismo y no ha entrado en las Cortes Generales el informe preceptivo obligatorio dimanado del
contenido de este punto. El punto 5 establece: A continuación llevar a término todas las acciones conducentes a hacer efectivo el acuerdo del Consejo de Ministros del cierre de la central de Santa María de Garoña, cumplido su ciclo de vida útil en
consonancia con las exigencias y garantías que se deduzcan del estudio. Esto será motivo de un debate próximo porque, a buen seguro, según el Gobierno ha anunciado, se pretende ampliar el periodo de vida de la central de Santa María de Garoña.


Señorías, seamos sensatos y no nos situemos en una posición de esconder una realidad. Todos los ciudadanos tenemos que tener claro que en la gestión de la energía nuclear ha habido un antes y un después de Fukushima y aunque algunos, por
sus intereses económicos, se empeñen en tapar y tratar de minimizar las consecuencias de un accidente como el que tuvo lugar en esa central japonesa, no tiene sentido esa visión simplista o la actitud cobarde de esconder el análisis de una realidad.
Sencillamente se corresponde con una visión que busca anular el debate y que los ciudadanos no tengan la oportunidad de conocer a fondo la seguridad de sus instalaciones nucleares. Señorías, las pruebas de resistencia de las instalaciones nucleares
deben servir para que se conozcan bien, por parte de todos, los riesgos a los que todos estamos sometidos. Otra cuestión que debe de ser objeto de tratamiento -y se recoge en el acuerdo del 20 de abril de 2011- es el análisis derivado de la
exploración exhaustiva de los riesgos. Ante todo tenemos que conocer cuáles son esos riesgos, tienen que ser cuantificados, deben tenerse en cuenta en todas las decisiones económicas, energéticas y sociales que adopten las instituciones públicas y,
obviamente, las Cortes Generales.


Sin embargo, queridos colegas, porque este es un tema que debe ser de honesta reflexión intelectual y de honestas decisiones de índole político, debemos tener muy presente que el conjunto de riesgos que podríamos llamar -permítanme que lo
diga entrecomillas- externos, que tienen su origen en fenómenos completamente ajenos a la voluntad del gestor de la central o del operador de la central, son riesgos que han de ser evaluados en el mundo actual. Hace muy poco tiempo este diputado ha
tenido la oportunidad, con la luz verde de su grupo parlamentario, de presentar una proposición no de ley, bastante exhaustiva -permítanme la terminología- en su exposición de motivos, que será objeto de debate en el seno de la Comisión Mixta para
la Unión Europea, en la que planteamos la necesidad de que las instituciones de la Unión Europea, con carácter global, elaboren una especie de protocolo de reacción para la preservación de la vida en el control de aquellas instalaciones, tanto
centrales nucleares como elementos tecnológicos para las comunicaciones o para la movilidad, como consecuencia de que estamos viviendo un periodo de dos o tres años donde se están produciendo fenómenos naturales conocidos como tormentas solares. No
se puede considerar este como un tema baladí. Los fenómenos vinculados a la naturaleza, como riadas, como ocurrió en Fukushima, un tsunami de esas características, o por ejemplo temblores de tierra, pueden originar accidentes en el entorno de las
centrales nucleares que deben ser evaluados, que deben ser cuantificados y que deben ser protocolizados. Aguas arriba de una central nuclear existen instalaciones de grandes depósitos de agua y aguas abajo exactamente igual.

Página 13

Temblores de tierra de diferente índole pueden producir auténticas catástrofes en centrales nucleares situadas en territorio continental como son las nuestras.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor Segura.


El señor SEGURA CLAVELL: Desgraciadamente.


El señor PRESIDENTE: Desgraciadamente, pero vaya terminando.


El señor SEGURA CLAVELL: Desgraciadamente, voy a ir terminando, porque son muchas las consideraciones de naturaleza tecnológica que me gustaría poner sobre la mesa, pero con un presidente tan duro como el que tenemos en esta Comisión
(Risas), no me queda más remedio que plegarme a sus indicaciones.


Termino. El objeto de nuestra proposición no de ley es decirles que somos conscientes de que el Gobierno lleva gobernando tres o cuatro meses, que lamentablemente para los socialistas y para el pueblo en general nos parecen tres o cuatro
años por lo duro de las decisiones que han adoptado. Deberían traer a esta Comisión ese informe, para que la ponencia especializada en temas de análisis de los informes del CSN lo estudie exhaustivamente. Pedimos que se cumpla ese mandato que se
aprobó el día 20 de abril de 2011, que venga esa información, que se adopten.


El señor PRESIDENTE: Señor Segura, tiene que terminar.


El señor SEGURA CLAVELL: Oiga joven, un instante. (Risas).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Segura, pero tiene que terminar.


El señor SEGURA CLAVELL: ...decisiones sólidas, porque estamos hablando de seguridad.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Segura.


El señor SEGURA CLAVELL: Por llamarle joven o por haber terminado. (Risas).


El señor PRESIDENTE: También.


A continuación para fijar posición, por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra doña Maite Ariztegui.


La señora ARIZTEGUI LARRAÑAGA: El modelo energético que defendemos desde Amaiur pasa por la desaparición de la energía nuclear y la apuesta decidida y real por las energías renovables que nos hagan cada vez menos dependientes. Consideramos
imprescindible contar con instrumentos de soberanía para decidir en Euskal Herria sobre los medios y sistemas que nos aseguren la suficiente y necesaria energía de manera sostenible, es decir, abogamos por nuestra soberanía energética. Mientras
avanzamos en este sentido, apostamos también por extremar la seguridad y, en ese sentido, valoramos positivamente esta proposición.


Queremos mostrar aquí nuestra grave preocupación, porque lo ocurrido hace un año en Fukushima dejó claro que la energía nuclear no es ni limpia ni segura. Hoy tenemos que su central gemela, porque son idénticas, la de Garoña, a solo 20
kilómetros de Álava y muy cerca de otras localidades, tuvo el lunes una parada no programada tras detectar un fallo de presión, paradas que vienen siendo cada vez más habituales y que realmente están generando una preocupación muy grande en la
ciudadanía. Por mucho que el CSN apele a la tranquilidad, pecando nuevamente de falta de transparencia a la hora de informar a la ciudadanía, porque está claro que tratándose de energía nuclear no hay riesgo cero, este fallo evidencia desde luego
la necesidad de abordar, de manera inmediata, el cierre definitivo de la central llamada de las mil grietas, como se conoce a Garoña. Todas las instituciones circundantes, la última el Ayuntamiento de Zaragoza, y la gente en las calles, aquí y
allá, lo viene repitiendo constantemente. Sabemos que hay una orden ministerial para cerrarla al año que viene y consideramos inadmisible prorrogar la vida útil de esta central obsoleta, como pretende el Partido Popular. El negocio de las
eléctricas no puede estar por encima de la seguridad de la ciudadanía, por eso estamos a favor de esta proposición y por el cierre de Garoña ya.


El señor PRESIDENTE: A continuación por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, don Chesús Yuste.


El señor YUSTE CABELLO: El debate de hoy es cómo volver a meter al genio dentro de la lámpara. La seguridad de las centrales nucleares consiste en eso, en intentar volver a meter dentro de la lámpara al genio que ha estado produciendo
energía. Cada varios años un accidente en una central nuclear enciende todas las alarmas y, desde luego, el último que tenemos de referencia es la catástrofe de Fukushima del año pasado. El análisis de Fukushima muestra que la causa real del
accidente nuclear no fue ni el terremoto ni el tsunami, estos solo causaron la pérdida del suministro eléctrico a la central. La auténtica causa del accidente fue el deficiente diseño de los reactores de agua en ebullición y su pésimo sistema de
contención, que fueron incapaces de actuar de forma eficaz ante un problema de falta de refrigeración del núcleo por la falta de aporte eléctrico externo. Esto se hubiera producido antes o después sin necesidad de un terremoto o un tsunami, podría
haber ocurrido a merced de un atentado terrorista, de un ciberataque, de un sabotaje, del impacto de un avión, de una tormenta, de un fallo técnico o de errores humanos, todas

Página 14

estas causas podrían haber provocado un accidente como el que ocurrió en Fukushima. Escenarios que deberían de ser evaluados por las pruebas de resistencia, los stress tests, en la Unión Europea y también en el Estado español. El Grupo
Socialista dice que las pruebas no se han realizado en todos los supuestos requeridos y solicita en esta proposición no de ley que debatimos ahora que se cumplan íntegramente. Tiene razón, pero se queda corto a nuestro juicio, las pruebas de
resistencia no estuvieron a la altura de la gravedad de los hechos ocurridos en Fukushima. Por ejemplo, no se evaluó el impacto sobre una central nuclear de un terremoto de la magnitud de Lorca, sin ir más lejos. Un terremoto de la magnitud de
Lorca podría haber provocado el accidente y, sin embargo, no ha habido prueba de resistencia sobre eso. Tampoco se ha evaluado el impacto de un atentado terrorista o de un accidente de un avión, por poner un par de ejemplos.


La industria nuclear y el Consejo de Seguridad Nuclear han preferido ignorar los peligros. En Japón también hicieron lo mismo en su día, ignoraron los peligros, porque entendían que eran poco probables, y han tenido que pagar las
consecuencias. Desde La Izquierda Plural entendemos que no deberíamos repetir esos errores. La tozuda realidad nos demuestra que ningún reactor es 100% seguro. Ningún sistema de regulación garantiza la seguridad total, como tampoco existe una
forma segura de almacenar los residuos radioactivos de alta actividad durante cientos de miles de años. Esto no se ha descubierto todavía. Nuestro grupo parlamentario está de acuerdo con esta iniciativa e incluso nos gustaría que se fuera más
allá, que se evaluara el impacto de terremotos de mayor grado, el impacto de aviones, de sabotajes, de ciberataques, entre otro tipo de accidentes externos que podrían desencadenar catástrofes como la que lamentablemente se produjo en Fukushima.
Nuestro grupo está dispuesto a votar a favor de esta iniciativa.


El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), don Antonio Picó.


