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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 124, de 19/12/2000
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CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



COMISIONES



Año 2000 VII Legislatura Núm. 124



JUSTICIA E INTERIOR



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ MANUEL ROMAY BECCARÍA



Sesión núm. 13



celebrada el martes, 19 de diciembre de 2000



ORDEN DEL DÍA:



Preguntas:



- Del señor Mayoral Cortés (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
razones por las que la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía ha
disminuido sólo en Madrid en varios miles de agentes en los últimos
diez años. (Número de expediente 181/000221.) . . . (Página 3588)



- Del señor Soriano Benítez de Lugo (Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso), sobre balance del funcionamiento del Plan de seguridad
integral de Canarias. (Número de expediente 181/000203.) . . .

(Página 3591)



Página 3588




Comparecencia del señor secretario de Estado de Seguridad (Morenés
Eulate) para informar sobre:



- La intervención de la policía en una clínica de interrupción
voluntaria del embarazo. Asolicitud del Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 213/000086.) . . . (Página 3594)



- La actuación policial en la que resultó lesionado el alcalde de
Noia, don Rafael García Guerrero. A solicitud del Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 213/000169.) ... (Página 3599)



Preguntas (continuación):



- Del señor Encina Ortega (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
medidas urgentes para combatir y frenar el aumento de violencia y la
inseguridad ciudadana en Barbate (Cádiz), tras el secuestro de
personas por los narcotraficantes. (Número de expediente 181/000240.)
... (Página 3607)



- De la señora Romero López (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
medidas para combatir la inseguridad ciudadana y el incremento del
narcotráfico en Barbate (Cádiz) (Número de expediente 181/000241.) .

. . (Página 3610)



- Del señor Mayoral Cortés (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
razones por las que las unidades adscritas del Cuerpo Nacional de
Policía a las Comunidades Autónomas de Galicia y Valencia se
encuentran en la actualidad al completo de sus efectivos y la de
Andalucía no. (Número de expediente 181/000244.) . . . (Página 3612)



- De la señora Alberdi Alonso (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
criterios del Ministerio del Interior para autorizar las
manifestaciones en Madrid. (Número de expediente 81/000301.) . . .

(Página 3614)



- Del señor Mayoral Cortés (Grupo Parlamentario Socialista), sobre
las razones por las que el Gobierno considera ilegal la participación
de delegados sindicales en la concentración silenciosa realizada
frente al Congreso de los Diputados en contra del último atentado
cometido por ETA en Madrid, el pasado 31 de octubre y, además, lo
utiliza como argumento para restringir el horario y el itinerario de
una manifestación convocada por los sindicatos CCOO, UGT y CSI-CSIF,
el día 16 de diciembre de 2000. (Número de expediente 181/000303.) .

. . (Página 3616)



Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.




PREGUNTAS:



- DEL SEÑOR MAYORAL CORTÉS (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA) SOBRE
RAZONES POR LAS QUE LA PLANTILLA DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA HA
DISMINUIDO SÓLO EN MADRID EN VARIOS MILES DE AGENTES EN LOS ÚLTIMOS
DIEZ AÑOS. (Número de expediente 181/000221.)



El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión. Vamos a dar comienzo a la
sesión y pregunto si existe conformidad para que podamos alterar el
orden del día y empezar por las preguntas. ¿Hay algún problema?
(Pausa.) Si no lo hay, empezaremos por el punto 3 del orden del
día. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.) Señor Gil Lázaro.




El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, podríamos dejar como última de
las preguntas la que hace referencia al funcionamiento del plan de
seguridad integral de Canarias, ya que al autor le habíamos señalado
una determinada hora en función de que primero iban las
comparecencias.




El señor PRESIDENTE: Empezamos, entonces, por la pregunta que figura
con el número 4 y que se refiere a las razones por las que la
plantilla del Cuerpo Nacional de Policía ha disminuido sólo en Madrid
en varios miles de agentes en los últimos diez años.

Señor Mayoral.




El señor MAYORAL CORTÉS: Bienvenido, señor secretario de Estado.




Página 3589




Efectivamente, la pregunta va referida a las razones por las que la
plantilla del Cuerpo Nacional de Policía ha disminuido sólo en Madrid
varios miles de agentes en los últimos años.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate):
Señorías, la evolución de los funcionarios del Cuerpo Nacional de
Policía en Madrid durante los últimos años, desde el año 1990 hasta
el año 2000, ha sido positiva, 40 funcionarios de policía más. A 1 de
enero de 1990 existían en el total de la comunidad de Madrid 13.764
policías y hoy existen 13.804 policías. En términos generales, el
citado colectivo, que ha perdido como Cuerpo Nacional de Policía en
toda España 5.124 funcionarios, fundamentalmente por el proceso de
jubilaciones, en lo que se refiere a la comunidad de Madrid ha
aumentado en 40 funcionarios.




El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral.




El señor MAYORAL CORTÉS: Señor presidente, mucho me temo que entre
los datos que nos acaba de dar el señor secretario de Estado se
encuentre no sólo la suma de policías que de manera operativa están
en la calle y de aquellos que realizan servicios cotidianos en
materia de seguridad ciudadana, sino también aquellos que están
destinados en los servicios centrales y que, según la evaluación de
la que dispongo, podrían ser en torno a los 8.000. Esto nos dejaría
el número de policías que existen en Madrid dedicados a servicios
ordinarios en poco más de 5.000, cifra que consideramos escasa.

A nosotros nos parece que en este momento en Madrid, igual que en
otras ciudades, la sociedad española se encuentra ante un problema de
seguridad ciudadana que el fenómeno terrorista no acaba de dejar
percibir con claridad. Existen datos, no aquellos precisamente que
aportaba el Ministerio del Interior, sino otros de los que son
manifestación más explícita los que aporta la Fiscalía General del
Estado, conforme a los cuales existe un incremento de crimininalidad
en nuestra sociedad. Yo creo que esta polémica no se solventará,
señor secretario de Estado, hasta que dispongamos finalmente de algún
instrumento que nos permita establecer una metodología común, capaz
de analizar y concluir en función de las distintas fuentes que sobre
datos de criminalidad se están aportando o existen hoy día en nuestra
sociedad. Son distintas las fuentes y nosotros consideramos que el
Ministerio del Interior no las posee todas. Esto hace que los datos
que tiene el Ministerio del Interior en materia de seguridad
ciudadana sean incompletos y, por decirlo también de alguna manera,
inseguros.




Para afrontar la situación el Ministerio del Interior ha puesto en
marcha un instrumento, no sólo en el resto de España, sino también
obviamente en Madrid, que es el llamado plan de policía 2000, al que
se atribuyen éxitos últimamente en los que mucha gente no cree. Para
muchos se trata de una operación electoral y de imagen, que ha
aplicado un sistema de incentivos a la productividad que hace bajar
artificialmente las estadísticas de delincuencia. Ha aplicado un
modelo de policía preventivo de proximidad, el llamado PPP, que está
basado en un policía que se traslada en un scooter y que es imposible
aplicar porque existen mas scooters que policías, señor secretario de
Estado. Ha aplicado también un modelo de subsectorización de los
espacios urbanos, imposible de cumplir precisamente por falta de
personal. Esto implica, entre otras cosas, el abandono también de la
faceta policial de la investigación. Este plan policía 2000 también
ha centrado su esfuerzo en ese PPP, que sólo implica una actuación en
horarios de mañana y tarde de lunes a viernes, pero que supone que
los fines de semana y por las noches disminuya de manera importante
lo que es la presencia policial y la posible incidencia en la
prevención de los delitos. Hay espacios de tiempo, señor secretario
de Estado, de auténtica desprotección del ciudadano. No me bastaría
con que S.S. me indicara las cifras que posee el Ministerio del
Interior, puesto que yo creo que es una opinión común de la calle, de
la ciudadanía, que existe este problema de inseguridad ciudadana en
una ciudad tan importante como Madrid. Bastaría preguntar al
comerciante de la Gran Vía, bastaría preguntar a la familia que tiene
un chico que sale el fin de semana a la discoteca, bastaría preguntar
a tanta y tanta gente que se ve sometida a la carencia de ese bien
fundamental que es el derecho al ejercicio de la libertad y la
seguridad.

Por otra parte, lo más preocupante de todo esto es la falta de
coordinación que el plan policía 2000 implica respecto a la Guardia
Civil y a la propia Policía local. Y en relación con la propia
Policía local, particularmente en Madrid, tengo que mencionarle con
auténtica sorpresa la inexistencia de coordinación en dos operaciones
similares que están lanzadas, una, desde el Ministerio del Interior,
el plan policía 2000, y otra, la llamada Policía de barrio, que acaba
de poner en marcha el propio Ayuntamiento de Madrid, estableciendo
una policía en condiciones similares a las que desarrolla el Cuerpo
Nacional de Policía, que se extenderá progresivamente a los 21
distritos de la capital en turnos de mañana y tarde. El resultado,
señor secretario de Estado, es que los 6.000 policías locales y los
aproximadamente 5.000 del Cuerpo Nacional de Policía que actúan en
Madrid capital carecen de la adecuada coordinación y, en
consecuencia, su eficacia está muy mermada y además existe una
duplicidad de tareas de carácter innecesario. Pero esto no sería lo
más grave, también los medios de comunicación de vez en cuando nos
informan acerca de situaciones auténticamente grotescas,



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como la que denunciaba no hace mucho un medio de comunicación, un
incidente que se había producido entre agentes municipales que
interfirieron una persecución de delincuentes realizada por la
Policía Nacional a quienes encañonaron. En este momento, al parecer,
está sujeto ese hecho a investigación por parte de la Jefatura
Superior de Policía de Madrid. Es decir, policías locales y policías
nacionales compiten en el espacio urbano madrileño en lo que se
refiere a la defensa de un espacio y desde luego están carentes de
toda coordinación.

El Cuerpo Nacional de Policía viene arrastrando un creciente problema
de carencia de efectivos. Su señoría acaba de reconocerlo; negaba que
existiera ese problema en Madrid, pero no a escala nacional. Hay un
problema de efectivos en el Cuerpo Nacional de Policía a escala
nacional porque, según el catálogo de puestos de trabajo en vigor
desde el año 1995, la dotación de personal debería ser de 54.830
agentes, pero solamente están ocupadas 48.250 plazas; es decir, hay
6.580 vacantes. El número de vacantes, por otra parte, sigue
creciendo, puesto que son más los que se jubilan que los que
ingresan. El Ministerio del Interior ha anunciado un esfuerzo que
significa que el ingreso de policías nuevos, en vez de 1.000,
anualmente sería de 2.000, pero aún así es insuficiente para detener
el decrecimiento de carácter vegetativo que se está produciendo. No
olvidemos que la edad media en este momento en el Cuerpo Nacional de
Policía está en 45 años. Esto nos lleva a una conclusión realmente
importante y significativa, y que es la inexistencia de una adecuada
gestión de recursos humanos, es decir, de una política de personal.

Esta carencia de efectivos es particularmente más preocupante en una
gran ciudad como Madrid y su comunidad autónoma. En la mayoría de las
comisarías hacen falta policías. Por otra parte, Madrid no es un
destino que parezca apetecible por falta de incentivos, porque el
trabajo es mucho más fuerte, porque la problemática de la
criminalidad es más alta, y esto si no se arregla mediante un
adecuado sistema de incentivos, que no parece que haya...




El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral, le ruego concluya.




El señor MAYORAL CORTÉS: Estoy terminando ya, señor presidente.

Decía que, si no se arregla mediante algún sistema de incentivos que
facilite la incorporación de policías a las plantillas de Madrid,
realmente implicará que una ciudad tan importante y tan habitada y
una comunidad autónoma tan habitada también como Madrid carezcan del
número de policías que necesita para preservar la libertad y la
seguridad ciudadana.

Según los sindicatos de policía, la comunidad autónoma tiene hoy
3.000 policías nacionales menos que hace diez años. Pero no me estoy
refiriendo a la totalidad
de la policía que pueda existir en Madrid, incluido los servicios
centrales, me refiero fundamentalmente a los policías operativos en
la calle, las comisarías. Según algunos, en cinco años la comunidad
autónoma ha perdido un total de 1.187 policías en servicio activo
y en prácticas. Esto avala nuestra tesis, señor secretario de Estado,
de que ha habido una disminución grave, lo cual es un problema,
porque este número de policías operativos en Madrid no se corresponde
ni con la evolución de la delincuencia en esta comunidad, ni con la
problemática terrorista que pueda incidir sobre ella, ni con los
objetivos del propio plan policía 2000, que incluye una policía de
proximidad que, para su despliegue, necesita un número mayor de
policías del realmente existente. Solamente para atender a Madrid,
repito, hay 5.000.




El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral, le ruego concluya ya.




El señor MAYORAL CORTÉS: Finalmente, señor secretario de Estado, nos
gustaría que nos explicara de verdad cuál es la correlación que
existe en lo que se refiere a la disminución de policías a lo largo
de estos diez años y la evolución de la propia criminalidad en los
términos que establece el informe de la Fiscalía General del Estado.




El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): En
cuanto al crecimiento del Cuerpo Nacional de Policía en la totalidad
de la comunidad de Madrid, que entiendo que es lo que me pregunta S.

S., reitero el dato que le he dado: ha pasado de 13.764 a 13.804.;
esos son los datos de la Dirección General de la Policía y cualquier
otro dato debería tener, por lo menos, la misma credibilidad que
tiene el Cuerpo Nacional de Policía cuando da los datos. Por tanto,
ruego a S.S. que contraste sus datos con las que le estoy dando y
estoy seguro de que se convencerá de que éstas últimas son las que
obran en poder del Ministerio del Interior, del Cuerpo Nacional de
Policía y de su Dirección de Recursos Humanos.

En cuanto a la seguridad en Madrid, le quiero decir a S.S. que Madrid
es una de las capitales de Europa con índices más altos de seguridad.

Es una cosa reconocida, se lo puede preguntar usted a cualquier
embajador que conozca en España y estoy seguro de que se lo
ratificará; a mí me lo ratifican cada vez que tengo ocasión de
entrevistarme con ellos para hablar de estos asuntos, y hablo de
personas que vienen de fuera. Por otra parte, aunque quizá sea un
poco anecdótico, hablando de la inseguridad de los chicos que van por
la noche a las discotecas, dado número, estoy seguro de que tienen la
perfecta convicción de que Madrid es una de las capitales



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de Europa y del mundo en las que se puede hacer eso; no ocurre lo
mismo en otras que todos conocemos.

Los datos de criminalidad que utilizamos son los nuestros, las
fuentes son las del Ministerio del Interior y están cotejados con las
denuncias que se presentan. Los datos de la Fiscalía se toman con los
criterios de la propia Fiscalía en cuanto a los asuntos que ellos
llevan y a asuntos resueltos. Así, tenemos unos datos que nos dicen,
primero, que ha crecido el número de policías. En el año 1999 -y
siempre de acuerdo con nuestro datos- los delitos descendieron en
Madrid un 12,31 por ciento respecto a 1998, y las faltas, el 1,49. En
el transcurso de este año, de enero a septiembre, el descenso en el
número total de infracciones ha sido del 4,86 respecto al mismo
período del año anterior; creo que es loable, sobre todo teniendo en
cuenta los problemas que usted señala y que nosotros entendemos y
tratamos de solucionar. No olvide S.S. que la mayor disminución del
número de policías en las jefaturas de Madrid se produjo en los cinco
años que van de 1990 a 1995, pasando de 6.417 personas a 4.762. A
partir de entonces, aunque ha habido un decremento de jefaturas, como
dice usted, ha habido también un incremento importante en las
comisarías locales, 341 miembros del Cuerpo Nacional de Policía.

Habla de falta de coordinación. Probablemente señala usted dos
momentos de pretendida descoordinación en cinco años entre la Policía
local y el Cuerpo Nacional de Policía. Las actuaciones del Cuerpo
Nacional de Policía se producen siempre con la inmediación hacia el
riesgo que no precisa explicación por la propia naturaleza de la
función. Es difícil que en esos momentos que usted señala se
produzcan determinados tipos de coordinación. No obstante, existe
relación y vinculación permanente -con órganos de gestión conjunta-
entre el Cuerpo Nacional de Policía y la Policía local para
determinadas actividades que desarrollamos. Ni que decir tiene que es
la misma que tenemos con la Guardia Civil en cuanto al control de la
capital y a los controles de automóviles; hay una distribución de los
trabajos y de la información en aspectos tan importantes como la
lucha antiterrorista que preside el secretario de Estado que le
habla. Es cierto que puede ser contraproducente que determinada
información se comparta por su propia naturaleza operativa, pero, en
aquélla que sirve para desarrollar estrategias de luchas como la
antiterrorista, le puedo asegurar que la coordinación entre el Cuerpo
Nacional de Policía y la Guardia Civil es cada vez mayor.

Creo que no podemos hablar de carencia de política de personal;
precisamente, estamos consiguiendo rebajar los niveles de inseguridad
con menos policías. Ya sé que usted me dirá: es que a mí no me
interesan sus estadísticas. Yo le doy las estadísticas que se hacen
en el Ministerio del Interior para analizar el funcionamiento del
Cuerpo Nacional de Policía, a las que doy el mismo crédito que puede
dar usted a las de la Fiscalía.

Como usted ha reconocido, el Ministerio del Interior está llevando a
cabo la inversión de la tendencia: este año ha hecho la oferta
pública de empleo para el Cuerpo Nacional de Policía más alta de toda
la historia del Cuerpo y el año que viene va a seguir haciéndolo.

Además, los incentivos al Cuerpo Nacional de Policía han sido este
año históricamente los más altos, y así se reconocerá en el programa
2000. Eso no se compadece con una concesión graciosa al cuerpo sino
con el cumplimiento de determinados ratios de eficacia que les hemos
marcado y que ellos han aceptado y cuyo cumplimiento por tanto hemos
exigido; cuando existe ese cumplimiento, se paga la consiguiente
gratificación.

La pregunta que hacía usted al principio se contesta con una simple
cifra: la Comunidad Autónoma de Madrid ha crecido en 40 funcionarios
del Cuerpo Nacional de Policía cuando en el resto de España estamos
invirtiendo la tendencia a la descapitalización humana que se ha
venido produciendo a lo largo de los últimos diez años como
consecuencia de la avalancha de jubilaciones que hay que ir
reponiendo paulatinamente. Es la primera vez que la curva se
invierte. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.




El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, aunque habíamos señalado al
comienzo de la sesión que la pregunta número 3 pasaría al final,
puesto que está aquí el autor de la pregunta, que además nos dice que
debe intervenir luego en otra Comisión, si la Mesa, el señor
compareciente y los demás grupos parlamentarios no tuvieran
inconveniente, pediríamos que esa pregunta pudiera sustanciarse a
continuación. Se trata de la referente al balance de funcionamiento
del plan de seguridad integral de Canarias, de la que es autor el
señor Soriano Benítez de Lugo, del Grupo Popular.




El señor PRESIDENTE: ¿Hay algún problema? (Pausa.)
Estamos todos de acuerdo y vamos a proceder en consecuencia.




- DEL SEÑOR SORIANO BENÍTEZ DE LUGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO, SOBRE BALANCE DEL FUNCIONAMIENTO DEL PLAN DE
SEGURIDAD INTEGRAL DE CANARIAS. (Número de expediente 181/000203.)



El señor PRESIDENTE: El señor Soriano tiene la palabra, para formular
su pregunta sobre el balance de funcionamiento del plan de seguridad
integral de Canarias.




El señor SORIANO BENÍTEZ DE LUGO: Quiero expresar mi reconocimiento a
la Comisión por haber



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entendido la situación de imposibilidad en que me encuentro de
formular dos preguntas a la misma hora.




Yendo directamente al contenido de mi pregunta, les diré que el
Gobierno me contestó por escrito en el mes de septiembre a una
pregunta que había formulado yo sobre los delitos y faltas cometidos
en la Comunidad Autónoma de Canarias durante el año 1999, señalando
que en Canarias el número de delitos y faltas por cada 1.000
habitantes durante 1998 había sido del orden de 63,71 y que en 1999
había aumentado a 68,80; esto nos colocaba, salvo en el supuesto de
Ceuta y Melilla, a la cabeza de todo el territorio nacional. Tengamos
en cuenta que, por ejemplo, en Barcelona, en el año 1998, era un
54,63, en Canarias, como ya he dicho, el 63,71; en el año 1999, el
52,79, y en Canarias subió al 68 por ciento; en Madrid, en el año
1998, el 71,20, y en el año 1999, el 66,35. Estas cifras por sí solas
provocan una cierta extrañeza porque nadie se lo podía imaginar o por
lo menos en Canarias no tenemos la sensación de ese elevado número de
delitos y faltas. La prensa se hizo eco de este informe, hasta el
punto de señalar -y tengo los recortes- que Canarias ocupa los
primeros puestos en delitos por cada mil habitantes y la tasa de
criminalidad es una de las más altas del país, sólo superada por
Ceuta y Melilla.

