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DS. Senado, Pleno, núm. 140, de 29/09/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 1999 VI Legislatura
Núm. 140
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA ESPERANZA AGUIRRE
GIL DE BIEDMA
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 29 de septiembre de 1999
ORDEN DEL DIA:
Primero
Preguntas:
--De D. PEDRO RODRIGUEZ CANTERO, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre los criterios del Gobierno en relación a las inversiones a realizar
en la Comunidad Autónoma de Andalucía en política de aguas (publicada en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
742, de fecha 27 de septiembre de 1999) (Número de expediente
680/000827).
--De D. JOSEP VARELA I SERRA, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre la fecha prevista por el Gobierno
para que existan libros de registro bilingües en las Comunidades
Autónomas con idioma oficial propio, distinto del castellano (publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
742, de fecha 27 de septiembre de 1999) (Número de expediente
680/000824).
--De D. JOSE ANTONIO MARIN RITE, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la opinión del Gobierno acerca de la actuación del Fiscal General
del Estado en relación con el procedimiento penal que se sigue contra el
Juez D. Javier Gómez de Liaño (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 742, de fecha 27 de septiembre
de 1999) (Número de expediente 680/000828).
--De D. JAIME LOBO ASENJO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre el estado en que se encuentra el pago de las indemnizaciones
causadas por el incendio del monte El Teleno (León) (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 742,
de fecha 27 de septiembre de 1999) (Número de expediente 680/000834).
--De D. JESUS ANDRES MANCHA CADENAS, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre la situación en que se encuentran las conversaciones
entre el Ministerio de Defensa y el Servicio Andaluz de Salud (SAS), en
relación con la utilización conjunta del hospital San Carlos en San
Fernando (Cádiz) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 742, de fecha 27 de septiembre de
1999) (Número de expediente 680/000835).
--De Dña. MARIA ANTONIA MARTINEZ GARCIA, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre si va a hacer el Gobierno el esfuerzo de persuadir a la
mayoría de la Cámara para que apruebe celebrar el debate sobre el Estado
de las Autonomías (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 742, de fecha 27 de septiembre de
1999) (Número de expediente 680/000829).
--De D. PEDRO TOMAS GALVAN DE URZAIZ, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre la información que puede facilitar el Ministerio de
Industria y Energía en relación a los proyectos de desarrollo energético
en Marruecos (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 742, de fecha 27 de septiembre de 1999) (Número
de expediente 680/000837).
--De D. ISIDRO MANUEL MARTINEZ OBLANCA, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, sobre las medidas previstas por el Gobierno para evitar la
venta sin control de miles de medicamentos a través de Internet
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 742, de fecha 27 de septiembre de 1999) (Número de expediente
680/000833).
--De Dña. ROSA LOPEZ GARNICA, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre los objetivos del Ministerio de Sanidad y Consumo,
dirigidos a mejorar la atención de los mayores de 75 años enfermos de
Alzheimer (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 742, de fecha 27 de septiembre de 1999) (Número
de expediente 680/000838).
--De D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCIA, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las medidas que ha adoptado el Gobierno en relación al error que
contenía la versión en lengua vasca de la campaña contra el consumo de
drogas (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 742, de fecha 27 de septiembre de 1999) (Número
de expediente 680/000820).
--De D. JUAN ANTONIO AREVALO SANTIAGO, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la explicación que puede dar el Gobierno acerca de la
aparición en el acto inaugural del Campeonato del Mundo de Atletismo,
celebrado recientemente en la ciudad de Sevilla, de dos falsas
«Giraldillas» exhibiendo una leyenda con el lema «repatriación de los
presos vascos» (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 742, de fecha 27 de septiembre de
1999) (Número de expediente 680/000821).
--De D. JOSE FERMIN ROMAN CLEMENTE, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre
las medidas que ha adoptado el Ministerio del Interior para garantizar la
seguridad de la población inmigrante de la comarca de Níjar (Almería)
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 742, de fecha 27 de septiembre de 1999) (Número de expediente
680/000825).
--De D. JOSE CARRACAO GUTIERREZ, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la valoración que hace el Gobierno de las medidas adoptadas para
evitar la inmigración ilegal procedente de Marruecos (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 742,
de fecha 27 de septiembre de 1999) (Número de expediente 680/000830).
--De D. RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las medidas adoptadas por el
Ministerio de Fomento para determinar las responsabilidades que se
derivan de los hechos ocurridos el día 14 de septiembre de 1999 en el
aeropuerto de Barajas (Madrid), cuando el ente público Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea (AENA) autorizó el aterrizaje del avión
correspondiente al vuelo JK 631, procedente de Bilbao (Vizcaya),
encontrándose otro avión en la pista (publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 742, de fecha 27 de
septiembre de 1999) (Número de expediente 680/000826).
--De D. RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las gestiones realizadas por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ante la Unión Europea y
las autoridades de Irlanda y Francia para garantizar el cumplimiento de
la normativa vigente sobre el uso de las redes de volanta en la captura
de túnidos (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 742, de fecha 27 de septiembre de 1999) (Número
de expediente 680/000811).
--De D. JOSE CASTRO RABADAN, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
la valoración del Gobierno acerca de las consecuencias sociales del
cierre de plantas azucareras en funcionamiento, tras el acuerdo de
fusión entre Ebro y Sociedad General Azucarera (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 742, de fecha
27 de septiembre de 1999) (Número de expediente 680/000819).
--De D. ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las gestiones realizadas por el Gobierno para evitar que la
Comisión Europea suprima la Dirección General de Pesca (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 742,
de fecha 27 de septiembre de 1999) (Número de expediente 680/000/832 ).
--De D. JOSEP RAMON MODOL PIFARRE, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las previsiones del Gobierno de realizar alguna gestión que resulte
eficaz para detener efectivamente la fusión de los dos grandes grupos
franceses de distribución, Carrefour y Promodés (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 742, de fecha
27 de septiembre de 1999) (Número de expediente 680/000831).
--De D. JUAN MANUEL ARMARIO VAZQUEZ, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre la evolución en los tres últimos años de la transmisión
del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), de madres a hijos
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 742, de fecha 27 de septiembre de 1999) (Número de expediente
680/000836).
Segundo
Interpelaciones:
--De D. JOSE ANTONIO GALLEGO LOPEZ, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las medidas que han de adoptarse para paliar las consecuencias de
la actual sequía y para afrontar de manera integral y planificada una
política que asegure la satisfacción de las necesidades de agua en
nuestro país (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 742, de fecha 27 de septiembre de 1999) (Número
de expediente 670/000145).
--De D. PEDRO RODRIGUEZ CANTERO, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la repercusión de la nueva Organización Común de Mercado (OCM) del
aceite de oliva (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 742, de fecha 27 de septiembre de
1999) (Número de expediente 670/000148).
--De Dña. FRANCISCA PLEGUEZUELOS AGUILAR, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre los efectos negativos que, en materia de inversiones
públicas en infraestructuras, ha supuesto la aplicación del modelo de
financiación de abono total del precio en la contratación de obras de
carretera (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 742, de fecha 27 de septiembre de 1999) (Número
de expediente 670/000147).
Segundo bis
Conocimiento directo por el Pleno de proyectos y proposiciones de ley
remitidos por el Congreso de los Diputados:
--Proposición de Ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
III B, número 43, de fecha 21 de septiembre de 1999) (Número de
expediente S. 624/000027) (Número de expediente C. D. 122/000287).
Tercero
Dictámenes de Comisiones sobre Proyectos y Proposiciones de Ley remitidos
por el Congreso de los Diputados:
--De la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y
Comunicaciones en relación con el Proyecto de Ley de ordenación de la
edificación. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 148,
de fecha 27 de septiembre de 1999) (Número de expediente S. 621/000148)
(Número de expediente C. D. 121/000163).
--De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de
Ley sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores. SE TRAMITA POR
EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie II, número 149, de fecha 24 de
septiembre de 1999) (Número de expediente S. 621/000149) (Número de
expediente C. D. 121/000168).
--De la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en relación con el
Proyecto de Ley para promover la conciliación de la vida familiar y
laboral de las personas trabajadoras. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie II, número 150, de fecha 27 de septiembre de 1999) (Número
de expediente S. 621/000150) (Número de expediente C. D. 121/000172).
SUMARIO
Se abre la sesión a las nueve horas y cuarenta minutos.
PREGUNTAS (Página 6609)
DE D. PEDRO RODRIGUEZ CANTERO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
los criterios del Gobierno en relación a las inversiones a realizar en la
Comunidad Autónoma de Andalucía en política de aguas (Página 6609)
El señor Rodríguez Cantero formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta la señora Ministra de Medio Ambiente (Tocino Biscarolasaga).
En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Rodríguez Cantero.
En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Medio Ambiente (Tocino
Biscarolasaga).
De D. JOSEP VARELA I SERRA, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió, sobre la fecha prevista por el Gobierno para que
existan libros de registro bilingües en las Comunidades Autónomas con
idioma oficial propio, distinto del castellano (Página 6610)
El señor Varela i Serra formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Varela i Serra. En turno
de dúplica, lo hace la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y
Mirón).
De D. JOSE ANTONIO MARIN RITE, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
la opinión del Gobierno acerca de la actuación del Fiscal General del
Estado en relación con el procedimiento penal que se sigue contra el Juez
D. Javier Gómez de Liaño (Página 6611)
El señor Marín Rite formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Marín Rite. En turno de
dúplica, lo hace la señora Ministra de Justicia (Mariscal de Gante y
Mirón).
De D. JAIME LOBO ASENJO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre el estado en que se encuentra el pago de las indemnizaciones
causadas por el incendio del monte El Teleno (León) (Página 6612)
El señor Lobo Asenjo formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Defensa (Serra Rexach). En turno de
réplica, interviene de nuevo el señor Lobo Asenjo.
De D. JESUS ANDRES MANCHA CADENAS, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la situación en que se encuentran las conversaciones entre
el Ministerio de Defensa y el Servicio Andaluz de Salud (SAS), en
relación con la utilización conjunta del hospital San Carlos en San
Fernando (Cádiz) (Página 6614)
El señor Mancha Cadenas formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Defensa (Serra Rexach). En turno de
réplica, interviene de nuevo el señor Mancha Cadenas.
De Dña. MARIA ANTONIA MARTINEZ GARCIA, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre si va a hacer el Gobierno el esfuerzo de persuadir a la
mayoría de la Cámara para que apruebe celebrar el debate sobre el Estado
de las Autonomías (Página 6615)
La señora Martínez García formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Administraciones Públicas (Acebes
Paniagua). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Martínez
García. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de
Administraciones Públicas (Acebes Paniagua).
De D. PEDRO TOMAS GALVAN DE URZAIZ, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la información que puede facilitar el Ministerio de
Industria y Energía en relación a los proyectos de desarrollo energético
en Marruecos (Página 6616)
El señor Galván de Urzaiz formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i Camps). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Galván de Urzaiz.
De D. ISIDRO MANUEL MARTINEZ OBLANCA, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre las medidas previstas por el Gobierno para evitar la
venta sin control de miles de medicamentos a través de Internet (Página 6618)
El señor Martínez Oblanca formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría).
De Dña. ROSA LOPEZ GARNICA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre los objetivos del Ministerio de Sanidad y Consumo, dirigidos a
mejorar la atención de los mayores de 75 años enfermos de Alzheimer
(Página 6619)
La señora López Garnica formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría). En
turno de réplica, interviene de nuevo la señora López Garnica.
De D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCIA, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las medidas que ha adoptado el Gobierno en relación al error que
contenía la versión en lengua vasca de la campaña contra el consumo de
drogas (Página 6620)
El señor Rojo García formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro del Interior (Mayor Oreja). En turno de
réplica, interviene de nuevo el señor Rojo García. En turno de dúplica,
lo hace el señor Ministro del Interior (Mayor Oreja).
De D. JUAN ANTONIO AREVALO SANTIAGO, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la explicación que puede dar el Gobierno acerca de la aparición en
el acto inaugural del Campeonato del Mundo de Atletismo, celebrado
recientemente en la ciudad de Sevilla, de dos falsas «Giraldillas»
exhibiendo una leyenda con el lema «repatriación de los presos vascos»
(Página 6621)
El señor Arévalo Santiago formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro del Interior (Mayor Oreja). En turno de
réplica, interviene de nuevo el señor Arévalo Santiago. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Mayor Oreja).
De D. JOSE FERMIN ROMAN CLEMENTE, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre
las medidas que ha adoptado el Ministerio del Interior para garantizar la
seguridad de la población inmigrante de la comarca de Níjar (Almería)
(Página 6623)
El señor Román Clemente formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro del Interior (Mayor Oreja). En turno de
réplica, interviene de nuevo el señor Román Clemente. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Mayor Oreja).
De D. JOSE CARRACAO GUTIERREZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
la valoración que hace el Gobierno de las medidas adoptadas para evitar
la inmigración ilegal procedente de Marruecos (Página 6624)
El señor Carracao Gutiérrez formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta el señor Ministro del Interior (Mayor Oreja). En turno de
réplica, interviene de nuevo el señor Carracao Gutiérrez. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro del Interior (Mayor Oreja).
De D. RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las medidas adoptadas por el
Ministerio de Fomento para determinar las responsabilidades que se
derivan de los hechos ocurridos el día 14 de septiembre de 1999 en el
aeropuerto de Barajas (Madrid), cuando el ente público Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea (AENA) autorizó el aterrizaje del avión
correspondiente al vuelo JK 631, procedente de Bilbao (Vizcaya),
encontrándose otro avión en la pista (Página 6626)
El señor Gatzagaetxebarría Bastida formula su pregunta. En nombre del
Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y
Montalvo). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor
Gatzagaetxebarría Bastida. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro
de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo).
De D. RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las gestiones realizadas por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ante la Unión Europea y
las autoridades de Irlanda y Francia para garantizar el cumplimiento de
la normativa vigente sobre el uso de las redes de volanta en la captura
de túnidos (Página 6627)
El señor Gatzagaetxebarría Bastida formula su pregunta. En nombre del
Gobierno, le contesta el señor Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación (Posada Moreno). En turno de réplica, interviene de nuevo el
señor Gatzagaetxebarría Bastida. En turno de dúplica, le contesta el
señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Posada Moreno).
De D. JOSE CASTRO RABADAN, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la
valoración del Gobierno acerca de las consecuencias sociales del cierre
de plantas azucareras en funcionamiento, tras el acuerdo de fusión entre
Ebro y Sociedad General Azucarera (Página 6629)
El señor Castro Rabadán formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación (Posada Moreno). En turno de réplica, interviene de
nuevo el señor Castro Rabadán. En turno de dúplica, le contesta el señor
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Posada Moreno).
De D. ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las gestiones realizadas por el Gobierno para evitar que la
Comisión Europea suprima la Dirección General de Pesca (Página 6630)
El señor Rodríguez Rodríguez formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
(Posada Moreno). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor
Rodríguez Rodríguez. En turno de dúplica, le contesta el señor Ministro
de Agricultura, Pesca y Alimentación (Posada Moreno).
De D. JOSEP RAMON MODOL PIFARRE, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las previsiones del Gobierno de realizar alguna gestión que resulte
eficaz para detener efectivamente la fusión de los dos grandes grupos
franceses de distribución, Carrefour y Promodés.
Esta pregunta ha sido aplazada.
De D. JUAN MANUEL ARMARIO VAZQUEZ, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la evolución en los tres últimos años de la transmisión del
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), de madres a hijos.
Esta pregunta ha sido retirada.
lNTERPELACIONES (Página 6632)
De D. JOSE ANTONIO GALLEGO LOPEZ, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las medidas que han de adoptarse para paliar las consecuencias de
la actual sequía y para afrontar de manera integral y planificada una
política que asegure la satisfacción de las necesidades de agua en
nuestro país (Página 6632)
El señor Gallego López realiza la interpelación. En nombre del Gobierno,
responde a la misma el señor Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación (Posada Moreno). Vuelve a intervenir al señor interpelante.
En turno de portavoces, hace uso de la palabra nuevamente el señor
Gallego López, por el Grupo Socialista. Cierra el debate el señor
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Posada Moreno).
De D. PEDRO RODRIGUEZ CANTERO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
la repercusión de la nueva Organización Común de Mercado (OCM) del aceite
de oliva (Página 6638)
El señor Rodríguez Cantero realiza la interpelación. En nombre del
Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación (Posada Moreno). Vuelve a intervenir el señor interpelante.
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Román
Clemente, por el Grupo Mixto; Rodríguez Cantero, por el Grupo Socialista,
y Atencia Robledo, por el Grupo Popular. El señor Rodríguez Cantero
interviene de nuevo en virtud del artículo 87. Cierra el debate el señor
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Posada Moreno).
De Dña. FRANCISCA PLEGUEZUELOS AGUILAR, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre los efectos negativos que, en materia de inversiones
públicas en infraestructuras, ha supuesto la aplicación del modelo de
financiación de abono total del precio en la contratación de obras de
carretera (Página 6647)
La Señora Pleguezueos Aguilar realiza la interpelación. En nombre del
Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado
y Montalvo). Vuelve a intervenir la señora interpelante. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Beguer i Oliveres, por el
Grupo Catalán en el Senado de Convergencia i Unió, y Merino Delgado, por
el Grupo Popular. La señora Pleguezuelos Aguilar y el señor Merino
Delgado intervienen de nuevo en virtud del artículo 87. Cierra el debate
el señor Ministro de Fomento (Arias-Salgado y Montalvo)
Se suspende la sesión de las catorce horas y treinta y cinco minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 6655)
Proposición de ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo
(Página 6655)
Se abre debate de totalidad. No se consumen turnos a favor ni en contra.
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Armas
Rodríguez y Cámara Fernández, por el Grupo Mixto; Zubia Atxaerandio, por
el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Capdevila i Bas, por el Grupo
Catalán en el Senado de Convergencia i Unió, y Rojo García, por el Grupo
Socialista, así como la señora Vindel López, por el Grupo Popular.
Se aprueba la proposición de ley por 206 votos favor de los 206 emitidos.
La señora presidenta anuncia a la Cámara que queda definitivamente
aprobada por las Cortes Generales la proposición de ley.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 6661)
De la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y
Comunicaciones en relación con el Proyecto de Ley de ordenación de la
edificación. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 6661)
El señor Sanz Blanco, Vicepresidente Primero de la Comisión, presenta al
dictamen
Se abre el debate de las propuestas de veto.
El señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, defiende la propuesta de veto
número 1. La señora Pleguezuelos Aguilar defiende la propuesta de veto
número 2, del Grupo Socialista. El señor Bris Gallego consume un turno en
contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra el señor Beguer i
Oliveres, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; la
señora Pleguezuelos Aguilar, por el Grupo Socialista, y el señor Bris
Gallego, por el Grupo Popular.
Se rechaza la propuesta de veto número 1, del Grupo Mixto, por 79 votos a
favor y 114 en contra.
Se rechaza la propuesta de veto número 2, del Grupo Socialista, por 78
votos a favor y 114 en contra.
Se inicia el debate del articulado.
El señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas
números 1 a 21. El señor Gatzagaetxebarría Bastida defiende las enmiendas
números 23 y 29, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor
Rodríguez de la Borbolla Camoyán defiende las enmiendas del Grupo
Socialista números 32 a 78, así como la vuelta al texto del Congreso de
los Diputados en lo modificado por las enmiendas números 22, del Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos; 79, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió y 80, 81, 83, 84, 85, 87 y 88, del Grupo Popular. El
señor Bris Gallego consume un turno en contra. En turno de portavoces,
hacen uso de la palabra los señores Cámara Fernández, por el Grupo Mixto;
Gatzagaetxebarría Bastida, por el Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos; Rodríguez de la Borbolla Camoyán, por el Grupo Socialista, y Bris
Gallego por el Grupo Popular.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 9, 20 y 21, del Grupo Mixto, por 1 voto
a favor, 114 en contra y 81 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1, 11, 12, 15, 18 y 19, del Grupo
Mixto, por 78 votos a favor, 113 en contra y 7 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 2 a 8, 10, 13, 14, 16 y 17, del Grupo
Mixto, por 78 votos a favor, 115 en contra y 6 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 23 y 29, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, por 14 votos a favor y 186 en contra.
Se rechazan las enmiendas del Grupos Socialista números 32 a 67 y 69 a
78, así como la vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo
modificado por las enmiendas números 22, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos; 79, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència
i Unió, y 80, 81, 83 a 85, 87 y 88, del Grupo Popular, por 78 votos a
favor, 115 en contra y 6 abstenciones.
Se aprueba una propuesta de modificación, en relación con la enmienda
número 68 del Grupo Socialista, por asentimiento de la Cámara.
Se aprueban los artículos 7, 8, 14, 15, 17 y 20 del dictamen, así como
las disposiciones adicionales primera, tercera, cuarta y sexta, y final
primera, por 200 votos a favor de los 200 emitidos.
Se aprueban los restantes preceptos del texto del dictamen por 118 votos
a favor, 74 en contra y 2 abstenciones.
La señora Presidenta anuncia a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley
sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 6678)
El señor Mera Rodríguez, Secretario Primero de la Comisión, presenta el
dictamen.
No se produce debate de totalidad.
Comienza el debate del articulado.
El señor Gangoiti Llaguno defiende las enmiendas números 1 a 9, del Grupo
de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Cambra i Sánchez defiende las
enmiendas números 13 a 17 y 18, retirando la número 16, del Grupo Catalán
en el Senado de Convergència i Unió. El señor Cámara Fernández, del Grupo
Mixto, defiende la enmienda número 10. El señor Serrano Alvarez-Giraldo
defiende las enmiendas del Grupo Socialista números 11 y 12, así como la
vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por las
enmiendas números 19, 20, 22 y 23, del Grupo Popular. El señor Alierta
Izuel consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores Gangoiti Llaguno, por el Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos; Serrano Alvarez-Giraldo, por el Grupo Socialista, y
Alierta Izuel, por el Grupo Popular.
Se procede a votar.
Se rechaza la enmienda número 10, del Grupo Mixto, por 76 votos a favor,
113 en contra y 6 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 2, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 14 votos a favor, 106 y en contra y 76 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 4, 6, 8 y 9, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, por 13 votos a favor, 181 en contra y 2
abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 7, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 80 votos a favor, 105 en contra y 9 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 15, 17 y 18, del Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, por 12 votos a favor y 184 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 11 y 12, del Grupo Socialista, por 76
votos a favor, 114 en contra y 6 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas del Grupo Socialista que propugnan la vuelta al
texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por las números 19,
20, 22 y 23, del Grupo Popular, por 77 votos a favor, 105 en contra y 14
abstenciones.
Se aprueban dos propuestas de modificación en relación con las enmiendas
números 1, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y 13, del Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 194 votos a favor, 1 en
contra y 1 abstención.
Se aprueba una propuesta de modificación en relación con la enmienda
número 3, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 196 votos a
favor de los 196 emitidos.
Se aprueban dos propuestas de modificación en relación con las enmiendas
números 5, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y 14, del Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 189 votos a favor y 6
abstenciones.
Se aprueban las disposiciones adicionales cuarta, quinta, séptima y
octava del dictamen por 111 votos a favor, 76 en contra y 7 abstenciones.
Se aprueba el resto del texto del dictamen por 196 votos a favor de los
196 emitidos.
La señora Presidenta anuncia a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en relación con el Proyecto
de Ley para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las
personas trabajadoras. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA
(Página 6685)
El señor Fernández Menéndez, Vicepresidente Primero de la Comisión,
presenta el dictamen.
Se abre debate de totalidad.
La señora Do Campo Piñeiro consume un turno a favor. No se hace uso de
los turnos en contra ni de portavoces.
Comienza el debate del articulado.
El señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas
números 7 a 53. El señor Albistur Marin defiende las enmiendas números 3
a 6, retirando las números 1 y 2, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos. E1 señor Vidal i Perpiñá defiende la enmienda número 92, del
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. La señora Navarro
Garzón defiende las enmiendas números 54 a 91, del Grupo Socialista. La
señora Rodríguez Saldaña consume un turno en contra. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra el señor Albistur Marin, por el Grupo
de Senadores Nacionalistas
Vascos, y las señoras Navarro Garzón, por el Grupo Socialista, y
Rodríguez Saldaña por el Grupo Popular.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 10, 12, 13, 20 a 25, 27, 29, 30 a 32,
35 a 37 y 47, del Grupo Mixto, por 79 votos a favor y 104 en contra.
Se rechazan las enmiendas números 7 a 9, 11, 14 a 19, 26, 28, 33, 34, 38
a 46 y 48 a 53, del Grupo Mixto, por 74 votos a favor, 105 en contra y 5
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 3 y 5, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, por 80 votos a favor, 103 en contra y 1 abstención.
Se rechaza la enmienda número 4, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 5 votos a favor, 104 en contra y 74 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 6, del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, por 5 votos a favor, 174 en contra y 4 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 92, del Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, por 8 votos a favor, 173 en contra y 2 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 55, 61, 64, 67, 68, 77, 82, 83, 85 a 88
y 91, del Grupo Socialista, por 72 votos a favor, 106 en contra y 5
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 54, 56 a 60, 62, 63, 65, 66, 69 a 76,
78 a 81, 84, 89 y 90, del Grupo Socialista, por 78 votos a favor y 106 en
contra.
Se aprueba el testo del dictamen por 180 votos a favor, 2 en contra y 1
abstención.
La señora Presidenta anuncia a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
Se suspende la sesión a las veintiuna horas y treinta y cinco minutos.
Se abre la sesión a las nueve horas y cuarenta minutos.
La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.
PREGUNTAS:
--DE DON PEDRO RODRIGUEZ CANTERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LOS CRITERIOS DEL GOBIERNO EN RELACION A LAS INVERSIONES A REALIZAR
EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA EN POLITICA DE AGUAS (680/000827).
La señora PRESIDENTA: Primer punto del orden del día: Preguntas.
La primera pregunta es la del excelentísimo señor don Pedro Rodríguez
Cantero, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los criterios del
Gobierno en relación a las inversiones a realizar en la Comunidad
Autónoma de Andalucía en política de aguas.
Tiene la palabra el Senador Rodríguez Cantero.
El señor RODRIGUEZ CANTERO: Gracias, señora Presidenta.
Señora Ministra, doy por formulada la pregunta en los términos expresados
por la señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señora Presidenta.
En contestación a su pregunta, puedo afirmar que seguimos los criterios
de legalidad y de necesidad de los ciudadanos, en este caso andaluces,
que son idénticos criterios a los que seguimos en todas las Comunidades
Autónomas.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador Rodríguez Cantero.
El señor RODRIGUEZ CANTERO: Gracias, señora Presidenta.
Señora Ministra, ni un metro cúbico más de agua regulada; obras
hidráulicas esenciales para el desarrollo, la calidad de vid y la
conservación del medio ambiente, paralizadas por falta de inversiones; ni
una sola actuación que prevenga las inundaciones, pese a las
catastróficas riadas sufridas por importantes poblaciones; despilfarro,
en plena sequía, del agua embalsada; discriminación, al ser la única
Comunidad Autónoma que no tiene gestión en las cuencas intracomunitarias.
Esa es la realidad de su gestión del agua en Andalucía; ésa, y no otra.
Señora Ministra, los andaluces no nos dejamos engañar por la retórica de
sus discursos y la propaganda oficial. Le digo más. Los andaluces estamos
convencidos de que también con el agua el Gobierno de Aznar nos castiga y
nos discrimina.
Señora Tocino, por más que usted, con desparpajo amenazante, se empeñe en
repetir los engaños, ya nadie la cree, porque la realidad lo desmiente.
¿Sabe cuál es la realidad? Que su Ministerio, en más de tres años, ha
iniciado una sola obra hidráulica de mediana entidad en Andalucía: la
presa de Andévalo, una presa que ya adjudicó el Gobierno socialista en
1996 y en la que usted, sin ningún rubor, puso la primera piedra hace
unos días.
Pero además de la realidad, señora Ministra, a usted la desmiente su
Secretario de Estado de Aguas. Tengo aquí el diario «Córdoba» del 9 de
mayo. En su página 20, aparecen atribuidas al señor Blanco unas
manifestaciones en las que dice que en su Ministerio --y leo
textualmente-- las inversiones se deciden con absoluta discrecionalidad
política. Y añade el señor Blanco: La lista de prioridades está en el
cajón de mi mesa. Esos son los criterios, señora Tocino; lo dice el
Secretario de Estado.
Los andaluces llevamos tiempo denunciando que el Gobierno de Aznar nos
castiga, nos persigue, pero hasta ahora nadie lo había dicho tan claro
como el señor Blanco. El señor Blanco, en sus manifestaciones, ha dejado
clarísimo que el señor Aznar, en su política para Andalucía, practica el
sectarismo por principio y tiene la arbitrariedad por criterio; el mismo
sectarismo y la misma arbitrariedad, señora Ministra, con los que usted
gestiona el agua en Andalucía y nos condena a pasar sed.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señora Presidenta.
Señor Senador, se han quedado ustedes tan obsoletos que no se dan cuenta
de que el victimismo no vende ya ni en Andalucía. Los hechos son
contundentes y tozudos y demuestran que éste es el Gobierno --y lo saben
los andaluces-- que más inversión ha hecho en infraestructura hidráulica
en estos últimos años. Esos son los hechos y los datos, no la retórica ni
la demagogia que utilizan sus señorías, por mucho que quieran eludir sus
responsabilidades.
Hace usted un tótum revolútum. Yo le he dicho que el primer criterio es
la legalidad, y ésta es muy clara en materia de abastecimiento.
Examínense ustedes de qué es lo que pasa en tantos ayuntamientos, en
tantos municipios de Andalucía que no tiene agua. Lea usted desde el año
1990 los discursos de investidura del Presidente Chaves, o las
declaraciones de los consejeros de Obras Hidráulicas sobre cómo van a
cumplir el abastecimiento de todos y cada uno de los municipios de
Andalucía, podrá comprobar que después lo incumplen. Luego llegan
problemas de abastecimiento y quieren confundir a la opinión pública
diciendo que ustedes son los únicos que no tienen competencias. Ustedes
no transfirieron las competencias, ¿y sabe por qué? Porque la legalidad
dice que no se pueden transferir las Confederaciones Hidrográficas cuando
son cuencas intercomunitarias, como las que tiene Andalucía. Es lo mismo
que ocurre en el resto de las Comunidades Autónomas. No jueguen al
victimismo.
Señoría, 180.000 millones de pesetas dan para mucho en infraestructura
hidráulica. Son los hechos los que están diciendo. Parece mentira que no
le informen, los que probablemente saben algo más que su señoría, de que
para poner una primera piedra o para inaugurar en embalse hace falta un
procedimiento administrativo, consistente en desbloquear y en buscar la
financiación, y lo hemos hecho por el capítulo VI (148.000 millones de
pesetas) y por el sistema de pago aplazado, sin ir más lejos, este mismo
año (2.400 millones de pesetas) para dos infraestructuras de saneamiento
importantísimas en la Costa del Sol, oriental y occidental,
fundamentalmente en Málaga, donde ustedes no lo habían previsto siendo
una ciudad tan turística. Además, nos hemos dotado, precisamente en
Andalucía --en la discriminada Andalucía--, de un sistema de sociedades
estatales, una de las cuales hace inversiones de 65.526 millones de
pesetas, otra de 41.334 millones de pesetas y otra de 70.553 millones de
pesetas. (El señor Rodríguez Cantero: ¿Dónde? ¿Dónde?)
Ustedes podrán decir lo que quieran, pero saben que la Cuenca del Sur
tiene prevista una inversión para agua de 23.000 millones para este año
en Almería. Que yo sepa, Almería sigue siendo Andalucía, a menos que
ustedes insistan en transferirla a la Cuenca del Segura y, entonces,
pertenezca a Murcia. Díganselo a los andaluces, que a lo mejor les
interesa que Almería pertenezca a Murcia.
Las inversiones para el año 2000 suponen 52.762 millones en sociedades
estatales, 7.198 millones en sistema de pago aplazado y los 44.086
millones del capítulo VI. Es decir, además de los 180.000 millones, para
el año 2000 está prevista una inversión de 104.000 millones, y todas y
cada una de las obras tienen nombre y apellidos.
Usuarios y regantes no piensan como su señoría y lo que ustedes y
responsables políticos de su Comunidad Autónoma anuncian, manipulando a
los medios de comunicación con informaciones sesgadas, no va a hacerse
realidad. Pregunte en las restantes provincias cómo están de contentos y
satisfechos con la gestión de este Gobierno. Lo único que se reclama es
agua para beber, competencia que es de ustedes desde el año 1984.
(Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ministra.
--DE DON JOSEP VARELA I SERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL
SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LA FECHA PREVISTA POR EL GOBIERNO
PARA QUE EXISTAN LIBROS DE REGISTRO BILINGÜES EN LAS COMUNIDADES
AUTONOMAS CON IDIOMA OFICIAL PROPIO DISTINTO DEL CASTELLANO (680/000824).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del Excelentísimo señor don Josep Varela i
Serra, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, sobre la fecha prevista por el Gobierno para que existan libros de
registro bilingües en las Comunidades Autónomas con idioma oficial propio
distinto del castellano.
Tiene la palabra el Senador Varela i Serra.
El señor VARELA I SERRA: Gracias, señora Presidenta.
Señora Ministra, uno de los grandes avances de la Constitución de 1978
fue el reconocimiento de las diversas lenguas que se hablan en España.
Pero las lenguas, riqueza
del patrimonio común, son un hecho vivo que necesita poder ser usado en
todas las facetas de la vida cotidiana, y para hacer eso posible el
Gobierno debe ocuparse con celo real.
En ese contexto planteo la siguiente cuestión. En los años 1988 y 1989 se
publicaron en el BOE los primeros modelos de certificados para los
registros civiles en formato bilingüe. Entonces se publicaron los
formatos del Libro de Familia y de otros certificados, pero no se pensó
en los libros de registro, que son la base de las anotaciones, de modo,
que tales registros son exclusivamente en castellano, tal y como
establece el Reglamento del Registro Civil del año 1958.
Como lo deseable, evidentemente, es que se pudieran hacer las
inscripciones en las dos lenguas oficiales de Cataluña, o de cualquier
otra Comunidad Autónoma --algo que ya se producía con normalidad en la II
República--, preguntamos: ¿Para cuándo tiene el Gobierno prevista la
posibilidad de que existan libros de registro bilingües en las
Comunidades Autónomas con idioma oficial?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas
gracias, señora Presidenta.
Su señoría ha puesto de manifiesto ante la Cámara cómo diversas órdenes
ministeriales, no sólo las que su señoría ha señalado sino otras
posteriores, han facilitado la presentación de documentos redactados,
concretamente, en catalán. Entre ellos destacamos las declaraciones de
nacimiento y defunción, los modelos bilingües de fe de vida y estado y
certificaciones de actas de nacimiento, matrimonio y defunción, los
certificados de capacidad matrimonial y de celebración de matrimonio
religioso. Todos son impresos bilingües que se presentan ante el Registro
Civil.
No obstante, su señoría insiste en saber cuándo se van a practicar las
inscripciones en los libros de registro. Debo recordarle que ya se
interpuso un recurso de inconstitucionalidad por el Reglamento del
Registro Mercantil, que fue desestimado; ahora se encuentra pendiente un
recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa, que fue
interpuesto por la Generalitat. A la espera del contenido de dicha
resolución, deberá actuar su señoría.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador Varela.
El señor VARELA I SERRA: Gracias, señora Presidenta.
Señora Ministra, agradezco sus explicaciones y debo reconocer los avances
que se han realizado en ese sentido. Pero la realidad es la que es, y
recibimos quejas de que en los registros civiles de Cataluña --y supongo
que lo mismo ocurre en Galicia, Valencia o el País Vasco-- no se pueden
llevar a cabo las correcciones lingüísticas correspondientes en las
inscripciones por no existir modelos adecuados en el Registro Civil, los
cuales datan de 1958.
Pero no sólo nos quejamos nosotros. Dispongo aquí del texto de una
proposición no de ley del BNG, que se presentó el año pasado en el
Congreso de los Diputados, que dice lo siguiente, y cito textualmente:
Dichos modelos están publicados únicamente en castellano, obviando toda
referencia a las restantes lenguas oficiales del Estado, contribuyendo a
situar éstas en un segundo plano y realzando el trato privilegiado que
posee el castellano en la Administración de Justicia.
Por tanto, aunque hemos de esperar a que se resuelva este contencioso,
creemos que mientras tanto desde el Gobierno se deberían dar más pasos
para regular la oportunidad constitucional, que creemos justa, de tener
acceso a los registros civiles en cualesquiera de las lenguas oficiales
del Estado.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Varela.
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas
gracias, señora Presidenta.
Señoría, al Govern de la Generalitat y al Síndic de Greuges les consta
los esfuerzos del Gobierno por hacer más accesible y efectiva la
cooficialidad de las lenguas, pero tanto su señoría como el propio Síndic
reconocen que la eficacia nacional e internacional del Registro Civil es
uno de los datos fundamentales que hay que tener en cuenta de cara a
todos los ciudadanos.
No obstante, su señoría puede contar con la mejor disposición del
Gobierno para que el acceso en el idioma catalán a todos los registros
ubicados en Cataluña sea cada día más fácil.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.
--DE DON JOSE ANTONIO MARIN RITE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LA OPINION DEL GOBIERNO ACERCA DE LA ACTUACION DEL FISCAL GENERAL
DEL ESTADO EN RELACION CON EL PROCEDIMIENTO PENAL QUE SE SIGUE CONTRA EL
JUEZ DON JAVIER GOMEZ DE LIAÑO (680/000828).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de don José Antonio Marín Rite, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre la opinión del Gobierno acerca de la
actuación del Fiscal General del Estado en relación con el procedimiento
penal que se sigue contra el juez don Javier Gómez de Liaño.
Tiene la palabra el Senador Marín Rite.
El señor MARIN RITE: Gracias, señora Presidenta.
Señora Ministra, damos por reproducirla la pregunta, no sin insistir en
que no es intención --no lo es en absoluto--
de este Senador traer aquí ningún elemento de discusión sobre un asunto
que está «sub iudice», como es el caso del señor Gómez de Liaño, y
concretamente visto para sentencia.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Cante y Mirón): Gracias,
señora Presidenta.
Constatado que no es intención de su señoría el traer un procedimiento
judicial a esta Cámara, lo único que puedo contestarle es que, sin duda
usted conoce, el Fiscal General del Estado no tiene actuación directa en
el procedimiento contra el juez Gómez de Liaño.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador Marín Rite.
El señor MARIN RITE: Gracias, señora Presidenta.
Señora Ministra, ése es precisamente el problema. Si el Fiscal General
del Estado estuviera actuando en ese procedimiento, retiraría la
acusación y punto, y sabemos que lo habría hecho. Pero, como digo, ése es
precisamente el problema.
Siempre que hablamos del Ministerio Fiscal es necesario hacer una
precisión. Habla usted del Ministerio Fiscal como algo ajeno a su
señoría, pero no es así. El señor Cardenal puede ser nombrado y cesado a
propuesta del Gobierno, y éste puede interesar actuaciones del Fiscal
General del Estado a través del Ministerio de Justicia, y directamente a
través del Presidente del Gobierno. Ese es el modelo constitucional y
estatutario del Ministerio Fiscal.
Señora Ministra, el hecho de que el Fiscal General del Estado, en un
procedimiento «sub iudice», unos días antes de la vista diga que la
persona inculpada es inocente es algo extraordinariamente grave, y
ustedes deberían hacer algo al respecto. Y digo que es
extraordinariamente grave, porque eso supone que el Fiscal General del
Estado ha faltado a uno de los principios fundamentales de la institución
del Ministerio Fiscal, cual es mantener y defender la independencia del
Poder Judicial. Y quiérase o no, señora Ministra, el Fiscal General del
Estado ha transmitido una presión del Gobierno a un órgano judicial
precisamente en el momento en que dicho órgano judicial está ejerciendo
la jurisdicción. Eso es de una gravedad extraordinaria.
Señora Ministra, al principio de la legislatura, este Senador, lleno de
ingenuidad --por qué no decirlo--, le decía --usted lo recordará-- que el
señor Cardenal y el señor Fungairiño le iban a traer problemas.
Naturalmente, esa ingenuidad ha desaparecido. Considero que ahora el
señor Cardenal está donde está para hacer lo que está haciendo: para
hacer la doble política que en estas materias impulsa el Presidente del
Gobierno, el señor Aznar; para decir, por una parte, enfáticamente,
solemnemente, que se está por la defensa de la independencia del Poder
Judicial y después enviar al Fiscal a perseguir a una empresa de
comunicación por el simple hecho de que no le es afín y a presionar a un
tribunal para defender a una determinada persona. Eso es sencillamente lo
que se está haciendo.
Pero señorías, eso tiene un coste. Ustedes lo hacen y lo pueden hacer,
pero el coste es que eso está abriendo los ojos de la gente. En
definitiva, está arruinando, de una manera definitiva, ese viaje al
centro --ahora se dice hacia posiciones progresistas-- y está poniendo en
evidencia que ustedes están en las posiciones de siempre, en las
posiciones de la más antigua y rancia derecha española.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.--Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señora Presidenta.
Señoría, constato cuál era de verdad el objeto de su pregunta, y que ha
perdido la inocencia. Parece que su señoría es un poco más hábil en los
planteamientos.
Señoría, si de verdad quiere saber lo que opina el Fiscal General del
Estado y cuál es su actuación en el asunto de referencia, debería acudir
al «Diario de Sesiones», de 30 de junio de 1998, del Congreso de los
Diputados, donde sus señorías tuvieron oportunidad de realizar todas las
preguntas que usted en este momento me hace a mí, y sabría que este
Gobierno no sigue la técnica de los anteriores, en que los Fiscales
Generales eran del Gobierno y no del Estado.
Su señoría puede o no compartir unas declaraciones efectuadas por el
Fiscal General del Estado. Yo, como Gobierno, no tengo por qué
compartirlas o no, lo que sí le digo es que el Fiscal General del Estado
y la Junta de Fiscales de Sala han formado criterio respecto a un asunto
judicial.
En cuanto a lo que afirma de que el Presidente del Gobierno o la Ministra
de Justicia deben interesar del Fiscal General del Estado, conoce su
señoría que tiene un procedimiento legal, que es someterlo a la Junta de
Fiscales de Sala. La Junta de Fiscales de Sala ya ha decidido cuál es la
postura de legalidad e imparcialidad en un determinado procedimiento.
En definitiva, lo que su señoría reclama en esta Cámara es que el Fiscal
no se someta ni a la legalidad ni a la imparcialidad, sino a los
intereses concretos de un grupo de comunicación, como su señoría ha
señalado.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra de Justicia.
--DE DON JAIME LOBO ASENJO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO,
SOBRE EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRA EL PAGO DE LAS INDEMNIZACIONES
CAUSADAS
POR EL INCENDIO DEL MONTE EL TELENO (LEON) (680/000834).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del Excelentísimo señor don Jaime Lobo
Asenjo, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre el estado en
que se encuentra el pago de las indemnizaciones causadas por el incendio
del monte El Teleno, en León.
Tiene la palabra el Senador Lobo Asenjo.
El señor LOBO ASENJO: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, hace aproximadamente un año que un incendio, ocasionado
cuando una unidad de la brigada ligera aerotransportada realizaba unos
ejercicios de tiro en el campo de tiro de El Teleno (León), arrasó unas
3.000 hectáreas de pinar, matorral y monte bajo de las localidades de
Tabuyo del Monte, Nogarejas, Castrocontrigo y Torneros.
A las pocas horas de extinguido el incendio, usted mismo, señor Ministro,
dando un ejemplo de sensibilidad, se acercó a la zona y aseguraba sobre
el terreno a las autoridades y a los afectados que Defensa asumiría sus
responsabilidades por aquel desgraciado accidente.
Evaluados los daños por los servicios correspondientes de la Junta de
Castilla y León en algo más de 1.500 millones de pesetas, su Ministerio
asume esta cantidad y en menos de un año, tiempo que a muchos nos parece
récord para un asunto de esta envergadura, se empiezan a pagar las
indemnizaciones.
En este punto es, señor Ministro, donde conviene aclarar las razones por
las que de los 1.500 millones se han pagado aproximadamente 1.100
millones de pesetas, rebaja que, por otra parte, está sirviendo de
pretexto a los de siempre para pedir y exigir el desmantelamiento y el
cierre del campo, el cese de las maniobras, etcétera.
Por ello, señor Ministro, le pregunto en qué estado se encuentra el pago
de las indemnizaciones causadas por el incendio del monte El Teleno.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Lobo.
Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Muchas gracias, señora
Presidenta, y muchas gracias, señoría.
Efectivamente los hechos se corresponden con lo relatado por su señoría.
Como recordará, en octubre pasado comparecí, a petición propia, en esta
Cámara para dar cuenta detallada del incendio de El Teleno, ratificando
lo que había dicho, inmediatamente después de haberse producido, en el
Congreso de los Diputados que era, en definitiva, que el Ministerio de
Defensa se comprometía ante los afectados, las autoridades locales y
autonómicas a indemnizar y reparar los daños producidos, de acuerdo con
la legislación vigente. Por tanto, asumíamos la responsabilidad.
Además, con el ánimo de no retrasar el pago de las indemnizaciones,
iniciamos --con independencia de las actuaciones judiciales-- un
expediente de responsabilidad patrimonial del Estado, sin esperar
siquiera petición a instancia de parte.
Naturalmente, se sometió a dictamen del Consejo de Estado, que ha
aplicado una doctrina legal, consolidada y reiterada, en virtud de la
cual se disminuyó la valoración de determinados daños indemnizables,
especialmente los relativos al lucro cesante, como, por ejemplo, los
relativos a actividades cinegéticas y de apicultura, así como que no se
consideren indemnizables los daños causados a la producción de setas,
recogida de leñas y actividades piscícolas. Por el contrario, se mantuvo
la valoración hecha por la Junta de Castilla y León en los daños causados
a las masas forestales e incluso se amplió en alrededor de 220 millones
de pesetas por pérdidas de protección frente a la erosión.
La cuantía final de las indemnizaciones recogidas en el dictamen del
Consejo de Estado es, aproximadamente, de 1.157 millones de pesetas, que
han sido pagados en su totalidad, a excepción de 191.000 pesetas de la
Sociedad de Caza de San Roque, que no ha remitido los datos precisos para
que puedan ser abonadas, básicamente el NIF y los datos bancarios.
El Tesoro Público ha efectuado los pagos de estas cantidades en los meses
de agosto (736 millones) y septiembre (421 millones de pesetas). Todos
los trámites los ha realizado el Ministerio de Defensa --como ha dicho su
señoría-- con carácter de urgencia, respetando, como es natural, la más
estricta legalidad. Si no se realizaron la totalidad de los pagos en el
mes de agosto fue por la falta de aportación de datos por parte de los
interesados que, como he dicho, lo hicieron en este mes de septiembre y
se les ha abonado.
Por otro lado, en lo que respecta a la regeneración de las masas
forestales, se solicitó un informe a la Empresa de Transformaciones
Agrarias (Tragsa), con el fin de regenerar la cubierta vegetal afectada
por el incendio aunque, como sabe su señoría, la competencia pertenece a
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta
de Castilla y León.
Además de todo ello, por medio de los técnicos en desactivación de
explosivos, el Ministerio ha terminado ya la limpieza de las zonas en que
deberán llevarse a cabo los trabajos y se ha continuado con la
prevención, mejorando y endureciendo las normas de utilización del campo
de tiro.
Por último, quiero aclarar que la investigación penal fue realizada por
el Juzgado número 1 de Astorga --civil, no militar como se ha dicho--,
que el pasado mes de abril decretó el archivo provisional de las
diligencias ante la inexistencia, a su juicio, de imprudencia grave.
Por tanto, señoría, el Ministerio ha intentado asumir su responsabilidad,
dentro de lo que prescribe la ley, con la mayor celeridad posible, y
coincido con lo que dice su señoría de que, probablemente, en pocas
ocasiones se ha conseguido el abono de las indemnizaciones en un plazo
tan corto.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro de Defensa.
Tiene la palabra el Senador Lobo.
El señor LOBO ASENJO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, quiero simplemente agradecer su explicación y espero que
esta respuesta en sede parlamentaria --aunque ya se ha dado en medios de
comunicación-- haya servido para clarificar la postura y la actuación del
Gobierno y de su Ministerio en tan delicado asunto.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
--DE DON JESUS ANDRES MANCHA CADENAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL SENADO, SOBRE LA SITUACION EN QUE SE ENCUENTRAN LAS CONVERSACIONES
ENTRE EL MINISTERIO DE DEFENSA Y EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD (SAS), EN
RELACION CON LA UTILIZACION CONJUNTA DEL HOSPITAL SAN CARLOS, EN SAN
FERNANDO (CADIZ) (680/000835).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del Excelentísimo señor don Jesús Andrés
Mancha Cadenas, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la
situación en que se encuentran las conversaciones entre el Ministerio de
Defensa y el Servicio Andaluz de Salud (SAS), en relación con la
utilización conjunta del hospital San Carlos, en San Fernando, Cádiz.
Tiene la palabra el Senador Manchas Cadenas.
El señor MANCHA CADENAS: Buenos días, señora Presidenta, señor Ministro y
señorías.
Señor Ministro, quisiera exteriorizarle, y presumo que usted es perfecto
conocedor de ello, los sentimientos encontrados de la ciudadanía de San
Fernando en el tema que nos ocupa. La política seguida por el Servicio
Andaluz de Salud, permítame que lo diga, es al menos extraordinariamente
desconcertante. Hasta cinco versiones distintas ha escuchado en la Cámara
andaluza este Diputado autonómico por boca del señor Consejero de Salud,
señor García de Arboleya. Las intoxicaciones, no digo malintencionadas,
pero sí tendenciosas, ante los medios de comunicación provinciales son
continuadas. Y todo apunta a pensar, al hilo de la comparecencia del
máximo responsable de la sanidad andaluza, que es el Gobierno de España y
concretamente su Departamento, señor Ministro, quien pone toda clase de
óbices e inconvenientes a un posible acuerdo.
He de manifestarle con rotundidad que a nosotros, moradores de la Bahía
de Cádiz, nos agradaría la existencia de un acuerdo entre ambas
administraciones. Asimismo consideramos, señor Ministro, que el acuerdo
no debe ser a cualquier precio. Mi percepción particular, señor Serra, y
lo digo con el máximo respeto al Gobierno andaluz, es que al Servicio
Andaluz de Salud o le falta generosidad o tiene excesiva ambición.
Es por ello, por lo que consideramos muy interesante para la ciudadanía
de San Fernando formularle esta pregunta: ¿En qué momento procesal se
encuentran las conversaciones entre el Ministerio de Defensa y el SAS
para la utilización conjunta del hospital San Carlos, de San Fernando?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Mancha.
Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Muchas gracias, señora
Presidenta. Muchas gracias, señoría.
Con mucho gusto intentaré aclarar en qué situación procesal se encuentra
este posible acuerdo y, en segundo lugar, cuál es la actitud del
Ministerio de Defensa, del Gobierno de Madrid, en relación con las
prestaciones sanitarias que pueden proporcionarse desde la sanidad
militar.
Para ello, nada mejor que recordar que el 10 de noviembre de 1994 se
suscribió un acuerdo entre el Ministerio de Defensa, la Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud, que permitió compartir los recursos
sanitarios del hospital militar Vigil de Quiñones de Sevilla para una
mejor asistencia sanitaria, tanto a la población civil como a los
miembros de las Fuerzas Armadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Señoría, estimo que la experiencia de este acuerdo ha sido absolutamente
positiva para ambas partes. Por estos resultados positivos se observó que
el acuerdo podría ampliarse a otras instalaciones. Por un lado, las
crecientes necesidades sociales en materia de asistencia sanitaria y, por
otro, los cambios estructurales en las Fuerzas Armadas, derivados
básicamente de la profesionalización y del cambio muy radical en el
despliegue de nuestras Fuerzas, aconsejaban el establecimiento de
mecanismos de coordinación adecuados entre ambas redes asistenciales y
entre los profesionales que las atienden, de forma que redundasen en
mejoras tanto para la población civil como para la militar.
Por ello, intentamos y seguimos intentando alcanzar un nuevo convenio
entre los mismos intervinientes (Ministerio de Defensa, Consejería de
Salud y el Servicio Andaluz de Salud), que incorpore al acuerdo al
hospital naval de San Carlos, en San Fernando, provincia de Cádiz --donde
este Ministro tuvo el gusto de prestar el Servicio Militar--, con el fin
de garantizar también a esos habitantes los dispositivos sanitarios de
carácter especializado y propiciar con ello una mayor eficacia, una mayor
celeridad y una mayor economía en las prestaciones sanitarias de la
población beneficiaria de dicha atención.
Siempre hay, como puede imaginar su señoría, cuestiones económicas, como,
por ejemplo, cuál es el saldo entre las prestaciones realizadas por unos
y por otros en favor de una o de otra población sanitaria, y de esto se
ha discutido. Pero, como dice muy bien su señoría, no puede interpretarse
más que como tendenciosidad, cuando no falseamiento de la realidad, el
intentar imputar la responsabilidad sólo a una de las partes.
Reitero que el Ministerio de Defensa, a la luz de los resultados
obtenidos, está deseando ampliar el acuerdo al hospital San Carlos, de
San Fernando. Para ello hemos hecho
borradores de acuerdos, se han establecido conversaciones y le puedo
decir a su señoría que hace tan sólo veintitantos días, en concreto, el 2
de septiembre, se remitió al Director General de Asistencia Sanitaria del
Servicio Andaluz de Salud un nuevo borrador que recoge las modificaciones
sugeridas por ellos e introduce algunas por nuestra parte para completar
de forma precisa el contenido de las estipulaciones. Se ha solicitado que
pudiéramos prestar consultas ambulatorias y se ha dicho que no,
simplemente señoría, porque no hay espacio y el que hay se les ha
prestado. De manera que la intención, el deseo y la voluntad firme del
Ministerio de Defensa es hacer el acuerdo y cumplirlo. Hay veces que
algunas administraciones autonómicas, como ha sucedido con la variante de
la carretera de Cerro Muriano, llegan a un acuerdo y tardan cuatro años
en cumplirlo. No es ése el propósito ni la voluntad ni la ejecutoria del
Gobierno de Madrid y del Ministerio de Defensa.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Senador Mancha, tiene la palabra.
El señor MANCHA CADENAS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, intervengo para agradecerle, en nombre de la ciudadanía
de Cádiz, la apuesta decidida por este convenio, que estoy seguro,
estamos seguros, de que se va a llevar a cabo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
--DE DOÑA MARIA ANTONIA MARTINEZ GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE SI VA A HACER EL GOBIERNO EL ESFUERZO DE PERSUADIR A LA
MAYORIA DE LA CAMARA PARA QUE APRUEBE CELEBRAR EL DEBATE SOBRE EL ESTADO
DE LAS AUTONOMIAS (680/000829).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de la excelentísima señora doña María
Antonia Martínez García, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si va
a hacer el Gobierno el esfuerzo de persuadir a la mayoría de la Cámara
para que apruebe celebrar el debate sobre el Estado de las Autonomías.
Tiene la palabra la Senadora Martínez García.
La señora MARTINEZ GARCIA: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, en el último Pleno de control afirmó usted, en nombre del
Gobierno, que éste estaría a lo que decidan los órganos de esta Cámara en
relación a la celebración del debate del Estado de las Autonomías.
Sabiendo de la gran influencia que el Gobierno ejerce sobre su Grupo
Parlamentario, que rige por mayoría los órganos de esta Cámara, y a la
vista de la inactividad y sabiendo, particularmente, la influencia que
ejerce usted sobre ello, que nada más tomar posesión como Ministro dio
instrucciones públicas a dicho órgano de que el debate sobre el Estado de
las Autonomías no se podía celebrar porque estábamos en elecciones, es
por lo que le hago esta pregunta en los términos que ha leído la señora
Presidenta.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora.
Tiene la palabra el señor Ministro de Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Acebes Paniagua):
Gracias, señora Presidenta.
Señoría, yo nunca he dado instrucciones públicas a mi Grupo
Parlamentario, ni a ningún otro grupo. Fijé una opinión personal que
espero que a usted no le moleste y que supongo que no tendrá la
pretensión de limitarme.
Por lo demás, me remito a lo que dije en la última sesión de control
parlamentario, respecto de que, efectivamente, el Gobierno es
absolutamente respetuoso con las competencias de esta Cámara, entre las
que se encuentran convocar las sesiones de Pleno y de Comisión y fijar su
orden del día.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra la Senadora Martínez García.
La señora MARTINEZ GARCIA: Gracias, señora Presidenta.
Nada más lejos de mi intención que limitar su libertad de expresión. Todo
lo contrario, he apelado a su influencia precisamente porque su opinión
es muy bien seguida por su Grupo Parlamentario.
Señor Ministro, de su intervención de ahora, así como de la del Pleno
anterior, lo que queda meridianamente claro para mi Grupo Parlamentario
es que ni usted ni el Gobierno ni su Grupo quieren celebrar el debate
sobre el Estado de las Autonomías. No lo quieren celebrar porque el
Gobierno no se encuentra en condiciones de hacer ese balance de política
autonómica que corresponde. Y no sólo lo digo yo, lo afirma su propio
Grupo Parlamentario cuando propone cambiar el objeto del debate sobre el
Estado de las Autonomías; no me refiero a su formato, que estamos
dispuestos a ello y respecto a lo cual también tienen competencias los
órganos de esta Cámara. Lo que quieren cambiar es su objeto, precisamente
el debate político sobre el Estado de las Autonomías.
Y --señora Presidenta, con su permiso--, quiero decirle una cosa: usted
hizo un discurso en el anterior Pleno absolutamente falto de
credibilidad, porque usted nos deleitó con su teoría y su respeto hacia
la separación de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo y,
precisamente, obvia usted lo que está en la base de esa separación de
poderes: el principio de legalidad. Esta Cámara tiene una ley que es el
Reglamento y se está incumpliendo de forma flagrante por parte de sus
órganos, dejando el Gobierno y su Grupo
Parlamentario a éstos en una situación indecorosa, los cuales no sólo
tienen la obligación de cumplir el Reglamento, sino que algunos, como la
Presidencia de la Cámara, tienen la obligación de velar por ello.
Ustedes están permitiendo eso y están negando un debate sobre el Estado
de las Autonomías, cerrando la puerta de esta Cámara territorial a los
presidentes de las Comunidades Autónomas y asistiendo, sesión tras
sesión, a actos que van dirigidos a a dar recomendaciones a las
Comunidades Autónomas y a mantener debates debates públicos, como hizo
usted ayer, fuera de esta Cámara, haciendo ese balance cuando presentó el
informe de las Comunidades Autónomas de 1998, siendo ajenos a la
presencia allí de los representantes legítimos de estas Comunidades. Eso
es lo que está posibilitando el Gobierno y su Grupo Parlamentario.
Quiero decirle, señor Ministro, que nuestro Grupo Parlamentario no cejará
en seguir insistiendo en que se celebre ese debate porque es conveniente.
Es conveniente que en esta Cámara se discutan y debatan los asuntos que
afectan al modelo de Estado, al desarrollo de la política territorial que
está haciendo su Gobierno, pues los temas de cooperación, precisamente
tienen ámbitos institucionales; donde se están desarrollando. Además,
esos órganos están sometidos al control parlamentario, no sólo de las
Cortes Generales, sino de cada Parlamento autonómico, a lo que hacen y
dicen los representantes de su Gobierno. Es allí donde el Gobierno y su
Grupo Parlamentario tienen que posibilitar que estén los Presidentes y
digan lo que opinan. Que no sea utilizado ese atril, como se está
haciendo, por parte de su Grupo Parlamentario para leernos y decirnos lo
que dicen algunos de los presidentes autonómicos, sobre todo los
Socialistas. Tráiganlos aquí. ¿Por qué tienen miedo, si están tan
contentos de que se dice que dicen cosas distintas? Sienten aquí a los
que son socialistas y a los que no lo son, escúchenlos y no cierren esta
puerta, que es, como digo, una Cámara territorial, lo dice la
Constitución, y tienen derecho a estar presentes en todo aquello que les
afecta.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora Martínez García.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Acebes Paniagua): Muchas
gracias, señora Presidenta.
Señoría, desde la firme convicción de que todo el mundo tiene derecho a
una segunda oportunidad, después de la pregunta que tan mal les salió la
semana pasada, han venido a rebotar en ésta (El señor Laborda Martín: ¡Y
todos los días!) a ver si lograban cambiar el rumbo. Pues tampoco lo ha
conseguido, señoría.