El señor PICÓ I AZANZA: Desde Convergència i Unió defendemos que en el futuro la política energética sea menos dependiente, económicamente más competitiva y más limpia. A pesar de que la energía nuclear cumple algunos de estos requisitos,
como por ejemplo el de la competitividad, ya que es barata en comparación con otras fuentes y reduce la dependencia en tanto que no procede del exterior, estamos de acuerdo en que la energía nuclear es aún necesaria, pero deberá ir perdiendo fuerza
con el tiempo en detrimento de otras energías más sostenibles y más limpias. No obstante, entendemos que este cambio debe llevarse a cabo de forma paulatina, pues la realidad del momento es que los costes asociados al cese del suministro propio de
energía atómica acarrearían más ineficiencias que ventajas para la sostenibilidad del sistema energético actual, lo cual es altamente indeseable ante el problema del déficit de tarifa y por la fuerte dependencia energética general que padecemos en
el Estado. A pesar de la apuesta progresiva de reducción de la energía nuclear, consideramos que en la actualidad esta energía debe perdurar, pero garantizando las mejores condiciones de seguridad posibles y exigibles.


Estamos plenamente de acuerdo en que la seguridad de las centrales nucleares en España es prioritaria, como demanda la proposición no de ley del Grupo Socialista. Dicho esto, y reiterando a la vez nuestro apoyo a la proposición no de ley
aprobada por unanimidad el 20 de abril de 2011 por el Pleno, no podemos apoyar la propuesta del Grupo Socialista ya que consideramos, en primer lugar, que el Consejo de Seguridad Nuclear ya incluyó el contenido de la citada proposición no de ley,
después de aprobar el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear, de 20 de junio de 2011, una serie de pruebas complementarias a los test de resistencia. Estas pruebas iban más allá de las aprobadas por la Comisión Europea y tenían por objeto mitigar
las consecuencias derivadas de un ataque externo, de cualquier índole, en las centrales nucleares españolas; cosa que, repito, no ha sido incluido por otros reguladores europeos. Desde Convergència i Unió entendemos que por esto se da respuesta al
contenido de la proposición no de ley aprobada el año pasado por el Pleno, garantizando unas condiciones de seguridad óptimas.


En segundo lugar, no consideramos que las pruebas se hayan incumplido, pues el resultado de las mismas se envió al Consejo de Seguridad Nuclear antes de diciembre de 2011 y las medidas propuestas deberán ser implementadas por las centrales
nucleares antes del 31 de diciembre de 2012. A nuestro juicio, no tiene sentido volver a exigir al Consejo de Seguridad Nuclear que realice las pruebas de resistencia en los términos aprobados por la proposición no de ley de 20 de junio de 2011.


El señor PRESIDENTE: Por último, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Sebastián González.


El señor GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Las cuestiones que se derivan de esta proposición no de ley y que estamos debatiendo son varias. Por un lado, la seguridad nuclear. A este respecto quiero reiterar una vez más el inequívoco y pleno compromiso
del Grupo Parlamentario Popular con la seguridad nuclear, con su mejora permanente y con la necesidad de incorporar a los protocolos y gestión de nuestras centrales las lecciones aprendidas a raíz de cualquier evento que se produzca y, en especial,
del accidente de la central de Fukushima. Quiero también manifestar la importancia, no solo de la reflexión intelectual, como decía el señor Segura, sino la importancia del consenso en esta materia. No hay mejor consenso que dejar actuar al
Consejo de Seguridad Nuclear, un órgano independiente y un único órgano

Página 15

competente para tomar decisiones en materia de seguridad nuclear y de protección radiológica. Tenemos que evitar también la demagogia energética y la alarma innecesaria. En definitiva, tenemos que dejar la seguridad nuclear al margen de
ese granero de votos que se deriva de estas cuestiones. Se habla también de posicionamientos políticos y de todos es conocidos los de todos los grupos, solamente quiero reiterar que el del Grupo Parlamentario Popular coincide con un modelo que
tiene como referencia la seguridad del suministro, la eficiencia económica y la sostenibilidad medioambiental, es decir, lo que se establece en la propia Ley de Economía Sostenible.


En cuanto al contenido de la propuesta, pretende que se imponga al Consejo de Seguridad Nuclear la realización de determinadas pruebas de resistencia en todas las centrales nucleares, ignorando que tales propuestas, como se ha dicho aquí
anteriormente también, ya han sido consideradas en los actuales test de stress acordados por el Consejo de la Unión Europea y también por la instrucción técnica complementaria del Consejo de Seguridad Nuclear, de 20 de junio de 2011, para reevaluar
los márgenes de seguridad de las centrales nucleares a la luz de los sucesos ocurridos en Fukushima. En estos momentos la mayoría de los temas que se plantean en la proposición no de ley son extemporáneos y además son improcedentes. Lo voy a
explicar muy brevemente. Lo que se pide en la PNL ya se ha hecho. En el tema de Garoña ha habido decisiones del Gobierno que han sido ratificadas también en sede parlamentaria.


Respecto al resto de los planteamientos que se hacen en la PNL, tras la decisión del Consejo Europeo de realizar las pruebas de resistencia, la Asociación de Autoridades Reguladoras europeas, la Wenra, en la que participa el Consejo de
Seguridad Nuclear, estableció tres grandes ámbitos a tener en cuenta y un calendario en tres fases para llevarlas a cabo. Estos ámbitos y las pruebas realizadas se han referido a sucesos externos extremos, a pérdidas de funciones de seguridad y a
la gestión de accidentes severos, al objeto de valorar la capacidad de las centrales para soportar situaciones más allá de de sus bases de diseño. Además, también se ha dicho aquí con respecto a estas pruebas -lo digo para evidenciar la
extemporaneidad de esta proposición no de ley-, el Consejo de Seguridad Nuclear aprobó una instrucción técnica el 30 de junio de 2011 en la que iba más allá aún de las pruebas europeas, en la que se definían medidas adicionales a implantar en las
centrales en las que se contemplaban aspectos -y leo textualmente, está en la página web del Consejo de Seguridad Nuclear- como mitigar sucesos más allá de la base de diseño, como el impacto de un avión comercial; mitigar fuegos y presiones de gran
tamaño y de larga duración, etcétera, y una que considero que es importante en cuanto a los ataques externos entre los que se pueden incluir los ataques terroristas, también existe en estos momentos en la Unión Europea un grupo de trabajo en el que
se está analizando la seguridad de las centrales nucleares desde el punto de vista de protección contra posibles amenazas de este tipo. En este grupo europeo, por parte de España, están presentes representantes del Consejo de Seguridad Nuclear y
del propio Ministerio del Interior.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor González.


El señor GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Termino ya, señor presidente.


El Consejo de Seguridad Nuclear ha emitido ya un informe en el que dice que no ha identificado ningún aspecto que suponga una debilidad relevante en la seguridad de las instalaciones que pudiera requerir la adopción urgente de actuaciones en
las mismas. En la actualidad el Grupo Europeo de Reguladores de la Seguridad Nuclear está elaborando un informe final que tendremos oportunidad de debatir. Para finalizar, ¿por qué digo que no procede esta PNL en este ámbito? Porque lo que
pretende es que el Gobierno imponga algo que no puede imponer, porque no está habilitado para dar instrucciones al Consejo de Seguridad Nuclear. El foro adecuado es ese al que se refería el señor Segura, la ponencia que se tiene que constituir en
esta sede para analizar los informes del Consejo de Seguridad Nuclear y si este ha cumplido o no las resoluciones de este Parlamento.


En consecuencia, dado que lo que se plantea en esta proposición ya se ha realizado a instancias del propio Consejo de Seguridad Nuclear y que este no es el procedimiento adecuado para analizar el cumplimiento de las resoluciones de esta
Cámara, creo que lo oportuno, señor Segura, es que se retire esta proposición no de ley; de lo contrario, tendremos que manifestar nuestro rechazo.


- RELATIVA A LA ELABORACIÓN CON CARÁCTER URGENTE DE UN PLAN ENERGÉTICO NACIONAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 161/000245).


El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos a debatir el punto 3 del orden del día, que es una proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa a la elaboración con carácter urgente de un plan
energético nacional. A esta proposición se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular.


Para la defensa de la iniciativa, tiene la palabra doña Rosa Díez.


La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Nuestro país tiene una imperiosa necesidad de definir el marco en el que se desarrollarán las fuentes de energía y su comercialización en el futuro. La actual crisis económica, que afecta a numerosos países de
nuestro entorno, del mundo occidental y, en particular, con características propias, a

Página 16

España, hace imprescindible y urgente, a nuestro juicio, la elaboración de un plan energético nacional. Uno de los principales lastres del factor de competitividad de nuestra economía es el precio que las empresas y los consumidores deben
pagar por los distintos tipos de energía. Es un factor negativo determinante para la necesaria recuperación económica de nuestro país. No existe una política de precios clara ni de incentivos suficientes para las mejoras en el ahorro y la
eficiencia energética ni de fuentes y de sistemas de generación. La inseguridad jurídica a la que se ven sometidos últimamente determinados sectores de las energías renovables -lo vivimos y lo debatimos en la pasada legislatura- configura un futuro
incierto para inversores y empresas de tecnología puntera y con gran capacidad de desarrollo y de exportación. Establecer un marco claro y seguro para que esas empresas puedan desarrollarse es la mejor ayuda que podemos prestar a las empresas y a
nuestro país y es, además, nuestra obligación como responsables, en este caso como legisladores.


