municipales. Por otro lado, la Administración Local se
merece una Ley que la entienda como nivel de gobierno y respete
plenamente el principio, constitucionalmente garantizado, de la autonomía
local.

ENMIENDA NÚM. 2

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Dos.

ENMIENDA

De supresión.

Al número dos del artículo primero, sobre el artículo 3.2
de la Ley 7/85:

Se propone la supresión de esta modificación y que la
redacción del art. 3.2 de la Ley 7/85 quede como en su actual redacción,
para que de esta forma las EATIM puedan seguir teniendo la consideración
de Entidades Locales.

JUSTIFICACIÓN

La modificación que se establece del artículo 3.2 de la
LBRL implica la desaparición de las EATIM, Entidades de ámbito
territorial inferior al municipio, de entre las Entidades Locales
enumeradas en este apartado.

Esta desaparición es consecuencia de la modificación,
incorporada también en esta Ley, del artículo 45 de la LBRL, que deja a
estas Entidades como una forma de organización desconcentrada del
municipio, para la administración de núcleos de población separados,
carente de personalidad jurídica.

La regulación de estas Entidades es una materia típica de
la competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas en materia de
régimen Local. Por lo que es necesario ajustar la normativa a lo
dispuesto en el artículo 149.1.18.º de la Constitución.

ENMIENDA NÚM. 3

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Cinco.

ENMIENDA

De supresión.

Al número cinco del artículo primero, que modifica el
artículo 13 de la Ley 5/1985:

Se propone su supresión de esta modificación.

JUSTIFICACIÓN

Cuestionamos la incentivación discriminatoria a favor de
los municipios que se fusionen, la aprobación de los convenios de fusión
por mayoría simple de los plenos municipales y que las diputaciones sean
quienes coordinen y supervisen la integración de los servicios
resultantes del proceso.

Con la propuesta se puede alterar el resultado electoral ya
que al sumar los concejales de dos o más municipios de distinta población
provocaría una composición que no atiende a criterios reales del
municipio resultante de la fusión.

ENMIENDA NÚM. 4

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Seis

ENMIENDA

De adición.

Al artículo 22.2 i) LBRL.

Propuesta de adición:

2. Corresponden, en todo caso, al Pleno municipal en los
Ayuntamientos, y a la Asamblea vecinal en el régimen de Concejo Abierto,
las siguientes atribuciones:

i) La aprobación de la plantilla de personal, de la
relación de puestos de trabajo y demás instrumentos de planificación,
ordenación y regulación colectiva de las relaciones laborales, incluidos
los Acuerdos y/o Convenios Colectivos, así como la fijación de la cuantía
de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los
funcionarios y el número y régimen del personal eventual.

JUSTIFICACIÓN

La actual normativa admite que los instrumentos de
planificación, ordenación y regulación colectiva de las relaciones
laborales en la Administración Local, se atribuya a Alcaldía o Junta de
Gobierno, en algunos casos. Entendemos que estos instrumentos son
esenciales para la gestión de los servicios públicos y de RRHH,
asegurando el derecho efectivo a la negociación y participación laboral y
de la oposición.

ENMIENDA NÚM. 5

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Seis.

ENMIENDA

De adición.

Al artículo 22.2 ñ). Se propone la adición en la letra ñ)
el apartado 2 del artículo 22, de un nuevo párrafo, quedando redactado
como sigue:

ñ) La aprobación de los proyectos de obras y servicios
cuando sea competente para su contratación o concesión, y cuando aún no
estén previstos en los presupuestos.

En cualquier caso el Pleno será el competente para la
aprobación de los pliegos de condiciones de licitación y de la
adjudicación de los contratos de gestión de servicios recogidos en el
artículo 26 que, por

su duración o cuantía, sean considerados como servicios
esenciales y en cualquier caso, aquellos cuya cuantía sea superior a
seiscientos mil euros.

JUSTIFICACIÓN

Los contratos de servicios básicos como limpieza,
transporte público, vertidos, alumbrado, etc constituyen el principal
gasto de los ayuntamientos. En este sentido, dejar sin competencias al
pleno sobre la aprobación de los pliegos y la valoración de los mismos,
es tanto como vaciar de contenido la competencia para la aprobación del
presupuesto en su vertiente del gasto que sí reside en el pleno municipal
puesto que esta vendría condicionada por contrataciones sobre las que no
tiene control.

ENMIENDA NÚM. 6

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Siete.

ENMIENDA

De supresión.

Al número siete del artículo primero, que incluye un nuevo
artículo 24 bis en la Ley 7/1985.

JUSTIFICACIÓN

Se propone la supresión de dicho artículo para preservar la
personalidad jurídica a las Entidades de Ámbito Territorial Inferior al
Municipio. Deben ser las Comunidades Autónomas y Territorios Forales los
que regulen las EATIM. Con la supresión del 24 bis se mantiene la
personalidad jurídica de estas Entidades y, por tanto, su carácter de
ente descentralizado.

ENMIENDA NÚM. 7

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Ocho.

ENMIENDA

De modificación.

Al número ocho del artículo primero, que modifica el Art.
25 de la Ley 7/1985.

Se propone modificar al apartado 2 del artículo 25 de LBRL,
que quedaría redactado como sigue:

2. El municipio ejercerá en todo caso como competencias
propias, en los términos de la legislación del Estado y las Comunidades
Autónomas, en las siguientes materias:

a) En materia de seguridad y ordenación del tráfico urbano,
las competencias que confiere el artículo 53 de la LO 2/1986, de 13 de
marzo de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a los miembros de la
Policía Local.

b) Protección Civil, prevención y extinción de
incendios.

c) Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística;
promoción y gestión de viviendas, parques y jardines, pavimentación de
las vías públicas urbanas y conservación de caminos y vías rurales.

d) Intermediación y asesoramiento en procedimientos de
desahucio u otros conflictos relacionados con el derecho a una vivienda
digna.

e) Gestión y protección del patrimonio histórico-artístico
local. Dentro del término municipal competerá a los consistorios el uso
civil del patrimonio histórico artístico que comprenda iglesias,
catedrales, monasterios y análogos, que conformen edificaciones en
propiedad de las diferentes confesiones religiosas, pero que formen parte
del patrimonio mencionado. El uso y disfrute civil de dichos edificios
será regulado mediante convenio.

f) Protección del medio ambiente. Medio ambiente urbano:
Parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y
protección de la contaminación acústica, lumínica y atmosférica.

g) Abastos, mataderos, ferias y mercados.

h) Defensa de usuarios y consumidores.

i) Participación y planificación en la gestión de la
atención primaria de la salud.

j) Protección de la salubridad pública. Prevención,
promoción y educación para la Salud.

k) Cementerios y servicios funerarios.

l) Prestación de servicios sociales y de promoción,
inserción e inclusión sociales.

m) Suministro de agua, alumbrado público; servicios de
limpieza viaria, de recogida y tratamiento de residuos, alcantarillado y
tratamiento de aguas residuales.

n) Transporte público de viajeros.

o) Actividades, instalaciones y promoción culturales.

p) Actividades, instalaciones y promoción deportivas y de
ocupación de tiempo libre.

q) Promoción y gestión del turismo local.

r) Promoción y gestión del desarrollo económico y el empleo
local.

s) Promoción de instrumentos para la planificación
económica en régimen de coordinación con el resto de administraciones
basados en la concertación y con observancia del principio de
subsidiariedad.

t) Participar en la programación y planificación de la
enseñanza en las etapas de educación infantil, primaria o educación
especial.

u) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la
escolaridad obligatoria.

v) Potenciar los medios de participación ciudadana a través
de instrumentos de democracia participativa y directa así como la
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación.

w) Promoción, planificación y gestión de las políticas de
género, programas y gestión de instalaciones que contribuyan a minimizar
la violencia machista.

x) Promoción, planificación y gestión de programas,
actividades y recursos que contribuyan a la lucha contra cualquier tipo
de discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión
o cualquier otra circunstancia personal o social.

JUSTIFICACIÓN

Mejora y completa el ámbito de competencias propias de los
municipios.

ENMIENDA NÚM. 8

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Nueve.

ENMIENDA

De supresión.

Al número nueve del artículo primero, que modifica el
artículo 26 de la Ley 7/1985.

Supresión del número nueve del artículo 1 del proyecto, en
relación a la modificación del artículo 26 de la LBRL.

JUSTIFICACIÓN

Este apartado 1.9 refleja la errónea concepción de lo que
han sido y son las diputaciones provinciales, así como se fuerzan los
conceptos de forma un tanto grosera. Se afirma, en efecto, lo siguiente:
«La asistencia de las Diputaciones a los Municipios, prevista en el
artículo 36, se dirigirá preferentemente al establecimiento y adecuada
prestación de los servicios mínimos».

Es evidente, por obvio, que se mezclan interesadamente lo
que es la función tradicional de las diputaciones provinciales (la
asistencia a municipios) con algo que es cualitativamente distinto, como
es la prestación de servicios sobre ámbitos materiales concretos hasta
ahora de competencia y de ejercicio municipal. No es posible, en términos
conceptuales exactos, que una competencia funcional, como es la de
asistencia, englobe una competencia material, como es la prestación de
servicios.

La confusión en este punto denota con claridad que el
proyecto se asienta sobre bases conceptuales muy poco sólidas y, en
algunos puntos como este, sobre construcciones conceptuales totalmente
erróneas.

No se trata de un mero ejercicio por la provincia de las
competencias municipales, siguiendo de su titularidad (más asimilable a
una labor de asistencia, aunque de imposición obligatoria a municipios y
provincias), sino de un traspaso a la misma de la titularidad de las
competencias municipales. Aunque aquí la confusión es la norma.

Cabe entender, por tanto, que la voluntad del proyecto es
la de trasladar «el ejercicio de las competencias», pues en caso
contrario el encaje constitucional de este procedimiento sería muy dudoso
al afectar en algunos casos a la garantía institucional de la autonomía
municipal (en cuanto «vaciaría» de competencias, que son propias de los
municipios, a innumerables ayuntamientos). Además, la «reversibilidad» de
«la asunción del servicio» claramente nos advierte que no hay un traslado
competencial.

No tiene ninguna lógica institucional tal baile de
conceptos que, además, son nucleares para identificar la intensidad y
calado de las afectaciones a la autonomía local en las que este precepto
incurre.

¿Serán empresas privadas las que evaluarán la actuación del
municipio, máxima expresión de la democracia al tratarse del nivel de
gobierno mas cercano al ciudadano?¿Tendrá que asumir el municipio el
coste de esta evaluación, pese a la crítica situación en que se encuentra
por la actual situación de crisis económica?

¿Por qué la diputación coordinará los servicios en
municipios menores de 20.000 habitantes y no en todos o en los menores de
5.000 o 1.000 o en ninguno?

ENMIENDA

De adición.

Al número nueve del artículo primero. Se propone la
inclusión de un nuevo apartado (renumerado) tras el apartado nueve del
Proyecto, por el que se incluye un nuevo artículo 26 bis en la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, con el
siguiente texto:

«1. Las competencias en materia de urbanismo y medio
ambiente urbano, establecidas en el artículo 25.2.a) y b), incluidas las
competencias reguladas en esta Ley en materia de aprobación de planes o
instrumentos de ordenación, planeamiento y gestión, previstos en la
legislación urbanísticas, se ejercerán cumpliendo las normas que regulan
las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en
desarrollo de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad, así como las que aprueben las Comunidades
Autónomas y las propias entidades locales en sus respectivos ámbitos.

2. Los acuerdos por los que se aprueben los planes o
instrumentos de ordenación, planeamiento y gestión, previstos en la
legislación urbanísticas, así como cualquier expediente administrativo de
autorización, serán nulos cuando incumplan las normas señaladas en el
apartado anterior.

3. Los municipios aprobarán Ordenanzas en materia de
accesibilidad universal, en los ámbitos sobre los que tiene competencias
conforme a lo establecido en el artículo 25, posibilitando la
participación ciudadana directa en los planes urbanísticos.»

JUSTIFICACIÓN

Las Administraciones Locales pueden prestar una
contribución esencial a lograr el objetivo de ir eliminando toda
discriminación en materia de accesibilidad y movilidad. Por otra parte,
las Administraciones Locales deberán cumplir las normas mínimas que
establecen las condiciones de accesibilidad, aprobadas en desarrollo de
la ley 51/2003, de 2 de diciembre (LIONDAU), según se expuso antes, así
como otras normas sectoriales establecidas por el Gobierno de la Nación o
los Gobiernos de las Comunidades Autónomas.

A las Administraciones Locales les corresponde la
aprobación de Ordenanzas de Accesibilidad, en desarrollo, en su caso, de
las Leyes de Accesibilidad de las Comunidades Autónomas y dentro del
«paraguas», también, de las referidas condiciones básicas de
accesibilidad que se aprueben en el marco de la LIONDAU

El ámbito de dichas Ordenanzas debe afectar a todos los
ámbitos en que son competentes.

Se ha de condicionar la aprobación de todo expediente
municipal al cumplimiento de las normas sobre accesibilidad.

ENMIENDA NÚM. 9

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Nueve.

ENMIENDA

De adición.

Al número nueve del artículo primero. Se propone la
inclusión de un nuevo apartado (renumerado) tras el apartado nueve del
Proyecto, por el que se incluye un nuevo artículo 26 bis en la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, con el
siguiente texto:

«1. Las competencias en materia de urbanismo y medio
ambiente urbano, establecidas en el artículo 25.2.a) y b), incluidas las
competencias reguladas en esta Ley en materia de aprobación de planes o
instrumentos de ordenación, planeamiento y gestión, previstos en la
legislación urbanísticas, se ejercerán cumpliendo las normas que regulan
las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en
desarrollo de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad, así como las que aprueben las Comunidades
Autónomas y las propias entidades locales en sus respectivos ámbitos.

2. Los acuerdos por los que se aprueben los planes o
instrumentos de ordenación, planeamiento y gestión, previstos en la
legislación urbanísticas, así como cualquier expediente administrativo de
autorización, serán nulos cuando incumplan las normas señaladas en el
apartado anterior.

3. Los municipios aprobarán Ordenanzas en materia de
accesibilidad universal, en los ámbitos sobre los que tiene competencias
conforme a lo establecido en el artículo 25, posibilitando la
participación ciudadana directa en los planes urbanísticos.»

JUSTIFICACIÓN

Las Administraciones Locales pueden prestar una
contribución esencial a lograr el objetivo de ir eliminando toda
discriminación en materia de accesibilidad y movilidad. Por otra parte,
las Administraciones

Locales deberán cumplir las normas mínimas que establecen
las condiciones de accesibilidad, aprobadas en desarrollo de la ley
51/2003, de 2 de diciembre (LIONDAU), según se expuso antes, así como
otras normas sectoriales establecidas por el Gobierno de la Nación o los
Gobiernos de las Comunidades Autónomas.

A las Administraciones Locales les corresponde la
aprobación de Ordenanzas de Accesibilidad, en desarrollo, en su caso, de
las Leyes de Accesibilidad de las Comunidades Autónomas y dentro del
«paraguas», también, de las referidas condiciones básicas de
accesibilidad que se aprueben en el marco de la LIONDAU.

El ámbito de dichas Ordenanzas debe afectar a todos los
ámbitos en que son competentes.

Se ha de condicionar la aprobación de todo expediente
municipal al cumplimiento de las normas sobre accesibilidad.

ENMIENDA NÚM. 10

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Diez.

ENMIENDA

De supresión.

Al número diez del artículo primero. Se propone la
supresión del artículo artículo 27 de la LBRL.

JUSTIFICACIÓN

El artículo genera colisiones manifiestas con los Estatutos
de Autonomía reformados en materia de competencias (en especial con lo
dispuesto por la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio de reforma del
Estatuto de Autonomía de Cataluña art.84-87 y la LO 2/2007 de 19 de marzo
de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía art.93). Igualmente
colisiona con la Ley de Administración Local en Aragón, que desarrolla lo
establecido en el Estatuto de Aragón. Se considera improcedente e
innecesario el listado de competencias que, entre otras consideraciones,
podrán delegar el Estado y las Comunidades Autónomas en los
municipios.

ENMIENDA NÚM. 11

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Once.

ENMIENDA

De sustitución.

Al número once del artículo primero, el artículo 28 de la
LBRL queda redactado como sigue:

«Los Municipios pueden realizar actividades y gestionar
servicios complementarios de las materias propias de otras
Administraciones Públicas, siempre que ello no afecte a la adecuada
prestación de los servicios mínimos, en un horizonte de equilibrio
económico-financiero.»

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto de Ley propone la supresión del art. 28 de la
Ley 7/1985 LBRL que prevé la posibilidad que los municipios realicen
actividades complementarias de otras administraciones públicas. Siendo
coherentes, se trata de trasladar al artículo 28 la regulación que ya
prevé el proyecto en su art. 7.4 en el que se contempla la posibilidad de
adoptar nuevas iniciativas complementarias. Es decir, se mantiene la
sistemática del texto legal, al mantener este artículo.

En realidad, la supresión, no acaba con las actividades
complementarias de las entidades locales, porque pretender esa operación
es un objetivo irrealizable en lo material a tenor de los dispuesto por
la CE en los artículos 9.2,44.1, 45.2, 47 o 130.1. El Proyecto de Ley
sólo realiza un cambio de denominación, para seguir manteniendo su
existencia siempre que se ajusten a las exigencias del artículo 7.4. Un
empeño por clarificar las competencias que se muestra, una vez más,
inútil en su recorrido conceptual y sobre todo operativo.

Si bien se considera que en la vertiente de impedir el
ejercicio de competencias impropias en determinadas materias es
congruente dicha supresión, aspectos tales como la promoción de la mujer
o la protección del medio ambiente se consideran obligación de todas las
Administraciones Públicas, por su transversalidad. Cabe subrayar que
muchas de estas «actividades complementarias» son competencias propias de
las Comunidades Autónomas y que con ese acotamiento competencial que
pretenden llevar a cabo los artículos 25 y 27, pretenden cerrar el paso a
que el legislador autonómico sectorial atribuya competencias sobre esos
ámbitos a los municipios. Esa operación es a todas luces
inconstitucional.

ENMIENDA NÚM. 12

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Doce.

ENMIENDA

De modificación.

Al número doce del artículo primero que modifica el
artículo 32 bis de la LBRL, quedando redactado como sigue:

El nombramiento del personal directivo que, en su caso,
hubiera en las Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares deberá
efectuarse de acuerdo a criterios de competencia profesional, experiencia
y adecuación al puesto, entre empleados públicos con condición de
funcionario de carrera o personal laboral fijo.

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto establece una clara discriminación entre el
empleo público para el acceso a puestos directivos, en función del tipo
de relación laboral (funcionarial), que no consideramos ajustada, salvo
en los supuestos en que el desempeño del cargo implique el ejercicio de
potestades públicas y así se establezca en la correspondiente RPT. La
restricción en el acceso a puestos directivos al grupo A1, no garantiza
una mayor cualificación profesional de las personas seleccionadas.

Página
117

ENMIENDA

De adición.

Al número quince al artículo primero (artículo nuevo,
corriendo numeración), por el que se modifica la letra b) del apartado 2
del artículo 46 de la LBRL, que quedaría redactado como sigue:

b) Las sesiones plenarias han de convocarse, al menos, con
dos días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias que lo hayan
sido con carácter urgente, cuya convocatoria con este carácter deberá ser
ratificada por el Pleno. Las sesiones plenarias se celebrarán en la sede
de la respectiva corporación, o en aquellos espacios que se designe al
efecto en el propio reglamento orgánico. La documentación íntegra de los
asuntos incluidos en el orden del día, que deba servir de base al debate
y, en su caso, votación, deberá figurar a disposición de los Concejales,
desde el mismo día de la convocatoria, en la Secretaría de la
Corporación.

JUSTIFICACIÓN

Los textos legales elaborados por el Gobierno sobre la LBRL
limitan la autonomía local establecida por el artículo 140 de la
Constitución en cuanto a la capacidad de autorregular los espacios en los
cuales se puede reunir legalmente el Pleno de la corporación. Este es un
tema que ha resultado especialmente sensible en municipios con dos o más
núcleos urbanos claramente diferenciados que han tratado de alternar la
celebración de sesiones en locales designados mediante el propio
reglamento orgánico de la corporación. Tal ha sido el caso de Sagunto
(Valencia) que acordó mediante su reglamento orgánico la celebración de
Plenos alternativamente en el núcleo urbano de Sagunto y en el del Puerto
de Sagunto, habiendo recaído sentencia contraria a ello por contravenir
el artículo 49 del RDL 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de
Régimen Local.

ENMIENDA NÚM. 16

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Diecisiete.

ENMIENDA

De adición.

Al número diecisiete del artículo del primero. Inclusión de
un nuevo apartado (renumerado) tras el apartado diecisiete del Proyecto,
por el que se incluye un nuevo artículo 72 bis de la Ley 7/1985:

«1. Toda actuación de información o participación será
plenamente accesible a las personas con discapacidad de cualquier tipo,
incluida sensorial o de comunicación.

