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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 150, de 29/06/1999
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DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES



COMISIONES MIXTAS



Año 1999 VI Legislatura Núm. 150



DE RELACIONES CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ROGELIO BAÓN RAMÍREZ



Sesión núm. 12



celebrada el martes, 29 de junio de 1999, en el Palacio del Congreso
de los Diputados



ORDEN DEL DÍA:



- Debate del informe anual del Defensor del Pueblo correspondiente a
la gestión realizada durante el año 1998. (Número de expediente del
Congreso 260/000004 y número de expediente del Senado 780/000004.)
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Se abre la sesión a las once y cinco de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores comisionados.




Por tercera vez en esta legislatura vamos a debatir, tras su
exposición, el informe que ha elaborado el Defensor del
Pueblo respecto al ejercicio anterior, el del año 1998. En ese
sentido vamos a seguir la metodología de reuniones anteriores: va a
haber una exposición que, lógicamente, por tratarse de todo un año y
de todos los temas, es larga, es extensa, es prolija; suspenderemos
un momento la sesión y, a continuación, la reanudamos con la
intervención de los distintos portavoces de los grupos
parlamentarios.




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Y sin nada más que decir, le concedo la palabra al Defensor del
Pueblo, don Fernando Álvarez de Miranda, no sin agradecerle su
atención con esta Comisión permanentemente.




El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Álvarez de Miranda y Torres): En primer
lugar quisiera agradecer esta oportunidad, este esfuerzo que han
hecho SS.SS. todos los grupos parlamentarios de esa Comisión, para
dar posibilidad, dar cauce a que pudiéramos celebrar antes de
terminar el período parlamentario esta sesión de la Comisión, sobre
todo teniendo en cuenta que últimamente han tenido SS.SS. una serie
de acontecimientos y de compromisos de orden electoral, de orden
parlamentario que, sinceramente, no lo facilitaban. Y gracias a la
comprensión y a la generosidad que siempre han tenido con este
Defensor del Pueblo podemos hoy sentarnos y examinar el informe de
1998. Por tanto, insisto, quiero que conste mi agradecimiento por el
esfuerzo que SS.SS. han hecho.

También quisiera añadir, señorías, que desearía que estas mis
primeras palabras de la comparecencia fueran en homenaje a un
funcionario de la Defensoría del Pueblo, José Mario Fernández Mateos,
asesor jefe del área de Interior, que ha fallecido el pasado 19 de
junio a los cuarenta y tres años de edad, repentinamente, estando en
pleno ejercicio de sus funciones y dedicación a la Defensoría del
Pueblo, porque era una persona para la que no existían fines de
semana, él era, diríamos, el vigilante permanente en temas que
afectaban específicamente a los marginados, a los extranjeros, a los
inmigrantes. Creo que el recuerdo de una persona como el comandante
jurídico militar Fernández Mateos ha dejado a toda la institución
profundamente conmocionada, en primer lugar porque fue una persona
que dedicó toda su vida al trabajo de los más humildes, de los más
necesitados; no era el simple funcionario, sino una persona
comprometida con los derechos humanos. Creo que los marginados del
país, los inmigrantes, estos extranjeros que acudían tantas horas y
tantas veces a pedir su ayuda, han perdido un auténtico defensor de
los derechos humanos. Y nosotros, sus compañeros, un colaborador y un
amigo que difícilmente podrá borrarse de nuestra memoria.

Bien. Este informe que hoy presentamos es realmente el quinto desde
que este Defensor del Pueblo inició sus funciones como alto
comisionado de las Cortes Generales para defender, como SS.SS. bien
saben, los derechos fundamentales del título primero de nuestra
Constitución. De manera que podremos considerarlo, en algún sentido,
el final de un mandato. La fecha realmente determinante para este
final es el 1 de diciembre, pero éste es el último informe de
actividades; habrá otros informes sectoriales que todavía
examinaremos conjuntamente, pero es el último informe de actividades
del período de un año que planteo ante esta Comisión Mixta para
escuchar sus sugerencias y sus observaciones.




Así pues, al finalizar el plazo, creo que es importante hacer una
reflexión sobre esta actividad que hemos desarrollado a lo largo de
estos últimos años, sobre la que podríamos, yo diría, destacar los
aspectos esenciales que han configurado nuestra principal forma de
actuar, nuestras principales señas de identidad. Creo que esto lo
debemos hacer de una manera breve, antes de meternos, si ustedes
me permiten, señorías, en el análisis específico del informe de 1998.

Creo que la institución del Defensor del Pueblo ha conseguido
integrarse de una manera bastante aceptable dentro de nuestra
sociedad, y ha generado día a día la confianza de la población
española, como lo demuestran indudablemente las encuestas de opinión
que venimos solicitando y que se vienen realizando por el Centro de
Investigaciones Sociológicas, y nos ponen de manifiesto que tres de
cada cuatro españoles conocen la institución del Defensor del Pueblo,
y uno de cada diez en algún momento de su vida ha tenido contactos
con la institución.

Este arraigo en la realidad de nuestro entorno social yo entiendo que
se debe a la confluencia de dos elementos definitorios, que son: el
diálogo como actitud básica en nuestras relaciones con las
administraciones públicas y, por otra parte, nuestro interés de ser
cada día más eficaces en el funcionamiento institucional.

Por lo que se refiere al diálogo, ese diálogo que digo que debemos de
mantener con las administraciones públicas, hemos procurado que
nuestra actitud sea dialogante, porque entendemos que es la manera de
procurar superar la rigidez que a veces existe en las comunicaciones
de la Administración y del propio Defensor del Pueblo.

Respecto a la eficacia, aunque me parece que los datos estadísticos
no constituyen de una manera absoluta un elemento definitorio, es
patente que en las páginas de los informes anuales a veces aparecen
reflejadas algunas de las quejas, algunas de las investigaciones que
tienen una importancia respecto de problemas que han podido
resolverse gracias a las intervenciones de nuestra institución.

Yo creo que es imposible enjuiciar una labor como la que venimos
realizando mediante un simple balance de resultados positivos;
primero, porque las cifras no siempre alumbran toda la realidad y,
segundo, porque es muy difícil evaluar con términos numéricos el
impacto que puede tener, por ejemplo, una sugerencia o una
recomendación aceptada por alguna de las administraciones públicas.

Pero, a pesar de todo, creo que es interesante conocer el grado de
eficacia institucional, y eso nos ha llevado a elaborar un estudio
estadístico de carácter interno, que se ha referido a los cinco
últimos años de este mandato, cuyos datos más importantes nos ponen
de manifiesto: en primer lugar, y eso es importante que lo tengamos
en cuenta, que la dificultad mayor con la que tropieza el Defensor
del Pueblo a la hora de realizar una tarea es el desconocimiento
existente entre la población sobre las funciones básicas que nos
competen, ya que, según el dato que hemos podido resaltar, más de un
70 por ciento de las quejas que nos llegan son inadmisibles porque
exceden de nuestras atribuciones.

Al decir esto quiero señalar que ese 70 por ciento de quejas que son
registradas pero que no son tramitadas se debe, en primer lugar, no
sólo (y pienso que así es) al desconocimiento de los ciudadanos
respecto a la competencia que tiene el Defensor del Pueblo, sino que
también tenemos además aquellas otras quejas planteadas (y
recientemente acabamos de recibir algunas) por personalidades, por
grupos políticos, por grupos sindicales, que, señorías, de alguna
manera tenemos la sensación de que utilizan a la institución del
Defensor del Pueblo como simple plataforma de publicidad. Acuden al
Defensor del Pueblo para que



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se sepa a través de los medios de comunicación que han acudido al
Defensor del Pueblo. Entiendo que los partidos políticos, los
sindicatos, los grupos de tipo social o personalidades de la vida
pública no pueden ignorar cuáles son los límites de la competencia
del Defensor del Pueblo y, sin embargo, acuden al Defensor del Pueblo
a conciencia de que les tenemos que contestar, en la mayor parte de
los casos, que se trata de asuntos ajenos a la competencia del
Defensor del Pueblo, que no está efectivamente en el orden de
nuestras posibilidades entrar dentro de las jurisdicciones, y eso se
repite una y otra vez. Para nosotros es lamentable, y en ese sentido
tengo que señalar que exclusivamente el 30 por ciento de aquellas
quejas que nos llegan a la institución, son quejas que podemos
admitir a trámite. Éste es un dato que me parece sumamente penoso. ¿Y
cómo solucionamos esto? Pues en fin, señorías, ustedes tienen en
estos momentos encima de sus mesas un vídeo que hemos realizado
precisamente con un carácter pedagógico, para que no se nos diga que
no estamos diciendo, a la opinión pública, al ciudadano que tenga que
dirigirse al Defensor del Pueblo, que sepa que cuando se dirige al
Defensor del Pueblo tiene unos cauces y unas limitaciones para
orientar y dirigir esas quejas.

La segunda de las conclusiones a las que se ha llegado en ese informe
interno es que la actuación de la Administración en general (cuando
me refiero a la Administración me refiero a todas las
administraciones en las que he tenido el honor de poder ejercer este
control durante estos cinco años de mandato, es decir, de signo
político distinto), ha tenido una actuación correcta; y en ese
sentido el Defensor del Pueblo viene a evaluar estas actuaciones
correctas en el 49 por ciento de las quejas concluidas y tramitadas.