Unión Progreso y Democracia plantea a esta Comisión instar al Gobierno a promover un debate energético serio y riguroso, todo lo templado y preciso que sea necesario, que culmine con la elaboración de un plan energético nacional y que esté
integrado en el contexto europeo. Este plan debe abordar, a nuestro juicio, algunas cuestiones -sin ánimo de ser exhaustiva- como las que voy a citar a continuación. El desarrollo máximo de las políticas de eficiencia energética y ahorro mediante
el fomento de sistemas eficientes en la industria, los edificios, el transporte y en toda la cadena energética, la producción, la tramitación y el consumo del ciudadano. Un plan que potencie el desarrollo de las energías limpias y la transición a
un modelo de economía bajo en carbono, disminuyendo la importación de combustibles fósiles; que contemple la revisión de las subvenciones a las energías renovables, considerando la amortización de la instalación y la salida progresiva al mercado
libre; que inste a la planificación y valorización de la producción energética descentralizada y de las fuentes de energía rurales de tipo agrícola y a pequeña escala como el biogás, y promoción de las ciudades inteligentes; fomento de la
microgeneración, con la instalación de contadores reversibles para estos equipos, es decir, que tenga en cuenta todas las posibilidades y en todos los sectores; que establezca, además, un mix o cesta energética de producción de energía eléctrica
que permita la estabilidad del sistema de generación, transporte y suministro y de la cobertura de las puntas de demanda, aplicando criterios medioambientales, de coste y de capacidad técnica; que establezca también un sistema de formación de
precios de la energía claro y transparente y que mejore la renovación de la red de distribución eléctrica para una integración eficiente de las energías renovables, el despliegue de las redes inteligentes y la introducción de la medición
digitalizada del consumo final, con el fin de adaptar la generación al consumo. Creemos que es muy necesario -en este debate que habrá que abordar, como decía antes, con todo rigor y con toda tranquilidad- el apoyo mediante exención de tasas a los
vehículos híbridos de bajo consumo y eléctricos, estableciendo para estos últimos un plan de desarrollo de puntos de conexión rápida por toda España, liberalizando la venta de energía.


Señorías, las cuestiones que acabo de plantearles ni agotan las necesidades del debate ni son indiscutibles. Lo que a Unión Progreso y Democracia le parece indiscutible es la necesidad de hacer un debate sobre esta cuestión, de elaborar una
estrategia energética, de elaborar un plan que contemple estas cuestiones y algunas más o quizá algunas menos de las que nosotros hemos planteado, pero, sobre todo, que se aborde con un criterio de sentido de Estado -permítanme que insista en esta
cuestión-, sabiendo que las decisiones que tomemos al respecto afectarán a nuestra economía, en definitiva, a la calidad y al bienestar de todos los ciudadanos. Esta proposición no de ley no agota las necesidades del debate, simplemente lo plantea
y espero que sea aceptada si no por todos al menos por la inmensa mayoría, aunque aspiro a que en este caso sea por todos los miembros de esta Comisión.


Como ha anunciado el presidente, hay una enmienda presentada por el Grupo Popular que yo estimo en mucho y hemos planteado a la misma una transaccional. Creo que en este momento estamos en situación de anunciar que habrá un acuerdo entre el
Grupo Popular y el grupo proponente, Unión Progreso y Democracia. Es un buen punto de partida para este debate y espero que el resto de sus señorías se puedan sumar a este consenso.


El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Antonio Erias.


El señor ERIAS REY: Señorías, en la PNL que estamos debatiendo se insta al Gobierno a elaborar un plan energético nacional para alcanzar distintos objetivos. Esta PNL expone un conjunto de iniciativas que, a nuestro juicio, son la
descripción de una serie de principios de carácter general. El Grupo Popular ha estimado que era necesario desarrollar una enmienda a esta iniciativa de Unión Progreso y Democracia sobre la base de que la planificación energética es uno de los
asuntos que la Ley 54/97, del Sector Eléctrico, ya modificó, porque en generación la introducción de la libertad para las entidades a la hora de producir no supone ningún tipo de restricción. Hablar de un plan vinculante nos parece muy fuerte y por
eso creemos que es mucho más adecuado hacerlo desde una perspectiva meramente indicativa.


Una vez examinada la proposición no de ley, observamos que indica que uno de los objetivos del plan energético nacional debería ser el establecimiento de una cesta de producción de energía eléctrica. Este es el punto número 9. Hay
cuestiones en las que no estamos de acuerdo, porque consideramos que esta cesta supone una

Página 17

importante restricción y una limitación que nosotros consideramos que en ningún caso debería contener la planificación. Por otra parte, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, en su artículo 77 recoge los principios que deben
regir la política en materia energética. Los artículos 79 y 80 se refieren, respectivamente, a esa planificación indicativa de la que he hablado y a la planificación vinculante, estableciendo los objetivos y los criterios generales que deben regir
dicha elaboración. Por tanto, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 79 de dicha Ley, en noviembre del año 2011 se aprobó la planificación para el horizonte 2020, la cual incluye previsiones sobre el comportamiento futuro de la demanda y
cuáles son los recursos necesarios para satisfacerla, la evolución de las condiciones del mercado para garantizar el suministro y cuáles son los criterios de protección ambiental, así como una memoria económica que evalúa la sostenibilidad económica
del modelo energético previsto. Sin embargo, nos encontramos con que las últimas previsiones económicas para este año 2012 y para 2013 hacen necesario que revisemos el contenido de esta planificación indicativa de la que estamos hablando, porque
esta recesión que estamos padeciendo va a tener efectos claros sobre la demanda energética; es más, la demanda del sector eléctrico ha caído en el último año un 2%. Por tanto, no tiene ningún sentido que en este escenario económico continuemos con
las mismas previsiones.


Por este motivo, el Grupo Popular y el Grupo de Unión Progreso y Democracia, y teniendo en cuenta la enmienda que habíamos presentado, hemos llegado a una transaccional en la cual el Congreso insta al Gobierno a que elabore ese plan
energético nacional que pivote sobre la triada medio ambiente, economía y energía y sobre cuáles son las nuevas necesidades derivadas de la caída de la demanda energética como consecuencia de los efectos de la evolución económica, para que dicha
planificación cumpla, entre otros, los siguientes objetivos. En primer lugar, garantizar el suministro energético, la competitividad, la eficiencia energética y la sostenibilidad medioambiental, contando para ello con un mix energético equilibrado
que tome en consideración todas las fuentes de energía existentes y las capacidades disponibles. En segundo lugar, impulsar la armonización, el reconocimiento y la homologación en todo el territorio nacional de los criterios, requisitos,
procedimientos, permisos, tasas e impuestos para la autorización, instalación, operación, ampliación, modificación, mejora o desmantelamiento de instalaciones e infraestructuras energéticas. En tercer lugar, garantizar una integración eficaz de las
energías renovables en el sistema eléctrico, contribuyendo así a reducir las emisiones y a incrementar la independencia energética. En cuarto lugar, promover un marco regulatorio que facilite la reducción de costes, la eliminación del déficit
tarifario y la sostenibilidad económica. En quinto lugar, garantizar la liberalización de los mercados energéticos y reforzar su competencia y supervisión. En sexto lugar, defender ante la Unión Europea, en el marco del desarrollo del mercado
único europeo de la energía, el incremento de las interconexiones eléctricas y gasísticas transfronterizas, en especial a través de Francia, con los mercados centroeuropeos. Por último, fomentar dentro de los planes nacionales de I+D+i los
programas de ahorro y eficiencia energética. Asimismo, se han de promover sistemas de gestión y almacenamiento energético, así como la generación distribuida.


Esta transaccional trata de aunar criterios, porque estamos, a nuestro juicio, ante una proposición muy importante que tiene que contribuir a que hagamos de la energía la palanca que sirva para superar estas dificultades que estamos
atravesando, fruto de esta caída del crecimiento y de la actividad económica. Por tanto, ya que hemos llegado a un acuerdo con el Grupo de UPyD, pedimos el apoyo de los demás grupos.


El señor PRESIDENTE: Le agradecería que hiciera llegar a la Mesa el texto de la transacción alcanzada con el Grupo de Unión Progreso y Democracia.


Para fijar la posición del Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Yuste.


El señor YUSTE CABELLO: Sin duda estamos en la legislatura de la energía. No hay más que ver que las únicas iniciativas que hasta la fecha ha presentado el señor ministro de Industria son todas energéticas: decisiones pronucleares;
propetróleo; antirrenovables; contra la reconversión de las comarcas mineras de carbón; subiendo la luz el próximo domingo, etcétera. Sin duda estamos en una legislatura muy energética, pero lamentablemente vamos en la dirección contraria a la
que exigen el sentido común y el signo de los tiempos. En este sentido, el Grupo Parlamentario de UPyD plantea la necesidad de que se elabore urgentemente un plan energético estatal. Sorprende que muchas comunidades tengan planes energéticos y que
el Gobierno español no haya hecho lo propio. No sé por qué en el Estado español no existe un plan energético; sinceramente me cuesta entenderlo.


De entrada, podemos compartir con el grupo proponente que es necesario que haya una planificación energética en España; sin embargo, será más difícil ponernos de acuerdo en las 11 cuestiones concretas que incluye, porque hay algunas que nos
suenan bien, por ejemplo, cuando se habla de I+D+i, de eficiencia y de ahorro energético, de energías limpias, de las energías renovables en la red de distribución, de que haya una ley específica de energías renovables, etcétera. Hay otras
cuestiones que, a nuestro juicio, suenan mal, por ejemplo, la prolongación de las centrales nucleares, las regulaciones indefinidas o las reformas sin aclarar en qué sentido. Algunas otras nos provocan cierto estupor. Desde UPyD piden ahora un
plan del carbón 2012-2018, y cuando debatíamos una moción del Grupo de La Izquierda Plural, que tuve el honor de defender en el Pleno, a través de una enmienda pedían que se eliminara el párrafo en

Página 18

el que decíamos justamente eso: que hubiera un plan del carbón 2012-2018. Por tanto, señora Díez, mi no comprender. (La señora Díez González: Yo explicar).


No me voy a alargar más. La enmienda del Grupo Popular nos parece aún peor, porque es inconcreta y genera más dudas. Por tanto, anuncio que la posición de nuestro grupo va a ser de abstención, tanto si se mantuviera el texto original como
con esa transacción que se nos anuncia.


El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don José Segura.


