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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 222, de 15/02/2013
cve: BOCG-10-D-222
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
X LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
15 de febrero de 2013
Núm. 222
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000557 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre excepción de la regla del devengo y de la exigibilidad del IVA ... (Página2)
162/000558 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa al Convenio Colectivo de Autoridades Portuarias y Puertos del Estado ... (Página3)
162/000559 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para proteger Doñana ante el proyecto de la empresa Petroleum Oil Gas-España, filial de Gas Natural Fenosa ...
(Página3)
162/000560 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para mejorar la situación de la mujer en el deporte ... (Página4)
162/000561 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas en las estrategias sobre violencia de género, con motivo de la 57 sesión de
la Comisión Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas ... (Página5)
162/000563 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el consumo de carbón autóctono ... (Página7)
162/000564 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre impulso de las estrategias para proteger a las víctimas, prevenir y combatir la trata de seres humanos ... (Página9)
COMUNICACIONES DEL GOBIERNO
200/000001 Comunicación del Gobierno en la que solicita la celebración de un debate de política general sobre el estado de la Nación ... (Página12)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
162/000557
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Enrique Álvarez Sostres, Diputado de FORO integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre excepción de la
regla del devengo y de la exigibilidad del IVA, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Durante el año 2012, el número de afilados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en España (RETA) se vio reducido en 47.017 autónomos, pasando de 3.071.669 en diciembre de 2011 a 3.024.652 en diciembre de 2012, lo que ha supuesto una
reducción del 1,5??%, superior a la registrada en 2011. En el Principado de Asturias la cifra de afiliados al RETA se cerró en diciembre de 2012 con 75.264 personas, un 2,4?% menos que el año anterior, liderando la caída por comunidades autónomas
por delante de Cataluña (-2?%), Valencia y Cantabria (-1,9?%).
Nuestro marco legal ha permitido prácticas comerciales dilatorias en pagos que han afectado especialmente a PYMES y autónomos. La normativa existente regula los plazos pero no sanciona a quien los incumple, lo que ha provocado una alta
morosidad, culpable, según datos proporcionados por la Federación de Trabajadores Autónomos, del cierre de uno de cada cuatro negocios durante la crisis. Si a esto añadimos el hecho de que el 80?% del empleo generado en España es resultado de la
actividad de PYMES y autónomos, es evidente la importancia tan significativa del mismo.
El marco regulador español en materia de IVA debe someterse a lo dispuesto en la Directiva 2006/11/CE, modificada por la Directiva 2006/11/CE del Consejo de 16 de diciembre de 2008 a fin de combatir el fraude fiscal vinculado a las
operaciones intracomunitarias. La citada regulación establece que el devengo del IVA se produce en el momento de la entrega del bien o la prestación de servicios de la que se trate, obligando por tanto al ingreso del impuesto, en muchos casos,
antes del cobro de las facturas.
La caída en las ventas provocada por la contracción en el consumo, la falta de financiación bancaria y las actuales políticas tributarias abocan a una situación insostenible para un colectivo hacia donde deberían dirigirse todas las medidas
posibles de apoyo y estímulo.
En virtud de lo anteriormente expuesto, el Portavoz que suscribe presenta para su debate ante el Pleno de la Junta General del Principado de Asturias, la siguiente
En consecuencia, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que realice las gestiones oportunas ante el Consejo de la Unión Europea a fin de que adopte una decisión de excepción de la regla del devengo y de la
exigibilidad del IVA contenida en la Directiva 2006/112/CE y se permita la aplicación de la regla de caja o cobro.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2013.-Enrique Álvarez Sostres, Diputado.-Pedro Quevedo Iturbe, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000558
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Ana María Oramas González-Moro, diputada de Coalición Canaria-Nueva Canarias, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de la Cámara, presenta
para su debate en Pleno la siguiente Proposición no de Ley relativa al Convenio Colectivo de Autoridades Portuarias y Puertos del Estado.
La importancia económica para España de disponer de unos puertos eficientes queda patente con el hecho de que entre el 80?% y el 85?% de nuestras importaciones y aproximadamente el 60?% de las exportaciones, medidas ambas en toneladas,
pasan por los puertos. Por tanto, la competitividad de nuestro sistema productivo viene condicionada por la calidad y estabilidad de nuestros puertos.
La falta de alternativas para el transporte de mercancías, la posición estratégica geográfica en el Atlántico medio y el carácter ultra-periférico de Canarias, hace que las cifras anteriores se eleven al 95?% de la importación y exportación
de Islas. Todas las mercancías entran y salen por nuestros puertos, y se distribuyen entre las islas en barco. Así mismo, resulta un elemento esencial en el transporte de pasajeros entre las islas, duplicando el número de pasajeros marítimos al
aéreo, con más de seis millones de pasajeros que pasan por los puertos canarios. Por lo tanto si para el territorio peninsular los puertos son fundamentales para la economía del país; en Canarias su importancia resulta esencial para el adecuado
funcionamiento del conjunto de la sociedad canaria, nuestra economía y la cohesión territorial.
La importancia de los puertos canarios para la reactivación económica de las islas como principal puerta de salida de nuestros productos al mercado exterior y las oportunidades que brinda la cercanía África Occidental exigen del Gobierno de
España la máxima diligencia en garantizar la estabilidad y eficiencia en el funcionamiento de la actividad portuaria.
El actual II Convenio Colectivo de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias se encuentra en período de ultractividad desde el 1 de enero de 2010 y su vigencia expirará el próximo mes de julio de este año.
El bloqueo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a la ratificación definitiva del III Convenio Colectivo de Autoridades Portuarias y Puertos del Estado, firmado por el Organismo Público Puertos del Estado, órgano dependiente
del Ministerio de Fomento, y los sindicatos mayoritarios, ha provocado el inicio de movilizaciones laborales y la presentación el pasado día 30 de enero de un preaviso de huelga, lo que constituye un grave problema para la conectividad de Canarias,
la garantía de abastecimiento y consecuentemente un perjuicio para nuestra economía.
