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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 638, de 30/03/2015
cve: BOCG-10-D-638 PDF



BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES


CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


X LEGISLATURA


Serie D: GENERAL


30 de marzo de 2015


Núm. 638



ÍNDICE


Control de la acción del Gobierno


PROPOSICIONES NO DE LEY


Comisión Constitucional


161/003563 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la aprobación de la Estrategia de Gobierno Abierto ... (Página6)


161/003577 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre homenaje a los españoles de Mauthausen ... (Página8)


Comisión de Asuntos Exteriores


161/003155 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de reprobación al expresidente Aznar. Reconsideración del acuerdo anterior... (Página9)


161/003543 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre deportación al ciudadano Renaud Nyame ... (Página10)


161/003556 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural y Mixto, sobre el rechazo a las acciones violentas generadas por sectores de la oposición venezolana ... href='#(Página11)'>(Página11)


Comisión de Justicia


161/003549 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a combatir la difusión de sitios web que fomentan trastornos de la conducta alimentaria entre los jóvenes ... href='#(Página12)'>(Página12)


161/003559 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas urgentes en materia de Justicia en el Partido Judicial de Elche ... (Página14)


Comisión de Interior


161/003565 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la creación de un plan de actuación preventivo y de colaboración de las Fuerzas de Seguridad en el robo de material ferroviario
... (Página14)


Comisión de Defensa


161/003580 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre equiparación de condiciones de trabajo y edad de jubilación de los bomberos que prestan sus servicios en Navantia con los profesionales del mismo sector
de las administraciones públicas ... (Página15)



Página 2





Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas


161/003551 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la mejora de la atención de la Administración de Hacienda a los ciudadanos ... (Página16)


161/003552 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la acuñación de monedas conmemorativas ... (Página17)


161/003591 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la suscripción de convenios entre las entidades locales y la Administración estatal para el desarrollo de ciertas competencias
delegadas ... (Página18)


Comisión de Fomento


161/003578 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la reactivación del Plan de Vías de Gijón (Asturias), su financiación y calendario de ejecución ... href='#(Página20)'>(Página20)


161/003579 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la carretera N-651 a su paso por la zona de A Regueira en el Ayuntamiento de Pontedeume ... (Página21)


161/003581 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a las deficiencias en la nueva terminal del aeropuerto de Lavacolla, en Santiago de Compostela ... (Página22)


161/003585 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la continuación de la Fase II de la circunvalación sur de Elche ... (Página24)


161/003586 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la modernización de la línea de cercanías Alicante-Murcia y la integración ferroviaria de la estación de AVE en Elche ... href='#(Página25)'>(Página25)


161/003587 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la carretera CP-7301 que une Xarás con Carreira por Frións, en el municipio de A Ribeira (A Coruña) ... (Página27)


161/003588 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la transferencia al Ayuntamiento de Ourense de tramos de la N-120 que dan acceso al Bulevar Termal ... (Página28)


161/003589 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre policía portuaria ... (Página29)


Comisión de Educación y Deporte


161/003539 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre reprobación del Ministro de Educación, Cultura y Deporte ... (Página30)


161/003561 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, relativa a conseguir la absolución de los ciudadanos encausados penalmente por defender la educación pública ... href='#(Página31)'>(Página31)


Comisión de Empleo y Seguridad Social


161/003572 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre igualdad de oportunidades de los artistas ... (Página32)



Página 3





Comisión de Industria, Energía y Turismo


161/003550 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de acometer un nuevo modelo eléctrico ... (Página34)


161/003553 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al desarrollo económico, el emprendimiento, el fomento del empleo y la potenciación de la imagen y marca Ceuta ... href='#(Página36)'>(Página36)


161/003557 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la mejora de las condiciones de adjudicación del Programa de Vacaciones del IMSERSO e incremento de las medidas de apoyo a la desestacionalización del
sector turístico ... (Página37)


161/003564 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la reprobación del Ministro de Industria, Energía y Turismo ... (Página38)


161/003590 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el aprovechamiento turístico de embalses en la Comunidad Autónoma de Castilla y León ... (Página39)


Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente


161/003540 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la aplicación de la Política Agrícola Común (PAC) en la Comunitat Valenciana ... (Página40)


161/003545 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la lucha contra la plaga del caracol manzana ... (Página41)


161/003558 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la acuicultura ... (Página42)


161/003575 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre protección de la Vall de Bianya y la variante de Olot (Girona) ... (Página44)


Comisión de Sanidad y Servicios Sociales


161/003547 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la gestión de casos ... (Página45)


161/003582 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre pacientes celíacos ... (Página47)


161/003584 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre exclusión del copago farmacéutico de las personas en situación de desempleo que no perciben ingresos ... (Página48)


Comisión de Cultura


161/003573 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre igualdad de oportunidades de los artistas ... (Página49)


Comisión de Igualdad


161/003538 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, relativa a la igualdad económica y laboral entre hombres y mujeres ... (Página51)



Página 4





161/003544 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la necesidad de adoptar medidas contra las manifestaciones sexistas y la apología de la violencia de género en los eventos deportivos
... (Página54)


161/003574 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre igualdad de oportunidades de los artistas ... (Página55)


Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad


161/003537 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre un nuevo marco normativo para la inclusión laboral de las personas con discapacidad ... (Página57)


161/003546 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre jubilación de los trabajadores con discapacidad ... (Página58)


161/003583 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a retirar del Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) y tesauro europeo de educación las acepciones peyorativas en relación al Síndrome de
Down ... (Página59)


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL


Comisión de Justicia


181/003098 Pregunta formulada por el Diputado don Julio Villarrubia Mediavilla (GS), sobre previsiones acerca de trasladar los juzgados y otros servicios e instalaciones en Palencia para la realización de las obras en la Audiencia Provincial
... (Página60)


Comisión de Interior


181/003112 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre robo de la Virxe do Cristal y actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al respecto ... (Página61)


181/003113 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre presunto asesinato del párroco de Vilanova dos Infantes, en Celanova y actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al respecto ... href='#(Página61)'>(Página61)


Comisión de Fomento


181/003090 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), sobre opinión del Gobierno acerca de si la alta intensidad de tráfico de vehículos y el tránsito peatonal existente en la carretera N-550 a su paso por
el municipio de Pontevedra aconseja tomar medidas que eleven el grado de seguridad vial para vehículos y peatones ... (Página61)


181/003091 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), sobre actuaciones para incrementar el nivel de seguridad vial en la carretera N-550 a su paso por el municipio de Pontevedra ... href='#(Página62)'>(Página62)


181/003092 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), sobre previsiones acerca de proceder a la construcción de pasos peatonales seguros en la carretera N-550, en el tramo comprendido entre las rotondas de
Alba y Médico Ballina en el municipio de Pontevedra ... (Página62)


181/003093 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), sobre previsiones acerca de desafectar los kilómetros del antiguo trazado ferroviario entre el río Verdugo, en Pontesampaio, y O Pino, en Pontevedra,
que quedan fuera del uso ferroviario una vez que entra en servicio la doble vía de alta velocidad ... (Página62)



Página 5





181/003094 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), sobre actuaciones realizadas por el Ministerio de Fomento en la carretera N-550 a su paso por el municipio de Barro en el año 2014 ... href='#(Página63)'>(Página63)


181/003095 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), sobre actuaciones previstas por el Ministerio de Fomento en la carretera N-550 a su paso por el municipio de Barro en el año 2015 ... href='#(Página63)'>(Página63)


181/003096 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), sobre inicio de alguna comunicación con el Gobierno de la Xunta de Galicia o con la Diputación de Pontevedra para acometer actuaciones conjuntas para
resolver los problemas de seguridad vial existentes en la carretera N-550 a su paso por el ayuntamiento de Barro ... (Página63)


181/003097 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), sobre fechas de inicio y finalización de las obras en la carretera N-541 a su paso por el municipio de Pontevedra, así como presupuesto total de
actuación ... (Página63)


181/003114 Pregunta formulada por la Diputada doña María Soraya Rodríguez Ramos (GS), sobre planes del Ministerio de Fomento en relación al paso a nivel de Pilarica en Valladolid, cuando circulen por el corredor ferroviario trenes AVE en
dirección norte ... (Página64)


Comisión de Cultura


181/003110 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre actuaciones que tendría que llevar a cabo el Gobierno en el caso de que la Audiencia Nacional dicte sentencia favorable y obligue a revocar la orden de
cambio de usos del Castillo de Monterrei en la provincia de Ourense, para que sea convertido en hotel de lujo ... (Página64)


181/003111 Pregunta formulada por la Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado (GS), sobre previsiones acerca de revocar el acuerdo firmado con la Xunta de Galicia por el que se ampliaron los usos del Castillo de Monterrei en la provincia de
Ourense, para que fuera convertido en hotel de lujo ... (Página64)


Competencias en relación con otros órganos e instituciones


COMUNIDADES AUTÓNOMAS


093/000018 Convenio de cooperación entre las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha y Madrid para la prestación de atención sanitaria especializada en determinadas zonas limítrofes de ambas Comunidades Autónomas ... href='#(Página65)'>(Página65)



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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO


PROPOSICIONES NO DE LEY


La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2015.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


Comisión Constitucional


161/003563


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la
aprobación de la Estrategia de Gobierno Abierto, para su debate en la Comisión Constitucional.


Exposición de motivos


España sufre la mayor crisis institucional desde la llegada de la democracia. Diversas encuestas indican un amplio consenso ciudadano en torno a la necesidad de mejorar y reforzar nuestro sistema democrático. La ciudadanía demanda nuevas
formas de participación que permitan incrementar su implicación en la definición de las políticas y en la toma de decisiones por parte de los diferentes poderes públicos, reformas para avanzar en la mejora de nuestro sistema democrático.


La participación cívica, como libre expresión del pluralismo y la diversidad, son grandes señas de identidad de la sociedad española, pero requiere más espacios para la participación política, más cauces para la expresión de sus propuestas e
instrumentos más actualizados y eficaces para cumplir con el contenido de los artículos 20 y 23 la Constitución, que reconocen el derecho a la participación de todos los ciudadanos y ciudadanas en la vida política, económica, cultural y social.


La exigencia constitucional de eliminar obstáculos que impidan o dificulten su plenitud obliga a mejorar y reformar nuestro ordenamiento jurídico, contemplando con mayor precisión y claridad todas las medidas necesarias para mejorar la
transparencia, el derecho de acceso a la información de la ciudadanía y su participación en los asuntos públicos. Estos cambios constituyen la base para la mejora institucional y de gobierno.


Al tiempo, la revolución que ha supuesto Internet a nivel gloval todavía no ha llegado suficientemente a los poderes públicos. Internet hace posible técnicamente que cualquier persona, prácticamente desde cualquier sitio, pueda acceder,
conocer y controlar en tiempo real las actuaciones de la Administración. Se trata del mayor foro imaginable para el debate y la participación política de la ciudadanía.


En una sociedad democrática avanzada los ciudadanos y ciudadanas, además de ver reconocidos sus derechos más elementales dentro de un procedimiento administrativo como parte interesada, tienen que poder saber, tomar parte y colaborar
activamente. Esto reforzará nuestra democracia y servirá de impulso para una acción de gobierno transparente y para una administración más eficaz, cercana y servicial.


Ante esta realidad surge la idea de caminar hacia un Gobierno Abierto. Un Gobierno, unas instituciones y unos políticos capaces de entablar una conversación permanente con los ciudadanos y ciudadanas, de escuchar lo que dicen y solicitan.
Capaces de tomar decisiones teniendo en cuenta las necesidades y preferencias ciudadanas, facilitando la participación y la colaboración de la ciudadanía en la definición de las políticas públicas, proporcionando información y comunicando de forma
transparente de aquello que



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se decide y hace, sometiéndose a criterios de calidad y de mejora continua, rindiendo cuentas y asumiendo responsabilidades ante la ciudadanía a la que ha de servir.


Es imprescindible, por tanto, hacer más accesibles, horizontales y plurales los mecanismos de consulta y de definición de políticas, la toma de decisiones y la rendición de cuentas, como parte fundamental del proceso de empoderamiento
ciudadano. Para ello, es necesario incorporar herramientas y procedimientos para caminar hacia Gobiernos Abiertos, liderando las acciones necesarias para garantizar que las herramientas tecnológicas sean accesibles a toda la ciudadanía, luchando
por reducir la brecha digital.


La práctica del Gobierno Abierto como respuesta a la demanda y necesidad de nuestra sociedad de más y mejor democracia. Durante la pasada legislatura, tanto en el gobierno central como en otras administraciones públicas españolas, se
hicieron avances notables en este sentido. Ejemplo de ello son iniciativas de apertura de datos como las de la Generalitat de Cataluña, del Gobierno Vasco, del Principado de Asturias y del Ayuntamiento de Gijón, entre otras experiencias. Modelos
ejemplares de Gobierno Abierto como el de Reino Unido, Estados Unidos, Euskadi (Irekia) y Navarra, o la Ley de Gobierno Abierto de Extremadura —la única en nuestro país, impulsada por el Grupo Socialista y aprobada por unanimidad de la Cámara— son
casos prácticos a seguir por la Administración General del Estado y el Ejecutivo Central.


En 2011, España ocupaba el tercer puesto en el ranking mundial de índice de E-participación (participación electrónica), mejorando 31 puestos respecto a 2008. Además era 9.ª en el índice de Naciones Unidas del desarrollo de gobierno
electrónico y fue premiada por la ONU por los avances en la administración electrónica. Pero hoy en día no es suficiente preservar lo conseguido. Mientras España se detiene y retrocede el resto del mundo sigue avanzando en políticas públicas
tecnológicas. En 2014, España ya no se encuentra entre los primeros diez puestos, actualmente ocupa la 12.ª posición en el índice de desarrollo de gobierno electrónico; de hecho, no ha recuperado su posición anterior al informe previo del 2012,
cuando pasó del 9.º al puesto 23.º En el ranking de E-participación nos encontramos en el puesto diecinueve, confirmándose la preocupante tendencia descendente de los últimos cuatro años y colocándonos en el vagón de cola de los países europeos.


Nuestro país necesita retomar esfuerzos y liderazgo para hacer posible mejorar la calidad de nuestra democracia, a través de la consecución de un gobierno y administración abierta, transparente y participativa.


Recientemente se ha puesto en marcha el Portal de Transparencia, como viene recogido en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. No obstante, este portal carece de muchos de los
indicadores y estándares internacionales para ser reconocido como un portal de transparencia real y accesible para la ciudadanía. Para poder iniciar una estrategia de Gobierno Abierto en nuestro país es imprescindible contar con un portal de
transparencia a la vanguardia. Sin el acceso a la información del sector público, el Gobierno difícilmente puede actuar de forma transparente, rendir cuentas a la sociedad o colaborar con distintos actores. La ciudadanía, por su parte, no puede
participar en la toma de decisiones o aportar sus ideas a las políticas públicas.


En definitiva, el objeto principal de esta Proposición no de Ley es impulsar una estrategia completa y transversal para hacer nuestra democracia más participativa y conseguir un control más eficaz por parte de la ciudadanía sobre los poderes
públicos que les representan. La política debe abrir lo público a la sociedad, haciéndolo más transparente, obligando a la publicación de las decisiones o actuaciones en materia de personal, remuneraciones de cargos públicos, contrataciones,
subvenciones, urbanismo, gestión patrimonial, impacto ambiental o sobre el patrimonio histórico-artístico, así como de cualquier otra que sea de interés público.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, en el plazo máximo de dos meses, la elaboración y aprobación de una estrategia de Gobierno Abierto en la Administración General del Estado, mediante un proceso abierto y
participativo, que incluya:


a. La puesta en marcha de un Portal de Gobierno Abierto, que permita implementar adecuadamente los pilares de transparencia, participación y colaboración, promoviendo la escucha activa y la conversación entre la ciudadanía y la
Administración Pública.


b. La puesta en marcha de una estrategia de apertura de datos, que suponga la publicación de toda la información que maneja y elabora el sector público. Publicando todos los datos sobre actividad organizativa, programación, contratos,
concesión de servicios, convenios, subvenciones, ayudas,



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presupuesto, etc. Estos datos deberán ser publicados bajo licencias abiertas y en formatos reutilizables, facilitando el acceso y su utilización por parte de la ciudadanía.


c. La creación, dentro del Portal de Gobierno Abierto, de un canal que permita la comunicación directa, la interacción y la colaboración entre la ciudadanía y la administración, pudiendo opinar, instar, solicitar, aportar, colaborar y, en
definitiva, interactuar con los poderes públicos y con la Administración General del Estado. Y permitiendo que todas las leyes, decretos, medidas o decisiones de otro tipo que tome el Gobierno puedan ser debatidas, valoradas, criticadas y
completadas (incluso antes de su elaboración) con las opiniones de los ciudadanos y ciudadanas. Estas aportaciones se podrán realizar sobre las medidas impulsadas por el Gobierno pero también la ciudadanía podrá plantear sus propias propuestas,
ideas, iniciativas para ser discutidas y analizadas entre todos y todas de manera abierta y pública.


d. Una apuesta decidida por potenciar una cultura de la participación entre la ciudadanía, garantizando el acceso de la ciudadanía a la tecnología, potenciando el software libre, la alfabetización tecnológica y la conectividad de toda la
población, reduciendo la brecha digital.


e. La mejora del Portal de Transparencia, atendiendo a las recomendaciones de organismos y colectivos, a fin de facilitar y mejorar el acceso de la ciudadanía a la información, la comprensión de los datos y la puesta a disposición de los
mismos en formato abierto.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2015.—María González Veracruz, Diputada.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


161/003577


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
homenaje a los españoles de Mauthausen, para su debate en la Comisión Constitucional.


Exposición de motivos


El próximo 5 de mayo se cumple el 70.º aniversario de la liberación del campo de concentración nazi de Mauthausen. También este año, el 6 de agosto, se cumplirá el 75.º aniversario de la llegada de los primeros españoles a ese campo cercano
a Linz (Austria). En este campo de trabajos forzados y sus cuatro subcampos, incluido uno especial para mujeres, estuvieron prisioneros, entre 1940 y 1945, un número estimado de 235.000 personas de las que, aproximadamente, la mitad (122.000)
fueron víctimas mortales del exterminio decidido por los jerarcas nazis.


Este campo de concentración, y especialmente el subcampo de Gussen, es popularmente conocido como «el campo de los españoles» por la notable presencia de los mismos entre sus prisioneros. Entre 1940 y 1945, hasta 7.532 hombres, mujeres y
niños españoles, de los casi 10.000 en que se cifran los españoles en campos nazis, fueron enviados al mismo. De ellos, fallecieron aproximadamente 5.000, la mayor parte de ellos como consecuencia del trabajo esclavo, las condiciones sanitarias
deplorables, las enfermedades y el hambre, pero también fusilados, apaleados, gaseados o ahorcados.


En un primer momento (1940), estos «españoles de Mauthausen» procedían del grueso de españoles republicanos que cruzaron la frontera francesa en los últimos meses de la guerra civil, pasaron a formar parte del Ejército francés y llegaron a
Mauthausen-Gussen previo paso por algunos campos de prisioneros de guerra. En un segundo momento (sobre todo, desde 1943), llegaron por su actividad en el seno de la Resistencia Francesa. Un tercer grupo estaba integrado por civiles, incluidos
mujeres y niños, que procedían de los campos de refugiados del sur de Francia (Les Alliers).


Unos y otros tenían la condición de apátridas, dada la falta de reconocimiento, por parte del Gobierno de la dictadura franquista, de la existencia de españoles más allá de las fronteras nacionales. De hecho, llegaron a Mauthausen por la
decisión de las autoridades nazis, españolas y del gobierno de Vichy de exterminarlos, dejando de considerarlos prisioneros de guerra y pasando a ser considerados apátridas.



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Este grupo de españoles consiguieron cierta organización en el campo y los soldados que liberaron el campo fueron recibidos por una pancarta que, en castellano, rezaba: «Los españoles antifascistas saludan a las fuerzas libertadoras».


Del campo de Mauthausen salieron 2.335 españoles vivos. Hoy en día este colectivo de españoles en Mauthausen se reduce a un número en torno a los veinticinco.


Los españoles de Mauthausen fueron los únicos supervivientes del campo que, como consecuencia de la pervivencia de la dictadura franquista, no fueron recibidos en su país como héroes. A pesar de ello, han sido objeto de cierto
reconocimiento fuera de nuestras fronteras. Fundamentalmente en Francia, donde la mayoría residen en la actualidad, han tenido acceso a la nacionalidad, han sido objeto de homenajes e incluso de condecoraciones. Hoy mismo hemos conocido la
decisión del Gobierno francés de conceder la Legión de Honor a todos los deportados españoles que permanecen con vida.


En España, el Presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, viajó en 2005 a Mauthausen con motivo del 60° aniversario de la liberación, y, ante el monumento a los 5.000 españoles muertos en el campo, protagonizó el primer homenaje
oficial de un presidente español a los republicanos víctimas del nazismo. No obstante, diez años después de aquel primer homenaje, es inexcusable que con ocasión del 70.º aniversario de la liberación del campo, se produzca un reconocimiento
específico de este colectivo en nuestro país, que sirva además para mantener viva la memoria de aquellos deportados luchadores por la libertad.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, con motivo de la conmemoración, el próximo 5 de mayo, del 70.º aniversario de la liberación del campo de concentración nazi de Mauthausen, lleve a cabo un solemne acto de homenaje,
personal y colectivo, reconocimiento y reparación moral a los españoles que estuvieron prisioneros en los campos de exterminio, a su legado de dignidad y de valentía y a su innegable condición de héroes de la lucha por la libertad y de víctimas del
totalitarismo. Con tal motivo, el Consejo de Ministros acordará la concesión a los supervivientes españoles de Mauthausen y otros campos de concentración nazis de una condecoración oficial, para su entrega con ocasión de dicho aniversario.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de marzo de 2015.—Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


Comisión de Asuntos Exteriores


161/003155


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, tras oír con carácter previo a la Junta de Portavoces, ha acordado reconsiderar, conforme al artículo 31.2 del Reglamento, su acuerdo de admisión a trámite de la Proposición no de Ley del
Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de reprobación al expresidente Aznar, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores, publicada en el «BOCG. Congreso de los Diputados»,serie D, núm. 556, de 11 de noviembre de
2014, inadmitiendo a trámite, en consecuencia, dicha iniciativa, dando traslado de este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la misma, así como al Grupo Parlamentario autor de la solicitud de reconsideración, al Gobierno y a la Comisión de
Asuntos Exteriores, y publicando dicha inadmisión a trámite en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2015.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


Nota.—La iniciativa de referencia fue publicada en «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, núm. 556, de 11 de noviembre de 2014.



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161/003543


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre deportación al ciudadano Renaud Nyame, para su debate en la
Comisión de Asuntos Exteriores.


En la última semana se ha conocido el caso de Renaud Nyame, ciudadano camerunés que, después de pasar nueve meses bloqueado en Melilla, ha sido internado en el CIE de Barcelona para su expulsión del país. El camerunés, conocido por Belletti
entre sus amistades, tras su detención filtró dos vídeos que se hicieron públicos y que demuestran cómo la Guardia Civil le había ofrecido un trato para regularizarse a cambio de información.


Los vídeos ilustran cómo un agente de la Guardia Civil en un interrogatorio ofrece a Renaud —utilizando formas y expresiones que rozan el chantaje— «las llaves de Europa» a cambio de que actúe como «chivato»; y en caso de no colaborar, el
agente le amenaza con bloquear su salvoconducto a la Península, como así ha sucedido durante nueve meses.


La posibilidad de ofrecer un permiso de residencia o de garantizar que no se deportará a una persona a cambio de «facilitar información como víctima, perjudicado o testigo de un acto de tráfico ilícito de seres humanos o inmigración ilegal»,
se deriva del artículo 59 de la LOEX. Pero en el caso de Renaud, que ya había comunicado a la Guardia Civil en varias ocasiones que no disponía del tipo de información sobre la que le preguntaban, el supuesto del artículo 59 no se aplica como un
posible beneficio para él en caso de colaborar, sino como un chantaje.


Estas prácticas policiales, más allá de su cuestionable legalidad, amparan unas dinámicas institucionales racistas, mezquinas y vulneradoras de los derechos de las personas migrantes. La persecución y represión en las zonas adyacentes a la
frontera, las devoluciones en caliente, las palizas en la valla, las vejaciones en los CIE y el chantaje son algunas de las piezas de este entramado que ha perseguido a Renaud. El mayor problema es que este caso no es una excepción, sino la norma,
el maltrato a las personas migrantes es sistemático y amparado por la Ley Orgánica de Extranjería (LOEX).


En primer lugar porque Renaud, con las dificultades por las duras condiciones en que se encuentran las personas indocumentadas en nuestro país, quiere construir su proyecto de vida en Madrid al lado de su pareja, sus amigos y sus compañeros
y compañeras. De hecho, su pareja ha escrito una carta pública dirigida al Ministro de Interior alegando: «Le aseguro que puedo encargarme de su completa manutención, tiene un trabajo esperando por él y,lo más importante, tiene una familia
deseando acogerle y que además le necesita». Por otro lado, el derecho a la movilidad, tal como recoge la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, no puede estar restringido a las ciudadanas nacidas en países ricos; todas las
personas deben poder moverse y vivir en el territorio que elijan. Por eso vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que Renaud no sea deportado y no tenga que renunciar a su vida, a sus relaciones y a sus proyectos. Para ello, su
abogado ha presentado un escrito solicitando su libertad en el juzgado instrucción n.º 4 de Melilla aportando todo el arraigo.


En segundo lugar, porque Renaud puede y quiere narrar el entramado de la Frontera sur, ya que, como la mayoría de personas que entran en territorio europeo por la zona sur, ha sido testigo de múltiples vulneraciones de derechos y posee
numerosas pruebas en formato de video y foto. Su testigo pone en evidencia las prácticas del gobierno español y marroquí, las responsabilidades que el Ministerio del Interior español trata de eludir en materia de Derechos Humanos y la política
migratoria racista española y europea.


En tercer lugar, porque la narración del camerunés pone en jaque el marco de relaciones y prácticas institucionales que se dan en la frontera sur: la legislación española, las responsabilidades del Ministro del Interior, las prácticas del
cuerpo de la Guardia Civil y, en definitiva, la barbarie legitimada de la frontera, donde las vidas humanas cobran valor según de qué lado estén. La frontera sur vive en un estado de sitio permanente en el marco de un Estado de derecho, por todo
esto, y después de la entrega a la Delegación del Gobierno del presente comunicado firmado por diferentes organizaciones y personas comprometidas con los Derechos Humanos.



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Por todo ello, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Que se detenga el proceso de deportación y se libere inmediatamente al ciudadano Renaud Nyame ya que se ha probado su arraigo en el Estado Español.