El señor SEGURA CLAVELL: Este diputado que les habla en estos momentos ha expresado en reiteradas ocasiones, como no puede ser de otra manera, su profundo respeto a la vida y al trabajo parlamentario. El secretario de la Comisión ha sido
testigo del excelente trabajo que en los cuatro años pasados llevaron a cabo una serie de diputados de los diferentes grupos, como el señor Erias, y que estaba presidida por don Antonio Cuevas -es menester mencionar a las personas, porque, sin lugar
a dudas, los trabajos los hacen las personas-. Quienes integraron esa ponencia escribieron una hermosísima página en el trabajo parlamentario. Esa página, expresada metafóricamente, es un documento de más de 200 folios que contiene una serie de
anexos -el documento lo tengo en mis manos- de conjunto documental que constituye una extraordinaria aportación de las Cortes Generales a la definición de un programa energético nacional, si es que se le puede llamar así. El título de la ponencia
era: Subcomisión de análisis de la estrategia energética española para los próximos 25 años. Si acuden al índice verán que es extraordinariamente rico; analizan fluidos comburentes, fuentes energéticas, sistemas de comercialización, el mix
energético, hablan de los sistemas tarifarios, etcétera. En suma, es un estudio que duró cuatro años. Yo no fui miembro de esa ponencia y llegué a sentir hasta cierta envidia intelectual por no haber podido formar parte de ella, porque la
integraba un número reducido de personas; doy mi enhorabuena a todos ellos por el trabajo que hicieron. Me gustaría que los colegas de esta Comisión me aceptaran la recomendación de que lean este documento; léanlo, márquenlo, subráyenlo. Esta es
la aportación que en política energética han hecho las Cortes Generales españolas para los próximos veinticinco años.


Valoro mucho, sin duda alguna, a doña Rosa Díez y al señor Erias; pero créanme -se lo digo con toda franqueza- que como les valoro no quiero valorar un folio -no digo un folio y medio- de elucubraciones -no quiero ofender-, de una teoría
que no hay forma de entender. A quienes tenemos un cierto sentido académico y de respeto a la vida parlamentaria nos resulta imposible votar no una síntesis sino unos parrafitos como los que aquí se recogen: Garantizar una integración eficaz de
las energías renovables; promover un marco regulatorio... Esto parece parte de un programa electoral como los que todos estamos acostumbrados a realizar proceso electoral tras proceso electoral.


Ese es un gran documento. Creo que si el diputado que les habla hubiese tenido oportunidad -no la tuve- hubiese elaborado una enmienda de sustitución de dos líneas diciendo: Acúdase al documento más brillante que se hizo en la pasada
legislatura en las Cortes Generales españolas, que se va a convertir a lo largo del tiempo, sin duda alguna, no en un dogma -porque todo es mejorable y perfectible- sino en un documento de consulta, de análisis, de asesoramiento, en una fuente
nutritiva del trabajo que ha de desarrollar el Gobierno.


El señor PRESIDENTE: Lo siento, señor Segura, vaya terminando.


El señor SEGURA CLAVELL: He terminado. (Risas). No se ofenda la señora proponente. (La señora Díez González: La señora proponente está aquí).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Segura, pero no anime a los diputados a presentar proposiciones no de ley de 200 páginas. (Risas).


- RELATIVA AL IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD INDUSTRIAL DESDE LA EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/000258).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir el punto cuarto del orden del día, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, relativo al impulso a la competitividad industrial desde la eficiencia y ahorro
energético. Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular.


Para su defensa, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Efectivamente, mi grupo parlamentario ha presentado una proposición no de ley que hace referencia al impulso a la competitividad industrial desde la eficiencia y el ahorro energético basándose única y
exclusivamente en todos aquellos aspectos que hacen referencia a la cogeneración eléctrica. El objetivo fundamental que persigue esta iniciativa parlamentaria -y se explica más detalladamente en la exposición de motivos de la misma- es asociar la
cogeneración de la energía eléctrica a la política industrial. Esa sería la definición de una política industrial moderna que podríamos llegar a consensuar todos los grupos. La proposición que defendemos va en la dirección de intentar estimular el
crecimiento económico y reducir el déficit energético ya que, a nuestro entender, son dos de los retos a los que nos enfrentamos en la actualidad, y con ella pretendemos contribuir a solventar ambos pro

Página 19

blemas. Por un lado, tiene por objeto impulsar la competitividad de nuestra industria, lo que sin duda reportará crecimiento; por otro lado, pretende contribuir al ahorro energético y a la eficiencia del sistema. Este vínculo directo
entre eficiencia energética y competitividad industrial adquiere personalidad propia a través de esta figura, que es antigua, porque ya desde los años 1989-1990 en esta Comisión de Industria y Energía empezamos a hablar de las futuras energías
renovables y la que salió en primer lugar como energía moderna, en el año 1990, fue la cogeneración, que hoy sigue siendo uno de los elementos alternativos importantes desde la perspectiva de las energías renovables. Consideramos la cogeneración
como una tecnología altamente eficiente, puesto que optimiza el consumo de energía primaria, aumenta el rendimiento de los procesos de transformación de una instalación industrial y también evita las emisiones de CO2, a la vez que permite asegurar
la competitividad empresarial. Desde esta perspectiva global, contribuye a reducir las ineficiencias que persisten en la actualidad en nuestro sistema energético, asegurando el suministro de energía, reduciendo las emisiones de gases de efecto
invernadero y proporcionando competitividad a la industria al reducir la factura de costes asociada a esta materia tan necesaria pero tan cara.


En definitiva, mi grupo parlamentario plantea esta proposición no de ley que insta al Gobierno a impulsar un plan específico de medidas de política industrial orientado a mejorar el ahorro y la eficiencia energética, con especial atención al
impulso de los procesos de cogeneración que contribuyan a aumentar la competitividad de nuestro tejido industrial. Es cierto, como ha dicho el señor presidente, que se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Popular que nosotros vamos a
aceptar, porque entendemos que va en la misma dirección. Asimismo, pensamos que sería bueno poder consensuarla con todas las fuerzas parlamentarias.


El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Rubén Moreno.


El señor MORENO PALANQUES: Como todos ustedes saben, entre los objetivos principales de la Unión Europea se encuentran la reducción del consumo de energía y la prevención del derroche energético. Al favorecer la mejora de la eficiencia
energética, como ya ha dicho el ponente de Convergència i Unió, se contribuye de forma decisiva a la competitividad, a la seguridad del abastecimiento y al respeto de los compromisos asumidos en el ámbito del Protocolo de Kioto sobre el cambio
climático.


A finales del año 2006 la Unión Europea se comprometió a ahorrar un 20% del consumo anual de energía primaria en el horizonte 2020. Sin embargo, en la comunicación de la Comisión, de 8 de marzo de 2011, sobre el Plan de eficiencia
energética 2011, se constataba que, según las estimaciones hechas por la Comisión, la Unión Europea llevaba camino de conseguir solo la mitad de este objetivo de ahorro del 20%. En nuestra opinión, aún existe un importante potencial de reducción,
en particular en los sectores que consumen mucha energía, como el de la construcción, las industrias transformadoras, el de la conversión de energía y el de los transportes. Como dato objetivo podríamos añadir, además, que en España la industria
supone el 30% del consumo final de energía y la industria manufacturera consume el 37% de la electricidad y el 50% del gas natural. La energía, que es un factor estratégico para las industrias, supone un peso en la estructura de costes que se sitúa
entre el 5 y el 30% según el sector. Por tanto, un elemento clave para aumentar la competitividad del tejido industrial es, obviamente, la optimización del uso de la energía mediante el ahorro y la eficiencia y la reducción de su coste.


Como ha comentado el portavoz de Convergència i Unió, utilizar en mayor medida la cogeneración, la de alta eficiencia, puede suponer una importante contribución a la eficiencia energética. La cogeneración, como sus señorías saben, puesto
que ya se ha dicho, permite, en primer lugar, obtener un ahorro de energía primaria, por ser esta tecnología más eficiente que la generación separada de energía eléctrica y de energía térmica; en segundo lugar, la seguridad en el suministro; en
tercer lugar, un ahorro en pérdidas de transformación y transporte de la energía eléctrica desde las centrales convencionales donde se produce hasta los centros de consumo y una menor necesidad de infraestructuras eléctricas; finalmente, permite,
asimismo, un ahorro en las emisiones, entre otras, de gases de efecto invernadero, como consecuencia de la disminución del consumo de energía primaria. Estas ventajas han llevado a la Unión Europea a promocionar la tecnología de cogeneración
mediante la Directiva 2004/8 y ahora su impulso en la propuesta de directiva, que todavía está en trámite, relativa a la eficiencia energética.


El Grupo Parlamentario Popular es consciente y comparte la idea de que el uso de la cogeneración en la industria es un elemento clave de competitividad. La industria química, la de refino, la de pasta y papel, la alimentaria, la textil, la
de minerales no metálicos, y un largo etcétera, cogeneran activamente para ser competitivas tanto en Europa como en los Estados Unidos, según la Agencia Internacional de la Energía. En España, el sector industrial tiene el 90% de la cogeneración
instalada en sectores donde el coste energético es clave para la competitividad y suponen 1,4 millones de empleos y el 40% del producto interior bruto industrial, si excluimos la construcción. Sabemos, y lo compartimos con el grupo proponente, que
existe todavía potencial de desarrollo de la cogeneración en la industria española y, lo que es igualmente importante, de renovación del parque de cogeneración actual para garantizar el mantenimiento de la eficiencia energética. Dicho esto, y
estando a favor de la cogeneración, también entendemos que no debemos hacerlo con carácter exclusivo, razón por la que hemos

Página 20

presentado esta enmienda con objeto de profundizar más en el espíritu de la proposición no de ley.


Concluyendo, señorías, hacemos una valoración favorable de la proposición no de ley relativa al impulso de la competitividad industrial desde la eficiencia y el ahorro energético, pero estamos de acuerdo con el grupo proponente en que este
impulso debe extenderse a todas las tecnologías, por lo que pedimos que se acepte esta enmienda de modificación.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Yuste.


El señor YUSTE CABELLO: Intervendré con brevedad.


Ciertamente la eficiencia y el ahorro energético pueden contribuir a mejorar la competitividad industrial de nuestras empresas. Esta iniciativa que debatimos hoy se centra específicamente en la cogeneración como una pieza fundamental de ese
plan específico del que nos hablaba el grupo proponente para aumentar la competitividad de nuestro tejido industrial. La Izquierda Plural entiende que la cogeneración puede desempeñar un papel relevante en ese contexto, en el que todavía nuestra
producción eléctrica se basa en combustibles fósiles. Puede ser una fuente energética muy útil en esta etapa de transición hasta el momento en que las energías renovables puedan ocupar el papel protagonista en el mix energético español. No
obstante, también somos conscientes de que en un futuro energéticamente limpio la cogeneración perdería sentido tal como la estamos planteando. En todo caso, la cogeneración es una tecnología apropiada en estos momentos en el sector industrial para
aprovechar esa electricidad residual que se genera en el sistema eléctrico y, por tanto, coincidiendo con la propuesta del grupo proponente, no tenemos ningún inconveniente en apoyarla.


