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BOCG. Senado, serie II, núm. 64-c, de 09/12/1997
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BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

SENADO

VI LEGISLATURA

Serie II: 9 de diciembre de 1997 Núm. 64 (c)

PROYECTOS DE LEY (Cong. Diputados, Serie A, núm. 84

Núm. exp. 121/000082)

PROYECTO DE LEY

621/000064 De Presupuestos Generales del Estado para 1998.


PROPUESTAS DE VETO

621/000064

PRESIDENCIA DEL SENADO

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento del

Senado, se ordena la publicación en el BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES

GENERALES de las propuestas de veto presentadas al Proyecto de Ley de

Presupuestos Generales del Estado para 1998.


Palacio del Senado, 2 de diciembre de 1997.--El Presidente del Senado,

Juan Ignacio Barrero Valverde.--La Secretaria primera del Senado, María

Cruz Rodríguez Saldaña.


PROPUESTA DE VETO NUM. 1

De doña Inmaculada de Boneta y Piedra (GPMX).


La Senadora Inmaculada de Boneta y Piedra, al amparo de lo previsto en el

artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de

veto.


Se solicita su devolución al Gobierno.


JUSTIFICACION

La enmienda a la totalidad con petición de devolución al Proyecto de Ley

de Presupuestos Generales del Estado para 1998 que se plantea, se basa en

las siguientes consideraciones:


En primer lugar cabe destacar el incumplimiento de la atribución

competencial establecida en el Estatuto de Autonomía del País Vasco (LO

3/1979, de 18 de diciembre) en materias básicas para el desarrollo del

autogobierno como son las relativas a la transferencia del régimen

económico de la Seguridad Social (artículo 18 del Estatuto de Autonomía

del País Vasco), INEM, políticas de empleo y ejecución de la legislación

laboral (artículo 12.2 EAPV), así como de la Investigación Científica y

Técnica --en coordinación con el Estado-- (artículo 10.16 EAPV).


Las citadas transferencias pendientes, vitales para el desarrollo de

políticas sociales y económicas, que redunden en la calidad de vida y

bienestar de la ciudadanía vasca, se presupuestan y ejecutan a través de

los Presupuestos Generales del Estado y, concretamente, se contemplan en

el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1998, al igual que

un listado de 39 materias pendientes de transferencia. Desde el punto de

vista de Eusko Alkartasuna, sólo esta situación, justifica el rechazo de

esta formación a los Presupuestos Generales del Estado para 1998.


Desde Eusko Alkartasuna, consideramos, además que este Proyecto de Ley

confía más en el buen comportamiento de la evolución de la Economía y,

por consiguiente, del ingreso. Por el contrario, no aborda con decisión

la contención del gasto público, política que permite mantener con

seguridad objetivos presupuestarios y la entrada en la moneda única.





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Desde una visión macroeconómica, este Proyecto de Presupuestos sólo puede

calificarse de continuista porque carece de iniciativa política. No

abordan reformas estructurales, una opción que es factible en una

situación de bonanza económica. En la atonía de sus programas no se

observa el desarrollo de nuevas políticas activas de creación de empleo,

ni la adopción de medidas tendentes a corregir y superar el problema más

importante y preocupante para el conjunto de los ciudadanos y las

ciudadanas del Estado, los altos índices de paro. El comportamiento del

empleo que ha vuelto a descender en el mes de octubre y los datos que

apoyan la duda sobre su recuperación significaría, aún en momentos

óptimos de crecimiento económico, exigen la adopción de medidas que no se

observan en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998.


Junto a la ausencia de una política que impulse la creación de empleo, se

observa una regresión en la cobertura del desempleo que sufre una caída

del 2,7%.


En otro orden de cosas las inversiones previstas en la Comunidad Autónoma

del País Vasco y en Navarra, distan mucho de aproximarse a las que

corresponderían en relación a las aportaciones realizadas vía cupo, en

aquellas competencias no transferidas. Sirva de muestra la escasa

participación en términos porcentuales en el reparto de los Fondos

estructurales o en otras inversiones estatales en costas, puertos,

aeropuertos, etc.


Por el contrario, proyectos tan importantes para estos territorios como

«Y» ferroviaria vasca o el Canal de Navarra, reciben una dotación de 250

millones de pesetas en el primer caso y un tratamiento similar en el

segundo. Desconociéndose la posición del Gobierno en torno al canal que

carece de partida concreta. En general la inversión en infraestructuras

vitales para el desarrollo económico es restrictiva, cuestión

difícilmente justificable ni tan siquiera aduciendo la política de

austeridad que requiere el cumplimiento de criterios para alcanzar en la

primavera del 1998, la entrada en la moneda única.