Las quejas concluidas y tramitadas, una vez estudiadas a fondo, nos
han llevado al convencimiento de que en ese 49 por ciento de
peticiones (me estoy refiriendo a los cinco años de este mandato) las
administraciones públicas han actuando correctamente.

Otro dato importante es que la propia Administración corrige o
subsana las actuaciones para adaptarlas a nuestros criterios en un 27
por ciento de los casos planteados, mientras que mantiene su opinión
contraria a las nuestras en un 24 por ciento.

Estos datos que, como digo, han sido de alguna manera elaborados y
sacados a luz en un estudio interno, con todos los procedimientos que
la institución tiene en los archivos de estos últimos cinco años,
pienso que, de alguna manera, no son sólo coincidentes, sino que
siguen la línea que nos han marcado los últimos sondeos de opinión,
según los cuales las gestiones del Defensor del Pueblo son valoradas
de una manera positiva por la ciudadanía en un 61 por ciento de los
encuestados. Este 61 por ciento valora nuestras gestiones como útiles
o muy útiles, aunque al propio tiempo hay un importante porcentaje de
ciudadanos, el 41 por ciento, que considera que la Administración
hace menos caso del que debiera a nuestras recomendaciones.

Estas encuestas también revelan que los españoles no tienen
totalmente claras cuáles son las facultades que nos competen, en unos
casos, y en otros, aunque las tengan claras, no parecen que estén muy
dispuestos a seguir el cauce de esas competencias, y menos aún los
trámites necesarios para formular las quejas. En todo caso hay que
señalar que
hay unas tres cuartas partes de ciudadanos (según estas encuestas, no
ya del Defensor del Pueblo, sino de instituciones especializadas en
ellas) que desconocen lo que es la institución en cuanto a su
tramitación. ¿Cuáles son estas conclusiones finales? Yo diría, en
primer lugar, que nos resulta imprescindible un gran esfuerzo
pedagógico, un gran esfuerzo divulgativo, que de alguna manera
estamos intentando hacer, a lo largo de toda la existencia del
Defensor del Pueblo, porque si nos remontamos a los orígenes de la
institución, según consta en los archivos, el 90 por ciento de las
quejas planteadas eran absolutamente inadmisibles por inapropiadas,
por no tener efectivamente competencia el Defensor del Pueblo. En ese
sentido se ha avanzado lentamente. Estamos en este momento en un 70
por ciento, pero hay que hacer una divulgación de lo que es la
institución del Defensor del Pueblo. Y en esa divulgación es evidente
que nos tienen que ayudar los medios de comunicación, aunque nosotros
tenemos la responsabilidad de iniciar después todos los cauces
necesarios para poder llegar a esos focos de la sociedad donde
realmente todavía no se conoce la institución del Defensor del Pueblo
con la debida certeza.

Centrándonos, señorías, en el informe del año 1998, me gustaría
comenzar señalando que el número total de quejas registradas este año
ha sido ligeramente superior al del año 1997. Frente a la regularidad
que se mantiene en el número de reclamaciones individuales, que suele
tener una variación no excesivamente sensible, sí que hemos tenido en
este año 1998 un incremento en las quejas que llamamos colectivas,
que están integradas en colectivos o en grupos idénticos. Y por eso
la información estadística que se refleja en el informe viene
separada, puesto que si se juntan de una manera inapropiada quejas
individuales y quejas colectivas, se puede producir un sesgo en esa
información estadística.

En 1998 se han registrado en la institución 23.964 reclamaciones.

A esta cantidad hay que añadir 156 que fueron iniciadas de oficio y que
suman las 24.120, que son las que realmente se han registrado y de
las que se ha iniciado su tramitación. A 31 de diciembre quedaban
pendientes de estudio 1.104 quejas de estas 24.000 que les señalaba a
SS.SS., por lo que las cifras de los expedientes tramitados, de las
quejas tramitadas durante este año, yo creo que se extiende, si los
números no fallan, a 23.016. Yesas 23.016, como antes les señalaba,
hay que dividirlas en 11.356, que corresponden a quejas de 23
colectivos sobre distintos problemas que se nos han planteado de
mayor o menor intensidad (quejas que hacían referencia a la política
lingüística, a problemas que se planteaban en algunos casos en la
zona costera de Baleares, etcétera) y en 11.660 quejas individuales.




Éstos son los grandes números que pueden tener un interés
exclusivamente informativo desde el punto de vista estadístico, pero
no creo que refleje ni mucho menos lo que es la actividad del
Defensor del Pueblo, puesto que muchas veces una sola de estas quejas
puede dar lugar a una sugerencia o a una reclamación, que puede
resolver asuntos de verdadera trascendencia, de verdadera
importancia.

Como en años anteriores, señorías, hemos seguido el sistema de
estudios monográficos, porque nos ha parecido que era un sistema que
tenía la aceptación de SS.SS. y producía,



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por otro lado, una especial atención de la opinión pública, pero
fundamentalmente, claro, de las Cortes Generales. Hemos escogido ocho
temas monográficos, que podrían ser considerados como los que más
llamaban la atención, que queríamos señalar como temas de alguna
manera, si se puede decir la expresión y si ustedes me la permiten,
«estrellas», unos temas de especial interés para el Defensor, sin que
ello quiera, por supuesto, decir que el resto de los temas que se han
examinado no tienen la importancia que indudablemente corresponde a
las propias reclamaciones y a las propias observaciones que desde el
Defensor se hacen.

El primero de estos temas es el correspondiente a la cooficialidad
lingüística. Frente a las distintas posturas ideológicas, que
entendemos con todo respeto que han ido polarizando cada vez más la
opinión pública, hemos procurado desde el Defensor adoptar una
posición equilibrada, una posición respetuosa con los principios
constitucionales y estatutarios y con el pleno ejercicio de las
competencias que en materia lingüística corresponde a las comunidades
autónomas. Entendemos que las administraciones públicas no deberían
limitar su actuación a una mera adecuación de sus estructuras a las
prescripciones constitucionales, sino que la cooficialidad tendría
que impulsar y ordenar todas las actividades y competencias, de
manera que los ciudadanos pudieran percibir realmente que la
pluralidad lingüística ha sido asumida por el Estado y por las
instituciones públicas.

Dicho esto, este planteamiento se debe entender en sus justos
términos, y no se debe confundir con un respaldo a quienes pretenden
el uso exclusivo y excluyente de su lengua propia, desconociendo el
derecho legítimo de quienes opten por la utilización de la lengua
oficial del Estado que, como ustedes bien saben, es el castellano.

La creación de un Tribunal Penal Internacional permanente es el
segundo de los temas monográficos que recoge el informe. Y su
inclusión tiene por objeto la necesidad de apoyar una iniciativa que,
a su vez, fue francamente respaldada por los grupos parlamentarios
cuando apoyaron la delegación que en el mes de julio del pasado año
se trasladó a Roma a discutir y llegar en su conjunto a la fórmula
que arbitró la creación del Tribunal Penal Internacional. Fórmula que
tiene la importancia de que está encuadrada en el marco de las
Naciones Unidas y que ha sido en estos momentos acogida en general
con una posición favorable, sobre todo de los países de la Unión
Europea. No debemos dejar de señalar que hay unas ciertas reticencias
en algunos países como Estados Unidos, China, o Irán, pero la Unión
Europea ha dado unos pasos muy importantes, y entre los 60 Estados
que no solamente tienen que firmar, sino que tienen que ratificar la
creación de este Tribunal Penal Internacional, se está iniciando en
estos momentos un movimiento favorable. También es cierto que en
estos momentos esta competencia del Tribunal Penal Internacional
solamente está firmada por 80 Estados y ratificada por tres (un país
europeo, uno iberoamericano y uno asiático).

Entiendo, señorías, que desde esta Cámara, desde esta institución
parlamentaria se podría en estos momentos forzar, pedir que la
tramitación de la ratificación de España sea una ratificación rápida,
para poder así colocarse al lado de los países que en estos momentos
están tomando una
posición pionera, como es el caso de Francia y de Italia. En el caso
de Francia incluso con una reforma constitucional que ayer se sometía
a la Asamblea Parlamentaria francesa, para asumir dentro de la propia
Constitución francesa la competencia de ese Tribunal Penal
Internacional permanente. Creo que son precisamente los órganos
legislativos quienes pueden impulsar efectivamente un procedimiento
que está en marcha. No quiero decir que no se haya hecho nada. En
estos momentos se está pendiente del dictamen del Consejo de Estado,
pero sería muy importante que España no se quedara a la zaga y que
estuviera a la cabeza, como tantas veces ha estado, en la defensa de
los derechos fundamentales a través de una institución como la del
Tribunal Penal Internacional, que acabaría de una vez con todas estas
pequeñas o grandes polémicas respecto de cómo se deben juzgar los
delitos de genocidio que tanto nos escandalizan y que han provocado
en la comunidad internacional en estos últimos años una especie de
revulsivo para la defensa de los derechos humanos. Creo que es el
momento en el que España debe hacer este esfuerzo que tiene que ser,
en la medida de lo posible, apoyado por las cámaras parlamentarias.

El tercero de los temas monográficos es el relativo al tratamiento
penitenciario. Desde que nuestra institución comenzó a desarrollar su
actividad, tuvo siempre especial dedicación a la situación de los
ciudadanos privados de libertad por mandato judicial.

