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DS. Senado, Pleno, núm. 69, de 15/12/1997
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CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL



SENADO



Año 1997 VI Legislatura
Núm. 69



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN IGNACIO BARRERO VALVERDE



Sesión del Pleno



celebrada el lunes, 15 de diciembre de 1997



ORDEN DEL DIA:



Primero



--Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones
anteriores, celebradas los pasados días 2 y 3 de diciembre de 1997.




Segundo



--Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución de los Excmos.

Sres. Senadores don Victorino Núñez Rodríguez y don Víctor Manuel Vázquez
Portomeñe, designados por la Comunidad Autónoma de Galicia. (Números de
expediente 500/000269 y 500/000270.)



Tercero



Dictámenes de la Comisión de Incompatibilidades:



--En relación con los Senadores don Joan Oliart Pons, doña María
Inmaculada España Moya y doña Rosa Barenys i Martorell. (Publicado en el
«Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 349,
de fecha 5 de diciembre de 1997). (Número de expediente 542/000016.)



Cuarto



Conocimiento por el Pleno de Tratados y Convenios Internacionales
remitidos por el Congreso de los Diputados:



--Cuarto Protocolo sobre telecomunicaciones básicas anexo al Acuerdo
General sobre el comercio de servicios, anexo al Acuerdo por el que se
establece la Organización Mundial del Comercio (Marrakech, 15 de abril de
1994), hecho en Ginebra el 15 de abril de 1997. SE TRAMITA POR EL
PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (Publicado en el «Boletín Oficial de las
Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 140, de fecha 1 de diciembre
de 1997). (Número de expediente Senado 610/000140) (Número de expediente
Congreso 110/000146.)



Página 2940




Quinto



Dictámenes de Comisiones sobre Proyectos y Proposiciones de Ley remitidos
por el Congreso de los Diputados:



--De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. (Publicado
en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número
65, de fecha 15 de diciembre de 1997). (Número de expediente Senado
621/000065) (Número de expediente Congreso 121/000084.)



--De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1998. (Publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 64, de fecha
15 de diciembre de 1997). (Número de expediente Senado 621/000064)
(Número de expediente Congreso 121/000082.)



Sexto



--Habilitación del mes de enero de 1998. (Número de expediente
550/000019.)



Séptimo



--Declaración Institucional en relación con el asesinato del Concejal del
Ayuntamiento de Rentería, Guipúzcoa, don José Luis Caso Cortines. (Número
de expediente 630/000007.)



SUMARIO



Se abre la sesión a las once horas y cinco minutos.




Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones
anteriores, celebradas los pasados días 2 y 3 de diciembre de 1997
(Página 2942)



Se aprueban las Actas.




Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución de los
Excelentísimos señores Senadores don Victorino Núñez Rodríguez y don
Víctor Manuel Vázquez Portomeñe (Página 2942)



Los señores Núñez Rodríguez y Vázquez Portomeñe juran acatar la
Constitución.




DICTAMENES DE LA COMISION DE INCOMPATIBILIDADES (Página 2942)



En relación con los Senadores don Joan Oliart Pons, doña María Inmaculada
España Moya y doña Rosa Barenys i Martorell (Página 2942)



El señor Moya Sanabria presenta el dictamen, que se aprueba a
continuación por asentimiento de la Cámara.




CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 2943)



Cuarto Protocolo sobre telecomunicaciones básicas anexo al Acuerdo
General sobre el comercio de servicios, anexo al Acuerdo por el que se
establece la Organización Mundial del Comercio (Marrakech, 15 de abril de
1994), hecho en Ginebra el 15 de abril de 1997. Se tramita por el
procedimiento de urgencia (Página 2943)



No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se
aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su
consentimiento para obligarse



DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS
POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 2943)



De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el Proyecto de Ley
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Página 2943)



De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de Ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1998 (Página 2943)



El señor Soravilla Fernández, Presidente de la Comisión de Economía y
Hacienda, presenta el primer dictamen.

El señor Ministro de Economía y Hacienda (De Rato y Figaredo) presenta
ambos proyectos de ley.

Se inicia el debate de las propuestas de veto, conjuntamente.




Página 2941




El señor Granado Martínez defiende las propuesta de veto a ambos
proyectos de ley, del Grupo Socialista. El señor Román Clemente, del
Grupo Mixto, defiende sus propuestas de veto a ambos proyectos de ley,
presentadas por él mismo y por el señor Nieto Cicuéndez, de idéntico
Grupo Parlamentario. La señora De Boneta y Piedra, también del Grupo
Mixto, defiende sus propuestas de veto a ambos proyectos de ley. El señor
Utrera Mora consume un turno en contra de todas las propuestas de veto
defendidas.

Se suspende la sesión a las catorce horas y cinco minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y quince minutos.

En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Utrera Mora,
por el Grupo Popular; Granado Martínez, por el Grupo Socialista; Cambra i
Sánchez, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió;
Gangoiti Llaguno, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y Román
Clemente, por el Grupo Mixto. La señora De Boneta y Piedra y los señores
Utrera Mora y Granado Martínez intervienen de nuevo en virtud del
artículo 87. Cierra el debate el señor Ministro de Economía y Hacienda
(De Rato y Figaredo).

Se rechaza el veto de los señores Nieto Cicuéndez y Román Clemente, del
Grupo Mixto, al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para
1998 por 94 votos a favor y 143 en contra.

Se rechaza el veto de la señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, al
mencionado proyecto de ley por 94 votos a favor, 140 en contra y 3
abstenciones.

Se rechaza el veto del Grupo Socialista al mismo proyecto de ley por 94
votos a favor y 149 en contra.

Se rechaza el veto de los señores Nieto Cicuéndez y Román Clemente, del
Grupo Mixto, al proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de
Orden Social por 94 votos a favor, 141 en contra y 1 abstención.

Se rechaza el veto de la señora De Boneta y Piedra, del Grupo Mixto, al
proyecto de ley mencionado por 95 votos a favor, 139 en contra y 2
abstenciones.

Se rechaza el veto del Grupo Socialista al mismo proyecto de ley por 94
votos a favor y 143 en contra.




HABILITACION DEL MES DE ENERO DE 1998 (Página 2980)



Se aprueba la habilitación por asentimiento de la Cámara.




Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998
(Continuación) (Página 2980)



Comienza el debate del articulado.

Título I, artículos 1 a 11. Anexos I y II.

El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números
122 a 132, 204 y 205. El señor Ríos Pérez, del Grupo Mixto, defiende la
enmienda número 1.235. El señor González Príncipe defiende las enmiendas
números 753 a 763 y 829 a 831, del Grupo Socialista. El señor Alierta
Izuel consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores González Príncipe, por el Grupo Socialista, y Alierta
Izuel, por el Grupo Popular.

Título II, artículos 12 a 17. Anexos IV y V.

El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números
133 y 134. El señor Gangoiti Llaguno defiende la enmienda número 736, del
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Serrano Alvarez-Giraldo
defiende las enmiendas números 764 a 768, del Grupo Socialista. El señor
Fernández Rozada consume un turno en contra. En turno de portavoces,
hacen uso de la palabra los señores Serrano Alvarez-Giraldo, por el Grupo
Socialista, y Fernández Rozada, por el Grupo Popular.

Título III, artículos 18 a 33.

El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números
135 a 154. El señor Gangoiti Llaguno defiende la enmienda número 737, del
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Varela i Serra defiende
la enmienda número 1.272, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència
i Unió. El señor Arévalo Santiago defiende las enmiendas números 769 a
773, del Grupo Socialista. El señor Espert Pérez-Caballero consume un
turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los
señores Román Clemente, por el Grupo Mixto; Arévalo Santiago, por el
Grupo Socialista, y Espert Pérez-Caballero, por el Grupo Popular.

Título IV, artículos 34 a 43 bis. Título VIII, artículos 87 y 88. Sección
07.

El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números
186 a 188. El señor Gangoiti Llaguno defiende la enmienda número 739, del
Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Rodríguez de la
Borbolla Camoyán defiende las enmiendas números 774 y 782, así como las
números 827 y 828, que pretenden incluir disposiciones finales nuevas,
del Grupo Socialista. Los señores Martín Iglesias y Fernández Menéndez
consumen un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra los señores Rodríguez de la Borbolla Camoyán, por el Grupo
Socialista, y Fernández Menéndez, por el Grupo Popular. Los señores
Rodríguez de la Borbolla Camoyán y Martín Iglesias intervienen de nuevo
en virtud del artículo 87.




DECLARACION INSTITUCIONAL EN RELACION CON EL ASESINATO DEL CONCEJAL DEL
AYUNTAMIENTO DE RENTERIA, GUIPUZCOA, DON JOSE LUIS CASO CORTINES (Página 3003)



Página 2942




El señor Presidente da lectura a una declaración institucional firmada
por todos los Grupos Parlamentarios.




Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998.

(Continuación) (Página 3004)



Título V, artículos 44 a 53. Anexo III. Sección 06.

El señor Román Clemente, del Grupo Mixto, defiende la enmienda número
206. La señora Arnáiz de las Revillas García defiende las enmiendas
números 783 a 788 y 832, del Grupo Socialista. El señor Alierta Izuel
consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la
palabra la señora Arnáiz de las Revillas García, por el Grupo Socialista,
y el señor Agramunt Font de Mora, por el Grupo Popular.

Se suspende la sesión a las veintiuna horas y quince minutos.




Se abre la sesión a la once horas y cinco minutos.




El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.




LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES, CELEBRADAS LOS PASADOS DIAS 2 Y 3 DE DICIEMBRE DE 1997.




El señor PRESIDENTE: Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de
las sesiones anteriores.

Las tienen sobre la mesa los portavoces. ¿Se pueden aprobar por
asentimiento? (Pausa.)
Quedan aprobadas.




-- JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCION DE LOS
EXCELENTISIMOS SEÑORES SENADORES DON VICTORINO NUÑEZ RODRIGUEZ Y DON
VICTOR MANUEL VAZQUEZ PORTOMEÑE. (500/000269 y 500/000270.)



El señor PRESIDENTE: Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución
de los excelentísimos señores don Victorino Núñez Rodríguez y don Víctor
Manuel Vázquez Portomeñe.

Excelentísimo señor don Victorino Núñez, ¿jura o promete acatar la
Constitución?



El señor NUÑEZ RODRIGUEZ: Sí, juro. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Excelentísimo señor don Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, ¿jura o promete
acatar la Constitución?
El señor VAZQUEZ PORTOMEÑE: Sí, juro. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.




DICTAMENES DE LA COMISION DE INCOMPATIBILIDADES:



-- EN RELACION CON LOS SENADORES DON JOAN OLIART PONS, DOÑA MARIA
INMACULADA ESPAÑA MOYA Y DOÑA ROSA BARENYS I MARTORELL. (542/000016.)



El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día: Dictámenes de la
Comisión de Incompatibilidades, en relación con los Senadores don Joan
Oliart Pons, doña María Inmaculada España Moya y doña Rosa Barenys i
Martorell.

Tiene la palabra el Senador Juan Moya para la presentación del dictamen.




El señor MOYA SANABRIA: Gracias, señor Presidente.

Con la brevedad que requiere el orden del día del Pleno, en mi calidad de
Presidente de la Comisión de Incompatibilidades, tengo el honor de
presentar al Pleno el dictamen de vista elevado por la Comisión en
relación con tres señores Senadores incorporados a la Cámara en
sustitución de otros miembros que han causado baja por diversas
circunstancias.

Se trata del señor y las señoras que cito por orden de su incorporación a
la Cámara: don Joan Oliart Pons, doña Inmaculada de España Moya y doña
Rosa Barenys i Martorell. Este dictamen ha sido publicado en el «Boletín
Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 349, de fecha 5
de diciembre de 1997.

La Ponencia designada en el seno de la Comisión ha examinado con todo
detenimiento y rigor no solamente la declaración inicial formulada por
los interesados, sino también la documentación complementaria aportada
por éstos para la acreditación o aclaración de determinados extremos. La
Comisión fue informada detalladamente de los resultados del estudio
llevado a cabo por la Ponencia previamente a la emisión del dictamen
favorable que ahora presento.

En conclusión, solicito el voto favorable de sus señorías para este
dictamen de vista por el que se declara no existir causa alguna de
incompatibilidad en el Senador don Joan Oliart Pons y las Senadoras doña
Inmaculada de España Moya y doña Rosa Barenys i Martorell.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Moya.

¿Algún grupo parlamentario desea intervenir? (Pausa.)
Teniendo en cuenta que no ha habido ningún voto particular, ¿se puede
aprobar el dictamen por asentimiento? (Pausa.)
Queda aprobado.




Página 2943




CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES
REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:



-- CUARTO PROTOCOLO SOBRE TELECOMUNICACIONES BASICAS ANEXO AL ACUERDO
GENERAL SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS, ANEXO AL ACUERDO POR EL QUE SE
ESTABLECE LA ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO (MARRAKECH, 15 DE ABRIL DE
1994), HECHO EN GINEBRA EL 15 DE ABRIL DE 1997. (S. 610/000140) (C. D.

110/000146.)



El señor PRESIDENTE: Punto tercero del orden del día: Conocimiento por el
Pleno de tratados y convenios internacionales remitidos por el Congreso
de los Diputados, en este caso, cuarto Protocolo sobre telecomunicaciones
básicas anexo al Acuerdo General sobre el comercio de servicios, anexo al
Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio,
hecho en Ginebra el 15 de abril de 1997.

¿Alguna intervención? (Pausa.) ¿Se puede aprobar por asentimiento?
(Pausa.)
Queda aprobado por asentimiento, y, por tanto, se autoriza en este acto
que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio
del Cuarto Protocolo sobre telecomunicaciones básicas anexo al Acuerdo
General sobre el comercio de servicios, anexo al Acuerdo por el que se
establece la Organización Mundial del Comercio, hecho en Ginebra el 15 de
abril de 1997.




DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY remitidos
por el congreso de los diputados:



-- DE LA COMISION DE ECONOMIA Y HACIENDA EN RELACION CON EL PROYECTO DE
LEY DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL. (S.

621/000065) (C. D. 121/000084.)



-- DE LA COMISION DE PRESUPUESTOS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1998. (S. 621/000064) (C. D.

121/000082.)



El señor PRESIDENTE: Punto cuarto del orden del día: Dictámenes de
Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el
Congreso de los Diputados, en este caso, de la Comisión de Economía y
Hacienda en relación con el proyecto de ley de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social y de la Comisión de Presupuestos en
relación con el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para
1998.

Tiene la palabra, en primer lugar, el Senador Soravilla.




El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Señorías, voy a hacer con toda brevedad la
presentación del proyecto de ley de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social.

El proyecto llegó a esta Cámara; se designó la Ponencia correspondiente y
el debate tuvo lugar en Comisión el pasado día 11. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Por favor, silencio.




El señor SORAVILLA FERNANDEZ: Una vez debatidas las enmiendas que habían
quedado fuera de las incorporadas a la Ponencia, se concluyó el debate.

Se reunió de nuevo la Ponencia, en la que se volvieron a revisar aquellas
enmiendas que habían sido debatidas dentro de la Comisión, con lo que se
llegó a un informe definitivo de la Ponencia que fue votado por la
Comisión.

El informe de la Ponencia, ya aprobado por la Comisión y convertido en
dictamen, es el que a continuación se va a debatir.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Soravilla.

¿Quién va a hacer la presentación del dictamen del proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1998? (Pausa.) Tiene la palabra el
señor Vicepresidente Segundo del Gobierno. Ruego silencio a sus señorías.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y
HACIENDA (De Rato y Figaredo): Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, tengo el honor de comparecer ante esta Cámara para presentar en
nombre del Gobierno los proyectos de ley de Presupuestos Generales del
Estado para 1998 y la ley de Acompañamiento.

Hace doce meses tuve ocasión de presentar los Presupuestos para 1997
desde esta misma tribuna, además de un amplio conjunto de reformas que
afectaban al marco legal presupuestario, las políticas de
infraestructuras y de empresa pública, la financiación autonómica y el
sistema tributario y la lucha contra el fraude.

Hoy, señoras y señores Senadores, podemos valorar, sin duda, el grado de
cumplimiento de los objetivos anunciados por el Gobierno; en qué medida
los instrumentos aplicados, en particular la política presupuestaria, han
permitido alcanzar los resultados esperados y si esos resultados suponen
avanzar en la solución de los problemas que más preocupan a la sociedad
española.

Tengo que decir con satisfacción pero sobre todo con responsabilidad y
claridad, que desde el punto de vista de las previsiones no sólo éstas se
han cumplido, sino que, en algunos casos, hemos tenido la ocasión de ir
más allá, de mejorarlas tanto respecto de los objetivos de creación de
empleo como de los de crecimiento económico y de estabilidad, desde el
punto de vista de la reducción del déficit público e, incluso, del de la
reducción de las presiones inflacionistas.




Página 2944




Sin duda, y de manera distinta a la que nos enfrentábamos el año pasado,
hoy nadie pone en duda que España formará parte del grupo inicial de la
moneda única, y lo hará como consecuencia del cumplimiento estricto de
los criterios de convergencia.

Señorías, como hemos sabido el pasado viernes, desde el punto de vista de
la estabilidad la inflación se sitúa en el mes de noviembre en el 2 por
ciento, lo que cumple holgadamente las previsiones del Gobierno y, en mi
opinión, nos sitúa al alcance de cumplir sin demasiadas dificultades el
objetivo del 2,2 por ciento, diciembre 1996-diciembre 1997.

Esta situación de inflación, que nos coloca prácticamente a una décima
de la media europea y con suficiente holgura para enfrentarnos a las
condiciones del Tratado de Maastricht en cuanto a diferenciales de
inflación con los países centrales, ha tenido efectos extraordinariamente
beneficiosos sobre la economía española y sobre la vida de los
ciudadanos, a los que me referiré más tarde.

En cualquier caso, la prueba de la sostenibilidad de esta estabilidad en
los precios es que nuestro diferencial con Alemania, que ya no es punto
de discusión ni de debate ni siquiera de noticia, se sitúa en este
momento en 38 puntos básicos. Y el Banco de España, como ustedes saben,
ha bajado hoy mismo el tipo de interés hasta el 4,75 por ciento.

A ello ha contribuido sin duda una situación de precios estable, como la
que he descrito, pero también una reducción importante del déficit
público mediante la contención y reformas del gasto, que en 1997 nos va a
permitir un cumplimiento holgado también en el déficit público de los
objetivos, puesto que frente al déficit público inicialmente previsto del
3 por ciento del conjunto de las Administraciones Públicas, el Gobierno
en este momento plantea un déficit del 2,9 --y probablemente inferior--,
centrándose esta reducción en el Estado, puesto que la Seguridad Social y
las Administraciones territoriales mantendrán sus previsiones iniciales
de déficit.

Desde el punto de vista del crecimiento hemos alcanzado uno de los
objetivos básicos del debate económico de los últimos años, que es
encontrarnos en una situación de crecimiento sostenido y estable. Nuestra
economía disfruta hoy de un marco de estabilidad en precios, tipos de
interés y déficit público, equiparable al de los países europeos más
eficientes, pero al mismo tiempo estamos consiguiendo crecer por encima
de la media y crear empleo a un ritmo que triplica el de la media
europea.

El actual modelo de crecimiento es, a diferencia del de etapas
anteriores, equilibrado y sus señorías pueden constatar ese equilibrio
por el hecho de que, con ritmos de crecimiento del producto interior
bruto de la economía española cercanos al 3,5 por ciento el sector
exterior sigue contribuyendo positivamente al crecimiento, con
aproximadamente seis décimas, y asimismo en 1997 cerraremos con una
capacidad de financiación frente al exterior equivalente a dos puntos del
producto interior bruto. Sin duda todos somos conscientes de que uno de
los clásicos estrangulamientos de nuestra economía en cualquier etapa de
crecimiento ha sido la debilidad de nuestras exportaciones frente al
crecimiento de las importaciones, y que el hecho de que en esta fase de
crecimiento ya maduro del 3,5 por ciento nos encontremos con una
situación excedentaria, desde el punto de vista de nuestra balanza por
cuenta corriente, y desde el punto de vista de nuestra capacidad de
financiación con el exterior, nos indica una clara y profunda
transformación de la economía española, que se ha producido en un momento
en el que además si sus señorías quieren contemplarlo con mayor detalle
se está produciendo una auténtica revolución, desde el punto de vista de
la inversión industrial y de la capacidad de crecimiento industrial de
nuestro país.

Estamos, por tanto, siendo capaces de financiar nuestro crecimiento con
elevadas tasas de inversión --he ahí otra explicación de nuestra
situación de cuentas excedentarias con el exterior--, lo que al mismo
tiempo también significa una clara indicación de sostenibilidad de
nuestro proceso de crecimiento económico. Nuestras empresas han mejorado
claramente su competitividad, y en ese sentido es interesante ver cómo
hemos ido captando cuotas de mercado en el conjunto de la economía
mundial. La referencia a una economía globalizada es una referencia
obligada en cualquier debate económico, y el Gobierno como los grupos
parlamentarios hacemos continua referencia a ello.

Pues bien, veamos qué le ha sucedido a la economía española desde el
punto de vista de la globalidad de los mercados. En 1993 nuestras
exportaciones representaban una cuota del comercio mundial del 1,68. En
1994 del 1,74. En 1995 prácticamente igual que en 1994, el 1,78, y ya a
partir del año 1996 pasa al 1,89, situándose este año en el 2 por ciento
del comercio mundial. Estamos por lo tanto en un proceso sostenido a lo
largo de los años; acelerado también a lo largo de los años, en el que
estamos siendo capaces de tener una presencia cada vez más estable en los
mercados internacionales, y como saben sus señorías es uno de los
objetivos del Gobierno, reflejado en el Plan 2000 de Exportación, que
para el año 2000 en España existan, a su vez, 2.000 exportadores estables
que garanticen nuestra presencia creciente en el comercio internacional.

Esta presencia creciente en el comercio internacional, que por otro lado
da sostenibilidad a nuestra fase de crecimiento, haciendo que nuestras
cuentas exteriores no sólo no supongan un riesgo, sino que estén
contribuyendo positivamente al crecimiento, tiene también su explicación,
como he dicho antes, en mantener altas tasas de inversión que son
consecuencia, por un lado, del mantenimiento de la capacidad de inversión
de las familias y de las empresas, pero también de la capacidad de
reducción del déficit del sector público, que contribuye al conjunto del
ahorro neto español.

Este cambio de modelo de crecimiento, que se produce a partir de la
primavera de 1996 con una nueva política presupuestaria, se enmarca
dentro de los objetivos que los grupos parlamentarios que apoyan al
Gobierno se fijaron en el debate de investidura.

Tengo que decir que esta política económica que sustenta el Presupuesto
de 1998 es, sin duda, parte del conjunto de los respaldos que tiene el
Gobierno y supone



Página 2945




una parte esencial de lo que podemos calificar como la estabilidad
política. En ese sentido, el proyecto de una economía creciendo
intensamente por encima de nuestros competidores, creando empleo
intensamente por encima de la media europea forma parte, sin duda, del
proyecto que los cuatro grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno
diseñaron al principio de esta legislatura y que está siendo realizado
con el concurso de todos.

En los últimos veintiún meses, señoras y señores Senadores, se han creado
686.900 empleos y, según el último informe de la Comisión Europea, en
1997 la mitad del empleo de la Unión Europea se habrá creado sólo en
España. Y esta, sin duda, es una cuestión que me interesa resaltar al
principio de mi intervención, puesto que hasta ahora les he hablado de
temas que afectan a la convergencia nominal, precios, tipos de interés,
déficit público, etcétera; ahora paso a describirles algo que afecta
realmente a la convergencia real, es decir, a la vida de los ciudadanos,
como es que en veintiún meses se hayan creado casi 700.000 empleos netos
en la economía española.

En ese sentido, la creación de empleo, que es algo que creo que goza de
un consenso amplio, yo espero que mayor todavía del que tiene la política
económica del Gobierno respaldada por los grupos parlamentarios que le
dan su apoyo, no sólo es una resultante del crecimiento económico, sino
que es imprescindible que también venga acompañada de reformas
estructurales y liberalización de mercados, así como de la modernización
del mercado laboral. En ese sentido, la reciente reforma del mercado
laboral, consensuada por los agentes sociales y aprobada por el Gobierno
y por las Cámaras el pasado mes de mayo, constituye un paso fundamental
en la dirección correcta. Compartimos el objetivo de convertir el
crecimiento en bienestar para el conjunto de los españoles a través de la
creación de empleo estable y de calidad, apoyando especialmente a
aquellos que más dificultades encuentran a la hora de integrarse en el
mercado de trabajo.

Ya podemos ver los primeros resultados de esta reforma laboral del pasado
mes de mayo que creo que hay que situarlos en un objetivo de esperanza,
en un objetivo, al mismo tiempo, de realidad y en un objetivo de
continuas reformas que hagan que nuestro mercado laboral sea cada vez más
eficiente en un marco y en una contribución del diálogo social. Los
primeros resultados, como sus señorías conocen, son que en los últimos
meses, desde mayo hasta el mes de noviembre, estamos creando empleo a un
ritmo de unos 3.500 empleos diarios. Eso supone que se han celebrado
351.000 contratos indefinidos, de los que 208.000 corresponden a jóvenes,
115.000 a mujeres y 57.000 a mayores de 45 años. Estamos, por lo tanto,
ante una reforma que está produciendo efectos y que también nos indica
que hay colectivos en los que los efectos son más modestos que en otros,
como son los parados de larga duración con edades superiores a los 45
años. Por eso, el Gobierno está convencido de que una política --como
explicaré más tarde-- de reducción de los costes no salariales de la
Seguridad Social para estos colectivos es un complemento imprescindible
de la reforma laboral.

Pero, señorías, no sólo el mercado laboral ha sido objeto de reforma, el
Gobierno entiende que una política económica moderna debe actuar de forma
gradual pero constante, facilitando la continua adaptación del sistema
productivo a un entorno cambiante. Por ello, hemos puesto en práctica un
ambicioso programa de reformas estructurales. Hemos aprobado ya dos
planes de liberalización e impulso de la actividad económica; el primero,
a las cuatro semanas de llegar al Gobierno, en junio de 1996, y el
segundo, en febrero de 1997. Sin duda, a sus señorías podrá llamarles la
atención que un Gobierno que, en principio, presenta como estrategia
básica la liberalización de mercados plantée también la existencia de
planes de liberalización, pero es exactamente lo que el Gobierno
pretende; nos parece imprescindible colocar el proceso de liberalización
en el centro del debate político y, además, hacer al Gobierno responsable
de sus propios planes y a las Cortes, al Senado y al Congreso, capaces de
medir esos resultados. Por eso, el Gobierno se comprometió en junio de
1996 con unos determinados objetivos de reformas estructurales y, por
eso, el Gobierno se ha comprometido también en febrero de 1997, y tengo
que decirles a sus señorías que para finales de diciembre de 1997 el
Gobierno espera haber cumplido el 80 por ciento de sus objetivos de
liberalización y que para la apertura del curso parlamentario, en febrero
de 1998, esperamos poder informar a las Cámaras del total cumplimiento de
este segundo plan de liberalización, así como de los objetivos que nos
planteamos para el tercer año.

Gran parte de los mercados de bienes y servicios han avanzado en este
proceso de liberalización, y podemos hablar de energía,
telecomunicaciones, colegios profesionales, suelo, transportes, libros de
textos o sistema financiero, y, sin duda, el papel del consenso
parlamentario y la contribución de los grupos parlamentarios es esencial
en este amplio proceso de liberalización, que, como digo, continuará a lo
largo de 1998.

El Gobierno considera que la política liberalizadora ha de entenderse
como un proceso que elimina privilegios de sectores protegidos frente al
conjunto de la sociedad. Si queremos tener una sociedad en la que la
igualdad de oportunidades sea un elemento definitorio de las relaciones
entre los individuos, del funcionamiento de los mercados, hemos de
entender que precisamente los procesos de liberalización y de apertura de
competencia son un requisito imprescindible y también un vehículo directo
a conseguir esa igualdad de oportunidades y acabar con situaciones de
privilegio, que no sólo son injustificadas, sino que claramente
perjudican, por un lado, a aquellos que compiten con los privilegiados,
pero a todo el aparato productivo también en una ineficaz asignación de
recursos.

Dentro de este proceso de liberalización y de desregulación se enmarca el
proceso de privatización que el Gobierno ha llevado a cabo y que también
fue presentado al Parlamento en un plan de privatizaciones, que tiene
todo un proceso formal que permite a las Cámaras seguir cuáles han sido
las decisiones del Gobierno, dentro del cual incluso hay un órgano
consultivo para las privatizaciones,



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y que son objeto de control parlamentario, como no podría ser de otra
manera. En ese sentido, el proceso de privatizaciones es un proceso que
debe venir precedido de la desaparición de situaciones de monopolio. No
se trata de privatizar monopolios, sino al revés: se trata de liberalizar
mercados y proceder después a la privatización.

La recepción de la sociedad de este proceso ha sido extraordinariamente
positiva, como sus señorías saben. Más de dos millones de españoles han
pasado a convertirse en accionistas directos de esas empresas
privatizadas y el último ejemplo, pero no una excepción, sino una
continuación de efectos que han sido similares en todos los casos, ha
sido el proceso de privatización de Aceralia, con la aceptación de los
pequeños ahorradores, en las que más de 380.000 españoles han acudido a
la oferta pública de venta y que ha sido superada en doce veces por las
peticiones del tramo minorista.

Estos resultados del proceso de liberalización quedan patentes en la
mayor capacidad de crecimiento, con menores tensiones inflacionistas y,
al mismo tiempo también, en la mayor capacidad de crear empleo. La
creación de empleo, como he dicho antes, no depende exclusivamente del
crecimiento económico, ni tampoco exclusivamente de las reformas que
hagamos en el mercado laboral, que son esenciales. Pero debemos ser
conscientes de que sin liberalización de sectores básicos de crecimiento,
como las telecomunicaciones, o como la energía, o sin una política
decidida de apoyo a las pequeñas y medianas empresas desde el punto de
vista tributario, financiero y administrativo, la creación de empleo
sería menos intensa en España de lo que está siendo en estos momentos.

Es importante poner de relieve en este proceso de liberalización cuáles
han sido sus efectos reales sobre la eficiencia de nuestra economía. Y en
ese sentido, podemos comprobar cómo uno de los problemas inflacionistas
más serios con los que se enfrenta nuestra economía, que es la evolución
de los precios de los servicios, que se encuentran más protegidos que el
sector industrial de la competencia internacional, se sitúa en más de un
punto por debajo del nivel alcanzado en diciembre de 1995, mientras que
el crecimiento del producto interior bruto ha sido, sin embargo, un punto
y medio superior. Si vamos a ejemplos concretos, podemos comprobar cómo
el recibo de la luz ha disminuido un tres por ciento en este año y lo
hará todavía más en 1998. Y esa reducción es todavía más intensa si
desagregamos y vemos lo que le sucede a la familia española desde el
punto de vista del coste de la electricidad, como también se han reducido
las tarifas telefónicas, y a partir de 1998 se ampliará la competencia en
el sector con la entrada del segundo operador de telefonía fija, y, por
tanto, las reducciones de precios adicionales, mejor servicio y mayor
creación de empleo.

La contención del crecimiento de los precios ha permitido reducir los
tipos de interés. Todavía esta mañana hemos tenido una reducción del tipo
de intervención del Banco de España situando el tipo de interés en el
4,75 y que nos sitúa claramente en mínimos históricos, tanto desde el
punto de vista de los tipos de interés de intervención, como de los tipos
de interés a largo plazo. Hoy muchos españoles se están beneficiando de
importantes rebajas en las mensualidades de sus hipotecas, por un lado,
como consecuencia de la reducción de los tipos de interés, pero también
como consecuencia del aumento de la competencia en el sector, del que
fueron, sin duda, una pieza básica los acuerdos voluntarios a los que
llegó el Ministerio de Economía con los notarios, registradores y el
sector financiero.

En ese sentido, podemos hablar, sin ningún tipo de exageración, de que
para un préstamo a quince años una familia media española se está
ahorrando aproximadamente 40.000 pesetas al año por cada millón de
préstamo. Sin duda, todavía queda un amplio margen para seguir avanzando
en la flexibilización de nuestra economía, y en ese sentido --como ya he
anunciado-- el Gobierno planteará el próximo año un nuevo plan de
liberalización, del cual me gustaría hacer mención a tres apartados
especialmente significativos. El primero, una nueva ley de hidrocarburos
que garantizará que aquellos aspectos del sector más susceptibles del
control monopolista sean accesibles para todos los agentes de un modo
transparente y no discriminatorio. En segundo lugar, la modificación de
la Ley de Defensa de la competencia, con el fin de reforzar los
instrumentos de defensa de la competencia y fortalecer el control previo
de las concentraciones para evitar que las políticas de liberalización se
vean contrarrestadas por la adquisición de posiciones dominantes por
parte de algunas empresas. En tercer lugar, una nueva Ley Concursal que
agilizará y abaratará las relaciones mercantiles.

Paso, señor Presidente, a hacer algunas referencias a la política
presupuestaria. Sin duda, la política presupuestaria es un instrumento
esencial de la nueva política económica, y así fue puesto de relieve no
sólo en el debate de investidura sino en todas mis intervenciones en esa
Cámara y en el Congreso.

Desde finales de 1995 hemos pasado de tener un déficit público del 6,7
por ciento al 2,4 por ciento en 1997, es decir una reducción de 4,3
puntos del producto interior bruto entre diciembre de 1995 y diciembre de
1997. Me parece que es una de las reducciones más intensas desde el punto
de vista del déficit público que se ha producido en Europa y, desde
luego, en la historia económica reciente de nuestro país.

Este mayor control y una mayor transparencia del gasto han permitido al
Gobierno cumplir sus objetivos de gasto público mediante la adopción de
reformas que están permitiendo reducir el déficit sin aumentar la carga
fiscal que soportan los españoles. Esta era una clara promesa del Partido
Popular, formaba parte de los acuerdos que supusieron la creación de este
Gobierno y está siendo plenamente respetado por la política del Gobierno.

La contención del gasto se ha llevado a cabo sin afectar a las políticas
de bienestar, lo cual era también un compromiso político, y que ha venido
a demostrar que una política de austeridad presupuestaria no tiene por
qué ser una política de pérdida de derechos de los ciudadanos, sino al
contrario --como también insistimos el año



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pasado--, la reducción del déficit público permite aumentar los grados de
capacidad presupuestaria, y lo que para algunos parecía un contrasentido
se está convirtiendo en una realidad que el presupuesto de 1998 presenta
claramente.

Desde el punto de vista de los pensionistas, el mantenimiento del poder
adquisitivo no sólo ha sido respaldado por ley como consecuencia del
cumplimiento de los objetivos del Pacto de Toledo, sino que si sus
señorías hacen un pequeño análisis se darán cuenta de que entre 1996 y
1997 un pensionista español va a ganar aproximadamente 9 décimas de poder
adquisitivo. La inflación de 1996 fue 3 décimas inferior a la prevista y
la inflación de 1997 en el mes de noviembre ha sido aproximadamente 6
décimas inferior a la prevista --como ustedes saben, desde el punto de
vista de las pensiones, la inflación relevante es la que se mide
noviembre a noviembre--. Pues bien, si las pensiones se habían
revalorizado para 1997 el 2,6 y la inflación de noviembre a noviembre es
del 2 por ciento, quiere decir que en 1997 hay una ganancia de 6 décimas,
a la que hay que sumar la ganancia de 3 décimas en 1996. A eso hay que
sumar también que esa ganancia se produce no en el último mes del período
sino en el primero, por tanto todos los pensionistas tienen esa ganancia
desde el mes cero y, sin embargo, los precios van evolucionando a lo
largo del año y, por tanto, la ganancia desde el punto de vista de la
capacidad adquisitiva es muy superior a las 9 décimas a las que estoy
haciendo referencia. Por tanto, desde el punto de vista de la política
social y de la política de solidaridad, los efectos de la estabilidad
macroeconómica son claramente beneficiosos, como nosotros habíamos
mantenido desde hace muchos años.

Otro ejemplo claro del mantenimiento de las políticas de solidaridad, que
haré mención más extensamente después, es la financiación de nuestro
Sistema Nacional de Salud que ha tenido una clara ventaja en el año 1997
con aumento de 70.000 millones y que va a tener una todavía mejor
financiación en el año 1998. Es especialmente relevante el que nos demos
cuenta de que cuando estamos hablando en este momento de ahorros en el
Sistema Nacional de Salud, esos ahorros no se plantean para reducir el
déficit público, sino para aumentar la financiación de la sanidad. Esa es
una situación muy distinta de la de ejercicios anteriores en la que, como
sus señorías recordarán, los Gobiernos planteaban ahorro en el Sistema
Nacional de Salud, ahorros en la prestación de medicinas no para mejorar
la financiación del Sistema Nacional de Salud, sino para reducir el
déficit público. Nosotros estamos planteando ahorros en el Sistema
Nacional de Salud para mejorar todavía más las prestaciones a los
ciudadanos; por lo tanto, estamos haciendo compatible la reducción del
déficit público, el saneamiento estructural de la economía con una
política social decidida de mejora de las condiciones de aquellos que
puedan tener una situación peor en nuestra sociedad.

En 1997, como ya lo hicimos en 1996, vamos a cumplir el Presupuesto. Esta
es una afirmación que interesa especialmente a la Cámara, que es la que
nos da el mandato para poderlo ejercitar y realizar. Tanto en el de 1996
--un presupuesto heredado del Gobierno anterior-- como en el de 1997, el
Gobierno del Partido Popular va a presentar a las Cámaras el cumplimiento
de los objetivos de presupuestos desde el punto de vista de los gastos,
desde el punto de vista de los ingresos y desde el punto de vista del
déficit público y, además, la aplicación de los artículos más relevantes,
como es el 10, desde el punto de vista de la aplicación a la reducción
del déficit, del exceso de ingresos en términos de contabilidad nacional.

A falta de un solo mes --del mes de noviembre son los últimos datos que
voy a dar a sus señorías-- el déficit acumulado del Estado se sitúa en el
1,4 por ciento del producto interior bruto; eso quiere decir que tenemos
un margen hasta el 2,4 --que es el que tenemos que cumplir a 31 de
diciembre-- para todos los ajustes y los pagos extraordinarios que se
producen en el mes de diciembre; es decir, tenemos un margen de 10
décimas del producto interior bruto para cumplir en un solo mes el
presupuesto y el objetivo de déficit que puedo garantizar a sus señorías
que va a ser así y, por lo tanto, estamos en reducciones de déficit
público, a noviembre sobre noviembre, de aproximadamente el 55,4 por
ciento entre 1996 y 1997.

Este cumplimiento de la Ley de Presupuestos es una voluntad política de
este Gobierno --sin duda, sería para mí una presunción, creo que injusta,
decir que Gobiernos anteriores no pretendían cumplirlo-- pero para
cumplir un objetivo hay que dotarse de los instrumentos necesarios para
ello. El Gobierno presentó, coincidiendo con la Ley de Presupuestos, en
1997 --fue objeto de debate en esta Cámara el año pasado por estas
fechas-- una ley de disciplina presupuestaria que venía a garantizar que
los objetivos del presupuesto del Gobierno eran cumplibles no sólo desde
el punto de vista de las pretensiones o de las previsiones del Gobierno,
sino desde el punto de vista de las disciplinas a las que se sometía la
discrecionalidad del gasto público.

El debate sobre discrecionalidad en la Ley de Presupuestos o en la
política presupuestaria y capacidad de cumplimiento del presupuesto es un
viejo debate de esta Cámara. Durante mucho tiempo se nos ha querido decir
que sólo la discrecionalidad garantizaba que un Gobierno pudiera cumplir
sus objetivos presupuestarios. Pues bien, podemos comprobar que ésta es
una afirmación, como otras, errónea. La discrecionalidad no ha permitido
nunca cumplir los objetivos presupuestarios. Lo que permite cumplir los
objetivos presupuestarios es el rigor, y nada más importante para el
rigor que autodotarse de medidas disciplinarias que eviten que un
Gobierno pueda tener la tentación de utilizar la discrecionalidad antes
de presentarse a la Cámara a dar explicaciones sobre la evolución del
gasto.

Las reformas del marco legal presupuestario adaptadas en 1997 han
demostrado que son claramente un instrumento eficaz para garantizar una
mayor transparencia, rigor y disciplina en las cuentas públicas. Son
reformas que tienen su origen en posiciones políticas que nosotros hemos
defendido largamente en la oposición y en el Gobierno, pero



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también deben entenderse como un firme compromiso de este Gobierno con la
sociedad española de evitar que prácticas presupuestarias del pasado, que
prácticas que nos producían constantemente tener que plantearnos
revisiones sobre agujeros presupuestarios o desviaciones presupuestarias
que habían quedado no suficientemente presentadas a la opinión pública de
una manera transparente y que han sido constantemente puestas de
manifiesto por el Tribunal de Cuentas, puedan repetirse.

En el estricto cumplimiento de las reglas que este Gobierno se impuso,
hemos de entender la aprobación por parte del Gobierno y su debate en el
Congreso de una serie de decretos leyes que aquél se obliga a traer a la
Cámara para explicar en ella las posibles desviaciones que se hayan
podido producir en el gasto. Nosotros dijimos que era imprescindible que
el Gobierno tuviera la responsabilidad política de explicar sus
desviaciones presupuestarias --este Gobierno y cualquier gobierno--, y
que, por pequeñas que éstas puedan parecer, aunque estemos hablando en
algunos casos de decretos-leyes que no llegan a 5.000 millones de
pesetas, el Gobierno debe someterse al debate político para explicar por
qué se desvían sus cuentas, y es mucho más importante, desde el punto de
vista del rigor y de la disciplina política, que un gobierno tenga que
explicar sus desviaciones que el que un gobierno tenga la capacidad de
disimularlas en una política de ejercicios presupuestarios que ya no
tienen conceptos anuales, sino que simplemente van envolviendo, un año
sobre otro, los compromisos que no se quisieron cumplir o que no se
pudieron cumplir o que se contrajeron equivocada o erróneamente en
ejercicios anteriores. Con la nueva Ley de Disciplina Presupuestaria,
este Gobierno --y cualquier gobierno-- se verá obligado a explicar
públicamente y a someter a votación en el Parlamento cualquier desviación
en los Presupuestos que no estuviera contenida en las previsiones de la
Ley de Presupuestos que estas Cámaras aprueban, y este Gobierno es el
primero que se va a someter a esta disciplina. Ya se ha sometido a ella
la semana pasada, y lo volverá a hacer la próxima con los decretos-leyes
que el Gobierno acaba de aprobar como consecuencia, en algunos casos, de
explicaciones muy concretas y yo creo que absolutamente defendibles desde
el punto de vista político, pero que este Gobierno se obliga a presentar
públicamente a la Cámara y a la sociedad española. En ese sentido, me
parece importante que algunos de esos decretos-leyes respondan a una
preocupación que esta Cámara ha demostrado en más de una ocasión, que es
la relativa a la necesidad de aprovechar la buena evolución
presupuestaria a la que me he referido anteriormente para mejorar las
posiciones de nuestra inversión pública. Y como sus señorías conocerán,
el pasado jueves el Congreso de los Diputados aprobó dos decretos-leyes,
uno del Ministerio de Fomento y otro del Ministerio de Medio Ambiente,
que nos permiten cumplir los objetivos de déficit y, al mismo tiempo,
aumentar notablemente la capacidad de inversión pública, llevando la
ejecución del capítulo VI cerca, aproximadamente, del 90 por ciento, lo
cual supone 10 puntos por encima de la media de los últimos años.

Pero, sin duda, al mismo tiempo, las Cámaras van a ser conscientes --ya
lo han sido a través de la aprobación de esos decretos-leyes-- de que el
Gobierno utiliza su margen presupuestario en el año 1997 para mejorar la
infraestructura y la inversión de capital, todo ello manteniendo sus
previsiones de un déficit público por debajo del 2,9 por ciento que, a su
vez, es una sustancial mejora de los objetivos que nos habíamos planteado
del 3 por ciento para 1997.

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1998 no hace sino
abundar en la política económica que acabo de describir. Estos
Presupuestos llegan en un momento clave de la economía española. Cuando
finalice la vigencia de la ley de Presupuestos que sus señorías están
debatiendo, el 31 de diciembre de 1998, estaremos a un día de la moneda
única, por lo tanto, estos son los Presupuestos que dan paso,
prácticamente y sin solución de continuidad, a uno de los cambios
políticos y económicos más importantes de nuestra historia, que es
nuestra integración en una única moneda, en una única política monetaria
en el conjunto de los países europeos.

Pero estos no son ya los Presupuestos del euro, y también quiero decirlo.

Los Presupuestos del euro eran los de 1997, que eran los que tenían que
garantizarnos que pudiéramos pertenecer a la moneda única --y también
tengo que decirlo-- en un momento en el que esa seguridad no la teníamos
ni mucho menos garantizada. Los Presupuestos para 1998 son los
Presupuestos del euro y, por lo tanto, son los que tienen que sentar las
bases, por un lado, para que la economía española siga respondiendo a los
criterios de estabilidad que nos van a permitir formar parte de la moneda
única, pero también serán los Presupuestos que garanticen que nuestra
capacidad de converger realmente o, dicho de otra manera, nuestra
capacidad de aumentar la prosperidad de los ciudadanos y el empleo se
mantengan a lo largo de un largo proceso y entremos en una fase clara, no
sólo de estabilidad macroeconómica sino de crecimiento, en un largo
proceso en el tiempo que permita que ese crecimiento beneficie a la mayor
cantidad posible de ciudadanos.

Para aquellos --yo creo que es toda la Cámara-- que están preocupados
porque la intensidad del crecimiento llegue a la mayor cantidad posible
de ciudadanos, una de las garantías para que esto sea así, aunque no la
única, es que el crecimiento sea duradero y sostenido, y estos
Presupuestos aportan una base sólida para que eso pueda producirse.

Entiendo que esa es una de las razones por las que gozan del suficiente
respaldo parlamentario para ser aprobados. Dicho de otra manera, me
refiero a nuestra capacidad de aprovechar plenamente las oportunidades
que ofrece este proceso de integración europea y el proceso de
globalización mundial, que exigen a los Gobiernos rápidas adaptaciones
desde el punto de vista de las circunstancias internacionales. Y la mejor
manera de podernos adaptar a nuevas circunstancias internacionales es
tener bases sólidas desde el punto de vista de estabilidad
macroeconómica, y dentro de la misma en la evolución del déficit público,
que nos permitan ser un país que en momentos de bonanza internacional o
en momentos



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de crisis internacional pueda mantenerse en una posición de estabilidad.

En ese sentido es especialmente significativo que en las últimas crisis
cambiarias que se han producido en el mundo como consecuencia de la
evolución de algunos mercados asiáticos la moneda española y los tipos de
interés españoles por primera vez se han comportado como los de un país
central; por primera vez nuestra moneda y nuestros tipos de interés
prácticamente no se han movido de su relación con las principales monedas
europeas centrales, y ello en unos momentos en los que ha habido días con
situaciones de importantes movimientos cambiarios o importantes
movimientos bursátiles. Pues bien, la confianza en la economía española
en 1997 se ha manifestado suficientemente sólida y plenamente equiparable
a la de otras economías centrales europeas.

Me parece relevante mencionar que los pasados 20 y 21 de noviembre el
Gobierno español asistió a un Consejo extraordinario sobre el empleo
celebrado en Luxemburgo que ha planteado una estrategia coordinada en
lucha contra el paro a escala comunitaria, y sin duda sus señorías se
preguntarán si estos Presupuestos recogen ya o son capaces de recoger
algunas de las decisiones básicas de esa estrategia coordinada de lucha
contra el desempleo que se aprobó en Luxemburgo. Pues bien, el Presidente
del Gobierno ya tuvo un debate sobre ello en el Congreso de los Diputados
y tengo que recordar a sus señorías, por si hiciera falta, que el
Gobierno había aprobado ya un Plan Nacional de Empleo antes de la Cumbre
de Luxemburgo.

