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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 237, de 01/03/2007
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CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE


Año 2007 VIII Legislatura Núm. 237

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL MARÍN GONZÁLEZ

Sesión plenaria núm. 219

celebrada el jueves, 1 de marzo de 2007



ORDEN DEL DÍA:


Enmiendas del Senado:


-Proyecto de Ley de sociedades profesionales. (Número de expediente 121/000077.) ... (Página 11909)


-Proyecto de Ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. (Número de expediente 121/000089.) ...
(Página 11913)


Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:


-Proyecto de ley de Suelo. (Número de expediente 121/000096.) ...
(Página 11919)


-Proyecto de ley de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, para la modificación del régimen de las ofertas públicas de adquisición y de la transparencia de los emisores. (Número de expediente 121/000108.) ... href='#(Página11933)'>(Página 11933)


Debates de totalidad de iniciativas legislativas:


-Proyecto de ley para el acceso electrónico de los ciudadanos a las Administraciones Públicas. (Número de expediente 121/000116.) ...
(Página 11938)


Página 11906



Juramento o promesa de acatamiento de la constitución por nuevos señores diputados ... (Página 11951)


Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados:


-Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de Excmos. Sres. Diputados ... (Página 11952)


Enmiendas del Senado (votaciones):


-Proyecto de ley de sociedades profesionales. (Número de expediente 121/000077.) ... (Página 11952)


-Proyecto de ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. (Número de expediente 121/000089.) ... (Página 11953)


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales:


-Medida 1 (2003) relativa al establecimiento de la Secretaría del Tratado Antártico con sede en Buenos Aires (Argentina) acordada por la XXVI Reunión Consultiva del Tratado Antártico, celebrada en Madrid el 20 de junio de 2003. (Número de
expediente 110/000185.) ... (Página 11953)


-Acuerdo de cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación suiza, por otra, para luchar contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal que afecte a sus intereses financieros, hecho en
Luxemburgo el 26 de octubre de 2004, así como Declaración que España desea formular en el momento de su ratificación.
(Número de expediente 110/000186.) ... (Página 11954)


-Acuerdo Marco de cooperación entre el Reino de España y la República de Senegal, hecho en Dakar el 10 de octubre de 2006.) (Número de expediente 110/000187.) ... (Página 11954)


-Acuerdo General de Seguridad entre el Reino de España y la República Francesa relativo al intercambio y protección de información clasificada, hecho en Madrid el 21 de juloi de 2006. (Número de expediente 110/000188.) ... href='#(Página11954)'>(Página 11954)


-Denuncia del Canje de Notas de 26 de marzo de 1962 entre España y Bolivia por el que se suprimen los visados entre ambos países. (Número de expediente 110/000191.) ... (Página 11954)


-Convenio relativo a la adhesión de la República Checa, República de Estonia, República de Chipre, República de Letonia, República de Lituania, República de Hungría, República de Malta, República de Polonia, República de Eslovenia y
República Eslovaca al Convenio, relativo a la supresión de la doble imposición en caso de corrección de beneficios de empresas asociadas, hecho en Bruselas el 8 de diciembre de 2004. (Número de expediente 110/000196.) ... href='#(Página11954)'>(Página 11954)


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas (votaciones):


-Proyecto de ley de Suelo. (Número de expediente 121/000096.) ...
(Página 11954)


-Proyecto de ley de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, para la modificación del régimen de las ofertas públicas de adquisición y de la transparencia de los emisores. (Número de expediente 121/000108.) ... href='#(Página11954)'>(Página 11954)


Debates de totalidad de iniciativas legislativas (votaciones):


-Proyecto de ley para el acceso electrónico de los ciudadanos a las Administraciones Públicas. (Número de expediente 121/000116.) ...
(Página 11955)


Página 11907



SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.



Enmiendas del Senado. ... (Página 11909)


Proyecto de ley de sociedades profesionales ... (Página 11909)


En turno de fijación de posiciones, intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds;
los señores Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Albendea Pabón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Juanes Barciela, del Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso.



Proyecto de ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas ... (Página 11913)


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; el señor Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Bonàs Pahisa, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); los señores Jané i Guasch, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Santaella Porras, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y la señora Montón Giménez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.



Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 11919)


Proyecto de Ley del Suelo ... (Página 11919)


Interviene la señora ministra de Vivienda (Trujillo Rincón).



En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Matos Mascareño, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.



En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; Beloki
Guerra, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Andreu Domingo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) y Contreras Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.



El señor Matos Mascareño pide la palabra para réplica, que no le es concedida.



Proyecto de ley de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, para la modificación del régimen de las ofertas públicas de adquisición y de la transparencia de los emisores ... (Página
11933)



A favor de las enmiendas presentadas intervienen los señores Puig Cordón, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) y Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).



En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Cuevas Delgado, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.



Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página 11938)


Proyecto de ley para el acceso electrónico de los ciudadanos a las administraciones públicas ... (Página 11938)


El señor ministro de Administraciones Públicas (Sevilla Segura) presenta el proyecto de ley para el acceso electrónico de los ciudadanos a las administraciones públicas, cuyos objetivos son ayudar a que la actuación de las mismas se oriente
aún más hacia el servicio de las necesidades e intereses de los ciudadanos, a facilitarles la vida, a que se reconozca


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el derecho a relacionarse con las administraciones públicas usando procedimientos telemáticos.



Resalta la relevancia del proyecto de ley, que hace necesario contar con un alto nivel de consenso y finaliza resaltando las obligaciones y derechos del mismo.



En turno a favor de la enmienda a la totalidad, interviene el señor Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).



En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias; la señora Navarro Casillas, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds;
Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ramón Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana (ERC); Echániz Salgado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Corcuera Plaza, del Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso.



Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página 11951)


Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados ... (Página 11952)


Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de excelentísimos señores diputados ... (Página 11952)


Interviene el señor Zaplana Hernández-Soro.



Enmiendas del Senado. (Votaciones.) ... (Página 11952)


Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de sociedades profesionales.



Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, se aprueban por 176 votos a favor, 123 en contra y tres abstenciones.



Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales ... (Página 11953)


Medida 1(2003) relativa al establecimiento de la Secretaría del Tratado Antártico con sede en Buenos Aires (Argentina) acordada por la XXVI Reunión Consultiva del Tratado Antártico, celebrada en Madrid el 20 de junio de 2003 ... href='#(Página11953)'>(Página 11953)


Acuerdo de cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra, para luchar contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal que afecte a sus intereses financieros, hecho en
Luxemburgo el 26 de octubre de 2004, así como Declaración que España desea formular en el momento de su ratificación ... (Página 11954)


Acuerdo Marco de cooperación entre el Reino de España y la República de Senegal, hecho en Dakar el 10 de octubre de 2006 ... (Página 11954)


Acuerdo general de seguridad entre el Reino de España y la República Francesa relativo al intercambio y protección de información clasificada, hecho en Madrid el 21 de julio de 2006 ... (Página 11954)


Denuncia del Canje de Notas de 26 de marzo de 1962 entre España y Bolivia por el que se suprimen los visados entre ambos países ... (Página 11954)


Convenio relativo a la adhesión de la República Checa, República de Estonia, República de Chipre, República de Letonia, República de Lituania, República de Hungría, República de Malta, República de Polonia, República de Eslovenia y República
Eslovaca al Convenio, relativo a la supresión de la doble imposición en caso de corrección de beneficios de empresas asociadas, hecho en Bruselas el 8 de diciembre de 2004 ...
(Página 11954)


Sometidos a votación conjunta los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, se aprueban por asentimiento.



Página 11909



Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votaciones.) ... (Página 11954)


Se someten a votación las enmiendas al proyecto de Ley del Suelo.



Se someten a votación las enmiendas al proyecto de ley de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, para la modificación del régimen de las ofertas públicas de adquisición y de la transparencia de los emisores.



Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación.) ...
(Página 11955)


Proyecto de ley para el acceso electrónico de los ciudadanos a las administraciones públicas ... (Página 11955)


Sometida a votación la enmienda de totalidad de devolución del proyecto de ley para el acceso electrónico de los ciudadanos a las administraciones públicas, se rechaza por 10 votos a favor, 286 en contra y siete abstenciones.



Se levanta la sesión a las dos y cuarenta minutos de la tarde.



Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.



ENMIENDAS DEL SENADO:


-PROYECTO DE LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 121/000077.)


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.



Punto VIII del orden del día: Enmiendas del Senado. Proyecto de Ley de Sociedades Profesionales.



¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) Por Coalición Canaria, el señor Mardones.



El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.



Mi grupo ha analizado con mucho detenimiento la amplia batería de enmiendas que nos remite la Cámara Alta, el Senado, a este proyecto de Ley de Sociedades Profesionales. Hay muchas modificaciones, algunas muy sustantivas, con las cuales mi
grupo no está conforme, del texto que habíamos aprobado en el trámite del Congreso de los Diputados anterior al del Senado, y haremos llegar a los servicios de la Cámara la relación de enmiendas para las que nuestro voto será negativo, contrario a
las modificaciones -las fundamentales y sustanciales- introducidas por el Senado. Pero quiero destacar algunas de las enmiendas, por ejemplo al artículo 1, que vamos a votar favorablemente por entender que la concreción de que para la titulación
universitaria ésta tenga carácter oficial es importante. España es un país de inmigración, vienen titulados universitarios, sobre todo de países latinoamericanos, que no tienen convalidados sus títulos universitarios y por tanto hasta que no tengan
un carácter oficial convalidado por las autoridades del ministerio correspondiente español no deberían tener entrada en esta situación. Al artículo 4 se han hecho algunas sensibles modificaciones con las cuales en una parte estamos de acuerdo y en
otra haremos llegar los apartados en los que votaremos negativamente. Otras enmiendas, como las referidas al artículo 6 o al artículo 9, son de mejoras técnicas que se introducen en este apartado de la ley. Igualmente votaremos favorablemente la
enmienda al artículo 16 que viene del Senado con referencia a los estatutos sociales, que ahora se hacen en lugar de la figura del contrato social, que era la que habíamos aprobado en esta Cámara en el momento procesal oportuno. El artículo 17 está
sometido a unas fuertes enmiendas del Senado. Se ha mejorado el texto que le remitió el Congreso, dado que en los casos de sociedad profesional se adopta una forma social que implica limitación de responsabilidades de los socios por las deudas
sociales.
Esto era necesario dejarlo claro, sobre todo por el principio de seguridad jurídica. Las enmiendas a las disposiciones adicionales segunda bis nueva, adicional sexta, adicional sexta bis nueva, así como a la disposición transitoria
segunda y a la disposición final segunda no las consideramos en este momento oportunas y, por tanto, votaremos en contra.



Como valoración final, señor presidente, mi grupo votará a favor de este proyecto de Ley de Sociedades Profesionales. Recordemos que en su momento y en la Comisión, cuando tuvimos ocasión de hacer los primeros debates de la iniciativa del
Ministerio de Justicia, se entendió que prácticamente este era un proyecto de ley que iba dirigido a los grandes bufetes de abogacía. Después nos dimos cuenta de que era necesario tener en consideración una serie de figuras también profesionales
colectivas -vamos a denominarlas así-, porque el derecho venía amparando la profesión liberal, individualizada, fuera lo que fuera el titular de la función o del uso de su título académico, ya fuera un abogado que despacha los asuntos de su cliente,
un farmacéutico, un ingeniero o un arquitecto. Nos dimos cuenta de que no solo había grandes bufetes de abogacía, con un comportamiento y una funcionalidad distinta del acto profesional del abogado individual, sino que también había grandes
estudios de arquitectura con una colectividad de


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arquitectos, peritos e ingenieros trabajando en ellos. Nos surgió una duda con las oficinas de farmacia, que, afortunadamente, gracias a un buen entendimiento de los portavoces en la ponencia, quedó resuelta. Y hoy llegamos a estas
sociedades profesionales con un reconocimiento jurídico que permite su legalización plena a todos los efectos profesionales de actuación colectiva; se trata de una actuación colectiva, por eso son sociedades profesionales. Se ha hecho un buen
trabajo, porque no hay ningún menoscabo a las competencias de los colegios profesionales.
Recordemos que estamos regidos por una Ley general de colegios profesionales y que después las comunidades autónomas tienen su competencia específica para
poder legislar sobre colegios profesionales en su ámbito autonómico. Se ha respetado este equilibrio de poderes y de competencias -consejos generales de colegios profesionales y colegios profesionales territoriales- con lo que son y se entienden
como sociedades profesionales. Esta ley aporta un elemento de modernización y adecuación, de reconocimiento de una realidad de ejercicio profesional, y para los efectos fiscales ya estarán las normas del Ministerio de Economía y Hacienda. Por
estas razones, señor presidente, mi grupo votará favorablemente el contenido de esta Ley de Sociedades Profesionales.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.



Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, señora Navarro, por favor.



La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señor presidente.



Efectivamente, esta es una ley que salió con un amplio consenso del Congreso de los Diputados, con amplia participación y aportaciones, por lo que es difícilmente explicable el alto número de enmiendas que han introducido el Grupo
Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en el Senado. De hecho, algunas se apartan del espíritu de la ley. Nosotros vamos a votar en contra de prácticamente todas las enmiendas, excepto cuatro de ellas, que
entendemos que son una mejora técnica y respetan el espíritu de la ley. En cambio, las otras enmiendas, repito, se separan del consenso político que se alcanzó y de los objetivos de la ley. Incluso una de ellas, la de la disposición adicional
sexta, pretende ir contra el dictamen de la Comisión Europea en cuanto a atribuir a las leyes sanitarias y a las distintas leyes de ordenación farmaceútica de las comunidades autónomas la regulación no solo de la titularidad, sino también de la
propiedad de las oficinas de farmacia. En definitiva, se podrían citar una a una, pero de lo que se trata es de votar a favor de las enmiendas que mejoran el texto y no de aquellas que se apartan del objetivo de la propia ley.



Gracias, señor presidente.



El señor PRESIDENTE: Gracias.



Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Olabarría.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.



Comparto las opiniones manifestadas por los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. La verdad es que la función depurativa del Senado con relación a esta ley -su espíritu, sus fundamentos ontológicos y el contenido
material- no ha sido especialmente feliz y nos hemos encontrado con la sorpresa de una modificación de numerosos artículos, fundamentalmente en virtud de la aceptación de enmiendas del Partido Popular, que impide votar en sus propios términos, salvo
que la depuración se haga con corrección en este trámite que estamos desarrollando en este momento, depuración que consistiría lisa y llanamente en la exclusión de esas enmiendas y la recuperación del texto enviado por el Congreso al Senado. Me
estoy refiriendo en concreto a lo que se ha modificado en el Senado relativo a los artículos 2.1, 2.2, 4.1.a), 4.3, 4.4, 6.2, 12, 14.1, 14.2, 14.3, 16.1, 16.2 y 17 y a las disposiciones transitorias y adicionales. Desde esa perspectiva, si somos
capaces de recuperar el contenido de una ley que era técnicamente correcta y ampliamente consensuada en esta Cámara, que ha sido objeto de cierta desestructuración, por utilizar un eufemismo respetuoso con la Alta Cámara, estaremos en condiciones de
poder votarlo. Si no es así, obviamente nos reservaremos nuestro voto en contra de estos preceptos que le he indicado y que no terminamos de comprender.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.



¿Esquerra Republicana? (Pausa.) Convergència i Unió, señor Janè.



El señor JANÉ I GUASCH: Muchas gracias, señor presidente.



Aprobaremos hoy en el Pleno del Congreso el último trámite de un proyecto de ley que ha sido objeto de diversas negociaciones y enmiendas tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. Creo que debemos valorar en su conjunto de
manera positiva la labor que han realizado las Cortes Generales en este trámite parlamentario. Nuestro grupo negoció el proyecto de ley, si bien es cierto que quedaron algunos aspectos pendientes de resolver, algunos de los cuales vemos que se han
introducido en enmiendas concretas en el Senado. Quiero destacar la enmienda que en relación con los procuradores intenta adaptar su ámbito territorial a lo que ya establece el estatuto general de su profesión y, por tanto, incluirlo en una ley de
sociedades profesionales era posible en el sentido de que también abarca el ejercicio de profesiones, en este caso la de los procuradores. Entendíamos que era una enmienda posible, que se podía haber votado a favor hoy, al igual que el tema de la
titularidad de las oficinas de farmacia, en el que yo discrepo de la señora Navarro.



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Creo que el texto que ha aprobado el Senado en este caso se adapta mejor a lo que se pretendía en esa necesaria salvaguardia que a efectos de titularidad y propiedad de las oficinas de farmacia tienen a través de su legislación propia, que
puede y debe tener un ámbito autonómico.
Valoramos en su conjunto de manera positiva que ya en el siglo XXI estas Cortes Generales aprueben una normativa que engloba nuevos tipos de prestación de servicio, unas sociedades profesionales, un nuevo
concepto de desarrollo de las profesiones tituladas, de nuevas funciones por parte de los colegios profesionales. No olvidemos que este proyecto de ley tiene una doble dirección: por un lado se protege ese ejercicio profesional, pero por otro
lado, importantísimo, debemos proteger al usuario, al propio ciudadano que quiere una garantía de los servicios profesionales y una tutela de los colegios profesionales en caso de que no se realice de manera adecuada el ejercicio de esta profesión,
sea a título individual o sea, como permite esta ley, a través de las sociedades profesionales. En este sentido se orientará el voto de nuestro grupo parlamentario.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jané.



Grupo Popular, señor Albendea.



El señor ALBENDEA PABÓN: Intervengo muy brevemente para señalar que defendemos las enmiendas presentadas por nuestro grupo parlamentario en el Senado, que coinciden sustancialmente con las que defendimos en el Congreso y no alcanzaron aquí
el consenso necesario para incorporarse al proyecto de ley. Los argumentos para defender las citadas enmiendas están ya reflejados en el 'Diario de Sesiones', por lo que voy a hacer gracia a SS.SS. de repetirlas. Simplemente me limito a pedir al
Pleno de la Cámara su voto favorable, con lo que sin duda mejoraría notablemente el proyecto de ley. También anuncio que vamos a apoyar las enmiendas 32, 39 y 45, presentadas en el Senado por Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
algunas de ellas coincidentes con las nuestras. A las enmiendas al preámbulo, coherentes con las enmiendas al articulado en la Cámara Alta, también les daremos nuestro voto favorable. Vamos a votar también favorablemente el texto del proyecto dado
que ha habido un razonable consenso en la aprobación de este proyecto de ley, aunque me temo que las enmiendas que nosotros defendemos y vamos a votar favorablemente no alcancen -por lo que he oído a mis compañeros de otros grupos parlamentarios-
aquí el consenso necesario para su aprobación, lo cual lamentaré porque mejorarían mucho el proyecto de hoy.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Grupo Parlamentario Socialista, señora Juanes.



La señora JUANES BARCIELA: Gracias, señor presidente.



Señorías, quiero comenzar mi intervención valorando muy positivamente este proyecto de ley, como lo han hecho el resto de los grupos en los distintos trámites. Es una ley necesaria y eminentemente técnica que viene avalada por
organizaciones colegiales de ámbito estatal, de organizaciones profesionales afectadas por esta medida, y ampliamente dialogada y consensuada por todos los grupos parlamentarios.



En primer lugar debo reconocer las aportaciones de colectivos organizados de profesionales y el trabajo destacado que en la tramitación de este proyecto -lo tengo que reconocer- han tenido los portavoces de todos los grupos. Es una ley que
responde también a las recomendaciones de la Comisión Europea en relación con la necesaria regulación de los servicios profesionales y que pone en práctica lo acordado en la Agenda 2000 del Consejo Europeo de Lisboa. Creo que no es necesario
justificar la importancia de los servicios profesionales ya que en la actualidad constituyen un sector económico fundamental y de creciente importancia en la economía española. Esta es una iniciativa que se ha presentado al ponerse de manifiesto la
cada vez más extensa implantación de colectivos de profesionales que se unen para prestar servicios a sus clientes en razón a dos parámetros fundamentales: la especialización y la división de trabajo. Lo que sorprendía a cualquier observador es
que en el plano normativo carecíamos de una regulación societaria profesional sistemática y adaptada a las necesidades de los particulares. Ante este panorama no es de extrañar que se haya dado una cobertura legal a través de un nuevo régimen
jurídico, inexistente hasta ahora, que introduce, como bien ha dicho el señor Jané, garantías de certidumbre y seguridad jurídica sobre las relaciones jurídico-societarias que tienen lugar en el ámbito profesional, además de un adecuado régimen de
responsabilidad a favor de los usuarios de los servicios profesionales que se prestan en el marco de la organización colectiva.



Señorías, el Senado nos remite un informe con una serie de enmiendas de modificaciones que son objeto de estudio en este momento. Evidentemente, la postura del Grupo Parlamentario Socialista no puede distar de la que mantuvimos en la Cámara
Alta por razones de coherencia parlamentaria y política. Del conjunto de las enmiendas del Senado les anuncio que de aquellas introducidas por el Grupo Parlamentario Popular aceptaremos la enmienda 54; del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió) aceptaremos la enmienda 32 y las transaccionales a las enmiendas 14 y 27; enmiendas técnicas que mejoran el texto y que tienen un consenso similar al que obtuvo el conjunto del dictamen en esta Cámara. Las enmiendas que no hemos aceptado
no mejoran ni complementan el texto desde ninguna óptica jurídica -ya lo argumentamos en trámites anteriores- y además creemos que deben decaer por sus propios fundamentos.



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Me van a permitir que explique grosso modo algunas de las cuestiones que han sido objeto de debate en las intervenciones que me han precedido. Uno de los objetivos fundamentales de este proyecto ha sido otorgar carta de naturaleza jurídica
a las sociedades profesionales para evitar dudas o incertidumbres. Por todos es conocido que el ejercicio en común de las profesiones liberales ha sido motivo de frecuentes controversias jurídicas y corporativas, y la primera cuestión que aún
distaba mucho de estar suficientemente resuelta era la relativa a la propia admisibilidad y viabilidad jurídica de las relaciones profesionales. Este proyecto despeja esta incógnita. No solo el artículo 1 define la sociedad profesional, sino que
también regula la actividad profesional. También resultan ilustrativas en este sentido las normas que regulan la separación de los socios profesionales en el régimen propio de los colegios profesionales y la posibilidad de exclusión del socio en
caso de infracción de la norma deontológica o la cláusula arbitral, que viene a satisfacer necesidades ampliamente sentidas en este sector. Otro aspecto trascendente de la ley que hay que valorar positivamente es el relativo al régimen de
responsabilidad solidaria de todos los profesionales, socios y no socios, que han intervenido en la actividad profesional. Tal y como establece la exposición de motivos, cuando una actividad profesional se ampara en una denominación colectiva se
genera entre los solicitantes de los servicios una confianza específica que no debería verse defraudada en el momento de exigir responsabilidades. Por eso rechazamos una de las enmiendas del Grupo Popular, concretamente la número 60 al artículo 11,
porque la responsabilidad solidaria que se derive de los actos profesionales propiamente dichos sirve para reforzar las garantías de solvencia a favor del cliente. Otro de los objetivos en los que se ha puesto especial énfasis ha sido el de
garantizar al máximo la flexibilidad en la elección del tipo social. Una de las preocupaciones esenciales ha sido la de unir la regulación de las sociedades profesionales en el sistema general del derecho de sociedades en el que viene a insertarse.
De este modo será posible cumplir simultáneamente dos objetivos de máxima importancia: facilitar la recepción de la nueva normativa en nuestra experiencia jurídica y aprovechar el acervo doctrinal y jurisprudencial existente para su desarrollo e
integración.



En relación con la disposición adicional sexta, que regula las oficinas de farmacia, ustedes saben, señorías, que entre todos los grupos parlamentarios de esta Cámara se acordó que, sin perjuicio de lo establecido, la titularidad de las
oficinas de farmacia se regularía por la normativa que le fuese de aplicación, es decir, la Ley 16/1997, de Regulación de Servicios de Farmacia, la Ley General de Sanidad, de 1986, y la Ley de Garantía. Dicha remisión a las leyes sanitarias pone de
manifiesto que no se modifica el sistema de titularidad de las oficinas de farmacia. De aceptarse las enmiendas números 40 de CiU y 68 del PP con el binomio propiedad-titularidad, se incidiría en cuestiones de derecho privado contradictorias con la
filosofía de flexibilidad de este proyecto. Además, no podemos olvidar que un objetivo en el que se ha hecho especial hincapié a la hora de formular este proyecto ha sido el de garantizar al máximo la flexibilidad de las sociedades profesionales,
removiendo obstáculos y restricciones jurídicas que hasta este momento podían menoscabar la competitividad del sector, como tampoco debemos olvidar que el proyecto permite que un 25 por ciento del capital de la sociedad profesional sea capital no
farmacéutico. La disposición adicional sexta, tal y como quedó redactada al salir de esta Cámara, estaba en consonancia con la corriente liberalizadora de Bruselas y se ajusta a la advertencia reciente de Bruselas, como bien ha dicho la señora
Isaura, por la que se abría un procedimiento de infracción a España al considerar que el modelo de farmacia limitaba la libertad de establecimiento y solicitaba la apertura del modelo. Señorías, hay que anticiparse a la solución que venga de
Europa.



Otro objetivo que ha inspirado la elaboración de esta normativa ha sido el de asegurar la conexión de las sociedades profesionales con sus respectivos ordenamientos corporativos. A pesar de los notables esfuerzos de los colegios
profesionales para someter a la disciplina deontológica el ejercicio de la profesión por medio de sociedades, la experiencia demuestra que no siempre ha sido posible obtener los resultados deseados.
Este proyecto ha procurado salvar este desfase
arbitrando la integración directa de las sociedades profesionales en la órbita de los colegios profesionales. Este es el sentido del artículo 8. No voy a limitarme a citar la doctrina del Tribunal Constitucional o sentencias del Tribunal Supremo,
de sobra conocidas por ustedes en esta materia, sino que simplemente quiero señalar que resulta constitucionalmente correcta la obligatoria remisión del contenido de los registros de las sociedades profesionales al Ministerio de Justicia.



Para terminar, señorías, más allá de que los distintos grupos podamos coincidir o no con algunas de las enmiendas introducidas en el Senado, lo cierto es que hay una buena disposición para sacar este proyecto adelante de la forma más
consensuada posible. Digo esto porque en trámites anteriores en esta Cámara se hizo un buen trabajo, como bien ha dicho el señor Mardones, y fruto de él ha sido la introducción de un importante número de enmiendas de todos los grupos. Se han
producido aportaciones que agradecemos y reconocemos, porque sin duda nos han ayudado a mejorar este texto. Pero además del estilo y del tono que han empleado los portavoces de los distintos grupos, lo importante es que este texto tiene una buena
técnica legislativa y supone un paso adelante en nuestra legislación al proporcionar certidumbre y seguridad jurídica a las sociedades profesionales y a los clientes o usuarios de esos servicios.
Por eso creo que debería contar con el apoyo de
todos los grupos.



Muchas gracias. (Aplausos.)


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Juanes.



-PROYECTO DE LEY REGULADORA DE LA RECTIFICACIÓN REGISTRAL DE LA MENCIÓN RELATIVA AL SEXO DE LAS PERSONAS. (Número de expediente 121/000089.)


El señor PRESIDENTE: Siguiente punto del orden del día: Proyecto de ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas.



Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez.



El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.



El Bloque Nacionalista Galego considera que, afortunadamente, se están dando pasos de gran importancia para cooperar a que todas las identidades psicológico-sociales de las personas puedan verse reconocidas en el ámbito jurídico. Todo el
mundo sabe que muchas veces hay una tensión entre la identidad de género y el sexo, o bien como marca de carácter biológico-fisiológica o bien como práctica de relación interpersonal. El hecho de que haya personas que tengan una disfunción entre
género y sexo debe llevar precisamente a posibilitar que haya un equilibrio y una armonía entre los dos. En este sentido, la ley que ahora comentamos merece nuestro apoyo, y en particular las enmiendas del Senado en cuanto contemplan dos aspectos
que inicialmente no estaban. El primero de ellos es que el informe médico para la acreditación del cumplimiento del diagnóstico de disforia de género no solamente lo puede hacer un médico sino también un psicólogo clínico. Y el segundo, como es
lógico, es que todo cambio a efectos registrales no será atribuible a las personas interesadas en cuanto al abono de tasas, con lo cual creemos que la ley ha sido mejorada a su paso por el Senado. Celebramos que las dificultades de carácter legal,
jurídico y registral hayan desaparecido definitivamente en bien de la identidad de todas las personas.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.



Señor Mardones.



El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.



Intervengo con brevedad para manifestar que nuestro grupo dará su apoyo a la aprobación definitiva de este proyecto de Ley reguladora de la rectificación registral en los registros civiles de la mención relativa al sexo de las personas.
Llegan tres enmiendas de la Cámara Alta, que vamos a aceptar. Nos parece que complementan la línea del texto en aspectos técnicamente garantistas, como es la enmienda al artículo 4, por la que se da entrada no solamente al certificado del médico
sino también al del psicólogo clínico. Se entiende que los requisitos de ejercicio profesional, como hemos visto en la anterior ley, tienen que ser garantizados con títulos oficiales perfectamente homologados, sea el de médico o el de psicólogo
clínico; por tanto, esta es una garantía complementaria a la habilitación de estas dos actividades profesionales a los efectos que se requieran en el registro civil correspondiente. La disposición adicional segunda es nueva, supone una implicación
de la complementariedad que hay en seguridad jurídica a todos los aspectos registrales, dado que el hecho en sí que motiva la base fisiológica o psicológica del nuevo nombre en el registro se debe a causas atribuibles a la circunstancia y no a la
persona interesada que trata de resolver una situación psicológica de crisis en que se puede haber encontrado. La disposición final segunda viene a dar una nueva redacción al artículo 93 de la ley vigente del Registro Civil, a los efectos de que
pueda rectificarse, previo expediente gubernativo, la mención registral relativa al sexo de las personas en los casos de disforia de género. Por tanto, señor presidente, votaremos favorablemente este proyecto de ley.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mardones.



Señora Navarro, por Iniciativa per Catalunya Verds.



La señora NAVARRO CASILLAS: Quiero iniciar mi intervención saludando a los representantes de los colectivos de defensa de los derechos de las personas transexuales que nos acompañan. Vuestra lucha, vuestro trabajo incansable da hoy sus
frutos. ¡Enhorabuena! Enhorabuena porque este Congreso va a dar aprobación hoy a un nuevo pilar de esa nueva casa que estamos construyendo donde todos vivamos en dignidad e igualdad, donde no se nos juzgue ni por nuestra orientación sexual, ni por
ser transexuales, lesbianas, casados, solteros, hombre, mujer, blancos, ni negros, porque vuestra lucha por la libertad y la dignidad ha de ser la de este Parlamento. Esa es la obligación de un parlamento democrático, que mire hacia sus ciudadanos,
hacia todos sus ciudadanos, porque hasta ahora las personas transexuales debían pasar por un verdadero calvario para lograr que su identidad sexual coincidiera con la identidad legal; una situación que arrastraban día a día, pues no es fácil
enfrentarse al mundo bajo un nombre y sexo asignado legalmente distinto del que uno siente, que es la verdadera identidad sexual, el sentimiento interno de cada cual de pertenencia a un sexo determinado distinto del sexo morfológico, la simple
apreciación visual de los órganos genitales.