2. La asunción de responsabilidades por parte del Gobierno Español de la situación en la Frontera sur, así como la denuncia y el enjuiciamiento de las prácticas ilegítimas que se dan en ésta.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2015.—Joan Josep Nuet Pujals, Diputado.—José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


161/003556


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, los Grupos Parlamentarios abajo firmantes presentan la siguiente Proposición no de Ley de rechazo a las acciones violentas generadas por sectores de la oposición venezolana, para su
debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.


Exposición de motivos


La victoria de Nicolás Maduro en las elecciones democráticas de abril de 2013 inició una etapa de violencia después de que el derrotado líder de la oposición Henrique Capriles Radonski, hiciera un llamamiento «a expresar la rabia» y
advirtiendo que los actos violentos que pudieran producirse en las siguientes horas serían responsabilidad del Gobierno Nacional venezolano. La consecuencia de este llamamiento fue un trágico saldo de nueve personas asesinadas por civiles de la
oposición mientras celebraban la victoria del Presidente Nicolás Maduro, y que fueron atacadas incluso por armas de fuego.


En esta misma línea, en los últimos dos años, Venezuela ha sido víctima de acciones de violencia política que han provocado graves vulneraciones de los derechos humanos de la población. Hechos en los que han estado implicados, tanto en su
planificación como en su ejecución, algunos partidos, movimientos y personalidades de la oposición política en Venezuela.


Estas acciones violentas no se pueden entender de forma aislada, sino que hay que relacionarlas con los intentos de golpe de estado que atentan contra la institucionalidad democrática y la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano.


A principios de 2014, el opositor Leopoldo López, así como la exdiputada María Corina Machado, Antonio Ledezma y otros dirigentes de la oposición venezolana hicieron un llamamiento a que la población saliera a la calle para acabar con el
Gobierno de Maduro iniciando así una campaña denominada «La salida» de manifestaciones y protestas que duraron meses.


Las protestas, pese a que generalmente se iniciaban con marchas pacíficas, terminaban con largos enfrentamientos entre los cuerpos de seguridad y jóvenes encapuchados armados de piedras y bombas caseras, mientras que en Internet los
radicales difundían instrucciones para armar barricadas con alambres, escombros, árboles y postes derribados.


Los impulsores de las protestas, lejos de hacer un llamamiento a la calma y a la protesta pacífica, han continuado alentando estas protestas, cuyo saldo es de 43 personas fallecidas y 878 heridos. Los autores de la mayoría de estas muertes
fueron civiles armados de la oposición, mientras que solo seis personas fueron víctimas de la actuación arbitraria de agentes estatales.


Recientemente, los Grupos Parlamentarios firmantes tuvimos la oportunidad de conocer de primera mano los testimonios de víctimas y familiares de víctimas de la violencia política ocurrida en Venezuela durante los sucesos de abril de 2013 y
febrero a junio de 2014, a través del «Comité de Víctimas de la Guarimba y el Golpe Continuado», quienes denunciaban que la campaña internacional contra el Gobierno venezolano da oxígeno a los violentos en su esperanza de derrotar a Nicolás Maduro
mediante la violencia



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en lugar de hacerlo mediante los votos, a la vez que denunciaban el chantaje de estos violentos de que no habría paz social mientras no expulsaran a los bolivarianos del poder.


En tal sentido, una actitud beligerante y sesgada del Gobierno español y algunos medios de comunicación —que contrasta con el silencio y legitimidad para con otros países donde sí rigen dictaduras y hay graves violaciones de los derechos
humanos— no favorece a la urgente pacificación del país venezolano y solo añaden más tensión al clima de desestabilización propiciado en Venezuela mediante el constante cuestionamiento de la actuación de un Gobierno elegido democráticamente en las
urnas por el pueblo venezolano.


Por lo expuesto, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«1. El Congreso de los Diputados expresa su rechazo a las acciones violentas generadas por sectores de la oposición venezolana durante los años de 2013 y 2014, con el objetivo de subvertir el orden constitucional de la República Bolivariana
de Venezuela y el funcionamiento de sus instituciones democráticas, así como manifiesta su solidaridad con las víctimas y sus familiares.


2. EI Congreso de los Diputados insta al Gobierno a no contribuir a la desestabilización del país ni alentar las acciones golpistas en la República Bolivariana de Venezuela, respetando su soberanía, favoreciendo la solución dialogada de las
diferencias, la paz y el respeto al orden constitucional vigente y a sus instituciones democráticas, así como promoviendo el respeto a los Derechos Humanos.


3. El Congreso de los Diputados saluda las iniciativas de diálogo y paz promovidas por UNASUR con el objetivo de mantener la región como una zona de paz en la que se preserven los DDHH y se defienda la democracia.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2015.—Joan Tardà i Coma, Rosana Pérez Fernández y Jon Iñarritu García, Diputados.—Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda
Plural.—Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Comisión de Justicia


161/003549


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para combatir la
difusión de sitios web que fomentan trastornos de la conducta alimentaria entre los jóvenes, para su debate en la Comisión de Justicia.


Exposición de motivos


La anorexia y la bulimia son consideradas dos enfermedades especialmente graves y en pleno proceso de expansión entre niños y adolescentes. Según todos los estudios internacionales, y especialmente los de la Asociación Nacional de la
Anorexia Nerviosa de Estados Unidos, en los últimos años la edad de inicio en los enfermos ha disminuido alarmantemente; y en la actualidad es frecuente a partir de los doce años de edad. En España, según la directora de prevención y promoción de
la salud de la Asociación contra la Anorexia y la Bulimia (ACAB), el 6 % de las chicas jóvenes y adolescentes de doce a veinticuatro años sufren un trastorno de la conducta alimentaria; y el 11 % está en alto riesgo de sufrirlo.


En los países desarrollados, una de cada 200 niñas de entre doce y catorce años padece anorexia y/o bulimia. Por desgracia al menos el 10 % de estos enfermos muere como consecuencia de la enfermedad; y un porcentaje muy elevado no llega a
curarse del todo y termina sufriendo recaídas a lo largo de su vida.


Aunque las causas que provocan este tipo de enfermedades no están del todo claras, la comunidad médica sí comparte la idea de que los factores que la desatan, promueven y refuerzan son ambientales y del entorno:, la presión social, los
medios de comunicación, la moda, los nuevos cánones de belleza, el éxito, etc.



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Y es precisamente en este entorno donde surgen en Internet las páginas pro-anorexia (pro-ANA) y pro-bulimia (pro-MIA), en las que se hace apología de estas enfermedades y se defienden como un «estilo de vida». Son cientos de páginas web
frecuentadas, y en muchas ocasiones también creadas, por menores de edad, lanzando sus mensajes e instaurando una especie de nuevo credo en el que «ANA» y «MIA» se convierten en los modelos a seguir.


Entre sus contenidos más duros figuran las técnicas autoagresivas a las que denominan «Pro-Si», con las que «enseñan» a los usuarios a infringirse diversos grados de dolor con el objetivo de «quemar calorías» y «reforzar el autocontrol».
Asimismo, cuentan con una sección donde se intercambian nombres de medicamentos, diuréticos, adelgazantes... Se fomenta además el empleo de cocaína para disminuir y controlar el apetito, así como las anfetaminas, el tabaco, el alcohol o el éxtasis.


Según un informe elaborado por la Agencia de Calidad de Internet (IQUA) y la Asociación contra la Bulimia y la Anorexia (ACAB), Internet se ha convertido en un espacio de creciente promoción de contenidos que hacen apología de la anorexia y
la bulimia. Desde el año 2006, el crecimiento de sitios web fue de un 470 %, un índice que supera incluso el de Facebook (450 %). Actualmente, en un buscador de Internet como Google, aparecen alrededor de 500.000 páginas pro-anorexia y pro-bulimia
en menos de un segundo; y el 75 % de personas que consultan estos contenidos de la red son menores de edad.


Este fenómeno preocupa a médicos y psicólogos; pero que la batalla es cada vez más difícil: a los sitios «pro-ana» (pro-anorexia) y «pro-mia» (pro-bulimia) se sumaron, en primer lugar, los blogs y fotologs que «militan» en la misma
dirección y promueven entre las adolescentes enfermedades que pueden llevarlas a la muerte. Luego, llegó el momento de las redes sociales, donde la propagación viral de este tipo de contenidos es alarmante.


La principal dificultad es la inexistencia de un marco regulatorio claro al respecto y la falta de compromiso de los proveedores que les dan cabida. Por lo tanto, urge tomar medidas para frenar esta información tan nociva y hacer que las
grandes plataformas que alojan estás páginas web y las redes sociales se impliquen en la retirada inmediata de estos contenidos. Además, hay que trabajar para que al buscar las palabras anorexia y bulimia en Internet no salgan primero las que hacen
apología de estas enfermedades, sino las que ayudan a abordar esta cuestión desde un punto de vista médico y serio.


En algunos países sí existe regulación. En Francia, desde 2008, los responsables de estas páginas pueden llegar a enfrentarse a tres años de cárcel y una multa de hasta 30.000 euros. Asimismo, en Italia se acaba de abrir el debate con la
presentación de un Proyecto de Ley que prevé hasta dos años de cárcel y multas de entre 10.000 y 100.000 euros para quien instigue a la anorexia o la bulimia.


El Ministerio de Justicia acogió desde el mes de septiembre reuniones del grupo de trabajo constituido el pasado mes de junio por Red.es para elaborar las bases legislativas que regulen la protección a los menores en Internet. El equipo de
expertos se centrará en el desarrollo de un marco normativo que contemple aspectos como el derecho de acceso a Internet y los peligros a los que se enfrentan los menores en este ámbito.


En los próximos meses, el grupo abordará el «ciberacoso», «sexting», «grooming» o la suplantación de identidad. Y también se buscarán formas para regular el acceso de los menores a contenidos inadecuados o a comunidades peligrosas, por lo
que creemos que sería positivo que incorporasen también a dichos trabajos este creciente problema y soluciones al mismo.


Por todo lo expuesto el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a profundizar en el estudio de la protección de los menores en Internet frente a la difusión de sitios web que fomenten trastornos de la conducta alimentaria de los jóvenes, entre los riesgos
que ya está abordando el grupo de trabajo que integra el Ministerio de Justicia.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2015.—Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular.



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161/003559


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
medidas urgentes en materia de Justicia en el Partido Judicial de Elche, para su debate en la Comisión de Justicia.


Exposición de motivos


La situación de la Justicia en el Partido Judicial en Elche es muy negativa. La falta de medios, dotaciones y personal está llevando a que los Juzgados de Instancia tengan una carga de trabajo de más del 320 %, una situación insostenible
que degrada la justicia. Esta situación ha sido denunciada en multitud de ocasiones no solo por los trabajadores y trabajadoras sino que incluso los propios Magistrados han mostrado su malestar ante esta situación insostenible.


Pero esta situación de colapso se extiende también a otros juzgados pertenecientes al Partido Judicial de Elche, en concreto el único Juzgado Contencioso-Administrativo que da servicio acumula retrasos de más de dos años, lo que lleva a que
los ciudadanos sufran innecesariamente esta situación de desamparo.


También encontramos situaciones de retrasos y mal funcionamiento en el Registro Civil por su infradotación. Hay que recordar que el Registro Civil de la ciudad de Alicante cuenta actualmente con treinta y seis funcionarios, mientras que el
Registro Civil de Elche que atiende a una población similar tan solo cuenta con nueve efectivos, sin duda alguna se trata de una infradotación.


La media de jueces en la Comunidad Valenciana es de diez por cada 100.000 habitantes y en el Partido Judicial de Elche hay veinte magistrados por cada 300.000 ciudadanos, es decir solo 6,5, y la media de España es de 11,1 juez por cada
100.000 habitantes. La situación en el Partido Judicial de Elche es muy negativa como consecuencia de la falta de medios y dotaciones.


En definitiva, vemos como la falta de recursos humanos está degradando la Justicia en el Partido Judicial de Elche y perjudicando gravemente a los ciudadanos de nuestra zona sin que la Generalitat Valenciana y el Ministerio de Justicia
pongan solución a un problema grave que afecta a miles de ciudadanos y ciudadanas.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Crear el Juzgado de Primera Instancia n.º 7, en el Partido Judicial de Elche.


2. Crear el Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 2, en el Partido Judicial de Elche.


3. Ampliar los recursos materiales del Registro Civil así como de su personal que hasta ahora es insuficiente para la carga de trabajo de este Registro.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2015.—Federico Buyolo García y Antoni Such Botella, Diputados.—Miguel Ángel Heredia Díaz Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


Comisión de Interior


161/003565


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante
la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley relativa a la creación de un plan de actuación preventivo y de colaboración de las Fuerzas de Seguridad en el robo de material ferroviario.



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Antecedentes


El robo de cable de cobre no es un hecho nuevo y son ya demasiadas las veces que los ciudadanos que utilizan el transporte público como los trenes de cercanías de RENFE ven como no llegan a su destino en el tiempo previsto y pasan largos
ratos de espera en su vagón con un mensaje repetitivo en la megafonía dónde se aduce a causas ajenas a la compañía.


No es solo el coste económico del cable sustraído sino el coste para centenares y miles de persones afectadas por esta circunstancia. De suceder como ha pasado con vías del AVE, no es solo el agravio hacia los pasajeros por los retrasos
sino que también hay un riesgo para la seguridad del convoy y otros trenes a su paso por esa zona o zonas colindantes.


En respuesta a una pregunta parlamentaria pudimos saber que entre los años 2010 a 2014 se han producido 5.628 robos de cable de cobre. Se sustrajeron 1.248 kilómetros de cable, sobre una red ferroviaria de 15.000 kilómetros.


El coste de estos 5.628 robos ascendió, según el Gobierno, a 39.612.667 millones de euros, una cifra elevadísima que coexiste con unos presupuestos de inversión y de mantenimiento ferroviario cada año menor, dejando de lado los AVE,
degradándose las instalaciones, estaciones y trenes, lo cual siempre afecta negativamente a la calidad del servicio prestado.


Las actuales medidas de seguridad, preventivas y de reacción, se ven superadas por el gran número de robos y actuaciones vandálicas que perjudican a los usuarios y a las mercancías. Por ello es necesario que todos los cuerpos y fuerzas de
seguridad colaboren bajo un mismo protocolo de actuación, añadiendo si se considera necesaria la seguridad privada, para evitar no solo los robos y desperfectos sino también el ahorro de millones de euros en reparaciones que podrían ser destinados a
la inversión ferroviaria y de otras infraestructuras.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1) Reforzar las medidas de seguridad preventivas y de reacción con mayor número de efectivos y de recursos para tener una mayor cobertura de seguridad de las líneas férreas y las infraestructuras ferroviarias.


2) Mejorar la coordinación del personal de RENFE y ADIF con los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, las policías autonómicas y las policías locales para evitar el robo de cable de cobre y los desperfectos que se ocasionan en las
infraestructuras ferroviarias evitando así perjuicios a viajeros y mercancías.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2015.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Comisión de Defensa


161/003580


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición
no de Ley sobre equiparación de condiciones de trabajo y edad de jubilación de los bomberos que prestan sus servicios en Navantia con los profesionales del mismo sector de las administraciones públicas, para su debate ante la Comisión de Defensa.


Exposición de motivos


La Disposición cuadragésima quinta de la Ley General de la Seguridad Social, incorporada por la Ley 40/2007, determina que establecerá el procedimiento general que debe seguirse para proceder a la



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anticipación de la edad de jubilación de determinados sectores profesionales atendiendo entre otros factores y teniendo en cuenta la siniestralidad, penosidad, turnicidad, peligrosidad, toxicidad de las condiciones de trabajo o los
requerimientos físicos exigidos para el desarrollo de la actividad profesional.


Así, el Real Decreto 383/2008, de 14 de marzo, establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación a favor de los bomberos al servicio de las administraciones y organismos públicos, dirigiéndose específicamente a los empleados
públicos o trabajadores por cuenta ajena que presten servicios como bomberos en sus diferentes escalas, categorías o especialidades en corporaciones locales, Comunidades Autónomas, el Ministerio de Defensa, el Organismo Aeropuertos Españoles y
Navegación Aérea, así como los consorcios o agrupaciones que pudieran tener constituidos las expresadas administraciones.


De manera excepcional, según el Real Decreto 1698/2011, de 28 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de
Seguridad Social, se añade al Real Decreto 383/2008 una nueva disposición adicional, que explicita que los derechos que se deriven de lo establecido en dicha normativa serán reconocidos en sus propios términos a los trabajadores que estén
comprendidos en su ámbito de aplicación aunque se produzca un cambio en la titularidad del servicio que presten.


La normativa referida no hace mención ni contempla la situación de los bomberos que prestan sus servicios en la empresa pública Navantia, a pesar de que las condiciones de desarrollo de su actividad profesional son idénticas a los colectivos
de bomberos a los que se posibilita a través de dichas normas la aplicación del coeficiente reductor y consecuentemente el acceso a la jubilación anticipada.


A pesar de la existencia de reiterados compromisos por parte de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social con el mencionado colectivo de bomberos de la empresa pública Navantia de proceder a la modificación de la normativa actual, para
equiparar las condiciones de jubilación de estos últimos con los diferentes colectivos de bomberos cuya jubilación anticipada se contempla en la legislación, hasta el momento estas promesas se han visto incumplidas.


Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar con el colectivo de bomberos de la empresa pública Navantia las negociaciones precisas según se recoge en la Ley para equiparar las condiciones de trabajo y, específicamente, la edad
de jubilación de los bomberos que prestan sus servicios en dicha empresa con los profesionales del mismo sector que dependen de Administraciones públicas, organismos públicos y AENA.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2015.—María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas


161/003551


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada M.ª Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su
debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas relativa a la mejora de la atención de la Administración de Hacienda a los ciudadanos.


Exposición de motivos


El empeño de este Gobierno en «adelgazar» la Administración está provocando grandes perjuicios a los ciudadanos y ciudadanas. Sirva de ejemplo lo que está ocurriendo en las Delegaciones de la Agencia Tributaria, donde se ha sustituido el
servicio de información presencial e inmediata por el telemático y telefónico a través de una línea 901 que conlleva el correspondiente coste económico.



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En las oficinas de la Agencia Tributaria se carece de personal para atender al usuario que precise realizar una consulta o ser informado de cuestiones relacionadas con la gestión de los impuestos. Con estos nuevos recortes, cualquier tema a
tratar deberá abordarse por vía telemática o telefónica. En caso de precisarse una atención presencial, los ciudadanos están obligados a pedir cita previa a través del mismo método.


Las dificultades que encuentra el contribuyente por la falta de personal dedicado a la atención al público se agravan cuando, por ejemplo necesita consultar o hacer gestiones en relación con un expediente abierto por las Dependencias de
Gestión Tributaria, pues ni durante el trámite de audiencia puede recibir la información adecuada, dado que la persona que le atiende no es el técnico actuante en el procedimiento, como señala la Ley General Tributaria, sino que este técnico puede
estar trabajando desde otra Delegación provincial o administración debido a la última medida de regionalización abusiva de las dependencias y del reparto de trabajo. La alternativa que se le da al contribuyente es la de presentar alegaciones a
través del registro, lo que puede implicar un estado de total indefensión para los ciudadanos.


A estos inconvenientes hay que añadirle la falta de impresos en papel, lo que dificulta o imposibilita la resolución de sus gestiones. Un problema que afecta especialmente a personas de avanzada edad que no tienen acceso a Internet o que
tienen serias dificultades telemáticas, y se ven obligadas a recurrir a terceros para resolver las declaraciones de impuestos. Por ejemplo, en muchos casos se deben servir de familiares o incluso acudir a gestores con el consiguiente pago que les
supone.


Aludimos en concreto a la falta de impresos del modelo 303 o 390 de declaración del IVA de arrendamientos.


El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se ha servido del objetivo de mejorar la eficacia de la Administración para llevar a cabo sus reformas, con la «coartada» del impulso a la Administración Electrónica contemplado en la Ley
11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Sin embargo, en lo que respecta a la Agencia Tributaria se ha empeorado significativamente el servicio a los ciudadanos con los recortes practicados. Si bien se han
reforzado los servicios de inspección, gestión tributaria y recaudación, y se ha avanzado tímidamente en la lucha contra el fraude fiscal, se crean muchos problemas a los contribuyentes al desplazar trabajadores destinados a la atención al público a
estos servicios.


Dado el lamentable panorama descrito, el descontento de la ciudadanía se ha incrementado ostensiblemente. Sus quejas son constantes, así como las aglomeraciones de público en las oficinas de la AEAT. Esta situación genera una gran tensión
entre ciudadanos y trabajadores por la constante presión a la que se ven sometidos, y que provoca un estrés laboral importante.


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


— Incrementar los recursos humanos en los Servicios de Gestión Tributaria y Recaudación en todas las Delegaciones de la AET, con el objetivo de mejorar la atención a los contribuyentes a fin de que:


a. Puedan ser atendidos de manera presencial para cualquier tipo de información o consulta que precisen para llevar a cabo sus gestiones, eliminando la obligatoriedad de solicitar una cita previa.


b. Puedan ser atendidos presencialmente por el técnico actuante de un expediente tributario durante el trámite de audiencia, de manera que se les permita aclarar o gestionar todas aquellas cuestiones necesarias y evitar así que se produzcan
situaciones de clara indefensión.


c. Volver a disponer de impresos en papel en todas las oficinas de la AEAT para la realización de los distintos trámites tributarios, de forma que no sea la vía telemática la única prevista para llevar a cabo todo tipo de gestión tributaria,
y se faciliten así dos vías de resolución.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2015.—M.ª Olaia Fernández Davila, Diputada.—Rosana Pérez Fernández, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Compromís-Equo, don Joan Baldoví Roda, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta



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la siguiente Proposición no de Ley, sobre la acuñación de monedas conmemorativas, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.


Exposición de motivos


La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) española ha acuñado una serie de dos piezas que conmemora los 70 años de paz en Europa, tras el final de la Segunda Guerra Mundial, con la cara del actual Jefe de Estado.


Llama poderosamente la atención que el Gobierno de España pretenda celebrar 70 años de Paz siendo que ese período abarca la dictadura de más de 35 años y que duró hasta finales del año 1975, atentando contra los principios de la vigente Ley
de Memoria Histórica.


Esta edición de monedas conmemorando esta efeméride irreal en España es un insulto a las personas que dieron su vida en la Guerra Civil por defender el Gobierno legalmente elegido por las urnas de la II República y que luego fueron
perseguidas durante más de 35 años por la dictadura y represión franquista.


Parece que la FNMT pretende obviar que en 1945 en España no había paz, había una dictadura sangrienta y torturadora que se dedicó a perseguir ciudadanos por su simple ideología política, e incluso se mantuvieron algunos campos de
concentración en pleno funcionamiento, como es el caso de Miranda de Ebro en la provincia de Burgos, que permaneció abierto desde 1937 a 1947. Se quiere celebrar como período de paz años en los que en las prisiones españolas se amontonaban miles de
presos políticos, muchos de los cuales fueron obligados a trabajos forzosos en los Batallones de Trabajadores para el régimen franquista, una etapa triste de nuestra historia en la que se mantuvieron los denigrantes Tribunales de Orden Público (TOP)
que reprimían cualquier oposición al régimen y se sucedían los asesinatos, torturas, ejecuciones, suicidios provocados o el robo de miles de bebés hoy todavía sin esclarecer. Todo ello ha ocurrido en este Estado en los últimos 70 años, un contexto
histórico a todas luces poco pacífico. Por lo que celebrar la paz o normalidad en este periodo y publicitario en una edición especial de monedas es un menosprecio a la historia y a las miles de víctimas de la dictadura y la represión franquista.


Por todo lo anteriormente expuesto, realizamos la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a cancelar y anular la edición de acuñación de esta serie de dos piezas que conmemora los 70 años de paz en Europa por parte de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2015.—Joan Baldoví Roda, Diputado.—Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la
Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, la siguiente Proposición no de Ley sobre la suscripción de Convenios entre las entidades Locales y la Administración Estatal para el desarrollo de ciertas competencias delegadas.


Antecedentes


El pasado 27 de diciembre de 2013 se aprobó la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local con el único voto a favor del Grupo Parlamentario Popular. En la exposición de motivos de la mencionada Ley se hacía
expresa referencia a que uno de los objetivos básicos de la norma era la racionalización de la estructura organizativa de la Administración Local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera a los efectos de
garantizar un control financiero más riguroso y reducir el gasto público.



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Se consideró que para controlar este gasto, el eje principal debía ser la dimensión del sector público local lo cual implicaba, entre otras cuestiones, acotar y controlar su actividad.


Mediante la norma se cercenaron una gran cantidad de competencias desarrolladas de forma muy eficiente por las entidades locales, y todo ello de conformidad con los principios de estabilidad presupuestaria.


Para el desarrollo de las competencias delegadas, como la vigilancia de las playas por ejemplo, la Ley 27/2013 establece que debe suscribirse un convenio de delegación de competencias con la administración competente el cual se asegura
mediante una cláusula económica de garantía de cumplimiento.


En relación al régimen concreto que atañe a la presente Proposición no de Ley, el de delegación de competencias, el nuevo redactado del artículo 27, incluye un listado ejemplificativo de materias delegables que introduce dos novedades:


— Incorpora la garantía de que la delegación habrá de realizarse cuando se mejore la eficiencia de la gestión pública, contribuya a eliminar duplicidades y sea conforme con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera.


— Vincula la delegación de competencias con la necesaria financiación de la actividad o servicio que se delega.


Es decir, la delegación de competencias debe realizarse de conformidad con los restrictivos criterios previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la cual establece, en
contra de lo previsto en la Ley de Administración Local, que una corporación con superávit y sin deuda, no puede utilizar el superávit, o lo puede utilizar muy restrictivamente, ya que su utilización impacta sobre su déficit y sobre su techo de
gasto y que una corporación sin deuda, no puede endeudarse, so pena de incurrir en déficit y verse obligada a la aprobación del correspondiente plan económico financiero.


El artículo 115 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y concretamente lo establecido en su apartado d) establece lo siguiente «Mantener las playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones de limpieza, higiene y
salubridad, así como vigilar la observancia de las normas e instrucciones dictadas por la Administración del Estado sobre salvamento y seguridad de las vidas humanas».


Dichas competencias no pueden encuadrarse en el listado competencial de competencias propias ya que es evidente que dicha materia, las costas (la zona marítimo-terrestre, las playas, ...) por su naturaleza de bien de dominio público estatal,
está reservada al Estado, por lo que, de acuerdo con el principio de la Ley de Administración Local, una administración una competencia, las entidades locales no deberían ejercer una competencia que no les corresponde y para la que no cuentan con la
financiación suficiente para ello.


