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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 232, de 04/03/2013
cve: BOCG-10-D-232 PDF


parte 1 parte 2


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES


CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


X LEGISLATURA


Serie D: GENERAL


4 de marzo de 2013


Núm. 232



ÍNDICE


Control de la acción del Gobierno


COMUNICACIONES DEL GOBIERNO


200/000001 Comunicación del Gobierno en la que solicita la celebración de un debate de política general sobre el estado de la Nación.


Propuestas de resolución presentadas por los Grupos Parlamentarios ... (Página2)


Resoluciones aprobadas por el Pleno de la Cámara ... (Página130)



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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO


COMUNICACIONES DEL GOBIERNO


200/000001


De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las propuestas de resolución presentadas por los Grupos Parlamentarios con motivo del
debate de la comunicación del Gobierno para el debate de política general en torno al estado de la Nación.


Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Enrique Álvarez Sostres, Diputado de FORO, formula, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo del debate de política general en
torno al estado de la Nación, la siguiente propuesta de resolución.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2013.-Enrique Álvarez Sostres, Diputado.-Pedro Quevedo Iturbe, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Propuesta de resolución núm. 1


Asturias es la Comunidad Autónoma peor comunicada de la Península. Para superar esta situación es necesario que se concluyan las obras de infraestructura pendientes. Entre ellas, destaca la variante ferroviaria de Pajares, necesaria para
poner en servicio la línea de alta velocidad Madrid-León-Asturias, prevista en su momento para el año 2010.


Se trata de una vieja aspiración de los asturianos, pospuesta por los sucesivos gobiernos nacionales en los últimos diez años. La inversión realizada en los túneles de Pajares hasta hoy alcanza cantidades inmensas y quedan por licitar o
concluir obras por valor aproximado a los 200 millones en la propia variante.


El Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a facilitar la conexión de Asturias por AVE. La ministra de Fomento se ha comprometido en varias ocasiones a la conclusión de una obra
fundamental para corregir el aislamiento de Asturias respecto al resto del territorio peninsular.


Por ello, se presenta la siguiente propuesta de resolución:


El Congreso de los Diputados insta la Gobierno a:


Acelerar la puesta en servicio de la línea de alta velocidad Madrid-León-Asturias prevista en su día para el año 2010, mediante la triple actuación simultánea consistente en:


a) La licitación urgente de la asistencia técnica para la transformación al ancho internacional del tramo León-La Robla y posterior licitación urgente de las obras.


b) La licitación y ejecución urgente de las vías de ancho internacional, la catenaria, las instalaciones de seguridad y los sistemas de comunicaciones en la Variante de Pajares entre La Robla-Pola de Lena cuya obra civil lleva dos años
finalizada, con la correspondiente instalación de cambio de ancho de trenes en esta última localidad asturiana.


c) La redacción y aprobación urgente de los Estudios Informativos de la citada línea de alta velocidad hasta el triángulo Oviedo-Gijón-Avilés, con objeto de evitar que la citada línea de alta velocidad quede paralizada en León.



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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís-Equo, formula, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo del debate de política general en
torno al estado de la Nación, la siguiente propuesta de resolución.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2013.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Pedro Quevedo Iturbe, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Propuesta de resolución núm. 2


Exposición de motivos


La disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, regula la Declaración Tributaria Especial, nombre formal otorgado a la conocida 'amnistía fiscal', desarrollada por la Orden de 31 de mayo de 2012.


La disposición final primera del citado Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, introduce la modificación de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria:


'Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria:


Uno. Se introduce un nuevo apartado 2 en el artículo 180, renumerándose los actuales 2 y siguientes, con la siguiente redacción:


'2. Si la Administración tributaria estimase que el obligado tributario, antes de que se le haya notificado el inicio de actuaciones de comprobación o investigación, ha regularizado su situación tributaria mediante el completo
reconocimiento y pago de la deuda tributaria, la regularización practicada le exoneraría de su responsabilidad penal, aunque la infracción en su día cometida pudiera ser constitutiva de delito contra la Hacienda Pública, y la Administración podrá
continuar con el procedimiento administrativo sin pasar el tanto de culpa a la autoridad judicial ni al Ministerio Fiscal.


Asimismo, los efectos de la regularización prevista en el párrafo anterior, resultarán aplicables cuando se satisfagan deudas tributarias una vez prescrito el derecho de la Administración a su determinación.'


Dos. Se modifica la letra c) del apartado 1 del artículo 221, que queda redactada de la siguiente forma:


'c) Cuando se hayan ingresado cantidades correspondientes a deudas o sanciones tributarias después de haber transcurrido los plazos de prescripción. En ningún caso se devolverán las cantidades pagadas que hayan servido para obtener la
exoneración de responsabilidad en los supuestos previstos en el apartado 2 del artículo 180 de esta Ley.'


La exención de responsabilidad penal introducida por el gobierno del PP no puede aplicarse a aquellos casos en los que ya se ha iniciado un proceso penal que afecta a los bienes declarados.


Al marco normativo expuesto hemos de sumar el contenido del Informe sobre diversas cuestiones relativas al procedimiento de regularización derivado de la presentación de la declaración tributaria especial, de 27 de junio de 2012, emitido por
la Secretaría de Estado de Hacienda, Dirección General de Tributos, Informe en el que se afirma lo siguiente:


'17) Posibilidad de efectuar una comprobación aislada por la Administración tributaria de la propia declaración tributaria especial.


Al respecto, se considera que no resulta procedente la comprobación aislada de la declaración tributaria especial por cuanto que la misma, a pesar de tener la naturaleza de declaración tributaria, no se presenta en cumplimiento de una
obligación tributaria (en los términos del artículo 19 y siguientes de la Ley General Tributaria), ni tan siquiera de carácter informativo, sin perjuicio de que, una vez invocada la misma por el obligado tributario en el curso de un procedimiento de
comprobación de una concreta obligación tributaria (concepto y periodo definidos), la Administración tributaria pueda efectuar dicha comprobación al efecto de verificar el ajuste a la realidad de lo en ella manifestado.'



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Resulta evidente que esta manifestación efectuada en el Informe prometiendo la no comprobación aislada pretende ser un gancho para que los defraudadores se animen a hacer uso del proceso de amnistía fiscal.


Sin embargo, tal afirmación no puede ser interpretada en el sentido de que la administración no cumpla con su trabajo de verificación de que el usuario de la amnistía fiscal presenta la documentación necesaria, y especialmente que ésta es
real y coincidente con sus afirmaciones en el modelo de solicitud. Esto es, que no se está produciendo un nuevo fraude a la administración tributaria por una persona que se sabe defraudador, y que precisamente por ello ha tenido que acudir a este
mecanismo.


De igual modo, es necesario cotejar los datos con el fin de conocer si aquel que se pretende amparar en la amnistía fiscal tiene en marcha un procedimiento penal, como sería el popular caso de Luis Bárcenas, o administrativo sancionador
iniciado por parte de la Agencia Tributaria, y por tanto no puede serle de aplicación la Declaración tributaria especial.


Dado que las declaraciones del Ministro de Hacienda han evidenciado que esta tarea no ha sido ejecutada por parte de la administración tributaria, y siendo este hecho de enorme gravedad, es necesario abordar una solución urgente con el fin
de evitar que aquellos que se encuentran en procesos penales ya iniciados o bajo expedientes sancionadores o de revisión, no se beneficien del despropósito fiscal que ya de por sí significa la amnistía fiscal, en su vulneración flagrante del
principio de igualdad y de contribución tributaria en función de la capacidad económica.


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


- Iniciar un proceso urgente de comprobación de las declaraciones tributarias especiales presentadas con el fin de paralizar aquellas en las que exista un proceso penal en marcha que guarde relación con el objeto de la declaración.


- Iniciar un proceso urgente de comprobación de las declaraciones tributarias especiales presentadas con el fin de paralizar aquellas en las que exista un procedimiento sancionador de revisión en marcha por parte de la administración
tributaria o cualquier otra administración, que guarde relación con el objeto de la declaración.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada de Geroa Bai, Uxue Barkos Berruezo, formula, al amparo de lo dispuesto en el articulo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo del debate de política general, la
siguiente propuesta de resolución de medidas para la regeneración del mercado de empleo.


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2013.-Uxue Barkos Berruezo, Diputada.-Pedro Quevedo Iturbe, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Propuesta de resolución núm. 3


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a acometer las siguientes medidas para la regeneración del mercado del empleo:


1. Propuestas para la creación directa y el mantenimiento:


a) Apoyo presupuestario a programas de autoempleo.


b) Exploración, definición y promoción de nuevos sectores sostenibles de creación de empleo.


c) Empleo joven:


- Capitalización del cien por cien de la prestación por desempleo para la puesta en marcha de proyectos de jóvenes emprendedores.


- Medidas específicas de apoyo económico e institucional al cooperativismo juvenil.


- Impulso al autoempleo juvenil.



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d) Apoyo a pymes, micropymes y autónomos:


- Propiciando el mantenimiento de los centros de decisión en el territorio.


- Condicionando el pago del IVA al cobro de las facturas desde el 1 de junio de 2013.


- Garantizando el circulante, comprometiendo a las entidades financieras principales perceptoras de fondos en la zona euro.


- Establecer una línea específica de avales para apoyar procesos de reestructuración de balances de pymes y micropymes viables con dificultades de tesorería.


2. Formación:


a) Capitalización del cien por cien de la prestación por desempleo para la realización de estudios en el extranjero.


b) Revisión y reformulación del actual sistema de organización y financiación de la formación continua.


3. Medidas legislativas y financiación:


a) Transferencia competencias plenas en materia de políticas activas y políticas pasivas y en materia de inspección de trabajo.


b) Impulso del marco autonómico de relaciones laborales.


c) Reforma y adaptación de la Ley de Represión de la Usura.


d) Recuperación de los fondos previstos en ejercicios anteriores para las políticas activas de empleo: 3.600 millones de euros.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Pedro Quevedo Iturbe y doña Ana María Oramas González-Moro, Diputados de Coalición Canaria-Nueva Canarias, presentan, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso
de los Diputados, las siguientes propuestas de resolución con motivo del debate sobre el estado de la Nación del año 2013.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2013.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Pedro Quevedo Iturbe, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Propuesta de resolución núm. 4


Sobre el Régimen Económico y Fiscal de Canarias.


Exposición de motivos


El Régimen Económico y Fiscal de Canarias tiene como antecedente histórico un conjunto de normas, particularmente fiscales, pero también económicas, que desde la conquista por la Corona de Castilla, han intentado hacer frente a los problemas
que se planteaban para el bienestar de los residentes canarios por la lejanía y el aislamiento del continente europeo, y también para potenciar las ventajas compensatorias de la renta de situación del Archipiélago.


A lo largo de más de cinco siglos, y adaptándose a la evolución de la economía y del comercio, ha ido adoptando formas diversas, con la permanencia de un principio genérico de baja imposición fiscal y apertura al comercio internacional, con
breves períodos de suspensión, como consecuencia de políticas de uniformidad que fueron letales para la economía isleña o de los conflictos bélicos en que se veía envuelto el Reino de España.


En época relativamente reciente, una importante modernización de las normas tradicionales quedó establecida con la Ley 30/1972, de 22 de julio, luego modificada y actualizada por la Ley 20/1991, de 20 de junio, que regula actual y
fundamentalmente los aspectos fiscales, y la Ley 19/1994, 6 de julio, de preceptos principalmente económicos, actualmente vigentes.



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La Ley 19/1994, como señala el Consejo Económico y Social de Canarias en su Informe anual 2010-2011, ha jugado un papel muy importante para paliar las desventajas de carácter estructural que afectan al Archipiélago: un conjunto de
sobrecostes añadidos respecto al territorio continental y que ha determinado su consideración en el Derecho primario de la Unión Europea como Región Ultraperiférica (RUP), actualmente artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE (Lisboa,
2009). Sobrecostes que padecen las empresas y las administraciones públicas, y que quedan claramente plasmados en estudios realizados por la Comunidad Autónoma.


Las previsiones contenidas en la ley han jugado un papel importante en el desarrollo del Archipiélago, y se han mostrado eficaces durante la etapa de gran desarrollo económico en el periodo anterior a la crisis generalizada que afecta a
España y, en particular, a Canarias en el momento presente.


No se puede minimizar, sin embargo, un conjunto de dificultades que, en los últimos decenios han impedido sacar pleno partido a sus normas, muchas de las cuales mantienen su valor en el momento actual y que con una perspectiva futura, sería
necesario corregir. La falta de claridad en determinados aspectos clave de las distintas normas que integran el REF ha producido una cierta inseguridad jurídica en la aplicación de los principales incentivos fiscales de la Ley 19/1994, en
particular en la Reserva de Inversiones para Canarias (RIC), de tal manera que la interpretación restrictiva ha condicionado las decisiones de inversión de empresarios y autónomos que se han decantado por otros mecanismos alternativos, tales como la
Deducción por Inversiones.


Se hace preciso, de cara al futuro y como principio básico de la reforma, mejorar la regulación normativa de la gestión del REF, clarificando los distintos conceptos y supuestos de hecho contemplados, y reduciendo, al máximo, los trámites
burocráticos, para dotar de mayor seguridad jurídica a los inversores y, por tanto, de mayor eficacia a la reforma. Además, se incorpora a los distintos instrumentos normativos un régimen de información periódica, a los efectos de una correcta y
continua evaluación.


Aun así, podemos sostener que el REF, en su configuración actual, ha cumplido el objetivo de dinamización de nuestra economía, con un intenso fortalecimiento de su estructura productiva y la capitalización de las empresas, contribuyendo así
al desarrollo económico de Canarias en un largo período de auge económico.


También ha quedado de manifiesto que muchos de los preceptos del REF vigente, que fue concebido como un plan global de desarrollo económico, no han tenido aplicación; en particular, aquellos que van dirigidos a una diversificación económica
y a facilitar la inversión en nuevas empresas. Los incentivos fiscales otorgados a las empresas o empresarios individuales, si bien han tenido gran eficacia cuando existían beneficios, se han mostrado ineficaces en una coyuntura de recesión
económica. En este contexto, parece adecuado el mantenimiento y optimización de los actuales incentivos fiscales, el relanzamiento y puesta en valor de los actuales incentivos económicos debidamente actualizados y una serie de propuestas selectivas
especialmente pensadas para estimular nuestro mercado de trabajo.


No obstante, cuando nos planteamos una modificación del REF no debemos concretarnos a medidas coyunturales, que palien la crisis actual, aunque un REF bien vertebrado y jurídicamente seguro puede contribuir a ese fin. El objetivo de la
reforma consiste en articular, dentro de sus fundamentos históricos, un sistema de incentivos de fomento y compensación robusto y eficaz que dé respuesta a las desventajas estructurales que lastran la economía canaria y que han propiciado su
consideración de RUP de la UE.


Actualmente, el principal objetivo y desafío de cualquier modelo de desarrollo económico en Canarias ha de ser crear más y mejores empleos. En el Archipiélago, el porcentaje de parados alcanzó el 29,7% en 2011, llegando a alcanzar en el
primer trimestre una tasa superior al 32%, que prácticamente triplica ya la cifra de 2007 (10,4%). Especialmente afectado por la difícil situación del mercado laboral se encuentra el colectivo de población joven (16-30 años), evidenciándose unas
mayores dificultades de los jóvenes canarios para conseguir un puesto de trabajo, en comparación con los jóvenes del resto de España.


Por otra parte, la tasa de paro en Canarias ha venido superando tradicionalmente la registrada en el conjunto de España, ampliándose significativamente la brecha en el período de crisis. Así, en el pasado año, el diferencial se cifró en 8,1
puntos porcentuales mientras que en 2007 el diferencial estaba situado en 2,2 puntos porcentuales.


Esta coyuntura nos exige redoblar esfuerzos para idear y poner en marcha medidas estructurales que de forma efectiva tengan efectos a medio y largo plazo sobre nuestro mercado de trabajo, no sólo con nuevas propuestas, sino también con
propuestas de mejora de los vigentes incentivos.


Resulta imprescindible fortalecer institucionalmente el REF. Se trata de un objetivo para su permanencia y vertebración, consolidando sus principios inspiradores dentro del bloque constitucional, a través de una



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modificación parcial del título cuarto del Estatuto de Autonomía de Canarias; incorporando -de conformidad con los principios y normas derivados del reconocimiento de Canarias como Región Ultraperiférica de la UE en el Tratado (TFUE, 2009)-
el principio de modulación de las políticas y actuaciones legislativas, reglamentarias y financieras de los poderes públicos del Estado. Así, la legislación estatal habría de dar un tratamiento específico a aquellas materias que lo requirieran, en
atención a la lejanía e insularidad de Canarias y, en particular, en materia de transportes, telecomunicaciones, mercado interior, energía, medio ambiente, inversiones estatales, puertos, aeropuertos, fiscalidad, comercio exterior y cooperación al
desarrollo con países vecinos.


Partiendo de ese marco y de la situación descrita, el planteamiento es que esta reforma debe ir más allá de la coyuntura actual, sentando las bases del modelo de crecimiento que queremos para Canarias a medio y largo plazo. Desde este punto
de vista, los principales ejes de la estrategia económica de futuro de Canarias son la competitividad, el crecimiento, a través del refuerzo de la productividad de su tejido económico local y la internacionalización de la empresa canaria:


- Favoreciendo la eficiencia empresarial y compensando los sobrecostes derivados de la ultraperiferia.


- Apoyando la presencia en otros mercados nacionales e internacionales.


- Apoyando la diversificación económica y la innovación en los sistemas productivos.


- Mejorando los instrumentos de financiación de las pymes canarias.


La puesta en marcha de esa estrategia económica debe propiciar la creación de empleo como objetivo prioritario.


Por ello, esos ejes de la reforma girarán en torno a:


1. Un sector turístico competitivo, pujante y de calidad.


El turismo seguirá siendo el gran motor de crecimiento, capaz de crear y mantener un volumen significativo de empleo, pero debe reforzar su competitividad y hacer que Canarias siga siendo uno de los principales destinos, avanzando
decididamente en la línea de la mejora de las infraestructuras públicas y privadas y en la rehabilitación de la planta alojativa, además de la diversificación de su oferta, la mejora constante en la calidad de los servicios, la promoción del destino
y la formación de sus recursos humanos.


2. El impulso de un crecimiento sostenido y firme de los sectores primario y secundario.


Si bien el sector primario tiene un peso relativamente pequeño en la economía canaria, cumple una importantísima función social, y forma parte de la identidad de las islas y de su paisaje, además de ser uno de los principales sectores
exportadores de Canarias, por lo que hay que garantizar, en todo caso, su permanencia. En esta materia hay que hacer efectiva la creación de un Centro Internacional de Tecnologías Agrarias, ya previsto en la no desarrollada disposición adicional
novena de la Ley 19/1994, destinado a favorecer las relaciones económicas con los países africanos.


La industria, por su parte, tiene un peso en el PIB autonómico menor que la media estatal y es, probablemente, el sector que más soporta los costes adicionales por ultraperiferia, siendo el que más dificultades tiene para competir. Sin
embargo, es un sector estratégico para garantizar un empleo de calidad, dentro de la economía del conocimiento propugnada por la estrategia de Europa 2020, como una de las pocas alternativas a la dependencia externa, siendo necesario mantenerlo e
impulsar su crecimiento.


En este contexto, los mecanismos del REF han de atenuar o eliminar los obstáculos estructurales existentes, en particular los derivados de la economía de escala, y así permitir al sector primario y a la industria canaria existir en
condiciones equivalentes a las del continente y competir, en la medida de lo posible, con los productos importados.


También hay que mencionar el sector de la energía, con un enorme potencial de desarrollo y de transformación del actual sistema energético canario, basado, casi en su totalidad, actualmente en los combustibles fósiles. Como señala la propia
Unión Europea, las políticas de desarrollo económico futuras han de estar basadas en modelos sostenibles desde la perspectiva medioambiental, por lo que es imprescindible orientar nuestras herramientas económicas y fiscales a lograr este objetivo.
Además, los más prestigiosos organismos internacionales señalan que la sustitución de fuentes de energía fósil por renovable empieza por los pequeños sistemas insulares, dado que en éstos es donde la producción de energía a partir de fuentes de
energía fósil es más cara. De este modo, podemos añadir la disminución de



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costes de producción en el cambio de modelo energético hacia una mayor utilización de las fuentes de energía renovables de las que dispone Canarias.


Por su parte, el sector de la construcción, que ha sufrido, quizás más profundamente que ningún otro, los efectos de la crisis, debe ser apoyado para que vuelva a crecer y a generar parte del empleo destruido en los últimos años, tratando de
que su impulso se produzca minimizando el consumo de suelo, especialmente en el contexto de la rehabilitación hotelera y de vivienda.


3. El crecimiento e impulso de una economía del conocimiento y una economía de servicios, mejorando la canalización de recursos públicos y privados hacia proyectos que aprovechen las potencialidades de Canarias. El impulso de estos dos
sectores estratégicos deberá contar con medidas claramente diferenciadas, sin perjuicio de la eventual convergencia de algunas de ellas, con el objetivo de dotar a nuestras empresas, independientemente del sector en que desarrollen su actividad, de
unos mejores niveles de productividad, calidad y eficiencia y de una mayor capacidad para crear y proveer nuevos productos y servicios.


4. El apoyo decidido a la internacionalización de las empresas canarias.


La reciente Comunicación de la Comisión Europea sobre las RUP [COM (2012), 287 final; de 20/6/12] contempla como uno de los ejes de la estrategia renovada para las RUP la mejora de la integración regional en sus zonas geográficas
respectivas. Este eje, que se propone por la Comisión desde 2004, se trató especialmente en la COM (2008), 642 final, de 17/10/08 que consideraba que '...las regiones ultraperiféricas representan la avanzadilla de la UE en contacto con otros
grandes conjuntos económicos...'. Constituye una oportunidad para España y para Canarias el que las empresas canarias puedan exportar a los mercados de su entorno geográfico tanto bienes como servicios y acometer proyectos de inversión e
implantación en terceros países. Además, se dan las condiciones necesarias para ser una plataforma de negocios para todos aquellos operadores económicos que deseen actuar en África occidental. Sin embargo, el desarrollo de este eje necesita de la
existencia de conexiones de transporte aéreo y marítimo con los países vecinos.


5. La apuesta decidida por fomentar, impulsar y gravar nuevas fuentes de riqueza estratégicas que puedan contribuir a la diversificación de la estructura productiva y al crecimiento de la economía canaria, haciéndolas compatibles con el
actual modelo económico del Archipiélago basado casi exclusivamente en el monocultivo del turismo, y que, en momento de crisis económica, se ha mostrado insuficiente para sostener el mercado laboral activo.


Este enfoque estratégico debe completarse con la aplicación de una serie de principios básicos consagrados por la propia Ley 19/1994, en concreto:


- Mantener en Canarias, el fundamento nuclear del REF como institución, una fiscalidad diferenciada y menor a la del resto del territorio español.


- Garantizar que este régimen económico y fiscal específico en el Archipiélago no dará lugar, en ningún supuesto, a la disminución del volumen de gasto público estatal corriente y de inversión y que, de acuerdo con la disposición adicional
cuarta de la LOFCA, no puede significar una reducción de la financiación estatal.


- El principio básico de que el coste de la actividad económica en Canarias no debe situar al Archipiélago en una situación de desventaja respecto de la media de las restantes Comunidades del territorio español, porque no cabe duda de que la
lejanía e insularidad son hándicaps estructurales permanentes a los que se enfrentan nuestras empresas de forma directa o indirecta, y que, en la mayor parte de las ocasiones, se traducen en sobrecostes al desarrollo de su actividad, con especial
incidencia en las islas no capitalinas, como consecuencia de los efectos de la doble insularidad.


- Los principios de accesibilidad y continuidad territorial dentro, desde y hacia Canarias, tanto de pasajeros como de mercancías, que garanticen a nuestras empresas y ciudadanos una conectividad efectiva entre las islas, con el territorio
continental europeo y con los países de nuestro entorno, tal y como propugna el denominado 'Informe Solbes' o la citada COM (2012) 287 final, de 20/6/12.



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El modelo de desarrollo de Canarias debe enmarcarse en su especial régimen de integración en el ámbito de la Unión Europea, y en este contexto:


- Inscribirse en la estrategia de desarrollo para las regiones ultraperiféricas establecida por la Comisión Europea en sus diferentes comunicaciones, a las que se ha hecho referencia, así como en los documentos preparatorios elaborados por
las propias regiones y sus respectivos Estados.


- Alinearse con las orientaciones recogidas en los principales documentos estratégicos europeos, singularmente la estrategia Europa 2020, porque éstos constituyen el marco europeo en el que se moverá Canarias en el futuro.


En este contexto, y a la vista de los objetivos precitados, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que se adopten las siguientes medidas en torno al Régimen Económico y Fiscal de Canarias:


I. Incentivos fiscales del REF.


a) La Deducción por Inversiones en Canarias (DIC) se configurará como el incentivo a la inversión, y a la creación y mantenimiento del empleo de las empresas canarias.


Este incentivo habrá que adecuarlo con ciertas mejoras y aclaraciones legales, mediante la aplicación de porcentajes de deducción tanto en el Impuesto sobre Sociedades como en los rendimientos profesionales en el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, sobre las siguientes inversiones y gastos:


- Adquisición de activos tangibles e intangibles, extendiéndose el abanico de inversiones en activos a todos aquellos bienes afectos y necesarios para el desarrollo de actividades económicas en Canarias, incluido el suelo calificado
previamente a la materialización de la inversión como industrial no turístico y el destinado a la rehabilitación turística en áreas obsoletas.


- Inversiones estratégicas con alto valor añadido, especialmente en el caso de los transportes y la conectividad; I+D+i, con especial atención en el emprendimiento tecnológico y el aprovechamiento de los recursos investigadores de nuestras
universidades, centros de investigación, y parques científicos y tecnológicos; inversiones culturales, concesiones administrativas y proyectos de colaboración público-privada, las inversiones en energías renovables y sistemas que mejoren la
eficiencia energética de edificios e instalaciones.


- Creación y mantenimiento de empleo.


- Inversiones de las empresas canarias para fomentar las exportaciones de bienes y servicios, en particular en el África Occidental.


b) La Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), sin eliminar sus posibilidades actuales, habrá que especializarla en el estímulo de la financiación, tanto pública como privada, a terceros diferentes de los materializadores de la reserva en
instrumentos financieros.


Tales inversiones aptas deberían incluir entre otras de similar naturaleza:


- Deuda pública canaria, en los términos generales actualmente aplicables.


- Cualquier tipo de instrumento financiero que redunde en beneficio de la financiación e impulso de proyectos empresariales en Canarias, ya sean públicos, privados o público-privados, abriéndose fórmulas operativas de los agentes, como el de
titulización de activos en los proyectos empresariales y de inversión, las agrupaciones de interés económico en las redes de cooperación, etc.


- La canalización del ahorro privado hacia inversiones productivas a través del modelo de Cuenta de ahorro para la suscripción de títulos valores emitidos por entidades públicas canarias, así como a sociedades domiciliadas en Canarias.


- La constitución de reservas o fondos dedicados a la inversión en I+D+i y el registro de protección de patentes, especialmente cuando ésta se realice en partenariado entre la empresa y universidades o centros de investigación.


- Los proyectos de renovación y remodelación turística para la recualificación del destino.


Asimismo, se impulsará la simplificación de sus actuales obligaciones formales y la clarificación y precisa regulación de su régimen sancionador específico, consiguiendo una adecuada seguridad jurídica para los inversores.



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c) Sobre la Zona Especial Canaria, se propone especialmente la ampliación de los actuales límites de Base Imponible para dar cabida a proyectos con proyección internacional que deseen usar Canarias como plataforma tricontinental.


De manera adicional, se propondrá la ampliación de su plazo de disfrute hasta 2026; la eliminación de las restricciones de implantación geográfica; la posibilidad de inscripción en el Registro Oficial de la ZEC de los establecimientos
permanentes de entidades residentes y no residentes; la aplicación de la deducción por doble imposición interna de dividendos; la revisión y ampliación del listado de actividades autorizadas y la implementación de medidas complementarias para
generar un polo potente de atracción de inversiones. Asimismo, se acometerá una actualización del sistema y órgano de gestión.


d) Por otro lado, es necesario incrementar las posibilidades de desarrollo de las zonas francas de Canarias, mediante la articulación de un régimen arancelario más favorable que el actual.


e) Por último, se propone el mantenimiento en los términos actuales de los incentivos a la inversión regulados en el artículo 25 de la Ley 19/1994, de la Bonificación por Producción de Bienes Corporales (artículo 26 de la Ley 19/1994) y de
los incentivos del Registro Especial de Buques y Empresas Navieras, por considerar que aún sirven a los propósitos para los que fueron concebidos originalmente.


f) Nuevas propuestas:


El importantísimo peso que tienen las pymes en nuestra economía regional exige la puesta en marcha de medidas pensadas por y para ellas, no sólo fiscales sino también financieras y sobre los costes que éstas soportan. En esta línea, se
propone:


- Una reducción de la carga fiscal soportada por las pymes canarias actuales y de nueva creación en el ámbito de los importes que soportan por tributación objetiva o indirecta, incluyendo un marco fiscal aún más favorable para las pymes
innovadoras.


- La implementación de una reducción de los costes sociales para las empresas canarias, con especial atención a las pymes, empresas de economía social y trabajadores autónomos que mantengan o creen empleo en Canarias, en un porcentaje
superior en un 20% a la que pudiera establecerse a nivel estatal, en tanto que la cifra de paro supere en más de cinco por ciento la media del Estado.


- Asimismo, se propone una reducción de los costes sociales de los trabajadores autónomos y las sociedades de nueva creación o cuya actividad sea innovadora.


Estas dos últimas medidas podían tomar como modelo inspirador las establecidas por la UE para los departamentos de ultramar franceses (Ayuda estatal núm. 439/2008-Francia).


Otras medidas:


- La fijación de un diferencial mínimo permanente más favorable sobre los incentivos nacionales vigentes o futuros para el estímulo de la inversión o la realización de determinadas actividades, al menos mientras la renta per cápita canaria
se sitúe por debajo de la media estatal.


- La creación de un marco fiscal favorable para aeronaves y compañías aéreas que se instalen en Canarias.


- Fomento de la figura de los 'Business Angels', mediante un paquete de medidas fiscales y financieras encaminadas a propiciar su impulso en Canarias.


- El desarrollo de mecanismos que, de forma objetiva y cuantificable, determinen el grado de innovación de una actividad o empresa, como la implantación de un modelo de certificación previa en lo relativo a la cualificación de gastos e
inversión como finalistas de I+D+i y su inmediata validación, facilitando su correcto reflejo contable y en último término su conversión en ventajas fiscales.


II. Incentivos económicos del REF


Las medidas contenidas en el denominado REF económico están destinadas a compensar de forma directa los hándicaps estructurales de nuestro Archipiélago en el desarrollo de actividades económicas, garantizando que la lejanía e insularidad de
Canarias, que la convierten en región ultraperiférica de la Unión Europea, sean compensadas a través de políticas específicas y suficientes.


a) El desarrollo económico y social de Canarias debe venir presidido por la creación de empleo, principal herramienta redistributiva de la riqueza, junto a las políticas sociales activas.


En este contexto, debemos traer a la normativa legal del REF la regulación del Plan Integral de Empleo de Canarias, recogido en la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo, y la regulación de un



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Plan de Formación Profesional en sus distintos niveles (reglada, ocupacional y de post-grado), en ambos casos con una dotación específica diferenciada de los fondos de ámbito nacional.


b) En el marco de otro de los objetivos básicos, el de lograr un impulso efectivo del acceso al crédito de las empresas canarias, se pondrá el acento en el impulso a la financiación de los fondos gestionados por el Instituto de Crédito
Oficial y ENISA, estimulando la regulación de líneas de financiación preferentes para este fin, con independencia de la coyuntura económica de cada momento. Asimismo, el Centro para el Desarrollo Tecnológico y el Instituto para la Diversificación y
el Ahorro Energético, en sus ámbitos de competencia, articularán para Canarias líneas específicas que respondan a las especificidades y contribuyan a la mejora de la competitividad de nuestra economía regional y a las necesidades de financiación de
las empresas canarias, atendiendo en especial a la importancia de los fondos europeos dedicados a la financiación de proyectos empresariales tales como el Jeremie.


c) Con respecto a la financiación procedente de Incentivos Económicos Regionales, se propone una política de adaptación efectiva a la realidad sectorial y económica de Canarias, con especial atención a las actividades de rehabilitación de
las instalaciones relacionadas con el sector turístico.


d) Consideramos, asimismo, que la internacionalización de nuestras empresas es un factor de crecimiento clave, por lo que se considera necesario configurar instrumentos específicos que procuren una apertura hacia el exterior de las empresas
canarias, lo que contribuiría a reducir nuestro déficit por cuenta corriente, fomentaría la aplicación de economías de escala y coadyuvaría en el desarrollo de nuestra área de influencia en el continente africano. Para ello, es especialmente
necesario que se incentiven las conexiones de transporte aéreo y marítimo con los países vecinos, en línea con lo expuesto en la reciente Comunicación sobre las RUP, COM (2012) 287 final, de 20/6/12, relativo al 'establecimiento de rutas aéreas y
marítimas nuevas o más eficaces entre las regiones ultraperiféricas y sus vecinos' incluyendo la posibilidad de 'establecer requisitos de servicio para el transporte similares a los de los contratos de obligaciones de servicio público con arreglo al
derecho de la U E'.


Partiendo de los principios básicos y objetivos mencionados en el apartado tercero de este documento, resulta asimismo necesario impulsar y reforzar una estrategia de medidas e incentivos en sectores clave de nuestra economía:


• El transporte, mediante:


- La puesta en valor de una regulación legal y reglamentaria que vele por la efectividad del principio de libertad de transporte, incluyendo los servicios de transporte aéreo y marítimo, de personas y mercancías, con especial atención a la
importancia que a tal fin tienen las fórmulas de fijación de tarifas portuarias y aeroportuarias diferentes y reducidas respecto a las vigentes a nivel estatal. Especial atención debe prestarse a las empresas que garanticen mejor conectividad entre
islas capitalinas y no capitalinas.


- Impulso del desarrollo estratégico necesario para hacer efectivas las conexiones aéreas derivadas de la aplicación de la 5 libertad.


- Actualización del mandato legal establecido en la Ley de 1994, relativo a la reducción en las tarifas de los servicios regulares del transporte de viajeros.


- Impulso de la consolidación del sistema de compensaciones al coste efectivo del transporte marítimo y aéreo de mercancías interinsular y entre las Islas Canarias y la Península.


• Las telecomunicaciones en un territorio alejado e insular como el canario son de vital importancia para nuestro desarrollo socioeconómico, y por ello debemos impulsar la mejora de la regulación de los aspectos relativos al espacio
radioeléctrico de Canarias y las bases para la contención de los precios para los usuarios finales, logrando la efectividad del diferencial, regulado en el artículo 10 de la Ley 19/1994.


Asimismo, han de articularse políticas específicas para garantizar el acceso de todas las islas y zonas aisladas a las redes de alta capacidad.


• La energía, y su coste, son también un punto estratégico dentro de la regulación del REF, la cual debe ser actualizada para contener las pautas generales que el Estado debe atender, con el fin de conseguir que los usuarios canarios puedan
acceder a la energía en condiciones similares de calidad y precio respecto a los usuarios peninsulares, fomentando inversiones en instalaciones modernas eficientes, con fuentes de energía diversificadas para reducir los costes de generación y, en
todo caso, que los sobrecostes de producción inevitables en sistemas insulares aislados no sean repercutidos, ni en el precio final de la energía, ni indirectamente en el coste del agua desalada o reutilizada. Asimismo, debe potenciarse la
producción de energías renovables mediante una adecuada regulación legal y reglamentaria



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que tenga en cuenta las especificidades canarias, especialmente en el ámbito de la política tarifaria específica para Canarias, con el fin de garantizar una política inversora estable y con garantías.


Por otra parte, se propone el desarrollo de instrumentos financieros orientados al apoyo de inversiones empresariales de ahorro y eficiencia energética.


Además, se propone el establecimiento de un marco regulatorio específico y medidas de apoyo financiero eficaces que permitan el desarrollo a corto plazo del autoconsumo eléctrico en las empresas y hogares canarios, especialmente debido a que
el autoconsumo puede ofrecer una clara reducción de precios de la electricidad respecto a los que ofrecen las comercializadoras. Dichas medidas favorecedoras del autoconsumo deben ir acompañadas de otras que incentiven el desarrollo de las empresas
de servicios energéticos y los sistemas de acumulación de energía en Canarias, de forma que se garantice una adecuada implantación de las tecnologías favorecedoras del autoconsumo y se aproveche el máximo potencial de las fuentes de energía
renovable no programables (sol y viento), así como las derivadas del aprovechamiento de residuos orgánicos (biogás).


• En el ámbito del turismo, uno de los principales y más importantes motores de nuestra economía, se persigue una política de inversión efectiva del Estado, mediante la dotación de un fondo permanente destinado a la renovación de la planta
alojativa, la formación técnico-profesional de los trabajadores para el sector y la promoción del destino turístico canario.


• En el ámbito universitario, se propone implementar un paquete de medidas económicas y fiscales que impulsen la formación integral de nuestros universitarios, especialmente en el campo de las prácticas en empresa y que permitan, asimismo,
que las universidades públicas canarias sirvan de punta de lanza de la Unión Europea en las políticas de desarrollo e innovación en los países africanos cercanos.


• En el ámbito medioambiental, la COM(2012) 287 final, de 26/6/12, en atención a las especiales características del medio natural en las RUP, establece como nuevo eje la integración de las medidas relativas al cambio climático en todas las
políticas pertinentes, y por ello es necesario que se implemente un plan específico que tenga en cuenta las peculiaridades del archipiélago canario, especialmente en la regulación de la asignación y posibilidades de transmisión y adquisición de los
derechos de emisión de gases de efecto invernadero. Asimismo, y con carácter transversal en los diferentes incentivos fiscales y económicos, se potenciarán industrias emergentes de alto valor añadido desde el punto de vista medioambiental, como las
relacionadas con la valorización de residuos a través del reciclaje o su conversión en energía.


Es necesario remarcar, por último, que la gran mayoría de los incentivos del REF económico están plenamente vigentes, no sólo desde un punto de vista estrictamente legislativo, sino también operativo, por lo que en la mayoría de los casos es
necesario redoblar el esfuerzo para que el Estado impulse su puesta en valor. Para ello, es indispensable poner en marcha la Comisión Mixta Canarias-Estado de coordinación del REF, regulada en el artículo 14 de la Ley 19/1994, entre cuyos fines se
encuentra el establecimiento de los mecanismos de coordinación de carácter sectorial entre ambas administraciones que sean necesarios para la puesta en marcha, desarrollo y seguimiento de los incentivos del REF.


Propuesta de resolución núm. 5


Sobre una estrategia en la política de transportes de Canarias.


Exposición de motivos


En Canarias la discontinuidad del territorio, por tratarse de un archipiélago, y su lejanía del resto del Estado español, lo convierten en un lugar dependiente de los medios de transporte aéreos y marítimos, tanto para los desplazamientos
interinsulares como para salvar los más de 1.000 kilómetros de distancia con la Península, lo que hace que se vean agravadas las consecuencias de la profunda crisis económica por la que atraviesa España, y que tienen su máxima expresión en las
dramáticas cifras de desempleo que soporta esta Comunidad.


Por ello, en este marco, es fundamental impulsar medidas que permitan mejorar la economía canaria de cara al futuro inmediato para retornar a la senda del crecimiento, medidas que favorezcan la competitividad regional en el mercado global y
que ayuden a la internacionalización de las empresas radicadas en las Islas. Estas medidas pasan necesariamente por una mejora real de la conectividad, tanto



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de las islas entre sí como de Canarias con el exterior, para crear un espacio único que evite los costes de la doble insularidad y constituir a las islas en una plataforma logística de trasbordo y distribución de mercancías entre África,
Europa y América.


En este sentido, no cabe duda de que las carreteras, que articulan el territorio insular, con los puertos y aeropuertos de cada una de las islas conforman una red integrada de transportes que son claves, tanto para el desarrollo económico de
Canarias, especialmente para el sector turístico -que precisa de la apertura de nuevos mercados emisores y nuevas rutas-, como para la vertebración de la cohesión territorial del Archipiélago. Además, para transformar el Archipiélago en un espacio
económico único y en igualdad de condiciones con el resto del Estado, es necesario establecer unos sistemas de transportes innovadores y asequibles.


Sin embargo, en los últimos tiempos vemos con gran preocupación tanto el incumplimiento de los convenios de infraestructuras de carreteras y la ausencia de una política de Estado en el transporte con Canarias, como la desaparición de
compañías aéreas o el incremento de las tasas aeroportuarias y la reducción de las subvenciones al transporte de mercancías y pasajeros, factores adversos que se han traducido en un incremento de las tarifas, la reducción de frecuencias y el
monopolio en algunas rutas. Aspectos negativos que, sin duda, tienen un efecto demoledor sobre la economía canaria.


El principio de continuidad territorial, establecido en el Régimen Económico y Fiscal, propio de su acervo histórico, debe contar con una estrategia en todas las acciones que componen la política de transportes que garanticen las conexiones
marítimas, aéreas y terrestres que necesita el Archipiélago.


Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, como mínimo, se adopten en el marco de una estrategia en la política de transportes para Canarias las siguientes medidas:


1. Garantizar el 50% de descuento al transporte para los residentes en Canarias, en los trayectos interinsulares y con la Península, que tienen igual derecho a la movilidad que el resto, paralizando la aplicación de la Disposición Décima
Tercera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, por la que se limita el descuento a los residentes y se elimina de facto la bonificación del 50% del precio de los billetes aéreos, y proceder de forma inmediata a posibilitar
que las compañías aéreas puedan verificar la residencia a través de servicios telemáticos sin necesidad de tener que solicitar un certificado municipal.


2. Establecer la obligación de servicio público para asegurar la frecuencia, capacidad y precio asequible de los transportes aéreos de Canarias con la Península para garantizar la igualdad de los canarios y canarias con el resto de
ciudadanos del Estado, fijando unos precios máximos para dicho vuelos que no menoscaben el desarrollo de las islas.


3. Adoptar medidas que liberalicen el tráfico aéreo que tenga como origen o destino a los aeropuertos canarios, la llamada 'quinta libertad', para que cualquier aerolínea de un país tercero pueda hacer trasbordo de mercancías y pasajeros,
sin necesidad de modificar previamente los convenios con cada Estado, con el fin de que las islas puedan empezar a desarrollar de inmediato su papel como nodo de comunicaciones entre Europa, África y América.


4. Rescatar las ayudas compensatorias al transporte de mercancías entre la Península y las Islas (y viceversa) y entre éstas, mediante las cuales se bonificaba el 65% del coste del transporte, para que las empresas industriales y agrarias
de Canarias compitan en igualdad de condiciones con las que existen en la Península y en la Unión Europea.


5. Establecer una bonificación de las tasas aéreas para incentivar la apertura y consolidación de nuevas rutas con otros países con los que, hasta ahora, no se opera desde Canarias y que permitan impulsar las conexiones con nuevos mercados
emisores de turistas. Esta medida permite mejorar la conectividad aérea con las Islas e incrementar el número de vuelos y pasajeros.


6. Tener en cuenta en el proceso de cambio del modelo de gestión de AENA la necesidad de participación del Gobierno de Canarias y de los agentes económicos y sociales de las islas en la gestión de los aeropuertos canarios.


7. Renovar el Convenio de Transporte Regular de Viajeros por carretera con Canarias, reconocido en el REF, con la adecuación de la ficha financiera, incrementándola en el mismo porcentaje que ha hecho el Estado con Cataluña y Madrid.


8. Modificar la normativa vigente para eximir del uso obligatorio del tacógrafo a los transportistas de Canarias, teniendo en cuenta la reducida superficie de las islas, ya que en estos territorios insulares la seguridad vial puede
garantizarse sin su uso, tal como indican los datos del propio Ministerio.



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9. Cumplir con el Convenio de Infraestructuras de carreteras acordado con la Comunidad Autónoma de Canarias, reprogramando las obras iniciadas y garantizando su financiación, dado que contempla obras estratégicas de interés para la
vertebración y el desarrollo insular, que son además un instrumento que ha sido clave para un sector como el de la construcción, duramente afectado por la crisis.


10. Apoyar y asumir la incorporación en la Red Transeuropea de Transportes del sistema portuario y aeroportuario de Canarias como nodo de la red básica, teniendo en cuenta el papel primordial que juegan estas infraestructuras en las islas,
como una plataforma imprescindible para su cohesión y como eje de comunicación de Europa con América y África.


11. Garantizar unas conexiones marítimas en el transporte de mercancías y pasajeros entre las islas en horarios y frecuencias que permitan el crecimiento adecuado de cada una de ellas, con especial referencia a la isla de El Hierro.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de doña M.ª Olaia Fernández Davila y doña Rosana Pérez Fernández, Diputadas de Grupo Parlamentario Mixto-BNG, formula, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, la siguiente propuesta de resolución.


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2013.-M.ª Olaia Fernández Davila y Rosana Pérez Fernández, Diputadas.-Pedro Quevedo Iturbe, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Propuesta de resolución núm. 6


Propuesta de resolución relativa al impulso de políticas sociales, económicas y constitucionales.


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


Adoptar las siguientes medidas dirigidas a la mejora del Sistema de Bienestar, la mejora del desempleo, del sistema de financiación de las CC.AA. y la adaptación de la Constitución a la evolución de la realidad territorial del Estado:


1. Acordar la dotación presupuestaria necesaria a traspasar a las CC.AA. para incrementar el gasto en materia sanitaria, educativa, servicios sociales y el desarrollo integral de la Ley de Dependencia a fin de que las Comunidades Autónomas
puedan garantizar el acceso universal y gratuito de los ciudadanos a dichos servicios públicos.


2. Dado el incremento de las cifras del paro, proceder a la derogación de la Reforma Laboral por su incapacidad y fracaso demostrado para crear empleo.


3. Dotación de fondos económicos suficientes para elaborar, en coordinación con las CC.AA, un Plan de Empleo que contemple medidas para atajar el alto porcentaje de desempleo juvenil, medidas específicas para las personas desocupadas en
tramos de edad intermedios y para parados de larga duración.


4. Modificar la Ley Hipotecaria en base a las medidas contempladas en la ILP (iniciativa legislativa popular) que se va a tramitar en el Congreso próximamente en relación a la cuestión de los desahucios.


5. Promover un mecanismo que garantice en este año 2013 la devolución íntegra de los ahorros a las personas estafadas mediante la comercialización de participaciones preferentes o subordinadas, y dejar en suspenso las facultades del FROB
establecidas en el RD-L 24/2012, que puedan suponer la asunción de pérdidas por parte de los ahorradores que sean titulares de participaciones preferentes.


6. Derogación íntegra de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, conocida como la ley de tasas judiciales que incrementa entre 50 y 750 euros los recursos en las jurisdicciones civil, social y contencioso-administrativa.


7. Derogación del Real Decreto-ley 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud que establece el copago farmacéutico.


8. Revalorización del poder adquisitivo de las pensiones en el segundo semestre de este año 2013.



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9. En relación al sistema de financiación de las CC.AA.:


- Avanzar en la descentralización de los tributos para que naciones como Galicia cuenten con una Agencia Tributaria propia que permita recaudar sus impuestos, caminar hacia la soberanía financiera y el autogobierno para contar con los
recursos necesarios para destinarlos a los servicios públicos que los ciudadanos del territorio gallego necesitan.


10. Abrir un proceso de diálogo con todas las fuerzas políticas para acometer la necesaria reforma de la Constitución partiendo de la realidad plurinacional y del reconocimiento de la soberanía de las naciones reconocidas ya como
nacionalidades históricas, adaptándola a la evolución de las sociedades y los pueblos del Estado español, y abordando el debate sobre la situación de la Corona,


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de doña M.ª Olaia Fernández Davila y doña Rosana Pérez Fernández, Diputadas de Grupo Parlamentario Mixto-BNG, formula, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los
Diputados, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, la siguiente propuesta de resolución.


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2013.-M.ª Olaia Fernández Davila y Rosana Pérez Fernández, Diputadas.-Pedro Quevedo Iturbe, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Propuesta de resolución núm. 7


Propuesta de resolución sobre cuestiones relativas a Galicia.


El Congreso de los Diputados insta la Gobierno a:


Adoptar las siguientes medidas de impulso de sectores productivos e infraestructuras de Galicia:


1. Aprobar un Plan de Actuación específico para impulsar el sector naval que contemple la construcción de un dique flotante en los astilleros públicos de Navantia en la Ría de Ferrol, gestiones ante la UE para el levantamiento del veto que
pesa sobre Navantia Fene, la presencia del sector en la agenda exterior del Gobierno a fin de lograr contratos de buques, el desbloqueo de las cuestiones pendientes para que se aplique de inmediato el Tax Lease y la clarificación de los contratos
con la petrolera mexicana PEMEX.


2. La revisión del reparto de las cuotas pesqueras para las zonas VIIIc (Cantábrico-Noroeste) y IXa acordada por el Ministerio en el pasado mes de enero que perjudicaron de manera importante a la flota de bajura de Galicia (cerco, arrastre
y artes menores), y la necesidad de aumentar dichas cuotas de pesca de especies como la caballa, la bacaladilla, el jurel, rape, gallo y cigala de modo que la flota gallega no resulte discriminada.


3. Demandar a la UE que se aborde el tema de la exclusión de la flota cefalopodera gallega en la próxima reunión de la Comisión Mixta del Acuerdo de Pesca UE-Mauritania y presionar a la UE para que la revisión o prórroga de dicho Protocolo
de Pesca pase inexcusablemente por la inclusión de la flota cefalopodera.


4. Adoptar las medidas necesarias para garantizar al sector lácteo un precio en origen de la leche que sea superior a los costes de producción.


5. Reactivar las obras de construcción de la autovía Lugo-Santiago, A-54, actualmente paralizadas por un periodo de dos años, proceder a la ejecución del trayecto de la línea de AVE a Galicia sin que se produzcan rebajas en la alta
velocidad en el tramo de entrada a Ourense, manteniendo las velocidades de un tren de altas prestaciones, y negociar con la concesionaria AUDASA un auténtico programa de descuentos a aplicar a todos los tramos de la AP-9, que contemple tanto a
usuarios de vehículos ligeros como a los conductores de vehículos pesados y que no suponga aumentos en las tarifas de los peajes.



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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de Jon Iñarritu y de Xabier Mikel Errekondo, Diputados de Amaiur, formulan al amparo de los dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo del debate de
política general en torno al estado de la Nación 2013 la siguiente propuesta de resolución.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2013.-Jon Iñarritu García, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.


Propuesta de resolución núm. 8


Propuesta de resolución sobre el derecho a decidir.


Desde ya antes del periodo constitucional, grandes sectores ciudadanos de Euskal Herria, Galiza y Paisos Catalans, entre otros reclamaron que el Derecho de autodeterminación de las naciones históricas existentes en el Estado fuera recogido
en la Constitución de 1979. La no inclusión del mismo en la Norma Fundamental, fue uno de los motivos principales por los cuales la mayoría de la sociedad vasca no apoyó esta Constitución.


Durante estos treinta años parlamentos como el vasco y el catalán, han realizado varias declaraciones a favor del derecho de autodeterminación. El Estado, en cambio ha rechazado todo aquello que tenga la más mínima sospecha soberanista por
mucho apoyo democrático que posea; ya sea el Estatuto aprobado en el Parlamento vasco, proponiendo un modelo de Estado libre asociado que incluía en el articulado el derecho de autodeterminación, o una ley de consultas. De la misma manera,
fracciones enteras del Estatut aprobado en el Principat de Catalunya, fueron 'cepilladas' y eliminadas, incluyendo la definición de Cataluña, como nación. Estos hechos han conseguido el efecto contrario. El soberanismo se ha incrementado de manera
importante en las sociedades vasca y catalana.


En el marco internacional, observamos como cada vez son más las naciones sin Estado que reclaman su derecho a decidir su futuro, entre las que destacan Quebec, Groenlandia, Escocia o Flandes. Donde de igual forma, en la mayoría de estos
casos, está siendo destacable el comportamiento democrático de los Estados matriz como Canadá, Dinamarca o Reino Unido a la hora de establecer los cauces necesarios tanto para que se puedan celebrar referéndums de autodeterminación, así como para
que, en el caso de que el resultado de éstos sea favorable a la emancipación, se pueda llevar a cabo la decisión democrática de la ciudadanía de esa nación, incluso primándolo ante cualquier norma, lo que se ha venido a conocer como primacía del
principio democrático.