Las recomendaciones de la Cumbre de Luxemburgo, que serán plasmadas en
los planes de empleo de cada uno de los países en la Cumbre de Cardiff de
la Presidencia inglesa en junio de 1998, se articulan en torno a tres
ejes: la formación, la reforma fiscal y la reorganización del tiempo de
trabajo. Y tengo que decir que, como sus señorías habrán podido comprobar
en el proyecto de Presupuestos que estamos debatiendo, las dos primeras
están plenamente contenidas en la Ley de Presupuestos y en cuanto a la
tercera es posición del Gobierno --creo que compartida por todas las
fuerzas políticas o por la mayor parte de las fuerzas políticas-- que las
decisiones sobre mejor organización del tiempo de trabajo deben formar
parte esencial de la negociación colectiva.

Desde el punto de vista de las responsabilidades que dependen de los
Gobiernos, tengo que mencionar que en la Ley de Presupuestos para 1998 y
dentro de lo que son políticas activas --es decir, políticas que permitan
la inserción en el mercado laboral de los colectivos con mayores
problemas--, las políticas activas de empleo aumentan en l05.000 millones
de pesetas, hasta un total de 475.000 millones de pesetas; por lo tanto,
hay un aumento de más de un tercio en todo lo que suponen las políticas
de empleo. Los programas de fomento del empleo son los que más crecen, un
35,1 por ciento, hasta situarse en 235.000 millones de pesetas, y buena
parte de esta cantidad se destinará a reducir cotizaciones sociales en
más de 100.000 millones de pesetas --por tanto, en más de 1 punto desde
el punto de vista del conjunto de las cotizaciones sociales--; pero el
Gobierno entiende que esta reducción debe dirigirse especialmente a los
colectivos que tienen mayores problemas de inserción en el mercado
laboral, como son los colectivos que tienen menos experiencia --es decir,
los jóvenes-- o los colectivos que pueden tener menos formación, lo que
les impide volver a colocarse, volver a encontrar empleo, lo que ocurre
con los trabajadores que llevan más tiempo en el desempleo. Por lo tanto,
nuestra política de reducción de las cotizaciones sociales va claramente
dirigida a colectivos que tienen los mayores problemas de inserción en el
mercado laboral.

Pero no son sólo éstas las actuaciones dirigidas al mercado laboral
incluidas en el Presupuesto. Como he señalado anteriormente, el Gobierno
enfoca todas sus iniciativas en la creación de empleo; es, por lo tanto,
una parte de una política económica que va dirigida a la creación de
empleo como objetivo prioritario y que exige al mismo tiempo una política
económica global y coherente que responda a ese objetivo prioritario. En
ese sentido, las partidas destinadas a la Formación Profesional dentro
del presupuesto de Educación crecen un 28,4 por ciento y la inversión
pública --que tiene clarísimos efectos dinamizadores sobre el empleo
además de sobre la modernización del aparato productivo-- crece el 8,9
por ciento en los Presupuestos de 1998. A esto hay que añadir los
sistemas de financiación que el Gobierno ya planteó en la Ley de
Presupuestos de 1997: El sistema de abono total, con 80.000 millones de
pesetas para 1998 y la Gerencia de Infraestructuras Ferroviarias, que
entre 1997 y 1998 contará con unas capacidades de inversión de 300.000
millones de pesetas.

También podemos poner de relieve como políticas que responden a la mejora
de la calidad de nuestra economía, y por tanto a una mayor capacidad de
creación de empleo, las políticas de investigación y desarrollo que
crecen un 32 por ciento.

Desde el punto de vista de la política de creación de empleo, y
respondiendo este mismo presupuesto que se está debatiendo en la Cámara a
las conclusiones de la Cumbre del Empleo de Luxemburgo, del pasado 20 y
21 de noviembre, sus señorías pueden contemplar la política tributaria
que se sitúa claramente como una de las políticas esenciales, desde el
punto de vista europeo, de la creación de empleo y del crecimiento.

Para el Gobierno del Partido Popular el sistema tributario debe
contribuir, sobre todo, a conseguir de forma efectiva los objetivos
generales de la política económica, es decir, la competitividad, el
ahorro y la estabilidad. Con este referente, en 1998, continuaremos con
el proceso de reformas y de modernización de nuestro sistema tributario
con tres objetivos: mejorar la equidad, con medidas destinadas a reducir
impuestos a los colectivos más desfavorecidos; fomentar el ahorro a medio
y largo plazo, y fomentar la inversión, el empleo y la competitividad de
nuestra realidad productiva.

El Gobierno está convencido de la importancia de las pequeñas y medianas
empresas en la creación de empleo y así lo ha demostrado en nuestra
gestión desde nuestras



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primeras medidas de junio de 1996. El debate sobre empleo, celebrado en
Luxemburgo, ha venido a ratificar esta estrategia del Gobierno español.

El Gobierno tiene claro sus objetivos en este campo. En 1998 se mantiene
una reducción del 15 por ciento de los módulos del IRPF que aprobó en
1996 y 1997, de la que se benefician dos millones de pequeñas empresas.

Medio millón de pequeñas empresas seguirán beneficiándose de la rebaja
del Impuesto sobre Sociedades introducida precisamente por esta Cámara en
1997 y de la reforma del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para las
empresas familiares.

Señor Presidente, señoras y señores Senadores, el proyecto de
presupuestos para 1998 es claramente la respuesta del Gobierno a las
demandas que plantea la sociedad española y que yo resumiría en tres
aspectos: creación de empleo, integración en Europa y mejora de la
protección social. Y este proyecto de presupuestos responde claramente a
esos tres objetivos.

Como ya he señalado, uno de los efectos más importantes de este
planteamiento es la austeridad en el gasto y la reducción del déficit,
que otorgan progresivamente un mayor margen para las políticas que
impulsan el crecimiento. De esta forma, el próximo año podremos dar
prioridad a otras políticas esenciales en nuestra acción de gobierno. Con
anterioridad, me he referido a las políticas de empleo y quisiera ahora
mencionar la política sanitaria, puesto que ha coincidido la tramitación
del presupuesto en el Senado con decisiones importantes que afectan a la
financiación de la sanidad.

El pasado 27 de noviembre, el Consejo de Política Fiscal y Financiera
aprobó el modelo de financiación de la sanidad para el cuatrienio
1998-2001. En virtud de dicho acuerdo, la sanidad pública contará el
próximo año con 381.000 millones de pesetas más, lo que permitirá
aumentar la financiación por habitante en 10.160 pesetas o, si sus
señorías lo prefieren, si no incorporamos los fondos especiales, en 8.920
pesetas sobre la situación anterior. De estos 381.000 millones de
pesetas, aproximadamente 200.000 estaban recogidos ya en los Presupuestos
Generales del Estado, puesto que formaban parte de la previsión del
Gobierno de la evolución del PIB nominal del sistema de financiación
anterior.

A esto hay que añadir 40.000 millones de pesetas que se incorporan al
nuevo sistema de financiación a través de los acuerdos bilaterales entre
la Administración del Estado y las administraciones sanitarias en la
lucha contra el fraude en la incapacidad temporal; 65.000 millones de
pesetas que provendrán del ahorro de racionalización en el consumo de
medicamentos, que se destinan en su totalidad a mejorar la financiación
de la sanidad, no como en épocas anteriores, a tratar de reducir el
déficit público --cosa que ya he mencionado anteriormente--, y a este
ahorro hay que sumar el que se deriva de las medidas que ha venido
adoptando el Gobierno en temas relacionados con el gasto farmacéutico,
como son el establecimiento de precios de referencia, la implantación de
genéricos, la reducción de márgenes y el control de las prescripciones,
que no están considerados en esta cifra de 65.000 millones de pesetas.

Los 78.000 millones de pesetas restantes se financian con una mayor
aportación del Estado al Sistema Nacional de Salud, a la que hay que
sumar 5.000 millones de pesetas más que se destinarán a financiar centros
nacionales del Instituto Nacional de Salud, es decir, del Insalud.

Por tanto, estos 83.000 millones de pesetas suponen una mejora de
financiación de la sanidad en 1998, que se ha producido en esta Cámara y
sus señorías pueden preguntar, sí aún no lo saben, cómo se va a hacer esa
financiación, manteniendo el objetivo del déficit público.

Pues bien, se va a producir por dos caminos: primero, desde el punto de
vista de la situación de ingresos, en 1998 se va a producir una mejora
de, aproximadamente, 40 o 45.000 millones de pesetas, que tiene su causa
en una aceleración de las devoluciones del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, más intensas en el año 1997 de lo que estaba previsto
en septiembre de este mismo año.

Cuando el Gobierno remite su proyecto de presupuestos a las Cámaras en
septiembre de 1997, teníamos una previsión de devoluciones del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas durante el ejercicio 1997, que era
inferior en, aproximadamente, 45.000 millones de pesetas, a la que se
está produciendo en este momento. Se supone que en el año 1998 nuestras
previsiones de devoluciones del IRPF van a tener un margen de 45.000
millones de pesetas superior al que habíamos previsto en septiembre del
año 1997 para el año 1998 y que se destinarán íntegramente a la
financiación de la sanidad.

Asimismo, los mayores ingresos por primas positivas de emisión de deuda
pública, como consecuencia de la variación del mercado, que tampoco
teníamos previsto en septiembre de 1997, completarán la cifra hasta los
83.000 millones de pesetas, que son necesarios para financiar la sanidad
en el año 1998, con mejoras, desde el punto de vista de aportación del
presupuesto, y que, al mismo tiempo, nos permiten mantener nuestro
objetivo de déficit público, que estaba fijado para 1998 en la Ley de
Presupuestos y que para el conjunto de las administraciones públicas
supondrá un 2,4 por ciento y para las administraciones centrales un 2 por
ciento del Producto Interior Bruto.

Por último, el Gobierno ha asumido el compromiso de incrementar en el año
2000, 25.000 millones de pesetas en el sistema sanitario, pero con
objetivos. Quiere decirse que esta cantidad dependerá de que determinados
objetivos, como, por ejemplo, la reducción de listas de espera, se
produzca en la Administración del Sistema Nacional de Salud.

Esto me parece relevante porque estamos introduciendo en el Sistema
Nacional de Salud --que como ustedes saben, es compartido, desde el punto
de vista de responsabilidades, entre las administraciones territoriales y
la Administración central-- criterios de corresponsabilidad, que ya
introdujimos en el modelo de financiación autonómica y que ahora lo
hacemos en el Sistema Nacional de Salud.

Las administraciones territoriales y el Gobierno Central se
corresponsabilizan en la lucha contra el fraude en



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la incapacidad temporal, en la mejora de la utilización de los
medicamentos y en la mejora de la calidad de la prestación de servicios a
los usuarios con objetivos medibles que podamos contrastar en el año 2000
y que pueden suponer una mejora de la financiación de la sanidad si son
conseguidos.

En definitiva, señor Presidente, el nuevo modelo de financiación de la
sanidad pública supone claramente un esfuerzo de aportación de recursos
sin precedentes. No encontrarán sus señorías ningún precedente en la
financiación de la sanidad pública española de aumento de recursos como
el actual ni un precedente en el cual la aportación de recursos venga
unida a una mejora clara de financiación y, además, a una reducción de
las ineficiencias del sistema y a un claro aumento de la
corresponsabilidad de los agentes involucrados en la prestación de la
sanidad pública.

Además, las medidas de racionalización del gasto farmacéutico y de lucha
contra el fraude en determinadas prestaciones, asociadas a la gestión de
los servicios sanitarios, como es la capacidad temporal, permiten llevar
a cabo sin aumentos de impuestos mejoras de financiación del sistema de
la sanidad y, además, existe el compromiso del Gobierno de aportar nuevos
recursos si se cumplen determinados objetivos de mejora de la calidad en
la prestación de los servicios sanitarios.

Además, tengo que decir, desde el punto de vista del mandato del Congreso
de los Diputados y del Senado, que el nuevo sistema de financiación de la
sanidad aplicará en un 99 por ciento los recursos al criterio de
capitalización, es decir, al criterio de usuario y que, asimismo, se
utilizará el padrón de 1997 para aplicar esos criterios.

Por tanto, creo que hemos dado respuesta a las peticiones de la Cámara
desde el punto de vista de cuál debe ser el criterio dominante, y vuelvo
a repetir que el 99 por ciento del sistema se repartirá por usuario de la
sanidad, lo cual me parece especialmente importante para clarificar
algunas interpretaciones que me han parecido incorrectas en esta
cuestión.

También tengo que decir que en este sistema las previsiones para 1998
suponen una clara reducción de las diferencias que existían en la
financiación per cápita del Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto,
vamos a acercar la financiación per cápita en todos los territorios a una
media que se produce en este nuevo sistema, lo cual también me parece un
claro ejercicio de solidaridad y de igualación de las condiciones de los
servicios públicos básicos en el conjunto de la sociedad española.

En definitiva, señor Presidente, el esfuerzo en políticas sociales no se
limita a las pensiones, como ya he dicho, ni tampoco se limita a la
formación y a las políticas activas, sino que claramente alcanza a la
sanidad en 1998. A esto habrá que unir también algunas medidas --y ya con
esto termino, señor Presidente-- sobre la política de familia que se
incorporan en estos presupuestos y que forman parte, sin duda, del
consenso parlamentario que tiene en este momento el Gobierno.

La futura reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
afectará directamente a la vida de las familias españolas y ése es un
objetivo para 1998; sin embargo, hemos querido acercar ese objetivo ya en
el año 1998 simplificando el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas, que ya se comenzó en 1997 y que continúa en 1998 con la
reducción de tramos, haciendo que la nueva tarifa sea más beneficiosa
para las rentas inferiores a dos millones de pesetas y, además, mejorando
sustancialmente las deducciones por hijo que se incorporan a esta Ley de
Presupuestos y que afectarán, aproximadamente, a tres millones de
familias españolas que tienen tres hijos y que en algunos casos, en
200.000 familias españolas, supondrá en la práctica que dejan de pagar
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Señor Presidente, también quisiera detenerme un momento en la lucha
contra el fraude como elemento básico de una política de solidaridad. El
Gobierno entiende que además de mejorar las prestaciones sociales y
además de mejorar las prestaciones en infraestructuras, en nuestra
economía hemos de introducir cada vez mayores criterios de
responsabilidad individual que garanticen que los ciudadanos utilizan
racionalmente los sistemas de protección y los sistemas del Estado del
Bienestar.

Los programas de lucha contra el fraude desarrollados en 1997 supondrán
un ahorro de 260.000 millones de pesetas y por ese camino vamos a
continuar durante 1998 tanto en el control del desempleo como también en
la morosidad de las Administraciones Públicas.

Señor Presidente, señorías, el proyecto de presupuestos que acabo de
presentar ante esta Cámara recoge tanto las principales líneas de nuestra
política económica como también los beneficios derivados de su
aplicación, y todo ello con el objetivo prioritario de la creación de
empleo. En este sentido sabemos que no podemos hablar de una situación de
solución definitiva de los problemas, sería un clarísimo error por parte
del Gobierno, y sin duda la Cámara no lo va a consentir, el que
creyéramos que porque hemos solucionado problemas tan importantes como la
inflación o como la credibilidad del presupuesto o la reducción del
déficit público, hemos alcanzado una situación en la que podemos hablar
de la solución de los problemas básicos de los ciudadanos, muy al
contrario. Es verdad que hay un crecimiento intenso en el empleo, pero
también es cierto que estamos todavía a la cabeza de la Unión Europea en
problemas de desempleo en colectivos muy concretos, como los jóvenes, las
mujeres o los parados de larga duración. Por lo tanto, el presupuesto de
1998 debe ser un peldaño más en la consecución de una política que
solucione los problemas de los ciudadanos en el largo plazo de manera
estable.

Estos presupuestos avanzan, por lo tanto, en el camino ya emprendido en
los presupuestos de 1997 y lo hacen sobre la base de los resultados
concretos obtenidos. No he defendido ante sus señorías un proyecto de Ley
de Presupuestos como consecuencia de que el año que viene seremos capaces
de hacer lo que no hemos sido capaces de hacer este año, sino que he
defendido una Ley de Presupuestos para continuar el año que viene
haciendo lo que ya estamos haciendo este año. En ese sentido también
quiero resaltar que no estamos tratando de hacer experimentos



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u objetivos no alcanzados hasta ahora, sino que nos ratificamos en una
política como consecuencia de los resultados que hemos obtenido con la
misma. En los próximos meses, la economía española hará frente a uno de
sus retos más importantes como es la integración en la moneda única y, en
ese sentido, el Presupuesto de 1998 debe ser un presupuesto básico para
lo que viene detrás del euro, detrás del 1.º de enero de 1999, desde el
punto de vista de competencia y de la situación de interacción de los
mercados europeos.

La tramitación de los Presupuestos para 1998 en esta Cámara es sin duda
enriquecedora. Se han producido mejoras, por las cuales quiero felicitar
y agradecer a todos los Grupos Parlamentarios, especialmente a aquellos
que respaldan la política del Gobierno y que forman parte de la
estabilidad política pues sin ellos habría sido imposible llevar a cabo
algunos de los claros beneficios de la economía española que se han
producido en los últimos años.

Señorías, este Proyecto de Ley de Presupuestos responde a las demandas
que la sociedad española nos ha pedido desde un principio. Es un
Presupuesto dirigido al empleo, a garantizar nuestra presencia en Europa
y que moderniza, profundiza y amplía las garantías y la calidad de
nuestra protección social.

Por todo ello, señor Presidente, solicito a la Cámara el respaldo a la
Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Muchas gracias. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vicepresidente Segundo del Gobierno.

Pasamos al debate de las propuestas de veto a estos proyectos de ley
presentados. Existen dos del Grupo Parlamentario Socialista, una
referente al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para
1998 y otra al proyecto de Ley de Medidas fiscales, Administrativas y de
Orden Social; dos de los Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente,
integrados en el Grupo Mixto, a los mismos proyectos de ley, y dos de la
Senadora De Boneta y Piedra, también del Grupo Parlamentario Mixto, a
tales proyectos de ley.

En primer lugar, iniciamos el debate de las propuestas de veto del Grupo
Parlamentario Socialista, que se debatirán conjuntamente.

Para turno a favor, tiene la palabra el Senador Granado.




El señor GRANADO MARTINEZ: Señor Presidente, señoras y señores Senadores,
quiero comenzar mi intervención transmitiendo a las Senadoras y Senadores
del Grupo Parlamentario Popular nuestra condolencia y nuestra solidaridad
por el último atentado terrorista que ha costado la vida a su compañero
José Luis Caso.

En democracia, los grupos políticos discutimos en el Parlamento lo mejor
para nuestro país, y en una Cámara que ha sufrido por dos veces el embate
terrorista en la provincia de Guipúzcoa contra el Senador Enrique Casas
y, posteriormente, contra el que fue Senador, Manuel Broseta, es
especialmente adecuado decir que los debates entre demócratas no tienen
nada que ver con la violencia asesina de los terroristas y que cuentan
ustedes con toda nuestra solidaridad en este problema.

Hecha esta referencia, que me parecía obligada dadas las circunstancias
tan brutales del último atentado terrorista, empezamos la discusión del
veto a los Presupuestos.

Señor Presidente, señoras y señores Senadores, los gobiernos tienen la
costumbre de atribuirse la autoría y el protagonismo de las fases
expansivas del ciclo económico con el mismo entusiasmo con el que derivan
la responsabilidad en las fases de recesión hacia la coyuntura o a los
factores exógenos de su capacidad de decisión. (El señor Vicepresidente,
Rigol i Roig, ocupa la Presidencia.) Tampoco es infrecuente que los
gobernantes asuman la posición del heredero a beneficio de inventario
pero al revés, todo lo que de bueno acontece bajo su mandato tiene por
causa las decisiones del gobernante y todo lo negativo normalmente suele
ser fruto evidente de la gestión de quienes le antecedieron. Castelao
--lo recuerda a veces mi amigo y compañero el Senador Novo-- ya decía que
los gallos creen que los días llegan porque ellos cantan, y aquí hay
quien cree que el milagro soy yo.

En todo caso, no es esencialmente el objeto de la discusión de la Ley de
Presupuestos determinar cuánta estabilidad, cuánto de la bajada de los
tipos de interés o de la tasa de inflación tiene por origen la
globalización de la economía, el círculo virtuoso en el que han entrado
las economías occidentales --y no sólo las europeas-- dentro de la Unión
Europea, y cuánto es atribuible al actual gobierno o al anterior. Ni
siquiera necesitamos saber ya quién es en mayor medida corresponsable de
la incorporación de España a la tercera fase de la Unión Económica y
Monetaria, porque el aprobado es casi general y de los países apartados
del proceso sólo uno --aún así ya veremos-- quedará postergado a pesar de
su voluntad.

Lo que deberíamos discutir aquí es en qué medida la política
presupuestaria contribuye al crecimiento sostenido de la economía
española, contribuye a mejorar la bonanza económica y aprovecharla para
realizar las reformas estructurales que son necesarias para consolidar
este proceso de crecimiento sostenido. Y nosotros, los socialistas,
pensamos que este Gobierno está muy contento de sí mismo. La intervención
del Vicepresidente Económico del Gobierno ha sido una buena manifestación
de este contento, como decía un director de un influyente diario
económico europeo hace bien pocos días. Creemos que este Gobierno sigue
prefiriendo los ajustes contables a las reformas estructurales, que sigue
anticipando ingresos por la vía de las retenciones y difiriendo gastos
por la vía del abono total, de cargar a las privatizaciones la dotación
patrimonial de las SEPI, que acabará tendiendo a las pérdidas de las
empresas públicas, que incrementa la deuda de la Seguridad Social o de
Radio Televisión Española.

Pero el problema ni siquiera consiste en la aplicación de estos trucos
contables, que en mayor o menor medida los países europeos están
utilizando para cumplir con los objetivos de Maastricht. El problema es
que el Gobierno, como el doctor Pangloss, del Cándido, de Voltaire,
parece empeñado en que no existen sino meros incidentes necesarios



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en el mejor de los mundos posibles y que, por lo tanto, no es necesaria
ninguna rectificación de su política, sino profundizar en la misma.

Los socialistas entendemos que esta política es inadecuada, porque estos
presupuestos no traducen la bonanza económica en mayor creación de
empleo; porque el déficit no está ni mucho menos garantizado y se basa
únicamente en la disminución de los gastos financieros y en la
disminución de las prestaciones por desempleo; porque la disminución de
la inversión pública hace peligrar la competitividad de nuestro país a
medio y largo plazo y porque incluso compromete la recepción de fondos
comunitarios; porque se obliga a la Seguridad Social a asumir cargas que
ponen en riesgo su estabilidad y porque se reparten con injusticia los
costes y beneficios del esfuerzo que todos estamos obligados a hacer.

Y voy a empezar por intentar argumentar estas realidades con las cifras
del propio proyecto de presupuestos del Gobierno. Este Gobierno lo hace
todo para crear empleo, desde modificar los servicios funerarios de los
ayuntamientos hasta modificar la ley del suelo, todo tiene como objetivo
crear empleo.

Y en una definición publicitaria, 1997 iba a ser el año del empleo, pero
el año del empleo ha acabado en Luxemburgo en una triste y solitaria
posición española, que el Vicepresidente económico ha intentado corregir
poniendo en solfa lo que manifestó el Presidente del Gobierno después de
la Cumbre de Luxemburgo. Pero después de la Cumbre de Luxemburgo hemos
conocido los datos del tercer trimestre de la encuesta de población
activa y estos datos demuestran que el ritmo de creación de empleo en
nuestro país disminuye, es menor que el de 1996, menor que el de 1995
para el mismo dato trimestral e incluso menor que el de 1994.

Y éste no es simplemente un dato estacional. Si analizamos los datos del
paro registrado en el INEM, nos encontramos con que la tasa interanual a
finales de noviembre descendió por igual el año pasado y sensiblemente
menos que en 1995. El Gobierno contesta a estas críticas diciendo que las
tasas de creación de empleo de España son las mayores de Europa, son
incluso la mitad de las de Europa, pero omite el dato de que ya lo eran
en el año 1994 o en el año 1995 o en el primer trimestre de 1996.

La realidad es que mayores tasas de actividad económica no se están
traduciendo en mayores ritmos de creación de empleo. ¿Y por qué sucede
esto así? Porque el Gobierno considera que incentivar el empleo es que
los empresarios paguen menos en el Impuesto sobre la Renta. Y nosotros
pensamos, los socialistas defendimos --lo hicimos hace un año y lo
seguimos haciendo ahora-- que incentivar el empleo es incentivar que
paguen menos impuestos las empresas que contratan más trabajadores, no
aquellas que tienen más beneficios. Pero el Gobierno disminuye las
aportaciones del Estado al presupuesto del INEM, utiliza la reducción de
las tasas del desempleo para hacer menos aportaciones al INEM y sigue
obligando a las cotizaciones de empresarios y trabajadores a soportar
cargas no contributivas de las prestaciones por desempleo.

Y no basta con decir que hay que reducir los costes no salariales del
empleo, sino que hay que hacer posible esa política manteniendo las
aportaciones del Estado al presupuesto del Instituto Nacional de Empleo.

Y eso este Gobierno no lo ha hecho, porque en vez de realizar las
reformas estructurales que podrían contener el gasto --dónde están las
reformas de la Administración o tantas y tantas reformas tantas veces
anunciadas, el Vicepresidente Económico del Gobierno ha vuelto a anunciar
reformas que ya anunció el año pasado en su debate en esta Cámara--, el
Gobierno al final acaba haciendo recaer el peso del ajuste sobre las
prestaciones sociales y sobre los gastos de inversión.

Porque la Seguridad Social tampoco es la beneficiaria de estos
presupuestos de este Gobierno. En el año 1996 se incrementó su
endeudamiento en seis décimas del producto interior bruto. En el año
1997, a 31 de octubre, según los datos del Ministerio de Economía y
Hacienda, los préstamos del Estado a la Seguridad Social se habían
incrementado en un 57 por ciento sobre los del ejercicio de 1996. Y de
esos 434.000 millones, según la ley de presupuestos, 280.000 deberían
devolverse antes del 31 de diciembre. Primera pregunta: ¿se van a
devolver o van a ir a consolidar el endeudamiento de la Seguridad Social?
Sin ninguna duda, van a consolidarse como endeudamiento de la Seguridad
Social, con lo cual, a finales de 1997, el endeudamiento de la Seguridad
Social habrá aumentado en un 60 por ciento sobre el que existía a finales
de 1995. ¿Tiene algún sentido que disminuya el déficit público si se
incrementa el de la Seguridad Social? A nuestro juicio, no, y por eso
hemos presentado las correspondientes enmiendas al proyecto de
Presupuestos. Pero, a juicio del Gobierno, es posible y hasta conveniente
que el déficit del Estado se reduzca mientras se incrementa el de la
Seguridad Social.

La liquidación del presupuesto de la Seguridad Social de 1995, presentada
por este Gobierno, decía que en ese año las cotizaciones sociales
suponían el 64 por ciento de los ingresos del sistema. Para el proyecto
de 1998 se calcula que las cotizaciones sociales supondrán el 65,8.

Señoras y señores Senadores del Partido Popular, ¿las cotizaciones
sociales deben subir o deben bajar en las aportaciones al sistema de la
Seguridad Social? ¿Es posible que tengamos el margen necesario para
disminuir los componentes no salariales del trabajo y para crear empleo,
tal y como demandan las directrices de Luxemburgo, si las cotizaciones
sociales tienen que ir incrementando sus aportaciones al presupuesto de
ingresos de la Seguridad Social? No es razonable.

El espíritu del Pacto de Toledo suponía que el Estado iba haciendo frente
a las obligaciones no contributivas de la Seguridad Social para hacer que
las cotizaciones se mantuvieran. En 1982 los socialistas recibimos un
presupuesto de la Seguridad Social financiado en un 83 por ciento por
cotizaciones. Nosotros, a ustedes, a los herederos a beneficio de
inventario, se lo dejamos en un 64 por ciento. Ustedes no sólo han
interrumpido la disminución, sino que incluso la están volviendo hacia
atrás, y estos impuestos, estas cargas sociales gravitan directamente



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sobre el trabajo y sobre la estabilidad de nuestro sistema de pensiones.

Pero tendría un sentido la contención de gastos corrientes y de
aportaciones del Estado a los gastos sociales si se hiciera a cambio de
incrementar la inversión pública o, al menos, de mantenerla, y aquí el
heredero lo tenía difícil porque los socialistas, en 13 años de gobierno,
duplicamos los «stocks» de capital fijo, y, desde luego, no era posible
acometer este ritmo de crecimiento de la inversión pública en los nuevos
escenarios económicos.

Pero vamos a ver lo que han hecho ustedes con la inversión pública en
estos veintiún meses de Gobierno y lo que van a hacer en el Presupuesto
de 1998. En 1996, según datos de la Intervención General del Estado, la
participación de la Administración del Estado en la formación bruta de
capital fijo disminuyó en un 35 por ciento, es decir, la inversión
pública de la Administración del Estado disminuyó un 35 por ciento. A
finales de noviembre de 1997, las obligaciones reconocidas del Capítulo
VI, de Inversiones Reales, de los Presupuestos Generales del Estado
habían disminuido un 21 por ciento respecto a los del año anterior.

Tenemos una bajada en cascada del 60 por ciento de la inversión pública
en veintiún meses, y ustedes quieren contraponer esa bajada del 60 por
ciento con un crecimiento del 7,2 por ciento en el presupuesto
consolidado de los gastos de inversión. Un 7,2 va a compensar un 60.

Pero, además, este 7,2 por ciento, ¿en qué se traduce? Pues se traduce en
lo siguiente: 120 obras del Ministerio de Fomento, dotadas con una
consignación presupuestaria de 21.000 millones de pesetas; 150 de Medio
Ambiente, con 22.000 millones. Están presupuestadas entre el 2, el 3 y el
4 por ciento. Estas son las cuentas del Gran Capitán, pero al revés. Aquí
hacemos ferrocarriles de velocidad elevada, con 100 millones, presas con
25 y autovías con 50. Dentro de poco nos vamos a encontrar un embalse en
una tienda de «Todo a Cien», como esto siga así en los Presupuestos del
Gobierno. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.)
Para conseguir que estas actuaciones se realicen, el presupuesto de
inversiones debería crecer un 50 por ciento los tres años siguientes. En
caso contrario, estas actuaciones no se realizarán. Una de dos, o el
crecimiento de la inversión no es sostenible o, dos de dos, ni siquiera
hay crecimiento nominal de la inversión sobre el 60 por ciento de caída,
porque son actuaciones que no se van a hacer.

Pero este recorte de la inversión, que compromete gravemente las
posibilidades de capitalización de las regiones menos desarrolladas de
nuestro país, que dependen en mayor medida de la inversión pública, es
tan impresionante que incluso afecta al retorno de fondos comunitarios. Y
quiero hacer una precisión inicial: el actual Gobierno sabe que ha
contado y contará con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista para la
defensa de los intereses nacionales de España en las instituciones
europeas. Incluso, hace pocos días, la semana pasada, europarlamentarios
socialistas votaron que la cohesión social y territorial siguiera siendo
uno de los objetivos de los nuevos marcos de apoyo comunitario, en
contra, por cierto, del voto de los diputados conservadores en la Cámara.

Pero el Gobierno debería saber que la mejor defensa para obtener retornos
de fondos comunitarios y para defender mejor los intereses españoles es
el uso adecuado e intenso de los fondos comunitarios. Y por eso, por
responsabilidad, tenemos que señalar con preocupación que el Gobierno
está ejecutando muy mal los programas de fondos comunitarios
cofinanciados por la Unión Europea.

Señorías, tengo ante mí la evaluación presentada por el Gobierno al
principal de los programas, Apoyos Comunitarios, con fecha 21 de
septiembre de este mismo año, la del Marco Comunitario de Apoyo para las
Regiones Objetivo número 1, un conjunto de programas que engloban cuatro
billones de pesetas. En esta evaluación, encargada por el Gobierno, se
dice que en el año 1995 la ejecución de este Marco de Apoyo Comunitario
fue del 87,8 por ciento; en el año 1996 bajó sobre las previsiones del
ejercicio al 71,8 por ciento: una caída de 16 puntos en la ejecución de
programas cofinanciados con fondos europeos.

No tengo ninguna duda de que ustedes luego me van a decir que ya hay otro
informe que contradice a éste. Existe un informe que dice exactamente lo
contrario. Pero la realidad es que las cifras cantan, se han encendido
los pilotos de alarma y el propio Secretario de Estado de Presupuestos
tuvo que reconocer en esta Cámara que para obtener retornos de fondos
comunitarios se estaban presentando a proyectos elegibles que se
realizaron y ejecutaron entre 1994 y 1996. O, lo que es lo mismo: como
ustedes no realizan inversión nueva, tienen que buscar en los cajones los
proyectos que no presentó el Gobierno socialista, porque entonces no
había necesidad de utilizar todos y cada uno de los proyectos, sino,
simplemente, los más ventajosos, y ahora estamos recibiendo retornos
comunitarios por los proyectos del anterior Gobierno que también hemos
heredado.

Hay organismos del Estado que ya no pueden cofinanciar proyectos
comunitarios. Algunos, precisamente destinados a la innovación
tecnológica, como el IDAE. Esta es una situación absolutamente
preocupante, y por responsabilidad tenemos que decirles: no podemos
aceptar que en unos presupuestos con un recorte tan brutal de la
inversión se pueda comprometer incluso que España siga recibiendo fondos
comunitarios.

La falta de la inversión pública, que amenaza al empleo y a la
competitividad a medio plazo en nuestro país, no es, ni con mucho, lo más
preocupante de estos Presupuestos. Para los socialistas, lo más
preocupante de estos Presupuestos es lo que está pasando con el sistema
educativo. Ustedes dicen que el sistema educativo va a tener más fondos
el año 1998. Simplemente les voy a dar una cifra: anejo al proyecto de
Presupuestos para 1998 está la liquidación del proyecto de 1996. ¿Saben
sus señorías cuál es el presupuesto del Ministerio de Educación y Cultura
para 1998? Un billón ciento treinta y ocho mil millones de pesetas.

¿Saben sus señorías cuál fue lo liquidado en 1996 por los Ministerios de
Educación, y antes Cultura,



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luego de Educación y Cultura? Un billón ciento cincuenta y nueve mil
millones.

En el año 1998 va a haber menos gasto educativo del que hubo en el año
1996. Y, no obstante, ustedes dicen que el gasto educativo sube. Porque
utilizan --ya saben de mi afición a utilizar alguna cita literaria,
también en este debate tan árido de Presupuestos-- la misma técnica que
el Gran Hermano en la novela «1984». En «1984» el Gran Hermano comunicaba
a los ciudadanos que se había reducido la ración de chocolate, y les
decía: Hemos aumentado a 30 gramos la ración de chocolate --antes era de
40--; y a través del Ministerio de la Verdad, el protagonista de la
novela rectificaba periódicos pasados.

Ahora, en 1997, ustedes reducen el gasto educativo de una manera bárbara
y luego nos anuncian a través del Portavoz del Gobierno que el gasto
educativo en 1998 va a subir. Pero va a subir sobre 1997, no sobre 1996
ni, en pesetas constantes, sobre ninguno de los años de la década de los
noventa y casi de los ochenta. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)
Pero es que, además, este presupuesto, que compromete el gasto en
educación de nuestro país y, con ello, la capacidad de proporcionar
formación a los parados y la capacidad de invertir en capital humano en
nuestro país, lo cual es necesario para un crecimiento sostenible, tiene
déficit encubiertos. Les voy a poner un ejemplo muy claro. En 1997
ustedes dijeron que iban a producir los traspasos en materia de educación
a las Comunidades Autónomas. No se ha producido ninguno. El Consejo de
Ministros aprobó el primero, con fecha 1 de enero de 1998, para la
Comunidad de les Illes Balears.

El cálculo del coste efectivo de este traspaso se ha realizado sobre el
Presupuesto de 1996 y sobre la adecuación de las cifras de 1997,
incrementándose las cifras de 1996 en un 11 por ciento, cuando lo que se
traspasa a la Comunidad de las Islas Baleares es un 11 por ciento más que
el coste efectivo de los servicios, calculado con las cifras de 1996.

¿Cómo vamos a asumir, en 1998, incrementos de un 11 por ciento sobre un
presupuesto --el de 1996-- que era mayor, si no es, una de dos, o no
haciendo nuevos decretos de traspasos, o, dos de dos, con un déficit
encubierto de decenas de miles de millones de pesetas? A lo mejor hay una
tercera posibilidad, y es que se utilicen criterios diferentes a los
utilizados para la Comunidad de las Islas Baleares para el resto de las
Comunidades Autónomas; pero esto, pura y simplemente, es imposible y aquí
o hay un déficit encubierto o hay una imposibilidad manifiesta de seguir
traspasando los servicios de educación. Porque uno de los problemas
fundamentales que tiene este Presupuesto es el de los déficit
encubiertos, no sólo en la Seguridad Social o en el Ministerio de
Educación, sino también en la financiación autonómica.

Sobre este tema hemos discutido muchas veces en esta Cámara, y
simplemente voy a darles otro dato más para comprobar, en la práctica,
que sus previsiones estaban equivocadas. Las transferencias para la
participación territorial en el ingreso de la renta de las Comunidades
Autónomas van a crecer un 0,4 por ciento en los Presupuestos de 1998
sobre los de 1997. ¿Por qué? Porque estas transferencias se calculan
sobre la previsión de crecimiento del impuesto, y como en el año 1997
esta previsión ha ido a la baja con 161.000 millones de pesetas, en vez
de un 5 por ciento las transferencias van a crecer un 0,4 por ciento. Y
esto es así.

El problema de que esto sea así es que ustedes generaron muchas
expectativas con su sistema de financiación autonómico, y tienen que
cumplirlas. Y, ¿cómo las cumplen? Con acuerdos bilaterales, añadiendo
opacidad e injusticias al sistema. Acuerdos bilaterales tan peregrinos
como uno que supone aceptar una enmienda a la tramitación del proyecto de
Presupuestos en esta Cámara que significa declarar de interés general
--y, en este sentido, obligar a su cofinanciación por el Estado-- una
obra, el eje transversal de Cataluña, que se acaba de inaugurar el
viernes de la semana pasada. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.) ¿Cómo es posible que una obra inaugurada tenga
que ser cofinanciada a posteriori? ¿Esto es mínimamente razonable? Y si
falta por inaugurar un tramo de 10 ó 15 kilómetros me da igual. ¿Cómo es
posible que haya que declarar de interés general los 15 últimos
kilómetros de una carretera de 140? ¿Tiene algún sentido?
¿Tiene algún sentido que hayamos aprobado otra enmienda...




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Granado, terminó su
tiempo. Cuanto antes finalice, mejor.




El señor GRANADO MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.

Termino en cinco minutos. Gracias por su benevolencia.

¿Tiene sentido que hayamos aprobado otra enmienda en esta Cámara...




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señoría, le advierto que cinco
minutos es mucho tiempo. Tiene que terminar mucho antes.




El señor GRANADO MARTINEZ: Intentaré hacerlo en tres.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Si continúa mucho más tiempo le
advertiré de nuevo.




El señor GRANADO MARTINEZ: Gracias, señor Presidente, por su amabilidad.

¿Tiene sentido que en esta Cámara hayamos aprobado otra enmienda que
excluye de la financiación de los fondos de cohesión, una financiación
absolutamente privilegiada del 90 por ciento de las instituciones
europeas, a algunas Comunidades Autónomas? Porque hemos aprobado una
enmienda que dice que se van a financiar obras en algunas Comunidades
Autónomas, pero en otras no.

A nuestro juicio, es necesario que el sistema de financiación no esté al
albur de este tipo de actuaciones; tiene que haber un sistema de
financiación justo y adecuado para todas las Comunidades Autónomas, y en
particular



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para aquéllas que son más solidarias, aquéllas que contribuyen más al
reparto de costes en nuestro país.

Tenemos que hacer una última referencia --y con eso termino, señor
Presidente-- al problema de la sanidad. Ustedes presentaron un proyecto
de Presupuestos que decía que la sanidad estaba bien tratada, y que era
una prioridad del Gobierno, pero que en la práctica incumplía las propias
resoluciones de la Cámara, porque incrementaba el presupuesto menos que
lo que habían dicho incluso en la Comisión de Sanidad del Congreso de los
Diputados, que estaba elaborando el informe sobre sanidad pública. Para
corregir esto ustedes presentan una enmienda en el Senado, fruto de un
acuerdo con unas Comunidades Autónomas que ven su financiación global
amenazada, porque el sistema de financiación no funciona, y lógicamente
las Comunidades Autónomas se llevan la parte del león: 72.600 millones de
pesetas de un total de ochenta y tres mil y pico. El Insalud, al que
según el Vicepresidente económico del Gobierno se le va a equiparar en
gasto per cápita, recibe el 13 por ciento de estos fondos, con el 37 por
ciento de la población. Pero, no solamente se genera con esto un nuevo
agravio comparativo, al margen del enorme rigor que supone presentar una
enmienda dando la baja en la Seguridad Social, Sección 31, porque no
había otra partida que pudiera sujetar la baja --esto el día 1 de
diciembre--, y el día 4 de diciembre decirnos que la baja era con cargo a
una estimación de mayores ingresos; del 1 al 4 de diciembre hemos
caminado todos por el camino de Damasco.

Hemos descubierto de repente 84.000 millones más de ingresos que,
casualmente, es la cifra que necesitamos para financiar la sanidad;
naturalmente, para no alterar el objetivo de cumplimiento de déficit.

Pero no solamente hacemos esto, sino que hacemos lo del cuento de la
lechera; el Vicepresidente económico del Gobierno ha dicho: ahora los
ahorros en gasto farmacéutico se van a utilizar en la mejora de las
prestaciones del sistema.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Granado, lleva ya tres
minutos de paso.




El señor GRANADO MARTINEZ: Un minuto simplemente.

El Vicepresidente económico ha dicho esto, y en la práctica tendría que
haber dicho: vamos a hacer una cosa que no se ha hecho nunca y es gastar
el dinero antes de haberlo ahorrado. Porque no sabemos cuánto vamos a
ahorrar en medicinas ni cómo lo vamos a hacer, pero ya lo tenemos
gastado, 22.900 millones de pesetas ya se gastan de ese ahorro. (Aplausos
en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Y no sólo eso, sino que hay 40.000 millones de pesetas adicionales que
van a salir de la incapacidad temporal. Un decreto aprobado por Consejo
de Ministros y publicado el día 6 de diciembre en el «BOE» concede
anticipos de tesorería de 40.000 millones de pesetas para mejorar la
financiación del sistema sanitario. Voy a leerles lo que dice el artículo
tres del decreto: los importes se regularizarán en 1998 --decreto
aprobado en 1997--. Voy a leerles lo que dice la Ley de Disciplina
Presupuestaria que el señor Vicepresidente económico del Gobierno ha
puesto como ejemplo de cómo en este país ya no hay indisciplina
presupuestaria: se modifica el artículo 65 de la Ley General
Presupuestaria de forma tal que los anticipos de fondos que se concedan
en un ejercicio sean cancelados en el propio ejercicio. La Ley de
Disciplina Presupuestaria, señor Vicepresidente del Gobierno, está
enterrada, la han enterrado ustedes y ni siquiera tenía un añito. Este
decreto incumple la Ley General Presupuestaria, lo incumplen ustedes y,
además, lo más grave no es que lo incumplan; lo más grave es que los
40.000 millones de pesetas no están en las enmiendas presupuestarias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Granado, usted sabe que
hemos empezado un debate muy largo, que deberíamos ser rigurosos, y que
lo agradeceremos todos por nuestra propia autodisciplina. Yo le rogaría
que, como ejemplo de ello, usted diera por terminado su discurso
inmediatamente. (Rumores.)



El señor GRANADO MARTINEZ: ¿Diez segundos?



El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Diez segundos.




El señor GRANADO MARTINEZ: Esos 40.000 millones de pesetas también van a
ir a déficit.

Señoras y señores Senadores -- termino ya--, España va bien, pero de vez
en cuando nieva, y cuando nieva descubrimos que recortar el presupuesto o
el programa de protección civil, llevarlo a la mitad en tres años, tiene
problemas. Y nieva, especialmente, sobre algunas cosas: nieva sobre la
inversión pública, nieva sobre la educación, nieva especialmente sobre
algunas personas; los que ganen el salario mínimo, en 1998 ya no van a
tener derecho a que se les devuelvan las retenciones que se les han hecho
sobre sus modestos ahorros, porque se les incrementan las cotizaciones en
el Impuesto sobre la Renta, se les disminuyen los gastos deducibles por
trabajo. Los parados enfermos van a ver sus prestaciones...




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Granado, muchas gracias,
por su intervención. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario
Socialista.) Me ha pedido diez segundos y es la cuarta intervención que
hago.




El señor GRANADO MARTINEZ: Señor Presidente, en ese caso, lamento que no
me deje terminar, lo haré en la próxima intervención.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Se lo agradezco. Muchas gracias,
señoría.




El señor GRANADO MARTINEZ: Lo que quería decir, señor Presidente, si me
permite una última frase, es que no es necesario que nada de esto suceda
para que se cumplan los objetivos de Maastricht y que, desde luego,



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la injusticia en el reparto de las cargas es tal que estos Presupuestos
no merecen la confianza de la Cámara.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.)



El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias. Para el buen
orden de este debate, les pido que mis intervenciones no las entiendan en
tono partidista porque, entonces, es muy difícil para esta Presidencia
poder llevar a cabo su función. Les agradecería que me ayudaran en este
aspecto. Muchas gracias, señorías.

No se hace uso del turno en contra. Pasamos ahora a la propuesta de veto
de los Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente.

Tiene la palabra el Senador Román Clemente.




El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.

Subo a esta tribuna para defender en nombre de Izquierda Unida, las dos
propuestas de veto, tanto a la Ley de Presupuestos Generales del Estado,
como a la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Señorías, desde Izquierda Unida consideramos que estamos ante unos
Presupuestos cortos, injustos, desequilibrados y que suponen un brutal
aumento de los gastos fiscales, con una orientación que, desde nuestro
punto de vista, afecta negativamente a los principios de equidad y
progresividad que mandata la Constitución española. Se trata de unos
Presupuestos que se han elaborado independientemente de las necesidades
de la economía real y muy especialmente por no orientarse a la creación
de empleo y a la reducción sustancial de la alta tasa de desempleo que
padece nuestro país y que podríamos abordar, sin ninguna duda, con un
desarrollo solidario del actual crecimiento económico. Consolidan un
modelo de crecimiento desigual, tanto en los ingresos, como en los
gastos. El crecimiento económico no significa mayores ingresos por
impuestos directos de los beneficiarios de este crecimiento y, por
contra, se produce un incremento de la imposición indirecta, consumo,
tasas, precios públicos, con un fuerte incremento de los gastos fiscales,
lo que hace más regresiva la política impositiva, y los gastos son
regresivos e insolidarios por no hacer frente a las necesidades
prioritarias de los ciudadanos. Resaltemos sólo empleo, corrección de los
desequilibrios territoriales y de las desigualdades sociales. Son, por
tanto, señorías, unos Presupuestos hechos para consolidar las
desigualdades sociales.

Creemos que se cimentan en un concepto ultraliberal que desmonta el
sector público y deteriora sus servicios al reducir el peso del gasto del
Estado con relación al incremento de los ingresos y trasladar a la
iniciativa privada la prestación de servicios públicos como educación y
sanidad. También consideramos que maquillan las cifras de los
presupuestos y del déficit público. Se agudizan las privatizaciones,
hasta un total de un billón y medio de pesetas, reduciendo las
transferencias del Estado a organismos prestadores de servicios y
empresas públicas en general e hipotecan futuros presupuestos con una
economía creativa, lo que ya se defendió el año pasado y hemos podido
comprobar a lo largo de 1997 que no ha funcionado.