Si se evalúa la conveniencia de la implantación de estos servicios conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera y en virtud de lo que establece la Ley de Administración Local sobre
competencias delegadas es una competencia que puede y debe llevarse a cabo. A su vez debe acompañarse de una memoria económica que refleje el impacto sobre los recursos financieros de las Administraciones Públicas afectadas y el cumplimiento de los
principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o la actividad.


La problemática en el desarrollo de esta competencia viene determinada por el hecho de que la Ley de Estabilidad Presupuestaria establece que estas competencias (las delegadas por la Ley de Administración Local) deben realizarse de
conformidad con los restrictivos criterios previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera la cual establece que por un lado la Ley permite el desarrollo de ciertas actuaciones pero por
el otro, por cuestiones uniformizadas de rigidez presupuestaria, no pueda desarrollarla a pesar de que disponga de superávit y que no tenga deuda, de forma que una Ley, la de Estabilidad Presupuestaria, impide la aplicación de otra Ley, la de
Administración Local.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar con urgencia las medidas necesarias con el fin que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas proceda a suscribir, con la cláusula



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económica correspondiente, los convenios de delegación de competencias a las corporaciones locales costeras, relativas al mantenimiento de «las playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad,
así como vigilar la observancia de las normas e instrucciones dictadas por la Administración del Estado sobre salvamento y seguridad de las vidas humanas» a las que se refiere el artículo 115 d) de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y en
cumplimiento del mandato establecido en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. Todo ello con la finalidad de evitar que la prestación de este servicio, habitualmente prestado por las
corporaciones locales, no pueda ser efectuada a causa de lo establecido en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, respecto a la prestación de competencias delegadas, lo cual se opone y es
posterior a lo que determina la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, en relación al mantenimiento de las playas.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2015.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Comisión de Fomento


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, en nombre del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, se presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la reactivación del
Plan de Vías de Gijón (Asturias), su financiación y calendario de ejecución, para su debate en la Comisión de Fomento.


El 13 de marzo de 2015, respondiendo al llamamiento de los partidos políticos —incluido el PP—, sindicatos y organizaciones sociales, miles de gijoneses salieron a la calle para manifestar su exigencia de que se desbloquee el Plan de Vías
para la integración ferroviaria de la ciudad de Gijón. En sucinto resumen, el Plan propone la eliminación de la barrera ferroviaria y el soterramiento de vías, la creación de una nueva estación intermodal de trenes (Renfe, Cercanías y a la espera
del AVE) y autobuses, y la asignación de usos sociales a las parcelas resultantes de la supresión de vías. Esto requiere la firma urgente de un nuevo Convenio de la sociedad mixta Gijón al Norte —donde el Ministerio de Fomento tiene un 50 % de
participación, el Principado de Asturias un 25 % y el Ayuntamiento de Gijón el 25 % restante—, que sustituya al vigente de 2002, por caduco e irrealizable. Se trata de redefinir la parte financiera que deberá asumir cada administración y que
disminuya el peso que tienen actualmente las plusvalías urbanísticas para la generación de recursos para la sociedad.


Estamos ante un proyecto que data de hace catorce años. El entonces Ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, anunció en el año 2000 el proyecto inicialmente denominado como Metro-tren. La obra del túnel se inició en el año 2003 y
finalizó en el año 2008 con un coste de 137,7 millones de euros. Ahora tenemos túnel sin trenes, un tren en vía muerta. En el año 2011 se inauguró la estación provisional de Sanz Crespo —un auténtico parche— con un coste de 13,7 millones, luego se
desmanteló el tramo de vías hasta el Humedal y en el año 2014 se derribó la antigua estación, dejando el Solarón sin uso y abandonado, vallado, vacío y erial. Desde entonces todo está parado, y los compromisos, incumplidos: No se ha suprimido la
barrera ferroviaria y no se ha construido la estación intermodal en Moreda. El coste estimado es de 306 millones de euros, de los cuales el 83 % estaba previsto que se financiara con las plusvalías de los solares; el ensamblaje de la estación de
la Plaza de Europa con el túnel ya construido, con un coste estimado de 40 millones de euros, que debe sufragar íntegramente Fomento. Y la prolongación del túnel de penetración hasta Cabueñes y dos nuevas estaciones, con un coste estimado de 125
millones de euros, que debe financiar íntegramente Fomento.


En estos momentos tenemos el Solarón vacío y el túnel en desuso, con un coste de mantenimiento de 100.000 euros al año, y una estación provisional alejada del centro y de la estación de autobuses lo que ha provocado una drástica caída del
número de usuarios del tren. El Solarón es la zona 0 de la ciudad, un boquete que se ensancha en pleno centro de la ciudad, sin servicio ciudadano, prueba del fracaso de un



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modelo desastroso de gestión de los asuntos públicos. El plan para poner en marcha el proyecto se basaba en las aportaciones públicas del Ministerio de Fomento, sobre todo, y del Principado (la estación intermodal nueva) que se fueron
retrasando e incumpliendo con la demora de la transmisión del suelo a Gijón al Norte, y la nula obtención de plusvalías que nunca llegaron porque pinchó la burbuja inmobiliaria y los terrenos han perdido buena parte de su valor y ya no interesan al
capital especulativo que está en otros menesteres. Como en el cuento de la lechera, con el derribo habría solares, que se venderían a un alto precio y con ese dinero se pagaría el proyecto. Pero la crisis cerró el grifo de ingresos ficticios y la
dejadez política, tanto del Principado como de Fomento, hizo el resto.


A estas alturas, es urgente otro plan económico para sacar adelante el proyecto, olvidar el viejo modelo de ligar los servicios ciudadanos a la buena salud de los especuladores inmobiliarios y exigir a las Administraciones Públicas que
pongan plazos al cumplimiento de sus compromisos.


El Plan de Vías es un proyecto estratégico y emblemático para la ciudad, que ha de cerrar cuanto antes una cicatriz en pleno centro. Para su reactivación hace falta otro modelo de entender lo público, que debe ser pilotado desde lo público
para salvaguardar el interés público, sin dependencias de otros intereses. Gijón al Norte solo puede ser capitalizada desde lo público. Si espera que se capitalice desde lo privado, la zona 0, el Solarón, pasará a ser un emblema de la ciudad, como
el Molinón o la Escalerona.


Por todo ello, se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1) Tomar iniciativas urgentes para desbloquear el Plan de Vías para la integración ferroviaria de la ciudad de Gijón.


2) Fijar plazos de cumplimiento de su compromiso de sufragar íntegramente los 40 millones de euros presupuestados para el ensamblaje de la estación intermodal de la Plaza de Europa con el túnel ya construido, así como los 125 millones de
euros comprometidos para la prolongación del túnel de penetración hasta Cabueñes y dos nuevas estaciones


3) Llevar a la sociedad mixta Gijón al Norte una propuesta de revisión del Convenio, habida cuenta de la imposibilidad de vender las parcelas libres por el precio que había sido presupuestado


4) Garantizar con el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón la financiación pública integral del Plan de Vías.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2015.—Gaspar Llamazares Trigo y Ascensión de las Heras Ladera, Diputados.—José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley en
relación a la carretera N-651 a su paso por la zona de A Regueira en el Ayuntamiento de Pontedeume, para su debate en la Comisión de Fomento.


Exposición de motivos


La carretera N-651 une Ferrol con Madrid y en las comarcas de Ferrolterra y Eueme discurre por los ayuntamientos de Pontedeume, Cabanas y Fene hasta Ferrol. Esta carretera es utilizada con asiduidad por cientos de vehículos que deben
transitar hacia estas zonas de gran afluencia industrial y comercial.


A su paso por el lugar de A Regueira en el Ayuntamiento de Pontedeume, la carretera N-651 presenta importantes deficiencias que dificultan tanto la fluidez del tráfico rodado corno la seguridad y confortabilidad de las vecinas y vecinos de
la zona.



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El problema más destacado que se encuentra en la zona es la existencia de cuatro carriles de circulación que impiden el tránsito peatonal seguro en un área donde se encuentran varias viviendas. Los vecinos y vecinas de A Regueira deben
atravesar estos cuatro carriles para acceder a la otra orilla de la carretera para acceder a las viviendas situadas en la misma, acceder a las marquesinas de transporte público o incluso a depositar los residuos.


Se da además la circunstancia de la existencia de una importante factoría de recogida y elaboración de productos lácteos en el mismo lugar con el consiguiente tránsito diario y continuo de camiones y cisternas que asciende aproximadamente a
60 vehículos diarios de estas características transitando en la zona.


Con objeto de facilitar el tráfico rodado se ha señalizado la N-651 en el punto mencionado con dos carriles viarios en cada dirección y, no existiendo margen suficiente, el carril de circulación lento en cada sentido impide el acceso y
también la permanencia en las marquesinas en que el vecindario y las y los escolares deben esperar el transporte público.


Por otra parte, la señalización viaria horizontal de la carretera N-651 impide el acceso a las viviendas por carecer de línea discontinua por lo que los propietarios y usuarios de las mismas se ven en la obligación de circular
aproximadamente tres kilómetros para cambiar de sentido y poder acceder a sus viviendas.


Todo ello tiene como consecuencia que la carretera N-651 a su paso por la zona de A Regueira no solamente presenta dificultades de movilidad para el vecindario sino que soporta unos niveles preocupantes de accidentalidad con daños tanto en
peatones como en vehículos y propiedades públicas y privadas. Esta inseguridad se ve incrementada por la inexistencia de alumbrado público que impide la visibilidad de peatones fundamentalmente en momentos en que la climatología es adversa.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mejorar los niveles de seguridad vial en la carretera N-651 a su paso por la zona de A Regueira en el ayuntamiento de Pontedeume procediendo a;


— La instalación de puntos de iluminación pública a lo largo de ambos márgenes de la carretera.


— La modificación de la señalización horizontal incluyendo una línea discontinua que permita el acceso directo a las viviendas.


— La eliminación de 150 metros del carril derecho en sentido Ferrol habilitando ese espacio como arcén para posibilitar el tránsito peatonal.


— La dotación de mayor espacio en las marquesinas con suficiente separación del carril de circulación de vehículos.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2015.—María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


161/003581


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a las
deficiencias en la nueva terminal de Santiago de Compostela (Lavacolla), para su debate en la Comisión de Fomento.


Exposición de motivos


En septiembre del año 2011, se inauguraba con gran pompa la nueva terminal del aeropuerto de Lavacolla en Santiago de Compostela, que entraba en funcionamiento el 13 de octubre de ese año.


Una terminal de la que se dijo que permitiría competir con el aeropuerto de Sá Carneiro (Porto) y mejorar la operatividad. Contrariamente a lo anunciado, el aeropuerto portugués continúa ascendiendo significativamente en la escala de
captación de tráfico aéreo, en detrimento del aeropuerto gallego que se mantiene en un nivel de operatividad muy por debajo de sus potencialidades.



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Lavacolla es un aeropuerto totalmente estancado, ni se ha mejorado la conectividad ni las frecuencias ni tampoco la coordinación con otros aeropuertos gallegos. Una gestión desastrosa a la que viene a sumarse la privatización parcial de
AENA, que desde luego va a empeorar el panorama. Una privatización que ha sido la primera opción del Gobierno del PP por encima de otras opciones que hubiesen redundado en la mejora de la gestión como hubiese sido su traspaso al Gobierno gallego,
opción que hubiese permitido mantener en manos públicas la gestión aeroportuaria.


Sin embargo, no es este el objeto de la presente Proposición no de Ley. El terna guarda relación con las numerosas deficiencias y problemas que se pueden observar en una infraestructura casi nueva.


Como hemos señalado anteriormente, la terminal nueva de Lavacolla es de las más modernas del Estado pero, a pesar de su modernidad, adolece de diversas filtraciones de agua. Un paseo rápido por la terminal en un día lluvioso, algo habitual
en Santiago de Compostela, permitirá comprobar la existencia de zonas de goteras y los consiguientes riesgos para los usuarios por tener que caminar por una superficie deslizante.


Aunque este problema ha sido objeto de denuncia desde hace tiempo, al Ministerio no parece importarle la imagen de un aeropuerto nuevo con goteras porque continúa sin adoptar medidas al respecto.


Esta situación se ha convertido en algo habitual en las fotos e imágenes que viajeros manejan en las redes sociales y que ofrece una imagen de la terminal verdaderamente lamentable. No olvidemos que se invirtieron más de 200 millones de
euros en dicha terminal y ahora, solo tres años después, resulta que tiene goteras.


Además de las filtraciones de agua debemos referirnos a otro problema: un preocupante problema de operatividad cuando confluyen aviones internacionales. En la zona de confluencia de la Y del aeropuerto, se producen importantes colapsos en
los controles por el deficiente diseño de la instalación, lo que causa considerables retrasos en la coincidencia de vuelos. Una cuestión que tenía que haber sido prevista en el diseño de la terminal.


En el amplio catálogo de deficiencias también se halla la existencia de zonas oscuras en la plataforma y los consiguientes problemas para los controladores y, por lo tanto, para la seguridad de los usuarios. La falta de salidas para la
terminal antigua es otro tema que preocupa en el aeropuerto de Lavacolla. El abandono de una infraestructura que podría revertir en uso público.


La vieja terminal se construyó en el año 1969. A posteriori se realizaron diversas ampliaciones en los años 1979, 1982 y 1993, y cuenta además con un aparcamiento de 2.234 plazas.


Debemos recordar que en un primer momento, se consideró la idea de destinar la vieja terminal de Lavacolla al uso por parte de compañías de bajo coste. Sin embargo, esta idea se descartó porque el actual volumen de tráfico aéreo del
aeropuerto de Santiago hacía inviable mantener dos terminales abiertas.


Una segunda opción que se barajó fue el traslado de las antiguas instalaciones de antiguo Aeroclub a esta terminal. Otra idea que se descartó por motivos de seguridad, puesto que las actividades deportivas no se deben realizar en espacios
abiertos al lado de un aeropuerto por los altos niveles de ruido.


El tercer planteamiento se basaba en la idea defendida por trabajadores y trabajadoras del aeropuerto, consistente en destinar la vieja terminal de pasajeros a terminal de carga aérea. La actual terminal de carga está aislada de la
plataforma de estacionamiento de aeronaves. En cambio, la vieja terminal sería idónea para esta función. Incluso cabría la posibilidad de ofrecer esta infraestructura a una empresa para que establecise ahí su centro de distribución de carga por
aire, lo que redundaría en beneficios económicos para Santiago. En este sentido conviene recordar que Lavacolla es el único aeropuerto gallego con capacidad para enviar o recibir cargas perecederas porque cuenta con un puesto de inspección
fronteriza fitosanitario.


Otra de las propuestas estaba enfocada hacia el uso comercial y de ocio. La conversión de la vieja terminal en un centro comercial y de ocio con espacios de restauración, entre otras ofertas.


La última de las ideas consistía en destinar esta terminal a usos expositivos como complemento a la oferta actual conformada por el Palacio de Congresos y el recinto ferial de Amio. Una idea enfocada a potenciar el turismo de congresos en
la ciudad.


Sin embargo, a día de hoy, nada se ha materializado y el edificio de la vieja terminal continúa deteriorándose.


Como última referencia al capítulo de deficiencias, cabe una relativa a la insuficiencia de personal. En concreto, la falta de personal en el servicio sanitario. Se han firmado acuerdos entre las organizaciones sindicales representadas y
AENA para cubrir las bajas existentes pero no se han cumplido.



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Tampoco obviamos las consecuencias de la privatización parcial de AENA que ya han tenido su efecto sobre los servicios y sobre el personal. Así, la privatización de servicios como el mantenimiento con la consiguiente contratación de
subcontratas, está generando múltiples problemas en servicios que requieren de una mayor especialización.


Puesto que estamos ante una infraestructura en la que se han invertido cuantiosos recursos económicos públicos, creemos que deficiencias como las enumeradas deben ser subsanadas, y en el caso de que se trate de problemas de construcción,
demandar las correspondientes soluciones.


A la vez, no debe continuar en estado de abandono la vieja terminal y adoptar cuanto antes una decisión que repercuta en beneficio de toda la ciudad de Santiago.


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


— Solucionar las deficiencias existentes en la infraestructura de la nueva terminal del aeropuerto de Lavacolla (Santiago de Compostela) como es la presencia de goteras en el techo de la terminal.


— Realizar actuaciones para solventar el problema de operatividad existente cuando confluyen aviones internacionales, lo que da lugar a importantes colapsos en los controles en la zona de confluencia de la Y del aeropuerto y causa
considerables retrasos en la coincidencia de los vuelos.


— Adoptar medidas para evitar las zonas oscuras en la plataforma que perjudica la labor de los controladores aéreos y, por lo tanto, la seguridad de los usuarios y usuarias.


— Adoptar una decisión en relación a la vieja terminal de Lavacolla, actualmente en estado de abandono, que revierta en beneficio de la ciudad compostelana, evitando su especulación y decantándose por opciones que contribuyan a su
potenciación y primen siempre su uso público.


— Dotar de suficiente personal al servicio sanitario del aeropuerto compostelano, dando cumplimiento al acuerdo firmado con las organizaciones sindicales y AENA.


— Realizar un control de los servicios aeroportuarios que han sido privatizados y que ahora prestan empresas subcontratadas a fin de comprobar si se está ofreciendo un servicio de calidad.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2015.—Rosana Pérez Fernández, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.


161/003585


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
continuación de la fase II de la Circunvalación Sur de Elche, para su debate en la Comisión de Fomento.


Exposición de motivos


El proyecto denominado Ronda Sur de Elche aprobado en el año 1997, pero que no comenzó sus obras hasta el año 2006, constaba de dos fases. En la primera fase de 8,5 kilómetros comenzaba en el cruce en la CL-3601 con la N-340 hasta el cruce
con la CV-851, incluyendo el puente sobre el rio Vinalopó con un presupuesto inicial de 66.300.000 euros. La segunda fase conectaba la CV-651 con la Ronda de Carrús cerrando así el circuito de circunvalación de la ciudad de Elche, un proyecto que
desde el año 2009 sigue en proceso de estudio sin haber avanzado nada al respecto desde esa fecha.


La situación que viven los ilicitanos respecto a esta circunvalación es de desesperación. Desde la llegada del Partido Popular al Gobierno, este proyecto no solo se han ralentizado el desarrollo de las obras, acumulando más de 3 años de
retraso sobre la fecha prevista inicialmente de finalización, sino que además se ha paralizado el estudio, adjudicación y construcción del segundo tramo de esta carretera. Esta situación hace que por un lado, aun no se conozca la fecha de
finalización de las obras de la primera fase, tal como ha confirmado el Gobierno ante las reiteradas preguntas del Grupo Parlamentario Socialista,



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sino que además, no se haya adjudicado el proyecto de la segunda fase, con lo cual nos encontraremos que a la finalización de la primera fase tendremos un proyecto incompleto que para nada soluciona los problemas de tráfico y comunicación de
la ciudad de Elche. Esta situación se agrava más si cabe, teniendo en cuenta que la estación de AVE en Elche se encontrara sin conexión con la citada circunvalación, lo cual nos lleva a denunciar la falta de previsión e interés del Gobierno de la
Nación para dotar a Elche de las infraestructuras que necesita y merece.


Hay que recordar que Elche es la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana con una población de más de 230.000 habitantes, con un potencial económico y estratégico para el sur de la provincia de Alicante que necesita infraestructuras
adecuadas para su desarrollo socio-económico.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Concluir en el menor tiempo posible el tramo primero de la Ronda Sur iniciado en 2006.


2. Adjudicar y comenzar de manera inmediata el tramo dos que concluya y conecte la circunvalación de Elche desde la CV-851 hasta la Ronda de Carrús.


3. Conseguir que la citada obra tenga conexión con la futura estación de AVE en la ciudad de Elche.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2015.—Federico Buyolo García, Herick Manuel Campos Arteseros y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


161/003586


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
modernización de la línea de cercanías Alicante-Murcia y la integración ferroviaria de la estación de AVE en Elche, para su debate en la Comisión de Fomento.


Exposición de motivos


La línea de cercanías de Alicante-Murcia, Murcia-Alicante inaugurada a finales del siglo XIX ha permitido la vertebración del sur de la provincia de Alicante, así como la conexión entre las dos provincias. Hoy esta línea da cobertura a más
de 3,5 millones de personas que viven en las dos provincias.


A partir de los años cuarenta esta línea permitió un impulso industrial y agrícola para las dos provincias. Siete décadas después sigue dando un servicio fundamental de conexión entre las dos provincias, ya no solo desde el punto de vista
económico, sino social y cultural. Gracias a esta línea actualmente tenemos conectadas 4 ciudades universitarias: Alicante, Elche, Orihuela y Murcia, lo que supone un instrumento vital para avanzar en la mejora de la formación y capacitación de
nuestros y nuestras jóvenes.


En el año 2012, la línea de cercanías Murcia-Alicante ha sido utilizada por 2.810.000 personas que supone un incremento respecto al año anterior de más de 70.000 viajeros y viajeras. Una línea de gran demanda social y que actualmente sigue
jugando un papel fundamental de comunicación para los ciudadanos y ciudadanas de Murcia y Alicante. Además se trata de una línea altamente rentable, con un bajo coste de mantenimiento que se cifró en 2012 en 2.664.637,5 euros, es decir menos de un
euro al año por viajero y viajera.


Por el contrario ante una línea de alta demanda social y de un coste de mantenimiento realmente bajo, hoy los ciudadanos y ciudadanas de Alicante y Murcia soportan un servicio de baja calidad con una infraestructura que está obsoleta y
desfasada. Por otro lado, además una línea con un alto índice de peligrosidad, así como de falta de seguridad en muchos de sus tramos. Tal es así, que hemos tenido que asistir en estos últimos años a numerosos accidentes que han terminado, por
desgracia, con la vida de personas.



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En la anterior Legislatura se acometieron importantes obras de mejora de las infraestructuras de esta línea, así como la mejora de las estaciones de Elche y la de Alicante para la llegada del AVE. Ahora es necesario acometer un plan de
mejora de toda la línea y de sus estaciones: San Gabriel, Torrellano, Crevillent, Albatera-Catral, Callosa de Segura, Orihuela, Beniel, con el fin de ofrecer un servicio con mayor calidad y seguridad a los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de
Murcia y de Alicante.


La línea de cercanías Alicante-Murcia es una línea rentable económicamente y socialmente, cubre las necesidades de comunicación entre las dos provincias y permite conectar las cuatros ciudades que albergan Universidades. Sin duda alguna es
una línea estratégica para la comunicación y el avance de las dos provincias.


Por otro lado, la prevista estación de AVE en Elche requiere que se estudie como se va a integrar el sistema ferroviario en la ciudad. No tienen ningún sentido que no se haya previsto por parte del Ministerio la conexión de la futura
estación de AVE con el núcleo urbano de Elche a través de una red que conecte las dos estaciones existentes en la ciudad (Elche-Carrús y Elche-Parque) con la futura estación de AVE.


El 1 de abril de 2013 el Gobierno de España anuncia cambios en la configuración y obras de la conexión de Alicante y Elx, recogidos en el documento denominado «Nuevo Modelo de Desarrollo de los Corredores de Alta Velocidad». En ese momento
se renuncia a que la conexión sea en doble vía y ancho internacional, sustituyéndolo por cambio de ancho a estándar UIC y electrificación de la línea actual entre Alicante y Elche (San Isidro), para mantener los servicios de cercanías y mercancías
entre Murcia y Alicante, incluido en el «Proyecto de implantación del ancho UIC en el Corredor Ferroviario Mediterráneo», y se pospone la construcción de la variante de Torrellano.


Recientemente, se ha anunciado una conexión de AVE regional entre Alicante y Murcia, pero en lugar de usar el trayecto Alicante-Elx-Murcia, se opta por la Línea de Alta Velocidad Alicante-Monforte del Cid-Elx, sin que haya compromiso de
fechas, ni presupuesto para la conexión entre Alicante y Elx por el actual recorrido.


La Estación de AVE Elx-Crevillent contaba con una previsión presupuestaria de 31 millones de euros. En 2013 el Gobierno decide rebajar esta previsión a 20 millones de euros. Finalmente, ha sido adjudicada por poco más de 6,5 millones de
euros. Esta bajada comporta que la estación realmente haya quedado como un apeadero con una infraestructura mínima.


Cabe recordar que la Línea Alta Velocidad Monforte del Cid-Elx-Murcia debía estar concluida a finales de 2014, pero el Gobierno paralizó todas las obras durante 2012, mantuvo una mínima actividad en 2013 y 2014, y en 2015, pese a contar con
presupuesto, no se están realizando las contrataciones oportunas, ni hay un ritmo de trabajo para cumplir con el calendario anunciado hace un año de concluir esta actuación en 2015. Ahora ya se reconoce que será en 2016 cuando se ponga en servicio
la conexión de alta velocidad de Elx, pero sin concretar ninguna fecha.


Si se hubiera cumplido esa primera previsión, se podría haber iniciado las obras de la conexión ferroviario Elx-Alacant, así como el Tren por la Costa, que incluye la conexión del Aeropuerto de Alicante-Elx.


Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Realizar en 2015 las inversiones oportunas en el tramo de la actual línea férrea Alicante-Murcia para:


a) Redactar el Proyecto de mejora de la seguridad de la línea Alicante-Murcia contemplando la eliminación de los puntos conflictivos de la misma, se licite y adjudique las obras y actuaciones para ello.


b) Acometer todas las medidas necesarias para la mejora de las infraestructuras de las estaciones por las que discurre está línea ferroviaria.


c) Modernizar tanto los trenes que circulan por esta línea, así como los servicios que se ofrecen a los usuarios de los mismos. Los convoyes serán los de última generación más adecuados para el trazado que permita aumentar la calidad del
servicio y la velocidad del mismo.


d) Acelerar el cambio de ancho a estándar UIC y electrificación de la línea actual entre Alicante y Elche para mantener los servicios de cercanías y mercancías entre Murcia y Alicante, incluido en el «Proyecto de implantación del ancho UIC
en el Corredor Ferroviario Mediterráneo».


e) Que estas actuaciones no suponga una renuncia definitiva a que se pudiera realizar la duplicación de la vía a corto y medio plazo, por lo que las actuaciones y obras deben contemplar que se realice esta



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duplicación en una segunda fase, debiendo establecer un calendario y presupuesto plurianual para esta duplicación de forma inmediata se elaborará los pertinentes estudios.


f) Concretar la conexión con el aeropuerto de Alicante-Elx, tanto con Alicante, como con el Tren por la Costa a Valencia y la línea de Alta Velocidad Monforte del Cid-Murcia.


g) Estudio sobre la viabilidad del soterramiento de la línea, prolongación del túnel, zona Este del casco urbano, prolongación del barrio de Altabix y en estos nuevos tramos se haga para doble vía. En la parte soterrada actualmente se
continuará con el proyecto inicial de duplicar la vía.


