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DS. Senado, Pleno, núm. 136, de 23/06/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO
Año 1999 VI Legislatura
Núm. 136
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA ESPERANZA AGUIRRE
GIL DE BIEDMA
Sesión del Pleno
celebrada el miércoles, 23 de junio de 1999
ORDEN DEL DIA:
Primero
Preguntas:
--De D. CONRADO ALONSO BUITRON, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las razones que existen para que el Ministerio de Industria y Energía
esté incumpliendo los compromisos contraídos en el Plan 1998-2005 de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 699, de fecha 21 de junio de 1999) (Número de expediente
680/000801)
--De D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCIA, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre si considera el Gobierno que Televisión Española, S.A. (TVE), ha
cumplido los criterios del Estatuto del Ente Público sobre objetividad e
imparcialidad en la información ofrecida a la opinión pública de los
actos electorales (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 699, de fecha 21 de junio de 1999)
(Número de expediente 680/000802).
--De D. JUAN ANTONIO AREVALO SANTIAGO, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la valoración que hace el Gobierno acerca de la
decisión de Televisión Española, S.A. (TVE), de no celebrar debates
electorales entre el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero
Español (PSOE) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 699, de fecha 21 de junio de 1999)
(Número de expediente 680/000803).
--De Dña. ANA ISABEL ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre la valoración del Gobierno en relación al
programa «Especial Elecciones», ofrecido por Televisión Española, S. A.
(TVE), en la noche del pasado día 13 de junio (publicada en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 699, de fecha
21 de junio de 1999) (Número de expediente 680/000804).
--De Dña. LAURA MARTINEZ BERENGUER, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las misiones que va a desarrollar el contingente español en
el seno de la Brigada Multinacional, bajo mando italiano, desplegada en
Kosovo (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 699, de fecha 21 de junio de 1999) (Número de
expediente 680/000809).
--De D. NARCISO SERRANO ALVAREZ-GIRALDO, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para
garantizar la seguridad de los trabajadores y funcionarios en el interior
de los centros penitenciarios (publicada en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie I, número 699, de fecha 21 de junio de
1999) (Número de expediente 680/000800)
--De Dña. LUCIA DELGADO GARCIA, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las líneas básicas de la campaña de divulgación del consumo
de los medicamentos genéricos en España (publicada en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 699, de fecha 21 de
junio de 1999) (Número de expediente 680/000806).
--De Dña. ISABEL SAN BALDOMERO OCHOA, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre la valoración del Gobierno acerca de la donación de
órganos en España (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie I, número 699, de fecha 21 de junio de 1999)
(Número de expediente 680/000808).
--De D. JOAQUIM VIDAL I PERPIÑA, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre las medidas que piensa adoptar el
Gobierno al objeto de poder clarificar todos los aspectos relacionados
con la generación, autorización y pago de derechos de autor en los casos
concretos de recepción y utilización de aparatos de radio y televisión en
hoteles, comercios, bares, clínicas, autobuses o taxis (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 699,
de fecha 21 de junio de 1999) (Número de expediente 680/000785).
--De D. JOSEP VARELA I SERRA, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre las iniciativas que está organizando
el Gobierno para conmemorar en el año 2000 el Año Mundial de las
Matemáticas (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 699, de fecha 21 de junio de 1999) (Número de
expediente 680/000797).
--De Dña. BEATRIZ CARO NIETO, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre los objetivos que se pretenden alcanzar con la firma del
convenio de colaboración entre el Ministerio de Educación y Cultura y la
Real Academia Española para la creación de un Corpus de referencia del
español actual y de un Corpus Diacrónico del español (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 699,
de fecha 21 de junio de 1999) (Número de expediente 680/000805).
--De Dña. MARIA CRUZ RODRIGUEZ SALDAÑA, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para
favorecer una mejor conexión entre ofertas y demandas de empleo
(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
I, número 699, de fecha 21 de junio de 1999) (Número de expediente
680/000810).
--De D. SALVADOR CAPDEVILA I BAS, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre si piensa adoptar el Gobierno alguna
medida sobre el posible vacío legal en relación con la aplicación de la
última modificación de la reducción del noventa y cinco por ciento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en el caso de empresas o negocios
heredados cuyo titular, jubilado antes de la entrada en vigor de la Ley
66/1997, de 31 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social, hubiera optado al otorgamiento de la escritura de donación
a favor de algún familiar para poder así obtener la pensión de
jubilación, con objeto de evitar que se ocasione la venta de dichas
empresas por parte de los herederos y la consiguiente disolución de las
mismas (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,
Senado, Serie I, número 699, de fecha 21 de junio de 1999) (Número de
expediente 680/000798).
--De D. JOSEP RAMON MODOL PIFARRE, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las acciones que piensa adoptar el Ministerio de Fomento a fin de
que las televisiones que emiten en España dejen de incumplir los
preceptos que establece la «Ley de televisión sin fronteras» (publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
699, de fecha 21 de junio de 1999) (Número de expediente 680/000799).
--De Dña. MARIA INMACULADA DE ESPAÑA MOYA, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado, sobre si puede adelantar el Gobierno las
condiciones del acuerdo al que se pretende llegar tras las negociaciones
con Rusia, que permita superar el incidente protagonizado por los
soldados rusos que tomaron el aeropuerto de
Pristina (Kosovo) en la madrugada del pasado día 12 de junio (publicada
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número
699, de fecha 21 de junio de 1999) (Número de expediente 680/000807).
Segundo
Interpelaciones:
--De D. MANUEL GUILLERMO VARELA FLORES, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la valoración del Gobierno en relación con las
decisiones adoptadas en la última cumbre de la Organización del Tratado
del Atlántico Norte (OTAN), celebrada en Washington (publicada en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 699,
de fecha 21 de junio de 1999) (Número de expediente 670/000142).
--De D. JOSEP VARELA I SERRA, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre la política del Gobierno en relación
a la investigación científica en España en la actualidad y su
planificación en los próximos años (publicada en el «Boletín Oficial de
las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 699, de fecha 21 de junio
de 1999) (Número de expediente 670/000141).
--De D. HELIODORO GALLEGO CUESTA, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre el futuro del llamado Pacto Local (publicada en el «Boletín Oficial
de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 699, de fecha 21 de
junio de 1999) (Número de expediente 670/000143).
Tercero
Dictámenes de Comisiones sobre Proyectos y Proposiciones de Ley remitidos
por el Congreso de los Diputados:
--De la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en relación con la
Proposición de Ley de modificación de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por
la que se regulan las empresas de trabajo temporal. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie III B, número 42, de fecha 21 de junio de 1999)
(Número de expediente S. 624/000026) (Número de expediente C. D.
122/000226).
--De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de Ley por
el que se concede un crédito extraordinario, por importe de 9.393.184.038
pesetas, para el pago de indemnizaciones derivadas del derrumbamiento de
la presa de Tous, según sentencia del Tribunal Supremo de 15 de abril de
1997 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado,
Serie II, número 141, de fecha 23 de junio de 1999) (Número de expediente
S. 621/000141) (Número de expediente C. D. 121/000123).
--De la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y
Comunicaciones en relación con el Proyecto de Ley por la que se crea el
Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Forestales
(publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie
II, número 139, de fecha 23 de junio de 1999) (Número de expediente S.
621/000139) (Número de expediente C. D. 121/000149).
--De la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en relación con el
Proyecto de Ley por la que se modifica el artículo 92.2 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, referido a la extensión de
convenios colectivos (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes
Generales», Senado, Serie II, número 144, de fecha 21 de junio de1999)
(Número de expediente S. 621/000144) (Número de expediente C. D.
121/000164).
SUMARIO
Se abre la sesión a las nueve horas y treinta y cinco minutos.
PREGUNTAS (Página 6433)
De D. CONRADO ALONSO BUITRON, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
las razones que existen para que el Ministerio de Industria y Energía
esté incumpliendo los compromisos contraídos en el Plan 1998-2005 de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras
(Página 6433)
El señor Alonso Buitrón formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i Camps). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Alonso Buitrón. En turno
de dúplica, lo hace el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i
Camps).
DE D. FRANCISCO JAVIER ROJO GARCIA, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre si considera el Gobierno que Televisión Española, S.A. (TVE), ha
cumplido los criterios del Estatuto del Ente Público sobre objetividad e
imparcialidad en la información ofrecida a la opinión pública de los
actos electorales (Página 6434)
El señor Rojo García formula su pregunta . En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i Camps). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Rojo García. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i
Camps).
De D. JUAN ANTONIO AREVALO SANTIAGO, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la valoración que hace el Gobierno acerca de la decisión de
Televisión Española, S.A. (TVE), de no celebrar debates electorales entre
el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
(Página 6436)
El señor Arévalo Santiago formula su pregunta . En nombre del Gobierno,
le contesta el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i Camps). En
turno de réplica, interviene de nuevo el señor Arévalo Santiago. En turno
de dúplica, lo hace el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué i
Camps).
De Dña. ANA ISABEL ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la valoración del Gobierno en relación al programa
«Especial Elecciones», ofrecido por Televisión Española, S. A. (TVE), en
la noche del pasado día 13 de junio (Página 6437)
La señora Arnáiz de las Revillas García formula su pregunta . En nombre
del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Industria y Energía (Piqué
i Camps). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Arnáiz de
las Revillas García. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de
Industria y Energía (Piqué i Camps).
De Dña. LAURA MARTINEZ BERENGUER, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las misiones que va a desarrollar el contingente español en
el seno de la Brigada Multinacional, bajo mando italiano, desplegada en
Kosovo (Página 6438)
La señora Martínez Berenguer formula su pregunta . En nombre del
Gobierno, le contesta el señor Ministro de Defensa (Serra Rexach). En
turno de réplica, interviene de nuevo la señora Martínez Berenguer.
De D. NARCISO SERRANO ALVAREZ-GIRALDO, del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para
garantizar la seguridad de los trabajadores y funcionarios en el interior
de los centros penitenciarios.
Esta pregunta ha sido retirada.
De Dña. LUCIA DELGADO GARCIA, del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado, sobre las líneas básicas de la campaña de divulgación del consumo
de los medicamentos genéricos en España (Página 6439)
La señora Delgado García formula su pregunta . En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay Beccaría). En
turno de réplica, interviene de nuevo la señora Delgado García.
De Dña. M.ª ISABEL SAN BALDOMERO OCHOA, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, sobre la valoración del Gobierno acerca de la donación de
órganos en España (Página 6441)
La señora San Baldomero Ochoa formula su pregunta. En nombre del
Gobierno, le contesta el señor Ministro de Sanidad y Consumo (Romay
Beccaría). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora San
Baldomero Ochoa.
De D. JOAQUIM VIDAL I PERPIÑA, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre las medidas que piensa adoptar el
Gobierno al objeto de poder clarificar todos los aspectos relacionados
con la generación, autorización y pago de derechos de autor en los casos
concretos de recepción y utilización de aparatos de radio y televisión en
hoteles, comercios, bares, clínicas, autobuses o taxis (Página 6442)
El señor Vidal i Perpiñá formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Educación y Cultura (Rajoy Brey). En turno
de réplica, interviene de nuevo el señor Vidal i Perpiñá. En turno de
dúplica, lo hace el señor Ministro de Educación y Cultura (Rajoy Brey).
De D. JOSEP VARELA I SERRA, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió, sobre las iniciativas que está organizando el
Gobierno para conmemorar en el año 2000 el Año Mundial de las Matemáticas
(Página 6443)
El señor Varela i Serra formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Educación y Cultura (Rajoy Brey). En turno
de réplica, interviene de nuevo el señor Varela i Serra.
De Dña. BEATRIZ CARO NIETO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
sobre los objetivos que se pretenden alcanzar con la firma del convenio
de colaboración entre el Ministerio de Educación y Cultura y la Real
Academia Española para la creación de un Corpus de referencia del español
actual y de un Corpus Diacrónico del español (Página 6444)
La señora Caro Nieto formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le
contesta el señor Ministro de Educación y Cultura (Rajoy Brey). En turno
de réplica, interviene de nuevo la señora Caro Nieto.
De Dña. MARIA CRUZ RODRIGUEZ SALDAÑA, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para
favorecer una mejor conexión entre ofertas y demandas de empleo (Página 6445)
La señora Rodríguez Saldaña formula su pregunta. En nombre del Gobierno,
le contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Pimentel
Siles).
De D. SALVADOR CAPDEVILA I BAS, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió, sobre si piensa adoptar el Gobierno alguna
medida sobre el posible vacío legal en relación con la aplicación de la
última modificación de la reducción del noventa y cinco por ciento del
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en el caso de empresas o negocios
heredados cuyo titular, jubilado antes de la entrada en vigor de la Ley
66/1997, de 31 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social, hubiera optado al otorgamiento de la escritura de donación
a favor de algún familiar para poder así obtener la pensión de
jubilación, con objeto de evitar que se ocasione la venta de dichas
empresas por parte de los herederos y la consiguiente disolución de las
mismas.
Esta pregunta ha sito retirada.
De D. JOSEP RAMON MODOL PIFARRE, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre las acciones que piensa adoptar el Ministerio de Fomento a fin de
que las televisiones que emiten en España dejen de incumplir los
preceptos que establece la «Ley de televisión sin fronteras».
Esta pregunta ha sido aplazada.
De Dña. MARIA INMACULADA DE ESPAÑA MOYA, del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, sobre si puede adelantar el Gobierno las condiciones del
acuerdo al que se pretende llegar tras las negociaciones con Rusia, que
permita superar el incidente protagonizado por los soldados rusos que
tomaron el aeropuerto de Pristina (Kosovo) en la madrugada del pasado día
12 de junio.
Esta pregunta ha sido aplazada.
INTERPELACIONES (Página 6446)
De D. MANUEL GUILLERMO VARELA FLORES, del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la valoración del Gobierno en relación con las decisiones adoptadas
en la última cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN), celebrada en Washington.
Esta interpelación ha sido retirada.
De D. JOSEP VARELA I SERRA, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado
de Convergència i Unió, sobre la política del Gobierno en relación a la
investigación científica en España en la actualidad y su planificación en
los próximos años (Página 6446)
El señor Varela i Serra realiza la interpelación. En nombre del Gobierno,
responde a la misma el señor Ministro de Educación y Cultura (Rajoy
Brey). Vuelve a intervenir al señor interpelante. En turno de portavoces,
hacen uso de la palabra los señores Albistur Marin, por el Grupo de
Senadores Nacionalistas Vascos; Lissavetzky Díez, por el Grupo
Socialista, y Barahona Hortelano, por el Grupo Popular. Cierra el debate
el señor Ministro de Educación y Cultura (Rajoy Brey).
De D. HELIODORO GALLEGO CUESTA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre
el futuro del llamado Pacto Local (Página 6455)
El señor Gallego Cuesta realiza la interpelación. En nombre del Gobierno,
responde a la misma el señor Ministro de Administraciones Públicas
(Acebes Paniagua). Vuelve a intervenir al señor interpelante. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Román Clemente, por el
Grupo Mixto; Cardona i Vila, por el Grupo Catalán en el Senado de
Convegència i Unió, y Huete Morillo, por el Grupo Popular. Cierra el
debate el señor Ministro de Administraciones Públicas (Acebes Paniagua) .
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 6465)
De la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en relación con la
Proposición de Ley de modificación de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por
la que se regulan las empresas de trabajo temporal. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 6465)
El señor Molina García, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.
No se produce debate de totalidad.
Comienza el debate del articulado.
El señor Nieto Cicuéndez, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números
30 a 48. El señor Vidal i Perpiñá defiende las enmiendas números 52 y 53,
retirando la número 51, del Grupo Catalán en el Senado de Convegència i
Unió. El señor Rodríguez de la Borbolla Camoyán defiende las enmiendas
números 54 a 71, del Grupo Socialista. La señora Do Campo Piñeiro y en
señor Sanz Pérez consumen un turno en contra. En turno de portavoces,
hacen uso de la palabra los señores Nieto Cicuéndez, por el Grupo Mixto;
Albistur Marin, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Vidal i
Perpiñá, por el Grupo Catalán en el Senado de Convegència i Unió;
Rodríguez de la Borbolla Camoyán, por el Grupo Socialista, y Sanz Pérez,
por el Grupo Popular.
Se procede a votar.
Se dan por retiradas las enmiendas números 30 a 42 y 45 a 48, del Grupo
Mixto.
Se rechaza la enmienda número 53, del Grupo Catalán en el Senado de
Convegència i Unió, por 14 votos a favor, 112 en contra y 83
abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 55, 60 y 62, del Grupo Socialista, por
89 votos a favor, 118 en contra y 2 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 54, 56 a 69, 61, 64, 65 y 68 a 71, del
Grupo Socialista, por 84 votos a favor, 118 en contra y 7 abstenciones.
Se aprueban cuatro propuestas de modificación del dictamen, firmadas por
todos los grupos parlamentarios, por asentimiento de la Cámara.
Se aprueba el artículo único, punto nueve, del dictamen por 205 votos a
favor, 2 en contra y 1 abstención.
Se aprueba el resto del dictamen por 125 votos a favor, 6 en contra y 78
abstenciones.
La señora Presidenta comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
Se suspende la sesión a las catorce horas y cinco minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y quince minutos.
De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de Ley por la
que se concede un crédito extraordinario, por importe de 9.393.184.038
pesetas, para el pago de indemnizaciones derivadas del derrumbamiento de
la presa de Tous, según sentencia del Tribunal Supremo de 15 de abril de
1997 (Página 6473)
El señor Sánchez Cuadrado, Vicepresidente Segundo de la Comisión,
presenta el dictamen.
Se abre debate de totalidad.
El señor Agramunt Font de Mora consume un turno a favor. No se consume
turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los
señores Román Clemente, por el Grupo Parlamentario Mixto, y Agramunt Font
de Mora, por el Grupo Parlamentario Popular.
Comienza el debate del articulado.
El señor Beltrán Miralles defiende la enmienda número 5, del Grupo
Socialista. El señor Agramunt Font de Mora consume un turno en contra. En
turno de portavoces,
hacen uso de la palabra los señores Román Clemente, por el Grupo
Parlamentario Mixto; Beltrán Miralles, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y Agramunt Font de Mora, por el Grupo Parlamentario Popular.
Se procede a votar.
Se rechaza la enmienda número 5, del Grupo Socialista, por 78 votos a
favor, 124 en contra y 2 abstenciones.
Se aprueban los artículos 1 a 4, disposición final, exposición de motivos
y título, por 127 votos a favor, 1 en contra y 77 abstenciones.
La señora Presidenta comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Obras Públicas, Medio Ambiente, Transportes y
Comunicaciones en relación con el Proyecto de Ley por la que se crea el
Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Forestales
(Página 6480)
La señora Costa Serra presenta el dictamen.
No se produce debate de totalidad.
Comienza el debate del articulado.
El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números
1 a 4. El señor González López defiende la enmienda número 5, del Grupo
Socialista. El señor Galán Cazallas consume un turno en contra. En turno
de portavoces, hace uso de la palabra el señor Cambra i Sánchez, del
Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se procede a votar.
Se rechazan las enmiendas números 1 a 4, del señor Román Clemente, por 3
votos a favor, 119 en contra y 79 abstenciones.
Se aprueba la enmienda número 5, del Grupo Socialista, por 196 votos a
favor, 2 en contra y 3 abstenciones.
Se aprueban los restantes preceptos del texto del dictamen, artículos 1 y
2, disposiciones transitorias primera y segunda y exposición de motivos,
por 195 votos a favor y 4 abstenciones.
La señora Presidenta comunica a la Cámara el traslado de las enmiendas
aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en relación con el Proyecto
de Ley por la que se modifica el artículo 92.2 del Texto Refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, referido a la extensión de convenios
colectivos (Página 6482)
El señor Molina García, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.
No se produce debate de totalidad.
Comienza el debate del articulado.
El señor Alonso Buitrón defiende la enmienda número 1, del Grupo
Socialista. El señor Lobo Asenjo consume un turno en contra. En turno de
portavoces, hacen uso de la palabra los señores Alonso Buitrón, por el
Grupo Socialista, y Lobo Asenjo, por el Grupo Popular.
Se procede a votar.
Se rechaza la enmienda número 1, del Grupo Socialista, por 81 votos a
favor, 116 en contra y 1 abstención.
Se aprueban el artículo único, disposición transitoria, disposiciones
finales primera y segunda y exposición de motivos del texto del dictamen
por 197 votos a favor y 1 abstención.
La señora Presidenta anuncia a la Cámara que queda definitivamente
aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.
Se levanta la sesión a las diecisiete horas y treinta minutos.
Se abre la sesión a las nueve horas y treinta y cinco minutos.
La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.
PREGUNTAS:
--DE DON CONRADO ALONSO BUITRON, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE LAS RAZONES QUE EXISTEN PARA QUE EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y
ENERGIA ESTE INCUMPLIENDO LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS EN EL PLAN 1998-2005
DE LA MINERIA DEL CARBON Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS
(680/000801).
La señora PRESIDENTA: El punto primero del orden del día son preguntas.
Comenzamos con la pregunta de don Conrado Alonso Buitrón, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre las razones que existen para que el
Ministerio de Industria y Energía esté incumpliendo los compromisos
contraídos en el Plan 1998-2005 de la Minería del Carbón y Desarrollo
Alternativo de las Comarcas Mineras.
Tiene la palabra el Senador Alonso Buitrón.
El señor ALONSO BUITRON: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro de Industria, usted sabe que los días 1 y 2 de este mes de
junio las Federaciones Sindicales Mineras convocaron una huelga general
en el sector de la minería, motivada por un rosario de incumplimientos
del Plan del Carbón.
Por ello, me gustaría que contestara a la pregunta, tal y como ha sido
leída por la Presidenta de la Cámara.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Industria y Energía.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Gracias, señora
Presidenta.
Señoría, efectivamente se produjo esa huelga. Hasta el último momento
intentamos convencer a los representantes sindicales de que esa huelga no
tenía ninguna justificación porque entendemos que no hay incumplimiento
de ningún punto fundamental del Plan de la Minería del Carbón.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Alonso Buitrón.
El señor ALONSO BUITRON: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, usted dice que no hay incumplimientos en el Plan del
Carbón y que la huelga no estaba justificada. Lamento tener que decirle
que yo no comparto esa opinión porque, señor Ministro, todavía siguen
faltando 1.000 millones de pesetas de los Presupuestos Generales del
Estado para la seguridad minera, asunto que usted dice que tanto le
preocupa.
Señor Ministro, después de año y medio de firmado el Plan del Carbón, los
pensionistas y los jubilados de la minería del carbón siguen sin percibir
todavía el vale del carbón porque ustedes tienen mano dura con los
débiles y blanda con los poderosos.
Señor Ministro, los números que ustedes están utilizando para calcular
las prejubilaciones no se corresponden en nada con lo que se firmó en el
Plan del Carbón, en el que se hablaba de los seis últimos meses y del
salario bruto y para realizar dicho cálculo ustedes ahora hablan de los
30 últimos meses y de salarios habituales, algo que no existe en la
jurisprudencia laboral.
Señor Ministro, estamos viendo que el Plan del Carbón está siendo
utilizado por ustedes para hacer amiguismo. Hace pocos días acudía a mi
despacho un trabajador que habiendo perdido presentó un proyecto de una
plantación de 20.000 árboles para obtener 300.000 kilos de fruta y cuando
fue a su Ministerio le dijeron que no había dinero para financiar este
proyecto. Sin embargo, señor Ministro, usted sí que lo tiene para
financiar al señor Pérez Villar, a Torcidos Ibéricos, a Telecable o al
Ayuntamiento de La Carolina. Supongo que la financiación de dicho
ayuntamiento tiene una justificación, puesto que usted es hijo adoptivo
de La Carolina, el señor Alvarez-Cascos tiene la medalla de oro de La
Carolina, el señor Rodrigo Rato es alcalde honorífico de La Carolina y el
Director General de Industria es primer teniente alcalde honorífico de La
Carolina.
Señor Ministro, hoy no le digo: váyase, como hice la última vez. Quédese.
Con ese fichaje que hizo el Partido Popular con usted, con ese viaje
hacia el centro y viendo los resultados que han obtenido en Cataluña,
quédese, que usted es el mejor aval para que los Socialistas volvamos a
la Moncloa.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.--Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Industria y Energía.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señora Presidenta.
Señoría, como veo que usted no tiene el menor interés en saber cómo se
cumple el Plan del Carbón, yo no tengo nada más que decir.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON FRANCISCO JAVIER ROJO GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE SI CONSIDERA EL GOBIERNO QUE TELEVISION ESPAÑOLA, S. A.
(TVE), HA CUMPLIDO LOS CRITERIOS DEL ESTATUTO DEL ENTE PUBLICO SOBRE
OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD EN LA INFORMACION OFRECIDA A, LA OPINION
PUBLICA DE LOS ACTOS ELECTORALES (680/000802).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Francisco Javier Rojo García, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre si considera el Gobierno que
Televisión Española S. A., ha cumplido los criterios del Estatuto del
Ente Público sobre objetividad e imparcialidad en la información ofrecida
a la opinión pública de los actos electorales.
Tiene la palabra el Senador Rojo García.
El señor ROJO GARCIA: Gracias señora Presidenta.
El Partido Socialista Obrero Español se ha visto en la obligación y en la
necesidad de tener que plantear ante la Junta Electoral Central diversas
denuncias contra Televisión Española por su actitud manipuladora y
sesgada en el tratamiento informativo que se ha venido dando en la
campaña electoral, es por lo que le formulo la pregunta en los términos
en que ha leído la Presidenta del Senado.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Industria y Energía.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señora Presidenta.
El Gobierno cree que tanto Televisión Española como Radio Nacional
cumplen con el máximo rigor no sólo con el artículo 4 de la Ley del
Estatuto de la Radio y de la Televisión, que recogen los principios en
los que se debe de inspirar, la actividad de los medios de comunicación
social del Estado, sino con el resto de la legislación. En particular,
Televisión Española ha cumplido escrupulosamente con los preceptos
recogidos en la Ley Electoral y se ha ajustado con rigor al plan de
cobertura informativa del proceso electoral, que aprobó el pasado 25 de
mayo el Consejo de Administración de Radio Televisión Española y que fue
puesto a disposición de la Junta Electoral en la tarde del día 26 de
mayo.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
La señora PRESIDENTA: Gracias señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Rojo.
El señor ROJO GARCIA: Gracias, señora Presidenta.
Señor Piqué, en esta Cámara y también en el Congreso de los Diputados los
socialistas hemos venido denunciado a Televisión Española por
comportamiento que ha tenido siempre desde que gobierna el Partido
Popular en todo lo que tiene que ver con campañas electorales y con el
tratamiento del día a día.
Usted nos ha dicho que Televisión Española ha cumplido rigurosa y
escrupulosamente los acuerdos del Consejo de Radio Televisión. Señor
Ministro, conoce perfectamente los acuerdos de la Junta Electoral, donde
se nos ha dado la razón ante las denuncias que el Partido Socialista ha
venido manifestando y planteando durante la campaña electoral. Usted,
supongo, habrá visto los informativos en la televisión como lo han visto
todos los españoles, y no podrá decir que es objetiva e imparcial
Televisión Española, sino que a la hora de informar obedece a los
criterios del propio Gobierno y de aquellos que dirigen Televisión
Española, que son aquellos que ustedes han puesto.
Me parece un despropósito, y creáme señor Piqué, que usted diga que ha
cumplido Televisión Española los acuerdos del Consejo de Radio Televisión
Española cuando la Junta Electoral lo ha dicho en numerosas ocasiones
durante esta campaña o le ha dado la razón al Partido Socialista sobre
las denuncias que hemos venido manifestando. Si usted ve --y le rogaría
que lo hiciese-- el vídeo de la información que ayer se dio en el debate
sobre el estado de la Nación le diré que me pareció una vergüenza la
forma de informar (Un señor Senador del Grupo Parlamentario Popular
pronuncia palabras que no se perciben.); sí, digo una vergüenza porque me
parece que este país es lo suficientemente adulto y mayor de edad como
para que ustedes traten así a los españoles y a todos los ciudadanos. Me
parece una vergüenza, y vuelvo a insistir, porque ustedes creen que aquí
todo el mundo es tonto y que no nos enteramos absolutamente de nada.
Señor Piqué, usted me va a contestar como me ha contestado siempre.
Cuando no quiere dice que no queremos saber y se sienta y cuando no le da
la gana vuelve a decir que estamos equivocados. Pero yo sinceramente le
digo: usted que viene del mundo de la democracia, de ese mundo --y sé que
tiene criterio--, no debiera aceptar estos planteamientos ni que las
cosas se hagan así.
Independientemente de que usted hoy termine su intervención contestando
lo que nos ha contestado siempre, yo le digo una cosa: la Junta Electoral
Central ha dicho algunas cosas, pero ya no sólo es eso, sino que a
quienes nos ha tocado estar en la campaña electoral hemos tenido que
estar todos los días luchando contra Televisión Española para que no se
manipulase más de lo que se ha hecho.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Industria y Energía.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señora Presidenta.
Con independencia de que si su señoría cree que en algún sentido el
Estatuto de Radiotelevisión Española no es suficiente para garantizar
cuestiones como la objetividad y la imparcialidad en la información
suministrada, con independencia de que pueden hacer propuestas de reforma
--estaremos encantados de analizarlas--, deduzco de sus palabras algo
realmente preocupante porque está usted haciendo dos cosas que no debería
hacer; una, cuestionar la honestidad, la solvencia y la ética profesional
de todos aquellos trabajadores que elaboran los distintos programas
informativos para quienes le pido, por favor, respeto (Rumores.); y, dos,
cuestionar, al mismo tiempo, la inteligencia de los más de 10 millones de
personas que ven los informativos de Radiotelevisión Española todos los
días y que, evidentemente, siguen viéndolos porque les parecen objetivos.
Ya sé que ustedes han visto siempre a Radiotelevisión Española como un
instrumento de poder, como un instrumento al servicio del Gobierno,
porque así fue en épocas pasadas. Pero hoy, por suerte, las cosas no son
así y a ustedes les cuesta entender que Radiotelevisión Española sea
imparcial en vez de parcial, sea objetiva en vez de subjetiva, y sea
plural en vez de sectaria.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON JUAN ANTONIO AREVALO SANTIAGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, SOBRE LA VALORACION QUE HACE EL GOBIERNO ACERCA DE LA
DECISION DE TELEVISION ESPAÑOLA, S. A. (TVE), DE NO CELEBRAR DEBATES
ELECTORALES ENTRE EL PARTIDO POPULAR (PP) Y EL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO
ESPAÑOL (PSOE) (680/000803).
La señora PRESIDENTA: De don Juan Antonio Arévalo Santiago, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre la valoración que hace el Gobierno acerca
de la decisión de Televisión Española, S. A., de no celebrar debates
electorales entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero
Español.
Tiene la palabra el Senador Arévalo.
El señor AREVALO SANTIAGO: Gracias.
Señora Presidenta, señorías, señores Ministros, ¿qué valoración hace el
Gobierno sobre la decisión de Televisión Española de no celebrar debates
cara a cara durante esta campaña electoral entre el Partido Socialista y
el Partido Popular? Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro Portavoz.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señora Presidenta.
Señoría, no tengo constancia de que Televisión Española tomara ninguna
decisión acerca de celebrar o no debates electorales entre el Partido
Popular y el Partido Socialista.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Arévalo.
El señor AREVALO SANTIAGO: Señora Presidenta, nos confirma entonces el
señor Ministro que no nos equivocamos si afirmamos que si no ha habido
debates a dos en Televisión Española es porque así lo ha exigido el
Gobierno y su partido. (Rumores.) Este --como otros desafueros--
perpetrado durante la campaña electoral sólo se entienden si ha habido
una instrucción política. No hay profesional que, por su cuenta, cometa
las tropelías que Televisión Española ha cometido en esta campaña y que
sigue cometiendo.
En la retransmisión en directo de ayer del debate del estado de la
Nación, Televisión Española se ha permitido calificar las intervenciones
de algunos oradores. En unos casos, se dice que el orador es ágil y
sereno y, en otros, que es fácil, duro y muy catastrofista. Dígame usted
si esto es tolerable.
Como consecuencia de la campaña electoral ha tenido que dimitir el editor
del canal 24 horas de Televisión Española y así están las cosas allí y en
el Gobierno con el medio más poderoso según se dice.
Permítame que justifique la necesidad del debate cara a cara entre los
dos partidos. En las elecciones al Parlamento Europeo, el Partido Popular
en el escrutinio que hoy manejamos consigue el 39,75 por ciento, 27
escaños, y el Partido Socialista 35,26 por ciento, 24 escaños. La
siguiente candidatura sólo alcanza el 5,77 por ciento de los votos y
cuatro escaños.
En las elecciones municipales el Partido Popular tiene el 34,42 por
ciento de los votos y el PSOE el 34,22 por ciento. La diferencia es de
menos de 30.000 votos y el 0,2 por ciento.
A la siguiente opción electoral la separan más de seis millones de votos.
Ya sé que éstos no son datos que hayan sido utilizados por don Javier
Arenas en sus triunfales ruedas de prensa.
En la siguiente situación nos encontramos respetando los derechos de las
demás candidaturas y no se renuncia a los debates sectoriales. Pero en
esta situación se han negado a cumplir con una obligación de información
que es un derecho que tenían los españoles a obtener de la televisión
pública.
Los debates celebrados entre cinco o seis han demostrado su inoportunidad
y su inutilidad. Se han quejado de ellos todos los participantes, ya que
no correspondían a ningún fin. Pero le voy a mostrar algunos precedentes.
En la campaña de las elecciones generales de 1993, Felipe González,
Presidente del Gobierno, aceptó dos debates cara a cara con el aspirante,
que luego no ganó, José María Aznar. En las europeas de 1994, con
Gobierno socialista, hubo dos cara a cara entre Fernando Morán y Abel
Matutes. Televisión Española ofreció esta posibilidad, aunque el Partido
Popular decidió celebrarlos en las televisiones privadas. En las
generales de 1996, de nuevo, Televisión Española, también las
televisiones privadas, incluso, la Asociación de la Prensa, ofrecieron la
celebración del debate cara a cara...
La señora PRESIDENTA: Señoría, concluya, por favor.
El señor AREVALO SANTIAGO: Sí, señora Presidenta. Termino inmediatamente.
... que se negó a celebrar don José María Aznar.
Hoy, la televisión española pública, manipulada --y de qué manera se está
demostrando en estos mismos momentos-- por el Gobierno, ha obedecido a su
señor. (Risas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Mientras,
ha despreciado la nobleza del debate y el interés de información de los
españoles.
Señor Ministro, ¿no se avergüenzan?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro Portavoz.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señora Presidenta.
Señoría, al margen de su peculiar interpretación de la lógica
aristotélica al sacar determinadas conclusiones (Risas en los escaños del
Grupo Parlamentario Popular.) --cada
uno hace lo que puede--, lo que sí le puedo decir es lo siguiente.
Ya sé que a ustedes les cuesta aceptar las cosas que se acuerdan por los
organismos competentes, pero le tengo que decir que el Consejo de
Administración de Radiotelevisión Española que, como usted sabe, no
responde a la correlación de fuerzas que existe en el Parlamento y en el
que el Partido Popular, por lo tanto, no tiene la mayoría, aprobó un plan
de cobertura informativa del proceso electoral, que fue puesto a
disposición de la Junta Electoral en la tarde del día 26 de mayo.
Por lo que a la celebración de debate se refiere --ya que usted los ha
mencionado, yo le voy a informar--, en la citada sesión del Consejo de
Administración de Radiotelevisión Española --por lo tanto, donde tienen
que tomarse esas decisiones-- se aprobó lo siguiente: Televisión Española
facilitará el espacio necesario para que los partidos políticos que
concurran a estas elecciones debatan sus programas, si las cinco fuerzas
políticas con representación parlamentaria llegan a un acuerdo para su
celebración.
