que corresponda, en función de la base de cotización
elegida y del tipo de cotización aplicable, según el ámbito de protección
por el que se haya optado, una bonificación, durante los 30 meses
inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta, equivalente al
30% de la cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima el tipo
mínimo de cotización vigente en cada momento.

2. Alternativamente al sistema de bonificaciones
establecido en el apartado anterior, los trabajadores por cuenta propia
que tengan menos de 30 años de edad y que causen alta inicial o que no
hubieran estado en situación de alta en los cinco años inmediatamente
anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta, en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, podrán
aplicarse las siguientes bonificaciones sobre la cuota por contingencias
comunes, incluida en la incapacidad temporal, resultante de aplicar a la
base mínima el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento, por un
período máximo de 30 meses, según la siguiente escala:

a) Una bonificación equivalente al 80% de la cuota durante
los 6 meses inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta.

b) Una bonificación equivalente al 50% de la cuota durante
los 6 meses siguientes al período señalado en la letra a).

c) Una bonificación equivalente al 30% de la cuota durante
los 3 meses siguientes al período señalado en la letra b).

d) Una bonificación equivalente al 30% de la cuota en los
15 meses siguientes a la finalización del período de reducción.

Lo previsto en el presente apartado no resultará de
aplicación a los trabajadores por cuenta propia que empleen trabajadores
por cuenta ajena.

3. Los trabajadores por cuenta propia que opten por el
sistema del apartado anterior, podrán acogerse a las bonificaciones del
apartado 1, siempre que el cómputo total de las mismas no supere el plazo
máximo de 30 mensualidades.

4. Lo dispuesto en los apartados anteriores será también de
aplicación a los socios trabajadores de Cooperativas de Trabajo Asociado
que estén encuadrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de
los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o como trabajadores por
cuenta propia en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, cuando
cumplan los requisitos de los apartados anteriores de esta disposición
adicional.

5. La reducción de la cuota será con cargo al Presupuesto
de la Seguridad Social y la bonificación con cargo a la correspondiente
partida presupuestaria del Servicio Público de Empleo Estatal.»

MOTIVACIÓN

A pesar de que dudamos que estos incentivos al autoempleo
sean una forma eficaz de ayudar a la creación de puestos de trabajo en
una economía en recesión, en esta enmienda únicamente proponemos que
todas las reducciones que propone el proyecto sean sustituidas por
bonificaciones para evitar que suponga un coste para la tesorería de la
Seguridad Social. Es lógico que si es una política del gobierno para
crear empleo, esté financiada por los PGE y no por la SS.

ENMIENDA NÚM. 2

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 1. Dos.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado dos del artículo 1 queda redactado
como sigue:

«Dos. La disposición adicional undécima de la Ley 45/2002,
de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del sistema de
protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, queda redactada del
siguiente modo:

1. Las personas con discapacidad en alta en el Régimen
especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos o como trabajadores por cuenta propia en el Régimen Especial de
los Trabajadores del Mar, se beneficiarán, mientras dure la situación de
alta, de una bonificación del 100 por 100 de la cuota, que resulte de
aplicar sobre la base de cotización el tipo vigente en el mencionado
Régimen Especial.

Se consideran personas con discapacidad las personas
definidas en el párrafo tercero del apartado segundo del artículo uno de
la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad.

2. Lo dispuesto en apartado anterior será también de
aplicación a los socios trabajadores de Cooperativas de Trabajo Asociado,
que estén encuadrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social de
los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o como trabajadores por
cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores del
Mar, cuando cumplan los requisitos de los apartados anteriores de esta
disposición adicional.»

MOTIVACIÓN

Modificar la Disposición adicional undécima de la Ley
45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del
sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, en su
redacción dada por el Real Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero, con el
fin de que las personas con discapacidad en alta en el Régimen especial
de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos,
se beneficien, mientras dure la situación de alta, de una bonificación
del 100 por 100 de la cuota, que resulte de aplicar sobre la base de
cotización el tipo vigente en el mencionado Régimen Especial. Esta
propuesta de mejora de la redacción dada en el Proyecto de Ley se
justifica por la extremadamente baja tasa de empleo de las personas con
discapacidad, su mayor tasa de desempleo y la urgencia por activar y dar
salidas laborales a este colectivo.

ENMIENDA NÚM. 3

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 5. Dos.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado dos del artículo 5 que queda
redactado como sigue:

Dos. Se modifica la letra b) del artículo 212.4, que queda
redactada del siguiente modo:

«b) Previa solicitud del interesado, en los supuestos
recogidos en los párrafos b), c), d) y e) del apartado 1, siempre que se
acredite que ha finalizado la causa de suspensión, que, en su caso, esa
causa constituye situación legal de desempleo, o que, en su caso, se
mantiene el requisito de carencia de rentas o existencia de
responsabilidades familiares. En el supuesto de la letra d) del apartado
1, en lo referente

a los trabajadores por cuenta propia menores de 30 años de
edad que causen alta inicial en el Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen
Especial de los Trabajadores del Mar, la prestación por desempleo podrá
reanudarse cuando el trabajo por cuenta propia sea de duración inferior a
sesenta meses. En el mismo supuesto, pero en el caso de que sean
trabajadores mayores de 30 años de edad, podrá reanudarse cuando el
trabajo por cuenta propia sea de duración inferior a veinticuatro
meses.

(el resto del apartado queda igual)»

MOTIVACIÓN

Desde las entidades de defensa de los intereses de los
profesionales y trabajadores autónomos como UPTA se consideran que, según
la actual redacción del artículo 212.4, no constituye causa de
reanudación la simple finalización del ejercicio de la actividad por
cuenta propia, cualquiera que sea la circunstancia, sino que tiene que
producirse «situación legal de desempleo» y es bien conocido que esta
sólo puede provenir de la rescisión de una relación laboral no imputable
al trabajador por cuenta ajena. Por ello se pretende extender el
redactado que permite reanudar el cobro de la prestación por desempleo en
caso de iniciar una actividad laboral por cuenta propia en los 24 meses
posteriores de su inicio para las personas trabajadoras mayores de 30
años.

ENMIENDA NÚM. 4

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 6.

ENMIENDA

De supresión.

Se suprime el artículo 6.

MOTIVACIÓN

Esta propuesta ahonda en la relación entre autoemprenduría
y autoexplotación. La rebaja de los costes no justifica que el acceso a
elementos básicos como la protección en caso de baja se deje en manos de
la voluntariedad. En palabras del catedrático de la Universidad de Vigo,
Jaime Cabeza, excluir a los menores de 30 años de cotizar en autónomos
por cese de actividad y contingencias comunes «es un paso atrás en la
racionalización del RETA». Situar en el terreno de la voluntariedad la
cotización por contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, que incluye la cobertura de protección por cese de
actividad supone un paso atrás en la siempre postergada racionalización
de la RETA.

ENMIENDA NÚM. 5

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 7.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo 7 que queda redactado como
sigue:

«Artículo 7. Incentivos para entidades de nueva
creación.

Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a
partir de 1 de enero de 2013, se introduce una nueva disposición
adicional decimonovena en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre
Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de
marzo, que queda redactada de la siguiente forma:

“Disposición adicional decimonovena. Entidades de
nueva creación.

1. Las entidades de nueva creación, constituidas a partir
de 1 de enero de 2013, que realicen actividades económicas tributarán, en
el primer período impositivo en que la base imponible resulte positiva y
en el siguiente, con arreglo a la siguiente escala, excepto si, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de esta Ley, deban tributar a
un tipo diferente al general:

a) Por la parte de base imponible comprendida entre 0 y
300.000 euros, al tipo del 15 por ciento.

b) Por la parte de base imponible restante, al tipo del 20
por ciento.

Esta disposición será de aplicación a las cooperativas de
nueva creación en los mismos términos que al resto de sociedades.

(…).

(resto del artículo igual)»

MOTIVACIÓN

La actual redacción de esta medida incentivadora para la
constitución de nuevas empresas deja fuera de su ámbito de aplicación a
aquellas sociedades que tributan a un tipo diferente al general, lo que
supone una discriminación negativa para las sociedades cooperativas y
genera un problema de aplicación práctica de la medidas incentivadoras,
traba que de no solucionarse va a suponer un importante problema a la
constitución de cooperativas, un obstáculo que impedirá que los jóvenes
emprendedores apuesten por este modelo de empresa que viene demostrando
estos últimos años, con datos estadísticos oficiales, su mayor
resistencia a los procesos de destrucción de empleo provocados por la
crisis, y su capacidad para generar nuevos proyectos empresariales por
aquellos jóvenes que no encuentran otras salidas laborales y apuestan por
el emprendimiento colectivo. Por tanto, la actual redacción de la medida
no solamente no viene a cumplir los objetivos que los poderes públicos
deben cumplir en sus políticas de promoción, sino que además, marcan una
nueva dificultad añadida a los procesos de emprendimiento colectivo por
parte de jóvenes que quieren optar por la constitución de nuevas empresas
de Economía Social.

ENMIENDA NÚM. 6

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 8. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado uno del artículo 8 que queda
redactado como sigue:

«Uno. Se modifica la letra n) del artículo 7, que queda
redactada de la siguiente forma:

n) Las prestaciones por desempleo reconocidas por la
respectiva entidad gestora cuando se perciban en la modalidad de pago
único establecida en el Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, por el
que se regula el abono de la prestación por desempleo en su modalidad de
pago único, siempre que las cantidades percibidas se destinen a las
finalidades y en los casos previstos en la citada norma.

Esta exención estará condicionada al mantenimiento de la
acción o participación durante el plazo de cinco años, en el supuesto de
que el contribuyente se hubiera integrado en sociedades laborales o
cooperativas de trabajo asociado o hubiera realizado una aportación al
capital social de una entidad mercantil, o al mantenimiento, durante
idéntico plazo, de la actividad, en el caso del trabajador autónomo.

Igualmente, estarán exentas las ayudas otorgadas por las
Administraciones Públicas que se deriven de programas de incentivos a
emprendedores siempre que estén ligadas al comienzo del ejercicio de una
actividad económica según la definición que se contempla en esta
Ley.»

MOTIVACIÓN

La Exposición de Motivos del Proyecto contempla como uno de
sus ejes prioritarios el fomento del espíritu emprendedor y para ello se
ha considerado por parte del legislador que era necesaria la reforma de
la letra n) del artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial
de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no
Residentes y sobre el Patrimonio con el fin de declarar exentas de
tributación las prestaciones por desempleo en su modalidad de pago único
siempre que las cantidades percibidas se destinen a determinadas
finalidades.

Si bien la intención del legislador es muy loable, no hay
que olvidar que en el marco de las actuaciones de las diferentes
Administraciones Públicas pueden existir ayudas dirigidas al estímulo de
los emprendedores que deberían estar asimismo exentas de tributación con
el fin de no penalizar a los que inician su actividad económica.

ENMIENDA NÚM. 7

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 8. Tres.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el apartado tres del artículo 8 que queda
redactado como sigue:

«3. Los contribuyentes que inicien el ejercicio de una
actividad económica y determinen el rendimiento neto de la misma con
arreglo al método de estimación directa, podrán reducir en un 20 por
ciento el rendimiento neto positivo declarado con arreglo a dicho
párrafo, minorado en su caso por las reducciones previstas en los
apartados 1 y 2 anteriores, en el primer periodo impositivo en que el
mismo sea positivo y en el periodo impositivo siguiente.

La reducción prevista en el párrafo anterior se establece
en el 25 por ciento en el caso de que el contribuyente sea una persona
con discapacidad en un grado igual o superior al 33 por ciento.

(…)

(resto del apartado igual)»

MOTIVACIÓN

El artículo 8 Tres del Proyecto prevé la introducción de un
nuevo apartado 3 al artículo 32 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre,
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (reducción en
rendimientos de las actividades económicas), con el fin de incluir una
reducción del 20 por 100 para aquellos contribuyentes que inicien la
realización de actividades económicas.

Esta medida no puede obviar la realidad de que el
autoempleo es una de las vías utilizadas por las personas con
discapacidad (a veces como única vía posible) para lograr su plena
inserción en la sociedad, y por ello, en aras al cumplimiento del mandato
constitucional recogido en el artículo 49 de nuestra Carta Magna,
consideramos que sería incentivador para el colectivo de personas con
discapacidad, que esta reducción se viera incrementada en un 5 por
100.

ENMIENDA NÚM. 8

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 9.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica el artículo 9 que queda redactado como
sigue:

«Artículo 9. Incentivos a la contratación a tiempo parcial
con vinculación formativa.

1. Las empresas, incluidos los trabajadores autónomos, que
celebren contratos a tiempo parcial con vinculación formativa con jóvenes
desempleados menores de treinta años tendrán derecho, durante un máximo
de doce meses, a una bonificación de la cuota empresarial a la Seguridad
Social por contingencias comunes correspondiente al trabajador
contratado, del 100 por cien en el caso de que el contrato se suscriba
por empresas cuya plantilla sea inferior a 250 personas, o del 75 por
ciento, en el supuesto de que la empresa contratante tenga una plantilla
igual o superior a esa cifra.

Este incentivo podrá ser prorrogado por otros doce meses,
siempre que el trabajador continúe compatibilizando el empleo con la
formación, o la haya cursado en los seis meses previos a la finalización
del periodo a que se refiere el párrafo anterior.

2. Los trabajadores deberán cumplir alguno de los
siguientes requisitos:

a) No tener experiencia laboral o que esta sea inferior a
tres meses.

b) Proceder de otro sector de actividad, en los términos
que se determinen reglamentariamente.

c) Ser desempleado y estar inscrito ininterrumpidamente en
la oficina de empleo al menos doce meses durante los dieciocho anteriores
a la contratación.

3. Los trabajadores deberán compatibilizar el empleo con la
formación. La formación que deberá estar vinculada específicamente al
puesto de trabajo objeto del contrato, deberá ser formación acreditable
oficial o promovida por los Servicios Públicos de Empleo.

(resto del artículo igual)»

MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas anteriores, substituimos las
reducciones por bonificaciones. Se modifica profundamente el actual
apartado 3, excluyendo el hecho de que la formación pueda ser tan sólo
justificada y obligando a que sea en paralelo a la realización del
contrato. Además se limita a la formación acreditable oficial.

Página
12

2. El contrato a tiempo parcial podrá concertarse por
tiempo indefinido o por duración determinada en los supuestos en los que
legalmente se permita la utilización de esta modalidad de contratación,
excepto en el contrato para la formación.

3. El contrato a tiempo parcial se regirá por las
siguientes reglas:

a) El contrato, conforme a lo dispuesto en el apartado 2
del artículo 8 de esta Ley, se deberá formalizar necesariamente por
escrito en el modelo que se establezca. En el contrato deberán figurar el
número de horas ordinarias de trabajo al día, a la semana, al mes o al
año contratadas, la distribución horaria y su concreción mensual, semanal
y diaria, incluida la determinación de los días en los que el trabajador
deberá prestar servicios.

De no observarse estas exigencias, el contrato se presumirá
celebrado a jornada completa, salvo prueba en contrario que acredite el
carácter parcial de los servicios y el número y distribución de las horas
contratadas en los términos previstos en el párrafo anterior.

b) La jornada diaria en el trabajo a tiempo parcial podrá
realizarse de forma continuada o partida. Cuando el contrato a tiempo
parcial conlleve la ejecución de una jornada diaria inferior a la de los
trabajadores a tiempo completo y ésta se realice de forma partida, sólo
será posible efectuar una única interrupción en dicha jornada diaria,
salvo que se disponga otra cosa mediante Convenio Colectivo sectorial o,
en su defecto, de ámbito inferior.

c) Los trabajadores a tiempo parcial no podrán realizar
horas extraordinarias, salvo en los supuestos a los que se refiere el
apartado 3 del artículo 35. La realización de horas complementarias se
regirá por lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo.

d) Los trabajadores a tiempo parcial tendrán los mismos
derechos que los trabajadores a tiempo completo. Cuando corresponda en
atención a su naturaleza, tales derechos serán reconocidos en las
disposiciones legales y reglamentarias y en los Convenios Colectivos de
manera proporcional, en función del tiempo trabajado.

e) La conversión de un trabajo a tiempo completo en un
trabajo a tiempo parcial y viceversa tendrá siempre carácter voluntario
para el trabajador y no se podrá imponer de forma unilateral o como
consecuencia de una modificación sustancial de condiciones de trabajo al
amparo de los dispuesto en la letra a del apartado 1 del artículo 41. El
trabajador no podrá ser despedido ni sufrir ningún otro tipo de sanción o
efecto perjudicial por el hecho de rechazar esta conversión, sin
perjuicio de las medidas que, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 51 y 52.c de esta Ley, puedan adoptarse por causas económicas,
técnicas, organizativas o de producción.

A fin de posibilitar la movilidad voluntaria en el trabajo
a tiempo parcial, el empresario deberá informar a los trabajadores de la
empresa sobre la existencia de puestos de trabajo vacantes, de manera que
aquéllos puedan formular solicitudes de conversión voluntaria de un
trabajo a tiempo completo en un trabajo a tiempo parcial y viceversa, o
para el incremento del tiempo de trabajo de los trabajadores a tiempo
parcial, todo ello de conformidad con los procedimientos que se
establezcan en los Convenios Colectivos sectoriales o, en su defecto, de
ámbito inferior.

Los trabajadores que hubieran acordado la conversión
voluntaria de un contrato de trabajo a tiempo completo en otro a tiempo
parcial o viceversa y que, en virtud de las informaciones a las que se
refiere el párrafo precedente, soliciten el retorno a la situación
anterior, tendrán preferencia para el acceso a un puesto de trabajo
vacante de dicha naturaleza que exista en la empresa correspondiente a su
mismo grupo profesional o categoría equivalente, de acuerdo con los
requisitos y procedimientos que se establezcan en los Convenios
Colectivos sectoriales o, en su defecto, de ámbito inferior. Igual
preferencia tendrán los trabajadores que, habiendo sido contratados
inicialmente a tiempo parcial, hubieran prestado servicios como tales en
la empresa durante tres o más años, para la cobertura de aquellas
vacantes a tiempo completo correspondientes a su mismo grupo profesional
o categoría equivalente que existan en la empresa.

Con carácter general, las solicitudes a que se refieren los
párrafos anteriores deberán ser tomadas en consideración, en la medida de
lo posible, por el empresario. La denegación de la solicitud deberá ser
notificada por el empresario al trabajador por escrito y de manera
motivada.

f) Los Convenios Colectivos establecerán medidas para
facilitar el acceso efectivo de los trabajadores a tiempo parcial a la
formación profesional continua, a fin de favorecer su progresión y
movilidad profesionales.

g) Los Convenios Colectivos sectoriales y, en su defecto,
de ámbito inferior, podrán establecer, en su caso, requisitos y
especialidades para la conversión de contratos a tiempo completo en
contratos a tiempo parcial, cuando ello esté motivado principalmente por
razones familiares o formativas.

4. Se consideran horas complementarias aquellas cuya
posibilidad de realización haya sido acordada, como adición a las horas
ordinarias pactadas en el contrato a tiempo parcial, conforme al régimen
jurídico establecido en el presente apartado y, en su caso, en los
convenios colectivos sectoriales o, en su defecto, de ámbito
inferior.

La realización de horas complementarias está sujeta a las
siguientes reglas:

a) El empresario sólo podrá exigir la realización de horas
complementarias cuando así lo hubiera pactado expresamente con el
trabajador. El pacto sobre horas complementarias podrá acordarse en el
momento de la celebración del contrato a tiempo parcial o con
posterioridad al mismo, pero constituirá, en todo caso, un pacto
específico respecto al contrato. El pacto se formalizará necesariamente
por escrito, en el modelo oficial que al efecto será establecido.

b) Sólo se podrá formalizar un pacto de horas
complementarias en el caso de contratos a tiempo parcial de duración
indefinida.

c) El pacto de horas complementarias deberá recoger el
número de horas complementarias cuya realización podrá ser requerida por
el empresario.

El número de horas complementarias no podrá exceder del 15
por 100 de las horas ordinarias de trabajo objeto del contrato. Los
Convenios Colectivos de ámbito sectorial o, en su defecto, de ámbito
inferior podrán establecer otro porcentaje máximo, que en ningún caso
podrá exceder del 30 por 100 de las horas ordinarias contratadas. En todo
caso, la suma de las horas ordinarias y de las horas complementarias no
podrá exceder del límite legal del trabajo a tiempo parcial definido en
el apartado 1 de este artículo.

d) La distribución y forma de realización de las horas
complementarias pactadas deberá atenerse a lo establecido al respecto en
el convenio colectivo de aplicación y en el pacto de horas
complementarias. Salvo que otra cosa se establezca en convenio, el
trabajador deberá conocer el día y hora de realización de las horas
complementarias con un preaviso de siete días.

e) La realización de horas complementarias habrá de
respetar, en todo caso, los límites en materia de jornada y descansos
establecidos en los artículos 34, apartados 3 y 4; 36, apartado 1, y 37,
apartado 1, de esta Ley.

f) Las horas complementarias efectivamente realizadas se
retribuirán como ordinarias, computándose a efectos de bases de
cotización a la Seguridad Social y períodos de carencia y bases
reguladoras de las prestaciones. A tal efecto, el número y retribución de
las horas complementarias realizadas se deberá recoger en el recibo
individual de salarios y en los documentos de cotización a la Seguridad
Social.

g) El pacto de horas complementarias podrá quedar sin
efecto por renuncia del trabajador, mediante un preaviso de quince días,
una vez cumplido un año desde su celebración.

h) El pacto de horas complementarias y las condiciones de
realización de las mismas estarán sujetos al cumplimiento de los
requisitos establecidos en las letras anteriores y, en su caso, al
régimen previsto en los convenios colectivos de aplicación. En caso de
incumplimiento de tales requisitos y régimen jurídico, la negativa del
trabajador a la realización de las horas complementarias, pese a haber
sido pactadas, no constituirá conducta laboral sancionable.

5. Para que el trabajador pueda acceder a la jubilación
parcial, en los términos establecidos en el apartado 2 del artículo 166
de la Ley General de la Seguridad Social y demás disposiciones
concordantes, deberá acordar con su empresa una reducción de jornada y de
salario de entre un mínimo de un 25% y un máximo del 75, conforme al
citado artículo 166, y la empresa deberá concertar simultáneamente un
contrato de relevo, de acuerdo con lo establecido en el apartado
siguiente, con objeto de sustituir la jornada de trabajo dejada vacante
por el trabajador que se jubila parcialmente. También se podrá concertar
el contrato de relevo para sustituir a los trabajadores que se jubilen
parcialmente después de haber cumplido sesenta y cinco años.

La reducción de jornada y de salario podrá alcanzar el 85%
cuando el contrato de relevo se concierte a jornada completa y con
duración indefinida, siempre que el trabajador cumpla los requisitos
establecidos en el artículo 166.2.c de la Ley General de la Seguridad
Social.

La ejecución de este contrato de trabajo a tiempo parcial y
su retribución serán compatibles con la pensión que la Seguridad Social
reconozca al trabajador en concepto de jubilación parcial.

La relación laboral se extinguirá al producirse la
jubilación total del trabajador.