Por todo lo expuesto se formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar ante el CECIR las actuaciones necesarias para desbloquear el III Convenio Colectivo de Autoridades Portuarias y Puertos del Estado.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2013.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Pedro Quevedo Iturbe, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000559
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para proteger Doñana ante el
proyecto de la empresa Petroleum Oil Gas-España, filial de Gas Natural Fenosa, para su debate en el Pleno de la Cámara.
Recientemente se ha publicado en el BOE la Declaración de Impacto Ambiental por la que se respalda el proyecto de Petroleum Oil Gas-España, filial de Gas Natural PENOSA. La compañía, que ya disfrutaba de las concesiones de explotación de
yacimientos de hidrocarburos en los parajes de Marismas A, B-1 y C-2, concedidas a finales de los años 80 y mediados de los 90, consigue ahora, además, la autorización de almacenamiento subterráneo de gas en dichos yacimientos. Y si esto no fuera
suficiente, se propone la construcción de un gasoducto de interconexión de 18.169 metros que sustituirá al existente en la actualidad, que recorrerá bajo tierra los parajes de Saladillo y Rincón al norte del arroyo de la Rocina, término municipal de
Almonte (Huelva), ambos adscritos al dominio público forestal.
Si a esta situación se le une la consideración por parte de la Comisión de Participación del Espacio de Doñana de la no existencia de inconvenientes medioambientales si se atienden los informes emitidos, amenazan con abrir un nuevo frente
medioambiental sobre Doñana. Y ello será debido a que este paraje está incluido dentro del Pian de Ordenación Territorial de Ámbito de Doñana (POTAD). Está calificada como zona A, es decir, de máxima protección y el proyecto afecta a hábitats
prioritarios que han sido declarados como Lugares de Interés Comunitario (LIC) de acuerdo a la directiva de la Unión Europea.
Nuestro Grupo Parlamentario estima que esta decisión prima el interés privado por encima del interés general, como es la conservación de Doñana, pone en riesgo los ecosistemas de la zona y podría suponer una vulneración de la normativa
vigente. Consideramos inaceptable este atentado medioambiental por entender que el Parque Natural de Doñana tiene todas las figuras de protección que podemos imaginar, alguna de ellas de carácter comunitario, y que este proyecto es incompatible con
la protección del paraje natural al tratarse sin duda de una infraestructura industrial que debería estar vetada en el área de influencia del Espacio Protegido de Doñana.
Desde nuestro punto de vista entendemos que seguramente existirán muchos otros sitios donde se podría llevar a cabo un proyecto de ese tipo, sin generar tanto riesgo ambiental y alarma, como está ocurriendo en estos momentos, ya que Doñana
es un foco en el que se fijan las miradas de todo el movimiento ecologista europeo, que está muy pendiente de ese espacio porque es una de las últimas reservas de la biosfera.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para proceder a una mayor protección del Parque Nacional de Doñana paralizando cualquier movimiento relacionado con el proyecto de almacenamiento subterráneo
de gas procedente de los yacimientos de hidrocarburos en los parajes de Marismas A, B-1 y C-2 y la construcción de un gasoducto de interconexión de 18.159 metros que sustituirá al existente en la actualidad, que recorrerá bajo tierra los parajes de
Saladillo y Rincón, término municipal de Almonte (Huelva), ambos adscritos al dominio público forestal.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2013.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000560
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a promover medidas
dirigidas a mejorar la situación de la mujer en el deporte, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Resultan evidentes los avances sociales de las mujeres en todos los ámbitos, pero a pesar de la aparente igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, existen aún obstáculos que dificultan la
igualdad efectiva. El deporte, como actividad plenamente integrada en nuestra sociedad, no es ajeno a esta realidad.
La incorporación de las mujeres al deporte a nivel internacional en general y en España en particular, ha sido un proceso lento y costoso que todavía en nuestros días no está plenamente consolidado, pues los datos y los hechos nos confirman
que la presencia de la mujer deportista sigue siendo minoritaria en las instituciones deportivas, en la carrera profesional, y en la práctica del deporte en general.
En el deporte, como por desgracia todavía en otros ámbitos, persisten estereotipos que dificultan el acceso y la promoción de las mujeres en el deporte de competición, lo que contribuye a frenar la investigación en materia de mujer y
deporte.
La discriminación endémica que sufren los deportes femeninos en los medios de comunicación y en las altas instancias del deporte, conlleva que tengan una menor repercusión social y se invierta en ellos menos dinero desde las instituciones.
Solo tenemos que observar la tremenda diferencia existente entre las ligas profesionales femeninas y las ligas profesionales masculinas, en el incentivo con el que se encuentran los varones al apostar por el deporte, y el abandono que sufre
la mujer cuando se plantea dedicarse profesionalmente al deporte; en definitiva, las posibilidades no son las mismas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Promover la visibilización del deporte femenino en los medios de comunicación, de forma que la ciudadanía conozca el papel de la mujer en la práctica deportiva.
- Impulsar campañas de sensibilización y promoción del deporte femenino, eliminando los estereotipos.
- Reforzar la presencia de la mujer en las distintas instituciones del deporte español.
- Apoyar, con diferentes medidas, la promoción de la participación de la mujer en todos los niveles de la práctica deportiva y de actividad física, fomentando la práctica deportiva femenina y la profesionalización de la mujer en el deporte.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000561
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas en las estrategias sobre violencia de género, con motivo de la 57 sesión de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
La próxima 57 sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer que tendrá lugar en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York del 4 al 15 de marzo de 2013, abordará como tema principal de la agenda convenida para este
año, todas las cuestiones relacionadas con las estrategias y políticas referidas a 'La eliminación y prevención de todas las Formas de Violencia contra las Mujeres y las Niñas.' No cabe duda que es una oportunidad excepcional y fundamental para
abordar -en el marco de una Comisión de Naciones Unidas- la salud sexual y reproductiva y los derechos (SDSR) como un elemento central en la prevención y mitigación de la violencia que se ejerce contra las mujeres y las niñas en el mundo.