Por todo ello, y con el fin de que el Reino de España pueda considerarse una democracia europea del siglo XXI en el cual se reconoce a las naciones internas el derecho a decidir democráticamente su futuro,


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1 Reconocer los Parlamentos de las naciones del Estado español, como representantes legítimos de la soberanía de sus pueblos.


2. Respetar la convocatoria de consultas o referéndum por parte de los diferentes parlamentos, incluso cuando tengan como objetivo consultar a su ciudadanía respecto al futuro constitucional de esa comunidad.


3. Que en el caso de que una de esas consultas o referéndum, tenga como resultado que una mayoría de la ciudadanía se muestre a favor del cambio constitucional de esa comunidad, respete el resultado y emprenda negociaciones, de buena fe,
tendentes a hacer efectiva jurídicamente esa voluntad democrática.



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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de Onintza Enbeita Maguregui, Diputada de Amaiur, formula al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo del debate de política general en torno
al Estado de la Nación 2013 la siguiente propuesta de resolución.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2013.-Onintza Enbeita Maguregi, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.


Propuesta de resolución núm. 9


Propuesta de resolución sobre corrupción.


En 1989 Filesa, Time-Export y Malesa conformaron una trama empresarial para financiar la campaña electoral del PSOE al margen de la ley. Inflaban los contratos públicos para repartir comisiones dependiendo de los intereses de cada momento.
En el juicio se demostró que el PSOE recibió más de 7 millones de euros, y sólo 8 de los 50 imputados fueron condenados a prisión.


En 1994, Francisco Paesa hizo desaparecer los cientos de millones de pesetas que el entonces Secretario General de la Guardia Civil, Luis Roldán, había acumulado en bancos suizos


El 2005 un juez catalán reabrió el caso Pallerols, y hace poco se ha sabido que existe un acuerdo judicial en el que Unió Democrática acepta devolver 385.000 euros, que en su día recibió desviando subvenciones públicas para la formación de
parados.


El municipio de Marbella fue saqueado sin descanso entre 1991 y 2006. La operación Malaya destapó más de 500 millones de euros robados a los contribuyentes.


La monarquía española también se ha visto implicada en casos de corrupción. Iñaki Urdangarín, yerno del Rey, ha sido llamado a declarar por lucrarse con dinero que supuestamente se pedía para proyectos de cooperación al desarrollo.


El caso Gürtel hizo que el Sr. Camps dejara su cargo. Fue el único que dimitió por su imputación en el citado caso. Otro de los imputados, por ejemplo, el Sr. Bárcenas ha seguido ocupando puestos en el Partido Popular. Fue este último,
quien admitió haber blanqueado 11 millones de euros con la amnistía fiscal que se aprobó el 2012. Esta afirmación deja más que claro, que la amnistía fiscal impulsada y aprobada por el PP, no era más que un favor a gente que como Bárcenas, ha
utilizado el dinero público para lucrarse durante años.


La corrupción no es cosa de unos o de otros políticos en el Estado Español. Los diferentes casos han demostrado son las estructuras del estado las que están podridas. Desde los ayuntamientos hasta la monarquía, pasando por los partidos más
presentes en el Congreso de los Diputados, están implicados de alguna u otra manera en algún caso de corrupción.


El desprestigio de la clase política es lógico. La sensación generalizada es que todos y todas se han beneficiado alguna vez de su cargo, aunque no sea verdad, y consten concejales y parlamentarios que se han ocupado de sus funciones sin
cobrar.


Será difícil deshacerse de la lacra de la corrupción, pero el Gobierno debe de hacer lo que este en sus manos, para que todos estos casos sean algo del pasado. Ya que en estos tiempos en los que la desesperación de haberlo perdido todo ha
inducido al suicidio a más de un ciudadano, es un insulto saber que el dinero esta dónde no debe estar.


Por todo ello, instamos al Gobierno a:


1. Depurar las estructuras institucionales y administrativas del Estado.


2. Hacer que los imputados en casos de corrupción devuelvan el dinero público utilizado para fines personales.


3. Exigir las dimisiones de las personas que hayan sido imputadas en casos de corrupción.



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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de Rafael Larreina Valderrama, Diputado de Amaiur, formula, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo del debate de política general en
torno al Estado de la Nación 2013 la siguiente propuesta de resolución.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2013.-Rafael Larreina Valderrama, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.


Propuesta de resolución núm. 10


Propuesta de resolución en favor de la normalización política en Euskal Herria.


El actual Gobierno que preside Mariano Rajoy inició su andadura en el contexto de una nueva etapa política que se había abierto en Euskal Herria, fruto del esfuerzo, trabajo y responsabilidad de muchos agentes políticos y sociales vascos. A
partir del cese definitivo de su actividad armada que hizo público ETA el 20 de octubre de 2011, se suscitó en todo nuestro país una masiva corriente de ilusión y esperanza ante una Paz que se considera ya una realidad al alcance de la mano.


La inmensa mayoría de la sociedad vasca cree que es posible la normalización política, la reconciliación, la reparación de todas las injusticias sufridas por tantas personas durante tantos años.


A partir de la declaración de Aiete surgida en el ámbito internacional, han aflorado también en el seno de la sociedad vasca iniciativas que han aportado en positivo experiencias y proyectos al proceso de normalización que exige la absoluta
mayoría de la ciudadanía del conjunto de Euskal Herria.


Hablamos, por ejemplo, de la Iniciativa Glencree en la que hay personas cuyos maridos, padres o hermanos fueron secuestrados, torturados o asesinados por el GAL u otras organizaciones similares, y otras cuyos maridos, padres, hijos o
hermanos fueron secuestrados, torturados o asesinados por ETA. También hay personas que han sufrido violencia de persecución y otras que han sufrido tortura o muerte de familiares por actuaciones policiales.


Todas estas personas han señalado que 'durante estos años de encuentros hemos guardado silencio hacia el exterior, tratando de escucharnos y de dialogar sin ninguna incidencia ajena al grupo. Hemos vivido un proceso de encuentro y
discusión, difícil y conmovedor, con la intención de que ese paso fuese nuestro grano de arena en la construcción de la paz'.


Hablamos también, por ejemplo, de la iniciativa Eraikiz desarrollada hace unas semanas en Errenteria; una iniciativa de todos los grupos políticos municipales, incluido el del Partido Popular, y que busca abrir el camino a la concordia en
una de las localidades vascas que más ha sufrido todo tipo de violencias.


En contraste con estas iniciativas plurales que han surgido en el seno de la sociedad vasca, desde el Gobierno del Estado no ha habido iniciativas que apoyasen el proceso. Desde el Grupo de Amaiur pensamos que también el Gobierno que
preside Mariano Rajoy debería hacer el esfuerzo de aportar en positivo sumándose al resto de agentes políticos y sociales, en un esfuerzo de diálogo democrático, razón por la que presentamos la siguiente propuesta de resolución:


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:


1. Aceptar, de acuerdo con la propuesta del punto segundo de la declaración de Aiete, el inicio conversaciones para tratar exclusivamente las consecuencias del conflicto, de forma que éstas puedan tener una respuesta acordada cuanto antes.


2. Afrontar de forma inmediata un cambio en la política penitenciaria, de conformidad con los acuerdos adoptados repetidamente a lo largo del tiempo por parte de las instituciones vascas y que cuentan con el apoyo de la mayoría de la
sociedad vasca.


3. Sumarse al espíritu que ha impulsado las iniciativas plurales surgidas en el seno de la sociedad vasca, de forma que aporte también su contribución para avanzar en la reconciliación, reconocer compensar y asistir a todas las víctimas,
reconocer el dolor causado, y ayudar a sanar las heridas personales y sociales.


4. Comprometerse con un proceso en el que los actores no violentos y representantes políticos se reúnan y discutan cuestiones políticas así como otras relacionadas al respecto, con consulta a la ciudadanía, lo cual podría contribuir a una
nueva era sin conflicto.



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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de Sabino Cuadra Lasarte, Diputado de Amaiur, formula, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo del debate de política general en torno al
Estado de la Nación 2013 la siguiente propuesta de resolución.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2013.-Sabino Cuadra Lasarte, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.


Propuesta de resolución núm. 11


Propuesta de resolución referida a la deuda pública, el fraude fiscal, el sistema impositivo, la reforma laboral, el empleo y el fomento del gasto social.


En los Presupuestos Generales del Estado para 2013, el pago de los intereses de la deuda pública se ha convertido, por primera vez en la historia, en la mayor partida de éstos (38.615 millones de euros), muy por encima, por ejemplo, del
total destinado al fomento del empleo y prestaciones por desempleo (30.765 millones). Se pone en evidencia así que los intereses del pago de la deuda, es decir, el abono de éstos a los Bancos e inversionistas que la han suscrito, están muy por
encima de las necesidades de más de seis millones de personas en paro.


Buena parte de esta deuda se debe a los 'negocios' de una Banca española que, tras obtener préstamos del Banco Central Europeo a un interés de un 1% e inferiores, invierten después lo obtenido en la suscripción de deuda pública del Estado
español, a unos intereses del 5%, 6%, 7% e incluso superiores. De esta manera, la propia Banca responsable en buena medida de la actual crisis económica por su apuesta decidida por una política urbanística asentada en la más pura especulación,
traslada su deuda privada (créditos solicitados a su vez a la gran banca extranjera...) al Estado, convirtiéndola en deuda pública a ser sufragada por el conjunto de la ciudadanía.


Claro está, la prioridad de pago de esta deuda pública por parte del Gobierno del PP se está haciendo con cargo al conjunto de partidas sociales destinadas a Educación, Sanidad, Asistencia Social..., y a los sectores sociales más
desfavorecidos: población en paro, pensionistas, inmigrantes, mujeres, juventud... Crece así la pobreza en el conjunto de la población alcanzado ésta en la actualidad niveles superiores al 20% nunca conocidos en las últimas décadas.


Junto a ello ha sido puesta en marcha una reforma laboral que flexibiliza, y mucho, las condiciones de trabajo (jornadas, horarios, sueldos, funciones...), a la par que abarata y facilita el despido individual y colectivo. Reforma, a su
vez, que camina pareja a una política de reducción generalizada del poder adquisitivo de los salarios con lo que, finalmente, nos encontramos ante un incremento importante de las rentas empresariales y del capital, en detrimento de las rentas del
trabajo.


En otro orden de cosas, la cifra de la economía sumergida y el fraude fiscal se sitúa en el Estado español en el 23,3% del PIB, diez puntos superior al promedio europeo. Es decir, casi 250.000 millones de euros escapan cada año al control
de la Hacienda del Estado, lo cual supone a su vez dejar de ingresar anualmente unos 88.000 millones de euros. Según los expertos de la red 'Tax Justice Network', el estado español ocuparía el décimo lugar del mundo con mayor nivel de fraude.


En relación con ello, la Asociación de Técnicos de Hacienda (Gestha) ha señalado que el 72% de todo lo defraudado es achacable a las grandes empresas (las que facturan más de 150 millones de euros al año), a pesar de lo cual el 80% del
trabajo de los inspectores se centra en perseguir a los pequeños defraudadores: trabajadores en general, autónomos, pequeñas empresas...


A finales de 2010 -últimos datos conocidos-, según Intermón-Oxfam, ocho de cada diez multinacionales que conforman el IBEX 35, tenían al menos una sociedad domiciliada en alguno de los países a los que la ley española considera paraísos
fiscales. Estos datos proceden de las propias memorias anuales de estas empresas, siendo el Banco Santander (33 sociedades dependientes), seguido de Repsol (13), Gas Natural (8), Inditex (7)..., quienes más operaban en esos lugares desde los que,
al amparo de la opacidad, el secreto y la ausencia de impuestos, se controla nada menos que la tercera parte de la riqueza global del planeta.


No podemos menos que referirnos por último a ese otro fraude fiscal, el 'legal', cuyo exponente máximo son las SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable), cuya creación exige contar con un



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mínimo de 2,4 millones de euros y cuya tributación se sitúa en el 1% (la actual cotización mínima en el IRPF es de un 24,75%), auténticos paraísos fiscales ajenos al control de la Agencia Tributaria. En esta misma medida, es evidente el
fraude generalizado existente entre empresarios y profesionales -y en gran medida consentido-, cuya cotización promedio fue durante el año 2010, de 10.832 euros anuales, muy por debajo de la que en ese mismo año tenían los trabajadores y
pensionistas, cuyos ingresos medios declarados ascendían a 19.359 euros. Es decir, según esto resulta que los empresarios ganan bastante menos que los propios trabajadores que contratan.


En resumen, es evidente que aun en esta grave situación de crisis en la que nos encontramos, existen espacios económicos, financieros y fiscales sobre los cuales trabajar a fin de que las consecuencias de aquella no recaigan sobre los
sectores sociales más desfavorecidos (trabajadores, pensionistas, población en paro...), sino sobre todos aquellos otros que, no solo son responsables en gran medida de la propia crisis, sino que están siendo objeto de un trato legal y fiscal
claramente privilegiado.


En su virtud, y sin perjuicio de las competencias económicas, financieras y fiscales propias de la Comunidad Autónoma Vasca y la Comunidad Foral de Navarra, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las siguientes medidas:


1. Realización de una auditoría de la deuda pública contraída por el Estado español en la que se analice el origen de la misma, las razones que la motivaron, las entidades que han suscrito las distintas emisiones, el uso dado al dinero
ingresado, a quiénes ha beneficiado, las posibles irregularidades..., la cual deberá hacerse con participación política, sindical y social.


2. Declarar la moratoria en el pago de la deuda pública hasta tanto en cuanto la citada auditoría no sea realizada.


3. Declarar ilegítima e inmoral aquella deuda pública nacida de la más pura especulación (conversión de créditos al 1% del BCE en títulos de deuda pública a intereses injustificados y abusivos...), así como la empleada para la financiación
de infraestructuras ruinosas y cuestionables (TAV, aeropuertos, radiales...) y los presupuestos militaristas y guerreristas (Afganistán...).


4. Renegociar los plazos e intereses del resto de la deuda pública resultante a fin de que su devolución no suponga detrimento alguno en el importe de las partidas correspondientes a los servicios y prestaciones sociales: Educación,
Sanidad, Asistencia Social, desempleo, jubilaciones...


5. Previo lo anterior, ajustar las aportaciones que se vienen abonando por las Comunidades Autónoma Vasca y Foral de Navarra en concepto de cupo a la reducción de la cuantía correspondiente a los intereses y amortizaciones en el pago de la
deuda pública española.


6. No otorgar reconocimiento legal alguno a las sociedades constituidas en los paraísos fiscales, impidiendo así que puedan operar mercantilmente en todo el territorio estatal, así como prohibir que las empresas cotizadas en Bolsa puedan
contar con filiales o sucursales en los paraísos fiscales.


7. Realización en un plazo de dos años de una auditoria a practicar a todas las empresas y entidades cuyo volumen de negocios sea superior a los ciento cincuenta millones de euros y, en especial, a las que conforman el IBEX 35, a fin de
clarificar su situación y acabar con el fraude fiscal general practicado por muchas de ellas.


8. Revisar el conjunto del sistema impositivo (IRPF, Sociedades, Patrimonio, IVA...) al objeto de incrementar su carácter progresivo y conseguir unos mayores niveles de redistribución de rentas y de obtención de ingresos fiscales que
alcancen, como mínimo, los promedios existentes a nivel europeo.


9. Suprimir el régimen privilegiado de las SICAV y someter los capitales existentes en estas sociedades al régimen tributario general.


10. El incremento de ingresos derivado de la aplicación de las medidas anteriores deberá ser destinado de forma exclusiva a la financiación de partidas de contenido social (Educación, Sanidad, Asistencia Social, pensiones, prestaciones
sociales...), al reforzamiento general de los servicios públicos y a la creación de una Banca pública y social en cuya gestión participen también los sindicatos y organizaciones y asociaciones sin ánimo de lucro.


11. Junto a lo anterior, los fondos resultantes de las reformas propuestas servirán también para el impulso decidido de un Plan de choque contra el paro y de fomento del empleo que establezca como prioridades a la juventud, las mujeres y
los trabajadores mayores de cincuenta años.



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12. Derogación de la reforma laboral llevada a cabo por el Gobierno y, en especial, aquella referida al incremento de la flexibilidad laboral (horarios, jornada, salarios, funciones...), el abaratamiento y facilitación del despido
individual y colectivo, las contenciones y recortes salariales impuestas y el debilitamiento de la negociación colectiva (descuelgues...).


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, formula
siguiente propuesta de resolución sobre desaprobación de los catorce meses de gestión del Presidente Rajoy y su Gobierno.


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2013.-Chesús Yuste Cabello, Joan Coscubiela Conesa y José Luis Centella Gómez, Portavoces Adjuntos del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


Propuesta de resolución núm. 12


Desde que el Partido Popular gobierna se ha llegado a la cifra de 5.965.400 desempleados, según datos de la EPA correspondiente al cuarto trimestre de 2012, se han destruido más de 850.000 empleos y cada vez hay más gente sin ayudas, en casi
2 millones de hogares todos sus miembros están en paro, hay casi 800.000 cotizantes menos a la Seguridad Social, casi 100.000 jóvenes formados han tenido que emigrar.


Se ha aumentado la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, ha crecido la pobreza, sobre todo la pobreza infantil. 1 de cada 4 menores vive en hogares que están bajo el umbral de la pobreza, hemos perdido renta, de un 0,4% de aumento
del PIB en 2011 a una caída del 1,3% en 2012.


En su conjunto, España está peor que hace catorce meses.


Somos conscientes de que la situación del país que recibió el PP, al llegar al Gobierno era nefasta. Pero las políticas desarrolladas por el gobierno del PP han deteriorado mucho más esa situación.


Por eso en las encuestas un 84% de ciudadanos rechazan esa política y no confían en el Gobierno. Todos los ministros suspenden con nota, por eso hay tanta gente en las calles. Y todas esas mareas de gente que se manifiestan en las calles
defendiendo los servicios públicos, que se niegan a que los derechos conquistados los conviertan en negocios, no puede estar equivocada. Ante esas movilizaciones, la respuesta del Gobierno ha sido la intimidación, la represión y las sanciones. Hay
demasiados casos que lo acreditan.


Los 30.000 millones de mayor déficit público que encontró en las cuentas no justifican un cambio tan radical entre lo que prometió en el discurso de investidura y lo que está aplicando. No es aceptable que se falte tantas veces a la palabra
dada a los españoles. En la carta de presentación del programa electoral del PP dijeron que tenían 'un programa para crecer y generar empleo, para apoyar a nuestros emprendedores, y para garantizar la educación, la sanidad y el bienestar de todos,
sin excepción'. No han cumplido ni uno solo de esos objetivos, sino que todos han ido a peor.


La reforma laboral ha destruido más de medio millón de empleos y solo ha servido para abaratar el despido, rebajar los salarios y precarizar aún más el mercado laboral. Se han hecho Expedientes de Regulación de Empleo en empresas con
beneficios.


En definitiva toda su política ha estado dirigida a propiciar el mayor trasvase de las rentas del trabajo a los beneficios del capital de toda la democracia.


Al mismo tiempo con la amnistía de Montoro se ha premiado a los defraudadores regularizando a un 3% su fraude mientras que cualquier trabajador de salario medio tributa entre un 15-25%. Del mismo modo, se ha rechazado la propuesta de
nuestro grupo de crear una comisión que investigara a todos los responsables de la mayor estafa financiera que se ha producido en democracia.


La realidad en estos catorce meses de Gobierno del PP es que se ha subido el IVA al 21% castigando al consumo y a la mayoría social con la injusticia de los impuestos indirectos, que los jubilados y pensionistas iban a tener que pagar parte
de sus medicinas, que los cientos de medicamentos que ya no financia la sanidad pública los tendremos que pagar enteros los ciudadanos, que muchos inmigrantes iban a quedarse sin sanidad pública, que se apoyaría la segregación en las escuelas, que
se aumentaría el número de alumnos por clase. Que se iban a reducir profesores, que los pensionistas perderían poder adquisitivo, y que se reducen las ayudas a los parados.



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Cuando un Presidente incumple su programa y sus compromisos del Discurso de Investidura pierde legitimad en el ejercicio de sus funciones y por eso respaldamos en su momento la petición de los sindicatos y los movimientos sociales de
exigirle un Referéndum para que el pueblo legitimara o no su política, y en este momento, además se suma su falta de credibilidad para liderar la obligada regeneración democrática al rechazar la posibilidad de investigar la presunta corrupción que
pueda existir en torno al Partido Popular, planteamos la siguiente propuesta de resolución:


- El Congreso de los Diputados desaprueba la gestión del Presidente del Rajoy y de su Gobierno en el periodo de tiempo valorado en este Debate del estado de la Nación por situar a España en peores condiciones de las que encontró al llegar al
Gobierno; y asimismo, desaprueba el incumplimiento de los compromisos adquiridos en el debate de investidura.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formular las siguientes propuestas de resolución con
motivo del debate de política general en torno al Estado de la Nación.


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2013.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


Propuesta de resolución núm. 13


Asuntos Exteriores y Cooperación.


La acción exterior del Estado es una política de Estado con indudable impacto en las sociedades democráticas avanzadas y en el contexto mundial. Su regulación y transparencia, debido a la interdependencia de los retos crecientes del mundo
globalizado, implica atender a la relevancia cada vez mayor de la participación española en foros multilaterales y bilaterales, la internacionalización de las empresas españolas o respecto de la acción exterior que desarrollan las CCAA;
estableciendo sinergias con un amplio tejido de entidades y ONG con impacto en asuntos internacionales como el desarrollo, la construcción de la paz y el control del tráfico de armas, los derechos humanos o el cambio climático.


Los cambios deben responder asimismo a la racionalidad y prioridades consensuadas referidas al despliegue de nuestra acción exterior a través de la red de Embajadas, Consulados y Oficinas Sectoriales que requiere atender de forma especial
ante las actuales circunstancias, al nuevo proceso migratorio de españoles que irremediablemente abandonan nuestro país como consecuencia del paro y de la falta de oportunidades; a la eficacia de nuestra participación y presencia en Organismos
Internacionales; al impulso que requiere la política exterior de la Unión Europea (UE) desde que entró en vigor el Tratado de Lisboa y la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior.


La regulación de la Acción Exterior para nuestro país debe pues atender integradamente a todas estas y otras cuestiones, buscando la coherencia de políticas, el consenso, la coordinación y cooperación entre los distintos actores que
intervienen en la acción exterior, haciendo valer la aplicación de los principios constitucionales que deben inspirar esta acción pública como política de Estado en torno a la construcción de la paz, el multilateralismo, la defensa de los derechos
humanos incluidos los derechos de las mujeres, las políticas de bienestar y acceso a los servicios sociales básicos, los valores de la cooperación y de la solidaridad como sus principios inspiradores.


En este contexto, resulta crucial que la política española de cooperación internacional para el desarrollo (AOD) no retroceda y recupere los niveles que parecían consolidados en nuestro país, y así avanzar en la coherencia de un conjunto de
políticas que contribuyan a la necesaria reducción de las desigualdades globales y a la sostenibilidad de nuestro planeta, proporcionando más seguridad, estabilidad y justicia. La lucha contra la pobreza y la distribución equitativa de los recursos
es un deber ético respaldado por la ciudadanía. La inmediata y necesaria puesta en marcha de la Tasa de Transacciones Financieras es también fruto de una continuada campaña de presión y sensibilización ciudadana desde hace ya varios años.



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En este marco de necesaria coherencia de políticas, ante la oportunidad de conseguir ya un marco normativo internacionalmente eficaz que evite que las transferencias de armas se utilicen para perpetrar graves abusos de derechos humanos y
violaciones del derecho internacional que se producen en el mundo, es preciso hacer valer en la ronda final de las negociaciones que debe tener lugar en el próximo mes de marzo en Naciones Unidas, el compromiso del Gobierno español, de los grupos
políticos y de la sociedad española, en torno a la aprobación de un sólido Tratado Internacional sobre Comercio de Armas.


Al objeto de reforzar en la Política Exterior de España su dimensión como servicio público, junto a los objetivos de paz, progreso, derechos humanos, justicia, solidaridad y fortalecimiento del multilateralismo como política de Estado,


El Congreso de los Diputados:


- Insta al Gobierno a cumplir con el compromiso manifestado por el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación en sede parlamentaria y garantizar que la anunciada tramitación de la Ley sobre Acción Exterior del Estado se realiza con el
acuerdo de las fuerzas políticas de la Cámara, como requisito imprescindible para que no se rompa el necesario consenso en política exterior. Este marco normativo no podrá nunca salir adelante sin el apoyo del resto de fuerzas políticas
parlamentarias y desde las diferentes instancias políticas e institucionales que participan en dicha acción exterior, es preciso que el Gobierno facilite la participación y consulta de todos los colectivos implicados, antes y durante el proceso de
tramitación parlamentaria del citado Proyecto de Ley, maximizando los mecanismos de transparencia, así como los cauces de participación y de interlocución social con las entidades acreditadas en la defensa de los derechos humanos, la cooperación, la
lucha contra el cambio climático, y las organizaciones sindicales y empresariales.


- Insta al Gobierno a paralizar la reforma del despliegue de nuestras oficinas en el exterior actualmente en marcha y consensuarla con las distintas fuerzas políticas como primera medida para conformar una política de Estado en esta
Legislatura.


- Insta al Gobierno a elaborar y aprobar un plan de acción que incorpore medidas específicas de información y acogida de nuestros nuevos emigrantes en los países de destino, a través de las correspondientes oficinas de misión en cada país.
En el marco de dichas medidas, deben impulsarse los convenios de reciprocidad para la homologación de títulos correspondientes, y la correspondiente agilización en su tramitación; considerar asimismo la extensión de los servicios de la UNED en las
sedes de nuestra administración en el exterior (exámenes, pruebas de selectividad, acceso mayores de 25) como oferta de formación en niveles educativos superiores para estos españoles desplazados; así como cualesquiera otras medidas de apoyo que
faciliten su adaptación e integración, incluyendo el conocimiento y difusión de las asociaciones de españoles en los países donde se encuentran, de los Consejos de Residentes y el Consejo General de la ciudadanía española en el Exterior.


- Insta al Gobierno a adoptar una programación indicativa y consensuada que vincule el incremento progresivo del volumen de la AOD española en esta legislatura a los objetivos prioritarios de reducción de la pobreza y de las desigualdades,
atendiendo a los objetivos de desarrollo internacionalmente acordados y asegurando que la ayuda humanitaria se mantiene al nivel que requieren las crecientes crisis humanitarias y la responsabilidad que el resto del mundo reconoce en los valores de
la UE y de sus países miembros como actor global.


- Insta al Gobierno a impulsar los avances en materia de lucha contra los paraísos fiscales y la inmediata puesta en marcha de la Tasa de Transacciones Financieras -TTF- que frene la especulación financiera y sirva para financiar políticas
sociales, destinando un porcentaje de lo recaudado al incremento de los fondos necesarios para avanzar en la reducción de la pobreza, los objetivos de desarrollo humano y sostenible, y hacer frente a los efectos del cambio climático.


- Insta al Gobierno a que, en el periodo previo a la celebración de la Conferencia Internacional Final sobre el Tratado de Comercio Exterior de Armas convencionales (TCA) del próximo marzo de 2013 en Naciones Unidas, el Gobierno utilice
todos los medios diplomáticos a su alcance para conseguir un texto final sobre la regulación del Comercio de Armas que, junto a los controles y procedimientos que lo hagan efectivo, recoja taxativamente la obligación de los Estados de no autorizar,
prevenir e impedir que las transferencias de armas puedan ser utilizadas para cometer o facilitar graves violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.



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Propuesta de resolución núm. 14


Igualdad entre hombres y mujeres.


Las políticas y objetivos de igualdad entre mujeres y hombres han ido avanzando en España durante los años de consolidación de la democracia, contribuyendo a construir una vida mejor para las mujeres en nuestro país, al proteger y reconocer
sus derechos y extender así las condiciones de libertad y derechos para el conjunto de la sociedad.


La prioridad de las políticas de igualdad, junto a los esfuerzos de la sociedad en su conjunto, de las organizaciones feministas, del conjunto de la izquierda política y, sobre todo, de las mujeres, han incrementado el impacto del cambio y
la modernización de la sociedad española. Junto a los avances en materia de educación y salud y a través de las políticas integrales para la igualdad, las mujeres han ido progresivamente ocupando espacios en la vida pública, en las artes, en la
ciencia, en los deportes, en las empresas.


No obstante las desigualdades persisten y deben removerse muchos de los actuales obstáculos existentes para que la igualdad sea plena y efectiva en todos los ámbitos públicos y privados. Por otra parte, la violencia de género, junto a la
trata de las personas con fines de explotación sexual, siguen siendo una de las lacras más lacerantes que atentan contra la vida y derechos humanos de las mujeres.


Además, algunas de las brechas existentes, en empleo, en disparidad de rentas, oportunidades y recursos disponibles que discriminan a las mujeres, se están viendo agudizadas como consecuencia de las rígidas políticas de ajuste fiscal y por
el impacto de la reforma laboral y de los profundos recortes en el Estado del Bienestar que el Gobierno conservador del PP ha venido adoptando en estos dos últimos años.


El desempleo femenino crece espectacularmente como efecto directo de las políticas que el Gobierno del PP está aplicando, tal y como se constata en los últimos datos de la EPA. Esta destrucción de empleo, resultado directo de la Reforma
Laboral, hace además imposible el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral, expulsa a los sectores más vulnerables del empleo como las mujeres, y más específicamente a las que tienen trabajo a tiempo parcial, trabajo temporal, o a
aquellas que tienen responsabilidades familiares. Los recortes en servicios públicos esenciales relacionados con la educación y las escuelas infantiles, en la salud, con la atención a la dependencia, con los programas y actuaciones dirigidos a
mejorar la calidad de vida, donde trabajan muchas mujeres -tanto en las administraciones públicas como en las empresas y entidades sociales prestadoras de dichos servicios públicos- influyen directamente en la caída del empleo de las mujeres y en
que éstas además tengan muchas más dificultades para la conciliación. Las especiales dificultades para la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito rural se intensifican por los recortes en la prestación de estos servicios y del Estado del
Bienestar.


Pero no se trata de recortes únicamente sino de una ofensiva en materia de derechos de las mujeres. La contrarreforma ideológica que en paralelo emprende el Gobierno del PP, se amplía con el anuncio de modificar la Ley de Salud Sexual y
Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, con un objetivo, eliminar el derecho a decidir de las mujeres. El camino ha sido iniciado con el nombramiento de un nuevo Comité de Bioética de claro sesgo ultraconservador, en el que la
mayoría de sus miembros se ha declarado abiertamente en contra.


La denuncia de la ley de tasas judiciales y sus efectos en las garantías y acceso a la justicia, limita claramente la posibilidad de recurrir a las mujeres, incluso en aquellas ocasiones en que pretendan escapar de una situación de violencia
de género. Junto a ello, la drástica reducción de presupuestos y servicios dirigidos a prevenir y proteger a las mujeres víctimas de violencia y a sus hijos e hijas en todo el territorio nacional, así como la amenaza que supone la nueva reforma del
Código Penal en relación al debilitamiento de la tipificación y de la protección frente a la impunidad en la comisión de los delitos de violencia de género, implica el desmantelamiento de una política de Estado que no se puede consentir tras tantos
años de lucha.


La necesidad de avanzar en igualdad entre hombres y mujeres reviste además una trascendencia económica que ni podemos ni debemos perder de vista, menos aún en estos momentos. La incorporación de las mujeres al trabajo remunerado representa
un activo fundamental para la recuperación económica de nuestro país y el cambio hacia un modelo de crecimiento más sostenible. Una economía globalizada, basada en el conocimiento no puede prescindir de la mitad del talento y la capacidad de una
sociedad si quiere alcanzar ventajas competitivas. En esta grave crisis que estamos viviendo, saldremos con las mujeres, o no saldremos.



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En sintonía con nuestra convicción de que es preciso apostar por el crecimiento económico para poner fin al desempleo lacerante, la incorporación de las mujeres al empleo es una obligación y una oportunidad que debe ser acompañada y
sostenida por una red pública que atienda las tareas de cuidados para hacerla posible al tiempo que genera empleo. Este binomio es una inversión rentable pues constituye, además, una fuente de ingresos para el Estado así como muchos otros
beneficios sociales.


Por todo ello se presenta la siguiente propuesta de resolución:


El Congreso insta al Gobierno a incluir las políticas de igualdad de género y de lucha contra la violencia de género como una prioridad política y una política de Estado, a cuyo fin establecerá:


- La urgente puesta en marcha de un Plan de Empleo para las mujeres, que contemple, al menos, las siguientes medidas:


• Incentivación de la actividad empresarial, garantizando el acceso de las mujeres al crédito.


• La recuperación de políticas activas de empleo específicas para mujeres, teniendo en cuenta a aquellos grupos de edad y situación económica desfavorables. Además debe priorizarse el apoyo a las mujeres del medio rural.


• El desarrollo obligatorio de planes de igualdad de género en las empresas, así como su constante evaluación.


• Un plan especial destinado a eliminar la desigualdad salarial.


- La puesta en marcha de políticas públicas que focalicen y establezcan mecanismos para asegurar la corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal de hombres y mujeres, mediante el reforzamiento del correspondiente acuerdo con la
patronal y los sindicatos. En este contexto, proponemos la ampliación del permiso de paternidad.


- La modificación del sistema de cálculo de las pensiones de jubilación en relación con los contratos a tiempo parcial, dado que el sistema actual es discriminatorio hacía las mujeres, de acuerdo con la reciente sentencia del Tribunal
Europeo de Justicia.


- El mantenimiento de los derechos y prestaciones recogidas en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Junto con:


• La recuperación de la financiación por parte del Estado del Convenio Especial con la Seguridad Social de las personas cuidadoras, en su mayoría mujeres, que de esta forma se incorporan al sistema contributivo de pensiones.


• Plan de fomento de empresas de economía social en el medio rural para el cuidado de personas dependientes.


- El mantenimiento de la Ley actual de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo y la designación transparente y democrática de las personas expertas en el Comité de Bioética.


- La urgente puesta en marcha del catálogo básico y mínimo de servicios sociales de protección y asistencia que incluya a las víctimas de violencia de género, y a sus hijos e hijas, así como la programación de las dotaciones
correspondientes, incluyendo la participación de las organizaciones y entidades especializadas en su elaboración y seguimiento.


- La dotación de un fondo de 8 millones de euros para los Ayuntamientos dirigido al desarrollo de programas de sensibilización y prevención de la violencia de género, así como a servicios de información y asesoramiento a las mujeres víctimas
de la violencia de género.


- El desarrollo de la normativa necesaria para que los hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género puedan disfrutar de becas y ayudas al estudio aun en el caso de que, por razones obvias, no alcancen los umbrales académicos
mínimos necesarios para la obtención o el mantenimiento de la correspondiente beca o ayuda.


- La elaboración y puesta en marcha de una Ley Integral para prevención y lucha contra la trata de seres humanos y protección a las víctimas, que incorpore y transponga la Directiva Europea 2011/36 y contenga medidas de prevención y
protección de las víctimas de trata desde un enfoque integral de derechos humanos.


- Atender a las recomendaciones emitidas a través del Consejo General del Poder Judicial, de las instituciones que integran el Observatorio contra la Violencia de Género y de las organizaciones de juristas especializadas, que alertan sobre
el debilitamiento de la tipificación y desprotección penal frente a la



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impunidad en la comisión de determinados delitos de violencia de género que se contienen en el Anteproyecto de reforma del Código Penal que ha presentado el Gobierno.


- Derogación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, que establece las tasas judiciales, por vulneración de la igualdad en el acceso a la justicia, asegurando además que las víctimas de violencia de género no deban abonar tasa o pago alguno.


Propuesta de resolución núm. 15


Política Social.


El impacto de la crisis económica, agravado por las medidas antisociales del Gobierno, arroja unas cifras alarmantes de pobreza y está produciendo una quiebra acelerada de la cohesión social.


Esta situación afecta con especial virulencia a los colectivos más vulnerables: nuestros niños y niñas, nuestros mayores, las personas con discapacidad, las que están en situación de dependencia, las que carecen de una red de apoyo
familiar, como es el caso de muchas personas inmigrantes.


Estamos ante una situación de emergencia, ante la cual los poderes públicos deben responder con medidas urgentes, comprometidas y eficaces, para atender a las personas que más lo necesitan y evitar situaciones de pobreza y exclusión social.


Sin embargo, la respuesta del Gobierno es la contraria: se detraen recursos de las políticas sociales y se emprende una ofensiva contra los servicios públicos esenciales. Todas las medidas adoptadas se han dirigido a satisfacer las
necesidades de los mercados, de las entidades financieras o de las empresas, mientras que el ciudadano ha asistido impotente a recortes de derechos y prestaciones.


En este momento es imprescindible ofrecer soluciones para evitar que la fractura social que esta situación ya ha originado siga aumentando. Para ello es necesario contar con la implicación de todas las Administraciones públicas, así como
con las fuerzas políticas y los colectivos de la sociedad civil organizada.


Por todo ello,


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Adoptar, de manera urgente, medidas de lucha contra la pobreza. A tal fin se creará un Fondo Estatal de Emergencia para las Familias y personas en situación de pobreza y exclusión social con una dotación de 1.000 millones de euros, que
permita:


a) Dotar a los Ayuntamientos de nuevos fondos para reforzar la red de servicios sociales (400 millones de euros).


b) Incrementar los recursos destinados al Tercer Sector, para el fortalecimiento de políticas de inclusión social (200 millones de euros).


c) Complementar, concertándolo con las Comunidades Autónomas, los recursos que éstas destinan a las rentas mínimas garantizadas (400 millones de euros).


2. Adoptar, de forma urgente, un Plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social de la infancia y abordar, en coordinación con las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, y con la participación de los colectivos de
defensa de la infancia, medidas consistentes en:


- Actualizar la legislación sobre protección a la infancia con medidas como la potenciación del acogimiento familiar frente a los centros tutelares; la simplificación de los mecanismos de acogida y adopción; y la concreción del concepto de
'interés superior del menor'.


- Garantizar el acceso de todos los niños y niñas a la sanidad, la educación y los servicios sociales, en plenas condiciones de igualdad, con independencia de las circunstancias económicas o sociales de sus familias.


- Llevar a cabo las medidas necesarias para combatir la violencia contra la infancia, en cualquiera de sus manifestaciones.


- Aprobar, de manera inmediata, el nuevo Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia, con financiación suficiente para el cumplimiento de sus fines.



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- Adoptar, de manera urgente, un plan integral de atención a los menores de tres años en situación de dependencia para facilitar atención temprana y rehabilitación de sus capacidades físicas, mentales e intelectuales, con la dotación
económica necesaria.


3. Adoptar las medidas necesarias para mantener un sistema público de servicios sociales de nivel primario que permita atender a toda la ciudadanía, garantizando la competencia de las entidades locales en esta materia. Para ello se
repondrán los fondos del Plan Concertado como mínimo a los niveles de 2011 y asumirá un compromiso financiero estable para garantizar la viabilidad de los servicios sociales básicos.


4. Aprobar, de manera urgente, el nuevo Plan de acción para la inclusión social de España, y dotarlo económicamente con la financiación necesaria para el cumplimiento de sus fines.


5. Modificar lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para declarar inembargable la renta de inclusión social, las prestaciones de Servicios Sociales, las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a las Personas en
Situación de Dependencia, las del Plan Prepara, la renta agraria y del subsidio para trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario, los subsidios por desempleo, las ayudas y becas al estudio, y otras análogas a éstas. De esta forma
evitaremos que estas prestaciones, de carácter netamente social, se utilicen para saldar deudas con terceros y no se dediquen a cubrir la necesidad para la que es concedida.


6. Impulsar el desarrollo del Sistema para la Autonomía y Atención a las Personas en Situación de Dependencia para garantizar el derecho de las personas en situación de dependencia a ser atendidas por los poderes públicos y permitir que
despliegue sus efectos en creación de empleo y retornos económicos, mediante las siguientes medidas:


- Reponer y cumplir el calendario de implantación del Sistema que fijaba, en su redacción original, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.


- Revocar las modificaciones en la regulación del Sistema para la Autonomía y Atención a las Personas en Situación de Dependencia introducidas por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad.


- Dotar al Sistema para la Autonomía y Atención a las Personas en Situación de Dependencia de la financiación necesaria, incluyendo la reposición del nivel acordado y el incremento de la cuantía correspondiente al nivel mínimo hasta alcanzar
la cuantía necesaria para dar cumplimiento a los apartados anteriores.


- Mantener los principios inspiradores de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, singularmente en lo relativo al carácter público de las prestaciones
del Sistema y a la configuración del mismo como una red de utilización pública.


7. Adoptar las medidas necesarias para la protección de los derechos de las personas con discapacidad, así como para la mejora de su calidad de vida, y en concreto:


- Fomentar el acceso al empleo de las personas con discapacidad mediante la aprobación de una nueva regulación legal del empleo para las personas con discapacidad, el apoyo a los centros especiales de empleo, la reposición de los recursos
destinados a las políticas activas de empleo, y el cumplimiento de los porcentajes de reserva de empleo para personas con discapacidad establecidos.


- Aprobar, de manera urgente, el nuevo Plan de Acción para las Personas con Discapacidad, y dotarlo económicamente con la financiación necesaria para el cumplimiento de sus fines.


8. Desarrollar políticas de apoyo al envejecimiento activo y a la solidaridad entre generaciones, entre ellas, asegurar la prestación del servicio de Teleasistencia con unos adecuados niveles de calidad y cobertura, dotando de la
financiación necesaria al Programa de Teleasistencia domiciliaria instrumentado a través del convenio-marco suscrito entre el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Y
garantizar el mantenimiento de los programas de Turismo Social y Termalismo Social, al menos con el nivel de financiación, participación y calidad alcanzado en 2011, con el fin de que puedan seguir desplegando sus efectos beneficiosos en la salud de
la personas mayores y en el mantenimiento y generación de empleo.



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9. Adoptar las medidas necesarias e implementar los instrumentos y recursos presupuestarios para garantizar que las distintas administraciones salden las deudas que tienen contraídas con empresas y entidades del tercer sector social.


10. Destinar a subvencionar actividades de interés social el 1 por ciento de la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a los contribuyentes que manifiesten expresamente su voluntad en tal sentido.


11. No adoptar medidas dirigidas a la persecución penal de las personas que ayuden a extranjeros en España proporcionándoles auxilio económico, alojamiento o manutención o que les presten otro tipo de colaboración cuando ésta se realiza con
una motivación humanitaria o social, diferenciando nítidamente este tipo de conductas de aquellas que se relacionan con el tráfico o la trata de seres humanos, la explotación laboral o con otros tipos de aprovechamiento lucrativo de los inmigrantes
que carecen de autorización.'


Propuesta de resolución núm. 16


Para el impulso del sector agrario y pesquero, el desarrollo rural, la defensa del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.


La gestión del territorio está sometida en la actualidad a un doble condicionante: las evidencias del cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Ambos condicionantes tienen repercusiones en las economías locales y en la seguridad del
entorno. Además, en el entorno rural las actividades vinculadas a la tierra juegan un papel decisivo en el equilibrio territorial, en la producción de alimentos y en el mantenimiento del paisaje y los ecosistemas ambientales. Por eso la gestión de
las políticas ambientales, de desarrollo rural, de producción agraria y de seguridad alimentaria deben combinar estos dos condicionantes con garantizar unas producciones agrarias de calidad y seguras que contribuyan al mantenimiento de la población
en el medio rural, que por otra parte, debe tener asegurados los servicios y equipamientos en condiciones de equidad.


Pero la orientación de la política del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente no está cumpliendo adecuadamente su función de propuesta y ejecución de la política del Gobierno de la Nación en materia medioambiental, agraria
y pesquera y de lucha contra el cambio climático.


La agricultura y la ganadería se enfrentan, en la actual crisis, en una situación límite, a punto de hacerse inviables como sectores productivos de futuro, y la agenda de reformas del Gobierno no hace más que empeorar su situación.


El incremento de los costes de producción, el desequilibrio estructural de la cadena de producción-distribución agroalimentaria, la previsible disminución de ayudas al campo español en la reforma de la Política Agrícola Común y las nuevas
perspectivas financieras 2014-2020 de la Unión Europea, la falta de ayudas concretas a sectores muy dañados (sector lácteo, apicultura...) y, en general, el desprecio de este Gobierno por el mundo rural ponen en peligro la pervivencia del Sector.


Con carácter general, la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) ha de garantizar para el campo español el mantenimiento de las ayudas que viene disfrutando. Es una cuestión de supervivencia.


También es necesario garantizar el desarrollo del medio rural. El medio rural supone el 90% del territorio nacional e integra al 20% de la población y no puede ser olvidada ni en las políticas activas de desarrollo ni en los Presupuestos
Generales del Estado.


Sin embargo, el Gobierno, con los Presupuestos Generales del Estado para 2012 y 2013, ha reducido el programa de desarrollo rural en un 33,70% y el destinado al desarrollo rural sostenible en casi un 90% (de 200 millones de euros a 20
millones de euros).


Por otra parte, la ejecución de los Programas de Desarrollo Rural financiados por la Unión Europea (FEADER) se encuentra en su último año de vigencia en un nivel de ejecución del 50 por ciento. Esta escasa ejecución está provocando retrasos
en los pagos de las ayudas para la modernización de explotaciones, incorporación de jóvenes, apoyo a razas autóctonas o programas agroambientales. La pérdida de fondos europeos será una realidad si el Gobierno no toma medidas con carácter de
urgencia.



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Frente a la situación de grave desequilibrio que se produce, en perjuicio de los productores, en la negociación y fijación de condiciones contractuales entre los eslabones que componen la cadena alimentaria, en algunos sectores (sector
lácteo) de forma especialmente visible, es necesario garantizar que se corrige esta situación en la futura Ley de cadena alimentaria que el Gobierno ya ha remitido a las Cortes Generales.


Esta situación de debilidad es especialmente acusada en el sector lácteo, donde el productor está claramente perjudicado. En muchas ocasiones se ve obligado a vender su producto por debajo incluso de los costes de producción. Por ello
resulta inaplazable proceder a su declaración como 'sector sensible', para permitir su acceso a nuevas ayudas europeas.


Por su parte, el sector pesquero es básico en Comunidades Autónomas como Galicia o Andalucía, resulta evidentemente imprescindible para toda una industria paralela y constituye para muchas zonas de nuestro litoral una forma de vida que este
grupo parlamentario cree necesario reivindicar y defender.


La pesca se enfrenta en este 2013 a un año decisivo para su futuro. La reforma de la Política Pesquera Común (PPC), incluida la fijación de cuotas y totales admisibles de captura y la dimensión exterior (acuerdos con Marruecos,
Mauritania...) y el nuevo Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP), ha de dar respuesta a los problemas estructurales del sector pesquero europeo que ya apuntó el Libro Verde para la Reforma de la PPC.


En todo caso, para alcanzar los objetivos generales de redimensión del sector pesquero, la apuesta por una pesca sostenible que garantice la pervivencia del sector pero también de los recursos... es necesario apostar decididamente por un
giro de la PPC.


En cuanto a las políticas de protección del medio ambiente y lucha contra el cambio climático, necesitan ser recuperadas como políticas transversales fundamentales para la consecución de un nuevo modelo de desarrollo económico. Este
Gobierno ha demostrado en cada iniciativa que, desde su perspectiva, la protección y sostenibilidad ambiental han de ser sistemáticamente sacrificadas para alcanzar un crecimiento económico. Este Grupo parlamentario considera necesario seguir las
estrategias marcadas desde la Unión Europea y los ejemplos de los países más desarrollados -y menos golpeados por la crisis económica financiera-, ya que coincide que los sectores económicos más sólidos coinciden con aquellos que están a la
vanguardia de las políticas de sostenibilidad ambiental, porque eso les garantiza viabilidad de futuro y genera un valor añadido apreciado en los mercados donde deben ser competitivos.


En definitiva, el Grupo Parlamentario Socialista apuesta por un desarrollo sostenible de los sectores agrícola, ganadero y pesquero, un nuevo modelo productivo capaz de generar empleo y riqueza y contribuir a la salida de la crisis
económica. Asimismo, este grupo considera las políticas de lucha y adaptación al cambio climático como esenciales, no sólo desde el punto de vista de protección del medio ambiente, sino como elemento esencial de desarrollo económico a través de un
nuevo modelo productivo sostenible.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente propuesta de resolución:


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


En materia de agricultura y desarrollo rural.


1. Aplicar el esfuerzo necesario en las negociaciones ante las instituciones de la Unión Europea para garantizar que, en las perspectivas financieras 2014-2020 que actualmente se están negociando, al menos, se mantenga el nivel de ayudas
que viene recibiendo el sector agrario español. Asimismo, mantener una actitud decidida de presión-apoyo de las instituciones europeas en la negociación de la dimensión exterior de la PAC en orden a garantizar que los acuerdos entre la UE y
terceros países no perjudican al sector agrario español.


2. En materia de desarrollo rural:


a) Asegurar el cumplimiento del Programa de Desarrollo Rural Español y de las 17 Comunidades Autónomas financiados por la Unión Europea, actualmente al 50% de ejecución, evitando la pérdida de fondos europeos, mediante la correspondiente
asignación de recursos y adopción de medidas de reasignación de fondos entre Comunidades Autónomas.



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b) Garantizar, que se completará de forma inmediata el proceso de rúbrica de convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas y los correspondientes Planes de Zona en materia de desarrollo rural y a asegurar, mediante las partidas
presupuestarias correspondientes, la aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, el Programa de Desarrollo Rural (aprobado por Real Decreto 752/2010, de 4 de junio) al menos durante los próximos
dos años.


c) En el ámbito de sus competencias, paralizar el proceso de desmantelamiento de servicios públicos esenciales (educación, sanidad, líneas de transporte, redes de comunicación...) en el medio rural, facilitando el acceso en condiciones de
igualdad de sus habitantes a los mismos y arbitrar líneas de financiación adicionales para los municipios situados en zonas con grave riesgo de despoblamiento.


3. Contribuir, en la tramitación del Proyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, que se ha remitido ya a las Cortes Generales, al fortalecimiento de los eslabones más débiles de esta cadena
(especialmente de los productores), buscando el consenso con el resto de grupos con representación parlamentaria.


Adoptar las medidas necesarias, incluso con repercusión presupuestaria, para reforzar la capacidad de exportación del sector agroalimentario en sus destinos tradicionales y para la apertura de nuevos mercados, así como potenciar la I+D+i en
el ámbito agrario, que permita la modernización de las explotaciones.


4. Aplicar, de forma inmediata, las reducciones en los módulos del IRPF, previstas en el artículo 35.4.1 del Reglamento sobre el IRPF (Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio), a las actividades agrícolas y ganaderas cuyas explotaciones
hayan sufrido adversidades climatológicas durante el año 2012.


5. Declarar al Sector lácteo como 'sector sensible' y asegurarle, por tanto, el derecho al mantenimiento de una ayuda acoplada en el nuevo sistema de ayudas a aplicar durante el periodo 2014-2020.


En materia de pesca.


En el marco del procedimiento de reforma de la Política Pesquera Común (PPC):


1. Mantener una posición firme en la defensa del sector pesquero español ante las instituciones europeas en las negociaciones de Protocolos pesqueros con terceros países (dimensión exterior de la PPC), garantizando la explotación duradera
de los recursos pesqueros también en aguas extracomunitarias pero también que las paradas de la flota española se deben realmente a necesidades de recuperación de los caladeros y que se basan en datos científicos reales. En su caso, arbitrar ayudas
que palien la situación de parada temporal de la flota y de los armadores, pescadores y trabajadores de la industria adyacente (conserveras, rederas ...)


2. Apostar, de forma decidida, por la pesca artesanal, no definida exclusivamente en función del tamaño de las embarcaciones o el tiempo de pesca, sino como aquella que utiliza artes de pesca respetuosos con el medio ambiente, es decir,
sostenible. Para ello resulta imprescindible mantener ayudas para la flota costera artesanal para que pueda cumplir los objetivos que le establezca la nueva PPC.