Es muy larga la estela de sufrimiento moral y físico de las personas transexuales a lo largo de la historia y del estigma que ha pesado sobre ellas. Por fin, esta ley da una respuesta a una demanda jurisprudencial y social y se hace eco,
además, de la resolución del Parlamento Europeo de 1989 y de la recomendación del Consejo de Europa del mismo año. También se hace eco de la legislación de los países de nuestro entorno. Con la ley se da un paso más para garantizar los derechos al
libre desarrollo de la personalidad, a la dignidad y a la intimidad


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de las personas. Porque, señorías, la transexualidad no es un capricho arbitrario, sino una realidad científica objetiva que requería de una ley como esta, porque sexo y género no es lo mismo en todos los casos. Era nuestro deber, el deber
de este Parlamento, legislar para que las personas transexuales también tengan amparo en el ordenamiento jurídico y este regule la diversidad de una realidad; una ley que devuelva la dignidad legal y social a las personas transexuales. Esta es
vuestra ley, la ley de la dignidad. Pero también es obligación de este Parlamento remover todos los obstáculos para reducir las dificultades de integración social que sufren los colectivos transexuales; dificultades de integración social que
afectan negativamente al desarrollo afectivo escolar y laboral. Precisamente por ello, desde Izquierda Unida consideramos que hubiera sido positiva la incorporación de nuestra enmienda al texto del compromiso de las administraciones públicas de
adoptar medidas de fomento de empleo para las personas transexuales y también acciones del Ministerio de Trabajo que salvaguardaran sus derechos laborales, sindicales y sociales en el trabajo. Pero el Partido Socialista se negó a ello. No es pedir
mucho si se tiene en cuenta el panorama laboral desolador que viene sufriendo este colectivo y que ha conducido a muchas personas a la prostitución. Las personas transexuales sufren una realidad laboral llena de obstáculos, que se suma a las
dificultades a las que se enfrenta este colectivo en su día a día.
Tampoco compartimos el rechazo del Partido Socialista a la modificación del término disforia de género por transexualidad en el diagnóstico, especialmente cuando se trata de una
reivindicación de los afectados, y también todos los especialistas lo consideran mucho más adecuado. Porque disforia de género es que sufre una ansiedad por el conflicto existente entre su identidad sexual y el sexo asignado, sin embargo,
transexualidad, que es el término adecuado, es que la persona manifiesta el deseo de vivir como miembro del sexo opuesto y progresivamente enfoca sus pasos hacia un rol del sexo opuesto. Celebramos que se haya aprobado en el Senado y pedimos el
voto favorable de eliminación en cuanto a los requisitos del término disforia de género por lo que acabo de argumentar.



En cuanto a la tercera enmienda aprobada en el Senado que defendió Izquierda Unida, también pedimos el voto favorable, que ya ha sido anunciado por parte de dos grupos parlamentarios, respecto a la inclusión del informe del psicólogo.
Nuestra aspiración no era que fuera la especialización de psicología clínica, pero es muy favorable que se incluya el psicólogo clínico y no solo que sea el médico el que emita el informe. Desde Izquierda Unida entendemos que los conocimientos que
adquieren los psicólogos les erigen como aptos para acreditar la condición de transexualidad de una persona. Fue un error que desapareciera en la tramitación del Congreso, pero se salva con esta enmienda, si es aprobada mayoritariamente por la
Cámara. Precisamente los psicólogos son aquellos que vienen realizando informes y ayudando a las personas transexuales, como se ha visto en Andalucía. Estas son las enmiendas que fueron aprobadas en el Senado y para las que Izquierda Unida pide el
voto favorable.



Señorías, al final de esta tramitación legal corresponde señalar que el texto ha sido ampliamente mejorado en toda su tramitación, pues no solo venía del Gobierno con mala técnica jurídica y sin reflexión, sino que desgraciadamente se había
olvidado de muchas demandas de los afectados, que hoy sí que están incorporadas gracias a las enmiendas de todos los grupos parlamentarios. Desde Izquierda Unida quisimos trasladar todas las reivindicaciones de los colectivos afectados a través de
nuestras enmiendas, y así logramos introducir siete mejoras sustanciales, como el traslado del folio registral; la posibilidad de acreditar los requisitos cuando ya se cumplen, sin necesidad de volver a pasar por los dos años; la validez de la
certificación expedida en otro Estado; la gratuidad de la renovación del DNI y también hemos introducido una enmienda que quedó pendiente en la reforma del matrimonio y en la de la Ley de Reproducción Asistida, la afiliación de los hijos nacidos
mediante técnicas de reproducción asistida en los matrimonios lésbicos. Con esta enmienda conseguimos erradicar una discriminación que quedó pendiente. Paso a paso, vamos trabajando por la libertad, por la igualdad, por la dignidad y por la
justicia. Sin embargo, cabe señalar que hay múltiples cuestiones que quedan en el tintero y, desde aquí, quiero manifestar el compromiso de Izquierda Unida para seguir luchando, para luchar por la gratuidad del tratamiento hormonal y de todo el
tratamiento al que las personas transexuales quieran someterse para acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado, incluida la gratuidad de la reasignación de sexo; para luchar por medidas de inserción laboral; para
luchar por la sensibilización social y educativa sobre la transexualidad, porque es necesario educar en la diversidad, fomentando los valores democráticos de respeto, comprensión, tolerancia e igualdad social; también para luchar por la puesta en
marcha de unidades de trastornos de identidad de género que ofrezcan el tratamiento integral y la rehabilitación e indemnización de las víctimas que sufrieron la aplicación de la Ley de vagos y maleantes y de peligrosidad social y, señorías, un
largo etcétera, porque queda mucho camino por recorrer, incluido el contenido de las enmiendas que han sido rechazadas por el Grupo Parlamentario Socialista, como el derecho de acceso a esta ley de las personas extranjeras con residencia en España.
Queda mucho trabajo por hacer, quedan conquistas pendientes, pero el futuro es nuestro. El futuro empieza hoy, con una nueva ley que otorga un instrumento de libertad, de dignidad, de reconocimiento legal y amparo jurídico a la diversidad de una
realidad. Cumplimos con una parte de vuestras demandas, porque hoy hemos iniciado el camino, pero queda mucho por andar.
Enhorabuena a los colectivos y gracias por reivindicar y


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construir una sociedad mucho mejor. Gracias por darnos una sociedad más digna.



Gracias. (Aplausos desde la tribuna pública.)


El señor PRESIDENTE: Por favor, les ruego que mantengan la calma en la tribuna.



Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Olabarrría, por favor.



El señor OLABARRRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.



La verdad es que uno puede compartir no solo el entusiasmo, sino el argumento utilizado por la portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra. Lo que pasa es que estamos hablando de una ley que tiene un contenido material muy
específico. Es una ley de contenido registral exclusivamente, que sí que consagra desde esta perspectiva, no baladí precisamente, un derecho de los que podríamos denominar jurídicamente derechos de ciudadanía o incardinado en el contexto de los
derechos de ciudadanía, y que posibilita algo que tampoco es irrelevante, que es el reconocimiento del derecho a que la real identidad sexual -no la morfológica, como bien decía la señora Navarro- conste en el Registro Civil. Al fin y al cabo, el
Registro Civil debe consignar la realidad en el sentido más etimológico del término, porque es el paradigma de la función y del sentido jurídico que tiene un Registro Civil o cualquier registro de naturaleza jurídico-pública. La realidad es la que
hace referencia a la identidad sexual sentida, a la identidad sexual querida, al margen de una circunstancia que no se corresponde con la realidad morfológica o la realidad orgánica. Desde esta perspectiva, se ha hecho un avance, quizás humilde,
sencillo, dentro del largo listado de reivindicaciones y desigualdades que siguen afectando desafortunadamente a este colectivo. Quizás otras leyes de contenido más amplio puedan ayudarnos a cumplir este requerimiento, que es tan importante en
nuestro ordenamiento jurídico y que está consagrado por el artículo 9.2 de la Constitución, este efecto remotriz de las desigualdades que afectan a los colectivos, garantizado la eficacia e igualdad. Evidentemente, este colectivo no está afecto por
una situación de igualdad en relación a los demás ciudadanos o a la mayoría de las demás organizaciones o colectivos ciudadanos. Queda mucho por hacer; todavía hay cuestiones de lege ferenda, pendientes de resolver, pero es importante lo que se ha
hecho y, además, se ha hecho desde una perspectiva registralmente correcta, señor presidente.



Comparto sin reservas las enmiendas que se han aprobado en el Senado. La relativa a la posibilidad de que el diagnóstico de la disforia de género, respecto al uso técnicamente correcto de la alocución -ya me ha hecho dudar la señora
Navarro-, lo pueda hacer un psicólogo clínico colegiado en España o cuyo título haya sido reconocido u homologado en España. Nos parece razonable la incorporación de esta enmienda. Había un problema y una discriminación de naturaleza cuasi
tributaria o tributaria, se les obligaba a las personas que acudían a esta rectificación registral, relativa a la incorporación al Registro Civil de su real sexo, a someterse a una doble exacción en materia de tasas. Me parece muy razonable que en
el Senado se haya consignado que la rectificación registral en el Registro Civil no se considere causa a atribuir a la persona interesada, obligándole a pagar tasas de nuevo por algo que realmente no dimana de su propia voluntad, sino de las
disfunciones originales del ordenamiento jurídico, que no preveía originariamente esta rectificación. Por último, comparto la modificación del artículo 93.2 de la Ley del Registro Civil, que tiene como finalidad que también pueda rectificarse,
previo expediente gubernativo, la mención registral relativa al sexo de las personas en los casos de disforia.



Señor presidente, como decía al principio de mi intervención, la presente ley tiene por objeto regular los requisitos necesarios para acceder al cambio de la inscripción relativa al sexo de la persona en el Registro Civil y también de su
nombre. Seguramente, esto es insuficiente. Esto no es más que la resolución de un aspecto parcial o una parte concreta de una problemática diversa, heterogénea, que hace referencia a cuestiones que la señora Navarro y otros portavoces han
mencionado, pero es una forma de adquirir sensibilidad sobre un problema que ha sido invisibilizado, un problema oculto hasta el presente. Realmente, en este momento ya podemos tener suficientes aproximaciones empíricas y experimentales sobre la
problemática de esta cuestión que nos posibiliten continuar progresando en la igualdad al que este colectivo de ciudadanos tiene derecho, tal como proclaman los requerimientos constitucionales a los que antes me refería. Queda mucho por hacer, es
verdad, pero lo que se ha hecho también es relevante, señor presidente. Por tanto, mi grupo va a votar a favor tanto las enmiendas del Senado como el proyecto de ley.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olabarría.



Esquerra Republicana. Señora Bonàs, su turno, por favor.



La señora BONÀS PAHISA: Gracias, señor presidente.



Señorías, estamos en un día histórico, un día en el que vamos a dar un nuevo paso adelante en el reconocimiento de unos derechos y, por tanto, en la consolidación de nuestra democracia. Esquerra Republicana está satisfecha de haber
contribuido con su pequeño grano de arena a que esto sea así. En pocas palabras, lo que hoy hacemos es que la vida de algunas personas sea más fácil y, por tanto, más feliz. Antes de empezar, quiero también felicitar a las personas que nos
acompañan hoy en esta Cámara, a las personas que durante años han luchado para conseguir estos derechos y que han sufrido vejaciones y humillaciones. Nuestra más sincera felicitación.



Señorías, lo que hoy vamos a aprobar es una pequeña ley, una pequeña ley que modifica solo un simple acto administrativo, que el cambio de sexo y en consecuencia


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el nombre se pueda hacer sin cirugía de reasignación sexual, tan solo se requiere un tratamiento de dos años. Puede parecer un cambio muy pequeño, muy insignificante, pero supone la supresión de un gran sufrimiento y de grandes vejaciones.
Sin duda es un avance importante. Esquerra Republicana de Catalunya presentó una enmienda en la que se suprimía el plazo de dos años de tratamiento y tan solo requeríamos la iniciación previa del tratamiento médico, al considerar que el diagnóstico
del trastorno de identidad preceptivo era suficiente. No obstante, conseguimos la incorporación de una enmienda, coincidente con Izquierda Unida y la Chunta Aragonesista, respecto a la excepción para seguir este tratamiento de las personas por
razones de salud o de edad. Es un paso importante a tener en cuenta, porque la exigencia de dos años de tratamiento para según qué personas con problemas de salud es imposible.
Ahora, en el Senado se ha conseguido la incorporación de otra enmienda
de Esquerra Republicana de Catalunya, que pretendía que la certificación del tratamiento no pudiera ser solo efectuada por el médico que lo dirigió, porque en algunos casos el médico que dirigió el tratamiento puede no estar asequible para firmar la
certificación. Otra enmienda que presentó Esquerra Republicana de Catalunya, y que finalmente ha sido incorporada por el Senado, ha sido la exoneración del pago de las tasas por la expedición de títulos o documentos, ya que se considera que esto se
debe a causas no imputables al interesado o interesada.



Esta ley, como indica su título, se ciñe a la modificación registral del sexo de las personas. Las enmiendas aprobadas suponen pequeñas mejoras del texto, pero hay dos grandes grupos de enmiendas que presentó Esquerra Republicana de
Catalunya que no han sido aprobadas, y es una lástima. En primer lugar, la referida a las personas de otros países, en la que reclamábamos que en la documentación administrada por el Estado se pudiera hacer el cambio de nombre. Esto hubiera
facilitado la integración de estas personas al coincidir el nombre que figuraba en el documento expedido en España con su apariencia física. Esto no ha sido posible por razones -se ha aducido- de legalidad y por problemas internacionales, pero
creemos que se podría haber avanzado en este camino.



El otro gran grupo de enmiendas que consideramos más importante se refiere a los menores. La transexualidad no se descubre a los veinte años.
Generalmente, las personas transexuales son conscientes de su identidad sexual a muy temprana
edad. La edad más difícil para todos y para todas es la pubertad, pero para las personas transexuales es doblemente difícil, al saber que su cuerpo se va modificando hacia un sexo que no es el suyo. Según nos han informado, es la edad en la que se
produce más abandono escolar y en la que empieza la marginación. En estos casos, creíamos que el cambio de nombre, el cambio de sexo se podría haber hecho con un aval al juez, después de haber atendido a informes médicos, al fiscal y a los propios
padres. Esto hubiera favorecido la integración de estas personas antes de la pubertad. En otros países se considera que es importante iniciar los tratamientos hormonales antes de la pubertad.
Ahora no ha sido posible hacerlo, pero esperamos que
lo sea en un futuro, para no someter a esas personas a un castigo innecesario, que es ver como su cuerpo cambia hacia un sexo, que luego tendrán que volver a cambiar por procedimientos médicos que siempre son perjudiciales para la salud.



Finalmente, tampoco se ha aceptado una enmienda para no convertir en legal un patrón médico como el de la disforia de género, que científicamente está en entredicho, como ha manifestado antes la portavoz de Izquierda Unida. En ese sentido,
la propuesta de Esquerra Republicana de Catalunya era que en lugar de ser preceptivo el diagnóstico de disforia de género lo fuera un informe que declarara la ausencia de patologías que indujeran a error en cuanto a la identidad del sexo que se
manifiesta y pretende obtener del registro. Creemos que esto hubiera sido más claro y suficiente. He de confesar que aquí hubo una confusión en la Comisión. En principio esta enmienda fue aceptada, pero a última hora hubo una transaccional que no
sabemos cómo se votó. Sin embargo, son temas que se pueden rectificar en un futuro.



Sea como sea y al margen de las posibles mejoras que se podían haber introducido en el texto, creemos que hoy -como les he dicho antes- es un gran día, porque reconocemos un derecho. Es un paso, un pequeño gran paso, pero es el principio,
no es el final. Nuestra obligación, señorías, debe ser continuar avanzando para que las personas transexuales puedan ser integradas plenamente en la sociedad, tanto desde el punto de vista social como laboral. Tenemos que continuar haciendo una
labor pedagógica en la sociedad, adoptando más medidas y más contundentes en contra de la exclusión, impulsando la consolidación de las labores de asistencia psicológica de autoapoyo, impulsando la investigación científica interdisciplinar sobre
transexualidad y reconociendo en todo el Estado la plena cobertura de todos los tratamientos médicos. Por todo ello, reclamamos ahora y en un futuro, esperemos que antes de terminar esta legislatura, un proyecto de ley integral que sea consensuado
por todos los grupos, como ha ocurrido en esta ley, para que las personas transexuales puedan integrarse plenamente en la sociedad. Pero mientras llega este proyecto de ley, amigos y amigas, artífices de este triunfo, debéis continuar luchando,
espero que os pueda ayudar. Enhorabuena y gracias por todo lo me que habéis aportado durante estos meses en los que hemos estado en contacto. Para mí ha sido un enriquecimiento personal muy importante. He conocido una visión muy diferente de ver
la vida y el mundo que me ha enriquecido.



Gracias a todos y enhorabuena. (Aplausos desde la tribuna pública.)


El señor PRESIDENTE: Por favor, en las tribunas no aplaudan. Gracias.



Gracias, señora Bonàs.



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Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Señor Jané.



El señor JANÉ I GUASCH: Muchas gracias, señor presidente.



Señorías, nuestro grupo parlamentario votó a favor de este proyecto de ley en el trámite con competencia legislativa plena en la Comisión de Justicia, el 7 de noviembre de 2006. Este proyecto de ley ha sido objeto en el Senado de un amplio
consenso que valoramos de manera positiva, y en este sentido se orientará también hoy el voto de nuestro grupo parlamentario; un consenso positivo para dar paso, a través del proyecto de ley que hoy vamos a aprobar de manera definitiva en estas
Cortes Generales, a lo que podría ser una denominación técnica como es la modificación registral de la mención relativa al sexo de las personas.
Sin embargo, es una modificación técnica que da respuesta a una demanda social de un colectivo, da
respuesta a una demanda de un derecho, el derecho a que se cambie la inscripción relativa al sexo de una persona en el Registro Civil cuando esa inscripción no se corresponde con su verdadera identidad de género. Asimismo, permite no solo cambiar
la mención al sexo, sino evidentemente el nombre, cuando este es discordante con el sexo que se reclama y que se ha cambiado en su respectiva inscripción registral. Por tanto, esto forma parte de esa proyección de ese derecho, tener esa
rectificación -nosotros incluso a través de nuestras enmiendas decíamos no tanto rectificación sino modificación- de lo que es la mención relativa al sexo de las personas. Hoy damos ese avance reclamado y, por tanto, desde nuestro grupo
parlamentario lo valoramos de manera positiva.



Gracias, señor presidente.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jané.



Grupo Parlamentario Popular. Señor Santaella, por favor.



El señor SANTAELLA PORRAS: Gracias, señor presidente.



Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar la posición sobre las enmiendas que vienen del Senado al proyecto de Ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. Como
se ha dicho, es una ley que ha sido ampliamente debatida en ponencia, en Comisión, en el Senado y de nuevo viene con las enmiendas que la acompañan a esta Cámara. En este trámite, pues, cumple lo regulado en el artículo 123 del Reglamento de la
Cámara, que es el posicionamiento sobre dichas enmiendas. Nosotros queremos, primero, tal y como hicimos en la Comisión aquí en el Congreso y como posteriormente se hizo en el Senado, demostrar nuestro respeto a los colectivos afectados y
transmitirles, como les transmitimos en su día, como digo tanto en Comisión como en el Senado, sinceramente que nuestro grupo es solidario con sus demandas y con sus anhelos.Tanto en el Congreso como en el Senado hemos hecho esfuerzos de
acercamiento con el resto de los grupos, pero siempre desde el prisma del derecho; no hemos querido entrar en otras argumentaciones que nos parecen evidentes y lógicas, hemos querido ver y resolver el problema desde el prisma del derecho. Por eso,
hemos tenido y hemos procurado el estricto respeto a los principios básicos que -como ha dicho el señor Olabarría y me ha gustado- rigen en materia registral, porque estamos hablando de leyes, y además procurando en todo momento que se salvaguarde
la seguridad jurídica, precisamente porque somos conscientes de los serios problemas que desde esta tribuna se han puesto en evidencia que aquejan a estos colectivos de personas, que por el hecho de sufrir un profundo rechazo a su sexo biológico,
con el que fueron en su día inscritos en el momento de su nacimiento, son objeto de injustas discriminaciones. Cuando el proyecto llegó a esta Cámara mi grupo buscó los antecedentes que teníamos sobre la materia, y el más cercano lo encontramos en
la proposición de ley que el Grupo Socialista presentó el 20 de diciembre del año 2000 en el Senado, y sobre este texto, sobre esta exposición, sobre este articulado, confeccionamos nuestras enmiendas. Tal cual eran los criterios del Partido
Socialista, tal cual los reflejamos en nuestras enmiendas; otra cosa distinta es que el Partido Socialista haya variado en sus criterios desde el 2000 al 2006, 2007, que es donde se empezó a ver esto. Coincidíamos plenamente en los planteamientos
del Partido Socialista con la misma línea argumental y jurídica, respetando siempre la salvaguarda de la seguridad jurídica y los principios de legalidad. Como se ha dicho, en materia registral rigen unos principios que, a nuestro modo de ver -lo
dijimos y lo decimos-, vulneran el proyecto de ley que presenta el Gobierno fundamentalmente en dos principios que están impuestos en la doctrina y, como veremos después, que han sido recogidos por el Tribunal Supremo. Por un lado, el principio de
legalidad, que no es más que la garantía de la exactitud registral y, por otro, el de la legitimación o la eficacia probatoria. Tanto respeto nos causa el derecho, que lo que buscamos es precisamente que no se obvie, como ustedes no lo obviaban en
el texto que presentaban y como nosotros pretendemos no obviar, de tal forma que la garantía con que se rodea el acceso al registro de los hechos que son inscribibles, permite atribuir a las inscripciones una eficacia probatoria tal, que se les
considera títulos legítimos de Estado. Eso es nada más y nada menos lo que estamos viendo con las inscripciones registrales. En este sentido no tengo más que recordarles, como lo hice en la Comisión, las sentencias reiteradas del Tribunal Supremo
de 2 de julio de 1987, 15 de julio de 1988, 3 de marzo de 1989 y 19 de abril de 1991, que coinciden plenamente con la doctrina y con las resoluciones de la Dirección General de los Registros y el Notariado, donde consideran que la disforia de género
no es un error originario que pudo y debió haber sido apreciado en el momento del registro al nacimiento de la personas, sino que es un error sobrevenido


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y que se manifiesta durante el desarrollo de la persona. Por tanto, no cabe la rectificación registral precisamente por el artículo 93 de la Ley del Registro Civil, que lo que hace es sacar una excepción para toda resolución judicial
considerando que es un error de hecho. Aquí no estamos hablando de errores de hecho, aquí estamos hablando de un cambio sobrevenido de sexo que modifica unos efectos materiales, y lo que nosotros decíamos y seguimos diciendo es que lo que
necesitamos es una resolución judicial y no un simple trámite administrativo, por garantía del derecho no solo de los afectados, sino también, como es norma del registro, frente a terceras personas.



Señorías, nuestro grupo, de acuerdo con lo que el Partido Socialista manifestaba en el año 2000, por salvaguardar los principios estrictos del registro, se ve en la obligación de votar en contra de las enmiendas que provienen del Senado. Y
no es cuestión de ser conservadores o progresistas, ni es una contradicción porque lo dijimos y lo decimos: estamos de acuerdo con la problemática y queremos resolverla, pero desde la óptica del derecho y de la salvaguarda de los principios
generales del derecho.



Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Santaella.



Grupo Socialista. Señora Montón, por favor.



La señora MONTÓN GIMÉNEZ: Señor presidente, señorías, hoy estamos legislando definitivamente el derecho de las personas transexuales a acceder a la igualdad, eso supone ampliar el concepto de ciudadanía y lo estamos haciendo con la ley más
avanzada del mundo. Esta ley no está sola, viene acompañada de muchas iniciativas realizadas por este Gobierno a favor de las personas transexuales en muchos ministerios: en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, que marca al colectivo de
transexuales como prioritario en el Plan nacional de acción para la inclusión social; en Sanidad, que ha eliminado la exclusión de la cirugía de la cartera de servicios; en Interior, en la Guardia Civil, en Instituciones Penitenciarias y un largo
etcétera que no voy a enumerar pero que se conoce si se quiere.



Mi grupo quiere dejar claro que es un compromiso que responde a una profunda convicción, un compromiso con los derechos civiles y humanos, que es donde se enmarca la identidad de género. Lo que hoy nos ocupa en esta Cámara es una cuestión
de justicia y dignidad para cientos de ciudadanas y ciudadanos que no pueden desarrollarse con plenos derechos, personas que sufren discriminación. Ante esta realidad, no solo debemos hacer el esfuerzo de comprender el drama de aquellos que se
encuentran en esta situación. La comprensión está bien, pero no es suficiente, sino que toda la sociedad debe asumir este problema como propio y actuar junto a ellos a fin de dar solución a una situación que no puede percibirse más que como
injusta. Nuestra obligación es corregir la injusticia y hoy cumplimos esa obligación. Por ello, la elaboración de esta ley era necesaria para solucionar los problemas que actualmente se derivan de la transexualidad y para fijar los requisitos de
acceso al cambio registral de sexo. Esta reforma actualiza una norma antigua, de 1957, para modernizar nuestro país y llevarlo a nuestros tiempos de manera que quede preparado para afrontar el futuro en libertad y en igualdad. Con ella las
personas transexuales obtendrán el cambio registral de nombre y sexo en sus documentos de identidad para así adecuarlos al sexo psicosocial sin necesidad de someterse a una operación de reasignación genital y sin sentencia judicial y de manera que
queden garantizadas la seguridad jurídica y las exigencias del interés general. Dicho cambio se acredita debidamente mediante dos requisitos: un diagnóstico de disforia de género y un tratamiento médico de dos años para acomodar sus
características físicas al sexo reclamado. Además, esta ley abre la posibilidad de que en caso de problemas por salud o edad dichos tratamientos médicos tampoco sean imprescindibles y quedan evidentemente exonerados del segundo requisito, el
tratamiento, aquellas personas que se intervinieron en su día con cirugía de reasignación de sexo y también las que ya siguieran un tratamiento médico.



Señorías, al contrario que con iniciativas como la de ampliación del matrimonio, en la que fuimos pioneros, ahora ya existen países que cuentan desde hace mucho tiempo con una legislación específica que regula la identidad de género, caso de
Suecia, Alemania, Italia, Holanda, Turquía y Reino Unido. Y ahora también España, y lo hacemos siguiendo la resolución del Parlamento Europeo sobre la discriminación de los transexuales y la recomendación del Consejo de Europa relativa a la
condición de los transexuales, además de nuestra propia Constitución, que proclama el derecho al libre desarrollo de la personalidad y establece que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación, entre otras, por
razón de sexo. Por tanto, lo que hoy aprobamos no es la concesión de una gracia, no es cuestión de permiso sino de derecho, es el reconocimiento de vivir libremente de acuerdo con el sexo que se siente. En este sentido van las tres enmiendas que
llegan al Pleno desde el Senado, que no producen un cambio profundo o sustancial ni alteran los principios básicos de la ley, por lo que en todas ellas estamos de acuerdo, porque la mejoran. Estamos de acuerdo con la inclusión, en el artículo 4,
del psicólogo clínico con el fin de hacer posible que también acredite el diagnóstico de disforia de género; asimismo, con la inclusión en este último trámite de la exención de tasas por reexpedición de títulos o documentos debido a que la
transexualidad no es una circunstancia voluntaria, y, por último, con la redacción del artículo 93.2.º, con la finalidad de dejar bien claro que la rectificación de la mención registral relativa al sexo de las personas en los casos de disforia de
género se realiza mediante expediente gubernativo y no mediante sentencia judicial. Con todas estas enmiendas estamos de acuerdo, como ya mostró mi


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grupo en la votación a favor en el Senado; allí la votación fue por unanimidad y deseo felicitar a todos los grupos en general y en especial a aquellos que desde un principio tuvieron el espíritu constructivo y de defensa de la ley, así
como hacer constar la colaboración y el diálogo de los que buscaron mejorarla. Gracias por el consenso porque entre todos hemos hecho una buena ley.



Esperábamos no solo mi grupo sino también -seguro- la sociedad que se repitiera aquí esa unanimidad, ese gran consenso, pero veo con desagrado que el PP no ha podido superar la polémica artificial acerca de esta ley y continúa con la
política del no. Señorías del PP, ustedes nos han demostrado que digieren mal los avances sociales, que digieren mal la ampliación de derechos que hoy se reconocen; más bien, la Ley de Identidad Sexual se les ha atragantado. Por muchas
explicaciones o argumentos que han intentado trasladar el resumen es que su partido pactó en el Senado, votó a favor y asumió la ley y las mismas enmiendas que ahora van a votar en contra: aquí está la firma de su grupo en el Senado, a favor,
siempre a favor. Lamentablemente ustedes no han tenido el mismo coraje que sus compañeros del Grupo Parlamentario Popular del Senado para dar un paso al frente en el reconocimiento de un derecho, tendrán que explicárselo a la ciudadanía. Como se
publicaba ayer en un periódico, un diputado abogó porque quienes no quieran ajustarse a la posición del partido finjan tener una gripe o se ausenten de la votación. Más valdría.
A lo mejor es eso, que algunos de sus compañeros ahora tienen gripe.

Aquí, como en tantas cosas, son una pura contradicción. No intenten trasladar contradicciones a otros grupos. Vivo bastante las contradicciones de su grupo, y lo hago en mi comunidad, entre el señor Camps y el señor Zaplana. En su camino
interminable al centro demuestran otra vez que se han perdido. Señorías del PP, para nosotros y para la mayoría no es lógico exigir el requisito de la cirugía obligatoria.
Entendemos que el sexo morfológico no puede ser una limitación; lo
importante es la identidad deseada y que prime el sexo psicosocial.
Además, no tiene sentido que sea una sentencia judicial la que admita el cambio ni tampoco plantear un periodo transitorio que retrase seis meses la entrada en vigor. ¿Para qué?
Quienes esperan la ley ya han esperado demasiado tiempo. Señorías del PP, les invito a rectificar, les invito a recuperar la unidad de su partido, les invito a votar que sí porque estoy convencida de que hoy toda la ciudadanía sale ganando.



Por último también quiero dirigirme a las mujeres y hombres transexuales que por ser ellos mismos y ellas mismas, por tener la valentía de vivir de acuerdo a lo que sienten, fueron encarcelados, agredidos, perseguidos, insultados, mal vistos
o, en general, discriminados. La votación de esta ley también sirve como reconocimiento y homenaje a todos ellos y todas ellas, a los que hoy están y a los que ya no están y a todos los colectivos, asociaciones y organizaciones que de manera cívica
y democrática han trabajado durante estos años por la igualdad. Hoy todos tenemos que felicitarnos por engrandecer nuestra democracia, pero más que de nadie, el triunfo es vuestro. Gracias y enhorabuena porque hoy se cumple una histórica
reivindicación que abre el optimismo de un país más justo y decente, donde las personas transexuales vivirán con más tranquilidad y más felices.



Señor presidente, concluyo. No existe censo real de la transexualidad, pero aunque fuera tan solo para un ciudadano o ciudadana merecería la pena porque todos los ciudadanos tienen derecho a tener todos sus derechos. Señorías, reconociendo
el cambio transformador de mentalidad y social de las leyes, no queremos olvidar que aún queda camino para la igualdad real y la eliminación definitiva de la discriminación de nuestras vidas. Seguiremos trabajando por la sanidad, por el empleo, por
la educación, entre otras cosas. Y en cuanto a esto, termino con una frase que no es mía: Cada día tiene su afán. Lo decía Alfonso Perales.
Ese, el de la búsqueda del cambio jurídico y social, es y será nuestro afán de cada día.



Muchas gracias. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Montón.



El punto IX del orden del día se someterá a votación conjunta y por asentimiento de la Cámara.



DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:


-PROYECTO DE LEY DE SUELO. (Número de expediente 121/000096.)


El señor PRESIDENTE: Punto X del orden del día, dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. En primer lugar, proyecto de Ley de Suelo. Tiene la palabra la señora ministra.



Adelante.



La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): Gracias, señor presidente.



Señorías, en primer lugar, quiero saludar a los representantes de distintas organizaciones y colectivos que están hoy en esta Cámara, como el Consejo de la Juventud de España, el Comité español de representantes de personas con discapacidad
y sus familias, los ecologistas...
(Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Espere, señora ministra. Por favor, es lo de siempre; todo el mundo se duele cuando a él le molesta el ruido de la sala, cuando es otro el que habla se olvidan de las demandas. Por favor, respeten a quien está en el
uso de la palabra.