Con motivo de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD), denominada Cairo+20 que confluirá en el 2014 y en el proceso de las negociaciones para diseñar una agenda post-2015, el impulso de los derechos y el acceso a los
servicios de salud sexual y reproductiva de las
mujeres, requiere de una acción firme y concertada en el ámbito internacional. Resulta esencial que todas las negociaciones intergubernamentales relacionadas con la SDSR puedan confluir en acuerdos sustantivos que reflejen un apoyo continuo
y global para el Programa de Acción de la CIPD, así como de los numerosos acuerdos posteriores que han ido perfeccionando y ampliando los conceptos básicos y compromisos asumidos en este ámbito. Junto al abordaje integral de los aspectos ligados a
la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas (VAWG), la concreta inclusión, de fondo y de contenido, de los derechos ligados a su salud sexual y reproductiva, requiere de acciones específicas que aseguren y complementen
esta acción internacional contra las violencia que persiste y se ejerce sobre las mujeres y las niñas en el mundo.
Algunas de las medidas que deberían incorporarse en el contexto de los trabajos de la CSW en esta próxima convocatoria serían:
- Acceso a los servicios de urgencia de salud sexual y reproductiva para mujeres y niñas que han sido víctimas de violación/incesto, entre ellas, las que se refieren a la anticoncepción de emergencia para prevenir embarazos no planificados;
la profilaxis post-exposición para el VIH; la recolección de pruebas forenses para su procesamiento eventual, detección y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH; el acceso a servicios de aborto seguro en todos los casos
de violación/incesto, así como el tratamiento de otras lesiones físicas, como la fístula, junto a la disponibilidad de servicios de atención psicosocial, cuando sea necesario.
- Acciones para fortalecer y ampliar la disponibilidad de los servicios de salud sexual y reproductiva en general, incluido el VIH-Sida y programas, tanto como medio de prevención y como recurso para las mujeres y niñas que sobreviven a la
violencia. Los servicios de salud disponibles para las mujeres, a su vez, deben recibir capacitación y estar equipados para identificar los signos y síntomas de violencia, proporcionar asesoramiento, así como la oportuna derivación a los servicios
especializados de salud, incluidos los servicios de atención psicológica y de apoyo jurídico y social.
- El enfoque de los derechos de las mujeres y de las niñas debe ser reafirmado, incorporando a su vez los elementos clave de los derechos reproductivos que se han ido incluyendo en la agenda internacional, como son los que se refieren a la
educación sexual integral dirigida a niños y niñas, el enfoque de igualdad, y en la línea de lo anteriormente expuesto, la formación y equipamiento de los proveedores de salud, los cuidados relacionados con la post-exposición al VIH y la profilaxis
de servicios de aborto seguro para las víctimas de violación, asesinatos y violación en el matrimonio y el honor, como formas de violencia que ya no pueden ser ignoradas. Debe tenerse en cuenta que, tras la Conferencia de El Cairo sobre Población y
Desarrollo en 1994, la Santa Sede ha tratado siempre de evitar una mayor elaboración de los derechos reproductivos en las negociaciones internacionales, aun cuando ello implicara una reserva general a la salud reproductiva y a los derechos
reconocidos en todas las negociaciones internacionales desde entonces. Derechos que actualmente se ven crecientemente cuestionados y amenazados, ante la creciente ofensiva y confluencia de una estrategia combinada en este ámbito, junto a los
representantes de Estados confesionales fundamentalistas presentes en dichas cumbres.
- Adoptar medidas urgentes para promover, proteger y cumplir los derechos humanos de las mujeres y las niñas, incluyendo, entre otros, su derecho al más alto nivel posible de salud, a tener control y decidir libre y responsablemente sobre
las cuestiones relativas a su sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva, sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia. Cuestiones que se han ido recogiendo en diversos acuerdos intergubernamentales, a partir de la Plataforma de
Acción de Beijing (p. 96) y, el más reciente, en la conferencia de Río+20 (p. 146).
- Acción para que la educación integral sobre la sexualidad humana, se ponga a disposición de todos los adolescentes en las escuelas y también a través de programas fuera de las aulas, con derivación a los servicios de salud sexual y
reproductiva. Esta acción -como se reconoce en la UNESCO y en las normas del UNFPA, entre otros- incluye no sólo la biología, el embarazo y la prevención de enfermedades, sino también el desarrollo de habilidades para las relaciones y la
participación social, basadas en la igualdad de género y el respeto a los derechos humanos. Estos programas son el medio fundamental para promover la igualdad de género y los derechos humanos entre los jóvenes, y para desalentar y eliminar las
normas y prácticas que conducen a situaciones de violencia contra las mujeres.
- Medidas para asegurar que hombres y niños se comprometen y reconocen su activa implicación en las acciones dirigidas a prevenir y poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Sería un paso adelante si los acuerdos adoptados en
el contexto de la CSW, incluyen referencias específicas sobre
aquellas 'personas que ocupan puestos de liderazgo y autoridad como los maestros y demás personal de las escuelas y programas juveniles, proveedores de salud, religiosos y otros líderes comunitarios, empresarios y supervisores, entre otros',
junto a la importancia de poner en marcha 'acciones para conseguir que estas personas se sitúen como actores clave para lograr la tolerancia cero hacia la violencia contra las mujeres en sus jurisdicciones'.
Resulta por tanto clave incorporar este tipo de acuerdos y acciones sobre derechos y salud sexual y reproductiva (SDSR) que, por otra parte, han sido acordados y respaldados a través de diversos instrumentos intergubernamentales, con el fin
de reforzar las estrategias para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres que deben adoptarse y servir de orientación futura a los diferentes gobiernos. En el período previo a la CSW, se requiere prestar una especial atención a este
enfoque, con el fin de que, en la declaración final, no se diluyan o debiliten estos contenidos vinculados a la protección de la salud y los derechos humanos de las mujeres,
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Pleno del Congreso, ante la próxima reunión de la 57 sesión de la CSW que abordará las estrategias dirigidas a prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas en el mundo, insta al Gobierno a:
1. En coherencia con la reciente resolución parlamentaria aprobada en el marco del IV Plan Director de la Cooperación Española y de sus orientaciones estratégicas, promover e impulsar desde nuestra representación como país y ante dicha
Comisión de Naciones Unidas, la inclusión de medidas concretas referidas a la salud sexual y reproductiva y los derechos (SDSR), como un elemento central y transversal en la prevención y mitigación de la violencia que se ejerce contra las mujeres y
las niñas en el mundo.