Esto se vio acompañado por declaraciones de distintas autoridades de
la comunidad autónoma señalando una cierta alarma, declaraciones que
eran de inmediato contestadas por el delegado del Gobierno quitando
virulencia a los fríos datos. Decía que el plan de seguridad integral
para Canarias ha logrado reducir más de un 8 por ciento el número de
delitos en los últimos cuatro años y ha incrementado en un 41 por
ciento la eficacia policial. Estos datos, como digo, contrastan con
otras manifestaciones de consejeros del Gobierno de Canarias que
cifraban en 1.300 millones de pesetas el déficit inversor -decía- del
Ministerio del Interior en Canarias. Todo esto trataba -al menos los
medios de comunicación así lo han puesto de manifiesto- de
justificar, aparentemente, un anteproyecto de ley de seguridad
pública, que entre otros puntos establece la creación de la policía
autónoma. El propio consejero aludía en términos tremendistas a una
sensación de inseguridad de los ciudadanos, diciendo que con el
debate sobre el anteproyecto, que pretende potenciar el desarrollo
del plan canario de seguridad, se conseguirá también que el
Ministerio del Interior procure una mayor atención a sus acciones en
el Archipiélago. Las cifras de delincuencia canaria, seguía diciendo
este consejero, expuestas durante el Consejo de Gobierno son muy
preocupantes y achacó el aumento de la delincuencia en las islas a la
falta de medios humanos y materiales y de una política propia en
materia de seguridad. El propio presidente del Gobierno de Canarias
acusaba incluso a los responsables del Ministerio del Interior
diciendo: Se equivocan lamentablemente en la
lectura que se hace de los datos de seguridad ciudadana. Y el
delegado del Gobierno ponía de manifiesto permanentemente que se está
desacreditando intencionadamente el trabajo y la labor de los cuerpos
de seguridad estatales para demandar una policía autonómica, algo que
tachó de injusto e injustificable.

En definitiva, para no alargar mi intervención, diré que durante los
últimos meses ha habido una sensación de tremendismo por parte de
determinadas autoridades de la comunidad autónoma poniendo de
manifiesto una inseguridad ciudadana que al menos aparentemente los
ciudadanos no vemos por ninguna parte. Hago exclusión de la zona de
la playa de las Américas, que es una zona muy turística, donde quizá
las cosas sean más graves, pero en el resto de la isla no apreciamos
esa sensación de inseguridad. Contesta el delegado del Gobierno,
poniendo de manifiesto -creo que colocando las cosas en su sitio- los
éxitos de la policía, cómo, lejos de aumentar los delitos, éstos van
disminuyendo y cómo la eficacia de la policía está encontrando eco en
sus actuaciones.




Mi pregunta se reduce a que el secretario de Estado nos diga cuál es
el balance del plan de seguridad integral de Canarias, pretendiendo,
en definitiva, tranquilizar a la opinión pública, en el sentido de
que las cosas no son tan graves como algunos están queriendo hacer
ver, tal vez intencionadamente, para justificar la creación de una
policía autonómica.




El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Señoría,
en la medición de los índices de delincuencia de Canarias que se
señalan solamente se tiene en cuenta la población censada y no
algunos aspectos de población que son importantes a la hora de
compararlos con el resto de España. Al construir esos indicadores no
se considera el número de personas no empadronadas en Canarias y muy
fundamentalmente el turismo que señalaba S.S., que supone una parte
importantísima de la población fija a lo largo del año en las islas.

Y su señoría señalaba el sur de Tenerife como una de las zonas en las
que esta población flotante, pero ya no tan flotante porque podría
tener la consideración de fija, tiene establecida su residencia.

Quiere decirse que, al medirse el índice de delitos por la población
empadronada pero no sobre la población flotante fija, el índice crece
en sí mismo y es más, como S.S. señala, la sensación subjetiva que
establece los límites de la consideración de la delincuencia como una
amenaza social que la propia frialdad de las cifras. Quiero apuntar
que Canarias tiene una cifra en la parte elevada de las ratios
nacionales en función de que, teniendo más población que la que tiene
empadronada, produce más delincuencia, porque, a más población en



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determinadas zonas, más delincuencia y sin embargo se divide por
menos gente; por tanto el índice sube.

La Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía y el Ministerio del
Interior, a través de la Secretaría de Estado, han establecido en los
presupuestos para el año 2001, considerando las prescripciones
fijadas en el plan de inversión de seguridad de Canarias, unas cifras
realmente elevadas. Es más, en el propio Senado, hemos introducido
una enmienda en la que incrementamos en 500 millones de pesetas las
dotaciones que van a ir al plan de seguridad de Canarias. Creemos que
hay que hacer un esfuerzo, fundamentalmente en determinadas zonas
-una de ellas la señalaba S.S.-, y en ese sentido no vamos a regatear
ningún tipo de esfuerzo económico. El plan de seguridad de Canarias
se inició en el año 1997, con un ciclo temporal de cuatro años que
finalizaba este año 2000. En lo que se refiere a la Guardia Civil el
propósito del plan era completar la dotación de efectivos en
Canarias, la infraestructura, los medios materiales en armamento,
telecomunicaciones, informática, mobiliario, automoción y equipos,
las operaciones especiales, como la protección del Seprona y del
servicio marítimo, y una mayor colaboración con el Gobierno de
Canarias en materia de seguridad.

En cuanto a los recursos humanos incluía la cobertura de 274 plazas y
la creación de 300 vacantes de catálogo. El catálogo en el año 1997
era de 2.277 guardias civiles en Canarias; actualmente son 2.622, es
decir, 345 efectivos más. Asimismo, los efectivos reales han pasado
de 2.123 a 2.443, por lo que se puede considerar cumplida esta
primera parte del plan de seguridad de Canarias. En infraestructura
estaba prevista una inversión en nuevos acuartelamientos de 800
millones de pesetas, además de 266 millones, que incluían las
reparaciones de otros ya existentes. Este punto no ha sido cumplido
en su totalidad por diversos problemas ajenos al Ministerio del
Interior y que explicaré, entre los que figuran, por ejemplo, los
habidos con algunas entidades locales a la hora de obtener terrenos
para construir los correspondientes cuarteles. Hasta la fecha se han
invertido en obra nueva 107 millones de pesetas y se han efectuado
reparaciones por un importe de 189,8 millones. En el proyecto de
inversiones, no obstante, para el año 2001 figura una cuantía de 260
millones de pesetas. La cifra de gastos corrientes para reparaciones
en el 2001 se determinará una vez que conozcamos cuáles son los
cuarteles que, dentro del plan de infraestructura del Ministerio del
Interior para la Guardia Civil, entren a formar parte del primer
objetivo. Respecto a la inversión en materiales, la cifra prevista
era de 694 millones y se han invertido 774 millones, 80 millones de
pesetas más, por lo que también se considera cumplida la obligación
adquirida en este punto.

Como operaciones especiales a invertir en Canarias, además del
proyecto de servicio de vigilancia SIVE, que es el proyecto que ha
puesto en marcha el Ministerio
del Interior para atender a las necesidades de la inmigración, la
vigilancia de las costas y también del tráfico de drogas, se han
implantado equipos contra la delincuencia organizada y se ha
incrementado el servicio de Policía judicial de Tenerife y de Las
Palmas con 23 efectivos más y, con carácter experimental, una unidad
especializada en inmigración ilegal. Se ha creado el servicio
marítimo provincial de Fuerteventura, con una plantilla de 56 hombres
y tres embarcaciones, y se ha potenciado con 21 hombres el Seprona.

A lo mencionado deben añadirse proyectos que, gracias a la enmienda
transaccional, que comentaba, aprobada en el Senado, podemos ahora
acometer. Por ejemplo, 54 millones destinados al cuartel del Arucas o
los 140 destinados a la comisaria de Arrecife de Lanzarote y, por
supuesto, inversiones suplementarias en automoción, equipos de
visión, telecomunicaciones, mobiliario, etcétera, hasta completar la
cantidad. El Gobierno de Canarias, al que desde aquí vuelvo a
agradecer su contribución, ha financiado algunos medios materiales,
en especial medios de transporte en acuerdos con nosotros.




En relación con las inversiones del Cuerpo Nacional de Policía, lo
primero que hay que destacar es el incremento global de efectivos,
que ha aumentado de 2.499 personas en el año 1997 a 2.685 en el 2000,
lo que supone un aumento de 186 funcionarios. Como SS.S.S. conocen,
este esfuerzo se ha hecho en un momento en el que tanto la Guardia
Civil como el Cuerpo Nacional de Policía sufren un descenso en sus
cifras globales por amortización de puestos debidos a la edad media
de sus efectivos. En este año 2000 estamos corrigiendo esta caída,
como señalé en mi contestación a la pregunta del anterior
interviniente. Se ha corregido esta tendencia con un incremento de la
oferta pública de empleo, que también afecta no solamente a la
Policía sino a la Guardia Civil, y que ha sumado más de 2.000
efectivos en ambos cuerpos.

En cuanto a medios técnicos y materiales en la Policía, el plan
contemplaba una inversión en el período 1997-2000 de 764 millones y
se han realizado inversiones por 722, sin tener en cuenta el
incremento de los medios de reparación y los plazos ordinarios que
tenemos de reposición de los bienes en los que hemos invertido. A
todo esto debe añadirse la incorporación de un helicóptero, sumado al
que estaba en servicio en las islas en el año 1997. La gestión de los
anteriores suministros se ha realizado de una manera centralizada por
su propia naturaleza y conjuntamente con la contratación de
suministros a nivel global y, por eso, aplicándose a Canarias, no se
computa como inversión en Canarias porque debemos hacer, como acabo
de decir, las compras unificadas para obtener las elementales
economías de escala que un Ministerio como el de Interior tiene que
efectuar y puede, sobre todo, efectuar.

Se preveía un plan de inversión -esto sí lo quierodecir- de 701
millones de pesetas y las obras realizadas



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han ascendido, aproximadamente, a 400 millones. ¿Por qué? Porque la
comisaría de Telde y Santa Catalina de Las Palmas, que no han podido
realizarse por algunos problemas que hemos tenido en la contratación,
se harán el año que viene, por un importe aproximado de 300 millones
de pesetas y se entregará la de Telde el año que viene.

Otras actuaciones a destacar son la implantación de la Policía de
proximidad, del Programa de Policía 2000, el servicio de denuncias
por teléfono y algunas actividades policiales más que hacen que
alberguemos una esperanza bien fundada de que los niveles de
criminalidad en Canarias puedan reducirse dentro del año 2001.




El señor PRESIDENTE: Para formular la siguiente pregunta, tiene la
palabra el señor Mayoral.




El señor MAYORAL CORTÉS: Si le parece, volvemos al turno normal, el
que debiera haber sido desde el comienzo, las comparecencias.




COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (MORENÉS
EULATE) PARA INFORMAR SOBRE:



- LA INTERVENCIÓN DE LA POLICÍA EN UNA CLÍNICA DE INTERRUPCIÓN
VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000086.)



El señor PRESIDENTE: Estamos de acuerdo. La comparecencia número 1 se
refiere a la del ministro de Interior que, en este caso, por acuerdo
de la Mesa y portavoces, hará el señor secretario de Estado, para
informar sobre la intervención de la policía en una clínica de
interrupción voluntaria del embarazo, a petición del Grupo
Parlamentario Socialista.

Tiene la palabra el señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO (Morenés Eulate): Indefectiblemente me
tengo que referir a la comparecencia que el 14 de junio de 2000 hizo
el señor ministro de Interior en el Pleno del Senado sobre este
asunto. Allí se explicó claramente que las actuaciones llevadas a
cabo para comprobar la identidad de una persona denunciada por un
hecho supuestamente delictivo se produjo cumpliendo estrictamente las
normas que tiene establecidas la policía de atender a los ciudadanos
cuando estos presentan una determinada denuncia. En ningún momento, y
allí entiendo que quedó probado suficientemente, la policía se
extralimitó en sus funciones, en ningún momento se produjo ni
coacción ni nada semejante con los miembros de la clínica Dator, que
era la clínica que presentó en ese momento una denuncia, en ningún
momento se produjeron llamadas de
teléfono a esta clínica. Fue, reitero, una actuación policial
motivada, como así expresó el ministro, por una denuncia previa y
entendemos que nos limitamos entonces a cumplir con nuestro deber,
como así consta en todas las informaciones y todas las
investigaciones internas que hemos desarrollado y de las que ya hemos
dado cuenta en su momento.

Así que, señoría, señor presidente, tengo que ratificarme en la
declaración que el ministro de Interior, como no podía ser de otra
forma, hizo el 14 de junio del año 2000 en cuanto a la actuación allí
de la policía y simplemente quiero añadir que nada más se ha aportado
desde entonces a la investigación que permita de alguna manera
adjetivar aquella intervención del señor ministro.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora
Alberdi tiene la palabra.




La señora ALBERDI ALONSO: En primer lugar, antes de intervenir,
quiero pedir excusas por el retraso en comparecer adecuadamente en el
momento inicial de la constitución de la Comisión.

No podemos compartir la posición del señor secretario de Estado, que
reitera la del ministro de Interior el 14 de junio del año 2000 en el
Pleno del Senado, puesto que nuestros datos, contrastados con las
interesadas y las mujeres que padecieron la situación tan difícil que
se produjo, no coinciden en absoluto con esa versión. Nuestro grupo
ha pedido la comparecencia, en este caso del alto cargo del
ministerio de Interior, para que se explique esa intervención de las
fuerzas de seguridad el pasado 1 de junio de 2000 en la clínica
Dator, pero no podemos dar por buena la versión del ministro el 14 de
junio.

La situación creada en la clínica fue tan grave que se formuló una
denuncia ante la comisaría de Tetuán por parte de la responsable de
la clínica en ese momento. La clínica Dator inició sus actividades en
el año 1986, recién legalizada la despenalización del aborto en
algunos supuestos, y desde entonces viene soportando un hostigamiento
permanente por parte de un grupo autodenominado grupo Pro Vida, muy
conocido y muy activo, y este hostigamiento lo padecen tanto las
personas que acuden a la clínica a ejercer legítimamente sus derechos
como las trabajadoras que allí desempeñan sus funciones.

El día de autos, 1 de junio, el día que ocurrieron los hechos, se
presentaron en la clínica -que además era una clínica autorizada
desde el primer momento para la práctica de los abortos- unos
policías nacionales de la comisaría de Tetuán, diciendo que existía
una denuncia contra la clínica por sospechas de que se iba a realizar
un aborto ilegal, sospechas de que se iba a realizar un aborto
ilegal. Sin dato alguno más -ya es asombroso que la policía se
desplace ante una de denuncia de este tipo- interviene la policía.

Además, al poco tiempo,



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se presenta un grupo de personas jóvenes acompañadas por el señor
Poveda, muy conocido miembro de la Asociación Pro Vida, pretendiendo
que se paralizara la supuesta interrupción del embarazo ilegal, sin
aportar nombre o dato alguno sobre la supuesta protagonista del
aborto ilegal (además tratándose, como digo, de una clínica donde se
realizan abortos legales), sin indicar quién iba a realizarlo, ni
cómo, ni de qué manera.

La directora, Luisa Torres, que fue la que atendió a los policías,
alegó que no existía ninguna razón para paralizar el ejercicio de un
derecho que ejercían ciudadanas libres en un país democrático. La
policía, ante estos argumentos de la directora del centro, se retiró,
pero más tarde los mismos miembros de la policía y otros que quedaron
del grupo Pro Vida se plantaron en la puerta de la clínica y unos y
otros se permitieron intimidar y coaccionar a las mujeres que
pretendían entrar en la clínica, algunas igual para una revisión
periódica o para otro tipo de cosas que se hacen en la clínica Dator,
ya que no sólo hace abortos legales, y además de apostarse en la
puerta les exigían que se identificaran. La mayoría se negaron a
ello, sin embargo, una de ellas se identificó, y al poco tiempo, una
vez que tuvieron el nombre de esta mujer que se identificó, llamaron
de la comisaría -o dijeron que llamaban en nombre de la comisaría,
porque pudo no llamar la comisaría, sino una persona del grupo Pro
Vida que alegaba ser de la comisaría- y dijeron que se paralizara la
posible intervención de esa mujer, cuyo nombre -ahora sí habían
obtenido un nombre- ahora daban, aunque igual no era el de una mujer
que iba a realizar un aborto legal, sino otro tipo de servicios que
da también esa clínica. Como vemos fue una actuación torticera. Y,
naturalmente, seguimos sin que hubiera ninguna denuncia contra esta
mujer.

Si la persona que llamó era el comisario o era otra persona que se
hacía pasar por comisario, también estaríamos ante un caso gravísimo
de suplantación de personalidad. Desde la clínica se le contestó que
solo paralizarían las intervenciones programadas con una orden
judicial, pues, en otro caso, al tratarse de una clínica legalmente
habilitada para supuestos de abortos legales y para otro tipo de
intervenciones, se actuaba en consecuencia. A pesar de esta
manifestación tan rotunda y tan clara, continuaron intimidando a la
puerta de la clínica, diciendo que había una redada policial. A las
mujeres que intentaban entrar les decían que había una redada
policial y era falso, porque no había tal redada, y sólo pretendían
con esto intimidar a las mujeres. Desde luego eran grupos Pro Vida
los más activos.

Precisamente -y esto es lo que queremos poner de relieve en esta
comparecencia- los encargados de garantizar y proteger los derechos
de los ciudadanos, en este caso de ciudadanas, en el ejercicio de sus
derechos legítimos, es decir, la policía que tiene que proteger esos
derechos de la ciudadanía, actuaron sobrepasándose
en sus funciones y tratando de impedir precisamente el
ejercicio de esos derechos.

También con posterioridad se recibió otra llamada en la clínica de
otra persona, que dijo ser el comisario, diciendo que, puesto que
querían una orden judicial, la enviarían, sin alegar tampoco causa
alguna y sin que se recibiera del orden judicial. Es decir, era un
camino de amedrentamiento de una actuación de presión detrás de otra.

Todo parece que obedecía a ese deseo de intimidación hacia las
mujeres que acudían a la clínica, pues ni llegó la orden judicial ni
se sabía si los policías actuaban por su cuenta o por orden superior.

No existía ni existió en ningún momento justificación alguna para tan
anómalo e inadecuado proceder por parte de la policía y, por
supuesto, de los grupos Pro Vida. La directora, Luisa Torres, formuló
una denuncia ante la comisaría de Tetuán, como he dicho
anteriormente, porque estimó que no existía ninguna justificación,
denuncia, orden administrativa o disposición que avalara la actuación
de la policía, entendiendo que se trataba -según ella formuló en el
contenido de su denuncia- de una actuación delictiva y coactiva.

Tenemos que decir, además, que esta no es la primera vez que ocurren
hechos similares. La clínica Dato es ya una vieja conocida de este
tipo de grupos violentos e intimidantes. El 23 de mayo pasado también
jóvenes Pro Vida, acompañados de la policía, intentaron paralizar las
actuaciones de la clínica, sin orden ni autorización alguna, en un
claro intento de amedrentar y totalmente fuera de las funciones que
les tiene encomendadas la Constitución y las leyes.

Se desconoce qué instrucciones hayan podido recibir los policías para
actuar de esta forma, o bien si actuaban a través de denuncias
anónimas con el apoyo de grupos violentos e intolerantes que, bajo la
máscara de defender la vida, atacan y persiguen a las mujeres que
ejercían derechos legítimos. Deberá, pues, ser la propia policía la
que identifique a las personas de Pro Vida que les acompañaban y, en
su caso, actuar contra las conductas que impidieron el ejercicio del
derecho reconocido legalmente.

Por otro lado, los miembros de Pro Vida -y esto también quiero que lo
sepa, señor secretario de Estado- acuden de forma regular a la
clínica Dato desde 1988. Es inadmisible que quince años después de
legalizarse el aborto en España en determinados supuestos, se permita
que grupos Pro Vida se manifiesten reiteradamente a las puertas de
algunas de las clínicas autorizadas para la práctica de abortos
legales. Prejuicios, una vez más, retrocesos sobre los avances
conseguidos y desde luego integrismo y falta de respeto y aceptación
a las reglas del juego y a las normas jurídicas de nuestro
ordenamiento jurídico y a las más elementales normas de convivencia.

Tan llamativo fue el asunto, señor secretario de Estado, que incluso
magistrados y expertos jurídicos consultadoscalificaron los hechos de
posible delito de



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coacciones por parte de las fuerzas de seguridad que actuaron. Dado
que la ley reconoce la legalidad del aborto en tres supuestos, solo
el juez puede limitar o suspender la intervención. La policía no es
competente para determinar si concurre alguno de los supuestos
previstos en la ley. Si se confirmara que la policía actuó con la
finalidad de impedir un aborto, sin la existencia de una resolución
judicial en la que se acordase la suspensión de la operación, nos
encontraríamos ante un caso claro de coacciones, delito previsto y
penado en el Código Penal.

Por tanto, señor secretario de Estado, le pedimos que nos aclare la
actuación policial y, en su caso, si se han tomado medidas o se
tomarán contra aquellos funcionarios policiales que hayan podido
extralimitarse en sus funciones.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Uría.




