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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 285, de 14/10/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2003 VII Legislatura Núm. 285
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 272
celebrada el martes, 14 de octubre de 2003
ORDEN DEL DÍA: ...
Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas: ...
- De las Cortes de Castilla-La Mancha, en materia de acceso a la Función Pública de personal con discapacidad. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 320-1, de 21 de marzo de 2003. (Número de expediente 125/000027.) ...
Toma en consideración de Proposiciones de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre enajenación de suelo público para la construcción de viviendas de carácter social. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 361-1, de 19 de septiembre de 2003.
(Número de expediente
122/000312.) ... (Página 14982)
- De los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto, de modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General
(Orgánica). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 363-1, de 8 de octubre de 2003. (Número de expediente 122/000314.) ... (Página 14993)
- De los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto, Orgánica de medidas para la celebración simultánea de las elecciones
al Parlamento Europeo y del referéndum sobre el Proyecto de Constitución Europea. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 364-1, de 8 de octubre de 2003. (Número de expediente 122/000315.) ... (Página
14993)
Avocación por el Pleno ... (Página 15002)
Modificación del orden del día ... (Página 15003)
Proposiciones no de Ley: ...
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la promoción de proyectos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con Instituciones y Organizaciones no Gubernamentales para la inclusión de programas que eviten el racismo y
fomenten la solidaridad. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, número 575, de 29 de julio de 2003.
(Número de expediente 162/000809.) (Procedente de la Proposición no de Ley en Comisión, número de expediente 161/002220.) ...
- Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la supresión del sistema de peajes en las carreteras radiales de acceso a Madrid (R-II, R-III, R-IV y R-V). (Número de expediente 162/000822.) 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D,
número 601, de 10 de octubre de 2003. (Procedente de la Proposición no de Ley en Comisión, número de expediente 161/002310.) ... (Página 15010)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes: ...
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre devolución de la dignidad a los familiares de los fusilados durante el franquismo y a las víctimas de la dictadura. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 601, de 10 de octubre de 2003.
(Número de expediente 173/000227.) ... (Página 15017)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre política en materia de vivienda. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 601, de 10 de octubre de 2003. (Número de expediente 173/000228.) ... (Página
15023)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre criterios del Gobierno en política tributaria. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 601, de 10 de octubre de 2003. (Número de expediente 173/000229.) ...
SUMARIO
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de Ley de Comunidades Autónomas ... (Página 14975)
De las Cortes de Castilla-La Mancha, en materia de acceso a la Función Pública de personal con discapacidad ... (Página 14975)
Presenta la proposición de ley para su toma en consideración el señor Molina Martínez, representante de las Cortes de Castilla-La Mancha.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ruiz López, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida; y las señoras Exposito Molina, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); García Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista, y Martín Vivas, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de las Cortes de Castilla-La Mancha, en materia de acceso a la función pública de personal con discapacidad, se aprueba por 273 votos a favor y dos abstenciones.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley ... (Página 14982)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre enajenación de suelo público para la construcción de viviendas de carácter social ... (Página 14982)
El señor Morlán Gracia presenta, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, esta proposición de ley para su toma en consideración que, dice, es muy sencilla en su texto articulado, ya que únicamente pretende la incorporación de un
artículo 62 bis a la Ley de Patrimonio del Estado.
Con ella se persigue la disminución del precio del suelo y que, por tanto, el precio de la vivienda sea menor y las familias españolas no sufran las dificultades actuales para acceder a una
vivienda. Se trata, en definitiva, de que aquellos patrimonios públicos de suelo dependientes de los ministerios o de los organismos dependientes de los mismos, susceptibles de urbanización y de edificación, sean enajenados con destino preferente a
la construcción de viviendas públicas en alquiler para jóvenes o a viviendas sujetas a algún régimen de protección pública.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Monzón Cabrera, de Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; el señor Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV); la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y los señores Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Ortiz González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre enajenación de suelo público para la construcción de viviendas de carácter social, se rechaza por 131 votos a favor y 150 en
contra.
De los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto, de modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General
(Orgánica.) ... (Página 14993)
De los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto, Orgánica de medidas para la celebración simultánea de las elecciones
al Parlamento Europeo y del referéndum sobre el Proyecto de Constitución Europea ... (Página 14993)
Presentan las proposiciones de ley para su toma en consideración los señores Bermúdez de Castro Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso; Borrell Fontelles, del Grupo Parlamentario Socialista; Jané i Guasch, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora
Lasagabaster Olazábal y los señores Núñez Castain y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), Coalición Canaria y Mixto, de
modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se aprueba por 279 votos a favor.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), Coalición Canaria y Mixto,
orgánica, de medidas para la celebración simultánea de las elecciones al Parlamento Europeo y del referéndum sobre el proyecto de Constitución europea, se aprueba por 273 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones.
Avocación por el Pleno ... (Página 15002)
De la Proposición de Ley de Modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Orgánica.) ... (Página 15002)
De la Proposición de Ley Orgánica de medidas para la celebración simultánea de las elecciones al Parlamento Europeo y del referéndum sobre el Proyecto de Constitución Europea ... (Página 15002)
La Presidencia, oída la Junta de Portavoces, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento, somete a la aprobación de la Cámara la tramitación directa y en lectura única por el propio Pleno de la proposición de ley de
modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, lo que se aprueba por asentimiento.
Asimismo, la Presidencia, oída la Junta de Portavoces, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento, somete a la aprobación de la Cámara la tramitación directa y en lectura única por el propio Pleno de la proposición
de ley orgánica de medidas para la celebración simultánea de las elecciones al Parlamento Europeo y del referéndum sobre el proyecto de Constitución europea, lo que se aprueba por asentimiento.
Modificación del orden del día ... (Página 15003)
La Presidencia, de conformidad con el artículo 68 del Reglamento y de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que el punto 44, relativo al
dictamen de la Comisión del proyecto de ley por la que se modifica la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas de reproducción asistida, pase a debatirse tras el punto 38, relativo al dictamen de la Comisión del proyecto de ley de medidas
para la modernización del Gobierno local, lo que se acuerda por asentimiento.
Proposiciones no de Ley ... (Página 15003)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la promoción de proyectos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con instituciones y organizaciones no gubernamentales para la inclusión de programas que eviten el racismo y
fomenten la solidaridad ... (Página 15003)
Presenta la proposición no de ley la señora Caracuel del Olmo, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Con su iniciativa persiguen apoyar y, al mismo tiempo, instar al Gobierno para que sean cada vez más los proyectos del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con instituciones y organizaciones no gubernamentales para la inclusión de programas que eviten el racismo y fomenten la solidaridadon Expone la situación de la inmigración en España que, asegura, seguirá
aumentando paulatinamente, por lo que es necesario que todas las instituciones de la Administración del Estado tomen las medidas pertinentes para que esta incorporación se realice de la forma más adecuada y solidaria posible, evitando así los
problemas que pudieran producirse. Reconoce que ya se vienen adoptando medidas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y recuerda los programas de acción de la Conferencia Mundial de Durban, el programa GRECO, así como lo desarrollado
dentro del marco de la iniciativa comunitaria EQUAL. Asimismo pone de relieve una serie de medidas jurídicas y administrativas en la legislación española para luchar contra todas las formas de discriminación racial en materia de asilo e inmigración
y se refiere a los sondeos de opinión entre la gente joven correspondiente al segundo semestre del año 2000, realizado por el INJUVE, en materia de inmigración. Finalmente rechaza la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por no
estar en la línea en la que viene trabajando el Partido Popular, y anuncia la admisión de la enmienda de Convergència i Unió, ya que el Gobierno va a tramitar urgentemente la trasposición de la directiva europea relativa a la aplicación del
principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Pajín Iraola, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), y el señor Ruiz López, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Sometida a votación la proposición no de ley relativa a la promoción de proyectos del Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales con instituciones y organizaciones no gubernamentales para la inclusión de programas que eviten el racismo y
fomenten la solidaridad, se aprueba por 170 votos a favor y 103 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la supresión del sistema de peajes en las carreteras radiales de acceso a Madrid (R-II, R-III, R-IV y R-V.) (Procedente de la Proposición no de Ley en Comisión.) ...
Presenta la proposición no de ley, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Quintana Viar. Critica la solución dada por el Gobierno a los problemas derivados de la saturación de tráfico en las carreteras de la Comunicad
Autónoma de Madrid, por considerar que las autopistas de peaje no arreglarán el problema, ya que lo único que se conseguirá será pagar para llegar antes al atasco de la M-40, que actualmente, dice, está saturada y carece de capacidad para absorber
los vehículos procedentes de las radiales. Hace una serie de preguntas sobre el retraso de las obras de las radiales y sobre las obras de la M-50, así como sobre el precio del peaje implantado para la autopista de Madrid-Guadalajara. Tras poner
unos ejemplos de los problemas que, a su juicio, ha acarreado a los madrileños la política de carreteras llevada a cabo por el Gobierno en la Comunidad de Madrid, asegura que las infraestructuras públicas se ponen al servicio de las privadas,
despreciando la posibilidad de construir un auténtico modelo de movilidad y transporte en la región y la ciudad de Madrid.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Companys Sanfeliú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Ayala Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Ruiz López, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En un turno por alusiones intervienen los señores Bel i Queralt, del Grupo Parlamentario Socialista, y Companys Sanfeliú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de indicar la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor Quintana Viar.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la supresión del sistema de peajes en las carreteras radiales de acceso a Madrid R-II, R-III, R.IV y R-V, en sus propios términos, se rechaza por 95
votos a favor, 161 en contra y tres abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 15017)
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre devolución de la dignidad a los familiares de los fusilados durante el franquismo y a las víctimas de la dictadura ... (Página 15017)
Defiende la moción la señora Lasagabaster Olazábal, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, y aprovecha la ocasión para saludar a los niños de la guerra de Rusia y de Chile que se encuentran en la tribuna de invitados. Asegura que no se
trata de una iniciativa de partido ni se pretende con ella crear crispación, se trata tan sólo de hacer justicia y de cumplir con un compromiso de todos los grupos parlamentarios llevado a cabo el 20 de noviembre del año pasado en el sentido de
desarrollar una política integral de reconocimiento y acciones protectoras económicas y sociales de los exiliados de la guerra civil, así como de los llamados niños de la guerra.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Atencia Robledo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y la señora Valcarce García, del Grupo
Parlamentario Socialista.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene la señora Lasagabaster Olazábal.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre política en materia de vivienda ... (Página 15023)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Leguina Herrán, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Antes de entrar en la defensa de la moción contesta al señor Ayala en relación con las acusaciones vertidas en
el debate de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a la supresión de peajes en las carreteras radiales.
Comienza, a continuación, la defensa de su moción con una serie de datos significativos de la Comunidad de Madrid en cuanto al precio medio del metro cuadrado construido en Madrid y las recalificaciones de suelo rústico, afirmando que las
plusvalías generadas por el suelo, descontadas las cesiones obligatorias, han sido del orden de los 8.000 millones de euros todos los años, lo que representa aproximadamente el 10 por ciento de todo el producto interior bruto regional de cada año,
beneficio que se queda en su mayor parte en manos de un reducido grupo de especuladores que operan, sin ningún riesgo empresarial, en régimen de monopolio.
Afirma finalmente que la Ley del Suelo vigente ha sido un fiasco, convirtiéndose en la
percha en la que se han colgado las mayores operaciones especulativas de la historia de España.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida interviene la señora Urán González, que da por defendida asimismo la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Ortiz González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Leguina Herrán.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre criterios del Gobierno en política tributaria ... (Página 15027)
En defensa de la moción consecuencia de interpelación urgente interviene el señor Sánchez i Llibre, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió.) Se plantean en la moción diferentes aspectos que hacen referencia a la
política fiscal y a la política tributaria, siendo el punto más relevante, aunque no el más importante, la supresión del impuesto de sucesiones. En este sentido el Grupo Catalán reta al Partido Popular a que aborde este aspecto con la valentía
política y con la objetividad suficiente, suprimiendo el impuesto de sucesiones desde el Gobierno central, ya que el Estado es el titular de este impuesto, y compensando a las comunidades autónomas, según el principio de lealtad institucional, por
los ingresos que dejarán de percibir. De no hacerlo así, afirma, el Gobierno del Partido Popular fomentará una competencia fiscal indeseable entre las comunidades autónomas y los cambios de residencia fiscal.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Bel i Queralt, del Grupo Parlamentario Socialista, y De Juan i Casadevall, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Ruiz López, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Sometida a votación, en primer lugar, la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre devolución de la dignidad a los familiares de los fusilados durante el franquismo y a las víctimas de la dictadura, en
los términos derivados del debate, se rechaza por 108 votos a favor, 135 en contra y tres abstenciones.
Sometida a votación, en segundo lugar, la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre política en materia de vivienda, con la incorporación de las enmiendas que han sido aceptadas por el grupo
proponente, se rechaza por 108 votos a favor, 136 en contra y dos abstenciones.
Sometidos a votación los puntos 1 a 3 de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre criterios del Gobierno en política tributaria, se rechazan por 102 votos a favor, 136 en
contra y ocho abstenciones.
Sometido a votación, finalmente, el punto 4 de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre criterios del Gobierno en política tributaria, se rechaza por 12 votos a favor, 225
en contra y nueve abstenciones.
Se suspende la sesión a las diez y cuarenta y cinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS:
- DE LAS CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA, EN MATERIA DE ACCESO A LA FUNCIÓN PÚBLICA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD. (Número de expediente 125/000027.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.
Punto I del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades autónomas. Toma en consideración de proposición de ley de las Cortes de Castilla-La Mancha en materia de acceso a la Función pública de personal con
discapacidad. En nombre de las Cortes de Castilla-La Mancha, tiene la palabra el señor Molina Martínez.
El señor REPRESENTANTE DE LAS CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA (Molina Martínez): Gracias, señora presidenta.
Señorías, me cabe la satisfacción de presentar ante esta Cámara la proposición de ley sobre la iniciativa legislativa de las Cortes de Castilla-La Macha sobre el acceso a la Función pública de personas con discapacidad. Tal y como recoge la
propia exposición de motivos, creemos que estamos dando cumplimiento a un mandato constitucional recogido en el artículo 49, que insta a los poderes públicos a realizar cuantas políticas sean necesarias para garantizar a los disminuidos físicos,
psíquicos o sensoriales su completa realización personal y su total integración social.
Señorías, la experiencia acumulada desde la aprobación de la Ley 30/1984, de reforma de la Función pública, que ya establecía un cupo del 3 por ciento para el acceso a la misma, con la propia reforma que realizamos en Castilla-La Mancha de
la Ley de acceso a la Función pública, vigente desde marzo de 1999, que ampliaba ese 3 por ciento hasta el 5 por ciento, e incluso la previsión que recogía la LISMI de poder establecer una serie de puestos singulares para discapacitados, ley en
vigor desde 1982, ha demostrado que dichas iniciativas son insuficientes para cumplir el objetivo que pretendían, conseguir un mayor acceso de los discapacitados y discapacitadas al empleo y en concreto a la Función pública. La declaración del
Congreso Europeo sobre Discapacidad, celebrado en Madrid el pasado año, establecía entre sus primeras propuestas y pedía explícitamente que se promulgara una legislación que eliminara las causas reales de discriminación e instaba a las
administraciones públicas a que dieran ejemplo, como empleadoras que son, aplicándose en primer lugar esas consideraciones. Tenemos por tanto, señorías, la seguridad de estar dando respuesta a estas demandas cuando en dicho congreso se reclamaba a
esas autoridades públicas dar ejemplo con su actuación.
La propuesta que hoy traigo a SS.SS. en nombre de las Cortes de Castilla-La Mancha pretende fundamentalmente modificar la Ley 30/1984 en un doble sentido, en primer lugar, ampliando del 3 al 5 por ciento el cupo de reserva para personas con
discapacidad en las ofertas de empleo público y, en segundo lugar -y es donde esta propuesta es más novedosa-, estableciendo un turno independiente con el fin de que estas personas, que no son iguales, tengan las condiciones para poder competir
entre iguales, y es en ese entre iguales donde radica el acento que queremos poner en esta iniciativa legislativa, porque entendemos que ahí estamos dando cumplimiento a esas medidas reales de integración social de los discapacitados en materia de
empleo público. Hablamos de otras serie de cuestiones que tienden a explicar esta propuesta respecto a la adaptación de los puestos de trabajo, adaptación de las pruebas a realizar, condiciones que regulan por ejemplo que no se pueda concursar por
el turno libre y el turno específico, etcétera. En definitiva, lo que pretendemos es aumentar el cupo de reserva del 3 al 5 por ciento y que ese 5 por ciento se solvente mediante un turno específico para los discapacitados.
Una norma de estas características, señorías, cumple con las recomendaciones internacionales, por ejemplo, de la Asamblea de Naciones Unidas, cumple las que incluía el Defensor del Pueblo en su memoria de 1996, las del Convenio 159 de la
Organización Internacional del Trabajo y la sentencia 269/1994 del Tribunal Constitucional, que literalmente dice que tanto el legislador como la normativa internacional han legitimado la adopción de medidas promocionales de la igualdad de
oportunidades de las personas afectadas por diversas formas de discapacidad, que, en síntesis, tienden a procurar la igualdad sustancial de sujetos que se encuentran en condiciones desfavorables de partida. Este es el elemento central de la
proposición que hoy traemos a esta Cámara para su consideración, que puedan competir entre iguales los que, por unas razones u otras, no son realmente iguales, lo cual no quiere decir que no tengan los mismos derechos. Estos preceptos, señorías,
han demostrado además plenamente su eficacia. Por ello, cuando venimos a defender esta proposición ante esta Cámara, lo hacemos con el convencimiento de que, de prosperar, puede dar buenos resultados para el cumplimiento de ese objetivo.
En 1999, señorías, en la oferta de empleo público de Castilla-La Mancha, anterior a la entrada en vigor de la norma que incluye estas consideraciones en nuestra comunidad autónoma, de 615 aprobados tan sólo nueve fueron discapacitados, un
1,45 por ciento,
aproximadamente. En la oferta de empleo público de 2001, estando ya en vigor la ley que en Castilla-La Mancha regula no sólo la reserva del 5 por ciento sino el turno independiente, el tanto por ciento de personas con discapacidad que
habían aprobado estaba por encima del 4,5 por ciento, acercándose prácticamente a la previsión establecida del 5 por ciento.
Señorías, estamos plenamente convencidos de que con esta proposición de ley se van a cumplir los objetivos planteados para facilitar el acceso a la Función pública de las personas con discapacidad. Somos conscientes de que esta es sólo una
parte de las políticas de apoyo a los discapacitados y Castilla-La Mancha así lo entiende. Les daré solamente un dato. El proyecto de presupuestos para el año 2004 incrementa un 15 por ciento las partidas destinadas a programas para personas con
discapacidad, cuando el presupuesto general de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha lo hace en un 8 por ciento. Estamos siete puntos por encima en un presupuesto que, como sin duda saben, ya es expansivo, va a crecer por encima de la
economía y por encima del proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Esto está permitiendo que hoy estemos actuando de manera decidida en programas de apoyo al empleo mediante ayudas al autoempleo, talleres y centros especiales de empleo, en
centros ocupacionales favoreciendo la formación de los discapacitados, etcétera. Todo ello ha supuesto que, según los datos de la encuesta de población activa, Castilla-La Mancha se haya situado muy por encima de la media nacional en tasa de
actividad de personas con discapacidad; mientras que la media nacional está en el 33,7 por ciento, Castilla-La Mancha está 8 puntos por encima de esa media. Es la tercera comunidad en tasa de actividad de personas con discapacidad y la cuarta en
tasa de empleo, en una comunidad que no es precisamente la que más recursos tiene, pero que sí sabe priorizar y destinarlos a aquellos que más necesitan del apoyo público, en este caso las personas con discapacidad.
Señorías, esta propuesta, que fue aprobada unánimemente en las Cortes de Castilla-La Mancha, que contó con el voto favorable del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Popular, de ser tomada en consideración por esta Cámara
y tramitada de manera rápida, teniendo en cuenta las fechas en las que estamos, de aprobarse y poder operar en las sucesivas convocatorias de ofertas públicas de empleo, estamos seguros de que incrementará sustancialmente el porcentaje de personas
con discapacidad que aprueban y pueden incorporarse a la Administración pública.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Molina.
¿Turno en contra de la proposición? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Sean mis primeras palabras, en nombre de mi Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, de salutación y bienvenida al representante de las Cortes de Castilla-La Mancha que ha hecho la defensa de esta iniciativa parlamentaria, con la cual
-quiero ser breve, sin dejar de expresar mi sentimiento de apoyo- mi grupo se identifica. Hemos apoyado tanto en el Parlamento de Canarias como en este Parlamento ayudas y promociones a favor de los discapacitados, sobre todo dentro del ámbito de
la Administración pública, y para nosotros es un compromiso apoyar y votar favorablemente esta iniciativa.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el diputado que les habla confiesa desconocer las razones por las que el debate sobre la toma en consideración de esta proposición de ley de las Cortes de Castilla-La Mancha tiene lugar precisamente hoy, siete meses después de su
publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, y no se celebró por ejemplo en los meses de junio o septiembre, como podría haber sido posible. El Grupo Vasco, como todos ustedes saben, no tiene presencia en la Mesa de la Cámara e ignora
por tanto las causas por las que durante este dilatado periodo de tiempo -largos siete meses- no se ha considerado oportuno traer esta proposición de ley a la Cámara y, sin embargo, se decide traerla exactamente ahora, la primera semana hábil
siguiente a aquella en la que se debatió en Comisión una proposición de ley del Grupo Socialista sobre la misma materia, que, a su vez, curiosamente, había permanecido también durante varios meses oculta en algún cajón esperando el momento propicio
para su tramitación. El Grupo Vasco -insisto- desconoce cómo ha podido producirse este cúmulo de coincidencias, pero, ingenuos y bienintencionados, como todos ustedes saben que somos, sólo nos atrevemos a sugerir la posibilidad de que sea el
resultado de una inteligente administración de los tiempos, una administración de los tiempos diseñada y ejecutada evidentemente por el único grupo de la Cámara que puede hacerlo y orientada probablemente a rechazar la iniciativa sin debatir los
contenidos de fondo de la
misma, cuando no a descalificarla por extemporánea o impertinente, porque hoy, nos guste o no, hay un dato cierto que planea inevitablemente sobre todo lo que podamos decir durante el debate, el de que hace dos semanas se debatió y se aprobó
en la Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas una modificación de la norma que esta proposición de ley pretende reformar -la adicional decimonovena de la ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas urgentes para la reforma de la Función
pública-, que incluía algunas de las medidas que ahora se proponen. Es cierto que el debate no vino precedido, que se diga, de un trabajo intenso de ponencia: cinco minutos escasos de reunión fueron suficientes para que se diera por concluido un
trámite que nosotros al menos consideramos esencial para una buena producción legislativa. Es cierto también que la Comisión apenas entró a analizar con un mínimo de profundidad las enmiendas que se presentaron. Fue una pena porque la cuestión
requería -y requiere, a nuestro juicio- una atención mayor que la que le prestamos en la Comisión, pero fue así.
El debate en Comisión, contra lo que a nosotros nos hubiese gustado, no llegó a abordar en serio y en toda su dimensión los múltiples problemas asociados al acceso de los discapacitados a la Función pública. En cualquier caso, el trámite se
cumplió -es incuestionable- y este es un dato que no se puede pasar por alto en el debate de hoy, porque el Congreso ya acordó que en las ofertas públicas de empleo el cupo del total de plazas vacantes reservadas a minusválidos se incremente del 3
al 5 por ciento. Esto, que constituye uno de los principales puntos de la proposición de ley que hoy debatimos, está ya acordado por una Comisión constituida al efecto en esta Cámara. Ahora bien, el hecho de que hace dos semanas hayamos debatido y
aprobado ya un punto que coincide con uno de los elementos fundamentales de la proposición que hoy nos ocupa ¿significa que hemos de votar negativamente a su toma en consideración? A nuestro juicio no y pensamos así por las mismas razones por las
que creímos en su día que no cabía oponerse a la toma en consideración de la proposición de ley que sobre la misma materia presentó en esta Cámara el Grupo Parlamentario Socialista, porque la problemática de la incorporación de los discapacitados al
mercado de trabajo y en especial a la Función pública merece una atención específica; requiere a nuestro juicio un estudio serio y un análisis riguroso y profundo, necesariamente compartido además con las asociaciones que agrupan al sector, algo
que en nuestra opinión no se han hecho todavía en esta Cámara. Podría haberse hecho en el debate de Comisión que tuvo lugar hace dos semanas y al que he hecho ya numerosas referencias, pero se ha desperdiciado una excelente ocasión para hacerlo.
Es por tanto una cuestión pendiente.
La iniciativa que hoy nos ocupa es, como todas, discutible en algunos de sus contenidos y, como a todos, también a nosotros nos suscita interrogantes que requieren respuestas muy ponderadas. Por ejemplo, ¿es positivo eliminar de la ley el
objetivo último de que la presencia de los discapacitados en las administraciones públicas haya de alcanzar el 2 por ciento del total de los efectivos de cada Administración? ¿Es suficiente un solo turno especial para dar cabida a situaciones de
discapacidad tan dispares, diferentes y heterogéneas como la realidad puede ofrecer? ¿Es bueno impedir a los que optan por el turno de discapacitados que se presenten por el turno libre si así lo desean? Estas son, junto con otras que no formulo
por no hacer excesivamente tediosa mi intervención, algunas de las preguntas que nos suscita la lectura de esta iniciativa.
Para darles respuesta, señorías, y sobre todo para darles una respuesta consensuada y compartida por los grupos de la Cámara
y los afectados, sería necesaria la constitución de una ponencia que trabajara seriamente en el asunto, con estudios, análisis, informes, comparecencias y con los debates que fueran precisos y que lo hiciera en consonancia con el sector, es decir,
en íntima conexión, en estrecha relación con las asociaciones de minusválidos. Eso, señorías, no puede hacerse si previamente no se toma en consideración esta iniciativa. Por eso nosotros votaremos a favor de la misma como una muestra más de
nuestra disposición, de nuestra voluntad y de nuestro deseo firme de abordar la problemática con el rigor y la dedicación que requiere, algo que, insisto, hasta la fecha, pese a nuestra voluntad, no ha tenido lugar.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias,, señor Erkoreka.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ : Gracias, señora presidenta.
Señorías, es evidente al día de hoy que con las normas actuales resulta bastante difícil el acceso al trabajo por parte de los discapacitados, no sólo en la empresa privada sino además en la propia Administración pública, como plantea la
proposición que debatimos hoy. Por tanto, al objeto de paliar esta situación, podrían adoptarse nuevas medidas incentivadoras del acceso de discapacitados a la Función pública para compensar justamente estas dificultades tanto en términos de plazas
como a la hora de afrontar las correspondientes pruebas selectivas; compensación que se incardina dentro del amparo especial que predica el artículo 49 de la Constitución en apoyo de la política de integración de las personas disminuidas a que
vienen obligados según dicho precepto todos los poderes públicos. No es menos cierto que al día de hoy en determinadas comunidades, mediante las normas
oportunas, han ampliado el cupo de reserva, con adaptaciones posibles de tiempo y medios para la realización de las pruebas, etcétera. En la práctica su efectividad queda aún bastante lejana de los objetivos perseguidos por dichas
disposiciones. En definitiva, la realidad muestra que la efectividad de las medidas aprobadas está aún muy lejos de conseguir los objetivos perseguidos, constatándose que el cumplimiento de las previsiones de accesibilidad al empleo público por
parte de este colectivo es más formal que real, y resulta necesario fomentar medidas de discriminación positiva, de acuerdo con la doctrina que sobre los artículos 9.2 y 14 de la Constitución ha sentado el Tribunal Constitucional. Lo anterior no
significa establecer privilegio alguno para los minusválidos, sino compensar justamente la peor situación de partida en la que se encuentran a la hora de afrontar las correspondientes pruebas selectivas, compensación que se incardina dentro del
amparo especial que predica el artículo 49 de la Constitución en apoyo de la política de integración de las personas disminuidas a que vienen obligados según dicho precepto todos los poderes públicos. Sobre la base de estos argumentos, junto a los
contenidos de la proposición que debatimos, es conveniente que se valore la oportunidad y conveniencia de las siguientes medidas que si tenemos oportunidad en el futuro Izquierda Unida trataría de incorporar, como es incrementar hasta el 5 por
ciento anual el cupo de reserva para personas como en el texto se propone; prever la reserva para discapacitados en el 10 por ciento en las bolsas de trabajo que se constituyan para contrataciones temporales, tanto de funcionarios interinos como de
personal laboral; que las plazas no cubiertas por el turno de reserva para minusválidos no se acumulen al turno libre y se incorporen al turno de reserva en una nueva convocatoria general o específica hasta tanto se alcance el 5 por ciento de
personas con minusvalías dentro del total de los efectivos reales de la Administración; que las pruebas selectivas se adapten a las peculiaridades y limitaciones de las minusvalías físicas, psíquicas o sensoriales de los aspirantes a las mismas y
concentrar el mayor número de las plazas reservadas para minusválidos en aquellas pruebas selectivas destinadas a cubrir puestos de trabajo cuyo desempeño sea más idóneo o se adapte mejor a las peculiaridades de las personas con discapacidad,
determinándose por el consejo de gobierno, con participación en las entidades representativas de los discapacitados. A este respecto, se debería solicitar la colaboración de las asociaciones de minusválidos para la elaboración de un catálogo de
puestos de trabajo idóneos para personas con discapacidad, donde se concrete gran parte de la cuota de reserva. Por otro lado, el personal con discapacidad de grado igual o superior al 33 por ciento que obtenga plaza en una convocatoria de ingreso
por cualquiera de los turnos -libre o cupo de reserva de discapacitados- tendrá preferencia sobre los aspirantes del turno libre en la elección de vacantes. Por último, adaptar funcionalmente los puestos de trabajo que sean desempeñados por
personas minusválidas para facilitar su plena integración.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señora Expósito.
La señora EXPÓSITO MOLINA: Señora presidenta, señoras y señores diputados, en primer lugar, quiero dar la bienvenida al señor Molina, representante de las Cortes de Castilla-La Mancha y agradecerle que haya traído esta proposición de ley.
Subo a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Catalán (Convergència i Unió) con relación a la toma en consideración de la proposición de ley presentada por las Cortes de Castilla-La Mancha en materia de acceso a la Función pública de
personal con discapacidad. He dicho que fijaría nuestra posición, que será a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley, pero permítanme argumentar en lo posible este voto afirmativo y hacer constar la intención de esta diputada
de presentar enmiendas a lo largo de su debate en esta Cámara si, como espero, la toma en consideración es votada afirmativamente por todos los grupos representados en esta Cámara y tenemos tiempo para poder hacerlo. Sería realmente incoherente que
no fuese así, ya que en el transcurso del debate llevado a cabo en esta Cámara, tras una propuesta en su momento del Grupo Socialista, mi compañero señor Campuzano dejó claro cuál sería nuestra posición. Por tanto, lo que era razonable en la sesión
del 1 de abril del presente año lo es también ahora. Estoy segura de que todos ustedes recordarán esa propuesta y cuáles fueron los términos de su aprobación.
La proposición de ley presentada por las Cortes de Castilla-La Mancha en materia de acceso a la Función pública de personal con discapacidad persigue, en términos generales aunque con algún matiz, lo mismo que la proposición de ley sobre
empleo público de discapacitados presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que actualmente se está tramitando en el Senado: incrementar y facilitar el acceso de las personas con discapacidad al empleo público. Ambas iniciativas coinciden
en elevar el cupo de reserva de las personas con discapacidad del 3 al 5 por ciento de las plazas ofertadas, aunque la proposición de ley presentada por las Cortes de Castilla-La Mancha propone asimismo eliminar la referencia al objetivo de que el
número de personas con discapacidad alcance progresivamente el 2 por ciento de los efectivos totales de la Administración del Estado. Por su lado, la proposición de ley del Grupo Socialista proponía que de no
alcanzarse una vez resuelta la oferta pública de empleo el 2 por ciento de los efectivos totales, las plazas no cubiertas se acumularan al cupo del 5 por ciento de la siguiente oferta, con el límite máximo del 10 por ciento. Una
puntualización. He de recordar que esta propuesta ha sido rechazada por el Grupo Popular en el Congreso mediante una enmienda de supresión. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) se manifestó en el Congreso de acuerdo con la
propuesta del Grupo Socialista, aunque expresó su voluntad de incorporar en dicho cupo de reserva no solamente a las personas con un grado de minusvalía igual o superior al 33 por ciento sino también a las personas con discapacidad intelectual
límite.
Otra de las novedades que aporta la proposición de ley presentada por las Cortes de Castilla-La Mancha es el establecimiento de un turno independiente para la oferta de las plazas correspondientes a este cupo de reserva para ser cubiertas
con personas con discapacidad. Por ello, los apartados que proponen introducir la disposición adicional decimonovena de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la reforma de la Función Pública, se disponen a definir las características de
dicho turno (igualdad de condiciones entre los aspirantes, procesos selectivos, adaptación a las necesidades de las personas con discapacidad, etcétera), a priorizar las personas con discapacidad en la realización de cursos de formación profesional
y a establecer medidas complementarias, como la firma de convenios para poder garantizar el cumplimiento de las medidas propuestas en dicha proposición.
Finalmente, la proposición de ley presentada por las Cortes de Castilla-La Mancha dota de carácter básico lo que se propone en la misma. Teniendo en cuenta la capacidad autoorganizativa de las comunidades autónomas en materia de Función
pública, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) considera que este hecho va en detrimento de las competencias que en esta materia ostentan las comunidades autónomas. Por tanto y sin perjuicio de la valoración que nos merece esta
iniciativa desde el punto de vista de la justicia social, mostramos una primera objeción de orden totalmente competencial, en el sentido de que cuestionamos la necesidad de establecer un marco de carácter básico.
En las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en el trámite del Congreso a la proposición de ley que en este momento debatimos, se propuso asimismo adoptar medidas complementarias para garantizar el
cumplimiento efectivo y real del acceso de las personas con discapacidad a la Función pública; elaborar -el Gobierno, por supuesto- un informe de seguimiento del estado y la evolución del cupo de oferta pública de empleo reservado a personas
discapacitadas y remitirlo, al final de cada ejercicio presupuestario, a las Cortes Generales; el establecimiento de medidas, en el marco de las competencias del Estado y de acuerdo con las comunidades autónomas, para favorecer la integración en el
mercado laboral, tanto público como privado, de las mujeres con discapacidad; campañas, en el marco de las competencias del Estado y de acuerdo con las comunidades autónomas y las entidades que trabajan en este campo, para dar a conocer las
oportunidades existentes para este colectivo de cara a trabajar en administraciones públicas; adopción de las medidas necesarias, tanto por parte de la Administración general del Estado como de las comunidades autónomas, para evitar cualquier
discriminación por razón de discapacidad; dotar a las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, de partidas presupuestarias para medidas dirigidas a eliminar barreras y superar desventajas.