A través de las etapas sucesivas por las que hemos ido atravesando
nos encontramos con que la atención se ha dirigido hacia diferentes
aspectos relacionados con la situación de los penados. En la primera
etapa era esencial conseguir que hubiera unas garantías de tipo legal
para todos aquellos derechos que se reconocían por la Constitución de
1978, y en ese sentido fue un paso muy importante y decisivo la
publicación de la Ley Orgánica General Penitenciaria. El segundo paso
en ese camino fue la consolidación no solamente del marco normativo,
sino la consolidación de unas infraestructuras penitenciarias que
estaban en el principio mal planteadas, obsoletas, con muchas
dificultades de todo orden, infraestructural, que a su vez influía en
el tratamiento penitenciario. Para cumplir la exigencia de unos
mínimos vitales, que yo creo que requiere toda persona aunque esté
privada de libertad, y para alcanzar este objetivo fueron decisivas,
señorías, las inversiones que se aprobaron por el Plan de
amortización y creación de centros penitenciarios.

Al llegar a este punto quiero hacerles una confesión y una petición a
SS.SS. La confesión es que desde que el Defensor del Pueblo tuvo
conocimiento de todo este Plan de mejora y de creación de nuevos
centros penitenciarios que se han ido movilizando a lo largo de estos
años (ayer mismo se inauguraba uno de ellos en Mansilla de las Mulas)
y que se están haciendo constantemente, se encuentra con la
dificultad con la que se ha tropezado en la inauguración de uno de
estos centros penitenciarios, concretamente el de Zuera, en la
provincia de Zaragoza, y es que desde hace tres años está terminado,
totalmente terminado, a falta de que se le otorguen los permisos de
instalaciones eléctricas y de saneamiento. No se trata, como pueden
comprender SS.SS., de una simple dificultad administrativa, lo cierto
es que hay un trasfondo político en no dar a



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Zuera ese último empuje para que un centro que ha costado 6.000
millones de pesetas pueda ser utilizado por los reclusos de los
centros limítrofes que están en este momento agobiados. Mañana mismo
sale una delegación de las que habitualmente tiene el Defensor del
Pueblo para visitar el centro de Huesca, que está agobiado, que tiene
unas celdas llamadas americanas (sin cristales, en Huesca, en
invierno), con una ocupación realmente masiva. Estas condiciones no
son aceptables para lo que son en general nuestras prisiones
españolas, que son unas prisiones en muchos aspectos nada desdeñables
en comparación con otras prisiones de nuestro entorno. Pero, ¿por qué
-me pregunto, y nos hemos preguntado, y nos hemos dirigido a la
Administración, a las distintas administraciones-no se pone en marcha
el centro penitenciario de Zuera? La contestación no la puedo dar yo,
puesto que entiendo que es una contestación política. Lo hemos pedido
al Ministerio de Interior una y otra vez. Confío en que la nueva
Administración Autonómica de Aragón tenga conciencia de que allí hay
un problema absolutamente absurdo y es que esté terminado desde hace
tres años un centro que ha costado 6.000 millones de pesetas, y no se
ponga en marcha por «dificultades de orden menor», lo que en el fondo
es un problema de orden político.

Yo quisiera solicitar que mediante proposiciones no de ley o mediante
los instrumentos que desde el punto de vista parlamentario ustedes
consideren más oportunos, consigan que ese pequeño escándalo no siga
manteniéndose. ¿Cómo es posible que tengamos esto? Eso ocurría en los
tiempos del franquismo y todos considerábamos que era algo normal que
una cosa terminada, que estaba recién terminada, pasaran años y años
sin inaugurarse. Bueno, pues también en nuestra democracia hay cosas
de esa naturaleza, y yo creo que si el Defensor del Pueblo no critica
esto, lo que tiene que hacer es irse, porque mi obligación es
plantear esto, con todos los respetos a las personas, con todos los
respetos a los criterios políticos. Tengo que decir que una prisión
que ha sido terminada hace tres años y no ha sido inaugurada por
razones y por problemas de enfrentamiento político me parece
absolutamente intolerable. Intolerable desde la perspectiva de los
derechos humanos, puesto que hay otros presos que están sufriendo
unas condiciones inhumanas por no haberse abierto esta cárcel.

Y dicho esto, no quiero señalar más, porque no parezca que yo tengo
una especial obsesión con este problema, pero la verdad es que todos
los años en nuestros informes lo hemos venido señalando. Son tres
años, es el tercero, y seguimos esperando no sé qué, no sé qué es lo
que puede pasar. Bueno, ustedes me perdonarán, quizás lo he expresado
con un poco de calor, pero en estas cosas a veces me siento inflamado
de ese espíritu que no sé si es bueno.

Una vez que hemos establecido las relaciones de la cobertura
legislativa, y la renovación de gran parte (porque se han renovado,
insisto, y se siguen renovando) de las prisiones de nuestra geografía
del Estado (se acaba también de inaugurar otra en Palma de Mallorca),
el paso siguiente sería que la permanencia en prisión pudiera servir
para modificar la conducta de los reclusos evitando que volvieran
a delinquir en lo sucesivo. Para alcanzar esta meta yo pienso que es
esencial ofrecer un tratamiento adecuado a
los internos, de conformidad con lo que se desprende del artículo 59
de la Ley Orgánica General Penitenciaria.

Este tratamiento penitenciario se basa en tres pilares fundamentales,
que son: la educación y formación profesional, de un lado; las
actividades ocupacionales y deportivas, de otro y, finalmente, el
trabajo retribuido dentro de las prisiones.

En cuanto a ese trabajo retribuido cabe decir que la oferta es en
términos generales insuficiente. En algunos casos se nos dice que
realmente existen dificultades y el carácter obsoleto de estas
instalaciones en los centros penitenciarios justificaría de alguna
manera esta situación de insuficiencia. Pero nos parece que no está
muy clara esta justificación porque, a la hora de la verdad, se puede
comprobar que en algunos de los establecimientos más anticuados,
y que, por lo tanto, no podrían tener instalaciones adecuadas a este
trabajo retribuido, sin embargo, tienen un trabajo retribuido y una
importante oferta laboral.

Otro de los temas monográficos es el que se refiere a la fiscalidad
de la familia de la nueva Ley del IRPF, ya que la aprobación de esta
norma, diciembre de 1998, ha supuesto, como SS.SS. saben, algunos
cambios en el marco de la fiscalidad. El Defensor (yo creo que
recogiendo, algún tiempo antes de la publicación de la Ley, la
preocupación que se adivinaba) solicitó que se introdujese una serie
de mejoras fiscales en tres ámbitos concretos, que consideramos los
más importantes: la tributación conjunta de la unidad familiar, el
reconocimiento de las cargas familiares y los beneficios fiscales en
la adquisición de las viviendas habituales.




Pues bien, de las tres líneas que habíamos marcado por nuestra
institución, solamente la definición y cuantificación de las cargas
familiares ha experimentado una mejora sustancial a través de la
fijación de mínimos exentos de carácter personal y familiar, pero en
cambio no ha mejorado la tributación conjunta que pueda beneficiar a
las familias.

Otro de los temas es el de la contaminación acústica, tema que
evidentemente tiene para el Defensor del Pueblo una gran importancia,
ya que nos hemos hecho eco de la preocupación ciudadana que suscita
indudablemente este problema. Esta solución corresponde, como SS.SS.

saben, a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas, sin olvidar
tampoco la competencia del Estado para legislar en esta materia. Y
precisamente entendemos que es esta falta de una ley básica en
materia de eliminación de ruidos dentro de nuestro ordenamiento
jurídico la que nos plantea la clave y el motivo sobre el que reside
este problema. Por esa razón nuestra institución ha solicitado del
Ministerio de Medio Ambiente una agilización en la preparación del
correspondiente proyecto normativo en esta materia y se propone
llevar a cabo el adecuado seguimiento sobre su tramitación.

La realidad de los servicios públicos de contenido sanitario y social
ha sido también objeto de otro de los estudios monográficos.

Entendemos que la evaluación que se ha experimentado a lo largo de
1998 en muchos de estos servicios públicos es satisfactoria, sin
embargo subsisten problemas referidos fundamentalmente a las
urgencias y a los hospitales, al mantenimiento de listas de espera
para la realización de pruebas diagnósticas o quirúrgicas, a la
eliminación



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de barreras arquitectónicas, al escaso número de plazas disponibles
en centros residenciales y ocupacionales para personas con problemas
psiquiátricos, que requieren atención sanitaria o en los centros
asistenciales para personas mayores, a lo que hay que añadir, además,
la insuficiencia de recursos en la denominada prestación de servicios
domiciliarios.

La seguridad integral como modelo de seguridad pública para el siglo
XXI es otro de los temas examinados. Una vez que se ha superado la
vieja concepción del orden público resulta imprescindible encontrar
un punto de equilibrio entre todos los diferentes intereses en juego
dentro de nuestra sociedad que permita garantizar los derechos de
todos los ciudadanos y mantener al propio tiempo unos niveles de
seguridad mínimos y aceptables por todos.

El concepto de seguridad ciudadana que vino a sustituir al de orden
público también ha quedado un tanto superado y hoy no resulta
suficiente para englobar toda la problemática que existe. Creo que
parte de este problema de la seguridad que afecta a la sociedad no
tiene una solución exclusiva ni principal en las medidas policiales
que pueden establecerse. ¿Por qué? Porque el trasfondo nos demuestra
que existe una falta de educación cívica, una situación de
marginalidad, que merece en algunos casos una respuesta de la propia
sociedad civil y del Estado, y unos intereses políticos y económicos
contrapuestos. Y estos tres elementos impiden resolver estas
situaciones mediante la adopción de medidas simplemente policiales.