La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señor secretario de Estado, por
las explicaciones dadas en torno a este suceso respecto al que
quisiera intervenir brevemente, porque en lo que conocía, por los
datos que aparecieron en los medios de comunicación, me suscitó
tremendas dudas en cuanto a su adecuación a derecho, que es el
parámetro desde el cual mi grupo lo observa.

En ningún momento se decía en las informaciones -y la diputada
socialista que había formulado la petición de comparecencia insiste-
que nunca había existido orden de entrada y registro y la orden de
entrada y registro, como muy bien sabe el señor secretario de Estado
y todos los participantes en la Comisión, es la garantía máxima,
puesto que en ella debe fijarse no solamente la autorización para
entrar, sino también el alcance en relación con lo que está
concedida, es decir, exactamente la orden de registro autoriza
aquello que que se puede hacer en relación con ella, no cabe entrar
en la clínica y mirar todos los historiales médicos, sino que una
orden válidamente dada debe acotar cuál es el campo de la actuación
permitida a la policía en relación con esa cuestión. Sólo en caso de
delito flagrante hubiese estado justificada la entrada sin
mandamiento judicial, pero el delito flagrante, como también ustedes
muy bien saben, se interpreta con un concepto absolutamente
restrictivo y debe suponer que, en el momento concreto, se están
produciendo actuaciones concretas. Si lo que realmente al final se
lleva la policía son fichas habituales de la clínica, no existe
flagrancia, porque eso existe con carácter permanente en la clínica y
la permanencia de estos datos, repito, por más que hubieran tenido
contenido delictivo, facilitaba el que perfectamente hubiera sido
posible obtener el mandamiento judicial.

Parece que hay una violación importante del derecho a la intimidad
que asiste a todas las fichas relacionadas con la salud de las
personas, que están incluso protegidas por la Ley de protección de
datos. Existe incluso la posibilidad de que el contenido de la
actuación pudiera tener hasta carácter delictivo, pero sobre todo
estamos hablando de una cuestión que, cualquiera que sea el criterio
moral o ético que se sostenga respecto de la misma, en nuestro
ordenamiento jurídico la práctica de abortos en los supuestos
legalmente despenalizados no tiene el contenido delictivo y lo que sí
tiene es un contenido que afecta extraordinariamente al área de la
intimidad de las mujeres que se someten a tal práctica, más si cabe
que otro tipo de dolencias o enfermedades, puesto que normalmente
todos conocemos que solo en casos de extrema gravedad, bien sea
física, psíquica o social, cabe pensar que las personas se someten a
semejante tratamiento, puesto que no es una práctica respecto de la
cual a casi nadie le guste anunciar que se ha sometido a ella.

Nos pareció, repito y no hemos tenido noticia posterior, que había
habido exceso en la actuación de la policía y nos gustaría saber por
qué no existió la orden de entrada y registro y, si se dio,
querríamos saber qué era lo que se buscaba en el momento concreto y
si estamos hablando de flagrancia, que nos digan de qué se trata,
porque lo único que se trasladó a los medios de comunicación fue que
se llevaban un material que permanentemente estaba en la clínica y
respecto del cual era perfectamente posible la obtención del
mandamiento a posteriori, no nada que estuviese ocurriendo en el
momento concreto.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la
palabra la señora Torme.




La señora TORME PARDO: El Grupo Parlamentario Popular comparte, como
no podía ser de otra manera, la explicación oficial dada ya en su
momento por el ministro en la fecha a que ha hecho referencia el
señor secretario de Estado, el 14 de junio de 2000. Hoy esa
explicación ha sido reiterada en los mismos términos, puesto que no
ha habido ningún elemento nuevo que pueda introducir alguna
modificación.

Ya en su momento el señor ministro señaló que se produce una
actuación policial como consecuencia de una denuncia de un hecho
supuestamente delictivo. Lo que se hace en ese momento es comunicar
inmediata y urgentemente la denuncia al juez, se remiten las
diligencias al juzgado de guardia, se trata de una actuación policial
motivada, por tanto, por una denuncia previa y no se produce ningún
tipo de registro en la clínica durante esa actuación policial, como
ya señaló en su día el ministro del Interior.

Desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que la actuación
policial fue correcta, sin que en ningún



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momento se produjera extralimitación alguna en las funciones durante
el curso de la misma.




El señor PRESIDENTE: Para contestar a los grupos parlamentarios,
tiene la palabra el señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Sin
perjuicio de la ratificación, una a una, de las palabras del ministro
de Interior en el Senado en la fecha que he señalado anteriormente,
voy a hacer un repaso de las actuaciones que se llevaron a cabo aquel
día para tratar de fijar, desde el punto de vista del Gobierno,
aquellos hechos que ya en su día el ministro estableció, sin que ello
prejuzgue que la conclusión es la que haré y que es exactamente la
que el ministro estableció entonces. (El señor vicepresidente, Seco
Gordillo, ocupa la Presidencia.)
El 23 de mayo del año 2000, doña María Isabel Álvarez Álvarez, amiga
personal de la persona que fue denunciada por quien luego diré,
presentó una denuncia en la comisaría de Policía del distrito de
Chamberí, poniendo de manifiesto la posible práctica de un aborto
ilegal de una joven en la clínica Dator, así como posibles coacciones
hacia dicha joven por parte de su compañero para la realización de
dicho aborto.

Lo primero que le diría, señoría, es que la policía, en un elevado
número de casos, actúa o debe actuar ante la inseguridad ciudadana
que provocan determinadas sensibilidades subjetivas, que de vez en
cuando se llaman sospechas. En este caso no fue así, en este caso
hubo una denuncia, pero, generalmente, cuando uno en su casa tiene
miedo, porque cree que ha visto algo, o sospecha algo, llama a la
policía, y la policía, afortunadamente, acude. En muchas ocasiones
hay materia en la cual debe actuar y en otras ocasiones simplemente
acude para intentar calmar de alguna manera las inquietudes, que
siempre son subjetivas, de las personas que en ese momento sufren
cualquier tipo de amenaza irreal.

De la mencionada denuncia se instruyó atestado número 6.991, remitido
al Juzgado de Instrucción de guardia. El atestado dio lugar a que la
comisaría del distrito de Tetuán, a la que corresponde la clínica
Dator, llevara a cabo diversas gestiones para el esclarecimiento de
los hechos, las cuales dieron lugar a la instrucción del atestado
número 28.015, de la misma fecha, que, como ampliación del instruido
en la comisaría de Chamberí, fue remitido al Juzgado de Instrucción
de guardia. Tras recibirse la denuncia, dos funcionarios de la
comisaría se personaron en la clínica Dator, donde fueron recibidos
por la relaciones externas de dicha dependencia, doña Luisa Torres,
quien manifestó que, debido al secreto profesional que ampara toda
relación entre médico y paciente, no facilitaría información alguna
al respecto y que solo lo haría si existiera orden judicial.

En el exterior de la clínica, los actuantes observaron a un hombre y
a una mujer que se dirigían a la misma, a la vez que otra pareja que
les acompañaba les decía cosas como: no abortes, no le hagas caso a
tu novio, vas a cometer un error..., entablándose una discusión entre
ellos. Ello consta en los informes internos policiales que se han
hecho al respecto. Esto obligó a que los funcionarios intervinieran
identificando a ambas partes, lo que permitió comprobar, porque
digamos que había una cierta agresividad entre las dos parejas, que
una de las personas era la que había sido denunciada en la comisaría
de Chamberí. Los funcionarios le informaron de este extremo y le
preguntaron si deseaba comparecer voluntariamente en comisaría, a lo
que accedieron tanto ella como su novio, prestando la oportuna
declaración. En la declaración, la muchacha confirmó su deseo de
abortar por propia voluntad, sin coacción, con la correspondiente
documentación médica por correr riesgo de malformaciones el feto.

Con independencia de estos hechos, el pasado día 1 de junio, sobre
las 10 horas, fueron requeridos efectivos policiales que prestaban
servicio rutinario de patrulla en la zona de la calle Hermanos Gárate
por dos personas que se identificaron como don Manuel Cruz Moreno y
don José María Poveda Agustín, de la Asociación Pro Vida. Ambos
manifestaron allí mismo que tenían la sospecha de que en la clínica
Dator, cercana a ese lugar, iba a practicarse un aborto ilegal a una
joven y que querían formular denuncia por tal hecho, que entendían
era delictivo. El señor Poveda, médico de profesión y profesor de
psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid, manifestó que había
estado hablando momentos antes con la muchacha a la que se le iba a
practicar el aborto, entendiendo que éste no estaba contemplado entre
los requisitos legales establecidos en la ley. El funcionario
actuante les comunicó que si deseaban formular la denuncia debían
comparecer en la comisaría de Policía, a lo que las personas citadas
manifestaron que ésa era su intención pero que solamente conocían el
nombre de la mujer y no sus apellidos. En consecuencia, el
subinspector de Policía interviniente realizó determinadas gestiones,
interesándose en la recepción de la clínica acerca de posibles datos
relacionados con el hecho denunciado y sobre la identidad de la joven
a la que supuestamente podría practicarse un aborto ilegal. En la
recepción, la relaciones externas de la clínica, doña Luisa Torres,
confirmó que, efectivamente, la joven estaba citada para consulta
médica, pero que no aportaría datos de identificación. De nuevo en la
calle, uno de los miembros de una asociación llamada Pro Vida, que
usted mencionaba, Manuel Cruz, identificó a la muchacha que se
dirigía en ese momento hacia la clínica. El funcionario de Policía le
solicitó su documentación y le hizo saber que los dos miembros de la
Asociación Pro Vida formulaban denuncia contra ella por un supuesto
delito de aborto. La joven afirmó que no iba a someterse a ninguna



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intervención quirúrgica y que solamente se dirigía a la clínica
porque había sido citada por uno de los médicos. En la comisaría del
distrito de Tetuán, los dos miembros de la Asociación Provida que he
citado antes formularon su denuncia a las 11 de la mañana del mismo
día, en atestado 6.338. Posteriormente, el instructor de las
diligencias comunicó al Juzgado de guardia su contenido, remitiendo
el escrito a las 13 horas.

Entretanto, doña Luisa Torres, relaciones externas de la clínica
Dator, se puso en contacto telefónico con el instructor de las
diligencias, quien le informó que había sido presentada la denuncia y
que se había dado cuenta de la misma al Juzgado de guardia. Doña
Luisa Torres volvió a realizar varias llamadas a la comisaría, todas
ellas identificadas en el listado de llamadas, solicitando la
identidad del policía actuante, a lo que se le respondió que esos
datos no se le podían facilitar por teléfono y que, en todo caso, su
identificación constaba en las mencionadas diligencias que estaban
presentadas ya en el Juzgado de guardia. La señora Torres preguntó lo
que debía hacer ante esa denuncia, contestándole el instructor que la
clínica Dator debía abstenerse, en el caso de que fuese la denuncia
cierta, de realizar la intervención quirúrgica, siempre y cuando no
estuviese dentro de los supuestos legales contemplados en la ley,
y que sería el magistrado juez de guardia que entendía del asunto quien
pudiera tomar, en su caso, alguna medida al respecto.

A las 13,10 horas del mismo día se personó en la comisaría doña Luisa
Torres, haciendo entrega de una denuncia mecanografiada, que fue
remitida al Juzgado de guardia como ampliación de las diligencias
citadas. En dicha denuncia se recoge una versión distinta a la de los
policías actuantes. Según la denunciante, la policía se extralimitó
en sus funciones, solicitando que se detuviera la intervención de la
joven y haciendo creer a las mujeres que acudían a la clínica que
estaba en marcha una redada policial con objeto de asustarlas. La
señora Luisa Torres denunció que el comportamiento de los policías
tenía por objeto coaccionar a las mujeres e impedir el ejercicio de
un derecho que les reconoce la ley sin ningún tipo de orden ni de
disposición judicial o administrativa que justificara dicho actuar,
lo que entendía que no solamente era irregular sino que podía ser
delictivo y coactivo.

Efectivamente, hubiera sido una actuación irregular en el supuesto de
que la policía, por su cuenta y riesgo, hubiera actuado de acuerdo
con el contenido de esa denuncia, pero no fue así el caso. Muy al
contrario, a la vista de las actuaciones descritas, cabe formular
como conclusión que la intervención policial en los hechos estuvo
precedida en todo momento de denuncias expresamente formuladas por
ciudadanos y que se realizaron exclusivamente con el propósito de
esclarecer los hechos denunciados. Hay que excluir, en consecuencia,
cualquier referencia a que la clínica Datos haya sido vigilada por la
policía, que la policía haya acompañado
a grupos que se denominan Pro Vida a realizar tal vigilancia, o que
la policía haya tenido un especial interés en cuestionar los
supuestos legales que amparan la despenalización del aborto. También
hay que señalar que las actuaciones policiales descritas motivaron la
instrucción de los correspondientes atestados, que están en poder de
la autoridad judicial.




El señor VICEPRESIDENTE (Seco Gordillo): ¿Quiere consumir un segundo
turno la señora Alberdi? (Asentimiento.) Tiene la palabra por tres
minutos.




La señora ALBERDI ALONSO: Lo que sí vemos a partir de la versión que
nos da el señor secretario de Estado es que existen actuaciones que
contrastadas por nuestra parte con las interesadas y, a su vez, por
el señor secretario de Estado con los policías actuantes, son
divergentes. Por parte de las mujeres que dirigen la clínica y las
personas que acudieron a ella a utilizar sus servicios hay una
versión que no coincide en absoluto con la que nos da el señor
secretario de Estado. Lo que sí aparece, y así lo he dicho en mi
primera intervención, es una actuación bastante intensa a lo largo de
los años por parte de los grupos Pro Vida en esta clínica. Lo
asombroso resulta que esa actuación de la policía, que el señor
secretario de Estado expone como cumplimiento de sus deberes ante una
denuncia, no se ponga en correlación con una actuación permanente de
esos grupos pro vida, hostigando a las mujeres de la clínica Dator.

No es un supuesto de una situación de peligro o específica en la que
tenga que intervenir la policía. Me parece que la policía -si bien
con la excusa de buscar esos datos, tras una denuncia que parece que
fue verbal, porque fueron luego a la comisaria, de estos dos señores
de Pro Vida- actúa, a nuestro juicio, excediéndose en sus funciones.

Bien es cierto que la relaciones públicas y directora del centro,
doña Luisa Torres, con buen criterio, se niega a dar ningún tipo de
documentación, preservando el derecho a la intimidad de las mujeres
que allí acudían. Se niega a dar dato alguno por entender que no hay
una orden judicial y que, por por tanto, no tiene por qué facilitar
esos datos a la policía.

No me negará, señor secretario de Estado, que toda esa situación,
dadas las circunstancias especiales que concurren cuando las mujeres
acuden a ese tipo de clínicas, es una situación de amedrentamiento,
de intimidación. Estos grupos Pro Vida no son desconocidos para la
policía, son viejos conocidos suyos, como he dicho, desde el año
1988. La policía puede y debe cumplir sus funciones y aquí nadie pone
en cuestión la labor policial, por supuesto, que es muy necesaria,
incluso a veces, como ha dicho el señor secretario de Estado, por
sospechas, pero ciertamente en este caso entendemos que ha habido una
cooperación excesiva y que, además, no es nueva, es decir, coincide
ante situaciones de este tipo y en esta clínica Dator.




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Usted mismo ha reconocido que si la actuación de la policía hubiera
sido actuar sin más, sin una orden, sin una denuncia, hubiera sido
irregular, pero es que en este caso parece que aquellas personas
acudían por la calle manifestando su intención de formular esa
denuncia que, al parecer, formularon a las 11 de la mañana, cuando
muchas de las actuaciones ya habían ocurrido.

Creo que hay una diferencia entre las versiones del señor secretario
de Estado y las que yo tengo contrastadas con las personas
interesadas, y, en cualquier caso, creo que hay que ser muy
cuidadosos, ahora y en el futuro, con todo este tipo de temas, en los
que las mujeres tenemos una especial sensibilidad, porque no en vano
ha habido muchos años de persecución y todavía, desgraciadamente, hay
muchos prejuicios y mucha intolerancia en este tema.




El señor VICEPRESIDENTE (Seco Gordillo): Señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): De su
última intervención, señoría, efectivamente deduzco que hay dos
versiones diferentes, una basada en unos testimonios y otra en otros.

En cualquier caso, los testimonios en los que yo me baso están en
manos de la autoridad judicial, esa es la diferencia.

También es verdad que hay una denuncia de doña Luisa Torres que,
además, está unida a la primera denuncia presentada y puesta en manos
de la autoridad judicial, y creo que ahí es donde podemos esperar
que, en su caso, se dilucide este asunto. De lo que le doy absoluta
fe es de los hechos que pasan en la policía, porque hay un expediente
hecho. Un expediente en el que se ha tomado declaración a los propios
intervinientes, en el proceso interno de la propia policía que, como
usted bien dice, sólo está interesada en que se cumpla la ley y nada
más, y creo que es bueno no mezclar la actuación policial con la
actuación de determinados grupos. Es cierto, y S.S. lo denuncia, que
esos determinados grupos a veces pueden cometer acciones que podrían
rayar con el Código Penal, pero en ese caso, señoría, creo que lo que
hay que hacer es lo que hizo doña Luisa Torres, que es denunciarlos
ante la correspondiente autoridad judicial.

Desde el punto de vista de lo que es la actuación política o el apoyo
político a una determinada actividad, es evidente que el Gobierno
cumple y hace cumplir la ley a los funcionarios que trabajan para él.

Por tanto, creo que es evidente que no se realizó registro alguno en
la clínica. Se fue, se pregunto, y cuando se obtuvo la contestación
se volvió, se inició todo un expediente, se exigió a los denunciantes
que practicasen una denuncia (siempre verbal, señoría, como todas las
denuncias) en comisaria y no se produjo actuación alguna que pueda
interpretarse como incorrecta, salvo con una interpretación exagerada
de una determinada
presencia o la propia presencia policial. No podemos entender que la
policía haya hecho en este caso ningún tipo de toma de posición
respecto a cualquiera de las legalidades representadas por ambas
partes, en el entendimiento de qué es la legalidad para cada una de
las que usted ha mencionado.

Es evidente que no se llamó a la comisaria desde la clínica; hay un
listado a disposición de S.S., y de la autoridad judicial, para el
caso de que lo quiera ver, y no se identificó a ninguna otra persona
que no fuese la vinculada directamente con una denuncia que unos
ciudadanos, en el ejercicio de sus pretendidos derechos, creyeron que
podían interponer. Simplemente se hizo eso. Por tanto, entendemos que
la actuación policial estuvo en todo momento a la altura de las
circunstancias y nunca apoyando a una de las partes en conflicto, que
en este caso son quienes S.S. señalaba, la clínica Dator, en el
ejercicio de sus derechos, y los ciudadanos en el ejercicio de los
suyos, entendiendo que cuando se produce un delito no solamente es un
derecho, señoría, sino una obligación el denunciarlo.

Nada más y muchas gracias.




- LA ACTUACIÓN POLICIAL EN LA QUE RESULTÓ LESIONADO EL ALCALDE DE
NOIA, DON RAFAEL GARCÍA GUERRERO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000169.)



El señor VICEPRESIDENTE (Seco Gordillo): El Grupo Parlamentario
Socialista tiene solicitada, asimismo, la comparecencia del ministro
de Interior para explicar la actuación policial en la que resultó
lesionado el alcalde de Noia. Por acuerdo de la Mesa y portavoces,
esta comparecencia se sustanciará también por el secretario de Estado
de Seguridad, a quien doy la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Aquí
estamos en la misma situación que en el caso anterior. El 4 de
octubre del año 2000, fecha más cercana que la de la otra
intervención, el señor ministro de Interior compareció ante esta
Cámara para explicar cuál fue la situación de los hechos que se
produjeron en Noia, en Galicia, en una manifestación que hubo allí,
en la que resultó herido el alcalde de Noia.

Creo que, de nuevo, me debo atener a la declaración del señor
ministro, que señaló que la Guardia Civil realizó numerosos intentos
para evitar los incidentes que se produjeron, con propuestas de
negociación que no obtuvieron la respuesta adecuada por parte de los
concentrados, que los concentrados ejercitaron una fuerza excesiva y
con grave riesgo de la seguridad de otros ciudadanos y, desde luego,
creando inconvenientes importantes, que se advirtió en reiteradas
ocasiones al alcalde de Noia para que, en su condición de alcalde,



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difícilmente diferenciable en aquel caso de su condición de persona,
ejerciera unos criterios moderadores ante una manifestación que no se
prohibía sino que simplemente se intentaba canalizar, como es la
obligación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y que en
el incidente final se produjeron unas lesiones al citado alcalde en
una carga policial en la que, precisamente, con excesivo cuidado,
debo decirlo, por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, se trataron de evitar, pero en el tumulto se dieron estas
situaciones.