El señor PRESIDENTE: ¿El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia va a intervenir? (Denegación).


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Román Ruiz.


El señor RUIZ LLAMAS: Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para fijar posición sobre la PNL presentada por el Grupo de Convergència i Unió sobre el impulso de la competitividad industrial desde la eficiencia y
el ahorro energético.


Señorías, en la Unión Europea el desarrollo sostenible del sector energético está fuertemente relacionado con la mejora de la eficiencia energética. En este contexto, los sistemas de cogeneración o sistemas de energía total están
reconocidos como una de las herramientas principales para conseguir objetivos como el ahorro de la energía primaria, las pérdidas evitadas y la reducción de emisiones, en particular las de efecto invernadero. En este sentido, la promoción de los
sistemas de cogeneración de alta eficiencia es una prioridad en la Unión Europea. Por eso, en estos momentos se está elaborando una nueva directiva, propuesta por el Consejo, que sustituiría a las de los años 2004 y 2006, sobre eficiencia
energética, que se refundirían en una, para dotar de un instrumento jurídico común a todos los países miembros.


Quiero poner en valor la acción del Gobierno socialista en los planes de ahorro y eficiencia energética que empezaron a realizarse a partir del año 2004. Se empezó con el Plan de 2005-2007 y se continuó con el de 2008-2011 y con los reales
decretos 616/2007, de fomento de la cogeneración, y 661/2007, que determinaba el régimen de cogeneración. Estos planes han permitido un ahorro de energía primaria de más de 450 millones de barriles de petróleo y el equivalente a un 20% del total de
las emisiones de CO2 de España. El pasado año, señorías, se impulsó y se aprobó el Plan de ahorro de eficiencia energética 2011-2020, que respondía a dos objetivos: dar continuidad a los planes nacionales anteriores y coherencia a la planificación
energética contenida en la Ley Economía Sostenible y garantizar los objetivos 20-20-20 -20% de reducción de consumo energético, 20% de energía final con energías renovables y 20% de reducción de emisiones de CO2-, objetivos que con la actual
política, desde mi punto de vista errática, del Partido Popular y sus medidas temporales de suspensión de las energías renovables difícilmente se van a lograr. La cogeneración en España supone casi el 12% de la generación de electricidad,
alcanzando una potencia instalada en 2011 de 6.000 megavatios y con una perspectiva de alcanzar en 2016 un peso del 15% en la generación eléctrica nacional. La cogeneración es una tecnología que cumple con un triple objetivo: garantiza el
suministro eléctrico a un precio competitivo y de manera respetuosa con el medio ambiente y aporta una competitividad al tejido industrial español básica en la situación actual de recesión económica. Manteniendo las plantas actuales, renovándolas
para mejorar su eficiencia y fomentando nuevas plantas altamente eficientes, la propuesta del Plan de ahorro energético 2011-2020 identifica este sector como objetivo para el desarrollo de la generación con biomasa, biogas y aprovechamiento de
residuos.


Señorías, un buen ejemplo de ahorro y eficiencia energética en la industria española es el sector de alimentación y bebidas, primer sector industrial de nuestra economía y quinto europeo. Lidera el ranking cogenerador español, con 142
plantas, por delante de la industria papelera y de la industria química; cubre con cogeneración el 48% de sus necesidades propias; alcanza un rendimiento medio superior al 73%; ahorra 2 millones de toneladas de CO2 y es una buena muestra de
innovación y de competitividad, que refuerza la capacidad exportadora de esta industria. La innovación y la competitividad, señorías, son las claves de la industria alimentaria, y en esa estrategia se enmarca su apuesta generadora, a la vez que
otros ahorros en términos ambientales para nuestro país. En la industria alimen

Página 21

taria, la cogeneración es un ejemplo de eficiencia. Utiliza fundamentalmente el gas natural -44% de su consumo total-, aunque destaca la utilización de combustibles renovables biomasa en un 27%, superando ya el uso de combustibles
petrolíferos.


Quiero añadir un tema. Me extraña la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, que insta a impulsar y fomentar este tipo de energía, cuando en el Decreto 1/2012 prácticamente suspendido los procedimientos de la energía renovable y cuando,
al hablar de la cogeneración, reconoce que los planes de eficiencia energética desarrollados por el Gobierno han cumplido todos sus objetivos y, sobre eso, argumenta que ahora nos podemos permitir durante una temporada no fomentar este tipo de
energías. Cuando habla de la cogeneración, dice que la capacidad de generación instalada en estos momentos es suficiente para asegurar la cobertura de la demanda prevista en los próximos años. Decir esto y llevar a cabo una acción de gobierno en
este sentido, y decir, por otro lado, que hay que impulsar un plan y fomentar los procesos industriales, me parece como mínimo contradictorio con lo que ha aprobado el Gobierno.


El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo.


El señor RUIZ LLAMAS: Por todas estas razones, señorías, el Grupo Socialista votará favorablemente, ya que la PNL que estamos debatiendo va en la línea del trabajo realizado en el fomento de las energías renovables, sobre todo de la
cogeneración, en los planes de eficiencia energética que se han venido impulsando por el Gobierno del Partido Socialista.


- SOBRE MEDIDAS DE APOYO AL SECTOR NAVAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000357).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir el punto 7 del orden del día: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, sobre medidas de apoyo al sector naval. Para la defensa de la iniciativa, tiene la palabra doña Tristana Moraleja.


La señora MORALEJA GÓMEZ: Como todos ustedes saben, la importancia del sector naval en nuestra economía es vital y ello se manifiesta en su facturación de 2.000 millones de euros, con un 90% de la actividad productiva industrial dedicada a
la exportación de buques, por lo que contribuye a equilibrar de manera muy significativa la balanza comercial de España. Quisiera añadir también la importancia de su efecto multiplicador en muchas empresas que están localizadas en las regiones
marítimas donde se encuentran ubicados los astilleros y, por tanto, su peso fundamental en su PIB. A nadie se le escapa la necesidad del mantenimiento de los empleos directos e indirectos, tanto en astilleros públicos como privados, y de la
subcontratación de bienes y servicios de las empresas auxiliares de la zona de influencia de dichos astilleros. Pues bien, toda esta situación empresarial y laboral se ha visto alterada no solo por la crisis en la que estamos inmersos, sino por una
notificación de la Comisión Europea, en su decisión de incoar un expediente de investigación formal relativo al régimen fiscal aplicable a los contratos de arrendamiento financiero.


Señorías, nos consta que las conversaciones mantenidas entre el Gobierno español y la Comisión Europea están dando su fruto y en breve tendremos buenas noticias sobre la entrada en vigor de un nuevo sistema que nos permita volver a competir
en igualdad de condiciones con nuestros socios europeos. Desde el Grupo Parlamentario Popular trabajamos en una única y sola dirección, que no es otra que acabar cuanto antes con la situación de indefinición e inseguridad reinantes como
consecuencia de la suspensión del régimen fiscal anterior. Queremos que la normalidad vuelva cuanto antes a los astilleros españoles.


Nos consta, por otra parte, que el Gobierno va a mantener el programa de reindustrialización. El pasado mes de diciembre de 2011, la Unión Europea publicó el nuevo marco aplicable a las ayudas estatales a la construcción naval, que
contempla las características específicas del sector privado de construcción naval y que España ha impulsado e incorporado en la normativa nacional que determina las líneas de ayuda. Paralelamente, España viene trabajando en todas las iniciativas
europeas de apoyo y mejora de la competitividad del sector, como el nuevo impulso al Leadership, la adecuada representatividad del nuevo programa marco, la búsqueda de nuevas soluciones a nivel europeo para los problemas de financiación o la
participación en la OCDE en la defensa de un comercio justo en el ámbito de la construcción naval de buques.


El Grupo Parlamentario Popular sigue siendo un grupo parlamentario que busca el consenso, porque a todos nos interesa buscar soluciones y el bien común de España. Por eso les pido a todos los grupos parlamentarios que están hoy participando
en esta Comisión que apoyen esta proposición que hemos presentado, por el bien de nuestro sector naval y de nuestros trabajadores.


El señor PRESIDENTE: A esta iniciativa se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Mixto, pero no hay nadie para defenderla en estos momentos y, por tanto, decae. Se había presentado, señor Caamaño, una enmienda por parte del Grupo
Parlamentario Socialista fuera de plazo, pero no ha habido unanimidad. Si se hubiera defendido la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, hubiera sido posible plantear una transaccional sobre ese texto, pero, al no ser defendida, no puede ser
planteada ni siquiera como transaccional, a menos que pueda presentarla después in voce. Por tanto, siguiendo el orden de fijación de posición de los grupos parlamentarios, como tampoco hay nadie del Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la
palabra, por La Izquierda Plural, el señor Yuste.

Página 22

El señor YUSTE CABELLO: Está entrando el señor Jorquera. ¿Ha pasado el momento procesal o se puede retomar el orden?


El señor PRESIDENTE: Se puede retomar si a usted no le importa, teniendo en cuenta el día que tenemos hoy en el Congreso, con seis comisiones a la vez.


El señor YUSTE CABELLO: Lo prefiero.


El señor PRESIDENTE: ¿Va a defender las enmiendas, señor Jorquera?


El señor JORQUERA CASELAS: Sí, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Yuste.


El señor JORQUERA CASELAS: En primer lugar, quiero pedir disculpas a los miembros de la Comisión, pero en estos momentos se estaba debatiendo una proposición no de ley del BNG en la Comisión de Educación y también he estado en la Comisión
de Economía defendiendo otra proposición no de ley, de ahí el retraso. En cualquier caso, quiero dar las gracias al señor presidente y a sus señorías.