Adelante, señora ministra.



La señora MINISTRA DE VIVIENDA (Trujillo Rincón): Gracias, señor presidente.



Decía que en primer lugar quiero saludar a los representantes de distintas organizaciones y colectivos, como el Consejo de la Juventud de España, el Comité español


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de representantes de personas con discapacidad y sus familias, los ecologistas, la Fundación Secretariado Gitano, etcétera, que hoy nos acompañan en esta Cámara. A todos ellos quiero darles la bienvenida y agradecerles el enorme esfuerzo
que han hecho, como en todas y cada una de las iniciativas puestas en marcha por el Ministerio de Vivienda, para que hoy, una vez más, demos este importante paso en el camino de la aprobación de la Ley de Suelo. Confío y espero que el debate sea de
su interés y que comprueben que sus representantes políticos responden a las demandas de la ciudadanía en un tema tan importante como la vivienda y el suelo; en definitiva, en un tema tan importante como el desarrollo sostenible de nuestro
territorio y de nuestras ciudades.



Señor presidente, señorías, el 23 de noviembre, tuve la oportunidad de presentar en esta Cámara el proyecto de Ley de Suelo en el Pleno sobre el debate de las enmiendas a la totalidad. En aquella intervención les trasladé que el Gobierno
trabajaba para cambiar el rumbo en las políticas de suelo. Los ciudadanos demandan cada día más que se adopten medidas decididas para combatir la especulación y la corrupción, para garantizar un desarrollo urbano que sea más transparente y
sostenible y para favorecer el acceso a la vivienda. Por eso les pedí que recibieran este proyecto y, como en efecto han hecho, que trabajaran para mejorar el marco estatal de referencia en la materia con tanta determinación como respeto por las
competencias autonómicas. Primero, se reunió la ponencia y avanzamos en la construcción de un consenso más amplio para una ley mejor. Posteriormente, se reunió la Comisión y, fruto de ese trabajo, es el dictamen que hoy traemos a este Pleno, un
dictamen que refuerza los objetivos del proyecto de ley, por lo que quiero agradecer los esfuerzos hechos a favor del consenso por todos los grupos de esta Cámara en la Comisión de Vivienda. El resultado es que han aumentado significativamente los
apoyos parlamentarios al proyecto de Ley de Suelo.
Tanto es así, que incluso han sido aprobadas por unanimidad de todos los grupos parlamentarios en la Comisión las transaccionales ofrecidas por el grupo mayoritario a un total de 45 enmiendas.
Solo a ellas voy a referirme brevemente, porque no está en mi ánimo abrir ningún debate, sino seguir contribuyendo al consenso.



La unanimidad alcanzada entre los grupos en la Comisión respalda importantes novedades a favor de la transparencia, el control y la sostenibilidad en el urbanismo, como es la que refuerza la condición de los informes, de meramente
preceptivos a determinantes, para el contenido de la memoria, que solo podrá disentir de ellos de forma expresamente motivada. Con ello damos un paso importante a favor de la sostenibilidad de nuestro desarrollo territorial y urbanístico. Las más
diversas perspectivas sectoriales pueden y deben determinar la ordenación urbanística y territorial, haciéndola posible y siendo tomadas en consideración a la hora de decidir. Otro paso importante en esta misma dirección lo damos al prever que
entre las obras e infraestructuras que deben costear las actuaciones urbanizadoras puedan incluirse las infraestructuras de transporte público que se requieran para una movilidad sostenible, junto al uso racional de los recursos naturales,
armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, también la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, la salud y la seguridad de las personas, la protección del medio ambiente y el disfrute de una
vivienda digna y adecuada, libre de ruido y de otras emisiones contaminantes.



Señor presidente, señorías, hay también nuevas medidas a favor de la transparencia y el control en el gobierno local. Estas medidas permitirán que, cuando esta ley entre en vigor -más o menos coincidirá con la constitución, después de las
elecciones del 27 de mayo, de los nuevos ayuntamientos en España-, estos ayuntamientos sepan que se regirán por un código de conducta más exigente, más transparente y, desde luego, menos tolerante con las malas prácticas. Con este objeto, en primer
lugar, vamos a exigir que los convenios urbanísticos de planeamiento y las permutas de bienes inmuebles deban acordarse siempre por el Pleno, con luz y taquígrafos. Además, en segundo lugar, las administraciones deberán publicar en la web el
contenido actualizado de los planes territoriales y urbanísticos, los anuncios de información pública y demás actos relevantes de su tramitación, así como tener copias completas disponibles para los ciudadanos. En tercer lugar, se ha acordado
extender la declaración de bienes y actividades de los concejales a los miembros no electos de la Junta de Gobierno local, a los titulares de órganos directivos y a los funcionarios de habilitación nacional seleccionados por libre designación, por
razón del cargo directivo o de especial responsabilidad de sus funciones. En cuarto lugar, los concejales y demás directivos locales a los que se aplique el régimen de incompatibilidades también deberán sujetarse a las limitaciones para ejercer
actividades privadas durante los dos años posteriores, de forma análoga a lo que ocurre con los altos cargos de las demás administraciones. Y, por último, pero no menos importante, en los expedientes de recalificaciones de terreno que conlleven una
plusvalía se hará constar quiénes han sido los propietarios de las fincas beneficiadas durante los últimos cinco años.
De esta forma, cuando los ciudadanos participemos en el procedimiento y cuando nuestros representantes participen en la decisión,
todos sabremos a quiénes beneficia esa decisión.



Señorías, si hoy confirman su voto favorable a la Ley del Suelo, cosa deseable y que además les solicito expresamente, estaremos dando entre todos más sostenibilidad a los desarrollos territoriales y urbanísticos de nuestro país, más
transparencia y eficiencia a los mercados de suelo y vivienda, más información y participación a los ciudadanos, más posibilidades de acceso a la vivienda a los jóvenes y otros colectivos y más salud democrática a nuestro Estado de derecho.



Muchas gracias. (Aplausos.)


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El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señora ministra.



Comenzamos con el turno de defensa de las enmiendas. Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Rodríguez.



Adelante, por favor.



El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: El Bloque Nacionalista Galego comparte la preocupación del Gobierno, y en particular del Ministerio de Vivienda, en relación con la corrupción existente, que afecta a algunas instituciones de carácter
democrático, comparte también la preocupación respecto a que se pueda contar con un acceso a una vivienda digna en el Estado español y, desde luego, comparte el hecho de que el suelo no pueda ser motivo de especulación brutal, como ha estado siendo
hasta ahora. Esta preocupación por estos tres problemas graves es, como ha dicho la señora ministra, lo que sin duda ha provocado la redacción de esta Ley estatal de Suelo. En todo caso, es difícil no compartir no solamente estos objetivos, sino
la necesidad de hacer algo desde el punto de vista legal. Por tanto, nuestra preocupación inicial respecto de la ley no fue que tuviésemos ningún tipo de duda sobre el hecho de que estos problemas existen y hay que atajarlos -si los atajamos con
corrección, acabará incidiendo de una forma u otra en los precios abusivos de la vivienda en el Estado español en relación con la capacidad adquisitiva de la mayoría de la población-, pero siempre hemos tenido un cierto reparo, la tendencia que
tiene la Administración General del Estado a legislar de forma abusiva y generalizada, sin tener en cuenta las distintas especificidades del territorio del Estado español. En primer lugar, porque hay un aspecto de carácter competencial; nadie
tiene duda de que la ordenación del territorio o la política urbanística corresponde a las comunidades autónomas. Y, en segundo lugar, porque, querámoslo o no, el Estado español no es uniforme en el clima ni en el tipo de suelo, ni en, lo que es
más importante, en la forma de asentamiento de la población. Aquí es donde tenemos que enfrentarnos con el problema de Galicia. Galicia es peculiar por muchos motivos, pero uno de los motivos fundamentales es un asentamiento poblacional que
prácticamente tiene 2.000 años. Está asentado en una tradición casi protohistórica. No cabe duda de que enfrentar una situación de este tipo solamente con los criterios de lucha contra la corrupción, de lucha contra la especulación o incluso con
una norma general que haga una clasificación del suelo dicotómica, excesivamente simple, nos planteaba problemas muy graves, problemas que estamos sufriendo todos los días entre la competencia autonómica, que tiene claro cuáles son los asentamientos
históricos, los asentamientos rurales, los núcleos de población tradicionales, y una legislación del Estado que, al no reconocer esta peculiaridad, tropieza con intereses sociales, ciudadanos, de carácter mayoritario, de carácter popular. Estos
días -ya llevamos meses- hay un enfrentamiento claro entre vecinos, cuyas familias llevan asentadas cien años o más de 80 años en algunos núcleos costeros, que ven cómo la legislación de costa no los contempla como una realidad de carácter histórico
y se confunde ese asentamiento histórico con la especulación, por ejemplo en algunas zonas de carácter turístico, como puede ser Bayona o Sanxenxo. Por tanto, nuestra preocupación inicial fue la invasión de competencias autonómicas, la falta de
respeto por lo que sería la peculiaridad del asentamiento de Galicia, los núcleos rurales de nuestro país, que además son prácticamente miles, y el hecho de que la normativa autonómica pudiese quedar totalmente marginada en relación con este texto.
Afortunadamente -y quiero agradecer el esfuerzo hecho-, el ministerio, a pesar de las reticencias y de los límites, sin duda muy notorios, para comprender el problema en toda su extensión, acabó por aceptar que por lo menos se reconozca que, al
establecer las dotaciones y los servicios a los que se refiere el párrafo anterior, donde habla de la situación del suelo urbanizado, la legislación urbanística podrá considerar las peculiaridades de los núcleos tradicionales legalmente asentados en
el medio rural. No es todo el amparo que necesitamos, pero por lo menos es un instrumento de defensa frente al Ministerio de Fomento, frente al Ministerio de Medio Ambiente y frente a la normativa general del Estado en otros aspectos que no son de
esta ley, que, vuelvo a repetir, son claramente lesivos para Galicia. Esta simple rectificación valió para que nuestro acercamiento a la ley fuese mucho más fácil y para que no vayamos a poner piedras en su camino.



Solamente nos queda hacer algunas matizaciones. En primer lugar, que el texto intenta regular lo que se desreguló excesivamente con la anterior ley del Partido Popular, pero no elimina la liberalización, y ahí está una de las fuentes de la
especulación, de la corrupción y en gran parte de la dificultad para acceder a una vivienda digna a unos precios adecuados a la capacidad adquisitiva de la mayoría de la población, bien en régimen de propiedad o bien en régimen de alquiler.
Pensamos que ese sigue siendo el gran talón de Aquiles. No cabe duda de que la iniciativa pública, en un sector como el de la vivienda, vinculado al precio del suelo, tendría que ser mucho más importante, en concreto la municipal, y no solo
someterse a unas reglas claras y transparentes -que sin duda la ley establece, sobre todo en la estructura de la Administración local, la principal afectada por la corrupción-, sino hacer más planificación, tendría que haber más iniciativa pública y
no solo de la libre empresa y de la iniciativa privada. En segundo lugar, está claro que la ley hace bien en establecer unos mínimos del suelo urbanizado en grandes operaciones urbanísticas para vivienda pública protegida, ese mínimo del 25 por
ciento que muchas comunidades autónomas superan ya en sus normativas, como en el caso particular de Galicia.



En definitiva, nosotros hacemos una valoración positiva del texto, sobre todo después del debate, y especialmente valoramos la capacidad de diálogo del ministerio,


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el intento de consensuar la ley y su buena voluntad. Esperamos que por lo menos tenga incidencia real práctica, que sirva para la regeneración de instituciones que se ven excesivamente presionadas, porque este es el gran sector económico
que hay en el Estado español, y que la vivienda por lo menos entre en un proceso de racionalidad, teniendo en cuenta la capacidad social de acceso a ella y que, cuando menos, la especulación se reduzca todo lo posible dentro de lo que es un mercado
libre y una economía capitalista. Solamente le vuelvo a repetir, señora ministra, éxitos, porque el éxito en este caso sería para todos.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.



Grupo Parlamentario Catalán. Señor Jané.



El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señora ministra de Vivienda, señor Marcos Vaquer, director general de Urbanismo, que nos acompaña desde la tribuna y que creo que tiene mucho que ver en el contenido final del proyecto de ley que
hoy vamos a debatir en el Pleno de la Cámara, señoras y señores diputados, el proyecto de ley del suelo es un proyecto de ley polémico, que fue objeto de un debate de totalidad en este mismo Pleno hace ya algunas semanas y llega hoy nuevamente al
Pleno tras la fase de ponencia y Comisión. Señora ministra, mi grupo parlamentario ha aprovechado ambas fases, junto con el resto de los grupos parlamentarios, que finalmente han llegado a un punto de acuerdo. Desde Convergència i Unió hemos
aprovechado esa fase y hemos contribuido a mejorar el contenido final del proyecto de ley, de manera que su valoración final sea distinta hoy que la que realizamos el día en que se produjo el debate de totalidad.



Dijimos desde un inicio que era un proyecto de ley complejo desde un punto de vista de la distribución competencial. Se ha tenido que pronunciar en diversas ocasiones el propio Tribunal Constitucional. Sabe la propia ministra, incluso por
formación académica, que esa complejidad existe y que no siempre son fáciles de limar esos aspectos competenciales. Hoy tengo que reconocer que, a través de las negociaciones que hemos llevado a cabo y de la aprobación de prácticamente la mitad de
nuestras enmiendas que habíamos presentado, vía literal o transaccional, hemos avanzado en ese ámbito competencial. Yo no quiero repetir el conjunto de mejoras en el ámbito competencial que pudimos reproducir en el debate en Comisión el pasado
miércoles, por tanto no me parece oportuno repetir ahora esos avances competenciales que ya constan en el 'Diario de Sesiones' de la Comisión de Fomento y Vivienda de la semana pasada cuando debatimos el dictamen que hoy llega al Pleno. Queremos,
señora ministra, reconocer el avance, aunque, como ya manifestamos en el debate en Comisión, no ha sido total. De manera solemne en el debate de hoy en el Congreso de los Diputados quiero destacar que hay determinados artículos del dictamen que no
van a ser votados de manera favorable por nuestro grupo parlamentario, porque en ellos aún subsiste lo que es para nosotros una vulneración competencial. Me refiero al artículo 6, y de manera muy especial a los artículos 33 y 34 que regulan los
patrimonios públicos de suelo -se ha suprimido ya el 35- y también a la disposición final primera apartados 1 y 2. Esos aspectos del dictamen para nosotros -lo dijimos ya en Comisión, lo volvemos a repetir en Pleno y buscaremos una mayor
aproximación en el Senado- vulneran claramente la distribución competencial. Es cierto que se ha avanzado. Incluso quiero reconocer el avance que estuvimos negociando con el propio señor Marcos Vaquer y con todo el equipo del ministerio, para ver
de qué forma podíamos introducir en el proyecto de ley una disposición que viniera a salvaguardar las competencias exclusivas de la comunidades autónomas, en este caso de Cataluña, que en el artículo 149 de su nuevo Estatuto las precisa de manera
detallada, concreta. Al final, esa disposición genérica no prosperó en el articulado, aunque sí en la exposición de motivos. Señora ministra, usted sabe bien que la exposición de motivos tiene un valor distinto que el articulado. Es mejor que
esté en la exposición de motivos a que no estuviera en ninguna parte de la ley, porque en definitiva la exposición de motivos se va a integrar en el cuerpo normativo de la ley y servirá de interpretación, pero, no nos engañemos, no tiene el mismo
valor que si en el articulado estuviera esa salvaguarda que se intenta poner en la exposición de motivos. Valoramos también de manera positiva que se especifique que de manera particular sobre patrimonios públicos de suelo se va a intentar respetar
las competencias de las comunidades autónomas, como no podía ser de otra manera. El Boletín Oficial del Estado del día 20 de julio publica el Estatuto de Autonomía de Cataluña como Ley Orgánica 6/2006, y esto es ley aplicable. En el artículo 149
de ese Estatuto se reconoce como competencia exclusiva el urbanismo, y se dice que esa competencia incluye la regulación de los patrimonios públicos de suelo. Se define como exclusiva; y el artículo 110 de ese mismo Estatuto dice que cuando una
competencia es exclusiva -en este caso lo es- a la Generalitat le corresponde de forma íntegra la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva. Corresponde únicamente a la Generalitat el ejercicio de esas potestades y
funciones mediante las cuales puede establecer políticas propias.



Señora ministra, si corresponde únicamente a la Generalitat de Catalunya esa regulación, deberíamos introducirlo en este proyecto de ley, al igual que se ha hecho al hablar de la legislación civil propia, es decir: cuando hay una
competencia propia exclusiva en patrimonios públicos de suelo se aplicará la legislación de la comunidad autónoma. Esto se podría haber introducido en la disposición final, que en sus apartados 1 y 2 sobrepasa la distribución competencial, porque
son demasiados los títulos habilitantes que el Estado utiliza en esas dos disposiciones e incluso, como pude destacar en el debate


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en Comisión, algunos aspectos del apartado 2 están mal encajados y deberían estar en el apartado 1. Repito, queda pendiente un aspecto competencial, que también se recoge en otras enmiendas que ha presentado nuestro grupo parlamentario en
este trámite. La enmienda 179, como votamos en contra del artículo 6, quiere dar una redacción distinta a ese artículo. La enmienda 196 es técnica y propone una redacción más adecuada de lo que debería ser el sistema de adquisición gradual del
derecho a la propiedad, por tanto la mantenemos para su debate en el Pleno. En la enmienda 197 seguimos considerando que el artículo 15.4 se extralimita en el ámbito competencial. Es una enmienda técnica al igual que la número 203, que propone que
esa garantía que está en el artículo 16.2 tenga un alcance definido, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio, por el que se aprueban las normas complementarias al reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria.



En el tema de valoraciones mantenemos la enmienda 210, sobre la que pido a la Cámara una reflexión. En esta enmienda, al hablar de la valoración del suelo rural, decimos que en todo caso deben valorarse las expectativas del suelo,
contrastadas con el precio de enajenación de otros terrenos próximo y que en ningún caso el valor de expropiación podrá ser inferior al declarado por el contribuyente al liquidar los impuestos correspondientes a su adquisición corregido por la
inflación. Queremos que aparezca esa salvaguarda -no sé si será posible en el Pleno, quizá lo sea en el Senado-; podríamos llegar a un punto de acuerdo porque esa sería una garantía en la valoración del suelo rural, por tanto la mantenemos.
Nuestra enmienda 215 se refiere a los patrimonios públicos de suelo, y pedimos su supresión. Hubiéramos aceptado una redacción distinta que excluyera su aplicación a Cataluña, que de manera expresa tiene reconocidas sus competencias, pero, como no
ha sido posible y puesto que el proyecto de ley se va a aplicar a Cataluña tal como está, hay un conflicto de normas. Preferimos que no exista el conflicto y con nuestra enmienda 215 pedimos que se suprima. En las enmiendas números 218 y 219
pedimos que se proceda a la cesión gratuita de los cuarteles desocupados de la Guardia Civil en Cataluña. En Cataluña ha habido un despliegue de la Policía autónoma, por lo que hay una serie de cuarteles de la Policía, cuarteles militares que están
en desuso, y pedimos que se puedan ceder gratuitamente a Cataluña. Nuestra enmienda número 219 tiene el ánimo de pedir el cumplimiento de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas en lo que hace referencia a la posibilidad de instar a
otras administraciones al cumplimiento de los principios relativos a los bienes y derechos patrimoniales. Esas formas de cesión gratuita las pedimos a través de esas dos enmiendas. Quedan dos enmiendas más, las números 225 y 226, que son de índole
competencial y de salvaguarda de las competencias autonómicas en las disposición final primera. A mi grupo parlamentario le gustaría que en el Senado pudiéramos negociar de manera más sosegada el artículo 19. Nosotros teníamos una enmienda a ese
artículo 19, pero finalmente no ha llegado hoy al Pleno. En las negociaciones que tenemos abiertas nos gustaría que la redacción de ese artículo 19, en lo que se refiere a la declaración de obra nueva, estuviera más de acuerdo con la realidad
actual que ya regula el Real Decreto 1093/1997 sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística, que ya regula con claridad y precisión esos aspectos, por lo que quizá no es adecuada la redacción actual del
artículo 19.



Señora ministra, señorías, termino con una última reflexión. En el debate de totalidad nuestro grupo afirmó: Es necesario que en esta ley se introduzca algún mensaje en la línea que nos pide la sociedad: atajar la corrupción en el ámbito
urbanístico, porque hay determinados casos que afectan a este ámbito de manera muy singular y muy excepcional -digámoslo, porque no es una práctica generalizada- y que han causado alerta, alarma en el ámbito de la corrupción urbanística. (La señora
vicepresidenta, Chacón i Piqueras, ocupa la Presidencia.) A través de una enmienda nuestra, que ha sido transaccionada con el conjunto de grupos parlamentarios, hemos contribuido a hacer posible una serie de medidas concretas, que es lo que pedíamos
nosotros en el apoyo final al proyecto de ley: Que diéramos ese mensaje de que se iban tomar medidas contra la corrupción. Este mensaje lo damos desde dos ópticas, lo que es importante. Termino ya, señora presidenta. Primero, nosotros pedíamos
que la ley entrara en vigor en un día fijo. Esto tiene un efecto pedagógico: que sepan todos que el 1 de julio, tras las elecciones del cuarto domingo de mayo, tras la constitución de las corporaciones locales durante la primera quincena de junio,
ya el 1 de julio -repito- con las corporaciones locales constituidas -que haya un mensaje claro- entrará en vigor esta nueva Ley del Suelo con unas medidas concretas. La ministra hacía referencia a una medida concreta, por ejemplo, que para
realizar una permuta deba aprobarla el Pleno; esto es positivo. Hemos tenido casos como los de Marbella, por lo que es importante que las permutas se deban aprobar por el Pleno. Segunda medida que quiero destacar, en este caso fue una
contribución exclusiva de nuestro grupo parlamentario que se lo pidió así al Gobierno y al resto de grupos: queremos que cuando haya una alteración de la ordenación urbanística, que cuando haya una recalificación, que cuando se aumente la
edificabilidad de una finca, conste a quién beneficia, conste quién es el propietario, conste quién ha sido durante cinco años el propietario de esa finca que se ve beneficiada por esa recalificación urbanística. Esa publicidad no es para acusar a
nadie, pero puede ayudar a evitar determinados supuestos -si me lo permiten- de pelotazos urbanísticos que se han producido en ocasiones, y todos sabemos la picaresca que puede existir a veces en esas compraventas de fincas que después van a ser
recalificadas.



La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Termine, por favor.



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El señor JANÉ I GUASCH: Por tanto, que conste en el expediente en manera clara quién tiene los derechos reales y el derecho de propiedad sobre esa finca, porque con ello contribuimos a esa mejora con una mayor publicidad, y esto puede
ayudar a tomar medidas contra la corrupción urbanística, que nosotros compartimos. Señora ministra, señorías, apoyo al proyecto de ley, sí, pero no apoyo a esas disposiciones que he citado, sobre las que he pedido votación separada. Hay un acuerdo
global, aunque no al cien por cien, porque quedan aspectos pendientes en el ámbito competencial, pero estoy convencido de que en la fase del Senado podremos seguir avanzando para llegar a un acuerdo aún más global. Hoy ese acuerdo global aún no es
posible. Hemos pedido -repito- votación separada...



La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señor Jané, termine por favor.



El señor JANÉ I GUASCH: Hemos pedido votación separada del artículo 6, de los artículos 33 y 34, relativos a los patrimonios públicos del suelo, y de los apartados 1 y 2 de la disposición final primera.



Muchas gracias, señora presidenta.



La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Jané.



Continuamos con la siguiente enmienda presentada y, en su turno a favor, con el señor Matos en nombre del Grupo Parlamentario Popular.



El señor MATOS MASCAREÑO: Gracias, señora presidenta.



Señora ministra, señorías, no voy a negar que el texto que llega hoy a esta Cámara viene mejorado técnicamente con respecto al que se nos trajo como proyecto de ley y aparece corregido en algunos aspectos -no todos- que considerábamos que
invadían competencias autonómicas. Quiero decir claramente, aunque la voluntad del Gobierno era apoyar más las enmiendas de Convergència i Unió que las del Grupo Popular que iban en ese sentido, que el texto sale mejorado gracias a las enmiendas de
Convergència i Unió, grupo político con el que mantenemos una mayor afinidad ideológica que con el Grupo Socialista y conotros grupos. Señor Jané, usted ha pedido mayor sosiego y colaboración o consenso en el Senado, y el Grupo Popular lo tendrá.



Mantenemos para este trámite cincuenta y una enmiendas: las números 247 y 248; la 250; de la 255 a la 266 y de la 268 a la 302. Si no se aprueban estas enmiendas, sobre todo y en particular las referentes al título II, bases del régimen
del suelo, en el cual se encuentran las nuevas situaciones de suelo rural y urbanizado, y al título III, valoraciones, votaremos en contra de este dictamen de la Comisión. El motivo no es otro que el de las valoraciones basadas en las nuevas
situaciones del suelo.
Aquí es donde radica el único objetivo de este proyecto de ley, que es abaratar las expropiaciones, destruir el concepto de justiprecio y que a las administraciones públicas y también a los promotores inmobiliarios les salga
más barato expropiar a un ciudadano el terreno donde se vaya a construir una infraestructura o a desarrollar un proyecto urbanístico inmobiliario. De ese único objetivo de la ley, que es abaratar las expropiaciones, es de lo que sorprendentemente
no hablan ni la ministra ni los dirigentes socialistas. Hoy tampoco lo ha hecho al presentar el dictamen de la Comisión; no ha hecho ni una sola referencia a las valoraciones, a abaratar las expropiaciones. La ministra y los dirigentes
socialistas llevan meses hablando de lo que no habla el proyecto: de abaratar el precio de la vivienda, de evitar la especulación, de frenar la corrupción o de la mayor disponibilidad de suelo para vivienda protegida; sin embargo, la ministra y
los dirigentes socialistas no hablan de lo que sí habla la ley, del abaratamiento de las expropiaciones. Es absolutamente falso que la ley persiga la moderación de los precios de la vivienda. No hay ni un solo artículo en ese sentido, ni siquiera
por primera vez se ha fijado ese objetivo en el preámbulo de la ley en una ley del suelo.



También es absolutamente falso que la ley evite la especulación. El único instrumento para evitar las retención especulativa del suelo es la referencia al agente urbanizador que recoge el artículo 6 de la ley, que es una figura que ya
recoge el 80 por ciento de las legislaciones autonómicas en materia de suelo. Ni siquiera era cierto, tal y como declaró la ministra en la presentación del proyecto de ley, que esta ley acabara con lo que ella denomina perversa clasificación del
suelo urbanizable, establecida en la ley del Partido Popular. Hoy se lo ha vuelto a recordar el Grupo Mixto. Después de años denostando esa idea que la ministra denominó en el debate de totalidad del todo urbanizable, que tanto ha dañado los
intereses generales, el proyecto de ley ni lo toca, y nosotros nos alegramos. También nos alegramos de que los partidos de izquierda que apoyan al Gobierno y que habían sido muy críticos con esta clasificación ahora lo respeten. Si algo ha quedado
claro en la tramitación del proyecto de ley es que las nuevas situaciones de suelo rural y urbanizado constituyen solo una ficción al servicio del único objetivo de la ley, que es abaratar las expropiaciones. Es absolutamente falso que el proyecto
de ley contuviera medidas para frenar la corrupción. Sin duda fue una broma de mal gusto escuchar a la ministra decir que se contribuiría a frenar la corrupción al exigir que en la información pública de los planes se aportara un plano de
situación, el famoso resumen ejecutivo del artículo 11.2. La prueba de ello es que las únicas medidas que pueden contribuir a evitar la corrupción se recogen ahora en una disposición adicional nueva que hemos apoyado todos los grupos políticos,
aprobando una enmienda transaccional propuesta por Convergència i Unió, que es la número 229. Es también absolutamente falso que la reserva del 25 por ciento -ahora del 30 por ciento- de suelo de uso residencial para vivienda protegida sea una
medida novedosa. Ya en


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el debate de totalidad quedó de manifiesto que la mayoría de las comunidades autónomas ya tienen establecidos porcentajes iguales o superiores, entre otras la Comunidad Autónoma de Madrid, que tiene fijado un 50 por ciento.



Señorías, la mayoría de las enmiendas que hemos mantenido y que hoy defendemos van dirigidas a sustituir el sistema de valoraciones que recoge el proyecto de ley por el vigente de la Ley 6/1998. El sistema de valoraciones contenido en el
proyecto de ley es tremendamente injusto, y los ciudadanos deben saberlo. Lo que propone la ley es que se considere exactamente igual suelo rural un terreno protegido no urbanizable que otro donde se puede desarrollar un plan parcial de viviendas o
de naves industriales, suelo urbanizable, y que ese suelo rural se valore por el sistema de capitalización de rentas anual, real o potencial, en vez de por el sistema de comparación de fincas análogas de las que se tenga referencia -le vuelvo a
decir al señor Jané que en este tema tiene el consenso del Grupo Popular, porque nosotros habíamos presentado una enmienda en el mismo sentido-, es decir que las administraciones públicas y también los promotores inmobiliarios paguen un terreno
donde van a construir viviendas o naves industriales a precio de una cosecha de plátano o de papas en vez de tener en cuenta el precio de referencia en las compraventas de fincas análogas en la zona. Es tal el disparate que le han tenido que
aceptar una enmienda a Izquierda Unida que dice que ese precio podrá ser corregido al alza hasta un máximo del doble en función de su localización; es por tanto un disparate que se corrige con una chapuza. Ese disparate beneficia exclusivamente a
las administraciones públicas y a los promotores inmobiliarios y perjudica también exclusivamente a los ciudadanos que tienen la mala fortuna de que les expropien un suelo de su propiedad. Señorías, el párrafo del apartado 1, del artículo 27 de la
vigente Ley del Suelo, dice textualmente: En cualquier caso, se descartarán los elementos especulativos del cálculo del precio y aquellas expectativas cuya presencia no esté asegurada. Eso lo dice el artículo 27 de la vigente ley. Si al Gobierno
y al Grupo Socialista les parecía poco, lo que podían haber hecho es haber ampliado, matizado o concretado ese párrafo en vez de cometer la injusticia que se está legislando.



Del resto de las enmiendas hay un grupo importante cuya única finalidad es la de mejorar técnicamente el texto. Son las números 248 a 250, 255 a 257, 260 a 266, 274, 276 a 279, 281 y 282, 285, 287, 289, 298, 302 y 303.
Otro grupo pretende
erradicar cualquier duda sobre el respeto al marco constitucional. Se han corregido algunos aspectos, pero mantenemos las enmiendas 258, 265, 288, 292, 299 y 300. Las enmiendas 299 y 300 se refieren al marco que debe regir para las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla, de conformidad con el documento-propuesta consensuada que se presentó ante el Ministerio de Administraciones Públicas y que ahora el Gobierno quiere limitar o cercenar.



Señorías, la enmienda 294 pretende incorporar una enmienda adicional nueva que permita a los territorios insulares establecer criterios complementarios que respeten la peculiaridad del hecho insular, su limitada capacidad de desarrollo
territorial y la necesidad de compatibilizar una suficiente oferta de suelo urbanizable con la protección y la preservación de los elementos esenciales del territorio.
Esta disposición adicional, que ya se encontraba en la vigente Ley 6/1998 del
Suelo del Gobierno del Partido Popular, solo pretende reforzar las competencias autonómicas para ordenar los territorios insulares. Señoría, procedo de Tenerife, conozco bien las peculiaridades de nuestro territorio y permítame transmitirle que si
hay un territorio que justifica un trato diferenciado en cuanto a su ordenación sin duda son las islas. Por ello vuelvo a pedir, como ya lo hice en ponencia y en Comisión, el voto favorable a esta enmienda.