Creo que de la lectura y la explicación del señor ministro de esos
hechos lo único que cabe deducir es que todo tiene su límite y que
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actuaron con una
especial consideración ante la situación del alcalde, al que
requirieron en determinadas ocasiones para que considerara la
oportunidad de racionalizar el proceso de protesta. Pero no fue así
y, en un determinado momento, para la salvaguardia de intereses
mayores, hubo que intervenir y, en esa intervención, muy
lamentablemente, el señor alcalde de Noia sufrió algún percance.

Eso es todo, nada más. Gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Seco Gordillo): En nombre del grupo autor de
la petición de comparecencia, tiene la palabra la señora Marón.




La señora MARÓN BELTRÁN: Señor secretario de Estado, hace ya casi
tres meses que ocurrieron los hechos por los que el Grupo Socialista
ha pedido esta comparecencia y, desde luego, supera los tres meses la
fecha a la que usted alude de la intervención del señor ministro de
Interior ante una pregunta oral hecha en el Pleno del Congreso de los
Diputados. Por tanto, haré una breve intervención por el tiempo que
este trámite tiene. Ha transcurrido ya bastante tiempo, pero en aquel
momento los medios de comunicación recogieron ampliamente los hechos
con información escrita y gráfica bien elocuente, que me gustaría
poder mostrar, ya que tengo aquí un amplio dossier de los medios de
comunicación donde se vea las personas que intervenían y al alcalde
lesionado. Me voy a ceñir a una breve exposición, si se me permite,
de lo ocurrido el 23 de septiembre, en el cruce de Sampaio con la
carretera comarcal 543, en las proximidades de la localidad de Noia.

Este lugar, un punto calificado como negro por la alta siniestralidad
viaria, es la gran preocupación de los vecinos, con más de siete
muertes desde 1996, muchos heridos y considerables daños casi
semanalmente. Sin embargo, a pesar de haber pedido reiteradamente a
la Xunta de Galicia, a quien corresponde la competencia de tal vía,
la adopción de medidas urgentes para corregir esa situación, no
tienen respuesta alguna.

El sábado 9 de septiembre se produce el detonante de estos hechos,
puesto que hay una nueva muerte que crea gran tensión y alarma social
entre los ciudadanos. El 16
de septiembre, el siguiente sábado, salen a la calle en una
concentración reivindicativa en el lugar, tranquila y sin incidentes
de ningún tipo. El sábado siguiente, el día 23, los vecinos ante la
falta de respuesta se vuelven a concentrar en el mismo lugar para
llamar nuevamente la atención sobre lo que es un grave problema de
seguridad, que seguía sin respuesta alguna por parte de las
autoridades de la Xunta de Galicia, que es a quien le compete
corregirla. La concentración estaba formada por vecinos de la zona,
entre setenta o cien personas, por ancianos, adultos, mujeres y niños
que podían estar allí por la mañana, algunos de ellos familiares de
los fallecidos sensibilizados por el riesgo que corrían a diario sus
vidas en ese cruce, pero en absoluto era una concentración violenta
ni iban armados con objeto de ningún tipo. Entre los vecinos estaba
el alcalde de Noia Rafael García Guerrero, como ciudadano y además,
usted lo ha reconocido, como primer ciudadano ya que es el alcalde de
todos los vecinos y las dos cuestiones no se pueden disociar, siendo
también el máximo exponente de la representación del pueblo, lo que
tampoco se puede ignorar. Ese día, 16 ó 18 vehículos antidisturbios,
al revés de lo que había ocurrido el sábado anterior, se concentran
en las inmediaciones. Están presentes el capitán y el teniente de la
Guardia Civil de Noia. En algún momento hablan con el alcalde, que
incluso les acompaña a dialogar con alguno de los vecinos, lo cual
fue recogido en los medios; por tanto, son conocedores de la
presencia del alcalde. Todo el mundo era conocedor de la presencia
del alcalde. Pasados unos minutos alguien da orden de cargar, también
según todas las informaciones, y de los vehículos salen las fuerzas
de seguridad, se oyen algunos disparos al aire y a continuación
cargan violentamente contra los concentrados. La concentración se
empieza a disolver, pero hay una segunda carga y es en esta segunda
carga cuando hay varios lesionados, aunque no han necesitado
asistencia médica, entre ellos el alcalde que había recibido un
fuerte golpe en la cabeza, en la espalda, en la clavícula y que queda
conmocionado y tirado en el suelo, teniendo que ser trasladado a un
centro médico para recibir asistencia.

El alcalde estaba allí, a mi entender y al de muchos ciudadanos,
cumpliendo con su deber. Primero, negoció con las autoridades para
resolver el problema de sus vecinos; durante mucho tiempo ha
negociado con las autoridades. Segundo, ese día acompañaba a sus
convecinos en un momento en el que estaban desolados por las
recientes muertes en accidente de tráfico, alguna tan reciente como
la del día 9. Tercero, después de los hechos, el alcalde muy
sensatamente pidió calma y serenidad a sus convecinos, lo que también
quiero destacar.

Las cargas policiales de ese día fueron totalmente desproporcionadas,
porque, señor secretario de Estado, viene siendo ya una constante la
desproporción en algunos actos en Galicia, precisamente por los actos



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reivindicativos que se celebran y por las personas que participan
esas reivindicaciones. Sólo quiero referirme en esta Cámara a dos en
las que también he intervenido, como fue la carga de las Fragas del
Eume en Miño, donde labradores que pedían se les pagaran sus
indemnizaciones porque habían sido expropiados o como fue la del
Museo de Arte Contemporáneo en Santiago, en la que un grupo de
intelectuales protestaba por el cese de un director. Y más
recientemente estos pacíficos vecinos de Noia que lo único que
querían era evitar más muertes en esa carretera y en ese cruce que
les afecta.

Me pregunto, señor secretario de Estado, qué peligro, qué riesgo
podía haber en esa concentración, cuando después de dejarles expresar
públicamente su problema durante diez o quince minutos, se irían como
habían hecho el sábado anterior, sin más problemas. Simplemente
querían llamar la atención y que los medios de comunicación
recogieran su protesta para que las autoridades gallegas fueran
sensibles a algo que venían reclamando reiteradamente y para lo que
no obtenían respuesta alguna.

Otra cosa que me gustaría conocer es quién dio la orden de cargar
contra esos vecinos ¿La persona que dio esa orden era conocedora de
la presencia del alcalde, de la actitud pacífica de los ciudadanos,
que eran personas del lugar, mayores, niños, afectados por los
accidentes de tráfico? ¿La persona que dio esa orden era conocedora
de que este era el grupo que estaba concentrado allí? ¿Hubo acaso
alguna actitud premeditada de cargar contra el alcalde socialista
Rafael García Guerrero? Sería otra cuestión curiosa ¿Le parece normal
que un alcalde acabe golpeado y rodando por el suelo en una pacífica
concentración después de los hechos que acabo de relatar? ¿No sería
más sencillo ante la preocupación vecinal, ofrecer diálogo y
soluciones políticas y rápidas, en vez de recurrir a métodos tan
expeditivos como antidemocráticos para disolver a menos de un
centenar de personas?
Las explicaciones posteriores fueron insatisfactorias ¿Cómo decir que
no hubo carga? Eso es negar la evidencia gráfica que llenó esos días
los medios de comunicación gallegos, y que se puede demostrar en las
fotografías que tengo en un amplio dossier. Una vez más, los
responsables políticos se escudan en las fuerzas de seguridad del
Estado, a las que apoyo y todos debiéramos apoyar, pero ¿acaso actúan
de tina manera autónoma? Estoy segura de que no. El delegado del
Gobierno, el subdelegado, alguien dio la orden, pero el máximo
responsable es el ministro del Interior y, por tanto, el máximo y el
único responsable de su actuación.




Finalmente, ¿cómo creen que deben actuar los vecinos, los ciudadanos
si ya han agotado los cauces de diálogo y de reclamaciones y no se
solucionan sus problemas? ¿Van a esperar pasivamente a que un mes
tras otro siga aumentando la dramática lista de fallecidos o
lesionados en ese lugar? ¿Acaso supone algún riesgo grave la
concentración de ese día? ¿Cómo se gradúa la intervención policial en
los casos de violencia? Podríamos hablar de violencia, pero no es el
momento y tampoco quiero hacerlo. Todos tenemos bien claro la
diferencia entre hechos violentos o manifestaciones pacíficas de
vecinos como éstas. El derecho de manifestación es uno de los
derechos que mejor muestra en democracia el legítimo derecho de los
ciudadanos a expresarse cuando por otras vías no encuentran solución
a sus reivindicaciones. Ese es un derecho fundamental a proteger por
el ministro en primera instancia y por el delegado del Gobierno, y su
responsabilidad es discernir y valorar si con ello se quiebran otros
derechos. En este caso comparando con otras actuaciones yo creo que
los vecinos de Noia no merecían ni una leve reprimenda, si me lo
permite, señor secretario de Estado. Cuando la desproporción es tan
evidente se puede convertir en arbitrariedad o en abuso de autoridad.




Termino con unas palabras del alcalde Rafael García Guerrero, que a
mí me parecieron muy elocuentes. Cuando en una entrevista le
preguntaban cómo se encontraba dijo: los golpes duelen pero pasan,
pero el problema sigue ahí. Esa es mi última pregunta.

Por cierto, señor secretario de Estado, ¿sabe si se ha solucionado el
problema y si han sido corregidas las diferencias de ese lugar?.




El señor VICEPRESIDENTE (Seco Gordillo): ¿Grupos que desean
intervenir?
Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Aymerich.




El señor AYMERICH CANO: Intervengo para suscribir absolutamente todas
las palabras que acaba de pronunciar la diputada señora Marón, y para
hacer referencia muy brevemente a algunos otros datos que
contradicen, desde el punto de vista del Bloque Nacionalista Galego
lo que acaba de expresar el compareciente.

Dice usted que la manifestación no estaba prohibida. El señor Fraga
al día siguiente, en rueda de prensa, justificó esta intervención
policial, luego hablaremos de ella, diciendo que la manifestación era
manifiestamente inconstitucional y que la Guardia Civil había sido
agredida con paraguas y otros objetos contundentes, todo en la línea
del señor Fraga. Pero hay una contradicción evidente, si usted dice
que la manifestación no estaba prohibida, ¿cómo algo que es
manifiestamente inconstitucional, según el presidente de la Xunta de
Galicia, no estaba prohibido?
Todos esperábamos que con el cambio de titular en la delegación del
Gobierno y con el pase del señor Diz Guedes a otras responsabilidades
se solucionase el problema que durante cuatro años vinimos padeciendo
en Galicia, que acaba de poner de manifiesto la diputada señora
Marón, y que podemos calificar -y así lo hizo



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la sociedad gallega en una manifestación en Santiago- de grave lesión
a los derechos humanos y cívicos de los ciudadanos gallegos. Todos
esperábamos que esta situación se corrigiese, pero parece ser que el
nuevo titular de la Delegación del Gobierno sigue en la misma línea.

Dijo que tampoco hubo carga, debe ser que aprendió el famoso concepto
de que una cosa es cargar y otra desplazar a la masa manifestante.

Así se expresaba el señor Diz Guedes cuando la masa manifestante era
desplazada con porras y con intervenciones desproporcionadas por
parte de las Fuerzas de Seguridad. También dijo que él no había
ordenado esa intervención policial. ¿Quién la ordenó entonces, el
ministro del Interior directamente? ¿Actuaron los agentes de la
Guardia Civil autónomamente, a pesar de contar con una especie de
carta blanca, como demostró después el ministro en su comparecencia
del día 4 de octubre, es decir, actúen ustedes que nadie desde este
Ministerio les va a pedir responsabilidades; actúen con dureza que
nosotros siempre les vamos a amparar? Tal parece ser la política que
sigue el Ministerio de Interior.

Por otra parte, el mensaje es contradictorio, porque también el
delegado del Gobierno dijo que ese mismo día la Consellería de
Política Territorial iba a presentar un plan para resolver los
problemas de seguridad en la comarcal 543. No sé si el plan se
presentó, lo que es cierto es que esos problemas de seguridad vial
siguen sin solucionarse.

Esto pone de manifiesto la falta de diálogo y la falta de capacidad
de disposición al diálogo por parte de la Administración gallega, la
tradición autoritaria de la Delegación del Gobierno en Galicia. Por
ello quiero hacerle, aparte de las que le ha hecho la señora Marón,
una serie de preguntas: ¿Considera usted que esta actuación policial
cumple con los principios de oportunidad y proporcionalidad a que se
refiere el artículo 5 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado? ¿Existió una coordinación previa con la policía
municipal de Noia, como también establece y dispone el artículo 3 de
la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado? Y si no
le parece a usted curioso, ya que el alcalde desde luego no creo que
fuese de los que agredía con paraguas y otros objetos contundentes,
como decía Fraga, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que fuese
precisamente el alcalde de Noia el único de los manifestantes que
requirió posterior asistencia hospitalaria. Como mínimo parece una
actuación desproporcionada, inoportuna y raramente selectiva por
parte de los números de los agentes e la Guardia Civil que
intervinieron en el acto. Como dijo usted, efectivamente todo tiene
su límite, y yo creo que en Galicia y respecto de la actuación de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, desde el máximo respeto a los
funcionarios que prestan servicio en estos cuerpos, hemos llegado a
un límite.

Quizá sea el momento de rectificar. Se lo digo porque la contestación
a la pregunta oral que la señora
Marón dirigió al ministro de Interior el día 4 de octubre fue
anterior a lo que parece ser la nueva doctrina que el señor Mayor
Oreja sigue en relación con este tipo de preguntas e iniciativas en
Pleno. Reconoció hace quince días la desproporción y la falta de
oportunidad de ciertas actuaciones policiales, en concreto de la
actuación policial con la que se disolvió una concentración pacífica
en la escalinata de este propio palacio del Congreso de los
Diputados. Por tanto, acogiéndose a esa nueva doctrina que parece
abrirse paso, aunque bien que trabajosamente, en el seno del
Ministerio del Interior, podría reconocer, y yo creo que sería un
signo de honradez y tranquilizaría bastante a los gallegos, que
efectivamente esta actuación policial pudo ser inoportuna,
desproporcionada, y que pudo obedecer a una deficiente valoración o
apreciación de las circunstancias que concurrían en el caso. Si eso
fuese así, el Bloque Nacionalista Galego se daría por satisfecho.




El señor VICEPRESIDENTE (Seco Gordillo): Por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.




El señor GIL LÁZARO: Con toda brevedad, señor presidente, tan sólo
para exponer tres ideas.

En primer lugar, que nosotros compartimos las explicaciones y las
valoraciones hechas el 4 de octubre por el señor ministro del
Interior ante el Pleno de la Cámara y ratificadas hoy en esta sesión
por el señor secretario de Estado de Seguridad.

En segundo lugar, decir que evidentemente la actuación de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado se acomoda como marco general, y
como no puede ser de otra forma, a los criterios de oportunidad y de
proporcionalidad, criterios que en este caso son claros mandatos
jurídicos, pero que precisamente por lo mismo, porque la actuación de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad viene determinada por esos dos
grandes mandatos, nos parece sustancialmente interesante la reflexión
que en este momento ha hecho el señor secretario de Estado de
Seguridad cuando señalaba que convendría que por parte de todos
supiéramos avanzar en lo que podría ser un contenido de
racionalización de los legítimos -subrayo lo dicho, legítimos-
procesos de protesta para evitar situaciones como las que hoy estamos
debatiendo.

Por último, y en tercer lugar, decir con absoluta claridad, con
profundo respeto, pero con rotunda firmeza, que la valoración que
hace este grupo parlamentario, no solamente de esta cuestión sino del
conjunto de cualquier situación que se pueda dar, que suponga en un
momento dado una confrontación entre una fuerza policial
interviniente y ciudadanos, después de reiterados requerimientos por
parte de esa fuerza policial para evitar el conflicto, que nosotros
jamás pensamos que se pueda dar una actitud premeditada de cargar
contra ninguna autoridad, sea esa autoridad de la naturaleza o del



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rango que sea. Jamás en un Estado democrático las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado tienen una actitud premeditada de cargar
contra ciudadanos, ni mucho menos una actitud premeditada de cargar
contra una autoridad.




El señor VICEPRESIDENTE (Seco Gordillo): Para contestar a las
cuestiones que han sido planteadas, tiene la palabra el señor
secretario de Estado para la Seguridad.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Se me ha
requerido por la primera interviniente una descripción de los hechos
y lo voy a hacer, pero evidentemente no van a coincidir con los que
hace su señoría.

Esto hechos vienen establecidos por la información que nosotros
tenemos de lo que allí ocurrió, ratificada al final del asunto por la
autoridad judicial pertinente que, como usted sabe, tuvo algo que
decir muy particularmente sobre la actuación del alcalde de Noia.

El pasado 8 de septiembre, el alcalde presidente de Noia, don Rafael
García Guerrero, se entrevistó con el presidente de la Comunidad
Autónoma de Galicia, don Manuel Fraga Iribarne. En el contexto de esa
entrevista, el alcalde planteó su preocupación por el punto negro
circulatorio que existe a la altura del cruce de Sampaio, donde se
han producido varias víctimas de diferente consideración. El señor
Fraga atendió las indicaciones del alcalde y se comprometió a
resolver ese problema a la mayor brevedad posible. La entrevista -nos
informan- fue cordial y positiva. Pese a ello, algunos días después,
el 16 de septiembre, unos 50 vecinos de los lugares de Sampaio y
Boña-Santa María de Roo-Noia y Lesende-Lousame, pertenecientes a las
asociaciones de vecinos Anamela y Campo de Cabanetán, liderados por
don José María García Blanco y por don José Bernardo Castro Campos,
presidentes de las referidas asociaciones de vecinos, procedieron a
realizar un corte de circulación en el kilómetro 29 de la carretera
comarcal 543 (Santiago-Noia), a la altura del cruce de Sampaio, para
protestar por la alta siniestralidad existente en dicho punto. Como
consecuencia del mencionado corte, la circulación de tráfico por la
comarcal 543 estuvo totalmente interrumpida durante 35 minutos, desde
las 18,10 horas hasta las 18,45 horas, si bien la intervención de la
Guardia Civil allí presente habilitó un itinerario alternativo para
paliar los efectos del corte de la vía, que también fue cortado por
los manifestantes cuando se percataron de su existencia, afectando
todo ello a más de 150 vehículos. Los manifestantes exhibían
pancartas exigiendo soluciones al problema que S.S. señalaba. Antes
de disolverse, el presidente de la asociación de vecinos Anamela, don
José Carlos García Blanco, convocó a los presentes a asistir, una
semana más tarde en el mismo lugar, a las 18,00 horas del día 23, a
otra concentración con los
mismos fines en el caso de que las autoridades competentes no tomaran
las medidas eficaces para evitar los atropellos y accidentes en el
referido cruce. Tengo que hacer constar que esta primera
concentración en la vía pública no había sido comunicada previamente
a la autoridad gubernativa y que, por los hechos expuestos, el puesto
de Noia instruyó diligencias número 255/2000 para el Juzgado de
Instrucción número 2 de esa localidad. Siete días más tarde, y
respondiendo a la nueva convocatoria a la que acabo de hacer mención,
a las 17,30 horas del día 23 de septiembre del año en curso
comenzaron a concentrarse vecinos de los lugares anteriormente
citados en el cruce de Sampaio, alcanzando a las 18,00 horas un total
aproximado de 130 personas, siento la actitud de los congregados
totalmente pacífica en principio. Esta segunda convocatoria tampoco
había sido previamente comunicada a la autoridad gubernativa. A las
17,45 horas aproximadamente se personó en el lugar el alcalde del
Ayuntamiento de Noia, don Rafael García Guerrero, el alcalde más
joven de Galicia, según me cuentan, acompañado de una concejal de su
equipo de gobierno, a cuyo encuentro se dirigió el capitán de la 4.ª
compañía, correspondiente a Noia, presente en el lugar, cruzándose
los correspondientes saludos. El mencionado capitán intentó efectuar
un aparte con la autoridad municipal con objeto de comentarle y
explicarle que existía la posibilidad de una reunión con el jefe de
carreteras para estudiar las reivindicaciones que planteaban los
vecinos. Asimismo, le indicó que, bajo su responsabilidad -bajo su
responsabilidad, señoría-, se podía negociar con los organizadores un
corte simbólico de la carretera para que sus demandas fueran
atendidas y recogidas por los medios de comunicación social allí
presentes, evitando de esta forma un corte tan prolongado como el
protagonizado el día 16, que había causado un gravísimo trastorno a
los usuarios de la vía, no sólo por el tiempo del corte de la
circulación, sino también por las colas interminables que formaban
los vehículos que transitaban por esa vía. (El señor presidente ocupa
la Presidencia.) El alcalde de Noia, señor García Guerrero, si bien
de forma cordial, declinó entrar en esa alternativa con el argumento
de que él estaba allí como un vecino más y no como alcalde, según sus
palabras. (Ya hemos coincidido S.S. y yo en que es difícil disgregar
la condición personal de la condición de alcalde cuanto se tiene esta
última.) A pesar de ello, el capitán de la Guardia Civil le informó
que no era posible realizar un corte de la carretera de forma total
por el grave perjuicio que ello ocasionaba a los usuarios, teniendo
en cuenta además que no se contaba con la correspondiente
autorización gubernativa, que ni tan siquiera había sido solicitada.