Posteriormente, la Junta Electoral Central, en su sesión del día 3 de
junio, estimó el recurso de Coalición Canaria, en el sentido de indicar a
Televisión Española la obligatoriedad de incluir a un representante de su
Coalición, la llamada Coalición Europea, en el debate previsto por dicho
medio. Este debate fue celebrado, como todo el mundo sabe, previo acuerdo
de las fuerzas políticas, el día 9 de junio y fue emitido por la 1 de
Televisión Española a partir de las 23 horas y 40 minutos, con una
duración de una hora, 49 minutos y 28 segundos.
Por otra parte, todos los cabeza de lista de las diferentes formaciones
han tenido la ocasión de explicar sus programas, tanto en el espacio «Los
Desayunos de Radiotelevisión Española», entre los días 28 de mayo y 11 de
junio, en distintas entrevistas, como a través de la exhaustiva
información que Televisión Española ha ofrecido en sus informativos
diarios y en la programación especial sobre elecciones, a la que, en
conjunto, se ha dedicado un tiempo total de 24 horas, 47 minutos y 43
segundos.
Esta es la realidad y, por lo tanto, creo que con esta información es más
que suficiente para darle cumplida respuesta, señoría.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DOÑA ANA ISABEL ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA VALORACION DEL GOBIERNO EN RELACION AL
PROGRAMA «ESPECIAL ELECCIONES», OFRECIDO POR TELEVISION ESPAÑOLA, S. A.
(TVE), EN LA NOCHE DEL PASADO DIA 13 DE JUNIO (680/000804).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de doña Ana Isabel Arnáiz de las Revillas
García, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la valoración del
Gobierno en relación al programa «Especial Elecciones», ofrecido por
Televisión Española en la noche del pasado día 13 de junio.
Tiene la palabra la Senadora Arnáiz de las Revillas.
La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Muchas gracias, señora
Presidenta.
Señor Ministro, como le veo negando la evidencia y haciendo un alarde de
hacer frente a lo inevitable con la mejor cara posible, le voy a exponer,
exactamente, la secuencia de la parte central del «Especial Informativo»
de la 1 de Televisión Española en la noche electoral: Primero, un sondeo
con un locutor en el Hotel Victoria. Conexión con la sede del PSOE y la
sede del PP. Una entrevista a Pío García Escudero. Otra vez en la sede
del PP, entrevista a Loyola de Palacio. Locutor con datos del Ministerio
del Interior. Una película; un intermedio, datos oficiales; Palacio de
Congresos, datos de las capitales. Al PP, una locutora. Al PP, con
entrevista larguísima a Loyola de Palacio. Palacio de Congresos. Una
conexión con la sede de Convergència i Unió fallida, que no se produjo,
la única de toda la noche. A continuación, una película, en el intermedio
una rueda de prensa del Ministro Mayor Oreja; posteriormente una
valoración suya como Ministro, que parecía Secretario General del Partido
Popular y por fin, al cabo de horas de emisión, una ronda por las sedes
de los partidos con unos segundos dedicados a Rosa Díez, unos segundos en
la rueda de prensa de Izquierda Unida, una larguísima entrevista en la
sede del Partido Popular, datos de las municipales y una conexión con una
locutora desde la sede del PSOE en Madrid pero sin entrevista. A
continuación, pudimos ver el final de la película; otra vez la sede del
Partido Popular, con su fondo azul y una larguísima entrevista a Javier
Arenas; otra conexión con el Palacio de Exposiciones, con el mismo fondo
azul y con el señor Piqué, que vuelve a parecer Secretario General,
haciendo una valoración y extrapolando datos a unas hipotéticas
elecciones generales. Seguidamente se hizo una relación de datos y de
nuevo una conexión con locutora a la sede del PSOE, posteriormente el
señor Almunia y, una vez más, una larguísima entrevista al señor Javier
Arenas y la traca final, en la calle Génova, donde acaba el mundo
electoral y político.
Señor Piqué, ¿le parece a usted que con dinero público, que es el de la
primera cadena de Televisión Española, se puede montar tal aparato de
propaganda del Partido Popular, que actualmente sustenta al Gobierno?
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro Portavoz.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señora Presidenta.
Ha hecho usted una descripción del programa y me imagino que se iba a
buscar la actualidad allí donde estaba, y donde no estaba, donde no había
gente dispuesta a hablar, no estaba. (Rumores en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
En cualquier caso, le tengo que decir que el Gobierno no entra a valorar
el contenido de programas, pero entiende que el programa objeto de su
pregunta se ha adaptado tanto a lo establecido en el Estatuto de
Radiotelevisión Española como a los preceptos recogidos en la Ley
Electoral, así como también a lo aprobado por el Consejo de
Administración de Radiotelevisión Española en su sesión del pasado 25 de
mayo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra la Senadora Arnáiz de las Revillas García.
La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Señora Presidenta, señor
Ministro, por lo general, los españoles y las españolas no creen en los
fenómenos parapsicológicos o paranormales; por lo tanto, piensan que en
una noche electoral no han desaparecido todos los partidos políticos
excepto el Partido Popular. La prueba de que no lo creen es lo que votan,
y ustedes, cuanto más niegan la evidencia, más quedan por mentirosos, más
patente hacen su manipulación y menos legitimidad tienen para pedir
después pluralismo, como he visto al señor Aznar hacerlo ayer al
representante del PNV, porque ustedes no lo tienen y, cuando lo piden,
están exigiendo la ley del embudo.
Señor Ministro, ustedes han sustituido la objetividad, la pluralidad, la
veracidad y la imparcialidad de las que habla el Estatuto --que es una
ley vigente para ustedes-- por una información sectaria, sesgada,
impertinente, irritante y con una manipulación muy zafia, y eso no engaña
a los españoles, porque los españoles son más inteligentes, sino que les
deja a ustedes en muy mal lugar.
Estos hechos no engañan a los españoles por varias razones. Hay una
anécdota de un Senador que se presentaba a concejal y el alcalde del
Partido Popular de su pueblo le obligaba, para conceder una entrevista, a
hacerla con un fondo azul, el mismo fondo azul que tenía el programa
«Especial Elecciones», que parecía el fondo electoral del PP, el mismo
fondo azul del PP desde el Ministerio del Interior, incluso el mismo
color que el de los trajes de las locutoras. Además, como al «Especial
Elecciones» le faltaba la gaviota, pusieron una papeletita volando,
pasando por la pantalla y llegando a la urna, para que se identificase
mucho más con el Partido Popular. Ese es el tipo de manipulación --sin
entrar en otras cosas-- al que yo me refiero, la misma manipulación que
le intentaban hacer al compañero Senador.
Y le comento otra cuestión: no tienen credibilidad, por muchas razones,
porque la gente tiene memoria y porque la gente es muy lista, es menos
tonta de lo que ustedes creen con su manipulación, y cuando ven al señor
Arenas --y con esto termino, señora Presidenta-- diciendo al final de la
campaña que estamos crispando la campaña electoral, o cuando le ven
haciendo las valoraciones que hizo la noche electoral como Secretario
General del Partido Popular, ven a la misma persona que hace seis años,
en la noche electoral, dijo que había habido pucherazo.
La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene que acabar.
La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Por lo tanto, para los
ciudadanos, aunque el PP se vista de seda, «derechona» se queda.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Ministro Portavoz.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señora Presidenta.
Entiendo que a ustedes les irrite haber perdido todas y cada una de las
elecciones que se han celebrado en nuestro país desde el año 1994.
Insisto: todas. Está claro que eso lo deciden los ciudadanos, y espero
que lo sigan decidiendo durante muchísimos años. (Algunos señores del
Grupo Parlamentario Socialista pronuncian palabras que no se perciben.)
No quiero entrar en muchos detalles. Por tanto, sólo le diré lo
siguiente. Para que ustedes hagan una valoración de lo que es la
objetividad y la vergüenza ajena, le voy a mandar el vídeo de la rueda de
prensa que el entonces Vicepresidente del Gobierno, señor Serra, hizo en
el año 1995.
Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro Portavoz.
--DE DOÑA LAURA MARTINEZ BERENGUER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LAS MISIONES QUE VA A DESARROLLAR EL CONTINGENTE ESPAÑOL EN
EL SENO DE LA BRIGADA MULTINACIONAL, BAJO MANDO ITALIANO, DESPLEGADA EN
KOSOVO (680/000809).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de doña Laura Martínez Berenguer, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las misiones que va a
desarrollar el contingente español en el seno de la Brigada
Multinacional, bajo mando italiano, desplegada en Kosovo.
Tiene la palabra la Senadora Martínez Berenguer.
La señora MARTINEZ BERENGUER: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, el pasado sábado viajaron a Kosovo y Macedonia una
avanzadilla de 65 militares españoles para preparar la llegada del resto
del contingente, formado por un total de 1.200 hombres y mujeres. Este
contingente militar, cuyo responsable es el Coronel Vicente Díaz de
Villegas, actual jefe del Tercio Alejandro Farnesio, con base en Ronda,
está desplazado en el sector de Kosovo bajo responsabilidad italiana, que
tiene su centro de operaciones en Pec, al oeste de Pristina.
Representantes militares de los dos países están negociando el área
concreta donde estarán los españoles, así como sus misiones específicas y
sus puestos de Estado mayor en la Brigada Multinacional.
En un principio se planteó la posibilidad de que los españoles se
ocuparan de la vigilancia de fronteras, pero esta opción parece
descartada. También se especula con la posibilidad de que ejerzan tareas
de control en el interior de la provincia serbia.
Por todo este tipo de posibles tareas que pudieran realizar las tropas
españolas destacadas en Kosovo y Macedonia, señor Ministro, ¿podría
explicar a esta Cámara cuáles van a ser las misiones que va a desarrollar
el contingente español en el seno de la Brigada Multinacional, bajo mando
italiano, desplegada en Kosovo?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Muchas gracias, señora
Presidenta.
Con mucho gusto, señoría, paso a explicárselo. Como usted sabe, la
Alianza Atlántica ha elaborado un plan de operaciones denominado Guardia
Conjunta --«Joint Guardian»-- para supervisar, y si fuera necesario,
imponer, el acuerdo técnico-militar firmado con las autoridades militares
yugoslavas y hacer cumplir los aspectos militares del acuerdo de paz
alcanzado por las partes en conflicto; todo ello, en el marco de la
Resolución 1244/1999, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Este plan será ejecutado, como su señoría sabe, por la fuerza de Kosovo,
la Kfor.
El Consejo de Ministros, por decisión adoptada el 26 de febrero de este
año, acordó enviar una misión española para participar en la Kfor, cuyo
contingente no excederá de 1.200 efectivos, que en su mayoría se
integrarán en la Brigada Multinacional que, comandada por Italia, tendrá
una composición en principio italo-hispano-portuguesa.
En concreto, España participará, en primer lugar, proporcionando personal
a los cuarteles generales de Kfor y de la citada Brigada Multinacional.
En segundo lugar, aportando a las unidades multinacionales, policía
militar y unidades de operaciones especiales y de cooperación
cívico-militar. Asimismo, proporcionará un batallón de infantería
mecanizada, procedente de la Legión como ha dicho su señoría, una unidad
de ingenieros tipo compañía, una unidad de inteligencia, otra de apoyo
logístico, y un equipo de control aéreo táctico. Las misiones y cometidos
más destacables las enumeraré posteriormente.
Hasta el momento va a integrarse en una zona del territorio, realizando
los cometidos que con carácter general se han dado a la Kfor --y que paso
ahora a relatar-- y algunos derivados de la naturaleza específica de
ciertas unidades del contingente, como las que acabo de citar de unidad
de policía militar o cívico-militar, o de ingenieros zapadores.
Los cometidos principales son, en primer lugar, supervisar y asegurar el
cumplimiento del acuerdo citado. Por ello, tiene que verificar la
retirada de las fuerzas de la República Federal de Yugoslavia, y si fuera
necesario, imponerla; el regreso y la presencia de las fuerzas que se
acuerde posteriormente --como sabe su señoría, en centenares, no en
miles--; supervisar --y si fuera necesario, imponer-- la
desmilitarización de las llamadas» otras fuerzas --básicamente, el UCK--,
y autorizar y controlar todos los movimientos militares en Kosovo,
incluidos el control del espacio aéreo civil y militar.
En segundo lugar, establecer inicialmente un ambiente seguro para que las
autoridades apropiadas estén en condiciones de cumplir sus cometidos y
llevar a cabo operaciones de seguridad pública y otras funciones no
militares.
En tercer lugar, desarrollar estructuras de cooperación cívico-militar
apropiadas.
En cuarto lugar, coordinar con ACNUR y otras organizaciones el regreso de
refugiados.
En quinto lugar, supervisar la señalización y limpieza de campos de
minas. Además, donde fuere necesario para las operaciones de Kfor,
identificar, señalar y, cuando se necesite, limpiar los campos de minas,
obstáculos y otros artificios sin explosionar. Todo ello en la zona
atribuida a la brigada italiana y que, por tanto, tendrá su centro en
Pec, en el suroeste de Kosovo, y ocupando el territorio --el contingente
español está navegando-- que todavía no está precisado con toda
exactitud. Pero lo que es seguro es que las operaciones realizadas se
llevarán a cabo dentro del marco que acabo de citar y serán del tipo de
las que he nombrado.
Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra la Senadora Martínez Berenguer.
La señora MARTINEZ BERENGUER: Gracias.
Muchas gracias, señor Ministro, por su extensa respuesta.
Aprovecho esta intervención para manifestar, en nombre de mi Grupo,
nuestra admiración y agradecimiento a los miembros de las Fuerzas Armadas
por su trabajo, así como a los mediadores de la Unión Europea, de Rusia y
de Estados Unidos, así como al Secretario General de la OTAN, Javier
Solana, que ha cumplido con plena dedicación la difícil tarea que los
gobiernos aliados le han encomendado.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Desgraciadamente, el señor Ministro no tiene más tiempo. Lo sobrepasó ya
en la anterior intervención.
La siguiente pregunta, de don Narciso Serrano Alvarez-Giraldo, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el
Gobierno para garantizar la seguridad de los trabajadores y funcionarios
en el interior de los centros penitenciarios, ha sido retirada como
consecuencia de que el Senador ha tenido que ausentarse porque acaba de
fallecer su padre. Le transmitimos el sentimiento de la Cámara.
Lamentamos que el señor Ministro se haya desplazado en balde, pues
supongo que sólo lo ha hecho para contestar esta pregunta.
--DE DOÑA LUCIA DELGADO GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LAS LINEAS BASICAS DE LA CAMPAÑA DE DIVULGACION DEL CONSUMO
DE LOS MEDICAMENTOS GENERICOS EN ESPAÑA (680/000806).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de doña Lucía Delgado García, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre las líneas básicas de la
campaña de divulgación del consumo de los medicamentos genéricos en
España.
Tiene la palabra su señoría.
La señora DELGADO GARCIA: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, la contención y racionalización del gasto farmacéutico ha
llevado a su Ministerio a adoptar una serie de medidas entre las que
habría que resaltar, sin duda, el uso de los llamados medicamentos
genéricos. La bondad y oportunidad de ello, de lo cual ya existen
precedentes en otros países industrializados, es clara, dado que lo que
se le ofrece al consumidor es un medicamento sin marca, pero con el mismo
principio activo que el original, y cuya bioequivalencia con éste está
garantizada. Asimismo, teniendo en cuenta que este tipo de medicamentos
son más baratos, este mismo consumidor deberá pagar menos por ello en
concepto de aportación. Y si esta misma medida la valoramos desde el
sistema público sanitario, vemos que supone mantener la calidad de la
prestación farmacéutica a un coste menor. Es evidente que la medida en sí
resulta gratamente atractiva.
Sin embargo, a pesar de ello, también está claro que muchos de los
ciudadanos de este país serán reticentes en el momento en que vean que se
les receta un medicamento de este tipo, y esta reticencia no obedecería
ni más ni menos que a la desinformación que tienen precisamente sobre
este tipo de medicamentos.
Por todo ello, señor Ministro, le agradeceríamos que nos explicara cuáles
son las líneas básicas de la campaña de divulgación del consumo de los
medicamentos genéricos en España.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Senadora.
Tiene la palabra el señor Ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señora Presidenta. Muchas gracias, señora Senadora.
Es verdad que, entre las medidas previstas por el Gobierno para contener
el crecimiento del gasto farmacéutico y racionalizar esta prestación,
está la introducción en España de los medicamentos genéricos. Agradezco
mucho a su señoría que plantee esta cuestión, que me permite informar
sobre lo que estamos haciendo para facilitar su introducción y su
dispensación dentro de nuestro sistema.
Empiezo por hacer constar que los médicos del Sistema Nacional de Salud
están optando ya por la prescripción de genéricos, y así, aunque las
cifras de consumo son todavía modestas en valores absolutos, sí es
positiva la evolución en los últimos meses. En el mes de abril se
consumieron 466.000 envases de especialidades farmacéuticas genéricas,
pero lo más importante es que este consumo viene creciendo con tasas de
hasta un 20 por ciento mensual.
En estos momentos disponemos de 267 especialidades farmacéuticas
genéricas; en poco más de un año hemos pasado de 47 especialidades
autorizadas a 267, lo que supone la aparición de cerca de 17
especialidades nuevas por mes.
Ante esta evolución, consideramos que era el momento adecuado para poner
en marcha una campaña informativa, dirigida a los ciudadanos, sobre qué
son y la importancia que tienen los medicamentos genéricos, tanto para
los usuarios, que --como señalaba su señoríadeben pagar menos en concepto
de aportación, ya que los genéricos son más baratos que los medicamentos
equivalentes de marca, como para el Sistema Nacional de Salud, que
mantiene la calidad de la prestación farmacéutica porque los medicamentos
genéricos son bioequivalentes con los de marca y ofrecen la misma calidad
y seguridad a un menor coste.
La campaña de divulgación que estamos haciendo es el resultado de un
concurso público, tiene un coste de 150 millones de pesetas y ha
comenzado el pasado día 9 de junio y se prolongará hasta el próximo 5 de
julio. En la elección de la empresa adjudicataria se consultó la opinión
de los servicios de salud de las comunidades transferidas y del INSALUD,
así como de las sociedades científicas de atención primaria, de los
Consejos Generales de los Colegios de Médicos y Farmacéuticos, y del
Consejo de Consumidores y Usuarios.
En el diseño y realización de esta campaña se ha dado prioridad al
contenido pedagógico, pues su objetivo fundamental es difundir el
significado, características y cualidades de este tipo de medicamento.
La campaña incluye la publicación de 59 anuncios informativos en los 28
periódicos nacionales y en los de mayor tirada en cada una de las
Comunidades Autónomas, la inserción de 166 cuñas publicitarias en cinco
cadenas de radio y 950 spots televisivos en todas las cadenas nacionales
y autonómicas, que se emitirán en castellano, catalán, gallego, vasco y
valenciano.
Estas actuaciones se realizarán de una forma secuencial, al objeto de
afianzar el mensaje publicitario y lograr el mayor impacto posible.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
La Senadora Delgado tiene la palabra.
La señora DELGADO GARCIA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, tan sólo decirle que es interesante conocer el incremento
de estos medicamentos, como nos ha comunicado ahora.
Quiero transmitirle nuestro deseo de que el éxito secunde esta campaña de
divulgación de los medicamentos genéricos en nuestro país, para que la
sanidad pública española pueda seguir prestando, con la misma eficacia
que lo viene haciendo hasta ahora, los mejores servicios a los
ciudadanos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
--DE DOÑA MARIA ISABEL SAN BALDOMERO OCHOA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA VALORACION DEL GOBIERNO ACERCA DE LA
DONACION DE ORGANOS EN ESPAÑA (680/000808).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de doña Isabel San Baldomero Ochoa, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración del
Gobierno acerca de la donación de órganos en España.
Tiene la palabra la Senadora San Baldomero.
Formulo la pregunta en los mismos términos en los que usted la ha leído.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señora Presidenta.
Señora Senadora, el Gobierno hace una valoración muy positiva sobre la
donación y el trasplante de órganos en España. Podemos estar orgullosos
de que en esta materia, que requiere una gran solidaridad por parte de la
población y una excepcional capacidad técnica por parte de los servicios
sanitarios, nuestro país esté a la cabeza del mundo.
Durante los últimos años la actividad de donación y trasplante en España
ha ido creciendo de forma continuada, hasta el punto de ser considerada
como un país de referencia a nivel internacional.
La práctica de trasplantes ha crecido de forma importante en todos los
órganos: corazón, pulmón, hígado, páncreas y riñón. Así, el número de
trasplantes cardiacos ha pasado de los 278 en el año 1995 a ser de 349 en
1998, lo que supone un incremento del 25 por ciento. El número de
trasplantes hepáticos ha pasado de los 698 a los 899, lo que representa
un incremento del 28 por ciento. El de trasplantes renales, que era de
1.800, ha pasado a ser de 1.995, con un incremento de un 11 por ciento
partiendo ya de cotas muy altas. El de páncreas ha pasado de los 24 a los
28, es decir, ha habido una elevación del 16 por ciento, y el número de
trasplantes pulmonares, que era de 45, ha pasado a ser de 128, lo que
significa casi triplicar dichos trasplantes en los últimos cuatro años.
Toda esta actividad es consecuencia del incremento continuo de las
donaciones en nuestro país. Desde 1990 se ha duplicado el número de
donantes. Se ha pasado de los 687 a los 1.250, siendo la tasa actual de
donación de 31,5 donantes por millón de personas/año, cifra
significativamente superior a la registrada en cualquier país del mundo.
Ello coloca a España como el país con mayor tasa de donantes, con mayor
tasa de trasplante renal y de trasplantes hepáticos, y también le sitúa
entre uno de los que tienen mayor tasa de trasplantes cardiacos y
pulmonares.
Por otro lado, y como consecuencia del crecimiento de la actividad
trasplantadora en España, el tiempo medio en lista de espera se ha
mantenido en niveles óptimos, a pesar del incremento en las indicaciones,
hasta el punto de que hoy en día España mantiene el tiempo en lista de
espera para trasplante cardiaco y hepático más bajo del mundo, de dos a
tres meses, muy por debajo de Francia, donde es de cinco u ocho meses, o
de Estados Unidos, país donde es de siete u ocho meses, En cuanto al
trasplante renal, con el mismo incremento de actividad, asistimos a un
descenso progresivo y continuado de la lista de espera, que se ha
reducido en un 27 por ciento en los últimos años. Estas cifras convierten
a España en el único país del mundo en que se reduce la lista de espera
para trasplante renal.
Por otro lado, en los primeros meses de 1999 las donaciones han
continuado incrementándose respecto al mismo período de 1998. Se
mantienen las previsiones de actividad en trasplante renal y pulmonar, y
se incrementan el trasplante cardiaco y el hepático.
La señora PRESIDENTA: Vaya concluyendo, señor Ministro, por favor.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Concluyo, señora
Presidenta.
Las previsiones para 1999 nos permiten abrigar la esperanza de que estas
cifras todavía se van a mejorar con incrementos del 2 por ciento en el
número de donantes, del 1,4 por ciento en el trasplante hepático, del 2,2
por ciento en el cardiaco, del 4 por ciento en el pulmonar y del 20 por
ciento en el de páncreas. España es hoy por hoy líder mundial en cuanto a
tasas de donación de órganos, y ofrece a nuestros pacientes la mayor y
mejor opción de trasplantes, con el menor tiempo de espera y con unas
garantías de éxito muy notables.
Consecuencia de ello es el reconocimiento general que tienen las
actividades trasplantadoras en España, y me permito traer a colación con
satisfacción la concesión ayer mismo del Premio Jaime I al creador de
esta organización y hoy Director General de Atención Primaria y
Especializada del Insalud, el Doctor Matesanz, quien ha llevado a cabo
una extraordinaria tarea al crear esta organización y haberla mantenido a
esos niveles durante muchos años.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra la Senadora San Baldomero.
La señora SAN BALDOMERO OCHOA: Señora Presidenta, señor Ministro, yo creo
que hoy debemos hacer un reconocimiento al altruismo de las personas que
han manifestado en vida su voluntad de donar. Creo que debemos hacer un
reconocimiento a los hombres y mujeres por su solidaridad porque su
donación es requisito imprescindible para que otras personas sigan
viviendo.
Debemos hacer un reconocimiento a la valiente y generosa decisión de las
familias de los donantes, tomada en momentos tan difíciles; a la eficaz
colaboración de los profesionales de la salud que participan en la
detección y el mantenimiento de los donantes, en la constatación de su
muerte, en los complejos estudios y determinaciones analíticas,
en la extracción de los diferentes órganos y tejidos, en su transplante y
en el seguimiento de los pacientes transplantados, que han permitido el
desarrollo actual de los transplantes en nuestro país. También debemos
reconocimiento a los muchos profesionales y organismos que son necesarios
para que los transplantes sean una feliz realidad en nuestro medio.
Asimismo, debemos mostrar nuestro agradecimiento a jueces, forenses, Cruz
Roja, Protección Civil, Guardia Civil, Policía local, y a los medios de
comunicación por su ayuda en la difusión de la importancia de la donación
de órganos.
Señor Ministro, la formación, la información, la investigación, el seguir
trabajando por todos y todas es vital para miles de personas. Todo es
poco para unos hombres y unas mujeres tan generosos como los que tenemos
en España. Sigamos trabajando.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. La siguiente pregunta de
doña María Cruz Rodríguez Saldaña ha sido objeto de petición de
aplazamiento por parte del Gobierno. Si no hay inconveniente se pospone a
las tres preguntas destinadas al señor Ministro Educación y Cultura.
¿Hay algún inconveniente? (Pausa.)
--DE DON JOAQUIM VIDAL I PERPIÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL
SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL
GOBIERNO AL OBJETO DE PODER CLARIFICAR TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS
CON LA GENERACION, AUTORIZACION Y PAGO DE DERECHOS DE AUTOR EN LOS CASOS
CONCRETOS DE RECEPCION Y UTILIZACION DE APARATOS DE RADIO Y TELEVISION EN
HOTELES, COMERCIOS, BARES, CLINICAS, AUTOBUSES O TAXIS (680/000785).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Joaquim Vidal i Perpiñá, del Grupo
Parlamentario Catalán en el Senado de Convergéncia i Unió, sobre las
medidas que piensa adoptar el Gobierno al objeto de poder clarificar
todos los aspectos relacionados con la generación, autorización y pago de
derechos de autor en los casos concretos de recepción y utilización de
aparatos de radio y televisión en hoteles, comercios, bares, clínicas,
autobuses o taxis.
Tiene la palabra el Senador Vidal i Perpiñá.
El señor VIDAL I PERPIÑA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, esta pregunta nace porque el año pasado muchos hoteles,
restaurantes y pensiones del Estado español recibieron un cuestionario en
el que una entidad de gestión de derechos de productos audiovisuales les
pedía una serie de datos e, incluso, algunos fueron denunciados por
impago.
No hace mucho, el mes pasado, concretamente en Calella de la Costa, una
ciudad de Barcelona, la SGAE --la Sociedad General de Autores de
Cataluña-- estuvo peinando --y digo con estas palabras-- los comercios de
esa ciudad par detectar las tiendas que, teniendo conectada la radio, no
pagaban los derechos de autor por la música que se escucha en dichos
establecimientos. La SGAE recuerda que la ley regula estas emisiones y
que de alguna forma se está obligado a pagar unos derechos de autor por
poner música en establecimientos comerciales.
Pienso sinceramente que el artículo 20 del texto refundido de la Ley de
Propiedad Intelectual, que ahora no voy a repetir, está creando una
inseguridad jurídica que es el motivo de mi pregunta, tal como la ha
planteado la señora Presidenta.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Educación y Cultura.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CULTURA (Rajoy Brey): Muchas gracias,
señora Presidenta.
El supuesto al que se refiere el señor Vidal se encuadra dentro de lo que
se denomina la comunicación pública de la obra radiodifundida en lugar
accesible al público y está previsto, como él mismo ha señalado, en la
Ley de Propiedad Intelectual, en su artículo 20.2.
Es probable que exista, como ha dicho el señor Vidal en su intervención,
una cierta confusión y preocupación sobre los derechos de autor que
tramitan distintas entidades de gestión colectiva, y puede que haya una
cierta inseguridad jurídica y diferentes interpretaciones acerca de si la
simple conexión de una radio o televisión en establecimientos abiertos al
público constituye motivo suficiente como para que se considere emisión
y, en consecuencia, esté sujeto al pago de derechos de autor.
Sobre este asunto ha habido, no sólo hoy sino desde hace mucho tiempo,
discusión de la doctrina en los tribunales, pero lo cierto es que, de un
modo mayoritario, éstos se han decantado por la interpretación de que sí
se debe considerar que se produce un nuevo acto de comunicación pública
que debe ser autorizado y/o retribuido, con independencia de la
autorización previamente otorgada a la entidad radiodifusora y de que la
retribución se haya obtenido por esa autorización. Esto es lo que han
dicho la mayoría de las sentencias que se han producido hasta el momento
presente.
Probablemente debamos hacer entre todos un esfuerzo para clarificar más
este asunto. En algunas ocasiones se ha intentado llegar a un
entendimiento entre todos los grupos y sectores interesados. No ha sido
posible. Ese sigue siendo mi objetivo de futuro pero, mientras esto no
sea así, habrá que ajustarse a la interpretación del artículo 20 de la
Ley de Propiedad Intelectual que den los tribunales de justicia.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Vidal i Perpiñá.
El señor VIDAL I PERPIÑA: Señor Ministro, por la contestación que me ha
dado, observo que continúa la confusión. Es decir, no se sabe en este
momento qué va a pasar con los restaurantes, hoteles o bares, si tienen
que pagar o no los derechos de autor o si les corresponde hacerlo como
suplemento de una emisión.
Por otro lado, tampoco se sabe qué sucede con los autores, si deben o no
cobrar. La respuesta a esta pregunta depende de sentencias de tribunales
y, de alguna forma, no resuelve la cuestión ni a un sector ni a otro en
relación a lo que deben hacer en este presente inmediato y en el futuro.
Deberíamos ser capaces todos juntos de clarificar, mediante alguna
proposición, el redactado del artículo 20 de esta Ley para que no se
produzca esta inseguridad, y que tanto los comercios, los taxis,
etcétera, así como los autores puedan tener las cosas claras.
Aunque en esta pregunta no se ha dado la respuesta que yo esperaba, me
gustaría que en los próximos días pudiera resolverse esta cuestión o, por
lo menos, apuntar alguna iniciativa en este sentido.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Educación y Cultura.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CULTURA (Rajoy Brey). Estoy de acuerdo
con lo que ha manifestado el señor Vidal. No hay nada peor que la
inexistencia de unas reglas de juego claras a las que todo el mundo sepa
a qué atenerse. Estoy absolutamente de acuerdo con ello y no puedo decir
otra cosa en contra.
Desde mi punto de vista, el artículo 20 de la Ley de Propiedad
Intelectual, en su apartado segundo, en la mayor parte de las ocasiones
ha sido interpretado por parte de los tribunales en la línea a la que
anteriormente he hecho referencia.
En cualquier caso, estoy de acuerdo en que se constituya una Comisión o
se arbitre un procedimiento en el que se aborde, de una manera serena,
razonable y sensata, este asunto que, sin duda, es complicado, y con
intereses radicalmente contrapuestos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
-- DE DON JOSEP VARELA I SERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL
SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LAS INICIATIVAS QUE ESTA ORGANIZANDO
EL GOBIERNO PARA CONMEMORAR EN EL AÑO 2000 EL AÑO MUNDIAL DE LAS
MATEMATICAS (680/000797).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Josep Varela i Serra, del Grupo
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las iniciativas que
está organizando el Gobierno para conmemorar el año 2000 el Año Mundial
de las Matemáticas.
Tiene la palabra el Senador Varela i Serra.
El señor VARELA I SERRA: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, las matemáticas puras y aplicadas constituyen uno de los
elementos básicos para el conocimiento del mundo, de nuestra
civilización, y de su desarrollo. La gran importancia de esta ciencia
para la sociedad ha sido siempre enorme y lo seguirá siendo, sin duda, en
el futuro.
Por ello, hay que considerar una magnífica idea que en el año 1992, en
Río de Janeiro, el Presidente de la International Mathematical Union
declarase el año 2000 como Año Mundial de las Matemáticas, declaración
que fue adoptada después de la Conferencia Mundial de la UNESCO,
celebrada en noviembre del año 1997.
En todos los países del mundo, gobiernos y entidades no gubernamentales
se prestan a organizar en el año 2000 actividades que evidencien el papel
central de las matemáticas y sus aplicaciones científicas, tecnológicas y
económicas en el mundo actual y que sirvan, asimismo, para realzar la
importancia de la educación matemática en los niveles básicos de
escolaridad para el desarrollo del pensamiento.
Por ello, pregunto al Gobierno, ¿cuáles son las iniciativas que se están
organizando para conmemorar el año 2000 el Año Mundial de las
Matemáticas?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Varela.
Tiene la palabra el señor Ministro de Educación y Cultura.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CULTURA (Rajoy Brey): Muchas gracias.
Desde el mes de mayo, el Ministerio de Educación y Cultura se ha
incorporado al Comité español del Año Mundial de las Matemáticas y está
involucrado en todas las iniciativas que se llevan a cabo. De hecho,
además de participar y colaborar en la organización de las exposiciones y
conferencias que este Comité tiene previstas, y conscientes de la
magnífica ocasión que este evento ofrece para impulsar el estudio y la
divulgación de las matemáticas --que estoy totalmente de acuerdo en que
es un tema enormemente importante y que han sido olvidadas en los últimos
años--, el Ministerio quiere sumarse a la celebración y ha puesto en
marcha las siguientes iniciativas: En primer lugar, se va a proponer que
la próxima Feria de la Infancia y la Juventud, Juvenalia 99, esté
dedicada a las matemáticas. En segundo lugar, vamos a convocar premios
especiales dedicados a biografías de matemáticos españoles con el
objetivo de dar a conocer la aportación española al desarrollo de las
mismas. En tercer lugar, vamos a elaborar una publicación especial
dirigida a los escolares con la finalidad de hacerles partícipes en la
celebración de este Año Mundial de las Matemáticas. En cuarto lugar,
incluiremos en la próxima convocatoria del programa de
cooperación científica con Iberoamérica como área prioritaria a la
investigación matemática. En quinto lugar, el Centro de Investigación y
Documentación Educativa (CIDE) dará prioridad a las matemáticas en las
convocatorias de ayudas y premios a la innovación. Por último, debo
señalar que para la realización del III Congreso Europeo de Matemáticas
--acontecimiento especialmente destacado dentro de las actividades
propias de la conmemoración-- se ha solicitado a la Dirección General de
Enseñanza Superior e Investigación Científica una subvención a través de
una acción de política científica del programa sectorial de promoción
general del conocimiento.
Por otra parte, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas está
prestando apoyo logístico y material al CEAMM-2000 para la realización de
los distintos actos que se prevén como consecuencia de la conmemoración
el próximo año del Año Mundial de las Matemáticas.
En este sentido, quiero señalar que las matemáticas están estrechamente
vinculadas a los avances que la civilización ha ido alcanzando a lo largo
de la historia y que su aprendizaje es esencial para los adolescentes, no
sólo porque proporciona un fondo cultural necesario sino también porque
pone en sus manos la oportunidad de descubrir las posibilidades de su
propio entendimiento y afianzar su personalidad.