Como pueden ver, nuestra posición no ha cambiado ni un ápice y seguimos solicitando de todos los grupos parlamentarios representados en esta Cámara un voto afirmativo para así conseguir beneficios para este colectivo, discriminado la mayoría
de las veces. Mejorar el mundo de los discapacitados debería ser trabajo de todos, un trabajo constante y sin trabas. No podemos estar, por un lado, tratando todos los temas de la discapacidad en el seno de una subcomisión desde hace más de un
año, escuchando a todos los colectivos y entidades con el único propósito de mejorar la propia ley y, por otro, negar la propuesta que hoy se somete a consideración de la Cámara. Demostremos que no son sólo palabras de buena voluntad sino hechos
concretos con medidas concretas que mejoren el entorno laboral y su inserción en la sociedad. No olvidemos tampoco que el año en curso, este 2003, es el Año Europeo de la Discapacidad.
Creemos, por tanto, oportuna cualquier iniciativa que se nos
plantee, y siempre será bien acogida por este grupo parlamentario si ello conlleva, como he dicho anteriormente, beneficios que faciliten y garanticen a los discapacitados físicos, psíquicos o sensoriales su realización como personas y su total
integración social para que, como el resto de los ciudadanos, puedan disfrutar plenamente de todos sus derechos. No olvidemos que aún es muy pequeño el número de personas con discapacidad que trabajan y que, por tanto, hay que hacer un esfuerzo
para incorporar más personas al mundo laboral, en especial a las mujeres con discapacidad pues, como supongo que conocen SS.SS., es mayor el número de mujeres discapacitadas que no tienen un trabajo estable que el de varones.
Reitero la intención de mi grupo parlamentario de plantear las enmiendas antes mencionadas, que ya se incluyeron en la propuesta socialista en el anterior debate, y además alguna otra que haga referencia al estado competencial de nuestra
comunidad autónoma, claro está, de tomarse en consideración la propuesta de hoy.
Muchas gracias, señoras y señores diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Expósito.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora García.
La señora GARCÍA PÉREZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en primer lugar, querría dar la bienvenida a los representantes de las Cortes de Castilla-La Mancha que vienen hoy al Parlamento para que sea tomada en consideración esta proposición de ley relativa al empleo público y los
discapacitados y también agradecerles esta iniciativa, que demuestra el empeño de los diferentes responsables políticos en las acciones en materia de discapacidad.
Sin duda alguna, este debate se enmarca dentro de una intensa actividad parlamentaria que en materia de discapacidad estamos desarrollando en los últimos tiempos. La preocupación por el empleo de las personas con discapacidad es trasladada
a los poderes públicos por la totalidad de las organizaciones sociales que están trabajando en este ámbito, ya que debemos considerar que la principal herramienta para conseguir el objetivo de la igualdad de oportunidades de las personas con
discapacidad, sin duda alguna, ha de ser el empleo. Hoy en día, en nuestro país estamos muy lejos de conseguir una plena incorporación de este colectivo al mercado laboral, por lo que los esfuerzos en esta materia desde las administraciones
públicas han de ser mayores. Esta propuesta que se nos trae hoy desde Castilla-La Mancha es un claro ejemplo de este compromiso. Por dar un dato significativo que avala esta realidad, en nuestro país sólo se encuentra trabajando una de cada cuatro
personas con discapacidad, lo que habla a las claras de la insuficiencia de las políticas activas de empleo en esta materia. En este sentido, la propia oficina estadística de la Unión Europea determina que, en lo referente a los discapacitados con
ingresos salariales, la brecha de empleo en nuestro país con respecto a la Unión Europea es de 18 puntos.
Las directivas europeas obligan a nuestra legislación a que prohíba la discriminación en el empleo por varios motivos y a que se adopten
ajustes razonables que remuevan las barreras en el acceso al empleo.
El Grupo Parlamentario Socialista considera que el empleo debe ser reconocido como un derecho social de los discapacitados, y así lo planteamos en la nueva ley de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con
discapacidad, que ha sido recientemente debatida aquí en el Congreso, ya que el proyecto de ley que presentaba el Gobierno no planteaba el reconocimiento de este derecho social. Desgraciadamente, esta cuestión planteada a través de una enmienda
parlamentaria no ha sido tenida en cuenta, por lo que hemos perdido una gran oportunidad de desarrollar una legislación que reconozca estos derechos sociales de los discapacitados en materia de empleo.
Como todas SS.SS. conocerán, durante este año el Grupo Parlamentario Socialista presentó, el mismo día que se debatía esta propuesta que hoy nos traen las Cortes de Castilla-La Mancha, una proposición de ley relativa al empleo público de
discapacitados, aumentando al 5 por ciento la reserva e incluyendo la posibilidad de acumular esta reserva hasta un 10 por ciento, con el fin de hacer efectivo el cumplimiento de la norma.
Por desgracia, la mayoría del Grupo Popular ha eliminado en
el trámite parlamentario de la ley la posibilidad de acumulación, restringiendo claramente el sentido de esta proposición; ha desvirtuado claramente el objetivo que planteábamos con la proposición de ley planteada por el Grupo Parlamentario
Socialista. Sabemos las dificultades que tenemos para llegar a los objetivos planteados, pero las propias organizaciones sociales compartían la necesidad de incluir esta posibilidad de acumulación para conseguir el objetivo que nos estábamos
planteando.
Debemos tener en cuenta que, aunque existe un mandato legal, explícito y claro, la realidad es el lamentable incumplimiento del mismo. Por poner un ejemplo, en el año 2001, el porcentaje de discapacitados que se incorporaron a la
Administración general del Estado fue de un 0,2 por ciento, señal de que se ven sometidos a importantes barreras para acceder al empleo público.
Por estas cuestiones, recibimos de forma muy positiva la proposición de ley planteada por las Cortes de Castilla-La Mancha, ya que, aparte de insistir en la necesidad de aumentar en un 5 por ciento la reserva, da un paso adelante en el
cumplimiento de esta cuota proponiendo un turno independiente al que sólo puedan concurrir las personas con discapacidad.
Si duda alguna, esta iniciativa puede llegar a cumplir las referidas normas y se estará favoreciendo la incorporación al
empleo de las personas con discapacidad. Debemos tener en cuenta que la propia Administración ha de asumir el liderazgo en iniciativas que faciliten el acceso de los discapacitados al mercado laboral, y esta iniciativa asume claramente este
compromiso. Esperamos que el Grupo Parlamentario Popular apoye esta iniciativa, tal y como lo hizo en las Cortes de Castilla-La Mancha, ya que de esta manera estaremos contribuyendo a facilitar la igualdad de oportunidades que 3,5 millones de
discapacitados en nuestro país se merecen. También rogaríamos que se tramite esta iniciativa con la máxima brevedad posible -aunque ya estamos acostumbrados a eso en esto últimos meses- para que no se quedara en el tintero por la premura de tiempo
que tenemos en esta legislatura.
Vuelvo a repetir, de esta manera estamos contribuyendo a facilitar la incorporación al mercado laboral de las personas con discapacidad.
Entendemos que es
nuestra obligación y que son sus derechos, y esperamos no defraudarlas.
(Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora García.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señora Martín.
La señora MARTÍN VIVAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, quiero que mis primeras palabras sean para dar la bienvenida al diputado señor Molina que viene, en representación de las Cortes de Castilla-La Mancha, a defender la proposición de ley sobre el acceso a la Función pública del
personal discapacitado.
Una vez más, tenemos la oportunidad de debatir en esta Cámara una propuesta que afecta a las personas con discapacidad en su conjunto. Este es un hecho que nuestro grupo valora muy positivamente y que no debe pasar desapercibido, ya que
pone de manifiesto que la declaración del año 2003 como Año Europeo de la Discapacidad está dando los frutos esperados.
Tanto desde nuestro grupo parlamentario como desde el Gobierno, se ha trabajado intensamente junto con el sector para mejorar
todos y cada uno de los aspectos que les preocupan, buscando que la integración de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad sea real y efectiva. Los resultados son evidentes, como es reconocido incluso por los máximos y
cualificados representantes de la discapacidad. Buena muestra de los esfuerzos que está realizando el Gobierno en favor de este colectivo, especialmente en favor de su acceso al empleo, la tenemos con la aprobación de leyes tan importantes como la
Ley de igualdad de oportunidades y no discriminación, la Ley sobre el estatuto patrimonial del discapacitado, la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal, el segundo Plan de empleo o el segundo Plan de acción o el Plan de accesibilidad. Ahora
bien, ello no significa que todavía no nos quede mucho por hacer y que a menudo abramos debates y discrepemos legítimamente sobre determinadas propuestas que suponemos que están planteadas con el ánimo de aportar mejoras para el colectivo.
Las Cortes de Castilla-La Mancha nos traen hoy a debate una proposición de ley en materia de acceso a la Función pública del personal con discapacidad para su toma o no en consideración. Antes de entrar en el fondo de esta propuesta,
permítanme, señorías, unas breves reflexiones sobre el aprovechamiento de las oportunidades en el empleo de las personas que padecen algún tipo de discapacidad. En las últimas décadas, se ha aprendido mucho sobre las habilidades y sobre el
potencial de las personas discapacitadas. El resultado ha sido que se les han brindado nuevas oportunidades y que la sociedad se ha enriquecido con su aportación. Durante este proceso, se han puesto en cuestión muchas creencias sobre ellas que,
aunque carentes de fundamento, eran asumidas como ciertas y estaban impidiendo que las personas con discapacidad participaran plena y activamente en nuestras sociedades. Ahora, tenemos claro que con una formación adecuada, una buena adaptación al
entorno y, sobre todo, una adecuada organización social basada en la integración y la cooperación se puede aprovechar todo su potencial. Las ventajas que tiene el aprovechamiento de este potencial para el cuerpo social son notables; en términos
axiológicos porque contribuye a afianzar la concepción de que somos realmente una familia humana, lo que nos permitirá avanzar varios peldaños en la evolución hacia esa sociedad mejor a la que muchos aspiramos y, en términos productivos, porque el
modelo de integración y cooperación humana, al proveer a muchas personas con discapacidad de las oportunidades para desarrollar un trabajo digno y compatible con su limitación que les permita gozar de mayor autonomía e independencia para sí y para
su familia, con todo el bienestar psicológico y material que ello implica, significará una ganancia efectiva para toda la sociedad.
La iniciativa que hoy traen a esta Cámara las Cortes de Castilla-La Mancha dice, en su primer apartado, que en las ofertas de empleo público se reservará un cupo no inferior al 5 por ciento del total de plazas vacantes para ser cubiertas
entre personas con minusvalía de grado igual o superior al 33 por ciento. Este es un aspecto que tanto nuestro grupo como el Gobierno han valorado positivamente, y no tan sólo esto, sino que el Gobierno ya lo ha incorporado en alguno de sus
departamentos, como por ejemplo el Ministerio de Justicia.
En el proyecto de ley de reforma de Ley Orgánica del Poder Judicial, que se encuentra en estos momentos en el Senado para su aprobación, ya consta una previsión en este sentido, estableciéndose un cupo de reserva para el ingreso en la
carrera judicial y fiscal en la oferta de empleo público del 5 por ciento. Con ello, se extiende por primera vez a la carrera judicial y fiscal una cuota de reserva ya existente con carácter general en la Administración pública; no solamente se
extiende a esta carrera, sino que se incrementa en un 2 por ciento respecto a la cuota general, que también se va a ver incrementada en esta ocasión. Se hace por primera vez en la carrera judicial, como he dicho, y lo hace el Gobierno del Partido
Popular.
Ahora bien, yo creo que se ha de profundizar mucho en este debate y no olvidar los aspectos de fondo que impiden que ese porcentaje, sea del 3 o del 5 por ciento, sea efectivamente cubierto por las personas discapacitadas. Esta es la
cuestión importante y a la que debemos dedicar todos nuestros esfuerzos. Las cifras constatan, repasando los datos de convocatorias de empleo público desde 1999, que la oferta de la Administración pública se ha situado siempre ligeramente
por encima del 3 por ciento exigido. A pesar de ese porcentaje, nunca ha sido cubierto y está muy lejos de alcanzarse. Las solicitudes para las plazas ofertadas de las personas con discapacidad son todavía muy bajas.
Nosotros pensamos que
las razones son básicamente tres: la educación, la integración y la formación. En este sentido y para vencer estos obstáculos, al margen de otras medidas llevadas a cabo por el Gobierno, el pasado 5 de mayo, el Ministerio de Administraciones
Públicas firmó un convenio con la ONCE que tiene como finalidad desarrollar acciones conjuntas que permitan la accesibilidad de las personas con discapacidad a las administraciones públicas. Hay proyectos de cursos formativos, de seminarios, de
labores de asesoramiento para estas personas.
Señorías, señor diputado de las Cortes de Castilla-La Mancha, nuestro grupo va a votar afirmativamente la toma en consideración de esta proposición de ley por cuanto que la modificación que se pretende en el apartado primero de la
disposición adicional novena de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función pública, en cuanto se refiere a la reserva de un cupo no inferior al 5 por ciento, está en consonancia con la iniciativa que ha sido aprobada
recientemente en la sesión de la Comisión con competencia legislativa plena del pasado 30 de septiembre y que ahora se encuentra en el Senado. Supone además la actualización de este régimen después de 14 años de aplicación y está en la línea de las
propias actuaciones de nuestro Gobierno, como acabo de referir, tanto del Ministerio de Justicia como de los demás departamentos ministeriales, que siempre superan la cifra de reserva del cupo del 3 por ciento vigente todavía.
Ahora bien, también quiero dejar claro que mantenemos cierta discrepancia con los otros puntos del artículo único de la propuesta. Por poner un ejemplo, en el apartado 4 se establece que quienes participen en los procesos selectivos para
ingreso en un determinado cuerpo, escala o en su caso especialidad o en una categoría profesional por el turno de discapacitados, no podrán participar en los procesos selectivos para ingreso en los mismos por el sistema general de acceso libre.
Pues bien, en este punto, la proposición de ley que presentan las Cortes de Castilla-La Mancha es más restrictiva que el Real Decreto 215/2003, de 21 de febrero, por el que se aprueba la oferta de empleo público para 2003, que establece en su
artículo 13 que los procesos selectivos deberán incluir la posibilidad de que, en las convocatorias en las que se establezca un cupo de reserva para discapacitados, una vez cubiertas las plazas de este cupo, los aspirantes que hayan superado la fase
de oposición sin obtener plaza por dicho cupo puedan optar en igualdad de condiciones a las plazas del sistema general, tanto en el caso de promoción interna como en el de turno libre.
En este real decreto se observa, además, otro cambio de importancia: este año se oferta un total de plazas que asciende a 5.689, frente a las 2.164 del año 2002 y a las 2.119 del año 2000. También hay otros aspectos de la propuesta que,
dada la complejidad en la organización de los procesos selectivos -como he apuntado anteriormente-, deben ser debatidos en profundidad, con el objetivo de que sea una reforma equilibrada y que evite cualquier tipo de perjuicio al colectivo de
discapacitados, que es en definitiva al que se pretende proteger. Para ello, disponemos lógicamente de la ulterior tramitación parlamentaria, que esperamos nos permita llegar a acuerdos que beneficien a las personas discapacitadas.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martín. (Rumores.)
Señorías, ruego ocupen los escaños.
Sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley de las Cortes de Castilla-La Mancha, en materia de acceso a la Función pública de personal con discapacidad.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 275; a favor, 273; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE ENAJENACIÓN DE SUELO PÚBLICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE CARÁCTER SOCIAL. (Número de expediente 122/000312.)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. En primer lugar, toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre enajenación de suelo público para
la construcción de viviendas de carácter social.
(Rumores.)
Señorías, ruego a aquellos que vayan a abandonar el hemiciclo lo hagan en silencio y de la manera más rápida posible. (Rumores.)
Señorías, por favor, ruego ocupen los escaños o abandonen el hemiciclo en silencio aquellos que lo vayan a hacer, al objeto de poder continuar con el debate. (Fuertes rumores.)
Señorías, ¿podrían mantener las conversaciones fuera del hemiciclo? (Pausa.)
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista presenta esta proposición de ley, que es muy sencilla en su texto articulado, ya que únicamente pretende la incorporación de un artículo 62 bis a la Ley de Patrimonio del Estado. Aspira a algo muy
sencillo e imagino que el portavoz del Grupo Popular y el Gobierno, si estuviera, lo verían como lógico, porque lo que pretendemos es conseguir la disminución del precio del suelo y que, por tanto, el precio de la vivienda sea menor de lo que lo que
es actualmente y no se produzcan esos fenómenos que por el difícil acceso a la vivienda actualmente sufren muchas familias españolas. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.) Sin ir más lejos, señorías, pretendemos
que aquellos patrimonios públicos de suelo dependientes de los ministerios, o de los organismos dependientes de los mismos, susceptibles de urbanización y de edificación, sean enajenados con destino preferente a la construcción de viviendas públicas
en alquiler para jóvenes o a viviendas sujetas a algún régimen de protección pública.
Imagino que alguien dirá que esta es una vieja filosofía del Partido Socialista, y sí lo es. Además, lo es porque desde que, en 1996, el Partido Popular llegó al Gobierno, ante cualquier iniciativa legislativa que ha ido a desvirtuar este
planteamiento, a desvirtuar la formulación que nosotros tenemos de en qué manera puede afrontarse el progresivo incremento del precio del suelo y la especulación que existe sobre el mismo, hemos venido trasladando todas esas medidas y poniéndolas de
manifiesto en nuestras alternativas a las modificaciones legislativas de los años 1996, 2000, etcétera. Es decir, en cualquier variación que hemos puesto encima de la mesa hemos considerado que este patrimonio público del suelo, dependiente de las
administraciones públicas, que para nada se utiliza, que se puede perfectamente prescindir de él -no se trata de edificios administrativos ni de aquellas instalaciones necesarias para el servicio de la Administración pública, sino de aquel
patrimonio que no se utiliza para nada-, sea destinado, preferentemente, a esos cometidos que planteamos en esta reforma legislativa.
Nos basamos para ello en varios aspectos e imagino que, después de oírlos de manera tan reiterada en los últimos tiempos en esta Cámara, si ustedes hacen una revisión de lo que ha sido el debate de la política de suelo y vivienda en este
Parlamento desde el año 1996, y fundamentalmente desde el año 2000, podrán observar que han sido muchas las ocasiones en que el Grupo Socialista ha puesto encima de la mesa, como uno de sus alternativas para conseguir un control del precio del
suelo, la constitución de estos patrimonios públicos de suelo, que no sólo tendrían que ser de la Administración del Estado sino que también se debería implicar en los mismos a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos.
Esta preocupación que tenemos nos motiva a plantear esta alternativa, una preocupación que viene motivada porque cada vez más el precio del suelo se está incrementando de manera descarada, especulativa y especuladora, de manera que los
propietarios de suelo están viendo cómo sus bolsillos se llenan sin que nadie les ponga ningún tipo de cortapisas, y eso sucede porque los constructores y promotores públicos o privados no tienen una mejor alternativa para acceder a la construcción
de este tipo de viviendas sin que suponga ese incremento que actualmente tiene la vivienda en nuestro país. Por tanto, cuando nosotros hablamos de que este patrimonio público de suelo se pueda dedicar preferentemente a la construcción de este tipo
de viviendas, no estamos diciendo que vayan únicamente a viviendas de promoción pública, de instituciones públicas, sino que también puede ser perfectamente que por parte de las empresas privadas se acceda a la construcción de viviendas de
protección oficial o viviendas destinadas al alquiler para jóvenes. Hemos propuesto también en muchas ocasiones la existencia de un patrimonio de viviendas en alquiler, que estarían fundamentadas en la existencia de este patrimonio público de
suelo. Creo que es coherente la posición que hemos planteado y ahora queremos materializarla mediante la modificación de esta Ley de Patrimonio del Estado y la incorporación de este artículo 62 bis.
Además, cuando se analiza cuál es la política de suelo que ha llevado a cabo el Gobierno desde el año 1996 hasta el año 2003, nos encontramos con datos que llaman la atención por la escasa dedicación del Gobierno central a este tipo de
actuaciones. No vale decir que el señor Morlán no sabe cuáles son las competencias del Estado, las de las comunidades autónomas o las de los ayuntamientos -no estamos en ese terreno de juego-, porque cada uno sabe cuál es la competencia de cada
institución pública a la hora de hacer frente al problema de la vivienda y al problema del suelo. Lo que sí estamos observando, señorías, es que por parte del Gobierno del Partido Popular, desde 1996 hasta ahora, la atención ha sido discretísima, y
utilizo una terminología muy suave. El Tribunal de Cuentas, en su informe del Plan de vivienda 1998-2001, entre sus conclusiones dice que, en actuaciones de suelo, las realizadas sólo han sido de urbanización, sin que se hayan ejecutado las
previstas para constituir patrimonios públicos mediante adquisición de suelo. Es decir, en el desarrollo del Plan de vivienda ejecutado por las comunidades autónomas no ha habido ningún fomento por parte de la Administración del Estado para hacer
frente a la adquisición de suelo. Luego me referiré a las cuantías, porque, una vez que se analizan los presupuestos para el año 2004 y lo que ha pasado en 2003 y
en 2002, se puede observar cómo la atención por parte de la Administración central del Estado para financiar este tipo de actuaciones ha ido disminuyendo de manera progresiva. En definitiva, el Tribunal de Cuentas dice que, en su conjunto,
los objetivos realizados suponen el 64,30 por ciento de las previsiones iniciales. Es decir, en un plan que ustedes han considerado que se ha cumplido -imagino que no lo dirán así después de leer el informe del Tribunal de Cuentas, que ha cumplido
sus objetivos de manera destacada, que ha analizado concienzudamente qué es lo que ha pasado con todo el sistema de financiación, con todo el sistema de cumplimiento de objetivos por parte de la Administración central y de las comunidades autónomas,
lo que sí podremos entender todos es que el cumplimiento que se plantea en este informe es escaso.
Si vamos a lo que ustedes están planteando en estos momentos de cumplimiento del Plan 2002-2005, en este documento que ustedes editan, El Gobierno informa, el 30 de septiembre, después de analizar los otros programas, dicen: Por último, en
el programa de suelo para vivienda protegida se ha financiado un total de 65 actuaciones, lo que representa un grado de cumplimiento del 0,60 por ciento respecto de los objetivos inicialmente convenidos. Si esta es una política de suelo financiada,
fomentada, auspiciada por la Administración central del Estado para conseguir la adquisición de suelo y se puedan construir viviendas que sean accesibles al conjunto de la ciudadanía que no tiene la posibilidad de acceder a viviendas libres, la
verdad es que desde esta política se fomenta una adquisición de suelo ridícula, es una política que no lleva a ningún sitio. Eso sí, lleva a que se hagan muchas viviendas en este país, 500.000 ó 600.000 viviendas, a que acceda a ellas quien pueda
pagarlas, comprometiendo sus propias rentas a 25 ó 30 años, a unos intereses que por ahora son bajos, pero ¡cuidado! no suban, porque como suban alguien tendrá que endeudarse más de la cuenta y este proceso tendría una repercusión en las economías
familiares.
Nosotros pretendemos con esto algo muy sencillo. Lo único que pretendemos, señor Ortiz -imagino que será S.S. quien conteste a esta intervención- es que la Administración central del Estado, es decir, el Gobierno que usted apoya, en lugar
de quedarse cruzado de brazos, se ponga a trabajar, pero bien, en la buena dirección; que no fomente la especulación, sino el control del precio del suelo y que fomente que haya unas medidas oportunas para que ese control se produzca. Les hemos
hecho propuestas de reforma del régimen de valoración del suelo, hemos hecho propuestas legislativas que han desechado y despechado de manera bastante poco convincente desde nuestro punto de vista, como es lógico, sin pensar en los intereses
generales y confundiendo, que es más grave, que el libre mercado es lo mismo que la especulación. Es lógico que la actividad industrial en el libre mercado tenga unos beneficios, pero no que la especulación sea una especie de consecuencia lógica y
positiva del libre mercado como ustedes están avalando con su política de suelo. Por lo tanto, lo único que le decimos es pónganse de acuerdo con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y no me venga diciendo ahora que ya lo intentaron y
nosotros no quisimos. Los trágalas -es decir, llegar a hablar con las comunidades autónomas y decir este es el camino, si lo queréis bien y si no lo dejáis- no son formas de hablar ni de dialogar ni de consensuar, es una manera de imponer y forzar
la firma de un contrato de adhesión: nosotros ponemos las cláusulas y ustedes firman; si no firman, ustedes son los malos y son los que no quieren; si firman, ustedes hacen lo que nosotros queremos. Hemos observado que desde 1996 hasta ahora,
señor Ortiz -y recordaría los debates que hemos tenido con usted en los años 1994 y 1995-, no han conseguido nada de lo que se plantearon durante esos años. y usted tiene que ser consciente porque es quien lo ha defendido en esta tribuna. Cuando
nosotros estamos hablando de buscar el consenso y el acuerdo con comunidades autónomas y con ayuntamientos, le estamos diciendo que marquen la pauta de que los suelos públicos -los de la Administración central del Estado- tendrán que ir
preferentemente a este tipo de actuaciones protegidas porque es donde hay necesidad, porque ahí es necesario que la Administración central haga un esfuerzo considerable que hasta ahora no ha hecho. No me venga con el cuento de que el programa
2002-2005 se está cumpliendo en condiciones porque, según los datos, ustedes tienen unas cifras y nosotros otras muy distintas. El programa 2002-2005 se cumple en las previsiones pero no en las iniciaciones ni en las terminaciones de obra. Por lo
tanto, ¡cuidado! cómo se utilizan los números. En fin, dejando al lado el programa 2002-2005, sigo planteándole lo que le hemos comentado en muchas ocasiones: busquen fórmulas de acuerdo de verdad, siéntese con las comunidades autónomas de verdad,
no en conversaciones vis a vis de confesionario, sino en la Conferencia sectorial; utilicen ese mecanismo que tienen, que está establecido y que puede funcionar adecuadamente; pongan encima de la mesa cuál es el patrimonio público de la
Administración central del Estado; no subasten los suelos públicos para que no pase lo que sucede en Alcorcón o lo que está ocurriendo en Zaragoza; tengan en cuenta que en Defensa, en Obras Públicas, en Fomento, en Renfe y en otros ministerios hay
suelos públicos que, en manos de las comunidades autónomas, de acuerdo con el Gobierno central y con los ayuntamientos, podrían generar una buena cantidad de viviendas, que, sin lugar a dudas, modificarían de manera sustancial el porcentaje actual
de viviendas de VPO sobre lo que es la vivienda total construida. Por si alguno no lo sabe, lo quiero recordar: de las viviendas construidas, las
que se destinan a VPO no llegan al 10 por ciento, y si vamos a las viviendas en alquiler, de todas esas viviendas protegidas, se destinan a alquiler entre el 1 y el 2 por ciento. Por lo tanto, por mucho que ustedes estén planteando que se
está llevando una adecuada política de fomento de la vivienda y de medidas para abaratar el precio del suelo, no creo que se haya conseguido, ni muchísimo menos. En estos momentos, los datos reales van en la dirección contraria a sus objetivos y,
si es así, tienen que modificar la dirección e igualmente los objetivos. Corrijan ustedes el destino a donde tienen que ir, vean las condiciones que tienen que poner encima de la mesa para llegar a un abaratamiento del precio del suelo y, por
tanto, del precio final de la vivienda y entiéndanse con quien tienen que entenderse. Tampoco lo utilicen como arma arrojadiza. Es un tema lo suficientemente serio y hay suficientes problemas en nuestro país como para pensar que en este concreto
es imposible llegar a un acuerdo con las comunidades autónomas socialistas porque nosotros no queremos. Nosotros queremos porque los suelos públicos que ustedes están gestionando en este momento son fruto de expropiaciones o fruto de cesiones de
los ayuntamientos, hechas todas ellas con un determinado fin de interés general.
Ustedes han modificado la Ley de Ordenación de la Edificación para introducir unas condiciones tan peculiares que, con independencia de salvar la operación Chamartín, están intentando conseguir que no se produzcan los derechos de reversión
cuando esas expropiaciones o cesiones de uso han sido dirigidas a actuaciones de interés general. Por ello, yo creo que sería bueno que ustedes aceptasen esta modificación legislativa, que entendieran que lo que se está planteando es lógico y
razonable, que les quedan pocos caminos para seguir adelante sin que la especulación continúe por el camino que sigue en estos momentos, con todos los beneplácitos de su Gobierno, y consigan que haya un acuerdo en política de suelo para evitar que
las viviendas de VPO desaparezcan o, al menos, no lleguen a la altura de las necesidades que existen en este país. Es un esfuerzo que merece la pena y me gustaría que en su exposición me dieran razones por las que esta fórmula es la peor que hay,
porque, desde nuestro punto de vista, es la única que en estos momentos existe para que se puedan construir viviendas de VPO y para que la gente joven y muchas familias de nuestro país puedan tener acceso a una vivienda a precios muy asequibles de
acuerdo a sus rentas.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
El señor VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Morlán. (Aplausos.)
¿Algún grupo desea hacer uso del turno en contra? (Pausa.)
Turno de fijación de posiciones. En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, subo a esta tribuna para defender y justificar la posición favorable que el Bloque Nacionalista Galego va a mantener respecto de esta proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista. Esta proposición de ley nos parece
oportuna y, en caso de aprobarse su toma en consideración, nosotros pretenderíamos enriquecerla con otro tipo de consideraciones. Si abrimos la reforma de la Ley de Patrimonio del Estado, habría que restablecer la vigencia de la cesión gratuita,
prevista en el artículo 74 de la ley: los bienes de dominio público que dejan de estar afectados a un uso público determinado pueden cederse gratuitamente a otras entidades públicas o privadas sin fines de lucro o para fines de interés social. Me
refiero a restablecer la vigencia de la cesión gratuita porque, en este momento, y a través de distintas leyes especiales, como la ley de los años 80 que creó la Gerencia de Infraestructuras de Defensa, en el ámbito de Defensa, pero también en el
ámbito de las infraestructuras del Ministerio del Interior, esta cesión gratuita está expresamente prohibida. Se dice que las cesiones tienen que ser necesariamente onerosas. Nos interesa esta cuestión, máxime, como acaba de decir el señor Morlán,
cuando estos terrenos públicos desafectados proceden, bien de la privación al conjunto de los ciudadanos del uso de espacios naturales -por ejemplo, de playas, como en el caso de los rellenos portuarios y de la mayor parte de los terrenos
portuarios-, bien de la donación municipal o de la cesión gratuita por parte de los vecinos de esos terrenos al Estado -como en el caso de los bienes militares-, bien de expropiaciones que se van a ver bastante dificultadas.
En línea con lo anterior, intentaríamos derogar estas leyes especiales que impiden la cesión gratuita de esos terrenos públicos desafectados y, además, sería necesario estudiar hasta qué punto es oportuno y conveniente y hasta qué punto no
tiene un impacto negativo en el ejercicio del derecho de los ciudadanos a acceder a una vivienda digna el que las autoridades portuarias se dediquen a todo tipo de actividades menos a las estrictamente portuarias, como ocurre en el caso de A Coruña.
Vamos a apoyar esta proposición de ley porque eso es lo que practica el Bloque Nacionalista Galego allí donde gobierna, como en el caso del antiguo cuartel de Barreiro en Vigo. Frente a administraciones anteriores -no todas, por cierto, del Partido
Popular-, que tenían ya casi cerrado un convenio con Defensa para dedicar esos terrenos a viviendas residenciales de precio libre, el Bloque Nacionalista Galego llegó a un acuerdo con Defensa para dedicarlo a viviendas de alquiler para jóvenes, a
vivienda pública y a dotaciones públicas. O, por ejemplo, es oportuna esta proposición de ley para luchar contra iniciativas como la anunciada por el gobierno municipal de Ferrol, del Partido Popular, que anuncia un proyecto de
recalificación de terrenos portuarios para la construcción, en primera línea de mar, de viviendas de lujo. Esta proposición de ley, señorías, es también necesaria para salir al paso de ciertas actuaciones de gobiernos municipales ostentados por el
Partido Socialista, en concreto el gobierno municipal de don Francisco Vázquez en A Coruña, que no destacan precisamente por cumplir no ya lo que se establece en esta proposición de ley, ni siquiera lo que el Partido Socialista anuncia -supongo que
es el avance del programa electoral- en diversas iniciativas publicitarias. ¿Saben, señorías, cuánto dinero ganó, en los últimos diez años, el Ministerio de Defensa en A Coruña? El Ministerio de Defensa en A Coruña, a través de cesiones, subastas,
permutas y posteriores recalificaciones realizadas por don Francisco Vázquez, se embolsó 6.750 millones de pesetas. Lógicamente don Francisco Vázquez tiene la Medalla al Mérito Militar, se la ganó; lo que no tiene don Francisco Vázquez es la
medalla al mérito ciudadano. En los veintiún años que lleva gobernando solo se han construido 300 viviendas sociales en A Coruña. Podríamos hablar también de qué pretende hacer don Francisco Vázquez en connivencia -es otra marca de la casa- con el
Partido Popular, con 400.000 metros cuadrados de terrenos portuarios. Se dice que para financiar la construcción del puerto exterior de Punta Langosteira, los coruñeses tienen que poner 200 millones de euros. ¿Y de dónde van a salir los 200
millones de euros, señorías? Van a salir de la desafectación y posterior recalificación de 400.000 metros cuadrados de terrenos portuarios. Estos terrenos no se van a dedicar, señor Morlán, a viviendas de alquiler para jóvenes o a viviendas
sujetas a algún régimen de protección pública, van a ser viviendas de lujo. Supongo que su compañero de partido, don Francisco Vázquez -también con intereses empresariales en el sector-, algo nos podría decir sobre el destino de estos terrenos.
Señorías, comprenderán que cuando conocemos estos argumentos, cuando vemos estas iniciativas nos tengamos que preguntar. ¿Asegurarían ustedes, señores del Grupo Socialista, que el Grupo Socialista del Ayuntamiento de A Coruña votaría a
favor de una moción en este sentido? ¿Votaría a favor don Francisco Vázquez de una moción en la que se dijese que los terrenos que el puerto va a desafectar, esos 400.000 metros cuadrados, se iban dedicar a viviendas de alquiler para jóvenes y a
viviendas protegidas? ¿Están en condiciones de asegurarlo? Esa moción se va a presentar en el Ayuntamiento de A Coruña. Si no es así, la pregunta, señorías, es obvia.
Sabemos quienes son los especuladores, sabemos quienes son los del ladrillo en
la Comunidad de Madrid. Estamos de acuerdo. Yo me pregunto quiénes son los especuladores y quiénes son los del ladrillo en A Coruña.
Yo tengo la respuesta y creo que ustedes también.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Aymerich.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra la señora Monzón.
La señora MONZÓN CABRERA: Gracias, señora presidenta.