6. El contrato de relevo se ajustará a las siguientes
reglas:

Se celebrará con un trabajador en situación de desempleo o
que tuviese concertado con la empresa un contrato de duración
determinada.

Salvo en el supuesto previsto en el párrafo segundo del
apartado 6, la duración del contrato de relevo que se celebre como
consecuencia de una jubilación parcial tendrá que ser indefinida o como
mínimo, igual al tiempo que falte al trabajador sustituido para alcanzar
la edad de sesenta y cinco años. Si, al cumplir dicha edad, el trabajador
jubilado parcialmente continuase en la empresa, el contrato de relevo que
se hubiera celebrado por duración determinada podrá prorrogarse mediante
acuerdo de las partes por períodos anuales, extinguiéndose, en todo caso,
al finalizar el período correspondiente al año en el que se produzca la
jubilación total del trabajador relevado.

En el caso del trabajador jubilado parcialmente después de
haber cumplido sesenta y cinco años, la duración del contrato de relevo
que podrá celebrar la empresa para sustituir la parte de jornada dejada
vacante por el mismo podrá ser indefinida o anual. En este segundo caso,
el contrato se prorrogará automáticamente por períodos anuales,
extinguiéndose en la forma señalada en el párrafo anterior.

Salvo en el supuesto previsto en el párrafo segundo del
apartado 6, el contrato de relevo podrá celebrarse a jornada completa o a
tiempo parcial. En todo caso, la duración de la jornada deberá ser, como
mínimo, igual a la reducción de jornada acordada por el trabajador
sustituido. El horario de trabajo del trabajador relevista podrá
completar el del trabajador sustituido o simultanearse con él.

El puesto de trabajo del trabajador relevista podrá ser el
mismo del trabajador sustituido o uno similar, entendiendo por tal el
desempeño de tareas correspondientes al mismo grupo profesional o
categoría equivalente.

En los supuestos en que, debido a los requerimientos
específicos del trabajo realizado por el jubilado parcial, el puesto de
trabajo que vaya a desarrollar el relevista no pueda ser el mismo o uno
similar que el del jubilado parcial, deberá existir una correspondencia
entre las bases de cotización de ambos, en los términos previstos en el
artículo 166.2.e de la Ley General de la Seguridad Social.

Reglamentariamente se desarrollarán los requerimientos
específicos del trabajo para considerar que el puesto de trabajo del
trabajador relevista no pueda ser el mismo o uno similar al que venía
desarrollando el jubilado parcial.

En la negociación colectiva se podrán establecer medidas
para impulsar la celebración de contratos de relevo.”

Dos. Se modifica la letra b) de la regla segunda del
apartado 1 de la disposición adicional séptima del Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social que queda con la
siguiente redacción:

“b) Para causar derecho a las pensiones de jubilación
e incapacidad permanente, al número de días teóricos de cotización
obtenidos conforme a lo dispuesto en la letra a) de esta regla se le
aplicará el coeficiente multiplicador de 1,75; resultando de ello el
número de días que se considerarán acreditados para la determinación de
los períodos mínimos de cotización. En ningún caso podrá computarse un
número de días cotizados superior al que correspondería de haberse
realizado la prestación de servicios a jornada completa.”»

MOTIVACIÓN

La enmienda pretende que el contrato a tiempo parcial sea
más atractivo para los trabajadores y trabajadores que quieran acogerse a
él, dotándolo de mayores garantías. Se propone modificar la reforma
introducida por el RD 3/2012, del artículo 12.4 del Estatuto de los
Trabajadores, pero también un cambio profundo de esta actual modalidad
con una modificación en profundidad del artículo 12 en su conjunto.

Resulta un auténtico contrasentido permitir la realización
de horas extraordinarias, además de las complementarias, en los contratos
a tiempo parcial con el único requisito de no exceder el límite legal
para ser considerado tiempo parcial. En la práctica ello conduce a
desnaturalizar la esencia de esta forma de

trabajo que afecta particularmente a las mujeres y jóvenes.
Por ello se procede a la prohibición de las horas extras y la limitación
estricta de las complementarias.

También se dota de mayor protección a los trabajadores y
trabajadores en contratados como fijos discontinuos, intentando dar la
máxima estabilidad y continuidad posible a las actividades de mayor
estacionalidad.

Una de las consecuencias de la Ley 3/2012 de medidas
urgentes para la reforma del mercado laboral es el trasvase de relaciones
laborales a tiempo completo hacía relaciones laborales a tiempo parcial.
Atendiendo a que la mayoría son involuntarias, esto supone más
precariedad y peores salarios para las personas trabajadores. Al mismo
tiempo, esto supone un impacto en los ingresos de la Seguridad Social,
que se ven reducidos por la menor cotización de dicha modalidad
contractual.

ENMIENDA NÚM. 11

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 12.

ENMIENDA

De supresión.

Se elimina el artículo 12.

MOTIVACIÓN

Esta redacción descausaliza la contratación eventual y crea
una nueva modalidad contractual precaria. Esta modalidad con su actual
redactado puede obtener un resultado contrario al que pretende conseguir:
la substitución de empleo estable por empleo a tiempo parcial precario,
mal remunerado y subvencionado.

ENMIENDA NÚM. 12

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 12.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un artículo 12 bis nuevo (el resto de artículos
siguen con numeración correlativa) con la siguiente redacción:

«Artículo 12 bis. Contratación para la formación
profesionalizadora.

Uno. La letra b) del apartado 2 del artículo 4 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda redactado del siguiente
modo:

“b) A la promoción y formación profesional en el
trabajo así como al desarrollo de planes y acciones formativas tendentes
a favorecer su mayor empleabilidad.”

Dos. El apartado 2 del artículo 11 del Texto Refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda redactado del siguiente
modo:

“2. El contrato para la formación y el aprendizaje
tendrá por objeto la cualificación profesional de los trabajadores en un
régimen de alternancia de actividad laboral retribuida en una empresa con
actividad formativa recibida en el marco del sistema de formación
profesional para el empleo o del sistema educativo.

El contrato para la formación y el aprendizaje se regirá
por las siguientes reglas:

a) Se podrá celebrar con trabajadores mayores de dieciséis
y menores de veinticinco años que carezcan de la cualificación
profesional reconocida por el sistema de formación profesional para el
empleo o del sistema educativo requerida para concertar un contrato en
prácticas.

El límite máximo de edad no será de aplicación cuando el
contrato se concierte con personas con discapacidad ni con los colectivos
en situación de exclusión social previstos en la ley 44/2007, de 13 de
diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción,
en los casos en que sean contratados por parte de empresas de inserción
que estén cualificadas y activas en el registro administrativo
correspondiente.

b) La duración mínima del contrato será de un año y la
máxima de dos. No obstante, mediante convenio colectivo podrán
establecerse distintas duraciones del contrato, en función de las
necesidades organizativas o productivas de las empresas, sin que la
duración mínima pueda ser inferior a seis meses ni la máxima superior a
dos años.

Las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el
embarazo, maternidad, adopción o acogimiento, riesgo durante la lactancia
y paternidad interrumpirán el cómputo de la duración del contrato.

c) Expirada la duración del contrato para la formación y el
aprendizaje, el trabajador no podrá ser contratado bajo esta modalidad
por la misma o distinta empresa.

No se podrán celebrar contratos para la formación y el
aprendizaje cuando el puesto de trabajo correspondiente al contrato haya
sido desempeñado con anterioridad por el trabajador en la misma empresa
por tiempo superior a doce meses.

d) El trabajador deberá recibir la formación inherente al
contrato para la formación y el aprendizaje directamente en un centro
formativo de la red a que se refiere la disposición adicional quinta de
la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la
Formación Profesional, previamente reconocido para ello por el Sistema
Nacional de Empleo. No obstante, también podrá recibir dicha formación en
la propia empresa cuando la misma dispusiera de las instalaciones y el
personal adecuados a los efectos de la acreditación de la competencia o
cualificación profesional a que se refiere el apartado e), sin perjuicio
de la necesidad, en su caso, de la realización de periodos de formación
complementarios en los centros de la red mencionada.

La actividad laboral desempeñada por el trabajador en la
empresa deberá estar relacionada con las actividades formativas, que
deberán comenzar en el plazo máximo de cuatro meses a contar desde la
fecha de la celebración del contrato.

La formación en los contratos para la formación y el
aprendizaje que se celebren con trabajadores que no hayan obtenido el
título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria deberá permitir la
obtención de dicho título.

Reglamentariamente se desarrollará el sistema de
impartición y las características de la formación de los trabajadores en
los centros formativos y en las empresas, así como su reconocimiento, en
un régimen de alternancia con el trabajo efectivo para favorecer una
mayor relación entre éste y la formación y el aprendizaje del trabajador.
Las actividades formativas podrán incluir formación complementaria no
referida al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales para
adaptarse tanto a las necesidades de los trabajadores como de las
empresas.

Asimismo serán objeto de desarrollo reglamentario los
aspectos relacionados con la financiación de la actividad formativa.

e) La cualificación o competencia profesional adquirida a
través del contrato para la formación y el aprendizaje será objeto de
acreditación en los términos previstos en la Ley Orgánica 5/2002, de 19
de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, y en su
normativa de desarrollo. Conforme a lo establecido en dicha regulación,
la Administración pública competente expedirá en todo caso el
correspondiente certificado de profesionalidad, título de formación
profesional o, en su caso, acreditación parcial acumulable.

f) El tiempo de trabajo efectivo, que habrá de ser
compatible con el tiempo dedicado a las actividades formativas, no podrá
ser superior al 75 por ciento de la jornada máxima prevista en el
convenio colectivo, o en su defecto, a la jornada máxima legal. Los
trabajadores no podrán realizar horas extraordinarias, salvo en el
supuesto previsto en el artículo 35.3. Tampoco podrán realizar trabajos
nocturnos ni trabajo a turnos. La empresa facilitará que el horario sea
compatible con su asistencia al centro formativo.

g) La retribución del trabajador contratado para la
formación y el aprendizaje se fijará en proporción al tiempo de trabajo
efectivo, de acuerdo con lo establecido en convenio colectivo.

En ningún caso, la retribución podrá ser inferior al
salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo de trabajo
efectivo durante el primer año, ni inferior al SMI durante el resto de la
vigencia del contrato.

h) La acción protectora de la Seguridad Social del
trabajador contratado para la formación y el aprendizaje comprenderá
todas las contingencias, situaciones protegibles y prestaciones, incluido
el desempleo. Asimismo, se tendrá derecho a la cobertura del Fondo de
Garantía Salarial.

i) En el supuesto de que el trabajador continuase en la
empresa al término del contrato se estará a lo establecido en el apartado
1, párrafo f), de este artículo.”

Tres. El artículo 23 del Texto Refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, queda redactado del siguiente modo:

“1. El trabajador tendrá derecho:

a) Al disfrute de los permisos necesarios para concurrir a
exámenes, así como a una preferencia a elegir turno de trabajo, si tal es
el régimen instaurado en la empresa, cuando curse con regularidad
estudios para la obtención de un título académico o profesional.

b) A la adaptación de la jornada ordinaria de trabajo para
la asistencia a cursos de formación profesional.

c) A la concesión de los permisos oportunos de formación o
perfeccionamiento profesional con reserva del puesto de trabajo.

d) A la formación necesaria para su adaptación a las
modificaciones operadas en el puesto de trabajo. La misma correrá a cargo
de la empresa, sin perjuicio de la posibilidad de obtener a tal efecto
los créditos destinados a la formación. El tiempo destinado a la
formación se considerará en todo caso tiempo de trabajo efectivo.

2. En la negociación colectiva se pactarán los términos del
ejercicio de estos derechos, que se acomodarán a criterios y sistemas que
garanticen la ausencia de discriminación directa o indirecta entre
trabajadores de uno y otro sexo.

3. Los trabajadores con al menos un año de antigüedad en la
empresa tienen derecho a un permiso retribuido de 20 horas anuales de
acumulables por un periodo de hasta tres años. La concreción del disfrute
del permiso se fijará de mutuo acuerdo entre trabajador y empresario
respetando en todo caso lo dispuesto en la negociación colectiva. En caso
de desacuerdo se atenderá en primer lugar a las necesidades formativas
del trabajador.”

Cuatro. La letra c) del apartado 1 del artículo 26 de la
Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, queda redactada del siguiente
modo:

“c) La participación de las organizaciones
empresariales y sindicales más representativas.”

Cinco. Se añade un apartado 10 al artículo 26 de la Ley
56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, con el siguiente contenido:

“10. La formación recibida por el trabajador a lo
largo de su carrera profesional, se inscribirá en una cuenta de
formación, asociada al número de afiliación a la Seguridad Social y se
dispondrá de un documento individualizado acreditativo de competencias
profesionales que incluya las acciones de orientación y las acciones
formativas realizadas por cada trabajador a lo largo de la vida, en
especial aquellas relacionadas con el Catálogo de Cualificaciones
Profesionales, con independencia de la modalidad o el lugar donde las
haya realizado.

Los Servicios Públicos de Empleo efectuarán las anotaciones
correspondientes en las condiciones que se establezcan
reglamentariamente.”

Seis. El apartado 1 de la Disposición transitoria sexta de
la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de reforma del sistema de protección
por desempleo, queda redactado del siguiente modo:

“Disposición transitoria sexta. Programa de
sustitución de trabajadores en formación por trabajadores beneficiarios
de prestaciones por desempleo.

1. En aplicación de lo previsto en el párrafo tercero del
apartado 4 del artículo 228 del texto refundido de la Ley General de
Seguridad Social, en la redacción dada al mismo por esta Ley, podrán
acogerse al presente programa todas las empresas, cualquiera que sea el
tamaño de su plantilla, que sustituyan a sus trabajadores con
trabajadores desempleados beneficiarios de prestaciones por desempleo
durante el tiempo en que aquéllos participen en acciones de formación,
siempre que tales acciones estén financiadas por cualquiera de las
Administraciones públicas.

La aplicación del programa regulado en la presente
disposición transitoria será voluntaria para los trabajadores
desempleados beneficiarios de prestaciones por desempleo a que se refiere
el párrafo anterior.”»

MOTIVACIÓN

Reforzar la naturaleza formativa del contrato de formación
y aprendizaje, dando más peso a la parte formativa y estableciendo plazo
para que las funciones formativas den comienzo en un plazo prudencial de
4 meses, desde el inicio de la prestación de trabajo. Impedir que esta
modalidad contractual se utilice para trabajadores que exceden de los 25
años.

Eliminar la posibilidad de que desde los 16 a los 30 años
pueda mantenerse a un trabajador con una sucesión de contratos formativos
sólo cambiándole la ocupación o actividad laboral.

Si realmente se quiere hacer efectivo el derecho a la
formación, este derecho no solo debe estar ligado al puesto de trabajo,
es necesario que su aplicación y desarrollo esté relacionado con la
promoción y desarrollo profesional de los trabajadores.

Por otro lado su concreción ha de respetar lo dispuesto en
la negociación colectiva, que puede jugar un papel importante en la
necesaria flexibilidad y adaptación del contrato de formación y
aprendizaje a las realidades diversas de cada sector productivo.

ENMIENDA NÚM. 13

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 12.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un artículo 12 ter nuevo (el resto de artículos
siguen con numeración correlativa) con la siguiente redacción:

«Artículo 12 ter. Contratación estable y de calidad.

El Artículo 15 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24
de marzo queda redactado como sigue:

“Artículo 15. Duración del contrato.

1. El contrato de trabajo será por tiempo indefinido con la
excepción de aquellos supuestos en los que existan causas para su
temporalidad.

Solamente podrán celebrarse contratos de duración
determinada en los siguientes supuestos:

a) Cuando se contrate al trabajador para la realización de
una obra o servicio determinados, con autonomía y sustantividad propia
dentro de la actividad de la empresa, diferenciada de la actividad
ordinaria y permanente y cuya ejecución aunque limitada en el tiempo, sea
en principio de duración incierta.

Los convenios colectivos sectoriales estatales y de ámbito
inferior, incluidos los convenios de empresa, podrán identificar aquellos
trabajos o tareas con autonomía y sustantividad propia dentro de la
actividad de la empresa que puedan cubrirse sólo con contratos de esta
naturaleza, así como aquellos trabajos o tareas en los que no puede
utilizarse esta modalidad contractual.

El contrato para obra o servicio determinado tendrá una
duración máxima de dos años, ampliable por convenio sectorial de ámbito
estatal hasta seis meses más. En todo caso, cuando la duración del
contrato supere los referidos plazos el trabajador adquirirá la condición
de fijo.

La celebración de una contrata de servicios con una empresa
principal o la existencia de cualquier otra relación civil, mercantil o
administrativa, no será, por si mismo, causa suficiente para celebración
de un contrato de obra o servicio determinado, cuando se trate de
empresas que de forma habitual y continuada realizan esa actividad.

En todo caso, los convenios colectivos sectoriales de
ámbito estatal podrán determinar, para cada ámbito de actividad, la
proporción de trabajadores con contratos de duración determinada que,
como máximo, podrán tener las empresas afectadas.

b) Cuando las circunstancias del mercado, acumulación de
tareas o exceso de pedidos así lo exigieran, aun tratándose de la
actividad normal de la empresa, siempre que estas circunstancias no sean
previsibles, periódicas o permanentes.

En tales casos, los contratos tendrán una duración cierta
que no podrá exceder de seis meses, dentro de un período de doce meses,
contados a partir del momento en que se produzcan dichas causas.

Por convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o, en su
defecto, por convenio colectivo sectorial de ámbito inferior, podrá
modificarse la duración máxima de estos contratos y el período dentro del
cual se puedan realizar. En tal supuesto, el período máximo dentro del
cual se podrán realizar será de dieciocho meses, no pudiendo superar la
duración del contrato las tres cuartas partes del período de referencia
establecido ni, como máximo, doce meses.

En caso de que el contrato se hubiera concertado por una
duración inferior a la máxima legal o convencionalmente establecida,
podrá prorrogarse mediante acuerdo escrito de las partes, por una única
vez, sin que la duración total del contrato pueda exceder de dicha
duración máxima.

Por convenio colectivo se podrán determinar las actividades
en las que puedan contratarse trabajadores eventuales, así como fijar
criterios generales relativos a la adecuada relación entre el volumen de
esta modalidad contractual y la plantilla total de la empresa.

c) Cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho
a reserva del puesto de trabajo, siempre que en el contrato de trabajo se
especifique el nombre del sustituido y la causa de sustitución.

2. Adquirirán la condición de trabajadores fijos,
cualquiera que haya sido la modalidad de su contratación, los que no
hubieran sido dados de alta en la Seguridad Social, una vez transcurrido
un plazo igual al que legalmente hubiera podido fijar para el período de
prueba, salvo que de la propia naturaleza de las actividades o de los
servicios contratados se deduzca claramente la duración temporal de los
mismos, todo ello sin perjuicio de las demás responsabilidades a que
hubiere lugar en derecho.

3. Se presumirán por tiempo indefinido los contratos
temporales celebrados en fraude de ley.

4. Los empresarios habrán de notificar a la representación
legal de los trabajadores en las empresas los contratos realizados de
acuerdo con las modalidades de contratación por tiempo determinado
previstas en este artículo cuando no exista obligación legal de entregar
copia básica de los mismos.

5. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1.a), 2 y
3 de este artículo, los trabajadores que en un período de treinta meses
hubieran estado contratados durante un plazo superior a veinticuatro
meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente
puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos
o más contratos temporales, sea directamente o a través de su puesta a
disposición por empresas de trabajo temporal, con las mismas o diferentes
modalidades contractuales de duración determinada, adquirirán la
condición de trabajadores fijos.

Lo establecido en el párrafo anterior también será de
aplicación cuando se produzcan supuestos de sucesión o subrogación
empresarial conforme a lo dispuesto legal o convencionalmente.

Atendiendo a las peculiaridades de cada actividad y a las
características del puesto de trabajo, la negociación colectiva
establecerá requisitos dirigidos a prevenir la utilización abusiva de
contratos de duración determinada con distintos trabajadores para
desempeñar el mismo puesto de trabajo cubierto anteriormente con
contratos de ese carácter, con o sin solución de continuidad, incluidos
los contratos de puesta a disposición realizados con empresas de trabajo
temporal. A falta de cláusula convencional al efecto, un mismo puesto de
trabajo no podrá se ocupado por diferentes trabajadores al amparo de
contratos temporales durante un plazo superior a veinticuatro meses.

6. En todo caso, se entenderán indefinidos los contratos de
trabajo temporales:

a) Cuando se utilicen para cubrir un puesto de trabajo de
la misma categoría o grupo profesional que previamente hubiera sido
cubierto por dos o más contrataciones temporales, con o sin solución de
continuidad, incluidos los contratos de puesta a disposición realizados
con empresas de trabajo temporal, durante catorce meses dentro de un
período de veinticuatro meses. A estos efectos, no serán computados los
contratos de interinidad ni los formativos.

b) Cuando se celebren más de dos contratos de duración
determinada, con el mismo o distinto trabajador, para realizar los mismos
o similares trabajos fijos y periódicos. En este supuesto, se entenderá
que el contrato es fijo-discontinuo.

c) Cuando en los contratos de interinidad no se produzca la
reincorporación del trabajador sustituido, que tuviera la condición de
indefinido, en el plazo legal o convencionalmente establecido, o cuando,
producida la reincorporación, el trabajador con contrato de interinidad
continuase prestando servicio.

Los convenios colectivos podrán establecer requisitos
adicionales dirigidos a prevenir los abusos en la utilización sucesiva de
la contratación temporal.

Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a la
utilización de los contratos formativos, de relevo e interinidad, a los
contratos temporales celebrados en el marco de programas públicos de
empleo-formación, así como a los contratos temporales que sean utilizados
por empresas de inserción debidamente registradas y el objeto de dichos
contratos sea considerado como parte esencial de un itinerario de
inserción personalizado.

7. Los trabajadores con contratos temporales y de duración
determinada tendrán los mismos derechos que los trabajadores con
contratos de duración indefinida, sin perjuicio de las particularidades
específicas de cada una de las modalidades contractuales en materia de
extinción del contrato y de aquellas expresamente previstas en la Ley en
relación con los contratos formativos. Cuando corresponda en atención a
su naturaleza, tales derechos serán reconocidos en las disposiciones
legales y reglamentarias y en los convenios colectivos de manera
proporcional, en función del tiempo trabajado.

Cuando un determinado derecho o condición de trabajo esté
atribuido en las disposiciones le gales o reglamentarias y en los
convenios colectivos en función de una previa antigüedad del trabajador,
ésta deberá computarse según los mismos criterios para todos los
trabajadores, cualquiera que sea su modalidad de contratación.

El empresario deberá informar a la representación legal de
los trabajadores en la empresa y a los trabajadores con contratos de
duración determinada o temporales, incluidos los contratos formativos,
sobre la existencia de puestos de trabajo vacantes a fin de garantizar a
estos trabajadores el derecho de preferencia para acceder a puestos
permanentes, pudiendo establecerse mediante negociación colectiva los
procedimientos y requisitos para su aplicación. Esta información podrá
facilitarse mediante un anuncio público en un lugar adecuado de la
empresa o centro de trabajo, o mediante otros medios previstos en la
negociación colectiva, que aseguren la transmisión de la información.