Las enmiendas 295 y 296 proponen dos disposiciones adicionales dirigidas a dinamizar el mercado del alquiler, dotando la relación contractual de una mayor seguridad jurídica. Para ello pretendemos reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos,
flexibilizando y acortando los plazos mínimos de duración y creando los juzgados de vivienda que resuelvan de forma rápida y eficaz los conflictos que puedan surgir por incumplimientos de las obligaciones, tanto por el inquilino como por el
propietario. Métanselo en la cabeza, la única razón de que un propietario renuncie voluntariamente a una renta y prefiera mantener una vivienda vacía es la ausencia de seguridad jurídica y de garantías que preside hoy esa relación contractual, y
que estas dos enmiendas pretenden corregir.



Por último, la enmienda 297 propone la modificación de la Ley de Haciendas Locales para que dote de suficiencia financiera a nuestros ayuntamientos y facilite la constitución y desarrollos de los patrimonios públicos de suelo. Las
dificultades que pasan las corporaciones locales por constituir y desarrollar los patrimonios públicos de suelo no es solo un problema de la Ley de Suelo, es sobre todo un problema de financiación y, por tanto, de la Ley de Haciendas Locales. En
definitiva, señorías, nuestras enmiendas van dirigidas a la mejora técnica del texto, a evitar la invasión de competencias autonómicas, a mejorar el acceso a la vivienda y sobre todo a evitar la injusticia y el daño que puede producir el sistema de
valoraciones que se nos propone. Su rechazo obtendrá nuestro voto en contra del dictamen al proyecto de ley, deseando que en el trámite en el Senado tengan el suficiente sentido común de rectificar el disparate que hoy están aprobando.



Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Gracias, señor Matos.



Señorías, pasamos al turno de fijación de posiciones. ¿Grupos parlamentarios que desean fijar posición? (Pausa.) Comenzaremos con el señor Herrera en nombre


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del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.



El señor HERRERA TORRES: Gracias, señora presidenta.



Quisiera empezar por agradecer en este proceso largo de negociación en primer lugar a quienes me han acompañado a mi lado de la mesa, principalmente a Dolors Clavell y a Ubaldo Ortiz, pero también a quienes han sido los interlocutores del
Gobierno y del Grupo Socialista, que nos acompañan, a Marcos Vaquer y también a Francisco Contreras. La negociación ha sido fructífera e interesante, hemos aprendido y sobre todo ha mejorado la ley. No significa que hayamos incorporado todo lo que
queríamos, pero sí que supone que hemos hecho en definitiva una ley mejor, mucho mejor. Hoy Izquierda Unida-Iniciativa Verds vamos a votar a favor porque precisamente tras la ponencia, tras la Comisión, hemos conseguido una ley mejor. Vamos a
votar a favor porque modifica la ley vigente, la Ley 6/1998, que no ha cumplido ninguno de los fines que decía perseguir. No ha abaratado el precio del suelo, no ha garantizado un mejor acceso a la vivienda, en definitiva no ha hecho lo que
pretendía: liberalizar el suelo y entender que la liberalización del suelo lo que haría es permitir un mejor acceso a la vivienda. Ha hecho todo lo contrario, depredar el territorio, urbanizar como quien más y hacer de la construcción un negocio,
pero de la vivienda un absoluto lujo. Tengo que decir que esta ley va a revalorizar el planeamiento, que en los años noventa se entendió como un elemento de segunda y que hoy, a partir del modelo de urbanización que tenemos en Tenerife, en el
litoral Mediterráneo, en ambas Castillas y en Madrid, tiene que ser reivindicado.
Vamos a votar a favor porque la ley introduce un enfoque nuevo que hace que no hablemos solo de aquello que afecta al propietario, sino también de las repercusiones
que tiene la transformación del suelo sobre lo público, sobre la ciudadanía, sobre el acceso a la vivienda o sobre el medio ambiente. Este es un enfoque que se introduce en la ley y que no existe en nuestra tradición legislativa; de hecho nos
hubiese gustado que la ley fuera mucho más allá, pero no ha podido ser. Hubiésemos querido hacer lo que hacen en otros países de la Unión Europea, que el aprovechamiento sea público, porque si la decisión que cambia los usos del suelo es pública el
aprovechamiento, como norma general y no parcial, debería ser público. Eso es lo que hace que en otros países la especulación que hoy existe aquí no sea una norma. El problema es que esto que nosotros planteamos está aceptado en Europa, pero hoy
en esta Cámara suena a revolucionario. ¿Cuál es la diferencia? Que en países de nuestro entorno el aprovechamiento es para la comunidad, y esto hace que no se produzcan los procesos acumulativos ni especulativos que hoy tienen lugar hoy aquí y que
no se construya tanto, lo cual resulta positivo para otros países de Europa.



En nuestra opinión, la ley avanza en esa línea, lo cual nos parece bien, pero no conseguimos dicho objetivo porque hoy existe la correlación de fuerzas que existe y porque estamos en un país con una gran cultura de la propiedad y un
legislador -hay que decirlo- que aún no se atreve a hacer lo que debería: cambiar el enfoque global, entendiendo que el aprovechamiento del suelo tiene que ser público. Entendemos que la ley avanza porque en materia de valoraciones de suelo por
primera vez dicha valoración no se hace en función de la expectativa, sino en función del valor del suelo, lo cual es claramente positivo. En cuanto a lo que decía el señor Matos que era una chapuza, se trata simplemente de poner negro sobre blanco
en el articulado lo que recogíamos en una transitoria, y es que ese suelo periurbano, en función de su localización, como máximo podrá tener el doble de valor. Esto está recogido en la transitoria, pero nosotros lo hemos puesto en el texto a través
de una enmienda para que un reglamento nunca pueda -ni con este Gobierno ni con los posteriores- vaciar el contenido de la ley.



Asimismo hemos conseguido que la ley sea más ambiciosa. A partir de una propuesta nuestra ha quedado incorporado que la reserva de suelo para la vivienda protegida aumente hasta el 30 por ciento, lo cual es un avance importante. Esto lo
hemos hecho modificando el artículo 10 y haciendo que dicho artículo sea a su vez más respetuoso con las comunidades autónomas que en su redacción original. Hemos incorporado mayores exigencias desde el punto de vista ambiental, consiguiendo que el
informe de la autoridad ambiental y el de la autoridad hidráulica no sean solo preceptivos, sino también determinantes, y que por tanto se tengan que seguir y si no se siguen se tenga que justificar mediante garantías jurídicas, garantías políticas
e introduciendo mejores instrumentos para la protección del medio ambiente. Por tanto, vamos a votar a favor de la ley porque avanza precisamente en esta línea. No obstante, tengo que decir que no hemos conseguido todo lo que queríamos, y los
señores Vaquer y Contreras lo saben. En cuanto a la transitoria tercera, consideramos excesivo el hecho de que se aplique la Ley 6/1998 durante tres años, a pesar de que sabemos que no ha sido así en todos los casos. Mi grupo no entiende ni
comparte por qué la Ley 6/1998 se tiene que aplicar hasta tres años.



Nosotros vamos a votar a favor de la ley sin hacer discursos tramposos, sin decir que esta ley va a solucionar lo que no va a solucionar, porque hoy la ley no va a solucionar los graves problemas que tenemos con la vivienda. La ley va a
mejorar parcialmente, la ley va a introducir un cambio de cultura, pero los problemas que tenemos con la vivienda se solucionan con políticas efectivas y activas a favor de la vivienda y hoy en España -también al principio de la legislatura- tenemos
un porcentaje ínfimo de acciones públicas a favor de la vivienda de protección. De hecho, en Europa gastan el doble que nosotros, el 2 por ciento. El ministro de Economía ha subido el porcentaje pero no nos ha acercado a ese 2 por ciento y ahí
radica el problema. ¿Cuál es la diferencia? Que en Europa, de cada 100 euros -es bueno que todos los que nos acompañan lo sepan-, 70


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se dedican a políticas activas de vivienda y 30 a desgravaciones. ¿Y qué hacemos en España? Al revés. Gastando la mitad que en Europa, de cada 100 euros, dedicamos 70 a desgravaciones y 30 a políticas activas de vivienda. ¿Saben cuál es
el problema? Que las desgravaciones son una transferencia de capital de la Administración al promotor porque se internalizan en el precio y ahí está el problema. Por tanto, la ley avanza, pero la ley no soluciona los problemas en materia de
vivienda.



Tengo que decir, porque hemos sido artífices conjuntamente con el Grupo Socialista, con Esquerra Republicana y con Convergència i Unió, que valoramos positivamente las medidas que se han introducido en torno a la Ley de Bases de Régimen
Local. Son positivas porque introducen criterios de transparencia, pero esta ley no es la ley anticorrupción. No es honesto decir que esta ley va a solucionar los problemas de corrupción porque esta es una buena ley desde nuestro punto de vista e
introduce mejoras porque modifica la Ley 6/1998, pero es hacernos trampas en el solitario decir que estas medidas, que son positivas y necesarias, son suficientes. No lo son, porque lo necesario es cambiar el modelo de crecimiento, el Código Penal,
el régimen de incompatibilidades; en definitiva, es necesario aplicar medidas mucho más atrevidas que las medidas positivas que hemos introducido.



Para ir concluyendo, señora presidenta, y ceñirme al tiempo, quiero decir que nosotros valoramos de forma especial estas enmiendas que hemos introducido en el artículo 10.1 b), las medidas en torno a informes determinantes, que se garantice
que todos los ocupantes legales tengan derecho al realojo, que se haya incorporado la referencia del artículo 22 que hace que el valor del suelo rural -periurbano para que nos entendamos- en función de su localización pueda tener un máximo del
doble, aplicando lo que ya se establecía en la transitoria. Valoramos positivamente las medidas que hemos introducido en materia competencial; hemos modificado el título de derechos y deberes haciéndolo más respetuoso; hemos cambiado la
exposición de motivos; hemos dicho que son deberes y derechos constitucionales, ciñéndonos por tanto a lo que nos mandatan las diferentes sentencias del Constitucional; hemos modificado el artículo 10; hemos limitado el artículo 5 y también sus
letras b) y c); hemos cambiado numerosos artículos, sin ir más lejos el artículo 15.5 y la enmienda 242, una enmienda con la que coincidíamos plenamente desde el punto de vista político, la hemos redactado de una forma mucho más respetuosa.



Hemos dicho que estábamos de acuerdo con los artículos que hacían referencia a los patrimonios públicos de suelo, pero también dijimos que entendíamos que eso se tenía que legislar con respeto escrupuloso a las competencias exclusivas.
Acabo ya, señora presidenta, pero déjeme explicar un momento la reflexión que hacemos. A nosotros nos hubiera gustado que hubiese una mención a las competencias exclusivas de las diferentes comunidades autónomas en esta materia. No está. Pese a
ello, creemos que la redacción de los artículos 33 y 34, que hacen referencia a los patrimonios públicos de suelo, no va a entrar en las competencias exclusivas, y no lo digo yo, lo dice la voluntad del legislador y lo decía el portavoz socialista
el otro día en la Comisión. Para nosotros la solución no es satisfactoria, lo hemos dicho; pero para nosotros sería peor que esos artículos se suprimiesen, también lo digo. A nosotros nos gustaría que aquello que parecía posible, que era una
referencia a esas competencias exclusivas, se incorporase en el Senado. Esa mención, esa referencia hoy no está en ninguna de las enmiendas, por tanto entendemos que es mejor que se mantengan esos artículos, pero sería positivo que se incorporase
lo que hemos dicho todos, que no se van a poder aplicar, como es lógico, en los artículos 33 y 34. Pese a ello y aunque no se incorporasen, estamos seguros de que existiendo una jurisprudencia como la que existe y un texto del bloque constitucional
como el que representa el Estatuto catalán sin ir más lejos, también otros estatutos, esos artículos van a ser inocuos en lo que se refiere a las competencias exclusivas en esta materia.



Finalmente, en la adicional primera, en la que también manteníamos dudas, hemos incorporado mejoras y esas mejoras avanzan. Si alguien nos demuestra que esas mejoras son insuficientes pues ya veremos, pero desde esa perspectiva competencial
lo que hemos hecho, también nosotros, es mejorar la ley. Por todo ello desde Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds vamos a votar a favor de una ley que no es la nuestra pero que introduce muchos de los elementos que habíamos planteado.
Una ley que avanza hacia lo que tendría que ser una buena Ley de Suelo, hacia que el aprovechamiento sea de todos, que sea de la comunidad y no de los particulares. Una ley que mejora muchas cosas pero que a la vez no es la panacea ni soluciona
elementos que no puede ni debe solucionar porque, en definitiva, la Ley de Suelo no va a solucionar problemas de vivienda que dependen de las políticas económicas, que tiene que cambiar el señor Solbes -seguramente la señora Trujillo estaría
agradecida de que así fuese-, y que depende de muchas otras materias. Una ley que va a mejorar con elementos de transparencia como los que hemos incorporado pero que solo significa el punto de partida de lo que tienen que ser medidas en contra de
la corrupción y a favor de la transparencia que vayan mucho más allá de lo que hemos introducido en la Ley de bases de régimen local.



Muchas gracias, señora presidenta.



La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Herrera.
Muchas gracias.



Señorías, disculpen un momento. Si no tienen inconveniente, le daríamos la palabra al señor Mardones, que se había despistado.



Adelante, señor Mardones, su turno para fijar posición.



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El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta, por su amabilidad y también se las doy al portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) por su cortesía parlamentaria, y al señor Herrera.



Mi grupo va a votar favorablemente este proyecto de Ley de Suelo por entender que supone un amplio avance, recogiendo mucha casuística tanto de reclamaciones de lo contencioso-administrativo, como de situaciones de hecho en la aplicación de
la Ley 6/1998, que precisamente se deroga con esta ley, que en este avance resultaba obligada como Ley de régimen del suelo y valoraciones, que fue un gran avance en su momento, en aquella legislatura, por las nuevas reconsideraciones sobre todo en
la valoración de suelo. La experiencia actual aconseja este paso hacia delante en la derogación, si bien quiero hacer una advertencia y es que mi grupo va a votar favorablemente la enmienda 294, del Grupo Parlamentario Popular, porque reproduce el
texto respecto al hecho insular en Canarias y Baleares. Si la Ley 6/1998 tiene que ser derogada, por lo menos que en esta nueva se incluya la disposición que puede permitir tanto a la Administración General del Estado como a la Administración
autonómica y a la municipal de los archipiélagos de Canarias y Baleares la exigencia incluso de un endurecimiento y un régimen de transparencia mayor que el que refleja la ley para el resto del territorio estatal.



Votaremos favorablemente este proyecto de ley porque se han introducido una serie de principios que creemos ampliamente constitucionales y sobre todo que se puedan disipar todas las sombras habidas y por haber. El señor Herrera decía que
con esta ley no se va a acabar con la corrupción urbanística. Bien, pero es un paso en la dotación de una serie de criterios de referencia objetiva para que en su momento podamos incluso hacer modificaciones del Código Penal. Una ley, en un
concepto puramente administrativo, exige unos requisitos de transparencia, de información, de grados competenciales e incompatibilidades de determinados funcionarios, participantes o actores en los proyectos de revalorización y de recalificación;
es una ley administrativa y a quien hay que temer en un Estado democrático disuasorio es a la Ley del Código Penal. Pues bien, en su momento podremos hacer las adecuaciones respecto al endurecimiento de penas por corrupción basada en el urbanismo
que tenga que ser hecho y reflejado en el Código Penal, como digo.



Se han recogido en este proyecto de ley, señora presidenta, una serie de principios que mi grupo quiere destacar para justificar nuestro voto de apoyo positivo a esta ley que es mejor que la anterior, más completa y que por tanto reconoce
también unos nuevos derechos. Respecto al preámbulo, quiero destacar aquí la buena labor realizada tanto en ponencia como en Comisión, ya que las enmiendas que presentó Coalición Canaria fueron aceptadas o se introdujeron de forma directa, por lo
que nos encontramos reconocidos y reflejados a través de estas enmiendas y criterios aceptados por la ponencia y la Comisión. Hemos hecho una ley concebida a partir del deslinde competencial establecido para estas materias por un bloque de
constitucionalidad, por tanto un principio de legalidad y legitimidad perfectamente asentado al que nos sumamos y suscribimos plenamente. Se dice que podrá aplicarse respetando las competencias exclusivas atribuidas a las comunidades autónomas en
materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda y, en particular, sobre patrimonio público de suelo. Es muy importante que en la propia exposición de motivos hagamos una declaración de principios que van a sustentar todo un planteamiento
de enfoque valorativo jurídico y político con el que demos respuesta a muchas de las situaciones de falta de transparencia que han conducido a una ambigüedad de interpretación legislativa a nivel local, territorial o autonómico y que llevan a las
auténticas corrupciones urbanísticas que luego tienen el efecto penal consiguiente.



Como se dice en la exposición de motivos, añadido en el trámite de Comisión, la ley se propone garantizar en estas materias las condiciones básicas de igualdad en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales
por parte de los ciudadanos. Es el deber de compartir responsabilidades entre las distintas figuras y personalidades físicas o jurídicas que intervienen. No olvidemos que este todavía proyecto de ley contiene una gran cantidad de disposiciones,
que han motivado una aclaratoria sobre qué se entiende por legislación básica.
Creo que se ha mantenido un equilibrio inteligente y prudente entre las competencias de la Administración General del Estado y las de las administraciones de las
comunidades autónomas en sus correspondientes titularidades de derecho y competencias basadas en sus estatutos de autonomía. Este equilibrio nos permite decir que estamos ante una ley de bases porque si no, es imposible avanzar con la legislación
que las corporaciones locales, las leyes de bases de régimen local, tienen establecida para estas situaciones.



Respecto a los estándares mínimos de transparencia, debo decir que qué menos que en un mundo opaco se fijen por ley unos estándares mínimos de transparencia que permitan dilucidar qué grado, no solo competencial sino de responsabilidad, hay
en las corporaciones que hagan modificaciones de criterios bien de calificación de suelo, bien de valoración. Esto debe tener, como decimos en la exposición de motivos, una mayor envergadura e impacto que produzca una mutación radical del modelo
territorial, que debe someterse a un nuevo ejercicio pleno de potestad de ordenación. El orden y la disciplina pueden llevarnos a un avance muy sustantivo, ya que este Parlamento -como órgano legislativo democrático y representante de la soberanía
popular- debe responder a ese clamor que a veces existe en la opinión ante una especie de inoperancia administrativa en los casos de corrupción que se tienen que solventar no por una aplicación de leyes del suelo, de la valoración urbanística
correspondiente, sino por vía policial y judicial,


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es decir, dentro de la responsabilidad penal supuesta de determinados actores.



También es un avance la consideración del suelo rural. Hoy existe agresividad -y lo vemos en los archipiélagos canario y balear y en zonas costeras de la Península que son turísticas- en zonas donde el valor del suelo parece que es el valor
del petróleo, de minas de oro o de diamantes, ya que la especulación y, por tanto, la corrupción administrativa y gerencial, tiene un campo abonado en ese mundo proceloso de grandes fortunas ocultas. Creo que es un avance que se abandone el modelo
de comparación en el suelo rural porque muy pocas veces concurren los requisitos necesarios para asegurar su objetividad. Todos los defectos que hemos tenido en los baremos de objetividad para la toma de decisiones han hecho que se deje en una
especie de entelequia, que es otro escenario del aire que respira la corrupción de interpretación administrativa. Por tanto, se eliminan elementos especulativos y se adopta un método habitual en la capitalización de rentas pero sin olvidar que, sin
considerar las expectativas urbanísticas, la localización influye en el valor de este suelo. Lo he dicho antes, no es lo mismo una localización en un terreno que no está sometido a una presión especulativa, por demanda legítima de los promotores de
inmobiliarias, para construir segundas residencias, hoteles, áreas turísticas, etcétera.
Hagamos de una formación tradicional del precio de la tierra el motivo fundamental de esta actuación. Nosotros también creemos que cuando se hace una
modificación de la Ley 33/2003, de los patrimonios de las administraciones públicas, estamos avanzando en este tema.



Finalmente, señora presidenta, quiero destacar que vamos a darle nuestro apoyo, tal y como se lo manifestamos en Comisión al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias se ofrece
también a suscribir unas adicionales que recogieran este espíritu y este mensaje de responsabilidad legislativa, jurídica, democrática y administrativa en relación con el urbanismo y el suelo, implantando dentro del texto de la ley no ya una
declaración de principios, sino unas disposiciones adicionales que recogieran este sentido de ir contra la corrupción, de ir a favor de la transparencia y de una respuesta democrática, porque tenemos que tomar una postura verdaderamente beligerante
y activa contra esta tremenda lacra, que ha llevado a unos efectos inducidos o, como se dice en los escenarios bélicos, colaterales verdaderamente nefastos, como lo que se ve obligado a pagar un ciudadano español por adquirir una vivienda vía
hipoteca. Esto no puede mantenerse en un régimen democrático de responsabilidades. Por tanto, la introducción de la disposición adicional octava, para hacer partícipe al Estado en la ordenación territorial y urbanístico en armonía con las
comunidades autónomas, es positivo. Asimismo, la disposición adicional novena nueva, que hace una modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, sobre todo en su artículo 75, la consideramos imprescindible. Por estas razones, señora presidenta,
votaremos a favor de esta nueva y bienvenida Ley de Suelo.



Muchas gracias, señora presidenta.



La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Mardones.



Continuamos ahora con el turno del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). En su nombre tiene la palabra el señor Beloki.



El señor BELOKI GUERRA: Gracias, señora presidenta.



Señorías, señora ministra, a las alturas del trámite parlamentario en que estamos, cabría decir sin mayor error que ya tenemos una Ley de Suelo; todavía le queda un recorrido por hacer, pero ya podemos hablar de que tenemos una Ley de
Suelo. Ahora bien, muchos ciudadanos y ciudadanas del Estado podrían decir, incluso deberían decir con mayor propiedad, que no es que tengamos una Ley de Suelo, sino que ya tenemos dos. En concreto, en Euskadi, como acabamos de aprobar la Ley
2/2006, de Suelo y Urbanismo, los ciudadanos dirán: no estamos a falta de leyes, ya tenemos dos leyes de suelo; y este no es un caso específico de Eukadi, valdría también para el resto de los territorios en los que de forma previa existiera una
ley de suelo. A los ciudadanos y ciudadanas deberíamos transmitirles algo que yo formulo en una pregunta: ¿Qué es lo que de verdad vamos a tener de nuevo tras la aprobación de esta Ley de Suelo? Voy a intentar resumir la respuesta a esta pregunta
en unos cuantos enunciados, que son los que mi grupo entiende como esenciales y que son también las razones por las que mi grupo va a votar a favor de este proyecto de ley, y explicando sus insuficiencias también mostraré mi valoración sobre las
enmiendas que todavía se mantienen.



En primer lugar, vamos a tener una ley que en su conjunto, a nuestro juicio, es razonable, es prudente, lo que a alguien puede parecerle de escasísimo valor, pero que, viniendo de la historia que venimos en los temas de suelo y urbanismo,
debe ser valorado en su justo precio. Es casi una virtud que tengamos una ley prudente en este tema y que, tras su elaboración, no estemos metidos en un auténtico lío normativo, y como tal lo subrayo. Vamos a tener una ley que, por cierto, es
mejorable. Hoy todavía es mejorable y, de seguro, cuando termine su tramitación, será mejorable también en diversos ámbitos. Por ejemplo, es mejorable en el ámbito competencial -ya lo han señalado también algunos representantes de otros grupos que
me han precedido en el uso de la palabra-, en concreto en el capítulo de los patrimonios públicos es una ley mejorable, y de ahí que algunas de las enmiendas que mantiene el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y que van en esa
dirección vayan a seguir contando con el apoyo de mi grupo.



También pudo ser una ley diferente, desde distintas perspectivas, por cierto. Pudo ser una ley distinta desde la perspectiva competencial, una ley que se centrara y


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hasta se concentrara en la regulación de lo que a nuestro juicio constituye el núcleo esencial de esta ley, que además, como es sabido, es del ámbito competencial exclusivo de la Administración central. Pudo centrarse y concentrarse en la
regulación de aspectos tales como valoraciones, expropiación forzosa, responsabilidad patrimonial y venta y sustitución forzosas, aspectos básicos que podrían haber sido el objeto de esta ley. Con ello se hubieran resuelto, aunque con menos
conflictividad competencial que la que hoy subsiste, determinados extremos, que, eso sí, había que regular. Mi grupo cree que había que entrar a regular esos aspectos esenciales en los que, como digo, pudo centrarse y concentrarse esta ley, es
decir, mi grupo es de los que creían que la Ley 6/1998, del Régimen de Suelo y Valoraciones necesitaba un repaso. También pudo ser una ley planteada de forma distinta, evidentemente desde otros criterios y puntos de vista en estos temas. Hoy
todavía vemos que en esta Cámara subsisten enmiendas del Grupo Popular, a quien le gustaría tener otros criterios y otros puntos de vista a la hora de abordar estos temas, y mi grupo va a votar en contra de esos otros criterios porque estamos de
acuerdo con los criterios y puntos de vista en los que ha insistido el Gobierno y que forman parte de esta ley.
Incluso desde estos mismos criterios y puntos de vista pudo ser una ley distinta, porque, enfocada a los temas de valoración -voy a
decirlo de una forma muy simplificada- con mayor audacia y yendo más lejos, aunque con dificultades, pudo también hacerse. En cualquier caso, se avanza en una determinada dirección y nosotros estamos de acuerdo, razón por la que básicamente votamos
a favor de esta ley.



En todo caso, esta ley es lo que es. Lo que pudo ser a estas alturas solo puede llevarle a uno a la melancolía y no es mi intención caminar en esa dirección. Esta ley ha optado para abordar, como decía, con prudencia no solo los aspectos
propiamente competenciales de la Administración central, sino también aspectos que tienen que ver con la ordenación del territorio y con el urbanismo. Lo ha hecho, como decía desde el principio, con prudencia e intentando actuar con finura en este
campo. En cualquier caso, como hemos dicho al Gobierno desde el primer día en que nos sentamos a hablar de este proyecto de ley, poca objeción, si alguna ha tenido mi grupo, en relación con los contenidos básicos que el Gobierno deseaba incluir.
Por ejemplo, transparencia urbanística, incluidas medidas de seguimiento, evaluación de la ejecución urbanística y plazos. Nosotros somos de los que creen que cuanto más mejor -es necesario- por todos los medios y por parte de todo el mundo para un
ejercicio responsable de esta actividad, y de esta forma intentar luchar contra e impedir, hasta donde sea posible y pueda ser resuelto a través de la transparencia, la corrupción urbanística. Ahí había que avanzar y se ha avanzado.



También ha habido avances en la dirección de clarificar lo que existe y lo que no existe en términos de urbanización. Estamos de acuerdo. Era necesario distinguir entre lo que existe y lo que no existe en términos de urbanización, sobre
todo a efectos valorativos, es decir, que esta división básica se intente traducir -cuanto más mejor- en una valoración del suelo, según se encuentre en una o en otra situación. También se ha avanzado en este campo. Pudo hacerse de forma distinta,
pero se ha avanzado y nosotros estamos de acuerdo.



Estamos de acuerdo con la consideración de la actuación urbanizadora como una actuación colectiva de interés general, pública, que por lo mismo debe conllevar la participación de la comunidad en las plusvalías. Puede haber porcentajes,
puede haber distintas medidas, pero, como concepto, estamos de acuerdo. Y también estamos de acuerdo con algo que a nuestro juicio es esencial y urgente: Introducir la actuación urbanizadora en el marco de estrategias de territorio, es decir,
tenemos que construir ciudades y territorios y hacerlo desde estrategias de desarrollo sostenible. Eso es absolutamente necesario; en esta ley también se apunta en esa dirección y estamos de acuerdo, como lo estamos con las medidas anticorrupción,
aunque traídas en el último momento y de forma discutible desde un punto de vista procedimental, de las que ya se ha hablado. Estas y otras consideraciones han llevado a mi grupo a la posición de apoyo a esta ley.



Yo quisiera agradecer al Gobierno y al Grupo Socialista el esfuerzo que han hecho de negociación con nosotros. Nosotros hemos hecho nuestro esfuerzo, pero reconozco que por la otra parte también lo ha habido.
Todos nos hemos mostrado como
personas que somos capaces de saber conformarnos en determinados momentos con lo que es posible. Pero, más importante que eso, me gustaría, para ir terminando, subrayar algún aspecto que me parece necesario dejar claro, sobre todo ante la opinión
pública. Ya tenemos como quien dice la ley, hasta dos leyes, como decía al comienzo, pero estamos muy lejos de haber resuelto eso que constituye una preocupación actual fuerte, de primer orden, de los ciudadanos y de las ciudadanas: la
problemática de la vivienda, su precio exagerado, la especulación, la corrupción. Estas son las preocupaciones de los ciudadanos y ni con dos leyes, sin más, queda el tema resuelto. Todos somos conscientes de lo que escuchamos a los expertos y
especialistas comparecientes en la Comisión, que prácticamente a una dijeron: no se puede pedir a esta ley lo que no puede dar. Esto hay que decirlo con claridad, en primer lugar porque no hay ninguna ley ni acumulación de leyes que resuelva este
problema en su complejidad, porque es necesaria la actuación legislativa pero son necesarias actuaciones ejecutivas en muy distintos campos, e incluso, supuesta una voluntad decidida y constante del conjunto de las administraciones, todavía este
tema es difícil de resolver. Hemos entrado en lo que alguien, en esas comparecencias a las que he aludido, definió como una degradación de la cultura territorial urbanística en los últimos años, y dar la vuelta a esto exigirá que todo el mundo haga
los deberes, cada cual en su ámbito, y esta ley en el suyo. En todo caso, la esperanza que mantiene mi grupo es que con esta ley


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avancemos un paso más y como lo importante, según decía, es mantener una voluntad decidida, constante y de todos en esta dirección, al menos esta ley pone su granito de arena, que es la razón por la que mi grupo va a votar favorablemente.



Muchas gracias.



La señora VICEPRESIDENTA (Chacón I Piqueras): A usted, señor Beloki, muchas gracias. Continuamos con el turno del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y será el señor Andreu quien tomará en su nombre la palabra.



El señor ANDREU DOMINGO: Presidenta, ministra, señorías, intentamos sustituir con la nueva Ley del Suelo la Ley de 1998, una ley que trajo a esta Cámara el Gobierno del Partido Popular y que contó con el apoyo del Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió. Esta receta neocon del año 1998 nos ha colocado en el tema del suelo y la vivienda en una situación, como antes decía antes mi predecesor, de degradación del modelo urbanístico en este país. Nunca ha sido tan difícil el acceso
a la vivienda por una parte de la población, especialmente para los jóvenes, y si no corregimos la tendencia alcista del precio de la vivienda excluiremos de este derecho a una parte de la población. En el orden paisajístico y medioambiental, con
esta ley hemos llegado a unos desmanes urbanísticos que hasta la Unión Europea nos ha reprobado el urbanismo que se ha desarrollado en este país.



Esta ley significa un nuevo modelo de suelo, urbanismo y vivienda; se introducen nuevos conceptos medioambientales de sostenibilidad y del derecho al paisaje. Quisiera decir que es una ley absolutamente respetuosa. A lo mejor, cierto
detalle en alguno de los artículos tendría que entrar en el Senado, pero, en bloque, es una ley absolutamente respetuosa con la configuración del Estado de las comunidades autónomas y con las competencias hasta del nuevo Estatut de Cataluña. No voy
a entrar en la carrera de qué grupo ha conseguido introducir más enmiendas o de quien ha acertado llevando al Ministerio de Fomento hacia sus posicionamientos. El conjunto de los grupos, en un tema que es muy complejo, hemos intentado una
negociación. Ya sé que en esta negociación todos nos hemos dejado cosas que nos hubieran gustado, pero creo que hemos hecho una ley absolutamente respetuosa con las comunidades autónomas. Yo me quedé sorprendido en el debate de esta Ley del Suelo
cuando advertí -y así lo ha dicho el señor Matos- un espíritu autonomista extraordinario. Déjeme decirle que me sorprende, porque, en la Comisión de Fomento y Vivienda, sus portavoces en todas las demás cuestiones son de un centralismo jacobino
extraordinario. Si quieren, les enumero cuestiones que están en el Estatuto de Cataluña, que son ley y que se tendrían que traspasar, y en las que sin embargo mantienen una oposición absolutamente frontal.