2. Se incorporará a todos los foros u órganos de
participación a la asociación más representativa de las personas con
discapacidad y de sus familias en el ámbito de la Comunidad Autónoma en
cuyo ámbito se encuentre la Entidad Local.

3. Todas las decisiones que puedan afectar a las personas
con discapacidad deberán ser objeto de consulta previa a las asociaciones
más representativas de las personas con discapacidad y de sus familias en
el ámbito de la Comunidad Autónoma en cuyo ámbito se encuentre la Entidad
Local.»

JUSTIFICACIÓN

En todas las actividades de información y publicidad de las
Entidades Locales se deben tener en cuenta las necesidades específicas de
los distintos tipos de discapacidad. Se debe garantizar de forma clara e
ineludible, a través de esta Ley, la accesibilidad a la información de
las personas con cualquier tipo de discapacidad, incluida sensorial o de
comunicación y cognitiva, a través de cualquier vía o medio (físico,
virtual…). El sector público debe centrarse en prestar unos
servicios inclusivos, para todos, ya vivan en las ciudades o en las zonas
rurales, ya tengan necesidades especiales, debido a la discapacidad, o
no. No todo el mundo sabe utilizar o puede permitirse un PC, por lo que
los servicios públicos deben estar accesibles en todas las plataformas
(PCs, televisión digital, móviles, y ventanillas únicas).

ENMIENDA NÚM. 17

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Dieciocho.

ENMIENDA

De supresión.

Al número dieciocho del artículo primero. Se propone la
supresión del nuevo artículo 75 bis sobre el régimen retributivo de los
miembros de las Corporaciones Locales y del personal al servicio de las
entidades locales.

JUSTIFICACIÓN

La propuesta de régimen retributivo de los miembros de las
Corporaciones Locales y el personal al servicio de las entidades locales
no tiene el mínimo consenso entre las fuerzas políticas y la FEMP. No
garantiza la autonomía local y no se fija sobre criterios objetivos tales
como la población, el presupuesto o la situación financiera municipal. El
Proyecto de Ley contradice lo acordado en la Comisión de Administraciones
Publicas del Congreso de los Diputados por unanimidad sobre esta cuestión
al aprobarse la Proposición no de Ley sobre la reforma del sistema
retributivo de los cargos públicos de las entidades locales presentada
por el Grupo Parlamentario IU-ICV, cuyo texto era el siguiente:

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar
un acuerdo entre las fuerzas políticas y la FEM, con el fin de que,
garantizando la autonomía local, se establezca un marco de retribuciones
de los cargos públicos locales que respondan a criterios objetivos tales
como la población, el presupuesto y la situación financiera municipal,
con el fin de incorporarlo, en su caso, al proyecto de ley de nuevo
Gobierno local.»

ENMIENDA NÚM. 18

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Diecinueve.

ENMIENDA

De supresión.

Al número diecinueve del artículo primero. Se propone la
supresión de esta apartado sobre el nuevo artículo 75 ter sobre la
limitación en el número de cargos públicos de las entidades locales con
dedicación exclusiva.

JUSTIFICACIÓN

La limitación que plantea esta disposición con respecto la
dedicación exclusiva de cargos públicos en municipios de menos de 1.000
habitantes se considera que desincentiva la acción política en el pequeño
municipio, suponiendo un ataque a la democracia.

De otro lado se observa que no se prevé el número de cargos
públicos con dedicación exclusiva en los municipios de más de 1.000.0000
de habitantes que no sean Madrid y Barcelona, lo que se aviene mal con
una regulación normativa de vigencia indefinida; por más que en el
momento actual no se dé el supuesto, es posible que en un futuro algún
municipio pudiera alcanzar esa cifra de población.

ENMIENDA NÚM. 19

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Veinte.

ENMIENDA

De modificación.

Al número veinte del artículo primero, por el que se
modifica el art. 84.bis.1 LBRL

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior,
del cumplimiento de las previsiones de uso del suelo establecidas en el
correspondiente planeamiento y de la liquidación de las obligaciones
fiscales establecidas por la entidad correspondiente, con carácter
general, el ejercicio de actividades no se someterá a la obtención de
licencia u otro medio de control preventivo.

JUSTIFICACIÓN

El sometimiento de la mayoría de las actividades privadas
locales a comunicación responsable, debe compatibilizarse con el
cumplimiento de las regulaciones municipales en la materia. Se considera
necesario hacerlo explícito en el texto de la legislación Local,
especialmente en las normas urbanísticas y de uso del suelo y
fiscales.

ENMIENDA NÚM. 20

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Veinte.

ENMIENDA

De adición.

Al número veinte del artículo primero, por el que se
modifica el art. 84.bis.1.a).

Propuesta de adición:

1. …/…

No obstante, podrá exigirse una licencia u otro medio de
control preventivo respecto a aquellas actividades económicas:

a. Cuando esté justificado por razones de orden público,
seguridad pública, salud pública, protección del patrimonio
histórico-artístico o del medio ambiente en el lugar concreto donde se
realiza la actividad, y estas razones no puedan salvaguardarse mediante
la presentación de una declaración responsable o de una comunicación.

JUSTIFICACIÓN

No está justificada la supresión del control previo de
acciones en que pudiera verse afectado el patrimonio histórico artístico
en relación con el ARSAL y otra normativa. Podría contribuir a
situaciones irreparables.

ENMIENDA NÚM. 21

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Veintiuno.

ENMIENDA

De supresión.

Al número veintiuno del artículo primero, por el que se
modifica el artículo 85.2 de la LBRL.

Se propone la supresión de la modificación del apartado 2
del artículo 85 LBRL.

JUSTIFICACIÓN

La valoración de la eficiencia para la gestión de los
servicios públicos no es una función que corresponda al Interventor
Municipal sino a los órganos de gobierno de los entes locales. Hay que
añadir que la norma sufre un cierto grado de incertidumbre en someter la
decisión municipal a la acreditación de unos requisitos que se definen de
forma indeterminada. Por otra parte, la exigencia, a los efectos de optar
por una forma de gestión indirecta, de una segunda memoria justificativa
del asesoramiento recibido, tan sólo aporta confusión, es redundante e
innecesaria.

Página
122

JUSTIFICACIÓN

El texto constituye una declaración de principios que no se
compadece con la estructura de las plantillas en municipios con
prestación directa de servicios mínimos, de los regulados en el artículo
26.2 LBRL.

ENMIENDA NÚM. 24

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Veinticinco.

ENMIENDA

De adición.

Al número veinticinco (nuevo, corriendo numeración) del
artículo primero. Se propone la adición de una modificación del artículo
89 LBRL, que quedaría redactado como sigue:

Artículo 89.

1. El personal al servicio de las Entidades locales estará
integrado por funcionarios de carrera, contratados en régimen de derecho
laboral y personal eventual que desempeña puestos de confianza o
asesoramiento especial.

2. Las relaciones laborales y la determinación de las
condiciones de trabajo del personal asalariado de las entidades locales
se desarrollarán mediante la negociación colectiva, en el marco de la
legislación aplicable.

JUSTIFICACIÓN

Al igual que el Proyecto considera necesaria la remisión
constante a la exigencia de leyes en vigor, consideramos imprescindible
el reconocimiento de la negociación colectiva en la AALL.

ENMIENDA NÚM. 25

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Veintiocho.

ENMIENDA

De supresión.

Al número veintiocho del artículo primero. Se propone
suprimir este apartado sobre el nuevo artículo 104 bis sobre el «personal
eventual de las entidades locales».

JUSTIFICACIÓN

Existe falta de justificación de los criterios de
estratificación seguidos en función de la población, de tal forma que en
este caso no pueden contar con personal eventual los municipios con
población inferior a 5.000

habitantes, cuando pueden ser los que más lo requieran por
la escasez de su personal funcionario y laboral, lo que sigue la línea u
objetivo general de la reforma de debilitamiento institucional de los
pequeños municipios.

ENMIENDA NÚM. 26

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Treinta.

ENMIENDA

De supresión.

Al número treinta del artículo primero, por el que se
incluye un nuevo artículo 116 bis.

JUSTIFICACIÓN

Se propone la supresión de este artículo que incluye un
nuevo artículo 116 bis de la LBRL, dado su carácter regresivo para la
democracia local.

ENMIENDA NÚM. 27

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Treinta y uno.

ENMIENDA

De supresión.

Al número treinta y uno del artículo primero, por el que se
incluye un nuevo artículo 116ter.

JUSTIFICACIÓN

La valoración del coste del coste estándar debería hacerse
por las CCAA y municipios atendiendo a las especificidades propias de los
territorios y a otros parámetros tales como población, localización,
orografía, etc.

ENMIENDA NÚM. 28

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Treinta y cinco.

ENMIENDA

De supresión.

Al número treinta y cinco del artículo primero. Se propone
la supresión de este apartado sobre la disposición adicional novena.

JUSTIFICACIÓN

Se considera que las medidas que contempla vulneran la
autonomía y la potestad autoorganizativa local, al establecer una serie
de prohibiciones a las entidades locales territoriales de crear entes
instrumentales o de participar en otras entidades, durante el periodo de
vigencia de su plan económico— financiero o de su plan de
ajuste.

También se considera que atenta contra al autonomía y la
potestad autoorganizativa local la obligación prevista en el apartado 2,
de disolver las entidades dependientes de las entidades locales que
desarrollen actividades económicas deficitarias si continúan en esta
situación a 31 de diciembre de 2014, previa aprobación antes del 31 de
diciembre de 2013 de un Plan de Saneamiento Individualizado. En caso que
no se acuerde su disolución quedarán disueltas automáticamente a 1 de
agosto de 2015.

En los apartados 3 se establece la prohibición a los
organismos, entidades, sociedades, consorcios, fundaciones, adscritos o
dependientes de las entidades locales o de sus organismos autónomos, para
constituir, participar en la constitución y adquirir nuevas
entidades.

Por último, en el apartado 4 e contempla la obligación de
disolver en el plazo de un mes de las entidades controladas por entidades
dependientes de las entidades locales o por sus organismos autónomos, e
iniciar el proceso de liquidación en tres meses.

Se indica que, según se especifica en su apartado 1 el
contenido de este artículo solo resulta aplicable a las entidades locales
previstas en el artículo 3.1 de la Ley, desconociéndose el criterio
seguido para excluir de su aplicación a las entidades previstas en el
apartado 2 del artículo 3, cuales son las comarcas, las áreas
metropolitanas y las mancomunidades de municipios.

No se entiende, por ejemplo, por qué debe disolverse una
entidad instrumental dependiente de otra cuyo funcionamiento sea
plenamente correcto (por ejemplo, una empresa pública dependiente de un
consorcio).

ENMIENDA NÚM. 29

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Nuevo. Por el que se modifica el artículo 94 LBRL.

Propuesta de adición:

La jornada de trabajo de los funcionarios de la
Administración local, será objeto de negociación en los ámbitos
correspondientes, de conformidad con lo previsto en el artículo 37.1.m)
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, en el marco de la legislación básica estatal y autonómica
correspondiente.

En su defecto, se les aplicarán las mismas normas sobre
equivalencia y reducción de jornada de la Administración Civil del
Estado.

JUSTIFICACIÓN

La jornada de trabajo es materia de negociación colectiva,
tanto de personal laboral como funcionario, en la Administración Local,
aunque puedan regularse su contenido por legislación básica estatal o
leyes autonómicas dictadas en virtud de competencia propia en la materia.
Mantener la remisión automática a otras administraciones es contrario al
derecho de negociación.

Artículo 37 Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico
del Empleado Público. Materias objeto de negociación m) Las referidas a
calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, movilidad
funcional y geográfica, así como los criterios generales sobre la
planificación estratégica de los recursos humanos, en aquellos aspectos
que afecten a condiciones de trabajo de los empleados públicos.

ENMIENDA NÚM. 30

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo primero. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Nuevo. Por el que se modifica el artículo 96 LBRL.

En el ejercicio del derecho y el deber de formación del
personal funcionario del las Administraciones Locales, la Administración
del Estado y las autonómicas, en el marco de la negociación prevista en
el artículo 37.1.f) del EBEP, desarrollarán cursos de perfeccionamiento,
especialización y promoción para este personal, colaborado entre sí, así
como con las instituciones de este tipo que acuerden constituir las
propias Corporaciones.

JUSTIFICACIÓN

La propuesta pretende enmarcar la formación y promoción
como deber de las administraciones locales y del personal asalariado. En
esta materia deben cooperar todas las instituciones y garantizar la
negociación correspondiente.

ENMIENDA NÚM. 31

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición adicional decimotercera.

ENMIENDA

De supresión.

Disposición adicional decimotercera. Propuesta de
supresión.

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto plantea una política de RRHH completamente
contrapuesta en la gestión de servicios locales mediante Consorcios, en
función de que estuvieran creados con anterioridad a la entrada en vigor
de la LRSAL o después. La limitación en el primer caso, que impide
reasignar efectivos de las entidades integradas en el Consorcio, carece
de fundamento. Solo persigue endurecer la gestión de RRHH en la AALL y
evitar que los procesos de reasignación eviten la destrucción de empleo
público.

ENMIENDA NÚM. 32

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Disposición adicional nueva, que queda redactada como
sigue:

«Disposición adicional nueva. Competencias autonómicas en
materia de régimen local.

1. Las disposiciones de esta Ley son de aplicación a todas
las Comunidades Autónomas, exceptuando aquellas con un sistema
institucional propio que emana de sus propios Estatutos de Autonomía y
que hayan desarrollado o estén en proceso de aprobación de una ley de
gobiernos locales.

2. En el caso de las Comunidades Autónomas con un sistema
institucional propio, las referencias de esta ley a las Diputaciones
provinciales se entenderán efectuadas a los entes locales
supramunicipales previstos en los correspondientes Estatutos de Autonomía
a los que se atribuyen competencias en materia de asistencia y
cooperación a los municipios y prestación de servicios públicos
locales...»

JUSTIFICACIÓN

El Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado por Ley
Orgánica 6/2006, de 9 de julio, atribuye a la Generalitat de Cataluña la
competencia exclusiva en materia de régimen local.

Artículo 160.1, sobre el régimen local:

«Artículo 160. Régimen local.

1. Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva en
materia de régimen local que, respetando el principio de autonomía local,
incluye:

a) Las relaciones entre las instituciones de la Generalitat
y los entes locales, así como las técnicas de organización y de relación
para la cooperación y la colaboración entre los entes locales y entre
éstos y la Administración de la Generalitat, incluyendo las distintas
formas asociativas, mancomunadas, convencionales y consorciales.

b) La determinación de las competencias y de las potestades
propias de los municipios y de los demás entes locales, en los ámbitos
especificados por el artículo 84.

c) El régimen de los bienes de dominio público, comunales y
patrimoniales y las modalidades de prestación de los servicios
públicos.

d) La determinación de los órganos de gobierno de los entes
locales creados por la Generalitat y el funcionamiento y régimen de
adopción de acuerdos de estos órganos.

e) El régimen de los órganos complementarios de la
organización de los entes locales.»

Este artículo fue impugnado conjuntamente con los artículos
84.2 y 86.5 argumentando que el capítulo donde estaban integrados estos
artículos contenían una regulación impropia para un Estatuto porque
impedían (según los recurrentes) el ejercicio de la competencia estatal
en relación a dictar normas básicas sobre las competencias locales.

«Capítulo VI. El Gobierno local.

Artículo 84. Competencias locales.

2. Los gobiernos locales de Cataluña tienen en todo caso
competencias propias sobre las siguientes materias en los términos que
determinen las leyes:

a) La ordenación y la gestión del territorio, el urbanismo
y la disciplina urbanística y la conservación y el mantenimiento de los
bienes de dominio público local.

b) La planificación, la programación y la gestión de
vivienda pública y la participación en la planificación en suelo
municipal de la vivienda de protección oficial.

c) La ordenación y la prestación de servicios básicos a la
comunidad.

d) La regulación y la gestión de los equipamientos
municipales.

e) La regulación de las condiciones de seguridad en las
actividades organizadas en espacios públicos y en los locales de
concurrencia pública.La coordinación mediante la Junta de Seguridad de
los distintos cuerpos y fuerzas presentes en el municipio.

f) La protección civil y la prevención de incendios.

g) La planificación, la ordenación y la gestión de la
educación infantil y la participación en el proceso de matriculación en
los centros públicos y concertados del término municipal, el
mantenimiento y el aprovechamiento, fuera del horario escolar, de los
centros públicos y el calendario escolar.

h) La circulación y los servicios de movilidad y la gestión
del transporte de viajeros municipal.

i) La regulación del establecimiento de autorizaciones y
promociones de todo tipo de actividades económicas, especialmente las de
carácter comercial, artesanal y turístico y fomento de la ocupación.

j) La formulación y la gestión de políticas para la
protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible.

k) La regulación y la gestión de los equipamientos
deportivos y de ocio y promoción de actividades.

l) La regulación del establecimiento de infraestructuras de
telecomunicaciones y prestación de servicios de telecomunicaciones.

m) La regulación y la prestación de los servicios de
atención a las personas, de los servicios sociales públicos de asistencia
primaria y fomento de las políticas de acogida de los inmigrantes.

n) La regulación, la gestión y la vigilancia de las
actividades y los usos que se llevan a cabo en las playas, los ríos, los
lagos y la montaña.

3. La distribución de las responsabilidades administrativas
en las materias a que se refiere el apartado 2 entre las distintas
administraciones locales debe tener en cuenta su capacidad de gestión y
se rige por las leyes aprobadas por el Parlamento, por el principio de
subsidiariedad, de acuerdo con lo establecido por la Carta Europea de la
Autonomía Local, por el principio de diferenciación, de acuerdo con las
características que presenta la realidad municipal, y por el principio de
suficiencia financiera.

Artículo 86. El municipio y la autonomía municipal.

5. Corresponde a la Generalitat el control de la adecuación
al ordenamiento jurídico de los actos y acuerdos adoptados por los
municipios y, si procede, la impugnación correspondiente ante la
jurisdicción contenciosa administrativa, sin perjuicio de las acciones
que el Estado pueda emprender en defensa de sus competencias.»

La sentencia 31/2010, de 28 de junio que resolvió los
recursos de inconstitucionalidad contra el Estatut no anula estos
artículos y hace una interpretación útil para fundamentar que el conjunto
de competencias que ostenten los gobiernos locales de Cataluña no depende
de lo que disponga la legislación básica del Estado, si no que goza de
protección por parte del bloque de constitucionalidad (Estatut) que el
Gobierno de Cataluña debe hacer efectiva y el estatal respetar.

Al mismo tiempo la impugnación de los artículos 160.1 y
160.3 sobre la atribución a la Generalitat de competencias exclusivas
sobre régimen local no declara su inconstitucionalidad, aunque la
Generalitat no

menciona las competencias que a favor del Estado establece
el artículo 149.1.18a de la Constitución, lo que quiere decir que se
acepta, se asume y se respeta la autonomía de la Generalitat para
desarrollar su propio modelo institucional. Es lo que llama Miquel Roca
como la tensión entre la concepción bifrontal del régimen local y la
interiorización autonómica, es decir que su garantía y defensa de los
entes locales obliga al Estado y, también, a las comunidades autónomas. Y
eso porque la autonomía local se inscribe directamente en el texto
constitucional. Pero después de 35 años desde la aprobación de la
Constitución, la interpretación del bloque de constitucionalidad debe ser
otra y se debe desplazar al carácter bifrontal en favor de la
interiorización autonómica de los regimenes locales.

Esta afirmación la refuerza el hecho de que los últimos
cuatro años la Generalitat ha ido desarrollando un cuerpo legislativo
propio en relación al régimen local y, por tanto, a una voluntad clara de
poner en práctica un sistema institucional propio. Como ejemplos las
siguientes leyes:

Ley 2/2009, de 12 de febrero, del Consejo de Garantías
Estatutarias

Ley 27/2009, del 23 de diciembre, del Síndic de Greuges

Ley 18/2010, del 7 de junio, de la Sindicatura de
Comptes

Ley 26/2010, del 3 de agosto, del régimen jurídico y
procedimiento administrativo de las administraciones públicas de
Cataluña

Ley 12/2010, del 19 de mayo, del Consejo de Gobiernos
Locales

Ley 30/2010, del 3 de agosto, de vegueries

Ley 31/2010, del 3 de agosto, del Área Metropolitana de
Barcelona

Proyecto de Ley de Gobiernos Locales de Cataluña

Por todos estos motivos podríamos concluir que:

1) La sentencia 31/2010, de 28 de junio no declara
inconstitucionales los artículos 160.1 y 160.3, ni los artículos 84.2 y
84.3 ni el 86.5 referentes a las competencias autonómicas de régimen
local.

2) La evolución del marco constitucional y de los gobiernos
locales reclama pasar del carácter bifrontal del régimen local a la
interiorización autonómica.