Los convenios podrán establecer criterios objetivos y
compromisos de conversión de los contratos de duración determinada o
temporales en indefinidos.

Los convenios colectivos establecerán medidas para
facilitar el acceso efectivo de estos trabajadores a la formación
profesional continua, a fin de mejorar su cualificación y favorecer su
progresión y movilidad profesionales.

8. El contrato de trabajo se entiende celebrado por tiempo
indefinido, bajo la modalidad de contrato fijo discontinuo, cuando se
trate de realizar trabajos de ejecución intermitente o cíclica de la
actividad normal de la empresa, que no exijan la prestación de servicios
durante todos los días que en el conjunto del año tienen la consideración
de laborables con carácter general, desarrollándose los días de
prestación de servicios en uno o varios períodos de actividad estacional,
estén determinados o no en el contrato de trabajo.

Los trabajadores fijos discontinuos deberán ser llamados
cada vez que se inicie la actividad normal de la empresa en el número,
forma y orden que se determine en el correspondiente convenio colectivo
de aplicación, basados en criterios objetivos, y en su defecto en el
número necesario para el desarrollo normal de la actividad, en la forma
que se tenga por costumbre y por riguroso orden de antigüedad dentro de
cada especialidad, pudiendo el trabajador, en caso de incumplimiento del
deber del llamamiento, reclamar en procedimiento de despido ante la
Jurisdicción competente, iniciándose el plazo para ello desde el momento
que tuviese conocimiento de la ausencia de convocatoria.

Este contrato se deberá formalizar necesariamente por
escrito en el modelo que se establezca y en él deberá figurar la forma y
orden de llamamiento que establezca el convenio colectivo aplicable, la
distribución horaria de la jornada de trabajo durante el período o
períodos de actividad, así como la determinación, en dicho período o
períodos de actividad, de los días en los que el trabajador deberá
prestar servicios y que, en todo caso, deberá coincidir con la
establecida en el correspondiente convenio de aplicación y, en su
defecto, con la del resto de los trabajadores de la empresa.

9. En los supuestos previstos en los apartados 1.a), 5 y 6,
el empresario deberá facilitar por escrito al trabajador, en los diez
días siguientes al cumplimiento de los plazos o requisitos indicados, un
documento justificativo sobre su nueva condición de trabajador fijo de la
empresa. En todo caso, el trabajador podrá solicitar, por escrito, al
Servicio Público de Empleo correspondiente un certificado de los
contratos de duración determinada o temporales celebrados, a los efectos
de poder acreditar su condición de trabajador fijo en la empresa. El
Servicio Público de Empleo emitirá dicho documento y lo pondrá en
conocimiento de la empresa en la que el trabajador preste sus
servicios.

El trabajador adquirirá la condición de trabajador fijo
independientemente de que se produzca dicha comunicación o de su
demora.

10. En la formalización de los contratos temporales, la
empresa deberá indicar los siguientes extremos:

— El número de contratos temporales, así como el de
jornadas de trabajo que se hubieran atendido con contratos temporales,
durante los treinta meses anteriores, para atender un puesto de trabajo
comparable con el que es objeto de contratación.

— El índice de temporalidad en la empresa, entendido
como el porcentaje que representa el número de jornadas atendidas
mediante contratos temporales sobre el número total de jornadas de
trabajo desarrolladas en el último año. No se computarán como jornadas
desarrolladas con contrato temporal, las que correspondan a trabajadores
que hubieran sido incorporados como fijos.

Estas mismas circunstancias e incorporarán a la copia
básica de los contratos.

11. Se autoriza al Gobierno para desarrollar
reglamentariamente lo previsto en este artículo.”»

MOTIVACIÓN

La enmienda propone garantías para la contratación estable
e indefinida reforzando el principio de causalidad. Se pretende
diferenciar entre la actividad empresarial ordinaria y permanente de
aquella que está limitada en el tiempo. Se pretende dar mayores garantías
especialmente en aquellos sectores empresariales que abusan
injustificadamente de la temporalidad. Se incrementan a la vez los
supuestos en los que un uso irregular de las modalidades de contrato
temporales debe suponer la consideración a todos los efectos del
trabajador como indefinido.

ENMIENDA NÚM. 14

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 13.

ENMIENDA

De supresión.

Se elimina el artículo 13.

MOTIVACIÓN

La nueva modalidad contractual precaria establecida en el
artículo 12 se subvenciona generosamente con el redactado del artículo
13. Pero además, a pesar del nombre del artículo, en su redactado no se
concreta el hecho de que los objetivos queden circunscritos al contrato
de «primer empleo joven» sino a cualquier contrato formativo para menores
de 30 años. Se permite la realización de contratos formativos más de 5
años después de la finalización de los estudios cosa que consagra (al
igual que en otros artículos del proyecto de ley) la total separación
entre la formación y el empleo, a pesar de tratarse de un contrato
formativo.

ENMIENDA NÚM. 15

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 15.

ENMIENDA

De supresión.

Se elimina el artículo 15.

MOTIVACIÓN

Este artículo continúa la senda abierta con la reforma
laboral de privatización de los servicios públicos de empleo. En palabras
del catedrático de la Universidad de Vigo, Jaime Cabeza «una cosa es que
se abra la mano a la iniciativa privada en la intermediación y en la
colocación laboral, y otra muy distinta es que las AAPP se conviertan en
mecenas de los servicios privados de empleo, o de grandes entidades de
asesoría de empresas.»

ENMIENDA NÚM. 16

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 16.

ENMIENDA

De supresión.

Se elimina el artículo 16.

MOTIVACIÓN

Este artículo responde a una visión centralista del
gobierno. Además de una clara invasión competencial, supone una amenaza
práctica de la retirada de fondos para las CCAA, inexplicable en un tema
tan sensible como la financiación de los Servicios Públicos de Empleo. En
palabras de Eduardo Rojo Torrecilla, Catedrático de DTSS de la
Universidad Autónoma de Barcelona, «estamos ante un proceso de
recentralización de las políticas de empleo, o si se quiere decir de otra
forma de un mayor control de todo aquello que hacen las comunidades
autónomas y señaladamente de sus bases de datos de ofertas y demandas de
trabajo, y su título es ya significativo: “Base de datos común de
ofertas, demandas de empleo y oportunidades de formación”». A esta
afirmación añade que «de lo que no cabe duda es de que el Servicio
Público de Empleo estatal recupera, al menos formalmente, un papel
predominante en la política de intermediación laboral (curioso, mientras
al mismo tiempo se abre mayor camino al sector privado), ya que se
garantiza por la norma que este garantizará la difusión de toda la
información a ciudadanos, empresas y administraciones públicas
“como garantía de transparencia y unidad de mercado”».

ENMIENDA NÚM. 17

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 34. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado 4) al artículo 34 con el
siguiente redactado:

«4. El desarrollo de las previsiones contenidas en este
artículo no podrá implicar, en caso de enajenaciones, la pérdida del
control público directo.»

MOTIVACIÓN

La cesión al ADIF de la titularidad de la infraestructura
ferroviaria y estaciones significa un incremento patrimonial de la
empresa pero a la vez, una mayor libertad para el uso mercantil de dichas
infraestructuras y estaciones.

ENMIENDA NÚM. 18

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 36.

ENMIENDA

De supresión.

Se elimina el art. 36.

MOTIVACIÓN

El texto supone la confirmación del fin de Renfe Operadora
y el Adif tal y como hoy lo conocemos, mediante la creación de diferentes
Sociedades según el calendario previsto, lo que en nuestra opinión carece
de los requisitos mínimos exigibles de Planificación Estratégica al huir
de presentar datos transparentes y previsiones objetivables, a la vez que
la técnica legislativa elegida escamotea la Memoria Económica que
justifique las pretendidas ventajas enunciadas por el Gobierno, además de
ignorar la opinión de la Representación Legal de los/las Trabajadores/as
al no contemplar mecanismos de transición ordenada para el mantenimiento
de la actividad en las diferentes áreas y por tanto, del volumen de
empleo y de su calidad.

No atiende a objetivos de recuperación y fortalecimiento de
la empresa pública para competir con las empresas que ya operan o que se
prevé que operen en el sector. Más bien parece obedecer al objetivo de
desprenderse de responsabilidad en la gestión del servicio público y
propiciar un escenario que será el siguiente:

— Área de mercancías: transferirlo definitivamente a
empresas privadas, dado el estado actual de muerte casi irreversible al
que lo han llevado.

— Área de viajeros de servicio público (OSP:
Cercanías y trenes regionales): dejarla en la mínima expresión y
transferir a la carretera o al transporte privado usuarios de muchas
zonas que quedarán desasistidos por ferrocarril.

— Área de viajeros comerciales (Alta Velocidad, Larga
Distancia y algunos regionales): El objetivo declarado es el de permitir
la entrada de operadores privados con la excusa de mejorar la eficiencia
a través de la competencia, algo que se ha demostrado en el ferrocarril,
que no solo ofrece el resultado pretendido sino que a la larga
descapitaliza el sistema y tiene un mayor coste.

Para ello, la apertura acelerada cumple el objetivo del
gobierno de «hacer caja» por encima de aspectos como:

— Vertebrar adecuadamente el territorio desde el
punto de vista geográfico, demográfico, medioambiental y económico.

— Preservar las condiciones de puntualidad, confort y
seguridad exigibles actualmente.

— Finiquitar o reducir a la mínima expresión la
presencia pública en un sector estratégico de nuevo.

ENMIENDA NÚM. 19

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 37. 2.

ENMIENDA

De modificación.

El segundo párrafo del subapartado 3 del apartado 2 del
artículo 37 queda redactado como sigue:

A efectos de esta Ley, tendrá la consideración de
transporte ferroviario de viajeros con finalidad prioritariamente
turística aquellos servicios con al menos una noche en su recorrido y
tengan el carácter de paquete turístico comercializado por canales de
venta autorizados» teniendo o no carácter periódico, la totalidad de las
plazas ofertadas en el tren se prestan en el marco de una combinación
previa, vendida u ofrecida en venta por una agencia de viajes con arreglo
a un precio global en el que, aparte del servicio de transporte
ferroviario, se incluyan, como principales, servicios para satisfacer de
una manera general las necesidades de las personas que realizan
desplazamientos relacionados con actividades recreativas, culturales o de
ocio, siendo el servicio de transporte por ferrocarril complemento de los
anteriores. En

ningún caso se podrá asimilar a esta actividad aquella que
tuviera como objeto principal o predominante el transporte de viajeros
por ferrocarril.

MOTIVACIÓN

Se pretende que para que no se puedan incluir bajo este
precepto a los productos que en la actualidad y sobre itinerarios
habituales que operan Renfe Operadora, FEVE, etc. tengan algún tipo de
valor añadido al estar asociados a eventos o visitas concertadas en el
destino.

ENMIENDA NÚM. 20

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 40.

ENMIENDA

De modificación.

El artículo 40 queda redactado como sigue:

Artículo 40. Modificación del Real Decreto-ley 6/2000, de
23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en
Mercados de Bienes y Servicios.

El artículo 3 del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio,
de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de
Bienes y Servicios, queda modificado en los siguientes términos:

«Artículo 3. Instalaciones de suministro al por menor de
carburantes a vehículos en establecimientos comerciales y otras zonas de
desarrollo de actividades empresariales e industriales.

1. Los establecimientos comerciales individuales o
agrupados, centros comerciales, parques comerciales, establecimientos de
inspección técnica de vehículos y zonas o polígonos industriales podrán
incorporar entre sus equipamientos, al menos, una instalación para
suministro de productos petrolíferos a vehículos.

2. En los supuestos a que se refiere el apartado anterior,
el otorgamiento de las licencias municipales requeridas por el
establecimiento llevará implícita la concesión de las que fueran
necesarias para la instalación de suministro de productos
petrolíferos.

3. El órgano municipal no podrá denegar la instalación de
estaciones de servicio o de unidades de suministro de carburantes a
vehículos en los establecimientos y zonas anteriormente señalados por la
mera ausencia de suelo cualificado específicamente para ello.

4. La superficie de la instalación de suministro de
carburantes, no computará como superficie útil de exposición y venta al
público del establecimiento comercial en el que se integre a efectos de
la normativa sectorial comercial que rija para éstos.»

MOTIVACIÓN

Los apartados 3 y 4 propuestos son un atentado contra la
autonomía municipal y la seguridad de la ciudadanía. Comporta que se
puedan instalar estaciones de servicio en todo tipo de zonas comerciales,
saltándose las licencias municipales, y ahora con la modificación
introducida pasando por alto el planeamiento urbanístico.

Página
27

Renovables (PANER) para el cumplimiento del objetivo de que
las renovables alcancen en 2020 un 10% del consumo final de energía en el
transporte, objetivo consagrado en España en la Ley de Economía
Sostenible. El nuevo objetivo global de biocarburantes fijado por el
Gobierno (4,1%) para 2013 y años sucesivos hace imposible el cumplimiento
del objetivo de energías renovables en el transporte fijado en el PANER
español para 2013 (7,8%) y años sucesivos.

4. Divergencia respecto con los mercados de referencia y la
media europea.

Los nuevos objetivos de biocarburantes no sólo son
inferiores a la penetración media que los biocarburantes alcanzaron en la
UE ya en 2010 (4,5%) —últimos datos oficiales de la Comisión
Europea—, sino que quedan muy por debajo de los objetivos vigentes
en los dos principales mercados europeos: Alemania (6,25%) y Francia
(7%).

ENMIENDA NÚM. 22

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda al Artículo 41. 4.

ENMIENDA

De modificación.

El artículo 41.4 queda redactado como sigue:

«4. El Gobierno modificará los objetivos previstos en este
artículo con el fin de mantenerlos alineados con los objetivos de
energías renovables en el transporte previstos en el Plan de Energías
Renovables (PER), pudiendo establecer objetivos adicionales.»

MOTIVACIÓN

Ídem anterior.

ENMIENDA NÚM. 23

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional redactada como
sigue:

«Disposición adicional (nueva). Reforma de la legislación
en materia de seguridad social aplicable a los trabajadores y
trabajadoras a tiempo parcial.

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta
ley, el gobierno presentará al Congreso un proyecto de ley de reforma
parcial del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que
se

aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la
Seguridad Social en relación a los aspectos de cotización del contrato a
tiempo parcial establecidos en el Real Decreto-Ley 15/1998 de 27 de
noviembre, de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo en
relación con el trabajo a tiempo parcial y el fomento de su estabilidad
para que se adecue plenamente a la Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19
de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio
de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad
social y, resuelva los siguientes déficits de protección social:

1. La penalización en las bases reguladores derivada de
jornadas reducidas.

2. La penalización respecto el tiempo acreditado por unos
coeficientes multiplicadores insuficientes.

3. La discriminación de género derivada del hecho que la
inmensa mayoría de las personas con un trabajo a tiempo parcial son
mujeres.»

MOTIVACIÓN

El pasado 22 de noviembre el tribunal de Justicia de la
Unión Europea hizo pública una sentencia que dictamina que la legislación
española en materia de seguridad social aplicable a los trabajadores y,
especialmente, las trabajadoras a tiempo parcial resulta discriminatoria.
La discriminación radica en lo que respecta a la fórmula de calcular los
periodos de tiempo cotizados a la hora de acreditar el periodo de
carencia (15 años) que da derecho a pensión contributiva. Según recoge la
sentencia, la causa fundamental de esta discriminación, es que afecta
fundamentalmente a mujeres y obliga a éstas a cotizar durante más tiempo
para reunir el requisito acreditado de 15 años de cotización. En
concreto, el TJUE declara que «El artículo 4 de la Directiva 79/7/CEE del
Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva
del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de
seguridad social, debe interpretarse en el sentido de que se opone, en
circunstancias como las del litigio principal, a una normativa de un
Estado miembro que exige a los trabajadores a tiempo parcial, en su
inmensa mayoría mujeres, en comparación con los trabajadores a tiempo
completo, un período de cotización proporcionalmente mayor para acceder,
en su caso, a una pensión de jubilación contributiva en cuantía
proporcionalmente reducida a la parcialidad de su jornada.»

ENMIENDA NÚM. 24

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional redactada como
sigue:

«Disposición adicional (nueva). Actualización de las
deducciones de Impuesto de Sociedades por creación de empleo de
trabajadores con discapacidad.

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta
ley, el gobierno presentará al Congreso un proyecto de ley de reforma de
las deducciones previstas en el artículo 41 del Impuesto de Sociedades.
Dicha reforma incluirá una actualización al alza de la cuota íntegra
deducible, así como la creación de dos tramos diferenciados para la
contratación de las personas en función de si su grado de discapacidad es
superior al 33 por 100 o superior al 65 por cien.»

MOTIVACIÓN

Pese al mantenimiento de la deducción establecida en el
artículo 41 de la LIS, ni su importe ni las condiciones para su
aplicación se han visto modificado desde hace varios años. Si lo que se
quiere en este momento de grave crisis es incentivar la creación de
empleo, sería no sólo conveniente, sino claramente incentivador, el que
se reformara la deducción con el fin de elevar su importe y modularlo en
función del grado de discapacidad de los trabajadores.

ENMIENDA NÚM. 25

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional redactada como
sigue:

«Disposición adicional (nueva).

Se modifica la Disposición Adicional Quincuagésima Sexta de
la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2013 mediante la adición de un nuevo número 11 con la
siguiente redacción:

“11.º Los programas de actuación en materia de
inserción laboral de personas con discapacidad para la ejecución de la
Estrategia Global de Acción para el Empleo de las Personas con
Discapacidad, y que se ejecuten dentro del Programa Operativo
Plurirregional del FSE de Lucha contra la Discriminación 2007-2013
(2007ES05UPO002)”.»

MOTIVACIÓN

Teniendo en cuenta el ámbito de las Actividades
prioritarias de mecenazgo que se incluyeron en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2013, y el ámbito objetivo del Proyecto
de Ley cuyo fin último es el incremento del empleo, consideramos que es
posible proponer la inclusión de los programas de actuación para la
ejecución de la Estrategia Global de Acción para el empleo de las
Personas con Discapacidad que se aprueben por el Ministerio competente y
que se incluyan en el mencionado programa operativo FSE, como actividad
prioritaria de mecenazgo, al igual que se hace en el Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 con los programas
dirigidos a la formación del voluntariado que hayan sido objeto de
subvención por parte de las Administraciones Públicas, los proyectos y
actuaciones de las Administraciones Públicas dedicadas a la promoción de
la sociedad de la información y los programas dirigidos a la lucha contra
la violencia de género que hayan sido objeto de subvención por parte de
las Administraciones Públicas o se hayan realizado en colaboración con
éstas.

ENMIENDA NÚM. 26

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional redactada como
sigue:

«Disposición adicional (nueva). Personal con discapacidad
en los Centros Especiales de empleo.

Primero. La relación laboral especial establecida en el
artículo 2.1.g) del Estatuto de los Trabajadores se novará en relación
laboral común en aquellos supuestos en los que, en virtud de lo previsto
en el artículo 44 del estatuto de los Trabajadores o en la cláusula
establecida bien en el convenio colectivo de aplicación a una u otra
empresa o en el pliego de condiciones correspondiente, una empresa
cesionaria, no calificada como centro especial de empleo, debe subrogarse
en los contratos especiales de trabajo de los trabajadores con
discapacidad vinculados hasta entonces con la empresa cedente.

Segundo. En el caso de personal con discapacidad procedente
de un centro especial de empleo que se subrogara, en virtud de lo
previsto en el artículo 44 del estatuto de los Trabajadores o en la
cláusula establecida bien en el convenio colectivo de aplicación a una u
otra empresa o en el pliego de condiciones correspondiente, en una
empresa que no tuviera aquella calificación, ésta última se podrá
bonificar en virtud del contrato de trabajo, en los términos establecidos
en esta Ley para la contratación de personas con discapacidad.

Tercero. Se modifica el artículo 42.2 de la Ley 13/1982,
LISMI, que queda redactado como sigue:

“2. La plantilla de los Centros Especiales de Empleo
estará constituida por el mayor número de trabajadores con discapacidad
que permita la naturaleza del proceso productivo y, en todo caso, por el
70 por 100 de aquélla. A estos efectos no se computará el personal sin
discapacidad dedicado a la prestación de servicios de ajuste personal y
social, así como el personal sin discapacidad que se haya incorporado al
Centro Especial de Empleo en virtud de la subrogación prevista en el
artículo 44 del estatuto de los Trabajadores o en la cláusula establecida
bien en el convenio colectivo de aplicación a una u otra empresa o en el
pliego de condiciones correspondiente”.»

MOTIVACIÓN

Los Centros Especiales de Empleo (CEE), cuando son
adjudicatarios de contratos de servicio, tienen muchos problemas, debido
a que la nueva contrata debe subrogarse en los trabajadores de la
anterior empresa adjudicataria. Al CEE, tanto cuando deja de ser
adjudicataria del servicio, como cuando pasa a serlo, se le plantean
problemas jurídicos, puestos de manifiesto por la doctrina de los
Tribunales en las ocasiones que se han pronunciado sobre estos problemas,
que afectan a la estabilidad de su empleo y, en muchos casos, a la propia
viabilidad de su proyecto empresarial.

En el apartado segundo se propone el redactado para
resolver la situación en la que un CEE (contratista cedente) pierde una
contrata y es sustituida por una empresa ordinaria, una línea doctrinal
ampliamente mayoritaria, sentada por reiteradas Sentencias de Tribunales
Superiores de Justicia ha venido interpretando que no cabe dicha
obligación de subrogación laboral de los trabajadores con discapacidad
pertenecientes a un centro especial de empleo y sometidos a la relación
laboral especial regulada por el Real Decreto 1368/1985, de 17 de
julio.

En el segundo punto, se pretende dar una solución a los
problemas que se presentan cuando le es adjudicada una contrata a un CEE,
debiendo asumir, en aplicación de las reglas sobre subrogación laboral, a
los trabajadores sin discapacidad de la anterior contrata. El problema se
plantea cuando el número de dichos trabajadores subrogados de la anterior
adjudicataria de la contrata, ocasiona el no respetar el porcentaje
mínimo del 70% de personal con discapacidad para que el CEE conserve la
calificación como tal.

Página
32

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional redactada como
sigue:

«Disposición adicional (nueva). Mantenimiento del empleo de
las personas con discapacidad sobrevenida.

En el plazo de doce meses, el Gobierno de España aprobará,
previa consulta a los interlocutores sociales y a la asociación más
representativa a nivel estatal de las personas con discapacidad y sus
familias, un proyecto de ley dirigido a favorecer el mantenimiento en el
empleo de las personas con discapacidad sobrevenida, que modifique las
normas afectadas sobre suspensión y extinción del contrato de trabajo y
el capítulo primero del Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, por el que
en cumplimiento de la Ley 13/1982, se regula el empleo selectivo.»