2. Trabajar conjuntamente en la CSW, con la representación de otros países y también desde la posición común a defender a través de la UE, con el fin de asegurar la necesaria protección y reconocimiento de los derechos y de la salud sexual
y reproductiva de las mujeres en el contexto de los acuerdos que se adopten.
3. Siendo España un referente internacional en la promoción de la igualdad de género y la lucha contra la violencia de las mujeres, dotar a la delegación española de la adecuada representación institucional que requiere la relevancia de los
temas incluidos en la agenda de dicho Foro, con el fin de impulsar sus contenidos, el trabajo común de ONU-Mujeres y del FNUAP en este ámbito, así como en apoyo de la labor de incidencia que, en defensa de los avances en materia de derechos de las
mujeres, realizan las organizaciones especializadas de mujeres españolas y las redes internacionales en las que trabajan, atendiendo a los compromisos adoptados en las diferentes cumbres internacionales.
4. Informar a esta Comisión acerca de los objetivos y prioridades marcados por la Delegación española ante la 57 sesión de la CSW, así como de los resultados obtenidos, en seguimiento de las anteriores consideraciones.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2013.-Carmen Montón Giménez, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000563
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre el
consumo de carbón autóctono, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El Real Decreto 134/2010, de 12 de febrero, por el que se establece el procedimiento de resolución de restricciones para el consumo de carbón nacional, tiene regulada su vigencia hasta 2014. La regulación
de esta restricción tiene su fundamento de adaptación al mercado de libre competencia en las disposiciones de la Ley 54/1997, de 27 noviembre, del Sector Eléctrico, que establece esta posibilidad para conseguir el funcionamiento de aquellas
unidades de producción de energía eléctrica que utilicen fuentes de combustión de energía primarias autóctonas, hasta un límite del 15 por 100 de la cantidad total de energía primaria.
En el marco europeo, la Decisión del Consejo 2010/787/UE establece el régimen de ayudas a la explotación que se considera compatibles con la competencia.
Por otra parte, se estableció, de forma acordada con los Agentes sociales, sindicatos y empresarios, el 'Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012 y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras'.
Sin embrago, la situación es insostenible por las medidas adoptadas en apenas un año por el Gobierno de España. Los recortes en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 y 2013, sobre los previstos en el citado Plan, se han realizado de
forma unilateral, unido a la incertidumbre ocasionada por la finalización de la vigencia del Plan 2005-2012 y la ausencia de negociaciones para el periodo 2013-2018, así como el total desconocimiento de las previsiones en relación con el futuro del
sector de la minería del carbón.
Este contexto de dificultad, recientemente se ha visto agravado por la paralización sin explicaciones del pago de las ayudas correspondientes al ejercicio 2012 y previstas en los programas de gasto del presupuesto del Ministerio de
Industria, Energía y Turismo. Y, por si esto fuera poco, se anuncia fecha de caducidad para el Real Decreto 134/2010, que establece las restricciones para consumo de carbón autóctono.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos poner de relieve la importancia económica, social y territorial del sector de la minería del carbón y, en especial, en un momento como el actual, donde el desarrollo económico y el empleo son
el problema más grave que tiene este país.
Por otro lado, España continúa teniendo un enorme déficit energético. La dependencia en energía primaria de países terceros es cercana al 83 por 100. Y las únicas fuentes autóctonas que tenemos son el carbón y las renovables.
En definitiva, tanto por razones de índole social y territorial como de modelo productivo y de garantía de suministro energético, no se comprende la incertidumbre y la falta de previsiones generada por las decisiones que ha adoptado el
Gobierno de España.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Proceder de forma Inmediata a culminar los procedimientos administrativos precisos para hacer efectivo el pago de las ayudas a la explotación previstas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 y, acto seguido, proceder a
la convocatoria de las ayudas del año 2013.
2. Establecer el régimen de restricciones para el consumo de carbón para el año 2013 y, a su vez, crear y aprobar las garantías de suministro de carbón nacional, más allá de la vigencia del Real Decreto 134/2010, prevista para el 2014, de
forma que proporcione estabilidad y certidumbre en el sector.
3. Agilizar la negociación con los agentes sociales más representativos del sector y la patronal, con el fin de establecer un marco regulatorio en el sector, como mínimo para el periodo 2013-2018. Y, asimismo, apostar por la viabilidad de
la explotación más allá de 2018.
4. Continuar apostando en España e impulsando en los ámbitos de la Unión Europea los proyectos de combustión limpia, mediante la captura y secuestro de CO2.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2013.-María Luisa Carcedo Roces, Diputada.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000564
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición no de Ley sobre impulso de las estrategias para proteger a las víctimas, prevenir y combatir la trata de seres humanos.
Acuerdo:
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, y entendiendo que el debate al que se alude en su punto 3 se realizaría, en su caso, por el cauce reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley
conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por eI Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la
iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre
impulso de las estrategias para proteger a las víctimas, prevenir y combatir la trata de seres humanos, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La trata de seres humanos es la esclavitud de nuestro tiempo. Se trata de una forma de delincuencia grave que genera miles de millones de euros, de los que, según un estudio de la OIT, el 49?% de los beneficios anuales obtenidos en la
explotación de víctimas de trabajo forzoso se obtiene en economías industrializadas. Constituye una violación grave de los derechos humanos que se aprovecha de la vulnerabilidad ocasionada por la pobreza, explota la desigualdad y la violencia que
se ejerce contra las mujeres, se beneficia de las situaciones de conflicto y postconflicto, la falta de cultura democrática, la carencia de oportunidades y empleo, de acceso a la educación, el trabajo infantil, la discriminación y de la exclusión
social. En el ámbito de la UE y, según las estadísticas que se reflejan en su Estrategia para la erradicación de la trata de seres humanos, el 79?% de las víctimas son mujeres, de las cuales el 12?% son niñas.