Aprovecho mi intervención para, desde esta tribuna, pedir a todas las
instituciones y medios de divulgación que se incorporen a la celebración
de este Año Mundial de las Matemáticas. Recientemente hemos celebrado una
reunión de la Conferencia Sectorial de Educación y uno de los acuerdos
que se adoptaron fue el de que cada una de las Comunidades Autónomas, en
el ámbito de su competencia --queda por ver si lo van a hacer o no--,
fomentasen la enseñanza de algunas disciplinas concretas, citándose de
manera especial la de la lengua y la de las matemáticas. Puedo asegurarle
que coincido en este asunto con usted al cien por cien, tanto en el tema
de la lengua y el de las matemáticas, como en el de algunas enseñanzas
humanísticas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Varela i Serra.
El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señor Ministro.
Me complace ver el interés del Gobierno hacia esta cuestión tan
importante. Creo que es suficiente la relación de actividades para
comprobarlo y, por tanto, les deseo que tengan el máximo éxito en las
mismas.
Respecto al III Congreso Europeo de Matemáticas que se va a celebrar
tengo que decirle que las últimas informaciones que había recibido no
iban en esa línea y, por tanto, me congratula que usted corrobore el
compromiso del Gobierno para realizar con el máximo esplendor, eficacia y
éxito este Congreso en Barcelona.
Convendría añadir que me parece muy importante insistir en las escuelas
en la formación de las matemáticas, aprovechando este año. Sé que desde
la Real Academia de las Ciencias se está trabajando en ese sentido, que
se va a celebrar un congreso en octubre para estudiar la cuestión y,
desde luego, desde Cataluña no se va a echar este punto en saco roto,
como no se ha echado.
Finalmente, quiero señalar --porque creo que vale la pena indicarlo--
que, de acuerdo con una iniciativa de la Senadora Virgili, hoy nos
reuniremos con la señora Presidenta del Senado para intentar que esta
Cámara se implique en la celebración del Año Mundial de las Matemáticas.
Muchas gracias, señor Ministro.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Varela.
--DE DOÑA BEATRIZ CARO NIETO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
SENADO, SOBRE LOS OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR CON LA FIRMA DEL
CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA Y LA
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA PARA LA CREACION DE UN CORPUS DE REFERENCIA DEL
ESPAÑOL ACTUAL Y DE UN CORPUS DIACRONICO DEL ESPAÑOL (680/000805).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de doña Beatriz Caro Nieto, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado, sobre los objetivos que se pretenden
alcanzar con la firma del convenio de colaboración entre el Ministerio de
Educación y Cultura y la Real Academia Española para la creación de un
Corpus de referencia del español actual y de un Corpus Diacrónico del
español.
Tiene la palabra la Senadora Caro Nieto.
La señora CARO NIETO: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, desde la fundación de la Real Academia Española de la
Lengua ésta ha dedicado todo su esfuerzo hacia el conocimiento y estudio
del idioma español --tal y como ha sido a lo largo de la historia y tal y
como ha ido evolucionando hasta nuestros días--, dedicación compartida,
como no podía ser de otra manera, por el Ministerio de Educación y
Cultura. Fruto de este interés común ha sido la firma el pasado 16 de
junio de un convenio entre su Ministerio y la Real Academia para la
creación de un Corpus de referencia del español actual y de un Corpus
Diacrónico del español.
La pregunta, señor Ministro, es la siguiente: ¿en qué van a consistir
ambos corpus, cuáles son sus objetivos fundamentales y cuál va a ser su
financiación?
Gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Educación y Cultura.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CULTURA (Rajoy Brey): Muchas gracias,
señora Presidenta.
El objetivo del convenio que firmamos el pasado día 16 de junio es el de
la creación de dos conjuntos textuales, corpus, que proporcionen
conjuntamente una idea
exacta de lo que ha sido y es el español a lo largo de su historia. El
Corpus de referencia del español actual, con 125 millones de formas, será
una muestra típica y estándar de la lengua española de nuestros días y
estará constituido por un gran número de textos correspondientes a
diversos campos, géneros, zonas geográficas y diferentes medios sociales
y períodos de tiempo; este Corpus estará abierto a futuras ampliaciones y
actualizaciones. Y el Corpus Diacrónico del español, que deberá constar
también de 125 millones de formas a finales del año 2000, estará
constituido por textos de todas las clases y procedencias desde los
orígenes de la lengua española hasta el año 1974.
Ambos proyectos se encuadran dentro de los objetivos del III Plan
nacional de investigación científica y desarrollo tecnológico de defensa
y conservación del patrimonio artístico-histórico, y la dirección
científica del proyecto se realizará por el investigador principal, el
doctor don Guillermo Rojo, Catedrático de Lengua Española.
El convenio se extiende a los años 1999-2000 y tiene un presupuesto total
de 539,4 millones de pesetas, de los cuales 212 serán aportados por el
Ministerio de Educación y Cultura, 313 por la Real Academia Española y 14
por otros organismos. La aportación correspondiente al Ministerio que yo
dirijo se efectuará con cargo al Plan Nacional de I+D, 170 millones de
pesetas, y al Programa sectorial de promoción general del conocimiento,
42 millones de pesetas.
El seguimiento del convenio se efectuará a través de una comisión que
informará con una periodicidad semestral a la Real Academia Española y al
Ministerio de Educación y Cultura. Dicha comisión tendrá carácter mixto y
paritario en su composición y estará constituida por un presidente
designado por la Real Academia Española, un secretario designado por la
Secretaría de Estado de Educación, Universidades, Investigación y
Desarrollo, dos vocales designados por la Real Academia Espanola y dos
vocales en representación de la Secretaría de Estado antes citada.
A estos efectos, yo creo que tanto para las actividades de estudio e
investigación como para su utilización en la creación de diccionarios,
gramáticas y libros de enseñanza de la lengua española, incluso para
actividades de carácter comercial, es fundamental disponer de un extenso
repertorio de voces y construcciones representativas de la lengua
española en el momento presente, así como de las grandes líneas de
evolución que ha experimentado a través de los tiempos, y entiendo que
esta iniciativa contribuirá --al menos eso espero yo-- decisivamente a
lograr ese fin.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Senadora Caro Nieto, tiene la palabra.
La señora CARO NIETO: Señora Presidenta, simplemente quiero agradecer la
respuesta del señor Ministro, así como el interés de su Ministerio por un
tesoro tan preciado como es la lengua española.
Gracias.
--DE DOÑA MARIA CRUZ RODRIGUEZ SALDAÑA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA
FAVORECER UNA MEJOR CONEXION ENTRE OFERTAS Y DEMANDAS DE EMPLEO
(680/000810).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de doña María Cruz Rodríguez Saldaña, del
Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas que piensa
adoptar el Gobierno para favorecer una mejor conexión entre ofertas y
demandas de empleo.
Tiene la palabra la Senadora Rodríguez Saldaña.
La señora RODRIGUEZ SALDAÑA: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, durante el año 1998 se crearon 440.300 empleos netos; se
han realizado casi un millón de actuaciones en colectivos desfavorecidos
menores de 25 años y mayores de 25 años, según estuvieran 6 ó 12 meses en
el paro; la reforma laboral de diciembre de 1997 y de noviembre de 1998
ha dado buenos frutos y en estos tres últimos años se han creado
1.200.000 puestos de trabajo. Ustedes han presentado hace muy pocas
fechas en Bruselas el Plan de acción de empleo del Reino de España
siguiendo las directrices de la Cumbre de Luxemburgo, con una
convergencia hacia el empleo en temas como inserción profesional,
desarrollo empresarial e igualdad de oportunidades para colectivos más
desfavorecidos.
Los grandes objetivos de este nuevo plan de empleo de 1999 son los
siguientes: Conseguir una estabilidad en el empleo; impulsar el
desarrollo de las PYMEs, a través de la colaboración con el ICO,
dedicando 400.000 millones de pesetas para potenciar estas pequeñas y
medianas empresas, que son las que realmente generan el empleo; la
conciliación entre la vida familiar y profesional; la consolidación de
las políticas activas de empleo con distintas actuaciones que hacen que
se vaya consolidando la potenciación del servicio público de empleo, de
las escuelas-taller, de las casas de oficio, de los talleres de empleo;
en definitiva, la colaboración con el tercer sector.
Entendemos que estas actuaciones favorecerán la creación de ese millón
300.000 puestos de trabajo en los próximos cuatro años, que es uno de los
grandes retos y objetivos de su Ministerio.
Aparte de esa creación de empleos netos, se proponen descentralizar
políticas activas de empleo a la administración más cercana al ciudadano,
creando lo que llamamos administración o ventanilla única; configurar un
nuevo servicio de empleo, facilitando un compromiso voluntario de
inserción a los demandantes de empleo y, lo que me parce más importante,
adaptándolo a las necesidades territoriales, potenciando recursos y
teniendo en cuenta las demandas del mercado de trabajo. En definitiva,
todo lo que pueda favorecer esa adaptación territorial, ese desarrollo
endógeno del territorio con medidas innovadoras, como puede ser facilitar
una movilidad territorial, conseguir un compromiso individualizado de
empleo, una trayectoria,
un itinerario hacia el empleo, favoreciendo una intermediación
profesional.
Por tanto, supongo que el nuevo plan de empleo tendrá unas medidas
concretas para favorecer e incardinar la conexión entre la demanda y la
oferta de empleo.
Gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles):
Gracias, señora Presidenta.
Señoría, efectivamente, pocos mercados en nuestro país han mostrado tanto
dinamismo como el laboral. Estamos en momentos de profunda traslación del
crecimiento económico al empleo, lo que es bueno. Se está creando mucho
empleo y, afortunadamente, cada día hay menos desempleo, aunque todavía
su tasa supera mucho a la europea, por lo que tenemos mucho que hacer.
Sin embargo, el desempleo no se distribuye de manera uniforme, ni por
género --hay mucho más desempleo femenino-- ni territorialmente. Hay
provincias donde el desempleo está por debajo del 10 por ciento y en
otras muchas está por encima del 30 por ciento. Esta distribución
irregular está provocando que por vez primera aparezcan fenómenos no
conocidos en nuestro país. Lo habitual hasta ahora era que hubiera colas
de parados, con lo que una empresa tenía muchas oportunidades para cubrir
cualquier puesto de trabajo. Actualmente hay provincias, sectores y
campañas donde las empresas empiezan a a tener dificultades puntuales
para encontrar trabajadores o trabajadoras para cubrir una demanda, lo
que supone que el mejorar la intermediación laboral, si antes fue
importante, ahora lo sea especialmente. Es decir, que cualquier persona
desempleada conozca qué oportunidades de empleo existen y que cualquier
empresa pueda lanzar su oferta de empleo, llegando al mayor número de
personas. Es un nuevo reto que va a tener el Servicio Público de Empleo,
sobre el cual debatimos en esta Cámara esta semana.
Al transferir esta gestión de intermediación, tenemos que garantizar un
doble objetivo: Primero, una mejora de la intermediación. Estoy
convencido de que al transferir los servicios públicos de empleo se va a
obtener una mejor intermediación. Segundo, que ésta no se quede en el
ámbito autonómico, sino que quede integrada en un ámbito nacional y
europeo para, así, garantizar ese principio constitucional de igualdad de
oportunidades ante el mercado de trabajo y facilitar a las personas
desempleadas la oportunidad de mejorar.
¿Qué ha hecho el Gobierno?, diseñar el servicio público de empleo
conjuntamente con agentes sociales y comunidades autónomas y, segundo,
solicitando al Consejo Económico y Social que abra un debate en torno al
concepto de movilidad geográfica, que conlleva qué líneas habría que
incentivar y cuáles son las prioridades.
Me parece, por tanto, señoría, que su pregunta mete el dedo en la llaga
en las principales novedades que tendrá que incorporar el nuevo servicio
público de empleo, respetando al Instituto que es pagador de
prestaciones, que lo ha hecho muy bien, sobre este nuevo enfoque mucho
más activo de una intermediación eficaz entre oferta y demanda de empleo.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
La pregunta del Senador Capdevila i Bas, ¿ha sido retirada?
El señor CAPDEVILA I BAS. Ha sido retirada ante la imposibilidad de que
el Vicepresidente Segundo pudiera acudir a este acto.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
INTERPELACIONES:
--DE DON MANUEL JOSEP VARELA I SERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN
EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO EN
RELACION A LA INVESTIGACION CIENTIFICA EN ESPAÑA EN LA ACTUALIDAD Y SU
PLANIFICACION EN LOS PROXIMOS AÑOS (670/000141).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al segundo punto del orden del día:
Interpelaciones.
Interpelación de don Josep Varela i Serra, del Grupo Parlamentario
Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la política del
Gobierno en relación a la investigación científica en España en la
actualidad y su planificación en los próximos años.
Para exponer la interpelación, tiene la palabra el Senador Varela i Serra
por tiempo de quince minutos.
El señor VARELA I SERRA: Gracias, señora Presidenta.
Al final de su prólogo al Libro Blanco sobre el sistema español de
innovación, editado por la Fundación Cotec, su Presidente, José Angel
Sánchez Asiaín, expresaba el año pasado su deseo de que España oriente
--cito textualmente-- la transición desde nuestra situación actual de
esfuerzos débiles e inconexos a metas de convergencia con los países
líderes en el plano de la innovación. Este es también nuestro deseo. A
partir de la observación de una situación de la investigación científica
que no nos satisface, queremos animar, impulsar, exigir al Gobierno a que
tome las medidas oportunas para que podamos entrar en el Siglo XXI mucho
mejor colocados en este ámbito en el concierto europeo.
Cuando también el año pasado el profesor Barbacid regresó a España,
requerido por el Gobierno, para dirigir el Centro de Investigaciones
Oncológicas Carlos III un periodista le preguntó: ¿No le da vértigo salir
de un país como Estados Unidos donde se invierte en ciencia un 2,4
por ciento del PIB y pasar a otro que no llega al 0,9 por ciento? La
respuesta del doctor Barbacid fue: por un lado, me da pena y, por otro,
tengo esperanza en que las fuerzas políticas españolas se den cuenta del
interés que tiene la sociedad en la investigación, porque España nunca ha
invertido en ello y, por consiguiente, nunca ha obtenido ningún
beneficio. Alguien ha de tener el valor político de sacarnos de este
círculo vicioso --concluía el profesor.
En ese sentido yo apelo al Gobierno y al Ministro de Educación y Cultura
a que tengan este valor político que reclamaba el profesor Barbacid, esta
ambición que reclamaba ayer nuestro portavoz en el Congreso, el señor
Josep López de Lerma, porque nuestra generación, señor Ministro, tiene la
obligación de mejorar sensiblemente nuestras acciones en el ámbito de la
política de investigación y de innovación tecnológica, si queremos dejar
a nuestros hijos una sociedad mejor preparada para afrontar los retos del
futuro.
Sería injusto no reconocer los esfuerzos de los últimos años. Es así, hay
que reconocerlo y lo reconocemos. Pero también sería suicida si
adoptáramos una actitud de autosatisfacción cuando los demás nos siguen
llevando todavía tanta ventaja.
El profesor Lachica, en el libro que se acaba de publicar y que recoge
las jornadas científicas de la Asociación del personal investigador del
CSIC, celebradas el año pasado, lo explica muy gráficamente: en 1978 sólo
se dedicaba en España a la investigación el 0,3 por ciento del PIB. En la
actualidad, estamos en el 0,9 por ciento. Es decir, en dos décadas se ha
aumentado la inversión en un 300 por ciento. Es un factor muy halagador
si se tiene en cuenta que los países de nuestro entorno, los que ya
estaban desarrollados en aquellas fechas, apenas sí han aumentado su
inversión de este período. Pero esta comparación no es útil, pues es lo
mismo que decir que un rico de 1978 no ha prosperado y que, en cambio,
nosotros somos estupendos porque durante este mismo período hemos
conseguido ser menos pobres.
El hecho cierto, señor Ministro, es que el rico sigue siendo rico, pero
no puede subir más de categoría y nosotros seguimos perteneciendo al
grupo de países subdesarrollados que no alcanzamos el umbral del uno por
ciento del PIB para I+D.
Desde luego, a pesar de todo lo que se ha hecho hasta ahora, cuando
miramos los datos vemos que son descorazonadores. Si consultamos los
datos del informe Ecotec del año 1999 que acaba de salir, observamos que
Francia e Inglaterra tenían 150.000 investigadores en el año 1995 y
Alemania 230.000, mientas que España sólo tenía 47.000.
Hay que reflexionar sobre lo que representa esta diferencia: tres o casi
seis investigadores por cada uno de los nuestros todos los días del año
de todos los años. Al final, es mucha diferencia, es demasiada
diferencia.
Este es el estado de cosas que hemos de atacar decididamente, que hemos
de considerar insoportable, que no se puede aguantar porque hay demasiada
diferencia. Hemos de tender a hacer una verdadera política de Estado
--frase que me da miedo usar porque cuanto más apelamos a esta necesidad
de realizar un verdadero esfuerzo común menos interés parece existir a
estar por la labor de aunar esfuerzos-- que ponga entre sus primeras
prioridades el fomento de la innovación tecnológica en nuestra país.
Quiero señalar con satisfacción que en el informe Ecotec al que acabo de
aludir, del año 1999, aunque en la página 167 se señala que los numerosos
problemas que aquejan al sistema de innovación español siguen plenamente
vigentes, también se reconoce, a continuación, que en 1998 y en 1999 se
está verificando un importante impulso presupuestario y, al mismo tiempo,
se observa --dice este informe-- un creciente interés político por el
desarrollo tecnológico.
Por tanto, quiero acabar esta primera parte con esta nota positiva de
esperanza porque el objeto de esta interpelación no es más que insistir
en que esta esperanza se confirme y se consolide. Sin embargo, hay, señor
Ministro, algunos obstáculos que salvar que indicaré brevemente y sobre
los cuales me gustará conocer su opinión.
Primer punto: participación de las empresas privadas en la investigación.
Es ya muy conocido que demasiadas empresas españolas con posibilidades
para hacerla carecen de investigación. Ello --como indicaba el
investigador Avelino Corman en «El País»-- limita a las empresas y la
capacidad de que las universidades transfieran tecnología. En este
apartado de las empresas no sólo hemos de lamentar que los incentivos
fiscales a la investigación tarden tanto en llegar --esperamos verlos
reflejados finalmente en la ley de acompañamiento, pero esto tardará
demasiado--, sino que nos gustaría ver más acciones en otros campos y no
únicamente en el de los incentivos fiscales.
El profesor Tintoré, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
en una comparecencia ante la Comisión Mixta de I+D, decía textualmente:
Parece importante estimular, o quizás en algunos casos exigir desde la
propia Administración, la creación de departamentos I+D en las empresas
que realizan trabajos de consultoría en el ámbito marino con la propia
Administración.
Al margen de incentivos fiscales, la Administración podría tomar otras
medidas para hacer que las empresas privadas se involucren mucho más en
la Administración y se llegue, finalmente, a este objetivo, del que ayer
habló el Presidente Aznar en el debate sobre el estado de la Nación y con
el que estamos de acuerdo, que es que las empresas aporten el 60 por
ciento a la investigación y no el 40 por ciento aún escaso actualmente.
Segundo punto: colaboración con las autonomías. Quiero reivindicar aquí
el papel de los gobiernos autónomos en las políticas de apoyo a la
ciencia y la tecnología. Lo reconoce la Constitución y, además, han hecho
un esfuerzo notable, también sin duda insuficiente, para engancharnos al
carro de los países más avanzados y recuperar el tiempo perdido.
En algunos sitios este papel positivo de las autonomías es reconocido.
Por ejemplo, en la página 51 del citado Libro Blanco sobre el sistema
español de la innovación, figura lo siguiente, y cito textualmente: Desde
entonces --lo compara con los primeros años de los ochenta-- la situación
ha evolucionado favorablemente, habiendo influido significativamente el
ingreso de España en la Comunidad
Europea en el año 1986 y la preocupación mostrada por los Gobiernos
autonómicos.
Pues bien, la colaboración real, no formal, del Gobierno central con las
autonomías es francamente mejorable, señor Ministro. No voy a alargar mi
intervención, pero he de decirle que en la preparación del IV Plan
Nacional existe sobre el papel una posibilidad de colaboración que
después no se da.
En cuanto a la ejecución del V Programa Marco de la Unión Europea, no
existen los mecanismo de colaboración, ni siquiera sobre el papel. ¿No
cree usted que esta anomalía debería corregirse, y que las autonomías
deben participar de una manera clara y reglamentada en su gestión?
Ignoramos y nos gustaría saberlo, señor Ministro, cómo se ligará el IV
Plan Nacional con las prioridades y actuaciones del V Programa Marco de
la Unión Europea.
Si este estado de cosas sucede en Cataluña, imagino que en otras
autonomías sucede algo similar. Nos gustaría conocer la opinión del señor
Ministro y si se encuentra satisfecho de cómo funciona este ámbito de su
gestión.
El tercer punto es el relativo a los grandes laboratorios. Una de las
cosas que nos diferencian desgraciadamente de los otros países es la no
existencia de grandes laboratorios. El crecimiento, señor Ministro, no ha
de pasar por impulsar indiscriminadamente la investigación universitaria,
es decir, proporcionando recursos financieros de las juntas de gobierno
en las universidades, sino creando y manteniendo grandes laboratorios,
que es donde realmente se efectúa la transparencia de conocimiento a las
empresas ,y en colaboración con los cuales, éstas obtienen su «know-how».
El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, creado en Madrid, al
que antes me he referido, es uno de esos grandes laboratorios de
infraestructuras que se solicitan. Se espera que para el 2000-2001
trabajen en él 200 investigadores. En su presentación, el profesor
Barbacid señalaba lo siguiente: Es de esperar que esta inversión no sea
un caso aislado, sino que se creen otros centros en el área de la
medicina o en otras áreas. La ciencia debe estar a remolque de los
centros de excelencia; la ciencia avanza cuando existe una elite que la
hace avanzar. Mi filosofía es que la ciencia en España no progresará
mientras no se creen centros de elite en las distintas ramas de interés
para el país.
Señor Ministro, quiero reclamar la atención de sus señorías, y la de
usted en particular, sobre una de esas ramas, la de la radiación
Sincrotron, que ha transformado las perspectivas del análisis biológico
macromolecular, y tiene muchas aplicaciones en la biología. España
colabora en la instalación del Sincrotron europeo de Grenoble,
oficialmente conocido como ESRF, European Sincrotron Radiation Facility,
donde los investigadores españoles pueden investigar. Sin embargo, España
es el único gran país de la Unión Europea que no dispone de este tipo de
instalaciones que se conocen como Laboratorios de Luz de Sincrotron, LLS.
En un informe reciente de la Fundación Europea de la Ciencia se resaltaba
la importancia de este tipo de instalaciones y se señalaba el vacío
existente en España. Cuando pregunté sobre esta cuestión al Presidente
del CSIC, en la Comisión de Educación y Cultura, dado que hace años
existe una colaboración entre la CICYT y la Generalitat para realizar un
proyecto de laboratorios de luz de sincrotron en Barcelona, el señor
Nombela dio su opinión favorable al respecto, pero añadió que no era él
quien tenía que decidir.
Por ello, quiero preguntar al señor Ministro su opinión sobre esta
cuestión tan importante para Cataluña y para todos los científicos de
España, que actualmente han de acudir a Grenoble y no siempre pueden
realizar sus investigaciones.
Finalmente y acabo, política de Estado.
Otra de las grandes diferencias con los países que nos llevan tanta
ventaja es la falta de una planificación estratégica de la política
científica que no esté tan afectada como en los últimos años por los
cambios del Gobierno.
El anteriormente citado profesor Barbacid también declaraba --cito
textualmente--: «Lo que a mí me gustaría es que que hubiese un plan
estratégico para 20 ó 25 años. Me gustaría que se planeara la política
científica, que dejara de haber estos altos y bajos que ha habido en la
ciencia española en los últimos años.» Como indica este profesor, toda
peseta que se dedique a investigación sin un plan estratégico de
continuidad es una peseta perdida. Y seguía aún el profesor Barbacid: «Es
una sangría nacional el dinero que se pida para formar a investigadores
en centros de excelencia para después no utilizarlos porque no hay plazas
ni recursos.» (El señor Vicepresidente, Aguilar Belda, ocupa la
presidencia.)
Esta referencia al papel del personal investigador, tanto respecto a los
investigadores que están en el extranjero y han de regresar, como en
cuanto a la situación del personal en España, es el último punto al que
quiero referirme y también lo voy a hacer a través de las palabras de
personas que conocen el tema en profundidad, como es la profesora Lina
Badimón, del Centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
en Barcelona, quien declaraba hace pocos días en «La Vanguardia»: Hay un
gravísimo problema en la estabilidad del personal --en relación con la
investigación-- y, por otra parte, los investigadores que salen al
extranjero tienen grandes dificultades para volver porque no hay plazas.»
Me gustaría conocer la opinión del señor Ministro sobre este problema del
personal, porque el plan Tejerina funciona bien, pero parece que no es
suficiente.
Nada más. Espero con mucho interés las explicaciones del señor Ministro
sobre un tema en el que básicamente creo que estamos de acuerdo pero
sobre el que también hemos de coordinar nuestras políticas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Varela.
Tiene la palabra el señor Ministro de Educación y Cultura.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CULTURA (Rajoy Brey): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, quisiera comenzar mi intervención
manifestando que estoy sustancialmente de
acuerdo con lo que digamos que es exposición de motivos o preocupaciones
que ha manifestado el señor Varela en su intervención y probablemente con
algunas de las afirmaciones que podríamos colocar dentro del apartado
dispositivo de cualquier discurso.
Voy a intentar responder a algunas de las cuestiones que ha planteado en
su intervención el señor Varela. Otras no son propiamente cuestiones de
la competencia estricta del Ministerio de Educación y Cultura, pero
intentaré responderlas también en la medida de mis posibilidades y
conocimientos.
La primera afirmación que quiero hacer es que la preocupación mostrada
por el Senador Varela en relación con la situación de la investigación
--que por cierto, fue uno de los asuntos importantes que se planteó en el
debate del estado de la Nación que se celebró en el día de ayer en el
Congreso de los Diputados-- es totalmente compartida por el Gobierno y
también estoy de acuerdo con los datos que se han apuntado.
Es verdad que el esfuerzo financiero en actividades de I+D subió entre
los años 1986 y 1992, hasta alcanzar el 0,91 del PIB en dicho ejercicio.
Posteriormente, sufrió un ligero retroceso entre 1992 y 1995, motivado
por restricciones presupuestarias y la crisis económica de esos años, y
en 1995 el gasto en I+D de la economía española estaba, aproximadamente,
en el 0,84 por ciento.
Es verdad, como ha dicho el Senador Varela, que a partir de 1996 el
Gobierno hizo un esfuerzo, incluyendo entre sus prioridades
presupuestarias el impulso en I+D, lo cual implicó un considerable
esfuerzo de definición de política y de financiación, que se materializó
en los Presupuestos Generales del Estado para 1999. Estos Presupuestos
consolidaron la tendencia al crecimiento en los años 1997 y 1998 y
alcanzaron una tasa de incremento que permite acercar el gasto público en
I+D a cerca del 1 por ciento del PIB. Asimismo, la previsión del
crecimiento de la función 54 se estima en torno al 47 por ciento y,
descontando el Capítulo VIII, el de los activos financieros, se situaría,
aproximadamente, en un 12,5 por ciento.
Durante la vigencia del próximo Plan Nacional de I+D --como ya señalé en
su día en el Congreso de los Diputados pretendemos que el Consejo de
Ministros lo apruebe en octubre de este año 1999-- se prevé que el gasto
en I+D alcance un 1,2 por ciento del PIB, con una distribución del 48 por
ciento ejecutado por el sector público y el 52 por ciento por el sector
empresarial. Lógicamente, este escenario macroeconómico requerirá un
incremento sostenido de la Función 54 de los Presupuestos Generales del
Estado.
Dicho esto, y afirmando que los datos son los que son y que, si bien es
cierto que las cosas se han ido mejorando, con un leve parón en los tres
años a los que he hecho referencia, la situación es insuficiente y, por
tanto, habrá que hacer un importante esfuerzo de cara al futuro, quiero
señalar que el objetivo esencial de la política de I+D será conseguir un
adecuado funcionamiento de todo el entramado de producción de
conocimientos científicos --a mí este tema me preocupa e insisto en él--,
su proyección en el ámbito técnico y su aprovechamiento por las empresas
y la sociedad en general.
El nuevo Plan Nacional de I+D al que acabo de referirme, y que como
también he señalado pretendemos aprobar en el mes de octubre de este año,
pretende satisfacer los siguientes principios generales --luego me
referiré a los objetivos concretos y a las medidas--. Primero, y muy
importante, contribuir a la generación de conocimiento. El Gobierno está
decidido a seguir esforzándose en prestar un apoyo incondicional a la
investigación básica por entender que constituye el fundamento de toda la
actividad investigadora, es decir, en una época en que las necesidades a
corto plazo amenazan con socavar el apoyo a la investigación fundamental,
no se debe perder de vista lo que el mundo moderno y la humanidad deben a
este componente del sistema de investigación científica y tecnológica. La
investigación básica, fruto de la curiosidad intelectual que induce a
indagar lo desconocido, ayuda a medio y largo plazo a lograr una mejor
comprensión del mundo en que vivimos, y el apoyo público sostenido a
dicha investigación representa un activo público no comercial cuya
rentabilidad a corto plazo es incierta.
En definitiva, la importancia de esta investigación básica radica no sólo
en su contribución a una tarea solidaria con la comunidad científica
internacional en la búsqueda del conocimiento necesario para comprender
el mundo que nos rodea, sino por lo que representa el caudal de
conocimientos, con implicaciones a medio y largo plazo, sobre la mejora
de la calidad de vida de los ciudadanos y la competitividad empresarial.
Un segundo principio general que debe inspirar --y que va a hacerlo de
hecho-- el Plan Nacional al que acabo de hacer referencia, es estar al
servicio del ciudadano y la mejora del bienestar social. La ciencia debe
estar al servicio de la humanidad en su conjunto y contribuir a mejorar
la calidad de vida de cada miembro de las generaciones presentes y
futuras; en consecuencia, se deben realizar esfuerzos para fomentar y
apoyar las actividades científicas de interés social. Los científicos
tienen una responsabilidad social con respecto a los desafíos que
plantean los problemas actuales. La ciencia tiene una clara función que
cumplir en la definición de la índole exacta de los problemas, la
evolución de los hechos y la búsqueda enérgica de soluciones a los
problemas. El nuevo compromiso recíproco entre la ciencia y la sociedad
exigirá no sólo que la comunidad científica tenga en cuenta estos
desafíos, sino que los mecanismos de cooperación actúen con determinación
para establecer una estrategia que permita afrontarlos.
El tercer principio que va a inspirar el nuevo Plan --ha hecho referencia
y ha mostrado su inquietud por este asunto el señor Varela-- es el de
contribuir a la mejora de la competitividad empresarial. Los anteriores
planes nacionales de I+D tenían el inconveniente de estar más enfocados
desde el punto de vista de la oferta que desde el punto de vista de la
demanda, cuando lo importante es justamente lo contrario, un sistema en
el que se dé prioridad al sistema de demanda de los sectores productivos
porque es realmente ahí donde se encuentra el problema de la llamada
paradoja europea --en España más acentuada--, que conduce a que todas las
cantidades que se destinan a investigación no tengan todo el reflejo en
la innovación
empresarial industrial y, por lo tanto, en el aumento de la
competitividad.
Partiendo del análisis de las principales deficiencias y disfunciones del
Sistema español de ciencia, tecnología y empresa, el nuevo Plan Nacional
va a plantear los siguientes objetivos estratégicos que paso a enumerar a
continuación. Primero, incrementar el nivel de la ciencia y la tecnología
españolas, tanto en tamaño como en calidad. El objetivo básico que se
persigue es incrementar el tamaño del Sistema español de ciencia,
tecnología y empresa, tanto en número de investigadores --evidentemente
no son inciertos los datos a los que aquí se ha hecho referencia-- como
de empresas y grupos de I+D existentes, especialmente en el sector
privado, de manera que se alcance un incremento sustancial del porcentaje
del PIB destinado a gasto en I+D. Alcanzar este objetivo sólo será
posible si se incrementan paulatinamente, pero de forma significativa,
las cantidades destinadas a I+D en el sector público --cosa que se hará--
y se hace más atractiva económicamente la inversión privada --cosa que,
efectivamente, intentaremos hacer en la ley de medidas de acompañamiento
a los presupuestos generales del Estado del año 2000.
El segundo objetivo consiste en elevar la competitividad de las empresas.
Este es, efectivamente, un tema clave. Y el incremento supondrá dos tipos
de beneficios para el Sistema ciencia, tecnología y empresa: un aumento
del valor añadido derivado de una mayor presencia de los aspectos
tecnológicos en los productos y servicios generados, lo que robustecerá
la competitividad de las empresas españolas, y una mejor interacción con
el sector público del I+D.
El tercer gran objetivo es mejorar el aprovechamiento de los resultados
de I+D por parte de las empresas y de la sociedad española en su
conjunto. El objetivo general dentro del nuevo Plan Nacional en este
aspecto es apoyar la interrelación y vertebración entre los diversos
agentes del Sistema de ciencia, tecnología y empresa, de manera que cada
uno de ellos pueda aprovechar el esfuerzo de los demás y se haga así un
uso más eficiente y eficaz de los recursos públicos.
Otro objetivo será el de fortalecer el proceso de internacionalización de
la ciencia y la tecnología españolas. Pretendemos incrementar la
presencia española y su liderazgo en los programas internacionales de
I+D, intensificando la firma de acuerdos o convenios con otros países en
organizaciones multilaterales.
También, aumentar el nivel de la cultura científica y tecnológica de la
sociedad española. El objetivo general es el de dotar a los centros de
investigación de recursos para llevar a cabo actividades de divulgación y
difusión cultural, poniendo en marcha instrumentos para acercarse a este
entorno y, de manera especial, a los jóvenes estudiantes, empresarios y
comunicadores.
Entre estos objetivos hay uno que, sin duda, merece una especial
consideración y al que se ha hecho referencia en la presentación de esta
interpelación. Se trata de la potenciación de los recursos humanos. En
este sentido, la disponibilidad de recursos humanos altamente capacitados
para estas actividades constituye uno de los factores fundamentales que
permite a un país aprovechar las oportunidades que se presentan en el
concierto mundial en una etapa de formación y consolidación de la
sociedad basada en el conocimiento, a la que nos acercamos de forma
acelerada.
Además de seguir potenciando los tradicionales programas de becas y
ayudas a la formación, perfeccionamiento y movilidad de los
investigadores y profesores, el nuevo Plan Nacional de I+D contempla las
siguientes actuaciones.
La formación de doctores en áreas prioritarias científico-tecnológicas y
sectoriales y en investigación básica no orientada. Esta formación podrá
realizarse en centros públicos de investigación o en centros privados que
dispongan de acuerdos específicos para este fin con centros públicos de
investigación.
La formación posdoctoral en centros de investigación españoles y
extranjeros, atendiendo prioritariamente a aquellas áreas en las que sea
necesario una actuación especial. Se consideran dos tipos de actuaciones:
la formación en áreas emergentes prioritarias, y la formación en áreas en
las que España necesita acelerar su desarrollo científico o tecnológico.
La formación de tecnólogos en las áreas prioritarias
científico-tecnológicas y sectoriales, con especial énfasis en las áreas
ligadas a la demanda tecnológica de las empresas españolas.
La movilidad del personal científico y tecnológico ya formado que,
trabajando en centros públicos de I+D, pretenda realizar estancias de
media o larga duración --entre seis meses y dos años-- en otros centros
españoles de I+D públicos o privados, con objeto de contribuir a su
fortalecimiento.