2. Con relación a la Línea de Alta Velocidad Monforte del Cid-Elx-Murcia:


a. Acelerar la ejecución de la obra para que esté operativa en 2015.


b. Crear servicios regionales desde Elx a Valencia y Murcia.


3. Sobre la Estación de Alta Velocidad:


a) Realizar los estudios pertinentes para establecer una conexión ferroviaria de la nueva estación de alta velocidad de Elx con las estaciones de cercanías de Elx.


b) Ampliar el actual proyecto para dotar a la estación de las adecuadas infraestructuras.


c) Garantizar su conexión por carretera con la N-340 y la A-7.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2015.—Federico Buyolo García, Herick Manuel Campos Arteseros y Joaquín Francisco Puig Ferrer, Diputados.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley en
relación a la carretera CP-7301 que une Xarás con Carreira por Frions, en el municipio de A Ribeira (A Coruña), para su debate en la Comisión de Fomento.


Exposición de motivos


La carretera CP-7301 que une Xarás con Carreira por Frións en el municipio de Ribeira (A Coruña) cuenta con un volumen de tráfico muy elevado, fundamentalmente de tráfico pesado por constituir el principal vial de acceso al polígono
industrial Couso en el mencionado municipio.


La necesidad de modificación de esta situación a través de un nuevo trazado viario que comunique ambos puntos evitando el tránsito por las zonas con mayor densidad de población, es un debate que está llevándose a cabo desde hace varios años.
Tanto la Xunta de Galicia, la Diputación provincial de A Coruña, como la propia corporación local han manifestado en diversas ocasiones la pertinencia de construir una nueva vía, alejada del casco urbano, que comunique los puntos anteriormente
señalados dotando al tráfico de la fluidez necesaria al tiempo que evite las situaciones de peligrosidad e inseguridad vial.


Una nueva vía que circunvale la zona dará respuesta a las necesidades comerciales y de negocio a las empresas situadas en el polígono industrial al tiempo que reactivará la actividad del puerto comercial conectándolo con la autovía y
consecuentemente el crecimiento socio-económico del municipio de Ribeira.


Esta nueva infraestructura de comunicación tendría como objetivo el impulso de un desarrollo económico sostenible así como proyectar el futuro de las comunicaciones viarias del término municipal de Ribeira a medio y largo plazo constituyendo
una de las prioridades en materia de comunicación de la zona.


Vendría también a dar respuesta a la grave situación de inseguridad vial que padecen la parroquias de Frións Aguiño, Palmeira, y rectas de Oleiros-Bretal, en Ribeira ya que se producen un gran número de accidentes, con un elevado incremento
de atropellos a viandantes por parte de diversos vehículos a motor en zonas especialmente reservadas para los peatones. Varios de los siniestros ocurridos en las mencionadas localidades de Ribeira tienen como actores implicados a vehículos en
tránsito por los cascos



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urbanos hacia otros núcleos de los alrededores, lo que induce a afirmar que si la Circunvalación de Ribeira fuese una realidad estos accidentes no se habrían producido.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la contratación urgente de la redacción del proyecto constructivo de una circunvalación en Ribeira (A Coruña) que mejore la seguridad vial en la zona, permita agilizar el tráfico del polígono
industrial y conecte el puerto comercial con la autovía.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de marzo de 2015.—María Paloma Rodríguez Vázquez, Diputada.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


161/003588


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la
transferencia al Ayuntamiento de Ourense de tramos de la N-120 que dan acceso al Bulevar Termal, para su debate en la Comisión de Fomento.


Exposición de motivos


El Ministerio de Fomento del Gobierno anterior y el Ayuntamiento de Ourense, firmaron el 8 de noviembre de 2011 un protocolo de colaboración en materia de carreteras que tenía como principal objetivo, el crear un marco general de cesión de
varios tramos de carreteras estatales que están insertos en el tejido urbano de Ourense.


Así, en el Ayuntamiento de Ourense existen viales que forman parte de carreteras del Estado y en las que es necesario llevar a cabo obras y actuaciones de rehabilitación y de mejora funcional con objeto de alcanzar mayor capacidad de fluidez
en la circulación rodada y/o peatonal al tiempo que se le dota de características netamente urbanas que permitirían su inclusión en el inventario de bienes municipal. De tal forma que las carreteras incluidas en este protocolo firmado, presentan
una alternativa viaria que mantiene la continuidad de la Red de Carreteras del Estado sin que se vea mermada la comunicación en dichos tramos.


En aquel Protocolo, el Ministerio de Fomento se comprometía a transferir al Ayuntamiento de Ourense, abonando las cantidades que correspondan, los siguientes tramos: en la N-120, desde el PK 567+900 hasta pk 568+050 (Avda. Ribeira Sacra),
en la N-120, desde el pk 570+250 (glorieta de Chavasqueira) al pk 574+370 (enlace de Eirasvedras) y en la N-546 desde el pk 100+100 al pk 104 + 695 (travesía de Velle y La Lonia).


En varias respuestas parlamentarias, el Gobierno ha señalado que al tratarse de un protocolo y no habiendo dotación económica prevista, dichas actuaciones quedarían pendientes de los Reales Decretos de Cesiones de Travesías pertenecientes a
la Red de Carreteras del Estado.


Recientemente, y a preguntas de la diputada firmante, el Ministerio de Fomento respondió que ha segregado el proyecto de la variante Norte de Ourense en dos tramos y tras la ejecución del primero de ellos denominado, «Variante de Ourense.
Tramo: enlace de Eirasvedras con la N-120 en el pk 573,800- enlace de Quintela con la N-120, en su pk 572,000», podrá ceder el tramo de la N-120 que da acceso a la zona termal de Ourense.


Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a formalizar de manera inmediata el Convenio con el Ayuntamiento de Ourense en base al Protocolo firmado en el año 2011 entre el Ministerio de Fomento y



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este ente local con el fin de transferir al Ayuntamiento los tramos de la N-120 que dan acceso a la zona termal, conocidos como Bulevar Termal.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2015.—Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


161/003589


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
policía portuaria, para su debate en la Comisión de Fomento.


Exposición de motivos


Entre las importantes funciones que actualmente viene ejerciendo la policía portuaria se encuentran: la vigilancia, control y protección de las instalaciones portuarias; el mantenimiento de la seguridad en las zonas portuarias; la
vigilancia y control del tráfico y la aplicación de la normativa de seguridad vial en las zonas de dominio público, denunciando las infracciones; funciones en materia de protección civil y como agentes actuantes en los Planes de protección. Para
el ejercicio de sus funciones según establece el artículo 317.2 del Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, la policía portuaria podrá
acceder, entre otros, a las instalaciones otorgadas en concesión o autorización demanial. Estas funciones se realizan en un ámbito competencial de inseguridad jurídica manifiesta, sujeta a interpretaciones y jurisprudencia de distinta índole,
siendo necesaria la reordenación de un marco normativo claro que ofrezca cobertura legal a esta realidad funcional tan importante para la seguridad de los puertos de titularidad estatal.


El vigente artículo 296 del citado Decreto Legislativo establece, en relación al servicio de policía portuaria, que las funciones de policía especial, enunciadas en el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre
Protección de la Seguridad Ciudadana, atribuidas a la Autoridad Portuaria, se ejercerán, en la forma que se determine reglamentariamente, por el personal de la Autoridad Portuaria, debidamente cualificado y adscrito al Servicio de Policía, a cuyo
efecto tendrá la consideración de agente de la autoridad de la Administración portuaria en el ejercicio de las potestades públicas recogidas en la ley, sin perjuicio de la obligación de colaborar siempre que sea preciso con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.


La supresión de las materias sujetas a potestades administrativas de policía especial recogidas en el artículo 4 de la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, está causando una gran incertidumbre e inseguridad entre los
trabajadores adscritos al Cuerpo de Policía Portuaria que prestan sus servicios en los Puertos de Interés General del Estado. Esta incertidumbre está generando entre los citados trabajadores un profundo temor a que sea el preludio de un proceso de
subcontratación/privatización de los servicios prestados hasta la fecha por el Cuerpo de Policía Portuaria.


La importancia de las funciones atribuidas, la eficacia y profesionalidad demostrada en el ejercicio de las citadas funciones y el importante número de trabajadores (más de 2.000) sobre los que en este momento se cierne una gran
incertidumbre sobre su futuro profesional, exigen que el Gobierno evite la inseguridad jurídica y despeje las dudas que en este momento se ciernen sobre un cuerpo de profesionales que lleva prestando sus servicios en los puertos españoles desde hace
más de trescientos años.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a normalizar el estatuto jurídico y funcional de la Policía Portuaria en los puertos de titularidad estatal, reforzando, sistematizando y regularizando normativamente las competencias
atribuidas al Cuerpo de Policía Portuaria en materia de seguridad portuaria y garantizando el mantenimiento de su carácter público, su figura como agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, así como que la prestación adecuada de los
servicios de policía, seguridad



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y vigilancia en dichos Puertos, encomendados a las Autoridades Portuarias, se realice a través de sus trabajadores adscritos al Servicio de Policía Portuaria.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2015.—Juan Luis Gordo Pérez, Diputado.—Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


Comisión de Educación y Deporte


161/003539


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre reprobación del Ministro de Educación, Cultura y Deporte, para su
debate en la Comisión de Educación y Deporte.


El «Boletín Oficial del Estado» (BOE) del 24 de febrero recoge dos resoluciones (1849 y 1850) de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación por las que se publica el currículo de la asignatura de
religión católica para la enseñanza obligatoria y el bachillerato, y cuyo temario ha sido elaborado por la Conferencia Episcopal Española en virtud de los acuerdos con la Santa Sede de 1979.


Se trata de un temario que vuelve al pasado y que supone un atentado frontal contra la neutralidad que debería tener un Estado aconfesional como el español. No puede ser que incluso la propia Conferencia Episcopal reconozca que el currículo
es confesional. Pero no es solo eso, sino que tiene una finalidad claramente de adoctrinamiento católico pues elimina cualquier referencia explícita a otras religiones, como el islam o el judaísmo.


Respecto a la evaluación, el currículo puntúa, entre otros contenidos, «el conocimiento de las formas de comunicarse con Dios». Por otra parte, propone actividades como que los alumnos de primaria «identifiquen y enumeren los cuidados que
reciben en su vida como don de Dios», o que memoricen y reproduzcan «fórmulas sencillas de petición y agradecimiento». En definitiva, se trata de abrir las puertas de par en par para que se puedan recuperar los rezos en las aulas. Pero todavía hay
más. En secundaria y bachillerato, los alumnos que escojan la asignatura tendrán una inmersión en toda regla en las teorías creacionistas y se evaluará que se esfuercen en «comprender el origen divino del cosmos» y que ese «no proviene del caos o
del azar». Un auténtico disparate.


Estamos ante una vuelta de tuerca más de la contrarreforma que ha querido imponer este Gobierno con la aprobación de la LOMCE. Una contrarreforma antidemocrática que parecer querer la vuelta a las esencias de un nacional-catolicismo que
creíamos superado, a un modelo donde se elimina la asignatura de educación para la ciudadanía para fortalecer el adoctrinamiento (católico en las escuelas públicas.


En este sentido, lo que es una opción personal no puede tener cabida en los centros educativos financiados con recursos públicos, y menos aún contabilizar corno media en las calificaciones. Cómo se pude tolerar que la asignatura de Religión
continúe siendo evaluable. Eso es admitir, por ejemplo, que los resultados de los exámenes —por ejemplo, contestar «correctamente» «que el hombre es capaz de hablar con Dios»— cuente para la nota media o, por ejemplo, para obtener una beca. Las
creencias, todas ellas muy legítimas, es evidente que deben de impartirse fuera de los centros educativos.


Es realmente inaudito que el que ha aprobado estos requisitos en la asignatura de Religión sea el mismo Gobierno que eliminó la asignatura de Educación para la Ciudadanía con el demagógico argumento de que incurría en el «adoctrinamiento
ideológico» y provocaba «una seria división en la sociedad». Pero es que incluso lo ha aprobado sin ningún debate previo y, de nuevo, a espaldas de la comunidad educativa. En definitiva, nos enfrentamos a un claro ataque a la aconfesionalidad del
Estado recogida en nuestra Constitución y, por consiguiente, a un retroceso al pasado, a un pasado en el que la religión era el eje vertebrador de la vida social de un Estado. En esta tesitura, el Ministro de Educación, Cultura y Deporte, el señor
José Ignacio Wert, debería asumir su responsabilidad en tal despropósito y presentar su inmediata e irrevocable dimisión.



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Por todo ello se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«1. El Congreso de los Diputados acuerda la reprobación del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, por ser el impulsor principal de una reforma educativa profundamente ideológica que pone de manifiesto su desprecio
hacia los valores, los principios y los derechos que proclama y reconoce la Constitución, y especialmente en lo que respecta a la aconfesionalidad del Estado.


2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


a) Retirar las resoluciones 1849 y 1850 de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación por las que se publica el currículo de la asignatura de religión católica.


b) Revisar los acuerdos de 1979 con la Santa Sede y el protocolo de relaciones entre el Estado y la Iglesia católica que da a ésta un estatus privilegiado respecto al resto de confesiones.


c) Presentar de forma inmediata ante esta Cámara un proyecto de ley de derogación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE).»


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2015.—Laia Ortiz Castellví, Diputada.—Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


161/003561


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a conseguir la absolución de los ciudadanos encausados
penalmente por defender la educación pública, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.


A raíz del juicio en Ourense de siete estudiantes acusados por defender sus derechos ciudadanos y la enseñanza pública, el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural denuncia una vez más la política del miedo y la represión de los Gobiernos
del Partido Popular, con las que pretende detener el ejercicio de nuestros derechos de ciudadanía. La política del odio al pueblo tiene como correlato la tentativa de generar miedo en las personas que salen las calles a protestar de manera
pacífica.


Esta estrategia que combina odio y miedo se ve nuevamente confirmada en el proceso judicial que se desarrolla en los juzgados de Ourense y en el que siete estudiantes son juzgados por defender sus derechos y la enseñanza pública.
Significativo es que el Gobierno impulse una acción penitenciaria contra estudiantes. Y que incluso en la concentración realizada días atrás en su apoyo se vuelvan a identificar a personas por simplemente ejercer el derecho de reunión y
manifestación.


Los incidentes sucedieron en octubre del 2012 en el marco de las movilizaciones estudiantiles en defensa de la enseñanza pública. Movilización concluida con el acto político de imputar por la Fiscalía a los siete estudiantes, en una acción
en la que participó alumnado a partir de los 14 años. Una de tantas protestas en defensa de la enseñanza pública.


Las condenas que se piden para estos jóvenes, de hasta 5 años de cárcel, evidencian lo que intenta el Gobierno: cerrar con sanciones penitenciarias las calles. La criminalización de la protesta ciudadana como respuesta de un poder
enfeudado a la violencia neoliberal.


Por todo ello se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a que se dirija a las autoridades competentes para reclamar la retirada de las acusaciones por lo menos por parte de la Fiscalía, demanda



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la absolución de los acusados y afirma el derecho de la ciudadanía a disponer de una enseñanza pública, universal y gratuita, liberada ya de la violencia de los recortes austericidas.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2015.—María Caridad García Álvarez, Diputada.—José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


Comisión de Empleo y Seguridad Social


161/003572


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre
igualdad de oportunidades de los/as artistas, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.


Exposición de motivos


El sector de la cultura está sufriendo de manera dramática la crisis económica.


Un sector que representa el 2,7 % del empleo total y supone más del 3,6 % del PIB del país requiere de una acción especial y especifica por parte de los poderes públicos. Los creadores españoles son una parte indispensable de un sector
económico, el de la cultura, que genera riqueza económica y que da empleo a más de 485.000 trabajadores/as.


Las recetas de la derecha con unas políticas impositivas insoportables para el sector de la cultura, lo están haciendo retroceder a tiempos remotos.


Una perspectiva más detallada nos señala la enorme pérdida de empleo, un descenso cercano al 20 %. Pocos sectores han destruido tanto empleo en tan poco tiempo y la cultura debería ser objeto de la atención debida.


En este escenario de enorme dificultad, se observan diferencias significativas por sexo entre el empleo vinculado al ámbito cultural y el empleo total, con una mayor proporción de varones, 60,4 %, frente al 39,6 % de las mujeres observado en
el conjunto del empleo.


En una situación de caída de la demanda nacional como consecuencia de la devaluación interna propiciada por las políticas de ajuste, el gobierno, lejos de articular una política de fomento y protección del sector de la cultura, ha tomado un
rosario de medidas que han hundido a gran parte del sector, que sobrevive a duras penas. Comenzaron por la subida del IVA, especialmente en las artes escénicas y cinematográficas, siguieron con los recortes presupuestarios de promoción de la
cultura, a ello hay que añadir una ausencia total de medidas alternativas y de política estratégica paras el sector.


La inmensa mayoría de trabajos académicos y opiniones públicas y políticas, reconoce al sector de la cultura como uno de los sectores de mayor potencialidad económica y utilidad social por su efecto multiplicador. El sector forma una
compleja cadena que incorpora: la creación, la producción, comercialización, exhibición y valoración. Aquí entra la interpretación, la gestión del acervo cultural, la formación inicial y continua, la socialización, la difusión. El sector cultural
incide en una cualificación de la oferta para sectores económicos pujantes como el turismo y la economía de cuidados.


El desarrollo del sector solo es posible si quienes crean la cultura, quienes interpretan y quienes la hacen técnicamente posible disponen de un conjunto de derechos y mecanismos equivalentes al del resto de los trabajadores. El capital
humano que atesora la cultura en nuestro país se ignora y está en situación de precariedad económica y laboral por la inexistencia de mecanismos que compensen el carácter intermitente del proceso creativo y de producción. Además se trata de empleos
en su mayoría por cuenta propia lo que supone un menor grado de protección frente al desempleo y más inestabilidad laboral. El empleo en el sector de la cultura se caracteriza por su fragmentación, temporalidad e inestabilidad.



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El desempleo y la desprotección es el menú diario de artistas y de personas que desarrollan su actividad en los ámbitos ligados a la creación, producción y a la interpretación.


Los datos que ofrece el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sobre la ocupación en el sector cultural muestran una ocupación de las mujeres muy inferior a la media del resto de sectores (en 2013 el empleo femenino representaba el 39,6
% del total mientras la media del resto de sectores fue de 45,6 %). Además continúa destruyéndose empleo femenino mientras el masculino ha empezado a recuperarse. El principio de igualdad de género parece no regir en este sector.


La opinión pública desconoce la realidad laboral de las personas que trabajan en el sector y sobre la que existe un auténtico apagón estadístico. La Secretaria de Estado de Cultura no facilita datos desagregados que permitan conocer a fondo
la situación y necesidades de las personas que desarrollan su trabajo en los distintos subsectores que componen la cultura. Tampoco dan noticia de la evolución del número de personas activas y desempleadas en este sector que permita conocer la
incidencia del paro en los distintos subsectores, ni hay información sobre los beneficiarios de prestaciones por desempleo para medir el grado de cobertura del sistema de protección.


Los datos que manejan los profesionales del sector en cuanto a destrucción de empleo en las artes escénicas y cinematográficas son alarmantes. Según los datos del sindicato de la Unión de Actores y Actrices, la situación es especialmente
dramática para las mujeres artistas que sufren de manera especial el desempleo. Por tramos de edad, las mujeres entre 40 y 60 años son objeto de una mayor discriminación.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar de forma inmediata las medidas que permitan conocer la situación de los trabajadores de la cultura y la aplicación del principio de igualdad en los teatros dependientes del Ministerio
de Cultura.


Para ello, y entre otras medidas, se propone:


Primero. Que a partir de los datos de la Tesorería de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo y del conjunto de encuestas realizadas por el INE, la Secretaria de Estado de Cultura ofrezca, antes de que finalice el actual periodo
de sesiones, una información sistemática sobre empleo, desempleo y población activa y prestaciones por desempleo de los diferentes subsectores que componen el sector de la cultura. Esta información debe presentarse desagregada por sexo en los
distintos tramos de edad y niveles educativos. Una vez se disponga de la información solicitada, los datos se incorporarán en el Anuario de Estadísticas Culturales.


Segundo. Que de forma inmediata se apliquen todas y cada una de la Recomendaciones aprobadas por la Comisión europea el 7 de marzo de 2014, en relación a la “Transparencia en las Empresas” en el conjunto de entidades y empresas públicas
dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Esta información debe estar disponible para las distintas organizaciones sindicales de la Unión de Actores y Actrices, y el resto de organizaciones representativas de los trabajadores, en
dos meses.


Tercero. Que se fijen unos objetivos de igualdad de oportunidades en razón de género acordados con las organizaciones sindicales más representativas en todas las producciones (repartos, autoría y dirección) y se conozcan las cifras en los
Teatros Públicos dependientes del INAEM. Para ello y en colaboración de la Conferencia Sectorial de cultura se evaluará la situación de elaboración y aplicación de los planes de igualdad en aquellos organismos públicos culturales dependientes de
cada una de las Administraciones.


Cuarto. Se acordarán líneas y programas específicos de ayudas a la creación, producción y promoción vinculadas y condicionadas al cumplimiento de unos objetivos de igualdad de género, tanto cinematográfica, en las artes escénicas como de
las artes plásticas y la música. La administración general del Estado se compromete a acordar con los sindicatos más representativos, asociaciones y entidades de gestión de derechos de autor del sector, la cuantía, objetivos y criterio para una de
estas ayudas. Además se establezcan criterios para que en el ámbito del producción y la creación se contribuya a la valoración de la visibilización de autoras y e intérpretes.


Quinto. Se establecerá un programa específico de ayudas a la creación, producción, promoción y programación, de las obras teatrales, cinematográficas y escénicas realizadas por mujeres. Este programa



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además, prestará especial atención a contribuir a la creación de nuevos públicos y la visibilización del trabajo de la mujer en todas las disciplinas artísticas.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2015.—María Concepción Gutiérrez del Castillo, Rafael Simancas Simancas, José Andrés Torres Mora y Carmen Montón Giménez, Diputados.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.


Comisión de Industria, Energía y Turismo


161/003550


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada Rosana Pérez Fernández (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate
en la Comisión de Industria, relativa a la necesidad de acometer un nuevo modelo eléctrico.


Exposición de motivos


La importancia estratégica del sector energético es indiscutible. A pesar de ello, la regulación eléctrica del Estado español ha ido desplazando la capacidad de intervención pública en dicho sector desde que en 1997 se inició su
liberalización, que ha desembocado en un oligopolio empresarial, y con ello en un negocio redondo de un puñado de empresas que se reparten cada vez más cuantiosos beneficios.


Recordemos que la patronal eléctrica UNESA engloba a cinco grandes empresas energéticas, que son responsables del 70 % de la generación eléctrica en el Estado español, distribuyen el 97 % de la energía que se consume y comercializan el 86 %
de la electricidad.


Se estima, por otra parte, que esas cinco grandes empresas eléctricas que operan en el Estado español han sumado 41.427 millones de euros de beneficio neto durante el período posterior a la liberalización eléctrica, comprendido entre los
años 2000 y 2012. Lo más llamativo, es que en el período de recesión económica, los precios experimentaron un incremento exponencial, entrando en una dinámica de crecimiento continuado justamente en una época de crisis y estancamiento del consumo.
Esto coincide con la información estadística de Eurostat, que constata que el precio de la energía eléctrica en el Estado español es de los más altos de Europa al haber alcanzado importantes aumentos desde el año 2007.


Así mismo, un estudio divulgado en 2014, elaborado por la organización empresarial PIMEC, resalta que las empresas agrupadas en UNESA han registrado en sus principales resultados —cifra de negocios, EBITDA, EBIT, beneficio antes de impuestos
y beneficio neto— unos valores medios anuales superiores en el período recesivo que en el período expansivo. La cifra media de ventas es de un 34 % superior; el EBITDA, un 42 % mayor, y el EBIT, un 28 %. En cuanto a beneficios antes de impuestos,
han aumentado un 35 % y el beneficio neto, un 39 % más. En suma, los beneficios medios anuales antes de impuestos y netos han sido superiores en período de recesión que en el de expansión, pese a la caída de la demanda eléctrica, lo que muestra
claras evidencias de que las grandes empresas del sector eléctrico que operan en oligopolio han compensado la caída de la demanda eléctrica con un incremento de los precios, y que han mantenido un elevado nivel de consecución de beneficios, pese a
la crisis económica, por delante de empresas de otros sectores económicos, sean grandes empresas cotizadas o pymes.


Además, hemos de recordar que en ese período, al mismo tiempo de haber recibido una billonaria inyección de fondos de los denominados «costes de transición», también han acumulado el denominado «deficit tarifarlo», lo que sitúa a las grandes
empresas eléctricas como acreedoras frente al Estado, por haber asumido hipotéticamente cuantiosas pérdidas derivadas de la parte regulada de los precios de la energía durante esos años.


El último dato aún es más escandaloso. En 2014, después de la última reforma energética, el beneficio de las grandes empresas eléctricas que operan en el Estado español se ha disparado. Así, las tres grandes eléctricas —Endesa, lberdrola y
Gas Natural Fenosa— obtuvieron unos beneficios netos de 7.125,5



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millones de euros en 2014, lo que supone un 20,8 % más que los 5.896 millones de euros ganados en 2013. Al mismo tiempo, la corporación gestora del sistema Red Eléctrica Española obtuvo un beneficio neto de 717,8 millones de euros en 2014,
cifra un 35,7 % superior a la de 2013.


Este panorama de abundancia y éxito económico de las empresas eléctricas contrasta, por otra parte, con que, según la Asociación de Ciencias Ambientales, más de un 9 por 100 de los hogares, lo que supone cuatro millones de personas en el
conjunto del Estado español, sufren «pobreza energética», es decir, son incapaces de satisfacer una cantidad mínima de servicios de energía para sus necesidades básicas, e incluso, alrededor del 17 por 100 de los hogares, más de 7 millones de
personas destinaron en 2014 más de 10 por 100 de sus ingresos anuales al pago de la factura energética.


A esta situación se ha llegado debido a un modelo regulador que ha potenciado tanto la liberalización y cesión del sector energético a un oligopolio empresarial, como la centralización de las decisiones, reforzando un sistema eléctrico
unitario, totalmente ineficiente e injusto, sobre todo con aquellos territorios que producen energía que han de pagarla como si tuvieran que importarla, a pesar de sufrir impactos ambientales. Es realmente insólito que zonas productoras de energía
no puedan regular directamente su aprovechamiento, controlar y establecer por ello su precio, es decir, ser dueños en estricto sentido de los recursos que poseen para producir energía eléctrica; sino que venga impuesto ese precio, y por tanto el
control de sus recursos, en base a una «ficción» de sistema unitario, que prima la retribución de grandes empresas y accionistas.