De ahí que la aplicación de los instrumentos internacionales -ya ratificados por nuestro país: Protocolo de Palermo de Naciones Unidas y Convenio de Varsovia del Consejo de Europa- requiera de avances continuados e instrumentos coordinados
y eficaces tanto en el ámbito global, como regional y nacional. En dicho contexto, y formando parte de una acción mundial contra la trata de seres humanos como grave violación de los derechos humanos, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE,
adoptaron la Directiva 2011/36/UE de 5 de abril de 2011, cuyo plazo de transposición en los Estados miembros y, por tanto, en España, finaliza el próximo 6 de abril de 2013.
En relación con la puesta en marcha de la mencionada Directiva, un reciente Informe recoge una serie de recomendaciones elaboradas a dichos efectos, fruto del trabajo conjunto desarrollado por las seis principales agencias de la Organización
de Naciones Unidas que trabajan acreditadamente en estos temas: la Oficina de las NNUU contra la Droga y el Delito (UNODC), la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Entidad de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres). Informe que se ha elaborado a la luz
del amplio marco jurídico internacional y regional, y que combina una respuesta integrada de la justicia penal a la trata, con una clara orientación centrada en las víctimas y sus derechos humanos.
Junto al enfoque y recomendaciones contenidas en el citado Informe de Naciones Unidas, la Estrategia de la UE para la erradicación de la trata de seres humanos (2012-2016), aprobada en julio de 2012 -COM (2012) 286 final- identifica las
prioridades fundamentales, acciones y medidas, incluidos los correspondientes mecanismos de evaluación y seguimiento, que -en apoyo de su transposición y efectiva aplicación en cada país miembro, así como de la labor realizada por las organizaciones
internacionales y la sociedad civil en la UE y en terceros países- el Gobierno deberá tener en cuenta en España para su efectivo desarrollo y cumplimiento.
Por otra parte, contamos además en nuestro país con las Memorias de la Fiscalía en materia de extranjería e inmigración y el Informe del Defensor del Pueblo de septiembre de 2012, 'la Trata de seres humanos en España: víctimas invisibles'
que identifican los problemas y retos existentes en esta materia, así como el camino y aplicación de importantes reformas legales emprendidas a partir de la puesta en marcha de los instrumentos internacionales acordados. Cabe citar en concreto:
- En materia de asilo y de protección subsidiaria, la Ley 12/2009, de 30 de octubre, en la que se reconoce la persecución por motivos de género, incluyendo a las víctimas de trata como grupo vulnerable;
- La LO 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, así como su Reglamento de desarrollo a través del RD 557/2011, de 20 de abril;
- La importante modificación del artículo 177 bis del Código Penal, mediante LO 5/2010, de 22 de junio, que tipifica de manera independiente el delito de trata de seres humanos, del delito de tráfico ilegal de personas. Cabe resaltar además
en este ámbito, la Circular 5/2011 sobre criterios para la unidad de actuación del Ministerio Fiscal en materia de extranjería e inmigración, respecto de los delitos que se tipifican en dicha reforma, como la imposición de trabajo o servicios
forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o la mendicidad, la explotación sexual, incluida la pornografía.
- La modificación del artículo 59 bis de la Ley Orgánica 4/2000, que se realizó a través de la LO 10/2011, de 27 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que, al objeto de perfeccionar la
coherencia normativa de nuestro ordenamiento jurídico con las disposiciones del ya citado Convenio de Varsovia de 2005, amplía las medidas de protección a las víctimas de trata de seres humanos para facilitar su cooperación con las autoridades en la
investigación e incriminación de quienes cometen esta clase de delitos, suspendiendo el expediente administrativo sancionador o, en su caso, la ejecución de la expulsión o devolución eventualmente acordadas, incorporando las correspondientes medidas
de estancia temporal, seguridad y protección de la víctima y de sus hijos menores de edad o con discapacidad.
- Finalmente subrayar la aprobación del Protocolo Marco de Protección de Víctimas de Trata de seres humanos de 28 de octubre de 2011 que establece pautas de actuación tanto para la detección, identificación, asistencia y protección de las
víctimas de trata, como para la coordinación de las instituciones responsables en la materia y la información y cooperación de las entidades acreditadas que prestan asistencia y protección de las mismas.
Se trataría por tanto y, al objeto de impulsar la pendiente transposición de la Directiva 2011/36, de asegurar en nuestro país una política de Estado que, desde un enfoque integral orientado a los derechos humanos y con una lectura
especialmente sensible al género y la edad -como se subraya en los documentos analizados- que priorice la necesaria protección y prevención en el ámbito de las distintas políticas públicas, frente a un tipo de delitos que afectan de forma
desproporcionada a las personas cuyos derechos pueden encontrarse ya en riesgo, incluyendo a las víctimas de la violencia sexual y de género, los refugiados, solicitantes de asilo, inmigrantes en situación irregular, menores no acompañados, minorías
sexuales y otros grupos vulnerables.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Definir como política de Estado y prioridad estratégica en la acción del Gobierno en esta legislatura, las acciones y medidas referidas a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos, así como la protección de las víctimas.
2. Vincular a las Cortes Generales en la elaboración y seguimiento de sus directrices, con el fin de consolidar esta política de Estado.
3. Al objeto de contribuir a impulsar esta prioridad política desde la Comisión de Igualdad, se insta asimismo a:
- Informar acerca de los resultados y lecciones aprendidas con motivo de la ejecución del Plan Integral de Lucha contra la Trata de seres humanos con fines de explotación sexual 2008-2012, con el fin de que la estrategia que el Gobierno debe
adoptar para el próximo cuatrienio, perfeccione y amplíe su ámbito de aplicación, extendiéndolo a todos los distintos tipos de trata, incluyendo la explotación laboral, e incidiendo en la protección y asistencia a victimas de trata que son menores.
- Presentar en el plazo más breve posible, para su debate en la Comisión de Igualdad, un Informe específico relativo a las medidas integrales que tiene previsto adoptar en el marco de la transposición de la Directiva 2011/36 de la UE sobre
prevención y lucha contra la trata de seres humanos y protección a las víctimas, en coherencia con las prioridades y acciones que se contemplan en la Estrategia de la Unión para el periodo 2012-2016, y recogiendo las recomendaciones del Informe
específico elaborado a dichos efectos por las agencias especializadas de Naciones Unidas.