MOTIVACIÓN

Proponemos abrir un plazo de estudio por el Gobierno de un
año, con objeto de identificar qué medidas legales pueden ser las más
adecuadas para impulsar decididamente la conservación del empleo de las
personas con discapacidad sobrevenida, que por tal hecho no las convierte
en incapaces para desarrollar otras tareas compatibles con su estado de
salud y capacidad en la empresa, también teniendo en cuenta las
dificultades de la propia empresa para encontrar un puesto adecuado y
adaptado en algunos supuestos.

ENMIENDA NÚM. 29

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional redactada como
sigue:

«Disposición adicional (nueva). Transparencia en los
precios de los hidrocarburos.

En el plazo de tres meses el Gobierno aprobará un proyecto
de ley dirigido a garantizar la transparencia en las herramientas de
análisis del precio de los hidrocarburos que contemplará los siguientes
elementos:

1. La revisión de los aspectos metodológicos empleados para
el cálculo de los precios de venta promedio nacionales que se emplean
como indicadores, la metodología y criterios sobre los datos que los
distintos Estados Miembros han de reportar en cuanto a niveles de precios
al consumidor de productos petrolíferos, especificando de forma concisa
el método de cálculo de los valores promediados.

2. Con objeto de disponer de información completa sobre el
comportamiento real del mercado, ampliar la remisión de información
derivada de la Orden ITC/2308/2007 para obtener el tamaño de cada EESS,
lo que permitirá calcular un precio medio ponderado por las ventas y
ajustar la concentración de mercado en los análisis de mercados
relevantes locales. Se debería ampliar igualmente la información relativa
a la asignación de los descuentos aplicados.

3. Intensificar todas aquellas medidas encaminadas a
incrementar la transparencia en el sector y, a la vista de las ventajas
que ha supuesto la publicación de los precios de venta al público de los
carburantes en las estaciones de servicio, promocionar el portal web
específico habilitado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a
tal efecto, dada la relevancia de este tipo de información a la hora de
optimizar las decisiones de repostaje de los consumidores.»

MOTIVACIÓN

Las empresas españolas del sector de hidrocarburos
manipulan la estadística de los precios. La CNE, tras alertar de una
«estrategia común» para fijar los precios de los combustibles en España»,
anunció el pasado mes de marzo la apertura de un expediente informativo
para descubrir a los responsables de que el precio de la gasolina baje
los lunes. En esta enmienda se recogen algunas de las recomendaciones de
la propia CNE de su informe de octubre de 2012 sobre el mercado español
de la distribución de gasolina y gasóleo a través del canal de estaciones
de servicio. Se pretende dotar de más herramientas para evitar esta
manipulación estadística.

ENMIENDA NÚM. 30

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional redactada como
sigue:

«Disposición adicional (nueva). Para la redefinición y
transparencia de los incentivos a la contratación

En el plazo de tres meses el gobierno presentará un
proyecto de ley para la reordenación de todas las bonificaciones,
reducciones y deducciones de las cuotas empresariales a la seguridad
social, así como el resto de incentivos fiscales a la contratación, para
garantizar su utilidad en la creación de empleo.

MOTIVACIÓN

Las constantes modificaciones en materia de bonificaciones,
reducciones y deducciones de las cuotas empresariales a la seguridad
social, así como el resto de incentivos fiscales a la contratación, han
hecho que haya un alto grado de desconcierto sobre el abasto y naturaleza
de dichos incentivos. Muchos de ellos tienen un resultado prácticamente
nulo a efectos de creación de empleo. Por eso se propone el rediseño de
toda la lista de incentivos, con el objeto del mantenimiento de aquellos
que hayan mostrado resultados positivos y la eliminación de aquellos que
sólo sean un beneficio injustificado para las empresas.

ENMIENDA NÚM. 31

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición adicional redactada como
sigue:

«Disposición adicional (nueva). Impulso de un Plan de
Fomento de la Ocupación

El gobierno convocará de manera urgente conjuntamente a los
agentes sociales para el desarrollo de un Plan de fomento de la
ocupación.»

MOTIVACIÓN

El elevado desempleo estructural no está en el modelo de
relaciones laborales. Cada vez es más evidente que la debilidad del
empleo en España tiene una relación directa con las características de
nuestro tejido productivo. Por eso, es especialmente relevante que las
medidas dirigidas a la salida de la crisis económica cuenten con el apoyo
de las partes que protagonizarán su aplicación práctica. En este sentido,
se propone un acuerdo entre representantes de los empresarios y
organizaciones sindicales para que pacten y concreten las medidas
prioritarias para reducir el desempleo.

No podemos continuar con unos planes de más reformas
estructurales, que en su mayoría suponen pérdida de derechos sociales
además de tener un grave impacto en materia económica. En lugar de estas
reformas realizadas para contentar los mercados y de espalda a la
ciudadanía, consideramos necesario un encuentro entre la sociedad,
partidos, empresarios y sindicatos para alcanzar un gran acuerdo estatal
sobre el fomento y la creación de empleo.

ENMIENDA NÚM. 32

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición transitoria quinta. 2.

ENMIENDA

De adición.

Se añade un nuevo apartado 2 bis a la Disposición
transitoria quinta con la siguiente redacción:

«2 bis. Para garantizar la competencia entre operadores,
además de las limitaciones de cuota provincial, se establecerán las
siguientes limitaciones:

a) La adjudicación de las concesiones de áreas de servicio
en las carreteras estatales, competencia del Ministerio de Fomento,
deberá ir precedida en todo caso de un análisis preceptivo sobre el grado
de competencia y la estructura del mercado en el área de influencia de la
vía, que elaborará la CNE. No se podrán adjudicar concesiones a la misma
red de distribución que se localicen de forma contigua en la misma
vía.

b) En las licitaciones de Estaciones de Servicio en otras
carreteras no competencia del Estado, se abrirá la posibilidad a las
Comunidades Autónomas, a solicitar un análisis de competencia a la CNE en
las vías de su competencia.»

MOTIVACIÓN

Se adaptan algunas de las recomendaciones de la CNE de su
informe de octubre de 2012 sobre el mercado español de la distribución de
gasolina y gasóleo a través del canal de estaciones de servicio, para
evitar la concentración de operadores. La competencia entre Estaciones de
Servicio tiene lugar en un mercado relevante pequeño, en un entorno de 2
km de cada Estación de Servicio. Por tanto, lo relevante no es el grado
de concentración en la provincia, sino el grado de concentración en el
mercado relevante así definido. Podría ocurrir, por ejemplo, que las
petroleras cumplieran con los cupos por provincia, pero que concentraran
sus EESS en la misma zona, limitando de igual modo la competencia. Por
ejemplo, la CNE ha recomendado que en diversas ocasiones no se permita
que estaciones de servicio de una misma empresa se localicen de forma
contigua en las autopistas.

Página
36

El convenio que sucede a uno anterior deroga en su
integridad a este último, salvo los aspectos que expresamente se
mantengan.

La vigencia de un convenio colectivo, una vez denunciado y
concluida la duración pactada, se producirá en los términos que se
hubiesen establecido en el propio convenio.

Durante las negociaciones para la renovación de un convenio
colectivo, en defecto de pacto, se mantendrá su vigencia, si bien las
cláusulas convencionales por las que se hubiera renunciado a la huelga
durante la vigencia de un convenio decaerán a partir de su denuncia. Las
partes podrán adoptar acuerdos parciales para la modificación de alguno o
algunos de sus contenidos prorrogados con el fin de adaptarlos a las
condiciones en las que, tras la terminación de la vigencia pactada, se
desarrolle la actividad en el sector o en la empresa. Estos acuerdos
tendrán la vigencia que las partes determinen.

Mediante los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal
o autonómico, previstos en el artículo 83, se deberán establecer
procedimientos de aplicación general y directa para solventar de manera
efectiva las discrepancias existentes tras el transcurso de los plazos
máximos de negociación sin alcanzarse un acuerdo, incluido el compromiso
previo de someter las discrepancias a un arbitraje, en cuyo caso el laudo
arbitral tendrá la misma eficacia jurídica que los convenios colectivos y
sólo será recurrible conforme al procedimiento y en base a los motivos
establecidos en el artículo 91. Dichos acuerdos interprofesionales
deberán especificar los criterios y procedimientos de desarrollo del
arbitraje, expresando en particular para el caso de imposibilidad de
acuerdo en el seno de la comisión negociadora el carácter obligatorio o
voluntario del sometimiento al procedimiento arbitral por las partes; en
defecto de pacto específico sobre el carácter obligatorio o voluntario
del sometimiento al procedimiento arbitral, se entenderá que el arbitraje
tiene carácter obligatorio.

En defecto de pacto, cuando hubiera transcurrido el plazo
máximo de negociación sin alcanzarse un acuerdo y las partes del convenio
no se hubieran sometido a los procedimientos a los que se refiere el
párrafo anterior o éstos no hubieran solucionado la discrepancia, se
mantendrá la vigencia del convenio colectivo.

4. El convenio que sucede a uno anterior deroga en su
integridad a este último, salvo los aspectos que expresamente se
mantengan.”»

MOTIVACIÓN

Con la nueva redacción que se propone en la enmienda del
artículo 86 (modificando el apartado 1 y 3), se pretende garantizar por
ley el mantenimiento de la vigencia de los convenios colectivos en tanto
no se alcance nuevo acuerdo en los procesos negociadores, es una
necesidad para evitar la individualización de las relaciones laborales y
la pérdida de derechos colectivos que la individualización acarrea.

Por otra parte la pérdida de la ultraactividad menoscaba la
efectividad de la acción sindical que los sindicatos desarrollan a través
de la negociación colectiva, y la fuerza vinculante de los convenios
colectivos, en tanto que la norma no asegura la continuidad de su
vigencia hasta que un nuevo convenio sustituya al anterior.

Para evitar dichos efectos perversos es necesario recuperar
la ultraactividad de los convenios colectivos. Por otra parte hay que
potenciar el desbloqueo de la renovación de los convenios colectivos a
través de los sistemas de solución de conflictos establecidos por los
acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico, previstos en
el artículo 83, debiendo dejar claro que corresponderá a dichos acuerdos,
y no a la norma legal, determinar si el arbitraje es o no
obligatorio.

Se trata de que el vencimiento de un plazo de negociación
permita poner en marcha un proceso de cambio de unidad de negociación,
que hoy no tiene plazo establecido y que los tribunales manejan criterios
muy dispersos, sobre todo cuando las posturas de los negociadores
descartan un acuerdo inminente y uno de ellos ha abandonado la mesa
negociadora por considerar agotada la negociación. Dos años puede ser un
plazo objetivo y razonable, y sólo habilita a una de las partes para
pedir la aplicación de otro convenio. Pero como eso no resuelve las
condiciones laborales aplicables a los trabajadores, se acoge la misma
solución que en caso de sucesión de empresas, como es habilitar a las
partes para que adopten un acuerdo de integración, y en su defecto, los
mecanismos de solución de conflictos para resolver esa materia. Nunca se
acepta el vacío de regulación ni la sustitución automática de los
derechos regulados en el anterior convenio colectivo, aunque esté
prorrogado.

Página
38

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición final redactada como
sigue:

«Disposición final decimotercera (nueva) sobre reforzar el
cumplimiento de la obligación de mantener la cuota de empleo del 2% de
las personas con discapacidad vinculándola a la contratación pública.

Primero. Se modifica el apartado 1 de la Disposición
adicional cuarta del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público, queda redactado de la siguiente manera:

“En todos los contratos se exigirá al empresario la
acreditación de que cumple lo dispuesto en el artículo 38.1 de la Ley
13/1982, de 13 de abril, respecto la obligación de contar con un 2 por
100 de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas alternativas
correspondientes.

A tal efecto, los pliegos de cláusulas administrativas
particulares deberán incorporar en la cláusula relativa a la
documentación a aportar por los licitadores, la exigencia de que se
aporte un certificado de la empresa en que conste tanto el número global
de trabajadores de plantilla como el número particular de trabajadores
con discapacidad en la misma, o en el caso de haberse optado por el
cumplimiento de las medidas alternativas legalmente previstas, una copia
de la declaración de excepcionalidad y una declaración del licitador con
las concretas medidas a tal efecto aplicadas.”

Segundo. Se modifica el apartado 2 del artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, con esta
redacción:

“k) Haber sido condenadas mediante sentencia firme
por delitos derivados de la realización de actos discriminatorios
tipificados en los artículos 510 a 512 del Código Penal.

l) Haber sido sancionados en sede administrativa por
infracciones laborales muy graves en supuestos de actos contra la
intimidad y la dignidad, discriminación y acoso, tipificadas en los
apartados 11, 12, 13 y 13 bis del artículo 8 del Texto Refundido de la
Ley de Infracciones y Sanciones en Orden Social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, o por infracciones de empleo
graves por incumplimientos en materia de medidas de reserva e integración
laboral de personas con discapacidad, tipificada en el apartado 3 del
artículo 15 de dicha Ley.

m) Haber sido sancionados en sede administrativa por
infracciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, de acuerdo con
la Ley 49/2007, de 26 de diciembre.

n) No cumplir la obligación legal de reserva de empleo en
favor de trabajadores con discapacidad o las medidas alternativas de
carácter excepcional a dicha reserva, establecidas por la Ley 13/1982, de
7 de abril, de Integración Social de Minusválidos, en los términos en que
se determine reglamentariamente.”»

MOTIVACIÓN

Parece importante excluir del acceso a las subvenciones o
ayudas de cualquier tipo a las personas físicas o jurídicas incumplidoras
de las normas que favorezcan a las personas con discapacidad o que
realicen actos discriminatorios o contrarios a la dignidad de las
personas. Por una parte, la realización de actos discriminatorios puede
ser constitutiva de delito, de acuerdo con los artículos 510 a 512 del
Código Penal, dada su gravedad y la alarma social que originan dichas
actividades. En ámbitos como el laboral, la Ley de Infracciones y
Sanciones en el Orden Social tipifica y califica como muy graves o graves
las conductas empresariales, respectivamente, discriminatorias o que
vulneren las normas que favorecen a las personas con discapacidad. Sería
una burla a las leyes que sujetos, personas físicas o jurídicas, que han
sido condenados en el orden penal o sancionados en vía administrativa por
tan graves conductas, obtengan beneficios o subvenciones como «premio» a
su comportamiento, censurado, sin embargo, por las normas penales o de
otros órdenes. En otros ámbitos, como el de la Ley Reguladora del Derecho
de Asociación, se ha excluido de cualquier subvención o ayuda a aquéllas
que promuevan el odio o la violencia, con base en la sanción penal de
dichas conductas. De igual modo, se considera que no deben obtener la
condición de beneficiario o de entidad colaboradora aquellas personas
físicas o jurídicas que

viniendo obligadas por la legislación social vigente no
cumplan la reserva de empleo en favor de trabajadores con discapacidad,
ya que desde los poderes públicos no se puede favorecer a quienes
incumplen obligaciones generales dirigidas a favorecer a grupos
vulnerables. Por otra parte, la obtención de cualquier subvención pública
debería estar condicionada a que la empresa acreditara el cumplimiento de
la obligación de reservar un 2% de los puestos de trabajo a personas con
discapacidad en los términos establecidos en la LISMI. Para ello se
debería incluir esta obligación en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.

ENMIENDA NÚM. 37

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición final nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición final redactada como
sigue:

«Disposición final (nueva). Reserva en la contratación
pública de los Centros Especiales de Empleo.

Se modifica la disposición adicional quinta del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público que se
sustituiría por el siguiente texto:

“1. Los órganos de contratación reservarán la
adjudicación de un porcentaje de un 10 por 100 del importe total anual de
su contratación a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social,
cuando al menos el 70 por 100 de los trabajadores afectados sean personas
con discapacidad que, debido a la índole o a la gravedad de sus
deficiencias, no puedan ejercer una actividad profesional en condiciones
normales. Quedan excluidos del cómputo los contratos de obras y de
concesión de obra pública. El porcentaje de esta reserva social en cada
órgano de contratación se establecerá sobre el importe total anual de su
contratación en el ejercicio anterior.

2. Únicamente podrá justificarse el incumplimiento del
indicado porcentaje de reserva en la falta de presentación de ofertas
aceptables en los expedientes en los que se solicitaron o en la no
inscripción en el Registro de Contratistas de empresas que cumplan los
requisitos y adecuación al objeto contractual reservable.

3. En todos los anuncios de licitación de contratos cuya
adjudicación se considere conveniente reservar a Centros Especiales de
Empleo de iniciativa social, deberá hacerse referencia a la presente
Disposición.

4. Los órganos de contratación eximirán de la obligación de
constituir garantía a los centros, entidades y empresas contratados al
amparo de la reserva a que se refiere la presente Disposición. Esta
exención se reseñará y justificará en los pliegos en base a la importante
función social que tales centros, entidades y empresas desarrollan.

5. Se consideran centros especiales de empleo de iniciativa
social aquellos promovidos y participados en más de un 50%, directa o
indirectamente, por una o varias entidades privadas sin ánimo de lucro,
sean asociaciones, fundaciones, cooperativas de iniciativa social u otras
entidades de la economía social, y que, en sus estatutos o en acuerdo
social, se obliguen a la reinversión integra de sus beneficios para la
creación de oportunidades de empleo para personas con discapacidad y la
mejora continua de su competitividad y de su actividad de economía
social.”»

MOTIVACIÓN

En la Disposición Adicional Quinta del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se permite la
reserva de adjudicación de algunos contratos a favor de los Centros
Especiales de Empleo. Sin embargo, en la práctica no se está aplicando,
ya que se dejó como una posibilidad meramente facultativa de las
Administraciones contratantes. De forma complementaria a esta medida,
sería muy positivo que se incorporara efectivamente dicha reserva de
adjudicación de contratos a Centros Especiales de Empleo, ya que se
considera una clara acción muy eficaz para garantizar el derecho a la
igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad en nuestro
país, tal y como sucede en otros países.

ENMIENDA NÚM. 38

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición final nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición final redactada como
sigue:

«Disposición final (nueva). Participación
institucional.

Para dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 2 e) y
15.1 de la Ley 51/2003, de Igualdad de Oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universas de las personas con discapacidad, el Gobierno de
España aprobará, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de
la presente Ley, un Plan para garantizar la participación institucional
de la asociación más representativa, a nivel estatal, de las personas con
discapacidad y de sus familias, en los Órganos de la Administración
General del Estado, de carácter participativo y consultivo, cuyas
funciones estén directamente relacionadas con materias que tengan
incidencia en esferas de interés preferente para dichas personas.»

MOTIVACIÓN

A pesar del mandato de la LIONDAU para que se promueva
desde las Administraciones la participación institucional en órganos que
se ocupan de temas de interés para las personas con discapacidad (como el
empleo, los derechos de los consumidores y otros), lo cierto es que
apenas se ha avanzado al respecto y seguimos confinados en los mismos
órganos de participación institucional en los que estábamos presentes
antes de la LIONDAU.

ENMIENDA NÚM. 39

De don Jesús Enrique Iglesias Fernández (GPMX)

y de don José Manuel Mariscal Cifuentes (GPMX)

El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el
Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan la
siguiente enmienda a la Disposición final nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se añade una nueva disposición final redactada como
sigue:

«Disposición final (nueva). Condiciones de trabajo de las
personas con discapacidad.

Primero. Se modifica el Real Decreto Legislativo 1/1995, de
24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores.

1. Se añade un nuevo apartado 9 al artículo 34 en los
siguientes términos:

“9. El trabajador con discapacidad o el trabajador
que tenga a su cuidado directo una persona con discapacidad, tendrá
derecho a la adaptación de la jornada, horarios y turnos de trabajo,
cuando acredite la necesidad de acudir, él mismo o la persona con
discapacidad a su cuidado, a tratamientos de rehabilitación médica o
psicológica relacionados con su discapacidad, sin que la empresa pueda
denegar la solicitud de adaptación, salvo por necesidades urgentes o
imprevisibles de la producción y mientras dichas circunstancias
persistan. La concreción del ejercicio de este derecho deberá realizarse
por acuerdo entre la empresa y el trabajador.”

2. Se modifica el artículo 37.5 del estatuto de los
trabajadores que queda redactado de la siguiente manera:

“5. Quien por razones de guarda legal tenga a su
cuidado directo algún menor de ocho años o una persona con discapacidad
física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida,
tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la
disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un
máximo de la mitad de la duración de aquella.

Tendrá el mismo derecho el trabajador con discapacidad o el
que precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el
segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad,
accidente o enfermedad no pueda valerse por si mismo, y que no desempeñe
actividad retribuida.

El progenitor, adoptante o acogedor de carácter preadoptivo
o permanente, tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo,
con la disminución proporcional del salario de, al menos, la mitad de la
duración de aquélla, para el cuidado, durante la hospitalización y
tratamiento continuado, del menor a su cargo afectado por cáncer (tumores
malignos, melanomas y carcinomas), o por cualquier otra enfermedad grave,
que implique un ingreso hospitalario de larga duración y requiera la
necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente, acreditado por el
informe del Servicio Público de Salud u órgano administrativo sanitario
de la Comunidad Autónoma correspondiente y, como máximo, hasta que el
menor cumpla los 18 años. Por convenio colectivo, se podrán establecer
las condiciones y supuestos en los que esta reducción de jornada se podrá
acumular en jornadas completas.

Las reducciones de jornada contempladas en el presente
apartado constituyen un derecho individual de los trabajadores, hombres o
mujeres. No obstante, si dos o más trabajadores de la misma empresa
generasen este derecho por el mismo sujeto causante, el empresario podrá
limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas de
funcionamiento de la empresa.”

3. Se sustituye el segundo párrafo del artículo 46.3 del
estatuto de los trabajadores por el siguiente:

“También tendrán derecho a un período de excedencia,
de duración no superior a tres años los trabajadores para atender al
cuidado de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o
afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad
no pueda valerse por sí mismo, y no desempeñe actividad
retribuida.”

Segundo. Se modifica la Ley 7/2007, de 12 de abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público.

1. Se añade un nuevo artículo 47 bis en los siguientes
términos:

“Adaptación del tiempo de trabajo de las personas con
discapacidad.

El funcionario con discapacidad o el funcionario que tenga
a su cuidado directo una persona con discapacidad, tendrá derecho a la
adaptación de la jornada, horarios y turnos de trabajo, cuando acredite
la necesidad de acudir a tratamientos de rehabilitación médica o
psicológica relacionados con su discapacidad, sin que la Administración
respectiva pueda denegar la solicitud de adaptación, salvo por
necesidades

urgentes o imprevisibles de la producción y mientras dichas
circunstancias persistan. La concreción del ejercicio de este derecho
deberá realizarse por acuerdo entre la Administración y el
funcionario.”

2. Se modifica el artículo 48.1.h) que queda redactado en
los siguientes términos:

“Por razones de guarda legal, cuando el funcionario
tenga el cuidado directo de algún menor de doce años, de persona mayor
que requiera especial dedicación, o de una persona con discapacidad que
no desempeñe actividad retribuida, tendrá derecho a la reducción de su
jornada de trabajo, con la disminución de sus retribuciones que
corresponda.

Tendrá el mismo derecho el funcionario con discapacidad y
el funcionario que precise encargarse del cuidado directo de un familiar,
hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de
edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo y que no
desempeñe actividad retribuida.”