3. Incrementar el esfuerzo dedicado a I+D+i en el ámbito pesquero, que permita que nuestra flota sea más competitiva y, en su caso, su conversión a artes de pesca compatibles con la conservación de los recursos, el desarrollo de la
acuicultura, así como que las decisiones en relación a cuotas o TACs se apoye en datos científicos recientes y reales.


4. Reconocer el tratamiento diferenciado que merece la acuicultura, potenciando su desarrollo y estableciendo ayudas específicas y suficientes para que se desarrollen nuevos proyectos o nuevas especies.


5. Establecer medidas y ayudas (o apoyar las iniciativas que a nivel local ya existen) que permitan la diversificación del sector pesquero ante su necesaria redimensión (turismo, defensa del medio ambiente, acuicultura...) y, en
consecuencia, el desarrollo sostenible de las zonas rurales pesqueras.


En materia de medio ambiente.


1. Recuperar la sostenibilidad ambiental como un eje transversal en el modelo de desarrollo económico, teniendo como prioridades:


- la lucha contra el cambio climático, la promoción de un modelo energético y de transporte eficaz, eficiente y apoyado en fuentes energéticas locales y renovables;



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- la conservación y puesta en valor de nuestra biodiversidad y de modelos sostenibles de agricultura;


- la reducción de la contaminación y mejora de la eficiencia en el uso de todos los recursos naturales;


- y la protección y conservación de los elementos vinculados al medio natural (aguas, montes, bosques, playas...), evitando su privatización y mercantilización.


2. En materia de lucha contra el cambio climático y mitigación de sus efectos, a remitir a las Cortes Generales, de forma inmediata, un Proyecto de Ley de lucha contra el Cambio Climático, que, entre otros extremos, establezca:


- Objetivos de reducción de emisiones con horizonte 2020 y 2030 en toda actividad pública y privada, incluyendo la obligación para las empresas de presentar cuentas anuales con estimación de huella ecológica en el registro mercantil.


- Incentivos fiscales y regulatorios concretos para la consecución de dichos objetivos.


- Normas, coherentes con las directivas europeas, algunas aún pendientes de transposición, en materia de ahorro, eficiencia energética y energías renovables.


- Medidas de impulso y exigencia de un modelo de movilidad sostenible.


- La modificación de la vigente legislación de aguas, costas, residuos y biodiversidad para que esta normativa contemple la necesaria adaptación al cambio climático.


- La obligación presupuestaria de destinar lo obtenido en las subastas de derechos de emisión al Fondo Español del Carbono y las políticas de lucha contra el cambio climático.


3. En materia de medio marino y costas, a retirar el proyecto de reforma de la Ley de costas en tramitación parlamentaria, dado que su aprobación supondría un giro regresivo de desprotección ambiental, que favorece la privatización y la
especulación en zonas costeras hasta ahora protegidas y que atiende intereses privados en perjuicio del interés general. En su lugar, el Gobierno presentará un Plan consensuado con las fuerzas políticas sobre el modelo de desarrollo del litoral
sobre la base de la Ley de costas de 1988, concluyendo el deslinde pendiente, estudiando soluciones a los núcleos de población o viviendas situadas en dominio público o zonas de protección compatibles con la protección del dominio público
marítimo-terrestre, todo ello de acuerdo a los Convenios internacionales de los que España es parte y que prevén la gestión integrada de las zonas costeras.


4. En materia de lucha contra la contaminación, a incorporar la reducción de la contaminación como un objetivo de nuestro modelo productivo adoptando medidas contra las diferentes formas de contaminación atmosférica, terrestre, de las
aguas, lumínica y acústica, internalizando el coste de la contaminación en los procesos de desarrollo urbano residenciales e industriales a la vez que se incentivan las tecnologías más limpias y eficientes.


5. En materia de defensa de la biodiversidad, a proteger y poner en valor nuestra biodiversidad, reforzando los sistemas de conservación de la naturaleza, en especial a través de las siguientes medidas:


- El desarrollo de los Espacios Protegidos en la Red Natura 2000, dando protagonismo a los ciudadanos y sus organizaciones, a través del voluntariado ambiental y la custodia del territorio.


- La protección de nuestro patrimonio forestal, impidiendo su privatización y articulando políticas activas de prevención y lucha contra los incendios forestales, incluida la activación de programas de reforestación con suficiente apoyo
presupuestario.


6. En materia de aguas, a rectificar su política, entendiendo este recurso como indispensable para la vida y para el desarrollo económico especialmente escaso en España, para garantizar su utilización racional y el acceso al agua de calidad
en cuantía suficiente a todos los ciudadanos incluso en periodos de sequía, así como el mantenimiento de los ecosistemas fluviales, derogando todas aquellas medidas adoptadas que, de facto, suponen una privatización y mercantilización del agua a
través de un mercado de derechos concesionales entre particulares.



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Propuesta de resolución núm. 17


Hacienda.


Desde la constitución del Gobierno surgido de las últimas elecciones generales, se ha venido desarrollando una política fiscal errática e ineficaz que ha supuesto un ataque directo a los principios básicos de la Hacienda Pública.


En este sentido, se ha incrementado notablemente el tipo de gravamen del IRPF y del IVA, penalizando de forma injustificada a los asalariados y las clases medias e ignorando los principios de capacidad económica y de justicia y equidad del
sistema tributario, consagrados en el artículo 31 de la Constitución Española. Asimismo, estas medidas han deprimido aún más el consumo y la actividad económica, ahondando en la gravedad y efectos de la actual recesión económica.


En este contexto, se diseñó, además, una amnistía fiscal, que ha tenido graves consecuencias éticas y económicas para la sociedad.


En tan solo un año de gobierno, se ha producido el mayor ataque a la conciencia fiscal de los ciudadanos en nuestra reciente historia democrática. Mientras a los trabajadores se les aplicaba una subida extraordinaria del IRPF y del IVA, a
los grandes defraudadores se les perdonaba el pago de sus obligaciones tributarias.


En definitiva, las medidas adoptadas hasta el momento, ni son compatibles con la existencia de un sistema tributario justo, ni son suficientes para construir una ambiciosa política de lucha contra el fraude.


Por ello, El Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente propuesta de resolución:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno:


Reforma fiscal.


1. A abordar una ambiciosa reforma fiscal que contribuya a incrementar la base fiscal de nuestro país; que haga más justos los impuestos; que paguen los que no pagan eliminando complejidades innecesarias y normativas que den pie a
comportamientos elusivos y evasores a nivel nacional e internacional; y que el sistema tributario español contribuya al crecimiento económico. Entre las medidas que debe contener dicha reforma se destacan la siguientes: un Plan ambicioso de lucha
contra el fraude y el gran fraude internacional; la convergencia, en los márgenes existentes, entre las rentas del trabajo y las rentas del capital; una revisión en profundidad del impuesto de sociedades y del régimen fiscal de las sociedades
patrimoniales; la creación de un impuesto de grandes fortunas; y la revisión del incremento de los tipos del Impuesto sobre el Valor Añadido, en especial en relación con los bienes y servicios culturales y el material escolar.


Lucha contra el fraude.


2. A la creación de una Oficina de lucha contra el fraude como órgano de apoyo y coordinación, de varios departamentos ministeriales, autonómicos y locales, para la lucha contra el fraude que supondría el establecimiento de un nuevo modelo
de lucha contra el fraude nacional e internacional, pudiendo acceder a la distintas bases de datos, especialmente, a las gestionadas por la Agencia Tributaria, la Intervención General del Estado, la Tesorería General de la Seguridad Social y las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.


Destinando a las políticas de empleo la mitad de la recaudación anual que se obtenga en lucha contra el fraude.


3. A promover la negociación con otros países, en especial con los paraísos fiscales, al objeto de alcanzar acuerdos de contenido similar al negociado con EEUU para la aplicación de la normativa FATCA -Foreign Account Tax Compliance Act.


4. A adoptar, en relación con la amnistía fiscal, las medidas oportunas para:


a) Que la Agencia Estatal de Administración Tributaria realice las actuaciones que sean necesarias para que de forma real e inmediata no se beneficien de su amnistía fiscal personas físicas que, directamente o mediante sociedades
instrumentales, hayan podido pretender acogerse a ella con causas pendientes ante la justicia, y específicamente el que fuera tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, y todos los demás implicados en la trama Gürtel.



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b) Poner inmediatamente a disposición de los Inspectores y Técnicos de Hacienda toda la información -declaraciones especiales y anexos- procedente de la amnistía fiscal para que pueda ser utilizada por los órganos encargados de combatir el
fraude fiscal, la corrupción, el blanqueo de capitales o cualesquiera otros delitos, incluidos el Ministerio Fiscal, los Jueces y Tribunales y el SEPBLAC.


c) Comprobar el origen de los capitales aflorados en la amnistía fiscal y así evitar que puedan blanquearse capitales obtenidos ilícitamente.


d) Modificar la Ley General Tributaria para que se puedan hacer públicos el nombre de las personas, sociedades y demás entidades con personalidad jurídica que se han acogido a la amnistía fiscal.


5. A recoger, dentro de los Presupuestos Generales del Estado de cada año, las partidas presupuestarias que resulten precisas para dotar las transferencias correspondientes a las inversiones del Estado en infraestructuras en Canarias, que
ascenderán como mínimo al 50% de la recaudación normativa líquida atribuida al Estado como compensación por la supresión del Impuesto General sobre el Tráfico de las Empresas establecida en la Ley 20/1991, de 7 de junio. El 50% restante será
destinado a un Plan Integral de Empleo para Canarias. Para el ejercicio presupuestario 2013, el Gobierno incluirá, con cargo a la compensación del IGTE, el incremento de la dotación del PIEC previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado
2013 hasta 80 millones de euros.


6. El Congreso de los Diputados pondrá en funcionamiento, dentro del presente periodo de sesiones, la Oficina Presupuestaria de las Cortes creada por Ley 37/2010 de 15 de noviembre, y ratificada por la votación a favor de todos los grupos
de la Cámara a través de la PNL 161/000714, dando así respuesta a la demanda de las Cortes Generales y a las recomendaciones de la UE sobre el programa de estabilidad de España para 2012-2015.'


Propuesta de resolución núm. 18


Educación y Universidades.


El Gobierno está tramitando un Anteproyecto de reforma educativa que rompe con consensos básicos mantenidos desde hace treinta años. Durante las últimas décadas, la educación española ha dado un salto cualitativo reconocido por todos los
organismos internacionales, pasando a ser, junto con Finlandia, el sistema educativo de mayor equidad y el segundo que más ha progresado de toda la OCDE. Así, mientras en 1978 España contaba con un 25 por ciento de analfabetismo funcional, en 2010
tiene un 40 por ciento de universitarios, cumpliendo de manera anticipada uno de los objetivos de la Unión Europea para 2020.


Siendo conscientes de la necesidad de mejora constante de cualquier sistema educativo, no es de recibo llevar a cabo una verdadera 'contrarreforma' que suponga el retorno a un sistema nocivo y segregador, máxime cuando nuestro principal
problema, el abandono escolar, ha mejorado siete puntos porcentuales entre 2007 y 2012.


Las mejoras que haya que abordar, con la amplitud que sea necesaria en todos los niveles educativos, desde la educación infantil hasta las enseñanzas universitarias, no deben perder de vista ni los logros alcanzados ni los objetivos que
deben mantenerse: la calidad de la educación pública, la igualdad de oportunidades, la atención a la diversidad, la educación inclusiva, la cooperación entre las administraciones competentes, la dimensión social de la educación, etc.


Y, desde luego, es imprescindible dedicar a la educación recursos presupuestarios suficientes para que los medios e instrumentos dedicados a estos fines sean reales y efectivos, recuperando el esfuerzo inversor que de forma mantenida se ha
llevado a cabo durante los últimos años.


Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar el mantenimiento de un sistema educativo basado en una educación pública de calidad, en la que estén aseguradas la equidad y la igualdad de oportunidades, con la
financiación y los recursos suficientes, y en consecuencia:


- Renunciar a llevar a cabo una reforma educativa segregadora, elitista, economicista y confesional, a espaldas de la comunidad educativa y sin respetar las competencias de las Comunidades Autónomas tanto en el orden educativo como en el
lingüístico.



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A) En Educación Infantil:


- Reconocer la importancia social de la educación infantil, desde el nacimiento hasta los seis años, así como el carácter educativo de los dos ciclos en que se ordena y su condición de elemento básico en la lucha contra el fracaso escolar
posterior y para avanzar en la mejora de la conciliación familiar.


- Potenciar esta etapa educativa promoviendo, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, la extensión de la oferta educativa de 0-3 años hasta su universalización, manteniendo el esfuerzo presupuestario que supuso el Plan Educa 3 y elaborando
nuevos planes para mantener los objetivos de mejora de la calidad educativa en este ciclo, con los correspondientes créditos presupuestarios.


B) En Educación Primaria y Secundaria:


- La reducción de la ratio de alumnos por aula, por los beneficios que supone en el rendimiento académico del alumnado y sobre las prácticas pedagógicas del profesorado, para que sea posible desarrollar una educación de calidad.


- Recuperar los contenidos eliminados de la asignatura Educación para la ciudadanía y los derechos fundamentales, fomentando los valores democráticos que recoge nuestra Constitución, que proclama la igualdad entre hombres y mujeres, la
tolerancia, el respeto, la solidaridad y otros valores comunes que constituyen el sustrato de la ciudadanía democrática.


- Limitar los conciertos educativos a aquellos centros que no practiquen la educación diferenciada ni discriminen en la admisión del alumnado por razón de sexo, destinando a incrementar las partidas dedicadas a becas los créditos
presupuestarios procedentes de la retirada de los conciertos a los centros que mantengan la segregación.


- Ampliar la cobertura de los programas del Plan PROA que han demostrado ser una de las mejores herramientas de lucha contra el abandono escolar temprano.


- Encargar al Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar un estudio diagnóstico sobre la convivencia en las aulas.


- Fomentar los programas de cooperación territorial con las Comunidades Autónomas como instrumentos adecuados para promover el logro de objetivos educativos en todo el territorio y contribuir al equilibrio territorial mediante la
compensación de desigualdades.


- Elaborar un Plan integral de aprendizaje de lenguas extranjeras que incorpore los recursos presupuestarios suficientes y recupere las becas que hagan posible el estudio en el extranjero.


- Establecer un sistema de acceso a la docencia con características similares al modelo MIR existente para el ejercicio de la medicina.


C) En Formación Profesional, elaborar y aprobar, en coordinación con las Comunidades Autónomas, un Plan Estatal para el fomento de la Formación Profesional, que contemple, al menos, las siguientes medidas:


- La creación, durante los próximos cuatro años, de 200.000 nuevas plazas de Formación Profesional de grado medio correspondientes a las especialidades que van a demandar más profesionales, de acuerdo con el análisis de mercado incluido en
el Mapa de la FP ya elaborado y publicado en octubre de 2011, para hacer frente a la creciente demanda en estos estudios.


- Agilizar y acelerar el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral.


- Restablecer la normativa derogada en 2012 que dotaba de mayor flexibilidad y permeabilidad al sistema de Formación Profesional en el seno del sistema educativo.


- El impulso de la formación a distancia mediante la Plataforma Virtual para la Formación Profesional.


- La creación de un sistema integrado de información y orientación profesional.


- La fijación de convocatorias anuales de proyectos de innovación docente en Formación Profesional, así como el análisis y la elaboración de un balance sobre la convocatoria de estos proyectos realizada en 2011.


D) En enseñanzas universitarias:


- Rectificar y anular el incremento de tasas universitarias provocado por el Gobierno, evitando que su importe aumente por encima del Índice de Precios al Consumo.



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- Promover las iniciativas necesarias para poner a disposición de las Universidades Públicas españolas mecanismos y recursos que garanticen su financiación, así como otros específicos que les permita afrontar, como se ha hecho con otras
Administraciones Públicas, sus problemas de tesorería.


E) En materia de becas y ayudas al estudio:


- Garantizar un sistema de becas que asegure que ningún estudiante abandone los estudios postobligatorios por motivos económicos, por falta de presupuesto adecuado en las Administraciones Públicas o por retrasos en su tramitación,
incrementando el Presupuesto destinado a becas y ayudas al estudio en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, manteniendo su consideración como derecho al que se accede por el cumplimiento de los requisitos de renta y académicos previstos y
sin dificultar el acceso a las mismas y su mantenimiento por los estudiantes, tanto en lo que se refiere a los umbrales económicos como a los requisitos académicos.


- Recuperar las convocatorias, los créditos y las cuantías de las becas generales y de las becas ERASMUS, SÉNECA y FPU, que han visto reducido su presupuesto y en algunos casos han sido suprimidas, arbitrando además los medios y
procedimientos para que las becas se tramiten y concedan de una manera ágil, que asegure a los beneficiarios la eficacia de las ayudas.


Propuesta de resolución núm. 19


Moratoria de ejecuciones hipotecarias.


El pasado 12 de febrero, el Congreso de los Diputados tomó en consideración la proposición de ley derivada de la Iniciativa Legislativa Popular de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social.
Previamente ya se encontraba en tramitación en esta Cámara el proyecto de ley de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios, procedente del Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre.


Como quiera que la ley que resultará de la acumulación de las dos iniciativas debe beneficiar cuando entre en vigor a los deudores hipotecarios, muchos de ellos inmersos actualmente en procedimientos de ejecución hipotecaria o a la espera de
su inicio, el Gobierno debe aprobar con carácter urgente la paralización inmediata de los procedimientos hipotecarios con el fin de que dichos deudores no pierdan la propiedad de sus viviendas durante el período de tiempo que transcurra hasta la
entrada en vigor de la nueva ley que modificará la legislación hipotecaria.


'El Congreso de los Diputados:


1. Acuerda abordar, durante la tramitación de la Proposición de Ley, de iniciativa legislativa popular, de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social, tomada en consideración por esta Cámara el
pasado 12 de febrero, y del Proyecto de Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, procedente del Real Decreto-Ley 27/2012, la modificación de la legislación hipotecaria y la regulación de un procedimiento para
dar solución al problema del sobreendeudamiento sobrevenido de personas y familias.


2. Insta al Gobierno a adoptar con carácter urgente las medidas necesarias para la suspensión inmediata, o la no iniciación, de todos los procesos judiciales o extrajudiciales de ejecución hipotecaria así como de los lanzamientos, y la
suspensión de los intereses de demora hasta la entrada en vigor de la legislación mencionada en el apartado anterior.'


Propuesta de resolución núm. 20


Sanidad y Consumo.


El sistema sanitario público se ha deteriorado a lo largo de 2012 siendo en la actualidad la sanidad una de las preocupaciones más importantes de la ciudadanía, tal como se refleja en los sucesivos barómetros de opinión del Centro de
Investigaciones Sociológicas (CIS).



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Con el Real Decreto-ley 16/2012, la sanidad pública española ha sufrido un enorme paso atrás en cobertura, cohesión, calidad y equidad.


La aplicación de copagos a pensionistas, pacientes crónicos y con enfermedades raras y población general, ha dado lugar a barreras de acceso que condicionan un impacto previsible en salud en las poblaciones más vulnerables de nuestro país.


El Gobierno ha acabado con el carácter universal del derecho a la atención sanitaria y ha expulsado a los inmigrantes en contra de la opinión unánime de las organizaciones profesionales médicas y del resto de profesiones sanitarias, así como
de la mayoría social del país.


Finalmente, la proliferación de iniciativas para poner en manos privadas la gestión de centros sanitarios públicos o el cierre de servicios y de puntos de atención continuada en el medio rural ha dado lugar a una amplia expresión de rechazo
social y profesional en muchas comunidades autónomas como Madrid, Valencia, Castilla-La Mancha, Cataluña, Castilla y León o Extremadura, entre otras.


Por todo ello, el Grupo Socialista propone la siguiente propuesta de resolución:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


- Promover una Ley para asegurar la universalización del derecho a la asistencia sanitaria pública haciendo posible que todos los ciudadanos sin excepción, incluyendo población inmigrante, sean titulares de los derechos a la protección de la
salud y a la atención sanitaria. Dicha Ley garantizará la financiación mediante impuestos y la naturaleza pública de la provisión, y la gestión del Sistema Nacional de Salud.


- Paralizar y revertir los actuales procesos de privatización de la gestión de los hospitales y centros de salud públicos impulsados en las Comunidades Autónomas de Madrid, Valencia, Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León y otras,
elaborando un nuevo marco normativo.


- Derogar la exclusión de medicamentos de la cobertura del sistema público (medicamentazo) y los nuevos copagos para pensionistas, pacientes crónicos y de enfermedades raras, sustituyendo los ahorros por esas medidas por un proceso de
subasta de medicamentos similar al impulsado por el Gobierno de la Junta de Andalucía que asegure el suministro al sistema sanitario público español de aquellos principios activos no sometidos a protección de patente y que permita generar un ahorro
de, al menos, 1.500 millones de euros anuales.


-Asegurar el mantenimiento de los actuales servicios de atención continuada para la atención sanitaria en horario de tardes y noches en el medio rural, paralizando las medidas de cierre de Comunidades Autónomas como Castilla-La Mancha,
Castilla y León, Extremadura o Valencia.


- Elaborar un informe sobre el impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno con el Real Decreto-Ley 16/2012 en la salud y en la economía de las personas y de las familias. Dicho informe se presentará antes de 6 meses al Pleno del
Congreso de los Diputados para su valoración y eventual adopción de medidas.


- Presentar en la próxima conferencia sectorial de consumo una campaña nacional de control del etiquetado y composición de preparados cárnicos en línea con la que tiene previsto lanzar, a nivel europeo, la Comisión para un control reforzado
de productos cárnicos.


Estas medidas necesitan ser impulsadas desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con un potente liderazgo social y político del que carece la actual titular del Ministerio, Ana Mato.


Es por ello que debe procederse a la renovación de la persona titular del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España, por lo que el Congreso de los Diputados exige la dimisión de doña Ana Mato como Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.'


Propuesta de resolución núm. 21


Para promover la economía productiva.


La grave y profunda crisis económica y financiera ha acelerado la necesidad de contar con una economía más productiva y competitiva en un contexto internacional de creciente competencia. La evidencia nos dice que aquellas economías con un
mayor peso de la industria tienen más internacionalización de sus empresas, innovan más y, por tanto, tienen una mejor evolución de la



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productividad. Por ello, resulta clave durante los próximos años fomentar el sector industrial para impulsar un nuevo modelo de crecimiento basado en la sostenibilidad económica, social y medioambiental.


En el último año, el Gobierno de España ha reducido drásticamente el presupuesto de apoyo a los sectores productivos muy por encima de la reducción de otras partidas de gasto y basa su estrategia para ganar competitividad en una bajada
generalizada de los salarios reales. Esto supone una medida ineficaz e injusta para salir de la crisis. La combinación de una austeridad indiscriminada y poco inteligente en el presupuesto, junto con el empobrecimiento generalizado, nos lleva a un
modelo industrial insostenible. Además de las carencias en el apoyo directo a los diferentes sectores industriales, existe como en el conjunto del Gobierno una falta de planificación estratégica, es decir, que se marquen objetivos a corto, pero
también a medio y largo plazo, se definan medidas públicas y privadas para cumplirlos, y se incluya una financiación plurianual con una definición de esfuerzos compartidos entre las instituciones competentes en cada materia y las empresas de cada
sector. El plan integral de política industrial 2020, así como otros sectoriales, se han abandonado sin que se haya presentado una alternativa.


A la falta de medidas, presupuesto, y estrategia, hay que sumar un talante autoritario que se basa en la toma de decisiones de forma unilateral, sin contar con las instituciones competentes o que pueden colaborar, ni con los sindicatos, y en
muchos casos, ni con los empresarios.


El Grupo Parlamentario Socialista considera necesario asentar las bases para un cambio de modelo económico y productivo que sea capaz de crear empleo estable y de calidad ganando en productividad y no en abaratamiento de la mano de obra.
Los sectores productivos innovadores y los emprendedores son los más afectados por todas estas carencias, al igual que los sectores tradicionales como el mueble, juguete, calzado, marroquinería y cerámica. A los que hay que incluir los sectores
aeronáutico, naval y de la sociedad de la información. En definitiva, los sectores productivos de España necesitan políticas activas, estímulos, y la certidumbre de una apuesta firme e incondicional por la política industrial y turística.


Por todo ello, y como consecuencia del debate sobre el estado de la Nación, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente propuesta de resolución:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Declarar estratégico el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación como instrumento imprescindible que es para el cambio a un modelo productivo basado en el conocimiento. En coherencia con esto, el Gobierno garantizará el
carácter prioritario de la l+D+i y definirá las previsiones presupuestarias necesarias, en el Plan Estatal de Ciencia y Tecnología e Innovación 2013-2016, para alcanzar, en términos de inversión pública por PIB, la convergencia con la media de la UE
en el período del plan.


2. Establecer una estrategia de mejora de la competitividad de la economía española a través de una política general de estímulo a la I+D+i que, además, se refuerce en los siguientes sectores:


i) Sanidad e investigación biomédica.


ii) Sector agroalimentario.


iii) Sectores y empresas con mayor potencialidad exportadora.


iv) Sectores y empresas relacionados con la innovación, nuevas tecnologías y cambio de modelo energético.


v) Energías renovables.


vi) Eco-industrias, gestión y tratamiento de aguas.


vii) Tecnologías de la información y la comunicación.


viii) Biotecnología.


ix) Industrias culturales.


x) Industria aeroespacial.


xi) Sector del transporte con alto componente tecnológico y gestión de infraestructuras.


3. El Congreso de los Diputados adoptará las actuaciones necesarias para la creación de una subcomisión 'ad hoc' en sede parlamentaria con el fin de que, tras las audiencias pertinentes de representantes sociales, de empresas de la
comunidad científica y otros sectores implicados, se proceda al necesario análisis, debate y ratificación de los Documentos, aprobados por el Gobierno, 'Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020' y 'Plan Estatal de
Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2016.



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En materia de política industrial a:


4. Adoptar una política industrial activa, que se base en la identificación de aquellos sectores con mayor potencial de crecimiento y creación de empleo durante las próximas décadas en España, y se establezcan medidas de impulso y apoyo
público dentro del marco comunitario.


5. Realizar una política de austeridad inteligente, no recortando en ayuda directa o de financiación a sectores productivos, y estableciendo una estrategia industrial y energética clara con objetivos a corto, medio y largo plazo, medidas
concretas para cumplirlos, y una memoria económica plurianual que recoja el esfuerzo público y privado necesario.


6. Realizar las variaciones presupuestarias oportunas para mantener y en su caso aumentar las líneas de actuación como las referidas a los programas de I+D+i en el sector industrial, reindustrialización de zonas afectadas por la
deslocalización; apoyo a sectores tradicionales, entre los que están el calzado, marroquinería, el mueble, el juguete, o la cerámica; apoyo a la competitividad e internacionalización; el vehículo eléctrico; planes del carbón; planes del sector
aeronáutico y naval; y la plena implantación de las TICs en nuestra industria y empresas.


7. Estudio de situación y necesidades del sector de empresas de abastecimiento de la construcción para concretar un plan de apoyo específico a la internacionalización.


8. Contar con dotaciones presupuestarias suficientes para el programa de apoyo a la competitividad industrial en el sector de la automoción y dar continuidad y ampliar el Plan PIVE para reorientarlo hacia los vehículos más eficientes
energéticamente, cuya mayor entrada en el parque ayudará a modificar positivamente las tendencias actuales tanto medioambientales como de consumos energéticos.


9. Establecer nuevos instrumentos para facilitar el crédito a la economía real y proporcionar fórmulas de financiación no bancaria, para las pequeñas y medianas empresas y, en particular, a las exportadoras.


10. Mejorar las inversiones en capital humano y establecer con carácter urgente una dotación específica para incrementar la oferta educativa de plazas de Formación Profesional Reglada hasta cubrir las insuficiencias en la oferta respecto de
la demanda de las empresas de los sectores estratégicos registradas en los últimos años.


11. Mantener los tres centros de trabajo en la Bahía de Cádiz de la empresa pública Navantia, perteneciente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que controla el 100% de su capital y dotar de carga de trabajo para
garantizar el mantenimiento del empleo en los tres astilleros así como en la industria naval que depende de este sector. Para ello el Gobierno asume como prioridad el impulso de las siguientes medidas:


a) La firma de la orden de ejecución del contrato de la segunda fase de los Buques de Acción Marítima (BAM) para garantizar carga de trabajo en los astilleros de la Bahía.


b) La búsqueda de alternativas en el mercado civil, abogando por una negociación con la Unión Europea para que se anticipe la fecha de vencimiento de las limitaciones de Navantia para operar en el mercado civil, que no puede superar el 20%
de su facturación en dicho ámbito.


12. Consolidar el sector industrial de defensa a través del diálogo con las Federaciones Sindicales de industria, las Comunidades Autónomas donde están implantados sus centros de trabajo y la empresa Santa Bárbara Sistemas, para buscar su
viabilidad presente y futura a través de la aportación de mayor carga de trabajo y la potenciación de la I+D+I para desarrollar nuevos productos.


En materia de política turística a:


13. Evitar el desmantelamiento y la privatización de la red de paradores, apostando por su viabilidad y sostenibilidad financiera, para que continúe siendo referencia de calidad y excelencia del sector turístico en España y mantener el
mayor número posible de empleos. Para ello, es necesario elaborar un nuevo Plan estratégico para la innovación y modernización de la red y establecer políticas de marketing integral para la promoción internacional de Paradores, con un plan de
mercados emergentes y captación de nuevos clientes de mayor valor añadido a través de la Marca España.


14. Continuar profundizando en la Estrategia Nacional de Revalorización de Destinos Turísticos Maduros, que es esencial para el proceso de renovación del sector hacia un modelo más competitivo, sostenible, desestacionalizado e innovador,
que permita su adaptación a los nuevos modelos turísticos. Que corrija la eliminación de ayudas a programas para la desestacionalizacion, como la reducción



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del 30% del Programa de Turismo Social del IMSERSO y del 100% del Programa Turismo Social, recuperando la oferta de plaza y presupuestos de la temporada 2011-2012.


15. Reducir las tasas aeroportuarias, de forma que se garantice la competitividad del sector, mejorando así las cuentas de las empresas, con la inmediata consecuencia sobre la capacidad de generar empleo.


16. Desarrollar un Plan de recuperación del turismo nacional, con un esfuerzo promocional especial y de calidad en este mercado, esfuerzo que debe ser tangible tanto en número de acciones como en inversión presupuestaria, incidiendo en
factores como cercanía, conexiones, infraestructuras, gran variedad de productos, seguridad y excelencia.


17. Apostar por la diversificación, mostrando la gran riqueza y variedad turística de nuestro país, intentando realizar todas las acciones enfocadas sobre algún producto específico: segmentos como cruceros, gastronomía, idiomas, deportes,
turismo social, sanidad, etc., y con especial énfasis en un segmento muy importante para España como es el Interior-Naturaleza, siendo, además, productos con gran potencial de desestacionalización, intentando así minimizar uno de los grandes
problemas de la industria turística.


18. Desarrollar fórmulas que potencien la renovación e innovación de la oferta y productos turísticos, evitando el estancamiento competitivo de los destinos.


19. Proporcionar una oferta turística de calidad, extendiendo para ello el Modelo de Accesibilidad Turística de España a toda la cadena del servicio turístico.


20. Desarrollar un programa de acciones de colaboración interdepartamental en materia turística, especialmente en las siguientes materias: formación, empleo y asuntos sociales; innovación; sostenibilidad medioambiental; economía y
fiscalidad; transporte y movilidad, y visados turísticos y seguridad.


En materia de política de infraestructuras.


21. Priorizar el esfuerzo presupuestario en el transporte ferroviario de mercancías, con el objetivo de ofrecer un servicio competitivo y de calidad, plenamente integrado e interoperable con la Red Transeuropea de Transporte Ferroviario y
conectado con la red de plataformas logísticas de ámbito nacional.


22. Adecuar y modernizar las infraestructuras de conexión de nuestros puertos con la red de transporte terrestre, con el objetivo de mejorar la intermodalidad y la eficiencia logística.


23. Impulsar los planes de extensión y mejora de las cercanías ferroviarias con los objetivos de facilitar la movilidad, la reducción de los tiempos de viaje, la optimización de la funcionalidad y la capacidad de la red, el aumento de la
conectividad con otros modos de transporte, la mejora de la accesibilidad a personas con movilidad reducida y la consecución de una mayor calidad, fiabilidad y puntualidad de los servicios. Así mismo, el Ministerio de Fomento revisará la política
de precios en Cercanías y Media distancia convencional con el objeto de acomodarla a las nuevas reducciones aprobadas para la Alta Velocidad ferroviaria.


24. Incrementar la inversión en conservación de carreteras, aproximando paulatinamente su cuantía al porcentaje del 2% de su valor patrimonial, considerado óptimo por los mejores expertos. El Gobierno aprobará, en un plazo de tres meses,
un plan extraordinario de actuaciones de conservación en la red convencional, con especial incidencia en aquellas carreteras donde se produzca una mayor concentración de accidentes y donde el deterioro de la infraestructura sea más relevante.


25. Intervenir activamente en la resolución del conflicto laboral abierto en la empresa IAG-Iberia, convocando a su dirección y a los representantes de los trabajadores a negociar un acuerdo en el propio Ministerio de Fomento, que asegure
la viabilidad y la competitividad de la compañía, respetando los puestos de trabajo y los derechos laborales de los trabajadores, y garantizando los actuales niveles de conectividad nacional e internacional.


26. Involucrarse en la solución de la crisis abierta en la empresa turística Orizonia y en su línea aérea Orbest, con el objeto de preservar los puestos de trabajo, garantizar los derechos de los usuarios que contrataron servicios con la
compañía, minimizar el impacto sobre la industria turística española y asegurar unos niveles adecuados de conectividad nacional e internacional para nuestro transporte aéreo.


27. Renunciar a la aplicación de topes máximos para el cálculo de los porcentajes de bonificación en el transporte aéreo y marítimo establecidos en la ley para los españoles residentes en las islas Canarias, islas Baleares, Ceuta y Melilla.



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28. Desbloquear la aplicación del convenio colectivo firmado por Puertos del Estado con los representantes de los trabajadores portuarios, actualmente paralizado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.


29. No acometer ninguna reestructuración de personal en ninguna de las sociedades dependientes del Ministerio de Fomento sin acordarlo previamente con los representantes de los trabajadores.'


Propuesta de resolución núm. 22


Empleo.


Transcurrido un año de reforma laboral, la EPA del cuarto trimestre de 2012 ha venido a confirmar los peores pronósticos que sobre sus efectos se denunciaron: la pérdida de más de 850.000 empleos a lo largo de 2012, una tasa de desempleo
que alcanza, por primera vez en nuestra historia, el 26,02%, el 55,3% en los menores de 25 años, que sitúa la cifra de desempleados en prácticamente los seis millones, con una caída de la afiliación en la Seguridad Social de 787.240 cotizantes.


La reforma laboral abarata y facilita el despido y ha propiciado el aumento significativo de los despidos individuales por causas económicas, que alcanzan en 2012 a 261.508 trabajadores, más de un 50,6% en relación a 2011, y un incremento en
los despidos colectivos del 24,1%, en relación al mismo período, utilizando dichos despidos como instrumentos de ajuste laboral.


Una reforma que destruye el modelo de negociación colectiva y que ha provocado que 3.696.224 de trabajadores hayan dejado de beneficiarse de los efectos de la negociación colectiva en la fijación de sus condiciones de trabajo, un 37,8% menos
de trabajadores protegidos con respecto a 2011.


Una reforma laboral que instaura un modelo de relaciones laborales con el que se rompe el equilibrio entre las partes y apuesta como fórmula de competitividad por la pérdida de los derechos de los trabajadores y la bajada de salarios,
alejándonos de los modelos europeos de referencia. Y que otorga un poder unilateral al empresario que está aumentado la conflictividad laboral.


El resultado de esta política está a la vista: recesión, desempleo y desigualdad.


El dramatismo de lo que está ocurriendo se visualiza mejor cuando comprobamos que durante el periodo 2010-2012 los desempleados sin prestaciones se han duplicado: alrededor de 2 millones de desempleados registrados (3 millones si utilizamos
las cifras de la EPA), no reciben ninguna prestación. La cobertura de la protección ha caído en más de 8 puntos durante 2012.


Además, el Gobierno respondió a mediados del pasado año reduciendo la cuantía de la protección por desempleo y eliminando a una buena parte de los beneficiarios potenciales de la Renta Activa de Inserción y del programa PREPARA.


Y a todo ello hay que añadir que el año 2012 ofrece el peor balance en el ámbito del diálogo social tripartito. Todas las medidas adoptadas se han llevado a cabo sin concierto político ni social.


Esta situación exige volver a situar la creación de empleo y la lucha contra el desempleo en el principal objetivo de la política económica y objeto de un gran acuerdo nacional. Esta tarea es urgente, no puede esperar ni un día, y además es
una tarea que no puede hacer solo un Gobierno o un partido político, es una tarea de todos, porque son tareas compartidas. La experiencia demuestra que en España, cuando hemos tenido que abordar situaciones como la presente, de emergencia nacional,
las hemos realizado de forma compartida, entre grupos parlamentarios y los partidos políticos en esta Cámara, y fuera de esta Cámara con los agentes sociales y con las Comunidades Autónomas; hemos dado respuestas compartidas.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente propuesta de resolución:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Abrir un proceso de diálogo político y social para alcanzar un acuerdo nacional por el empleo y la cohesión social, que contemple un plan de choque y medidas a medio y largo plazo.


2. Desarrollar políticas activas frente al desempleo. A tal efecto, y entre otras,


a) Aprobará un Proyecto de Ley que destine el 50% de lo recaudado anualmente por fraude fiscal a combatir el desempleo. Estos recursos deberán destinarse a:


a. Ayudar a las empresas que se comprometan a no despedir.


b. Ayudar a las empresas que creen empleo.



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c. Financiar el programa PREPARA y la Renta Activa de Inserción.


d. Dotar suficientemente el Plan de empleo juvenil.


b) Aumentará, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, los recursos destinados a la formación y a las políticas activas de empleo, especialmente las destinadas a las personas desempleadas.


3. Acordar una moratoria de los despidos por causas económicas [arts. 51 y 52.c) del Estatuto de los Trabajadores] durante 2013 y 2014 estableciendo paralelamente un plan especial de mantenimiento del empleo, con el objetivo de detener la
destrucción masiva de empleo.


En dicho plan se establecerán las ayudas a las empresas que se comprometan a no despedir a sus trabajadores y opten por una reducción de jornada de hasta un 30%. En este caso, el 70% del coste del puesto de trabajo que se mantiene correrá a
cargo del empresario en un 35% y del Estado en el 35% restante. En el caso de trabajadores de más de 50 años, la aportación del Estado alcanzará el 45%.


Para estas ayudas se establecerá un fondo de 4.000 millones de euros para los años 2013 y 2014, como política activa de empleo. Esto permitirá mantener el empleo para 600.000 trabajadores que de otra forma irían a engrosar las listas del
desempleo con un mayor coste en las prestaciones por desempleo.


4. Todas las empresas de menos de 50 trabajadores que contraten nuevos trabajadores desempleados ampliando el tamaño de su plantilla y manteniéndola durante el tiempo de aplicación de los estímulos laborales, tendrán una bonificación
extraordinaria y decreciente durante tres años del 100% de las cotizaciones sociales el primer año, el 75% el segundo y el 50% el tercero.


5. Desarrollar una estrategia de empleo y formación para jóvenes, en línea con las propuestas de garantía de formación y empleo acordadas en la Unión Europea. Esta estrategia deberá dotarse con, al menos, 3.000 millones de euros al año.
El plazo de desarrollo de esta estrategia será de cuatro años con una dotación no inferior a 12.000 millones de euros.


Este plan incluirá, en todo caso, medidas específicas para los menores de treinta y cinco años con experiencia profesional pero que no han concluido los ciclos de formación reglada, universitaria o formación profesional. El programa
contemplará ayudas económicas en el supuesto de que tuvieran responsabilidades familiares.


Las empresas que contraten a jóvenes menores de treinta años tendrán bonificaciones y reducciones en la cuota empresarial a la Seguridad Social durante un plazo de cuatro años, de forma escalonada para favorecer el mantenimiento del empleo.


6. Desarrollar planes específicos de empleo en las Comunidades Autónomas con las tasas de desempleo más altas, mediante acuerdos bilaterales entre Ministerio de Empleo y Seguridad Social y las Comunidades Autónomas.


7. Aprobar con carácter inmediato un plan de empleo agrario en los territorios que se han visto afectados por pérdidas de cosechas como consecuencia de inclemencias climáticas y que han provocado la reducción severa de jornales en el ámbito
rural.


8. Fortalecer el programa de Renta Activa de Inserción así como el programa PREPARA para favorecer la ayuda y protección de los desempleados al tiempo que se estimula el retorno al empleo, e incluir a los desempleados excluidos de los
mismos a partir de las modificaciones de julio y agosto.


9. Dar estabilidad al programa PREPARA mediante su renovación automática hasta que la tasa de desempleo este por debajo del 15% y permitir que vuelvan a percibir sus ayudas los trabajadores que, tras haberlas disfrutado por una vez,
permanezcan en situación de desempleo sin prestación durante el plazo de un año.


10. Abrir un proceso de diálogo social para acordar un nuevo marco laboral, suspendiendo mientras tanto los aspectos más dañinos de la reforma laboral.


11. Recuperar un modelo de relaciones laborales equilibrado que respete la autonomía colectiva, la ultraactividad de los convenios colectivos, así como la articulación y estructura de la negociación colectiva en los términos del Acuerdo de
25 de enero de 2012.


12. Acordar con los interlocutores sociales medidas de acompañamiento del mercado laboral, específicamente las referidas a la formación profesional, entre ellas,


- Fortalecimiento del derecho a la formación para los trabajadores. Los trabajadores desempleados podrán utilizar a tal fin sus derechos de protección al desempleo y los ocupados una parte de sus indemnizaciones devengadas por despido.



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- Mejorar la formación profesional y aprender de experiencias europeas como la formación dual alemana cuyos dos requisitos son la extensión de la formación en el centro de trabajo y la vinculación mediante un contrato que regula la actividad
laboral en las empresas, Por ello, se modificará la reciente regulación de la formación dual en el ámbito educativo, que no cumple de manera adecuada ninguno de ambos requisitos.


- Impulsar programas específicos para formar y proteger a los desempleados con baja cualificación a través del fomento de los contratos a tiempo parcial que permitan la asistencia a centros de formación donde adquirir una cualificación en
profesiones de futuro, además de mantener el contacto con el mercado de trabajo.


13. Promover actuaciones normativas y un plan específico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social dirigido a garantizar la igualdad salarial entre mujeres y hombres.


14. Combatir la segmentación del mercado de trabajo mediante el establecimiento de un nuevo esquema de cotización al desempleo que incremente los tipos de la contratación temporal y reduzca la cotización de los contratos indefinidos.


15. Mejorar la competitividad a través de un pacto de rentas que incluya la moderación de salarios y retribuciones de ejecutivos, así como la reinversión del excedente empresarial y la evolución de precios. Estas medidas deberán
acompañarse de políticas en ámbitos como la sanidad, el transporte, la educación o la vivienda.


16. Presentar en el plazo de tres meses un Plan de atención para los españoles que buscan empleo o se han desplazado recientemente para trabajar en otros países, así como para su retorno. Este Plan contemplará, al menos,


• Una sistematización y difusión de información relevante a través de canales permanentemente actualizados sobre ofertas laborales, de primera experiencia profesional, becas, voluntariado, entre otras. Asimismo, estos canales de información
contendrán todos los aspectos relativos a los derechos relacionados con sus derechos laborales y cotizaciones sociales, así como las prestaciones que pudieran recibir, como las derivadas de la situación de desempleo, y la existencia de convenios
entre España y los países de recepción a efectos del reconocimiento de los derechos generados en el exterior.


• Una sistematización y difusión de información relevante a través de canales permanentemente actualizados sobre ofertas de empleo, de investigación, políticas activas, becas, prácticas laborales, entre otras, que favorezca el retorno.'


Propuesta de resolución núm. 23


Para promover un nuevo modelo energético.


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1 Impulsar un Pacto de Estado de la Energía a partir del diálogo de todas las fuerzas políticas y los representantes de la sociedad civil, para dotar a la política energética de una estabilidad mayor de la que ha tenido en los últimos años.
Las actuaciones en infraestructuras energéticas de generación, transporte y distribución son intensivas en capital y son decisiones a medio y largo plazo que requieren de una estabilidad que va más allá de la duración de una legislatura. Disponer
de un Pacto de Estado de la Energía es necesario para dar continuidad a las decisiones más estratégicas y separar el desarrollo del sector con independencia de los Partidos que formen Gobierno.


2. Potenciar la figura del regulador energético haciendo de éste un organismo independiente con capacidad normativa, de inspección, de sanción y de seguimiento de la política energética de forma eficiente, siguiendo el modelo mayoritario en
los Estados miembros de la Unión Europea.


3. Elaborar, en el plazo de un año, una prospectiva energética a largo plazo, en el marco de los análisis prospectivos realizados por la Unión Europea y por otros organismos internacionales de prestigio, fijando compromisos con el objetivo
de tener un sistema energético muy bajo en carbono y reducir drásticamente la alta dependencia energética que tiene nuestro país en 2050.


4. Elaborar una nueva planificación de infraestructuras de electricidad y de gas natural, un nuevo Plan de Energías Renovables y una nueva Estrategia Española de Ahorro y Eficiencia Energética,



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coherente con los objetivos de la política energética establecidos por la Unión Europea y con la prospectiva realizada.


5. Establecer definitivamente un modelo energético más sostenible tanto desde los puntos de vista económico, medioambiental y social, diseñado desde la perspectiva de la demanda de energía, basándose en la maximización del uso de las
fuentes energéticas renovables autóctonas, y en el fomento del ahorro y del uso eficiente de la energía mediante la aplicación de las mejores tecnologías energéticas disponibles.


6. Aprobar un nuevo marco normativo para el sector energético que restituya cuanto antes la seguridad jurídica en el sector de las energías renovables y que facilite la generación distribuida y el autoconsumo energético.


7. Aprobar un plan de apoyo integral a la generación eléctrica con energías renovables, no emisoras de carbono y energía primaria autóctona, y de apoyo empresarial a las empresas en este sector, al objeto de facilitar su proceso de
reconversión y minimizar la pérdida de empleo, capacidad inversora y capacidad tecnológica provocada por las medidas de ajuste adoptadas recientemente.


8. Mejorar el mercado eléctrico español, dándole una mayor robustez ante intentos de afectar su funcionamiento, haciéndolo más eficiente en la fijación de precios y facilitando la entrada de nuevos actores para garantizar la competencia y
dificultar las malas prácticas actuales, con una especial atención a la reforma de los mercados de ajuste y servicios complementarios.


9. Dotar a la política energética de la transversalidad que requiere, al tener muchos puntos de contacto con otras áreas de gobierno como son la económica, la ambiental, la fiscal, la urbanística, la internacional, la industrial, la de
empleo, la de formación, etc.


10. Realizar en los próximos seis meses una auditoría de costes del sistema eléctrico, para determinar fehacientemente los costes reales de las actividades de generación, transporte, distribución y gestión del sistema eléctrico, así como de
otros conceptos de coste imputados a la factura eléctrica como los costes por interrumpibilidad y similares.


11. Trasladar a los Presupuestos Generales del Estado el coste de las políticas sociales y territoriales que ahora se cargan sobre la factura eléctrica, especialmente los derivados de apoyos a la insularidad o a la generación con
combustibles fósiles como el carbón, al igual que los derivados de decisiones políticas pasadas, evitando así que su coste recaiga en los consumidores y/o las empresas eléctricas.


12. Diseñar un sistema de información energética para facilitar todos los detalles del funcionamiento técnico y económico del sector eléctrico con total transparencia y disponibilidad para los interesados.


13. Desarrollar un nuevo modelo de gestión de las redes de electricidad y gas natural que, además de asegurar el suministro y la calidad tanto del servicio como de los productos, tenga en cuenta la eficiencia económica.


14. Actuar en el sector de la edificación, garantizando la transposición de las directivas europeas sobre certificación y etiquetado de eficiencia energética y sobre la eficiencia energética de los edificios basados en edificios de consumo
de energía casi nulo. Es urgente la aprobación de un plan nacional de rehabilitación de edificios que impulse el ahorro y la eficiencia energética así como el uso de energías renovables.


15. Dada la dependencia energética de España, preservar las fuentes autóctonas de forma que contribuyan a asegurar la garantía de suministro. En el caso del carbón nacional, establecer un marco de estabilidad y certidumbre en el sector
mediante un nuevo Plan 2013-2018 acordado con los agentes sociales (sindicatos más representativos y empresas), culminar el procedimiento de pago de las ayudas contempladas en los PGE 2012 que permita la estabilidad en el sector de la minería así
como la actividad industrial vinculada, base de la economía en las Comarcas Mineras, establecer la continuidad de las restricciones para el consumo del carbón nacional y continuar con el impulso a los proyectos de captura y secuestro de CO2 que
permita la combustión limpia del carbón.'


Propuesta de resolución núm. 24


Unión Europea.


Los ciudadanos exigen a la Unión Europea una respuesta clara, contundente y con efectos contra la crisis. Una respuesta destinada a resolver sus problemas, el empleo, el empleo de los jóvenes, el mantenimiento de las prestaciones sociales,
y garantizar el crecimiento y la prosperidad. Ello exige



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cambiar y reforzar la actuación política de la UE frente a la crisis, una actuación hasta ahora concentrada en la austeridad sin crecimiento que ha venido agravando la profunda recesión económica que se registra en varios países de la Unión,
debilitando su cohesión interna, con los consiguientes efectos en el aumento del desempleo y el empobrecimiento de los ciudadanos, y sin que se haya logrado reforzar la capacidad productiva y de crecimiento, ni la competitividad de la economía
europea, que exigen para ello otras políticas y otra actitud en instituciones europeas como el Banco Central Europeo. Así mismo, los enormes recortes de gasto público que vienen adoptándose como consecuencia de las políticas de ajuste fiscal
adoptadas están poniendo en riesgo, o directamente desmantelando, los Estados del Bienestar construidos a lo largo de muchos años, como garantía de cohesión social, justicia e igualdad de oportunidades.


La esencia del modelo político de Europa es su modelo democrático, social y de derecho. Por ello, además de los avances que deben darse en la unión económica, fiscal, bancaria y monetaria, es imprescindible avanzar y apoyar hacia la Unión
Política incluyendo como elemento fundamental de la misma la Unión Social basada en la introducción de estándares sociales comunes, la prevención del dumping social, la mejora de la protección de trabajadores y de desempleados, la garantía y los
derechos en cuanto al acceso igualitario a los servicios públicos y sociales universales y de calidad, y la introducción de salarios mínimos dignos.


La negociación sobre el Marco Financiero Europeo cerrada por el Consejo Europeo el pasado día 8 de febrero supone un resultado malo para Europa y malo para nuestro país. Un presupuesto raquítico cuando más hace falta Europa. Un acuerdo que
no respeta lo que el anterior Gobierno alcanzó como atestiguan las regiones españolas que pasan a la categoría 'en transición' -Andalucía, Galicia, Castilla-La Mancha y Murcia.


El acuerdo no cumple ninguno de los objetivos que se marcó, es impropio para lo que la Unión Europea (UE) necesita en este momento, siendo además la primera vez que se aprueba un presupuesto menor que el anterior. Es un presupuesto
insuficiente para Europa, y no es cuestión de décimas, porque si se hubiera alcanzado el objetivo marcado por la Comisión con un par de décimas más del PIB de la UE tampoco se hubiera asegurado un Marco Financiero que contribuya a salir de la
crisis, articular políticas contracíclicas, modernizar la economía europea, ser competitivos, crear empleo, crecer e investigar para asegurar un futuro de prosperidad y cohesión social y territorial, y para evitar que Europa caiga en la irrelevancia
en un mundo globalizado.