En nombre de nuestro grupo, anuncio nuestro voto favorable a esta proposición de ley del Grupo Socialista.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, hay un dato del que hay que partir inexorablemente a la hora de fijar posición en esta iniciativa: con demasiada frecuencia las administraciones públicas en general y, por lo que ahora interesa, la Administración general del
Estado en particular acostumbran a desarrollar una gestión excesivamente economicista de su patrimonio público, una gestión que atiende, o al menos parece atender, más al objetivo de la rentabilidad inmediata que a satisfacer el interés público o a
atender el servicio público. Es cierto que, por lo común, la rentabilidad obtenida de los bienes del patrimonio público así gestionado acaba redundando en beneficio del interés general o del servicio público, pero a veces las administraciones
públicas participan en operaciones especulativas que, más allá de los beneficiosos efectos que a largo plazo pueden reportar a la comunidad, y con frecuencia lo hacen, parecen lesionar, por lo menos de modo inmediato, ciertos valores, ciertos bienes
constitucionales que deben gozar de la máxima protección, como es el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, derecho reconocido en el artículo 47 de la Constitución. Parece claro -y en esto seguro que coincidimos, sin excepción, los
grupos de la Cámara- que en la gestión del suelo perteneciente al patrimonio del Estado, y muy especialmente del que sea susceptible de urbanización o de edificación, la Administración general no puede operar de manera que contribuya directamente a
hacer más quimérico aún el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada; antes al contrario, parece claro que la satisfacción de este derecho habría de ocupar un lugar, cuando menos preferente,
entre los objetivos que ha de perseguir la acción gestora que el Estado desarrolla sobre el patrimonio de su titularidad; no único, pero sí preferente. En este sentido, el Grupo Vasco participa plenamente del designio que anima la
iniciativa y está plenamente dispuesto a apoyar su toma en consideración, como efectivamente lo va a hacer. Ahora bien, la necesidad de situar el derecho a la vivienda en un lugar destacado entre los objetivos que ha de perseguir la acción gestora
del suelo, incluida la gestión del suelo que forma parte del patrimonio estatal, no puede traducirse -y esto parece evidente- en una negación radical de la facultad que asiste a toda institución pública y, por tanto, también a la Administración
general del Estado, para ejercer con un mínimo de autonomía sus atribuciones públicas en beneficio del interés público.
Todo el mundo sabe, porque se trata de un fenómeno general que se ha dado en muchas ciudades del Estado, que, en ocasiones,
propiedades del Estado estratégicamente bien situadas desde el punto de vista del desarrollo urbano de una determinada ciudad, como, por ejemplo, antiguas estaciones de RENFE, antiguos hospitales militares u otros establecimientos públicos, han sido
gestionadas con arreglo a criterios de rentabilidad privados, que buscan la inmediata rentabilidad, cuando el claro objetivo último es el de dotar a los centros urbanos de equipamientos o instalaciones extraordinariamente útiles desde el punto de
vista del interés público como plazas, parques, sedes accesibles de instituciones públicas, etcétera.
Estamos, pues, de acuerdo con el principio de que el suelo público susceptible de urbanización y de edificación se destine preferentemente, como señala la iniciativa, a la construcción de viviendas sujetas a algún tipo de protección pública,
pero no compartimos la tesis de que siempre, sin excepción, en todo caso y circunstancia, el destino de los suelos de titularidad pública haya de ser necesariamente el apuntado, porque los modos de ponerlo al servicio del interés público pueden ser
muy variados y, por supuesto, la Administración titular de los mismos, sea el Estado, como en este caso, o sea cualquier otro, debe tener un cierto margen de autonomía a la hora de elegir el que considere más adecuado. La iniciativa -lo sé, no se
nos oculta- no impone esta obligación; dice que será destinado preferentemente -no dice necesariamente ni tampoco exclusivamente- a la construcción de este tipo de viviendas, lo que consideramos una modulación del texto razonable y suficiente. Sin
embargo, hay un punto del texto que la iniciativa propone para integrar lo que sería, en su caso, el artículo 62 bis de la Ley de Patrimonio del Estado, que habría de ser reconsiderado, en el supuesto improbable de que la proposición que debatimos
fuera tomada en consideración, aunque sólo fuera desde un punto de vista estrictamente técnico formal, que no afectaría al fondo de su contenido.
Si no me equivoco, fue la Ley del Suelo de 1990 la que instituyó la expresión viviendas sujetas a algún régimen de protección pública,para referirse genéricamente a todas las que estén sujetas a alguno de los múltiples regímenes de
protección que contempla el ordenamiento jurídico, que son muchos. Esta innovación terminológica de la Ley del Suelo de 1990 ha sido básicamente respetada por la legislación posterior -como se sabe-, y hoy es objeto todavía de utilización habitual
en las normas positivas que rigen el sector. El texto de la proposición incluye esta expresión que hacer referencia a un género, pero la acompaña con otra que se refiere a una especie concreta del género. Creemos que sería de mejor técnica
jurídica agotar la referencia con la alusión al género, puesto que las viviendas de alquiler para jóvenes son también, en última instancia, viviendas sujetas a algún régimen de protección pública.
Mezclar el género con la especie en un mismo texto
jurídico no es la mejor solución desde el punto de vista técnico jurídico, no es la más idónea. Como ven, se trata de una matización puramente formal que, en su caso, podría formularse a través de una enmienda, si la iniciativa fuera tomada en
consideración. Sería conveniente -no necesario, en este caso- observar también que habrían de respetarse las competencias autonómicas y municipales tanto en el ámbito del urbanismo como en el de la gestión urbanística municipal; algo que no tiene
por qué verse afectado, en principio, por esta iniciativa, que atañe exclusivamente a la Ley de Patrimonio del Estado. Es una cautela que podría analizarse y estudiarse, en su caso, pero que no afecta al contenido de la iniciativa.
Sin más, señorías, reitero la posición favorable del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) a la proposición de ley, y concluyo mi intervención agradeciéndoles su atención.
Nada más, y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Erkoreka.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a apoyar la iniciativa que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, porque, además de compartir el fondo de la misma, cree que en este momento es oportuna. Le parece
oportuna porque nos permitirá debatir en esta Cámara, una vez más, sobre el fracaso de la política de vivienda del Partido Popular, desde 1996 hasta hoy; porque nos permitirá debatir sobre la política de suelo que viene desarrollando el Partido
Popular desde 1996; y porque nos permitirá también hablar -aunque parezca
que no tiene relación- de la política económica que el Partido Popular, a través de los Presupuestos Generales del Estado, viene haciendo desde 1996. Todo está ligado, señorías. La política no es sólo la que lleva a cabo cada departamento,
sino que tiene un tronco del que salen las ramas correspondientes, situación en la que nos encontramos en este momento: hay una política económica troncal que favorece a determinados sectores de la ciudadanía, de la cual salen las ramas de las que
se cuelga la política de cada ministerio; por ejemplo, el Ministerio de Fomento, a través de la política de vivienda. Con esto no quiero decir que el Ministerio de Fomento no la comparta y resulte impuesta desde una instancia superior; no, es la
política general del Partido Popular que tiene consecuencias en los ministerios, que la comparte todo el mundo, y que el Gobierno y los representantes del Grupo Parlamentario Popular han defendido en esta tribuna.
Decía que nos permite hablar de la política de vivienda fracasada del Partido Popular, porque no solamente podemos hablar desde esta legislatura del año 2000 a finales de este año o los primeros meses del año que viene, sino porque nace en
el año 1996 y se empieza a aplicar con la modificación de la Ley del Suelo, rebajando las cesiones que se tenían que hacer a los ayuntamientos del 15 al 10 por ciento con la venta -si quieren ustedes, expresión coloquial- de que esa política iba a
favorecer el abaratamiento del precio de la vivienda, puesto que las cargas que los promotores iban a tener que soportar iban a ser menores al encontrarse con que tenían que hacer menos cesiones a los ayuntamientos. Primer fracaso. No ha sido así
y seguimos viendo cómo sube el precio de la vivienda y del suelo. Después volvió a haber modificaciones con el plan de liberalizaciones, de junio del año 2000, donde se vuelve una vez más a hablar de abaratamiento del costo del suelo. Segundo
fracaso, si quieren, por reducirlos a unos cuantos. Fracaso del plan de vivienda y, desde luego, no parece que el plan de vivienda en vigor vaya a ser un éxito arrollador cuando su cumplimiento está siendo, si no escaso, más bien ridículo, no
solamente porque no se hacen los convenios con las comunidades autónomas, sino porque las inversiones del Ministerio de Fomento cada vez son menores, con lo cual no se practica una política que potencie realmente la vivienda pública.
Señorías, esta iniciativa nos va a permitir hablar de la política sobre el suelo que está realizando el Partido Popular. Hace un mes escaso se nos informa desde los medios de comunicación, que es como habitualmente suele informar el
Gobierno, de que se van a enajenar por valor de 4.000 millones de pesetas terrenos del Ministerio de Defensa. No solamente se informa públicamente, sino que se establece un determinado criterio en los Presupuestos Generales del Estado para el año
2004. Si quieren ustedes el libro gordo de Petete -que decimos nosotros-, librito amarillo: Presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2004, página 116, punto 3: Ejecución de la política patrimonial. a) Plan de desinversión
de inmuebles del patrimonio. Esto marca una política muy clara: el Gobierno está empeñado de manera dogmática y fundamentalista en el déficit cero y necesita recursos económicos, no para hacer política social, por lo que tiene que enajenar suelo
público; es decir, entra en el mercado de la especulación. La Administración general del Estado entra en la especulación para vender los terrenos patrimonio de toda la ciudadanía al mejor postor, no para abaratar el precio de la vivienda sino para
hacer caja en los distintos ministerios u organismos públicos que necesitan dinero para financiar no sabemos muy bien qué, para financiar algo, sin control público, sin control de esta Cámara, para seguir haciendo una política que no beneficia a la
mayoría de la ciudadanía, sino a sectores muy concretos, entre ellos, el todopoderoso sector inmobiliario, el todopoderoso sector de la especulación de terrenos, de la especulación de la vivienda, que sólo beneficia a unos pocos que les está
haciendo millonarios mientras la ciudadanía tiene dificultades para acceder a una vivienda digna sin empeñarse durante cuarenta años de su vida, sin saber muy bien si va a poder terminar de pagar los créditos que ha tenido que suscribir. Lo hacen
ustedes a través de la SEPI. Ni siquiera lo van a hacer las administraciones públicas o los organismos públicos que enajenen suelo, sino que lo van a hacer a través de la SEPI. A esto le llaman ustedes racionalización del patrimonio del Estado. A
mí me recuerda a cuando se hablaba de la modernización de la empresa pública, que significó privatización. La racionalización del patrimonio del Estado sencillamente significa especulación y dinero para cuadrar las cuentas del Presupuestos
Generales del Estado, no significa nada más.
Aunque todavía no ha entrado en esta Cámara y no lo hemos podido leer con detenimiento, en la ley de acompañamiento de los presupuestos del Estado parece ser -¡ojalá esta diputada después tenga que decir que se equivocó en esta
intervención!-que ustedes pretenden una vez más meter la mano en las competencias de las administraciones locales y autonómicas; cuando haya un terreno en un término municipal cuya enajenación haya decidido la SEPI o la Administración competente,
ellos mismos se lo calificarán, eso sí, darán audiencia al ayuntamiento o a la comunidad autónoma pertinente permitiéndoles que presenten alegaciones en caso de no estar de acuerdo.
Pero no lo va a gestionar el ayuntamiento. El ayuntamiento no va
a plantear que ese terreno se pueda destinar a vivienda de protección oficial, servicios públicos, zona ajardinada o a lo que crea conveniente para el desarrollo de su municipio, sino que le vendrá impuesto por los intereses de la Administración
general
del Estado, que está demostrando permanentemente que no es el interés general, que no es el interés de la mayoría de los ciudadanos. Espero equivocarme en lo que estoy diciendo y que cuando llegue la ley de acompañamiento no sea verdad la
información que se ha recibido y que está manejando el Ministerio de Hacienda. Esperemos que no sea verdad porque, si no, sería otro ataque a las competencias autonómicas y municipales, como ya es habitual que haga el Gobierno del Partido Popular,
como lo ha hecho con la nueva concesión de obra pública, como lo ha hecho con la regulación del sector ferroviario y como lo ha hecho con tantas y tantas leyes que ustedes han traído en esta última época.
Decíamos que tenía que ver con una determinada política económica que lleva a mirar la vivienda no desde el punto de vista de un bien social que se necesita para cubrir las necesidades de la ciudadanía y que está recogido en nuestra
Constitución -ésa que tanto dicen ustedes defender pero que después no practican-, sino desde un punto de vista economicista que haga caja para las distintas administraciones sin tener en cuenta las necesidades reales de la mayoría de la población
y, sobre todo, sin tener en cuenta que los sectores más desfavorecidos de la población están expulsados del mercado de la vivienda no solamente por la carestía de los precios, sino porque la política económica que desarrolla el Gobierno en cuanto a
empleo tampoco les permite contar con una nómina con la que pedir un préstamo hipotecario para hipotecarse el resto de su vida.
Tampoco se lo permite, a pesar de lo que ustedes digan. No nos pueden convencer de que las competencias en materia de
vivienda las tienen las comunidades autónomas; ya lo sabemos, pero generen los mecanismos que permitan que esas comunidades autónomas puedan poner en práctica políticas reales de vivienda que les facilite la labor. Firmen convenios de colaboración
y háganlo, además, impidiendo que el patrimonio público de suelo vaya a parar a manos privadas; tengan en cuenta a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos; denles prioridad para que, si no les hacen la cesión gratuita, que sería lo lógico,
por lo menos tengan la opción de poder comprar esos terrenos a mucho más bajo precio de lo que pueda estar en el mercado en estos momentos para que desarrollen esas políticas de vivienda, ya que siguen empeñados en no desarrollar los patrimonios
públicos de suelo, ya que siguen empeñados en no desarrollar aquellos aspectos de la política de vivienda que podrían incidir en el mercado de la vivienda y, de una manera clara y rotunda, en el precio de la vivienda.
Señorías, no valen ya las manifestaciones de que en nuestro país, como ha mejorado el nivel de vida, la gente se puede empeñar. Se han encendido todas luces rojas, no de esta casa ni de los grupos parlamentarios que llevamos años
reclamándoles otra política de vivienda, sino de los organismos nacionales. Desde el Banco de España hasta cualquier caja de ahorros están diciendo que el índice de endeudamiento de las familias españolas no se puede soportar porque está por encima
del 50 por ciento de sus ingresos y que eso es insostenible. Si no a nosotros, al menos hagan ustedes caso a esos organismos que no dependen de los grupos parlamentarios de la oposición, que les están diciendo que no es correcta la política de
vivienda que llevan a cabo. Por lo menos háganles caso a ellos y tomen en consideración -cosa que dudo que ya sea posible- la iniciativa que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista y, en lugar de especular con el terreno que tiene la
Administración general del Estado, pónganlo al servicio de la sociedad, no al servicio de los intereses especulativos y de determinados sectores, sobre todo, de las constructoras.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Urán.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) comparte la finalidad que persigue la proposición de ley que estamos debatiendo y adelanta que va a votar a favor
de su toma en consideración, a pesar de que al leerla se le plantean algunos interrogantes que quiero exponer en esta tribuna.
El primero está basado en la oportunidad jurídica de la propuesta.
Estamos hablando de modificar Ley de Patrimonio del
Estado, lo que debería ser una obligación en los procesos de enajenación de patrimonio público de la Administración general del Estado y de sus organismos autónomos, justo cuando ya está en el Senado un proyecto de ley de patrimonio de las
administraciones públicas que va a derogar la citada Ley de Patrimonio del Estado, con lo cual se produce aquí una contradicción normativa. Votaremos a favor porque compartimos el espíritu de esta propuesta, pero habría una contradicción porque
estaríamos modificando un artículo de una ley que en pocas semanas va a ser derogada y completamente sustituida por una ley de patrimonio de las administraciones públicas. Para que no se pueda calificar este matiz jurídico de discrepancia desde un
punto de vista político, porque no lo es, votaremos a favor de su toma en consideración. Coincide, señor Morlán -y lo hemos debatido ya en otras ocasiones-, con una propuesta de Convergència i Unió en ese proyecto de ley de patrimonio de las
administraciones públicas que ha pasado su trámite en el Congreso y que ahora está en la Cámara alta, en el Senado, que se concreta en nuestra enmienda 163, en la que se busca la fórmula, cuando se produce una enajenación, para que, de común
acuerdo, las administraciones implicadas -la Administración autónomica, la Administración local y la Administración general del Estado- intenten que esa enajenación revierta al final, como decía la señora Urán, en una política de vivienda a
favor de colectivos que la necesitan especialmente, pero que no pueden acceder a la misma. Consideramos oportuna esa propuesta dirigida a las personas más jóvenes que tienen dificultades de acceso a la vivienda y, por tanto, a la propia
emancipación; la hemos defendido en el proyecto de ley de patrimonio de las administraciones públicas, como se defendió también por parte de la Generalitat de Cataluña en la Conferencia sectorial sobre suelo y vivienda celebrada el pasado 22 de
enero, por el conseller de Política Territorial y Obras Públicas del Gobierno de Cataluña, el honorable señor Felip Puig, acuerdo que no fue firmado por las comunidades con gobierno socialista. Uno de los motivos por los que lo firmó la Generalitat
de Cataluña fue porque había un capítulo expresamente referido a suelos patrimoniales de las administraciones públicas en el que se instaba a huir de las subastas, se fomentaba el concurso público con precio fijo y se pedía que antes de realizarlo
se comprobara de qué manera pueden aprovechar ese patrimonio otras administraciones, en este caso la autonómica o la local, para que ese patrimonio -se ha dicho ya por otros portavoces- constituido por cuarteles del ejército o de la RENFE, que queda
desafectado, que está en un proceso de enajenación, no vaya al mercado puro y duro con sus reglas de quién va a ser el mejor postor, sino que se ofrezca a esa promoción pública destinado a las personas más jóvenes. Lo compartimos e instamos a que
se reflejara en ese acuerdo de la conferencia sectorial, pero queremos constatar aquí, señor Ortiz, que no se está cumpliendo. Cada vez que se realiza una enajenación y se está incumpliendo este punto de la conferencia sectorial, desde el Gobierno
de Cataluña tenemos que dirigirnos por carta al señor Nasarre y al propio ministro recordándoles que eso no era lo que se había acordado, que lo acordado era una colaboración entre las distintas administraciones para evitar que se produzcan estas
enajenaciones e intentar realizar esas promociones públicas.
También nos produce perplejidad que se proponga lo que en Cataluña y en un ayuntamiento emblemático como es Barcelona no se realiza. Aquí se proponen una serie de limitaciones a las enajenaciones de patrimonio públicos, concretamente de la
Administración general del Estado y, sin embargo, el Ayuntamiento de Barcelona subasta constantemente patrimonio al mejor postor, sin dirigirlo a una política social de vivienda. Nuestro presidente de grupo en la oposición, el señor Trías, y
presidente también del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), centró en este aspecto buena parte del debate electoral en materia de vivienda en la ciudad de Barcelona. Los datos nos muestran, por ejemplo, cómo se ha llegado a subastar
un patrimonio del Ayuntamiento de Barcelona por un valor global de cien millones de euros -16.000 millones de las antiguas pesetas- y ahora se han prometido por parte del alcalde Clos 100.000 nuevas viviendas de promoción pública, viviendas que no
están ni presupuestadas ni estudiadas ni proyectadas y que han quedado sólo en un bla bla bla que al final no se concreta. Nosotros lo compartimos, vamos a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley, y pedimos coherencia
en los ámbitos de poder en los que ya gobierna el Partido Socialista de Cataluña y, concretamente, en el Ayuntamiento de Barcelona. Pedimos que no se proponga aquí lo que no se practica allí. Es un tema grave para Convergència i Unió porque en
materia de vivienda tenemos que buscar soluciones de consenso, en positivo, que redunden al final en el objetivo contenido en la exposición de motivos de la proposición de ley que ha defendido el señor Morlán, que es hacer más accesible la vivienda,
especialmente al colectivo de jóvenes. Desde Convergència i Unió queremos destacar que deben ser las comunidades autónomas las que lleven la iniciativa por su competencia en materia de vivienda. Nosotros vamos a plantear una línea de promoción
para la adquisición de viviendas para aquellas personas menores de 35 años, para familias numerosas y para familias con discapacitados. Nos vamos a dirigir especialmente a ese colectivo, menores de 35 años, y vamos a ayudarles a hacer más llevadero
el coste de su vivienda, con una propuesta defendida por nuestro candidato a la presidencia de la Generalitat, Artur Mas, que está estudiada y que ha sido valorada positivamente por los registradores de la propiedad y por los notarios, y es que un
20 por ciento del coste de esa vivienda se le pueda aligerar a ese joven menor de 35 años que quiere comprar. ¿De qué manera podemos ayudar a esa persona que quiere acceder a una vivienda? Pues comprando la Administración autonómica ese 20 por
ciento, siempre que la vivienda esté en unos límites de adquisición acordes con el lugar en donde se compra.
Hay unos topes; no se trata de comprar una vivienda a cualquier precio, sino al que tiene en esa zona determinada. Nosotros proponemos
que la Administración concurra en esa compraventa con un 20 por ciento, aunque si después se produce una posterior venta aquélla recuperará este porcentaje. Es una manera de ayudar a esos jóvenes que quieren acceder a una vivienda y sabemos, señor
Morlán -coincidimos con S.S. plenamente-, que la situación no es optimista. Sabemos que la política de vivienda tiene claras insuficiencias y, para finalizar mi intervención, quiero aprovechar esta proposición de ley para instar al Gobierno del
Partido Popular a que cumpla sus compromisos, acordados en la conferencia sectorial el pasado mes de enero, en la que ya se establecía claramente que habría esa colaboración para la
enajenación de los patrimonios públicos que son propiedad de las administraciones públicas y que no podemos dejar que salgan a la libre oferta y demanda. Si es cierto lo que leía la señora Urán sobre la memoria del proyecto de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2004, el horizonte nos confirma que estamos saltándonos lo acordado y, dado que esa fue una de las motivaciones que originó que la Generalitat de Catalunya firmara ese acuerdo el pasado mes de enero, pedimos que se
cumpla y también pedimos al Grupo Parlamentario Socialista que propuestas como las que hoy se defienden sean también defendidas y practicadas en ayuntamientos importantes, como el de Barcelona, en el que ustedes gobiernan.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Jané.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ortiz.
El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, ha sido abierto nuevamente el tema de la política de vivienda.
Ya se ha hecho tantas veces en esta legislatura que realmente una vez más no resulta sorprendente. Yo querría contestar de una manera más o menos puntual a todas y
cada una de las cosas que se han dicho aquí, pero me tengo que centrar en lo fundamental, que es la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sin perjuicio de hacer referencia a algunas de las afirmaciones que han hecho las diferentes
fuerzas políticas en esta tribuna.
Para empezar debo decir que evidentemente hay dos modelos de política de vivienda: un modelo liberal, liberalizador, que es el del Partido Popular, y un modelo intervencionista, que es el del Partido Socialista.
El juego de uno y de otro
tiene experiencia histórica, simplemente el crecimiento del suelo experimentó el 225 por ciento de incremento en la etapa socialista y el 120 por ciento -que es una segunda barbaridad, pero menos que la primera-, en la etapa de Gobierno del Partido
Popular. Yo quiero adelantar que la posición de mi grupo respecto a la proposición de ley es contraria plenamente a la toma en consideración que se propone del artículo 62 bis, de la Ley de patrimonio del Estado, que es un texto de 1964 y por tanto
preconstitucional que va a ser modificado con el nuevo proyecto de ley de patrimonio de las administraciones públicas, que ya pasó por el Pleno de esta Cámara, que en estos momentos está en tramitación en el Senado y que ha sido publicado en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales el 2 de octubre del corriente año. Por esta razón sorprende que al Grupo Parlamentario Socialista se le ocurra modificar la Ley de patrimonio del Estado, cuando lo que debía hacer es tomar conciencia de que
con el nuevo proyecto de ley de las administraciones públicas se va a derogar íntegramente esa ley, que él parece que quiere revitalizar al introducir un artículo 62 bis.
Hay cuatro órdenes de razones, señorías, por las que nos oponemos a la toma en consideración. Primero, porque es una reiteración de iniciativas ya rechazadas -aunque SS.SS. son dueñas de repetir sus iniciativas tantas veces como quieran-
en los años 2002 y 2003, en el Congreso, en el Senado, y la última en la interpelación que ha dado lugar a la moción que debatiremos al final de la tarde. Segundo, porque es contradictoria con las propias actitudes del Grupo Parlamentario
Socialista, cuando gobernaban los socialistas, y lo es por la existencia de un proyecto de ley que está en trámite ahora. Estas iniciativas sobre la política de vivienda no son más que una expresión de la preocupación de todas las fuerzas políticas
por este importante problema. A estos efectos, quiero recordar que el programa del Partido Popular para las elecciones de marzo de 2000 decía literalmente: Impulsar el destino de los suelos públicos excedentarios a la efectividad de la política de
vivienda, destinándolos preferentemente a viviendas de protección oficial y equipamiento público.
Consiguientemente, habría una cierta coincidencia en los postulados básicos o fundamentales de la propuesta socialista. Lo que sucede es que, desde
el punto de vista formal y por razones jurídico-formales que hacen que la propuesta sea redundante, no podemos estar de acuerdo.
En cumplimiento de esta parte del programa -le cito la página 142 del programa del Partido Popular, señor Morlán, por si no lo recuerda- se hizo el acuerdo nacional de suelo de 22 de enero, acuerdo llamado minimalista por algún sector
mediático, pero que fue todo un acuerdo importante suscrito por todas las fuerzas políticas presentes en todas las comunidades autónomas, salvo en las gobernadas por la izquierda, es decir, por el Grupo Parlamentario Socialista y por la Izquierda
Unida del señor Madrazo, curiosamente formando parte del Gobierno del País Vasco.
Por parte del señor Madrazo se hizo oposición a este acuerdo nacional del suelo. (La señora presidenta ocupa la presidencia.) En este acuerdo se decían cosas tan
claras, cuando se hablaba de la enajenación de suelo de carácter público, como que se propiciara en primer lugar un acuerdo o convenio previo entre las tres administraciones -central, autonómica y local- y que, en ausencia de dicho acuerdo, se
utilizara con carácter general el procedimiento de concurso público -no subasta-, con precio fijo, que fuera objeto de una valoración prudente. Y, finalmente, otorgando prioridad en los criterios de adjudicación a las ofertas que se comprometan a
un mayor porcentaje de viviendas protegidas, especialmente las destinadas a alquiler, y un menor precio en la venta de viviendas libres. En definitiva, se establecía que con carácter excepcional se aplicara sólo el sistema general de subasta.
Como consecuencia de ello, esto es lo que figura en la ley de patrimonio de las administraciones públicas en trámite. Por eso sorprende que ahora sea el grupo proponente el que de alguna manera restablezca la vigencia de la Ley de
patrimonio del Estado, a derogar en pocas semanas, por la ley de patrimonio de las administraciones públicas.
Es contradictoria asimismo en sus propios términos con las actitudes de los diputados de este lado izquierdo respecto al que yo ocupo en la tribuna en estos momentos. Porque, a pesar de las críticas al procedimiento de subasta de dirigentes
del PSOE (Rodríguez Zapatero en la SER, Cristina Narbona en El País el día 8 de septiembre), el Grupo Parlamentario Socialista, en el Congreso de los Diputados, en este hemiciclo, presentó una enmienda a este proyecto de ley, la número 66, por
cierto, se lo recuerdo, para que el procedimiento de enajenación general fuera el de subasta, frente al propuesto por el Gobierno del PP de concurso público, limitando este último a la construcción de viviendas en suelo público. La enmienda,
naturalmente, fue rechazada. Véase el artículo 137 del proyecto de ley y la enmienda número 66, del PSOE, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del 25 de junio de 2003.
En tercer lugar, militan en contra de la aceptación de esta proposición de ley razones de índole jurídico-formal, ya que su contenido está en contra de lo dispuesto en el proyecto de ley, como digo en trámite y pendiente sólo de la
finalización del trámite en el Senado y del regreso a este hemiciclo, que vincula la enajenación de suelos públicos al desarrollo de políticas públicas, en especial la vivienda. La aceptación de este vínculo legal entre el origen del suelo y el uso
final del mismo alteraría el orden competencial. Por enésima vez, querido señor Morlán, amigo y adversario -sobre todo adversario-, quiero recordarle que las competencias constitucionales están claras desde la sentencia del Tribunal Constitucional
de 20 de marzo de 1997 y en el artículo 148 de la Constitución; corresponden, en ordenación del territorio, vivienda y suelo, en exclusiva a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales.
Desmiento lo que decía la señora Urán sobre el temor a la ley de acompañamiento. No tenga duda que el Gobierno del Partido Popular va a ser respetuoso con la distribución de competencias constitucionales en la ley de acompañamiento y no va
a invadir las competencias de otras administraciones públicas, porque su contenido -sigo argumentando las razones jurídico-formales- no puede llevarse a cabo en la práctica, al tener el adjudicatario la obligación de destinar los suelos a los fines
previstos, para lo cual tendría que realizar actuaciones como la modificación del planeamiento, que no está al alcance del particular afectado, y porque la sentencia del Tribunal Constitucional de 1998 sustraía expresamente de la competencia y de la
regulación por el Estado las formas de concreción del aprovechamiento urbanístico. Recuerdo que el urbanismo, según la sentencia de marzo de 1997, es competencia exclusiva de las comunidades autónomas, por lo que en materia de urbanismo desaparece
radicalmente el Estado, limitándose severamente su capacidad.
¿Esto se puede modificar con carácter general? Sin duda, se puede hacer y así se ha hecho en el acuerdo de suelo. No voy a releer a SS.SS. el acuerdo de suelo, cosa que ya he hecho en
síntesis, pero sí voy a recordarles que los que votaron en contra de este acuerdo de suelo fueron las comunidades autónomas -me imagino que por instrucciones superiores- gobernadas por el Partido Socialista y el Gobierno vasco, siguiendo las
instrucciones del ilustre miembro de Izquierda Unida señor Madrazo. En definitiva, por estas cuatro razones vamos a votar en contra.
Señora presidenta, me gustaría poder contestar a algunas de las barbaridades que aquí se han dicho, si me lo permiten SS.SS. Se ha hablado de la escasa dedicación del Ministerio de Fomento; se han olvidado de la distribución de
competencias. El acuerdo nacional de suelo fue una expresión de dedicación.
El Tribunal de Cuentas. El Ministerio de Fomento ya ha respondido puntualmente a todas y cada una de las críticas hechas recientemente por el Tribunal de Cuentas. Si quieren les doy la publicación donde así se ha hecho.
El señor Aymerich ha hecho referencia al Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa, en uso de sus atribuciones, ha suscrito 120 convenios con administraciones públicas autonómicas y locales, que han dado lugar a la construcción de
12.500 viviendas de protección pública, el 66 por ciento de las viviendas construidas.
La señora Urán ha hablado del fracaso de la política de vivienda, del fracaso social. ¿Sabe S.S. que el gasto social absorbe nada más y nada menos que el 50 por ciento del presupuesto para el año 2004?
Señor Jané, mi querido amigo del Grupo Catalán, no le entiendo, no le entiendo nada. Sabe S.S. que la Ley de patrimonio del Estado va a ser derogada y sin embargo dice que va a votar a favor del artículo 62 bis, que modifica dicha ley, lo
cual supone en el fondo el reconocimiento de su vigencia.
Respecto al programa del señor Mas, el otro día tuve ocasión de intervenir ante los medios de comunicación, no sé si televisivos o radiofónicos, y dije -y lo repito ahora- que no me salían las cuentas, señoría. Haciendo las multiplicaciones
pertinentes, sobre la base de que la Generalitat de Catalunya entregue a cada joven menor de 35 años la cifra de 60.000 euros y que la medida afecte a 15.000 jóvenes, no me salen las cuentas, señoría.
En definitiva -y acabo, señora presidenta-, con realismo, nadie va a ganar al Partido Popular en su preocupación por la vivienda, nadie le va a ganar, ninguna de las fuerzas políticas que en esta ocasión han intervenido. Ahí está el Plan
nacional 2002-2005, con un grado de cumplimiento, señora Urán, del 130 por ciento, del 50 por ciento en el año 2003, y las ayudas a la política de vivienda y alquiler. En definitiva, repito que nadie va a ganar al Partido Popular en interés por la
política de vivienda.
La señora PRESIDENTA: Señor Ortiz, le ruego concluya.
El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Acabo, señora presidenta.
Me remito de forma explícita al programa de Madrid de doña Esperanza Aguirre y al programa de las próximas elecciones generales, en cuyo borrador este diputado está modestamente participando. Nadie va a ganar al Partido Popular, pero con
realismo, en la preocupación por la política de vivienda en cumplimiento del artículo 47 de la Constitución.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ortiz.
Señorías, ruego ocupen sus escaños.
Sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre enajenación de suelo público para la construcción de viviendas de carácter social.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 131; en contra, 150.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO, SOCIALISTA, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, VASCO (EAJ-PNV), DE COALICIÓN CANARIA Y MIXTO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL
(ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000314.)
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO, SOCIALISTA, CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, VASCO (EAJ-PNV), DE COALICIÓN CANARIA Y MIXTO, ORGÁNICA DE MEDIDAS PARA LA CELEBRACIÓN SIMULTÁNEA DE LAS ELECCIONES
AL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL REFERÉNDUM SOBRE EL PROYECTO DE CONSTITUCIÓN EUROPEA. (Número de expediente 122/000315.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de las proposiciones de ley de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), de Coalición Canaria y
Mixto, de modificación de la Ley orgánica del Régimen Electoral General, que se debatirá conjuntamente con la proposición de ley de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda
Unida, Vasco (EAJ-PNV) de Coalición Canaria y Mixto, orgánica, de medidas para la celebración simultánea de las elecciones al Parlamento Europeo y del referéndum sobre el proyecto de Constitución europea.
En primer lugar y en nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Bermúdez de Castro. (Rumores.)
Señorías, ¿es posible que ocupen sus escaños y permitan que continúe el debate? (Pausa.)
Adelante, señor Bermúdez de Castro.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, abordamos hoy el debate conjunto de dos proposiciones de ley rubricadas por todos los grupos parlamentarios de esta Cámara y que cuentan por tanto con el mayor grado de consenso posible. Dos proposiciones que además son de gran
calado y alcance político, pues ambas guardan estrecha relación con la iniciativa política más importante, más determinante para el avance en el proceso de construcción europea que se ha producido en las últimas décadas, como es el tratado por el
que se instituye una Constitución para Europa, que, culminado por la Convención, deberá ser debatido y aprobado por la Conferencia Intergubernamental.