3. Se añade un nuevo artículo 81 bis en los siguientes
términos:

“Movilidad por razón de discapacidad.

1. Cuando la adaptación de las condiciones de un puesto de
trabajo no resulte posible, el funcionario con discapacidad tendrá
derecho a ser adscrito a puestos de trabajo de distinta unidad
administrativa, en la misma o en otra localidad.»

2. Cuando el funcionario con discapacidad acredite la
necesidad de acudir a tratamientos de rehabilitación médica o psicológica
relacionados con su discapacidad, tendrá derecho al cambio de puesto de
trabajo, implique o no el cambio de residencia, sin que la empresa pueda
denegar la solicitud, salvo que no haya puesto de trabajo
vacante”.»

MOTIVACIÓN

Se propone modificar el Estatuto de los Trabajadores,
introduciendo un nuevo apartado en el artículo 34, para reconocer al
trabajador con discapacidad, o al trabajador que tenga a su cuidado
directo una persona con discapacidad, el derecho a la adaptación de la
jornada, horario y turnos de trabajo (pero sin reducción de jornada),
cuando acredite la necesidad de acudir a tratamientos de rehabilitación
médica o psicológica relacionados con su discapacidad. En la actualidad
el artículo 34.8 remite la regulación de las adaptaciones de la jornada a
los convenios colectivos, con carácter general en relación a la
conciliación de la vida personal. Lo cierto es que los convenios no han
avanzado en este derecho en lo referido a las personas con discapacidad,
hasta el punto que no existen cláusulas que lo reconozcan. Para que las
personas con discapacidad se incorporen al mundo laboral precisan algunas
adaptaciones y ajustes y este es uno de los más necesarios, de forma que,
si no se facilita la adaptación de la jornada para que pueda acudir a
tratamientos rehabilitadores del propio trabajador con discapacidad o de
las personas bajo su cuidado, se obstaculiza el derecho a la igualdad de
oportunidades en el empleo. La propuesta no supone reducir el número de
horas de trabajo, por lo que la productividad en las empresas queda
salvaguardada, sino distribuir aquellas de una forma diferente en los
casos en que fuera necesario. La concreción del ejercicio de este derecho
se acordará entre el trabajador y la empresa para causar la menor
perturbación a la actividad productiva.

Las normas laborales ya han previsto la posibilidad de
reducir jornada, con la disminución proporcional de salario, cuando el
trabajador tenga a su cuidado directo una persona con discapacidad
(Artículo 37.5 del Estatuto de los Trabajadores) o de solicitar una
excedencia de duración no superior a dos años, salvo que se establezca
una duración mayor por negociación colectiva, para atender al cuidado de
un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por
razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse
por sí mismo, y no desempeñe actividad retribuida (Art. 46.3) La
regulación de la excedencia, en tales casos, respeta los derechos de
antigüedad, formación y reserva de puesto de trabajo. Lo que se propone
es, por una parte, ampliar de dos a tres años el periodo de excedencia,
igualando dicho periodo con el que se concede en el caso del cuidado de
un menor (este derecho con esta duración ya lo tienen reconocido los
funcionarios), y, por otra parte, ampliar el derecho a reducir la jornada
al supuesto en que lo solicite un trabajador con discapacidad por sí
mismo aunque no tenga alguna persona con discapacidad a su cuidado.

Se proponen también derechos paralelos a los anteriores en
el Estatuto del empleado público, con el fin de extenderlos a los
funcionarios no sometidos al régimen laboral.

Página
44

JUSTIFICACIÓN

Las dificultades de acceso a la financiación hacen
recomendable esta extensión a todos los colectivos de personas
emprendedoras.

ENMIENDA NÚM. 45

De don Pedro Eza Goyeneche (GPMX), de doña Amelia Salanueva
Murguialday (GPMX)

y de don Francisco Javier Yanguas Fernández (GPMX)

El Senador Pedro Eza Goyeneche, UPN (GPMX), la Senadora
Amelia Salanueva Murguialday, UPN (GPMX) y el Senador Francisco Javier
Yanguas Fernández, UPN (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo
107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo
4. Uno.

ENMIENDA

De sustitución.

Sustituir la frase «menores de 30 años de edad, o menores
de 35 años», por «de 30 años o menos y de 35 años o menos.»

JUSTIFICACIÓN

Las dificultades de acceso a la financiación hacen
recomendable esta extensión a estos colectivos de personas emprendedoras.
En coherencia con la primera enmienda de este grupo.

ENMIENDA NÚM. 46

De don Pedro Eza Goyeneche (GPMX), de doña Amelia Salanueva
Murguialday (GPMX)

y de don Francisco Javier Yanguas Fernández (GPMX)

El Senador Pedro Eza Goyeneche, UPN (GPMX), la Senadora
Amelia Salanueva Murguialday, UPN (GPMX) y el Senador Francisco Javier
Yanguas Fernández, UPN (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo
107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo
5.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la reanudación del cobro de la prestación
durante 60 meses en todos los casos.

JUSTIFICACIÓN

No penalizar la búsqueda de empleo ni el
emprendimiento.

ENMIENDA NÚM. 47

De don Pedro Eza Goyeneche (GPMX), de doña Amelia Salanueva
Murguialday (GPMX)

y de don Francisco Javier Yanguas Fernández (GPMX)

El Senador Pedro Eza Goyeneche, UPN (GPMX), la Senadora
Amelia Salanueva Murguialday, UPN (GPMX) y el Senador Francisco Javier
Yanguas Fernández, UPN (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo
107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo
6.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la bonificación del 100% de la cotización AT y
EP para este colectivo.

JUSTIFICACIÓN

No dejar sin protección social a este colectivo.

ENMIENDA NÚM. 48

De don Pedro Eza Goyeneche (GPMX), de doña Amelia Salanueva
Murguialday (GPMX)

y de don Francisco Javier Yanguas Fernández (GPMX)

El Senador Pedro Eza Goyeneche, UPN (GPMX), la Senadora
Amelia Salanueva Murguialday, UPN (GPMX) y el Senador Francisco Javier
Yanguas Fernández, UPN (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo
107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo
15.

ENMIENDA

De sustitución.

Sustituir «uno o varios empresarios» por «agencias de
colocación autorizadas».

JUSTIFICACIÓN

La Reforma Laboral creó las agencias de colocación, parece
lógico dotarlas aquí de contenido.

ENMIENDA NÚM. 49

De don Pedro Eza Goyeneche (GPMX), de doña Amelia Salanueva
Murguialday (GPMX)

y de don Francisco Javier Yanguas Fernández (GPMX)

El Senador Pedro Eza Goyeneche, UPN (GPMX), la Senadora
Amelia Salanueva Murguialday, UPN (GPMX) y el Senador Francisco Javier
Yanguas Fernández, UPN (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo
107 del Reglamento del Senado, formulan la siguiente enmienda al Artículo
Nuevo a continuación del Artículo 42.

ENMIENDA

De adición.

«Creación una línea de microcréditos sin avales».

JUSTIFICACIÓN

Las dificultades de acceso a la financiación hacen
recomendable esta medida.

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo
de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula 71
enmiendas al Proyecto de Ley de medidas de apoyo al emprendedor y de
estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (procedente del Real
Decreto-Ley 4/2013, de 22 de febrero).

Palacio del Senado, 28 de junio de 2013.—El Portavoz
Adjunto, José Miguel Camacho Sánchez.

ENMIENDA NÚM. 50

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 1. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 1 y del párrafo
primero del apartado 2 de la Disposición adicional trigésima quinta del
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la redacción dada al
mismo por el proyecto de ley que se enmienda, con el siguiente
contenido:

«1. En el supuesto de trabajadores por cuenta propia,
incorporados al Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos a partir de la entrada en
vigor del Estatuto del Trabajo Autónomo, o al Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, menores de 30 años de edad,
o menores de 35 años en el caso de mujeres, se aplicará sobre la cuota
por contingencias comunes que corresponda, en función de la base de
cotización elegida y del tipo de cotización aplicable, según el ámbito de
protección por el que se haya optado, una reducción, durante los 15 meses
inmediatamente siguientes a la fecha de efectos del alta, equivalente al
30% de la cuota que resulte de aplicar sobre la base mínima de cotización
aplicable el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento, incluida
la incapacidad temporal, y una bonificación, en los 15 meses siguientes a
la finalización del período de reducción, de igual cuantía que ésta.

2. Alternativamente al sistema de bonificaciones y
reducciones establecido en el apartado anterior, los trabajadores por
cuenta propia que tengan menos de 30 años de edad y que causen alta
inicial o que no hubieran estado en situación de alta en los cinco años
inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta,
en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos o en el Régimen Especial de la Seguridad Social
de los Trabajadores del Mar, podrán aplicarse las siguientes reducciones
y bonificaciones sobre la cuota por contingencias comunes, siendo la
cuota a reducir el resultado de aplicar a la base mínima de cotización
que corresponda el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento,
incluida la incapacidad temporal, por un período máximo de 30 meses,
según la siguiente escala:…»

MOTIVACIÓN

Se trata de incorporar también al régimen de reducciones y
bonificaciones que contempla esta disposición adicional trigésima quinta
a los trabajadores a los que les es de aplicación el Régimen Especial de
la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

ENMIENDA NÚM. 51

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 1. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 3 de la Disposición
adicional trigésima quinta del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994,

de 20 de junio, en la redacción dada al mismo por el
proyecto de ley que se enmienda, añadiendo un nuevo párrafo con el
siguiente contenido:

«3. Los trabajadores por cuenta propia y los socios
trabajadores o de trabajo en cooperativas o en sociedades laborales que
hubieran optado por el sistema del apartado anterior podrán acogerse a
las bonificaciones y reducciones del apartado 1, siempre que el cómputo
total de las mismas no supere el plazo máximo de 30 mensualidades.

Asimismo, los trabajadores por cuenta propia que, habiendo
optado por el sistema del apartado anterior, posteriormente empleen
trabajadores por cuenta ajena, en el momento de la contratación podrán
acogerse a las bonificaciones y reducciones previstas en el apartado 1,
siempre que el cómputo total de las mismas no supere el plazo máximo de
30 mensualidades.»

MOTIVACIÓN

Con el fin de no desincentivar la contratación de
trabajadores por el trabajador por cuenta propia, se establece la
posibilidad de que el trabajador por cuenta propia acogido al sistema de
reducciones y bonificaciones regulado en el apartado 2 pueda optar por el
sistema regulado en el apartado 1 cuando realice una contratación.

ENMIENDA NÚM. 52

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 1. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 4 de la Disposición
adicional trigésima quinta del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20
de junio, en la redacción dada al mismo por el proyecto de ley que se
enmienda, con el siguiente contenido:

«4. Lo dispuesto en los apartados anteriores será también
de aplicación a los socios trabajadores de Cooperativas de Trabajo
Asociado que estén encuadrados en el Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o como
trabajadores por cuenta propia en el Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Trabajadores del Mar, cuando cumplan los requisitos de los
apartados anteriores de esta disposición adicional.

Cuando el socio trabajador se incorpore a una cooperativa
que emplee a trabajadores por cuenta ajena, deberá acogerse a las
bonificaciones y reducciones previstas en el apartado 1. Si anteriormente
a esa incorporación hubiera optado por el sistema de bonificaciones y
reducciones del apartado 2, podrá acogerse a las bonificaciones y
reducciones previstas en el apartado 1, siempre que el cómputo total de
las mismas no supere el plazo máximo de 30 mensualidades.»

MOTIVACIÓN

El principio de seguridad jurídica exige que se clarifique
la situación reflejada a través de esta enmienda, para no someterla a
interpretación. Además, como en enmiendas anteriores se trata de
incorporar también al régimen de reducciones y bonificaciones que
contempla esta disposición adicional trigésima quinta a los trabajadores
a los que les es de aplicación el Régimen Especial de la Seguridad Social
de los Trabajadores del Mar.

Página
50

Se entiende por trabajador con discapacidad la persona
definida en el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 diciembre, de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de
las personas con discapacidad.

Quedan expresamente excluidos de este régimen de
reducciones y bonificaciones los trabajadores autónomos económicamente
dependientes a los que se refiere el Capítulo III del Título II de la Ley
20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, artículos 11
y siguientes.»

MOTIVACIÓN

La dificultad de inserción en el mercado laboral de estas
personas con discapacidad, exige mejorar las bonificaciones cuando
decidan emprender una actividad por cuenta propia o formar parte de un
proyecto asociativo, y ayudarles en el mantenimiento de dichas
actividades a través del mismo sistema de bonificación. En cualquier
caso, y en coherencia con otras enmiendas a este proyecto de ley, los
trabajadores autónomos económicamente dependientes están vinculados en un
75% de sus ingresos a un único cliente por medio de un contrato,
careciendo de posibilidad de contratación de trabajadores, por lo que no
se les puede considerar como emprendedores, sino, en todo caso, el
emprendimiento será el del empresario para el que están vinculados.
Aplicar bonificaciones a estos trabajadores equivale a promocionar una
figura jurídica creada para relaciones laborales excepcionales y que está
más próxima al trabajador asalariado que al autónomo emprendedor.

ENMIENDA NÚM. 55

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 2.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 6 del artículo 228
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la redacción
dada al mismo por el proyecto de ley que se enmienda, con el siguiente
contenido:

«6. Cuando así lo establezca algún programa de fomento al
empleo destinado a colectivos con mayor dificultad de inserción en el
mercado de trabajo, se podrá compatibilizar la percepción de la
prestación por desempleo o del subsidio por desempleo pendientes de
percibir con el trabajo por cuenta propia o como socios trabajadores o de
trabajo en cooperativas o en sociedades laborales, en cuyo caso la
entidad gestora podrá abonar al trabajador el importe mensual de las
prestaciones en la cuantía y duración que se determinen, sin incluir la
cotización a la Seguridad Social.»

MOTIVACIÓN

El apartado 4 del artículo 228 de la LGSS establece la
compatibilidad de la prestación por desempleo o del subsidio por
desempleo y el trabajo por cuenta ajena, por lo que se hace extensiva
esta misma compatibilidad con el trabajo por cuenta propia.

De otra parte, se fomenta el asociacionismo en la economía
social.

ENMIENDA NÚM. 56

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 3.

ENMIENDA

De supresión.

Al artículo 3.

MOTIVACIÓN

Puesto que son los programas de fomento del empleo los que
establecen la compatibilidad entre la prestación por desempleo y el
trabajo por cuenta propia, dadas las dificultades de inserción en el
mercado laboral de ciertos colectivos, son estos programas, en atención a
dichos colectivos, a la realidad del mercado laboral y económica, los que
tienen que determinar los términos de dicha compatibilidad.

De otro lado, se desconoce a qué responden las
restricciones legales establecidas en este artículo respecto a esa
compatibilidad cuando se trata de menores de 30 años.

ENMIENDA NÚM. 57

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 4. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la supresión de la letra b) de la regla 3.ª y se
introduce una nueva regla 5.ª, pasando la actual 5.ª, que también se
modifica en su párrafo primero, a ser la 6.ª, del apartado 1 de la
Disposición transitoria cuarta de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de
medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo
y mejora de la ocupabilidad, en la redacción dada a las mismas por el
proyecto de ley que se enmienda, con el siguiente contenido:

«3.ª Lo previsto en las reglas 1.ª y 2.ª también será de
aplicación a los beneficiarios de la prestación por desempleo de nivel
contributivo que pretendan constituirse como trabajadores autónomos y no
se trate de personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100.

En el caso de la regla 1ª, el abono de una sola vez se
realizará por el importe que corresponde a la inversión necesaria para
desarrollar la actividad, incluido el importe de las cargas tributarias
para el inicio de la actividad, con el límite máximo del 60 por 100 de la
prestación por desempleo de nivel contributivo pendiente de percibir,
siendo el límite máximo del 100 por 100 cuando los beneficiarios sean
hombres jóvenes de hasta 30 años de edad o, en el caso de mujeres, hasta
35 años de edad, ambos inclusive, considerándose la edad en la fecha de
la solicitud.»

«5.ª También será de aplicación lo previsto en las reglas
1.ª y 2.ª a los beneficiarios de la prestación por desempleo de nivel
contributivo que pretendan crear, junto a otros trabajadores perceptores
de la prestación por desempleo de nivel contributivo, su propia empresa,
siempre que la misma demuestre un carácter innovador, lo que deberá
determinar la Entidad Gestora.

En el caso de la regla 1.ª, el abono de una sola vez se
realizará por el importe que corresponde a la inversión necesaria para
desarrollar la actividad, incluido el importe de las cargas tributarias
para el inicio de la actividad, con el límite máximo del 100% del importe
de la prestación por desempleo de nivel contributivo pendiente de
percibir. Junto a ello, la Entidad Gestora se hará cargo de los gastos
administrativos y registrales de creación de estas empresas, y otorgará a
las mismas una ayuda suplementaria equivalente al 25% de la media del
importe de la prestación por desempleo de nivel contributivo pendiente de
percibir por los tres trabajadores.

Estas empresas tendrán derecho a una bonificación del 100
por cien de la cuota empresarial a la Seguridad Social, durante tres
años.

6.ª La solicitud del abono de la prestación por desempleo
de nivel contributivo, según lo establecido en las reglas 1.ª, 2.ª, 3.ª,
4.ª y 5.ª, en todo caso deberá ser de fecha anterior a la fecha de
incorporación a la cooperativa o sociedad laboral, o a la de constitución
de la cooperativa o sociedad laboral, entidad mercantil y empresa
innovadora, considerando que tal inicio coincide con la fecha que como
tal figura en la solicitud de alta del trabajador en la Seguridad
Social.

Si el trabajador hubiera impugnado el cese de la relación
laboral origen de la prestación por desempleo, la solicitud deberá ser
posterior a la resolución del procedimiento correspondiente.

Los efectos económicos del abono del derecho solicitado se
producirán a partir del día siguiente al de su reconocimiento, salvo
cuando la fecha de inicio de la actividad sea anterior, en cuyo caso, se
estará a la fecha del inicio de esa actividad.»

MOTIVACIÓN

En la letra b) se contempla la capitalización de la
prestación por desempleo de nivel contributivo para la compra, por un
menor de 30 años, de un contrato indefinido, contrato indefinido que
puede alcanzar un máximo de 18 meses, pues hasta ese momento existe la
obligación legal de mantenerse. Con ello, primero, se conculca uno de los
principios societarios, cual es la imposibilidad de aportar trabajo o
servicios en una sociedad, las aportaciones siempre tienen que ser
patrimoniales. Y, segundo, puede provocar una discriminación indirecta,
habida cuenta de que nadie será contratado si tiene una prestación
inferior a 18 meses.

La introducción de la nueva regla 5.ª trata de propiciar la
capitalización de la prestación por desempleo hacia el asociacionismo y
al cambio del tejido productivo.

Por su parte, la modificación en la regla 6.ª, antigua
regla 5.ª, se efectúa por coherencia con las modificaciones
anteriores.

ENMIENDA NÚM. 58

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 5.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo apartado Uno al Artículo
5, pasando su contenido actual a constituir un nuevo apartado Dos con los
correspondientes cambios de numeración de los sucesivos apartados, con el
siguiente contenido:

«Uno. Reconocimiento de la prestación contributiva en
situaciones especiales. Se añade un nuevo apartado 6 al artículo 210 con
la siguiente redacción:

6. En aquellos casos en que durante los seis años
anteriores a la situación legal de desempleo, el trabajador haya estado
prestando sus servicios en un país que carezca de convenio con la
Seguridad Social, no tenga subscrito el Acuerdo de La Haya o no
pertenezca al espacio económico europeo, este periodo se le eliminará del
cómputo de los seis años, retrotrayendo el cómputo a la situación
inmediatamente anterior a su salida del país.»

MOTIVACIÓN

En la actualidad se están produciendo salidas de
trabajadores a países de África con los que no hay convenio,
especialmente en el sector de la construcción, y a su regreso tienen
problemas para el reconocimiento de la prestación. Con esta modificación
se pretende que ese periodo trabajado en el extranjero que no computa
para el cálculo de la prestación contributiva, tampoco compute para
determinar cuál es el periodo cotizado.

Página
54

Las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el
embarazo, maternidad, adopción o acogimiento, riesgo durante la lactancia
y paternidad interrumpirán el cómputo de la duración del contrato.

c) Expirada la duración del contrato para la formación y el
aprendizaje, el trabajador no podrá ser contratado bajo esta modalidad
por la misma o distinta empresa.

No se podrán celebrar contratos para la formación y el
aprendizaje cuando el puesto de trabajo correspondiente al contrato haya
sido desempeñado con anterioridad por el trabajador en la misma empresa
por tiempo superior a doce meses.

d) El trabajador deberá recibir la formación inherente al
contrato para la formación y el aprendizaje directamente en un centro
formativo de la red a que se refiere la disposición adicional quinta de
la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la
Formación Profesional, previamente reconocido para ello por el Sistema
Nacional de Empleo. No obstante, también podrá recibir dicha formación en
la propia empresa cuando la misma dispusiera de las instalaciones y el
personal adecuados a los efectos de la acreditación de la competencia o
cualificación profesional a que se refiere el apartado e), sin perjuicio
de la necesidad, en su caso, de la realización de periodos de formación
complementarios en los centros de la red mencionada.

La actividad laboral desempeñada por el trabajador en la
empresa deberá estar relacionada con las actividades formativas, que
deberán comenzar en el plazo máximo de cuatro meses a contar desde la
fecha de la celebración del contrato.

La formación en los contratos para la formación y el
aprendizaje que se celebren con trabajadores que no hayan obtenido el
título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria deberá permitir la
obtención de dicho título.

Reglamentariamente se desarrollará el sistema de
impartición y las características de la formación de los trabajadores en
los centros formativos y en las empresas, así como su reconocimiento, en
un régimen de alternancia con el trabajo efectivo para favorecer una
mayor relación entre éste y la formación y el aprendizaje del trabajador.
Las actividades formativas podrán incluir formación complementaria no
referida al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales para
adaptarse tanto a las necesidades de los trabajadores como de las
empresas.

Asimismo serán objeto de desarrollo reglamentario los
aspectos relacionados con la financiación de la actividad formativa.

e) La cualificación o competencia profesional adquirida a
través del contrato para la formación y el aprendizaje será objeto de
acreditación en los términos previstos en la Ley Orgánica 5/2002, de 19
de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, y en su
normativa de desarrollo. Conforme a lo establecido en dicha regulación,
el trabajador podrá solicitar de la Administración pública competente la
expedición del correspondiente certificado de profesionalidad, título de
formación profesional o, en su caso, acreditación parcial acumulable.

f) El tiempo de trabajo efectivo, que habrá de ser
compatible con el tiempo dedicado a las actividades formativas, no podrá
ser superior al 75 por ciento de la jornada máxima prevista en el
convenio colectivo o, en su defecto, a la jornada máxima legal. Los
trabajadores no podrán realizar horas extraordinarias, salvo en el
supuesto previsto en el artículo 35.3. Tampoco podrán realizar trabajos
nocturnos ni trabajo a turnos.

g) La retribución del trabajador contratado para la
formación y el aprendizaje se fijará en proporción al tiempo de trabajo
efectivo, de acuerdo con lo establecido en convenio colectivo.