Por otra parte, se camufla contablemente para años futuros un gasto que
se ejecuta en éste, aparte del mal ejemplo del Estado como el mayor
empresario del país que renuncia a la oferta pública de empleo para
mantener la calidad de los servicios públicos. Un debate importante fue
el de la reducción de altos cargos. Contrariamente a aquel debate y a lo
que se mantenía en aquel tiempo, se incrementa en más de 500 el número de
personal de confianza, tanto del Presidente, como de los diferentes
Ministros, y se renuncia al mantenimiento del poder adquisitivo de los
dos millones de empleados públicos y a la revalorización de la pensión
mínima, acercándola al salario mínimo. Señorías, cuando el primer
objetivo, que tanto se manifiesta, es la creación de empleo, no
entendemos cómo el Estado mantiene en la Función Pública una situación de
precariedad que en algunos servicios es insultante; precariedad en la
oferta de empleo público, al tiempo que se produce una situación de
estrés en determinados organismos por la no cobertura de las bajas, de
las sustituciones, de las vacantes, porque no se ofertan, porque no se
hace una política de creación de empleo, porque se ha renunciado en la
Administración pública a hacer una política de creación de empleo.

Mientras que no ocurran más problemas y siga saliendo, por el esfuerzo de
los empleados públicos, el trabajo, parece ser que el Gobierno no va a
tomar ningún tipo de medidas. Sería bueno que conociera la situación en
la que se encuentra la Función Pública y que hay que proceder a la
cobertura de las necesidades existentes en este momento.

Por otra parte, constatamos el fracaso del sistema de financiación
autonómica al no garantizar las transferencias de educación y, por tanto,
la cesión del 30 por ciento del IRPF, a la vez que ofrecen una
imprevisión presupuestaria de la cuantía a cada Comunidad Autónoma por la
participación en los ingresos del Estado. No precisan la distribución del
fondo de nivelación, anulan la deuda histórica --importante batalla,
señorías, ¡qué diferencia de criterio según se esté en cada ámbito!--, y
comunidades Autónomas, como Andalucía y Extremadura, cuyos parlamentarios
tanto batallaron uniéndose a las peticiones de reconocimiento de asumir
el pago de la deuda histórica, quedan olvidadas en estos Presupuestos
Generales del Estado. Además, los Presupuestos son un verdadero almacén
para satisfacer las necesidades de quienes apoyan al Gobierno. Ese
tratamiento es insolidario, es injusto, y no sé, señorías, con qué
criterio lo van a mantener en los diferentes Parlamentos autonómicos, en
concreto en Andalucía.

Son unos Presupuestos condicionados por una política monetaria cuyo único
objetivo es el euro --y así lo decía el Vicepresidente Segundo del
Gobierno hoy mismo-- lo más rápidamente posible, al menor costo,
supeditando criterios macroeconómicos que, desde nuestro punto de vista,
aleja cada vez más la cohesión social y económica de España y de Europa y
abre un marco presupuestario exigido por el pacto de estabilidad
--simplemente revisemos



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las últimas noticias--, que va a debilitar nuestra economía y va a
favorecer a las grandes economías y a quienes resultan beneficiados por
ellas.

Señorías, desde Izquierda Unida consideramos que se debería proceder a la
reelaboración de unos presupuestos que tuvieran, al menos, los siguientes
criterios: en primer lugar, una política fiscal sin privatizaciones, con
una reducción significativa de los gastos fiscales, un incremento en la
progresividad fiscal hacia las plusvalías y rentas de capital, una
reducción de la imposición indirecta y de las tasas y la incorporación de
tasas con finalidad medioambiental.

En segundo lugar, una política de gastos centrada en el incremento del
empleo estable y en la drástica reducción de la contratación temporal,
con reformas legales y fomentos de ayuda al contrato de sustitución, con
una drástica reducción de horas extraordinarias y la disminución de la
jornada laboral. Todo ello unido a un plan social de empleo, de
contratación pública, a través de las distintas Administraciones --es
insoportable, insisto, que el mayor empresario, el Estado, mantenga la
situación de precariedad, de abandono en sus responsabilidades--, y
también la recuperación de la capacidad adquisitiva de los empleados
públicos.

Señorías, tantas y tantas veces se dice que se quieren respetar los
diferentes derechos y, sin embargo, el derecho a la negociación colectiva
no es respetado en estos Presupuestos. No ha habido oportunidad para los
empleados públicos de negociar; se trata, simple y llanamente, de una
imposición. Antes fue congelación salarial, ahora se impide la
recuperación del poder adquisitivo, y todo en aras a unos grandes
objetivos, pero incumpliendo cualquier tipo de principio, hasta incluso
la legalidad vigente.

En tercer lugar, un aumento, un mayor protagonismo de las
Administraciones públicas en las políticas activas, el incremento
sustancial de la inversión y una contención del gasto militar reduciendo
gastos corrientes y modernizando el proceso de ejército profesional,
destinando un incremento sustancial de la inversión para corregir los
desequilibrios territoriales, incidiendo especialmente en la potenciación
del transporte ferroviario y en las inversiones medioambientales.

Un cuarto eje para reelaborar los Presupuestos sería un aumento en la
calidad y en la cantidad de los servicios públicos, como educación,
investigación y desarrollo, justicia, cultura, sanidad, elevando esas
partidas presupuestarias para mejorar los servicios públicos que
proporcionan.

Un quinto eje sería un sistema de financiación de los entes territoriales
basado en una mayor dotación para los municipios --municipios tan
necesitados, por otra parte--, un sistema de financiación autonómica más
solidario y con reconocimiento de la deuda histórica y una Administración
periférica más reducida y que facilite la ventanilla única. Por tanto,
como consideramos que no basta simplemente con decir que se está en
desacuerdo con el proyecto de Presupuestos, aportamos estos criterios
para su reelaboración.

Al hilo de lo que es una práctica habitual demasiado extendida y no por
ello al borde de la legalidad, viene un año más la Ley de Medidas
Fiscales, Administrativas y del Orden Social en un proyecto que modifica
más de 30 leyes, con la creación de organismos y agencias, y todo ello,
una vez más, desoyendo las voces críticas que desde los diferentes Grupos
Parlamentarios, también desde el Consejo Económico y Social, se han
venido pronunciando desde que apareció en su momento esta técnica
legislativa. También en esto se produce una situación de contradicción y
según donde se esté, así se tiene el criterio político. Aquí se utiliza
esta ley para modificar importantes aspectos que dudosamente tienen que
ver con el proyecto de Presupuestos; en otros parlamentos se hace una
defensa a ultranza de los criterios completamente contrarios, de las
inconveniencias de este tipo de medidas.

Aunque el argumento utilizado por el Gobierno es que una disposición de
este tipo se puede utilizar para corregir disfunciones advertidas en el
curso de la aplicación de las variadas regulaciones, insisto que no
siempre guardan relación directa con los Presupuestos Generales del
Estado o con los criterios de política económica de la que éstos son el
principal instrumento, la realidad es que es una situación cómoda para el
Gobierno, pero, al mismo tiempo, es injusta para los que tienen que
interpretar esta norma, para quien tiene que aplicarla y para los
ciudadanos en general. Los ciudadanos que cada vez se encuentran en una
mayor situación de inseguridad jurídica; inseguridad jurídica por la
dispersión normativa que este hecho produce y porque, sin duda, es cómodo
para el Gobierno porque evita tener que debatir proyectos importantes,
proyectos que deberían llevar otra tramitación, acumulándolos en un
proceso de esta categoría. Por ejemplo, por citar uno --lo decíamos en la
exposición de motivos de nuestra propuesta de veto--: éste no es el marco
adecuado para modificar el texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social. Hemos tenido hace muy poco un debate en esta Cámara
donde se ha procedido a aprobar la Ley de Consolidación y Racionalización
de la Seguridad Social; una ley que venía, según me recordaban sus
señorías, consensuada con los agentes sociales. Pues bien, se produce,
entendemos, una modificación del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social que merecería haber tenido un debate más intenso.

En referencia a las modificaciones fiscales que plantea este proyecto de
ley, nosotros entendemos, como decíamos al principio, que vienen a
incidir justamente en que son unos Presupuestos cortos, injustos,
desequilibrados y con un aumento brutal de los gastos fiscales, en una
orientación --también tengo que recordar-- contraria a lo que establece
nuestra Constitución. También por un proceso de goteo normativo se apunta
claramente hacia la idea de que el sistema fiscal es una carga gravosa
para la competitividad de la economía y no una pieza indispensable para
la cohesión de la sociedad. Se está marcando la tendencia de una
desigualdad creciente en el esfuerzo que se requiere a los ciudadanos.

Fiel reflejo de ello son las medidas plasmadas que favorecen a las rentas
de capital frente a las rentas del trabajo, reduciendo la progresividad



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exigible en los distintos niveles de renta y riqueza al potenciar ciertas
desgravaciones fiscales y al generar un aumento sustancial en la
imposición indirecta.

Señorías, en cuanto al personal al servicio de las Administraciones
públicas, el Gobierno plantea situaciones chocantes y extremas. En el
artículo 46 se regula que el Estado se haga participe directamente de la
precariedad. Se establece un sistema de contratación de unos facultativos
en horarios fuera de la jornada, no acude a la oferta de empleo público,
y con la sorprendente idea del artículo 54, se crean magistrados de
enlace, con la consecuencia de que no va a suponer una modificación en la
relación de puestos de trabajo en la Administración General del Estado.

Es una forma de entender --insistimos-- cómo se tienen que hacer las
cosas en la Función Pública totalmente contraria a cualquier tipo de
lógica.

Por todo ello, señorías, desde el rigor, desde la seriedad, planteamos
esta propuesta de veto, de forma alternativa, porque consideramos que
estos Presupuestos, contrariamente a lo que se insiste una y otra vez, no
son los Presupuestos de la creación de empleo, no son Presupuestos que
aborden la primera necesidad de este país, sino que, muy al contrario,
son unos Presupuestos injustos y desequilibrados.

Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Román
Clemente.

No hay turno en contra.

Tiene la palabra la Senadora De Boneta y Piedra.




La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor Presidente.

Señor Presidente, señor Ministro y Vicepresidente del Gobierno, señorías,
se han dicho ya muchas cosas que yo creo que en este tercer turno de veto
que se plantea, en este caso, de la Senadora de Eusko Alkartasuna,
integrante del Grupo Parlamentario Mixto, no conviene repetir. Por otra
parte, venimos ya debatiendo una serie de cuestiones y de discrepancias
desde la celebración de la Comisión la semana pasada. Por eso me voy a
detener en el planteamiento que se hace en la justificación de los vetos,
tanto a la ley de Presupuestos Generales del Estado como a la ley de
Medidas Fiscales. Me voy a detener únicamente en algunos aspectos que
creo que es de interés recalcar.

En primer lugar, planteamos el veto, tanto a una como a otra ley, por
coherencia con nuestros planteamientos en relación a la defensa de la
autonomía y del autogobierno del País Vasco, y lo hacemos así porque
pensamos que hay una serie de incumplimientos, de no desarrollo del
Estatuto --quedan alrededor de 39 materias pendientes en torno a las
transferencias y a las competencias establecidas en el Estatuto de
Guernika, desde cuya aprobación han pasado ya casi veinte años--, y, por
otra parte, nos parece que, como consecuencia de este incumplimiento de
las transferencias establecidas, muchas de las partidas consignadas no
deberían aparecer, al menos en los que se refiere al País Vasco, en los
Presupuestos Generales del Estado, pero siguen consignadas aquí.

Solamente por coherencia con nuestra defensa del autogobierno deberíamos
decir no a estos Presupuestos, como viene siendo habitual.

Creemos que hay cuestiones no transferidas de suma importancia, y
conviene repetirlas aquí. Nos referimos, por ejemplo, a la transferencia
en investigación científica y desarrollo tecnológico establecida en el
Estatuto de Autonomía, en el artículo 10.16, como competencia exclusiva
--hemos hablado ya más de una vez de esta cuestión--, que consideramos
absolutamente necesaria como motor del desarrollo económico del país, y
que, sin embargo, sigue sin transferirse y en una vía muerta.

Hay otras transferencias de contenido económico cruciales, como la del
INEM. Aunque algo se ha avanzado con esa transferencia --que se ha
conseguido vía negociación-- de la gestión de los fondos correspondientes
a la Comunidad en materia de formación continua, estamos asistiendo
realmente a la descentralización de la gestión de esos fondos y no tiene
nada que ver con lo que nosotros entendemos por autonomía política o por
autogobierno. En cualquier tratado de Derecho administrativo vienen
siempre juntos tres conceptos, que son desconcentración,
descentralización y autonomía, y cuando nos referimos a desconcentración
y a descentralización administrativa no estamos hablando de autonomía
política. Pensamos que lo que se ha hecho en este caso es una
descentralización administrativa y no una descentralización política, que
es lo que venimos reclamando en relación con todas estas materias.

Al margen ya de la defensa del autogobierno --que, como digo, para
nosotros, para Eusko Alkartasuna, es suficiente para plantear un rechazo
a los Presupuestos y a la Ley de acompañamiento--, tenemos que insistir
en que este presupuesto es continuista, confía más en el buen
comportamiento de la economía, en el buen desarrollo del ingreso y sin
entrar de lleno --o todo lo que debería-- en la contención del gasto
público, sobre todo en materia de gasto corriente. Teniendo en cuenta el
buen comportamiento de la economía --que reconocemos--, estos
Presupuestos deberían haber sido más valientes en todos los casos, y
especialmente en cuestiones como las relativas a un desarrollo más
agresivo --por decirlo de alguna manera-- de las políticas activas de
empleo. No decimos que no se desarrollen una serie de políticas activas
de empleo, decimos que no son las suficientes.

El gran reto y la gran preocupación para todos los ciudadanos del Estado
español --aunque también de la Unión Europea en general y, desde luego,
de la Comunidad Autónoma vasca-- es el problema del empleo, la
consolidación de una situación de desempleo estructural que es necesario
corregir, no solamente por la buena marcha de la economía, sino sobre
todo por la buena marcha de la sociedad y por la buena marcha de la
solidaridad necesaria. Porque según la vieja división de económicamente
fuertes o económicamente débiles, de ricos y pobres, hoy en día se puede
considerar ricas a las personas que tienen empleo y pobres a aquellas que
se mantienen en el desempleo estructural y que incluso están en grave



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peligro de entrar por esa vía en la marginación y en la autoexclusión.

Estamos de acuerdo con las propuestas planteadas en Luxemburgo en
relación con la necesidad de estimular el espíritu de empresa y la
inserción profesional. Los estados gastan una cantidad muy importante,
200.000 millones de ecus --33 billones de peseta-- al año en políticas de
empleo, pero solamente un tercio de este gasto se realiza en políticas
activas. Hay que ofrecer una oportunidad de empleo a los que lleven un
año en paro, lo mismo que a los jóvenes que lleven seis meses; hay que
facilitar el acceso al aprendizaje; hay que aumentar el porcentaje de los
beneficiarios de formaciones activas, pasando del 10 por ciento actual al
25 por ciento; reducir el coste de contratación de los poco cualificados
y promover también en este caso la moderación salarial.

Hay que proceder a una adaptación de empresas y trabajadores, reforzar el
estatuto del profesional de trabajos atípicos a tiempo parcial, suprimir
obstáculos fiscales en la inversión en recursos humanos, fomentar la
formación y centrar las políticas nacionales de ayudas públicas en favor
de la creación de empleos duraderos.

Estamos de acuerdo, por supuesto, con el impulso de la igualdad de
oportunidades. En este sentido, quiero incidir una vez más en algo que
nos debe preocupar a todos: reducir la distancia entre la tasa de paro
femenino y la del masculino.

Es imposible no estar de acuerdo con estas y otras ideas planteadas en
los presupuestos. Sin embargo, nos parece que no son suficientemente
agresivos, que no inciden suficientemente en determinadas medidas, sobre
todo en el aumento de inversión en políticas activas de empleo, lo cual
generaría a la larga, una situación mucho mejor incluso desde el punto de
vista presupuestario, puesto que al disminuir el paro lógicamente las
coberturas de desempleo --que, por cierto, se reducen en estos
presupuestos-- tienen menor incidencia y, por tanto, es necesario dedicar
una cantidad menor de recursos, siempre que se trabaje con el objetivo de
incidencia mayor en políticas activas de empleo.

No vamos a dejar de reconocer que la reforma laboral pactada entre los
agentes sociales ha tenido éxito en tanto han aumentado las
contrataciones con carácter indefinido en mayor cuantía que las
contrataciones laborales, según los últimos datos de la EPA, situación
que también se ha producido en la Comunidad Autónoma Vasca. Sin embargo,
para resolver el problema tan acuciante del paro y generar empleo es
preciso seguir aprobando nuevas medidas y, sobre todo, propiciando que
sindicatos y patronal se pongan de acuerdo sobre las nuevas medidas a
tomar.

El sector público, por supuesto, puede ayudar a través de la formación,
de la inserción profesional y consiguiendo que la economía crezca por
encima de la de nuestros socios europeos. No queda más remedio que
impulsar la competitividad para aprovechar al máximo las ventajas que la
moneda única pueda acarrear en cuanto a estabilidad macroeconómica.

Compartimos este objetivo y sin embargo, creemos --insisto-- que no se
está aprovechando suficientemente este buen comportamiento de la economía
española.

Está probado que las reformas del mercado de trabajo deben ser globales,
que hay que hacer reformas completas si se quiere que sean efectivas. Si
se toman medidas por el sistema de parcheo, sin coherencia y desde la
multiplicidad de acciones dirigidas hacia el mismo objetivo, no se
consigue un efecto tan positivo como debería obtenerse. Por tanto,
consideramos que hay que evitar este parcheo y estas medidas aisladas,
por decirlo de alguna manera, y aplicar medidas globales que mejoren la
situación del empleo que es, hoy por hoy --insisto-- una de las mayores
preocupaciones tanto en la Comunidad Autónoma del País Vasco --por la que
he sido designada-- como en el Estado español y como en el conjunto de la
Unión Europea.

En otro orden de cosas, estos presupuestos no invierten lo suficiente en
la Comunidad Autónoma del País Vasco y en Navarra, sobre todo en
infraestructuras. Hay obras que son absolutamente necesarias, como la «Y»
vasca, como infraestructuras ferroviarias, o como la autopista
Malzaga-Urbina. La «Y» ferroviaria vasca, como ustedes saben, tiene una
dotación de 250 millones de pesetas. Nos parece que la inversión
realizada en la Comunidad Autónoma Vasca no se corresponde con las
aportaciones vía cupo.

Quiero darles unos datos, porque siempre parece que Comunidades con un
alto índice de sentimiento político de autogobierno, como el País Vasco,
sobre todo cuando esta defensa la hacemos nacionalistas vascos, somos
insolidarias, que nos queremos llevar todo y que realmente estamos
recibiendo mucho más de lo que aportamos.

Yo daba un porcentaje en la Comisión, pero, a título de ejemplo, quiero
hablarles de la participación en el período 1995-1999 de la Comunidad
Autónoma Vasca en fondos de cohesión, los fondos estructurales.

Las cantidades correspondientes al Estado español para este período son,
aproximadamente, de 1,6 billones de pesetas. La Comunidad Autónoma Vasca
ha recibido o va a recibir en este período unas cantidades tan exiguas
que no pasan de los siguientes proyectos: en residuos y recuperación de
suelos contaminados en la Comunidad Autónoma Vasca, de un coste total de
5.302,5 millones de pesetas, 4.242 millones de pesetas de ayuda. En el
centro avanzado de reciclaje, de 754 millones de pesetas de importe en
proyecto, 603,2 millones de pesetas de ayuda.

Asimismo, de un proyecto para gestión de residuos sólidos urbanos de
13.463,8 millones de pesetas, las corporaciones locales han recibido
10.780,7 de ayuda y de unos proyectos para saneamiento de aguas de
1.361,3 millones de pesetas, 1.105,1 de ayuda.

En total de la cantidad de 1,6 billones de pesetas, la Comunidad Autónoma
Vasca ha recibido 16.831 millones de pesetas.

Si nos fijamos en términos porcentuales en los años 1995 a 1999, en
depuración de agua y control de calidad y gestión de residuos, el 0,08
por ciento. No olvidemos que estamos hablando de aportaciones del 6,24.

En infraestructuras medioambientales, el 0,87 por ciento --estoy hablando
del año 1995.

Sólo en el año 1996 nos acercamos algo al 6,24 por ciento, pero nos falta
mucho, porque tenemos un porcentaje de 5,58 por ciento en depuración de
agua y control



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de calidad y de 2,73 en infraestructuras medioambientales --me refiero al
año 1996.

De 1998 a 1999 las previsiones del País Vasco en depuración de agua,
control de calidad y gestión de residuos son de un 0,07 por ciento. En
infraestructuras medioambientales es el mismo porcentaje.

Por tanto, si vemos el cuadro-resumen de proyectos con cargo fondos de
cohesión, estamos hablando de 1,63 en las administraciones autonómicas
más lo que se recibe vía corporaciones locales, que es el 1,31 por
ciento.

No quiero dar ahora más datos, pero en todo caso queda reflejado muy
claramente que no nos estamos quejando ni siendo insolidarios, sino que
sólo estamos reclamando aquello que nos parece absolutamente necesario y
justo, sin siquiera solicitar que lleguemos a porcentajes similares a las
cantidades que aportamos por todas aquellas competencias que el Estado
desarrolla en la Comunidad Autónoma Vasca.

En estos Presupuestos Generales del Estado no estamos de acuerdo con la
inversión I+D, que no llega al 0,9 por ciento sobre el PIB, puesto que
cada vez nos alejamos más de las cantidades que se están aportando en
Europa.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senadora De Boneta, vaya
concluyendo.




La señora DE BONETA Y PIEDRA: Sí, señor Presidente, termino.

En materia de medidas fiscales hemos enumerando ya cuáles son los
planteamientos fundamentales por los que hemos presentado el veto. Uno de
ellos, aparte de los ya citados desde el punto de vista de defensa del
autogobierno, es que no estamos de acuerdo con el planteamiento regresivo
y antisocial que supone el aumento de la imposición indirecta. Tengo que
señalar, como el resto de mis compañeros e, igualmente, el informe del
Consejo Económico y Social, que por esta vía se modifica gran número de
leyes, lo cual provoca una inseguridad jurídica en los ciudadanos, puesto
que, desde el punto de vista de técnica legislativa, es poco transparente
en aquellas cuestiones que aborda. Es una política que hemos denunciado
siempre, pero debemos hacerlo una vez más en relación con el poyecto de
ley de acompañamiento para este año 1998.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.

Para un turno en contra y por un tiempo de 35 minutos tiene la palabra el
Senador Utrera Mora.




El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor Presidente.

Subo a esta tribuna, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, para
declarar nuestra posición contraria a las enmiendas de veto, a las
enmiendas de totalidad a los Presupuestos Generales del Estado para 1998
y a la Ley de medidas que los acompaña.

En realidad, en las formulaciones de los tres portavoces que han
defendido tales enmiendas de veto no hemos encontrado argumento
consistente alguno que permita cuestionar la totalidad del debate
presupuestario. En unos casos porque se han centrado exclusivamente en un
debate territorial --me refiero al veto presentado por la Senadora De
Boneta, de Eusko Alkartasuna--, más propio de otro Parlamento, de otro
lugar o de otros proyectos de ley, cuando debatimos leyes que afectan
específicamente a la distribución territorial de competencias o, incluso,
a la distribución de recaudación tributaria.

En cuanto al veto presentado por el Senador Román Clemente, de Izquierda
Unida, hemos encontrado ciertamente una crítica completa y compleja,
tanto que se sale de los cauces que nosotros entendemos que la sociedad
española busca en estos momentos de integración en la Unión Monetaria, y
por ello me va a permitir que no entre en su debate pormenorizado.

Unicamente voy a rechazar sus argumentos por excesivos y, en todo caso,
por poco fundamentados en la realidad económica que nos toca vivir en el
presente de globalización de las economías occidentales, de integración
en la Unión Europea, de los problemas de competitividad que aquejaban a
la economía española y que es necesario superar para que esa integración
monetaria europea sea beneficiosa para nuestro país y de afrontar también
la globalización internacional.

Por esa razón, debido a que las circunstancias de la realidad del mundo
actual no coinciden con las hipótesis y supuestos de partida en su modelo
de alternativa presupuestaria, hemos de rechazar ese veto sin entrar en
mayor discusión.

En el tercer veto, en el que el Senador Granado ha actuado como portavoz
del Grupo Parlamentario Socialista, seguimos viendo un juego insistente
de martilleo de conceptos, pero todos ellos dispersos, relativos a
algunas secciones concretas. Ha hablado de sanidad, de educación, de
ingresos tributarios procedentes de las pequeñas y medianas empresas, de
incumplimiento de programa de inversiones. En definitiva, ha hablado de
aspiraciones --diría más bien de ambiciones infundadas-- en materia de
empleo, pero --insisto--, desde nuestro punto de vista, no ha justificado
una enmienda de totalidad a los Presupuestos Generales del Estado para el
año 1998 que sea realmente consistente.

Ciertamente, el Grupo Parlamentario Socialista comparte --y creo que
todos los Grupos de esta Cámara-- el gran objetivo de integración en la
Unión Monetaria que tenemos ya a las puertas y que casi todos
consideramos que es alcanzable, que está al alcance de nuestros dedos.

Sin embargo, afirman no compartir los instrumentos utilizados en los
Presupuestos Generales del Estado al tiempo que basan su argumentación en
no sé sabe qué realmente de los Presupuestos Generales del Estado, sin
formular alternativa alguna.

Por toda alternativa hemos encontrado --y es la mejor expresión de lo que
el Partido Socialista defendió en el Congreso de los Diputados y defiende
ahora en el Senado-- una enmienda, la número 833, que señala que los
ingresos fiscales, es decir, los aumentos impositivos que



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podrían soportar los españoles en 1998, son de casi 700.000 millones de
pesetas más. Y con eso arreglan toda una serie de secciones --puesto que
no es otra cosa lo que formulan tanto en sus enmiendas como en el debate
de totalidad--, picoteando desde la Sección 31 --a la cual trasladan esos
700.000 millones de mayor recaudación, y hemos de entender también que de
mayores impuestos--, picoteando en favor aquí de Sanidad, allí de
Educación, acullá financiación autonómica, etcétera.

En definitiva, todo planteamiento alternativo se ha concretado en
aumentos fiscales no para consolidar el déficit público, no para avanzar
en el proyecto de Unión Monetaria, sino sencillamente para tener más
holgura y con ella poder financiar algo más algunos servicios públicos.

Olvida el Senador Granado y olvida el Grupo Parlamentario Socialista que
sustenta estas enmiendas que esa experiencia reproduce exactamente lo que
durante los años ochenta --sobre todo en el último lustro-- hizo el
Gobierno socialista: picoteando, aumentando ingresos públicos --se
pensaba-- se financiaría con holgura un gasto público que no convergió
nunca, que nunca se redujo, sino que, al aire de nuevos ingresos
públicos, no hacía más que aumentar. Y al final nos encontramos con un
déficit público galopante, con una deuda pública que crecía también a un
ritmo desorbitado y, en definitiva, con mayor presión fiscal.

Ciertamente el modelo que incluye estos Presupuestos Generales del Estado
para 1998 es distinto. Hemos oído al Vicepresidente del Gobierno cómo en
el frontispicio de su intervención, en las ideas principales que
concurren en estos Presupuestos Generales del Estado para 1998, está la
consolidación fiscal, la reducción del déficit público, al tiempo que se
garantiza que no aumenta la presión fiscal. Es decir, no hay aumentos
fiscales, pero sí se reduce el déficit público, y ello solamente puede
hacerse de una manera: austeridad en el gasto público, el control del
gasto público, al cual han contribuido decididamente dos tipos de
medidas: las medidas de disciplina presupuestaria --es decir, las medidas
normativas que han permitido que el gasto público se discipline-- y, en
segundo lugar --y tan importante como lo anterior--, la voluntad del
Gobierno de cumplir compromisos de convergencia nominal con Europa que ya
asumieron gobiernos anteriores y que, efectivamente, se han cumplido ya
en 1997 y se van a seguir satisfaciendo en 1998.

Desde el Grupo Parlamentario Popular pensamos que la clave de los
Presupuestos Generales del Estado para 1998 es la credibilidad, la
credibilidad alcanzada por el Gobierno en su política económica; la
credibilidad en la estabilidad de los pactos con otras formaciones
políticas, que permiten garantizar que esa política económica se puede
desarrollar sin sobresalto alguno. La credibilidad es un valor que tarda
mucho tiempo en ganarse, tarda mucho tiempo en consolidarse y, sin
embargo, se puede perder en un solo día, como demostraron las políticas
económicas, aquella única política económica posible que desde los
gobiernos socialistas se aplicó en el pasado. La clave de la
credibilidad, porque es con lo único con lo que pueden disiparse dudas y
rumores, que sobre todo es lo que el Partido Socialista viene haciendo,
desde la legítima oposición, desde el año 1996: dudas y rumores.

El Senador Granado recordará --puesto que él fue el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista el año pasado, cuando se debatían los
Presupuestos Generales de 1997, cuyo cierre es inminente y cuyos datos
conocemos ya-- cómo las dudas y rumores que el año pasado por estas
fechas se formulaban eran sobre si los Presupuestos Generales del Estado
para 1997 se ejecutarían o serían uno más de los presupuestos que la
larga experiencia de los años ochenta y primeros noventa decía que iban a
ser formalmente aprobados por las Cámaras pero nunca cumplidos por el
Gobierno.

Pues bien, esa duda ha sido resuelta. El paso del tiempo resuelve casi
todas las dudas allí donde se han puesto soluciones, claro está. La duda
está resuelta: los Presupuestos Generales del Estado para 1997 se han
cumplido en sus estrictos términos y tanto es así que allí donde eran
necesarios incrementos de gasto --y le llamo la atención sobre los dos
muy recientes decretos sobre incremento de inversiones públicas aprobados
por el Gobierno--, se ha hecho de forma explícita.

También se dijo que eran inflacionistas, que estos presupuestos promovían
un aumento de la inflación en nuestro país. Pues mire usted qué
casualidad: una inflación prevista del orden del 2,6 va a quedar en el 2
hasta noviembre, quizás el 2,1, quizás el 2,2 o quizás el 2 a finales de
ejercicio.

Otra de las dudas planteadas por estas fechas el pasado ejercicio, en el
debate de los Presupuestos Generales del Estado, era que no se avanzaba
en la corrección del déficit. No solamente se va a cumplir el déficit del
3 por ciento formulado como objetivo de política económica --largamente
deseado, puesto que ya en el primer programa de convergencia, presentado
por el Gobierno entonces socialista del año 1992, se formulaba esta meta
final como consecuencia de los compromisos de integración en la Unión
Monetaria--, sino que la cifra de déficit final va a quedar por debajo
incluso, el 2,9 o inferior, después de aprobar decretos por incremento de
inversiones de 100.000 millones hace escasas fechas, después de haber
cancelado deuda pública cara, deuda pública a tipos de interés superiores
al 11 por ciento, y haberla transformado en deuda pública a tipos de
interés inferiores al 6 por ciento y en esa operación haber incurrido en
gastos presupuestarios por intereses que se han imputado al año 1997
--fíjense en la holgura presupuestaria con que se ha actuado en 1997--
por valor de más de 160.000 millones de pesetas.

Por tanto, no solamente los presupuestos se han cumplido en términos de
déficit público, sino que también se han creado las bases para hacerlos
más estables, para consolidarlos a medio y largo plazo. Habrá menos
gastos de intereses de deuda pública en el futuro como consecuencia de la
gran operación de conversión de deuda que se ha practicado en 1997 y
habrá también mejoras productivas evidentes por el aumento de la
inversión pública que tanto en Medio Ambiente como en Fomento se formula
en los recientes reales decretos.




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Sobre los pensionistas, en fin, se planteaban dudas sutiles desde el
Grupo Parlamentario Socialista, desde el Partido Socialista y yo diría
que desde cualquier militante socialista que ha cogido un micrófono entre
sus manos. Esas dudas, esos rumores sobre las dificultades en que se
encuentra la Seguridad Social --que además coinciden con la insistencia
del Senador Granado en hacernos creer en una crisis del sistema de
Seguridad Social y en un endeudamiento desorbitado y excesivo, como ha
hecho en su intervención--, ¿en qué han quedado?
Pues han quedado, fundamentalmente, en que los pensionistas, en 1997, en
este país, en España, han mejorado su capacidad adquisitiva en seis
décimas de inflación, justamente la diferencia entre la inflación
prevista y la inflación hasta noviembre de este año. Esas seis décimas,
además, como ha señalado el Vicepresidente del Gobierno, se pagaron desde
el primer momento, incluso cuando todavía la inflación no acumulaba ni
promediaba ese aumento del 2 por ciento, y por tanto ese beneficio es
mayor. Y si al beneficio de seis décimas de este año añadimos el
beneficio de tres décimas del año pasado, tendríamos un crecimiento de
casi un punto en capacidad adquisitiva de las pensiones en España.

Nunca han estado las pensiones en España tan garantizadas como en el
presente, porque, además, los presupuestos para 1998, los que ahora
debatimos, incorporan, y a un ritmo mayor del previsto porque así lo
desea el Gobierno, la separación de fuentes de financiación. Recordarán
ustedes que en los Pactos de la Moncloa se establece que las prestaciones
universales, como la sanidad, sean financiadas por impuestos, por
recursos generales, a través de los Presupuestos Generales del Estado, y
que las cotizaciones sociales --que no tienen por qué reducirse, Senador
Granado, porque no hay un calendario previsto de reducción--, cuyo
incremento es debido al aumento del empleo y es garantía de
sostenibilidad futura del sistema de pensiones --no confunda usted los
argumentos--, se dediquen a las prestaciones contributivas.

Se produce en 1998 un avance sustancial en esa dirección: la separación
de fuentes financieras de las prestaciones de la Seguridad Social. Pues
bien, ¿dónde queda esa duda sobre las pensiones? Se ha aprobado también
un sistema de actualización inmediata. El Gobierno ha decidido no
incorporar la menor inflación --y fíjense que esto es una gran novedad
respecto a todo lo que había ocurrido en años anteriores--; no ha sido
necesario arbitrar un crédito extraordinario; no ha sido necesario
arbitrar una enmienda presupuestaria para aumentar el crédito para pago
de pensiones en 1997, por la sencilla razón de que las pensiones se han
venido pagando a tasa superior a la inflación real, que estaba, en todo
caso, garantizada por la Ley de Racionalización de la Seguridad Social.

Por tanto, insisto, nunca han estado las pensiones tan garantizadas como
lo están en el presente. Y a esa garantía contribuyen: el reciente avance
normativo, la separación de fuentes de financiación en la Seguridad
Social, incorporada en los Presupuestos de 1998, y --no lo olvidemos-- el
cumplimiento escrupuloso, incluso por encima de las previsiones, de los
objetivos macroeconómicos. Y eso, Senador Granado, no es fácil. No es
fácil conseguir que la inflación a noviembre de 1997 sea el 2 por ciento.

No es un resultado, como luego tendré ocasión de demostrarle, de los
buenos aires y de los buenos tiempos que se disfrutan en el mundo
occidental. No es eso. Fue necesario negociar sector a sector; fue
necesario controlar el crecimiento de los precios administrados, es
decir, de aquellos precios que autorizaba el Gobierno cada año, en
energía, en telecomunicaciones; fueron necesarias muchas cosas para
conseguir que la tasa de inflación y que los sectores productivos,
liberalizados y desregulados, como no lo han estado nunca, puedan
reducir, deban reducir y se vean abocados a reducir los precios de los
grandes servicios públicos porque están ahora en un ámbito de mayor
competencia. Y cuando se hace eso, cuando se liberaliza, cuando se
desregula, como usted sabe muy bien y como todos podemos imaginarnos, se
pisan algunos callos, y esos callos parece que son los que usted trata de
defender con su argumentación. Y esos callos que se han pisado son la
única fuente solvente de enfrentamiento que ha sufrido la política
económica aplicada por el Gobierno en este ejercicio.

Plantea su señoría duda y rumor con respecto al presupuesto en educación.

En parte esto allana el camino a la contestación que he de dar a su
intervención en esta materia.

El año pasado un portavoz de presupuestos caracterizado --puesto que fue
Ministro y también Secretario de Estado de Hacienda cuando ésta tenía la
responsabilidad en Presupuestos--, el señor Borrell, decía como una más
de las gracias del debate presupuestario --obsérvese que el año pasado la
credibilidad no estaba totalmente ganada y nos encontramos con una
oposición frontal en unos presupuestos que eran austeros, ciertamente
restrictivos, ciertamente, porque ése era el compromiso necesario para
entrar en la Unión Monetaria-- que los mismos no permitirían ni construir
tres centros educativos durante el año 1997. Eso se ha superado: esa
cifra se ha multiplicado por 10.

Senador Granado, los presupuestos educativos crecen de acuerdo con la
población escolar; hay un crecimiento real en términos de población
escolar. Además, si se comparan con los de años anteriores, es necesario
homogeneizar porque en caso contrario se dice una verdad a medias, y a
veces las verdades a medias son grandes mentiras. Usted no puede comparar
con esa ligereza el gasto educativo en los presupuestos del año 1996 y
los de 1998 por la sencilla razón de que la mayor parte de las
universidades eran de competencia estatal y, por tanto, esos presupuestos
estaban incluidos entre los gastos del Estado, cosa que no ocurre en los
del año 1998.

Rumores, también, en relación a la financiación autonómica. Ha hecho su
señoría una ligera mención, y además la ha ampliado al campo de lo
sanitario. Se decía que entraba en crisis un modelo de relaciones en
nuestro país, no solamente financieras, sino también políticas e
institucionales. Y nos hemos encontrado con que la aplicación del nuevo
modelo no ha podido ser más normal, dentro de las circunstancias que
impone el enfrentamiento



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absurdo y absoluto del Partido Socialista; y además, con que las
Comunidades Autónomas se han concienciado de la necesidad de
corresponsabilizarse en la gestión de los fondos públicos.

Tanto es así, que en el presupuesto sanitario --que, no lo olvide,
Senador Granado, distribuye casi tantos recursos como el sistema de
financiación, ingresos ordinarios que van a los demás usos de los
presupuestos de las Comunidades Autónomas-- la corresponsabilización, la
implicación de las Comunidades Autónomas en la gestión, en este caso, de
los recursos sanitarios, ha dado un paso más: las Comunidades Autónomas
que tienen el servicio transferido recibirán más fondo si se reducen las
listas de espera; las Comunidades Autónomas recibirán más fondos si se
reducen los excesos o el fraude en Incapacidad Temporal; las Comunidades
Autónomas recibirán más recursos en la medida en la que se impliquen en
el uso más eficaz del medicamento. En definitiva, el principio de
corresponsabilidad fiscal que nosotros defendíamos el año pasado y al que
ustedes se oponían.

Pero, afortunadamente, en esto como en otras cuestiones el Partido
Socialista no tiene una voz única. Vemos con satisfacción cómo desde el
gobierno de Andalucía, donde están hablando de «sus» dineros, de «sus»
pesetas --porque es fácil hablar sobre el dinero ajeno, pero es distinto
cuando está hablando uno de sus pesetas--, se ha decidido firmar este
acuerdo, se ha declarado la voluntad no sólo de acatarlo, sino de
participar en este modelo de financiación de la sanidad para los próximos
cuatro años, que, además, no lo olvide usted, Senador Granado, se ha
hecho, como decía el señor Bellido, portavoz de nuestro Grupo
Parlamentario en la reciente interpelación que sobre financiación
sanitaria se formuló en esta Cámara, en tiempo y forma.

Hemos llegado a un acuerdo sanitario que ha de entrar en vigor el 1 de
enero de 1998 y, en tiempo y forma, en el mes de noviembre, se acuerda el
sistema de financiación. En tiempo y forma para introducirlo con una
enmienda en los Presupuestos Generales del Estado para el año 1998. Y en
tiempo y forma para que esa enmienda se recoja no sobre la base de
supuestos, tampoco sobre la base de su enmienda número 833 --que dice,
por las buenas, que los ingresos van a ser no sé cuántos cientos de miles
de millones de pesetas más que los ingresos que prevé el Gobierno--; no,
sino sobre la base de los anticipos de devoluciones del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas. Quiero decir que una vez establecidas las
condiciones de emisión de la deuda pública, como los mercados y los
agentes financieros confían en la economía española y se están
promoviendo reducciones en los tipos de interés --hoy mismo han bajado
los tipos de intervención del Banco de España a corto en 0,25 puntos--,
como se está produciendo esa situación, las emisiones de deuda pública
previamente acordadas están siendo emitidas con prima. Pues, bien, eso
que en septiembre, cuando se elaboraron los Presupuestos Generales del
Estado para 1998, todavía no se conocía en toda su magnitud, sí se conoce
ahora y se incorpora como financiación fiscal al aumento de créditos que
la sanidad va a recibir en 1998, por valor de ochenta y tres mil y pico
millones de pesetas.

Por tanto, tendremos una sanidad mejor dotada, un incremento de gasto en
sanidad que no tiene parangón en crecimientos anteriores, repito, no
tiene parangón en volumen de recursos atribuidos a la sanidad en ningún
gobierno ni en ningún año anterior, y ese crecimiento de recursos a
disposición de la sanidad, cifrado en 381.000 millones de pesetas, va a
permitir la racionalización en el uso de recursos públicos, de
prestaciones públicas, y se van a aplicar íntegramente a gasto sanitario.

Por tanto, tendremos una mejor prestación de servicio, con
racionalización de la propia administración, y con aportaciones públicas
desde los Presupuestos Generales del Estado, como corresponde a la
separación de fuentes de financiación en las prestaciones sociales,
aspecto este introducido por enmienda --como no podía ser de otra
manera-- del Grupo Parlamentario Popular a los Presupuestos Generales del
Estado en este trámite del Senado.

El segundo frente principal que formula en su crítica a los Presupuestos
Generales del Estado para el año 1998 raya --y no quiero ser ofensivo--
en la pura dislexia respecto de la lectura de la documentación que
acompaña a los Presupuestos Generales del Estado. Senador Granado, decir
que la inversión pública en 1998 se reduce es sencillamente un ejercicio
propio de quien está atormentando su conciencia para decir algo que es
falso, y como sobre los datos sólo discuten los necios, ese viejo
aforismo lo voy a trasladar a este debate: léase usted la documentación
presupuestaria y verá que la inversión pública crece a tasas próximas al
9 por ciento.

Por tanto, no hablemos más del asunto. Esa es la inversión pública
programada. La de 1997 se ha cumplido. Es más, se habilitan créditos por
100.000 millones de pesetas para poder realizar algo más de inversión,
que efectivamente hubo que contraer en 1997, aunque me parece, Senador
Granado, que usted está ignorando que las modalidades de contratación de
inversiones, a través de la participación de la financiación privada,
completaban en 1997 el hueco que dejaba la inversión pública, la que
gravita directamente sobre presupuestos; pero a nadie se le oculta que
esa inversión habrá que pagarla en el futuro. (El señor Presidente ocupa
la Presidencia.) Y que los Presupuestos Generales del Estado de dentro de
3 o 4 años tendrán que hacer frente a las modalidades de pago único, es
decir, a las inversiones que se están realizando.

No otra cosa es la Gerencia de Infraestructuras Ferroviarias, que ha sido
dotada en 1997 y en 1998 con 300.000 millones de pesetas. No otra cosa es
la constitución de la Sociedad de Aguas del Ebro. No otra cosa es la
constitución de la Sociedad de Aguas del Júcar. No otra cosa son los
proyectos ya concedidos de construcción de nuevas autovías y recursos de
transporte. Por tanto, no hagamos de este debate un juego en el que nos
arrojemos cifras a la cabeza. Las cifras son las que son. Usted puede
creerlas o no creerlas, pero lo cierto es que la experiencia de 1997
señala que los presupuestos se cumplen; y los presupuestos se cumplen en
los términos en que fueron incluidos en la Ley de Presupuestos, y como
eso es así,



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yo sencillamente no entro en un debate --por absurdo-- sobre si el
proyecto de inversiones para 1998 se reduce. Se reduce, ¿respecto de qué?
¿De la inversión en el año 1993? Puede ser. ¿Se reduce respecto al
formidable avance del stock de capital productivo que durante el Gobierno
socialista --usted lo ha mencionado-- se ha producido? Sí señor, puede
ser. Ahora, no olvide usted el más formidable crecimiento del stock de
Deuda Pública que acompañó a ese stock de inversión en capital social.

Ustedes multiplicaron el stock de capital por dos veces y han
multiplicado el stock de Deuda Pública por diez veces. Yo, la verdad,
preferiría encontrarme con una stock de capital algo inferior y con un
stock de Deuda razonable y manejable y no tener que hacer frente, como se
hizo el año pasado, a unos pagos por intereses de la Deuda que superan
las partidas de crédito para sanidad. O sea, en España pagamos sanidad
dos veces: la sanidad más lo intereses de la Deuda Pública que nos han
ido acumulando con ese stock, por otro lado cuestionable en cuanto a su
magnitud, de capital público durante su gestión.

Es más, en el debate de la sanidad se produce otro factor que yo creo que
nos revive tiempos pasados, y es, ya lo he mencionado pero lo repito de
nuevo, esa esquizofrenia: se niega en un sitio lo que en otro se hace; se
cuestiona en unas partes lo que en otros medios y en otros ámbitos se da
como razonable. ¿Cómo pueden ustedes cuestionar el sistema de sanidad si
el Gobierno señero que en estos momentos tiene la Junta de Andalucía dice
que este modelo es magnífico, que este modelo es razonable? Y, además, lo
es. Y no es que lo que diga yo. Yo lo he estudiado, Senador Granado, y el
98,75 por ciento de los fondos distribuidos por este acuerdo de sanidad
lo es en función de la población beneficiaria, puesto que se trata de un
servicio universal.

Por tanto, si esto es así, ¿cómo se atreven a sacar nuevos conflictos
territoriales donde no los hay? No hay conflicto territorial; el gran
grueso de la financiación de la sanidad para los próximos cuatro
ejercicios está basado en población y, además, está basado en el último
censo, el de 1996, el que convenía a Andalucía y a todas las Comunidades
Autónomas, puesto que es obvio que la financiación pública de la sanidad
debe acomodarse a la verdadera población en cada Comunidad Autónoma. ¿Que
se han introducido algunos factores de corrección; que se ha introducido
financiación para atender gastos de docencia y centros de
especialización? ¿Que se ha atendido también, porque es lógico que así
sea, a la población desplazada que gasta más en determinadas Comunidades
Autónomas que reciben transeúntes o desplazados que en otras Comunidades
Autónomas donde tal proporción es muy inferior? En definitiva, se han
hecho ajustes que todas las Comunidades Autónomas, incluida la andaluza,
han considerado razonables al modelo de financiación.

Y lo mismo que la Comunidad Autónoma de Andalucía, la de Cataluña y todas
aquellas que tienen atribuido el servicio sanitario y también las del
Insalud central o del territorio común ven cómo la financiación per
cápita tiende hacia esa mítica cifra superior a las 100.000 pesetas por
habitante. No alcanzamos a ver dónde se encuentra ese conflicto
territorial, a no ser que ustedes quieran reproducir de nuevo el
enfrentamiento que se produjo el año pasado con motivo de la reforma del
sistema de financiación de las Comunidades Autónomas. Entonces, daban a
lo loco y no importaban los argumentos. Yo oí al entonces Secretario
General del Partido Socialista, señor Felipe González, que abríamos la
puerta a los paraísos fiscales en España. Sin sonrojo hizo esa
afirmación, y con orgullo yo he de decir en este momento que contemplamos
cómo no existen ni paraísos fiscales ni enfrentamiento ni problemas
tributarios en nuestro país; únicamente corresponsabilidad tributaria,
implicación de las Comunidades Autónomas --porque forma parte de su
esencia-- en los asuntos públicos, y un asunto público fundamental es la
eficaz administración de sus recursos, su implicación en la obtención de
los recursos.

Decíamos que estos Presupuestos para 1998 hay que juzgarlos desde la base
de la credibilidad, credibilidad ganada por el Gobierno y por su política
económica.

Un argumento utilizado --que usted simplemente ha apuntado, aunque
después ha decidido no entrar en él--, implícito en el razonamiento del
Grupo Parlamentario Socialista, es, por hacer un símil, el de que ustedes
comparan la economía española al barco velero que lleva las velas
desplegadas al viento, aprovechando los aires de recuperación
internacional que en el mundo corren, al tiempo que --permítanme que ese
símil ya lo haga yo-- dicen ustedes que la dirección correcta del timón
la puso el Gobierno anterior, el Gobierno que precedió al del Partido
Popular.