El acuerdo alcanzado por el Consejo no contempla ninguno de los objetivos que el propio Parlamento Europeo se marcó, y estamos convencidos de que su voluntad será corregir el citado acuerdo. En realidad, los gobiernos habían renunciado
antes de cerrar la negociación a contar con un Marco Financiero determinante, a generar margen de actuación política allí donde todavía era posible -Europa-, en definitiva había asumido hacía mucho tiempo que Europa debía seguir atrapada en el marco
ideológico e institucional de la derecha. Por otra parte, el Gobierno todavía no ha explicado, entre otras cuestiones, que España pierde más del 30% (más de 11.000 millones de euros) de los fondos de cohesión.


Por todo ello se presenta la siguiente propuesta:


'1. El Congreso de los Diputados rechaza el Acuerdo sobre el Marco Financiero Europeo aprobado por el Consejo Europeo el pasado día 8 de febrero y espera que el Parlamento Europeo lo enmiende durante su tramitación y, en caso contrario, lo
vote en contra por no contemplar ninguno de los objetivos que el propio Parlamento Europeo se marcó.


2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que adopte las medidas necesarias para la modificación del Acuerdo sobre el Marco Financiero Europeo aprobado por el Consejo Europeo.


3. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a atender, conforme a la solicitud de comparecencia que ha sido dirigida al Presidente del Gobierno ante el Pleno de la Cámara para que informe con carácter monográfico sobre el Consejo
Europeo celebrado los días 7 y 8 de febrero, con el fin de explicar con la debida transparencia y detalle el acuerdo adoptado sobre el Marco Financiero 2014-2020 correspondiente, aportando cifras y datos objetivos, así como las cifras resumen para
todo el periodo y el cuadro global para todo el periodo en materia de ingresos y gastos, tanto para España como para el conjunto de la Unión Europea.



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En materia de Gobernanza económica.


4. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


- La puesta en marcha inmediata de un mecanismo de supervisión único europeo, bajo la autoridad del Banco Central Europeo, junto a un mecanismo de reestructuración y de liquidación bancaria única para toda la Unión, así como un sistema de
garantía de depósitos único a nivel europeo, financiado primordialmente por aportaciones de las propias entidades financieras.


- La adopción lo antes posible de la nueva regulación para garantizar un mayor control de las agencias de calificación privadas.


- Por otra parte, la Unión Monetaria debe ser reforzada con mecanismos que reduzcan la vulnerabilidad de sus miembros ante turbulencias externas, como la mutualización de deudas, a través de la introducción de Eurobonos emitidos por una
nueva Agencia Europea de Deuda, embrión de un verdadero Tesoro Europeo, y que de forma temporal emita deuda conjunta a corto plazo con el fin de rebajar los niveles de deuda por encima del 60% del PIB.


- El establecimiento de un pilar fiscal común y de un marco financiero y de política económica integrados que posibilite un retraso de hasta 5 años del objetivo del 3% para el déficit público, dependiendo de la situación económica de cada
estado miembro.


- La revisión del Pacto de Estabilidad introduciendo incentivos positivos durante todas las fases del ciclo económico y no solo en épocas de recesión.


- El establecimiento de un instrumento fiscal para el Euro que actúe como estabilizador ante choques asimétricos, y dotado con recursos propios recaudados de los Estados miembros del Euro o vía impuestos específicos para la Eurozona. Dicho
instrumento podría materializarse en la creación de un seguro de desempleo a nivel europeo, que complementaría los subsidios nacionales con unos determinados límites, de manera similar al sistema norteamericano.


- Articular mecanismos claros que avancen en la necesaria armonización fiscal y tributaria, así como la puesta en marcha de la Tasa sobre Transacciones Financieras.


- La Intensificación de la lucha contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales mediante la erradicación inmediata del secreto bancario, y la obligación de intercambio de información fiscal comprehensiva de manera automática para todos los
países de la UE, incluidos los territorios de ultramar.


- La elaboración de una lista europea de paraísos fiscales siguiendo criterios estrictos que, además de la transparencia y la cooperación tributaria, incluya aspectos relacionados con la regulación financiera y el control del lavado de
dinero. Los países incluidos en dicha lista quedarán excluidos de recibir ayuda europea, beneficios arancelarios y prohibición a la banca europea de mantener ningún tipo de relación financiera con ellos.


- La creación de un registro europeo obligatorio de trust, fundaciones y otras figuras legales, con información sobre cuentas, beneficiarios, intermediarios, gestores, fideicomisarios y fideicomitentes. Toda esta información será pública y
disponible para cualquier autoridad fiscal que la solicite.


- La obligatoriedad para las empresas multinacionales europeas o que operan en Europa de proporcionar información, país por país y proyecto por proyecto para todas las operaciones en el sector de las industrias extractivas.


- La aprobación definitiva y entrada en vigor de la Base Imponible Consolidada Común para las empresas que operan en la UE, que permita luchar efectivamente contra el uso de precios de transferencia ficticios en operaciones intra-empresa y
que les permiten aflorar los beneficios en las jurisdicciones más favorables fiscalmente.


- La unificación de la representación de los Estados Miembros de la Eurozona en una representación única del Euro en los organismos financieros internacionales.


Políticas de empleo, I+D+i, Pymes, Europa 2020, cambio climático, pesca.


5. El Congreso de los Diputados considera que la distribución del presupuesto de la Unión Europea debe basarse en la solidaridad y debe ser contemplado como un presupuesto de inversión y un instrumento para el crecimiento, destinado a
relanzar la economía y asegurar la cohesión social y territorial, priorizando la mejora del crecimiento y de la inversión para la creación de empleo. A cuyos efectos procede impulsar las siguientes acciones:



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- Asignar, en el marco de la Estrategia Europea 2020, un mayor volumen de recursos a la formación y educación a largo plazo, especialmente para luchar contra el desempleo juvenil y de larga duración, incorporando el instrumento de garantía
para los jóvenes, que incluya derechos sociales y combine formación e inserción laboral. La inclusión social de los jóvenes europeos identificarse como prioridad en todas las políticas pertinentes financiadas con cargo al presupuesto de la UE.


- El incremento gradual del presupuesto comunitario, hasta alcanzar el 3% del PIB de la UE a lo largo del periodo fijado por del Marco Financiero Plurianual de 2020-2026, reorientándolo decididamente hacia programas de I+D+i, tecnologías
limpias, apoyo a PYMES e infraestructuras para el crecimiento económico.


- Asignar al FSE (Fondo Social Europeo) el 25% de la financiación global de la política de cohesión para promover la empleabilidad y la inversión social. Debería reservarse el 20% de la financiación del FSE para la promoción de la inclusión
social y la lucha contra la pobreza, continuando con el programa de Ayuda a las Personas desfavorecidas.


- Aumentar la financiación en favor de la investigación y la innovación de las PYME, que promueva su competitividad y apoye la estrategia de la Unión Europea a favor de las pequeñas empresas.


- Mantener el esfuerzo en la financiación de las políticas orientadas a la innovación e investigación dentro de la Unión Europea, es clave para el éxito de la Estrategia 2020.


- Defender la necesidad de introducir en el desarrollo y aplicación del presupuesto de la Unión Europea, elementos que tengan en cuenta el esfuerzo realizado por los Estados para cerrar la denominada 'brecha tecnológica'.


- Apoyar la propuesta de la Comisión respecto a las medidas esenciales en materia de medio ambiente, cambio climático y biodiversidad en el conjunto del presupuesto de la UE con el fin de movilizar inversiones en favor de una economía
sostenible baja en carbono, impulsando la consecución de los objetivos de Europa 2020 respecto al clima, la energía, la eficiencia de los recursos y la biodiversidad.


- Asegurar que el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca refleje el conjunto de las prioridades de la UE para impulsar la financiación de una nueva política de pesca, que atienda la 'reconversión' del sector (ayudas para desguaces y
paralizaciones temporales, junto a la modernización de la flota, la innovación e investigación en materia de pesca, el fomento de la acuicultura así como la utilización de artes de pesca más respetuosos con el medio ambiente.'


Propuesta de resolución núm. 25


Para impulsar el crecimiento económico.


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Acordar con la Comisión Europea una política de consolidación fiscal más flexible que no restrinja nuestra capacidad de crecimiento e incorpore un objetivo de reducción del déficit creíble.


a) Alcanzar el objetivo de déficit del 3% en 2016.


b) Exclusión del cómputo en los objetivos de déficit público la financiación de proyectos de inversión pública y la política de estímulos a la internacionalización de las empresas españolas.


c) Promover, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, un acuerdo entre todas las Comunidades Autónomas que permita reequilibrar la distribución del objetivo de déficit público, con el fin de cumplir con realismo y eficacia el
objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto de las Administraciones Públicas, puesto que tiene inevitables consecuencias sobre las competencias que tienen asumidas las Comunidades Autónomas en materia de sanidad, educación y otros servicios
sociales como la dependencia.


2. Crear una Agencia Pública de Crédito para la Inversión con capacidad y medios adecuados para canalizar nueva financiación e impulsar el crecimiento y la creación de empleo, mediante la transformación del ICO y otras entidades existentes.


3. Fijar objetivos de crédito para pequeñas y medianas empresas y emprendedores en las entidades financieras que hayan recibido ayudas públicas y/o estén nacionalizadas.



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4. Crear un Fondo Público para la Financiación de las Empresas, el fomento del autoempleo y la iniciativa emprendedora dotado con más de 20.000 millones de euros en 2013. El objetivo es movilizar crédito para impulsar la reactivación de la
economía y el desarrollo de proyectos empresariales innovadores, mediante conciertos con las entidades financieras, a un tipo de interés bonificado. Se financiará la inversión de empresas exportadoras y, en su caso, las necesidades de liquidez.


5. Establecer nuevos instrumentos para facilitar el crédito a la economía real y proporcionar fórmulas de financiación no bancaria, para las pequeñas y medianas empresas.


a) Medidas para facilitar crédito a las pequeñas y medianas empresas exportadoras. Es imprescindible un programa de suficiente dimensión con intereses bonificados para su instrumentación a través de conciertos entre el ICO, en tanto se
procede a su reestructuración, y las entidades financieras. En materia de créditos a la internacionalización, establecer una línea de crédito específica para empresas de alta intensidad tecnológica que se quieran expandir en mercados
internacionales.


b) Potenciar vías alternativas de financiación no bancaria para empresas de menor dimensión. Para ello, se creará, con carácter urgente, un Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), que permita a las PYMES obtener financiación ante las
dificultades del sector financiero para conceder créditos.


c) Programa de mejora cualitativa de la oferta en el sector turístico.


d) Programa de inversión en el mantenimiento de las infraestructuras existentes y en la rehabilitación de edificios, supresión de barreras arquitectónicas y adaptación energética de acuerdo con los planes de eficiencia y ahorro energético
europeos, con el fin de detener el proceso de deterioro del sector de la construcción.


e) Planes específicos de impulso a nuestras principales ramas industriales y agroalimentarias.


6. Poner en marcha un programa de reformas ambiciosas que dinamicen y mejoren la competencia efectiva en el mercado de bienes y servicios con el fin de beneficiar al consumidor, reduciendo los precios y aumentando la calidad, con las
siguientes medidas de carácter regulatorio:


a) Mantener el modelo de organismos reguladores con la separación entre la regulación 'ex ante' en los sectores de la energía, telecomunicaciones y transporte respecto de la regulación 'ex post' que de forma horizontal aplica en exclusividad
la normativa de competencia en todas las actividades y sectores económicos.


b) Introducir mayor competencia efectiva e incrementar la transparencia en el sector de los carburantes con el objetivo de reducir los precios antes de impuestos de la gasolina y el gasóleo de automoción.


7. Apoyar la creación de nuevos proyectos empresariales, el autoempleo, el impulso de la economía social y el crecimiento del amplio tejido de PYMEs existente.


a) Seguir consolidando los derechos que establece el Estatuto del Trabajo Autónomo y continuar su desarrollo, así como de la economía social.


b) Desarrollar el Estatuto de Joven Empresa Innovadora (JEI) previsto en la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. La JEI deberá destinar al menos un 15% de su gasto a la I+D+i, tener menos de 6 años, y un plan de negocios
evaluado favorablemente por el CDTI.


c) Estatuto del Emprendedor Rural. Desarrollar un marco normativo e incentivos específicos para los jóvenes emprendedores en el ámbito rural que favorezca su asentamiento en el territorio.


d) Medidas de estímulo fiscal a la reinversión en acciones de consolidación y crecimiento empresarial.


e) Reforzar el estímulo fiscal a los llamados inversores de proximidad.


I. Complementar la exención de ganancias de capital introducida por el Real Decreto Legislativo 8/2011.


II. Regular la creación de fondos específicos de capital arranque y semilla en empresas de reciente creación, con incentivos fiscales.


III. Líneas de liquidez para proyectos de creación y consolidación de empresas con interés preferente.


f) Establecimiento de un programa común de todas las administraciones que reduzca el ámbito de las actuaciones vinculadas con el establecimiento y desarrollo de la actividad empresarial que están sometidas a licencia o autorización previa y
que, en todo caso:



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I. Simplifique trámites y evite duplicidades administrativas.


II. Establezca criterios homogéneos para todos los trámites relacionados con el inicio de la actividad empresarial.


III. Prevea una tramitación conjunta de todos los procedimientos subsistentes, sea cual sea su nivel administrativo y objeto.


IV. La nueva etapa de crecimiento precisa de empresas de mayor tamaño y más productivas, capaces de atender a mercados globalizados cada día más exigentes. Para ello se establecerá una reducción del 50% del Impuesto sobre Sociedades que
corresponda a la empresa resultante de una fusión entre empresas de tamaño inferior a 50 trabajadores siempre que se mantenga durante 8 años.


Apoyar a las empresas en la búsqueda de nuevas actividades y mercados distintos de los tradicionales.


g) Buscar los canales necesarios para que las grandes empresas multinacionales españolas, que ostentan el liderazgo internacional en sectores muy potentes, puedan actuar como elementos tractores de otras empresas ayudando a su
internacionalización.'


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de acuerdo con lo establecido en el artículo 197 del Reglamento de la Cámara, presenta 15 propuestas de resolución en el debate
de política general celebrado los días 20 y 21 de febrero de 2013.


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Propuesta de resolución núm. 26


A favor de acordar la celebración de una consulta en Catalunya.


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar un diálogo con el Govern de la Generalitat, en aras a posibilitar la celebración de una consulta a los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya para decidir su futuro.


Propuesta de resolución núm. 27


Regeneración democrática y transparencia.


El Pleno del Congreso de los Diputados considera urgente impulsar un amplio acuerdo político y social que contribuya, de manera efectiva, a superar el creciente clima de desconfianza ciudadana hacia los responsables políticos, ayudando a
afianzar los valores de la regeneración democrática y de la transparencia.


Entre las medidas concretas que deberían adoptarse se considera necesario:


a) Poner en funcionamiento la Oficina Presupuestaria de las Cortes Generales creada por la Ley 37/2010, de 15 de noviembre, con la finalidad de facilitar un mejor control de todas las partidas presupuestarias aprobadas y de su efectiva
ejecución.


b) Impulsar una reforma de la normativa reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular con la finalidad de facilitar su más rápida discusión y tramitación parlamentaria, eliminando obstáculos legales que actualmente dificultan que las
propuestas impulsadas desde la ciudadanía puedan debatirse en las cámaras parlamentarias de forma más ágil.


c) Impulsar una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que favorezca una mejor conexión entre los cargos electos y la ciudadanía, introduciendo mecanismos que permitan superar el actual sistema de listas cerradas y
bloqueadas.



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d) Extender el ámbito de aplicación de las nuevas normas de transparencia que se están impulsando a los partidos políticos, sindicatos de trabajadores, asociaciones empresariales y a todas las instituciones y entidades que se financian a
través de los Presupuestos Generales del Estado.


e) Regular de manera precisa los denominados 'lobbies', a partir de la definición de la propia Comisión Europea de todas aquellas 'actividades realizadas con el objetivo de influir en la formulación de políticas y los procesos de toma de
decisiones', garantizando la necesaria transparencia en el ejercicio legitimo del derecho que los representantes de la sociedad civil y las empresas tienen para poder acceder a las instituciones con el objetivo de trasladar sus intereses, recabar
información, defender su situación o solicitar cambios en la normativa que les afecta, especificando los límites de estas actividades.


f) Unificar criterios entre las distintas formaciones políticas para definir en qué momento procesal es oportuno que un cargo político deba apartarse de sus responsabilidades por estar inmerso en un proceso penal y dotar al Poder Judicial de
mayores medios y de un procedimiento más ágil para poder investigar y juzgar con mayor celeridad todos los casos de corrupción.


g) Publicar de manera periódica las Balanzas fiscales entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas con el objetivo de aportar transparencia a los flujos financieros entre las distintas administraciones, cumplir los
preceptos legales en este ámbito y evitar posiciones demagógicas que pretendan ocultar el elevado déficit fiscal que padecen determinados territorios.


Propuesta de resolución núm. 28


Rechazo de las políticas de ahogo fiscal, económico y competencial de la Generalitat de Catalunya.


El Congreso de los Diputados rechaza la política de ahogo fiscal, económico y competencial aplicada sistemáticamente en esta legislatura sobre las Comunidades Autónomas y particularmente sobre Catalunya, lo cual se concreta entre otras en:


- El impago a la Generalitat de Catalunya de lo establecido en la disposición adicional 3.ª del Estatut correspondiente a los ejercicios 2008 y siguientes.


- El incumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria por parte del Estado en lo que se refiere a la distribución de los objetivos de déficit entre administraciones, lo cual obliga a las Administraciones de las CCAA y de las
corporaciones locales, a efectuar ajustes presupuestarios mucho más severos que los aplicados a la administración central.


- El incremento de la presión fiscal por parte del Estado en IRPF, IVA, impuesto sobre sociedades, impuestos especiales, impuestos sobre la energía, absorbiendo el 100% de los incrementos de recaudación obtenida, sin compartirla con las
Comunidades Autónomas, a pesar de la difícil situación financiera de éstas, sin respetar los equilibrios de participación de las autonomías en determinados impuestos estatales, como son el IVA o los Impuestos Especiales.


- La reducción drástica de las transferencias del Estado a las administraciones autonómicas en temas tan relevantes como las políticas activas de empleo, las políticas de dependencia, las políticas destinadas a la integración de personas
inmigrantes, los programas de servicios sociales o el fondo de cohesión sanitaria, entre otros.


Propuesta de resolución núm. 29


Rectificar el ajuste social promovido por el Gobierno.


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a rectificar el carácter social del ajuste que está llevando a cabo el Gobierno en las Administraciones públicas, lo cual comporta:


1. Flexibilizar las exigencias de reducción del gasto a las Comunidades Autónomas, por ser éstas responsables de las principales políticas sociales: sanidad, educación y asuntos sociales, asumiendo la administración central este ajuste
mediante la racionalización de sus estructuras y de los entes que dependen de éstas.



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2. Volver a dotar a aquellas partidas presupuestarias de carácter social, destinadas a las Comunidades Autónomas, que han sufrido los principales recortes en el gasto por parte del Estado, y en particular:


- Las políticas activas de empleo ejecutadas por las Comunidades Autónomas.


- Los programas conveniados entre el Estado y las Comunidades Autónomas para la atención a la dependencia.


- El programa de servicios sociales, conocido como Plan Concertado, para financiar las prestaciones básicas de los servicios sociales de atención primaria.


- El fondo de apoyo a la acogida y la integración de inmigrantes, así como el programa de refuerzo educativo de los mismos


3. Priorizar la lucha contra la pobreza y en especial contra la pobreza infantil, para ello deberá:


- Formalizar el mandato parlamentario, recogido en la Proposición no de Ley firmada por todos los Grupos Parlamentarios sobre la reducción de la pobreza infantil, aprobada en el Pleno del Congreso de los Diputados, el pasado 19 de junio,
hace más de 8 meses.


- Crear dos Fondos extraordinarios al objeto de apoyar con recursos económicos las políticas que llevan a cabo las Comunidades Autónomas en materia de prevención y erradicación de la exclusión social y atención a las personas sin hogar, por
un lado, y de la pobreza infantil, por otro.


4. Impulsar la urgente aprobación de las medidas destinadas a paralizar los procedimientos de ejecución hipotecaria a los colectivos objetivamente vulnerables; facilitar la mediación para que las personas y familias en riesgo de ejecución
puedan tener una segunda oportunidad y permanecer en la vivienda; adecuar la legislación concursal para las personas físicas en situación de sobreendeudamiento; e impulsar la creación de un parque de viviendas públicas procedentes del SAREB que
deberán ser cedidas temporalmente a las Comunidades Autónomas y corporaciones locales con políticas sociales de vivienda.


5. Traspasar a la Generalitat de Catalunya la gestión de los recursos que deben ser destinados a fines de interés social, de acuerdo con la decisión ciudadana de señalar la casilla correspondiente al 0,7% al IRPF, dando así cumplimiento a
la Sentencia de la Sección Cuarta de la Sala del Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 8750/2011, relativa a las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, estimando en el Recurso de Casación 6507/2009 interpuesto por la
Generalitat de Catalunya.


6. Revisar las políticas de cooperación con el fin de asegurar el compromiso con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (OMD), la coherencia de políticas públicas con el desarrollo y la recuperación progresiva de las dotaciones
presupuestarias destinadas a la cooperación para el desarrollo.


Propuesta de resolución núm. 30


Facilitar la estabilidad presupuestaria de las Comunidades Autónomas.


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Facilitar el pleno cumplimiento de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. A tal fin, si el objetivo de déficit para el estado español en 2013 se mantiene en el 4,5% del PIB, se
deberá ampliar el objetivo de déficit atribuido a las Comunidades Autónomas hasta el 1,7% del PIB, porcentaje acorde en dicho año con la reducción del déficit estructural que deben cumplir las Comunidades Autónomas. En caso de que la Comisión
Europea incremente el objetivo de déficit para España, las Comunidades Autónomas deberán participar proporcionalmente de dicho incremento, situándolo por encima del 1,7%.


2. Garantizar que el aumento de recaudación derivada del alza de los tipos impositivos del IVA y de los Impuestos especiales que entraron en vigor el pasado 1 de septiembre se distribuya equilibradamente entre las Administraciones del
Estado y de las Comunidades Autónomas, modificando la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de



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régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía, para que la mayor recaudación obtenida por el alza de los citados impuestos no sea compensada con una reducción de las transferencias del Estado correspondientes al fondo de suficiencia,
tal y como ocurre en la actualidad.


Propuesta de resolución núm. 31


Plan de choque para la creación y el mantenimiento del empleo.


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar de forma urgente un Plan de Choque para la creación y el mantenimiento del empleo que contemple entre otras las siguientes medidas:


1. Aplicar una subvención equivalente a 5.000 euros o al 50% del salario mínimo interprofesional para todo empleo creado con carácter indefinido por parte de una PYME (empresas con facturación inferior a 10 M de euros).


2. Aplicar bonificaciones a la Seguridad Social del 90% el primer año, 75% el segundo año y 50% el tercer año, para aquellos emprendedores que pongan en marcha una nueva empresa, tanto para el trabajador autónomo como para los trabajadores
contratados.


3. Reforzar y cumplir los incentivos existentes para la inserción laboral de los jóvenes que buscan su primer empleo, principalmente a través de los contratos de formación, los de aprendizaje y las prácticas no laborales.


4. Permitir compatibilizar el trabajo a tiempo parcial al 50%, con la percepción parcial, al 50%, del seguro por desempleo.


5. Extender la capitalización al 100% de las prestaciones por desempleo para nuevos proyectos, con independencia de la edad del emprendedor.


6. Facilitar el mantenimiento de los empleos de trabajadores mayores de 50 años, así como la contratación de aquellos que estén en paro, a través de la reducción de sus cotizaciones a la Seguridad Social.


7. Extender y apoyar los planes de recolocación de empleo, tanto en los procesos de extinción de relaciones laborales como en los despidos individuales.


Propuesta de resolución núm. 32


Sanidad pública de acceso universal y adecuadamente financiada.


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Restablecer el modelo sanitario público basado en el derecho de ciudadanía para el acceso universal a la asistencia sanitaria primaria y de urgencias, en cumplimiento del artículo 43 de la Constitución, lo cual otorga el pleno respeto a
los derechos humanos en el ámbito de la atención sanitaria, a la vez que permite racionalizar el gasto, evitando el llamado 'turismo sanitario'.


2. Mejorar la financiación destinada a garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario, la cual incluye tanto el aumento del fondo de cohesión sanitaria, muy minorado en los últimos dos años, como respetar las decisiones de las
Comunidades Autónomas cuando articulen medidas destinadas a financiar sus servicios sanitarios.


Propuesta de resolución núm. 33


Fortalecer la justicia para que sea más ágil, eficiente y adaptada a la estructura constitucional del Estado.


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Impulsar las modificaciones legislativas y presupuestarias necesarias en el ámbito de la justicia para la consecución de una mayor eficiencia en el uso de los medios personales y materiales disponibles,



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lo cual deberá permitir una mejora de la capacidad de los juzgados y tribunales y, con ello, garantizar una justicia más cercana, eficiente y ágil, capaz de dar respuesta, en tiempo adecuado, a las demandas y protección de los derechos de
los ciudadanos.


2. Corregir la imposición de unas tasas que pueden llegar a vetar el acceso de los ciudadanos a la administración de justicia y traspasar los recursos, que por tal concepto se generen, a las administraciones responsables de la prestación
del servicio.


3. De acuerdo con lo dispuesto en el bloque de constitucionalidad, Constitución y Estatutos, y a los efectos de acercar la justicia al ciudadano, presentar el proyecto de ley de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial, para dar cumplimiento a la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de Reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya a los efectos de permitir que:


a) El Tribunal Superior de Catalunya sea, en su caso, la última instancia jurisdiccional de todos los procesos iniciados en Catalunya.


b) Se cree el Consejo de Justicia de Catalunya.


c) Se complete el traspaso de medios personales al servicio de la Administración de Justicia.


d) Se permita desarrollar plenamente la competencia de la Generalitat sobre la Oficina Judicial e instituciones y servicios de apoyo.


4. Traspasar a la Generalitat de Catalunya, para un eficiente ejercicio de sus competencias en materia de justicia y para favorecer el proceso de modernización de la misma, los cuerpos: administrativos, de médicos forenses y de secretarios
judiciales.


Propuesta de resolución núm. 34


Impulso de la actividad productiva mediante políticas sectoriales y políticas transversales.


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar el crecimiento y la competitividad de la actividad productiva mediante la implementación de políticas sectoriales y de políticas transversales, en coordinación con las Comunidades
Autónomas:


1. Impulso a las actividades de I+D+i. Recuperar el ritmo de crecimiento del gasto público productivo destinado a actividades de I+D+i, como instrumento básico de reactivación y competitividad, especialmente en el ámbito de la innovación,
lo cual deberá facilitar un cambio de modelo de actividad productiva; reforzar el apoyo fiscal a dichas actividades y de manera específica reconocer la figura del crédito fiscal; promover la llamada 'compra pública innovadora' y estimular el
desarrollo de instrumentos de financiación a la innovación, como el capital riesgo y los inversores de proximidad o los Business Angels.


2. Internacionalización: Promover las medidas necesarias para impulsar los procesos de internacionalización de las empresas, así como la financiación de los mismos, para ello:


a) Reducir los plazos efectivos de devolución del IVA por exportación.


a) Incrementar los recursos destinados a los organismos de financiación de los procesos de internacionalización, con especial atención a las PYMES


3. Apoyo al emprendedor. Impulsar un conjunto de medidas laborales, financieras, fiscales y de simplificación administrativa de apoyo a los emprendedores, a la consolidación y crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, así como a los
trabajadores que, entre otras, contemplen:


a) Medidas laborales destinadas a bonificar las cotizaciones sociales de los trabajadores autónomos y de las pequeñas empresas que creen empleo.


b) Medidas destinadas a facilitar financiación a los emprendedores que pongan en marcha proyectos empresariales y a la consolidación y crecimiento de pequeñas y medianas empresas. El impulso de las figuras del inversor de proximidad, el
mediador de crédito, las sociedades de garantía recíproca, los créditos participativos, el capital riesgo, las líneas ICO, ENISA, CERSA, CESCE, así como la reserva de crédito para pequeñas empresas por parte de las entidades financieras
beneficiarias de ayudas públicas, son algunos de los instrumentos que deben ser utilizados para facilitar su implementación.



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c) Medidas de simplificación administrativa tanto para los procesos de creación de empresa, como para los de mantenimiento de la actividad, así como la limitación de responsabilidades del emprendedor individual.


d) Medidas de ajuste fiscal, específicas para las pequeñas y medianas empresa que incluyan desde tipos reducidos menores que los actuales, hasta medidas como el pago del IVA en el momento del cobro, para evitar su impacto negativo sobre su
operativa, mientras subsista la elevada morosidad actual. Recuperar la aplicación del IVA reducido a los sectores que recientemente se les ha incrementado (cultura, ocio y deporte, flores y plantas, entre otras).


4. Políticas de apoyo a la financiación de las PYME entre las cuales se propone la articulación de un coeficiente de crédito aplicable en especial a las entidades receptoras de fondos europeos para la recapitalización del sistema financiero
español.


5. Política energética eficiente y sostenible a corto, medio y largo plazo. Urge articular una estrategia estable que permita:


a) Resolver el déficit de tarifa.


b) Implementar una estrategia energética española para el medio y largo plazo, así como su calendario.


c) Articular un marco estable para el sector con los objetivos de reducir progresivamente la dependencia energética, garantizar una alta calidad de servicio, avanzar en la eficiencia y ahorro energéticos, incrementar las interconexiones
eléctricas con nuestros países vecinos, diversificar las fuentes de producción contemplando las renovables y sin excluir ninguna fuente disponible.


d) Reconocer la especificidad de la cogeneración como factor de competitividad industrial.


e) Apoyar las actividades energéticas basadas en la biomasa.


f) Establecer una estrategia de apoyo a las energías renovables.


6. Política industrial. Impulsar una estrategia de apoyo a la industria que, en colaboración con las Comunidades Autónomas, establezca un protocolo de actuaciones destinadas a la reactivación industrial, en línea con los objetivos
establecidos por la Unión Europea, otorgando especial atención a la búsqueda de alternativas industriales en procesos de deslocalización. Entre otras medidas deberá contemplar:


a) La creación de un fondo de reestructuración para refinanciar empresas viables actualmente en crisis y con dificultades de financiación.


b) Promover planes específicos para la adquisición de determinados productos de consumo duradero, renovación de infraestructuras y otras actividades industriales que contribuyan a la reactivación sectorial, a la creación de empleo,
recuperación del consumo y mejora de la eficiencia energética.


c) Reforzar la coordinación entre los ministerios de Industria y Economía en todos aquellos temas en los que I+D+I constituye el eje de la política industrial sectorial y de internacionalización.


7. Política de aboyo al sector turístico desde la perspectiva financiera y administrativa, en particular:


a) Reordenando al regulación de la gestión de la propiedad intelectual respecto al sector, así como la resolución de las disputas en este ámbito.


b) Moderando el aumento de las tasa aeroportuarias.


8. Política de apoyo a la actividad comercial basada en el absoluto respeto a las competencias de las comunidades autónomas en materia de horarios comerciales.


Propuesta de resolución núm. 35


Reducción del gasto en la Administración Central. Reducir los gastos en defensa.


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a priorizar el ajuste presupuestario de la Administración Central en relación al ajuste que ya han venido efectuando las Comunidades Autónomas y las corporaciones locales en los últimos años. A
tal efecto, entre otras, insta al Gobierno a:



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- Articular un plan de ajuste de las estructuras administrativas y empresariales de los diferentes ministerios y entes dependientes de la Administración central.


- Reducir a los mínimos indispensables las estructuras administrativas de la Administración central, correspondientes a competencias que gestionan las Comunidades Autónomas como es el caso de cultura, sanidad, asistencia social o comercio
interior.


- Presentar un programa de reducción del gasto correspondiente al Ministerio de Defensa que contemple entre otros los siguientes puntos:


a) Revisión del número de efectivos necesarios de las Fuerzas Armadas para los próximos 15 años con la previsión de una reducción de plantilla para los próximos ejercicios presupuestarios.


b) Revisión de los Programas Especiales de modernización de Armamento estudiando la eventual cancelación o reprogramación de algunos de ellos, así como la renegociación de los pagos anuales destinados a hacer frente a las cuantiosas
obligaciones contraídas


c) Previsiones de racionalización y reducción de los bienes inmuebles con interés estratégico para la Defensa.


Propuesta de resolución núm. 36


Mejorar la calidad educativa.


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mejorar la calidad educativa consensuadamente con las administraciones competentes en el ámbito educativo y el conjunto de fuerzas parlamentarias y para ello insta al Gobierno a:


1. Retirar las disposiciones, del anteproyecto de ley para la mejora de la calidad educativa, que implican invasión competencial y discriminación lingüística del catalán y de aquellas que afectan al régimen lingüístico.


2. Abordar un pacto por la educación con las fuerzas parlamentarias y las administraciones competentes en materia educativa, que identifique los principales problemas de que adolece el sistema educativo y las medidas a adoptar.


3. Incrementar anualmente el número y cuantía de las becas y ayudas al estudio para equiparar, en el menor tiempo posible, la inversión del estado en becas a la media comunitaria. Traspasar a la Generalitat de Catalunya el pleno ejercicio
de gestión de las becas y ayudas con cargo a los presupuestos del Estado.


4. Corregir las medidas adoptadas por el Gobierno del Estado que impiden la sustitución del profesorado que se encuentra de baja durante las primeras dos semanas, ya que ello causa un efecto directo en el empeoramiento de la calidad
educativa de los centros.


5. Revisar la aplicación del IVA a las actividades educativas complementarias de la educación obligatoria, que se imparten en los centros educativos, con el fin de que sigan siendo actividades exentas y no se les aplique el tipo impositivo
del 21%.


Propuesta de resolución núm. 37


En defensa de la cultura, revisión de la fiscalidad del IVA, Proyecto de Ley de mecenazgo y financiación de las instituciones culturales de Barcelona.


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ejercer las competencias que efectivamente le corresponden en política cultural que, básicamente, son: la política fiscal de apoyo a la cultura, la política presupuestaria de apoyo a las
Comunidades autónomas y entidades locales en materia cultural y la financiación de las grandes infraestructuras culturales del Estado. A tal fin insta al Gobierno a:


1. Corregir el alza discriminatoria del IVA a las prestaciones de servicios culturales, que entró en vigor el 1 de septiembre, con el fin de aplicar un IVA reducido al sector cultural, tal y como ocurre en la mayoría de los países de la
Unión Europea.


2. Presentar, en el plazo de tres meses, un Proyecto de Ley de reforma de la Ley de mecenazgo, con especial atención a los incentivos fiscales al mecenazgo en actividades culturales.



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3. Hacer efectivo el pago al Ayuntamiento de Barcelona de los recursos presupuestados y no pagados en 2012 para la financiación de instituciones culturales del municipio, de acuerdo con lo previsto en el texto de la Carta de Barcelona en la
Ley orgánica 1/2006, de 13 de marzo, por la que se regula el régimen especial del municipio de Barcelona.


4. Hacer efectivo al MACBA el pago de la subvención de 1.665.000 euros aprobada en los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2012 y no pagados.


5. Confirmar el compromiso del gobierno con la financiación de los Juegos del Mediterráneo 2017 de Tarragona y facilitar la financiación público-privada de los mismos mediante la concesión de beneficios fiscales a las empresas privadas que
quieran invertir en los Juegos.


Propuesta de resolución núm. 38


En defensa de la democracia: mantener el gobierno local en manos de los ayuntamientos elegidos democráticamente.


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reformular el Anteproyecto de Ley de Bases de Gobierno Local con el fin de:


1. Garantizar que el alcalde elegido democráticamente siga siendo el máximo responsable del gobierno y de la gestión municipal, sin que ésta pueda ser sometida ni a las subdelegaciones del gobierno estatal ni a las diputaciones
provinciales. Ninguno de los dos organismos tiene la legitimidad democrática que provee la elección directa.


2. Reformar el sistema de financiación de las corporaciones locales con el fin de que tengan la suficiente autonomía para ejercer las competencias de proximidad asumidas en favor de sus ciudadanos.


3. Actualizar la asignación de competencias a los ayuntamientos incluyendo aquellas que la realidad les ha obligado a asumir, con el fin de facilitar la convivencia y la cohesión social en cada municipio.


4. Respetar las competencias de las CCAA en materia local y en especial las previstas en el Estatut de Autonomía de Catalunya quien debe desarrollar su propia ley del gobierno local acorde con la realidad municipal y que no se puede
conducir por el camino de la 'armonización' ni de la uniformidad.


Propuesta de resolución núm. 39


Más inversión pública productiva para Catalunya.


El Congreso de los Diputados constata la reducida inversión presupuestada y ejecutada anualmente en Catalunya, permanentemente en porcentajes inferiores al peso relativo de la población y del PIB catalanes en el conjunto del Estado. Para
corregir esta situación insta al Gobierno a:


1. Cumplir con la disposición adicional tercera del Estatut de Catalunya. En concreto, pagar a la Generalitat los importes correspondientes a la liquidación de los ejercicios 2008, 2009 y 2010, durante este ejercicio.


2. Cumplir los compromisos de inversión acordados con la Generalitat de Catalunya en el Plan de Cercanías 2008-2015, con inversiones previstas superiores a los 4.000 millones de euros de los que solo se ha ejecutado alrededor del 10%.
Iniciar de acuerdo con la Generalitat aquellas obras que se consideren más urgentes, empezando por la conexión ferroviaria de la Terminal 1 del Aeroport de El Prat y la instalación del sistema ERMTS en los túneles de Aragó y Plaça de Catalunya.


3. Acelerar la construcción del corredor ferroviario del Mediterráneo en ancho internacional para el transporte de mercancías, así como los accesos a los principales modos logísticos. Para ello, es necesario impulsar los tramos con un
mayor retraso en la planificación, especialmente los siguientes:


a) La finalización de las obras ferroviarias para desdoblar la vía entre Tarragona y L'Hospitalet de l'Infant.



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b) El inicio inmediato de la instalación del tercer raíl entre Castellbisbal y Tarragona, así como la licitación del tramo entre Tarragona y Valencia.


c) La licitación de las obras de los nuevos accesos viarios y ferroviarios de ancho internacional al puerto de Barcelona incluyendo la estación de mercancías proyectada.


d) La licitación de las obras necesarias para que el Puerto de Tarragona tenga una la conexión ferroviaria con ancho internacional destinado al transporte de mercancías hasta la frontera francesa (conexión Puerto de Tarragona-Castellbisbal y
resolución del cuello de botella existente entre Martorell y Castellbisbal).


e) La redacción de los estudios y proyectos constructivos de acceso ferroviario en ancho internacional a las principales áreas logísticas previstas.


4. Impulsar la finalización del Cuarto Cinturón de Barcelona (B-40), con el objetivo de culminar las obras entre Viladecavalls y Olesa de Montserrat durante el año 2015. Adecuar con urgencia los estudios de impacto ambiental.


5. Desdoblar la carretera N-II en la totalidad del tramo que discurre por las comarcas de Girona, concretamente desde Tordera hasta La Jonquera. Prohibir inmediatamente el paso de camiones por este tramo como medida de seguridad vial,
previa rebaja del peaje en dicha autopista.


6. Continuar el desdoblamiento de la N-340 en las demarcaciones de Barcelona y Tarragona, favoreciendo la movilidad con la rebaja transitoria de peajes en la AP-7, hasta la entrada de servicio de los nuevos tramos.


7. Impulsar los diferentes tramos de la A-27 entre Tarragona-Montblanc y los tramos pendientes de la A-14 (desdoblamiento de la N-230) entre Lleida-Frontera Francesa, estableciendo un calendario concreto de actuaciones en los próximos tres
meses.


8. Delegar a la Generalitat de Catalunya, en el plazo de 3 meses, la ejecución de las obras del Estado en Catalunya, incluyendo la realización de estudios de impacto ambiental en los casos que éstos sean necesarios.


9. Establecer el nuevo modelo de gestión de aeropuertos durante este año 2013, sobre las siguientes bases:


a) La participación determinante de representantes de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las administraciones locales y sectores económicos en los Consejos de Administración de sociedades de gestión individualizada de aeropuertos de
alto volumen de tráfico y especial complejidad en la gestión. Para el caso del aeropuerto de Barcelona, esta participación determinante se trasladará al Consejo de Administración de la sociedad filial responsable de la gestión de la concesión.


b) Traspasar los aeropuertos de Girona, Reus y Sabadell a la Generalitat de Catalunya, sin que ello comporte en ningún caso la posibilidad de dejar de realizar vuelos internacionales fuera del espacio Schengen.


Propuesta de resolución núm. 40


Por una política agraria común que de respuesta a las necesidades de nuestro sector agrario.


El recién acordado Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea para el periodo 2014-2020, pendiente de ratificación por parte del Parlamento Europeo, supondrá una reducción de los fondos agrarios destinados a la agricultura y ganadería,
afectando tanto a las ayudas directas de la PAC como a las medidas a favor del desarrollo rural. Ante este nuevo escenario, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a defender, en el marco de las negociaciones de la PAC:


- El establecimiento de medidas que permitan una aplicación menos onerosa de las reglas agro-ambientales para el sector, y en particular, medidas para evitar pérdidas en los cultivos permanentes afectados por las condiciones de pago verde o
greening.


- Al sector ganadero y, en particular, a la ganadería sin base territorial.



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- Alcanzar una PAC más adecuada a la singularidad y diversidad de la agricultura existente en el Estado español. Asimismo, en la nueva distribución del llamado 'cheque nacional' el Gobierno deberá tener en cuenta, nuevamente, las
especificidades de tejido agropecuario de cada Comunidad Autónoma.


- La fijación de criterios sobre la determinación de las superficies agrarias susceptibles de recibir fondos comunitarios que no comporten agravios comparativos entre los diferentes sectores.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) formula, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, las siguientes propuestas
de resolución.


Palacio del Congreso de los Dipulados, 22 de febrero de 2013.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Propuesta de resolución núm. 41


Autopistas en régimen de concesión.


La Constitución, en su artículo 148, apartado 1, cláusula 5.ª, permite a las Comunidades Autónomas asumir competencias sobre las carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad Autónoma.


El Estatuto de Autonomía para el País Vasco dispone, en su artículo 10, apartado 34, que en materia de carreteras y caminos, además de las competencias contenidas en el artículo 148.1.5.ª de la Constitución, las Diputaciones Forales de los
Territorios Históricos del País Vasco conservarán íntegramente el régimen jurídico y competencias que ostentan o que, en su caso, hayan de recobrar a tenor del artículo 3 de este Estatuto.


Justificada, por tanto, la atribución competencial al País Vasco en el origen histórico del régimen especial foral, puede el mismo implicar particularidades respecto de los principios generales que ordenan el entramado institucional y
competencial del Estado de las Autonomías. Esto se manifiesta en el respaldo, tras la previa modificación del catálogo estatal por el procedimiento previsto en la legislación de Carreteras del Estado (mediante la aprobación previa de un Real
Decreto por el que se segregan los tramos de autopista objeto de traspaso y se desclasifican como carreteras estatales de interés general), a la asunción por la Comunidad Autónoma del País Vasco de todos aquellos tramos de autopistas en régimen de
concesión que discurren por su territorio, independientemente de que continúen hacia otros territorios. Las STC 65/98 y 132/98 confirman la viabilidad de este traspaso.


Por todo lo anterior, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


Transferir a la CAV la competencia en Autopistas en Régimen de Concesión en los términos tanto jurídicos como económicos ya acordados en el año 2011.


Propuesta de resolución núm. 42


Ferrocarriles.


El traspaso de las funciones y servicios que el Estado presta en el País Vasco en relación con los ferrocarriles, se ampara en lo dispuesto en el apartado 32 del artículo 10 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, en el que se establece la
competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de ferrocarriles, transportes terrestres, marítimos, fluviales y por cable, sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución, y terminales de carga en materia de transportes.
Igualmente, en el apartado 9 de su artículo 12, establece la competencia de ejecución de la legislación del Estado en materia de ordenación del transporte de mercancías y viajeros que tengan su origen y destino dentro del territorio de la Comunidad
Autónoma, aunque discurran sobre las infraestructuras de titularidad estatal a que hace referencia el número 21 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución.



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Por su parte, la Constitución en su artículo 149.1.21.ª establece que el Estado tiene competencia exclusiva en materia de ferrocarriles que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma.


Por todo lo anterior, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


Transferir a la Comunidad Autónoma del País Vasco las funciones y potestades hasta ahora ejercidas por el Gobierno y la Administración del Estado sobre líneas, infraestructuras y servicios relacionados con el transporte terrestre por
ferrocarril cuyo itinerario discurra íntegramente por el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco.


En particular, la Comunidad Autónoma del País Vasco asumirá la titularidad y administración de las infraestructuras ferroviarias traspasadas, la construcción y, en su caso, la administración de nuevas infraestructuras ferroviarias
competencia de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como la regulación, explotación y gestión de la infraestructura, líneas y servicios ferroviarios que se desarrollen íntegramente en la Comunidad Autónoma.


Propuesta de resolución núm. 43


Transferencia prisiones a la CAV.


Resulta inadmisible el incumplimiento no solo reiterado, sino además infundado, de las competencias previstas en materia de prisiones a la Comunidad Autónoma del País Vasco en virtud de lo previsto en el artículo 10.14 del Estatuto de
Autonomía de Gernika en relación a la organización, régimen y funcionamiento de instituciones penitenciarias y en el artículo 12.1 relativo a la ejecución del ordenamiento jurídico estatal del Estado en materia de legislación penitenciaria.


Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno:


A la transferencia de la competencia exclusiva en el ámbito de las estructuras penitenciarias y a la competencia de ejecución de la política penitenciaria en virtud de las previsiones del Estatuto de Autonomía de Gernika.


Propuesta de resolución núm. 44


Políticas pasivas.


En materia laboral, el Estatuto de Gernika, a diferencia de la mayoría de Estatutos de Autonomía, refleja la especificidad de la autonomía financiera de las instituciones vascas y enuncia la capacidad de actuación pública en Euskadi con el
importante matiz de su orientación hacia dos objetivos generales: 'adecuar las condiciones de trabajo al nivel de desarrollo y progreso social' y 'promover la cualificación y formación integral de los trabajadores'.


Las expectativas que suscitó este contenido del autogobierno vasco se corresponden también con una notable peculiaridad en la composición de los agentes sociales empresariales y sindicales mayoritarios de ámbito vasco, así como en la
preponderancia del tejido productivo vasco de naturaleza industrial. Todos estos componentes confirman la presencia de un ámbito específico de relaciones laborales y hacen esperar de la importante capacidad gestora pública vasca la aportación de
políticas relevantes que incentiven e impulsen con fuerza la actividad económica.


Hasta el día de hoy, sin embargo, la mayor parte de estas potencialidades se han desarrollado de un modo parcial e imperfecto. Tras la transferencia de algunos servicios laborales básicos en la etapa pre-autonómica no ha habido continuidad
en la asunción de la mayor parte de funciones públicas que reflejan las Leyes.


Por lo que atañe a las políticas de protección social, el Estatuto de Gernika asume mayores capacidades que la mera gestión de recursos y el traslado de prestaciones a la ciudadanía.


En materia de seguridad social, el Estatuto de Gernika permite alcanzar el mismo grado de desarrollo y de garantía de las prestaciones sociales a la ciudadanía vasca. La asunción de la gestión económica del



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sistema, prevista en el Estatuto, implica compartir su financiación a través de convenios con las instituciones estatales, para cuya suscripción deben dimensionarse sendos compromisos de solidaridad que contribuirían a la estabilidad y
corresponsabilidad con el conjunto del sistema en el Estado.


Hay que tener en cuenta que el carácter unitario de la seguridad social en todo el Estado y su manifestación a través de la llamada 'caja única' del sistema no son obstáculos insalvables para que las instituciones vascas puedan asumir su
gestión territorial, incluida la garantía financiera de todas las prestaciones, tal y como contempla el Estatuto de Gernika.


En una situación económica como la actual disponer de todos los mecanismos posibles para poder luchar contra el desempleo y lograr una más eficaz gestión de los recursos desde una cercanía al ciudadano es fundamental.


En consecuencia, los ciudadanos de la CAV necesitan de las competencias e instrumentos del ámbito económico, laboral y financiero que a pesar de estar presentes en el texto estatutario de 1978 aún no se han transferido.


'El artículo 18.2.a) del Estatuto dispone que en materia de Seguridad Social corresponderá al País Vasco el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas que configuran el régimen económico de la
misma. Asimismo, dicho artículo, en su apartado 4, establece que la Comunidad Autónoma podrá organizar y administrar a tales fines, y dentro de su territorio, todos los servicios relacionados con las materias antes expresadas. En consecuencia, el
Congreso de los Diputados manifiesta que procede la transferencia a las instituciones vascas de las funciones y servicios dedicados a la gestión de las prestaciones por desempleo, incluyendo la gestión en todos sus ámbitos de los fondos procedentes
de las cuotas de empresarios y trabajadores para el desempleo.'


Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


Que en el plazo de tres meses alcance los acuerdos necesarios para proceder a las mencionadas transferencias.


Propuesta de resolución núm. 45


Cumplimiento del Estatuto de Gernika en materia de seguridad.


El Estatuto de Autonomía de Gernika establece en su artículo 17.1 que a las Fuerzas de Seguridad del Estado les corresponde en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca 'los servicios policiales de carácter extra comunitario y
supracomunitario, como la vigilancia de puertos, aeropuertos, costas y fronteras, aduanas, control de entrada y salida en territorio nacional de españoles y extranjeros, régimen general de extranjería, extradición y expulsión, emigración e
inmigración, pasaportes y documento nacional de identidad, armas y explosivos, resguardo fiscal del Estado, contrabando y fraude fiscal al Estado'.


La importante presencia de las FSE en Euskadi se ha venido justificando por la necesidad de combatir el terrorismo, explicándose de esta manera el incumplimiento del acuerdo contenido en el Estatuto de Gernika en materia de seguridad, que
encomienda a las instituciones del País Vasco mediante el proceso de actualización del régimen foral previsto en la disposición adicional primera de la Constitución, la protección de las personas y bienes y el mantenimiento del orden público dentro
del territorio autónomo. ETA ha declarado su voluntad de finalizar de manera definitiva con su actividad terrorista, ejercida durante décadas. Estamos en un nuevo tiempo lejos de las situaciones de excepcionalidad que desafortunadamente se han
tenido que vivir en Euskadi. Un nuevo tiempo sin la lacra del terrorismo ni la violencia callejera. Así lo ha entendido también el Gobierno al decidir la retirada de escoltas.


En estos momentos las FSE cuentan con aproximadamente 4.000 efectivos en el País Vasco, número a todas luces excesivo para desarrollar las labores que según el ordenamiento jurídico les corresponden. Aún más en tiempos de fuerte crisis
económica, en los que una readecuación del número de efectivos podría proporcionar medios suficientes para atender en condiciones tareas de seguridad fundamentales en otros lugares del Estado.



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Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


Que cumplimente el Estatuto de Gernika en materia de seguridad y proceda a una reducción de efectivos de las FSE en el País Vasco acorde con el mandato del ordenamiento jurídico, que les asigna los servicios policiales extra y
supracomunitarios, quedando encomendada la protección de las personas y bienes y el mantenimiento del orden público exclusivamente a la Ertzaintza.


Propuesta de resolución núm. 46


Administración Local.


El régimen local en Euskadi tiene una serie de marcadas singularidades que lo configuran como un sistema peculiar. Estas peculiaridades propias derivadas de los derechos históricos están garantizadas, en el marco constitucional y
estatutario, a través de la regulación prevista en la disposición adicional primera de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y de la Ley del Concierto Económico, que constituyen el marco normativo primario atributivo de competencias en esta
materia. Asimismo, en la disposición adicional segunda de la Ley de Bases del Régimen Local se establece una serie de modulaciones en la aplicación de la misma en la Comunidad Autónoma del País Vasco y, en particular, en los Territorios Históricos
vascos.


Este peculiar sistema de régimen local se manifiesta, también, en un régimen económico-financiero municipal diferenciado que ya ha tenido traslado a otras esferas de la política hacendística como es el ámbito de la estabilidad
presupuestaria, previendo la disposición final tercera, dos, de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, su aplicación sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley del Concierto Económico.


Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


Que el texto del Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local refleje expresamente la singularidad foral del entramado institucional vasco.


Propuesta de resolución núm. 47


Educación.