La primera de las proposiciones pretende modificar el artículo 215 de la vigente Ley orgánica de Régimen Electoral General, que fijaba en 64 el número de diputados a elegir en España en las elecciones al Parlamento Europeo, cifra que ha sido
modificada en el Tratado de Niza y que incluso puede llegar a ser variable ante eventuales futuras ampliaciones de la Unión, por lo que, a efectos de evitar sucesivas adaptaciones de la Ley electoral con relación al número de diputados a elegir por
España en cada proceso electoral europeo, es preferible diferir esa cifra a lo que en esta materia establezca el ordenamiento jurídico europeo. Nosotros anunciamos que rubricaremos una enmienda conjunta con el resto de los grupos parlamentarios
para trasladar también esta previsión a otro artículo de la Ley orgánica del Régimen Electoral General,
que hacía referencia a esa cifra concreta de 64 diputados a elegir, para que haya una referencia genérica al ordenamiento jurídico europeo.
La segunda proposición, señorías, es, a mi juicio, la más relevante, pues persigue autorizar la celebración simultánea de las próximas elecciones al Parlamento Europeo con un referéndum consultivo en relación con el proyecto de Constitución
europea. Y lo hacemos a través de una ley de autorización singular, porque la singularidad y la trascendencia de la decisión así lo requieren, evitando de esta manera la modificación de la vigente Ley orgánica reguladora de las distintas
modalidades de referéndum, que nació con una vocación de permanencia. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la presidencia.)
El proceso de construcción europea, señorías, ha estado jalonado de constantes impulsos desde la firma del Tratado de Roma, hace ya casi medio siglo. Las sucesivas ampliaciones, los acuerdos de libre circulación y supresión de fronteras, la
modificación de los tratados y los acuerdos en el terreno económico que culminaron con la implantación de la moneda única el pasado año, han supuesto un avance espectacular en el desarrollo de la arquitectura europea. De esta manera, después de
haber sentado los fundamentos de la unidad económica y financiera, la Unión Europea afronta ahora el reto de culminar el camino para crear un espacio jurídico común que facilite y que logre una verdadera unión política.
Y es que, señorías, nos encontramos ante la reforma más importante y más ambiciosa de las últimas décadas en el proceso de construcción europea.
De un lado, la mayor ampliación de las realizadas hasta la fecha, que se traducirá, en tan sólo
unos meses, en una Unión Europea compuesta por 25 Estados y, de otro, el mayor salto hacia la unión política con el proyecto de Constitución europea, un proyecto decisivo para el futuro de la Unión hasta el punto de que, con acierto, se ha escrito
en estos días que la Constitución tiene que ser a la política igual que fue el euro a la economía. Un proyecto de Constitución elaborado por la Convención a través de un método muy abierto, muy participativo, con una encomiable labor de los
parlamentarios que en nombre del Parlamento de España estuvieron presentes en la Convención, que pretende que esa Constitución nazca de la voluntad de los ciudadanos y de los Estados de Europa de construir un futuro común basado en unos objetivos y
en unos valores también comunes. Una Constitución que consagra la unión de Estados, pero también la unión de ciudadanos, de suerte que la ciudadanía europea y la Carta de derechos tienen un papel protagonista, y en la que el desarrollo de un
espacio de libertad, seguridad y justicia, la coordinación de la política económica, los avances en materia de política exterior, defensa y lucha contra el terrorismo, los principios de democracia participativa y representativa imbricados en sus
instituciones o el reconocimiento de la iniciativa legislativa popular son también algunos de sus elementos nucleares. Un proyecto de Constitución que ha sido calificado como una buena base de discusión y que deberá ser debatido y aprobado por la
Conferencia Intergubernamental, en la que el Gobierno español, a buen seguro -no lo duden, señorías-, defenderá los intereses generales de España.
Como saben, la próxima semana comparecerá ante esta Cámara el presidente del Gobierno y todos los grupos tendrán la oportunidad de realizar las valoraciones y de solicitar cuanta información precisen y estimen pertinente sobre las
conclusiones del Consejo de Bruselas y sobre la marcha de los trabajos de dicha conferencia.
Pues bien, un proyecto de Constitución europea que se proyecta ante los ciudadanos como el vértice del ordenamiento jurídico comunitario y que supone el paso decisivo para la consolidación de una Europa unida e integrada, no sólo en lo
económico sino también en lo político, a juicio de los grupos proponentes, debe obtener no sólo el respaldo de las Cortes sino también el refrendo directo de los españoles, y por ello todos acordamos que fuese sometida a referéndum consultivo,
figura que, como ha definido el Tribunal Constitucional, es el instrumento esencial para la participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos de especial trascendencia. Y no hay duda, señorías, de que estamos ante un asunto público,
una decisión política de especial trascendencia que marcará, además, el futuro de nuestra sociedad, que viene a ser una suerte de refundación europea sobre bases sólidas y democráticas, y por ello el respaldo y la opinión directa de los ciudadanos
cobra especial relieve e importancia. Lo consideramos oportuno y por ello proponemos que esa eventual consulta se haga coincidiendo con las elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán el año que viene, pues no en vano el Parlamento Europeo
es la institución que, por mor de la representación, refleja de un modo más directo la unión de los ciudadanos europeos.
Se trata también de lograr la mayor participación ante dicha consulta, pues son varios los procesos electorales, bien nacionales o autonómicos, a los que los ciudadanos vamos a estar convocados en los próximos meses, y sobre todo se trata de
lograr la mayor divulgación, el mayor debate, el mayor esfuerzo de difusión, cada uno desde su posición, para que finalmente los españoles puedan valorar dicha Constitución con los mayores elementos de juicio posibles y puedan refrendarla con
convencimiento y espero que con entusiasmo. Ese es el espíritu que nos guía en la presentación de estas proposiciones de ley, en un proceso que culminará el próximo año y del que todos esperamos que nazca una Europa más fuerte, más cohesionada, con
más legitimidad democrática, una
Europa más transparente y a la vez más cercana, con más capacidad para afrontar políticamente su futuro.
Durante muchos años la mayoría de los españoles anhelamos formar parte de esa Europa que caminaba firme hacia un proceso de construcción e integración y que representaba los valores y principios en que se sustentaban las bases del modelo
democrático. Hace más de tres lustros conseguimos incorporarnos a ese proceso y durante todos estos años hemos contribuido, yo diría de manera entusiasta, a su desarrollo. España es hoy protagonista e impulsora de este paso definitivo hacia la
consolidación de una Europa definida como unión de Estados pero también de ciudadanos, una Europa ampliada, muy variada, heterogénea, distinta de aquella que inició su andadura en 1951 con los tratados del acero y del carbón, una Europa que, por
ello, no debe mirar a su pasado, sino al futuro con ambición y optimismo. Ello será bueno para Europa, y, señorías, lo que es bueno para Europa también lo será para España.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor Bermúdez de Castro.
Por el Grupo Socialista del Congreso, para la defensa de las proposiciones de ley, tiene la palabra el señor Borrell.
El señor BORRELL FONTELLES: Señora presidenta, señorías, las dos proposiciones de ley que hoy vamos a aprobar presuntamente son meramente instrumentales, pues no hacen sino acomodar nuestra legislación a acontecimientos que ya se han
producido dentro o fuera de esta Cámara. Ya sabemos que el número de diputados será distinto de la cifra de 64 que aparece registrada en la ley que modificamos, aunque todavía no sabemos a ciencia cierta cuántos serán porque eso quizá dependa de
cómo se desarrolle la Conferencia Intergubernamental. También esta misma Cámara, a propuesta del Grupo Socialista en el mes de febrero, aprobó en el mes de junio pasado una decisión para someter a referéndum la Constitución europea, si aprobada
fuere, el día 14 de junio del próximo año. Por tanto, nos limitamos a adaptar las leyes a decisiones que ya han sido tomadas, y el debate en sí mismo no daría más de sí, si no fuera porque la ocasión es buena para analizar el actual momento de la
construcción europea a la luz de lo que está ocurriendo en Roma, de lo que ha venido ocurriendo desde Niza hasta ahora y de lo que puede ocurrir de aquí a fin de año.
La pregunta relevante es por qué ahora creemos todos que es necesario someter al pueblo español en referéndum la aprobación de lo que formalmente no será sino un tratado más. ¿Por qué este sí y no los anteriores? Es el primer tratado que
se somete a referéndum. Porque, aunque hablamos de una Constitución, no podemos olvidar que lo que se aprobará en la CIG será un nuevo tratado, pero, eso sí, un tratado que políticamente entendemos todos que tiene una naturaleza diferente. El paso
del tratado a la Constitución no puede ser un simple cambio semántico, no puede ser una apelación a la retórica ni tampoco podemos dar a los ciudadanos un producto devaluado, no podemos darles gato por liebre haciéndoles creer que construimos una
Constitución, cuando en el fondo nos quedaríamos cortos, quizá, en la apelación de tratado. En el fondo ambas cosas son muy distintas, responden a planteamientos jurídicos y políticos diferentes, y aquí hay quien bien lo sabe. El tratado se sitúa
en el orden internacional y la Constitución en el orden interno; un tratado es un acto de voluntad plural de soberanías, una Constitución es un acto unilateral de una única entidad política; el tratado lo hacen Estados soberanos, la Constitución
la hacen los pueblos; el tratado es el resultado de negociaciones diplomáticas más o menos secretas llevadas a cabo por gobiernos y la Constitución es el resultado de una deliberación pública y de un voto ciudadano. Son dos cosas distintas, pero
en Europa, haciendo Europa como la hacemos, las hemos juntado en un tratado constitucional o un tratado por el que se instituye una Constitución europea, y ese paso, insisto, requiere la apelación al voto popular para darle la trascendencia que
merece, porque a partir de este momento ya no podremos seguir concibiendo a Europa como un espacio geográfico constituido por Estados independientes y soberanos que se ponen de acuerdo cuándo y en lo que quieren; a partir de ahora, la Europa que
surge de este tratado constituyente es un espacio formado por ciudadanos que deciden formar sociedad política, vivir juntos de acuerdo con los valores que proclaman, dotándose de las instituciones que les permiten vivir juntos. Ese es el gran
cambio, y si no aprovechamos la ocasión para reavivar el espíritu europeo en nuestros ciudadanos, ¿cuándo lo haremos? ¿Qué mejor ocasión que esta para plantear a los ciudadanos de este país qué significa el proyecto europeo? Todos tendremos que
hacer prueba de una enorme pedagogía política, porque todos, o casi todos, pediremos el sí, aunque unos y otros tengamos matices y diferencias importantes entre la Constitución que nos hubiera gustado hacer y la que hemos hecho. Estoy seguro de que
a mi compañero de Convención Gabriel Cisneros y a mí mismo nos gustaría cambiar muchas cosas de ese texto si pudiéramos. En Roma, los jefes de Estado y de Gobierno han dicho que están de acuerdo en el 90 por ciento pero en el 10 por ciento serán
difícilmente capaces de construir un consenso mayor y mejor que el que les hemos propuesto desde la Convención.
El debate del referéndum, cuando se celebre, si llega a celebrarse, esperando que para entonces nadie haya querido asumir la responsabilidad de bloquear el
proceso, será la ocasión para que expliquemos las distintas concepciones de Europa que unos podemos tener, para evitar también que la gente conteste a una pregunta que no se le formula, como suele ocurrir en los referendos, para pedirles que
se pronuncien sobre una concepción de Europa que todavía no se plantea, por ejemplo, la adhesión de Turquía, y que no plantea más que lo que hace, que mucho es. Algunos gobiernos, el británico, por ejemplo, ya han señalado su voluntad de no
utilizar el referéndum. El Gobierno laborista británico está empeñado en una minusvalorización del proyecto constitucional porque la palabra Constitución les sigue produciendo un cierto repelús ya que para ellos es el símbolo de un super Estado que
no desean. El representante del señor Blair en la Convención, Peter Hain, me decía un día en broma: Adelante, llámenle Constitución si quieren; a fin de cuentas, hasta los clubes de golf tienen Constitución. Pero esto no es un reglamento de una
asociación cívica cualquiera. Este es un documento que proclama valores. A diferencia de anteriores tratados, que se limitaban a un toma y daca y un reparto de responsabilidades mutuas entre gobiernos, este texto proclama valores, define cuáles
son los principios objetivos que la Unión se plantea defender dentro de ella y en el resto del mundo. Naturalmente que no es asimilable al reglamento de un club de golf, pero, basándose en una minusvalorización deseada, el Reino Unido no lo
someterá a referéndum, y otros países, entusiastas del referéndum hace poco, están empezando a plantearse si ese no será quizá un riesgo excesivo. En Francia, por ejemplo, donde la decisión corresponde al jefe del Estado, aparecen ya en los
partidos políticos importantes diferencias sobre la conveniencia de asumir un riesgo que ven cada vez mayor a medida que en la CIG las cosas pueden acabar embarrancando. Recordemos que el Tratado de Maastricht, sometido a referéndum en Francia, fue
aprobado por menos de un voto de diferencia, y pensemos cuán diferente hubiera sido la historia si ese 0,8 por ciento de votantes franceses hubiera caído del otro lado, del sí o del no. Escaldados quizá por el riesgo que corrieron, algunos países
piensan hoy que mejor es someterlo a la votación de los parlamentarios, que saben muy bien de qué se trata, para minimizar el riesgo de un no que significaría una gravísima crisis institucional en el proceso de construcción europea. Pero yo creo,
señorías, que ese riesgo hay que correrlo, que hay que preguntar a los ciudadanos si realmente se sienten involucrados o no con un proceso del que va a depender prácticamente todo lo que conforma su vida cotidiana. Europa no es una superestructura
alejada ni una dama bondadosa que reparte subvenciones ni una madrastra que impone restricciones. Europa es un proyecto de vivir juntos. Europa es, o quisiéramos muchos de los que aquí estamos que fuera, una unidad que trate de hacer en el resto
del mundo lo que ha hecho consigo misma: la paz, la renuncia a la guerra como forma de dirimir las diferencias entre Estados, un sistema de representación democrática, un Estado social, una combinación entre economía de mercado y cohesión de la
sociedad, la defensa de los derechos humanos, y más recientemente del medio ambiente, como elemento caracterizador de la dinámica política europea, capaz él solo de contrapesar lo que en mi opinión es un exceso de la única superpotencia que ha
sobrevivido después de la guerra fría, para conseguir un mundo más estable. Esa y no otra es la misión que puede asumir Europa si los europeos quieren.
Anteayer, en Budapest, algunos representantes de los países del Este no querían ir tan lejos en su concepción de Europa y negaban la mayor, negaban su voluntad de participar en un proyecto que construyese una capacidad de defensa propia,
autónoma, o una voz que hablase por sí misma en el concierto del mundo; les bastaba con construir un gran espacio económico integrado, una especie de portaaviones para que sus empresas pudiesen participar efectivamente en la mundialización
económica. Pero ese no es el objetivo que nosotros perseguimos. Si la CIG embarranca, o si en un referéndum en cualquier país europeo es rechazado el proyecto de la Constitución, Europa se enfrentará a la mayor crisis existencial de su historia y
en el fondo será el triunfo de los que la quieren ver reducida a un gran espacio de libre cambio. Pero eso no es lo que querían los padres fundadores ni es tampoco lo que seguramente quieren las jóvenes generaciones de europeos. Cuando se les
pregunta qué quieren que haga Europa, contestan sin vacilar, con una abrumadora mayoría de más de un 80 por ciento, que quieren que Europa sea un agente global, capaz de pesar en el mundo, dotado de una capacidad de defensa propia y de una voz única
en los grandes foros internacionales. Si así fuera, nuestro peso sería bien distinto del que es, y cuando nos visita el presidente de Argentina y le decimos que tiene nuestro apoyo pero que tiene que negociar con el Fondo Monetario Internacional,
es decir, con Estados Unidos, si fuésemos capaces de llevar una sola voz en nombre del euro en ese foro, nos haría más caso porque sabría que, al tener mayoría en el consejo de administración del Fondo Monetario, seríamos nosotros los que podríamos
dictar las políticas de las que tanto dependen. Este es uno de los muchos ejemplos que podríamos traer aquí a colación a la hora de discutir y explicar por qué queremos llamar a los ciudadanos. Pero tiempo tendremos de hacerlo, porque esta
decisión ya está tomada. Hoy sólo la hacemos posible jurídicamente, esperando que todos contribuyamos, con nuestra discusión política, a la mejor comprensión de las alternativas que se presentan en el futuro.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Borrell.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para la defensa de las proposiciones de ley, tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señorías, sometemos a debate en el Pleno del Congreso dos proposiciones de ley que, como acertadamente manifestaba el señor Borrell, no dejan de ser un debate jurídico instrumental para permitir lo
que debe ser otro gran debate, un debate conceptual, un debate político sobre la nueva Constitución europea. Pero hoy nos corresponde ese primer debate, un debate constitucional, un debate sobre las modificaciones necesarias que debemos emprender
para que el próximo mes de junio del año 2004 se puedan celebrar simultáneamente las elecciones al Parlamento Europeo y el referéndum sobre el nuevo tratado que permita una Constitución para Europa.
Desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) queremos reafirmar -lo hicimos ya el pasado mes de julio, cuando se aprobó en esta Cámara la propuesta de resolución- nuestra posición favorable a celebrar un referéndum sobre el
tratado de la Constitución europea. No es un texto jurídico más, y es necesario que la ciudadanía en su conjunto pueda conocerlo claramente, con los matices que los señores Borrell y Bermúdez de Castro afirmaban en el sentido de que al final un
texto nunca es el resultado de lo que un grupo quiere sino que es el resultado de un consenso. Pero cuando se somete únicamente a referéndum aisladamente, no es lo mismo que si logramos que ese referéndum sea simultáneo con otro gran debate, el que
cada grupo va a proponer en el marco de unas elecciones al Parlamento Europeo, porque vamos a poder simultanear una posición favorable pero también unos matices. En ese debate, cada una de las fuerzas políticas de esta Cámara podrá explicar a la
ciudadanía qué aspectos de esa Constitución que se somete a referéndum hubiésemos redactado de forma distinta y en qué aspectos discrepan nuestras formaciones políticas en relación con el modelo final de Europa que queremos. Efectivamente, la
Constitución tiene una gran transcendencia, y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), igual que otros grupos de la Cámara, ha manifestado claramente puntos de desacuerdo en el texto concreto que ha elaborado la Convención. A nosotros
nos hubiera gustado una plasmación distinta de la pluralidad que integra el Estado, de la plurinacionalidad de la Europa de los pueblos, pero, más allá -y hoy no corresponde este debate-, será oportuno que podamos simultanear el debate sobre el
referéndum de la Constitución con el debate programático de los distintos grupos para las elecciones al Parlamento Europeo. De ahí que nosotros consideremos oportunas estas proposiciones de ley que hemos firmado como grupo parlamentario porque
efectivamente existía un problema jurídico: la Ley Orgánica 2/1980, que regula las distintas modalidades de referéndum, impedía la celebración simultánea de un referéndum consultivo con unas elecciones parlamentarias; de ahí que fuese necesario
concretar lo que es una excepción para un supuesto que era necesario establecer porque va a ser positivo celebrar simultáneamente esos dos debates.
Había además otra modificación instrumental, pero también necesaria: la actual legislatura se está terminando y antes de la celebración de las elecciones al Parlamento Europeo del próximo mes de junio del año 2004 era necesario adaptar el
número total de diputados porque, evidentemente, va a cambiar. España va a elegir menos diputados al Parlamento Europeo y debíamos proceder puntualmente, instrumentalmente, a la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Por
tanto, es un debate oportuno en el momento preciso, incluso debemos acelerarlo porque el horizonte de la legislatura y su final está próximo y debemos asegurarnos de que estas dos modificaciones normativas lleguen a buen término antes de finalizar
la actual legislatura.
Mi grupo parlamentario quiere destacar la necesidad de que el referéndum de la Constitución europea sirva también en relación con lo que actualmente es una grave carencia en el ordenamiento comunitario europeo: su lejanía. La población,
incluso los propios operadores jurídicos, ven la normativa europea como algo lejano, cuando realmente es un ordenamiento que les afecta, que en muchas ocasiones es de directa aplicación, y es necesario acercar ese ordenamiento y debatir con el
conjunto de la ciudadanía un aspecto tan importante y trascendente como va a ser la nueva Constitución, también por lo que tiene de liturgia un texto de Constitución. Una Constitución tiene que tener siempre la legitimidad democrática más
consolidada, y eso se obtiene a través de un referéndum y a través de un debate público abierto a toda la ciudadanía.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) entiende que ese debate será necesario, que será necesario que cada grupo
explique sus matices, sus diferencias, pero que al final cada grupo parlamentario, con la apelación al necesario referéndum, pueda legitimar su proyecto europeo y sus propuestas. Nuestro grupo desea que todo este debate redunde en la mayor
consolidación de una Europa basada en la realidad de los pueblos que la integran y que suponga, con la aprobación de la Constitución, una reafirmación en Europa en su conjunto de los valores democráticos y del mayor respeto a los derechos
fundamentales de las personas.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor Jané.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y para la defensa de las proposiciones de ley, tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, este humilde diputado ha necesitado un tiempo para adaptar lo que pensaba defender. Es más, escuchando con respeto las intervenciones de los portavoces que me han precedido, miraba y
remiraba las iniciativas que hemos firmado conjuntamente y me preguntaba si daban para tanto. (La señora presidenta ocupa la presidencia.) Y he tenido que echar mano de una de las novelas negras baratas que venden en los andenes de las estaciones,
una de las cuales se permite el lujo -allá ella- de empezar con una cita de Proust.
Me van a permitir que la lea porque viene al caso. Dice: Sentimos en un mundo; pensamos, nombramos, en otro; podemos establecer una concordancia entre ambos,
pero no llenar el intervalo. Con todo respeto, señorías, algunos portavoces han intentado llenar el intervalo entre la realidad laica, sin glamour, que está detrás de esta iniciativa y un mundo de grandes oropeles.
Vamos a ver, señorías, aquí cambiamos el artículo 215 de la LORE porque señala un número determinado de diputados y no lo vamos a estar cambiando cada vez que se produzca un cambio en Europa. Es decir, se trata de la cosa más sencilla y
mecánica del mundo. Punto, pasemos. También estamos aquí para modificar algunos artículos de la Ley de referéndum -por supuesto, estamos de acuerdo en que haya un referéndum sobre este tema y sobre muchos más- para que el referéndum pueda
coincidir con otras elecciones. ¿Por qué, señorías? Porque si no, en nueve meses, el pueblo español -el sufrido y soberano pueblo español- es llamado, aunque sea en distintas zonas, a las elecciones madrileñas, a las catalanas, a las andaluzas con
las generales, a las europeas, y si el referéndum fuera aparte, no nos engañemos, no votarían ni los pájaros. Es algo muy normal, y por ello hemos decidido, con muy buen criterio, quitar ese apartado de modo que el referéndum pueda celebrarse con
las elecciones europeas y así aumentar la participación y el debate. Y ya está.
Yo respeto lo que diga cada uno cuando sube a la tribuna; yo soy el primero que, cuando subo, digo lo que me da la gana, así que no voy a negar el derecho a decir lo que les dé la gana a todos los demás. Ahora bien, esto es como si, al
cambiar la velocidad máxima en la Ley de Tráfico de 120 a 115 -por poner un ejemplo-, hubiéramos salido a debatir sobre la política expansiva de Mercedes o sobre las limitaciones al mercado nipón. Digamos las cosas tal como son en realidad,
señorías: hemos hecho esto por necesidad, y luego, en otro momento, debatiremos sobre la importancia -que la tiene, cómo no- del proyecto de Constitución europea.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, tampoco yo tengo previsto pronunciar un discurso solemne y grandilocuente sobre lo que representa Europa como unidad política o sobre lo que la Constitución europea, si es aprobada, va a suponer para el proceso de construcción
institucional desarrollado en el continente durante los últimos decenios.
Francamente, tampoco creía que la sesión de hoy habría de ser aprovechada por los grupos políticos para vender lo que cada uno de ellos ha aportado o lo que han representado en este proceso las formaciones políticas que están detrás.
Evidentemente, tampoco es este el momento de expresar lo que nos gusta o lo que nos disgusta del proyecto de Constitución europea.
Por supuesto, disgustos, en nuestro caso, tienen que existir habida cuenta de quiénes son los representantes
españoles en la convención; disgustos, evidentemente, tienen que existir.
Como mi compañero de Izquierda Unida, pensaba que se trataba únicamente de presentar, brevemente y de forma resumida, dos iniciativas normativas, dos proposiciones de ley, que tienen objetivos muy concretos: una de ellas, el de modificar la
Ley orgánica del Régimen Electoral General -concretamente, el artículo 215- para adaptarla a la nueva estructura y composición del Parlamento Europeo, algo obligado, imprescindible e inevitable, tal y como están las cosas; y la segunda, el de
introducir una salvedad en la Ley de 18 de enero de 1980, reguladora de las diferentes modalidades de referéndum, para hacer posible algo que hoy esta norma hace imposible y que es que las elecciones al Parlamento Europeo y el referéndum sobre el
proyecto de Constitución europea puedan celebrarse simultáneamente. Y como, francamente, esto último no requiere de más explicaciones porque es evidente, y la evidencia se impone yo creo que de un modo abrumador, voy a concluir mi intervención, con
todo dicho.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Erkoreka.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta.
Señorías, subo a la tribuna en nombre de Coalición Canaria para dar también un testimonio más solemne de lo que este debate ha empezado a ser reconducido con unos valores políticos muy acertados tanto en la intervención del portavoz del
Grupo Parlamentario Popular como en la del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Borrell.
Efectivamente, estamos ante dos leyes que separadamente son instrumentos, puntos de apoyo de un proceso electoral. Separadamente hubieran sido constitutivas de un simple debate, votar, aprobar y fuera, pero se han trabado una modificación
de la Ley Electoral General y un compromiso de referéndum, que es donde está la parte política fundamentalmente, dos disposiciones que van a obligar a los grupos parlamentarios políticos en el debate a las elecciones del próximo mes de junio al
Parlamento Europeo a diferenciarse no solamente en matices sino también en concepciones distintas. Coalición Canaria volverá a plantear un tema propio de partidos de ámbito territorial, que es el de las circunscripciones electorales para las
elecciones al Parlamento Europeo. Es legítimo. No se ha conseguido, pero hay un compromiso de pedir determinadas matizaciones en cuanto a las circunscripciones electorales, porque el título VIII de la Constitución española a nosotros nos parece
que impregna todo un sistema electoral en cuanto a los distritos por comunidades autónomas.
Pero al mismo tiempo nos vamos a encontrar con un problema dialéctico, que es estar diferenciados en el debate sobre una elección al Parlamento Europeo de
la aceptación de un texto de ideas, como bien ha señalado el señor Borrell, no de tratados, de tomas y dacas en los acuerdos transfronterizos entre los Estados de la Unión Europea y los pueblos que la forman, sino de una cuestión de ideas. Si
estamos de acuerdo en haberle sustraído, en el mejor sentido democrático de la palabra, la competencia al Parlamento para aprobar esta iniciativa, como ya hicimos a nivel parlamentario cuando se modificó un artículo de la Constitución española sin
necesidad de referéndum ante el pueblo español soberano para la presencia electoral de los ciudadanos de la Unión Europea en los procesos electorales municipales, también podíamos haber entendido, como se ha significado aquí, que algunos países,
para no complicarse con un euroescepticismo o un rechazo de determinados párrafos y secciones de esta Constitución que ha hecho la Convención, se evita problemas, lo trae en pactos más fáciles de hacer en una Cámara legislativa, y el referéndum
queda solamente como una referencia de posibilidades. Pero aquí el pasado día 1 de julio hemos adoptado el compromiso político de llevar el texto de la futura Constitución europea, con mejores o peores sabores de boca y de intelectualidad analítica
política, a referéndum ante el pueblo español. Lo que quiere decir que el ciudadano va a tener que recibir el mensaje lo más homogéneo posible de todas las fuerzas políticas de que es necesario aceptar ese texto constitucional europeo de ideas, y
aquí van a variar las sensibilidades. Para Coalición Canaria posiblemente nos sea mucho más fácil llegar al ciudadano de nuestro archipiélago con un mensaje de homologación europeísta, porque estamos muy acostumbrados por los efectos del turismo y
del comercio, que es fundamentalmente de, por y con Europa, de la Unión Europea, para entender este mensaje. Posiblemente tengamos que esforzarnos en nuestra dialéctica de convencimiento mucho menor sobre una ciudadanía que quiere regirse por leyes
económicas y fiscales con una singularidad europea, que vive de 10 ó 12 millones de turistas anuales europeos con los cuales está manteniendo una simbiosis de compatibilizar ideas y proyectos, que acepta plenamente la moneda única del euro con una
gran naturalidad y un proceso de racionalidad. Ese trabar, como decía anteriormente, va a obligarnos a un ejercicio que creo muy bueno y positivo para la mentalidad que pueda existir de encastillarnos en unas determinadas concepciones, de ese 10
por ciento o el que sea que no acaba de gustarnos a muchos del texto de la Constitución futura europea para que lo podamos racionalizar y aceptar.
Nos encontramos ante un verdadero reto político de un cambio de mentalidad. Aquí no se trata de irse al pasado, de si lo que aglutinó fue una teoría religiosa o no, con todos los respetos. Nos estamos encontrando con el nuevo
posicionamiento obligado de que ya lo que nos une no es una doctrina determinada de tipo teológico sino una doctrina democrática y secular, y esa doctrina es secular porque viene de las raíces más profundas del sentido de la libertad de la vieja
Europa, de la noble e imprescindible vieja Europa para relacionar estas raíces para que ahora también tengamos este discurso político de trabar, de no estarnos preocupando ya ni del primer, ni del segundo, ni del tercer pilar sino del pilar único
del concepto ideológico de voluntad de pertenecer a un escenario único y democrático, con unas ideologías de unión y de respeto a determinados valores que es donde tendrán que residir en el futuro las fortalezas de todo tipo en cualquiera de las
políticas que se quieran hacer desde Europa frente a otras cuestiones del mundo. Y tenemos que pensar que esta Constitución va a ser el factor de aglutinación de las naciones, pueblos y Estados europeos, porque si no lo conseguimos, lo que
llamaríamos Europa residual quedará como una potencia inferior y fragmentada frente al poder cada vez más unitario que está ejerciendo la única potencia que tiene una Constitución para 50 Estados, que son los Estados Unidos de América. Ese poder
que sale de la Constitución norteamericana, como poder que se proyecta hacia el exterior y que estamos sufriendo en lo militar, en lo financiero, en lo económico y en lo energético
solamente podrá ser contrarrestado con una aglutinación de Estados que también tengan una Constitución común. Y esa Constitución común se tiene que asentar sobre esas ideas. De ahí que cuando llegue ese debate todas las fuerzas políticas
parlamentarias podamos tener diferencias en cuanto al programa electoral para presentar a nuestros candidatos al Parlamento Europeo, pero tendremos que tener ese concepto de racionalidad y de unidad que fue cuna del pensamiento y de la civilización
de las libertades europeas, se escribiera en castellano, en francés, en italiano, en alemán, en inglés o en cualquiera de las lenguas que aportaron a través de sus pensadores a lo largo de los tiempos un concepto de libertades, un concepto de unidad
en Europa. Esa será nuestra fuerza y al mismo tiempo nuestro reto. De ahí que nuestro grupo, en este trámite puramente instrumental, vote favorablemente estos dos instrumentos, que trabados y entre sí tienen una superposición, tienen una
proyección más hacia delante, que tienen nada más que un carácter netamente político.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Intervengo en nombre de mi grupo para fijar nuestra posición sobre dos iniciativas que se nos presentan. La primera para adecuar el número de parlamentarios europeos, quitando el número de 64 sin saber exactamente cuál es el número de
escaños que corresponden al Estado español. Estamos de acuerdo y votaremos a favor de esta iniciativa, sin perjuicio de que la misma podría dar lugar a un interesante debate, parte del que ya tuvimos con relación a cómo se negoció en Niza, qué se
explicó a esta Cámara con relación a las perspectivas e hipótesis que existían respecto de si iba a haber modificación o no especialmente a la baja del número de escaños, y he de decir que a esta diputada, una semana antes de Niza, se le dijo que
ninguna hipótesis barajaba la posibilidad de perder escaños.
Y, en tercer lugar, en este debate podríamos incluir finalmente qué va a pasar y una valoración final sobre si la negociación de Niza y esta negociación en relación con tema tan vital
como es el Parlamento Europeo ha sido bien llevada o no. No entraremos en ese contenido del debate, pero en definitiva el hecho de no poner un número para saber cuántos escaños corresponden al Estado español también es significativo de reflexión.
En el segundo caso es donde no vamos a apoyar la iniciativa que se nos presenta. ¿Qué queremos decir con ello? Nos vamos a abstener y diré por qué. En primer lugar, porque efectivamente sí estamos a favor de un referéndum consultivo, pero
es que estamos a favor de un referéndum consultivo en cuestiones de integración europea no sólo en relación con lo que hoy denominamos Constitución europea, sino que también lo exigimos en anteriores tratados como consecuencia de anteriores
conferencias intergubernamentales. Por tanto, sí estamos a favor de un referéndum consultivo en esta materia como hemos estado, por cierto, a favor de referendos consultivos en otras materias que afectan a ordenamientos jurídicos o normas jurídicas
que nos son más cercanas. ¿Qué pasa con la Constitución europea? No entraré en el fondo del debate porque no creo que sea el momento, pero ciertamente es una cuestión de mucho calado y sobre la que al menos Eusko Alkartasuna, a día de hoy,
sinceramente no tiene planteada su posición; y no la tiene planteada porque independientemente de darles el valor que tienen a los trabajos de la Convención, vamos a ver qué resulta de la Conferencia Intergubernamental para decidir exactamente,
porque entendemos que hay aspectos positivos y los hemos recalcado, pero entendemos también que hay aspectos de reconocimiento de pueblos que hoy no son Estados que realmente supone una cuestión importante desde nuestra percepción ideológica. Esto
nos lleva a ser sinceros y cautos y que, a día de hoy, no podamos plantear una posición y tiene una consecuencia práctica: si fue realmente importante establecer en la Ley de 1980 una prohibición para que se simultanearan referendos consultivos y
elecciones parlamentarias. Curiosamente, en la exposición de motivos del primer punto de hoy se dice que transcurrido el tiempo conviene modificar la ley, pero al final no se modifica, señorías, porque al final lo que se hace es una ley
excepcional. Creemos que sigue siendo válida la razón de esa Ley del año 1980 de que efectivamente determinada posición en un referéndum consultivo no pueda influenciar unas determinadas elecciones parlamentarias, porque en la práctica e
independientemente de cuál sea la posición, ciertamente ese razonamiento de aquel momento se sigue manifestando igual. Por tanto, siendo realistas, siendo prácticos, siendo totalmente favorables a referendos consultivos, siendo totalmente
favorables al proyecto de integración europea, no conocemos el texto final de lo que hoy va a ser la Constitución europea y sabemos, como todos ustedes saben, que efectivamente en la práctica se influencian las dos cuestiones cuando se simultanean.