Por lo que se refiere a los Presupuestos previstos para I+D, adscritos en

su mayor parte a los Ministerios de Industria y Educación, siguen

anclados en porcentajes inferiores en relación con el PIB, reduciendo el

peso relativo de estas dotaciones respecto al de países del entorno

comunitario, quedando también muy por debajo del nivel relativo de lo

consignado en la mayor parte de las Comunidades Autónomas. En este

sentido, se puede afirmar que este Proyecto de Ley no apuesta por un

futuro de progreso ni por una industria científica y tecnológicamente

puntera.


Por último, Eusko Alkartasuna considera que la solidaridad con los Países

en vías de desarrollo sigue siendo una asignatura con calificación de

«deficiente»; alejándose del 0,7% que insistentemente se viene

demandando.


Palacio del Senado, 26 de noviembre de 1997.--Inmaculada de Boneta y

Piedra.


Los Senadores José Luis Nieto Cicuéndez y José Fermín Román Clemente, IU

(Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del

Senado, formulan la siguiente propuesta de veto al Proyecto de Ley de

Presupuestos Generales del Estado para 1998.


Palacio del Senado, 27 de noviembre de 1997.--José Luis Nieto Cicuéndez y

José Fermín Román Clemente.


PROPUESTA DE VETO NUM. 2

De don José Luis Nieto Cicuéndez y

don José Fermín Román Clemente

(GPMX).


Los Senadores José Luis Nieto Cicuéndez y José Fermín Román Clemente, IU

(Mixto), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del

Senado, formulan la siguiente propuesta de veto.


VETO AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 1998

El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida solicita la devolución

al Gobierno del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para

1998, por las siguientes razones:


-- Se trata de unos presupuestos elaborados independientemente de las

necesidades de la economía real y, muy especialmente, por no orientarse a

la creación de empleo y la reducción sustancial de la alta tasa de

desempleo que padece nuestro país, y que podríamos abordar con un

desarrollo solidario del crecimiento económico actual.


-- Consolidan un modelo de crecimiento desigual tanto en los ingresos

como en los gastos: el crecimiento económico no significa mayores

ingresos por impuestos directos de los beneficiarios de este crecimiento

y por contra se produce un incremento de la imposición indirecta,

consumo, tasas, precios públicos; con un fuerte incremento de los gastos

fiscales que hace más regresiva la política impositiva y los gastos son

regresivos e insolidarios por no hacer frente a las necesidades

prioritarias de los ciudadanos: el empleo, corrección de desequilibrios

territoriales y las desigualdades sociales.


-- Se cimenta en un concepto ultraliberal que desmonta el sector público

y deteriora sus servicios al reducir el peso del gasto del Estado con

relación al incremento de los ingresos y trasladar a la iniciativa

privada la prestación de los servicios públicos como la educación y la

sanidad.


-- Maquillan las cifras de los Presupuestos y déficit público, agudizando

las privatizaciones hasta 1,5 billones de pesetas, reduciendo las

transferencias del Estado a organismos prestadores de servicios y

empresas públicas en general e hipotecando futuros presupuestos con una

economía creativa que le cuesta arrancar (en el año 1997 no ha

funcionado), y que camufla contablemente para años futuros un gasto que

se ejecuta en éste.


-- El mal ejemplo del Estado como el mayor empresario del país que

renuncia a la oferta pública de empleo para mantener la calidad de los

servicios públicos (mientras que incrementan en 500 el personal de

confianza del




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Presidente y los Ministros) y renuncia al mantenimiento del poder

adquisitivo de los dos millones de empleados públicos y la revalorización

de la pensión mínima acercándola al salario mínimo.


-- Constatan el fracaso del sistema de financiación autonómica al no

garantizar las transferencias de educación y por tanto la cesión del 30%

del IRPF, a la vez que ofrecen una imprevisión presupuestaria de las

cuantías a cada Comunidad Autónoma por la participación en los ingresos

del Estado, no precisan la distribución del Fondo de Nivelación, anulan

la deuda histórica a las Comunidades que lo tenían reconocido por el

Estatuto de Autonomía, mientras que los presupuestos son un verdadero

almacén que cuantifica las partidas precisas para el apoyo de CiU y

Coalición Canaria.


-- Son unos presupuestos condicionados por una política monetaria cuyo

único objetivo es el euro lo más rápidamente posible y al menor costo, al

que se supeditan criterios macroeconómicos que alejan la cohesión social

y económica de España en Europa y abren un marco presupuestario exigido

por el Pacto de Estabilidad que debilitará nuestra economía a favor de

las grandes economías y sus beneficiarios.