Que se hicieron cosas es indudable y soy el primero dispuesto a
aceptarlo, pero que la dirección del timón era la correcta o que se
avanza exclusivamente por los aires que soplan desde Europa y desde el
mundo, sencillamente, es una falsedad, fruto, creo yo, de la irreflexión,
del poco análisis que en la crítica del Grupo Parlamentario Socialista se
ha hecho a los Presupuestos Generales del Estado para 1998.

El año pasado recuerdo que me entretuve algo en esta argumentación. Hoy
lo voy a hacer muy rápido, porque el argumento básico sigue siendo el
mismo. Recuerde usted el primer Programa de Convergencia, presentado en
1992 por el Gobierno socialista de entonces. En aquel Programa de
Convergencia se preveían tasas de crecimiento anual del producto interior
bruto del orden del cuatro por ciento, y eso en el momento en que ya se
atisbaba en el horizonte internacional una crisis económica importante.

Hubo que abandonar el Programa de Convergencia en unos pocos meses. Fue,
digamos, el nonato Programa de Convergencia. Sí se formuló, pero nunca se
aplicó, ni nadie se lo tomó en serio. Corrigen el Programa de
Convergencia en 1993, para el período 1994-1997. Lógicamente, cuando
hablamos de Programa de Convergencia todo el mundo puede entender --sus
señorías, los aquí asistentes a esta sesión de Pleno del Senado-- que es
un documento más, de esos que se hacían como declaración de intenciones
de la acción política --en este caso, económica-- del Gobierno. Pero no
era un documento más, era



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el compromiso europeo para la integración en la tercera fase de la Unión
Monetaria, que había sido suscrita por el Gobierno español y firmada por
el Presidente del Gobierno español de entonces. Es decir, no era una
declaración de intenciones, sino un compromiso para avanzar en la
integración europea. Por tanto, revisión del Programa de Convergencia,
puesto que así se decidió llamar, aunque, en realidad, era el verdadero
Programa de Convergencia, porque el anterior fue desechado, sin más, a
los pocos meses, arrumbado a una papelera.

Así pues, Programa de Convergencia 1994-1997. Ya nació mal porque, aunque
se adaptó mejor, preveía mejor la verdadera evolución de la economía en
aquellos años, empezó por demorar los ajustes a los años 1996 y 1997. Es
paradójico cómo, teniendo tan sólo cuatro años para cumplir las
condiciones nominales de Maastricht, ya conocidas, en los dos primeros
años, 1994 y 1995, se tomaban vacaciones en la consolidación fiscal, en
el ajuste del déficit público, y era a los años 1996 y 1997 a los que se
confiaba nada más y nada menos que dos terceras partes del ajuste de
déficit, que tenía que ser superior a tres puntos del producto interior
bruto.

En cuanto al resultado, usted que cuestiona la sostenibilidad del déficit
público previsto en los Presupuestos Generales del Estado para 1998 y
cuestionó la credibilidad del déficit público incluido en los
Presupuestos para 1997 --en estos momentos la verdad es que no dispongo
del dato de previsión de 1994, que creo que debe ser el del 3,8 por
ciento, pero sí tengo el del año 1993, del 3,6--, ¿sabe cómo finalizó el
año 1993? Al doble, al 6,7 por ciento, aflorando algo así como dos
billones de pesetas. Por cierto, ahora le hablaré de los anticipos de
Tesorería que se dan a Comunidades Autónomas, que usted dice
--erróneamente también-- que cuestionan la disciplina presupuestaria.

Por tanto, el objetivo era de 3,6 y nos fuimos a casi el doble, el 6,7
por ciento. Todo el resultado de convergencia del año 1994 permitió una
reducción de cuatro décimas de ajuste, cuatro décimas --nos poníamos al
6,3--. En el año 1995 --ya conoce la historia-- aumenta de nuevo el
déficit público hasta igualarlo a la situación de partida con el programa
de convergencia, al 6,6 por ciento, que la afloración posterior de
deudas, de facturas que encontramos en los cajones, nos podría llevar a
pensar en un déficit superior al 7 por ciento.




El señor PRESIDENTE: Senador Utrera, termine, por favor.




El señor UTRERA MORA: En cinco minutos, señor Presidente.

En el año 1996 el nuevo Gobierno se encuentra con un presupuesto
prorrogado, con todo el ajuste fiscal por hacer --había un compromiso de
reducción del 6,6 de déficit al 4,4 en el año 1996 y al 3 por ciento en
el año 1997--, y con deudas y facturas en los cajones. Además --no lo
olvide, Senador Granado, usted, que pienso que es ecuánime en sus
juicios-- nos encontramos con el valor hinchado de compromisos
electorales que reconocían unas deudas que durante muchos años los
gobiernos socialistas se negaron a asumir, pero qué casualidad que en los
meses de febrero y marzo de 1996 fueron pródigos en asumir compromisos
con las Comunidades Autónomas, convenios de inversión, etcétera.

Con todo ese panorama se tomaron las decisiones de gobierno necesarias,
que fueron muy restrictivas, y se continuaron en 1997, que --como ha
señalado el Vicepresidente-- fue el verdadero presupuesto del euro, con
una muy fuerte restricción del gasto en algunas partidas.

Y llegamos al presupuesto para 1998, que es el presupuesto que es. Lo que
más me ha sorprendido, Senador Granado, es su crítica a estos
presupuestos, porque usted ha picoteado en muchos frentes: en la sanidad,
en la educación --yo entiendo que para mejorar los créditos, para
aumentar los créditos presupuestarios--, ha picoteado también en la
fiscalidad de las PYMEs. Se resiste, porque su enmienda número 833 así lo
dice, a que se den beneficios fiscales a las pequeñas y medianas
empresas, tal como nosotros hemos programado, pero al mismo tiempo dice
que sí son necesarios los beneficios fiscales a las pequeñas y medianas
empresas. Espero que me lo aclare, y no me diga que benefician a las que
crean empleo y no a las que tienen beneficios, puesto que ambas cosas van
siempre unidas, se crea empleo cuando hay beneficios o cuando hay
expectativas de beneficio, y si no, no se crea empleo.

Como decía, este Gobierno tenía que enfrentarse a una política decidida
de contención del déficit público, y la crítica que desde el Grupo
Parlamentario Socialista no han sabido o no han querido hacer --aunque
nos han puesto como ejemplo algunos informes que desde el mundo más
liberal y más ortodoxo se han formulado con algunas objeciones a los
Presupuestos Generales del Estado para el año 1998-- es que estos
presupuestos eran poco beligerantes con el déficit, porque esa es la
crítica que desde ambientes más liberales se ha hecho.

Efectivamente, de dosis de reducción del déficit público de más de 2
puntos en el año 1996, de casi punto y medio en el año 1997, con la misma
política fiscal y con la misma política de control y austeridad en el
gasto público, pasamos a una reducción del déficit público de sólo 5
décimas. Senador Granado, ahí es donde está la contradicción y es donde
está ese secreto que ustedes están buscando y todavía no han encontrado,
ahí está la holgura presupuestaria.

Los Presupuestos Generales del Estado para 1998, siendo austero y
riguroso, tiene unos grados de libertad o unos márgenes de flexibilidad
que no hubo en 1996 ni en 1997. Por eso, sin amenazar a los objetivos de
déficit público, se pueden atender correctamente --y así se hace-- los
gastos en educación, que crecen por encima del producto interior bruto,
diga usted lo que diga, porque eso es lo que señalan los presupuestos.

Otra cosa es que se cumplan o no estos presupuestos, pero como ya tenemos
el precedente de la credibilidad, en el Grupo Parlamentario Popular
estamos convencidos de que sí se van a cumplir.

Crece el gasto de inversión, diga usted lo que diga. Mire la
documentación presupuestaria, y vuelvo a repetirle



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el argumento: si usted no cree que los presupuestos se van a cumplir,
allá usted, nosotros tenemos ya pruebas sobradas de credibilidad en la
ejecución de 1996 y 1997.

Aumento de gasto sanitario --lo recoge una enmienda presentada por el
Grupo Parlamentario Popular-- por valor de más de 80.000 millones de
pesetas que, además, va a permitir una dotación de infraestructuras
sanitarias muy importante para corregir precisamente los desequilibrios
territoriales que en términos de instalaciones sanitarias existía en
nuestro país y eso no es de hoy ni de ayer ni de anteayer, sino de hace
muchos años.

En definitiva, estos presupuestos --repito que eso es lo que ustedes
estaban buscando y no lo han encontrado-- tienen esos márgenes de holgura
porque en una situación económica de bonanza, a la que ha contribuido la
política económica del Gobierno decididamente, el objetivo de reducción
de déficit público, de acuerdo con el Programa de Convergencia presentado
por el Gobierno del Partido Popular, cifra en sólo medio punto la
reducción necesaria de déficit público para cumplir los compromisos
europeos en 1998 y ello nos permite dotar más y dotar mejor los gastos
sociales, dotar más y dotar mejor los gastos educativos; nos permite
también dar credibilidad a la formación profesional, tantas veces
ignorada en España, metiendo una partida presupuestaria que crece más del
30 por ciento; nos permite mejorar los gastos de investigación y
desarrollo --no cualquiera, sino fundamentalmente en desarrollo
tecnológico industrial-- en más del 20 por ciento; nos permite, además,
ser optimistas respecto a la creación de empleo.

Usted ha utilizado de nuevo un argumento falaz al decir que los datos de
EPA tercer trimestre, los datos de la encuesta de población activa,
reflejaban una pérdida de ritmo en la creación de empleo. No es cierto.

Si usted lo compara con el del año 1994-1995 le diré que no solamente no
es cierto, sino que usted no está informado. En el del año 94-95 hubo
correcciones metodológicas en paro y ajustes estadísticos que hacen
inviable la comparación. Las conclusiones que se sacan de esas
comparaciones son erróneas por definición. (Una señora Senadora: Tiempo.)
Respecto al ejercicio pasado de 1996, lo que encontramos es un
crecimiento de empleo de 369.000 personas. Desde que este Gobierno
comenzó a entrar en funciones tenemos una creación de empleo de
prácticamente 700.000 nuevos puestos de trabajo; eso es una realidad y
coincide con la mitad de los puestos de trabajo creados en Europa.




El señor PRESIDENTE: Senador Utrera, por favor, vaya terminando.




El señor UTRERA MORA: Termino, señor Presidente.

Creamos empleo tres veces más rápido --2,7 por ciento en 1997-- que lo
están haciendo en Europa, lo cual no quiere decir que esté resuelto ni
mucho menos el problema del paro en España; quizás ellos no necesitan una
creación de empleo tan intensa. Nosotros sí, porque tenemos una tasa de
paro que aunque se ha reducido en 2 puntos en el último año, ni más ni
menos, y el año que viene la veremos por debajo del 20 por ciento de la
población activa por primera vez en muchos años, efectivamente el camino
es muy largo y hay mucho que hacer. Pero eso no puede llevarle a negar
los hechos, y éstos demuestran que se está creando empleo a un ritmo muy
vivo y que para 1998 ese ritmo será igual o superior.

Termino, señor Presidente, reafirmándome no solamente en nuestro voto
negativo a los vetos presentados por otros Grupos parlamentarios, sino en
nuestra negativa a encontrar en ellos y en las explicaciones formuladas
que los acompañan una justificación coherente, completa y capaz de
cuestionar los presupuestos para 1998.

Como concluyó el Vicepresidente Económico del Gobierno en el debate en el
Congreso de los Diputados sobre los Presupuestos Generales del Estado de
1998, yo estoy convencido --aunque si usted me dice que no también lo
acepto, me da igual-- que estos presupuestos del 1998 son los que les
hubiera gustado presentar a ustedes y, mucho más importante, puesto que
no hay experiencia en los muchos años de Gobierno Socialista, los que les
hubiera gustado a ustedes ejecutar.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Utrera.

Se suspende la sesión hasta las dieciséis horas.




Eran las catorce horas y cinco minutos.




Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y quince minutos.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Señorías, se reanuda la sesión.

Reemprendemos la sesión en el turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra, por tiempo de diez
minutos, el Senador Utrera Mora.




El señor UTRERA MORA: Muchas gracias, señor Presidente.

Subo --y así lo expongo-- a esta tribuna para cumplir la estructura del
debate, tal y como está establecida, y que los portavoces, contra lo que
es usual en todos los demás debates, intervengan de grupo mayoritario a
grupo minoritario.

Ciertamente, en este momento podríamos hablar de muchas cosas. Podríamos
seguir hablando de los Presupuestos, de los pagos a cuenta a las
Comunidades Autónomas en materia sanitaria, tema que había suscitado el
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, y de tantas otras cuestiones
pendientes, pero este turno de portavoces hay que aprovecharlo --por lo
menos así lo hará el grupo mayoritario que sustenta al Gobierno-- para
dar cumplida respuesta al resto de los portavoces.

Por ello, señor Presidente, solicito de su benevolencia un turno al final
de las exposiciones de todos los demás



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portavoces, pero no de réplica. Seria para agradecer las intervenciones
de aquellos que apoyen el Presupuesto y para refutar, rechazar o, por lo
menos, razonar sobre las de aquellos que vayan a votar afirmativamente.

¿Cuento, señor Presidente, con ese turno?



El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Usted tendrá por el artículo 84,
si me lo pide en su momento, dos minutos para poder acometer lo que usted
se propone.




El señor UTRERA MORA: Pues a esos dos minutos y a su benevolencia me
remito al final del debate.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador don
Octavio Granado.




El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Intervendré con la mayor brevedad en este debate cada vez más atípico.

En la contestación que ha dado el Senador Utrera a la defensa del veto
del Grupo Parlamentario Socialista ha mantenido dos o tres hilos
conductores que me interesa tocar globalmente. El primer hilo conductor
ha sido rebatir las cifras de lo que sube y de lo que baja.

Senador Utrera, la conclusión final que uno saca después de escuchar sus
palabras es la de que cuanto peor hubiera sido el presupuesto para 1997,
mayor margen de maniobra hubiera tenido su señoría para decir que se
producían subidas en el presupuesto para 1998, y es que el único punto de
comparación que puede utilizar su señoría en el gasto educativo, en las
inversiones públicas o en la evolución del empleo de la Seguridad Social
es el presupuesto para 1997, y en ese sentido es verdad que el
presupuesto para 1998 no es tan malo como el de 1997, lo que sucede es
que ese es un punto de comparación relativamente pobre.

Uno de los hilos conductores que ha mantenido su señoría ha sido también
el decir como un argumento de autoridad: nosotros no subimos la presión
fiscal a la hora de hacer determinadas cosas, en este país se está
consiguiendo una cierta consolidación fiscal sin subir la presión fiscal.

Pues bien, es evidente que la presión fiscal sube algo en términos
absolutos; lo han dicho todos los analistas económicos, aunque yo no voy
a hacer ninguna cita en ese sentido. Lo cierto es que algo sube, pero
especialmente para algunas personas: sube para los trabajadores que ganan
el salario mínimo y que van a ver cómo sus deducciones por gastos en el
Impuesto sobre la Renta van a bajar a menos de la mitad, trabajadores que
van a ver también cómo se les impide que se les devuelvan sus retenciones
cuando hagan la declaración de la renta de 1998. Y sube para los parados
enfermos, cosa que resulta lamentable, puesto que bajan las prestaciones
por incapacidad temporal. Del mismo modo que sube para los centros
especiales de empleo, que contratan a minusválidos y que van a tener que
pagar más IVA. Y también sube para los centros tecnológicos o para
aquellos en que se basa buena parte de la investigación y desarrollo que
se hace en este país, donde van a pagar un IVA que antes no pagaban. Es
decir, que la presión fiscal sube para todos esos colectivos. Pero lo más
lamentable es que suba de manera tan desigual.

Senador Utrera, su señoría ha llegado incluso a decir en su intervención
--y usted por lo general es un hombre riguroso-- que se habían bajado los
módulos para los pequeños empresarios. Pues sí, se han bajado los módulos
en un 15 por ciento, pero la base de partida sobre la que éstos se
calculan se va a subir a continuación en un 20 por ciento según ha
establecido la Secretaría de Estado de Hacienda en los borradores que ha
hecho llegar a las organizaciones sectoriales. Es que esto no es ya ni
como en 1984, es que es ya el cuento de la tarara: bajo un 15 por ciento
los módulos, y subo un 20 por ciento la base de partida para recuperar lo
mismo.

Tenemos ya los datos de lo que ha supuesto el Impuesto sobre la Renta en
1996, primer año de Gobierno del Partido Popular. ¿Para quién ha bajado
la presión fiscal en renta en este país? Para los empresarios. Para los
demás ha quedado igual o incluso ha subido un poco. ¿Es esto razonable en
un año en que han subido los beneficios de las empresas en un 15 o en un
20 por ciento? ¿Es razonable?
Otra cuestión: que suban las cotizaciones a la Seguridad Social. El
Ministro lo ha dicho, y yo estoy de acuerdo con él, y se ha dicho también
en la Cumbre de Luxemburgo, lo que pasa es que en España esto no se
aplica. Tienen que bajar los costes no salariales del trabajo para
conseguir crear más empleo. ¿Es posible que bajen los costes no
salariales del trabajo si suben las cotizaciones a la Seguridad Social en
porcentajes de aportación e ingresos del sistema? ¿Es posible? ¿De verdad
que usted se lo cree? Porque yo creo que se pueden mantener, y si se
incrementa el empleo en un 1 o en 2 por ciento pueden subir en ese mismo
porcentaje, ¿pero es posible que suban más de lo que va a subir el
empleo? Ustedes calculan que la población activa ocupada se va a
incrementar en un 1,5 por ciento en 1998, pero las cotizaciones a la
Seguridad Social suben un 1,5 por ciento sobre las del año 1995. ¿Es
razonable esa evolución? Desde mi punto de vista no. Es un disparate, y
el problema está en que ustedes han bajado los impuestos de los
empresarios en el Impuesto sobre la Renta.

Senador Utrera, es verdad que la fiscalidad sobre los beneficios y sobre
el empleo no tienen por qué ser divergentes, pero lo cierto es que
ustedes han bajado la fiscalidad sobre los beneficios de las empresas y
de los empresarios, aunque por eso no están consiguiendo crear más empleo
que el que se creaba hace dos años cuando esa fiscalidad no bajaba.

Y ahora se apuntan ustedes a la reducción de los costes no salariales. En
1997 nosotros presentamos una enmienda en la que se decía que debía
incrementarse la cotización a la Seguridad Social por horas
extraordinarias y



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que debía incentivarse la reducción del tiempo de trabajo. Ustedes nos
llamaron entonces demagogos, y resulta que en 1998 se apuntan ustedes a
esa solución con algunas de las propuestas de este presupuesto y con la
Ley de medidas de incentivación que hemos votado en esta Cámara la semana
pasada.

Senador Utrera, dice usted que las pensiones están más garantizadas que
nunca. Yo no quiero entrar en una discusión que pueda intranquilizar a
los pensionistas, ¿pero su señoría está seguro de verdad de que las
pensiones están más garantizadas con una aportación mayor porcentual de
las cotizaciones en vez del Estado, o que las pensiones están más
garantizadas ahora con un billón más de deuda de la Seguridad Social que
hace dos años? Yo creo que lo que garantiza las pensiones es que la
Seguridad Social tenga menos deuda y que las aportaciones del Estado
vayan creciendo a medida que las cotizaciones sociales se mantienen. Pero
ustedes no hacen nada de esto. Ustedes mantienen la aportación del Estado
en términos porcentuales similar, y hacen subir la aportación de las
cotizaciones sociales desde que son Gobierno. Y ustedes creen que eso
garantiza mejor las pensiones. No soy capaz de entenderlo.

Después, ha hecho una referencia a la credibilidad. Estoy de acuerdo con
que la credibilidad es una virtud importante de una política
presupuestaria, y usted ha dicho --con una frase muy acertada-- que se
gana y se pierde en un día. Creo que ustedes la han perdido en el momento
en que han hecho decaer la ley de disciplina prespuestaria con un
anticipo de crédito que no va a cancelarse dentro del Ejercicio. Por
tanto, si ustedes se toman tan a chirigota --y perdóneme por la expresión
coloquial-- sus propias leyes, entenderá que los demás no les concedamos
demasiada credibilidad.

A este respecto, me gustaría señalarle alguna cuestión sobre la
credibilidad de una política presupuestaria. Por primera vez desde que
soy Senador, un proyecto de presupuestos llega a la Cámara con números
rojos en alguna partida. Hay partidas de la Sección 31 que no tienen
dotación presupuestaria; tienen enmiendas aprobadas por más importe de la
dotación presupuestaria. ¿Eso es credibilidad? ¿Es credibilidad aprobar
enmiendas con cargo al Capítulo I? Porque yo no lo he hecho nunca en esta
Cámara, Senador Utrera, y he sido portavoz de presupuestos del Grupo
Socialista, primero, para algunas Secciones, y posteriormente, en
general; pero ustedes las han aprobado este año en esta Cámara.

¿Es credibilidad presentar una enmienda como la relativa a la
financiación sanitaria? Usted ha dicho que se hace con cargo a la
estimación de mayores ingresos. Naturalmente que sí; ustedes no buscan
los mayores ingresos. En esa cuestión, hacen lo mismo que cuando estaban
en la oposición, en que presentaban las enmiendas sin mayores ingresos,
con cargo al Capítulo I, al Capítulo II, o a las cotizaciones de la
Seguridad Social. Ahora hacen lo mismo. En este sentido, si sube a la
tribuna puede decirme --y tendrá razón-- que las enmiendas del Grupo
Socialista a lo mejor pretenden incrementar la presión fiscal. Pero
porque nosotros buscamos ingresos, decidiendo tomar tal o cual medida, y
podremos acertar o equivocarnos, pero intentamos buscar ingresos. Sin
embargo, ustedes los estiman. Usted y yo sabemos, Senador Utrera, que
otros años se ha rechazado la tramitación de enmiendas de este tenor en
esta Cámara, porque no dan baja en ninguna Sección; simplemente, hacen
una estimación de mayores ingresos. Esto es lo que cabe esperar de la
oposición, que no puede elaborar los presupuestos, pero no cabe esperarlo
del Grupo que apoya al Gobierno.

Usted dice que la financiación sanitaria se va a realizar sobre la base
de unos ingresos que están perfectamente contabilizados, etcétera. De
acuerdo; pero desde el día 1 al 4 de diciembre, porque cuando usted
presentó la enmienda relativa a la financiación sanitaria proponía que se
diera una baja en la Sección 31, y la única partida que admitía esa baja
eran las cotizaciones sociales a Muface y a la Seguridad Social de los
funcionarios. Por tanto, con el rigor que les caracteriza, del día 1 al 4
han descubierto que era posible que hubiera mayores ingresos. Por cierto,
los altos cargos del Ministerio de Economía se reían de la estimación de
mayores ingresos que hacíamos los socialistas en nuestras enmiendas en el
Congreso. Se ve que cuando lo hacemos los socialistas es algo irrisorio,
y que cuando lo realizan ustedes es un ejemplo perfecto de rigor
presupuestario.

Pero el ejemplo perfecto de rigor presupuestario nos lo dan incluso
algunas enmiendas presentadas a la ley de medidas, algunas de cuyas
justificaciones son como las que siguen.

Con la modificación que se propone se pretende evitar los inconvenientes
que se han puesto de manifiesto con los cambios que ha introducido un
artículo de la ley del año anterior. --Esta es una justificación de rigor
presupuestario del Grupo Popular.

Hay que cambiar expropiación por explotación y hay que hacerlo por
enmienda en el Senado. --Y un año entero, el ridículo en el «Boletín
Oficial del Estado».

Se trata de completar el párrafo para que tenga verdadero sentido. --Otra
justificación de una enmienda del Grupo Popular.

Los párrafos que se pretenden suprimir son repetición de párrafos
anteriores. --Otra justificación más.

El año pasado se nos cayeron 50.000 pesetas de la tarifa del Impuesto
sobre la Renta. Hubo una errata, un error, y faltaban 50.000 pesetas. Lo
hemos corregido este año con una enmienda en el Senado, porque ustedes
tienen la consideración de que aquí las cosas pasan más inadvertidas, en
lugar de haberlo corregido al día siguiente. Esto lo sabía todo el mundo,
y hay gente que ha hecho declaraciones de la renta por ejercicio
fraccionado este año. Como digo, lo hemos corregido a través de enmienda
en el Senado. No quiero poner más ejemplos, pero podría referirme a
algunos muy jugosos. Por tanto, ni mucha credibilidad ni mucho rigor.

En cuanto al sistema educativo, Senador Utrera, en 1996 figuraban en los
presupuestos del Estado cinco universidades: Baleares, Cantabria,
Zaragoza, La Rioja, y Castilla-La Mancha, además de la UNED, que es la
que sigue figurando en los presupuestos de 1998. Todas, menos



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la de Baleares, se transfirieron en los primeros meses de 1996. Cuando
hago la comparación del gasto educativo entre 1996 y 1998 la realizo con
bases homogéneas. He sacado ya el efecto de las cinco universidades. Y
con los organismos autónomos el efecto todavía es peor. Pero podría
hacerlo en pesetas constantes.

El gasto educativo en este país, en términos de producto interior bruto,
ha empezado a descender desde que ustedes están gobernando, y no me venga
contando lo de la población escolar, porque, por esa regla de tres, si
hubiéramos atendido al principio de que como hay menos alumnos hay que
gastar menos en educación, el presupuesto del Ministerio de Educación se
lo hubiéramos dejado a ustedes en la mitad, porque la población escolar
lleva descendiendo en este país desde hace veinte años, y todos los años
ha aumentado el presupuesto educativo.

A su señoría le parecen minucias que caiga la inversión pública y me
vuelve a decir que sube sobre el año 1997. Sube un 7 por ciento en el
presupuesto consolidado del Estado y ha bajado, entre los años 1996 y
1997, un 40 o un 50 por ciento, lo que compromete realmente nuestra
capacidad, incluso de obtener retornos comunitarios. Y yo no soy el único
que lo dice.

En cuanto a la sanidad, Senador Utrera, ¿me quiere explicar cómo es
posible presentar una enmienda que lleva al 37 por ciento de la población
el 12 por ciento de los recursos y decir que se avanza en la igualación
per cápita? ¿Cómo es posible decir eso?
El territorio Insalud sale muy mal de esta enmienda. Ustedes me dicen que
sólo el 98,7 por ciento de los recursos está en función de la población.

Naturalmente, antes estaba al 100 por cien. Alterando en un 2 por ciento
la financiación sanitaria se puede producir una alteración del uno y pico
por ciento en el volumen conjunto de reasignación.

Pero, ¿me quiere usted decir que después de la presentación de esta
enmienda el territorio Insalud va a tener una mayor financiación
porcentual que antes en lo que son los fondos conjuntos de la sanidad?
Esto no es así, Senador Utrera.

Nosotros no estamos en contra de que ustedes lleguen a acuerdos que, a
nuestro juicio, deberían de ser más globales, sobre la financiación de
las Comunidades Autónomas, pero sí del principio de negociación
bilateral. Usted me ha argumentado que la Comunidad Autónoma andaluza ha
aceptado el modelo de financiación de la sanidad. Lo he hecho por una
sencilla razón: porque si no lo aceptaba iba a percibir menos recursos,
porque ustedes hacen depender de la aceptación de los acuerdos el volumen
de recursos que recibe cada Comunidad Autónoma.

Me gustaría señalar que de todos los argumentos que ha utilizado su
señoría, hay dos que son especialmente débiles: uno, que el tema de la
financiación sanitaria va a allegar más recursos, es decir, lo que es la
dinámica histórica de la sanidad en este país. Ustedes declararon en el
año 1997 el gasto de farmacia como no ampliable. Lo insertaron en un
artículo en la Ley de Presupuestos Generales del Estado que reproduce en
el año 1998. Hace cuatro días las empresas farmacéuticas de nuestro país
se han quejado ante la Unión Europea por el retraso en el pago de
suministros sanitarios.

Ustedes, pura y simplemente, dilatan el pago de algunas facturas y, como
consecuencia de ello, tienen que llegar apresuradamente a acuerdos --que,
por cierto, hoy tienen una mala traducción en enmiendas parlamentarias--
para conseguir pagar tarde lo que tendrían que pagar de otra manera.

Pero, en cualquier caso, a lo mejor, esto puede ser hasta algo razonable,
pero ¿me quiere explicar qué razones puede haber para que la enmienda de
financiación sanitaria, si están allegando nuevos recursos a la sanidad,
asigne al final el gasto a partidas como los trienios? ¿Sabe que hay 300
millones de pesetas para trienios en la financiación sanitaria? Pero esos
trienios, ¿de quién son? ¿De nuevos funcionarios? No, estaban ahí; no
estaban en el primer proyecto de presupuestos porque ustedes disminuyeron
arbitrariamente el gasto sanitario y, al final, han tenido que colar
deprisa y corriendo un gasto que inevitablemente iba a hacerse.

Buena parte de esa financiación sanitaria --se lo digo de verdad, Senador
Utrera, porque sobre este tema tengo alguna información-- va con cargo a
partidas que, inevitablemente, se hubieran gastado aunque no se hubiera
aprobado la enmienda, porque son compromisos adquiridos de la
Administración. Lo que sucedía es que el primer proyecto de presupuestos
del Gobierno simplemente no las contemplaba.

Ustedes siguen haciendo lo mismo que en la oposición, que presentaban
enmiendas de presas, caminos, canales, puertos, aeropuertos, etcétera, y
ahora lo pintan con partidas de 50 millones de pesetas en los
Presupuestos Generales del Estado, con lo cual, crece la inversión, pero
lo que crece son los enanos, partidas diminutas con las que no se puede
hacer obra pública.

Ustedes no buscaban ingresos cuando hacían enmiendas a la oposición y
siguen haciendo lo mismo cuando son Gobierno. No buscan nuevos ingresos,
simplemente los estiman, y cuando lo hacemos desde la oposición nos dicen
que somos poco rigurosos. Evidentemente, los rigurosos son ustedes.

Y en la oposición siguen haciendo oposición a la oposición y en esta
tribuna usted me ha acusado de defender intereses corporativos. Le voy a
leer simplemente --con esto termino, señor Presidente-- una entrevista
publicada en un medio de comunicación que yo creo que les merecerá alguna
credibilidad porque es favorable en general a su política económica e
incluso hoy ha estimado un mayor crecimiento para el año 1998 que el que
figura en las previsiones del Gobierno. El Director de «The Economist»
--al que no voy a mencionar por su nombre, evidentemente--, decía: Me he
llevado la impresión de un Gobierno muy contento de sí mismo, convencido
de que la economía va bien --desde luego-- y de que entrará en el euro.

Pero es un Gobierno que tiene pendientes, y lo sabe, algunas reformas muy
profundas. Salí de mis conversaciones todavía con dudas de que estas
reformas se lleven a cabo con la rapidez necesaria. Creo que el Gobierno
no se siente suficientemente fuerte para ello y creo



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también que muestra peligrosas señales de ser demasiado corporativista,
de estar demasiado cercano a algunos intereses. ¿Cuáles? Un ejemplo es su
confusión entre privatización y liberalización. Puede privatizar una
compañía, pero dejarla como un monopolio y después colocar a tus amigos
al frente de ella con un poder monopolístico, como es el caso de
Telefónica.

Privatizar no es lo mismo que liberalizar. A veces, las privatizaciones
no se traducen en bajadas de tarifas. A veces, como en el sector
eléctrico, da la impresión de que somos todos los ciudadanos, por la vía
de las compensaciones, los que pagamos las bajadas en las tarifas, con lo
cual estamos pagando lo mismo de otra manera. Realizar reformas
estructurales no es lo mismo que realizar ajustes contables.

Evidentemente, ustedes pueden estar en la ola expansiva del crecimiento
económico y pueden atribuirse todos los beneficios que este ciclo tiene
para nuestro país, pero, desde luego, es muy peligroso que se crean
ustedes mismos sus propias tergiversaciones. (Aplausos en los escaños del
Grupo Parlamentario Socialista.)



El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Granado.

Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió,
tiene la palabra el Senador don Sixte Cambra.




El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, señor Vicepresidente del Gobierno, afrontar el debate anual
sobre el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado equivale a
abordar un debate y una reflexión sobre la situación coyuntural de
nuestra economía y sobre su evolución en el corto y medio plazo. La
constante e intensa internacionalización que nos acompaña obliga a
extender también este análisis al ámbito de nuestra situación relativa
entre las demás economías europeas y desarrolladas. Ambos análisis deben
afrontarse con la referencia clara de los objetivos que deseamos
alcanzar. En el caso de Convergència i Unió, los objetivos que nos
propusimos conseguir al suscribir el pacto de investidura con el Grupo
Parlamentario Popular siguen siendo los que orientan nuestras prioridades
en materia de política económica y social y que, lógicamente, deben
contener los presentes Presupuestos para contar con nuestro apoyo.

A grandes rasgos, los cuatro principales objetivos perseguidos por
Convergència i Unió son: cumplir con los compromisos de Maastricht;
profundizar en las reformas estructurales que requieren nuestra economía
y nuestra sociedad; reforzar la inversión y la competitividad de la
actividad productiva y consolidar el Estado del Bienestar y los políticas
sociales que se derivan de él. En la medida en que los proyectos de ley
que ahora se debaten contribuyan al cumplimiento de los citados
objetivos, nuestro Grupo parlamentario se reafirma en su voto afirmativo.

Nadie discute el buen momento que atraviesa la economía española. En 1997
y en 1998 prevemos alcanzar un crecimiento superior al 3 por ciento, lo
que resulta más importante en un marco de notable estabilidad. Llevamos
cuatro años de crecimiento sostenido, por encima del 2 por ciento,
crecimiento además con creación de empleo, ya que en los últimos tres
años se han creado un millón de puestos de trabajo a una media de 340.000
empleos anuales y, además, se trata de un crecimiento que ha venido
acompañado de una intensa corrección de los principales desequilibrios
macroeconómicos, como son la reducción de la inflación, el control del
déficit público y la mejora de nuestro sector exterior.

El cambio logrado ha sido intenso, y así se reconoce en nuestro país y
fuera de él, lo cual nos permite reconocer que el reto que nos impuso
Maastricht en 1991 en cuanto a convergencia macroeconómica en materia de
déficit público, de inflación, de tipos de interés, de tipos de cambio y
de volumen de deuda pública, actuó como revulsivo para poner orden sobre
nuestra economía y sobre nuestro sector público. Ahora estamos a punto de
cumplir los objetivos que nos propusimos y que la Unión nos exigía, pero
aun así no podemos permitirnos triunfalismo alguno ya que nos encontramos
a las puertas del euro, en un contexto económico y social altamente
cambiante y con un largo trecho por delante para alcanzar a los países
más aventajados de nuestro entorno.

Es evidente que corresponde al actual Gobierno y al Vicepresidente y
Ministro de Economía capitalizar este estado de gracia económico, pero,
de igual manera, corresponde a Convergència i Unió capitalizar, en primer
lugar, el acierto de impulsar y acordar, como hizo con el Gobierno
anterior, en 1993, un cambio de orientación en la política económica
capaz de abonar y fertilizar el terreno para hacer posible la actual
evolución de nuestra economía, y, en segundo lugar, capitalizar nuestra
corresponsabilidad, junto con el Partido Popular, en la política
económica de estabilidad con todo el sector público, liberalización y
estímulo de la economía productiva y creación de empleo.

Los Presupuestos Generales del Estado para 1998 contribuyen a consolidar
esta política económica que prioriza el cumplimiento de los compromisos
de Maastricht, ya que contribuyen a reducir el déficit y a moderar la
deuda pública, objetivo que, sin duda, nos deberá permitir cumplir sin
problemas los requisitos de la Unión Monetaria, dado que, en la
actualidad, ya cumplimos con los criterios de convergencia en materia de
precios, de tipos de interés y de estabilidad cambiaria.

Profundizar en las reformas estructurales es el segundo gran objetivo de
Convergència i Unió. Los Presupuestos para 1998 inciden especialmente en
tres de estas reformas: la reforma del sector público empresarial, el
control del gasto de las Administraciones públicas y el apoyo a la
internacionalización.

En cuanto a la reforma del sector público económico, el año 1997 ha sido
un ejercicio propicio para las privatizaciones. La demanda de títulos
como instrumento de ahorro y la favorable evolución de la Bolsa han
favorecido este proceso. Los Presupuestos para 1998 plantean la voluntad
del Gobierno de dar continuidad al proceso de privatización del sector
público empresarial. Coincidimos



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con este objetivo, si bien consideramos que paralelamente debe avanzarse
más en la racionalización del sector público estatal con pérdidas, ya que
las transferencias corrientes del Estado a empresas públicas aumentan en
un 7 por ciento, a la vez que las problemáticas financieras de
determinados entes se quedan en una situación de «stand by» a la espera
de mejores tiempos. Casos como Radiotelevisión Española son un buen
ejemplo de ello.

En cuanto a la segunda de las reformas estructurales que he mencionado,
el control del gasto y el cumplimiento presupuestario, ha mejorado. Así
lo demuestra el avance de liquidación del Presupuesto para 1997 y las
medidas adoptadas para 1998; sin embargo, en este aspecto, nuestro Grupo
Parlamentario considera que resta mucho por hacer en el ámbito de la
reforma de la Administración Pública al objeto de simplificarla, evitar
duplicidades con las Comunidades Autónomas y concretar progresos en la
Administración única. En este ámbito, quiero destacar una discrepancia
importante: la modificación que plantea el proyecto de ley de medidas a
la aplicación de la regla de prorrata en el Impuesto sobre el Valor
Añadido. Esta es una norma compleja, pero explicada de una manera simple
y a grandes rasgos, lo que hace esta medida es reducir de forma relevante
la totalidad de las subvenciones que otorgan las Administraciones
públicas a entidades públicas o privadas que requieren de las mismas para
la prestación de servicios públicos o para el mantenimiento de sus
actividades en ámbitos tan amplios como la investigación, el
mantenimiento de centros especiales de empleo para minusválidos o el
transporte público. Es una medida drástica que obligará a multitud de
entidades y organismos públicos y privados a ingresar en concepto de IVA
un significativo porcentaje de la subvención que reciben. En ese aspecto,
señorías, discrepamos de la actuación del Gobierno ya que, en primer
lugar, es ésta una medida de austeridad obligada y lineal que no viene
precedida de prioridades de orden político y económico respecto a los
efectos de dicha austeridad, y que nada tiene que ver con el objetivo de
racionalización de la Administración. En segundo lugar, la medida tiene
unas consecuencias diametralmente diferentes para la Administración
Central del Estado que para las demás Administraciones públicas. Para la
Administración Central la medida significará un mayor pago de IVA por
parte de los organismos públicos y privados a los que efectúa
subvenciones, pero el IVA lo percibirá la propia Administración. En
contrapartida, no ocurre lo mismo con las subvenciones que otorgan las
Administraciones autonómicas y locales, ya que en este caso el IVA que
deban pagar los beneficiarios lo ingresarán exclusivamente a la
Administración Central, sin que quepa posibilidad de aumento
compensatorio de dichas transferencias en el actual contexto de estricto
control presupuestario. Esperamos, pues, que en el contexto del presente
debate en el Pleno podamos reconducir esa situación de la prorrata.

La tercera reforma estructural en la que se incide en estos Presupuestos
es la relativa a la internacionalización de la economía. En este ámbito
es positiva la creación de tres fondos destinados al fomento de la
inversión española en el exterior, con una dotación global superior a los
110.000 millones de pesetas. Es ésta una reforma en la que nuestro Grupo
desearía profundizar en un futuro próximo y de ella depende una parte
importante del futuro de nuestra economía.

Reforzar la inversión y la competitividad de la actividad productiva.

Este es el tercer objetivo que Convergència i Unió demanda a estos
proyectos de ley, y es ésta una de las características positivas de los
mismos, ya que en 1998 se inflexiona al alza la evolución de la inversión
pública. Es importante destacar este aumento inversor, ya que para que
nuestra economía alcance unas cotas de competitividad equiparables a la
de los países europeos más desarrollados resulta imprescindible mantener
las infraestructuras económicas de transporte, comunicaciones y
telecomunicaciones en una situación perfectamente equiparable a la que
mantienen dichos países. Sin duda los cambios que se introdujeron en el
Congreso de los Diputados en este ámbito equilibran de una forma más
justa la distribución territorial de la inversión en este capítulo.

El segundo elemento fundamental para reforzar la competitividad de la
actividad productiva es el descenso de los tipos de interés. Controlar el
déficit de la inflación permite dar continuidad al descenso de los tipos
de interés para situarlos en 1998 en la órbita del 4 por ciento. Sin duda
la decisión del Banco de España de hoy confirma este hecho. Este es un
incentivo claro para estimular la inversión.

El cuarto objetivo de Convergència i Unió, el de consolidar el Estado del
Bienestar y sus políticas sociales, tiene su plasmación en estos
presupuestos. El gasto social es, de nuevo, el principal destinatario del
gasto, representa el 54,9 por ciento del mismo, 6 décimas por encima de
lo que representaba en 1997.

Hay que destacar, en primer lugar, el mantenimiento de las pensiones, que
crecen al ritmo de la inflación. En segundo lugar, desde Convergència i
Unió queremos resaltar el nuevo sistema de financiación de la sanidad
para el período 1998/2001 acordado en la última reunión del Consejo de
Política Fiscal y Financiera e incorporado, mediante enmienda aquí en el
Senado, al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. Este
acuerdo supone un importante avance en cuanto a los recursos que el
sector público destinará a la sanidad, uno de los pilares básicos de
nuestro Estado del bienestar. De todo este incremento previsto, en el
trámite del Senado se ha dado encaje presupuestario a unos 83.000
millones de pesetas, en cifra redonda.

En síntesis, el nuevo acuerdo sobre la financiación de la sanidad, al que
se ha dado forma en esta Cámara, es positivo, señor Presidente, porque
supone el reconocimiento de la sanidad como una gran prioridad social
reclamada por los ciudadanos. Es positivo también porque ha sido tomado
con un elevado consenso, el acuerdo se ha logrado por unanimidad entre
las Comunidades Autónomas, a las que afecta directamente el nuevo
sistema, y el Insalud.

Señorías, esto es solidario con todas las Comunidades Autónomas, puesto
que el 98,25 por ciento de los recursos



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totales se distribuye en función de criterios de población protegida,
estando únicamente un 1,75 por ciento del total de recursos afectados a
fondos específicos.

Finalmente, quisiera destacar algunos de los demás avances o mejoras que
se han incorporado al proyecto de ley durante su tramitación
parlamentaria en el Congreso y en el Senado, en los que también ha
participado nuestro Grupo Parlamentario.

En el ámbito social hemos incrementado de 16 a 20.000 pesetas la
deducción aplicable en el IRPF para las personas mayores de 65 años.

En segundo lugar, y en línea con lo acordado en el Pacto de Toledo, han
mejorado diversos aspectos de las pensiones de viudedad, concretamente
han aumentado las pensiones correspondientes a personas viudas menores de
60 años. Y se ha resuelto el vacío legal que existía hasta el momento en
relación a las personas viudas de cónyuges que habían cotizado a la
Seguridad Social durante largos períodos, pero que fallecieron en un
momento en el que no estaban dados de alta ni asimilados. Hasta ahora no
tenían derecho a pensión, en adelante podrán percibirla siempre que el
cónyuge hubiese cotizado más de 22 años, según la enmienda aprobada en el
trámite de Comisión aquí en esta Cámara.

También en este trámite de Comisión hemos conseguido un avance en cuanto
a hacer compatible la percepción de pensiones de orfandad con la
percepción de ingresos hasta el 75 por ciento del salario mínimo
interprofesional. Sin embargo, hay que lamentar que ha quedado pendiente
limitar la devolución de las pensiones complementarias indebidamente
percibidas cuando ello sea consecuencia de errores imputables a la
Administración.

Respecto a las actividades de protección del medio ambiente, resulta
positiva la aprobación de la enmienda de Convergència i Unió, que otorga
carácter estable y permanente a la deducción del 10 por ciento para
inversiones en tecnologías que preserven la protección del medio
ambiente.

Por último, nuestro Grupo mantiene en este trámite de Pleno un conjunto
de enmiendas orientadas a resolver la problemática de la Ley de Contratos
del Estado en relación a los pagos a contratistas y subcontratistas.

Esperamos que con estas enmiendas y en este trámite logremos, al menos,
acelerar el proceso de reformas que ya se anunció en el Congreso de los
Diputados.

En definitiva, señorías, tal como nuestro Grupo Parlamentario ha
reiterado, vamos a votar afirmativamente estos presupuestos que dan
continuidad a una política económica que persigue la consecución de un
crecimiento estable y sostenido, lo que implica la reducción de los
desequilibrios macroeconómicos hasta los niveles que nos exige la Unión
Europea para mejorar nuestra competitividad internacional y conseguir
plena incorporación de la peseta al euro en su primera fase. Esta
política económica es la que deberá permitirnos perseverar en la creación
de empleo y garantizar el mantenimiento de las políticas sociales.

Vamos a votar también afirmativamente unos presupuestos que priorizan el
control del gasto público en un contexto de mantenimiento de la presión
fiscal. Sin embargo, quiero reiterar en este ámbito la necesidad de
impulsar una reforma de la Administración y una política de control de
gasto equilibrada en relación a las Comunidades Autónomas, así como
también la necesidad de seguir trabajando para la mejora del sistema de
financiación de las Comunidades Autónomas a partir del año 2001 cuando
venza el actual sistema, para que sea más equitativo, solidario y
racional en la asignación de recursos de lo que es hoy.

Por último, señor Presidente, señorías, vamos a apoyar estos presupuestos
de acuerdo con nuestro compromiso de garantizar la estabilidad política
en este proceso de convergencia europea, cosa que venimos haciendo desde
junio de 1993 hasta hoy.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Cambra.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Gangoiti.




El señor GANGOITI LLAGUNO: Señor Presidente, señor Vicepresidente
Económico del Gobierno que nos ha acompañado hasta ahora en el debate y
que ha hecho la presentación del proyecto, señorías, nos enfrentamos en
estos momentos al proyecto de Ley más importante desde un punto de vista
político y parlamentario. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Es
una realidad que este Presupuesto, al igual que el anterior, tiene ante
todo un objetivo prioritario: cumplir con las exigencias de Maastricht
para poder acceder a la primera fase de la Unión Económica y Monetaria,
es decir, del euro.

Desde este punto de vista, no me duelen prendas señalar que el salto que
se ha dado en nuestra economía en año y medio ha sido realmente
importante. Hace tan sólo dos años, pocos apostaban por el cumplimiento
de los requisitos exigidos a tal efecto, y en la actualidad todo el mundo
está convencido de que se va a estar dentro de los parámetros exigidos
para la convergencia nominal.

Esto, señorías, por supuesto que es fruto de la bonanza económica
internacional, pero también --por eso es justo señalarlo-- del
presupuesto restrictivo del pasado año, así como de una serie de medidas
complementarias adoptadas por el Gobierno que han hecho posible una
notable reducción del déficit público, de la inflación y, en
consecuencia, de los tipos de interés.

Señorías, el Presupuesto que se nos presenta para el próximo ejercicio
está basado de alguna forma en la misma filosofía que el anterior. Se
trata de un presupuesto restrictivo en el que se da una contención del
gasto público, en especial --y esto es lo importante-- del gasto
corriente, el cual crece por debajo del presupuesto, mientras se
incrementa el gasto de inversión. En definitiva, un Presupuesto que
conjuga austeridad y crecimiento económico sin inflación, y que coloca el
déficit público no ya dentro de las exigencias para acceder al euro, sino
dentro de esa asignatura pendiente que tendremos todos, que es el cumplir
el Pacto de estabilidad dentro de esa moneda única.

Pero más allá de este importante objetivo, quiero señalar que, desde el
punto de vista del Grupo Parlamentario



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de Senadores Nacionalistas Vascos, todo presupuesto debe estar al
servicio de un doble objetivo: por un lado, garantizar el Estado de
Bienestar y, por otro, garantizar un crecimiento económico sostenido, con
unas finanzas públicas saneadas que permitan una verdadera generación de
empleo, que ya no es el gran reto, sino el gran drama, no sólo de la
sociedad europea, sino de la nuestra.