Y como quiera que no conocía a los representantes vecinales de las
asociaciones Anamela y Campo de Cabanetán, le indicó la conveniencia
de que, cuando éstos aparecieran en el lugar, le fueran presentados,
tal y como sucedió en el momento



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en que hicieron acto de presencia. Una vez que el oficial de la
Guardia Civil al mando tuvo como interlocutores a los señores García
Blanco y Castro Campos, les informó de que, por parte de la
Subdelegación del Gobierno en La Coruña, existía la mejor voluntad
para el diálogo e incluso facilitaría cualquier entrevista que
consideraran apropiada para resolver sus problemas. También les
comunicó que por parte del destacamento de Tráfico de la Guardia
Civil de Santiago de Compostela se había realizado un estudio en ese
punto negro y entre las soluciones se proponía de manera inmediata la
mejora de la señalización existente en el tramo, controlar la
velocidad por radas e incrementar la vigilancia del tramo. Además,
también estaba siendo objeto de estudio la construcción de un paso
inferior para vehículos, personas y animales, correspondiente a otra
administración. El oficial volvió a manifestar su disposición
a negociar un corte de carretera que tuviera su correspondiente
repercusión en los medios de comunicación social para que sus
reivindicaciones fueran conocidas, pero haciéndoles ver que un corte
prolongado de la vía y de su itinerario alternativo, causante de
graves trastornos en la circulación y de peligro tanto para los
usuarios como para los propios manifestantes, constituía un hecho
punible, previsto y tipificado en el Código Penal. Tales argumentos y
explicaciones fueron totalmente ignorados por ambos representantes
vecinales, manifestando que, a día de la fecha, ninguna autoridad de
la Xunta de Galicia se había dirigido a ellos ni les había propuesto
ningún tipo de solución. Se hizo esta afirmación a pesar de que la
máxima autoridad de la comunidad, el presidente de la Xunta, don
Manuel Fraga, había recibido en su despacho oficial, tal y como se ha
dicho, al alcalde de Noia el día 8 de septiembre, dos semanas antes
de los hechos narrados, con el compromiso firma de resolver el
problema.

Así las cosas, sobre las 17,55 horas, y a una señal de ambos
presidentes de las asociaciones de vecinos, los vecinos que se
encontraban concentrados en la margen derecha de la calzada -recuerdo
que eran 130-, en sentido Santiago de Compostela, saltaron la misma y
la ocuparon totalmente, interrumpiéndose la circulación rodada. Aunos
100 metros del lugar se encontraba concentrada la sección de
intervención rápida, formada por 25 componentes del cuerpo de
intervención de la Guardia Civil, con medios antidisturbios y con
fines meramente disuasorios. Pasados más de 40 minutos, cuando los
medios gráficos allí presentes ya habían recogido su protesta y se
había originado una retención de más de 100 vehículos, el oficial al
mando se dirigió al grupo de manifestantes y, concretamente, al
alcalde de Noia, una vez más, señor García Guerrero, tratando de
obtener su ayuda para convencer a los vecinos allí congregados de que
depusieran su actitud y permitieran restablecer la circulación, a lo
que la autoridad municipal contestó: Yo estoy aquí como un vecino más
y no como alcalde (lo dijo en gallego, pero yo no sé pronunciarlo),
permaneciendo sentado en la calzada en medio de los demás
manifestantes. A continuación, el oficial se dirigió a los dos
representantes vecinales ya mencionados con la misma intención,
recibiendo la siguiente contestación: Estaremos aquí el tiempo que
haga falta hasta que nos echen, en tono desafiante y todo ello
jaleado por los presentes. Con objeto de paliar en la medida de los
posible las consecuencias del corte de la circulación, se procedió al
desvío del tráfico ligero por una vía alternativa, como se había
hecho una semana antes, pero también en esta ocasión esta vía fue
cortada por los manifestantes. Considerando el oficial de mando que
toda negociación resultaba imposible, y siguiendo instrucciones del
ilustrísimo señor subdelegado del Gobierno en La Coruña, ordenó al
teniente al mando de la sección de intervención rápida que procediera
al desalojo de los concentrados sin utilizar medios antidisturbios,
tratando de apartar a los manifestantes mediante su desplazamiento
con escudos, lo que resultó imposible, puesto que los congregados
respondieron con patadas y golpes de paraguas y bastones, por lo que
se procedió a utilizar las defensas de goma y cartuchería de fogueo
para desalojar la calzada, consiguiendo retirarlos a ambos márgenes
de la carretera y restableciéndose la circulación a las 17,45 horas.

Hay que hacer constar que cuando el alcalde de Noia, señor García
Guerrero, se hallaba entre los manifestantes en la margen izquierda
de la calzada, en dirección a Santiago de Compostela, el oficial se
dirigió al mismo pidiéndole que tratara de calmar los ánimos de los
congregados, pero, lejos de ello, con una pérdida absoluta del
control de la situación y rebasado por los acontecimientos, con una
intencionada falta de colaboración con el mando responsable de la
Guardia Civil, con la autoridad que representaba al citado alcalde,
se plantó ante la fuerza actuante levantando los brazos por encima de
la cabeza y consiguiendo con su actitud encrespar todavía más los
ánimos de los manifestantes, que arreciaban en su acoso y
resistencia. Asimismo, cuando se intentó proceder a la detención de
don José Bernardo Castro Campos, el alcalde se abrazó al mismo para
evitarlo, circunstancia que radicalizó aún más a los manifestantes,
quienes la emprendieron una vez más contra los miembros de la Guardia
Civil a patadas, paraguazos, bastonazos, puñetazos e insultos como
asesinos y otras expresiones que, por respeto a la Cámara, no voy a
pronunciar. Ante esta actitud, se actuó con mayor firmeza para tratar
de conseguir la pretendida detención. Como consecuencia de lo
anterior y entre empujones y agresiones, se produjo un tumulto en el
que alcalde de Noia, que intentaba impedir la detención de la
mencionada persona, recibió algún golpe de los que se intercambiaron
la fuerza actuante y los vecinos congregados, pero nunca porque se
tratara de una actuación directa contra la autoridad local, máxime
cuando la unidad actuante no pertenecía a la zona territorial de
Noia, por lo que no conocía ni podían identificar al regidor
municipal.




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El señor alcalde fue atendido en un primer momento en la Casa del Mar
de Noia como único herido de la manifestación (lo cual dice mucho en
cuanto a la violencia que tuvo esa manifestación y que alega quien ha
intervenido en primer lugar), y a petición propia trasladado al
Hospital Clínico de Santiago de Compostela, donde después de una
exploración inicial y no observarse nada grave, exigió que se le
practicaran todo tipo de pruebas que, en efecto, se le realizaron,
dándole de alta pocas horas después de haber ingresado. Presentaba
una contusión en la cabeza y un hematoma en el torso, ambos de
carácter leve, según informe verbal facilitado por el facultativo del
centro hospitalario. En el incidente no se produjeron otros heridos.

Durante la actuación policial se procedió a la detención de don José
Carlos García Blanco como presunto autor de sendos delitos de
desórdenes públicos y resistencia a la autoridad, que fue puesto en
libertad a las 21,20 horas, previa comunicación con el ilustrísimo
señor juez de instrucción, y con la obligación de presentarse ante la
autoridad judicial el lunes 25 siguiente a los hechos. Una vez
informado de sus derechos y ya en las dependencias del cuerpo,
expresó su deseo de no prestar declaración, pero en conversación
coloquial con los componentes del equipo de policía judicial,
reconoció que acordaron permanecer cortando la carretera hasta que
fueran desalojados por la fuerza, al ver el despliegue de la fuerza
de la Guardia civil, lo que evidencia que buscaban premeditadamente
un enfrentamiento. Para no empeorar la grave situación de desorden
público, se pospuso la detención por los mismos hechos de José
Bernaldo Castro Campos, que convocó nuevamente a los manifestantes
para el día 30 de septiembre del mismo punto y con idénticos fines, a
pesar de lo ocurrido.

Por todos estos hechos, el equipo de Policía Judicial de Noia
instruyó diligencias número 85/2000 para el Juzgado de Instrucción
del mismo municipio, cuyo titular ha procedido a tomar declaración en
calidad de imputados a los dos presidentes de las asociaciones
vecinales y al alcalde presidente del Ayuntamiento de Noia.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir?



Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora
Marón.




La señora MARÓN BELTRÁN: Muy brevemente. Estaba manejando ahora unas
fotocopias que, si quiere, señor secretario de Estado, le paso con
mucho gasto para que vea la proporcionalidad a la que usted alude.

Comprendo que no coincidamos en la apreciación de las intervenciones
que yo hago y las que usted intenta trasladar. Hasta ahí estamos de
acuerdo. No coincido en gran parte de lo que ha manifestado, aunque
en otras cosas sí coincidimos como que el alcalde está en calidad
de ciudadano, pero también de alcalde, y en la cronología de los
hechos, pero no mucho más.

El corte de circulación al que hace alusión tenía vías alternativas.

Las tuvo el sábado anterior y las tenía ese día, pero mucha parte de
esa vía fue ocupada por los vehículos antidisturbios, por lo que los
vehículos que circulaban para desviarse no podían pasar por esa
carretera. No creo que fuese tan grave que, ante unos hechos como los
que allí acontecían, con nueve muertes, una de ellas causada dos
semanas antes, se retuviera el tráfico quince o veinte minutos o,
incluso, media hora en una carretera comarcal. Muchas veces estamos
colapsados mucho más tiempo por el tráfico circulatorio de las
ciudades y, desgraciadamente, no ocurre nada ni intervienen las
Fuerzas de Seguridad del Estado. En este caso, en que eran pacíficos
ciudadanos, vecinos de la zona sensibilizados por un problema, no
entiendo la proporcionalidad de la carga policial ni las medidas
disuasorias que se produjeron.

Permítame insistir, señor secretario de Estado, en la actitud
pacífica. En cuanto a lo que usted leía de paraguazos y bastonazos,
permítame que sea incluso jocosa, en Galicia alguna vez llueve.

Utilizar paraguas como arma disuasoria contra antidisturbios es un
poco chocante. Había personas mayores que, lógicamente, llevarían
algún bastón en que apoyarse. De todos modos, en las fotografías ni
veo paraguas ni veo bastones. Posiblemente sea una apreciación un
poco distorsionada de las visiones gráficas y de las visiones que le
han transmitido. Pero permítame decirle que, efectivamente, llueve
con frecuencia y algunas personas necesitan apoyarse en bastones.

Decía que el alcalde levantaba los brazos. Yo creo que fue más bien
una actitud pacífica para decir: señores, aquí no pasa nada, y
proteger a una persona mayor a la que usted aludía, presidente de una
asociación de vecinos. Esa era la actitud de una persona que intenta
proteger a una persona mayor, y así está recogido en los medios de
comunicación, haciendo alusión a esa actitud que usted describe. Lo
que me sorprende un poco más, y lo esperaba, señor secretario de
Estado, es que usted haya hecho alusión al alcalde socialista más
joven de Galicia. No sabía que la juventud se penalizara o utilizara
como agravante. Precisamente, el alcalde más joven de España no está
considerado como persona violenta. Es una persona dialogante, sensata
y madura, a la que ni sus vecinos ni las autoridades consideran
persona conflictiva ni agresiva. Le agradecería que no penalizara la
juventud que tenga un cargo de responsabilidad como incitador de algo
que no es la razón de lo que estamos planteando. En mi intervención
he dejado claro el hecho de que se solucione el problema, de que en
Galicia no vuelva a haber cargas como las referidas y que las
autoridades tengan en cuenta la personalidad de las personas que
concurren, agricultores, vecinos, gente totalmente pacífica, sin
ningún tipo de violencia,sin armas, que reivindican legítimos
intereses como



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que paguen sus expropiaciones o, en este caso, que arreglen el caos
circulatorio y el goteo de muertes en accidente de tráfico. Señor
secretario de Estado, le pediría que no se volvieran a producir
hechos como este para que no tengamos que pedir comparecencias del
señor ministro por actitudes desproporcionadas como las que han
ocurrido, la última hace tres meses, y mayor sensibilidad a la hora
de actuar para resolver los problemas que afectan a esta gente.




El señor PRESIDENTE: Por el Bloque Nacionalista Galego, tiene la
palabra el señor Aymerich.




El señor AYMERICH CANO: Muy brevemente. Señor secretario de Estado,
tiene que felicitar a quien le redactó el texto porque mantiene la
tensión hasta el final. Casi sin que se note, va poniendo a unos como
buenos y a otros como malos, pero también su parcialidad les
traiciona. Ya aludió a esa circunstancia al referirse el alcalde más
joven de Galicia, como si ser joven pusiese a uno en predisposición
de ser golpeado por la policía. Porque también es casual que se diga
así. Hay otra contradicción cuando dice que los agentes no eran del
puesto de Noia y no lo conocían. ¿Cómo, según su relato, se habló con
él en varias ocasiones? Le conocerían y, por tanto, hablaron con él
antes. Luego cuando lo agredieron sabrían a quién golpeaban. Los
vecinos no buscaban el enfrentamiento, buscaban solucionar un
problema y evitar más muertes.

Se alude también a la situación de tensión, de hipersensibilidad que
había en esa concentración. Por lo que se refiere a que habían sido
recibidos por el presidente de la Xunta de Galicia, las promesas del
presidente de la Xunta de Galicia y del señor conselleiro de Política
Territorial tienen menos valor -y a los hechos me remito, porque aún
está sin solucionar el problema- que un austral argentino en estos
momentos de depreciación de la divisa del país hermano. Al día
siguiente, el delegado del Gobierno dice que el conselleiro de
política territorial se compromete a elaborar un plan para solucionar
ese problema, cosa que aún no se ha hecho tres meses después. Tendrá
que haber otra muerte para que Fraga, reciba a los afectados, como
sucedió, y para que el señor Cuiña se decida a poner en marcha ese
plan. El Bloque Nacionalista Galega lamenta que no hayan rectificado.

Rectificar es de sabios. Tampoco era tan difícil. Es decir, es
reconocer que ante una concentración vecinal, de gente pacífica pero
en una situación de tensión, realmente enfadados y buscando una
solución que no veían por ningún sitio para un problema de goteo
continuo de muertes y de accidentes en un punto negro de la red vial
gallega -no el único, por cierto- hubo una actuación inoportuna,
desproporcionada, porque no sé cuáles serán esos otros males que se
intentaban evitar, mayores que el causado con la propia intervención
policial.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Gil Lázaro.




El señor GIL LÁZARO: Con toda brevedad, señor presidente, quiero
simplemente ratificar lo dicho en la anterior intervención,
insistiendo en lo que nos parece fundamental, ese apunte hecho por el
secretario de Estado de Seguridad en cuanto al llamamiento a todos
nosotros, a todas las autoridades, sea cual fuere su naturaleza o su
adscripción ideológica, en orden a tratar siempre de racionalizar al
máximo los procesos legítimos de protestas. Naturalmente, entendemos
que este llamamiento a la racionalización no supone menoscabo de
ningún derecho ni de la intensidad misma de la protesta.




Finalmente, no entendemos cómo en la pieza dialéctica de algunos
portavoces se penaliza la referencia hecha por el señor secretario de
Estado de Seguridad a algo que es puramente descriptivo, es decir, al
alcalde más joven de Galicia y, sin embargo, se incorpora en esa
misma pieza dialéctica, como elemento que sí que vale, la referencia
a la persona que iba a ser detenida como anciana. Pongamos las cosas
en su sitio y actuemos con sentido común.




El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, tiene la palabra
para cerrar el debate.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate):
Agradezco la intervención del señor Gil Lázaro en cuanto a la edad
del alcalde y me sorprende, aunque menos, que se haya utilizado la
descripción de algo que es puramente anecdótico como una idea de
inculpación o de permanente reivindicación por parte del Gobierno de
que la juventud es algo a ser penalizado. Lo he dicho como un
elemento descriptivo, de admiración hacia el propio alcalde y en
ningún momento como se lo han tomado SS.SS., y la explicación de por
qué se lo han tomado así, en su caso, la deberán dar ellos.

En cuanto a los hechos, señoría, describo lo que dicen las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y las diligencias presentadas ante el
juzgado de instrucción. El juzgado de instrucción ha declarado al
alcalde de Noia imputado en este asunto, y el alcalde de Noia en las
diligencias que obran en poder judicial ha reconocido que sabía que
la concentración no estaba autorizada y ha reconocido la veracidad
del informe de la Guardia Civil sobre el asunto. Así que es mi
versión y la del alcalde de Noia la que se está viendo aquí.

Su señoría hablaba de la situación y de que todavía no se ha
arreglado. El propio alcalde de Noia, en declaraciones hechas a un
periódico el día 25 de septiembre, ha reconocido -después de los
hechos- que el Gobierno de la Xunta, presidido por don Manuel Fraga,
expresaba confianza en el compromiso y que se tomarían las medidas
oportunas para solucionar el problema.




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Leyendo textualmente, el alcalde decía que confiaba en que Fraga
resolverá eficazmente el problema y no por las manifestaciones ni los
gritos ni las protestas, a las que nunca se doblega, sino porque es
un gran conocedor del conflicto del Ayuntamiento de Noia por el que
mostró siempre un gran cariño.

Termino agradeciendo la intervención de todos, pero especialmente la
del representante del Grupo Popular, que pone las cosas en su sitio.

El compareciente tiene en cuenta el hecho de que la violencia no es
un elemento que deba usarse siempre, sino cuando es el último
elemento para tratar de establecer el marco jurídico irrenunciable.

Ustedes no han tenido, en mi opinión, en consideración ni una sola de
las explicaciones que dan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado. No han tenido en cuenta el talante negociador descrito,
previo a la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado. Han presentado la manifestación como si durante todo su
proceso hubiera tenido el mismo nivel pacífico y tranquilo, y no es
así, señoría. La manifestación empieza como empieza, se va
recrudeciendo, se toman determinadas medidas de tipo coactivo con el
resto de la población y cuando ocurre eso, aun así, se insiste por
parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en tratar de
racionalizar el proceso de la manifestación, y cuando se radicaliza
es cuando hay que intervenir. En cuanto a los paraguas y a los
bastones, no sé si había paraguas y bastones; eso es lo que dicen los
que sufrieron los paraguazos y los bastonazos.




PREGUNTAS (Continuación)



- DEL SEÑOR DE LA ENCINA ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE MEDIDAS URGENTES PARA COMBATIR Y FRENAR EL AUMENTO DE LA
VIOLENCIA Y LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN BARBATE (CÁDIZ), TRAS EL
SECUESTRO DE PERSONAS POR LOS NARCOTRAFICANTES. (Número de expediente
181/000240.)



El señor PRESIDENTE: Seguimos con el orden del día. Corresponde ahora
el turno a la pregunta número 5, sobre medidas urgentes para combatir
y frenar el aumento de la violencia y la inseguridad ciudadana en
Barbate (Cádiz) tras el secuestro de personas por los
narcotraficantes.

Para formularla, tiene la palabra su autor, el diputado don Salvador
de la Encina Ortega, por el Grupo Socialista.




El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Gracias por su comparecencia, señor
secretario de Estado.

Le voy a plantear una situación que se veía venir. Cualquiera que
estuviera un poco al tanto de la situación
de Barbate podría observar con perspectiva en el tiempo que eran
evidentes la conflictividad ciudadana y los disturbios sociales que
se iban a producir en el momento en el que el Gobierno, a través de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, interviniera. La
ciudad ha sido tomada -dicho literalmente- por los narcotraficantes.

Cualquier ciudadano que simplemente paseara por el pueblo y observara
lo inédito de una estampa en la que los jóvenes iban y venían en moto
por la ciudad, cargados con drogas, y se movían con total impunidad,
se podría dar cuenta de que no era normal que se permitiera esa
situación.

Usted, señor secretario de Estado, imagino que habrá oído hablar de
los busquimanos, que es una palabra que se acuña en Barbate y con la
que se denomina a los jóvenes que recogen de las playas de la zona
los fardos de hachís y que luego en esos ciclomotores esquivaban
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando se las
encontraban, que eran muy pocas veces. Esa situación -que era, como
digo, generalizada, evidente y pública- provocó, en uno de los lances
que se produjeron, que un policía local muriera de un infarto ante la
actitud agresiva de esos jóvenes busquimanos. A los pocos días, en
esa escalada de violencia, se producía el secuestro de tres jóvenes a
manos de los narcotraficantes que operaban en Barbate. Eso hizo que
explotara la situación, que se produjera una manifestación de 10.000
ó 12.000 personas, la gran mayoría del pueblo -y algunos estuvimos
presentes-. Ante la situación caótica que vivía el municipio, con
todas las consecuencias que ello tiene de todo tipo, las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado intervinieron.