En ningún caso, la retribución podrá ser inferior al
salario mínimo interprofesional en proporción al tiempo de trabajo
efectivo.

h) La acción protectora de la Seguridad Social del
trabajador contratado para la formación y el aprendizaje comprenderá
todas las contingencias, situaciones protegibles y prestaciones, incluido
el desempleo. Asimismo, se tendrá derecho a la cobertura del Fondo de
Garantía Salarial.

i) En el supuesto de que el trabajador continuase en la
empresa al término del contrato se estará a lo establecido en el apartado
1, párrafo f), de este artículo.”

Dos. El apartado 3 del artículo 23 del texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, queda redactado del siguiente
modo:

“3. En todo caso, los trabajadores con al menos un
año de antigüedad en la empresa tendrán derecho a un permiso retribuido
de 20 horas anuales de formación acumulables por un período de hasta tres
años.

El trabajador podrá acumular este permiso a los permisos de
formación o perfeccionamiento profesional con reserva de puesto de
trabajo que pudiera disfrutar, en los términos establecidos en la
negociación colectiva.

La concreción y determinación del período de disfrute de
estos permisos se fijará de mutuo acuerdo entre el trabajador y el
empresario.

La empresa correrá a cargo de su coste siempre que la
formación recibida por el trabajador durante estos permisos estuviera
vinculada a su puesto de trabajo. En el supuesto de que la formación
recibida por el trabajador vaya ligada a un proyecto de innovación
empresarial que exija mayores requerimientos de cualificación, la empresa
tendrá acceso al Fondo de Empleo establecido al tal efecto.”

Tres. Se modifica el apartado 10 al artículo 26 de la Ley
56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, con el siguiente contenido:

“10. La formación recibida por el trabajador a lo
largo de su carrera profesional, en especial las relacionadas con el
Catálogo de Cualificaciones Profesionales, se inscribirá en una cuenta de
formación, asociada al número de afiliación a la Seguridad Social.

Los Servicios Públicos de Empleo efectuarán las anotaciones
correspondientes y serán los encargados de expedir al trabajador que lo
solicite un documento acreditativo sobre sus competencias profesionales,
incluidas las acciones de orientación y formación en que hubiera
participado, así como las derivadas de una cualificación de habilidades
transversales, tales como la formación en idiomas y en las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, en los términos y
condiciones que se establezcan reglamentariamente.”»

MOTIVACIÓN

La reforma laboral primó los intereses de la empresa frente
al proceso formativo del trabajador, que es el fundamento de los
contratos formativos. Así, eliminó una de las finalidades perseguidas por
el contrato de formación y aprendizaje, cual es que el trabajador que no
tenga el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria pueda
obtenerlo, rebajó la calidad y aumentó los tiempos que el trabajador debe
dedicar a la actividad laboral, en detrimento de su formación. Además,
precariza la situación de nuestros jóvenes al permitir el encadenamiento
de estos contratos hasta los 30 años de edad; incluso se permite este
encadenamiento dentro de la misma empresa.

De otro lado, procede articular mecanismos que permitan la
formación continua del trabajador, y la acreditación de la formación
recibida, garante de su mayor empleabilidad.

ENMIENDA NÚM. 61

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 9.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la siguiente redacción:

«Artículo 9. Bonificaciones de cuotas en los contratos
formativos.

1. Las empresas de menos de 250 trabajadores que, a partir
de la entrada en vigor de este Ley y hasta el 31 de diciembre de 2015,
celebren contratos formativos con trabajadores desempleados inscritos en
la oficina de empleo tendrán derecho, durante toda la vigencia del
contrato, incluida la prórroga, a una bonificación del 100 por ciento de
las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes,
así como las correspondientes a accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, desempleo, fondo de garantía salarial y formación
profesional, correspondientes a dichos contratos. Para

las empresas de más de 250 trabajadores que concierten
estos contratos con el mismo colectivo de trabajadores, las
bonificaciones de las cuotas anteriormente referidas serán del 75 por
ciento. Dichas empresas, tendrán derecho, además, a una bonificación del
cien por cien de las cuotas de los trabajadores a la Seguridad Social
durante toda la vigencia del contrato, incluida la prórroga.

2. Las empresas de menos de 50 trabajadores, incluidos los
autónomos y las sociedades laborales o cooperativas a las que se
incorporen trabajadores como socios trabajadores o de trabajo, siempre
que estas últimas hayan optado por un régimen de Seguridad Social propio
de trabajadores por cuenta ajena, que, a partir de la entrada en vigor de
este Ley y hasta el 31 de diciembre de 2015, celebren contratos de
trabajo en prácticas de primera experiencia profesional tendrán derecho,
además de a las bonificaciones reguladas en el apartado anterior, a una
subvención mensual equivalente al 75 por ciento del salario mínimo
interprofesional por cada contrato que realicen, durante un año. Para las
empresas de más de 50 trabajadores, esta subvención será del 50 por
ciento del salario mínimo interprofesional. Esta subvención en ningún
caso podrá superar los límites establecidos por la normativa comunitaria
de ayudas a las empresas en materia de competencia.

3. Para tener derechos a estas bonificaciones y
subvenciones, estos contratos deberán suponer incremento neto de la
plantilla de la empresa. Para el cómputo de dicho incremento, se aplicará
lo establecido en el artículo 1, aparatado 9, del Real Decreto-ley
1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición
al empleo estable y a la recualificación profesional de las personas
desempleadas.

4. Los trabajadores contratados al amparo de este artículo
serán objetivo prioritario en los planes de formación para personas
ocupadas dentro de los programas de formación profesional para el empleo,
así como de cualquier otra medida de política activa de empleo, al objeto
de aumentar su cualificación profesional.

5. En lo no previsto en este artículo, será de aplicación
lo establecido en la sección I del capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de
diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo.»

MOTIVACIÓN

El artículo 9 del proyecto de ley que se enmienda aumentará
la precarización de los contratos para la formación y el aprendizaje. De
otro lado, desaparece la vinculación de la actividad con la formación,
exonerando al empresario de la responsabilidad de facilitarla, a quien, a
pesar de ello, se le gratifica con una reducción en la cuota empresarial
que puede alcanzar hasta veinticuatro mensualidades.

La modificación propuesta se orienta a proporcionar una
primera experiencia profesional a través de la formación, la cual debe
facilitarse en la celebración de cualquier tipo de contrato formativo. A
su vez, las ayudas a esta contratación, dada la coyuntura económica
actual, se articulan a través de bonificaciones, financiadas por la
imposición general, y no por reducciones, cuya financiación corre a
cuenta exclusiva de las arcas de la Seguridad Social. Y se vincula a la
creación de empleo neto, aparte de establecerse con carácter
temporal.

De otro lado, se establece, para las pequeñas y medianas
empresas, autónomos y empresas vinculadas a la economía social una
subvención dirigida a bonificar el salario de los titulados contratados
en prácticas, siempre que se acogieran al programa de primera experiencia
profesional, programa vinculado a actividades estratégica o emergentes,
especialmente en nuevos yacimientos de empleo, todo ello con la finalidad
de potenciar el cambio de nuestro modelo productivo y la mayor
cualificación de nuestros trabajadores.

ENMIENDA NÚM. 62

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 9.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo artículo 9 bis con la
siguiente redacción:

«Artículo 9.bis. Bonificaciones de cuotas por
transformación de contratos formativos y de relevo y sustitución en
contratos indefinidos.

Las empresas que transformen contratos en prácticas, de
relevo y de sustitución por anticipación de la edad de jubilación,
cualquiera que sea la fecha de su celebración, en un contrato indefinido,
antes del 31 de diciembre de 2015, tendrán derecho a una bonificación en
la cuota empresarial a la Seguridad Social de 41,67 euros por mes, 500
euros por año, durante tres años. En el caso de mujeres, dicha
bonificación será de 58,33 euros por mes, 700 euros por año.

Las empresas que transformen los contratos para la
formación y el aprendizaje, cualquiera que sea la fecha de su
celebración, en un contrato indefinido, antes del 31 de diciembre de
2015, tendrán derecho a una bonificación en la cuota empresarial a la
Seguridad Social de 1.500 euros por año, durante tres años. En el caso de
mujeres, dicha bonificación serán de 1.800 euros por año.

Para tener derecho a estas bonificaciones, la
transformación deberá suponer un incremento del nivel de empleo fijo en
la empresa. Para el cómputo de dicho incremento, se aplicará lo
establecido en el artículo 1, aparatado 9, del Real Decreto-ley 1/2011,
de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al
empleo estable y a la recualificación profesional de las personas
desempleadas.

El Gobierno, previa consulta con las organizaciones
sindicales y empresariales más representativas, procederá a la evaluación
de la eficacia de esta medida y sus efectos en la evolución de la
contratación indefinida, a fin de determinar su prórroga, tomando en
consideración su aproximación a los índices de actividad y de estabilidad
laboral, empleo de colectivos con mayores dificultades de inserción y
desempleo, así como de cualificación global de la población activa.

Esta evaluación se realizará por primera vez con
anterioridad al 31 de diciembre de 2015.»

MOTIVACIÓN

La inserción laboral de los jóvenes implica adoptar medidas
que fomente la contratación, y también medidas que contemplen la
transformación de los contratos en virtud de los cuales pueden adquirir
su primera experiencia profesional, como los formativos y de relevo y
sustitución, en contratos indefinidos. Por ello, se recogen en sendas
enmiendas las ayudas por la celebración de los contratos formativos y las
ayudas a la transformación de los contratos formativos y de
aprendizaje.

De otro lado, estas transformaciones se vinculan a la
creación de empleo neto y tienen carácter temporal, si bien se establece
la evaluación de la medida a efectos de su prórroga.

ENMIENDA NÚM. 63

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 10.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la siguiente redacción:

«Artículo 10. Apoyo a la contratación indefinida por
emprendedores.

1. Con objeto de facilitar la colocación estable de las
personas desempleadas a la vez que se potencia la iniciativa empresarial,
los trabajadores autónomos y las empresas cuyo titular se encuentre dado
de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores
por Cuenta Propia o Autónomos que contraten con carácter indefinido a
trabajadores desempleados, podrán beneficiarse de las ayudas que se
regulan en los apartados siguientes.

2. El contrato de trabajo se concertará por tiempo
indefinido, se formalizará por escrito en el modelo que se establezca y
su régimen jurídico será el establecido con carácter general por el Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y en los convenios
colectivos.

3. Las empresas que de acuerdo con los apartados anteriores
concierten un contrato de trabajo indefinido con una persona desempleada
a la que los Servicios Públicos de Empleo hubieran calificado de especial
prioridad en su contratación, por pertenecer a colectivos con
dificultades de integración en el mercado laboral, tendrá derecho a las
siguientes bonificaciones:

a) Jóvenes entre 16 y 30 años, ambos inclusive: la empresa
tendrá derecho a una bonificación en la cuota empresarial a la Seguridad
Social durante cuatro años, cuya cuantía será del 100 por ciento en el
primer año; del 75 por ciento en el segundo año; del 50 por ciento en el
tercer año, y del 25 por ciento en el cuarto año.

b) Mayores de 45 años, que hayan estado inscritos en la
Oficina de Empleo al menos doce meses en los dieciocho meses anteriores a
la contratación, la empresa tendrá derecho a una bonificación equivalente
al 50 por ciento en la cuota empresarial a la Seguridad Social durante
tres años.

Cuando estos contratos se concierten con mujeres en
sectores en los que este colectivo esté menos representado, esta
bonificación será del 75 por ciento durante tres años.

c) Trabajadores con discapacidad, la empresa tendrá derecho
a una bonificación equivalente al 75 por ciento en la cuota empresarial a
la Seguridad Social durante tres años.

Estas bonificaciones serán compatibles con otras ayudas
públicas previstas con la misma finalidad, sin que en ningún caso la suma
de las bonificaciones aplicables pueda superar el 100 por ciento de la
cuota empresarial a la Seguridad Social.

4. Las empresas que concierten contratos de trabajo en las
condiciones establecidas en este artículo podrán acceder a un crédito de
hasta un máximo de 30.000 ¤ por cada contrato indefinido que concierten
con cargo a las líneas de crédito del Fondo Público para la financiación
de las empresas, el fomento del autoempleo y la iniciativa emprendedora
previsto en esta Ley. Los tipos de interés no superarán el Euribor más 50
puntos básicos y el crédito tendrá un plazo de amortización de un máximo
de 10 años.

5. No podrán obtener los beneficios previstos en este
artículo las empresas o grupos de empresa que, en los doce meses
anteriores a la celebración del nuevo contrato, hubieran realizado
extinciones de contratos de trabajo por causas objetivas, hubieran
procedido a un despido colectivo, o hubieran llevado a cabo despidos
calificados como improcedentes. En estos supuestos, la limitación
afectará únicamente a las extinciones y despidos producidos con
posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, y para la cobertura de
aquellos puestos de trabajo del mismo grupo profesional que los afectados
por la extinción o despido y para el mismo centro o centros de
trabajo.

6. Para que puedan aplicarse estas ayudas, incluido el
acceso al crédito, será requisito imprescindible que las contrataciones
supongan incremento de la plantilla de la empresa. Para el cómputo de
dicho incremento, se aplicará lo establecido en el artículo 1, apartado
9, del Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes
para promover la transición al empleo estable y a la recualificación
profesional de las personas desempleadas.

7. Las empresas que se acojan a estas ayudas, incluido el
acceso al crédito, estarán obligadas a mantener en el empleo al
trabajador contratado al menos tres años desde la fecha de inicio de la
relación laboral, procediendo en caso de incumplimiento de esta
obligación a su reintegro.

No se considerará incumplida la obligación de mantenimiento
del empleo cuando el contrato de trabajo se extinga por despido
disciplinario declarado o reconocido como procedente, dimisión, muerte,
jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del
trabajador.

8. En lo no establecido en este artículo serán de
aplicación las previsiones contenidas en la sección 1.ª del Capítulo I de
la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del
empleo, salvo lo establecido en el artículo 6.2 en materia de
exclusiones.

9. Las empresas, cualquiera que sea su tamaño, podrán
acogerse a los beneficios previstos en los apartados anteriores cuando,
en las condiciones establecidas en este artículo, contraten con carácter
indefinido a personal investigador en situación de desempleo para el
desarrollo de actividades de dirección o realización de proyectos de
investigación, desarrollo de proyectos de innovación tendentes a la
incorporación de nuevas tecnologías o cambios en la organización
empresarial que mejoren su productividad y competitividad, haciéndola más
sostenible, o para la mejora de la formación del personal

de plantilla cuando los cambios llevados a cabo en la
empresa exijan nuevos requerimientos de cualificación.

10. También tendrán acceso al Fondo Público para la
financiación de las empresas, el fomento del autoempleo y la iniciativa
emprendedora previsto en esta Ley,

a) las empresas, cualquiera que sea su tamaño, que
concierten contratos formativos con jóvenes desempleados;

b) las empresas que contraten a jóvenes desempleados
menores de 30 años durante, al menos, dos años;

c) las empresas que se encuentren en un proceso de
internacionalización y contraten a jóvenes desempleados para facilitarles
su primera experiencia profesional;

d) las personas desempleadas que, con la finalidad de
insertarse en el mercado de trabajo, se establezcan como autónomos o
creen empresas, incluidas las de la economía social, vinculadas a
actividades productivas estratégicas o emergentes y con potencial de
generar empleo, especialmente en el ámbito de los nuevos yacimientos de
empleo;

e) los jóvenes desempleados que se incorporen como socios a
cooperativas o sociedades laborales, o se asocien para la creación de
empresas, vinculadas a actividades productivas estratégicas o emergentes
y con potencial de generar empleo, especialmente en el ámbito de los
nuevos yacimientos de empleo, cuando no puedan acogerse al abono de la
prestación por desempleo en su modalidad de pago único, prevista en la
Disposición transitoria cuarta de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de
medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo
y mejora de la ocupabilidad.

11. Estos apoyos a la contratación indefinida tendrán
carácter temporal y se aplicarán a los contratos realizados hasta el 31
de diciembre de 2016.

El Gobierno, previa consulta con las organizaciones
sindicales y empresariales más representativas, procederá a la evaluación
de la eficacia de este contrato y sus efectos en la evolución de la
contratación indefinida, con el fin de determinar su prórroga, tomando en
consideración su aproximación a los objetivos de la estrategia española
de empleo, en particular los referidos a tasas de actividad, de empleo y
temporalidad.

Esta evaluación se realizará por primera vez con
anterioridad al 31 de diciembre de 2015.»

MOTIVACIÓN

Se sustituye la regulación referida a la contratación de un
joven menor de 30 años por microempresas y empresarios autónomos, la
contratación por un joven menor de 30 años de personas desempleadas de
edad igual o superior a 45 años y la nueva modalidad de contratación
temporal que exclusivamente atiende a que la contratación se realice con
un menor de 30 años, contemplada en los artículos 10, 11 y 12,
respectivamente, por esta propuesta que, aparte de contemplar la
contratación de jóvenes, mayores de 45 años y discapacitados, por estimar
que se trata de colectivos prioritarios de inserción, desarrolla un plan
de estímulos a su contratación, vinculándola no sólo a bonificaciones,
sino también a crédito y al cambio del modelo productivo, sin olvidarse
de la formación y la primera experiencia profesional de los jóvenes.

La propuesta contenida en esta enmienda, partiendo de la
idea de que el emprendimiento no puede vincularse tan sólo a una edad,
sino a la facultad de desarrollar una nueva actividad, incluidas las
mejoras, y de la necesidad de potenciar el emprendimiento que suponga el
cambio del modelo productivo, contempla estas ayudas no sólo para para el
emprendimiento de los jóvenes, sino para todas aquellas empresas que
hagan esa apuesta por el emprendimiento, fundamentalmente las PYMES, dada
su dificultad de crédito y por constituir en más del 90% el tejido
productivo de nuestro país.

De este modo, y puesto que la falta de crédito que padecen
nuestras empresas es uno de los factores que impide que las mismas puedan
mantenerse y crear empleo, fundamentalmente en las pequeñas y medianas
empresas, se arbitra una línea de crédito con la finalidad de crear
empleo indefinido para la contratación de trabajadores en desempleo, y,
si estos trabajadores desempleados pertenecieran a colectivos de especial
dificultad en su inserción, así calificados por los Servicios Públicos de
Empleo, se establecen bonificaciones en su contratación.

Además, y con independencia del tamaño de la empresa, se
apuesta por el cambio de modelo productivo, primero, vinculando las
ayudas crediticias a la contratación de personal investigador, para

desarrollar, entre otros, proyectos de innovación; segundo,
ayudando a quienes emprendan nuevos proyectos en actividades emergentes o
estratégicas, en nuevos yacimientos de empleo; y, tercero, mejorando la
cualificación de los trabajadores, bien en formación, bien facilitando su
primera experiencia profesional.

Sin olvidarse de facilitar esta línea de crédito a las
personas desempleadas para el autoempleo en sectores vinculados a
actividades emergentes y con potencial de generar empleo, ni de los
jóvenes desempleados para proyectos de economía social vinculados a
nuevos yacimientos de empleo.

Todas las ayudas se supeditan a la creación de empleo neto
y tienen carácter temporal.

ENMIENDA NÚM. 64

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 11.

ENMIENDA

De supresión.

Al Artículo 11.

MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda presentada al Artículo
10.

De otro lado, se trata de una regulación insuficiente que
limita la concepción de emprendimiento joven a la contratación por el
menor de 30 años de un desempleado de edad igual o superior a 45 años, es
la única causa para la ayuda de la reducción de la cuota empresarial que
establece, sin distinguir ni el tipo de contrato, a riesgo de incurrir en
contradicción con la contemplado en las ayudas contempladas para el
contrato de emprendedores por la Ley 3/2012, ni atender a la actividad a
emprender.

ENMIENDA NÚM. 65

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 12.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del Artículo 12, con la
siguiente redacción:

«Artículo 12. Primera experiencia profesional.

Para incentivar la adquisición de una primera experiencia
profesional, las empresas que contraten mediante un contrato en prácticas
sujeto a jóvenes menores de treinta años que no tengan experiencia
profesional o ésta sea menor de tres meses, tendrán derecho, durante toda
la vigencia del contrato, incluida la prórroga, a las bonificaciones
reguladas en esta Ley por la celebración de contratos formativos. Las
empresas con menos de 50 trabajadores tendrán derecho, además de a las
bonificaciones, a una subvención mensual del 75 por ciento del Salario
Mínimo Interprofesional durante un 1 años. Si la empresa tuviera 50 o más
trabajadores, esta subvención será del 50 por ciento del Salario Mínimo
Interprofesional por igual tiempo. Las bonificaciones y subvenciones
estarán supeditadas a que los nuevos contratos supongan incremento neto
de plantilla.

Los trabajadores contratados al amparo de este artículo
tendrán derecho a toda la acción protectora del sistema de la Seguridad
Social, y a la cobertura del Fondo de Garantía Social.

Asimismo, dichos trabajadores serán objetivo prioritario en
los planes de formación para personas ocupadas dentro de los programas de
formación profesional para el empleo, así como de cualquier otra medida
de política activa de empleo, al objeto de aumentar su cualificación
profesional.»

MOTIVACIÓN

Fomentar la contratación en práctica como primera
experiencia profesional, incentivando esta contratación, además de con
las bonificaciones de los contratos formativos, con una subvención
directa para compensar los costes salariales. Se trata de un contrato que
otorga al trabajador plenos derechos, laborales y de Seguridad Social.

De otro lado, se suprime el contrato de empleo «primer
empleo joven», pues introduce en nuestro ordenamiento laboral una nueva
modalidad de contratación temporal motivada exclusivamente por la edad de
la persona desempleada contratada. Un contrato precario que, además,
rompe el principio de causalidad que rige en las modalidades de
contratación temporal.

ENMIENDA NÚM. 66

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 13.

ENMIENDA

De supresión.

Al Artículo 13.

MOTIVACIÓN

En coherencia con la enmienda presentada al Artículo 9 que
contempla todos los contratos formativos, en formación y prácticas.

ENMIENDA NÚM. 67

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 14.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 2 del Artículo 14,
con la siguiente redacción:

«2. En lo no previsto en el apartado anterior, se aplicará
lo establecido en la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del
crecimiento y del empleo, en cuanto a los requisitos que han de cumplir
los beneficiarios, las exclusiones en la aplicación de las
bonificaciones, cuantía máxima, incompatibilidades o reintegro de
beneficios.

En relación a las cooperativas y sociedades laborales,
también será de aplicación, en cuanto a los incentivos, lo dispuesto en
la sección I del capítulo I de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, salvo
lo establecido en sus artículos 2.7 y 6.2.»

MOTIVACIÓN

En coherencia con enmiendas presentadas por este grupo
parlamentario.

ENMIENDA NÚM. 68

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 14.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo artículo 14 bis con la
siguiente redacción:

«Artículo 14 bis. Bonificaciones para el mantenimiento del
empleo y la igualdad de oportunidades.