3) El Estado reconoce (al rechazar la impugnación) el valor
generador de competencias a la Generalitat en relación al régimen
local.

4) La Generalitat ha desarrollado un sistema institucional
propio que ahora culmina con la ley de gobiernos locales y de forma
inmediata con la ley de finanzas locales.

ENMIENDA NÚM. 33

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Disposición Adicional decimoséptima (nueva). Quedaría
redactada como sigue:

Disposición adicional decimosexta. Estaciones de
Radioaficionado.

Conforme a lo dispuesto en la Ley 19/1983 sobre regulación
del derecho a instalar en el exterior de los inmuebles las antenas de las
estaciones radioeléctricas de aficionados y ORDEN ITC/1791/2006, de 5 de
junio, por la que se aprueba el Reglamento de uso del dominio público
radioeléctrico por aficionados, las estaciones de Radioaficionado
únicamente precisarán para su instalación y funcionamiento de la
preceptiva autorización reglamentaria expedida por el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo y por lo

tanto, no se someterán a la obtención de licencia u otro
medio de control preventivo ni de comprobación e inspección posterior por
parte de la entidad local.

JUSTIFICACIÓN

El Artículo 1 de la Ley 19/1983 sobre regulación del
derecho a instalar en el exterior de los inmuebles las antenas de las
estaciones radioeléctricas de aficionados, establece lo siguiente:

«Quienes estando legitimados para usar de la totalidad o
parte de un inmueble y hayan obtenido la autorización reglamentaria del
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones para el montaje de
una estación radioeléctrica de aficionados, podrán instalar, por su
cuenta, en el exterior de los edificios que usen, antenas para la
transmisión y recepción de emisiones.»

Es decir, la propia normativa estatal ya establece que el
único requisito para llevar a cabo una instalación y puesta en
funcionamiento de una estación radioeléctrica de aficionado sea la
autorización preceptiva y reglamentariamente regulada expedida por el
ahora Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

ENMIENDA NÚM. 34

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición transitoria primera.

ENMIENDA

De supresión.

Disposición Transitoria primera.

JUSTIFICACIÓN

El Proyecto suprime la participación local en la gestión de
la Atención primaria de Salud, y solo esta, desde el momento de entrada
en vigor de la LRSAL.

Entendemos que esta competencia debería permanecer en el
ámbito local, para asegurar la participación de la ciudadanía, a través
de su representación más directa.

ENMIENDA NÚM. 35

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición transitoria cuarta.

ENMIENDA

De sustitución.

Disposición transitoria cuarta. Se propone su sustitución
por:

«Rendición de cuentas de entidades de ámbito territorial
inferior al Municipio:

1. En el plazo de 12 meses desde la entrada en vigor de
esta Ley, las entidades de ámbito territorial inferior al Municipio
deberán tener presentadas las cuentas de los últimos dos ejercicios ante
los organismos correspondientes del Estado y de la Comunidad Autónoma
respectiva.

2. En el caso de no presentar dichas cuentas en el plazo
previsto, la Comunidad Autónoma, en el plazo de tres meses, nombrará una
Comisión Gestora que asumirá el gobierno de la entidad de ámbito
territorial inferior al Municipio hasta las siguientes elecciones y que
deberá regularizar las cuentas de la entidad.»

JUSTIFICACIÓN

Se mantiene la obligación de rendir cuentas, pero se
concreta el número de ejercicios y se amplía el plazo, pues los tres
meses propuestos son muy cortos a la vista de la necesidad de aclarar
quién debe ejercer las funciones públicas de secretaría e intervención en
las distintas Comunidades Autónomas. Se entiende que la condena a la
supresión de la entidad por no rendir cuentas no es adecuada ni
proporcional, proponiéndose que sea una Comisión Gestora la que asuma el
gobierno.

ENMIENDA NÚM. 36

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición transitoria nueva.

ENMIENDA

De adición.

Disposición transitoria primera nueva.

Disposición transitoria primera (nueva). Servicios
municipales complementarios prestados por entidades locales.

Las entidades locales que, a la entrada en vigor de la
presente Ley, vinieran prestando servicios complementarios de las
competencias de otras administraciones que no fueran objeto de regulación
expresa en la misma, podrán mantener su gestión.

JUSTIFICACIÓN

Entendemos que el Proyecto mantiene un significativo vacío
sobre el mantenimiento de los servicios locales actuales y el empleo
asociado a los mismos. La propuesta responde a esta necesidad, con
independencia de que el servicio correspondiente pudiera verse afectado
por medidas de racionalización derivadas del incumplimiento del
equilibrio presupuestario de la entidad titular y otros requisitos
contemplados en la LRSAL.

Página
132

La regulación propuesta, en particular la subordinación de
la decisión municipal a dos informes vinculantes, vulnera la autonomía
local constitucionalmente garantizada (artículo 137 CE), en tanto derecho
de la entidad local a gestionar los asuntos que le atañen, sin
intromisiones de otras Administraciones públicas, así como prohibición de
controles de oportunidad, genéricos y/o preventivos de otras
Administraciones públicas, que supongan una relación de subordinación o
dependencia jerárquica respecto de las mismas (desde STC 4/1981).
Igualmente, el precepto vulnera la Carta Europea de la Autonomía Local
que asegura a los Municipios libertad plena para ejercer cualquier
competencia que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra
autoridad (art. 4.2) y, además, en tanto exige que las competencias
atribuidas a las entidades locales deben ser «plenas y completas», lo que
pugna con la necesidad de contar con la voluntad de otra Administración
vía informe vinculante (igual en caso de que se exigiera autorización
previa).

En consecuencia, se eliminan los informes vinculantes
previstos en el precepto, quedando la comprobación de los condicionantes
al procedimiento administrativo que el Ayuntamiento debe tramitar para
ejercer esta clase de competencias, con informes de legalidad de la
Secretaría y de sostenibilidad financiera de la Intervención local.

ENMIENDA NÚM. 40

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el
Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al
Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero. Número cuatro sobre apartados 3 y 4
del artículo 10.

Se propone el siguiente texto:

«3. En especial, la coordinación de las entidades locales
tendrá por objeto asegurar el cumplimiento de la legislación de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

4. Las funciones de coordinación serán compatibles con no
afectarán en ningún caso a la autonomía de las entidades locales.»

JUSTIFICACIÓN

El proyecto de ley introduce la precisión de que el
cumplimiento de la legislación de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera es uno de los ámbitos de la coordinación
interadministrativa —que, debe recordarse, sólo se justifica cuando
se afecten intereses supramunicipales—, lo cual parece coherente
con el objetivo de engarzar de modo expreso esa legislación con la
regulación del régimen local, por más que esta vinculación ya era
exigible. Sin embargo, el número 4 que se añade carece de fundamento. El
precepto sitúa en el mismo plano coordinación y autonomía local, lo que
contradice la garantía constitucional de la autonomía local, y, además,
la afirmación de que serán compatibles constituye un apriorismo vacío de
contenido, puesto que esa eventual compatibilidad sólo se podrá comprobar
con ocasión del ejercicio de las funciones de coordinación, entonces
podrá verificarse si vulnera o no aquella garantía constitucional.

En consecuencia, se propone la modificación del número 4,
precisando que la coordinación no puede afectar a la autonomía local, tal
y como resulta de su configuración constitucional.

Página
136

financiera de las entidades locales sin que ello pueda
conllevar, en ningún caso, un mayor gasto de las Administraciones
Públicas.

Los proyectos de leyes estatales se acompañarán de un
informe del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el que
se acrediten los criterios antes señalados.

5. Las leyes estatales determinarán la competencia
municipal propia de que se trate, garantizando que no se produce una
atribución simultánea de la misma competencia a otra Administración
Pública.»

JUSTIFICACIÓN

En aras de la racionalización de la Administración local,
en particular de la actualización de los ámbitos y materias en los que
debe actuar en el siglo XXI, se realizan ajustes en el nuevo artículo
25.

En concreto, en el número 1, se elimina la referencia a:
«en los términos previstos en este artículo», puesto que esa restricción
es contraria tanto a la garantía constitucional de la autonomía local,
que asegura el derecho a intervenir en cuantos asuntos interesen a los
vecinos (art. 137), como de modo expreso, a la Carta Europea de Autonomía
Local en tanto reconoce el derecho de las Entidades Locales a ejercer su
iniciativa en cuantas materias no estén excluidas de su competencia o
atribuida a otra autoridad (art. 4.2).

En el número 2, primer párrafo, se elimina la expresión
«como» porque, gramaticalmente, impide entender la frase, y, en cuanto al
fondo, hace dudar de si son competencias propias o si sólo son «como»
competencias propias. En cuanto a la relación de materias, se completa
con materias que constituyen seña de identidad de lo municipal, en
especial la asistencia social primaria, que todos los Ayuntamientos
vienen prestando. También, por la misma razón, se añade: protección de
consumidores, padrón municipal, relaciones de convivencia y promoción de
la participación ciudadana; así como se precisa la referencia a archivos,
bibliotecas y museos, que luego constituyen servicios municipales
obligatorios. De modo singular, en cuanto a vivienda de protección
pública, se elimina la referencia a criterios de sostenibilidad
financiera, porque los mismos deben guiar toda la acción municipal, sin
que pueda entenderse que sólo son exigibles en ese caso. En cambio, ese
elimina la referencia a las competencias en materia de enseñanza, en
tanto que competencia propia de las Comunidades Autónomas que excede de
lo municipal; únicamente se mantiene la colaboración en el cumplimiento
de la escolarización obligatoria y en la búsqueda de solares para centros
educativos,

En el número 3, en cuanto a los principios a considerar
para concretar las competencias municipales en cada una de las materias
relacionadas, se añade el de «máxima proximidad de la gestión a los
ciudadanos», en coherencia con la enmienda introducida al artículo 2.1 de
la LBRL.

Por último, en los números 4 y 5, se aclara que las leyes a
las que se hace referencia son las propias de la competencia del Estado,
puesto que una ley estatal ordinaria no puede condicionar la potestad
legislativa autonómica, señalando cuál deba ser su
contenido/documentación, por exceder de su competencia. En su caso, esta
función sólo podría desplegarla la propia Constitución.

ENMIENDA NÚM. 42

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el
Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al
Artículo primero. Nueve.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero. Número nueve sobre el número 1 del
artículo 26.

Se propone el siguiente texto:

«1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los
servicios siguientes:

a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio,
recogida y transporte de residuos domésticos, limpieza viaria urbana,
abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado evacuación
aguas residuales, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las
vías públicas, atención social primaria, incluidas situaciones de
exclusión social y emergencias, intervención y disciplina urbanística,
infraestructuras y equipamientos municipales, vigilancia de espacios
públicos, regulación y control del tráfico, ordenación transporte público
en vehículos de turismo, control del comercio ambulante, padrón municipal
de habitantes, ordenación de la convivencia ciudadana y promoción de la
participación ciudadana.

b) En los Municipios con población superior a 5.000
habitantes, además: parque público, biblioteca pública, mercado,
tratamiento de residuos, ordenación y gestión urbanística, vigilancia y
control de ruidos, zonas verdes, control actividades clasificadas,
policía local, promoción del desarrollo económico local, promoción del
deporte y ocupación tiempo libre, promoción de la cultura, protección del
patrimonio histórico municipal.

c) En los municipios con población superior a 20.000
habitantes, además: protección civil, evaluación e información de
situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en
situación o riesgo de exclusión social prestación de servicios sociales,
prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso
público, y mercado y/o lonja.

d) En los Municipios con población superior a 50.000
habitantes, además: transporte colectivo urbano de viajeros y medio
ambiente urbano protección del medio ambiente y protección contra
contaminación acústica.

La prestación efectiva de estos servicios y funciones
corresponde a los Municipios que pueden llevarlo a cabo de forma
independiente o de manera conjunta, sin perjuicio de los mecanismos de
dispensa y de colaboración de otras Administraciones previstas en las
leyes.»

JUSTIFICACIÓN

En razón del objetivo de racionalizar la Administración
municipal se propone una actualización de la relación de servicios
obligatorios según la población municipal que responde a la realidad de
las tareas y asuntos públicos de los que se vienen ocupando los
municipios.

En particular, entre los servicios obligatorios a prestar
por todos los municipios, cualquiera que sea su población, se incluyen
los servicios sociales primarios o comunitarios, y no sólo la evaluación
e información sobre las necesidades existentes. Esta clase de servicios
se demandan y deben ser prestados en el ámbito municipal y constituyen
una de las señas de identidad de lo municipal; la crisis
económico-financiera lo confirma.

Por otra parte, en garantía del derecho de los municipios a
intervenir en la gestión de los asuntos que les atañen mediante órganos
propios (art. 137 CE, así desde STC 32/1981), se cierra el apartado con
un párrafo en el que se establece que, como regla general, los servicios
y funciones obligatorios se podrán prestar de forma independiente o de
manera conjunta, sin perjuicio de la eventual colaboración de otras
Administraciones públicas.

ENMIENDA NÚM. 43

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el
Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al
Artículo primero. Nueve.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero. Número nueve sobre el número 2 del
artículo 26.

De modificación. Se propone el siguiente texto:

«2. En los municipios con población inferior a 20.000
habitantes será La Diputación provincial o entidad equivalente la que
coordinará podrá coordinar la prestación de los siguientes servicios:

a) Recogida de residuos.

b) Limpieza viaria.

c) Abastecimiento domiciliario de agua potable.

d) Acceso a los núcleos de población.

e) Pavimentación de las vías.

f) Tratamiento de residuos.

Para coordinar la citada prestación de cualquiera de esos
servicios la Diputación propondrá, previo acuerdo de con la conformidad
de los municipios afectados interesados, al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas decidirá la forma de prestación, consistente en
la prestación directa por la Diputación o la implantación de fórmulas de
gestión compartida a través de consorcios, mancomunidades u otras
fórmulas, en el marco de la legislación de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera. Para reducir los costes efectivos de los
servicios el mencionado Ministerio decidirá sobre la propuesta formulada
que deberá contar con el informe preceptivo de la Comunidad Autónoma si
es la Administración que ejerce la tutela financiera.

Cuando la Diputación o entidad equivalente asuma la
prestación de estos servicios repercutirá a los municipios el coste
efectivo del servicio en función de su uso. Si estos servicios estuvieran
financiados por tasas y asume su prestación la Diputación o entidad
equivalente, será a ésta a quien vaya destinada la tasa para la
financiación de los servicios.

Cuando la Diputación o entidad equivalente acredite en un
informe, a petición del municipio, que éste puede prestar estos servicios
con un coste efectivo menor que el derivado de la forma de gestión
decidida por la Diputación provincial o entidad equivalente, el municipio
podrá asumir la prestación y coordinación de estos servicios.»

JUSTIFICACIÓN

El mecanismo de gestión coordinada de determinados
servicios municipales persigue una reducción de los costes efectivos de
prestación mediante la gestión conjunta de esos servicios haciendo
economías de escala. Ahora bien, la consecución de este objetivo no
justifica la restricción del mismo a los municipios de menos de 20.000
habitantes, entre otras razones, porque esa limitación impide la
continuidad territorial de los servicios y porque, si se trata de obtener
aquellas ventajas, la mayor población municipal no es un obstáculo sino
un elemento que puede favorecerlo. Por otra parte, el tope establecido
constituye una medida discriminatoria, falta de justificación, por tanto
arbitraria (contraria al art. 9.3 CE), de igual modo que su implantación
efectiva genera una situación de desigualdad o agravio entre los
ciudadanos que recibirán más o menos servicios en función de la localidad
en la que residen en función del modo en que se organice la gestión
coordinada.

En consecuencia se elimina el límite en función de la
población municipal, admitiendo que el mecanismo diseñado sea válido para
cualesquiera de los servicios reseñados con independencia del municipio,
siempre, claro está, con su acuerdo.

Por otra parte, se suprime el control/tutela del Ministerio
de Hacienda en cuanto al modo en que se prestarán los servicios
coordinados en tanto esa intervención vulnera la garantía constitucional
que prohíbe la tutela preventiva, genérica e indeterminada (desde STC
4/1981). Asimismo, la aprobación por parte del Ministerio de Hacienda
constituye un acto administrativo de aprobación de un modo de gestión de
servicios públicos que carece de relevancia estatal, por tanto, entra
dentro de la autonomía local para decidir cómo gestionar asuntos de su
competencia (desde STC 32/1981); y, sobre todo, este mecanismo es
contradictorio con la capacidad municipal de decidir sobre la forma de
gestión de los servicios públicos, sin perjuicio de que algunas de las
fórmulas requieran de justificación expresa en el expediente
administrativo (así, expresamente, el nuevo artículo 85.2 LBRL, que
condiciona las formas de gestión empresariales, pero mantiene la decisión
en el Pleno municipal).

En consecuencia, se suprimen las referencias al control y
decisión por el Ministerio de Hacienda.

Finalmente, se suprime el tercer párrafo, que se refiere a
la posibilidad de que el Municipio pueda recuperar la prestación (no la
coordinación, porque ninguna administración se coordina así misma), en la
medida que, siendo voluntario el mecanismo de prestación coordinada de
los servicios, basado en el acuerdo previo de los municipios, será en
esos acuerdos/convenio donde se establezcan las reglas para recuperar la
prestación. De otro modo, se vulneraría la autonomía local.

ENMIENDA NÚM. 44

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el
Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al
Artículo primero. Diez.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero. Número diez sobre el artículo 27.

De modificación de los números 1, 3 y 6 del artículo
27.

Se propone el siguiente texto:

«1. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio
de sus respectivas competencias, podrán delegar en los Municipios el
ejercicio de sus competencias.

La delegación habrá de mejorar la eficiencia de la gestión
pública, contribuir a eliminar duplicidades administrativas, hacer
efectivo el principio de máxima proximidad de la gestión pública a los
ciudadanos, y ser acorde con la legislación de estabilidad presupuestaria
y sostenibilidad financiera.

La delegación deberá determinar el alcance, contenido,
condiciones y duración de ésta, que no podrá ser inferior a cinco años,
así como el control de eficiencia que se reserve la Administración
delegante y los medios personales, materiales y económicos, que ésta
asigne sin que pueda suponer un mayor gasto de las Administraciones
Públicas.

La delegación deberá acompañarse de una memoria económica
donde se justifiquen los principios a que se refiere el párrafo segundo
de este apartado y se valore el impacto en el gasto de las
Administraciones Públicas afectadas sin que, en ningún caso, pueda
conllevar un mayor gasto de las mismas.

2. Cuando el Estado o las Comunidades Autónomas deleguen en
dos o más municipios de la misma provincia una o varias competencias
comunes, dicha delegación deberá realizarse siguiendo criterios
homogéneos.

La Administración delegante podrá solicitar la asistencia
de las Diputaciones provinciales o entidades equivalentes para la
coordinación y seguimiento de las delegaciones previstas en este
apartado.

3. Con el objeto de evitar duplicidades administrativas,
mejorar la transparencia de los servicios públicos y el servicio a la
ciudadanía, hacer efectivo el principio de máxima proximidad de la
gestión pública a los ciudadanos y, en general, contribuir a los procesos
de racionalización administrativa, generando un ahorro neto de recursos,
la Administración del Estado y las de las Comunidades Autónomas, salvo
que las atribuyan como propias, podrán delegar, siguiendo criterios
homogéneos, entre otras, las siguientes competencias:

a) Vigilancia y control de la contaminación ambiental.

b) Protección del medio natural.

c) Prestación de los servicios sociales especializados,
promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia
contra la mujer.

d) Conservación o mantenimiento de centros sanitarios
asistenciales de titularidad de la Comunidad Autónoma.

e) Creación, mantenimiento y gestión de las escuelas
infantiles de educación de titularidad pública de primer ciclo de
educación infantil.

f) Realización de actividades complementarias en los
centros docentes.

g) Gestión de instalaciones culturales de titularidad de la
Comunidad Autónoma o del Estado, con estricta sujeción al alcance y
condiciones que derivan del artículo 149.1.28.ª de la Constitución
Española.

h) Gestión de las instalaciones deportivas de titularidad
de la Comunidad Autónoma o del Estado, incluyendo las situadas en los
centros docentes cuando se usen fuera del horario lectivo.

i) Inspección y sanción de establecimientos y actividades
comerciales.

j) Promoción y gestión turística supramunicipal.

k) Comunicación, autorización, inspección y sanción de los
espectáculos públicos.

l) Liquidación y recaudación de tributos propios de la
Comunidad Autónoma o del Estado.

m) Inscripción de asociaciones, empresas o entidades en los
registros administrativos de la Comunidad Autónoma o de la Administración
del Estado.

n) Gestión de oficinas unificadas de información y
tramitación administrativa.

o) Cooperación con la Administración educativa a través de
los centros asociados de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia.