4. En relación a las medidas adoptar, deberán tenerse en cuenta en todo caso:
- La incorporación de un enfoque integral de derechos humanos, incluyendo el derecho de las víctimas de trata a recibir información sobre protección internacional, de conformidad con el artículo 11.6 de la Directiva.
- La especial relevancia del principio de no devolución, en aplicación de la Carta de derechos Fundamentales de la UE, el Protocolo de Palermo y el Convenio de Varsovia, que viene asimismo recogida en el considerando 10 de la Directiva, como
garantía básica de que ninguna persona sea devuelta a un lugar donde su vida o libertad pueda verse amenazada o de donde pudiera sufrir torturas, tratos inhumanos o degradantes.
- Prestar una atención específica a aquellas actuaciones que, desde la acción de los poderes públicos, puedan afectar de manera negativa a derechos reconocidos como por ejemplo, la concesión del periodo de restablecimiento y reflexión; la
posibilidad de ofrecer a las víctimas una autorización de residencia y trabajo en circunstancias excepcionales; impedir la repatriación forzosa de las víctimas en riesgo de represalias o de volver a ser objeto de trata; garantizar el derecho a
solicitar y obtener el asilo o la protección subsidiaria, así como el derecho a reparación, y respecto de las situaciones de detención de personas víctimas de trata en centros de inmigrantes, incluidos puestos fronterizos.
- Asegurar a todas las personas de víctimas de trata, la prestación de servicios básicos como la salud, el acceso a la educación y la asistencia social, así como las condiciones de comunicación y colaboración con las organizaciones
especializadas en la asistencia y apoyo a las víctimas, incluyendo el mapa de recursos disponibles y de prestación de asistencia especializada en todo el territorio nacional.
- Definir los criterios referidos al establecimiento de un Ponente nacional o mecanismo equivalente, que asegure la recopilación de datos y la supervisión del impacto de los esfuerzos y de las medidas adoptadas al respecto, tal y como
establece la Directiva en su artículo 19.
- Establecer mecanismos de participación social, cooperación y coordinación en la orientación, transparencia y seguimiento de las medidas contenidas en dicha estrategia, incorporando la experiencia y recomendaciones de las organizaciones
sociales especializadas y agentes sociales implicados, así como el de las distintas entidades encargadas de su implementación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2013.-Carmen Montón Giménez y Trinidad Jiménez García-Herrera, Diputadas.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
COMUNICACIONES DEL GOBIERNO
200/000001
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(200) Comunicación del Gobierno.
Autor: Gobierno.
Comunicación del Gobierno en la que solicita la celebración de un debate de política general sobre el estado de la Nación.
Acuerdo:
Admitir a trámite para su deliberación ante el Pleno conforme al artículo 196 del Reglamento, trasladar a los Grupos Parlamentarios y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA CELEBRACIÓN DEL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN
Cumplido el primer año completo de la Legislatura y con la voluntad de responder al papel indispensable del debate parlamentario en la vida democrática española, el Gobierno solicita de esa Cámara la celebración del Debate de política
general sobre el estado de la Nación.
El propósito de este Debate es someter la acción de Gobierno a la evaluación de los distintos grupos parlamentarios, así como informar de las diferentes actuaciones que el Ejecutivo contempla desarrollar en las próximas fechas. La
exposición de las medidas ya aprobadas por el Gobierno y la comunicación de las acciones que tiene previsto abordar han de contribuir a un objetivo esencial, como es abrir un nuevo cauce para el escrutinio de la acción gubernamental por parte de la
sociedad española.
Desde su toma de posesión, el Gobierno ha puesto en marcha una completa agenda de reformas de profundo calado y amplio recorrido con un objetivo prioritario: superar la crisis económica e impulsar la creación de empleo, como fundamento y
garantía del bienestar social. Todo ello bajo un exclusivo principio rector: el interés general de los españoles.
El Ejecutivo está abordando, para ello, un programa reformista de una profundidad y extensión sin precedentes, tanto por la importancia de los objetivos que se persiguen, como por la dificultad que ha supuesto el punto de partida.
El Gobierno ha tenido que hacer frente a un escenario de intenso deterioro de la economía y dramático incremento del desempleo. El insostenible desequilibrio de las cuentas públicas, por encima de lo esperado, ha agudizado la vulnerabilidad
de la economía española a las tensiones financieras experimentadas en la Eurozona.
Esta situación ha condicionado de forma inequívoca el margen de actuación del Gobierno y ha obligado a asumir esfuerzos adicionales para volver a encauzar la senda de la consolidación fiscal y, con ello, recuperar la confianza y la
credibilidad que suponen la base del crecimiento económico.
Pero un crecimiento estable, sostenido y creador de empleo exige también hacer frente a otros desequilibrios e ineficiencias acumulados por la economía española en los últimos años; desde la sequía de crédito provocada por la difícil
situación del sistema financiero, hasta la insostenible dinámica de un marco laboral en el que los ajustes de la crisis se han traducido de forma unívoca en la destrucción de empleo.
Por ello, el Gobierno ha puesto en marcha un plan global de reformas articulado en torno a tres ejes: consolidación fiscal; saneamiento y reestructuración del sector financiero y reformas estructurales para
dotar de mayor competitividad a la economía. Estas son las tres vías por las que discurre el camino del crecimiento y la creación de empleo.
Y este camino transcurre inequívocamente en el marco de la Unión Europea y nuestro compromiso con la moneda única. Por esta razón, el proceso reformista iniciado en España se desarrolla en paralelo y -además- en consonancia con las reformas
que la Unión Europea está acometiendo para hacer de nuestro espacio común un proyecto de integración adaptado a los desafíos de competitividad global que permitan sostener y desarrollar un modelo de bienestar europeo en el siglo XXI.