Creemos que nuestra posición más cercana, también entendiendo que demasiadas elecciones no son convenientes, es que la Constitución europea tiene suficiente calado como para incluso tener su propio referéndum. Si es tan importante para todos
ustedes, creo que también es importante que tenga un debate en toda su integridad, con toda la grandeza que tiene la Constitución
europea y que además pueda celebrarse en solitario con toda la trascendencia que tiene.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAÍN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, creo que está claro que estamos votando dos proposiciones instrumentales. También está claro, como ha dicho algún portavoz, que no debemos hacer trampas en el solitario y engañar en la exposición de motivos, como acaba de decirse,
en el sentido de que la Ley de referéndum hay que modificarla porque ha pasado mucho tiempo. No, hay que modificarla porque todos entendemos que son cinco elecciones juntas y por el incremento de participación habría que hacerlo. Pero sin hacer
trampas en el solitario y sabiendo que son proposiciones instrumentales, no se nos oculta lo que hay detrás de ellas, que sí es un hecho de altísimo interés político. Yo creo, por lo menos lo siento así como convicción, que estamos a las puertas de
uno de los acontecimientos que abren el camino más importante de la política mundial en el siglo XXI, porque abrir un escenario democrático, de espacio de libertades, de sistema de valores compartidos ampliable -que no otra cosa es la Unión Europea-
es abrir la esperanza a que el primer mundo pueda ser el único mundo. No estamos hoy aquí viendo qué Constitución queremos, pero si hay un reto político en el mundo moderno es el reto de la participación. La participación impregna ahora mismo todo
el sistema político de cualquiera de los escalones territoriales, sean entes locales, regionales, estatales o sea la propia Unión Europea. Todo el mundo está preocupado por cómo se casa que el ciudadano se sienta partícipe de lo global, partícipe
de lo que comparte, con el respeto a las singularidades de cada pueblo, con la proximidad y la cercanía que tiene que dar ese principio de subsidiariedad que siempre reclamamos, de modo que a mí me parece muy bien y tengo que apoyar estos dos temas
instrumentales. Es importantísimo que haya referéndum, pero más importante que ese germen de reglas del juego del sistema político que nos van a poner por delante en unos meses, que es la Constitución europea, es que esté impregnada no solamente de
un sistema de valores compartidos, que ahí está el 90 por ciento de lo que coincidimos, sino también de soluciones para resolver esos dos escalones de proximidad y de respeto a cada pueblo, la participación directa en la conformación de la voluntad
colectiva de cada grupo de ciudadanos y no la superestructura lejana y fría que tiene Europa. No vemos escrito todavía en la Unión Europea que no hable de esto, ni escrito ni palabra que no se produzca en este Pleno ni en otras circunstancias.
Damos nuestro apoyo a los dos temas instrumentales y espero que tengamos tiempo y forma para poder transmitir a los ciudadanos la importancia tan tremenda que tiene esta Constitución europea en ciernes.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Núñez.
Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: El Bloque Nacionalista Galego nada tiene que oponer a la primera proposición de ley sobre modificación de la Ley orgánica del Régimen Electoral General, porque efectivamente se trata de adecuarla a la estructura
y composición del futuro Parlamento Europeo, pero sí tenemos algo que decir en relación con la modificación de la Ley de referéndum. Hay que recordar que la Constitución española buscó un mecanismo de participación directa precisamente para las
decisiones de especial transcendencia. Es curioso que en todo el tema europeo los gobiernos sucesivos hayan pasado de dotar de participación directa en decisiones de especial transcendencia al pueblo español, especialmente cuando se trató el
ingreso en la Comunidad Económica Europea y, sobre todo, el Tratado de Maastricht, que fue el que impuso prácticamente la moneda única, el euro, el Banco Central Europeo con todas sus competencias y por supuesto un modelo de política económico
social neoliberal. En aquel momento, algunos Estados de la Unión Europea recurrieron al referéndum consultivo y a ninguno se le ocurrió hacerlo el día de unas elecciones generales cuando había un debate partidario y, por tanto, condicionado por el
acceso a las instituciones de representación democrática. Nada tenemos en contra de que se haga un referéndum para aprobar lo que llaman el Tratado constitucional que, por cierto, hay que saber que no es nada más que una síntesis, un compendio de
todos los tratados anteriores para que prácticamente puedan ser legibles y accesibles y, además, una preparación para el alargamiento de una Europa a Veinticinco. Pero pensamos que el propio legislador dejaba muy claro que se debían hacer los
referendos tres meses antes o tres meses después de cualquier elección de carácter parlamentario o local y lo decía con muy buen sentido, porque si no, señorías, lo que va a pasar es que se va a plantear una concreta situación a beneficio del
inventario de determinados grupos políticos o del Gobierno con el pretexto y en nombre de que no se puede impedir materializar la voluntad política de la expresión popular. Pero aquí no se trata de beneficiar la expresión popular, se trata de
beneficiar la voluntad política de un gobierno que quiere utilizar este tema para su beneficio y en relación con el partido que lo sustenta. Incluso estoy por asegurar que lo utilizará
para defender una determinada idea de la unidad de España e incluso para forzar a los ciudadanos a que cuando vayan a coger la papeleta de un partido opten por la opción que ese partido defiende en relación con el referéndum constitucional.
Por tanto, se va a dar un debate no suficientemente libre ni suficientemente igual ni suficientemente no interferido y, sobre todo, no va a ser una participación directa de los ciudadanos, aunque sea en un acto de escoger una papeleta, porque van a
tener que escogerla justo cuando van a escoger otra para un proceso de representación democrática y los legisladores se cuidaron mucho de no mezclar dichos criterios. Señorías, pensamos que por eso debería de haberse modificado la ley pero siendo
válida para todos los casos y dejando claro que se pudiese realizar dentro de un período de tiempo aceptable y dentro de la legalidad. Tengo que recordar que no todos los Estados europeos van a realizar este referéndum y llama la atención que en el
caso del Estado español lo haga justo cuando está consumado todo el proceso. Esto no tiene vuelta atrás, una hipotética votación negativa no acabaría ni con el euro ni con el mercado único ni con el proceso de integración ni con el alargamiento ni,
por supuesto, con la condición cultural, política e institucional de Europa. Señorías, esto es conveniente que se sepa y por eso nosotros vamos a mantener una posición abstencionista en relación con la segunda proposición de ley, porque pensamos
que efectivamente no se debe hacer este cambio en función de la participación directa, sino como un servicio a la transparencia, al debate, a la crítica y a la información ponderada. Prevemos que realmente se va a tratar de un debate de ditirambo,
de grandilocuencia y no va a ser un debate real sobre cómo se tiene articulada la Unión Europea, cuáles son sus defectos, cuáles son sus problemas y, en todo caso, el aspecto de legitimidad que se le intenta imponer ahora con algo parecido a una
Constitución que dista mucho de serlo. Nosotros, como nacionalistas gallegos, no vamos a votar afirmativamente la segunda proposición de ley, aunque estamos radicalmente a favor de que se realice ese referéndum, pero en otras circunstancias y con
otros objetivos clarificadores y que no tengan consecuencias para la política partidaria.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Sometemos a votación, en primer lugar, la toma en consideración de la proposición de ley de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán de Convergència i Unió, Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), Coalición
Canaria y Mixto, de modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 279; a favor, 279.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Toma en consideración de la proposición de ley de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Catalán de Convergència i Unió, Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), Coalición Canaria y Mixto, orgánica de medidas para
la celebración simultánea de las elecciones al Parlamento Europeo y del referéndum sobre el proyecto de Constitución europea.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 278; a favor, 273; en contra, uno; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
AVOCACIÓN POR EL PLENO:
- DE LA PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000314.)
- DE LA PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MEDIDAS PARA LA CELEBRACIÓN SIMULTÁNEA DE LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL REFERÉNDUM SOBRE EL PROYECTO DE CONSTITUCIÓN EUROPEA. (Número de expediente 122/000315.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, la Presidencia, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento, ha acordado someter a la aprobación de la Cámara la tramitación directa y en lectura única por
el propio Pleno de la proposición de ley de modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
En consecuencia, queda aprobada la tramitación directa y en lectura única por el Pleno de la proposición de ley de referencia.
Asimismo, la Presidencia, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento, ha acordado someter a la aprobación de la Cámara la tramitación directa y en lectura única por el propio Pleno de la
proposición de ley orgánica de medidas para la celebración simultánea de las elecciones al Parlamento Europeo y del referéndum sobre el proyecto de Constitución europea. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
En consecuencia, queda aprobada la tramitación directa y en lectura única por el Pleno de la proposición de ley de referencia.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
La señora PRESIDENTA: Asimismo, conforme al artículo 68 del Reglamento, la presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que el
punto 44, relativo al dictamen de la Comisión del proyecto de ley por la que se modifica la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre Técnicas de Reproducción Asistida, pase a debatirse tras el punto 38, relativo al dictamen de la Comisión del proyecto
de ley de medidas para la modernización del Gobierno local. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA PROMOCIÓN DE PROYECTOS DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES CON INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES PARA LA INCLUSIÓN DE PROGRAMAS QUE EVITEN EL RACISMO Y
FOMENTEN LA SOLIDARIDAD. (Número de expediente 162/000809.) (PROCEDENTE DE LA PROPOSICIÓN NO DE LEY EN COMISIÓN, Número de expediente 161/002220.)
La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: Proposiciones no de ley. (Rumores.)
Señorías, ruego que aquellos que abandonen el hemiciclo lo hagan de la forma más diligente posible. Es preciso que continuemos con el debate y les rogaría a SS.SS. que colaboren en ello.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la promoción de proyectos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con instituciones y organizaciones no gubernamentales para la inclusión de programas que
eviten el racismo y fomenten la solidaridad.
Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene la palabra la señora Caracuel.
La señora CARACUEL DEL OLMO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, subo a esta tribuna en nombre del Grupo Popular para apoyar y, al mismo tiempo, instar al Gobierno para que sean cada vez más los proyectos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con instituciones y organizaciones no
gubernamentales, programas que eviten el racismo y fomenten la solidaridad. En definitiva, señorías, voy a exponer lo que de todos es sabido, y es que en los últimos años han llegado a España numerosas personas de otros países con el deseo de
incorporarse a nuestro mercado laboral y, por tanto, a nuestra sociedad. Esto no es óbice para que nuestro país sea uno de los países de la Unión Europea con menor número de inmigrantes. La distribución de esta población es muy irregular, así,
mientras en algunas comunidades autónomas no se llega al 2 por ciento, existen ciudades como Madrid o Barcelona cuya población inmigrante ronda el 10 por ciento. Señorías, todos los indicios apuntan a que la población inmigrante seguirá aumentando,
de aquí el fundamento de esta proposición no de ley, ya que conviene que todas las instituciones de la Administración del Estado tomen las medidas pertinentes para que esta incorporación se realice de la forma más adecuada y solidaria, evitando así
los problemas que pudieran originarse; medidas que es de justicia reconocer que ya vienen adoptándose por este ministerio, fruto de las cuales son un ejemplo los programas de acción de la Conferencia Mundial de Durban y otras campañas por la
convivencia intercultural y contra el racismo y la xenofobia que comenzó a desarrollar el Inserso.
Igualmente podríamos recordar el programa GRECO, así como lo desarrollado dentro del marco de la iniciativa comunitaria EQUAL. De la misma forma, se
vienen financiando programas para el fomento y la participación ciudadana cuyos objetivos son los de sensibilizar y prevenir la discriminación, con el fin de favorecer la convivencia. En la misma dirección viene trabajando el Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes ante la preocupación constante por la difusión de los valores de respeto, tolerancia y solidaridad con etnias y culturas distintas, especialmente entre los jóvenes.
Permítanme que les recuerde, señorías, en otro orden de cosas, que en la legislación española existen una serie de medidas jurídicas y administrativas para luchar contra todas las formas de discriminación racial en materia de asilo e
inmigración. Señorías, y sólo a título de ejemplo, nos parece muy acertado que con cargo a la asignación tributaria del IRPF de 2003 se subvencionen programas, dirigidos a jóvenes, que desarrollen valores de convivencia, interculturalidad y
tolerancia. Aun sin dejar de reconocer el esfuerzo continuo y constante de estos ministerios en los últimos años, no es menos cierto que el sondeo periódico de opinión y situación de la gente joven correspondiente al segundo semestre del año 2000,
realizado por el INJUVE en lo referente a la inmigración, facilita unos datos que reflejan cómo el fenómeno de la inmigración permanece desde algún tiempo de máxima actualidad en nuestro país. Dicha situación despierta opiniones contrapuestas entre
los jóvenes en cuanto a
las ventajas e inconvenientes que origina y sobre las posibles consecuencias que puede acarrear a nuestra sociedad. Para los jóvenes de nuestro país la inmigración está asociada con los ciudadanos marroquíes y en mucha menor medida con los
ciudadanos americanos, los africanos o los europeos del Este. Según estos datos, la percepción que tienen los jóvenes del trato dispensado por el colectivo juvenil hacia los inmigrantes es considerada positiva, ya que mayoritariamente, el 88 por
ciento, piensa que los jóvenes tratan correctamente a los inmigrantes, pero cuando se refieren al trato que reciben los inmigrantes por parte del resto de la población la opinión de estos jóvenes mayoritariamente es distinta. El 53 por ciento
piensa que reciben un trato de desconfianza por parte del resto de la población o de desprecio -un 21,5 por ciento- o bien hablan de indiferencia -el 13 por ciento-. Estos datos, sin ser alarmantes, señorías, sí reflejan una situación que hay que
tener en cuenta, motivo que ha impulsado a mi grupo a instar al Gobierno a que siga intensificando las acciones y los programas contra el racismo y la xenofobia, programas dirigidos especialmente a los colectivos de jóvenes y dentro de las
disponibilidades presupuestarias con los que en la actualidad cuenta el Plan de acción global en materia de juventud 2000-2003, así como de las subvenciones del IRPF, teniendo siempre en cuenta la priorización que de las mismas haga la conferencia
de asuntos sociales y la comisión permanente del consejo estatal de organizaciones no gubernamentales. Por otro lado, convencida como estoy de que la educación intercultural debe comenzar por sensibilizar a la comunidad en general, pienso que para
ello no hay mejor fórmula que la de trabajar conjuntamente con instituciones y organizaciones no gubernamentales. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)
Señorías, se han presentado dos enmiendas, una por parte de Convergència i Unió y otra por parte del Grupo Socialista. No podemos apoyar la del Grupo Socialista puesto que el Gobierno -y así se puede desprender del contenido de nuestra
proposición no de ley- viene trabajando en esa línea. En cuanto a la enmienda presentada por Convergència i Unió sí la vamos a apoyar, ya que el Gobierno va a tramitar urgentemente la trasposición de dicha directiva europea relativa a la aplicación
del principio de igualdad de trato de las personas, independientemente de su origen racial o étnico.
Para finalizar, señorías, he de decirles que para el Partido Popular ha sido y sigue siendo de máxima importancia trabajar para mantener una sociedad cada vez más abierta, plural y tolerante.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Caracuel.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Pajín.
La señora PAJÍN IRAOLA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, hace unas semanas el Grupo Parlamentario Popular presentaba una iniciativa que creaba estupor en los grupos parlamentarios. Cuando todavía no se había evaluado el Plan de acción global en materia de juventud nos proponían una
iniciativa instando al Gobierno a que redactara un segundo plan sin cuantificar, sin objetivos y por supuesto sin presupuestos, es decir, un nuevo brindis al sol. Esta iniciativa estuvo acompañada de una retahíla de bondades de las que se ha
beneficiado la juventud española, pero que sólo debían conocer los jóvenes del Partido Popular, porque el resto no se había enterado. Aquel atrevimiento tuvo como respuesta el rechazo de todos los grupos de la oposición, quedándose el Partido
Popular solo apoyando su iniciativa.
Señorías, si aquella iniciativa produjo estupor y sonrojo, esta nos produce indignación; indignación por la falta de respeto al trabajo de esta Cámara; indignación por el atrevimiento de esta tarde y, sobre
todo, resignación ante los sistemáticos incumplimientos del Gobierno con los compromisos que aquí se aprueban.
Les voy a refrescar la memoria sobre una proposición no de ley presentada por nuestro grupo parlamentario el 13 de marzo de 2001, proposición no de ley sobre juventud y racismo. ¿Se acuerdan? No sólo tenía la virtud de ser más completa,
constructiva y comprometida con la convivencia y la lucha contra la discriminación, sino que además contaba con el consenso de todos los grupos políticos, de todos, y eso les incluye también a ustedes, señores del Partido Popular, mejor aún, sobre
todo les incluye a ustedes, porque tienen la responsabilidad de gobernar. Ustedes asumieron el compromiso o, dicho de otra forma, recogieron el testigo de cumplir con los acuerdos de aquella proposición, a cambio de ciertas modificaciones que en
aras del entendimiento los socialistas aceptamos.
En aquella tarde de marzo de 2001, la mayoría de este Congreso instó al Gobierno a cumplir con una serie de medidas: elaborar un informe para la creación del observatorio español del racismo y la xenofobia; hacer un fuerte esfuerzo
pedagógico, de acuerdo con las comunidades autónomas, promoviendo la información sobre las distintas razas, culturas y forma de vida, dirigido tanto a los materiales educativos como a la formación del profesorado; apoyar económica y políticamente a
las ONG de refugiados e inmigrantes, comprometidas en la lucha contra el racismo y la xenofobia; impulsar programas especiales dirigidos a los funcionarios públicos, y así un largo etcétera. En grandes líneas, ese era el contenido de la
proposición,
un conjunto de acciones integrales que apostaban valientemente por la prevención entre los jóvenes del triste fenómeno del racismo y la xenofobia, una apuesta por evitar en el presente actitudes entre nuestros jóvenes que puedan acarrear
graves consecuencias en el futuro. ¿Saben lo peor? Que eso no fue todo, porque tan sólo un año más tarde, el 21 de mayo de 2002, se volvió a aprobar con su voto una moción consecuencia de interpelación que, entre otras cosas, instaba al Gobierno
al cumplimiento de la moción anterior y volvía a pedir el observatorio contra el racismo y la xenofobia. Como nada de eso se había cumplido, en las enmiendas a la reforma de la Ley de extranjería, hace escasas semanas, el Grupo Parlamentario
Socialista volvió a solicitar el observatorio contra el racismo y la xenofobia y su grupo parlamentario lo volvió a aprobar.
¿Qué ha sucedido después de todo eso? Sucede que su grupo responde hoy, más de dos años después, a aquel esfuerzo de todos en beneficio de la convivencia con un olvido interesado que se ha traducido en otra proposición no de ley
oportunista, endeble y estéril, que pretende echar tierra por encima de sus responsabilidades. Su respuesta al resultado de aquel debate, que se vio enriquecido por las intervenciones de todos los grupos parlamentarios, ha sido, dos años y medio
después, esta broma de mal gusto que, camuflada en forma de proposición no de ley, hoy nos presentan instando al Gobierno a intensificar las acciones y los programas de lucha contra el racismo y la xenofobia, dirigidos a los colectivos de jóvenes, a
través de las instituciones que se ocupan de jóvenes y de las subvenciones del IRPF.
Señorías, hagan el favor de comparar el contenido de ambas proposiciones.
Llegarán a la conclusión de que traernos aquí sus palabras sin haber cumplido compromisos mucho más serios y de mayor calado no es sólo una muestra de oportunismo y
frivolidad sino una verdadera tomadura de pelo.
Si el contenido es una burla, no menos lamentable es su continente, su aspecto formal, su presentación, porque estarán de acuerdo conmigo en que la exposición de motivos de esta proposición destila un
peligroso aroma de autocomplacencia y conformismo respecto a los datos del INJUVE referentes a la inmigración. Se nos dice textualmente que los datos no son alarmantes. En ese mismo sondeo de opinión y situación del del segundo semestre de 2002,
del INJUVE, se dan datos tan escalofriantes como que el 34 por ciento de los jóvenes ven la inmigración negativa para los países desarrollados. O sea, que para ustedes el hecho de que nueve alumnos en un aula de 25 mantengan sin rubor estas
posturas, las propaguen o las transmitan a sus hijos en el futuro no es motivo de alarma ni de temor, ni tampoco les quita el sueño que el 44 por ciento considere que la inmigración tiene más inconvenientes que ventajas, ni que los jóvenes vean el
paro o la delincuencia como los principales inconvenientes de la inmigración, ni que el 60 por ciento piense que hay demasiados inmigrantes en España. Su percepción sobre cuándo una situación es alarmante en relación con la inmigración o con los
comportamientos xenófobos nos parece cuando menos paradójica, por no decir hipócrita y contradictoria. Su Gobierno ha llegado a ligar la inmigración a una suerte de invasión imposible de contener si no se restringían derechos universales -esa era
la tesis de Mayor Oreja-. Han creado en numerosas ocasiones una artificial confrontación entre las identidades culturales y los valores occidentales, cuando no han intentado vincular la inmigración con la delincuencia. Por otra parte, ante
situaciones en las que la mayoría de los aquí presentes creemos que es necesario poner la alarma y actuar con iniciativa, eficacia y contundencia, se han comportado con conformismo, resignación o suficiencia, por no hablar de negligencia, sí,
negligencia, porque el Gobierno del Partido Popular ha incumplido todos los plazos para adoptar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la Directiva europea 2000/43, de 29 de
junio, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato a las personas independientemente de su origen racial o étnico -plazo, señorías, que terminó el pasado 19 de julio-, a pesar de las numerosas iniciativas socialistas y de las
reivindicaciones de plataformas sociales como la Red ENAR. Hoy, la representante del Partido Popular sube a esta tribuna y anuncia que el Gobierno la va a tramitar con urgencia, después de haber incumplido todos los plazos, y además se atreve a
decir que por eso no acepta la enmienda de Convergència i Unió que insta al Gobierno a que inmediatamente trasponga esta directiva.
Señorías, si no se atiende a disposiciones europeas, si se incumple reiteradamente lo aprobado en esta Cámara, incluso con sus propios votos y sus aportaciones, convendrán conmigo que ha sido un error presentar esta proposición, pero este
error puede corregirse y yo les voy a dar la solución. La enmienda del Grupo Parlamentario Socialista es exactamente la enmienda que se aprobó en esta Cámara en mayo de 2001, que es fruto no de la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista sino
del consenso unánime de esta Cámara, un consenso que ustedes han incumplido año tras año. Por tanto, si realmente tienen voluntad de atajar algo tan preocupante como el racismo y la xenofobia, si realmente lo que quieren es hacer un plan en el que
los jóvenes puedan ver con buenos ojos la nueva ciudadanía que viene a nuestros países, hagan el favor de cumplir lo que en esta Cámara hemos aprobado una y otra vez.
Señorías, la ciudadanía, pero fundamentalmente los jóvenes, estamos cansados de que el Grupo Popular presente en esta Cámara iniciativas que son meros
brindis al sol cuando incumple sistemáticamente lo que esta misma Cámara aprueba de forma unánime. Por tanto, si el Grupo Parlamentario Popular no acepta esa enmienda que fue fruto del consenso de todos, incluido su voto, estará demostrando
que esta iniciativa lo que pretende es, una vez más, dejar en el cajón del olvido aquella unanimidad de mayo de 2002 y lo que de nuevo pondrá sobre la mesa es que utilizarán como excusa esta iniciativa, que no les compromete a nada, para no cumplir
lo que entre todos votamos, y para esa demagogia, desde luego, no van a contar nunca con el Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Pajín.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
La posición de mi grupo en este debate a raíz de esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular parte de la convicción de que todos los grupos de la Cámara compartimos la cuestión de fondo que se plantea: la necesidad de movilizar recursos
y esfuerzos del conjunto de la ciudadanía para hacer frente, fundamentalmente, al reto de la inmigración desde la lógica de la acomodación, desde la lógica de la integración social, desde la lógica de la inclusión social, entendiendo que, bajo esa
lógica, es necesario combatir de manera contundente el racismo y la xenofobia. A mi grupo le gustaría, tal como ha ocurrido en anteriores ocasiones en relación con materias similares a las que estamos debatiendo, que hoy fuésemos capaces de
alcanzar consenso en esta materia. Por tanto sería bueno que esas posiciones, al menos aparentemente confrontadas ahí entre el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista, se pudiesen superar, porque, insisto, todos compartimos
las cuestiones de fondo. Deberíamos ser capaces desde esa lógica, señorías, de situar como una efectiva prioridad de nuestra política de inmigración precisamente aquellas actuaciones orientadas a esa acomodación, integración e inclusión social.
Además, señorías, el reto de la gestión de los flujos migratorios no está tan sólo relacionado con aquellos aspectos vinculados a los mercados de trabajo, sino con la reagrupación familiar, con la llegada de familias a las ciudades y a los pueblos
del Estado español, necesidad que se va a acentuar cada vez más en el futuro, generando por tanto mayores demandas en aquellas políticas relacionadas precisamente con esos aspectos sociales. Está el reto de la escuela, dar respuesta a lo que supone
gestionar la diversidad de 400.000 niños y niñas, hijos de personas emigrantes; las políticas en el ámbito de la vivienda o de los recursos de los servicios sociales. Que seamos capaces de gestionar las necesidades que tenemos en relación con el
mundo de la inmigración es la mejor política para evitar el racismo y la xenofobia. Por tanto el incremento del gasto social en esos ámbitos por parte de las comunidades autónomas es un reto que tenemos planteado, como lo es también superar la
dualidad hoy existente en nuestro mercado de trabajo, entre el empleo estable y el empleo precario, o la existencia de importantísimas bolsas de empleo irregular protagonizadas por personas de origen extranjero. Ahí existe otro reto de las
políticas públicas si de verdad queremos evitar el crecimiento del racismo y la xenofobia, como también lo es el tratamiento mediático que se dé al fenómeno de la inmigración y para evitar las vinculaciones entre inmigración y delincuencia que a
veces se han producido. Esa es otra política necesaria para abordar la inmigración y evitar el racismo o la xenofobia, como lo es la lucha eficaz de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contra las bandas de extrema derecha, los grupos de
skin heads que actúan de manera racista y violenta en diversos puntos del Estado. Señorías, hoy mismo, hablando con el alcalde de Castellar del Vallés -ciudad del Vallés occidental, donde el día de la Diada Nacional de Cataluña, el 11 de
septiembre, se produjeron actos violentos protagonizados por bandas de extrema derecha contra ciudadanos de dicha localidad-, cuando le comentaba ese debate, me mostraba su preocupación por la ausencia de una acción decidida de los Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado para hacer frente a estas situaciones. Necesitamos no tan sólo mayor presencia policial en esa zona, como se anunciaba, creo recordar, por el alcalde de Rubí, sino mayor acción de inteligencia para desarticular esas bandas.
Eso también tiene que formar parte de una política eficaz en la lucha contra el racismo y la xenofobia, además de las políticas sociales de inclusión, especialmente en la escuela, las políticas del mercado de trabajo, el tratamiento mediático del
fenómeno de la inmigración y la lucha por parte de la policía contra las bandas de extrema derecha, que están intentando crear alrededor de la inmigración el caldo de cultivo para estar presentes en nuestra vida política y en nuestra vida social.
En el contexto de la proposición no de ley que nos presenta el Grupo Popular, a mi grupo le parece que hay que hacer referencia a la necesidad de que el Gobierno de manera urgente se disponga a trasponer la directiva comunitaria
correspondiente, en concreto, la Directiva 2000/43, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, cuyo plazo de trasposición a nuestro ordenamiento jurídico terminaba el
19 de julio, trasposición que mi grupo cree importante que hoy la Cámara inste al Gobierno a hacer. Agradecemos a la portavoz del Grupo Parlamentario
Popular que haya anunciado la aceptación de nuestra enmienda, hecho que nos va a llevar a votar favorablemente el texto de esta proposición no de ley, porque hoy necesitamos, junto a la iniciativa concreta que nos plantea el Grupo
Parlamentario Popular, reforzar nuestro ordenamiento jurídico en esta materia. Desde el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió hemos planteado diversas preguntas escritas sobre el nivel de trasposición de esta directiva. Nos consta que
existe ya un borrador de proyecto de ley. A mi grupo le hubiese gustado que ese proyecto de ley fuese tramitado en esta legislatura, hubiese sido lo lógico. A pesar de esta proposición no de ley que aprobaremos esta tarde, dudo mucho que el
Gobierno tenga tiempo ya de enviar este proyecto de ley a la Cámara, pero en todo caso va a constar la reiteración de la misma sobre esta necesidad, especialmente porque esa trasposición de la directiva, junto con aspectos jurídicos importantes y
relevantes que no son de carácter menor, como por ejemplo el reconocimiento de la discriminación indirecta o un mejor tratamiento de la carga de la prueba en este tipo de situaciones de discriminación por razones de origen racial y étnico, también
introduce la creación de instrumentos que pueden servir, en la línea de lo que ha sucedido en otros Estados de la Unión Europea, para reforzar nuestras políticas en contra del racismo y la xenofobia.
Señorías, este no es un reto exclusivo de la sociedad española como puede indicar esa encuesta del CIS; este es un reto colectivo del conjunto de la sociedad europea. En demasiados lugares de Europa estamos abordando la gestión del
fenómeno migratorio desde la lógica del miedo, y la irrupción en los espacios electorales europeos de partidos de la extrema derecha que han hecho bandera de la cuestión migratoria es evidente que es la expresión del fracaso de buena parte de las
políticas de inmigración en muchos Estados de la Unión Europea. España, que es una sociedad que recibe esos flujos migratorios desde hace relativamente poco tiempo, debe hacer el esfuerzo de superarlo y no caer en los mismos errores en que han
caído otros gobiernos europeos en ese tratamiento de la cuestión de la inmigración. Creo que ahí tenemos un margen de confianza para no repetir lo que ha sucedido en Holanda, Austria, Francia, Dinamarca y puntualmente en Gran Bretaña. Nos jugamos
mucho: el funcionamiento de nuestra sociedad.
Señorías, la cuestión del racismo y la xenofobia en el caso del Estado español no sólo tiene que ver con ciudadanos de origen extranjero.
Supongo que diversos portavoces parlamentarios están recibiendo también las peticiones de trasposición
de esa directiva comunitaria por parte de las organizaciones representativas de la comunidad gitana en España, porque ese colectivo de ciudadanos españoles son a menudo víctimas de actitudes racistas o xenófobas. Por tanto ese es un reto que
tenemos planteado como sociedad que debemos ser capaces de abordar de manera racional, inteligente y sensible, con la propuesta que nos indica el Grupo Parlamentario Popular, con la trasposición de esa directiva que acepta incorporar en esta
proposición no de ley, pero también, insistimos, con políticas orientadas hacia la inclusión social, con más medios, con más gasto para hacer frente a ese reto y con una acción policial contundente contra las bandas de extrema derecha que hoy campan
por muchas ciudades de nuestro país.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Campuzano.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, debo manifestar a la Cámara la mala sensación que a mi formación política le produjo la lectura de la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular. No digo que no sea loable el propósito que la guía -evitar el racismo y fomentar la
solidaridad es desde luego un bien atendible-, pero sorprende que sea justo ahora, un poco antes de acabar la legislatura, antes de dos procesos electorales, el autonómico y el de las elecciones generales, un año después de la encuesta de la que
dice traer causa -y desde luego el grupo mayoritario no puede ampararse en que los cupos le impiden traer a tiempo sus iniciativas-, pasada de Comisión a Pleno para que luzca más, con un contenido parecido o idéntico a lo que este fin de semana he
tenido ocasión de oír en acto de campaña electoral, no recuerdo si mitin o comparecencia pública, a quien es candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Cierto es que no se les puede imputar incumplimiento de su programa electoral. He
estado analizando el del año 2000 para la composición de las presentes Cortes y cuando se refieren a la inmigración lo hacen siempre en términos de control de flujos para controlar quiénes entran, y también en relación con las políticas de seguridad
vinculadas a la presencia en la Unión Europea. No hay términos en ninguno de los apartados de evitar el racismo ni de fomentar la solidaridad como los que ahora se pretenden. Llevan ustedes ocho años gobernando, en algo tendrán ustedes que haber
influido para los resultados de las encuestas de las que dice traer causa la iniciativa que hoy se ve. En estos años quienes son jóvenes hoy y han contestado a la encuesta habrán pasado de niños a jóvenes y son ellos quienes tienen la mentalidad
que se dice querer evitar en la encuesta, mentalidad que se ha ido creando mientras ustedes gobiernan.
Vayamos con el contenido. Siendo ustedes 183, con apoyos de toda índole, Gobierno incluido, podían haber hecho un texto, no digo ya con más apoyo argumental, más ceñido a los valores que se pretende promover, pero sobre todo más correcto
técnicamente. ¿Qué es eso a lo que se insta al Gobierno de subvencionar el IRPF? Eso como concepto técnico no existe. Además, que la primera medida ante un problema de alarma social como el que se trae hoy a la Cámara sea de índole económica que
parece querer beneficiar a particulares a nosotros nos choca. Cierto es que en Euskadi existe ya desde el año 2000 la aplicación de incentivos fiscales a través de normas forales para favorecer el patrocinio de actividades juveniles, pero tal y
como ustedes hacen la instancia al Gobierno parece que se trata de obtener individualmente una desgravación en el impuesto sobre la renta.
¿Por qué además una proposición no de ley? Sin duda esto les lucirá a ustedes a la hora de exhibir
proposiciones no de ley aprobadas, pero ustedes son el Gobierno. No publiciten algo que van a hacer, si es que lo van a hacer si les queda tiempo en lo que queda de legislatura; háganlo y hagan luego las ruedas de prensa que les parezca adecuado
hacer. Traído ya aquí, creo necesario y me parece conveniente que debiéramos ser más serios, generalizar el debate sobre algo más profundo, que es el protagonismo cívico de los jóvenes, su presencia e influencia en la configuración de su ciudadanía
activa, sobre lo que hay por cierto mucho escrito, y debiéramos reflexionar sobre hacia dónde vamos con unos jóvenes cuyas opiniones se plasman en los porcentajes de contenidos ideológicos que quedan en las encuestas o en el sondeo de opinión del
que trae causa la iniciativa. Los resultados del sondeo acreditan efectivamente que entre los jóvenes se están abriendo opiniones de prevención -no digo de rechazo- respecto a los inmigrantes. Coinciden por cierto con más recientes manifestaciones
en idéntico sentido de la prestigiosa entidad que es Cáritas en la presentación como presidenta de doña Nuria Gispert, a la que quiero rendir tributo, para que así conste en el 'Diario de Sesiones', como notable política de adscripción nacionalista
que es y que, insisto, recientemente ha sido nombrada presidenta de Cáritas. En la presentación de tan ilustre directora se decía por el secretario general de la organización que, efectivamente, se detecta un aumento del rechazo social de los
inmigrantes e insistía en que hay que dejar claro que la inmigración no es una invasión, que no nos quita el trabajo, que no es delincuencia. Por cierto, a este respecto me gustaría añadir que siempre que se menciona el binomio inmigración y
seguridad ciudadana no se hace el esfuerzo de citar otro aspecto que es importantísimo señalar: los inmigrantes son también sujeto pasivo de un número importantísimo de delitos. Todo lo que hace referencia a los tráficos con motivos sexuales, con
motivo de índole laboral o incluso para la explotación de la situación de indocumentados en la que se encuentran es un aumento de la delincuencia que debe tenerse en cuenta y de la que no son sujetos activos, que es lo que siempre se utiliza para
hablar de inseguridad, sino sujetos pasivos. Ellos padecen esta delincuencia y esta delincuencia, señorías, ha tenido un importante crecimiento. Se dice en esta misma intervención de la que hablo que Cáritas es favorable a que haya un control de
los contingentes que entran, pero también dice que una vez estando aquí, hay que procurar ayudarles. Ustedes, el grupo mayoritario, que se predican de adscripción confesional, que se predican democratacristianos, debieran hacer caso a lo que desde
Cáritas se les dice. En el Evangelio no hay distinción entre si se tienen o no papeles, y permitan esta recomendación de quien se dice sin adscripción religiosa. Por eso nos ha sorprendido que nos traigan una iniciativa en la que la variable
económica, la necesidad de que vengan por motivos económicos porque crean negocio, incluso porque desgravan, que es a lo que parece instar la iniciativa que se trae a la Cámara, nos suscita ese rechazo inicial del que he hablado al comienzo de mi
intervención. Perdonen que así lo vea, pero me parece que el tenor humanitario o de bienes y valores a proteger está muy ausente del texto que nos proponen. Hay enmiendas presentadas al mismo y la presentada por el Grupo Socialista tiene elementos
ciertamente atendibles, pero tiene otros defectos que, desde mi formación nacionalista, siempre echamos en cara al partido que se predica como alternativa: parece que para todo es indispensable la creación de órganos. Se pretende crear un
observatorio español del racismo y la xenofobia. Por supuesto, los planes y los pactos son absolutamente imprescindibles, pero en las demás cuestiones de las que se habla -programas educativos, programas sanitarios, apoyo político y económico- no
se tiene en cuenta de manera suficientemente delimitada lo que es competencia de las comunidades autónomas y lo que incumbiría hacer a la Administración del Estado.