4. La Administración delegante podrá, para dirigir y
controlar el ejercicio de los servicios delegados, dictar instrucciones
técnicas de carácter general y recabar, en cualquier momento, información
sobre la gestión municipal, así como enviar comisionados y formular los
requerimientos pertinentes para la subsanación de las deficiencias
observadas. En caso de incumplimiento de las directrices, denegación de
las informaciones solicitadas, o inobservancia de los requerimientos
formulados, la Administración delegante podrá revocar la delegación o
ejecutar por sí misma la competencia delegada en sustitución del
Municipio. Los actos del Municipio podrán ser recurridos ante los órganos
competentes de la Administración delegante.

5. La efectividad de la delegación requerirá su aceptación
por el Municipio interesado.

6. La delegación habrá de ir acompañada en todo caso de la
correspondiente financiación, para lo cual será necesaria la existencia
de dotación presupuestaria adecuada y suficiente en los presupuestos de
la Administración delegante para cada ejercicio económico, siendo nula
sin dicha dotación.

El incumplimiento de las obligaciones financieras por parte
de la Administración autonómica delegante facultará a la entidad local
delegada para compensarlas automáticamente con otras obligaciones
financieras que ésta tenga con aquélla.

7. La disposición o acuerdo de delegación establecerá las
causas de revocación o renuncia de la delegación. Entre las causas de
renuncia estará el incumplimiento de las obligaciones financieras por
parte de la Administración delegante o cuando, por circunstancias
sobrevenidas, se justifique suficientemente la imposibilidad de su
desempeño por la Administración en la que han sido delegadas sin
menoscabo del ejercicio de sus competencias propias. El acuerdo de
renuncia se adoptará por el Pleno de la respectiva entidad local.

8. Las competencias delegadas se ejercen con arreglo a la
legislación del Estado o de las Comunidades Autónomas.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda propuesta al artículo 2.1
LBRL, se incorpora, de modo expreso en los números 1 y 3 del precepto, la
referencia expresa al principio básico que legitima la acción municipal:
«máxima proximidad de la gestión pública a los vecinos», como principio
rector de la delegación de competencias.

Por otra parte, en el número 3 del artículo, se elimina la
mención «generando un ahorro neto», porque, si los Municipios pueden
prestar el servicio más barato que la Administración del Estado o de las
Comunidades Autónomas, la competencia debe ser propia de la
Administración local, resultando arbitrario por incongruente que la norma
desapodere a los Ayuntamientos por razones de sostenibilidad financiera
para, a continuación, promover su delegación porque la prestación
municipal genera un ahorro neto en la gestión (el caso de la asistencia
sanitaria, las escuelas infantiles o la prestación de servicios sociales
especializados). Las causas de la delegación deben ser otras,
relacionadas con la mayor proximidad a los ciudadanos y la clarificación
competencial.

Igualmente, en el mismo número 3, se introduce la
aclaración de que la relación de competencias «delegables», lo es sin
perjuicio de la facultad tanto del legislador estatal como del autonómico
de atribuir competencias a los Municipios como propias, incluyendo todas
las descritas, de acuerdo con lo recogido en el artículo 7 de la LBRL y,
además, de conformidad con la doctrina constitucional sobre la atribución
de competencias a los Municipios, correspondiendo al Estado la
determinación del mínimo competencial y a las Comunidades Autónomas su
desarrollo o complemento (desde STC 32/1981).

En cuanto a la relación de competencias que detalla el
precepto, se añaden algunas precisiones para garantizar su coherencia con
las competencias propias y los servicios municipales obligatorios
relacionados en los artículos 25 y 26 LBRL.

Por último, en el número 6 del artículo, se suprime la
mención expresa a administración autonómica delegante. La delegación
puede ser estatal o autonómica, de modo que cualquiera de esas
Administraciones puede incurrir en incumplimiento de las obligaciones
financieras. El principio de lealtad institucional, tanto como la
garantía de las cuentas locales que se pretende, exige dar el mismo trato
cualquiera que sea la Administración delegante.

ENMIENDA NÚM. 45

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el
Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al
Artículo primero. Trece.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero. Número trece sobre el artículo 36.

Se propone el siguiente texto:

«1. Son competencias propias de la Diputación o entidad
equivalente las que le atribuyan en este concepto las leyes del Estado y
de las Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de la acción
pública y, en todo caso, las siguientes:

a) La coordinación de los servicios municipales entre sí
para la garantía de la prestación integral y adecuada a que se refiere el
apartado a) del número 2 del artículo 31.

b) La asistencia y la cooperación jurídica, económica y
técnica a los Municipios, especialmente los de menor capacidad económica
y de gestión.

c) La prestación de servicios públicos de carácter
supramunicipal y, en su caso, supracomarcal y el fomento o, en su caso,
coordinación de la prestación unificada de servicios de los municipios de
su respectivo ámbito territorial.

d) La cooperación en el fomento del desarrollo económico y
social y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo con
las competencias de las demás Administraciones Públicas en este
ámbito.

e) El ejercicio de funciones de coordinación en los casos
previstos en el artículo 116 bis.

f) Asistencia en la prestación de los servicios de gestión
de la recaudación tributaria, en periodo voluntario y ejecutivo, y de
servicios de apoyo a la gestión financiera de los municipios con
población inferior a 20.000 habitantes.

g) Asistencia en la prestación municipal de los servicios
de Administración electrónica y la contratación centralizada en los
municipios con población inferior a 20.000 habitantes.

h) El seguimiento de los costes efectivos de los servicios
prestados por los municipios de su provincia. Cuando la Diputación
detecte que estos costes son superiores a los de los servicios
coordinados o prestados por ella, ofrecerá a los municipios su
colaboración para una gestión coordinada más eficiente de los servicios
que permita reducir estos costes.

2. A los efectos de lo dispuesto en las letras a), b) y c)
del apartado anterior, la Diputación o entidad equivalente:

a) Aprueba anualmente un plan provincial de cooperación a
las obras y servicios de competencia municipal, en cuya elaboración deben
participar los Municipios de la Provincia. El plan, que deberá contener
una memoria justificativa de sus objetivos y de los criterios de
distribución de los fondos, criterios que en todo caso han de ser
objetivos y equitativos y entre los que estará el análisis de los costes
efectivos de los servicios de los municipios, podrá financiarse con
medios propios de la Diputación o entidad equivalente, las aportaciones
municipales y las subvenciones que acuerden la Comunidad Autónoma y el
Estado con cargo a sus respectivos presupuestos. Sin perjuicio de las
competencias reconocidas en los Estatutos de Autonomía y de las
anteriormente asumidas y ratificadas por éstos, la Comunidad Autónoma
asegura, en su territorio, la coordinación de los diversos planes
provinciales, de acuerdo con lo previsto en el artículo 59 de esta
Ley.

Cuando la Diputación detecte que los costes efectivos de
los servicios prestados por los municipios son superiores a los de los
servicios coordinados o prestados por ella, previo acuerdo de los
municipios, incluirá en el plan provincial fórmulas de prestación
unificada o supramunicipal para reducir sus costes efectivos, de
conformidad con lo previsto en el artículo 26.2 de esta Ley.

El Estado y la Comunidad Autónoma, en su caso, pueden
sujetar sus subvenciones a determinados criterios y condiciones en su
utilización o empleo y tendrán en cuenta el análisis de los costes
efectivos de los servicios de los municipios.

b) Asegura el acceso de la población de la Provincia al
conjunto de los servicios mínimos de competencia municipal y a la mayor
eficacia y economía en la prestación de éstos mediante cualesquiera
fórmulas de asistencia y cooperación municipal.

Con esta finalidad, las Diputaciones o entidades
equivalentes podrán otorgar subvenciones y ayudas con cargo a sus
recursos propios para la realización y el mantenimiento de obras y
servicios municipales, que se instrumentarán a través de planes
especiales u otros instrumentos específicos.

c) Garantiza el desempeño de las funciones públicas
necesarias en los Ayuntamientos y les presta apoyo en la selección y
formación de su personal sin perjuicio de la actividad desarrollada en
estas materias por la Administración del Estado y la de las Comunidades
Autónomas.

d) Da soporte a los Ayuntamientos para la tramitación de
procedimientos administrativos y realización de actividades materiales y
de gestión, asumiéndolas cuando aquéllos se las encomienden.»

JUSTIFICACIÓN

Se elimina, por discriminatorio y falto de justificación,
la diferenciación de los municipios según tengan más/menos 20.000
habitantes en las letras f) y g) del número. La labor de asistencia y
cooperación provincial debe ser igual para todos los municipios, con
independencia de que sean los municipios más pequeños los que puedan
demandar un mayor apoyo.

Por otra parte, se aclara que las competencias de la
Diputación sobre Administración electrónica y contratación centralizada
lo son sólo de asistencia y colaboración con los municipios, eliminando
la previsión de que los de menos de 20.000 habitantes carezcan de
cualesquiera competencias en dos ámbitos básicos para una gestión
municipal moderna y eficiente.

En el número 2 del artículo, sobre los planes provinciales
de obras y servicios, se introduce la necesidad de acuerdo con los
municipios para la puesta en marcha de formas de gestión provincial
coordinada, en coherencia con el artículo 26.2 de esta Ley.

ENMIENDA NÚM. 46

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el
Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al
Artículo primero. Dieciséis.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero. Número dieciséis sobre el artículo
57.

De modificación del número 3 del artículo 57. Se propone el
siguiente texto:

«3. La constitución de un consorcio solo podrá tener lugar
cuando la cooperación no pueda formalizarse a través de un convenio y
siempre que, en términos de eficiencia económica, aquélla permita una
asignación más eficiente de los recursos económicos. En todo caso, habrá
de verificarse que la constitución del consorcio no pondrá en riesgo la
sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda de la Entidad local
de que se trate, así como del propio consorcio, que no podrá demandar más
recursos de los inicialmente previstos, situación que deberá mantenerse
mientras se encuentre en funcionamiento.»

JUSTIFICACIÓN

El proyecto de ley condiciona la constitución de un
consorcio a que no sea posible, ni más ventajoso en términos de
eficiencia económica, la suscripción de un convenio, y, además, establece
una segunda carga, la de que no podrá demandar más recursos de los
inicialmente previstos. Esta limitación resulta desproporcionada y falta
de motivación. La gestión conjunta de competencias mediante un consorcio,
una vez puesta en marcha, puede encontrarse con una multitud de
circunstancias que demanden una mayor aportación de recursos, sea por
cambio de calidad o regularidad de los servicios, sea por cualquier otro
factor, correspondiendo, en todo caso, la decisión a las Administraciones
consorciadas. En lugar de una prohibición, que bien puede llevar a la
refundación recurrente de los consorcios para evitarla, se propone
exigir, como regla general, el compromiso de mantener una situación de
estabilidad presupuestaria y financiera que no afecte al conjunto de las
haciendas locales involucradas.

ENMIENDA NÚM. 47

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el
Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al
Artículo primero. Diecisiete.

ENMIENDA

De adición.

Artículo primero. Número diecisiete sobre el artículo 57
bis. Garantía de pago en el ejercicio de competencias delegadas.

De adición de un nuevo número 4. Se propone el siguiente
texto:

«4. En el caso de que la Administración General del Estado
delegue competencias o suscriba convenios de colaboración con las
entidades locales, que impliquen obligaciones financieras o compromisos
de pago a su cargo, los medios que articulen la delegación o el convenio
incluirán, como cláusula de garantía del cumplimiento de esos
compromisos, la facultad de la entidad local de compensar su importe con
las cantidades que, por cualquier concepto, tenga obligación legal de
ingresar o abonar a la Administración General.»

JUSTIFICACIÓN

Se completa el precepto añadiendo un mecanismo análogo de
garantía de las entidades locales cuando la delegación o el convenio de
colaboración procedan o sea suscrito con cualesquiera órganos de

la Administración General del Estado. Esta previsión viene
impuesta por el principio de lealtad institucional, que también obliga a
esa Administración (art. 9 Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera), y también, por el principio de legalidad, en
tanto las leyes estatales básicas, como la legislación de régimen local,
también son obligatorias y deben ser cumplidas por la Administración
General del Estado.

ENMIENDA NÚM. 48

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el
Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al
Artículo primero. Dieciocho.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero. Número dieciocho sobre nuevo artículo
75 bis:

Modificación del apartado 1. Se propone el siguiente
texto:

«Artículo 75 bis. Régimen retributivo de los miembros de
las Corporaciones locales y del personal al servicio de las entidades
locales.

1. Los miembros de las Corporaciones locales serán
retribuidos por el ejercicio de su cargo en los términos establecidos en
el artículo anterior. Los Presupuestos Generales del Estado determinarán,
anualmente, el límite máximo total que pueden percibir los miembros de
las Corporaciones locales por todos los conceptos retributivos y
asistencias, excluidos los trienios a los que en su caso tengan derecho
aquellos funcionarios de carrera que se encuentren en situación de
servicios especiales, atendiendo entre otros criterios a la naturaleza de
la Corporación local y a su población municipal en relación con los
servicios que, obligatoriamente, debe prestar, y a su presupuesto, según
la siguiente tabla:

HABITANTES; REFERENCIA

Municipios de gran población; Secretario de Estado

Más de 50.000; Secretario de Estado –10%

20.000. a 50.000; Secretario de Estado –20%

5.000. a 20.000; Secretario de Estado –30%

Hasta 5.000; Secretario de Estado –40%

La referencia lo es de la retribución íntegra, con todos
los complementos, incluido el complemento de productividad.

Los miembros de Corporaciones locales de población inferior
a 1.000 habitantes no tendrán dedicación exclusiva. Excepcionalmente,
podrán desempeñar sus cargos con dedicación parcial, percibiendo sus
retribuciones dentro de los límites máximos señalados al efecto en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado.

JUSTIFICACIÓN

La limitación de las retribuciones de los miembros de las
Corporaciones Locales mediante el establecimiento de un máximo constituye
una medida restrictiva de la potestad de autoorganización de los
Municipios, en tanto que capacidad de decisión sobre la retribución de
quienes han sido elegidos como representantes públicos, que forma parte
de la garantía constitucional de la autonomía local. La medida, además,
resulta discriminatoria, puesto que ningún otro representante público
objeto de elección directa

por los ciudadanos se encuentra en esta situación, antes al
contrario, los parlamentarios estatales y autonómicos quedan a las
decisiones de sus respectivas cámaras, dentro, claro está, de los límites
máximos globales que se recogen en los presupuestos generales estatales y
autonómicos. Por otra parte, la medida propuesta, en si misma
considerada, resulta arbitraria, puesto que se basa en un criterio
poblacional que carece de fundamento, puesto que no tiene relación alguna
con las tareas que cada Municipio debe afrontar, tampoco con el tamaño de
la organización administrativa necesaria para atenderlas, ni menos aún
con la responsabilidad exigida a los responsables públicos. En este
sentido, el proyecto de ley pugna con la autonomía local con una medida
contraria a la capacidad de decisión municipal, discriminatoria y
arbitraria, sin que, deba añadirse, nada impida conciliar aquella
autonomía con la estabilidad presupuestaria y suficiencia financiera sin
incurrir en esas infracciones.

Con carácter subsidiario de lo expuesto y sin renuncia a
esos argumentos, se formula una enmienda alternativa que pretende
superar, cuando menos, la arbitrariedad apuntada, mediante la vinculación
de las retribuciones máximas con los distintos municipios en función de
los servicios mínimos obligatorios que deben prestar (artículo 26 de la
LBRL) y, en su caso, su complejidad organizativa (municipios de gran
población), poniéndolo en relación con sus presupuestos, esto es, la
capacidad de la hacienda municipal de hacer frente a esas retribuciones
de acuerdo con la legislación de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera. De otra parte, y con la misma finalidad, se
aclara el alcance de las retribuciones de referencia.

ENMIENDA NÚM. 49

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el
Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al
Artículo primero. Dieciocho.

ENMIENDA

De modificación.

Al Artículo primero número dieciocho sobre el artículo 75
bis apartado 2, quedando el texto siguiente:

2. Las retribuciones de los Presidentes de las Diputaciones
Provinciales tendrán, además, un límite máximo por todos los conceptos
retributivos y asistencias que será igual a la retribución del tramo
correspondiente al Alcalde o Presidente de la Corporación municipal más
poblada de su provincia. En el caso de los Cabildos y los Consejos
Insulares el indicador determinante será el de la población de la
isla.

Los concejales que sean proclamados diputados provinciales
o equivalentes deberán optar por mantener el régimen de dedicación
exclusiva en una u otra entidad local, sin que en ningún caso puedan
acumularse ambos regímenes de dedicación.

JUSTIFICACIÓN

El proyecto de Ley establece en relación a las
retribuciones de los miembros de las Corporaciones Locales que los
Presupuestos Generales del Estado determinarán cada año el límite máximo
total que pueden percibir aquéllos, atendiendo entre otros criterios a la
naturaleza de la Corporación local y a su población, según la tabla
contenida en el mismo.

Para los municipios, el número de habitantes es el
indicador previsto en el proyecto que determinará el tramo de
retribuciones que corresponda a los miembros de las Corporaciones
municipales. La referencia a los Cabildos Insulares se contiene
únicamente en el apartado 2.º del artículo transcrito, estableciendo en
relación a los mismos, un tope máximo retributivo de sus Presidentes que
será igual a la retribución del tramo correspondiente al Alcalde de la
Corporación municipal más poblada de la isla.

La equiparación realizada en el proyecto de Ley, en cuanto
al indicador del número de habitantes municipales, entre los Cabildos
Insulares y los municipios no puede ser admitida. Las islas, desde un
punto de vista geográfico, gubernativo y competencial son entidades
locales territoriales configuradas en

nuestro ordenamiento jurídico con naturaleza y régimen
jurídico sustancialmente diferente al previsto para los municipios.

— Geográfica y legalmente (artículo 11 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local), la
«población municipal» constituye junto con la organización y el
territorio, uno de los elementos configuradores de la existencia del
municipio, concebido éste como entidad local básica de la organización
territorial del Estado; no obstante, en modo alguno puede entenderse que
aquélla constituye un elemento básico en la configuración de la Isla, ni
en su concepción de entidad local territorial, ni en la de Institución de
la Comunidad Autónoma de Canarias.

— Desde un punto de vista organizativo, las Islas
tienen su organización gubernativa y administrativa propia en forma de
Cabildos, al amparo de lo establecido en el artículo 141.4.º de la
Constitución Española y en los términos previstos en la Ley 14/1990, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias. Los
Cabildos Insulares son, simultáneamente, órganos de gobierno y
administración de cada isla e Instituciones de la Comunidad Autónoma de
Canarias, de conformidad con lo establecido en los artículos 7 y 22 del
Estatuto de Autonomía de Canarias (L.O. 10/1982, de 10 de agosto). Como
Instituciones de la Comunidad Autónoma, ostentan iniciativa legislativa
ante el Parlamento de Canarias, asumen la representación institucional
ordinaria del Gobierno de Canarias en cada isla y ejercen competencias
propias de la Comunidad Autónoma que les atribuye el Estatuto de
Autonomía. Como Corporaciones Locales los Cabildos Insulares tienen
atribuido el gobierno, administración y representación de cada isla y
gozan de plena autonomía para el ejercicio de sus competencias propias,
configurándose como tales las establecidas en la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en las leyes
reguladoras de los distintos sectores de la acción pública, así como las
competencias transferidas por Ley del Parlamento de Canarias.

— La situación descrita sitúa a los Cabildos
Insulares en una posición fáctica y jurídica que en modo alguno puede
permitir la equiparación en el tratamiento retributivo de sus miembros
con los de los municipios atendiendo, como se recoge en el proyecto de
Ley, exclusivamente al indicador de la población municipal. A mayor
abundamiento, las consideraciones anteriores deben completarse con la
referencia a su reforzamiento competencial. La Exposición de Motivos del
proyecto de Ley objeto de enmienda dispone expresamente: «Otra de las
medidas adoptadas en la Ley es la de reforzar el papel de las
Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos Insulares o entidades
equivalentes (…)». En este sentido, la redacción dada al artículo
36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, es un exponente claro, patente y manifiesto del incremento
cuantitativo en el elenco de competencias propias asignadas a
aquéllos.

— Además de lo anteriormente expuesto, constituye un
claro exponente del tratamiento singularizado y específico que otorga
nuestro ordenamiento jurídico a los Cabildos Insulares, el establecido en
la Ley 57/2003, de 16 diciembre, de medidas para la modernización del
gobierno local. En efecto, la Disposición Adicional XIV, bajo la rúbrica
«Régimen especial de organización de los Cabildos Insulares Canarios»
establece que serán de aplicación las disposiciones contenidas en el
Título X de la Ley relativas al «Régimen de organización de los
municipios de gran población» a los Cabildos Insulares Canarios de Islas
cuya población sea superior a 175.000 habitantes, y a los restantes
Cabildos Insulares de Islas cuya población sea superior a 75.000
habitantes, siempre que así lo decida mediante Ley el Parlamento Canario
a iniciativa de los Plenos de los respectivos Cabildos, no extendiéndose
dicho régimen ni a las Diputaciones Provinciales ni a los Consejos
Insulares.