Usted ha hecho un discurso de control al Grupo Parlamentario en el que
nada tiene que ver el Gobierno. (Protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) La verdad es que debería de ser absolutamente
innecesario tener que volverle a recordar lo que establece el Reglamento
de la Cámara. Como usted sabe, la composición plural que garantiza el
Reglamento de la composición de los distintos órganos decisorios, como es
la Mesa, es, precisamente, para garantizar que las decisiones se toman
con absoluta independencia y libertad, carentes de influencias. (El señor
Laborda Martín: ¡Muy bien!) (Rumores.) Ya escuchamos por parte de su
Grupo Parlamentario que esta práctica no es asumida por ustedes, que
cuando han presidido durante años esta Alta Institución obedecían a los
dictados del Ejecutivo, pero también tuve la oportunidad de recordarle
que nosotros creemos firmemente en la división de poderes, en la
independencia del Parlamento. (La señora Pleguezuelos Aguilar pronuncia
palabras que no se perciben.) Todo lo que usted acaba de decir puede ser
objeto del debate entre los grupos parlamentarios. Entre sus funciones y
sus obligaciones está convencer al Grupo Parlamentario mayoritario de la
bondad de sus propuestas (Rumores.), y una vez convocado el debate
oportuno que tienen que celebrar se procederá a una votación y
democráticamente se tomará una opción, pero hágalo en sede parlamentaria,
desde el debate, desde la colaboración y desde el acuerdo, pero no desde
venir a hacer al Gobierno una oposición o control, cuando nada tiene que
ver con esta opción, sino que es una decisión que pertenece sólo y
exclusivamente a esta Cámara, a su independencia y a su soberanía.
Nada más, muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro de Administraciones
Públicas.
--DE DON PEDRO TOMAS GALVAN DE URZAIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL SENADO, SOBRE LA INFORMACION QUE PUEDE FACILITAR EL MINISTERIO DE
INDUSTRIA Y ENERGIA EN RELACION A LOS PROYECTOS DE DESARROLLO ENERGETICO
EN MARRUECOS (680/000837).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la pregunta del excelentísimo señor don
Pedro Tomás Galván de Urzaiz, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre la información que puede facilitar el Ministerio de
Industria y Energía en relación a los proyectos de desarrollo energético
en Marruecos.
Tiene la palabra el Senador Galván de Urzaiz.
El señor GALVAN DE URZAIZ: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, le agradezco su presencia en esta Cámara.
Como sabe bien, señor Ministro, Canarias en los últimos años ha venido
haciendo un esfuerzo notable para conservar su territorio, mantener su
medio ambiente, y en ese sentido se ha apostado claramente por la energía
eólica como una alternativa fiable de generación de energía.
En los últimos meses se han venido produciendo una serie de
manifestaciones que han concluido en una formación de opinión pública
preocupante, en el sentido de que Marruecos, próxima a Canarias, está
apostando por una energía alternativa, concretamente la nuclear. Hay un
proyecto de construcción de una central térmica en una zona conocida como
Tan Tan, próxima en 200 kilómetros a la costa canaria, a la isla de
Fuerteventura, y evidentemente eso ha generado una continua participación
de agentes sociales en el sentido de señalar que es conveniente que
Marruecos no discurra por esa vía y que apueste por las energías
alternativas, concretamente la eólica que en Canarias está demostrando
una gran capacidad de generación.
Por lo tanto, es preocupante, señor Ministro, el hecho de que Canarias
pueda verse influenciada por una generación de energía que pueda traer
consecuencias medioambientales nada deseables para la actividad económica
que se genera en las islas, concretamente el turismo. Como bien sabe, el
80 por ciento de nuestro PIB depende precisamente de esta actividad.
En este sentido, señor Ministro, se formula la pregunta: en el marco de
relaciones de España con el Reino de Marruecos, ¿qué conocimiento tiene
el Gobierno de España sobre los proyectos de desarrollo energético en el
suelo marroquí?
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Galván.
Tiene la palabra el señor Ministro de Industria y Energía.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señora Presidenta.
Señoría, su pregunta en estos momentos es extraordinariamente oportuna
porque se pueden estar trasladando a la sociedad española, y en especial
a las zonas más próximas al Reino de Marruecos y, en concreto, a
Canarias, mensajes que pudieran generar una cierta inquietud y que
centran la atención en una cuestión específica sin justificación real,
como ya ha aclarado el Gobierno ante las Cámaras en numerosas ocasiones,
haciendo, por otra parte, abstracción de la importancia que presenta
desde todos los planos la cooperación entre los Reinos de Marruecos y de
España en materia energética tanto ahora, como de cara al futuro. Dicha
cooperación ha registrado en los últimos años un avance importante, a lo
que ha contribuido, por una parte, la liberalización del sector eléctrico
español y la apertura del sector de producción de electricidad marroquí,
por otra parte. De ello puedo dar como ejemplos la interconexión
eléctrica entre España y Marruecos, que permite un intercambio físico de
electricidad entre ambos muy importante, y que la compañía eléctrica
marroquí, la ONE, disfrute de la condición de agente externo en el
mercado eléctrico español. En principio, a corto y medio plazo, la ONE
actuará meramente como compradora, aunque a largo plazo podría existir un
intercambio en las dos direcciones, debido principalmente a centrales de
ciclo combinado que se plantean construir y en las que están interesadas
empresas españolas, al igual que ocurre con el importante esfuerzo que
está llevando a cabo Marruecos para promover la introducción del gas
natural y que abastecería a estas centrales de ciclo combinado en su
balance energético, refrendando su interés por una de las fuentes
energéticas más limpias.
También nuestro Instituto para la diversificación y ahorro de la energía
colabora eficazmente con organismos e instituciones marroquíes para
mejorar la eficiencia energética tanto en la Administración pública, como
en el transporte, para introducir la cogeneración y para promover, como
usted bien decía, las energías renovables, especialmente la energía
eólica, en la que España tiene una buena experiencia e importante
tecnología.
Por lo que respecta al elemento de inquietud, la energía nuclear, la
información que tiene mi departamento es la existencia del proyecto de
construcción de un pequeño reactor nuclear generador de calor, de sólo 10
megavatios térmicos de potencia, para desalar agua de mar que Marruecos
llevaría a cabo en el marco de un acuerdo de cooperación con la República
Popular de China y que estaría ubicado, como usted ha dicho, en la
localidad de Tan Tan, en la costa atlántica al sur del país. Se trata de
un proyecto que por su entidad, su dimensión y sus características
técnicas no tiene nada que ver con una central nuclear, y que se inscribe
dentro del programa de cooperación técnica del Organismo internacional de
la Energía Atómica, que es un organismo especializado de Naciones Unidas
y del que España es miembro activo.
El Reino de Marruecos, al igual que el Reino de España, es signatario del
Tratado de no proliferación nuclear, así como del acuerdo de salvaguardia
con la Organización Internacional de la Energía Atómica.
El hecho de que la instalación de Tan Tan se realice bajo la supervisión
y con la garantía de dicho Organismo, permite excluir cualquier
preocupación sobre el desarrollo de la energía nuclear en el país vecino.
En cualquier caso, permaneceremos atentos al cumplimiento del Derecho
Internacional y de los Códigos de conducta y de seguridad, establecidos
por los organismos internacionales.
Para concluir, sólo deseo añadir que el Reino de Marruecos es un Estado
soberano para plantear y ejecutar sus políticas y planes de desarrollo
tendentes a satisfacer las necesidades básicas de su población, entre
ellas --como es natural-- el suministro de electricidad y de agua
potable.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Galván de Urzaiz.
El señor GALVAN DE URZAIZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Gracias también a usted, señor Ministro, sobre todo por los términos en
que ha contestado que contribuyen a clarificar, precisamente, esas
opiniones que estaban circulando, puesto que Marruecos --según se
desprende de su contestación-- no tiene pensado desarrollar energía
nuclear creando centrales nucleares.
Le doy las gracias de nuevo, señor Ministro, sobre todo, en nombre de los
que habitamos en las Islas Canarias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
--DE DON ISIDRO MANUEL MARTINEZ OBLANCA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA EVITAR LA
VENTA SIN CONTROL DE MILES DE MEDICAMENTOS A TRAVES DE INTERNET
(680/000833).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Isidro Manuel Martínez Oblanca, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas previstas por
el Gobierno para evitar la venta sin control de miles de medicamentos a
través de Internet.
Tiene la palabra el Senador Martínez Oblanca.
El señor MARTINEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro de Sanidad y Consumo, la creciente utilización de Internet
como medio de comunicación electrónica para relacionarse, intercambiar
información o realizar transacciones comerciales tiene muchos aspectos
positivos que, sin duda, todos celebramos porque a todos nos parece
importante nuestra incorporación en la denominada sociedad de la
información. Sin embargo, la red plantea también algunas sombras, como
pueden ser las derivadas de la compra de productos farmacéuticos, que es
un fenómeno que va a más y que conlleva riesgos.
Existe una creciente preocupación por la utilización de la red como
farmacia virtual o como mercado de compraventa de medicamentos. Según
estimaciones realizadas por instituciones, organizaciones y expertos, el
número de productos médicos o medicamentos que se pueden adquirir a
través de Internet superan los 20.000 fármacos; es decir, en esa botica
virtual que se abre libremente a través de un ordenador existen más de
20.000 productos a elegir y tras su compra, envío y recepción llegan al
consumo humano procedentes de cualquier lugar del mundo.
Son productos sobre los que no existen controles y que, en algunos casos,
resultan atractivos al público como consecuencia de una publicidad o de
una promoción engañosas que pueden inducir a la automedicación
indiscriminada con todos los grandes riesgos que tal práctica conlleva.
En este mercado electrónico existen productos que no tienen ninguna
garantía de calidad, cuya comercialización puede estar acompañada de
información fraudulenta y falsificación, cuyas consecuencias pueden tener
efectos muy peligrosos para el consumidor.
Es necesario, por tanto, que se adopten y apliquen medidas que eviten la
venta sin control de medicamentos a través de Internet. De ahí mi
pregunta dirigida al Gobierno para conocer las iniciativas adoptadas en
este tema que ya es de gran preocupación, pero que irá incrementándose a
medida que la Red se extienda por todo el mundo y, específicamente, en
nuestro país que tiene ya dos millones y medio de usuarios que se
triplicarán en los próximos años.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Martínez Oblanca.
Tiene la palabra el señor Ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señora Presidenta.
Gracias a usted también, señor Senador, por la oportunidad de su pregunta
motivada por este problema real con el que nos estamos encontrando.
Internet --como sus señorías conocen muy bien-- es una red virtual, con
una gran expansión, que conecta a través de servidores multitud de
ordenadores radicados en todas las partes del mundo. Cualquier persona
puede tener su propia página web por el simple hecho de tener una cuenta
de acceso a Internet e incluir en ella la información o las ofertas que
considere oportunas.
Esta página, por las características de la Red, puede ser accesible desde
cualquier parte del mundo. En algunos países --y Estados Unidos es el más
representativo-- se permite tanto la publicidad de medicamentos dirigida
al consumidor como su venta por correo no siendo una actividad prohibida
ofrecer estos productos a través de Internet.
El problema surge en aquellos países como el nuestro donde dichas
actividades no están autorizadas. En este sentido, la normativa europea y
la legislación española prohíben la publicidad dirigida al público de los
medicamentos que requieren diagnóstico o prescripción facultativa, así
como cualquier tipo de venta indirecta a los ciudadanos. Por
consiguiente, estas actividades a través de Internet constituyen una
práctica no admitida en nuestro ordenamiento jurídico. Por el principio
de territorialidad, estas disposiciones no son aplicables a
establecimientos radicados fuera del ámbito territorial español y de la
Unión Europea, por lo que en estas circunstancias, y habida cuenta del
carácter global de Internet, el problema rebasa ampliamente las fronteras
de la Comunidad Europea y por tanto sólo podrá ser resuelto eficazmente
mediante una mayor cooperación internacional, aspecto en el cual el
Ministerio de Sanidad participa a través de organismos internacionales
como la Organización Mundial de la Salud y la Comisión Europea. Por ello
nos hemos dirigido en diversas ocasiones a la Comisión Europea
solicitando que se agilizara esta cuestión. Como resultado de nuestra
petición, el Comité Farmacéutico de la Unión Europea, que precisamente se
reunía estos días, 27 y 28 de septiembre, ha considerado la propuesta de
creación de un grupo de trabajo en el que se estudie en profundidad este
asunto.
Además, el Gobierno ha tomado una serie de medidas, como es el refuerzo
en el control de aduanas, a fin de detectar y retener los paquetes que
llegan a nuestras fronteras procedentes de terceros países y que puedan
contener medicamentos. Por otro lado, y a través de los ministerios de
Economía y Hacienda y del Interior, se está intensificando el control de
las actividades no autorizadas realizadas en Internet por servidores
radicados en territorio nacional.
Muchas gracias, señor Senador.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DOÑA ROSA LOPEZ GARNICA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LOS OBJETIVOS DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO,
DIRIGIDOS A MEJORAR LA ATENCION DE LOS MAYORES DE 75 AÑOS ENFERMOS DE
ALZHEIMER (680/000838).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de la Excelentísima señora doña Rosa López
Garnica, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los
objetivos del Ministerio de Sanidad y Consumo, dirigidos a mejorar la
atención de los mayores de 75 años enfermos de Alzheimer.
Tiene la palabra la Senadora López Garnica.
La señora LOPEZ GARNICA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro de Sanidad y Consumo, la prevalencia de las demencias en
la población española mayor de 75 años se sitúa en la actualidad en torno
al 5 por ciento, tratándose fundamentalmente de demencias de tipo
degenerativo vasculares y de otros tipos, pero el mayor protagonismo se
lo lleva la enfermedad de Alzheimer que supone en torno a un 60 ó 70 por
ciento de las demencias. Las previsiones demográficas y epidemiológicas
son pues muy desfavorables, debido fundamentalmente al progresivo
envejecimiento de la población española, lo que supone, según el estudio
de la proyección de la población del Instituto Nacional de Estadística
del año 1995, que en estos momentos la población mayor de 75 años sea un
16,42 por ciento; en el año 2000 será un 16,95 por ciento; en el año
2005, un 17,40 por ciento, y en el año 2010, un 18,03 por ciento; supone,
por otra parte, un aumento de la prevalencia de las enfermedades
degenerativas, en general de las demencias, de un 5 a un 7 por ciento.
Esto hace que la enfermedad de Alzheimer en estos momentos cuente en
España con alrededor de unos 300.000 casos.
Esta enfermedad requiere, además del tratamiento estrictamente médico y
sanitario, en todo caso integral y multidisciplinar a los afectados, un
tratamiento de carácter social a las familias y a aquellas personas
encargadas de cuidar a estos pacientes, lo que requiere otro tipo de
medidas de apoyo en un intento, al menos, de aliviar la carga que estas
familias sufren.
Sin mencionar, por otra parte, la importancia de la investigación
científica que ayude de alguna manera a mejorar el conocimiento, bastante
limitado hoy en día, de la etiopatogenia, de las características y sobre
todo de las causas de esta enfermedad. Creo que es importante resaltar en
este panorama el campo de la prevención, el pilar científicamente
demostrado más eficaz y más efectivo en el tratamiento de las
enfermedades crónicas. Así como en el campo de la prevención primaria,
que trataría de la actuación sobre los factores de riesgo y que hoy en
día es prácticamente imposible actuar sobre ellos, sí es posible actuar
en el campo de la prevención secundaria detectando precozmente estos
casos de enfermedad de Alzheimer en estadio preclínico para así por lo
menos intentar retrasar la evolución de la enfermedad, sobre todo en el
tratamiento de la enfermedad establecida en lo que es prevención
terciaria, en un intento de reducir la gravedad de la enfermedad y de
retrasar la subsiguiente incapacitación.
Con este panorama tan desolador, el Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, pregunta al señor Ministro de Sanidad y Consumo cuáles son los
objetivos de su Ministerio dirigidos a mejorar la atención de los
enfermos de Alzheimer.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora López Garnica.
Tiene la palabra el señor Ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señora Presidenta.
Señoría, los ministerios de Sanidad y Consumo y Trabajo y Asuntos
Sociales, así como los departamentos de Sanidad y Servicios Sociales de
las Comunidades Autónomas han elaborado un plan de acción para mejorar la
atención de las personas mayores que padecen demencia Alzheimer y otras
demencias independientemente de la edad que tengan.
Este plan se propone desarrollar un sistema de atención domiciliaria de
carácter sociosanitario que responda a las necesidades del enfermo y de
sus familiares, con profesionales capaces de enseñar a afrontar la
enfermedad a las familias; propone también el desarrollo de una sólida
red de programas y servicios de respiro, centros de día y estancias
temporales que permitan a las familias compatibilizar las tareas de su
vida cotidiana con la atención a estos enfermos en su medio habitual;
igualmente con dicho plan se propone el incremento de servicios
institucionales, residencias, centros sociosanitarios, y contempla además
una serie de propuestas de modificación del vigente Estatuto de los
Trabajadores que permitan a los familiares compatibilizar su empleo con
el cuidado del enfermo: reducciones de jornada, excedencias, etcétera.
En el ámbito estrictamente sanitario el plan plantea los siguientes
objetivos: ofrecer una atención integral y multidisciplinar que haga
posible el retraso de la incapacidad que origina la enfermedad de
Alzheimer y otras demencias, con el consiguiente impacto en sus
familiares cuidadores; facilitar el acceso a los recursos existentes;
adecuar un plan de cuidados sanitarios al momento evolutivo, grado de
afectación de la enfermedad; potenciar el papel de la atención primaria
como eje fundamental de la atención y coordinación de cuidados entre
niveles asistenciales; favorecer el apoyo a los cuidadores de estos
enfermos,
con especial atención a la valoración periódica del grado de carga de los
cuidadores y a su estado de salud; potenciar la formación básica y
continuada, tanto a profesionales sanitarios como a cuidadores
informales, conforme a sus necesidades. En este sentido, el Insalud y la
Escuela Nacional de Sanidad, dentro de su programa formativo, han
diseñado su primera diplomatura en cuidados a los enfermos de Alzheimer,
cuyo inicio será el próximo 2 de noviembre, que contará con acreditados
especialistas en esta enfermedad y tendrá una duración de 300 horas de
formación teórico-práctica; mejorar el conocimiento de la enfermedad en
sus aspectos biológicos, clínicos y sociales, potenciando la
investigación en los centros sanitarios públicos.
Entre otras iniciativas, se ha creado en el Fondo de Investigaciones del
Instituto de Salud Carlos III un club Alzheimer cuyo único objetivo es
dar prioridad a la investigación básica y epidemiológica en los centros
públicos. El diagnóstico precoz debe ser, como bien señalaba su señoría,
una absoluta prioridad, y en este sentido le puedo decir que en el año
2000 el Insalud aplicará a todas las personas de más de 75 años de cada
área de salud unos sencillos instrumentos diagnósticos que sirven para la
detección precoz del Alzheimer. A partir del año que viene los cuidados
asistenciales de estos enfermos formarán parte de la cartera de servicios
de atención primaria, potenciándose la atención domiciliaria y creando
equipos de soporte mixto que darán una mejor respuesta a las necesidades
de enfermos y familiares, proporcionándoles el soporte y apoyo
necesarios.
El esfuerzo que se está llevando a cabo es ya muy importante. En los seis
primeros meses de 1999 se han prescrito 988.305 envases de medicamentos
específicos para el tratamiento de demencias, por un importe de 6.388
millones de pesetas. A estas prescripciones hay que añadir los fármacos
no específicos para estas patologías: vasodilatadores o antisicóticos,
por ejemplo.
Con este plan queremos mejorar la atención que se presta a los enfermos
de Alzheimer y lograr un apoyo real a las personas que en este momento
soportan la mayor parte de los cuidados que precisan estos enfermos, que
son sus cuidadores.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra la Senadora López Garnica.
La señora LOPEZ GARNICA: Gracias, señora Presidenta.
En primer lugar, quiero agradecer la respuesta del señor Ministro de
Sanidad y Consumo y, por supuesto, felicitarle por lo que consideramos es
científicamente un correcto abordaje, por ser integral y
multidisciplinar, de lo que la enfermedad de Alzheimer requiere, sobre
todo destacando la novedad del programa de detección precoz que en el
territorio Insalud, dentro del marco del Consejo Interterritorial de
Salud, se va a llevar a cabo para todos los mayores de 75 años, y desde
luego con los deseos de que este programa que, como ha anunciado el señor
Ministro, se haga extensivo a todo el Sistema Nacional de Salud.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora López Garnica.
--DE DON FRANCISCO JAVIER ROJO GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE HA ADOPTADO EL GOBIERNO EN RELACION AL
ERROR QUE CONTENIA LA VERSION EN LENGUA VASCA DE LA CAMPAÑA CONTRA EL
CONSUMO DE DROGAS (680/000820).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del Excelentísimo señor don Francisco
Javier Rojo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que ha
adoptado el Gobierno en relación al error que contenía la versión en
lengua vasca de la campaña contra el consumo de drogas.
Tiene la palabra el Senador Rojo García.
El señor ROJO GARCIA: Gracias, señora Presidenta.
El pasado 23 de junio el Ministerio del Interior presentaba la campaña
«La lucha contra la droga», con el eslogan «A tope sin drogas». Se hizo
la traducción en cuatro idiomas --castellano, gallego, catalán y
euskera--, pero la traducción al euskera fue errónea, de forma que
expresaba justamente lo contrario de lo que se pretendía; la campaña
pretende que los chicos no consuman drogas y lo que decía el eslogan en
euskera era que consumiesen drogas.
Ante un error tan garrafal, le hago la pregunta en los términos que ha
formulado la Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Interior.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor Presidente, señorías.
En 1996, fecha en que la Delegación del Gobierno por primera vez comienza
a realizar anualmente campañas de prevención, se adjudica a una empresa
la publicidad correspondiente y esa empresa adjudicataria tiene la
obligación contractual de hacer la traducción a todas las lenguas del
Estado. Se adoptaron --como tendré ocasión de explicarle-- una serie de
garantías para que ello se hiciese correctamente, pero es verdad que por
las características de esta campaña, con un lenguaje dirigido a una
población tan joven, donde era tan difícil la traducción de la expresión
«a tope», evidentemente, se produjeron una serie de distintas
interpretaciones sobre el significado de ese término.
En definitiva, señoría, lo que quiero decir es que se adoptarán todavía
más controles a través de lingüistas y expertos para que estas
situaciones no se vuelvan a producir, pero partiendo del hecho de que
durante cuatro años se han adoptado este tipo de iniciativas y es la
primera ocasión en que ha sucedido un hecho de estas características.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Rojo.
El señor ROJO GARCIA: Gracias, señor Ministro.
Evidentemente, la intención de mi pregunta no era criticar que el
Gobierno haga una campaña de prevención con «La lucha contra la droga»,
ésa es una de sus obligaciones y me parece correcta esa política, pero,
sinceramente, señor Ministro, creo que cuando menos debiera haberse hecho
la autocrítica de que las cosas no se han hecho bien; porque si es una
campaña que se hace para luchar contra la droga y resulta que se dice lo
contrario, cuando menos el Gobierno tendrá que decir: nos hemos
equivocado, que no es lo que nos están diciendo.
Señor Ministro, cuando se llevan a cabo estas iniciativas existen
instrumentos de coordinación que se podrían haber utilizado --y en el
futuro lo podrían hacer si es que sirve para algo lo que dice la
oposición alguna vez--, como la coordinación con la Consejería del
Interior, como la coordinación con la política lingüística del Gobierno
vasco, como la coordinación con Euskaltzaindia, para discutir estas
cuestiones sobre las traducciones, y seguramente estas cosas no hubieran
pasado. Porque me reconocerá, señor Ministro, que independientemente de
que al final termine siendo la culpable la empresa que ha hecho la
campaña, alguien tendrá que supervisar, alguien tendrá que firmar y
alguien tendrá que decir que le parece correcta la traducción. Pero
ustedes no han hecho eso y, por lo tanto, hay un efecto de
irresponsabilidad, de falta de celo, de no hacer las cosas en los
términos en que se debieran haber realizado.
Y de la misma manera que ustedes el día 23 de junio, con luz y sonido,
hicieron una campaña de marketing para que todos los españoles viésemos
el celo que tiene este Gobierno por estas cuestiones, podrían haber hecho
exactamente lo mismo cuando se dieron cuenta de que se habían equivocado;
pero estas cuestiones han pasado apenas sin que se noten.
Y viene a cuento la apelación a la coordinación de este Gobierno con
otras instituciones, señor Ministro, porque ayer tuvimos un debate
importante en el que el portavoz del Grupo Popular nos explicaba de qué
forma se coordinaba el Gobierno con su Partido y con las distintas
Comunidades Autónomas, nos explicaron de qué manera había que hacerlo,
pero a la misma hora, en el mismo momento, en otro parlamento, un
destacado Presidente del Partido Popular nos decía que a las amas de casa
les iban a subir las pensiones (Varios señores Senadores de los escaños
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado: ¡Hombre, no!) Eso es lo que
nos decían ayer, que estábamos descoordinados.
¿Qué le quiero decir con esto, señor Ministro? Que aquí los únicos que
están descoordinados son ustedes, y que yo me hubiera conformado si en su
contestación hubiese dicho simplemente: nos hemos equivocado y vamos a
corregir lo que hemos hecho mal, en vez de responsabilizar a una empresa,
que seguramente lo habrá hecho muy mal pero a la que seguramente la
próxima vez volverán a darle la misma campaña. (Protestas en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Gracias, señora Presidenta.
Señoría, voy a hacer algunas puntualizaciones a lo que usted acaba de
expresar. He de decirle que ni usted ni yo somos lingüistas vascos
declarados, y usted y yo sabemos que decir que hay un fallo garrafal no
se corresponde con la realidad, porque posteriormente a esta campaña
muchos lingüistas introducen interpretaciones diversas y varias sobre la
traducción en castellano del término que finalmente se utilizó. De modo y
manera que todavía es objeto de discusión de lingüistas la gravedad, el
acierto o el desacierto de este término. Quiero decirle por tanto,
señoría, que usted no es justo cuando atribuye falta de sensibilidad y de
coordinación, asumiendo que el resultado --y ya se lo he dicho en mi
primera respuesta-- no es el deseado. Pero quiero decirle, primero, que
se trata de una campaña que en cuatro años, por primera vez, se traduce a
lenguas oficiales del conjunto de España. En segundo lugar, que la
empresa adjudicataria adoptó la garantía de enviar a Euskal Telebista,
como ente público oficial, el texto creyendo que de esta forma había una
garantía razonable en la traducción del referido texto. Tercero, el 23 de
junio, no sólo presentamos a los medios de comunicación esta campaña,
sino que la presentamos al Consejo Interautonómico, donde estaban los
representantes de todas las Comunidades Autónomas y nadie en aquel
Consejo Interautonómico hizo observación alguna a ninguna de las
traducciones que, en catalán, gallego y vasco, se estaban produciendo en
la campaña, con lo cual asumirá su señoría que fueron adoptadas un
conjunto de garantías por la Delegación del Gobierno.
Usted coincidirá conmigo en que el efecto final no ha sido el deseado y
ha habido una campaña inoportuna, pero le quiero decir que si usted
introduce la desproporción, la desmesura, si trata de utilizar esta
cuestión para agigantar lo que no es más que un fallo, que aceptamos,
está usted también equivocándose a la hora del tratamiento de esta
cuestión. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro del Interior.
--DE DON JUAN ANTONIO AREVALO SANTIAGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LA EXPLICACION QUE PUEDE DAR EL GOBIERNO ACERCA DE LA
APARICION EN EL ACTO INAUGURAL DEL CAMPEONATO DEL MUNDO DE ATLETISMO,
CELEBRADO RECIENTEMENTE EN LA CIUDAD DE SEVILLA, DE DOS FALSAS
«GIRALDILLAS» EXHIBIENDO UNA
LEYENDA CON EL LEMA «REPATRIACION DE LOS PRESOS VASCOS» (680/000821).
LA SEÑORA PRESIDENTA: La siguiente pregunta es la del excelentísimo señor
don Juan Antonio Arévalo Santiago, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la explicación que puede dar el Gobierno acerca de la aparición, en
el acto inaugural del Campeonato del Mundo de Atletismo, celebrado
recientemente en la ciudad de Sevilla, de dos falsas «Giraldillas»
exhibiendo una leyenda con el lema «repatriación de los presos vascos».
Tiene la palabra el Senador Arévalo Santiago.
El señor AREVALO SANTIAGO: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, señor Ministro, lo peor de los campeonatos mundiales de
atletismo, celebrados en Sevilla, han sido las medidas de seguridad. Dos
personas, disfrazadas de «Giraldillas», exhibieron desde el escenario la
leyenda «repatriación de los presos vascos». Otro hombre se descolgó
desde un palco con una pancarta, y otro repartía octavillas en la zona de
prensa, en ambos casos a favor de los presos vascos.
No acabaron ahí los déficit de seguridad; hubo muchos más, que no voy a
relatar, pero, ¿cómo explica el Gobierno esta situación, que naturalmente
es mucho más grave de lo que hasta ahora se ha expresado?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Arévalo.
Tiene la palabra el señor Ministro del Interior. El señor MINISTRO DEL
INTERIOR (Mayor Oreja): Gracias, señora Presidenta.
Señoría, lo explico como creo que hizo el propio Director General de la
Policía, que estaba precisamente en Sevilla, y que la primera reacción
que tuvo, de inmediato, fue hacer un reconocimiento de los fallos que
dieron lugar a un resultado no deseado, sin entrar tampoco en si las
responsabilidades en este caso competían más en particular a la
organización o más estrictamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Hubo un resultado no deseado; hay un reconocimiento de los fallos por
parte del Director General de la Policía, en un primer momento, y ésa es
exactamente la valoración que en estos momentos hace el Gobierno.
La señora PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Arévalo.
El señor AREVALO SANTIAGO: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, ahí está el problema: que no han entrado en las
responsabilidades, se han quedado en la superficialidad de los hechos,
pero no han entrado ni en la gravedad ni en la responsabilidad.
Así lo hizo, tan campante, el Ministro de Educación y Cultura, que estaba
allí, en Sevilla, no sin caer en una contradicción, ya que, primero,
restó importancia al hecho, asegurando que no había habido ningún
problema de seguridad para, a renglón seguido, aconsejar, con esa
superioridad que da ahora ser de derechas y anunciar progresismo, que no
conviene dar publicidad a hechos como éstos. (Risas en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.) La publicidad, señor Ministro, la crean
los autores, pero en este caso, sin querer, colaboró el Gobierno, ya que
lo pudo evitar y no lo hizo.
Se han puesto en peligro la tranquilidad y el desarrollo del Campeonato
Mundial de Atletismo. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.) El Gobierno ha hecho --y lo que es peor, se lo ha hecho hacer a
España-- el más espantoso ridículo. (Protestas en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.) No echen balones fuera ni pongan paños calientes
a un hecho de indudable repercusión. La importancia se fija desde el
momento en que, tres días antes de iniciarse los Juegos, el Director
General de la Policía, con toda solemnidad, explica a los medios de
comunicación el despliegue previsto en Sevilla, con más de 4.000
policías. El Director General, como ha reconocido ahora el señor
Ministro, manifestó posteriormente que había habido fallos y que tenían
que haber respondido antes antes de que sucedieran los hechos. Y
manifestó: Teníamos que haber intentado, si hubiera sido posible, que no
hubiese ocurrido. Muy bien, pero han reconocido el fracaso. Hoy, con
paños calientes, así lo ha reconocido el Ministro aquí. Pues una vez que
lo han reconocido, dígannos quién es el responsable, a quién han cesado
después de este hecho, que es grave. No quiero ni recordarles lo que
habría sucedido en tiempos pasados, con otros gobiernos. (Rumores en los
escaños del Grupo Parlamentario Popular.) No se lo quiero recordar. Pero
dígame usted dónde están las responsabilidades y cuándo van ustedes a
cumplir con ese principio de cesar a aquellas personas que han tenido la
culpa de que esto haya sucedido así.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.
Tiene el palabra el señor Ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Gracias.
Señoría, cuando se protege a una persona o un evento o un acontecimiento
deportivo de estas características, para que la seguridad tenga unos
niveles aceptables debe producirse un nivel de participación y
coordinación entre el dispositivo de la seguridad y la organización
suficientes como para que los resultados en materia de seguridad, como
antes he dicho, sean razonables y aceptables.
Sólo quiero decirle que ese nivel de participación y coordinación entre
el dispositivo de seguridad y la organización, evidentemente, no fue
razonable, ni fue positivo, ni fue suficiente. En lo que no va a entrar
el Gobierno en este debate es en la cuestión de si fue más culpable la
organización que el dispositivo de la seguridad. Ustedes pueden
manifestar que fue más responsable la organización o las Fuerzas de
Seguridad, que el Gobierno.
Lo que sí deseo manifestar es que la valoración de lo sucedido en Sevilla
es que han sido un éxito de los Campeonatos, han sido un éxito para
Sevilla. Ese incidente al que usted hace referencia no ha tenido ninguna
repercusión internacional en ningún medio de comunicación, absolutamente
ninguno, y el éxito de Sevilla y de sus Campeonatos ha sido un dato
relevante. Y yo no haré que produzca el regocijo del entorno de ETA, de
su banda, al ver aquí un debate entre ustedes, que defienden la
organización de los Juegos, y yo, que defiendo a las Fuerzas de
Seguridad. Con ello volvemos a hacer un sonoro ridículo que, al final,
sólo sirve para que se rían y se lo agradezcan los del entorno de ETA.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Usted también
ha hablado de fracaso, de sonrojo y de humillación. Me permito formularle
una pregunta y hacer una afirmación. Usted ha hablado de la gran
humillación, del gran sonrojo, de la gran preocupación. ¿Qué habría
ocurrido si a este Gobierno le sucede la cuarta parte de lo que, en la
madrugada de ayer, le ha sucedido al Gobierno francés, con un hecho mucho
más difícil, mucho más duro y mucho más dramático, y que se refiere
directamente a un acto mediante el cual se han encontrado explosivos?
La afirmación es la siguiente. El sonrojo, la humillación, en un Estado
de Derecho, se produce cuando ese Estado de Derecho no es capaz de
proteger la vida de las personas. Eso sí que produce sonrojo y
humillación en un Estado de Derecho.
Todo lo que signifique tratar de politizar una cuestión de estas
características de esta forma y manera, tan sólo conduce a que aquellos
que han planificado y que siguen trabajando día a día en ese diseño
aplaudan cada vez más nuestra incapacidad de afrontar conjuntamente
situaciones en las que hemos fallado todos.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON JOSE FERMIN ROMAN CLEMENTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE
LAS MEDIDAS QUE HA ADOPTADO EL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA GARANTIZAR LA
SEGURIDAD DE LA POBLACION INMIGRANTE DE LA COMARCA DE NIJAR (ALMERIA)
(680/000825).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del Excelentísimo señor don José Fermín
Román Clemente, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las medidas que ha
adoptado el Ministerio del Interior para garantizar la seguridad de la
población inmigrante de la comarca de Níjar (Almería).
Tiene la palabra, Senador Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, le formulo la pregunta en los términos en los que la ha
realizado la señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Señoría, desde el rechazo
más absoluto y frontal, sin ningún tipo de excusas ni paliativos, a los
hechos sucedidos en estas semanas en Almería, en Níjar, el Gobierno ha
ordenado la intensificación de la vigilancia policial en las zonas de
mayor densidad de inmigración, mediante el incremento de efectivos de
extranjería a nivel nacional y la adopción de un conjunto de medidas en
el ámbito preventivo y en la aplicación del llamado Plan frontera sur.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, sin duda compartirá conmigo que Almería no es racista, no
es xenófoba. Pero hace apenas unos días decía que en Almería hay 25.000
residentes inmigrantes y 6.000 de ellos son de carácter irregular.
Este dato viene a coincidir con la presentación de 8.200 solicitudes para
regular su situación, de las que se han podido atender 2.000. Quedan,
efectivamente, en torno a 6.200 inmigrantes --otras fuentes señalan que
son aproximadamente 10.000, pero es muy difícil medir esta cifra-- sin
regular en la provincia de Almería.
Señor Ministro, ¿sabe qué significa irregular? Significa indefensión, no
poder luchar por sus derechos laborales, poder caer en manos de
desaprensivos; de ahí, señor Ministro, la necesidad de abordar este
problema con urgencia. En términos utilizados por las diferentes
organizaciones en Almería, significa pedirle que ponga el contador a
cero.
Yo tuve la oportunidad de asistir a la presentación que hizo de la
política de inmigración ante la Comisión de Interior y Función Pública,
señor Ministro, y compartí algunas de las cosas, la mayoría, que su
señoría expuso en la misma. Efectivamente, una política en materia de
inmigración inteligente y coordinada nos lleva a que diferentes
Administraciones y Departamentos ministeriales puedan actuar sobre la
aplicación de esta política inteligente.
Señor Ministro, debemos hacer que estos incidentes --si quiere, los
llamamos aislados-- que de forma incipiente empiezan a surgir no vayan a
más, y para ello deben tomarse las oportunas medidas urgentes de forma
preventiva. Sólo así se puede eliminar cualquier brote de racismo y
xenofobia.
Quiero que entienda mi intervención en el sentido de colaboración y
positiva. Es imprescindible que todas las Administraciones coordinen sus
actuaciones en línea con esa política diseñada, y no me cansaré de
decirlo, una política seria y rigurosa en materia de inmigración para que
en Almería, una de las provincias con más densidad de población
inmigrante, podamos erradicar estos brotes.
Señor Ministro, estoy bastante preocupado por algunas declaraciones
hechas en el entorno de estos grupos en Almería; son grupos que pretenden
organizarse en diferentes poblaciones de Almería, Níjar, Roquetas,
Almería, El Ejido. Me consta, señor Ministro, que se estarán adoptando
las medidas necesarias para que esta situación no vaya a más, y que la
petición de actuar en base a esta política, de poner el contador a cero y
de regular la situación de estos inmigrantes pueda ir en el camino de lo
que ya se ha ido dando en otras esferas: mejor situación sanitaria,
educativa y en vivienda.
En definitiva, señoría, le pedimos algo que todos estamos deseando: una
política de inmigración que se lleve a cabo de forma inmediata.
Gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Román.
Tiene la palabra el señor Ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Gracias, señora Presidenta.
Señoría, en primer lugar, quiero agradecer su tono, su talante y su
ofrecimiento de colaboración y cooperación, que recojo de inmediato y
asumo con plena satisfacción. En ese sentido, en el Ministerio del
Interior estamos a su plena disposición para cuantas sugerencias haga al
respecto y para todo aquello que de forma conjunta podamos llevar a cabo
las administraciones que afrontamos la cuestión de la inmigración.
Tiene usted razón al decir que en Almería --como en otros lugares de
España-- se constatan esas cifras, lo que hace que seamos especialmente
responsables a la hora de afrontar la inmigración en España y de adoptar
un conjunto de medidas que puedan significar un tratamiento integral de
la misma en el conjunto de la geografía española. Somos conscientes de
que sólo evitando un debate que fracture la sociedad española entre
izquierdas y derechas tendremos la fórmula que podrá resolver este
problema, y que si no se soluciona tendrá consecuencias graves y
probablemente convertirá esta cuestión en uno de los elementos más
negativos para la convivencia de los españoles. En ese sentido, asumo el
planteamiento que usted me ha hecho respecto de acrecentar la
coordinación entre las administraciones.
Pero, al margen de la política de inmigración, me va a permitir que el
Gobierno y la oposición tengamos un compromiso en algo que está más allá
de lo que es estrictamente la inmigración: la respuesta a los
sentimientos xenófobos que pueden producirse en determinados lugares, en
ocasiones con apariencia de cierta justificación, y en otras sin ningún
tipo de excusas. Pues bien, ni en un caso ni en otro debemos aceptar la
posibilidad de que se crea que el Partido Popular y el Partido Socialista
no están a la cabeza en la reacción ante los sentimientos xenófobos que
se pueden producir en la sociedad española. Y ese reto del Partido
Popular y del Partido Socialista, del Gobierno y de la oposición, de
estar al frente de la lucha contra todas las manifestaciones xenófobas
desde la autenticidad de nuestras posiciones tendría que estar más allá
del acierto o desacierto de la política de inmigración; debe ser algo que
nos una y que nos permita, como digo, luchar contra la xenofobia,
situándonos en ese tema a la cabeza de todos los países europeos.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON JOSE CARRACAO GUTIERREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LA VALORACION QUE HACE EL GOBIERNO DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA
EVITAR LA INMIGRACION ILEGAL PROCEDENTE DE MARRUECOS (680/000830).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don José Carracao
Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la valoración que
hace el Gobierno de las medidas adoptadas para evitar la inmigración
ilegal procedente de Marruecos.
Tiene la palabra el Senador Carracao Gutiérrez.
El señor CARRACAO GUTIERREZ: Gracias, señora Presidenta.
Doy por formulada la pregunta en los términos expresados por su señoría.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Gracias, señora Presidenta.
Señoría, el año pasado, por estas mismas fechas, tuvimos un debate al
respecto, y en el mismo le dije que existían cuatro tipos de medidas que
podían enmarcar la actuación del Ministerio del Interior a la hora de
afrontar la cuestión de la inmigración irregular, y especialmente de
Marruecos.
Dichas medidas eran las siguientes. En primer lugar, el Plan de frontera
sur y los esfuerzos que se estaban haciendo en Ceuta y Melilla. En
segundo lugar, la actividad llevada a cabo en el seno de la Unión Europea
para que Marruecos tenga un tratamiento singular y que no sólo España
avance en ese terreno, sino también la Unión Europea. En tercer lugar, la
cooperación bilateral con Marruecos. Y el cuarto bloque de medidas se
refería a intensificar la acción contra redes y mafias, singularizando la
lucha contra la mafia organizada respecto de lo que significa la
inmigración ilegal.
Y puedo decirle que, con más o menos aciertos, y con más o menos
dificultades, el Gobierno está avanzando en esos cuatro niveles de
medidas, aun sabiendo que no hay soluciones mágicas ni milagrosas.
Insisto, pues, en que si hacemos un balance de esas medidas veremos que
el Gobierno está avanzada en esta materia, a pesar de su dificultad y
complejidad.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Carracao Gutiérrez.
El señor CARRACAO GUTIERREZ: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, confieso que cuando solicité su comparecencia --hace más
de tres años-- en la Comisión de Interior usted me pareció valiente. En
aquella oportunidad se desmarcaba de la posición del Presidente Aznar.
Decía: Teníamos un problema y se solucionó --refiriéndose a los
inmigrantes en Melilla--. Aplaudí aquel gesto y confié en que usted iba a
adoptar medidas eficaces para resolver esta cuestión.
Hoy los hechos me hacen manifestar, señor Ministro, que a su señoría le
ha faltado sensibilidad en esta cuestión. Usted intenta minimizar el
problema. Debo decir que sólo en Algeciras la Guardia Civil ha detenido a
1.299 inmigrantes en los ocho primeros meses del año. La Consejería de
Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía ha acogido en lo que va de año
en sus centros de protección a 1.260 menores inmigrantes, el triple de
los que atendió en 1998.
Señor Ministro, considero que el Gobierno sigue instalado en una posición
de complejos, de temor y de rechazo. El Gobierno no alcanza a comprender
que son precisamente las sociedades pluriétnicas, multiculturales,
tolerantes con las diferencias, las que tienen mayor grado de desarrollo.
Y no voy a ponerle ejemplos, señor Ministro, voy a ser elegante con
algunos de sus correligionarios en la provincia de Almería, como señalaba
anteriormente el Senador Román Clemente.
Quisiera de verdad que cuando usted hable de esos cuatro epígrafes en los
que apoya su teoría o práctica para intentar evitar la inmigración ilegal
me diga solamente qué canales de diálogo ha abierto su señoría con las
autoridades de Marruecos para intentar poner coto de una vez a
situaciones de vulnerabilidad de unas personas a las que la desesperación
conduce a la ilegalidad, a renunciar a su identidad, a su nombre y a su
propia vida.
¿No cree, señor Ministro, que intentar abrir estos canales de diálogo
sería mucho más eficaz que invertir en blindar el Estrecho o convertir el
Mediterráneo en un muro que separe a ricos y a pobres?
¿No sería mejor, señor Ministro, que el Gobierno dedicara esfuerzos para
luchar contra la exclusión y las corrientes xenófobas y racistas que
empiezan a florecer?
Señor Ministro, cualquier política cuyo fin principal consista en evitar
a toda costa la llegada de nuevos inmigrantes está condenada al fracaso.
Es necesario que ese control, al que nuestro Grupo Parlamentario expresa
su solidaridad, vaya acompañado de medidas activas para la integración
social de los inmigrantes. Pero no podemos creer en ello. No hace mucho
en esta misma Cámara presenté una moción con esa intención y fue
rechazada por los votos de su Grupo Parlamentario.
Señor Ministro, el miedo y la incapacidad para hacer frente a estos retos
son los factores que convierten a la inmigración en un problema.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Señoría, ¡Ojalá! una
persona con buena voluntad, si sólo dependiese de ella, pudiese resolver
un problema, que no sólo está en el ámbito español, sino que también lo
está en el ámbito de la Unión Europea y que, en el fondo, significa ni
más ni menos el desequilibrio de dos continentes, cada uno con un
desarrollo sustancialmente distinto, que hace de ese desequilibrio un
problema que, insisto, ¡ojalá! pudiese resolverlo el Ministro del
Interior. Lamento su decepción ante la incapacidad de resolverlo en el
grado y en la medida que usted creía hacía unos años.
Por poner un ejemplo de la dificultad de la cuestión, le diré que usted
no ha citado en ningún momento de su intervención que la política de
inmigración está ya comunitarizada desde el 1.º de mayo de este año; es
decir, desde la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam las políticas
de asilo y de inmigración están comunitarizadas. De ahí que, en estos
momentos, para abordar estas políticas de codesarrollo y de cooperación
haga falta influir en el seno de la Unión Europea.
Lo que tiene usted que preguntar es, en mi opinión, si España ha hecho
algo para que Marruecos esté más presente en las preocupaciones de los
europeos.
Quiero decirle que este año España ha impulsado y conseguido que
Marruecos sea uno de los grupos de trabajo que se han escogido como focos
de asilo y de inmigración. Ese grupo de trabajo es una realidad que está
tratando de abordar de qué manera se puede avanzar en la cooperación y en
las fórmulas de codesarrollo, porque coincidirá conmigo en que la
inmigración no es sólo una cuestión de control de fronteras sino de
análisis y búsqueda de los focos donde se produce para combatir, allí
mismo, en el lugar de origen, las causas que producen esa inmigración.
Marruecos está hoy en ese grupo de trabajo que --antes de la Cumbre de
Tampere del próximo 16 de octubre, que va a ser decisiva y determinante
para impulsar el espacio policial y judicial europeo-- va a emitir ya
unas conclusiones, que tendré la satisfacción de enviarle, para saber si
hay ya cifras cuantificadas para determinar cuánto dinero vamos a llevar
a Marruecos desde la Unión Europea para cooperación.
Habla usted de las relaciones bilaterales con Marruecos. Yo he mantenido
todas las que he podido, ha sido el país que más he visitado y con el que
más las he intensificado, pero puede usted estar seguro de que el
convenio de readmisión que tenemos con Marruecos hoy es insuficiente.
Hace falta un convenio de readmisión de ámbito comunitario, de la Unión
con Marruecos --no sólo de España con Marruecos-- que fortalezca la
posibilidad de readmisión de inmigrantes ilegales.
En definitiva, España es por sí sola incapaz de abordar, al margen de lo
testimonial, una política activa en materia de cooperación y
codesarrollo. Hace falta que la Unión Europea, desde el esfuerzo y el
impulso español, se haga cargo de una política de esas características.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL
MINISTERIO DE FOMENTO PARA DETERMINAR LAS RESPONSABILIDADES QUE SE
DERIVAN DE LOS HECHOS OCURRIDOS EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 1999 EN EL
AEROPUERTO DE BARAJAS (MADRID), CUANDO EL ENTE PUBLICO AEROPUERTOS
ESPAÑOLES Y NAVEGACION AEREA (AENA) AUTORIZO EL ATERRIZAJE DEL AVION
CORRESPONDIENTE AL VUELO JK 631, PROCEDENTE DE BILBAO (VIZCAYA),
ENCONTRANDOSE OTRO AVION EN LA PISTA (680/000826).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Ricardo Gatzagaetxebarría Bastida,
del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las
medidas adoptadas por el Ministerio de Fomento para determinar las
responsabilidades que se derivan de los hechos ocurridos el día 14 de
septiembre de 1999 en el aeropuerto de Barajas (Madrid), cuando el ente
público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) autorizó el
aterrizaje del avión correspondiente al vuelo JK 631, procedente de
Bilbao (Vizcaya), encontrándose otro avión en la pista.
Tiene la palabra el Senador Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señora Presidenta.
Queda formulada en sus propios términos.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señora Presidenta.
Señoría, en la formulación de su pregunta se hace referencia a la
autorización concedida por AENA para que practicase el aterrizaje el
avión correspondiente al vuelo JK 631. Lo que yo le puedo decir es que no
fue autorizado a aterrizar en el Aeropuerto de Barajas por AENA, sino que
se utilizaron los procedimientos reglamentarios para el tipo de supuesto
que se produjo en ese momento en el aeropuerto. Fueron los servicios de
tránsito aéreo de la torre de control del aeropuerto los que, al observar
que la aeronave de la compañía Air France no había abandonado todavía la
pista, instruyeron a la de la compañía Spanair para que realizase una
maniobra, de acuerdo con el procedimiento establecido, que se denomina en
los reglamentos de navegación aérea de aproximación frustrada. De esta
forma se garantizó, en todo momento, la separación entre las aeronaves,
por lo cual, la actuación fue correcta, sin riesgo y ajustada a lo
dispuesto en el reglamento de circulación aérea y en los procedimientos
de aproximación establecidos para el Aeropuerto de Madrid-Barajas, que
están publicados y disponen de ellos todas las compañías aéreas que
operan en dicho aeropuerto.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Gatzagaetxebarría Bastida.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señora Presidenta.
El objeto de esta iniciativa era aclarar el incidente del avión de
Spanair que, cuando iba a aterrizar a las 8,30 del día 14 de septiembre y
prácticamente cuando las ruedas traseras ya estaban en contacto con el
suelo, el piloto junto con los controladores aéreos --que son también
funcionarios que responden orgánica y funcionalmente ante su Ministerio--
acordaron lo que se denomina, en términos aeronáuticos, hacer la
frustrada, abortar el aterrizaje, remontar el vuelo y, por lo tanto,
impedir esa situación de peligro, aunque usted haya dicho que no lo hubo.
Si no hubiera sido un día de gran claridad, un día soleado, podía haber
ocurrido una catástrofe importante. Iban 164 pasajeros en el vuelo
Bilbao-Málaga, con escala en Madrid.
Por tanto, señor Ministro, aquí lo importante es determinar las
responsabilidades. Es decir, el Ministerio de Fomento tiene facultades
para determinar de quién es la responsabilidad. Usted me dice que nada
tienen que ver los servicios oficiales de los controladores aéreos de
AENA, pero habrá que determinar qué responsabilidades ha tenido la
compañía de Spanair, el piloto que tripulaba ese vuelo, más el piloto de
la aeronave de Air France aparcada irregularmente y por un período
superior al reglamentariamente establecido. Ustedes tienen mecanismos
administrativos, oficiales, o políticos para exigir esas
responsabilidades, y nuestro Grupo Parlamentario quiere saber la
investigación que se ha abierto y qué medidas se van a adoptar.
Por lo que usted dice y por la información que yo tengo parece que la
responsabilidad estaría en la compañía Air France y en el piloto de la
nave. ¿Qué medidas se pueden adoptar ante esa compañía y ante ese piloto
para que estas situaciones no se produzcan y para que una aeronave no se
encuentre en la pista de aterrizaje más tiempo del reglamentariamente
establecido? Porque puede ocurrir una catástrofe de consecuencias
gravísimas.
Por ello, nuestro Grupo y los pasajeros por los que nosotros hemos
obtenido la información quieren saber qué va a hacer el Gobierno. ¿Se van
a pedir responsabilidades a Air France, que por la información cruzada
que usted y yo tenemos parecen ser los responsables, y qué medidas se
pueden imponer a esa compañía o al responsable, al piloto o comandante de
la aeronave?
Nada más y muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Gatzagaetxebarría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Gracias, señora
Presidenta.
Señoría, como es lógico en todos estos supuestos lo que hay en marcha es
un expediente informativo, y de éste hasta ahora no se deduce ningún tipo
de responsabilidad. Se comunicó a ambos aviones que tuvieran la misma
velocidad; de vez en cuando se producen esos incidentes en el tráfico
aéreo y no siempre se pueden deducir responsabilidades. Aquí hay siempre
una transferencia de comunicaciones entre los servicios de control de
aproximación y la torre de control del aeropuerto y, desde esa
perspectiva, el expediente informativo arroja que simplemente se aplicó
con toda normalidad un supuesto previsto reglamentariamente, que es la
reglamentación de aproximación frustrada que, por diversas causas, se
puede producir, y pueden decidir, indistintamente, bien los servicios de
control del aeropuerto o bien la propia tripulación de las aeronaves. Los
propios pilotos pueden decidir y detectar, por tanto, la existencia de
una aproximación frustrada. De momento en el expediente informativo, por
lo que me trasladan los servicios técnicos, parece ser que no ha lugar a
deducir responsabilidades. Ninguna de las compañías ha presentado, por lo
menos hasta el momento, queja alguna, ni ninguno de los pilotos ha
presentado hasta el momento sugerencia alguna en ese sentido.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro de Fomento.
--DE DON RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LAS GESTIONES REALIZADAS POR EL
MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION ANTE LA UNION EUROPEA Y
LAS AUTORIDADES DE IRLANDA Y FRANCIA PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE
LA NORMATIVA VIGENTE SOBRE EL USO DE LAS REDES DE VOLANTA EN LA CAPTURA
DE TUNIDOS (680/000811).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Ricardo
Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, sobre las gestiones realizadas por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación ante la Unión Europea y las autoridades
de Irlanda y Francia para garantizar el cumplimiento de la normativa
vigente sobre el uso de las redes de volanta en la captura de túnidos.
Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señora Presidenta.
Queda formulada en sus propios términos.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Posada Moreno):
Muchas gracias, señora Presidenta.
El principal interés del Gobierno está en vigilar el cumplimiento del
reglamento que prohíbe estas artes de pesca. En este sentido, hemos
mantenido permanentemente en la zona de pesca un buque de inspección para
vigilar, como en años anteriores, el cumplimiento de las normas, en
especial las relativas a la longitud máxima de las redes, que es de 2,5
kilómetros. Este buque realiza labores de apoyo a la flota, y lo hace con
la colaboración muy estimable de sendos barcos de apoyo fletados por la
Xunta de Galicia y por el Gobierno vasco, así como un buque hospital del
Instituto Social de la Marina.
Además, mantenemos un contacto permanente con la Comisión Europea para
recibir información relativa a los barcos autorizados por los distintos
Estados miembros.
Esta lista de barcos tenía que haber estado en nuestro poder el día 30 de
abril. Llegó con retraso, con un retraso considerable, como ya señalamos
a la Comisión, y la recibimos a primeros de agosto, siendo inmediatamente
enviada a las cofradías de pescadores para que la conocieran igual que
nosotros. De esta forma, mantenemos un contacto y una coordinación
permanente en el sector pesquero.
Con todo ello, hemos detectado algunos problemas en algunos barcos, en
concreto, irlandeses, con redes superiores a las autorizadas, lo que se
ha puesto en conocimiento de la Comisión, la cual me consta que ha
actuado ya.
Así como la lista de barcos de Francia puede decirse que cumple, la lista
irlandesa se excedía en cuanto al número de barcos. Y debo decir --con
esto termino esta primera respuesta-- que el día 8 de septiembre me reuní
con las federaciones de cofradías del País Vasco, vimos este tema en
profundidad, y el día 9 estaban aquí, en el Ministerio, para organizar e
intensificar este control.
Nos hemos dirigido por escrito a la Comisión y, desde luego, estamos
dispuestos --tenga seguridad su señoría-- a aplicar toda la fuerza
posible para que se cumpla la reglamentación.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Gatzagaetxebarría Bastida.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, la campaña de pesca de túnidos en sus especies de bonito
del norte y de atún rojo cimarrón ha sido la más desastrosa que se conoce
en la cornisa cantábrica, en Vizcaya y Guipúzcoa. En comparación con el
año 1997, la reducción de capturas, tanto del cimarrón, como del bonito
del norte, está en la relación del 61 por ciento. Igualmente, se produce
un descenso progresivo en precios y, por lo tanto, en la renta que los
pescadores están obteniendo.
A este respecto hay dos cuestiones.
Por un lado, tenemos los acuerdos de Luxemburgo de mayo de 1998, donde se
establece esa reducción progresiva en un Reglamento Comunitario, una
reducción que ha de ser del 40 por ciento en el período1998-2001, y
además están los acuerdos de la Conferencia Internacional del Atún del
Atlántico Norte de Santiago de Compostela. Del conjunto de ambas
decisiones internacionales se comprueba y se constata que hay un
incumplimiento flagrante de dos países, principalmente, por parte de
Irlanda y, en menos medida, de Francia. ¿Por qué? Porque los acuerdos de
la Conferencia Internacional de Santiago de Compostela, en lo que atañe
al atún rojo, se plasman en un Reglamento comunitario, no sucediendo así
en lo que atañe al bonito del norte, cuestión en la que quizás el
Gobierno no actuó con la diligencia, con la operatividad y la inmediatez
precisa para que la Unión Europea cumpliera las recomendaciones. Porque
el Gobierno español lideró --estaba entonces de Ministra su antecesora--
el que se aceptaran esas recomendaciones en el seno de la Comisión
Internacional del Atún. En cambio, la Unión Europea ha actuado por
presiones de Francia. No se le escapa a usted quién es Laurec, Director
de Recursos Pesqueros de la Unión Europea, dependiente del Comisario
Fischler. Laurec es un político francés que pesa mucho en la Unión
Europea y ha jugado políticamente para que no se plasmara la resolución
del ICCAT en un reglamento comunitario. Por tanto, el Gobierno español
tiene que actuar con inmediatez, con operatividad y con contundencia, ya
que, por lo que se refiere a los intereses que en este caso afectaban a
Francia --país que cuenta con una figura importante, como es la de
Laurec, Director de Recursos, dependiente de Fischler--, han jugado
políticamente para que eso no se aplicara. Eso por un lado.
Pero es que, además --usted lo ha reconocido--, Irlanda ha actuado
fraudulentamente en dos sentidos. En primer lugar, ha presentado las
listas de reducción con un retraso considerable y, en segundo lugar, si
cotejamos el informe oficial de la Comisión Europea sobre la campaña de
túnidos en 1997 y la lista que la Comisión ha entregado al Gobierno
español, que conoce también el sector y a la que yo igualmente he tenido
acceso, si cotejamos ambos documentos oficiales, ambos documentos
públicos, se constata que en 1997 la flota irlandesa dedicada a los
túnidos en volantera la componían cinco barcos, mientras que en 1999 son
34. Ya no es que se tenga que reducir en un 40 por ciento, sino que dicha
flota aumenta en un 300 por ciento. Y Samuel Juárez ha reconocido al
sector que, evidentemente, España no conocía ese dato.
Por eso, señor Ministro, simplemente le digo que tenga sensibilidad, que
actúe con inmediatez y con contundencia, que hay gente muy importante en
puestos de la Unión Europea defendiendo intereses franceses y británicos,
lo que está originando una desconfianza del sector en la credibilidad de
la construcción europea, porque la política pesquera común no funciona.
Hay una liberalización del mercado en cuanto a la transacción de
productos y, así, los túnidos procedentes de Francia e Irlanda están
comercializándose libremente en el mercado español. Pero patrones de
pesca de la flota de altura de Ondárroa --que nada tiene que ver con la
de túnidos, sino que se dedican a la pesca de especies demersales de
fondo-- me han comentado: No sabes la barbaridad que están haciendo los
irlandeses en sus 200 millas, actuando con redes mucho más largas que las
de dos kilómetros y medio y obteniendo unas enormes rentabilidades, de
diez millones, aproximadamente, de ganancias al año por marinero.
El Gobierno español tiene un instrumento legal, que es la Ley 20/1995,
aprobada por las Cortes Generales, la cual, dice que el Gobierno puede
decretar la prohibición en el mercado español de la comercialización de
túnidos provenientes de países de la Unión Europea, siempre que se
realicen contraviniendo la normativa comunitaria.
Se ha constatado que se ha producido una trampa, una actuación
fraudulenta entre el informe de la Comisión de 1997 y la lista que aportó
en 1999. Nosotros pedimos que eso no se produzca y que España luche para
que la recomendación del ICCAT se convierta en un reglamento comunitario,
a pesar de que los franceses tengan a Laurec, Director de Recursos
Pesqueros, dependiente de Fischler.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Gatzagaetxebarría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Posada Moreno):
Muchas gracias, señora Presidenta.
En primer lugar, quiero decir que yo no comparto esas aseveraciones que
usted hace sobre el señor Laurec. No me parece que debamos inferir de la
nacionalidad de los altos cargos de la Comisión unas actitudes contrarias
a los intereses de la Unión Europea. Ciertamente, se han producido unos
incumplimientos, que nosotros hemos denunciado con urgencia y con fuerza.
Estamos impulsando --como pide sus señorías-- que se inscriba el acuerdo
para estabilizar el esfuerzo pesquero, que sea aceptado oficialmente por
la Unión Europea. Estamos haciendo esos esfuerzos. Y una campaña peor que
las anteriores no nos debe oscurecer u ocultar el hecho del gran triunfo
que supone para el futuro de esa flota --esfuerzo que hace dos o tres
años estaba realmente amenazado-- el que haya una fecha fija para
suprimir las volantas.
Cada año debería vigilarse y cumplirse esa reducción del 40 por ciento.