Parece, llegado el momento de iniciar una reflexión que pueda
estudiar un nuevo modelo de seguridad, que llamamos seguridad
integral, que precisa la sociedad española del siglo XXI abordando en
su conjunto todos los problemas a los que acabo de referirme.

Hay una última monografía que se refiere a la necesidad de adecuar
las actuaciones expropiatorias de las administraciones públicas a las
exigencias contenidas en la Constitución, dado el frecuente
incumplimiento de los principios que inspiraron y que inspiran la
expropiación forzosa, así como el de su normativa, y la utilización
del procedimiento de urgencia como algo normal cuando no resulta
preciso en muchos casos. Por eso fue muy oportuna la formulación de
alguna recomendación dirigida tanto al Ministerio de Obras Públicas,
Urbanismo y Vivienda como al de Administraciones Públicas, con el fin
de que se corrigiesen las disfunciones que se estaban produciendo
relativas a la utilización prioritaria del procedimiento de urgencia,
y se regulara de nuevo el procedimiento ordinario en la fijación y
resolución del justiprecio, y para que se resolvieran estos
importantes retrasos, a veces yo diría que interminables, en el cobro
de las cantidades del justiprecio y de los intereses de demora. Por
último, se pedía también que se diera solución a la habitual práctica
de desconocer lo que es conocido por la reversión de bienes
expropiados, cuando concurran las circunstancias apropiadas para ello
y el propio interesado lo hubiere solicitado.

Pues bien, señorías, el Gobierno no ha respondido a las propuestas
del Defensor del Pueblo, pese a los requerimientos efectuados en tres
ocasiones durante el año 1998, período en el que además se han ido
produciendo estas demoras. Simplemente lo dejo aquí como algo que yo
pienso
que tiene su interés y que debería merecer una respuesta positiva
por parte de la Administración.

Además de estos temas, el informe también incluye una referencia que
es siempre obligada, dada la especial sensibilidad que desde el
Defensor del Pueblo, desde la misma creación de la adjuntía, se tiene
por los temas que afectan a los derechos de los menores. Saben
ustedes que tenemos una adjuntía específica dedicada a los derechos
de los menores, y un personal específico también que se dedica a
estudiar los problemas de los derechos de los menores. Y en este
sentido yo creo que cabe destacar la aprobación reciente de la Ley
Orgánica 11/1999, de 30 de abril, que modifica el Código Penal, en el
que, como saben SS.SS., se asume una recomendación dirigida al
Ministerio de Justicia en noviembre de 1977 en la que se revisaban
determinados tipos penales, al objeto de garantizar una auténtica
protección de la libertad y de la integridad sexual de los menores.

Concretamente han sido reformados los tipos delictivos que dan lugar
a los abusos sexuales y se han tipificado las conductas delictivas de
quienes vendan o faciliten la venta, difusión o exhibición de
materiales pornográficos cuando aparezcan en ellos menores de edad.

Durante el año 1998 se han dirigido a las distintas administraciones
públicas, 157 recomendaciones, de las cuales, a 31 de mayo (hemos
hecho la actualización no a 31 de diciembre, como hubiera sido
normal, sino a 31 de mayo, puesto que el informe lo íbamos a
presentar a SS.SS. en esa fecha), habían sido aceptadas por la
Administración 110, rechazadas 20 y se encontraban en tramitación 27.

Claro está que entre esas recomendaciones aceptadas destacan las 51
relativas al problema de la violencia doméstica, que fueron recogidas
en el informe ya publicado y que tuve el honor de elevar y trasladar
al Parlamento en el pasado mes de noviembre de 1998. A través de esas
recomendaciones se invitaba a los poderes públicos a que adoptaran
una serie de medidas de carácter legislativo, administrativo, social,
cuya realización podría contribuir sin duda a paliar la gravedad del
problema de la violencia doméstica.

Entre estas recomendaciones sobre las que se podría hacer una
enumeración exhaustiva me parece importante citar las que se refieren
a aspectos jurídicos, como por ejemplo la recomendación de que se
modificara el Código Civil respecto del papel del juez en la adopción
de una serie de medidas de protección para la víctima. También se
recomendaban otras muchas líneas de actuación relacionadas con la
organización judicialy la penitenciaria en cuanto al tratamiento que
podría darse a los penados que eran responsables de este tipo de
delitos, una especie de psicoterapia e información en relación con
estos temas; o referidas a aspectos educativos, sociales o
asistenciales. Sus señorías han insistido una y otra vez sobre estos
temas, no les tengo yo que volver a recordar la importancia que se
les ha dado, y precisamente por esta Comisión, puesto que fue aquí
donde surgió fundamentalmente la iniciativa para que esto se llevara
adelante. Y finalmente se formuló una recomendación en la que se
contenían algunas propuestas para favorecer el acceso a la vivienda
de protección oficial a las mujeres maltratadas.

Pero hay otras recomendaciones que no se refieren a estas 51 de la
violencia doméstica que también han sidoaceptadas, y de las que yo
querría resaltar las siguientes: la



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que se refiere a las condiciones de los centros penitenciarios; otras
sobre distintos aspectos relacionados con los inmigrantes; la que
trata de la calidad del suministro eléctrico, tarifas eléctricas,
etcétera. Algunas de estas recomendaciones han tenido, después de
formuladas, un tratamiento y una eficacia de orden legislativo, un
desarrollo normativo. Así ha sido la que se refiere a la coordinación
entre Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en relación con el
cumplimiento de las órdenes de detención, recomendación que ha sido
incorporada por la Secretaría de Estado a los manuales de
procedimiento que fueron aprobados el 2 de marzo de 1998.

Hay otra recomendación que también ha sido aceptada y que ha dado
lugar a la modificación de los decretos de expulsión asumida por la
Circular 23/1998, de 18 de junio, de la Comisaría General de
Extranjería y Documentación.

Hay otra recomendación admitida también respecto de la admisión de
alumnos en cualquier universidad pública cuando en su distrito
universitario los estudios que deseara realizar únicamente se
impartieran en centros privados, que ha sido incluida en el Real
Decreto 704/1999 por el que se regulan los procedimientos de
selección para el ingreso en los centros universitarios.

Asimismo, la recomendación sobre el cumplimiento de los plazos en los
procedimientos administrativos, incorporada a la instrucción que
dictó en el año 1998 la Consejería de Fomento del Principado de
Asturias; la recomendación sobre reforma de la normativa relacionada
con la respuesta jurídica que reciben las mujeres víctimas de la
violencia doméstica, y que ha sido asumida en la reciente Ley
Orgánica 14/1999, de 9 de junio, de modificación del Código Penal de
1995 en materia de protección a las víctimas de malos tratos.

Por otra parte, durante el pasado año hemos dirigido a las
administraciones públicas 183 sugerencias, de las que, a la misma
fecha de 31 de mayo, se nos habían admitido 106; rechazado, 51, y
quedaban pendientes, 26.

Señorías, la segunda parte del informe se encuentra dividida, como
ustedes saben, en dos capítulos, destinados el primero de ellos a
recoger las principales reclamaciones sobre violaciones de los
derechos fundamentales de nuestra Constitución en su título primero;
y el segundo, al examen de las quejas que ponen de manifiesto las
actuaciones irregulares por parte de las distintas administraciones
públicas.

Comenzaré haciendo una especial mención de las quejas que se refieren
a los derechos y libertades fundamentales del título primero de
nuestra Constitución, y de forma especial, por el sentido que tienen,
a aquellas que afectan directamente a la vida o a la integridad
física de las personas, o que suponen un tratamiento vejatorio por
parte de funcionarios que tienen encomendado el poder coercitivo del
Estado, aunque insisto y aclaro que estos supuestos son
excepcionales. Este Defensor del Pueblo no debe dejar de manifestar
su preocupación por estas quejas relacionadas con el artículo 15 de
la Constitución, entre las que destaca, la investigación de oficio
que se llevó a cabo al tener conocimiento de que un recluso que
estaba en el Centro Penitenciario de Ocaña I había sido objeto de
malos tratos por parte de dos funcionarios de dicha prisión. Pese a
que el interno presentaba hematomas y había precisado de atención
médica, hechos además que motivaron la correspondiente denuncia
por parte del director de la prisión correspondiente al Juzgado de
guardia, la administración penitenciaria no adoptó ninguna medida de
cautela en relación con los funcionarios que habían sido implicados,
limitándose simplemente a prohibirles el paso al interior de la
cárcel.

Pues bien, entendemos que las medidas cautelares que se contemplan en
el artículo 46 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, no
entrarían en contradicción con el principio de presunción de
inocencia que se mantiene en tanto no se sustancien las vías penales
y administrativas, y no resulta, entendemos, razonable que para
evitar un hipotético perjuicio futuro a unos funcionarios no se
adopten las medidas precautorias que el ordenamiento confiere a los
gestores públicos, dado además que esa situación, como decíamos, fue
detectada por la propia administración penitenciaria.




En relación con el artículo 17 de la Constitución hemos de referirnos
a las quejas relativas a las actuaciones de miembros de las policías
locales de algunos ayuntamientos, que voy a citar: ayuntamientos de
Cartagena, de Torrevieja, de Palma de Mallorca, de Coslada, de
Madrid, de Escalona, de Valladolid, de Oviedo y de Sevilla.