— Mención especial representa el tratamiento
diferenciado dado a los Cabildos Insulares por la Ley Orgánica 5/1985, de
19 de junio, de Régimen Electoral General, que dedica a éstos su Título
V, bajo la rúbrica «De las disposiciones especiales para la Elección de
los Cabildos Insulares Canarios», consagrando su artículo 201 a la isla
como circunscripción electoral, en la que se eligen por sufragio
universal, directo y secreto y en urna distinta a la destinada a la
votación para concejales, tantos Consejeros Insulares como resulte de la
aplicación de los tramos de población insular previstos en el apartado
1.º del citado precepto.

— Finalmente, la consideración específica de la
naturaleza de los Cabildos Insulares viene avalada por la propia
necesidad establecida en el apartado 1.º del artículo 75 bis del proyecto
de Ley que expresamente determina que el límite máximo total retributivo
de los miembros de las Corporaciones locales se establecerá «atendiendo
entre otros criterios a la naturaleza de la Corporación local y a su
población según la siguiente tabla (…)»

En consecuencia, a la vista de las consideraciones vertidas
en la presente enmienda, procede afirmar la no procedencia de la
vinculación de los Cabildos Insulares a la «población municipal» prevista
en el artículo 75 bis.2.º del proyecto de Ley a través de la remisión al
indicador del número de habitantes del «municipio más poblado de la
isla», instando al efecto a que el indicador determinante que se
contemple en el mismo sea en todo caso, el de la «población de la isla»,
pues es la que indudablemente contribuye a configurar a las islas, por
una parte, como entidades locales territoriales de carácter
supramunicipal y, por otra, como integrantes del Archipiélago Canario, en
los términos que han quedado anteriormente expuestos.

ENMIENDA NÚM. 50

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el
Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al
Artículo primero. Diecinueve.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo primero. Número diecinueve sobre nuevo artículo 75
ter.

De modificación del número 1 del nuevo artículo 75.ter.

«Artículo 75 ter. Limitación en el número de los cargos
públicos de las entidades locales con dedicación exclusiva.

1. De conformidad con lo establecido en el artículo 75 de
esta Ley, la prestación de servicios en los Ayuntamientos en régimen de
dedicación exclusiva por parte de sus miembros deberá ajustarse en todo
caso a los siguientes límites:

a) En los Ayuntamientos de Municipios con población
inferior a 5.000 habitantes, los miembros que podrán prestar sus
servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederán de tres.

b) En los Ayuntamientos de Municipios con población
comprendida entre 5.001 y 20.000 habitantes, los miembros que podrán
prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederán de
siete.

c) En los Ayuntamientos de Municipios con población
comprendida entre 20.001 y 50.000 habitantes, los miembros que podrán
prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no excederán de
once.

d) En los Ayuntamientos de Municipios con población
superior a 50.001, los miembros que podrán prestar sus servicios en
régimen de dedicación exclusiva no excederán de dieciocho.

e) En los Ayuntamientos de Municipios en régimen de gran
población, los miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de
dedicación exclusiva no excederán de veinticinco.

f) En los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona, los miembros
que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva no
excederán de cuarenta y cinco y treinta y dos, respectivamente.

Excepcionalmente, el número de miembros que podrán prestar
servicios en régimen de dedicación exclusiva podrá ser superior, siempre
y cuando, mediante acuerdo del Pleno de la Corporación en el que queden
acreditadas las circunstancias y necesidades que requieren esa mayor
dedicación y, además, que la misma no afecta a la sostenibilidad
financiera de la hacienda municipal.»

JUSTIFICACIÓN

Los mismos argumentos expuestos en relación con la enmienda
al nuevo artículo 75.bis sobre las retribuciones de los miembros de las
Corporaciones locales: vincular los límites con las competencias de cada
municipio en función de su población y, además, admitir, con carácter
excepcional, que el Pleno

municipal pueda ampliar esos límites en función de sus
propias necesidades y siempre dentro del marco de la legislación de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

ENMIENDA NÚM. 51

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el
Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al
Artículo primero. Diecinueve.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo primero. Número diecinueve que se refiere al
artículo 75 ter en su apartado 3.

Texto propuesto:

3. En los Consejos y Cabildos Insulares el número máximo de
miembros que podrán prestar sus servicios en régimen de dedicación
exclusiva se determinará en función del criterio de población de la
isla.

JUSTIFICACIÓN

El proyecto de Ley establece los límites máximos
cuantitativos de miembros de las entidades locales con dedicación
exclusiva a través de catorce baremos de población establecidos al
efecto. Por ende, para los municipios, el número de habitantes es el
indicador previsto en el proyecto que determinará el número máximo de
miembros que podrán prestar sus servicios con dedicación exclusiva. Por
su parte, el apartado 3.º de dicho precepto, para el supuesto de los
Cabildos Insulares, limita el número máximo de miembros que podrán
prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva remitiendo al
mismo límite que el establecido para la Corporación del municipio más
poblado de la isla.

La equiparación realizada en el proyecto de Ley, en cuanto
al indicador del número de habitantes municipales, entre los Cabildos
Insulares y los municipios no puede ser admitida. Las islas, desde un
punto de vista geográfico, gubernativo y competencial son entidades
locales territoriales configuradas en nuestro ordenamiento jurídico con
naturaleza y régimen jurídico sustancialmente diferente al previsto para
los municipios.

— Geográfica y legalmente (artículo 11 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local), la
«población municipal» constituye junto con la organización y el
territorio, uno de los elementos configuradores de la existencia del
municipio, concebido éste como entidad local básica de la organización
territorial del Estado; no obstante, en modo alguno puede entenderse que
aquélla constituye un elemento básico en la configuración de la Isla, ni
en su concepción de entidad local territorial, ni en la de Institución de
la Comunidad Autónoma de Canarias.

— Desde un punto de vista organizativo, las Islas
tienen su organización gubernativa y administrativa propia en forma de
Cabildos, al amparo de lo establecido en el artículo 141.4.º de la
Constitución Española y en los términos previstos en la Ley 14/1990, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias. Los
Cabildos Insulares son, simultáneamente, órganos de gobierno y
administración de cada isla e Instituciones de la Comunidad Autónoma de
Canarias, de conformidad con lo establecido en los artículos 7 y 22 del
Estatuto de Autonomía de Canarias (L.O. 10/1982, de 10 de agosto). Como
Instituciones de la Comunidad Autónoma, ostentan iniciativa legislativa
ante el Parlamento de Canarias, asumen la representación institucional
ordinaria del Gobierno de Canarias en cada isla y ejercen competencias
propias de la Comunidad Autónoma que les atribuye el Estatuto de
Autonomía. Como Corporaciones Locales los Cabildos Insulares tienen
atribuido el gobierno, administración y representación de cada isla y
gozan de plena autonomía para el ejercicio de sus competencias propias,
configurándose como tales las establecidas en la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en las leyes

reguladoras de los distintos sectores de la acción pública,
así como las competencias transferidas por Ley del Parlamento de
Canarias.

— La situación descrita sitúa a los Cabildos
Insulares en una posición fáctica y jurídica que en modo alguno puede
permitir la equiparación en el tratamiento de la determinación del límite
máximo de sus miembros con dedicación exclusiva en los términos recogidos
en el proyecto de Ley, esto es, atendiendo exclusivamente al indicador de
la población municipal. A mayor abundamiento, las consideraciones
anteriores deben completarse con la referencia a su reforzamiento
competencial. La Exposición de Motivos del proyecto de Ley objeto de
enmienda dispone expresamente: «Otra de las medidas adoptadas en la Ley
es la de reforzar el papel de las Diputaciones Provinciales, Cabildos,
Consejos Insulares o entidades equivalentes (…)». En este sentido,
la redacción dada al artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, es un exponente claro, patente
y manifiesto del incremento cuantitativo en el elenco de competencias
propias asignadas a aquéllos.

— Además de lo anteriormente expuesto, constituye un
claro exponente del tratamiento singularizado y específico que otorga
nuestro ordenamiento jurídico a los Cabildos Insulares, el establecido en
la Ley 57/2003, de 16 diciembre, de medidas para la modernización del
gobierno local. En efecto, la Disposición Adicional XIV, bajo la rúbrica
«Régimen especial de organización de los Cabildos Insulares Canarios»
establece que serán de aplicación las disposiciones contenidas en el
Título X de la Ley relativas al «Régimen de organización de los
municipios de gran población» a los Cabildos Insulares Canarios de Islas
cuya población sea superior a 175.000 habitantes, y a los restantes
Cabildos Insulares de Islas cuya población sea superior a 75.000
habitantes, siempre que así lo decida mediante Ley el Parlamento Canario
a iniciativa de los Plenos de los respectivos Cabildos, no extendiéndose
dicho régimen ni a las Diputaciones Provinciales ni a los Consejos
Insulares.

— Mención especial representa el tratamiento
diferenciado dado a los Cabildos Insulares por la Ley Orgánica 5/1985, de
19 de junio, de Régimen Electoral General, que dedica a éstos su Título
V, bajo la rúbrica «De las disposiciones especiales para la Elección de
los Cabildos Insulares Canarios», consagrando su artículo 201 a la isla
como circunscripción electoral, en la que se eligen por sufragio
universal, directo y secreto y en urna distinta a la destinada a la
votación para concejales, tantos Consejeros Insulares como resulte de la
aplicación de los tramos de población insular previstos en el apartado
1.º del citado precepto.

En consecuencia, a la vista de las consideraciones vertidas
en la presente enmienda, procede afirmar la no procedencia de la
vinculación de los Cabildos Insulares a la «población municipal» prevista
en el artículo 75 ter.3.º del proyecto de Ley a través de la remisión al
indicador del número de habitantes del «municipio más poblado de la
isla», para la determinación del límite máximo de miembros que podrán
prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva, instando al
efecto a que el indicador determinante que se contemple en el mismo sea
en todo caso, el de la «población de la isla», pues es la que
indudablemente contribuye a configurar a las islas, por una parte, como
entidades locales territoriales de carácter supramunicipal y, por otra,
como integrantes del Archipiélago Canario, en los términos que han
quedado anteriormente expuestos.

ENMIENDA NÚM. 52

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX), y el
Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al
Artículo primero. Veintiuno.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo primero. Número veintiuno sobre el apartado 2 del
artículo 85.

Se propone el siguiente texto:

«2. Los servicios públicos de competencia local habrán de
gestionarse de la forma más sostenible y eficiente de entre las
enumeradas a continuación:

A) Gestión directa:

a) Gestión por la propia entidad local.

b) Organismo autónomo local.

c) Entidad pública empresarial local.

d) Sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de
titularidad pública.

Sólo podrá hacerse uso de las formas previstas en las
letras c) y d) cuando quede acreditado mediante memoria justificativa
elaborada al efecto que resultan más sostenibles y eficientes que las
formas dispuestas en las letras a) y b) para lo que se deberán tener en
cuenta, entre otros, los criterios de rentabilidad económica y
recuperación de la inversión. El acuerdo del Pleno deberá justificar
haber cumplimentado este análisis de alternativas y ponderación de
criterios señalados. Además, deberá constar en el expediente la memoria
justificativa del asesoramiento recibido que se elevará al Pleno para su
aprobación en donde se incluirán los informes sobre el coste del
servicio, así como, el apoyo técnico recibido, que deberán ser
publicitados. A estos efectos, se recabará informe del interventor local
quien valorará la sostenibilidad financiera y la eficiencia de las
propuestas planteadas, de conformidad con lo previsto en los artículos 4
y 7 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

B) Gestión indirecta, mediante las distintas formas
previstas para el contrato de gestión de servicios públicos en el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

La forma de gestión por la que se opte deberá tener en
cuenta lo dispuesto en el artículo 9 del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por Ley 7/2007, de 12 de abril, en lo que respecta al
ejercicio de funciones que corresponden en exclusiva a funcionarios
públicos.»

JUSTIFICACIÓN

El proyecto de ley limita la potestad de organización local
en su vertiente de libertad de elección del modo de gestión. Es razonable
exigir que, con carácter previo a la toma de la decisión, la entidad
local evalúa la fórmula más adecuada de entre las posibles, considerando
criterios de rentabilidad y sostenibilidad financiera; pero no de modo
exclusivo, puesto que la decisión sobre la forma de gestión debe
considerar, también, la garantía de igualdad en el acceso al servicio,
los fines de cohesión social y la calidad de las prestaciones. Por este
motivo se incluye la expresión: «entre otros».

Por otra parte, se suprimen las referencias a documentos
que deben obrar en el expediente que se tramite al efecto, incluyendo
memoria sobre asesoramiento e informe del interventor, puesto que
introducen confusión respecto al contenido del expediente conforme a la
legislación vigente, al tiempo que se presentan como una suerte de tutela
preventiva de la decisión que adopte el Pleno. En particular, en el caso
del órgano de intervención, la emisión de esta clase de informes sobre
eficiencia, con valoración prospectiva, tiene la condición de mecanismo
de tutela preventiva y control de oportunidad, que excede de las
funciones y tareas que la legislación asigna estos órganos: control y
fiscalización interna de la gestión económico-financiera y
presupuestaria, gestión tributaria y la contabilidad, tesorería y
recaudación; que este proyecto de ley refuerza en el nuevo artículo
92.bis.1 y 2 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. A los
efectos perseguidos, basta con que la norma imponga una motivación
precisa de la decisión y de las alternativas consideradas y que el
acuerdo que se adopte de cuenta de la misma.

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152

De otra parte, en relación con los supuestos singulares de
nombramiento por sistema de libre designación, se suprime la exigencia de
autorización expresa del nombramiento por parte del órgano competente de
la Administración General del Estado, que convierte el supuesto en
competencia concurrente, así como la necesidad de un informe previo en
caso de cese, que niega la esencia discrecional de esta decisión, porque
se trata de supuestos de tutela preventiva, genérica e indeterminada
proscrita por la Constitución (STC 4/1981). En igual medida, esos
controles niegan la naturaleza jurídica del sistema de libre designación,
que descansa en la discrecionalidad del órgano competente y, con ello,
vulneran la potestad de organización de las Entidades Locales (art. 80 de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público).

ENMIENDA NÚM. 54

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el
Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al
Artículo primero. Veintiocho.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo Primero. Número veintiocho sobre nuevo artículo
104.bis.

Se propone el siguiente texto:

«Artículo 104 bis. Personal eventual de las entidades
locales.

1. Las dotaciones de puestos de trabajo cuya cobertura
corresponda a personal eventual en los Ayuntamientos deberán ajustarse,
como regla general, a los siguientes límites y normas:

a) Los Ayuntamientos de Municipios con población no
superior a 5.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de
trabajo cuya cobertura corresponda a personal eventual por un número que
no podrá exceder de tres.

b) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a
5.000 y no superior a 20.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas
puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá
exceder de cinco.

c) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a
20.000 y no superior a 50.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas
puestos de trabajo de personal eventual por un número que no podrá
exceder de diez.

d) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a
50.000 podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal
eventual por un número que no podrá exceder de la mitad de concejales de
la Corporación local.

e) Los Ayuntamientos de Municipios en régimen de gran
población podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de personal
eventual por un número que no podrá exceder del número de concejales de
la Corporación local.

f) Los Ayuntamientos de Municipios con población superior a
500.000 habitantes podrán incluir en sus plantillas puestos de trabajo de
personal eventual por un número que no podrá exceder al 0,7 por ciento
del número total de puestos de trabajo de la plantilla de las respectivas
entidades locales, considerando, a estos efectos, los entes que tengan la
consideración de Administración pública en el marco del Sistema Europeo
de Cuentas.

En ningún caso, cualquiera que sea la población del
Municipio, el número de puestos de trabajo reservados a personal eventual
podrá ser superior al de Concejales.»

JUSTIFICACIÓN

Se da por reproducida la justificación que acompaña a las
enmiendas a los nuevos artículos 75.bis y 75.ter de la LBRL.

ENMIENDA NÚM. 55

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el
Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al
Artículo primero. Veintiocho.

ENMIENDA

De modificación.

Al artículo primero. Número veintiocho sobre el artículo
104 bis, apartado 2.

Texto propuesto:

2. El número de puestos de trabajo cuya cobertura
corresponda a personal eventual en las Diputaciones provinciales será el
mismo que el del tramo correspondiente a la Corporación del Municipio más
poblado de su Provincia. En el caso de los Consejos y Cabildos Insulares
el número se determinará en función del criterio de población de la
isla.

JUSTIFICACIÓN

El proyecto de Ley establece los límites máximos
cuantitativos de número de puestos de trabajo de personal eventual que
podrán incluir en sus plantillas las Corporaciones locales. Por ende,
para los municipios, el número de habitantes es el indicador previsto en
el proyecto a tal efecto. Por su parte, el apartado 2.º de dicho
precepto, para el supuesto de los Cabildos Insulares, limita el número de
puestos de trabajo de personal eventual remitiendo al mismo límite que el
establecido para la Corporación del municipio más poblado de la
Provincia, llamando poderosamente la atención el que no se utilice el
indicador de la población del municipio más poblado de la isla, como se
hace en otros preceptos del proyecto de Ley. No obstante, parece
apreciarse error de transcripción por omisión a la vista de la redacción
dada a la premisa del citado apartado, pudiendo entender que la intención
del legislador fue la de establecer el citado indicador de la población
del municipio más poblado de la isla.

Por ende, la equiparación realizada en el proyecto de Ley,
entre los Cabildos Insulares y los municipios no puede ser admitida. Las
islas, desde un punto de vista geográfico, gubernativo y competencial son
entidades locales territoriales configuradas en nuestro ordenamiento
jurídico con naturaleza y régimen jurídico sustancialmente diferente al
previsto para los municipios.

— Geográfica y legalmente (artículo 11 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local), la
«población municipal» constituye junto con la organización y el
territorio, uno de los elementos configuradores de la existencia del
municipio, concebido éste como entidad local básica de la organización
territorial del Estado; no obstante, en modo alguno puede entenderse que
aquélla constituye un elemento básico en la configuración de la Isla, ni
en su concepción de entidad local territorial, ni en la de Institución de
la Comunidad Autónoma de Canarias.

— Desde un punto de vista organizativo, las Islas
tienen su organización gubernativa y administrativa propia en forma de
Cabildos, al amparo de lo establecido en el artículo 141.4.º de la
Constitución Española y en los términos previstos en la Ley 14/1990, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias. Los
Cabildos Insulares son, simultáneamente, órganos de gobierno y
administración de cada isla e Instituciones de la Comunidad Autónoma de
Canarias, de conformidad con lo establecido en los artículos 7 y 22 del
Estatuto de Autonomía de Canarias (L.O. 10/1982, de 10 de agosto). Como
Instituciones

de la Comunidad Autónoma, ostentan iniciativa legislativa
ante el Parlamento de Canarias, asumen la representación institucional
ordinaria del Gobierno de Canarias en cada isla y ejercen competencias
propias de la Comunidad Autónoma que les atribuye el Estatuto de
Autonomía. Como Corporaciones Locales los Cabildos Insulares tienen
atribuido el gobierno, administración y representación de cada isla y
gozan de plena autonomía para el ejercicio de sus competencias propias,
configurándose como tales las establecidas en la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en las leyes
reguladoras de los distintos sectores de la acción pública, así como las
competencias transferidas por Ley del Parlamento de Canarias.

— La situación descrita sitúa a los Cabildos
Insulares en una posición fáctica y jurídica que en modo alguno puede
permitir la equiparación en el tratamiento del número de puestos de
trabajo de personal eventual que podrán incluir en sus plantillas las
Corporaciones locales en los términos recogidos en el proyecto de Ley,
esto es, atendiendo exclusivamente al indicador de la población
municipal. A mayor abundamiento, las consideraciones anteriores deben
completarse con la referencia a su reforzamiento competencial. La
Exposición de Motivos del proyecto de Ley objeto de enmienda dispone
expresamente: «Otra de las medidas adoptadas en la Ley es la de reforzar
el papel de las Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos Insulares o
entidades equivalentes (…)». En este sentido, la redacción dada al
artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local, es un exponente claro, patente y manifiesto del incremento
cuantitativo en el elenco de competencias propias asignadas a
aquéllos.

— Además de lo anteriormente expuesto, constituye un
claro exponente del tratamiento singularizado y específico que otorga
nuestro ordenamiento jurídico a los Cabildos Insulares, el establecido en
la Ley 57/2003, de 16 diciembre, de medidas para la modernización del
gobierno local. En efecto, la Disposición Adicional XIV, bajo la rúbrica
«Régimen especial de organización de los Cabildos Insulares Canarios»
establece que serán de aplicación las disposiciones contenidas en el
Título X de la Ley relativas al «Régimen de organización de los
municipios de gran población» a los Cabildos Insulares Canarios de Islas
cuya población sea superior a 175.000 habitantes, y a los restantes
Cabildos Insulares de Islas cuya población sea superior a 75.000
habitantes, siempre que así lo decida mediante Ley el Parlamento Canario
a iniciativa de los Plenos de los respectivos Cabildos, no extendiéndose
dicho régimen ni a las Diputaciones Provinciales ni a los Consejos
Insulares.