La contratación ---éste es un asunto importante que habrá que abordar-- a
largo plazo de investigadores ya formados, para su incorporación a grupos
de I+D o para nutrir la creación de nuevos centros de competencia.
La incentivación de la incorporación de doctores y tecnólogos a los
sectores empresariales, con fórmulas de financiación mixta que permitan a
entidades de carácter privado disponer de los recursos humanos adecuados
para lograr el inicio y el reforzamiento de actividades de I+D e
innovación.
Como ha dicho el señor Varela en su intervención, todas estas
actuaciones, extremadamente complejas, requieren la cooperación de todas
las instituciones implicadas: la Administración central, las Comunidades
Autónomas, las universidades y las empresas. Por ello, habrá que hacer un
esfuerzo para reforzar la coordinación de dichas instituciones;
especialmente, la de la Administración central del Estado con las
Comunidades Autónomas para vertebrar e integrar en la medida de lo
posible los planes regionales y el nuevo Plan Nacional.
Es uno de nuestros objetivos básicos potenciar el Consejo General de la
Ciencia y la Tecnología como pretendemos diseñar el modelo de
articulación de los planes regionales y el Plan Nacional. Hace no muchas
fechas, celebramos una primera reunión. Cierto es que hace ya bastante
tiempo de este Consejo General. Fue precisamente en Pamplona, y mi
objetivo es proceder a una segunda convocatoria, si es posible, en el mes
de julio, y si no en el mes
de septiembre, a los efectos a los que acabo de hacer referencia.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Varela.
El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señor Presidente. (El señor
Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)
Agradezco las explicaciones del señor Ministro. Yo ya aceptaba de entrada
que coincidíamos básicamente en el mismo interés, por lo tanto, deseo
expresar esa satisfacción. Pero al igual que decía antes que no había que
congratularse con la situación que hemos logrado en la investigación
científica, tampoco hemos de congratularnos porque estemos de acuerdo en
los principios. Lo que hemos de mirar es que esos principios se concreten
luego, señor Ministro.
El aumento del presupuesto dedicado a la investigación y el objetivo de
llegar al 1,2 por ciento del PIB, me parece fantástico. Tendrá todo el
apoyo de nuestro Grupo para lograr que esto sea posible.
También me alegra ver esta proporción del 48 por ciento de lo público y
52 por ciento de lo empresarial, porque ya vamos en esa dirección de que
haya una mayor implicación de las empresas en la investigación. Por lo
tanto, estamos muy bien en este sentido.
De todas maneras, me permito indicarle que me reafirmo en lo que dijo
ayer nuestro portavoz en el Congreso: que el Gobierno vigile la
proporción de la inversión del dinero público en la investigación. Aquí
tengo un titular de «El País», del 1 de mayo, en el que se dice: «El 54
por ciento del gasto público en investigación, en 1999, es para fines
militares. Cátedra UNESCO de la Universidad Autónoma de Barcelona.»
Quiero decir con esto que está bien que aumente el dinero para I+D, pero
que sea equilibrado. Es evidente que tiene que haber dinero para Defensa,
pero pensamos que quizá haya un peso excesivo dedicado a estos gastos
militares. Aunque insisto en que no deben dejarse, pero tampoco los
otros.
En el IV Plan Nacional lo esencial es el esfuerzo de colaboración. Usted
ha indicado al final su voluntad. De palabra, todos estamos siempre de
acuerdo, pero luego hace falta que se concrete. En esto es en lo que no
estamos tan seguros, al menos en cuanto a las experiencias pasadas. Deseo
equivocarme y poder rectificar en los próximos meses diciendo que esta
colaboración existe.
Aquí tengo una intervención del antiguo Comisionado de Universidades de
Barcelona, señor Albaigés, en una conferencia que realizó en Madrid en la
ICYT, el año 1996, en la que dice textualmente: Nuestro éxito colectivo
--la competitividad del país, señor Ministro--, que está en sensibilizar
a los diversos sectores con responsabilidades políticas sobre eso
conceptos, ha sido más bien escaso hasta este momento. Pensamos continuar
en ello con la completa convicción de que éste es el buen camino. Pero
parece ser que alguien esté empeñado en no verlo así hasta el punto de
que en el III Plan, el que está vigente ahora, no se consultó a las
Comunidades Autónomas ni durante su elaboración ni antes de su
aprobación. Quiero decir que estamos un poco escaldados, un poco dolidos
por esta situación que, en la actualidad y hasta el momento, no parece
mejorar. Pero si sus afirmaciones, que no dudo de que sean ciertas, van
por buen camino, esperemos que puedan presentar un balance diferente
--insisto-- para el bien general, porque es tan evidente, que no puede
ser de otra manera. La colaboración real no puede más que redundar en el
beneficio colectivo. Es lo que decía antes sobre la competitividad del
país; sería chocante que, buscando la competitividad de las empresas, nos
olvidásemos de la competitividad del país en esta colaboración
institucional.
Me alegra mucho su referencia a la potenciación de recursos humanos.
Desde luego, es una sangría tener tanto personal investigador en el
extranjero y hacer un mal uso de él cuando vuelve a España. Es un punto
crucial, y yo le sugiero algo: hacer una evaluación externa de cómo
funciona esto.
El otro día leí en un periódico algo interesante. En el Instituto Max
Planck de Alemania se acaba de realizar una evaluación de su
funcionamiento que ha sido llevada a cabo por diez científicos no
alemanes. Se dejaba constancia de los diversos aspectos en los que
debería corregir su actuación. Pienso que sería bueno realizar aquí una
actuación similar.
Finalmente, quiero hacer referencia al tema del Sincrotron, que usted no
ha mencionado en absoluto. Me parece importante y por eso lo apunto. En
el informe, que tengo aquí delante...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Varela, termine ya.
El señor VARELA I SERRA: Acabo en un minuto, señor Presidente.
El informe de la Fundación Europea de la Ciencia, de noviembre de 1998,
considera muy importante que se hagan diversos centros de Sincrotron en
Europa, y entre ellos señala el de Barcelona. Tengo aquí el mapa de este
estudio en el que se señalan todos los lugares de Europa: en Italia, tres
en Francia, tres o cuatro en Alemania y están preparando uno más, dos en
Inglaterra y en España ninguno.
Creo que para todos los investigadores españoles es una cuestión de
Estado que este Sincrotron pueda construirse pronto en Barcelona.
Muchas gracias, señor Ministro. Esperamos que sus buenos propósitos, de
los que no dudamos, se concreten para bien de la ciencia y del país.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Varela.
Damos paso al turno de portavoces.
Tiene la palabra, don Javier Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, en el inicio de esta interpelación hemos estado
observando cómo se trata un asunto que debería ser el contenido de un
importante acuerdo político y ser llevado con rigor y seriedad.
Particularmente, voy centrarme en la última parte de la intervención del
señor Varela.
Nunca trabajaremos suficientemente para destacar los aspectos de impulso
a la investigación y al desarrollo, sobre todo de la investigación
científica básica, que --como he dicho anteriormente-- debería
convertirse en una preocupación política permanente.
Desde estas Cámaras debemos hacer todo lo posible para impulsar la
investigación en el sector público o en el mundo de la universidad, y en
particular en el sector privado, sacándolo de sus cuotas, a nuestro
juicio, todavía bajas en relación a la investigación que se realiza en el
Estado. Esto se consigue, además, impulsando otro tipo de actuaciones,
como puede ser el reconocimiento de la excelencia la propia educación y
en la formación de posgrado, y en convertir en nuestra sociedad la
calidad como un objetivo permanente. (La señora Presidenta ocupa la
Presidencia.)
Me alegra haber escuchado los principios generales que van a impulsar el
nuevo Plan nacional de I+D, así como los principios estratégicos, porque
me parecen adecuados y acertados. Van en la línea de lo que anteriormente
se ha realizado, aunque se destacan los aspectos fundamentales que
inciden en el impulso de la investigación y la mejora de la calidad y de
la competitividad en el sector empresarial.
Creo que estamos ante un debate real y de gran preocupación social, que
cada vez va a encontrar mayor sensibilidad por parte de nuestra sociedad.
Sin embargo, como siempre debatimos un porcentaje del producto interior
bruto, también hay que reconocer que el porcentaje del PIB dedicado
precisamente a la investigación no es más que una media, y que el reparto
en el territorio español es absolutamente desigual tanto en sus
contenidos como desde el punto de vista territorial. Pero no es solamente
desigual, porque mientras que en nuestra tierra, en Euskadi, se investiga
en torno al 1,17 por ciento de su producto interior bruto --hay
prácticamente de 0,3 a 0,4 puntos de diferencia en relación al conjunto
de la media española--, además se investiga por departamentos estanco y
se realizan duplicidades. Es decir, no hay una suficiente coordinación
institucional a nivel individual --aunque sí podría haberla-- por parte
de los investigadores y de los científicos, con lo cual, este tema no
está suficientemente encauzado.
Hay, además, una reclamación pendiente de competencias territoriales.
Sabemos que usted ha tenido ya contactos con el responsable del
Departamento de Educación del Gobierno vasco y que empieza a haber una
sintonía importante --lo que no se consiguió en años anteriores-- y que
las conversiones podrían llegar a constituir acuerdos significativos en
materia de coordinación y en materia del ejercicio de las competencias de
cada uno.
Estando de acuerdo en los grandes objetivos, y asimismo en los objetivos
estratégicos del nuevo Plan Nacional de Investigación y Desarrollo,
estamos preocupados fundamentalmente porque su señoría no ha hecho
ninguna referencia a la territorialidad. En este punto debo hacer una
crítica al Gobierno, sobre todo porque si él se considera competente, no
actúa de forma suficiente.
Nuestra Presidenta, antigua Ministra de Educación, conoce perfectamente
lo que nos costó conseguir un centro de investigación para la Universidad
del País Vasco, centro en el que la inversión es, en definitiva, de 150
millones de pesetas, y en el que se puede crear un instituto
significativo y con un gran reconocimiento internacional, en el que se
podrá reunir un número importante de investigadores que se comunicarán
entre sí para mantener objetivos de grandes proyectos de investigación de
cara al futuro. Creo que ése es el objetivo fundamental, con lo cual, la
cifra invertida será anecdótica. Pero nos parece que si el Gobierno
reclama para sí las competencias, no actúa ni deja actuar a aquellos que
por impulso de sus propias inquietudes, empujados por la demanda
económica y social, están investigando como personas individuales o como
instituciones y tienen, además, un reflejo internacional importante.
¿Por qué reclamamos tantas veces las competencias? Por razones de
capacidad y de agilidad en la propia investigación, y precisamente los
resultados avalan esta reclamación. Pero no quiero entrar ahora en el
debate de las competencias. Quiero entrar fundamentalmente en el debate
de la mejora de esa relación entre instituciones y entre
Administraciones, y también quiero entrar a destacar los aspectos
fundamentales de la coordinación, de la cooperación, de la
especialización coordinada que lleve precisamente al incremento del gasto
en investigación y desarrollo, pero más que desde el aspecto puramente
cuantitativo, desde los aspectos cualitativos de una mayor incorporación
de nuevos doctores, de nuevos científicos, de jóvenes científicos a todo
este sector de la actividad económica del Estado que, por cierto, debería
contar con una mayor preocupación por nuestra parte.
Esperemos que esta interpelación nos sirva para contribuir un poco más a
subir un escalón en esta línea. Su señoría puede contar con nuestra
cooperación.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Albistur.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el Senador
Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DIEZ: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, quiero decir en primer lugar que me parece absolutamente
oportuna la interpelación que ha traído al Senado el Senador Varela i
Serra, interpelación que también supone un control al Gobierno.
Voy a referirme a lo que ha sido una política zigzagueante por parte del
Gobierno del Partido Popular en este campo, política, Señor Ministro, de
la que usted también debe hacerse responsable aunque lleve todavía poco
tiempo en el Ministerio.
Los resultados de la política en I+D hay que medirlos a medio y largo
plazo. Es una política que exige continuidad
de esfuerzos respecto a las instituciones, procedimientos y cumplimiento
de calendarios. Todos partimos de la importancia que tiene el sistema de
ciencia y tecnología y las políticas de I+D que pueden ayudar a
mejorarlo.
Señor Ministro, a lo largo de estos tres años, ustedes han llevado a cabo
cambios permanentes y rectificaciones continuas. Sus políticas de I+D han
aumentado la descoordinación, han generado el desconcierto y han
incumplido sus promesas programáticas y electorales. En el Gobierno
--saben la posición del Grupo Socialista-- han tenido ustedes un reparto
de funciones que me parece poco operativo. De entrada, quitaron el rótulo
de Ciencia del Ministerio; la Secretaría General del Plan Nacional ya no
depende de su Ministerio; en tres años, ha habido tres Secretarios de
Estado de Universidades e Investigación, con los correspondientes cambios
de equipo; ha sido el sector que más sobresaltos ha tenido, si
exceptuamos lo que ha ocurrido en el sistema aeroportuario con el señor
Arias-Salgado. Yo le pediría, señor Ministro, que lidere desde el
Ministerio de Educación y Cultura --y tendrá el apoyo del Grupo
Socialista-- estas políticas de I+D, en coordinación con los otros
ministerios. La realidad es ésa. En mayo de 1996, hubo un primer real
decreto en el que se refundían todos los organismos públicos de
investigación en el CSIC, en seis meses, y en abril de 1997 tuvo que
venir otro segundo decreto por el que se creaba un modesto comité de
coordinación, que no ha funcionado suficientemente en los organismos de
investigación. Ustedes habían prometido una reforma y aquí habría que
aplicar aquello que decía Horacio en el «Arte poética», aquellos pomposos
escritores que decían: vamos a hacer una gran obra y, al final, del parto
de los montes lo que nació fue un ridículo ratón. Las reformas que ha
llevado a cabo el Gobierno del Partido Popular en I+D han sido como el
parto de los montes. Ha habido un vaivén con la redefinición de la
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología; la preside el
Presidente del Gobierno, que como, obviamente, tiene otras
preocupaciones, no puede ocuparse suficientemente de ella; se crea una
Oficina de Ciencia y Tecnología, dependiente del Presidente del Gobierno,
que lleva adelante el señor Aldana, para coordinar, pero resulta que en
la actualidad está otorgando subvenciones y ayudas, cuando no tenía ese
objetivo. Señor Ministro, creo que internamente ha aumentado la
descoordinación; creo que han aplicado perfectamente el principio de la
termodinámica que habla de la entropía: si no hay una fuerza orientadora
del sistema, el sistema tiende al caos y, sinceramente, creo que en la
política de I+D estamos asistiendo a una falta de proyecto por parte de
ustedes. Usted lleva poco tiempo aquí, pero tengo que señalárselo por ser
usted responsable del Gobierno.
Esa descoordinación ha aumentado con las Comunidades Autónomas. Usted
sabe, y sabe bien, que en tres años no se ha reunido ni una sola vez el
Consejo General de Ciencia y Tecnología. Sé que se ha reunido en mayo,
ahora dice usted que se iba a reunir posteriormente, pero ¿cómo el
Consejo General de Ciencia y Tecnología, que nace de la Ley de la
Ciencia, donde tienen que estar sentadas las Comunidades Autónomas con la
Administración Central, no se ha reunido durante tres años? Usted sabe
que esto no tiene respuesta. En este turno, no quiero llevar más allá la
situación, pero sabe que eso ha sido un auténtico desatino y no ha habido
coordinación, por muchos viajes que haga el señor Aldana para hablar con
las Comunidades Autónomas. Si usted rectifica, como parece que está
haciendo, y da importancia a ese órgano, obviamente, tendrá nuestro
reconocimiento, pero ésa es la realidad.
Como le decía, no sólo ha habido descoordinación, sino también
desconcierto en la comunidad científica. Ustedes aprobaron la LOFAGE,
siendo usted Ministro de Administraciones Públicas. Hay que ser muy
cuidadosos con todos estos temas cuando estamos hablando de organismos
públicos de investigación. Estamos pendientes de cuándo se van a aprobar
los estatutos de esos OPIs, concretamente con el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y con los otros Organismos Públicos de
Investigación; parece que va a ser a final de año, pero me gustaría que
lo dijera usted aquí, si es posible. Creo que a cada OPI hay que hacerle
un traje a la medida, no vamos a hacer el mismo traje para organismos de
investigación que tienen diferentes funciones de cara a la sociedad. Por
tanto, pienso que ha habido desconcierto en la comunidad científica y han
existido incumplimientos. No voy a arrojar aquí cifras. Ustedes decían
que el PIB iba a subir el 2 por ciento, ése era el programa del Partido
Popular cuando se presentaron a las elecciones, pero ahora se habla de un
1,2 por ciento. No nos hagamos trampas en el solitario, señor Ministro.
La función 54, como le ha dicho el Senador Varela i Serra, está bastante
enmascarada con los gastos de defensa militar. Más del 50 por ciento
tiene que ver con aviones de combate, fragatas y carros de combate, cosa
que me parece estupenda, pero no digamos que estamos invirtiendo y
aumentando el dinero que se dedica al sistema de I+D de una manera tan
clara, porque no es así.
No tengo nada que oponer a la parte de su intervención que tiene relación
con el próximo plan nacional, aunque no he visto las novedades. No ha
resaltado suficientemente las novedades de ese IV Plan Nacional.
Obviamente, tendremos tiempo para seguir debatiendo sobre ese Plan
Nacional, donde las Comunidades Autónomas también deberán participar en
ese Consejo General de la Ciencia y Tecnología.
Termino, puesto que se me ha acabado el tiempo. Señor Ministro, le pido,
con sinceridad, para una cuestión que es importante, que desde el
Ministerio de Educación y Cultura se ejerza ese liderazgo, y por supuesto
en coordinación con otros Ministerios, Industria, etcétera; ejérzalo
usted, va a tener nuestro apoyo. Señor Ministro, tenemos por delante
problemas, como son la balanza tecnológica, el déficit, y al parecer
vamos a aprobar una ley de innovación. Póngase usted de acuerdo con el
señor Piqué para que, al final, esa descoordinación no se lleve a cabo, y
que unos digan que esa ley no se va a aprobar, otros que se va a aprobar
en la Ley de Acompañamiento, etcétera. Si vamos a elaborar una ley de
innovación, háganla desde la coordinación interna y con la posibilidad de
un debate en esta Cámara, o en la que corresponda, también con la
participación de la oposición.
Dé usted en lo que pueda un cierto empuje a la OCYT, porque en cierta
manera es la responsable del IV Plan Nacional
de I+D. Conocen nuestros temores --entre comillas--, no diré de la
privatización, pero sí de la participación en la elaboración del IV Plan
Nacional con reuniones de investigadores públicos presididos por empresas
privadas, porque ustedes contrataron, a través de Cotec, con la «Price
Waterhouse Coopers», etcétera. Tenemos buena gente en el sistema de
ciencia y tecnología. Necesitamos políticas de I+D que tiren para
adelante en el sistema de ciencia y tecnología. Estamos dispuestos a
trabajar conjuntamente con ustedes para, entre todos, con esos objetivos
que usted ha señalado del Plan Nacional y con alguno más que se pueda
añadir, mejorar la situación de nuestro país. Pero, por favor, no más
descoordinación, no más desconcierto, no más incumplimientos.
Señor Ministro --ahora sí termino de verdad--, le decía a la anterior
Ministra y hoy Presidenta del Senado, en una cuestión parecida, que lo
fundamental en las administraciones públicas es funcionar por objetivos;
a veces era malo, pero no había más remedio que funcionar por
acontecimientos. Lo peor que puede ocurrir aquí es lo que sucedió en
algún aspecto en otra época, que es funcionar por sobresaltos. Señor
Ministro, por favor, no funcionemos por sobresaltos y la sociedad
española se lo agradecerá.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Lissavetzky.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el
Senador Barahona.
El señor BARAHONA HORTELANO: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, señorías, estamos ante una de las grandes cuestiones de
Estado y ante uno de los principales factores de progreso científico,
económico y social. Por todo ello, es motivo de agradecimiento y de
valoración política positiva que el Grupo Catalán en el Senado de
Convergència i Unió tenga esta inquietud, por supuesto constructiva, que
sin duda comparte el Gobierno, tal y como ha expresado el Ministro de
Educación y Cultura, y también comparte el Grupo Popular, en cuyo nombre
me dirijo a ustedes.
La importancia que para el Gobierno constituye la investigación
científica y desarrollo tecnológico ha sido puesta de manifiesto desde el
discurso de investidura del Presidente Aznar en 1996 y ha sido reiterada
en diversas ocasiones, la última de las cuales se produjo ayer mismo en
el debate sobre el estado de la Nación.
Pero las palabras han sido corroboradas por los hechos. Así, por primera
vez, el Presidente del Gobierno preside la Comisión Interministerial de
Ciencia y Tecnología y se configura la Oficina de Ciencia y Tecnología
como institución encargada de la coordinación de la actividad
investigadora dispersa en varios Departamentos ministeriales, así como de
todos los aspectos relacionados con la investigación y el desarrollo
entre las Comunidades Autónomas y la Administración Central.
Por primera vez las Comunidades Autónomas, a través del Consejo General
de la Ciencia y la Tecnología, han conocido y han participado en la
elaboración del IV Plan Nacional de I+D, que abarcará desde el año 2000
hasta el 2003 y que será aprobado el próximo mes de octubre. Este es el
gran proyecto de futuro.
Además de los objetivos señalados por el señor Ministro, que nosotros
valoramos y compartimos, también queremos destacar algunas
características novedosas de este plan.
Se trata de un plan integrador de la actividad investigadora de todos los
Ministerios, lo que sin duda redundará en un mejor y mayor
aprovechamiento de todos los recursos materiales y humanos.
Es un plan que ha sido diseñado para responder a la demanda tecnológica y
empresarial, y no simplemente a la oferta de proyectos de investigación,
con lo que se trata de conectar recursos públicos con exigencias
sociales, a la vez que se incrementa el nivel de competitividad del
tejido empresarial e industrial.
El plan contempla mecanismos incentivadores de la inversión privada en
I+D, no sólo incrementando la cultura en ese sentido, sino introduciendo
elementos de política fiscal, financiera, de atención a los
investigadores y otros que vertebren los recursos públicos y privados
dentro del Sistema Nacional de Ciencia, Innovación Tecnológica y Empresa.
El nuevo plan actúa desde la investigación básica no orientada, pasando
por la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico, y llega hasta
la última fase del proceso de innovación, tan decisiva para la
competitividad en el sector empresarial.
Un objetivo fundamental del plan consiste, como ha citado el señor
Ministro, en contribuir a paliar el problema de la paradoja europea, que
también se produce en España; pero, como también ha citado el señor
Ministro, se incluyen iniciativas tales como la formación de doctores en
áreas prioritarias, en investigación básica, la formación posdoctoral en
España y en el extranjero, la movilidad del personal investigador y el
fomento de la incorporación de doctores y tecnólogos a empresas con
fórmulas mixtas de financiación.
Hoy nadie discute que los efectos económicos de la investigación y
desarrollo están ligados a la difusión de conocimientos y tecnología y,
cuanto mayor sea la permeabilidad en esa transmisión, el sistema
productivo obtendrá una mayor rentabilidad económica y social.
No olvidemos que, en este momento, España representa más del 2,4 por
ciento de la producción científica mundial. Como ha puesto de manifiesto
el señor Ministro, se consolida la tendencia de crecimiento de fondos
públicos destinados a la investigación y el desarrollo. La función 54
prácticamente se ha duplicado entre los años 1996 y 1999 y, así, se puede
prever que el gasto en I+D en el año 1999 estará en torno al 1 por ciento
del PIB, cuando en algunos países de nuestro entorno --como es el caso de
Italia-- está en el 0,6 por ciento. De cualquier manera, el objetivo para
el 2003 es alcanzar el 1,2 por ciento del PIB y la previsión es que el
porcentaje de la inversión privada supere a la pública.
Quisiera concluir exponiendo a sus señorías que dentro de un proyecto
nacional serio, de progreso y de modernidad,
la investigación científica y el desarrollo tecnológico deben realizarse
a través de una política vertebradora que armonice lo público y lo
privado, los ámbitos central y autonómico; y, también, que este proyecto
debe ser a la vez un proyecto de solidaridad entre el Estado y las
Comunidades Autónomas.
Por todo ello, mi Grupo está plenamente de acuerdo con la política del
Gobierno en un aspecto tan trascendente como es la investigación
científica y el desarrollo tecnológico, porque el trabajo científico
aplica riqueza a la creación del conocimiento, mientras que el proceso de
innovación tecnológica transforma el conocimiento en riqueza.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Barahona.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CULTURA (Rajoy Brey): Muchas gracias,
señora Presidenta.
Después de oír a los distintos Senadores que han intervenido, he extraído
las siguientes conclusiones. En primer lugar, que es una preocupación
generalizada de todos los grupos parlamentarios, y tengo que decir que a
mí me parece muy justificada la necesidad de hacer un esfuerzo para
fomentar la investigación científica y el desarrollo tecnológico.
No quiero contestar a alguna de las afirmaciones críticas que aquí se han
hecho --especialmente por parte de alguno de los intervinientes-- porque
creo que no tiene sentido comparar con lo que ha sucedido en el pasado
pero, lo que sí me gustaría es reafirmar alguna de las ideas que he
expuesto en mi primera intervención. El objetivo es el 1,2 por ciento del
PIB; no sé lo que dijimos ni lo que hemos dejado de decir, objetivo es
llegar al gasto del 1,2 por ciento del PIB, 48 por ciento de lo público y
52 por ciento de lo privado. Es verdad que en este momento hay un 54 por
ciento del gasto público en fines militares --es el capítulo VIII del
presupuesto--, pero vamos a intentar que ya en el presupuesto que viene
las partidas y los programas de investigación científica suban entre el
10 y el 15 por ciento del presupuesto y, como he señalado antes, habrá
algunas medidas dedicadas fundamentalmente al fomento de las actuaciones
empresariales en esta materia.
Sobre el IV plan nacional, en una comparecencia que tuve en el Congreso
de los Diputados el día 20 de abril expuse con meridiana claridad --no
creo que haga falta que lo reitere ahora-- todos y cada uno de los pasos
que íbamos a dar, las consultas y las aportaciones que íbamos a demandar,
aparte de las que quisiera aportar, lógicamente, quien lo estimara
oportuno y conveniente. Hasta ahora hemos cumplido al pie de la letra lo
que señalamos en su momento y espero por ello, como decía antes, tener
aprobado el plan en el mes de octubre, aprobación que le compete al
Consejo de Ministros.
Ya hemos celebrado --como anuncié aquel día-- la primera reunión formal
del Consejo General con las Comunidades Autónomas y, por cierto, tengo
que decir que hay algunas más interesadas que otras a juzgar por el nivel
de las asistencias --cuando las hubo--, dato que también es importante y
al cual todos deberíamos prestar alguna atención.
El Ministerio de Educación y la Secretaría de Estado, independientemente
de problemas nominalistas, hacen un esfuerzo de coordinación, lo están
haciendo en el Plan Nacional, lo están haciendo en relación con las
Comunidades Autónomas y, desde luego, es nuestra intención seguir
haciéndolo en el futuro, potenciando sobre todo --lo he señalado al
principio-- la investigación básica y la participación de las empresas y
de las universidades, que es enormemente importante y que sin duda alguna
tendrá que serlo más en el futuro.
Hay algunos comentarios que hacer a la intervención del señor Albistur en
nombre del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. No
podemos plantear el tema de la investigación, y concretamente su
transferencia, como un problema competencial; creo que, sustantivamente,
el concepto investigación tiene mucha más importancia que el de un simple
problema territorial, y plantear que se ceda el 6,24 por ciento de la
función investigadora del Estado y que aquí haga cada uno la
investigación sin coordinación de ningún tipo no tiene ningún sentido.
Efectivamente, he tenido conversaciones con representantes de la
Comunidad Autónoma vasca, han estado en la reunión de Pamplona del día 13
de mayo a la que antes he hecho referencia, el CSIC ha hecho dos acuerdos
importantes con la universidad pública del País Vasco y lo que nos debe
preocupar aquí no es organizar un conflicto competencial, que no va a
servir absolutamente para nada, sino colaborar en aras del bien común y
conseguir que lleguemos a esas cifras y ser una potencia en materia
investigadora, lo que sin duda alguna es enormemente importante a los
efectos de la construcción de un país que no dependa o que dependa cuanto
menos mejor de los demás y que, por tanto, no se produzca una cierta
colonización de este tipo que en absoluto nos beneficia como nación.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
--DE DON HELIODORO GALLEGO CUESTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA,
SOBRE EL FUTURO DEL LLAMADO PACTO LOCAL (670/000143).
La señora PRESIDENTA: Interpelación de don Heliodoro Gallego Cuesta, del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre el futuro del llamado Pacto Local.
Para exponer la interpelación, tiene la palabra el Senador Gallego Cuesta
por tiempo de 15 minutos.
El señor GALLEGO CUESTA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Efectivamente, voy a interpelar al Gobierno sobre la cuestión que ha
mencionado la señora Presidenta, empezando por decir que si
recientemente, el 3 de abril, se han cumplido 20 años desde que se
celebraron las primeras
elecciones democráticas a los ayuntamientos en España, y que si bien es
verdad que 20 años parece que no son nada, 20 años desde aquellas
primeras elecciones democráticas de la reciente historia de España son un
período de tiempo importante para saber y concretar --como ya hace tiempo
dijo el primer Presidente de la Federación Española de Municipios y
Provincias, Pedro Aparicio-- que la democracia también sentó muy bien a
nuestros pueblos y a nuestras ciudades. (El señor Rigol i Roig ocupa la
Presidencia.)
Yo recuerdo todavía aquellos carteles de las primeras elecciones del 3 de
abril de 1979, como el de la UCD, que decía «Vota más eficacia y vota por
un alcalde para una ciudad mejor», o el de «Cambia tu ciudad con los
socialistas», del Partido Socialista, o el de «Entra en el ayuntamiento.
Vota Partido Comunista de España».
Pero eso ya es historia, a pesar de que sólo han transcurrido 20 años.
El municipalismo debe progresar porque aún nos queda mucho para llegar a
estructuras municipales como las que tienen otros países, como por
ejemplo, Francia o Bélgica, y debemos plasmar la autonomía local de forma
real, más concisa, no mediante declaraciones, sino con hechos concretos y
articulando una serie de medidas.
Las instituciones locales, qué duda cabe, han alcanzado un alto grado de
confianza y credibilidad entre los ciudadanos. Los ayuntamientos han ido
asumiendo competencias, con la única idea de dar servicios, a veces, con
competencias específicas para ello y con financiación, y otras, sin ella.
La financiación local o la lucha permanente por conseguirla está latente
en la propia historia del municipalismo.
La Ley 7 de 1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen
local, cumplió con la función de establecer la delimitación de la
autonomía local, y asimismo la Carta Europea de Autonomía Local de
Estrasburgo, de 15 de octubre de 1985, ratificada por España el 20 de
enero de 1988, define la autonomía local con mucha precisión y,
precisamente, aboga porque sean los poderes locales los que, en virtud de
los principios de proximidad y eficacia y teniendo en cuenta el de
subsidiariedad, tengan esas competencias específicas, se les llene de
contenido, para dar respuestas y solución a los problemas más cotidianos
de los ciudadanos en relación con la vivienda, el empleo, la seguridad
ciudadana y otras cuestiones, como los servicios sociales, que son el
acervo más importante y donde los ciudadanos ven o no ven reflejada la
eficacia de las administraciones públicas en su conjunto.
La administración local, los ayuntamientos, no son cuerpos muertos, sino
promotores, emprendedores del desarrollo económico y social en sus
territorios, lideran el desarrollo económico y, por tanto, no se les debe
poner cortapisas, se les debe ayudar, nos debemos volcar todos en ellos,
a fin de que tampoco tengan dificultades desde el punto de vista
económico.
Ciertamente, la autonomía local es importante, pero si no va acompañada
de la financiera, si no hay una hacienda suficiente y estable, nos
quedaremos a medio gas, a medio camino.
El término Pacto Local se acuñó por primera vez en la Asamblea
extraordinaria de la Federación Española de Municipios y Provincias,
celebrada en La Coruña los días 5 y 6 de noviembre de 1993, y allí se
impulsó fuertemente. Hay una administración cercana --la más cercana--,
que además es eficaz.
¿Por qué no nos ponemos todos de acuerdo y conseguimos un Pacto Local
entre todas las fuerzas políticas, entre todas las administraciones, que
permita resolver con mayor eficacia las demandas de los ciudadanos
españoles, mediante ese acercamiento de la administración a los mismos?
¿Por qué no aplicamos plena y estrictamente el principio de
subsidiariedad? ¿Por qué, en definitiva, no damos a nuestros municipios
las funciones que, de acuerdo con su capacidad y la demanda social, les
corresponden?
En 1993 la Federación Española de Municipios y Provincias en la cuarta
conclusión de la Asamblea General Extraordinaria de La Coruña proponía
establecer una mesa de negociación competencial de alcance político, en
la que tenían que participar los partidos políticos y, lógicamente, las
corporaciones locales, el Gobierno de la Nación y las Comunidades
Autónomas.
Como consecuencia de esa Asamblea se hizo el documento de bases para el
pacto local, aprobado precisamente por la Ejecutiva de la Federación
Española el 24 de septiembre de 1996, que con toda precisión decía: Es el
momento idóneo para la suscripción de un pacto local entre las fuerzas
políticas con representación parlamentaria, en el que se determinen las
vías de diálogo institucional y político que deben servir de pauta para
establecer el espacio que realmente deben ocupar las entidades locales en
el Estado de las Autonomías.
¿Qué espacio deben ocupar? ¿Qué criterios tiene el propio Gobierno para
que esta idea del municipalismo se vaya haciendo realidad?
El citado documento de la Federación Española de Municipios y Provincias
tenía por objeto iniciar este proceso, servir de punto de partida.
También es notorio que en la última campaña electoral todos los partidos
políticos hemos apoyado el fortalecimiento político y presupuestario de
las corporaciones locales, exigiendo en el futuro un pacto local que
derive en mayores competencias y recursos para los municipios --repito,
más competencias pero más recursos--. Esa posición contrasta con la
postura del Gobierno que hasta la fecha no ha explicado suficientemente
cómo va a hacer realidad su compromiso político de fortalecer las
instituciones locales.
La proximidad para nosotros es lo que mejor permite construir la ciudad,
es lo que mejor permite construir el pueblo, y esto es compartido
ampliamente por toda la ciudadanía.
Es evidente que la globalización de la economía exige un profundo
reequilibrio del papel institucional de los estados-nación, de un lado en
sentido ascendente, en beneficio de la unión política europea, y del otro
en sentido descendente, hacia los poderes regionales y de manera especial
hacia los locales. Es necesario, por tanto, repartir el poder para
conseguir una mayor eficacia sin mermar la
identidad y la cohesión. Ese reparto debe hacerse cumpliendo un doble
requisito: aplicando las reglas de que lo que se denomina principio de
subsidiariedad se lleve a efecto, y alcanzando un pacto de Estado en el
que estén presentes todas las Administraciones implicadas y todos los
partidos que no debe sustituirse --repito, que no debe sustituirse, señor
Ministro de Administraciones Públicas-- por acuerdo de ámbitos
territoriales inferiores.
El principio de subsidiariedad, la proximidad, implica que las funciones
de gobierno deben desempeñarse en el nivel más descentralizado posible en
el que puedan ser efectivas. Nuestro Partido, de clara vocación
municipalista, ha asumido la reivindicación municipal del pacto local, y
lo ha asumido con fuerza porque esta petición ya estuvo contemplada en
las resoluciones de los 33 y 34 Congresos del Partido Socialista, que
apostaron definitivamente por el pacto local, por perfeccionar la
gobernabilidad y la eficacia local.