Respecto al Estado de bienestar, es necesario señalar un hecho de vital
importancia que otorga una credibilidad y asegura a un segmento cada vez
más importante de los ciudadanos, como son los jubilados, el
mantenimiento de la capacidad del poder adquisitivo, como ha señalado el
señor Vicepresidente del Gobierno.

Por lo que se refiere a la sanidad, ésta sigue teniendo un carácter
universal, tal y como se ha debatido esta mañana. Igualmente, y dentro
del capítulo engoblado en lo que sería el Estado de bienestar, es
necesario profundizar en la ayuda a la familia.

Soy consciente de que en el presente proyecto de ley se dan pasos en
dicha dirección en lo referente a las familias de tres o más hijos, así
como en lo relativo --por poner otro ejemplo-- a las deducciones respecto
a guarderías. No obstante, es muy importante, señorías, continuar lo
antes posible en esta tendencia tanto en la futura reforma del IRPF como
en otros aspectos.

Por último, en el capítulo de vivienda es urgente encontrar fórmulas que
permitan abaratar el acceso a la misma tanto en la vertiente de compra
como en la de alquiler.

Si partimos del hecho de que tenemos la tasa de desempleo juvenil más
alta, y con diferencia, de toda la Unión Europea, y de que incluso
aquellos jóvenes que tienen la suerte de tener un puesto de trabajo no
pueden acceder en muchos casos a tener una vivienda, no pueden casarse
por ese problema, está claro que la juventud es en estos momentos el
sector más castigado de nuestra sociedad. Y esto es realmente peligroso
para cualquier proyecto político, puesto que es crear frustración en lo
que es el futuro de una sociedad.

En resumen, y por lo que decía al principio respecto del Estado de
Bienestar, el actual Presupuesto garantiza prestaciones existentes
anteriormente, lo cual no implica que en un futuro próximo no tengamos
que abordar una reforma al respecto para garantizar dicha concepción
social y que ello no pueda representar en el futuro una carga inasumible
para los Presupuestos Generales del Estado.

Dicho esto, paso al segundo punto que he citado anteriormente y que
constituye la otra parte fundamental de cualquier presupuesto: sentar las
bases de un crecimiento económico sostenido, no inflacionista, basado en
unas finanzas saneadas, capaz de generar verdaderamente empleo.

Evidentemente, el actual presupuesto, tal y como he señalado al
principio, mantenía la filosofía del presupuesto anterior. Y ahí están
los resultados. Por lo tanto, globalmente es un presupuesto con
credibilidad.

Estamos ante un presupuesto en el cual el gasto público crecerá por
debajo del PIB nominal; en el que el gasto de inversión crece casi tres
veces más que el gasto corriente, y en el que el déficit público se
coloca por primera vez a la par, e incluso hay posibilidades de que esté
por debajo de la inversión pública.

La reducción del déficit que se ha producido, y que va a continuar, como
decía al principio, nos coloca en la senda de acceder a la primera fase
del euro. Y algo que es más importante: estar dentro del pacto de
estabilidad, que va a ser la gran asignatura que vamos a tener cuando
estemos en la moneda única.

Igualmente, la reducción de la deuda pública, que se había disparado
desde finales de los años ochenta, es positiva puesto que representa un
10 por ciento de los Presupuestos Generales del Estado y es una de las
partidas más importantes de los mismos. En definitiva, la reducción de la
duda pública, la cual es necesario que continúe a lo largo de los
posteriores ejercicios, es una garantía de futuro. Garantía de poder
afianzar y garantizar el Estado de Bienestar, bien a través del actual
sistema o a través de nuevos planteamientos --de todo eso tendremos que
discutir, porque el mundo cambia y estamos en vísperas de un nuevo
milenio--; pero, en todo caso, asegurando a los ciudadanos las
prestaciones y derechos adquiridos.

Y la reducción de la deuda significa también la posibilidad de dedicar
mayores recursos a la inversión productiva como instrumento al servicio
de un crecimiento económico estable y sostenido que pueda conducir a
luchar eficientemente y con éxito al gran desafío que hoy en día tiene
planteada nuestra economía, también la europea, que es conseguir lo mismo
que en estos momentos han conseguido los Estados Unidos: que crecimiento
económico sea sinónimo de crecimiento de empleo, lo cual no se da en
nuestro continente.

Respecto de la reducción de la inflación, hay que reconocer que ha sido
un éxito, señor Ministro. Un éxito que permite cumplir no sólo con los
requisitos exigidos por Maastricht, sino que, sobre todo, ha permitido un
descenso importante de los tipos de interés manteniendo un cambio óptimo
para la peseta, lo cual es importante de cara a la fijación el 2 de mayo
de la prefijación del tipo de cambio irrevocable respecto al euro.

El descenso del precio del dinero, que tiene un efecto productivo sobre
las economías domésticas, influye también positivamente en la reducción
de la deuda pública, así como en la contención del gasto público, y
permite a la vez, tanto un saneamiento financiero de las empresas como
animar la inversión productiva privada, lo cual tiene un efecto positivo
sobre el empleo e influye favorablemente en acelerar el ciclo económico
en el que se encuentra en estos momentos nuestra economía.

En definitiva, señorías, es cierto que ha habido un cambio de tendencia
en nuestra economía. Nos encontramos en un ciclo expansivo, con un
crecimiento económico superior a la media de la Unión Europea; una
generación de empleo importante, en comparación con el resto de Estados
de la Unión, pero insuficiente a todas luces con el elevado índice de
paro --elevadísimo diría yo-- que mantiene nuestra sociedad.

Por otro lado, tal y como he señalado, los grandes parámetros económicos
van en buena dirección, y este presupuesto efectivamente es un
presupuesto restrictivo que pretende crear un crecimiento económico
productivo y estable. Ahora bien, dicho esto, nosotros también vemos



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zonas grises y discrepancias, tanto en aspectos de este presupuesto como
parcialmente en la política económica del Gobierno, la cual es un
elemento necesario de complemento a toda política presupuestaria, de cara
a conseguir ese crecimiento económico, estable y sostenido que hemos
dicho; y de cara, igualmente, a modernizar nuestras estructuras y nuestro
tejido productivo e incrementar la productividad de nuestra economía, lo
cual es vital en una economía globalizada, máxime cuando va a desaparecer
el recurso a utilizar el instrumento de cambio.

Si contemplamos a fondo el presupuesto veremos que la reducción del
déficit público no se lleva tanto vía una reducción del gasto, sino que
se basa en el incremento de los ingresos, fruto de la importante
reducción de los tipos de interés, el crecimiento económico, y, en
consecuencia, también la reducción del desempleo. Por otro lado, los
ingresos también crecen de una forma importante, debido al proceso
privatizador. Y esta política, señorías, es válida en la actual
coyuntura, pero todos somos conscientes de que el proceso privatizador y,
en consecuencia, los ingresos consiguientes tienen un fin no
excesivamente lejano, y, por otro lado, el día en que acabe el ciclo
expansivo se producirá un importante descenso en los ingresos, salvo que
se recurriese a un incremento impositivo, con lo que nosotros estamos
completamente en desacuerdo.

Por ello, estamos ante un esquema válido para hoy, para este ciclo
económico, pero no para escenarios posteriores que podrían venir; por
tanto, se podría poner incluso en tela de juicio el que este Gobierno
haya cumplido en estos presupuestos, por primera vez desde la democracia,
la regla de oro: que el déficit sea igual o inferior a la inversión
pública. Incluso podríamos poner en tela de juicio, en caso de situación
depresiva, nuestra situación dentro del pacto de estabilidad. Además,
señor Vicepresidente, todos somos conscientes de que es más factible
llevar a cabo una reducción del gasto en épocas expansivas que en
situaciones de crisis.

Hay dos partidas de este presupuesto en las que me gustaría detenerme. En
primer lugar, el incremento presupuestario en I+D. Todos sabemos que es
uno de los talones de Aquiles de nuestra economía, y todos sabemos que
somos el penúltimo Estado de la Unión Europea en inversión, en este
capítulo que es fundamental en una economía globalizada y en una economía
con una moneda única. Como digo, se da un paso importante en estas
inversiones, pero parte de las mismas se dedican principalmente a
partidas de Defensa. Nuestro grupo, señorías, y quiero que se me entienda
claramente, es consciente de que Defensa tiene un carácter
multidisciplinar, es decir, que los desarrollos en dicho ámbito se
trasladan también en algunos casos a otros sectores industriales pero, de
todas formas, valorando la inversión en este sector de Defensa en los
términos justos, pensamos que el citado incremento en I+D debiera haber
sido más equitativo entre los diversos sectores que componen nuestro
tejido industrial.

Pero es que, además, la inversión en I+D, garantía de futuro competitivo
en la Europa sin fronteras y del euro y en una economía globalizada, hay
que extenderla a las Pymes. Ante un retraso histórico, que no es culpa de
este Gobierno, tan importante como el que se da en este ámbito es
necesario el ofrecer a la inversión privada una serie de medidas
importantes, sobre todo de carácter fiscal, para que tengan un escenario
atractivo en el cual puedan desarrollar este tipo de inversiones.

Otra partida fundamental para cualquier economía es la dedicada a
infraestructuras. El progreso en infraestructuras, donde también llevamos
un importante retraso, es una garantía de competitividad, de
modernización y de convergencia real con la Europa de los Quince. En este
sentido, consideramos acertado el incremento de inversión pública al
respecto, al fin y al cabo, las infraestructuras, aparte de lo señalado
anteriormente, juegan un papel importante en la generación de empleo. Por
ello, consideramos positiva la orientación adoptada ya en el presupuesto
anterior de incorporar al sector privado a la inversión y ejecución de
las obras públicas.




El señor PRESIDENTE: Senador Gangoiti, por favor, cuando pueda vaya
terminando.




El señor GANGOITI LLAGUNO: Acabo en breve, señor Presidente.

Pero esta iniciativa debe de incrementarse incorporando aún más al sector
privado, ofreciendo un escenario atractivo y, en consecuencia, eso
conseguiría que se detrayesen y se liberalizasen recursos para el
Gobierno central.

Otro aspecto importante al que quisiera referirme es el de las reformas
estructurales, de las cuales nos ha hablado aquí el señor Ministro. Del
tema de las liberalizaciones nos ha dicho que se va a proceder en 1998 a
una liberalización en el sector de hidrocarburos, a la modificación de
ley de Defensa de la Competencia, y a la creación de una nueva ley
Concursal. Nos ha dicho también que se va a acelerar el proceso
privatizador en el año 1998. Con todo eso nosotros estamos completamente
de acuerdo y me alegro de que lo haya expuesto el señor Vicepresidente.

En el ámbito laboral hay que señalar que el acuerdo alcanzado es
importante, pero que hay que seguir profundizando en él. El señor
Ministro ha hablado también de las medidas que ha tomado el Gobierno en
los temas de empleo, formación, reforma fiscal, de organización del
tiempo de trabajo y política activa de empresas dedicada a los jóvenes, a
la gente con menos formación y al paro estructural de larga duración.

Pero tenemos que seguir profundizando en eso y también en el trabajo a
tiempo parcial, que está resultando ser un éxito en otros Estados, no
como un elemento básico de la reforma del mundo laboral, pero sí como un
complemento de cara a la generación de empleo.

Igualmente, hay otra reforma pendiente, cual es la de la Administración.

El adelgazamiento de la Administración es fundamental porque liberará
recursos públicos ya que, al fin y al cabo, tenemos que tener en cuenta
que la Administración per se sea la central, sea la autonómica, o sea la
municipal, no genera empleo, sino que presta un servicio a los
individuos, a la sociedad y a las empresas.

Por último y antes de acabar, quisiera decir que es necesario abordar en
profundidad todo el problema de la fiscalidad. Desde que se encuentra en
el poder, el Gobierno



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ha tomado una serie de medidas positivas al respecto y en la Ley de
Acompañamiento también se contemplan otras más, si bien creemos que es
necesario introducir rápidamente una reducción de la presión fiscal, así
como en las contribuciones sociales a la misma. Debemos tener en cuenta
que las contribuciones sociales representan siete puntos más a nivel de
ingresos fiscales en nuestro Estado que considerada la media de la Unió
Europea.

Respecto a las PYME --y acabo, señor Presidente--, quisiera decir que se
han tomado una serie de medidas con las que estamos de acuerdo, pero
también que debemos seguir profundizando en ellas. La Ley de
Acompañamiento las contempla, señor Vicepresidente del Gobierno, pero
creemos que es necesario solucionar un problema que se tiene no sólo a
nivel de Estado, sino europeo, cual es el de reducir todos los problemas
burocráticos que hoy en día tienen las PYME. Por otro lado, respecto a
I+D, como señalaba anteriormente, es necesario buscar bonificaciones
fiscales para que se lleve a cabo la inversión y sean competitivas estas
empresas.




El señor PRESIDENTE: Señor Gangoiti, tiene que terminar.




El señor GANGOITI LLAGUNO: Acabo, señor Presidente.

Por último nos felicitamos por lo que ha dicho el señor Vicepresidente
sobre la Ley de Medidas de Disciplina Presupuestaria. Creemos que es un
ejercicio democrático importante, que nos ponemos al nivel de algunos
Estados. Incluso, diría que en el Parlamento Europeo, la Comisión de
Control Presupuestario es la más importante. Por tanto, creo que esta es
una gran noticia y que es un servicio a la sociedad.

En resumen, señorías, nos encontramos ante un presupuesto que,
globalmente, consideramos positivo, si bien, como hemos dicho
anteriormente, tiene zonas grises; un presupuesto, en definitiva, que
debe ser apoyado por una serie de medidas políticas, sobre todo,
económicas, que el Gobierno debe tomar a lo largo de 1998.

Por tanto, señorías, vamos a votar en contra de los vetos que han
presentado los tres grupos parlamentarios, porque nos satisface más el
planteamiento que ha hecho el Gobierno del Partido Popular.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Gangoiti.

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el Senador Román Clemente.




El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.

Con brevedad, porque breve fue --muy breve-- la intervención del portavoz
del Grupo Parlamentario Popular en respuesta a los vetos presentados.

Quería constatar que las diferencias eran importantes, de fondo, y que,
por tanto, no era preciso entrar en el debate. No obstante, convendría
hacer algunas reflexiones, señorías.

Quizás el debate más importante, junto con el del estado de las
Comunidades Autónomas que celebramos en esta Cámara, está pasando
desapercibido. Es un debate en el que prácticamente está todo hecho.

Apenas hay nada que hacer: arreglar algunas cuestiones que quedaron
pendientes en el Congreso de los Diputados, presentar algunas enmiendas
de ajuste, pero, por lo demás, el debate en el Senado camina con rapidez;
todo está prácticamente hecho. Y algo tendría que hacernos reflexionar
esta situación. No es conveniente que una Cámara de la importancia del
Senado, en este trámite del debate parlamentario político más importante,
apenas tenga ninguna incidencia.

Y se constata, por otra parte, señorías, la frialdad de las cifras. Las
cifras lo pueden justificar casi todo. Hay interpretaciones documentadas
técnicamente casi perfectas, pero en el debate político, señorías, falta
calor y color. Posiblemente estemos en esta situación, como decía el
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, constatadas las grandes
diferencias, cuando se dirigía al Grupo Parlamentario Socialista, y
terminaba: Este es un presupuesto que ustedes quisieran haber presentado
y haber gestionado. Coincidencia en los objetivos de convergencia,
discrepancia en la gestión.

Desde Izquierda Unida queremos plantear que si no fue extenso el Grupo
Parlamentario Popular en la respuesta al veto, pocas cosas más tenemos
que decir, sólo que siguen siendo unos presupuestos injustos,
insolidarios, que no compensan los desequilibrios territoriales y que
consagran y hacen mayores las desigualdades sociales.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Román Clemente. (La señora De
Boneta y Piedra pide la palabra.) ¿Por qué me pide la palabra?



La señora DE BONETA Y PIEDRA: Por el artículo 87, y únicamente a efectos
de que he sido respondida al veto que he presentado pero no puedo hacer
ninguna matización porque sólo está establecido este turno de portavoces.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por tiempo de tres minutos.




La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor Presidente, me va a
sobrar tiempo.

Aunque el portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha pasado muy por
encima de la intervención de esta Senadora, quería puntualizar --y me
parece muy importante decirlo-- que dicha intervención lo ha sido en una
perspectiva amplia y en relación a los presupuestos, sobre todo en lo que
se refiere a la política de empleo, y sí he entrado a título de ejemplo y
únicamente para explicar a esta Cámara por qué nos quejamos, no sin
razón, muchas veces de unos presupuestos con falta de transparencia, en
unos porcentajes concretos de participación en fondos estructurales, en
una participación en Presupuestos Generales del Estado mucho menor de la
que nos correspondería --además de lo que nos tocaría por lo que está
establecido en el Estatuto-- por la aportación.

Da la impresión de que Comunidades como la del País Vasco, o bien son
poco solidarias, o bien plantean las



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cuestiones con cierto espíritu de ave de rapiña. Yo quería demostrar que
la Comunidad Autónoma Vasca percibe, en todo caso, a través de los
Presupuestos Generales del Estado y de los fondos estructurales, bastante
menos de lo que le corresponde.

Por eso creo que no es un debate sacado de contexto, no es un debate
territorial ni para otro foro. Esa es la razón por la que quería
contestar al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, porque no ha hecho
referencia a cuestiones de política general que he mencionado y que
afectan a todos los ciudadanos y ciudadanas del Estado español.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senadora Boneta. (El señor Utrera Mora pide
la palabra.) Tiene la palabra el señor Utrera.




El señor UTRERA MORA: Pido la palabra por el artículo 87, ante la
sorpresa que ha causado a nuestro Grupo la inversión en el orden de
intervención en el turno de portavoces.

Intervengo en este brevísimo turno para agradecer a los grupos que han
prestado su apoyo al proyecto el voto negativo que van a emitir a las
enmiendas de veto propuestas.

Bien es verdad que con matices distintos hemos de agradecer al Senador
Cambra la descripción de la política presupuestaria para 1998 y de las
modificaciones que se han introducido en el Senado. Creo yo --y al hilo
del debate es oportuno recordarlo-- que ha dejado de incluir algunas
--supongo que por falta de tiempo más que por la importancia que
tienen--, como puede ser la liberalización de la distribución de sectores
de productos petrolíferos o la regulación del sector de la televisión
digital terrestre y por satélite. Este último es una tecnología
prometedora que hay que regular y explotar desde el primer momento; el
primero es una muestra más de los procesos de liberalización que se están
produciendo en nuestra economía y que están mejorando la competitividad y
el empleo.

En cuanto al Senador Gangoiti, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos, creo que ha dado en la clave al recordarnos que
estos Presupuestos para 1998 son los Presupuestos del pacto de
estabilidad, es decir, son los Presupuestos que han de garantizar no la
entrada a la Unión Monetaria, a la moneda única, que ya está garantizada,
sino el mantenimiento y la capacidad para explotar todas las ventajas que
de la moneda única se derivan, eso se llama pacto de estabilidad y eso
supone mantener los equilibrios macroeconómicos porque, como él también
señalaba, se está dando la circunstancia de que en España se está
creciendo bien, se está creciendo de forma sana, de forma equilibrada,
con una fuerte participación de sector exterior, lo cual demuestra
competitividad y, al mismo tiempo, se está creciendo creando empleo. En
definitiva, ese es un modelo de crecimiento que nosotros queremos
mantener, y forma parte del Programa de Convergencia.

En cuanto al Senador Román Clemente y también a la Senadora De Boneta, de
Izquierda Unida y Eusko Alkartasuna, les diré que lamento la brevedad en
la intervención que hice y pido disculpas por ello, pero en modo alguno
evité entrar en ese debate, sino sencillamente en ambos casos creo que el
debate tiene que hacerse de otra manera. Cuando debatimos los
Presupuestos Generales del Estado para 1998 debemos, desgraciadamente,
ceñirnos a las frías cifras que incluyen esos presupuestos, que me ha
agradado escuchar al Senador Román Clemente que podrían ser técnicamente
correctas. Nosotros pensamos que efectivamente son técnicamente correctas
y así lo defendemos.

Por último, en cuanto al Senador Granado, del Grupo Parlamentario
Socialista, le diré que yo y mi Grupo pretendemos no hacer de un debate
presupuestario una especie de circo ambulante en el cual se contrastan
las cifras con documentos no conocidos, con documentos no suficientemente
informados, no veraces, en definitiva. Por ejemplo, en materia de
educación, en que tanto ha insistido el Senador Granado, según datos
oficiales, el Presupuesto ejecutado de educación no universitaria en 1996
--por tanto, descontando las transferencias de universidad de las que
después hablaremos-- 821.747 millones de pesetas; en 1997, 823.090
millones --es decir, hay un crecimiento pequeño pero crecimiento-- y para
1998, 870.909 millones --un crecimiento de casi el 6 por ciento--. Los
datos son los que son y, aunque hay un aforismo que dice que
torturándolos de manera suficiente, al final llegan a confesar, lo cierto
es que los gastos de educación y de presupuestos ejecutados y en 1998
programados de educación, son los que son.

El error, Senador Granado, es que no se pueden mezclar cosas que son
heterogéneas. Usted lo ha dicho: había universidades metidas en el año
1996 y no las hay en el año 1998. De tal forma que descontando los
créditos por universidades que han sido transferidas a las Comunidades
Autónomas, resultan los datos que he mencionado. Si estos datos son los
que son --le decía esta mañana y vuelvo a repetirle ahora, que no vamos a
discutir de datos porque entiendo que eso es de necios--, entonces su
argumentación principal desaparece y cae como un castillo de naipes.

Decía también que nuestra enmienda sanitaria recoge, primero, una
precipitación en cuanto a su presentación y formula el nuevo modelo de
financiación desequilibrios territoriales. Le diré que ni una cosa ni la
otra, primero, porque la enmienda que presentó el Grupo Parlamentario
Popular era fruto de los acuerdos alcanzados unos días antes, y si se da
de baja la Sección 31 inmediatamente se dota a la Sección 31 con los
fondos necesarios para cubrir este gasto. Esos fondos no son
indeterminados, no son por mayor recaudación a obtener en 1998, sino que
son dos partidas concretas: los anticipos de devoluciones que se han
practicado ya estos meses de otoño de 1997 por el Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas y las primas de emisión de deuda pública que se
conoce ya que se van a producir como consecuencia de los acuerdos de
emisión de títulos de deuda y los tipos de interés del mercado.

En definitiva, me hubiera gustado hablarle del nuevo sistema de
estimación por coeficientes de las rentas empresariales de pequeña
cuantía en el IRPF porque creo que también en eso tiene una confusión. Me
gustaría terminar corrigiendo --no sea que se convierta en otro rumor
como a los que esta mañana hacía referencia-- su interpretación de la Ley
General Presupuestaria.




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Senador Granado, los anticipos a las Comunidades Autónomas están
previstos en la Ley General Presupuestaria. Precisamente, estos anticipos
pueden realizarse en un ejercicio y no es necesario saldarlos en ese
ejercicio porque pueden ser saldados con la liquidación definitiva del
ejercicio siguiente. Además --y con esto termino, señor Presidente--, es
especialmente injusto, por demagógico, lo que usted está diciendo,
Senador Granado, porque el crédito presupuestario del que estamos
hablando es del año 1998. Ni siquiera el crédito presupuestario es del
año 1997 y como era práctica habitual cuando gobernaba el Partido
Socialista se dejaba pasar al año 1998 y, por eso, se establecía esta
regla de control. El crédito presupuestario es del año 1998 como viene
recogido en nuestra enmienda a los Presupuestos. Unicamente porque el
acuerdo sanitario, alcanzado en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera que --como le recuerdo una vez más-- ha firmado la Junta de
Andalucía, dice que se anticipen 40.000 millones para paliar las
necesidades de Tesorería de la sanidad, y como el Estado,
afortunadamente, no tiene problemas de Tesorería, se han anticipado
40.000 millones de pesetas a cuenta del crédito que todos sabemos que es
del ejercicio 1998 y que se cancelará presupuestariamente en 1998.

Espero que haya entendido esto, no sea que sobre la base de esa confusión
surjan cuentas, lógicamente de las no autorizadas o de las no oficiales,
en el seno del Partido Socialista o encuentren ustedes por ahí algún
informe fantasma.

Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Popular.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Senador. (El señor Granado Martínez
pide la palabra.)
Tiene usted la palabra por el artículo 87.




El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a ceñirme a los dos aspectos que ha desarrollado el señor Utrera.

Senador Utrera en el año 1996 hubo cuatro universidades en los
Presupuestos del Estado dos meses y luego pasaron a la Sección 18 de
Educación. Compruebe usted los datos ya que es una persona rigurosa.

Lo que dice la Ley de Medidas de Disciplina Presupuestaria, aprobada en
esta Cámara en diciembre del año pasado, es que exceptúa de la obligación
de ser cancelados en el propio ejercicio los créditos cofinanciados por
la Unión Europea, no los créditos que van a las Comunidades Autónomas.

Usted está confundiendo los anticipos a cuenta del sistema de
financiación autonómica que no tiene nada que ver. El artículo 65 de los
anticipos de Tesorería, que es el único que en la Ley General
Presupuestaria regula los anticipos, no dice que estén exceptuados los
créditos a las Comunidades Autónomas. Además, parte de esos 40.000
millones de pesetas ni siquiera van a las Comunidades Autónomas, pues
16.000 van al Insalud; osea, que eso tampoco se podría anticipar.

Los 40.000 millones no están en su enmienda, Senador Utrera. Léase su
justificación. Los 83.000 millones de la enmienda salen de sumar 10.000,
20.444, 47.918 y otros 5.000. Los 40.000 están fuera de su enmienda.

Además, esos 40.000 millones de pesetas ni siquiera están en el
articulado de la Ley de Presupuestos que dice --y como usted es un hombre
riguroso mírelo bien-- que son créditos ampliables los del Insalud para
atender a las modificaciones que se produzcan en las transferencias entre
subsectores. La Seguridad Social es un subsector y el Estado es otro.

Como esto es una transferencia de la Seguridad Social vía INSS al Insalud
ni siquiera es una transferencia entre subsectores; o sea que ni siquiera
están ya no amparados por la Ley General Presupuestaria, sino por el
propio proyecto de Ley del Gobierno para 1998.

Ustedes hicieron una ley y ahora la incumplen claramente; ustedes
incumplen su propia ley de Presupuestos. Esta es una chapuza más de los
chapuceros presupuestos para 1998. (Aplausos en los escaños del Grupo
Parlamentario Socialista.--El señor Utrera Mora pide la palabra.--Fuertes
rumores.) El señor PRESIDENTE: Senador Utrera, lo siento, pero ya he
concedido la palabra por el artículo 87 para un solo turno y ya ha sido
consumido. Siento no poderle conceder la palabra. (Fuertes rumores.--El
señor Ministro de Economía y Hacienda, De Rato y Figaredo, pide la
palabra.)
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): Señor Presidente, señorías, finalizado este debate,
quiero agradecer, en nombre del Gobierno, todas sus aportaciones, tanto
las de los grupos que apoyan este proyecto de ley, como las de los grupos
que no lo van a apoyar y que han presentado sus correspondientes vetos.

Quisiera decir que, con excepción de la intervención del Senador de
Izquierda Unida, entiendo que en todas las demás intervenciones han sido
respaldados los objetivos del presupuesto aunque algunas veces no se haya
dicho explícitamente. Hasta donde yo he conocido, estos objetivos en
relación con el déficit público, no han sido discutidos por los grupos
parlamentarios del Senado, como tampoco han sido discutidos por los
grupos parlamentarios del Congreso con la misma excepción que he
mencionado antes.

En ese sentido, entiendo que el Gobierno está doblemente obligado, no
sólo por la ley y por los grupos que le respaldan, sino también por
aquellos que, sin respaldarle, mantienen el objetivo de continuar con una
clara política de reducción del déficit público.

Asimismo entiendo que los objetivos de crecimiento interno del gasto y
los relativos al reparto interno del gasto en el presupuesto, tanto el
que se refiere a la creación de infraestructuras, a la inversión pública
en términos amplios, como el que se refiere a políticas sociales, tampoco
han sido objeto de crítica en el Senado, con la misma excepción antes
mencionada, como tampoco lo fueron en el Congreso. (Rumores.) Unicamente
se han producido críticas concretas, algunas de ellas contestadas ya de
modo contundente por el Grupo Parlamentario Popular.

Pero para que no quede ningún tipo de error en la opinión pública, me
gustaría avanzar sobre una cuestión importante,



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la financiación de la Seguridad Social. (Rumores.) Me parece
extraordinariamente complejo el debate sobre la financiación de la
Seguridad Social, y no era intención del Gobierno referirse a este tema
que en parte proviene de decisiones...




El señor PRESIDENTE: Por favor, silencio, señorías.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (De
Rato y Figaredo): ... tomadas en legislaturas anteriores, siendo una de
ellas la universalización de la sanidad, y la siguiente el Pacto de
Toledo.

Si sus señorías observan la evolución del peso de las cotizaciones
sociales en el conjunto de la financiación de la Seguridad Social, podrán
comprobar que a partir del año 1988 se produce una disminución del peso
de las cotizaciones sociales y un aumento del peso de la financiación del
Estado, lo que va unido a la decisión política de entonces de aumentar la
financiación de la sanidad desde el punto de vista de un aumento de las
prestaciones al declarar la sanidad como un servicio universal.

(Rumores.) En ese sentido, a partir de 1992 se producen préstamos por
parte del Estado a la Seguridad Social para financiar los déficit
producidos por la financiación de la sanidad.

Pero quisiera mencionar también que el Pacto de Toledo, donde se produce
el primer mandato claro de separación de fuentes, fue un acuerdo político
adoptado durante la pasada legislatura aunque desarrollado en ésta con la
actual mayoría y con un amplio respaldo parlamentario incluso superior a
esa mayoría. Pues bien, tanto en el desarrollo del Pacto de Toledo en
general como en el más concreto de la Ley de consolidación de la
Seguridad Social, lo que ha supuesto su desarrollo parlamentario, se ha
establecido como prioridad la financiación de la sanidad, y este Gobierno
ha procedido a continuar ese mismo mandato legislativo.

En ese sentido, quisiera llamar la atención de sus señorías en relación a
lo siguiente. En el año 1996 se financiaban... (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO Y MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA: (De
Rato y Figaredo): ... con cargo a cotizaciones 586.000 millones de
pesetas; en el año 1997 esta financiación se ha reducido a 199.000
millones de pesetas, y en 1998 se financiarán con cargo a cotizaciones
gastos sanitarios por 100.000 millones de pesetas. Por tanto, el Gobierno
está produciendo claramente un aumento de su absorción del peso de la
sanidad en el conjunto de los gastos de la Seguridad Social.

En cuanto a aquellas de sus señorías que se han planteado cuáles son las
razones por las que se ha producido un aumento en el peso de las
cotizaciones en la financiación de la Seguridad Social, quisiera poner de
relieve que se ha producido al mismo tiempo una caída en lo que podríamos
considerar otros ingresos, de los que los más importantes son los
referidos al déficit de la Seguridad Social. En ese sentido, no vean sus
señorías el aumento del peso de las cotizaciones como una situación que
pueda afectar a la financiación de la Seguridad Social, sino todo lo
contrario, porque la explicación radica en la disminución del déficit
público de la Seguridad Social, que ha pasado de cinco décimas del
producto interior bruto en 1996, a dos décimas del producto interior
bruto en 1997.

También quisiera poner de relieve ante sus señorías la evolución del
presupuesto de la Seguridad Social. En 1995, éste ascendía a diez
billones 893.000 millones de pesetas, y en 1998 supondrá,
aproximadamente, dos billones de pesetas más. En cuanto a su estructura,
las cotizaciones han experimentado un aumento del 20,8 por ciento; las
pensiones también han experimentado un aumento del 20,8 por ciento; sin
embargo, las transferencias del Estado han tenido un aumento del 22,65
por ciento.

Por tanto, quiero decir a aquellas de sus señorías que creen que deben
aumentar las transferencias del Estado a la Seguridad Social que las
transferencias del Estado están creciendo más deprisa de lo que crece el
presupuesto de la Seguridad Social, en parte debido a lo que he
mencionado con anterioridad, como es el proceso de separación de fuentes
entre sanidad y pensiones, que se ha producido como consecuencia de los
acuerdos del Pacto de Toledo, y de manera muy intensa para 1997 y 1998,
pasando de más de 500.000 millones de financiación de la sanidad por
parte de cotizaciones en 1996, a 100.000 millones en 1998.

Con respecto a los préstamos a la Seguridad Social, me sorprende que ese
tema se haya planteado como algo nuevo. Quiero recordar a la Cámara que
entre 1992 y 1993 se aprobaron 561.000 millones de préstamos a la
Seguridad Social para atender gastos de la sanidad, y que en 1994, 1995 y
1996 se aprobaron un billón 233.000 millones como consecuencia de los
préstamos que el Estado confería a la Seguridad Social, ya fuera por
Tesorería, ya fuera para compensar déficit presupuestarios, puesto que en
estos tres años los préstamos no se diferenciaban.

A partir de 1996, la política distinta consiste en que los préstamos que
se realizan a la Seguridad Social, como habrán podido comprobar sus
señorías en la Ley de Presupuestos para 1997 y en la ley de presupuestos
para 1998, vienen diferenciados. Y en este momento las Cámaras pueden
conocer cuál es el préstamo que se hace para atajar déficit
presupuestarios, que quedan como préstamos en el conjunto del sector de
las Administraciones centrales, de los préstamos que se hacen por
Tesorería. En ese sentido, la evolución de los préstamos por déficit
presupuestario ha pasado de 155.000 millones en 1997 a 125.000 millones
en 1998; por tanto, ha habido una reducción considerable que continuará a
lo largo de los próximos años.

En resumen, señor Presidente, quiero dejar claro --sin que con esto
piense que alguien haya intentado decir lo contrario--, en primer lugar,
que existe una clara mejora en la financiación de la Seguridad Social,
con una clara reducción del déficit de la Seguridad Social. En segundo
lugar, que el peso de las aportaciones del Estado a la Seguridad Social
como consecuencia de la separación de fuentes de la sanidad y de las
pensiones es creciente, y prácticamente en 1998 esa financiación
sanitaria a través de cotizaciones quedará reducida a 100.000 millones de
pesetas, habiendo sido de más de 500.000 millones de pesetas dos



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años antes. Además, los préstamos, no de Tesorería, sino de déficit de la
Seguridad Social, se están reduciendo como consecuencia de la disminución
del déficit público.

Como sus señorías conocen, el Gobierno, en su Plan de Convergencia,
establece un proyecto de déficit cero de la Seguridad Social a partir del
año 2000, y en ese sentido creo que avanzamos hacia una Seguridad Social
cada vez con mayores niveles de estabilidad y de seguridad de cara a los
usuarios y, especialmente, a los pensionistas.

Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vicepresidente Segundo del
Gobierno.

En primer lugar, pasamos a votar la propuesta de veto de los Senadores
Nieto Cicuéndez y Román Clemente al proyecto de ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1998.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a
favor, 94; en contra, 143.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Procedemos a la votación de la propuesta de veto de la Senadora De Boneta
y Piedra al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para
1998.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a
favor, 94; en contra, 140; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos a votar la propuesta de veto del Grupo Parlamentario Socialista
al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a
favor, 94; en contra, 149.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Se procede a la votación de la propuesta de veto de los Senadores Nieto
Cicuéndez y Román Clemente al proyecto de ley de Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a
favor, 94; en contra, 141; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Procedemos a votar la propuesta de veto de la Senadora De Boneta y Piedra
al proyecto de ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden
Social.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a
favor, 95; en contra, 139; abstenciones, dos.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto del Grupo Parlamentario Socialista al
proyecto de ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Se inicia la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a
favor, 94; en contra, 143.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




-- HABILITACION DEL MES DE ENERO DE 1998 (550/000019.)



El señor PRESIDENTE: La Mesa del Senado, oída la Junta de Portavoces, ha
acordado solicitar al Pleno la habilitación del mes de enero de 1998 para
la eventual elección de miembros de las Mesas de las distintas Comisiones
de la Cámara.

¿Se acuerda? (Asentimiento.)
Muchas gracias.




-- PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1998
(Continuación) (S. 621/000064) (C. D. 121/000082.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la defensa de los votos particulares al
Título I, artículos 1 a 11, Anexos I y II. Enmiendas números 122 a 132,
204 y 205 de los Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente.

Tiene la palabra el señor Román Clemente. (El señor Vicepresidente,
Aguilar Belda, ocupa la Presidencia.)



El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Ruego silencio a sus señorías y
que los que tengan que salir lo hagan con diligencia. (Continúan los
rumores.) Ruego silencio a sus señorías y que los que tengan que salir
del salón de Plenos lo hagan con diligencia. (Continúan los rumores.)
Espere un momento, Senador Román.

Por tercera y última vez ruego a sus señorías que guarden silencio. Va a
hacer uso de la palabra un Senador desde la tribuna, y les ruego que
guarden silencio.

Senador Román Clemente, tiene la palabra.




El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.

Al Título I, artículos 1 a 11, y a los Anexos I y II, hemos presentado
las enmiendas números 122 a 132, 204 y 205.

Paso a defenderlas con brevedad, como está reseñado en la exposición de
motivos.

Con la enmienda número 122, que es de adición, pretendemos hacer más
transparente la gestión.

Respecto a la enmienda número 123, diré que creemos que, en una sociedad
democrática, tal y como reflejamos en la exposición de motivos
--insisto--, el control del Parlamento, debe acentuarse.




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Enmienda número 124. Consideramos que, con la obtención de más recursos
de los previstos, en una situación de bonanza en el ciclo económico, se
podría mejorar la política de infraestructuras, de inversiones selectivas
en ahorro energético e hídrico, se podrían aumentar los créditos
destinados a reducir... (Continúan los rumores.)



El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senador Román Clemente, por
favor, espere un momento.

Señores Senadores, les ruego que si tienen que abandonar el hemiciclo lo
hagan con rapidez y sin conversar.

Espere un momento. (Pausa.)
Puede continuar su señoría.




El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.

Decía que, con la obtención de más recursos, se podrían dedicar a reducir
las brechas sociales, a combatir la dualidad social que desde nuestro
punto de vista existe y que está planteada, y se mejorarían las partidas
presupuestarias destinadas a la nivelación de servicios públicos.

Decía en la anterior intervención que eran unas cifras técnicamente casi
perfectas, pero que no se equivoque el portavoz del Grupo Parlamentario
Popular: técnicamente perfecta para el mantenimiento de las desigualdades
--quede claro--, desigualdades que pretendemos combatir con la obtención
de más recursos.

En la enmienda número 125, tal y como está en la exposición de motivos,
lo que se plantea es consignar en la ley la cuantía del Presupuesto del
Banco de España.

Con la enmienda número 126 se pretende ajustar la autonomía al mismo
trato que pueda tener cualquier funcionario.

En la enmienda número 127 pretendemos justificar objetivos que
previamente estén establecidos bajo el control social.

La enmienda número 128 pretende favorecer el control presupuestario por
parte del Parlamento.

La enmienda número 129 es de supresión. Consideramos que el artículo 10,
apartado tres, es redundante, impreciso y arbitrario.

La enmienda número 130 se formula al artículo 10. Consideramos que lo que
está reflejado en el mismo es una expresión más de voluntad política que
no es acorde con el rigor jurídico que debe tener la ley.

Las enmiendas números 131 y 132 pretenden mejorar y agilizar las labores
de control parlamentario.

Finalmente, y de forma breve también, me quedan las enmiendas números 204
y 205. Tal y como se recoge en la exposición de motivos, la enmienda
número 204 pretende evitar que este tipo de modificación presupuestaria
se lleve a cabo para casos en que es necesario el conocimiento y la
decisión del Parlamento.

Por último, la enmienda número 205 es de supresión del Anexo II, relativo
a Créditos Ampliables, apartado segundo número once, letra d), por no
constituir una prioridad durante el presente ejercicio.

Gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Román.

Para defender la enmienda número 1.235, tiene la palabra el Senador Ríos.




El señor RIOS PEREZ: Gracias, señor Presidente.

Es una enmienda muy sencilla, de adición al Anexo II, de Créditos
Ampliables, en su punto segundo dos, Sección 12, del Ministerio de
Asuntos Exteriores, en el sentido de que los créditos puedan ser
ampliables y que den cobertura a las subvenciones a organizaciones no
gubernamentales en una clasificación económica concreta. La realidad
fundamental es que hay que adecuar los créditos a las necesidades en
función de la dinámica presupuestaria y no encontrarnos después con
graves dificultades para poder afrontar las demandas de subvenciones a
organizaciones no gubernamentales y no crear problemas posteriores.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Ríos.

Para la defensa de las enmiendas números 753 a 763 y 829 a 831, del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador González Príncipe.




El señor GONZALEZ PRINCIPE: Muchas gracias, Presidente.

El paquete de enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario
Socialista se podría fácilmente resumir en dos grandes bloques.

Un gran bloque de enmiendas está en relación con la disciplina
presupuestaria, y quisiéramos aprovechar la defensa hoy aquí de nuestras
enmiendas en la tribuna del Pleno de la Cámara para decir que el pacto de
estabilidad, la aplicación de la Unión Económica y Monetaria y nuestra
entrada en el euro van a obligar en el futuro a desarrollar una cultura
más intensa y más estricta en la lucha contra el déficit presupuestario y
a favor del control del gasto público. En este sentido, señorías, las
propuestas que nuestro Grupo trae aquí son aquellas que, en nuestra
opinión, permitirían lograr mejor este objetivo, pero queremos suscitar
la necesidad de un amplio acuerdo para modificar la Ley General
Presupuestaria. Y hay un dato evidente señores del Grupo Popular que
sustentan al Gobierno: en el proyecto que nos remite el Gobierno estamos
modificando artículos de la Ley General de Presupuestos del año 1997 y de
la Ley de Disciplina Presupuestaria que aprobamos en esta Cámara va a
hacer ahora un año.

Por lo tanto, parece evidente que esa cultura de la austeridad y del
control del gasto público, de luchar contra la discrecionalidad y la
arbitrariedad del Gobierno, debería ser objeto de una reflexión y de un
acuerdo parlamentario amplio, puesto que va a ser parte de la cultura
económica en el inmediato futuro tras la aplicación de la moneda única.

Por último, hay un tema al que somos muy sensibles, que es la
financiación de la Seguridad Social. Ustedes



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conocen la mayoría de las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario
Socialista porque han sido defendidas sin éxito en el Pleno del Congreso.

Lo que buscan, básicamente, es la aplicación coherente y correcta del
Pacto de Toledo, la separación de fuentes de financiación y el
saneamiento de las cuentas de la Seguridad Social.

Hay una enmienda absolutamente novedosa, que dice: Si España va bien, si
tenemos exceso de recaudación, ¿por qué no dedicar parte de esos excesos
de recaudación no sólo a mejorar o a combatir o a reducir el déficit del
Estado, que debe ser un objetivo básico? Apliquemos también, si se
producen incrementos en los ingresos, una parte de ese dinero a reducir
el déficit de la Seguridad Social.

¿Por qué lo planteamos los socialistas? Porque un sistema de previsión
social público, que es el que nosotros defendemos, es tanto más sólido,
tanto más fuerte cuanto antes consiga su equilibrio financiero. Y en este
debate nos gustaría preguntar a nuestros adversarios del Partido Popular
qué es lo que pasa, por ejemplo, con las aportaciones que el Estado ha
hecho hasta el mes de octubre al sistema de Seguridad Social. En
concreto, hasta el mes de octubre del presente año el Estado ha aportado
a la Seguridad Social 434.400 millones de pesetas; de esa cantidad
150.000 es un crédito no reintegrable. Pero hay, si no contamos mal,
284.000 millones de pesetas a 30 de octubre que, en cualquier caso, se
van a transformar en déficit, porque si ustedes nos dicen que la
Seguridad Social los va a devolver, estaremos generando déficit en la
Seguridad Social, y si ustedes nos dicen que al final la Seguridad Social
no los va a devolver y es el Estado quien los aporta, estaremos generando
déficit en el Estado.

Les hemos puesto este ejemplo para demostrar hasta qué punto la enmienda
que presentamos de la reducción del déficit no solamente es oportuna,
sino que podría ser objeto de un amplio encuentro de las fuerzas con
representación parlamentaria en la Cámara, si el objetivo que de verdad
se busca es el saneamiento financiero de las cuentas de la Seguridad
Social.

Por último, señorías, y sin afán de aburrirles, dentro de las enmiendas
que presentamos a la Seguridad Social hay algunas de estricto control
democrático. Pretendemos que las Comisiones de Presupuestos del Congreso
y del Senado puedan hacer un seguimiento más estricto y más directo de
los créditos que el Estado vaya confiando al sistema de Seguridad Social.

Termino ya. En las enmiendas que presentamos a los anexos, quisiera
destacar exclusivamente la que formulamos al Anexo II, de Créditos
Ampliables, en concreto al crédito en la Sección 12, Ministerio de
Asuntos Exteriores. Lo hacemos simplemente por coherencia política, para
que esta Cámara, para que el Gobierno de la nación cumpla con el
compromiso de alcanzar de una forma progresiva, pero sin renunciar a
ello, el objetivo de destinar el 0,7 por ciento del producto interior
bruto a la Ayuda Oficial al Desarrollo y todas las resoluciones que en
distintos momentos y en distintas instancias parlamentarias se han ido
adoptando, algunas de ellas incluso con su voto.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador González
Príncipe.

Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Alierta.




El señor ALIERTA IZUEL: Gracias, señor Presidente.

Voy a intervenir en el turno en contra a las enmiendas presentadas al
Título I del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para
1998.

Debo señalar que en este Título I, y en los Anexos I y II que se debaten
conjuntamente, se tratan temas muy variados, por lo cual, las enmiendas
presentadas hacen referencia a muchos temas. En su exposición, el
representante del Grupo Parlamentario Mixto ha sido exhaustivo al
enumerar, brevemente, cada una de ellas, e igualmente el señor Ríos Pérez
lo ha hecho con la que presenta. En cambio, el representante del Grupo
Parlamentario Socialista ha enumerado, por así decirlo, tres o cuatro
grandes temas, seleccionando los que consideraba más importantes, que
aparecen en las enmiendas que ha presentado.

El doble enfoque que han tenido las intervenciones de los grupos
parlamentarios hace difícil sintetizar, de una forma sencilla, clara y
rápida una contestación, en cuanto que hay que hacerlo a diferentes
formas de enfoque sobre enmiendas que, vuelvo a insistir, son muy
diferentes por su naturaleza.

Tratando de ser lo más rápido y claro posible para que sus señorías
entiendan las razones por las cuales nosotros vamos a oponernos a estas
enmiendas, voy a tratar de enumerarlas de la forma más sintética posible
y tratando de recoger las grandes líneas.

En el Título I, Capítulo I, figuran las grandes cifras de los
Presupuestos. Hay enmiendas a estas grandes cifras que, sin embargo,
salvo una mención rápida por parte del representante del Grupo
Parlamentario Mixto, no han sido defendidas. Algunas está relacionadas
con enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista en
relación a los presupuestos de Radiotelevisión Española.

La enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, que hace referencia a esta
variación del estado de ingresos, pretende aumentar la presión fiscal.

Sobre esta materia, el Grupo Parlamentario Popular ya se ha manifestado
con suficiente claridad en cuanto a que nos oponemos a que ésta aumente.

Evidentemente, los objetivos de reducir el déficit deben ser compatibles
con no aumentar la presión fiscal.

A las enmiendas relacionadas, en términos de cifras de ingresos, con
Radiotelevisión Española, se contestará en su momento oportuno.

En el Capítulo II del Título I hay un tema referente a la gestión
presupuestaria. En la intervención del Grupo Parlamentario Socialista, y
brevemente también por parte del Grupo Parlamentario Mixto, se ha
resaltado el tema de la gestión presupuestaria, concretamente las
modificaciones que se pueden introducir en los Presupuestos.