— Mención especial representa el tratamiento
diferenciado dado a los Cabildos Insulares por la Ley Orgánica 5/1985, de
19 de junio, de Régimen Electoral General, que dedica a éstos su Título
V, bajo la rúbrica «De las disposiciones especiales para la Elección de
los Cabildos Insulares Canarios», consagrando su artículo 201 a la isla
como circunscripción electoral, en la que se eligen por sufragio
universal, directo y secreto y en urna distinta a la destinada a la
votación para concejales, tantos Consejeros Insulares como resulte de la
aplicación de los tramos de población insular previstos en el apartado
1.º del citado precepto.

En consecuencia, a la vista de las consideraciones vertidas
en la presente enmienda, procede afirmar la no procedencia de la
vinculación de los Cabildos Insulares a la «población municipal» prevista
en el artículo 104 bis. 2.º del proyecto de Ley a través de la remisión
al indicador del número de habitantes del «municipio más poblado», para
la determinación del número de puestos de trabajo de personal eventual
que podrán incluir en sus plantillas las Corporaciones locales, instando
al efecto a que el indicador determinante que se contemple en el mismo
sea en todo caso, el de la «población de la isla», pues es la que
indudablemente contribuye a configurar a las islas, por una parte, como
entidades locales territoriales de carácter supramunicipal y, por otra,
como integrantes del Archipiélago Canario, en los términos que han
quedado anteriormente expuestos.

ENMIENDA NÚM. 56

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el
Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al
Artículo primero. Treinta.

ENMIENDA

De modificación.

Artículo primero. Número treinta sobre el artículo 116.bis.
Contenido y seguimiento del plan económico-financiero.

Texto que se propone:

«1. Cuando por incumplimiento del objetivo de estabilidad
presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la regla de gasto, las
corporaciones locales incumplidoras formulen su plan económico-financiero
lo harán de conformidad con los requisitos formales que determine el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas mediante Orden
ministerial que será objeto de publicación.

2. Adicionalmente a lo previsto en el artículo 21 de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad, el mencionado plan podrá incluir incluirá al menos alguna
de las siguientes medidas:

a) Supresión de las competencias que ejerza la entidad
local que sean distintas de las propias y de las ejercidas por
delegación.

b) Gestión integrada o coordinada de los servicios
obligatorios que presta la entidad local para reducir sus costes.

c) Incremento de ingresos para financiar los servicios
obligatorios que presta la entidad local.

d) Racionalización organizativa.

e) Supresión de entidades de ámbito territorial inferior al
municipio.

f) Una propuesta de fusión con un municipio colindante de
la misma provincia.

3. La Diputación provincial o entidad equivalente asistirá
al resto de corporaciones locales y colaborará con la Administración que
ejerza la tutela financiera, según corresponda, en la elaboración y el
seguimiento de la aplicación de las medidas contenidas en los planes
económicos-financiero. La Diputación o entidad equivalente propondrá y
coordinará las medidas recogidas en el apartado anterior cuando tengan
carácter supramunicipal, que serán valoradas antes de aprobarse el plan
económico-financiero, así como otras medidas supramunicipales distintas
que se hubieran previsto, incluido el seguimiento de la fusión de
entidades locales que se hubiera acordado.»

JUSTIFICACIÓN

El precepto incluido en el proyecto de ley regula materia
sujeta a reserva de Ley Orgánica. De acuerdo con lo previsto en el
artículo 135 de la Constitución, el contenido de los planes
económico-financieros viene determinado por el artículo 21 de la Ley
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. En
consecuencia se propone la supresión del artículo 116.bis por falta de
rango de la norma que lo introduce.

Con carácter subsidiario, para el caso de que se mantenga
o, incluso, que se tramite como Ley Orgánica, se introducen mejoras para
aclarar el alcance del contenido complementario que se introduce: que los
requisitos formales que deben reunir los planes económico-financiero
serán objeto de aprobación y publicación, por imponerlo así los
principios de lealtad institucional y de seguridad jurídica (también en
coherencia con el siguiente artículo 116.ter, que así lo dispone); y que
la relación de medidas tiene carácter indicativo, no imperativo en todos
los supuestos, habida cuenta que habrán de acomodarse a la realidad,
circunstancias y necesidades de cada entidad local afectada, sin que
pueda establecerse un grupo de medidas con carácter general.

Página
157

bis del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales),
convirtiéndose en un medio de tutela preventiva y valoración de
oportunidad contraria a la garantía constitucional de la autonomía local
(STC 4/1981).

ENMIENDA NÚM. 58

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el
Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al
Artículo segundo. Dos.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone el siguiente texto:

«Se ejercerán en las entidades locales con la extensión y
efectos que se determina en los artículos siguientes las funciones de
control interno respecto de su gestión económica, de los organismos
autónomos y de las sociedades mercantiles de ellas dependientes, en sus
modalidades de función interventora, función de control financiero,
incluida la auditoría de cuentas de las entidades que se determinen
reglamentariamente, y función de control de la eficacia.

A propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, con informe previo de la asociación más representativa de las
entidades locales españolas, el Gobierno establecerá mediante reglamento
las normas sobre los procedimientos de control, metodología de
aplicación, criterios de actuación, derechos y deberes del personal
controlador y destinatarios de los informes de control, que se deberán
seguir en el desarrollo de las funciones de control indicadas en el
apartado anterior.

Los órganos interventores de las entidades locales
remitirán con carácter anual a la Intervención General de la
Administración del Estado un informe resumen de los resultados de los
citados controles desarrollados en cada ejercicio, en el plazo y con el
contenido que se regulen en las normas indicadas en el párrafo
anterior.»

JUSTIFICACIÓN

Tal y como aparece redactado, el precepto faculta con la
mayor amplitud y sin limitación al Ministerio de Hacienda y al Gobierno
para establecer las normas y criterios rectores de la función
interventora en el ámbito local. La interdicción constitucional de la
tutela preventiva y genérica sobre las entidades locales obliga, cuando
menos, a precisar que esas normas serán aprobadas, oída la asociación más
representativa de las entidades locales, y que, además, lo serán mediante
reglamento que, como tal, será objeto de publicación oficial, evitándose,
de este modo, cualquier control, tutela o dirección de carácter informal
en contra de la autonomía local.

Por otra parte, se suprime el tercer párrafo, sobre la
remisión anual de un informe a la Intervención General del Estado, puesto
que la Intervención Local no puede tener dependencia ni funcional ni
jerárquica de aquélla, en tanto que contraria a la garantía
constitucional de la autonomía local en su dimensión de prohibición de
tutela preventiva, genérica e indeterminada; ello, claro está, sin
perjuicio de la obligada rendición de cuentas ante el Tribunal de
Cuentas, que es a quien corresponde conocer de su actividad.

Página
159

ENMIENDA

De modificación.

Texto propuesto:

«El órgano interventor remitirá anualmente al Tribunal de
Cuentas y al Órgano de Control Externo de fiscalización de la respectiva
Comunidad Autónoma todas las resoluciones y acuerdos adoptados por el
Presidente de la entidad local y por el Pleno de la Corporación
contrarios a los reparos formulados, así como un resumen de las
principales anomalías detectadas en materia de ingresos. A la citada
documentación deberá acompañar, en su caso, los informes justificativos
presentados por la Corporación local.»

JUSTIFICACIÓN

La posibilidad de que el órgano interventor deba remitir
exclusivamente al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones adoptadas
por el Presidente de las entidades locales y plenos de las corporaciones,
contrarios a los reparos formulados, así como las principales anomalías
advertidas en cuanto a los ingresos se refiere, obvia a los órganos de
control externo de las respectivas comunidades autónomas, las cuales
tienen competencias en materia de ámbito local en sus respectivos
territorios.

A los órganos de control externo, de conformidad con lo
dispuesto en sus respectivas leyes de creación, les corresponde la
fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable del
sector público de sus respectivas Comunidades Autónomas, sin perjuicio de
las competencias que corresponden al Tribunal de Cuentas de acuerdo con
la Constitución.

A los efectos de la señalada normativa, dentro del sector
público de la respectiva Comunidad Autónoma se encuentran incluidos las
Entidades Locales que forman parte de su territorio, así como los
organismos autónomos y empresas públicas de ellas dependientes.

Estas competencias de fiscalización se encuentran
debidamente coordinadas entre dichos órganos y el Tribunal de Cuentas, de
acuerdo con el artículo 29 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de
funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

A dicho fin los órganos de control externo y el Tribunal de
Cuentas del Reino cuentan con una Plataforma de Rendición de Cuentas que
posibilita que las corporaciones locales puedan remitir de manera
simultánea las cuentas y documentos que a los que vienen obligados por
Ley o que en su caso se les puedan requerir, evitando de esta manera las
duplicidades y facilitando las actuaciones de dichas Instituciones de
control.

ENMIENDA NÚM. 61

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el
Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a
la Disposición adicional séptima.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone el siguiente texto:

«Disposición adicional séptima. Transferencia de los
servicios de sanidad y servicios sociales.

En el caso de las materias enunciadas en las disposiciones
transitorias primera y segunda, a los solos efectos de las transferencias
previstas en esta Ley, se establecerá por Orden del Ministro de Hacienda
y Administraciones Públicas la metodología para valorar el coste de los
servicios transferidos.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con las enmiendas a los artículos 25 y 26 de
la LBRL dirigidas a asegurar la competencia de los municipios en
servicios sociales, cuando menos en asistencia social primaria, se limita
la aplicación de esta disposición adicional a la sanidad.

ENMIENDA NÚM. 62

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el
Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a
la Disposición adicional novena. 1.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone el siguiente texto:

«Disposición adicional novena. Convenios sobre ejercicio de
competencias y servicios municipales.

1. Los convenios, acuerdos y demás instrumentos de
cooperación ya suscritos, en el momento de la entrada en vigor de esta
ley, por el Estado y las Comunidades Autónomas con toda clase de
entidades locales, que lleven aparejada cualquier tipo de financiación
destinada a sufragar el ejercicio por parte de éstas últimas de
competencias delegadas o competencias distintas a las enumeradas en los
artículos 25 y 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, se seguirán rigiendo por la normativa que les
sea de aplicación hasta su extinción, debiendo adaptarse a lo previsto en
esta Ley en caso de que se pretenda su modificación deberán adaptarse a
lo previsto en esta Ley en el plazo de 6 meses desde su entrada en vigor.
Transcurrido este plazo sin haberse adaptado quedarán sin efecto.»

JUSTIFICACIÓN

La adaptación obligatoria de convenios, acuerdos e
instrumentos de colaboración interadministrativos constituye una medida
contraria a los principios de intangibilidad de los contratos y de
seguridad jurídica, que introduce una innecesaria confusión e
incertidumbre sobre las relaciones que se regulan. Es regla tradicional
del Derecho público español que los cambios normativos no afecten a los
contratos, acuerdos y convenios en curso de ejecución, que seguirán
rigiéndose por las reglas y normas vigentes en el momento de su
aprobación. Esta enmienda recupera esta regla; algo, por otra parte,
sobre lo que advirtió el Dictamen del Consejo de Estado sobre el
anteproyecto ley. Ahora bien, lo dicho no se contrapone a la obligación
de adaptarse en el caso de que se pretenda la modificación de esos
convenios y/o acuerdos.

ENMIENDA NÚM. 63

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el
Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a
la Disposición adicional decimoquinta.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone el siguiente texto:

«Tras la entrada en vigor de esta Ley, la titularidad de
las competencias que se preveían como propias del Municipio en materia de
enseñanza, en particular la conservación, mantenimiento y vigilancia de
los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de
educación infantil, de educación primaria o de educación especial,
corresponde a las Comunidades Autónomas y la intervención en la gestión
de los mismos. Las normas reguladoras del sistema de financiación de las
Comunidades Autónomas y de las haciendas locales fijarán los términos en
los que las Comunidades Autónomas asumirán la titularidad de las esas
competencias, para lo que se contemplará, en su caso, el correspondiente
traspaso de medios económicos, materiales y personales. En todo caso se
mantendrá la titularidad municipal de los bienes inmuebles destinados a
esas competencias, traspasándose a la Comunidad Autónoma el uso de los
mismos en iguales condiciones y obligaciones que tenía el Municipio.»

JUSTIFICACIÓN

Se ajusta este régimen de traspaso a los términos en que
queda redactada la letra n), del número 2, del artículo 25 de la LBRL,
que limita las competencias municipales relacionadas con la educación a
la colaboración en el cumplimiento de la escolarización obligatoria y en
la búsqueda de suelos para centros docentes públicos. Se mantiene la
remisión a la legislación sobre financiación autonómica y haciendas
locales en cuanto a los términos del traspaso. Y se aclara el régimen de
titularidad/propiedad en que quedan los inmuebles afectados por la
asunción de la competencia por las Comunidades Autónomas.

ENMIENDA NÚM. 64

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el
Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a
la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone el siguiente texto:

«Disposición adicional nueva. Régimen especial de los
municipios canarios.

En el caso de Canarias, los criterios de atribución de
competencias a los municipios, así como los supuestos de intervención de
los Cabildos Insulares, quedarán a lo que establezca la legislación
territorial correspondiente.»

JUSTIFICACIÓN

Las circunstancias territoriales (insularidad, orografía,
redes de comunicación), sociales (singularidades y localización núcleos
de población) e institucionales (Cabildos, ausencia de provincia) que
concurren en las islas Canarias, obligan a adaptar las medidas que
plantea la reforma legal a esa realidad en orden a la consecución de los
objetivos que persigue. A estos efectos no basta con que las referencias
a las Diputaciones Provinciales se completen con el añadido de los
Cabildos Insulares y los Consejos Insulares. La realidad del
municipalismo insular es bien distinta de la peninsular (así se reconoce
en la STC 132/2012).

La primera singularidad se refiere la planta municipal. En
el archipiélago no existen entidades locales menores y el número de
municipios es de 88 (de los cuales sólo 1 de menos de 1.000 habitantes),
de modo que no se produce la problemática del minifundismo municipal que
pretende superar la norma. Además, ese número de entidades se corresponde
con una densidad de 24.000 habitantes/municipio, frente a los 6.000
habitantes/municipio en el resto de España; una densidad que en el
archipiélago es aun mayor si se consideran los 10/12 millones de turistas
anuales que recibe y la incidencia de esa población en los servicios
públicos municipales. Por otra parte, habida cuenta las circunstancias
antes apuntadas,

todos los municipios, pero especialmente los de menos de
20.000 habitantes, atienden las necesidades de la población de núcleos
perfectamente diferenciados por razones geográficas, económicas y
culturales, que, de otra forma, quedarían sin atención, por su distancia
con respecto a las capitales de cada una de las islas. En este sentido es
obligado adecuar los criterios de reparto de competencias a los
Municipios, incluyendo las que pueda atribuir la Comunidad Autónoma, a
una realidad singular, en la que no se reconoce minifundismo municipal, y
sí capacidad acreditada de gestión.

En relación con esto último, la capacidad de gestión, los
datos sobre la deuda pública dan cuenta de la singularidad que concurre
en los municipios canarios. En este sentido, los Municipios canarias, en
los que reside el 4,51% de la población española, suman tan sólo el 2,74%
del total de la deuda viva de los Ayuntamientos españoles; que, por otra
parte, con un 4,83% es la menor de las deudas de las Administraciones
públicas españolas (76,70% Estado, 18,47% CCAA). De igual forma, por
exigencia de la legislación territorial, los Municipios canarios formulan
y depositan sus cuentas anualmente, sin que se reconozcan los supuestos
de incumplimiento que apunta el proyecto de ley.

En segundo término, en cuanto a la asunción de competencias
por los Cabildos Insulares, el objetivo perseguido de garantizar la
viabilidad y eficiencia de esos servicios requiere su adaptación a la
realidad territorial y político-administrativa de las islas.

En el archipiélago, la estructura territorial y, por ende,
la planta local, es insular y no provincial. En las islas, la provincia
como entidad local no existe (artículo 41 Ley bases del Régimen Local,
LBRL), mucho menos como conjunto de pueblos alrededor de un pueblo o
ciudad; la entidad local es la isla, pero su condición es más compleja
porque, simultáneamente, es institución autonómica (artículo 23 Estatuto
Autonomía de Canarias, EAC). A su vez, el Cabildo, como órgano de
gobierno de la isla, tiene las competencias de las Diputaciones
provinciales (artículo 36 LBRL), pero, a ellas se suman, otras
competencias propias y autonómicas, que lo diferencian (artículo 41.1 en
relación con el citado artículo 23 EAC). Por último, Diputaciones y
Cabildos tienen una diferente legitimidad democrática que condiciona su
organización y su actividad. Nada tiene que ver la legitimidad indirecta
de las Diputaciones (artículo 204 Ley Orgánica Régimen Electoral General,
LOREG), cuyo plenario resulta del reparto de concejales entre los
municipios de la provincia, de modo que, en caso de asunción de servicios
municipales, aun de forma indirecta, los municipios seguirán teniendo
participación en las decisiones que se tomen sobre los mismos; frente a
la legitimidad democrática directa de los Cabildos (artículo 201 LOREG),
siendo los consejeros insulares objeto de elección directa, con la
consecuencia de que, una vez asumido cualquier servicio municipal, los
Municipios quedarían desapoderados por completo sin ninguna facultad de
intervención, ni siquiera de participación en su funcionamiento.

En conclusión, a tenor de las diferencias existentes entre
la estructura local insular y la peninsular, la realización de los
objetivos perseguidos por el proyecto de ley pasa por remitir los
criterios de reparto de competencias a Municipios y los supuestos de
intervención de los Cabildos insulares a lo que disponga la legislación
territorial canaria.

ENMIENDA NÚM. 65

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el
Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a
la Disposición transitoria segunda.

ENMIENDA

De supresión.

A la disposición transitoria segunda. Asunción por las
Comunidades Autónomas de las competencias relativas a servicios
sociales.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con las enmiendas a los artículos 25 y 26 de
la LBRL dirigidas a asegurar la competencia de los municipios en
servicios sociales, cuando menos en asistencia social primaria, se
propone la supresión de esta disposición transitoria reguladora del
traspaso de esos servicios a las Comunidades Autónomas.

ENMIENDA NÚM. 66

De don Narvay Quintero Castañeda (GPMX)

y de don Miguel Zerolo Aguilar (GPMX)

El Senador Narvay Quintero Castañeda, CC (GPMX) y el
Senador Miguel Zerolo Aguilar, CC (GPMX), al amparo de lo previsto en el
artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a
la Disposición transitoria octava.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone el siguiente texto:

«Disposición transitoria octava. Personal eventual de las
entidades locales.

Lo previsto en el artículo 104 bis de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local será de aplicación a
la entrada en vigor de esta Ley. a partir del 30 de junio de 2015.

No obstante, en los Ayuntamientos de población superior a
500.000 habitantes que a la entrada en vigor de esta Ley tengan en sus
plantillas puestos de trabajo de personal eventual por un número superior
al 0,7 % del número total de puestos de trabajo de la plantilla de los
respectivos Ayuntamientos, considerando, a estos efectos, los entes
clasificados como Administración pública en el marco del Sistema Europeo
de Cuentas, podrán mantener en sus plantillas hasta un 1,5 % de puestos
de trabajo de personal eventual hasta el 30 de junio de 2015, fecha en
que deberá aplicarse la limitación prevista en el párrafo anterior.

En ningún caso, la entrada en vigor de esta ley podrá
suponer el incremento del número total de puestos de trabajo de personal
eventual de la plantilla de las respectivas entidades locales respecto al
que disponían a 31 de diciembre de 2012 2013, cuando ese número exceda
del límite establecido en el artículo 104 bis de esta Ley.»

JUSTIFICACIÓN

El proyecto de ley limita el número máximo de puestos de
trabajo de personal eventual en cada Entidad Local. Esta disposición
transitoria dispone su cumplimiento desde el momento de su entrada en
vigor. Se trata de una medida desproporcionada. En rigor se trata de una
sanción pero que, en lugar de castigar a las entidades locales —si
ese es el objetivo— recae sobre personas individuales, de modo
sorpresivo, perentorio y sin compensación o transición alguna. Se trata
de un mandato contrario al principio de confianza legítima, en tanto
cambia drásticamente las reglas del juego sin tiempo de adaptación ni
indemnización (cfr. art. 9.3 CE). Igualmente, el precepto resulta
arbitrario cuando se pone en relación con otras medidas análogas cuya
exigencia se demora hasta la próxima legislatura.

En consecuencia, se propone la aplicabilidad plena de este
precepto a partir de la próxima legislatura, 30 de junio de 2015, salvo
que se demore la entrada en vigor del conjunto de la Ley hasta esa fecha
conforme se propone en la enmienda a la disposición final quinta.