El anteproyecto de ley de educación (LOMCE) que ha elaborado el Ministerio de educación ha suscitado la alarma entre múltiples sectores educativos, se trata de un texto que pretende aplicar la misma receta a problemas y situaciones
diferentes, que es invasora de competencias autonómicas y que relega el papel de las lenguas propias de algunas Comunidades Autónomas a la marginalidad, además de no haber suscitado el suficiente consenso ni en la comunidad educativa ni entre las
diferentes opciones políticas representadas en la Cámara.


Dado lo anterior y teniendo en cuenta que en la educación es un sector que debería, en todo caso, precisar de un máximo consenso a la hora de su modificación.


Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


Retirar el anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa de manera que en su caso, se reelabore otro proyecto de ley sobre unas bases consensuadas con toda la comunidad educativa.



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Propuesta de resolución núm. 48


Tren de Alta Velocidad.


La Nueva Línea de Alta Velocidad Vitoria-Bilbao-San Sebastián-Frontera Francesa forma parte de la rama atlántica del Proyecto Prioritario núm. 3 de la Unión Europea, dando continuidad en territorio español a la línea
Madrid-Valladolid-Vitoria-Frontera Francesa.


Para su ejecución y tras el acuerdo formalizado en abril de 2006 entre la Administración General del Estado, el Gobierno Vasco y el ADIF, éste último se encarga de la redacción y ejecución de los proyectos de plataforma entre Vitoria-Gasteiz
y Bilbao y los correspondientes a la integración del ferrocarril en ambas ciudades y el Gobierno Vasco acomete la redacción de proyectos y la construcción de la plataforma en el ramal guipuzcoano desde el punto kilométrico 9,00 en Bergara hasta
Irún.


El tramo correspondiente a los accesos a Irún, no incluido en el Estudio Informativo de la 'Y' vasca y que forma parte de la conexión internacional, será desarrollado por el Ministerio de Fomento.


Está previsto asimismo que ADIF se encargue, además, del montaje de vía, electrificación, señalización, comunicaciones y resto de instalaciones en toda la línea.


Por lo que se refiere a los accesos a las capitales vascas, se encuentran realizados y definitivamente aprobados los Estudios Informativos de los Proyectos de Integración del ferrocarril en la ciudad de Vitoria-Gasteiz y de Acceso de la
Nueva Red Ferroviaria del País Vasco a Bilbao.


Por su parte, actualmente se están proponiendo las actuaciones que permitirán dar continuidad a través de la red actualmente existente a los trenes de alta velocidad y ancho de vía estándar hasta las estaciones de San Sebastián e Irún, así
como permitir su continuidad hasta Francia.


La conexión Burgos-Vitoria-Gasteiz se encuentra en fase de proyecto y carece de financiación.


Así mismo a enero de 2012, todos los tramos (17) cuya ejecución se encuentra encomendada al Gobierno Vasco están en obras o finalizados.


Esta línea, unirá entre sí, por Alta Velocidad, las tres capitales de la Comunidad Autónoma Vasca y acercará a Euskadi al resto de la península y a Francia, siendo en este sentido un proyecto estratégico en orden a la mejora de su
conectividad terrestre.


Por todo lo anterior y al objeto de avanzar en los trabajos que permitan la puesta en marcha de la infraestructura, que por otra parte ya acumula importantes retrasos,


Por todo ello el Congreso de los Diputados insta al Gobierno:


1. A efectos de no demorar en exceso la puesta en funcionamiento de la Y Vasca, formalizar una nueva encomienda de gestión entre la Administración del Estado, el ADIF y el Gobierno Vasco, para que este último asuma la ejecución del
proyecto, en todo o en parte, del tramo alavés y vizcaíno cuya gestión actualmente corresponde al Gobierno central, acordando para ello los mecanismos de financiación necesarios, en el marco del acuerdo económico-financiero entre la Comunidad
Autónoma del País Vasco y el Estado español.


2. Impulsar compromisos de colaboración entre todas las Administraciones Públicas implicadas e instrumentalizarlos bajo la fórmula jurídica que se determine, al objeto de coordinar y ejecutar las actuaciones precisas para el desarrollo y
ejecución de los proyectos de acceso del TAV a las tres capitales vascas.


3. Agilizar la redacción del Proyecto y ejecución de la Plataforma del TAV Burgos-Vitoria-Gasteiz, mediante la priorización y habilitación de los créditos presupuestarios precisos para su puesta en marcha a la mayor brevedad posible.


Propuesta de resolución núm. 49


Impulso a plataformas logísticas de Jundiz y Arasur y al aeropuerto de Foronda.


Las plataformas logísticas de Jundiz y Arasur, ubicadas en el Territorio Histórico de Araba, constituyen infraestructuras óptimas para el desarrollo de la totalidad de las actividades relativas al transporte, la logística y la distribución
de mercancías, tanto para el tránsito estatal como para el internacional, requeridas por el Puerto de Bilbao. Carece, por tanto, de sentido económico crear nuevas plataformas en las proximidades.



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Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


- Activar los mecanismos oportunos en orden a que el Puerto de Bilbao acuerde la utilización prioritaria como Puerto seco de las infraestructuras logísticas ya construidas y en funcionamiento de Jundiz y Arasur.


- Que revise el Plan de viabilidad del aeropuerto de Foronda de manera que sea considerado como parte de la infraestructura logística de mercancías.


Propuesta de resolución núm. 50


Televisiones autonómicas.


El Siglo XXI es el siglo de la comunicación. Hoy en día es posible desde cualquier lugar acceder a cadenas televisivas que emiten desde cualquier parte del mundo. En efecto, la televisión cumple una función esencial en el ámbito
informativo, cultural y lingüístico. Es, sin duda, un pilar de la libertad individual y de expresión.


Sorprendentemente, en algunas partes del territorio del Estado español se impide conscientemente la captación de algunas cadenas de televisión. Dicha actitud es contraria al acervo y espíritu de los derechos de los ciudadanos recogidos en
la Constitución y la legislación internacional.


Por todo ello, el Congreso de los Diputados manifiesta que la recepción libre de emisiones de televisión constituye un aspecto irrenunciable en el ámbito de la libertad personal y la de expresión y, en consecuencia, muestra su rechazo a
aquellas actuaciones tendentes destinadas a limitar la captación de señales televisivas.


Instando, asimismo, al Gobierno a que utilice todos los mecanismos e influencia a su alcance ante otras instancias institucionales a fin de posibilitar que lo expresado anteriormente sea una realidad.


Propuesta de resolución núm. 51


I+D+i.


La actual crisis financiera y los recortes sin precedentes en los programas de investigación y desarrollo aprobados por el Gobierno actual pueden dar el último golpe final al sistema de ciencia. La nueva caída de la inversión en I+D
prevista en los presupuestos de 2013, sitúa el esfuerzo en ciencia y tecnología por debajo de los 6.000 millones de euros al año, similar a 2005.


El Gobierno nada a contracorriente y se pone de manifiesto la urgencia de impulsar la innovación y la I+D, ahora más que nunca como pilares de un necesario nuevo modelo productivo de la economía, tal y como están haciendo los principales
países de nuestro entorno.


Tanto los resultados de los indicadores como la opinión de diversos expertos señalan que los efectos de la crisis ya están incidiendo claramente en el deterioro del sistema de ciencia, tecnología e innovación.


El trabajo realizado en época de bonanza consiguió crear un pequeño sistema de innovación que ha demostrado ser consistente y que es necesario conservar, porque tendrá que ser la base de la competitividad futura.


En Euskadi, los Centros Tecnológicos tienen por objeto la generación, captación y transferencia de un conocimiento científico-tecnológico que contribuya a mejorar la competitividad del tejido empresarial en un entorno global. Para ello,
fomentan la innovación y la excelencia mediante la especialización y la coordinación e integración de capacidades científico-tecnológicas de los socios. Han sido un actor clave para conseguir que la Comunidad Autónoma del País Vasco cuente con una
red científico-tecnológica coherentemente estructurada y con un tejido económico y social competitivo a nivel global.


El Príncipe, en su reciente visita a Tecnun en Euskadi, dijo: 'Quiero destacar la especial sensibilidad que esta tierra ha tenido siempre con la I+D+i'.



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Siendo pues clave el impulso o al menos el mantenimiento de los gastos públicos en I+D+i, el Grupo Vasco, en aras a mejorar la productividad y competitividad del sistema económico y dar salida exitosa de la crisis, solicita que, por todo
ello, el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a:


Recuperar lo antes posible los niveles de inversión en I+D+i anteriores a la crisis. Como inicio de este camino se propone la ampliación de los créditos presupuestarios en este mismo Ejercicio por importe de 2.000 millones de euros, con
cargo a las reasignaciones de otras partidas menos prioritarias.


Propuesta de resolución núm. 52


Fomento del empleo juvenil.


Actualmente y como resultado directo de la crisis económica, el 54% de los jóvenes menores de 30 años se encuentra en situación de desempleo.


Un despilfarro de capital humano imperdonable al que hay que añadir innumerables dramas personales y familiares.


La situación requiere la adopción de medidas firmes, y la utilización del mayor número de recursos disponibles. Unos recursos que se verán ampliados por los recientes acuerdos alcanzados en el seno de la Unión Europea para el período
2014-2020.


Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Fomentar e incentivar las fórmulas de incorporación de las personas en calidad de socios trabajadores y de trabajo en sociedades cooperativas y laborales, al ser éstas fórmulas de autoempleo colectivo, alternativas generadoras de empleo
en épocas como la actual.


2. Fomentar las Sociedades de Garantía Recíproca, con el objetivo de promover el acceso al crédito de autónomos, jóvenes y entidades del tercer sector en condiciones preferentes.


3. Impulsar la formación certificable, el reconocimiento de la experiencia laboral, así como la oferta en teleformación.


4. Adaptar a las competencias requeridas por las empresas en el ámbito de las TIC las cualificaciones profesionales actuales, utilizando para ello los canales de comunicación con el sector privado para realizar el análisis requerido.


5. Incorporación de la formación dual tal como está esta configurada en los países de la UE con menor porcentaje de desempleo juvenil.


Propuesta de resolución núm. 53


Ley tasas judiciales.


Resulta manifiestamente injusto limitar el derecho a la tutela judicial efectiva, derecho fundamental, a personas que no respondan de recursos económicos suficientes para litigar y hacer valer sus derechos.


Con la actual Ley 10/2012, de 20 de noviembre no se garantiza el contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva, impidiendo su sometimiento de este derecho fundamental a contraprestaciones económicas de tal dimensión que
impidan el ejercicio del mismo por muchos ciudadanos, devaluándose la universalidad de este derecho.


Con esta propuesta de resolución se pretende evitar, por otra parte, la propia noción de tasa, que en su dimensión tributaria supone la exacción de una cantidad económica a un ciudadano por la obtención de un beneficio que le proveen los
poderes públicos, y no la fuente nutriente de un servicio público general como la justicia gratuita.


Además, esta Ley ha provocado el rechazo más absoluto de todos los operadores jurídicos, el CGPJ, la organización colegial de la abogacía, la organización colegial de la procura, la organización colegial notarial y todas las organizaciones
de consumidores y usuarios.



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Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


Iniciar un proceso legislativo para derogar la actual Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.


Propuesta de resolución núm. 54


Pensiones de viudedad.


En relación a la pensión de viudedad, el requerimiento de suficiencia de la cuantía de protección de esta contingencia obliga a incrementar el porcentaje de cálculo para determinar su pensión hasta el 70% de las rentas, retribuciones o
pensión del cónyuge o pareja de hecho fallecido. Cualquier otra alternativa provocaría la desnaturalización del carácter contributivo de dicha prestación. En la protección de esta contingencia resulta mucho más relevante establecer un justo y
equitativo régimen de incompatibilidades con otras rentas o prestaciones.


Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


Proteger la contingencia de viudedad aplicando el 70% a la renta, retribución o pensión del cónyuge o pareja de hecho fallecida, siempre que esta prestación fuera la única fuente de ingresos de la persona beneficiaria de la pensión de
viudedad.


Propuesta de resolución núm. 55


Dependencia.


La Ley para promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia quiso constituir un hito, elevando a la categoría de derecho subjetivo las necesidades de las personas dependientes, intentando, además, poner el acento en las tareas
de prevención. Se trataba de hacer realidad el deseo de convertir los servicios sociales en el cuarto pilar del Estado del Bienestar, junto con la Educación, la Sanidad y el Sistema de Prestaciones (pensiones).


Esta Ley establecía tres niveles de protección, o tres niveles de financiación, por parte de las Administraciones Públicas:


- El nivel básico, aquella aportación que debería realizar la Administración General del Estado a las Comunidades Autónomas para el desarrollo de la Ley en función de las personas dependientes.


- El nivel acordado que se plasmaría en acuerdos entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas para cofinanciar los servicios y prestaciones previstas en la Ley.


- El nivel adicional que es la aportación que hace cada Comunidad Autónoma de su propio presupuesto con el fin de mejorar la cartera prevista en la Ley y desarrollos posteriores.


La realidad que se está viviendo con respecto a esta Ley con las expectativas que generó, es decepcionante. Recortes en las prestaciones, ampliación de plazos de ejercicio de derechos, retrasos en el cobro de muchas organizaciones
prestadoras de servicios.


Una decisión que, sin duda, ha contribuido a la creación de esta sensación, es la supresión unilateral por parte del Gobierno del Estado del Nivel Acordado de Protección, fuente importantísima de financiación del Sistema, que ha quedado
suprimida.


Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


Que articule las medidas necesarias para que las Comunidades Autónomas puedan recibir de la Administración General del Estado los fondos económicos que se puedan contemplar en el nivel acordado previsto en la Ley para la promoción de la
autonomía personal y atención a la dependencia.



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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, formula
siguiente propuesta de resolución contra la criminalización de las movilizaciones ciudadanas.


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2013.-Chesús Yuste Cabello, Joan Coscubiela Conesa y José Luis Centella Gómez, Portavoces Adjuntos del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


Propuesta de resolución núm. 56


En los 14 meses de Gobierno del Partido Popular, hemos asistido al mayor número de huelgas, movilizaciones ciudadanas, manifestaciones, concentraciones y protestas de colectivos sociales, ampliamente secundadas por la ciudadanía, contra las
políticas de recortes de derechos y privatizaciones de servicios públicos, que han afectado gravemente a las condiciones de vida de la mayoría social. Más de 36.000 movilizaciones y concentraciones, comunicadas y no comunicadas reportadas por todas
las Delegaciones de Gobierno (según los datos del propio Ministerio del Interior en respuesta a la pregunta formulada por el Diputado de este Grupo Parlamentario, Ricardo Sixto)


Casi seis millones de personas desempleadas, incremento de la pobreza, y especialmente de la pobreza infantil, recortes en educación, sanidad, justicia, las exigencias de una democracia real, la corrupción política y un parlamento aislado,
'enjaulado', que es símbolo de la desconexión con los problemas que acucian a los ciudadanos día a día, han dado lugar a un incremento de las protestas ciudadanas y las movilizaciones sociales que han tenido como respuesta actuaciones policiales que
han arrojado como resultado un número considerable de ciudadanos detenidos, y también fruto de las cargas policiales se han registrado importantes lesiones en ciudadanos, tanto que participaban en las movilizaciones como transeúntes, así como en
agentes de policía.


En numerosas ocasiones el detonante de las cargas policiales fueron las identificaciones indiscriminadas de las personas que pacíficamente estaban expresando su rechazo a las políticas del Gobierno.


Estas actuaciones policiales han dado lugar en numerosos expedientes sancionadores iniciados por las Delegaciones del Gobierno, en todo el territorio, contra las personas que se manifestaban pacíficamente y en muchos casos de personas que ni
siquiera participaban en las mismas.


Además, hemos escuchado, con gran preocupación e indignación, a Cristina Cifuentes (Delegada del Gobierno en Madrid) declarar que 'se tiene localizado a un grupo de entre ochocientas y mil y pico personas que están en todo y son los que
provocan los incidentes'. La posible existencia de 'listas' de personas por su asistencia a concentraciones, manifestaciones y demás actos y movilizaciones, denunciada en Madrid, Córdoba, entre otras muchas ciudades, es incompatible con un Estado
democrático.


Por otro lado, tampoco se ha dado respuesta a las demandas para que los agentes de policía lleven su preceptiva identificación visible en cada una de las intervenciones, al igual que resulta preocupante el elevado número de identificaciones
indiscriminadas en las mismas, con efectos intimidatorios y/o criterios de productividad inaceptables.


Del mismo modo, se puede observar cierta discrecionalidad e improvisación de un buen número de intervenciones policiales, con efectos negativos en todas las partes, y que parecen tener como objetivo lanzar un mensaje claro, intimidatorio, de
tolerancia cero, con las próximas convocatorias y movilizaciones ciudadanas.


Por último, resulta reseñable que en este contexto de incremento de la movilización ciudadana, diversas organizaciones de defensa de defensa de los Derechos Humanos (como Amnistía Internacional) están denunciando la desproporcionalidad de
las actuaciones policiales en dichas movilizaciones.


Incluso por la forma de proceder en las referidas intervenciones policiales podría decirse que existe una orden para la represión sistemática del movimiento ciudadano de protesta.


Nuestro Grupo Parlamentario ya tuvo oportunidad de mostrar su preocupación en la primera comparencia del Ministro del Interior por la reacción policial ante un previsible clima de movilización e incremento de la conflictividad social
derivado de la política de recortes que se está llevando a cabo, pero hasta el día de hoy no se han tomado medidas desde el Gobierno. En este primer Debate sobre el Estado de la Nación de la legislatura no se puede pasar por alto esta situación
alarmante; y en este sentido, presentamos la siguiente propuesta de resolución.



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El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Paralizar los expedientes sancionadores iniciados contra ciudadanos supuestamente relacionados con las movilizaciones ciudadanas, bien participando en las mismas de forma pacífica o, en algunos casos, sin ni siquiera participar en las
mismas.


2. Poner fin a la práctica de elaborar 'listas o ficheros' de personas participantes en las manifestaciones, concentraciones o acciones de protesta contra las políticas del Gobierno.


3. Elaborar un Protocolo específico que regule y acote las intervenciones policiales en manifestaciones y acciones de protesta organizadas por los movimientos sociales o ciudadanos de protesta garantizando con mayor amplitud los derechos de
manifestación, reunión y libertad de expresión.


4. Adoptar las medidas necesarias para garantizar la obligatoria identificación de forma clara y visible de los miembros de las fuerzas de seguridad, y su obligación de identificación cuando así lo soliciten los ciudadanos con respecto a la
actuación policial.


5. Garantizar que las identificaciones policiales y cacheos en el ámbito de las movilizaciones ciudadanas se reduzcan a las previsiones legales, evitando el uso de esta práctica con fines intimidatorios.


6. Promover la modificación de la Ley 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen Disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía para establecer como falta disciplinaria la negativa a identificarse por parte de un agente.


7. Adoptar las medidas necesarias para la regulación e instalación de videocámaras en todas las dependencias policiales para la grabación en video y audio de las actuaciones.


8. Adoptar las medidas oportunas para posibilitar la grabación de todas las actuaciones policiales en los dispositivos desplegados para las movilizaciones sociales o actos de protesta ciudadana.


9. Promover las reformas legales oportunas y adoptar las medidas necesarias para establecer un procedimiento de investigación sistemático ante posibles extralimitaciones en las actuaciones policiales, tanto por parte de agentes de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como de las Delegaciones del Gobierno, y, en su caso, exigir las responsabilidades que procedan.


10. Adoptar a la mayor brevedad las medidas necesarias para garantizar la prohibición total del uso de escopetas de pelotas de goma por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, al amparo de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, formula la siguiente propuesta de
resolución sobre defensa de los derechos sociales.


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2013.-Chesús Yuste Cabello, Joan Coscubiela Conesa y José Luis Centella Gómez, Portavoces Adjuntos del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


Propuesta de resolución núm. 57


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


Prevención y lucha contra la pobreza.


1. Aprobar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, un Plan Estatal de Emergencia contra la pobreza y la exclusión social 2014-2020 en el marco de la Estrategia Europea 2020 y cuyos objetivos sean medibles, evaluados y actualizados
anualmente y que incluya, entre otras medidas:


a) un Plan Nacional contra la Pobreza Infantil.


b) una Renta Básica de Ciudadanía garantizado en todo el país como derecho subjetivo, partiendo de las Rentas Básicas de Inserción de las Comunidades Autónomas.


c) incrementar las dotaciones necesarias para que los albergues de acogida para personas sin hogar puedan afrontar las nuevas necesidades generadas por la crisis económica y el desempleo.



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2. Dotar a las entidades locales de los medios suficientes para


a) reforzar las ayudas de urgente necesidad a personas y familias para atender necesidades básicas


b) proporcionar becas de comedor escolar a todos los niños y niñas de familias sin recursos suficientes.


3. Asumir las medidas contenidas en la Iniciativa Legislativa Popular presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), desde la consideración de la vivienda como bien básico no sujeto a especulación.


4. Asegurar la integración de las personas extranjeras con igualdad de derechos sociales.


5. Reconocer y regular el papel esencial que juega el Tercer Sector de Acción Social (TSAS) en las políticas de inclusión.


Sanidad.


6. Derogar el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, que cambia el modelo universal del Sistema Nacional de Salud por un modelo de seguro, recuperando el consenso sobre el sistema sanitario público.


7. Completar y garantizar en España la cobertura sanitaria universal y gratuita para el conjunto de la población.


8. Derogar la Ley 15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del SNS que está siendo utilizada como palanca para la privatización del sistema sanitario a manos de oligopolios privados, a pesar de la oposición de
los profesionales y de la ciudadanía.


9. Exigir a las Comunidades Autónomas de Madrid y de Cataluña la devolución del euro por receta cobrado ilegalmente a los pacientes.


10. Sustituir el copago uniforme de ortoprótesis por una escala de participación en función de la renta y del producto.


11. Destituir a la actual Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por su responsabilidad en el cambio de modelo, la pérdida de liderazgo y prestigio del Sistema Sanitario Público y la no asunción de responsabilidades políticas y
éticas.


Servicios Sociales.


En colaboración con las Comunidades Autónomas:


12. Consolidar el sistema de servicios sociales como el cuarto pilar del sistema de protección social, contando con los recursos adecuados.


13. Rectificar mediante Real Decreto-Ley las medidas más lesivas sobre la aplicación en sus términos originarios de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia (LAPAD), dotando todos
los recursos recogidos en dicha Ley, cumpliendo en materia de plazos de resolución de expedientes, y dando cobertura a los derechos de los colectivos con dependencia y de sus personas cuidadoras, asegurando que se desarrollen los servicios públicos
en el sector de los cuidados y de atención a las personas, con priorización a los colectivos con dependencia, garantizando las condiciones laborales y salariales dignas de las personas cuidadoras.


14. Reponer la partida del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales e incrementar su cuantía, para mantener y completar la red de servicios sociales básicos.


15. Restablecer el Programa de Teleasistencia Domiciliaria.


Justicia.


16. Derogar de inmediato la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.


17. Promover la reforma de la Ley de 18 de junio de 1870 modificada por la Ley 1/1988 de 14 de enero, por la que se modifica la ley de 18 de junio de 1870, estableciendo reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto, con el fin de
excluir del ámbito del indulto los delitos graves (estafa, apropiación indebida, insolvencia punible, alzamiento de bienes, blanqueo de dinero; delitos masa; delitos societarios, contra la Administración Pública y la Hacienda Pública;
malversación y fraude; prevaricación urbanística; tortura; delitos electorales y delitos ecológicos); para que en los Reales Decretos de otorgamiento de



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indulto, se recojan las referencias al concreto delito cometido, al grado de ejecución alcanzado, al título de imputación, la pena efectivamente indultada, el origen de la solicitud del indulto y el motivo que lo justifica; y para que, en
caso de informe desfavorable del Tribunal sentenciador, el Gobierno deba someter la petición de indulto a una Comisión Mixta Parlamentaria, compuesta por representantes parlamentarios y del Consejo General del Poder Judicial, para que emitan informe
vinculante para el Ejecutivo.


18. Garantizar en la reestructuración de los partidos judiciales la accesibilidad y el derecho a la tutela judicial de los más débiles y de las comarcas deprimidas.


19. Acometer las reformas legales oportunas que permitan la supresión de la Jurisdicción Militar, y el traspaso de competencias y funciones, en tiempo de paz, a la jurisdicción ordinaria.


20. Programar las inversiones necesarias para que España se acerque a la media de jueces por cada 1000 habitantes que actualmente existen en los países de la Unión Europea.


Propuesta de resolución núm. 58


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, al amparo de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, formula siguiente propuesta de
resolución sobre infraestructuras, acuerdos y demandas pendientes de desarrollar en Aragón.


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2013.-Chesús Yuste Cabello, Joan Coscubiela Conesa y José Luis Centella Gómez, Portavoces Adjuntos del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


Propuesta de resolución


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Dar cumplimiento a los preceptos recogidos en el Estatuto de Autonomía de Aragón, singularmente los referidos a los mecanismos de bilateralidad Aragón-Estado y a los asuntos económico-financieros, priorizando en especial la puesta en
marcha del acuerdo bilateral de financiación recogido en el artículo 108.


2. Respetar, en cualquier reforma de la administración local que pueda plantearse, la singularidad territorial y demográfica aragonesa, la autonomía municipal y las competencias del Estatuto de Autonomía de Aragón, así como garantizar la
financiación adecuada de los servicios que prestan los municipios, manteniendo los servicios públicos y la representación democrática.


3. Respetar el acuerdo unánime de las Cortes de Aragón mediante el cual, conscientes de la amenaza para la salud, el clima y el medio ambiente de la fractura hidráulica como método para la extracción de gases no convencionales, se declara
Aragón 'territorio libre de fracking'.


4. Declarar como Obligación de Servicio Público de los servicios ferroviarios que se prestan actualmente en Aragón en el marco del Plan de racionalización de los servicios ferroviarios aprobado por el Ministerio de Fomento, abandonando
cualquier tipo de medida que pueda suponer la supresión de líneas de ferrocarril convencional y trabajar para mantener en servicio público los servicios que existen actualmente en Aragón, que sean estructuralmente necesarios, aunque la demanda no
sea suficiente, negociando la elaboración de un convenio de colaboración, entre la Comunidad Autónoma de Aragón, RENFE y cualesquiera otros operadores, que asegure unos servicios ferroviarios adecuados.


5. Formalizar con el Gobierno de Aragón un convenio específico para impulsar los Planes de Zona de Desarrollo Rural en Aragón en 2013.


6. Firmar de manera inmediata el Convenio de Colaboración relativo al Fondo de Inversiones para Teruel para 2013.


7. Garantizar la viabilidad y el mantenimiento de la actividad minera del carbón, así como de su empleo en Aragón, utilizando para ello los instrumentos legales existentes para posibilitar la



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complementariedad de ayudas a la producción a aquellas empresas aragonesas que lo soliciten y justifiquen dicha ayuda, poniendo en marcha un Plan especial de reactivación económica de las comarcas mineras; iniciar a la mayor brevedad
posible los trámites para la firma inmediata de todos aquellos proyectos aprobados por la Mesa de la Minería de Aragón y dotar de fondos al Instituto del Carbón para el 2013, con la máxima aportación posible, teniendo en cuenta la referencia
económica del Plan 2006/2012 y acelerar la convocatoria, con la mayor celeridad posible, de la Comisión Negociadora del nuevo Plan del Carbón 2013/2018.


8. Incluir consignaciones suficientes y continuadas en el tiempo para que el Ministerio de Fomento pueda acometer las siguientes actuaciones, consideradas más urgentes y prioritarias para Aragón:


a) Desdoblamiento de la N-232 entre Mallén-Figueruelas y entre El Burgo de Ebro-Alcañiz-Mediterráneo y, hasta que se ejecuten las obras, la liberación completa del peaje del tramo Alagón-Gallur de la AP-68.


b) Liberación completa del peaje del tramo Alfajarín-Fraga de la autopista AP-2 y desdoblamiento de la N-II, con el tramo Pina de Ebro-Fraga en primer lugar.


c) Desbloquear la paralización de trabajos existentes para conseguir la finalización de la autovía A-21 (Jaca-Pamplona) y concluir la A-23 (entre Nueno y Sabiñánigo), A-22 (Huesca-Lleida) y mejorar integralmente la N-260-(Eje Pirenaico).


d) Finalización de los estudios del proyecto de autovía A-40 (Madrid-CuencaTeruel) hasta Alcañiz, Caspe y Fraga (A-2).


e) Ejecución de las variantes de Tarazona y Borja-Maleján como inicio del desdoblamiento de la N-122, y estudio de la conexión por autovía entre Gallur, Ejea de los Caballeros y Huesca.


f) Dotaciones para obra en la reapertura del ferrocarril Zaragoza-Canfranc-Pau.


g) Ejecución de la línea de Alta Velocidad Zaragoza-Teruel y del proyecto del Corredor de Alta Velocidad Cantábrico-Mediterráneo.


h) Actuar para conseguir la consolidación y ampliación de las cercanías ferroviarias en el área metropolitana de Zaragoza.


i) Ejecución de las mejoras todavía pendientes en las instalaciones del Aeropuerto de Zaragoza (Sistema de Navegación Aérea y Torre de Control), así como puesta en marcha inmediata de todos los mecanismos necesarios con el objetivo de
minimizar el impacto acústico sobre los barrios de Zaragoza.


9. Promover cuantas actuaciones sean necesarias para el desarrollo del proyecto de Parque internacional de los Pirineos en colaboración con los gobiernos de Francia, Euskadi, Navarra, Aragón, Cataluña, Andorra, Aquitania, Midi-Pyrénées y
Languedoc Roussillon, con el objetivo de evitar desarrollos urbanísticos insostenibles y actuaciones de impacto medioambiental que perjudiquen el futuro de este territorio.


10. Desarrollar cuantas iniciativas sean necesarias para dar cumplimiento al acuerdo firmado por el Gobierno de España en el marco de la Carta Europea de las Lenguas Minoritarias, especialmente en el caso de la realidad trilingüe de Aragón.


Propuesta de resolución núm. 59


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, al amparo de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, formula la siguiente propuesta de
resolución sobre política económica y fiscal.


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2013.-Chesús Yuste Cabello, Joan Coscubiela Conesa y José Luis Centella Gómez, Portavoces Adjuntos del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


A estas alturas de la crisis económica a nadie se le escapa que la economía española necesita un nuevo modelo de crecimiento que permita crear empleo. No obstante, nos encontramos en una verdadera encrucijada en la que hay que elegir entre
alternativas muy diferentes, e incluso antagónicas, entre sí.



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El 13 de febrero de 2013 el ministro de economía fue interpelado en el Congreso para que explicara el modelo de crecimiento de la economía española tras la crisis. Sus palabras fueron claras: 'el modelo de crecimiento de la economía
española es el que ya apunta la economía española hoy, es un modelo basado en las exportaciones de bienes y servicios'. Y después añadió que concretamente el crecimiento vendría por el lado de los 'servicios no turísticos, que son normalmente
servicios de alto valor añadido, en los cuales se compite en el mundo, como consecuencia básicamente del conocimiento. España tiene un superávit y capacidad de competir, y eso es una indicación clara de lo que decía anteriormente. Ese es el modelo
que nosotros queremos'.


El ministro hacía así referencia a un cambio cualitativo muy importante que está viviendo la economía española: el desplazamiento desde un modelo dirigido por el endeudamiento y la demanda interna hacia un modelo basado en las exportaciones
de bienes y servicios. Las preguntas que nos hacemos son: ¿es viable este modelo de crecimiento? ¿sobre qué sectores reales se asienta?


Desde el punto de vista teórico un modelo dirigido por las exportaciones obliga a los distintos países a buscar sus mercados de especialización o, dicho de forma coloquial, aquellos nichos de mercado en los que son los mejores en lo que
hacen. Las críticas a este modelo son innumerables.


En primer lugar, hay críticas dentro de la propia teoría neoclásica respecto al realismo de tal planteamiento (sobre todo porque suelen suponerse mercados de competencia perfecta y movilidad plena del capital). En segundo lugar, porque la
especialización en determinadas ramas puede llevar a los países a sufrir un deterioro en los términos de intercambio (la famosa tesis de los estructuralistas de la CEPAL). Esto quiere decir que los países especializados en bienes de primera
necesidad o básicos -como materias primas o industria textil- ven como la abundancia de oferentes (muchos países vendiendo lo mismo) lleva a una caída de los precios mientras que los países especializados en bienes de alto valor añadido -como
industria tecnológica- mantienen precios altos. Esa relación empobrece en el tiempo a los países dependientes. En tercer lugar, un modelo dirigido por las exportaciones conlleva una estrategia de empobrecimiento del vecino consistente
habitualmente en disminuir los salarios para ser más competitivos. Ese efecto, generalizado, deteriora la demanda mundial y produce crisis de demanda. En cuarto lugar, existe la conocida como falacia de composición, que insiste en que a nivel
mundial las exportaciones han de ser iguales a las importaciones y, en consecuencia, no todos los países pueden ser exportadores netos. Es decir, no todos los países pueden exportar más de lo que importan, con lo que buscar estrategias para que así
sea es un imposible económico.


Apuntadas estas cuestiones, de extraordinaria relevancia para entender hacia dónde vamos, queda constancia de que el camino elegido por el Gobierno de España es verdaderamente peligroso.


España no ha sido nunca un modelo dirigido por las exportaciones sino una economía propulsada por la demanda interna y concretamente por el estímulo de las deudas. Esto ha sido reflejado en el comportamiento de la cuenta corriente, la cual
revela la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. El saldo durante los años de burbuja inmobiliaria ha sido crecientemente deficitario, y el déficit se acumuló hasta que la crisis hizo retroceder las importaciones mucho más que las
exportaciones. Desde entonces las exportaciones han crecido más rápido (un 15,4% en 2011) que las importaciones (un 9,6% en 2011). Hasta el punto de que en el tercer trimestre de 2012 se obtiene un superávit que ha servido al Gobierno para
defender 'los brotes verdes' actuales.


La balanza de servicios siempre ha tenido superávit desde 2000, mientras que la de bienes ha mostrado siempre déficit. Lo que ocurre es que la caída de las importaciones de bienes como consecuencia de la crisis ha reducido el déficit
comercial y todo ello ha llevado finalmente a un superávit en la cuenta corriente. El 'brote verde' es el hecho de que España ya es exportador neto y ello hace crecer el PIB (aunque no lo suficiente para compensar la caída del Consumo, Inversión y
Gasto Público). Otra consecuencia es que ya no hace falta financiar el déficit con dinero exterior, algo de lo que también hace gala el presidente del Gobierno. Probablemente, y según los datos, flor de un día.


Pero además resulta que el peso de la partida de turismo es extraordinario. Aporta ni más ni menos que el 90% del saldo positivo en la balanza de servicios; es el verdadero motor del sector servicios. Y aunque es cierto que de la
tendencia reciente podemos concluir que ahora mismo los sectores de servicios donde España es competitiva es en la informática, la construcción, las finanzas y recientemente también en los servicios a empresas y en los servicios personales,
culturales y recreativos, todo ello es insignificante en relación al peso del turismo.


En definitiva, el proceso de ajuste de la economía española está pivotando sobre el retroceso del sector de la construcción (tanto en bienes como en servicios) y el soporte del sector turístico. Y aunque



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el Gobierno plantea que en el sector servicios hay sectores no turísticos de alto valor añadido que serán el motor de la economía, es difícil darle la razón cuando vemos el peso tan insignificante que tienen dentro de la balanza de pagos.
Aunque dicho crecimiento es cierto en sectores minoritarios y especialmente vinculados a la actividad financiera, podría ser perfectamente un espejismo derivado de una crisis económica que de momento se ha gestionado sobre la base de la ayuda al
sector financiero. Un sector financiero que necesitará una economía real donde anclarse, problema acuciante en la actualidad.


En todo caso, sorprende que el mismo ministerio que anuncia la promoción de estos sectores lleve acumulado un recorte del 40% en I+D+i en sólo dos años. ¿La razón? Probablemente la asunción y el reconocimiento de que estos sectores son muy
pequeños, por lo que les corra mucha más prisa estimular la exportación de bienes y servicios de bajo valor añadido a través de la disminución salarial. Una trayectoria errática y muy peligrosa desde el punto de vista del modelo de sociedad.


Por otra parte, esta dinámica descrita es el resultado de dejar al libre mercado diseñar nuestro modelo de crecimiento. La consecuencia de depender de estos sectores marcará asimismo la naturaleza del mercado laboral, que será altamente
flexible y volátil, y probablemente mucho más desigual en términos de renta. El sector turístico está enfrentado también a competencia, y el sector de bienes está siendo reconducido por la vía de la reducción de costes salariales (no olvidemos el
discurso de Rajoy defendiendo que la industria automovilística llega al país). La OCDE ha documentado que en las últimas décadas existe una gran divergencia entre los trabajos de alta cualificación y los de baja cualificación (asociados al turismo,
por ejemplo), con implicaciones sociales de importancia.


La trayectoria marcada por la economía española tiene altas probabilidades de chocar con los elementos planteados en la crítica al modelo dirigido por las exportaciones, pero incluso aunque fuera España uno de los pocos países en sobrevivir
a la lucha competitiva el modelo resultante sería absolutamente indeseable desde el punto de vista social.


Con todo, se ha dejado de lado la alternativa de iniciar un proceso de reindustrialización que acerque la economía a una trayectoria más estable y basada en el alto valor añadido, permitiendo mejor redistribución de la renta entre capital y
trabajo. Una economía que no sea dirigida por las exportaciones, con todo lo que ello conlleva, sino dirigida por la demanda interna y con un proceso de crecimiento autocentrado. Claro que esta vía alternativa implica una reestructuración de la
arquitectura institucional europea, cuestión que dada la correlación de fuerzas actual no parece muy probable. Aunque, desde luego y viendo el horizonte al que nos empuja el Gobierno, es más que necesaria.


El problema real de la economía española es la falta de demanda interna que estimule el crecimiento del empleo y de la inversión. Sin ello las pequeñas y medianas empresas no podrán salir adelante, dado que por muchas facilidades que se le
proporcionen para iniciar la actividad empresarial, ésta no podrá ser exitosa sin mercado.


Hay que tener presente que en España había en 2011, según el Ministerio de Industria, un total de 3.246.986 empresas y de las cuales el 99,89% son pequeñas y medianas empresas (PYMES). La inmensa mayoría, de hecho, son autónomos y empresas
con menos de 10 trabajadores. Lo más característico de estas PYMES es que en ese año generaban el 63,9% del empleo, incluso tras varios años perdiendo empleados. Por otra parte, y según los datos de la encuesta del Banco Central Europeo sobre
acceso a la financiación, el principal problema de las empresas españolas, más acuciante en las PYMES que en las grandes empresas, es la incapacidad de encontrar clientes (33%). Es decir, falta demanda. En segundo lugar destaca el problema de
falta de acceso a la financiación (27%), también más elevado en las PYMES. Y sólo muy de lejos aparecen otros problemas, ligeramente más importantes para las grandes empresas, como son la competencia (10%), los costes laborales (9%) y la regulación
(5%).


En este sentido, las reformas estructurales del Gobierno sólo consiguen agravar los problemas que reconocen las propias empresas. No podemos olvidar que desde mayo de 2010 el Gobierno cambió la orientación de la política económica para
centrarse en la consolidación fiscal como objetivo último. Y en agosto de 2011, y siguiendo las indicaciones del Nuevo Tratado de Gobernanza Europea, el Partido Popular y el Partido Socialista reformaron la constitución para garantizar por la vía
jurídica la consolidación fiscal y la prioridad en el pago de la deuda pública.


Desde entonces las reformas fiscales no han sido útiles porque los efectos contractivos de los recortes han sido muy superiores al crecimiento limitado de los ingresos impositivos. Además, en un contexto como el actual -de recesión y
desendeudamiento- la política fiscal está muy limitada si no se apoya en otros instrumentos. Por otro lado, la mayor parte de estas deudas están contraídas con bancos alemanes y



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franceses, los cuales tienen una importante capacidad para determinar las decisiones de las instituciones europeas supranacionales y establecer así las prioridades en política económica nacional.


Además, la mayor parte de las deudas tiene origen en la propia dinámica de la burbuja inmobiliaria. Según la Comisión Europea, en 2007 el 65% de los préstamos bancarios fue a empresas de la construcción (promotoras, constructoras,
inmobiliarias) y el 90% del endeudamiento de los hogares tenía como objetivo financiar una vivienda. La exposición de nuestra economía al riesgo financiero tiene origen en estos sujetos económicos y en la dinámica del modelo promovido por los
distintos Gobiernos de España. Las pérdidas, derivadas de los impagos, y las deudas y los riesgos se han contabilizado en los balances de las entidades financieras, en primer lugar, y en el Estado, en segundo y último lugar. Ello ha agravado el
desequilibrio fiscal de la administración pública.


Por otra parte, el modelo de crecimiento que persigue el Gobierno -ya descrito anteriormente- carece de sentido económico en España. Según el Consejo Económico y Social de España sólo el 3% de las empresas españolas son exportadoras
mientras que, según la Comisión Europea, el 66% de las exportaciones españolas está concentrado en el 1% de las empresas. Hablamos por lo tanto de un sector muy concentrado, con creación muy reducida de puestos de trabajo y caracterizado por tener
empresas de gran tamaño. Las reformas laborales y la estrategia de la troika estimulan el crecimiento de este sector, pero ese efecto es absolutamente neutralizado por el daño inmenso que se causa al mercado interior (pequeñas empresas y autónomos)
que concentraban la mayor parte de los empleos.


Finalmente, cabe apuntar que en un contexto de recesión, y con las expectativas para 2013 de un decrecimiento del 1,4% según la Comisión Europea -especialmente por el agravamiento de la demanda interna en mitad de un proceso de
desapalancamiento financiero-, es previsible que la capacidad de ingreso del Estado siga mermándose hasta el punto de hacer insostenible el ritmo de crecimiento de la deuda pública. Ya hay datos que apuntan a esta dificultad creciente. Entre 2010
y 2011 el déficit primario descendió un 9,09% (hasta el 7% según Eurostat) como consecuencia de las políticas de austeridad, pero el déficit público final sólo descendió un 3,09% (hasta el 9,4% según Eurostat). Este diferente ritmo de crecimiento
no hace sino revelar el lastre que supone el creciente peso del pago de los intereses de la deuda pública, los cuales ejercen una punción sobre los recursos públicos e impiden que éstos puedan dedicarse en políticas de reactivación económica. Por
esta razón es importante iniciar un proceso de auditoría de la deuda pública que permita dilucidar qué parte de la misma tiene coherencia social pagar y qué otra parte hay que reestructurar para poder salir de la crisis lo antes posible.


Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Defender en las instituciones de la Unión Europea un modelo de modernización industrial en los países de la periferia europea, con financiación del Banco Europeo de Inversiones y del Banco Central Europeo. El objetivo ha de ser acabar
con los desequilibrios comerciales no por la vía de la inserción exterior derivada de las ventajas comparativas -que separará aún más el centro de la periferia europea- sino por un proceso de planificación solidaria de la estructura productiva
europea.


2. Utilizar las entidades financieras nacionalizadas, y saneadas contablemente, para crear líneas de financiación barata que promuevan un nuevo diseño del modelo productivo, orientado éste al fortalecimiento de los sectores industriales de
alto valor añadido y a la generación de tecnologías.


3. Defender en la Unión Europea un cambio en la naturaleza del Banco Central Europeo, con el objetivo de convertirlo en un instrumento al servicio del desarrollo económico europeo y permitir que pueda financiar planes de estímulos que
contribuyan a acabar con el endeudamiento por la vía del incremento de ingresos y de un nivel ligeramente más alto de inflación.


4. Crear líneas financieras especiales, en las entidades nacionalizadas, para sujetos económicos excluidos actualmente del sistema financiero.


5. Comprometerse en el mantenimiento de las entidades financieras nacionalizadas como empresas públicas del Estado, sometidas todas ellas a un claro objetivo económico de desarrollo industrial con equidad, y gestionadas por personal
cualificado y preparado para tal fin.


6. Poner en marcha una auditoría de la deuda pública que estudie todas las suscripciones de títulos con objeto de poder identificar qué contratos pueden considerarse 'odiosos', creando para ello una comisión formada por expertos de
diferentes ámbitos de la vida social y económica, incluyendo a las múltiples organizaciones especializadas en este tema que trabajan en la línea apuntada desde hace años tanto a nivel nacional como internacional.



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7. Incrementar la inversión en I+D hasta los niveles previos a la crisis, dejando este sector al margen de la tasa de reposición del 10% y permitiendo que pueda incrementarse personal suficiente.


8. Poner en marcha una política industrial activa que promueva los sectores de alto valor añadido y con una fuerte base tecnológica, que impulse la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica y la sociedad del conocimiento, en
el marco de un nuevo modelo de crecimiento basado en la economía productiva y no en la economía especulativa que cimentó el presunto milagro español.


9. Desarrollar planes de reindustrialización que permitan la consolidación de alternativas económicas industriales en zonas que han sido especialmente perjudicadas durante los últimos años por procesos de desindustrialización y
deslocalización.


10. Para garantizar la continuidad de la actividad de la minería del carbón, negociar y acordar con los agentes sociales, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos afectados un nuevo Plan del Carbón 2013-2018 y dar cumplimiento a los
compromisos adquiridos al amparo de los anteriores planes destinados al desarrollo alternativo de las comarcas mineras, así como defender el consumo del carbón autóctono e impulsar la investigación para el desarrollo de nuevas tecnologías
energéticas con el fin de minimizar los efectos de las emisiones de gases de efecto invernadero asociados a la combustión del carbón.


11. Elaborar un plan de choque de formación-empleo para los personas desempleadas sin prestaciones y suprimir en particular todas las peonadas exigidas para el Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), más conocido como Plan de Empleo
Rural (PER), así como la puesta en marcha de un Plan de Empleo Rural especial.


12. Desarrollar un conjunto de medidas para mejorar la progresividad y suficiencia del sistema tributario:


a) En el IRPF, limitar la estimación objetiva a aquellas actividades cuyo objeto sea destinar los bienes o servicios a un consumidor final, integrar en la tarifa general a los rendimientos del capital incluyendo a las plusvalías generadas en
menos de dos años, limitar la reducción por aportaciones a planes privados de pensiones y mantener de forma indefinida el gravamen complementario a la cuota íntegra estatal.


b) En el Impuesto sobre Sociedades, limitar la compensación de bases imponibles negativas, establecer un tipo del 35% para las bases que superen el millón de euros y evitar que las empresas de mayor dimensión disfruten de un tipo efectivo
muy inferior al nominal.


c) Crear un Impuesto sobre Bienes Suntuarios y un Impuesto sobre la Riqueza.


d) Implantar un impuesto a las transacciones financieras que permita desincentivar la especulación financiera pero también recaudar para incrementar un necesario gasto público destinado a la reindustrialización española.


e) Suprimir la elevación de los tipos impositivos general y reducido del IVA introducida en el Real Decreto Legislativo 20/2012.


f) Evitar que las SICAV puedan eludir la tributación de las plusvalías y dividendos.


13. Desarrollar un conjunto de medidas para intensificar las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude:


a) Elaborar periódicamente, contando con expertos independientes, un informe que contenga un análisis y evaluación oficial de la economía sumergida en España y del fraude fiscal y laboral, que será presentado y debatido en las Cortes
Generales y en los Parlamentos autonómicos.


b) Establecer fórmulas de coordinación y colaboración efectiva entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las Administraciones Tributarias de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales, potenciando la participación de las
administraciones tributarias autonómicas y locales y favoreciendo la creación de una Base de Datos Fiscales Única compartida por las administraciones tributarias central, autonómica y local, con la información procedente de sus respectivos ámbitos.


c) Crear el Cuerpo Superior Técnico de Hacienda para hacer efectivo el aumento de las responsabilidades de los técnicos en base al desarrollo de la disposición adicional cuarta de la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de prevención del fraude
fiscal.


d) Modificar la legislación en relación a la obligación de reserva de la información bancaria de forma que las entidades de crédito queden exceptuadas de la obligación de guardar reserva de las informaciones relativas a los saldos,
posiciones, transacciones y demás operaciones de sus clientes ante cualquier



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solicitud de documentación e información de estos datos por parte de las Administraciones Públicas en asuntos que tengan relación con investigaciones de carácter fiscal o de Seguridad Social.


e) Procurar el acuerdo en la OCDE para la obtención automática de información de carácter mercantil o tributario de las personas y empresas que operan o son titulares de bienes o derechos en los países o territorios calificados como paraísos
fiscales, así como para la supresión de prácticas abusivas para reducir la factura fiscal internacional de las grandes corporaciones trasnacionales. Acordar la obtención de esa información de las entidades financieras y emisoras de tarjetas de
crédito o débito que operan en España y mantienen filiales en territorios de baja o nula tributación.


14. Desarrollar un conjunto de medidas para mejorar el control del gasto público:


a) Modificar la actual estructura de la IGAE definiendo un modelo organizativo más racional en la atribución de funciones que garantice la transparencia y eficacia de la función fiscalizadora.


b) Reforzar y ampliar el control permanente y la auditoría. Derogar la disposición adicional segunda de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, por la que se autoriza a la IGAE a recabar la colaboración de empresas
privadas de auditoría para la ejecución de su Plan Anual de Auditorías


c) Regular la obligatoriedad de colaborar con la Base de Datos Nacional de Subvenciones, e informar de cualquier tipo de subvención que concedan instituciones públicas y privadas.


d) Reformar el Tribunal de Cuentas para hacer más rápida y efectiva su labor fiscalizadora de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, al amparo de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, formula la siguiente propuesta de
resolución sobre defensa, consolidación y refuerzo de la Educación Pública, de la Universidad Pública y de la Cultura al servicio de las necesidades sociales.


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2013.-Chesús Yuste Cabello, Joan Coscubiela Conesa y José Luis Centella Gómez, Portavoces Adjuntos del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


Propuesta de resolución núm. 60


Son muchas las voces que ven en la educación y la formación permanente no solo un derecho social inalienable sino también un factor estratégico para cambiar este sistema y avanzar hacia un nuevo modelo social y ecológicamente sostenible.
Para ello, resulta imprescindible que el Gobierno comprometa un esfuerzo continuado en el impulso y desarrollo de la enseñanza pública en todos sus niveles y etapas; que promueva y organice un debate amplio y participativo sobre las reformas
proyectadas; y que adquiera el compromiso de incrementar la inversión educativa para igualar nuestro gasto educativo, en porcentaje de PIB, a la media de la OCDE, porque el servicio público educativo es, en efecto, el único capaz de garantizar una
educación de calidad para todos y todas en condiciones de igualdad.


Sin embargo, por el momento, el Gobierno del PP ha recortado 5.212 millones de euros en educación a los que habrá que sumar otros 15.000 millones hasta 2015 debido a los compromisos adquiridos con Bruselas, lo que reducirá el gasto educativo
al 3,9% del PIB, retrotrayéndonos a cifras superadas hace 25 años y situándonos a la cola de la OCDE y la UE.


Tales recortes que se quieren afianzar mediante una contrarreforma educativa, de marcado carácter mercantilista, tal como se concreta en la actual propuesta de LOMCE, todavía en fase de anteproyecto.


Por otra parte, en las últimas décadas la universidad española ha dado un gran salto adelante, cuantitativo y cualitativo, convirtiéndose en una institución socialmente abierta y académicamente homologada a nuestro entorno europeo. Sus
resultados en docencia, investigación y trasmisión al tejido social resisten las comparaciones, sobre todo si se relacionan con los presupuestos y recursos disponibles, un 20% inferiores a los de la OCDE y con un coste por alumno un 25% más bajo que
el de la privada.



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Sin embargo, los recortes a nivel del Estado, un 18% en los PGE de 2013, a los que hay que sumar la minoración de las partidas autonómicas destinadas a universidades, están llevando a las mismas a una situación de asfixia económica.


A ello se añade una brutal subida de las tasas, junto a la reducción de las becas (-12%), que discrimina especialmente a los estudiantes de economías más débiles en el acceso a estudios superiores


Los efectos de todo ello ya son notorios, con un retraimiento de las clases populares en su acceso a la universidad, y con el despido de una parte significativa del personal universitario, tanto PDI como PAS. Los rectores calculan que este
curso se ha iniciado con unos 3.000 docentes menos y casi 2.000 puestos menos de personal de administración y servicios.