Actuaciones de los policías locales que en la mayoría de los casos,
los ciudadanos no solamente denuncian ante el Defensor del Pueblo
sino que también lo hacen ante la unidad judicial correspondiente. Un
elemento común a gran parte de estas quejas ha sido una cierta
reticencia por parte de los ayuntamientos a la hora de investigar los
hechos denunciados, amparándose precisamente en que estaban sujetos y
sometidos a un procedimiento judicial y dejando de promover por ello
la oportuna investigación interna para conocer lo sucedido. Otro
denominador común, siempre según las reclamaciones, ha sido el tono
despectivo que, según dicen, utilizan los agentes de estos cuerpos de
policía local con los ciudadanos, desde el momento en que éstos
cuestionan las actuaciones de los agentes de la autoridad. Estos dos
elementos me parecen que son al menos dignos de reflexión. La
reticencia de los ayuntamientos en la contestación y el tono
despectivo a los ciudadanos cuando éstos ponen en cuestión las
actuaciones de esta autoridad municipal.




Pero, sin lugar a dudas, los casos más sangrantes en relación con los
malos tratos han sido protagonizados, conforme a las denuncias que
nos llegan a la institución, por los vigilantes de las empresas de
seguridad privada. En este sentido es habitual que dichos vigilantes
practiquen cacheos, identificaciones y, sobre todo, retengan a
personas que ni son presuntos delincuentes, ni han cometido hechos
sancionables, actuando por tanto no solamente fuera de los límites de
sus competencias, sino al margen de la legalidad establecida. La
necesidad de ajustar este tipo de actuaciones hace imprescindible que
el Ministerio del Interior ejercite con la máxima eficacia y rigor el
control de la actividad desarrollada por los vigilantes de seguridad,
sometiéndoles precisamente a la ley que existe sobre la
reglamentación de la seguridad privada.

En relación también con el artículo 17 hay que mencionar los
recordatorios de deberes legales que se han efectuadopor nuestra
institución respecto de distintos aspectos de



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la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana. Año tras año hemos
venido reiterando las dificultades que hemos encontrado para
determinar en qué medida las identificaciones, los cacheos
practicados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se
adecuan o no a lo previsto en la citada ley. Y en este sentido el
Defensor del Pueblo dirigió un escrito al Ministerio de Interior
expresando su opinión en contra de la posible introducción en la
referida norma de una nueva infracción por desobediencia a los
mandatos de la autoridad y sus agentes cuando no constituya un delito
penal. En ese escrito advertíamos que el texto que se pretendía
añadir a la ley orgánica resultaba particularmente desafortunado por
no ofrecer suficientes garantías a los ciudadanos. Ytenemos que
reconocer que, aunque la administración citada no contestó de una
manera directa a nuestro escrito, sin embargo, la reciente
disposición de la ley 10/1999, de 2 de abril, de modificación de esa
ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana, no ha incluido
ese supuesto. Y, por lo tanto, entendemos que de alguna manera se ha
aceptado por parte del Ministerio de Interior la recomendación del
Defensor del Pueblo.

En relación con el artículo 25, también durante el año 1998ha sido
necesario llamar la atención de los poderes públicos sobre la
actuación de determinados ayuntamientos que continúan persiguiendo la
mendicidad, acogiéndose a ordenanzas municipales que entendemos que
conculcan el principio de legalidad, al introducir sanciones que no
contempla el ordenamiento vigente. Concretamente me voy a referir a
dos ayuntamientos: el Ayuntamiento de Reus ha aprobado una ordenanza
prohibiendo expresamente el ejercicio de la mendicidad en su término
municipal, sin que el informe que se le ha dirigido al concluir el
año 1998 haya sido contestado por dicha corporación municipal.

Recientemente hemos vuelto a reiterar esa misma petición. Por otra
parte, está la ordenanza sobre prevención y erradicaciónde la
mendicidad en el Ayuntamiento de Cartagena, que prevé la retirada y
depósito de los fondos obtenidos por quien practica esta actividad de
forma reincidente. En la respuesta que el Ayuntamiento de Cartagena
ha efectuado a nuestro escrito, esta corporación manifiesta que va a
proceder a la modificación de la ordenanza en el sentido indicado por
nuestra institución, suprimiendo todo el procedimiento sancionador
anteriormente previsto, y que se reservará únicamente la prohibición
de mendicidad para los casos en los que se ejerciera de una manera
coactiva de palabra u obra, violencia o intimidación.

Hay un capítulo, que es el correspondiente a la última parte del
primer apartado que les estoy indicando, que trata de las
vulneraciones de los derechos fundamentales de los extranjeros en
España, tanto en su condición de residentes legales como la de
aquellos que carecen de la documentaciónexigida para poder permanecer
en nuestro país. Yo siempre me niego a llamarles ilegales y digo no
documentados.




El artículo 13 de nuestra Constitución, como SS.SS. conocen
perfectamente, al establecer que los extranjeros gozarán en España de
las libertades públicas que consagra el título primero de nuestra
Constitución, garantiza la integridad física de estas personas, su
derecho a no sufrir tratos inhumanos y a que se les reconozca también
la tutela judicial efectiva, así como el derecho a no ser
discriminados.

Pues bien, este tipo de derechos y libertades son a veces lesionados
por actuaciones de la Administración pública. Hace ya mucho tiempo
que venimos denunciando la inseguridad jurídica en la que se
encuentran muchos de estos extranjeros en España. Y por ello
reclamamos incesantemente la atención por parte de los poderes
públicos sobre un hecho que me parece que es una realidad: el hecho
lamentable de que, en la aplicación de la legislación vigente, prima
la condición de extranjero sobre la de persona a la hora de valorar
el respeto de los derechos fundamentales de los inmigrantes.

Señorías, toda la actividad del Defensor del Pueblo referida a la
supervisión de las administraciones públicas constituye la estructura
que vertebra la segunda parte del informe de 1998, y no voy a hacer,
ni sería posible, una relación detallada de lo que se recoge en el
capítulo segundo.

Un año más las actuaciones realizadas por el Defensor del Pueblo en
relación con la Administración de justicia se han referido, a las
dilaciones indebidas que afectan a los procedimientos que conocen,
los órganos judiciales, y en especial debemos hacer mención a la
jurisdicción contenciosa- administrativa, porque es sin duda la que
presenta mayor número de retrasos.

Tal y como quedó reflejado en el informe del 1997, se hizo en
noviembre del mismo año una recomendación, dirigida al Ministerio de
Justicia y al Consejo General del Poder Judicial, en la que se ponía
de manifiesto la necesidad de aprobar con toda urgencia una nueva ley
reguladora de la citada jurisdicción contencioso-administrativa, así
como la puesta en funcionamiento de los juzgados unipersonales de
dicha jurisdicción. Pues bien, la recomendación ha sido aceptada en
términos generales, habiéndose materializado definitivamente con la
aprobación de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
jurisdicción contencioso- administrativa y con la posterior creación,
el 15 de diciembre del mismo año, de los primeros juzgados de lo
contencioso-administrativo. Pero también la jurisdicción civil, como
saben SS.SS., y no sólo la Sala Primera del Tribunal Supremo, padece
de algunas demoras en los asuntos que entienden las audiencias
provinciales y los juzgados de primera instancia.

El presidente del Gobierno, en su reciente comparecencia ante el
Congreso de los Diputados con ocasión del debate sobre el estado de
la Nación, ha manifestado que se está dando respuesta a la necesidad
de dotar de mejores medios a la Administración de justicia, ya que
han sido incrementadas (y eso parece que es una realidad) las
plantillas de jueces, de fiscales y de personal auxiliar, a la vez
que han sido acometidas varias reformas legales de gran relieve, como
la ya aludida Ley de la Jurisdicción Contencioso- administrativa, y
la nueva Ley de Propiedad Horizontal, confiando en que en esta
legislatura se concluya la tramitación de la Ley Procesal Civil, lo
que a su juicio resolvería los graves retrasos, las graves carencias
que existen en la resolución de los conflictos entre particulares.

Este Defensor del Pueblo espera y desea que todos estos refuerzos
legales, como las mejoras procesales y materiales de que está siendo
objeto la Administración de justicia, sean suficientes para resolver
los graves problemas que afectan a nuestros órganos jurisdiccionales
y que hasta la



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fecha -vamos a ser sinceros- han venido ocasionando las protestas más
encendidas de numerosos ciudadanos.

Respecto a la Administración penitenciaria, además de lo que ya hemos
expuesto, nos preocupa la situación de las mujeres reclusas, cuyas
condiciones de vida son aún más difíciles que las de los hombres, ya
que los departamentos que ocupan tienen por norma general menores
espacios, peores instalaciones, por lo que las presas sufren en mayor
medida la escasez de actividades de trabajo retribuido, además de no
ser convenientemente separadas entre ellas conforme a los criterios
legales de la normativa penitenciaria.

Persisten, por consiguiente, las diferencias apuntadas en informes
anteriores respecto a la situación de las mujeres, y el bien que
nosotros deberíamos de pedir es que se mejoren sus condiciones de
vida. Y si es cierto que se han mejorado en algún sentido estas
condiciones de vida, no es menos cierto que todavía quedan muchos
centros en los que se hace imprescindible continuar los esfuerzos
necesarios para que las mejoras se extiendan a la totalidad de las
internas. En el informe se relacionan la mayor parte de las prisiones
en las que las reclusas tienen esa situación a la que antes me
refería.