Página
165

nuestras instituciones locales, municipales y comarcales,
para responder mejor a las demandas de los ciudadanos, mejorar la
estructura de la administración local y alcanzar la calidad y eficiencia
de los servicios que se prestan desde dichas administraciones o que
simplemente derivemos a un debate estéril de carácter legalista, de nivel
académico, de teoría constitucional o de carácter exclusivamente de lucha
partidaria, que no aborde con la debida profundidad y alcance, la
cuestión anteriormente mencionadas. Mientras no se aborde ni se determine
la regulación de este asunto, la reforma que se plantea adolecerá de de
apartar o dejar de lado el que seguramente constituye el gran problema de
la administración local.

ENMIENDA NÚM. 69

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Exposición de Motivos.

ENMIENDA

De adición.

La regulación de las entidades de ámbito territorial
inferior al Municipio, dado que es materia de competencia esencialmente
autonómica, se limita esencialmente a señalar su carácter de entidad
local, imponiendo expresamente su obligación de rendir cuentas.

JUSTIFICACIÓN

En el contexto territorial actual consideramos de vital
importancia que deba quedar establecido el marco general de las entidades
locales inferiores al municipio en la Ley de Bases de Régimen Local, tal
como ocurre en el resto de entidades, a fin de que las líneas básicas de
organización, funcionamiento, competencias y recursos sea homogénea en
todo el estado.

ENMIENDA NÚM. 70

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Exposición de Motivos.

ENMIENDA

De adición.

Asimismo, en el marco de una reforma que afecta al régimen
local en España, debe de tener una especial consideración a la forma en
que son elegidos los representantes o miembros de las entidades locales,
y con ello contribuir a la regeneración de la vida municipal cuya
exigencia es el acercamiento entre electores (representados) y elegidos
(representantes) que sólo puede favorecerse a partir de la reducción del
tamaño de las circunscripciones electorales en el ámbito municipal,
sobretodo en aquellos concejos de más de 5.000 habitantes y en aquellos
otros que tienen determinadas peculiaridades debido a su extensión o que
ya se encuentren subdivididos en distintas áreas, cada una de ellas con
su propia denominación. Para ello, en el plazo de un año desde la
aprobación de esta Ley, el Consejo de Gobierno remitirá a las Cortes
Generales un proyecto de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de
junio, de Régimen Electoral General, en la que se aborde la modificación
del artículo 179 del mencionado texto legal, con la finalidad de permitir
que en los municipios españoles puedan existir varias circunscripciones,
en función de su población, extensión, geografía o división de distritos,
entre otros factores a tener en cuenta, y que redunden en la consecución
del objetivo de cercanía y proximidad anteriormente señalado.

JUSTIFICACIÓN

En la reforma analizada, no se plantea de modo suficiente
la regeneración de la vida municipal o local, cuya exigencia debe tener
en cuenta el acercamiento o proximidad que deban tener los electores o
votantes con aquellos que sean elegidos. Para la consecución de este
objetivo, se plantea la posibilidad de que las circunscripciones
electorales en los municipios puedan ser varias, no prescribiendo la
circunscripción electoral única como característica de las elecciones
municipales. Lo que se pretende con ello, es que los votantes tengan un
mayor grado de conocimiento de la persona o personas que les va
representar en la entidad local que se trate, al ser la administración
local, la más próxima al ciudadano.

ENMIENDA NÚM. 71

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Dos.

ENMIENDA

De adición.

Artículo 3.2.d: Las entidades de ámbito territorial
inferior al municipio, en los términos de la respectiva legislación
autonómica.

JUSTIFICACIÓN

La reforma de la Ley de Bases de Régimen Local constituye
una oportunidad inmejorable para revisar la situación de la entidades
locales menores existentes, y establecer las bases, no sólo en relación a
los aspectos organizativos o institucionales, sino también en relación a
las competencias y recursos de las mismas, fijando unos parámetros
comunes a todas las Comunidades Autónomas, y por tanto, aplicables a todo
el territorio español.

ENMIENDA NÚM. 72

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Siete.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el apartado Siete del artículo Primero del
Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local.

JUSTIFICACIÓN

Se considera una incongruencia eliminar la personalidad
jurídica de los entes de ámbito territorial inferior al municipio, máxime
cuando el propio artículo que se pretende crear regula la posibilidad de
su creación cuando resulta una opción eficiente para la administración
desconcentrada, a lo que no debemos de olvidar que la mayoría de estas
entidades locales se encuentran expresamente reconocidas en los Estatutos
de Autonomía de las Comunidades Autónomas, normas que son de un rango
superior a la que actualmente es objeto de reforma mediante el presente
proyecto de ley.

Página
168

Al apartado Ocho del artículo Primero, en lo que refiere a
la nueva redacción del art. 25.2.i.

i) Ferias, abastos, mercados, lonjas, comercio ambulante y
protección de consumidores y usuarios.

JUSTIFICACIÓN

Se propone esta redacción como una mejora técnica y
acomodación del texto, al efecto de concretar las competencias en materia
de económica comercial, teniendo en cuenta que se trata de una materia de
creciente importancia y transcendencia por el número de afectados y por
sus implicaciones jurídicas y económicas pero la efectiva defensa de
consumidores y usuarios pasa por un acceso inmediato y las posibilidades
reales se dan ante la administración local que es la más próxima al
ciudadano y la que puede dar una respuesta más inmediata a este tipo de
situaciones.

ENMIENDA NÚM. 76

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Ocho.

ENMIENDA

De modificación.

Al apartado Ocho del artículo Primero, en lo que refiere a
la nueva redacción del art. 25.2.j.

j) Vigilancia, promoción, prevención y protección de la
salubridad pública.

JUSTIFICACIÓN

Se propone esta redacción como una mejora técnica y
acomodar el texto a las competencias más concretas en dicha materia, así
como en consonancia de las materias propuestas por la FEMP en el
documento de trabajo elaborado en el mes de mayo de 2012, el cual fue
consensuado por los grupos políticos representados en su Junta de
Gobierno.

ENMIENDA NÚM. 77

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Ocho.

ENMIENDA

De modificación.

Al apartado Ocho del artículo Primero, en lo que refiere a
la nueva redacción del art. 25.2.k.

k) Cementerios, actividades funerarias y policía sanitaria
mortuoria.

JUSTIFICACIÓN

Se propone esta redacción como una mejora técnica y
acomodar el texto a las competencias más concretas en dicha materia, así
como en consonancia de las materias propuestas por la FEMP en el

documento de trabajo elaborado en el mes de mayo de 2012,
el cual fue consensuado por los grupos políticos representados en su
Junta de Gobierno.

ENMIENDA NÚM. 78

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Ocho.

ENMIENDA

De supresión.

Supresión de parte del texto del apartado Ocho del artículo
Primero, en lo que refiere a la redacción del art. 25.2.n.

Se propone suprimir el texto siguiente de la redacción
propuesta para el art. 25.2.n de la Ley de Bases de Régimen Local:

«La conservación, mantenimiento y vigilancia de los
edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación
infantil, de educación primaria o de educación especial.»

JUSTIFICACIÓN

Entendemos que al quedar la materia de educación fuera del
alcance de la administración local, atribuirle la conservación,
mantenimiento y vigilancia de edificios donde se desarrollan una
competencias que no le son propias, puede dar lugar a duplicidades y
disfuncionalidades, pudiendo crear conflictos entre los entes locales y
los órganos de gestión de los centros de enseñanza a los que se
refiere.

ENMIENDA NÚM. 79

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Ocho.

ENMIENDA

De adición.

Adición de un nuevo párrafo al apartado Ocho del artículo
Primero, en lo que refiere a la nueva redacción enumerado como art.
25.2.o.

o) Políticas de empleo y formación ocupacional.

JUSTIFICACIÓN

Resulta incongruente a quien suscribe, y máxime en el
contexto socioeconómico actual que reconociendo en el apartado Uno del
artículo Primero de este Proyecto de Ley los principios de
descentralización y proximidad, se pretenda excluir a las
administraciones de locales de competencias en materia de sentar las
bases de empleo y formación en su territorio, sobretodo teniendo en
cuenta los índices de desempleo actuales, por ello no se puede desdeñar
la colaboración que en esta competencia pueden desempeñar las entidades
locales.

Página
171

para lo que decidirá sobre la prestación directa por ella
misma o la implantación de fórmulas de gestión compartida a través de
consorcios, mancomunidades u otras fórmulas.

Cuando la Diputación o entidad equivalente asuma la
prestación de estos servicios repercutirá a los municipios el coste
efectivo del servicio en función de su uso. Si estos servicios estuvieran
financiados por tasas y asume su prestación la Diputación o entidad
equivalente, será a ésta a quien vaya destinada la tasa para la
financiación de los servicios.

Trascurridos cinco años desde que la Diputación o entidad
equivalente asumieran los servicios de los que el municipio ha sido
dispensado por la Comunidad Autónoma acredite, y previo informe de la
administración que asumió dichos servicios,, a petición del propio
municipio, que acredite que éste puede prestar estos servicios con un
coste efectivo menor que el derivado de la forma de gestión decidida por
la Diputación provincial o entidad equivalente, el municipio podrá asumir
la prestación y coordinación de estos servicios.

JUSTIFICACIÓN

La modificación del precepto referido, se fundamenta en que
la redacción propuesta supone una auténtica injerencia en la autonomía
municipal, y el sometimiento a una «tutela» de otra administración, ya
que en la regulación vigente, los municipios tenían la facultad de
solicitar la dispensa de prestar un servicio mínimo a la CCAA, facultad
que se pretende que mantengan, y su eliminación no sólo supone la
supresión de ese derecho, sino que pueden verse privados de ejercer
competencias que tienen legalmente atribuidas, ex lege, por imperativo
legal, creando por ello inseguridad jurídica, tanto a dichas entidades
locales como a los administrados; con el peligro de vaciar de contenido a
los municipios más pequeños, solo en función al número de habitantes, sin
tener en cuenta otros parámetros como la orografía, las comunicaciones,
la edad de la población, la estacionalidad de la misma o las
circunstancias socioeconómicas del territorio.

ENMIENDA NÚM. 82

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Trece.

ENMIENDA

De modificación.

Al apartado Trece del artículo Primero, en lo que refiere a
la redacción del segundo párrafo del art. 36.2.a.

Cuando la Diputación detecte que los costes efectivos de
los servicios prestados por los municipios son superiores a los de los
servicios coordinados o prestados por ella, incluirá en el plan
provincial fórmulas de prestación unificada o supramunicipal para reducir
sus costes efectivos, y ser propuestas a las municipios, para ser
aplicadas por ellos previa aceptación de las mismas por los órganos
competentes de la administración local requerida.

JUSTIFICACIÓN

La redacción del proyecto de ley supone otra injerencia a
la autonomía municipal, arbitrando otro modo de vaciar competencialmente
la gestión de los servicios que tienen expresamente atribuidos por ley
los municipios, de ahí la modificación parcial que se propone, para
vulnerar dicha autonomía reconocida constitucionalmente.

Página
173

Los miembros de Corporaciones locales de población inferior
a 200 habitantes no tendrán dedicación exclusiva. Excepcionalmente,
podrán desempeñar sus cargos con dedicación parcial, percibiendo sus
retribuciones dentro de los límites máximos señalados al efecto en la Ley
de Presupuestos Generales del Estado.

JUSTIFICACIÓN

Lo que se pretende es dignificar la labor del cargo electo,
y fomentar y estimular a los ciudadanos en la participación de la vida
pública, sobretodo en los concejos más pequeños, donde su función es
vital dado la cercanía que existe entre el miembro de la Corporación
Local y los administrados, aplicando la ecuación sobre la dedicación
desempeñada añadida a la responsabilidad asumida debe llevar aparejada
una retribución en la medida más justa posible, abriendo la posibilidad a
una retribución en los municipios de población inferior a 200
habitantes.

ENMIENDA NÚM. 85

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diecinueve.

ENMIENDA

De modificación.

Al apartado Diecinueve del artículo Primero, en lo que se
refiere a la introducción del nuevo art. 75.ter.1.a y b.

a) En los Ayuntamientos de Municipios con población
inferior a 200 habitantes, ningún miembro podrá prestar sus servicios en
régimen de dedicación exclusiva, facultándose excepcionalmente que un
miembro desempeñar su cargo con dedicación parcial.

b) En los Ayuntamientos de Municipios con población
comprendida entre 201 y 2.000 habitantes, sólo un miembro podrá prestar
sus servicios en régimen de dedicación exclusiva, facultándose
excepcionalmente que otro miembro de la Corporación pueda desempeñar su
cargo con dedicación parcial.

JUSTIFICACIÓN

Los municipios con menos de 200 habitantes en España no
podrán pagar a los cargos electos ni habrá dedicaciones exclusivas, algo
que en la práctica ya sucede en la gran mayoría de los municipios
afectados. Sin embargo, la propuesta inicial del proyecto de ley carece
de motivación y apenas supondrá ahorro alguno. Carece de sentido no
retribuir un mismo servicio y responsabilidad, en función del tamaño del
municipio. Con ello, sería casi imposible la confección de listas para
elegir a los responsables de la corporación, avocando a los municipios de
pequeño tamaño a su desaparición o que queden vacíos de representantes
elegidos dichas corporaciones.

Página
175

introduce elementos que distorsionan la transparencia de
los resultados electorales, y además desplazan o se inmiscuyen en el
ámbito de las tareas propias de los funcionarios.

Asimismo, se pueden concretar esos determinados ahorros
netos en la administración local reduciendo las plantillas de asesores a
medida que se refuerza la capacidad y la experiencia de los propios
ediles elegidos mediante sufragio universal, libre, directo y
secreto.

ENMIENDA NÚM. 90

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Treinta.

ENMIENDA

De modificación.

A la letra f) referente a la introducción del nuevo
artículo 116 bis, que se contienen en el Apartado Treinta del artículo
Primero del proyecto de ley.

De modificación.

f) Potestativamente, una propuesta de fusión con un
municipio colindante de la misma provincia.

JUSTIFICACIÓN

Establecer como una medida obligatoria la propuesta de
fusión con un concejo colindante puede ser incongruente, ya que pueden
darse varias circunstancias, desde que ninguno de los concejos anexos
quiera fusionarse con la entidad obligada a formular un Plan económico
financiero, que tampoco pueda por situaciones determinadas como la
accesibilidad o la geografía u orografía respecto del municipio vecino,
como también que esta obligación puede orillar la autonomía municipal de
igual modo, de ahí que sea más correcto técnicamente prescribir esta
posibilidad de modo facultativo.

ENMIENDA NÚM. 91

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Treinta.

ENMIENDA

De supresión.

Supresión de la letra e) referente a la introducción del
nuevo artículo 116 bis, que se contienen en el Apartado Treinta del
artículo Primero del proyecto de ley.

JUSTIFICACIÓN

Se propone la eliminación de dicho enunciado, ya que el
incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, de deuda
pública o de la regla de gasto, no tiene que ser debido a la existencia
de una

entidad local menor, la cual puede ser perfectamente
eficiente y sostenible, por lo que resulta contradictorio su eliminación
ex lege por el mero hecho de ser una entidad de ámbito territorial
inferior el municipio.

ENMIENDA NÚM. 92

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional sexta. 2.

ENMIENDA

De supresión.

Supresión del apartado dos de la Disposición Adicional
Sexta. Colaboración con las Intervenciones Locales.

JUSTIFICACIÓN

El hecho de pretender cobrar por actuaciones de apoyo en
materia de fiscalización interna de la gestión económica financiera no
parece de lo más adecuado, ya que el debate principal en los últimos ha
girado en torno a la asegurar y garantizar la financiación de las
administraciones locales, y que ahora el Estado pretenda cobrar por
«colaborar», después de que esta reforma pretenda tutelar desde la
administración del Estado a los Ayuntamientos y demás entidades locales,
a mayores, y cuando se solicita colaboración en aras de cumplir con lo
dispuesto en L.O. 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, se deba de hacer mediante contraprestación
económica, suponiendo esta previsión una obligación injusta para la
administración pública más escasa de recursos.

ENMIENDA NÚM. 93

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional séptima.

ENMIENDA

De adición.

Traspaso de medios personales. 1. Los funcionarios de
carrera que como consecuencia de un traspaso de una competencia llevado a
cabo en cumplimiento de las previsiones de esta Ley, pasen a prestar
servicios en una Administración Pública distinta de la de origen,
quedarán en la nueva Administración en situación de servicio activo en
sus cuerpos o escalas de pertenencia, y se regirán por la legislación de
función pública aplicable al personal de la Administración en que estén
prestando servicios. Respecto de su Administración de origen, quedarán en
la situación administrativa de servicio en otras Administraciones
públicas, conservando todos sus derechos en ella como si se hallaran en
servicio activo.

2. En el caso del personal laboral fijo que se vea afectado
por un traspaso de competencia en los términos indicados en el apartado
anterior, la Administración Pública en la que pasen a prestar servicios
se subrogará en la posición de la Administración de origen.

3. El personal funcionario interino o laboral temporal que
se vea afectado por un traspaso de competencia en los términos indicados
en los apartados anteriores, se regirá, respectivamente, por las
previsiones antes indicadas para el personal funcionario de carrera y
personal laboral fijo, dentro de los límites inherentes a su
condición.

4. Los traspasos de medios personales producidos como
consecuencia de lo previsto en esta Ley, en ningún caso podrán dar lugar
a la adquisición de la condición de empleado público cuando previamente
no tuvieran esta condición.

JUSTIFICACIÓN

Si el objeto de la reforma es discernir las competencias
evitando gastos y costes a las entidades locales resulta incongruente y
contrario al espíritu de la reforma que en los casos de transferencia de
competencias ésta no venga acompañada con el traspaso del personal
adscrito ya que de otra manera la entidad local quedaría con el gasto en
personal pero sin el servicio a sus ciudadanos mientras que el nuevo ente
competencial debería incorporar personal para prestar ese servicio
incumpliendo el principio de que el resultado final suponga en su
conjunto un coste mayor para las Administraciones Públicas. Por otra
parte figuraba como Disposición Adicional 15.ª de todos los proyectos
anteriores.

ENMIENDA NÚM. 94

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición adicional decimosexta.

ENMIENDA

De adición.

Los funcionarios pertenecientes a la entrada en vigor de la
presente Ley a la Escala de funcionarios con habilitación de carácter
estatal quedan integrados en la Escala de funcionarios de administración
local con habilitación de carácter nacional.

JUSTIFICACIÓN

Se introduce la misma como una mejora de la técnica
legislativa, en la cual debe de adecuarse el régimen jurídico al traspaso
de la Escala desde el Estatuto Básico del Empleado Público a la Ley de
Bases de Régimen Local, con la derogación de la Disposición Adicional
Segunda y la Transitoria Séptima del Estatuto Básico prevista en el
Proyecto objeto de esta enmienda.

ENMIENDA NÚM. 95

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria cuarta.

ENMIENDA

De modificación.

Rendición de cuentas de entidades de ámbito territorial
inferior al municipio.

1. En el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de
esta Ley, las entidades de ámbito territorial inferior al Municipio
deberán tener presentadas sus cuentas ante los organismos
correspondientes del Estado y de la Comunidad Autónoma respectiva.

2. En el caso de no presentar dichas cuentas en el plazo
previsto, la Comunidad Autónoma, en el plazo de tres meses, nombrará una
Comisión Gestora que asumirá el gobierno de la entidad de ámbito
territorial inferior al municipio hasta las siguientes elecciones, y que
deberá regularizar las cuentas de la entidad.

JUSTIFICACIÓN

En consonancia con las enmiendas anteriores relativas a los
entes locales menores, la propuesta se dirige a adecuar su funcionamiento
al nuevo marco normativo y evitar su disolución debido a que los
responsables de la misma no hayan cumplido con la obligación formal de
presentar las cuentas en plazo.

ENMIENDA NÚM. 96

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición transitoria quinta.

ENMIENDA

De modificación.

Los procedimientos de constitución de nuevas entidades de
ámbito inferior al municipio que se encuentren en tramitación en el
momento de aprobación de la presente ley, se regirán por la normativa
vigente en el momento de su incoación.

JUSTIFICACIÓN

El propósito de esta enmienda es dotar de seguridad
jurídica a aquellas entidades locales menores que se encuentren en
proceso de constitución al momento de la entrada en vigor de la presente
ley, al objeto de garantizar que el procedimiento se lleve a cabo
conforme al establecido en el momento que se ha decidido dar dicho
paso.

ENMIENDA NÚM. 97

De don Isidro Manuel Martínez Oblanca (GPMX)

El Senador Isidro Manuel Martínez Oblanca, FAC (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda a la Disposición final quinta.

ENMIENDA

De modificación.

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de la
celebración de las próximas elecciones municipales previstas para mayo
del año 2015.

JUSTIFICACIÓN

Se formaliza esta enmienda para mejor acomodación de las
entidades locales a las nuevas obligaciones que se le establecen y por
seguridad jurídica.

Página
181

JUSTIFICACIÓN

En la Exposición de Motivos se indica que respecto al
objetivo de clarificar las competencias locales y avanzar en el principio
«una Administración una competencia», se trata de evitar los problemas de
solapamientos competenciales entre Administraciones hasta ahora
existentes.