La construcción naval está viviendo sin lugar a dudas la mayor crisis de su historia, hasta el extremo de que corre peligro su propia supervivencia. Por un lado, la investigación iniciada por la Comisión Europea sobre la supuesta
incompatibilidad con las normas europeas de libre competencia del sistema de arrendamiento fiscal ha situado a los astilleros privados al borde del cierre; por otro lado, los astilleros públicos están sufriendo las consecuencias de haber sido
forzados por Bruselas a operar casi en exclusiva en la construcción naval militar, al imponer al conjunto de los astilleros de Navantia que los contratos en el campo de la construcción naval civil no puedan superar el 20% de la facturación total de
la empresa y al vetar la construcción de buques en el astillero de Fene en la ría de Ferrol. Restringir la actividad a la construcción naval militar significa, desde nuestro punto de vista, depender totalmente de la contratación pública, una
contratación que está seriamente limitada por los drásticos recortes presupuestarios. Además, es la pescadilla que se muerde la cola, pues si se reduce la facturación total de la empresa Navantia por la caída de la contratación pública, se reduce
también, en cifras absolutas, la posibilidad de operar en los distintos campos de la construcción naval civil, incluyendo la conservación, mantenimiento, reciclaje y transformación de buques, que podrían constituirse en alternativas a la actual
situación. Por eso presentamos una enmienda al punto 3 de la proposición no de ley del Grupo Popular, en la que proponemos que se inste al Gobierno a negociar en el ámbito de la Unión Europea la eliminación de las limitaciones que actualmente pesan
sobre los astilleros de Navantia para poder operar plenamente en el campo de la construcción naval civil y, en particular, la limitación que pesa sobre el astillero de Fene para que pueda construir buques. Es necesario un pronunciamiento mucho más
claro y taxativo que el que figura en el texto de la proposición, donde se habla de plantear a la Comisión Europea las posibilidades de anticipar el vencimiento. Creemos que debe haber un mandato al Gobierno mucho más claro, mucho más taxativo, en
línea por cierto con anteriores pronunciamientos del Congreso de los Diputados en este sentido, que contaron con el apoyo del Grupo Popular. Además, señorías, desde nuestro punto de vista también es necesario adoptar medidas específicas que
atiendan problemas específicos, como los que sufren en estos momentos los astilleros de la ría de Ferrol. Por eso proponemos añadir un nuevo punto a la proposición no de ley con el siguiente texto: Por lo que se refiere a los astilleros de
Navantia en la ría de Ferrol, primero, dar cumplimiento al compromiso adquirido por el Gobierno de contratar la construcción en los astilleros de Navantia de la ría de Ferrol de la sexta fragata F-100 para la marina española; segundo, exigir a la
SEPI que impulse el centro de reparaciones de Navantia en la ría de Ferrol, con objeto de incrementar la carga de trabajo en el campo de la reparación y transformación de buques, y tercero, impulsar la construcción de un dique flotante que permita
que el centro de reparaciones de Navantia en la ría de Ferrol pueda ofertar también la reparación y transformación de grandes buques, encomendando la construcción del mismo a los propios astilleros de Navantia en la ría de Ferrol.


Señorías, los contenidos de este nuevo punto que proponemos incluir coinciden nuevamente con acuerdos de este Congreso de los Diputados, que contaron en su momento con el apoyo del Grupo Popular, y con compromisos adquiridos por el propio
Partido Popular en la pasada campaña electoral. Desde nuestro punto de vista, es necesario clarificar si el Grupo Popular se ratifica en esos compromisos o ahora dice digo donde antes dijo Diego. El sector naval necesita algo más que buenas
palabras y declaraciones de intenciones; necesita hechos y compromisos concretos. Esta es la razón que nos ha llevado a presentar esta enmienda, señorías. Teniendo en cuenta que tengo que atender a otras dos comisiones, no sé si podré estar aquí
en el momento de las votaciones, por lo que aprovecho para hacer constar la posición del Bloque Nacionalista Galego a la hora de votar. Si se admiten las enmiendas que presentamos, que entendemos que enriquecen el texto de la proposición no de ley
y la dotan de compromisos mucho más claros y concretos, votaremos a favor; si no, el BNG optará por abstenerse, porque no está a favor de meras declaraciones vacuas que a nada comprometen. El Grupo Popular, en su proposición no de ley, elude
compromisos muy claros y muy concretos que defendió cuando estaba en la oposición y que durante la campaña electoral dijo que impulsaría si llegaba al Gobierno.

Página 23

El señor PRESIDENTE: Así constará en el 'Diario de Sesiones', señor Jorquera, si no hay ningún representante del Grupo Mixto a la hora de la votación.


¿El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia va a hacer uso de la palabra? (Denegación).


Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Yuste.


El señor YUSTE CABELLO: Efectivamente, el sector naval atraviesa un grave problema que no está exactamente relacionado con la crisis, sino con decisiones tomadas en el marco de la Unión Europea acerca de la competencia y con la denuncia que
se produjo por parte de Holanda, que es un competidor, como todos sabemos. Sin embargo, parece que el nuevo Gobierno ha hecho más bien poco en esta materia. Por eso, nos sorprende especialmente que se haya presentado esta iniciativa. Aporta muy
poco a la solución del problema; desde luego, menos que la proposición no de ley que defendió el BNG en el Pleno del 29 febrero, que fue enriquecida con algunas enmiendas del Grupo de La Izquierda Plural y que en su día fue rechazada por el rodillo
del PP.


En esta iniciativa que debatimos hoy se pide que siga la negociación con la Comisión Europea, que el Gobierno efectúe esfuerzos en la resolución del procedimiento incoado por aquella, que continúen los esfuerzos, que se mantenga el esfuerzo
de reindustrialización. Tantos esfuerzos son para echarse a temblar. La verdad es que como la gente de las zonas afectadas tenga que confiar en que se continúe con los esfuerzos que se vienen haciendo, está aviada. Perdónenme, pero realmente es
una iniciativa muy baja de contenido. Sorprende una iniciativa tan baja de contenido y además tan larga. Es una paradoja. En todo caso, no voy a reiterar el debate que mantuvimos en febrero en el Pleno, pero resumiré la posición de nuestro grupo,
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Chunta Aragonesista. Mientras se resuelve el problema del procedimiento, hay que reclamar que pueda seguir utilizándose el tax lease, aunque sea de forma transitoria. Debe buscarse un sistema de
financiación alternativo, pactado con la Comisión Europea, que permita seguir trabajando al sector naval, si es que finalmente se anula ese tax lease. Como planteamos también en aquel momento, pedimos que se impulsen los proyectos de
diversificación que están comprometidos y que recordamos expresamente, por ejemplo, los centros de reparación y diques flotantes en Vigo y en Ferrol, y que se garantice el control público de los planes de viabilidad de los astilleros y de las ayudas
dirigidas al sector naval, que, a nuestro juicio, deben ser finalistas, esto es, dirigidas a proyectos concretos. Si el Gobierno español no actúa rápido y Navantia no puede volver pronto a la construcción civil, estamos abocados a una catástrofe
social en las comarcas especializadas en el sector naval. Por todo ello, para ser más exigentes con el Gobierno, nuestro grupo parlamentario no apoyará la proposición no de ley tal como se nos ha presentado, aunque la vería con buenos ojos y la
apoyaría con sus votos si se asumieran las enmiendas que ha planteado el BNG.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Riera.


La señora RIERA I REÑÉ: Como sabrán sus señorías, el tema de esta proposición no de ley que plantea el Grupo Parlamentario Popular no es nuevo en esta legislatura, pues una iniciativa en la misma dirección aunque con distinta forma fue
presentada y debatida en el Pleno del Congreso a petición del Grupo Mixto. Ya en aquella ocasión, Convergència i Unió reconoció la necesidad de que el Gobierno diera todo su apoyo a un sector que para nuestro grupo es estratégico, como es el sector
naval y, por consiguiente, participase activamente e implementase todas aquellas medidas necesarias para solventar la complicada situación que atravesaba, una situación especialmente delicada, debido a que a las consecuencias de la reducción de la
actividad económica y al consiguiente impacto en términos de menor empleo se ha añadido actualmente el agravante de la inestabilidad que supone para el sector no poder realizar contratos mediante el tax lease o régimen fiscal previsto en la
legislación española de los contratos de arrendamiento financiero. En esta ocasión, nuestra posición de apoyo al sector está plenamente condicionada a que el sistema de arrendamiento fiscal español, que atribuye ayudas a las empresas navieras, sea
compatible con las directrices comunitarias sobre ayudas de Estado al transporte marítimo. Convergència i Unió comparte el contenido de la proposición no de ley que presenta el Grupo Popular, ya que, por un lado, incide en la posición activa del
Gobierno para dar con una respuesta eficaz, que sirva para estabilizar el sector naval, apelando a una negociación proactiva del Gobierno con la Comisión, pero solicitando una actuación que esté dentro del marco legislativo comunitario y, por tanto,
que cuente con la aprobación y el consenso europeo, lo cual resulta, a nuestro entender, indispensable. Por otro lado, la proposición no de ley se centra en medidas de impulso al sector naval a través de propuestas de mejora internas de Navantia,
para lograr mayor eficiencia, así como medidas para mejorar su actividad de negocio, como realizar esfuerzos para abrir las puertas de la actividad comercial de esta sociedad estatal en el exterior. Por todo ello, entendiendo que es una proposición
no de ley de impulso del sector y de refuerzo del mismo, nuestro grupo parlamentario la votará favorablemente.


El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Francisco Caamaño.


El señor CAAMAÑO DOMÍNGUEZ: Señorías, en primer lugar, quiero agradecer la explicación que se ha

Página 24

dado sobre una enmienda que, en efecto, el Grupo Parlamentario Socialista presentó fuera de plazo. Aprovecho esta intervención para hacerlo in voce y, en su caso, poder transaccionarla sobre la presentada por el Bloque Nacionalista Galego.