No deseo pasar por alto que, en efecto, el propio Presidente del
Gobierno, el 3 de mayo de 1996, en el discurso de investidura, también
habló de que tenía que conseguirse el pacto local. El 30 de mayo de 1997
en el Consejo de Ministros se dio por informado de la propuesta del
Ministerio de Administraciones Públicas de las bases para la negociación
del acuerdo para el desarrollo del pacto local.
Qué duda cabe de que se han hecho unos cambios normativos, pero se han
vendido más allá de lo que supone ese paquete legislativo de seis
modificaciones. Con eso no se está avanzando en el pacto local. Tienen el
contenido que tienen, el contenido institucional, pero no hay ni una
nueva competencia para los municipios. Por eso, con rigor y con seriedad
no se puede calificar ese paquete legislativo de pacto local. Es un
avance, y no lo voy a negar, pero el Gobierno primero, no menciona el
pacto local ni en la exposición de motivos y, segundo, ha renunciado en
la práctica a ese papel de dinamizar y coordinar el desarrollo
territorial de España; es decir, el Gobierno ha rechazado hasta la fecha
ese ofrecimiento de la FEMP de liderar y negociar con las Comunidades
Autónomas, las corporaciones locales y los partidos políticos la
consecución de un pacto local. Por tanto, el Gobierno debe esforzarse más
para dar satisfacción a la Federación Española y a todo el municipalismo
español.
Se han hecho reformas exclusivamente relacionadas con aspectos
institucionales, que sin lugar a dudas son necesarias para mejorar la
gobernabilidad local. Sin embargo, no se ha avanzado en el ámbito de
conceder más competencias a los municipios y es evidente que tampoco se
ha avanzado en el ámbito de descentralizar más el gasto. ¿Cómo puede
haber más autonomía local, si no hay más descentralización del gasto?
Señor Ministro, nosotros hemos hablado de modificar algunas leyes. Por
ejemplo, en la ley de Bases de Régimen Local no fue aceptada nuestra
propuesta de la creación del Gobierno local con competencias propias o la
consideración del alcalde como representante ordinario del Estado. Es un
error que tampoco se aceptara una modificación de la Ley Orgánica del
Régimen Electoral General que reformara el sistema electoral para
posibilitar la elección directa del alcalde y dar más precisiones y más
garantías de estabilizar a los propios ayuntamientos mediante la moción
de confianza.
Tampoco estamos de acuerdo sólo con el contenido de aquel pacto firmado
de caballeros, del código ético de 7 de julio de 1998, para evitar el
transfuguismo. Creemos que hay que hacer reformas legales profundas.
Pensamos que hay que evitar que los municipios asuman sin financiación
adicional mayores obligaciones en educación secundaria. Hay que crear un
Consejo de Cooperación Territorial que, precisamente, esté radicado en
esta Cámara.
Señor Ministro, señor representante del Gobierno, hay que hacer
modificaciones globales con más fuerza, con más empuje, para hacer
realidad ese pacto local. Es el momento idóneo para suscribir un pacto
legal. Es el momento idóneo para establecer una mesa de negociación
competencial de alcance político entre el Gobierno, las Comunidades
Autónomas y las corporaciones locales. Es el momento idóneo para que el
documento de bases para el pacto local, aprobado por la Comisión
Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias el 24 de
septiembre de 1996, se haga realidad.
El Gobierno se ha limitado a proponer una reforma institucional y
competencial absolutamente insuficiente. Creemos que ha perdido la
oportunidad de ir más allá para dar satisfacción a los municipios y
acercar más las competencias a los ciudadanos.
Diré dos palabras en relación con el ámbito de la financiación. Lo que
caracteriza a las haciendas locales son las insuficiencias de sus
recursos o marcos de financiación. Por eso, creemos que hay que
incrementar la participación local del gasto público hasta alcanzar el 25
por ciento del mismo --así lo cree la Federación Española de Municipios y
Provincias--, que hay que ir a un equilibrio financiero global, que hay
que mantener el carácter automático de la participación en los ingresos
del Estado, que hay que participar también en los impuestos estatales
como el IRPF y el IVA, que no se puede hablar de medidas para el
desarrollo del Gobierno local sin abordar la descentralización del gasto,
que hay que dar más competencia en tráfico y seguridad vial, en
transportes, en consumo y en deportes.
¿Cómo es posible que los ayuntamientos, que las corporaciones locales, no
tengan nada que ver con la planificación, diseño y evolución de la
construcción de instalaciones deportivas o la propia gestión? Y en
educación, ¿cómo no pueden participar los ayuntamientos en la
programación de la enseñanza y creación de centros docentes de
titularidad de las corporaciones locales?
Y lo mismo para la educación infantil. ¿Cómo en el empleo no se da
participación a la formación ocupacional en los programas de autoempleo,
en los centros colaboradores del Inem, en los programas de iniciativas
comunitarias, de juventud, medio ambiente, mujer, seguridad ciudadana,
que preocupan mucho a los vecinos y a las vecinas, protección civil,
sanidad, servicios sociales, turismo y urbanismo? ¿Cómo es posible que
los ayuntamientos tengan que pasar todavía por la aprobación definitiva
de los planes generales de ordenación urbana en las capitales de
provincia por las Comunidades Autónomas?
Señora Presidenta, hemos perdido la oportunidad de hacer algo en común
con el modelo de financiación porque el Partido Popular no ha aprobado un
nuevo modelo. El que está en vigor procede de la Ley de Haciendas
Locales. Carecemos de un sistema estable para el quinquenio 1999-2003.
Ese modelo de financiación sólo está introducido en los presupuestos para
el año 1999 --y, por cierto, hay un recurso de inconstitucionalidad del
Defensor del Pueblo-- y se ha perdido una gran oportunidad para hacer un
sistema de financiación estable, lo cual ha llevado, incluso, a la
ruptura del consenso con la Federación Española de Municipios y
Provincias, a la limitación de la autonomía municipal, a la
discriminación entre los municipios, y ha provocado un grave perjuicio
económico a muchos ayuntamientos.
Desde luego, nuestra propuesta --y con ello acabo, señora Presidenta-- de
un modelo de financiación pasa, precisamente, por el incremento del peso
relativo de las haciendas locales, de tal suerte que el próximo
quinquenio los entes locales alcancen el 19 por ciento del gasto de las
administraciones públicas, todo ello sin renunciar al objetivo del 25 por
ciento en virtud de las transferencias de las nuevas competencias de
otras administraciones; pasa también porque en la tributación local los
ayuntamientos realicen la gestión catastral del Impuesto de Bienes
Inmuebles y que en el Impuesto de Actividades Económicas se elimine
cualquier elemento disuasorio de la creación de empleo; asimismo pasa,
desde luego, por dar plena transparencia de la administración económica;
y pasa también porque las administraciones y...
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Gallego, termine por
favor.
El señor GALLEGO CUESTA: Decía que también pasa porque las
administraciones y corporaciones locales puedan financiarse y participar
en los programas de la Unión Europea de forma más ambiciosa de la que
ahora lo hacen.
Nuestro modelo pasa por consensuar, por establecer un pacto de Estado en
el que todas las administraciones públicas y todos los partidos políticos
estén presentes, con objeto de que los ayuntamientos puedan asumir
competencias tan importantes como son las referidas al empleo, a la
vivienda, a la seguridad ciudadana y a la educación; cuestiones que
preocupan e inquietan y que serían llevadas con más eficacia y menor
coste por las corporaciones locales.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Gallego
Cuesta.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Acebes Paniagua):
Gracias, señor Presidente.
Señorías, es cierto lo que decía el interpelante, que desde hace muchos
años las corporaciones locales y los ayuntamientos vienen reclamando un
reforzamiento de su posición dentro de la organización territorial del
Estado. Por citar una fecha, en el año 1993 hubo una asamblea
extraordinaria de la FEMP en La Coruña, en la que se aglutinaron o
recogieron todas las reclamaciones de los ayuntamientos y corporaciones
locales de años anteriores en un documento y en unos trabajos, con el fin
de reclamar esa situación de fortalecimiento a través de un Pacto Local.
Anteriormente nada se había hecho en esa dirección, y el documento de
bases de la FEMP al que ha hecho referencia el interpelante --y lo digo
para ser rigurosos-- se concreta en 92 reclamaciones o peticiones.
Pues bien, para hacer un análisis, que es de lo que se trata en esta
intervención, 60 de esas 92 peticiones corresponden a un ámbito
autonómico, es decir, son competencias de las Comunidades Autónomas en
las que la Administración General del Estado no tiene participación,
mientras que 32 son relativas a cuestiones de ámbito estatal, cuya
decisión acerca de la ejecución de dichas peticiones puede corresponder
al Gobierno de la Nación o a las Cortes Generales.
Su señoría ha hecho una valoración extraña relativa a lo que estas leyes
del Pacto Local han supuesto, porque realmente se han conseguido con un
amplísimo acuerdo. Usted intenta ahora desvirtuar este Pacto y no acabo
de entender los motivos por los que su señoría se ha desmarcado de un
logro común porque, repito, se ha logrado con un amplio grado de consenso
con la Federación Española de Municipios y Provincias, y con la
participación de todos los grupos parlamentarios, incluido el suyo, y ha
merecido un alto grado de acuerdo tanto en el Congreso de los Diputados
como en el Senado. Por tanto, repito, no conozco sus motivos --salvo que
sea debido a que se ha logrado por el impulso del Gobierno del Partido
Popular-- para ese afán de desmarcarse de un logro común y que, desde mi
punto de vista, va a tener importantes consecuencias.
Usted quiere colocar el debate en estos términos y además puede ser
riguroso hacerlo así. Pero respecto a las reivindicaciones de la FEMP en
lo que afecta a las 32 peticiones de nuestra competencia, con el Pacto
Local y alguna otra disposición realizada en este tiempo, se han cumplido
o está previsto su cumplimiento en la normativa aprobada, 29 peticiones,
que lógicamente van a empezar a funcionar con las corporaciones que a
partir del próximo 3 de julio se constituyan; es decir, hemos logrado un
grado de cumplimiento de más del 90 por ciento de las reivindicaciones y
peticiones de la Federación Española de Municipios y Provincias. Las
restantes demandas corresponden al ámbito autonómico, y después daré mi
opinión sobre el proceso que usted reclamaba y que ya le adelanto que
compartimos, sobre descentralización desde las Comunidades Autónomas
hacia las corporaciones locales respecto a algunas competencias y
servicios.
Para establecer en términos rigurosos los diferentes aspectos del debate,
tengo que decir que, de las reivindicaciones hechas por la Federación
Española de Municipios y Provincias y que nosotros podíamos ejecutar con
respecto al denominado Pacto Local a través de la modificación de seis
leyes, existe la previsión de que se cumplirán en más de un 90 por
ciento, es decir, en 29 de ellas y, además, con un amplísimo grado de
consenso.
Por tanto, a través de las corporaciones que se constituyan a partir del
próximo 3 de julio vamos a poder comprobar
el desarrollo y la puesta en funcionamiento de las previsiones del Pacto
Local. Sinceramente, señoría, tendremos tiempo y ocasión, según vayan
poniéndose en marcha, de comprobar que realmente estas seis leyes son un
importantísimo y trascendental avance en el reforzamiento de la posición
de los ayuntamientos y las corporaciones locales.
En primer lugar, van a suponer un fortalecimiento de la democracia local.
Como usted bien conoce, se ha introducido el automatismo en la
convocatoria de los plenos en los que debe discutirse la moción de
censura, lo cual era un auténtico problema en muchas de nuestras
corporaciones locales, produciéndose una enorme paralización en aquellos
supuestos en los que el alcalde decidía no convocar el pleno y se
iniciaba un larguísimo proceso judicial, con repercusiones todas ellas
negativas respecto a las ciudades o los municipios que se encontraban en
esta situación.
Por otra parte, me ha sorprendido una de sus reclamaciones. Decía que no
ha sido recogida la petición referente a la cuestión de confianza.
Efectivamente, está contemplada en el Pacto Local y ligada, además, a la
aprobación de determinados acuerdos de especial trascendencia en las
corporaciones locales. Usted bien sabe, además, por su dedicación
municipalista, que algunas de las normas de mayor repercusión y de mayor
trascendencia, como la aprobación de los presupuestos, los reglamentos
orgánicos, los planeamientos urbanísticos o las ordenanzas fiscales,
muchas veces se veían paralizadas por la relación de mayorías y minorías
existentes en las corporaciones, en las que no se ponía de acuerdo la
oposición o no quería presentar una moción de censura y, sin embargo,
paralizaba las propuestas respecto a estas grandes decisiones que se
producían en las corporaciones locales. A partir del día 3 de julio, en
los casos en que no haya recursos, esto va a quedar absolutamente
superado por la introducción de este mecanismos, precisamente con el
Pacto Local y los alcaldes van a poder presentar las mociones de
confianza vinculadas a la aprobación de estos acuerdos.
En cuanto a otra de las aspiraciones que refuerzan el papel de la
democracia local y que la fortalecen, creo que tenemos que dar cada vez
más importancia --y, desde luego, pido, invito, y, además, estoy seguro
de que lo vamos a hacer todos los Partidos con representación
parlamentaria y ahora con representación municipal-- a la aplicación de
manera clara y rigurosa de ese código de conducta o de ética política,
que recoge una serie de compromisos a efectos de evitar el transfuguismo.
Pero no sólo se ha fortalecido la democracia local. Creo que se ha
fortalecido también el gobierno local. En mi opinión, se ha introducido
una mayor racionalización en el funcionamiento de las corporaciones a
través de la atribución al alcalde de funciones que son de carácter
ejecutivo y que hasta el momento estaban atribuidas al pleno. Sin duda
alguna, esto va a redundar en una mayor agilidad, también en referencia a
esa proximidad a que usted aludía. Muchas de las funciones ejecutivas
tenían que retrasarse y dilatarse por estar atribuidas al pleno y ahora
van a estar atribuidas al alcalde. Así pues, va a haber mayor agilidad y,
por tanto, mayor eficacia y eficiencia. Y, lógicamente, además --de
manera inteligente, desde mi punto de vista--, se compensa con unas
mayores contrapartidas en materia de control político tanto al pleno como
a los órganos ejecutivos, contrapartidas que no les pormenorizo porque sé
que ustedes las conocen.
Además, se ha reforzado la autonomía local, y a mí esto me parece de una
trascendental importancia y no deberíamos minusvalorarlo de ninguna de
las maneras. Creo que el procedimiento específico ante el Tribunal
Constitucional, ese denominado conflicto en defensa de la autonomía
local, va a suponer una de las modificaciones, de los avances, de los
reforzamientos de la autonomía local más importantes que se ha producido
en estos veinte años.
Como hemos visto, el concepto de autonomía en las Comunidades Autónomas
ha venido determinado, clarificado y regulado de manera exhaustiva y
pormenorizada a través de la doctrina por las resoluciones del Tribunal
Constitucional, lo que nos ha permitido avanzar de manera importante en
el modelo diseñado por la Constitución. Sin embargo, esto no ha ocurrido
en la autonomía local. La disposición constitucional no ha tenido ese
mismo desarrollo, salvo la referencia que usted ha hecho respecto a la
Carta Europea pero, lógicamente, en lo que afecta a nuestro modelo, que
es el modelo constitucional y el modelo de los estatutos, ese desarrollo
no se ha producido porque estaba vedado el acceso de las corporaciones
locales al Tribunal Constitucional. No obstante, a partir del próximo día
3, van a poder hacerlo en defensa de su autonomía frente a las leyes que,
tanto de las Cortes Generales como de las Comunidades Autónomas, puedan
surgir y que vayan en contra de esa autonomía local.
A mí este elemento me parece, de verdad --y lo vamos a poder analizar--,
de trascendental importancia respecto a ese reforzamiento, a ese papel de
la autonomía y de las corporaciones locales de cara al futuro.
¿Qué tenemos que hacer? Porque es cierto que existe la previsión, pero
también debemos impulsar. Yo creo que en alguno de los organismos y
materias que usted ha citado era imprescindible la presencia local, como
en vivienda, educación, seguridad, agua, medio ambiente o empleo. Como
usted sabe, en muchos de esos consejos nacionales, en los consejos
estatales, no existía una representación de los municipios y, por tanto,
no tenían ni siquiera voz a la hora de la planificación de las grandes
competencias en estas materias, como en educación. Pues bien, a partir de
estos momentos tendremos que esforzarnos e impulsar esa participación,
porque ya se ha conseguido el respaldo legal y ahora de lo que se trata
es de que participen en el Consejo Escolar del Estado para lograr esa
gran planificación de la educación.
Usted también ha hecho referencia a la financiación de las corporaciones
locales mediante la participación en los tributos del Estado para el
quinquenio 1999-2003. Creo que el Gobierno, consciente de la necesidad de
reforzar la autonomía local, y convencido de que no hay verdadera
autonomía si ésta no va acompañada de los recursos necesarios para poder
ejercer las competencias asumidas, llegó a un acuerdo con la Federación
Española de Municipios y Provincias --tengo el acta delante-- en materia
de financiación local que ha dado lugar a que exista un modelo
para este quinquenio y que viene a dar el apoyo indispensable a las
medidas contenidas, además, en el Pacto Local. Aspectos muy destacados de
este acuerdo son el establecimiento de un sistema de participación en los
tributos del Estado, más ecuánime, más progresivo, que cuenta con el año
1999 como año base, de tal manera que ningún municipio ni provincia podrá
percibir cantidad inferior a la percibida como participación en 1998.
Como usted recordará, ésta era una vieja reivindicación de la Federación
Española de Municipios y Provincias, y con razón, porque ha supuesto un
incremento del 32,24 por ciento en relación con 1994, año base del
anterior quinquenio, y si se compara con lo percibido en 1998, se
incrementa en un 6,4 por ciento.
Con lo que respecta a las reglas de evolución, que también era muy
importante establecer, se ha hecho una con carácter general y otra de
crecimiento mínimo. La regla de participación de las corporaciones
locales se incrementará cada año en los términos que lo haga el PIB
nominal, a precios de mercado, y el incremento de la financiación
interanual nunca será inferior a la que experimente el IPC entre el año
al que se refiere la participación y el inmediato precedente. Los
protocolos de intenciones firmados con la Federación Española de
Municipios y Provincias, con la participación de todos los ayuntamientos,
dieron lugar a este modelo de financiación de las entidades locales para
el período 1993-2001.
Se acaba el tiempo, y quiero hacer una referencia respecto del futuro de
aquellos servicios, prestaciones y competencias que, si bien en estos
momentos son de las Comunidades Autónomas, puedan prestarse con mayor
agilidad y eficacia por parte de las corporaciones locales.
Vengo defendiendo desde hace tiempo --como me habrá oído decir su
señoría-- que, aunque la descentralización desde la Administración
general del Estado a las Comunidades Autónomas ha sido positiva, hay
algunas competencias que tienen que ser prestadas con una mayor agilidad
y proximidad por parte de las corporaciones locales, de los
ayuntamientos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señor Ministro, le ruego que
concluya.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Acebes Paniagua): Sí,
señor Presidente. Termino en un segundo.
¿Y por qué creo que eso debe hacerse a través de pactos autonómicos
locales? Porque las necesidades, aspiraciones y problemas de los
municipios no son iguales en todo el territorio nacional y en todas las
Comunidades Autónomas. Por ejemplo, los problemas y demandas que tienen
los municipios de Palencia o Avila, de Castilla y León, no son similares
a los del área metropolitana de Barcelona. Además, muchas de esas
competencias son exclusivas de las Comunidades Autónomas. Así pues,
debido a estos dos motivos es lógico que se abra un proceso de diálogo en
el que no estén ajenos, desde luego, los grupos parlamentarios, ni los
partidos políticos ni el Gobierno, que ofrece toda su colaboración e
impulso en esta cuestión. Pero, insisto, es imprescindible el diálogo y
el acuerdo entre las Comunidades Autónomas y las corporaciones locales a
través de pactos locales autonómicos en función de la diversidad y
pluralidad que componen nuestro país.
Por tanto, para que el desarrollo y el refuerzo del papel de nuestros
ayuntamientos y municipios sean efectivos --y repito que ofrecemos toda
nuestra colaboración y participación a tal efecto-- serán necesarios esos
pactos locales autonómicos.
Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Ministro.
El Senador interpelante, señor Gallego Cuesta, puede intervenir por el
artículo 87.
El señor GALLEGO CUESTA: Muchas gracias, señor Presidente.
Creo que, aunque el señor Ministro de Administraciones Públicas se ha
esforzado, de hecho ha repetido muchas cosas de otros debates. Por otro
lado, me he debido expresar mal al referirme a algunos temas, porque mis
palabras y mi intervención no han ido dirigidas en ese sentido. Por
ejemplo, en lo relacionado con la moción de confianza, no es que haya
dicho que no esté regulado en ese paquete, sino que pretendemos una
regulación más precisa para asegurar en mayor medida la gobernabilidad y
estabilidad de los municipios.
En cuanto al llamado Pacto Local, señor Acebes, inicialmente no debería
haberse denominado así, porque ésta es una fase que afecta de manera
institucional y con un contenido político que no es todo el esperado por
las corporaciones locales y la Federación Española de Municipios y
Provincias. Usted ha ido poniendo el acento en ese paquete de seis leyes
que se publicaron en el «Boletín Oficial del Estado» del 22 de abril, y
yo no he querido minimizar su impacto desde el punto de vista
institucional.
Pero, si me lo permite, le diré que eso no es lo único que se espera de
los municipios, y usted lo sabe, sino que éste es un paso inicial que hay
que equilibrar. Por tanto, no hay que sembrar el absoluto optimismo en el
sentido de que todo está hecho, porque falta mucho camino por andar; y
usted mismo ha aludido --y se lo agradezco-- a determinadas previsiones
que hay que hacer realidad. Porque lo que no puede ser es que el
municipalismo no esté representado en los órganos de decisión y
participación, y en ese campo tendrá todo nuestro esfuerzo y
colaboración. Pero no podemos quedarnos sólo en las glorias y olvidar las
memorias. Eso, castellanamente hablando, se entiende como que no hay que
olvidar que hay otras reivindicaciones de la Federación Española de
Municipios y Provincias. Y, por cierto, usted no ha aludido a cómo se
rompió ese consenso del que siempre ha hecho gala una Federación que debe
servir para representar y defender los intereses municipales y no para
otra cosa. Por tanto, habrá que reforzar la defensa de esos intereses
municipales por parte de la Federación Española de manera unánime,
sólida, contenida, reivindicativa, contando con todos, porque tiene que
funcionar sobre la base de las distintas sensibilidades políticas.
Pero de lo que yo hablaba y a lo que me refería en la interpelación era a
otras cosas, no a las 92 peticiones concretas, sino a lo que usted piensa
de los pactos específicos locales autonómicos. Usted va a llevar a cabo
una labor de impulso a los mismos. ¿De qué manera lo va a desarrollar?
¿Qué medidas va a poner en práctica? Fíjese en que se lo pregunto de
forma muy precisa, muy específica. Usted ha dicho en la revista «Carta
local», en abril de 1999, que es partidario de que los ayuntamientos
asuman determinadas competencias que ahora ejercen las Comunidades
Autónomas. ¿Qué papel va a desempeñar el Gobierno en este proceso de
negociación del pacto local, de las transferencias de las competencias de
las Comunidades Autónomas a los ayuntamientos? Porque en ese artículo
usted mismo decía: Todo esto requiere de la voluntariedad de las
Comunidades Autónomas.
Es decir, que estamos en el asunto del quiero o no quiero, de la
voluntariedad, y conste que no tengo por qué pensar que no vayan a
adoptar una actitud positiva. Al contrario, creo que van a adoptar una
posición muy positiva.
Lo que quiero saber es lo siguiente: ¿Cómo va a impulsarlo usted, de qué
manera, de qué forma? ¿Cómo va a ejercer ese liderazgo que se le está
pidiendo desde el municipalismo? Porque usted ha dicho que esto es
complicado, que es complejo. Claro, ¡cómo no lo va a ser! Pero sabe que
cuenta con todo el apoyo, y que esas competencias son fundamentales,
señor Ministro, porque estamos hablando de la educación, estamos hablando
de la seguridad ciudadana, estamos hablando de la vivienda, y estamos
hablando del empleo, y eso es fundamental, porque lo otro es
institucional, pero esto es el ser o no ser, mientras que lo otro es un
camino andado, aquí nos estamos jugando lo que es el reforzamiento o no
reforzamiento del municipalismo. Esa es la clave. No vaya usted por otras
vías, y sé que no lo ha intentado.
Concréteme qué es lo que va a hacer, aparte de las palabras que ha dicho,
que han sido generosas. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia. )
Y concréteme finalmente, señor Ministro, si en cuanto a la financiación,
que usted llama la financiación ya relacionada con la autonomía
financiera, va a ir a una modificación de la Ley de bases o, más
concretamente, de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. ¿Va a haber
alguna modificación? Porque hay algunas cuestiones que están en duda.
Yo creo --y con ello acabo-- que si usted fuera hoy capaz de precisar
algunos detalles sobre cómo va a articular ese pacto de Estado en el que
estén presentes todas las administraciones públicas y todos los partidos
políticos, esa reclamación de competencias que queremos todos los
ayuntamientos, si usted fuera hoy capaz de explicar cómo va a erradicar
el transfuguismo de la vida política, no a través de ese código ético,
sino a través de reformas legales precisas y concretas, y si su Gobierno
va a ser capaz de democratizar profundamente la vida local para que los
propios ciudadanos nombren directamente a los alcaldes, con ello
acabaríamos con algunas cuestiones que en estos momentos estamos viendo,
yo me daría por satisfecho, y el municipalismo se sentiría feliz de
escuchar algo más que palabras y pasar al grado específico de los
compromisos. ¿Cómo va usted a modificar o cómo va a usted a emplearse a
fondo para que las competencias que corresponden a las Comunidades
Autónomas lleguen a los ayuntamientos, y qué calendario tiene previsto?
Precíselo, señor Ministro. Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Gallego.
¿Turno de portavoces?
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Román.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señora Presidenta.
Efectivamente, éste es un debate que ya hemos mantenido en esta Cámara.
En primer lugar, tuvo lugar en el seno de la Comisión General de
Comunidades Autónomas, cuando el Ministro tuvo a bien presentar las que
serían posteriormente reformas legales emprendidas. Yo quiero recordar de
aquella sesión que precisamente fueron tres los pilares en los que se
asentaba el pacto local: reformas legales, que hemos tenido ocasión de
debatir y aprobar en esta Cámara; el estudio de la posibilidad de otras
reformas legales que, en este caso, estarían directamente relacionadas
con la financiación; y la cooperación y coordinación con pactos locales
en Comunidades Autónomas.
En el transcurso de aquel debate dijimos que no era suficiente con las
reformas legales y que discrepábamos con algunas de ellas porque
entendíamos que, al quitar la competencia de los Plenos y otorgársela
directamente al alcalde o alcaldesa, se restaba participación. Desde
nuestro punto de vista, aquello suponía una merma en la participación, un
modelo presidencialista.
Pero, al igual que el resto de portavoces, dijimos que sin la necesaria
reforma de la Ley de las Haciendas Locales --creo recordar que el
Ministro nos informó de la creación de unas Ponencias para el estudio de
las posibles modificaciones de las Haciendas Locales-- sin financiación
difícilmente podríamos hablar de pacto local. Y es que, efectivamente,
los ayuntamientos, ya sea por las competencias que se han ido
transfiriendo o por servicios que vienen prestando sin financiación, se
encuentran en una situación bastante delicada.
Otro apartado en el que el Ministro también insistió fue en la necesidad,
y en aquella primera comparecencia contó con la presencia de las
Comunidades Autónomas, de coordinar el pacto local con las medidas que se
debían adoptar en las Comunidades Autónomas. En estos dos aspectos poco
se ha avanzado.
Quisiera que el señor Ministro pudiera, si lo tiene a bien, decirnos cómo
están en este momento las Ponencias que están estudiando la reforma de la
financiación de las Corporaciones Locales; si es necesaria o no esa
reforma de la Ley de las Haciendas Locales; si se va a abordar con
carácter prioritario un cambio en el modelo de financiación,
al margen de los acuerdos que se hayan adoptado con la Federación
Española de Municipios y Provincias, porque realmente esto no resuelve el
problema de la financiación de los ayuntamientos.
Nos gustaría saber cómo va la cooperación con las Comunidades Autónomas.
¿Sería necesario volver a plantear en el seno de la Comisión General de
Comunidades Autónomas un debate sobre la situación de los pactos locales
en las diferentes Comunidades Autónomas? En la que yo represento en este
momento, en Andalucía, se están dando pasos para alcanzar ese pacto
local, pero ¿se está haciendo con la coordinación necesaria de la que
hablaba el Ministro al referirse a la necesidad de pactos locales en las
Comunidades Autónomas o no? Para hablar de todo ello, ningún sitio hay
mejor que esta Cámara, Cámara de representación territorial, y en el seno
de la Comisión General de Comunidades Autónomas.
Voy concluyendo. Estaremos muy atentos a la moción que pueda presentarse
como consecuencia de esta interpelación, pero quiero anunciar de antemano
que nosotros no somos partidarios de ese sistema de elección directa de
los alcaldes. Entendemos que es una merma en la participación, que resta
participación en las corporaciones locales. Pero ya tendremos oportunidad
de debatirlo, y ningún sitio mejor que el Senado, Cámara de
representación territorial, para abordar este tema.
Lo que está claro es que en todas las modificaciones legales llevadas a
cabo las corporaciones locales no han sido las mejor tratadas a la hora
de construir cualquier modelo de Estado. Se ha podido profundizar más o
menos en las competencias o modificaciones de los Estatutos de las
Comunidades Autónomas, pero la reforma todavía tiene que alcanzar a las
Corporaciones Locales, pilar básico en la construcción del Estado.
Insisto en que estudiaremos atentamente la moción, pero creemos que
todavía quedan por acometer temas muy importantes para que podamos hablar
de pacto local. Hasta el momento podemos hablar de algunas reformas
legales, pero no de pacto local.
Gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, señor Ministro, intervengo para exponer nuestra posición en
relación a la interpelación sobre el pacto local.
Tenemos que recordar que en la presentación que hizo el Ministro de
Administraciones Públicas en la Comisión General de Comunidades Autónomas
explicó que, para poner en marcha lo que, mal o bien, se había denominado
pacto local, se habían hecho en el documento aquellos cuatro bloques de
transfuguismo; el de los grupos parlamentarios y opciones políticas, que
no era de orden legislativo sino de voluntades políticas; el de
financiación con los grupos de trabajo, que requería la participación del
Ministerio de Economía y Hacienda para decidir sobre si habría o no una
reforma de las Haciendas Locales; el nuevo modelo para el quinquenio
1999-2003; y, por último, las medidas legales que se tenían que acometer
desde el punto de vista de la Administración Central, y, por tanto, de
las Cortes Generales, así como del de las Comunidades Autónomas. A
nosotros nos pareció bien en aquel momento, y nos parece bien ahora, que
se tenga en cuenta ese bloque de constitucionalidad en lo que a las
competencias de las Comunidades Autónomas se refiere. Pero, ¿desde qué
punto se puede intervenir? Favorecerlo o predicar que eso sería bueno me
parece bien, pero lo difícil es llegar a saber desde qué punto podemos
incidir en ello, si desde las Cortes o si desde el Gobierno central, si
es que ello no significa una intromisión en las competencias de las
Comunidades Autónomas. Creo que esto debe quedar muy claro.
El anterior interviniente hacía referencia al debate que se suscitó por
parte de los Consejeros de Comunidades Autónomas que estuvieron presentes
en aquella Comisión General de las Comunidades Autónomas, donde se
hablaba de la disyuntiva acerca de si era necesario o conveniente un
pacto local general o un pacto local autonómico. En todo caso, parece que
el interpelante más bien demanda ese pacto local general en el que en una
mesa estuvieran representadas las fuerzas políticas junto con los
representantes municipales pertenecientes a una sola asociación
municipal, y es que en alguna reforma legislativa de las que hemos hecho
últimamente se habla de la asociación municipalista de ámbito estatal
mayoritaria. Es decir, ahora sólo hay una pero también podría haber
otras. De todos modos, no creo que eso sea un ejemplo de participación
democrática, como después comentaré cuando me refiera a alguna otra
modificación que hemos hecho.
En cualquier caso, efectivamente, no todas las Comunidades Autónomas
tienen las mismas competencias en materia local. Hay estatutos de
Autonomía que contemplan este punto de una forma exclusiva. Por ejemplo,
en el artículo 9. 8 del Estatuto de Autonomía de Cataluña esta Comunidad
tiene competencias exclusivas en materia local sin perjuicio del artículo
149.1 de la Constitución Española, lo que es fruto del reparto
competencial del bloque de constitucionalidad que, entendemos, debemos
respetar.
Desde nuestro punto de vista, Cataluña, desde luego, tiene una propuesta
de pacto local propia que se basa precisamente en cuatro ámbitos. En una
organización territorial con un nuevo nivel que tiene ya diez años de
vida, las comarcas, que, por cierto, también se contemplan en otros
estatutos aunque no las han desarrollado todavía, en tanto que, como
digo, en Cataluña sí se están desarrollando desde hace diez años. Es
decir, que ya hay una base suficiente para poder acometer el segundo
ámbito, el sistema competencial, por el que se pueden traspasar
competencias desde las Comunidades Autónomas a ese proceso de
descentralización. Un tercer ámbito es el de la financiación local, al
que luego haré referencia, y por último el cuarto se refiere a la
organización institucional y administrativa propia de Cataluña.
En cuanto a las reformas legislativas que aprobamos hace unos meses,
estamos de acuerdo en lo de la moción de
censura y en la cuestión de confianza --aunque podría modularse de otra
forma--, pero en general nos parecen bien esas reformas. En relación con
las atribuciones del alcalde y del pleno con el objetivo de fortalecer la
eficacia y la eficiencia y agilizar en definitiva la acción municipal
posibilitando a la vez las funciones de control por parte de la
oposición, repito lo que ya dije cuando debatimos esas reformas.
Es necesario e imprescindible que haya un equilibrio entre Gobierno y
oposición, y ojalá hayamos acertado. ¿Que se nos plantean algunas dudas?
Señora Presidenta, señor Ministro, señorías, voy a confesarles que
algunas de esas dudas son personales. Yo reconozco la importancia que va
teniendo el mundo municipalista en estos 20 años, importancia que puede
apreciarse en las grandes transformaciones habidas en la mayor parte de
los pueblos y ciudades de España.
En cuanto al ordenamiento legislativo local, tendríamos que hacer una
reflexión sobre si hemos ganado o perdido, sobre si hemos adelantado o
hemos retrocedido en cuanto a representación democrática en las
atribuciones del pleno al alcalde y del alcalde al pleno. Estoy de
acuerdo en que esas atribuciones son muy presidencialistas --ésta es mi
opinión personal--. Por tanto, lo que debemos hacer ahora es dar tiempo
al tiempo y ver por dónde van las cosas. Es decir, que en este sentido
estamos de acuerdo, pero quisiera recordar, desde este punto de vista de
la representatividad democrática, que aquello que convinimos
democráticamente es, por supuesto, plenamente democrático. Yo recuerdo
todavía aquella Comisión Permanente que había antes de 1985 y, por tanto,
en este sentido tengo muchas dudas de que tenga mayor representatividad
democrática la Comisión de Gobierno actual que la que tuvo aquella
Comisión Permanente. Por tanto, ésa me parece una disquisición.