Esta es la situación discriminatoria que padece Galicia, frente a los supuestos beneficios de la solidaridad territorial, ya que se ve obligada a ceder el control de la producción de un bien básico como es la electricidad, para que su precio
sea establecido en base a un sistema centralizado y unitario diseñado desde Madrid por parte de un entramado de empresas eléctricas que repatrían sus beneficios en su mayor parte al exterior de Galicia y del Estado español.


Históricamente, Galicia apenas contó con capacidad para diseñar y aplicar una estrategia energética propia, orientada un aprovechamiento endógeno de sus recursos energéticos, puesto que durante décadas desempeñó un papel de centro
suministrador de energía eléctrica para el resto del Estado español, en base a su potencial hidroeléctrico y a los yacimientos de carbón, acrecentado posteriormente con el desarrollo del aprovechamiento eólico. El marco regulatorio y tarifario
común en todo el Estado, que ha favorecido la adopción de decisiones por las empresas eléctricas que actúan en régimen de oligopolio, se ha visto reforzado con el proceso liberalizador, iniciado en 1997 y culminado con la reforma de 2013, deja sin
capacidad de decidir en este ámbito a un país generador de energía, y que se ve arrastrado por las nefastas consecuencias que afectan a todo el modelo: incremento exponencial del precio de la energía, apropiación de un reducido número de empresas
de cada vez mayor proporción de beneficios de la actividad eléctrica, paralización en el impulso a un cambio de modelo basado en la explotación de energías renovables, y finalmente, incremento de la exclusión en el acceso a la energía a cada vez más
personas, a pesar de ser un recurso disponible en su territorio.


Por todo ello, debe acometerse un cambio profundo en el modelo energético, revocando la regulación que ha implicado tanto una centralización de la decisión sobre el sistema eléctrico como la liberalización del mismo, pues también ha
reforzado esa centralización al consolidar el dominio de un oligopolio empresarial que ejerce su influencia de forma determinante. Y ello no puede ser simplemente un regreso al control del sistema eléctrico de forma centralizada, aún siendo
público, sino adoptando un marco donde la capacidad de decidir resida realmente en los territorios que poseen los recursos materiales para la generación eléctrica, pues constituye una tremenda injusticia seguir apropiándose por el Estado de su
capacidad para controlar y administrar esos recursos, que se agrava además por idear un injusto modelo eléctrico que delega esa capacidad real en un reducido «pool» de empresas, que sitúan el beneficio propio por encima del interés público de
avanzar hacia un modelo energético sostenible, tanto desde el punto de vista económico como ambiental.


Por todo ello, se formula la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Acometer un nuevo modelo eléctrico en el cual las Comunidades Autónomas ostenten competencias para la regulación de precios de la generación de energía eléctrica.



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2. En base a ello, habilitar el establecimiento de tarifas eléctricas diferenciadas en función de la política y el balance eléctrico en cada Comunidad Autónoma.


3. Regular de forma inmediata medidas para paliar la pobreza energética.


4. Impulsar la generación eléctrica a través de energías renovables, así como regular un marco que favorezca el autoconsumo energético mediante un sistema de balance neto.


5. Realizar una auditoría de los costes reales de producción eléctrica, para determinar la existencia del denominado «déficit tarifarlo», teniendo en cuenta los grandes beneficios declarados por las empresas eléctricas.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2015.—Rosana Pérez Fernández, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.


161/003553


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley relativa al
desarrollo económico, el emprendimiento, el fomento del empleo y la potenciación de la imagen y marca Ceuta, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.


Exposición de motivos


Desde el Grupo Parlamentario Socialista prestamos una atención permanente a la situación económica y social de la Ciudad Autónoma de Ceuta, fruto de esta atención, constatamos que la situación actual requiere una actuación inmediata y
decidida en dicha ciudad, actuación que debe abordar el fomento del emprendimiento en distintos ámbitos.


Ceuta cuenta con una de las mayores tasas de desempleo de toda Europa, y se caracteriza esta tasa, tanto por su elevado número, como por la composición de la misma, siendo el desempleo juvenil y femenino de los más significados, con el
consiguiente efecto en la sociedad ceutí y en las expectativas futuras de la ciudadanía.


La estructura productiva de la ciudad se encuentra, en un estado de total estancamiento y está caracterizada por una elevadísima dependencia del sector público. Esta situación se lleva prorrogando desde hace años, originándose como
consecuencia del agotamiento en los años 80 del enfoque económico basado en el comercio del Bazar.


Ceuta se caracteriza por su singularidad, debida a la situación de extrapeninsularidad. Debido a ello tiene con una serie de especificaciones tanto fiscales, en cuotas a la Seguridad Social y de otro tipo. Especificidades, que se recogen
tanto en el marco legislativo español, corno en el ámbito de la Unión Europea. Cuestiones todas ellas que puestas al servicio del desarrollo económico y a la potenciación del tejido productivo e industrial, deben significar una ventaja competitiva
innegable, y que hace ser optimistas de cara a las posibilidades de éxito y de futuro de la ciudad y de su economía, siempre que las decisiones y acciones sean decididas en la búsqueda de desarrollar la ciudad, apostar por el dinamismo emprendedor y
la creación de empleo.


Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno al Gobierno a elaborar un Plan Integral de comercio, emprendimiento y desarrollo turístico para Ceuta, que contemple:


1. Plan de fomento de implantación de empresas, especialmente de media y de media alta tecnología, y de empresas que contribuyan a la exportación de la marca Ceuta, acompañando dicho plan de una línea específica de financiación y apoyo.


2. Creación de un grupo de trabajo específico, de carácter trasversal, para abordar la revisión y actualización del marco legislativo, económico y fiscal de Ceuta, con el fin de potenciar la economía local y mantener una ventaja competitiva
con capacidad para potenciar el desarrollo empresarial en Ceuta.



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3. Realizar desde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo una campaña nacional e internacional concreta y específica, dirigida a la potenciación de la imagen de Ceuta y de los Productos Ceuta, que desarrolle su papel en los nexo
África-Europa y Latinoamérica-África.


4. Realizar una actuación de promoción de implantación de industrias en Ceuta, que se incorpore en la Agenda para el fortalecimiento del sector industrial en España y recoja las actuaciones del Ministerio de Industria, Energía y Turismo así
como de otros Departamentos ministeriales y entidades públicas, orientadas a facilitar un entorno empresarial favorable al desarrollo del tejido industrial en Ceuta.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2015.—Gaspar Carlos Zarrías Arévalo y Patricia Blanquer Alcaraz, Diputados.—Antonio Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


161/003557


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para
la mejora de las condiciones de adjudicación del Programa de Vacaciones del IMSERSO e incrementar las medidas de apoyo a la desestacionalización del sector turístico, para su debate en la Comisión de Industria, Energía, y Turismo.


Exposición de motivos


El Gobierno de España ha introducido cambios en los pliegos de condiciones y puntuación del proceso de adjudicación del Programa de Turismo Social del IMSERSO para Personas Mayores y Mantenimiento del empleo en Zonas Turísticas, sin que
previamente se haya atendido ninguna de las peticiones formuladas por el sector para mejorar la gestión y rentabilidad social y económica de este programa.


Entre los cambios introducidos de forma unilateral destaca un diseño de programa que penaliza gravemente la participación de los hoteles de 3 estrellas. Cabe recordar que han sido este tipo de establecimientos los que han sostenido este
programa durante sus casi 30 años de existencia. La preocupación entre los hoteleros es palpable, ya que muchos de ellos tienen toda su plantilla laboral de invierno organizada. Y es que en el nuevo concurso para la adjudicación de operador se
premia a la candidatura que oferte un mayor número de plazas en hoteles de 4 estrellas.


El Gobierno de España ha demostrado un absoluto desconocimiento de la industria hotelera, y no han valorado lo suficiente el objetivo del mantenimiento del empleo en zonas turísticas, ni la calidad que se da actualmente a los usuarios en
estos hoteles de tres estrellas.


Hay que recordar que en este programa empezaron a trabajar establecimientos de 2 estrellas que hace unos años realizaron importantes inversiones para mantenerse en el mismo y subir de categoría a 3 estrellas. Ahora, estos establecimientos
pueden verse fuera de la contratación o con unos cupos tan reducidos que hacen inviable la actividad económica.


Ni el IMSERSO, ni el Ministerio de industria, Energía, y Turismo han comunicado esta importante variación de estrategia a las organizaciones hoteleras que participan en las diferentes comisiones de seguimiento.


Los nuevos pliegos fueron publicados el pasado día 5 de febrero, y el plazo para presentar propuestas de adjudicatarios finaliza el día 17 de marzo, por lo que, aunque tarde y mal, aún se puede detener el proceso sin generar mayores agravios
por la adquisición de derechos por parte de terceros.


A este hecho hay que sumar una reducción de 30 millones de euros en el presupuesto para este programa. Cosa que es un error político por las consecuencias sociales que tiene, pero también económico, ya que el retorno de la inversión
realizada es de 1,5 euros por cada euro invertido.


También tiene un efecto directo en la oferta el aumento del IVA Turístico, tanto en la hostelería, como en las agencias de viaje, en lo referente al Programa del IMSERSO, como en el conjunto de la demanda externa a este programa, generando
mayores dificultades para superar la desestacionalización.



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Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Evitar que el proceso de adjudicación del Programa de Vacaciones del IMSERSO suponga un perjuicio añadido para los hoteles de los lugares de destino, que han venido colaborando con este programa y especializando sus características a los
requerimientos del mismo. Y tener en cuenta en la gestión del Programa el papel que cumplen estos hoteles en las economías y el empleo local.


2. Recoger las recomendaciones del sector turístico, incluidos todos los subsectores que participan en este programa, para mejorar la gestión y resultado social y económico del Programa de Vacaciones del IMSERSO, incorporando en el nuevo
pliego para su adjudicación aquellas que se consideren oportunas para mejorar el servicio público que se da y generar y mantener empleo estable en el sector turístico.


3. Realizar las modificaciones oportunas en los Presupuestos Generales del Estado de 2015 para que en la temporada 2015-2016 del Programa de Vacaciones del IMSERSO se recupere la inversión realizada en la temporada 2011-2012.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2015.—Herick Manuel Campos Arteseros, Joaquín Francisco Puig Ferrer, Sebastian Franquis Vera y Felipe Jesús Sicilia Alférez Diputados.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.


161/003564


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la reprobación del Ministro de Industria, Energía y Turismo, para
su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.


En el marco de la reforma eléctrica del Gobierno, uno de los objetivos era recortar las primas a las energías renovables; para ello, el Gobierno buscó consultoras externas que evaluaran los costes reales de las renovables por tecnología,
para adjudicar a cada una de ellas una rentabilidad razonable similar. Así, se contrató a las consultoras The. Boston Consulting Group y Roland Berger para cotejar sus conclusiones con las de Industria.


Según declaraciones del Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, en noviembre de 2013 solo faltaban los informes de las consultoras para concluir la reforma eléctrica: «Solo queda que las consultoras externas nos den ya
el informe definitivo de los costes estándares en base a los cuales se van a aplicar los nuevos incentivos a la inversión a las energías renovables».


Finalmente, el Ministerio de Industria aprobó el 16 junio de 2014 la orden de estándares de las renovables, pero se negó a hacer públicos los estudios en los que se basaba. Las empresas productoras de energías renovables los habían
solicitado al no estar de acuerdo con los parámetros de inversión aprobados por el Gobierno.


La Diputada Laia Ortiz, del Grupo de La Izquierda Plural solicitó dichos informes en el Congreso el día 15 de julio de 2014; al no obtener respuesta alguna una vez concluido el plazo máximo para ello (el 4 de octubre de 2014), solicitó
amparo al Presidente del Congreso el 14 de enero de 2015 con la finalidad de que se le remitieran dichos informes, no habiendo obtenido respuesta alguna en estos momentos.


Gracias a la información remitida finalmente por el IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético) el 10 de marzo de 2015 al Tribunal Supremo sabemos que Roland Berger finalizó su informe definitivo el 31 de octubre de 2014
y que The Boston Consulting Group rescindió el contrato con el IDAE en febrero de 2015 pese a haberse firmado el 18 de diciembre de 2013. El Ministerio de Industria recibió el informe cuatro meses después de haber aprobado la orden que
supuestamente se debía basar en dicho informe.


Ahora sabemos por qué el Gobierno se negaba a aportar los informes: resulta que han aprobado unos recortes de 3.000 millones de euros que han significado un parón en el crecimiento de unas energías que



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han de ser el futuro del país, dejando el sector al borde de la ruina sin contar con los informes en los que se habían de basar, y que nos dijeron que eran en los que se habían basado.


El engaño del Ministerio recae en que el gobierno ha hecho unos cálculos recortando las renovables sin basarse en unos criterios objetivos, lo que demuestra una arbitrariedad absoluta. Afirmaron que los estándares de los costes de inversión
se basaban en los informes de las consultoras Roland Berger y Boston cuando realmente no ha sido así. Han actuado con opacidad al no querer hacer públicos estos informes. Esta actuación pone de manifiesto la apuesta del Gobierno por los
combustibles fósiles y por las empresas del oligopolio energético.


Porque sus acciones han tenido unas consecuencias muy graves sobre el modelo energético de este país, impidiendo una transición hacia un modelo independiente de los combustibles fósiles, que no genere contaminación atmosférica ni emisiones
de cambio climático. Un modelo basado en las energías renovables, el ahorro y la eficiencia.


Por todo ello se presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados reprueba al Ministro de Industria, Energía y Turismo por haber actuado desde la opacidad, el engaño y la arbitrariedad en la fijación de los estándares de los costes de inversión y operación que han servido para
establecer la retribución de las energías renovables.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2015.—Laia Ortiz Castellví, Diputada.—Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


161/003590


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tenemos el honor de dirigirnos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición
no de Ley sobre el aprovechamiento turístico de embalses en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.


Exposición de motivos


La aparición en los últimos años de nuevos segmentos de demanda turística que muestran un claro interés por lo natural, por el turismo activo, ofrece una oportunidad de diversificación y desarrollo para el medio rural en general y para el
sector empresarial dedicado al turismo de naturaleza, en particular. En este contexto es factible para los empresarios mejorar su competitividad ofertando actividades complementarias de ocio ligadas al medio natural.


Pero esbozar una oferta de turismo rural atrayente pasa por una planificación rigurosa del destino, teniendo en cuenta los recursos disponibles, poniéndolos en valor y haciéndolos accesibles para el turista.


Y si de este tipo de recursos hablamos, Castilla y León dispone de un valioso patrimonio natural caracterizado precisamente por la gran calidad de sus recursos, catalogados muchos de ellos como zonas naturales de singular relevancia. Este
hecho hace pensar en sus notables posibilidades de cara a posicionarse ventajosamente en el mercado de turismo de naturaleza como destino atractivo. Entre sus recursos naturales susceptibles de ser puestos en valor a través de su transformación en
productos turísticos comercializables, destacan sus costas interiores. La región acoge a grandes pantanos como el de Bárcena, Barrios de Luna , Riaño, Villameca, Ricobayo, Montamarta, Almendra, Videmala, Vegalatrave, Moral de Sayago, entre otros.


Recursos hídricos que permiten una gran variedad de actividades de ocio y que constituyen una vía para mejorar la satisfacción de los turistas, aumentando las probabilidades de que decidan repetir destino, así como de que alarguen su
estancia.


Hablamos pues de una serie de factores que determinan la idoneidad de Castilla y León para poder explotar turísticamente sus costas interiores, siendo la naturaleza y el agua los principales ejes de desarrollo de esta iniciativa potenciadora
de la economía de la zona donde junto a la pesca deportiva, es excelente el entorno para la observación del paisaje, la avifauna y la flora.



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La búsqueda de recursos que potencien la economía es fundamental en Comarcas donde la despoblación hace cada vez más mella, siendo el turismo una importante fuente de ingresos que favorece el desarrollo y palia esta lacra de la despoblación
en la que se ven sumidas muchas comarcas del interior de Castilla y León.


Teniendo en cuenta los objetivos anteriores, todo uso público y social de embalses debe siempre desarrollarse en armonía y salvaguardando los numerosos valores ecológicos que presentan las zonas susceptibles de aprovechamiento. Obviamente,
lo primero que se tiene que salvaguardar, será la legislación europea, nacional y de cada confederación hidrográfica, pero no se tratará solo de no contaminar, respetar la biodiversidad y no autorizar usos que pongan en riesgo la calidad de las
aguas o los ecosistemas. Se tratará precisamente de que a la hora de abordar el aprovechamiento turístico se haga sobre la base de potenciar los valores del respeto a los hábitats, por tanto, se trataría de que los planes para el aprovechamiento
turístico no solo están obligados a evitar cualquier daño o impacto ambiental negativo, sino al contrario, deben ser acompañados por medidas que restauraren y mejoren los espacios con síntomas de degradación. En este sentido, antes de aprobar los
usos se deberán realizar, entre otros, los estudios del medio biofísica que incluyan clima, geología, geotecnia, altitudes y pendientes fauna y vegetación terrestre y acuática, paisaje, espacios protegidos, lugares de interés comunitario y zonas de
especial protección para las aves.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


Impulsar que desde las Confederaciones Hidrográficas de Castilla y León del Duero, Miño y Norte, junto a la Junta de Castilla y León y los Ayuntamientos con embalses en su término municipal, se realicen Planes de Aprovechamiento Turístico de
los embalses de Castilla y León que contemplen entre otras actuaciones:


— La práctica de deportes acuáticos tales como vela, piragüismo, windsurf, excluyendo la navegación a motor.


— La habilitación de zonas de baño seguras.


— El acondicionamiento, en su entorno de itinerarios para bicicletas, sendas peatonales y áreas recreativas, así como ecoitinerarios que permitan conocer la biodiversidad de la zona.


Los mencionados planes respetarán los hábitats, e incorporarán medidas para que el aprovechamiento turístico sea compatible con evitar daños ambientales y sean aprovechados por medidas que restauren y mejoren los espacios con síntomas de
degradación.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2015.—María del Mar Rominguera Salazar, María Luisa González Santín y Juan Luis Gordo Pérez, Diputados.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente


161/003540


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre la
aplicación de la PAC en la Comunidad Valenciana, para su debate la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.


Exposición de motivos


Estudios realizados por organizaciones agrarias valencianas ponen de manifiesto que de los 45.777.000 euros que corresponderán a España en aplicación de la nueva Política Agrícola Común



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(PAC), aprobada para el período 2014-2020 por la UE, a la Comunidad Valenciana no llegará más del 2,8 % del total.


Esta nueva PAC, que ha comenzado a aplicarse para este año 2015, perpetúa y profundiza la discriminación histórica a la que las instituciones europeas vienen sometiendo los cultivos mediterráneos.


De este modo, el 50,4 % de la superficie agraria de la Comunidad Valenciana (334.102 hectáreas) no percibirá ningún tipo de ayudas directas procedentes de los fondos europeos y el 20’8 % de los agricultores valencianos (25.060 titulares de
explotaciones) se quedarán igualmente sin subvención comunitaria.


Frente a estos datos en la Comunidad Valenciana, los datos en relación con el conjunto de España demuestran que la superficie que se quedará sin ayudas directas de la PAC solo representará el 25 % del terreno agrícola español y los
agricultores españoles que no recibirán subvenciones serán del 15,4 %.


Aunque han transcurrido más de cincuenta años de PAC y se han aprobado siete reformas consecutivas, actualmente sigue habiendo grupos de cultivos como las hortalizas, frutales o la mayor parte de la vid siguen sin percibir ayudas europeas
por una decisión que las organizaciones agrarias consideran arbitraria y que implica un agravio comparativo en relación con el resto de producciones agrarias que sí cobran ayudas.


El hecho es que cultivos muy importantes para los valencianos, como las hortalizas de l’Horta de València, los albaricoques de la Vall d’Abaida, el moscatel de Teulada o Toris, la alcachofa de Benicarló, las cerezas de la Muntanya d’Alacant
o la mayoría de las vides de Utiel-Requena no percibirán pagos directos.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a incluir los cultivos valencianos referidos en las líneas de ayudas directas y pagos acoplados previstos por la Política Agrícola Común (PAC) para el período 2014-2020.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2015.—José Luis Ábalos Meco y Alejandro Alonso Núñez, Diputados.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


161/003545


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley sobre la lucha contra la plaga del caracol manzana.


Antecedentes


La producción de arroz en la economía del Delta del Ebro es fundamental. La consolidación del cultivo del arroz ha permitido fijar un modelo agrícola rendible y de calidad, situando al Delta del Ebro en uno de los espacios húmedos más
importantes del sur de Europa, generando a su vez un importante flujo turístico hacia la zona, que ha dado un gran reconocimiento al Delta y a sus productos. Pero este modelo tiene sus amenazas como la especie invasora del caracol manzana.


Hace más de cinco años que el Delta del Ebro sufre la plaga del caracol manzana, una especie invasora extremadamente voraz y prolífica. Un solo ejemplar del caracol manzana (Pomacea insularum) es capaz de devorar en un día un metro cuadrado
de arrozal. Es el más grande de todos los caracoles, y una de las 100 especies invasoras más perniciosas para el planeta.


En cualquier caso, la situación es realmente grave en el Delta del Ebro. El caracol manzana es capaz de depositar entre 800 y 2.000 huevos por puesta, que en tres meses estarán a su vez dispuestos para extender la especie. Por eso, de las
8 hectáreas inicialmente afectadas en la margen izquierda del Ebro se ha llegado a 7.000 en pocos años. Todo ello afectando de manera directa a la producción y al ecosistema.



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La situación es preocupante. Hay expertos que afirman que es prácticamente imposible eliminar la plaga, por tanto las distintas administraciones implicadas en la lucha contra el caracol manzana deben esforzarse al máximo para llevar a cabo
actuaciones contundentes para alcanzar un control total de la misma, dado que su progresiva expansión pone en serio peligro la continuidad del cultivo del arroz en el Delta.


Las actuaciones tendentes a exterminar la plaga, o por lo menos a reducir su implantación, llevadas a cabo hasta el momento por la Generalitat de Catalunya, y en el ámbito de sus competencias, de la Administración General del Estado a través
de la Confederación Hidrográfica del Ebro en el control de la proliferación del caracol por el cauce fluvial del Ebro, no han sido suficientes.


Por otro lado, si bien es cierto, que la medida de salinización de los campos se ha mostrado altamente eficaz contra el caracol manzana también se ha evidenciado que provoca reducciones importantes del cultivo en algunas zonas.


La preocupación por esta plaga no atañe solo al Estado español. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), ya publicó un informe en el que se alertaba de la posibilidad de propagación de este caracol a los humedales del sur de
Francia, Italia, Grecia y los Balcanes, hasta la frontera con el Danubio, con el riesgo «masivo» que implicaría para el agua fresca y los hábitats de alto valor ecológico de esas zonas.


Por tanto, es prioritario alertar a las Instituciones Europeas que la plaga del caracol manzana podría extenderse por toda Europa y en consecuencia debería constituir una preocupación de ámbito europeo.


Pensar que es un problema localizado en el Delta del Ebro constituye un grave error. En Europa hay 450.000 hectáreas arroceras y que la plaga que actualmente está afectando al Delta en un futuro, si no se actúa de manera conjunta y efectiva
entre todas las administraciones implicadas, puede afectar a todas las zonas húmedas del Mediterráneo, desde Portugal hasta Turquía, y también en la orilla sur.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reclamar a las Instituciones Europeas una mayor implicación en la lucha contra la plaga del caracol manzana, reconociendo que se trata de un problema de ámbito europeo y no exclusivo del
Delta del Ebro, favoreciendo así una actuación más concentrada y efectiva entre todas las administraciones responsables. Ello supondrá un incremento de recursos por parte de la UE con el fin de investigar nuevas técnicas que permitan erradicar la
plaga en los arrozales y en el río Ebro evitando a su vez consecuencias negativas para los productores de arroz, así como para el entorno natural.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2015.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


161/003558


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la acuicultura, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.


Exposición de motivos


El Reglamento (UE) n.º 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la Política Pesquera Común (PPC) señala como uno de los objetivos fundamentales de la nueva PPC el «promover el desarrollo de
actividades acuícolas sostenibles en la Unión, a fin de contribuir al abastecimiento alimentario y seguridad alimentaria y al empleo» [artículo 2.5.e)].


Definida la acuicultura como «la cría o el cultivo de organismos acuáticos con técnicas encaminadas a aumentar la producción de los organismos en cuestión por encima de las capacidades naturales del medio; dichos organismos son, a lo largo
de toda la fase de cría o cultivo y hasta el momento de su recogida, propiedad de una persona física o jurídica» (artículo 4), esta norma comunitaria dedica su



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parte VII (artículo 34) a la promoción de esta actividad siempre que sea sostenible y establece, no solo en relación con la pesca sino también en relación con la acuicultura, una regulación común de mercados y la existencia de un consejo
consultivo de la acuicultura.


Esta actividad acuícola tiene una creciente importancia y auge como actividad económica complementaria de la pesca marítima —con algún leve retroceso en los últimos años—, al ser fuente alternativa de alimentos de origen marino y
abastecimiento del mercado. En un mundo con más de 9.500 millones de habitantes y en el que más de 800 millones de personas sufren desnutrición crónica, se acentúa el reto alimentario al que la acuicultura es una de las posibles respuestas. Por
ello, es previsible que este auge se incremente en el futuro si tenemos en cuenta la actual tendencia al ajuste de la capacidad de pesca en aras del principio de la sostenibilidad, especialmente visible en la nueva Política Pesquera Común (PPC).


España es, de hecho el principal país de producción acuícola de la UE superada en el conjunto de Europa solo por Noruega. Según datos del informe la Acuicultura en España 2014, en 2012 se encontraban en funcionamiento en España 5.132
establecimientos de acuicultura, que dan empleo en torno a 20.000 personas.


En este sentido se hace imperiosa la elaboración de una ley que regule, en el marco de las competencias del Estado y siendo plenamente respetuosa con la competencia exclusiva que ostentan las Comunidades Autónomas, aspectos como la
coordinación de esta actividad económica acuícola, con sus importaciones y en materia de comercio exterior, así como las imprescindibles medidas de fomento de la actividad acuícola sostenible.


Resulta evidente, desde el punto de vista de garantizar y preservar la seguridad jurídica del sector, que es necesario establecer mecanismos que reduzcan al mínimo las diferencias de criterio en el trato de la acuicultura entre países (en el
marco de la Unión Europea) y entre comunidades autónomas.


Asimismo resulta necesario regular el régimen de infracciones aplicables en materia de acuicultura. La necesidad del régimen sancionador es mayor ante el hecho de que la normativa comunitaria impone a los Estados miembros velar por el
cumplimiento de la normativa comunitaria en su propio ámbito nacional, también en materia de acuicultura.