Particular preocupación le produce al Defensor el problema de los
fallecimientos en prisión por causas no naturales. Durante este año
pasado hemos iniciado 14 nuevas investigaciones, de las que continúan
abiertas en este momento 13, en espera de que se vayan conociendo los
informes correspondientes. Hemos recibido, y es importante también
señalarlo, un estudio de la Administración penitenciaria, que estaba
elaborando ya hacía tiempo, en el que se examinan las circunstancias
que concurren en los suicidios que se producen en prisión, y en el
que se pone de manifiesto la existencia de deficiencias en el sistema
de detección de los grupos de riesgos, y en los mecanismos de
prevención de suicidios, problemas todos ellos que habrían de ser
corregidos conforme a las propias propuestas del mencionado informe.

Al finalizar el año 1998, la Administración penitenciaria, mediante
escrito remitido a nuestra institución, nos ha facilitado copia de la
instrucción, la instrucción 16/1998, de la Dirección General de
Prisiones, sobre el nuevo programa de prevención de suicidios, en el
que se establecen diversas pautas de actuación en la detección de los
grupos de riesgo y en las conductas suicidas en el ámbito
penitenciario, conforme había sido requerido por nuestra institución
en el año 1997.

Confiamos que la utilización de un instrumento de prevención más
depurado que el que se venía utilizando hasta el presente, así como
una mayor implicación de todos los profesionales penitenciarios
permitirá reducir las tasas de suicidios en las prisiones españolas.

En relación con los casos de malos tratos en las prisiones, alguno de
los cuales ya les expuse a SS.SS., me parecen, no sé si decir
alarmantes, pero sí por lo menos preocupantes, tanto por el número en
que se producen como por las gravísimas acusaciones que contienen las
denuncias (en el supuesto de los malos tratos) contra algunos
funcionarios de las administraciones penitenciarias. Nuestra
institución se ha dirigido a dicha Administración con el fin de que
en la investigación interna de estas denuncias de malos tratos se
proceda a efectuar un análisis detallado de las situaciones
que han concurrido en los casos en que han sido empleadas
medidas coercitivas o que se han producido situaciones de violencia.

Es imprescindible, entendemos, valorar si resulta posible aplicar
conductas alternativas que impliquen un menor grado de violencia por
parte de los funcionarios encargados de mantener el orden. En todo
caso, se ha de enjuiciar críticamente la oportunidad de toda
intervención violenta, poniéndola en relación con el bien o bienes
jurídicamente protegibles. Es razonable entender que la propia
Administración penitenciaria, en la medida en que estas quejas
referidas a malos tratos dañan, además, su reputación y empañan
ciertamente su buena imagen pública, debería mantener unos rigurosos
sistemas de control que fueran de por sí suficientemente efectivos
sobre la posible existencia de malos tratos, y sirvieran para
determinar el empleo de los medios adecuados, evitando la dureza
excesiva en la utilización de los medios coercitivos legalmente
previstos.

En otro orden de cosas, se han recibido quejas con motivo de la
actuación de varios funcionarios de policía y miembros de la Guardia
Civil que se personaron en distintos centros escolares, tomando
declaración a algunos alumnos, todos ellos menores de edad, contando
con la exclusiva autorización del director del centro respectivo.

Como señalaba nuestro informe, la anomalía que puede suponer este
hecho viene de alguna manera contradicha por la normativa
internacional ratificada por España y las propias normas de nuestro
ordenamiento jurídico que garantizan el derecho de los menores a ser
oídos en cualquier procedimiento administrativo o judicial en el que
sean directamente implicados y exigen que las competencias en tales
procedimientos se realicen de forma adecuada, lo que presupone la
notificación a quien ejerza la patria potestad o la tutela para que
se hallen presentes en el momento de tomarles la declaración.

Como conclusión de todo esto podemos afirmar que, de las
investigaciones practicadas, se deduce que la intervención de la
Guardia Civil y del Cuerpo Superior de la Policía, a requerimiento de
los responsables del centro escolar ante la posible existencia de un
hecho delictivo, no ha respetado el procedimiento que hemos señalado.

Por ello se ha recomendado que la actuación de la Guardia Civil y de
la Policía se debe adecuar a la normativa vigente. Yo creo que esta
recomendación ha sido aceptada por la Secretaría de Estado de
Seguridad, que nos ha indicado que se han dado las instrucciones
tanto a la Guardia Civil como al Cuerpo Superior de Policía para
garantizar que efectivamente se respeta ese procedimiento. Y esa
contestación yo creo que es positiva desde la perspectiva de
garantizar los derechos de los menores de no ser sometidos a estos
interrogatorios sin una presencia de quien puede proteger sus
intereses.

Respecto al derecho de la educación, señorías, cabe decir que las
infraestructuras y servicios educativos han mejorado notoriamente.

Pero entendemos que tendrían que ser objeto de una constante atención
por parte de quienes puedan vigilar estos servicios, para que se
presten en las mejores condiciones de calidad y de forma más cercana
a las demandas de la sociedad.

Las quejas que se relacionan con este tema se han recibidoen nuestra
institución durante el pasado año, y nos han



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venido planteando la necesidad de acabar con el déficit de algunas
plazas escolares, fundamentalmente en la educación infantil, y en
algunas localidades o zonas que tienen un intenso desarrollo
urbanístico, o bien también respecto de ciertas modalidades
educativas, como por ejemplo la oferta de programas de garantía
social, así como la falta de plazas para la música y las lenguas.

En lo que afecta al transporte escolar también hemos venido
reclamando la aprobación de una norma reguladora de esta materia,
disposición largamente reclamada por nuestra institución, con el fin
de que mejore la seguridad del transporte de los menores y que se
adecue este servicio a las necesidades de la educación actual.

Se mantienen algunas denuncias sobre el régimen de admisión de
alumnos en centros sostenidos con fondos públicos. Sigue siendo
imprescindible una regulación que impida el falseamiento de los datos
del domicilio familiar para aprovechar las ventajas de la proximidad
en cuanto a la elección del centro.

Respecto de la educación universitaria se propugna una interpretación
generosa y extensiva de las previsiones de gratuidad que se contienen
en la Ley de Integración Social de los Minusválidos, ya que de las
quejas que nos llegan y de las investigaciones que hemos podido
realizar se desprende que en la práctica totalidad de las
universidades públicas las personas afectadas de minusvalía no gozan
de este tipo de beneficios.

La actividad referida a la conservación del medio ambiente ha
exigido, señorías, un esfuerzo notable por parte de la institución.

Diversas quejas recibidas sobre esta cuestión han puesto de relieve
la necesidad ineludible de reforzar al máximo los mecanismos
administrativos de coordinación y cooperación entre las comunidades
autónomas y la Administración central, dada la división de
competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en esta
materia. Como antes ya habíamos señalado, hemos solicitado del
Ministerio de Medio Ambiente que agilice la elaboración de un
proyecto de disposición legal en esta materia, en el que esperamos
que se resuelva definitivamente esta cuestión de coordinación entre
las administraciones públicas, de manera que puedan desarrollar sus
competencias eficazmente.

Por otro lado, el tratamiento y gestión de los residuos ha provocado
numerosas quejas, referidas en su mayor parte a la existencia de
vertederos incontrolados y a las filtraciones de lixiviados en
depósitos que no cuentan con las debidas garantías, así como a la
instalación de plantas de transferencias de residuos que también son
preocupantes. Hemos prestado también especial atención a los residuos
tóxicos y peligrosos y hemos abierto varias investigaciones respecto
a este tipo de problemas. Y, por ello, señorías, el Defensor del
Pueblo, que tuvo ya la oportunidad de exponer ante esta Comisión los
problemas que estamos examinando, está en estos momentos realizando
un estudio monográfico sobre los residuos sólidos urbanos, con toda
la amplitud que nos permiten nuestros medios, y de cuyas conclusiones
informaré debidamente a esta Comisión.

Las pensiones del sistema de Seguridad Social han sido también objeto
preferente de nuestras investigaciones, ya que continúan recibiéndose
quejas por retrasos en la tramitación de estos expedientes. Hemos
observado que en
algunos servicios sociales se han registrado mejoras en la reducción
de los tiempos de dicha tramitación, reconocimiento y abono del
primer pago de determinadas pensiones contributivas (incluso en algún
caso diríamos que ya se pagan en el tiempo real en que se produce el
derecho a la prestación), pero para alcanzar la excelencia en el
procedimiento del reconocimiento de las prestaciones sociales tendría
que llegar el momento de sustituir la instancia de parte por la
incoación de oficio de estos expedientes, como ocurre, por ejemplo,
en los procedimientos recaudatarios. Y así, de esa manera, el
ciudadano no estaría obligado a solicitar la prestación de la que es
acreedor, sino que la propia Administración pública se la reconocería
de oficio.

También en relación con el derecho al reconocimiento de pensiones se
han recibido numerosas quejas proponiendo que quienes deseen acceder
anticipadamente a la pensión de jubilación y acrediten haber cotizado
durante más de treinta y cinco años perciban el 100 por 100 de la
base reguladora, sin que se le sean aplicables coeficientes
reductores. El Defensor del Pueblo ha sugerido a la Administración
pública que esta medida podría enmarcarse en la flexibilización de la
jubilación que inspira la recomendación de la Comunidad Europea de 10
de junio de 1982.

Con motivo del año 1999, que ha sido declarado por las Naciones
Unidas como el año internacional de las personas mayores, nuestra
institución ha iniciado una investigación de carácter general sobre
la atención socio-sanitaria que se presta en nuestro país a los
ciudadanos de la tercera edad, cuyos resultados haremos llegar a SS.

SS.