España, junto al resto de Estados miembros, participa activamente en ese proyecto, que gira en torno a los siguientes ejes: la creación de empleo de calidad y el crecimiento económico sostenible, sobre la base del Pacto Europeo para el
Crecimiento y Empleo aprobado por el Consejo Europeo de junio de 2012; el fortalecimiento de la Unión Económica y Monetaria, en línea con el calendario establecido en el Consejo Europeo del pasado mes de diciembre para la consecución de la Unión
Bancaria, Fiscal y Política; y la adopción del Marco Financiero Plurianual para el periodo 2014-2020.
Precisamente, el Consejo Europeo celebrado los días 7 y 8 de febrero se ha centrado en este Marco Financiero Plurianual. Tras un intenso proceso negociador, los Estados miembros han logrado un acuerdo sobre las prioridades presupuestarias
de la Unión para los próximos siete años, de carácter equilibrado, tanto para la integración europea como para los intereses de España, con un saldo final que convierte a nuestro país en receptor neto de fondos.
A pesar de la difícil coyuntura económica y de las restricciones presupuestarias generalizadas, los Gobiernos de los Estados miembros han concedido una atención prioritaria a la lucha contra el desempleo y al crecimiento económico. Ejemplo
de ello es la creación de un fondo para impulsar el empleo juvenil, con una importante aportación para España, y la consolidación del apoyo a los agricultores españoles hasta el año 2020.
También en esa cita comunitaria, se ha abordado la compleja situación que se vive en Mali y el compromiso de la Unión Europea y el resto de la comunidad internacional en la búsqueda de soluciones para el Sahel.
Europa afronta un proceso de reformas crucial para su futuro y los diferentes Gobiernos de los Estados miembros hemos asumido como objetivo político de primer orden trabajar en aras del bienestar, de la cohesión económica y social, del
crecimiento y de la competitividad en nuestros respectivos países y en Europa en su conjunto.
Así lo está haciendo el Gobierno de la Nación, con un programa de reformas compatible con los objetivos de Europa y pensado para las necesidades de España. Restaurar el equilibrio de las cuentas públicas, recuperar el flujo del crédito y
favorecer la competitividad y flexibilidad de nuestra economía, son el fundamento para la creación de empleo y bienestar.
Este Gobierno ha asumido un intenso esfuerzo de cara a la consolidación fiscal, que ha llevado a la adopción de medidas extraordinarias y a la aprobación de los dos presupuestos más austeros de la democracia, los correspondientes a los años
2012 y 2013. Además, se han puesto las bases para que el desequilibrio que ahora se trata de corregir no vuelva a repetirse en el futuro, mediante la aprobación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que fija
límites de déficit y endeudamiento para todas las Administraciones Públicas. Es fundamental llevar a cabo un esfuerzo conjunto de todas las administraciones en la consolidación fiscal, en un compromiso compartido que a todos nos vincula.
El Gobierno no es ajeno al esfuerzo que esto supone. Por esta razón, ha contribuido también a asegurar la solvencia financiera de las Comunidades Autónomas, garantes del buen funcionamiento de una parte importante de los servicios públicos
que disfrutan los ciudadanos españoles. Para ello, se ha puesto en marcha el Fondo de Liquidez Autonómico, un mecanismo al que pueden adherirse de forma voluntaria, con objeto de cubrir las necesidades de liquidez y sujeto a una serie de
compromisos en materia de disciplina fiscal y financiera.
A este mecanismo se une el Plan de Pago a Proveedores con deudas pendientes de pago por parte de Comunidades Autónomas y Entidades Locales, que ha supuesto una importante inyección de liquidez en la economía productiva.
Pero la completa recuperación de la economía exige, como condición indispensable, un sistema financiero saneado y solvente, capaz de nutrir de crédito a la economía real. El Gobierno ha adoptado medidas firmes para sanear el sistema
financiero, reforzar su solidez y culminar el proceso de reestructuración y resolución de entidades de crédito. Medidas firmes, que han ido acompañadas, además,
de un ejercicio de transparencia sin precedentes, que incluyó dos evaluaciones externas e independientes de los balances bancarios.
En el ámbito de las reformas estructurales, la reforma laboral supone una inyección de competitividad para la economía española en su conjunto, favoreciendo la flexibilidad interna como alternativa a la destrucción de empleo, fomentando la
empleabilidad e impulsando la formación.
La formación es un valor estratégico fundamental para el futuro de nuestro país, clave en la creación de empleo. Se han puesto ya las bases para el desarrollo de un modelo de formación dual y se está impulsando una reforma educativa, que no
sólo busca reducir las tasas de fracaso y abandono escolar, sino favorecer la calidad y excelencia de nuestro sistema educativo, a fin de que el talento de los jóvenes pueda desarrollar todo su potencial y encuentre su correlato en términos de
empleabilidad futura.
La labor reformista del Gobierno se dirige, también, a la mejora de la competitividad de los mercados de bienes y servicios, con medidas tanto de carácter horizontal como sectorial. Así, el anteproyecto de Ley de Garantía de la Unidad de
Mercado, que tiene por objeto asegurar la libre circulación de bienes y prestación de servicios en todo el territorio nacional y aprovechar las economías de escala y alcance que ofrece nuestro mercado, impulsando la igualdad de condiciones para el
ejercicio efectivo de la actividad de los agentes económicos en toda España.
A ello contribuirán, también, las medidas de liberalización del comercio y de determinados servicios, que permiten agilizar los trámites para la creación de nuevos negocios y dinamizar la actividad del sector, así como fomentar la
competencia.
Y, para velar por la competencia y el correcto funcionamiento de los mercados, se ha abordado una profunda reforma de los organismos reguladores, en el proyecto de Ley de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia,
remitido por el Gobierno a las Cortes Generales.
La reforma energética también ha formado parte de la agenda reformista del Gobierno en el primer año de Legislatura, comenzando por atajar el abultado déficit de tarifa del sistema eléctrico.
Junto a ello, el Gobierno ha impulsado otras reformas que afectan a los sectores de red -transporte y telecomunicaciones-; así como medidas que inciden directamente en sectores productivos como la industria, el turismo, la agricultura, o
que inciden en la calidad del crecimiento, como el fomento de la innovación o la protección del medio ambiente.