Quisiera, y creo que es mi obligación, decir también que en el Ministerio de Vivienda, sobre todo en don Marcos Vaquer, hemos encontrado una sensibilidad autonomista de respeto al marco jurídico de los diversos estatutos en su complejidad,
en cuanto que la ordenación del territorio es una competencia de las comunidades autónomas. También tengo la obligación de hacer referencia desde esta tribuna al ponente que trajo el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, Francesc Sutrías,
por las aportaciones y los consensos que logró en la Comisión.



Hay una cuestión que se ha introducido a última hora, que, a la vista de los escándalos urbanísticos que se han sucedido en los últimos tiempos, era una necesidad: todo el paquete de medidas a favor de la transparencia y para evitar la
corrupción. No es todo, tiene que haber mucho más, pero hay cosas que hemos introducido que son muy importantes. Que los convenios urbanísticos no puedan ser aprobados por comisión de Gobierno y tengan que ir al pleno, todo el mundo que haya
pasado por un ayuntamiento sabrá la suprema importancia que tiene. Generalmente todos los convenios urbanísticos que se firman en este país evitan el pleno. A partir de la aprobación de esta ley, este procedimiento ya no será posible. Pienso que
hemos ido a situaciones razonables y razonadas. El hecho de que un crecimiento superior al 20 por ciento no tenga que ser por la vía de la modificación puntual, sino por la de un nuevo planeamiento es también -y quiero destacarlo- de vital
importancia.



En cuanto a la vivienda protegida, el criterio es de un 30 por ciento. Hay comunidades que tienen más, de acuerdo, pero las hay que tienen menos y las hay que tienen cero. Las hay que tienen más pero, evitando que los municipios turísticos
queden excluidos, se convierte prácticamente en cero. Este criterio de un 30 por ciento es una cifra razonable. Aumentar este porcentaje en comunidades en las que no hay tanta tradición de vivienda protegida sería dificultoso, pero es un mínimo
aceptable. Que las cesiones al ayuntamiento hayan pasado de un 10 a un 15 por ciento también supone un gran avance. Respecto a los patrimonios públicos de suelo, también los ayuntamientos tendrán que hacer una nueva cultura del suelo y de la
vivienda. Lamentablemente, se ha generalizado demasiado que estos suelos públicos hayan servido estos años para la financiación de muchos ayuntamientos y es algo que tendríamos que evitar.



Estamos exhaustos ya quizás de la Ley del Suelo, pero la verdad es que es una ley en la que han trabajado mucho los grupos parlamentarios y también el ministerio. Aunque todos somos conscientes de que el problema tan grave de la vivienda no
se solucionará solo con esta ley, esperamos que cambie la tendencia, que se invierta el sentido y que se haga más accesible a la ciudadanía el derecho a la vivienda, haciendo asimismo un urbanismo respetuoso con el medio ambiente y con el paisaje.
Esta ley nos parece que aportará su grano de arena.



Muchas gracias.



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La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Andreu.



Finalizamos con la última de las fijaciones de posición del día de hoy, la del Grupo Parlamentario Socialista y, en particular, la de su portavoz, el señor Contreras.



El señor CONTRERAS PÉREZ: Gracias, señora presidenta.



Señora ministra, señorías, en primer lugar me gustaría agradecer a todos los grupos parlamentarios la disposición que han tenido para el diálogo, para el trabajo sobre el proyecto y para la búsqueda de consenso.
Evidentemente, ha sido
posible que las reuniones de trabajo se hicieran bajo la perspectiva de una dialéctica no entre blanco y negro sino en la que han tenido cabida todos los matices. Sin lugar a dudas, esto nos ha permitido avanzar hacia una situación que desde el
Grupo Socialista consideramos bastante favorable. También me gustaría agradecer desde el Grupo Socialista la disposición y el esfuerzo que en todo momento han mantenido el ministerio y, en particular, el director general de Urbanismo y Política de
Suelo, don Marcos Vaquer. Siempre que se le ha llamado por parte de los grupos o de los distintos portavoces que hemos estado trabajando en este proyecto de ley ha estado a nuestra disposición, para aportar ideas, para trabajar y para resolver
problemas.



Señorías, algunos datos pueden poner de manifiesto el trabajo que se ha desarrollado a lo largo de este tiempo en torno a la búsqueda del consenso. A este proyecto de ley se presentaron tres enmiendas de totalidad y trescientas enmiendas
parciales. Se han retirado 140 enmiendas, se han hecho 93 transacciones, quedaron para su votación en Comisión 67 enmiendas y para el Pleno solamente van a quedar 65; también agradezco la sensibilidad que el señor Labordeta tuvo para entender los
argumentos que el Grupo Socialista le dio sobre esas dos enmiendas que no pudimos aceptar. De esas 93 transacciones, es relevante también decir que el Grupo Popular votó a favor de 45. Sin embargo, no entiendo muy bien cuál es la posición del
Grupo Popular en lo que se ha venido en llamar las medidas anticorrupción; es cierto que votó la transacción a la enmienda 229, que era una enmienda percha que se utilizó, del Grupo de Convergència i Unió, y que lo que pretendía era que el Gobierno
ofreciese en un plazo de seis meses un pacto contra la corrupción. Desde el Grupo Socialista se optó, de acuerdo con la mayoría de los grupos, por poner unas medidas concretas, que todos sabemos las que son, una modificación de la Ley de Bases de
Régimen Local, unas medidas que pretenden mejorar la transparencia en cuanto a la comunicación de los instrumentos de ordenación urbanística hacia los ciudadanos y medidas de incompatibilidad, no solamente para los concejales que desarrollan su
actividad en el urbanismo sino también para los puestos directivos en los ayuntamientos. Repito que no me queda clara la postura del Grupo Popular, porque, si bien votó a favor de esta enmienda, posteriormente no pide votación separada del dictamen
para la adicional novena, que es donde están exactamente estas medidas, con lo cual vota en contra. Entonces, no sé cuál de los dos votos es el que vale, si el sí a la enmienda o el no a la disposición adicional novena.



Esto se ha hecho además -y es muy importante- manteniendo los grandes objetivos de este proyecto de ley, que eran: más suelo para vivienda protegida. En el artículo 10 había inicialmente una reserva de suelo del 25 por ciento y se pasa al
30 por ciento para vivienda protegida. Se dijo por parte de algún portavoz -y lo criticó el Grupo Popular- que le parecía insuficiente, pero el otro día el señor Rajoy, cuando presentó el programa electoral, dijo que va a haber una oferta entre el
25 y el 50 por ciento. Hay comunidades que en este momento ya tienen el 70 por ciento, luego cuando se tasa el límite superior realmente se están debilitando las actuaciones que ya tienen determinadas comunidades en esta materia, como, por ejemplo,
el País Vasco.



En otro de los artículos también se avanza respecto de la consideración que había en la Ley de 1998; cuando se habla, en el artículo 16, de cesiones, de aprovechamiento a los ayuntamientos, se establece una horquilla de entre el 5 y el 15
por ciento. Con anterioridad, la horquilla era del 0 al 10 por ciento y ahora es del 5 al 15 por ciento, libre de cargas y, en casos excepcionales, se puede llegar hasta el 20 por ciento en esas cesiones a los ayuntamientos. Se avanza en que haya
más suelo para vivienda protegida. También se avanza, señorías, en que es un mercado de suelo más transparente y más eficaz y eficiente. Por ello tiene especial importancia el título 3, dedicado a las valoraciones. Me van a permitir que les ponga
un ejemplo. Al margen de que es un hecho evidente que todos los grupos parlamentarios, excepto el Grupo Parlamentario Popular, se han dado cuenta de que la Ley de 1998 ha fracasado, porque no ha cumplido ninguno de los objetivos que se planteó, uno
de sus objetivos y uno de sus argumentos básicos fue: Cuando haya más suelo, por las leyes del mercado, los precios bajarán. Esa no ha sido la situación, porque mientras que el IPC ha estado subiendo entre el 2 y el 3 por ciento, los precios del
suelo han estado subiendo al 15 y al 17 por ciento año tras año. La Ley del Suelo no ha funcionado. Reconozcan que ha sido así. Es un hecho experimental y no se puede poner en duda. Por eso cambiamos el régimen de valoración del suelo.



Voy a poner otro ejemplo, para que vean qué es lo que hacía la Ley de 1998 y qué es lo que hace esta ley una vez que agote su proceso parlamentario.
Supongamos un patatal, un patatal tiene un valor de suelo de 6 euros el metro cuadrado,
como mucho. Por el simple hecho de que ese patatal se delimite, es decir, sea suelo sectorizado o suelo delimitado y se le dé un aprovechamiento urbanístico para una actuación urbanística que tenga una densidad de entre 50 y 60 viviendas por
hectárea, con unos costes de edificación de 50 euros el metro cuadrado y una repercusión del suelo del 33 por ciento, con un aprovechamiento del 90 por ciento -datos normales de cualquier actuación urbanística- y con un precio de


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venta de 2.000 euros por metro cuadrado, el valor del suelo, a partir de ese momento, se convierte, como mínimo, en 300 euros; pasa de 6 a 300 euros, por el hecho de trazar una raya. Eso es un disparate y eso es lo que hace la Ley del
Suelo. Porque una vez que se traza la raya, la valoración del suelo se hace por el método residual. Y eso es lo que evita esta ley. No se podrá hacer eso. Me dirán, ya lo han dicho: Es que eso solamente es para las expropiaciones; el mercado
podrá ponerle el valor que quiera. Efectivamente, pero lo que es incomprensible es que desde la legislación estatal se estén introduciendo medidas especulativas, medidas inflacionarias, del precio del suelo. Eso es lo que se hace con la Ley del
año 1998.



Señorías, se han producido avances considerables con distintos grupos, en especial con el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). El Grupo de Convergència i Unió presentó una enmienda a la totalidad y había presentado 58
enmiendas. Esta es la gran virtud del consenso, del acuerdo, del esfuerzo que hemos realizado y, como consecuencia de ese esfuerzo, se le han admitido 24 enmiendas con transacciones, ha retirado 22 enmiendas y mantiene para votación 12 enmiendas.
Ya lo ha dicho aquí el señor Jané. Solamente se mantienen discrepancias más de fondo en tres artículos: en los artículos 6, 33 y 34, sobre el patrimonio público del suelo, aunque yo tenía la esperanza de haber podido llegar a un acuerdo, porque se
han hecho grandes esfuerzos en este terreno desde el Grupo Parlamentario Socialista. En la exposición de motivos -hizo referencia a ello el señor Mardones- se hace una declaración política de cuál es la forma de interpretar ese artículo y se dice
que la aplicación de esta ley se hará con absoluto respeto a las competencias que tienen las comunidades autónomas en ordenación urbanística, en ordenación del territorio y, en especial, en los patrimonios públicos de suelo. Tenía la esperanza de
que esto, por las conversaciones que habíamos mantenido, le hubiera resultado suficiente al señor Jané. No ha podido ser así.
Trataremos de convencerle en el proceso que se abre ahora en el Senado.



Me gustaría manifestar -y con esto termino- que lo que propone una de las dos enmiendas que mantiene el BNG no solo no ha sido planteado por ningún otro grupo parlamentario, sino que es una clara invasión de competencias.
Propone que haya
un mandato del legislador estatal para que las comunidades autónomas ofrezcan más vivienda protegida a los ciudadanos.
Ese mandato no se puede hacer, según la sentencia 61/1997. Sería inconstitucional, sería contrario a esa sentencia, introducir
esa enmienda en el texto. Por eso no podemos aceptar ninguna de las dos enmiendas que han quedado vivas del BNG. Tampoco vamos a poder aceptar las de CiU. Respecto a las enmiendas del Grupo Popular, evidentemente no vamos a aceptar ninguna. Poco
ha sido el esfuerzo que ha hecho el Grupo Popular; aceptó las seis transacciones, pero no ha hecho ningún esfuerzo en ningún otro sentido.



Sí se ha hecho un avance muy considerable respecto a las medidas anticorrupción, no digo que para terminar con la corrupción, pero sí para impedir, para poner freno a la especulación, que sin lugar a dudas es una puerta abierta a la
corrupción.



Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Contreras.
Muchas gracias. (El señor Matos Mascareño pide la palabra.)


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Disculpe, señor Matos, ¿en virtud de qué artículo del Reglamento me pide la palabra?


El señor MATOS MASCAREÑO: Creo que en la forma del procedimiento de hoy había posibilidad de cinco minutos de réplica.



La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Al no intervenir de nuevo el Gobierno no hay turno de réplica alguno. Existía el turno de defensa de las enmiendas, para quienes las tenían, y el turno de fijación de posiciones.



El señor MATOS MASCAREÑO: De acuerdo. Gracias.



La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Matos.



-PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY 24/1988, DE 28 DE JULIO, DEL MERCADO DE VALORES, PARA LA MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE LAS OFERTAS PÚBLICAS DE ADQUISICIÓN Y DE LA TRANSPARENCIA DE LOS EMISORES. (Número de expediente 121/000108.)


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Continuamos con el debate del punto 48 del orden del día, referido al proyecto de ley de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, para la modificación del régimen de
las ofertas públicas de adquisición y de la transparencia de los emisores.



¿Algún diputado va a presentar el dictamen de este proyecto de ley? (Pausa.) Pasamos, señorías, a los turnos a favor de las enmiendas presentadas. Comenzaremos con el señor Puig, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Tiene usted la palabra.



El señor PUIG CORDÓN: Gracias, señora presidenta.



Nuestro grupo tiene una enmienda viva, que mantenemos. Hemos llegado a algunos acuerdos con el grupo mayoritario en una transacción y por tanto mantendremos para la votación la enmienda que nos queda pendiente.



Gracias.



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La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Puig. Muchas gracias.



La última enmienda presentada es del señor Sánchez i Llibre, en nombre de Convergència i Unió. Para defenderla, señorías, tomará la palabra el señor Sánchez i Llibre.



El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.



Señoras y señores diputados, nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió mantiene vivas en este debate cuatro enmiendas, ya que en el debate de Comisión conseguimos llegar a un acuerdo con el Grupo Parlamentario Socialista, que da
soporte al Gobierno, en una serie de enmiendas que a nosotros nos parece que complementan, perfeccionan y dan más claridad, más transparencia, a este proyecto de ley y más seguridad jurídica a los pequeños inversores. Este proyecto de ley de
reforma de la Ley del Mercado de Valores modifica el régimen de las ofertas públicas de adquisición y de la transparencia de los emisores por la trasposición de dos directivas europeas. Conseguimos incorporar nuestra enmienda número 9, que nos
parecía muy interesante y muy importante, porque sin el plazo de los próximos 24 meses, cuando entre en vigor este proyecto de ley, los accionistas o los grupos empresariales que dispusieran de entre un 30 y un 50 por ciento de participaciones
efectivas en determinados grupos empresariales, de todas aquellas adquisiciones que fueran superiores o múltiplos de un 5 por ciento, en el periodo de 12 meses tendrían que verse obligados a plantear una opa por el cien por cien, y todos aquellos
grupos empresariales que, teniendo un 48 o un 49 por ciento, puedan sobrepasar el 50 por ciento también tendrían que plantear una adquisición por el cien por cien de las acciones. Nosotros entendíamos que con estas dos aportaciones que hemos
consensuado con el Grupo Parlamentario Socialista hemos conseguido dar más seguridad, más solvencia y más transparencia a los accionistas, básicamente a los pequeños accionistas.



Queda viva para esta votación la enmienda número 10, que pretende dar más seguridad a los pequeños accionistas. Se trata de una nueva disposición transitoria, con la que perseguimos extender el régimen de las compraventas forzosas a
aquellos titulares de valores que representen al menos el 90 por ciento de los derechos de voto de una sociedad cotizada, como resultado de una oferta pública de adquisición autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, antes de la
entrada en vigor de esta reforma, y no solo a aquellos accionistas que alcancen este porcentaje a resultas de una opa formulada con posterioridad a su entrada en vigor. La aprobación de esta enmienda traería consigo el carácter recíproco de los
citados derechos de compraventa forzosa, ya que beneficiaría a ambas partes y otorgaría al mercado mayor flexibilidad y liquidez. En Francia se acaba de aprobar una legislación que va en el mismo sentido que está planteando Convergència i Unió, es
decir, que en un momento dado determinados grupos muy minoritarios, del 10, el 5 o el 2 por ciento, puedan verse beneficiados de un precio más asequible y más justo.



Señorías, hoy estamos hablando de la trasposición de una legislación que hace referencia a las opas y a la vigilancia de las sociedades controladas en el mercado financiero español, pero no queremos dejar pasar este momento sin expresar
desde Convergència i Unió nuestra máxima preocupación por las lamentables declaraciones que hizo el ministro Clos el pasado martes en una emisora de radio, adelantándose a una operación bursátil que se realizó por la tarde sobre una compañía que
todos conocemos perfectamente y sobre la que hemos planteado en esta Cámara multitud de opiniones, la compañía eléctrica Endesa. ¿Por qué estamos preocupados? Porque consideramos que estas declaraciones de un miembro del Gobierno antes de que se
produzca una operación bursátil -la entrada de una compañía italiana en Endesa- demuestran poca independencia. Las consideramos muy poco responsables, poco serias, poco solventes y, diría más, impropias de un Gobierno español, tanto si es del
Partido Socialista como si es del Partido Popular. Unas declaraciones de este calibre antes de que se produzca una operación de ámbito privado demuestran un total desprecio a los accionistas, básicamente a los pequeños accionistas. ¿Por qué
decimos esto? En primer lugar, porque unas declaraciones de este tipo, señorías, ponen en peligro la credibilidad de la economía española ante los estamentos europeos e internacionales. Unas manifestaciones del señor Clos de este calibre ponen en
cuestión la solvencia de las instituciones financieras y de los órganos reguladores en España. Les invito, señorías, a que lean las opiniones de los analistas financieros que aparecen hoy en la prensa amarilla del mercado internacional. Lean
atentamente cuáles son las conclusiones del Financial Times respecto a estas declaraciones y a la intromisión por parte del Ejecutivo en una operación bursátil de ámbito privado. Sinceramente, unas declaraciones como las que hizo el señor Clos el
martes por la mañana ponen en ridículo a nuestras instituciones y también han puesto en ridículo al Gobierno español. También pensamos que una institución como la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha hecho un papelón tremendo y ha hecho el
ridículo, porque ustedes saben perfectamente que la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ante las declaraciones hechas con anterioridad por el ministro Clos, pidió en el día de ayer a la empresa italiana Enel que le dijese si había un pacto
consolidado con alguna institución pública española. Ya me dirán ustedes qué necesidad tenía el señor Clos de poner en evidencia en este caso a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Por tanto, repito, en nuestro grupo parlamentario existe
la máxima preocupación porque entendemos que estas declaraciones ponen en entredicho la credibilidad de la economía española en Europa y en el mercado internacional y las consideramos desafortunadas, poco serias, poco solventes y totalmente
irresponsables. Incluso diría más. ¿Qué es lo que se


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pretende, en el caso de que el Gobierno hubiera intervenido en esta operación? ¿Adónde queremos llegar? Señorías, desde Convergència i Unió siempre hemos mantenido que Endesa no tenía que deslocalizarse porque era un sector estratégico que
tenía que estar en España a través de un grupo potente español. Después pasamos a la situación de que tenían que ser antes alemanes que catalanes -que era una postura que defendían algunos miembros del Partido Popular- y finalmente fueron los
alemanes, pero ahora nos encontramos con que Endesa puede llegar a ser propiedad del Estado italiano. ¿Cómo es posible esto? Ustedes saben que en Enel participa un 30 por ciento el Estado italiano y ahora se podría dar la paradoja de que no sean
catalanes, ni sean españoles, ni sean alemanes, sino que finalmente sea el Estado italiano el propietario de la compañía Endesa, que es la que genera -no debemos olvidarlo, señorías- el 50 por ciento de los recursos energéticos en España y nuestra
economía depende fundamentalmente de esta empresa.



Hoy estamos planteando y debatiendo un tema relacionado con las opas, pero también venía a colación que desde Convergència i Unió hiciésemos esta reflexión que consideramos importante. Además, existe una cuestión de respeto a los pequeños
accionistas porque ahora ¿qué es lo que puede pasar? Que si no prospera la operación de E.ON y finalmente es Enel la que llega a participar mayoritariamente puede haber un desplome importante de las acciones en Bolsa y otra vez serán los pequeños
accionistas los perjudicados por esta operación. Por tanto, cabría pensar que la legislación española tendría que prever que cuando hay una opa en marcha sobre el cien por cien de las acciones, si existiera otra operación como la que hoy estamos
planteando, también tendría que verse obligada a comprar el cien por cien.



Muchas gracias, señora presidenta.



La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.



¿Grupos parlamentarios que deseen fijar posición? (Pausa.) Grupo Popular.
Comenzamos con el señor Martínez-Pujalte. Adelante, por favor.



El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.



Señorías, el debate de este proyecto de ley no puede ser más oportuno o más inoportuno, depende de cómo se mire.



Hace unas semanas mi grupo presentó una enmienda de totalidad a este proyecto de ley, fundamentalmente por tres razones: discrecionalidad, supresión de la doble condición para la obligatoriedad de lanzar una opa y por la modificación
sustantiva de la obligación de lanzar una opa previamente y no posteriormente sin especificar con claridad el precio equitativo.



Señorías, las opas son operaciones económicas según las cuales cuando alguien quiere comprar una empresa debe lanzar una oferta que sea buena para el cien por cien de los accionistas, y no una oferta solo buena para una parte de los
accionistas y que otros no se beneficien del precio superior que exige la toma de control. Por este motivo hoy trasponemos una directiva comunitaria a nuestra legislación. El Grupo Parlamentario Socialista ha hecho un esfuerzo enorme para llegar a
un acuerdo con el Grupo Popular y con otros grupos de la Cámara y se ha elaborado un buen texto. Yo agradezco al Grupo Socialista y más concretamente al señor Cuevas el esfuerzo que ha hecho para llegar a un acuerdo. Después de la enmienda de
totalidad hemos celebrado reuniones, hemos llegado a acuerdos y hoy mi grupo va a votar favorablemente este texto. Además, como bien sabe el Grupo Socialista, hemos cumplido lo que pactamos. Después de las reuniones se produjeron unas enmiendas
transaccionales y mi grupo retiró todas las suyas. En algunos aspectos mi grupo convenció al Grupo Socialista y en otros el Grupo Socialista convenció al Grupo Popular, como es propio de toda negociación. Por tanto, nos encontramos ante una ley
buena, que mi grupo va a votar favorablemente. Y dicho esto, señorías, qué bueno sería que el Gobierno hiciera cumplir las leyes y él mismo las cumpliera. Se podría decir: tenemos una legislación; qué bueno que el Gobierno cumpla la legislación.
Pero hoy hemos visto con sorpresa que el Gobierno no cumple la legislación vigente en materia de opas, justamente cuando el Congreso está debatiendo la legislación relativa a esta materia. Hagamos leyes buenas y, si el Gobierno las cumple, sería
algo tremendamente positivo.



El señor Sánchez i Llibre se ha referido a la opa de Gas Natural sobre Endesa, que fue el origen de algo que hoy llena las páginas de los diarios económicos. El señor Montilla conocía previamente que Gas Natural iba a lanzar una opa sobre
Endesa -nunca se atrevió a negar que lo conocía-, ahora bien, al señor Montilla -quizá más astuto, quizá más inteligente- no se lo ocurrió anunciarlo en la SER por la mañana antes de que ocurriera. Lo sabía, lo autorizó, e incluso diría que lo
impulsó.
Luego supimos que había una condonación de un crédito por medio, que en el Pacto del Tinell ya estaba llevar alguna empresa energética a Cataluña, etcétera. Primera ilegalidad del señor Montilla: lo sabía.
Posteriormente, el Tribunal de
Defensa de la Competencia dijo que no se debía autorizar esa opa, pero el Gobierno la autorizó sin fundamentarla debidamente. Podría no haberla autorizado, pero, al autorizarla, debía haberlo fundamentado. Por eso se presentó un recurso ante el
Supremo y se paralizó la opa. Segunda ilegalidad del Gobierno. De este modo se abrió la veda, y cuando se abre la veda vienen los cazadores; y vino alguien más importante que Gas Natural e hizo una oferta al cien por cien de los accionistas a un
precio determinado, y esa oferta está en el mercado. Nos puede parecer mejor o peor, pero el señor Solbes dijo: Ahora, que sea el mercado el que decida. Y todos nos callamos. Pero va el señor Clos y se reúne, cuatro días antes de la cumbre
italoespañola, con la empresa y el señor Taguas -que


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es el sustituto del señor Sebastián-, en Moncloa, con Enel. Se reúne un accionista -el señor Clos y el señor Taguas son accionistas porque el Gobierno tiene el 2,9 de Endesa- con otro accionista, que es Enel, que ya tiene el 17, señorías
-por si alguien no lo sabe, los teletipos esta mañana anuncian que ya tiene el 17-, es decir, se reúnen dos accionistas, y eso es una ilegalidad. Por eso al señor Clos se le va la boca y lo anuncia y el señor Blanco, para defender al señor Clos,
dice: No se preocupen, es que el señor Clos no tiene ni idea, es que es profeta o hijo de profeta; tiene unas intuiciones magníficas. Y por la tarde Enel dice: Es un mentiroso el señor Clos y es un mentiroso el señor Blanco. Lo sabía porque nos
reunimos el 16 de agosto. A los dos los deja como mentirosos y como promotores de una ilegalidad, de una corrupción, porque el señor Clos llega a decir que se está fraguando un pacto; habla de pacto. La antigua ley lo prohibía y la nueva dice que
son obligatorias las opas cuando hay pactos parasociales con otros titulares, lo que se produjo. Señorías, esto es una ilegalidad y mi grupo va a ejercer todas las acciones parlamentarias y jurídicas necesarias para denunciar una corrupción del
Gobierno que se ha puesto de manifiesto en las declaraciones de Clos, aunque luego el señor Blanco le quiera disculpar, con poca fortuna porque por la tarde le dejan por mentiroso. ¿Para qué, señorías? ¿Para que una empresa pública italiana, como
ha dicho el señor Sánchez i Llibre, venga a quedarse con una empresa española? Yo entendía el para qué del impulso de la opa de Gas Natural sobre Endesa por parte de Montilla; él sabía que iba a ser candidato a Cataluña y quería ir a Cataluña
diciendo: Ciudadanos, yo estoy trayendo una empresa a Cataluña.
Y si encima te condonan un crédito por la izquierda y se cumple el pacto del Tinell por la derecha, lo entendía. Ahora, que el Gobierno español traiga de la mano de una manera
ilegal, corrupta, a una empresa pública italiana para quedarse con la principal eléctrica de este país...
Señorías, el Grupo Socialista ha perdido el juicio. ¿Qué sentido tiene privatizar empresas para dárselas a una empresa pública italiana?
¿Queremos que el boletín oficial italiano controle los precios de la energía en España? Señorías, ¿nos hemos vuelto locos? ¿Quién está protegiendo a los consumidores y a los pequeños accionistas? Sobre todo cuando es una empresa italiana que ya
tiene uno de los operadores principales del sector eléctrico español, Viesgo, que participa en una empresa a medias con Fenosa, y ahora, teniendo limitados los derechos políticos porque es una empresa pública y porque está en otra empresa eléctrica,
le abrimos las puertas para que compre Endesa. ¿Para qué? Señorías del Grupo Socialista, cuándo sabíamos el para qué de Gas Natural sobre Endesa era mejor, había más transparencia; cuando no se sabe para qué, es peor. Ahora podemos estar
abiertos a cualquier cosa. Hemos convertido Moncloa, primero con Sebastián -creíamos que cuando se había ido a la alcaldía se había acabado- y ahora con Taguas y con Clos, en una bodeguilla para hacer negocios privados, en contra de los
consumidores y de los accionistas.



Señorías, en un mercado con una ley de opas que aprobamos hoy, el que quiera una empresa, que haga una oferta al cien por cien de los accionistas. Pero que fuera de mercado alguien, con apoyo del Gobierno, se quiera quedar con una empresa
es un error, y si además esa empresa es una empresa pública italiana es otro error. Señorías, aprobemos leyes, mi grupo dará el voto afirmativo, pero, por favor, que el Gobierno las cumpla porque eso sería muy positivo para los ciudadanos.
Anteponer los intereses personales o de partido a los intereses de los consumidores y de las familias, aparte de ser un error, es el camino de la corrupción que España ya vivió en otras épocas.



Gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Pujalte.



Señorías, finalizamos con la última fijación de posición sobre este proyecto de ley, que corre a cargo del Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra don Antonio Cuevas.



El señor CUEVAS DELGADO: Gracias, señora presidenta.



Señorías, yo pensaba que estábamos en el trámite de las enmiendas de la ley que traemos a colación, pero veo que no era ese el trámite, el trámite era otro. Me voy a ceñir a la primera parte y luego, lógicamente, tendremos que decir algo
sobre las dos cuestiones a las que aquí se ha aludido y que yo creo que no tienen nada que ver con esto, aunque aparezca una palabra parecida, que es la palabra opa.



Nosotros, con los argumentos que reiteradamente hemos expuesto a Esquerra Republicana, hemos intentado explicarles que no es una cuestión caprichosa sino que, desde nuestro punto de vista, no es posible atender su enmienda; si la mantenían
era para sostener su posición, pero está clarísimo que lo que nosotros mantenemos en relación con la compraventa forzosa incluida en el proyecto es mucho más beneficiosa y protege mejor a los pequeños accionistas, y lamento que no lo vean de esta
forma. La cuestión fundamental es que lo que ellos proponen no es posible hacerlo porque la directiva tan solo permite el cambio del 90 por ciento en el apartado b), no en el apartado a), por tanto, atendiendo a dos condiciones que están incluidas,
nos parece que es mejor para los accionistas pequeños la consideración que hemos mantenido en el proyecto y no vamos a aceptar su enmienda.