Por lo que se refiere a los españoles condenados en el extranjero,
nuestros conciudadanos, como ustedes saben, están en diversas
prisiones del extranjero: Marruecos, Colombia, Estados Unidos...,
pero el caso de Marruecos tiene, a mi juicio, una especial
significación. El Defensor del Pueblo ha girado una visita
recientemente a la cárcel de Salé Rabat, una de las cárceles donde
hay veintitantos españoles cumpliendo condena por distintos delitos
de tráfico de drogas. Saben SS.SS. que se firmó en el año 1997 un
acuerdo de traslado de personas condenadas en Marruecos, pero después
de una investigación hemos podido llegar a la conclusión de que la
tramitación de estos expedientes de traslado de los centros
marroquíes a los españoles para cumplir la condena son complicados,
porque los tribunales marroquíes exigen el pago de la sanción
impuesta en las respectivas condenas. Y este requisito parece de
obligado cumplimiento como una condición previa para poder dar lugar
al traslado.

En el informe remitido por la Secretaría de Estado de Justicia se nos
decía, que a pesar de los intentos de la Administración española por
agilizar estos traslados, todavía en este momento hay 118 españoles
cumpliendo condena en Marruecos. La visita que pudimos girar a la
prisión de Salé Rabat fue una experiencia de las más impactantes que
ha podido tener este Defensor. ¿Por qué? Allí estaban, como les
decía, estos 23 penados españoles, condenados por tráfico de drogas,
que nos decían con angustia «mire, usted, Defensor, si nosotros en
estos momentos tuviéramos fortuna suficiente, no fuéramos unos
desarraigados y miserables, en este momento estábamos cumpliendo
nuestra condena en España, porque hubiéramos pagado la sanción y se
nos hubiera permitido poder cumplir la condena en España.




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Pero como nosotros somos personas sin bienes de fortuna, unos
desarraigados, resulta que no podemos pagar, y al no poder pagar no
se puede producir la condición obligatoria para que el Reino de
Marruecos dé la posibilidad del cumplimiento de condena en España».

Tuve ocasión de entrevistarme con el ministro de Justicia, a quien
conozco, y hay que reconocer que es una persona sensible a estos
problemas, y le hice ver, desde la perspectiva de los derechos
humanos, que la condición de penados no debía agravarse por el hecho
de no ser personas con bienes de fortuna, y que a eso se le tendría
que buscar alguna solución, cuestión que también quiero plantear a la
imaginación de sus señorías. Es cierto que conseguimos que dos de los
condenados que estaban enfermos fueran trasladados. Yo creo que algo
pudimos influir ante el Ministerio de Justicia, para que después de
nuestro regreso, en los últimos días, se les haya podido trasladar
para dar cumplimiento de la condena en la península, que es su
verdadera obsesión, porque las cárceles marroquíes no les quiero
describir cómo son. Las celdas más pequeñas son de 18 penados, pueden
ustedes imaginarse cómo están. Y eso era una de las cárceles, que
según me informaban, era de mejor recibo y mejor exposición. ¿De qué
manera se podría movilizar a la sociedad civil para que se
consiguiera (puesto que el Estado parece que no va a poder hacerlo,
ni debería hacerlo) la famosa redención de cautivos de antes, que
consistía en la recaudación de fondos para que estas personas
pudieran venir a cumplir su condena a España en condiciones
naturales? El hecho de ser unos miserables y unos desarraigados
supone, además de estar penados, el no poder cumplir su condena en
España, porque el único límite que existe es ése. Uno de los penados
me dijo «mire, usted, Defensor, si yo en este momento acudo a la
mafia que me puso en movimiento en relación con este tema, yo
obtendría el dinero para salir de aquí, pero quedaría ya durante toda
mi vida ligado a esta mafia. Y lo que quiero es salir de aquí con una
vida nueva, con una posición de rehabilitación y reeducación cierta».

¿Me estaba engañando? Es posible, pero la verdad es que el argumento
que estaba dando era un argumento bastante consistente, es decir, que
los que tienen la posibilidad de obtener, a través de los centros que
siempre existen de utilización y de recaudación, los fondos para
pagar su sanción, podrán cumplir la condena en España, aquéllos,
insisto, rotos, desarraigados, miserables, se pudrirán en las
cárceles marroquíes porque no tienen dinero para pagar esa sanción
y tendrán que cumplir allí toda su condena.

Señorías, esto a mí me produjo, y lo tengo que confesar, una profunda
impresión, y no hago más que darle vueltas para buscar una fórmula
que permitiera que alguna organización no gubernamental de tantas
como existen en temas de tipo humanitario, por ejemplo, prestara una
ayuda a estos españoles que, habiendo delinquido y estando penados,
además son pobres, y por ser pobres no pueden cumplir su condena en
España.

Dicho esto, también hay que reconocer que el tratado con Marruecos
tiene la reciprocidad, y,por consiguiente, a los marroquíes también
se les exige el pago de la multa si quieren cumplir, que no son
muchos, la prisión en Marruecos. No son muchas las peticiones en este
momento, pero alguna existe, y si quieren cumplir su condena en
Marruecos,
también se les exige, si han sido sancionados con una multa, el
pago de esa sanción. No quería dejar de transmitirles a SS.SS. la
preocupación del Defensor por este tema que personalmente he podido
comprobar, para ver si entre todos buscábamos una fórmula para
resolver este drama de unos españoles que quieren volver a su patria
para cumplir su condena, y que no lo pueden hacer porque son
sencillamente pobres.

Otro de los temas en relación con las cárceles en el extranjero es el
del español que se encuentran condenado a muerte en una de las
cárceles de Florida, en Estados Unidos, que ha sido atendido con
perfecta sintonía por parte de la Embajada en Estados Unidos y del
Consulado en Miami, según el testimonio de los padres y de los
senadores que tuvieron la iniciativa de provocar en la opinión
pública una sensibilidad respecto de este tema.

Es evidente que el Defensor del Pueblo no tiene competencia al
respecto, pero no cabe duda también que nosotros estamos dispuestos a
ayudar y haríamos todo lo posible, puesto que, efectivamente, nos
parece que la pena de muerte hay que acabar con ella, para que este
español, sometido a esa especie de drama permanente de si va a ser o
no va a ser ejecutado, se salve.

Señorías, esta tercera parte del informe que estamos en este momento
exponiendo-ya me parece que con un tiempo excesivo, y si me permite,
vamos a ver si acabamos pronto, señor presidente-, se refería a los
recursos que hemos interpuesto. Los recursos de inconstitucionalidad
son dos: uno relativo a una ley de la Función Pública vasca que
reformaba a su vez unos preceptos de la misma disposición que se
contenían en la reforma que se hizo a finales del año 1997, y que
entendimos que había motivos suficientes para interponer el recurso;
y otro a una ley de la Generalidad Valenciana respecto de un tema
relativo a los horarios de los establecimientos.

Se han recibido, además de estos dos recursos que se interpusieron,
19 solicitudes de recursos de inconstitucionalidad, que por distintas
razones y con distinto fundamento fueron rechazadas. Estas peticiones
fueron estudiadas, porque les puedo asegurar que los recursos de
inconstitucionalidad son uno de los temas que merecen mayor atención
por parte del Defensor del Pueblo, por parte de la Junta de
Coordinación. En ese sentido tengo que señalar no solamente la ayuda
que recibimos de todos los jefes de área que estudian el problema a
fondo cuando les corresponde, sino de los adjuntos. En la Junta de
Coordinación damos vueltas, vueltas y más vueltas para saber si
efectivamente estos recursos merecen o no la interposición por parte
del Defensor del Pueblo. Ha habido también 22 solicitudes de amparo
que no fueron estimadas.

Aun cuando sea de una manera breve, quiero hacer una referencia a
nuestra dimensión internacional desarrollada a lo largo de este año,
dimensión que ha tenido algunos aspectos positivos en cuanto que ha
sido la consolidación de nuestras relaciones tanto a nivel bilateral
como a nivel de la Federación Iberoamericana de Derechos Humanos, con
todos los Defensores del Pueblo de Iberoamérica. Dentro de este
período se celebró en Lima el congreso correspondiente, y tuvimos
allí el intercambio de opiniones, yo diría que una reagrupación y una
conciencia de todos losdefensores del pueblo de que estábamos en el
mismo barco.




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Estamos tanto en el mismo barco que les voy a contar una pequeña
anécdota: el Defensor de los Habitantes de Puerto Rico hace poco se
nos dirigió con un escrito pidiendo que el Defensor del Pueblo de
España interviniera frente a los Estados Unidos de América porque una
de las pequeñas islas adyacentes a Puerto Rico estaba siendo
utilizada como campo de tiro, y en ese campo de tiro había fallecido
algún ciudadano portorriqueño, y entendía que debíamos hacer algo.

Evidentemente, yo le dije que el Defensor del Pueblo español no debía
ni podía tener competencia en este tema, pero sí le trasmití que lo
vamos a examinar en el próximo congreso de Tegucigalpa de la
Federación Iberoamericana de Derechos Humanos, congreso que se
celebrará el próximo mes de noviembre y en el que el Defensor del
Pueblo de España cederá la presidencia a otro de los defensores del
pueblo que le corresponda.