Nosotros somos los más interesados y lo estamos impulsando, pero no
perdamos la perspectiva, porque lo verdaderamente importante es que en el
2001 ya no podrá haber volantas. Ya no se trata, por tanto, de reducir un
40 --porque siempre se puede producir lo que ha ocurrido en el caso
irlandés, que no sólo no se reduzca, sino que se aumente-- sino que se
trata de que eso ya no va a poder ocurrir porque no habrá volantas.
Por otro lado, nosotros creemos que sí vamos a tener éxito en que la
Unión Europea acepte esa estabilización
del esfuerzo pesquero en bonito del norte, lo que vuelve a dar otra
garantía.
Por tanto, reconociendo que hay que actuar con insistencia --que lo
estamos haciendo--, yo creo que el futuro es prometedor. Así se lo dije a
las cofradías de pescadores del Cantábrico, a las que recibí en San
Sebastián. Hablé con ellas y comprendí su posición. Creo que el conjunto
de la entrevista fue positivo para las dos partes y al día siguiente ya
estábamos trabajando en la Unión Europea. Creo que he demostrado
sensibilidad ante este tema.
Por tanto, admitiendo que en esta campaña se han producido unos
resultados claramente peores que en las anteriores, sin embargo, se está
actuando y el futuro que presenta esta pesquería creo que es prometedor,
cuando hace unos años era muy difícil.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON JOSE CASTRO RABADAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE
LA VALORACION DEL GOBIERNO ACERCA DE LAS CONSECUENCIAS SOCIALES DEL
CIERRE DE PLANTAS AZUCARERAS EN FUNCIONAMIENTO, TRAS EL ACUERDO DE FUSION
ENTRE EBRO Y SOCIEDAD GENERAL AZUCARERA (680/000819).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la pregunta del excelentísimo señor don
José Castro Rabadán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la
valoración del Gobierno acerca de las consecuencias sociales del cierre
de plantas azucareras en funcionamiento, tras el acuerdo de fusión entre
Ebro y Sociedad General Azucarera.
Tiene la palabra el Senador Castro Rabadán.
El señor CASTRO RABADAN: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, el acuerdo para la fusión entre Ebro y Sociedad General
Azucarera contemplaba la obligación de presentar un plan de
reestructuración ante el Gobierno dentro de este año.
Recientemente, en diversos medios de comunicación, se anunció la
posibilidad de seguir la política de ajuste industrial, cerrando plantas
y procediendo a la ampliación de otras de acuerdo con dicho plan.
¿Qué valoración hace el Gobierno sobre las consecuencias sociales del
cierre de las azucareras en funcionamiento?
Muchas gracias, señor Ministro.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Posada Moreno):
Muchas gracias, señora Presidenta.
Efectivamente, como señala su señoría, durante los años 1997 y 1998 ha
habido un proceso de reestructuración y reordenación del sector
remolachero-cañero azucarero, que ha hecho imprescindible el cierre de
algunas fábricas y la modernización de las ya existentes. Concretamente,
en Castilla y León se cerraron en 1997 la fábrica de Santa Victoria en
Valladolid y en 1998 la de Veguellina en León y Venta de Baños en
Palencia. Los cierres de estas fábricas han estado pactados con los
agentes sociales y económicos.
La reglamentación comunitaria da grandes facultades a los Estados
miembros, entre otras la de transferir cuota en el caso de que un cierre
de fábrica perjudique los derechos de los agricultores.
El Gobierno, por acuerdo de 25 de septiembre de 1998, autorizó la fusión
de Sociedad General Azucarera de España y Ebro Agrícolas, con el fin de
garantizar un funcionamiento eficiente y competitivo del sector frente al
resto de la industria azucarera europea. Entre las condiciones que ponía
el Gobierno se encontraba el Plan de reconversión, al que aludía su
señoría.
Este plan de reconversión industrial ya ha sido presentado por
Azucarera-Ebro Agrícola, será estudiado conjuntamente por el Ministerio
de Economía y Hacienda y el de Agricultura, Pesca y Alimentación para su
aprobación, tal y como indica la condición primera a la que el Gobierno
subordinó la fusión de estas dos empresas, y puedo añadirle que yo
considero que han de tenerse en cuenta los compromisos que el antiguo
Presidente de Ebro Azucarera adquirió con la Junta de Castilla y León,
que se plasmaron en un acuerdo y que fueron suficientemente conocidos por
la propia empresa, por todos los estamentos de la empresa y por el
público a través de los medios de comunicación social.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Castro Rabadán.
El señor CASTRO RABADAN: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, en diversas iniciativas parlamentarias de este Senador en
Comisión y en Pleno, respondidas por la anterior Ministra, la señora
Loyola de Palacio, expresé el temor a que los cambios accionariales entre
las empresas del sector azucarero realizadas por grupos financieros e
industriales mayoritarios, ajenos a las provincias y Comunidades
Autónomas de cultivo de la remolacha, tuviesen como objetivo principal el
control del mercado del azúcar y no el del cultivo de la remolacha.
La Ministra, señora Loyola de Palacio, prometió y aseguró que no se iban
a cerrar azucareras y que, especialmente, el caso de Salamanca no estaba
sobre la mesa. Dijo textualmente: «Lo de Salamanca, que yo sepa, no está
en absoluto planteado, pero lo que no le puedo decir es lo que va a pasar
dentro de unos años porque no lo sé; como no sé si yo en ese momento
estaré en el Gobierno» --esto ya lo sabía o pretendía, es obvio--. «¿Qué
quiere que le diga?
Además hay otra cuestión, la Azucarera Ebro Agrícola es una empresa
privada y, en última instancia, tendrá que llevar a cabo las decisiones
industriales que considere oportunas» --la crónica de una muerte
anunciada--, «y lo que sí se le podrá exigir, y desde luego, estoy segura
de que si no soy yo la responsable» --ya no lo es--, «en ese momento se
lo exigirá quien me sustituya» --en este caso usted-- «en mi
responsabilidad es la garantía de cara a los cultivadores de remolacha.
Esa es la situación, señoría, y no podemos cambiarla».
Pues bien, se había cerrado ya Venta de Baños en Palencia, otra en
Valladolid y Veguellina en León, con el resultado de un 50 por ciento
menos del cultivo de la remolacha --a pesar de lo prometido o exigido--
en la provincia de León.
Ahora, al parecer, les toca de verdad a otras azucareras, entre ellas,
posiblemente, la de Salamanca. El Plan de Reordenación industrial del
sector azucarero realizado por la fusión de Ebro y Sociedad General
Azucarera, como usted ha dicho, recoge el cierre de dos de las 12
azucareras, que ya tiene, prometiendo invertir 25.000 millones en cinco
años, y lo va a aprobar el Gobierno a pesar de las promesas realizadas de
no cerrar más azucareras.
La Junta de Castilla y León, como usted ha dicho, se resigna a que los
cierres se realicen en el 2002 y no antes, así lo anunciaba ayer la
prensa de Salamanca en palabras de un representante de la Junta de
Castilla y León.
Señor Ministro, usted debe y tiene que estar bien informado --yo lo
creo--, otra cuestión es que aquí nos dé una larga cambiada para ganar
tiempo hasta después de las elecciones generales. Pero le tengo que decir
que, al parecer, una entidad financiera con intereses en Iberoamérica
está dispuesta a que, con el visto bueno del Gobierno, la empresa
Azucarera Ebro Agrícola invierta en un determinado país iberoamericano,
de dudosa legalidad democrática, en instalaciones azucareras, lo que se
vería compensado, a su vez, por cierres de industrias en España.
¿Permitirá, señor Ministro, favorecerá o callará el Gobierno operaciones
de este calibre pretendidas por los poderes económicos cercanos al
Gobierno, políticos determinados Iberoamericanos, y la empresa Azucarera,
perjudicando a los trabajadores azucareros salmantinos --más de 250-- y a
los agricultores remolacheros españoles en general, de la provincia de
Salamanca y de otras provincias?
La solución efectiva, señor Ministro --no soy ingenuo--, no es para hoy
ni para mañana, sino para dentro de seis meses, ya pasada la tormenta
electoral. Como le dije al principio y como también le dije a la Ministra
Loyola, la crónica de una muerte anunciada sigue.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Posada Moreno):
Señor Castro, me preocupa cómo me ha formulado la pregunta porque me hace
responsable de cosas muy lejanas. Si yo le digo que no sé qué ocurrirá
usted me dirá que estoy ocultando información, que sé lo que va a pasar y
no se lo quiero decir.
No le puedo contestar. No puedo decirle lo que va a pasar en un futuro
muy lejano. Pero sí le puedo hablar de la realidad de ahora, que es de la
que soy responsable. Nosotros vamos a ver ese plan de reestructuración a
fondo. Desde luego, le garantizo que la mayor responsabilidad del
Ministerio de Agricultura será que los derechos de los cultivadores de
remolacha estén perfectamente atendidos. Si es preciso reestructuramos la
cuota y se la adjudicaremos a quien sea necesario para que los derechos
de los remolacheros se mantengan. Eso se lo aseguro.
Para decirle qué fábricas se cierran he de referirme a un acuerdo --que
usted también conoce-- que se firmó con la Junta de Castilla y León según
el cual antes del 2002 no se produciría ningún otro cierre en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León. Ese es el acuerdo y eso es lo que
yo puedo asegurar. Quiero que ese acuerdo se tenga en cuenta cuando se
examine el plan.
En tercer lugar, considero mucho más importante el mercado nacional, el
mercado azucarero y los cultivadores agrarios que cualquier aventura
iberoamericana. También es cierto que Ebro Azucarera es una empresa
privada que tiene unas directrices, que marcan su Consejo de
Administración y su Presidente, propias de una empresa privada. A mí
--como Ministro-- me preocupa el cultivo de la remolacha en España y el
azúcar que se fabrica.
Debo decirle también, señor Castro Rabadán, que usted sabe cómo se han
cerrado las fábricas. Se han cerrado por consenso, por acuerdo con los
trabajadores, indemnizándoles adecuadamente porque la globalización
mundial --éste es un hecho claro-- nos lleva a que las fábricas tengan
otro tamaño. Hay que tenerlo en cuenta.
Me sorprende que usted diga que las fábricas tengan que mantenerse
siempre, porque le conozco perfectamente y sé que es partidario de
soluciones lógicas y racionales. Por tanto, hay una combinación de
situaciones que nos llevarán a una consecuencia. Pero puedo asegurarle
que el cultivo de la remolacha, en lo que del Ministerio de Agricultura
dependa, se afianzará al máximo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LAS GESTIONES REALIZADAS POR EL GOBIERNO PARA EVITAR QUE LA
COMISION EUROPEA SUPRIMA LA DIRECCION GENERAL DE PESCA (680/000832).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Antonio Rodríguez Rodríguez, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre las gestiones realizadas por el
Gobierno para evitar que la Comisión Europea suprima la Dirección General
de Pesca.
Tiene la palabra el Senador Rodríguez Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, si hay un área económica de especial importancia para
España que, además, pueda liderar y codirigir en el ámbito de la Unión
Europea es, sin duda, la pesca. Ningún país de la Unión tiene el
potencial, la capacidad y los intereses en juego que tenemos nosotros con
la pesca; intereses que no son sólo económicos, sino sociales, laborales
y de política exterior, y que aparte de afectar a los empresarios, a los
pescadores, a los consumidores en general y a las relaciones con países
de todos los continentes, dan lugar en este momento a unas circunstancias
--por simplificar-- que me obligan a preguntarle: ¿qué gestiones ha hecho
el Gobierno español para evitar que la Comisión Europea suprima la
Dirección General de Pesca?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Posada Moreno):
Señor Senador, comparto con usted la preocupación porque la Dirección
General de Pesca siga manteniéndose, dada la importancia que la pesca
tiene para nosotros; el Gobierno no ha dudado en ningún momento que era
algo esencial. Con el respeto a una institución que no es la nuestra, que
tiene un Presidente, el señor Prodi, y un Vicepresidente encargado de
estos temas, yo he realizado personalmente gestiones con el señor
Fischler y con algún otro Comisario y la idea que en estos momentos
tenemos --insisto, sin una seguridad total porque parece que la
estructura definitiva va a hacerse en febrero del año 2000--, es que la
Dirección General de Pesca se mantiene porque se han convencido los
propios Comisarios, y debo decir que el señor Fischler estaba convencido
desde el principio, de que es conveniente, no sólo para los intereses de
España sino para los intereses de la Unión Europea, que esa Dirección
General se mantenga.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Rodríguez Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, celebro sus palabras. Sin embargo, la información que yo
tengo no coincide exactamente con su última afirmación de que se
mantiene. De hecho, ayer mismo, el Presidente de la Comisión de Pesca del
Parlamento Europeo se entrevistaba con el señor Prodi para plantearle la
misma cuestión que yo le planteo a usted esta mañana. Parece que
efectivamente hay una decisión, pero aplazada en su ejecución, y éste es
el motivo de la pregunta.
Señor Ministro, la primera noticia que debiera haberles hecho reaccionar,
y nada hicieron --tendrá que reconocerlo--, fue la supresión de la pesca
como titular de una Comisaría que hasta ahora llevaba la señora Bonino, y
aunque compartía otras responsabilidades será recordada fundamentalmente
como Comisaria de Pesca. Pero este Gobierno del señor Aznar --que
desgraciadamente cada día pinta menos en Europa, y basta ver cómo día a
día el sur ocupa menos espacio en la política de Bruselas-- no le
concedió a este hecho de que la pesca pasara a fusionarse con la
agricultura y dependiendo del señor Fischler la importancia que tenía.
Ahora nos enfrentamos con el siguiente escalón de bajada, que es que ni
siquiera se mantenga como Dirección General la famosa Dirección General
14. Y esto sucede cuando la Unión Europea --y usted lo sabe muy bien
porque está todos los días en ello-- tiene negociaciones pendientes e
inminentes tan importantes para España como son las de Marruecos o
Argentina, por poner dos ejemplos.
¿Qué es lo que ha hecho el Gobierno del señor Aznar? ¿Qué es lo que ha
hecho el señor Matutes, Jefe de la diplomacia española? ¿Qué ha sido de
las palabras ampulosas en esta Cámara y en otros ámbitos de la señora
Loyola de Palacio cuando decía que nuestra pesca era su defensa y su
preocupación y que yo califiqué reiteradamente --y ahí están los «Diario
de Sesiones»-- de pura propaganda? Ahora la señora De Palacio está en
Europa, y es Vicepresidenta de esta Comisión que decide --usted sabe que
hay una decisión inicial de suprimir la Dirección General de Pesca--.
Sáquense las conclusiones oportunas.
Señor Ministro, tiene usted razón, no es una decisión definitiva, y éste
es el real sentido de esta pregunta; sin esperar a los hechos consumados
--y usted sabe que yo podría haberlo hecho-- lo que pretende mi Grupo al
hacer esta pregunta es que hagan algo. Usted ha dicho que ha hecho
gestiones personales, me parece que no han sido suficientes, señor
Ministro, tienen que hacer algo efectivo, negocien, presionen, hagan lo
que sea necesario, pero impidan una mayor degradación de la pesca en
Europa. Esto se lo dicen a ustedes en las Comunidades Autónomas; se lo
dicen en Galicia, en el País Vasco, en Andalucía, y se lo decimos en el
Parlamento porque en esto les apoyamos totalmente. Tiene usted a la
oposición apoyándole en esta cuestión, porque hay negociaciones
pendientes con Rusia, con Canadá, en los foros internacionales del ICCAT,
de NAFO; aparecen noticias sobre la sanidad en los productos de la pesca,
está pendiente la reforma de la política pesquera común, los fondos
estructurales del IFOP, son tantas cuestiones y de tal magnitud e
importancia que no pueden permitirnos, señor Ministro, esperar con los
brazos cruzados a ver qué pasa. No se conformen con que se asegure en
Bruselas que se mantiene la misma estructura burocrática porque no
siempre hay diferencia entre el foro y el uebo, y de lo que se trata es
de impedir la pérdida de peso, la pérdida de fuerza, la pérdida de rango
de la política pesquera, porque es una política que cada día debe ser más
auténticamente comunitaria, y usted sabe que hay rumores de que se
pretende regionalizar las políticas de pesca, lo cual sería absolutamente
negativo para nosotros, y en el tema de la pesca nosotros tenemos
muchísimo interés y muchas cosas que decir. Y resulta chocante, señor
Ministro --y no lo digo obviamente por su señoría, créame--, que en estas
últimas semanas la única preocupación que ha aparecido en el Partido
Popular sobre esta cuestión es ver quién puede
ocupar el puesto de responsable de pesca de la Unión Europea, porque
existe el rumor de que pueda recaer sobre un español, quizá como
compensación. Bienvenido si fuera un español, señor Ministro, desde la
oposición se lo decimos, pero que tenga rango de Director General.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Posada Moreno):
Gracias, señora Presidenta.
Tengo que rechazar, simplemente porque no es así, que el peso de España
esté disminuyendo en la Unión Europea; lo tengo que rechazar y, desde
luego, lo rechazo claramente en lo que se refiere a agricultura y pesca.
No es ésa la sensación que tengo. Su señoría y yo podemos tener distintas
ideas sobre lo que es más conveniente. Por ejemplo, dice usted que
nosotros debíamos haber reaccionado cuando la señora Bonino cesa como
Comisaria de Pesca. Yo no estoy tan convencido. A mí no me parece mal
--lo he dicho en Bruselas y lo repito aquí-- que el señor Fischler sea
Comisario de Agricultura y Pesca. No me parece mal, en primer lugar,
porque es una estructura muy similar a la que tenemos los 15 países,
excepto Irlanda, que somos Agricultura y Pesca, y, en segundo lugar,
porque el señor Fischler me parece un hombre muy capacitado para las
negociaciones exteriores que la Comisión tiene que tener y creo que puede
dar un resultado magnífico. Por tanto, en este aspecto no tengo nada que
oponer.
¿Qué es lo que quiero? Que se mantenga una Dirección General de Pesca
como en mi Ministerio --y en otros Ministerios de los 15 países-- que
tengo una Secretaría General de Pesca y una Secretaría General de
Agricultura. Esto es lo que quiero y ahí volqué mis esfuerzos, y menos
--por qué no decirlo-- en el nombramiento. Es lógico que los Estados
propongamos a algunas personas que pensamos que pueden desempeñar bien su
labor, pero reconozco que, con arreglo al sistema que se han dado los
propios Comisarios, tienen que dar más importancia a esa selección que a
las sugerencias que se hagan desde los Estados miembros; estas
sugerencias, de todas formas, ya están hechas. Pero vuelvo a insistir en
que mi preocupación es que haya una Dirección General de Pesca, y voy a
leerle textualmente un párrafo de la carta que el Comisario Fischler ha
dirigido a los principales funcionarios de la Dirección General de Pesca
número XIV la pasada semana: Como ya dije durante las recientes
comparecencias parlamentarias, no tengo ninguna duda de que debemos
mantener y vamos a mantener dos direcciones generales para gestionar dos
políticas comunes distintas.
En estos momentos, la idea de dos direcciones generales, es decir, que
continúe funcionando la Dirección General de Pesca, es la que impera.
Coincido con su señoría en que hasta el final puede ocurrir cualquiera de
las dos cosas. Estoy de acuerdo con ello. Pero pienso que en estos
momentos gracias al esfuerzo realizado va más encaminada la idea de que
haya dos direcciones y, por tanto, que continúe la Dirección General de
Pesca. Le aseguro que estamos haciendo estos esfuerzos y, aunque son la
punta del iceberg porque son lo más noticiable, sin embargo, le reitero
que estamos presionando a todos los niveles y vamos a continuar
haciéndolo porque no querríamos tener una sorpresa. Quiero tranquilizarle
porque en estos momentos lo que está sobre la mesa es que esta Dirección
General de Pesca se mantengan y no que desaparezca.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación.
INTERPELACIONES:
--DE DON JOSE ANTONIO GALLEGO LOPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LAS MEDIDAS QUE HAN DE ADOPTARSE PARA PALIAR LAS CONSECUENCIAS DE
LA ACTUAL SEQUIA Y PARA AFRONTAR DE MANERA INTEGRAL Y PLANIFICADA UNA
POLITICA QUE ASEGURE LA SATISFACCION DE LAS NECESIDADES DE AGUA EN
NUESTRO PAIS (670/000145).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al segundo punto del orden del día,
interpelaciones. La primera corresponde al excelentísimo señor don José
Antonio Gallego López, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las
medidas que han de adoptarse para paliar las consecuencias de la actual
sequía y para afrontar de manera integral y planificada una política que
asegure la satisfacción de las necesidades de agua en nuestro país.
Para exponer la interpelación, tiene la palabra el Senador Gallego López,
por un tiempo de 15 minutos.
El señor GALLEGO LOPEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, señorías, con sorpresa --tengo que empezar manifestándole
así-- veo que a la interpelación que se le hace al Gobierno va a
responder el Ministro de Agricultura. El contenido de la interpelación,
tal y como ha leído la señora Presidenta está bien claro: se trata de que
el Gobierno diga a esta Cámara, y al os afectados fundamentalmente, qué
medidas ha tomado en materia de política hidráulica para paliar,
solucionar, en todo caso cortar los efectos que la sequía está teniendo
en amplias área del territorio español.
Quizá la presencia del Ministro de Agricultura es una respuesta a la
interpelación. Desde Agricultura, es cierto, se han tomado algunas
medidas para paliar la sequía, medidas consideradas insuficientes por los
sindicatos agrarios, por las organizaciones agrarias, por los afectados.
Es una respuesta porque es una manifestación de la división que hay en el
Gobierno del señor Aznar sobre el asunto de la sequía: para la señora
Tocino --lo ha manifestado reiteradamente-- no hay sequía; para el
Ministro de Agricultura
sí hay sequía y algunas medidas --como he dicho-- se han tomado.
Las medidas que ha tomado el Ministerio de Agricultura, valoradas en unos
8.200 millones de pesetas, están dirigidas fundamentalmente a proveer de
créditos para los agricultores, para el transporte de pienso, algunos
millones --pocos-- para pozos, pagos adelantados de las ayudas de la PAC
y promesas de beneficios fiscales. Yo aprovecho para decirle al señor
Ministro si sabe que en algunas zonas donde azota la sequía están
embargando a los agricultores por préstamos que no pueden pagar de otra
época de catástrofes, en aquel caso inundaciones. Para el Ministerio de
Agricultura hay sequía.
Me gustaría saber --sé que es secreto-- qué ocurre dentro del Consejo de
Ministros cuando se discuten medidas para la sequía por el Ministro de
Agricultura y se defiende que no hay sequía por parte de la señora
Tocino. Algún alto cargo nombrado por el Ministerio de Medio Ambiente,
representante en determinadas cuencas hidrográficas, en el colmo de la
hipérbole dice que la sequía es cosa de los periodistas, y otros
administradores del agua han actuado como en años de abundancia dejando
las reservas de agua bajo mínimos, o permitiendo reabrir pozos de sequía
sin soporte legal, que, por cierto, han venido muy bien a los que sufren
esa sequía. En fin, un desbarajuste que hace más evidente la falta de
medidas concretas, de los decretos necesarios, de las órdenes, de las
resoluciones que den cobertura legal a actuaciones extraordinarias, y eso
era y es competencia del Gobierno, concretamente del Ministerio de Medio
Ambiente.
Pero para la señora Tocino --no sé si para todo el Gobierno-- hablar de
sequía es un debate conceptual, porque, sorprendentemente, después de ser
presentada en esta Cámara esta interpelación y decidir el Gobierno que
respondería usted, señor Ministro de Agricultura, la señora Tocino,
Ministra del agua, Ministra de Medio Ambiente, ha respondido en el
Congreso de los Diputados a otra interpelación parecida defendiendo su
postura, aunque allí ya atisba y deja entrever que hay una incipiente
sequía, como ella ya había previsto en el mes de noviembre del año
pasado. No debe de ser así porque este Senador, en el mes de febrero de
este año, le hizo una pregunta a la señora Ministra sobre qué medidas
tenía para la sequía que ya se manifestaba de una manera clara, y la
señora Ministra defendió que no existía tal situación, que no había
sequía y que, por lo tanto, no tomaría medida alguna. Unas semanas
después la Generalitat de Cataluña publicó un decreto de sequía en el
ámbito de su competencia.
¿Es un debate conceptual también para el Gobierno el tema de la sequía? A
mí me gustaría que esto se dijera por parte de la señora Ministra en
aquellos Ayuntamientos, en aquellos territorios, en aquellas Comunidades
Autónomas donde está azotando la sequía, y que se dijera por parte del
portavoz del Gobierno, en este caso el señor Ministro de Agricultura, qué
concepto tiene el Ministro de Agricultura de la sequía, qué concepto
tiene el Gobierno de sequía, porque la señora Ministra nos remite al
Libro Blanco del Agua para que se vea la dificultad de definir el tema de
la sequía.
No voy a cansarles a ustedes leyendo lo que dice el capítulo
correspondiente al problema de la sequía, en el Libro Blanco del Agua,
pero es muy ilustrativo de la indefinición de la política errática que en
este tema tiene el Ministerio de Medio Ambiente y, por tanto, el
Gobierno.
Tampoco voy a cansar a sus señorías, ni a usted, señor Ministro, con
datos pluviométricos prolijos ni con la situación de los embalses. Tengo
aquí el informe del Instituto Nacional de Meteorología; he recopilado los
datos de la situación de los embalses a 31 de agosto, y sólo quiero
llamar la atención sobre dos aspectos. Cuando el Gobierno da las medias
de la situación de los embalses, habla de todos los embalses, y a mí me
gustaría que se especificara en qué situación están los embalses
consuntivos, no consuntivos e hidroeléctricos, sino especificando los
consuntivos, porque así veríamos la gravedad de la situación, e
igualmente que se facilitaran los datos de determinadas cuencas. Por
ejemplo, que se dijera que la cuenca del Duero está alrededor del 32 por
ciento en agua embalsada, la del Tajo en el 36 por ciento, la del
Guadalquivir en el 39 por ciento, la del sur en el 38 por ciento, la del
Segura en el 13 por ciento, la del Júcar en el 17 por ciento, la de
Cataluña en el 26 por ciento; en total, la vertiente mediterránea está en
un 30 por ciento. Y no se puede decir que se recurra a las aguas
subterráneas por la sobreexplotación de los acuíferos, precisamente en
las zonas donde más afecta la sequía.
La situación ha creado frustración en los que sufren el problema y sobre
todo ha creado alarma en las perspectivas de un futuro inmediato. Usted
sabe, señor Ministro, que las reservas almacenadas en algunas cuencas no
cubrirán las demandas de los próximos dos meses si no llueve
suficientemente. El año hidrológico que se inicia tampoco tiene buenas
perspectivas, y ahí está la responsabilidad del Gobierno al que usted
representa esta mañana; no es un desprecio, señor Ministro pero me
hubiera gustado que respondiera a ello la Ministra del agua, la Ministra
de Medio Ambiente.
¿Qué ha hecho el Gobierno para prevenir la sequía? Usted nos puede dar
una lista de medidas --algunas les he citado yo a ustedes--, pero el
Ministerio del agua ¿qué ha hecho? Papeles, sólo papeles. Dicen que se va
a hacer frente a la sequía con la aprobación de los planes de cuenca, del
Libro Blanco del Agua y, sobre todo, con la reforma de la Ley de Aguas.
(El señor Vicepresidente Rigol i Roig ocupa la Presidencia.) A mí me
gustaría hacer un pequeño y rápido itinerario de la política hidráulica
del Partido Popular en esta legislatura. Primero, ha despreciado todo lo
hecho por el Gobierno socialista en planificación hidrológica y de
regadíos, ahora le pediré su opinión y la situación del Plan Nacional de
Regadíos, que ésa sí es su competencia. Había una intencionalidad en la
política hidráulica del Partido Popular de dilatar la planificación
hidrológica y centrarse en la reforma de la Ley de Aguas, muy al final de
la legislatura, pero así lo ha hecho, mañana va al Congreso de los
Diputados, por vía de urgencia, y vendrá aquí en los próximos quince
días. Se aprueban --y ésa es la gran medalla que se pone el Gobierno--
los tres planes de cuenca que quedaban, entendiendo por consenso --y ya
tuvimos un debate con la Ministra
sobre este tema-- el aceptar, sin criterio ninguno, todas las demandas de
agua y regadíos que había en esos planes de cuenca, y usted sabe el
problema que tiene el Plan Nacional de Regadíos en relación con las
demandas que hay en el conjunto de los planes de cuenca. Se hace un libro
blanco, se hace un borrador de Plan Nacional de Regadíos y luego se
emplea la táctica de remitir en unos papeles a otros: los planes de
cuenca remiten al Libro Blanco, el Libro Blanco al Plan Hidrológico
Nacional que a su vez depende del Plan Nacional de Regadíos. No sabemos
dónde estamos. Pero sí saben los agricultores que ahora mismo existe una
situación preocupante de falta de agua. Reiteradamente desde el Grupo
Parlamentario Socialista le hemos insistido al Gobierno en que
aprovechará el período de bonanza pluviométrica --ya que llovía
suficientemente, incluso por encima de la media, en estos años pasados--
para acelerar los procesos de planificación hidrológica nacional, porque
se trataba de vertebrar hidrológicamente España, haciendo caso incluso de
lo que dice el Libro Blanco del Agua al final: La solución más eficaz no
es la de esperar a que se produzca una situación de emergencia para
utilizar, sino planificar y gestionar. Eso le pedíamos al Gobierno del
Partido Popular, y esto no lo decíamos sólo los socialistas, sino que
esta planificación hidrológica y de regadíos se reclamaba desde distintos
sectores. Me acuerdo de unas Jornadas, en el Instituto, para la
modernización de España. El agua es un elemento vertebrador de España. No
se puede considerar al agua sólo en su dimensión económica, que es por
donde va la reforma de la Ley de Aguas. El agua es un elemento
vertebrador de España --repito--, sin necesidad de profundizar todavía en
la iniciativa de ese grupo internacional de intelectuales que reclama la
consideración del agua como uno de los derechos humanos. Eso es objeto de
otro debate. Pero hay que descartar tajantemente, y así lo hacemos desde
nuestra perspectiva, la consideración meramente economicista del agua,
sujeta a la ley del mercado como mejor método de gestión y de ahorro. Por
ahí van los tiros en la reforma de la Ley de Aguas.
La respuesta del Gobierno del Partido Popular a esta propuesta del
Partido Socialista fue tajante y altanera: Antes de ellos, no había
política hidráulica. Querían empezar desde cero. Despreció el
anteproyecto de plan hidrológico nacional que existía, despreció el
avance del Plan Nacional de Regadíos Horizonte 2005, aprobado por el
Gobierno socialista con un alto grado de consenso y, al final de la
legislatura, el Gobierno del Partido Popular se encuentra en un callejón
sin salida y pide consenso; pero consenso con un trágala de lo tomas o lo
dejas.
Se han generado enfrentamientos reales en la práctica entre departamentos
ministeriales. Fue famoso el que se produjo en el Consejo Nacional del
Agua entre los representantes de Agricultura y los de Medio Ambiente,
cuando aparecen los datos de los planes de cuenca. En la sequía hay un
enfrentamiento, así lo entiende la mayoría de los agricultores.
Por cierto, señor Ministro --y ahora se lo pregunto--, ¿dónde está el
Plan Nacional de Regadíos? ¿Cuándo se va a debatir en las Cortes
Generales? He de reconocer que el Plan Nacional de Regadíos sí se
presentó en el Congreso y en el Senado, pero ¿y el Libro Blanco? A lo
mejor no sabe usted, señor Ministro, que el Libro Blanco lo iba a
presentar su compañera de Gabinete, la señora Tocino, en noviembre, ante
la Comisión General de las Comunidades Autónomas, y que horas antes lo
retiró del orden del día. El señor Aznar, la semana pasada, en el
Congreso, respondió una a pregunta de un Diputado en la que se le
inquiría sobre qué había de la planificación hidrológica, y contestó que
se estaba debatiendo el Libro Blanco. ¿Dónde? En estas Cámaras, no. Y hay
una promesa del Grupo Parlamentario Popular y del Gobierno, con un
incumplimiento flagrante, de que se debatiría en estas Cámaras.
Me gustaría que, como representante del Gobierno, nos expusiera de forma
muy concreta cuáles han sido las actuaciones del Ministerio en estos años
para prevenir la sequía. ¿Dónde están las obras? ¿Dónde están los
embalses? ¿Dónde están las conducciones, las nuevas o las mejoradas?
¿Dónde está la modernización de regadíos, que es algo que sí le afecta?
¿Dónde está la reforestación, que también le afecta a usted? Dónde está
el cumplimiento del Plan de depuración y reutilización de las aguas?
¿Dónde están las desaladoras? En determinadas confederaciones
hidrográficas se culpa directamente --le puedo traer declaraciones de
presidentes de confederaciones hidrográficas nombrados por la señora
Tocino-- al Ministerio de Medio Ambiente del retraso de las desaladoras.
Si acaso, ustedes pueden apropiarse, como lo hacen, del corte de cintas
por la colocación de alguna primera piedra, como la de la presa de
Andévalo estos días. Pero también hay que achacarles a ustedes el que
hayan demorado los ritmos de las obras para que se notara menos la
disminución de las inversiones. Hay obras hidráulicas que debieron
terminarse en 1997 y que acabarán en el 2000 por el método de ralentizar
y de repartir el mismo dinero en más plazos, dando la impresión de que se
está invirtiendo y de que se está trabajando.
Además, no cumplen ni lo que apoyan con sus votos. Son bastante
contradictorios. En 1995, defendían la necesidad de una ley de sequía. El
Senador Moya --ha estado aquí toda la mañana, pero ha salido en este
momento-- no me dejará por embustero si afirmo que defendió en esta
Cámara la propuesta de una ley de sequía. ¿Por qué no la han traído ahora
que gobiernan y tienen mayoría? Solamente servía en aquel momento para
oponerse al Gobierno de entonces. Y eso que en aquel tiempo sí había
decretos, órdenes basadas en el artículo 56 de la Ley de Aguas, y también
se llevaron a cabo obras, como reconoce el Libro Blanco.
Además, ustedes incumplen fechas, incumplen acuerdos, paralizan y
achacan. Hay que decir, como mínimo, que el Gobierno, en su política
hidrológica ante la sequía, estará haciendo rogativas para que llueva,
pero, aparte de eso, no hay nada más que papeles. No hay visión global,
no hay planteamiento general, carece de perspectiva, de iniciativa,
entretiene al personal...
El señor VICEPRESIDENTE ( Rigol y Roig): Senador Gallego, terminó su
tiempo.
El señor GALLEGO LOPEZ: Termino, señor Presidente.
Espero que sus declaraciones sean más concretas que las del señor Aznar;
que aclare eso de la sequía conceptual a la que se ha referido la señora
Tocino; y que nos diga, si no han perdido el tiempo, qué van a hacer para
solucionar el problema de la sequía que afecta a España. Eso es algo que
está esperando esta Cámara y, sobre todo, la población afectada.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Señor Ministro, tiene usted la palabra.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Posada Moreno):
Muchas gracias, señor Presidente.
Oyéndole hoy a su señoría y viendo el otro día la interpelación en el
Congreso, me parece que hay quienes se reiteran en la misma argumentación
una y otra vez, creo que hay una cierta plantilla, y una de las cosas en
las que más insisten es en afirmar que hay enfrentamientos y una división
dentro del Gobierno, y eso no es cierto y le voy a decir por qué.
A ver si es posible explicar el tema de la sequía. ¿Ha sido este año
seco? Sí, muy seco; desde el año 1947 ha sido de los cuatro más secos y
el más seco de esta década. Por lo tanto, en aquellas zonas de secano, es
decir, donde no hay regadío, y en las de ganadería extensiva la situación
ha sido francamente mala; esto ha ocurrido en una parte de España, en el
sur, pero no en el norte. Estamos de acuerdo en que ha habido una sequía
agronómica muy fuerte, una sequía que ha afectado a las tierras de
secano.
¿Qué ha ocurrido con el agua embalsada? La sequía meteorológica es la
misma, pero, como en los dos años anteriores las precipitaciones fueron
buenas y la política hidráulica llevada a cabo en España durante los
últimos cien años también --todos los gobiernos han seguido la misma
línea de actuación, a pesar de que los que están en la oposición siempre
dicen que el Gobierno no ha hecho nada; y no es verdad, se ha hecho una
labor muy importante--, había bastante agua embalsada. Por ello, en este
año de sequía no ha habido sequía hidráulica, y, por consiguiente, las
poblaciones no han sufrido restricción alguna. Es más, en regadío se ha
regado casi perfectamente; habrá habido algún fallo, pero en general
puede decirse que se ha resuelto bien.
En mayo y junio de este año encontramos un problema muy grave de sequía
en aquellas zonas donde no se puede regar, y ese problema existe
independientemente de lo que hayamos construido en obras hidráulicas
porque siempre habrá una parte importante de España que no se puede
regar. Ante esta situación, el Ministerio de Agricultura decide presentar
un decreto-ley --se discutió en el Congreso el 11 de junio-- que recoge
una serie de medidas, las que usted ha especificado y que yo considero
importantes.
¿Se ha aportado mucho dinero? Creo que bastante, el que podíamos, y se ha
hecho de acuerdo con las Comunidades Autónomas y con las medidas
adoptadas con las organizaciones agrarias, pero además se ha conseguido
que el seguro agrario --la gran idea sobre la que debemos pivotar--se
afianzara y que se movilizasen 200.000 millones de pesetas; digo
movilizar porque lo que hemos hecho ha sido facilitar préstamos pagando
el interés, es decir, acercar los pagos de la PAC por unos meses pagando
ese coste financiero.
¿Son insuficientes las medidas? Legítimamente, las organizaciones
agrarias así lo creen, pero se ha hecho lo que se ha podido.
¿Qué hemos preparado para el futuro? Se ha creado en el Ministerio una
Oficina de Sequía con altos funcionarios para que estudie cómo está
funcionando ese decreto-ley y compruebe si es verdad lo que afirma su
señoría sobre que se está embargando porque no se pagan créditos
anteriores. Si es así, tomaremos medidas, pero yo dudo que esté pasando
eso con carácter general, aunque siempre es posible que se dé algún caso
particular. Desde luego, no es ésa la actitud que estamos viendo en las
entidades financieras. Pero, además de eso, se encargará de observar cómo
está evolucionando la sequía, para ver si es necesario elaborar un
decreto-ley para el secano y la ganadería extensiva de mayor concreción
según afecte, por ejemplo, al viñedo o al olivo.
Pasemos, ahora, a la política hidráulica, que tiene otra característica y
cuya actuación básica se centra en las obras hidráulicas. E insisto en
que en materia de obras hidráulicas existe una continuidad desde hace
mucho tiempo, porque, con independencia de los planes que se aprueben o
no se aprueben, hay una serie de funcionarios --antes, en el Ministerio
de Obras Públicas, y ahora, en el de Medio Ambiente-- que conocen
perfectamente las obras que hay que acometer.
Por ejemplo, el plan de metasequía que elaboró el Gobierno socialista y,
por tanto, el señor Borrell en los últimos meses de su Gobierno, permite
que cuando se produzca una sequía se esté mejor preparado. ¿Qué pasó con
dicho plan? Que lo diseñó el señor Borrell. ¿Pero quién lo ejecutó y,
sobre todo, quién lo ha pagado en su práctica totalidad? Este Gobierno.
Por la misma razón, este Gobierno está diseñando unos embalses
verdaderamente ambiciosos que pagará otro Gobierno. Esa es la continuidad
de la política hidráulica.
¿Pero qué es lo que ha añadido este Gobierno a la política hidráulica?
Algo muy importante que se ha solicitado, tanto por toda la literatura
científica, como por todos los partidos: el tratamiento del agua desde
otro punto de vista. Así, ya no podemos considerar el agua exclusivamente
como algo que se acumula en grandes obras hidráulicas y que
posteriormente se distribuye y gasta sin tasa. Porque hay una serie de
resistencias, un sentimiento medioambiental, y estamos en una situación
en la que es mucho más importante la gestión del agua. Y es precisamente
esa gestión lo que se ha tratado de conseguir con los planes de cuenca,
con la reforma de la Ley de Aguas, o con el Libro Blanco del Agua.
Por tanto, se trata de gastar mejor. Por eso, a pesar de haber tenido un
año tan seco disponemos de una media de
reservas bastante elevada, y creo que en estos momentos las
correspondientes al abastecimiento de la población se podrían garantizar
para ocho o diez meses, e incluso un año, aunque no así para el regadío;
en ese caso es posible que los problemas se produzcan dentro de dos o
tres meses si no lloviera nada en otoño, cosa que, con toda sinceridad,
espero que no ocurra. Parece que el anticiclón de las Azores está
cediendo un poco y tengo esperanzas de que llueva en octubre, aunque ya
ha llovido algo. Por tanto, nos encontramos en una situación mejor en ese
aspecto porque se han llevado a cabo actuaciones tanto de tipo físico
como jurídico de gran importancia.
En cuanto a lo que se ha gastado en estos cuatro años, la cantidad es de
800.000 millones. El primero, algo más de 200.000 millones; el segundo,
algo menos, y posteriormente, algo más. En total, como digo, se trata de
800.000 millones: alrededor de 200.000 millones cada año. Y le podría
citar una serie de obras que se han inaugurado durante estos cuatro años,
algo por lo que este Gobierno no debe colgarse una medalla ya que eran
obras que venían de atrás. En cambio, hay una serie de obras que usted no
pueda ver, porque no han empezado o están recién iniciadas, que son
mérito de este Gobierno y que no inaugurará, sino que eso lo harán los
Gobiernos posteriores. Esa es la concepción de la política hidráulica.
Porque hubo una época en la cual quien diseñaba los pantanos también los
inauguraba, pero se trataba de una época muy antigua que duró mucho. Sin
embargo, ahora los Gobiernos no duran ese tiempo.
Ya que usted me ha hablado del Plan Nacional de Regadíos le diré que la
contribución fundamental del Ministerio de Agricultura para conseguir un
ahorro de agua debe consistir en la modernización de los regadíos
actuales con el fin de lograr mejores condiciones para ellos. Al mismo
tiempo, hay que acometer nuevos regadíos, siempre teniendo en cuenta las
decisiones de la Unión Europea, que nos limitan, así como las
limitaciones financieras.
Pues bien, espero aprobar este Plan Nacional de Regadíos, del que hice
una modificación profunda cuando llegué al Gobierno. Así, partiendo de
que es el propio Gobierno --el Ministerio en este caso-- el que establece
las directrices generales de la política económica --agraria en este
caso-- y que, por tanto, determina la envolvente financiera, es decir, lo
que se puede gastar cada año, desde el 2000 al 2007, y cómo se va a
gastar y repartir entre Comunidades Autónomas, consideré que eran las
propias Comunidades Autónomas las que tenían que decidir los regadíos que
había que hacer, así como establecer su orden. Pero eso no es sencillo,
porque es lógico que las Comunidades Autónomas quieran regar más de lo
que pueden según esa envolvente financiera, y también es lógico que
surjan conflictos.
Sin embargo, en la reunión que mantuvimos el lunes pasado en Mérida
llegamos a un principio de acuerdo que nos va a permitir tener un Plan
Nacional de Regadíos consensuado con las Comunidades Autónomas para
llevarlo al Consejo Nacional del Agua y que pueda ser discutido en esta
Cámara.
Estoy convencido de que cada Senador encontrará mil pegas a ese Plan
Nacional de Regadíos, porque es natural, porque en nuestra mente todos
haríamos otro plan nacional de regadíos, pero hay que hacer un plan
nacional de acuerdo con las posibilidades que tenemos. Insisto en que
nuestra intención es actuar como Ministerio de Agricultura.
Como Ministerio de Medio Ambiente creo que la reforma de la Ley de Aguas
tiene una importante trascendencia, y es algo que no debemos olvidar. No
es un mercado del agua. No lo es. Pero, por ejemplo, la creación del
Banco del agua en períodos de sequía --y el año que viene podríamos
encaminarnos hacia un período de sequía-- es algo adecuado y oportuno; es
decir, sería deseable poder ofrecer el agua que no se utilice para
emplearla en otro riego y sobre todo utilizarla en abastecimiento. Por
ejemplo, una actuación con desalación de agua es necesaria para
incorporarla al conjunto del agua disponible, o la reutilización de las
aguas, o la valoración del agua para conseguir su ahorro, así como
establecer contadores. Esto último puede molestar a aquel que los hace, y
soy consciente del regante que se queja, pero tiene que reconocer que es
bueno para el conjunto de la población.
Por lo tanto, considero que se han dado pasos y va a haber un avance en
la política del agua que, insisto, es algo muy lejano, que ha empezado
hace mucho tiempo y seguirá en el futuro.
Por otra parte, cada uno debe asumir sus propias responsabilidades,
porque a veces se dice que falta el abastecimiento de agua en un pueblo
determinado y se piensa que es porque no le llega el agua del pantano.
Pero hay que tener en cuenta que no siempre es así, ya que hay
abastecimientos de agua que no se llevan a cabo a través de un pantano de
la confederación hidrográfica, sino que vienen de un pozo o de un río.
Entonces, ¿quién es el responsable? En este caso es la Comunidad
Autónoma, ya que el abastecimiento y saneamiento sí es competencia de la
Comunidad Autónoma.
¿Significa eso que a la Comunidad Autónoma no le ha importado que haya
sequía? No. Es otra de las simplezas que se dicen a veces cuando se está
en la oposición: ¡ustedes no han querido hacer nada! No. No es fácil
prever estas situaciones y hay que trabajar en ellas durante muchos años,
y a veces una obra no se ha realizado porque no se ha podido hacer; en
otros casos se habrán elegido malas opciones u otro tipo de obras, pero
muchas veces es porque no se ha podido hacer antes.
Yo comprendo que en materia de política hidráulica es fácil decir cosas
que llegan fácilmente a la población, pero que no son ciertas, como
decir: ¡como no se ha previsto, tenemos que pasar por malos momentos!
¡Habría que haber hecho una política completamente distinta!
Señor Senador, no creo que sea así. Se han tomado medidas de carácter
físico --ya he hablado de ellas--, e, insisto, de carácter jurídico. Y le
hago un pronóstico: en el futuro, para la gestión del agua, para que el
agua se utilice cada vez mejor, para que realmente sea un elemento
estructural y vertebrador de nuestra economía, habrá que dar cada vez más
importancia a la actuación jurídica o económica
en cuanto a precio del agua en abastecimientos de agua, en reutilización
por varios usuarios, etcétera. Estas medidas tendrán más futuro que una
actuación a base de más embalses.
Hay una situación --que no voy a juzgar pero que no considero negativa--
que existe, hay una opinión pública que dificulta la creación de grandes
embalses y grandes conducciones para llevar el agua. Las obras físicas
tienen un componente medioambiental que produce un cierto rechazo.
Indudablemente hay que construir pantanos --lo defiendo--, pero habrá que
cambiar el sistema, tener más en cuenta el medio ambiente y habrá que
compensar a los afectados de una forma muy superior a como se hace ahora,
de tal manera que un pantano se vea casi como una bendición y no como una
maldición. Desde luego, a base de pagar estrictamente lo que hay que
pagar para compensar por el uso del suelo, así se construirán muy pocos
pantanos.
Por tanto, insisto en que no hay división en el Gobierno, hay una
situación de sequía, desde el punto de vista agrario, del secano, estamos
afrontando lo que podemos y vamos a seguir hasta donde podamos llegar con
Comunidades Autónomas y con organizaciones agrarias. Y en el aspecto
hidráulico ha habido una política que permite que esta situación, aun
siendo difícil, no sea desesperada como ha sido otras veces.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Gallego López.
El señor GALLEGO LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, muchas gracias por su talante y su discurso. ¡Qué lástima
que ese discurso no se hiciera aquí en junio de 1996! ¡Cuánto hubiéramos
avanzado en política hidráulica en este país! Yo he oído decir desde esta
misma tribuna, en 1996, a representantes de su Gobierno, que no se había
hecho nada en política hidráulica hasta entonces; que el Plan Hidrológico
Nacional consistía en hacer obras faraónicas, un monumento al hormigón y
al cemento. He oído decir desde aquí que el avance del Plan Nacional de
Regadíos que aprobó el Gobierno socialista era un documento, un panfleto
electoralista. ¡Cuánto hubiéramos avanzado! Comparto con usted, como no
puede ser de otra manera, esa idea de cohesión de la política hidráulica,
esa continuidad.
Ha hablado usted aquí, esta mañana, como Ministro del agua, quizá sea
porque el 80 por ciento de la misma va a la agricultura. Y en el Grupo
Parlamentario Socialista no tenemos una plantilla para hablar de la
división del Gobierno, nos remitimos a las declaraciones de los distintos
ministros.
Nosotros sabemos que la política hidráulica es difícil, que tiene que
adaptarse a las nuevas sensibilidades medioambientales, fundamentalmente,
pero nos preocupa --y ya tendremos tiempo de discutirlo en los debates
para la reforma de la Ley de Aguas-- ese camino hacia el mercado del
agua, pero ya hablaremos de ello. Puede usted estar tranquilo, señor
Ministro, porque la población no habla de los debates entre los
políticos; habla de agua cuando hay agua y de sequía cuando hay sequía; y
todos nos tenemos que aplicar para solucionarlo.
Me alegra que reconozca que si se ha embalsado agua es por los embalses
que se habían hecho antes. En la época del Gobierno socialista se aumentó
un 50 por ciento la capacidad de los embalses de este país y el Plan
Metasequía es el que se está realizando, pero se ha bajado mucho el
ritmo. En otras iniciativas parlamentarias preguntaremos qué ritmo tiene
el plan de ejecución de aquellas medidas de sequía que, entre el año 1990
y 1995, propuso el Gobierno socialista.
Ha dicho en tono de broma y por ello le voy a decir también en tono de
broma que no repita usted mucho que confía en el anticiclón de las
Azores, porque es posible que se traslade que es la única esperanza que
tienen los agricultores para solucionar la sequía. Sé que lo ha dicho en
tono jocoso y así lo entiendo.
Es cierto, y también vamos a hacer otra iniciativa parlamentaria en ese
sentido, que Argentaria --que asumió las competencias del antiguo Banco
de Crédito Agrícola-- está reclamando a determinados agricultores, por
vía de apremio, préstamos que concedió en épocas pasadas por
inundaciones. Tiempo tendremos de debatir la política hidráulica si --y
ahí está la condición-- el Partido Popular pone sobre la mesa documentos
para debatirlo.
Usted, señor Ministro, como representante del Gobierno y como Ministro de
Agricultura, ponga sobre la mesa el Plan Nacional de Regadíos para que
podamos debatirlo; no se echen la pelota unos a otros porque, a la hora
de la verdad, habrá que aprobarlos conjuntamente, según acuerdo de las
Cortes. Preséntenlo, no sigan firmando convenios bilaterales con
determinados territorios para satisfacer compromisos partidistas y no
aprueben paquetes de obras hidráulicas o de interés general en
determinados territorios. No pueden escudarse, como esta mañana ha hecho
aquí la señora Ministra de Medio Ambiente, en que en otras épocas se
habían hecho cosas que no se debieron hacer. Usted ha reconocido que la
herencia no ha sido tan mala.
No voy a insistir en la descoordinación entre el Ministerio de
Agricultura y el de Medio Ambiente. Ojalá fuera usted la cara del agua
del Gobierno. Presente ese mismo talante, presenten esa misma cara,
ofrezcan a la oposición, a los socialistas en este caso, el consenso
necesario, no como el trágala que nos han querido ofrecer desde el
Ministerio de Medio Ambiente, a lo mejor ahí nos encontramos. Presenten
documentos, presenten el Plan Hidrológico Nacional, presenten el Plan
Nacional de Regadíos...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Gallego, vaya terminando.
El señor GALLEGO LOPEZ: Termino.
Y ahí encontrarán el consenso si vamos en esa línea de cohesión, de
continuidad. Lo demás, señor Ministro, dígaselo a su compañera de
Gabinete, es perder el tiempo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor GALLEGO LOPEZ: Gracias, señor Presidente.
Intervendré muy brevemente porque está todo dicho. La verdad es que las
palabras vuelan y los escritos permanecen, como se dice desde la antigua
Roma. Nos gustaría que, aparte de los papeles y las buenas palabras que
el representante del Gobierno, el señor Ministro de Agricultura, nos ha
dicho aquí esta mañana, se tomaran decisiones políticas. Y para tomar
decisiones políticas se necesita, como usted decía antes referido a otro
aspecto de la política de aguas, adoptar acuerdos legales y plasmar en
leyes lo que este país necesita en política hidráulica. Este país
necesita, lo reitero una vez más, un Plan Hidrológico Nacional, un Plan
Nacional de Regadíos.
Hay que aclarar a los ciudadanos que si esta legislatura ha sido de
transición, todavía hay tiempo para que estas Cortes conozcan esos
documentos, se debatan, y en algún caso se aprueben. El señor Aznar ha
dicho que todavía quedan unos meses y se va a gobernar hasta el último
día. En ese aspecto vamos a presentar una moción consecuencia de esta
interpelación para que el Gobierno presente el Plan Hidrológico Nacional
y el Plan Nacional de Regadíos, al que usted se ha referido, y en el que
ha demostrado su voluntad de que así suceda en el espacio de tiempo que
le quede a esta legislatura.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Posada Moreno):
Gracias, señor Presidente.
Señor Senador, creo que el tono de su segunda intervención es más
apropiado para hablar de grandes obras hidráulicas. Tenemos que buscar
fórmulas que duren en el tiempo, físicas, obras hidráulicas. Es decir, es
una actuación que tiene que ser global.
Quiero recoger dos cosas que ha dicho. En primer lugar, tomo nota del
tema de Argentaria porque, en efecto, nos preocupa y querríamos que el
tratamiento de todos los agricultores fuera el adecuado, tanto si han
tenido dificultades por sequía como por lluvias.
En cuanto a su solicitud respecto a la presentación de documentos,
indudablemente con documentos es como se puede discutir, pero eso exige
deseo de buscar acuerdos en los documentos. Yo le puedo decir, porque fui
portavoz de infraestructuras en los tiempos en que el señor Borrell era
Ministro, que le señalé varias veces que su Plan Hidrológico Nacional
estaba condenado al fracaso porque nunca enseñó el documento a la
oposición, nunca llegué a verlo hasta que fue Plan. Entonces, ¿qué
ocurría? Que era una visión imposible. Yo estaba en desacuerdo con ella,
pero, sobre todo, era imposible de realizar. ¿Cómo se podían hacer 3.000
kilómetros de conducciones de agua? Era algo, no voy a decir faraónico,
pero sí imposible. ¿Por qué? Porque no hubo suficiente debate.
Yo pretendo, si traigo aquí el Plan Nacional de Regadíos, que sea un tema
que se discuta. Se trata de un asunto que ya está debatido y aprobado con
las Comunidades Autónomas, que tiene una envolvente financiera que se
conoce, porque ya hubo aquí un plan de regadíos, y que cuenta con unos
regadíos con los que están de acuerdo las Comunidades Autónomas. Eso
permitirá discutirlo, no cambiarlo demasiado, porque cuando se cuenta con
esos niveles de consenso es muy difícil modificar con posterioridad, pero
creo que sí permitirá que se conozca. Y ése es el camino.
Al mismo tiempo, tienen ustedes --y permítanme, señores Senadores, que
así termine-- una gran oportunidad para ver y discutir la reforma de la
Ley de Aguas. Pediría a todos que la vieran con un espíritu abierto. Creo
que es una Ley mucho mejor de lo que a veces ha podido parecer en la
opinión pública; mucho mejor, desde luego, de lo que piensa el Grupo
Socialista, pero también el Grupo Popular debe tener la suficiente
flexibilidad para que, en algunos puntos en que se pueda mejorar, se
mejore. Una oposición frontal a esta Ley es un error, porque representa
una oportunidad magnífica para que la política de aguas, que --insisto--
va a ser mucho más jurídica, mucho más de gestión, mucho más de economía
que de pura física de obras públicas, se regule por una nueva Ley de
Aguas que redunde en beneficio de todos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro de
Agricultura.
--DE DON PEDRO RODRIGUEZ CANTERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LA REPERCUSION DE LA NUEVA ORGANIZACION COMUN DE MERCADO (OCM) DEL
ACEITE DE OLIVA (670/000148).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La siguiente interpelación la
formula el Senador don Pedro Rodríguez Cantero, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la repercusión de la nueva Organización Común de
Mercado (OCM) del aceite de oliva.
Tiene la palabra el Senador Rodríguez Cantero.
El señor RODRIGUEZ CANTERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señorías, el próximo 31 de octubre finaliza en el
calendario de la Unión Europea la campaña agrícola 1998-1999, primera en
la que la ayudas al aceite de oliva y a la aceituna de mesa se regulan
por la nueva OCM del sector, aprobada en junio del año pasado --y les
recuerdo-- con el voto favorable de España.
Es oportuno, pues, que hagamos el análisis en perspectiva de los
contenidos de la nueva OCM del aceite de oliva y el balance de su
aplicación, cuando por primer vez en la historia del olivar europeo un
kilogramo de aceite español va a recibir casi 40 pesetas menos que el
italiano, el francés, el portugués o el griego, cuando la supresión de la
intervención pública hace más vulnerable la renta del pequeño y mediano
productor y cuando se pierden unos 9.000 millones de pesetas al haberse
suprimido la ayuda al consumo y cuando, además, el mercado del aceite
pierde garantías de crecimiento, de calidad y de control de precios.
Señor Ministro, le adelanto que los socialistas queremos hacer este
análisis con ánimo crítico --no se lo oculto--, pero no dude que lo
hacemos con el rigor y la lealtad de quienes se sienten comprometidos con
el futuro del olivar y cuanto él representa para el desarrollo, para la
cohesión social, para la conservación del medio ambiente, para el empleo
en amplísimas zonas de nuestra geografía, especialmente de la geografía
andaluza.
Y le digo, señor Ministro, que hay que empezar reconociendo que el
proceso de la reforma de la OCM del aceite de oliva se inicia en contra
de los deseos y de los intereses españoles y que, tras muchos meses de
debate y de incertidumbre, terminó con un procedimiento y un alcance
temporal muy peculiares sin antecedentes hasta entonces en la Unión
Europea; terminó con un procedimiento de urgencia único e injustificado
que puso incluso en entredicho la credibilidad del Parlamento Europeo, de
la Comisión y del Consejo y terminó fijando un alcance temporal de tres
años --período que se cumple el próximo día 1 de noviembre del año
2001--, con lo cual se desmentían todas las urgencias anteriores.
Señor Ministro, le confieso después de más de un año de aprobarse esa
reforma y ese procedimiento todavía no alcanzo a entender la incapacidad
del Gobierno para conseguir que el proyecto y la propuesta de reforma
volvieran a la Comisión. No sé por qué para conseguir eso el Gobierno no
utilizó las declaraciones del propio Comisario Fischler y la votación del
Parlamento Europeo. A lo mejor esta mañana usted nos lo aclara, y
acabamos entendiendo si es que no quiso, no pudo o no supo. Lo cierto es
que no fue capaz de parar la reforma, pese a que desde esta misma Cámara
y otras instancias se le instaba a que bloqueara su avance porque, sin
duda, nos perjudicaba.
En cuanto al contenido de la reforma, aprobada en el Consejo de Ministros
en Luxemburgo, coincidirá conmigo que, en síntesis, confirmó los temores
sobre la discriminación actual y futura al aceite español, sobre la
amenaza de la renta de miles de pequeños y medianos olivareros; no
despejó las dudas, porque la decisión sobre la batalla que hizo la señora
Ministra sobre la ayuda por árbol, se aplaza al año 2001 y, desde luego,
no recogió ni una sola de las exigencias del olivar español, representado
en la Mesa Nacional para la defensa del aceite de oliva, si exceptuamos,
señor Ministro, la ayuda a la aceituna de mesa que, además, no se da a
costa de mayor abundancia, sino a costa de la ayuda del aceite.
En definitiva, señor Ministro, la nueva OCM del aceite de oliva mantiene
la ayuda a la producción, pero disminuye la unitaria un 7 por ciento
--que pasó de 239 a 222--; divide la cantidad máxima garantizada en
cantidades nacionales garantizadas asignando a España 760.000 toneladas;
suprime el régimen de los pequeños productores y el sistema de
intervención pública sustituyéndolo por el de contratos de almacenamiento
privado; suprime la ayuda al consumo; limita el derecho a la ayuda de las
plantaciones existentes al 1 de mayo de 1998 y establece ayudas a la
aceituna de mesa, sin definir ni la forma ni la cuantía.
Señoría, la reforma de la OCM, aprobada con el voto favorable de España y
sin recoger las exigencias del sector olivarero español, perjudica y
discrimina los intereses de los españoles y, especialmente, los del
olivar de menor producción.
Yo creo que hoy, cuando ya nadie duda de que fue una mala reforma,
debiera ser reconocido de una vez por el Gobierno, y ese reconocimiento
sería el punto de partida para intentar mejorar en las negociaciones
próximas. Tengo la seguridad de que el Gobierno y la señora De Palacio
fueron siempre conscientes de que daban su voto a una mala reforma. Por
ello, inmediatamente después de aprobada ésta, tratan de enmascararla,
tomando dos opciones. Primera: La señora De Palacio escribe una carta al
censo completo de olivareros, con fecha 1 de julio, es decir, cuatro días
después de aprobada la reforma, en la que, además de transmitir, ¡cómo
no!, el parte de guerra, de sus historias, en la cruzada, anuncia a los
olivareros de Sierra que va a conseguirles una ayuda de 17.000 pesetas
por hectárea, más o menos. Por la boca muere el pez, señor Ministro. Si
tan buena era la reforma, si no perjudicaba al olivar de menor
producción, si todo estaba salvado y garantizado, ¿a qué viene el tratar
de contentarles ofreciéndoles 17.000 pesetas por hectárea?