En cuanto a financiación, se ha optado por las medidas del quinquenio
1999-2003, sin decir nada. El interpelante ha dejado en el aire la
pregunta sobre si se piensa acometer la reforma de la Ley de Haciendas
Locales. Por cierto, nuestro grupo fue el único que presentó un veto a la
totalidad en el Senado --creo recordar que en la otra Cámara algunos
representantes del Grupo mixto también lo hicieron--, porque nos parecía
que no respetaba el principio de autonomía municipal, por no cumplir el
principio de suficiencia financiera; si no hay suficiencia financiera no
puede haber autonomía suficiente. Además, induce a una presión tributaria
excesiva y establece un trato desigual de los municipios, en función de
sus habitantes. Esto se ha corregido con el modelo para el nuevo
quinquenio, pero aún discrimina a los pequeños, no respeta la
distribución competencial de las Comunidades Autónomas y no es la mejor
forma de coordinación entre los diferentes niveles de las Haciendas.
Por otra parte, quiero recordar muy rápidamente la participación de los
municipios en los impuestos del Estado. Aquel fondo de cooperación
municipal que representaba un 8 por ciento se ha ido reduciendo --bien es
cierto que a partir de los años 1983 ó 1984-- a un 5 ó 6 por ciento.
Desde nuestro punto de vista, deberían modificarse los criterios de
distribución de la participación en los impuestos del Estado, y nosotros
abogamos por que esto pueda hacerse desde el Parlament de Cataluña. No es
que no tengamos en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional,
nuestro objetivo es poderlo conseguir con una fórmula que la respete,
como podría ser la de ampararse en el artículo 150.2 de la Constitución.
El Senador Gallego también ha hecho referencia a la financiación. Estamos
de acuerdo en que tiene que haber una mayor participación en los
impuestos del Estado, tal vez por vía de la reforma de la Ley de
Haciendas Locales.
Asimismo, estamos de acuerdo con lo que ha dicho el señor Ministro en
cuanto a las 92 peticiones de la Federación Española de Municipios y
Provincias que se han contemplado en las reformas legislativas de hace
unos meses y a las que ya hemos hecho referencia. En cuanto a las
restantes, nuestro punto de vista es que ese proceso de
descentralización, que el señor Ministro ha dicho, que pretende favorecer
desde el respeto a las competencias de las Comunidades Autónomas, tiene
que desarrollarse a través de pactos locales desde todas y cada una de
las Comunidades Autónomas, respetando sobre todo el bloque
constitucional.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Cardona.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el
Senador Huete.
El señor HUETE MORILLO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, en primer lugar quiero felicitar al señor Ministro por la
claridad y concreción con que nos ha expuesto tanto el pasado como el
presente y el futuro del pacto local. Poco puedo añadir a lo que él ha
dicho, puesto que nos ha expuesto claramente el funcionamiento actual de
los ayuntamientos.
También quiero agradecer al Grupo Parlamentario Socialista, al Senador
Gallego, esta iniciativa, porque, una vez más, se viene a demostrar que
el Senado es una Cámara territorial. Además, todos los Senadores somos
muy sensibles a los temas locales. Basta leer el currículum vitae de
muchos Senadores, para ver que casi todos tienen un origen municipalista,
incluida nuestra señora Presidenta, que también tiene su origen en la
política de los ayuntamientos. Por tanto, es un tema muy sensible a todos
nosotros, que nos rejuvenece, cosa que a algunos nos viene muy bien.
Quisiera puntualizar que el pacto local siempre ha sido un tema
consensuado. Por lo tanto, ningún grupo político puede erigirse con el
monopolio y la exclusividad de la preocupación por los asuntos locales.
Este tema siempre ha sido consensuado, y menos utilizarse como arma
arrojadiza como puede parecer a tenor de la forma demasiado fuerte en que
algunos señores Senadores han intervenido.
Señor Gallego, con todo respeto, yo califico su interpelación como un
poco prematura y quizá olvidadiza, ya que se han quedado algunos temas
fuera. ¿Por qué prematura? Porque todavía está la tinta fresca del 21 de
abril en el
«Boletín Oficial del Estado», donde se publican las reformas que aquí se
debatieron de las grandes leyes denominadas pacto local: la reforma de la
Ley de Régimen Local General, del Tribunal Constitucional, de Seguridad
Ciudadana, del Derecho de Reunión, del Derecho a la Educación, etcétera.
Posteriormente, en el mes de mayo se han convocado las elecciones; en el
mes de junio se han celebrado las votaciones y el día 3 de julio se van a
constituir los ayuntamientos. Por lo tanto, preguntar qué hay del pacto
local cuando se va a reformar la Federación Española de Municipios y va a
haber nuevos alcaldes y nuevas corporaciones parece un poco prematuro,
puesto que el pacto local acaba de salir a la luz pública y ahora
tendríamos que tener nuevos interlocutores.
El pacto local --la historia lo contempla-- siempre ha sido un tema
lento. La forma de no equivocarse es ir despacio, y así nos ha dado buen
resultado. Aparte de todo --lo digo con todo respeto--, desde el año 1983
en que entra el Gobierno socialista hasta 1993, con la famosa Asamblea de
La Coruña, poco se ha hecho, quitando las grandes leyes de hacienda local
y régimen local.
Por lo tanto, esa preocupación en monopolio ahora me parece prematura.
Usted se ha olvidado --y ha citado muchas veces el pacto local-- que
incluso en la investidura de don Felipe González, en el año 1993, ya se
hablaba del pacto local, pero no hicieron nada. Después fuimos a La
Coruña, todo el mundo estuvo de acuerdo --algunos participamos en
aquellos debates--, y luego no se concretó en nada. En noviembre del año
1993, estando el Gobierno socialista, se presenta en el Congreso de los
Diputados una moción de Izquierda Unida sobre el pacto local y después no
se hace nada. En febrero de 1994 se presenta en el Senado una moción de
Convergència i Unió y posteriormente tampoco el Gobierno socialista
plasma ninguna realidad. El 20 de abril en el Congreso de los Diputados,
en el debate del estado de la Nación, se oye hablar del pacto local, pero
tampoco son ustedes receptivos a llevar las cosas a la práctica y, en el
Senado, en septiembre de 1994, se presenta una moción, firmada por todos
los grupos, sobre el pacto local. Los años 1995 y 1996 son años
electorales cien por cien y llegamos a 1997.
Quiero aclarar y concretar que es precisamente cuando el Partido Popular
está en el Gobierno cuando se concretan todas las historias de las que
hemos dejado constancia de épocas anteriores. Así pues, es el 30 de mayo,
en el Consejo de Ministros, cuando se hace la propuesta del pacto local;
se abren las conversaciones y, además de la reunión sobre el
transfuguismo en 1998, el 31 de julio se remiten los textos del pacto
local al Congreso de los Diputados, y el 30 de diciembre de 1998 vienen a
este Senado. En marzo de este año 1999 se produce el debate y en abril se
publica en el «Boletín Oficial del Estado».
Por lo tanto, si analizamos la historia vemos que se ha ido despacio --y
es bueno, no lo critico--, pero es con el Partido Popular cuando de
verdad se pone negro sobre blanco los temas que se han estado
consensuando anteriormente. Es cierto que hemos adelantado mucho --y así
lo ha manifestado el señor Ministro--, en temas como la moción de
censura, aprobación de presupuesto, frecuencia de la reunión de los
Plenos ordinarios y extraordinarios, en la forma de constitución de los
grupos políticos, en la financiación local, a pesar de todos los defectos
o reclamaciones que puedan tener los distintos puntos, etcétera.
En consecuencia, ha habido un avance importante. Reconozco que hay temas
pendientes --y el señor Ministro los ha citado--, que serán objeto de
próximas legislaciones, como son los pactos locales
Ayuntamientos-Comunidades Autónomas, incluso diputaciones provinciales
--que no se han mencionado-- y tiene también una parte importante en esta
materia. Estamos pendientes de entablar conversaciones sobre medio
ambiente, urbanismo, vivienda, mancomunidad de los pequeños municipios
--que también deberán ser objeto de una mayor atención para que puedan
regularse--, y no digamos de la ley de grandes ciudades, con la que
Barcelona nos ha dado un buen ejemplo recientemente.
En conclusión, es un tema en el que, como he dicho, hay que ir despacio
para no equivocarse y dar tiempo al tiempo. Es bueno que miremos la
historia puesto que la historia es la que nos contempla. Es un tema de
consenso, sobre el que hay que discutir mucho pero enfrentarse poco,
porque ésa es la forma de servir de verdad a nuestros vecinos más
cercanos, a las personas integradas en el municipio.
Todos debemos tener esperanza en este futuro pacto local gracias a la
eficacia del Partido Popular para concretar en leyes o en disposiciones
lo que se ha dialogado y establecido con la Federación Española de
Municipios y Provincias.
Sólo me resta por decir, señorías, que el Grupo Parlamentario Popular
siempre estará abierto al diálogo para hacer realidad, día a día, el
pacto local.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Huete.
Tiene la palabra el señor Ministro de Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Acebes Paniagua):
Gracias, señora Presidenta.
Señorías, con toda brevedad, quiero agradecer las intervenciones y los
comentarios hechos por los portavoces de los distintos grupos
parlamentarios.
Durante mi primera intervención he pretendido centrar los términos del
debate respecto a lo que son competencias de la Administración General
del Estado y lo que pueden ser competencias de ámbito local.
Hay determinadas cuestiones, como las representaciones en los consejos,
que tenemos que impulsar en el futuro y, por tanto, se han cumplido esos
compromisos que --como recordaban los distintos portavoces-- se hicieron
en el seno de la Comisión General de Comunidades Autónomas.
En cuanto a la financiación de las corporaciones locales, lo que
pretendían todas esas ponencias y aquellas reuniones
era buscar el mayor grado de consenso para el modelo del quinquenio --que
también se consiguió--, y ahora ya podemos comenzar a hablar de otros
acuerdos, para cuando finalice ese modelo que está acordado, y buscar la
participación decisiva de la Federación Española de Municipios y
Provincias.
Tenemos que dar un paso muy importante, el de la puesta en marcha de ese
pacto local y ver cuál va a ser su desarrollo y el acierto que hemos
tenido a la hora de legislarlo.
No debemos quedarnos ahí, lo he dicho con toda claridad, el paso
siguiente es el de los pactos locales-autonómicos. Esto tiene repercusión
por la asunción de nuevas competencias, que son de las Comunidades
Autónomas en las que, lógicamente --como ha recordado también el portavoz
del Convergència i Unió--, el papel que puede tener el Gobierno es el de
impulsar, el de colaborar, el de fijar su posición y, el resto,
corresponde a los partidos políticos, a los grupos parlamentarios, pero
esencialmente a las Comunidades Autónomas que son las que creo que deben
sentarse --y cuanto antes mejor-- con los representantes de los
ayuntamientos de su ámbito territorial para llegar a pactos
locales-autonómicos. Con ello, estaremos logrando esa descentralización y
el acercamiento de la prestación de servicios, que hoy están en manos de
las Comunidades Autónomas, a las corporaciones locales. Sin duda, eso
llevará también a la segunda demanda que realizaba el Senador
interpelante, que es la suficiencia financiera. Lógicamente, aquellos
traspasos de competencias sobre los que se llegue a un acuerdo a través
de los pactos locales-autonómicos tienen que llevar consigo la
suficiencia financiera necesaria para la prestación de ese servicio
porque aunque muchas de esas competencias en estos momentos las están
realizando las Comunidades Autónomas, también es verdad que las
corporaciones locales, por esa demanda de proximidad de los ciudadanos,
prestan ese servicio sin tener la competencia y, por tanto, sin la
suficiencia financiera. Con ello también lograremos evitar duplicidades y
una mayor eficacia y eficiencia en el gasto. Todos los elementos que veo
son positivos para que se llegue a esos acuerdos. Ahora bien,
lógicamente, como nuestro modelo constitucional así lo establece, cuando
se trate de competencias delas Comunidades Autónomas tienen que ser ellas
las que lo lleven adelante, y la participación del Gobierno --dado que
todas las que eran de su ámbito competencial ya se han plasmado mediante
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»-- tiene que ser ya en
este caso de impulso, de colaboración, de puesta a disposición, como,
efectivamente, lo estamos haciendo con esta interpelación y en cuantas
oportunidades tenemos en todos los ámbitos, en todos los foros, y así lo
vamos a seguir haciendo. De esta forma avanzaremos tanto en el ámbito
competencial como en el de la suficiencia financiera.
Hay otras cuestiones que presentaba su señoría, como el caso del
transfuguismo, en el que ha hecho una especial incidencia. Yo creo que
usted conoce las repercusiones legales que tiene plasmarlo en una
disposición normativa, por eso se hizo mediante un acuerdo político entre
Gobierno y partidos al que deben sumarse expresamente ahora las
corporaciones locales que se constituyan, haciéndolo suyo en el ámbito de
su municipio pero, lógicamente, como código ético, porque, repito, usted
conoce los problemas que se derivan de su plasmación normativa y por los
que en su momento no se pudo incorporar a estas leyes.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracia, señor Ministro de Administraciones
Públicas.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
--DE LA COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN RELACION CON LA
PROPOSICION DE LEY DE MODIFICACION DE LA LEY 14/1994, DE 1 DE JUNIO, POR
LA QUE SE REGULAN LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 624/000026) (C. D. 122/000226).
La señora PRESIDENTA: Punto tercero del orden del día: Dictámenes de
Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el
Congreso de los Diputados.
Dictamen de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en relación con la
proposición de ley de modificación de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por
la que se regulan las empresas de trabajo temporal. Se tramita por el
procedimiento de urgencia.
Para la presentación del dictamen tiene la palabra el Presidente de la
Comisión, el Senador Molina.
El señor MOLINA GARCIA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Tengo el honor de presentar esta proposición de ley de modificación de la
Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo
temporal,y que tuvo su entrada en la Cámara el día 8 de junio de 1999.
El plazo de presentación de enmiendas finalizaba en principio el 12 de
junio, aunque posteriormente se amplió hasta el 14 de junio. Se
presentaron un total de 75 enmiendas. No se designó Ponencia y se debatió
directamente por la Comisión, que se reunió el día 16 de junio,
incorporándose cuatro enmiendas en el texto del dictamen.
Quedan vivas las enmiendas del Grupo Socialista números 55 a 62, 64, 65,
68, 69, 70 y 71. Las enmiendas números 49 y 50 han sido retiradas y las
enmiendas números 1 a 29, del Senador Román Clemente, han decaído.
Existen transaccionales sobre las enmiendas números 44, del Grupo Mixto,
y 67, del Grupo Socialista; sobre las números 43, del Grupo Mixto, y 66,
del Grupo Socialista; sobre la número 63 del Grupo Socialista y también
existe transaccional sobre la enmienda número 52, del Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió.
Dicho esto, reitero que quedan vivas las enmiendas del Grupo Socialista
números 55 a 62, 64, 65, 68, 69, 70 y 71.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Molina.
¿En el debate de totalidad hay alguna intervención a favor, en contra o
en portavoces? (Pausa.)
Pasamos al debate del articulado con la defensa de los votos
particulares. En primer lugar, el voto particular número 2, del Senador
Nieto Cicuéndez, correspondiente a las enmiendas números 30 a 48.
Tiene la palabra el Senador Nieto Cicuéndez por tiempo máximo de 28
minutos.
El señor NIETO CICUENDEZ: Señora Presidenta, señorías, les anuncio mi
despedida, y en ésta quizá mi penúltima intervención en el Pleno de este
Senado voy a hacer algunas consideraciones sobre esta ley.
En primer lugar, este Senador no es partidario de las empresas de trabajo
temporal. Lo mejor era que no existieran, pero la realidad es que existen
y como existían de manera desregularizada, este Senador está satisfecho
de ver cómo en este trámite parlamentario, después de las enmiendas
transaccionales y de haber retirado sus enmiendas el Grupo Parlamentario
Popular, van a quedar reguladas. Por tanto, no tengo interés en mantener
el resto de las enmiendas, independientemente de que la mayoría de ellas
estaban recogidas en algún sentido por las inquietudes que siguen
manteniendo al respecto los agentes sociales y, fundamentalmente, los
sindicatos, Comisiones Obreras y UGT.
Aunque pueda parecer contradictorio, para este Senador lo mejor es que no
existieran las empresas de trabajo temporal, pero, en definitiva, yo creo
que esta ley de alguna manera da satisfacción a una amplia mayoría.
Para mostrar mi agradecimiento, fundamentalmente, quiero recordar que
esta ley queda tal como salió del Parlamento de Cataluña, consensuada por
todos los grupos políticos. Por tanto, quiero asimismo manifestar en este
Pleno la coherencia que ha mantenido el Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergència i Unió para defenderla en este trámite
parlamentario.
Este Senador, que ha intervenido en este Pleno en nombre de Nueva
Izquierda Iniciativa per Catalunya, recogiendo el sentir de dicho Grupo,
repito que en el Parlamento catalán votó favorablemente la ley, va a
retirar el resto de las enmiendas.
Termino, señorías, siendo probablemente esta intervención la última o la
penúltima en el Senado, despidiéndome de todos ustedes, agradeciéndoles
la colaboración y el respeto mutuo y deseando, por tanto, que el Senado
siga siendo, en la medida de lo posible, una Cámara con cada vez más
consenso y que cumpla cada vez mejor con las labores institucionales.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Nieto Cicuéndez.
Tiene la palabra el Senador Vidal, del Grupo Parlamentario Catalán en el
Senado de Convergencia i Unió, para defender el voto particular número 1,
correspondiente a las enmiendas números 51 a 53.
El señor VIDAL I PERPIÑA: Gracias, señora Presidenta.
Yo también querría comenzar mi intervención agradeciendo las palabras del
amigo Senador Nieto. Pienso que tiene bien merecido el aplauso que le ha
dado toda la Cámara. Espero que no sea el penúltimo y que en su nueva
andadura tenga los amigos y los éxitos que ha tenido en esta Cámara.
Entrando de lleno en esta ley, tengo que decir que, actualmente, tanto
las empresas de trabajo temporal como los usuarios, los sindicatos y la
opinión pública, nos demandaban una reforma de las llamadas ETT, empresas
de trabajo temporal, para que deje de ser este sector algo que preocupe
al conjunto de la opinión pública y a los responsables sociales y
políticos. Porque hoy, señorías, la insuficiencia de la legislación de
1994 y de su aplicación son reconocidas por todo el mundo.
Espero que los que hoy están aquí siguiendo el debate sean sindicatos,
empresas usuarias o empresas ETT, comprendan que no ha sido fácil llegar
a esta modificación ya que hemos tenido que negociar bastante unos y
otros. Nuestro Grupo --y tengo que decirlo-- va a ser coherente con lo
que aprobó el Parlament de Cataluña, en especial el artículo 11, ya que
nuestra defensa siempre ha sido la equiparación salarial con la empresa
usuaria y no con las empresas del sector.
Respecto a las enmiendas que hemos presentado, tengo que anunciar que la
número 51 ha sido retirada.
En cuanto a la enmienda 52, hemos aceptado, al igual que otros grupos, la
transaccional del Grupo Popular.
En la enmienda 53, que hace referencia a la disposición derogatoria
segunda, intentamos que se aplique el llamado coste cero en caso de
sustitución por maternidad, como establece el Real Decreto Ley 11/1998.
Igual para las demás empresas, igual para las ETT. Esto es lo que
contiene un primer punto de esta enmienda, que pienso que tiene su
coherencia porque de alguna forma todas son empresas. En un segundo punto
proponemos la eliminación del 1,5 por ciento adicional de cotización a la
Seguridad Social, recogida en la ley de acompañamiento de los
Presupuestos Generales del Estado para 1999.
Esta enmienda es justa y es necesaria porque, en definitiva, elimina
parte de los sobrecostes que se introducen en la reforma de esta Ley.
Quizá las ETT tengan aquí otros sobrecostes --no estoy seguro-- que
nosotros no contemplamos, pero podría recogerse en la próxima ley de
acompañamiento de los presupuestos para el año 2000.
Quiero recordar también que la modificación del artículo 11 de la Ley
14/1994 tiene su inicio en el Congreso de la UGT de Cataluña, en concreto
en el que se celebró en mi comarca, en Girona, que culminó en una
proposición en el Parlament de Cataluña, aprobada por todos los Grupos
allí presentes, como ha dicho también el amigo Nieto. Desde un principio
ha existido este consenso, que pienso que es bueno para que una ley siga
adelante, pero también he de decir que ésta es la única ley que desde el
año 1993
no ha contado con el consenso de los agentes sociales. Por tanto, el
Congreso, el Senado, nosotros que estamos aquí, tenemos la gran
responsabilidad de que esta ley sea bien vista y beneficiosa para todos
--cuando digo para todos me refiero a los trabajadores, a las empresas
usuarias y a las empresas de ETT.
Al final no sé si habremos conseguido que esta ley guste a todos, me
imagino que faltará alguna cosa, pero de todas formas quiero que sepan,
tanto los Senadores de esta Cámara como el público que nos está
escuchando, que todos los grupos hemos hecho un esfuerzo importante para
llegar a acuerdos. Hemos mantenido hasta el final --yo diría que hasta
esta mañana-- nuestra filosofía sobre la equiparación salarial. Hemos
sido coherentes con lo que se aprobó en el Parlament de Cataluña. Nos ha
costado hacerle entender esto al Grupo Parlamentario Popular, al Grupo en
el Gobierno y cuando tome la palabra el Senador que representa a dicho
Grupo podrá concretar esta cuestión.
Nos ha sido difícil convencerles. Lo hemos intentado. Hemos estado aquí
hasta el final y pienso que debemos todos felicitarnos porque hayan sido
retiradas las enmiendas 49 y 50, tal como lo han manifestado esta mañana.
La parte más importante de esta ley que, concretamente, afectaba al
artículo 11 ha quedado resuelta con su retirada.
Desde un primer momento no queríamos solamente retocar el artículo 11,
sino que queríamos ir más lejos. Pienso que con las enmiendas que hemos
presentado en el Congreso ha mejorado la regulación de esta ley que, por
otra parte, era totalmente necesaria porque no olvidemos que durante
estos últimos cuatro años existían empresas ETT. En el año 1994 no sé si
llegaban a 100 pero en el año 1999 existían más de 400.
Este era un sector que ha estado durante cuatro años haciendo las cosas
un poco a su manera y nosotros teníamos la responsabilidad de legislarlo
y nosotros de ponerlo al día como han hecho otros países de la Comunidad
Europea.
Quizás en el año 1994 no se tuvo la visión de lo que podían ser las
empresas de trabajo temporal, no se tuvo la visión de lo que estaba
pasando en países vecinos de la Comunidad Europea y tampoco se tuvo la
capacidad de llegar a acuerdos con todos los agentes sociales. Por tanto,
hemos tenido una ley que no ha sido completa durante todo este tiempo.
Dicho esto termino. Añadiré más cosas en el segundo turno, una vez haya
escuchado al portavoz del Grupo Parlamentario Popular hablar sobre la ley
y defender sus enmiendas.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Vidal.
Para la defensa del voto particular número 3 del Grupo Parlamentario
Socialista, correspondiente a las enmiendas números 54 a 71, tiene la
palabra el Senador Rodríguez de la Borbolla por un tiempo de 27 minutos.
El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: Muchas gracias, señora
Presidenta.
Al igual que el Senador Vidal quisiera empezar por saludar y agradecer la
intervención del Senador Nieto Cicuéndez. Puedo decirles, en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista, que el Senador Nieto Cicuéndez es un
ejemplo de cómo nunca se puede dejar de enseñar y de cómo nunca se debe
dejar de intentar aprender. Si el estilo es el hombre, como dicen, el
Senador Nieto Cicuéndez nos ha enseñado con su estilo una manera de estar
en el mundo, una manera de estar en la vida, una manera de estar en la
Cámara y una --manera de estar en la relación con los demás,
representativa de una forma ser de una parte amplísima de la sociedad
española que cree en una serie de valores transcendentes y solidarios.
Le agradecemos sus enseñanzas y los sentimientos que nos ha hecho
experimentar en muchas de sus intervenciones. Seguramente este Senado
será un poco más pobre cuando el Senador Nieto ya no esté en él.
Con relación a la ley de empresas de trabajo temporal podría empezar
diciendo que es una de las cuestiones que evidencian el carácter dual,
complejo y contradictorio del Derecho del Trabajo. Las empresas de
trabajo temporal se regularon por primera vez en España en el año 1994, y
cinco años después han de seguir siendo reguladas. ¿Por qué? Precisamente
por la necesidad de que el Derecho del Trabajo vaya adaptándose a los
nuevos tiempos. Este Derecho --y que nadie lo ponga en cuestión-- nace y
vive para defender a los trabajadores, su objetivo fundamental es su
defensa, pero al mismo tiempo ha de permitir que crezca y sobreviva el
sistema económico en el que el trabajo se produce.
Por ello, en un momento dado y teniendo en cuenta las nuevas realidades
del sistema económico, del mercado de trabajo, hubo que asumir para su
regulación la realidad de las empresas de trabajo temporal, asumiendo a
su vez --y así lo hizo la sociedad española-- una flexibilización del
mercado del trabajo, por lo que era necesario adaptarse a una situación
más cambiante de la economía.
¿Cuál es el problema? El problema es que la flexibilización del Derecho
del Trabajo hay que hacerla buscando el equilibrio entre los intereses de
los empresarios y de los trabajadores. En la Ley del año 1994 la cultura
dominante --ahora ya no lo es-- era la de la autonomía colectiva, es
decir, dejar a la voluntad de las partes libremente expresada la
regulación de muchas cuestiones, entre otras, como ocurrió con la citada
Ley, la regulación de las condiciones salariales de los trabajadores.
Esta era una manera de buscar el equilibrio y de aceptar como buenos los
que vinieran dados desde la sociedad. Sin embargo, cinco años después se
ha constatado algo que todos sabemos, y es que en la relación entre
trabajo y empresa, normalmente, el trabajo tiene la posición más débil.
Por tanto, la ley ha de compensar esa desigualdad de fuerzas y de
posiciones entre los trabajadores y los empresarios. Justamente por esto,
la Unión General de Trabajadores de Cataluña, en este caso, que parece un
contrasentido, insta una proposición de ley en el Parlament de Cataluña
para que sea el legislador quien regule las condiciones de trabajo y no
se deje a la voluntad de las partes.
Esto es transcendente porque el sindicalismo español, en este caso,
repito, el sindicato socialista catalán, ha exigido
que el Derecho del Trabajo, en esta ocasión la Ley de Empresas de Trabajo
Temporal, ejerza su papel tutelar de la debilidad del movimiento sindical
o de los trabajadores del sector.
Esta propuesta del sindicato catalán fue asumida primero en el Parlamento
de Cataluña y presentada como proposición de ley por el Grupo
Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados. Esta es la base
de esta ley. Estas propuestas y esa iniciativa son la base de este texto
legislativo. Es importante que desde el mundo del sindicalismo se plantee
la necesidad de asumir, de aceptar que por encima de la voluntad de las
partes, incluso de la voluntad colectiva de las partes, debe haber un
papel tutelar del Derecho del Trabajo, de la legislación laboral, y por
ello hemos llegado a este punto. El artículo 11 hace una redacción que es
trasunto de la aprobada en el Parlamento de Cataluña. Esta es la cuestión
básica por la que se produce esta iniciativa: la necesidad de hacer
posible la equiparación entre los trabajadores de las empresas de trabajo
temporal y los de las empresas usuarias; es decir, los trabajadores
cedidos a las empresas usuarias han de tener los mismos derechos, las
mismas consideraciones y la misma situación que el trabajador de la
empresa a la que va destinado.
Es una condición de justicia. Fue asumida por todos los Grupos políticos
en el Parlamento catalán y es una condición --por lo menos, desde nuestro
punto de vista-- que desde ahora va a marcar la realidad del mercado de
trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. Pensamos que es
una medida positiva y estamos convencidos de que las empresas de trabajo
temporal, de la misma manera que han jugado en el campo de juego que
tenían previamente predeterminado, ahora van a ser capaces de jugar y de
triunfar en este nuevo campo de juego, porque el mercado de trabajo va
tendiendo en este terreno hacia la regulación más precisa, no sólo en
España, sino en los países de nuestro entorno.
Entonces, estamos seguros de que esta medida, que contribuye a la defensa
de los trabajadores, va a servir también para impulsar la competitividad
de las empresas de trabajo temporal, basada, no en la reducción de
costes, sino en la calidad de los servicios, en la mejora de la
organización y en la capacidad de ofrecer prestaciones que hasta ahora
pueden no haber venido ofreciendo.
Dicho esto y, por lo tanto, expresando nuestro acuerdo y nuestra
satisfacción por el íter previsible en este Pleno del texto del artículo
11, es decir, considerando que este artículo va a salir bien, por lo que
vamos a apoyar su modificación, sin embargo, tenemos que decir --y voy a
ser muy breve-- que seguimos manteniendo nuestras enmiendas al resto del
articulado, por una razón muy sencilla.
En primer lugar, por cuestiones de fondo. Son enmiendas que entendemos
que van dirigidas, no a provocar ningún perjuicio en las empresas de
trabajo temporal, sino a clarificar las condiciones en que deben actuar
esas empresas. En la Ley se produce un avance, pero, desde nuestro punto
de vista, no es todo lo profundo que debía ser. Por eso, presentamos
enmiendas relativas a la estructura, enmiendas relativas a la duración
del contrato, enmiendas relativas a las posibles infracciones de las
empresas y enmiendas relativas a las sanciones que se pueden imponer a
éstas por haber cometido esas infracciones.
Pensamos que ayudarían a consolidar el mercado y, por lo tanto, las
mantenemos, pero, además, son el reflejo --y esto también conviene que
quede resaltado-- de las posiciones que actualmente mantienen los
sindicatos, posiciones que no han sido atendidas por el Gobierno de la
nación y que no han sido suficientemente tenidas en cuenta. De todos es
sabido que desde hace unos años, desde la firma del acuerdo
interconfederal por el empleo estable, se creó una mesa de diálogo entre
el Gobierno, empresas y sindicatos para analizar la problemática relativa
a las empresas de trabajo temporal. No se ha avanzado suficientemente en
ese campo. Lógicamente y puesto que no ha habido soluciones por parte de
los interlocutores, los partidos de la oposición tenemos que asumir ese
déficit que se produce en la ordenación de este campo de la realidad y es
por ello que planteamos las enmiendas que doy por defendidas en este
acto.
Y acabo, no sin antes decir que, desde nuestro punto de vista, es
realmente valorable que en este Pleno del Senado, en el que el Grupo
Popular tiene mayoría absoluta, a diferencia de lo que ha pasado en otras
circunstancias, haya retirado enmiendas que iban no sólo contra el
espíritu y la letra de lo previamente aceptado y asumido, sino en contra
también de los acuerdos a los que había llegado con otros Grupos
políticos.
Por lo tanto, esperamos que la Ley, aun con los defectos que nos harán
abstenernos en su momento respecto a la mayoría de los artículos del
texto, sin embargo, pueda servir de nuevo marco de juego para el
desarrollo de una realidad más estable, más asumible en el campo de las
relaciones de trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Rodríguez de la Borbolla.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Algún Grupo desea hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora do
Campo.
La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Nos vamos a repartir el turno entre el Senador Sanz Pérez y yo.
Desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos importante debatir hoy
esta proposición de ley relativa a las empresas de trabajo temporal, ya
que las diferentes enmiendas presentadas por los distintos grupos
políticos a lo largo de todo este trámite parlamentario nos han servido
para mejorar la regulación actual, como se dijo anteriormente, siempre
desde un clima de diálogo y consenso y después de haber estado escuchando
las aportaciones de los diferentes colectivos implicados en esta cuestión
--y me estoy refiriendo a los representantes sindicales y de las empresas
de trabajo temporal que hoy están presenciando este debate.
Desde el Grupo Popular queremos destacar la importancia de estas empresas
que, desde 1998, han gestionado 1.600.000 contratos y que dan empleo en
su estructura a 9.000 profesionales. Por lo tanto, pueden agilizar el
mercado laboral y pueden facilitar la creación de empleo, que es la
primera prioridad de este Gobierno.
Me correspondía en este turno pronunciarme sobre las enmiendas Senador
Nieto Cicuéndez, del Grupo Mixto, pero en vista de que las ha retirado,
solamente quiero reiterarle el agradecimiento por su apoyo a las
transaccionales sobre sus enmiendas números 43 y 44 y por haber firmado
el resto de las enmiendas transaccionales.
Para finalizar, y en vista de que ésta ha sido su última intervención en
el Senado, queremos agradecerle desde el Grupo Popular su compañerismo,
su diálogo, sus aportaciones durante todos estos años en la Comisión de
Trabajo y en todas sus intervenciones.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora do Campo.
El Senador Sanz Pérez tiene la palabra.
El señor SANZ PEREZ: Gracias, Presidenta.
También voy a agradecer el buen trabajo hecho por el Senador Nieto
Cicuéndez. Hemos tenido oportunidad de debatir principalmente temas
relacionados con el mercado de trabajo, temas relacionados con el empleo,
y en algunos casos temas económicos, y quiero decir que ha sido un gran
placer trabajar con usted y, como decía el Senador Rodríguez de la
Borbolla, hemos aprendido mucho personas que hemos llegado hace poco
tiempo a esta Cámara, sobre todo por el talante y la humanidad que usted
desprende. Por lo tanto, quisiera que quedara constancia de esto.
Un día más, señorías, estamos hablando del mercado de trabajo, cuestión
de una gran repercusión social y, sobre todo, humana, así como de una
gran trascendencia en la economía de nuestro país, especialmente en lo
que hemos denominado Estado de bienestar.
He manifestado en varias ocasiones cuando he intervenido desde esta
tribuna que el marco de creación de empleo en nuestro país ha dado frutos
importantes, que lo atestiguan datos como la creación de 1.300.000
puestos de trabajo en los últimos tres años, así como un incremento
importante de cotizantes a la Seguridad Social, que podemos decir que
superan los 14 millones al día de hoy.
En relación con la materia a la que nos referimos, la Organización
Internacional del Trabajo, en su Convenio 181, reconoce el papel de las
empresas de trabajo temporal, a cuyos representantes en la tribuna
pública agradezco, su presencia pudiendo desempeñar un funcionamiento
correcto en el mercado laboral, papel que, además, cumplen con normalidad
en el resto de los países de la Unión Europea ya desde hace algunas
décadas.
En nuestro país es un sector con pocos años de vida --cinco-- que, desde
la reforma laboral del año 1994, ha ido creciendo notablemente y que
tiene la responsabilidad de gestionar una parte de la temporalidad y de
insertar en el mercado laboral a trabajadores a quienes los mecanismos
tradicionales no han logrado dar empleo. Son --hay que reconocerlo-- un
recurso esencial de flexibilidad para las empresas --como no--, para la
competitividad de las mismas --incluidas las empresas de trabajo
temporal-- y son una herramienta importante e idónea para gestionar la
temporalidad.
Nos encontramos con un sector que tiene en vigor el segundo convenio
colectivo estatal, y por ello observamos que ha avanzado de forma
importante. Hay en ello, y también se recoge en la modificación de los
diez artículos, garantías de control y transparencia para la
Administración; también se da un paso importante en la formación a sus
trabajadores, obligándose por ley y por negociación colectiva al mismo;
se da importancia a este colectivo en el capítulo diez del convenio y en
la propia ley para que desplieguen armas y recursos económicos en
formación profesional; hay un avance importante --y ha de seguirse en esa
línea-- en la prevención de riesgos laborales; recoge en su capítulo
catorce la representación y acción sindical en la empresa, como en los
artículos 50 y 51, referidos a los procedimientos electorales y derechos
sindicales, e igualmente se ha iniciado una equiparación salarial a la
que luego me referiré y que ha generado controversia a lo largo de estos
días.