Cuando planteamos la pregunta pedíamos que nos dijeran qué medidas
urgentes pensaba poner en marcha el Gobierno para frenar esa
inseguridad y esa violencia. El 21 de octubre, el Gobierno, dándose
cuenta tarde y mal, ha destinado en Barbate un grupo de guardias
antidisturbios, que está dando sus resultados, obviamente. Le quiero
preguntar, más que sobre las medidas urgentes que se han adoptado,
sobre las medidas que tiene previstas de cara a garantizar la
seguridad de los ciudadanos. Este domingo estuve allí por la noche y
la ciudad estaba literalmente tomada. A veces uno cuando ve esa
estampa se echa atrás, porque a nadie le gusta ver una ciudad tomada,
pero era necesario hacerlo para que se vislumbrara por parte de los
ciudadanos que la ley puede imperar, que el narcotráfico no puede ser
la forma de vida. Entonces, yo le pregunto: ¿cuáles son las
perspectivas de futuro, seguir tomando la ciudad, que es importante,
o completarlo con otras medidas? Quizá no le corresponda a su
Ministerio, pero, como representante del Gobierno, tendrá que dar
respuesta a esa cuestión. En definitiva, lo que le quiero preguntar
es cuál la perspectiva de cara al futuro en el ámbito
fundamentalmente de la seguridaden Barbate.




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El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate):Usted
mismo dice que se han tomado determinadas medidas de forma inmediata
a la hora de paliar una situación complicada que tiene Barbate y que
tiene toda la provincia desde el punto de vista de la actuación de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por dos razones opuestas
pero que se suman en la utilización de los recursos humanos de estas
instituciones, que son el narcotráfico y la inmigración.




En cuanto a las situaciones concretas a las que usted se refería de
Barbate, entiendo como satisfactoria su intervención desde el punto
de vista del reconocimiento de las medidas que, como digo, espero que
sean coyunturales, y respecto a las otras, a las que usted se
refiere, habrá que determinar los órganos del Gobierno que les tengan
que hacer frente. Creo que hay dos hechos claves respecto de uno de
los cuales puedo dar solamente unos datos muy someros porque está
declarado secreto de sumario por el juez que lleva el asunto.

En lo que se refiere al secuestro de personas, que es lo que está
dentro del sumario, simplemente decirle que S.S. dilucidará cuál es
el final del asunto, pero puedo apuntarle que la intervención de los
efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado fue
fundamental para desactivar la situación que se estaba formando en
Barbate, caracterizada por un secuestro múltiple, que culminó con la
liberación de las personas secuestras y con la detención de un grupo
importante de personas, siendo una de ellas uno de los inicialmente
secuestrados y todos ellos sospechosos de narcotráfico, por lo que
entendemos que sería un arreglo de cuentas entre las bandas que tanto
le preocupan a usted y desde luego tanto le preocupan al Gobierno en
esa zona. Ya le digo que no puedo entrar en más detalles de lo que
nosotros estamos haciendo en Barbate hasta que se restablezca la
situación. Yo no diría que es una ciudad tomada, sino controlada.

En lo que se refiere al establecimiento de determinadas medidas de
futuro, le puedo adelantar las actuaciones más relevantes efectuadas
en el puesto de Barbate durante el presente año por la Policía, que
son las siguientes: Hemos recuperado en Barbate 4.275 kilos de
hachís, hemos practicado 82 detenciones y hemos recibidos 232
denuncias por previsiones de la Ley Orgánica 1/1992; se ha llevado a
cabo una operación contra el narcotráfico, denominada Operación
espejo, que dio como resultado la desarticulación del clan de los
Antón; de resultas de las investigaciones seguidas en dicha
operación, en fecha 6 de noviembre del año 2000 se procedió a la
detención de cuatro cabecillas existentes en la illegalidad,
interviniéndoles 2.000 kilos de hachís, 10 vehículos, armas y dinero
en metálico, y se han detenido también a unos inmigrantes ilegales
que estaban involucrados también en ese ámbito delictivo. Dentro
de la reorganización periférica de la Guardia Civil, en el año 1997
se ha llevado a cabo la transformación del puesto de Barbate en
puesto principal, asignándose con tal motivo un total de 32
efectivos, una patrulla del servicio fiscal y un equipo de Policía
judicial.

Por lo que se refiere a las medidas de mejora, y sin perjuicio de la
pregunta que tendré que contestar a continuación, el grupo de
investigación fiscal antidroga de la Comandancia de Cádiz investiga
lo concerniente al narcotráfico en la localidad de Barbate y a su
entorno con absoluta prioridad. La embarcación de que dispone el
Servicio marítimo provincial de Cádiz presta servicio permanentemente
en aguas de Barbate o apoya a los servicios en demarcación
territorial barbateña. La plantilla del puesto de Barbate es apoyada
en sus servicios por el núcleo de reserva de la Comandancia de Cádiz,
lo que ha permitido que desde el mes de junio, en que se comenzó con
este apoyo, se hayan realizado tres diligencias policiales elevadas a
la autoridad judicial, deteniéndose a 10 personas e interviniendo 720
kilos de hachís, heroína, cocaína y una embarcación zodiac. Ademas,
desde el día 21 de octubre del presente año se ha comisionado de
manera continua en la referida localidad un módulo de intervención,
que es al que usted se refiere, con 18 efectivos, que han conseguido
un incremento de la eficacia y de las intervenciones, pudiendo
destacarse que se han realizado 1.591 identificaciones, 16
actuaciones por aplicación del artículo 25 de la Ley 1/1992 y 269
actuaciones relacionadas con la seguridad vial, 47 movilizaciones de
ciclomotores y tres detenciones. Todos estos datos avalan el firme
compromiso de abordar con una mayor eficacia la problemática
existente en la localidad de Barbate al dotar a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado con un incremento de los medios materiales y
humanos existentes inicialmente en la plantilla de referencia.

Y mientras establecemos cuál es el nivel apropiado de cobertura de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Barbate, hemos previsto,
como S.S. apuntaba, esa intervención coyuntural para tratar de paliar
en lo posible los hechos que, desgraciadamente, ocurren en Barbate
con más frecuencia de la que desde luego sería de desear teniendo en
cuenta la gravedad de la situación de Cádiz por su proximidad a las
costas del norte de África, por los dos problemas que he señalado.




El señor PRESIDENTE: Señor De la Encina.




El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Señor secretario de Estado, una ciudad
tiene que estar controlada, pero lo que no tiene es que estar tomada,
como yo decía, por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Cualquier ciudad española, en principio, se supone que está
controlada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,lo que no es normal
es que una ciudad, en este



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caso Barbate, esté literalmente tomada por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado. Aplaudimos desde el Partido Socialista que sea
así, porque la situación de deterioro hacía que se interviniera de
una manera contundente para restablecer la normalidad social y la
convivencia, ya que los episodios últimos de septiembre y octubre
eran absolutamente injustificables. Todo el mundo -le decía yo en
tono de reproche- conocía la situación. Se esperó demasiado para
adoptar las medidas que usted ha anunciado. Cualquiera que tuviera
conocimiento previo de la situación de Barbate podía ver que 10 ó 12
clanes familiares trabajaban con mafias marroquíes que controlan el
tráfico de hachís del norte de África y que, al hilo de ello, con una
situación de depresión económica derivada de la falta de convenio
pesquero con Marruecos, muchas personas, sobre todo estos jóvenes que
le decía, se subieron al carro de la vida fácil.

Desde el Partido Socialista consideramos que la unidad de todos los
partidos políticos y de todos los colectivos ciudadanos, en este caso
de Barbate, debe ser la tónica general para luchar contra esa
situación. La unidad de los partidos políticos, por lo menos la del
Partido Socialista, la tienen sin lugar a dudas, pero eso no quita
para que yo aquí aproveche y le describa una triste realidad, y es
que la población de Barbate tiene una singularidad con respecto al
resto de las poblaciones de España, cual es la cercanía con el norte
de África que hace que, ante la depresión económica en la que viven,
se puedan introducir fácilmente, sin ningún problema, las mafias de
la droga y que los ciudadanos que tienen poca conciencia social
caigan en esas redes y operen de una manera preocupante. Por eso se
ha producido en Barbate de una manera muy creciente el llamado
narcobienestar, y de ahí el hecho de que los jóvenes barbateños dejen
las clases y pasen a otra escuela, la escuela de la cárcel. Usted
mismo ha dado datos que describen la situación.

De esa manera, señor secretario de Estado, es muy difícil, por no
decir imposible, inculcar a esos jóvenes los valores del trabajo o
del estudio. Se ha hecho necesaria la presencia de esos
antidisturbios para que se recobre la normalidad ciudadana. Pero esa
situación de una ciudad tomada literalmente por los cuerpos de
seguridad, como antes decía y vuelvo a repetir, no puede ser
indefinida. Yo entiendo que la situación en la que actualmente está
Barbate, bajo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, debe ser
temporal y que habrá que plantearse que no puede seguir así
indefinidamente. Por parte de distintos ministros que han visitado la
zona ha habido promesas para llevar a cabo planes de reactivación
económica; por otra parte, ha habido también promesas para que en los
Presupuestos Generales del Estado se introduzcan partidas específicas
para dotar a Barbate de unas posibilidades económicas de las que
ahora mismo adolece el municipio.

El señor PRESIDENTE: Le ruego vaya concluyendo.




El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Voy concluyendo, señor presidente.




Lo que yo quería decirle es que en los Presupuestos Generales del
Estado no se ha introducido partida específica alguna. Muy al
contrario, el Partido Popular ha rechazado una partida de 1.500
millones de pesetas para dotar a los municipios con esas
problemáticas de salidas alternativas al sector pesquero, y hasta
ahora no se ha puesto sobre la mesa ninguna medida económica de las
prometidas por dos ministros, tanto el señor Arias Cañete como el
propio señor Mayor Oreja, que por cierto veranea muy cerca de allí.

Para terminar, simplemente le quería pedir que, por favor, cumplan
esos compromisos, que Barbate lo necesita porque su situación es muy
especial y muy específica. De lo contrario, vamos a tener
indefinidamente una ciudad tomada por los cuerpos de seguridad del
Estado y eso, en democracia, es lamentable.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Voy a
empezar por el final de su intervención. El Gobierno cumple sus
compromisos y así lo ha demostrado durante esta legislatura y en el
anterior Gobierno. Por tanto, esté usted seguro de que si existen
compromisos de los ministros de Agricultura y Pesca y del Interior
esos compromisos se cumplirán. No vamos a entrar en la matización de
si es una ciudad controlada o tomada. Yo lo que digo es que hay una
importante fuerza policial controlando una ciudad en un momento en
que se denuncia (usted es uno de los denunciantes, y me parece muy
bien que lo haga) una extraordinaria necesidad de controlar una
actividad a todas luces ilegal, que produce una inseguridad ciudadana
que se transforma en los hechos que usted ha explicado y yo he
descrito. Nosotros, evidentemente, haremos lo necesario en cada
momento, como Ministerio del Interior, para que la seguridad
ciudadana en Barbate esté suficientemente cubierta, que es lo que
corresponde a este Ministerio. Hay otro tipo de cosas que
corresponden a otros ministerios. Yo no sé si hay que hablar de
procesos inversores, no sé si hay que llenar Barbate de otras
actividades que permitan ayudar a esa juventud, que tiene más fácil
que la juventud de Albacete el acceso a determinados tráficos y a
determinados negocios ilegales como son el tráfico de droga y la
inmigración entendida como trata de personas, que también ocurre. Eso
habrá que buscarlo a través de la acción integral del Gobierno. Y no
se preocupe que, en lo que a mí me concierne, transmitiré su
preocupación, porque esa cuestión, como materia inicial de un proceso
de seguridad o de inseguridad ciudadana, también



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nos resulta muy importante. A nosotros, desde el punto de vista de la
seguridad del Estado, nos gusta mantener los niveles de cobertura y
de control policial necesarios en una democracia, en una sociedad
sana, que son los que son, que efectivamente no son los que en estos
momentos tiene Barbate.

Señoría, yo le he descrito lo que estamos haciendo, los resultados
que hemos obtenido y lo que vamos a hacer. Y recibo su mensaje en
cuanto a incitar la acción del Gobierno a que se fije en el problema
de Barbate no solamente por su consecuencia, que es la inseguridad
ciudadana, sino por las causas que lo provocan.




- DE LA SEÑORA ROMERO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE MEDIDAS PARA COMBATIR LA INSEGURIDAD CIUDADANA Y EL INCREMENTO
DEL NARCOTRÁFICO EN BARBATE (CÁDIZ). (Número de expediente 181/
000241.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 6. Para su
formulación, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la señora Romero.




La señora ROMERO LÓPEZ: Insistimos en el mismo tema dos diputados de
la misma provincia y la razón la acaba de exponer usted, señor
secretario de Estado. Las circunstancias que vive esta provincia
entera y muy especialmente la población de Barbate, debido a unos
años de abandono, cuyos resultados estamos viendo ahora, con la
intervención pública en cuestiones que ahora se están abordando y que
aún no sabemos exactamente en qué se van a concretar, hacen que
estemos aquí, señor secretario de Estado, para preguntarle sobre
algunas cuestiones que aún no están claras.

A pesar de que está diciendo aquí, públicamente, ante los diputados y
evidentemente ante todos los ciudadanos de Barbate, que el Gobierno
cumple sus compromisos, le tengo que decir que hace muy poco tiempo
yo misma traje aquí una proposición no de ley para que se quedaran
permanentemente esos grupos rurales que el Gobierno mandó cuando la
situación había llegado ya a un límite insostenible, en una
operación, como usted ha dicho ahora mismo, de carácter puntual, y el
Grupo Popular votó en contra.

Usted acaba de decir ahora, en respuesta al anterior diputado, que se
han incrementado en 32 miembros las fuerzas de seguridad en ese
cuartel de la Guardia Civil, usted acaba de decir que se ha
incrementado con un equipo de Policía judicial, y acaba de decir que
han elevado también la categoría del puesto de la Guardia Civil en la
población de Barbate. Hay muchas preguntas que tenemos que hacerle,
no solamente por estas declaraciones que usted hace aquí, hoy, sino
también por las respuestas por escrito que hemos recibido a diversas
preguntas que yo misma he formulado, así
como otros diputados. Después de esas declaraciones que usted acaba
de hacer, quisiéramos saber si efectivamente esos 32 efectivos de los
que ha hablado se han incorporado a la plantilla, desde cuándo se ha
incorporado ese equipo de Policía judicial y cuándo se va a producir
el cambio de categoría, si es cierto que el Gobierno cumple sus
compromisos.

Quisiera decirle que el Gobierno ha puesto en marcha un programa,
pomposamente llamado de impermeabilización del Estrecho, que el
propio subdelegado del Gobierno de la provincia de Cádiz
reiteradamente ha defendido en la población de Barbate como
instrumento necesario para acabar con ese incremento del narcotráfico
que esta población está sufriendo. En la respuesta que ustedes me dan
(por eso hay algunas preguntas que tengo que formularle) me hablan de
un contrato con una consultora por valor de 120 millones de pesetas.

Yo quisiera saber con qué consultora y para qué el Ministerio del
Interior ha pagado o tiene previsto pagar 120 millones de pesetas.

¿Es que el Ministerio del Interior no tiene servicios de estudios
para valorar lo que está ocurriendo hoy en el Estrecho y por ello
tiene que recurrir a una consultora? ¿Qué novedades están surgiendo
allí para que se tenga que recurrir a una consultora y no sean
suficientes las investigaciones o los estudios normales que se tienen
para hacer frente a una situación como la que estamos viviendo? Esos
120 millones están incluidos en el presupuesto de los 1.000 millones
que para este año el Ministerio del Interior ha introducido en los
Presupuestos Generales del Estado. Se supone que ese estudio ya se
tiene. Además, me responde el Gobierno que hay una serie de
embarcaciones semirrígidas, patrulleras, cámaras térmicas, un radar,
un centro móvil, etcétera. No les voy a hacer las típicas preguntas
que hacían otros diputados de su grupo, cuando el Partido Socialista
estaba en el Gobierno. No nos parece responsable preguntarle dónde
está el radar, dónde están las cámaras térmicas o dónde están los
visores. Usted sabrá que las patrulleras y las embarcaciones
semirrígidas están en muelles pesqueros y deportivos, y la población
los ve, pero hasta este momento no se han visto. Hasta este momento,
no se ha visto ese incremento, del que ustedes me responden
oficialmente, de 1.000 millones correspondientes al programa SIVE
para este año 2000. Las fuerzas de seguridad no han visto ese
incremento, y ha pasado el año. Para el año próximo ustedes tienen
previsto un incremento de 2.000 millones, pero, a no ser que recojan
lo que no han hecho este año -que probablemente sea así-, no sabemos
exactamente cómo van a cumplir sus compromisos para el año 2001, si
los compromisos del año 2000 no se han visto. Éstas son mis
preguntas. ¿Qué contrato y con qué consultora? ¿Dónde están esas
patrulleras, esas embarcaciones semirrígidas, ese incremento de
miembros de la fuerzas de seguridad para la plantilla de Barbate, ese



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equipo de Policía judicial? En realidad, eso que ustedes no han
puesto en marcha desde hace cinco años.




El señor PRESIDENTE: Señora Romero, está consumiendo usted casi todo
el tiempo.




La señora ROMERO LÓPEZ: Termino, señor presidente.




Todo eso que deberían haber incrementado en cinco años, porque el
abandono en el que tienen a esta provincia de Cádiz y a esta
población ha provocado la situación que ahora estamos viviendo. (El
señor Gil Lázaro pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.




El señor GIL LÁZARO: No quisiera interrumpir el trámite y, por tanto,
me someto a la consideración de S.S. para solicitar la palabra, en el
momento en que el señor presidente lo considere oportuno, y para una
cuestión de orden, en relación a una alusión que no ha sido exacta,
respecto a la actuación de mi grupo parlamentario en la última sesión
de control, hace menos de un mes, que tuvimos con motivo del debate
de proposiciones no de ley. Seguramente por error, no ha sido exacta
la información que ha dado la señora Romero sobre la posición de mi
grupo en el debate de aquella proposición no de ley.




El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, sabe S.S. que éste es un
trámite cerrado y que no podemos reabrir ningún debate interno.




El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, sobre el objeto de la cuestión
ya lo sé, lo que pasa es que no se puede aprovechar un trámite
cerrado para atribuir una posición a otro grupo parlamentario.




El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, sabe que éste es un trámite
absolutamente cerrado, no ha lugar a más manifestaciones sobre el
tema.

Señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Creo que
la intervención de S.S., al final, se ha concretado en dos preguntas.

Una hace relación a Barbate y la otra a Cádiz. La que hace relación a
Barbate se refiere a unos determinados instrumentos de seguridad
ciudadana que se emplean en Barbate. Respecto a los 32 efectivos que
hemos asignado a Barbate, se hizo en el año 1997, señoría, es un
compromiso cumplido. (La señora Romero López: ¡Bueno!) No me diga
bueno, señoría, porque está hecho. Usted me ha preguntado si estaba
hecho o no y yo le digo que está hecho. Además, hay una patrulla para
el servicio fiscal y un equipo de Policía judicial. En cuanto a las
medidas de mejora, se las he reiterado a su compañero, anteriormente,
y constan en acta.

En cuanto a si tenía o no que ser permanente la situación de la
fuerza que tenemos en estos momentos en Barbate -la posición de su
compañero es que no tiene que ser permanente y la suya parece ser que
sí debe serlo-, es evidente que el Gobierno cree que la situación de
Barbate es excepcional hasta que se establezcan otras medidas que,
ésas sí, serán permanentes y que hacen relación a las que yo he leído
y constan en el acta. Por tanto, el Gobierno se mantiene en su
posición de que las situaciones excepcionales se traten con medidas
excepcionales y se intenten solucionar en su excepcionalidad, y luego
queda lo que tiene que quedar. En esta comparecencia nos reiteramos
en que no van a ser permanentes, pero mientras dure la
excepcionalidad las tendremos ahí.

En cuanto al SIVE, señoría, conviene estudiarlo. El SIVE es un
programa plurianual que pone en marcha este Gobierno, esta Secretaría
de Estado, y que tiene unos determinados plazos inversores. Durante
este año iba a ser de una determinada manera. Hemos conseguido poner
en marcha el SIVE, que es un estudio que hace una ingeniería de
procesos, dentro del ámbito del Estado. Como usted sabe, no sólo en
el Ministerio del Interior sino en cualquier otro ministerio, esos
estudios son necesarios para desarrollar aspectos técnicos, para los
que nosotros no tenemos capacidades dentro del Ministerio del
Interior. El estudio está a disposición de S.S. y el día que lo
quiera ver, lo verá. Y no crea que nos preocupa que nos pregunten las
cosas, nos encanta que nos las pregunten, porque las hacemos. Ahí
están los estudios, ahí están las inversiones hechas, ahí está el
plan para que lo analice usted cuando quiera, en la medida en que
determinadas partes del plan se puedan analizar, y ahí está la
Intervención General del Estado para decir si se han hecho o no.