Segunda actuación: En la Ley de acompañamiento, el Gobierno intenta,
mediante una enmienda en el Senado, prohibir las plantaciones de olivo en
España. Yo le pregunto: ¿Si tan magnífica era la cantidad nacional
garantizada de 760.000 toneladas, qué temor tenía el Gobierno y la
Ministra De Palacio a que hubiera más plantaciones? ¿Por qué quería
limitar el olivar?
Usted sabe muy bien que la concesión de esas ayudas nunca llegó, ni va a
llegar de momento. Fue un camelo más que vendió la señora Ministra para
hacer tragar como un éxito lo que fue una mala reforma. Y no llegó esa
ayuda, señor Ministro, y usted lo sabe, porque cuando el Partido Popular
y el Gobierno voceaban en los mítines la ayuda, todavía no se había
planteado siquiera su solicitud en Bruselas. Le va a tocar a usted, y le
está tocando, explicar aquel «ex voce», porque el Comité STAR en
septiembre le ha comunicado a usted que no se van a conceder las ayudas.
Y ¿sabe usted por qué? Se dice que por mala gestión de su Ministerio y,
sobre todo, por mal planteamiento de la solicitud. Pero usted lo va a
explicar. La señora Ministra se apuntó el tanto de la victoria y del
éxito y usted va a tener que apechugar con las explicaciones de las
mentiras y del fracaso.
En cuanto a la provisión de plantaciones en España, afortunadamente se
rectificó. El error que se pretendía acometer era que se iban a limitar
sólo en España y no en el resto de la Unión Europea, con lo cual lo único
que estábamos haciendo era limitar nuestras posibilidades y, además,
discriminar, también en eso, a los plantadores españoles, porque
Portugal, Francia y Grecia sí que iban a poder seguir plantando.
Le digo más, la prueba más evidente de que el Gobierno supo siempre muy
bien que el voto a favor se daba a una mala reforma está en la burda
campaña de confusión y engaño que lanzan con los aforos de cosechas.
Repasen las hemerotecas, señorías, y encontrarán cómo la Ministra Loyola
de Palacio, candidata después del Partido Popular al Parlamento Europeo,
vociferaba cifras y aseguraba producciones que nada tenían que ver con la
realidad de los cálculos serios, fundados, que desde otras instituciones,
desde la Junta de Andalucía, se estaban dando. Descalificaba a todo aquel
que trataba de desmentir que la campaña 1998-1999 se cerraría con una
producción de en torno a las 900.000 toneladas.
Ha pasado el tiempo, señor Ministro. Díganos usted si la producción final
de aceite de oliva con derecho a ayuda está más próxima a las 900.000
toneladas que a las 760.000 ó 780.000 que decía Loyola de Palacio, o
incluso a las 830.000 toneladas que usted acabó aceptando a principios
del mes de septiembre.
Me gustaría que nos lo dijera porque ya no se puede seguir ocultando a
los olivareros que esa cantidad nacional garantizada los discrimina y que
los van a penalizar en las ayudas; ya no se les puede seguir ocultando
que van a cobrar casi 40 pesetas menos de ayuda por kilo de aceite que el
resto de los europeos. Espero que usted nos dé una explicación, porque
esa campaña de confusión lo único que generó fue incertidumbre, nervios
y, sobre todo, movimientos especulativos en el mercado. Repase usted las
hemerotecas, repase usted sus propias declaraciones; vea usted cómo
alguien, que siempre está al acecho de que las leyes de mercado, que son
perversas, se pongan a su favor, aprovechó aquello para almacenar y subir
el precio del aceite. Por tanto, mire usted el favor que les hizo a los
consumidores. Pero, además, hay otra consecuencia y es que a fuerza de
repetir que nuestra cosecha es baja, cuando lleguemos en la negociación a
los órganos comunitarios y digamos que necesitamos en torno a un millón
de toneladas nos van a decir que es mentira, nos van a enseñar los
periódicos, señor Ministro, nos van a enseñar las declaraciones, nos van
a decir que cómo pedimos un millón de toneladas si resulta que nuestras
producciones medias están en 760.000 toneladas.
Creo que todas estas cosas, señor Ministro, hay que irlas perfilando.
Comprendo que debería estar aquí la señora De Palacio para responder ella
a todas estas cuestiones y para que repasara el «Diario de Sesiones» y
viera cuántas cosas se nos dijo a los socialistas cuando anunciábamos que
esto iba a pasar, cuando lo decíamos desde el sentimiento y desde la
profunda preocupación. Sin embargo, se nos descalificaba una y otra vez,
no se nos escuchaba, cuando no se nos contestaba con insultos, señor
Ministro.
Yo le digo que ahora es necesario reaccionar, es necesario encontrar una
alternativa a la situación actual y que el día 1 de octubre del 2001
seamos capaces de plantarnos ante la negociación con las ideas muy claras
y con fórmulas y propuestas que salvaguarden los intereses de los
olivareros españoles.
En primer lugar, tenemos que trabajar para conseguir convencer a la
Comisión de que 760.000 toneladas es absolutamente inaceptablemente para
la producción española, que nosotros necesitamos --y lo hemos dicho
muchas veces-- como mínimo en torno al millón de toneladas, y para eso,
señor Ministro, hay que poner inmediatamente al día nuestras
estadísticas, hay que poner al día nuestros estudios, hay que actualizar
nuestras producciones y nuestras superficies.
Señor Ministro, me gustaría que nos dijera usted esta mañana si nuestra
opción va a pasar por la ayuda a la producción o por la ayuda en
superficie. Ese es el tema que está ahora mismo planteado en los foros
comunitarios.
No podemos olvidar la cuestión de las modulaciones, de las ayudas, señor
Ministro, porque ése es un sistema pensado para discriminar positivamente
a favor de los pequeños y de los medianos. ¿Se va a usar o no se va a
usar para el conjunto de las ayudas y, en particular, para el olivar? En
el tema de la intervención pública está callado, pero está callado --no
se equivoque-- porque las producciones son medias e, incluso, se espera
que sean bajas debido a la sequía, pues el mercado no necesita en este
momento el sistema de intervención. Pero va a necesitarlo, sin duda, y
ojalá lo necesite porque ello supondría que nuestras cosechas alcanzarían
los niveles productivos normales.
¿Qué mecanismos tienen usted y su Ministerio previstos para poner en
marcha ese almacenamiento privado que se nos vendía como la solución y la
alternativa al sistema de intervención pública? ¿Qué piensa usted del
régimen de gestión del patrimonio comunal olivarero en cuanto a las
infraestructuras de los almacenamientos?
Reconozca, señor Ministro, que fue un error no llevar la reforma del
olivar a la Agenda 2000. Usted sabe que en el paquete de la Agenda 2000
ni una sola producción continental perdió la intervención. No la hubiera
perdido tampoco el aceite de oliva si la hubiéramos llevado al paquete de
la Agenda 2000, como los socialistas intentamos desde esta misma tribuna
al tratar de convencer a la Ministra De Palacio que lo hiciera.
De otra parte, tenemos una urgente necesidad de consolidar y de ampliar
los mercados con capacidad para absorber nuestra producción potencial,
que algunos estiman en torno al millón y medio de toneladas.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Rodríguez, terminó su
tiempo.
El señor RODRIGUEZ CANTERO: Permítame, señor Presidente, un minuto.
Señor Ministro, es obligado que para consolidar y aumentar esos mercados
se cuide la calidad y se evite el fraude. Yo no digo que con esta reforma
se dé más fraude,
señor Ministro, pero sí que hay menos instrumentos para controlarlo. La
desaparición de la ayuda al consumo no favorece el control del fraude y
usted lo sabe. ¿Tiene el Ministerio algún mecanismo, algún plan nacional
de control? ¿Coordina el control del fraude?
En definitiva, señor Ministro, hay que crear alternativas y, sobre todo,
hay que cambiar de estrategias. El Gobierno no puede seguir en Europa con
esa estrategia del radicalismo verbal y de la confrontación. Es
imposible, porque lo único que se consigue es lo que hemos conseguido:
estar aislados respecto de los países que debieron ser nuestros
colaboradores, nuestros aliados.
Termino, señor Ministro, diciéndole que para elaborar esa alternativa,
para cambiar la estrategia, cuenta usted con los socialistas. Aquí nos
tiene, señor Ministro. Siempre nos han tenido y nos van a tener. Siempre.
En definitiva, hoy el olivar español, lamentablemente, está discriminado.
Cobra casi 40 pesetas menos. Nuestras zonas, amplísimas zonas de olivar
de sierra, se ven amenazadas. Sin embargo, los socialistas no vamos a
hacer, señor Ministro, ninguna campaña populista ni de agresión contra
usted como Ministro. Le estamos respetando, porque sabemos, señor
Ministro, que usted no es el responsable directo, aunque sí su Gobierno.
Cuando esta mañana hemos presentado la interpelación --créame, señor
Ministro-- lo que queríamos es ofrecerle nuestra ayuda. Queremos quitar
la razón a quienes dicen que el Ministro de Agricultura ni habla ni se le
habla. Queremos escucharlo y queremos que usted hable, señor Ministro.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Posada Moreno):
Muchas gracias, señor Presidente.
Su señoría tiene una fijación extraordinaria con aquella campaña --que yo
recuerdo porque la seguí por los medios de comunicación-- sobre el
sistema del aceite de oliva. ¿Cómo tenía que ser la OCM? ¿Cómo tenía que
reformarse? Esa fijación y esa obstinación en mantener unas posiciones le
llevan a decir aquí unas cosas que no se tienen en pie. (El señor
Vicepresidente, Aguilar Belda, ocupa la Presidencia.)
Le he escuchado con mucha atención y con cierta lejanía porque oigo unas
cosas que me asombran. Las pesetas de ayuda al olivarero recibidas por
kilo en 1996-1997 fueron 163; en 1997-1998, 131, y en 1998-1999 van a ser
187, y por lo visto pueden llegar a 190, según el acoplamiento final. Se
puede decir que ésa es la ayuda por kilo, pero que si hablamos de ayuda
total para España, ha bajado. Pues no, ha subido, porque el año pasado
fueron 151.000; el anterior, 161.000; el anterior, 79.000, y este año
167.000, y pueden ser hasta 172.000. Dice que por primera vez nos
penalizan. En efecto, tenemos una penalización del 14,6 por ciento; pero
el año pasado nos penalizaron el 46 por ciento, y el otro el 30 por
ciento. Decir que este año es peor que el pasado no se tiene en pie.
Señor Senador, en su provincia debe de haber una serie de olivareros que
confían en usted, y usted les dice estas cosas, y estoy seguro de que le
van a votar porque serán socialistas y a usted le ha propuesto el Partido
Socialista Obrero Español, pero ellos mismos se quedarán perplejos cuando
le oigan decir que como le van a pagar 192 pesetas por kilo, le pagan
menos que el año pasado. Esto no es así, y no debe usted insistir en
ello.
Si usted me dice: Si yo hubiera negociado, con las ideas que yo tengo de
cómo rechazar lo que decía la Comisión y cómo llevarlo a la Agenda 2000,
hubiéramos conseguido más, a lo mejor sus votantes dicen: ¡Sí, señor!
¡Menudo es el señor Rodríguez Cantero negociando! ¡Seguro que hubiera
conseguido más! Bien, eso se lo admito, pero afirmar que eso está mal
negociado y, sobre todo, que se cobra menos, es negar una evidencia, y no
debemos negarla.
Manifiesta que en Italia cobran más. En Italia cobran más porque han
tenido una cosecha menor. La cantidad máxima garantizada, que nosotros
hemos superado tres veces en los últimos diez años, ellos la han superado
seis. En este caso no la han superado, han tenido 400.000 toneladas y van
a recibir 88.000 millones, la mitad de lo que recibimos nosotros. Como
han tenido sequía van a recibir más. No quiero hacer predicciones, porque
en la anterior me columpié y no acerté con la cifra exacta, pero en la
próxima campaña --y hablábamos antes de la sequía--, si no llueve un poco
más, probablemente disminuya nuestra producción, recibiremos 200 pesetas
por kilo, el máximo de la subvención, pero el conjunto de España y cada
olivarero recibirá menos. ¿Vamos a considerar mejor una situación de
sequía porque recibimos más pesetas por kilo, pero en conjunto recibimos
menos dinero? Tenemos que ser razonables. ¿Eso quiere decir que todo lo
que se hizo en esa negociación estuvo bien? Estoy seguro de que no,
porque así son las negociaciones, hay intereses de todo tipo. Por lo
visto, nuestra cantidad máxima garantizada es en el 42 por ciento del
total, y hasta entonces nos consideraban en un 39 por ciento, pero
supongo que habrá habido otras cosas que tuvimos que dejar a cambio. Así
son las negociaciones en la Unión Europea, y no sólo allí. Las
negociaciones que yo mantengo con los consejeros de las Comunidades
Autónomas cuando hacemos el reparto de otros temas, como viñedos, cuotas
lácteas, herbáceos, son así, nadie sale completamente satisfecho, nadie
puede volver a su Comunidad Autónoma diciendo que lo ha conseguido todo,
pero espero, y hasta ahora lo estoy consiguiendo, que nadie, sea del
partido que sea, tenga que decir que le han derrotado. De eso es de lo
que se trata, y yo creo que ha habido una buena actuación.
Le voy a hablar ahora de futuro, que me parece mucho más interesante que
volver a discutir sobre si se hizo o no aquello, o cómo se debería haber
hecho.
Usted opina de una forma y yo de otra. Lógicamente, algunas personas le
apoyarán a usted y algunas me apoyarán a mí. Pero hay un juicio bastante
imparcial: el mercado. Los precios del olivar han tenido una subida
tremenda en el último año. Me han hablado de una subida por
encima del 20 por ciento. Se está plantando olivos, que no tienen derecho
a las ayudas y, sin embargo, se siguen plantando. La situación está lejos
de ser catastrófica. Por tanto, vamos a dejar ya esa discusión que no
conduce a nada y que es algo que vamos arrastrando porque movilizó a
muchas personas, produjo enfrentamientos, etcétera. No veo la utilidad de
volver a discutir si hubiera sido mejor que la Comisión retirara aquello
que no retiró, una vez que está aprobado.
Vamos a ver qué podemos hacer en noviembre del año 2000. La Comisión
presentará al Consejo de Ministros una propuesta en el transcurso del año
2000 y éste ha de decidir sobre una nueva reforma antes del 1 de
noviembre del 2001.
Con el fin de conocer mejor el sector, disponer de datos fiables y
eliminar posibles fraudes, la Comisión Europea está profundizando en tres
aspectos: determinar el número de hectáreas de olivar, el número de
árboles y el rendimiento de éstos en aceitunas y aceite. Los trabajos
están muy avanzados y la Comisión, como está previsto, efectuará su
propuesta durante el año 2000.
Todos estos estudios pretenden llegar a la eliminación del fraude y a un
mejor conocimiento del sector. El Ministerio está llevando a cabo medidas
en este sentido con el fin de defender uno de los sectores clave y más
competitivo de nuestras producciones agrícolas. No se lo voy a decir a
usted, señor Rodríguez Cantero, que conoce perfectamente la importancia
que tiene para toda España, no sólo para Andalucía donde es clave (en
Córdoba, en Jaén), sino para toda España, porque es un cultivo
mediterráneo fundamental para nosotros.
El Ministerio ha ultimado un registro oleícola para determinar el número
de hectáreas de olivar y el número de olivos, así como un fichero
oleícola informatizado donde se concentra toda la información que en
materia de controles es necesaria para garantizar el buen fin de la
ayuda.
Hemos elaborado también el proyecto Tierra para una mejor información del
oleicultor sobre la situación de las ayudas que solicita, financiado al
cien por cien por el Ministerio, y llevado a cabo en su totalidad hasta
ahora con una colaboración --que no dudo en calificar de ejemplar-- con
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y con el Gobierno de Navarra.
Por otra parte, el MAPA está elaborando un sistema integrado de gestión
de ayudas por mandato de la Comisión, cuya finalidad es el control
absoluto de la ayuda a la producción; sistema que se encuentra muy
avanzado y que supone un gasto total de 6.176 millones de pesetas, con
una financiación prevista de la Comisión de aproximadamente 5.000
millones, mientras que el resto corresponde al Ministerio. Este ha
realizado un verdadero esfuerzo presupuestario para realizarlo en dos
años y estará finalizado antes de las negociaciones.
También estamos intentando que el mercado se expanda. Como decía su
señoría --y permítame que haga una digresión-- reconozco que las
declaraciones influyen en las actitudes de los agentes económicos y
pueden influir a su vez en los precios. No tengo inconveniente en
reconocer que mis declaraciones, de acuerdo con los datos de que disponía
en ese momento, se referían a un cálculo de aproximadamente 840.000
toneladas, lo cual suponía una ayuda por kilo de aproximadamente 200
pesetas. No soy partidario de hacer esos pronósticos porque pueden crear
desconcierto, pero en ese momento disponía de unos datos que además se
publican por el propio Ministerio todos los meses. Era algo conocido, por
lo que me pareció bueno hacer ese pronóstico. Tengo que reconocer que
cometí un error de un 5 por ciento porque finalmente han sido
aproximadamente 890.000, aunque son cifras provisionales que es necesario
revisar y se está haciendo, porque puede que al final esta cifra
disminuya un poco. Y debo decir también --y no me duelen prendas-- que en
esa misma declaración que yo hice de 840.000, el Consejero de Agricultura
de la Junta de Andalucía, el señor Plata, dijo 890.000 y acertó mucho más
que yo.
Era un pronóstico, pero la aceituna de mesa --quizá por ser la primera
vez que se reconocía como tal-- ha tenido una expansión que no se
esperaba y ha habido unas declaraciones en las almazaras un poco elevadas
--que también estamos investigando--, por lo que al final ha salido otro
resultado, y no tengo inconveniente en reconocer que yo hablaba de una
ayuda de 200 y ha sido de 190. Pero vuelvo a decir lo mismo: estamos en
unas cifras perfectamente aceptables para el olivarero.
Es muy importante el consumo de aceite y es muy importante que
mantengamos unos precios estables. Un aumento desbaratado de precios es
malo para el productor y malo para el consumidor; una situación estable,
con una cierta subida de los precios a largo plazo, es lo más
conveniente, y eso exige, obviamente, un consumo adecuado. A través de
campañas de formación estamos informando al consumidor de la calidad y
propiedades saludables del producto, procurando la modernización de
nuestras almazaras y la mejora de la comercialización para incrementar el
valor añadido de los aceites.
Estamos llevando a cabo un programa de calidad del aceite de oliva en
colaboración con las Comunidades Autónomas, financiado por la Unión
Europea, y estamos potenciando la estructura y los medios personales y
materiales de la Agencia para el Aceite de Oliva, a fin de poder llevar a
cabo con mayor eficacia las actuaciones de control e inspección que tiene
encomendadas.
Para un mayor rigor y control del fraude hemos aprobado el Real Decreto
257/1999, de 2 de febrero, por el que se regula la supervisión de las
ayudas comunitarias al aceite de oliva y a la aceituna de mesa por la
Agencia para el Aceite de Oliva. Se han mejorado los resultados y usted
conoce que ha habido una actuación a finales de julio --que creo que ha
sido muy acertada--, en colaboración con las Comunidades Autónomas,
resultado de la cual llevamos al fiscal a una serie de personas que se
habían introducido en el sector del aceite y que estaban actuando
fraudulentamente.
Por lo tanto, termino diciéndole, señor Rodríguez Cantero, que por
supuesto, por supuesto que yo acepto esa oferta de colaboración.
Naturalmente que hacia el 2001 habrá que estudiar qué nos interesa más,
no es sencillo, porque estamos hablando de que hay un fraude en otros
países, pero eso hay que demostrarlo. Cuando conozcamos nuestra realidad,
probablemente se verá que nuestra producción en un año bueno es superior
a las 760.000 toneladas. ¿Cómo deberíamos actuar? Por ejemplo, vamos a
ver qué hacemos en el tema agroambiental. Usted me decía: no hemos sido
capaces de gestionarlo. No, se ha gestionado, se ha llevado a la Comisión
Europea, está aceptado, pero ha parecido más conveniente integrarlo con
toda la actuación de desarrollo rural del 2000-2006. ¿Qué nos interesa
ahí? ¿Dónde tendríamos que hacer hincapié? Todo eso lo tenemos que ver y
lo veremos en el futuro, pero yo creo que es conveniente liquidar,
terminar este debate sobre cómo se debió reformar la OCM. Los mismos
olivareros han visto el resultado. Yo creo que nadie puede decir que ha
perdido; algunos quizá puedan decir que creían que debían haber ganado
más; algunos pueden sentir no haber ganado mucho más, pero en conjunto
--y lo dice el mercado-- las cosas han ido bien. Vamos a intentar que en
el 2001 vayan mejor.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, señor Ministro.
Senador Rodríguez Cantero, tiene su señoría la palabra.
El señor RODRIGUEZ CANTERO: Señor Presidente, señor Ministro.
Sinceramente, por mi parte he de decir que hablar del aceite en esta
Cámara y no sentirse descalificado y vituperado es una novedad que le
agradezco a usted, señor Ministro. Yo le agradezco a usted el tono, la
mesura y la comprensión con la que entiende que el Grupo Parlamentario
Socialista, los socialistas llevamos razón, buena parte de la razón, no
voy a decirle que toda, porque toda la razón nadie la tiene, pero sí
mucha razón para criticar una reforma que, no le quepa la menor duda,
señor Ministro, fue mala. Sin embargo, deseche la idea de que yo estoy
obstinado; estoy preocupado, muy preocupado. Estaba preocupado en el
trámite de reforma porque veía venir exactamente lo que hoy ha ocurrido:
la discriminación del aceite español --donde usted no quiere entrar--, y
veíamos que amplias zonas olivareras nuestras podrían y pueden ponerse en
serios aprietos en su desarrollo, en su economía, en su empleo. No es
obstinación; es preocupación, señor Ministro, y responsabilidad. Los
responsables públicos tenemos la responsabilidad. Y no crea que los
olivareros votan o dejan de votar en función de la simpatía o del gracejo
que uno tenga, no; votan si les merece confianza alguien, si no se les
engaña. A lo mejor ahí el Partido Popular podría encontrar una de las
razones por las que en Andalucía no le votan tanto.
De todas maneras, señor Ministro, usted ha reconocido que se equivocó en
las producciones; yo creo que fue un error la carta que, en mayo, recién
llegado usted, envió a los olivareros anunciándoles la buena nueva de las
doscientas y pico pesetas por kilo, porque ahora los olivareros dicen que
usted les engañó. En fin, yo sé que no era su intención. Pero si ha
reconocido eso, le voy a proporcionar datos para que usted no cometa el
mismo error que hasta ahora ha cometido el Gobierno. No es verdad, señor
Ministro, que con la reforma de la OCM del aceite de oliva el sector
perciba más dinero; no es verdad. Mire, tome usted nota de los números,
hágame caso, señor Ministro, que lo llevamos haciendo desde la Junta de
Andalucía durante mucho tiempo, y lo mismo que hemos acertado en la
producción, también estamos en lo cierto en esto.
Para referirnos a una campaña ya cerrada, para no andar con discusiones
de tonelada arriba o abajo, campaña 1997/1998, a la que usted ha hecho
referencia. Con la antigua OCM: dinero cobrado, 167.979 millones de
pesetas, aquí tengo los números, que están sacados de cifras oficiales de
su Ministerio; lo que ocurre es que usted sólo cuenta la ayuda a la
producción, porque le interesa, le interesa a quien le da a usted los
papeles, pero ponga usted los siguientes datos: 155.000 millones de
pesetas de ayuda a la producción; 11.000 millones de pesetas de ayuda al
consumo, que se han perdido; ayudas a la restitución, casi mil millones
que también se han perdido. Suman 167.979 millones de pesetas. No lo
dude, señor Ministro; son sus cifras.
¿Qué hubiera ocurrido con la nueva OCM en la campaña 1997/1998 con
1.177.000 toneladas de producción? Que sólo hubiera habido ayuda a la
producción, por 167.252 millones de pesetas, es decir, 700 millones de
pesetas menos, y además sin intervención, sin ayuda al consumo, sin
garantías y sin un montón de cosas, y además sin prohibir las mezclas,
señor Ministro. Usted sabe que hay que conseguir prohibir las mezclas,
porque si no, está abierta la puerta al fraude. Se lo digo porque quiero
corresponder a la nobleza y al talante mostrado reconociendo que se
equivocó. Valore usted estas cifras, señor Ministro; anótelas, repáselas,
consúltelas con sus técnicos, y verá usted cómo también llevamos razón. Y
no nos alegramos de llevar razón; simplemente lo lamentamos.
Hace usted una serie de consideraciones que, la verdad, señor Ministro,
irá matizando; esta mañana ya ha matizado alguna de sus posiciones, pero
seguirá haciéndolo. No es la primera vez que hay penalizaciones en la
ayuda al aceite de oliva, pero sí es la primera vez que un kilo de aceite
de oliva español cobra menos que un kilo de aceite del resto de los
países productores, eso es verdad y es la primera vez que ocurre en la
historia del olivar europeo, y ése es el problema. El problema es que
nuestro aceite está en inferioridad para competir y que, como no hay
ayuda al consumo, que también se ha suprimido y usted sabe que casi el 90
por ciento de nuestra producción acudía a la ayuda al consumo, vamos a
vender más aceite a granel, con lo cual, el valor añadido también lo
vamos a perder. Esos son los problemas que tenemos.
No me hable usted de Italia. En Italia no ha habido penalización para
esta campaña ni probablemente la vaya a haber en muchas campañas más.
¿Sabe por qué? Porque han conseguido una cantidad nacional garantizada
suficiente, holgada, que les permite la fluctuación e incluso les
permite, como parece que está ocurriendo, más plantación. Luego, no
confunda usted los términos.
Señor Ministro --como es lógico yo le he escuchado con la misma atención
con la que usted me ha escuchado a
mí--, sigo pensando que el Ministerio no tiene maduras las alternativas,
lo cual, en este momento, tampoco es tan grave, siempre que en su
voluntad esté reunir al sector, hablar con las Comunidades.
Le agradezco que, por primera vez en esta Cámara, un responsable de
Agricultura haya elogiado la actitud de un Gobierno socialista. Ha
hablado de Castilla-La Mancha; no ha nombrado a la Junta de Andalucía, no
sé si porque no le merece ese mismo calificativo o porque se le ha
olvidado. De todas maneras, se lo agradezco, pero no veo que el proyecto
esté maduro, porque ni siquiera ha apuntado si va a ser por árbol, por
producción, por superficie, y también huye de la modulación. No la
rehúya. En esta Cámara es donde hay que hablar. Luego vendrán las
reuniones sectoriales, los problemas y las decisiones, pero en esta
Cámara hay que fijar posiciones políticas, y yo lo hago: nosotros somos
partidarios de la modulación, y luego habrá que encontrar el
procedimiento. Si nos plantean ayuda por superficie, vamos a estudiarlo,
y se lo digo. Y si mañana tengo que rectificar mi posición, lo hago y no
pasa nada. Lo que no puede ser es que un responsable político no se
pronuncie, señor Ministro, porque eso genera desconcierto y desazón en el
ciudadano, genera incertidumbre y desconfianza. Tiene que pronunciarse,
señor Ministro. No tema hacerlo.
Voy a exponer una última reflexión sobre el consumo y los precios. Usted
ha hablado del precio de la tierra, y muchas veces éste,
desgraciadamente, no tiene nada que ver con la renta de los agricultores.
Cuanto más alto sea el precio de la tierra, menor es la renta. No haga
usted eso.
Le voy a dar un dato para que vea el efecto que ha producido toda esa
campaña de las 760.000 toneladas, de las 890.000 tonelas, todo ese
maremágnum, ese tótum revolútum que ustedes han organizado únicamente con
criterios electoralistas. Nada más que con ese fin. Y eso es así.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senador Rodríguez Cantero, le
ruego que vaya concluyendo.
El señor RODRIGUEZ CANTERO: Presidente, termino dentro de un minuto.
Con el consumo de aceite de oliva en el primer semestre de este año,
después de esa campaña y de esa especulación en el mercado y después de
todo el guirigay que se forma, ¿sabe usted lo que ha ocurrido? Pues que
el consumo mensual ha bajado a 54.000 toneladas por mes. ¿Sabe cuál era
el año pasado? Era de 80.000 toneladas por mes. Esas son las
consecuencias de la reforma y ésas son las consecuencias de todo ese
guirigay que ustedes han formado.
Termino, señor Presidente.
Señor Ministro, esta mañana, después de haberle escuchado, he llegado al
convencimiento de que le gusta mucho hablar del agua. En cualquier caso
no está en mi mano darle la responsabilidad para que se pase todo el día
hablando de ella. De momento, su responsabilidad es hablar de agricultura
y de aceite. Hable usted de ello, señor Ministro. (Aplausos en los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) El señor VICEPRESIDENTE
(Aguilar Belda): Gracias, Senador Rodríguez Cantero.
Abrimos el turno de portavoces.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el Senador Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.
En Izquierda Unida consideramos que, en España, el sector aceitero va a
perder, aproximadamente, 30.000 millones de pesetas, y eso debido a los
acuerdos de la Comisión de la Unión Europea sobre la OCM. Teniendo en
cuenta la cautela suficiente para ponernos o no de acuerdo sobre las
cifras barajadas, consideramos que las 890.000 toneladas de aceite de
oliva que el Ministerio de Agricultura ha dado como producción definitiva
de la campaña 1998-1999 van a tener una penalización de alrededor de
30.000 millones de pesetas, que el sector no va a recibir. Esta
penalización es una discriminación clara del aceite de nuestro país con
respecto al de otros como Italia, Grecia, donde, por las cifras que hemos
barajado esta mañana, se van a recibir 222 pesetas por kilogramo,
mientras que aquí estamos en torno a esas 188 pesetas.
Nosotros, desde Izquierda Unida, queremos dejar claro que esta
penalización es consecuencia de los acuerdos de la Comisión de la Unión
Europea, que no tuvo en cuenta el dictamen del Parlamento Europeo
elaborado en torno al Informe Jové sobre la reforma de la OCM del aceite
de oliva, donde se contemplaba la producción real de cada país con
derecho a ayudas.
Por eso, desde Izquierda Unida, nos sentimos en la obligación de recordar
lo que significa falta de peso político. Entendemos que en los sucesivos
Gobiernos de España ha habido falta de peso político ante la Unión
Europea, así como falta de influencia en sus homólogos de la Unión
Europea en todo lo referente al proceso de reforma de la OCM del aceite.
Por otra parte, quiero hacer una reflexión. Consideramos que la
confrontación existente es un espectáculo que debe concluir cuanto antes.
Por citar dos casos concretos, me referiré a la confrontación entre el
Gobierno del Estado y el de la Junta, que no se han puesto de acuerdo ni
con respecto a los temas de aforos ni con la valoración de la cantidad de
producción de aceite en la pasada campaña, lo cual no ha hecho más que
evidenciar que son incapaces de utilizar la coordinación y la confluencia
de intereses en la defensa del aceite de oliva.
Desde Izquierda Unida le pedimos al Gobierno del Estado que sea
beligerante con el control de la producción de aceite de la campaña
1998-99 en Italia y Grecia. El objetivo es que el 20 por ciento de los
excedentes, por no haber conseguido los cupos de producción asignados a
dichos países, puedan revertir en España, y así posibilitar que la
penalización sea menor en este sector.
Quiero hacer, también, un llamamiento a los dos Gobiernos, al del Estado
y al de la Junta de Andalucía, para que colaboren y trabajen con unidad
de criterios en el tema de los aforos y en la valoración de la producción
de la correspondiente campaña. Es más, les pediría esa colaboración
para conseguir un marco favorable que nos permita el diseño de una
estrategia unitaria --y esto es lo más importante-- de cara a la próxima
negociación de la reforma definitiva de la OCM del aceite, así como para
defender las posturas y posiciones más favorables para todo el sector.
Desde Izquierda Unida consideramos que ambos Gobiernos deberían trabajar
en línea con las asociaciones agrarias y cooperativas. Se trata de poner
en marcha estructuras generadoras de valor añadido para el sector del
aceite, como el envasado o la comercialización, e incluso la entrada en
funcionamiento de una exportadora ligada a fuertes redes de distribución
en toda Europa que también nos permita hablar de distribución en Estados
Unidos, Canadá, Japón, América Latina, etcétera.
Para terminar quiero referirme a algo que ya tendremos oportunidad de
debatir en la moción que, sin duda, se presentará como consecuencia de
esta interpelación. Apelo a ambos Gobiernos para que, junto con las
Consejerías de Agricultura de todas las Comunidades Autónomas del Estado,
impulsen una iniciativa para consensuar un reglamento que module las
ayudas agrarias en nuestro país buscando el beneficio de los pequeños y
medianos agricultores, de las exportaciones agrarias y del empleo. Y ese
llamamiento a la coordinación y la cooperación --que no me cansaré de
mencionar-- lo está necesitando el sector y lo estamos necesitando todos
en este país.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Román Clemente.
¿Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo de Convergència i Unió? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el Senador Rodríguez Cantero.
El señor RODRIGUEZ CANTERO: Gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir con muchísima brevedad, señor Ministro. Hoy mismo se
celebra el Comité de gestión de materias grasas, y me gustaría que nos
dijera qué mecanismos de seguimiento tienen los representantes españoles
para llevar a cabo el control de las declaraciones de cosechas del resto
de los países miembros, declaración que todavía no han hecho tres o
cuatro países.
En segundo lugar, le he preguntado sobre el modelo de gestión para la
infraestructura de almacenamiento del patrimonio comunal olivarero, pero
creo no haber escuchado ninguna referencia al respecto por su parte.
Por último, decía antes el portavoz del Grupo Mixto que se presentaría
una moción consecuencia de esta interpelación. Sin embargo, señor
Ministro, si en este momento usted se compromete a anunciar plazos, la
planificación y la estrategia del inicio de contactos, conversaciones y
negociaciones con el sector, con las Comunidades Autónomas y con los
órganos de representación política, mi Grupo no pedirá que se presente
esa moción. Pero si no lo hace, o su respuesta no es satisfactoria, ¡qué
quiere que le diga!, no se trata de una obsesión ni tampoco de
ofuscación, sino que nuestra obligación es seguirle preguntando y
presentar la moción consecuencia de esta interpelación.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el Senador Atencia tiene la palabra.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Gracias, señor Presidente.
En este turno de portavoces me gustaría haber escuchado del representante
del Grupo Socialista el reconocimiento sobre cómo se hicieron las cosas
para conseguir una buena OCM del aceite de oliva que mejorara la posición
de España y del sector olivarero en relación con la situación anterior.
También me hubiera gustado oír --bien en la presentación de la
interpelación, bien en el turno de portavoces-- que el señor Rodríguez
Cantero reconocía, al margen de las cuestiones que ustedes quieran
plantear, que la OCM fue beneficiosa para el olivar español y que ha
significado una garantía de futuro para los olivareros españoles.
Ha perdido usted una oportunidad de oro para hacerlo en esta Cámara,
porque ustedes han dicho muchas cosas por muchos lugares de España, pero,
sobre todo, por mi tierra andaluza. Han dicho que el campo andaluz iba a
quedar como un desierto, que se iban a abandonar los pueblos, y que los
olivareros recibirían menos ayudas.
En cuanto a lo primero, ha quedado demostrado que es absolutamente falso.
Una vez que quedó aparcada la ayuda al árbol --que, por cierto, defendían
algunos de sus compañeros-- y después de que se estableciera la ayuda a
la producción los jornales y el trabajo en el campo han quedado
garantizados. Además, con la vigente OCM del aceite de oliva las ayudas
serán mayores y más importantes, como acaba de demostrar el señor
Ministro. En estos momentos hay unas ayudas récord, y ésa es una
realidad. Por otro lado, los mejores garantes de ello son los propios
olivareros, con los que usted y cualquiera puede hablar.
Por tanto, después de dos años --desde 1996 a 1998-- en los que ustedes
han estado diciendo todo tipo de cosas, deberían ser más prudentes al
analizar estos temas. Porque han estado dos años luchando contra los
intereses de España y de los olivareros españoles. Han estado dos años
tratando de utilizar --pretendiendo obtener unos votos o réditos
políticos-- el olivar andaluz, el olivar español. Han estado dos años
diciendo lo que usted ha manifestado antes respecto de la situación del
campo andaluz. Por cierto, ha dicho usted: Nosotros, la Junta de
Andalucía... No sabía que usted representara aquí a la Junta de Andalucía
como Gobierno, a la cual yo represento como institución al representar a
su Parlamento.
Pues bien, el Gobierno de la Junta de Andalucía, de forma irresponsable
--como han el señor Plata, el señor Zarrías y otros compañeros suyos--,
ha estado poniendo chinitas en el camino de la negociación del Gobierno
de
España. Con su actitud irresponsable y partidista ha estado dificultando
y debilitando la posición española en esta reforma. A pesar de todo, a
pesar de que en el Parlamento de Andalucía ustedes votaron una iniciativa
reclamando una cantidad máxima garantizada inferior --me refiero a 1996--
a la que finalmente es reconocida para el conjunto de la Unión Europea; a
pesar de que en el Parlamento Europeo ustedes se quedaron solos, votaron
en contra de los intereses de España y del olivar español; a pesar de
todo eso la OCM del aceite de oliva es beneficiosa para los intereses
generales de España.
Sé, señor Rodríguez Cantero --lo digo con el mayor respeto-- que usted
está obsesionado con una serie de cuestiones, con las campañas, etcétera.
¿Por qué no reconoce la realidad? Me parece correcto que plantee
cuestiones de futuro y el señor Ministro se lo ha reconocido. Es verdad
que desde la posición española había cuestiones que queríamos se
incorporaran en la OCM y lógicamente todo no se puede incorporar en una
negociación, pero debe reconocer que la situación de la que partíamos en
el año 1996, cuando el Gobierno de don José María Aznar alcanza la
investidura, era una posición muy mala para el olivar español, y la
posición alcanzada finalmente ha sido muy beneficiosa, y lo más
importante de todo es que es una garantía de futuro. Por lo tanto, es ahí
donde deberíamos situarnos. Es verdad que se nota demasiado que ustedes
querían que las cosas salieran mal para decir: como han salido mal,
podemos criticar al Gobierno. Hay que ser más coherentes, y si queremos
defender el olivar español, debemos defender posiciones; aunemos los
intereses generales y busquemos al final soluciones que beneficien al
conjunto.
Señoría, el acuerdo que se alcanzó y la realidad de cada año demuestra
que fue un buen acuerdo, que las ayudas son mejores, que se incorporó la
aceituna de mesa, que se excluyó la ayuda al árbol y, señor Rodríguez
Cantero, hay una cantidad máxima garantizada que supera lo que ustedes
han venido defendiendo. Reconózcalo, hay más ayudas que con la antigua
OCM. Por lo tanto, señorías, se mire como se mire, la OCM del aceite de
oliva fue beneficiosa para los olivareros de España. El Gobierno de la
nación, con el respaldo de los olivareros españoles, lo hizo bien. Fue
una negociación difícil, ardua, tenaz, pero llevada inteligentemente.
Ustedes deben reconocerlo. Los olivareros salieron sin duda ganando, como
hoy reconocen en todos los campos de España y Andalucía. Los únicos que
perdieron fueron ustedes.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Atencia. (El
señor Rodríguez Cantero pide la palabra.) Senador Rodríguez Cantero, ha
concluido el turno de portavoces.
El señor RODRIGUEZ CANTERO: Es para hacer una declaración, pues el señor
Atencia ha contradicho lo que he afirmado.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Están agotados los turnos. ¿En
base a qué pide intervenir?
El señor RODRIGUEZ CANTERO: Por el artículo 87.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Tiene la palabra por tiempo de
un minuto.
El señor RODRIGUEZ CANTERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Atencia, en primer lugar, no les diga a los olivareros que esta OCM
es el futuro porque se ponen a temblar; están esperando todos que llegue
el día 1.í de noviembre de 2001 para cambiarla. En segundo lugar, ese
tono populista y ese espantajo de echar la culpa a los demás me recuerda
mucho a otras épocas, y sobre todo me recuerda a la señora Loyola de
Palacio. No la imite usted, que fracasó.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Rodríguez
Cantero. (El señor Atencia Robledo pide la palabra.) Senador Atencia,
tiene la palabra por tiempo de un minuto, en base al artículo 87.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Gracias, señor Presidente.
Señor Rodríguez Cantero, en primer lugar, yo he afirmado --y mantengo--
que la OCM es una garantía de futuro; ustedes son una garantía de pasado.
En segundo lugar, me siento honrado de que me compare usted con la señora
Loyola de Palacio. Lo hizo bien como Ministra de Agricultura, estoy
seguro de que lo va a hacer bien en la Comisión Europea ganó las últimas
elecciones europeas encabezando la lista, y ustedes perdieron.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Atencia.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Posada Moreno):
Muchas gracias, señor Presidente.
No voy a hacer referencia a lo que fue la discusión de la OCM y sus
resultados, ya que el señor Atencia, Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, lo ha dejado todo claro. Vamos a hablar un poco hacia el futuro.
En efecto, en el futuro yo pretendo tener un control de lo que ocurre en
otros países y estar muy encima para que, cuando lleguemos a discutir, en
noviembre del 2001, la nueva configuración de la OCM, sepamos cuáles son
las producciones reales; y de la misma forma que quiero que España dé
datos exactos y buenos, quiero que lo aporten otros países.
Por supuesto que estoy abierto a hablar con todos, en primer lugar, con
la Junta de Andalucía. No tengo ningún inconveniente en hablar y en
consensuar posturas porque creo que es necesario para las actuaciones. Si
no he nombrado a la Junta de Andalucía cuando he nombrado a Castilla-La
Mancha es porque no ha suscrito el programa Tierra.
Estamos abiertos a la colaboración con todas las Comunidades Autónomas
porque no puedo concebir una política agraria desde el Gobierno central
que no tenga en cuenta a las Comunidades Autónomas, por competencias, por
funcionarios y porque así es como debemos actuar todos. Por lo tanto,
estoy abierto a la colaboración.
¿Vamos a iniciar negociaciones con el sector?
Naturalmente. El Senador Rodríguez Cantero me pregunta si le puedo dar
plazos de programación. No se los puedo dar porque estarán en función de
los datos que vayamos obteniendo nosotros en la agencia del olivar, y de
lo que sea necesario en cada caso pero, desde luego, sí estoy abierto, y
quiero que ese proceso se produzca.
Les voy a hablar ahora sobre dos temas a los que no me referí antes. El
primero es el de la carta que mandé en mayo; en ella daba una cifra que
luego se ha rebajado un poco, pero quiero insistir en un punto que es muy
importante, que al lado de la cantidad --que creo recordar que era de
202--figuraba entre paréntesis que era una estimación. Quedó claro que,
en ningún momento, estaba asegurando esto, por tanto, aunque no acerté
tampoco erré.
El segundo tema es el de homologación. Este tema es mucho más
trascendente que el del aceite de oliva, mucho más, trasciende a este
cultivo porque afecta a todos. Es uno de los problemas graves que tenemos
planteados. Es un problema o una oportunidad --según se mire-- porque los
estados tenemos la capacidad de decidir. Hay estados que no van a
modular, como Inglaterra o Alemania y otros, como Francia, sí lo van a
hacer. Nosotros tenemos que estudiar este tema porque tiene
características técnicas, económicas e ideológicas --es un tema
ideológico-- y, por lo tanto, no es un tema neutro y no lo pueden
resolver los técnicos. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos teniendo
reuniones de subdirectores, funcionarios con mucho prestigio y muchos
años en el Ministerio, con organizaciones agrarias, con sindicatos
agrarios para dar opiniones que luego han de ir al Parlamento, como
aprobó el Congreso en una moción unánime, y allí habrá que hablar. (El
señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.) Todo tiene
ventajas e inconvenientes, no es un tema sencillo. ¿Quién debe
establecerlo? Debe ser el propio Parlamento; no se puede establecer por
orden ministerial ni por decreto, ha de ser por una ley, pero todo eso es
opinable y, por lo tanto, lo podemos introducir en esa Organización Común
de Mercado.
Quiero terminar diciendo que vamos a mirar hacia el futuro, que tenemos
una Organización Común de Mercado del aceite de oliva que es una garantía
de futuro --aunque luego haya que cambiarla o modificarla, en este
momento es una garantía de futuro-- y así lo ven los olivareros y así lo
da el mercado, no de las tierras porque hay una conexión entre la renta y
la tierra, pero la hay también en las nuevas plantaciones, en las
inversiones que se hacen por los mismos propietarios; es decir, hay una
situación de esperanza y tenemos que conseguir --entre todos-- que esa
esperanza se convierta en una realidad en noviembre del 2001.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DOÑA FRANCISCA PLEGUEZUELOS AGUILAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LOS EFECTOS NEGATIVOS QUE, EN MATERIA DE INVERSIONES
PUBLICAS EN INFRAESTRUCTURAS, HA SUPUESTO LA APLICACION DEL MODELO DE
FINANCIACION DE ABONO TOTAL DEL PRECIO EN LA CONTRATACION DE OBRAS DE
CARRETERA (670/000147).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): La siguiente interpelación la
formula la Senadora doña Francisca Pleguezuelos Aguilar, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre los efectos negativos que, en materia de
inversiones públicas en infraestructuras, ha supuesto la aplicación del
modelo de financiación de abono total del precio en la contratación de
obras de carretera.
Tiene la palabra la Senadora Pleguezuelos Aguilar.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señorías, no es la primera vez que en esta Cámara
hablamos del modelo alemán de financiación de inversión de la obra
pública y, por tanto, no es la primera vez que el Grupo Parlamentario
Socialista le interpela a usted, señor Arias-Salgado, sobre esa fórmula
que su Gobierno --el Gobierno popular-- nos trajo a las Cámaras, por
primera vez, en el debate presupuestario de 1997.
Si el Grupo Parlamentario Socialista ha traído a debate este tema en
varias ocasiones es porque nos preocupa; nos preocupa que se financien
infraestructuras hidráulicas y carreteras, y que se hagan --ya lo hemos
dicho en varias ocasiones-- de espaldas al Parlamento; nos preocupa que
se financien esas inversiones con dinero público sin que participen estas
Cámaras en la decisión, el lugar, el sitio y el porqué de esas
inversiones y no otras. Nos preocupa, en definitiva, que este
procedimiento administrativo, como hemos confirmado en más de una
ocasión, fomente la arbitrariedad de quien lo utiliza, es decir, de los
ministerios sobre los que descansa fundamentalmente la inversión pública.
Me refiero, cómo no, al de Medio Ambiente y a su propio Ministerio, el de
Fomento.
Nos preocupa, señor Ministro, porque la discrecionalidad para poder decir
dónde van o dónde se colocan las inversiones en infraestructuras es la
primera piedra de la discriminación territorial y del agravio comparativo
entre Comunidades Autónomas, que ustedes, sin duda, son auténticos
expertos en fomentar, y lo hemos comprobado en estos años de gobierno.
Nos preocupa, por tanto, esta fórmula de financiación de obras y
actuaciones públicas porque también entraña riegos económicos de futuro,
y lo hemos denunciado igualmente desde esta tribuna. Nos preocupa que el
sistema alemán de peaje en sombra o también llamado de canon a la
demanda, bajo esa apariencia de eludir cualquier
endeudamiento, lo que realmente hace es consumir los presupuestos de años
venideros en términos tales que, si no se hace un uso restrictivo de este
procedimiento, podría llegar a ser alarmante. Lo decía usted mismo y lo
hemos hablado en esta Cámara en varias ocasiones.
Desde el debate presupuestario de 1997 mi Grupo viene alertando a usted y
a su Gobierno de todas estas preocupaciones y de los riesgos que entraña
ese modelo que ustedes nos vendieron como la panacea para resolver
algunos problemas que teníamos. Nosotros les avisamos de todo ello y hoy,
tres años después, se han confirmado, y para mal, todas y cada una de las
sospechas que teníamos los socialistas.
En primer lugar, sospechamos --y le alertamos-- que era difícil que el
modelo alemán de financiación le permitiera al señor Aznar, al señor Rato
y a usted mismo cuadrar el círculo. Cuadrar el círculo de poder compensar
el elevado recorte de la inversión pública por la que ustedes han ido
apostando en los sucesivos presupuestos, y cumplir al mismo tiempo los
objetivos concretos de déficit público para los años 1997 y 1998. Sobre
todo, señor Ministro, y esto es importante, cuadrar este círculo, hacer
ambas cosas, sin un elevado coste económico y social para los ciudadanos,
que son al final quienes vienen pagando sistemáticamente las políticas
erráticas y sectarias de su Gobierno y, por supuesto, casi con más
incidencia, de su propio Ministerio.
En segundo lugar, señor Arias-Salgado, sospechamos --y lo denunciamos
también desde esta tribuna-- que este modelo de financiación
extraparlamentaria, creado «ad hoc» para aplazar el déficit, tendría
efectos perversos en términos económicos y en términos políticos. Yo le
voy a dar algunas ejemplos. ¿Es o no un efecto político perverso hurtar
al Parlamento el debate o la decisión de dónde, cuándo, por qué se
invierte el dinero público, con qué prioridad, con qué programación, con
qué criterio administrativo, orgánico y político? ¿Acaso ha hecho usted
eso, señor Arias-Salgado? ¿Acaso se han debatido esas cuestiones en esta
Cámara y en el Congreso? ¿Acaso hemos decidido en este Parlamento las 16
obras en carretera que usted ha adjudicado en esos dos años 1997 y 1998
con su modelo de pago aplazado? No, ¿verdad? Esas inversiones se han
decidido fuera de las paredes de las Cortes Generales. Esas inversiones
se han producido también al margen de los intereses de los ciudadanos a
los que representamos todos y cada uno de los que estamos aquí. Muy al
contrario de lo que ha ocurrido cuando usted ha utilizado este modelo de
financiación como instrumento electoral al servicio de su Gobierno y de
los intereses de su partido político y, si no, sólo le voy a recordar, y
muy de pasada, sus propias palabras en aquella famosa acta interna de la
Comisión Nacional de Infraestructuras del Partido Popular, que en febrero
del año pasado se filtró a la prensa y a las manos de todas las fuerzas
políticas de este país.
Y no hablemos, señor Ministro, de lo que también usted mismo nos alertó
en esa reunión de la que antes le hablaba, cuando decía que esta acción
administrativa podía ser un instrumento peligroso en manos --decía
usted-- de los ayuntamientos, de las Comunidades Autónomas y del propio
Estado, porque, además de fomentar la arbitrariedad y la
discrecionalidad, podía --como así ha sido-- hipotecar presupuestos
futuros, afirmación que usted hizo en privado pero que tengo que
reconocer que finalmente su Gobierno ha asumido en público como postura
oficial del mismo, es decir, hipoteca presupuestos futuros.
Señorías, hace tres años que les anunciamos ya que todos estos peligros
se iban a producir y que se iba a ir por el peor de los derroteros, por
el peor de los caminos posibles, y hoy los podemos confirmar uno a uno.
Como usted mismo decía en esa reunión, este modelo podía ser una
catástrofe, y hoy podemos concluir --y creo que usted lo confirmará
también-- que, en efecto, es una catástrofe y una catástrofe que nos ha
costado cara, que va a costar cara y que está costando cara.
Es caro, señor Ministro, muy caro, en términos políticos --lo hemos
analizado--, pero también lo es en términos económicos. Y ya no hablamos
de sospechas, de entelequias, de avisos, de riesgos, sino de realidades.
Ya han transcurrido tres años, usted ha dispuesto durante los ejercicios
de 1997 y 1998 de ese instrumento, ha aplicado el modelo y ha tenido
tiempo suficiente como para poder evaluarlo aquí, donde corresponde, en
el Parlamento.
Yo le pregunto: ¿ha echado usted cuentas, señor Ministro, de cuánto ha
costado al erario público demás esas 16 obras que se han adjudicado en
carreteras por el método de abono total de precio durante esos dos años,
1997 y 1998? ¿Ha echado usted cuentas de lo que nos hubieran costado esas
mismas obras mediante el procedimiento habitual de pago contra las
certificaciones de obras realizadas? Si usted no lo ha hecho, yo sí se lo
puedo decir, porque mi Grupo sí se ha entretenido en hacer un trabajo
riguroso y serio del coste de este modelo.
Podemos afirmar --lógicamente, la comparación está hecha respecto de las
obras que se pueden comparar, es decir, donde efectivamente se puede
aplicar el modelo, obviamente, con más de 4.000 millones de pesetas-- que
el coste efectivo que tiene que pagar la administración, es decir, con
dinero de todos, es superior al 96 por ciento del valor de adjudicación
en este caso, y usted sabe que eso es más caro de lo habitual, como lo
sabemos todos los que estamos en esta Cámara, porque sabemos cómo se
produce el proceso económico de adjudicación de la obra y cómo,
finalmente, esa contratación tiene unos costes a la baja sobre la
licitación, y cómo las compensaciones financieras no son en el primero de
los casos importantes y sí lo son en el procedimiento alemán.
¿Por qué? Según ese estudio --le puedo dar los cuadros, por si no dispone
de ellos--, si se hace por el método habitual, las obras que se adjudican
con una baja media superior son del 20 por ciento --y estoy comparando
exclusivamente las obras que usted ha licitado en ese período, no me
refiero a otras--. Si por el procedimiento habitual tienen una baja media
del 20, cuando lo analizamos en el método alemán, no se llega ni
remotamente al 10 por ciento de media --de media, porque hay obras que no
llegan siquiera ni al uno por ciento de baja--, Por tanto, ahí hay un
coste económico efectivo que hoy debe usted valorar aquí. Y, por
supuesto, hasta llegar a ese 96 por ciento de
coste efectivo hay que añadir la compensación financiera, que sí es
relevante en este método alemán o de abono total de precio.
Por tanto, señorías, no tengan dudas de que el modelo alemán, además de
las sospechas políticas que teníamos de que era un instrumento
arbitrario, discrecional, de aplazamiento del déficit, para hipotecar
presupuestos futuros, además de todos esos riesgos políticos, ha tenido
un coste económico y un consiguiente efecto dominó sobre el volumen total
de contratación de la obra pública, que, a su vez, como todos sabemos,
tiene una incidencia negativa en el desarrollo económico y en el empleo
de los territorios donde fundamentalmente y de forma muy sustancial se ha
reducido el volumen de inversión en infraestructura.
¿Es o no un desastre económico? Ni siquiera ya quiero valorar si lo es
político. ¿Es o no una hipocresía política que, con el dinero de todos,
de otras, generaciones incluso, se financien inversiones públicas que no
decidimos aquí?
A todo esto hay que añadir, señor Arias, la caída del ritmo inversor en
infraestructuras que hemos sufrido, especialmente en los primeros
presupuestos. No hablamos de los que presentaron ustedes hace unos días
que, sin duda, tienen un tinte tan electoralista que ya tendremos tiempo
de debatirlo, de quitarle el maquillaje, aplicarle lo que en cosmética se
llama limpieza de cutis y le aseguro que van a salir muchas cosas, entre
otras, que ustedes escriben en los presupuestos y luego no ejecutan esas
inversiones.
Señor Ministro, nosotros pretendemos con nuestra interpelación que haga
una valoración de todos esos efectos. Creemos que usted ha tenido tiempo
suficiente para hacerlo.
Quiero que me despeje usted algunas incógnitas. ¿Considera que esta
fórmula de financiación se debe aplicar con frecuencia, o de forma
coyuntural, como han hecho algunos países; la abandonamos
sistemáticamente o compensa su aplicación para resolver algunas
actuaciones, como poder cumplir los objetivos de convergencia con el
coste que sea? En definitiva, despéjeme esas dudas, que creo que este
Parlamento merece conocer su opinión al respecto.
El desastre del modelo alemán no es un desastre aislado que se haya
producido aquí --es verdad que usted no lo inventó, aunque pertenezca al
equipo económico de su Gobierno--, sino que hay que añadirlo a todos y
cada uno de los desastres a los que usted nos tiene acostumbrados. Basta
con recordar que usted decía que el objetivo fundamental de la reforma de
la Ley del Suelo era abaratar la vivienda, y hoy podemos decir --ya
tenemos estudios-- que ha subido y que se aproxima al 12 por ciento.
Fueron las primeras medidas que adoptó su Gobierno y que le afectaban a
usted.
¿Qué decir del desastre del dirigismo y del sectarismo de las
telecomunicaciones? ¿Qué decir del desastre aeroportuario?
Si a todos esos desastres les sumamos éste, en el que sólo tiene una
parte de culpa, pues la comparte con otra Ministra y con el equipo
económico, lo que sí puedo decirle, señor Arias, es que son muchos. Y hay
que añadir que hasta la fecha usted ha sido el único Ministro al que se
le ha presentado una reprobación parlamentaria que, aunque, desde luego
no prosperó, sí le puedo decir que los ciudadanos de este país, que son
los sufridores de sus desastres, sí que le han reprobado hace tiempo y le
han pedido al señor Aznar --lo que le dije aquel día-- que sea sustituido
por otro, que ponga a otro que dé la cara, que gestione mejor y, sobre
todo, que dé cuenta a las Cámaras de lo que hace con un estilo diferente
al suyo.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senadora
Pleguezuelos.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señorías, es una pena que siempre terminen ustedes las interpelaciones y
las intervenciones con una serie de declaraciones «ad hominem», que no
tienen ninguna relación con la interpelación que se presenta. Lamento
mucho se tono final.
Es el segundo debate que tenemos sobre el llamado modelo alemán y sobre
la inversión pública durante el Gobierno del Partido Popular, pero me
temo que su señoría sigue sin entender lo que es el modelo alemán. Ha
hecho afirmaciones genéricas y, apenas, se ha apoyado en ningún dato.
Señoría, con datos rigurosos de la Contabilidad Nacional de España y de
la Intervención General, le voy a describir brevemente lo que ha sido el
esfuerzo inversor del sector público español y, dentro de él, del
Ministerio de Fomento, en los años de Gobierno del Partido Popular. Y son
cifras que elaboran organismos dotados de autonomía por mandato de la
ley.
El esfuerzo inversor público como consecuencia del proceso hacia la Unión
Monetaria disminuyó en todos los Estados miembros de la Unión Europea, y
no hay más que ver el esfuerzo inversor que realiza el sector público
estatal en los últimos años del Gobierno socialista.
En todo caso, en el año 1995, señoría --Gobierno socialista--, el
esfuerzo inversor del sector público estatal asciende al 3,07 por ciento
del producto interior bruto. En 1996 --presupuestos prorrogados--, el
esfuerzo inversor desciende al 3 por ciento del producto interior bruto.
Y en 1997 --año de ajuste--, para hacer frente al brutal déficit del
sector público que ustedes dejan, la inversión pública del sector estatal
desciende al 2,72 por ciento del producto interior bruto, y realizado el
ajuste, señoría, y lo voy a ir demostrando, se produce un incremento
espectacular de la inversión pública como consecuencia de una política
económica acertada, dentro de ella de una política presupuestaria
enormemente rigurosa y también acertada, y dentro de esa política
presupuestaria una política de inversión en infraestructuras al servicio
del interés general.
El hecho es que en 1998 se supera ya el porcentaje en términos de
producto interior bruto del año 1995 y pasamos al 3,09 de inversión
pública sector estatal. En 1999 se pasa al 3,15 del producto interior
bruto y en la previsión de los presupuestos del año 2000, presentados ya
en la Cámara, se asciende al 3,37 del producto interior bruto.
En cifras nominales también el ajuste primero y el crecimiento después es
absolutamente espectacular. En el año 1995, 2 billones 236.,000 millones
de pesetas de inversión pública. En el año 1996, 2 billones 310.000
millones. En el año 1997, 2 billones 225.000 millones. En el año 1998, 2
billones 686.000 millones. En el año 1999, 2 billones 915.000 millones.
En el año 2000 --previsión de los presupuestos presentados--, 3 billones
299.000 millones de pesetas, como consecuencia de una política económica
acertada.
Es decir, señoría, la inversión pública disminuye en España entre 1994 y
1997, como en todos los Estados miembros de la Unión Europea, porque se
exigía para entrar en la Unión Monetaria. A partir de 1997, como
consecuencia de un ajuste presupuestario bien hecho, se produce una
recuperación espectacular de la inversión pública.
Por eso, señoría, tiene también interés resaltar los porcentajes de
variación anual de la inversión que hace el sector público estatal. En el
año 1995 sobre el 1994, en términos de producto interior bruto, por tanto
tasa negativa, la inversión cae un menos 2,4 por ciento, --Gobierno
socialista-- en el año 1996 sobre 1995, año electoral, vuelve a dar un
dato positivo, 3,3 por ciento del producto interior bruto; en el año 1997
sobre 1996 menos 3,7 por ciento; el 1998 sobre el 1997 más el 20,7 por
ciento; y el año 1999 sobre 1998, 8,5 por ciento, y el 2000 sobre 1999
previsión de los presupuestos presentados, incremento del 13,2 por ciento
de crecimiento anual.