Se precisa revertir esta situación, asegurando financiación pública suficiente, tanto para una auténtica renovación pedagógica que propicie un aprendizaje centrado en el estudiantado, como sobre todo para hacer realidad la llamada 'dimensión
social' de la convergencia en el Espacio Europeo de Educación Superior, que pasa por garantizar de manera efectiva que todo estudiante pueda completar sus estudios sin obstáculos derivados de su origen socioeconómico. Ello exige llegar al 2% del
PIB en gasto público universitario, incrementando al menos dos décimas de PIB cada año el próximo quinquenio.


Por todo ello se presenta la siguiente propuesta de resolución:


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


'1. En materia de educación previa a la universitaria:


- Retirar el Real Decreto-ley 14/2012 y de cualquier otra medida que recorte la inversión educativa no universitaria, o afecte a su funcionamiento reduciendo su calidad.


- Retirar de forma inmediata el Anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), por tratarse de una reforma gestada sin debate social previo, a espaldas de la comunidad educativa, segregadora, antidemocrática,
mercantilista y privatizadora.


- Incrementar los Presupuestos de educación en los PGE de 2013 y en los Presupuestos Autonómicos hasta lograr progresivamente su equiparación con la media europea, dedicando un 7% del PIB a gasto público educativo.


- Promover un amplio debate social para alcanzar realmente un diagnóstico compartido con toda la comunidad educativa sobre la situación real de nuestro sistema educativo, con el fin de plantear medidas efectivas para extender y mejorar la
educación pública, de modo que permita avanzar hacia un modelo educativo que contribuya al éxito escolar de todo el alumnado, así como a la formación de personas más iguales, más libres, más críticas y más creativas, que aporten su formación en la
construcción de un mundo más justo e igualitario.


- Vetar el cambio de titularidad, la enajenación o privatización del patrimonio que integra la red de centros públicos existente.


- Promover y garantizar que el suelo público destinado a la creación de centros docentes se utilice de forma exclusiva para la creación de centros docentes públicos.


- Establecer una moratoria de los conciertos educativos, determinar su carácter subsidiario, equiparar su funcionamiento y las condiciones laborales de su personal al de los centros públicos, y desarrollar mecanismos de integración
voluntarios y negociados de estos centros en la red pública.


- Establecer un sistema de escolarización que garantice una racional y equitativa asignación de plazas e impida la selección del alumnado por parte de los centros concertados. Para ello, se procederá a la creación por ley de comisiones de
escolarización centralizadas, con participación de todos los sectores de la comunidad educativa, y con competencias plenas en la materia a lo largo de todo el proceso.


- Garantizar una red pública de Escuelas Infantiles con una oferta de plazas suficientes para los menores de seis años, especialmente en el primer ciclo de Educación Infantil, asegurando su carácter estrictamente educativo, mediante los
correspondientes desarrollos normativos de ámbito estatal que establezcan el currículo básico y los requisitos mínimos de centros, ratios y profesionales para toda la etapa.


- Garantizar una educación laica, plural ideológica y culturalmente, que no practique el adoctrinamiento y que garantice la libertad de conciencia. Para ello, se tomarán las medidas oportunas para que las enseñanzas de religión queden fuera
del horario lectivo y del currículo escolar.



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2. En materia de educación superior:


- Retirar el Real Decreto-ley 14/2012 y de cualquier otra medida que recorte la inversión en la Universidad Pública, o afecte a su funcionamiento reduciendo su calidad.


- Bajar las tasas universitarias y aumentar las becas y ayudas para los estudiantes, hasta conseguir la gratuidad de la educación en todos sus niveles.


- Comprometerse a evitar cualquier tipo de despido colectivo que afecte al personal universitario, sea de profesorado, de personal de investigación o personal de administración y servicios.


- Comprometerse a dignificar el trabajo del profesorado y personal de investigación, especialmente de los más jóvenes, respetando sus derechos a promoción interna y estabilización en situación de dignidad laboral y salarial.


- Comprometerse a respetar la Autonomía universitaria y los procedimientos democráticos en el seno de las Universidades.


- Comprometerse a no adoptar ninguna medida de reforma sin la participación vinculante de la comunidad universitaria (estudiantes y trabajadores) y a debatir la propuesta con mecanismos de participación ciudadana.


- Comprometerse a incrementar la financiación pública universitaria hasta alcanzar el 2% del PIB en el próximo quinquenio, a razón de dos décimas de PIB por año.


3. En materia de cultura:


- Reconocer el papel de las Bibliotecas Públicas como elemento imprescindible para el desarrollo intelectual y emocional del conjunto de la ciudadanía y, por tanto, en coordinación con las administraciones públicas concernidas, a garantizar
en las Bibliotecas Públicas el mantenimiento de los horarios de apertura habituales hasta ahora, incluidas las mañanas de los sábados; el mantenimiento de las plantillas de personal y su posible ampliación en caso de nuevas aperturas o de
actualización de los servicios; y la dotación de los recursos económicos necesarios para actualizar de manera continua las colecciones bibliográficas, hemerográficas, musicales, cinematográficas y otras, así como para mantener el conjunto de
servicios que se prestan en aras a la promoción de la cultura en todos sus órdenes y a la labor de educación permanente que desarrollan.


- Anular de forma inmediata la desproporcionada subida del IVA que grava los productos y servicios culturales, y conformar un tipo reducido de IVA para la Cultura, así como poner en marcha un programa de medidas en apoyo a los creadores y
las industrias culturales en un momento particularmente difícil para el sector.'


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, al amparo de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, formula la siguiente propuesta de
resolución sobre igualdad de género y derechos de las mujeres.


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2013.-Chesús Yuste Cabello, Joan Coscubiela Conesa y José Luis Centella Gómez, Portavoces Adjuntos del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


Propuesta de resolución núm. 61


La crisis, el patriarcado globalizado y las políticas de austeridad salvaje representan una ofensiva sin precedentes en torno a la igualdad de género y a la asunción de derechos sociales, laborales y civiles de las mujeres.


La perspectiva de género en el análisis de la crisis económica manifiesta una intensificación del trabajo no remunerado de las mujeres, producto de los recortes en el Estado de Bienestar [Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las personas en situación de Dependencia (LAPAD), educación 0-3 años, becas comedor, actividades extraescolares...] y una nueva precarización de la presencia femenina en el mercado de trabajo producto también de la reforma laboral acometida (bajos
salarios, contratos



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parciales, temporalidad con todas las consecuencias para las pensiones de futuro, eliminación de los planes de conciliación de la vida familiar y laboral...).


Ello unido a la paralización de políticas públicas de igualdad y al planteamiento de abordar una involución retrograda en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) que se plantea, o la
disminución de recursos para programas y servicios de atención a las víctimas de violencia machista, evidencian que en este contexto, las políticas de lucha a favor de las mujeres son más necesarias que nunca.


Es así como ante la crisis el Gobierno de España debe articular los medios necesarios, tanto materiales, humanos, como económicos, para que la igualdad entre mujeres y hombres, sea un hecho real y constatable, porque entendemos que sólo
cuando la igualdad de género es asumida completamente como un objetivo irrenunciable, puede hablarse de un estado democrático en donde la igualdad es más necesaria que nunca como garantía de una sociedad justa e igualitaria y no todo lo contrario
que es lo que el Gobierno está haciendo utilizando la crisis como pretexto para cambiar el modelo social que a duras penas estábamos construyendo.


Por todo ello, se presenta la siguiente propuesta de resolución:


El Congreso de las Diputadas y los Diputados insta al Gobierno a:


- Desarrollar de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, con el fin de activar las políticas públicas específicas para las mujeres, incorporando la perspectiva de género de manera efectiva y
analizando los impactos de género en cada una de las medidas de recorte y acciones legislativas que adoptan.


- Dar marcha atrás a la Reforma Laboral de manera que se legisle para que el empleo sea realmente un derecho universal, de calidad, fijo y retribuido con salarios iguales para mujeres y hombres en trabajos de igual valor y erradicar
definitivamente las diferencias retributivas existentes.


- Adoptar con carácter de urgencia un plan integral contra la feminización de la pobreza que garantice la percepción de prestaciones económicas y actúe con medidas específicas para combatir el paro de larga duración y ante la exclusión
social, principalmente de aquellos colectivos más vulnerables como personas mayores o familias monoparentales.


- Poner en marcha todos los recursos públicos que sean necesarios, para la creación y desarrollo de nueva ocupación que permita que las mujeres se incorporen al mundo del trabajo asalariado y se actúe ante la pérdida de oportunidades que
excluyen a las mujeres del trabajo productivo. Actuar para un reparto justo del trabajo reproductivo entre hombres, mujeres y servicios públicos, para que no recaigan en ellas los roles y estereotipos sexistas, ni las cargas de trabajo que
conllevan los cuidados.


- Articular las modificaciones necesarias del Real Decreto 1618/2007, de 7 de diciembre, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, para que realmente todas las mujeres puedan tener acceso a este recurso
con una dotación mensual adecuada.


- Iniciar en el presente año los trámites pertinentes para el debate social y parlamentario para la modificación y ampliación de la actual Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género, al objeto de que la ley realmente recoja todo tipo de violencia que de forma estructural se ejerce contra las mujeres. Que se actúe con contundencia y se dispongan de los recursos necesarios para la erradicación de la violencia machista en
nuestra sociedad invirtiendo en la educación, la prevención y la reparación de las mujeres víctimas del machismo y de sus hijas e hijos.


- No producir ninguna modificación restrictiva de la IVE. Y muy al contrario, se modifique el actual Código Penal para la despenalización total del IVE, y que la Ley de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres recoja el derecho de
la libre decisión de las mujeres y que garantice su práctica y cobertura por la red sanitaria pública en todos los lugares del estado español.


- Avanzar en la reforma de los permisos por nacimiento y adopción entre ambos progenitores para que sean iguales, intransferibles y con la misma parte obligatoria.


- No modificar la Ley de Bases de Régimen Local en un sentido restrictivo y de limitación de competencias de los municipios y, por tanto, que las políticas de igualdad, sigan siendo asumidas, también, desde las entidades locales.


- Potenciar e impulsar el papel activo de las mujeres en todos los sectores sociales: movimientos sociales, educativos, culturales, representativos, económicos.



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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, formula
siguiente propuesta de resolución para la autorización de la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum y el respeto del derecho a decidir.


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2013.-Chesús Yuste Cabello, Joan Coscubiela Conesa y José Luis Centella Gómez, Portavoces Adjuntos del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


Propuesta de resolución núm. 62


Tanto la manifestación multitudinaria del 11 de septiembre en Barcelona, como la del 15 de septiembre en Madrid convocada por la Cumbre Social como la del 25 de septiembre a las puertas del Congreso, tienen un elemento común. En las tres
manifestaciones producidas en tan corto espacio de tiempo se produjo una exigencia de la ciudadanía del derecho a decidir. Los conflictos democrático-sociales que hoy plantea la sociedad y que se vieron en esas tres manifestaciones no tienen otro
tratamiento posible que la profundización en la democracia.


Sin embargo, a pesar de la mayor reclamación de más democracia por parte de la mayoría de la población, la Constitución Española de 1978 tiene a fecha de hoy algunas limitaciones inconcebibles para una democracia avanzada. Fruto de los
miedos de la época en que fue redactada, la Constitución cierra el paso al derecho a decidir sobre aspectos clave de la convivencia social, como la Monarquía, la relación con la Iglesia católica, el modelo socioeconómico o la estructura política del
Estado. Han pasado treinta y cuatro años desde una Constitución que acordó una forma de Estado basada en la descentralización política en las comunidades autónomas. No tiene ningún sentido desde una perspectiva democrática que treinta y cuatro
años después los acuerdos de aquella época se vean como aspectos inmutables y que las generaciones posteriores a la de 1978 no puedan decidir sobre cómo quieren organizarse políticamente.


El propio concepto de soberanía nacional, el carácter absoluto y excluyente que se recoge en los artículos 1 y 2 de la Constitución, es obsoleto para la realidad del siglo XXI; un concepto de soberanía que no sirve frente a los procesos de
globalización económica. Un concepto de soberanía que ha quedado desfasado ante el proceso de construcción europea. Un concepto de soberanía, que cuando interesa a los poderes económicos, se pone al servicio de los mercados, como sucedió en la
reforma exprés del artículo 135 de la Constitución Española reformada en verano de 2011 de espaldas a la ciudadanía. Lo lógico es hoy una profunda reforma constitucional, esta vez con participación democrática, que entre otras cosas incluya la
reforma de los artículos 1 y 2 de la Constitución Española para incorporar un concepto de soberanía menos excluyente, en unos momentos en que todas las soberanías son compartidas.


De la misma manera que no es soportable que se estén adoptando medidas económicas que no han sido votadas por la ciudadanía porque no estaban en ningún programa electoral, no es de recibo tampoco que hoy se continúe negando el derecho de la
ciudadanía de Cataluña a decidir cómo quiere articularse políticamente.


La situación actual es consecuencia de la ruptura del pacto constitucional del Estado con Catalunya, consecuencia de la sentencia de un Tribunal Constitucional, manipulado políticamente, que declaró inconstitucional partes fundamentales de
un Estatuto que había sido pactado en las Cortes Generales y aprobado en referéndum por la ciudadanía de Cataluña. Hoy la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Catalunya no aceptan un marco constitucional y estatutario que no recoge sus
legítimas aspiraciones.


El debate sobre el proceso abierto en Catalunya de convocatoria de una consulta para para conocer la opinión de su ciudadanía sobre cómo quiere que se produzca su relación con España no es jurídico sino político. El pueblo de Catalunya ha
demostrado que quiere decidir sobre su futuro. Y ello puede incluso resolverse en el actual marco constitucional, si existe voluntad política para ello. No hay nada que impida que el Parlamento español pueda aceptar la celebración de un referéndum
para conocer la opinión de la ciudadanía de Catalunya. Que Cataluña pueda convocar consultas para conocer la opinión de su ciudadanía debería ser algo que nadie pudiera discutir en términos democráticos.


El modelo a seguir es el de los países con larga tradición democrática, como Canadá y Gran Bretaña, que acordaron con Quebec y Escocia la celebración de un referéndum como la fórmula más adecuada para conocer la voluntad de la ciudadanía y
resolver el conflicto político planteado. Sería muy útil conocer la opinión democrática de la ciudadanía de Cataluña en relación con las diferentes formas de relación que quiere mantener



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con el Estado Español y que existen hoy en la sociedad catalana, que pueda decidir entre el mantenimiento de un Estado autonómico o la configuración de un Estado propio que establezca relaciones federales o la de un Estado propio que
prefiera ejercer la independencia política. Abrir la puerta a que la ciudadanía opine y decida nunca puede ser negativo desde una perspectiva democrática. Eso es lo único que en estos momentos se está planteando, no el resultado final, sino el
proceso democrático y el derecho a decidir.


Por todo ello el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a negociar con las fuerzas parlamentarias de Catalunya la celebración de un referéndum que permita conocer la voluntad de la ciudadanía de Catalunya sobre su futuro político,
utilizando los mecanismos legales previstos.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


Por medio del presente escrito y al amparo de lo establecido en el artículo 197 del Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, formula la siguiente propuesta de resolución con motivo del
debate de política general en torno al estado de la Nación propuesta de resolución sobre políticas de sostenibilidad y protección del medio ambiente.


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2013.-Chesús Yuste Cabello, Joan Coscubiela Conesa y José Luis Centella Gómez, Portavoces Adjuntos del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


Propuesta de resolución núm. 63


Desde el inicio de la crisis económica el medio ambiente ha salido de la agenda de los Gobiernos en España. La llegada del Gobierno del Partido Popular ha acentuado esta percepción del medio ambiente como un lastre para la economía, en vez
de como una oportunidad para salir de la crisis, cambiando de modelo productivo y creando puestos de trabajo vinculados a sectores de economía verde.


Es el caso paradigmático de las energías renovables: el anterior gobierno del PSOE ya empezó a situarlas como un problema económico y no como una solución, pero es que el Gobierno del PP se ha propuesto hundir este sector, lo que muestra
una miopía galopante.


En poco más de un año de Gobierno el PP ya se ha dedicado a desmantelar las políticas ambientales. Con su primer decreto de 2012 pararon la promoción de las renovables. Y a partir de aquí ha seguido el decreto del sector eléctrico, el
decreto de medidas ambientales, que acabó con el sistema de devolución, depósito y retorno de envases, el aplazamiento del cierre de la central nuclear de Garoña, unos presupuestos claramente involucionistas, una reforma de la ley de costas cuyo
resultado es la desprotección y privatización de la costa, la constante amenaza de nuevos trasvases, la búsqueda desesperada de gas y petróleo, poniendo en peligro espacios protegidos...


En materia de agricultura el balance es igualmente negativo, se apuesta por un modelo basado en la internacionalización, la exportación y los mayoristas, menospreciando el valor que aportan los pequeños productores (circuito corto,
producción agroecológica, desarrollo social y económico en el territorio...) También las políticas de impulso al transporte público o a la movilidad sostenible son las grandes olvidadas por el Gobierno del PP, donde la poca inversión existente
continua destinándose a transporte viario o alta velocidad mientras se olvida la inversión en mantenimiento en el transporte ferroviario de la mayoría de la ciudadanía como cercanías o regionales.


Uno de los aspectos donde se puede observar con más claridad esta irresponsabilidad es en la gestión de la crisis energética. La política energética del Gobierno está hipotecando nuestra autonomía, seguridad energética, y nuestra balanza
comercial. Y se está perdiendo la oportunidad de crear centenares de miles de lugares de trabajo en un sector cualificado y de futuro. Este debe ser el único Gobierno que declara la guerra a la energía limpia y autóctona mientras aplaude el
petróleo y las perforaciones del gas de esquisto. Y también debe ser el único que no quiere ni oír hablar de ahorro y eficiencia energética porque según su opinión comportaría un aumento del déficit tarifario. Quizá por eso intentaron bloquear en
Europa la directiva de eficiencia energética. Quizá por eso están desmontando el IDAE.


La situación, en cambio, exige respuestas inmediatas de eficiencia energética, la reducción emisiones, la promoción de las energías renovables. Y no lo decimos solo nosotros, lo dice la Unión Europea. Y los países más competitivos de
Europa ya lo han puesto en práctica. Hace falta que las fuentes limpias se



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incrementen en el mix energético y se abandone la dependencia energética de fuentes sucias, contaminantes y peligrosas. La realidad, es que ni este Gobierno ni los anteriores se enfrentan con las poderosas empresas eléctricas y han
configurado un marco regulador que promueve unos beneficios desproporcionados que pagamos toda la ciudadanía.


Todas estas políticas son miopes e irresponsables. Son una fuga adelante, en la que el Gobierno propone medidas que benefician a unos pocos, y que a largo plazo nos van a pasar una factura ingente. La crisis ecológica crece, e hipotecará
tanto a las generaciones más jóvenes como a las futuras que habrán de hacer frente a la solución de un problema creado por el modelo desarrollista sin límites que ha degradado el planeta y consumido recursos muy por encima de nuestras posibilidades.
Hoy día España reúne todas las condiciones para salir de la crisis aprovechando las oportunidades que nos brinda la economía verde. No solo lo decimos nosotros, la Unión Europea también lo propone así.


Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Impulsar la soberanía, democratización y descentralización energética, el impulso a las energías renovables y a la lucha contra el cambio climático, contemplando como mínimo los siguientes ejes:


a) Reforma del sector eléctrico excluyendo a las instalaciones hidroeléctricas y nucleares del pool para acabar con los beneficios caídos del cielo, mejorando su eficiencia y garantizando los derechos de las personas usuarias.


b) Promover un Plan Estatal de Lucha contra el Cambio Climático, con los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero del 30% para 2020, y del 80% para 2050.


c) Elaborar una Ley de Ahorro y Eficiencia Energética y de Energías Renovables con el objetivo de conseguir una generación eléctrica del 50% en el 2020 y del 100% en 2040.


d) Impulsar un plan puente para el cierre de las nucleares en el año 2020.


e) Fomentar la autoproducción energética y la comercialización de excedentes, eliminando las actuales trabas administrativas que limitan el acceso al mercado eléctrico de las personas usuarias.


f) Derogar el Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de
energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos; y el Real Decreto 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifarlo del sector eléctrico.


g) Prohibir la realización de actividades de prospección, exploración, investigación o explotación de hidrocarburos y gases de roca y no convencionales, que supongan -en todo el proceso o en parte- la utilización de las técnicas de fractura
hidráulica con inyección de agua y/o de otros aditivos químicos, y paralizar aquellos proyectos que ya estén en marcha.


2. Implementar una fiscalidad verde con la finalidad de modificar comportamientos en el consumo de bienes y servicios, sustituyendo unos, los de mayor impacto ambiental y emisiones de CO2, por otros de menor impacto y más eficientes
energéticamente, basándose en el principio de quien contamina paga. Eliminar el impuesto sobre la producción, incorporación e importación al sistema eléctrico de energía eléctrica a partir de fuentes renovables en régimen especial y las destinadas
al autoconsumo.


3. Apostar por el transporte público, el incremento de la eficiencia energética y el desarrollo de la movilidad sostenible (priorización del transporte ferroviario de mercancías por ferrocarril, aplicación de la euroviñeta, inversión en las
redes de ferrocarril de cercanías, disminución de la velocidad máxima en carreteras y entornos metropolitanos, impulsar el carsharing y carpooling).


4. Desarrollo de la nueva cultura del agua con la finalidad de impedir nuevos trasvases y que determinadas concesiones sean aprovechadas para hacer negocio y acaben convirtiéndose en un 'mercado de agua'.


5. Ante el debate de la PAC, promover tanto en España como a nivel Europeo una nueva cultura agraria y ganadera basada en la biodiversidad, la agroecología, el comercio local, la producción extensiva, incluyendo medidas de protección para
los pequeños agricultores y garantizando una política de precios justa con los productores con el objetivo de una soberanía alimentaria. Plantear al mismo tiempo la modulación de las Ayudas derivadas de la PAC en función de la creación de empleo y
la sostenibilidad del medio rural. Declarar al Estado Español libre de transgénicos.


6. Reconocer, planificar y dotar de valor al Medio Natural, la biodiversidad y la protección del territorio incrementando la financiación dirigida a las Comunidades Autónomas.



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7. Elaborar una Ley estatal de protección de los animales que garantice la abolición de prácticas y espectáculos crueles con los mismos. Prohibir el uso de animales en espectáculos de circo y dar apoyo a la abolición de la tauromaquia en
aquellas Comunidades Autónomas que así lo hayan decidido o decidan en un futuro en sus respectivos parlamentos.


8. Defender en el Consejo Europeo la propuesta de reforma de la Política Común de Pesca de la UE aprobada por el Parlamento Europeo el 6 de febrero de 2013 y promover una estrategia para la pesca artesanal, racional y sostenible que asegure
la recuperación y el correcto funcionamiento de los ecosistemas marinos.


9. Aprobar de forma inmediata una moratoria para los proyectos mineros especialmente agresivos con el medio (como el oro a cielo abierto y otras explotaciones mineras similares), que generan riesgos para el medio ambiente y la salud de las
personas, hasta que pueda entrar en vigor la necesaria actualización de la obsoleta legislación minera que establezca criterios más estrictos de protección medioambiental y salud pública.


10. Eliminar la voluntariedad en el desarrollo de los sistemas de depósito, devolución y retorno (SDDR) de envases.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, al amparo de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, formula la siguiente propuesta de
resolución sobre el impacto negativo sobre el empleo de la reforma laboral.


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2013.-Chesús Yuste Cabello, Joan Coscubiela Conesa y José Luis Centella Gómez, Portavoces Adjuntos del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


Propuesta de resolución núm. 64


Desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, hay 850.000 ocupados menos. Donde más empleo se ha destruido en este período es precisamente en el sector que
mayor impacto normativo ha tenido la reforma, el sector asalariado, ya que hay 903.000 empleos por cuenta ajena menos. El pasado 2012 fue el año en que se mostraron los peores datos de elasticidad del empleo con relación a la economía. El PIB
español en 2012 cayó el 1,3% y el desempleo aumentó en 5,4 puntos. En el que era el peor año hasta el momento, el 2009, el desempleo se incrementó en 7,3%, pero la caída del PIB fue mucho mayor, el 3,7%. Es decir, con la actual reforma laboral,
con menos caída de la economía, proporcionalmente se destruye más empleo.


No hay ni un solo aspecto, ni un solo sector o subsector, en el que la aplicación de la reforma laboral produzca mejoras. Cae tanto el empleo del sector público como el del privado. Se reduce el trabajo indefinido, ya que hay 266.100
personas menos con contratos indefinidos (han caído un 2,4%) a la vez que el trabajo eventual tiene un decrecimiento todavía mayor: durante 2012 hay 219.600 personas menos con un contrato temporal, una caída del (-6,8%).


El desempleo juvenil es un problema de tal magnitud que las propuestas estéticas y parciales presentadas hasta el momento no podrán resolverlo. Hay 1.788.800 personas en paro entre los 16 y 29 años. La tasa de paro de los menores de 25
años alcanza el 55,13%, elevándose al 74,04% para los jóvenes de entre 16 y 19 años. Son las tasas de desempleo juvenil más altas de la UE.


La reforma laboral no ha servido para los objetivos que el gobierno afirmaba buscar, sino para todo lo contrario. Se ha incentivado a través de la reforma laboral la destrucción de empleo. Los despedidos en estos doce meses de reforma
tienen más antigüedad que en los años anteriores. El motivo es que el coste de la indemnización es menor para los trabajadores de más edad. La antigüedad media de los despedidos este año es de 7,5 años, mucho más que en los años anteriores. Al
poner tope y establecer que a partir de determinada antigüedad la indemnización continúe siendo la misma, el gobierno ha



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incentivado a las empresas para que les sea más barato despedir al trabajador más antiguo con la misma indemnización.


Esta realidad lleva a una situación de desempleo de mayores de 55 años, que en una situación de crisis profunda y estructural como la actual ven cómo tienen serias dificultades para conseguir un nuevo empleo. Si esta situación de por sí ya
es preocupante, ahora el gobierno amenaza con hacer más difícil el acceso a la jubilación anticipada, a pesar de que no haya ningún informe que concluya con datos objetivos que la jubilación anticipada suponga un coste extra para el sistema.


La reforma laboral también está teniendo un efecto de reducción salarial importante. La reforma tenía como uno de sus objetivos, a pesar de no ser este reconocido por el gobierno, la devaluación interna mediante la reducción del precio del
trabajo y las condiciones de empleo. En el caso de las personas asalariadas, tras el cambio de la ley laboral están más dispuestas a abaratar su salario y rebajar sus condiciones de trabajo a la vista del ajuste que se produce a su alrededor y por
miedo a perder su empleo. Desde el inicio de la crisis se ha producido un trasvase en el reparto de la renta de los asalariados hacia los empresarios y autónomos de 55.000 millones de euros, como resultado del ajuste del empleo y los salarios. La
participación de los asalariados en la renta nacional ha ido perdiendo peso desde 2008 (54,4%) hasta el 50,4% de 2012. Las cifras disponibles tienen serias limitaciones, pero el índice del Coste Laboral Armonizado estima una variación decreciente a
lo largo de los tres primeros trimestres de 2012.


Otro frente abierto por la reforma laboral ha sido la debilitación de la negociación colectiva. La reforma laboral elimina las bases para una gestión cooperativa de los conflictos que surgen en la empresa por el reparto de la riqueza que en
ella se crea, por el uso de la fuerza de trabajo que se emplea para generarla o por su ajuste durante las crisis. La reforma suprime los contrapesos que en la ley reequilibraban el mayor poder de negociación que tiene de partida el empresario,
facilitando una negociación fluida, equilibrada y poco conflictiva. Así pues, se paralizó el desarrollo habitual de la negociación colectiva y a finales de 2012 solo el 56% de los trabajadores habitualmente cubiertos por un convenio habían
negociado su convenio colectivo.


A pesar de todo ello, desde el gobierno se ha insistido en presentar su política laboral como positiva y lo ejemplifica con la mejora del empleo autónomo, a pesar de que la regulación del empleo autónomo no fue modificada por su reforma
laboral. Pero además la visión del gobierno ignora una realidad creciente del empleo autónomo como refugio de la precariedad absoluta. El empleo autónomo en estos momentos es al que desgraciadamente tienen que ir a parar aquellos que no tienen
ninguna otra posibilidad. Por eso las condiciones de los trabajadores autónomos pueden llegar a ser hasta incluso más penosas que las de algunos de los trabajadores asalariados.


Con este escenario parece adecuado iniciar un debate sobre la cuestión que más preocupa al conjunto de la ciudadanía, que es el mercado laboral, para poder iniciar el cambio de rumbo en las políticas de empleo que España necesita. La propia
Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral establece mecanismos de evaluación de las medidas adoptadas en el mercado de trabajo. La más específica es la recogida en la disposición adicional decimocuarta de
'Evaluación de las medidas adoptadas en el mercado de trabajo para hacer frente a la crisis y al desempleo.' Esta disposición establece que 'el Gobierno presentará al finalizar el primer año de vigencia del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero,
de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, un informe de evaluación del mismo, que analice el impacto que sobre los principales indicadores del mercado de trabajo, la creación de empleo, la disminución de la tasa de paro y la tasa
de temporalidad, ha tenido la citada reforma'. La disposición adicional decimoquinta también establece la evaluación continuada de las políticas activas.


La evaluación hasta el momento está siendo sesgada y dirigida únicamente a defender las acciones del gobierno a pesar de que el análisis objetivo de todos los indicadores posibles indican que la reforma ha sido más un problema que una
solución.


Por todo ello, el Congreso de los Diputados acuerda convocar un pleno monográfico sobre la situación del empleo y el impacto de la reforma laboral.



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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, formula
siguiente propuesta de resolución sobre regeneración democrática.


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2013.-Chesús Yuste Cabello, Joan Coscubiela Conesa y José Luis Centella Gómez, Portavoces Adjuntos del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


Propuesta de resolución núm. 65


La 'clase política y los partidos políticos' son percibidas por la ciudadanía como el tercer problema más importante de la sociedad, así lo constata la tendencia ascendente que desde hace meses marca el barómetro del CIS. De esta forma, el
desafecto de los ciudadanos con los partidos políticos, en general, alcanza su cota más alta de la democracia.


El 73,2% de los ciudadanos considera que la situación política en España es 'mala' (35,9%) o 'muy mala' (37,3%), según el barómetro del CIS. Por contra, solo un 2,9% de los consultados califica la situación política del país como 'buena' y
el 0,2%, como 'muy buena'.


Al mismo tiempo, es un clamor ciudadano la reivindicación de 'más democracia', reclamando, entre otras cuestiones, la reforma del sistema electoral, una apertura de las instituciones democráticas y mejores cauces de participación ciudadana.


Estos datos deben ser un elemento de reflexión y obliga a tomar medidas de higiene, transparencia y profundización en la democracia.


Por estos motivos, es imprescindible adoptar medidas y reformas en esta dirección, afectando distintas materias, y a tal efecto se presenta la siguiente propuesta de resolución:


I. Instrumentos de participación de la ciudadanía.


1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar una reforma de la Ley Orgánica 2/1980, de 18 de enero, sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum, con el objetivo de convertirla en un verdadero instrumento de
participación democrática. La reforma contemplará entre otras medidas:


- La regulación de referéndums de iniciativa ciudadana.


- La convocatoria de referéndums de ámbito autonómico.


- Referéndum abrogativo de leyes.


2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar una reforma de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, Reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular, para facilitar su impulso y tramitación, y la participación de la comisión
promotora en diversas fases del proceso.


II. Transparencia.


3. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que la futura Ley de Transparencia se basará en el principio de que toda la información debe ser pública. En concreto incluirá:


- La transparencia absoluta de la actividad pública y privada de la Casa Real.


- El registro y control de la actividad de los lobbies y grupos de interés.


4. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar todas aquellas reformas necesarias para que los partidos, fundaciones y asociaciones vinculadas hagan públicos anualmente sus cuentas. En esta información incluirá su balance
económico con detalle de ingresos y gastos, especificando las subvenciones recibidas y el concepto, los ingresos por cuotas de los afiliados, y muy especialmente, las donaciones (identificación completa, cuantía, fecha); los créditos que tienen
firmados con entidades financieras y las condiciones de deuda.



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III. Lucha contra la corrupción.


5. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar en el plazo de tres meses un plan integral de lucha contra la corrupción, que entre otras contenga las siguientes medidas:


- Medidas relativas a la persecución de los delitos relacionados con la corrupción.


- Medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal.


- Medidas de control de los procesos de contratación de las Administraciones Públicas.


- Medidas de control interno y externo de la Contratación pública y de los procedimientos urbanísticos de planeamiento, recalificación y licencia.


- Régimen de incompatibilidades de cargos y ex cargos públicos, dedicación exclusiva de los cargos públicos, limitación de remuneraciones y medidas de austeridad.


- Medidas para facilitar la investigación, el control y la fiscalización de las cuentas públicas.


- Regulación de las campañas electorales para garantizar la igualdad de todos los partidos políticos, limitar y controlar el gasto, incluir medidas de transparencia.


- Reforma de la financiación de los partidos políticos y los mecanismos de control de la misma a través del Tribunal de Cuentas.


- Medidas contra el transfuguismo.


- Medidas para la separación de los encausados de sus cargos públicos y del partido en el momento del procesamiento de una persona imputada y elaboración pacto ético de los partidos respecto al tratamiento de los casos de corrupción y de los
encausados.


- Todas aquellas reformas necesarias para garantizar que los corruptores no podrán contratar con la administración pública. Las empresas participadas por personas condenadas por haber protagonizado determinados casos de corrupción tendrán
prohibida la contratación con la administración pública.


6. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reformar la Ley de 18 de junio de 1870, por la que se establecen reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto, para excluir cualquier posibilidad de indulto si se tratara de
sentenciadas por casos de corrupción.


IV. Reforma del sistema electoral:


7. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a acometer antes de la finalización de la presente legislatura una reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que contenga, al menos,


- Asegurar la proporcionalidad entre sufragios y escaños, conforme establece el Consejo de Estado.


- Adecuar el régimen jurídico relativo a la financiación electoral y a los gastos electorales para lograr una reducción y una mayor eficiencia de estos.


- Reformar el tratamiento legal de las campañas electorales en los medios de comunicación, la distribución de espacios electorales, los sondeos de opinión y otras medidas que favorezcan los debates entre los candidatos y una información
plural.


- Regular fórmulas legales que puedan limitar o prohibir la práctica del denominado 'transfuguismo político' como desarrollo del 'Compromiso por el respeto a la voluntad de los ciudadanos y a la lealtad política en los gobiernos locales'
recientemente suscrito por las fuerzas políticas.


- Reformar en profundidad el sistema de votación de los ciudadanos españoles residentes en el exterior con el objetivo de garantizar la transparencia y objetividad de los procesos electorales, así como el libre ejercicio del voto de los
españoles residentes en el extranjero.


- Devolver el derecho al voto de los ciudadanos españoles residentes en el exterior en las elecciones municipales.


V. Laicidad del Estado.


8. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


- Denunciar los Acuerdos con la Santa Sede: Concordato franquista de 1953, el Acuerdo General preconstitucional de 1976 y el Acuerdo preconstitucional sobre asunto Culturales y Educativos de 1979, negociando nuevos acuerdos que garanticen
la separación total de la Iglesia y el Estado.



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- Acometer las reformas necesarias para garantizar la autofinanciación de las confesiones religiosas. En este sentido, se suprimirá la asignación tributaria a la Iglesia Católica, así como el resto de beneficios fiscales.


- La aplicación de los acuerdos para la autofinanciación de la Iglesia Católica antes del final de esta legislatura.


- Reformar la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, con el fin de acabar con la actual injusticia, regulando la Libertad de Conciencia como un derecho de todos y cada uno de los ciudadanos que no discrimine ni
compartimente a los mismos, en función de sus convicciones y restableciendo así este derecho fundamental.


VI. Memoria Histórica y Democrática.


9. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en cumplimiento y desarrollo de la Ley 52/2007, de Memoria Histórica, se adopten, al menos, las siguientes medidas:


- Modificación del artículo 3.3 de la Ley 52/2007, con el fin de que se declaren nulas de pleno derecho, por la ilegitimidad de los tribunales, por vicios de forma y de fondo y por la ilegitimidad de las normas aplicadas, las sentencias y
resoluciones judiciales o administrativas dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualesquiera tribunales u órganos penales o administrativos durante la dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional anterior,
pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparados por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución.


- Reconocer y honorar a los guerrilleros y maquis que lucharon contra la dictadura franquista con las armas, y a establecer las indemnizaciones que les correspondan, en la misma medida que aquellos que se rebelaron con las armas contra el
legítimo Gobierno de la República.


- Interpretar o modificar las normas que regulan el derecho de indemnización de las víctimas de la Dictadura, para que puedan ser beneficiarios los familiares directos de todos cuantos fueron condenados a muerte en consejo de guerra y
ejecutados entre el 1 de enero de 1968 y la Ley de Amnistía de 6 de octubre de 1977 por actividades de oposición a la Dictadura.


- Presentar en el plazo de sesenta días un informe sobre las víctimas que hayan padecido violencia política en los años de la Transición con la finalidad de que sean consideradas beneficiarias de las indemnizaciones que pueda otorgar la
futura ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.


- Establecer un Marco Institucional efectivo que impulse las políticas públicas relativas a la conservación y fomento de la memoria democrática, según lo dispuesto en la Disposición adicional tercera de la Ley 52/2007.


- Modificar la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, en los artículos 11, 12, 13 y 14, con el objeto de garantizar la responsabilidad pública e institucional en las labores de localización, exhumación e identificación de las fosas o
enterramientos de víctimas del franquismo, asumiendo dicha responsabilidad el conjunto de las Administraciones y la Administración General del estado con carácter subsidiario.


- Retirar en los próximos seis meses todos los escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura que aún
no se hayan retirado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 52/2007.


- Eliminar dificultades para acceder al conjunto del sistema archivístico en el Estado español.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, formula
la siguiente propuesta de resolución sobre la recentralización del estado y el Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local.


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2013.-Chesús Yuste Cabello, Joan Coscubiela Conesa y José Luis Centella Gómez, Portavoces Adjuntos del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.



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Propuesta de resolución núm. 66


El Gobierno está inmerso en un proceso de recentralización que está afectando gravemente al marco competencial del Estado, de las comunidades autónomas (CCAA) y los entes locales. La ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera, la reforma laboral, la reforma de la justicia, las medidas medioambientales, la liberalización de los horarios comerciales, la desaparición de las cajas mediante la reforma del sistema financiero y los actuales proyectos de ley de
educación y de ley de unidad de mercado, son normas que atacan a competencias que hasta el momento habían desarrollado las Comunidades Autónomas.


De esta manera, el Gobierno pretende que la Administración Central se salve de cualquier reestructuración administrativa o reducción de competencias. Se ignoran deliberadamente todas las duplicidades administrativas que se generan
precisamente porque en su modelo ideológico centralista el Gobierno se niega a asumir que ya no ejerce determinadas competencias.


El mejor ejemplo de que las medidas del Gobierno no se pueden entender si no es desde una lógica recentralizadora es el reparto de los objetivos de déficit. El gasto por administraciones es del 50,7% del estado central, 35,7% de los
gobiernos de las Comunidades Autónomas y del 13,6% de los entes locales. Sin embargo la nueva ley de estabilidad presupuestaria discrimina a las Comunidades Autónomas y ayuntamientos y beneficia injustamente al gobierno central, ya que el reparto
de los objetivos de déficit para el año 2013 se fijaron en un 3,8% para la administración central (un 84,4% del total de déficit del estado), un 0,7% (un 15,6% del total) para las comunidades autónomas y un 0,0% para las corporaciones locales.
Además, en un ejercicio de deslealtad institucional impropio de una situación de crisis como la actual, cuando la UE flexibilizó los objetivos de déficit, no se modificaron los objetivos para el resto de las administraciones públicas. Así pues, se
discrimina a las administraciones que asumen mayor gasto social y competencias como sanidad, educación, atención a la dependencia o servicios sociales.


En paralelo, el Gobierno ha iniciado la mal denominada reforma de la administración local, tal y como se plantea en el informe aprobado en Consejo de Ministros celebrado el 15 de febrero. No es una reforma: es una demolición. No tiene en
consideración la Carta Europea de la Autonomía Local aprobada en 1985 y ratificada por el Estado español el 20 de enero de 1988, excepto el artículo 3.2, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 24 de febrero de 1989, que establece los
principios de respeto a la autonomía local sobre la base de los entes locales como uno de los principales fundamentos de un régimen democrático, del principio de subsidiariedad, de autonomía organizativa y competencias plenas.


La reforma de la administración local desprecia el principio rector que ha movido con mayor o menor ambición la normativa de desarrollo de los Ayuntamientos: el de la administración más cercana. Los municipios españoles en 1979 fueron la
expresión más evidente de la llegada de la democracia a nuestro país: miles de concejales y concejalas, de alcaldesas y alcaldes, elegidos por sus vecinos, accedieron al gobierno de sus Ayuntamientos desde la preocupación por satisfacer las
demandas más acuciantes de su entorno, y también, ante la falta de definición constitucional de las competencias locales, a afrontar aquellos retos y actuaciones que fueran impulsadas por la ciudadanía. Desde ese principio de administración más
cercana, se configuraron los Ayuntamientos como las entidades que visualizaron la democracia en nuestro país y que representaron la primera experiencia, hasta ahora irreversible, de descentralización política.


La famosa y trágica, por sus consecuencias, reforma del artículo 135 de la Constitución Española en septiembre de 2011, acordada por el PSOE y el PP, recoge el principio de estabilidad presupuestaria como principio rector de todas las
administraciones públicas. Ahora se somete a esta obsesión a la administración local a través de esta reforma, sin contemplar las consecuencias sociales en forma de pobreza y deterioro de servicios que esa intolerancia neoliberal provoca en la
sociedad, principalmente en las capas populares.


No podemos aceptar como cierto el principio de que se clarifican por primera vez las competencias municipales por ley, porque, en realidad, ya la segunda generación de Estatutos de las Comunidades Autónomas, cuyos ejemplos más palmarios
quedan representados con los Estatutos de Cataluña y Andalucía, han definido las competencias propias de los municipios, en proceso de segunda descentralización con un sentido profundamente municipalista. Estatutos que son Leyes Orgánicas aprobadas
por las Cortes y forman parte del bloque constitucional.


El anteproyecto de ley que nos ocupa pretende eliminar duplicidades y competencias impropias, para ajustar la Administración Local a los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera



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consagrados por la Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que desarrolla el citado artículo 135 de la CE. Sin embargo, no se eliminan duplicidades -pues existen las competencias compartidas y
se mantiene la posibilidad de que los municipios saneados afronten cualquier servicio-, sino que en todo caso se eliminan competencias propias de los municipios, en aspectos socialmente tan relevantes como educación, salud o servicios sociales, para
pasarlas a las Comunidades Autónomas sin su correspondiente financiación, pues asocia el Gobierno el ahorro de 3.282 millones de euros a la eliminación de dichas duplicidades. Hablan de duplicidades cuando quieren decir desmantelamiento de
servicios. Hablan de clarificación de competencias cuando quieren decir reducción a la mínima expresión de la administración local.


Esta reforma respira intervencionismo de una administración sobre otra. Ignora las competencias autonómicas sobre régimen local y desprecia a los Ayuntamientos como parte del Estado en pie de igualdad con las demás administraciones. La
intervención sobre la obsesión de la sostenibilidad financiera recorre todos los aspectos normativos de dicha reforma. Habla de racionalizar la estructura organizativa cuando quiere decir privatizar servicios y entes instrumentales, y reconoce como
uno de los objetivos el favorecer la iniciativa económica privada, evitando intervenciones administrativas desproporcionadas. Aquí reside la clave de bóveda de la reforma: debilitamiento de la democracia local a través de la reducción de sus
competencias, anteposición de los principios financieros neoliberales sobre cualesquiera otra consideración en la gestión municipal, intervención y fortalecimiento de una entidad decimonónica, asociada al clientelismo y la falta de transparencia y
control democrático, como son las Diputaciones Provinciales, y privatización de los servicios públicos por esta en los municipios que pierdan la titularidad de sus competencias. Llaman profesionalidad y transparencia a la eliminación de la política
en el ámbito local.


La reforma huele a absolutismo decimonónico, a vuelta al caciquismo y el elitismo en la representación política, y desvían la radicalidad antidemocrática de sus propuestas en la base del ahorro de gastos en cargos públicos, cuando ese
ahorro, si es que se produce, supondrá como mucho el 2% del total. Hablan de limitación de remuneraciones al 82% de los cargos públicos locales cuando esa ausencia de remuneración ya existe en esos porcentajes entre los 68.285 concejales y
concejalas de los 8.116 municipios españoles.


Y, finalmente, responde única y exclusivamente a los prejuicios neoliberales, carentes de conexión con la realidad de los Ayuntamientos, con la máxima de que sobra Estado y sobran municipios -36.000 hay en nuestro país vecino, Francia- o que
estos están muy endeudados -el porcentaje de deuda local en relación con la deuda de las administraciones públicas, antes de estudiar el impacto de los planes de ajuste, es del 4,5%, y de este porcentaje, el 40% lo suman 10 ciudades de más de
250.000 habitantes, excepto Ceuta, empezando por Madrid, con el 22,5% de la misma.


Defenderemos, como lo hemos hecho siempre, la regulación de los sueldos de los cargos públicos y criterios sostenibles en las estructuras de personal eventual, desde un principio de proporcionalidad y razonabilidad. La propuesta, a nuestro
parecer, no se ajusta a estos principios y únicamente pretende poner en el centro del debate y culpabilizar al conjunto de cargos electos que de forma mayoritaria vienen desempeñando sus funciones sin ningún tipo de retribución.


Ningún dato avala el cumplimiento del supuesto ahorro neto de 7.129 millones de euros entre los años 2013 a 2015, a no ser con el coste en recortes en forma de competencias, recursos, eliminación de servicios y destrucción de empleo público
municipal.


En definitiva, la reforma de la administración local que pretende llevar a cabo el Gobierno supone el mayor ataque a los ayuntamientos democráticos en la corta experiencia histórica de los mismos; es una vuelta a la recentralización y al
papel tradicional de aquellos como meros ejecutores de las políticas del gobierno central. El Consejo de Ministros, con esa iniciativa, pretende convertir en una excepcionalidad histórica la experiencia democrática de los Ayuntamientos españoles
iniciada en 1979.


No podemos aceptar en un marco democrático las pretensiones que el informe del anteproyecto pone de manifiesto, donde se elimina el poder de lo más cercano y en consecuencia consolidar ciudadanía de primera y ciudadanía de segunda en función
del lugar de residencia, alejando a la misma de la gestión de lo público, y fortaleciendo la deriva autoritaria, alejando de la política a una población que exige más participación, más democracia y más transparencia. El Gobierno no debería, ante
esta realidad, responder con más tutelaje, menos democracia y menos participación en los asuntos públicos.



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Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Redefinir los objetivos de déficit de las diferentes administraciones públicas para 2013 y vincularlo al porcentaje de gasto público que asume cada nivel de la administración.


2. Respetar y cumplir la distribución competencial de las Comunidades Autónomas recogida en los Estatutos de Autonomía y garantizar los recursos necesarios para poder ejercerlas garantizando la calidad y cobertura de los servicios públicos.


3. La retirada inmediata del Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la administración local, por entender que supone la eliminación de un modelo de administración local democrático.


4. Plantear una reforma tan importante y definitoria de la propia esencia del Estado con la concurrencia de la propia administración local y las administraciones autonómicas.


5. Defender el principio de suficiencia financiera sobre el de la sostenibilidad, de suerte que la reforma profundice en la segunda descentralización refrendada por las reformas de los Estatutos autonómicos, y se financien las competencias
ya establecidas en dichos marcos normativos.


6. Promover el principio de transferencia sobre el de subvención en las formas de cooperación financiera entre administraciones, con el establecimiento por ley de participación en los tributos tanto del Estado como de las Autonomías en
forma de fondos incondicionados que sustenten y garanticen la autonomía local.


7. Desarrollar una ley de financiación local, entre cuyas medidas se contemple la eliminación de intereses de demora en el pago a la Seguridad Social y el retorno del IVA a las administraciones locales.


8. Eliminar las Diputaciones Provinciales y establecer las transferencias patrimoniales y competenciales a los correspondientes modelos organizativos locales de cada Comunidad Autónoma.


9. Flexibilizar los objetivos de déficit para las Entidades Locales.


10. Establecer mecanismos flexibles para el adelanto de la PIE a los Ayuntamientos y fijar mínimos no retenibles.


11. Realizar convenios con los Ayuntamientos para hacer frente a los pagos reducidos del coste de energía en las instalaciones municipales de interés público, tales como centros educativos, sanitarios, de justicia, así como de alumbrado
eléctrico público.


12. Convocar la Conferencia Sectorial para Asuntos Locales para abordar el debate interadministrativo de la administración local.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, al amparo de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, formula la siguiente propuesta de
resolución para la defensa de la Seguridad Social.


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2013.-Chesús Yuste Cabello, Joan Coscubiela Conesa y José Luis Centella Gómez, Portavoces Adjuntos del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.


Propuesta de resolución núm. 67


A pesar de la reciente reforma del sistema de Seguridad Social aprobada con la Ley 27/2011 y dirigida a retrasar la edad media de jubilación, tanto desde el gobierno como desde la Comisión Europea se insiste en la necesidad de una nueva
reforma de las pensiones. En su discurso de investidura, el presidente del gobierno apuntaba algunos de los objetivos de la posible reforma al afirmar que 'nos proponemos acercar la edad real de jubilación a la edad legal, suprimir las
prejubilaciones, salvo circunstancias muy excepcionales, y poner freno a la práctica abusiva que supone hacer de la prestación por desempleo en los últimos años de la vida laboral, un mecanismo de prejubilación encubierta'. En términos similares se
pronunciaba la Comisión Europea en sus recomendaciones sobre el programa nacional de reforma de 2012 de España. En su recomendación segunda, que se debería adoptar en el período 2012-2013 propone 'acelerar el aumento de la edad preceptiva de
jubilación y la introducción del factor de



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sostenibilidad previsto en la reciente reforma del sistema de pensiones [...]'. El riesgo de reformas regresivas es, por tanto evidente.


En cuanto al poder adquisitivo de los pensionistas, uno de los incumplimientos más flagrantes del gobierno se produjo con relación a la no revalorización íntegra de las pensiones de 2012. El gobierno ignoró la garantía de revalorización de
las pensiones fijada por el artículo 58 de la Ley de Seguridad Social y por la legislación de Clases Pasivas. El incremento de las pensiones para 2013 no es más que una decisión estética para tapar la realidad de la pérdida de poder adquisitivo.
Las personas pensionistas van a sufrir una pérdida de poder adquisitivo de al menos un 2%. Si es grave la pérdida de poder adquisitivo, mucho más grave es el engaño del gobierno que se había comprometido a lo contrario en el Congreso, ya que el
grupo popular votó favorablemente el día 30 de octubre de una moción presentada por el Grupo de la Izquierda Plural que instaba al Gobierno a la revalorización íntegra de las pensiones.


Todas las reformas, ejecutadas o anunciadas, son profundamente regresivas para los trabajadores. Pero además también son una fuente de inseguridad e inestabilidad jurídica provocada con cambios normativos absolutamente innecesarios en
materia de Seguridad Social. Algunas de las propuestas han sido burdas improvisaciones que no se llegarán a aplicar nunca, como el anuncio del pasado mes de julio de una futura reducción de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social como
compensación al aumento del IVA, a pesar de que meses después el propio gobierno tuvo que corregir su propia propuesta por inaplicable.


Con la aprobación del Real Decreto-ley 28/2012 se fijó un nuevo límite en la disposición de activos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Se autorizó al uso del fondo hasta un importe máximo equivalente al déficit presupuestario de
las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. Aprobándolo por decreto, el gobierno renunció a presentar ante el Pacto de Toledo una propuesta para buscar fuentes alternativas y complementarias de financiación de origen fiscal
que permitan compensar la caída de los ingresos contributivos, al menos mientras dure la crisis.