Bajo la rúbrica de medidas de apoyo al sector naval, nos encontramos ante una iniciativa que, salvo en el tema del tax lease, sobre el que ya nos posicionamos en el debate que hubo en Pleno, se refiere a la situación de los astilleros
públicos de Navantia. Señorías, que Navantia sea una empresa de construcción naval no significa que sus problemas de presente y su viabilidad futura se resuelvan con cantos de sirena. Navantia exige un compromiso y respuestas concretas. Navantia
necesita que se asegure su carga de trabajo, como se ha hecho en los últimos ocho años, y que al tiempo se acometan programas de inversión e innovación tecnológica que le permitan mejorar su competitividad en el mercado y abrir nuevos nichos de
negocio. La iniciativa que nos presenta hoy el Grupo Popular es un canto de sirenas lleno de buenas intenciones, pero falto de todo compromiso. Si el Grupo Popular cree de verdad, como lo hace el Grupo Socialista, que apoyar económicamente a
Navantia no es gastar sino invertir, no es aumentar el déficit sino apostar inteligentemente por el futuro de un sector industrial de alta calidad, clave en la economía de nuestro país y con inmejorables expectativas de crecimiento, no tendrá
problema alguno en incorporar a su iniciativa la enmienda de adición que ahora in voce le proponemos y que parcialmente coincide con la del Bloque Nacionalista Galego. Por cierto, es una enmienda de adición, a la que ahora daré lectura, que en
alguno de sus puntos ha sido aprobada esta misma mañana por el Parlamento de Galicia en una proposición no de ley que ha sido votada por el Partido Popular, por tanto por el Gobierno de la Xunta de Galicia, por el Bloque Nacionalista Galego y por el
Partido Socialista de Galicia. En uno de sus puntos -traduzco del gallego- se dice expresamente: El Parlamento de Galicia insta al Gobierno gallego a liderar la defensa de los astilleros de la ría de Ferrol, comprometiendo asimismo al Gobierno del
Estado a construir de inmediato un dique flotante que garantice los puestos de trabajo y mejore la competitividad de nuestros astilleros. Pues bien, señorías, tienen ahora la oportunidad de incorporar adicionalmente a su propuesta lo que ha
presentado el Bloque Nacionalista Galego y nosotros mismos también le proponemos. El Partido Popular tiene la oportunidad de ser coherente y espero que lo que ha hecho en Galicia por la mañana no lo deje de hacer en Madrid por la tarde. Como
confío en la coherencia del Partido Popular en los dos gobiernos, estoy convencido de que van a admitir esta enmienda y así todos podremos explicárselo a los trabajadores de Navantia y a todas las familias afectadas por el sector de la producción
naval en la ría de Ferrol y en otros lugares de España. Creemos que hacer el nuevo dique flotante no es un mero gasto, sino una inversión productiva, que garantiza el futuro de la compañía y que prepara esos astilleros para la reparación, el
mantenimiento y las reformas constructivas de grandes buques, como los gaseros. Además creemos, y eso es lo que añadimos también en nuestra enmienda, que Navantia debe potenciar su fábrica de turbinas y debe acometer proyectos rigurosos y serios de
construcciones offshore, vinculados directamente con las energías alternativas, como ya existieron en su momento, que pueden ser una fuente importante de recursos y de ingresos para todos los españoles en un sector puntero y de calidad.


El señor PRESIDENTE: Señor Jorquera, ¿acepta la modificación que le ha propuesto el señor Caamaño?


El señor JORQUERA CASELAS: Sí, la acepto.


El señor PRESIDENTE: ¿La portavoz del Grupo Popular acepta la enmienda en los términos en los que ha quedado o se vota la proposición no de ley en los términos en los que la ha presentado?


La señora MORALEJA GÓMEZ: Estoy un poco sorprendida, porque después de ocho años de Gobierno socialista y un bipartito compuesto por estas dos personas...


El señor PRESIDENTE: Señora Moraleja.


La señora MORALEJA GÓMEZ: Ahora vienen a exigir unas cosas que ellos no han podido hacer. Estoy un poco sorprendida.


El señor PRESIDENTE: Señora Moraleja, lo lamento. El turno es para decir si acepta o no la enmienda. (Una señora diputada: Sorprendida o no, ¿aceptas la enmienda?)


La señora MORALEJA GÓMEZ: Voy a contestar, señor presidente. La proposición que presenta el Grupo Popular es una enmienda para todo el sector naval de España. Ferrol y Galicia, por supuesto, están dentro de nuestra proposición y es una
proposición trabajada. No acepto...


El señor PRESIDENTE: Señora Moraleja, entiendo que la rechaza.


La señora MORALEJA GÓMEZ: Sí. Una por fuera de plazo y la otra porque, aunque la presente aquí, me parece un escándalo. (El señor Segura Clavell: Viva la cordialidad).


- SOBRE LA PROMOCIÓN DE REDES DE BANDA ANCHA DE VELOCIDAD ULTRARRÁPIDA EN ESPAÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000444).

Página 25

El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos al debate del último punto del orden del día, que es la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la promoción de redes de banda ancha de velocidad ultrarrápida. Para su
defensa tiene la palabra don Rogelio Araújo.


El señor ARAÚJO GIL: Señorías, por un tema de cortesía intentaré ser lo más breve posible. En una sociedad como la actual, que depende de la información, resulta imprescindible, para crear empleo y prosperidad, tener acceso de alta
velocidad a Internet. De ahí que la Unión Europea se haya comprometido, a través de su Agenda Digital para Europa, a garantizar que todos los ciudadanos europeos tengan acceso a la banda ancha básica antes de 2013 y a la banda ancha rápida o
ultrarrápida antes de 2020. Estamos hablando de velocidades -y perdónenme el tecnicismo- superiores a los 30 megabytes/segundo. La banda ancha de alta velocidad hace más fácil trabajar desde casa y durante los desplazamientos, pero también ayuda a
las empresas a reducir sus costes y a ser más competitivas. Además de hacer posibles nuevos servicios on line interactivos en ámbitos como la educación y la salud, entre otros. Europa es la región del mundo que presenta las mayores cifras de
implantación de la banda ancha. Sin embargo, solo el 1% de los europeos tienen en su vivienda conexiones por fibra ultrarrápidas a Internet, frente al 12% de los japoneses o al 15% de los ciudadanos de Corea del Sur.


El despliegue de infraestructuras de banda ancha ultrarrápida se encuentra en un momento decisivo que obliga a la definición de una estrategia propia que permita planificar el gran salto desde las redes actuales hasta las infraestructuras de
última generación, sobre las que se generará el desarrollo económico de los próximos años. La inversión en redes de nueva generación aporta un doble efecto positivo en la economía. Por un lado, un efecto directo relacionado con la creación de
empleo durante la fase de desarrollo e implementación y, por otro lado, un efecto positivo indirecto, una vez que la banda ancha entre a formar parte del resto de los sectores de la actividad económica a través de las TIC, las tecnologías de la
información y la comunicación, ya que permite aumentar la productividad mediante la reducción de costes, el aumento de la eficiencia en las tareas y la aparición de nuevos servicios y sectores basados en las TIC que crean empleos e impulsan el
crecimiento del PIB. Un estudio reciente de la Comisión Europea cifra un incremento del producto interior bruto de entre el 0,9 y el 1,5% ante una penetración de la banda ancha de un 10% en los hogares europeos. Estamos hablando de unas
tecnologías con un peso muy importante en nuestra economía.


El programa con el que el Partido Popular se presentó a las últimas elecciones generales recoge la necesidad de impulsar el despliegue de redes de acceso de nueva generación, fijas y móviles, eliminando barreras legales, contando con el
compromiso de todas las administraciones y garantizando los derechos de todos los usuarios. Con este objetivo, la futura norma legal por la que se traspondrán al ordenamiento jurídico español las últimas directivas europeas en materia de
comunicaciones electrónicas, me estoy refiriendo a la directiva 2009/136/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, de los derechos de los ciudadanos y a la directiva 2009/140/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de
25 de noviembre de 2009, de mejor regulación, diseñarán un marco adecuado para la realización de inversiones en el despliegue de redes de nueva generación, reforzando el derecho de los operadores a la ocupación de la propiedad pública y privada y
profundizando en la mejora de la gestión del espectro radioeléctrico, con el objetivo de aumentar el ritmo de implantación de las redes de cuarta generación de Internet móvil de alta velocidad. Les recuerdo a las señorías del Grupo Socialista que
esta trasposición al ordenamiento jurídico español estaba pendiente de realización desde el 25 de mayo de 2011.


Hace falta reformas legales destinadas a generar un entorno regulador estable y predecible, que remueva las barreras que provoca la dispersión normativa y proporcione a los inversores privados la seguridad jurídica que necesitan para
acometer el esfuerzo inversor tan elevado que se precisa para desplegar las redes de nueva generación y que, por supuesto, permitan elevar el nivel de protección de los usuarios de los servicios de comunicaciones electrónicas. Por todo ello, el
Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente proposición no de ley: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promocionar una política regulatoria de las telecomunicaciones que favorezca la creación de redes de banda ancha de velocidad
ultrarrápida en España.


El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra doña Helena Castellano.


La señora CASTELLANO RAMÓN: Señorías, la proposición que trae para su debate hoy el Grupo Popular aquí es de ese tipo de proposiciones que no tienen mucha dificultad para alcanzar un alto grado de consenso en esta Comisión. El Grupo
Socialista siempre ha defendido que en una sociedad como la nuestra, cada vez más tecnológica, cada vez más basada en la información y en el conocimiento, las posibilidades de ser más competitivos en el marco de los países de nuestro entorno, de
generar más posibilidades de crecimiento, de generar más riqueza, así como creación de empleo -todos ellos factores clave para la salida de la crisis-, pasan necesariamente por la inversión en este tipo de infraestructuras y nuestra labor, como
parlamentarios, qué duda cabe, es favorecer un marco regulatorio adecuado para ello. Aún así, al margen de todas estas consideraciones, el grupo al que hoy represento apoya el contenido general de la proposición, pero ha presentado una enmienda que

Página 26

pretende ir un poco más allá. Una enmienda encaminada a garantizar lo básico antes que lo ultrarrápido.