Simultáneamente a este fuerte incremento de la inversión pública del
Estado, se produce una reducción del déficit, porque lo que no ha hecho
este Gobierno es lo que hicieron ustedes. Ustedes reducían la inversión
pública e incrementaban el déficit. Este Gobierno ha reducido el déficit
al tiempo que incrementaba la inversión pública, y esa es la diferencia
entre su política económica y presupuestaria y la política económica y
presupuestaria que practica este Gobierno.
Y las cifras están ahí, señoría. En 1995 ustedes dejan un déficit del 7,1
por ciento en los presupuestos del Estado. En seis meses del año 1996
--ajuste presupuestario realizado ya por el nuevo Gobierno-- se reduce al
4,5 por ciento. En 1997 se reduce al 2,4 por ciento. En 1998 al 1,7 por
ciento. Y en 1999 --año en el que la previsión inicial era del 1,6 por
ciento de déficit quedará, finalmente --al término de este ejercicio--,
en el 1,4, lo que permite pensar que a finales del año 2000 el déficit
del presupuesto será del 0,8 por ciento.
Por tanto, hay una reducción espectacular del déficit en los mismos años,
señoría, en que se produce un incremento igualmente espectacular de la
inversión pública.
A la hora de valorar el esfuerzo inversor del Estado y del Ministerio de
Fomento, tenga usted en cuenta que desde el año 1997 se cumple plenamente
la llamada regla de oro de las finanzas públicas, ya que las inversiones
de las administraciones públicas han sido superiores al déficit, lo cual
es ortodoxia y, a su vez, capacidad del Estado para invertir en
infraestructuras y atender a los intereses generales de esa manera.
Le puedo enseñar un gráfico muy claro que en columna muestra como
evoluciona la inversión del Estado, pero no toda la inversión pública,
sino la inversión del Estado en infraestructura. (El señor Ministro
muestra un gráfico a la Cámara.) Empieza señoría, en 1995, año de
gobierno socialista. En 1996 --seis meses de Gobierno del Partido
Popular-- empieza el ajuste. En 1997 continúa el ajuste. Realizado el
ajuste presupuestario con éxito, se dispara la inversión pública en
infraestructuras.
En el año 2000 --le doy la cifra que contienen los presupuestos recién
presentados por el Gobierno crecerá la inversión del Estado en
infraestructuras en un 7,7 por ciento y ascenderá --en términos
nominales-- a un billón 208.000 millones de pesetas. Es decir, en el año
2000 se invertirán en infraestructuras la friolera de un cuarto de billón
largo más de lo que invirtieron ustedes en el año 1995.
Le puedo decir también muy brevemente --para no ser demasiado prolijo--
lo que ha supuesto la inversión del Ministerio de Fomento en estos años.
En 1994 --medida la inversión del Ministerio en porcentaje de producto
interior bruto-- ascendió al 1,21. En 1995 al 1,17. En los años 1996 y
1997, que fueron de ajuste, bajó al 1,16 y al 1; a partir de 1998 al
1,12; en 1999 será del 1,19 y del 1,24 en el año 2000.
En pesetas corrientes, en el año 1997 el Ministerio de Fomento invirtió
780.000 millones de pesetas; en el año 1998, 925.000 millones de pesetas;
en el año 1999, un billón 37.000 millones de pesetas; y en el año 2000
invertiremos un billón 142.000 millones de pesetas, de los cuales un
billón 106.000 millones de pesetas serán inversiones en infraestructura.
La previsión presupuestaria en el año 2000 sobre el año 1999, la
inversión del Ministerio de Fomento en infraestructuras crecerá un 33,35
por ciento, sin contar el modelo alemán.
Señoría, ése es el efecto de una política económica acertada --insisto en
ello--, de una buena política presupuestaria y, finalmente, de una
política de inversión pública dentro del esquema económico y dentro del
esquema presupuestario que ha sido coronada por el éxito.
En ese esquema, señoría, todas las cifras y afirmaciones que usted ha
hecho sobre el esfuerzo inversor del Estado o del Ministerio de Fomento
se caen solas. Son afirmaciones retóricas, son afirmaciones demagógicas
que no están basadas en un solo dato mínimamente fehaciente. Todos los
datos que yo le he dado están o bien en la contabilidad nacional de
España o bien en los informes de la Intervención General del Estado y son
los datos más fidedignos con los que cuenta el sector público.
Vamos a hablar del modelo alemán, que usted califica como catastrófico y
como desastroso, aparte de enumerar, una tras otra, una suma de
catástrofes que no son visibles, quizá las vea usted, pero la inmensa
mayoría de los ciudadanos no las ven. El modelo alemán es ante todo
financiación privada y pago presupuestario aplazado, y es una fórmula
inteligente para, por razones básicamente de política económica, hacer
frente a un ajuste presupuestario que reduce los gastos de inversión y
aporta a la tasa de crecimiento de la economía nacional unas décimas
enormemente importantes y significativas.
En segundo lugar, el modelo alemán es absolutamente transparente y se
discute si hay inversión en los mismos términos que cualquier otra
inversión presupuestaria, porque la lista de inversiones viene en el
anexo de inversiones de los Presupuestos Generales del Estado, lo que
ocurre es que no especifican la cantidad porque, como la financiación es
privada, cuando aparece la lista de la inversión aparece sólo el lugar
geográfico donde la inversión se realiza o la infraestructura que va a
ser costeada con el modelo alemán sin que al lado aparezca cantidad
alguna.
En tercer lugar, señoría, es inversión productiva, no se olvide de ello.
Crea infraestructuras nuevas, genera crecimiento económico y además
contribuye a crear empleo.
En cuarto lugar, vuelve a confundir los efectos del modelo alemán. El
modelo alemán no genera déficit, simplemente aplaza el pago, y no genera
déficit porque la financiación es privada. Déficit es gastar más de lo
que se tiene y el modelo alemán no supone gastar más de lo que se tiene,
supone gastar exactamente lo que se tiene; gasto lo que tengo y lo que
ocurre es que pago algún tiempo después, y eso no es déficit, es
simplemente pago aplazado. Para que quede absolutamente claro, señoría,
las obras se están realizando y el pago, de acuerdo con el esquema
presupuestario, se realiza en el año 2000, el año que viene se realiza un
pago de 13.400 millones de pesetas; en el año 2001 se realiza un pago de
104.000 millones de pesetas, año 2002 se realizará un pago de 73.000
millones de pesetas, y ahí termina el pago del modelo alemán. En tres
años hemos podido anticipar una inversión, y con cargo al capítulo 6 del
Ministerio de Fomento, Presupuesto ordinario, se irá abonando el modelo
alemán a medida que se entreguen las infraestructuras encargadas.
Señoría, las afirmaciones negativas que ha realizado sobre la aplicación
del modelo alemán tampoco se tienen en pie. Dice usted que hemos
utilizado el modelo alemán como mecanismo de discriminación territorial.
Yo le voy a dar la suma de las inversiones hechas a través del modelo
alemán: Andalucía, 30.000 millones; Extremadura, 14.000 millones;
Castilla-La Mancha y Murcia, 40.000 millones, y Aragón, 27.000 millones.
Es obvio que acabo de citar las zonas más desarrolladas de España.
De los 190.000 millones que suman los dos programas ejecutados a través
del modelo alemán, 111.000 millones se están invirtiendo en estos
momentos en las regiones menos dotadas de infraestructura en España.
Fíjese usted hasta qué punto estamos discriminando territorialmente a
determinadas regiones a través de la inversión que se realiza con el
modelo alemán.
En segundo lugar, riesgo de futuro, ninguno.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señor Ministro, termine.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Termino, señor
Presidente.
Está previsto el pago dentro del capítulo 6 del Ministerio de Fomento en
los años 2000, 2001 y 2002, y ahí se terminará el pago del modelo alemán,
que tiene dos programas que ascienden a 190.000 millones de pesetas y,
por-tanto, lo único que ha hecho ha sido demorar el pago de un porcentaje
mínimo del capítulo 6 del Ministerio de Fomento. En el peor de los
supuestos, señoría, el capítulo 6 del Ministerio de Fomento tendrá
aproximadamente 400.000 millones en el año 2000, otros 400.000 en el año
2001 y otros 400.000 en el año 2002. Es decir, que hemos vinculado
190.000 millones de pesetas de un total de un billón 200.000 millones
millones de pesetas. Fíjese usted hasta qué punto hemos arriesgado el
futuro. No hurta nada al Parlamento, se discute todo, como lo estamos
discutiendo aquí ahora, y ya le digo que la lista de inversiones aparece
en el anexo que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado.
Señoría, tampoco supone un mayor coste apreciable que pueda repercutir
negativamente sobre las finanzas públicas.
El modelo alemán está financiando actualmente aproximadamente 300
kilómetros de autovía. Si utilizamos las medias, que es lo ilustrativo en
estos casos, el kilómetro de autovía viene a suponer al Estado, por la
vía del capítulo 6 del presupuesto, 600 ó 700 millones de pesetas.
Estamos haciendo cerca de 300 kilómetros con una inversión de 191.000
millones de pesetas. Por consiguiente, aun cuando es cierto que va a
haber un ligero coste adicional como consecuencia de que habrá que pagar
un tipo de interés, pero un bajísimo tipo de interés --gracias también a
la política económica del Gobierno, no se olvide su señoría--, sin
embargo, las autovías que estamos financiando a través del modelo alemán
se mueven exactamente en la media de precio que tiene el resto de las
autovías del Estado, porque naturalmente no es lo mismo hacer un
kilómetro de autovía en Castilla y León que hacer un kilómetro de autovía
atravesando los Picos de Europa. Evidentemente, no es lo mismo. Por ello,
lo único representativo son las medias. Y desde la perspectiva de lo que
cuesta al Estado la media cuando invierte en autovías, he de decirle que
en la aplicación del modelo alemán la media finalmente viene a salir
equivalente a lo que el Estado se gasta en las autovías.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Por favor, termine, señor
Ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Termino, señor
Presidente.
Gracias al modelo alemán se ha podido hacer frente a una disminución de
la inversión, imprescindible como consecuencia del déficit que ustedes
dejaron, porque si ustedes no dejan un 7,1 de déficit presupuestario, la
restricción presupuestaria no habría tenido que ser tan drástica. Fue muy
drástica porque ustedes incurrieron en un fuerte déficit, ustedes
endeudaron al Estado y ustedes vincularon el porvenir de nuestras
generaciones futuras, porque si le digo cuánto se ha pagado a través de
los Presupuestos Generales del Estado como consecuencia del endeudamiento
de gobiernos socialistas, se podría usted llevar las manos a la cabeza y,
como quiero que en cierto modo se las lleve, le diré que desde el año
1997 el Estado español paga más de 3 billones de pesetas anuales en
intereses de la deuda que contrajeron ustedes. Eso sí que es vincular el
futuro y afectar
negativamente a la economía nacional y a los intereses generales.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra la Senadora Pleguezuelos Aguilar.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muchas gracias, señor Presidente.
¡Cómo no! En cualquier ocasión en la que se interpela al Gobierno del
Partido Popular aparecen los gobiernos socialistas. Casi siempre dicen
ustedes que no hicimos nada bien; es decir, que ustedes en algo más de
tres años han puesto a España de rositas y que no existía un kilómetro de
autovías ni de carreteras hasta que ustedes han llegado. Pregúnteselo
usted a los andaluces, a los aragoneses y a todos a los que usted se ha
referido, que son a quienes se está aplicando el esfuerzo inversor de su
Ministerio con una mayor incidencia, porque no es cierto. Y se lo digo
precisamente desde Andalucía y desde un territorio a donde usted en
persona ha ido haciendo promesas. El día 3 de marzo, en el que
conmemoraba el año triunfal en su Ministerio, hizo una promesa que no ha
cumplido ni por el forro... (El señor Ministro de Fomento, Arias-Salgado
y Montalvo: ¿Cuál es?) ¿Cuál? La autovía Granada-Motril. Pero no es éste
el debate, y no quiero que usted me distraiga con lo que no es.
¿España va bien? (Un señor Senador del Grupo Parlamentario Popular:
¡Hombre!) ¿Va bien? Si va bien, ¿ustedes se han encontrado todo hecho? ¿O
ni siquiera tienen más pasado que el que usted tiene, que yo también
tengo, al que ustedes renuncian y al cual yo no renuncio? Por favor,
señor Ministro, sea usted serio. Yo he partido de esa premisa, que cuando
hay un período que en términos de inversión se reduce, eso repercute en
todo. Porque ¡claro que en los últimos años de gobierno socialista se
redujo el esfuerzo inversor! ¡Cómo no! Usted mismo lo ha dicho, y al
igual que en el resto de Europa. Cuando hay un ciclo económico negativo,
redunda en todo. Pero es que ustedes tienen también en la actualidad un
ciclo económico positivo y unos espartos que les dejamos los socialistas,
y ustedes nunca hablan de los espartos que les dejamos.
Yo no he hecho retórica, pero usted sí ha hecho ciencia-ficción, usted ha
hecho ciencia-ficción, porque si usted dice a cualquier ciudadano de este
país que el gran esfuerzo inversor, las carreteras y las infraestructuras
que se han hecho en España ha sido en estos tres años, perdóneme, señor
Ministro, pero vuelven a reírse de usted. No es presentable que nos diga
usted eso.
Yo le interpelaba sobre los efectos del modelo alemán, no sólo --le he
dicho-- en términos políticos --que se lo había anunciado ya antes, en
otras interpelaciones y en los debates presupuestarios--, sino en
términos económicos, porque ¿cómo que no hay coste en términos
económicos? Claro que las compensaciones financieras son más importantes,
pero eso que dice de que debatimos aquí... ¡Por Dios, señor Ministro, sea
usted serio, que está usted hablando con representantes públicos, con
representantes de los ciudadanos! ¿Que nosotros decidimos una inversión
porque usted nos la trae en el anexo de inversiones? No se ría usted de
mí, no se lo puedo permitir. ¿Me va a decir que hemos debatido una
inversión futura, que se recoge en un anexo de inversiones y a la que ni
siquiera se le pone cuantía? ¿Lo podemos enmendar? ¿Podemos decir por qué
ahí y no en otro sitio?
Señoría, tenga usted la seguridad de que cuando preparo mis
intervenciones, cuando voy siguiendo su trabajo --o su falta de
trabajo--, que le aseguro que lo sigo muy de cerca, me documento con
todo, no sólo con los instrumentos que ustedes manejan y manipulan, me
documento también con la información que dan expertos, técnicos y
profesionales, por ejemplo, del Instituto de Derecho Público, que cuando
hacen análisis sobre el informe de las Comunidades Autónomas dejan
clarísimo --se lo pasaré para que disponga usted de la documentación--
que, en efecto, este modelo tiene un coste real efectivo muy importante,
y tanto es así, que usted avisó y alertó de lo mismo. Y es muy poco serio
que usted nos cuente esas cosas.
Señoría, yo no le he llamado catástrofe, fue usted el que lo dijo.
Desastre, sí, yo le llamo a usted el ministro de los desastres allá por
donde voy, pero catástrofe no, catástrofe lo dijo usted en aquella
reunión.
Yo le he preguntado, y era lo que usted debería haberme dicho...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Vaya terminando, Senadora
Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Termino enseguida, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Si esto era un instrumento coyuntural, no
debía ser tan bueno cuando ya han dejado de usarlo.
Si esto fuera un instrumento coyuntural, usted tendría que haber venido
aquí y con toda la buena fe habernos dicho: señorías, estamos mal, no
porque ustedes hayan despilfarrado --porque eso es mentira--, sino porque
estamos en un ciclo económico malo, perverso, en el que tenemos que coger
instrumentos que nos permitan salir de él, afrontar la deuda, afrontar el
déficit, entrar en la convergencia y, simultáneamente, que siga el
crecimiento económico, y para todo ello se necesita inversión pública. Y
aquí nosotros le hubiéramos dicho que sí.
Ustedes dicen que en un tiempo, con una temporalidad, pero ¿ustedes van a
vendernos un modelo del que usted mismo ha dicho que es una catástrofe?
Señor Ministro, sea usted serio y no trate a la oposición de esa manera
porque la oposición y los ciudadanos lo van a colocar a usted un día de
cara a la pared y con dos libritos para que vaya leyendo.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Entramos en el turno de portavoces.
¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
Realmente ha sido interesante la interpelación que ha formulado la
Senadora Pleguezuelos porque nos permite conocer la inversión en los
presupuestos de estos años pasados y en el del próximo año, y es
importante que la Cámara conozca las bondades o los defectos que tenga el
modelo alemán y el esfuerzo inversor que en su caso se esté realizando
por parte del Gobierno en materia de inversión pública. En este sentido,
aprobamos totalmente la interpelación que ha formulado la Senadora
Pleguezuelos.
Por parte de nuestro Grupo, en cambio, no tenemos la percepción de que la
inversión sea mala en estos momentos ni de que el modelo alemán --que al
fin y al cabo es un modelo para una coyuntura determinada-- haya sido
negativo.
Con una perspectiva histórica y desde las áreas que mejor conocemos,
vemos que se está avanzando en algunos aspectos; que se están resolviendo
problemas; el AVE Madrid-Barcelona-frontera francesa está avanzando
razonablemente; en sus proyectos y ejecución está resuelto, al menos
sobre el papel, el tema del aeropuerto de El Prat, y, en consecuencia,
entendemos que se está avanzando razonablemente, lo cual no quiere decir
que nos sintamos totalmente satisfechos.
Yo, como Senador por Tarragona, le podría pedir al señor Ministro que se
acelere, en la medida de lo posible, la variante de la Nacional-340, a su
paso por Tarragona, o la Nacional-420, en la provincia; que se concrete
en su momento --aunque creo que está bastante avanzado-- la extensión del
AVE al puerto de Tarragona; es decir, cuestiones que afectan a mi
demarcación y que, a buen seguro, el señor Ministro atenderá para que se
puedan acelerar.
En cualquier caso, entendemos que la inversión que se está llevando a
cabo por parte del Ministerio es positiva y, en consecuencia, aun
aplaudiendo el fondo de la interpelación para conocer la inversión que se
está realizando, sin embargo, no compartimos el criterio de la Senadora
Pleguezuelos; entendemos que de forma razonable se está avanzando, a
pesar de que solicitamos aquellas cuestiones que le he referido, y quizás
convenga adelantar bastantes otras dentro de la programación del
Ministerio.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Ya sabe que el Pisuerga pasa por Tarragona.
¿Por el Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el Senador Merino.
El señor MERINO DELGADO: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar yo querría hacer un comentario sobre las políticas de
infraestructuras, porque creo que en este caso el señor Ministro ha dicho
algo que me ha preocupado sustancialmente. Yo venía escuchando a la
Senadora Pleguezuelos y empezaba a entender de otra manera el sistema
alemán. Pero después de escuchar al Ministro, creo que efectivamente las
políticas de infraestructuras son a medio y a largo plazo. Por tanto,
unos gobiernos son herederos de los otros para lo bueno y para lo malo.
Pero hete aquí que al escuchar al señor Ministro dar las cifras de
endeudamiento, me ha sorprendido mucho --y quiero que después el Ministro
me lo aclare, porque si efectivamente es así, le formularíamos una
pregunta-- porque parece que el último Ministro de Obras Públicas del
Gobierno socialista, el señor Borrell, dejó comprometidos y sin
consignación presupuestaria aproximadamente 400.000 ó 450.000 millones de
pesetas --haciendo un cálculo rápido sobre lo que él ha dicho del
déficit--, que han debido ser asumidos por el Gobierno Popular en
anualidades sucesivas, sin que disminuyera la inversión y manteniendo el
mandato europeo de reducción del déficit.
Si eso es así, a mí me parece suficientemente grave, y ahora empiezo a
entender por qué la Senadora Pleguezuelos habla de un déficit del sistema
alemán de 200.000 millones de pesetas: porque eso significa que quiere
tapar el agujero de 400.000 millones de pesetas. Y, repito, si eso es
así, tendremos que preguntarle al Ministro --y este Grupo lo va a hacer--
por qué, cómo se ha pagado, de dónde viene ese agujero de 400.000
millones de pesetas que dejó el señor Borrell en un cajón, en 1996, en
compromisos adquiridos para toda la nación, con gran número de convenios
firmados para obras que después se hicieron o no se hicieron, pero que en
cualquier caso, eran puramente electorales en aquel momento. O sea, que
el señor Ministro, efectivamente, parece que le dejó a usted todo el
pescado vendido pero sin dinero para pagarlo, y ahora los representantes
de aquel Gobierno socialista, que en la actualidad están en la oposición,
le piden cuentas. ¿Ese fue un modelo serio de gobierno previsor y de
gobierno que administraba bien? Si es así, señor Ministro, no debe usted
copiar nunca ese modelo, siga con el modelo alemán que, al fin y al cabo,
es el que nos va a interesar a la vista de esta situación.
Es cierto que el ex candidato y ex ministro, señor Borrell, estudió en su
Departamento los distintos sistemas: el sistema alemán, el peaje en
sombra, las autopistas de peaje; incluso se le ocurrió la feliz idea
--que menos mal que la derrota dulce de 1996 no le permitió llevar a
cabo-- de poner peajes a las autovías; menos mal, porque sería una medida
social, altamente social por parte del Gobierno socialista. Su
Departamento, señor Ministro, decidió que todos esos métodos eran válidos
a excepción de la aplicación del peaje a las autovías. Todos esos métodos
han sido aceptados generalmente por la Unión Europea, por muchos países
donde se están practicando, y cualquiera de ellos es adecuado para
reducir el déficit público.
En este momento España cuenta ya, como ha dicho usted, con una moderna
red de autovías. Cualquier kilómetro es equivalente a una autopista
europea moderna, sin
ningún problema, pero ya no realizan ustedes esa barbaridad que se hacía
en aquellos tiempos de desdoblar la carretera antigua, que tantos
accidentes costó y que se nos vendió por los gobiernos socialistas como
el no va más del modernismo de los ochenta. Seguro que la Senadora
recuerda con gran cariño el modelo de la autovía del 92, en Granada. Ese
es el mejor ejemplo de cómo se hace una autovía moderna, adecuada,
barata, bien hecha, bien gestionada, con una obra bien adjudicada. Ese
fue el modelo que el Gobierno socialista creyó que debía seguir en los
ochenta y a principios de los noventa. Pero ése no debe ser su modelo,
señor Ministro. Continúe con esa política de hacer autovías con trazado
nuevo y, por favor, comprometa usted las partidas para los proyectos
existentes por cualquiera de los métodos que utilice, no sea que, si
alguna vez vuelve a aplicarse la doctrina socialista de construcción de
carreteras, se sigan desdoblando las viejas carreteras nacionales.
Habla de incumplimientos en Andalucía en tres años. Si yo le dijera los
incumplimientos que hubo en Castilla y León en quince, usted y los
presentes en esta Cámara podrían llevarse las manos a la cabeza. En
quince años, con épocas económicamente buenas --esas que usted cita
ahora--y económicamente malas, ni en unas ni en otras épocas hemos tenido
la suerte de que se cumpliesen las promesas del Gobierno socialista con
esa región. Por tanto, nunca...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol y Roig): Senador Merino, terminó su
tiempo.
El señor MERINO DELGADO: Gracias, señor Presidente.
Sólo tardaré un minuto.
Ustedes pidieron que se parasen las obras del sistema alemán. Ustedes han
pedido en esta Cámara que se parasen las obras del sistema alemán. ¿Sabe
usted el daño que se hace a una región cuando se paran las obras de
infraestructura tanto tiempo deseadas? Ustedes, por hacer demagogia,
pretenden que ni siquiera se lleven a cabo las grandes obras que necesita
este país.
Señor Ministro, siga usted haciendo las obras por cualquier sistema, que
siempre será mejor que el utilizado hasta 1996. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Señor Ministro, ... (La señora Pleguezuelos Aguilar pide la palabra.) Un
momento, señor Ministro, porque me piden la palabra.
¿Me puede decir en virtud de qué?
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: En virtud del artículo 87, por favor.
Incluso se ha aludido a él en la intervención del Senador Merino. Creo
que se trata de una interpelación, y tengo derecho a intervenir. De
hecho, se ha producido el mismo caso en la anterior.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Tiene un minuto.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias.
Comprendo, señor Merino, que usted necesita hacer méritos, pero
dejémoslo.
Señor Ministro, el talante que usted demuestra, a pesar de que sea
demagógico, es mejor, ya que trata de resolver los problemas.
Creo que tanto el Senador Merino como usted y como todos estaremos de
acuerdo en que es difícil hacer las autovías en tres años. Por tanto,
como ése es el tiempo que llevan ustedes en el Gobierno, no serán ustedes
los que hayan hecho todas las que hay.
Si no hubiera habido Gobierno socialista no habría autovía 92, porque el
señor Ministro no ha inaugurado ni va a inaugurar un tramo más de
carretera ni de autovías, porque vamos a quitarle el gobierno para poder
gobernar nosotros. (Risas en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
Usted ha adquirido una deuda histórica con Andalucía durante estos tres
años. Voy a citar sólo el año 1995 para que no diga usted que los
presupuestos de 1996 no llegaron nunca y que, además, eran demagógicos
porque eran electoralistas.
En Andalucía, el último Gobierno de Felipe González destinó a inversiones
--estoy hablando de su Ministerio-- 133.055 millones de pesetas. Usted,
en 1997, los redujo a 96.000.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senadora Pleguezuelos, por favor.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: En 1998, a 94.000; y en 1999, a 108.000.
Si eso es gobernar para Andalucía, ustedes mantienen una huelga histórica
de inversiones con esa Comunidad.
El señor RIGOL I ROIG: Muchas gracias, señoría.
Señor Ministro, tiene usted la palabra. (El señor Merino Delgado pide la
palabra.) Señor Ministro, todavía no tiene usted la palabra porque la
pide el Senador Merino.
El señor MERINO DELGADO: Señor Presidente, pretendo contestar a la
Senadora Pleguezuelos por la alusión relativa a que tengo que hacer
méritos. En efecto, cuando se trata de hacer méritos por una región, en
este caso concreto por la que yo represento, estoy encantado de hacerlos.
Pero tengo que decir una cosa. Alguno de los representantes de su Grupo
llamaba a Castilla y León una de esas Castillas, con ese desprecio, justo
cuando pedíamos más inversiones para Castilla y León. Y tengo que decir
que la deuda histórica con Castilla y León en los quince años de gobierno
socialista es tan alta que va a ser muy difícil que yo pueda decir, como
usted, todas las autovías y obras en Andalucía las hizo el Gobierno
socialista; ojalá pudiera yo decir en los próximos quince años, todas las
obras que no hicieron en Castilla y León los gobiernos socialistas las ha
hecho el Gobierno Popular, incluido el tren de alta velocidad
Madrid-Valladolid-Francia.
Su Gobierno hizo en Andalucía una serie de obras importantes,
enhorabuena. Ojalá su Gobierno hubiera cumplido igual con el resto de
España. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Merino.
Señor Ministro, creo que ha llegado su turno.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoría, aquí no se trata de negar lo que hicieron ustedes cuando estaban
en el Gobierno, evidentemente después de catorce años algo harían.
El problema, señoría, es que es muy fácil hacer inversiones en
infraestructuras con déficit y muy difícil hacer fuertes inversiones en
infraestructuras generando un equilibrio presupuestario y una drástica
reducción del déficit. Con déficit, yo financio centenares de miles de
millones y hago miles de kilómetros de autovía, pero lo que tiene mérito
como acción de gobierno es hacer miles de kilómetros de autovía al mismo
tiempo que se reduce el déficit. (La señora Pleguezuelos Aguilar: ¡Sí,
privatizando!) Porque endeudar al país lo sabe hacer cualquiera; lo que
no sabe hacer cualquiera es conseguir el equilibrio presupuestario.
Refiriéndome sólo a las autovías, he de decir que en estos momentos hemos
puesto en servicio 1.200 kilómetros y hay otros mil en ejecución. Pero es
que, al mismo tiempo, hemos conseguido un equilibrio presupuestario
--puesto que en el año 2001 va a haber superávit en el presupuesto-- y
hemos reducido a un porcentaje insignificante el déficit del presupuesto
del Estado.
Señoría, no le dé usted vueltas. Naturalmente que usted puede enmendar el
modelo alemán cuando viene a este Parlamento, pero lo que hace es negar
la evidencia. El modelo alemán se introduce, jurídicamente hablando, en
la Ley de acompañamiento; ahí es donde se regula, y, por eso, aparece una
lista de inversiones en el anexo de inversiones de los Presupuestos
Generales del Estado.
Puede usted discutir, generar un debate público y polemizar sobre si es
buena o mala la inversión en una infraestructura concreta. Pero además,
señoría, para más inri todas las inversiones que se están haciendo con el
modelo alemán aparecen en el Plan Director de Infraestructuras; todas,
sin excepción alguna. Es decir, hemos debatido hasta la saciedad el
modelo alemán y su aplicación, pero ya tendrá ocasión de debatirlo en los
próximos presupuestos porque vuelve a aparecer la lista de inversiones en
el anexo de inversiones del modelo alemán, como no podía ser de otra
manera.
Por lo tanto, no se empeñe usted en decir que se trata de una fórmula
extraparlamentaria, porque no lo es.
Y lamento, una vez más, que utilice un documento apócrifo en relación con
algún calificativo que se me ha atribuido sobre el modelo alemán. Quiero
desmentirlo aquí rotundamente, ya lo he hecho. Usted maneja un papel de
alguien que tomó unas notas, pero ese documento ni refleja mi pensamiento
ni palabras pronunciadas por mí.
Le voy a hacer una reflexión de sentido común. Una determinada medida
puede ser coyunturalmente buena, pero, mantenida en el tiempo,
convertirse en negativa. Pues el modelo alemán tiene un sentido
eminentemente coyuntural; se trata de poder aplazar el pago de unas
inversiones que son necesarias para hacer frente a una restricción
presupuestaria, y contribuir de esa manera al crecimiento económico. Y
una medida coyunturalmente buena no tiene por qué ser objetivamente buena
en todo momento y sin solución de continuidad.
Señoría, este Gobierno ha aplicado el modelo alemán durante dos años --ha
hecho dos programas por una cuantía total de 190.000 millones de
pesetas--, y ha sido extraordinariamente útil a la economía del país.
Por último, señoría, una vez más le doy las gracias por el colofón de su
intervención, por su final. No sé si algún día el pueblo español me
pondrá de cara a la pared con orejas de burro y libros en las manos, pero
a ustedes ya les ha puesto.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.).
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.
Eran las catorce horas y treinta y cinco minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.
CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--PROPOSICION DE LEY DE SOLIDARIDAD CON LAS VICTIMAS DEL TERRORISMO (S.
624/000027) (C. D. 122/000287).
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Punto segundo bis del orden del día: Conocimiento directo por el Pleno de
Proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los
Diputados.
Proposición de ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo,
publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
III B, número 43, de fecha 21 de septiembre de 1999.
No se han presentado enmiendas a esta proposición de ley dentro del plazo
que al efecto se señaló. En consecuencia, en aplicación del artículo 173
del Reglamento del Senado, se ha procedido a su directa inclusión en el
orden del día del Pleno de la Cámara.
Resulta de aplicación a este debate lo establecido en el artículo 120,
apartados 2 y 3, del Reglamento.
Comienza el debate.
¿Algún Senador desea hacer uso de la palabra en turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
Pasamos al turno de portavoces.
El Grupo Parlamentario Mixto ha solicitado repartir entre dos de sus
miembros los diez minutos de que disponen en este turno.
En primer lugar, tiene la palabra el Senador Armas por tiempo de cinco
minutos.
El señor ARMAS RODRIGUEZ: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, la proposición de ley de solidaridad con las víctimas del
terrorismo es un claro exponente de la unanimidad existente entre las
fuerzas políticas democráticas en su afán por erradicar la violencia y
todos aquellos actos que atentan contra los derechos fundamentales. La
indemnización a los familiares de las víctimas de actos terroristas es un
reconocimiento y una muestra de solidaridad con aquellos que sufrieron
las consecuencias más brutales de la sinrazón de la violencia.
Esta propuesta legislativa, que quizá debió haberse aprobado con
anterioridad, es una deuda que el Estado tenía con los familiares de las
víctimas, es el perdón a tantos años sin una justificación ante los
afectados. Las indemnizaciones no resarcirán el daño causado por el
terrorismo porque las secuelas son imborrables, pero se reconoce
definitivamente el derecho que les amparaba a ser compensados
económicamente. Ninguna ayuda puede borrar el dolor, pero esta
proposición de ley, que nace desde el consenso, es una propuesta que va
más allá y en la que subyace un posicionamiento unánime en contra del
terrorismo por parte de las fuerzas políticas que respetan el sistema
democrático.
No obstante, quisiera matizar una cuestión que, desde mi punto de vista,
va a ser vital para el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de
la aprobación de esta proposición de ley.
Todos conocemos los casos terroristas vinculados con ETA, pero hay otros
muchos hechos, como los registrados a finales de la década de los 70
hasta mediados de los 80 en el banco pesquero canario-sahariano, en los
que ocho marineros perdieron la vida tras ser asesinados en alta mar, me
refiero a los pesqueros «Cruz del Mar» y «El Junquito». Digo esto porque
considero que en el tiempo establecido para el desarrollo reglamentario
se deberían estudiar equitativamente todos los casos susceptibles de ser
apoyados en beneficio de un cumplimiento global de la proposición de ley.
Espero, señorías, no tener que subir nunca más a esta tribuna para tratar
un asunto relacionado con víctimas del terrorismo. Espero, también, que
la sociedad entienda que este nuevo milenio debe ser un milenio de paz,
en el que prime la palabra sobre la violencia, donde los hombres utilicen
los adelantos, los descubrimientos y todo el ingenio que pueda dar esta
nueva sociedad que se avecina, para mejorar las relaciones entre los
seres humanos y no para la discordia, la violencia o la sinrazón.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
A continuación, tiene la palabra, también por el Grupo Mixto, el Senador
Cámara.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, he querido intervenir, quitándole algo de tiempo al Senador
Armas, por la importancia que tiene esta ley en el momento en que se va a
aprobar. La aprobación de esta ley sin necesidad de introducir enmiendas
de ningún tipo y hacerlo por trámite de urgencia, con una celeridad
destacable, sólo demuestra --y lo considero importante-- la capacidad de
diálogo, consenso y unidad que se ha producido en este proceso.
Es un proyecto que parte de la iniciativa de los grupos parlamentarios,
por lo que la proyección ante la opinión pública y ante todos los
colectivos no puede ser más positiva, máxime cuando se ha hecho con
unanimidad.
Hace muy poco se ha cumplido el primer aniversario de una tregua que
esperamos sea definitiva, para superar la violencia y producir
entendimiento en una salida negociada entre todas las fuerzas políticas.
Apostamos, por tanto, por la consolidación del proceso de paz, por la
normalización y la convivencia, por el diálogo y el consenso. Todo ello,
lo simboliza la propuesta que hoy tratamos aquí.
Acordar desde el diálogo permanente es fundamental, huyendo de las
exclusividades en estos terrenos. En definitiva, coparticipar en las
decisiones es siempre más democrático, sobre todo cuando nos referimos a
temas de alta sensibilidad como el que se deriva de esta propuesta.
Hoy vamos a votar a favor de la solidaridad con las víctimas del
terrorismo, siguiendo el camino del entendimiento para el proceso de paz
irreversible. Eso es lo que desea Izquierda Unida.
Gracias, señorías.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Cámara.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra su portavoz, el Senador Zubia.
El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señora Presidenta.
Haré una breve intervención para fijar la posición del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos en relación con la
proposición de ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo.
Intervención breve, pero obligada, absolutamente obligada, para destacar
lo que, a nuestro juicio, son los aspectos principales de esta
iniciativa.
Comenzaré refiriéndome a algo fundamental que es preciso reseñar: el
consenso alcanzado. Baste recordar que estamos ante una iniciativa
presentada por todos los grupos parlamentarios, sin excepción alguna; una
iniciativa que es, por tanto, fruto del acuerdo alcanzado entre todas las
fuerzas políticas con representación parlamentaria. Precisamente por eso
fue unánimemente votada en el Congreso y, sin duda, hoy será aprobada
también por unanimidad en esta Cámara.
La segunda cuestión que quiero destacar es la rapidísima tramitación
parlamentaria de esta proposición de ley. Estamos ante la tramitación más
rápida que yo conozco, y me alegro de ello porque la ocasión y la
pretensión de la iniciativa así lo requerían.
En fecha tan reciente como el 1 de julio era presentada en el Congreso de
los Diputados, el 14 de septiembre en el primer Pleno del período de
sesiones se aprobaba su toma en consideración y tan sólo dos días después
se aprobaba, sin variación alguna, el texto consensuado. Hoy, 29 de
septiembre, culminamos en esta Cámara la tramitación parlamentaria y, por
ende, sólo quedará para su entrada en vigor la publicación en el «Boletín
Oficial del Estado».
Nos congratulamos de que así sea y manifestamos desde ahora nuestra
satisfacción tanto por el consenso alcanzado como por la tramitación en
tiempo récord. Señorías, han pasado 15 días desde la toma en
consideración de la proposición hasta la aprobación definitiva en el día
de hoy.
La tercera consideración tiene que ver con la importancia misma de la
norma que introducimos en el ordenamiento jurídico. Creo, sinceramente,
que estamos ante algo que es más que una mera norma. La propia exposición
de motivos centra la cuestión en su párrafo último al señalar muy
acertadamente que esta ley es expresión del acuerdo del conjunto de los
representantes legítimos de los ciudadanos para contribuir a la paz y a
que la paz sea fruto de la conciliación y de la justicia, una ley que,
por lo demás, no tiene en sí misma el objetivo de la indemnización o,
dicho de otra manera, no es esta su única y principal pretensión. La
indemnización es más bien una derivada, una consecuencia, y no es ésta,
señorías, una cuestión de matiz, va mucho más allá. Indemnizar es, por
definición, compensar un daño o perjuicio, y es evidente que el dolor, el
daño y el perjuicio padecido por las víctimas del terrorismo no puede
compensarse en modo alguno, ni de lejos, con el abono de una determinada
cantidad económica, por importante que ésta sea.
La mejor y única compensación no es de naturaleza económica. Es, como
también se dice en la propia exposición de motivos, el destierro
definitivo de la violencia. De ahí, precisamente, que la proposición de
ley que hoy aprobamos no lleve por título: de indemnización a las
víctimas del terrorismo, sino uno más correcto y acertado: de solidaridad
con las víctimas del terrorismo.
Solidaridad, éste es el concepto; solidaridad en tanto significa adhesión
a la causa de otros, adhesión en este caso a las víctimas del terrorismo,
adhesión en forma de recordatorio, de reconocimiento, de respeto,
acompañado, eso sí, de una cierta compensación, pero, en definitiva,
solidaridad.
Termino, señora Presidenta, señorías, primero, indicando, en coherencia
con lo dicho, el apoyo sin reservas de nuestro Grupo al texto consensuado
y, segundo, solicitando del Gobierno el más rápido desarrollo
reglamentario de esta ley, así como su aplicación, con una interpretación
lo más amplia posible de sus contenidos, no descartando incluso, si fuera
menester, posteriores iniciativas para posibles supuestos que aparecieran
y no tuvieran cabida en la norma que hoy aprobamos, ni siquiera fuera con
esa interpretación extensiva que hace un momento demandaba.
Y un deseo final y sincero, señorías: que esta ley sea, sobre todo, un
factor de superación del pasado, un pasado que ojalá no se hubiera dado y
que quiera Dios no vuelva nunca a repetirse.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Zubia.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Capdevila.
El señor CAPDEVILA I BAS: Gracias, señora Presidenta.
Voy a intervenir con la brevedad a la que hacía referencia el Senador
Zubia para fijar la posición de nuestro Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió en relación con esta proposición de ley de
solidaridad con las víctimas del terrorismo, que no puede ser otra que la
votación a favor de la misma, al obedecer, tal como se ha manifestado, a
una iniciativa de todos los grupos parlamentarios en el Congreso de los
Diputados y con un texto totalmente consensuado y, por tanto, sin
presentación de enmiendas. Fue aprobada por este procedimiento abreviado
de lectura única con una rapidez encomiable, como así merece el objetivo
de la misma, y por unanimidad en el Pleno del Congreso de los Diputados
el pasado 16 de septiembre. Con idéntica rapidez va a ser aprobada en
esta Cámara.
Desde ahí, pues, hemos de reiterar nuestra satisfacción con el consenso
obtenido en el logro del texto de la iniciativa que, como expresamente
reconoce su preámbulo, es un reconocimiento de solidaridad con las
víctimas del terrorismo, un tributo de honor --dice el preámbulo-- a
cuantos han sufrido la violencia terrorista. Es el logro de un futuro sin
violencia, cuya protagonista es la sociedad española.
Yo resaltaría de esta proposición de ley tres extremos: El primero es su
objetivo. Así, el artículo primero dice que el tributo o testimonio del
honor y el reconocimiento del Estado es el objetivo prioritario de esta
proposición de ley, asumiendo precisamente el Estado, de una forma
extraordinaria, el pago de las indemnizaciones que le son debidas por los
autores de tales actos terroristas, pues, como reconoce la exposición de
motivos, son muchas las sentencias que han requerido las actuaciones que
se han instruido en la depuración de esas responsabilidades y que, por
insolvencia de los condenados, las víctimas no han percibido las
indemnizaciones que les correspondían.
Por tanto, el Estado asume, como se ha dicho, y de una forma
extraordinaria, el pago de la indemnización derivada de dicha
responsabilidad civil, siendo beneficiarios, tal como apuntan los
artículos primero y segundo de la proposición de ley, aquellas víctimas
de actos de terrorismo o de hechos perpetrados por persona o personas
integradas en bandas o grupos armados o que actuaran con la finalidad de
alterar gravemente la paz y la seguridad ciudadana.
Es decir, la ley abarca como beneficiarios un término más amplio del
puramente referido a los actos terroristas por grupos o bandas armadas.
Asimismo, la ley especifica los bienes indemnizables, que son los daños
físicos o psíquicos sufridos entre el 1 de enero de 1968 hasta la entrada
en vigor de la ley, sin que implique, tal como establece el artículo
segundo, una responsabilidad subsidiaria por parte del Estado.
El segundo extremo que yo destacaría de esta proposición de ley es el
abono de la indemnización. El Senador Zubia ya ha hecho referencia a que
lo principal no es, quizá, el tema crematístico de las indemnizaciones,
sin embargo, el abono de la indemnización sí está reconocido por la
condición de víctima del indemnizado, bien por sentencia firme
--establece el proyecto--, bien sin ésta, pero con las diligencias
judiciales en donde se hubiera acreditado ante la Administración General
del Estado dicha condición de víctima, y abarcando --a tenor del artículo
sexto-- las contingencias, tanto de fallecimiento como de gran invalidez
o incapacidad permanente en sus grados de absoluta, total o parcial e,
incluso, las lesiones permanentes no invalidantes (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Perdone, Senador Capdevila.
Les ruego que guarden silencio, por favor. No se puede escuchar.
El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Y se determina su cuantía a tenor de un máximo fijado en el cuadro anexo
que acompaña a la ley.
Para que dichas indemnizaciones resultaren ilusorias, destacaría un
tercer extremo que abarca la ley, y es que contempla unas ayudas
paralelas, siendo una de ellas la compatibilidad de dicha indemnización
con las pensiones, ayudas, compensaciones o resarcimientos percibidos o
que pudieran percibir en el futuro. Asimismo, el artículo 13 acompaña
estas indemnizaciones de unas exenciones tributarias, pues, de lo
contrario, de poco van a servir. Además, la ley establece la exención de
todo tipo de tasas académicas en centros de estudios oficiales y la
financiación de tratamientos médicos o prótesis o intervenciones
quirúrgicas, caso de no ser cubiertos por otros medios.
Por último, señora Presidenta, diré que se trata de una medida de
solidaridad, de compartir los daños sufridos por las víctimas como un
verdadero acto de justicia, como un testimonio del actual proceso de paz,
con la participación consensuada de todos los Grupos parlamentarios, como
un reconocimiento de toda la sociedad española hacia las víctimas del
terrorismo y familiares.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Capdevila.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Rojo.
EL señor ROJO GARCIA: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, esta proposición de ley es la aportación de todos. Por eso,
debería marcar un punto y aparte en orden a reforzar la cohesión de los
demócratas en la búsqueda de la paz, sabiendo que la paz ni tiene
significado electoral, ni tiene alcance partidario, ni puede ser nunca
sinónimo de confrontación.
La paz se conjuga con palabras que nunca hagan del adversario enemigo y
con proyectos alejados de cualquier planteamiento de exclusión, sin que
nadie tenga por ello que renunciar a su identidad o a sus ambiciones
políticas.
Para quienes representamos aquí al conjunto del pueblo español, hoy vamos
a expresarnos unánimemente en una misma dirección. Hoy no sólo vamos a
manifestar el común acuerdo en esta Cámara, sino que lo vamos a hacer con
una misma voz, aunque esté compuesta de distintos matices, la voz en la
que se reconoce y en la que quiere hacerse reconocer hoy nuestra
sociedad, la voz del reconocimiento, de la gratitud, del acompañamiento,
de la solidaridad.
El terrorismo ha hecho sufrir al conjunto de la sociedad española y
todavía de forma especialmente virulenta a la sociedad vasca. Ha sido un
elemento desestabilizador, un enemigo jurado de la democracia. Pero a
quienes más ha hecho sufrir, a quienes más ha dañado ha sido sin duda a
sus víctimas, a las personas asesinadas, torturadas o secuestradas y a su
entorno familiar, ciudadanos sometidos en primera persona con nombres y
apellidos a vejaciones indignas y repudiables; ésas son las verdaderas
víctimas, las víctimas más significativas del terrorismo.
Hoy no hacemos sino un mero acto de justicia. El reconocimiento de las
víctimas del terrorismo no es ni puede ni debe interpretarse como un
movimiento de tipo táctico, ni puede depender de las variaciones en el
escenario, ni menos aún venir dictado por el cese de la violencia.
Saber, señorías, es acordarse. Conocer es en buena medida recordar, y la
búsqueda de la paz no puede hacerse a costa del olvido, ni tan siquiera
desde la inaceptable homologación entre víctimas y verdugos, cuando estos
últimos siguen dilatando el compromiso de una paz definitiva,
pretendiendo someternos a una suerte de libertad vigilada, de tutela
armada o a la espera de consecución de objetivos políticos.
La generosidad y, si se quiere, la generosidad mutua que requiere toda
reconciliación que mira al futuro y no al pasado, no puede llevarse a
efecto sin haber hecho el reconocimiento a esas víctimas y sin haber
hecho del mismo reconocimiento la principal de las bases éticas sobre las
que apoyarnos para ofrecer y para permitir el perdón.
Por ello, no es posible la paz sin honrar la memoria de las víctimas.
Este es el principal argumento moral que la declaración de principios de
esta Cámara, como sede de la soberanía popular, quiere dejar hoy
meridianamente claro, uniéndonos al duelo en honor de las víctimas, un
duelo que quiere ser de solidaridad y de consuelo, que es precisamente
todo lo contrario que el olvido, que es la antítesis del aforismo que
sostiene que nada se seca más deprisa que una lágrima.
Señorías, la exposición de motivos de esta ley lo expresa perfectamente:
que la paz sea fruto de la conciliación,
la justicia, resarciendo a las víctimas de la violencia. Una medida
contra el olvido que es el reconocimiento de una deuda viva que nunca
podrá indemnizarse con plenitud en su tenor literal de dejar indemne o
exento de daño, porque tal empeño resulta imposible paliar la pérdida de
vidas o los daños infligidos tanto físicos como psíquicos. Hoy es
imprescindible decir con admiración que la conducta de las víctimas y de
sus familias ha sido realmente ejemplar. En ningún momento su dolor se ha
alzado como un obstáculo para la paz, antes bien, como un acicate para
que fuera posible dar nuevos pasos en el camino hacia la paz, y en ningún
momento desde su dolor se ha levantado palabra para el rencor.
Por ello, nadie mejor que las víctimas y sus familias para afirmar esa
enorme capacidad de conciliación con que la sociedad española sabrá hacer
suyo el logro de la paz, una vez que el terrorismo cese de modo
definitivo. Mientras llega ese momento, luchar por la paz es una tarea de
todos cuyo único protagonismo reside en la sociedad española, una tarea
que nos obliga a estar a la altura exigida y exigible en cada nivel de
responsabilidad.
Esta es, fundamentalmente, la naturaleza, el sentido y el alcance de lo
que vamos a aprobar a continuación: La reparación moral, la exigencia de
reparar en una pequeña medida el sacrificio y la entrega de aquellos que
con su vida contribuyeron a hacer posible las actuales expectativas, los
actuales horizontes de la paz.
Señorías, quisiera señalar que las compensaciones de naturaleza material
que esta proposición de ley incorpora, con ser importantes, surgen de ese
origen en la medida en que también determinan una corrección de la
situación que pueden soportar muchas de las familias de las víctimas. El
objetivo no puede ser otro que el de rendir el debido honor a todas
ellas, y sin distinción, en nombre del conjunto de la sociedad española.
Señorías, compartirán conmigo la opinión de que ninguna indemnización
puede reparar tanto sufrimiento. No hay compensación posible a la pérdida
de los seres más queridos. Ninguna ayuda puede borrar el dolor ni
resarcir el daño moral cuando estamos comprometidos a encarar el futuro
más inmediato dejando atrás ese resto enquistado de intolerancia y
exclusión.
Quienes las han padecido más directamente han de ser para nosotros una
referencia inexcusable. El destierro definitivo de la violencia y la
convivencia en paz ha de ser su única compensación. Pero todos estamos
obligados a demostrar a esas víctimas que no han de sufrir la ofensa
añadida de nuestro abandono.
Esta ley es muestra de justicia y de solidaridad ciudadana con las
víctimas del terrorismo y expresa bien el acuerdo del conjunto de la
sociedad española, de nuestra voluntad de curar y paliar las heridas de
la violencia.
Señorías, termino manifestando que hoy hay sitio para la esperanza. Hoy
podemos pensar que la paz es posible, que la unidad de los demócratas ha
sido y sigue siendo un elemento fundamental en la lucha contra el
terrorismo. Asimismo, deseo resaltar que la sociedad española debe a las
víctimas del terrorismo una parte fundamental de su futuro. Hoy
constituyen un referente básico de coraje para todos nosotros, una
referencia básica sobre la que asentar el futuro de una sociedad que sólo
desea vivir en paz, en una paz sin penas ni olvido, en una paz con
memoria de un sufrimiento que exige reparación y que hoy suscribimos.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Rojo.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la
Senadora Vindel.
La señora VINDEL LOPEZ: Gracias, señora Presidenta.
«Parad los relojes, descolgad los teléfonos, poned en los blancos cuellos
de las palomas un crespón negro, apagad las estrellas, envolved la luna y
desmantelad el sol, vaciad el océano y los bosques arrasad porque sin
ellos ya nunca nada podrá ser igual.»
Señora Presidenta, señorías, he querido escoger estos versos de un poeta
inglés porque creo que describen a la perfección qué es lo que se siente
cuando uno pierde, cuando a uno le arrancan de su lado o le mutilan a
quien más quiere.
Segura y desgraciadamente en muchas ocasiones, demasiadas, los
destinatarios de esta proposición de ley se han sentido --como decían los
versos-- así por la acción del terror y de sus siniestros representantes.
En la hermosa exposición de motivos del texto que estamos a punto de
aprobar se dice que con ella se pretende devolver el honor perdido a las
víctimas de la infamia terrorista. El honor, esa alta cualidad moral que
nos impulsa a comportarnos de tal suerte que podamos conservar nuestra
estimación y que nos hace merecedores de la consideración y respeto
ajenos.
Históricamente el honor ha sido un derecho individual inalienable por el
cual los hombres se han abierto las venas o se han batido en duelo.
Afortunadamente, aquellas antañonas prácticas de lavar la honorabilidad
están hoy en desuso y el honor se ha convertido en un concepto colectivo,
caso que hoy aquí nos ocupa.
Larra dijo que el honor es una de las cosas sobre las que está fijada la
opinión pública. Hoy el derecho al honor y a la propia imagen se
consagran gracias a la Constitución como valores supremos de todos y cada
uno de los miembros de la ciudadanía. Pero yo me pregunto, señorías,
¿pierde el honor la víctima del terrorismo y no exclusivamente su
victimario, el terrorista? Así es sin duda. La víctima del terrorismo
pierde en el desgarro de su dolor su propia estima y, desgraciadamente,
lo que es más grave, la consideración y el respeto ajenos.
La víctima y sus familiares, bien por miedo, como ha ocurrido en
infinitas ocasiones en el País Vasco, bien por omisión, han sufrido el
aislamiento social, como si de apestados o malditos se tratara; a lo más,
han recibido la compasión individual o social, que es otra forma de
olvido. Baste recordar lo que se ha dicho con insistencia: más de un
muerto de la barbarie fascista del terrorismo ha sido enterrado casi en
la clandestinidad, con premura y de forma vergonzante.
El terrorismo, señorías, no sólo deshonra al sujeto que lo practica, sino
que envilece a toda la sociedad. Cada vez que el terrorismo asesinaba,
secuestraba o chantajeaba económicamente, mancillaba nuestro honor, pues
significaba que desde la sociedad no habíamos sido capaces de proteger a
ese ciudadano. Cada uno de los actos terroristas era una mácula en
nuestro honor colectivo y un paso más en la pérdida de nuestra estima
como sociedad democrática. Hasta tal punto llegó esta degradación, que en
buena parte de la sociedad española, y principalmente desde el País
Vasco, se llegó a considerar el terrorismo como algo inherente a
nosotros, como un mal que debíamos sufrir callada y estoicamente. En
pocas palabras, llegamos a asumir que el fascismo terrorista estaba
enquistado en nosotros como un cáncer incurable a corto y a medio plazo.
Creo que durante demasiado tiempo hemos convivido con un déficit moral
que había que reparar necesariamente. Han pasado varios lustros sin que
cerca de un millar de víctimas del terrorismo recibiera una compensación
como un gesto mínimamente solidario del Estado, sin ser posible, por
imposible, la restitución del mal producido.
La reconciliación, señora Presidenta, señorías, sólo es posible desde el
reconocimiento del mal producido por quienes han sido sus sujetos
activos: los terroristas. Esta sociedad no tiene nada que agradecer a
quienes han dejado de matar, es una exigencia ética que no debe suponer
nada a cambio, simplemente se debe dejar de producir daño a los demás de
forma definitiva y convivir en paz. Cualquier expresión violenta debe
cesar por voluntad de sus autores, sin nada a cambio, porque la paz no se
compra, se ejerce o se conquista. La violencia se zanja por simple
requisito ético o por el ejercicio de la justicia, sin nada a cambio. La
sociedad concibe la convivencia democrática sobre la base de la igualdad
de todos los ciudadanos ante la ley y por el contrato social que supone
la Constitución y el Estado social y de derecho, contrato social que
supuso que en 1978 se superaran los odios y las rencillas. España, para
ejemplo del mundo occidental, supo llevar a la reconciliación a todos los
ciudadanos gracias al consenso y al entendimiento, en definitiva mediante
el respeto al pluralismo y desde el sagrado respeto al individuo como
sujeto de protección del Estado, y ha supuesto, desde nuestro punto de
vista, unos muy buenos frutos para la sociedad española.
Por eso, la Constitución y los valores en ella implícitos son un marco de
reconciliación y de convivencia que constituyen el mejor baluarte de paz
y de bienestar para todos. Es hora de que admitamos la mayor talla moral
de los constitucionalistas y de quienes han sufrido la violencia por
defender las libertades; es hora de que admitamos que sólo desde el
reconocimiento de la legitimidad moral de las víctimas y, por el
contrario, desde la condena sin paliativos de la bajeza ética
protagonizada por quienes han practicado la violencia con fines de
obtener beneficios políticos o económicos, se puede llegar a hacer
justicia. Sólo desde el reconocimiento que el conjunto de la sociedad
debe a las víctimas se puede hacer justicia y se ponen las bases para la
restitución de los principios morales que deben regir el funcionamiento
en cualquier sociedad.
La proposición de ley que estamos a punto de aprobar ha sido alumbrada
con mucho diálogo, con respeto recíproco, con comprensión mutua y con
renuncia a posiciones particulares, porque por sus destinatarios hemos
sido capaces de dejar de lado todo lo que nos separa. En el reparto de
responsabilidades que siempre hay, la sociedad tuvo la suya con una
impresionante presencia en las calles; el Gobierno, poniendo en práctica
un conjunto de iniciativas ampliamente respaldadas; el Congreso de los
Diputados, ahormando este texto, y hoy, señorías, es el turno de esta
Cámara.
Sinceramente, creo que todos los grupos parlamentarios hemos cumplido con
lo que de nosotros se esperaba, al acortar su tramitación y al no hacer
uso de los derechos que nos otorga el Reglamento, permitiendo así su
inmediata entrada en vigor y rindiendo así también nuestro particular
homenaje a las víctimas del terrorismo.
Hoy cumplimos con el deber que nos impone, unánime y clamorosamente, la
opinión pública española, al ir cerrando la negra página del terrorismo
en su parte más débil, la de las víctimas. Y también plasmamos con
nuestras palabras uno de los valores supremos de los humanos, el de la
solidaridad con el agraviado, en consonancia, pues, con la justicia y
para el bien de todos los gobernados.
A eso, no a otra cosa, responden estos trece artículos, la disposición
adicional, la derogatoria y las cuatro disposiciones finales. Una de las
dimensiones más nobles de la política es hacer pedagogía, educar al
pueblo. Solamente se puede formar a la ciudadanía para el ejercicio de
sus derechos y obligaciones, si los que protagonizamos la primera línea
de la acción institucional actuamos con ejemplaridad. Y, en este caso,
actuar con ejemplaridad es reconocer a cada cual lo que se merece, en
suma, hacer justicia.
Creo que éste es un momento especial de este final de legislatura. Es un
momento memorable, porque conseguimos en sede parlamentaria recuperar la
dignidad de las víctimas, por el hecho de serlo, en manos de los enemigos
de la democracia. Canalizamos el sentimiento de la ciudadanía que expresa
su gratitud y adhesión solidaria a quienes han sufrido en sus carnes los
efectos, por preservar los valores de la libertad y de la democracia. Hay
que aprovechar la paz no sólo para acabar de consolidar el marco
jurídico, sino para empezar a recuperar el marco ético, tan desdibujado,
por cierto, estos años.
Señora Presidenta, señorías, estamos a punto de aprobar indemnizaciones,
exenciones tributarias, distinciones honoríficas, ayudas educativas y
clínicas y acciones procesales. Creo que lo mejor que nos podía ocurrir
es que el legislador futuro no tenga que revisar ni aquilatar cantidad
alguna, porque el horror terrorista haya sido de una vez erradicado para
siempre. Pero eso sí, señorías, que la exposición de motivos, tan
hermosa, quede ahí imperecedera, sin que le afecte el tiempo. Lo mejor
que nos podía ocurrir también es que volvieran al País Vasco todos
aquellos que hace años se vieron obligados a abandonarlo. Y si me
permiten seguir soñando, lo mejor que nos puede ocurrir es que se
convoque en el País Vasco una Asamblea de Municipios para organizar los
homenajes civiles, que creo
se deben a las víctimas en las localidades en las que nacieron o en las
que fueron agredidas o asesinadas.
Acabo ya, señora Presidenta, señorías, si me lo permiten, como empecé,
con los versos de un poeta, en este caso no un poeta inglés, un poeta
español, nacido en Portugalete, al que admiro profundamente: Vidal de
Nicolás. En su poema a León Felipe dice en uno de sus versos: Caminante
curtido de quebranto, peregrino de un mundo de utopía, publicano de dura
poesía, enemigo feroz del desencanto. Menos desgarradores que los del
comienzo, mucho más esperanzadores, creo que hoy, por fin, señora
Presidenta, señorías, somos todos enemigos feroces del desencanto.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora Vindel.
Vamos a proceder a la votación de la proposición de ley.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 206;
votos a favor, 206. (Fuertes aplausos.)
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda definitivamente aprobada por
las Cortes Generales la proposición de ley de solidaridad con las
víctimas del terrorismo.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS, MEDIO AMBIENTE, TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES, EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE ORDENACION DE LA
EDIFICACION. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000148)
(C. D. 121/000163).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al tercer punto del orden del día:
Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos
por el Congreso de los Diputados.
Dictamen de la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y
Comunicaciones, en relación con el proyecto de ley de ordenación de la
edificación. Se tramita por el procedimiento de urgencia.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el representante
designado por la Comisión, en este caso el Senador Sanz Blanco.
El señor SANZ BLANCO: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120.1 del
Reglamento del Senado, y según el acuerdo adoptado por la Comisión de
Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y Comunicaciones, en su
reunión del día 23 de septiembre, tengo el honor de presentar ante este
Pleno el dictamen elaborado por dicha Comisión respecto del texto
remitido por el Congreso de los Diputados del proyecto de ley de
ordenación de la edificación.
El día 10 de los corrientes tuvo entrada en la Cámara el texto aprobado
por el Pleno del Congreso de los Diputados, en relación con dicho
proyecto de ley. La Presidencia de la Cámara, al amparo del artículo 104
del Reglamento, ordenó su remisión a la Comisión de Obras Públicas, Medio
Ambiente, Transportes y Comunicaciones. Teniendo en cuenta que su
tramitación había sido declarada urgente, se eligió como plazo final para
la presentación de enmiendas el martes 14 de septiembre, aunque
posteriormente se amplió hasta el jueves día 16.