Debo decir que las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista y por los señores Nieto Cicuéndez y Román Clemente, del Grupo
Parlamentario Mixto, teniendo como tienen cierta importancia, sin embargo
son de un alcance muy limitado, teniendo en cuenta



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la materia que estamos debatiendo. Evidentemente, la autorización para
una modificación en una materia concreta que en la Ley General
Presupuestaria se concedía al Consejo de Ministros y que ahora se
establece que puede ser del Ministerio de Economía y Hacienda, como
tradicionalmente se ha venido recogiendo en las leyes de Presupuestos,
puede dársele importancia, pero también puede argumentarse --por eso es
conveniente señalarlo-- que normalmente ha venido figurando y que su
alcance en la práctica lo que sirve es para dar agilidad a la ejecución
sin que se menoscabe en ningún momento el control.

El tema de las modificaciones que introducía la Ley de Presupuestos fue
una cuestión casi prioritaria en los debates de presupuestos hace ya
algunos años, porque las modificaciones que se introducían en esta ley,
incluso en el contexto de la Ley General Presupuestaria cuando todavía no
había dos leyes, de Presupuestos y de Medidas de Acompañamiento,
realmente sí desvirtuaron en aquel momento la gestión presupuestaria y
hubo preocupación general porque los presupuestos que se aprobaban no
tenían nada que ver con los que se ejecutaban.

Esto, señorías, dejó de ser así, como ha señalado el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, en el momento en que, en el otoño de 1993 y al
inicio de 1994 y como consecuencia del Tratado de Maastricht, la Unión
Europea aprobó una directiva por la cual los Gobiernos tenían que remitir
el presupuesto y las ejecuciones a marzo, septiembre y fin de año. Y
casualmente, el año 1994, el Gobierno socialista entonces en el poder
empezó a realizar una ejecución de los presupuestos que se parecía más a
lo que veníamos aprobando hasta entonces.

Los ejercicios anteriores, 1992 y 1993, ya se ha mencionado que tenían
muy poco parecido con los que se habían aprobado. Y concretamente en el
ejercicio de 1993, como recordarán sus señorías, a finales del mismo,
hacia octubre, se suprimió el famoso artículo 10, que también venía en
esta parte, con lo cual los gastos no podían ser superiores en un 3 por
ciento a los créditos aprobados. Pues bien, en un real decreto-ley esa
limitación se suspendió porque había que introducir 800.000 millones de
pesetas por créditos extraordinarios para financiar el déficit del INEM
en aquel momento.

Vuelvo a repetir: las enmiendas que plantean modificaciones en este
Título son de un alcance limitado. Es más, si se estudian las enmiendas
socialistas, el texto del proyecto de ley y lo que dice la Ley General
Presupuestaria, en gran medida no es más que un reagrupamiento: lo que
estaba en el apartado 1, el Grupo Parlamentario Socialista lo pasa a los
apartados 4 y 5, y dice que se suprima; en cambio, introduce un apartado
l.bis donde recoge parte de lo que estaba en el 4 y en el 5. Por lo
tanto, las modificaciones son muy limitadas. Quizá sirvan para expresar
su preocupación por este tema. Evidentemente, pueden ser su preocupación;
también es la nuestra.

Las modificaciones que se introducen en esta ley, comparadas con las
anteriores, son mínimas y, en este caso, lo son con vigencia para el
ejercicio de 1998: son muy propias, muy normales para lo que han sido y
muy limitadas en su alcance. Por lo tanto, en la materia relativa a
modificaciones en la ejecución de los Presupuestos, no hay por qué tener
preocupaciones.

Las limitaciones presupuestarias entendemos que recogen un apartado
importante en el cual se dice que el exceso de ingresos se destinará a la
reducción del déficit público. Creemos que esto es importante para
señalar cuáles son los objetivos de política presupuestaria. Esto, que es
así, sin embargo es uno de los componentes que han dado lugar a que la
política presupuestaria de este Gobierno haya adquirido niveles de
credibilidad como no habían tenido políticas presupuestarias de gobiernos
en épocas anteriores.

Y hago referencia a este apartado que figura en la Ley de Presupuestos
porque ha sido estrictamente mencionado, en primer lugar, por el
representante de Izquierda Unida, que pide que se suprima. Nosotros no
podemos estar de acuerdo con esta petición en cuanto que valoramos la
importancia del contenido del texto que figura en la ley. Y, en segundo
lugar, por el representante del Grupo Parlamentario Socialista, que dice
que ese exceso de recaudación se dirija a reducir el déficit de la
Seguridad Social.

Nosotros entendemos, y ahora pasaré a explicarlo, que la financiación de
la Seguridad Social se hace por sus caminos, y en estos Presupuestos,
afortunadamente, está suficientemente bien financiada como para que ese
exceso de recaudación se dirija a reducir el déficit del Estado, que, en
última instancia, a través de sus aportaciones, es el que va a contribuir
a que se reduzca el déficit de la Seguridad Social. Por lo tanto, nos
parece una observación un poco demagógica decir que eso vaya a un lugar
determinado cuando, en última instancia, en los presupuestos consolidados
todo es caja y lo que entra reduce un déficit global.

Pero, aun así, no lo creemos oportuno por las razones que voy a señalar a
continuación, porque otro de los grandes temas que ha señalado el
representante del Grupo Parlamentario Socialista ha sido la financiación
de la sanidad, tema que se ha tratado ampliamente en el debate de la
totalidad y de los vetos y, por lo tanto, se han dado suficientes cifras
como para que yo no abuse del tiempo de sus señorías volviendo a insistir
en ello.

Sí quiero señalar que es un poco sorprendente que este tema se plantee
por parte del Grupo Socialista, al igual que por parte de Izquierda
Unida, un poco a la contra en estos Presupuestos, cuando si alguna
característica podemos decir que en el futuro podrá atribuirse a los
Presupuestos para 1998, una vez que éstos pasen por el Senado e
incorporen las enmiendas que aquí se introduzcan para la financiación de
la sanidad, es el avance notable, impresionante, que estos Presupuestos
aportan para la financiación de la sanidad; financiación que era una
necesidad social y que estaba insuficientemente atendida.

Yo recuerdo unos debates de presupuestos de hace unos años, aquí, sobre
esta materia, y cómo se puso de manifiesto --y también se alegó en la
Comisión de Presupuestos-- en las propias declaraciones, creo que del
Director General del Insalud, del Gobierno Socialista,



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que la sanidad estaba insuficientemente financiada. Que si los gastos
previstos para un ejercicio eran 100, se financiaban 90. Por eso, no es
extraño que luego hubiera que habilitar créditos extraordinarios para
atender insuficiencias del Insalud, que hasta el ejercicio de 1992, creo
recordar, eran de 500.000 millones de pesetas. Se solucionó entonces
parcialmente el problema, pero no en su totalidad.

Las Comunidades Autónomas siguieron de alguna forma --las que tenían las
competencias en la materia-- quejándose de que la sanidad estaba
insuficientemente financiada. El hecho de que este servicio social estaba
insuficientemente financiado ha sido una constante y algo de lo que todo
el mundo tenía conocimiento. Sin embargo, puesto que las magnitudes que
hacían falta para financiarla adecuadamente eran impresionantes, y dados
los apuros económicos y financieros en los cuales se encontraban las
finanzas públicas, ésta era una situación que se iba a soslayar.

Debo dejar constancia de que el tema no es de hoy, sino que se arrastra
desde hace mucho tiempo, y aquí hay una responsabilidad de los gobiernos
socialistas, que manejaron ingentes cantidades de dinero por recursos que
habían utilizado, por deuda pública que dejaron, y,sin embargo, la
sanidad no la financiaron adecuadamente. Pues bien, vuelvo a insistir: si
en el futuro estos Presupuestos llaman la atención por algo será porque
resuelven de una forma brillante un problema que se hereda
tradicionalmente, que estaba insuficientemente resuelto, también
tradicionalmente, como era el de la financiación de la sanidad.

Así, por ejemplo, estamos poniendo de manifiesto las aportaciones del
Estado a la Seguridad Social. Pues bien, en el año 1995 --últimos
Presupuestos en los que se han hecho aportaciones por el Estado-- la
aportación era de 2 billones 251.000 millones, es decir, el Estado aportó
2,2 billones por transferencias corrientes. Y, en términos de billones
--millones de millones--, en el año 1998 van a ser 3,5, prácticamente
3,6. Es decir, un billón 343.000 millones de pesetas más que en 1995 van
a ir, en 1998, como transferencia del Estado a la sanidad; este
incremento de la financiación de la sanidad de 1998 con respecto a 1995
supone más que todo el presupuesto de educación. Si quiere otra
referencia le diré que hay un crecimiento prácticamente del 60 por
ciento. Por tanto, el Estado va a hacer unas transferencias a la sanidad,
en términos corrientes, de unos volúmenes desconocidos, con unos
crecimientos impresionantes, cuando las cifras de partida ya tienen unos
niveles muy altos.

Es extraño que en estos artículos se planteen enmiendas a la financiación
de la sanidad. Ya eran elevadas si se analiza el texto del proyecto, más
aún en estos momentos, una vez que, mientras se ha ido debatiendo el
proyecto de Presupuestos en el Senado, se ha ido solucionando, mediante
un acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el problema de
la financiación, e incluso esas partidas, ya muy elevadas, han aumentado
notablemente. Correlativamente, las aportaciones al Insalud por parte de
las cotizaciones sociales bajan en 1995 de 670.000 a 103.000; es decir,
una reducción de más del 80 por ciento. Como ven, los acuerdos y
objetivos que se pretendían alcanzar en el Pacto de Toledo, por el cual
la financiación de la sanidad iba a ser progresivamente con cargo a
fondos del Estado, están prácticamente alcanzándose.

Evidentemente, el Pacto de Toledo reconocía la necesidad de que esta
aproximación fuera gradual, no era cuestión de hacerlo en un ejercicio,
dada la importancia que tenían las cifras que había que asumir, pero
cuando se firmó el Pacto de Toledo por parte de los grupos, seguramente
no se tenía la expectativa de que en 1998 se estuviera en las
circunstancias de haber prácticamente alcanzado estos objetivos a los que
se pretendía llegar gradualmente.

Por lo tanto, el tema de la financiación de la sanidad entendemos que
está sometido a una serie de enmiendas, pero realmente, por las cifras
que constan, hay razones suficientes para que estas enmiendas no puedan
ser aceptadas por nuestra parte.

Por último, quiero señalar el aspecto relativo a los créditos ampliables,
que se ha señalado tanto por parte del Senador Ríos como por parte del
Grupo Parlamentario Socialista. Pretenden hacer créditos ampliables los
créditos para la ayuda oficial al desarrollo; nosotros decimos que en
esta materia las dotaciones que existen en los Presupuestos son
importantes. Senador Ríos, Senadores del Grupo Parlamentario Socialista,
Senadores del Grupo Parlamentario Popular y de los demás grupos de la
Cámara, por supuesto ésta es una materia en la cual a todos nos gustaría
que fueran mayores, pero entendemos que las cifras que hay en estos
momentos, teniendo en cuenta cuáles son las circunstancias económicas en
las que nos desenvolvemos, las necesidades que tenemos que atender en el
próximo ejercicio de 1998, de reducir el déficit, de atender necesidades
sociales como la educación y, concretamente, la sanidad, que es la que
nos absorbe mayor volumen de dinero, son importantes. Son partidas que
aparecen dispersas por muchos sectores de los Presupuestos y, en
consecuencia, no puedo dar la cifra global de todas ellas. Las cifras de
las materias que yo conozco aparecen en el Título V, Fondos de Ayuda al
Desarrollo, pero, concretamente, en la Sección 12, que es a la que hace
referencia sus señorías. Específicamente para el tipo de actividades de
las organizaciones no gubernamentales, la dotación que aparece es de
8.000 millones de pesetas; para ayuda oficial al desarrollo, 15.453
millones de pesetas y para la Agencia Española de la Cooperación
Internacional que, evidentemente, tiene unos ámbitos más importantes,
pero que también pueden incluirse en la Sección 12, 25.425 millones de
pesetas. Son cantidades importantes y, por lo tanto, entendemos que en
estos momentos la petición de créditos ampliables para estas necesidades
no se justifica por el volumen de las dotaciones, independientemente de
que el minimizar el número de créditos ampliables sea también un objetivo
en la política presupuestaria. De la misma forma que el Grupo
Parlamentario Socialista manifestaba una preocupación por el rigor en la
ejecución de los presupuestos, el portavoz



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del Grupo Parlamentario Socialista también sabe que uno de los aspectos
para un mayor rigor en la ejecución de los presupuestos es que el número
de créditos ampliables sea el mínimo posible.

No obstante --con esto termino--, saben todos los Senadores, que los
Senadores del Grupo Parlamentario Popular, como estoy seguro que los
Senadores de toda la Cámara, consideramos que el tema de colaborar al
desarrollo de los demás pueblos de este planeta y de todas aquellas
personas más necesitadas, es una aspiración en la que esperamos poder
colaborar. Recuerdo que tenía un profesor de Teoría Económica que decía
que en ese viejo principio que figura en los libros de Teoría Económica,
el principio de utilidad marginal decreciente que, como saben sus
señorías, dice que unidades sucesivas de consumo de un bien producen una
utilidad menor --éste es el principio de utilidad marginal decreciente
que se utiliza en la Teoría Económica para construir la teoría del
consumo-- había una excepción, que era que el dar una peseta produce una
utilidad, el dar dos pesetas no significa que la utilidad de la segunda
peseta sea menor que la de la primera, el dar un millón no quiere decir
que la peseta que ocupa el lugar un millón produzca una utilidad menor
que la primera; la utilidad marginal de dar es una utilidad que no cumple
ese requisito de la Teoría Económica.

Desde el punto de vista de una persona que comparte una ideología
humanista, puedo decirles que éste es un principio básico. Ojalá
pudiéramos hacer muchísimas más cosas, pero tenemos muchas obligaciones
que cumplir. Entendemos que las dotaciones existentes en la actualidad
son suficientes. Por eso, la petición que ustedes hacen sobre estas
partidas concretas de no convertirlas en créditos ampliables no podemos
asumirlas, si bien debemos decir que puede ser una cuestión --en su
momento se estudiará-- sobre la que poder hacer allegar lo que sea más
necesario. Esa posibilidad existe y es una aspiración de los Senadores
del Grupo Parlamentario Popular.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Alierta.

Abrimos turno de portavoces.

¿Senador Román Clemente? (Pausa.) ¿Senador Ríos? (Pausa.)
Tiene la palabra el Senador González Príncipe.




El señor GONZALEZ PRINCIPE: Muchas gracias, señor Presidente.

Quisiera agradecer el tono del portavoz del Grupo Parlamentario Popular,
pero, Senador Alierta, me he quedado con la sensación de que hablaba de
ajos y usted me ha contestado sobre cebollas.

Respecto al déficit y la financiación de la Seguridad Social, no hice una
sola mención a la financiación de la sanidad. Ni una sola de nuestras
enmiendas al artículo 11 se refiere a nada de esto.

¿Cuáles son las enmiendas que nuestro Grupo presenta? Por ejemplo,
presentamos una enmienda de modificación al artículo 11.2 en la que
proponemos que el Estado aporte al sistema de la Seguridad Social 216.000
millones de pesetas para atender a la financiación de los complementos
para mínimos de las pensiones de dicho sistema. ¿Y por qué lo hacemos?
Porque nos parece que eso es cumplir con el Pacto de Toledo y que hay que
financiar las prestaciones no contributivas sin sobrecargar las
cotizaciones sociales con obligaciones indebidas.

Pretendemos que el Estado conceda un préstamo sin interés a la Seguridad
Social por valor de 350.000 millones de pesetas y que dicho préstamo para
cubrir los desfases de Tesorería debe estar cancelado a 31 de diciembre
de 1998; lo que proponemos con esa enmienda de modificación al artículo
11.4, párrafo primero, es, simplemente, que se cancele ese préstamo.

Cuando decimos que queremos que el importe de dicho préstamo se haga de
acuerdo con un plan de necesidades de la Tesorería General de la
Seguridad Social, la cual durante el mes de enero de 1998 presenta al
Ministerio de Economía y Hacienda y a la Comisión de Presupuestos del
Congreso de los Diputados y del Senado su previsión de flujos monetarios,
lo que queremos es más transparencia, para que la correspondiente
Comisión del Congreso y del Senado pueda garantizar el control efectivo
de esos flujos monetarios en el sistema de la Seguridad Social con el
préstamo del Estado, que será cancelado a final del año.

Me pregunta por qué estamos tan preocupados, si hay exceso de
recaudación, en que parte del mismo se destine no sólo al déficit del
Estado, sino al de la Seguridad Social. Se lo diré en lenguaje llano:
porque, si hay déficit en el sistema de previsión social público, nos
tememos que ustedes van a romper la cuerda por los más débiles y, por lo
tanto, nos tememos que, si se acumula déficit en el sistema de previsión,
hagamos más frágil el sistema. Y ustedes podrían tener alguna tentación
--no deseada-- de privatizar parte de las prestaciones. Y para que
ustedes no caigan en esa tentación --que sería, por otra parte,
connatural con la ideología liberal que ustedes dicen representar--,
decimos que, si a España le va bien, que le vaya también bien a la
Seguridad Social.

No se den sólo prisa en bajar el déficit del Estado. Esta mañana el
Vicepresidente Segundo del Gobierno decía: vamos a cerrar el año con
menos déficit del previsto. Pues, mire usted, nosotros queremos que en el
año 1998, además de que las cuentas del Estado se cierren con menos
déficit del previsto, también se consiga que el déficit de la Seguridad
Social sea menor; que si hay un crecimiento de la economía que permite
mayores ingresos para la caja común, no se quede sólo en la caja del
Estado, que una parte vaya para la caja de los pobres, que es la caja de
la Seguridad Social, porque el Estado no va a quebrar. Pero si hay un
déficit importante en la Seguridad Social se puede tener la tentación, o
bien de reducir las prestaciones, o bien de privatizar parte del sistema,
en definitiva, de romper la necesaria cohesión social dentro de nuestro
país.

Por último, señoría, yo le he dado unas cifras, y le decía que, de
acuerdo con los ingresos generales de la Administración del Estado, según
un documento oficial del final



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del mes de octubre, resulta que el Estado había entregado 434.400
millones al sistema de la Seguridad Social. De esa cantidad, hay 150.000
millones que no son discutibles, figuran en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para 1997 como una aportación; en cuanto a los
otros, cuénteme qué van a hacer ustedes con ellos ¿Van a ser déficit de
la Seguridad Social? ¿La Seguridad Social va a devolver eso al Estado?
¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con qué?



El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senador González Príncipe, le
pido disciplina horaria, dadas las características de este debate.




El señor GONZALEZ PRINCIPE: Yo creo que no he sido nada pesado.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): No, pero se ha pasado en dos
minutos y medio aproximadamente, casi está consumiendo más del 50 por
ciento.




El señor GONZALEZ PRINCIPE: Termino ahora mismo.

Si no es así, señor Alierta, será déficit del Estado. Por tanto, la
enmienda que proponemos es absolutamente necesaria, no sólo por criterio
político nuestro de déficit del sistema de previsión social público, sino
también para una correcta contabilización de las cuentas públicas.

A partir de aquí, créame que nuestra oferta de estudiar un amplio acuerdo
parlamentario para reformar la Ley General Presupuestaria y mejorar la
disciplina presupuestaria de este país es evidente, lo que no es serio,
señor Alierta, es que ustedes vayan a votar mañana una modificación de lo
que votaron hace un año y de la misma Ley de Disciplina Presupuestaria
que ustedes sacaron con sus votos y con los de los grupos parlamentarios
que los apoyan.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador González
Príncipe.

Tiene la palabra el Senador Alierta.




El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señor Presidente.

El Senador González Príncipe suscita unos temas muy interesantes, que
necesitarían mucho tiempo para su contestación.

Tengo que decirle brevemente que, con respecto a la ejecución de los
Presupuestos Generales del Estado para 1997, aunque conozco algunos
datos, la cifra que me dice no la conozco, pero en la ejecución de los
Presupuestos, y más en estos ámbitos de tesorería, conviene que los
ejercicios terminen para saber cuál es el resultado final. Evidentemente,
el Gobierno mandará en su día las oportunas liquidaciones del
Presupuesto, comparece en la Comisión de Presupuestos del Congreso para
explicar cuál ha sido la ejecución y allí se establecerá cuál es la
ejecución. Sabe usted que en los meses de diciembre se cierran los
ejercicios, al igual que se cierran estos temas. Cómo se cerrará, lo
podrá conocer su señoría. Si se plantea un tema, será el momento de ver
cuáles son las causas que evolucionan.

Pero su señoría plantea otros temas más importantes: déficit del
Estado-déficit de la Seguridad Social. Si el subsector Estado no hubiera
hecho el esfuerzo que hace en estos Presupuestos para financiar la
sanidad pública, es evidente que hubiera podido reducir el déficit que va
a tener; en vez de aspirar a un 2,5 hubiera aspirado a un 2 ó un 2,1. El
Estado va a tener 2,5 de déficit porque tiene que mandar 500.000 millones
de más a la sanidad pública para que ésta mantenga sus equilibrios
financieros.

En consecuencia, si en los Presupuestos el déficit lo asume el propio
Estado, porque el de la Seguridad Social, en términos presupuestarios,
sabe que es el 0,2 de la contabilidad europea, es lógico pensar que si
hay más ingresos, ésos se dirijan a reducir el déficit de la institución
que ha asumido prácticamente la totalidad del déficit de las
Administraciones públicas para 1998, que, vuelvo a repetir, es alto
porque la sanidad está financiada adecuadamente.

Sobre el sistema de la Seguridad Social, usted pone en entredicho las
intenciones, pero ¿qué dicen los datos? Volviendo a lo mismo, diré que
esos 400.000 ó 500.000 millones de más que en estos Presupuestos el
Gobierno Popular dice que se destinen a financiar la sanidad pública, ¿no
son en sí mismos una prueba de fortalecimiento del sistema de la
Seguridad Social, y concretamente en el ámbito de la sanidad? ¿Estos
Presupuestos no reflejan una voluntad política de que el sistema de la
Seguridad Social sea más fuerte, y que lo va a ser como consecuencia de
ese fortalecimiento en su financiación?
Si aquí se está reflejando con números y con esfuerzos la voluntad de que
el sistema de la Seguridad Social, en términos financieros, se
fortalezca, ¿qué razones tiene usted para pensar que lo que pretende este
Grupo y el Gobierno, al cual nosotros apoyamos, es precisamente debilitar
el sistema de la Seguridad Social? No deja de ser un buen deseo, quizá
por su parte, porque le convendría o le gustaría que eso fuera así, pero
¿cuál es la realidad? La realidad es la opuesta. En estos Presupuestos lo
que hay es una prueba palpable de que se establecen las medidas oportunas
para que se fortalezca. Tomo el argumento por pasiva, señor Senador:
ustedes dan a entender por reflexiva que lo que pretenden es el
fortalecimiento del sistema de la Seguridad Social frente a lo que
pretende el Grupo Parlamentario Popular.

Yo le pregunto: ¿cómo es posible que ustedes puedan mantener esa
pretensión --salvo que lo que hagan sea mirarse el ombligo
permanentemente-- de que son ustedes los que intentan que el sistema de
la Seguridad Social sea permanentemente más fuerte, y nos dejan una
sanidad que está insuficientemente financiada desde hace muchos años? ¿No
tendrá usted en este mismo tema que estamos debatiendo la muestra de que
su preocupación por la integridad financiera de la Seguridad Social no es
tal? ¿Cómo es posible que con los ingresos que han tenido ustedes y el
endeudamiento que dejan al Estado, sin embargo, el problema de la
financiación de la sanidad no



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lo hayan dejado resuelto, y haya habido que abordarlo a posteriori? ¿Cómo
pueden alegar que son ustedes los que quieren un sistema de Seguridad
Social, de los pobres, fijo, si lo han dejado desequilibrado y débil en
términos de financiación? La realidad dice que son ustedes los que no se
han preocupado en dar la totalidad de la fortaleza necesaria y que
nosotros sí hemos contribuido a ello.

Son preguntas importantes que usted suscita, pero no hay ninguna razón
para que usted se atribuya todo el mérito, ni muchísimo menos. Más bien
para que usted, en estos momentos en los cuales se está resolviendo un
problema, comparta la preocupación por sus omisiones y, desde luego, no
hay ningún motivo para pensar que aquí hay intención de desmantelar un
sistema que financieramente lo estamos fortaleciendo.

Son temas importantes, interesantes y por ello los debatería muy
gustosamente todo lo que su señoría quisiera.

El objetivo señalado por este Grupo en su ideología es atender las
necesidades sociales. Nadie las ha asegurado. Nosotros asumimos los
principios y la ideología humanista en este sentido de atender las
necesidades de las personas, y las atendemos. Lo que pasa, señor Senador,
es que en esto a lo mejor no hay diferencias. Lo que le puedo asegurar es
que donde están las diferencias es en cómo se administran la economía y
el sistema en términos de eficacia. Resulta que conseguimos atender la
educación, atender la sanidad, atender otras necesidades sociales y, al
mismo tiempo, reducir el déficit publico. Respecto a ustedes, damos por
supuesto que han atendido la educación, la sanidad y, sin embargo, los
deficit públicos se nos comían por los pies. ¿Cuál es la diferencia?



El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Senador Alierta, le ruego que
vaya concluyendo.




El señor ALIERTA IZUEL: Concluyo, señor Presidente.

En el Título V, Operaciones Financieras, que habla de endeudamientos y de
gastos de intereses, tendrá la solución al puzzle que acabamos de
plantear.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Alierta.

Pasamos a debatir, a continuación el Título II, artículos 12 a 17, Anexos
IV y V. A estos apartados se han presentado dos enmiendas, las 133 y 134,
de los Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente.

Para su defensa, tiene la palabra el Senador Román Clemente.




El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a defenderlas con brevedad. Efectivamente, hemos presentado dos
enmiendas. Hemos formulado la enmienda 133 porque creemos que es
conveniente establecer un cierto control social. La enmienda número 134
tiene un claro objetivo: no provocar agravios comparativos.

Muchas gracias, señor Presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Román.

Pasamos a la enmienda 736, del Grupo Parlamentario de Senadores
Nacionalistas Vascos.

Tiene la palabra el Senador Gangoiti.




El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.

Nuestra enmienda, que es de modificación, está relacionada con la
problemática de la Formación Profesional de Primer Grado y con los
módulos máximos y mínimos. Nosotros consideramos que, dado el carácter
experimental de la implantación de centros concertados de Formación
Profesional de Primer Grado en los Programas de Garantía Social, cada
administración educativa debería determinar la cantidad destinada a su
financiación, siempre que ésta --y aquí está el problema clave de nuestra
enmienda-- no sea inferior al módulo económico establecido en la ley
correspondiente. Efectivamente, la limitación máxima carece de sentido.

Los módulos económicos previstos en la LPGE para las distintas enseñanzas
ofertadas por los centros no deben ser máximos, sino mínimos, según
determina la disposición final primera de la LOPEG.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Gangoiti.

Pasamos a las enmiendas 764 a 768, del Grupo Parlamentario Socialista.

Tiene la palabra el Senador Serrano.




El señor SERRANO ALVAREZ-GIRALDO: Muchas gracias, señor Presidente.

Las enmiendas de mi Grupo que afectan a la gestión de los presupuestos
docentes tienen como fin primordial la correcta aplicación de lo
establecido en la LODE y el uso transparente de los fondos públicos
empleados para financiar la enseñanza privada concertada. De ahí que la
primera que voy a defender, la 764, se refiera a que la financiación de
la gratuidad de la educación infantil deba someterse al régimen de
conciertos establecidos por la LODE y no, como pretende el proyecto de
Presupuestos, por la vía de ayudas a la familia y, menos aún,
encubriéndolas mediante la denominación de becas y ayudas de carácter
especial, para tratar de ir dando pasos hacia la gratuidad de la
educación infantil, como se dice en la memoria de la Sección 18,
Ministerio de Educación.

Por ello, los socialistas proponemos que, si hay dinero para financiar la
gratuidad de la enseñanza infantil, esos fondos se sometan al régimen de
conciertos previstos por la ley y no se haga, como pretenden ustedes, por
la ayuda individualizada a las familias que eligen centros privados, como
textualmente se recoge en el proyecto.

Lo que pretendemos con esta enmienda es que la financiación a la
enseñanza privada no obligatoria quede fuera de los requisitos del
concierto y que no se intente burlar el artículo 27 de la Constitución
que exige que la educación, allí donde hay fondos públicos, suponga como



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contrapartida la participación y el control de la comunidad escolar, pero
la consagrada en la LODE y no la de los patronos de los centros.

Al ser imposible concertar todos los centros privados de educación
infantil, porque los recursos económicos necesarios serían
extraordinarios, nosotros proponemos que se establezcan algunas
prioridades para que, con los fondos públicos, se eviten situaciones de
injusticia y desigualdad. Por ejemplo, en el territorio MEC, es decir, en
todas aquellas regiones donde no se ha transferido la enseñanza
obligatoria, los centros públicos escolarizan al 93 por ciento de los
niños gitanos, 21.161 concretamente, mientras que los centros privados
concertados sólo atienden al siete por ciento restante, 1.562 alumnos.

Si nos fijamos en la población infantil inmigrante en el mismo
territorio, podremos ver que los centros públicos escolarizan al 89 por
ciento de los 23.105 alumnos existentes, y que el 11 por ciento restante
es escolarizado por los centros privados. Por ello, nosotros decimos que
si hay centros que reciben fondos públicos para garantizar la educación,
éstos deben ser distribuidos por igual, y aquéllos, los centros, deben
acoger por igual a alumnos de minorías étnicas con necesidades educativas
especiales, etcétera, porque para eso están recibiendo los fondos
públicos que la sociedad pone en manos del Gobierno para corregir las
desigualdades que en ella se den. Por tanto, nos negaremos a que el
dinero vaya a las familias para que ellas elijan el centro que quieran
sin someterse a ningún criterio de admisión de alumnos ni a ningún
criterio de participación democrática sobre la gestión de esos fondos
públicos.

Nuestra segunda enmienda pretende suprimir el párrafo cuarto del punto 1,
del artículo 12, en el que se habla de los conciertos en los niveles
postobligatorios, concretamente en los ciclos formativos de grado
superior. Pues bien, puesto que hay escasos recursos, no se justifica que
se puedan concertar niveles postobligatorios ni que se extiendan los
conciertos educativos por encima de la enseñanza obligatoria más allá de
los centros que ya la tuvieran en el momento de aprobarse la Logse en el
año 1990. Antes que destinar fondos a los ciclos formativos de grado
superior, contemplados en el artículo 31.2 de la Logse, entenderíamos que
se destinaran fondos públicos hacia niveles preobligatorios, siempre con
las condiciones que hemos expuesto en nuestra enmienda anterior, ya que
para aquéllos ya existen mecanismos de financiación por la vía del Fondo
Social Europeo en cantidades suficientes para la iniciativa social
privada.

Este sería el sentido de nuestras enmiendas al artículo 12, el intentar
frenar una doble posición del Partido Popular, que quiere introducir el
cheque escolar por una vía, por la infantil, y que por la vía de la
Formación Profesional quiere que se extiendan sin limites los conciertos
en los niveles educativos postobligatorios.

Respecto de las enmiendas que afectan al artículo 15, éstas se justifican
al ser la primera vez que aparecen en los Presupuestos Generales del
Estado los nuevos órganos de gestión de la sanidad pública, creados al
amparo de la Ley General de Sanidad mediante un Decreto-ley de 10 de
junio del pasado año, señalándose en el proyecto cómo va a ser el régimen
presupuestario de estas entidades de naturaleza o titularidad pública.

Nuestras enmiendas pretenden clarificar las condiciones retributivas de
su personal que, entendemos, son las mismas que las del personal laboral
al servicio del sector público estatal, debiendo estar, por tanto,
sujetos al régimen retributivo previsto en el artículo 32 del proyecto
que debatimos, sin que aparezcan elementos distintos a los ahí señalados,
y teniendo que estar sujetos a las autorizaciones de los organismos
administrativos competentes.

Por eso mismo parece obvio que los incrementos retributivos que les sean
de aplicación se correspondan con el 2,1 por ciento, ya que estas
fundaciones son de titularidad pública y están, por tanto, incluidas en
la letra j) del artículo 18 de este proyecto de ley. Del mismo modo,
parece coherente que el Ministerio de Economía y Hacienda dé cuenta a las
Cortes Generales de toda la información recibida de dichas entidades, así
como de los informes emitidos.

Por último, nuestra enmienda número 768 al artículo 17.1 del proyecto, es
muy sencilla. Se solicita en ella que donde se dice: El porcentaje de
participación en la recaudación bruta obtenida en 1998 derivada de los
actos de liquidación y gestión recaudatoria o de otros actos
administrativos acordados o dictados por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria será de un 18 por ciento, se diga «será de un
16 por ciento», por considerar que el porcentaje existente es suficiente
para garantizar el correcto funcionamiento de la Agencia Tributaria.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Serrano.

El Senador Fernández Rozada tiene la palabra para turno en contra.




El señor FERNANDEZ ROZADA: Muchas gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Senadores, en nombre del Grupo Parlamentario Popular,
voy a oponerme a las enmiendas presentadas a este Título II, y más
concretamente a las que se refieren a los artículos 12, 14, 15 y 17.

En cuanto al artículo 12, trata del módulo económico de distribución de
fondos públicos para sostenimiento de Centros concertados, y de acuerdo
con lo establecido en los apartados segundo y tercero del artículo 49 de
la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la
Educación, el importe del módulo económico por unidad escolar, a efectos
de distribución de la cuantía global de los fondos públicos destinados al
sostenimiento de los Centros concertados para el año 1998, como sus
señorías saben, viene fijado en el Anexo IV de este proyecto de ley.

A dicho artículo 12 se presenta, en primer lugar, la enmienda número 736,
del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Con la misma,
dicho Grupo pretende que la cantidad destinada por cada Administración



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a la financiación de la Formación Profesional de Primer Grado se pueda
determinar por encima del módulo del Anexo IV, y no como figura en el
proyecto, sin que lo exceda.

De acuerdo con esta enmienda, cada Administración educativa determinaría
la cantidad destinada a financiar los programas de garantía social,
siempre que ésta no fuera inferior a la establecida por los centros de
Formación Profesional de Primer Grado. Por su parte, el texto del
proyecto señala que esta cantidad no puede exceder de la establecida para
la Formación Profesional de Primer Grado.

Aunque no suponga un incremento de gasto en los Presupuestos, los
Programas de Garantía Social, dado los contenidos de los estudios y
prácticas que comprenden, quedan suficientemente protegidos
económicamente con relación a los importes que se han fijado para la
Formación Profesional de Primer Grado. En consecuencia, nuestro Grupo va
a votar en contra de esta enmienda.

También se presenta al artículo 12 la enmienda número 764, del Grupo
Parlamentario Socialista, que trata de incluir un nuevo párrafo en el que
se establezcan las condiciones de los conciertos en el segundo ciclo de
educación infantil.

En el Reglamento de normas básicas sobre conciertos educativos, aprobado
por Real Decreto, se establecen los requisitos que deben cumplir los
centros para poder acogerse al régimen de conciertos. Por tanto, no
parece necesario apoyar esta propuesta, por lo que la votaremos
negativamente.

A este mismo artículo se ha defendido la enmienda número 765, del Grupo
Parlamentario Socialista, que intenta suprimir su párrafo cuarto.

En el sistema educativo anterior a la Logse se viene financiando la
Formación Profesional de Segundo Grado y el Bachillerato Unificado y
Polivalente. Si la Logse va a sustituir estas enseñanzas por los ciclos
formativos de grado superior y el nuevo Bachillerato, parece coherente
que se mantenga provisionalmente este sistema de financiación hasta que
se regule reglamentariamente, por lo que no se extiende la gratuidad,
sino que figuraba con anterioridad. También votaremos, pues, en contra de
esta enmienda.

Al artículo 14 se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario
Mixto que intenta modificar el régimen de transferencias de crédito en el
presupuesto del Insalud para 1998.

Las transferencias de crédito en el presupuesto del Insalud quedan
suficientemente reflejadas en la documentación contable y económica que
habitualmente se rinde. La autorización de las transferencias se ajusta
en sus líneas básicas a la que se sigue para el resto de las
Administraciones públicas. Por tanto, vamos a mantener el texto del
proyecto, rechazando también esta enmienda.

Al artículo 15 se presentan las enmiendas números 766 y 767, del Grupo
Parlamentario Socialista.

La enmienda número 766, de modificación al artículo 15, apartado tres,
pretende que la determinación y modificación de las condiciones
retributivas del personal de las fundaciones requieran informe previo
favorable de los Ministerios de Economía y Hacienda y de Administraciones
Públicas.

Señorías, la concreción de cuantías individuales determinadas no añadiría
nada a la limitación del gasto y, a nuestro juicio, sólo ocasionaría
problemas en una gestión dinámica y actual de las fundaciones, que
deberán regirse en lo que atañe a la regulación de sus condiciones
retributivas por los mismos criterios establecidos para, entre otros, el
personal de las entidades públicas empresariales.

En consecuencia, también vamos a rechazar esta enmienda. Finalmente, la
enmienda número 767, al artículo 15, del Grupo Parlamentario Socialista,
pretende adicionar un apartado cinco, donde se recoja la necesidad por
parte del Ministerio de Economía y Hacienda de dar cuenta a las Cortes
Generales de toda la información recibida de las fundaciones sanitarias.

La información de ejecución presupuestaria que la Administración del
Estado aporta a las Cortes Generales se adecua a la normalmente entregada
a dicha institución para el control y seguimiento de la gestión
financiera de la Administración pública estatal.

Por tanto, también vamos a rechazar esta enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Muchas gracias, Senador
Fernández Rozada.

En turno de portavoces, tiene la palabra el señor Serrano.




El señor SERRANO ALVAREZ-GIRALDO: Muchas gracias, señor Presidente.

Senador Fernández Rozada, usted pasa de puntillas sobre la enmienda más
importante que tratamos en este Título II. Yo creo que si usted fuera
coherente con lo que hemos debatido en otros presupuestos, tendría que
decirme que no está haciendo más que poner en práctica lo que pedían con
tanta insistencia en años anteriores.

Si hacemos un análisis, aunque sea somero, de cómo está tratada en estos
Presupuestos Generales del Estado la enseñanza privada que recibe fondos
públicos, en su conjunto, dichos fondos aumentan 12.653 millones de
pesetas, 10.792 millones de pesetas de los conciertos y 1.861 millones de
pesetas más, camuflados bajo la denominación de becas y ayudas de
carácter especial, que es donde quiere incidir nuestra enmienda, Senador
Fernández. Vistas las dos partidas juntas, esto supone un incremento del
10,71 por ciento, es decir, el doble de lo que se suben los presupuestos
de la enseñanza pública, que es exactamente el 5,5 por ciento. Como ve,
es todo un alarde de buen hacer por parte del Gobierno.

Senador Fernández Rozada, sabe que con esta medida se da el siguiente
problema: los centros concertados admiten en el primer curso de Primaria
a los alumnos que, previamente, sin control alguno, han admitido en el
nivel obligatorio de enseñanza infantil, sin ningún requisito de igualdad
de oportunidades, sólo con el criterio de admisión que el centro quiere
establecer y, más tarde, aparecen



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con gratuidad en Primaria en centros concertados. Es decir, hecha la ley,
hecha la trampa. Pero esto no es justo porque los siempre escasos dineros
públicos han de ser bien empleados, con justicia y solidaridad, y más
cuando hablamos de un bien tan preciado como es el de la educación.

Además, nuestra enmienda es coincidente con la proposición de ley que
ustedes presentaron el día 10 de abril de 1995, en la que mantenían que,
para el sostenimiento de centros privados con fondos públicos, se
establecería un régimen de conciertos, al que podrían acogerse aquellos
centros que impartan el segundo ciclo de educación infantil. Además, es
la misma propuesta que está recogida en el Pacto de las organizaciones de
la educación, las organizaciones empresariales, sindicales y las APAS,
que firmaron no hace mucho en la Fundación Encuentro.

Senador Fernández Rozada, no se puede primar a los colegios de élite bajo
una forma encubierta de ayudas generalizadas y menos cuando el clamor por
el maltrato que se da a la enseñanza pública empieza a ser un hecho
constatado en el día a día por quienes tienen que sufrir su política de
menoscabo a todo lo que conlleva carácter público. Si no, fíjese en la
cifra de estos Presupuestos --ya termino-- para la enseñanza infantil, en
la que caen en un 26 por ciento la cuantía de los conciertos y se reducen
en 1.000 millones de pesetas, exactamente, de 1.581 a 544 millones de
pesetas, el dinero para convenios con centros de educación infantil. Lo
que ustedes están haciendo con esta medida es avanzar hacia la
consecución del cheque escolar, vieja aspiración de la patronal privada
de la enseñanza, pero absolutamente discriminatoria con el resto de la
población escolar de nuestro país.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Serrano. Tiene
la palabra el Senador Fernández Rozada.




El señor FERNANDEZ ROZADA: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a intervenir muy brevemente para decir que, en el fondo, lo que
pretende el Grupo Parlamentario Socialista es trasladar el debate de una
falta de apoyo presupuestario a la educación pública en beneficio de la
enseñanza privada o concertada. En la Sección 18 tendremos ocasión de
llegar al fondo y poder demostrar a su señoría lo equivocado que está
cuando mantiene que hay un planteamiento privilegiado por parte del
Gobierno en torno a la enseñanza concertada. Se ha cumplido
escrupulosamente lo determinado por la ley. No hay ni una sola garantía
ni un dato riguroso que permita aseverar que se esté privilegiando la
privada o concertada en detrimento de la pública. Precisamente por ello,
nosotros nos ajustamos a los módulos establecidos en el Anexo IV de esta
Ley, en el que, si observa con detenimiento, verá cómo, en efecto, se
trata de un planteamiento en el que se demuestra con claridad, no sólo en
el tramo de la educación infantil, sino en los demás, que el Gobierno
actual está apostando por la educación. Lo que ocurre es que, cuando la
oposición tiene la sensación de que es fácil conseguir objetivos,
probablemente legítimos, denunciando lo que sabe que no es cierto pero
que vende muy bien, que es el decir hacia afuera que este Gobierno está
primando de manera descarada una educación de élite o privilegiada frente
a la pública, tengo que decirle --y lo veremos en el debate de la Sección
18-- que este Gobierno está apostando por la educación pública, por la
privada y por la privada concertada, y que para nosotros lo importante es
precisamente la calidad de enseñanza, y, conscientes de que nuestros
alumnos también están en centros de enseñanza concertada y de enseñanza
privada, en los que, cuantitativamente hablando, constituyen una parte
muy importante, tendremos que velar por esa calidad de acuerdo con la
ley, sin plantear ni el más mínimo ajuste en una enseñanza pública de
calidad, por la que siempre hemos luchado y que siempre hemos defendido.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Fernández
Rozada.

A continuación, pasamos a debatir el Título III, artículos 18 a 33.

En primer lugar, enmiendas números 135 a 154, de los Senadores Nieto
Cicuéndez y Román Clemente, del Grupo Parlamentario Mixto. Para su
defensa, tiene la palabra el Senador Román Clemente.




El señor ROMAN CLEMENTE: Gracias, señor Presidente.

Presentamos al Título III un total de veinte enmiendas que, aunque sea
con brevedad, voy a tratar de presentar a sus señorías.

La enmienda número 135 lo es al artículo 18. Trata de aplicar el Capítulo
VIII del acuerdo suscrito entre Administración y sindicatos, creando un
fondo de compensación salarial por valor de 69.790 millones de pesetas,
cuya distribución se negociará con los sindicatos firmantes del acuerdo.

Parece lógico, señorías, que los acuerdos sean para cumplirlos y en este
caso, cuando tantos incumplimientos se han producido de los acuerdos con
los sindicatos en el caso concreto de la aplicación de la congelación y
revisión salarial, nos parece oportuno introducir esta enmienda.

La enmienda número 136, también al artículo 18, habla de las previsiones
de IPC registrado en 1998, y pretende que, en caso de desviación, se
establezca la correspondiente cláusula de revisión salarial que
entendemos, también por vía de esta enmienda, que será consolidable a
todos los efectos. Paliar los efectos de la congelación salarial sufrida
en 1997 e ir caminando hacia una recuperación del poder adquisitivo hace
cuanto menos necesaria la presentación de esta enmienda.

La enmienda número 137 lo es al artículo 119, apartado primero. Es una
enmienda de modificación que pretende sustituir, donde establece que «...

En todo caso, el número de plazas de nuevo ingreso deberá ser inferior al
25 por ciento de la tasa de reposición de efectivos...», por «... En todo
caso, el número de plazas de nuevo ingreso



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no deberá ser inferior al 100 por cien que resulte por aplicación de la
tasa de reposición de efectivos...». En una reflexión que he tenido
oportunidad de hacer esta mañana ponía de manifiesto que la situación en
la Administración pública es tremendamente delicada. Hay servicios,
centros de trabajo, con una precariedad notoria, el estrés que viven los
funcionarios y funcionarias que trabajan en estos centros es alto y
conviene, por tanto, tomar medidas cuanto antes. La creación de empleo,
que corresponde a la Administración pública, no puede ser eludida. Por
otra parte, la tendencia que últimamente está mostrando la Administración
pública de acudir a empresas de contratación temporal para prestar
servicios fuera de la Función Pública nos parece rechazable.

La enmienda número 138, al artículo 19, apartado primero, es de adición y
habla de garantizar el funcionamiento diligente de los servicios,
introduciendo la siguiente redacción: «Siempre que se cubran las
necesidades de los servicios básicos y los puestos estructurales de cada
servicio».

La enmienda número 139, al artículo 19, apartado primero, cuarto párrafo,
también es de adición, y se pretende la siguiente expresión: «... y todas
las vacantes que no estén en proceso de amortización.» Es preciso tomar
todas las medidas para garantizar las plantillas asignadas y repito una
vez más, y no me cansaré de insistir en ello, la necesidad de que la
Administración pública cubra las vacantes existentes, se proceda a la
normalización en los centros de trabajo y se acabe con la precariedad, la
tensión, el estrés y el desencanto del personal que trabaja en la Función
Pública, ya sea laboral o funcionario.

La enmienda número 140, al artículo 19, apartado primero, también es de
adición. Recordarán sus señorías toda la polémica que se suscitó y el
debate que se originó en el Congreso de los Diputados con motivo de los
trabajos de la Comisión de Investigación sobre los expedientes de la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, y se hizo una
sugerencia. Nosotros tratamos en esta enmienda de recoger la
recomendación citada y darle, por tanto, en este artículo, esa
concreción, que consiste en atender de forma urgente las necesidades de
personal existentes en los órganos de la Inspección de los Tributos.

La enmienda número 141, al artículo 19, apartado tercero, es de
modificación, y pretende sustituir el párrafo: «... Durante 1998 no se
procederá a la contratación de nuevo personal temporal, ni al
nombramiento de funcionarios interinos, en el ámbito al que se refiere el
apartado segundo, salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades
urgentes e inaplazables...» por el siguiente término: «... Durante el año
1998 no se procederá a la contratación de nuevo personal temporal, ni al
nombramiento de funcionarios interinos, en el ámbito del sector público,
salvo en los casos excepcionales y para cubrir necesidades claramente
urgentes e inaplazables y por el menor tiempo posible...». Propiciamos,
entendemos, la participación de la Administración en la creación de
empleo público, al objeto de ir profesionalizando cada vez más plenamente
la Administración y no precarizar el empleo.

La enmienda número 142, a los artículos 20.uno a).b) y c), 21, 23.uno.D),
24.uno.b), 25.dos, 26.dos, 27.uno.2, 28.dos, 30.uno, y 31.uno, es de
modificación. Se sustituye la expresión «... 2,1 por ciento...» por: «...

3 por ciento». No estamos de acuerdo con la subida salarial del 2,1 por
ciento y lo que pretendemos con la subida del 3 por ciento es compensar
la pérdida de poder adquisitivo que se ha ido acumulando.

La enmienda número 143, al artículo 21, es de adición. Pretendemos crear
una nueva letra e) en el párrafo primero: «e) cualquier modificación de
las retribuciones complementarias que se produzca dentro del año 1998,
deberá ser negociada con los sindicatos representativos y comunicarse de
forma periódica al Parlamento».

Es obvio que el Estado se comprometa a la revalorización y mantenimiento
de las retribuciones del personal del sector público estatal que está
sometido al régimen administrativo y al régimen estatutario, y se
garantice, al menos, el nivel actual de eficiencia en los servicios
públicos.