Sin embargo, entendemos que este principio no es de
aplicación en relación con la igualdad entre mujeres y hombres, en cuanto
que más que una materia de actuación, y por tanto una competencia
atribuible únicamente a una administración, es un principio de debe ser
integrado por todas ellas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres
—concretamente en los artículos 4 (Integración del principio de
igualdad en la interpretación y aplicación de las normas), 14 (Criterios
generales de actuación de los Poderes Públicos) y 15 (Transversalidad del
principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres).

ENMIENDA NÚM. 100

De don Pedro Eza Goyeneche (GPMX), de doña Amelia Salanueva
Murguialday (GPMX)

y de don Francisco Javier Yanguas Fernández (GPMX)

El Senador Pedro Eza Goyeneche, UPN (GPMX), la Senadora
Amelia Salanueva Murguialday, UPN (GPMX), y el Senador Francisco Javier
Yanguas Fernández, UPN (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo
107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo
primero. Diez.

ENMIENDA

De modificación.

Texto que se propone:

Se da nueva redacción a la letra c) del apartado 3 del
artículo 27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, quedando el texto como sigue:

«3. Con el objeto de evitar duplicidades administrativas,
mejorar la transparencia de los servicios públicos y el servicio a la
ciudadanía y, en general, contribuir a los procesos de racionalización
administrativa, generando un ahorro neto de recursos, la Administración
del Estado y las de las Comunidades Autónomas podrán delegar, siguiendo
criterios homogéneos, entre otras, las siguientes competencias:

(…)

c) Prestación de los servicios sociales, promoción de la
igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia contra la
mujer.»

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda anterior que añade la letra ñ
(nueva) al artículo 25.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local que integra la igualdad entre hombre y
mujeres como un principio de actuación de todas las administraciones y,
por tanto, como una competencia propia de cada una.

ENMIENDA NÚM. 101

De don Pedro Eza Goyeneche (GPMX), de doña Amelia Salanueva
Murguialday (GPMX)

y de don Francisco Javier Yanguas Fernández (GPMX)

El Senador Pedro Eza Goyeneche, UPN (GPMX), la Senadora
Amelia Salanueva Murguialday, UPN (GPMX), y el Senador Francisco Javier
Yanguas Fernández, UPN (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo
107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo
primero. Diez.

ENMIENDA

De modificación.

Texto que se propone:

Se da nueva redacción al apartado 6 del artículo 27 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local,
quedando el texto como sigue:

«6. La delegación habrá de ir acompañada en todo caso de la
financiación que se acuerde con la correspondiente entidad local, para lo
cual será necesaria la existencia de dotación presupuestaria adecuada y
suficiente en los presupuestos de la Administración delegante para cada
ejercicio económico, siendo nula sin dicha dotación.»

JUSTIFICACIÓN

Con esta redacción queda claro que las Administraciones
delegantes y las delegadas son las que establecerán también por acuerdo
el régimen de financiación, ya que no existe motivo para impedir acuerdos
de esta naturaleza cuando existe interés por las dos partes, dado que los
mismos deben contar —también en este aspecto— con la
aceptación por la entidad local, conforme al apartado anterior, y dado
que el apartado 2 ya incorpora mecanismos para garantizar que las
entidades locales pueden participar en la financiación de servicios de su
interés, que vienen prestando y quieran seguir prestando, sin que ello
afecte a su estabilidad presupuestaria ni sostenibilidad financiera.

ENMIENDA NÚM. 102

De don Pedro Eza Goyeneche (GPMX), de doña Amelia Salanueva
Murguialday (GPMX)

y de don Francisco Javier Yanguas Fernández (GPMX)

El Senador Pedro Eza Goyeneche, UPN (GPMX), la Senadora
Amelia Salanueva Murguialday, UPN (GPMX), y el Senador Francisco Javier
Yanguas Fernández, UPN (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo
107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la
Disposición adicional primera. 1.

ENMIENDA

De adición.

Se propone añadir un párrafo nuevo con la siguiente
redacción:

«Corresponderá a la Comunidad Foral de Navarra el ejercicio
de las facultades de tutela financiera de las entidades locales que la
legislación en materia de estabilidad presupuestaria asigna al Estado,
así como la recepción y posterior remisión al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas de la información que deba ser facilitada por
las entidades locales, en cumplimiento de lo previsto en la presente
Ley.»

JUSTIFICACIÓN

1.ª De conformidad con el art. 46.2 de la Ley Orgánica
13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen
Foral de Navarra, corresponde a la Administración de la Comunidad Foral
de Navarra el control de legalidad de las actuaciones de las entidades
locales de Navarra, extensible al control del cumplimiento de la
normativa en materia de estabilidad presupuestaria, conforme queda
puntual y referencialmente reconocido en la Disposición Adicional Séptima
del Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra,
aprobado por la Ley 25/2003, de 15 de julio.

La referencia genérica a la normativa en materia de
estabilidad financiera propuesta en la enmienda, evitará las
modificaciones sucesivas del Convenio cada vez que se legisle sobre dicha
materia.

2.ª Por otra parte, el cumplimiento permanente de dicho
control de legalidad, exigido asimismo y de manera expresa en la
Disposición Adicional Decimosegunda del Proyecto de Ley de
Racionalización y

Sostenibilidad de la Administración Local, justifica la
enmienda, al objeto de que la información exigida en la presente Ley a
las entidades locales, sea recepcionada por la Comunidad Foral de Navarra
para su posterior remisión por ésta al Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas.

ENMIENDA NÚM. 103

De don Pedro Eza Goyeneche (GPMX), de doña Amelia Salanueva
Murguialday (GPMX)

y de don Francisco Javier Yanguas Fernández (GPMX)

El Senador Pedro Eza Goyeneche, UPN (GPMX), la Senadora
Amelia Salanueva Murguialday, UPN (GPMX), y el Senador Francisco Javier
Yanguas Fernández, UPN (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo
107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la
Disposición adicional novena. 1.

ENMIENDA

De adición.

Texto que se propone:

Se se añade al apartado 1 otro párrafo, quedando redactado
como sigue:

«No obstante, los instrumentos de cooperación para la
financiación de las competencias de creación, mantenimiento y gestión de
las escuelas infantiles de educación de titularidad pública de primer
ciclo de educación infantil del artículo 27.3 e) de la citada Ley —
según la nueva redacción dada por el apartado Diez del artículo primer
del presente Proyecto de Ley— tendrán un plazo de adaptación de 5
años desde la entrada en vigor de esta ley»

JUSTIFICACIÓN

Se considera insuficiente el plazo establecido en seis
meses para la adaptación de los convenios en vigor de competencias
impropias y delegadas, por idénticas razones a las expuestas en la
siguiente enmienda de UPN al punto 2 de la Disposición Transitoria
Segunda del Proyecto de Ley.

Asimismo, en la nueva versión del Proyecto de Ley, ya no se
recoge, como se recogía antes, en la versión del 12 de febrero de 2013 y
se recoge aún para Salud, un plazo de cinco años para ir asumiendo la
competencia de creación, mantenimiento y gestión de las Escuelas
Infantiles, que estaba siendo municipal (de ello partía el art. 15 LOE) y
pasa a las CCAA, en cuanto que, aunque no estaba en la LRBRL, ahora
aparece en el artículo 27.3 (apartado e), como una de las que pueden
delegar Estado o CCAA en los entes locales.

Por tanto, el plazo para asumirlas o convenir su delegación
resultaría el de la nueva DA 9ª, con lo que es oportuno proponer que se
recupere el plazo de los cinco años para poder asumir un veinte por cien
anual progresivamente.

ENMIENDA NÚM. 104

De don Pedro Eza Goyeneche (GPMX), de doña Amelia Salanueva
Murguialday (GPMX)

y de don Francisco Javier Yanguas Fernández (GPMX)

El Senador Pedro Eza Goyeneche, UPN (GPMX), la Senadora
Amelia Salanueva Murguialday, UPN (GPMX), y el Senador Francisco Javier
Yanguas Fernández, UPN (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo
107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda a la
Disposición final nueva.

ENMIENDA

De adición.

Texto que se propone:

Se incorpora al Proyecto de Ley una Disposición Final Nueva
con la siguiente redacción:

«A los Consorcios que, con la exclusiva participación de
Administraciones Públicas, estén constituidos o se constituyan como
fórmulas de gestión compartida de cualquiera de los servicios
especificados en el artículo 26.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las Bases del Régimen Local y respondan a los objetivos
previstos en dicho precepto, no será de aplicación lo dispuesto en la
Disposición Transitoria Sexta, ni lo establecido en la Disposición Final
Segunda, ambas de la presente ley.»

JUSTIFICACIÓN

En la Comunidad Foral de Navarra, se han constituido, con
la participación del Gobierno de Navarra en el ejercicio de las funciones
históricas de cooperación asignadas a la Diputación Foral, y diversas
entidades locales de carácter asociativo, entidades consorciales cuyo
objeto social exclusivo es la prestación en común de los servicios
municipales de abastecimiento de agua en alta y de tratamiento y
transporte de residuos urbanos.

La fórmula de gestión compartida de dichos servicios ha
devenido necesaria, dado que la complejidad técnica y la requerida
eficiencia de dichos servicios, han exigido ámbitos de actuación y
economías de escala superiores a los de las propias mancomunidades
prestadoras de dichos servicios hasta ese momento, posibilitando una
mayor eficiencia de dichos servicios.

La pretendida modificación del régimen jurídico de los
Consorcios prevista en la Disposición Final Segunda y la adaptación
estatutaria de los mismos ordenada en la Disposición Transitoria Sexta,
ambas del presente Proyecto de Ley, supondría la adscripción de la
entidad consorcial a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra,
con el consecuente cambio del régimen presupuestario, contable y de
control de unos servicios de competencia local, por lo que su gestión
dejaría de estar residenciada en un ámbito de decisión de carácter
local.

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula 44 enmiendas al Proyecto de Ley de racionalización y
sostenibilidad de la Administración Local.

Palacio del Senado, 25 de noviembre de 2013.—Ester
Capella i Farré.

ENMIENDA NÚM. 105

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el punto uno del artículo primero quedando
redactado en los siguientes términos:

«Uno. El artículo 2 queda redactado del siguiente modo:

1. Por autonomía local se entiende el derecho y la
capacidad efectiva de las entidades locales para ordenar y gestionar los
propios intereses una parte importante de los asuntos públicos, en el
marco de la ley, bajo su responsabilidad y en beneficio de sus
habitantes.

2. Para la efectividad de la autonomía local garantizada
constitucionalmente a las entidades locales, la legislación del Estado y
la de las Comunidades Autónomas, reguladora de los distintos sectores de
acción pública, según la distribución constitucional de competencias,
deberá asegurar a los municipios, las provincias, las islas y al resto de
entidades locales territoriales su derecho a ordenar y gestionar una
parte importante de los asuntos públicos, atribuyéndoles las competencias
que procedan de conformidad con los principios de subsidiariedad,
descentralización y de máxima proximidad de la gestión administrativa

a los ciudadanos. La atribución de una competencia a otra
autoridad debe tener en cuenta la amplitud o la naturaleza de la tarea o
las necesidades de eficacia o economía.

3. Las Leyes básicas del Estado previstas
constitucionalmente deberán determinar las competencias que ellas mismas
atribuyen o que, en todo caso, deban corresponder a las entidades locales
en las materias que regulen.

4. Las entidades locales deben ser consultadas, en la
medida de lo posible, a su debido tiempo y de la forma apropiada, a lo
largo de los procesos de planificación y de decisión para todas las
cuestiones que les afectan directamente.»

JUSTIFICACIÓN

Se pretende garantizar la eficacia de la autonomía local,
garantizada constitucionalmente, e incorporar el principio de
subsidiariedad contenido en la Carta Europea de Autonomía Local del
Consejo de Europa, de 1 de septiembre de 1988, cuya aplicación determina
que se atribuyan las competencias a la administración más cercana a la
ciudadanía salvo que por su naturaleza se justifique que sean prestadas
por un ente más alejado.

ENMIENDA NÚM. 106

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Uno.

ENMIENDA

De supresión.

(subsidiaria de la enmienda anterior)

Supresión

Artículo primero. Uno

JUSTIFICACIÓN

Los principios de eficiencia y eficacia son principios
constitucionales a los que se encuentra sujeta la actuación
administrativa de acuerdo con el artículo 30 de la Constitución.
Asimismo, no compartimos la sujeción a los principios de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera establecidos mediante la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera). Pero además, su inclusión es irrelevante
jurídicamente pues es incorporar a la presente Ley algo que ya se regula
en otra norma. Por ello, no encontramos justificado modificar una Ley
para introducir estas modificaciones.

ENMIENDA NÚM. 107

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Dos.

ENMIENDA

De supresión.

JUSTIFICACIÓN

Se pretende mantener la redacción actual del artículo que
incluye las entidades de ámbito inferior al municipio. Mediante el cambio
que pretende introducir el presente Proyecto de Ley, desaparecen las
Entidades de Ámbito Inferior al Municipio del listado de entidades
locales. Sin embargo, la regulación de estas entidades es competencia de
las Comunidades Autónomas (artículo 149.1.18 de la Constitución) y no
corresponde al legislador estatal modificar su naturaleza ni suprimirlas.
En este sentido, el fundamento jurídico cuatro de la Sentencia del
Tribunal Constitucional 214/1989, de 21 de diciembre reconoció que la
creación de este tipo de entidades, entre otras, así como la
determinación de sus competencias, corresponde únicamente a las
Comunidades Autónomas.

Mediante esta enmienda se pretende garantizar la condición
de ente local a las Entitats Municipals Descentralitzades (EMD), cuya
existencia se encuentra establecida por el apartado 7 del artículo 86 del
Estatuto de Autonomía de Catalunya.

ENMIENDA NÚM. 108

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Tres.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el apartado 4 del artículo 7 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

JUSTIFICACIÓN

El apartado 4 que se pretende introducir al artículo 7 es
un claro reflejo de la desconfianza que el Gobierno español tiene
respecto de la administración local. Lejos de reforzar los mecanismos de
cooperación y coordinación entre las distintas administraciones, el
Estado se sitúa en una posición de tutela. Se pretende constreñir la
actividad de los entes locales. En este sentido, si bien el deseo de
evitar duplicidades administrativas tiene su lógica económica, este en
todo caso debería ser un principio general a aplicar por las entidades
locales de acuerdo con sus necesidades, finalidades e intereses
municipales. La emisión de informes vinculantes por parte de la
administración competente en la materia y por parte de la administración
que tenga atribuida la tutela de las entidades locales comporta una
restricción injustificada de la autonomía local.

ENMIENDA NÚM. 109

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Cuatro.

ENMIENDA

De supresión.

JUSTIFICACIÓN

Mediante esta modificación se abre la puerta a la invasión
del ámbito de la autonomía local, pese a encontrarse garantizada
constitucionalmente, ello para asegurar el cumplimiento de los objetivos
de

estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Resulta especialmente significativo que se substituya la expresión «las
funciones de coordinación no afectarán en ningún caso la autonomía de las
entidades locales» por «las funciones de coordinación serán compatibles
con la autonomía de las entidades locales». Vemos como se pretende pasar
de un marco en el que la autonomía local limitaba la coordinación a otro
en el que se considera dicha coordinación compatible con la autonomía
local.

Por otro lado, la alusión expresa al cumplimiento de la
legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera es
redundante, no aporta nada jurídicamente, por lo que no se justifica una
modificación legal para introducir reiteraciones.

ENMIENDA NÚM. 110

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Seis.

ENMIENDA

De supresión.

JUSTIFICACIÓN

Entendemos que si una persona extracomunitaria desea
empadronarse en un municipio limítrofe debe cumplir los requisitos para
empadronarse pero no aportar el visado (exista o no un acuerdo en materia
de pequeño tráfico transfronterizo), requisito que a día de hoy no les
era exigible.

ENMIENDA NÚM. 111

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Siete.

ENMIENDA

De supresión.

JUSTIFICACIÓN

En coherencia con la enmienda al apartado dos. La
regulación de estas entidades es materia propia de las Comunidades
Autónomas. No corresponde al legislador estatal determinar que no tengan
personalidad jurídica propia.

ENMIENDA NÚM. 112

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Ocho.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el punto e) del apartado 2 del nuevo redactado
del artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases
del Régimen Local en los siguientes términos:

«e) Prestación de los servicios sociales y de promoción,
inserción e inclusión social.»

JUSTIFICACIÓN

Entendemos que la prestación de los servicios sociales y de
promoción, reinserción e inclusión sociales deben seguir siendo
competencia de las entidades locales. La nueva redacción supondrá que la
competencia de los municipios con población superior a 20.000 habitantes
sea únicamente la de evaluación e información, de situaciones de
necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo
de exclusión social. Por lo tanto, las competencias sobre servicios
sociales de todos los Municipios de más de 20.000 habitantes habrán de
ser asumidas por las Comunidades Autónomas, lo cual supone un cambio
importante en el escenario de prestación de estos servicios.

Entendemos que esta competencia dejen de ostentarla las
Entidades locales por ajustarse mejor al principio de subsidiariedad y
por entender que nada demuestra que el nuevo modelo sea menos costoso
para las Haciendas Públicas. Por el contrario, cuanto más lejos se tomen
las decisiones en materia de servicios sociales mayor es el riesgo de
institucionalización de los usuarios, mientras que los servicios sociales
locales muestran una mayor tendencia a gestionar sus intervenciones con
objeto de mantener e incluir a las personas usuarias en sus comunidades y
domicilios.

ENMIENDA NÚM. 113

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Nueve.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el apartado 2 del nuevo redactado del artículo
26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local, manteniendo el redactado vigente.

JUSTIFICACIÓN

Se pretende imponer una regulación homogénea a una realidad
heterogenia. El Gobierno español pretende ahorrar en democracia dotando
de competencias a unos órganos de elección indirecta. Ello implica que no
quepa exigir a estas entidades responsabilidad política en caso de que la
gestión desarrollada no se considere adecuada por la ciudadanía lo, en
palabras del propio Consejo de Estado, puede llegar incluso a desvirtuar
el propio principio democrático. Además, se obvia por completo las
previsiones contenidas en el Estatuto de Autonomía de Catalunya respecto
de las entidades locales.

Mediante la modificación de este artículo se pretende
introducir una cambio crucial en el régimen de competencias de los
municipios de menos de 20.000 habitantes, puesto que se atribuye
directamente a las Diputaciones provinciales la «coordinación» de una
serie de servicios que actualmente prestan los Ayuntamientos, otorgando
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la decisión sobre las
posibles excepciones a esta norma. Como consecuencia de ello, a los
municipios de menos de 5.000 habitantes sólo les correspondería gestionar
directamente los servicios de alumbrado público y de cementerio, a los
que se añaden los servicios de parques públicos, biblioteca y mercado, en
el caso de municipios de más de 5.000 y hasta 20.000 habitantes, que
carecerían de capacidad de decisión sobre los restantes servicios.

No existe ninguna garantía ni evidencia que la atribución
de la gestión de servicios a las Diputaciones provinciales o a otros
entes supramunicipales deba comportar ninguna mejora de su eficacia,
eficiencia o sostenibilidad económica, y contrariamente, la medida
prevista supone un ataque directo contra la

autonomía local de la mayor parte de los municipios
catalanes, así como una vulneración de los principios de subsidiariedad y
de proximidad en la prestación del servicio. Así mismo, el tratamiento
homogéneo para todos los municipios de menos de 20.000 habitantes entra
en colisión con el principio de diferenciación establecido en el artículo
88 del Estatuto de Autonomía de Catalunya, del mismo modo que la
atribución al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la
decisión sobre la aprobación de la fórmula de gestión va en detrimento
tanto de la autonomía local como de las competencias de la Generalitat en
la materia (artículo 160 del Estatuto de Autonomía).

ENMIENDA NÚM. 114

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)

La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al
amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado,
formula la siguiente enmienda al Artículo primero. Diez.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado 6 del nuevo redactado del artículo
27 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local en los siguientes términos:

«6. El incumplimiento de las obligaciones financieras por
parte de la Administración delegante facultará a la entidad local
delegada para compensarlas automáticamente con otras obligaciones
financieras que esta tenga con aquella»

JUSTIFICACIÓN

La posibilidad de compensación de los incumplimientos de
las obligaciones financieras no se debe limitar a los supuestos en los
que la administración delegante sea la autonómica. Dicha previsión supone
un nuevo ejemplo de cómo el Gobierno español no pretende garantizar la
sostenibilidad financiera de las Comunidades Autónomas y las entidades
locales sino que centrifuga su déficit, al no permitir a las entidades
locales la posibilidad de compensarse los incumplimientos de sus
obligaciones financieras mientras impone dicha compensación para con las
Comunidades Autónomas.

ENMIENDA NÚM. 115

De doña Ester Capella i Farré (GPMX)