Pero, además de un marco jurídico estable, la acuicultura necesita en nuestro país apoyo económico y presupuestario. Resulta necesario apostar en los presupuestos generales del Estado por el apoyo a esta actividad económica fundamental para
el futuro de nuestro sector Pesquero.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Remitir a las Cortes Generales, de forma inmediata, un Proyecto de Ley de Acuicultura que dote de seguridad jurídica al sector y que, en el marco de la Política Pesquera Común y con respeto pleno de las competencias de las Comunidades
Autónomas en la materia, entre otras cuestiones, contemple:


a) El establecimiento de mecanismos de cooperación y coordinación, comunicación e información entre Administraciones Públicas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, en materia de acuicultura.


b) La regulación de la importación de especies para su uso en la acuicultura.


c) El establecimiento de titulaciones profesionales específicas para la acuicultura.


d) Un régimen sancionador específico para la acuicultura, estableciendo un catálogo mínimo de infracciones en materia de acuicultura de aplicación común y uniforme en todo el territorio nacional, sin perjuicio de la competencia autonómica de
inspección y sanción.


2. Contemplar, en la plasmación nacional del nuevo Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), ayudas económicas suficientes, para el fomento de la acuicultura medioambientalmente sostenible y, en especial para:


a) El establecimiento de líneas de apoyo al desarrollo tecnológico y la innovación en la acuicultura.


b) El fomento de la competitividad y viabilidad de las empresas acuícolas mediante el apoyo económico a inversiones productivas, nuevas instalaciones o modernización y mejora de las existentes, incluidas las mejoras relacionadas con las
condiciones laborales en dichas empresas.



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c) La potenciación de la acuicultura eficiente, mediante, por ejemplo, el apoyo a la utilización de energías renovables.


d) El apoyo a la diversificación de la producción y de las especies acuícolas.


e) El apoyo a los jóvenes acuicultores y a la formación profesional continua de quienes se dedican a la acuicultura.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2015.—María Consuelo Rumí Ibáñez, Diputada.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa, para al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
protección de la Vall de Bianya y la Variante de Olot (Girona), para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.


Exposición de motivos


El Ministerio de Fomento y el Departamento de Política Territorial y Obras Públicas firmaron el 27 de Octubre de 2005, un convenio de colaboración para la ejecución de distintas obras en la Red de Carreteras en Catalunya. En este convenio
se acordó el cambio de titularidad de las carreteras N-260 y C-26, a consecuencia de la constatación del cambio de funcionalidad del tramo entre Olot y Ripoll del eje pirenaico (Girona). Con este cambio la carretera N-260 entre Olot y Ripoll por
Vallfogona del Ripollés pasó a ser titularidad de la Generalitat mientras que la carretera C-26 entre Olot y Ripoll por los túneles de Capsacosta pasó a ser titularidad de la Administración del Estado, haciéndose con ello cargo de sus conexiones y
variantes. Con ello, tras la firma del acta de cambio de titularidad, la carretera C-26 entre Olot y Ripoll quedó incluida en la Red de Carreteras del Estado, y está pendiente de distintas obras de mejoras incluidas en el Plan de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda (PITVI).


En 2008 el Ministerio de Fomento aprobó la orden de estudio del «Nuevo trazado de la carretera N-260 entre Olot y el enlace con la carretera C.38». En este estudio se establece la necesidad de un enlace en Olot-Este, un enlace en la zona
industrial de Olot, un enlace Olot oeste, una bifurcación de calzada con la futura C-37, un túnel en la sierra de San Miguel de 2 km de longitud, un enlace en la Vall de Bianya y un tramo de acondicionamiento de calzada de la N-260 en la Valí de
Bianya en la zona de los túneles de Collabós.


En el documento que se envía en 2010 para informe de impacto medioambiental, se incluye la posibilidad de estudio de alternativas a la del túnel en la montaña de Sant Valentí. Sin embargo, el Ministerio de Fomento, el 28 de febrero de 2014,
modifica la orden de estudio del nuevo trazado de la carretera N-260 entre Olot y el enlace con la carretera C-38, descartando el túnel en la sierra de Sant Miguel optando por la opción que atraviesa la sierra de Sant Valentí, minimizando la
longitud del túnel y el coste de la actuación. El 27 de diciembre de 2014 se somete a información pública el estudio informativo y estudio de impacto ambiental del nuevo trazado de la carretera N-260 entre Olot y el enlace con la carretera C-38 en
Girona.


Este nuevo trazado provoca un enorme impacto ambiental en la Vall de Bianya, que por su interés paisajístico, medioambiental e incluso económico —al afectar a explotaciones agrícolas de enorme interés, el comercio, la restauración y al
turismo en general—. Este trazado no sólo ha provocado un enorme rechazo en el territorio afectado, sino en toda la provincia de Girona. Incluso puede decirse que el rechazo concita el consenso de la administración autonómica, así como de las
administraciones locales, y de las fuerzas políticas. En este sentido se convocó un acto conjunto en el Ayuntamiento de Olot, en que estuvo presente el consejo comarcal de la Garrotxa, así como lo representantes de la mayoría de los partidos
políticos con representación en Olot y la Vall de Bianya.



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La Vall de Bianya, es considerado un municipio con un papel conector ecológico estratégico a nivel territorial debido a su localización entre la zona volcánica de la Garrotxa, la Alta Garrotxa y Santa Margarida y el Puigsacalm.


El ayuntamiento de la Vall de Bianya ha presentado en el plazo establecido alegaciones al estudio informativo en que este grupo parlamentario se muestra en términos generales conforme. Con el interés de proteger la Vall de Bianya de la
agresión que puede significar la construcción de este trazado de la N-260 en la Vall de Bianya, así como por la necesidad de acelerar la construcción de la Variante de Olot y su enlace con la N-260.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados, por el enorme impacto ambiental, por su interés paisajístico, medioambiental e incluso económico, insta al Gobierno a adoptar de forma inmediata las siguientes medidas:


1. Segregar el tramite de la variante de Olot con solución de continuidad C-37/A-26, del resto del ámbito del estudio informático.


2. Ejecutar en el plazo más breve posible la variante de Olot y su conexión con la N-260, de manera coordinada con la Generalitat de Catalunya.


3. Aceptar en gran medida las alegaciones que se han presentado desde la comarca de la Garrotxa al proyecto de nuevo trazado de la carretera N-260-enlace con la carretera C-38 y realizar un nuevo estudio informativo que contemple nuevas
alternativas que impidan el enorme impacto ambiental que produce el actual trazado sometido a información pública.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de marzo de 2015.—Àlex Sáez Jubero, Diputado.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


Comisión de Sanidad y Servicios Sociales


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley sobre la gestión de casos, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.


Exposición de motivos


La atención sanitaria tiene nuevos retos: envejecimiento de la población, más enfermedades crónicas, aumento de situaciones de dependencia, disminución de la red de apoyo informal, utilización a veces no adecuada de los servicios de salud y
complejidad del entorno sanitario.


En varias comunidades autónomas se implantó la figura de la «enfermera gestora de casos». Con anterioridad ya funcionaba en Canarias algo similar con el nombre de «enfermeras de enlace».


La función de estos profesionales es un proceso de colaboración en el cual se valora, planifica, aplica, coordina, monitoriza y evalúa las opciones y servicios necesarios para satisfacer las necesidades de salud de una persona, articulando
la comunicación y el acceso a los recursos disponibles para promover resultados coste-efectivos.


La gestión de casos es un proceso dirigido a recoger información específica sobre las necesidades de los usuarios, identificar los problemas, diseñar un plan de intervención y coordinar las actividades con los profesionales y familiares
implicados, mediante el cual la enfermera vela para que el paciente alcance los objetivos marcados en su plan asistencial coordinándose con diferentes profesionales y movilizando los recursos necesarios garantizando así una atención integral y
continuada que resuelva las necesidades de cuidados del paciente y su cuidadora.



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Realizan una función multidisciplinar y de coordinación entre niveles asistenciales y con los servicios sociales.


La población a la que fundamentalmente dirigen su trabajo es:


— Personas con procesos crónicos incapacitantes.


— Personas con procesos pluripatológicos.


— Personas que precisen cuidados paliativos.


— Personas que precisan continuidad de cuidados tras el alta hospitalaria.


— Cuidadoras familiares.


— Personas atendidas en instituciones residenciales.


Este procedimiento disminuye la presión hospitalaria, las visitas a urgencias y aporta mayor seguridad a las familias.


En la «Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad en el Sistema Nacional de Salud» sí dice que el SNS «continúa centrado fundamentalmente en la atención individual a los procesos agudos de la enfermedad, prestada de forma reactiva y
fragmentada, desde un enfoque casi exclusivamente biomédico. La transformación hacia un modelo mejor preparado para afrontar la prevención y la gestión de las condiciones de salud crónicas es imprescindible si se pretende que el SNS sea sostenible
y pueda seguir cumpliendo su función social de forma satisfactoria».


El Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud dice que «tiene presente que el concepto de calidad de un Sistema de Salud incorpora atributos como la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, la garantía de que la
atención sanitaria se preste en el momento oportuno y también la garantía de que los pacientes tengan una participación informada en las decisiones relacionadas con su salud. Otros componentes de la calidad de un sistema de salud son la excelencia
clínica, la medicina basada en la evidencia y la seguridad de los pacientes. También forman parte del concepto de calidad la equidad y la utilización eficiente de los recursos».


También de acuerdo con los documentos del Ministerio de Sanidad «La Cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud es el conjunto de técnicas, tecnologías o procedimientos, entendiendo por tales cada uno de los métodos,
actividades y recursos basados en el conocimiento y experimentación científica, mediante los que se hacen efectivas las prestaciones sanitarias».


«La Cartera contiene los servicios básicos y comunes, necesarios para llevar a cabo una atención sanitaria adecuada, integral y continuada a todos los usuarios del Sistema Nacional de Salud».


«La Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud debe garantizar la atención integral y la continuidad de la asistencia prestada a los usuarios, independientemente del nivel asistencial en el que se les atienda en cada
momento».


«El contenido de los diferentes apartados de la Cartera de servicios comunes podrá concretarse y detallarse por orden del Ministerio de Sanidad y Consumo, previo acuerdo del Consejo lnterterritorial del Sistema Nacional de Salud».


Para conseguir la calidad que se busca en el SNS y la transformación hacia un modelo mejor preparado para afrontar la prevención y la gestión de las condiciones de salud crónicas descrita en la Estrategia para el Abordaje de la Cronicidad,
consideramos que sería muy útil la incorporación a la Cartera de Servicios Comunes del SNS de la actividad que se viene denominando «Gestión de Casos», con lo que se extendería esta función a todo el SNS y se definirían y homologarían sus funciones
para el mejor servicio al conjunto de ciudadanos y ciudadanas.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los. Diputados insta al Gobierno a proponer al Consejo interterritorial del SNS que después de evaluar la eficiencia y efectividad, el impacto económico y organizativo de la actividad de “las enfermeras gestoras de casos”,
valore la inclusión de dicho procedimiento en la cartera de servicios del SNS».


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2015.—Margarita Pérez Herraiz y José Martínez Olmos, Diputados.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.



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A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
pacientes celíacos, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.


Exposición de motivos


La enfermedad celíaca (EC) consiste en una intolerancia permanente a las proteínas del gluten del trigo (gliadina), del centeno (secalina), de la cebada (hordeina) y del triticale (híbrido del trigo y centeno).


Como consecuencia de esta patología, se establece un defecto de utilización de nutrientes (principios inmediatos, sales y vitaminas) a nivel del tracto digestivo, cuya repercusión clínica y funcional depende de la edad del paciente y de su
situación fisiopatológica. Las manifestaciones clínicas de la celiaquía pueden aparecer en cualquier edad, las más comunes son: dolor abdominal, flatulencias, pérdida de apetito y de peso, erupciones en la piel, diarrea crónica, fatiga, debilidad,
irritación, depresión, o erupciones cutáneas y llagas en la boca. No tratar la enfermedad puede dar lugar a correr el riesgo de padecer no solo desnutrición, también anemia, osteoporosis, incluso diabetes o algunos tipos de cáncer. En los adultos,
entre otras manifestaciones, se pueden añadir calambres en las extremidades, edemas, problemas digestivos o colon irritable.


Esta intolerancia es permanente. No se sabe su causa, pero sí que hay predisposición genética y puede darse en varios miembros de una misma familia. La prevalencia es de 1 %, pero hay muchos casos sin detectar, se puede presentar en la
infancia y en la adolescencia y afecta más a las mujeres en proporción de 2:1.


Esta enfermedad puede generar absentismo escolar y laboral y suponer un alto coste sanitario, sobre todo en los casos con retraso en el diagnóstico. No hay tratamiento farmacológico. La única actitud terapéutica es la supresión de la dieta
de todos los productos que contienen gluten, en concreto, todos los productos que incluyen harina de cebada, trigo, centeno y avena. La dieta debe de seguirse de forma estricta durante toda la vida, tanto en pacientes sintomáticos como
asintomáticos.


Teniendo en cuenta que las harinas se utilizan ampliamente en la industria alimentaria, y el pan normal es un alimento base que está elaborado con trigo, para conseguir una dieta sin gluten, es necesario recurrir preferentemente a productos
específicos «libres de gluten» y a los alimentos naturales: carne, verduras, pescado, leche y derivados, legumbres, frutas, verduras, hortalizas y cereales sin gluten como el maíz y el arroz.


Los pacientes distinguen entre productos específicos y productos convencionales. Los primeros son aquellos alimentos elaborados a base de cereales, como el pan especial, la pasta o la bollería sin gluten, que suelen ser sensiblemente más
caros. Junto a estos, están los productos convencionales, que son todos aquellos en cuya elaboración se emplean ingredientes derivados de cereales. Es obligatorio que se declare en el etiquetado de los productos, si contiene gluten, por normativa
Europea, Reglamento n.º 41/2009 de la Comisión, de 20 de enero de 2009, pero no siempre se hace.


La FACE (Federación de Asociaciones de Celíacos de España) calcula que un paciente paga al mes 127 euros más por el sobrecoste de productos libres de gluten (1.524 euros al año). Además, con frecuencia, en una familia hay más de un enfermo.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Adoptar medidas para eliminar la diferencia actual de precios entre alimentos aptos para celíacos y los productos análogos destinados al resto de consumidores y, en todo caso, establecer que los alimentos para pacientes celíacos tributen
en el Impuesto sobre el Valor Añadido por el tipo superreducido del 4 %.



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2. Mantener e incluso intensificar los controles de inspección en seguridad alimentaria y el etiquetaje correcto, en relación al etiquetado que exige el Reglamento Europeo 41/2009 sobre la composición y etiquetado de los productos
alimenticios apropiados para personas con intolerancia al gluten.


3. Adoptar las medidas necesarias para que las familias afectadas puedan acceder a un listado gratuito de alimentos libres de gluten con una periodicidad razonable.


4. Continuar con el desarrollo del Plan de Atención a personas con intolerancia al Gluten, ya iniciado en 2008.


5. Implantar procedimientos para diagnosticar la celiaquía.


6. Llevar a cabo campañas de divulgación de la enfermedad y de lo que comporta para los enfermos y su familia:


— Entre los profesionales de la salud.


— En el sector hotelero y de restauración para que incorporen menús sin gluten.


— En el sector comercial para aumentar las tiendas que venden productos para celíacos.


7. Regular que todos los comedores escolares y universitarios dispongan de menús sin gluten.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2015.—Gracia Fernández Moya, Joan Ruiz Carbonell, Francesc Vallès Vives y José Martínez Olmos Diputados.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


161/003584


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para
excluir del copago farmacéutico a las personas en situación de desempleo que no perciben ingresos, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.


Exposición de motivos


El Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, modificó la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y
uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, estableciendo, por primera vez, el copago farmacéutico para los pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios, además de incrementar, con carácter general, el porcentaje de
aportación del usuario en la prestación farmacéutica ambulatoria.


El artículo 4 del Real Decreto-ley 16/2012 añade, entre otros, un nuevo artículo 94 bis a la Ley 29/2006, sobre la aportación de los titulares y sus beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria. En su apartado 5, se recogen los
porcentajes de aportación en función de la condición de asegurados activos o pensionistas y sus niveles de rentas y, en su apartado 6, se recogen los topes máximos de aportación.


En el apartado 8 del nuevo artículo 94 bis se señalan los colectivos que están exentos de aportación. Resulta sorprendente que se incluya en esta relación de situaciones que determinan la exclusión de la obligación de aportar en la
prestación farmacéutica ambulatoria a las personas perceptoras de rentas de integración social y a los parados que han perdido el derecho a percibir el subsidio de desempleo; y sin embargo, no se incluya a personas en situación de desempleo que
carecen de ingresos.


El Grupo Parlamentario Socialista está absolutamente en contra del copago farmacéutico establecido por el Gobierno. Sin embargo, sin que ello suponga renunciar a nuestra reivindicación central, que es su eliminación, y teniendo en cuenta la
difícil situación económica por la que atraviesan las familias, no podemos dejar de buscar mecanismos que la alivien, y entre éstos se encuentra plantear que, mientras el Gobierno no atienda nuestros planteamientos, al menos se elimine el copago
para las personas en



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situación de desempleo que no perciben ingresos, con independencia de que previamente hayan perdido, o no, el derecho a percibir el subsidio de desempleo.


Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


Proceder a la derogación del Real Decreto-ley 16/2012 por el grave perjuicio que está produciendo a los ciudadanos españoles.


En tanto no se efectúe la derogación del citado Real Decreto-ley, incluir entre los colectivos exentos de la obligación de aportar en la prestación farmacéutica ambulatoria a las personas en situación de desempleo que no perciben ingresos.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2015.—José Martínez Olmos y María del Puerto Gallego Arriola, Diputados.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


Comisión de Cultura


161/003573


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre
igualdad de oportunidades de los/as artistas, para su debate en la Comisión de Cultura.


Exposición de motivos


El sector de la cultura está sufriendo de manera dramática la crisis económica.


Un sector que representa el 2,7 % del empleo total y supone más del 3,6 % del PIB del país requiere de una acción especial y especifica por parte de los poderes públicos. Los creadores españoles son una parte indispensable de un sector
económico, el de la cultura, que genera riqueza económica y que da empleo a más de 485.000 trabajadores/as.


Las recetas de la derecha con unas políticas impositivas insoportables para el sector de la cultura, lo están haciendo retroceder a tiempos remotos.


Una perspectiva más detallada nos señala la enorme pérdida de empleo, un descenso cercano al 20 %. Pocos sectores han destruido tanto empleo en tan poco tiempo y la cultura debería ser objeto de la atención debida.


En este escenario de enorme dificultad, se observan diferencias significativas por sexo entre el empleo vinculado al ámbito cultural y el empleo total, con una mayor proporción de varones, 60,4 %, frente al 39,6 % de las mujeres observado en
el conjunto del empleo.


En una situación de caída de la demanda nacional como consecuencia de la devaluación interna propiciada por las políticas de ajuste, el gobierno, lejos de articular una política de fomento y protección del sector de la cultura, ha tomado un
rosario de medidas que han hundido a gran parte del sector, que sobrevive a duras penas. Comenzaron por la subida del IVA, especialmente en las artes escénicas y cinematográficas, siguieron con los recortes presupuestarios de promoción de la
cultura, a ello hay que añadir una ausencia total de medidas alternativas y de política estratégica paras el sector.


La inmensa mayoría de trabajos académicos y opiniones públicas y políticas, reconoce al sector de la cultura como uno de los sectores de mayor potencialidad económica y utilidad social por su efecto multiplicador. El sector forma una
compleja cadena que incorpora: la creación, la producción, comercialización, exhibición y valoración. Aquí entra la interpretación, la gestión del acervo cultural, la



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formación inicial y continua, la socialización, la difusión. El sector cultural incide en una cualificación de la oferta para sectores económicos pujantes como el turismo y la economía de cuidados.


El desarrollo del sector solo es posible si quienes crean la cultura, quienes interpretan y quienes la hacen técnicamente posible disponen de un conjunto de derechos y mecanismos equivalentes al del resto de los trabajadores. El capital
humano que atesora la cultura en nuestro país se ignora y está en situación de precariedad económica y laboral por la inexistencia de mecanismos que compensen el carácter intermitente del proceso creativo y de producción. Además se trata de empleos
en su mayoría por cuenta propia lo que supone un menor grado de protección frente al desempleo y más inestabilidad laboral. El empleo en el sector de la cultura se caracteriza por su fragmentación, temporalidad e inestabilidad.


El desempleo y la desprotección es el menú diario de artistas y de personas que desarrollan su actividad en los ámbitos ligados a la creación, producción y a la interpretación.


Los datos que ofrece el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sobre la ocupación en el sector cultural muestran una ocupación de las mujeres muy inferior a la media del resto de sectores (en 2013 el empleo femenino representaba el 39,6
% del total mientras la media del resto de sectores fue de 45,6 %). Además continúa destruyéndose empleo femenino mientras el masculino ha empezado a recuperarse. El principio de igualdad de género parece no regir en este sector.


La opinión pública desconoce la realidad laboral de las personas que trabajan en el sector y sobre la que existe un auténtico apagón estadístico. La Secretaria de Estado de Cultura no facilita datos desagregados que permitan conocer a fondo
la situación y necesidades de las personas que desarrollan su trabajo en los distintos subsectores que componen la cultura. Tampoco dan noticia de la evolución del número de personas activas y desempleadas en este sector que permita conocer la
incidencia del paro en los distintos subsectores, ni hay información sobre los beneficiarios de prestaciones por desempleo para medir el grado de cobertura del sistema de protección.


Los datos que manejan los profesionales del sector en cuanto a destrucción de empleo en las artes escénicas y cinematográficas son alarmantes. Según los datos del sindicato de la Unión de Actores y Actrices, la situación es especialmente
dramática para las mujeres artistas que sufren de manera especial el desempleo. Por tramos de edad, las mujeres entre 40 y 60 años son objeto de una mayor discriminación.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar de forma inmediata las medidas que permitan conocer la situación de los trabajadores de la cultura y la aplicación del principio de igualdad en los Teatros dependientes del Ministerio
de Cultura.


Para ello, y entre otras medidas, se propone:


Primero. Que a partir de los datos de la Tesorería de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo y del conjunto de encuestas realizadas por el INE, la Secretaria de Estado de Cultura ofrezca, antes de que finalice el actual periodo
de sesiones, una información sistemática sobre empleo, desempleo y población activa y prestaciones por desempleo de los diferentes subsectores que componen el sector de la cultura. Esta información debe presentarse desagregada por sexo en los
distintos tramos de edad y niveles educativos. Una vez se disponga de la información solicitada, los datos se incorporarán en el Anuario de Estadísticas Culturales.


Segundo. Que de forma inmediata se apliquen todas y cada una de la Recomendaciones aprobadas por la Comisión europea el 7 de marzo de 2014, en relación a la “Transparencia en las Empresas” en el conjunto de entidades y empresas públicas
dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Esta información debe estar disponible para las distintas organizaciones sindicales de la Unión de Actores y Actrices, y el resto de organizaciones representativas de los trabajadores, en
dos meses.


Tercero. Que se fijen unos objetivos de igualdad de oportunidades en razón de género acordados con las organizaciones sindicales más representativas en todas las producciones (repartos, autoría y dirección) y se conozcan las cifras en los
Teatros Públicos dependientes del INAEM. Para ello y en colaboración de la Conferencia Sectorial de cultura se evaluará la situación de elaboración y aplicación de los planes de igualdad en aquellos organismos públicos culturales dependientes de
cada una de las Administraciones.


Cuarto. Se acordarán líneas y programes específicos de ayudas a la creación, producción y promoción vinculadas y condicionadas al cumplimiento de unos objetivos de igualdad de género, tanto cinematográfica, en las artes escénicas como de
las artes plásticas y la música. La administración general



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del Estado se compromete a acordar con los sindicatos más representativos, asociaciones y entidades de gestión de derechos de autor del sector, la cuantía, objetivos y criterio para una de estas ayudas. Además se establezcan criterios para
que en el ámbito del producción y la creación se contribuya a la valoración de la visibilización de autoras y e intérpretes.


Quinto. Se establecerá un programa específico de ayudas a la creación, producción, promoción y programación de las obras teatrales, cinematográficas y escénicas realizadas por mujeres. Este programa además prestará especial atención a
contribuir a la creación de nuevos públicos y la visibilización del trabajo de la mujer en todas las disciplinas artísticas.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2015.—María Concepción Gutiérrez del Castillo, José Andrés Torres Mora, Rafael Simancas Simancas y Carmen Montón Giménez, Diputados.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.


Comisión de Igualdad


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A la Mesa del Congreso de los Diputados


Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, en nombre del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, se presenta la siguiente Proposición no de Ley para la igualdad económica
y laboral entre hombres y mujeres, para su debate en la Comisión de Igualdad.


El Día Internacional de la Mujer se celebra este año en un contexto de empeoramiento de las condiciones generales de vida y de trabajo de las mujeres de nuestro país. Si examinamos las cifras de paro del último mes, proporcionadas por los
servicios públicos de empleo, frente a una recuperación general de la contratación, aunque en condiciones muy precarias, el desempleo sigue aumentando en el caso de las mujeres.


La desigualdad económica y laboral sigue sin ser corregida, pese al esfuerzo que se hizo con la Ley para la Igualdad efectiva de hombres y mujeres (Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo). Esta Ley no ha sido desarrollada reglamentariamente y
su planteamiento ha sido más de recomendación que de legislación positiva, de forma que la política de recortes y austeridad posterior ha frustrado cualquier posibilidad de avance concreto.


Actualmente, la diferencia salarial entre hombres y mujeres por el mismo trabajo ha sido estimada en el mercado laboral español por la Comisión Europea en el 17,8 %. En el caso de las mujeres de más edad, esta llega a ser del 23,7 %.


Paralelamente, la feminización de la pobreza es un rasgo cada vez más preocupante de nuestro modelo social.


Por otra parte, el concepto de «violencia contra la mujer» también implica hechos de naturaleza económica y laboral.


La Estrategia europea para la igualdad entre mujeres y hombres (2010-2015) pretendía acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres como uno de sus objetivos fundamentales. La Estrategia establece líneas de actuación en cinco
ámbitos: la economía y el mercado laboral; la igualdad salarial; la igualdad en los puestos de alto nivel; la forma de abordar la violencia de género; y la promoción de la igualdad más allá del ámbito de la UE.


En marzo de 2014, la Comisión publicó una recomendación en la que hace hincapié en la transparencia salarial. La recomendación pretende proponer medidas a los Estados miembros para facilitar la transparencia de los salarios en las empresas,
como por ejemplo mejorar la facilidad de acceso de los empleados a información sobre sus salarios o establecer sistemas de información de pagas y sistemas de clasificación de puestos no discriminatorios por razón de sexo en las empresas.