Señorías, hay muchas zonas en este país en las que por su condición de más aisladas o periféricas como son las que se refieren en concreto el texto de la enmienda, que son el medio rural, las islas y las ciudades autónomas, no hay ni banda
ancha ni ultrarrápida ni ultralenta, no hay banda ancha. Muchos ciudadanos y ciudadanas no tienen acceso a las nuevas tecnologías. Son precisamente esas zonas las que más necesidad tienen de una cobertura digital adecuada, porque esta falta de
esta cobertura digital incide todavía más en su aislamiento. Por tanto, garantizar una cobertura básica adecuada es garantizar un desarrollo tecnológico más justo, más equitativo y que evite discriminaciones que podrían darse si algunos ciudadanos
o ciudadanas tuvieran acceso a la banda ancha ultrarrápida y algunos ni siquiera tuvieran acceso.


No hace falta ir muy lejos para encontrar ejemplos de este tipo, sin ir más lejos la comunidad autónoma de la que provengo, Castilla y León, que entre otros desatinos la Administración autonómica ha presentado el Plan de banda ancha rural
2009-2013 escasamente hace un mes, es decir, ya bien entrado el 2012, tiene una penetración de banda ancha de un 25% menor que la media nacional, que es un problema gravísimo y que adquiere ya tintes dramáticos si consideramos que es una comunidad
eminentemente rural y con un gravísimo problema de despoblación. Sabemos que no es un problema exclusivo de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que afecta a otras muchas comunidades y a otros territorios, por eso incidimos en la especial
necesidad, no solamente de dar cobertura al 100% de los ciudadanos en el territorio, especialmente en aquellas zonas en las que es más difícil el acceso, que se ponga una especial atención allí, porque precisamente son esta gente la que más lo
necesita. Para evitar que nuestro medio rural se nos muera, para evitar que nuestras islas y nuestras ciudades autónomas se vean condenadas al ostracismo, es necesario fijar una población y la manera más efectiva de hacerlo es potenciar
determinados sectores de crecimiento y de desarrollo económico con una potencial gran importancia para estas zonas, como por ejemplo son el turismo y el sector agroalimentario.


Por todo ello -y acabo con esto, porque ya les anuncié mi brevedad-, señorías, les pedimos, y especialmente al Grupo Popular, que asuman el compromiso de, en colaboración con todas las administraciones implicadas, garantizar una cobertura
del 100% en todo el territorio, especialmente en las zonas mencionadas, porque corremos un riesgo muy grave: el riesgo de abrir una brecha digital más profunda de la que ya existe, así de cometer una grave discriminación si dependiendo del lugar
donde se viva unos ciudadanos tienen acceso a las tecnologías más modernas y ultrarrápidas y otros ni siquiera tienen acceso a ellas.


El señor PRESIDENTE: Por parte de La Izquierda Plural tiene la palabra el señor Yuste.


El señor YUSTE CABELLO: Intervengo con brevedad.


Por supuesto que la extensión de las infraestructuras es algo crucial en nuestro tiempo. La extensión de la banda ancha, tanto la básica como la rápida o la ultrarrápida, se va a traducir en la competitividad de nuestras empresas, pero
también en el desarrollo de un sector tecnológico avanzado e incluso también es muy importante porque se va a traducir en el progreso de nuestra sociedad en general, de la ciudadanía en general. Todo eso no se logra solo con la creación de redes.
Leyendo la iniciativa da la sensación de que pretenden correr exclusivamente enfocados hacia esas redes ultrarrápidas, cuando precisamente hay mucha población y todavía hay mucha parte del territorio del Estado español que se encuentra en un paso
todavía inferior o todavía muy anterior. Hay que hacer lo que piden en esta iniciativa, por supuesto que sí, pero también lo que ha reclamado la portavoz del Grupo Socialista en su enmienda, esto es, evitar la brecha digital en el medio rural.
Añado que también habría que promover una política regulatoria que redujera las tarifas de telecomunicaciones hasta situarlas en la media de los Estados de la OCDE, porque hoy las tarifas de telecomunicaciones en España -recordémoslo- son un 30% más
caras que la media de la OCDE. Esto supone sin duda un grave perjuicio para las pymes, para los autónomos y para la ciudadanía en general. Cuando hablamos de esto, no todo consiste en la extensión de las infraestructuras, sino que también hay que
pensar en el territorio y en las tarifas que afectan decisivamente al acceso a Internet para el conjunto de la ciudadanía. De entrada, el voto de La Izquierda Plural va a ser de abstención a esta proposición no de ley, salvo que se acepte la
enmienda y podamos reconsiderarlo.


El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición, por parte del Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Riera.


La señora RIERA I REÑÉ: En relación con la proposición no de ley, presentada por el Grupo Popular, sobre la promoción de redes de banda ancha ultrarrápida, déjenme hacer una serie de breves consideraciones. Desde nuestro punto de vista, el
cambio del modelo productivo necesario para el Estado pasa por ser capaces de aumentar la productividad y ofrecer nuevos productos y servicios. En este cambio entendemos que tienen mucho que decir las tecnologías de la información y la comunicación
y en especial Internet, ya que afecta muy positivamente a la mejora de los procesos productivos de las empresas, impacta en la reducción de costes y permite aumentar la diversidad de la oferta y ser, sobre todo, más competitivos. Hay que tener en
cuenta que este aumento de la competitividad no es a través de una disminución de los salarios, sino de un aumento de la

Página 27

productividad, con lo cual la ganancia potencial es para todos los agentes económicos. En este marco las TIC, y en particular Internet, tienen otros beneficios que no se circunscriben en el plano económico, sino que abarcan la vida
cotidiana de las personas, la comunicación, las redes sociales, el ocio, etcétera.


La Agenda Digital europea deja patente el enorme potencial de las telecomunicaciones a través de un círculo virtuoso que debe funcionar adecuadamente. Es preciso ofrecer unos contenidos y servicios atractivos en un entorno de Internet
interoperable y sin fronteras, con ello se estimula la demanda de velocidades y capacidades más elevadas, lo que a su vez justifica la inversión en redes más rápidas. El despliegue y la adopción de unas redes más rápidas, por su parte, abren el
camino hacia unos servicios innovadores que exploten las velocidades más elevadas. Prueba de todo ello es la televisión de alta definición o la videoconferencia de alta definición que requieren de servicios de Internet mucho más rápidos de los que
generalmente están disponible. Según un estudio de Chalmers University of Technology, de Suecia, doblar la velocidad de banda ancha supone un incremento aproximado del 0,3 del producto interior bruto.


Señorías, la importancia de la digitalización de la economía llevó a la Unión Europea a establecer los objetivos en la Agenda Digital europea y entre estos objetivos destacan que en el 2013 todos los europeos tengan a su disposición la banda
ancha y que para el 2020 la velocidad sea muy superior, por encima de los 30 megabytes, y además para el 2020 al menos el 50% de los hogares debería tener una conexión ultrarrápida superior a los 100 megabytes. En relación con los objetivos de 2013
están prácticamente alcanzados, en 2011 el porcentaje de conexiones de banda ancha iguales o superiores a 2 megabytes en el Estado fue del 86,5%, similar a la media europea. Sin embargo, nuestro gran reto es alcanzar los objetivos del 2020. Por
todo ello, y con estas consideraciones, desde el grupo parlamentario al que represento apoyamos la propuesta del Grupo Popular, ya que estamos completamente de acuerdo en su espíritu de cumplir con los objetivos marcados por la Unión Europea en su
Agenda Digital. Si bien, también hemos de decir que entendemos que el despliegue normativo deberá hacerse de forma abierta y con diálogo con el sector y con las administraciones que tienen competencias ejecutivas en materia de telecomunicaciones.


El señor PRESIDENTE: A continuación le pregunto al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Araújo, si acepta o rechaza la enmienda por presentada por el Grupo Socialista.


El señor ARAÚJO GIL: Estoy sorprendido, pero no la vamos a aceptar, porque se le ha propuesto una transaccional en el sentido de lo que fija la Agenda Digital europea, que no ha aceptado el Grupo Socialista. Por tanto, no aceptaremos la
enmienda.


El señor PRESIDENTE: Habiendo concluido los debates y como anunciamos al principio que la votación iba a ser no antes de las siete y media de la tarde, animo a los portavoces que en cuanto estén disponibles para proceder a la votación me lo
comuniquen por si podemos adelantar la votación a las siete y media, si no, tendremos que esperar. Se suspende la sesión durante unos minutos. (Pausa).


Vamos a proceder a la votación de las ocho proposiciones no de ley por el orden que figura en el orden del día, no por el orden en que han sido debatidas. En primer lugar, proposición no de ley sobre el impuesto sobre la producción de
energía termonuclear y sobre el depósito y almacenamiento de residuos, presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. Se vota en sus propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 28; abstenciones, 1.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


En segundo lugar, la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la seguridad de las centrales nucleares españolas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23; abstenciones, 4.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


En tercer lugar, la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, relativa a la elaboración con carácter urgente de un plan energético nacional. Se vota en los términos de la transaccional alcanzada con la
enmienda del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; abstenciones, 19.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Punto 4 del orden del día, proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa al impulso a la competitividad industrial desde la eficiencia y ahorro energético. Se vota en los términos de la enmienda
aceptada del Grupo Parlamentario Popular.


Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Página 28

Punto 5 del orden del día, proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre prospecciones petrolíferas en aguas canarias. Se aceptaron las tres autoenmiendas del Grupo Mixto y se aceptaron las enmiendas del Grupo Parlamentario de
La Izquierda Plural, a excepción de la supresión del apartado 5 del texto de la proposición no de ley, que se mantiene.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 24; abstenciones 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


Punto 6 del orden del día, proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre prospecciones petrolíferas en Canarias. Se vota en los términos de la autoenmienda del Grupo Socialista y las dos enmiendas que se aceptaron del
Grupo de La Izquierda Plural.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 24; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


A continuación votamos la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular, sobre medidas de apoyo al sector naval. Se vota en sus propios términos, dado que no fue aceptada la enmienda del Grupo Mixto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; en contra, 13; abstenciones, 3.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Por último, votamos la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la promoción de redes de banda ancha de velocidad ultrarrápida en España. Se vota en sus propios términos al haber sido rechazada la enmienda presentada
por el Grupo Socialista.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 41; abstenciones, 2.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Se levanta la sesión y les deseo unas felices vacaciones de Semana Santa.


Eran las siete y treinta y cinco minutos de la tarde.