Respecto a la reforma de la jubilación anticipada parcial y de la compatibilidad entre el cobro de la pensión y el trabajo, como ya anunció el presidente en su discurso de investidura, nos amenazan con una reforma de una legislación recién
entrada en vigor. Por lo tanto proponen una modificación legal sin que se sepan las consecuencias positivas o negativas que podría tener la anterior reforma. El acceso a la jubilación anticipada ha aumentado mucho durante la crisis; desde 2006 a
2011 se ha duplicado como consecuencia de que son muchas las personas de más de cincuenta y cinco que ni tienen empleo ni perspectivas de tenerlo, viéndose abocadas además a tener una protección social muy insuficiente. En consecuencia, se jubilan
anticipadamente, con mucha penalización, pero como única posibilidad de acceder a una fuente de ingresos estable.


Sin embargo, la necesidad de la posible reforma no se justifica por datos sobre la sostenibilidad del sistema. No existe un solo informe que cuantifique que la jubilación anticipada supone pérdidas para el sistema de Seguridad Social. En
realidad los motivos de la reforma solo pueden estar justificados o bien por la obediencia ciega a las imposiciones de la troika o bien por la defensa de los intereses de los que quieren hacer negocio a costa de la caída del sistema público de
protección.


Toda esta situación comporta un grave deterioro del Pacto de Toledo como espacio de diálogo político y social, pero sobre todo una pérdida irreversible de la democracia y de la política.


Por todo ello, el Congreso de los Diputados acuerda convocar un pleno monográfico sobre la situación de la Seguridad Social.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, al amparo de lo dispuesto en el vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, formula la siguiente: propuesta de
resolución sobre la política de transporte aéreo, marítimo y terrestre.


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2013.-Chesús Yuste Cabello, Joan Coscubiela Conesa y José Luis Centella Gómez, Portavoces Adjuntos del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.



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Propuesta de resolución núm. 68


El transporte al servicio del interés público es y debe ser, ahora más si cabe, un factor determinante a la hora de abordar un cambio de modelo productivo, donde sea posible una economía sostenible, equitativa y respetuosa con el territorio.


Los criterios en política de transporte seguidos hasta ahora, independientemente del partido del gobierno de turno, se han basado en la construcción de infraestructuras y por ello a la hora de acometer esas infraestructuras, en demasiadas
ocasiones de gran relevancia por su tamaño, importancia estratégica y coste, no se han ajustado al interés general, ni en términos de transparencia y participación ciudadana, ni en términos de contención económica y sin tener en cuenta el coste
medioambiental. Podemos afirmar que las infraestructuras en nuestro país han sido diseñadas, casi en exclusividad, bajo las presiones que las grandes empresas del sector de la construcción ejercen en las decisiones políticas.


Ahora, ante las medidas de ajuste que de manera dislocada aborda el Gobierno y ante el Plan de Infraestructura Transporte y Vivienda elaborado por el Ministerio de Fomento esta realidad toma, de manera inevitable, otra dimensión sin que por
ello se vayan a atender actuaciones de carácter prioritario, pues se sigue haciendo una apuesta decidida por el AVE en el transporte ferroviario, o por el mantenimiento de las concesiones de autopistas de peaje, mientras persisten las carencias
presupuestarias destinadas al mantenimiento de las infraestructuras existentes o de inversiones en la red ferroviaria normal o en el transporte de mercancías.


La Izquierda Plural cree que es imprescindible que se apueste de una vez por el transporte ferroviario de mercancías, aumentando la intermodalidad barco-tren como potente instrumento para mejorar el tránsito de camiones por carretera. Y que
se realice una evaluación integral de las infraestructuras existentes y de los servicios que prestan, a fin de mejorar sus capacidades. Porque estas actuaciones serán capaces de proporcionar empleo y riqueza para nuestro país.


En definitiva, el derecho a la movilidad de las personas y el acceso a los servicios y mercancías deben definir las políticas de transporte mediante el control y gestión público que lo garantice.


Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Derogar el Real Decreto-ley 22/2012, de 20 de julio, por el que se adoptan medidas en materia de infraestructuras y servicios ferroviarios.


2. Redefinir el Plan de racionalización de los servicios de transporte ferroviario de viajeros de media distancia aprobado en Consejo de Ministros el 28 de diciembre pasado, al objeto de cumplir de forma explícita con la obligaciones de
servicio público de acuerdo al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que conlleva la obligación de financiación de servicios a la ciudadanía que cumplen misiones de interés general, como son los servicios de transporte público colectivo, con
financiación directa a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.


3. Intervenir de manera efectiva e inmediata en el conflicto desatado en Iberia, poniendo en valor los intereses generales del Estado como máximo accionista de la compañía aérea al objeto de garantizar el empleo, el mantenimiento y
viabilidad de la compañía y asegurar nuestros intereses de país en el espacio aéreo mundial manteniendo las rutas neurálgicas con América Latina o incrementando tal producción en otros destinos.


4. Adoptar de manera inmediata las medidas oportunas para desbloquear el reconocimiento del acuerdo del II Convenio Colectivo firmado entre los sindicatos y la dirección de Puertos del Estado, que en la actualidad se encuentra
incomprensiblemente paralizado por La Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR), dependiente del Ministerio de Hacienda.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al estado de la Nación, formula
siguiente propuesta de resolución sobre financiación autonómica.


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2013.-Chesús Yuste Cabello, Joan Coscubiela Conesa y José Luis Centella Gómez, Portavoces Adjuntos del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.



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Propuesta de resolución núm. 69


En el mes de julio de 2008, en pleno proceso de preparación de la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas (CCAA), el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) publicó las Balanzas Fiscales de las Comunidades Autónomas con
las administraciones públicas centrales correspondientes al año 2005, resultado de los trabajos de una comisión de expertos creada con esa finalidad. Desde todas las perspectivas metodológicas contempladas, la comunidad autónoma valenciana mostraba
un saldo negativo (déficit), es decir, las administraciones centrales recaudaban más en impuestos que gastaban o invertían en el territorio del País Valenciano.


Lo más llamativo de estos datos (menores recursos por habitante de la Generalitat Valenciana y saldo fiscal negativo con la Administración General del Estado) es que se refieran a una comunidad que alcanza una renta per cápita inferior a la
media. Y el elemento común que subyace es que los mecanismos de solidaridad interterritorial que operan a través de las actuaciones de la Administración General del Estado, en general, y en particular a través de los instrumentos de nivelación del
Sistema de Financiación Autonómico no han tenido en cuenta de manera satisfactoria la ordenación por capacidad fiscal ni por rentas per cápita de las Comunidades Autónomas.


Ni la balanza fiscal, ni la tendencia a situarse en un nivel de riqueza inferior a la media estatal han cambiado en los últimos años en el caso valenciano.


La descentralización política en el Estado español, que comenzó básicamente como una descentralización de gastos (sanidad, educación y servicios sociales), mientras que los ingresos mayoritariamente permanecían centralizados, ha dado pasos
importantes posteriormente en el ámbito de los ingresos, aunque la cesión de impuestos se ha realizado con limitaciones en cuanto a la capacidad normativa. Pero los avances en la descentralización y la mayor información sobre las actuaciones del
sector público en los distintos territorios no han sido suficientes para cambiar en algunos casos una larga tradición de escasa presencia pública.


Aunque la última reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común ha mejorado ligeramente la situación valenciana, la corrección se ha mostrado insuficiente. Ya la liquidación del ejercicio del 2009 puso en
evidencia que a pesar de que ha convergido levemente a los valores medios, la valenciana sigue estando entre las comunidades que perciben menos asignación por habitante y es la tercera en la orden de las menos favorecidas. La existencia de una
comunidad autónoma cuya renta es inferior a la media pero que contribuye en mayor medida de lo que recibe del sistema fiscal del estado refleja con claridad meridiana que el sistema de financiación autonómica es injusto y debe ser revisado.


La igualación de la financiación per cápita se ha visto limitada por diversas razones que tienen mucho que ver con los procesos negociadores previos a las sucesivas reformas. En primer lugar que los acuerdos nunca se han basado en estudios
sobre el coste de prestación de los servicios. En segundo lugar por la incorporación de cláusulas ad hoc que preservaban el status quo previo del que se partía. Así pues, tanto la desigual prestación de servicios territorial heredada de la
dictadura franquista, como las que se derivan de las asimetrías de los inicios de un Estado autonómico en construcción progresiva, determinaron los sucesivos modelos. Para acabar, esta última circunstancia se ha visto agravada por el hecho que el
modelo de 2001 no contemplaba correcciones en función de las desigualdades del crecimiento demográfico, tan intenso en la última década del siglo XX como desigual en su distribución territorial.


Asimismo, todo ello ha supuesto que, al menos en el caso valenciano, se ha acumulado un déficit de financiación a lo largo de tres décadas de modelo autonómico. Este déficit, es una de las causas fundamentales que explican un endeudamiento
muy superior de la administración autonómica valenciana a la media del conjunto del Estado.


Por todo ello, se presenta la siguiente propuesta de resolución:


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:


1. Iniciar un proceso de revisión del actual Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades con Estatuto de Autonomía. Dicha revisión debe corregir los desequilibrios existentes en él partiendo de estudios
objetivos sobre el coste de prestación de los servicios.



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2. Resolver y compensar los déficits de financiación de las Comunidades Autónomas que han estado y están mal financiadas, como es el caso, entre otras, de la comunidad autónoma valenciana.


3. Valorar y compensar la deuda histórica del estado con la comunidad autónoma valenciana, entre otras, derivada de la situación en el momento del inicio de la transferencia de competencias.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su Portavoz, doña Rosa María Díez González, formula, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo del debate de
política general en torno al estado de la Nación, las siguientes propuestas de resolución.


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2013.-Rosa María Díez Gónzález, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.


Propuesta de resolución núm. 70


Relativa a la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.


Uno de los principios básicos de nuestro sistema político es la soberanía popular que viene regulado en el artículo 1.2 de nuestro Texto constitucional: 'La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes
del Estado'.


El sistema electoral ha de ser respetuoso con este principio esencial en democracia, sin distorsionar la voluntad libremente manifestada por el pueblo en las urnas. En esta materia, la democracia española no puede ni debe permitir
resultados electorales desigualitarios e injustos.


Por eso, y en el contexto de la imprescindible regeneración democrática de las instituciones, la modificación y mejora democrática de nuestra Ley Electoral se hace prioritaria e improrrogable de cara a futuras consultas electorales.


Se propone a tal fin la modificación de la Ley Electoral en un doble sentido: superar la distorsión derivada de la instauración de la provincia como circunscripción electoral, a causa de la enorme heterogeneidad demográfica de las mismas,
que se traduce en grandes diferencias en el número de votos necesarios para obtener representación, y superar también la antigua concepción de listas electorales bloqueadas sobre las que los ciudadanos apenas pueden manifestar sus preferencias a la
hora de elegir a su representante.


La propuesta de resolución aquí planteada viene además avalada por el Informe del Consejo de Estado sobre la reforma del sistema electoral, publicado en febrero de 2009, y es compatible con la Constitución sin exigir su reforma previa.


Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas legales precisas para la reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que incorpore los siguientes cambios con el fin de mejorar la
proporcionalidad del sistema electoral, y por tanto la representatividad del Parlamento:


1. Adoptar una circunscripción electoral mixta, combinando una circunscripción nacional única y otra provincial:


a) La circunscripción electoral para la provincia elegirá un mínimo de un Diputado por cada circunscripción, y los demás se distribuirán en proporción a la población oficial de cada circunscripción.


b) Los Diputados restantes se elegirán en una circunscripción única de carácter nacional.


2. Hasta que el desarrollo de las herramientas informáticas permita la introducción sencilla de las listas abiertas, el procedimiento de elección de los Diputados seguirá el principio de 'listas desbloqueadas', de modo que el elector tenga
la posibilidad de alterar el orden de los candidatos en la lista.



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Propuesta de resolución núm. 71


Sobre transparencia.


En el Congreso de los Diputados, se está tramitando un Proyecto de Ley presentado por el Gobierno sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Este texto legal adolece de defectos importantes para cumplir con los
fines revistos por su ámbito subjetivo de aplicación; su contenido; la falta de independencia de los órganos de control y sanción previstos; y la naturaleza jurídica dada al proyecto.


La Ley de transparencia debe incluir, para garantizar altos estándares de honestidad y probidad, todas las instituciones públicas, incluida la corona. Y, además, debe extenderse a los partidos políticos, los sindicatos, organizaciones
empresariales y en general a toda institución que reciban fondos públicos. De esta forma se ayudaría a prevenir muchas de las prácticas colusorias entre intereses públicos y privados que facilitan la extensión de la corrupción y la mezcla entre
corrupción pública y privada. Para ello también es conveniente la regulación de los lobbies.


En su contenido, no puede obviar una de las principales causas de la extensión de la corrupción política en nuestro país: la ocupación de las instituciones y administraciones públicas por los partidos políticos mediante prácticas de
patronazgo. Los cargos públicos no deben ser nombrados, como ahora sucede habitualmente, por consideraciones de partido y de confianza, sino por su capacidad técnica, su honestidad y probidad.


Al mismo tiempo es esencial que regule la existencia de órganos de control independientes del poder político que hagan que la tramitación de las peticiones de información de los ciudadanos sea adecuadamente realizada y los incumplimientos de
las medidas de transparencia y buen gobierno sancionadas.


Finalmente, la naturaleza jurídica de la Ley de Transparencia para ser eficaz debe ser orgánica, ya que una buena regulación conlleva desarrollar derechos fundamentales de los ciudadanos. España va a ser uno de los últimos países europeos
en aprobar una Ley de Transparencia, por ello, con más motivo, debe hacer una Ley que sea realmente eficaz para prevenir la corrupción política, afectar al interés ciudadano de una mejor gestión pública y suministrar los datos públicos que puedan
usar los ciudadanos para mejorar sus actividades privadas.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente propuesta de resolución al debate sobre el Estado de la Nación:


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que apoye que, en el Proyecto de Ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se hagan las modificaciones precisas de acuerdo a las siguientes propuestas:


1. La ampliación del ámbito subjetivo de la Ley para que incluya a todas las instituciones públicas, incluida la Casa Real; los partidos políticos; sindicatos; organizaciones empresariales; y cualquier otra institución o empresa que
reciba fondos públicos o esté controlada por las administraciones públicas.


2. La ampliación de su objeto para que incluya:


a) La publicación del perfil de cada puesto público, en los casos de nombramientos de eventuales -cargos de confianza- y libres designaciones; sus requisitos de acceso; los currículos de los candidatos que concurran a ocuparlo; y la
motivación de los nombramientos y ceses que se produzcan.


b) La publicación del uso de los coches oficiales; tarjetas y gastos de protocolo; y de los gastos de publicidad en campañas oficiales y sus motivos.


c) La publicación de las declaraciones de renta y patrimonio de los miembros del gobierno y altos cargos, miembros de las Cortes Generales, principales instituciones del Estado y de los cargos similares en las Comunidades Autónomas y
ayuntamientos.


d) La publicación de los informes sobre conflictos de intereses.


e) La regulación de los lobbies y de su actividad.


3. La presunción de que la información generada por el sector público tiene carácter público salvo las excepciones establecidas expresamente por la Ley y el carácter positivo del silencio administrativo en los procedimientos de petición de
información.


4. La regulación de un órgano de control y sanción independiente del poder político, para asegurar el cumplimiento de la Ley.



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5. Dotar a la Ley de la naturaleza jurídica de Ley Orgánica, ya que desarrolla derechos fundamentales; y para evitar su inaplicación por la colisión con otras Leyes Orgánicas como la de protección de datos.


Propuesta de resolución núm. 72


Sobre organización y funcionamiento democrático y financiación de los partidos políticos.


El funcionamiento de las instituciones democráticas de un país exige de partidos políticos, como un instrumento necesario para articular la acción política de la sociedad. En España los partidos políticos están regulados en el artículo 6 de
la Constitución, en la que se dice que 'los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio
de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la Ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos'. Su desarrollo legal actualmente se realiza por la Ley Orgánica de Partidos 6/2002, de 27 de junio. Esta
norma contiene ciertas exigencias para su organización, funcionamiento y actividades. No obstante, estás normas son en exceso genéricas lo que dificulta, además de una cierta homogeneidad entre los diferentes partidos, que la selección de los
candidatos a cargos públicos se haga mediante procesos abiertos, transparentes y competitivos.


Por otra parte, a pesar de las mejoras habidas recientemente en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, de financiación de partidos realizadas por la Ley Orgánica 5/2012, de 22 de octubre, hay todavía la posibilidad de hacerla mas
transparente para que se rindan cuentas adecuadamente.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente propuesta de resolución al debate sobre el Estado de la Nación:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Modificar la Ley Orgánica de Partidos con el siguiente contenido:


a) Elecciones internas competitivas mediante voto directo y secreto para la selección del candidato número uno de las listas electorales que el partido vaya a presentar en cualquier ámbito electoral. Selección también abierta y transparente
del resto de los candidatos que vayan a ir en la lista electoral. Cualquier afiliado podrá presentarse como candidato, también podrá presentarse cualquier ciudadano no afiliado de acuerdo a las normas que apruebe el partido en sus estatutos.


Este proceso electoral interno de selección de candidatos será convocado simultáneamente para todos los partidos por las Juntas Electorales existentes en nuestra legislación, según el ámbito territorial de la elección, en el momento en que
se produzca la convocatoria electoral para los cargos públicos.


El censo de votantes de cada partido, lo controlará la Junta Electoral competente.


b) El Congreso del partido, como asamblea en la que participan todos sus afiliados o los elegidos por estos mediante voto directo y secreto, se deberá realizar con una periodicidad máxima que se fijará en la Ley. Las votaciones del Congreso
deberán ser directas y secretas. Los delegados no tendrán mandato imperativo.


c) Los órganos internos del partido serán elegidos por voto directo y secreto entre todos los afiliados concernidos en atención al ámbito territorial de sus competencias.


d) Los órganos de debate y control entre Congresos deberán al menos anualmente votar la gestión de los órganos de dirección, mediante voto directo y secreto.


2. Medidas relativas a la financiación de partidos.


a) El control interno anual deberá realizarse por la Intervención General del Estado, a quién se le atribuirá esa función. Los datos que resulten en formato homologado deberán publicarse cada año en la página web del partido político.


b) Las cuentas consolidadas de los partidos deberán incluir además de los ámbitos previstos actualmente el local.



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c) El Tribunal de Cuentas cambiará la forma de selección de los consejeros para garantizar su independencia y despolitización. La selección de su personal seguirá criterios estrictos de mérito y capacidad. Se le reforzará con medios
personales y materiales para que pueda realizar sus funciones de fiscalización de los partidos políticos. Este fiscalización es independiente de la prevista para la Intervención General del Estado.


d) Endurecimiento de las sanciones administrativas por las infracciones cometidas en materia de financiación de partidos.'


Propuesta de resolución núm. 73


Sobre el voto en el extranjero.


La Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, introdujo una modificación del artículo 75 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio del Régimen Electoral General, que regula el ejercicio del voto por personas que viven en el extranjero. Con dicha
modificación se introdujo un complejo procedimiento para que los españoles inscritos en el censo de residentes-ausentes puedan ejercer un derecho fundamental reconocido por el artículo 23 de la Constitución como es el derecho al electoral activo y
pasivo.


Este nuevo procedimiento obliga al ciudadano español que reside en el extranjero a asumir la carga del cumplimiento de una serie de trámites legales y administrativos que por su complejidad y la excesiva brevedad de los plazos se ha
convertido en la práctica en un sistema de discriminación y exclusión.


Es un sistema discriminatorio respecto de los ciudadanos españoles que residiendo en territorio del estado español pero estando ausentes el día de la votación optan por el ejercicio de su derecho mediante el voto por correo (arts. 72 y 73),
ya que reduce ostensiblemente los plazos para solicitar el voto del español en el extranjero a 25 días frente a los 44 días que gozan los residentes en España.


También se reduce el período de remisión por correo del voto a la Oficina Consular de Carrera o a la Sección Consular de la Misión Diplomática al limitarlo hasta el quinto día anterior a la fecha de las Elecciones, frente al residente en
España que puede remitirlo por correo hasta el tercer día anterior a las Elecciones. Este plazo se ve todavía más restringido en las provincias donde se hayan impugnado las candidaturas, ya que en ese caso la recepción de los certificados de
inscripción en el Censo de residentes -ausentes puede demorarse hasta el cuadragésimo segundo día posterior a la fecha de convocatoria de las Elecciones lo que deja al votante en el extranjero tan solo una semana para remitir su voto al Consulado.
Semejante diferencia de plazos en función de las impugnaciones de candidaturas no figuran para el voto por correo de los españoles residentes en España.


Por otro lado, la realidad desde la implantación del nuevo procedimiento del voto de los españoles residentes en el extranjero demuestra que se ha convertido en un sistema de exclusión en el ejercicio de este derecho. Según los datos
oficiales publicados por el Ministerio del Interior, en las Elecciones Generales celebradas el 20 de noviembre de 2011, el Censo de Residentes-Ausentes (CERA) tenía registrados 1.482.786 españoles, de los que se tramitaron 138.037 solicitudes de
voto, aunque solo votaron 73.361 españoles (4,95 %). En las Elecciones Generales anteriores, celebradas en marzo de 2008, el CERA registraba 1.205.329 españoles en el extranjero de los que votaron 382.586 ciudadanos (31,74%).


Estos datos demuestran claramente que la reforma electoral establecida para los españoles que residen en el extranjero lejos de favorecer su participación política a través del ejercicio de su derecho de sufragio activo, ha servido para
impedirlo al tiempo que introducía una discriminación legal contraria al principio de igualdad regulado en el artículo 14 de la Constitución.


Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que modifique el artículo 75 de la LOREG con el fin de establecer un procedimiento para el ejercicio del voto de los españoles residentes en el extranjero que no sea
discriminatorio y que sirva para promover el ejercicio de este derecho fundamental por este colectivo que representó el 4,15 % del censo electoral total en las Elecciones Generales de 2011.



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Propuesta de resolución núm. 74


Para establecer un sistema o régimen general retributivo de los cargos políticos electivos.


El sistema o régimen retributivo de los cargos políticos electivos es una cuestión de gran relevancia en cualquier sistema democrático, que debería estar regulado de una forma clara, transparente y racional.


Recientemente el Gobierno anunciaba las bases de la reforma de la administración local que proponía enviar al Congreso de los Diputados previa consulta al Consejo de Estado. En este proyecto ya se establece unas limitaciones retributivas
para alcaldes y concejales. Sin embargo, esta propuesta no abarca la totalidad de cargos públicos de nuestro país cuya retribución debe ser regulada de forma tanto cualitativa como cuantitativa estableciendo un sistema retributivo general diseñado
en base a principios de jerarquía y la responsabilidad asumida por cada uno de ellos.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente propuesta de resolución al debate sobre el Estado de la Nación:


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo máximo de seis meses presente ante el Congreso de los Diputados un Proyecto de Ley que contemple las reformas legales necesarias a fin de establecer un sistema o régimen
general retributivo de los cargos políticos electivos, sencillo, transparente, racional, coherente y objetivo, diseñado bajo los principios de coordinación y jerarquía y en función de la responsabilidad asumida por cada uno de los cargos públicos en
las distintas instancias de la administración territorial del Estado, inclusive Comunidades Autónomas y Administración Local.'


Propuesta de resolución núm. 75


Plan Director de Derechos Humanos.


En 1993 España aprobó junto a otros 170 estados la Declaración y Programa de Acción de Viena de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos. En ella se reafirmaba que 'Los Derechos Humanos y las libertades fundamentales son patrimonio innato
de todos los seres humanos; su promoción y protección es responsabilidad primordial de los gobiernos' y recomienda que 'cada Estado considere la posibilidad de elaborar un plan de acción nacional en el que se determinen las medidas necesarias para
que ese Estado mejore la promoción y protección de los derechos humanos'. En consonancia con esta declaración, el 12 diciembre de 2008 el Consejo de Ministros aprobó el primer Plan de Derechos Humanos 2008-2011, que se ha sometido a evaluación y se
ha debatido en esta Cámara. Sin embargo, lo cierto es que ese Plan, diseñado para cuatro años, ha vencido y nos encontramos ya camino de llevar dos años sin un nuevo plan.


Convencidos de que el Gobierno no carece de voluntad política para elaborar uno nuevo, sino que se debe a lo que podríamos llamar falta de engrase institucional, consideramos que la obligatoriedad legal de poner en marcha de forma automática
mejoraría sutancialmente las políticas españolas en esta materia y les daría continuidad por encima de los Gobiernos. El buen funcionamiento de este tipo de medidas en el ámbito de la Cooperación Internacional para el Desarrollo la convierte en un
buen modelo a importar para las políticas de Derechos Humanos, habilitar un procedimiento similar facilitaría el desarrollo de los DDHH en nuestro país, y del mismo modo simplificaría su tramitación y discusión e impediría que razones exógenas
bloquearan esta obligación que España tiene con sus ciudadanos y la comunidad internacional.


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1 Establecer cada cuatro años, en la forma y modo que se determine y a propuesta e iniciativa del Gobierno, las líneas generales y directrices básicas de la política española de Derechos Humanos. A tal efecto, el Gobierno remitirá al
Congreso de los Diputados, posteriormente a su aprobación, un Plan director de Derechos Humanos con una vigencia de cuatro años, para su debate y dictamen.


Asimismo el Gobierno remitirá a la Cámara, posteriormente a su aprobación, un Plan Anual de Derechos Humanos para su debate y dictamen en la Comisión Constitucional. Esta Comisión será informada por el Gobierno del nivel de ejecución y
grado de cumplimiento de los programas, proyectos y



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acciones comprendidos en ambos planes, y recibirá cuenta de la evaluación de los mismos, así como de los resultados que refleje el Documento de Seguimiento del Plan Anual del ejercicio precedente.


Propuesta de resolución núm. 76


Sobre el sistema de elección de RTVE.


El nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de RTVE mediante mayoría absoluta ha perjudicado su calidad e independencia tras la aprobación del Real Decreto-ley 15/2012, de 20 de abril, de modificación del régimen de
administración de la Corporación RTVE, previsto en la Ley 17/2006, de 5 de junio. Frente al mérito y la capacidad, la elección de consejeros se venía realizando tradicionalmente mediante un pacto para repartirse los puestos los dos grandes partidos
creando un sistema de cuotas de poder. Este procedimiento, parejo al del resto de instituciones del estado elegidas por el Congreso de los Diputados, choca frontalmente con lo que el ciudadano requiere de un servicio público de comunicación:
independencia, pluralismo y calidad. No podemos desgajar el calado de la actual crisis política e institucional del método de elección que ha contaminado el funcionamiento nuestras instituciones, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas,
Defensor del Pueblo y RTVE. Nuevos tiempos requieren nuevas maneras. Ni siquiera es necesario ingeniar un nuevo y enrevesado sistema, basta con observar y tratar de mejorar las prácticas de los mejores.


'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar las modificaciones legales necesarias para:


1. Implantar para el procedimiento de elección de los miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTVE y de su Presidente un sistema de elección que garantice su independencia y basado en el mérito y la capacidad. El
procedimiento tiene que contemplar i) la convocatoria pública de plazas; ii) preselección de candidatos con criterios objetivos basada en objetivos mesurables; iii) examen previo ante la Comisión de Nombramientos del Congreso de los Diputados;
iv) aprobación por consenso o en su defecto por tres quintas partes de los Diputados con un número mayor de grupos parlamentarios a favor que en contra.


2. Instaurar un organismo garante de la independencia, la neutralidad y el pluralismo de la radiotelevisión pública mediante un sistema de elección fundamentado en el consenso para que la radiotelevisión pública incorpore una pluralidad de
opiniones y que vayan más allá de las partidistas.'


Propuesta de resolución núm. 77


Para la 'Segunda Oportunidad'.


El estallido de la burbuja inmobiliaria asociada a la crisis económica ha tenido efectos sociales dramáticos en el mercado hipotecario. Aunque se carecen de datos suficientemente contrastados y hay grandes diferencias entre los que circulan
acerca del número de desahucios y lanzamientos hipotecarios ejecutados, está fuera de toda duda que un número muy elevado de familias, las que han perdido una parte significativa de sus ingresos o la práctica totalidad de los mismos, se enfrentan a
grandes dificultades, y en ocasiones a la absoluta imposibilidad, para el pago de los créditos hipotecarios que tomaron antes de la crisis. La gran mayoría de las hipotecas suscritas son de responsabilidad ilimitada, no contemplan la entrega del
bien hipotecado como dación en pago, y conllevan intereses de demora muy elevados, lo que significa que muchos afectados por la crisis acaban perdiendo la vivienda habitual, embargada por la entidad hipotecaria, sin que por ello liquiden una deuda
sobrevenida que no para de crecer. La norma afecta también a los avalistas del crédito.


Esta deuda impide a menudo que los afectados, muchas veces parejas jóvenes, puedan trabajar o emprender ocupaciones económicas con normalidad. Por tanto, las injustas consecuencias de un



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endeudamiento sobrevenido, que nada tiene que ver con la mala fe o la irresponsabilidad, agrava también la crisis económica al retirar de la actividad, la inversión y el consumo a personas en su edad más productiva. El problema a
solucionar, por tanto, es la liquidación legal de esa deuda impagable sobrevenida, liberando al deudor de su peso y manteniendo a la vez las reglas básicas del sistema económico, como el valor vinculante de los contratos y el reconocimiento y pago
de las deudas libremente contraídas.


Las carencias e insuficiencias del sistema jurídico que regula el mercado hipotecario han sido dramáticamente puestas de relieve por esta crisis y el aumento de desahucios, que reclaman una solución legal rápida, eficaz y universal, o
segunda oportunidad, a la que puedan acogerse todos los que tengan una deuda impagable hipotecaria sobrevenida.


'Por todo ello, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover los cambios legales necesarios para:


1. Permitir la liquidación legal de las deudas hipotecarias impagables con fórmulas de dación en pago mediante concurso privado de acreedores, negociación de la deuda entre acreedor y deudor, medidas de protección contra el
sobreendeudamiento, y cualquier otra que garantice una segunda oportunidad a los afectados.


2. Demorar con carácter urgente las ejecuciones y lanzamientos hipotecarios hasta que las reformas legales en curso permitan renegociar la deuda o liquidarla de acuerdo con el principio de 'segunda oportunidad', tal como sea regulado por la
ley.'


Propuesta de resolución núm. 78


Para garantizar la independencia judicial y la separación de poderes.


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar un Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la elección y composición de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, regulado en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del
Poder Judicial, para garantizar la independencia judicial y la separación de poderes, que introduzca, entre otras posibles, las siguientes reformas:


1. El sistema de elección de los doce vocales del Consejo General del Poder Judicial elegidos entre Jueces y Magistrados lo será de forma directa en listas abiertas, voto secreto y personal de la siguiente manera: mayoritariamente por los
propios Jueces y Magistrados, y en el porcentaje que se determine también por los Secretarios Judiciales, Fiscales y Letrados.


2. Los ocho restantes vocales del Consejo General del Poder Judicial se eligen cuatro por el Pleno del Congreso y cuatro por el del Senado por mayoría de tres quintos, respectivamente, y serán elegidos entre abogados y otros juristas de
reconocida competencia con más de veinte años de ejercicio en su profesión, que no presten sus servicios en los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial.


3. Los veinte vocales del Consejo pueden ser reelegibles una sola vez.


Propuesta de resolución núm. 79


Medidas para combatir la corrupción política.


La extensión de los casos y sospechas de corrupción en las principales instituciones del Estado y en los partidos de gobierno y oposición han convertido la profunda crisis política y económica en una crisis de confianza en el sistema
democrático.


Combatir la corrupción exige aprobar de inmediato leyes eficaces para acabar con la impunidad de los responsables y castigar duramente los comportamientos que pervierten nuestra democracia. La ley ha de prohibir que las personas acusadas
por delitos de corrupción política puedan ir en listas electorales, establecer el delito de financiación ilegal de los partidos políticos, perseguir el delito de enriquecimiento ilícito de todos los cargos públicos, poner coto a la discrecionalidad
de los indultos otorgados por el Gobierno, excluyendo a los condenados por delitos de corrupción.



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Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente propuesta de resolución:


En su virtud, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo máximo de tres meses impulse las reformas legales necesarias a fin de:


1. Sancionar penalmente mediante un tipo delictivo autónomo la omisión o falsedad deliberada por parte de los partidos políticos tanto de sus estados contables como de su patrimonio social, que deberá ser publicado en un registro específico
debidamente actualizado. Dicho delito será igualmente aplicable a aquellos cargos públicos electivos que omitieran o falsearen sus declaraciones de bienes.


2. Establecer un delito específico para perseguir la financiación ilegal de los partidos políticos, aplicable tanto a la financiación ordinaria como a la electoral, en el que incurrirían los propios partidos de forma directa en el caso de
que se descubrieran bienes, fondos o cualquier patrimonio oculto (situado tanto en España como en cualquier otro lugar) cuya adquisición no pueda ser debidamente justificada en virtud del régimen legal de financiación actualmente vigente y en
coherencia con la contabilidad formulada y presentada a fiscalización ante el Tribunal de Cuentas.


3. Incorporar a nuestra legislación penal el denominado delito de enriquecimiento ilícito o injusto de los cargos públicos electivos, cuyo elemento fáctico típico se sustentaría en el incremento de patrimonio desproporcionado o
injustificado de un político en relación con los ingresos que, por obligación legal, debe declarar públicamente.


4. Reforzar la responsabilidad de los políticos en el desempeño de sus cargos al frente de sociedades o entes públicos, sancionando a los gestores públicos que, bien de forma dolosa o bien por negligencia grave, hayan causado, por actos u
omisiones contrarios a la Ley, daños patrimoniales a los bienes o al caudal público, incumpliendo los deberes inherentes al desempeño del cargo, contemplando la posibilidad de un tipo específico de acción popular que permita iniciar los
correspondientes procedimientos judiciales.


5. Establecer un mecanismo legal de control parlamentario y rendición de cuentas por parte del Gobierno de los indultos tramitados, con especial referencia a los concedidos, previa emisión de un informe anual conjunto por parte de los
Ministerios de Justicia y Defensa, el que se detallen todos los indultos concedidos en sendos ámbitos competenciales y los motivos de su concesión, junto con las propuestas y recomendaciones que fueran necesarias para mejorar el procedimiento de
concesión del citado derecho de gracia y para mejorar la normativa penal de la que trae causa.


6. Introducir las reformas legales necesarias para que, sin modificar la naturaleza esencialmente discrecional del indulto, deje de usarse de forma arbitraria, como actualmente viene ocurriendo. En concreto, deberá exigirse la obligación
de motivar en todo caso las razones de justicia, equidad o utilidad pública que justifican el indulto (tanto total como parcial) y, en el caso de que la resolución estimatoria del mismo se acuerde contra la opinión desfavorable de la fiscalía o del
tribunal sentenciador, incluir las razones por las que se ha decidido en el Real Decreto apartarse de dichos criterios.


7. Establecer la posibilidad legal de recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativo la concesión del indulto, tanto en aquellos supuestos en que no se haya producido una adecuada observancia de los presupuestos reglados
contenidos en la normativa que regula el ejercicio de gracia, como en aquellos otros supuestos en los que el correspondiente Real Decreto adolezca de la necesaria motivación o su concesión se hubiera producido por otros intereses espurios ajenos a
las referidas cuestiones de justicia, equidad o utilidad pública, en cuyo caso el indulto será declarado nulo. Dicho recurso podrá interponerse por parte del ministerio fiscal, las acusaciones o los perjudicados u ofendidos por el delito, sobre la
base de las citadas razones formales o por los aspectos materiales de su concesión, si es que su contenido es ilógico, fraudulento o causante de alarma social.


Propuesta de resolución núm. 80


Relativa al condicionamiento de los rescates de las Comunidades Autónomas y de la exigencia de responsabilidad a las mismas por incumplimiento del Ordenamiento Jurídico.


En su virtud, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo máximo de tres meses impulse las reformas legales necesarias en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad



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Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como en cuantas otras normas fuere necesario a fin de que:


1. Análogamente a lo establecido en la Disposición Adicional Primera de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para los incumplimientos de normas de Derecho comunitario por parte
de las Comunidades Autónomas, el incumplimiento de las leyes españolas o la falta de lealtad constitucional habilite al Consejo de Ministros para declarar la responsabilidad por dicho incumplimiento y acordar, en su caso, la compensación o retención
de la deuda con las cantidades que deba transferir el Estado a la Administración o entidad responsable por cualquier concepto, presupuestario y no presupuestario.


2. De forma análoga a como condiciona la Unión Europea los rescates o las ayudas a los países miembros, España conceda las ayudas a las Comunidades Autónomas correspondientes de forma finalista, en orden a que las mismas sirvan para
garantizar el mantenimiento de los servicios públicos esenciales en situación de igualdad, condicionando las mismas a la supresión de gastos y entes superfluos y a la eliminación de duplicidades en el entramado institucional.


3. Al igual que se prevé hacer con los pagos a proveedores de la Administración, establecer los mecanismos necesarios para que el Estado pueda garantizar directamente a los ciudadanos los servicios públicos esenciales, en el caso de que las
Comunidades Autónomas o las Corporaciones Locales destinen el rescate o las transferencia de fondos estatales a otras finalidades distintas a la que acabamos de referir.


Propuesta de resolución núm. 81


Para la fusión de municipios y supresión de Diputaciones.


España es de los pocos países europeos que no ha acometido desde la segunda mitad del siglo XX planes rigurosos de concentración municipal. Incluso ha seguido en las últimas décadas el camino contrario, de forma que entre 1996 y 2009 se han
producido segregaciones que afectaron a más de treinta municipios. En otros países, sin embargo, como el Reino Unido, Alemania, Bélgica, Suecia, han realizado importantes transformaciones del tamaño municipal mediante la fusión de municipios o
entidades semejantes, con el objetivo de poder prestar un mejor servicio a los ciudadanos y de reforzar el gobierno local y la responsabilidad política de sus gobernantes.


Un municipio debe fundarse en un territorio y una población congruentes con las economías de escala que existen para la prestación de servicios municipales. Así, con municipios de mayor tamaño se podría contar con una estructura
administrativa más reducida, pero más profesional, compuesta por empleados públicos de mayor calidad, lo que dificultaría las contrataciones clientelares y la corrupción que tantas veces se amparan en la proximidad


Con la realización de estas fusiones se podría más fácilmente suprimir las diputaciones provinciales. Una estructura administrativa que proviene del siglo XIX y que no se ha adaptado a la existencia del Estado de las Autonomías y a su
distribución competencial.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente propuesta de resolución:


En su virtud, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas constitucionales y legales precisas para la modernización de la Administración Local española mediante la fusión de los municipios de reducido tamaño y la
supresión de las Diputaciones Provinciales.


Propuesta de resolución núm. 82


Sobre la exigencia de responsabilidades a la alta dirección de las Cajas nacionalizadas y para la devolución íntegra de su dinero a los estafados por la venta indebida de participaciones preferentes.



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La sociedad española no entiende que unos hechos tan graves y de consecuencias tan terribles como los sucedidos en las Cajas de Ahorros, que en último término han conducido a nuestro país al rescate europeo (con todas sus secuelas), no hayan
conllevado una clara exigencia de responsabilidades. La negativa a crear una Comisión de Investigación en el Congreso ha reforzado esa sensación de impunidad en unas entidades politizadas y controladas por las Comunidades Autónomas. De hecho, los
principales responsables de haber hundido las entidades que dirigían no solo no han sido penalizados, sino que han recibido indemnizaciones multimillonarias, lo que resulta socialmente escandaloso.


Por otro lado -también dentro del ámbito financiero- tras el rescate europeo, los propietarios de participaciones preferentes se han visto abocados a sufrir importantes pérdidas. Sin embargo, muchos de ellos son personas estafadas (a menudo
jubilados), víctimas de un abuso de confianza por parte de sus entidades financieras. Estas personas estafadas no pueden tener el mismo tratamiento que el resto de acreedores. Las medidas referidas a la comercialización futura de preferentes en
nada beneficiarán a los ya atrapados, y los procedimientos de arbitraje puestos en marcha por el Gobierno son insuficientes, al estar bajo el control de las entidades financieras causantes del problema.


En su virtud, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:


1. El Gobierno hará uso de todos los instrumentos a su alcance para exigir las responsabilidades profesionales, económicas o penales a los causantes del deterioro de los balances y de la ocultación de los problemas en las entidades
financieras que han tenido que ser rescatadas a costa del contribuyente. El FROB tendrá la obligación de emprender todas las acciones necesarias tendentes a este fin en aquellas entidades que controle.


2. En el plazo de un mes, el Gobierno promoverá los cambios legislativos necesarios para revisar la totalidad de las cláusulas indemnizatorias, pensiones, o cualquier cláusula de blindaje, incluso las de carácter laboral, de las cuales
puedan derivarse beneficios discrecionales por el ejercicio de sus funciones y percibidas o demandadas por los administradores o cargos directivos, incluyendo las ya cobradas con posterioridad al 1 de enero de 2008, de entidades financieras que
hayan requerido de ayudas del Estado a través del FROB (extendiéndose a cualquier tipo de participación, sea mayoritaria o no) al objeto de impedir su materialización o recuperar la cuantía cobrada.


3. El Gobierno dotará a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de los medios extraordinarios que precise para revisar todas las operaciones de comercialización de preferentes posteriores al 1 de enero de 2008. En aquellos casos en los
que los inversores minoristas carecieran de los conocimientos financieros necesarios o no hubiesen recibido una información adecuada, se les dará un tratamiento diferenciado, que les dé derecho a recuperar la totalidad de su inversión.


Propuesta de resolución núm. 83


Para la reforma laboral mediante el contrato único indefinido, la mejora de la protección de los parados y la puesta en marcha de una estrategia laboral para trabajadores de más edad.


Todavía hoy sigue pendiente de realizarse una reforma integral del mercado de trabajo español, que favorezca el cambio de modelo productivo e impulse el aumento de la productividad, a la vez que proporcione una mayor seguridad a los
trabajadores. Ayudaría también a que nuestra tasa de paro tendiese a igualarse con la del resto de la zona del euro, en vez de duplicarla. El enorme paro es el principal, pero no el único problema del mercado de trabajo español. Además, una parte
muy elevada del empleo existente tiene un carácter precario. La tasa de temporalidad es única en el contexto europeo. La necesidad urgente de una reforma en profundidad obedece no solo a razones de eficiencia sino también de equidad. Tanto el
paro como la elevada temporalidad afectan especialmente a los grupos más débiles, como los jóvenes.


Las modalidades de contratación son solo uno de los elementos de la reforma que se necesita. Es necesario también aumentar la seguridad de los trabajadores, mejorando el actual sistema de cobertura para aquellos que agotan las prestaciones
y subsidios de desempleo. Al prolongarse la crisis, no aplicar



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una medida de este tipo puede dar lugar a un importante problema social, al quedar millones de personas sin ninguna cobertura.


Otro colectivo que requiere atención es el de los trabajadores de más edad, por sus especiales dificultades para reincorporarse al mercado de trabajo cuando son despedidos. La Comisión Europea ha recomendado a España la puesta en marcha de
una Estrategia Laboral destinada específicamente a dicho colectivo.


Propuestas de resolución:


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para los siguientes fines:


1. Todos los nuevos contratos habrán de ser de una única modalidad, indefinidos. Los nuevos contratos únicos tendrán una indemnización por despido inicial más baja que la de los actuales contratos indefinidos, pero más alta que la de los
contratos temporales (que constituyen la inmensa mayor parte, más del 90 %, de las nuevas contrataciones). A partir del valor inicial, la indemnización por despido irá aumentando progresivamente en años sucesivos hasta alcanzar un valor máximo.


2. Se suprimirá el requisito de ser mayor de 45 años para acceder a la Renta Activa de Inserción, con el fin de proporcionar mediante un programa permanente un período de cobertura a cada beneficiario más razonable, de hasta once meses, que
sustituya a los seis que hoy les concede el Plan Prepara. La Administración Central y las autonómicas sumarán esfuerzos, coordinando y homogeneizando lo que éstas hacen. Las rentas de inserción tendrán dos fases: una primera activa (nacional) y
una segunda mínima (regional). En esta segunda fase, el gobierno central coordinará a las Comunidades, de forma que los requisitos de admisión a la percepción de la ayuda, la duración y la cuantía sean similares en toda España.


3. En el plazo de dos meses, el gobierno pondrá en marcha una Estrategia Laboral para los trabajadores de más edad, siguiendo las recomendaciones en este sentido de la Comisión Europea.


Propuesta de resolución núm. 84


Sobre la necesidad de realizar una reforma fiscal integral, luchar contra el fraude y evitar los efectos perniciosos de la amnistía fiscal.


Los rasgos esenciales del sistema tributario español se trazaron hace décadas. En la actualidad, ha de afrontar nuevos retos: la globalización, el desarrollo de las nuevas tecnologías, la conservación del medio ambiente, el envejecimiento
de la población, así como los derivados de la actual crisis económica (como el cambio del modelo económico español y una situación de crisis institucional relacionada con el imperfecto diseño del Estado autonómico). Ante tales circunstancias, se
requieren soluciones de hondo calado, sin que sean suficientes para afrontarlas los meros retoques fiscales, en forma de subida de tipos, que se han realizado hasta ahora.


Un problema relacionado con el anterior es el de la economía sumergida, que ha alcanzado en España un nivel muy elevado y creciente. Diversas estimaciones la sitúan por encima del 20 % del PIB. Esto implica entre 70.000 y 80.000 millones
de euros que se dejan de recaudar cada año. Sin embargo, el número de personas que trabajan en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria es menor que en los países de nuestro entorno. Esta falta de recursos para luchar contra el fraude
fiscal empeorará aún más con las medidas del gobierno actual. Así, ha decidido que, de cada diez vacantes que se produzcan en la AEAT, solamente se cubra una. Por otra parte, los recursos asignados a la AEAT en los Presupuestos Generales del
Estado de 2012 y 2013 se han reducido.


En vez de dotar de más recursos a la lucha contra el fraude, el gobierno ha optado por conceder una amnistía fiscal a los defraudadores, con un tipo efectivo del 3 % y un serio riesgo de que se blanqueen impunemente capitales de actividades
ilícitas, incluyendo la corrupción política.



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Propuestas de resolución:


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para los siguientes fines:


1. Realizar una reforma fiscal integral, que aumente las bases de tributación para alcanzar a los que no pagan lo que debieran, en vez de exigir más a los que ya lo hacen. Algunas de sus líneas básicas han de ser: superar la actual
discriminación existente en contra de las rentas del trabajo, una revisión general de los beneficios fiscales de todos los tributos y la armonización fiscal tanto dentro de España (en particular en los Impuestos del Patrimonio y Sucesiones, cedidos
a las Comunidades Autónomas) como con la Unión Europea.


2. De manera inmediata, garantizar que no se reduzcan todavía más los ya escasos recursos de la AEAT, aplicando una tasa de reposición en las bajas del 100 %. A medio plazo, diseñar un plan plurianual de refuerzo de los medios materiales y
humanos de la AEAT que permita alcanzar en el año 2020 unos ratios similares a los del resto de países de la Unión Europea.


3. LA AEAT revisará exhaustivamente todos los expedientes de la amnistía fiscal para evitar el blanqueo de capitales de procedencia ilícita y proporcionará los datos resultantes al SEPBLAC y a la Fiscalía del Estado.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado don Carlos Salvador Armendáriz, de Unión del Pueblo Navarro (UPN) formula, al amparo de los dispuesto en el artículo 197 del Reglamento del Congreso de los Diputados, con motivo del
debate de política general en torno al Estado de la Nación, la siguiente propuesta de resolución relativa a la necesidad de transparencia de los partidos políticos y de las instituciones del Estado.


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2013.-Carlos Casimiro Salvador Armendáriz, Diputado.-Pedro Quevedo Iturbe, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Propuesta de resolución núm. 85


La mayoría de los indicadores sociales de los últimos meses, coinciden en destacar como una de las principales causas de preocupación de los españoles la corrupción política. El descrédito de las personas que ejercen la tarea pública en los
puestos de responsabilidad política ha sumido a los partidos políticos y a las instituciones en el brete más importante de la reciente historia de España.


La actual crisis económica que atravesamos ha obligado a los ciudadanos a tener que hacer importantísimos sacrificios. La disminución del gasto público se está sintiendo especialmente en los servicios sociales, educación y sanidad, y con
mayor virulencia en las clases más desfavorecidas de la sociedad. Tampoco los damnificados por la explosión de la burbuja financiera están exentos de sacrificios, siendo muchas las familias que viven auténticos dramas al tener que abandonar sus
viviendas debido a que no pueden hacer frente al pago de las cuotas del préstamo hipotecario por haber perdido sus empleos.


Ante esta situación, Unión del Pueblo Navarro entiende que ahora más que nunca debe fiscalizarse el lícito destino del dinero público, que es fruto del esfuerzo de todos los contribuyentes que aceptan, a través de los impuestos, soportar las
cargas que el Estado tiene y que redundan en beneficio de la comunidad.


En ese sentido, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, ha presentado una serie de iniciativas dirigidas a dotar de mayor transparencia las cuentas de los partidos políticos así como las Administraciones Públicas y el resto
de instituciones del Estado. Así, en la última reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General, llevada a cabo la pasada legislatura, ya se planteó una enmienda para reducir la duración de las campañas electorales.
Esto permitiría ahorrar importantes gastos electorales a los partidos políticos. Finalmente, la misma fue rechazada.


Con motivo de la reciente reforma de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de partidos políticos, también presentamos una serie de enmiendas que proponían la supresión de su



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artículo 5 que ampara las donaciones privadas así como la eliminación de la posibilidad de que las entidades de crédito puedan condonar a los partidos políticos las deudas que estos tengan contraídos con aquellas. También estas propuestas
fueron rechazadas durante la tramitación en el Senado.


De acuerdo con lo expuesto, atendiendo a la demanda de la sociedad, especialmente justificada a tenor de la grave crisis económica y social que estamos atravesando se plantea la siguiente propuesta de resolución:


El Congreso de los Diputados, con el objeto de coadyuvar a la consecución de una mayor transparencia de las cuentas públicas y erradicación de la corrupción, manifiesta la necesidad de modificar:


a) La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de julio, del Régimen Electoral General, en lo que respecta a la duración de las campañas electorales, de modo que estas duren siete días frente a los quince actuales.


b) La Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, para que garantizadas las correspondientes subvenciones públicas, la norma regule la imposibilidad de que los partidos políticos y sus respectivas
fundaciones puedan financiarse con donaciones privadas, así como que las entidades de crédito les puedan condonar las deudas que aquellos tengan contraídas con estas.


c) La normativa que corresponda, para habilitar un mecanismo legal eficaz y temporal para que todo aquél que, habiendo contratado con las distintas Administraciones Públicas, haya tenido conocimiento, se haya visto sometido o haya
participado de acciones que violen la legislación vigente en ese momento, pueda poner en conocimiento de la autoridad competente hechos irregulares de esta naturaleza, con pleno respeto de las garantías precisas y sin que se aplique la sanción que
correspondería (es decir, incorporando mecanismos de 'whistleblowing' como ya existen en otros derechos comparados).


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Mixto, a instancia del Diputado don Alfred Bosch i Pascual, de Esquerra Republicana-Catalunya-SÍ (ERC-RCAT-CATSí), al amparo de lo establecido en el artículo 197 del Reglamento de la Cámara, presenta con motivo del debate de
política general, la siguiente propuesta de resolución sobre la profundización democrática del referéndum y la libertad de convocatoria de referéndums para las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2013.-Alfred Bosch i Pascual, Diputado.-Pedro Quevedo Iturbe, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Propuesta de resolución núm. 86


Exposición de motivos


El referéndum es uno de los principales instrumentos de participación popular y de expresión de su voluntad en los modelos de democracia representativa, como los actuales. Sin embargo, el sistema político ha sustituido las consultas
populares o referéndums por las encuestas, esquivando así el oportuno debate ciudadano y el poder decisorio en aquellos temas que son de interés general.


En un contexto de tendencia hacia la desafección, descrédito y desconfianza política, la ciudadanía reclama mayor participación política y, en particular, mayor poder de decisión en cuestiones importantes o en aquellas que la administración
quiera delegar en su ciudadanía.


El gobierno español, lejos de favorecer esta reclamación ciudadana, ha sido capaz de realizar una reforma constitucional sin ni siquiera someterla a referéndum. Es decir, que la Constitución española ha sido modificada sin el refrendo del
sujeto de soberanía que la legitimó.