La enmienda número 144, al artículo 22.tres y cuatro, es de modificación.

Les voy a ahorrar el texto porque es claro. Lo que pretendemos es
eliminar la posibilidad de que los altos cargos perciban el complemento
de productividad. Entendemos que es un concepto incompatible con el
propio carácter de alto cargo.

La enmienda número 145, al artículo 22, es de adición. Se crea un nuevo
apartado quinto: «Quinto. Con efectos de 1.º de enero de 1998 los altos
cargos y funcionarios que se refieren en las leyes 25/1984 y 53/1984
respectivamente, dejarán de percibir cualquier tipo de retribución en
concepto de asistencias a las reuniones de órganos colegiados de
administración de empresas con capital o control públicos».

Tengo que recordar a sus señorías que esto fue algo que el Partido
Popular incluyó en su programa.

La enmienda número 146, al artículo 22, es de adición. Se crea un
apartado sexto: «Sexto. Se prohíbe taxativamente la firma de contratos
blindados en el sector público.» La motivación es por evidentes razones
de equidad.

La enmienda número 147, al artículo 23.uno.B), es de adición. Se añade al
término: «Dicha paga incluirá el complemento de destino».

Con esta enmienda pretendemos acercarnos a lo que se establece en el
sector privado, y es que paulatinamente la paga extra, aproximada ahora,
sea equiparable después a las demás retribuciones fijas.

La enmienda número 148, al artículo 23.uno.E), es de adición. «En ningún
caso el complemento de productividad se originará exclusivamente en
función de la jerarquía o nivel del puesto de trabajo.» La motivación
también es por razones de equidad y evitar que lo que se esté primando
sea básicamente el nivel del puesto.

La enmienda número 149, al artículo 23.uno, es de adición. Se añade un
nuevo punto G), con el siguiente texto: «G) El Gobierno, a través de los
Ministerios de Administración Pública y de Economía y Hacienda, negociará
con los sindicatos más representativos de la Función



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Pública los criterios para la aplicación individual de los complementos
de productividad y las gratificaciones por servicios extraordinarios».

La motivación es garantizar la transparencia y la participación
ineludible de los agentes, de los sindicatos en concreto.

La enmienda número 150, al artículo 23.dos, es de supresión. Se suprime
el primer párrafo y esto es en consonancia con las enmiendas anteriores.

La número 151 al artículo 23.dos, segundo párrafo, es una enmienda de
sustitución. Se pretende sustituir dichos incentivos por la aplicación de
los complementos de productividad, las gratificaciones por servicios
extraordinarios y otros incentivos al rendimiento. Como se argumenta en
la motivación de la misma, se hace por razones de fiscalización de la
correcta aplicación de los mismos.

La enmienda número 152 al artículo 23.tres es de supresión del siguiente
párrafo: «... excluidas las que estén vinculadas a la condición de
funcionario de carrera...». El principio que defiende Izquierda Unida es
a igual trabajo igual salario.

La enmienda número 153 al artículo 23.cinco --voy terminando, señorías--,
es de supresión del siguiente párrafo: «... salvo que dicho complemento
esté vinculado a la condición de funcionario de carrera.» La
justificación es la misma que la anterior: A igual trabajo igual salario.

La número 154 es una enmienda de adición al artículo 33 --evito leer el
texto a sus señorías--, con un apartado seis nuevo donde se pretende
establecer un control sindical y parlamentario a las contrataciones que,
como conocen sus señorías, se efectúan con cargo al capítulo de
inversiones, ya que entendemos que en algunas ocasiones se está llevando
a cabo una utilización abusiva de este tipo de contrataciones.

Gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Román.

Enmienda número 737, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas
Vascos. Para su defensa, tiene la palabra el Senador Gangoiti.




El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.

Esta enmienda es de modificación y tiene por objeto que las retribuciones
íntegras del personal de la Administración puedan ser superiores al 2,1
por ciento en aquellos casos en los que el Consejo de Política Fiscal y
Financiera acredite que aquellas Comunidades Autónomas han cumplido los
criterios de convergencia con la Unión Europea.

Todos sabemos que el proceso de converger con la Unión Europea en
términos de déficit público no es sólo un problema del Gobierno Central,
sino también de las Administraciones locales y de los Gobiernos
autonómicos. Por lo tanto, proponemos esta enmienda de modificación con
esos planteamientos.

Asimismo, en cuanto a la supresión del segundo inciso del apartado 4,
consideramos improcedente, constitucionalmente, el mandato a los
presupuestos de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales
de reproducir la normativa básica. En definitiva, solicitamos una
libertad en la retribución de los asalariados funcionariales en aquellas
Comunidades Autónomas que cumplan con los criterios de convergencia
exigidos en Maastricht, en concreto en materia de déficit público, y que
no supongan una carga para el Estado.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Gangoiti.

Enmienda 1.272, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió. Para su defensa, tiene la palabra el Senador Varela.




El señor VARELA I SERRA: Nuestra enmienda tiene como objeto añadir un
párrafo segundo, al artículo 19, tercero, que quedará redactado de la
siguiente manera: «Como excepción, podrán nombrarse funcionarios
interinos docentes y de personal de administración y servicios destinados
en centros docentes públicos».

La justificación de esta enmienda de adición es que nos encontramos en un
proceso transitorio de adaptación a las exigencias de la Logse que
requiere flexibilidad para su implementación, por lo que dotar a la
administración de herramientas que la hagan flexible sería bueno para el
proceso. Estimamos que esta enmienda añadirá un plus de efectividad a la
implantación de la Logse.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Aguilar Belda): Gracias, Senador Varela.

Enmiendas números 769 a 773, del Grupo Parlamentario Socialista.

Para su defensa, tiene la palabra el Senador Arévalo.




El señor AREVALO SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, este Título, el de los Gastos de Personal, uno de los más
debatidos en la Ley de Presupuestos del pasado año, también este año
tiene muchos motivos de crítica, de modificación, de rectificación de lo
que con él se ha hecho. De nuevo tenemos que hablar de las retribuciones
de todos los empleados públicos porque, como veremos a lo largo de mi
exposición, unos mejoran y otros empeoran. Empeoran, naturalmente, los
que tendrían que mejorar y los que mejoran seguramente estarían mejor
congelados para que dieran paso a que tuvieran mejor retribución aquellos
a los que de nuevo se les congela en cuanto a la capacidad adquisitiva,
ya que la subida prevista en la ley del 2,1 por ciento no supone que la
capacidad adquisitiva de los empleados públicos mejore o, por lo menos,
vaya en el mismo sentido en el que van las mejoras de los demás
trabajadores.

Sigue incumpliéndose la Ley de 1990 que regula las condiciones de
negociación colectiva de los empleados públicos. No se ha negociado. O,
mejor dicho, se ha hecho el paripé de que se negociaba, se sentaban a
hablar



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para después, al final, no poder llegar a más conclusión que aquella que
se imponía desde el Ministerio. No había, por tanto, ningún resultado ni
se producía la negociación colectiva que exige la ley. Teniendo además,en
cuenta que existe un acuerdo, el establecido para 1994 hasta 1997, que se
ha venido incumpliendo sistemáticamente a lo largo de todo este tiempo.

El crecimiento económico que se produce en España, por encima del 3 por
ciento, no va en consonancia con el aumento previsto para los empleados
públicos. El año pasado estuvo congelado. Este año tiene un aumento del
2,1 por ciento, lo cual quiere decir que tampoco se modifican los
criterios. Y, además, hay que recordar que, habiendo sido congeladas o
poco aumentadas las retribuciones de los funcionarios públicos en años
anteriores, en años de mala situación económica, ese campo estaba agotado
y había que tomarlo de esa manera, no haciendo la comparación de «ustedes
entonces no aumentaban, o aumentaban menos». Eran situaciones distintas.

Hoy la situación económica es buena y precisamente los funcionarios, los
empleados públicos, no sólo no se benefician de ella, sino al revés,
salen perjudicados a la vista de los Presupuestos Generales del Estado
para 1998.

Daré algún dato. En la pasada primavera, cuando se le preguntó al
Ministro de Administraciones Públicas si en los Presupuestos Generales
del Estado para 1998 se mejoraría el poder adquisitivo de los
funcionarios, contestó: El Gobierno no garantiza --lo dijo así-- que se
mejore, que se mantenga el poder adquisitivo de los funcionarios en los
Presupuestos para 1998. Lo dijo en la primavera, y a los pocos días
rectificó. Dijo: No, nos hemos equivocado, no es cierto.

Ciertamente, no se equivocó cuando lo dijo la primera vez, ya que es así
como se ha ido manteniendo todo esto.

Nosotros, además, hemos hecho una propuesta modesta con nuestra enmienda,
que no es nada exagerada. Pedimos sencillamente que con un fondo
adicional por un importe del 1 por ciento de la masa salarial --esto
supone algo así como 28.000 millones de pesetas-- se pueda tener para
fases distintas y en distintos momentos cantidad suficiente para ir
compensando la pérdida del poder adquisitivo de los funcionarios.

En estos Presupuestos nos encontramos además, con que la Oferta Pública
de Empleo tiene también un retroceso respecto de lo que debería ser lo
normal, en los mismos términos que el año pasado: solamente el 25 por
ciento de las plazas vacantes serán convocadas, con lo que de nuevo se
empeora, se deteriora la calidad de los servicios y se perjudica el
acceso al empleo de los jóvenes.

Siendo, como se ha anunciado muchas veces, los objetivos del Gobierno
para 1998 crear empleo y cumplir los criterios de convergencia, de esta
manera no sé si se cumplen los criterios de convergencia, pero lo que sí
sé es que no se crea empleo. Que no se me diga que el empleo se crea sólo
por las empresas privadas; que no se diga eso. Aquí hay dos millones de
familias que viven de la Administración Pública, que son empleados por
ella; por tanto que no se me diga que solamente se crea empleo por las
empresas privadas, y no me digan que tiene que crearlo el Estado. Estoy
diciendo sencillamente que lo que hay es un empleo muy numeroso, dos
millones de familias viven de él, y que prácticamente con esta ley se
hace una regulación que impide que se puedan cumplir los criterios sobre
la creación de empleo, que parece que el Gobierno anuncia todos los días
como su objetivo.

Téngase en cuenta, además, que con motivo de la jubilación que se incluyó
el año pasado en la ley de acompañamiento hay muchos funcionarios que no
se han jubilado a los 65 años, que permanecen en sus puestos de trabajo.

Y se da la circunstancia de que son los funcionarios con mejor
retribución, es decir, aquéllos del Grupo A, los que no se jubilan y se
mantienen en su puesto, siendo los otros empleados, los de menos
categoría, los que sí se van jubilando o al menos no aspiran a continuar
hasta la edad de 70 años en su empleo. (El señor Vicepresidente, Rigol i
Roig, ocupa la Presidencia.)
También llamo la atención sobre la necesidad de ampliar, en el artículo
19, la excepción que se hace a este 25 por ciento, en cuanto a las
Fuerzas Armadas, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Del Estado, al
personal de la Administración de Justicia, a la Enseñanza, a las Policías
Autónomas de las Comunidades, para que también se amplíe a un sector,
siempre muy necesitado, que es el sanitario público, con lo cual se
mejoraría naturalmente la atención pública de la sanidad.

En cuanto a los Secretarios de Estado no me voy a detener excesivamente
en ellos, entre otras cosas porque el tiempo se me ha agotado. Los
secretarios de estado, señor Presidente, con este proyecto de ley van a
tener una mejora en las retribuciones que ya quisieran para si el resto
de los empleados públicos. No es motivo suficiente el hecho de que en la
LOFAGE y en la ley del Gobierno se les haya incorporado a un capítulo
distinto, y no estén entre los Ministros, el Presidente del Gobierno y
los Vicepresidentes. No es motivo suficiente que se diga que no forman
parte del Gobierno. Si se hubiera querido se hubiera evitado precisamente
que los Secretarios de Estado tengan una injusta...




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Arévalo, creo que su
tiempo ha sido superado con creces.




El señor AREVALO SANTIAGO: Pues si me permite, señor Presidente, en un
minuto termino.

Si esto es así y no se admite esta enmienda, va a suponer una notoria
injusticia, y además un agravio comparativo para todos los demás que
están empleados y hasta elegidos para las funciones públicas, en cuanto
que estos señores en este momento van a tener un aumento considerable
bajo el pretexto --pretexto bastante poco decente para seguir
aireándolo-- de que van a dejar de cobrar por ser miembros de los
consejos de administración de empresas públicas, y pasan a ser sólo
secretarios de estado, que es para lo que se les nombró.

Finalmente, la enmienda sobre el servicio militar es para que ustedes
cumplan, aunque sea muy parcialmente, su programa electoral. Diez mil
pesetas en lugar de las



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mil quinientas que ahora cobran los soldados no parece una cantidad
excesiva. Ustedes decían que tenían que llegar al salario mínimo
interprofesional. No digo que cumplan su programa electoral, digo
solamente que modifiquen un poco lo que piden para irse acercando, a ver
si algún día lo llegan a cumplir.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Arévalo.

Tiene la palabra el señor Joaquín Espert para turno en contra.




El señor ESPERT PEREZ-CABALLERO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, permítanme una breve introducción, porque, además, se trata de
algo que ya se ha dicho en diversas ocasiones en este Pleno, en Comisión,
y siempre en defensa de los presupuestos que ha presentado el Gobierno.

Se trata de los principios de austeridad y control del gasto que informan
estos presupuestos, reforzando las líneas básicas iniciadas en el año
1997 con idea de consolidar la recuperación económica y, como
consecuencia de ello, el crecimiento del empleo. Son finalidades básicas
que aplicadas a las enmiendas que han presentado los distintos grupos, a
las que, en general, me voy a oponer, justifican esta oposición, porque
es muy fácil decir: incrementemos a los soldados de tropa 10.000 pesetas
para que cumplan ustedes el programa; hagamos que los funcionarios no
pierdan su poder adquisitivo, contratemos más personal y que sea la
Función Pública la que cree empleo. Así desbaratan ustedes toda una
política económica del Gobierno fundada precisamente en el control del
gasto y en la austeridad.

En primer lugar, las enmiendas que los distintos grupos presentan al
artículo 18 están fundadas en ese deseo de mejorar a los funcionarios
públicos, de que no pierdan poder adquisitivo, bien sea por la vía de
modificar determinados preceptos, como hace la enmienda número 142, del
grupo de Izquierda Unida, para que en vez del 2,1 por ciento sea el 3 por
ciento, o la enmienda número 769, del Grupo Parlamentario Socialista, que
se refiere a una nueva disposición de creación de un fondo para
compensación de la pérdida del poder adquisitivo del uno por ciento de la
masa salarial; o la enmienda número 135, de Izquierda Unida, para la
creación de ese fondo en cumplimiento de unos acuerdos, ciertos; o la
enmienda número 136 que supone ya una revisión automática en relación con
el crecimiento que pueda tener el IPC en 1998 o ese deseo de que se
incluyan en las pagas extras los complementos de destino. Por una vía o
por otra se va a incrementar las percepciones salariales, algo muy
defendible y muy honesto, pero que, desde luego, desbarata la política
económica de contención del gasto del Gobierno.

El 2,1 por ciento no es un porcentaje arbitrario que se haya sacado de la
manga, pues aun cuando hayan fallado las negociaciones con los sindicatos
o no hayan pasado de esa imposición del 2,1 por ciento, es un estudio muy
serio, muy razonado, muy riguroso, de la previsión de crecimiento del IPC
para el próximo año. Pero es que, además, todos sabemos que la
satisfacción de las necesidades del funcionario no tienen como único
componente el retributivo, aunque quizá éste sea el más importante, sino
que hay que tener también en cuenta elementos integrantes, como la
estabilidad en el empleo, la formación y reciclaje profesional, a lo cual
los actuales presupuestos atienden perfectamente.

Es más, defendiendo este grupo de enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista, el Senador Arévalo parece dar a entender, y es un argumento
que me asombró en Comisión, que el ataque al bolsillo de los funcionarios
lo perpetraron ellos y agotaron esa bolsa. Esto me hace mucha gracia,
Senador Arévalo. Ha dicho que fue en una situación económica distinta;
desde luego, en situaciones económicas muy distintas, cuando la inflación
crecía mucho más y estaba contenida. Precisamente ahora la contención del
déficit y de la inflación nos permite afirmar que la pérdida de poder
adquisitivo de los funcionarios no es tanta como en épocas anteriores,
cuando la inflación era muy superior.

Y muy relacionada también con este grupo de enmiendas está la del Grupo
Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, que pretende excluir de
la aplicación de esta limitación a aquellas Comunidades Autónomas que
hayan alcanzado los criterios de convergencia, de reducción del déficit,
contención del gasto, etcétera.

A los Senadores Nacionalistas Vascos he de decirles que el Tribunal
Constitucional se ha pronunciado ya sobre la materia y las limitaciones
establecidas tienen carácter básico y se aplican a todas las Comunidades
Autónomas, independientemente de que la medida contribuya o no a los
criterios de convergencia.

El segundo grupo de enmiendas relacionadas con la oferta pública de
empleo, artículo 19, son la número 137, de Izquierda Unida, que pretende
que se amplíe al cien por cien el número de plazas por aplicación de la
tasa de reposición, o la número 770, del Grupo Parlamentario Socialista,
al 50 por cien; las números 138 y 139, que indirectamente también
pretenden ampliar las posibilidades de contratación, y la enmienda 140,
que prevé una convocatoria extra para los funcionarios de la Agencia
Estatal Tributaria; o la número 771, respecto de plazas de asistencia
sanitaria, o la 1.272, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, en relación con los funcionarios interinos docentes.

No me digan que esta limitación que establece el proyecto de Presupuestos
es contraria a la creación de empleo. Insisto en decir --y que no cause
risa-- que el Grupo Parlamentario Popular entiende que la creación de
empleo corresponde a la iniciativa privada. Y ello no quiere decir que la
empresa pública, que el Estado, no cree también empleo, para atender
debidamente sus necesidades, para que el ciudadano esté debidamente
atendido. Y en cuanto al hecho de que haya oficinas, como ha dicho el
Senador Román Clemente, en situación de precariedad de atención, quizás
la cuestión esté en hacer una redistribución de efectivos para aprovechar
todo el potencial humano que conforma la Función Pública.




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En Presupuestos anteriores, cuando gobernaba el Partido Socialista,
decíamos que se había producido una inflación de la Función Pública, que
se había sobredimensionado a base de crear empleo público; sí, señores,
se había sobredimensionado. Y los criterios de control de gasto, de
austeridad, nos obligan, en primer lugar, a redistribuir los efectivos de
forma que se dé una dotación adecuada de personal a cada servicio, a cada
departamento. Si a ello añadimos que el traspaso constante de
competencias a las Comunidades Autónomas obligaba a un adelgazamiento de
la Administración Central, que no se produjo, se confirma, a mayor
abundamiento, mi tesis de que los efectivos no están suficientemente
aprovechados y que habrá que hacer un adecuado estudio de su
redistribución, siempre que las necesidades estén atendidas.

En cuanto a la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió, creemos que la excepción que establece en el
artículo 19.3 cubre suficientemente las necesidades que, en el campo
concreto a que se refiere la enmienda, pudieran surgir, porque dicho
artículo dice expresamente: salvo en casos excepcionales y para cubrir
necesidades urgentes e irremplazables; precepto que precisamente quiere
enmendar Izquierda Unida añadiendo «claramente urgentes». Entendemos que
el adverbio no añade nada. Ya se dice que sean necesidades urgentes. Y la
limitación «por el menor tiempo posible» está implícita en el sentido del
precepto. Se trata de contrataciones excepcionales. Aparte del escaso
tecnicismo que conlleva la expresión «por el menor tiempo posible»,
¿quién juzga dicho tiempo posible? Es de muy difícil aplicación con la
redacción que pretende el señor Senador.

Parece que también preocupa a los Grupos Parlamentarios de Izquierda
Unida y Socialista las retribuciones de los Altos Cargos. Por lo que se
refiere a los Secretarios de Estado, Senador Arévalo, la LOFAGE ha
determinado claramente que los Secretarios de Estado no forman parte del
Gobierno. Por tanto, no hay razón alguna para excluirles de la normativa
general de retribución, que regula la Ley 30/1984, sobre Función Pública.

El mismo argumento debo aplicar al Senador Román Clemente en cuanto que
en la enmienda número 144 rechaza los complementos de productividad para
los Altos Cargos o las dietas por asistencia a Consejos de
Administración. En primer lugar, porque esas percepciones están reguladas
por la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, que establece que sólo percibirán
esas dietas o indemnizaciones por asistencia a órganos colectivos de
representación en las empresas de carácter público.

Por último, rechazamos la enmienda número 146, del Grupo de Izquierda
Unida, en cuanto que prevé que se establezca expresamente que no se
admitirán los contratos blindados. Contratos blindados es casi una
expresión coloquial, aunque todos sabemos a qué se puede referir. Si se
trata de pactos al contratar en los que se establezcan indemnizaciones
que hagan prácticamente imposible el despido por la cuantía de las
mismas, yo le garantizo que el actual equipo del Gobierno no realiza
contrataciones de este tipo; Por lo demás, las indemnizaciones por
extinción de estos contratos, que suelen ser de personal muy cualificado,
están expresamente reguladas en un acuerdo anterior del Consejo de
Ministros, de 17 de diciembre de 1993, que limita razonablemente esas
indemnizaciones y es el que se aplica.

Hay otro grupo de enmiendas del Grupo de Izquierda Unida que se refieren
a la manifestación clara y evidente de dar mayor vigor a la negociación
colectiva o a la intervención de los sindicatos en diversos temas, como
la enmienda número 143, que se refiere a las modificaciones retributivas
complementarias; la enmienda 149, que prevé que se negocien los criterios
de la aplicación individual de determinadas retribuciones, o la 154 que
pide que también se dé notificación de los contratos que se realicen con
cargo a créditos de inversiones, incluso que los sindicatos emitan en el
plazo de quince días un informe no vinculante. En cuanto a esta última
posibilidad, creemos que, aparte de restar agilidad a esa necesidad de
contratación, las noticias que tienen los sindicatos de estas
contrataciones son ya suficientes, y las garantías que se establecen para
que no sea arbitraria la contratación de personal con cargo a los
créditos de inversiones --lea el artículo 33 del proyecto-- son más que
suficientes.

Hay otras enmiendas, como la que pide que no se vincule el complemento de
productividad exclusivamente al nivel del puesto de trabajo. Precisamente
el nivel del puesto de trabajo es uno de los principales indicadores de
la dedicación que exige el cumplimiento de las funciones adscritas a ese
nivel. Usted pretende eliminar la posibilidad que tiene el Gobierno, no
libremente sino con ciertas garantías que establece el artículo 23.2, de
modificar la cuantía de los créditos globales para complemento de
productividad, gratificaciones por servicios extraordinarios o incentivos
al rendimiento. Creemos que es necesario mantener esta posibilidad para
adecuarla al número de efectivos de cada programa y al grado de
consecución de esos objetivos.

En el artículo 23. Dos, párrafo segundo, pretende la inclusión repetitiva
de «dichos incentivos», refiriéndose a los que se ha hablado en los
apartados anteriores, que se especifique de nuevo que son los
complementos de productividad, gratificaciones por servicios
extraordinarios e incentivos al rendimiento. Creemos que es superflua
porque es una repetición de los que ya están contenidos en los párrafos
anteriores.

No vamos a apoyar las enmiendas números 152 y 153, que pretenden eliminar
la exclusión de los funcionarios interinos de determinadas percepciones,
porque entendemos que el funcionario interino tiene una naturaleza muy
distinta de la del funcionario de carrera. Hay determinadas retribuciones
que están vinculadas o son consecuencia necesaria del carácter del
funcionario de carrera.

Por último, doy gracias al Grupo Parlamentario Socialista por recordar
nuestro programa y por ese interés que tienen en que lo cumplamos, pero
creo que me he justificado suficientemente al decir que no se trata de
desbaratar un proyecto de política económica común o general y que, en
definitiva, si vamos pidiendo incremento de partidas



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para esto para lo otro, se llegaría a esa conclusión, desgraciadamente.

Por lo que se refiere a incrementar esas 1.500 pesetas de los soldados a
10.000, nos gustaría hacerlo, pero quiero que se fijen los señores
enmendantes en que ya está previsto un concepto, el 140, con una partida
de 11.674 millones que gratifica movilidad geográfica, responsabilidad y
cometidos, y teniendo en cuenta el número y la estancia media prevista
para 1998 de los efectivos de reemplazo, sale una media unas 10.000
soldado/mes. Creemos que con esto puede considerarse satisfecha la
pretensión genérica del Grupo Parlamentario Socialista.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Espert.

En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el Senador Román.




El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.

Siempre que se habla de retribuciones se acude a una contradicción.

Retribuciones: sí, nos gustaría; no podemos; pero a cambio tienen otras
contraprestaciones, y sale la estabilidad. Señorías, es una
contradicción. Están modificando continuamente la legislación; dicen
querer promover contratos estables, incentivan los contratos estables y
siempre le echan en cara a los funcionarios su estabilidad, y a cambio,
además, les dicen que en el Presupuesto se dotan de cantidades
suficientes para la formación, pero se olvidan de aspectos también
importantes, como la promoción interna. ¿Sabe, su señoría, desde cuándo
no se realizan promociones internas en algunos servicios de la
Administración central del Estado?
Dice su señoría que el sector público, en este caso la Administración
pública, había crecido de forma desmesurada en sus efectivos, y que, lo
que procede es una redistribución de los efectivos. ¿Explíqueme su
señoría cómo se puede redistribuir en un centro de trabajo que tiene 45
trabajadores y 15 bajas o 15 vacantes? ¿Qué redistribución quieren hacer
sus señorías? Supongo que querrá hablar del conjunto, pero la
redistribución no acude a la oferta de empleo público porque no se cubre
la tasa de reposición de efectivos por debajo del 25 por ciento y,
además, no hay promoción interna. ¿Pero de qué redistribución estamos
hablando?
Además, partimos de una concepción totalmente diferente del papel que
tiene que jugar el Estado en los servicios públicos, que pretendemos
nosotros, desde Izquierda unida, que sean de calidad, y para eso debe
dotarse de las plantillas necesarias y, por tanto, deben crearse,
convocarse, cubrirse todas las vacantes e incluso en algunas situaciones
incrementarse.

Pero habla también su señoría de que se está produciendo adelgazamiento
de la función pública, yo diría que un abandono de la función pública. Lo
que ocurre es que están llegando a unos extremos, a unas situaciones en
las que el daño será tan grande, la situación de deterioro será tan alta,
que las medidas que se vayan a adoptar serán siempre insuficientes, el
deterioro será irreversible y las condiciones de desencanto, de decepción
entre el personal que trabaja en las administraciones públicas será
irrecuperable.

Porque, señorías, hablar de congelación y pedir a los empleados públicos,
como se les pidió a lo largo del debate presupuestario el año pasado, que
contribuyan a conseguir los criterios de convergencia, hablarles después
de que no van a poder recuperar el poder adquisitivo, que no van a cubrir
las vacantes existentes, que no va a haber promoción interna, que tendrán
que seguir trabajando en situaciones de precariedad, ¿no parece que es
excesivo para el personal que trabaja en la Función Pública? Con buenas
voluntades no se resuelven las situaciones.

Sus señorías, que han modificado en la Ley de Acompañamiento no sé
cuantas, pero más de 30 leyes, podían haber optado por no congelar más la
oferta de empleo público, por una tasa de reposición que cubra las
necesidades y por atender las necesidades de calidad de los servicios que
tiene que prestar el Estado.

Ustedes dicen que la concepción del trabajo de los interinos es distinta
de la del personal funcionario o de la del personal laboral fijo. Pero,
señorías, ¿hacen el mismo trabajo? Tendrán una concepción distinta a
efectos de ser personal fijo o no, de disponer de la plaza en propiedad o
no, de disponer de unas prerrogativas que las leyes establecen para el
personal funcionario, pero ¿hacen el mismo trabajo? Y si lo hacen, ¿por
qué les pagan sueldos diferentes? ¿No conviene que vayamos compensando
algunas de las desigualdades?
El personal interino, efectivamente, lo es en razón de que tiene que
cubrir unas necesidades temporales, unas necesidades que deben estar
limitadas en el tiempo, pero, por lo demás, si hace un trabajo que se les
pague con arreglo a la función que viene desarrollando. No ahorren en un
personal que, haciendo el mismo trabajo que la persona que está a su
lado, percibe retribuciones diferentes.

No estamos de acuerdo en introducir medidas en la práctica de congelación
salarial. Si las condiciones que su señoría alega como beneficiosas para
el personal que trabaja en la función pública, para el personal
funcionario, son las que me ha dicho, no estaremos resolviendo los
problemas que hay en la Administración pública. Asuman ustedes un reto.

Conozcan la situación de la Función Pública. Vean, a pesar de las
transferencias efectuadas a las diferentes administraciones autonómicas,
en qué situación se encuentran los servicios que son competencias y
obligaciones de la Administración española.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Román Clemente, termine.




El señor ROMAN CLEMENTE: Termino, señor Presidente.

Y a partir de ahí, tomen medidas, pero las que tomen que no sean las de
hacer todavía más precaria su situación.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.




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¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
Senador Arévalo.




El señor AREVALO SANTIAGO: Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, de nuevo aparecen la austeridad y el control del gasto. Mire
usted, una forma de cumplir con la austeridad y con el control del gasto
es no aumentar el sueldo a los Secretarios de Estado utilizando un
concepto tan difuso como el de «incentivo de productividad». Ahorren por
ahí. Algo saldrá.

Hemos presentado esta enmienda y hemos repetido las razones para
oponernos a lo que figura en el Proyecto de Ley porque ustedes se han
pasado no sé cuantos años dando gritos contra las percepciones que, como
miembros de los Consejos de Administración de las empresas públicas,
tenían altos cargos de la Administración. Después, ustedes usaron y
abusaron de ese concepto y colocaron en los Consejos de Administración de
las empresas públicas a todos los altos cargos que quisieron, a
muchísimos, muchísimos más que antes. Y ahora que no quedan casi empresas
públicas, porque las han vendido, hay que darles a éstos retribuciones,
remuneraciones o algo. ¿Y cómo? Han encontrado ustedes el concepto
exacto: «incentivo de productividad». Antes no tenían incentivo de
productividad porque no producían y a partir de ahora van a cobrar,
naturalmente, en razón de la productividad que tienen en el mismo cargo
que tenían antes. Ahora es cuando van a tener productividad.

¿No ven ustedes que esto es hasta de chiste? Podían ustedes haber
utilizado un procedimiento un poco más digno porque el que han utilizado
supone un agravio para todos los demás que cobran o que cobramos de los
fondos públicos. Es un agravio para todos. Ustedes han intentado engañar
a la gente ocultando que en la Lofage, en la Ley del Gobierno, se les
incluía ya en otro sitio, porque en la ley no se lee que van a cobrar
tres millones de pesetas más al año de lo que cobraban antes, pero se
deduce.

Y ustedes, naturalmente, lo saben y no lo han negado.

Pero, claro, señoría, es que por sus mismas propuestas el presupuesto se
desbarata. Si hubieran sido ustedes coherentes con lo que han venido
defendiendo siempre, no hubieran desbaratado el presupuesto en estos
términos, y más concretamente en lo que se refiere a las remuneraciones
de los empleados públicos. Repito que son ustedes quienes lo han
desbaratado.

La enmienda que nosotros hemos presentado no es ninguna locura, señoría.

Como seguimos teniendo el concepto de Estado que ustedes no han tenido
nunca, nosotros seguimos creyendo que las cosas van siempre acompasadas,
van siempre por sus propios pasos. Lo que nosotros estamos proponiendo es
un fondo de 28.000 millones de pesetas para ir cubriendo en diferentes
etapas aquello que ustedes han sido incapaces de atender en la primera
tacada. No es ninguna locura lo que proponemos en nuestra enmienda, no es
nada que no se pueda cumplir. Señoría, nosotros hemos sido Gobierno y
sabemos qué es lo que tiene que proponerse para que se pueda cumplir.

Porque, ¡hay que ver las teorías que ustedes tenían y las cosas que
ustedes proponían en anteriores presupuestos!¡Qué enmiendas presentaban
ustedes! ¿Se acuerda usted? Nos hemos pasado años discutiendo aquí
enmiendas suyas que eran una verdadera locura, enmiendas que parecían
propuestas por un partido que no pretendiera llegar nunca al Gobierno,
pero resulta que han llegado ustedes y se han encontrado con que se les
cae todo lo que habían dicho antes, se les ha desbaratado, como usted
dice.

Yo he dicho en Comisión, y lo digo ahora también, que por esa misma razón
de Estado hay que respetar lo que se ha hecho en etapas anteriores. El
pacto 1994-1997, hecho por otro Gobierno, tenían ustedes que haberlo
respetado y cumplido rigurosamente aunque sólo fuera por un interés: para
que cuando ustedes hicieran otro pacto para otros tres o cuatro años, ese
pacto fuera respetado por el Gobierno siguiente cuando ustedes dejaran de
ser Gobierno.

Pero ni siquiera tienen ustedes la suficiente capacidad de darse cuenta
de que esto les perjudica. Ustedes no han cumplido el pacto 1994-1997, y
por la misma razón, todo lo que se ha hecho en relación con la
remuneración de los empleados públicos en los años anteriores, obliga al
Gobierno siguiente. La situación económica no era la misma, y esta mañana
lo ha dicho muy bien don Octavio Granado, pero con eso de la bondad de la
actual situación económica, no se crean ustedes lo que el gallo cuando
canta: que es por él por lo que viene el día. No crean ustedes que la
situación económica actual es un invento de ustedes o del mentor de
ustedes, el señor Aznar. No es eso. Es consecuencia de todo lo que viene
de atrás. Por tanto, se debe respetar todo lo que ha venido sucediendo
con anterioridad, y también todo aquello que se refiere a las
remuneraciones de los empleados públicos.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Senador Arévalo, termine por
favor.




El señor AREVALO SANTIAGO: Termino, señor Presidente, refiriéndome a lo
que se ha dicho sobre la inflación: que antes era mayor que ahora. Cuando
llegamos al Gobierno en 1982 la inflación era del veintitantos por
ciento. No sé quién ha mejorado más la situación de la inflación, si
ustedes o nosotros. Repito que cuando nosotros llegamos al Gobierno era
del veintitantos por ciento, pero mire usted cuál ha sido el cambio que
se ha producido en la inflación hasta el año 1996 en que ustedes llegaron
al Gobierno. Dígame quiénes son los que más han bajado la inflación, si
nosotros o ustedes, y a partir de ahí, reconozca usted el resto de la
situación. Hoy los empleados públicos pierden poder adquisitivo, y lo
pierden, naturalmente, gracias a ustedes.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Arévalo.

Tiene la palabra el Senador Espert.




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El señor ESPERT PEREZ-CABALLERO: Muchas gracias, señor Presidente.

Parece ser que el Senador Román Clemente no considera la estabilidad en
el empleo como un componente importante para el que tiene esa situación,
que le permite decir: he ingresado en la Administración pública y en ella
me jubilaré salvo que ocurra un verdadero cataclismo.

Lo que se ha utilizado por los dos portavoces intervinientes ha sido la
fácil demagogia de decir: Nos estamos dirigiendo a un colectivo de dos
millones de familias --como bien ha dicho el Senador Arévalo-- que son
muy receptivas a todo lo que digamos en defensa de sus intereses, como
que hay que recuperar el poder adquisitivo que el Gobierno, apoyado por
el Partido Popular, les está quitando sobre la base de que hay que dar
una mejor calidad en los servicios; que es el Estado el que debe crear
empleo público porque así vamos a tener más calidad de servicios, o que
conocemos oficinas en las que de veinticinco plazas hay doce vacantes y
el servicio está mal atendido.

Y a mí me toca hacer el papel de feo, de antipático, y decir: ¿Usted no
ha visto oficinas en las que hay cinco personas mano sobre mano, donde,
por desgracia, ninguna hace nada? ¿Usted cree que no ha de llegarse a una
redistribución de efectivos para que la Administración pública esté
lógicamente dimensionada para la atención de las necesidades del
ciudadano? ¿No cree que si la convocatoria de plazas fuera del cien por
cien no aumentaríamos el déficit público? ¿Y cree que es positivo ampliar
el déficit público?
Además, es muy fácil hablar de servicios mal atendidos. Tráiganos
ejemplos concretos de servicios mal atendidos, porque creo que no
existen, y si los hay es porque todavía hay muchas cosas que mejorar en
la Administración pública, en la función pública, y en ello estamos todos
implicados.

Por otro lado, tanto el portavoz del Grupo Socialista, como usted,
Senador Román Clemente, hablan de la pérdida del poder adquisitivo. Pero
insisto: los funcionarios no han perdido ahora poder adquisitivo. Lo
perdieron en etapas anteriores, cuando gobernaba el Partido Socialista;
cuando, ante una congelación salarial, había índices de inflación muy
superiores a los actuales. El año pasado se les pidió o se les impuso el
sacrificio de la congelación salarial, pero no se ha perdido un 3,2 por
ciento de poder adquisitivo, porque la situación económica es muy
distinta. Así, esta mañana el señor Ministro ha tenido la ocasión de
recordarles que hoy una familia española se está ahorrando 40.000 pesetas
anuales en un préstamo hipotecario por cada millón del principal
adeudado, o que han disminuido los costes energéticos y la factura del
teléfono, y eso entra en el concepto de poder adquisitivo. Por ello,
podemos afirmar sin ambages que la pérdida de poder adquisitivo no es tan
importante como ustedes dicen.

En cuanto al Senador Arévalo, permítame decirle que no nos hemos creído
lo del gallo: que amanece porque ha lanzado el «ki-ki-ri-kí». Pero no me
negará usted que algo tendrá que ver en el desarrollo económico actual la
credibilidad de un Gobierno que sujeta el gasto público, que reduce el
déficit.

Por otra parte, Senador Arévalo, en cuanto a su crítica sobre nuestros
años de oposición, ustedes pretendieron darnos muchas lecciones de
oposición cuando eran Gobierno, y ahora pretenden darnos lecciones de
Gobierno cuando son oposición. Hubiéramos preferido que hubiesen hecho lo
contrario: que entonces nos hubieran dado lecciones de Gobierno, y ahora,
de oposición.

Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario
Popular.)



El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Espert.

A continuación, pasamos al Título IV, artículos 34 a 43, bis, Título
VIII, artículos 87 y 88, y Sección 07.

En primer lugar, voto particular presentado por los Senadores Nieto
Cicuéndez y Román Clemente, correspondiente a las enmiendas números 186,
187 y 188.

Tiene la palabra el Senador Román Clemente.




El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.

No sólo valoro la estabilidad, sino que, además, rechazo que alguien, en
nombre de lo que sea, la contraponga a cualquier tipo de mejora, entre
otras cosas, porque yo soy funcionario y no debo la estabilidad
precisamente ni a este Gobierno ni a ninguno de los anteriores y no
quiero que jueguen con ese concepto y que cada vez que los empleados
públicos tienen que reivindicar algo que les corresponde como, por otra
parte, hace cualquier sector social, se les contraponga continuamente
diciendo que son estables, cuando lo que se pretende es que la creación
de cualquier empleo sea con carácter estable. Señorías, no jueguen con
las palabras que siempre es muy complejo.

Paso a las enmiendas números 186, 187 y 188.

Con la enmienda número 186, de modificación al artículo 87. Dos, nos
referimos a las horas extraordinarias, pretendiendo que se evite su
exceso y el efecto negativo que tienen sobre el empleo, y quedaría
redactado de la siguiente forma: «Cuando se trate de las horas
extraordinarias que no estén comprendidas en el párrafo anterior, el 35,4
por ciento, del que el 29,5 por ciento será a cargo de la empresa, y el
5,9 por ciento a cargo del trabajador».

La enmienda número 187, al artículo 87.3, es de adición. Se trata de que
los contratos formativos, que están diseñados precisamente para fomentar
la cualificación profesional de los trabajadores, no eviten la
contratación de nuevos trabajadores. «En todo caso, quedan prohibidas las
horas extraordinarias en el caso de contratos de formación y los aún
vigentes de aprendizaje».

En cuanto a la enmienda número 188, al artículo 87. Nueve. 2.1., también
es de modificación. Se trata de añadir al final del primer párrafo el
siguiente texto, quedando redactado de la siguiente forma: «... excepto
en el caso de la contratación temporal donde la cuota empresarial se verá
incrementada al 12,4 por ciento, quedando así el tipo de cotización en el
14 por ciento. El mencionado incremento de la cuota empresarial será
aplicado a todos



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los contratos de duración temporal, excluidos los de naturaleza
formativa».

La motivación de esta enmienda es la exigencia de cumplimiento de los
principios de suficiencia de las prestaciones de solidaridad del Sistema.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la
palabra el Senador Gangoiti.




El señor GANGOITI LLAGUNO: Muchas gracias, señor Presidente.

Voy a intervenir muy brevemente para defender la enmienda número 739, que
la hemos estado presentando tradicionalmente en esta Cámara, desde la
época del Gobierno Socialista, sin éxito hasta ahora.

Se refiere al establecimiento de un régimen de cotización igual para
todos los grupos de clasificación, que componen la flota pesquera de
bajura española.

En el debate en Comisión se hizo un planteamiento por parte del portavoz
del Partido Popular, del Partido del Gobierno, que, desde luego, no es el
nuestro, pero que no nos sonó mal, el cual nos da pie a creer que
haciendo un esfuerzo entre las dos partes, quizás dejando pelos en la
gatera por las dos partes, podamos llegar a un acuerdo definitivo de aquí
a la votación de mañana y, en consecuencia, resolver este problema que
afecta a nuestros pescadores.

Nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Gangoiti.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Rodríguez de la Borbolla.




El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: Muchas gracias, señor
Presidente.

Voy a agrupar y a dar por defendidas en este trámite, no sólo las
enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista al Título IV, sino también
las enmiendas números 827 y 828, con las que se pretenden incluir
Disposiciones Finales nuevas, por entender que son materias absolutamente
afines.

Paso entonces, Presidente, al fondo de la intervención. En materia
presupuestaria estamos tocando lo relacionado, en concreto, con las
pensiones públicas, y, en general, con el sistema de Seguridad Social o
de protección social.

Ya los portavoces del Grupo Parlamentario Socialista han ido
manifestándose críticamente, en cuanto a las líneas defendidas por el
Gobierno y por el partido que lo apoya, en relación con el sistema de
Seguridad Social en concreto y, en términos amplios, con el sistema de
protección social, porque entendemos que, en esta materia, el Gobierno
está actuando en un triple sentido negativo. En primer lugar, se está
centrifugando el déficit del Estado hacia la Seguridad Social en la
medida en que, por una parte, disminuyen las aportaciones del Estado para
la Seguridad Social, en sentido estricto, y para el sistema de protección
social, en sentido amplio. Y en un segundo término, en cuanto se están
financiando con cotizaciones derivadas del sistema de protección social o
aplicables a él «stricto sensu» se están financiando con cotizaciones
prestaciones no contributivas. De ello se deriva una doble consecuencia
negativa. En primer lugar, se están manteniendo, en contra de todas las
recomendaciones habidas y por haber, el nivel de las cotizaciones
sociales y, por lo tanto, en segundo lugar, se está manteniendo, cuando
podría ser reducido, el coste de la prestación de trabajo, los costes
laborales, con puesta en peligro del proceso de creación de empleo. Ya
esta mañana el portavoz socialista, Octavio Granado, se ha referido a
ello con detalle y ha hecho hincapié en cómo, de qué forma tan nítida
distingue este Gobierno entre la benevolencia para con las rentas
procedentes del capital y la no tanta benevolencia para con las rentas
procedentes del trabajo. De todas maneras, se está produciendo un
mantenimiento, cuando podría haber una reducción, de los costes
laborales, y nosotros pensamos que esto va a contribuir a dificultar la
creación de empleo. Por eso presentamos la enmienda número 828, que está
dirigida a que, por vía de pacto y diálogo, se vayan concretando y
separando las cotizaciones y la financiación del sistema y se apliquen
las cotizaciones por desempleo a las prestaciones contributivas por
desempleo y no a las prestaciones no contributivas.

La siguiente práctica negativa del Gobierno de la nación es la que
podríamos denominar persecución indiscriminada de toda peseta que se
huela en el panorama. Unas veces esa peseta se persigue vía fraude, y es
lógico que se busque la manera de recaudar más o de gastar menos,
persiguiendo el fraude. Pero en otros casos no se trata de eso, sino de
una persecución que --digamos-- no se basa en el fraude, sino en errores
propios de la Administración, en una duplicidad de ingresos por parte del
ciudadano, no achacable a ningún comportamiento perseguible de éste. Se
basa incluso en una culpabilización gratuita de los ciudadanos cuando,
por ejemplo, a la hora de regularse en el artículo 37 la posible
recuperación de prestaciones indebidamente percibidas por los ciudadanos,
ni se establece una cantidad mínima que haya que reintegrar de una sola
vez, ni se fijan criterios para evitar que, de la actuación regulada en
dicho artículo 37, pueda derivarse un daño para el ciudadano. Muchas
veces estos comportamientos --lo estamos oyendo hoy aquí-- se basan en el
argumento de la austeridad y el control del gasto.

Desde nuestro punto de vista, una cosa es ser ahorrador y otra cosa es
ser tacaño; una cosa es ser austero y otra cosa es ser avaricioso. Y de
avaricia podíamos tildar algunos de los textos que se incluyen en el
proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, porque, insisto, en
el artículo 37 no se fija, por ejemplo, un máximo para la cantidad a
reintegrar de una sola vez por parte de los ciudadanos, incluso cuando
ese ingreso indebido haya podido ser debido a una actuación negligente de
la Administración.




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Por otra parte, las enmiendas números 778 y 780, dirigidas a actualizar
los mínimos a partir de los cuales se pueden reconocer los complementos a
mínimos de pensiones, es un ejemplo de tacañería, ya que esos mínimos,
como ustedes saben bien, no están actualizados, puesto que en 1996 no
hubo Presupuestos, y no los hubo porque hubo partidos que los vetaron. Un
ejemplo de cicatería puede ser el artículo 42, al cual presentamos
nuestra enmienda número 782, en la que se propone un incremento de las
pensiones mínimas para las viudas. El incremento para las viudas de menos
de 60 años, es perfectamente posible. Es cierto que ha habido una
enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de
Convergència i Unió aprobada en el Senado, pero que eleva esos mínimos de
pensiones para viudas sólo a las que tengan cargas familiares. Pensamos
que hubiera sido un buen momento de cumplir más estrictamente el Pacto de
Toledo elevando los mínimos de pensiones a todas las viudas que tengan
menos de 60 años.

Finalmente, hay enmiendas que van dirigidas a hacer posible que, en vez
de hablar siempre con la boca llena del Pacto de Toledo, este Gobierno y
el Grupo que lo apoya se dediquen a darle menos vueltas y a cumplirlo más
estrictamente. Y por eso, por ejemplo, se presenta la enmienda número
827, que se orienta a que se establezca un procedimiento pactado para
seguir avanzando en la homogeneización de los tipos de cotización de los
regímenes especiales en los cuales esas cotizaciones diferenciadas no
tuvieran justificación.

En definitiva, señorías, el conjunto de las enmiendas que presentamos a
este Título son totalmente coherentes con las concepciones globales que
se han defendido por nuestro portavoz, Octavio Granado, así como por
otros portavoces, a la hora de conseguir una mejora de la ordenación del
sistema de Seguridad Social y del sistema de protección social en España.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias, Senador Rodríguez
de la Borbolla.

Para un turno en contra, tiene la palabra el Senador Martín Iglesias.




El señor MARTIN IGLESIAS: Gracias, señor Presidente.

Señorías, he seguido con atención la exposición del portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista y, ciertamente, le he encontrado moderado. A lo
largo de su intervención ha hablado de todo, de tacaños, de que se
pretende culpabilizar al ciudadano etcétera, en fin, de una serie de
cosas que, evidentemente, no podemos compartir de ninguna de las maneras.