En cuanto a las enmiendas números 4, 5 y 8 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), no entendemos por qué se mantienen vivas ya que, desde nuestro punto de vista, con las aceptación de las transaccionales en el trámite en
Comisión parece innecesario su mantenimiento, por tanto, vamos a rechazarlas. La enmienda número 10 propone extender la


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figura de aquellas sociedades que hubieran sido objeto de una opa por el cien por cien de su capital con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley creando una nueva disposición transitoria. Nosotros no compartíamos ese objetivo
porque no eran equiparables las opas totales de la directiva y las vigentes en la actualidad. Yo, personalmente, he intentando explicárselo muchas veces al señor Sánchez i Llibre y pensaba que lo había entendido pero, como sigue manteniendo la
enmienda, veo que no es así; y en segundo lugar, no tiene sentido introducir la compraventa forzosa para sociedades que hayan dejado de cotizar porque la normativa en vigor cuenta ya con los medios necesarios para garantizar la protección de los
accionistas minoritarios para abandonar la sociedad a un precio justo cuando una sociedad solicita la exclusión de negociación.
No sé si se mantienen esas enmiendas por que no se ha entendido bien el sentido de esta ley. Además, el señor Sánchez i
Llibre se ha referido aquí a unas declaraciones del señor Clos en relación con la opa de Endesa, argumentando una serie de cuestiones que de nuevo introducen la confusión y reafirman mi opinión de que no acaba de entender qué es lo que estamos
haciendo ni el contenido de la ley anterior. El señor Sánchez i Llibre ha dicho que le había parecido mal que el señor ministro conociera una determinada operación, unido a otras historias que no he entendido muy bien; francamente, no lo he
entendido bien. He entendido mejor al señor Martínez-Pujalte, pero le he entendido en un sentido -me va a permitir esta palabra- políticamente cínico porque ha utilizado un argumento para reflejar una situación que yo creo que no existe y que
deduce de unas declaraciones en una emisora de radio -que yo he escuchado e imagino que muchos ciudadanos también- en las que se dice que hasta que no esté terminado el proceso de opa caben otras soluciones e incluso una solución nacional o más
ligada a los intereses nacionales. Yo creo que eso no es ya un deseo o una intuición sino algo esperable, porque la posición de E.ON tenía y tiene -como usted sabe- una debilidad de entrada; debilidad que es consecuencia de cómo ustedes
privatizaron Endesa. Porque Endesa tiene una limitación de derechos políticos al 10 por ciento para que durante todos estos años ustedes hayan dirigido Endesa y no haya habido ninguna posibilidad de que un accionista con el 12 por ciento hubiera
podido decir: los gestores de Endesa no me interesan y pongo otros gestores porque tengo mayoría. No. Ustedes lo han hecho posible con el 10 por ciento de Caja Madrid y con la privatización de Endesa -que permitieron e hicieron cuando el Gobierno
era accionista mayoritario-. En ese momento, antes de la privatización, el Gobierno limitó -en esa asamblea general en la que el Gobierno era accionista mayoritario- al 10 por ciento las pocas posibilidades del accionista mayoritario; luego hacen
la venta y la distribución con el núcleo duro de Caja Madrid y los fondos que compran en el mercado de Endesa y, desde entonces, hay una persona ligada en el consejo de administración de Endesa al Partido Popular. Quizá sea eso lo que a usted le
preocupe. Pero en algún momento algún accionista puede cambiar esa situación, un accionista que ni esté ligado al Gobierno ni al Partido Socialista ni a nada; son accionistas que están en el mercado. Ustedes estaban muy contentos de que esta opa
no tuviera una solución catalana, aunque no creo que fuese catalana porque Gas Natural es una empresa española que opera en el territorio nacional aunque tenga su sede en Cataluña, como tampoco se puede decir que Caja Madrid es una caja solamente de
Madrid porque opera en otros sitios. Lo que quiero decirle con esta argumentación es que el consejo de administración de Endesa, este presidente y el anterior -todos-, eran puestos por el Gobierno del Partido Popular y ligados al Grupo Popular.
Quizá sea eso lo que a usted le preocupe tanto y por lo que esta operación ha venido hoy aquí a este debate, que no tenía que haber venido. Es una operación en la que se mueve muchísimo dinero y se juega muchísimo dinero. Hay una empresa alemana
que no es que venga aquí, sino que yo creo que alguien fue allí, y ustedes preferían la opción alemana a la, según ustedes, opción catalana. Explíquenlo en relación con eso del control porque, si lo miramos desde el punto de vista energético,
cualquier ciudadano en España puede plantear que esa opción no es buena, pero no porque sea alemana, sino por el control energético que eso supone en relación con la distribución de la energía en Europa. Por tanto, no tiene nada que ver. Y el
señor ministro de Industria expresó esto en una emisora de radio como lo podría haber expresado cualquier ciudadano de este país que supiera de qué va este tema, como usted también lo sabe, por eso le decía que era políticamente muy cínico, porque
aquí ha planteado una cosa muy distinta, obviando dónde nace eso. Quizá el quid de la cuestión, señor Martínez-Pujalte, es que los intermediarios -de Endesa o de quien fuera- que fueron a buscar a los alemanes para que compraran Endesa no les
explicaron las dificultades que tenía levantar esa limitación del 10 por ciento. Quizá no se lo explicaron debidamente. Debían haberles explicado que en eso fueron ustedes un gobierno muy eficaz cuando privatizaron, con bastantes irregularidades,
y por eso fueron eficaces, porque esas operaciones de privatización no vinieron a esta Cámara y no se produjo que el tribunal de la Administración General del Estado, el Tribunal de Cuentas, nos diera puntualmente cuentas de cada una de esas
operaciones de privatización. Lo cierto es que ustedes han tenido al señor Pizarro -que tiene muchísima connivencia con el Grupo Parlamentario Popular y que domina una gran empresa eléctrica española, con lo que eso supone-, y miren la cantidad de
cosas que han aparecido en los medios de comunicación de grandes contratos de comunicación y de muchas cosas más.
Usted ahora viene aquí enfadado y hace una montaña de un grano de arena aprovechándose de un desliz del señor Sánchez i Llibre, que
seguramente no ha tenido la intención de hacerlo (Rumores.), porque el señor Sánchez i Libre estaba hablando en clave de política catalana y usted está en otra clave muy distinta. (El señor López-Amor García: No, no.)


En cuanto a las enmiendas números 4, 5 y 8 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), no entendemos por qué se mantienen vivas ya que, desde nuestro punto de vista, con las aceptación de las transaccionales en el trámite en
Comisión parece innecesario su mantenimiento, por tanto, vamos a rechazarlas. La enmienda número 10 propone extender la figura de aquellas sociedades que hubieran sido objeto de una opa por el cien por cien de su capital con anterioridad a la
entrada en vigor de la presente ley creando una nueva disposición transitoria. Nosotros no compartíamos ese objetivo porque no eran equiparables las opas totales de la directiva y las vigentes en la actualidad. Yo, personalmente, he intentando
explicárselo muchas veces al señor Sánchez i Llibre y pensaba que lo había entendido pero, como sigue manteniendo la enmienda, veo que no es así; y en segundo lugar, no tiene sentido introducir la compraventa forzosa para sociedades que hayan
dejado de cotizar porque la normativa en vigor cuenta ya con los medios necesarios para garantizar la protección de los accionistas minoritarios para abandonar la sociedad a un precio justo cuando una sociedad solicita la exclusión de negociación.

No sé si se mantienen esas enmiendas por que no se ha entendido bien el sentido de esta ley. Además, el señor Sánchez i Llibre se ha referido aquí a unas declaraciones del señor Clos en relación con la opa de Endesa, argumentando una serie de
cuestiones que de nuevo introducen la confusión y reafirman mi opinión de que no acaba de entender qué es lo que estamos haciendo ni el contenido de la ley anterior. El señor Sánchez i Llibre ha dicho que le había parecido mal que el señor ministro
conociera una determinada operación, unido a otras historias que no he entendido muy bien; francamente, no lo he entendido bien. He entendido mejor al señor Martínez-Pujalte, pero le he entendido en un sentido -me va a permitir esta palabra-
políticamente cínico porque ha utilizado un argumento para reflejar una situación que yo creo que no existe y que deduce de unas declaraciones en una emisora de radio -que yo he escuchado e imagino que muchos ciudadanos también- en las que se dice
que hasta que no esté terminado el proceso de opa caben otras soluciones e incluso una solución nacional o más ligada a los intereses nacionales. Yo creo que eso no es ya un deseo o una intuición sino algo esperable, porque la posición de E.ON
tenía y tiene -como usted sabe- una debilidad de entrada; debilidad que es consecuencia de cómo ustedes privatizaron Endesa. Porque Endesa tiene una limitación de derechos políticos al 10 por ciento para que durante todos estos años ustedes hayan
dirigido Endesa y no haya habido ninguna posibilidad de que un accionista con el 12 por ciento hubiera podido decir: los gestores de Endesa no me interesan y pongo otros gestores porque tengo mayoría. No. Ustedes lo han hecho posible con el 10
por ciento de Caja Madrid y con la privatización de Endesa -que permitieron e hicieron cuando el Gobierno era accionista mayoritario-. En ese momento, antes de la privatización, el Gobierno limitó -en esa asamblea general en la que el Gobierno era
accionista mayoritario- al 10 por ciento las pocas posibilidades del accionista mayoritario; luego hacen la venta y la distribución con el núcleo duro de Caja Madrid y los fondos que compran en el mercado de Endesa y, desde entonces, hay una
persona ligada en el consejo de administración de Endesa al Partido Popular. Quizá sea eso lo que a usted le preocupe. Pero en algún momento algún accionista puede cambiar esa situación, un accionista que ni esté ligado al Gobierno ni al Partido
Socialista ni a nada; son accionistas que están en el mercado. Ustedes estaban muy contentos de que esta opa no tuviera una solución catalana, aunque no creo que fuese catalana porque Gas Natural es una empresa española que opera en el territorio
nacional aunque tenga su sede en Cataluña, como tampoco se puede decir que Caja Madrid es una caja solamente de Madrid porque opera en otros sitios. Lo que quiero decirle con esta argumentación es que el consejo de administración de Endesa, este
presidente y el anterior -todos-, eran puestos por el Gobierno del Partido Popular y ligados al Grupo Popular. Quizá sea eso lo que a usted le preocupe tanto y por lo que esta operación ha venido hoy aquí a este debate, que no tenía que haber
venido. Es una operación en la que se mueve muchísimo dinero y se juega muchísimo dinero. Hay una empresa alemana que no es que venga aquí, sino que yo creo que alguien fue allí, y ustedes preferían la opción alemana a la, según ustedes, opción
catalana. Explíquenlo en relación con eso del control porque, si lo miramos desde el punto de vista energético, cualquier ciudadano en España puede plantear que esa opción no es buena, pero no porque sea alemana, sino por el control energético que
eso supone en relación con la distribución de la energía en Europa. Por tanto, no tiene nada que ver. Y el señor ministro de Industria expresó esto en una emisora de radio como lo podría haber expresado cualquier ciudadano de este país que supiera
de qué va este tema, como usted también lo sabe, por eso le decía que era políticamente muy cínico, porque aquí ha planteado una cosa muy distinta, obviando dónde nace eso. Quizá el quid de la cuestión, señor Martínez-Pujalte, es que los
intermediarios -de Endesa o de quien fuera- que fueron a buscar a los alemanes para que compraran Endesa no les explicaron las dificultades que tenía levantar esa limitación del 10 por ciento. Quizá no se lo explicaron debidamente. Debían haberles
explicado que en eso fueron ustedes un gobierno muy eficaz cuando privatizaron, con bastantes irregularidades, y por eso fueron eficaces, porque esas operaciones de privatización no vinieron a esta Cámara y no se produjo que el tribunal de la
Administración General del Estado, el Tribunal de Cuentas, nos diera puntualmente cuentas de cada una de esas operaciones de privatización. Lo cierto es que ustedes han tenido al señor Pizarro -que tiene muchísima connivencia con el Grupo
Parlamentario Popular y que domina una gran empresa eléctrica española, con lo que eso supone-, y miren la cantidad de cosas que han aparecido en los medios de comunicación de grandes contratos de comunicación y de muchas cosas más.
Usted ahora
viene aquí enfadado y hace una montaña de un grano de arena aprovechándose de un desliz del señor Sánchez i Llibre, que seguramente no ha tenido la intención de hacerlo (Rumores.), porque el señor Sánchez i Libre estaba hablando en clave de política
catalana y usted está en otra clave muy distinta. (El señor López-Amor García: No, no.)


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política catalana y usted está en otra clave muy distinta. (El señor López-Amor García: No, no.)


Por eso, señores del Partido Popular, les agradecemos mucho que en este proyecto de ley, que tiene relación con la trasposición de una directiva, hayan sido muy razonables. Nosotros, como usted mismo ha reconocido, también lo hemos sido,
hemos trabajado muchísimo y estamos dispuestos a seguir haciéndolo en esa línea, pero, por favor, dejen de inventar esas historias y de hacer una montaña donde no hay absolutamente nada. En la operación de Endesa este Gobierno no tiene nada que ver
desde el principio, otra cosa es que se opine mejor o peor respecto a algo que afecta a la energía y al suministro energético de este país.
Sinceramente, señor Martínez-Pujalte, me parece que usted debería hablar también de eso, de cómo se
defienden mejor los intereses de los ciudadanos españoles y el suministro energético de este país sin depender de otras opciones y, desde luego, no anteponer a los intereses de los ciudadanos españoles que gestores muy conocidos, muy amigos o muy
afines sigan en una sociedad. Eso es muy importante, señor Martínez-Pujalte.
Hablan de corrupción -usted ha pronunciado aquí dos veces esa palabra- y no deberían hablar mucho de eso. Si ven alguna irregularidad, vayan a los tribunales. Por lo
demás, en todo lo concerniente a este tema agradecemos a todos los grupos su colaboración en este proyecto de ley.



Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Cuevas.



DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.



-PROYECTO DE LEY PARA EL ACCESO ELECTRÓNICO DE LOS CIUDADANOS A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. (Número de expediente 121/000116.)


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Señorías, continuamos con el último punto del orden del día de hoy, punto XI, referido a los debates de totalidad de iniciativas legislativas y, en particular, el proyecto de ley para el acceso
electrónico de los ciudadanos a las administraciones públicas.



Comenzaremos, señorías, con la presentación de este proyecto por parte del señor ministro de Administraciones Públicas.



El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Sevilla Segura): Muchas gracias, señora presidenta.



Señorías, estoy convencido de que todos compartimos los objetivos de este proyecto de Ley para el acceso electrónico de los ciudadanos a las administraciones públicas que hoy debatimos, objetivos que son ayudar a que la actuación de estas se
oriente aún más hacia el servicio de las necesidades e intereses de los ciudadanos, a facilitarles la vida, a que se reconozca el derecho a relacionarse con las administraciones públicas usando procedimientos telemáticos. Hoy en día, gracias a la
tecnología, es posible acercar la Administración hasta el hogar de los ciudadanos o hasta las oficinas y los despachos de las empresas y de los profesionales sin desplazamientos ni pérdidas de tiempo. Hoy es posible romper las barreras para
facilitar el acceso a los servicios públicos a muchas personas que tienen dificultades para llegar a las oficinas públicas, sea por motivos de localización geográfica, por sus condiciones físicas de movilidad o por cualquier otro factor limitante.
Hoy es posible mantener nuestras oficinas abiertas durante 24 horas al día, siete días a la semana. Hoy es posible, en suma, disponer de una Administración sin colas ni esperas. Significa también que podemos ampliar la capacidad de elección de los
ciudadanos, eligiendo estos cómo y a través de qué canal se relacionan con la Administración. Todo ello es hoy posible gracias al sustancial avance que se ha producido en el desarrollo y la utilización masiva de las nuevas tecnologías, que están
cambiando de manera decisiva y en todos los sentidos nuestras vidas.



Señorías, debemos reconocer que también las administraciones públicas han sabido ir adaptándose a los cambios tecnológicos, desarrollando servicios electrónicos avanzados para ciudadanos y empresas. En el ámbito específico de la
Administración General del Estado disponemos ya de algunos servicios que han alcanzado niveles muy relevantes en cuanto a su calidad en la prestación telemática de los servicios, como son la Agencia Tributaria, la Seguridad Social o el catastro,
entre otros. Hemos puesto en marcha la Red de comunicaciones interadministrativas denominada SARA, que favorece el intercambio de soluciones y recursos compartidos entre administraciones; estamos implantando el DNI electrónico, que ofrece validez
general para cualquier relación administrativa que precise acreditar mediante firma electrónica la identidad del interesado; se ha eliminado por fin la obligación de aportar fotocopias de documentos de identidad o de certificados de empadronamiento
en los procedimientos administrativos y hemos creado la Red de cooperación interadministrativa, la llamada Red 060, que permite a los ciudadanos presentar electrónicamente sus escritos y solicitudes a cualquier Administración desde cualquier punto
de acceso administrativo, sean oficinas presenciales, teléfono o Internet. De esta forma hemos conseguido que en el momento actual existan más de 300 servicios disponibles en línea solo de la Administración General del Estado y que la mayoría de
las comunidades autónomas dispongan también de un buen número de servicios públicos puestos en la red. No obstante, también es preciso reconocer que este desarrollo es muy desigual; desigual entre administraciones, desigual dentro de las mismas
administraciones e incluso desigual dentro de los propios departamentos administrativos.



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Señorías, ya en el año 1992 los legisladores fueron conscientes de la importancia que las nuevas tecnologías podían tener para la prestación de los servicios públicos, y así en el artículo 45 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las
administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, se recogió el impulso al empleo y aplicación de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos por parte de la Administración al objeto de desarrollar su actividad y
el ejercicio de sus competencias y de permitir a los ciudadanos relacionarse con las administraciones, si bien se precisaba entonces que el cumplimiento de estos fines se realizaría cuando fuese compatible con los medios técnicos de que dispongan.
El mantenimiento hasta ahora de esta salvedad, que resultaba comprensible en el año 1992, ha contribuido decisivamente al mencionado desarrollo desigual entre los diversos servicios públicos, lo cual ha provocado por otra parte el riesgo de que el
procedimiento administrativo común sea paradójicamente cada vez menos común.
Transcurridos estos 15 años y después de haber comprobado cómo el uso de las tecnologías de la información pueden mejorar sustancialmente el servicio público a los
ciudadanos, creemos que ha llegado la hora de que se garantice a estos que podrán recibir el mejor servicio público posible hoy, de manera que adoptemos un procedimiento administrativo común acorde con la realidad, las necesidades y las
posibilidades actuales. Este es el primero de los rasgos fundamentales del proyecto de ley que quiero destacar. Ya no se trata de impulsar, como en el año 1992, los servicios electrónicos, sino de garantizar el derecho de los ciudadanos a tener
una relación electrónica con las administraciones públicas, de la misma manera que en 1992 se les garantizó la existencia de una red de registros o de unos sistemas de notificaciones entonces modernos y completos.



En segundo lugar, además del reconocimiento de este derecho de los ciudadanos a la relación electrónica con las administraciones, la ley resuelve una cuestión crucial para que este derecho se pueda ejercer. Me refiero a la necesaria
interoperabilidad de las soluciones tecnológicas y las actuaciones en materia electrónica de todas las administraciones públicas. No se les escapará que si pretendemos lograr un desarrollo general de los servicios electrónicos en España resulta
imprescindible garantizar que los documentos generados en una Administración puedan ser utilizados en cualquier otra, y que los requisitos mínimos exigidos por cualquier Administración sean considerados como suficientes para todas las demás. En
caso contrario, nos podríamos encontrar en una situación en la que, pese al elevado nivel de desarrollo tecnológico de cada una de las administraciones, fuera imposible el intercambio de información entre ellas, de forma que los ciudadanos deberían
transformar en papel la documentación electrónica debido a que los documentos generados en una Administración no podrían ser entendidos, trabajados y por tanto validados por otras administraciones.



En tercer lugar, este proyecto de ley pretende facilitar el uso de las mejores prácticas entre las administraciones. Para ello dota de validez jurídica a un buen número de prácticas que han demostrado su capacidad para impulsar el
desarrollo de la Administración electrónica, eliminando de esta manera cualquier duda que pueda existir sobre su legalidad. El proyecto regula así cuestiones referidas al régimen jurídico, que son imprescindibles, como las formas de identificación,
los registros administrativos electrónicos, las comunicaciones y notificaciones electrónicas o los requisitos que deben reunir los documentos electrónicos, de tal forma que se especifican únicamente las características generales que deben tener los
instrumentos utilizados, lo que no hace más que trasladar lo que actualmente existe en la Ley 30/1992, dejando en todo caso en manos de cada Administración las condiciones y garantías que deseen atribuir a estos instrumentos. En otros casos, como
los relativos a la identificación y autentificación, lo que se hace es habilitar nuevos sistemas, además de los que ya existen en la ley, de firma electrónica para su uso en las administraciones públicas, siempre que estas deseen utilizarlo.
También establece las reglas necesarias respecto al procedimiento desarrollado por vía electrónica, aportando los criterios que den seguridad jurídica a las relaciones de los interesados con las administraciones, y se incide precisamente en la
importancia de la cooperación entre administraciones para el impulso a la Administración electrónica en la medida en la que estas participen o se adscriban a los órganos de cooperación e instrumentos previstos.



Señorías, la relevancia evidente de este proyecto de ley hacía necesario contar con un alto grado de consenso desde el mismo momento en que se inició su elaboración. Por ello hemos procurado que su proceso de elaboración tuviese la máxima
participación, tanto de los ciudadanos, a través del portal 060, como de los agentes sociales y del propio sector empresarial a través del Consejo asesor para la Administración electrónica. También se ha contado con la opinión de los distintos
departamentos ministeriales, de las comunidades autónomas y de los entes locales. Todos ellos han participado en su elaboración desde el comienzo, todos ellos han hecho aportaciones que han sido convenientemente recogidas y todos ellos deberán
participar en el desarrollo futuro de esta ley. La consecuencia de todo este procedimiento ha sido un proyecto de ley que afecta a todas las administraciones públicas pero que es escrupulosamente respetuoso con las competencias de cada una de
ellas, ya que, si bien establece exhaustivamente las obligaciones de la Administración General del Estado y la forma como esta debe cumplirlas, para las comunidades autónomas y las entidades locales se limita a establecer aquellas obligaciones
relacionadas con los derechos de los ciudadanos y los aspectos relativos a la interoperabilidad, dejando en manos de la capacidad de autoorganización de estas administraciones la adopción de soluciones específicas. Para ello establece unos
preceptos


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que tienen carácter básico, de acuerdo con el artículo 149.1.18 de la Constitución española, y otros que solo son obligatorios para la Administración General del Estado. Por consiguiente, el proyecto de ley no impone cargas adicionales a
administraciones diferentes de la propia Administración General del Estado, y a pesar de haberse negociado la fecha de entrada en vigor de la obligación de prestar todos los servicios electrónicamente, en el caso de las comunidades autónomas y los
entes locales se deja que el cumplimiento de esta obligación dependa de las disponibilidades presupuestarias de cada una de ellas.



Además, entre las obligaciones que se establecen para la Administración General del Estado está la creación y el mantenimiento de determinadas estructuras de cooperación y de determinados servicios horizontales, lo que facilitará la
prestación de servicios electrónicos por parte de todas las administraciones y que todas puedan cumplir con las obligaciones asumidas ante los ciudadanos. No comparto, por tanto, algunas consideraciones expresadas en la enmienda a la totalidad que
el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) plantea, en el sentido de que se está sobrepasando la habilitación competencial estatal. Al contrario, el propio proceso de elaboración del proyecto, como les vengo diciendo, indica claramente
que se ha mantenido un escrupuloso respeto a las competencias de las comunidades autónomas y de los entes locales. Así, se han mantenido cuatro reuniones de un grupo de trabajo en el que han participado los directores generales de las comunidades
autónomas antes de celebrar la conferencia sectorial convocada exclusivamente para la discusión de este proyecto de ley. En todos estos foros las comunidades autónomas manifestaron que el texto resultante se ajusta al artículo 149.1 de la
Constitución en cuanto a reconocimiento de derechos y determinación de bases del régimen jurídico, procedimiento administrativo común e interoperabilidad entre administraciones.



Respecto a los posibles problemas de financiación para las administraciones públicas en relación con el plazo fijado por la ley para hacer efectivos los derechos de los ciudadanos, quiero recordar que la disposición final tercera del
proyecto establece, como ya les he indicado, que en relación con las comunidades autónomas y las entidades locales estos derechos podrán ser ejercidos a partir del 31 de diciembre de 2009 -comillas, porque cito textualmente- siempre que lo permitan
sus disponibilidades presupuestarias. Fin de la cita. En todo caso, es preciso subrayar dos factores que influyen positivamente en la capacidad de hacer frente a esta cuestión: por una parte, el hecho de que si bien la ley implica necesidades de
inversión, tales necesidades coinciden significativamente con los objetivos inversores que en materia de Administración electrónica tienen ya previstas en la actualidad las administraciones públicas. Por otra parte, hay que destacar que, como
también les mencioné antes, en el proyecto de ley se prevé que la Administración General del Estado se hará cargo de la prestación de servicios comunes como, por ejemplo, la plataforma de validación, lo que servirá para atenuar el esfuerzo
presupuestario del resto de administraciones públicas.



Concluyo, señorías, expresando la voluntad de diálogo del Gobierno en la búsqueda del consenso con todos en nuestro interés por mejorar lo mejorable de una ley que desde el principio hemos querido que sea de todos, de todos aquellos al menos
que compartimos la voluntad de mejorar nuestra Administración y de todos aquellos que compartimos la voluntad de poner lo público más cerca y mucho mejor al servicio exclusivo de los ciudadanos.



Muchas gracias.(Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA: (Chacón i Piqueras): Muchísimas gracias, señor ministro.



Comenzaremos, señorías, con el turno a favor de la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y que defenderá su portavoz en esta materia, el señor don Jordi Jané.



El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señor ministro de Administraciones Públicas, señorías, hoy debatimos en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley cuya finalidad, cuyos objetivos comparte el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió). Compartimos la necesidad de regular el acceso electrónico de los ciudadanos a las administraciones públicas. Compartimos el derecho que este proyecto de ley atribuye al conjunto de los ciudadanos en sus relaciones con las
administraciones públicas. En consecuencia, a todo derecho corresponde la garantía de un deber para las administraciones públicas de prestar los servicios necesarios para que ese derecho se pueda llevar a cabo.
Coincidimos con esa finalidad, con
ese objetivo. Al igual que el señor ministro ha hecho una aportación serena en este debate de lo que comporta el proyecto de ley, desde una posición también serena y constructiva mi grupo parlamentario quiere hoy destacar aquellos aspectos que
entendemos que comportan una no adecuación de este proyecto de ley que hoy se presenta a la distribución competencial en esta materia y sobre todo también a la necesaria lealtad que la Lofca nos impone en lo que son nuevas obligaciones para las
administraciones públicas. Por tanto, señor ministro, señorías, coincidimos en la finalidad del proyecto y vamos a ver de forma también serena en qué aspectos discrepamos.



Señor ministro, todo proyecto de ley lleva una exposición de motivos que de alguna manera explicita cuál es el contenido posterior del mismo. Si alguien quiere leer el apartado II de la exposición de motivos, se dará cuenta de que la
voluntad es clara y la extralimitación es nítida. Veamos qué dice esa exposición de motivos. Dice que, en todo caso, el artículo 149.1.18 de la Constitución permite a estas Cortes Generales la legislación básica sobre lo que son las bases del
régimen jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo común. Se dice: en todo caso. Pero no es que en todo


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caso permita esto, es que solo permite esto. La legislación estatal solo puede ser ese mínimo común; no puede ir más allá de ese mínimo común. La interpretación que da su proyecto de ley sobrepasa ese mínimo, porque el propio proyecto en
su exposición así lo explica. Dice: En esta perspectiva, el derecho a relacionarse electrónicamente con todas las administraciones forma parte de ese tratamiento común que tienen que tener todos los españoles. Además, la competencia estatal
-fíjese- no puede ceñirse solo a ese tratamiento común. Pero no es así, debe ceñirse solo a ese tratamiento común. ¿Cómo se puede decir: la competencia estatal no puede ceñirse solo a ese tratamiento común? Continúa diciendo: pues, como dice la
Constitución, ese tratamiento es un mínimo de la regulación estatal, (en todo caso), pero además la regulación del Estado debe abordar otros aspectos en los que es obligado que las previsiones normativas sean comunes. No; absolutamente no. Ese
aspecto adicional no le corresponde regularlo a estas Cortes Generales. Discrepamos en que deba regularse, cada Administración pública lo hará. Estamos convencidos de que ya nadie va a parar ese tren de la modernidad que supone la Administración
del siglo XXI, que todos queremos que sea electrónica, telemática y que permita claramente la interoperatividad entre todos.
Claro que sí, pero no digamos ya en la exposición de motivos que vamos a sobrepasar ese mínimo común. El Estatuto de
Autonomía de Cataluña aprobado en estas Cortes Generales, y que es ley orgánica, fija en su artículo 111 que en las materias que el Estatuto atribuye a la Generalitat de forma compartida con el Estado corresponden a la Generalitat la potestad
legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva, en el marco de las bases que fije el Estado como principios o mínimo común normativo en normas con rango de ley, excepto en los supuestos que se determinen de acuerdo con la Constitución
y el Estatuto. El mínimo común normativo es el que toca legislar a estas Cortes Generales. Este proyecto de ley, tal y como afirma su exposición de motivos, va más allá. Podrían no haber sido tan explícitos en esa voluntad de sobrepasar la
legislación básica, pero han sido claros, los han explicado de manera meridiana y, por tanto, nosotros no podemos dar nuestro apoyo a ese planteamiento competencial que entendemos que es claramente lesivo.



Desde otra óptica, señor ministro, este proyecto de ley intenta ser respetuoso. Quiero agradecer al Ministerio de Administraciones Públicas, al ministro, a su equipo, al director general, Juan Miguel Márquez, su labor. Estoy convencido de
que ha habido un intento de respetar claramente el marco competencial y ha habido incluso intentos de aproximación. Al final no hemos llegado a un acuerdo y hoy estamos en este debate y vamos a someter a votación nuestra enmienda. Pero la
reflexión que quería hoy aportar a este Pleno va más allá del articulado de este proyecto de ley. Se dice: No sufran ustedes, comunidades autónomas. ¡Si les dejamos marcos potestativos abiertos! ¿No nos damos cuenta de que las bases no tienen ese
carácter potestativo? La base es un mínimo común normativo. En la medida en que decimos: las administraciones podrán, ¿qué damos a entender? ¿Que si no lo dice el proyecto de ley no podrían hacerlo? Nosotros no compartimos este concepto.
¿Quiere esto decir que un futuro legislador estatal, dado que hoy dice que podrán, mañana puede decir que no podrán? Si hoy se dice podrán, mañana en otra ley de estas Cortes se pondrá no pueden o lo suprimen. No, hagamos las bases, el mínimo
común normativo. Usted sabe, señor ministro, que nosotros siempre hemos compartido la Administración electrónica. Lo sabe porque se lo dijimos incluso en su comparecencia en la Comisión de Administraciones Públicas; sabe también que cuando
teníamos competencias de Gobierno en Cataluña fuimos impulsores de la Administración electrónica. Se firmó el 23 de julio del año 2001 un pacto general en el Parlamento de Cataluña con todas las fuerzas políticas para la promoción y desarrollo de
la sociedad de la información y las administraciones públicas catalanas; en el año 2002 se creó el portal de las administraciones públicas catalanas, se creó el consorcio de la Administración abierta electrónica en Cataluña a partir de ese pacto
del año 2001. Hemos sido pioneros en muchos ámbitos de la Administración electrónica, pero sin esta ley, porque podíamos hacerlo. Ahora esta ley quiere dar un paso más que compartimos. Creamos el derecho, creamos la obligación; derechos para
unos, obligación para otros. Lo compartimos.
Creamos la necesaria garantía de interoperatividad. Lo compartimos. Pero no vayamos más allá en cómo vamos a realizar ese procedimiento electrónico ni a entrar en detalles que entendemos, señor
ministro, desde la absoluta sinceridad, que no le corresponden a este proyecto de ley. Si alguien repasa el artículo 71 del Estatuto de Cataluña, que habla de la Administración de la Generalitat y le da plenas potestades de organización y gestión
de sus servicios públicos; si alguien repasa el artículo 150 del Estatuto de Cataluña, referente al ámbito de lo que es una competencia exclusiva de la Generalitat; si alguien repasa el artículo 50, sobre la competencia exclusiva en todas las
modalidades organizativas e instrumentales para la actuación administrativa, verá que se especifica bien una autoorganización que compete en este caso a la Generalitat. Por tanto, no es que no compartamos la legislación que usted nos trae, es que
se le va de alguna manera, sobrepasa el ámbito que entendemos que estas Cortes Generales no puede sobrepasar. Sobre todo a partir de los nuevos Estatutos debemos ser vigilantes del límite del legislador estatal en cada ámbito material, compartamos
o no al final lo que ese ámbito material quiere desarrollar.