De hecho, el uso del referéndum es tan excepcional que solo ha sido utilizado dos veces por el gobierno español en más de 30 años de democracia representativa parlamentaria (OTAN y Constitución Europea). Tantos como la dictadura franquista
en el mismo periodo (Sucesión en la Jefatura de Estado y Ley Orgánica de Estado).


Asimismo, también se ha visto muy limitada la capacidad de otras administraciones públicas de convocar referéndum al necesitar de una expresa autorización estatal para realizarlos. Incluso si es para



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algo tan menor como decidir sobre las farolas de la plaza. Esta autorización estatal, más allá de un procedimiento burocrático innecesario, supone que la realización de referéndums a nivel autonómico o local esté supeditada a la voluntad
política o a los intereses partidistas del gobierno de turno. Y es especialmente significativo que la competencia sobre autorizaciones de referéndums sea reservada al Estado desde la propia Constitución Española (art. 149.1.32.ª).


Como es significativo que esa misma Constitución establezca que los referéndums en el Estado español son consultivos y no vinculantes (art. 92). Es decir, que se otorga mayor poder a los representantes de la voluntad popular que a la
propia voluntad popular. Tan irónico como poco democrático.


Finalmente, hay que señalar que este mismo artículo 92 otorga al Presidente del Gobierno el monopolio de la iniciativa para convocar referéndum, previa autorización del Congreso de los Diputados. Este monopolio del Jefe del Ejecutivo,
descarta que la iniciativa de referéndum pueda recaer sobre las cámaras parlamentarias o sobre la iniciativa popular.


Por todo ello, se presenta la siguiente


Propuesta de resolución:


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:


1. Realizar las modificaciones legales oportunas para permitir a las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales convocar libremente referéndums sobre los temas que deseen sin necesidad de autorización estatal previa.


2. Mientras no se realiza la reforma legal establecida en el punto anterior, autorizar todos los referéndums que soliciten las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales.


3. Realizar las modificaciones legales oportunas para que los referéndums sean vinculantes y no solo consultivos.


4. Realizar las modificaciones legales oportunas para ampliar la iniciativa de referéndum al poder legislativo y a la iniciativa popular.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Mixto, a instancia del Diputado don Alfred Bosch i Pascual, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí (ERC-RCAT-CATSí), al amparo de lo establecido en el artículo 197 del Reglamento de la Cámara, presenta con motivo del debate de
política general, la siguiente propuesta de resolución sobre supresión de privilegios políticos y gastos suntuarios del poder público.


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2013.-Alfred Bosch i Pascual, Diputado.-Pedro Quevedo Iturbe, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Propuesta de resolución núm. 87


Exposición de motivos


En un momento de crisis en que se están recortando desde gastos suntuarios a gasto social, pasando incluso por derechos sociales y laborales, sorprende que la clase política mantenga algunos privilegios de los que tiene.


Los representantes políticos deben ganar un sueldo digno por su trabajo y tener cubiertos los recursos y desplazamientos necesarios para el buen desarrollo del mismo, de la misma manera que debiera tenerlo cualquier otro trabajador. Pero
los privilegios no deben ser pagados con dinero público.


Algunos de los privilegios de la clase política, que han generado polémica en los medios de comunicación y en la propia sociedad, son:



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- Uso de medios oficiales para el transporte de los cargos públicos.


Uno de los gastos suntuarios más visibles, polémicos e indignantes para la población es el uso de coches oficiales con sus respectivos conductores. Existe una gran cantidad de cargos oficiales cuyo coche oficial con conductor no se
justifica desde un punto de vista de seguridad, sino tan solo de la comodidad, de un privilegio. Privilegio aún mayor en estos tiempos.


Asimismo, la utilización de otros medios de transporte público también ha sido objeto de polémica. Como el uso que hizo del avión militar Falcon 900 el entonces Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en los años 2009 y 2011
para acudir a actos electorales de su partido. En este sentido, el propio Tribunal de Cuentas reclamó la regulación específica.


- Transporte y alojamiento de alta gama para cargos públicos.


Una de las polémicas que vio la luz en la anterior Legislatura fue el pago de los viajes de los parlamentarios y parlamentarias en clase Preferente en lugar de en clase Turista. Algunos Diputados y Diputadas a nivel individual han
renunciado a viajar en Preferente y lo hacen en clase Turista, pero la mayoría siguen manteniendo el privilegio, que no ha sido recortado, a pesar de los importantes recortes que ellos mismos han realizado sobre la ciudadanía.


En este mismo sentido, los alojamientos en los viajes oficiales también han sido objeto de polémica, como la generada por una Ministra que cambió el hotel que tenía asignado por otro que costaba aproximadamente 1.200 euros la noche.
Asimismo, también ha sido objeto de polémica las dietas que cobran los parlamentarios por los viajes oficiales, pese a tener los gastos pagados del viaje.


- Uso exclusivo de espacios públicos para cargos públicos.


Hay espacios que están exclusivamente reservados para las vacaciones de funcionarios y servidores públicos, como los miembros del Ejército español y especialmente altos mandos. Es el caso de la residencia militar de Pollenga, situada en un
sitio privilegiado con playa privada y reservada a miembros del Ejército del Aire y sus familias (aunque al parecer también la usó la hermana de la princesa de Asturias). Privilegios de este tipo, no obstante, no se restringen al Ministerio de
Defensa. En la isla de Llatzeret, por ejemplo, existe un complejo destinado al uso exclusivo de personal trabajador del Ministerio de Sanidad y a un precio privilegiado.


- Pensión vitalicia para algunos cargos públicos.


En la actualidad, los expresidentes del Gobierno, del Congreso de los Diputados y del Senado -así como otros cargos públicos de otras instituciones- tienen asignada una pensión al cesar su cargo. Pensión vitalicia que, además, es compatible
con la percepción de otros ingresos procedentes de otras actividades públicas o privadas.


La lógica y finalidad que supuestamente tenía la pensión a los expresidentes, como de otros cargos públicos, era la de facilitar su tránsito a la actividad privada o pública después de haber ejercido un cargo incompatible con cualquier otro
tipo de actividad. Finalidad que quedó sobrepasada por su carácter vitalicio.


Asimismo, en la frontera de los privilegios, hay una serie de gastos que no están suficientemente controlados y/o justificados y que han supuesto una fuente de abusos y de provecho personal de los cargos públicos, directa o indirectamente.
En este capítulo, podemos encontrar:


- Uso de tarjetas de crédito de cargos públicos.


Diversos altos cargos de la Administración y organismos públicos gozan de una tarjeta de crédito sin que haya el suficiente control, límites establecidos o la oportuna fiscalización. En este sentido, hace unos meses la prensa denunciaba la
opacidad en los gastos de los Consejeros de RTVE que tienen asignada una tarjeta de crédito de alta gama.



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- Realización de regalos institucionales y de protocolo.


Numerosas instituciones y cargos públicos gastan dinero público en la adquisición de obsequios para regalar a las visitas o para enviar con motivo de alguna celebración. Estos regalos a menudo exceden los precios razonables de un regalo de
cortesía y también a menudo están en la frontera entre el obsequio que regala una institución o el obsequio interesado que realiza el cargo político que la firma, como por ejemplo, el que envía un Alcalde a otros cargos políticos con motivo de la
Navidad.


Un ejemplo de despilfarro en regalos institucionales es el de la Junta de Castilla-La Mancha, que al parecer tiene almacenados regalos por valor de aproximadamente un millón de euros.


- Celebración de actos y convites institucionales.


Los Presupuestos de las instituciones reservan una cantidad de dinero para actos institucionales y, en ella, incluyen gastos como cátering o cóctel. Más allá de los abusos que se han producido, como el de un ayuntamiento madrileño que en
cuatro años se gastó más de 600.000 euros en ágapes, comidas, celebraciones y regalos, son cuestionables los gastos en tales conceptos y especialmente en época de crisis con los recortes que se están produciendo en otros ámbitos.


- Dietas.


Las dietas de algunos cargos públicos están suponiendo un complemento de sueldo encubierto, cuando no un sueldo propiamente. Se asigna una cantidad global y fija como dieta, al margen del gasto que en tal concepto pueden realizar. Incluso
se da la paradoja que cobran dietas por desplazamiento Diputados que viven en Madrid.


Por todo ello, se presenta la siguiente:


Propuesta resolución:


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:


1. Enviar, en el plazo máximo de 6 meses, un informe a la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados con los siguientes datos:


- Número de coches oficiales en la Administración General del Estado y de las empresas y organismos públicos, los cargos que lo usan y el gasto que supone cada uno de ellos.


- Número de tarjetas de crédito a disposición de cargos de la Administración General del Estado y de las empresas y organismos públicos, los cargos que la tienen a disposición y los gastos efectuados con cargo a ellas en los últimos cinco
años.


- Relación desglosada por gasto de regalos, convites y ceremonias institucionales con cargo a los presupuestos de la Administración General del Estado y de las empresas y organismos públicos en los últimos cinco años.


- Relación desglosada por gasto y justificación de los viajes oficiales con cargo a los presupuestos de la Administración General del Estado y de las empresas y organismos públicos en los últimos cinco años.


- Relación desglosada por gasto de campañas institucionales de la Administración General del Estado y de las empresas y organismos públicos en los últimos cinco años.


2. Enviar, junto con el informe, propuestas para la supresión de los privilegios políticos, para la reducción del gasto suntuario de la Administración General del Estado


3. Presentar un Proyecto de Ley para la reglamentación de los espacios y medios públicos.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Mixto, a instancia del Diputado don Alfred Bosch i Pascual, de Esquerra Republicana-Catalunya-SÍ (ERC-RCAT-CAT-Sí), al amparo de lo establecido en el artículo 197 del Reglamento de la



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Cámara, presenta con motivo del debate de política general, la siguiente propuesta de resolución sobre la Renta Garantizada de Ciudadanía.


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2013.-Alfred Bosch i Pascual, Diputado.-Pedro Quevedo Iturbe, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


Propuesta de resolución núm. 88


Exposición de motivos


Un Estado social debe combatir la erradicación de la exclusión y la marginación procurando la integración de las clases más desfavorecidas y, especialmente, mediante la redistribución de la riqueza que se realiza a través de los impuestos y
el gasto público.


Contrariamente, cuando ese gasto público y la función impositiva se relaja, la pobreza crece. Y esto es lo que ha ocurrido en los últimos años. Como señala el profesor, Vicenç Navarro, 'la pobreza ha aumentado como consecuencia de las
políticas públicas que se han estado aplicando en los últimos años'.


Y la pobreza ha aumentado hasta niveles muy preocupantes (alrededor del 25 %), tanto por la situación actual como por la consolidación de esta negativa tendencia. Especialmente grave, como denuncian cada vez más organizaciones sociales, es
la situación de pobreza infantil. Según Unicef y Save the Children a partir de datos del INE y Eurostat más de un 27 % de menores de edad vive en un hogar bajo el umbral de la pobreza y más de un 14 % lo hace en una situación de pobreza alta.


A pesar de la encomiable labor que se realiza desde algunas organizaciones sociales -que están viviendo, por cierto, drásticos recortes en su financiación-, la responsabilidad en la atención y la erradicación de la pobreza corresponde a los
poderes públicos.


Asimismo, hay que señalar que el Estado Social -a diferencia del Estado asistencial- genera derechos y no limosna. El Estado no puede ni debe confiar en la caridad de aquellos que más tienen, ni puede permitir que sean ellos quienes decidan
las prioridades y los instrumentos con que combatir la pobreza. El Estado Social debe recaudar, vía impositiva, los recursos necesarios para ello y gestionar su implementación.


Sin embargo, los recortes de las administraciones públicas han suspendido o reducido ayudas y servicios sociales. El ahogo económico a que se somete a las Comunidades Autónomas, que son las principales responsables de las políticas sociales
(destinan a ellas 3/4 de su presupuesto), agrava la situación y la tendencia.


Los recortes en políticas sociales de lucha contra la exclusión y la marginación son ahorro a corto plazo, pero gasto a medio plazo: en policía, sistema judicial, prisiones, atención sanitaria y psicológica... Es decir, el importe coste
social de estos recortes sociales no produce un ahorro, sino un trasvase del gasto.


Finalmente, hay que tener presente que los altos índices de pobreza en esta época de crisis provienen de una situación de pobreza estructural, que apenas fue reducida en los años de bonanza económica, a la que se suman las nuevas situaciones
de paro, precarización y miseria. Este empobrecimiento contrasta con el incremento de patrimonio, capitales y beneficios de las grandes empresas y fortunas, que han visto reducida progresivamente durante los últimos años sus obligaciones
impositivas.


Por todo ello, se presenta la siguiente


Propuesta de resolución:


1. El Congreso de los Diputados declara que la Lucha contra la Pobreza debe convertirse en una prioridad absoluta en la agenda política.


2. El Congreso de los Diputados constata la necesidad urgente de crear una Renta Garantizada de Ciudadanía que permita garantizar una vida digna a los ciudadanos y ciudadanas que viven bajo el umbral de la pobreza.



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3. El Congreso de los Diputados, en virtud de lo expresado anteriormente, se compromete a la creación inmediata de una Comisión parlamentaria para que en el plazo máximo de seis meses elabore los estudios y las conclusiones necesarias de
creación de una Renta Garantizada de Ciudadanía, en coordinación con las Comunidades Autónomas a las que les competa estatutariamente y reservando las transferencias económicas que permitan su viabilidad.


4. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar, ante la Comisión referida en el artículo anterior y en el plazo máximo de tres meses, un estudio elaborado por los distintos ministerios afectados sobre implementación de una
Renta Garantizada de Ciudadanía, en base al actual sistema competencial. El estudio deberá contemplar una propuesta de reforma fiscal para garantizar la viabilidad económica.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formular las siguientes propuestas de resolución con
motivo del debate de política general en torno al Estado de la Nación.


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2013.-María Soraya Rodríguez Ramos, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


Propuesta de resolución núm. 89


Reformas constitucionales.


España está viviendo una encrucijada histórica que reclama una actualización y modernización de sus categorías políticas e institucionales. A la crisis económica que estamos sufriendo se añaden, con preocupante celeridad, una fractura
social cada vez más angustiosa para cientos de miles de personas y un descrédito político y de las instituciones representativas que puede lesionar gravemente las bases de nuestra democracia. La implosión del modelo autonómico tensionado por el
pulso soberanista del nacionalismo catalán y por las posiciones recentralizadoras, han reabierto también otro de los grandes ejes del debate político en España.


No podemos olvidar, además, el contexto de cambios profundos que se han venido produciendo desde que diseñamos y configuramos nuestro marco constitucional. La entrada en la Unión Europea; la globalización de la economía, de las finanzas y
de los mercados; la revolución tecnológica y cultural de Internet; los avances en la igualdad entre mujeres y hombres; la crisis económica; los fenómenos migratorios y tantos otros cambios, en múltiples planos de nuestra vida colectiva. Por
otra parte, tenemos que examinar y reformar lo que no funciona bien: el servicio público de la justicia, las ineficacias o las duplicidades de la Administración pública, el derecho a la información o la crisis de la cultura.


El Título Primero de nuestra Constitución, que regula los derechos y deberes fundamentales, ha configurado y sigue configurando un extraordinario marco de convivencia de los españoles, respetuoso con la pluralidad de sus creencias,
convicciones y proyectos o aspiraciones vitales. Pero acusa irremisiblemente el transcurso del tiempo. La experiencia acumulada en estos 34 años nos ha de servir para completar y renovar una declaración de derechos, que en su momento se situó
entre las más avanzadas del mundo, garantizando la protección constitucional de nuestro sistema social, incorporando la sanidad como derecho fundamental y reforzando la igualdad entre mujeres y hombres. En estos años se han abierto paso un conjunto
de derechos emergentes, que responden a la necesidad de proteger la dignidad humana frente a nuevas amenazas, riesgos y desafíos. El catálogo no está cerrado, sino que se halla en permanente evolución.


Nuestra democracia sufre además un grave problema de desafección ciudadana. Sobre la base de un malestar democrático, bastante extendido en Europa y EEUU, en nuestro país se ha producido una concatenación de acontecimientos que han llevado
a nuestras instituciones a las más bajas cotas de aprecio ciudadano.


Avanzar en la calidad de la democracia, exige mejorar el funcionamiento, la transparencia y la apertura de los partidos políticos, abordar reformas de nuestro sistema electoral para dar más poder a los



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ciudadanos, reformar el sistema parlamentario para reforzar la función legislativa, el control del gobierno y la autonomía de la política, incorporar más transparencia a la administración pública, etc.


Todo este conjunto de retos obligan a incorporar una Agenda Reformista para España, que incluye una revisión concreta, serena y prudente de nuestro marco constitucional.


En concreto, treinta y cinco años de Estado autonómico han puesto de manifiesto la necesidad de adecuar las previsiones constitucionales sobre la organización territorial del Estado. En particular, esta adecuación se ha hecho especialmente
necesaria a partir de la Sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010 y más en concreto, de los problemas de desarrollo del autogobierno, la financiación y el marco general de relaciones entre Cataluña y el resto de España y del camino hacia el
soberanismo recientemente iniciado por el Govern de la Generalitat.


Sin embargo, el reconocimiento de esta situación requiere la propuesta de soluciones constructivas, la recuperación del diálogo y la confianza mutua.


Si somos consecuentes con esta oferta de resolver a través del diálogo, la negociación y la política estos problemas, tenemos que ser también consecuentes con la necesidad de abordar reformas serias en nuestro marco constitucional
autonómico. El PSOE apuesta por avanzar hacia un modelo federal y considera que esta reforma, en este campo, tiene que abordar, entre otros, los siguientes objetivos: buscar una clara implicación de las Comunidades Autónomas en la gobernabilidad
conjunta, con la necesaria reforma del Senado y la potenciación de mecanismos de cooperación multilateral; proponer una clarificación de la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas y definir constitucionalmente el
sistema de financiación de las Comunidades Autónomas.


Por todo ello, el Congreso de los Diputados acuerda la creación, mediante los procedimientos reglamentarios oportunos, de una Ponencia en el seno de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, para iniciar los trabajos
preparatorios de una reforma de nuestra Constitución, que aborde los problemas planteados en la justificación de esta propuesta.


Propuesta de resolución núm. 90


Lucha contra la corrupción.


La corrupción es un veneno para la democracia.


Pone en cuestión a los poderes y administraciones públicas, lesiona el funcionamiento normal de los servicios y daña a los intereses generales al perjudicar a la Hacienda Pública.


Pero, muy especialmente, la corrupción deteriora profundamente la confianza de los ciudadanos en la democracia y en sus instituciones; sobre todo, cuando la corrupción irrumpe en una realidad cotidiana caracterizada por una situación de
desempleo masivo y aumento de la desigualdad social.


La lucha contra la corrupción debe ser un compromiso colectivo en el que se impliquen todos los poderes públicos. Y debe plantearse como objetivo tanto la prevención de los comportamientos corruptos para impedir su comisión como la sanción
de dichos comportamientos en el caso de que, pese a todo, se produzcan.


Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente propuesta de resolución con motivo del debate de política general en torno al Estado de la Nación:


1. El Congreso de los Diputados acuerda la creación de una Comisión independiente de entre 5 y 10 personas de amplio reconocimiento y prestigio social para que, en el plazo de tres meses, elabore y remita a la Cámara un diagnóstico sobre la
corrupción, sus causas y manifestaciones, así como sobre la identificación de cuantas medidas considere convenientes para atajarla y sancionarla. Este informe se pondrá a disposición de los Grupos Parlamentarios para que, a partir del mismo, puedan
adoptar las iniciativas legislativas procedentes.


La Mesa de la Cámara incorporará al orden del día de uno de los Plenos a celebrar en el mes de marzo de 2013 la elección de la mencionada Comisión. Igualmente acordará las normas de funcionamiento de la misma y la dotación de los medios que
precise para el cumplimiento de su misión.



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2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a remitir a la Cámara, antes de la conclusión del actual período de sesiones, el proyecto o proyectos de Ley necesarios para proceder a las modificaciones normativas siguientes:


2.1 Del Código Penal, con el fin de aumentar las penas, tanto privativas de libertad como privativas de derechos como de multa, y tanto principales como accesorias, actualmente previstas para los delitos de prevaricación, cohecho,
apropiación indebida, malversación de caudales públicos, tráfico de influencia, fraudes y exacciones ilegales y los delitos urbanísticos, cuando sean cometidos con participación de cargos o representantes públicos, y, derivadamente, asegurar la
ampliación del plazo de prescripción de los mismos.


2.2 De la Ley Orgánica del Poder Judicial con el fin de atribuir a la Audiencia Nacional la instrucción y enjuiciamiento de los delitos relacionados en el apartado 2.1 de esta resolución vinculados con la corrupción política, para mejorar la
eficacia y homogeneidad de la respuesta punitiva.


2.3 De la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con el fin de:


a) prever un procedimiento preferente y sumario para el enjuiciamiento de los delitos vinculados con la corrupción política;


b) incorporar a su articulado un régimen especial para la aplicación o denegación de sentencia de conformidad en los supuestos a que se refiere el apartado anterior.


2.4 De la Ley de Contratos del Sector Público, con el fin de:


a) fortalecer el régimen de las prohibiciones de contratar con todas las Administraciones Públicas y sus órganos y entidades empresas para todas las empresas condenadas por delitos vinculados con la corrupción política, incluyendo el
perfeccionamiento de los instrumentos previstos en la Ley para asegurar la efectividad inmediata de dichas prohibiciones;


b) revisar el régimen jurídico del fraccionamiento de los contratos del sector público con la finalidad de establecer garantías que impidan, sin excepciones, eludir los requisitos de publicidad y el procedimiento de adjudicación que
corresponde; la adjudicación de nuevo o nuevos contratos en los que se aprecie identidad de objeto y de sujeto requerirá resolución pública motivada e informe previo favorable de la Intervención competente;


c) restringir los supuestos que actualmente amparan la adjudicación de contratos del sector público mediante procedimiento negociado sin publicidad; su autorización requerirá resolución pública motivada e informe previo favorable del
interventor competente.


2.5 De la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos, con el fin de:


a) prohibir las donaciones a los partidos políticos por parte de empresas y demás personas jurídicas;


b) reducir el plazo de presentación de las cuentas de los partidos políticos ante el Tribunal de Cuentas a 3 meses desde su aprobación; también se reducirá a la mitad el plazo de que dispone el Tribunal de Cuentas para su examen; todo ello
con el fin de que el correspondiente informe del Tribunal sea presentado a las Cortes Generales en el último trimestre del año a que se refieran las cuentas.


2.6 De la Ley de Régimen Local, con el fin de revisar el sistema de provisión de puestos y de remuneración de interventores, secretarios de administración local y otros cuerpos de control y asesoría técnica que garantice la independencia de
los responsables respecto de los correspondientes cargos políticos.


2.7 De la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, con el fin de prever específicamente la obligación de colaborar con el Tribunal por parte de la Agencia Tributaria, el INSS y demás entidades gestoras de la Seguridad Social y la Oficina de
Conflictos de Intereses en los supuestos de fiscalización de los partidos políticos y en todos aquellos en los que, en el ejercicio de sus funciones, el Tribunal aprecie indicios de corrupción política.


3. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar cuantas medidas sean necesarias para, en el plazo máximo de seis meses, proceder a la creación de una Unidad Anticorrupción de la Administración General del Estado así como a
dotarla de los medios necesarios para su actuación.



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Esta Unidad tendrá capacidad de actuación directa en todo el ámbito del sector público de la Administración del Estado y en el ámbito de las Administraciones Locales.


Tendrá competencia para revisar las actuaciones y procedimientos seguidos en los asuntos con alcance directa o indirectamente económico así como para incoar la exigencia de responsabilidades que puedan derivarse de ellos.


Gozará de autonomía funcional; llevará a cabo sus actividades de acuerdo con un plan anual que incluirá actuaciones programadas, aleatorias y derivadas de denuncia; dispondrá del número de efectivos cualificados necesario para el desempeño
de sus funciones; podrá relacionarse directamente con la Fiscalía, con la AEAT y con la Oficina de Conflictos e Intereses; y dependerá directamente de la Vicepresidencia del Gobierno.


La Unidad podrá actuar en el ámbito del sector público de las Comunidades Autónomas tras la firma de los correspondientes acuerdos de colaboración.


4. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a remitir a la Cámara, antes de la conclusión del actual período de sesiones, de un Plan de dotación de medios al Tribunal de Cuentas con el fin de garantizar que la fiscalización de las
cuentas sometidas a su control pueda realizarse en el ejercicio siguiente al año que correspondan.


5. El Congreso de los Diputados manifiesta su voluntad de que en la futura Ley de Transparencia, actualmente en tramitación en la Cámara, se incorporen a la relación de sujetos obligados a hacer públicos sus presupuestos, cuentas y balances
y, en general, cuanto afecte a su estado financiero y sus movimientos económicos, la Casa de S.M. el Rey, los partidos políticos, organizaciones empresariales, sindicatos, y cuantas organizaciones, entidades y empresas dispongan de financiación
pública equivalente al 40 % al menos de sus ingresos o por una cuantía mayor de 10 millones de euros.


Igualmente hace pública su voluntad de que las nuevas obligaciones para los partidos políticos y para los responsables públicos derivadas de la futura Ley de Transparencia entren en vigor al día siguiente de su publicación.


6. El Congreso de los Diputados acuerda proceder, con carácter urgente, a las reformas normativas necesarias para modificar el régimen de presentación y publicación de declaraciones de bienes y de actividades para los miembros del Gobierno,
altos cargos de la Administración Central y miembros de las Cortes Generales.


Dichas declaraciones serán publicadas y referirán los datos fiscales correspondientes al ejercicio anterior a su presentación y se aportarán tanto al inicio como al final del mandato, actualizándose con periodicidad anual durante la duración
del mismo, así como cuando varíen las circunstancias declaradas, en los siguientes términos:


6.1 Certificados a publicar íntegramente por las diferentes instituciones o administraciones (con la única excepción de aquellos datos especialmente protegidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre):


- Certificado acreditativo de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias expedido por la AEAT.


- Certificado de la AEAT de los datos fiscales correspondientes a los rendimientos del trabajo, tanto los sujetos y sometidos a gravamen del IRPF como los exentos de tributación.


- Certificado de la AEAT de la declaración anual de IRPF.


6.2 Declaración de bienes patrimoniales.


Se establecerá un modelo único, para su publicación, que refleje al menos los siguientes aspectos:


1. Bienes inmuebles y derechos sobre los mismos, tanto de naturaleza urbana como rústica.


2. Bienes inmuebles propiedad de una sociedad, comunidad o entidad no cotizada en bolsa y sobre la que se poseen acciones o participaciones, de forma directa o indirecta, con desglose de los mismos y cuantificando su valor.


3. Bienes o depósitos fuera del territorio nacional, con desglose de los mismos y cuantificando su valor.


4. Bienes y derechos afectos a actividades empresariales y profesionales, con desglose de los mismos y cuantificando su valor.



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5. Depósitos tanto en cuentas corrientes o de ahorro, ya sean a la vista o aplazo, cuentas financieras u otra modalidad de imposiciones en cuenta, especificando la entidad de depósito y los saldos medios del ejercicio anterior y el saldo a
la fecha.


6. Títulos de Deuda Pública, Obligaciones y Bonos identificándolos de manera separada así como su valoración en el ejercicio anterior y a la fecha de presentación.


7. Valores representativos de la participación en fondos propios, negociados o no en mercados organizados, identificándolos de manera separada así como su valoración en el ejercicio anterior y a la fecha de presentación.


8. Valores representativos de la cesión a terceros de capitales propios, negociados o no en mercados organizados, identificándolos de manera separada así como su valoración en el ejercicio anterior y a la fecha de presentación.


9. Seguros de vida, rentas temporales y vitalicias y planes de pensiones, especificando la entidad depositaria y su valoración a la presentación de la declaración.


10. Deudas y obligaciones patrimoniales, identificando de manera separada el acreedor.


11. Automóviles, embarcaciones, aeronaves, joyas, obras de arte y, en general, cualquier bien mueble cuyo valor supere los 2.500 €.


12. Derechos de propiedad industrial e intelectual, identificándolos de manera separada e indicando su valoración.


Para los apartados 1 a 3 se especificará la situación geográfica del mismo, su valor catastral, su superficie, la fecha de adquisición, el derecho sobre el bien y su título de adquisición, así como el porcentaje de participación. En el caso
de tratarse de bienes propiedad de varios y de carácter proindiviso también se adjuntará el correspondiente cuaderno particional.


Para los apartados 5 a 10, se facilitarán, para su comprobación y custodia, los certificados correspondientes emitidos por las diferentes entidades o empresas.


Para el apartado 10 se especificará la fecha de concesión, el importe concedido, la cantidad total amortizada en el ejercicio anterior y el saldo pendiente a la fecha de la declaración.


Para el apartado 11 se especificará su situación geográfica, la fecha y el título de adquisición y, en su caso, el país de matrícula o registro.


Cada Administración o Institución identificará el órgano encargado de custodiar los certificados y declaraciones presentadas, así como de verificar la no existencia de contradicciones o diferencias entre la declaración de actividades, la de
bienes patrimoniales y los contenidos en la declaración anual de IRPF.


6.3 Declaración de intereses y actividades.


Se establecerá un modelo único, para su publicación, que refleje al menos los siguientes aspectos:


- Cargos de carácter institucional.


- Ejercicio de la función pública o de cualquier puesto al servicio de una Administración Pública.


- Cargos en Partidos Políticos y Grupos Parlamentarios o Sindicatos.


- Cargos en Cámaras o Colegios Profesionales.


- Representación de instituciones o administraciones en órganos colegiados directivos o consejos de administración de organismos o empresas.


- Actividades privadas desempeñadas tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, especificando, en su caso, si la actividad se desarrolla para empresas o sociedades concesionarias, contratistas arrendatarias, o con participación en el
sector público.


- Ingresos con cargo al sector público.


- Otras actividades que proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos.


7. Se someterá al Pleno de la Cámara un acuerdo que determine los efectos retroactivos de las obligaciones de publicidad y declaración contenidas en el apartado anterior de esta Resolución así como las que afecten a la publicidad de las
cuentas de los Partidos Políticos.



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A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al Estado de la Nación, formula la siguiente propuesta de
resolución relativa al impulso reformista del Gobierno.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Propuesta de resolución núm. 91


Exposición de motivos


Si algo ha caracterizado la acción del Gobierno en estos casi 14 meses desde la investidura ha sido la puesta en marcha y desarrollo de una completa agenda de reformas proyectadas hacia la superación de la crisis económica, la creación de
empleo, el crecimiento económico y el bienestar social.


Es por ello, por lo que el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente propuesta de resolución:


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Continuar con las reformas como única vía para volver a la senda de crecimiento y creación de empleo.


2. Seguir gobernando desde la solidaridad, el mantenimiento de la cohesión social y el reparto equitativo de los esfuerzos, priorizando las políticas sociales, desde la máxima sensibilidad del Estado, con quienes sufren de forma más directa
las consecuencias de la crisis económica.


3. Dar continuidad a los esfuerzos de consolidación fiscal, estabilidad presupuestaria, austeridad y eficiencia que afronten el desequilibrio de las cuentas públicas, porque solo así se podrá garantizar el funcionamiento de las
administraciones públicas y el sostenimiento de los servicios públicos que prestan.


4. Continuar con la ambiciosa tarea de redimensionamiento del sector público, de forma que se eliminen solapamientos y duplicidades entre las distintas administraciones, que han de adaptarse a los principios de eficacia, operatividad y
eficiencia.


5. Seguir cooperando con las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales en un objetivo común de estabilidad presupuestaria y de mantenimiento de los servicios públicos, garantizando la solvencia financiera de todas las
Administraciones Públicas.


6. Proseguir con el intenso trabajo de transparencia, saneamiento y reestructuración del sector financiero, como condición previa a la completa recuperación de la economía y el funcionamiento del crédito.


7. Continuar con el diseño, impulso y puesta en práctica de reformas estructurales para dotar de mayor flexibilidad y competitividad a la economía, así como para apoyar el empleo y a los sectores que lo crean, especialmente a los
empresarios.


8. Trabajar en la recuperación de la confianza y la credibilidad de España, sus instituciones, su sociedad civil y su sistema económico, porque solo desde esas bases será posible recuperar la senda perdida del crecimiento económico.


9. Seguir dando impulso político al proceso de integración europea, asegurando la irreversibilidad del euro y disipando las amenazas que se han cernido en los últimos años sobre el proyecto europeo.


10. Proseguir con el programa de regeneración democrática impulsado desde el comienzo de la Legislatura por el Gobierno, basado, por un lado, en el refuerzo de la responsabilidad de los gestores públicos, así como en el impulso de
transparencia de las administraciones en un ejercicio inédito, innovador e irreversible en nuestro ordenamiento jurídico.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al Estado de la Nación,



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formula la siguiente propuesta de resolución, relativa a la regeneración democrática y lucha contra la corrupción.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Propuesta de resolución núm. 92


Exposición de motivos


Es por ello, por lo que el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente propuesta de resolución:


El Congreso de los Diputados considera necesario un acuerdo de las fuerzas políticas, con el fin de adoptar cuantas medidas de regeneración democrática, fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción sean precisas para que los
ciudadanos aumenten su confianza en las instituciones. Entre otras, este acuerdo debería incorporar las siguientes iniciativas:


1. La aplicación de los criterios previstos en el Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno a los partidos políticos, las organizaciones sindicales y empresariales y aquellas entidades que se financian
esencialmente a través de dinero público.


2. La aprobación de una Ley Orgánica de Control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos Políticos con nuevas exigencias a los partidos, como los procedimientos mínimos de aprobación de cuentas y el papel de los responsables
económicos financieros de estas organizaciones. En ese texto legal se articularán más instrumentos de control para el Tribunal de Cuentas.


3. La aprobación de una Ley Reguladora del Ejercicio de las Funciones Políticas, que constituya un verdadero Estatuto del Cargo Público. Esta norma debería incluir, entre otras, las siguientes medidas: la regulación de la publicación de
las declaraciones tributarias, de bienes y de actividades de los cargos públicos; la realización de auditorías de la situación patrimonial de los altos cargos al final del mandato; el establecimiento de escalas de retribución de los cargos
públicos; la determinación y límites de los sistemas de protección social; la limitación de la compensación tras el cese, y el refuerzo de la Oficina de Conflicto de Intereses.


4. La Reforma del Código Penal para endurecer las penas previstas para todos los delitos relacionados con la corrupción, así como aumentar los plazos de prescripción de esos delitos.


5. La Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para agilizar los procedimientos, para que el tiempo de respuesta ante el delito no sea, en ningún caso, ni una forma de impunidad para el delincuente, ni una condena pública sin sentencia.


6. La adopción de las medidas oportunas, en el ámbito parlamentario, para regular las organizaciones de intereses o 'lobbies', con medidas que clarifiquen cuáles pueden ser sus actividades y cuáles deben ser sus límites.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al Estado de la Nación, formula la siguiente propuesta de
resolución para fomentar el empleo juvenil en nuestro país.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Propuesta de resolución núm. 93


Exposición de motivos


La difícil coyuntura que atraviesa la economía española desde 2008 ha hecho necesario y urgente un conjunto de reformas para dar respuesta a ineficiencias acumuladas en décadas anteriores, que lastraban



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la competitividad de la economía española y que han generado mayores dificultades con la llegada de la crisis.


De hecho, la crisis económica ha tenido, en términos generales, una fuerte incidencia negativa sobre el empleo. Sin embargo, no ha afectado a todos los ciudadanos por igual y sus consecuencias han sido mucho más virulentas entre aquellas
personas que, por sus circunstancias específicas, son más vulnerables y presentan mayores dificultades de acceso y de permanencia en el mercado de trabajo como, por ejemplo, los jóvenes con una tasa de desempleo que supera el 54% para los menores de
25 años.


Estos datos ponen de manifiesto la necesidad urgente de poner en marcha actuaciones dirigidas a combatir el problema del desempleo y de implementar medidas que faciliten el acceso y la posterior permanencia de los jóvenes en el mercado de
trabajo.


Para atender esta circunstancia, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha elaborado una Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013-2016 que se enmarca en el objetivo del Gobierno de impulsar medidas dirigidas a reducir el
desempleo, ya sea mediante la inserción laboral por cuenta ajena o a través del autoempleo y el emprendimiento.


El abordaje del problema, por tanto, debe realizarse desde la perspectiva de una acción coordinada de Gobierno, articulada bajo los principios de eficiencia en el uso de los recursos disponibles y propiciando la suma de esfuerzos de quienes
están llamados a colaborar en la consecución del objetivo de mejorar las perspectivas profesionales de los jóvenes.


Es, por ello, por lo que el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente propuesta de resolución:


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1. Desarrollar la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven en coordinación con el resto de Administraciones públicas.


2. Sumar para el desarrollo de la Estrategia a todos aquellos agentes de la economía que quieran demostrar un compromiso con el empleo.


3. Fomentar el espíritu emprendedor y la innovación, así como promover las iniciativas de emprendimiento.


4. Extender la Formación Profesional con Alternancia en el Empleo, o Formación Profesional Dual.


5. Incrementar el número de procesos de formación certificable y el reconocimiento de la experiencia laboral.


6. Extender el conocimiento de idiomas y la mejora de la cualificación en herramientas tecnológicas, ya que aumentan las oportunidades para el acceso y mantenimiento del puesto de trabajo.


7. Impulsar el uso de la teleformación, con objeto de favorecer el acceso de los trabajadores de las empresas, especialmente pequeñas y medianas en cualquier momento y lugar, ganando en eficacia, eficiencia y calidad.


8. Impulsar, en coordinación con las Comunidades Autónomas, un nuevo sistema de planificación, programación y evaluación de las Políticas Activas de Empleo.


9. Modernizar y mejorar la eficacia y la eficiencia de los Servicios Públicos de Empleo en la intermediación y en la recolocación de las personas desempleada.


10. Impulsar la colaboración público-privada con las agencias de colocación y las empresas de recolocación.


11. Fomentar la economía social, como una fórmula de emprendimiento colectivo generadoras de empleo y oportunidades.


12. Ampliar y potenciar los programas que tienen por objeto facilitar la inserción de personas que presentan mayores dificultades de acceso al mercado laboral, como el Programa Operativo de Lucha contra la Discriminación del Fondo Social
Europeo.


13. Impulsar políticas de responsabilidad social empresarial en lo relativo a la creación y el mantenimiento de los puestos de trabajo y el acceso al mercado laboral de colectivos con mayores dificultades de inserción, como las personas con
algún tipo de discapacidad.


14. Facilitar que los jóvenes que hayan concluido su formación tengan, cuanto antes, una primera experiencia profesional o continúen mejorando su cualificación en línea con lo establecido en la Garantía Juvenil europea.



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15. Fomentar iniciativas que permitan adoptar horarios flexibles y conciliación entre la vida familiar y profesional.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al Estado de la Nación, formula la siguiente propuesta de
resolución, relativa al apoyo a emprendedores.


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Propuesta de resolución núm. 94


Exposición de motivos


La actual estrategia de política económica persigue solventar los problemas de la economía española y sentar las bases de un nuevo modelo económico basado en un sector público eficiente, un sector financiero que canalice el ahorro hacia los
mejores proyectos de inversión y unos mercados de productos y factores flexibles y eficientes.


Este nuevo modelo económico traerá un tejido productivo competitivo y capaz de crear empleo. Para ello es necesario apoyar a los emprendedores, como figura central de esta nueva etapa de la economía española. En ese sentido, se considera
esencial aplicar un paquete de medidas fiscales que facilite el acceso a la actividad emprendedora, así como medidas orientadas a facilitar la financiación de las empresas. También es importante mitigar los riesgos jurídicos que acarrea la
actividad emprendedora.


Es, por ello, por lo que el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente propuesta de resolución:


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar un Proyecto de Ley de Emprendedores que contenga las siguientes medidas:


1. Apoyos fiscales al crecimiento empresarial:


a) Las empresas con un volumen de negocio inferior a 10 millones de euros podrán deducirse hasta un 10 % en la cuota íntegra del IS de los beneficios obtenidos en el período impositivo que se reinviertan en la actividad económica.


b) El inversor particular que participe temporalmente en empresas nuevas o de reciente creación aportando, o capital financiero exclusivamente (capital semilla), o capital financiero acompañado de sus conocimientos empresariales o
profesionales para el desarrollo de la actividad de la sociedad en la que invierten (inversor de proximidad o 'business angel') tendrá un doble incentivo fiscal:


- Una deducción del 15 % en la cuota estatal en el IRPF con ocasión de la inversión realizada al entrar en la sociedad, con un funcionamiento similar a la deducción en vivienda habitual.


- Una exención parcial de la plusvalía (50 %) al salir de la sociedad, siempre y cuando se reinvierta en otra entidad de nueva o reciente creación.


- La inversión deberá ser temporal, de manera que deban transmitirse las acciones entre el tercer y el noveno año de tenencia de la participación.


c) Se permite que las deducciones por I+D+i que no hayan podido aplicarse en un ejercicio puedan recuperarse mediante un sistema único en España de devoluciones. Será el único incentivo fiscal del impuesto que no esté condicionado a la
existencia de cuota del Impuesto sobre Sociedades, pero vinculado a la creación o el mantenimiento de empleo.


2. Apoyo a la financiación de las empresas:


a) Facilitar la utilización por parte de las empresas y autónomos de 22.000 millones de euros en 2013 de la financiación del ICO e impulso a la estrategia de negocio para PYMEs de la banca saneada, con una dotación de 10.000 millones de
euros.



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b) Constitución de un Fondo de Fondos encargado de licitar y adjudicar inversiones entre gestoras de capital riesgo en áreas y sectores vinculados a la internacionalización y la mejora de la competitividad.


c) Creación de la Red Nacional de Incubadoras de Empresas.


d) Impulso a los 'business angels' o inversiones informales.


e) Mejora del acceso a fondos para la implantación de PYMES españolas en el exterior.


f) Impulsar el sistema de avales y garantías, a través de la Compañía Española de Reafinanciamiento, S.A. (CERSA), y de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE).


3. Estímulos a la actividad emprendedora:


a) Fomento de la cultura y la iniciativa emprendedora en los diferentes niveles educativos.


b) Establecer contenidos mínimos de los distintos niveles educativos que fomenten el desarrollo de su creatividad, el trabajo en equipo y el espíritu emprendedor y medidas para la formación permanente del profesorado.


c) Creación de la figura del 'emprendedor de responsabilidad limitada', mediante la cual las personas físicas podrán ver limitada su responsabilidad por deudas derivadas de su actividad profesional o empresarial, no viéndose afectados
determinados bienes tales como la vivienda o vehículos de uso familiar.


d) Establecimiento de un mecanismo ágil, sencillo y barato que abra, para los ciudadanos, empresarios individuales y sociedades de menor dimensión, una vía alternativa al concurso judicial, que sea más flexible, más amplia y más adaptada a
las necesidades de estos colectivos que los acuerdos de re financiación.


e) Agilización de los trámites municipales para el ejercicio de actividades económicas a través de la reforma de la Administración Local.


f) Lanzamiento del portal 'Emprende en tres', que permitirá a los emprendedores tramitar, de forma más sencilla y accesible, los trámites municipales necesarios para el inicio de actividades económicas sometidas a declaración responsable o
comunicación.


4. Mejora de la empleabilidad de los jóvenes:


a) Desarrollo de estímulos para que los jóvenes desempleados puedan obtener el título de Educación Secundaria Obligatoria, mejorando su capacitación y ampliando sus posibilidades de acceso al mercado de trabajo.


b) Se extenderán los programas formativos dirigidos a la obtención de certificados de profesionalidad y con compromiso de contratación.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al Estado de la Nación, formula la siguiente propuesta de
resolución sobre el ingreso del IVA de las facturas no cobradas.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Propuesta de resolución núm. 95


Exposición de motivos


La finalidad primordial de este Gobierno es la de establecer una senda de crecimiento económico y creación de empleo en España, y para ello se considera necesario avanzar en medidas que, siendo compatibles con el ejercicio de consolidación
fiscal, incentiven la competitividad de la economía, apoyando a los emprendedores y a las pequeñas y medianas empresas, para incentivar la reinversión y la autofinanciación, de tal forma que se creen las condiciones apropiadas para la creación de
puestos de trabajo.



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Una medida que reclaman las pymes y los autónomos de nuestro país, y que es de justicia, consiste en que el Impuesto sobre Valor Añadido no se abone hasta que las facturas pendientes hayan sido cobradas, es decir, la aplicación del llamado
criterio de caja.


Es, por ello, por lo que el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente propuesta de resolución:


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


Establecer una modificación en la regulación del Impuesto sobre el Valor Añadido que permita sustituir el tradicional criterio de devengo por el criterio de caja para aquellos autónomos y PYMES cuyo volumen de negocio sea inferior a 2
millones de euros al año.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al Estado de la Nación, formula la siguiente propuesta de
resolución relativa a la reforma de las Administraciones Públicas.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Propuesta de resolución núm. 96


Las Administraciones Públicas constituyen el pilar más importante, consistente y eficaz del que gozan los gobiernos para poner en marcha las políticas públicas que demandan los ciudadanos.


La eficacia de la acción administrativa requiere de una continua revisión para su modernización y para adecuar su estructura a los tiempos y a las cambiantes necesidades.


La coexistencia de diversas administraciones ha producido distorsiones en la prestación de servicios, generando innecesarias duplicidades e ineficiencias, lo que ha contribuido a mermar la capacidad de acción y la reducción de recursos de
las Administraciones Públicas.


La última Conferencia de Presidentes de las Comunidades Autónomas acordó la creación de un Grupo de Trabajo, en el seno de la Conferencia Sectorial correspondiente, que elabore un programa de racionalización administrativa, a fin de eliminar
trabas burocráticas, simplificar normativa y procedimientos y evitar duplicidades.


Por ello, y en consonancia con lo establecido tanto en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, como en la Comisión Nacional de Administración Local, procede continuar el impulso reformista y racionalizador en nuestras Administraciones
Territoriales.


Resulta imprescindible, para garantizar la sostenibilidad de nuestro modelo de Estado y el futuro de nuestro Estado del Bienestar, garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas, lo que conlleva incrementar los ingresos y reducir
notablemente los gastos superfluos y las duplicidades.


Es por ello, por lo que el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente propuesta de resolución:


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar y potenciar los trabajos de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA) para conseguir los siguientes objetivos:


1. Eliminación de las duplicidades administrativas, identificando y eliminando duplicidades y reforzando los mecanismos de cooperación, de modo que se abarate el coste de la actividad administrativa.


2. Simplificación administrativa, revisando las trabas burocráticas que dificultan la tramitación de los procedimientos administrativos con el fin de conseguir una mayor simplificación que redunde en beneficio de los ciudadanos.


3. Gestión de servicios y medios comunes, con el objeto de centralizar actividades de gestión que, por ser similares o de la misma naturaleza, puedan desempeñarse de forma unificada o coordinada, aprovechando así en mayor medida los medios
públicos y aplicando modelos de éxito implantados en otros sectores.



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4. Administración institucional, analizando la distinta tipología de entes que la componen, revisando su marco normativo y los modelos que en él se identifican como óptimos, realizando las modificaciones que convengan en la lista de
entidades existentes.


5. Clarificación de las competencias de las entidades locales y racionalización de sus estructuras administrativas, a fin de hacerlas más eficientes y sostenibles económicamente, mediante las reformas normativas que sean precisas.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al Estado de la Nación, formula la siguiente propuesta de
resolución, relativa al compromiso de España con la Unión Europea y con otros organismos internacionales.


Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Propuesta de resolución núm. 97


Exposición de motivos


Durante el año 2012, España ha asumido un papel activo e influyente en el ámbito europeo e internacional, mereciendo ser destacado el esfuerzo realizado en determinadas áreas de interés prioritario para nuestra política exterior como son las
relativas a nuestra posición en la Unión Europea y en la Organización de Naciones Unidas. Un esfuerzo que debe proseguir en 2013 para mantener un puesto relevante en el seno de la UE y seguir defendiendo nuestra candidatura a un puesto no
permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el bienio 2015-2016.


A lo largo de 2012, el Consejo Europeo ha desarrollado la estrategia económica de la Unión Europea para superar la crisis económica y financiera. La prioridad clave es un crecimiento sólido, inteligente, sostenible e integrador, basado en
unas finanzas públicas saneadas, reformas estructurales e inversiones que impulsen la competitividad. El 6 de junio de 2012, el Presidente del Gobierno se dirigió por carta a los Presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión, exponiendo los
cinco elementos fundamentales que debe impulsar la Unión Europea: La reducción del déficit público, las reformas estructurales en los Estados miembros, las reformas en Europa, la estabilización de los mercados financieros y los avances hacia una
auténtica Unión Económica y Monetaria. El Gobierno español trasladó a las instituciones comunitarias propuestas relativas a la unión bancaria y la unión fiscal. Una de las claves para alcanzar los objetivos apuntados es la consecución de una
auténtica Unión Económica y Monetaria, tal y como se recoge en el informe del Presidente del Consejo Europeo al Consejo Europeo de junio de 2012. El Consejo Europeo de diciembre de 2012 acordó una hoja de ruta para la realización de una auténtica
Unión Económica y Monetaria, y endosó el acuerdo alcanzado en el Consejo para el establecimiento de un mecanismo único de supervisión bancaria, un componente básico de la Unión Bancaria.


Además, el compromiso de España con el multilateralismo y con la organización de las Naciones Unidas ha llevado a España, entre otros aspectos, a servir como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la organización en cuatro
ocasiones, con una periodicidad de unos diez años aproximadamente (1969-1970, 1981-1982, 1993-1994, 2003-2004). En 2005, nada más concluir su último mandato, España presentó de nuevo su candidatura para formar parte de este órgano principal de las
NN.UU. durante el bienio 2015-2016. Las elecciones para cubrir dos vacantes dentro del grupo regional al que España pertenece tendrán lugar en el otoño de 2014. La candidatura de España compite en esta ocasión con las de Nueva Zelanda y Turquía.
Esta candidatura a un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad constituye una prioridad de la política exterior de nuestro país.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta las siguientes propuestas de resolución:


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:


1) Continuar participando activamente en los debates en el seno de la Unión Europea con el objetivo de asegurar la aplicación de la hoja de ruta para la realización de una auténtica Unión Económica y



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Monetaria, que incluya sus pilares bancario, fiscal, de política económica y de rendición de cuentas y legitimidad democráticas.


2) Continuar promoviendo el compromiso de España con el multilateralismo y con las Naciones Unidas y seguir impulsando activamente la candidatura de España a un puesto no permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el
bienio 2015-2016.


A la Mesa del Congreso de los Diputados


El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo dispuesto en el artículo 197 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, con motivo del debate de política general en torno al Estado de la Nación, formula la siguiente propuesta de
resolución, relativa a la sostenibilidad del sistema de pensiones y a la regulación de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.


Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Propuesta de resolución núm. 98


Exposición de motivos


Con el fin de garantizar la solvencia del sistema de pensiones, tanto a corto como a largo plazo, es preciso incorporar un conjunto de modificaciones adicionales en la vigente normativa de Seguridad Social existente en España, que permita su
adecuación precisa con la evolución actual y futura de la población, en lo referente tanto al envejecimiento como al continuo aumento de la esperanza de vida. Es decir, hay que incorporar elementos que permitan al sistema operar con una población
cada vez más envejecida y que, al mismo tiempo, cada vez vive más años.


En línea con esta idea, la actual regulación establece una serie de medidas encaminadas en la dirección adecuada al elevar la edad de jubilación legal y ampliar el período de cálculo de las pensiones hasta los 25 años. Sin embargo, es
preciso llevar adelante medidas que sigan profundizando en la aproximación de la edad efectiva de jubilación con la edad legal, atendiendo a ese escenario de evolución demográfica y económica. En especial, en lo que concierne a reducir el altísimo
grado de salida anticipada del mercado laboral de nuestros ciudadanos respecto a la edad legal de jubilación, y la introducción de nuevos esquemas de incentivos a la continuidad laboral de aquellos que así lo deseen.


Asimismo, es necesario dotar al sistema de un mecanismo de ajuste automático que no dependa de criterios políticos, sino que esté determinado por la sostenibilidad del sistema de manera que se pueda hacer frente al pago de las pensiones sin
tener que recurrir al Fondo de Reserva de la Seguridad Social salvo en situaciones de máxima gravedad.



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