Como consecuencia de esta estrategia, a nivel nacional el Gobierno presentó un Plan estratégico de igualdad de oportunidades 2014-2016. Sin embargo, entendemos que los objetivos de la estrategia europea quedaron desdibujados en el Plan. En
concreto, en el Eje 1 relativo a la igualdad laboral y



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económica entre hombres y mujeres sus objetivos son claramente insuficientes y las ayudas económicas tienen como destinatarios casi exclusivos a los empresarios.


En cuanto a los permisos de paternidad, la Comisión de Igualdad que establece la Ley 3/2007 recomendó aumentar su tiempo para evitar que las tareas de cuidado no recaigan siempre sobre la mujer y que estos permisos no sean transferibles.


Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo ha presentado un informe titulado «La brecha salarial relacionada con la maternidad», donde se establece que la brecha salarial entre hombres y mujeres está vinculada al número de
hijos, a su sexo y a su edad.


Además, si se atiende a lo que el informe considera factores explicables, vinculados objetivamente a la formación, la idoneidad o la cualificación profesional, las mujeres deberían ganar en España un 2 % más que los hombres y, sin embargo,
coincidiendo con las estimaciones de la Comisión Europea perciben un 17 % menos. El estudio citado también explica que según aumenta el salario, la brecha es mayor.


Como consecuencia de la situación existente en España, intentar resolver los problemas de desigualdad económica y laboral entre hombres y mujeres mediante medidas de mera economía de cuidados es restrictivo y totalmente insuficiente. Se
exigen cambios importantes que deben comenzar por la reforma parcial de la Ley Orgánica citada y su desarrollo reglamentario.


Entre esas medidas están:


a) Desarrollar medidas legislativas y complementarias para hacer cumplir de forma efectiva el principio «a trabajo igual, salario igual», proponiendo objetivos anuales de cumplimiento. Proponemos una reducción de 5 puntos cada año en la
contratación privada y «brecha 0» en las AA.PP.


b) Garantizar el criterio 50-50 en la contratación de personal y en la cobertura de puestos directivos.


c) La ampliación del permiso de paternidad a 16 semanas.


d) Establecer el Criterio de Calidad de Género de la Oferta en todas las contrataciones públicas.


e) Mayor garantía frente al despido en caso de parto y embarazo.


f) Escolarización pública entre 0 y 3 años. Creación de 30.000 empleos de profesores en los próximos cuatro años.


g) Implementar una ayuda económica condicionada por los ingresos de la unidad de convivencia para los bebés entre el séptimo mes de embarazo y los 18 meses de edad.


h) Ayudar económicamente a las reducciones de jornada motivada por el cuidado de niños y niñas o de personas discapacitadas. Incentivar la participación de hombres en esas tareas.


i) Mejorar notablemente la aplicación de la Ley de Dependencia, entre otras cosas mediante la contratación de 20.000 profesionales a lo largo de los próximos cuatro años.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar legislativa y presupuestariamente una Estrategia para asegurar la igualdad económica y laboral de hombres y mujeres, que deberá incluir las siguientes medidas:


A. Medidas para asegurar la igualdad económica frente al empleo y el salario, mediante la reforma de la Ley de Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres (Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo), con los siguientes objetivos:


1. Establecer medidas legislativas y complementarias para hacer cumplir de forma efectiva el principio ‘‘a trabajo igual, salario igual’’.


a) Acompañar de métodos para la evaluación y clasificación de empleos ‘‘libres de preferencias de género’’.


b) Realizar efectivamente los informes y evaluaciones que marca la propia Ley. Incorporar herramientas metodológicas para afirmar la trasparencia salarial e impulsar la negociación colectiva con fines de igualdad económica y laboral de
hombres y mujeres.


2. Garantizar de forma inmediata ese principio en el conjunto de las AA.PP., mediante el desarrollo del Estatuto de la Punción Pública y la negociación colectiva referente al personal estatutario y a los restantes empleados públicos.



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3. Establecer de forma reglamentaria los criterios para que en los pliegos de licitaciones de las AA.PP. confeccionados de acuerdo con lo establecido en la legislación sobre contratos del sector público, se incorporen criterios de
selección de la ofertas que tengan en cuenta la igualdad entre mujeres y hombres en la empresa prestataria de la obra, bien o servicio licitado y que permitan discriminar y valorar la Calidad de Género de la Oferta.


4. Determinar que en todos los casos donde la Ley habla de «presencia equilibrada» y el conjunto afectado es superior a 20 personas, esa presencia equilibrada se entenderá cumplida cuando la presencia de mujeres sea, al menos, del 50 %.


5. En la contratación de personal que se produzca en cualquier administración pública mediante cualquier procedimiento (concurso, concurso-oposición u oposición) se reservará al menos el 50 % de las plazas para mujeres a partir de 20
plazas.


B. Medidas para asegurar la igualdad profesional en casos de parto o adopción.


1. Elevar a 16 semanas el permiso de paternidad. Los permisos de paternidad y maternidad podrá ser disfrutados de forma simultánea o sucesiva por ambos progenitores y no serán transferibles.


2. Garantizar que ningún progenitor podrá ser despedido, excepto por causas disciplinarias, desde el inicio del embarazo hasta un año después del nacimiento o la adopción, o de una excedencia para cuidado de hijos o de un período de
reducción de jornada por el mismo motivo.


3. Suprimir en la Ley y en el resto de la legislación la expresión «incapacidad temporal» por motivos de parto o embarazo.


C. Medidas para asegurar la igualdad en el tratamiento a los hijos e hijas y a personas dependientes.


1. Se establece la obligatoriedad de la enseñanza infantil, pública y gratuita desde los 0 a los 3 años. Como objetivo para los próximos 4 años se recuperan los objetivos que deberían haberse cumplido en 2010 y que fueron relegados como
consecuencia de la política de recortes. Para ello se precisa la contratación de 30.000 profesores.


2. Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de ocho años o una persona con discapacidad física, psíquica o sensorial, que no desempeñe una actividad retribuida, tendrá derecho a una reducción de la jornada de
trabajo, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquélla. Quienes adopten esa modalidad de reducción de jornada percibirán una ayuda proporcional a la reducción en base a 3,5
€ la hora, que en cómputo total no podrá ser superior a la reducción efectuada sobre su salario. En caso de que la persona que realiza el cuidado sea de sexo masculino y para incentivar la permanencia de la mujer en su actividad profesional, la
ayuda se incrementará hasta un 50 %, manteniéndose el mismo criterio para el techo. Para ello, se mantendrá la efectividad del artículo 18 de la Ley de Dependencia y se derogará el Real Decreto-ley 20/2012, especialmente en cuanto reduce
prestaciones por dependencia.


3. Se establece una ayuda social al nacimiento y cuidado del bebé desde el séptimo mes del embarazo hasta los 18 meses del bebé se establece una ayuda social mensual vinculada al ingreso de la unidad de convivencia:


a) Hasta 3 veces el IPREM: 180 euros mensuales.


b) Entre 3 y 5 veces el IPREM: 75 euros mensuales.


D. Otras medidas.


1. Llevar a cabo la adaptación curricular de educación en valores, igualdad, no discriminación y corresponsabilidad entre hombres y mujeres en todas las etapas educativas incluida la universitaria.


2. Aplicar decisiones concretas para combatir el sexismo en los medios de comunicación y en la publicidad.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2015.—Ascensión de las Heras Ladera, Diputada.—José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.



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A la Mesa del Congreso de los Diputados


Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la
Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley sobre la necesidad de adoptar medidas contra las manifestaciones sexistas y la apología de la violencia de género en los eventos deportivos.


El deporte se ha asociado desde siempre al compañerismo, al juego limpio, a la sana competitividad y al deseo de superación. En general la tendencia es asociar el mundo del deporte a valores positivos y saludables desde un punto de vista no
solo físico sino también moral. Y sin embargo los últimos meses las noticias deportivas vienen cargadas de acontecimientos que empañan el valor del deporte.


El último caso que ha causado la indignación y el rechazo de aficionados y no aficionados lo han protagonizado un grupo de ultras del Club de Fútbol Real Betis el pasado 8 de febrero en el estadio Benito Villamarín donde se jugaba el
Betis-Ponferradina. La difusión en un vídeo a través del canal YouTube en el que pueden escucharse los cánticos entonados por estos aficionados ultras han sembrado la polémica por tratarse de una lamentable apología de la violencia de género:
«Rubén Castro alé, Ruben Castro alé, no fue tu culpa, era una puta, lo hiciste bien», son los versos que pueden oírse cantar desde la grada, dando ánimos a Rubén Castro, jugador del Betis, que tiene una causa abierta con la justicia por un presunto
delito de malos tratos y amenazas a su expareja.


El contenido de la estrofa cantada por los aficionados ultras expresa de forma cruda y contundente lo profundamente arraigados que se encuentran en nuestra sociedad los comportamientos sexistas y discriminatorios contra la dignidad de las
mujeres. Aun sabiendo que el mundo del deporte es un ámbito esencialmente masculino y que la presión del grupo lleva en ocasiones a actuar de un modo irracional, no podemos permitir que semejantes expresiones ofensivas y realizando apología de un
tema tan grave como la violencia de género, queden sin consecuencias.


La violencia de género es una lacra y una expresión cruel de la desigualdad todavía existente en nuestra sociedad y de la posición de poder de los hombres sobre las mujeres; manifestaciones como las expresadas por los aficionados ultras, en
este caso del Club de Fútbol Real Betis, demuestran que lamentablemente hay una parte de la sociedad que es impermeable a las continuas campañas programadas contra los comportamientos sexistas y la violencia de género y suponen en parte un fracaso
de las políticas educativas de igualdad adoptadas hasta ahora. Hechos como los ocurridos el pasado 8 de febrero nos indican que todavía queda mucho trabajo por hacer en la lucha contra la discriminación y la violencia de género. La tolerancia cero
debe ser la primera medida a adoptar.


Por todo ello el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


— En colaboración con las Comunidades Autónomas y con las distintas Federaciones Deportivas programar campañas de concienciación y rechazo contra la violencia de género y machista en los eventos deportivos.


— Tomar medidas para erradicar cualquier tipo de manifestaciones o comportamientos sexistas en los eventos deportivos previendo sanciones para aquellos clubes que no tomen las medidas necesarias para evitar que ese tipo de comportamientos o
manifestaciones se produzcan en sus estadios.


— En colaboración con los clubes deportivos tomar las medidas necesarias para el control de grupos o individuos que realicen actos de incitación o apología de la violencia de género y aplicar la legislación vigente a fin de impedir su acceso
a los estadios.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2015.—Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).



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161/003574


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre
igualdad de oportunidades de los/as artistas, para su debate en la Comisión de Igualdad.


Exposición de motivos


El sector de la cultura está sufriendo de manera dramática la crisis económica.


Un sector que representa el 2,7 % del empleo total y supone más del 3,6 % del PIB del país requiere de una acción especial y especifica por parte de los poderes públicos. Los creadores españoles son una parte indispensable de un sector
económico, el de la cultura, que genera riqueza económica y que da empleo a más de 485.000 trabajadores/as.


Las recetas de la derecha con unas políticas impositivas insoportables para el sector de la cultura, lo están haciendo retroceder a tiempos remotos.


Una perspectiva más detallada nos señala la enorme pérdida de empleo, un descenso cercano al 20 %. Pocos sectores han destruido tanto empleo en tan poco tiempo y la cultura debería ser objeto de la atención debida.


En este escenario de enorme dificultad, se observan diferencias significativas por sexo entre el empleo vinculado al ámbito cultural y el empleo total, con una mayor proporción de varones, 60,4 %, frente al 39,6 % de las mujeres observado en
el conjunto del empleo.


En una situación de caída de la demanda nacional como consecuencia de la devaluación interna propiciada por las políticas de ajuste, el gobierno, lejos de articular una política de fomento y protección del sector de la cultura, ha tomado un
rosario de medidas que han hundido a gran parte del sector, que sobrevive a duras penas. Comenzaron por la subida del IVA, especialmente en las artes escénicas y cinematográficas, siguieron con los recortes presupuestarios de promoción de la
cultura, a ello hay que añadir una ausencia total de medidas alternativas y de política estratégica paras el sector.


La inmensa mayoría de trabajos académicos y opiniones públicas y políticas, reconoce al sector de la cultura como uno de los sectores de mayor potencialidad económica y utilidad social por su efecto multiplicador. El sector forma una
compleja cadena que incorpora: la creación, la producción, comercialización, exhibición y valoración. Aquí entra la interpretación, la gestión del acervo cultural, la formación inicial y continua, la socialización, la difusión. El sector cultural
incide en una cualificación de la oferta para sectores económicos pujantes como el turismo y la economía de cuidados.


El desarrollo del sector solo es posible si quienes crean la cultura, quienes interpretan y quienes la hacen técnicamente posible disponen de un conjunto de derechos y mecanismos equivalentes al del resto de los trabajadores. El capital
humano que atesora la cultura en nuestro país se ignora y está en situación de precariedad económica y laboral por la inexistencia de mecanismos que compensen el carácter intermitente del proceso creativo y de producción. Además se trata de empleos
en su mayoría por cuenta propia lo que supone un menor grado de protección frente al desempleo y más inestabilidad laboral. El empleo en el sector de la cultura se caracteriza por su fragmentación, temporalidad e inestabilidad.


El desempleo y la desprotección es el menú diario de artistas y de personas que desarrollan su actividad en los ámbitos ligados a la creación, producción y a la interpretación.


Los datos que ofrece el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sobre la ocupación en el sector cultural muestran una ocupación de las mujeres muy inferior a la media del resto de sectores (en 2013 el empleo femenino representaba el 39,6
% del total mientras la media del resto de sectores fue de 45,6 %). Además continúa destruyéndose empleo femenino mientras el masculino ha empezado a recuperarse. El principio de igualdad de género parece no regir en este sector.


La opinión pública desconoce la realidad laboral de las personas que trabajan en el sector y sobre la que existe un auténtico apagón estadístico. La Secretaria de Estado de Cultura no facilita datos desagregados que permitan conocer a fondo
la situación y necesidades de las personas que desarrollan su trabajo en los distintos subsectores que componen la cultura. Tampoco dan noticia de la evolución del número de personas activas y desempleadas en este sector que permita conocer la
incidencia del paro en



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los distintos subsectores, ni hay información sobre los beneficiarios de prestaciones por desempleo para medir el grado de cobertura del sistema de protección.


Los datos que manejan los profesionales del sector en cuanto a destrucción de empleo en las artes escénicas y cinematográficas son alarmantes. Según los datos del sindicato de la Unión de Actores y Actrices, la situación es especialmente
dramática para las mujeres artistas que sufren de manera especial el desempleo. Por tramos de edad, las mujeres entre 40 y 60 años son objeto de una mayor discriminación.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar de forma inmediata las medidas que permitan conocer la situación de los trabajadores de la cultura y la aplicación del principio de igualdad en los teatros dependientes del Ministerio
de Cultura.


Para ello, y entre otras medidas, se propone:


Primero. Que a partir de los datos de la Tesorería de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo y del conjunto de encuestas realizadas por el INE, la Secretaria de Estado de Cultura ofrezca, antes de que finalice el actual periodo
de sesiones, una información sistemática sobre empleo, desempleo y población activa y prestaciones por desempleo de los diferentes subsectores que componen el sector de la cultura. Esta información debe presentarse desagregada por sexo en los
distintos tramos de edad y niveles educativos. Una vez se disponga de la información solicitada, los datos se incorporarán en el Anuario de Estadísticas Culturales.


Segundo. Que de forma inmediata se apliquen todas y cada una de la Recomendaciones aprobadas por la Comisión europea el 7 de marzo de 2014, en relación a la “Transparencia en las Empresas” en el conjunto de entidades y empresas públicas
dependientes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Esta información debe estar disponible para las distintas organizaciones sindicales de la Unión de Actores y Actrices, y el resto de organizaciones representativas de los trabajadores, en
dos meses.


Tercero. Que se fijen unos objetivos de igualdad de oportunidades en razón de género acordados con las organizaciones sindicales más representativas en todas las producciones (repartos, autoría y dirección) y se conozcan las cifras en los
Teatros Públicos dependientes del INAEM. Para ello y en colaboración de la Conferencia Sectorial de cultura se evaluará la situación de elaboración y aplicación de los planes de igualdad en aquellos organismos públicos culturales dependientes de
cada una de las Administraciones.


Cuarto. Se acordarán líneas y programes específicos de ayudas a la creación, producción y promoción vinculadas y condicionadas al cumplimiento de unos objetivos de igualdad de género, tanto cinematográfica, en las artes escénicas como de
las artes plásticas y la música. La administración general del Estado se compromete a acordar con los sindicatos más representativos, asociaciones y entidades de gestión de derechos de autor del sector, la cuantía, objetivos y criterio para una de
estas ayudas. Además se establezcan criterios para que en el ámbito del producción y la creación se contribuya a la valoración de la visibilización de autoras y e intérpretes.


Quinto. Se establecerá un programa específico de ayudas a la creación, producción, promoción y programación, de las obras teatrales, cinematográficas y escénicas realizadas por mujeres. Este programa además, prestará especial atención a
contribuir a la creación de nuevos públicos y la visibilización del trabajo de la mujer en todas las disciplinas artísticas.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2015.—María Concepción Gutiérrez del Castillo, Carmen Montón Giménez, José Andrés Torres Mora y Rafael Simancas Simancas, Diputados.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.



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Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad


161/003537


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre un
nuevo marco normativo para la inclusión laboral de las personas con discapacidad, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados.


Exposición de motivos


Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2013 había 1.428.300 personas con certificado de discapacidad en edad de trabajar. Lo más destacable de este colectivo es su baja participación en el
mercado laboral. En ese mismo año había 533.600 personas activas, con una tasa de actividad del 37,4 %, casi 40 puntos inferior a la de la población sin discapacidad (77,2 %).


El número de personas con discapacidad ocupadas en 2013 era de 346.600. La tasa de empleo era del 24,3 %, más de 32 puntos inferior a la de las personas sin discapacidad.


Por su parte, el número de personas con discapacidad en paro fue de 187.000. La tasa de paro superó en nueve puntos a la de la población sin discapacidad (35,0 % frente al 26,0 %). La evolución desde 2009 muestra un aumento de la tasa de
paro superior al experimentado por la de las personas sin discapacidad.


Con la ratificación por parte de España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad se pasa a considerar a las personas con discapacidad corno sujetos titulares de derechos y no como meros objetos de
tratamiento y protección social.


El artículo 27 de la Convención establece que «los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida
mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo,
incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación».


El empleo es el cauce fundamental para alcanzar la plena integración de las personas con discapacidad en todos los ámbitos. El acceso a un puesto de trabajo es clave para dar contenido a los principios que inspiran la Convención: el
respeto a la dignidad inherente a la persona, la autonomía individual, incluida la libertad para tomar las propias decisiones, la independencia de cada ser humano, la no discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad,
la igualdad de oportunidades, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como manifestación de la diversidad y la condición humana.


La crisis económica no debe utilizarse corno excusa para reducir los derechos sociales o la intensidad de apoyos y recursos que deben recibir las personas con discapacidad para asegurar su proceso de inclusión en la comunidad y un nivel de
vida digno. Los poderes públicos deben intensificar los esfuerzos para avanzar en la protección de los derechos y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad.


Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, establece en el apartado 3 de su disposición final duodécima: «el Gobierno, a lo largo de la presente legislatura, regulará, un nuevo marco legal de medidas
estatales de políticas activas de empleo dirigidas de manera integrada a favorecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad, que establecerá los contenidos mínimos que serán de aplicación en el conjunto del Estado».


De igual modo, esa misma Ley, en su disposición final decimosexta, dedicada a una nueva ley de promoción de la inclusión laboral de personas con discapacidad, determina que: «El Gobierno, en el plazo de doce meses desde la entrada en vigor
de esta Ley, remitirá a las Cortes Generales un Proyecto de Ley de promoción de la inclusión laboral de personas con discapacidad, con el fin de establecer un nuevo sistema de promoción que ayude a la creación y mantenimiento del empleo de calidad
de estas personas,



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previa consulta a las Comunidades Autónomas, a los interlocutores sociales y a las asociaciones más representativas de las personas con discapacidad y sus familias».


Las personas con discapacidad necesitan un nuevo marco legal para su inclusión laboral que conserve lo positivo del modelo vigente, que data de hace más de tres décadas, y que a la vez lo actualice para adaptarlo a los cambios que han tenido
fugar durante el tiempo de su vigencia, La nueva norma debe impulsar el acceso al bien básico del empleo de un grupo social que tiene en la inactividad uno de sus su principales retos.


Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias, y el movimiento social de la discapacidad, a promover un nuevo marco normativo para la inclusión laboral de las
personas con discapacidad. Dicho nuevo marco normativo dedicará especial atención la empleabilidad de las mujeres con discapacidad y de las personas con discapacidad con especiales dificultades de inserción.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2015.—Laura Carmen Seara Sobrado y Federico Buyolo García, Diputados.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


161/003546


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
jubilación de los trabajadores con discapacidad, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.


Exposición de motivos


El Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 161 bis de la Ley General de la Seguridad Social, en cuanto a la anticipación de la jubilación de los trabajadores con discapacidad en grado igual o superior
al 45 por ciento, supuso un importante avance en la protección de los derechos de las personas con discapacidad.


La reducción de la edad de jubilación no solo tiene su fundamento en el mayor esfuerzo y la penosidad que el desarrollo de una actividad profesional comporta para un trabajador con discapacidad, lo cual ya posibilitó que conforme al Real
Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre, se establecieran coeficientes reductores de la edad de jubilación a favor de los trabajadores que acreditan un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento. También se basa en la exigencia de que en
las personas con discapacidad con respecto a las que se establezca la anticipación de la edad de jubilación concurran evidencias de reducción de su esperanza de vida. Ello hace que en este supuesto se estimara más adecuado el establecimiento de una
edad fija de acceso a la jubilación anticipada en lugar de la fijación de coeficientes reductores de la edad de jubilación.


El Real Decreto 1851/2009 se aplica a las personas con discapacidades determinadas y establece, entre los requisitos que deben reunir las personas con discapacidad para acceder a la anticipación de la edad de jubilación, que el grado igual o
superior al 45 por ciento lo hayan tenido durante todo el tiempo equivalente al período mínimo de cotización que se exige para poder acceder a la pensión de jubilación.


La realidad es que muchas de las personas con las discapacidades contempladas en el artículo 2 del Real Decreto 1851/2009, contaban desde hacía más de los 15 años que se exigen, con un certificado de discapacidad que les reconocía un grado
«superior al 33 %», lo cual era suficiente para acceder a las ventajas que con anterioridad a la publicación del Real Decreto existían para las personas con discapacidad. Es decir, la eventual subida de grado no habría producido ningún efecto y por
eso, en muchos casos, no la solicitaron aunque hubieran experimentado un empeoramiento en su estado. A ello hay que añadir que



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con la sintomatología de algunas patologías existe confusión, así como frecuentes errores de diagnóstico, como es el caso del síndrome pospolio.


La exigencia de que el grado de discapacidad igual o superior al 45 por ciento lo hayan tenido durante todo el tiempo equivalente al período mínimo de cotización que se exige para poder acceder a la pensión de jubilación expulsa de la
aplicación de las ventajas del Real Decreto 1851/2009 a muchas de las personas cuyas circunstancias encajan en el supuesto que se pretende proteger.


Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a revisar el Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 161 bis de la Ley General de la Seguridad Social, para que el grado de discapacidad que se exige
durante el tiempo equivalente al período mínimo de cotización para poder acceder a la pensión de jubilación, sea igual o superior al 33 %, sin perjuicio de que se mantenga la exigencia de un grado igual o superior al 45 % en el fomento de la
solicitud.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2015.—María del Mar Arnaiz García y Esperança Esteve Ortega, Diputadas.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


161/003583


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley en
relación a retirar del Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) y tesauro europeo de educación las acepciones peyorativas en relación al síndrome de Down para su debate en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad.


Exposición de motivos


John Langdon Haydon Down fue el primero en describir el tipo de alteración genética que define al Síndrome de Down y también fue quien hizo la similitud entre las facciones faciales de estos pacientes con ciertos grupos nómadas del centro de
Mongolia, específicamente con el pliegue ocular oblicuo. De ahí que se le conociera con el nombre de «mongolismo».


En 1965 la Organización Mundial de la Salud ya dejó de emplear este término debido a la petición del delegado de Mongolia y varias familias e instituciones, y desde 1969 el término oficial para referirse a las personas que padecen de
discapacidad cognitiva de origen genético es el de Síndrome de Down.


El concepto mongólico en el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) tiene tres acepciones:


1. adj. mongol (Il perteneciente a Mongolia).


2. adj. Perteneciente o relativo a la raza amarilla.


3. adj. Que padece mongolismo. U. t. c. s.


El término mongolismo, por alusión a la facies, que recuerda la de un mongol, tiene solo un resultado: m. síndrome de Down.


Si el objetivo que pretendemos es la normalización de cualquier persona con una discapacidad, las palabras de nuestro lenguaje habitual son muy importantes y palabras como «subnormal» o «mongólico» que tanto se utilizan en la actualidad,
juegan en contra de esa normalización.


En el tesauro europeo de educación la terminología es aún más peyorativa. El término mongolismo se incluyó a finales de los 60 en este catálogo, que se revisó en 2010, pero aun cuando se introduce «síndrome de Down», las dos opciones que te
da para etiquetas de una obra, publicación o documento que trate esta alteración cromosómica es la de «mongolismo» o «deficiente mental».



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La terminología que se utiliza en el lenguaje es muy importante por las connotaciones que llevan, sobre todo cuando estigmatizan a las personas dificultando así la normalización.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


Proposición no de Ley


«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


— Solicitar a la Real Academia Española (RAE) que modifique y actualice las acepciones de “subnormal”, “mongolismo” y “mongólico”, en su diccionario para eliminar las referencias al Síndrome de Down.


— Solicitar que se revise de nuevo el tesauro europeo de educación para evitar que las opciones para etiquetas de una obra o publicación que trate del Síndrome de Down, sean las de “mongolismo” o “deficiente mental”.»


Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de marzo de 2015.—Gracia Fernández Moya, Diputada.—Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL


La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2015.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


Comisión de Justicia


181/003098


Grupo Parlamentario Socialista


Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Justicia


Diputado don Julio Villarrubia Mediavilla


Texto:


¿Cuándo y a qué lugar van a trasladar los juzgados y otros servicios e instalaciones en Palencia, para la realización de las obras en la Audiencia Provincial?