Otro aspecto básico, esencial. Se reconoce que hay nuevas obligaciones y no somos capaces de introducir en el proyecto de ley una cláusula de garantía de acuerdo con la Lofca, con ese principio de lealtad de que cuando el legislador estatal
crea nuevas obligaciones habrá que compensar económicamente a las administraciones públicas. ¿No podemos, señor ministro, pactar una adicional


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como la disposición adicional única que a propuesta de Convergència i Unió esta Cámara ha introducido en la Ley Orgánica del Menor? En ella se dice: Para dar cumplimiento al principio de lealtad institucional previsto en la Lofca, el
Consejo de Política Fiscal y Financiera procederá a evaluar las obligaciones de gasto que para las comunidades autónomas puedan derivarse de la aplicación de las disposiciones de la presente ley. ¿No podríamos decir lo mismo, que vamos a evaluar lo
que esto comporta? Porque creamos derechos con obligaciones discontinuas en el tiempo.
Decimos que va en serio la Administración electrónica, que vamos a implantarla, que los derechos de los ciudadanos van a ser efectivos. Muy bien. ¿En qué
fecha? El 31 de diciembre de 2009. Pero luego se dice: Cuidado, que esto puede tener dificultad presupuestaria en alguna Administración. Y por ello se dice: siempre que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias. Estamos diciendo que
esto puede tener una repercusión presupuestaria. Apliquemos la Lofca, porque si la tiene, ¿de qué artículo viene? Del artículo 6 de esta ley. Por tanto, actuación del legislador estatal, y la Lofca dice que cuando es el legislador estatal el que
actúa tenemos la obligación de compensar económicamente.
Esa compensación económica no existe, señor ministro, en este proyecto de ley, de ahí que nosotros mantengamos una posición distante. Estoy convencido de que a lo largo del debate en
Comisión podremos llegar a acuerdos que permitan -no hoy, sino en trámites sucesivos- superar esta posición de distancia clara que le estoy argumentando. No es improvisada, es una cuestión de calado, esa financiación debe venir aparejada, en
cumplimiento de la propia Lofca.



Finalmente, señor ministro, en la pasada legislatura fui portavoz en el ámbito de la sociedad de la información, fui ponente de la Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico y fui ponente de la Ley de firma
electrónica. También fue ponente el señor Moreno Bonilla, que hoy nuevamente se va a incorporar en esta Cámara como nuevo diputado, así como también fueron ponentes algunos diputados que hoy continúan en sus funciones parlamentarias. Son leyes
importantes que mi grupo apoyó, pero hoy este proyecto de ley, en algún aspecto, tiene una cierta función de escaparate; tiene una cierta función de lucir cosas que, de hecho, de acuerdo con la normativa de la que yo fui ponente en la pasada
legislatura, como la Ley -repito- del comercio electrónico y más específicamente de la firma electrónica, ya estaban absolutamente reguladas en dichas leyes y, por tanto, mi grupo parlamentario entiende que hay un cierto efecto de magnificar.
Incluso en los anexos de las definiciones del proyecto de ley se repiten las mismas definiciones que habíamos dado en la Ley de firma electrónica. ¿Por qué? Porque en el fondo estamos hablando de lo mismo. No es que no compartamos el objetivo, le
repito que lo compartimos, y nuestro grupo parlamentario, desde su posición de lealtad, intentará ayudar a que se implante bien la Administración electrónica, porque entendemos que es la apuesta de futuro que todos deseamos para nuestras
Administraciones públicas, pero hagámoslo en serio, hagámoslo de una manera clara y ajustada a ese marco constitucional y a ese marco estatutario. Podría citarle algunos ejemplos. Yo podría compartir el artículo 41. Vamos a garantizar el
necesario nivel de interoperabilidad, pero ¿qué supondría lo que ustedes legislan? ¿Un esquema nacional de interoperabilidad y un esquema nacional de seguridad? Aparte de que en vez de nacional ya deberíamos poner estatal, porque a partir de los
nuevos estatutos el término nacional se refiere a mi nación, Cataluña. Aparte de esto, señor ministro, crean una especie de obligaciones y después se dice: si tú lo has acordado se te aplican, si no, no. Hagamos una regulación que sea
absolutamente respetuosa con las comunidades autónomas, pero no creemos esos ritmos temporales que el propio proyecto de ley no acaba de fijar: se te aplica, sí, pero si tus disponibilidades presupuestarias lo permiten. Esquemas sí, pero. Señor
ministro, hagamos un análisis escrupuloso. Compartimos la diferenciación que se hace en muchos artículos de que es para la Administración General del Estado; lo compartimos. Pero en otros artículos el régimen potestativo no hace más que agrandar
las bases y decir que estas Cortes Generales permiten a las administraciones públicas hacer cosas que, de hecho, aunque no lo dijeran estas Cortes Generales, se podrían realizar.



Se ha terminado mi tiempo. Le agradezco, señor ministro, el tono de su intervención. Creo que también el tono de este portavoz se corresponde con el planteamiento inicial de intentar legislar lo mejor posible, pero garantizando en todo
caso el escrupuloso respeto a esa distribución competencial, a esa necesaria financiación y evitando esa duplicación que a veces hacemos de repetir en normas futuras aspectos que ya están regulados en normas que actualmente son de plena aplicación.



Muchas gracias, señor ministro; muchas gracias, señora presidenta; gracias, señorías.



La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Jané, muchas gracias.



Señorías, ¿algún grupo parlamentario desea ejercer un turno en contra? (Pausa.) Pasamos al turno de fijación de posiciones. ¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición? (Pausa.) Comenzamos con usted, señor Mardones, en nombre del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Adelante, cuando quiera.



El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta.



Señorías, señor ministro de Administraciones Públicas, Coalición Canaria va a votar hoy a favor de este proyecto de ley y, por tanto, en contra de la enmienda que muy inteligentemente y con mucha sistemática ha defendido el señor Jané en
nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). No faltan razones para tener en consideración sus argumentos, que, como es lógico, yo diría que están inspirados -lo digo con


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todos los respetos- en las competencias que señala en este momento el Estatuto de Autonomía de Cataluña con respecto a otras materias, como esta misma del acceso de los ciudadanos a las administraciones públicas a través de la electrónica.
Entiendo la lectura que hace de defensa de unas competencias reconocidas en el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña, pero también hay que decir que este Estatuto reconoce una relación bilateral entre el Gobierno de la Administración central y el
Gobierno de la comunidad autónoma. Ese será el escenario en el que el Gobierno catalán tendrá que negociar y acordar muchos principios con la Administración central, cosa que no tenemos que hacer otras comunidades autónomas porque no está
reconocido el principio de relación bilateral en cuestiones administrativas. Por tanto, utilícese esa vía. Nosotros creemos que en este proyecto de ley no hay unos efectos de escaparate, sino que hay una necesidad, primero testimonial, de que la
propia Administración del Estado se incorpore al mundo moderno, al uso de la electrónica, de las comunicaciones fundamentalmente, que incorpore todos los medios que hoy día emplea la cibernética. Esto lo está haciendo ya el sector privado. En este
momento, a los accesos electrónicos a las bolsas de comercio, por ejemplo, se les puede aplicar aquella frase que se aplicaba al imperio español en el siglo XVII: que no se ponía el sol en sus dominios. Cuando están abiertas la Bolsa de Amsterdam,
la Bolsa de Londres, la Bolsa de Roma o la Bolsa de París se empieza a quitar el polvo en la Bolsa de Nueva York y, cuando allí se ha hecho de noche, la Bolsa de Tokio entra en funcionamiento, y los sistemas financieros de compraventa de valores, de
cotización en Bolsa, están unidos por un entramado electrónico y el acceso de las grandes multinacionales y de los ciudadanos al mercado bursátil está garantizado, y qué decir de las grandes corporaciones mundiales en una economía globalizada en que
el acceso electrónico a las bases de datos es fundamental. ¿Qué tenemos antecedentes? Sí, hicimos la firma electrónica, pero estaba en otro tema.
Qué vamos a decir de la Agencia Tributaria, que hoy en día está ofertando a los ciudadanos unos
accesos con el nuevo documento nacional de identidad a declaraciones de renta, a la comprobación de si tiene que declara o no tiene que declarar. Coalición Canaria ve necesaria esta ley para la Administración pública, con las modificaciones
racionales que haya que hacer porque efectivamente hay artículos que tal vez van más allá de un intervencionismo puramente funcional y técnico, pero se trata de la relación bilateral entre el común de los ciudadanos y las administraciones públicas.
No le compliquemos más al ciudadano, que simultáneamente tiene que obtener datos de la Administración General del Estado, de la Administración autonómica en la que reside o de otras administraciones autonómicas con las que su empresa se relaciona.
Hoy vemos que hay puestos de trabajo en el sector privado que se hacen en el domicilio, que el empleado de esa firma no tiene que desplazarse físicamente todas las mañanas a ocupar un asiento en la fábrica, en la empresa o en la instalación, sino
que lo está haciendo, vía electrónica, desde su domicilio. En Canarias esta ley tiene un especial significado porque, por ejemplo, la circunscripción a la que representa este diputado tiene cuatro islas en una misma provincia. ¿Cómo le vamos a
decir al ciudadano español de la isla de Hierro o de la isla de Gomera que coja un avión o un barco y que se desplace a la isla capitalina para obtener determinada información de sus interrelaciones con la Administración General del Estado? Vamos a
permitirle el acceso a través de la electrónica. Como dicen las empresas que tienen las concesiones de telefonía móvil, en este momento en España hay más teléfonos móviles que ciudadanos. Es decir, la oferta anual de teléfonos móviles con acceso a
fuentes de datos es cada vez mayor. Hay que estar leyéndose continuamente el manual de instrucciones porque cada año hay una nueva modificación en la accesibilidad a este sistema. El señor ministro ha destacado uno de los principios fundamentales
de garantía para el ciudadano y para las administraciones públicas, que es la interoperatividad, porque en una nación, Estado o reino, como se le quiera llamar, donde hay tantas comunidades autónomas, tantas administraciones públicas y más de 8.000
ayuntamientos, dígannos ustedes si no vamos a recurrir a unos medios cibernéticos, a unos medios electrónicos para esto. Quizás se pueda poner en duda -nosotros no lo hacemos- cuál es el alcance de la habilitación que a la Administración General
del Estado le compete en razón del artículo 149.1.18 de la Constitución española. A nosotros nos parece que la Administración está perfectamente habilitada para establecer una red, un tejido conjuntivo de accesos a las administraciones públicas, a
sus bases de datos, que permita realizar la gestión de determinadas actividades y documentaciones. Hay que tener en cuenta que un dato pedido desde una comunidad rural, que por vía del correo habitual tarda en llegar días, por no decir semanas, por
vía electrónica llega en cuestión de segundos. Reloj en mano, un ciudadano de la isla de Hierro -por ponerlo como ejemplo-, a 3.000 kilómetros de la capital del Estado, tarda el mismo tiempo real en acceder a un background, a una base de datos
centralizada en Madrid o en Barcelona, que el ciudadano que está viviendo en una calle de la capital del Estado. Este es un principio democrático que tenemos que reconocer, y tenemos que agradecer todos estos aspectos operativos -cuando se trata de
que el sistema sea interoperativo- que la tecnología pone a nuestro alcance dentro del ámbito telemático. Por tanto nosotros entendemos la habilitación competencial del Estado. Si hay que pulir excesos de detalle en el proyecto de ley, lo haremos
por vía de enmiendas.



El señor Jané ha dicho una cosa que creo que sí se tendrá en consideración y que es cuestión de introducirla a través de las enmiendas. Se trata de los aspectos de financiación del coste de la lealtad institucional y de la Lofca.
Efectivamente, él ha recordado lo que nos pasó con las competencias dadas a las comunidades autónomas


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con la Ley del Menor. Lo estamos sufriendo en Canarias, donde la Administración autonómica tiene el compromiso de mantener hasta un máximo de 300 menores en los centros que financia en razón de la Ley del Menor.
Sin embargo, debido al
fenómeno de la inmigración ilegal que estamos viviendo, se están manteniendo una serie de conversaciones entre la Administración autonómica canaria y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para obtener las fuentes de financiación del coste que
esto supone. Además hay que decir que estos son costes imprescindibles. Es como decir, mire usted, como todo se escribe con máquina de escribir manual, las administraciones tienen que escribir con máquina y tienen que tener la logística de medios
que necesiten. Entendemos que este proyecto de ley significa un avance, significa también una puesta a punto, una modernización, y el Estado tiene que dar en sus leyes testimonio de modernidad, aunque el sector privado esté ofertando toda la
telemática técnicamente hablando. Creemos que esta ley moderniza el concepto mental de la Administración de cara a los ciudadanos, para que no piensen que aquí se sigue con el lema clásico de Larra de vuelva usted mañana. Con este acceso
electrónico no existe la ventanilla para el vuelva usted mañana. En este momento la Administración central o la autonómica le resuelve al ciudadano sus problemas por vía telemática, por vía electrónica.



Muchas gracias, señora presidenta.



La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Muchas gracias, señor Mardones.



Continuamos con la fijación de posición y con el siguiente grupo parlamentario que ha solicitado llevarla a cabo, que es el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds. Será la señora Navarro quien en su nombre
tome la palabra.



La señora NAVARRO CASILLAS: Gracias, señora presidenta.



Izquierda Unida considera que la obligación de conseguir que las administraciones públicas se adapten a las nuevas realidades y a los avances tecnológicos no solo es una necesidad, sino también una obligación. Por eso aplaudimos la
existencia de este texto legal y no entendemos la enmienda, que además no es una enmienda de texto alternativo sino de devolución, un mecanismo bastante distinto del que se correspondería con los argumentos expuestos por el portavoz de Convergència
i Unió. Entendemos que el Gobierno debe promover en beneficio de los ciudadanos el uso de las comunicaciones electrónicas, porque es imprescindible que el acceso electrónico de los ciudadanos a las administraciones públicas sea una realidad y
además ofrezca la máxima confianza y seguridad, pero, sobre todo, que la implantación de las nuevas tecnologías no menoscabe derechos de los administrados ni incida negativamente en la eficacia y calidad de los servicios públicos que se prestan por
parte de las administraciones. Precisamente este proyecto de ley sale al paso de estos factores decisivos en las relaciones administración-ciudadano y, lo más importante, en la prestación de los servicios públicos. Para que la relación del
ciudadano sea lo más rápida y eficaz posible y sin pérdidas de tiempo innecesarias -parece esto un anuncio de telefonía-, es incuestionable el avance que supone la implantación de las nuevas tecnologías, que deben estar en todas las administraciones
públicas. El hecho de que se regule como un derecho, que se explicite en el texto, nos parece altamente positivo. Por eso consideramos que la enmienda a la totalidad no está suficientemente motivada. En cuanto al primer argumento de invasión
competencial, entendemos que esta sencillamente no existe. Nuestro grupo defiende lo que nosotros denominamos el proceso federalizante, coherentemente con nuestra propuesta de Estado federal. Sin embargo, este proyecto tiene un perfecto encaje
constitucional en el desarrollo de las competencias estatales del artículo 149.1.18ª de la Constitución, que habla de las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Por ello, entendemos que
la regulación estatal lo que hace es dejar abierto el desarrollo a las comunidades autónomas, tomando como punto de partida la creación fundamental del derecho de todos los ciudadanos del Estado español a la comunicación electrónica en las
administraciones públicas.



Respecto al argumento de que el proyecto de ley regula aspectos que ya están regulados por otras leyes, es razonable, pero no motiva una enmienda a la totalidad; más bien al contrario, lo que pretende este proyecto es complementar la
regulación previa. Efectivamente, en las regulaciones que ya existen se ha ido avanzando a medida que se han ido implantando las nuevas tecnologías y se ha ido desarrollando la denominada sociedad de la información, como en la Ley General
Tributaria, en la Lecrim, etcétera, y entendemos que esto se complementa con la consagración de este nuevo derecho. Sencillamente, ante una realidad que evidencia el uso masivo de la informática e Internet con las posibilidades abiertas a otras
tecnologías, las administraciones públicas no se pueden quedar atrás. Hoy por hoy, la actualidad de las leyes vigentes no se corresponde con todas las posibilidades que nos ofrecen los servicios telemáticos o informáticos. Por lo tanto, era
necesario que esta ley lo actualizara, incluso tiene al final un listado de conceptos, lo que me parece positivo y novedoso, ya entraremos a discutir cada uno de ellos en la tramitación de esta ley.



Finalmente, en la enmienda a la totalidad se alude a la falta de una adecuada financiación para la implantación en las administraciones. Quizá sea este el motivo más justificado de la enmienda, pero no consideramos que sea suficiente para
una enmienda a la totalidad. A su paso por la Comisión entendemos que pueden resolverse estas carencias. Precisamente para ello presentaremos las enmiendas correspondientes, porque reconocemos que existe un cierto riesgo de que no se provean los
medios necesarios para dotar de eficacia la futura ley.



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Nuestro grupo parlamentario no quiere que este derecho tan relevante que usted nos trae con esta ley se quede en un derecho virtual, y nunca mejor dicho. Peor aún sería regular un derecho y que no todos los ciudadanos puedan ejercitarlo en
condiciones de igualdad y para esto, como siempre, hacen falta recursos económicos. No se pueden transferir competencias sin financiación. Las comunidades autónomas y los municipios ya tienen experiencias negativas en este sentido. Esperamos y
confiamos en que se haga un esfuerzo por parte del Gobierno en la tramitación. Como digo, nuestro grupo parlamentario presentará enmiendas parciales con la finalidad de establecer garantías para el ejercicio en condiciones de igualdad, de seguridad
y de rapidez y para que esto tenga incidencia en la calidad, eficacia y proximidad de los servicios públicos. Por este motivo vamos a votar en contra de la enmienda a la totalidad. Para finalizar les recuerdo a SS.SS. que hoy es el día sin móvil,
por lo que les invito a restringir el número de llamadas en la medida de lo posible.



Gracias.



La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señora Navarro.



El siguiente grupo parlamentario en fijar posición es el Grupo Parlamentario Vasco. Tiene la palabra el señor Olabarría.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Gracias, señor presidente.



Señor ministro, estoy muy agradecido por su explicación. Asimismo quiero dar las gracias a la señora Navarro por el recordatorio en relación con el día sin móvil. Nosotros estamos utilizando el fijo sistemáticamente en nuestras llamadas.



Señor ministro, hemos escuchado con atención su argumentación y puedo decir que, lato sensu, la podemos compartir. Señor Jané, hemos escuchado con la misma atención la suya, pero en este caso tenemos más dificultades para comprender las
invocaciones de carácter competencial que usted ha utilizado, seguramente más por limitaciones intelectuales de quien les habla que por la brillante exposición que usted ha tenido a bien hacernos. Aquí se produce lo que en medicina se llama el
efecto paradójico. Para una vez que no nos invaden las competencias, por primera vez en materia de función pública, a ustedes se les ocurre presentar una enmienda a la totalidad, lo cual para un grupo como el mío, que se ha caracterizado -y forma
parte de su acervo político en esta Cámara- por defender las competencias autonómicas, resulta llamativo. Señor Jané, usted sabe perfectamente que hay dos líneas que han sido utilizadas de forma muy sedicente y convalidadas por el Tribunal
Constitucional para invadir competencias autonómicas, particularmente en el ámbito del régimen jurídico de las administraciones públicas y las bases del procedimiento administrativo común, que es a lo que se refiere el artículo 149.1.18 de la
Constitución, una extralimitación por parte del legislador estatal de aquellos preceptos que tienen la naturaleza de básicos. Por mucho que leo la ley -además, hay que reconocer que ha sido una ley muy negociada, no solo con los agentes sociales a
través de la página web que usted ha citado, sino también con aquellos con los que usted debe negociar, que son los grupos políticos, aunque se le ha olvidado citar que los grupos políticos también hemos negociado anticipadamente esta ley de forma
muy prolija-, no termino de percibir cuáles son las inquietudes competenciales que le afectan, señor Jané, y se lo digo con todo el respeto. Que aquellos preceptos que la disposición final segunda del proyecto califica de básicos sean aquellos
atinentes a garantizar la interoperabilidad nos parece razonable, porque todavía el Estado español no está desestructurado, seguimos todos perteneciendo a un Estado que se llama Estado español. Hay administraciones que tienen que conectarse entre
ellas porque la transversalidad en el funcionamiento de la Administración es algo quintaesencial, algo paradigmático en la configuración de un Estado, aunque haya competencias de carácter exclusivo de las comunidades autónomas, de las instituciones
forales en el caso de Euskadi y de la Administración General del Estado. Desde esa perspectiva, existen elementos de compatibilidad que no afectan a los software, a las estructuras informáticas ya creadas por algunas administraciones autonómicas
que han innovado en esta materia, al sistema de firma electrónica que ya está consagrado en el ordenamiento jurídico por la ley de 2003, en la cual usted participó brillantemente, señor Jané, y donde también pudo salvaguardar competencias
autonómicas en la medida de lo razonable, además en un contexto histórico donde salvaguardar las competencias autonómicas no era tan fácil. Yo no quiero convertirme en un apologeta de su ministerio, porque sería impropio de un partido como el mío,
pero usted está manifestando una vocación particularmente jacobina. No me refiero solo a esta ley, sino también a la que regula el Estatuto del empleado público, y si no comparen con lo previgente. En la previgente al Estatuto del empleado público
el legislador estatal cometió la humorada de considerar básicos todos los preceptos menos uno, lo cual -si la señora presidenta me permite utilizar esta expresión- suena a cachondeo. Dada esta actitud de este ministerio, y como además yo no veo
que, por su propia naturaleza, aquellos preceptos que se consignan como básicos no puedan tener esta consideración o esta categorización, porque evidentemente tiene que haber intercomunicación telemática, informática, en materia de firma electrónica
entre las distintas administraciones que cooperan y que se ven invocadas en actuaciones que trascienden de ámbitos geográficos concretos en un Estado como el nuestro, y con Europa también, yo esperaba otras invocaciones, porque también estamos
correspondiéndonos con un avance ya sustancioso del derecho europeo, cada vez más uniforme en esta materia, sobre todo desde la celebración del Consejo Europeo de Lisboa y Santa María da Feira y de la cumbre de Manchester. Esto es


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importante porque no estamos hablando ya en términos de Estado español sino en términos europeos. Desde esa perspectiva, señor Jané, cuando usted presentó la enmienda de totalidad me puse en guardia y pensé que quizá no habíamos sido
suficientemente cautelosos y nos querían meter por algún lado algún tipo de trampa saducea que pueda vulnerar nuestras competencias. Le aseguro que hemos hecho una investigación prospectiva profundísima y no terminamos de comprender qué es lo que
ustedes pretenden presentando esta enmienda de totalidad.



En lo atinente a la financiación, quiero creer, señor ministro -y me gustaría escucharlo de su propia boca-, que el concierto económico ya prevé aquellos quebrantos o aquellas adicciones que, en materia económica, la compatibilización de los
sistemas informáticos pueda provocar. Quiero presumir que esto se descontará del cupo, dado el carácter transversal de la Ley del Concierto Económico en relación a todos los gastos generados ex novo por leyes estatales. No hace falta decirlo, esto
está así en nuestra propia legislación. Señor Jané, entiendo que a usted le pueda preocupar porque la suya no es una Administración que tenga este sistema de financiación de carácter bilateral, pero la señora Navarro ha dicho algo que yo creo que
es muy razonable, que esto se puede corregir en trámites posteriores en el íter legislativo. Desde la perspectiva competencial que usted invocaba, usted sabe que le suelo dar la razón casi siempre -sus intervenciones me parecen lúcidas y
brillantes-, pero, siento decírselo así, en este caso no he sido capaz de comprenderle.



Muchas gracias, señora presidenta.



La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Olabarría, muchas gracias.



Continuamos, señorías, con el turno del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y será el señor Jordi Ramón quien en su nombre tome la palabra.



Cuando quiera, señor Ramón.



El señor RAMÓN TORRES: Gracias, señora presidenta.



Señor ministro, señorías, debatimos hoy este proyecto de ley que tiene como objetivo básico defender de una vez por todas el derecho que tienen los ciudadanos a interrelacionarse con las administraciones a nivel electrónico. Nuestro grupo
valora este objetivo como positivo. Este proyecto de ley regulará cómo vamos a hacer posible el ejercicio de este derecho y también va a marcar qué obligaciones van a tener las administraciones públicas para hacerlo efectivo. En definitiva, es una
ley que marca el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las administraciones y las obligaciones que estas van a tener.



Antes de entrar a valorar el tema competencial, que parece que es la base de la enmienda a la totalidad que ha presentado el señor Jané, permítame, señor ministro, hacer una valoración de aquellos puntos que para nosotros son muy positivos y
que van a hacer que nuestro grupo parlamentario trabaje para que pueda aprobarse esta ley. En primer lugar, vemos muy positivo el intercambio de información. Este es un instrumento que garantizará el derecho de los ciudadanos a no aportar los
documentos que ya tienen las administraciones públicas. Estaremos todos de acuerdo en que este no es solo un objetivo positivo sino además tremendamente necesario. Gran número de las actuaciones que tienen los ciudadanos con las administraciones
públicas son para pedir un documento que les exige otra Administración; gran parte de las actuaciones que hacemos los ciudadanos van en este sentido, por tanto entenderán que es necesario acabar de una vez por todas con esa mala imagen que tienen
las administraciones públicas -lo decía el señor ministro-: acabar con las colas, acabar con esos vestíbulos de ayuntamientos pequeños llenos de gente haciendo cola y también con esa impresión que tienen los ciudadanos de excesiva burocracia.
Queremos mucho más ágil esa relación, y en esta ley esa posición es muy positiva. También valoramos positivamente la representación que se establece en el artículo 23 de la ley: Las administraciones públicas podrán habilitar con carácter general o
específico a personas físicas o jurídicas autorizadas para la realización de determinadas transacciones electrónicas en representación de los interesados. Esta ley puede ayudar mucho sobre todo a esa relación que tienen las empresas con las
administraciones así como a agilizar esas aportaciones, aparte de posibilitar a las empresas ahorrar tiempo, como les decía en el punto anterior, es decir que los ciudadanos no tengan que perder el tiempo. El señor Mardones hacía una referencia muy
hábil al mencionar esa frase: vuelva usted mañana. Las empresas y los ciudadanos se van a ver muy beneficiados con estos dos primeros puntos.



También nos agradan las copias electrónicas. Esta regularización facilitará mucho el avance hacia tramitaciones sin documentación con soporte de papel y va a eliminar que las administraciones tengan que dar papel para transmitir
documentación a los diferentes ciudadanos. Ese va a ser un punto importante a tener en cuenta en esta ley no solo a nivel de sostenibilidad sino también a nivel práctico. El seguimiento de la tramitación que se regula en el artículo 37 de esta ley
es también positivo. Vamos a conseguir que en todas aquellas relaciones que son total o íntegramente electrónicas el ciudadano pueda exigir a la Administración una información también electrónica de todo el trámite que está llevando a cabo, del
procedimiento de las relaciones que tiene con la Administración. También es algo positivo esa información electrónica que deberemos exigir a las administraciones que pongan al alcance de los ciudadanos. Por último quiero remarcar también como
punto importante de esta ley la creación de la sede electrónica. En esta ley se define el concepto, se establecen las responsabilidades de estas sedes electrónicas y queda claro que cada Administración será la que regularizará la creación de estas


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sedes. Estos son, señoras y señores diputados, aspectos que entendemos positivos.



Entrando ya en el tema competencial, que era el que el señor Jané había expuesto esta mañana en la Cámara, quiero decirle a S.S. que podemos compartir o compartimos parte de esa preocupación que tiene su grupo y que tiene usted
personalmente acerca de la invasión competencial que pudiera haber en esta ley. Esta preocupación la ha compartido también el Govern de la Generalitat, que ha estado negociando, como ha dicho el señor ministro, estos últimos meses con la
Administración para cambiar el primer proyecto que se había presentado, que sí podía ser mucho más anticonstitucional. Como decía, esa una preocupación que tiene su grupo, que puede tenerla también en parte el nuestro, la ha tenido el Govern de la
Generalitat y ha estado negociando con el ministerio para que eso no sea así. Entiendo que ustedes, ahora que no están en el Gobierno, tengan que venir hoy aquí a presentar esta enmienda a la totalidad para intentar demostrar que están negociando.
Es verdad que como ha dicho algún grupo parlamentario esa preocupación podemos mejorarla en la tramitación parlamentaria. Es necesario que en ese trámite parlamentario reduzcamos al máximo el carácter básico de esta ley, aquellos artículos mínimos
imprescindibles para no reducir sobre todo la capacidad autoorganizativa que puedan tener las comunidades autónomas; en el caso de Cataluña bien ha comentado el señor Jané que esta capacidad autoorganizativa no solo viene del Estatuto que se ha
aprobado últimamente en esta Cámara sino que ya venía del anterior Estatuto de Autonomía; ya teníamos esta capacidad.
En definitiva este trámite parlamentario tiene que mantener esa capacidad organizativa de las comunidades autónomas. Es verdad
que la disposición final primera de esta ley establece como básico gran parte de su redactado. Aunque nos sintamos cómodos con el redactado de esta ley, señor ministro; aunque muchos de sus aspectos, como le he comentado, los entendamos necesarios
y tengamos que sacar adelante esta ley como sea -en algunos quizá no estamos tan de acuerdo y tendremos que intentar mejorarlos a nivel parlamentario, por ejemplo el tema del software libre o el de la accesibilidad-; aunque estemos totalmente de
acuerdo en gran parte de los puntos de esta ley, lo que no podremos aceptar es que esta ley nos lleve a una limitación evidente de la capacidad organizativa que tienen las comunidades autónomas. Es verdad que en muchos de los artículos que podrían
atacar estas competencias se utiliza la fórmula de: las administraciones públicas podrán. Esto significa que el gran carácter básico de esta ley en muchas partes de ella llegará a ser solo simbólico porque dice: podrán ser. Esa parte simbólica
podría ayudarnos a que esa preocupación que tenía el señor Jané no sea tan eficaz. Es mucho más lógico -lo ha comentado el señor Jané- reconocer como básicos artículos como el artículo 1, el 3, el 4 o el 6 -con los que no tendremos ningún
problema-, que establecen claramente los derechos que tienen los ciudadanos en la relación electrónica con la Administración, por ejemplo el artículo 9 referente a la tramitación de datos entre administraciones.
Eso tiene que ser de carácter básico
porque debe haber esa tramitación entre administraciones. Tampoco tendremos problemas con algunos artículos del capítulo IV referentes a la cooperación entre administraciones para el impulso de la Administración electrónica porque garantizarían la
interconexión entre administraciones públicas. Ya le aviso, señor ministro, que nosotros intentaremos dejar el resto del proyecto con ese respeto a la autoorganización de cada Administración.



Esquerra Republicana entiende que el hecho de no mermar esa capacidad reguladora de las administraciones en esta ley puede ser muy importante, porque hay un avance significativo en el tema tecnológico que nos podría llevar a controlar mucho
esas posibles regulaciones autonómicas, porque ahora no tenemos la capacidad de qué podemos llegar a hacer a nivel tecnológico en esa relación entre la Administración y los ciudadanos. Por eso también nos preocupa esa capacidad reguladora porque
podemos estar marcando límites a futuras relaciones entre la Administración y el ciudadano que nos podrían llevar a tener algún problema. Ya les avanzamos que en el asunto competencial podemos incorporar alguna enmienda a esa disposición final.
También aquí se ha comentado el problema de la financiación. Nuestro grupo va a presentar una enmienda que pudiera solucionar ese tema; no sé si con la creación de un fondo común se daría una solución al problema para que las administraciones
puedan tener un fondo en los Presupuestos Generales del Estado para financiar proyectos para poner en marcha esta ley. Esta puede ser una de las enmiendas importantes que podemos presentar.