El señor PRESIDENTE: Señora Romero, tiene usted la palabra para un
segundo turno por muy poco tiempo.




La señora ROMERO LÓPEZ: Comprendo que es difícil contradecir al señor
secretario de Estado, pero no vale confundir aquí circunstancias que
no han sido expuestas, o no hacer una correcta interpretación de lo
que cada uno de los diputados ha dicho.

Evidentemente, el señor secretario de Estado sabe que la
espectacularidad no es eficaz. Lo que es eficaz es una labor
permanente de las fuerzas de seguridad. Ese incremento de 32
efectivos pertenece a 1997 y responde, entonces, a una coyuntura en
la que era necesario hacerlo. Le tengo que decir, señor secretario de
Estado, que, si es así lo que usted acaba de decir, no hay nada nuevo
en la situación de hoy.

En cuanto al programa SIVE, que el director general de la Guardia
Civil, señor López Valdivielso, defendió a mediados de este año, con
un presupuesto de 25.000 millones de pesetas para los próximos cuatro
años, ha



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resultado ser falso hasta este momento, porque, salvo ese contrato al
que usted hace referencia, no me ha dicho nada del resto de las
respuestas que me respondieron por parte del Ministerio del Interior;
el resto no figura en los presupuestos del año 2000. Si es cierta esa
cifra, debería haberse multiplicado por cuatro para que fuera una
realidad en cuatro años, pero no es así. Han resultado ser falsas las
declaraciones del señor López Valdivielso. Ustedes no han puesto esa
cantidad para el programa SIVE, no la han puesto para el año 2000 y
no la tienen pensada para el 2001.




El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): En
primer lugar, lo que yo he dicho, en cuanto a las medidas que hemos
tomado, es que hemos asignado 32 personas. Cuando preguntaban: ¿Han
concretado las personas? Respondemos: Están concretadas.

En segundo lugar, he concretado otras medidas que se han tomado, que
constan en el acta. Le he remitido al acta para no reiterar a la
Cámara, una vez más, lo que le he leído al anterior interviniente.

En tercer lugar, no he hablado de espectacularidad en las medidas. He
hablado de necesidad y de adecuación de las medidas a la situación de
excepcionalidad, en el sentido de que cuando esa situación
desaparezca, la medida excepcional -que no espectacular-
desaparecerá. No he hablado de espectacularidad para nada, de eso ha
hablado usted, señoría.

Por último, el programa SIVE existe, y he puesto a su disposición,
tanto el programa SIVE como el estudio que se ha hecho con la
compañía de ingeniería, que tiene la catalogación de poder actuar con
el Estado de cierta manera, sobre todo en un programa que tiene una
condición especialmente discreta en su ejecución y que viene
contratando con la Administración desde hace mucho tiempo. Fue
fundada hace aproximadamente hace 15 ó 20 años. Eso es lo que le he
dicho, señoría. El programa SIVE está a su disposición, así como lo
que hemos consumido en dicho programa, la decisión de invertir este
año los dineros que tenemos que invertir en el programa SIVE y la
plurianualidad del programa SIVE, aprobada por el Gobierno en pleno,
y puede verlo cuando usted quiera. Por tanto, señoría, le ruego que
antes de decir que una cosa es falsa lo compruebe con la Intervención
General del Estado y con quienes hemos desarrollado y gestionado
durante este año el programa SIVE.




- DEL SEÑOR MAYORAL CORTÉS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
RAZONES POR LAS QUE LAS UNIDADES ADSCRITAS DEL CUERPO NACIONAL DE
POLICÍA A LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS DE GALICIA Y VALENCIA SE ENCUENTRAN EN LA ACTUALIDAD
AL COMPLETO DE SUS EFECTIVOS Y LA DE ANDALUCÍA NO. (Número de
expediente 181/000244.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 7. Para formularla,
tiene la palabra el diputado señor Mayoral Cortés, del Grupo
Parlamentario Socialista.




El señor MAYORAL CORTÉS: Señor presidente, formularé muy brevemente
la pregunta. Va referida a las razones por las que las unidades
adscritas del cuerpo nacional de Policía de las comunidades autónomas
de Galicia y Valencia se encuentran en la actualidad al completo de
sus efectivos y la de Andalucía no. Estamos ante un fallo importante
de las relaciones de colaboración que deben mantenerse ente el Estado
y las comunidades autónomas, un fallo de la filosofía y la práctica
que debe inspirar el buen funcionamiento del Estado de las autonomías
y que considero de responsabilidad fundamental atribuible al Gobierno
de la nación y no a la comunidad autónoma.

Esta pregunta se reduplica con otra que también va implícita en ella
¿Por qué no se quieren reunir señores del Gobierno, señores del
Ministerio del Interior, con los responsables de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para solucionar la aplicación del convenio que
en su día se firmó para la constitución de la unidad adscrita de
Policía Nacional a la Junta de Andalucía? Desde el 16 de septiembre
del año 1999, la Junta de Andalucía ha solicitado esta reunión sin
que hasta la fecha, transcurrido ya más de un año, se haya podido
celebrar.




El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): En la
Comunidad Autónoma de Andalucía quedan por cubrir 287 funcionarios.

En la Comunidad Autónoma de Valencia, 266 y, en la Comunidad Autónoma
de Galicia, 97. Ninguna de las comunidades autónomas tiene cubierto
el cien por cien, como S.S. señalaba. Estamos reconduciendo la
escasez de funcionarios del cuerpo nacional de Policía que tenemos en
toda España para poder atender a todas las necesidades de seguridad,
ya lo he dicho en la primera intervención, incrementando este año y
el que viene, de manera históricamente más elevada, la oferta pública
de empleo que vamos a hacer.

En cuanto a las reuniones, está habiendo reuniones, aunque no sé por
qué no le consta a S.S., y continuarán el día 15 de enero, entre los
representantes de la Administración central y de la Administración
autonómica.




El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral.




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El señor MAYORAL CORTÉS: Es evidente que de la exposición que hace el
señor secretario de Estado se aprecia ya una desigualdad de trato.

Los datos que ha suministrado no corresponden a los que son conocidos
por nosotros y comunicados por la Junta de Andalucía. Ha mencionado
que quedan por cubrir 287 plazas en Andalucía; 266 en Valencia y 97
en Galicia, pero quedan más plazas por cubrir en Andalucía.

Estamos ante una cuestión muy importante desde dos puntos de vista.

En primer lugar, para el cumplimiento de la Ley de Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado y la posibilidad de adscribir unidades de
Policía Nacional a las comunidades autónomas y, de otra parte, la
desigualdad de trato que se observa con relación a este asunto. El
acuerdo de colaboración suscrito el 21 de diciembre de 1992, que
permitió crear la unidad del cuerpo nacional de Policía adscrita a la
Comunidad Autónoma de Andalucía, significaba que debería estar
compuesta por 520 funcionarios para desplegarlos en ocho provincias
-cosa que no ha sido posible hasta la fecha porque esos funcionarios
no han sido adscritos en su totalidad- para misiones que son muy
importantes en lo que se refiere al ejercicio competencial que le
corresponde a la Comunidad Autónoma de Extremadura en el ejercicio de
funciones de Policía. Estamos hablando de materias tales como
menores, maltrato y violencia sobre la mujer, protección del
patrimonio histórico y cultural, obras públicas, protección del
Parlamento de Andalucía, la sede de la Presidencia del Gobierno
autónomo, edificios e instalaciones de la comunidad autónoma más la
protección personal impuesta por las últimas acciones terroristas.

Han pasado ya ocho años. Ha habido reiteradas reclamaciones por parte
de la Junta de Andalucía y su Ministerio, señor secretario de Estado,
ni ha dado cumplimiento pleno al acuerdo firmado en su momento ni ha
cubierto las 520 plazas. En este momento la unidad solamente cuenta
con 236 funcionarios del cuerpo nacional de Policía, es decir, menos
de la mitad de los previstos, lo que constituye, en primer lugar, un
incumplimiento grave de lo acordado y, lo que es más relevante aún,
un obstáculo grave para el ejercicio de las competencias que tiene
atribuidas la Junta de Extremadura. La situación es tanto más
inaceptable si se tiene en cuenta que acuerdos similares que se han
establecido con otras comunidades autónomas -mencionamos aquellas que
están en una situación semejante como Valencia y Galicia- se hicieron
prácticamente en el mismo momento. Éstos han sido cumplidos o más
cumplidos, desde nuestro punto de vista, con una mayor diligencia, lo
que les ha proporcionado la casi totalidad de los efectivos
policiales previstos en los acuerdos que habían firmado estas otras
comunidades autónomas en 1992 y en 1990. Con independencia de los que
le falten, Valencia tiene cubierta en este momento una plantilla de
250 funcionarios. Galicia tiene 407 y no debemos olvidar que teniendo
niveles
competenciales similares la población de estas comunidades autónomas
es muy distinta. Los millones de habitantes que tiene la Comunidad
Autónoma de Andalucía es superior a los que habitan en Valencia o en
Galicia.

Se ha producido de este modo un agravio comparativo importante entre
comunidades autónomas, y por razones que el Gobierno debería
explicar, y esperamos que nos explique más cumplidamente S.S.,
convendría que se clarificara esta cuestión. Las unidades del cuerpo
nacional de Policía de dos gobiernos autonómicos del Partido Popular,
están al completo o según la versión de S.S. mejor cubiertas que las
de la Junta de Andalucía cuyo Gobierno corresponde al Partido
Socialista Obrero Español, donde el nivel de cobertura no llega ni al
50 por ciento. El caso de Galicia es clamoroso en lo que se refiere a
la diferencia porque según S.S., no llegan a la centena los
funcionarios que le faltan, a pesar de que tiene ya más de 400.

La cuestión que subyace en esta historia, señor secretario de Estado,
es una sucesión de desencuentros, a mi juicio, auspiciados desde
arriba, una expresión de un cierto partidismo latente o un cierto
sectarismo no menos latente, que finalmente nos lleva a la pregunta
del millón, señor secretario de Estado: ¿Va a cumplir o no el
Ministerio del Interior el acuerdo establecido por la Junta de
Andalucía y va a dotarla al cabo de ocho años ya, del número de
efectivos que necesita para cumplir las misiones que tiene
encomendadas?



El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Por
empezar por el final, esto es un proceso, señoría, ya se lo he
explicado. Tenemos que ir llenando el cuerpo nacional de Policía de
funcionarios trasvasando a su vez un compromiso que es de
cumplimiento y cuya renovación corresponde ahora con la Junta de
Andalucía. Para eso le he dicho que hay una reunión de renovación del
convenio el 15 de enero, entre funcionarios de la Administración
central y de la Junta de Andalucía para ver cuál es el proceso de
incorporación.

En cuanto a las cifras, en relación con las de Valencia y Andalucía,
perfectamente iguales. En relación con las de Galicia, se empezaría
antes a hacerlo y se habrá llegado a esta situación. El hecho de que
S.S. presienta que unas están al cien por cien y otras al 50 por
ciento, no. Ninguna al cien por cien, otra al 70 por ciento y otras
al 50 por ciento. Ésa es la realidad. Digamos los hechos como son
porque las cifras son tercas y por eso hay que decir las cifras como
son.

En cuanto a las reuniones con la Junta de Andalucía, ha habido
reuniones. Este secretario de Estado se ha reunido con la Junta de
Andalucía para hacer convenios de aplicación de la Guardia Civil a
determinadas



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actividades de la Junta y en eso estamos trabajando. No tiene ningún
sentido estar discriminando en este proceso complicado, por la
escasez de medios que tenemos de policías adscritas ¿Qué estamos
haciendo con la Junta de Andalucía? Estamos haciendo trabajos que ya
por el número que tienen debería estar haciendo la Junta de
Andalucía, precisamente para que puedan hacer otros ¿Cuáles son? Por
ejemplo, la protección de los juzgados, traslado de menores,
inspección del juego, todo eso lo estamos haciendo nosotros para
paliar un proceso, porque es nuestra obligación, pero se podría decir
que de los doscientos y pico funcionarios que tiene adscrita la
Policía, podrían repartirse por actividades. Pues no señor. ¿Me
entiende bien lo que estoy diciendo? Cada uno ha elegido una
actividad determinada y, otras, las han dejado y las hacemos
nosotros, mientras negociamos el cumplimiento de los acuerdos.




- DE LA SEÑORAALBERDI ALONSO (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
CRITERIOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR PARAAUTORIZAR LAS
MANIFESTACIONES EN MADRID. (Número de expediente 181/000301.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 8 del orden del
día, que formula doña Cristina Alberdi Alonso, del Grupo Socialista,
que tiene la palabra.




La señora ALBERDI ALONSO: La pregunta se refiere a las autorizaciones
del Ministerio del Interior para las manifestaciones en Madrid.

Entendemos, y así nos lo han hecho llegar los grupos afectados,
especialmente las asociaciones vecinales, que ha habido una evolución
en los criterios para la autorización de este tipo de
manifestaciones. Nosotros nos preguntamos que cómo, tratándose de
unas normas jurídicas que no han cambiado, y de un Gobierno que sigue
sustentado por el mismo grupo político, puede ser que cambiando el
titular de la Delegación del Gobierno aparezcan una serie de
problemas y unos criterios distintos aparentemente, y es lo que
quiero que me explique, señor secretario de Estado, si hay unos
criterios distintos y por qué, con relación a la situación anterior.

Cuando teníamos de delegado del Gobierno al señor Núñez Morgades, del
que ha quedado un recuerdo extraordinario de una atención permanente,
de una asistencia a todo tipo de lugares, donde había un problema
allí acudía el señor Núñez Morgades, todo eran facilidades y había
una relación extraordinaria entre ese delegado del Gobierno y los
grupos de asociaciones que, por unas razones o por otras, legítimas
en todo caso, pretendían manifestarse y argumentar con respecto a sus
posiciones, al fin y al cabo ejercer un derecho reconocido en la
Constitución y en nuestras leyes. A partir del nombramiento del nuevo
delegado del
Gobierno, en junio de 2000, aparecen todo tipo de problemas. Nos
dicen que hay una cierta postura disuasoria para el ejercicio de un
derecho fundamental, que es poner todo tipo de pegas y trabas para la
autorización de las manifestaciones, como mandar ir por las aceras,
por ejemplo, en una manifestación, o si es en una calle sólo por un
lado de la calle, con grave peligro porque por el otro lado vienen
los coches circulando, o un gran despliegue de medios policiales que
van en paralelo a la manifestación; incluso hay datos de
manifestaciones no muy numerosas en las que casi las fuerzas
policiales son superiores a los propios manifestantes. Esto lo
entienden estos grupos como elementos de disuasión para el ejercicio
de un derecho fundamental.

Los casos más llamativos que nos hacen llegar estos colectivos son
las manifestaciones de vecinos ante la antigua cárcel de Carabanchel
en las que ha habido muchos problemas, y también los de los vecinos
de Santa Eugenia, que tienen los problemas que todos conocemos en
relación con la ampliación de la carretera N-III.

Desde esta fecha de junio de 2000 ha habido numerosas sanciones
considerando las actuaciones por infracciones graves con multas de
hasta 250.000, pesetas, por lo que los interesados han tenido que
formular recursos; ha habido numerosas denuncias tanto de los
policías a los manifestantes como de los manifestantes a los policías
que han dado lugar a juicios de faltas, algunos archivados, otros con
sentencia absolutoria. En cualquier caso, lo que sí estamos viendo y
percibiendo es que donde no debería de haber un conflicto porque la
actuación de la Policía debería de ser en esa línea a la que
estábamos acostumbrados, de apoyo, de ayuda y de canalizar ese
ejercicio de derechos fundamentales, nos estamos encontrando con unas
trabas que antes no existían y con unos problemas y unos conflictos
de enfrentamiento de los colectivos con la Policía.

Esto es lo que nos preocupa y el motivo de preguntarle si es que ha
habido un cambio de criterios. Naturalmente podemos entender que haya
un conflicto de intereses, y eso en cualquier acción del Gobierno que
tome decisiones puede ocurrir, que entre los diversos intereses en
conflicto que hay que proteger a veces haya que ponderar el que los
ciudadanos no se vean constreñidos por enormes manifestaciones en el
centro de las ciudades, en fin, un debate que ya conocemos y que
existe, pero siendo respetuosos con los derechos de la ciudadanía en
un Estado de derecho también se puede en ocasiones denegar una
manifestación pero nunca condicionarla. Esto nos da la impresión de
una especie de posición disuasoria poco favorable al ejercicio de ese
derecho fundamental de manifestación.

También quiero decirle que se nos hace llegar una cierta
descoordinación entre las fuerzas de Policía local y nacional. Existe
un descontento muy importante por las actuaciones de este delegado
del Gobierno, por los criterios con los que lleva a cabo la
autorización de las



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manifestaciones, o la no autorización, o los condicionantes, y por
eso tenemos que preguntarle si han cambiado los criterios y si el
Ministerio del Interior piensa tomar alguna medida para solucionar
este grave conflicto que ha generado el desempeño de sus funciones
por parte del nuevo titular, que incluso ha dado lugar a algo que no
nos había pasado nunca con el anterior delegado, que es la petición
de su dimisión desde muchas instancias, incluso aquí en el Congreso
de los Diputados vivimos hace poco, no hace ni un mes, la
concentración de pacifistas que fue objeto de preguntas en el Pleno
al ministro del Interior, y que dio lugar también a una cierta
conflictividad. Este es el motivo de nuestra petición de explicación
y si hay ese cambio de criterio, porque las normas son las mismas y
el grupo político que sustenta al Gobierno también.




El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Los
criterios del Ministerio del Interior en relación con las
manifestaciones que se celebran en Madrid son el máximo respeto, como
no puede ser de otra manera, a la normativa vigente, incluida la Ley
orgánica 9/1983, de 5 de julio, que regula el derecho de reunión
pacífica y sin armas. Con esos criterios nosotros damos instrucciones
a los responsables de la seguridad y del orden público en la cadena
de mando, que en este caso al que se refiere usted es al delegado del
Gobierno en Madrid, y son los que tienen que aplicar. Máximo respeto
al ejercicio del derecho de manifestación, de reunión pacífica y sin
armas, tratando de hacerlo compatible, como S.S. señalaba también,
con el de los ciudadanos que, ajenos a las manifestaciones, también
tienen derecho a circular libremente por lugares públicos. El
Ministerio del Interior no autoriza las manifestaciones, ya que
ninguna reunión está sometida a régimen de previa autorización, según
el artículo 3 de la ley citada. Simplemente se da por enterado de su
convocatoria en virtud de la comunicación previa legalmente exigible,
que debe ser presentada de acuerdo con el artículo 8 de la vigente
ley; se trata de un escrito dirigido a la autoridad gubernativa
correspondiente, en este caso la delegación del Gobierno, firmado por
los organizadores y promotores de aquélla con una antelación de 10
días naturales como mínimo y 30 como máximo.

El criterio de prohibición de una manifestación fundamentado en el
artículo 10 de la citada ley ha de basarse en el hecho de que la
autoridad gubernativa considere que existen razones fundadas de que
puedan producirse alteraciones de orden público. La resolución
prohibiendo una reunión o una manifestación es susceptible, en todo
caso, de recurso contenciosoadministrativo ante la Sala Cuarta del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el plazo de 48 horas. Ante
las más de 1.200 manifestaciones que se celebran actualmente en
Madrid, algunas de ellas claramente coincidentes, la delegación del
Gobierno puede proponer en algún caso el itinerario de la reunión o
su duración, atendiendo a la exigencia de compatibilizar el ejercicio
de manifestación con el derecho de libre circulación de los demás
ciudadanos por lugares públicos. Todo ello sobre la base de que
también la autoridad tiene la obligación de procurar la ordenación de
la convivencia haciendo compatible ese derecho con la protección del
libre derecho de las otras personas.

Los anteriores criterios, que no son otros que los fundamentados en
la normativa vigente y en el marco del Estado de derecho, no han
variado en ningún momento con motivo del cambio de titular de la
delegación del Gobierno, si bien en los últimos meses ha aumentado el
número de comunicaciones preceptivas de las reuniones en lugares de
tránsito público y manifestaciones que se vienen celebrando en
Madrid, de acuerdo con el ya citado artículo 8 de la Ley orgánica que
he mencionado, que prevé la exigencia de este requisito de
comunicación previa y por escrito. En ese sentido se ha exigido el
cumplimiento de un precepto legal. En todo caso, por parte de la
Delegación del Gobierno no se hace otra cosa que exigir el respeto al
marco jurídico del Estado de derecho en el ejercicio del derecho de
reunión pacífica y sin armas, reconocido en el artículo 21 de la
Constitución, que vela por que el mismo se lleve a cabo conforme a lo
previsto en la Ley orgánica citada, protegiéndolo frente a quienes
tratan de impedir, perturbar o menoscabar su lícito ejercicio. La
Delegación del Gobierno procura mantener contactos previos con
responsables y organizadores de las reuniones que se comunican, con
objeto de adoptar las medidas precisas para el desarrollo de dichas
reuniones, todo ello de acuerdo con la normativa que he mencionado.