De todo ello, nos ha parecido lo más sensato la aportación hecha por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que propone que se haga lo que ya debiera haberse hecho, por cierto, instar al Gobierno a la tramitación de forma
urgente de la Directiva europea 2043 del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato a las personas independientemente de su origen racial o étnico.
Se nos dice que en el texto que traía el grupo
mayoritario -que nosotros, sin más, no hubiésemos votado- se ha aceptado, por quien es su portavoz o por quien está en condiciones de hacerlo, introducir esta enmienda de adición -a nosotros nos gustaría que fuera de sustitución, pero ellos la han
presentado como de adición- del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Así las cosas,
podríamos dar el voto favorable a la iniciativa, pero animaríamos a la Cámara a hacer un esfuerzo entre todos, a arrimar todos el hombro, para que con estas graves cuestiones, que afectan al futuro de la sociedad que vayamos a tener, no
hagamos campaña electoral.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Popular nos tiene acostumbrados a dos cosas, a convertir sus fracasos en propuestas y a presentar en vísperas electorales alguna propuesta de juventud. Esta propuesta resume el rito una vez más. Apenas hace unos meses
hemos debatido otra propuesta suya sobre el plan de acción global para la juventud, el espacio donde debería incluirse una reflexión como la que ustedes proponen hoy aquí. El actual plan de acción global en materia de juventud ha visto frustrados
sus objetivos, ya que las seis áreas de que se compone no han pasado de suponer meras declaraciones de intenciones, sin apenas virtualidad práctica. Dentro de esas áreas se encuentra, sin duda, la acción preventiva y cultural contra el racismo y la
xenofobia, acción que desarrollan, con poco o ningún apoyo de su parte, buen número de ONG e instituciones juveniles. Señorías, las condiciones y oportunidades de que disponen los jóvenes españoles tras la aplicación del plan son peores que las
condiciones de que disfrutaban los mismos jóvenes con anterioridad al plan: el empleo es más precario y la temporalidad se ceba en los jóvenes, la vivienda es más cara e inaccesible, las posibilidades de desarrollar un proyecto de vida autónomo son
más remotas, hay una mayor dependencia económica del núcleo familiar, y hay nuevas desigualdades en los jóvenes como consecuencia del fracaso en la aplicación de estrategias encaminadas a garantizar la igualdad en el acceso a las nuevas tecnologías.
En definitiva, el actual modelo de gestión de las políticas de juventud es muy insuficiente, es antiguo e insuficiente para dar respuesta a los nuevos problemas de la juventud y, desde luego, para afrontar el problema del racismo y la xenofobia.
Este año 2003 se conmemora el 25 aniversario del debate y aprobación de la Constitución. Durante estos 25 años no se ha producido un desarrollo significativo de los derechos y deberes de los jóvenes, especialmente, de los recogidos en el
artículo 48. Nos encontramos, sin duda, en unas fechas muy especiales, que bien pueden ser el marco para dar un impulso al papel de los jóvenes en la construcción política, social, económica y cultural de España. Se hace necesario un nuevo plan de
juventud, más eficaz y eficiente, en cuyos ejes se preste atención integral al fomento de la interculturalidad y la tolerancia que reduzca los niveles de racismo y xenofobia. Señorías, no basta con tomar nota de que las manifestaciones de racismo y
xenofobia constituyen un peligro considerable, debemos resaltar la importancia de las medidas socioeducativas para fomentar la tolerancia y la diversidad cultural entre la juventud. Insistimos en que, en el marco de las acciones y programas
destinados a la juventud, deben adoptarse las medidas necesarias para incentivar proyectos que supongan políticas especializadas en la lucha contra la intolerancia. Es fundamental velar por que la formación, y especialmente la del personal
encargado de la juventud, permita tratar las cuestiones étnicas y raciales. Son necesarias medidas destinadas a apoyar acciones específicas de sensibilización de la juventud a los valores de la tolerancia y a los peligros del racismo y de la
xenofobia.
Nuestra valoración de la situación no es tan complaciente como la que efectúa el Partido Popular. Constatamos la consolidación del racismo en el discurso y en la estructura social. Ante el incremento del racismo social, es necesario
abordar los problemas sociales reales que lo fomentan: población extranjera que vive en situación precaria, reducción de presupuestos sociales y del Estado del bienestar, desconexión de muchos responsables políticos de los problemas cotidianos de
la inmigración, etcétera. La respuesta que ustedes han ofrecido ha sido la de centrar el discurso político de la seguridad entendida como la protección contra la pequeña delincuencia asociándola con la inmigración, sobre todo con la irregular.
Son ustedes responsables de una segregación educativa. La falta de inversión en enseñanza pública no permite atender correctamente las necesidades de los alumnos extranjeros; la segregación se consolida con la Ley de calidad. Se permite
en silencio la negativa de particulares e inmobiliarias a alquilar viviendas a personas extranjeras. Se debilitan los recursos de los centros de atención sanitaria. Según los barómetros mensuales del Centro de Investigaciones Sociológicas
referidos a 2002, entre el 9,9 por ciento y el 28,5 por ciento de los encuestados considera que la inmigración forma parte de los tres problemas principales del Estado español y, entre el 4,3 por ciento y el 12,4, que es uno de los problemas que más
le afectan personalmente. No obstante, algunas ONG y la oposición han denunciado preguntas sesgadas en las encuestas del CIS, que inducían a unir delincuencia e inmigración. Interior ha atribuido a la inmigración el aumento de la criminalidad en
más del 9 por ciento. El número de plazas escolares ocupadas por extranjeros ha aumentado en un 42,5 por ciento, sin modificar las estructuras ni poner los medios adecuados.
Señorías, no abordar los problemas sociales reales abre paso al populismo xenófobo. Nuestro análisis no es tan complaciente como el suyo porque todos los
observatorios realizados en el año 2002 señalan cómo las ideas xenófobas se expresan, cada vez más, de forma más explícita, tanto por parte de algunos responsables políticos como de algunos ciudadanos. Las delegaciones del Gobierno son
indulgentes para conceder permisos de manifestaciones neonazis, grupos de los cuales se contabilizaron 65, el 5 por ciento de los contabilizados en Europa. Como dato, que no es anecdótico porque revela cierta pasividad institucional, en este caso
del registro de partidos políticos, la plataforma España-2000 se convirtió en un nuevo partido político de extrema derecha de ámbito estatal.
Señorías, para finalizar, desde luego, toda convocatoria a combatir, especialmente en el ámbito de la juventud, el racismo y la xenofobia debe ser apoyada, pero cada vez parece más evidente que se les agota la capacidad moral y política para
impulsarla.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Ruiz.
Señora Caracuel, a efectos de debida constancia en el 'Diario de Sesiones', ¿de su intervención se deduce que rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista y acepta la del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)?
La señora CARACUEL DEL OLMO: Sí, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA: (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Caracuel. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación, en los términos derivados del debate, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la promoción de proyectos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales con
instituciones y organizaciones no gubernamentales para la inclusión de programas que eviten el racismo y fomenten la solidaridad.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 273; a favor, 170; abstenciones, 103.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A LA SUPRESIÓN DEL SISTEMA DE PEAJES EN LAS CARRETERAS RADIALES DE ACCESO A MADRID (R-II, R-III, R-IV Y R-V). (Número de expediente 162/000822.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la supresión del sistema de peajes en las carreteras radiales de acceso a Madrid R-II, R-III, R-IV y R-V.
Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor Quintana.
El señor QUINTANA VIAR: Gracias, señora presidenta.
Señorías, miles de ciudadanos madrileños sufren cada mañana para ir al trabajo atascos que alcanzan entre 40 y 50 kilómetros. La solución del Ministerio de Fomento ha sido construir autopistas radiales de peaje en los accesos de entrada a
Madrid en paralelo a las autovías estatales existentes, lo que supone la implantación de un modelo desconocido hasta hoy en Europa. No existe un modelo de movilidad para el conjunto de la región ni para sus ciudadanos ni especialmente para la
capital; se improvisan soluciones a medida que los atascos llegan a una situación insostenible, por lo que estas nuevas obras no van a solucionar los atascos ni los problemas de movilidad de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Se puede decir con
seguridad: pagar más para llegar antes al atasco de la M-40, que actualmente está saturada y carece de capacidad para absorber los vehículos procedentes de las radiales. Aunque la propaganda oficial dice que es una de las obras más importantes de
los últimos años y que el plan de accesos a Madrid es el modelo de gestión más vanguardista y avanzado de Europa, los madrileños no lo percibimos así.
¿Por qué las obras de las radiales llevan más de dos años de retraso y la M-50 más de siete años? ¿Por qué la falta de definición en los proyectos de las radiales y la M-50 ha significado un desvío presupuestario del 60 por ciento respecto
a las previsiones iniciales? ¿Por qué no se ha obligado a la priorización de la M-50 por los adjudicatarios que tenían esa obligación? ¿Por qué el precio del peaje anunciado en 1999 ahora es del doble? ¿Por qué el peaje implantado no sólo
financia las nuevas infraestructuras de acceso radial a Madrid sino también la M-50? De esta forma, el precio que los ciudadanos pagan incluye un suplemento, el coste de un peaje en la sombra, que es la M-50. ¿Por qué el Ministerio de Fomento
adeuda a los ciudadanos de Madrid 600 millones de euros comprometidos en el segundo plan de carreteras acordado por la Comunidad de Madrid y el ministerio? ¿Por qué, en la realización y gestión de estas infraestructuras, hay una prepotencia y
desprecio a lo público y a los ciudadanos?
Espero que hoy, señores del Partido Popular, se dignen a responder a los ciudadanos madrileños con claridad, ya que hasta ahora la Administración nunca nos ha dado una información transparente, al contrario, siempre escasa y ambigua. Quiero
decirles que tanto mi grupo como yo mismo tenemos enormes dudas de
que se pueda aplicar un suplemento, pues existen tramos construidos de la M-50 con dinero público; a esto le llaman ustedes hacer una gestión vanguardista y eficaz, la más avanzada de Europa.
Permítanme que les diga que esta vanguardia suya sólo trae problemas, barrios y ciudades incomunicados y los mismos atascos. Les voy a poner tres ejemplos. Primero, se niega la construcción al municipio de Rivas Vaciamadrid de un enlace
con la M-50 que pasa a 300 metros del casco urbano; un municipio que cuenta con más de 40.000 habitantes y que en una década pasará a tener 120.000. Se le condena a un único acceso, el de la N-III, saturada ya en horas punta. Sirva también como
ejemplo el desastre urbanístico medioambiental y de movilidad de la autopista de peaje R-III, a su paso por el distrito de Vicálvaro en el municipio de Madrid. La R-III implica el cierre definitivo de la avenida Daroca, eje fundamental de
comunicación del distrito de Vicálvaro con la calle O'Donnell y la M-40. Se genera un caos circulatorio a los 56.000 vecinos -y quiero decirles que dentro de 10 años está proyectado que el número de vecinos en dicho distrito sea de 200.000-,
dejándoles incomunicados interna y externamente, cerrando la avenida Daroca, inaugurada hace cuatro años con una inversión de 500 millones de pesetas -una vez más tiramos el dinero público-; se les obliga a dar un rodeo de más de dos kilómetros.
Prueba de ello es que el autobús municipal número 106 tarda 60 minutos en realizar un trayecto que antes era de 30 minutos. El último ejemplo, el enlace de la R-II de peaje con la M-40 y la A-10, recientemente inaugurada. Ha sido construida de
manera perfecta para que los conductores accedan y salgan de la autopista de peaje con total comodidad en todas direcciones, pero con la nueva ordenación la autovía de Burgos enlaza directamente con la radial de peaje, para alegría de los
concesionarios, y se ha suprimido el enlace de la N-I con la M-40 y con el nudo norte. La incorporación a la M-40 se hace ahora después de pasar la R-II, a través de un solo carril, y los atascos diarios son monumentales. El Ministerio de Fomento
provoca el atasco del nuevo enlace de la N-I con la M-40, justo delante de las puertas de la R-II, para que los conductores, desesperados por el atasco, entren al trapo del peaje.
En fin, las infraestructuras públicas al servicio de las privadas.
Todo por ahorrarse inversión en las empresas. En Rivas se ahorran un enlace, en Vicálvaro se ahorran el acceso de la avenida Daroca y en la R-II y en la N-I se ahorran el viaducto con el enlace. Después de lo visto, podemos afirmar que lo que
caracteriza a las políticas de su Gobierno es el fin de lo público, la ausencia de modelo, el desprecio a los ciudadanos.
Después de las políticas sociales, no hay nada tan descriptivo del hacer de un Gobierno como la obra pública. A través de ella podemos ver qué territorio quiere configurar y, a través de cómo se ejecuta, podemos conocer qué grado de
independencia tiene ese Gobierno respecto de los intereses de terceros. Su melodía es la de un territorio centralizado, interpretada por una renuncia a lo público y dirigida casi en exclusividad a un pequeño y selecto grupo ubicado en el palco
principal del teatro del que son propietarios. La canción que mejor entonan tiene sin duda un cierto aire ácrata, aunque en su caso no lo sea. Ustedes nos cantan todos los días en sus leyes y en sus intervenciones el estribillo terrible de esa
melodía que nos dice continuamente: Viva el mercado, muera el Estado. Patrocinan ustedes la anarquía de los ricos, el fin de los intereses y las necesidades públicas, como aquella película de Pasolini Salò o los 120 días de Sodoma. Ustedes están
convencidos de que sólo los ricos y poderosos son verdaderos anarquistas sencillamente porque pueden hacer lo que les da la gana. Lo enmascaran con palabras, hablan de colaboración entre los sectores público y privado, pero en la práctica están
ustedes entregando a unas pocas personas, y naturalmente amiguetes suyos, el territorio, las decisiones sobre lo que es necesario y lo que no es necesario y un inmenso negocio sin fin, cuyos únicos perdedores y víctimas son las ciudadanas y los
ciudadanos. Paradigma de estas políticas es esa ley de concesiones que deja la función esencial de definir las necesidades públicas en materia de infraestructuras en manos de un reducido grupo de constructores promotores, siempre los mismos.
Experimento prematuro y demoledor de este modo de actuar es lo que ustedes están haciendo en Madrid o, por mejor decir, lo que ustedes están haciendo con Madrid. La ausencia de un modelo de transportes y movilidad en las políticas de Gobierno y su
sustitución por un encadenamiento de oportunidades de negocio y su entrega en la gestión y control siempre a las mismas personas y entidades perjudican sobre todo a la inmensa mayoría social.
Su sentido de la centralidad ataca las posibilidades de otras comunidades autónomas. El interés de las constructoras del rimbombantemente llamado plan de accesos a Madrid, a la vez compradoras y promotoras de suelo circundante, se enfrenta
al área metropolitana de Madrid, a su estructura de ciudades formalizadas en el sur y en el corredor del Henares. Las grandes operaciones urbanísticas las hacen siempre junto al norte rico -operación Chamartín, torres del Real Madrid, etcétera-,
frente a planteamientos de uso del territorio para el reequilibrio social y la creación de viviendas sociales, es decir, frente al cumplimiento del artículo 47 de la Constitución. Ese Plan de accesos al gusto de cuatro o cinco grandes negociantes
penaliza a las personas de menor renta si quieren ahorrar tiempo; son accesos a espaldas de las redes metropolitanas que lo único que garantizan es llegar antes al atasco de Madrid, como palmariamente ha demostrado la recientemente inaugurada R-II,
sin
ahorro significativo de tiempo frente a la vieja N-II. Son accesos que empiezan encareciendo los costes de transporte de nuestros ciudadanos y de nuestras empresas, son accesos que terminarán saturándose por los desarrollos constructivos
para los que, en última instancia, se han hecho. Su no modelo, sí negocio, no nace del reconocimiento de un gran problema público que requiere una solución global e interadministrativa, sino de un atajo hacia el enriquecimiento de unos pocos que
ahora, al dejárselo a sus vástagos, tampoco tendrán que tributar nada. Su no modelo se carga de contradicciones, se va a favorecer la entrada de miles de vehículos privados pagando a los magnates de nuestro territorio con dinero público.
Este conjunto de actuaciones basado en el desorden del privilegio, en esa anarquía de ricos a la que me refería antes, es todo menos eficaz. Sin hablar de su metedura de pata en el asunto de las expropiaciones y de los tirones de orejas que
en ese sentido les ha dado el Defensor del Pueblo.
Llegar antes al atasco, cada vez más imponente de Madrid, no es un éxito y hacerlo no a costa de los impuestos graduales, sino de las posibilidades de cada cuál, es algo manifiestamente injusto e
inmoral.
Despreciar la posibilidad de construir un auténtico modelo de movilidad y transporte en la región y la ciudad de Madrid, ésa que quiere ser olímpica, es despreciar algo público, algo de todos, sujeto al bien y al servicio público y
pendiente de un gran debate en el que han de participar todos los agentes implicados. Un plan que tenga en cuenta la descentralización como primer objetivo de la lucha contra la actual saturación; descentralización de la que ustedes no quieren ni
oír hablar, porque eso de repartir negocio no les va a sus mentores. Un plan que tenga en cuenta la intermodalidad en el transporte y que prime los carriles de alta ocupación y la red de cercanías para que considere la ciudad como vía esencial de
la vida colectiva y que no los aplaste.
La señora PRESIDENTA: Señor Quintana, le ruego que concluya, por favor.
El señor QUINTANA VIAR: Voy terminando, un plan que no permita la eterna confusión de lo público y lo privado, donde no nazcan nuevos amos para nuevos esclavos.
Señora presidenta, termino recordando los puntos más importantes de nuestra proposición no de ley: desarrollar un programa presupuestario, de forma gradual y paulatina, que permita reconvertir en uso público y gratuito la red de accesos
radiales a Madrid; tomar las medidas que sean necesarias para que las autopistas de penetración a Madrid, que están en construcción, sean autovías de libre peaje e incorporar de forma inmediata la gratuidad al transporte público por dichos accesos.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Quintana.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Señora presidenta, señoras y señores diputados, he estudiado con mucha atención la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista y la verdad es que me cuesta entender cómo son capaces
de realizar esas propuestas. Podía entenderse que semejante iniciativa se hubiese presentado en el marco de la Asamblea de Madrid o que la presentase una formación política que no aspirase a la gobernabilidad del Estado, pero que la haga el
principal partido de la oposición, un partido que dice tener visión de Estado, me deja absolutamente perplejo. Lo digo desde mi condición de diputado catalán porque, como usted sabe, en Cataluña es donde existe una mayor concentración de autopistas
de peaje del Estado, por lo que en ese tema tenemos una cierta experiencia en nuestras tierras. Cataluña soporta el 70 por ciento de los peajes en términos absolutos, más del 25 por ciento del total de kilómetros de las autopistas está situado en
nuestra comunidad, mientras que en Madrid hay 17,5 kilómetros más el tramo que inauguraron hace poco hasta Guadalajara. En cambio, si analizamos la situación de las autopistas libres de peaje o autovías de gran capacidad en el conjunto del Estado,
vemos que de los más de 6.000 kilómetros, en Cataluña sólo tenemos 334, es decir, el 5 por ciento, mientras que la comunidad uniprovincial de Madrid tiene casi 500 kilómetros. Por tanto, desde hace años, en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en
el País Vasco, en Galicia, en Andalucía y en algunas otras comunidades autónomas, no sólo debemos pagar de una forma religiosa por el uso de unas infraestructuras que, irresponsablemente, ha dejado de construir el Estado, sino que además, con el
peaje, estamos sujetos a una doble tributación ya que aportamos el IVA del mismo, así como los impuestos que las concesionarias pagan como beneficio de explotación y que en el conjunto representan el 40 por ciento de esos ingresos. En contrapartida
el Estado se ahorra la inversión en la construcción de las infraestructuras y el mantenimiento de las mismas. Es cierto que esa política se inició durante el franquismo y todos esperábamos que con la democracia se pusiesen en marcha mecanismos de
justicia al respecto, pero no fue así y el Gobierno socialista, por poner un ejemplo, reconvirtió el tramo Barcelona-Mataró de la N-II en una autopista de peaje y al comprobar que era muy elevado no se le ocurrió nada más que aplicar un peaje blando
que financió con cargo a la ampliación de la concesión en el tramo Barcelona-Lleida-Zaragoza.
Señor diputado, usted se queja de que le van a construir autovías de peaje con accesos radiales a Madrid, pero ha de explicar que desde los años ochenta Madrid ya dispone de una red de accesos formada por cuatro autovías gratis, que
discurren paralelamente a las de peaje que se están construyendo. Por lo tanto, los usuarios tendrán la posibilidad de escoger el itinerario, hecho que no ocurre en otras partes del territorio. En cambio, para que usted se entere, porque da la
sensación de que viaja poco, de las siete autovías que dan acceso a Barcelona, seis son de peaje y ésas sí que no tienen vías alternativas de gran capacidad.
Además, la N-II, que une Barcelona con la frontera francesa, que en principio sería la
gran arteria que comunicaría con Francia, o la N-340, que une Barcelona y Tarragona, que es la salida natural del arco mediterráneo por la costa, no está ni siquiera desdoblada, obligando a los conductores a utilizar vías de peaje porque, como verá,
aquí sí que no hay opciones alternativas.
Frente a esta situación grave de desequilibrios en inversiones del Estado en materia de infraestructuras en la periferia, y que efectivamente habrá que solucionar, quedamos absolutamente sorprendidos por la propuesta del Grupo Socialista,
partido que se jacta de tener un proyecto de Estado.
Habrá que esforzarse mucho para explicar bien que las autopistas de peaje son para la periferia y que Madrid no sólo cuenta con magníficas autopistas de entrada en todas direcciones, sino que
antes de que las obras de construcción de las autopistas radiales de acceso estén terminadas, a excepción de la de Guadalajara, ya piden, a través de los Presupuestos Generales del Estado, que sean gratuitas. No piden que sean gratuitas todas las
autopistas del Estado, no piden eso; no piden que sean gratuitas aquellas autopistas que no tienen autovía como alternativa, no; piden que sean gratuitas sólo las de Madrid, y eso el Partido Socialista Obrero Español no lo pide en la Asamblea de
Madrid, que se podría entender, sino en las Cortes Generales con argumentos de peso como que eso representa un elemento discriminatorio y de desequilibrio social para Madrid o que existe un desequilibrio por la fuerte centralización que produce
Madrid. Eso ya lo sabemos y lo padecemos. No obstante, lo tienen fácil, y no es necesario hacer carreteras. Descentralicen y en eso nos tendrán siempre detrás de ustedes. Como colofón, lo que proponen, y con una visión potente de Estado, es que
después de que algunas comunidades autónomas llevamos más de 30 años pagando peaje, ahora, a través de los Presupuestos Generales del Estado, debemos de rescatar las autopistas de acceso a Madrid; por cierto, sólo la que mira a Cataluña en este
momento es de peaje. El resto aún no están ni siquiera terminadas.
Por este motivo hemos presentado una enmienda que puede dar solución al problema y que por error de transcripción se ha reflejado como de adición cuando en realidad se trata de una enmienda de sustitución. Señora presidenta, hago esta
aclaración para que se tenga en cuenta a los efectos pertinentes.
Por cierto, me gustaría saber qué piensa de esta proposición el diputado Germà Bel, que hace pocos días hablaba del tema de las autopistas en esta Cámara y decía: Los socialistas queremos que todos los ciudadanos paguen impuestos por igual
y a esto lo llamamos fiscalidad de izquierdas. Tratar de igual a los iguales. Por eso nos resulta -decía el diputado Bel- profundamente desigual que haya unos ciudadanos que paguen impuestos por duplicado y otros no. Y continuaba afirmando:
Fíjense, según las noticias y datos de la propia patronal del sector, hasta el 40 por ciento de los ingresos por peaje van a parar a las arcas del Estado, vía impuesto sobre el valor añadido, vía impuesto sobre sociedades, básicamente. Ese era el
discurso que teníamos encima de la mesa. Qué capacidad de doble lenguaje tienen que después de este discurso nos encontramos -discurso el del señor Bel que en parte podemos suscribir- con que ahora nos hacen una propuesta en la que nos piden que
todos los ciudadanos rescatemos de los Presupuestos Generales del Estado sólo las autopistas de acceso a Madrid.
Sería bueno que se aclarasen, sería bueno que explicasen de una forma entendible ese cambio de criterio a los ciudadanos catalanes, a
los andaluces, a los valencianos, a los gallegos, por poner algunos ejemplos.
En política, señores socialistas, no todo vale. Ustedes, con esa falta de proyecto que constantemente ponen encima de la mesa, evidencian que serán los únicos
responsables de que el Partido Popular, sin bajar del autobús, gane por mayoría absoluta.
Muchas gracias, señoras y señores diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Companys.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, el señor Ayala tiene la palabra.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
Efectivamente, señor Quintana, no me ha convencido usted. Le he dicho en el pasillo que si me convencía me lo pensaría, pero no me ha convencido, porque lo que ha dado usted hoy es un mitin del señor Simancas, un mitin con candidato y con
clac. Ha trasladado al Pleno una proposición no de ley destinada a Comisión con un único fin electoralista. Usted nos ha dado aquí un mitin de tercera, no del tercero que es usted en la lista, sino de tercera; un mitin plagado de demagogia, de
falsedades y, lo que es mucho más corrosivo, de inexactitudes tendenciosas y de acusaciones veladas, que si usted las tiene así, debería aclarar y llevar a los órganos correspondientes, porque venir aquí a decir lo mal que se han hecho las
contrataciones,
acusarnos de amiguismo, etcétera, es, en primer lugar, creerse que está usted en otra época y, en segundo lugar, trata de desvirtuar una labor, la del Partido Popular, cuando si en algo se ha caracterizado la contratación administrativa en
estos años ha sido en la absoluta eficacia y en la absoluta transparencia. Menos mal que no ha tenido usted el calentón electoral del señor Simancas de decir que el Partido Popular iba a poner peaje en la M-30, en la M-40 y en los semáforos; menos
mal que no ha tenido usted ese calentón electoral. Este mitin no le va a dar a usted más votos en las próximas elecciones. En mayo, ustedes perdieron las elecciones, que ganó el Partido Popular, que sacó ocho diputados más que ustedes y que fue la
fuerza más votada. Esa es la única verdad, por mucho que ustedes no quieran recordarla. Bueno, la única verdad, no; la otra verdad es que el Partido Socialista Obrero Español en Madrid es el camarote de los hermanos Marx. (Aplausos.)
El señor Leguina, diputado de esta legislatura, y el señor Mangada decidieron el crecimiento cero de Madrid y no hicieron ni una sola infraestructura. Ustedes presentan esta proposición no de ley ahora, cuando se están terminando las
autovías y las radiales, y no la presentaron cuando se aprobó el proyecto, que hubiera sido el momento de atacar, si tenían razón, esos problemas de trazado, esos problemas de conexiones que utilizan hoy aquí como elemento electoral. Este no es el
momento, que fue cuando se diseñó y cuando se estableció su sistema de financiación. En aquella época ustedes iban al Congreso e iban al Senado solamente a instar a que se terminaran; ahora, cuando están a punto de terminarse y de entrar en
servicio, lo único que hacen es solicitar el rescate de las concesiones diciendo que no tienen información y que no se han puesto en su conocimiento todas y cada una de las circunstancias de una contratación que ha sido absolutamente transparente.
Venir aquí ahora, una vez que la obra está terminada, solo se hace por demagogia y por electoralismo, y con una propuesta, la de rescatar las concesiones administrativas, que es un atentado a la seguridad jurídica, es un atentado a las garantías de
la contratación administrativa. Desde luego, de ahí a Lenin nada más que hay un paso, y encima nos quieren dar clases de cómo se hacen infraestructuras. Nos parece un poco fuerte. Ustedes fueron incapaces de cumplir el plan de 1994 con la
Comunidad de Madrid, sin tiempo y sin dinero. ¡Ah!, les recuerdo, la autopista de Madrid a Guadalajara era de peaje en su plan de 1994; ahora no se rasguen las vestiduras. En el ámbito nacional, el fracaso fue el mismo: el PDI del año 1993,
fracaso. En el ínterin hicieron un plan puente: parcheo y nuevo fracaso. Congelaron las autopistas, endeudaron al Estado, sólo desdoblaron algunas carreteras como autovías y dejaron un agujero de 600.000 millones. Borrell, en 1995, quiso hacer
de peaje las autovías -menos mal que perdieron las elecciones- y luego calificó los sistemas de financiación extrapresupuestaria, como el peaje en sombra -por cierto, el señor Bono acaba de aprobar una ley y lo va a aplicar-, de crecepelo. Por
tanto, hablar de dar lecciones sobre contratación de infraestructuras con el bagaje que ustedes llevan, o si quieren ustedes hablar de la manera de hacer las contrataciones, los reformados, los complementarios, etcétera, me parece electoralista.
Usted dice que van a rescatar las concesiones. Señor Quintana, en el programa de su partido, del señor Simancas, en ningún momento se dice que vayan ustedes a rescatar las concesiones y a quitar el peaje, a no ser que del viernes por la
noche aquí ustedes hayan cambiado el programa del señor Simancas. Ustedes no dicen que van a rescatar las concesiones, porque no se atreven. Lo dicen electoralmente en los mítines, pero no por escrito, porque me ya me dirá usted qué colegio va a
quitar o qué hospital no va a construir para pagar los 2.000 millones de euros que habría que dar a las concesionarias para virtualizar el rescate de todas las concesiones. Además, hay otra cosa muchísimo más importante, tendrá usted que decir si
el Partido Socialista, si gana las próximas elecciones generales, va a hacer también un proceso de rescate de los 3.500 kilómetros de autopistas de peaje que se va a encontrar preparados como consecuencia de la ejecución del Plan de infraestructuras
de transporte del Partido Popular. Por tanto, sería bueno que se pusieran de acuerdo.
Señor Quintana, los madrileños no saben, ni tienen por qué saber, qué es el déficit cero, qué es el equilibrio presupuestario o qué es la ley de estabilidad presupuestaria. Los madrileños lo que tienen que saber, y además lo saben, es quién
les ha bajado dos veces los impuestos, quién les ha dado más colegios, más institutos, más asistencia social, más hospitales, más y mejores carreteras. Eso solamente tiene un nombre y es el Partido Popular. (Aplausos.) El Partido Popular tiene un
Plan de infraestructuras de transporte que está cumpliendo, incluso está adelantado en el cumplimiento, que no discrimina a nadie, que vertebra todo el territorio, que invierte cinco veces más en el presupuesto que estamos ejecutando ahora mismo que
el presupuesto de carreteras del Partido Socialista del año 1995 y que además ahorra y no endeuda. El Partido Socialista sólo sabe hacer infraestructuras con deuda pública y en 1990 así nos lo demostró: endeudamiento, emisión de deuda pública y al
18 por ciento de interés. Esa es una manera de hacer infraestructuras.
Esa es la manera de mantener un ciclo cíclico, nada más que atendiendo a la demanda que ha creado inseguridad y decepción.
Nosotros estamos aplicando una política con proporción y medida porque el Plan de infraestructuras combina todas las posibilidades, aplica en cada caso la más oportuna, según sus circunstancias. Por eso,
hemos establecido un programa para todo, para ferrocarriles (por cierto, le recordaré que en el metro de Madrid, en la etapa socialista, se hicieron 12 kilómetros, mientras que en estos ocho años se han hecho 114 y 60 más que se van a
construir si los madrileños nos dan la confianza para las próximas elecciones), se ha hecho un plan de puertos y un plan de aeropuertos, es decir, un total de 120.000 millones de euros combinando financiación privada y financiación pública. Así es
como se estructura un Estado, así es como se estructura un plan de infraestructuras que va a elevar a España del nivel que tenía anteriormente. Es una falacia decir que no se quiere peaje, porque tendría que haber dicho usted aquí si no se tiene
peaje qué se hace. ¿Se suben los impuestos de los ciudadanos o se dejan de hacer otras obras? Tendrá que decirnos qué otras obras se dejan de hacer o qué impuestos van a subir. Aquí la teoría es que las infraestructuras se pueden hacer con
déficit cero y bajando los impuestos, pero ustedes no saben hacerlo así.
Si la teoría de ustedes, y la del señor Simancas, es la que se va a aplicar nos volveremos a empuar, volveremos a subir los impuestos y nos tendremos que salir de Europa.
Parece ser que esa es la receta del señor Simancas para perder, la del gratis total con deuda pública salvaje. Por cierto, parece que el señor Zapatero abandona al señor Sevilla y se abraza al déficit cero, tendremos que saber cuál va a ser la
postura que, a partir de este momento, vayan a adoptar los distintos territorios que conforman el Partido Socialista. (Rumores.)
Las radiales de Madrid son deseadas y necesarias y se han hecho por el Partido Popular, en una nueva demostración de eficacia, ganando un tiempo extraordinario, mejorando el tráfico y la movilidad, teniendo en cuenta la protección del medio
ambiente y estableciendo otras políticas complementarias para hacer un Madrid más habitable frente a aquél, absolutamente utópico, del déficit cero. En el sistema establecido el ciudadano puede elegir entre una autopista de peaje y una autovía sin
peaje. En el momento y según sus circunstancias discrimina y elige. Es evidente que tiene que pagar una cantidad, cantidad que se tiene que ver reducida por dos cuestiones: una, sus propios ahorros en tiempo, gasolina, mantenimiento, aceites y
ganancia en seguridad, y, dos, porque la habitualidad y el horario tienen una rebaja de hasta el 40 por ciento, en una tarifa que es de siete céntimos de euros, es decir de esas 10 pesetas del año 1999 transformadas en euros.