Se han presentado dos propuestas de veto: una por parte de los Senadores
Cámara Fernández y Román Clemente, del Grupo Parlamentario Mixto, y otra
por el Grupo Parlamentario Socialista. En cuanto a las enmiendas, se
presentaron 88: 21 por los Senadores Cámara Fernández y Román Clemente,
del Grupo Parlamentario Mixto; 10 por el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, 47 por el Grupo Parlamentario Socialista, una por
el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y
nueve por el Grupo Parlamentario Popular.
La Comisión dictaminó el proyecto en su reunión del día 23 de septiembre.
Se aprobaron las enmiendas números 22 y 24, del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos; la enmienda número 79, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y todas las del Grupo
Parlamentario Popular, aunque las números 81 y 85 lo fueron en los
términos de sendas enmiendas transaccionales, presentadas por el mismo
Grupo. Asimismo, se aprobaron diversas enmiendas técnicas.
Se han presentado 4 votos particulares, el primero, por los Senadores
Cámara Fernández y Román Clemente, que postulan la defensa ante el Pleno
de su propuesta de veto y de sus demás enmiendas. El segundo, por el
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, postulando la defensa de sus
enmiendas números 23 y 29; el tercero, del Grupo Parlamentario
Socialista, pretende mantener el texto remitido por el Congreso de los
Diputados en cuanto fue modificado por las enmiendas números 22, 79, 80,
81, 83 a 85, 87 y 88. El cuarto y último voto particular, formado por
este mismo Grupo, pretende la defensa de su propuesta de veto y de todas
sus enmiendas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Sanz.
Se han presentado dos propuestas de veto, que son las que van a debatirse
a continuación.
La primera propuesta de veto es el voto particular número 2, que
corresponde a los Senadores Román Clemente y Cámara Fernández.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Cámara, por tiempo de quince
minutos.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señora Presidenta.
En nuestra opinión, el sector de la edificación, tal y como recoge la
exposición de motivos del proyecto de ley
que se nos presenta, es uno de los principales sectores económicos con
hondas repercusiones en el conjunto de la sociedad. Se dice que hay
lagunas importantes en la configuración legal de la construcción de los
edificios, y estamos de acuerdo. Con esta ley se quiere identificar mejor
las responsabilidades y obligaciones de todos los agentes que intervienen
en el proceso de edificación, y asegurar las garantías que protejan al
usuario.
Creemos que este proyecto de ley adolece de un defecto en cuanto a varias
identificaciones y garantías, pues son insuficientes, desde nuestro punto
de vista, en varios apartados.
He escogido cinco grandes cuestiones para justificar la propuesta de
veto. La primera es que no busca promover una edificación de mayor
calidad, sino una solución de los problemas de la mala edificación. No se
define con precisión la documentación que se ha de entregar al
adquiriente en lo que atañe al uso y mantenimiento de los edificios y sus
instalaciones, sino que parece que se deja para un futuro desarrollo. El
proyecto carece en cualquier caso de referencia que permita asegurar --se
subraya-- la salud y, en muchos casos, la propia vida de los recursos
humanos que intervienen en el proceso de edificación, máxime cuando está
aumentando el número de siniestros en dicho sector de la economía.
De todos es conocido que la accidentalidad laboral tiene que ver con los
proyectos de todo tipo, y fundamentalmente con las subcontratas, con la
identificación de responsabilidades, con los proyectos de salud laboral
previos, que deben ser conocidos y aprobados, y cuando el promotor tenga
un proyecto de salud laboral debe dotar económicamente al contratista que
hace la obra. Todo esto no se recoge ni se desarrolla de forma adecuada
la preservación del medio ambiente en todos sus ámbitos, tales como el de
los residuos, etcétera, sino que da unos criterios básicos y muy
abstractos que dejan desprotegido el entorno ambiental.
Por otra parte, atribuye unas responsabilidades para los agentes de una
manera indirecta y poco clara, lo que redunda en perjuicio del
consumidor, que se ve indefenso ante unos problemas de reclamación
posteriores.
Por todo ello hacemos la propuesta de veto que presentamos en esta
Cámara.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Para la propuesta de veto número dos, correspondiente al voto particular
número cinco, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
Senadora Pleguezuelos por un tiempo de quince minutos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señora Presidenta.
Subo a esta tribuna a defender el veto que mi Grupo ha presentado a este
proyecto de ley de ordenación de la edificación y, lógicamente, lo vamos
a fundamentar no sólo en cuestiones básicamente de contenido de la ley,
sino incluso, aunque sea someramente, en cuestiones también de forma.
Paso, señorías, a comentarles algunos de los argumentos que mi Grupo
tiene y que le diferencian para presentar este veto en lo que respecto a
los contenidos de esta ley que ordena el sector de la edificación.
Sin duda, la edificación constituye uno de los más importantes sectores
económicos y afecta a la práctica totalidad de la población --unos porque
intervienen como agentes, otros porque al final son sus usuarios--, y si
es un sector tan importante y genera, por tanto, un complejo proceso,
habría que darle --y de eso adolece en primer lugar la ley-- un
tratamiento global e integrado pero que no abandonara cada uno de los
aspectos y de los agentes que intervienen en este proceso edificatorio.
En primer lugar, el Gobierno, con esta propuesta, no cumple con lo que
nosotros entendemos que es dar un tratamiento global de ordenación del
sector de la edificación porque no ordena todos los componentes del
proceso edificatorio y porque deja pasar la oportunidad de integrar y de
homogeneizar aspectos tan importantes, y que son competencia del Estado,
como la protección del medio ambiente, la seguridad y la salud de los
trabajadores y, por supuesto, el derecho de los consumidores.
Señorías, en este proyecto el Gobierno se limita a enumerar, a hacer
declaraciones de principios, de aspectos genéricos, de salud y de
seguridad de los trabajadores, pero no plasma en esta ley normativas
europeas en la materia que, sin duda, resolverían algunos de los
problemas del sector de la construcción.
Para mi Grupo es fundamental que en este proyecto de ley se concreten las
obligaciones relacionadas con la salud y seguridad en el trabajo, con la
seguridad industrial y, por supuesto, con la habitabilidad, y ello no
significa, señorías, que se trate de una ley reglamentista. No puede
argumentarse que hay otras leyes que lo recogen. Hay que dar una visión
integral, hay que dar un tratamiento a esta ley que lo adecue a la
actualidad del sector de la edificación y lo integre en su globalidad, y
eso supone recoger estos aspectos relacionados con la seguridad y la
salud en el trabajo.
El proyecto tampoco recoge las condiciones medioambientales de la
edificación porque, como casi siempre, se limita a enumerarlas --la
mayoría en la exposición de motivos--, pero luego no dedica ningún
contenido especial a la protección ambiental, al patrimonio
arquitectónico o al medio urbano como algo prioritario en esta ley.
Si hablamos de los derechos de los consumidores no es ya que no se
enuncien, es que se olvida. El apartado correspondiente habla de los
deberes y de las obligaciones de los consumidores, no habla de los
derechos y, por supuesto, los usuarios son al final los destinatarios del
proceso de edificación y con este proyecto de ley no se garantiza en
absoluto su protección, al menos como creemos que debiera hacerse.
El proyecto de ley tampoco responde a una auténtica calidad de la
edificación, Senador Bris --me imagino que será usted quien me
contestará--, porque de ningún modo se acredita al usuario que su
vivienda cumple con esos requisitos de calidad. Por tanto, si no existe
ningún tipo de certificación al respecto, si no hay ninguna información
real, el usuario no va a tener la certeza de que el piso o la
edificación al que finalmente ha accedido, bien en propiedad, bien en
alquiler, tiene esas condiciones de calidad de la edificación.
Asimismo, si el proyecto no exige el certificado energético --algo que
nosotros sí hemos propuesto-- no podremos garantizar lo que en nuestra
opinión es un derecho básico de los usuarios y una exigencia mínima por
parte de un Estado que hasta ahora sólo se compromete en Europa a aplicar
las directivas medioambientales, pero que nunca las plasma en proyectos
de ley. Por tanto, si se excluye el certificado energético en este
proyecto de ley se estarán vaciando de contenido lo que en nuestra
opinión son nuestras obligaciones internacionales en este capítulo.
Además de la omisión del contenido del certificado energético en el
proyecto de ley, entendemos que también es muy grave la falta de
previsión del mismo respecto del código técnico de la edificación. Y me
gustaría, si es posible, que se me aclarara algo al respecto. Cuando el
Ministro presenta el proyecto de ley en el Congreso dice que el código
técnico de la edificación supone la unificación actual de la normativa, y
da un plazo de dos años para tenerlo. Pues bien, a pesar de que hoy
estamos debatiendo esta ley, curiosamente, el ponente de la ley en el
Congreso, el señor Ortiz, presenta hace una semana una proposición no de
ley para que a la mayor brevedad posible se elabore el código técnico de
la edificación. Por tanto, aclárense. Nosotros proponemos que en el plazo
de seis meses lo presente el Gobierno por real decreto, porque entendemos
que en seis meses se puede llevar a cabo esa unificación, para que no se
produzca la descoordinación que parece que hay entre el Gobierno, los
representantes del Grupo Popular en el Congreso y el Senado.
Pasemos, Senador Bris, al capítulo de los consumidores y usuarios, que en
opinión de mi Grupo son los que más pierden con este proyecto de ley de
ordenación de la edificación. Y digo que son los que más pierden, porque
el proyecto recoge sus obligaciones, como ya he dicho, pero muy pocos de
sus derechos. Y es en lo que afecta al régimen de responsabilidades y
garantías en donde el proyecto perjudica en mayor medida los intereses de
los usuarios. No nos olvidemos, señorías, que la vivienda es hoy por hoy
la inversión más importante para la mayoría de la población española, así
como uno de los sectores en los que se presenta un mayor número de quejas
por parte de los consumidores. Así, el propio Ministro Arias-Salgado dijo
que las reclamaciones por falta de calidad en la edificación ocupan el
primer lugar entre todos los sectores y suponen el 35 por ciento del
total, cifra preocupante, que lo será aún más si no garantizamos al
usuario final de la edificación todos sus derechos e intereses por los
procedimientos correspondientes.
¿Qué ha ocurrido, pues, con este proyecto de ley? Que se han aflojado las
responsabilidades para quienes construyen y no se han apretado las
garantías de los usuarios. Y pondré sólo un par de ejemplos. Las
responsabilidades por vicios ocultos hasta ahora recogidas en el Código
Civil se sustituyen en este proyecto por un régimen que consideramos
inaceptable para los usuarios de esos edificios, no sólo porque acorta
los plazos, sino porque, además, la acción para reclamar se inicia cuando
se produce el daño y no cuando el afectado lo conoce, que sería lo
normal. Por tanto, se puede dar la paradoja de que alguien compre un piso
que la constructora haya edificado 14 ó 15 meses antes, que tarde en
vivir en él, de manera que cuando aparezca el vicio oculto hayan
transcurrido dos años y no tenga ya derecho a esa garantía ni a exigir
esa responsabilidad.
En segundo lugar, respecto a la garantía, el proyecto tampoco supone
mayor protección de los derechos de los dañados, porque una vez más el
Gobierno, con la regulación de un seguro de caución, atiende, como
siempre, al colectivo de profesionales responsables al final de los daños
frente a los perjudicados, que no van a poder acceder a él en virtud de
la franquicia que se establece en el proyecto.
Por tanto, Senador Bris, las garantías y los instrumentos que recoge el
proyecto de ley van en detrimento del usuario. Por eso, lo que nosotros
pretendemos con nuestras enmiendas, sin duda alguna, es resolver esos
problemas. Tenemos claro que hay que equilibrar la balanza, con lo cual
en el platillo de los consumidores tendremos que echar ahora más para que
se pueda lograr ese equilibrio. Pero esto no se puede limitar al seguro
de caución; habrá que introducir el aval solidario. La seguridad jurídica
del comprador no puede limitarse a un único tipo de garantía como es el
seguro de caución. Deben prestarse también esas garantías mediante aval,
el cual no sólo pueden y deben otorgarlo los bancos. Precisamente las
sociedades de garantías recíprocas vienen operando desde hace años en el
sector de la construcción, y con éxito, y están otorgando avales. Por
tanto, deben incluirse en este proyecto de ley. Además, la propia
Administración, por otra parte, admite siempre, de forma indistinta, y
con la misma validez, el seguro de caución y el aval otorgado por
sociedades de garantías recíprocas puesto que son garantías necesarias en
la contratación. Por tanto, ¿cuál es el problema para que no podamos
incluir en ese proyecto el aval solidario otorgado por entidades
bancarias o por sociedades de garantías recíprocas? (El señor
Vicepresidente, Aguilar Belda, ocupa la Presidencia.)
Quisiera saludar en este momento a los representantes de la Confederación
que se encuentran en la tribuna pública para seguir el debate que hoy
estamos viviendo.
Señorías, si el capítulo referente a los usuarios era duro puesto que, en
nuestra opinión, no se les protege suficientemente ni se les ofrecen las
garantías necesarias, no lo es menos este proyecto de ley para los
profesionales y para los agentes que intervienen en el proceso de la
edificación. Este proyecto fracasa en ese intento de clarificar los
ámbitos de competencia y responsabilidades de los agentes titulados en el
proceso edificatorio, y ha generado un conflicto preocupante entre todos
aquellos profesionales que tendrán que trabajar codo con codo cuando este
proyecto de ley entre en funcionamiento.
Por otra parte, en lo que a los agentes se refiere, entendemos que no es
posible que no se contemple como agente que interviene en la edificación
a un sector tan importante, en lo que respecta a la economía y a las
repercusiones sociales,
como el de los subcontratistas. Para mi Grupo, una ley de ordenación de
la edificación ha de dejar perfectamente delimitado quiénes son los
agentes que llevan a cabo el proceso edificatorio. Es decir, en esa
delimitación se debe empezar por el promotor que tiene la idea de
construir ese edificio, continuando hasta quienes tuvieran que intervenir
en la demolición del mismo. Por tanto, en ese período se tiene que ir
pasando por proyectistas, constructores, profesionales, redactores de
proyecto y directores de obra, pero no podemos olvidar a los
subcontratistas porque los datos cantan.
Según la encuesta que sobre el sector de la construcción elaboró el
Ministerio de Fomento, con fecha 31 de diciembre de 1997, la actividad
del sector de subcontratistas es del 27,3 por ciento. Si además tenemos
en cuenta que ellos participan en este proceso de edificación con una
notable incidencia en la calidad de las obras y en la seguridad de los
trabajadores, está claro que es necesario que este proyecto de ley recoja
sus obligaciones y sus responsabilidades y, desde luego, sus relaciones
con los contratistas. No olvidemos que se da la circunstancia de que el
95 por ciento de los accidentes mortales, graves o muy graves que se
producen en el sector de la construcción, se dan casi siempre en
trabajadores que están subcontratados. Entendemos, por tanto, que no es
baladí este tema y que hay que dedicarle un apartado en este proyecto de
ley.
En definitiva, señorías, con nuestro veto, que se fundamenta en un modelo
integral y global del proceso edificatorio --muy distinto del que nos ha
propuesto el Gobierno Popular--, hemos dado argumentos suficientes para
oponernos al contenido del proyecto de ley y entendemos que con la
introducción de nuestras enmiendas mejoraría sustancialmente.
Pero si queremos hablar de formas, también podemos hacerlo. Señorías, no
es de recibo que se tramite una ley por el procedimiento de urgencia y
que la disposición final recoja una vacación para la ley de seis meses.
Si ustedes estiman que la ley va a entrar en vigor seis meses después de
su publicación en el BOE, déjennos que la debatamos con tranquilidad.
Pero es que es más grave todavía; una vez más, han utilizado el Senado en
detrimento de la Cámara y de los que se sientan como Senadores ahí
(Señalando al Grupo Popular.), porque han incluido una serie de enmiendas
relacionadas con la expropiación forzosa que no procedía presentar aquí.
Lo suyo hubiera sido formularlas cuando debatimos la Ley del Régimen del
Suelo y Valoraciones, y ya se lo dijimos entonces. (Un señor Senador:
¡Qué curioso!) Curioso, señoría, sobre todo para el que no se ha leído
todas y cada una de las enmiendas.
Con estas enmiendas el Gobierno nos propone que el proyecto de ley entre
en vigor al día siguiente de su publicación, pero tan sólo en lo
referente a la expropiación forzosa y al derecho de reversión y no en
cuanto al resto del contenido de la ley. Alguna inseguridad jurídica y
conflicto va a producirse --pregúntenselo a los que van a tener que
aplicarlo--, porque es realmente complicado.
No desprecien a esta Cámara, no hagan rodillo en la misma --como lo
hacen-- con su mayoría parlamentaria. Actúen con honestidad, y si cuentan
con la mayoría en su tarea de Gobierno, gracias a la colaboración de
otros grupos parlamentarios de esta Cámara y del Congreso, por lo menos
que les apoyen directamente e incluyan desde el principio todos y cada
uno de los temas que consideramos fundamentales, pero no dejen a esta
Cámara sin debate. Porque, en ese caso, no tendremos una ley en tiempo y
forma bien debatida que afecta a un sector económico tan importante.
Para terminar, señorías, quiero pedirle algo, Senador Bris, que siempre
solicito pero que pocas veces consigo. Ustedes no han aceptado ni una
sola enmienda en este trámite, aunque entendemos que con las que
aceptaron en el Congreso conseguimos mejorar el texto en ciertos
aspectos. Pero les pedimos que acepten esas que les resultan razonables a
todo cristiano; acéptenlas, no apliquen el rodillo. Utilicen el sentido
común, no mosqueen a los profesionales, no dejen fuera a los
subcontratistas, no generen lo que va a producir la aplicación de esta
ley: un fiasco.
Eso es lo que es esta ley, y por eso pido el apoyo y el voto de aquellos
grupos que no se hayan comprometido en el Congreso. Yo sé que se
comprometen, y suelen hacerlo muy bien en términos económicos.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senadora Pleguezuelos.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en los vetos presentados a la ley de ordenación de la
edificación por los Grupos Parlamentarios de Izquierda Unida y Mixto, que
ha defendido el Senador Cámara, y por el Grupo Parlamentario Socialista,
defendido por la Senadora Pleguezuelos, se han expuesto argumentos
coincidentes en gran parte para justificar el rechazo de la ley, y eso
hace que hagamos una intervención conjunta para tratar de rebatir las
razones aportadas por ambos vetos.
Comenzaré señalando que ya el artículo 1 del proyecto de ley determina
cuál es el objeto de la misma, que es, señorías, regular los aspectos
esenciales del proceso de la edificación, que son, precisamente, los que
fijan ese régimen común y homogéneo y a partir de los cuales las
Comunidades Autónomas o las administraciones locales puedan desarrollar,
dentro de este marco, sus propias competencias.
En este proyecto, que ya hemos dicho que es general y básico, no se
desciende --y con esto ya entramos a debatir algunas de las enmiendas
presentadas--, como exige alguno de los vetos, a definir situaciones y
actuaciones concretas, por ejemplo, a definir con detalle la
documentación que se ha de entregar al adquirente a la que se refería el
portavoz de Izquierda Unida, puesto que este extremo está siendo señalado
ya por diversa normativa, tanto de las Comunidades Autónomas, como de las
administraciones locales, todo ello relacionado con el uso y
mantenimiento de los edificios.
Por otra parte, la necesaria homogeneidad legislativa que se propone en
los vetos para la protección del medio ambiente, la seguridad y salud de
los trabajadores y la defensa de los consumidores viene ya establecida,
como he señalado, en la legislación del Estado a través de tres leyes que
sus señorías conocen, cuales son la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de
Protección del Medio Ambiente Atmosférico; la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y la Ley 23/1984, de
Defensa de los Consumidores y Usuarios, así como en las numerosas
disposiciones de desarrollo de estas leyes estatales.
Reitero, pues, que se trata de una ley básica --en eso tenía razón la
Senadora Pleguezuelos cuando hablaba de dos modelos de leyes-- y que el
proyecto que estamos presentando a las Cortes Generales no desciende ni
debe descender, por su carácter, a aspectos concretos que vendrán
regulados en el desarrollo de la ley, como, por ejemplo, en lo que se
refiere al código técnico de la edificación. No conozco las declaraciones
del señor Ortiz, pero sí la ley, que lo dice muy claro: Se autoriza al
Gobierno para que, mediante real decreto y en el plazo de dos años a
contar desde la entrada en vigor de esta ley, apruebe un código técnico
de la edificación. Y a esta ley, señoría, sin ninguna duda, me remito.
También se refieren a otros aspectos, como el certificado energético, los
vertidos contaminantes, la prevención del ruido, la prohibición del uso
del amianto, etcétera. Estos asuntos deben desarrollarse en otro nivel
normativo, aunque ya, señorías, en el artículo 3 del proyecto de ley se
hace mención especial al medio ambiente, a la protección contra el ruido
y al uso racional de la energía, aparte, señorías, de la legislación
específica que ya hemos mencionado.
Tanto el veto de Izquierda Unida, del Grupo Mixto, como el del Grupo
Socialista se refieren también a la calidad. Habría que decir a este
respecto que el proyecto de ley recoge en su artículo 3 los requisitos
básicos --que es a lo que se refería la Senadora Pleguezuelos-- exigibles
a todos los edificios, divididos en tres apartados fundamentales: de
funcionalidad, de seguridad y de habitabilidad, a partir de los cuales se
desarrollará el código técnico, como se menciona en el artículo 3.2 del
proyecto de ley, así como en la disposición final segunda, tendente todo
ello a mejorar la calidad de los edificios, en general, y de las
viviendas, en particular. Y le decía en Comisión que en la propia
disposición final segunda figura una relación de normas básicas sobre
calidad de los edificios que se deben cumplir.
Continuando con los razonamientos en contra de los vetos, en el apartado
segundo del artículo 1 del proyecto de ley se hace una referencia
explícita a un tema tan importante, sin duda alguna, como el relativo a
la prevención de riesgos laborales, tanto en lo que se refiere a la
seguridad, como a la salud de los trabajadores que intervienen, señorías,
en el proceso de la edificación, remitiendo, como parece lógico, a su
legislación específica, es decir, a la ley ya mencionada, la Ley 31/1995,
de Prevención de Riesgos Laborales, a los 15 reales decretos de
desarrollo de la ley, así como a las dos órdenes ministeriales que tienen
también relación con este problema.
A nuestro Grupo --vuelvo a insistir, estamos hablando de dos modelos
distintos de ley-- no le parece acertado incluir en una ley básica
mecanismos para asegurar la salud y la seguridad laboral, que ya existen
y que pueden, a corto plazo, quedar desfasados por el desarrollo
reglamentario.
Se ha hablado mucho del consumidor y de su relación con la ley. Quiero
indicar, señorías, que el consumidor no puede verse indefenso en una ley
que, ante un daño en su vivienda, puede reclamar al promotor, que es el
que la vende, y que responde solidariamente frente al resto de los
agentes, según establece el artículo 17.3 del proyecto, en el que,
además, se obliga a este mismo promotor a suscribir una póliza de seguros
frente a los daños estructurales que puedan producirse. Esta situación,
señorías, cambia radicalmente la indefensión, a la que está sometido en
la actualidad, y es cierto que hay ese número de reclamaciones y que
existe la indefensión por no tener normativa legal donde apoyarse.
Además, el proyecto de ley, por una parte, señala lo que llama la
Senadora Pleguezuelos deberes, obligaciones de los usuarios, pero, a la
vez, señorías --y aquí no se ha dicho--, defiende sus derechos. En primer
lugar, fija los requisitos básicos que deben cumplir los edificios. En
segundo lugar, establece las responsabilidades de todos los agentes,
habiendo que añadir un sistema de garantías contra los daños que puedan
producirse en los edificios, ampliando la protección de las cantidades
anticipadas en la construcción y venta de viviendas.
Ya tratamos en la Comisión la figura del subcontratista, que creemos que
no es preciso considerarla como agente separado de la del constructor, al
ser constructor de una parte del edificio, ya sea contratado por el
promotor para terminar una parte de la obra o por el constructor
principal que ha contratado con el promotor. Por tanto, a nuestro juicio
queda regulado y sujeto a través del artículo 11, al que le son
aplicables las obligaciones y responsabilidades en las partes de obra que
ha contratado, establecidas en el artículo 17.6, así como en la Ley de
Contratos del Estado y en el Código Civil.
También nos plantea el Grupo Parlamentario Socialista la preocupación del
plazo de dos años para pedir responsabilidades. Anteriormente el plazo
era de tres por defectos y vicios ocultos, que es a lo que se refiere su
señoría. A nosotros nos parece un plazo suficiente por varias razones. En
primer lugar, porque este proyecto de ley protege más al usuario,
mediante un sistema de responsabilidades más reglamentado y por la
respuesta solidaria del promotor. Además, dispone de unas garantías de
aseguramiento que antes no tenía. Por otra parte, el plazo de dos años se
ajusta a lo establecido por la Ley de Contratos de Seguros. Finalmente,
el aumento del plazo agravaría este tipo de daños innecesariamente,
puesto que ha transcurrido más tiempo, provocaría un mayor coste de las
reparaciones, traduciéndose en un aumento de la prima y, además, todos
estos costes adicionales repercutirían en el consumidor final.
Quiero señalar que con el sistema de garantías se da entrada a los
seguros de daños y de caución, para los que se
establecen unas condiciones específicas, en razón de su modalidad y del
tipo de coberturas a que tienen que hacer frente en la edificación,
permitiendo el proyecto de ley una franquicia limitada para los supuestos
de tres y diez años que, sin duda, no perjudica al dañado.
Una propuesta de enmienda a la ley es la referida a la franquicia
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que dice que limita la
franquicia sobre el capital asegurado, hecho, por otro lado, usual en la
práctica del sector asegurador y se referencia a cada unidad registral lo
que podríamos traducir en una franquicia por vivienda, acoplando más el
seguro de daños al tipo del bien asegurado, donde, en muchos casos, el
propietario es una comunidad de vecinos.
En cuanto al plazo desde el que empiezan a contar las responsabilidades y
garantías, está perfectamente objetivado en el artículo 6.5, donde se
establece tanto la fecha que decimos será la del alta de recepción, como
la del certificado, donde se especifica claramente que nos referimos al
certificado final de obra y no a una pura y simple certificación.
Quiero aclarar que el objetivo de la ley no es establecer las
atribuciones profesionales, sino que solamente se incorpora el acuerdo al
que llegaron los colegios profesionales sobre las titulaciones
habilitantes en función de los usos de los edificios.
Se ha hablado de la incorporación en el trámite del Senado de una
modificación de los artículos 54 y 55 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Nuestro Grupo considera que la regulación del proceso de la edificación
no quedaría actualizado ni completo si la ley no se refiriera a aquellos
supuestos en que dicho proceso constructivo ha exigido la previa
expropiación de bienes o derechos por vincularse a objetivos de utilidad
pública o interés social.
Realmente, toda la legislación de expropiación forzosa, que es, nada
menos, que del 16 de diciembre de 1954, necesita una nueva revisión para
adaptarse, y sus señorías lo pueden comprender fácilmente, al nuevo
contexto socioeconómico, político y administrativo en que nos
encontramos. Pero de especial urgencia es regular el derecho de reversión
calificado por el Tribunal Constitucional como un derecho de
configuración legal, esto es, un derecho no incluido en el repertorio de
garantías constitucionales.
Esta enmienda pretende actualizar y regular dicho derecho, modificando,
como decimos, los artículos de la Ley de Expropiación Forzosa que se
refieren a la misma.
Mediante la modificación del artículo 54 se matiza el principio general
de que la reversión puede producirse sin mayores limitaciones desde que
se dé la frustración o desviación del bien o derecho expropiado del fin
que motivó la expropiación.
Igualmente se regula en estas enmiendas incluidas en el Senado cuándo no
procederá el derecho de reversión en el caso de que sustituya la
afectación a otro que haya sido declarado de utilidad pública o de
interés social. Tampoco, dice nuestra enmienda, procederá la reversión
cuando la afectación al fin que justificó la expropiación u otro
declarado de utilidad pública o interés social se prolongue durante diez
años a partir de la terminación de la obra o establecimiento del
servicio. Se modifican los plazos para solicitar el reconocimiento del
derecho de reversión a solicitud del dueño primitivo o sus causahabientes
o en defecto de notificación a partir de la toma de posesión del bien o
derecho. El sistema se completa reconociendo la ley al expropiado y
causahabientes el derecho a la reversión en diversos supuestos que
contempla.
La modificación, por tanto, del artículo 54 consagra, por último, la
preferencia del derecho reversionista para recuperar el bien expropiado,
preferencia que habrá de consignarse expresamente en el correspondiente
asiento registrado.
La propia enmienda 81, que fue incorporada al dictamen de la Comisión
precisamente en el debate dentro de la misma, en relación con el artículo
55 proponía una nueva redacción e introduce un sistema ágil de valoración
en función de la evolución del índice de precios al consumo y garantiza
en todo caso la restitución de la indemnización expropiatoria
actualizada.
Se nos ha preguntado por qué una ley entrará en vigor dentro de seis
meses y la otra de manera inmediata. Parece razonable, señorías, que la
entrada en vigor de las normas referentes al ejercicio del derecho de
reversión entren en vigor sin demora, considerando, como hemos dicho, la
necesidad de urgencia de que nuestro ordenamiento dé un tratamiento
adecuado en los supuestos cuya regulación actual es necesaria en el
contexto socioeconómico y en la sociedad democrática en la que vivimos.
Y, por otra, la calidad de modelo que se introduce que no requiere de
especial estudio o conocimiento por parte de quienes resulten afectados.
Por el contrario, previsoramente se mantiene el período de seis meses
para la entrada en vigor de la ley, habida cuenta la misma para el sector
de la construcción y la conveniencia de que los distintos agentes
sociales afectados puedan ir adoptando las medidas que estimen oportunas
para hacer frente al repertorio de derechos y obligaciones que las normas
establecen.
Creemos, señorías, señor Presidente, que ésta es una ley necesaria, que
es una ley que estaba esperando la sociedad española y, por lo tanto,
nuestro Grupo va a votar, por las razones expuestas, en contra de los
vetos de Izquierda Unida, Grupo Mixto y del Partido Socialista.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Bris.
Turno de Portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo de Convergència i Unió?
El Senador Beguer tiene la palabra.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la ley de ordenación de la edificación, cuyo debate hemos
iniciado con las propuestas de veto que han
defendido el Senador Cámara y la Senadora Pleguezuelos, fue objeto de
modificaciones sustanciales en su tramitación en el Congreso de los
Diputados y de algunos retoques en Comisión en el Senado.
En esta Cámara, concretamente se introdujeron diversas enmiendas del
Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos que afectan, entre otras, a la Ley de Expropiación
Forzosa.
Nuestro Grupo presentó en el Senado una única enmienda con la finalidad
de que en caso de que algún agente de la edificación resulte demandado
pueda solicitar se notifique a sí mismo, a otro u otros agentes que hayan
intervenido en el mismo proceso. Con ello se podrá individualizar la
causa de los daños o precisar el grado de intervención de cada agente en
el daño producido. Dicha enmienda fue aprobada en Comisión.
Igualmente nos encontramos satisfechos de nuestras aportaciones en el
trámite inicial, es decir, en el Congreso, y con ello queremos argumentar
nuestro acuerdo con la ley. Allí, en el Congreso, presentamos 17
enmiendas de las que 16 fueron aceptadas o transaccionadas. Hacían
referencia a competencias profesionales aclarando algunos puntos.
Igualmente, se ha exigido una cierta capacitación en el constructor, se
ha introducido la figura del instalador y se ha mejorado el redactado en
cuanto a garantías. Y, finalmente, se precisó --también por enmiendas de
Convergència i Unió-- el régimen de distribución de competencias entre
Gobierno central y Comunidades Autónomas.
También queremos resaltar que nuestro Grupo propició un acuerdo sobre las
competencias de los distintos profesionales, aunque dicho acuerdo haya
tenido alguna grieta con posterioridad, por usar una terminología de
construcción.
De estas manifestaciones se deduce que como Grupo político estamos
satisfechos de nuestras aportaciones en la tramitación del proyecto de
ley. Pero, además, del análisis del contenido de la misma se infiere que
es una ley --un Proyecto en estos momentos-- que puede ser eficaz en
cuanto que regula el proceso de la edificación desde el momento de la
expropiación hasta los derechos últimos de los consumidores y pasando por
las responsabilidades de cada uno de los agentes de la edificación.
Estimamos que están bien definidos --contrariamente a lo expuesto por la
Senadora Pleguezuelos-- los requisitos básicos de la edificación, como
igualmente lo están, a nuestro juicio, las obligaciones y
responsabilidades del promotor, del proyectista, del constructor, del
director de obra y demás agentes. Igualmente, las garantías por vicios y
defectos de la construcción quedan bien determinadas. Y así podríamos
continuar.
Las propuestas de veto no están bien justificadas. Es cierto que ni el
Grupo Parlamentario Socialista ni el Grupo Parlamentario Mixto han visto
introducidas ninguna enmienda en el Senado, por lo menos en Comisión,
aunque sí en el Congreso y, por tanto, siendo mejorable el texto e,
incluso, discutibles algunos de los aspectos del articulado, ello no
justifica un veto o enmienda a la totalidad que ya presentaron en
Comisión y que ahora reiteran en Pleno.
Convergència i Unió considera suficientes las normas expuestas en la ley,
no siendo necesarias más concreciones que pueden venir con posterioridad
en reglamentaciones de menor rango o en leyes de carácter complementario.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergencia i Unió va a
votar en contra de las propuestas de veto del Grupo Parlamentario
Socialista y de los senadores Román y Cámara del Grupo Parlamentario
Mixto.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Beguer.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Senadora
Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señor Presidente.
Senador Bris, sin duda, cuando usted dice que se trata de regular
aspectos esenciales del proceso de la edificación hemos de entender que
hay una serie de aspectos que para usted no deben incluirse aquí cuando
habla de que hay leyes específicas para la protección del medio ambiente,
de la seguridad y de la salud de los trabajadores o de los derechos de
los consumidores.
Vamos a tomar como ejemplo lo segundo, hacia lo que aparentemente podemos
mostrarnos más sensibles, aunque sin duda podíamos ser lo mismo con los
derechos de los consumidores y usuarios o con la protección del medio
ambiente, pero voy a elegir, repito, el ejemplo relativo a la seguridad y
salud de los trabajadores.
Cuando pedimos que se regulen aspectos esenciales, ya que entendemos que
aunque haya leyes específicas hay que adaptarlas a la realidad actual,
estamos diciéndole que entre los documentos que necesariamente deben
exigirse para otorgar la licencia de obra se elabore un estudio básico de
seguridad y salud. ¿Por qué? Porque la realidad actual es que cada día
más en el sector de la construcción la siniestralidad laboral es más
alta, está en progresión casi geométrica. Ya le dije en Comisión que
Comisiones Obreras ha recogido 500.000 firmas y ha propuesto una
iniciativa popular para que se produzca un debate en profundidad sobre
estos temas, debate que lo que propone finalmente es regular ese sector
de la subcontratación. No parece lógico que nos preocupe tanto redundar
en el contenido de un aspecto tan importante como éste, y no nos preocupe
cuando decimos que hay que modificar urgentemente aquellos aspectos del
ejercicio de derecho de reversión por la expropiación forzosa, porque eso
sí es urgente.
Hablemos en plata. Donde se produce la expropiación forzosa con mayor
incidencia no es precisamente en el edificio edificatorio, que también;
donde se produce mayormente es en los suelos, lo que pasa es que ustedes
no entendieron o no quisieron atender nuestras propuestas en su momento,
y ahora que esto es muy urgente y hay que adaptarlo a la realidad actual.
No se puede adaptar a la realidad actual el que los usuarios tengan
derecho a tener una certificación real con el certificado energético de
que se cumplen
los requisitos de calidad, o que los trabajadores tengan la certeza de
que en la legislación de la construcción se va a incluir el estudio
básico de seguridad y salud. Este es un asunto importante, y en el peor
de los casos, ¿cómo me puede decir que no debiéramos abordarlo?
Quiero comentar otra cosa que creo que no me ha entendido. Respecto al
código técnico de la edificación, yo no le he dicho que el señor Ortiz,
que era el ponente de su grupo en este proyecto de ley en el Congreso,
haya hecho declaraciones. Yo lo que le digo es que se pongan de acuerdo,
que se coordinen, porque parece una paranoia. Esta ley se aprueba en el
debate del Pleno del 1 de julio de 1999, donde el diputado Ortiz, ponente
de su grupo, defiende que el código técnico de la edificación no debe
abordarse rápidamente, en esos seis meses, como nosotros proponíamos,
sino que le da un margen al Ministerio de dos años para hacerlo y por
real decreto.
Nosotros no entendemos cómo el señor Ortiz se va de vacaciones, toma el
sol, y el 13 de septiembre, es decir después de las vacaciones --quizá
había tomado excesivamente el sol-- presenta una proposición no de ley
firmada por él, en la que dice: El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a que, una vez aprobado el proyecto de ley de ordenación de la
edificación, elabore en el menor tiempo posible el código técnico de la
edificación, en el que se ha de fomentar la calidad que establezca las
exigencias que deben cumplir los edificios en cuanto a seguridad y
habitabilidad.
Señorías, si es cuanto antes, pongamos unos plazos, recójanlo ustedes en
este proyecto de ley. Por otra parte, la exposición de motivos deja bien
claro lo que ya hemos establecido en el debate, y es que las
reclamaciones en el sector de la edificación, que representan el 35 ó 40
por ciento, están teniendo unos costes económicos muy importantes para el
sector, y los usuarios también reclaman esas certificaciones de calidad.
Por tanto, ustedes no lo aprobaron, el Diputado Ortiz debió tomar el sol
y ahora plantea lo contrario.
¿Cómo no voy a estar de acuerdo en que se elabore cuanto antes ese
código? Creo que debiera elaborarse antes de los dos años, pero lo que no
me dicen ustedes es que no parece razonable. Desde luego en esta misma
exposición de motivos su grupo parlamentario deja muy claro que el
requisito de tres años para los plazos de las reclamaciones sería más
acertado que el de dos años. Es decir, hay auténtica contradicción entre
lo que usted ha tenido que defender aquí y lo que su Grupo solicita en
una proposición no de ley para dentro de unos días, no es razonable.
Senador Bris, no tengo la menor duda de que el hecho de aceptar alguna
enmienda en el trámite del Congreso ha facilitado algunos aspectos del
proyecto de ley, pero hay cuestiones de fondo --que, con todo mi afecto,
usted no compartirá-- que en realidad son diferencias en el modelo. Y
como son de modelo sirven para mantener este veto con toda la
argumentación y toda la legitimidad que nos da el mismo.
Por tanto, señorías, lamentamos que ninguno de estos aspectos se recojan
en el proyecto de ley y, por supuesto, lo que han hecho al final con los
profesionales al generar este tipo de conflictos, cuando este proyecto de
ley, según su mandato, sólo tenía que regular el desarrollo de la
arquitectura técnica en ese momento.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senadora Pleguezuelos.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Gracias, señor Presidente.
En turno de réplica a la intervención de la Senadora Pleguezuelos le diré
que ya en el Congreso de los Diputados hubo un acercamiento importante de
posturas entre los grupos políticos y en aquel momento se aceptaron 22
enmiendas. Realmente entre las enmiendas que en estos momentos se debaten
y que, lógicamente, apoyan al veto, solamente hay tres nuevas; las demás
ya fueron debatidas en el Congreso, se explicó por qué no se podían
admitir, y se logró el consenso en aquellas cosas en que se podía, en
otras no, porque son dos modelos distintos, son dos leyes distintas, y la
homogeneidad legislativa no permite la admisión de otro tipo.
Los aspectos esenciales a los que nos estamos refiriendo son: medio
ambiente, riesgos laborales y consumidor. Dichos aspectos, a nuestro
juicio, están perfectamente contemplados dentro de ese proyecto de ley
básico o norma general que constituye esta ley. Además, aparte de estar
en el contenido de esta ley, las tres leyes que ya hemos mencionado son
las que precisamente están marcando la legislación en estas cuestiones
fundamentales.
Para mí la más fundamental de todas es la referente a la salud y
seguridad de los trabajadores. Existe una ley que todos conocemos, la Ley
31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, quince reales decretos, que
de alguna forma la desarrollan, y dos órdenes ministeriales. Precisamente
como consecuencia de esta ley, cualquier proyecto de un volumen
determinado necesita ir acompañado de un proyecto de seguridad.
Respecto a la subcontratación, el subcontratista para nosotros es un
constructor, exactamente igual, de una parte de la obra o contratado por
el promotor para terminar una parte de la obra. Por tanto, la legislación
que el subcontratista acepta es la que marca la Ley de Contratos de
Estado, la que marca la propia proposición de ley que en estos momentos
estamos debatiendo para los contratistas, y también las normas que se
fijan en el Código Civil.
¿Por qué el derecho de reversión, señorías? Muy sencillo, es una ley del
año 1952, de hace mucho tiempo, obsoleta, que lógicamente no está
actualizada ni adecuada al contexto actual, a una sociedad democrática y
a sus aspectos socio-económicos en estos momentos.
En cuanto a los requisitos de calidad --y aunque sería volver a hablar
del mismo tema-- están recogidos en el artículo 3; están recogidos en la
disposición final segunda, con la normativa que le acompaña, y sin duda
alguna tanto la normativa posterior como el desarrollo de la ley
recogerán parte de esa normativa, que indudablemente va a aumentar la
calidad de la construcción.
En cuanto a la fecha anunciada por el Diputado señor Ortiz, si nosotros
podemos presentarlo antes de dos años, sin duda alguna lo presentaremos,
pero lo que no podemos decir ni asegurar es que se pueda hacer. Por tanto
nosotros, y en este caso concreto el Senador que les habla se remite,
única y exclusivamente, al plazo que marca la ley, que es de dos años. En
consecuencia, señorías, agradeciendo sin duda alguna el talante mostrado
en la defensa de los vetos y la forma de llevarla a cabo, nuestro Grupo
va a oponerse a los mismos.
Nada más; muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Bris.
Terminado el debate, llamamos a votación. (Pausa.)
Votamos en primer lugar el veto número 1, de los Senadores Román Clemente
y Cámara Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 193; a
favor, 79; en contra, 114.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Queda rechazado.
En segundo lugar, sometemos a votación el veto número dos, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos 192; a
favor, 78; en contra ,114.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Queda rechazado.
A continuación, pasamos al debate del articulado.
Capítulo I, artículos 1 y 2, Capítulos II, III y IV.
En primer lugar, debatimos el voto particular número 2, de los Senadores
Román Clemente y Cámara Fernández, que se corresponde con las enmiendas
números 1 a 21.
Para la defensa de las citadas enmiendas, tiene la palabra el Senador
Cámara. (Rumores.)
Ruego silencio a sus señorías. (Pausa.--Continúan los rumores.) Espere un
momento, Senador Cámara.
Guarden silencio. (Pausa.)
Puede comenzar, Senador Cámara.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Para no cansar a la Cámara, voy a defender una enmienda global, que
recoja las ya citadas, haciendo un pequeño preámbulo, si me lo permiten,
para decir que las leyes pueden ser de mínimos. En término de mínimos,
podemos hablar de más bajos o más altos. Se pueden recoger o no
colateralmente aspectos de otras leyes y disposiciones, pero en cualquier
caso eso no quita en absoluto para considerar que hacer pedagogía
política es introducir en una ley aspectos de otras leyes para su mayor
seguridad y concreción y como garantía de los agentes que intervienen en
ella. (Continúan los rumores.)
Me molesta enormemente que haya mucho ruido cuando hablo, por tanto me
voy a parar.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Espere un momento, Senador
Cámara.
Ruego a sus señorías que guarden silencio. (Pausa.)
Puede continuar.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias.
Esto para mí es importante, y lo es porque, en el debate anterior con
respecto a los vetos, ni tan siquiera por poner un ejemplo se han
recogido aspectos como es que, en los pliegos de condiciones de las obras
de las Administraciones públicas, deben establecerse cláusulas de
discriminación positiva para los constructores cuyos medios humanos
propios tengan al menos un equis por ciento de contratación fija, y todo
el mundo sabe perfectamente que la accidentalidad laboral está bastante
ligada, tiene bastante que ver con la eventualización, con el aumento
excesivo de la productividad a través de las horas extra, y que las
subcontratas o contratas que intervienen en las edificaciones están
creando realmente un problema enorme en este país. No quiero mencionar
parte del debate que antes se ha hecho, pero sí argumentar globalmente y
hacer al final una propuesta para que se voten una por una algunas
enmiendas.
La enmienda número 1, que modifica el artículo 3, pretende, en nuestro
caso, garantizar más y mejor la seguridad de las personas, el bienestar
de la sociedad y la protección del medio ambiente, con mayores exigencias
en la localización y funcionalidad, para evitar el riesgo, para adaptar
los edificios al entorno y potenciar los valores naturales y culturales,
para evitar la degradación del entorno natural, entre otras razones.
Nuestras enmiendas también pretenden mayores garantías de estabilidad,
seguridad y habitabilidad, así como la exigencia de permanencia y
conservación de las mismas edificaciones, el ahorro energético y la
protección del medio ambiente.
Las enmiendas que presentamos persiguen también aumentar los requisitos
relativos a la seguridad de las viviendas y que no queden en meras
declaraciones de intenciones los principales requisitos básicos que toda
edificación debe cumplir, debiendo figurar en la memoria del proyecto.
Asimismo, pretendemos que se realicen estudios previos para conocer el
lugar más apropiado para la edificación, que se asegure el control de la
legalidad por parte de las administraciones más próximas al ciudadano y
que se facilite documentación e información previa para la seguridad y la
salud en las obras --ya se ha debatido bastante anteriormente.
En los pliegos de condiciones de las obras de las administraciones
públicas queremos introducir, como he mencionado al principio, cláusulas
discriminatorias positivas del 30 por ciento del personal fijo en las
obras de las contratas, así como definir de forma más clara la figura del
constructor y más garantías para acceder a dichas actividades, porque nos
parece fundamental.
Perseguimos una mayor concreción y garantía en todo lo concerniente a los
contratos de subcontratación para el conocimiento de las obligaciones del
subcontratista, así como las responsabilidades de todos los que
intervienen, es decir, promotores, constructor y subcontratas.
Igualmente, queremos poner a disposición de los subcontratistas los
medios de seguridad y salud detallados en el estudio de seguridad de la
obra y que le sean abonados por el promotor, porque casi nunca se hace
así, sino que se exige al subcontratista que ponga los medios, y hay un
dinero previo que debiera de ser dado al subcontratista. Asimismo,
pretendemos definir con claridad la figura del subcontratista y que el
jefe de obra disponga de la documentación necesaria para cumplir con sus
obligaciones.
No quiero cansarles porque está siendo un Pleno denso y, a fin de
cuentas, parece que todo esto es una formalidad porque, lógicamente, como
antes se ha dicho, como ya se admitieron unas enmiendas, para qué vamos a
admitir otras y, por tanto, resulta que esta Cámara deja de tener sentido
y a mí me entra una congoja increíble porque para qué me voy a esforzar
en argumentar si resulta que se rechaza de principio y el voto ya está
decidido. Lo comprendo y lo entiendo pero, en cualquier caso, a mí
--perdonarme la expresión-- no me da la gana, primero, cansarme yo y
luego cansarles a ustedes.
Yo quiero ir a mi Comunidad, ir a los constructores, a la Federación, y
explicarles lo que ha ocurrido aquí, que estas enmiendas no se han
aceptado; ir a los trabajadores, a los sindicatos y decirles que estas
enmiendas no se han introducido. Y, ¿quién tiene la culpa? Identifiquemos
la culpa igual que identificamos los riesgos. Por este motivo, en el
barullo de las leyes y las enmiendas, me interesa fijar esencialmente la
posición y votación en relación con lo que hemos presentado nosotros. En
este sentido, pregunto a la Presidencia si lo que planteo se puede hacer.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senador Cámara, se puede hacer
votación separada según pida cada uno de los Grupos Parlamentarios, pero
cuando llegue el momento de la votación le rogaría que me lo recordara.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas gracias. Perdone porque soy novato en
esto.
Solicito votación separada para las enmiendas números 1, 9, 11, 12, 15 y
las enmiendas que se refieren a disposiciones, es decir, las números 18,
19, 20 y 21.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Cámara.
Cuando llegue el momento procesal oportuno así lo haremos.
Voto particular número 3, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, que se corresponde con las enmiendas números 23 y
29.
Para su defensa tiene la palabra el Senador Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
La enmienda número 23 hace referencia al artículo 6.4 del proyecto de
ley, donde se habla de un plazo para recepcionar las obras por parte de
los promotores o propietarios de las obras, cuando las realice el
contratista, de 30 días, salvo pacto en contrario. Sin embargo, nos
parece que ofrece más garantías fijar un plazo de 60 días, que es el que
establece la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas para que
éstas recepcionen las obras, con el añadido de que las administraciones
públicas, a diferencia de los promotores particulares, suelen disponer de
mejores medios materiales y técnicos, de personal más cualificado, e
incluso de más medios económicos que los de un particular que, por
ejemplo, construya un edificio de viviendas.
No parece, pues, que haya una gran coherencia en este tema cuando,
insisto, en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas se
establece un plazo de 60 días. Por eso, como digo, nos ha parecido que
ofrece más garantías para el propietario de la obra que se le dé el mismo
plazo.
En cuanto a la enmienda número 29, es de contenido competencial. En este
sentido, la disposición final tercera de este proyecto de ley contiene
alguna salvaguarda al respeto, pero totalmente insuficiente, ya que lo
que se propone se hace en términos de obviedad. Creemos que lo que
pretende esta ley es ordenar el proceso de edificación desde el punto de
vista civil y mercantil; es decir, lo que es la propiedad, lo que en
definitiva supone el proceso de construcción de un edifico sobre suelo
particular. Según la tesis clásica del Derecho Romano o Napoleónico, el
propietario del suelo también adquiere la propiedad de todo aquello que
se construye sobre ese suelo. Por tanto, en esta ley se establece una
regulación de orden mercantil sustentada en los títulos competenciales
149.1.6.ª y 149.1.8.ª de la Constitución. Ese es el soporte que, con
carácter general, se da a la edificación del Estado. Los poderes
centrales del Estado disponen de esos títulos competenciales.
Pero la edificación no es sólo legislación civil o mercantil sobre la
propiedad, sino que en ella también inciden las legislaciones
sectoriales. La vivienda es una competencia exclusiva de las Comunidades
Autónomas, en la que incidentalmente suelen intervenir los poderes
centrales del Estado diciendo que se trata de la ordenación general de la
economía. Debido a su capacidad de gasto el Gobierno aprueba, por
ejemplo, un plan trienal o cuatrienal de vivienda. Pero se trata de
medidas administrativas y presupuestarias, porque insisto en que la
legislación en materia de vivienda es una competencia exclusiva de las
Comunidades Autónomas. Lo mismo ocurre con la legislación medioambiental,
en la que a los poderes centrales únicamente les corresponde el
establecimiento de las bases, porque todo lo que sean normas adicionales
de protección de ese mínimo común denominador --que dice la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional que puede ser mejorado,
adicionado, e incluso más protegido en aras a salvaguardar el medio
ambiente, desarrollando las bases-- corresponde a las Comunidades
Autónomas. Y lo mismo sucede en materia de salud pública.
Por tanto, hay una serie de aspectos que en nuestra opinión no se
salvaguardan de forma suficiente en esa disposición, que tiene una
redacción totalmente obvia, al indicar: ... sin perjuicio de las
competencias legislativas y de ejecución... Así pues, con nuestra
enmienda planteamos una redacción más acorde con ese sistema de
distribución de competencias, para que las administraciones públicas
ejerzan sus potestades de ordenación y control de la edificación de
conformidad con su normativa sectorial.
Por consiguiente, esta Cámara establecerá el marco general del derecho a
la propiedad y del derecho mercantil, de las transmisiones e intervención
de los agentes en la edificación, pero las Comunidades Autónomas tienen
esas potestades medioambientales, de salud pública, en materia de
vivienda, etcétera. Así pues, creemos que con la enmienda que afecta a la
disposición final tercera se salvaguarda mejor el sentido y el espíritu
del Estado autonómico, que consiste en la distribución de competencias
tal como está recogido en la Constitución y en los Estatutos de
Autonomía.
Igualmente, en esta enmienda proponemos una redacción que también va
referida a la disposición final segunda, que habla curiosamente de un
código técnico de la edificación nuevamente estatal. La ley efectúa una
ordenación general de la propiedad, de la edificación, de los agentes que
intervienen en ella, de sus obligaciones, de sus derechos, etcétera, pero
nos remite nuevamente a un reglamento indeterminado que no sabemos qué
rango va a tener y sobre el cual no habrá capacidad de discusión en las
Cortes, ya que irá por vía reglamentaria, por lo que no sabemos hasta
dónde puede llegar esa regulación técnica y tan detallada.
Como ya he dicho, en lo que afecta a la técnica de la edificación
intervienen también las Comunidades Autónomas por las razones que ya he
expuesto --por eso esta enmienda tiene un contenido competencial--. Pero
no solamente intervienen las Comunidades Autónomas, sino también las
corporaciones locales a través de las ordenanzas municipales, que
establecen una regulación todavía más estricta y garantista sobre la
edificación.
Por ello, nuestro Grupo Parlamentario plantea esta enmienda relativa al
código técnico de la edificación, en la que decimos que se entenderá todo
ello sin perjuicio de las normas administrativas sectoriales que
Comunidades Autónomas o corporaciones locales aprueben en materia de
funcionalidad, seguridad, habitabilidad y sanidad.
Creemos que de esa manera garantizamos mejor el sistema de distribución
de competencias, lo que, en definitiva, corresponde a esta Cámara, que
aceptamos básicamente, y por eso solamente tenemos presentadas dos
enmiendas a este respecto puesto que ya está en el articulado del
proyecto de ley. Con esa finalidad constructiva de ajustarnos mejor al
sistema de distribución de competencias en el Estado autonómico es por lo
que hemos presentado estas enmiendas.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador
Gatzagaetxebarría.
Votos particulares números 4 y 5, del Grupo Parlamentario Socialista, que
se corresponden con las enmiendas números 32 a 78, y vuelta al texto
remitido por el Congreso en lo modificado por las siguientes enmiendas:
número 22 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos;
número 79 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, y números 80, 81, 83, 84, 85, 87 y 88 del Grupo Parlamentario
Popular.
Para su defensa tiene la palabra el Senador Rodríguez de la Borbolla.
El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: Muchas gracias, señor
Presidente.
Teniendo en cuenta que a lo largo del debate de los vetos y asimismo en
algunas otras intervenciones se ha producido un pormenor sobre las
enmiendas --no sólo se ha hablado de filosofía general del texto sino que
se ha hablado de enmiendas concretas--, voy a intentar hacer gracia a sus
señorías de una defensa pormenorizada de todas las enmiendas presentadas
y de las exigencias de vuelta al texto originario, para incidir en
algunos argumentos que pueden llegar --espero-- a la cabeza y al corazón
del Grupo mayoritario, que parece que ha empezado a moverse puesto que
nos ha presentado una enmienda transaccional que, aunque menor, al fin y
al cabo podría ser indicio de que dicho Grupo puede atender a algunas
razones.
En relación con las enmiendas al Capítulo I, empiezo diciendo que esta
ley es la ley de ordenación de la edificación, es decir, es la ley
sustantiva mediante la cual se ordena el conjunto del sector de la
edificación. No es una ley que ordene otra cosa y se aplique de vuelta o
se aplique también al sector de la edificación. Es la ley del sector de
la edificación. Por tanto, es la ley en la que deben recogerse los
principios, valores y criterios a los que toda la actividad edificatoria
debe de ordenarse, y no sólo los requisitos que tiene que cumplir un
edificio concreto, que esos sí pueden venir recogidos en una ley
accesoria, adjetiva, en una ley sectorial como pueden serlo las leyes de
prevención de riesgos laborales. Los criterios y valores a los que ha de
ordenarse el sector de la edificación deben ser recogidos en esta ley
porque, si no, no serán permanentes esos valores y esos criterios para la
edificación, sino que estarán al albur de otros impulsos legislativos o
de otros criterios de ordenación.
El Senador Bris ha dicho, por ejemplo, que no hace falta hacer más
referencias al medio ambiente o a la salud y seguridad en el trabajo
porque, entre otras, está justamente la Ley de Protección del Medio
Ambiente Atmosférico de 1972, una Ley incluso preconstitucional, una Ley
que sólo aborda, desde una perspectiva muy parcial y muy sesgada un
problema. Desde la Constitución para acá --año 1978--, y sobre todo desde
1995 para acá --sentencia del Tribunal Constitucional--, se ve el medio
ambiente como un criterio horizontal que condiciona no sólo el ejercicio
de muchas competencias por parte de las distintas administraciones
públicas, sino al cual debe ordenarse la actividad en una serie de
sectores, entre otros, el sector de la edificación.
Es por eso, porque pensamos que ésta es la ley sustantiva del sector de
la edificación, por lo que planteamos las enmiendas relativas a ordenar
el sector de la edificación a la protección del medio ambiente, a la
conservación del patrimonio inmobiliario y a la protección del medio
urbano, entre otras cosas, todo el proceso edificatorio y toda la
actividad edificatoria.
Por eso también, porque ésta es una ley que debe ser global para el
sector y para la actividad de la edificación, es por lo que planteamos
las enmiendas 34 y 35 en las que, dentro del concepto de edificación, se
incluye el proceso de demolición de lo edificado y, por lo tanto, el
concepto de ruina.
Es cierto que esta ley sólo contempla parcialmente la criteriología con
la que debe ser abordada la actividad edificatoria. Tanto es así que, por
ejemplo, en la ley no se exige, ni siquiera en una mínima medida, el
certificado energético y medioambiental en la edificación. Piensen que
con nuestra enmienda 40 sólo se plantea la exigencia de certificado
energético y medioambiental para ayudas públicas a la vivienda y para los
edificios de nueva planta de titularidad pública.
No me digan que eso es pormenorizar y reglamentar, eso es hacer una
opción política de fondo a favor del medio ambiente y de la conservación
de la energía o del menor gasto energético en dos áreas de
responsabilidad de los poderes públicos. No se trata de ponerle
constricciones al titular privado, sino de que las ayudas públicas y los
edificios de titularidad pública reúnan unas condiciones que son básicas
para la conservación del medio ambiente y de la energía.
Todas las referencias que se hacen a los estudios y planes de seguridad y
salud, a las obligaciones con relación a la seguridad y salud de los
trabajadores por parte de todos los agentes de la edificación, son
exigencias que se plantean en distintas enmiendas teniendo en cuenta lo
que he dicho antes con respecto a la edificación: ésta es la ley de los
agentes de la edificación. En la ley de los agentes de la edificación
deben plantearse y especificarse, no sólo los conceptos de los agentes,
sino los derechos y las obligaciones de todos y cada uno de los agentes
del proceso edificador. Por eso, es aquí, y no en otro sitio, donde deben
incluirse las obligaciones en cuanto a seguridad estructural, prevención
contra el uso de materiales peligrosos, seguridad y salud en el trabajo.
Entre otras, la enmienda 43 exige un estudio geotécnico antes de promover
un proyecto de edificación. Esta exigencia no se contempla a fin de poner
un trámite más en el proceso de edificación; en cualquier manual al uso
para los promotores inmobiliarios los autores les recomiendan, aunque no
venga exigido por la ley, la elaboración de un estudio geotécnico. Esta
recomendación se hace para evitar consecuencias como las que se están
produciendo cada día en el panorama de la economía española y de la
actividad constructiva en España. Sin ir más lejos, hace dos semanas, no
sólo los aficionados al baloncesto de Málaga sino todos los ciudadanos de
España, han visto cómo una obra pública de tan enorme dimensión como es
el recién inaugurado Palacio de Deportes de Málaga ha tenido que ser
cerrado y clausurado durante seis meses para realizar obras adicionales,
que le costarán al erario público varios millones de pesetas, porque al
construir el edificio no se había hecho el debido estudio geotécnico y,
por lo tanto, se han producido consecuencias negativas.
En definitiva, señorías, las enmiendas que planteamos van dirigidas a
completar el cuadro de ordenación de la ley en relación con los agentes y
las exigencias en cuanto a seguridad y salud, tanto en lo que se refiere
a los trabajadores como a los edificios y a la sociedad en general.
Asimismo, presentamos otro grupo de enmiendas, dirigidas a la defensa del
usuario y a la transparencia de todo el proceso. A esas enmiendas ya ha
hecho referencia anteriormente nuestra portavoz, la Senadora
Pleguezuelos, y no me voy a detener en ellas.
Para ir terminando, voy a hacer una breve referencia a tres bloques de
cuestiones, en primer lugar, en cuanto a los agentes de la edificación.