He de decir que en el propio convenio colectivo del sector se habla ya de
una equiparación salarial del 80 por ciento en 1998, del 90 por ciento en
1999, y del cien por cien para el 2000.
Creo que con la modificación de estos diez artículos en el día de hoy
hemos dado un paso importantísimo para garantizar el mantenimiento de los
derechos laborales y, sobre todo, la protección social de los
trabajadores contratados para ser cedidos por parte de las empresas de
trabajo temporal. Porque los trabajadores contratados para ser cedidos a
empresas usuarias, no sólo han sufrido durante los últimos años las
consecuencias de una elevada precariedad laboral derivada del carácter
temporal que este tipo de contratación supone y de la prestación de
servicios en distintas empresas por períodos cortos, sino que, además,
sus salarios se encuentran muy por debajo de los reconocidos a los
trabajadores de la empresa usuaria.
Por ello, creo que con el paso que se da en este trámite parlamentario,
en el Pleno, con la modificación de estos diez artículos, hemos avanzado
de forma importante en esa equiparación salarial y también, como han
dicho los portavoces de los diferentes grupos, en lo que es la
representación sindical; sobre todo, lo que es muy importante, en lo
mucho que pueden decir los trabajadores.
Agradezco el tono de las intervenciones de todos los portavoces de los
grupos, tono que creo que ha estado en la línea de los últimos días, de
un trabajo serio y concienzudo y, en particular, basado en el consenso y
pensando en el interés general. En mi opinión, éste consiste en que se
siga creando empleo en nuestro país, y los datos actuales atestiguan un
crecimiento del 3,6 por ciento de la economía en nuestro país durante el
último trimestre. Y recuerdo a sus señorías que dicho crecimiento ha sido
del 1,5 por ciento en la Unión Europea, cuestión que hay que resaltar.
Como
digo, ese interés general ha prevalecido en todos los grupos
parlamentarios, algo que quiero agradecer. Importante son el interés
general y la creación de empleo, y en este sentido los datos reflejan que
la creación de empleo en nuestro país durante el último trimestre es del
3,4 por ciento --algo importantísimo, y de lo que nos felicitamos desde
el Grupo Popular--, frente al 0,3 por ciento de la Unión Europea.
Asimismo, agradezco a todos los grupos políticos la firma de las
distintas enmiendas transaccionales, al igual que el tono de sus
intervenciones.
Sin embargo, debo referirme a varias enmiendas. En cuanto a la número 53,
del Grupo de Convergència i Unió, ya le he planteado personalmente al
portavoz de dicho Grupo que, lamentablemente, no podemos acceder a su
aprobación, y le he hecho saber los motivos.
Respecto de ese 1,5 por ciento, le diré que está recogido en la Ley de
Presupuestos Generales de 1999. ¿Y por qué no podemos empezar a hablar de
los próximos presupuestos en este apartado, si surte efecto?
Por lo que se refiere al coste cero, ya conoce su señoría la opinión, no
sólo del Grupo Popular, sino del equipo de Gobierno al que sustenta.
En relación con las enmiendas del Grupo Socialista, éste también conoce
que las vamos a rechazar prácticamente en su totalidad. Por otro lado,
les agradezco la transacción de algunas de ellas.
En cuanto al porcentaje del 20 por ciento por cada mil contratos
realizados, desde el Grupo Popular entendemos que el porcentaje que se
propone para la plantilla fija dentro del personal de estructura es un
tanto desproporcionado. Además, prácticamente supondría exigir que la
plantilla de las empresas de trabajo temporal fuera fija, algo a lo que
la ley no obliga a ninguna otra empresa.
Por lo que se refiere a la enmienda número 55, con la que ustedes
proponen modificar las letras b) y e) del apartado 1 del artículo 2, he
de decirle que, a nuestro entender, las empresas de trabajo temporal no
son una franquicia para poner en marcha en la línea que ustedes plantean
en esta enmienda. Respecto de la letra b), no entendemos lo que ustedes
definen como contrato de subrogación de funciones.
Por tanto, también vamos a rechazarla, al igual que el resto de las
enmiendas sobre las cuales ya hemos argumentado las razones de nuestro
rechazo.
Dicho esto, me gustaría plantear una cuestión importante a la que ya se
ha referido el señor Rodríguez de la Borbolla. Estamos totalmente de
acuerdo en que la ley que está vigor, la 14/1994, que regula las empresas
de trabajo temporal, ha perdido actualidad en algunos casos. Yo creo que
lo importante y lo beneficioso de lo que estamos haciendo en el día de
hoy es adaptar a los nuevos tiempos la ley del año 1994. Permítame que le
diga que aquella ley sí que no se basó en el consenso. Tan sólo hay un
informe del CES, pero desde luego no se consultaron con las
organizaciones empresariales y sindicales algunas de esas cuestiones.
Comparto con usted la idea de que también se avanza en el equilibrio
entre empresa y trabajador, y pienso que todos nos felicitamos por el
hecho de que haya un número importante de trabajadores --creo que
600.000-- que prestan sus servicios en empresas de trabajo temporal al
día de hoy, y que van a agradecer este paso que se va a dar en la próxima
ley. (El señor Vicepresidente, Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.)
En el turno de portavoces le contestaré las cuestiones a las que usted se
ha referido relativas a que el Grupo Popular y el Gobierno no han
atendido las peticiones de los sindicatos. Le puedo decir que, tanto o
más de lo que usted dice que lo hizo el Grupo Socialista, hace ya
bastante tiempo que en la mesa del diálogo sobre medidas e incentivos
para reforzar la seguridad en el empleo se viene hablando hasta la
saciedad. Como en toda negociación, llega un momento determinado en el
cual parece ser que no da más de sí, pero yo creo que en este trámite
parlamentario se está demostrando que el Grupo Popular ha hablado con los
sindicatos, que también ha hablado una representación importante de las
empresas de trabajo temporal, y la resultante final es la que usted
conoce, que creo yo que es una valoración más que positiva si la
comparamos con el texto del Congreso de los Diputados. De acuerdo en que
quedan muchos cabos por atar, pero tenemos tiempo suficiente, con vistas
a lo que se nos avecina, para llegar a posibles acuerdos en ese aspecto.
Lo que sí le anuncio en mi intervención como portavoz es que todo ello ha
estado basado en el diálogo y, sobre todo, y muy mucho, en el consenso
entre los grupos parlamentarios.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador.
Pasamos al turno de portavoces.
Tiene la palabra el Senador Nieto Cicuéndez.
El señor NIETO CICUENDEZ: Perdone, señor Presidente, que utilice el turno
de portavoces, porque creo que es obligado agradecer a todos los
portavoces y a toda la Cámara la deferencia y el trato que han tenido
conmigo. Y perdonen que todavía me emocione pues, a pesar de haber pasado
por tantas vicisitudes en la vida, uno todavía tiene la capacidad de la
emoción.
Y me ha emocionado de una manera especial el señor Rodríguez de la
Borbolla, mi amigo Pepote, al que agradezco, como a todos los Senadores,
sus palabras.
Deseo añadir que, en esta parte de mi vida, en estos cuatro años que he
estado en el Senado, también he aprendido bastante de todos ustedes.
Muchas gracias a todos. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el
Senador Albistur.
El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a ser breve, dado que nuestro Grupo no ha presentado enmiendas a este
proyecto de ley.
Ya se ha dicho y se ha reiterado que, cuando en 1994 se crearon las
empresas de trabajo temporal en el panorama laboral español, surgieron
como solución ante una ineficiencia de la Administración en materia de
recolocación de los entonces numerosos parados de larga duración que
existían en nuestra sociedad. Ha sido la demanda social, el contraste y
la experimentación por esta sociedad, los que han impulsado esta reforma
que todos los grupos hemos traído a la Cámara y que habíamos expuesto al
Ministerio de Trabajo. Nos preocupaba particularmente el artículo 11 y la
necesidad de su reforma para que la aparición de las empresas de trabajo
temporal no supusieran una regresión en las condiciones laborales de los
trabajadores.
Nuestro Grupo apoyó el proyecto de ley en el Congreso en función
precisamente de la coincidencia con los acuerdos a los que se había
llegado, en el Consejo de Relaciones Laborales del País Vasco, entre los
sindicatos y los empresarios, en materia de equiparación salarial y de
convenios de las empresas de trabajo temporal. Sin embargo, en este
Senado hemos visto cómo surgían los últimos embates de una presión
promovida desde la patronal, a mi modo de ver, con una corta visión; una
presión no adecuada y cuyas consecuencias hubieran sido primar la
precariedad y los bajos salarios, sobre todo en aquellas empresas que
carecen de convenio, y cuya aplicación hubiese estado muy alejada de los
convenios del sector.
Se presentaban malos augurios y nuestro Grupo se planteó la posibilidad
de apoyar la aprobación de la ley, como habíamos hecho en el Congreso, si
estas enmiendas prosperaban. Sin embargo, hoy tengo que agradecer y
reconocer aquí el buen trabajo realizado por el Grupo de Convergència i
Unió. Por otra parte, las enmiendas números 49 y 50 han sido retiradas, y
hemos de manifestar nuestra satisfacción por su retirada y por la
prudencia que ha manifestado el Grupo Parlamentario Popular.
Como decía antes, nuestro Grupo no ha presentado enmiendas, porque la ley
nos pareció adecuada para la reforma del sector y porque, además,
reconocía las competencias de la autoridad laboral allá donde las
empresas estaban actuando.
Manifestamos también nuestro apoyo a las transaccionales a las que han
llegado los diferentes grupos, el Mixto, el Socialista y el de
Convergència i Unió. Asimismo, apoyaremos algunas de las enmiendas
presentadas por estos grupos porque nos parece que son elementos de
control que deberían haber sido incluidos en la ley.
Finalmente, señor Presidente, nuestro Grupo ha recibido el agradecimiento
del joven Senador Nieto Cicuéndez, pero no hemos tenido oportunidad de
manifestar nuestra opinión. No quisiera terminar sin despedir, insisto,
al joven Senador Nieto Cicuéndez porque personas de este tipo quedan
pocas en la historia política de este Estado. Me gustaría que su
presencia quedara siempre entre nosotros como un ejemplo de tolerancia,
de comunicación, de verdadera consecuencia de una izquierda vivida desde
el corazón y transmitida permanentemente al resto de los grupos políticos
que, quizá, no compartimos totalmente sus ideas pero sí en gran parte,
como hemos manifestado y acordado en este hemiciclo.
En nombre de nuestro Grupo, he de decir que lamento esta gran pérdida,
aunque siempre quedaremos muy cercanos y unidos a él.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Albistur.
Senador Nieto Cicuéndez, hoy corremos el riesgo de matarle de gusto.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Uno,
tiene la palabra el Senador Vidal.
El señor VIDAL I PERPIÑA: Gracias, señor Presidente.
Pienso que en este debate ha quedado claro lo que supone esta reforma de
la Ley que regula las ETTs, así como la posición de cada Grupo al
respecto.
A mí me resta decir, en favor de las empresas de trabajo temporal, que
durante todo este tiempo han sido un complemento y han dado trabajo a una
serie de personas que no lo hubiesen encontrado sin su intervención;
evidentemente, han ayudado a crear empleo.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular se ha pronunciado respecto a
nuestra enmienda número 53, y le tengo que decir que para estos
sobrecostes --no ve posible el coste cero de sustitución por maternidad--
la ley de acompañamiento del año 1999 sólo contempla un 1,5 por ciento.
Dice que tenemos que hacer un esfuerzo, máxime cuando hoy no se ha podido
incorporar en la reforma de la Ley, y ser capaces de, para no penalizar
con respecto a otras empresas, incluirlo en la ley de acompañamiento de
los Presupuestos del año 2000. Al menos yo he visto disposición por parte
del portavoz para que esto pueda ser posible, y yo creo que sería
necesario conseguirlo.
Dicho esto, tan sólo me queda por añadir mi deseo de que esta ley se
ponga en marcha, pero a la vista de cómo ha quedado el texto de la
proposición con la retirada de la enmienda número 50, creo que podrá
ponerse en funcionamiento prácticamente de inmediato. También quiero
añadir que ya sé que a algunos sectores, concretamente a las empresas de
trabajo temporal, no les gusta esta modificación, en tanto que la misma
es precisamente lo que estaban solicitando los sindicatos, con lo cual,
repito lo que he dicho en mi anterior intervención, que aunque quizá esta
ley no sea del gusto de todos, espero que seamos comprensivos y estemos
de acuerdo en que era necesario hacer una regularización de la Ley
14/1994.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Vidal.
Tiene la palabra el Senador Rodríguez de la Borbolla.
El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: Señor Presidente, voy a
intervenir con mucha brevedad. No pensaba hacer uso de este turno de
portavoces, pero algunas de las palabras pronunciadas por el Senador Sanz
me incitan a ello.
En mi anterior intervención he procurado centrarme en el texto de la
proposición de ley que estamos discutiendo y he intentado sacar
consecuencias positivas. El Senador Sanz ha hecho una excursión al pasado
--lo que resulta normal en los representantes del Partido Popular--, una
excursión valorativa sobre la Ley de empresas de trabajo temporal de
1994, y se ha referido a si fue más o menos consensuada y dialogada.
Del mismo modo que en una novela de Jorge Semprún un espía le descubre a
su jefe qué era lo que había pasado de verdad, porque él estuvo allí, yo
también le puedo decir al Senador Sanz que yo estuve allí. Yo estuve en
el Consejo Económico y Social como experto nombrado por el Gobierno de
entonces cuando se elaboró la Ley de 1994 y precisamente por eso puedo
saber cuánto se dialogó y cuánto se habló allí.
Pero el problema no es ése. El problema es que la Ley de 1994 fue la que
precisamente pudo hacerse en aquel año por el Gobierno que entonces
había, el cual ya no gobierna ni tiene que dar cuentas ahora de lo que
hiciera en 1994. Y la ley de 1999 es la que tiene que hacerse en 1999 por
el Gobierno que está gobernando en 1999, Gobierno que tiene que pensar
también en el año 2000 o en el 2001, mientras dure.
Entonces, ¿cuál es la diferencia que existe entre esta semana y la
pasada? Pues la diferencia es importante con respecto a esta ley. No
quería decirlo pero lo tengo que decir. La diferencia es que del 13 de
junio acá ha cambiado la situación en España, hasta tal punto que han
cambiado también las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario
Popular a esta ley. Hasta el 13 de junio el Partido Popular quería en
esta Cámara que la ley fuera de una manera determinada, y después del 13
de junio reconoce aquí que no puede hacer esa ley. ¿Y por qué? Porque su
posición ya no es la misma en la realidad española. La sociedad española
les ha dicho que ya sabe que quienes están gobernando son ustedes, que
los que tienen que responder son ustedes, y que ya está bien de echarles
la culpa a otros de lo que pueda estar pasando.
Hagan ustedes la ley y voten lo que pueden votar hoy, puesto que no
pueden votar otra cosa. Han retirado ustedes las enmiendas porque las
tenían que retirar, pero no intenten meterle el dedo en el ojo a nadie,
porque aunque sea suavemente eso duele, pero precisamente porque duele
hay que responder.
Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.
Tiene la palabra el Senador Sanz.
El señor SANZ PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, yo no he pretendido con mi intervención que usted volviera a
intervenir ni que lo hiciera en el tono en que lo ha hecho. Yo me he
limitado, como es lógico, a hacer una valoración sobre cómo se iniciaron
las gestiones en el año 1994 para la puesta en marcha de la Ley de
empresas de trabajo temporal, pero no me he inventado absolutamente nada.
Le invito a usted a que lea el «Diario de Sesiones» correspondiente del
Congreso de los Diputados para que vea lo que su propio compañero de
Partido dijo allí y, desde luego, de su lectura se deduce que las cosas
se podían haber hecho de otra forma. Le invito a que lea informes al
respecto, elaborados por las empresas de trabajo temporal, que son un
colectivo importante, y por los propios sindicatos. Le invito a que los
lea y sacará la conclusión que yo le he dicho. Bajo ningún concepto he
pretendido meterle el dedo en el ojo en mi intervención, solamente he
hecho una constatación de la realidad.
En esta legislatura y desde que gobierna el Partido Popular --y gobierna
bien-- este país --en temas de empleo, que es de lo que estamos hablando,
los datos lo atestiguan, y yo se lo he dicho desde la tribuna-- la
política de empleo se ha basado en el diálogo social, en escuchar y, en
muchísimos casos, en dejar hacer a las organizaciones sindicales y
empresariales, y usted, como buen experto en la materia, conoce claros
ejemplos. Desde luego, eso no fue un aval del Gobierno del Partido
Socialista en la legislatura anterior. A raíz de eso, usted sabe que hay
un documento de diciembre de 1998, que define la mesa de diálogo social
sobre medidas e incentivos para reforzar la estabilidad en el empleo, en
el que se habla de las empresas de trabajo temporal. Usted sabe también
que se ha abierto una mesa tripartita con las organizaciones
empresariales y las sindicales para hablar de este tema. Por tanto, se ha
dialogado, cosa que antes no se hizo. Me he referido en mi intervención a
que no se habían hecho las cosas en función de un verdadero y puro
diálogo social. No le he quitado a usted ni un ápice de lo que se hizo en
su momento, pero no se realizó como debiera haberse hecho.
Quisiera decir, señor Presidente, que las empresas de trabajo temporal
han hecho un buen trabajo durante estos cinco años. Hay que valorar el
hecho de que el 75 por ciento de los contratos estaba dirigido a personas
menores de treinta años. Han llevado a cabo un trabajo importante, que es
colocar en empresas usuarias a trabajadores que, en algunos casos,
estaban cobrando la prestación por desempleo y, en otros, ni la estaban
cobrando ni estaban en proyectos de políticas activas de empleo. Por
tanto, el trabajo que han hecho ha sido muy positivo para la inserción
laboral, sobre todo de los más jóvenes. Animo a las empresas de trabajo
temporal a que sigan trabajando en esa línea. Me consta que se ha hecho
un esfuerzo por ver positivamente cómo va a quedar la ley en el Senado, y
en qué cosas, como los sobrecostes, no se ha avanzado. No es cuestión de
cerrar puertas absolutamente a nadie, yo abro las puertas para poder
dialogar sobre ese aspecto. Además no podía ser de otra forma, ya que
nuestro objetivo es mejorar lo que tenemos.
Dicho esto, reitero el agradecimiento a los grupos políticos por el buen
trabajo realizado, en vías del consenso y del diálogo, que es muy
importante.
Señor Rodríguez de la Borbolla, si le he ofendido en algo, le pido mil
disculpas. Mi objetivo no ha sido otro que plasmar la realidad de lo que
se hizo y de lo que se está haciendo. No le quepa la menor duda de que
los frutos serán buenos para toda la sociedad española.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señor Sanz.
Vamos a pasar a la votación.
Las enmiendas del Senador Nieto Cicuéndez han sido retiradas a excepción
de las números 43 y 44, que sostienen transaccionales.
Vamos a someter a votación la enmienda número 53, del Grupo Catalán en el
Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a
favor, 14; en contra, 112; abstenciones, 83.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda rechazada.
La enmienda número 52, del mismo Grupo, sostiene una transaccional.
Pasamos, a continuación, a las enmiendas del Grupo Socialista.
En un primer bloque, vamos a votar las enmiendas números 55, 60 y 62.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a
favor, 89; en contra, 118; abstenciones, dos.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas, a excepción de las números 63, 66 y
67, que sostienen transaccionales.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a
favor, 84; en contra, 118; abstenciones, siete.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan rechazadas.
Se han presentado cuatro propuestas de modificación del Dictamen,
apoyadas por todos los grupos parlamentarios.
¿Pueden considerarse aprobadas por asentimiento? (Pausa.)
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Quedan aprobadas.
Pasamos, a continuación, al Dictamen.
En primer lugar, vamos a votar el artículo único, punto nueve.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a
favor, 205; en contra, dos; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobado.
A continuación, votamos el resto del Dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 209; a
favor, 125; en contra, seis; abstenciones, 78.
El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Queda aprobado.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del
texto definitivo por Su Majestad el Rey.
Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.
Eran las catorce horas y cinco minutos.
Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y quince minutos.
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
--DE LA COMISION DE PRESUPUESTOS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY POR
QUE SE CONCEDE UN CREDITO EXTRAORDINARIO, POR IMPORTE DE 9.393.184.038
PESETAS, PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS DEL DERRUMBAMIENTO DE
LA PRESA DE TOUS, SEGUN LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 15 DE ABRIL
DE 1997 (S. 621/000141) (C. D. 121/000123).
La señora PRESIDENTA: Dictamen de la Comisión de Presupuestos en relación
con el proyecto de ley por la que se concede un crédito extraordinario,
por importe de 9.393.184.038 pesetas, para el pago de indemnizaciones
derivadas del derrumbamiento de la presa de Tous, según sentencia del
Tribunal Supremo de 15 de abril de 1997, y se adoptan determinadas
medidas adicionales a las establecidas por los reales decretos-leyes,
4/1993 y 10/1995, antes proyecto de ley por la que se concede un crédito
extraordinario por importe de 9.393.184.038 pesetas para el pago de
indemnizaciones derivadas del derrumbamiento de la presa de Tous.
Para la presentación del dictamen, en nombre de la Comisión, tiene la
palabra el Senador Sánchez Cuadrado.
El señor SANCHEZ CUADRADO: Señora Presidenta, señorías, en relación con
el dictamen que acaba de enunciar la señora Presidenta, relacionado con
el derrumbamiento de la presa de Tous, debo informar lo siguiente: Con
fecha 31 de mayo de 1999 fue publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales» el texto remitido por el Congreso de los Diputados,
trasladándose, al amparo de lo dispuesto en el artículo 104 del
Reglamento del Senado, este proyecto de ley a la Comisión de
Presupuestos.
El plazo de presentación de enmiendas quedó fijado hasta el 11 de junio
y, al amparo de lo dispuesto en el artículo 107.1 del Reglamento del
Senado, fue ampliado hasta el 17 de junio.
A la exposición de motivos y a los distintos artículos se formularon ocho
enmiendas, las números 1 a 4, del Senador Román Clemente, del Grupo
Parlamentario Mixto, la enmienda número 5, del Grupo Parlamentario
Socialista, y las enmiendas números 6 a 8, del Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.
El día 21 de junio se reunía la Comisión y acordó dictaminar
directamente, sin designar Ponencia, el citado proyecto de ley. Se
aprobaron las enmiendas números 6, 7 y 8, del Grupo Parlamentario
Popular. Una de ellas modificaba el título del proyecto de ley. Asimismo,
decayeron las enmiendas presentadas por el Senador Román Clemente y se
rechazó la enmienda número 5, única que queda viva para su debate en este
Pleno.
Es cuanto tengo el honor de informar a la Cámara.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Sánchez Cuadrado.
Señoría, antes de seguir con el orden del día de la sesión de hoy, quiero
informarles de que se encuentra entre nosotros, realizando una visita
oficial a España por invitación de esta Cámara, una amplia delegación de
la Cámara de Consejeros del Reino de Marruecos con representantes de
todas las fuerzas políticas allí presentes, encabezada por su Presidente,
el excelentísimo señor Mohammed Jalal Essaid. Bienvenidos. (Aplausos.)
¿Algún grupo quiere hacer uso de la palabra para el debate a la
totalidad? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Agramunt. (El señor Vicepresidente, Aguilar
Belda, ocupa la Presidencia.)
El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Gracias, señora Presidenta.
Consumiré este turno a favor del proyecto de ley porque hoy vamos a
aprobar --espero que sea por unanimidad de la Cámara, y lo espero
fervientemente-- un instrumento que, por fin, da cobertura a todos los
damnificados de aquel desastre de octubre de 1982, conocido por todos los
valencianos como «la pantanada de Tous». Seguramente hoy será el final de
una larga serie de despropósitos.
Como recordarán sus señorías, en plena campaña de las elecciones
generales del año 1982, hace ya casi 17 años, se provocó, como
consecuencia de las enormes lluvias caídas en la Comunidad Valenciana, la
rotura de la presa de Tous, inundando las comarcas de la Ribera Alta y la
Ribera Baixa y provocando decenas de miles de damnificados, a fecha de
hoy censados 33.698.
Este proyecto de ley pretende, en primer lugar, cumplir con la sentencia
del Tribunal Supremo del año 1997 que establece, previa condena a un
funcionario público, la responsabilidad civil subsidiaria de la
Administración del Estado, así como, mediante una serie de enmiendas
aprobadas en Comisión el pasado lunes, la resolución de problemas
surgidos como consecuencia de la discriminación entre unos y otros
damnificados en función de si utilizaron para su reparación el Decreto
publicado en el año 1993 o el del año 1995.
Si sus señorías me lo permiten, haré una breve historia porque es
necesario a estas alturas aclarar muchas de las cuestiones que se han
dicho en todo este tema a lo largo de 17 años.
Recordaba al principio que en octubre de 1982 se produjo la rotura de la
Presa de Tous con las consecuencias que ya he citado.
La primera sentencia judicial sobre la cuestión tuvo lugar en el año 1990
por la Audiencia Provincial de Valencia, pero fue anulada por sentencia
del Tribunal Supremo de 1993, con lo que hubo que volver a empezar todos
los trámites. Como consecuencia de ello, inmediatamente el Gobierno de la
nación aprobó el Real Decreto-ley 4/1993, de 26 de marzo. Habían pasado
ya once años desde el desastre, y estábamos entonces en vísperas de las
elecciones generales de 1993. A este Decreto se acogieron 23.783
damnificados que recibieron un importe total de 12.435 millones de
pesetas y el crédito era de 19.000 millones de pesetas, pero no fue
consumido en su totalidad. El Delegado del Gobierno en la Comunidad
Valenciana en esa época pagó, sobre el importe máximo que establecía el
Decreto, cantidades diversas, en muchísimos casos del 20, del 30 o del 40
por ciento de lo máximo que hubiera sido posible pagar en aquel momento y
se dedujeron, además, las cantidades que a cuenta habían recibido por las
compensaciones de ayudas directas del Ministerio del Interior o del
Consorcio de Compensación de Seguros diversos damnificados.
Posteriormente, se produce sentencia de la Audiencia Provincial de
Valencia, el 4 de octubre del año 1995, que absolvió a todos los
imputados funcionarios públicos en el proceso. Con lo cual el Gobierno de
la nación, una vez más, en vísperas de elecciones generales, en este caso
de las del año 1996, aprobó el Real Decreto-ley 10/1995 de 28 de
diciembre, al cual se acogieron 4.646 nuevos damnificados, así como
12.527 de los que se habían acogido al primer Decreto, pero que mediante
éste podían volver a cobrar aquellas deducciones que se les habían
practicado por el primer Decreto. Entre ambos grupos recibieron en total
9.585 millones de pesetas, siendo el crédito extraordinario de 6.500
millones, el resto se imputó a los remanentes del primer Decreto.
El nuevo Delegado del Gobierno --recuerdo a sus señorías que estamos ya
en el año 1996-- mediante este segundo Decreto pagó el cien por cien, el
máximo posible de las indemnizaciones establecidas en el Decreto, con lo
cual se produjo inmediatamente una discriminación entre los 4.646 que se
acogieron a este decreto y los 23.787 que lo hicieron al primero y que
cobraron diversos porcentajes del importe máximo resarcible, mientras que
los que se acogieron al segundo --insisto que con este nuevo Delegado del
Gobierno-- lo hicieron por el cien por cien del importe máximo
resarcible.
Posteriormente, el 15 de abril de 1997 --ya estamos en fechas
recientes--, se produce la sentencia del Tribunal Supremo que es causa
del proyecto de ley que hoy debatimos en esta Cámara.
Esta sentencia del Tribunal Supremo declara definitivamente la
responsabilidad civil subsidiaria del Estado en la cuestión, fija una
indemnización directa para los ocho fallecidos como consecuencia de las
inundaciones --25 millones de pesetas en cada caso-- y establece otros
derechos para todos aquellos demandantes en esta causa relativos a lucro
cesante, a daños morales o a intereses a partir de los tres meses de la
notificación de la resolución, lo cual es una novedad en la cuestión. Y
deja para el trámite de ejecución de sentencia la determinación de las
cantidades que habrán de producirse para indemnizar a todos aquellos que
habían demandado al Estado mediante este proceso.
Como consecuencia de esta sentencia, el 27 de febrero de 1998 se produce
el auto de ejecución por la Audiencia Provincial de Valencia que fija los
criterios indemnizatorios y fija en 11.125 millones de pesetas la
cantidad total. Pero hay que advertir que la propia Audiencia
posteriormente flexibiliza, incluye nuevos damnificados y también quita
damnificados de la lista porque se habían acogido a transacciones como
consecuencia de los decretos quedando finalmente la cifra fijada en
9.393.184.038 pesetas que son las que hoy estamos debatiendo en este
proyecto de ley.
Hay que advertir que esta sentencia sólo afecta a los perjudicados que no
se acogieron a los acuerdos transaccionales y que mantuvieron, por tanto,
sus reclamaciones vinculadas al proceso penal. Estas sentencias afectan,
en principio, a 5.269 perjudicados.
El Gobierno actuó con celeridad como consecuencia de esta sentencia del
Tribunal Supremo y del auto de ejecución de sentencia de la Audiencia
Provincial de Valencia, y el 20 de julio de 1998 instrumentó un crédito
extraordinario, un anticipo de tesorería para este crédito
extraordinario, y se comenzó ya en aquel momento a pagar las
indemnizaciones a esos 5.269 perjudicados.
De hecho, a fecha de hoy, fecha en que estamos debatiendo este proyecto
de ley, el 64 por ciento de los perjudicados a los que afecta esta
sentencia ya han cobrado sus indemnizaciones por un importe de más de
6.840 millones de pesetas.
Posteriormente, el proyecto de ley sigue su tramitación en el Congreso de
los Diputados donde, por cierto, se produce una situación curiosísima, y
es que ante una propuesta de enmiendas transaccionales presentadas por mi
Grupo parlamentario, por el Grupo Parlamentario Popular, el resto de los
grupos se niega a percibir las transacciones, cosa que creo yo es muy
novedosa y es que es la primera vez que, aceptándose por parte del Estado
que los ciudadanos reciban indemnizaciones como consecuencia de daños
catastróficos --en este caso de estas inundaciones--, el resto de los
grupos no aceptan la posibilidad de transaccionar estas enmiendas en la
fase de Comisión en el Congreso de los Diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senador Agramunt, le ruego que
concluya.
El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Concluyo inmediatamente, señor
Presidente.
Como consecuencia de ello, finalmente, entra el proyecto de ley en el
Senado y ya en la Comisión del pasado lunes pudimos aprobar las enmiendas
del Grupo Parlamentario Popular que, en definitiva, resuelven la
discriminación a que hacía referencia al principio entre los que cobraron
indemnizaciones por el primer Decreto y los que lo hicieron por el
segundo Decreto en función de la aplicación de esa normativa que hicieron
los diferentes delegados del Gobierno. En el primer caso, el Decreto de
1993, el Delegado del Gobierno de aquella época y en el segundo caso, el
Decreto de 1995, el Delegado del Gobierno que lo era en el año 1996.
Estas enmiendas benefician a más de 23.000 damnificados que de este modo
verán equilibradas sus indemnizaciones con las de aquellos que se
acogieron al segundo Decreto-Ley al que he hecho referencia.
En definitiva, espero --teniendo en cuenta que los pagos de estas
indemnizaciones complementarias que se dan con cargo a los remanentes de
estos decretos-- que queden satisfechos prácticamente la totalidad de los
damnificados más los que estamos incluyendo mediante el proyecto de ley
que afecta a la sentencia del Tribunal Supremo.
Espero, por tanto, que podamos aprobar --insisto una vez más-- por
unanimidad este proyecto y que el Congreso de los Diputados pueda
revalidarlo en el próximo Pleno de modo que en el mes de julio ya puedan
directamente acudir a cobrar sus indemnizaciones 17 años después.
Insisto en que damos solución a los damnificados discriminados en el
primer Decreto, pero también damos solución a los 5.269 que no se habían
acogido a ninguno de ellos. De este modo terminamos con un total de
33.698 damnificados atendidos por un importe total de 35.000 millones de
pesetas.
Señorías --y con esto termino, señor Presidente--, con la aprobación del
proyecto de ley hoy cerramos un dramático y vergonzoso episodio de la
reciente historia de la Comunidad Valenciana.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Agramunt.
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Turno de portavoces?
Tiene la palabra el Senador Román Clemente.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, cuando el proyecto de ley se tramita en la Comisión de
Presupuestos, por diferentes razones, señorías, no tuvimos oportunidad de
defender las cuatro enmiendas que teníamos a este proyecto de ley.
Enmiendas, tanto al título del proyecto de ley como a la exposición de
motivos y, fundamentalmente, a los artículos uno y dos, que pretenden
elevar la cuantía que se establece en este proyecto de ley a 22.000
millones de pesetas. Y yo quisiera justificar esta cuantía precisamente
en la enmienda que hacemos a la exposición de motivos.
Señorías, en Izquierda Unida consideramos que la Sentencia del Tribunal
Supremo de 15 de abril de 1997 declara de forma terminante la
responsabilidad civil subsidiaria de la Administración del Estado, e
impone la obligación para el mismo de las indemnizaciones derivadas del
derrumbamiento de la presa de Tous. Esto supone que queda fuera de toda
duda la responsabilidad civil subsidiaria citada y que, por tanto, debe
abarcar a todas las personas y bienes afectados.
Por otra parte, la mecánica judicial y sus normas de procedimiento
restringen la efectividad de la sentencia a aquellos que en su día se
hubieran personado en el mismo, pero no significa, y esto es en lo que
queremos insistir, que el Estado sólo sea responsable en este caso, sino
que su responsabilidad, una vez ha sido probada y determinada, incluye a
todos los afectados.
Por tanto, si la responsabilidad existe frente a todos los afectados,
entendemos que no es de justicia que el resarcimiento dependa de la
dirección jurídica y asesoramiento que hayan recibido los distintos
afectados. Aquellos que se acogieron a otras vías de resarcimiento por
los daños sufridos han visto disminuido el valor de lo resarcido, frente
a aquellos que se personaron en el citado procedimiento. Desde Izquierda
Unida entendemos que lo procedente sería igualar las cuantías que,
habiendo sido obtenidas por medios diferentes, tienen una misma causa y
una misma responsabilidad.
Por estas razones, procedería la concesión de un crédito extraordinario
que, por una parte, diera cumplimiento a la sentencia referida y, por
otra, igualara con lo dispuesto en la misma los resarcimientos obtenidos
por otras vías procedimentales, elevando estos últimos hasta equipararse
a los derivados de la sentencia.
He querido reproducir prácticamente en la exposición de motivos el
contenido de las cuatro enmiendas que en su momento no pudieron ser
defendidas en Comisión por diferentes razones coincidentes. Por tanto,
las enmiendas que se querían haber presentado y debatido, tanto en
Comisión como en este Pleno, pretenden elevar la cuantía a 22.000
millones --así consta en la enmienda número 1 al artículo 1-- para
atender al cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de
abril de 1997 y abonar las cuantías necesarias para equiparar las
indemnizaciones obtenidas por procedimientos distintos a la sentencia y
que tengan el mismo objeto. Así se recoge también en nuestra enmienda al
artículo 2 y en el propio texto de este proyecto de ley.
Gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Román Clemente.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Agramunt.
El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Gracias, señor Presidente.
Yo comprendo y acepto lo expuesto por el portavoz de Izquierda Unida, del
Grupo Mixto, pero ha hecho un turno a favor de unas enmiendas que no
existen, y simplemente no existen porque no están en los textos, ya que
no fueron defendidas en Comisión. Yo no soy nadie responsable en esta
Cámara de que no fueran defendidas en Comisión. Por tanto, quiero dejar
constancia de que ha hecho un turno de defensa de enmiendas que no
existen.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Agramunt.