Cuando una reunión se celebra sin previa comunicación a la autoridad
competente, la Delegación del Gobierno adopta las medidas legalmente
previstas en orden a restablecer en su caso el orden público alterado
y a reconducir, de acuerdo con lo legalmente previsto, las
pretensiones de sus convocantes, que no han tenido en cuenta la
necesidad de sujeción a lo previsto en la normativa. Esos son los
criterios de este Gobierno, como también lo fueron del Gobierno
anterior.




El señor PRESIDENTE: Señora Alberdi.




La señora ALBERDI ALONSO: Muy brevemente.

Naturalmente, señor secretario de Estado, usted mantiene que los
criterios son los mismos que regían durante el mandato del anterior
delegado del Gobierno pero, a juzgar por las circunstancias en las
que se están produciendo las manifestaciones, tenemos que decir que
las coordenadas mediante las cuales esto se está llevando a cabo han
cambiado porque, si no, no se entiende que se estén dando tantas
situaciones de tensión,



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sobre todo en Santa Eugenia y en las manifestaciones ante la antigua
cárcel de Carabanchel. A mí me consta que los manifestantes, siempre
según su versión, cumplen con la normativa vigente en cuanto a las
comunicaciones preceptivas, que son por escrito. Hacen las cosas tal
y como establece la normativa vigente, igual que lo hacían con
anterioridad; sin embargo, por un lado están las trabas a las que me
he referido antes de condicionar el tipo de manifestación y por otro
la contundencia en la respuesta que nunca habían sido tan fuertes ni
tan tremendas como lo está siendo en esta etapa. Basta citar el caso
del señor Gómez Ballesteros, que presentó una denuncia después de ver
cómo la Policía golpeaba a una señora. Él salió en defensa de la
señora al ver que la Policía actuante la tiró al suelo y resulta que,
cuando fue a pedir explicaciones, le dieron a él otro golpe. Dice el
compareciente en la denuncia -la tengo aquí, atestado 7.314, en la
comisaría de la Villa de Vallecas- que se arrodilló con los brazos en
alto, denotando que no quería problemas y que recibió gran cantidad
de golpes en la espalda y en la cabeza. Es decir, hay una respuesta
contundente y desproporcionada que no existía con anterioridad.

Porque unas personas se manifiesten por un problema que tienen en
Santa Eugenia, por un puente que tienen que atravesar todos los días
porque el barrio está dividido por la N-III, no parece adecuado que
en un Estado democrático y de derecho haya respuestas tan
contundentes, tan fuertes y tan desproporcionadas por parte de la
Policía. Y luego estamos con esas personas que tampoco tienen unos
medios económicos extraordinarios y que tienen que buscarse abogados
o personas que les asesoren, viéndose en juicios de faltas y sin
saber si van a tener que pagar una multa de doscientas o de
doscientas y pico mil pesetas, que no es ni el sueldo que tienen al
mes. Son situaciones de tensión y de angustia lamentables para estas
personas.

Señor secretario de Estado, usted nos dice que no ha cambiado el
criterio, cosa que por otro lado me alegra oír, puesto que no podía
ser de otra manera. Las normas están en vigor, son las que son y el
Gobierno sigue sustentado por el mismo grupo parlamentario, como no
podía ser de otra manera, pero sí que puede haber una mayor
contundencia o flexibilidad o una actuación más acorde con una serie
de valores o de principios. Eso es lo que en esta réplica quería
poner de manifiesto al señor secretario de Estado, pidiéndole que
esas normas se cumplan, pero con los mismos criterios con los que las
cumplía el anterior delegado del Gobierno. No hacía nada que
estuviera fuera de la legalidad y, sin embargo, era mucho mejor
acogido por la ciudadanía. Así no habríamos tenido los problemas que
se tienen en el momento actual.




El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Es
evidente que los criterios, como S.S. ha dicho, no pueden ser otros
que los que yo he descrito: atenerse absolutamente a la ley y, si hay
-eso también es atenerse a la ley- alguna extralimitación en el
ejercicio de la fuerza, iniciar el expediente interno correspondiente
y establecer las responsabilidades que resulten del caso. Esto,
repito, también es atenerse a la ley. En cualquier circunstancia en
la que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o determinados
criterios puedan superar el ámbito establecido por la ley, por el
sentido común o por el sentido de la gobernabilidad ciudadana, basado
en esos criterios de flexibilidad sin mengua de los otros, nosotros
estaremos siempre del lado de establecer responsabilidades, pero no
creo que debamos confundir criterios con aspectos muy específicos de
determinadas actuaciones. Sin embargo, la preocupación de S.S. es la
mía y le puedo asegurar que en todos los procesos de actuación de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en problemas de orden
público, se establece y se pide que haya la mayor de las
flexibilidades, el mayor de los ejercicios de tolerancia posible
dentro de un marco en el que sabe S.S. que a veces llegar a esos
equilibrios por razones muy específicas y muy súbitas de los
problemas no puede ser. En cualquier caso, tengo que decir que en los
dos aspectos, tanto desde el punto de vista de la exigencia de su
cumplimiento hacia quien se manifiesta como desde el punto de vista
de la exigencia de su cumplimiento hacia quien debe controlar de
alguna manera el ejercicio de ese derecho, si hay alguna denuncia
concreta este secretario de Estado está dispuesto a tratar del asunto
y ver de qué manera, no cambiando los criterios, pero sí precisamente
exigiendo que se cumplan, se puede evitar.




- DEL SEÑOR MAYORAL CORTÉS (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE
LAS RAZONES POR LAS QUE EL GOBIERNO CONSIDERA ILEGAL LA PARTICIPACIÓN
DE DELEGADOS SINDICALES EN LA CONCENTRACIÓN SILENCIOSA REALIZADA
FRENTE AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EN CONTRA DELÚLTIMO ATENTADO
COMETIDO POR ETA EN MADRID, EL PASADO 31 DE OCTUBRE Y, ADEMÁS, LO
UTILIZA COMO ARGUMENTO PARA RESTRINGIR EL HORARIO Y EL ITINERARIO DE
UNA MANIFESTACIÓN CONVOCADA POR LOS SINDICATOS CCOO, UGT Y CSICSIF,
EL DÍA 16/11/00. (Número de expediente 181/000303.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 9, de don Victorino
Mayoral Cortés, al que le doy la palabra para formularla.




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El señor MAYORAL CORTÉS: Es la última pregunta que le hacemos al
señor secretario de Estado en una mañana de gran esfuerzo por su
parte, lo cual le agradecemos, y que ya va llegando a su fin.

La pregunta es continuación en un caso práctico de lo que estaba
usted contestando a la señora Alberdi. Ha dicho usted que el
ejercicio del derecho de manifestación se realiza con el máximo
respeto a tal derecho. Pues bien, yo tengo que decirle, señor
secretario de Estado, que en el caso que le planteamos en este
momento no ha sido así. La autorización que se dictó el día 16 de
noviembre a una solicitud de manifestación por parte de los
sindicatos no se ha inspirado precisamente en ese principio de máximo
respeto, sino más bien en la consideración de un hecho ilegal,
ilegalidad que solamente ha estado en la mente del señor delegado del
Gobierno a la hora de calificarlo así. Me estoy refiriendo a unos
hechos que ocurrieron delante de esta Cámara, concretamente en la
plaza de Las Cortes. El día 7 de noviembre 2.000 delegados sindicales
que se habían reunido en una sede próxima a la zona atraviesan la
plaza de Las Cortes para dirigirse a otro lugar en el que tenían
autorizada una manifestación, coincidiendo en ese momento con una
manifestación del personal de esta Cámara para expresar su repulsa
ante un atentado de ETA. Estos delegados sindicales se incorporaron
a esa manifestación silenciosa para expresar su repulsa y resulta que
ese hecho, esa presencia suya con las pancartas bajadas por parte de
los delegados sindicales aparece calificada como actuación ilegal por
parte de estos sindicatos el día en que he mencionado que ocurrió.

Está calificado en la resolución que tengo aquí y que S.S. debe
conocer, como un acontecimiento ilegal.

A partir de ahí tenemos que sacar la conclusión de que por parte del
delegado del Gobierno en Madrid se está desarrollando una política de
carácter restrictivo en lo que a la actuación en relación con las
manifestaciones que se celebran en Madrid se refiere, particularmente
en este caso de una manera muy evidente, porque aparece recogido en
una resolución. Yo creo que S.S., señor secretario de Estado, le
debería refrescar la memoria al delegado del Gobierno acerca de lo
que significa el derecho de manifestación en una democracia, ya que
es un derecho que, evidentemente, no está sometido, como S.S. decía,
al régimen de previa autorización, pero basta leer la resolución que
le menciono, de 7 de noviembre, del delegado del Gobierno, para ver
el espectacular tufo que dicha resolución tiene de intencionalidad
o de filosofía de autorización previa. La autoridad gubernativa,
también dice la ley que regula el derecho a la manifestación,
protegerá las reuniones y manifestaciones frente a quienes traten de
impedir, perturbar o menoscabar el legítimo ejercicio por parte de
los ciudadanos, pero parece que aquí la autoridad más bien vigila, es
más bien la dimensión de la desconfianza respecto de lo que hagan los
manifestantes que lo que es el propio derecho de manifestación.

Cuando esta
mañana venía hacia el Congreso, me he cruzado con una manifestación
que pasaba por la calle Génova, muy cerca de la sede del Partido
Popular, manifestación relacionada con Telefónica o con Renfe, no lo
recuerdo, y el cerco de la Policía en torno a los manifestantes era
espectacular. Por tanto, creo que es importante, señor secretario de
Estado, que por parte de S.S. se dicten instrucciones claras al
delegado del Gobierno acerca de lo que significa el derecho de
manifestación en una democracia.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): El
delegado del Gobierno tiene claros los criterios del Ministerio del
Interior, que he expresado antes en mi anterior contestación, y se le
exige permanentemente su cumplimiento. En ningún momento el Gobierno
ha considerado ilegal la participación de los delegados sindicales en
la concentración silenciosa realizada frente al Congreso de los
Diputados en contra del atentado cometido por ETA en Madrid el pasado
31 de octubre. Muy al contrario, la presencia sindical en este tipo
de actos es muy favorable. Tampoco la Delegación del Gobierno en
Madrid ha considerado en ningún momento su ilegalidad. Lo que la
Delegación del Gobierno estimó en su día como ilegal fue la
manifestación que, una vez finalizada la concentración silenciosa
ante el Congreso de los Diputados, y a la que se unió un grupo de
delegados sindicales, transcurrió desde el Congreso de los Diputados
hasta la calle de Alcalá, frente al Ministerio de Hacienda, lugar en
el que había sido convocada una concentración de delegados y
delegadas de Madrid de los sindicatos Comisiones Obreras, UGT y CSIF,
según escrito de 11 de octubre de 2000 comunicado al delegado del
Gobierno por don Julio Pinto Velasco, secretario de organización de
federación de servicios y administraciones públicas de Comisiones
Obreras de Madrid. Es claro que hay que separar la participación
positiva de los delegados sindicales de la concentración silenciosa a
la que usted aludía, convocada en el propio Congreso de los Diputados
frente a su sede en la carrera de San Jerónimo a las 12 de la mañana
del día 31 de octubre, de la que tuvo lugar inmediatamente después
sin notificación por parte de un grupo de representantes sindicales
que se dirigió al lugar de concentración comunicado a la Delegación
del Gobierno ante el Ministerio de Hacienda, en la calle Alcalá
números 5 y 11. La única referencia que la Delegación del Gobierno
hizo en relación con la citada manifestación, ya que no en relación
con la concentración silenciosa ante el Congreso de los Diputados, es
la que se mantiene en el fundamento tercero de derecho de una
resolución posterior del delegado del Gobierno, a la que usted
aludía, en la que se señala que los manifestantes se trasladaron



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posteriormente desde el Congreso de los Diputados, en forma de
manifestación encubierta, hasta el punto autorizado, sito en la calle
de Alcalá. Por lo que se refiere a la manifestación convocada por
Comisiones Obreras, UGT y CSI-CSIF para el día 16 de noviembre, no se
puede hablar de fenómeno causa-efecto en relación a la del 31 de
octubre.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Mayoral.




El señor MAYORAL CORTÉS: Lamento tener que discrepar en profundidad
con la interpretación que hace el señor secretario de Estado. No le
voy a leer la resolución de 7 de noviembre porque la conoce
perfectamente. Estamos ante un hecho que tiene cierta relevancia por
lo que significa la interpretación del delegado del Gobierno, y
espero que no del Gobierno, acerca de lo que es el derecho de
manifestación prioritariamente considerado como problema de orden
público más que como garantía de un derecho fundamental ciudadano.

Esta es la cuestión fundamental que subyace en tantos y tantos
acontecimientos de similares características, que están ocurriendo
como consecuencia de actuaciones dirigidas por los delegados del
Gobierno, particularmente a la que me refería. La resolución dictada
por el delegado del Gobierno está fuera del espíritu, incluso de la
letra, de la Ley Orgánica 9/1983, sobre derecho de reunión. La
utilización de hechos erróneos es muy grave en esta actuación, sobre
todo porque hechos erróneos son los que se utilizan como motivación
en la resolución del delegado del Gobierno del 7 de noviembre. En
primer lugar, los sindicatos no habían celebrado ninguna
concentración de forma ilegal ante el Congreso. Pasaban por allí;
iban juntos. ¿Ir juntos, trasladarse desde una sede sindical, pasando
por la plaza de las Cortes en dirección al lugar de la manifestación,
constituye una manifestación en sí misma? Porque esa es la
interpretación que hace el delegado del Gobierno y esa es la gravedad
del asunto. ¿Es que cada vez que se vea a más de 20 personas juntas,
en dirección a algún lugar, se puede considerar que están ejerciendo
el derecho de manifestación o simplemente el derecho de traslado? Es
una cuestión en la que debe instruir el Gobierno al delegado en
Madrid, puesto que en situaciones que pueden ocurrir con un mayor
grado de conflictividad social, la reacción no puede ser la sospecha
y la dimensión de orden público prioritaria sobre el derecho de
manifestación. Los delegados sindicales no quisieron convocar ninguna
manifestación delante del Congreso. No hay intencionalidad y lo grave
es que se califique así.

Por otra parte, en esta resolución que yo conozco hay implícito un
profundo sentido de desviación de poder. Una resolución dictada sobre
un derecho fundamental, atribuyendo, en este caso a los sindicatos,
la realización de un hecho ilegal no probado (porque el señor
delegado del Gobierno dice que fue un hecho ilegal) sin aportar las
pruebas, es lamentable. Por otra parte, en esta resolución hay un
sentido profundamente sospechoso de cualquier presencia o paso de
manifestación delante de las puertas del Congreso. En esta resolución
se advierte a los representantes sindicales que piden la autorización
para el día 16 que, como puede pasar cerca del Congreso, es un motivo
para modificar el itinerario e incluso el horario. Esta resolución
dictada por el delegado del Gobierno tiene dos elementos que son
graves. No sé si los interesados realizarán alguna actuación de
carácter judicial, pero cambiar un itinerario y un horario da la
sensación de ser una actuación de carácter represivo más que
orientador y organizador de un aspecto de la convivencia ciudadana.

Desde mi punto de vista es abusivo limitar la duración de la
manifestación, como así se hizo, aunque luego rectificó el delegado
del Gobierno porque limitó la manifestación del 16 a hora y media en
función de este argumento y luego cambió el itinerario porque el
lugar previsto estaba muy próximo al Congreso. El artículo 10 de la
Ley 9/1983, que regula el derecho de manifestación, dice claramente
que la autoridad sólo puede proponer el cambio de itinerario si
existiesen razones fundadas de que podrían producirse alteraciones de
orden público con peligro para las personas y los bienes. ¿Existía
tal peligro en la solicitud de manifestación que hacen los sindicatos
para el día 16 y que es el motivo por el cual el delegado del
Gobierno les cambia el itinerario? ¿Cómo se puede prejuzgar un hecho
que está sometido fundamentalmente a situaciones de carácter fáctico
que en este supuesto no se daban?
Señor secretario de Estado, es muy importante para la buena salud de
un sistema democrático que la autoridad gubernativa no desenfoque de
modo desequilibrado el análisis de los hechos, no tenga compulsiones
restrictivas sobre el uso de derechos ciudadanos y no confunda la
actuación ciudadana en el ejercicio de derechos de manifestación con
alteraciones de orden público.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra le señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): No puedo
estar más de acuerdo con el final de su exposición. Creo que está muy
bien definida la no confusión entre una serie de derechos y otros, y
eso es precisamente lo que trata de establecer la autoridad
competente para regular unos y otros. En este sentido, don Julio
Pinto Velasco, en su calidad de secretario de organización de la
federación de servicios y administraciones públicas de Comisiones
Obreras de Madrid, refiriéndose a la autorización que había dado el
delegado del Gobierno, dice: Planteamos como recorrido alternativo,
tras las conversaciones



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mantenidas en la Delegación del Gobierno en el día de la fecha, que
dicha manifestación discurrirá desde la plaza de la Villa hasta la
calle Alcalá, esquina calle Sevilla, junto al edificio de Banesto,
respetando un carril de descenso hacia la Puerta del Sol para
transporte público y de emergencias. La condición de la manifestación
transcurriendo por delante del Congreso de los Diputados se tomó de
acuerdo entre la Delegación del Gobierno y el Ayuntamiento de Madrid.

Las razones que se alegaron en cuanto a no permitir su paso sería que
alteraría gravemente la prestación de los servicios públicos
esenciales de policías, bomberos y ambulancias, tal como se decía en
el informe del propio Ayuntamiento de Madrid.

Señoría, entiendo la preocupación que manifiestan usted y la señora
diputada que me ha preguntado anteriormente. Es una preocupación
constante desde el punto de vista del Ministerio del Interior que se
ejerciten las responsabilidades públicas de seguridad ciudadana
y orden público dentro estrictamente de la ley. Eso es lo que
intentamos hacer. Los criterios de flexibilidad tienen que ser
entendidos en uno y otro sentido. Es evidente que 1.200
manifestaciones en Madrid hacen que en ocasiones se den determinados
aspectos que inclinen esa sutil balanza entre el derecho a ejercer y
el derecho de los otros ciudadanos a no sentirse afectados por esos
derechos a ejercer. En esa sutil balanza están involucradas las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los órganos gubernativos
correspondientes. Entiendo su preocupación. El Gobierno tiene unos
criterios que solamente se apoyan en la legalidad y en el sentido
común de la convivencia ciudadana para que se puedan llevar adelante,
y sólo puedo decir que en ese sentido así se han cumplido y así se
seguirán cumpliendo.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.




El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, antes de finalizar la sesión,
dada la presencia del señor secretario de Estado y para que así pueda
constar en el «Diario de Sesiones», quiero expresar los mejores
deseos de este grupo parlamentario en estas fechas para todos los
miembros, hombres y mujeres, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, reconociendo su ejemplar y abnegada tarea cotidiana en
defensa de la libertad, de la seguridad y de los derechos de todos
los ciudadanos, y hacer que ese recuerdo tenga una referencia muy
especial a los hogares de todos aquellos miembros de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado que han perdido la vida en acto de
servicio durante este año o que han sido víctimas de acciones
terroristas. Todo el conjunto de los miembros de las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado, pero especialmente estas familias,
tendrán siempre nuestra gratitud y estarán en nuestra memoria.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Mayoral.




El señor MAYORAL CORTÉS: Creo que el señor Gil Lázaro hace bien en
adoptar esta iniciativa de su grupo al desear felicidad en estas
fechas a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y a todos aquellos que se dedican a la labor de preservar la
libertad y seguridad de todos los españoles, deseándoles todo lo
mejor. También me uno a esa felicitación y en este sentido quisiera
incluir a las autoridades del Ministerio.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Romero.




La señora ROMERO LÓPEZ: Señor presidente, para una cuestión de orden.

Sin duda el señor letrado tendrá en mente un artículo del reglamento
que permite aportar documentación para las argumentaciones que uno ha
expresado. Quisiera que constara en acta la oposición del Grupo
Popular a la proposición no de ley presentada por mi grupo para el
incremento de las fuerzas de seguridad de Barbate, efectivamente con
una enmienda del Grupo Popular, pero quiero que conste en acta el
resultado de la votación.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.




El señor GIL LÁZARO: Señor presidente, a efectos de lo que pide la
señora Romero, quiero recordar que aquel texto presentado por el
Grupo Socialista decía «adoptar». El Grupo Parlamentario Popular
ofreció in voce una enmienda que decía «continuar adoptando» y
simplemente no fue aceptada por el grupo proponente. Esos fueron
exactamente los términos de la cuestión.




El señor PRESIDENTE: Serán complacidos los señores diputados.

Tiene la palabra al señor secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Morenés Eulate): Quiero
dar las gracias y reiterar la felicitación que me han manifestado a
todos ustedes y a toda la Cámara.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario de Estado, por su
comparecencia y a todos los diputados por su trabajo.




Se levanta la sesión.




Era la una y veinticinco minutos de la tarde.