Por lo que se refiere a los proyectistas, es cierto que en la ley se
incorpora el acuerdo al que llegaron una mayoría de colectivos de
posibles agentes de la edificación en el área de proyecto. Sin embargo,
en esta ley se introduce, con respecto a la legislación anterior, unos
criterios que pueden dar lugar a muchísima confusión y conflictividad en
el futuro. Los edificios --y, en consecuencia, las atribuciones de
competencia de los proyectistas-- se clasifican por sus usos, y no por su
complejidad, y las competencias a los proyectistas se atribuyen sobre la
base de los usos de los edificios, y no de las competencias y
especialidades de los referidos proyectistas.
Es posible --por lo menos, desde nuestro punto de vista, y por eso hemos
planteado una enmienda al artículo 10.2.a)-- que atribuyéndose, como se
hace en el mencionado artículo, la competencia sólo para edificios de los
usos allí recogidos a los arquitectos, ingenieros e ingenieros técnicos,
dejando fuera de la posibilidad de proyectar en ese área a los
arquitectos técnicos, se esté produciendo un efecto no pensado por los
redactores del texto, cual es el efecto de producir un trato desigual
entre colectivos que tienen unas competencias equiparables para realizar
unos mismos trabajos. Porque hasta qué punto se puede pensar que un
arquitecto técnico tiene menos competencia o menos capacidad que un
ingeniero técnico para proyectar una serie de edificios, por ejemplo, de
uso industrial o agropecuario.
Pensamos que con la redacción recogida en el proyecto se pueden producir
consecuencias negativas para un colectivo amplio de profesionales
españoles; pensamos que esas consecuencias negativas darán lugar a
litigiosidad y pensamos que se podría evitar incluyendo nuestra enmienda
en este punto, teniendo en cuenta que hasta ahora la jurisprudencia de
los tribunales ha ido orientada a atribuir competencias a los distintos
colectivos profesionales sobre la base de dos criterios básicos --valga
la redundancia--: el de la complejidad de lo edificado y el de la
competencia derivada de la especialidad de cada uno.
Otra enmienda a la que ya se ha hecho referencia, pero en la que quiero
insistir, es la referida a los subcontratistas. Se dice que no es
necesaria la regulación en esta ley de esta
figura porque el subcontratista, al final, es un constructor. Eso es
cierto y es incierto al mismo tiempo. El contratista, desde el punto de
vista del trabajo que realiza, es un constructor, realiza materialmente
un trabajo de construcción, pero, desde el punto de vista del lugar que
ocupa en la cadena de los agentes de la edificación, es un agente
distinto, subordinado, dependiente y, posiblemente, con menores
capacidades para responder a determinados peligros y riesgos que se
producen en el proceso de construcción. No se trata del mismo supuesto,
no se trata del mismo agente y, por tanto, no vale la misma ordenación,
con independencia de que materialmente hagan el mismo trabajo. Y a las
pruebas nos podemos remitir. En otros aspectos de la legislación los
subcontratistas tienen una regulación específica. En el Derecho del
Trabajo, por ejemplo, el subcontratista tiene una regulación específica,
a pesar de que es empresario en relación con el trabajador en ese caso.
Pero como es un empresario subordinado, normalmente más débil, con menos
capacidad de responder a determinados riesgos, el subcontratista tiene
una regulación especial, como ocurre con las empresas de trabajo temporal
y, en el ámbito de las administraciones públicas, con los subcontratistas
de obras públicas.
Por tanto, señorías, pensamos que la falta de voluntad, la no aceptación
de incluir una regulación, por mínima que sea, de los subcontratistas en
esta área supone dejar al margen de la pura discrecionalidad del mercado,
de la desregulación, una relación trascendente en el área de la
edificación. Y la economía --si me permiten ustedes la cita--, como decía
un clásico jurista italiano, si no se regula por la ley, se convierte en
la selva. Y no queremos la ley de la selva para el sector de la
edificación.
Hay otras muchas enmiendas, a las que ya se ha hecho referencia por parte
de mi predecesora en la tribuna.
Quisiera referirme brevemente a dos cuestiones más. En primer lugar, las
garantías. Tampoco entendemos por qué a la hora de fijar los mecanismos,
los instrumentos para garantizar la responsabilidad de los agentes de la
edificación no se hace un lugar a las sociedades de garantía recíproca en
el mercado de las garantías de las responsabilidades edificatorias. No
entendemos cuál es el motivo de que se excluya de este mercado a unos
agentes económicos y sociales que están demostrando sobradamente su
capacidad, que están teniendo unas especiales relaciones con las pequeñas
y medianas empresas, tan abundantes en el sector de la edificación, ya
que, además, mediante los avales solidarios, se garantizaría una más
presta atención a las reivindicaciones o reclamaciones de los usuarios,
sin tener que pasar por vicisitudes judiciales previas.
Finalmente, señorías, y ya lo ha dicho también la Senadora Pleguezuelos,
en esta ley se hace un uso torticero, por así decirlo, de la capacidad de
enmendar del Senado. Se modifica la Ley de Expropiación Forzosa de 1954
--que no de 1952-- en los artículos 54 y 55, relativos al derecho de
reversión. Dos cuestiones al respecto: el derecho de reversión no es sólo
aplicable a expropiaciones para la edificación, sino a expropiaciones en
general, por lo que el lugar de reformarlo no es esta ley.
Segundo, en la Ley de Régimen de Suelo y Valoraciones planteamos en su
día la posibilidad --por ser una ley más amplia, más horizontal, si cabe,
que ésta-- de modificar con carácter general los supuestos de reversión y
sólo se modificaron los dirigidos a fines urbanísticos, las
expropiaciones por razones urbanísticas.
Además, entre la norma que se aprobó en 1998 y la modificación que hoy se
propone hay sustanciales diferencias. Por ejemplo, entre otras cosas, en
la Ley del Régimen del Suelo y Valoraciones no era posible la reversión
en el caso de que el uso dotacional que motivó la expropiación hubiese
sido, efectivamente, implantado y mantenido durante ocho años. En esta
ley ustedes amplían el plazo a diez. No se sabe por qué se produce una
modificación para un supuesto que tiene prácticamente la misma
incidencia, los mismos sujetos, si bien unos sean por razones
urbanísticas y otros por razones edificatorias. No se sabe por qué a
partir de ahora se va a tener un doble régimen en materia de reversión,
cuya justificación no aparece en este momento y que, además, supone en
este caso concreto un detrimento de la defensa de los intereses públicos,
puesto que se alargan los plazos de reclamación de los privados, aunque
haya habido un uso público previo durante un tiempo suficiente.
Por lo tanto, mantenemos nuestras enmiendas.
Señor Presidente, como ha habido una transaccional que se refiere a
nuestra enmienda 68, en caso de que la transaccional se consolide,
retiraríamos dicha enmienda.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Rodríguez de la
Borbolla, pero para consolidar la transaccional, tienen que mantener la
enmienda.
Para turno en contra, el Senador Bris tiene la palabra.
El señor BRIS GALLEGO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, hay muchas enmiendas presentadas y no hay mucho tiempo. Me
gustaría dar contestación a todas ellas.
Al Grupo Mixto, que ha presentado las enmiendas números 1 al 21, quiero
decirle que esta Cámara indudablemente es importante y que necesita hacer
un trabajo independiente, pero cuando las enmiendas que se presentan son
exactamente las mismas que se presentaron en el Congreso y ya se dieron
allí argumentos para poder rechazarlas, indudablemente es difícil que en
esta Cámara se puedan aceptar. Otra cosa hubiera sido si se hubieran
presentado enmiendas nuevas como es el caso de la enmienda 21 de
Izquierda Unida.
A mí me parece muy bien que se voten por separado y que, lógicamente, se
vea quién vota una y quién vota otra, pero también se tiene que ver quién
ha votado a favor y quién ha votado en contra de una ley que es necesaria
para la sociedad española.
Hay muchas enmiendas y repito que me gustaría poder hablar de todas, pero
como el Senador Cámara ha hecho una distinción en relación con unas
cuantas, me voy a referir a ellas.
La enmienda número 1, se refiere al artículo 3 y ha pedido votación
separada; a nuestro juicio no es aceptable ya
que no nos parece coherente, señoría, mezclar exigencias de planteamiento
urbanístico con otras en las que se señalan obligaciones de los
propietarios o exigencias reglamentarias.
La enmienda número 9 pretende sustituir de manera total el artículo 11, y
no podemos aceptarla porque sinceramente consideramos que es competencia
de las Comunidades Autónomas.
La enmienda número 11 también al artículo 11 nos parece, señoría, que no
añade nada a la ley. Y en el párrafo segundo quiero señalar algo que ya
ha sido debatido, y es que las obras de las administraciones públicas no
son objeto de esta ley puesto que tienen su propia legislación
específica.
Por lo que se refiere a una enmienda que hace mención a los
subcontratistas --enmienda en la que también ha insistido el Senador
Rodríguez de la Borbolla-- creo que nuestra postura ya ha sido definida.
Nosotros consideramos que el contratista es un constructor. Se reconoce,
aunque con diversos matices, que realmente es constructor. Consideramos
que en una ley básica basta con lo que viene incluido en relación con el
subcontratista, porque, vuelvo a repetir, tenemos la Ley de Contratos del
Estado y el Código Civil que regula lógicamente las funciones, las
obligaciones y responsabilidades del constructor.
En cuanto a la enmienda 18 de Izquierda Unida a la disposición adicional
segunda, debo decir que la exigencia de estas garantías nos parece más
apropiado realizarla de forma escalonada, señoría. Por esa razón,
habiéndola estudiado con el máximo interés, no la podemos aprobar.
Consideramos que el texto que se nos propone en relación con la enmienda
19 tampoco mejora, con toda sinceridad, el que viene en el proyecto de
ley.
En lo referente al Código técnico de la edificación, consideramos que
corresponde al Gobierno la regulación de todo lo que concierne al mismo.
Por último, la enmienda número 21 --la única nueva que se ha presentado
en esta Cámara-- a la disposición adicional cuarta hace referencia a las
obras de consolidación relacionadas con la rescisión de los contratos de
arrendamiento. Tampoco nos parece oportuna dentro de la homogeneidad de
la ley y vamos a rechazarla.
Los Senadores Nacionalistas Vascos presentaron a este proyecto de ley
diez enmiendas, dos de las cuales le fueron aceptadas en el trámite de
Comisión, las números 22 y 24. Retiraron seis enmiendas por ser similares
--yo diría que iguales-- a las enmiendas que había presentado el Grupo
Popular y solamente se mantuvieron para el Pleno las enmiendas números 23
y 29, que son las que ha defendido el Senador Gatzagaetxebarría.
La enmienda 23 --como se ha dicho-- hace referencia al artículo 6,
apartado 4, y propone aumentar el plazo de recepción de la obra de 30 a
60 días.
Indudablemente, es un criterio discutible, pero a nosotros nos parece
sinceramente suficiente el plazo de 30 días y, por lo tanto, no vamos a
aceptarla.
No aceptamos la enmienda 29 a la disposición final tercera --fundamento
constitucional-- de la que el Senador Gatzagaetxebarría ha hecho una
defensa amplia y brillante, porque consideramos que las administraciones
públicas ejercerán las potestades de ordenación y control no porque lo
diga esta ley, sino como consecuencia de las competencias que tiene
asumidas constitucional y estatutariamente. Por lo tanto --vuelvo a
repetirlo-- no podemos aceptarla. Me gustaría ampliar mis explicaciones,
pero el cronómetro corre y quedan todavía bastantes cuestiones que
estudiar.
El Grupo Socialista ha presentado 47 enmiendas. Es difícil hablar
individualmente de todas y cada una de ellas, como el propio Senador
Rodríguez de la Borbolla ha reconocido, dado el tiempo que tenemos. Pero
sería preciso volver a señalar lo que ya hemos indicado a la hora de
discutir y debatir el veto: que la principal diferencia está en el
proyecto que queremos unos y otros. Indudablemente respetables son las
dos propuestas.
Nosotros pretendemos --lo decimos ahora y lo dijimos también cuando
tratamos de la Ley del Suelo-- un proyecto de ley básico y ustedes,
señorías, quieren un proyecto de ley más pormenorizado. No vamos a decir
reglamentista, porque esa palabra les molesta y mi ánimo no es el de
molestar a nadie, pero un proyecto de las características del que ustedes
presentan tendría muchos pormenores.
Yo pensaba que después de las enmiendas que se habían aceptado en el
Congreso podría haber un mayor grado de acercamiento de las posturas del
Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Popular aquí en
el Senado, pero no ha sido posible.
Muchas enmiendas --algunas de ellas las analizaremos de manera
individualizada-- dan lugar a un incremento de la intervención
administrativa.
Siguen existiendo, indudablemente, diferencias entre nuestro proyecto y
las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, por ejemplo, las que
hacen referencia a los plazos de responsabilidad desde el momento en que
los defectos se manifiestan. Consideramos que nuestra redacción es más
afortunada, pero es cuestión de criterios.
Existen discrepancias con las enmiendas socialistas en aspectos
manifestados de manera constante, como son los aspectos medioambientales
y la protección del medio ambiente atmosférico. Se recogen --como se ha
indicado-- en la exposición de motivos, pero no solamente en ella, en los
artículos 3 y 12 de la ley se habla también de la protección del medio
ambiente.
Nos estamos remitiendo a la Ley del 22 de diciembre de 1972 que,
posiblemente, sea una ley que se tenga que actualizar. Tanto el Gobierno
anterior del Partido Socialista como el Gobierno actual del Partido
Popular tendrían que haber estudiado la posible actualización de la
misma. Posiblemente, en su momento esta ley no tuviera prioridad, pero es
la ley por la que nos estamos rigiendo. Existe, está ahí y tenemos que
remitirnos a ella.
En relación a la prevención de riesgos laborales quiero manifestar, como
es lógico, nuestra preocupación. Eso está claro. La seguridad de los
trabajadores para nosotros es un problema fundamental de la sociedad. Es
cierto que los accidentes van disminuyendo, pero se tiene que hacer todo
lo posible para que ese número de accidentes sea cero.
Tenemos una Ley muy reciente, elaborada, además, bajo el mandato de un
gobierno socialista, la Ley de 8 de noviembre de 1995 de Prevención de
Riesgos Laborales, que ha sido ampliada a través de una serie de Reales
Decretos y Ordenes Ministeriales. Supondría, por tanto, reiterar algo que
ya existe en una ley que es básica y general.
En lo que se refiere a la calidad, también tenemos que ser reiterativos
porque si los vetos se apoyan en una serie de enmiendas que intentan
corregir las deficiencias que se han encontrado en esta Ley, en nuestro
turno en contra tendremos que hablar de los mismos argumentos que
expusimos en contra de los vetos.
En este sentido, cuando hablamos de la calidad, tenemos que hablar del
código técnico de la edificación, de la normativa reglamentaria, de la
propia disposición final segunda y de la relación de normativa que figura
en ella.
No vamos a repetir lo que hemos dicho del subcontratista, porque es un
tema que hemos debatido ya suficientemente.
En relación con otras cuestiones que se han planteado, como la protección
de los consumidores, es cierto que existe ya una ley de defensa de los
consumidores, pero en mis argumentaciones para rebatir los vetos del
Grupo de Izquierda Unida y del Grupo Parlamentario Socialista, se han
explicado las garantías y las obligaciones que lógicamente tiene el
propietario de un edificio o de una vivienda, pero también los requisitos
básicos que tiene que reunir esa vivienda. Estamos hablando de derechos y
de deberes.
Entre las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, las hay referidas
a los derechos y las hay referidas a las obligaciones de los propietarios
y usuarios. Indudablemente en la ley existen derechos reconocidos y
sistemas suficientes para garantizar ese buen uso o buen funcionamiento
para los consumidores de algo tan importante como la vivienda. Me parece
que las responsabilidades y obligaciones de los agentes que intervienen
en el proceso están perfectamente recogidas.
Hay algunas enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista
que suponen una mejora técnica; otras que hacen referencia a los seguros.
Vuelvo a repetir que algunas de estas enmiendas están recogidas en la Ley
de Contrato del seguro.
El Senador Rodríguez de la Borbolla se ha referido a otras enmiendas en
relación con la franquicia, que ya hemos explicado. Este sería el
contexto general.
Deteniéndonos en alguna de las 47 enmiendas presentadas, la enmienda
número 32 al artículo 1.1 propone un texto nuevo por considerar que lo
referente a la salud y a la seguridad de los trabajadores, la protección
del medio ambiente, del patrimonio mobiliario y del medio urbano no está
incluido en la ley. Reitero mis argumentos, porque considero que deben
ser objeto de una regulación específica.
La enmienda número 40 crea un apartado 3 nuevo y condiciona las ayudas
públicas a la obtención de un certificado energético medioambiental. No
nos parece oportuno ya que según lo dispuesto en las directivas, se
desarrollarán por normativas técnicas.
En cuanto a la enmienda número 43, que crea otro apartado 3 en el
artículo 4, quiero decir a su señoría que su contenido figura en el
artículo 12, apartado 3.b), cuando se habla de la adecuación de la
cimentación y de la estructura proyectadas a las características
geotécnicas del terreno.
La enmienda número 44 va unida a los temas de seguridad.
Estas son algunas de las enmiendas de las que he ido tomando nota. Le
ruego me disculpe porque, por la rapidez del debate, puede que no haya
tomado nota de alguna de ellas.
Las números 49 y 50, así como la 53, la 55 y la 57, hacen referencia a la
prevención de riesgos laborales y a la seguridad y la salud. Ya hemos
expresado nuestro criterio en el debate de los vetos y a lo largo de la
tramitación de la ley.
La enmienda 56 hace referencia al subcontratista, y en cierto modo hemos
explicado el motivo por el que no consideramos necesario su incorporación
a la ley.
Creemos que no puede aceptarse la enmienda número 65, que hace referencia
a las garantías, ya que dejaría sin financiación hipotecaria la
construcción de viviendas, e iría en contra del principio de la
Constitución del derecho a una vivienda digna.
La enmienda número 68 es la base para una transaccional que va a admitir
el Grupo Parlamentario Popular en su apartado primero.
Quiero decirles que hemos estudiado todas las enmiendas con el máximo
cariño e interés, tratando de acercar posturas pero son muy pocas las
enmiendas nuevas que se han traído al Senado en relación con las
presentadas en el Congreso. Concretamente, entre los grupos de Izquierda
Unida, Socialista y Senadores Nacionalistas Vascos, sólo se han
presentado seis enmiendas nuevas. Con seis enmiendas era muy difícil
cambiar los criterios ya establecidos de antemano, además perfectamente
justificados.
En cuanto al derecho de reversión de la Ley de Expropiación Forzosa --si
he dicho que era del año 1952, me he equivocado porque es del 16 de
diciembre de 1954--, esta legislación necesita, como hemos dicho a lo
largo de la discusión, una nueva revisión para adaptarse al nuevo
contexto socioeconómico en una sociedad democrática. Pero de especial
urgencia --y esto lo tienen que reconocer ustedes-- es la regulación del
derecho de reversión, que está calificado por el Tribunal Constitucional
como un derecho de configuración legal --lo dicen catedráticos, que
tienen mucho más conocimiento jurídico de estos temas del que pueda tener
yo--, esto es, que no esté incluido en el repertorio de garantías
constitucionales. Por esa razón le hemos dado un grado de prioridad y un
tratamiento específico dentro de esta ley en esta Cámara. (La señora
Presidenta ocupa la Presidencia.)
En consecuencia, vamos a rechazar las enmiendas en el sentido que he
expuesto en esta tribuna y, lógicamente, votaremos afirmativamente el
texto de la ley.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Comienza el turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene
la palabra el Senador Cámara.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señora Presidenta.
Solamente quiero expresar dos ideas que a mí me extraña que no se
comprendan. Por poner solamente un ejemplo, qué tendrá que ver el
promotor, el constructor y el subcontratista. Normalmente la subcontrata
puede ser perfectamente un trabajador autónomo que coge unos cuantos
trabajadores y se pone a hacer, por ejemplo, el yeso en una edificación.
Naturalmente, se podrá calificar a la subcontrata de constructor, pero el
agente es distinto, su naturaleza es distinta, sus responsabilidades son
distintas, sus medios son distintos. Por tanto, lo que se pretende es
situar a cada agente en sus justos términos, lugares y responsabilidades
para garantizar los derechos o garantías que se pretenden cuidar en esta
ley.
Por otra parte, se ha reiterado continuamente que hay propuestas que ya
están en otras leyes. Vamos a tener un lío de mucho cuidado, porque
cuando hablemos de leyes ya en vigor, por ejemplo, del Estatuto de los
Trabajadores, que es la siguiente, va a haber cosas que ya se presumen
que están y se pretenden modificar o mejorar en otras leyes. Y en otras
leyes de naturaleza distinta, como son estas, se trata de prever algunas
cuestiones, por ejemplo, la seguridad y la salud laboral. La Ley de
Prevención de Riesgos Laborales tendrá más garantías de que se cumpla si
en origen, si en raíz, todos los agentes garantizan que se cumpla esa
ley. ¿Y por qué no introducir en esta ley todas esas garantías? ¿Es que
puede garantizar por igual el constructor, que ya está desapareciendo
para convertirse en una sociedad, que luego subcontrata a un montón de
gente más? ¿No es conveniente garantizar que los proyectos de seguridad
estén manifiestamente claros y hechos, que se dote económicamente por
parte del constructor a la subcontrata con el dinero que en principio ya
está ahí para emplearlo en seguridad? ¿Por qué no garantizar esto a
través de esta ley?
Como dije antes, me limito a defender las enmiendas en los términos en
que antes las he planteado. Pero me ha extrañado que, en algunos casos,
se dé tanta cicatería a la hora de expresar aspectos que teóricamente
están en otras leyes, que colateral o parcialmente puedan formar parte
del texto de una ley de la importancia que tiene ésta. No lo comprendo.
¿Qué más da? Si están ustedes de acuerdo, recójanla parcialmente,
colateralmente; no sean cicateros; recojan esas enmiendas. ¿Que son
reiterativas, según ustedes? No importa, recójanlas; no pasa nada; será
un mayor abundamiento de la garantía con respecto a los temas que están
planteando aquí.
Nada más; muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Cámara.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señora Presidenta.
Efectivamente, como decía el Senador Bris, es opinable intelectualmente
la enmienda que mantenemos con el número 23; nosotros creemos que es
mejor, y el Gobierno y el grupo parlamentario que apoya al Gobierno
entienden que esa redacción es suficientemente garantista.
En cuanto al contenido competencial también hay una discrepancia de
fondo, pero más que incidir en las discrepancias, es el momento de
resaltar los acuerdos y las coincidencias que a lo largo de la
tramitación parlamentaria hemos tenido los portavoces del Grupo
Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, tanto en el Congreso de los Diputados como en el
Senado. También quiero reconocer la flexibilidad que el Senador del Grupo
Parlamentario Popular, señor Bris Gallego, ha tenido en esta tramitación
parlamentaria, flexibilidad que forma parte de su idiosincrasia, de las
características de su persona, que nos tiene acostumbrados habitualmente
a intentar llegar a acuerdos. Hoy nuevamente ha dado un ejemplo de que
con él el diálogo es factible. Por tanto, aunque mantengamos esa
discrepancia en dos enmiendas, lo importante es resaltar el alto grado de
consenso que nuestro grupo parlamentario ha conseguido en el contenido
material y sustancial del proyecto de ley, por lo que nuestro grupo va a
votar favorablemente la generalidad del dictamen.
Nada más; muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
¿Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el
Senador Rodríguez de la Borbolla.
El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: Gracias, señora Presidenta.
Con toda brevedad, empezaría por una reflexión. El señor Bris debe ser
flexible y tendente a lograr acuerdos con los amigos, porque con los
adversarios, con los representantes de otras líneas de pensamiento no
parece que sea proclive ni a dar una gota de agua, con independencia de
que haya habido alguna transaccional y alguna menor cuantía.
Aprovecho simplemente para decir tres cosas. Primera. En cuanto a las
habilitaciones profesionales, en el tiempo pasado hasta ahora, con la
legislación anterior, la jurisprudencia, el Tribunal Supremo tuvo que
decir que la justicia estaba viviendo una situación en la que los
tribunales habían tenido que pechar con el deber de dar soluciones a
problemas nacidos de las oscuridades de las leyes. Yo insisto en que, con
la formulación que se presenta en esta ley y teniendo en cuenta la
supervivencia tras esta ley de legislaciones anteriores, seguramente la
conflictividad va a crecer y los tribunales van a tener que seguir
pechando con la responsabilidad de dar soluciones donde los legisladores
no las hemos dado suficientemente claras.
Segunda cuestión. En cuanto al derecho de reversión y a su incorporación
a esta ley, es evidente que el derecho de reversión es un derecho de
configuración legal, no constitucional,
pero el derecho de reversión tenía antes una configuración legal, la que
le daba la Ley de Expropiación Forzosa; y tenía otra para las
expropiaciones con fines urbanísticos, que era la que le daba la Ley del
Suelo, y últimamente la Ley de Régimen de Suelo y Valoraciones. El
problema no es que tenga que dársele una configuración legal; el problema
es cómo se le da esa configuración legal, y ustedes se la han dado en
esta Cámara de tapadillo y con alevosía, porque la han metido a la
remanguillé, por así decirlo, de tacón, y la han puesto sobre la base de
la inexistencia de un debate previo.
Es una configuración legal del derecho de reversión con nocturnidad y
alevosía --digamos--, defraudadora de los procedimientos de debate que
debe llevar aparejado todo procedimiento legislativo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Rodríguez de la Borbolla.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Bris.
El señor BRIS GALLEGO: Gracias, señora Presidenta.
Senador Cámara: promotor, constructor y subcontratista son tres agentes
de la construcción diferenciados, y cada uno, dentro de este proyecto de
ley que presentamos, tiene sus propias obligaciones y tiene definidas sus
propias responsabilidades.
Al hablar de la garantía, quizá precipitadamente, ha dicho que no existe
esa garantía. Señoría, estamos en un Estado de Derecho, y a nosotros todo
eso de lo que estamos hablando nos lo garantizan las leyes que están en
este momento aprobadas, y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la
Ley de Protección del Medio Ambiente Atmosférico y la Ley de Protección
al Consumidor son leyes aprobadas, dos de ellas por esta Cámara. Por lo
tanto, desde mi punto de vista, la garantía está perfectamente
conseguida.
Cicatería, no. Son dos modos distintos de ver este proyecto de ley. Para
nosotros --vuelvo a decir-- es un proyecto de ley básico, como lo fue en
su momento la Ley del Suelo, y ustedes nos están planteando una ley --y
repito la palabra entrecomillada, porque si les molesta la retiro-- mucho
más reglamentista.
Deseo agradecer al Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos la mención que
se ha hecho respecto a mi flexibilidad, y que nace, indudablemente, de la
amistad existente entre el Senador Gatzagaetxebarría y este portavoz del
Grupo Popular, pero sí es cierto que tratamos de ver las cosas con la
mayor objetividad. Su Grupo ha trabajado esta ley en el Senado; la han
estudiado, han presentado muchas enmiendas y, como es lógico, muchas de
ellas han sido aprobadas por el Grupo Popular. Agradezco su apoyo, al
igual que el que explícitamente ha manifestado el portavoz del Grupo de
Convergència i Unió.
Senador Rodríguez de la Borbolla, si ustedes presentan cuarenta y siete
enmiendas y sólo tres nuevas, y las otras cuarenta y cuatro han sido ya
rechazadas en el Congreso de los Diputados por unos razonamientos y unos
fundamentos que van en contra de la homogeneidad de la ley, es indudable
que nosotros tampoco podemos hacer otra cosa que estudiar de nuevo las
enmiendas, y con el máximo interés, pero sobre todo las números 33, 48 y
73, que son las que ustedes han presentado nuevas. O sea que, en
realidad, en esta Cámara estamos rechazando tres enmiendas. Es posible
que si se hubiese ampliado la presentación de enmiendas sería otro el
diálogo que estaríamos manteniendo en este momento.
Sin duda alguna, señoría, cuando una ley está establecida en un sistema
democrático, cuando una ley pasa por una Cámara o por dos Cámaras del
Parlamento, un demócrata reconocido --y usted lo es-- nunca puede hablar
de oscurantismo. Eso está clarísimo. Esta es una ley que está hecha por
dos Cámaras y, por lo tanto, nosotros no vemos ninguna oscuridad. No
estamos hablando de introducir nada de manera subrepticia, sino que
estamos tratando de resolver un problema de la sociedad española, y si
aquél se resuelve en una Cámara como la del Senado, para nosotros debe
ser un motivo de orgullo, porque demostramos que esta Cámara Alta sirve
para bastantes más cosas de lo que unas cuantas personas --que
seguramente no la conocen-- puedan opinar sobre ella.
En esa línea, vamos a rechazar las enmiendas, pero con la aprobación,
como es lógico, de esa enmienda transaccional al artículo 20, y vamos a
votar a favor del dictamen que hoy se propone al Pleno de la Cámara.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Bris.
Terminado el debate, pasamos en primer lugar a la votación de las
enmiendas.
Votaremos las enmiendas de los Senadores Román y Cámara, en tres bloques.
El primer bloque está constituido por las enmiendas números 9, 20 y 21.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a
favor, uno; en contra, 114; abstenciones, 81.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas números 9, 20 y 21.
A continuación, votamos el siguiente bloque de enmiendas, números 1, 11,
12, 15, 18 y 19.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 198; a
favor, 78; en contra, 113; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el tercer y último bloque de enmiendas de los Senadores Román y
Cámara, que se corresponde con las que no he mencionado.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 199; a
favor, 78; en contra, 115; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos números
23 y 29, conjuntamente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 200; a
favor, 14; en contra, 186.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Socialista números 32 a 78, salvo la número 68, que
sostiene una propuesta de modificación del dictamen y también la vuelta
al texto remitido por el Congreso en lo modificado por la enmienda número
22, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, la número 79, del Grupo
Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, y las números 80, 81, 83,
84, 85, 87 y 88, del Grupo Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 199; a
favor, 78; en contra, 115; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
A continuación, votamos la propuesta de modificación del dictamen, sobre
la base de la enmienda número 68, del Grupo Socialista.
Entiendo que puede darse aprobada por asentimiento. (Pausa.)
Queda aprobada.
Votamos los artículos 7, 8, 14, 15, 17 y 20 del dictamen, las
disposiciones adicionales primera, tercera, cuarta y sexta, y la
disposición final primera, conjuntamente.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 200; a
favor, 200.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
Votamos el resto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 194 a
favor, 118; en contra, 74; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del
texto definitivo por Su Majestad el Rey.
--DE LA COMISION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN RELACION CON EL PROYECTO DE
LEY SOBRE SISTEMAS DE PAGOS Y DE LIQUIDACION DE VALORES. SE TRAMITA POR
EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000149) (C. D. 121/000168).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al dictamen de la Comisión de Economía y
Hacienda en relación con el proyecto de ley sobre sistemas de pagos y de
liquidación de valores, tramitado también por el procedimiento de
urgencia.
Para la presentación del dictamen tiene la palabra el representante
designado por la Comisión, en este caso el Senador Mera.
El señor MERA RODRIGUEZ: Señora Presidenta, señorías, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 120.1 del Reglamento del Senado, y según el
acuerdo adoptado por la Comisión de Economía y Hacienda el pasado día 23
del mes en curso, ésta designó, como es habitual, a su Presidente, don
Roberto Soravilla Fernández, para hacer la presentación del dictamen del
proyecto de ley que nos ocupa ante el Pleno de la Cámara. Pero ante su
imposibilidad de poder asistir hoy a este Pleno, me encargó que en su
ausencia fuese yo quien presentase el dictamen de la Comisión de Economía
y Hacienda respecto del proyecto de ley sobre sistemas de pagos y de
liquidación de valores.
Pues bien, señora Presidenta, señorías, paso a continuación a enumerar
las distintas fases por las que ha pasado dicho proyecto de ley.
El día 10 de septiembre de 1999 fue remitido por el Congreso de los
Diputados a esta Cámara dicho proyecto de ley. La finalización del plazo
de presentación de enmiendas estaba fijada para el día 14 de septiembre,
pero dicho plazo fue ampliado hasta el día 16 del mismo mes. Se
presentaron 23 enmiendas. Posteriormente, el día 22 de septiembre, se
reunió la Comisión para designar Ponencia o, en su caos, dictaminar el
proyecto de ley. La Comisión dictaminó el proyecto en esa misma fecha,
incorporando las enmiendas al texto remitido por el Congreso de los
Diputados. El dictamen fue publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales» de fecha 24 de septiembre de 1999.
Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Comienza el debate de totalidad.
¿Alguien desea intervenir en turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
Pasamos al turno de portavoces.
¿Desea intervenir el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.)
Pasamos, pues, al debate de las enmiendas.
En primer lugar, voto particular número 3, de los Senadores Román
Clemente y Cámara Fernández. (Pausa.) Veo que sus señorías no están
presentes. Por tanto, decaen sus enmiendas.
Voto particular número 1, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, correspondiente a las enmiendas números 1 a 9.
Tiene la palabra el Senador Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Señorías, antes de empezar mi intervención,
quiero decir que de las tres enmiendas transaccionales que ha presentado
el Grupo Popular aceptamos las que se corresponden con las números 1 y 3
de nuestro Grupo Parlamentario, con lo cual no voy a entrar en la defensa
de dichas enmiendas.
Respecto a nuestra enmienda número 5, a la que el Grupo Popular ha
presentado una transaccional y que también transacciona con una enmienda
del Grupo Catalán, nosotros hubiéramos preferido la vuelta al texto
originario; sin embargo, en aras de la cortesía parlamentaria, hemos
firmado la tramitación correspondiente, pero sepan que nos abstendremos.
Dicho esto, voy a pasar a defender brevemente las enmiendas vivas que nos
quedan. La número 2 es de supresión, ya que consideramos que deben ser
los participantes en el sistema los que aprecien la conveniencia de
liquidar las órdenes de transferencia de fondos a través del Banco de
España.
La enmienda número 4, que se formula al artículo 4, es de modificación.
Se justifica porque si los requisitos para el reconocimiento como sistema
ya están legalmente fijados, no hay razón alguna para que el acto de
ejecución de reconocimiento no sea dictado por la Comunidad Autónoma que,
además, tendrá la competencia para crear el centro de contratación al que
sirve el sistema.
La enmienda número 5 pretende la modificación del artículo 5. A dicha
enmienda se ha presentado una transaccional por parte del Grupo Popular
que, como he dicho antes, la hemos suscrito pero nos vamos a abstener en
la votación. Nosotros hubiéramos preferido, en el peor de los casos, la
vuelta al texto primitivo, con lo cual no entro en su defensa.
La número 6 es de supresión al artículo 6, concretamente al segundo
párrafo, ya que consideramos que no debe excluirse en ningún momento la
posibilidad de que la práctica cree canales más directos, fluidos y
rápidos de comunicación.
La enmienda número 7 es de modificación al artículo 8, y en ella
proponemos pasar el citado artículo 8 del proyecto a disposición
adicional. Se trata, simplemente, de una mejora de carácter técnico.
La enmienda número 8, que se formula al artículo 16, número 3, párrafo
cuarto, es de supresión. La presentamos porque no debe excluirse la
posibilidad de canales más directos, fluidos y rápidos de comunicación.
Por último, formulamos la enmienda número 9 al artículo 19. Solicitamos
la creación de un artículo nuevo al respecto, y lo hacemos sobre la base
del respeto de las competencias autonómicas.
Con todo lo dicho, doy por defendidas las enmiendas del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Nada más y muchas gracias, señorías.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Gangoiti.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la
palabra el Senador Cambra.
El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
También vamos a consumir un turno breve para la defensa de nuestras
enmiendas, por cuanto que de las seis enmiendas correspondientes a
nuestro voto particular hay dos, las números 13 y 14, que sostienen
enmiendas transaccionales que ya se han presentado firmadas a la Mesa.
Hemos de agradecer al Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos que hayan
firmado dicha transacción, que va soportada en nuestra enmienda 14 y en
la número 5 suya. Aunque ellos preferían el texto inicial, el hecho de
que hayan permitido la tramitación de la transacción facilita que se
pueda introducir una mejora en el texto que nos remitió el Congreso de
los Diputados, sobre todo en lo que respecta al ámbito competencial en
materia bursátil de aquellas Comunidades Autónomas que la tienen
transferida, como es el caso de la Generalitat de Cataluña.
Por lo que hace referencia al resto de las enmiendas que mantenemos
vivas, tanto la número 15, como la 17 y la 18, están en la misma línea de
intenciones que tienen algunas de las enmiendas que también mantienen
vivas el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, ya que lo
que se pretende es que los órganos superiores del sistema de compensación
y liquidación de valores de ámbito autonómico tengan el mismo rango que
el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores como
interlocutores de la Comisión de la Unión Europea. El hecho de utilizar
como intermediario en estas relaciones a la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, tal como se prevé actualmente en el texto de la ley,
entendemos que no se justifica. Por tanto, mantenemos vivas esas tres
enmiendas para su votación.
Por último, la enmienda número 16, de carácter técnico y que también fue
presentada por parte de nuestro Grupo en el Congreso de los Diputados,
mejora el redactado del artículo 15. Pero, dada la no aceptación por
parte del Grupo Parlamentario Popular de este texto y entendiendo que el
redactado actual del artículo es suficientemente válido, vamos a retirar
dicha enmienda y ya no la someteremos a votación.
Con esto he defendido las cuatro enmiendas que nos quedan vivas, dado que
hay dos que soportan transacciones.
Así pues, sólo me resta reiterar el voto favorable al proyecto de ley por
parte de nuestro Grupo. Esta es una adaptación importante a una directiva
europea --repito, importante--, aunque se haya tramitado
parlamentariamente, tanto en el Congreso de los Diputados, como aquí, en
el Senado, con una gran celeridad, puesto que no por ello
deja de tener importancia para la actividad a la que afecta esta
adaptación que se ha hecho de la Directiva. Entendemos que la necesidad
de que entre en vigor antes del 11 de diciembre ha condicionado esta
celeridad, pero consideramos también que el debate ha quedado --insisto
que tanto en el Congreso como en esta Cámara-- muy reducido y ha sido muy
precipitado.
Por nuestra parte, nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Al parecer, hay precedentes de que se hayan podido rehabilitar las
enmiendas en el caso de que haya decaído porque en ese momento sus
defensores se encontraban ausentes del hemiciclo.
Si no hay objeción por parte de la Cámara, volveríamos sobre el voto
particular número 3, de los Senadores Román Clemente y Cámara Fernández.
(Pausa.)
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Cámara.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Efectivamente, me había ausentado por una causa inexcusable, de esas que
no tienen posibilidades de esperar demasiado y, creyendo que se iba a
extender más el anterior interviniente, me ha sobrepasado.
Por tanto, lo agradezco sinceramente porque quiero mantener la enmienda
en los términos en que figura en la documentación.
Es una enmienda de modificación al artículo 18.3, primer párrafo, que
diría: «El ejercicio de dichos cargos estará sometido al régimen de
incompatibilidades que rige para los consejeros y altos directivos de las
entidades de crédito españolas.»
La motivación es clara. Su intención es que debe asimilarse también a los
altos cargos de esta sociedad al régimen de limitaciones previsto para
los administradores de la banca privada.
No es más que esto, figura en el texto y mi intención sólo era mantener
la enmienda y, lógicamente, someterla a votación.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Pasamos, entonces, a los votos particulares números 4 y 5, del Grupo
Parlamentario Socialista, que corresponden a las enmiendas 11 y 12. Para
su defensa defensa tiene la palabra el Senador Serrano, quien también
intervendrá sobre la vuelta al texto remitido por el Congreso en lo
modificado por las enmiendas números 19, 20, 22 y 23, del Grupo
Parlamentario Popular.
El señor SERRANO ALVAREZ-GIRALDO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, el Grupo Socialista va a votar favorablemente este proyecto de
ley porque somos conscientes de su importancia y de la necesidad de
regular el riesgo sistémico que el incumplimiento de las obligaciones de
un participante en un sistema de pago o liquidación de valores conlleva
para que el resto de participantes cumpla con las suyas y, en especial,
con las relativas a la liquidación, de acuerdo con las normas del
sistema, lo que podría ocasionar, por un efecto dominó, el hundimiento de
dicho sistema.
En líneas generales estamos de acuerdo con el proyecto, pero tenemos
nuestras reservas para votar favorablemente a algunas de las enmiendas
presentadas por el resto de los grupos y que pondremos de manifiesto en
el momento oportuno, porque antes voy a detenerme en el voto particular
de mi Grupo, que sostiene las enmiendas números 11 y 12, que afectan
directamente a los artículos 13 y 18 del proyecto de Ley.
La enmienda número 11 propone una modificación a la redacción de la letra
a) del artículo 13, que quedaría redactado de la siguiente manera: Que
deriven de las órdenes de transferencia recibidas y aceptadas por el
sistema, con anterioridad al momento en que la citada incoación haya sido
comunicada al sistema. Esta enmienda se justifica en que de conformidad
con el informe del Consejo General del Poder Judicial de 18 de noviembre
de 1998, una vez que el proyecto fija como término de referencia para
asegurar la irrevocabilidad y firmeza de las órdenes de transferencia,
compensación y liquidación el momento de la comunicación al sistema de
incoación del procedimiento de insolvencia, el supuesto de
excepcionalidad que contiene el apartado mencionado debe subsumirse en la
regla general.
La enmienda número 12, al artículo 18, pretende suprimir el último inciso
del párrafo primero del apartado 3, que dice: ... dichos cargos no
computarán en las limitaciones que, respecto al número máximo de
consejeros o cargos directivos en sociedades, rigen para los consejeros y
altos directivos de las entidades de crédito españolas. El motivo es no
compartir la introducción de tal previsión.
Entendemos que cuando el servicio de Pagos Interbancarios, S. A. se
constituya y tenga unos órganos rectores y, además de las funciones
propias y habituales que venía ejerciendo la actual Cámara de
Compensación Bancaria, pudiera tener algún otro tipo de actividad, los
órganos rectores de esta sociedad, una vez creada, deberían tener una
serie de limitaciones como las que ya rigen para los consejeros y altos
directivos de las sociedades de crédito españolas.
Aunque la Cámara de Compensación Bancaria de Madrid ahora mismo no
establece ninguna pauta de incompatibilidad a sus cargos directivos,
cuando se constituya el servicio de pagos interbancarios podrá tener
otras funciones o actividades, precisamente las que se recogen en el
artículo 17 del proyecto, y ello aconsejaría el establecimiento de unas
normas de incompatibilidad y de cómputo en las limitaciones para acumular
cargos directivos con otros empleos en entidades financieras españolas.
Nuestra posición respecto a los votos particulares del resto de los
grupos se va a mantener como en Comisión.
Para finalizar, sí quiero poner de manifiesto nuestro rechazo más
profundo al fondo y a la forma empleados por el Grupo Parlamentario
Popular para incorporar con la apisonadora de sus votos, que no de sus
argumentos, cinco nuevas disposiciones adicionales en el trámite de
Comisión, que afectan a leyes muy importantes y, en algunos casos,
de un calado tan profundo que desvirtúan el sentido de dichas leyes o,
sencillamente, dejan en un mero papel mojado la función parlamentaria.
Veamos caso por caso.
La enmienda número 19 introduce una nueva disposición adicional cuarta,
por la que se modifican los siguientes preceptos de la Ley sobre Régimen
Jurídico de Control de Cambios:
1. Se añade un nuevo apartado tres al artículo segundo. 2. Se añade un
nuevo apartado cuatro al artículo segundo. 3. Se da una nueva redacción
al apartado uno del artículo diez. 4. El apartado uno del artículo diez
pasa a constituir el apartado dos. 5. El apartado dos del artículo diez
pasa a constituir el apartado tres al que se da nueva redacción. 6. El
apartado tres del artículo diez pasa a constituir el apartado cuatro al
que se da una nueva redacción. 7. Los apartados cuatro y cinco del
artículo diez pasan a constituir los apartados cinco y seis
respectivamente.
Señorías del Grupo Parlamentario Popular, ¿les parece serio el
planteamiento de introducir la prohibición y la limitación para la
realización de determinados movimientos de capitales de este modo? ¿Es
coherente y preciso jurídicamente calificar las infracciones
administrativas de manera tan precipitada y subrepticia?
En definitiva, señorías, con esta enmienda han convertido de un plumazo,
sin apenas debate parlamentario ni justificación sustentada, el régimen
jurídico del control de cambios en una ley Helms Burton para la Comunidad
Europea.
Pero esto no termina aquí. El pasado sábado recibí en mi domicilio los
envíos de boletines del Congreso de los Diputados y cuál no sería mi
sorpresa al comprobar que el plazo de enmiendas para el proyecto de ley
de instituciones de inversión colectiva quedaba ampliado hasta el día 28.
¿Cómo se puede ser tan chapucero y presentar la enmienda número 20 en el
proyecto que debatimos para modificar la Ley reguladora de instituciones
de inversión colectiva, cuando existe un proyecto de la misma Ley enviado
por el Gobierno que se está tramitando en el Congreso de los Diputados?
¿Qué será lo que valga finalmente, señorías? ¿Lo que aprueben ustedes
aquí o el proyecto que está en trámite?
Utilizar su mayoría parlamentaria en esta Cámara para remendar las leyes
que desde el Ministerio de Economía y Hacienda no se atreven a llevar al
Congreso de los Diputados, les descalifica ante este Parlamento al que
tanto desconsideran no por el fondo de las cuestiones, sino por la forma
en que las llevan a cabo.
Nadie les discute su derecho a introducir cuantas modificaciones
consideren necesarias en el trámite de un proyecto de ley en el Senado.
Pero el rigor legislativo, la cortesía parlamentaria y hasta el buen
gobierno están reñidos con la manera con que actúan en estas ocasiones.
¿O me dirán que es serio y riguroso modificar mediante la enmienda número
22 la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados? Con ella
sustraen a los órganos de gobierno y administración de la Comisión
liquidadora de entidades aseguradoras de lo previsto en la LOFAGE. ¿No
hubiera sido más lógico desarrollar el reglamento a los seis meses de
entrada en vigor de esa ley, como estaba previsto en esta Ley de 1995? O,
sencillamente, mediante el trámite parlamentario correspondiente reformar
las disposiciones afectadas por la Ley de Organización y Funcionamiento
de la Administración General del Estado, que es lo correcto.
Igualmente, cuando modifican vía disposición adicional octava la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, vuelven a poner
de manifiesto el atropellamiento de su proceder por mor del exclusivo
interés de colar en esta Cámara lo que sería imposible, dado los plazos
en los que nos estamos moviendo, terminar en esta legislatura.
Pero, señorías, ¿no están convencidos de volver a gobernar? Serénense y
actúen, al menos, con el rigor necesario a la hora de ejercer las
funciones legislativas.
En definitiva, señorías, como no podemos aceptar el proceder del Grupo
Popular y del Gobierno en este proyecto de ley, solicitamos la retirada
de las enmiendas a las que he hecho referencia y la vuelta al texto
enviado por el Congreso de los Diputados.
Nada más y muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños
del Grupo Parlamentario Socialista.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Serrano.
Para turno en contra, tiene la palabra, por el Grupo Popular, el Senador
Alierta.
El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señora Presidenta.
Con brevedad utilizaré un turno para fijar nuestra posición con respecto
a las enmiendas que se han presentado, no sin antes señalar que el
contenido de la ley, como se ha dicho ya por un interviniente, trata de
traducir a nuestra normativa legal la Directiva 98/26 de la Unión
Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo, que fundamentalmente tiene
por objeto reducir los riesgos jurídicos que lleva aparejada la
participación en sistemas de pago de liquidación de valores; asegurar la
firmeza de las liquidaciones; asegurar la validez legal de las
compensaciones realizadas y la exigibilidad jurídica de las garantías que
llevan aparejadas.
Fundamentalmente hay que señalar a los señores Senadores que la
intencionalidad de la ley y el porqué de la regulación de todos estos
sistemas, radica en lo que se ha venido denominando riesgo epistémico. En
estos sistemas de liquidación de pagos normalmente los cobros y pagos de
los diferentes participantes se hacen por saldos: tanto tengo que abonar,
tanto que cobrar, luego se liquida el saldo. En estas circunstancias si
una de las instituciones no cumple sus compromisos porque tiene
insolvencia o algún tipo de riesgo financiero, el problema es que este
fallo se transmite a los demás que pueden no estar en condiciones de
cumplir sus obligaciones. Grandes cantidades de cobros y pagos se
solventan en estas Cámaras de Compensación, como se vienen llamando,
liquidando saldos y, si alguien no hace frente a sus propios compromisos,
todo el sistema se resiente y se puede transmitir, con lo cual estos
sistemas financieros pueden correr unos riesgos que se vienen denominando
epistémicos y que pueden tener graves consecuencias.
Por todo ello es necesario que se regulen, se vigilen y se establezcan
normas para algo que, en principio, no es más que una compensación
bancaria. Su importancia en la Unión Europea conlleva que esto se regule
de una forma uniforme para todos los países y como consecuencia de ello
que los participantes en las diferentes entidades nacionales tengan las
mismas normas que en sus países de origen y se homogeneice este tipo.
La ley, al ser una traslación de la Directiva europea, es muy técnica. En
el Congreso se ha trabajado adicionalmente en ella. No es una ley que
provoque en sí grandes contrastes de opiniones. Las enmiendas que se han
presentado tocan, en general, aspectos parciales y concretos.
Debo señalar --y entro en el tema concreto de las enmiendas formuladas--
que hemos ofrecido unas enmiendas transaccionales tanto a las enmiendas
1, 3 y 5, presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, como a las enmiendas 13 y 14 presentadas por el
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Los sistemas de pagos pueden tener diferente alcance, por lo que para
precisar se establece la frase «sistemas de pago» que se corresponde con
las obligaciones, notificaciones y características, sin perjuicio de las
competencias de las Comunidades Autónomas en relación con los sistemas de
compensación y liquidación de valores creados en mercados secundarios
oficiales de ámbito autonómico o en mercados o sistemas de negociación
del mismo ámbito que no tengan dicha condición. Hay que ampliar el objeto
de la ley a estas circunstancias de los sistemas que acabo de mencionar.
De las restantes enmiendas presentadas voy a comenzar por las formuladas
por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Debo
señalar que en la enmienda número 2 pide la supresión de que estas
liquidaciones se hagan en el Banco de España. Nosotros entendemos que
esto es importante, precisamente, para dar garantías de que ese riesgo
sistémico que señalamos no se extienda. Es conveniente que estos sistemas
de compensación de pagos se hagan a través de cuentas establecidas y
abiertas en el Banco de España, de tal forma que la institución pueda
estar al tanto y controlarlas. De ahí que nos opongamos a la enmienda.
Vamos a oponernos a las enmiendas 4, 6 y 8 presentadas por el Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos --voy a contestar
conjuntamente a la 15, 17 y 18 presentadas por el Grupo de Convergència i
Unió a las que también nos oponemos-- porque básicamente sus propuestas
no tienen en cuenta que las competencias básicas en estos temas son
estatales.
No entendemos que el reconocimiento del Banco de España o de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores se extienda a otros ámbitos autonómicos,
pues la competencia para el reconocimiento debe ser estatal y no debe
extenderse. Tampoco entendemos que las notificaciones de la Unión
Europea, que deben pasar por la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
puedan pasar directamente a un órgano autonómico que, lógicamente, tendrá
sus competencias, pero las relaciones con la Unión Europea son una
competencia estatal y no nos parece conveniente que se pidan relaciones
de un órgano autonómico con la Unión Europea para establecer una
homogeneidad en el funcionamiento del sistema.
Básicamente, estas materias son de competencia estatal y, por lo tanto,
no procede la participación directa de órganos autonómicos. Por eso, nos
oponemos a estas enmiendas 4, 6, 8, 15, 17 y 18 presentadas, las
primeras, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y,
las segundas, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió.
La enmienda número 10 presentada por el Grupo Parlamentario Mixto y la
enmienda número 12 presentada por el Grupo Parlamentario Socialista
solicitan prácticamente lo mismo, que la sociedad del Servicio de Pagos
Interbancarios que se va a crear tenga las incompatibilidades que se
aplican a las entidades de crédito. Entendemos que la no aplicación de
las incompatibilidades a esta entidad es correcta en cuanto que no es una
entidad de crédito. El Servicio de Pagos Interbancarios, que asumirá las
funciones del sistema de compensación bancaria, no es una entidad de
pago, sino más bien una sociedad instrumental. Por lo tanto, las razones
que aconsejan establecer incompatibilidades a las personas que ocupan
cargos directivos, miembros del Consejo de Administración y entidades de
créditos no existen para este tipo de sociedades. Es más bien al
contrario. Es normal que estas entidades estén participadas en sus
órganos de gobierno por aquellas entidades de crédito, mercados de
valores u otras entidades financieras que son, realmente, las
protagonistas en este sistema de compensación de pagos. Pero no
intervienen como una inversión financiera, sino como una sociedad
instrumental que agiliza su propio funcionamiento. Por tanto, no parece
lógico que se le apliquen las incompatibilidades, ni creemos que en el
futuro sus funciones --artículo 17 de la ley-- se extiendan a otros
ámbitos en los cuales haya que hacerlo. Si así fuera, que no es de
prever, sería el momento de analizarlo, pero el artículo 17 no prevé que
esta sociedad tenga otra función que no sea la que le tiene asignada, o
bien establecer relaciones con otros sistemas de pagos en otros países de
otro ámbito.
En cuanto a la enmienda número 11, presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, que solicita la supresión de una excepción que se recoge en
la ley en un tema bastante técnico, quiero decirle que esta excepción
está prevista en la propia directiva, de la cual es causa la ley que nos
ocupa, concretamente, en el artículo 3.1, párrafo 2í. El problema que
plantea en la directiva exige que la carga de la prueba, es decir que
alguien ha comunicado que alguien estaba insolvente y había participado
en el sistema de pagos, corresponde a los gestores del sistema.
Entendemos que se debe y se puede mantener, en coherencia con la propia
ley.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado un segundo voto
particular en el cual manifiesta su oposición a cuatro de las cinco
enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular que fueron
incorporadas en Comisión. Entendemos que el Grupo Parlamentario
Socialista pueda oponerse, pero tengo la impresión, después de escuchar
la intervención de su portavoz, de que no es por las razones que ha
alegado, porque ni las enmiendas presentadas son de un calado que
modifican la naturaleza de las leyes a las cuales afectan, ni se trata de
colar absolutamente nada, ni se trata de modificar temas sustanciales que
vayan a modificar soslayadamente la legislación. Señorías, conocen sus
enmiendas y no habría ningún inconveniente en entrar en un análisis
detallado de ellas, pero normalmente son de una naturaleza bastante
compleja y en algunos casos muy puntuales, y por tanto las voy a relatar.
La más compleja de ellas, la primera, hace referencia a sistemas de
capitales y pagos, por lo que tiene una relación con la ley que nos
ocupa. Lo que trata es de establecer unos mecanismos para incorporar con
un método ágil a nuestras disposiciones normativas los reglamentos y la
legislación que la Unión Europea está preparando en materia de lucha
contra el fraude para evitar los movimientos de pagos y de capitales que
hacen referencia al fraude internacional, concretamente al blanqueo de
capitales. Este es un asunto importante contra el que se está intentando
luchar. En los momentos presentes se está tratando de regular desde
instancias europeas, para que la legislación, las normas, las prácticas y
los criterios sean uniformes en toda la Unión Europea. Esto se hará a
través de reglamentos. Es conocido que la traducción de estos reglamentos
a nuestras disposiciones, que en muchos casos tienen una naturaleza
legal, es prolija, en consecuencia se establece un procedimiento de cómo
traducir e incorporar esa normativa europea para que la lucha contra el
blanqueo de capitales y contra movimientos de capital procedentes de un
fraude pueda incorporarse ágilmente a nuestra sociedad. El procedimiento,
evidentemente, va a ser abierto y transparente en cuanto que van a ser
decisiones del Consejo de Ministros, que son conocidas, publicadas y
notorias, y en cualquier momento hay posibilidad de poder controlar las
regulaciones que se elaboren y establecer cualquier opinión o solicitar
modificaciones que se consideren oportunas, si es que no traducen
realmente las normas europeas a nuestra legislación. Hay otras que son
muy pequeñas que afectan a instituciones de inversión colectiva y que se
solicita que se corrija. Evidentemente existe una ley sobre inversiones
de naturaleza colectiva. De lo que no tenemos seguridad en este momento
es de que esta ley se tramite a tiempo antes del fin de la legislatura,
que está cerca puesto que estamos a punto de cumplir los cuatro años que
señala la Constitución. Lo mismo le podía decir con respecto a las
restantes enmiendas.
Señor portavoz, con simpatía le diré que es oportuno que haga estas
observaciones, está en su derecho, pero desgraciadamente --y lo digo
porque esto repercute también en el carné de identidad-- el Senador que
les habla ya tiene muchos años y muchos años como parlamentario. He sido
parlamentario durante prácticamente los catorce años de Gobierno
socialista y, la verdad, me sorprende un poco que hagan tanto ruido, por
así decirlo, por legislar de esta forma. Realmente nosotros no somos los
inventores de este procedimiento, ni siquiera somos unos pequeños
aprendices. Le voy a poner un ejemplo en el que este tipo de legislación
llegó hasta el Tribunal Constitucional: la ley de presupuestos. Dicha ley
no sólo recogía disposiciones de todo tipo y condición, sino que, además,
se planteó y luego se resolvió que, dada la naturaleza de esta ley, que
es anual, no pueden modificarse leyes sustantivas. En la ley de
presupuestos se recogen gran cantidad de disposiciones adicionales sobre
todo tipo de temas. No sólo se recogían normas en relación con los
presupuestos y, por tanto, con los ingresos y gastos del ejercicio
siguiente, sino sobre todo tipo de legislación. Esta ley llegó en su
momento hasta el Tribunal Constitucional que estableció, en una sentencia
famosa, que no debía utilizarse este procedimiento, lo que dio lugar al
nacimiento de la ley de acompañamiento, prototipo de ley-escoba que
recoge las modificaciones para adecuar los temas a la legislación del año
siguiente. En este aspecto nos pueden tratar de aprendices más o menos
avanzados, pero realmente, señor Senador, ustedes fueron los inventores y
les reconocemos que verdaderamente han sido los maestros de los que
nosotros no podemos sino aprender.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Comienza el turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) Tiene la
palabra el Senador Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Gracias, señora Presidenta.
En esta ley nuestro grupo parlamentario se abstuvo en el Pleno del
Congreso de los Diputados, nos abstuvimos también aquí en el Senado, en
Comisión, y hemos notado que se ha hecho un esfuerzo por parte del Grupo
Parlamentario Popular con las tres transaccionales que han presentado,
con dos de ellas estamos de acuerdo, tal y como he citado anteriormente.
Nuestro grupo parlamentario va a cambiar en este Pleno el sentido del
voto de la abstención al sí porque, ante todo, hemos apreciado esa
voluntad y capacidad de llegar a acuerdos y de flexibilidad por parte del
Grupo Parlamentario Popular. Desde este punto de vista, también nos
gustaría que se aprecie desde el Partido del Gobierno nuestra capacidad
de flexibilidad.
Creemos que éste es un camino importante para llegar a acuerdos y
consensuar leyes. Por tanto, nuestro Grupo va a votar a favor de esta ley
en la votación que se celebrará inmediatamente.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Gangoiti.
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador
Serrano.
El señor SERRANO ALVAREZ-GIRALDO: Gracias, señora Presidenta.
Quiero decirle al Senador Alierta un refrán castellano, puesto que soy
Senador por Avila: «Más aprovecha un ejemplo que un precepto».
Esta tarde llevamos debatidos dos proyectos de ley, y en ambos los
intervinientes del Grupo Parlamentario Socialista nos hemos quejado de lo
mismo; en su época ustedes también se quejaban, pero tendría que terminar
citando otro refrán: «consejos vendo, que yo no tengo», porque es su
forma habitual de actuar, y me temo que además vamos a terminar la
legislatura con muchas leyes en este sentido. Hoy han introducido ustedes
cinco disposiciones adicionales nuevas de un calado importante.
Desvirtúan en algún caso leyes importantes y nos tememos, repito, que sea
la norma habitual hasta el final de esta legislatura.
Nada más; muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el Senador Alierta.
El señor ALIERTA IZUEL: Gracias, señora Presidenta.
Quiero insistir en lo que he dicho, y he de resaltar que el Grupo
Parlamentario Socialista exagera notablemente cuando dice que estas
disposiciones tienen un calado que desvirtúa las leyes. Son
modificaciones puntuales y la que tiene más extensión ya he indicado que
trata de incorporar a nuestra legislación, por un procedimiento ágil que
se define en la ley, la legislación y los reglamentos europeos en materia
de regulación del movimiento de capitales y de pagos para luchar contra
el fraude y el blanqueo de capitales, y esto, repito, no modifica
sustancialmente la ley, nos permite un procedimiento ágil, que está por
ver, y, en cualquier caso, podrán sus señorías ver los resultados en su
momento.
En cuanto al tema que nos ocupa, he de decir que esto es muchísimo menor
que lo fue en su época, señor Senador, pero vamos aprendiendo y vamos
mejorando.
Gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Terminado el debate, ruego llamen a votación. (Pausa.)
Pasamos a la votación del proyecto de ley sobre sistemas de pagos y de
liquidación de valores.
En primer lugar, votamos las enmiendas.