1. Los contratos de trabajo de carácter indefinido de los
trabajadores de cincuenta y cinco o más años, con una antigüedad en la
empresa de cuatro o más años, darán derecho a la bonificación del 50 por
ciento de la aportación empresarial en la cotización a la Seguridad
Social por contingencias comunes, salvo por incapacidad temporal derivada
de las mismas, sobre las cuotas devengadas desde la fecha de cumplimiento
de los requisitos anteriormente señalados, incrementándose anualmente
dicha bonificación en un 10 por 100 transcurrido un año desde su
aplicación, hasta alcanzar un máximo del 100 por 100.

Si, al cumplir cincuenta y nueve años, el trabajador no
tuviere la antigüedad en la empresa de cuatro años, la reducción será
aplicable a partir de la fecha en que alcance la citada antigüedad.

2. Podrán ser beneficiarios de la bonificación contemplada
en el apartado anterior las empresas, incluidos los trabajadores
autónomos, y sociedades laborales o cooperativas a las que se incorporen
trabajadores como socios trabajadores o de trabajo, siempre que estas
últimas hayan optado por un régimen de Seguridad Social propio de
trabajadores por cuenta ajena.

Quedarán excluidos de la aplicación de la reducción la
Administración General del Estado y los Organismos regulados en el Título
III y en la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de
abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del
Estado, así como las Administraciones Autonómicas y las Entidades Locales
y sus Organismos públicos.

3. Los contratos de trabajo de carácter indefinido de las
mujeres trabajadoras que sean suspendidos por maternidad o por excedencia
por cuidado de hijo darán derecho, cuando se produzca la reincorporación
efectiva de la mujer al trabajo en los dos años siguientes a la fecha del
inicio del permiso de maternidad, siempre que esta incorporación sea a
partir del 11 de febrero de 2012, a una bonificación mensual de la cuota
empresarial a la Seguridad Social o, en su caso, por su equivalente
diario por trabajador contratado, de 100 euros al mes, o 1.200 euros por
año, durante los 4 años siguientes a la reincorporación efectiva de la
mujer al trabajo.

En el supuesto de que el contrato fuera de duración
determinada o temporal, se tendrá derecho a esa misma bonificación si en
el momento de la reincorporación el contrato se transforma en
indefinido.

En el caso de que los contratos sean a tiempo parcial, la
bonificación será el resultado de aplicar a las previstas en cada caso un
porcentaje igual al de la jornada pactada en el contrato, al que se
sumarán 30 puntos porcentuales, sin que en ningún caso pueda superar el
100 por 100 de la cuantía prevista.

4. Las trabajadoras por cuenta propia del Régimen Especial
de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que, habiendo cesado su
actividad por maternidad y disfrutado del período de descanso
correspondiente, vuelvan a realizar una actividad por cuenta propia en
los dos años siguientes a la fecha del parto tendrán derecho a percibir
una bonificación del 100 por 100 de la cuota por contingencias comunes
resultante de aplicar el tipo de cotización a la base mínima vigente en
el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos de la
Seguridad Social, independientemente de la base por la que coticen, y
durante un período de 12 meses.

Dicha bonificación será también de aplicación a las socias
trabajadoras de cooperativas de Trabajo Asociado, que se incluyan en el
indicado régimen especial.

5. Respecto de los requisitos que han de cumplir las
personas beneficiarias, las exclusiones en la aplicación de la
bonificación, cuantía máxima, incompatibilidades o reintegro de los
beneficios se aplicarán las previsiones contenidas en la Ley
43/2006.»

MOTIVACIÓN

La Disposición transitoria sexta del Real Decreto-ley
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, suprime, salvo
excepciones, el derecho de las empresas a la aplicación de bonificaciones
por contratación, mantenimiento del empleo o fomento del autoempleo, en
las cuotas de Seguridad Social, y, a mayor abundamiento, deroga
expresamente en su Disposición derogatoria única tanto las bonificaciones
para el mantenimiento del empleo de los trabajadores de 60 o más año como
la bonificación correspondiente a la trabajadora autónoma que se
incorpora al trabajo después de la maternidad. Por su parte, las ayudas
al mantenimiento del empleo de las padres y madres que se reincorporan al
mercado de trabajo tras la suspensión de su contrato por paternidad o
maternidad, así como después de haber ejercicio su derecho de excedencia
por cuidado de menores, fueron ya derogadas por la Disposición
derogatoria única del Real Decreto-ley 3/2012.

Con una tasa de desempleo del 26,2% procede mantener las
bonificaciones respecto de colectivos en los que se aprecia una mayor
vulnerabilidad, apreciándose ahora esta mayor vulnerabilidad también en
los trabajadores de 55 o más años de edad.

ENMIENDA NÚM. 69

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 15.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación de la Disposición adicional
trigésima segunda del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, en la redacción dada a la misma por el proyecto de ley que se
enmienda, con la siguiente redacción:

«Disposición adicional trigésima segunda. Formalización
conjunta de acuerdos marco para la contratación de servicios que
faciliten la intermediación laboral.

La Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal
y los órganos de contratación competentes de las Comunidades Autónomas,
así como de las entidades y organismos dependientes de ellas e integrados
en el Sistema Nacional de Empleo, podrán concluir de forma conjunta
acuerdos marco con uno o varios empresarios con el fin de fijar las
condiciones a que habrán de ajustarse todos los contratos de servicios de
características homogéneas para facilitar a los Servicios Públicos de
Empleo la intermediación laboral y que se pretendan adjudicar durante un
período determinado, con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo II del
Título II del Libro III, siempre que el recurso a estos instrumentos no
se efectúe de forma abusiva o de modo que la competencia se vea
obstaculizada, restringida, específicamente imponiendo un mínimo de
facturación a las empresas para poder ser adjudicatarias del servicio, o
falseada.

No podrán ser objeto de estos contratos marco las
actuaciones de intermediación laboral que puedan preverse en los
procedimientos de selección de personal laboral por parte de las
Administraciones Públicas y de las entidades y organismos dependientes de
ellas, debiendo realizarse dicha intermediación exclusivamente y de
manera directa por los correspondientes servicios públicos de
empleo.»

MOTIVACIÓN

Evitar que la promoción de iniciativas privadas de
intermediación laboral se produzca con menoscabo de las competencias de
intermediación de los servicios públicos de empleo. Al mismo tiempo, se
clarifica un supuesto específico de restricción de la competencia entre
las distintas empresas que pudieran ser adjudicatarias del servicio.

ENMIENDA NÚM. 70

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 16. Uno.

ENMIENDA

De modificación.

Se modifica la letra b) del apartado 2 del artículo 8 de la
Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, en la redacción dada al mismo
por el proyecto de ley que se enmienda, que tendrá el siguiente
contenido:

Uno. La letra b) del apartado 2 del artículo 8 de la Ley
56/2003 queda redactada del siguiente modo:

«b) Existencia de una base de datos común que posibilite la
difusión de las ofertas que tengan difícil cobertura en el conjunto de
comunidades autónomas y el acceso a las demandas de otras comunidades
autónomas cuando en la propia no sea posible garantizar la cobertura de
una oferta, así como en el resto de los países del Espacio Económico
Europeo, respetando lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Para ello, los Servicios Públicos de Empleo registrarán
todas las ofertas y demandas de empleo, y las oportunidades de formación,
en las bases de datos del Sistema de Información de los Servicios
Públicos de Empleo. Por su parte, el Servicio Público de Empleo Estatal
registrará en dicha base de datos todas las ofertas y demandas de empleo,
así como las oportunidades de formación, de los servicios públicos de
empleo de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo. El Servicio
Público de Empleo Estatal garantizará la difusión de esta información a
todos los ciudadanos, empresas y administraciones públicas como garantía
de transparencia y unidad de mercado. Especialmente, el Servicio Público
de Empleo Estatal garantizará que esta información le es accesible a las
personas trabajadoras desplazadas al exterior por motivos de trabajo,
para facilitar su retorno.»

MOTIVACIÓN

La obligación impuesta a los Servicios Públicos de Empleo
de los Comunidades Autónomas en cuanto al vuelco de datos, exige la
obligación correlativa para el Servicio Público de Empleo Estatal, que
deberá descargar todas las oportunidades de empleo del Espacio Económico
Europeo. Al mismo tiempo, es importante garantizar que toda la
información contenida en ese Portal Único de Empleo es accesible a
aquellos ciudadanos desplazados al exterior por motivos laborales, con el
fin de posibilitar su retorno.

ENMIENDA NÚM. 71

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 16. Dos.

ENMIENDA

De supresión.

Al Artículo 16, apartado Dos.

MOTIVACIÓN

Las relaciones entre los distintos Servicios Públicos de
Empleo se llevan a cabo bajo el principio de colaboración y coordinación
institucional, por lo que no procede conminar ni sancionar a las
Comunidades Autónomas que no realicen en tiempo el vuelvo de datos en la
base de datos común del sistema de información de los Servicios Públicos
de Empleo (SISPE), habida cuenta, además, de que es interés compartido de
todos los Servicios Públicos de Empleo la existencia de esta base de
datos, cuestión que parece desdeñarse a través de la regulación de la
cual se pide su supresión.

De otro lado, no puede olvidarse que los fondos son
fundamentales para el ejercicio de las funciones de intermediación por
las Comunidades Autónomas, con lo cual a quien se estaría penalizando
realmente sería a las desempleados, en un momento en el que nuestra tasa
de desempleo se sitúa en el 26,2% y cuando las partidas destinadas a
políticas activas de empleo han sido drásticamente recortadas.

ENMIENDA NÚM. 72

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo Nuevo a continuación del Artículo 19.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de un nuevo artículo 19 bis con la
siguiente redacción:

«Artículo 19 bis. Fondo Público para la financiación de las
empresas, el fomento del autoempleo y la iniciativa emprendedora.

1. Se crea el “Fondo Público para la financiación de
las empresas, el fomento del autoempleo y la iniciativa
emprendedora”, con la finalidad de coadyuvar a la creación de
empleo mediante la facilitación del crédito a las empresas que reúnan las
condiciones establecidas en la presente Ley.

2. El Fondo queda adscrito al Ministerio de Economía y
Competitividad

3. El Fondo tendrá la condición de entidad pública de las
incluidas en el artículo 2.1.g) de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre,
General Presupuestaria, con personalidad jurídica propia y plena
capacidad de obrar. Le resultará de aplicación lo dispuesto para el
sector público empresarial en el artículo 3.2 de la Ley 47/2003, de 26 de
noviembre

4. El régimen jurídico del Fondo se establecerá por el
Gobierno mediante Real Decreto que deberá aprobarse en el plazo de tres
meses a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, que respetará,
en todo caso, los siguientes criterios:

a) La administración, gestión y dirección del Fondo
corresponderá a un Consejo Rector en el que en todo caso habrá de
preverse la participación de representantes de las organizaciones
sindicales y empresariales más representativas.

La Presidencia del Fondo corresponderá alternativamente,
por períodos anuales, al titular del Ministerio de Economía y
Competitividad y al del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

b) El Fondo se dota con una aportación inicial por un
importe inicial de 20.000 millones de euros con cargo a línea de crédito
abierta en el MEDE por importe de 100.000 millones de euros.

Asimismo, el Fondo se dotará con las aportaciones
realizadas por las empresas de acuerdo con lo previsto en la disposición
adicional decimosexta de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre
actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad
Social.

c) Para el cumplimiento de sus fines, el Fondo podrá captar
financiación en los mercados de capitales nacionales y extranjeros
mediante, entre otros, la emisión de valores, la concertación de
préstamos y la apertura de créditos, así como cualquier otra operación de
endeudamiento, pudiendo realizar operaciones de canje, compra y
conversión sobre las operaciones descritas, dentro de los límites que
para cada ejercicio se fijen en la ley de presupuestos generales del
Estado.

Con la misma finalidad, el Estado podrá concertar
operaciones de préstamo con el Fondo dentro del límite que se establezca
en la ley de presupuestos generales de cada ejercicio. Los préstamos
concertados con el Estado garantizarán con la suficiente antelación el
pago de las obligaciones contraídas.

El Fondo podrá, asimismo, realizar operaciones de gestión
activa de su tesorería.

Las emisiones de valores que realice el Fondo se regirán
por lo dispuesto en esta Ley y sus normas de desarrollo.

Las deudas y obligaciones que el Fondo contraiga para la
captación de financiación gozarán frente a terceros de la garantía del
Estado. Dicha garantía tiene el carácter de explícita, irrevocable,
incondicional y directa.

d) Los créditos que otorgue el Fondo se concederán con un
interés equivalente al Euribor más 50 puntos básicos.

e) Los créditos otorgados por el Fondo serán compatibles
con otros créditos que las empresas puedan obtener de otras entidades
públicas, con los límites que se determinen.

5. El Fondo facilitará crédito a las empresas a las que se
refiere el apartado 1, así como a los emprendedores y jóvenes
desempleados que opten por fórmulas de autoempleo, economía social o
creación de nuevas empresas ligadas a la nueva economía y a los nuevos
yacimientos de empleo, para financiar proyectos de inversión, innovación,
internacionalización y expansión de la actividad empresarial.

Las actuaciones de este Fondo se extenderán, al menos, a
los siguientes ámbitos:

● Apoyo a la innovación y desarrollo de nuevos
proyectos empresariales, incluidos la modernización de las empresas.

● Apoyo al autoempleo y creación de empresas.

● Apoyo a la iniciativa emprendedora, especialmente
en el marco de la economía sostenible y a los nuevos yacimientos de
empleo, y a los jóvenes emprendedores en sus proyectos de asociacionismo
profesional.

● Apoyo a la mejora de la productividad y
competitividad de las empresas.

● Apoyo a la internacionalización de las pequeñas y
medianas empresas.

● Apoyo destinado a la contratación, fundamentalmente
de aquellos colectivos con especiales dificultades.

● Financiación destinada a aumentar las oportunidades
de empleo y formación de los jóvenes, así como al desarrollo de su
primera experiencia profesional.

● Financiación destinada a mejorar la cualificación
profesional o competencia profesional de los trabajadores.»

MOTIVACIÓN

Una de las medidas fundamentales a arbitrar para crear
empleo es resolver la falta de crédito que están padeciendo nuestros
empresarios. Por ello, se crea este Fondo cuya finalidad fundamental es
la reactivación del empleo, otorgando crédito a las empresas para que
mantengan el empleo o para su creación mediante contrataciones
estableces, a la par que se incentiva el autoempleo, la iniciativa
emprendedora y el asociacionismo, fundamentalmente, de aquellos
colectivos más necesitados de ayudas, como son los parados de larga
duración y jóvenes. Con esta finalidad, se apoya el crecimiento de
jóvenes-empresas innovadoras, desarrollando el Estatuto de Joven Empresa
Innovadora previsto en la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación. Y también se apoya la mejora de la productividad y
competitividad de nuestras empresas, sin olvidarnos de su
internacionalización, para coadyuvar al cambio de nuestro modelo
productivo.

Página
68

Se propone la adición de un nuevo artículo 32 bis con la
siguiente redacción:

«Artículo 32 bis. Cancelación de obligaciones pendientes de
pago con los subcontratistas.

Aquellos contratistas que se hayan acogido al mecanismo de
financiación para el pago a proveedores, una vez cobradas las facturas
presentadas, informarán en un plazo de seis meses a la Administración
correspondiente sobre la liquidación de las cantidades que tuvieran
adeudadas, y que sean liquidas y exigibles a la fecha de entrada en vigor
de esta Ley, con terceros subcontratados para la realización de la misma
obra o servicio que fue causa de la deuda, siendo esta condición
indispensable para acceder a nuevos convenios de colaboración o
concesiones administrativas con la Administración Pública que
corresponda. Todo ello con las salvedades a que hubiera lugar cuando la
empresa titular del derecho de cobro acogida al mecanismo de financiación
estuviera en situación legal de concurso de acreedores.»

MOTIVACIÓN

Introducir un nuevo mecanismo que posibilite el pago a los
subcontratistas por los trabajos realizados.

ENMIENDA NÚM. 75

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 37.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la supresión del apartado 2 del artículo 37 del
proyecto de ley que se enmienda, que añade nuevos apartados 2, 3, 4 y 5 a
la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario.

MOTIVACIÓN

Mantener la redacción actual de la disposición transitoria
tercera de la Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario,
que acompasa la liberalización del transporte ferroviario de viajeros al
régimen de apertura previsto en la Unión Europea para este tipo de
transporte.

ENMIENDA NÚM. 76

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 39.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la adición de un nuevo apartado Dos al artículo
39, pasando los actuales apartados Dos, Tres y Cuatro a constituir los
apartados Tres, Cuatro y Cinco, respectivamente, con la siguiente
redacción:

«Dos. Se añade un nuevo Artículo 41 bis que queda redactado
como sigue:

Artículo 41 bis. Acceso a la red de transporte de la
Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH).

1. El acceso de terceros a la red de transporte de CLH se
concederá en estricto orden de solicitud. Para ello, se establecerá un
sistema de registro de todas las peticiones de acceso a la red de CLH,
que

deberán ser formales e indicar calendario y programa de
utilización de las instalaciones, puntos de entrada y puntos de
salida.

2. Las tarifas por el uso de la red de transporte de
productos petrolíferos de la Compañía Logística de Hidrocarburos,
Sociedad Anónima (CLH) cumplirán las siguientes obligaciones:

a) Estar sujetas a autorización por parte de la Comisión
Nacional de Energía y comprender la tarifa base así como cualesquiera
descuentos que se establezcan sobre la misma.

b) Comprender únicamente los servicios logísticos básicos
de recepción, transporte y expedición y orientadas a los costes de
prestación del servicio y a la mejora de la eficiencia en el servicio de
transporte.

c) Establecer y publicar, en la forma que determine la
Comisión Nacional de Energía, una metodología de tarifas que sea
objetiva, transparente y no discriminatoria.»

MOTIVACIÓN

Se establece una serie de medidas para asegurar el buen
funcionamiento de la red de transporte, aspecto fundamental para fomentar
la igualdad de oportunidades entre los distintos operadores mayoristas y
minoristas y de los propietarios de instalaciones competidoras de la
Compañía Logística de Hidrocarburos, Sociedad Anónima (CLH). El acceso de
terceros a la red de transporte de CLH se concederá en estricto orden de
solicitud y las tarifas por el uso de la red de transporte de CLH y su
metodología estarán sujetas a autorización por el regulador.

ENMIENDA NÚM. 77

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 39. Tres.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado Tres del Artículo
39, que queda redactado como sigue:

«Tres. Se añade un nuevo artículo 43 bis con una redacción
del siguiente tenor:

Artículo 43 bis. Limitaciones a los vínculos contractuales
de suministro en exclusiva.

1. Los vínculos contractuales de suministro en exclusiva
referidos en el artículo 43 de la presente ley, deberán cumplir las
siguientes condiciones:

a) La duración máxima del contrato será de un año. Este
contrato se prorrogará por un año, automáticamente, hasta un máximo de
tres años consecutivos, salvo que el distribuidor al por menor de
productos petrolíferos manifieste, con un mes de antelación como mínimo a
la fecha de finalización del contrato, su intención de resolverlo.

b) No podrán contener cláusulas exclusivas que fijen,
recomienden o incidan, directa o indirectamente, en el precio de venta al
público del combustible.

2. Se considerarán nulas y se tendrán por no puestas
aquellas cláusulas contractuales en las que se establezca una duración
del contrato diferente a la recogida en el apartado 1, o que determinen
el precio de venta del combustible en referencia a un determinado precio
fijo o recomendado, o cualesquiera otras que contribuyan a una fijación
indirecta del precio de venta.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 respecto de la
duración máxima del contrato de un año no se aplicará en los siguientes
casos:

a) Cuando los productos sean vendidos por el distribuidor
al por menor desde instalaciones y terrenos que sean propiedad del
operador al por mayor o estén arrendados por dicho operador a terceros

no vinculados con el distribuidor minorista y siempre y
cuando la duración del suministro en exclusiva no exceda del período de
ocupación de las instalaciones y terrenos por parte del distribuidor
minorista.

b) Cuando los productos sean vendidos por distribuidores al
por menor desde instalaciones y terrenos que sean propiedad del operador
al por mayor y en los casos procedentes del extinto Monopolio de
Petróleos de CAMPSA. En tales supuestos, se habrá de respetar la duración
pactada en el contrato. Debiendo permitirse en esos casos al distribuidor
al por menor elegir, entre el régimen económico de compra en firme o el
de comisión.

4. Los operadores al por mayor comunicarán a la Dirección
General de Política Energética y Minas la suscripción de este tipo de
contratos, incluyendo la fecha de su finalización, la cual será publicada
en la web oficial del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.»

MOTIVACIÓN

Los límites temporales previstos deben afectar a todos los
contratos de suministro en exclusiva (CODO y DODO), con la excepción de
los contratos CODO (distintos de derechos de superficie/usufructo) que
tengan su origen en el Monopolio de petróleos de CAMPSA pues, es doctrina
consolidada del Tribunal Supremo.

ENMIENDA NÚM. 78

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 39. Apartado nuevo.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición un nuevo apartado seis al Artículo
39, que queda redactado como sigue:

«Seis. El artículo 50 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre,
del sector de hidrocarburos, queda modificado como sigue:

Artículo 50. Existencias mínimas de seguridad.

1. Todo operador autorizado a distribuir al por mayor
productos petrolíferos en territorio nacional, y toda empresa que
desarrolle una actividad de distribución al por menor de carburantes y
combustibles petrolíferos no adquiridos a los operadores regulados en
esta Ley, deberán mantener en todo momento existencias mínimas de
seguridad de los productos en la cantidad, forma y localización
geográfica que el Gobierno determine reglamentariamente, hasta un máximo
de ciento veinte días de sus ventas anuales. Dicho máximo podrá ser
revisado por el Gobierno cuando los compromisos internacionales del
Estado lo requieran.

El desarrollo reglamentario, a que se refiere el párrafo
anterior, deberá prever una reducción significativa de las obligaciones
sobre existencias mínimas de seguridad para aquellos nuevos operadores
autorizados a distribuir al por mayor productos petrolíferos en el
territorio nacional y cuyas ventas sean inferiores a 1000 tep.
Reglamentariamente podrán modificarse el importe de las ventas en función
de la evolución del mercado y de la estructura empresarial del
sector.

Los consumidores de carburantes y combustibles, en la parte
no suministrada por los operadores regulados en esta Ley, deberán
igualmente mantener existencias mínimas de seguridad en la cantidad que
reglamentariamente resulte exigible atendiendo a su consumo anual.

A efectos del cómputo de las existencias mínimas de
seguridad, que tendrá carácter mensual, se considerarán la totalidad de
las existencias almacenadas por los operadores y empresas a que se
refiere el párrafo primero en el Conjunto del territorio nacional.

2. Cuando se trate de gases licuados del petróleo los
operadores al por mayor de este producto, así como los comercializadores
o consumidores que no adquieran el producto a operadores o
comercializadores autorizados, estarán obligados a mantener existencias
mínimas de seguridad hasta un máximo de treinta días de sus ventas o
consumos anuales.