Por todo ello Izquierda Unida propone la devolución al Gobierno para su

reelaboración sobre la base de los siguientes criterios:


1. Una política fiscal sin privatizaciones, con una reducción

significativa de los gastos fiscales, un incremento de la progresividad

fiscal hacia plusvalías, rentas del capital, una reducción de la

imposición indirecta y de las tasas y la incorporación de tasas con

finalidad medioambiental.


2. Una política de gasto centrada en el incremento del empleo estable y

la drástica reducción de la contratación temporal con reformas legales y

fomento de ayudas al contrato de sustitución, drástica reducción de las

horas extraordinarias y reducción de la jornada laboral, todo ello unido

a un plan social de empleo de contratación pública a través de las

distintas Administraciones, así como la recuperación de capacidad

adquisitiva de los empleados públicos.


3. Un mayor protagonismo de la Administración Pública en políticas

activas, el incremento sustancial de la inversión y contención del gasto

militar reduciendo gasto corriente y modernización en el proceso de

ejército profesional, y destinando un incremento sustancial de la

inversión para corregir los desequilibrios territoriales, incidiendo

especialmente en la potenciación del transporte ferroviario y las

inversiones medioambientales.


4. Un aumento en la calidad y cantidad de los servicios públicos como

educación, investigación y desarrollo, justicia, cultura, sanidad, etc.,

elevando esas partidas presupuestarias para mejorar los servicios

públicos que proporcionan.


5. Un sistema de financiación de los entes territoriales basado en mayor

dotación para los Municipios, sistema de financiación autonómica más

solidario y con reconocimiento de deuda histórica y una Administración

periférica más reducida y eficaz que facilite la ventanilla única.


El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el

Reglamento del Senado, formula 1 propuesta de veto al Proyecto de Ley de

Presupuestos Generales del Estado para 1998.


Palacio del Senado, 1 de diciembre de 1997.--El Portavoz, Juan José

Laborda Martín.


PROPUESTA DE VETO NUM. 3

Del Grupo Parlamentario Socialista

(GPS).


El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el

artículo 107 del Reglamento del Senado, formula la siguiente propuesta de

veto a la totalidad.


JUSTIFICACION

Los socialistas hemos impulsado desde el Gobierno y dado pruebas

suficientes desde la oposición de nuestro apoyo al proceso de

convergencia y a los ajustes necesarios en nuestro sistema económico para

lograr la integración en la Unión Económica y Monetaria. Sin embargo, no

podemos compartir las vías y procedimientos utilizados por el Gobierno

para conseguir dicho objetivo, que sólo sirve de excusa al Gobierno del

PP para proceder a un ajuste presupuestario insolidario e injusto en el

reparto de sus costes.


Este ajuste ha venido recayendo en la población con menores rentas y se

ha basado en una descapitalización del patrimonio colectivo y el abandono

de las responsabilidades que corresponden al sector público. De esta

forma, en los Presupuestos de 1998, ni se recupera el nivel de inversión

pública en infraestructuras y equipamientos, ni se dota suficientemente

el sistema de Salud y de Educación con lo que aumentarán las

desigualdades en el acceso a servicios públicos esenciales.


El Presupuesto utiliza procedimientos contables, que hurtan al Parlamento

la responsabilidad constitucional que tiene encomendada y le privan de la

información precisa para tomar decisiones.


Prueba de lo anterior es la despresupuestación de los ingresos por

privatizaciones, el tratamiento de las subvenciones a las empresas

públicas y la utilización que se hace de las cotizaciones contributivas

de la Seguridad Social, que pueden llevar a ésta a una situación

financiera grave.


En cuanto a los Ingresos, los Presupuestos para 1998 reflejan la pérdida

de capacidad recaudatoria del sistema fiscal, como consecuencia de las

medidas que sigue adoptando el Partido Popular en materia de tributación

de las rentas del capital y en beneficio de los sujetos pasivos de mayor

capacidad económica, trasvasando recursos desde el Sector Público al

privado que no garantizan que se produzca la necesaria traslación del

ahorro nacional hacia la inversión productiva; prueba de ello es la menor

capacidad estimada de generación de empleo del año 1998 respecto a los

anteriores.


El cumplimiento del objetivo de déficit se apoya así en un crecimiento de

los ingresos asociados a la fase expansiva del ciclo económico y en

fenómenos coyunturales (ingresos de privatizaciones, bajada de los tipos

de interés que será difícil mantener en el futuro), o en el diferimiento

de las obligaciones hacia ejercicios futuros, lo que compromete

gravemente la estabilidad exigida para el mantenimiento de nuestro país

en la Unión Económica y Monetaria.