La Presidencia iba a hacer ese tipo de apreciación, pero no le ha dado
tiempo porque terminó inmediatamente su exposición el portavoz del Grupo
Parlamentario Mixto.
A continuación, pasamos al debate del articulado.
Enmiendas y votos particulares a los artículos 1 a 4, disposición final,
exposición de motivos y título.
Hay un voto particular número 1, del Grupo Parlamentario Socialista, que
se corresponde a la enmienda número 5.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Beltrán.
El señor BELTRAN MIRALLES: Señor Presidente, señorías, es cierto que en
octubre de 1982 la ruptura de la presa de Tous produjo graves daños,
algunos irreparables, a miles de ciudadanos y ciudadanas de la provincia
de Valencia.
Casi 17 años después, si el Grupo Parlamentario Popular de esta Cámara
tiene la voluntad y la sensibilidad política de aceptar nuestra enmienda,
que es en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo y al objeto
de conceder un crédito extraordinario por el pago de indemnizaciones
derivadas del derrumbamiento de la presa de Tous, daríamos por cerrada
--como muy bien ha dicho el Senador Agramunt-- esta penosa y larga
historia.
Han sido 17 años, señorías, de un interminable proceso judicial, que ha
producido enormes tensiones entre la ciudadanía de los municipios
afectados y que se ha visto trasladado en un debate permanente a las
Cortes Valencianas, al Congreso y a esta misma Cámara. Ahora, con la
tramitación de este proyecto de ley, no sólo puede, sino que debe,
cerrarse este período de tensión y desencuentro en los pueblos afectados
en la comarca valenciana de la Ribera. Pero para ello debe procederse a
una aplicación rigurosa de los principios de equidad y no discriminación
entre aquellos que han visto reconocidos sus derechos en virtud de una
sentencia judicial del año 1997 y aquellos que se acogieron a los
convenios previstos en los Reales Decretos de 1993 y 1995.
Con esta enmienda, el Grupo Parlamentario Socialista pretende incluir una
nueva disposición final que, sin afectar al resto del proyecto de ley,
además de atender al pago de las indemnizaciones derivadas de la
sentencia del Tribunal Supremo, posibilite que aquellos damnificados que
se acogieron a los Reales Decretos antes mencionados puedan obtener una
indemnización complementaria, en función de los nuevos criterios fijados
en la sentencia judicial.
Entendemos que ésta es la única vía para cerrar definitivamente este
largo proceso, que es la única forma de hacer
justicia con todos los damnificados. Y, si ustedes, señorías del Grupo
Popular, no se suman a esta propuesta, creo que no sólo habrán faltado a
uno de sus compromisos electorales --los valencianos recordamos
perfectamente los mítines en los pueblos de aquella comarca--, sino que
estarán contradiciendo la opinión de sus compañeros, tanto en las
concejalías de aquellos pueblos, como en las propias Cortes Valencianas,
y, lo que es mucho más grave, van a dejar abierta la herida en miles de
ciudadanas y ciudadanos valencianos producida tras la catástrofe del
derrumbamiento de la presa de Tous.
Nuestro Grupo quiere una solución política que haga justicia a 17 años de
tensiones y sufrimientos. Los socialistas queremos que los 33.000
damnificados sean tratados por igual por el Gobierno de España. Queremos
que ustedes cumplan con la promesa que hicieron a los ciudadanos. Por
tanto, queremos una solución definitiva al problema; no el simple y
estricto cumplimiento de esta sentencia, sino una solución política, una
verdadera declaración de Estado, aquella que dice que un Gobierno está
para solucionar el problema de todos los ciudadanos.
El Gobierno socialista presidido por Juan Lerma, sin que hubiera ningún
fundamento judicial para actuar, pero sensible con la magnitud de la
catástrofe y con el fin de paliar las graves pérdidas, adoptó decisiones
políticas, habilitando créditos, uno por valor de 19.000 millones de
pesetas en el año 1993 y otro por 5.500 millones en 1995, tratando de
evitar discriminaciones.
Posiblemente, aquellos Decretos fueran insuficientes, pero permitieron
que 28.000 afectados percibieran 25.500 millones de pesetas en
indemnizaciones, que en gran parte y de manera urgente y rápida paliaron
sus pérdidas. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) ¿Ahora qué
pasa, después de tres años? Pretenden aplicar única y estrictamente esta
sentencia, pero nada más.
Yo me pregunto: ¿Es así como van a justificar ante la ciudadanía
valenciana y ante los ciudadanos y ciudadanas de la comarca de la Ribera
las promesas del señor Zaplana y del señor Aznar de dar una solución
rápida al problema de todos los afectados después de tres años?
Parece evidente que con su actitud demuestran claramente que el Gobierno
de Aznar da la espalda a los damnificados y mira hacia otro lado, y
ustedes, senadoras y senadores del Partido Popular, elegidos por los
propios damnificados también, al igual que hicieron sus compañeros en el
Congreso de los Diputados, no han presentado una sola enmienda al
proyecto de ley que posibilite, ahora que tienen fundamentos legales para
hacerlo, que se pueda hacer justicia a miles de valencianos, cerrando,
como hemos dicho todos antes, una herida que lleva abierta 17 años,
demasiados años. ¿Tampoco les parece?
Señorías, hagan caso a sus concejales, hagan caso a sus diputados en las
Cortes Valencianas, apoyen esta enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista. No es algo tan horrible para solucionar lo terrible de aquel
problema y, al final, estaremos trabajando por todo lo que desean, por
todo lo que quieren absolutamente todos los afectados por la catástrofe
de Tous y para que ellos puedan acogerse a las indemnizaciones
establecidas por la sentencia judicial de 1997. Sean aquí coherentes,
sean consecuentes, piensen ya, pónganse a reflexionar un poco, que
después de la sentencia del Supremo siempre suele venir el juicio del
pueblo, que es un juicio político, y acepten, votando a favor, esta
enmienda igualatoria que hemos presentado al proyecto de ley.
Gracias, señorías, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Agramunt.
El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Gracias, señora Presidenta.
Efectivamente intervengo para turno en contra de la enmienda.
Senador Beltrán, no voy a negar la buena intención de sus palabras. Creo
que, hoy por hoy, estamos bastante de acuerdo en lo que hay que hacer,
pero no está bien, es feo decir hace cuatro años una cosa y ahora otra, o
decir hace 17 años una cosa y ahora otra, o tardar once años en tomar una
decisión --el Gobierno de Juan Lerma ha dicho usted, no yo-- y ahora
venir aquí a reclamar a otros lo que ustedes no fueron jamás capaces de
hacer.
Usted sabe perfectamente que la sentencia limita sus efectos a los
perjudicados que mantuvieron su reclamación por la vía penal y excluye a
los que suscribieron los convenios transaccionales con la Administración
del Estado mediante los decretos de 1993 y 1995. Es más, los criterios de
valoración que utiliza la sentencia del Tribunal Supremo, el auto de la
Audiencia Provincial subsiguiente, son los mismos criterios que utilizan
los decretos de 1993 y 1995. Lo decía su propio Grupo Parlamentario en
Comisión en el Congreso. Textualmente decían: Los criterios, baremos y
porcentajes fijados en los dos decretos-leyes son los que el Supremo y la
Audiencia Provincial de Valencia consideran justos, válidos, etcétera.
Aquellos baremos que se establecieron en los dos decretos-leyes se
consideran justos. Son palabras textuales de su compañero del Partido
Socialista en Comisión en el Congreso de los Diputados hace apenas un
mes.
Las diferencias entre la sentencia y los decretos obedecen a otras
cuestiones que ya he citado antes de intereses, de lucro cesante,
etcétera, que afectan exclusivamente a los que han seguido durante todos
estos años la demanda en vía judicial o, más concretamente, en vía penal.
Pero fíjese, señor Beltrán, que la auténtica discriminación, la pavorosa
discriminación se produce entre el decreto de 1993, promulgado por el
Gobierno de la nación en vísperas de las elecciones generales de 1993, y
el decreto de 1995, también aprobado por el Gobierno de la nación en
vísperas de las elecciones, en este caso generales, de 1996, porque en el
segundo decreto se suprimen todas aquellas devoluciones que había que
hacer cuando se cobraban las indemnizaciones por aquello del consorcio de
compensación de seguros, etcétera.
Pero, además, en la aplicación del segundo Decreto se sigue el criterio
de pagar el cien por cien del importe máximo resarcible, de la máxima
indemnización posible. Y
eso lo hace un Delegado del Gobierno de la nación de 1996; para ser más
concreto, del Gobierno de José María Aznar. Sin embargo, los criterios
aplicados por el Delegado del Gobierno en 1993 --es decir, del Gobierno
de Felipe González-- son tremendamente cicateros, tacaños y roñosos, al
pagarse el 20 o el 30 por ciento del importe máximo posible, mientras
que, insisto, el siguiente Delegado del Gobierno paga el cien por cien.
Lo que hoy pretendemos mediante la enmienda que el Grupo Popular presentó
y se aprobó en Comisión en el Senado es igualar a los incluidos en el
primer Decreto, que son muchos más, con los comprendidos en el segundo,
de forma que esa discriminación histórica, que existe desde hace muchos
años, sea resuelta.
Por tanto lo que le pido, señor Beltrán, es que apoyen con su voto
positivo el total del proyecto de ley. No hagan lo mismo que en Comisión,
donde se abstuvieron en la votación de la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular, que venía a resolver una discriminación que no he
querido detallar en mi primera intervención, aunque usted me obliga a
hacerlo ahora ante su insistencia.
Ya hemos visto que Izquierda Unida ha defendido ahora las enmiendas,
aunque no las mantuvo en Comisión. Es muy curioso que quien más diera la
batalla en el Congreso de los Diputados, que fue Nova Esquerra, no haya
presentado ni una sola enmienda en esta Cámara. Podría decirse que la
situación se va complicando o aclarando, aunque en mi opinión lo que
ocurre es esto último.
Los dos decretos del Gobierno del Partido Socialista incluyen, en el caso
del Decreto de 1993 en la base quinta del artículo 1 y en el caso del
decreto de 1995 en el artículo 5, la expresa renuncia por parte de los
damnificados a indemnizaciones por vía judicial o extrajudicial si
llegaban a convenios transaccionales con la Administración del Estado, y
ahora no podemos ir contra los propios actos de ustedes. Creo que la
discriminación importante se produjo entre aquellos que cobraron por un
Decreto y los que lo hicieron por el otro. Pero ahora, con los mismos
criterios de valoración --palabras dichas por ustedes en la Comisión del
Congreso de los Diputados--, se va a indemnizar a las más de cinco mil
personas restantes que no se acogieron a los decretos.
Por tanto, todos --los 33.698 afectados-- verán satisfechas sus demandas
en la misma cuantía, con los mismos criterios, baremos y valoraciones.
Aparte quedan cuestiones diferentes que sólo afectan a los que estuvieron
presentes en el proceso penal, cuestiones referidas a daños morales o
lucros cesantes, que se observan directamente en la sentencia, pero en
nada afectan a los criterios de valoración.
En mi opinión, no es bueno que, diecisiete años después, nos empecinemos
en mantener diferencias políticas o utilizar políticamente estas
cuestiones, porque, desgraciadamente, nosotros no estábamos ni por asomo
cerca de ganar unas elecciones, ya que estamos hablando de 1982. Como
digo, han pasado diecisiete años y, en todo caso, las responsabilidades
serán de quien sean. Pero, una vez más, nosotros venimos a resolver
cuestiones ya muy antiguas y, en mi opinión, con el mayor criterio de
justicia posible. Insisto en que eso se ha hecho con una gran celeridad,
hasta el punto de que actualmente el 64 por ciento de los afectados por
la sentencia han cobrado sus indemnizaciones. Y le diré algo, Senador
Beltrán, el hecho de que el 36 por ciento restante no haya cobrado como
consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo se debe a que 17 años
después es muy difícil localizarlos. Pese a los convenios que hemos
firmado con las asociaciones de damnificados y los desvelos de la
Delegación del Gobierno, es muy difícil encontrarlos porque, insisto, han
pasado casi veinte años.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos desde los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Comienza el turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Román.
El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señora Presidenta.
Senador Agramunt, efectivamente, ante su posicionamiento en el debate de
totalidad, he querido fijar nuestra posición sobre este proyecto de ley y
dejar claro cuál era el contenido de esas enmiendas. No voy a referirme
ahora a cómo se desarrolló el debate en Comisión; por ejemplo, aquello de
designar Ponencia y, en su caso, dictaminar el proyecto, u otras razones
que impidieron el debate de las enmiendas. Pero, legítimamente, porque
así me lo permite el Reglamento, he querido manifestar en mi intervención
el contenido de esas enmiendas. Evidentemente, y acato el Reglamento, no
podrán ser votadas, pero insisto en que he querido expresar el porqué de
su formulación.
Asimismo, he querido recordarle que está probada judicialmente la
responsabilidad civil subsidiaria, y sabemos el contenido judicial de la
sentencia. Pero políticamente también sabíamos la medida que podía
adoptar el Gobierno.
En todo caso, es decisión del Gobierno actuar o no.
Vamos a votar favorablemente el proyecto de ley, pero no vamos a votar
sus enmiendas, Senador Agramunt. Estamos en contra de sus enmiendas, y en
el debate del Congreso de los Diputados tendremos oportunidad de votar en
contra de las mismas.
Senador Agramunt, no estamos de acuerdo con sus enmiendas, pero no
podemos oponernos al proyecto de ley, porque se trata de resarcir a unos
afectados que ya llevan mucho tiempo esperando.
Gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Beltrán.
El señor BELTRAN MIRALLES: Senador Agramunt, independientemente de
revisar la historia, lo que le pedía era un apoyo a una enmienda
constructiva. Pero, ya que se ha puesto en ese plan, he de decirle que lo
que verdaderamente está feo, no es que usted y yo debatamos para ver cuál
es la mejor manera de ayudar a los damnificados, --y no se lo recordaré
allá por el mes de septiembre, porque no
soy de los que digo: «Eso ya lo decía yo», pero ya se verá cuando le
vayan a regalar, por ejemplo, 30.000 millones de pesetas a los
concesionarios de autopistas; no se lo recordaré, pero cuando lo
debatamos acuérdese usted--, sino que en este debate lo anecdótico, como
puede ser el problema de Nueva Izquierda o la condición de electoralista,
se mezcle con una catástrofe como la ocurrida por aquel entonces por el
derrumbamiento de la presa de Tous. A nuestro entender, lo que está más
feo todavía es que el Partido Popular, que dijo que lo iba a solucionar
de forma rápida, no haya presentado ni una sola enmienda que suponga un
aumento de cuantía económica a fin de que ninguno de los afectados, sea
del grupo que fuere, pueda dejar de sentirse discriminado.
Hablar de un dinero, Senador Agramunt, que se apoya en los remanentes de
los créditos que en su día habilitó el Gobierno socialista, además de ser
una incoherencia, es otra cosa que no voy a decir porque tendría que
referirme a una desvergüenza. (Rumores.)
Señorías, su actitud es una trampa. Su enmienda, la transaccional que
presentaron, era una trampa y una farsa que traslada el debate al origen,
que lo devuelve seis años atrás para discutir cómo se aplicaron los
reales decretos de los años 1993 y 1995. Ustedes están tratando un
problema, pero no el verdadero problema que nos atañe. Y lo que se me
antoja es que ustedes distraen la atención, lanzan una cortina de humo
sobre el verdadero problema: la discriminación a la que van a someter a
los 28.000 valencianos y valencianas afectados por la rotura de la presa
de Tous.
Es importante cumplir con la sentencia, pero ¿si no se hubiese dictado
sentencia, el problema estaría encima de la mesa? Por el hecho de que se
cumpla la sentencia única y exclusivamente en sus términos tal y como
está planteada, Senador Agramunt, no queda satisfecho el problema.
Los socialistas no queremos, y por eso hemos actuado así, ser cómplices
de un engaño; muy al contrario, los socialistas queremos que, con su
apoyo, solucionemos el problema de todos los damnificados de forma
definitiva y justa. Y es eso --se lo digo claramente, y usted lo sabe,
Senador Agramunt-- lo que quieren todos los afectados, los 30.000, y lo
que esperaban que ustedes hicieran. Por lo que se ve, no lo van a hacer,
pero los socialistas tendremos que seguir trabajando.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Beltrán.
Senador Agramunt, tiene la palabra.
El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Senador Román Clemente, tan sólo le diré una cosa. Ustedes no pueden
votar en este Pleno las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, porque
ya fueron aprobadas en Comisión. Le agradezco muchísimo que voten a favor
del proyecto de ley porque, en definitiva, hay 24.000 valencianos que se
lo van a agradecer ya que van a poder complementar las compensaciones
indemnizatorias que cobraron por el primer Decreto con la cantidad máxima
que establecía el segundo.
Senador Beltrán, el Gobierno del Partido Popular ha cumplido igualando a
los damnificados que cobraron en función de esos dos decretos que hizo el
Gobierno Socialista. Los damnificados son 34.000, no 28.000, y son
aproximadamente 24.000 los que fueron discriminados por el primer Decreto
ya que no pudieron acogerse al cien por cien del importe máximo
resarcible, la cantidad máxima que podía pagar el Delegado del Gobierno
por lo que he dicho antes, cuestión a la que viene a dar solución la
segunda parte de este proyecto de ley que hoy debatimos. Quede claro, por
tanto, que hay unos 24.000 ciudadanos valencianos de las comarcas de la
Ribera Alta y de la Ribera Baja que mediante este proyecto de ley podrán
igualar inmediatamente sus indemnizaciones con las que cobraron los del
segundo Decreto del año 1995.
Señoría, no vamos a profundizar en ello, pero debo decir que el Partido
Socialista ha tenido muchos años hasta este momento para proponer, votar,
aceptar y transar, aunque lo cierto es que no hicieron más que esos dos
decretos de los años 1993 y 1995 como Gobierno de la nación, ambos como
consecuencia de sentencias desfavorables, y ambos --ya lo he dicho
antes-- justo antes de la celebración de dos elecciones generales, la de
1993 y la de 1996.
Senador Beltrán, termino recordándole una cosa. Es una opinión personal,
pero creo que la tardanza en reaccionar por parte de sus Gobiernos --los
de la nación y los autonómicos-- como consecuencia de la «pantanada»
ocurrida en 1982, junto con la tardanza, por poner otro ejemplo, en no
terminar la autovía Madrid-Valencia, quizá sean los dos episodios que más
daño le han hecho al Partido Socialista en esa época. Todos los
valencianos lo sabemos y creo que usted también.
Por tanto, cerremos esta cuestión en paz. Una vez más les pido con toda
humildad, con toda sinceridad y con todo afecto su apoyo con el voto
afirmativo a este proyecto de ley, y que cerremos definitivamente este
episodio.
Muchas gracias, Senador Beltrán. (Aplausos desde los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Agramunt.
Señorías, antes de votar, quiero anunciarles que la reunión de la
Comisión de Peticiones prevista para hoy a las cinco de la tarde se
celebrará inmediatamente después de concluir este Pleno.
Vamos a proceder a la votación.
En primer lugar vamos a votar la enmienda.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 204; a
favor, 78; en contra, 124; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda.
A continuación vamos a votar los artículos 1 a 4, disposición final,
exposición de motivos y título.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a
favor, 127; en contra, uno; abstenciones, 77.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado al
Congreso de los Diputados de las enmiendas que han sido aprobadas por el
Senado para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la
sanción definitiva por Su Majestad el Rey.
--DE LA COMISION DE OBRAS PUBLICAS, MEDIO AMBIENTE, TRANSPORTES Y
COMUNICACIONES EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE CREA EL
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIEROS TECNICOS FORESTALES
(Senado 621/000139) (C. D. 121/000149).
La señora PRESIDENTA: Dictamen de la Comisión de Obras Públicas, Medio
Ambiente, Transportes y Comunicaciones en relación con el proyecto de ley
por la que se crea el Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros
Técnicos Forestales.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra, en nombre de la
Comisión, la Senadora Costa.
La señora COSTA SERRA: Muchas gracias, señora Presidenta.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 120.1 del Reglamento del
Senado y según el acuerdo adoptado por la Comisión de Obras Públicas,
Medio Ambiente, Transportes y Comunicaciones, en su reunión del día 21 de
junio, tengo el honor de presentar ante este Pleno el dictamen elaborado
por dicha Comisión respecto del texto remitido por el Congreso de los
Diputados del proyecto de ley por la que se crea el Consejo General de
Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Forestales.
El pasado 17 de mayo tuvo entrada en la Cámara el texto aprobado por la
Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas del Congreso de los
Diputados, con competencia legislativa plena, en relación con dicho
proyecto de ley. La Presidencia de la Cámara, al amparo del artículo 104
del Reglamento, ordenó su remisión a la citada Comisión de Obras
Públicas, Medio Ambiente, Transportes y Comunicaciones.
El plazo para la presentación de enmiendas concluyó el viernes 28 de
mayo, habiéndose presentado un total de cinco, cuatro por parte del
Senador don José Fermín Román Clemente, del Grupo Parlamentario Mixto, y
una del Grupo Parlamentario Socialista.
La Comisión dictaminó el proyecto en su reunión del día 21 de junio,
rechazando todas las enmiendas, por lo que el dictamen aprobado recoge,
sin modificación, el texto remitido por el Congreso de los Diputados.
Se han presentado dos votos particulares que postulan la defensa ante el
Pleno de las cinco enmiendas anteriormente referidas.
Con el permiso de la señora Presidenta, quisiera aprovechar esta ocasión,
en mi despedida y última intervención en esta Cámara, para agradecer el
trabajo que se me ha facilitado, el compañerismo de todos los Senadores y
Senadoras, y manifestar que ha sido un honor compartir estos tres años
con las señorías de todos los grupos parlamentarios y con la Presidenta
de esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos.) La señora PRESIDENTA: Muchas gracias,
Senadora Costa.
Vamos a dar comienzo al debate de totalidad.
¿Algún grupo desea intervenir en un turno a favor? (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
En consecuencia, vamos a proceder al debate del articulado.
En primer lugar, enmiendas números 1 a 4, presentadas por el Senador
Román Clemente.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Román Clemente, por tiempo
de cuarenta minutos.
El señor ROMAN CLEMENTE: Señora Presidenta, voy a consumir muchísimo
menos tiempo, y seguro que lo agradecerán sus señorías.
Efectivamente, hemos presentado cuatro enmiendas. La número 1 es de
modificación a la disposición transitoria primera, 1, añadiendo, en
relación a la Comisión Gestora, que los componentes de esta Comisión
Gestora sean elegidos democráticamente entre los miembros pertenecientes
a dichos Colegios existentes en el territorio nacional.
La enmienda número 2, a la disposición transitoria primera, 2, es de
adición. Introducimos el término «elección» en la misma línea de la
enmienda anterior.
La número 3 es a la disposición transitoria primera, 3. Se propone la
siguiente redacción: «Una vez redactados los Estatutos generales
provisionales, serán votados en todos los Colegios Oficiales de
Ingenieros Técnicos Forestales, por todos los miembros de los mismos, y
una vez aprobados, se remitan al Ministerio de Medio Ambiente, que
verificará su adecuación a la legalidad y ordenará, en su caso, su
publicación en el ýBoletín Oficial del Estadoý.»
La número 4, a la disposición transitoria segunda, 1, es también una
enmienda de modificación. Se propone la siguiente redacción: «El Consejo
General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Forestales quedará
formalmente constituido y adquirirá tanto personalidad jurídica como
plena capacidad de obrar, una vez que sus Estatutos Generales
provisionales entren en vigor, tras su publicación en el 'Boletín Oficial
del Estado'.» Es una enmienda cuyo objetivo es ajustarse a la legalidad.
Gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Para la defensa del voto particular número 2, que corresponde a la
enmienda número 5, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra
el Senador González López.
El señor GONZALEZ LOPEZ: Gracias, señora Presidenta.
También muy brevemente, he de señalar que, una vez que el Colegio Oficial
de Ingenieros Técnicos Forestales pierde la consideración de único en
todo el territorio nacional, al surgir otros colegios profesionales,
concretamente en Cataluña y en Galicia, al amparo de las competencias de
las Comunidades Autónomas, se hace necesario la creación de un Consejo
General de Colegios Oficiales, en virtud de la Ley 2/1974.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista está de acuerdo con la
filosofía de este proyecto y prácticamente con la redacción que se le da
al mismo. No obstante, mantenemos una enmienda que persigue que haya
agilidad en la creación del Consejo y en la aprobación de los Estatutos
provisionales, además de una cierta seguridad jurídica.
Esta enmienda es a la disposición transitoria primera, apartado 3.
Proponemos añadir el siguiente párrafo: «No obstante, si no fuera posible
obtener la conformidad de todos los colegios profesionales, los Estatutos
provisionales serán aprobados mediante un voto ponderado de cada
representante en función de la representación profesional que cada
Colegio ostenta.»
Hay que valorar el que algún Colegio, con alrededor de 80 representantes,
de alguna manera podría paralizar todo el proceso y afectar al 90 ó 95
por ciento de todos los adscritos a los demás Colegios. Además, quiero
dejar claro que la ponderación que solicitamos en esta enmienda sólo se
establece para la aprobación de los Estatutos provisionales, y no tendría
ninguna repercusión en otro tipo de acuerdos, porque lo que perseguimos
es que en este proceso haya seguridad jurídica y que se agilice la
aprobación de los Estatutos antes de que puedan surgir otros muchos
colegios profesionales, que haría muy difícil que todos se pusieran de
acuerdo.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador González López.
¿Turno en contra? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador Galán.
El señor GALAN CAZALLAS: Gracias, señora Presidenta.
Yo también voy a ser bastante breve. Simplemente quiero decir que nuestro
Grupo va a aceptar la enmienda del Grupo Socialista, pero no las del
Grupo Mixto, por varias razones. En primer lugar, la enmienda número 1 no
la vamos a aceptar porque creemos que el representante se debe designar
según la normativa de los propios colegios profesionales y los Estatutos.
La enmienda número 2 también la vamos a rechazar porque las normas de
constitución llevan implícito que las normas deben fijarse para la
designación de los órganos de Gobierno.
No vamos a aceptar la enmienda número 3 porque puede afectar a la
adopción de acuerdos derivados de la normativa comunitaria.
También vamos a rechazar la enmienda número 4 debido a que, según la
disposición transitoria primera, apartado 2, los Estatutos deben incluir
las normas de constitución y, por lo tanto, pensamos que la personalidad
jurídica y la plena capacidad de obrar debe estar condicionada a su
efectiva constitución.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
¿Desea intervenir algún Grupo en turno de portavoces? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador Cambra.
EL señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Voy a intervenir muy brevemente para fijar la posición de mi Grupo en
relación con este Proyecto de ley.
Como en ocasiones anteriores, mi Grupo está plenamente conforme con los
proyectos en que se crean Colegios generales de actividades
profesionales, como en el caso de los geólogos, los geógrafos, ayer mismo
los biólogos y, en esta ocasión, los ingenieros técnicos forestales.
A raíz de la posibilidad de creación de los colegios autonómicos, el
Colegio Oficial de Peritos de Montes, llamado más tarde de Ingenieros
Técnicos Forestales, dio paso a la constitución de colegios autonómicos,
y fue Cataluña la primera Comunidad que lo tuvo. Creemos que a través del
Consejo General que ahora se crea se facilitarán las relaciones con la
Administración central y se tratarán con el máximo rigor los temas
legales, deontológicos y profesionales que les puedan afectar.
Por tanto, nuestro Grupo votará favorablemente este proyecto de ley, con
el texto que actualmente se está tramitando.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Cambra.
¿Algún otro grupo desea hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Vamos a comenzar la votación de las enmiendas por su orden.
En primer lugar, el voto particular número 1, correspondiente a las
enmiendas números 1 a 4 en conjunto.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 201; a
favor, tres; en contra, 119; abstenciones, 79.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
A continuación vamos a votar el voto particular número 2, del Grupo
Parlamentario Socialista, correspondiente a la enmienda número 5.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 201; a
favor, 196; en contra, dos; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Vamos a proceder a votar el resto del dictamen, los artículos 1 y 2,
disposiciones transitorias primera y segunda y exposición de motivos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 199; a
favor, 195; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de
las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para
que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del
texto definitivo por Su Majestad el Rey.
--DE LA COMISION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN RELACION CON EL
PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTICULO 92.2 DEL TEXTO
REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES, APROBADO POR REAL
DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, DE 24 DE MARZO, REFERIDO A LA EXTENSION DE
CONVENIOS COLECTIVOS
(S. 621/000144) (C. D. 121/000164).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a debatir el dictamen de la Comisión de
Trabajo y Seguridad Social en relación con el proyecto de ley por la que
se modifica el artículo 92.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto-Legislativo 1/1995, de 24
de marzo, referido a la extensión de convenios colectivos.
Tiene la palabra el representante designado por la Comisión, que es su
Presidente, el Senador Molina, para la presentación del dictamen.
El señor MOLINA GARCIA: Gracias, señora Presidenta.
El proyecto de ley por la que se modifica el artículo 92.2 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real
Decreto-Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, referido a la extensión de
convenios colectivos, tuvo su entrada en la Cámara el día 2 de junio de
1999.
El plazo de presentación de enmiendas finalizó el día 14 de junio,
presentándose una sola enmienda. No se designó Ponencia, y se debatió
directamente por la Comisión, que se reunió el día 16 de junio,
decidiéndose aprobar como dictamen de la Comisión el texto remitido por
el Congreso de los Diputados. Se ha presentado, por tanto, un voto
particular.
Tengo el honor de informar ante la Cámara de estos datos anteriormente
referidos. (El señor Vicepresidente, Aguilar Belda, ocupa la
Presidencia.)
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Molina.
Comienza el debate de totalidad.
Abrimos turno a favor. (Pausa.)
¿Turno en contra? (Pausa.)
¿Turno de portavoces? (Pausa.)
Pasamos al debate del articulado.
Voto particular número 1, del Grupo Parlamentario Socialista, que se
corresponde a la enmienda número 1. Para su defensa tiene la palabra el
Senador Alonso Buitrón.
El señor ALONSO BUITRON: Gracias, señor Presidente.
Con toda brevedad voy a hacer un último esfuerzo por convencer al Grupo
Parlamentario Popular de que acepte la enmienda que mantenemos a la
disposición final segunda.
Los argumentos que nos ha dado el Grupo Popular en la Comisión no son
convincentes, puesto que dice que razones de tipo administrativo impiden
poder tener el reglamento de la reforma de esta Ley a punto para que al
día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» entre
en vigor la Ley, tal y como pretende nuestra enmienda. Señor Presidente,
este argumento no es sólido dado que los agentes sociales pactaron el
texto de esta Ley hace ya más de un año y el Gobierno, al que remitieron
el texto de esta Ley, tenía conocimiento de ello y, por tanto, el
Reglamento para que pudiera entrar en vigor al día siguiente de su
publicación ya podía estar en este momento prácticamente concluido.
Por otra parte, no aceptando esta enmienda, el Grupo Popular no da
satisfacción a los agentes sociales cuya intención es que entre en vigor
al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
También el Consejo Económico y Social hace una recomendación expresa y
dice que no ve razones para que la Ley no entre en vigor al día siguiente
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». Por esta razón doy
por defendida esta enmienda y pido al Grupo Parlamentario Popular que la
vote a favor porque muchos colectivos de trabajadores y de empresarios se
pueden ver afectados puesto que en estos tres meses que ellos proponen
para que entre en vigor se podrían resolver una serie de traslaciones de
convenios colectivos de otros ámbitos a ámbitos que lo solicitaran.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador Alonso
Buitrón.
¿Turno en contra?
El Senador Lobo tiene la palabra.
El señor LOBO ASENJO: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero decir que sí es cierto lo referido al informe del
Consejo Económico y Social, pero no nos consta que los agentes sociales
se hayan manifestado expresamente por el período de entrada en vigor de
este proyecto de ley.
Quiero decir que no hay solamente razones administrativas, como ha
expuesto el Senador Alonso Buitrón, y he de decirle que, como muy bien
sabe su señoría, en la actualidad la extensión de convenios tiene su
desarrollo reglamentario en el Real Decreto 572/1982 que contiene un
procedimiento basado en las causas de extensión y trámites previstos en
la redacción original del artículo 92.2 del Estatuto de los Trabajadores.
Si la nueva redacción de este precepto entrase en vigor sin una nueva
norma reglamentaria habría que aplicar el antiguo Reglamento a unas
causas y criterios legales sobre la extensión que no se corresponden con
los contenidos en aquél, lo que provocaría, a juicio de este Grupo,
confusión e inseguridad jurídica en la tramitación de los expedientes
acogidos a una nueva norma. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.)
Esta razón es, fundamentalmente, la que nos lleva a rechazar esta
enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, es decir, la necesaria
seguridad jurídica en los nuevos expedientes a los administrados, que no
son otros que los trabajadores y los empresarios.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Lobo.
Terminado el turno en contra, pasamos al turno de portavoces. ¿Algún
Grupo desea hacer uso de la palabra?
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Alonso.
El Señor ALONSO BUITRON: Muchas gracias, señora Presidenta.
El Grupo Parlamentario Socialista, a pesar de que esta enmienda será
rechazada, va a votar a favor de esta ley, en primer lugar, porque
creemos que supone un avance en la legislación española, sobre todo en
materia de traslación de convenios colectivos a otros sectores, a otros
ámbitos o a otras empresas. Vamos a votar a favor, en segundo lugar,
porque creemos que es una conquista del movimiento sindical en el ámbito
de las relaciones laborales. En definitiva, vamos a votar a favor porque
ha sido un proyecto de ley pactado y consensuado entre los agentes
sociales, porque el consejo Económico y Social recomienda que se apoye
este proyecto de ley y porque muchas personas se van a ver beneficiadas
por esta reforma.
Por todo eso, y porque supone un avance para el mundo del trabajo, el
Grupo Parlamentario Socialista va a votar a favor. (Aplausos desde los
escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Alonso.
¿Algún otro Grupo desea intervenir?
Tiene la palabra el Senador Lobo, en nombre del Grupo Parlamentario
Popular.
El señor LOBO ASENJO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Quiero solamente decir que, efectivamente, estas circunstancias llevan a
que nuestro Grupo dé su voto a esta iniciativa legislativa; iniciativa
legislativa que --como ha dicho el Senador Alonso Buitrón-- es fruto de
algo que han puesto de manifiesto los agentes sociales en las reuniones
sobre el diálogo social, el cual ha sido protagonizado e impulsado a lo
largo de toda esta legislatura por el Gobierno apoyado por el Partido
Popular. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Lobo.
Vamos a votar en primer lugar el voto particular número uno, del Grupo
Parlamentario Socialista, correspondiente a la enmienda número uno.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 198; a
favor, 81; en contra, 116; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, rechazada la enmienda.
Vamos a votar el artículo único, la disposición transitoria y las
disposiciones finales primera y segunda, así como la exposición de
motivos.
Se inicia la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 198; a
favor, 197; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, queda definitivamente aprobado por
las Cortes Generales el proyecto de ley por la que se modifica el
artículo 92.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, referido a la extensión de convenios colectivos.
Antes de levantar la sesión, y puesto que éste es el último Pleno que
celebramos en este período de sesiones, les deseo a todas sus señorías
unas felices y provechosas vacaciones, y les emplazo a que nos veamos
aquí el día que ha fijado la Mesa, que es el próximo día 14 de
septiembre.
Se levanta la sesión.
Eran las diecisiete horas y treinta minutos.