En el marco de las transformaciones estructurales, el Gobierno ha asumido el reto de abordar una profunda reforma de las Administraciones Públicas para reducir al máximo los solapamientos y las duplicidades entre las distintas
administraciones y convertir al sector público en un referente de austeridad y eficiencia. A este objetivo responde la creación de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, así como la definición de un nuevo marco de
sostenibilidad y racionalidad para la Administración Local.
El objetivo es avanzar hacia unas administraciones más modernas y eficaces. También en el ámbito de la Justicia, donde las reformas iniciadas pretenden reforzar su independencia, agilizar su funcionamiento, garantizar la sostenibilidad del
sistema de justicia gratuita e impulsar nuevos mecanismos para reducir la litigiosidad.
A lo largo de este año, de intensas reformas y de grandes esfuerzos, el Gobierno no ha sido ajeno a las consecuencias sociales que ha provocado la crisis económica, en particular, entre los sectores más vulnerables.
Por ello, y a pesar del escenario de restricción presupuestaria, en 2013 se han revalorizado un 2?% las pensiones iguales o inferiores a mil euros, y un 1?% el resto de las pensiones.
Ante la imposibilidad de algunas familias a la hora de hacer frente a sus deudas hipotecarias, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto-ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, que se está tramitando
como proyecto de Ley en las Cortes Generales.
El refuerzo de la protección social también abarca un ámbito de especial preocupación: la situación de los trabajadores en paro que han agotado su cobertura por desempleo. El Gobierno ha prorrogado el Plan Prepara, contemplando la
prolongación de las ayudas mientras la tasa de paro permanezca por encima del 20?%.
En definitiva, la solidaridad, el mantenimiento de la cohesión social y el reparto equitativo de los esfuerzos no han dejado de ser principios inspiradores de una acción de Gobierno que no ha tenido más guía que el interés general de los
españoles.
Éste es el principio rector del programa reformista asumido por el Gobierno, que se enmarca en un contexto de gran complejidad, y que exige, por tanto, la voluntad y la determinación del Gobierno, tanto como la confianza de la sociedad
española.
El proceso de reformas emprendido hasta la fecha ha contribuido a mejorar la proyección internacional de España. La voluntad política del Gobierno en recuperar la credibilidad, la reputación y la confianza de nuestro país se ha plasmado en
una intensa agenda internacional del presidente del Gobierno con hitos de tanta visibilidad como la positiva celebración de la Cumbre Iberoamericana de Cádiz o el ingreso de España como Estado Observador en el proceso de integración de la Alianza
del Pacífico.
El impulso a la Marca España como elemento vertebrador de nuestra visibilidad internacional sirve para poner en valor las fortalezas competitivas de nuestro país en ámbitos tan distintos como el económico, el turístico, el lingüístico y el
cultural.
Una de estas fortalezas tiene que ser la estabilidad institucional, que permita mantener el rumbo, concertar los esfuerzos, construir certidumbres y contribuir a la confianza. Las dificultades económicas que atraviesa nuestro país exigen
responsabilidad y compromiso con el interés general de los españoles. Sólo desde la confianza en un proyecto colectivo de recuperación podremos alcanzar las metas que nos proponemos y que los ciudadanos demandan.
Se hace necesario reforzar la responsabilidad de los gestores públicos, la transparencia de las administraciones y la confianza que en unos y otras pueden depositar los ciudadanos. Son condiciones necesarias en todo caso y, más aún, en un
momento como el actual, en el que los ciudadanos españoles, que han dado una lección de responsabilidad a la hora de afrontar una crisis, demasiado larga y demasiado profunda, exigen de sus gobernantes y representantes, la ejemplaridad que está en
la base del vínculo democrático que les une.
Por ello, el Gobierno ha impulsado reformas de una gran trascendencia en este sentido. Desde la financiación de los partidos políticos, reduciendo subvenciones e incorporando nuevos mecanismos de control de sus cuentas; hasta el compromiso
de hacer de la transparencia un principio rector clave de la actuación de las Administraciones Públicas.
El Gobierno ha querido ser pionero en este propósito, mediante el traslado a las Cortes del proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Esta norma supondrá un antes y un después para las
Administraciones Públicas españolas, que se someterán al escrutinio de los ciudadanos en sus actuaciones, y para sus responsables, que, por primera vez, deberán responder legalmente a normas de Buen Gobierno, cuyo incumplimiento llevará aparejado un
régimen de infracciones y sanciones que pueden llevar a la inhabilitación para cargo público y, a través de la reforma del Código Penal -ya aprobada por el Parlamento- a penas de prisión en los casos más graves.
Esta norma será uno de los pilares fundamentales sobre los que el Gobierno aspira a erigir una nueva forma de representación y gestión pública, más austera, eficaz, transparente y responsable. La transparencia como obligación y el buen
gobierno como norma legal, constituyen los mejores antídotos posibles frente a la corrupción y la mala gestión de recursos públicos.
Pero el Gobierno propone ir más allá y avanzar en todas las vías que permitan reafirmar nuestro compromiso a favor de la transparencia y en contra de la corrupción. Fortalecer las instituciones, mejorar la calidad de la democracia y
restaurar la confianza de los españoles.
En este propósito, el Gobierno ni puede ni quiere ir solo, en el entendido de que la solidez de nuestras instituciones compete y atañe a todos cuantos forman parte de ellas.
Recuperar el prestigio de lo público, reforzar los vínculos de confianza entre los españoles y sus representantes y, en definitiva, mostrar un compromiso claro y explícito con la vitalidad democrática de nuestras instituciones es un
imperativo ético y político y es, en definitiva, la mejor garantía de que las reformas emprendidas tendrán los efectos por todos esperados.
El Gobierno acudirá al Debate sobre el estado de la Nación con espíritu abierto, dialogante y receptivo a las aportaciones de los distintos grupos parlamentarios, en la confianza de que el acuerdo y el consenso prevalezcan en todas aquellas
iniciativas destinadas al objetivo compartido por toda la sociedad española, que no es otro que la recuperación económica, el crecimiento y la creación de empleo, para la mejora del bienestar y la prosperidad para todos los españoles.