También presentaremos enmiendas a cuestiones para mejorar el texto. Por ejemplo, cuando la ley dice que vamos a dar accesibilidad a personas discapacitadas o vamos a dar preferencia a personas discapacitadas -en lo que estamos de acuerdo- y
a personas de avanzada edad, quizás tendríamos que buscar algún término que generalice mucho más para que no haya sectores que queden fuera. También estará de acuerdo el ministerio en que esa es una valoración muy genérica porque hay personas de
avanzada edad que tienen mucho más acceso a Internet que otros sectores. También hay otros temas como las acreditaciones que son mejorables. Estamos de acuerdo con el señor Jané en que esa terminología nacional la tendremos que cambiar para
respetar lo que dice el nuevo Estatut de Catalunya. En definitiva, nuestro grupo intentará mejorar una ley que ya de entrada, señor ministro, vemos muy positiva. Como les decía, vamos a defender claramente ese derecho de los ciudadanos a
relacionarse electrónicamente con las administraciones.



Muchas gracias, señora presidenta.



La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Ramón, muchas gracias.



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Continuamos con el siguiente grupo parlamentario que fijará posición que será el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y será su portavoz en esta materia, el señor Ignacio Echániz, quien tomará en su nombre la palabra.



El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señora presidenta.



En primer lugar, quiero saludar a los responsables de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de la sociedad de la información y de las nuevas tecnologías que nos acompañan en esta mañana desde la tribuna.
Señorías, el Grupo
Parlamentario Popular no ha querido presentar una enmienda a la totalidad a este proyecto de ley porque bastante tiempo se ha perdido en esta materia de Administración electrónica, bastantes posiciones -desgraciadamente- hemos retrocedido ya en los
últimos tiempos dentro de la Unión Europea y bastantes retrasos acumula esta ley como para que encima nosotros pusiésemos otra chinita en el camino, que para eso se ha bastado, y muy bien, el propio Gobierno. Sin embargo, señorías, y siendo
conscientes, como la mayor parte de los sectores de la sociedad de la información, de que sin duda se ha perdido una ocasión de oro por los errores y por las graves carencias del texto, cuyos objetivos siguen siendo por otra parte claramente
positivos y beneficiosos para la sociedad, no es menos cierto que quedan a mitad de camino de lo que sería la plena incorporación de las medidas de Administración electrónica en las administraciones públicas, porque ni las vincula formalmente por un
lado, ni hay un compromiso concreto y serio de plazos y de inversión, ni por otra parte de ahorro de costes ni de formación. Por tanto, el Grupo Parlamentario Popular, como no puede ser de otra manera, va a hacer un esfuerzo constructivo, dejando
de un lado la frustración que embarga no solo a este grupo, sino a todo el sector, y vamos a intentar dirigir nuestra energía, con la mejor voluntad posible, a la presentación de un grupo de enmiendas -más de 65- a la ley, con el objeto de mejorarla
en su tramitación y de convertirla en un texto que sea realmente útil para los ciudadanos.



Señorías, como su propio nombre indica, esta ley se centra únicamente en el acceso a la Administración electrónica por los ciudadanos, a una ventanilla electrónica, olvidando a las empresas, olvidando el papel que la Administración tiene que
tener en el estímulo a la demanda y a la adopción de las nuevas tecnologías a través de nuevos servicios de calidad, con una adecuada capilaridad de la red de acceso y, por otra parte, olvidando también la modernización de las administraciones
públicas en la redefinición de los procesos internos de comunicación y de gestión de la Administración, basándose en las tecnologías de la información y de la comunicación como herramientas básicas. Por el hecho de que se produzca esta situación
las administraciones pueden convertirse en el futuro en un ejemplo de instituciones modernas, de instituciones eficientes al servicio de los ciudadanos, cuestión que en esta ley, repito, queda a la voluntad, a la arbitrariedad de los distintos
equipos directivos de las correspondientes unidades administrativas. Señorías, dicho de otro modo, con esta ley el Gobierno se preocupa solo -permítanme el anglicismo- del interface, del front office, de lo que hay en la fachada de la
Administración ante el ciudadano y mucho menos de los procedimientos que quedan detrás del ordenador, del back office, que en la mayor parte de los casos, por falta de voluntad de esas unidades administrativas, va a quedar siendo un elemento
burocrático sin eficacia y sin eficiencia. (Rumores.)


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Disculpe, señor Echániz.



Señorías, por favor, les rogaría silencio.



Disculpe, señor Echániz, continúe cuando quiera.



El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señora presidenta.



Señorías, frente a este planteamiento de la ley, el Grupo Parlamentario Popular considera que el proyecto de ley sigue teniendo una visión antigua de la Administración. El Grupo Parlamentario Popular considera que es la Administración la
que tiene que estar al servicio de los ciudadanos y utilizar estos nuevos medios electrónicos para prestar servicios públicos de un modo más eficaz y más próximo a los que tienen que ser los auténticos destinatarios, la razón de ser estos servicios
y de la propia Administración pública del Estado, que son los ciudadanos.
Por este motivo, proponemos un cambio, incluso del título del proyecto de ley: de la Administración electrónica al servicio público electrónico, que junto con, repito, más
de 65 enmiendas no es un mero cambio de rótulo, sino un cambio radical, de 180 grados, en la perspectiva antigua con la que el Gobierno ha abordado y regulado esta materia, es decir desde el punto de vista de los ciudadanos en lugar desde el de la
Administración, abandonando así un ombliguismo administrativo -permítanme que lo denomine así- y una nueva burocracia de carácter, eso sí, electrónico.



Señorías, ya desde el primer párrafo, en la exposición de motivos, la ley dice que los ciudadanos han de ser los beneficiarios últimos en el salto de las tecnologías de la información y de la comunicación, lo que sin duda es toda una
declaración de intenciones, probablemente subconsciente de sus redactores. Pues bien, el Grupo Popular cree firmemente que los ciudadanos han de ser no los beneficiarios últimos de las tecnologías de la información, sino los primeros y los
principales beneficiarios en su aplicación de la prestación de este servicio público. Así queremos que conste específicamente en la ley, en consonancia con el cambio de título, con el cambio de perspectiva e incluso de filosofía que defendemos y
que hemos propuesto en todas y cada una de nuestras enmiendas. Para el Grupo Popular los ciudadanos son lo primero, y desde luego son las administraciones públicas las que tienen que estar al servicio de los ciudadanos y no a la inversa, los
ciudadanos al servicio


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de las administraciones. Los medios electrónicos tienen que servir, eso sí, para prestar a los ciudadanos dichos servicios públicos de forma más eficaz, más próxima, más ágil y más transparente y no para hacer la vida más fácil a las
administraciones. Señorías, hasta en veinte lugares de la ley aparecen las palabras podrá o podrá ser -ha sido puesto de manifiesto por el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya-, justo lo contrario de lo que debe hacer una ley que quiera
impulsar la Administración electrónica, términos que ponen en evidencia el pudor, la pusilanimidad e incluso el miedo del Gobierno al abordar este proyecto en materia de sociedad de la información. Señorías, a pesar de que en la exposición de
motivos se dice que una de las novedades de este texto legislativo es pasar de la declaración pura de intenciones al impulso real de medios electrónicos a las administraciones públicas, a que estén obligadas a realizarlo, lo cierto es que todo el
articulado está lleno de referencias a que las administraciones podrán, en lugar de que las administraciones deberán utilizar medios electrónicos, por lo que -repito- los buenos deseos de esa exposición de motivos no se ven reflejados en el
articulado, que en definitiva es lo que tiene valor normativo. Incluso han eliminado en el texto final la creación de ese nuevo derecho a acceder a los servicios públicos. Por lo tanto, el proyecto de ley que hoy trae el Gobierno a esta Cámara
podría titularse ley de la Administración electrónica o no, pues no garantiza en modo alguno que lo sea o que lo vaya a ser algún día, lo cual es peor, y por eso el Grupo Popular propone el paso del podrán al deberán y que a este proyecto de ley le
acompañe una memoria económica que sea seria y unos planes creíbles que la hagan real.



Señorías, el Grupo Parlamentario Popular espera que este proyecto de ley permita recuperar el tiempo perdido durante estos tres últimos años. El Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, con su ansiedad reformista, congeló el plan de choque
del año 2003, eliminó el Ministerio de Ciencia y Tecnología -eso sí, creó el de Vivienda, que está siendo muy útil a la sociedad española- y congeló también el proyecto España.es. Como consecuencia de todo esto, señorías, la mayor parte de las
comunidades autónomas en este momento están más adelantadas en servicios de Administración electrónica que la propia Administración General del Estado. Además, la expedición del nuevo documento nacional de identidad electrónico acumula en estos
momentos unos retrasos y genera unas colas que poco tienen que ver, señor ministro, con la agilidad o con la Administración de lo que tiene que ser la Administración electrónica.
Sobre todo, no se ha incrementado el número de servicios públicos
disponibles, con lo cual al menos todavía unos cuantos españoles vamos a contar con un nuevo documento electrónico de identidad, pero no vamos a poder hacer nada nuevo con él, y si no que se lo pregunten a las personas que ya lo tienen. Mientras
tanto, señorías, múltiples organismos internacionales e independientes han monitorizado la situación de España en tecnologías de la información y de la Administración electrónica. El informe eEspaña 2006, de France Télécom, dice que la sociedad de
la información en España avanza de forma asimétrica y suficiente y el World Economic Forum, que mide el grado de desarrollo de las sociedades de la información en cada Estado, coloca a España en el número 31, superado por la práctica totalidad de
los Estados de la Unión Europea, a excepción de Italia y de Grecia, cuando España, como usted sabe, es la octava potencia mundial. Por otra parte, la Comisión Europea encargó hace unos meses un informe a una consultora internacional, el cual pone
en evidencia que España impulsó de forma ágil y eficaz la sociedad de la información hace unos años, llegando hasta un 55 por ciento de servicios públicos ofertados, pero en este momento ha retrocedido hasta la posición duodécima, por detrás de
países que se han incorporado hace poco tiempo a la Unión Europea, como Estonia o Malta.



Señorías, tenemos que avanzar hacia una Administración única electrónica integradora de todas las administraciones pública, y eso significa sin duda apostar por la interoperatividad -se ha dicho a lo largo de la mañana de hoy- no solo en el
territorio nacional una vez más, sino en el resto de los países de la Unión Europea. Es cierto que el Estatuto, con sus competencias exclusivas, les va a complicar a ustedes mucho la vida en esta materia y en otras, pero ustedes sabrán lo que han
hecho en estos términos. Europa, repito, necesita ahora más que nunca administraciones públicas transfronterizas, eficaces e innovadoras que conecten con sistemas estratégicos comunes, con servicios públicos paneuropeos contemplados en el contexto
de la Iniciativa i2010. Por este motivo esa compatibilidad, esa interoperatividad, no tiene que ser una facultad, sino una obligación de las administraciones, porque de otra manera puede hacerse imposible e inútil en esta necesaria Administración
única tecnológica la movilidad, la igualdad de los ciudadanos ante la ley y todos los servicios públicos al servicio de los ciudadanos.



En consonancia con la filosofía garantista y con el ciudadano como centro del sistema, el Grupo Popular ha presentado una enmiendas para recuperar la figura del defensor del usuario de la Administración electrónica, que ha desaparecido
incomprensiblemente del anteproyecto de ley, para que vele por el sistema de relación desde el ciudadano y con independencia del trabajo y las facultades que la ley otorga a otro instrumento, que son los inspectores generales de servicios para la
Administración. Por tanto -termino-, esta es una ley manifiestamente mejorable; que no nos gusta demasiado ni le gusta al sector de la sociedad de la información; que sinceramente es insuficiente, pero vamos a poner todo de nuestra parte para
llegar a acuerdos, eso sí, sobre la base de lo ya expuesto, y conseguir una Administración inteligente, más que electrónica; que busque la excelencia y sobre todo que anticipe las cuestiones y no vaya por detrás; que contribuya a gestionar la
sociedad del conocimiento en el futuro, que


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simplifique los procedimientos, elimine trámites, clarifique procesos, sea transparente, disminuya la brecha digital y contribuya en definitiva a que los españoles tengan una mejor Administración; que apueste por la neutralidad tecnológica,
por la utilización multicanal y la perdurabilidad de los datos y con la que consigamos a través de las tecnologías de la información y la comunicación una Administración más abierta, más eficaz y más transparente. En esas posiciones tengan la
seguridad de que van a encontrar siempre al Grupo Popular.



Muchas gracias.



La señora VICEPRESIDENTA (Chacón I Piqueras): A usted, señor Echániz, muchas gracias.



Finalizamos con el último turno de fijación de posición del día de hoy, el que corresponde al Grupo Parlamentario Socialista, y será el señor Corcuera quien tome la palabra.



El señor CORCUERA PLAZA: Gracias, señora presidenta. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista expondré las razones y los argumentos que fundamentan nuestra posición de rechazo a la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Señor Jané, le aseguro que he estado escuchando con la máxima atención la argumentación que sustenta su enmienda a la totalidad y no he logrado encontrar un solo motivo que justifique el procedimiento
que ustedes han escogido para mostrar sus discrepancias en este proyecto de ley. Además, si atendemos a las razones que ustedes esgrimen para pedir la devolución del proyecto, hemos de señalar que no se ciñen en absoluto a la realidad: ni hay
invasión de competencias ni se imponen calendarios a las diversas administraciones para su implantación, sino que se supedita a las disponibilidades presupuestarias. Más allá de las discrepancias he podido comprobar cómo la mayoría de los
portavoces han entendido perfectamente el espíritu de la ley. Con toda probabilidad se van a quedar ustedes solos en la defensa de esta enmienda. Me temo que ningún grupo ha sabido encontrar tampoco dichas razones.



Antes de entrar en las consideraciones de fondo, en las razones que sustentan nuestro rechazo y en la defensa del proyecto, permítanme expresar nuestra satisfacción, puesto que por fin comienza la tramitación de una ley que ha sido esperada
y deseada desde hace muchos años por amplios sectores de la ciudadanía. No se olviden de una cosa, la ley que hoy discutimos no es la ley que regula la Administración electrónica, sino algo muy diferente: la ley que ha de garantizar el acceso de
los ciudadanos a los servicios de la Administración electrónica. Lo que regula la ley es la obligatoriedad de establecer canales de comunicación electrónica entre los ciudadanos y las administraciones públicas que les permitan realizar un mínimo de
servicios. (Rumores.) Lo que busca, en definitiva, la ley es garantizar el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las administraciones públicas por medios electrónicos.
Únicamente crea derechos para los ciudadanos y garantiza su ejercicio.
No pretende regular la Administración electrónica ni en su funcionamiento ni en sus contenidos.



Señor Echániz, nos preocupan tanto los ciudadanos que hemos creado derechos para ellos. Como ve, señor Jané, son derechos no resueltos ni garantizados por otras leyes ya existentes; leyes que además regulan únicamente las relaciones entre
privados y no entre ciudadanos con las administraciones públicas. Me gustaría, señorías, que reflexionen conmigo sobre el texto de la enmienda y alguna de las críticas vertidas contra el proyecto de ley. El Grupo Parlamentario de Convergència i
Unió fundamenta su posición en una supuesta invasión competencial, la imposición de un determinado modelo de Administración electrónica que vulneraría para el caso de Cataluña disposiciones al actual Estatut. Señor Jané, le aseguro que he buscado
con detenimiento en la ley ese modelo que usted nos decía, y créame de nuevo cuando le digo que no he hallado indicio alguno de él.
Se lo han dicho también la mayoría de los portavoces. La ley regula los aspectos básicos para la utilización de las
tecnologías de la información en la actividad administrativa, al amparo de la habilitación constitucional del artículo 149.1.18.ª Para ello se establece un marco referencial común que es necesario en primer lugar y desde un punto de vista puramente
tecnológico, puesto que parece innegable que la fijación de sistemas y procedimientos comunes constituye un requisito imprescindible para que la Administración electrónica pueda operar. La compatibilidad, disponibilidad y seguridad son requisitos
que deben ser exigidos para que puedan establecerse las relaciones, las comunicaciones electrónicas con los ciudadanos, y que estos a su vez puedan autorizar su uso. Como saben, uno de los impedimentos con los que ha topado el desarrollo del
comercio electrónico ha sido la percepción del ciudadano de falta de seguridad. Por tanto, es imprescindible que en orden a garantizar la seguridad en la transacción telemática de información con las administraciones públicas se establezca con
mayor precisión una regulación común, unos estándares o principios que promuevan la confianza entre los particulares. En segundo lugar, los ciudadanos deben tener un marco de referencia común respecto de las relaciones que puedan entablar con las
distintas administraciones públicas. Esta realidad justifica a nivel constitucional el reconocimiento a favor del Estado de la competencia exclusiva para regular el régimen básico de las administraciones públicas, de manera que en todo caso
garantice un tratamiento común ante todas ellas, como saben, el artículo 149.1.18.ª de la Constitución; competencia que, como sabe también, señor Jané, el Estatut de Catalunya reconoce como compartida con el Estado en su artículo 159.2. Esta
necesidad de homogeneidad en la solución es, si cabe, aun más evidente en el plano de las relaciones interadministrativas de colaboración, cooperación y coordinación, puesto que obliga, para que puedan entablarse, al uso de unos protocolos comunes.
Por cierto, señor Jané, usted ha leído una frase de la


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exposición de motivos a la que usted se agarra. A lo mejor, está mal redactada, no se lo discuto, y podemos mejorarla luego, pero debería haber seguido su lectura y se apercibiría de que se refiere a algo tan obvio como es el
establecimiento de las reglas comunes para la interoperabilidad. Por último, si la participación, comunicación y acceso a la información administrativa son medios para lograr los derechos constitucionales reconocidos en los artículo 23, 24 y 105 de
la Constitución y la actividad que lleva a cabo la Administración constituye un vehículo necesario para la efectiva realización de derechos y deberes constitucionales, el establecimiento de unas condiciones comunes resulta imprescindible para
garantizar la igualdad en el ejercicio de los derechos de ciudadanía.



El Grupo de Convergència i Unió esgrime también una inadecuada financiación al señalar una obligatoriedad de las comunidades autónomas y entes locales para ofrecer la totalidad de los servicios a través de medios electrónicos. (Rumores.)


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): Disculpe, señor Corcuera.



Señorías, del Grupo Socialista, les solicito esta vez un poco de respeto hacia su propio compañero.



Adelante, señor Corcuera.



El señor CORCUERA PLAZA: Gracias, señora presidenta.



Nuevamente se vuelve a incurrir en inexactitudes. Como ley que otorga y garantiza una serie de derechos a los ciudadanos obviamente genera unas obligaciones para las administraciones públicas. La ley ha sido concebida desde el apego a la
realidad de la pluralidad administrativa de nuestro país y de sus posibilidades presupuestarias también. Por ello, deja a la discrecionalidad de las comunidades autónomas el plazo temporal para su efectiva implementación. Si bien establece una
fecha que, recordemos, no es inmediata, sino que es diciembre de 2009, dentro de casi tres años, se añade, no obstante, que tal obligación habrá de estar condicionada a las disponibilidades presupuestarias de cada comunidad autónoma. Así lo
estipula la disposición final tercera, que señala para el ámbito de las comunidades autónomas y la Administración local que dichos derechos reconocidos podrán ser ejercidos a partir del 31 de diciembre de 2009, pero siempre que lo permitan sus
disponibilidades presupuestarias.
Además, en lo que respecta al ámbito de los entes locales, y de acuerdo con la FEMP, se han buscado soluciones ad hoc para dichas administraciones, estableciéndose, además de lo ya señalado para las comunidades
autónomas, que podrán ser las diputaciones provinciales o en su caso cabildos o consejos insulares u otros organismos supramunicipales, quienes presten los servicios precisos para garantizar la efectividad de dichos derechos en el ámbito de los
municipios que no dispongan de los medios técnicos y organizativos necesarios para prestarlos.



Señor Jané, ni se vulnera en ningún momento el principio de lealtad institucional previsto en la Lofca ni tendría sentido ninguna cláusula de financiación extraordinaria, puesto que la ley no crea servicios nuevos y se da un plazo temporal
suficientemente amplio como para que puedan ir haciéndose dotaciones presupuestarias. Tal cláusula solo tendría sentido si se crearan servicios nuevos. Las inversiones requeridas únicamente lo han de ser para la introducción de las tecnologías
necesarias; inversiones que tendrán un rápido retorno en la reducción de costes que supone el aumento de la eficiencia y la eficacia de las administraciones.



Como ven, señorías, estamos ante una ley que es absolutamente respetuosa con las competencias autonómicas. La regulación estatal en lo que tiene de básico deja margen a los desarrollos autonómicos. Es una ley que seguramente será de las
más respetuosas con el orden competencial que han pasado por esta Cámara. Estoy convencido también de que este es un proyecto de ley respetuoso con el nuevo orden competencial que diseñan los estatutos de autonomía ya en vigor y con los proyectos
ya aprobados.
Por eso, pido al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que retire esta enmienda a la totalidad y nos permita encontrar un punto de encuentro en el trámite de enmiendas.



Gracias a todos los grupos parlamentarios por el buen acogimiento del proyecto. Estoy seguro de que a lo largo de su trámite parlamentario podremos llegar a un consenso satisfactorio para todos.



Muchas gracias. (Aplausos.)


La señora VICEPRESIDENTA (Chacón i Piqueras): A usted, señor Corcuera, muchas gracias. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)


JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.



El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de comenzar a votar, vamos a proceder a tomar juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por un nuevo colega. Conforme al artículo 20 del Reglamento, se procede al llamamiento del diputado,
proclamado electo por la Junta Electoral Central, don Juan Manuel Moreno Bonilla, en sustitución de don Manuel Atencia Robledo, para prestar juramento o promesa de acatar la Constitución. ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?


El señor MORENO BONILLA: Sí, juro. (Aplausos.)


El señor PRESIDENTE: Don Juan Manuel Moreno Bonilla ha adquirido la condición plena de diputado. Enhorabuena.



Vamos a proceder a las votaciones. Antes de iniciar las mismas, me gustaría hacer un llamamiento respetuoso a las tribunas. Como es una suma de votaciones, rogaría que no se produjeran ni aplausos ni exclamaciones


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y solo cuando el presidente levante la sesión se podría producir este tipo de situación, pero mientras se vota rogaría que se mantenga el orden.



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS:


-DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES DE SEÑORES DIPUTADOS.



El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados.



Comienza la votación. (Pausa.-El señor Martínez-Pujalte López: ¡No vale! ¡Desalojen!-Varios señores diputados: Es secreta.¡Desalojen!-Rumores y Protestas.)


No es necesario, ya que la votación es secreta, figura como secreta y no se dan los resultados. (Varios señores diputados: ¡No! ¡Desalojen!-Rumores y protestas.) Señorías, si esto va a ser objeto de contestación, quiero decirles que he
consultado antes con el servicio jurídico si era oportuno o no pedir el desalojo de las tribunas. Se me ha contestado por los servicios jurídicos que la votación se podía realizar perfectamente, teniendo en cuenta que la votación es secreta y que
sus resultados no quedan reflejados, salvo en el ordenador, que es secreto.
(Rumores y protestas.) Dicho esto, si esto genera polémica entre nosotros, polémica que me parece absurda, porque lo único que va a significar es perder tiempo, desalojen
las tribunas y vamos a repetir la votación. Desalojen las tribunas. (Rumores.-Varios señores diputados: ¡No!) Desalojen las tribunas. Atendiendo a la petición del Grupo Parlamentario Popular, desalojen las tribunas. (Varios señores diputados:
¡No, no!-Fuertes protestas.-La señora Villalobos Talero: ¡Señor presidente, esto no es así!) Siéntese, señora Villalobos.



El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Por una cuestión de orden, señor presidente.



El señor PRESIDENTE: Dígame usted, señor Zaplana.



El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: El presidente tiene la obligación de exigir el cumplimiento del Reglamento y no interpretar lo que los grupos pueden querer o no querer, cuando lo único que están exigiendo es lo que debía de custodiar, por
encima de todo, el señor presidente de la Cámara.
(Aplausos.-Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Señor Zaplana, el presidente antes de proceder a la votación -ya se lo he explicado- ha consultado. En consecuencia, esto no tiene debate. Si ustedes interpretan que esto crea un punto de polémica, para mí no.



El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ SORO: Exigimos el cumplimiento del Reglamento.
(Rumores y protestas.)


El señor PRESIDENTE: Desalojen las tribunas.



El señor ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO: Jamás había ocurrido esto, señor presiente. Jamás. (Rumores y protestas.)


El señor PRESIDENTE: Por favor, desalojen las tribunas.



Continúa la sesión con carácter secreto.



DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS.



-DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES DE SEÑORES DIPUTADOS.



Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados, que es aprobado.



Se reanuda la sesión con carácter público.



ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN)


-PROYECTO DE LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES. (Número de expediente 121/000077.)


El señor PRESIDENTE: Comienzan las votaciones. En primer lugar, votación en Pleno de las enmiendas del Senado al proyecto de Ley de sociedades profesionales. (El señor Olabarría Muñoz pide la palabra.)


Dígame, señor Olabarría.



El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, con serenidad e incluso me atrevería a decir que con humildad, queríamos pedir votación separada de tres aspectos no consignados en la relación que nos han entregado los letrados, que se refieren
al apartado tercero del preámbulo; al artículo 11, número 2; al artículo 12 y al artículo 14, en sus números 1, 2 y 3.



Muy amable, señor presidente.



El señor PRESIDENTE: Gracias.



¿Algún otro grupo parlamentario solicita votación separada? (Pausa.)


Enmiendas al artículo 1.



Comienza la votación. (Pausa.)


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 305.



El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.



Enmiendas al artículo 14.4.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 302; en contra, uno; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.



Enmiendas a los artículos 4.3, 4.4, 16.1, 16.2 y 17.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 136; en contra, 168; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Enmiendas a los artículos 6 y 9.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 303; en contra, dos.



El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.



Enmiendas a los artículos 14.1 y 14.2.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 141; en contra, 164.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Enmiendas al artículo 4.5.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 134; en contra, 171.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Enmiendas al artículo 14.3.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 141; en contra, 164.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Enmiendas a los artículos 11.2 y 12.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 141; en contra, 164.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Enmienda al párrafo tercero del apartado II del preámbulo.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 136; en contra, 169.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Señor Olabarría, ¿había pedido también votación separada del párrafo tercero? (Pausa.)


El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Sí.



El señor PRESIDENTE: Enmiendas al apartado tercero del preámbulo.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 140; en contra, 162; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Votamos en su conjunto el resto de las enmiendas.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 141; en contra, 164.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



-PROYECTO DE LEY REGULADORA DE LA RECTIFICACIÓN REGISTRAL DE LA MENCIÓN RELATIVA AL SEXO DE LAS PERSONAS. (Número de expediente 121/000089.)


El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas del Senado al proyecto de Ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. Votamos en bloque las enmiendas.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 176; en contra, 123; abstenciones, tres.



El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas. (Aplausos.)


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES.



-MEDIDA 1 (2003) RELATIVA AL ESTABLECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DEL TRATADO ANTÁRTICO CON SEDE EN BUENOS AIRES (ARGENTINA) ACORDADA POR LA XXVI REUNIÓN CONSULTIVA DEL TRATADO ANTÁRTICO, CELEBRADA EN MADRID EL 20 DE JUNIO DE 2003. (Número de
expediente 110/000185.)


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-ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA CONFEDERACIÓN SUIZA, POR OTRA, PARA LUCHAR CONTRA EL FRAUDE Y CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD ILEGAL QUE AFECTE A SUS INTERESES FINANCIEROS, HECHO EN
LUXEMBURGO EL 26 DE OCTUBRE DE 2004, ASÍ COMO DECLARACIÓN QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR EN EL MOMENTO DE SU RATIFICACIÓN.
(Número de expediente 110/000186.)


-ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE SENEGAL, HECHO EN DAKAR EL 10 DE OCTUBRE DE 2006. (Número de expediente 110/000187.)


-ACUERDO GENERAL DE SEGURIDAD ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA FRANCESA RELATIVO AL INTERCAMBIO Y PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN CLASIFICADA, HECHO EN MADRID EL 21 DE JULIO DE 2006. (Número de expediente 110/000188.)


-DENUNCIA DEL CANJE DE NOTAS DE 26 DE MARZO DE 1962 ENTRE ESPAÑA Y BOLIVIA POR EL QUE SE SUPRIMEN LOS VISADOS ENTRE AMBOS PAÍSES. (Número de expediente 110/000191.)


-CONVENIO RELATIVO A LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA CHECA, REPÚBLICA DE ESTONIA, REPÚBLICA DE CHIPRE, REPÚBLICA DE LETONIA, REPÚBLICA DE LITUANIA, REPÚBLICA DE HUNGRÍA, REPÚBLICA DE MALTA, REPÚBLICA DE POLONIA, REPÚBLICA DE ESLOVENIA Y
REPÚBLICA ESLOVACA AL CONVENIO, RELATIVO A LA SUPRESIÓN DE LA DOBLE IMPOSICIÓN EN CASO DE CORRECCIÓN DE BENEFICIOS DE EMPRESAS ASOCIADAS, HECHO EN BRUSELAS EL 8 DE DICIEMBRE DE 2004. (Número de expediente 110/000196.)


El señor PRESIDENTE: Punto IX del orden del día, relativo a los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.



¿Algún grupo desea intervenir en relación con dichos dictámenes? (Pausa.) ¿Algún grupo solicita que se proceda a la votación separada de alguno de los dictámenes referidos? (Pausa.) En tal caso, se somete a votación conjunta y por
asentimiento de la Cámara la aprobación de la globalidad de los citados dictámenes reproducidos en el orden del día.



¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)


En consecuencia, quedan aprobados los referidos dictámenes.



DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN.)


-PROYECTO DE LEY DE SUELO. (Número de expediente 121/000096.)


El señor PRESIDENTE: Votación del proyecto de Ley del Suelo.



En primer lugar, votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez. Votamos en bloque las enmiendas. (EL señor Rodríguez Sánchez pide la palabra.)


Señor Rodríguez.



El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.



Retiramos las enmiendas en este momento, si no tiene inconveniente.



El señor PRESIDENTE: Gracias.



Retiradas las enmiendas, pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, enmiendas números 196, 197, 210, 220 y 221.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 141; en contra, 161; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Votamos el resto de las enmiendas.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 15; en contra, 289; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Grupo Parlamentario Popular. Enmienda número 294.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 125; en contra, 177; abstenciones, tres.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Votamos el resto de las enmiendas.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 126; en contra, 178; abstenciones, una.



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El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Votación del dictamen. Artículos 6, 33, 34 y disposición final primera, apartados 1 y 2.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 171; en contra, 133; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.



Disposición adicional novena.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 179; en contra, 126.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Votamos el resto del dictamen.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 178; en contra, 126; abstenciones, una.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.



-PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY 24/1988, DE 28 DE JULIO, DEL MERCADO DE VALORES, PARA LA MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE LAS OFERTAS PÚBLICAS DE ADQUISICIÓN Y DE LA TRANSPARENCIA DE LOS EMISORES. (Número de expediente 121/000108.)


El señor PRESIDENTE: Votación del proyecto de Ley de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, para la modificación del régimen de las ofertas públicas de la adquisición y de la transparencia de los emisores. En
primer lugar, votación de la enmienda del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 20; en contra, 167; abstenciones, 116.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Votación en bloque de las enmiendas.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 17; en contra, 161; abstenciones, 123.



El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.



Finalmente, votamos el dictamen.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 303.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.



DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN.)


-PROYECTO DE LEY PARA EL ACCESO ELECTRÓNICO DE LOS CIUDADANOS A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. (Número de expediente 121/000116.)


El señor PRESIDENTE: Debates de totalidad de iniciativas legislativas.
Enmienda de totalidad de devolución del proyecto de ley para el acceso electrónico de los ciudadanos a las administraciones públicas.



Comienza la votación. (Pausa.)


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 10; en contra, 286; abstenciones, siete.



El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.



Eran las dos y cuarenta minutos de la tarde.