La señora PRESIDENTA: Señor Ayala, le ruego concluya.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Concluyo, señora presidenta, señalando que hemos presentado una enmienda de sustitución, porque el Grupo Parlamentario Popular apoya el Plan de infraestructuras del transporte del ministro de Fomento, porque supone
una coherencia jurídica y económica con el Estado de derecho.
Las infraestructuras no hablan, pero convencen. Repito, las infraestructuras no hablan, pero convencen, lo contrario que usted, el señor Simancas y su partido.
Nada más: Muchas gracias. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ayala.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, ¡que a estas alturas todavía no se sepa quién ha ganado las elecciones el 25 de mayo en Madrid! De verdad que da que pensar. De todas formas, yo he llegado a una conclusión, y he llegado yo solito.
(Rumores.) La de que
seguramente no debió ser el Partido Popular el que las ganó. ¿Saben ustedes por qué? Porque si las hubieran ganado no hubieran elegido repetirlas, como han hecho, simplemente por eso.
Esta propuesta que nos trae hoy aquí el Partido Socialista Obrero Español es una propuesta que desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida vamos a apoyar. Deseamos empezar señalando que creemos que el origen del problema no está
sólo en el peaje sino en el modelo de transporte de la Comunidad de Madrid. El proyecto de la M-50 y sus variantes no es otra cosa que un despilfarro de fondos públicos para facilitar pingües negocios urbanísticos, como ya ocurrió con la M-40, que
no resolverá los problemas de transporte que soportamos. No se sabe qué fue primero, si la necesidad de construir una nueva circunvalación que aporte la coartada para recalificar suelos o la necesidad de construir masivamente viviendas que
justifiquen las nuevas carreteras. La intención de asentar 1.500.000 nuevos vecinos en la periferia madrileña viene acompañada de la necesidad de crear infraestructuras para facilitar la comunicación -en coche, claro está- entre tanta dispersión
urbana y con Madrid. La M-50 servirá para delimitar la nueva colonización urbanística entre la M-40 y la M-50, que es, en definitiva, el objetivo principal que se define en el plan estratégico de la Comunidad de Madrid.
En las bases del concurso para las adjudicaciones de las radiales y M-50, publicadas en el Boletín Oficial del Estado del 26 de mayo de 1999, se establece que el precio ponderado del kilómetro será de 10 pesetas/kilómetro para los vehículos
ligeros. Este será el peaje que habrán de pagar los usuarios que a diario intenten evitar los atascos en sus desplazamientos entre la periferia y la capital. Los ciudadanos resolverán
sus desplazamientos cotidianos según su nivel económico. Aquéllos con mayor capacidad económica podrán disfrutar de atascos en zonas más cercanas a la capital.
Al igual que en el caso del Metro a Arganda, a la iniciativa privada se le garantizan las plusvalías; en el caso del Metro, por la vía de subvenciones directas para compensar las posibles pérdidas. Las empresas que exploten el servicio
tienen garantizado el negocio por muchos años.
Para ello es preciso que continúen congeladas las inversiones en nuevas líneas de cercanías. Las nuevas autopistas serán el principal obstáculo para que se desarrollen nuevas ofertas de transporte
público. El peaje que tendrán que abonar los usuarios de estas nuevas carreteras es injusto e inaceptable porque creará una discriminación entre los ciudadanos que puedan pagarlo y los que no puedan hacerlo. Los madrileños y madrileñas que
utilicen estas nuevas vías tendrán que pagar alrededor de seis euros al día, es decir, unos 120 euros mensuales. Estas radiales de peaje son una prueba más de que el partido que ha gobernado la región durante los últimos ocho años defiende el
interés de unos pocos, es decir, los que gestionan las constructoras y tuneladoras, en contra de los intereses de la mayoría.
Señorías, reafirmamos la propuesta de renegociar los contratos firmados con Fomento por las empresas para la explotación de estas vías. Las empresas pueden abrirse a esta reflexión. Queremos evitar este nuevo impuesto indirecto a los
trabajadores por el mero hecho de ir a trabajar.
Si se separa la construcción de la M-50 de la financiación de las carreteras radiales y se financian estas vías con recursos presupuestarios que se comprometieron ya en el segundo Plan de carreteras
y que no llegaron a invertirse en esta alternativa, es posible.
Insistimos en la necesidad de replantearse el trazado de estas vías para evitar los problemas que crean en la movilidad, su impacto ambiental, el desarrollo de algunos barrios y la
disminución de zonas verdes. Tan importante como ello son los transportes públicos en estas zonas, los aparcamientos disuasorios en estas carreteras y, sobre todo, unas inversiones en la red ferroviaria de la corona madrileña.
Los nuevos peajes causarán serios problemas en los municipios afectados, provocando una pérdida de competitividad en las empresas de estas zonas, que tendrán que sumar un nuevo coste al del céntimo sanitario. El principio de quien paga
avanza y el que no paga se atasca constituye sin duda un principio de injusticia y desequilibrio en la Comunidad de Madrid.
Nada más. Muchas gracias. (El señor Bel i Queralt pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.
¿A qué efectos, señor Bel?
El señor BEL I QUERALT: Al amparo del artículo 71.1 del Reglamento, por la interpelación directa y valoraciones que ha hecho el diputado.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra por dos minutos, señor Bel.
El señor BEL I QUERALT: Muchas gracias.
Sin entrar en el fondo del asunto, como marca el Reglamento, simplemente quiero decir tres cosas. En primer lugar, que esta Cámara es competente puesto que se trata de unas vías de competencia estatal, no autonómica.
En segundo lugar, que
todos los partidos políticos de Cataluña y asociaciones de usuarios, excepto el Partido Popular, hemos impulsado en Cataluña una propuesta para que todas las vías de peaje que se tratan de tráfico urbano recurrente, de penetración y salida de áreas
urbanas, queden libres de peaje, y Convergència i Unió participa en esta propuesta. Lo que tiene trascendencia no es la opinión particular de este humilde diputado, sino que Convergència i Unió menosprecia para el resto de España lo que defiende en
Cataluña. Yo pienso que lo que es bueno para Cataluña es bueno para España.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel.
Señor Companys. Tiene S.S. el mismo tiempo.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Muchas gracias.
Me he limitado, señora presidenta, a leer la intervención del señor Bel, que me parecía muy correcta y que, efectivamente, en parte suscribíamos.
En este momento me sorprende que sean capaces de creer que las autovías de Madrid son la
prioridad más importante. Hay situaciones mucho más graves que la de Madrid y me gustaría que el Partido Socialista tuviese una visión de Estado y no solamente electoral, como la que tiene en estos momentos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Companys.
Señor Quintana, a los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.
El señor QUINTANA VIAR: Manifiesto la no aceptación de la enmienda presentada por el Grupo Popular. Quiero también decir al portavoz de Convergència i Unió que si fuera...
La señora PRESIDENTA: Señor Quintana, no es un turno de réplica, es un turno exclusivamente de aceptación o rechazo.
El señor QUINTANA VIAR: De acuerdo. Pues, efectivamente, no; es un caso particular puesto que a Madrid se le deben 600 millones de euros.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Quintana.
Señorías, ruego ocupen sus escaños.
Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la supresión del sistema de peajes en las carreteras radiales de acceso a Madrid R-II, R-III, R-IV y R-V. Se somete a votación en sus propios
términos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 259; a favor, 95; en contra, 161; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE DEVOLUCIÓN DE LA DIGNIDAD A LOS FAMILIARES DE LOS FUSILADOS DURANTE EL FRANQUISMO Y A LAS VÍCTIMAS DE LA DICTADURA. (Número de expediente 173/000227.)
La señora PRESIDENTA: Punto IV del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
Les comunico a SS.SS que la votación de las mociones se producirá, de manera sucesiva, al finalizar el debate de la última moción.
(Aplausos.-Rumores.)
Señorías, les ruego, por favor, que abandonen el hemiciclo en silencio y de forma diligente aquellos que lo vayan a hacer, al objeto de poder continuar con el debate.
En primer lugar, moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre devolución de la dignidad a los familiares de los fusilados durante el franquismo y a las víctimas de la dictadura.
Para la presentación y
defensa de la misma, tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo para defender una moción que pretende devolver la dignidad a los familiares de los fusilados durante el franquismo y a las víctimas de la dictadura. Señora presidenta, señorías, alguna de estas víctimas, como los niños
de la guerra de Rusia, de Chile, se encuentran hoy entre nosotros en la tribuna y me gustaría enviarles un saludo.
El objetivo de esta moción es hacer justicia hacia unas personas que vieron vulnerados durante muchos años sus más elementales derechos y libertades fundamentales. Como ya señalé en el pasado debate, esta no es una iniciativa de partido,
partidista, ni tampoco es una iniciativa contra ningún partido. No pretende generar crispación. No pretende generar ninguna problemática. Pretende hacer justicia. Pretende dar un apoyo y plasmar el cumplimiento de un compromiso que todos en esta
Cámara adquirimos el 20 de noviembre del pasado año. Se pretende cumplir con nuestra palabra. ¿Cómo? Eso es lo que pretendemos, cómo. Pretendemos reconocer moralmente el sufrimiento de estas personas. Queremos que se apoye a los familiares de
las víctimas de los desaparecidos, de los fusilados, en las iniciativas que lleven a cabo y queremos, porque así nos comprometimos todos, desarrollar una política integral de reconocimiento y acciones protectoras económicas y sociales de los
exiliados de la guerra civil, así como de los llamados niños de la guerra. No queremos más que cumplir con nuestra palabra. No fue un punto final y si alguno así lo entendió, se equivocó. Es el comienzo de unas acciones que siguen pendientes en
nuestra memoria histórica y colectiva.
Las víctimas del franquismo y la dictadura no son las víctimas de unos o de otros, son las víctimas a las que debemos apoyo todos nosotros, como también hemos apoyado, de manera clara, de manera solidaria y de
manera unánime, a otras víctimas, como las víctimas del terrorismo.
¿Qué es lo que pretendemos? En primer lugar, recuperar la información, la memoria. Porque no es sólo una cuestión de memoria histórica, que ya de por sí hubiera sido suficiente; es una cuestión práctica. Esa información, señorías, le es
necesaria a muchas de estas personas para recibir ayudas, no del Gobierno central -todavía no, pero seguiremos insistiendo-, sino de otras administraciones, para que les reconozcan la realidad. Porque si no se les reconoce esa realidad, les es más
difícil recibir esas ayudas. No podemos, como decía en el debate, hacer una doble victimización de esas personas. Estuvieron en la cárcel y ni siquiera hoy se les reconoce que estuvieron en la cárcel. Es una información necesaria para la
exhumación de cadáveres, porque es una tarea ardua y difícil, que requiere la colaboración técnica de muchos especialistas, topógrafos, arqueólogos, investigadores, médicos forenses y, por supuesto también, la colaboración económica. Señorías,
decía en el anterior debate que el Ministerio de Defensa ha repatriado ya 1.172 cadáveres de personas que pertenecían a la División Azul en Rusia. No tenemos ningún inconveniente, es una cuestión humanitaria. Pero no podemos permitir que haya un
diferente tratamiento de unos y de otros. ¿Hay que hacerlo por razones humanitarias?
Sí, pero de todos. Y lo que ustedes no pueden hacer es dar dinero público a unos familiares para que repatríen cadáveres y no dar una sola ayuda a las personas que llevan años intentando obtener información y recursos económicos para que
sus familiares, sus seres más queridos, tengan también la sepultura que les es debida.
Queremos asimismo que se anulen los juicios sumarísimos; queremos -son cuestiones que se hallaban en aquella iniciativa- que se cumpla lo que casi todos los grupos parlamentarios -me atrevo a decir que quizás también en su espíritu, aunque
no lo firmaran- apoyaron, que se les dé el cien por cien de la pensión no contributiva a los llamados niños de la guerra. Algunas de estas personas que hoy nos acompañan me daban ejemplos prácticos que a veces conviene saber. ¿Saben ustedes a
cuánto asciende la pensión de un niño de la guerra en Moscú? A 58 euros la media. ¿Saben SS.SS. cuánto complementa la pensión española? 88. ¿Saben a cuánto asciende en total? A 146 euros al mes. ¿Saben cuánto cuesta un kilo de carne de no muy
buena calidad? 5,5 euros al mes. Y no estamos hablando de una dotación económica, sino de una cantidad que no es -por mucho que nos digan- demasiado elevada. Ustedes lo saben y les pedimos que reflexiones sobre ello.
Pedimos que la fundación Francisco Franco, que tiene documentos que corresponden al ámbito público y no privado, los transfieran al ministerio correspondiente o a quienes ustedes quieran. Si el dinero que están entregando a la fundación
Franscisco Franco es para digitalizar unos documentos cuya posesión no les corresponde, si transfieren esos documentos ustedes no tendrían que otorgar subvención alguna. Asimismo, queremos que se supriman las subvenciones -esto es una nueva
aportación a la moción porque, lo digo con sinceridad, desconozco las subvenciones de los ministerios y de esto nos hemos enterado a lo largo de esta semana- no para repatriar a los cadáveres de la División Azul, que ya les he dicho que no tengo
problema, pero sí las que se están concediendo a la fundación División Azul para desarrollar sus objetivos, que, por cierto, son: la defensa de Franco, la lealtad al Führer y no sé cuántas cosas más que no parecen muy democráticas.
La señora PRESIDENTA: Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Concluyo, señora presidenta.
Reitero mi petición de justicia. Si hoy no sale, seguiremos. Esta diputada o cualquier otro diputado o diputada. Seguiremos. ¿Saben lo que pasa? Que es un problema de urgencia y si esperan que la dilación en los años lleve a que no haya
problema, se equivocan terriblemente.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) asume en la letra y en el espíritu, de forma absoluta, la moción presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, Eusko Alkartasuna, y defendida por la diputada señora Lasagabaster.
Ciertamente, este debate en Pleno es una continuación de otros que hemos tenido, algunos incluso recientemente -el pasado 10 de septiembre de este mismo año-, donde pusimos de manifiesto -como lo había hecho en reiteradas ocasiones nuestro
portavoz en aquellos momentos, el señor López de Lerma- que no se trataba de ajustar cuentas con nadie, sino pura y simplemente con la historia; que éramos conscientes de que la primera víctima, como se dice siempre en una guerra, y más en una
guerra civil, y más en una dictadura, es la verdad y que se trataba precisamente de eso, de que aflorara la verdad, de que se reconocieran los méritos de tantos y tantos sacrificados y víctimas y de que, en la medida en que se acreditaran estos
hechos, se pudieran implementar correctamente medidas de protección, de amparo a las víctimas y a sus familiares.
El día 10 de septiembre pude también iniciar mi intervención con expresiones del historiador y político Josep Benet en un libro reciente, Domènec Latorre, afusellat per catalanista, que sitúa bastante bien el problema. Les traduzco lo que
dice Josep Benet. Dice que él ha señalado muchas veces -por ejemplo, en otra de sus obras: La mort del president Companys- que, durante la guerra civil, en un bando y otro se cometieron muchísimas barbaridades; y que, teniendo en cuenta el número
de habitantes de una y otra zona, el porcentaje de víctimas de la violencia fue mayor en la franquista que en la republicana. Recordaba que, durante las primeras semanas de la guerra, del puerto de Barcelona zarparon diversos barcos extranjeros con
miles de pasajeros a bordo, que, con la autorización y complicidad del Gobierno de la Generalitat, huían del país porque temían por su vida en el caos que la revuelta militar había provocado, mientras que de los puertos de la zona franquista no
zarpó ni un solo barco semejante. Y señalaba también que la primera y máxima responsabilidad de que se cometiesen aquellas barbaridades -en Cataluña, durante la guerra, en la retaguardia, fueron asesinadas 8.400 personas, y 2.032 sacerdotes,
frailes y monjas- fue precisamente de los militares y de sus aliados civiles, que, con el pronunciamiento de julio de 1936 contra los gobiernos legítimos de la República y
de la Generalitat de Catalunya, provocaron una situación caótica que facilitó que se cometiesen. Dicho esto, todos tienen que reconocer que la durísima represión de la posguerra, con todas sus barbaridades, fue obra exclusivamente de uno de
los bandos: del vencedor, del franquista -dice-.
No sabemos -continúa- qué habrían hecho los republicanos si hubiesen vencido; sin embargo, sí que sabemos lo que hizo el franquismo. Y acaba diciendo que, acabada la guerra fratricida con la
victoria total y sin condiciones de uno de los dos bandos, se podía esperar que los vencedores irían poniendo bases para que se pudiese comenzar a avanzar en un proceso de reconciliación. Sin embargo, no fue eso precisamente lo que se hizo.
Los
franquistas, a pesar de haber acabado la guerra, continuaron manteniendo la división entre vencedores y vencidos, consolidando precisamente en esta visión su nuevo régimen. Da la cifra de represaliados en Cataluña después de la guerra: entre el 29
de enero de 1939 y el fusilamiento -en octubre de 1940- del president Companys, fueron fusiladas más 2.700 personas. Podemos hacer la progresión en la medida en que la represión continuó en años sucesivos.
Mi grupo parlamentario, que como digo asume la letra y el espíritu de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, ha presentado sin embargo una enmienda, buscando una triple adición: por un lado, pretendemos concretar algunos de
los efectos económicos que deseamos para estas personas. Debo recordar que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1990 estableció, en la disposición adicional decimoctava, unas indemnizaciones para los presos políticos que se acogieron a
los beneficios establecidos en la Ley de Amnistía de 1977, y, paralelamente, unas exenciones tributarias. Sin embargo, ha habido otras administraciones públicas -en nuestro caso, la Generalitat de Catalunya- que otorgaron indemnizaciones
complementarias a las personas que quedaban excluidas de estos beneficios fiscales. Igual ocurre en otras comunidades autónomas, y pretendemos, por tanto, que gocen de tal exención.
El 10 de septiembre, pudimos defender la necesidad de regular, a través de un proyecto de ley, un procedimiento de anulación de este tipo de procesos, teniendo en cuenta sobre todo que una sentencia para nosotros incomprensible, de 13 de
mayo de 2003, de la Sala quinta de lo Militar del Tribunal Supremo, negaba la posibilidad de iniciar juicios de revisión de estas sentencias, en la medida en que habían aplicado el derecho vigente, a través del procedimiento vigente también en
aquellos momentos. En la medida en que existan dificultades, además de la regulación de este proceso de anulación, hablamos de la necesidad de constituir una comisión de la verdad; una comisión integrada por historiadores y juristas de prestigio,
que puedan -como hizo, en su día, el Informe Sábato, en Argentina, y como ocurrió en Chile y en supuestos semejantes- fijar exactamente los hechos y concretar cuál es la verdad.
La señora PRESIDENTA: Señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Acabo ahora mismo, señora presidenta.
Debo decirles que la Ley de Amnistía no es suficiente. Si quieren ustedes examinar la circular emitida por la Fiscalía del Tribunal Supremo el 20 de octubre de 1977, comprobarán que la exención de responsabilidad criminal no es lo que
queremos para estas personas; lo que queremos es reconocimiento, solidaridad, ayuda y, sobre todo, la verdad.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Atencia.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Con la venia, señora presidenta.
Señorías, de forma casi telegráfica, por el trámite en el que nos encontramos, deseo fijar la posición de nuestro grupo respecto a la moción de la señora Lasagabaster, del Grupo Mixto, y defender al mismo tiempo la enmienda que el Grupo
Parlamentario Popular ha presentado a este debate.
Sobre esta cuestión, como SS.SS. saben, se han aprobado en esta Cámara, durante los 26 años de democracia y de Cortes libres, numerosas resoluciones desde el punto legislativo y desde el punto de vista de resoluciones políticas con mandato
al Gobierno, que ya han sido suficientemente detalladas en debates anteriores, y sobre las que se pudo hablalr en el debate de la interpelación. Para centrar la cuestión que aquí se ha planteado, hay una resolución del Congreso de los Diputados, de
la Comisión Constitucional, del pasado 20 de noviembre del año 2002, que es relevante y que centra la posición de nuestro grupo parlamentario y, al parecer también, la de otros grupos parlamentarios.
El Grupo Parlamentario Mixto propone un conjunto de iniciativas -ocho puntos en su texto inicial, ahora añade uno posterior- donde se propone el acceso a determinados archivos públicos o privados, la búsqueda e identificación de personas
desaparecidas, y un conjunto de medidas como el establecimiento e incremento de pensiones asistenciales de ancianidad a favor de quienes tuvieron que emigrar a otros países, con especial referencia a los conocidos como niños de la guerra. El Grupo
Parlamentario Popular, apoyándose en aquella resolución del Congreso de los Diputados, de la Comisión Constitucional, en el bagaje de iniciativas legislativas de carácter político y en
las declaraciones que ha hecho esta Cámara, las Cortes Generales, durante estos 26 años de democracia, estos 25 años de Constitución, y especialmente las que se han aprobado en la pasada legislatura y en ésta, apuntándonos a aquel criterio y
a aquella resolución adoptada el pasado 20 de noviembre, donde pusimos un cierre con credibilidad -y no son las palabras de este portavoz- al conjunto de iniciativas que se debatían cuando hicimos un reconocimiento a las víctimas de la guerra civil,
a las víctimas del régimen posterior, y especialmente a los que sufrieron el exilio, decidió dejar fuera del debate político la guerra civil, el régimen posterior y sus consecuencias. En aquella resolución se aprobaron dos cuestiones concretas:
una declaración solemne tendente al reconocimiento moral de quienes sufrieron las consecuencias de la guerra civil, se decía en el apartado 3 de aquella resolución; y en el apartado 4 se hacía el reconocimiento de una acción protectora, económica y
social de los exiliados de la guerra y del régimen franquista. Esto es lo que se puede analizar y debatir. Esto fue objeto del debate de la interpelación que la señora Lasagabaster mantuvo con el Gobierno en la persona del vicepresidente segundo y
ministro de la Presidencia, don Javier Arenas, y es lo que hoy el Grupo Parlamentario Popular plantea por vía de enmienda.
¿Qué proponemos? Dar una solución a la cuestión concreta de los niños de la guerra, y hemos presentado un texto que respeta la voluntad del conjunto de los grupos parlamentarios. Su primer apartado es idéntico al texto de S.S., que nuestro
grupo no respalda, y a iniciativas registradas en la Cámara. Dicho se refiere a que dentro del escenario presupuestario correspondiente y de acuerdo con el artículo 7 de la Ley General de la Seguridad Social, se adopten las medidas que permitan que
nuestro sistema de protección público se extienda a todos los españoles, sea cual sea el país en el que residan, garantizándoles las coberturas de sus necesidades mínimas. Al mismo tiempo, y de conformidad con el artículo 7 del real decreto por el
que se establecen pensiones asistenciales por ancianidad a favor de los emigrantes españoles, se insta al Gobierno a continuar aplicando las medidas que aseguren el nivel de suficiencia de las pensiones que reciben los nacionales españoles que
residen en las repúblicas que componían la antigua URSS, especialmente -y se dice literalmente- nuestros niños de la guerra, al mismo tiempo que se continúen impulsando las necesarias medidas de apoyo para su asistencia sanitaria. Por otra parte,
hacemos otro mandato al Gobierno, que es estudiar la posibilidad de llevar a cabo una mejora asistencial a los llamados niños de la guerra que residen en las repúblicas procedentes de la extinta Unión Soviética. Otro mandato al Gobierno es un
asunto que está suficientemente resuelto en la legislación, que es el acceso a los archivos, tema perfectamente claro y sobre el que ha habido suficientes debates. Como no me queda tiempo, sólo me resta decir que el mandato al Gobierno es para que
colabore en facilitar el acceso a archivos y documentación histórica para la identificación y localización de personas desaparecidas durante la guerra civil y en los años posteriores.
El Grupo Parlamentario Popular con su iniciativa, con la enmienda que presenta al texto de la señora Lasagabaster, pretende contribuir a este debate desarrollando lo que fue un punto de encuentro el pasado año, y en el mismo espíritu que la
suya. Ahora, si hay posiciones que pretenden ir a posiciones de máximo, e incluso a traernos otros temas nuevos, es difícil encontrar el lugar.
Entendemos que con esto respetamos aquel consenso, respetamos los acuerdos que se trazaron esos años y respetamos lo que significa el espíritu de concordia y de integración en nuestra Constitución y en nuestra democracia que animó a los
constituyentes y que nos sigue animando, 25 años después de la Constitución y 26 años después de recuperar las libertades, al conjunto de los españoles.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Atencia.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
La moción consecuencia de interpelación urgente que se somete hoy a nuestra consideración reúne un conjunto de propuestas que en su mayoría traen causa de cuestiones que han sido ya analizadas y debatidas en ocasiones anteriores, tanto en
Pleno como en Comisión. Quizá uno de sus puntos más novedosos, que es la necesidad de remover los obstáculos que hoy, todavía, dificultan cuando no impiden el acceso de los investigadores, estudiosos o familiares de las víctimas de la guerra civil
y de la represión franquista a los archivos que albergan documentación relativa a las personas objeto de esta investigación, enlaza directamente con una denuncia que yo mismo hice en este mismo hemiciclo el pasado 10 de septiembre, en un debate
sobre la anulación de juicios sumarios de la dictadura franquista con ocasión de una proposición no de ley del Grupo Socialista. Decía entonces que el acuerdo de la Comisión Constitucional de 20 de noviembre de 2002, a la que acaba de hacer
referencia el portavoz del Grupo Popular, insta a todas las instituciones públicas (cada una, lógicamente, en el ámbito que le corresponde) a apoyar todas las iniciativas públicas o privadas tendentes a establecer el reconocimiento de las víctimas
de la guerra civil y de cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista.
La iniciativa, decía entonces, daba fin a una etapa determinada pero al mismo tiempo iniciaba una nueva etapa en la que todos los poderes, todos los agentes sociales, políticos e institucionales, quedaban emplazados expresamente a apoyar
este tipo de iniciativas.
¿Qué está ocurriendo en la práctica? Permítanme que me centre fundamentalmente en aquella cuestión a la que me refería en la sesión de 10 de septiembre. Que los interesados se están encontrando con enormes problemas para acceder a los
archivos públicos que albergan los datos que precisan para avanzar en la investigación. En el caso concreto de los archivos pertenecientes a determinadas instituciones penitenciarias, esto que digo no ocurre con carácter ocasional, con carácter
esporádico, sino que es la norma; ocurre de modo habitual y sistemático. Quienes pretenden acceder a la documentación que obra en nuestros archivos, o muchos de los investigadores, familiares y estudiosos que pretenden acceder a esos archivos, sea
cual sea la normativa que los regule, se están encontrando todavía hoy con respuestas curiosamente estandarizadas que les dicen que, hoy por hoy, es imposible acceder a estos archivos. Fíjense: Debo comunicarle que, valorada su solicitud y
circunstancias concurrentes, no resulta oportuna su autorización actualmente. Razones organizativas de trabajo y de funcionamiento del centro afectado, junto a la situación de este tipo de documentación, impiden su consulta en estos momentos. Ésta
es una respuesta estandarizada que están recibiendo de modo casi sistemático, casi unánime, solicitantes de acceso a estos archivos, no de un concreto territorio, sino de cualquier territorio del ámbito estatal.
Es una respuesta diseñada no sé con
qué finalidad desde algún ministerio que quiere impedir que se acceda a esta documentación.
Ya sé que la normativa que rige el acceso a los archivos públicos y privados permite que se acceda libremente, pero esto está ocurriendo, señorías. Y si la normativa permite el acceso a esos archivos, no puede ser que todavía se esté
sistemáticamente recibiendo este tipo de notificaciones. Notificaciones que dicen: Debo comunicarle que, valorada su solicitud y circunstancias concurrentes, no resulta oportuna su autorización actualmente. Primero un elemento valorativo; a ver
desde cuándo el acceso a los archivos públicos puede depender de la valoración subjetiva que haga el responsable administrativo de turno. Además dice que no resulta oportuna, es decir, es una valoración que afecta a cuestiones de oportunidad;
considera o no considera oportuno en función de vaya a usted a saber qué criterios. Señorías, esto no puede seguir así. Si somos leales, si queremos dar cumplimiento fiel, leal y respetuoso a la resolución de la Comisión Constitucional del 20 de
noviembre del año 2002, esto no puede continuar así. Hay que remover ahora mismo los obstáculos que están impidiendo de hecho que el acceso a estos archivos sea posible.
Con todo esto, señorías, es obvio que vamos a apoyar la moción, que además de esta cuestión a la que me he referido, hace referencia a otras cuestiones con las que estamos plenamente de acuerdo.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Erkoreka.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señora presidenta.
Nosotros consideramos que la moción que hoy ha defendido aquí la señora Lasagabaster está muy bien elaborada, es equilibrada y absolutamente oportuna, aunque choca de nuevo con la falta de comprensión y la falta de sensibilidad del grupo
mayoritario; falta de sensibilidad, falta de sentido de la historia, falta de sentido de la reconciliación que constantemente expone -usualmente a través del señor Atencia, pero eso es lo de menos- el partido mayoritario. Es cierto -quiero aclarar
algo en principio- que la historia la perdió la inmensa mayoría de las gentes normales que contendieron en ella, de uno u otro bando, y que la ganaron los que estaban defendiendo intereses que después prevalecieron en contra de la inmensa mayoría de
españoles y españolas. Pero no se puede enfocar este tema desde ningún tipo de equidistancia aritmética, desde ninguna memoria aritmética. Se trata del ataque de unos sublevados contra una situación legal que era la República. Todo parte de ahí y
por tanto no valen equidistancias, que rompen la historia y nos llevan a una especie de sopesar las víctimas de uno u otro lado. Estamos ante una situación de sublevación contra la legalidad republicana y esa es la base indeleble que justifica una
memoria, no totalmente cumplida por parte de esta democracia, que se reivindica muy bien en la moción que ha defendido doña Begoña y que nosotros vamos a apoyar.
A partir de cierta amnesia del principio de la transición, hemos intentado de manera recurrente, y en esta legislatura bastantes veces, elevar la memoria no a venganza, ni siquiera que desemboque en la nostalgia, que es una memoria dolorida
aunque estaría justificada por muchísimos motivos, sino que se intenta elevar la memoria a lo que dice la Constitución, cuyo 25 aniversario celebramos este año, a reconciliación, a concordia, a reencuentro. Y mucho menos queremos elevar la memoria
a olvido, que es el intento constante del Partido Popular, este Partido Popular que quizás entendió mal la resolución del día 20 de noviembre del año pasado en la Comisión Constitucional. Se entendió muy mal o se pactó con alguien que no tenía en
ese sentido representación del resto de los grupos.
No hay ningún punto final, no hay ninguna ley del olvido que se contenga ni explícita ni implícitamente en esa resolución. Todo lo contrario, la entendíamos todos, yo creo que toda la oposición, como una puerta que se abría a una serie de
realizaciones que consuenan exactamente en muchos casos con los puntos que defiende esta moción. Y hemos comprobado en la realidad que esa resolución del 20 de noviembre no sólo no se cumple sino que se denosta y sigue habiendo una especie de
guerra civil de los nacidos contra una memoria que reivindica la solidaridad y reivindica el reencuentro con el presente.
El hecho está en que estamos intentando celebrar un homenaje en este año del 25 aniversario a los luchadores antifranquistas en esta Cámara, un sencillo homenaje, una recepción, en la que se les entregue esta resolución -bien leída, claro- o
la Constitución y no hay forma de convencer a la mayoría de la Cámara. Gentes que salieron exiliadas, niños de la guerra, perseguidos, encarcelados, combatientes antifranquistas, guerrilleros, humillados, perseguidos; no hay forma humana de que se
reconozca la lucha por la libertad de esta gente. No existieron, no lucharon por la libertad. Estamos cansados de ver ministros de Franco paseando por este pasillo, y que van a asistir a los actos del 25 aniversario, y no hay forma humana de hacer
entender que esta gente se dejó la vida o muchos años de su vida, hizo un gran sacrificio, se dejó la piel a tiras por defender la democracia, la libertad, en un momento en que se secuestró a través de un golpe fascista en 1936. No hay forma humana
de que esto se comprenda.
Nosotros vamos a votar a favor esta moción, que nos parece justa, bien hecha, equilibrada, ponderada, intenta convertir la memoria en reconciliación, nunca en olvido, y desde luego la mayoría de esta Cámara no va a conseguir que se olvide
esta situación. Seguiremos insistentemente un día y otro, mientras nos queden fuerzas, reivindicando esta memoria que ustedes niegan.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Valcarce.
La señora VALCARCE GARCÍA: Señora presidenta, señoras y señores diputados del Grupo Popular, hoy también ustedes se van a quedar solos. Se van a quedar solos y dando la espalda a una iniciativa que presenta el Grupo Mixto, a instancia de
la señora Lasagabaster, en la que se pide algo sobre lo que debería ser unánime el apoyo de esta Cámara: la devolución de la dignidad a los familiares de los fusilados durante el franquismo y las víctimas de la dictadura.
No es posible entender su escandalosa contumacia en seguir insistiendo en que hoy es posible acceder a un archivo de la guerra civil y obtener la documentación necesaria, la que necesitan muchos españoles para acceder a una ayuda. Tenemos
muchos ejemplos en esta Cámara y se han expuesto en esta sesión plenaria, pero también que constan en la Comisión de Peticiones del Congreso. Señorías, los archivos no son accesibles, de la misma manera que no se garantiza la igualdad entre
españoles. Porque ustedes miran nuestra historia con una doble vara de medir. No es lo mismo el trato que ustedes dan para recuperar a los españoles que murieron en Rusia y que iban en la División Azul -y a los que nosotros siempre hemos apoyado-,
pero niegan el apoyo a los familiares de aquellos españoles que fueron asesinados, que están enterrados en los campos, en las cunetas, en las carreteras de España.
Lo que nosotros pedimos es que ustedes, que acaban de convertirse al patriotismo constitucional, de la Constitución al menos sean capaces de respetar y hacer suyo un principio democrático tan elemental como es la igualdad de todos los
españoles ante la ley. Este mismo trato nosotros pedimos que también estas personas lo puedan recibir, que estos familiares vean recuperados a sus deudos, que han muerto de manera alevosa y que no saben dónde están, y que, si lo saben, necesitan la
recuperación. Para ello necesitan el auxilio de los archivos. La Administración tiene que poner el auxilio en los archivos, en los juzgados, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en los laboratorios. Esto es a lo que ustedes se
niegan. Del mismo modo, señoras y señores diputados del Grupo Popular, que ustedes se niegan a anular los juicios sumarios que condenaron a tantos españoles a muerte, a represión, a encarcelamiento. Además, lo hicieron jueces y juzgados
ilegítimos. Pero es que condenaron por rebelión justamente a los que fueron leales a la Constitución y a la legalidad republicana.