Enmienda número 10, del Grupo Mixto, presentada por el Senador Cámara,
que fue rehabilitada.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 195; a
favor, 76; en contra, 113; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Las enmiendas del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos se van a votar
en tres bloques. El primero está constituido por la enmienda número 2.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a
favor, 14; en contra, 106; abstenciones, 76.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Segundo bloque de las enmiendas del Grupo de Senadores Nacionalistas
Vascos, formado por las enmiendas números 4, 6, 8 y 9.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a
favor, 13; en contra, 181; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
El último y tercer bloque de enmiendas del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos es la enmienda número 7.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 194; a
favor, 80; en contra, 105; abstenciones, nueve.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas presentadas por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i
Unió, números 15, 17 y 18, puesto que la 16 ha sido retirada.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a
favor, 12; en contra, 184.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
En el primer bloque se van a votar las enmiendas números 11 y 12.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a
favor, 76; en contra, 114; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
A continuación vamos a votar la vuelta al texto del Congreso en lo
modificado por las enmiendas números 19, 20, 22 y 23, del Grupo
Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a
favor, 77; en contra, 105; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
En segundo lugar, vamos a votar las propuestas de modificación del
dictamen.
Hay tres grupos que han anunciado el voto favorable, y que constituyen la
mayoría de la Cámara. ¿El Grupo Socialista prefiere que se voten por
separado o quieren que las votemos en conjunto? (El señor Gangoiti
Llaguno pide la palabra.)
En nombre del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y para una
cuestión de orden, tiene la palabra el Senador Gangoiti.
El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Aunque nosotros hemos suscrito las tres enmiendas, pedimos votación
separada, en primer lugar, de las transaccionales primera y segunda
conjuntamente y, en segundo lugar, de la tercera separadamente.
La señora PRESIDENTA: Votamos las tres separadamente.
Comienza la votación de la propuesta de modificación del dictamen sobre
las enmiendas números 1, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, y 13, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a
favor, 194; en contra, uno; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la propuesta de modificación del
dictamen sobre las enmiendas números 1, del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos, y 13, del Grupo Parlamentario Catalán en
el Senado de Convergència i Unió.
El segundo bloque es la propuesta de modificación del dictamen soportado
sobre la enmienda número 3, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a
favor, 196.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Votamos a continuación el tercer bloque de las propuestas de modificación
del dictamen, soportado sobre las enmiendas números 5, del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y 14, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 195; a
favor, 189; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la propuesta de modificación del
dictamen sustentado sobre las enmiendas números 5 y 14.
Votamos a continuación el texto del dictamen en dos bloques. Primero, las
disposiciones adicionales cuarta, quinta, séptima y octava.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 194; a
favor, 111; en contra, 76; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado. Finalmente, vamos a votar el resto
del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 196; a
favor, 196.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción
definitiva del texto por Su Majestad el Rey.
--DE LA COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN RELACION CON EL
PROYECTO DE LEY PARA PROMOVER LA CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y
LABORAL DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE
URGENCIA (S. 621/000150) (C. D. 121/000172).
La señora PRESIDENTA: Dictamen de la Comisión de Trabajo y Seguridad
Social en relación con el Proyecto de Ley para promover la conciliación
de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras.
Se tramita también por el procedimiento de urgencia.
Para la presentación del dictamen, en nombre de la Comisión, tiene la
palabra el Senador Fernández Menéndez. (Rumores.)
El señor FERNANDEZ MENENDEZ: Señora Presidenta, señorías, el proyecto de
ley para promover la conciliación de la vida familiar...
La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor, silencio.
El señor FERNANDEZ MENENDEZ: ... y laboral de las personas trabajadoras
tuvo su entrada en la Cámara el día 10 de septiembre de 1999. El plazo de
presentación de enmiendas finalizaba, en principio, el día 14 de
septiembre, aunque posteriormente fue ampliado hasta el día 16 de
septiembre y se presentaron un total de 96 enmiendas. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, ya que se van, por favor, háganlo en
silencio. No se puede escuchar lo que está diciendo el representante de
la Comisión.
Puede continuar, Senador Fernández Menéndez.
El señor FERNANDEZ MENENDEZ: El proyecto de ley fue debatido directamente
por la Comisión, que se reunió el día 23 de septiembre, decidiéndose
incorporar al dictamen de la misma cuatro enmiendas, más una
transaccional presentada durante el curso de la propia sesión de la
Comisión.
Se han presentado cuatro votos particulares por los distintos grupos
parlamentarios.
Gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Comienza el debate de totalidad.
En turno a favor, y por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
la Senadora do Campo.
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, subir a esta tribuna y hablar sobre la conciliación entre la
vida familiar y la vida laboral, aunque se haga en el marco de un nuevo
proyecto de ley, obliga a esta Senadora a dar un repaso a los
tradicionales papeles que hombres y mujeres hemos desempeñado a lo largo
de nuestras vidas. Volver a hablar de estos papeles no obedece más que a
un ejercicio memorístico que pretende no dejar en el olvido condiciones y
roles que deben formar más parte de la historia del pasado que de nuestro
presente y futuro. No lo interpreten, pues, como una letanía feminista.
Históricamente, los estereotipos sexuales han marcado espacios separados
y ocupaciones del tiempo en lo laboral, familiar, cultural y educativo
entre hombres y mujeres. Al sexo y rol femenino nos ha correspondido
principalmente el ámbito de lo doméstico y el tiempo de lo reproductivo,
mientras que al rol y sexo masculino le ha correspondido el espacio
público y el tiempo productivo y asalariado en exclusividad.
Es evidente que este hecho social y cultural no puede estar presente ya
en una sociedad que se define y se vive a sí misma como democrática, en
donde la igualdad entre hombres y mujeres es un pilar fundamental de la
misma. La importante transformación que se ha producido en España en las
últimas décadas en la situación social y laboral de las mujeres da
muestra de ello y ha afectado a las relaciones sociales en su conjunto,
siendo especialmente relevantes los cambios relativos al mercado laboral
y al modelo familiar imperante; todo ello, como consecuencia del auge de
la actividad laboral de las mujeres, lo que nos da el argumento
fundamental para emprender el desafío de conseguir una conciliación del
trabajo y la vida familiar.
No existe duda de que la creciente participación de las mujeres en el
mercado de trabajo ha modificado el papel tradicional del hombre como
único proveedor de recursos a la familia. Sin embargo, tampoco existe
duda de que esta redistribución de las responsabilidades económicas no ha
ido acompañada de una redistribución semejante de las responsabilidades
domésticas y familiares. Esa falta de redistribución ha supuesto en la
mujer actual un problema a la hora de buscar las vías de conciliación
entre la esfera pública y la privada, entre la casa y el trabajo, entre
las obligaciones de la esposa y madre, por una parte, y las devociones de
la trabajadora y profesional, por otra.
La creciente participación de las mujeres en el mundo laboral debería
suponer mujeres más autónomas, libres y realizadas, pero lo que se ha
conseguido son unos seres extenuados con el peso de una doble jornada
laboral y con el sentimiento de culpabilidad de no atender del todo bien
ni la una ni la otra. Parece que solamente se está buscando una
supermujer que triunfe en su profesión y que a la vez sea una perfecta
ama de casa al servicio de las necesidades de los suyos. La exigencia que
se le está planteando a la mujer actual es una hazaña para alguien que no
posea superpoderes y un superaguante, y ataca de lleno a su salud mental
y física, cuya sintomatología ya ha entrado en los anales de la
psiquiatría moderna con un nombre propio: el síndrome de la supermujer.
Estamos, por tanto ante un desafío histórico mediante el cual se haga
posible la conciliación del trabajo y de la vida familiar. Y para ello se
necesitan nuevas formas de organización del trabajo, nuevas alternativas
de protección social, cambios en la mentalidad y en las costumbres
familiares. Pero eso no es posible sin un marco legal que sea un buen
principio de arranque para acercar el hecho de la conciliación a nuestro
presente laboral y familiar.
Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Popular estamos satisfechos
de poder debatir hoy este proyecto de ley, que recoge, entre las
principales medidas, la equiparación del sistema de protección de la
maternidad biológica con la adoptiva, la creación de una nueva prestación
económica por riesgo durante el embarazo y la nulidad de despido, cuya
causa real se encuentre en la maternidad. Además, se contempla una
utilización más extensa para el hombre del permiso de maternidad, y se
amplían los derechos de excedencias y reducción de jornada de los
trabajadores y trabajadores que tengan a su cargo familiares que no
puedan valerse por sí mismos.
Esta ley constituye, sin lugar a dudas, un paso decisivo a favor de la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, propósito que coincide
con una de las recomendaciones formuladas por la Unión Europea en la
Cumbre de Luxemburgo que ha sido recogida dentro del Plan de Empleo
español.
Otra de las iniciativas que desde el Grupo Parlamentario Popular queremos
destacar es que con este proyecto de ley se promueve un nuevo compromiso
entre hombres y mujeres que permite el reparto equilibrado de
responsabilidades entre la vida familiar y laboral, incorporándose para
ello, dentro del sistema jurídico español, dos directivas comunitarias:
una sobre maternidad, salud y seguridad en el trabajo, y otra sobre
permiso parental.
Todo ello nos obliga a modificar parcialmente siete leyes que están ahora
en vigor: el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, la Ley de Procedimiento Laboral, la Ley General de
Seguridad Social, la Ley de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, la Ley de Funcionarios Civiles del Estado y la Ley de la
Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y Seguridad Social de los
Funcionarios Civiles del Estado.
Desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos positivas las novedades
de esta ley de conciliación en lo que se refiere a la adopción y al
acogimiento permanente, modificándose para ello el sistema de protección
de la adopción y el acogimiento permanente y preadoptivo eliminándose así
las diferencias actuales en la duración del permiso por razón de la edad
del adoptado. Esta duración del permiso de maternidad de dieciséis
semanas se va a igualar a todos los hijos adoptados menores de seis años.
Con esta modificación estamos haciendo realidad una petición solicitada
por los colectivos y asociaciones de padres adoptivos.
También desde el Grupo Parlamentario Popular juzgamos de vital
importancia la ampliación del derecho del padre
a disfrutar de ese permiso, pudiendo hacer uso de él de manera simultánea
y sucesiva el padre o la madre siempre en períodos ininterrumpidos. Como
bien es sabido por sus señorías, con esta modificación el padre podrá
optar por diez semanas de baja a partir de la sexta semana en lugar de
las cuatro últimas semanas a que tenía derecho en la actualidad,
sumándosele a esto la ampliación de las dos semanas de baja maternal por
hijo en el caso de partos múltiples.
Otro de los avances que se incorporan en este proyecto de ley es que se
extiende el derecho a disfrutar de una reducción de jornada o excedencia
de los trabajadores que tengan a su cargo familiares hasta el segundo
grado de consanguinidad y que por razón de edad o enfermedad no puedan
valerse por sí mismos, siendo esta reducción de jornada de un tercio o de
la mitad de la jornada de trabajo, no pudiendo ser la excedencia mayor a
tres años para los cuidados de los hijos adoptados o biológicos, ni
superior a un año para el cuidado de familiares mayores o enfermos.
Otra novedad de interés, y en línea con las directivas comunitarias y con
los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, es que la ley
declara nulas las extinciones de trabajo por causa de maternidad,
adopción o acogimiento.
Consideramos desde el Grupo Parlamentario Popular también muy positivas
las modificaciones relativas a la Ley General de Seguridad Social y a la
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cubriéndose así una laguna
existente, por lo que con esta nueva ley se prevé que en los supuestos de
maternidad en los que por motivo de salud de la madre o del feto se haga
necesario un cambio de puesto de trabajo y este cambio no sea posible, se
declare a la madre en situación de riesgo durante el embarazo con
protección de la Seguridad Social, creándose así una nueva prestación.
Señorías, otra medida que acertadamente adoptó el Gobierno en su momento
fue la del coste cero. Con esta nueva ley se da un paso adelante en esto
al introducir que el derecho a la bonificación del cien por cien en las
cuotas empresariales de la Seguridad Social se aplique también a los
contratos de interinidad que firmen para sustituir a la trabajadora que
tenga suspendidos sus contratos por sufrir una situación de riesgo
durante el embarazo.
Finalmente quiero decir que esta ley, que contó con importantes
aportaciones de los diferentes grupos políticos en su tramitación en el
Congreso y en el Senado, beneficiará a la contratación directa de las
mujeres y a la conciliación de la vida familiar y laboral.
Señorías, no puedo terminar esta intervención sin hacer referencia desde
esta tribuna a mi ilustre paisana Concepción Arenal. Lo he hecho ya en
otras ocasiones y en referencia a otros temas, pero creo que hacer
constar en esta ocasión en el acta de esta Cámara una reflexión de esta
gran mujer puede ser constatación fehaciente de que aunque el paso del
tiempo para las mujeres es más lento, nuestras ansias de igualdad
permanecen inalterables.
En 1883 Concepción Arenal escribía en su obra «La mujer de su casa» la
siguiente reflexión: Sin duda, la condición de la mujer ha mejorado; es
consoladora comparándola con lo que ha sido, pero irritante comparándola
con lo que debía ser.
Señorías, como pueden comprobar, una reflexión de finales del siglo XIX
puede ser un argumento de principios del siglo XXI.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora Do Campo.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Entonces, pasamos al turno de portavoces. (Pausa.)
Señorías, es turno de portavoces, no es para la defensa de enmiendas.
Estamos en el debate de totalidad. (El señor Albistur Marin pide la
palabra.) Sí, señor Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Señora Presidenta, por una cuestión de orden.
Este turno se abre estrictamente por el debate de totalidad, porque
después hay una serie de votos particulares. En el índice del Pleno que
se nos ha entregado no figuraba este turno de portavoces.
La señora PRESIDENTA: Según me dice el Letrado, el índice recoge la
presentación del dictamen, el debate de totalidad y el turno de
portavoces.
Ahora hemos abierto el turno de portavoces, pero no hace falta hacer uso
del mismo; podemos proceder como en el proyecto anterior, que hemos
pasado directamente a la defensa de las enmiendas.
El señor ALBISTUR MARIN: De acuerdo. No es por querer dejar constancia o
ser un cabezón, señora Presidenta, pero es que tal y como figura en la
hoja que se nos ha entregado el orden era otro. Pero nos sometemos
encantados al que usted nos proponga.
La señora PRESIDENTA: Vamos a pedir al señor Letrado que nos explique por
qué no figura. (Pausa.)
Señoría, en la página 52 dice: Debate de totalidad en el que cabrán turno
a favor y en contra, así como las intervenciones de los portavoces.
Entendemos que éste es el turno de portavoces. Por tanto, ¿alguien quiere
hacer uso de la palabra en este turno? (Pausa.) Pasamos, entonces, al
debate del articulado.
En primer lugar, tenemos el voto particular número 3 de los Senadores
Román Clemente y Cámara Fernández, del Grupo Mixto.
Tiene la palabra el Senador Cámara, para defender las enmiendas que van
de la número 7 a la 53. Su señoría tiene 70 minutos, pero estamos seguros
de que no los utilizará.
El señor CAMARA FERNANDEZ: No, gracias, no voy a utilizar todo el tiempo.
En primer lugar, porque todos estamos cansados, yo el primero; además, en
mi caso concreto creo que hoy ya me he ganado el salario que cobra un
Senador.
Quiero empezar diciendo que estoy bastante de acuerdo con la filosofía,
la concepción, la cultura y muchas de las afirmaciones que se desprenden
de las palabras de la Senadora. Bastante de acuerdo. (Una señora Senadora
del Grupo Parlamentario Popular: Pero...) Sin embargo --pero--, esta
importante iniciativa es, en mi opinión, corta, le faltan algunas cosas
que se desprenden de las enmiendas que aporta Izquierda Unida y el
Partido Socialista.
De todas maneras e independientemente de cómo quede al final --aunque ya
lo puedo imaginar--, merece la pena tener en cuenta esta iniciativa
porque se dan pasos de gran interés, y quizá sea más por las enmiendas
que por el texto.
Proponer conciliar la vida laboral con la familia requiere mucho más que
las bondades de la ley y de las propias enmiendas. Requiere de más
iniciativas, que yo quiero apuntar aquí, como es una mayor dotación de
servicios sociales en todo el conjunto de las Administraciones del Estado
español. Sólo me remito a lo que dije en su momento en la Comisión. Me
remito a la documentación, rica en contenidos, del movimiento sindical de
Comisiones y de UGT, los cuales he tenido la paciencia de leer y
estudiar. Estos quieren ir más allá de los contenidos de esta ley y
tienen más que ver --hay que decirlo también-- con las enmiendas que
presentamos algunos grupos. En cualquier caso, los cambios, incluidos los
culturales, en las leyes y en la sociedad deben ser ayudados e impulsados
por medidas políticas también. Creo que aunque indiscutiblemente se ha
avanzado mucho durante los últimos años, queda mucho por andar.
Como he dicho que sería breve, solamente voy a referirme a alguna
enmienda que hemos presentado, al menos para, como en Comisión no se nos
aceptó ninguna --siguiendo con la idea de ganarme el salario--, expresar
algunas ideas básicas sobre las mismas.
Con la primera de nuestras enmiendas, la número 7, queríamos que se
incluyesen las enfermedades infecto-contagiosas. Se nos dijo que ya se
contemplan las enfermedades graves. Lo que pretendemos no es ampliar las
causas, sino el sentido, a tenor, fundamentalmente, de la Directiva del
Consejo, nada más. Si no hay tantos problemas, no sé por qué no se ha
aceptado. Se trata de ampliar el sentido, pero no las causas.
En la enmienda número 8, por ejemplo, estamos refiriéndonos a una
modificación en el Estatuto de los Trabajadores, artículo 37.3,
introduciendo las letras g) y h). En la letra g) decimos: «Por el tiempo
indispensable para la tramitación de la adopción o acogimiento de
menores», cuestión que creo que no está contemplada y que pienso que es
obvio que deberíamos tener en cuenta. En la letra h) lo que pretendemos
incorporar está en coincidencia con otra enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista.
Con la enmienda número 9 simplemente pretendemos ampliar el período de
media hora a una hora. Somos más reivindicativos los de Izquierda Unida y
proponemos que, en vez de media hora, sea una hora. Si ya tienen derecho
a ausentarse una hora en dos fracciones según la ley, ¿por qué no
ampliarlo a una hora? Sinceramente, creo que no daña excesivamente nada
ni mucho menos perjudica al empresariado.
Y quería referirme a la número 10 también, porque ésta pretende eliminar
la limitación del empresario, ya que éste puede limitar ese derecho
cuando concurran dos en un mismo problema, a la vez, más o menos. Por
tanto, puede haber un poder empresarial que vaya más allá de la bondad
simplemente de la productividad o de los problemas organizativos de una
empresa.
Con esta enmienda también pretendemos ampliar este derecho a las parejas
de hecho, cuestión que considero importante y no se recoge tal como
pretendemos nosotros.
Como somos también más reivindicativos, decimos igualmente que se amplíe
la edad a los ocho años, y no se quede en seis. Simplemente, recordaré
que la edad pediátrica termina a los 14 años.
Igualmente, pretendemos eliminar, como figura en otros apartados del
texto, la expresión «no pueda valerse por sí mismo», en referencia a
ancianos, minusválidos, etcétera, ya que es un término ambiguo y, al
final, nos preguntaríamos hasta qué punto no puede valerse por sí mismo
total o parcialmente. Es algo ambiguo, lo quitamos y, lógicamente, se
clarificaría mucho más la ley.
Siguiendo con la pretensión de ser breve, otra enmienda habla de la
suspensión del contrato. Simplemente, recordaré que el contrato está
suspendido para las causas a que se refiere el artículo tercero. El
empresario no paga y puede sustituir temporalmente este contrato. Por
tanto, no entiendo por qué no se admite o se pudiera admitir esta
enmienda, ya que, por una parte, plantea el término «paternidad»
necesario en el lenguaje de esta ley, introduce también el tema de la
lactancia y se refiere nuevamente a la edad de ocho años.
En la enmienda al artículo cuarto proponemos una nueva redacción. La
pregunta que nos hacemos es: ¿Por qué tiene que contarse --si no he
entendido mal el texto-- desde su nacimiento? Nosotros proponemos que
pueda existir ese permiso hasta los ocho años.
Introducimos el tema de enfermos e incapacitados en edad avanzada,
incluimos a su cónyuge o pareja de hecho otra vez, así como
modificaciones que parece que tienen interés e importancia.
Planteamos que durante todo el período se tendrá derecho a la reserva del
puesto de trabajo y no se limitará a un año. ¿Qué razones puede haber
--me pregunto yo-- para esta limitación? Sólo podría ser la eliminación
de la misma. Es decir, es peligroso que el permiso de excedencia no
figure en toda su dimensión, en todo el tiempo, y no con la limitación de
un año.
Asimismo, se elimina la potestad del empresario, pues se dice en el
propio texto que es un derecho individual. Si lo es, no demos la potestad
al empresario para limitarlo.
Hay muchas más enmiendas, pero voy a terminar refiriéndome al artículo 5,
que modifica el apartado 4 del artículo 48.
La primera es que pretendemos la ampliación del permiso --suspensión con
reserva del puesto de trabajo-- de 16 a 20 semanas --dice nuestra
enmienda--, siendo las cuatro semanas de ampliación del texto remitido,
disfrutadas
sólo por el padre. Por tanto, se pretende crear un permiso individual,
por paternidad, como derecho individual no transferible, en coherencia
con la conciliación de la vida familiar y laboral. Si estamos hablando de
ello, yo creo que hay que ofrecer la garantía y la capacidad de que el
hombre participe, lógicamente, en esa conciliación de una forma clara, a
través de un permiso individual no transferible, superando sólo en parte
la división de funciones y reconociendo la figura del padre en su función
y responsabilidades porque esta ley también va en esta dirección.
En coherencia con lo dicho, en todas nuestras enmiendas se propone que el
padre podrá hacer uso de la totalidad del permiso en caso de
fallecimiento de la madre o de que ésta no trabaje. Y subrayo lo de que
ésta no trabaje. Alguien dirá: Si no trabaja, que se haga cargo de los
hijos, por ejemplo, o del enfermo, etcétera. Si es un derecho individual
y, a la postre, el padre tiene que participar en eso que se llama superar
el rol existente hoy en día, se trata simple y llanamente de garantizar
esa potestad, esa posibilidad, de que el padre tenga el cuidado de los
hijos.
Podría enrollarme mucho más pero como sé que no se van a aceptar las
enmiendas, termino para no cansarnos ni ustedes ni yo.
En cualquier caso, yo he dicho al principio que estoy de acuerdo con el
mensaje, con la filosofía y con la cultura que se desprende de lo que ha
planteado la Senadora aquí en esta tribuna; sin embargo, creo
sinceramente que no se adapta a la realidad de esta ley. Se podría haber
sido más generoso --yo dije antes con respecto a otro tema, menos
cicatero-- e intentar introducir alguna modificación, aunque fuese
parcial, que contentase a todo el mundo y que prosperara una ley con el
consenso más amplio posible, sobre todo en un momento tan importante como
éste, en el que se están produciendo cambios estructurales en el mundo
del trabajo: nuevas categorías, nuevas profesiones, sectores emergentes,
cambios en la producción, en la organización, etcétera. Todo ello y la
incorporación masiva de la mujer al mundo laboral requiere,
fundamentalmente, pasos más decididos y valientes para efectivamente
conciliar la vida familiar y laboral de las personas.
Sin más y sintiendo lógicamente que no se acepten estas enmiendas y otras
que presentamos de la 7 a la 53 --hago una afirmación con antelación a lo
que creo que va a ocurrir--, doy las gracias y espero que en otra ocasión
podamos discutir con más tranquilidad alguna de las enmiendas que aportan
bastante a la ley y que no han sido recogidas en Comisión y creo que
tampoco van a ser recogidas en Pleno.
Gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Cámara Fernández.
Por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, para la defensa del voto
particular número 1 que corresponde a las enmiendas 1 a 6, tiene la
palabra el Senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señora Presidenta.
Las enmiendas que ha planteado nuestro Grupo se reducen fundamentalmente
a dos aspectos, uno, a contemplar la vinculación del varón a todas las
responsabilidades y derechos que en este proyecto de ley se contemplan y,
otro, a vincular los aspectos de la filiación biológica y la filiación
adoptiva como similares en el tratamiento que la ley debe dar a los
agentes, partícipes de ambos temas.
Hemos planteado una enmienda, que está recogida finalmente en la
exposición de motivos, en relación precisamente a modificar la ley, sobre
todo, la exposición de motivos y los argumentos que en ella se exponen,
en el sentido de señalar que los hombres sean copartícipes del cuidado de
sus hijos también en los casos de adopción, de acogimiento familiar
permanente o preadoptivo y de las diferentes figuras jurídicas análogas
de otros Estados que son de alguna forma los legalizadores de este tipo
de situaciones.
Por otra parte, como decía al inicio de mi intervención, en nuestras
enmiendas se pretende también equiparar la filiación adoptiva y la
filiación biológica, considerando necesario, en los casos de adopción o
acogimiento, añadir una cláusula referida a figuras análogas declaradas
también por resoluciones judiciales extranjeras, todo ello teniendo en
cuenta la frecuencia cada vez mayor de adopciones internacionales.
En este sentido y como consecuencia, se han propuesto también en los
temas de suspensión con reserva del puesto de trabajo una serie de
sustituciones de los párrafos planteados por la ley, en los cuales
entendemos que el permiso de 16 semanas reconocido para todos los casos
de adopción debe ser independiente, en primer lugar, de la edad del menor
adoptado, puesto que cuanto mayores son éstos, mayores también pueden ser
los problemas de adaptación a su nueva familia y a su entorno y, sobre
todo, en los casos de menores procedentes de otros Estados, con otros
idiomas y con otras costumbres.
En segundo lugar, consideramos que la persona o personas dedicadas
fundamentalmente a la filiación adoptiva deben tener también el derecho
de elegibilidad, por su característica de trabajadores o funcionarios, de
este tiempo de 16 semanas con libertad suficiente y acomodada a la
organización de la adaptación de la persona adoptada a la nueva familia.
Planteamos también dentro de este bloque de enmiendas la equiparación de
las diferentes figuras jurídicas de las legislaciones de los Estados en
relación a los menores, en lo que se refiere a tutela y adopción simple,
y a la adopción plena y acogimiento preadoptivo de nuestra legislación en
relación con el propio permiso laboral, al que anteriormente me he
referido.
Finalmente hemos incluido una enmienda en relación con la protección a la
maternidad.
Proponemos también la modificación, que en el caso de esta ley se refiere
al artículo 10 apartado quinto, con el fin de que se contemplen como
permisos o ausencias justificadas del trabajo el número de horas
necesarias para la realización de todas las gestiones derivadas del
proceso de adopción, así como las necesarias también para la realización
de los seguimientos periódicos y para comprobar,
como hecho muy importante, la adaptación e integración del nuevo núcleo
familiar resultante al entorno familiar y social que la mayoría de los
Estados obligan a hacer, sobre todo cuando se trata de menores que se
incorporan a una nueva familia.
Nuestro Grupo considera que, de alguna forma, en el espíritu de lo que se
ha recogido en la ley parte de estos argumentos han sido reflejados. De
entrada, tengo que anunciar que, por una serie de errores técnicos,
debemos retirar la enmienda número 1, incorporada ya al texto de la ley
en la exposición de motivos, y la enmienda número 2, como consecuencia de
haber sido transaccionada en lo que se refiere, fundamentalmente, a la
edad de los menores.
Tenemos las enmiendas números 3, 4, 5 y 6 vivas. Yo atenderé con sumo
gusto las propuestas de la representante del Partido Popular y al final
veremos si las mantenemos vivas o las retiramos según una interpretación,
a nuestro modo de entender, amplia de una disposición adicional que
figura incorporada al proyecto de ley.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Albistur.
Para la defensa del voto particular número 2 del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, correspondiente a la
enmienda número 92, tiene la palabra el Senador Vidal i Perpiñá por
tiempo de trece minutos.
El señor VIDAL I PERPIÑA: Muchas gracias, señora Presidenta.
A nuestro Grupo parlamentario le queda solamente esta enmienda número 92
que pretende flexibilizar la normativa de las fiestas laborales con el
objeto de compatibilizar plenamente y de manera indefinida la regulación
del calendario laboral establecido en el Estatuto de los Trabajadores con
respeto a las festividades tradicionales de cada Comunidad Autónoma. Esta
enmienda fue rechazada en Comisión, por lo que espero que el Grupo
Parlamentario Popular haya reflexionado y valorado su contenido y sea
aceptada en el debate de este Pleno.
Estoy satisfecho de que nuestro Grupo parlamentario haya sido el impulsor
de esta ley, así como del grado de consenso que hemos encontrado al
debatirla tanto en el Congreso como en la Comisión, en especial con el
Grupo Parlamentario Popular y con los demás grupos parlamentarios.
Recordemos una vez más que en los últimos años la mujer ha ido
incorporándose de forma paulatina al mercado de trabajo y si bien se han
dado pasos importantes en ese campo aún queda mucho camino por recorrer.
Eso también lo ha dicho la portavoz del Grupo Parlamentario Popular con
otras palabras. Nos queda mucho camino por recorrer para conseguir una
plena equiparación en el mercado laboral de la mujer con relación al
hombre. Por este motivo se hace necesario la adopción de medidas que
impulsen una mayor igualdad efectiva de las mujeres en el campo laboral.
Con la aprobación de esta ley de conciliación de la vida familiar y
laboral se adoptan medidas que claramente promueven una mayor
conciliación entre la vida familiar y laboral de todas las personas
trabajadoras.
Este proyecto de ley constituye un paso efectivo en favor de la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres y además con él se cumplirá uno
de los aspectos más importantes del plan de empleo español, uno de los
cuales exige precisamente una más rápida solución por razones de justicia
e igualdad.
En efecto, el plan de empleo español, así como las directrices
comunitarias, incluyen las políticas sobre interrupción de la actividad
profesional y permiso parental como un aspecto prioritario sobre el cual
han de incidir los poderes públicos para facilitar la mejor conciliación
de las obligaciones familiares y profesionales de los trabajadores. El
proyecto de ley también promueve un nuevo compromiso entre hombres y
mujeres que permite repartir mejor las responsabilidades en la vida
familiar y laboral y muy especialmente con la maternidad.
Esta ley aporta importantes novedades, entre las cuales podríamos apuntar
algunas, pero no voy a repetirlas por la hora en la que estamos, ya que
también las ha enumerado y de una forma detallada la portavoz del Grupo
Parlamentario Popular.
Sí quiero decir que con la aprobación de esta ley estamos favoreciendo
claramente una mejor igualdad efectiva de las mujeres en el campo laboral
y familiar. Y me apunto --¿por qué no?-- a la última frase de la portavoz
del Grupo Parlamentario Popular.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Señoría.
Queda por debatir el voto particular número 4, del Grupo Parlamentario
Socialista, correspondiente a las enmiendas números 54 a 91. Para su
defensa, tiene la palabra la Senadora doña Micaela Navarro.
La señora NAVARRO GARZON: Gracias, señora Presidenta.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado 38 enmiendas a este
proyecto de ley del Gobierno. No voy a defender las enmiendas una por
una, pero sí quiero que quede muy claro que nuestro único objetivo era
tratar de aportar nuestra visión y mejorar, en la medida en que nosotros
entendíamos que era mejorable, este proyecto de ley.
Quiero comenzar por uno de los apartados más importantes para el Grupo
Parlamentario Socialista, que además es en el que se basa este proyecto
de ley del Gobierno: la trasposición de la directiva comunitaria sobre
permisos parentales.
Voy a comenzar por este apartado de los permisos de maternidad y
paternidad. El proyecto amplía la posibilidad de reparto del permiso de
maternidad entre el padre y la madre cuando ambos sean trabajadores y se
flexibiliza la forma en que puede ejercitarse. No es eso exactamente lo
que dice la directiva comunitaria. Sin embargo, la fórmula que recoge
este proyecto sigue manteniendo la posibilidad de disfrute de este
permiso por parte del trabajador como
un derecho derivado de la madre trabajadora, cuya titularidad le
corresponde en exclusiva a la mujer. En este sentido, el Gobierno está
incumpliendo lo dispuesto en la directiva sobre permiso parental, en la
que se explicita el carácter individualizado y no transferible que deben
tener los derechos relativos a los permisos parentales. Desde el Grupo
Parlamentario Socialista entendemos que, siguiendo el espíritu de la
directiva comunitaria y teniendo en cuenta que la finalidad es conseguir
una conciliación de la vida familiar y laboral dentro del marco de la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, fomentando un reparto
equilibrado de las responsabilidades familiares entre hombres y mujeres,
es necesario y fundamental una individualización del derecho de los
permisos de maternidad y paternidad, más aún cuando conocemos las
dificultades para el reparto de responsabilidades, ya que en estos
momentos sólo un 2 por ciento de hombres se acogen al permiso por
paternidad. Esta regulación permitiría al mismo tiempo que el padre
trabajador pudiera disfrutar del permiso por paternidad aun cuando la
madre no sea trabajadora asalariada.
Por tanto, desde el Grupo Parlamentario Socialista proponemos la
modificación del apartado cuatro del artículo 48, pensando que una real
conciliación exige superar la cultura derivada de la división de roles,
reconociendo al padre la importancia de su función en el seno familiar y
potenciando sus responsabilidades paterno-filiales. Por estas razones
proponemos un nuevo permiso por paternidad de cuatro semanas, compatible
con el permiso por maternidad. La baja por paternidad de cuatro semanas
de duración sería compatible con el ejercicio de la opción de la madre y
podría disfrutarse hasta las nueve meses del menor.
Estos derechos, por supuesto, además deben ser extensibles a los casos de
adopción y acogimiento familiar permanente o preadoptivo y en los
supuestos de adopción internacional, con independencia, y es otra de
nuestras enmiendas, de la edad del menor adoptado, incluso superando la
barrera de los seis años.
En relación con la excedencia para el cuidado de familiares, el proyecto
de ley tampoco transpone con fidelidad lo dispuesto en la directiva
de 1996.
En lo referente al reingreso tras finalizar el permiso parental, según la
directiva el trabajador o trabajadora tendrá derecho a ocupar el mismo
puesto de trabajo. El proyecto de ley permite que se pueda solicitar una
excedencia para el cuidado de menores no superior a tres años, y para el
cuidado de otros familiares dependientes de un año, pero la reserva del
puesto de trabajo sólo es de un año. En ese sentido, el Grupo
Parlamentario Socialista también propone una enmienda puesto que, por un
lado, se le da un derecho y, por otro, se le recorta el disfrute de ese
derecho.
Por tanto, hemos propuesto una enmienda de modificación al apartado tres
del artículo 46, de tal manera que todo el tiempo en que el trabajador o
trabajadora permanezca en situación de excedencia sea computable a todos
los efectos de antigüedad, incluidos los efectos indemnizatorios o de
extinción de la relación laboral; que se mantenga además el derecho a la
asistencia a cursos de formación durante todo el período y no sólo
durante un año. Se debe de mantener el derecho a la reserva de su puesto
de trabajo.
En la regulación que plantea el Gobierno sobre la reducción de jornada
para el cuidado de familiares olvidan, además --aunque no creo que sea
inconscientemente--, dar respuesta a otras formas de relación social y
familiar distintas a las tradicionales, como son las uniones de hecho,
con lo cual el planteamiento resulta de gran incoherencia. Para no negar
una realidad social y evitar una limitación arbitraria de estos derechos
por parte del empresario, desde el Grupo Parlamentario Socialista
proponemos la modificación del apartado cinco del artículo 37 que
garantiza el derecho a estos permisos.
Además, el establecimiento de los nuevos casos de reducción de jornada
que plantea el proyecto del Gobierno no garantiza por sí mismo un reparto
de responsabilidades entre hombres y mujeres, puesto que en la práctica
son las mujeres las que mayoritariamente suelen asumir el cuidado de las
personas dependientes del entorno familiar y por eso hay que buscar
nuevas fórmulas.
Por señalar algunas incoherencias importantes del proyecto de ley del
Gobierno, debo citar, por último, que el tratamiento que se da a la
prestación económica por riesgo durante el embarazo es incorrecto, ya que
las prestaciones que la trabajadora recibe en estos casos es igual a la
establecida por incapacidad temporal derivada de contingencias o
enfermedades comunes. Sin embargo, las causas son, evidentemente, muy
distintas; la baja laboral de las mujeres embarazadas por riesgo de su
salud o de la del feto no puede considerarse ni tratarse como un supuesto
de incapacidad temporal, primero porque no lo es y, segundo, porque al
equipararla la prestación que se fija es de un 75 por ciento de la base
reguladora, cuando debería fijarse en el cien por cien, tal y como se
tratan las circunstancias derivadas de la maternidad. No existe ningún
motivo para darle un tratamiento distinto al que se da a la prestación
económica durante el permiso de maternidad ni para penalizar la
maternidad de las trabajadoras con una prestación económica inferior.
Además, venimos diciendo desde hace mucho tiempo que el embarazo y la
maternidad no es ninguna enfermedad.
Entendemos que estamos ante un problema de una gran trascendencia en
nuestra sociedad y merecería un especial esfuerzo para mejorar el texto
definitivo con las enmiendas que hemos presentado desde el Grupo
Parlamentario Socialista.
La problemática que se plantea en torno a la conciliación de la vida
familiar y laboral no puede resolverse sólo con medidas legislativas tan
tímidas como las que hoy se proponen aquí. El Gobierno, como siempre,
cuando se trata de legislar a favor de las mujeres, es tímido en sus
propuestas, porque la filosofía que inspira el proyecto parece que es que
las mujeres trabajadoras puedan permitirse tener más tiempo para la
familia, pero no que hombres y mujeres compartan responsabilidades
familiares y concilien mejor empleo y familia.
Este proyecto de ley a lo único que se atreve a llegar es a flexibilizar
las cuatro semanas de baja maternal a las que el padre tiene actualmente
derecho, para compatibilizar
con la madre, pero no se legisla sobre lo más importante que establece la
directiva comunitaria, y que de verdad va encaminado a una auténtica
conciliación de responsabilidades, que es la individualización de los
derechos por maternidad y paternidad. Si no se otorga un permiso nuevo
por paternidad que sea exclusivo de los padres, sin mermar los derechos
de la madre, difícilmente los padres se acogerán a este derecho laboral.
Si no se incentiva a los padres de alguna manera, difícilmente se
conseguirá el objetivo de la conciliación, que pretende este proyecto de
ley.
Este proyecto, además, llega tarde, y el Grupo Parlamentario Popular lo
sabe, ya que se ha presentado incumpliendo el plazo que establecía la
directiva europea para su transposición a nuestro derecho interno, ya que
tenía que haberse aprobado en julio del pasado año. Este proyecto de ley,
por tanto, no avanza en una auténtica política tendente a la
conciliación, sino todo lo contrario: parece ir dirigido a que las
trabajadoras concilien mejor, pero no a que los padres compartan cada vez
más las responsabilidades familiares.
En nuestro ordenamiento jurídico contamos con normas que tratan de
conseguir la no discriminación en el desempeño profesional y, a su vez,
tratan de proteger los supuestos de maternidad. Pero la legislación tiene
que seguir ayudando a un verdadero avance en las políticas de igualdad de
oportunidades. Una concepción progresista de la familia debe basarse en
relaciones de igualdad entre los miembros de la pareja, sin llegar a los
extremos del Parlamento alemán, que ha debatido recientemente una
propuesta para penalizar con multas a los esposos que no compartan las
tareas domésticas. Lo que sí es cierto es que la conciencia y las
culturas sociales no sólo cambian con el paso del tiempo, sino que tiene
que avanzarse en legislaciones políticas y sociales que aceleren esos
cambios.
Termino con la idea que lanzaba al principio. Sin la extensión de una
oferta suficiente --y el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto también
lo ponía de manifiesto-- de servicios públicos de atención a la familia:
escuelas infantiles, residencias para la tercera edad, centros de día,
servicios de atención domiciliaria para mayores y personas dependientes,
sin ese complemento, esta ley no sirve para nada.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.) La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Para turno en contra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la Senadora Rodríguez Saldaña.
La señora RODRIGUEZ SALDAÑA: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, voy a contestar en este turno en contra a las intervenciones de
los Senadores del Grupo Parlamentario Socialista, del Grupo Parlamentario
Mixto, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergencia i
Unió y del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por
este orden.
Tengo que decir que me ha tocado el papel más difícil y menos lucido, que
es el de intentar ser lo más rigurosa y técnica para aclarar a esta
Cámara por qué no se incluyen determinados supuestos que han sido
planteados por los portavoces de los grupos políticos que han intervenido
en turno a favor de las enmiendas. Han sido justificadas con poco afán,
con poco énfasis, y ha sido más una mezcla de deber ser, deseos,
filosofías o frustraciones. Verdaderamente tiempo ha habido para hacer
una ley importante que concilie la vida familiar y laboral de las
personas trabajadoras. Tengo que decir que las directivas no son de
anteayer y que los plazos para transponerlas no se nos pasaron a
nosotros, sino a partidos que gobernaban anteriormente.
¿Qué leyes trajeron ustedes a esta Cámara que realmente beneficiaran la
inserción social y laboral, que ayudaran a compartir responsabilidades
familiares y profesionales, que en verdad crearan una cultura social que
favoreciera, por parte de empleadores y en general por la sociedad, la
aceptación de las demandas de la mujer a la hora de favorecer una función
tan importante como es la de la maternidad y, al mismo tiempo, equiparara
y facilitara que esas funciones importantes familiares pudieran redundar
en beneficio de la sociedad, facilitando su trabajo fuera de casa?
Quiero ser rigurosa, porque supongo que habrá gente verdaderamente
interesada en conocer lo que el Gobierno ha hecho, y por qué. Yo pienso
que todos podríamos entonar cantos de sirena, como ha hecho el
representante de Izquierda Unida, del Grupo Mixto, hablando de 14
semanas, de 16 semanas, de 27 meses. Vamos a ver si nos salen las
cuentas, y si así ocurre, será mejor para todos: para las madres, para
los padres y para los hijos. Con esto acabo de contestar al representante
del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.
El Grupo Socialista presenta 38 enmiendas a este proyecto de ley, 14 de
las cuales lo son al Capítulo I. Se refieren a la modificación del
Estatuto de los Trabajadores. Creo que, con un poco de seriedad, nos
daremos cuenta de que no es necesario incorporar la enmienda número 54,
relativa a los permisos retribuidos sobre acompañamiento a menores de
edad a la asistencia sanitaria. En términos generales, es compatible el
que la mujer trabaje con el hecho de que pueda acompañar al hijo a la
asistencia sanitaria.
La enmienda número 55, sobre la determinación de los períodos de
vacaciones en caso de coincidencia con los períodos de suspensión del
contrato por maternidad, debe ser objeto de negociación colectiva. No
podemos regular los períodos de vacaciones. Eso debemos dejarlo a una
negociación entre el empleador y la trabajadora o el trabajador y, en
todo caso, a los agentes sociales.
La enmienda número 56 plantea la reducción de la jornada por lactancia en
una hora. No sé si sus señorías conocerán que, por primera vez, se
flexibiliza el derecho al permiso de lactancia, planteando la posibilidad
de reducir en media hora la jornada al principio o al final, esto es,
proporcionar la reducción de una hora durante la jornada, que es lo que
pedía la enmienda del Grupo Socialista así como una de las del Grupo de
Izquierda Unida, al que contestaré más tarde.
La enmienda número 57 modifica los límites del empresario a la hora de
conceder simultáneamente el derecho de reducción de jornada entre ambos
cónyuges. También es un derecho que debemos conceder al empleador, que es
el que tiene la posibilidad de permitir que lo disfruten los dos al mismo
tiempo o cuando parezca oportuno para el rendimiento de la empresa.
Las enmiendas números 58, 59, 62, 64, 65, 66, 69 y 70, son relativas al
ejercicio de los derechos parentales. Este proyecto de ley tiene
grandísimas incorporaciones, que disfrutarán tanto los padres como las
madres; ambos cónyuges podrán disfrutar de estos derechos. Y paso a
describir cuáles son las incorporaciones sobre derechos parentales, fruto
de la transposición de la directiva, que pueden disfrutar tanto padres
como madres.
Ambos cónyuges pueden disfrutar de una excedencia no superior a tres años
para atender al cuidado de cada hijo, bien sea natural o biológico, o
bien por adopción o por acogimiento preadoptivo o permanente. Una
excedencia no superior a un año para el cuidado de mayores o de personas
dependientes. Este es un derecho individual que puede ser disfrutado
tanto por el hombre como por la mujer y, desde luego, no nos parece
oportuno equiparar, como pretenden ustedes en la enmienda número 60, las
excedencias por cuidado de hijos y familiares. Entiendo que el cuidado de
hijos exige una mayor dedicación y una mayor duración en el tiempo.
Por primera vez se incorpora el riesgo durante el embarazo y, a efectos
de disfrute de derechos, la suspensión del contrato con reserva del
puesto de trabajo, la no contabilización como falta de asistencia cuando
la baja haya sido acordada por los servicios sanitarios oficiales a
efectos de extinción de un contrato de trabajo y la nulidad en el
despido. Con la transposición de la Directiva 96/34, de permisos
parentales, esta ley garantiza al padre y a la madre el disfrute de
derechos como la excedencia, la reducción de la jornada o la suspensión
de contratos con reserva de puesto de trabajo para el cuidado de hijos
menores de seis años en los supuestos de adopción y acogimiento.
Las enmiendas introducidas con respecto a la paternidad que abordan
derechos no incluidos en el proyecto de ley tendrían dificultades para su
incorporación, pues se podría dar la paradoja, en algunos casos, de que
el padre pudiera disfrutar de unos derechos aunque la madre no trabajase.
Con respecto a las enmiendas números 63 y 71, sobre las condiciones de
trabajo en el supuesto de riesgo de embarazo, el Gobierno modificará la
Ley de riesgos laborales incluyendo los anexos de la Directiva 92/85, de
protección de la maternidad, y regulará esta protección, principalmente
sanitaria, en cada uno de los ámbitos en que pueda producirse.
En cuanto a la enmienda número 71, sobre la movilidad geográfica de los
trabajadores, el Gobierno está a la espera del informe del Consejo
Económico y Social, entendiendo que, desde luego, debe ser objeto de
negociación con los agentes sociales.
En relación con la extinción del contrato de trabajo, se presentan las
enmiendas números 67 y 68, sobre indemnizaciones. En este caso, éstas
deben ser contempladas en otros ámbitos diferentes a este proyecto de
ley.
La incorporación del riesgo durante la lactancia, introducido en varias
enmiendas a distintos artículos, está siendo objeto de valoración y
estudio y hasta que no se adopte una decisión debe protegerse --y
protección hay-- al amparo de la legislación vigente, y ese supuesto
riesgo, en el caso de que existiera, quedaría cubierto mediante una
incapacidad temporal.
La enmienda número 72, sobre la valoración por parte de los facultativos
del Sistema Nacional de Salud de la incompatibilidad entre el puesto de
trabajo y la salud de la trabajadora embarazada, y la eliminación de los
facultativos del INSS y de las mutuas que ustedes proponían en su
enmienda, no podemos aceptarla porque consideramos más adecuado lo que
prevé el proyecto de ley. El médico del Sistema Nacional de Salud
realizará un informe sobre la situación de la embarazada, correspondiendo
a los facultativos del INSS y de las mutuas valorar la incompatibilidad
entre el puesto de trabajo y la gestación. Estos, como especialistas en
medicina del trabajo, son los que pueden valorar adecuadamente los
efectos negativos.
Rechazamos también las enmiendas números 73, 74, 75 y 76,
correspondientes a modificaciones de las leyes de riesgos laborales y de
la Seguridad Social, sobre eliminación de períodos de carencia para tener
derecho a protección durante seis semanas posteriores al parto, ya que
según la Ley General de la Seguridad Social, la prestación por maternidad
es una prestación contributiva, y es preciso una cotización de al menos
180 días en los últimos cinco años.
La enmienda número 81, al artículo decimocuarto, que introduce el
artículo 134 de la Ley General de la Seguridad Social, plantea que la
prestación económica por riesgo durante el embarazo sea del cien por cien
de la base reguladora. No la podemos aceptar, ya que el riesgo durante el
embarazo está tipificado en la Ley como una prestación económica de
incapacidad temporal. Por ello, como usted muy bien decía, se establece
el 75 por ciento de la base reguladora.
Con respecto a la enmienda número 91, que pretende la modificación de la
Ley del Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, la referencia que se
hace al artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores no es válida, pues
el referente del régimen del personal de las Fuerzas Armadas es la Ley
Reguladora de la Función Pública.
Vamos a rechazar, por lo anteriormente expuesto, las 38 enmiendas
presentadas por el Grupo Socialista.
El Grupo Mixto presenta 47 enmiendas. La número 7, al artículo primero,
pretende singularizar las enfermedades infecto-contagiosas en los
supuestos de utilización de permiso retribuido. Sin embargo, entendemos
que éstas ya se encuentran incluidas en las enfermedades graves. Creo que
este tema también se suscitó en la Comisión y, en todo caso, se ha
recogido en el Anexo de la Ley de prevención de riesgos laborales,
correspondiendo a la transposición sobre protección a la maternidad.
La enmienda número 8 contempla la reducción de jornada en dos supuestos
que son compatibles con la jornada
de trabajo. Así, la tramitación de adopción o acogimiento puede y debe
ser compatible con la jornada de trabajo, al igual que el acompañamiento
a la asistencia sanitaria de los hijos.
En cuanto a lo que propone la enmienda número 11, sobre la regulación de
la jornada continua, debe remitirse al ámbito de la negociación
colectiva.
Hay varias enmiendas que hacen referencia a los derechos de las parejas
formadas por uniones de hecho, pero no nos ha parecido oportuno
incorporarlas a este proyecto, puesto que en estos momentos hay un texto
en tramitación en el Congreso.
Por otro lado, hay varias enmiendas sobre reducción de jornada por
lactancia y por guarda a menores de seis años, o a minusválidos físicos,
psíquicos o sensoriales. En cuanto a los riesgos durante el embarazo o la
lactancia, la excedencia por cuidado de menores, las familias
dependientes y los períodos de cotización, me remito a los informes dados
al Grupo Socialista, puesto que las enmiendas prácticamente se repiten.
Respecto de la enmienda de adición al artículo quinto, sobre suspensión
de contrato con reserva de puesto de trabajo en caso de fallecimiento de
la madre, el padre podrá hacer uso del período de suspensión. Pero no
podemos aceptar el inciso « ... o de que ésta no trabaje ... », ya que no
existe hecho causante y el derecho de suspensión no llega a existir.
Por otro lado, en lo referente a las bonificaciones del cien por cien en
las cuotas empresariales a la Seguridad Social, no podemos incluir la
adición propuesta en la enmienda número 37 relativa a la situación de
excedencia, ya que durante ésta no existe la obligación de cotizar, por
lo que no cabe aplicar la medida de coste cero.
Con respecto a la enmienda número 49, que propone la creación de un nuevo
artículo para la consideración como período de cotización efectiva el
tiempo de excedencia por cuidado de hijos o familiares, la rechazamos
porque supone la introducción de una nueva prestación que no se está
abordando en esta ley.
Por tanto, vamos a rechazar las 47 enmiendas incluidas en el voto
particular del Grupo Mixto.
En relación con la enmienda que presenta el Grupo de Convergència i Unió
a los efectos de añadir una nueva disposición adicional que modifique el
artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores con el fin de ampliar de
una a dos el número de fiestas recuperables por las Comunidades
Autónomas, no podemos aceptarla, ya que esa modificación se traduciría en
una mayor complejidad del calendario habitual de fiestas existentes, lo
cual tendría repercusiones económicas negativas.
El Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos presenta un voto particular
que incluye seis enmiendas. Como ha expresado su portavoz, las números 1
y 2 ya están recogidas en el dictamen del proyecto de ley.
En cuanto a las enmiendas números 3 y 4, relativas a la suspensión del
contrato por maternidad, riesgo durante el embarazo, adopción o
acogimiento, y la suspensión con reserva de puesto de trabajo, creemos
conveniente fijar el límite de edad en los seis años, porque se
corresponde con el período de inicio de la escolarización del niño.
En lo que se refiere a las figuras jurídicas análogas a la adopción y al
acogimiento preadoptivo y permanente, han sido incluidas en el trámite
del Congreso, creándose una disposición adicional quinta que las equipara
jurídicamente a la adopción y el acogimiento.
Por lo que respecta a la adopción internacional, su regulación también se
recogió en el trámite del Congreso, estableciéndose lo siguiente. En los
supuestos de adopción internacional, cuando sea necesario el
desplazamiento previo de los padres al país de origen del adoptado, el
período de suspensión podrá iniciarse hasta cuatro semanas antes de la
resolución por la que se constituye la adopción.
En relación con la enmienda número 5, que contempla el supuesto de
ausencia del trabajo de las trabajadoras embarazadas para la realización
de exámenes médicos, está previsto contemplar ese hecho en el artículo
26.4 de la Ley de prevención de riesgos laborales.
Por último, en el caso de la enmienda número 6 me remito a los informes
citados al referirme a la enmienda número 4.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Procede en este momento pedir autorización a la Cámara para continuar la
sesión, puesto que se han rebasado en diez minutos las cinco horas
reglamentarias.
Propongo a la Cámara que terminemos este proyecto y que suspendamos la
sesión hasta mañana a las nueve y media para continuar con el resto.
¿Están de acuerdo sus señorías? (Pausa.)
Continuamos, pues.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la
palabra el Senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señora Presidenta.
Quiero manifestar en nombre de nuestro Grupo la satisfacción por la
aprobación de este proyecto de ley que, sin embargo, a nuestro modo de
entender, quedaría mejorado de haberse incluido algunas de las enmiendas
de forma literal, es decir, tal y como se han presentado. Me refiero en
concreto a las que nuestro Grupo ha presentado precisamente en relación
con los temas que afectan a la adopción de menores y al tratamiento que
ha de darse a la misma.
Yo estoy preocupado porque, verdaderamente, no acabo de entender cuál es
la posición de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular. El tema no
nos queda suficientemente claro, si bien es verdad que queda aún una
disposición adicional aunque, eso sí, sujeta a interpretaciones. Por eso
hemos mantenido nuestras enmiendas en el trámite del Congreso al Senado.
Y es que aunque el Ministerio entienda que han sido introducidas en el
trámite, no queda claro que eso se interprete en la disposición adicional
quinta. Por eso yo he apelado, apelo y sigo apelando a un acuerdo
político a realizar en esta Cámara para que nosotros retiremos las
enmiendas, un acuerdo político en el sentido de decir que verdaderamente
existe un compromiso
por parte de alguien, que esto no es simplemente una interpretación o una
simple lectura de la ley.
Realmente tiene que entenderse --y yo quisiera que se me correspondiera
afirmativamente a este hecho-- que en esa disposición adicional quinta se
contemplan los supuestos de nuestras enmiendas números 3, 4 y 6. Ese es
el tema que, a nuestro modo de entender, no queda claro. Esta cuestión me
parece preocupante.
También queremos manifestar que vamos a votar a favor de una enmienda del
Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió porque
nos parece interesante su inclusión, así como votaremos también a favor
de algunas enmiendas referidas a las matizaciones introducidas por el
Grupo Parlamentario Socialista y por Izquierda Unida respecto de la
ampliación de los criterios maternidad-paternidad en relación con la
lactancia, matizaciones que nos parece deberían haberse incluido en el
proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Albistur.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la Senadora
Navarro.
La señora NAVARRO GARZON: Gracias, señora Presidenta.
Voy a intervenir brevísimamente porque quiero hacer unas cuantas
puntualizaciones en relación con la intervención de la Senadora del Grupo
Parlamentario Popular.
Debo recordarle a la Senadora que la Directiva sobre permisos parentales
a que yo me refería es del año 1996, luego no creo que sea el Partido
Socialista el que la ha incumplido. Si no recuerdo mal, desde el año 1996
(Rumores.) es el Partido Popular el que está gobernando. Además, de
alguna forma vuelve a un discurso que a mí me chirría bastante, el de: ¿Y
qué hicieron ustedes?
Yo creo que las mujeres de este país saben perfecta y exactamente qué
hicieron los diferentes Gobiernos del Partido Socialista por luchar por
sus derechos y por poner en práctica políticas a las que yo también me
refería antes, políticas que beneficiaban de manera directa o indirecta a
las mujeres, como son, por ejemplo, escuelas infantiles o servicios de
ayuda a domicilio, es decir, una serie de servicios que no sólo
benefician a las familias en general sino de una manera más directa a las
mujeres. No me gusta entrar en eso, pero ya que usted lo ha tocado quería
decírselo.
Quiero hacer también una puntualización. Usted decía que en una de las
enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Socialista se puede dar la
paradoja de que, aunque la madre no trabaje, el padre tenga un permiso
por paternidad. Es que eso es lo que pretendemos: que se individualicen
los derechos, que no sea un derecho derivado. Porque en este momento, al
no trabajar la persona que genera el derecho --la mujer--, el padre no
tiene derecho por sí mismo porque lo disfruta como derecho derivado. Y lo
que pretendíamos con esa enmienda, y lo que entendemos que quiere decir
la directiva comunitaria a la hora de hablar de individualización de
derechos, es que se cree un derecho individual del padre.
Termino diciéndole que vamos a apoyar esta ley, a pesar de que creemos
que se habría mejorado ampliamente si se hubieran recogido las enmiendas
que se han presentado tanto por el Grupo Socialista como por otros
Grupos. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora
Rodríguez Saldaña.
La señora RODRIGUEZ SALDAÑA: Gracias, señora Presidenta.
En primer lugar, quiero dirigirme al portavoz del Grupo Parlamentario de
Senadores Nacionalistas Vascos para decirle que la interpretación entre
sus enmiendas y el texto del dictamen no es algo que me corresponda hacer
a mí, más bien es su cometido; luego, usted verá si las mantiene o no. En
cualquier caso, nosotros le hemos dado la explicación, que se recoge en
el dictamen, para ser fiables y válidos, y es usted el que tiene que
retirarlas o no y nosotros los que tenemos que votar en un sentido o en
otro.
Con respecto a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, sepa que
no he querido decirles --y si así lo han entendido lo retiro porque no
era mi intención-- que ustedes no hubieran creado una auténtica
conciencia en favor de la mujer y no hubieran hecho muchas actuaciones en
ese sentido. Me he querido referir, concretamente, al proyecto de ley.
Este proyecto de ley lo hemos elaborado nosotros, si bien, gracias a la
colaboración de los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado y de
muchas asociaciones y entidades, se ha impulsado la concreción de esta
ley. Esta ley es un éxito de todos, pero hay que decir que la ha sacado
adelante el Partido Popular, que es el que está gobernando en el año 1999
en España.
Yo les agradezco el trabajo y el esfuerzo que han hecho para mejorar la
ley. Por otra parte, lamento que no hayan podido ser incluidas algunas de
las enmiendas presentadas, aunque pienso que, tras la aplicación de esta
ley, será posible una modificación para introducir algunas de las mejoras
que puedan incorporarse con el fin de perfeccionarla.
También quiero instar a los poderes públicos a que realicen el esfuerzo
que supone la creación de unos servicios de proximidad para mayores,
personas dependientes, menores, escuelas infantiles, de modo que estén
situados lo más cerca posible de los centros de trabajo de los
trabajadores, de hombres y mujeres.
Por supuesto, también instamos a las asociaciones para que conozcan bien
el contenido de esta ley y ejerzan estos derechos. Asimismo, les pedimos
a los empleadores que sean flexibles y pongan en práctica cada uno de los
objetivos de esta ley.
En definitiva, queremos crear esa cultura social a favor de la mujer, de
su inserción social y laboral. Por eso, como esta ley pretende proteger a
la mujer y tener en consideración una serie de derechos parentales, no
entendemos que algunos derechos
individuales puedan ser ejercidos por el padre cuando no es el sujeto
causante al que va dirigida la ley. Por tanto, para favorecer la
inserción laboral de la mujer y hacer un reparto más equilibrado --porque
estaba desequilibrado y lo sigue estando--, no podemos otorgar una serie
de derechos que, a nuestro juicio, potenciarían este desequilibrio. Si la
mujer no trabaja y le concedemos al padre el disfrute de unos derechos
por paternidad o cualquier otra condición, no estaríamos favoreciendo lo
que realmente pretendemos.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Vamos a proceder a la votación de las enmiendas por su orden.
En primer lugar, enmiendas del Grupo Mixto, números 10, 12, 13, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37 y 47.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 183; a
favor, 79; en contra, 104.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
A continuación, votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 184; a
favor, 74; en contra, 105; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Las
votaremos en tres bloques.
En primer lugar, enmiendas números 3 y 5.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 184; a
favor, 80; en contra, 103; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 4, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 183; a
favor, cinco; en contra, 104; abstenciones, 74.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 6.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 183; a
favor, cinco; en contra, 174; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Pasamos a la votación de la enmienda número 92, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 183; a
favor, ocho; en contra, 173; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votación de las enmiendas números 55, 61, 64, 67, 68, 77, 82, 83, 85, 86,
87, 88 y 91, del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 183; a
favor, 72; en contra, 106; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
A continuación, procedemos a la votación del resto de las enmiendas del
Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efeetuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 184; a
favor, 78; en contra, 106.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Finalmente, votación del dictamen en bloque.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 183; a
favor, 180; en contra, dos; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del
texto definitivo por Su Majestad el Rey.
Señorías, se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las nueve y
media.
Eran las veintiuna horas y treinta y cinco minutos.