¿Por qué, pese al retraso de varios años, no ha previsto el Gobierno la necesaria y adecuada ubicación de los juzgados y otros servicios que había que trasladar?


Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2015.—Julio Villarrubia Mediavilla, Diputado.



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Comisión de Interior


181/003112


Grupo Parlamentario Socialista


Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior


Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado


Texto:


¿Cuáles son los datos que el Ministerio del Interior puede aportar en este momento respecto al robo de la Virxe do Cristal y las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al respecto?


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2015.—Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.


181/003113


Grupo Parlamentario Socialista


Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior


Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado


Texto:


¿Cuáles son los datos que el Ministerio del Interior puede aportar en este momento respecto al presunto asesinato del párroco de Vilanova dos Infantes, en Celanova y las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al
respecto?


Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de marzo de 2015.—Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.


Comisión de Fomento


181/003090


Grupo Parlamentario Socialista


Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento


Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo


Texto:


¿Considera el Gobierno que la alta intensidad de tráfico de vehículos y el importante tránsito peatonal existente en la carretera N-550 a su paso por el municipio de Pontevedra aconseja tomar medidas que eleven el grado de seguridad vial
para vehículos y peatones?


Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2015.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.



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181/003091


Grupo Parlamentario Socialista


Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento


Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo


Texto:


¿Piensa el Gobierno realizar actuaciones que incrementen el nivel de seguridad vial en la carretera N-550 a su paso por el municipio de Pontevedra? ¿Qué actuaciones piensa acometer, en qué fechas y cuál será el presupuesto de cada una de
ellas?


Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2015.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.


181/003092


Grupo Parlamentario Socialista


Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento


Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo


Texto:


¿Piensa el Gobierno considerar positivamente las peticiones vecinales y proceder a la construcción de pasos peatonales seguros, con sistemas que obliguen a reducir la velocidad de los vehículos (bandas, pasos sobreelevados o «lombos»…) en la
carretera N-550, en el tramo comprendido entre las rotondas de Alba y Médico Ballina en el municipio de Pontevedra?


Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2015.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.


181/003093


Grupo Parlamentario Socialista


Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento


Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo


Texto:


¿Piensa mantener Adif la afectación de los aproximadamente 10 kilómetros del antiguo trazado ferroviario entre el río Verdugo, en Pontesampaio, y O Pino, en Pontevedra, que quedan fuera del uso ferroviario una vez que entra en servicio la
doble vía de alta velocidad? ¿Contempla Adif la posibilidad de proceder a su desafección y así permitir usos alternativos como pueden ser su conversión en vía verde, pasos peatonales o rutas para ciclistas?


Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2015.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.



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181/003094


Grupo Parlamentario Socialista


Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento


Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo


Texto:


¿Qué actuaciones ha realizado el Ministerio de Fomento en la carretera N-550 a su paso por el municipio de Barro en el año 2014?


Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2015.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.


181/003095


Grupo Parlamentario Socialista


Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento


Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo


Texto:


¿Qué actuaciones piensa acometer el Ministerio de Fomento en la carretera N-550 a su paso por el municipio de Sarro en el año 2015?


Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2015.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.


181/003096


Grupo Parlamentario Socialista


Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento


Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo


Texto:


¿Se ha iniciado desde el Ministerio de Fomento alguna comunicación con el Gobierno de la Xunta de Galicia o con la Diputación de Pontevedra de forma que se pudieran acometer algunas actuaciones conjuntas de cara a resolver los problemas de
seguridad vial existentes en la carretera N-550 a su paso por el ayuntamiento de Barro, especialmente en cruces con viales de estas administraciones?


Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2015.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.


181/003097


Grupo Parlamentario Socialista


Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento



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Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo


Texto:


¿Qué previsión contempla el Gobierno como fechas de inicio y de finalización de las obras en la N-541 a su paso por el municipio de Pontevedra, y cuál es el presupuesto total de dicha actuación?


Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2015.—Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.


181/003114


Grupo Parlamentario Socialista


Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento


Diputada doña María Soraya Rodríguez Ramos


Texto:


¿Cuáles son los planes del Ministerio de Fomento en relación al paso a nivel de Pilarica, en Valladolid, cuando circulen por el corredor ferroviario trenes AVE en dirección norte?


Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de marzo de 2015.—María Soraya Rodríguez Ramos, Diputada.


Comisión de Cultura


181/003110


Grupo Parlamentario Socialista


Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cultura


Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado


Texto:


La Audiencia Nacional ha admitido a trámite y desestimado las alegaciones presentadas contra el acuerdo firmado entre el Ministerio de Hacienda y la Xunta de Galicia sobre el cambio de uso de la cesión del castillo de Monterrei, en la
provincia de Ourense, para que fuera convertido en hotel de lujo, ¿qué actuaciones tendría que llevar a cabo el Gobierno en caso de que la Audiencia Nacional dicte sentencia favorable y obligue a revocar la orden de cambio de usos del castillo de
Monterrei?


Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2015.—Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.


181/003111


Grupo Parlamentario Socialista


Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cultura


Diputada doña Laura Carmen Seara Sobrado



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Texto:


La Audiencia Nacional ha admitido a trámite y desestimado las alegaciones presentadas contra el acuerdo firmado entre el Ministerio de Hacienda y la Xunta de Galicia sobre el cambio de uso de la cesión del castillo de Monterrei, en la
provincia de Ourense, para que fuera convertido en hotel de lujo, ¿valora el Gobierno dar marcha atrás y revocar el acuerdo firmado por el que se ampliaron los usos del castillo de Monterrei?


Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2015.—Laura Carmen Seara Sobrado, Diputada.


COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES


COMUNIDADES AUTÓNOMAS


093/000018


La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.


(93) Convenios entre Comunidades Autónomas.


Autor: Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Sra. Secretaria Adjunta del Consejo de Gobierno.


Convenio de cooperación entre las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha y Madrid para la prestación de atención sanitaria especializada en determinadas zonas limítrofes de ambas Comunidades Autónomas.


Acuerdo:


Trasladar a la Comisión Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166.1 del Reglamento de la Cámara, así como comunicar al Senado y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, poniéndolo en conocimiento de la
Presidencia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y del Parlamento de la citada Comunidad Autónoma.


En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.


Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de marzo de 2015.—P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE CASTILLA-LA MANCHA Y MADRID PARA LA PRESTACIÓN DE ATENCIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA EN DETERMINADAS ZONAS LIMÍTROFES DE AMBAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS


REUNIDOS


De una parte, la Excma. Sra. doña María Dolores de Cospedal García, Presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, cargo para el que fue nombrada por el Real Decreto 870/2011, de 21 de junio, en el ejercicio de la facultad
que le confieren el artículo 14 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, aprobado por la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, y el artículo 5.b) de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La
Mancha.



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Y de otra, el Excmo. Sr. don Jaime Ignacio González González, Presidente de la Comunidad de Madrid, nombrado por Real Decreto 1361/2012, de 26 de septiembre, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 17 del Estatuto de
Autonomía de la Comunidad de Madrid, aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, y el artículo 7.b) de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid.


Ambas partes, en la representación que ostentan, se reconocen mutua capacidad legal suficiente para la firma del presente convenio y con esta finalidad


MANIFIESTAN


I. Que las Administraciones Públicas se rigen en sus relaciones por los principios de colaboración y cooperación atendiendo a los criterios de eficiencia, eficacia y servicio, y debiendo prestar en su ámbito propio, la cooperación y
asistencia de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, así como en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.


II. Que las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha y Madrid consideran necesario impulsar su colaboración y cooperación en materia de asistencia sanitaria en aquellas zonas geográficas de Castilla-La Mancha limítrofes con la Comunidad
de Madrid que requieran que las actuaciones sanitarias se lleven a cabo de forma coordinada y eficiente.


III. Que mediante el presente convenio se pretende regular la cooperación que se viene realizando entre los Servicios de Salud de la Comunidad de Madrid y de Castilla-La Mancha para garantizar a los ciudadanos que residen en determinadas
zonas geográficas limítrofes de Castilla-La Mancha la atención más adecuada formalizando y estableciendo los procedimientos de colaboración que garanticen una mejor asistencia a la población afectada por el contenido del convenio, al amparo de los
principios de solidaridad, universalidad y equidad que inspiran el Sistema Nacional de Salud, todo ello sin menoscabo de la asistencia prestada a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid y de conformidad con el calendario y condiciones establecidas
en el presente Convenio.


VI. Que el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, aprobado por la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, y reformado por las Leyes Orgánicas 10/1994, de 24 de marzo, y 5/1998, de 7 de julio, dispone en su artículo 31.3 que la
Comunidad de Madrid, por su tradicional vinculación, mantendrá relaciones de especial colaboración con las Comunidades castellanas, para lo cual podrá promover la aprobación de los correspondientes acuerdos y convenios.


V. Que el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, aprobado por la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto (BOE número 195, de 16 de agosto de 1982), en su artículo 40.1 reconoce expresamente que «la Junta de Comunidades podrá celebrar
convenios con otras Comunidades Autónomas para la gestión y prestación de servicios propios de la exclusiva competencia de las mismas».


Por todo lo expuesto, las partes, reconociéndose capacidad para obligarse, suscriben el presente Convenio en base a las siguientes


ESTIPULACIONES


Primera. Objeto del convenio.


El presente convenio tiene por objeto coordinar la atención sanitaria especializada facilitando de forma progresiva la accesibilidad de la población de determinadas zonas limítrofes de Castilla-La Mancha a los recursos asistenciales de la
Comunidad de Madrid.


Segunda. Ámbito de aplicación.


a) Provincia de Guadalajara.


Los ciudadanos de la provincia de Guadalajara que cuenten con tarjeta sanitaria en vigor expedida por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha serán atendidos en los hospitales de referencia de la Comunidad de Madrid para las
especialidades detalladas en el anexo I.



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b) Provincia de Toledo.


La colaboración sanitaria tendrá como ámbito de actuación la atención especializada, que se circunscribirá a las zonas geográficas del norte de la provincia de Toledo en los términos que se especifican en el anexo II.


La población de estas zonas se irá incorporando al sistema público madrileño de forma progresiva en función de la capacidad de los hospitales del Servicio Madrileño de Salud.


Tercera. Fases de ejecución del Convenio.


El Convenio se ejecutará en distintas fases con el fin de dotar a los hospitales madrileños de los recursos materiales y personales necesarios para atender a la población de Castilla-La Mancha que se determine.


Primera fase.


En la primera fase se incluirán a todos los pacientes de la provincia de Guadalajara, para las especialidades a las que se refiere la cláusula siguiente y que están recogidas en el anexo I.


Al mismo tiempo, las autoridades sanitarias de Castilla-La Mancha deberán recabar el número de pacientes del norte de Toledo que voluntariamente quieran ser atendidos en el Hospital Universitario Infanta Cristina y en el Hospital
Universitario del Tajo, de acuerdo con la planificación establecida en cada una de las fases.


Segunda fase.


En el plazo máximo de seis meses desde el Inicio de la primera fase, se iniciará la ejecución de la segunda fase, siempre y cuando se hayan cumplido las obligaciones previstas en la cláusula séptima del presente Convenio y se haya ratificado
por la Comisión de seguimiento.


Con carácter previo a esta fase, la Comunidad de Castilla-La Mancha deberá remitir una relación nominativa de los ciudadanos de la provincia de Toledo que podrán ser atendidos en cada hospital.


El Servicio Madrileño de Salud deberá expedir el documento identificativo especifico para poder acceder a la atención sanitaria objeto de este convenio.


La segunda fase se realizará de la siguiente forma:


A) Hospital Universitario del Tajo.


Podrán incorporarse un máximo de 20.000 habitantes de la provincia de Toledo, de acuerdo con la planificación establecida en cada zona por Comunidad de Castilla-La Mancha.


B) Hospital Universitario Infanta Cristina.


Podrán incorporarse un máximo de 45.000 habitantes de la provincia de Toledo, de acuerdo con la planificación establecida en cada zona por Comunidad de Castilla-La Mancha.


Tercera fase.


En el plazo máximo de un año desde el inicio de la primera fase, se iniciará la ejecución de la tercera fase, siempre y cuando se hayan cumplido las obligaciones previstas en la cláusula sexta y séptima del presente Convenio.


La tercera fase se realizará de la siguiente forma:


A) Hospital Universitario del Tajo.


Podrán incorporarse el resto de habitantes de la provincia de Toledo previstos en el anexo II.


B) Hospital Universitario Infanta Cristina.


Podrán incorporarse el resto de habitantes de la provincia de Toledo previstos en el anexo II.



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Cuarta. Atención sanitaria especializada.


1. Los ciudadanos de las zonas básicas de salud, municipios y entidades singulares contempladas en el anexo II, correspondientes al norte de la provincia de Toledo, tendrán como hospital básico de primer nivel el que figura en el anexo II
en lo relativo a la atención sanitaria especializada básica en consultas externas, hospitalización y urgencias.


La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha deberá remitir al Hospital Universitario Infanta Cristina y al Hospital Universitario del Tajo la relación de los ciudadanos que han elegido ser atendidos por el Servicio Madrileño de Salud en el
ámbito de aplicación de este convenio. Esta relación será actualizada con la periodicidad que se establezca por la comisión de coordinación y seguimiento a que se refiere la cláusula sexta del presente convenio.


La Comunidad de Madrid creará un tipo de usuario y entregará un documento identificativo especifico a la población de la provincia de Toledo que haya optado por tener como hospital básico de primer nivel el Hospital Universitario Infanta
Cristina o el Hospital Universitario del Tajo, para facilitar el acceso a los servicios y garantizar la correcta identificación de este colectivo.


En los supuestos de especialidades no contempladas en la cartera de servicios de los Hospitales Universitario Infanta Cristina y Universitario del Tajo los pacientes deberán ser derivados por el Servicio Madrileño de Salud al hospital de
referencia de su comunidad autónoma de origen.


2. Los ciudadanos de la provincia de Guadalajara tendrán como hospital de referencia a los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, para patologías, procesos y procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos de los que no dispone el
Hospital Universitario de Guadalajara, en lo que se refiere a la atención sanitaria especializada de segundo nivel en consultas externas, hospitalización y urgencias, según se detalla en el anexo I.


Las derivaciones de los pacientes de Guadalajara que requieran ser atendidos en los servicios de referencia de la Comunidad de Madrid se realizará por los mismos circuitos y serán gestionados por las mismas unidades que gestionan las
derivaciones de pacientes del Fondo de Cohesión.


Los pacientes de Guadalajara tendrán los mismos derechos e idéntica prioridad en el acceso al hospital de referencia que el resto de pacientes asignados al mismo.


3. La prescripción de la farmacia hospitalaria para pacientes externos podrá ser realizada por los profesionales de los centros afectados, debiendo facilitar la dispensación del mismo el hospital de referencia de la comunidad autónoma en la
que resida el ciudadano.


4. La asistencia prestada ha de ajustarse a lo establecido en la normativa vigente para la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y los procedimientos para su actualización, así como a lo establecido en la Ley 16/2003,
de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, el Real Decreto 1207/2006, que regula la gestión del Fondo de Cohesión Sanitaria, y el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema
Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones así como de sus actualizaciones.


5. El transporte de los pacientes se realizará conforme a la normativa vigente en la materia de las dos comunidades autónomas.


6. Ambas partes asumen ante terceros las responsabilidades vinculadas a sus propios actos en el ámbito del presente convenio, debiendo responder por una eventual responsabilidad patrimonial que pudiera plantearse por los particulares
vinculada a la asistencia sanitaria de la Administración que prestó el servicio del que ha derivado el eventual daño, previa audiencia a la otra Administración concedente, conforme a lo dispuesto en el artículo 18.2 del Real Decreto 429/1993, de 26
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de Responsabilidad Patrimonial.


Quinta. Cartera de Servicios.


La asistencia prestada a los ciudadanos procedentes de la provincia de Toledo, incluidos dentro del ámbito de aplicación del presente convenio se ajustará, en todo caso, a la cartera de servicios disponible en los hospitales del Servicio
Madrileño de Salud en los que sean atendidos y que figuran en los anexos III y IV.



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Sexta. Comisión de coordinación y seguimiento.


Se creará una Comisión de coordinación y seguimiento, con la finalidad de realizar la supervisión y seguimiento del convenio, con la siguiente composición:


Por parte de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid:


— El titular del centro directivo del que depende el Servicio Madrileño de Salud, o persona en quien delegue.


— El titular del órgano directivo del que dependa la atención especializada o persona en quien delegue.


— El titular del órgano directivo del que dependa la gestión económica, o persona en quien delegue.


— El titular del órgano directivo del que dependa la gestión de recursos humanos, o persona en quien delegue.


Por parte de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de la Comunidad de Castilla-La Mancha:


— El titular del centro directivo del que depende el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, o persona en quien delegue.


— El titular del órgano directivo del que dependa la atención sanitaria o persona en quien delegue.


— El titular del órgano directivo del que dependa la gestión económica, o persona en quien delegue.


— El titular del órgano directivo del que dependa la gestión de recursos humanos, o persona en quien delegue.


La Presidencia de la Comisión se ejercerá de manera alternativa, cada seis meses, por parte del titular del centro directivo del que depende el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y el titular del centro directivo del que depende el
Servicio Madrileño de Salud, o las personas en quienes deleguen. En primer término, la Presidencia será ejercida por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.


Como Secretario de la Comisión, que actuará con voz y sin voto, será designada una persona al servicio de la Comunidad Autónoma que presida en cada periodo la Comisión. La Comisión se reunirá con carácter ordinario cada seis meses y, con
carácter extraordinario, cuando lo solicite cualquiera de las partes.


A las reuniones de la Comisión podrán ser invitadas aquellas personas cuya cualificación y responsabilidades sean de interés para los asuntos que vayan a tratarse.


Serán funciones de la Comisión de seguimiento:


a) Ratificar el cumplimiento de cada una de las fases.


b) Aprobar el calendario asistencial’ al que se refiere la estipulación tercera, previo informe del titular de la Dirección General competente en asistencia especializada de la Comunidad de Madrid.


c) El desarrollo, control y supervisión de las actuaciones concretas que se realicen al amparo de este Convenio.


d) Resolver cuantas dudas y discrepancias surjan con respecto a la interpretación y aplicación del Convenio.


e) Resolver las cuestiones que puedan plantearse en la ejecución del Convenio.


f) La revisión anual de incidencias en la ejecución del Convenio y la propuesta de cambios a incluir para la mejor ejecución del mismo.


g) Fijar las tarifas de las prestaciones que pudieran requerir los pacientes de la provincia de Guadalajara y que no estén contempladas en SIFCO, y la actualización anual de la cápita asistencial media bruta para los pacientes de Toledo.


h) Cualesquiera otras previstas en el Convenio.


El régimen jurídico de esta Comisión se adaptará a lo previsto en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.



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Séptima. Compensación económica.


1. La compensación económica por la actividad recogida en el presente Convenio se realizará de la siguiente forma:


a) El Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, respecto a la atención sanitaria especializada para los pacientes de la provincia de Guadalajara, en relación a los procesos no correspondientes a los Csur (regulados en el Fondo de Cohesión),
deberá abonar al SERMAS por los procesos contemplados en el presente convenio las tarifas reguladas en SIFCO para cada ejercicio. La determinación de las tarifas de prestaciones, que pudiera requerir este colectivo y que no estén contempladas en
SIFCO, serán fijadas por la comisión de seguimiento a partir de las tarifas y precios públicos de las dos comunidades autónomas. El incumplimiento reiterado de esta obligación determinará la resolución del presente convenio.


b) Respecto a la atención sanitaria especializada para los pacientes de las zonas geográficas de la zona norte de la provincia de Toledo que elijan ser atendidos por hospitales de la Comunidad de Madrid sujetos al presente Convenio, se
establecerá la cápita media asistencial de dichos hospitales.


La cápita media asistencial es el resultado de dividir el gasto sanitario, una vez detraído el coste de los servicios no sanitarios (canon de la concesión) entre la población adscrita al centro.


La cápita asistencial media bruta prevista en 2014 en el Hospital del Tajo y en el Hospital Infanta Cristina por los pacientes atendidos en estos hospitales asciende a 402,89 €.


Esta será la cápita que se deberá abonar, a la misma se incluirá imputar los sobrecostes queda atención sanitaria pudiera suponer a los hospitales en relación a los servicios no sanitarios que conlleven modificaciones del canon que han de
abonar los hospitales.


Esta cápita será actualizada, anualmente, por la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Convenio en función del gasto real sanitario una vez detraído el canon de la concesión de los dos hospitales referidos de cada ejercicio, siempre que
el canon no se vea afectado por un incremento de la actividad, y la población media anual, todo ello calculado a partir de la información que se facilite a la Comisión de Seguimiento del Convenio.


El Servicio Madrileño de Salud y el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha tomarán las medidas necesarias para facilitar a los ciudadanos que hayan ejercido su elección a los hospitales de Madrid el acceso a los mismos en los términos
desarrollados por el presente Convenio, y para evitar que existan duplicidades en la asistencia sanitaria a dichos pacientes en ambos Servicios de Salud.


I. Forma de pago del importe capitativo.


a) Pacientes de la provincia de Toledo.


Una vez iniciada cada fase deberá abonarse mensualmente y en el plazo máximo de tres meses, el 95 % del importe correspondiente al resultado de multiplicar el valor de la cápita por el número de personas que han elegido ser atendidas en el
Hospital del Tajo y Hospital Universitario Infanta Cristina, realizándose la liquidación anual en el primer semestre del ejercicio siguiente.


El incumplimiento de esta obligación determinará la resolución del presente Convenio.


En el ejercicio 2016 y siguientes, se procederá a la liquidación anual de los gastos por asistencia sanitaria del ejercicio precedente, de tal forma que se actualizará la cápita asistencial media bruta en función del gasto real sanitario y
de la población media anual que ha ejercido su elección en el ejercicio precedente. Los costes incluidos en el gasto real sanitario recogerán los gastos de personal, materiales, farmacia y servicios generales hospitalarios necesarios para la
prestación sanitaria, y se excluirán de estos gastos los correspondientes a la farmacia hospitalaria ambulatoria recogidas en la estipulación 3.3 y los correspondientes a centros externos. Esta liquidación deberá contener:


— Pago del 5 % restante de la cápita.


— Cualquier otro coste, no incluido en la cápita, que haya sido asumido por la Comunidad de Madrid como las autorizaciones de derivación a otros Hospitales del Servicio Madrileño de Salud. En cualquier caso estos costes deberán ser
aprobados previamente por la Comisión Mixta de Seguimiento, y posteriormente seguir el procedimiento de tramitación que establece la normativa vigente en ambas comunidades autónomas, con la correspondiente autorización el gasto del correspondiente
órgano, unidad o servicio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.



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b) Pacientes de la provincia de Guadalajara.


La forma de pago de la atención de los pacientes de Guadalajara tendrá una periodicidad trimestral, el Servicio Madrileño de Salud facturará al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha los servicios prestados en cada mes, aportando
Información pormenorizada de la atención prestada a cada paciente.


Dentro del plazo máximo de tres meses, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha se compromete a efectuar el pago por los servicios prestados.


El incumplimiento de esta obligación determinará la resolución del presente Convenio.


II. Con anterioridad a la puesta en marcha de este Convenio, la Comunidad de Madrid comunicará la aplicación presupuestaria y el centro o centros a los que tienen que realizarse los pagos «a cuenta» y las liquidaciones anuales contemplados
en este Convenio correspondientes a la actividad regulada en el mismo.


III. La Comisión de Seguimiento del Convenio determinará las necesidades de nuevas inversiones y de recursos humanos requeridos para la ejecución del presente Convenio cuya financiación corresponderá a la Comunidad de Castilla-La Mancha.


El Servicio Madrileño de Salud realizará la contratación del personal necesario para la ejecución del presente convenio. Los recursos económicos derivados de estas contrataciones serán aportados con carácter previo por la Comunidad de
Castilla-La Mancha, dentro de la financiación per cápita ya recogida en el conjunto de esta cláusula 7.


Las inversiones necesarias serán abonadas con carácter previo por la Comunidad de Castilla-La Mancha, siendo compensadas en la liquidación final de la cápita. Estas inversiones serán ejecutadas por el Servicio Madrileño de Salud. En ese
momento se podrá prestar la asistencia sanitaria en las condiciones recogidas en el presente Convenio.


Octava. Vigencia y prórroga del Convenio.


El presente Convenio tendrá una duración de cuatro años prorrogables por acuerdo expreso de las partes por el mismo período de tiempo.


Cualquier modificación del contenido del presente Convenio que conlleve un incremento del gasto o minoración de ingresos para la Comunidad de Madrid o para la Comunidad de Castilla La Mancha requerirá la autorización de sus respectivas
Consejerías competentes en materia de Hacienda.


Las partes podrán denunciar el Convenio mediante notificación por escrito a la otra parte, con tres meses de antelación a la fecha en que se desee la conclusión del mismo. La prórroga deberá solicitarse con una antelación de tres meses a la
fecha prevista para la extinción del Convenio.


Novena. Causas de resolución.


Este convenio quedará resuelto por las siguientes causas:


a) Por mutuo acuerdo escrito de las partes.


b) Por incumplimiento de las partes de los compromisos establecidos en el Convenio.


c) Por cese de las actividades objeto del Convenio.


d) Por imposibilidad sobrevenida.


Forma de terminar las actuaciones en curso para el supuesto de extinción:


En caso de extinción del Convenio, se fijará un periodo de transición no inferior a seis meses para que se proceda por parte del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha a la reordenación de la asistencia de los pacientes tratados por la
Comunidad de Madrid. En el proceso de extinción del convenio primará siempre el principio de garantizar la correcta asistencia a todos los ciudadanos implicados, y la Comisión de Coordinación y Seguimiento tomará las medidas para garantizar este
principio en todo momento.


Décima. Naturaleza y régimen jurídico.


El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, queda excluido del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en
virtud de lo dispuesto en su artículo 4.1.c), sometiéndose a los



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principios de dicha ley para resolver las dudas y lagunas que pudieran presentarse, así como a las normas generales de derecho administrativo y al ordenamiento jurídico en general.


Asimismo, ambas partes en el desarrollo del presente Convenio actuarán de conformidad con lo previsto en Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y
documentación clínica.


Undécima. Resolución de conflictos.


Dada la naturaleza administrativa del Convenio, corresponde conocer de las discrepancias, que no hayan podido resolverse en el seno de la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula cuarta, a la jurisdicción contenciosoadministrativa, de
conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.


Duodécima. Eficacia del Convenio.


El presente Convenio producirá efectos a partir del día siguiente a aquél en el que queden cumplidos los trámites previstos en los Estatutos de Autonomía de ambas Comunidades Autónomas.


Y para que así conste y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio, por cuadruplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados.


Madrid, a 11 de marzo de 2015.