Señores diputados y señoras diputadas del Grupo Popular, ¿qué le van a decir ustedes a Pedro Moreno Chueca y a Francisca Moreno Chueca, que piden algo tan elemental como que se devuelva la dignidad a su padre, que sufrió un consejo de
guerra, fue condenado a muerte, fue conmutada su pena, pero que todavía hoy -fíjese-, al solicitar sus familiares un certificado de nacimiento en el Registro Civil, consta la nota infamante de que este es un condenado en un consejo de guerra? Es
escandalosa su contumacia en negar la devolución de la dignidad, para que haya españoles que sientan que la Constitución les ampara. Porque, como diría el poeta y cantante Alejandro Sanz, no es lo mismo. No es lo mismo que ustedes subvencionen a
una fundación para recuperar humanitariamente los restos de españoles que permanecen enterrados en Rusia, no es lo mismo que ustedes subvencionen a una fundación para la informatización de sus archivos, a
que lo hagan, como es el caso de la Fundación Franco o el de la Fundación División Azul, en el caso de la segunda, con cargo a los fondos del Ministerio de Trabajo, con cargo a los fondos para ayuda a las personas de la tercera edad y
mayores. Porque no es lo mismo financiar las actividades de una fundación entre cuyos objetivos está nada menos que la apología del fascismo o defender que Hitler era un libertador. Señorías, cuando se afirma algo así sobre un genocida se está
ofendiendo a la humanidad, se está ofendiendo a los 6 millones de europeos a los que les costó la vida.
La señora PRESIDENTA: Señor Valcarce, le ruego concluya. Ha agotado su tiempo.
La señora VALCARCE GARCÍA: Señorías, nosotros pedimos el mismo trato, pero sobre todo que no se ampare a quien vulnera la Constitución. Nosotros les pedimos que recapaciten, porque el Grupo Popular tiene una gran responsabilidad hoy en
esta Cámara. Les pido que se comporten como el Partido Popular en Santa Elena de Jamuz, en la provincia de León.
La señora PRESIDENTA: Señora Valcarce, sabe que en mociones no se puede pasar el tiempo y lleva consumido ya un minuto más. Le ruego concluya definitivamente, por favor.
La señora VALCARCE GARCÍA: Sí, señora presidenta.
En Santa Elena de Jamuz ha sido posible que socialistas y Partido Popular recordaran a las víctimas de la guerra civil, lo ha sido, y desde luego es el ejemplo a seguir, para que se cumplan de verdad las palabras de Azaña y haya en este país
una reconciliación auténtica.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Valcarce.
Señora Lasagabaster, a los efectos de indicar la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Acepto las enmiendas de adición que propone el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y, como no hay compromisos en la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, no la puedo aceptar.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE POLÍTICA EN MATERIA DE VIVIENDA. (Número de expediente 173/000228.)
La señora PRESIDENTA: Finalizado el debate de esta moción, iniciamos el debate de la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre política en materia de vivienda.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Leguina.
El señor LEGUINA HERRÁN: Gracias, señora presidenta.
Antes de entrar en la moción, permítanme hacer referencia a otra moción que se acaba de discutir, que está concatenada con esta, y siento que no esté el señor Ayala, que ha dicho que durante mi presidencia, es decir, la del Partido
Socialista en la Comunidad de Madrid, no hicimos ninguna infraestructura. Esto del adanismo me parece bastante ya insoportable, como si entre el rey Wamba y el señor Aznar no hubiera habido nada. Que se pasee por la M-30, que se pasee por la M-40
y que vea las autovías radiales. Todas se hicieron en esa época.
Comenzaré la defensa de esta moción con algunos datos significativos de la Comunidad de Madrid. Señorías, el precio medio del metro cuadrado construido hoy en la Comunidad de Madrid es de 2.456 euros. Si van ustedes a la Castellana se
pueden encontrar el metro cuadrado a un millón y medio de las antiguas pesetas, es decir, 9.000 euros. De este dineral, aproximadamente la mitad se lo lleva el suelo sobre el que está construida la vivienda. (La señora vicepresidenta, Mariscal de
Gante Mirón, ocupa la presidencia.) En estas condiciones, el suelo rústico se multiplica casi por 2.000 por el mero hecho de ser recalificado. ¿Cuánto suelo se está recalificando en Madrid? Tomando los últimos años, el suelo urbano o urbanizable
ha crecido en la Comunidad de Madrid a un ritmo de 6.400 hectáreas cada año. De lo dicho se deduce fácilmente que las plusvalías generadas por el suelo, descontadas las cesiones obligatorias, han sido del orden de 8.000 millones de euros todos los
años, 8.000 millones de euros cada año, que representan aproximadamente el 10 por ciento de todo el producto interior bruto regional de cada año. Así que no estamos ante un negocio cualquiera, sino ante el gran negocio, cuyos beneficios se quedan
en su mayor parte en manos de un reducido grupo de especuladores, que operan, sin ningún riesgo empresarial, en régimen de monopolio. Primera conclusión, por lo tanto: las masivas recalificaciones de suelo, particularmente en la capital, no han
servido para hacer bajar el precio del suelo, sino para enriquecer, y mucho, a unos pocos.
Ante estos lamentables hechos, cualquier persona normal se lleva las manos a la cabeza, y yo lo hago. Y más en un país como España, en cuya Constitución, en el artículo 47, se obliga a los poderes públicos a regular la utilización del suelo
de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación. Son palabras de la Constitución, no mías. Esto nos lleva a una segunda conclusión: la Ley del Suelo vigente, aprobada aquí con sus votos, ha resultado un fiasco, convirtiéndose en
la percha en la que se han colgado las mayores operaciones especulativas de la historia de España. Y todo ello en contra del espíritu y de la letra de la Constitución española. Si a ello se une que la construcción de viviendas protegidas ha caído
en picado, nos encontramos ante el deprimente panorama actual, deprimente para la mayoría del país y brillante para quienes se siguen forrando. Ante esta situación, verdaderamente insoportable, ante este trasvase injusto de rentas, los voceros del
Gobierno, el señor Rajoy, hace tres días, siguen tan marxistas como siempre -marxistas de Groucho, claro; no de Carlos-, pidiendo más madera, más recalificación del suelo, más negocio.
Frente a hechos tan tozudos como estos no vale, señoras y señores del Grupo Popular, tirar balones fuera, echar la culpa a las comunidades y a los ayuntamientos, porque la raíz de este deplorable resultado está en la Ley del Suelo; una ley
que propicia la especulación, que la alimenta y la defiende; una ley concebida bajo la exclusiva ideología de Bartolo, que, como saben, toca la flauta con un agujero sólo. Aparte, claro está, de las políticas anoréxicas de vivienda protegida que
practica el actual Gobierno.
Negando esta moción, como la van a negar, encerrándose en su ideología, que niega la realidad, ustedes asumen una grave responsabilidad ante todos aquellos que no pueden acceder a una vivienda digna, como promete la Constitución, ante esos
millones de personas que quieren iniciar su vida adulta o que necesitan cambiar de domicilio.
Aquí termino, sin éxito probablemente, pero con la razón.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Leguina.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Si me lo permite S.S., en este mismo turno también doy por defendida la enmienda que tiene presentada el Grupo Parlamentario Mixto a esta moción.
Señorías, mi grupo parlamentario va a apoyar la moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, entre otras cosas porque lo que plantea este grupo parlamentario es lo que hemos venido defendiendo, con matices más o menos
dispares, desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y desde el Grupo Parlamentario Socialista, no sólo durante esta legislatura sino durante la pasada, con respecto a la política de vivienda que el Partido Popular viene desarrollando.
Todo esto está muy ligado con el debate que tuvimos a primera hora de la tarde sobre la modificación de la Ley de patrimonio, porque el Partido Popular, en su trayectoria política, sigue empeñado en decir que lo que hace falta en nuestro
país para abaratar el precio de la vivienda es liberalizar más suelo, es seguir apoyando lo que los grupos inmobiliarios están planteando desde que el Partido Popular llegó al Gobierno central: no regular nada y que el suelo quede libre, para que
ellos puedan seguir especulando con el terreno, como lo están haciendo ahora, y para que sigan subiendo los precios de la vivienda. Eso enraíza, señorías, con lo que el Grupo Popular nos ha presentado en los Presupuestos Generales del Estado, que
es liberalizar suelo desde el patrimonio público, para generar esa mayor libertad en el suelo, que no conduce desde luego a solucionar el problema de la vivienda que tienen las familias españolas.
Si hiciéramos un análisis de las declaraciones de los distintos miembros del Gobierno, nos iríamos echando paulatinamente las manos a la cabeza.
Primero se decía que el precio de la vivienda subía porque los tipos de interés eran bajos y
habían mejorado las condiciones económicas de las familias españolas para poder acceder a una vivienda libre; por tanto la caída de las viviendas de protección oficial era menos preocupante porque la gente tenía cubiertas sus necesidades. Esto se
demuestra con facilidad que no es cierto, pero es verdad que ustedes siguen en esa línea. Ahora le echamos la culpa a la irresponsabilidad de las familias españolas, y eso lo dice el ministro de Fomento en unas declaraciones de hoy mismo. El
problema del endeudamiento de las familias españolas no tiene que ver con su política de vivienda, sino que tiene que ver con la irresponsabilidad de estas familias. En una conferencia que ha dado hoy, en unas jornadas sobre el presente y futuro
del mercado inmobiliario, el señor ministro de Fomento, el señor Álvarez-Cascos, viene a decir que es aconsejable llamar a la sensatez y prudencia a las familias españolas a la hora de endeudarse.
Antes, señorías, no podían adquirir un piso porque las condiciones establecidas por la política de vivienda del Gobierno del Partido Socialista no se lo permitía, pero han llegado ustedes y han solucionado todos los problemas. Primero, el
Gobierno socialista era responsable, y ahora, la responsabilidad de lo que pueda suceder en un futuro -esperemos que no sea cercano, sino más bien lejano- la van a tener las familias
españolas, porque son muy irresponsables y se endeudan durante 20, 25 ó 30 años para poder adquirir una vivienda. La responsabilidad no la tiene el Gobierno del Partido Popular, con una política errática. Es una política errática, porque
llevamos muchos años con esa política y el problema se agrava cada vez más. Los precios de las viviendas siguen subiendo, siguen expulsados del mercado de la vivienda sectores de la ciudadanía que no pueden acceder a ella y ustedes siguen diciendo
que hay que continuar haciendo la misma política, aumentando a ser posible el beneficio de los especuladores y desde luego el beneficio de las empresas inmobiliarias.
Pongan ustedes de una vez alguna medida que evite esa especulación. Si el precio
del terreno es el 50 por ciento del coste de la vivienda, saben ustedes perfectamente que esta sobrevalorado. Esto no lo dice mi grupo parlamentario, lo están diciendo los expertos. El precio del suelo está sobrevalorado, y lo está porque ahí es
donde va no solamente el blanqueo de capital, sino también la inversión especulativa, para poder obtener los beneficios o la rentabilidad que en estos momentos no produce el mercado financiero. Esto no lo dice tampoco mi grupo parlamentario, lo
dicen las instituciones monetarias.
Señorías, sería bueno empezar por que admitieran ustedes que lo que están haciendo lo están haciendo mal y concluir en que podemos empezar el camino aprobando la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Urán.
¿Grupos que desean fijar posición?
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) votará a favor del texto de esta moción. Lo hará atendiendo al contenido y a los distintos puntos de la moción que se proponen, sin que para nosotros la
aprobación de esta moción pueda suponer una varita mágica, aunque muchos de los puntos que hoy propone el Partido Socialista son coincidentes con propuestas que en materia de vivienda ha defendido en esta Cámara de forma reiterada Convergència i
Unió.
Nosotros entendemos que el contenido y la defensa de esta moción están mediatizados por la convocatoria de elecciones a la Asamblea legislativa de Madrid. Lo podemos entender, pero más allá de esta coyuntura electoral próxima, más allá de
la realidad especulativa que hay en las distintas promociones de vivienda y en todos los debates de vivienda, más allá de todo esto, mi grupo comparte los puntos concretos que se proponen en la moción y además mi grupo se siente copartícipe de
algunos. Voy a poner dos ejemplos. En el punto segundo de la moción se defiende que debemos concertar con las comunidades autónomas y los ayuntamientos la constitución de patrimonios públicos de suelo, a los que se incorporarían los suelos
públicos existentes en los ministerios de Defensa, Fomento y Hacienda, lo que guarda directa relación con lo que se acordó en la conferencia sectorial del pasado mes de enero, en la cual desde la Generalitat de Catalunya se promocionó un punto
concreto en el que se establecía la necesidad de no ir directamente a las subastas en los procesos de enajenación, sino de buscar una concertación con las comunidades autónomas, especialmente cuando existen esos procesos con instituciones como
RENFE, como el Ejército, y se cita aquí también el Ministerio de Defensa, el de Fomento y el de Hacienda. Por tanto, vamos en la misma línea y coincidimos en las pautas que aquí se marcan.
Igualmente, coincidimos claramente en el apartado sexto de
la moción. En dicho apartado se establecen una serie de medidas fiscales a favor de la vivienda. Entendemos que queda mucho camino por recorrer. Quiero recordar al Grupo Popular la necesidad de dar cumplimiento a lo que se acuerda en esta Cámara.
Nuestro portavoz económico, don Josep Sánchez i Libre, planteó una iniciativa parlamentaria en este mismo ejercicio 2003 en relación con el IVA superreducido que no se está aplicando. Se está aplicando un IVA superreducido para las viviendas
protegidas de promoción pública y no para las de promoción privada, cuando se acordó y era la voluntad del texto que, a pesar de no ser legislativo, vinculaba políticamente al Gobierno. Por tanto, aprovecharemos el trámite de los presupuestos para
recordar el compromiso que se alcanzó en esta Cámara y que recoge hoy el texto de la moción. No vamos a aplicar un IVA que no sea el superreducido para viviendas protegidas, y esta es una propuesta que también planteó Convergència i Unió, como
planteamos también la necesidad de modificar toda la fiscalidad en materia de sociedades cuando se tienda a construir o rehabilitar vivienda para dedicarla al mercado de alquiler. Ese es otro de los aspectos que siempre hemos destacado desde
Convergència i Unió, y podemos congratularnos de que se haya avanzado en esa dirección. Pero, repito, en el tema de la vivienda desgraciadamente no existe una varita mágica que pueda de repente cambiar un ciclo en el que la especulación ha tenido
cobijo. Hay responsabilidades de todos, pero hoy esta Cámara tiene la responsabilidad de adoptar medidas concretas. Por tanto, nuestro grupo, que va en la línea de acordar medidas concretas para avanzar positivamente, va a votar a favor de los
distintos puntos que se plantean en la moción.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Jané.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ortiz.
El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Voy a ver si en los cinco minutos de rigor puedo decir todo lo que quiero decir. De entrada, no voy a hacer un mitin, como ha hecho el señor Leguina, condicionado, como ha dicho el señor Jané, por las próximas elecciones de Madrid, lo cual,
dada su personalidad y su relevancia en Madrid, es absolutamente razonable. Repito que no voy a hacer un mitin, sino que voy a atenerme a los puntos de la moción.
Quiero decirles que hay dos modelos en política de vivienda, ustedes están en uno, nosotros estamos en otro, y el nuestro es liberalizador. Creemos que lo que hay que hacer es aumentar la oferta de suelo, de acuerdo con la ley de la oferta
y la demanda, en la que seguimos creyendo, pero no sé si ustedes ya han perdido la fe en la ley de la oferta y la demanda.
Quiero recodarles que en su etapa el precio del suelo, como he dicho en mi anterior intervención, creció el 225 por ciento y
en la nuestra la también barbaridad del 120 por ciento, pero que es aproximadamente la mitad, y que hay una segunda Ley del suelo, junto a la de 1998, la Ley 10/2003, de 20 de mayo, que responde a un acuerdo nacional de suelo y vivienda que fue
suscrito por todos los grupos parlamentarios, por todas las comunidades autónomas, salvo por los grupos de izquierda, el Partido Socialista y la izquierda del señor Madrazo, presente en el Gobierno del País Vasco.
En cuanto al punto primero -insisto a que me atengo a las peticiones que figuran en la moción-, que pretende modificar el sistema de valoraciones, eso ya se ha hecho. Se ha hecho en la Ley 10/2003, de 20 de mayo. Se modifican los artículos
27 y 28 y se eliminan los elementos especulativos. Esa especulación contra la que han arremetido está remediada o se ha intentado superar en la Ley 10/2003, repito. El valor de reposición es una tautología, porque tal valor -y ahora me refiero a
la señora Narbona, que es la autora de esta dudosísima expresión- es sencillamente el valor de mercado, quiere decir lo mismo que valor de mercado. Es una tautología, repito. Lo contrario sería no cumplir con el deber de indemnizar cuando se
produce la privación de un bien, en el caso de expropiación, como dice el artículo 33 de la Constitución.
En el punto segundo se trata de concertar con las comunidades autónomas en relación con los suelos públicos. A ello hemos dedicado una buena parte de la sesión de esta tarde y me remito a lo dicho. En el programa del Partido Popular ya
había un destino preferente a viviendas en régimen de alquiler para jóvenes o a viviendas protegidas.
En cuanto al punto tercero, que pide que el esfuerzo máximo dedicado a vivienda sea el de un tercio de la economía familiar, es una aspiración que todos deseamos; es una utopía que nos gustaría alcanzar a todos. Pero no hay burbuja, como
ha dicho el ministro de Fomento, y, consiguientemente, no hay riesgo. Si en lugar de hablar de ingresos por trabajador, hablamos de ingresos medios por familia o por hogar, el esfuerzo desciende al 35 por ciento, cifra que no está muy lejos del
tercio que solicitan.
El incremento del 5,7 de las cantidades que para dotación de vivienda tiene el Ministerio de Fomento no entendemos de dónde sale y les recordamos que el gasto fiscal en vivienda asciende este año a 6.109 millones de euros, cifra nada
despreciable y que expresa el respeto y la preocupación con que el Partido Popular enfoca el tema de la vivienda.
En cuanto a la creación de parques públicos, han olvidado la distribución constitucional de competencias. Esto corresponde a las comunidades autónomas, en ningún caso al Estado. En definitiva, el protagonismo corresponde a la iniciativa
privada.
En cuanto a la petición del punto sexto, la desgravación del coste de alquiler para el inquilino, creemos que no es aconsejable, que desincentivaría la oferta de viviendas en alquiler, que ya es reducida, y que establecer ayudas para los
inquilinos no sólo no resolvería el problema sino que lo agravaría, dando lugar a una subida generalizada de alquileres. Lo mismo hay que decir respecto a las viviendas contratadas con anterioridad a la Ley Boyer, ya que a estos efectos se dictó la
disposición transitoria décima de la Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas de 1998.
En cuanto a las enmiendas de otros grupos, la de Izquierda Unida no añade nada al mitin del señor Leguina, y en cuanto al Grupo Catalán quiero decirle que lo que se firma se cumple, cosa que ellos no han hecho. No entiendo su adhesión a la
moción de ninguna manera; parece que ahora no.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Ortiz, su tiempo ha concluido.
El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Le recuerdo que hay un régimen especial de recaudación del IVA, que es el superreducido, y que afortunadamente, como él ha recordado, nos hemos puesto de acuerdo en el real decreto-ley de reformas económicas en
materia de alquileres de las entidades que se dedican en exclusiva a la construcción para arrendar.
Eso es todo. Nadie ganará al Partido Popular en respeto y en preocupación por la vivienda.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Ortiz.
Señor Leguina, a los efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.
El señor LEGUINA HERRÁN: Muchas gracias, señora presidenta.
Aceptamos ambas.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Leguina.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE CRITERIOS DEL GOBIERNO EN POLÍTICA TRIBUTARIA. (Número de expediente 173/000229.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Pasamos al debate de la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre criterios del Gobierno en política tributaria.
Para la defensa de la moción citada, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, de la moción en la que Convergència i Unió plantea diferentes aspectos que hacen referencia a la política fiscal y a la política tributaria, el punto más relevante, aunque no el más importante, quizá sea la
supresión del impuesto de sucesiones. En este punto Convergència i Unió plantea y reta al Partido Popular a que aborde este aspecto con la valentía política y la objetividad suficientes, con la racionalidad que ha imperado en esta formación
política en otras reformas que se han consensuado en esta Cámara desde la perspectiva de la política fiscal, que actúen en consecuencia y que si quieren suprimir el impuesto de sucesiones, lo hagan donde corresponde, que es el Gobierno central, ya
que el Estado es el titular de este impuesto, y que compensen, lógicamente, a las comunidades autónomas, por el principio de lealtad institucional, por los ingresos que dejarán de percibir, como ya se hizo con la supresión del impuesto sobre
actividades económicas, cuando se compensó a las haciendas locales por los ingresos que dejaban de percibir. Por ello instamos al Gobierno a que presente en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley en la que se proponga la supresión del
impuesto de sucesiones y la compensación correspondiente a las comunidades autónomas por los ingresos que dejarán de percibir.
Esto es lo que Convergència i Unió propone porque creemos que es lo más justo, lo más racional, lo más objetivo y lo más consecuente. Pero esto no es lo que piensa hacer el Partido Popular, a la vista de las recientes manifestaciones que
han hecho los diferentes líderes políticos de ese partido y también por el comunicado de prensa que ha hecho su portavoz Jordi de Juan esta tarde. Lo que piensa hacer el Partido Popular va justamente en la dirección contraria al planteamiento de
Convergència i Unió.
Nosotros ya manifestamos desde esta tribuna que si el Gobierno, en este caso el Grupo Parlamentario Popular, no cambia de posición en este debate, el Partido Popular va a estar en contra de la supresión del impuesto sobre sucesiones por
parte del Estado y también va a estar en contra de la compensación económica que habrían de recibir las comunidades autónomas por los ingresos que dejarían de recibir. El Gobierno del Partido Popular va a fomentar una competencia fiscal indeseable
entre todas las comunidades autónomas y también va a fomentar los cambios de residencia fiscal. Si se decide que sean las comunidades autónomas las que han de efectuar la supresión del impuesto de sucesiones en donde gobiernan, violentarán
claramente el marco jurídico de las cesiones de tributos. En este aspecto no existe ninguna solvencia legal para que las comunidades autónomas, que son las que tienen este impuesto cedido, sean las que lo eliminen si ellas realmente no lo han
creado. Por cierto, lo que está pasando con la supresión del IAE en muchos ayuntamientos por no hacer caso de los planteamientos que en su momento hicimos desde Convergència i Unió es que la presión fiscal está alcanzando cuotas superiores al 40
por ciento para todas aquellas compañías que superan el límite de 1 millón de euros de facturación. Si ustedes no votan favorablemente nuestra moción, el Partido Popular va a demostrar también su incoherencia ya que, por una parte, piden
uniformidad en todos aquellos planteamientos sociales y no están de acuerdo con que algunas comunidades autónomas puedan pagar los complementos de pensiones para alcanzar los incrementos del IPC, y en otras cuestiones, como en esta, quiebran el
sistema fiscal tributario de las comunidades autónomas. Por todos estos motivos, sepan ustedes, señores del Grupo Parlamentario Popular, que están actuando en esta ocasión electoralmente, irracionalmente e inconsecuentemente, que están actuando
demagógicamente y con un planteamiento jurídico inaceptable y, lo que es más grave, en este caso están disponiendo de los recursos de las comunidades autónomas. Sepan, señores del Grupo Parlamentario Popular, que si aplican esta supresión desde las
comunidades donde ustedes gobiernan, están incurriendo también en un fraude de ley.
Señores del Grupo Parlamentario Popular, por favor, no nos acusen de no ejercer nuestra capacidad de autogobierno fiscal, ya que ello no es cierto y ustedes lo saben perfectamente. No cuela, señores del Grupo Parlamentario Popular, que en
este caso nos
quieran dar una lección de autonomía fiscal, ya que ustedes saben perfectamente que están en las antípodas de la posición que defiende Convergència i Unió, que lo que están propiciando con estos planteamientos es un cambio de reglas de juego
a mitad del partido que afectará muy negativamente a la financiación de las comunidades autónomas, y no olviden que el acuerdo finaliza en el año 2005. Ustedes se están apropiando con este planteamiento de recursos que no les corresponden.
Señores del Grupo Parlamentario Popular, ya les adelantamos que en Convergència i Unió no estamos dispuestos a que nos roben la cartera y les aconsejamos muy sinceramente que no hagan experimentos de este tipo, ya que todo ello va a
comportar situaciones peligrosas y les puede salir el tiro por la culata. Por este motivo, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) no va a aceptar las enmiendas que ha presentado el Partido Socialista,
aunque básicamente están de acuerdo con el 90 por ciento de nuestra moción, porque discrepamos en algunos aspectos que afectan a la supresión del impuesto de sucesiones.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Sánchez i Llibre, su tiempo ha concluido.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Finalizo.
Pero entiendo que el Partido Socialista está de acuerdo en que se haga desde el Estado. Tampoco vamos a poder aceptar las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Bel.
El señor BEL I QUERALT: Señora presidenta, señorías, el tiempo es limitado, pero podemos discernir entre los cuatro puntos de la moción. En los tres primeros estamos de acuerdo, aunque hay algunos detalles en los que no, pero son de poca
relevancia, y en el cuarto punto no estamos de acuerdo. Por lo tanto, pediremos votación separada de la moción, aislando los tres primeros puntos del último.
Vamos a discutir sobre el asunto que trae esta moción a la Cámara, que es la supresión del impuesto de sucesiones. De todos modos, tengo que decir que todavía no tengo una idea clara sobre si el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió) está a favor o en contra de la supresión del impuesto de sucesiones o depende de quién pague la decisión. Nosotros no estamos a favor de la propuesta que plantea en el punto cuatro el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En
primer lugar, nosotros creemos que la supresión radical del impuesto de sucesiones es una propuesta excéntrica porque se origina en los neoconservadores estadounidenses y que sólo ha copiado en Europa el señor Berlusconi. Ni la socialdemocracia ni
los partidos conservadores continentales democristianos aceptan propuestas radicales de supresión del impuesto de sucesiones, y después diré por qué creo que esto es así. En España se ha aceptado diligentemente, porque se establece un período
transitorio de cuatro años cuando el Congreso de Estados Unidos ha establecido un plazo transitorio de diez. Si la idea fuese buena, la aplicación del PP es mejor, pero es una buena idea para evitar doble tributación. Algunas culturas orientales
consideran que el hijo es la extensión corporal del padre, y la respeto, pero en la cultura occidental acostumbramos a considerar que padres e hijos, madres e hijas son individualidades separadas y los méritos de uno no son los méritos del otro y
los deméritos del uno no son los deméritos del otro. Por lo tanto, una sucesión es una transacción y las transacciones están sometidas a tributación. Alguien dice que es una doble imposición. Para doble imposición lo que nos pasa con el IBI, que
pagamos impuestos al pagar la vivienda y luego cada año pagamos IBI, o lo que nos pasa con el IVA, que pagamos impuestos sobre la renta que ganamos y con lo que nos queda vamos a pagar y pagamos IVA. Si de doble imposición se trata, problemas más
generales y más graves existen, aceptando incluso que estemos ante un supuesto de doble imposición, porque el que pagó no es el mismo que el que va a pagar.
Yo creo que al final donde se sitúa la discusión sobre esta propuesta es en los valores sociales que cada uno creemos que deben primar en la sociedad. Desde la política no deben establecerse los valores sociales, debe ser la sociedad la que
lo haga libremente. Desde la política puede apostarse por enfatizar algunos valores y desenfatizar otros. El impuesto sobre las herencias se creó en 1916 en Estados Unidos no para desincentivar el ahorro, sino como respuesta colectiva a los
excesos de la edad dorada, que eran los excesos de las grandes fortunas y el derroche, que un economista llamado Thorsten Veblen caracterizó en libros que no son muy rigurosos científicamente, pero que son una delicia desde el punto de vista
sociológico. Como había mucho derroche, en medio de la Primera Guerra Mundial traban un impuesto sobre las herencias. ¿Con qué idea? La sociedad estadounidense es una sociedad apasionada por la retribución al mérito y al esfuerzo individuales, es
una sociedad que detesta la riqueza dinástica. Por ese motivo, hasta el año 2000, con su transición hasta el año 2010, en Estados Unidos ha existido un impuesto sobre las herencias, porque es una sociedad
donde se quiere priorizar el esfuerzo y el mérito individuales sobre el origen familiar y la contribución a la reducción de la desigualdad de oportunidades y la limitación a la concentración del poder económico.
Las sociedades cambian y evolucionan, y España ha tenido un crecimiento social importante en las últimas décadas. Seguramente, la exención de vivienda introducida en el año 1996 ha quedado desbordada por el aumento de valores catastrales y
seguramente en una sociedad donde el concepto de patrimonio medio ha aumentado es importante que se legisle sobre esto.
Por eso nosotros proponemos suprimir la tributación sobre las clases medias, sobre patrimonios medios, pero mantenerlas sobre
grandes fortunas como expresión -y concluyo, señora presidenta- de lo que para nosotros es la compatibilidad entre el derecho individual a heredar y la opción social por primar el esfuerzo y el mérito individuales antes que el origen familiar y la
riqueza dinástica.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Bel.
Para la defensa de le enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De Juan.
El señor DE JUAN I CASADEVALL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, con el nuevo sistema de financiación autonómica y de financiación local, la descentralización política y financiera del Estado autonómico, cuando se cumple el 25 aniversario de la Constitución, ha alcanzado
niveles históricos, niveles inéditos en nuestra historia constitucional, desconocidos en el derecho comparado. En la actualidad el gasto de nuestras comunidades autónomas representa el 33 por ciento del gasto total. Es decir, supone un nivel de
gasto muy superior al nivel de gasto de otros Estados o estructuras descentralizadas, de los más descentralizados. El señor Bel hablaba de Estados Unidos. En Estados Unidos el gasto intermedio está en el 29 por ciento. Esto es muy significativo y
por ello quería empezar mi intervención haciendo alusión a ello. Nuestro nivel de descentralización del gasto público es representativo del profundo nivel de descentralización política que hemos alcanzado después de 25 años de régimen
constitucional, lo que hace absolutamente ilusorias las supuestas denuncias de involución autonómica que algunos defienden y que hoy incoherentemente renuncian al ejercicio del autogobierno para pedir que otros, cuando se tienen instrumentos
normativos para ello, reduzcan o supriman ese impuesto.
Cataluña no es ajena a esa realidad de descentralización del gasto público. El 83 por ciento de sus recursos proceden de fuentes tributarias, es decir, el nivel de autonomía financiera de Cataluña está en torno al 83 por ciento. Y en ese
escenario, señorías, no tiene ningún sentido instalarse en la vindicación permanente, en el agravio comparativo o en el victimismo estéril. El problema no es ya tener más competencias, sino ser más competentes en el ejercicio de esas competencias.
No es tener más competencias, sino ejercer las competencias, y no es reivindicar, sino gobernar con las competencias que se tienen. Luego si todos -o casi todos- estamos de acuerdo en que el impuesto de sucesiones es injusto e ineficiente,
entonces, si se tienen instrumentos adecuados para ello, lo más lógico, lo más razonable, lo más racional -y el señor Sánchez i Llibre hablaba de racionalidad- es que se utilicen esas competencias para suprimirlo; para suprimir un impuesto que es
injusto porque los dos tercios de su recaudación derivan de las herencias recibidas de familiares directos. No sé cómo es en la cultura oriental, pero en la cultura romanista el heredero sucede y sigue la personalidad del causante y por ello genera
situaciones de doble imposición en relación con el IRPF o el impuesto sobre el patrimonio. Y si estamos de acuerdo en que el impuesto es, además, ineficiente, que distorsiona las decisiones de inversión y desincentiva el ahorro, lo más apropiado es
que vayamos hacia un horizonte de su supresión, pero ejercitando cada uno sus propias competencias cuando se tiene los instrumentos para ello. Por tanto, si las comunidades autónomas ostentan los instrumentos normativos necesarios, porque se los ha
otorgado el acuerdo de financiación autonómico, y consideran que ese impuesto es injusto e ineficiente, lo más razonable es que, cuando se tienen responsabilidades de Gobierno, se ejerzan dichas responsabilidades. Eso es precisamente lo que propone
el Partido Popular -no el Gobierno, sino el Partido Popular- en todas las comunidades autónomas donde tiene responsabilidades de Gobierno: ir a ese escenario de supresión del impuesto, por cierto, sin compensación económica o, mejor dicho, sin otra
compensación que contribuir a la protección de la familia, al crecimiento económico o al bienestar de los ciudadanos. En el sistema de financiación autonómica a eso se le llama corresponsabilidad fiscal; es decir, que cada uno ejerza sus propias
responsabilidades, que no se parapete en una supuesta insuficiencia del marco de autogobierno para recurrir al tan socorrido argumento de que la culpa la tiene Madrid y que Madrid va a resolver los problemas que tenemos. Eso ya no sirve, estamos o
debiéramos estar en una fase de madurez y, por tanto, si Cataluña no va a ese escenario de supresión del impuesto de sucesiones teniendo las competencias que tiene, la responsabilidad será del grupo del señor Sánchez i Llibre.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor De Juan, su tiempo ha concluido.
El señor DE JUAN I CASADEVALL: Concluyo, señora presidenta, diciendo que yo no suelo coincidir con el señor Bel, pero en esta ocasión al inicio de su intervención ha dicho una cosa con la que sí coincido: que no sabemos si Convergència i
Unió es o no partidaria de la supresión de ese impuesto. Por lo que hemos visto, creo que no y lo único que les puedo decir es que ejerzan las responsabilidades que tienen y que no se parapeten en otras insuficiencias.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor De Juan.
¿Algún grupo desea fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida se va a abstener en esta moción por las siguientes razones. Primero, porque esta moción parece hecha en clave electoral, parece hecha para un sector del electorado en vez de para simplificar
y modernizar el régimen fiscal. Segundo, porque tiene una cierta inclinación hacia la desfiscalización que a mi grupo no le parece acertada. Y, tercero, estaríamos de acuerdo en algunas de las propuestas, como las contenidas en la letra b) del
punto 2 y en el punto 3, pero en el marco de una iniciativa más equilibrada y consensuada.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Ruiz.
Señor Sánchez i Llibre, de su intervención se deduce claramente que no acepta ninguna de las enmiendas propuestas. ¿Es así? (Asentimiento.)
Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, sometemos a votación, en primer lugar, la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre devolución de la dignidad a los familiares de los fusilados durante el franquismo y
a las víctimas de la dictadura. Se somete a votación en los términos derivados del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 246; a favor, 108; en contra, 135; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre política en materia de vivienda, con la incorporación de las enmiendas que han sido aceptadas por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 246; a favor, 108; en contra, 136; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre criterios del Gobierno en política tributaria. En primer lugar, votamos separadamente los puntos 1 a 3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 246; a favor, 102; en contra, 136; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazados.
Sometemos a votación el punto 4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 246; a favor, 12; en contra, 225; abstenciones, nueve.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.
Eran las diez y cuarenta y cinco minutos de la noche.