3. La inspección del cumplimiento de la obligación de
mantenimiento de existencias mínimas de seguridad corresponderá al
Ministerio de Industria, Energía y Turismo cuando el sujeto obligado sea
un operador al por mayor y a las Administraciones autonómicas cuando la
obligación afecte a distribuidores al por menor o a consumidores.

Reglamentariamente, se establecerá el procedimiento de
comunicación de información entre la Administración pública competente
para la inspección y la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos
Petrolíferos a que se refiere el artículo 52.

4. Se habilita al Ministro de Industria, Energía y Turismo
a establecer la forma y las condiciones en las que los sujetos obligados
en España podrán cumplir su obligación mediante la constitución de
reservas en Estados Miembros de la Unión Europea. Asimismo, podrá
determinar la forma y las condiciones en las que los sujetos obligados en
dichos países podrán constituir existencias mínimas de seguridad en
territorio español.»

MOTIVACIÓN

Se reducen las obligaciones sobre existencias mínimas de
seguridad a los nuevos entrantes con ventas inferiores 1000 tep con el
objetivo de incentivar la entrada de nuevos operadores más pequeños. No
obstante, se podrá modificar las obligaciones sobre existencias mínimas
de seguridad en función de la evolución del mercado y de la estructura
empresarial del sector.

ENMIENDA NÚM. 79

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda al Artículo 40.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 2 del artículo 3
del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de
intensificación de la competencia en mercados de bienes y servicios, en
la redacción dada al mismo por el proyecto de ley que se enmienda, con el
siguiente contenido:

«2. En los supuestos a que se refiere el apartado anterior,
las instalaciones de suministro requerirán la presentación de declaración
responsable de conformidad con lo establecido en el artículo 71.bis de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.»

MOTIVACIÓN

Para facilitar la apertura de nuevas estaciones de
servicio, se aplica a estas instalaciones el régimen de declaración
responsable previsto en el artículo 71.bis de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, añadido por el apartado tres del
artículo 2 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de
diversas Leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio.

Página
73

5. No podrán formar parte de los órganos de gobierno de la
Compañía Logística de Hidrocarburos, Sociedad Anónima (CLH) aquellos
miembros o representantes o profesionales empleados o de otra forma
vinculados, directa o indirectamente, con las empresas que realicen en
España actividades de refino o de comercialización mayorista o minorista
de hidrocarburos líquidos.»

MOTIVACIÓN

Se establecen las recomendaciones del informe de la CNC,
asegurar que ninguna empresa que opere en la actividad de refino y
comercialización de carburantes pueda ejercer un control o una influencia
significativa sobre la Compañía Logística de Hidrocarburos, Sociedad
Anónima (CLH). Para ello, se limita al 10 por ciento del capital social
la participación directa o indirecta en el accionariado de CLH de
cualquier persona física o jurídica, así como el ejercicio de derechos
políticos en dicha sociedad por encima del 6 por ciento, no pudiendo
sindicarse estas acciones a ningún efecto. Igualmente, se limita al 30
por ciento la suma de participaciones directas o indirectas en CLH de los
sujetos que realicen actividades en el sector de hidrocarburos líquidos.
Asimismo, se desarrolla un régimen estricto de incompatibilidades para
los miembros de los órganos de gobierno de CLH para evitar que estén
vinculados directa o indirectamente con las empresas que realizan en
España actividades de refino o de comercialización mayorista o minorista
de hidrocarburos líquidos. El plazo para cumplir con la limitación
accionarial y el régimen de incompatibilidades será de seis meses desde
la entrada en vigor de la presente Ley.

ENMIENDA NÚM. 81

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda a la Disposición adicional segunda.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la siguiente redacción:

«El Gobierno, junto con las Comunidades Autónomas, y en el
plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley,
constituirá una «Comisión de Seguimiento y Evaluación de la Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016», con determinación de los
miembros que la componen así como sus funciones. Su creación y
funcionamiento se atenderán con los medios personales, técnicos y
presupuestarios asignados al Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Dicha Comisión realizará sus trabajos hasta el 31 de diciembre de 2016,
fecha en que presentará un informe sobre su desarrollo.»

MOTIVACIÓN

Reconocer las competencias autónomas en el desarrollo de
esta Estrategia.

ENMIENDA NÚM. 82

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda a la Disposición adicional tercera.

ENMIENDA

De modificación.

Se propone la modificación de la Disposición adicional
tercera en los siguientes términos:

«Disposición adicional tercera. Adhesión a la Estrategia de
Emprendimiento y Empleo Joven.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social articulará un
procedimiento de adhesión a la Estrategia de Emprendimiento y Empleo
Joven, así como para la concesión de un sello o distintivo para las
entidades adheridas.

Asimismo, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social
informará periódicamente a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de la
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016, a la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a los agentes sociales, al
Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas y a cuantos
otros órganos consultivos se considere oportuno, sobre las empresas
adheridas a la Estrategia, las características esenciales de las
iniciativas planteadas y los principales resultados de las mismas.»

MOTIVACIÓN

Por coherencia con la enmienda presentada a la Disposición
adicional segunda.

ENMIENDA NÚM. 83

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda a la Disposición adicional quinta.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de la disposición adicional
quinta.

MOTIVACIÓN

Por coherencia con las enmiendas presentada por este grupo
parlamentario.

ENMIENDA NÚM. 84

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda a la Disposición adicional sexta.

ENMIENDA

De supresión.

Se propone la supresión de la disposición adicional
sexta.

MOTIVACIÓN

Por considerarse que la regulación que se recoge no
constituye una medida que contribuya al objeto del presente proyecto de
ley.

Página
76

Por ello, procede resaltar y denunciar esta contradicción,
mandatando al Gobierno a la elaboración de esta estrategia, con pacto
político y social.

ENMIENDA NÚM. 87

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva Disposición adicional,
con el siguiente contenido:

«Disposición adicional décimo primera. Moratoria de
despidos económicos.

El Gobierno, con carácter inmediato a la entrada en vigor
de esta Ley, acordará con las organizaciones sindicales y empresariales
una moratoria de los despidos por causas económicas durante 2013, 2014 y
2015, articulando paralelamente un “Programa especial de
mantenimiento del empleo”, con el objetivo de detener la
destrucción masiva de empleo.

En dicho programa se contemplarán ayudas a las empresas que
se comprometan a no despedir a sus trabajadores y opten por una reducción
de jornada. En este caso, el trabajador percibirá su salario reducido en
la proporción en que se ajuste su jornada y la correspondiente prestación
de desempleo parcial. El coste del puesto de trabajo que se mantenga
correrá a cargo del empresario y del Estado, a partes iguales. En el caso
de trabajadores de más de 50 años, la aportación del Estado alcanzará el
60%.

Estas ayudas se sufragarán con cargo a las partidas
presupuestarias de políticas activas de empleo, a cuyo efecto, deberán
dotarse suficientemente.

Transcurrido un año desde la moratoria, Gobierno e
interlocutores sociales analizarán su impacto.»

MOTIVACIÓN

Los organismos internacionales prevén una destrucción de
empleo para 2013 de alrededor de 500.000 puestos de trabajo neto. Sólo en
el primer trimestre de 2013 se han destruido más de 300.000 empleos
netos. Ante esta situación, la primera medida que debe adoptarse es
evitar la destrucción masiva de empleo que se está produciendo a partir
de la reforma laboral, y adoptar medidas de flexibilidad interna
negociada.

Por ello, se propone una moratoria de los despidos por
causas económicas apoyada en un Programa especial de mantenimiento del
empleo con ayudas a las empresas que se comprometan a no despedir y opten
por la reducción de jornada. El coste de puesto de trabajo mantenido
correrá a cargo del empresario y del Estado a partes iguales, excepto en
el supuesto de mayores de 50 años, en cuyo caso el Estado asumirá el
60%.

De este modo, si el salario bruto medio anual fue de 22.790
¤ por trabajado en 2010 (última encuesta de estructura salarial 2010), y
se reduce la jornada el 30%, el 70% restante es asumido en un 35% por el
Estado y en un 35% por el empresario. El Estado asumiría, pues, 7.976,50
¤ por trabajador y año. Si hablamos de salvar 500.000 puestos de trabajo
en 2013, 2014 y 2015, el coste total de la medida ascendería a 3.988
millones de euros/año (7.967,5 x 500.000).

Por su parte, el coste de la prestación contributiva por
desempleo del trabajador ascendería a alrededor de 10.269,6 ¤/año.
Cálculo que se obtiene teniendo en cuenta que al trabajador cuyo contrato
se ha suspendido parcialmente le corresponde el 70% de la base reguladora
de la prestación los primeros 6 meses, y el 50% a partir del séptimo mes,
sobre la base de un cuantía media de la prestación por desempleo de nivel
contributivo de 855,8 ¤/mes (Fuente: Servicio Público de Empleo, mes de
abril de 2013).

Es innegable pues que mantener el puesto de trabajo es más
ventajoso que despedir, pues las arcas del sistema ahorran: el coste de
la medida por trabajador es 2.293,1 euros inferior al coste de la
prestación

contributiva por desempleo por año y por trabajador
(10.269,6 7.976,5), y ello aunque nos e pueda hacer una correlación
automática entre el coste global de la medida y el ahorro global de las
prestaciones por desempleo.

En Alemania ya se ha puesto en práctica este programa,
denominado Kurzarbeit.

ENMIENDA NÚM. 88

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva Disposición adicional,
con la siguiente redacción:

«Disposición adicional décimo segunda. Nuevo marco laboral
para el empleo y la negociación colectiva.

El Gobierno, con carácter inmediato desde la entrada en
vigor de esta Ley, abrirá un proceso de diálogo social para acordar un
modelo de relaciones laborales equilibrado, con respeto a la autonomía
colectiva, y un nuevo marco de negociación colectiva que, entre otras
medidas,

● mantenga la ultraactividad de los convenios
colectivos, sin perjuicio de los mecanismos de arbitraje acordados,

● respete la articulación y estructura de la
negociación colectiva, en los términos del Acuerdo bipartido de 25 de
enero de 2012.

● propicie la flexibilidad interna negociada en las
empresas, con limitación del uso del despido como mecanismo de ajuste
laboral, con medidas que permitan que las suspensiones y reducciones no
sean financiadas exclusivamente con cargo a las prestaciones de los
trabajadores, sino también mediante aportaciones del Estado para mantener
el puesto de trabajo; con medidas que permitan que trabajadores y
empresarios puedan acordar fórmulas que permitan garantizar la
continuidad del proyecto empresarial, sin descartar la reconversión hacia
sociedades laborales o cooperativas.

● evite la potestad unilateral del empresario en las
modificaciones sustanciales del contrato, fundamentalmente en la
determinación de la cantidad del salario, circunstancia que se está
convirtiendo en una causa de despido indirecto, estableciendo que esta
determinación sólo podrá hacerse mediante acuerdo colectivo o, en su
caso, por arbitraje.»

MOTIVACIÓN

La nueva regulación de la negociación colectiva rompe el
equilibrio en el marco de las relaciones laborales y otorga al empresario
un poder unilateral en la fijación de las condiciones de trabajo, con
aumento de la conflictividad social.

La reforma laboral propicia el uso intensivo del despido
como instrumento de ajuste y limita la flexibilidad interna negociada en
las empresas, fórmula que podría evitar muchos despidos y el cierre de
empresas, sin olvidar que la fijación unilateral de la cantidad del
salario por parte del empresario también está propiciando numerosos
despidos indirectos.

Por ello, a través de esta enmienda, se trata de recuperar
la paz social y la autonomía en la negociación colectiva, también en la
fijación de las modificaciones sustanciales del contrato,
fundamentalmente del salario.

Página
79

MOTIVACIÓN

Es necesario desarrollar una nueva estrategia de empleo de
mayores de 50 años, con estímulos y apoyos que propicien su mantenimiento
en el empleo y la prolongación de su vida laboral. Y remover los
obstáculos que están impidiendo su permanencia en el empleo,
fundamentalmente el relativo a la aportación económica que deben realizar
las empresas que en despidos colectivos incluyan a trabajadores de 50 o
más años de edad, disponiendo que tan sólo el despido de uno de estos
trabajadores dará lugar a la aportación económica, medida modificada a
partir de la reforma laboral y del Real Decreto-ley 5/2013, y ahora
remitida a un porcentaje dentro del volumen total de despedidos. Y
también se deben revisar las medidas que han endurecido el acceso a la
cobertura de protección social.

ENMIENDA NÚM. 91

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva Disposición adicional,
con la siguiente redacción:

«Disposición adicional décimo quinta. Planes específicos de
empleo con Comunidades Autónomas.

El Gobierno, con carácter inmediato a la entrada en vigor
de esta Ley, realizará una aportación financiera al Servicio Público de
Empleo Estatal para la financiación de planes específicos de empleo con
aquellas Comunidades Autónomas que tienen una tasa de desempleo superior
al 30 por ciento..

A tal efecto, se suscribirán convenios de colaboración
entre la Administración General del Estado y la Administración de la
Comunidad Autónoma correspondiente.

Las aportaciones financieras, que tendrán carácter
finalista, se destinarán al reforzamiento de las Políticas Activas de
Empleo, y, en particular, el impulso de las acciones desarrolladas por
las unidades de orientación, los promotores de empleo y, en el ámbito del
desarrollo local, aquellas llevadas a cabo por los Agentes Locales de
Promoción de Empleo.

Finalizado el ejercicio 2013 y con anterioridad al 1 de
abril de 2014, la Comunidad Autónoma con quien se hayan suscrito estos
convenios remitirá a la Dirección General del Servicio Público de Empleo
Estatal información de los colectivos de desempleados atendidos con las
aportaciones hechas efectivas y las acciones realizadas.»

MOTIVACIÓN

La necesidad de planes especiales de empleo con Comunidades
Autónomas se fundamenta en los graves recortes financieros en políticas
activas de empleo y en las altas tasas de desempleo que presentan algunas
Comunidades Autónomas, en un contexto de crisis que exige una mayor
dotación financiera para afrontar y responder a las situaciones tan
dramáticas que se están produciendo.

Las altas tasas de paro obligan a los Servicios Públicos de
Empleo a atender a todas las personas desempleadas, dando respuesta a las
necesidades surgidas y reforzando la atención a las mismas, teniendo en
cuenta la prolongación de los periodos de desempleo que están
sufriendo.

Esta situación se ha visto agravada en 2012 por la fuerte
reducción de recursos destinados a las Políticas Activas de Empleo que
gestionan las Comunidades Autónomas. En efecto, los recursos financieros
destinados a las Políticas Activas de Empleo han experimentado, en el año
2012, un recorte global para el conjunto de España del 56,9%, lo que
representa 1.742 M euros menos para gestión de unas políticas que
competen a las Comunidades Autónomas.

Página
81

También deberá acordar con las Comunidades Autónomas los
recursos destinados a la formación y a las políticas activas de empleo,
especialmente las dirigidas a las personas desempleadas de larga duración
o de difícil inserción laboral.

En dichos programas se contemplarán medidas para reforzar
la atención a las personas demandantes de empleo y a las empresas que
ofertan empleo, aprobando con tal finalidad la contratación de 1.500
personas como promotoras de empleo y la contratación de 1.500
orientadores para el reforzamiento de la red de oficinas de empleo, que
realizarán su actividad en las oficinas de empleo de los Servicios
Públicos de Empleo hasta que la tasa de desempleo se sitúe por debajo del
15%.

Esta medida será de aplicación en todo el territorio del
Estado y su gestión se realizará por las Comunidades Autónomas con
competencias estatutariamente asumidas en el ámbito del trabajo, el
empleo y la formación y por el Servicio Público de Empleo Estatal en el
ámbito de sus respectivas competencias.

Respecto de la gestión por las Comunidades Autónomas de
esta medida, los créditos correspondientes se distribuirán
territorialmente entre dichas administraciones, de conformidad con lo
establecido en la normativa estatal.»

MOTIVACIÓN

Las altas tasas de desempleo, fundamentalmente las de las
personas desempleadas con baja cualificación o parados de larga duración,
exigen un refuerzo en la formación y en las políticas actividad
destinadas a la inserción, con programas específicos que atiendan la
realidad del mercado laboral y del territorio. Y también exigen la nueva
contratación de personal especialmente formado para orientarles en su
búsqueda activa de empleo y en su formación y recualificación
profesional, tal y como se hiciera en 2006 y 2011.

ENMIENDA NÚM. 94

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva Disposición adicional,
con la siguiente redacción:

«Disposición adicional décimo octava. Medidas para
facilitar la mayor inserción y la igualdad de oportunidades de las
mujeres.

El Gobierno, en el plazo de tres meses desde la entrada en
vigor de esta Ley, presentará un Informe en el que se analice las mayores
dificultades que tienen las mujeres para su incorporación y permanencia
en el mercado de trabajo a lo largo de su vida activa, para el desarrollo
de actividades de emprendimiento y para el acceso al crédito. Este
informe deberá contener medidas que remuevan esos obstáculos, medidas
concretas en el ámbito de las políticas activas de empleo que atiendan su
menor tasa de actividad.»

MOTIVACIÓN

Remover los obstáculos que impiden la plena inserción
laboral de las mujeres, incluidas las actividades de emprendimiento y el
acceso a créditos que posibilite el desarrollo de estas actividades.

Página
83

denuncia su ausencia y se demanda con carácter de urgencia
el desarrollo de la misma, dada las altas tasas de desempleo que padecen
los jóvenes, 57,2%, que atienda las peculiaridades de nuestro mercado
laboral y las necesidades de formación de los jóvenes, algunos de ellos
con escasa cualificación al haber abandonado el sistema educativo
atraídos por el dinero fácil que provenía del ladrillo.

El desarrollo de este programa deberá estar
convenientemente dotado y contribuir al cambio de nuestro modelo
productivo.

ENMIENDA NÚM. 99

Del Grupo Parlamentario Socialista (GPS)

El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo
previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la
siguiente enmienda a la Disposición adicional nueva.

ENMIENDA

De adición.

Se propone la adición de una nueva Disposición adicional,
con la siguiente redacción:

«Disposición adicional vigésimo tercera. Estrategia de
empleo y formación para jóvenes.

El Gobierno, con carácter inmediato a la entrada en vigor
de esta Ley, elaborará, en colaboración con las CC AA y con la
participación de las agentes sociales, una estrategia de empleo y
formación para jóvenes que, incluirá, al menos, los siguientes ejes de
actuación:

● Una estrategia de empleo y formación para jóvenes,
en línea con las propuestas de garantía de formación y empleo acordadas
en la Unión Europea.

● Una oferta educativa de plazas de formación
profesional reglada que cubra la demanda y suficientemente dotada con
cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

● Medidas dirigidas a los jóvenes desempleados de
entre 20 y 30 años que no tengan título de Enseñanza Secundaria
Obligatoria o que, teniéndolo, no dispongan de cualificación profesional
alguna. A tal efecto, se modificará el contrato para la formación y el
aprendizaje incidiendo en aquellos aspectos que permitan un modelo de
formación en alternancia o dual que conjugue una formación impartida en
un centro de formación de uno de los dos sistemas, con el desarrollo de
la actividad laboral.

Este contrato tendrá una duración de dos o tres años en
función de las necesidades de la empresa y del proceso formativo del
trabajador, no pudiendo superar la jornada laboral el 70 por ciento de la
fijada en convenio colectivo o, en su defecto, la de una jornada de 40
horas semanales en cómputo anual. El salario será el fijado en convenio
colectivo, nunca inferior al Salario Mínimo Interprofesional, y las
contingencias de Seguridad Social cubiertas serán las mismas que para el
resto de trabajadores.

Las empresas deberán designar una persona que será la
responsable de la orientación y el seguimiento de las actividades
laborales, así como de la coordinación con el centro de formación
profesional, como garantía del proceso formativo y de la inserción del
trabajador.

● Medidas dirigidas a jóvenes desempleados menores de
30 años que disponen de cualificación profesional. Entre estas medidas se
incluirá una regulación de las prácticas no laborales en empresas, y
nuevos estímulos para la concertación de contratos en prácticas, entre
ellos, los que permitan el desarrollo de una primera experiencia
profesional.

La regulación de las prácticas no laborales, a través de
becas, prácticas o estancias formativas, entre otras, determinará los
derechos y obligaciones de las empresas y de las personas que desarrollan
esta actividad, con clara diferenciación del trabajo por cuenta ajena y
de los contratos formativos, incluida la primera experiencia
profesional.

Las prácticas no laborales tendrán un duración de entre
seis y doce meses, según la formación que se haya cursado, y formarán
parte del itinerario personal e individualizado del desempleado diseñado
por los Servicios Públicos de Empleo, que deberá desarrollar la tutoría
de estas prácticas.

● Medidas dirigidas a jóvenes escolarizados con claro
riesgo de abandono del sistema educativo. Entre estas medidas se
incluirán:

o Un incremento de la oferta de programas de cualificación
profesional inicial para que todos los jóvenes puedan finalizar con éxito
la educación obligatoria y continuar estudios postobligatorios,
obteniendo al menos una certificación de profesionalidad de Nivel 1.

o La recuperación de la cuantía económica reducida en los
planes de disminución del abandono escolar temprano y de refuerzo,
orientación y apoyo.

o La retirada de la paralización de la reforma, acordada
por todas las Comunidades Autónomas, para dar carácter orientador al
décimo año de la educación secundaria obligatoria.

● Un programa Erasmus para la formación profesional.
A tal efecto, el Gobierno negociará con la Unión Europea el desarrollo de
este programa, con el fin de garantizar a los jóvenes que están cursando
formación profesional la mejora de su formación, a la par que la calidad
y el fortalecimiento de la dimensión europea de estas enseñanzas, con
pleno reconocimiento académico y de sus cualificaciones en toda la
Unión.

● Crédito para la creación de puestos de trabajo para
jóvenes. Con esta finalidad, con cargo a las líneas de crédito del Fondo
Público para la financiación de las empresas, el fomento del autoemplo y
la iniciativa emprendedora, creado en esta Ley, se facilitará crédito de
hasta 30.000 euros por cada puesto de trabajo creado, a un interés que no
superará el Euribor más 50 puntos básicos y con un plazo de amortización
de 10 años, a:

o Las empresas que realicen a jóvenes desempleados menores
de 30 años un contrato de, al menos, dos años de duración. Estas ayudas
estarán supeditadas a la creación neta de empleo y al compromiso de
formación.

o Los jóvenes menores de 30 años para su autoempleo, cuando
desarrollen iniciativas empresariales orientadas a sectores emergentes en
la nueva economía, tales como la tecnología digital.»

MOTIVACIÓN

Las altas tasas de desempleo de nuestros jóvenes obligan a
que de forma inmediata, se adopten medidas que permitan mejorar la
empleabilidad de nuestros jóvenes, con distinción entre los distintos
niveles educativos y la cualificación adquirida a lo largo de sus
enseñanzas académicas, para desde ahí, adoptar las medidas que mejor su
ajusten a su formación y recualificación, con vinculación empresarial.
Todo ello, sin olvidar fórmulas que permitan la creación de puestos de
trabajo y el autoempleo, para lo que se necesitan líneas de crédito con
esta finalidad, y su conjunción con el cambio necesario de nuestro tejido
productivo hacia una economía más competitiva basada en el
conocimiento.