Me voy a referir concretamente a las enmiendas números 774, 775 y 776,
porque a otras enmiendas va a contestar el Senador Angel Fernández
Menéndez.

Creo que cualquier pensionista que hubiera escuchado su intervención se
habría quedado perplejo, máxime si tenemos en cuenta que, efectivamente,
se ha cumplido a rajatabla el mandato del Pacto de Toledo, ya que se
garantiza el incremento y el valor adquisitivo de las pensiones de todos
nuestros pensionistas. No pretendemos --y éste es nuestro objetivo--
trasladar a este colectivo ninguna duda, ninguna zozobra sobre el futuro
de sus pensiones. A lo largo de toda su intervención se traslucía esa
inquietud que usted ha planteado, y nuestro Grupo quiere trasladar a ese
colectivo tan importante de pensionistas la tranquilidad, y despejar,
como no puede ser de otra manera, todas las dudas que puedan surgir sobre
el sistema de Seguridad Social o sobre cualquier régimen de clases
pasivas.

Quiero señalar que estos presupuestos, como he dicho anteriormente,
mantienen el poder adquisitivo de las pensiones, y que todos los
artículos que aparecen en este Título IV, todos sin excepción, se
refieren precisamente a esa garantía de poder adquisitivo de las
pensiones que fijan, como todos sabemos, un incremento del 2,1 por
ciento.

Sus señorías pretenden trasladarnos, a través de las enmiendas que nos
han propuesto a los artículo 37 y 38 del presente proyecto de ley, dudas
que, desde luego, no compartimos, porque entendemos que está
perfectamente clarificado a lo largo del texto que hemos presentado.

Cuando se habla, por ejemplo, de la modificación que presentan al
artículo 38 en el sentido, que usted decía a lo largo de su intervención,
de determinar la cuantía sobre la cual se efectúa la revalorización, en
la enmienda se propone una nueva redacción del apartado 2 del artículo 38
en la que, como novedad, se sugiere eliminar la expresión «de conformidad
con lo previsto en el artículo 48 de la Ley General de Seguridad Social».

Habiéndose producido una modificación de la recientemente aprobada Ley de
Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social, no cabe,
por consiguiente, aceptar esta enmienda por cuanto que, a tenor de la
actual redacción, la revalorización que se prevé es la propuesta en el
vigente artículo 48 de la Ley General de Seguridad Social, garantizándose
con ello el mantenimiento del poder adquisitivo de todas las pensiones.

Yo invitaría al Grupo Parlamentario Socialista a que colaborase para que
la seguridad jurídica que ya existe en el proyecto de ley de Presupuestos
Generales del Estado fuese corroborada y asegurada con la voluntad
también política de retirar estas dos enmiendas, toda vez que lo único
que puedan hacer es sembrar dudas, porque, en efecto, suprimir la
referencia al artículo 48 de la Ley General de Seguridad Social no nos
parece que enriquezca el proyecto de ley.

En cuanto a la enmienda 774 al artículo 37, casi con toda seguridad diría
que está llena de buena fe y, tratándose del señor Rodríguez de la
Borbolla, no me cabe la menor duda de que es así. Ahora bien, respecto a
la tramitación de las pensiones para no exceder el límite de tres meses
en el señalamiento de la misma y que, por lo tanto, fuese definitiva en
este período --esto que usted ha ido adornando muy bien--, así como que
posteriormente se proceda a la devolución, como máximo la equivalente al
triple, particularmente no la entiendo.

Nos parece que la regla general --y usted lo sabe perfectamente-- es que
se cobren las pensiones antes de tres



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meses. Otra cosa muy distinta es que, fundamentado en las tramitaciones
de años anteriores, en donde las pensiones se cobraran sobrepasados esos
tres meses --a veces más, no voy a entrar a discutir esa cuestión--, eso
ha servido de justificación para la presentación de la citada enmienda.

En la actualidad, usted sabe que se ha reducido el tiempo y el término de
tres meses es el plazo del señalamiento para la inmensa mayoría de
nuestras pensiones. Si hubiese alguna excepción por razones equis, que no
voy a entrar a valorar --por ejemplo la existencia de una acumulación de
distintas pensiones, que a veces se produce o alguna dificultad
añadida--, no nos parece oportuno concretar esa excepción --que no esa
regla-- a través de la enmienda al articulado, como plantea su señoría, y
que en ningún caso se pueda sobrepasar el plazo de tres meses. Señoría,
ese plazo ya se está cumpliendo, y se procura aminorar en la medida de lo
posible, sin excepción, porque --no me cabe la menor duda-- todos los
Grupos con representación política en esta Cámara somos conscientes y
tenemos la suficiente sensibilidad con este colectivo social para que
estas situaciones no se produzcan, dado que ese exceso de tiempo no es
deseado por nadie. A mi modo de ver, esto no justifica, por aquello de la
generalidad de las normas, una enmienda estableciendo un tope máximo.

Asimismo, hace referencia a si como consecuencia de la regularización
resultaran cantidades aprobadas, la cantidad a reingresar será como
máximo la equivalente al triple de la cuantía mensual que tenga
acreditada el beneficiario. Señoría, ¿qué razones existen, por ejemplo,
para que no se aplique el duplo, el triple o se multiplique por 20 o por
100? Sus argumentos, a mi modo de ver, carecen de rigor. No existe ningún
dato objetivo para que no se contemple la obligación, con carácter
general, de devolver a la Administración del Estado los ingresos
indebidamente cobrados, pues en aras de lo que es el cumplimiento de la
ley, la garantía de la misma es para todos, para que nadie pueda tener un
enriquecimiento injusto.

Presentan también la enmienda 775, relativa a determinar la cuantía sobre
la que se efectúa la revalorización de las pensiones de clases pasivas. A
este respecto, conviene señalar que el porcentaje del 2,1 por ciento
establecido como incremento general sólo puede aplicarse a las pensiones
de clases pasivas que se vinieran percibiendo a 31 de diciembre de 1997 o
a aquellas que estuviesen --como no puede ser de otra manera--
inicialmente señaladas en dicha fecha, pero no a las que se puedan causar
desde el 1.º de enero de 1998.

En cuanto a la enmienda número 776, también de modificación, relativa a
determinar la cuantía sobre la que se efectúa la revalorización de las
pensiones, le digo lo mismo que en la anterior dado que la enmienda
propuesta no aportaría nada al precepto comentado, habida cuenta de que
los criterios que desde hace años han regido la revalorización de las
pensiones de la Seguridad Social han quedado consagrados con carácter
permanente en el artículo 48 del Texto Refundido de la Seguridad Social,
en la redacción dada por el artículo 11 de la Ley 24/1997, de 15 de
julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de la Seguridad
Social.

Quiero terminar diciendo que nuestros pensionistas pueden estar
tranquilos, que podemos estar tranquilos todos, que se está cumpliendo el
Pacto de Toledo y que tienen garantizado el incremento y el poder
adquisitivo de sus pensiones.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muchas gracias.

Senador Fernández Menéndez, le queda exactamente un minuto y cincuenta y
seis segundos.




El señor FERNANDEZ MENENDEZ: Bien, señor Presidente, los aprovecharé en
la medida de lo posible. Por lo menos contestaré a uno de los portavoces.

Respecto de las enmiendas de Izquierda Unida al Título VIII, mantenemos
nuestra oposición a las mismas dado que conllevan un aumento de costo que
gravaría la producción de las empresas y mermaría mucho las posibilidades
de competir dentro de una realidad económica que más que nunca en estos
momentos, y de cara al futuro del mercado comunitario, cada vez va a ser
peor. Por lo tanto, no tendríamos que cargar a los trabajadores con el
costo de la producción y sí tener un seguimiento lo más justo posible en
temas como las horas extraordinarias, pues algunas veces hay que hacerlas
porque son obligatorias, nadie las hace por gusto.

La enmienda número 187 también prohíbe las horas extraordinarias en
aquellos contratos que sean de finalidad formativa. Sí, son de finalidad
formativa, pero, a la vez, también son de carácter productivo, por lo que
estamos en la misma situación que en las anteriores.

Por lo que hace a su otra enmienda, se considera un exceso duplicar la
cuota empresarial por desempleo de los contratos temporales respecto de
los indefinidos. La realidad del mercado laboral es la que es y tratamos
--así lo estamos haciendo-- de aportar desde el Gobierno incentivos a las
contrataciones indefinidas, pero en algunos casos las contrataciones
tienen que ser necesariamente laborales.

Señor Presidente, si no tiene inconveniente su señoría y para no andar
mal con el tiempo, aprovecharé el turno de portavoces para contestar a
otros grupos.




El señor VICEPRESIDENTE (Rigol i Roig): Muy bien, señoría, lo hará luego.

Muchas gracias.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador
Rodríguez de la Borbolla.




El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: Con mucha brevedad, señor
Presidente.

Es curioso: hemos presentado nueve enmiendas al Título IV y dos a las
disposiciones finales. En mi intervención anterior, de las dos que no
había hablado de las presentadas eran las números 775 y 776. Y no lo
había hecho porque me parecían obvias. Pero se ha hecho un



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juicio de intención previo al debate sobre que ésas eran las enmiendas
sobre las cuales íbamos a centrar nuestra intervención para poner en
cuestión la seguridad de los pensionistas.

No la hemos centrado en ello. No porque pensemos que el Pacto de Toledo
se está cumpliendo y que los pensionistas tienen todas las seguridades
del mundo a su alcance, sino porque, entre otras cosas, estamos
acostumbrándonos a que sea un «ritornello» en los medios de comunicación
y en palabras de portavoces preclaros del Grupo Parlamentario Popular la
incitación al complemento del sistema público de pensiones con el sistema
privado de pensiones para los pensionistas.

Todos los días en los medios de comunicación aparecen llamadas a la
capacidad previsora de los ciudadanos españoles para que complementen sus
pensiones públicas con sistemas privados de pensiones. No está segura la
gente, y no puede estarlo con este Gobierno, y lo digo con toda la buena
fe del mundo; con la buena fe de quien presenta una enmienda pensando que
es una posible solución. La buena fe de quien piensa que esa maldad que
yo creo intrínseca en el Grupo Popular es, sin embargo, corregible a
través de los textos legales, a través de unas buenas aportaciones a unas
leyes que son, fíjense ustedes, tan mejorables, tan sencillamente
mejorables como decir que el incremento de las pensiones de cada año se
haga, no sólo en un porcentaje, sino en un porcentaje sobre una cantidad.

Evidentemente ustedes hablan de un porcentaje, el 2,1 por ciento, pero,
¿sobre qué? Ese porcentaje, ¿sobre qué base se aplica? Nosotros queremos
que quede clara la base sobre la que se aplica, que es la cuantía de lo
percibido a 31 de diciembre de 1997. Es una regla de absoluta buena fe y,
además, tan clara, tan nítida que si no se acepta pensamos que es porque
no se quiere dar la seguridad de que la base sobre la que se van a hacer
las cuentas es la base de lo que se venía cobrando a una fecha
determinada. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Por tanto, señorías, me parece que es evidente con esto no sólo que no
todo va bien en España, sino que además no cumplen a rajatabla, como
decía el señor Martín Iglesias, el Pacto de Toledo porque para que sea
cumplido a rajatabla el Pacto de Toledo hubiera hecho falta que no
quedaran dudas, ninguna duda, a la hora de interpretar ningún precepto
legal, y las dudas son tan evidentes que hasta el portavoz del Partido
Popular reconoce la buena fe a la hora de presentar enmiendas.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Rodríguez de la Borbolla.

Por el Grupo Popular tiene la palabra el Senador Fernández Menéndez.




El señor FERNANDEZ MENENDEZ: Gracias, señor Presidente.

Señorías, como antes no dio lugar a este portavoz a contestar a algunas
enmiendas, concretamente a una enmienda del Grupo de Senadores
Nacionalistas Vascos, número 739, quiero decirles que estamos en vías de
llegar a un acuerdo para transaccionar esta enmienda antes de la votación
de este título.

Me quedaba por contestar, como su señoría sabe, a las enmiendas números
777 a 782, del Grupo Socialista; lo que sucede es que, tal como ha
intervenido el portavoz socialista, yo pienso que tiene razón, que a
veces todos tenemos que hablar con los papeles que traemos escritos, pero
a veces no sirven, porque yo los que tengo ahora no me sirven, después de
haberle escuchado a usted. Fíjese que hasta he llegado a pensar: qué pena
que usted no estuviera dos legislaturas antes aquí, porque seguro que no
estábamos hablando de eso, ya que todo estaría arreglado, porque ese
mismo debate, pero con mucha más sensatez y muchos más estudios, lo he
llevado yo en esta Cámara, en Comisión y jamás fui escuchado. Por tanto,
lamento decirle que no es precisamente éste el momento de plantear lo que
usted está proponiendo, por muchas razones. Es una pena que no pudiéramos
llegar más allá en este debate.

Habla de clarificar posiciones con respecto al complemento de mínimos.

Están tan clarificadas como el mismo texto que recoge el artículo 50 del
Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, por tanto, no
hay lugar a dudas. Porque no manda usted modificar ese texto; manda usted
rectificar otro que no se debe enmendar. Ya sería distinto si esto lo
hubiéramos discutido en la Ley de Acompañamiento, pero no precisamente en
ésta.

Con respecto a las enmiendas números 778 y 779, debemos de rechazarlas al
considerar que las cifras que el proyecto utiliza como tope de las rentas
para percepción del complemento a mínimos son las que deben de aplicarse.

Usted me dice que no hubo revalorización en el año 1996, pero yo le digo
que sí la hubo, y ése es un debate en el que usted diría que sí y yo que
no, o viceversa, y estaríamos siempre así.

De todas formas, sabe usted muy bien que las revalorizaciones de los
complementos a mínimos de las pensiones y otras prestaciones sociales son
aquellas que designa la ley de Presupuestos Generales del Estado y si no
los hubo, yo qué quiere que le diga, tampoco es mi problema, es el suyo.

(Risas.)
Respecto a la enmienda número 781 sobre la incapacidad, usted sabe muy
bien que existe una incapacidad permanente total. Ríanse ustedes lo que
quieran, pero de eso es imposible poder hablar. A los 55 años usted y
todos reconocemos que, según la ley, corresponde el 55 por ciento de la
base reguladora en accidentes de trabajo, enfermedad profesional o una
inutilidad permanente y a partir de los 55 años es un 20 por ciento más;
es un 75 por ciento. ¿Ha calculado usted si eso es suficiente o
insuficiente? Mire usted, es difícil de calcular porque va en función de
lo que cada uno tenga como base reguladora y de los salarios que haya
tenido.

En cuanto a la enmienda 782, en base a la determinación de importes
mínimos de la pensión efectuada con carácter unitario para todas las
clases de pensiones, el Pacto de Toledo señala que hay que mejorar las
pensiones de viudedad y hay una cuestión que, no ha dicho usted,



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ni he dicho yo, y es que a mí me parece muy poco el 45 por ciento de la
base reguladora para una pensión de viudedad. Se lo digo a usted y le
digo que en este momento tampoco es posible llegar a ello. Conozco las
bases de todos los países comunitarios de nuestro entorno y cómo se
aplica sobre la base reguladora para determinar la viudedad. Tanto evocar
el Pacto de Toledo, le diré que la primera Recomendación de dicho Pacto,
sobre fuentes de financiación, si usted busca en los «Diarios de
Sesiones» de esta casa, encontrará quién la dijo la primera vez y no hace
tanto tiempo; se trata de mirar desde 1990 para acá.

En segundo lugar, ha hablado usted de tacañería. ¿A qué se refiere usted,
señor Senador, a la ley de complemento que determina las cuantías máximas
a percibir para el complemento de mínimos? Pues esa ley la promulgaron
ustedes y nosotros lo que hicimos fue cumplirla, pero ni la hemos
inventado, ni la hemos preparado, ni la hemos modificado. Hicimos que se
cumpliera porque llevaba cuatro años sin cumplirse, desde el año 1992.

Por lo tanto, no sé qué puede decirnos de tacañería o no tacañería. No
hemos hecho más que trabajar con lo que teníamos, con la normativa
vigente, que ahora mismo determina todo lo que ustedes tratan de
modificar en las enmiendas que presentan a este título.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Fernández Menéndez. (El
señor Rodríguez de la Borbolla Camoyán pide la palabra.) El señor
PRESIDENTE: Senador Rodríguez de la Borbolla tiene la palabra.




El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: Aparte de haber sido
contradicho, no sé si el hecho de haber sido públicamente interpelado,
con eso de «a qué se refería», daría lugar a alguna aclaración por parte
de este Senador.




El señor PRESIDENTE: Senador Rodríguez de la Borbolla, que sea
contradicho es natural, es un debate. En todo caso, por el artículo 87
tiene dos minutos.




El señor RODRIGUEZ DE LA BORBOLLA CAMOYAN: Señor Presidente, muchísimas
gracias por su generosidad.

Yo he acusado de tacañería, de cicatería e, incluso, de avaricia. La
cuestión es clara, hay propuestas en la ley que podrían haber sido
ordenadas de otra manera. Por ejemplo, cuando el Senador Martín Iglesias
habla de por qué se fija un límite máximo para pagar en caso de haber
percibido una prestación indebidamente, ¿por qué se fija ahora? Cuando
decimos eso nos referimos a que estamos en una situación distinta, una
situación en la que gracias a muchas iniciativas desarrolladas a lo largo
del tiempo en la lucha contra el fraude es mucho más posible.

La Administración tiene hoy datos que no tenía hace unos años y los viene
teniendo gracias a prácticas y a medidas que se han llevado a cabo en los
últimos tiempos. ¿Eso qué significa? Que cuando se descubra una
percepción indebidamente percibida, hoy, primero, será menor el número de
perceptores indebidos y, segundo, seguramente serán personas que no
podrán retornar las cantidades en términos absolutos de una sola vez. Y
por eso se pone hoy una cautela que no hubiese sido posible poner en
tiempos en los que la Administración estaba menos dotada de información.Y
nos referimos, por lo tanto, a medidas posibilistas y realistas para
mejorar la protección de quienes menos protegidos están. (El señor Martín
Iglesias pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Rodríguez de la Borbolla.

Tiene la palabra el señor Martín Iglesias, por el artículo 87 y tiempo de
dos minutos.




El señor MARTIN IGLESIAS: Simplemente, por alusiones.

Creo que las leyes se hacen con carácter general. Por tanto, no hagamos
demagogia en el sentido de decir que sólo va a afectar a las pensiones
más bajas. Casi con toda seguridad va a afectar a aquellas pensiones que
se vean envueltas en una serie de problemas, como el caso de que en un
ciudadano exista la coincidencia de una, dos o, incluso, tres pensiones,
lo cual significa que las leyes las tenemos que aplicar a todos los
ciudadanos, porque si no entraríamos en el mundo de la excepción: para
unos sí y para otros no.

Nada más. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.




-- DECLARACION INSTITUCIONAL EN RELACION CON EL ASESINATO DEL CONCEJAL
DEL AYUNTAMIENTO DE RENTERIA, GuipUzcoa, DON JOSE LUIS CASO CORTINES
(630/000007.)



El señor PRESIDENTE: Voy a dar lectura a una declaración institucional
que ha sido suscrita por los portavoces de todos los grupos
parlamentarios.

El pasado día 12 de diciembre fue asesinado en Irún don José Luis Caso,
vecino de esa localidad y Concejal del Ayuntamiento de Rentería.

El Senado quiere mostrar su más sentida condolencia y su profunda
solidaridad a sus familiares, a sus vecinos y al Partido Popular, en el
que militaba el señor Caso.

Nada puede justificar, ni siquiera explicar un asesinato. El Senado ha
mostrado en repetidas ocasiones su rechazo y repugnancia por actos
análogos a este. Pero la persistencia de los asesinos nos obliga a
reiterarnos en su condena. Si todo asesinato es rechazable, es todavía
más doloroso constatar que la causa del mismo es sólo una: intentar segar
de raíz la libertad de creencias, de opciones personales y políticas y,
aún más, la representación libre y democrática de la ciudadanía.

El señor Caso era un Concejal libre y democráticamente elegido por sus
convecinos, esos a quienes los asesinos



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dicen representar; triste manera la de representar matando.

El Senado, como Cámara integrante de las Cortes Generales y
representante, por ende, del pueblo español y de su soberanía, quiere
hacer saber que está firmemente decidido a seguir ejercitando con
decisión y firmeza su función representativa. Aún más, manifiesta su
solidaridad más absoluta con aquellos representantes de la ciudadanía,
cualquiera que sea su ámbito, que se ven obligados a desempeñar tan noble
tarea en condiciones difíciles y duras de soportar. Queremos que sepan
que hemos estado, estamos y estaremos a su lado. Nuestro aliento no ha de
faltarles.

Una vez más queremos reafirmar la vigencia del Estado de Derecho como
único medio admisible y eficaz para luchar contra la lacra del
terrorismo. Pero esta constatación nos obliga también a un serio
compromiso de no cuestionar o poner en peligro las propias instituciones
del Estado de Derecho. Debilitándolas, todos salimos perjudicados.

Los ciudadanos de España han dado muestras en esta y anteriores ocasiones
de su decidido compromiso personal y colectivo con la democracia y sus
instituciones. El carácter representativo del Senado nos obliga a no
desfallecer en el difícil pero deseable empeño de estar a la altura de
aquellos a quienes legítimamente representamos.

Hasta aquí la declaración institucional. (Aplausos.)



-- PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1998
(Continuación).




El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del Título V, artículos 44 a 53,
Anexo III y Sección 06.

Se debate, en primer lugar, la enmienda número 206, de los señores Nieto
Cicuéndez y Román Clemente.

Tiene la palabra el señor Román Clemente.




El señor ROMAN CLEMENTE: Muchas gracias, señor Presidente.

Intervengo muy brevemente para defender la enmienda 206 en los mismos
términos en que se presentó. Es una enmienda de modificación al Anexo III
del articulado del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado
para 1998 y lo hacemos en coherencia con otras enmiendas anteriormente
presentadas.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Román Clemente.

Enmiendas números 783 a 788 y 832, del Grupo Parlamentario Socialista.

Tiene la palabra la Senadora Arnáiz.




La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Muchas gracias, señor
Presidente.

Intervengo también con brevedad.

Vamos a dividir la defensa de las enmiendas en dos grupos: por un lado,
las números 785, 786 y 787, que se refieren a la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales. Consideramos que al estar autorizada esta
Sociedad a prestar avales con un límite máximo de 300.000 millones de
pesetas, sería conveniente, para mayor transparencia y mayor control
democrático, que el Gobierno autorizara estas operaciones concretas
cuando excedan de 1.000 millones de pesetas.

Asimismo, en el artículo sobre información de avales públicos otorgados,
sería deseable que se aceptase nuestra enmienda por la cual, igual que el
Gobierno informa trimestralmente al Congreso y al Senado del importe y
características principales de los avales, también informe la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales.

Finalmente, la tercera enmienda es para que la información sobre créditos
autorizados también abarque a los créditos autorizados en el Anexo III de
la presente Ley de Presupuestos, que son por un importe global de unos
675.000 millones de pesetas.

Las otras enmiendas se refieren a algo que consideramos básico en nuestro
postulado sobre la financiación del servicio público de televisión: que
la asunción de la deuda del Ente público de Radiotelevisión Española se
haga por parte del Estado. Ya lo pedimos el año pasado y no conseguimos
convencer al Grupo del Gobierno y lo seguimos pidiendo en este caso, pero
este año con más argumentos. Uno es el acuerdo del propio Consejo de
Administración, que en el momento de discutir el anteproyecto de
presupuestos de Radiotelevisión Española, solicita al Gobierno y a las
Cortes Generales la elaboración de un plan de asunción de la deuda
acumulada por el Ente y la concesión de subvenciones necesarias para que
en 1998 la deuda no supere la cifra acumulada al final de 1997. Si el año
pasado el Gobierno hubiera aceptado nuestra enmienda hubiéramos evitado
que la deuda acumulada se hubiera multiplicado por dos, hubiera sido
mucho más fácil sanear financieramente la televisión pública.

Hay otro dato más durante el presente ejercicio, y es el nuevo Protocolo
sobre el sistema de radiodifusión pública, que se ha firmado en
Amsterdam. En este Protocolo se conviene algo que el año pasado no
teníamos, y es una disposición interpretativa que modifica el Tratado de
la Comunidad Europea por la cual se reconoce la facultad de los Estados
miembros de financiar directamente el servicio de radiodifusión en la
medida en que la financiación se conceda a los organismos de
radiodifusión para llevar a cabo esa función de servicio público tal y
como ha sido atribuida, definida y organizada por cada Estado miembro.

El año pasado, la financiación mixta de la televisión pública se
consideraba una competencia desleal. A partir de esta modificación del
Tratado de Maastricht no puede considerarse competencia desleal, está
reconocida, se modifica el Tratado de la Unión Europea en el sentido de
que se reconoce el derecho y el deber de los Estados a financiar los
servicios públicos de radiodifusión. Ese es un segundo punto que avala
más nuestra posición.

En tercer lugar, hay un verdadero clamor de intelectuales, titulares de
prensa, radio y televisión en cuanto a



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la inseguridad y la preocupación que, juntamente a la degradación de los
contenidos de televisión, ofrece al ciudadano el desequilibrio financiero
de un servicio público de primera magnitud.

Queremos poner las cosas en su sitio y si el Partido Popular en la
subcomisión que se ha constituido pide consenso para tratar como un pacto
de Estado el sistema de financiación estable para Radiotelevisión,
nosotros también queremos que haya un gesto de consenso en estos
Presupuestos y que lo que es un clamor de los profesionales, del Consejo
de Administración, de intelectuales, de los propios ciudadanos, del
propio Defensor del Pueblo, lo que es un clamor para la seguridad
financiera de la Televisión pública, sea visto por el Partido Popular
como algo, por lo menos, negociable.

En cuanto al único argumento que da el Partido Popular para no aceptar la
asunción de esta deuda por parte del Estado que es la entrada en
Maastricht, quizás el año pasado ese argumento tenía mucho más sentido
por cuanto lo de Maastricht se planteaba como un reto. En este momento
prácticamente es imposible que ninguno de los países que se lo proponga
dejen de entrar en Maastricht. En Maastricht va a entrar todo el mundo y
España, por supuesto, también. El hecho de que una financiación
extrapresupuestaria para un ente público, como la Radiotelevisión, entre
directamente a financiarse por parte del Estado no cuestiona en absoluto
la entrada en Maastricht y, sin embargo, el hecho de trampear --entre
comillas dicho-- extrapresupuestariamente las cuentas de los Presupuestos
del Estado sí nos puede hacer más difícil, dada la disciplina
presupuestaria que una vez entrado en Maastricht nos va a someter la
Comunidad, la permanencia del primero, segundo o tercer año después de la
entrada.

Por tanto, desde esa petición de consenso y de intentar llegar a puntos
de encuentro y no a puntos de confrontación, que decía el señor López
Amor cuando compareció en la Comisión de Presupuestos, desde esa petición
de que no se utilice políticamente algo tan politizado desde su propio
nombramiento y desde tantas cuestiones, es desde la que nosotros
proponemos que se considere nuestra posición que es al mismo tiempo la
del Consejo de Administración, que además se votó por mayoría y se ganó
--el resultado fue 6 votos a favor y 5 en contra--, que el Partido
Popular acepte los controles democráticos de los que se ha dotado por el
propio Consejo de Administración y no imponga lo que es una mayoría
numérica, una mayoría puramente mecánica y parlamentaria a lo que es una
necesidad, un requerimento social y una mayoría social que está pidiendo
tener una seguridad financiera, que se busque el equilibrio financiero,
que se proponga un marco financiero estable para la Televisión y que esto
se haga, además, no en la soledad de la mayoría numérica, sino con el
consenso, como no podría ser de otra forma, de los demás Grupos políticos
y, en este caso, del Partido Socialista.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora Arnáiz de las Revillas.

Para turno en contra, el Senador Alierta tiene la palabra.




El señor ALIERTA IZUEL: Muchas gracias, señor Presidente.

El Título V del proyecto de ley que nos ocupa trata de las operaciones
financieras y se debate conjuntamente con la Sección 06 que son gastos
financieros.

Este Título solía tener una enmienda de totalidad, así como la Sección
06, cuando el Grupo Parlamentario Popular estaba en la oposición. La
realidad es que recibe muy pocas enmiendas y son muy pequeñitas sobre
temas muy puntuales.

Debo destacar, por lo tanto, que es un Título que no tiene ni veto ni
enmiendas que tengan entidad. Nos estamos refiriendo a un Título que
regula una serie de operaciones financieras y a la Sección 6 que parece
que pasa desapercibida, pese a que van a ser más de tres billones de
pesetas lo que en esa Sección se consignan para pagar gastos financieros,
es decir, intereses de la deuda. El que esta Sección pase desapercibida
para los grupos parlamentarios que enmiendan no deja de ser algo positivo
para lo que significan los Presupuestos Generales del Estado que estamos
debatiendo.

Los Presupuestos reflejan la política financiera. Para esta Sección 06,
Gastos Financieros, se consignan tres billones largos de pesetas. Las
operaciones financieras, sin embargo, no son objeto de enmienda ni de
veto, ni de enmienda de totalidad. Las enmiendas --lo ha señalado la
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y el portavoz de Izquierda
Unida-- piden a efectos muy puntuales que se proporcione información
sobre los avales que da el Estado y la SEPI. El artículo se llama
«Información sobre Avales Públicos» y la información que se pide se
extiende a todos ellos, independientemente de que se pueda pedir
información más precisa.

Exigirle al Gobierno autorice avales mayores de 1.000 millones de pesetas
cuando el Congreso ya ha autorizado, y esperemos que también lo haga el
Senado, avales a esta sociedad por un importe muy superior, sería
duplicar la autorización. Es más importante la de las Cortes.

Estamos tocando aspectos muy puntuales de un Título que tiene una
importancia primordial, puesto que sobre él pivota el conjunto de los
Presupuestos. Debo señalar que se van a pagar tres billones largos de
pesetas por intereses. Pero, por primera vez después de mucho tiempo, en
los Presupuestos para 1998 la dotación disminuye respecto de las de
ejercicios anteriores, puesto que habían sufrido unos incrementos muy
importantes: 2,3 billones de pesetas en 1993 hasta los tres billones
451.000 que hubo que consignar para el año 1997 y un crecimiento en los
gastos financieros que se ven por primera vez truncados.

Esta es la consecuencia lógica del incremento de la deuda. También por
primera vez la autorización de deuda disminuye en comparación con otros
ejercicios. ¿Tiene esto importancia? Evidentemente que tiene importancia.

¿Tiene importancia para el Estado? Evidentemente.

Si sus señorías dividen los tres billones y medio que se van a pagar de
intereses en 1997 por el número de días, por 365, encontrarán que los
gastos por intereses



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son de 10.000 millones de pesetas diarios. Estamos pagando 10.000
millones de pesetas diarios de intereses.

Hoy se ha dicho aquí que el problema de la educación es un problema de
dinero. ¿De cuánto? ¿De 20.000 millones? ¿Dos días de intereses? ¿De
50.000 millones? ¿Cinco días de intereses? El problema de la sanidad
también es de dinero. ¿Cuánto nos ha costado? ¿200.000 millones? Veinte
días de intereses. Asimismo, la financiación de las autonomías costaría
200.000 millones. Veinte días de intereses. Con lo que pagamos en una
semana de intereses resolvemos prácticamente los problemas de casi todas
las demás secciones. En tres meses pagamos más intereses que lo que
suponen las inversiones del Estado. ¿Qué les ha pasado a los Presupuestos
durante los últimos años? Que los intereses, como consecuencia del
endeudamiento, han ido desplazando los demás gastos.

Señora Senadora ha formulado usted enmiendas al organismo público de
Radio Televisión Española. Prácticamente el conjunto del Título V hace
referencia a Radiotelevisión Española. ¿Qué le pasa a Radiotelevisión
Española? ¿Por qué dicen ustedes que asuma su deuda el Estado? Porque la
deuda que ha ido acumulando, pero no en 1997 ni en 1996 sino desde hace
muchos años, Radiotelevisión Española va generando unos gastos
financieros que se comen al organismo.

Han cogido un mal ejemplo para debatir el Título sobre gastos financieros
porque no podemos obviar la gestión de Radiotelevisión Española que
hicieron los gobiernos socialistas. Han escogido un ejemplo muy llamativo
porque las finanzas de Televisión son mucho más visibles que las finanzas
del Estado, que las finanzas públicas, a la vista de la situación a la
que hemos llegado.

Mire, señora Senadora, no se asume deuda pública de Televisión Española
por tratar de perjudicar a Radiotelevisión Española. Esta es una fórmula
que se ha dejado de utilizar. ¿Por qué? Pues en parte, como bien dice su
señoría, porque, con arreglo a los criterios de contabilización, si se
asumen deudas de otros organismos, la parte que se amortiza y la parte
que se paga con intereses se debe contabilizar como una transferencia de
capital en los ejercicios en que las amortizaciones vencen y en que hay
que pagar los intereses.

Es decir, esa formula de financiar «quedándome deuda por detrás» no la
consiente la Unión Europea y la asume como si fuera una transferencia de
capital. Por tanto, esa fórmula ingeniosa que se utilizó en su día para
financiar sin aumentar el endeudamiento, o aumentándolo por la puerta de
atrás, ha dejado de aplicarse. Pero no es que haya dejado de aplicarse
para Televisión Española, es que ha dejado de aplicarse como tal fórmula.

Y es que, señoría, en los presupuestos para los ejercicios de los años
1991, 1992, 1993, 1994, 1995, e incluso en los del año 1996, aparece
asunción de deuda por el Estado, pero la del Estado en Televisión aparece
en 1994, y en los ejercicios anteriores aparece en «otros organismos»,
concretamente el Instituto Nacional de Industria, mientras existió, y la
Agencia Industrial del Estado en el proyecto que ustedes presentaron para
1996. La Corporación Siderúrgica Integral aparece un año, el Comité
Organizador Olímpico de Barcelona aparece en el año 1993, Tabacalera en
el año 1992, el FORPPA en 1989... Es decir, ésta es una fórmula que se ha
utilizado profusamente en los últimos años y que ha dejado de utilizarse
en el momento en que la Unión Europea ha establecido unas normas de
contabilización.

Por tanto, señora Senadora, si no se asume hoy deuda del Ente Público
Radiotelevisión Española, no es porque se quiera perjudicar a este
organismo ni muchísimo menos, es porque esa fórmula de intentar financiar
por detrás se ha soslayado por parte de la Unión Europea.

¿Qué le pasa a Televisión Española? Pues que la gestión que ha habido ha
sido netamente deficitaria y, como consecuencia de ello, se ha ido
acumulando deuda. Y esa deuda que se ha ido acumulando, disminuida en la
parte que ha sido asumida por el Estado por la puerta de atrás, ha ido
generando gastos financieros. Y la reducción máxima de gastos que ustedes
proponen en su enmienda es una reducción de gastos financieros.

¿Y cuál es la solución que puede haber para Radiotelevisión Española?
Pues la misma que para el Estado: evitar que aumenten los gastos
financieros en la Sección 08 del Título V, como ha pasado hasta ahora, y
que en el futuro esa disminución de gastos financieros se pueda asumir.

¿Y qué hace falta para disminuir gastos financieros? Pues dejar de
aumentar la deuda. Señoría, si usted mira la evolución de los
presupuestos de Radiotelevisión Española en los últimos ocho ejercicios,
observará cómo van creciendo. En este ejercicio es cuando empiezan a
alcanzar su cenit para que, una vez que se consoliden, esa política pueda
hacerse.

Estas instituciones son como esos petroleros de 200.000 mil toneladas en
los que hay que empezar a maniobrar 50 millas antes de llegar al puerto.

Son como el Ayuntamiento de Zaragoza --que me lo conozco muy bien-- o
como el Estado. Van movidas por una inercia, y para poderlas llevar en
otra dirección hace falta girarlas, como los petroleros, 50 millas antes.

Y Televisión Española viene ya con una costumbre de déficit implícito en
su explotación que se va acumulando. Eso es lo que hay que corregir. El
día que ese déficit se corrija se podrá ir enderezando todo el sistema.

Eso es lo que se está haciendo.

Y las propias cifras de los presupuestos de Radiotelevisión Española que
aparecen en sus presupuestos a lo largo de los últimos años le demuestran
a usted, señoría, como es esa evolución. Si quiere le puedo leer las que
tengo en este cuadro, las del Ente público Televisión Española o las de
Radio Nacional de España.

Señora Senadora, hace unos años, en la Comisión de Presupuestos de esta
Cámara el señor García Candau se presentó diciendo que para solucionar
los problemas estaba él. La Senadora Agüero le decía que estaba
preocupada por las consecuencias económicas de las televisiones privadas,
y el señor García Candau nos dijo lo siguiente, y consta en el «Diario de
Sesiones»: No se preocupen, que para eso estoy yo.

Pues esto es lo que nos ha dejado. Y no sólo eso, porque sería
conveniente hacer un ejercicio para saber cuál



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habría sido la evolución financiera si no se hubiera producido la
asunción de deuda por el Estado, para conocer su auténtica evolución.

Señora Senadora, estamos recogiendo las consecuencias de la gestión del
señor García Candau, como, paralelamente, tenemos las consecuencias de la
gestión financiera que ustedes llevaron a cabo. Si no tuviéramos que
pagar los intereses de la deuda que ustedes acumularon, ¡fíjense la de
cosas que podríamos hacer! Pues bien, de momento vamos pagando los
intereses, vamos haciendo mucho; vamos cambiando ese petrolero, y en
lugar de pagar cada vez más intereses, estamos pagando menos. Este es el
futuro de este país. Como decía al referirme al Título I, el truco para
atender las necesidades sociales, no aumentar la presión fiscal y reducir
el déficit está en este Título. En lugar de que aumenten los gastos
financieros, éstos empiezan a bajar, y los descensos son de 400.000
millones --que se dice pronto--, mientras que los aumentos que ustedes
llevaron a cabo eran de 500.000 millones --que también se dice pronto--.

Como digo, ése es el truco financiero. Y en Televisión Española,
permítame que se lo diga por experiencia, se debe hacer lo mismo; lo
contrario, financieramente, de lo que hizo el señor García Candau, no sé
si porque no supo o porque no pudo, aunque él nos dijo aquí que lo iba a
intentar. Pero el fracaso de este señor en términos financieros es
antológico.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Gracias, Senador Alierta.

Abrimos turno de portavoces.

¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió?
(Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la Senadora Arnáiz de las
Revillas.




La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Gracias, señor Presidente.

Señor Alierta, verdaderamente, para mí es una sorpresa la pobreza de
ideas, de mensajes, de proyecto político que ustedes exhiben
continuamente; al menos, cuando se trata de Televisión, aunque también en
más ocasiones. Pero, como digo, hablando de Televisión es absolutamente
inconcebible que no tengan siquiera un marco financiero estable, un
proyecto que echarse a la boca, que no digan lo que quieren para una
televisión pública.

Ustedes tienen algo con lo que creen que van a ganar las elecciones, y
nada más; no les importa nada más. Parece mentira que todavía estén
hablando del pasado, de lo que hizo el señor García Candau. Es una
lástima que no esté aquí ahora, porque no estaríamos amenazando con tener
en el 2000 un billón de pesetas de déficit.

Voy a darle algunos datos. Por ejemplo, el que en el 2000 un billón de
pesetas de déficit es irrecuperable, lo sabe usted. ¿Qué va a hacer
entonces el Partido Popular? ¿Establecer un canon? ¿Privatizar? Porque
sus intenciones son absolutamente ocultas. Además, las va a llevar a cabo
en contra de todos los agentes sociales, en contra de la opinión de todo
el mundo, y a favor exclusivamente de una política partidaria,
partidista. Por eso no dice lo que piensan hacer.

Me voy a referir a otro dato. ¿Sabe usted que con los intereses anuales
que paga Radiotelevisión Española emite toda su programación anual una
empresa como Telecinco? Insisto, exclusivamente con lo que paga en
intereses anuales, Telecinco emite durante todo el año, con las mismas
horas de programación. ¿Cree, pues, que es necesario un saneamiento
financiero?
Son tres los problemas de Televisión. Y ésta no es una enmienda menor
porque a usted le guste hablar de deuda o de avales. Me gustaría hablar
de televisión en televisión, pero, por mor de los Presupuestos del
Gobierno del Partido Popular, tengo que hacerlo aquí. Los problemas que
tiene Televisión son tres: uno, de saneamiento financiero; otro, de
saneamiento ético, y otro, de saneamiento democrático. Los tres van
unidos, y aunque hay que acometer los tres a la vez, en estos
Presupuestos, en que estamos hablando de números, hay que realizar un
saneamiento financiero, y ustedes se niegan. ¿Qué intenciones tienen?
Está clarísimo para todos.

Paso a darle otra cifra. La deuda anual, no la acumulada, es equivalente
a tres o cuatro veces las pérdidas que ustedes denuncian de la Expo de
Sevilla en 1992. En un sólo año ustedes acumulan el equivalente a tres o
cuatro Expo como la de 1992. En este tema nosotros no vamos a hacer una
política revanchista, ni de tierra quemada. Tampoco vamos a decir que les
lleven a los tribunales, aunque todo podría llegar. Vamos a ver qué tono
adquiere la política en este país; si sigue el que ustedes marcan,
llegaríamos a eso. Pero no lo pretendemos, he venido hablando de
consenso, he pedido que estudien algunas de nuestras enmiendas para
intentar negociar. No nos hagan ser convidados de piedra en esa
Subcomisión que ustedes han inventado. Eso es lo que yo le quiero decir y
no es un tema menor.

No me ha contestado nada sobre la transparencia que yo pido para la SEPI.

Usted no quiere transparencia. El Partido Popular no quiere ningún
control democrático, ni del Parlamento ni del Consejo de Administración
ni de los organismos de contenidos televisivos. Quiere un despotismo de
mayorías absolutas. Eso es lo que quiere el Partido Popular. Desde el
principio de mi intervención les estoy pidiendo que demuestren algo,
porque yo estoy dando cifras, argumentos y usted sólo me habla del
pasado. Yo estoy harta de hacerlo. Ustedes están gobernando para mirar al
futuro. Tienen la obligación con los ciudadanos y con la oposición de
decir qué quieren hacer, cuál es su proyecto y de qué quieren hablar en
televisión, en la transparencia y en las relaciones democráticas.

No vale la pena que me entretenga más. Habrá tiempo, espero, de hablar
del proyecto de televisión.

Señor Alierta, no me ha contestado satisfactoriamente a nada. Supongo que
ni siquiera usted tiene la posibilidad de hacerlo y que muchos de los que
se sientan en esos escaños están en el fondo mucho más de acuerdo con el
Grupo Parlamentario Socialista que lo que les permite



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pronunciarse el Gobierno y los poderes fácticos que mandan en este
Gobierno.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora.




Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Agramunt.




El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Muchas gracias, señor Presidente.

Supongo que estamos en el debate de Presupuestos. Digo supongo, porque me
ha parecido oír hablar de exposiciones universales, de contenidos
televisivos, de políticas de televisión, de políticas de información, de
las cuales, señor Presidente, la Senadora que me ha precedido en el uso
de la palabra y yo llevamos ya bastantes meses --su Grupo y el mío--
debatiendo y coincidiendo --yo creo que, seguramente, al final
coincidiendo muchísimo--, con lo cual, a mi me sorprende que en un debate
de Presupuestos vuelvan a salir recurrentemente cuestiones que, además,
muchas de ellas están superadas.

El otro día en Comisión nos decían que había que organizar la famosa
Subcomisión de la Comisión Constitucional del Congreso --o al menos así
lo entendí yo--, y el hecho es que ya estaba constituida, es decir, que
estamos dando vueltas a cuestiones que yo creo que tienen poco que ver.

Sin embargo, usted centra la situación --me parece bien-- en el déficit
--usted lo llama déficit, pero no lo es; en definitiva, es suma de gastos
de un ente público, pero, de cualquier modo, utilizo su palabra-- y se
pregunta a dónde vamos a llegar. Yo se lo voy a explicar de forma muy
sencilla, tal como lo hacían ustedes, que es lo que ustedes quieren que
hagamos nosotros ahora y no queremos. Creemos que la fórmula actual de
endeudamiento externo es mucho más transparente y mucho más justa,
incluso, con el Presupuesto global del Estado.

A partir de ahí, ustedes se empeñan --y ése es el sentido fundamental de
su enmienda, como también el de la de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya-- en que, en lugar de que el ente se endeude externamente,
vayamos a una asunción de la deuda por parte de los Presupuestos
Generales del Estado, que es lo que ustedes hicieron en los años 1994,
1995 y 1996, por un importe total --se lo puedo dar por años-- de 231.900
millones de pesetas, exactamente la misma cantidad que dejaron ustedes en
el año 1996. Sumando ambas cifras, señor Presidente, la que ya estaba
como deuda del ente público a fecha del año 1996, más lo que en los años
1994, 1995 y 1996 habían asumido los Presupuestos Generales del Estado,
de acuerdo con su teoría financiera, que es diferente a la nuestra
--tampoco es ni mejor ni peor--, sumaban los famosos 500.000 millones de
pesetas de deuda que les sonarán y que eran ciertos a esa fecha. Lo que
pasa es que ustedes habían eliminado de las deudas de Radiotelevisión
Española la mitad, asumiéndolo los Presupuestos Generales del Estado.

Nosotros creemos sinceramente que es mucho más transparente y razonable
hacerlo como se está haciendo. Le diré más. Me sorprende que ante unos
Presupuestos como los de este año 1998 de Radiotelevisión Española tengan
ustedes una posición tan indómita. Fíjese en que es un Presupuesto que
disminuye el gasto en más de 18.000 millones de pesetas, en términos
porcentuales, el 7,16 por ciento; que el gasto corriente decrece dos
puntos porcentuales; que la disminución de los gastos y la mejora de los
ingresos, que ahora diré, van a permitir una reducción de 30.000 millones
de pesetas. Estamos hablando de un Presupuesto que, por ejemplo, en
servicios exteriores disminuye casi el 5 por ciento; o que, en gastos
financieros, se sitúa en un 5,18 por ciento de disminución, de reducción.

Hasta ahora, estamos hablando siempre de reducción en gastos financieros,
corrientes, de servicios externos, en definitiva, de gastos, y ahora voy
a hablar de incrementos, señor Presidente. En este Presupuesto se
incrementan los ingresos comerciales, pese a todas esas disminuciones, el
5,1 por ciento. Si esto fuera algo diferente de lo que ustedes ya
conocen, estoy seguro de que serían muchos de ustedes y de nosotros
--también de ustedes, naturalmente-- los que nos felicitaríamos por la
gestión que se está haciendo hoy en Radiotelevisión Española. Menos
gastos, más ingresos y, en definitiva, una diferencia simplemente en la
forma de financiar el exceso de gastos sobre los ingresos, que nosotros
entendemos, con toda sinceridad, que es mucho más razonable, mucho más
justa y técnicamente incluso mucho mejor. No tiene ninguna dificultad, no
ofrece ningún problema, tiene el mismo costo que el otro sistema de
financiación que aplicaban ustedes, y no tiene ninguno de los
inconvenientes que tenía aquél.

Muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Agramunt.

Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve de la mañana.




Eran las veintiuna horas y quince minutos.




(El debate continúa en el Diario de Sesiones número 70, del martes 16 de
diciembre de 1997.)



CORRECCION DE ERRORES:



En el Diario de Sesiones número 68, correspondiente a la Sesión Plenaria
del miércoles, 3 de diciembre de 1997, en la página 2898 y en la
intervención de la señora Do Campo Piñeiro, tercer párrafo, donde dice:
«... tengo que decirle, señoría, que ustedes meten en el mismo saco el
aumento de los ingresos de los trabajadores, el facilitar actividades
extraprofesionales, el conceder horarios obligatorios...», debe decir:
«... tengo que decirle, señoría, que ustedes meten en el mismo saco el
aumento de los ingresos de los trabajadores, el facilitar actividades
extraprofesionales o de ampliación de excedencias, el conceder horarios
obligatorios...».

En el mismo párrafo, donde dice: «Y entre todo esto, introducen también
que se reduzca la edad de los trabajadores...», debe decir: «Y entre todo
esto, introducen también que se reduzca la edad máxima de los
trabajadores...».