Esta realidad de la consolidación de las relaciones con los
defensores iberoamericanos ha tenido especial importancia por la
colaboración de nuestro adjuntos, que han tenido una presencia,
cuando ha sido necesario, en los distintos proyectos que se han
realizado, tanto de las nuevas normas de la creación del Defensor del
Pueblo en Bolivia, labor que desarrolló el adjunto primero Antonio
Robira, y una presencia en el Ecuador con motivo del aniversario de
la Declaración de Derechos Humanos, a la que asistió el adjunto
segundo Antonio Uribarri. De manera que la coordinación, la presencia
de la institución del Defensor del Pueblo en Iberoamérica es en estos
momentos una realidad, y podemos decir que tenemos un prestigio, no
sé si bien ganado, pero indudablemente lo tenemos, porque todas las
referencias de las instituciones de defensores del pueblo y de los
modelos y leyes que se están allí aprobando tienen como punto de
partida la institución del Defensor del Pueblo de España.

Me parece que eso es un mérito, que yo lo puedo decir porque no me lo
tengo que atribuir, puesto que se inició ya con los anteriores
defensores, y ahora lo que hemos podido hacer es comprobar su
consolidación. Pero no solamente en Iberoamérica, también hemos
tenido la dimensión europea. Tenemos una relación muy importante con
los defensores del pueblo de Europa, y especialmente con el Defensor
del Pueblo Europeo. Y nos han ayudado también los defensores
autonómicos, nuestros comisionados autonómicos, para realizar
distintas mesas redondas, distintos trabajos. Ahora mismo acaba de
regresar de Checoslovaquia, y antes estuvo en Bulgaria, el adjunto
primero. Yestamos, como digo, en este aspecto desarrollando una labor
meritoria y eficaz, aunque no sé si todo lo que quisiéramos
y deseáramos. De todas formas, me parece que la institución del
Defensor del Pueblo está en este aspecto suficientemente consolidada.

Señorías, hasta aquí yo creo que hemos expuesto de una manera un poco
exhaustiva el balance de una gestión que se ha desarrollado durante
el año 1998. Creo que para que todo este esfuerzo que hemos
desarrollado de una manera intensa y no pierda parte de su eficacia,
sería exigible la posibilidad de articular los cauces convenientes,
como sucede en otros países europeos, para que el Gobierno procediera
a efectuar un seguimiento global no sólo de nuestras recomendaciones
sino también de las complejas medidas que hemos sugerido, para que
resulte necesario
llevarlas a la práctica. Yo creo que eso permitiría establecer un
diálogo más fluido con la Administración. Presupuesto que, como decía
al principio de mi intervención, consideraba importante, fundamental,
para la eficacia del cumplimiento de nuestra misión constitucional de
defensores del pueblo.

Señorías, les tengo que agradecer la paciencia que hoy, de una manera
especial, han tenido con esta larga intervención, y la confianza que
depositan en el Defensor del Pueblo y que siempre me han otorgado.

Espero y deseo que entre todos podamos contribuir de alguna manera a
convertir en realidad estos principios que solemnemente proclamamos
en nuestra Constitución.




El señor PRESIDENTE: Gracias al Defensor del Pueblo por este
exhaustivo informe; lo justifica el que se refiere siempre a un
ejercicio, a todo un año, en una institución muy acreditada. Por eso
no debe tener ninguna preocupación por la longitud de su exposición.

Gracias.

Como es habitual, suspendemos la sesión por cinco minutos para
reanudarla después con las intervenciones de los grupos
parlamentarios. (Pausa.)



Se reanuda la sesión. La Presidencia va a ser estricta en la
aplicación de los tiempos a los efectos de poder cumplir los horarios
que estaban previstos. Lo digo también como una anticipación de
disculpas que pide la Presidencia, aunque está en sus facultades el
ordenar los debates en un sentido reglamentario, pero hoy voy a ser
más exigente que en otras ocasiones.

Por el Grupo Mixto, el señor Chiquillo tiene la palabra.




El señor CHIQUILLO BARBER: En nombre de Unión Valenciana, partido
integrante del Grupo Parlamentario Mixto, quiero agradecer muy
sinceramente la exposición y el fondo de la intervención del Defensor
del Pueblo, y quiero iniciar mi intervención haciendo un
reconocimiento público del trabajo, el esfuerzo, la sensibilidad que
en los últimos años, y en este último mandato de 1998, ha demostrado
que ha realizado con este informe que hoy nos ha remitido;
reconocimiento que quiero hacer extensivo no sólo al Defensor del
Pueblo, sino a los adjuntos y a todo el personal humano que dignifica
la labor de la institución que tan dignamente representa el Defensor
del Pueblo.

En esta intervención breve quiero hacer algunas valoraciones
y consideraciones, incluso alguna que otra propuesta, respecto de
algunas cuestiones que quedan reflejadas en este informe, de algunas
que no quedan reflejadas y de algunos vacíos que creo que entre
todos, con ánimo constructivo, tenemos que ir superando. Entre todos,
entre las diversas comunidades autónomas donde existen figuras
semejantes, como en el caso del Síndico de Agravios en la Comunidad
Autónoma Valenciana, entre todas estas instituciones tenemos que
hacer llegar la voz de los ciudadanos, las preocupaciones de los
ciudadanos, las reivindicaciones de los ciudadanos, en definitiva,
tenemos que escuchar la voz de los ciudadanos, que no siempre los
políticos o los representantes de los partidos políticos sabemos
canalizar. A través de instituciones como la del Defensor del Pueblo
o las semejantes de las comunidades autónomas donde existe, se
utiliza este vehículo, este instrumento para que



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los ciudadanos planteen cuestiones, reivindicaciones, preocupaciones
o demandas sobre las más diversas y variopintas materias, como las
que figuran aquí, en este informe correspondiente al año 1998, que
preceptivamente se somete a la aprobación de las Cortes y que estamos
discutiendo en la mañana de hoy.

Yo creo que es importante que se valore (y éste es el primer punto
que quería plantear desde Unión Valenciana), el informe que en su día
presentó el propio Defensor del Pueblo respecto a la alarma social
que significó y que sigue significando la violencia doméstica en
nuestro Estado. Creo que el informe fue oportuno, al igual que las
recomendaciones, algunas de las cuales ya han surtido efecto y se han
plasmado en reformas legislativas para proteger a esas mujeres
víctimas en la mayoría de los casos de los malos tratos. Creo que es
importante poner sobre la mesa que ha habido rapidez en el
cumplimiento de algunas de estas recomendaciones. Creo que ha sido
importante, y creo que el Defensor del Pueblo ha jugado un papel
importante en esa rapidez en la toma de decisiones de los poderes
públicos, del Congreso de los Diputados y del Senado, al plantear
reformas legislativas en la línea que marcaba ese informe y esas
recomendaciones del Defensor del Pueblo.

Creo que es importante que en el informe del año 1998 se haya tomado
un buen camino en el tratamiento monográfico de determinados temas,
como la cuestión de la cooficialidad lingüística, de la que quiero
hacer una mención especial, el tratamiento del régimen penitenciario,
la fiscalidad de las familias, el problema de la contaminación
acústica, la calidad de los servicios públicos, la sanidad, la
educación, la seguridad ciudadana, la protección de la infancia,
etcétera. Todos estos temas han motivado un tratamiento monográfico,
lo que demuestra la sensibilidad del Defensor del Pueblo, pero
también demuestran la insatisfacción de los ciudadanos, que han
canalizado a través del Defensor del Pueblo y, repito, de las
instituciones semejantes en las comunidades autónomas, su
preocupación, su insatisfacción respecto al funcionamiento de algunos
servicios públicos, respecto a algunos problemas relacionados con la
fiscalidad, etcétera. Las administraciones públicas deberían poner el
máximo interés en dar mayor calidad de vida, mayor bienestar y mayor
atención a las demandas de los ciudadanos.

Quiero hacer una pequeña referencia al primer punto de este
tratamiento monográfico, que es el de la cooficialidad lingüística.

Unión Valenciana quiere reconocer y mostrar su gratitud por la
sensibilidad que ha demostrado el Defensor del Pueblo respecto al
tratamiento de este tema tan importante, que tiene su hilo directo
con la ley aprobada por el Parlamento de Cataluña, de normalización
lingüística, la ley denominada del catalán, porque refleja la
sensibilidad de muchos valencianos respecto de este tema. Es la
consideración cuarta que se recoge en este informe que presenta el
Defensor del Pueblo, en estas sugerencias de modificaciones
legislativas relativas a la cuestión de la territorialidad.




Desde Unión Valenciana, incluso desde amplios sectores de la
Comunidad Autónoma Valenciana, conscientes de que el Estatuto de
Autonomía de la Comunidad Valenciana, en su artículo 7, reconoce como
idiomas oficiales el castellano y el valenciano, ambos en régimen de
cooficialidad,
veíamos con preocupación algunos extremos de esta ley. Así se
hizo patente, incluso con propuestas ante las Cortes Valencianas, en
el sentido de que se respetara, en la línea de lo que manifestaba el
Defensor del Pueblo, el principio de territorialidad. Nosotros somos
muy respetuosos con las leyes que aprueba el Parlamento de Cataluña,
con su aplicación y esperamos que por ese respeto que tenemos desde
la Comunidad Valenciana, por ese respeto al principio de la
territorialidad, esa ley tenga su aplicación en el ámbito territorial
en la Comunidad Autónoma de Cataluña. La Comunidad Autónoma
Valenciana tiene un estatuto, tiene una lengua propia reconocida en
ese estatuto, tiene competencias exclusivas para su lengua propia y
regula su lengua propia. Por tanto, pedimos que se vigile el proceso
de cumplimiento de esa ley en el ámbito de la Comunidad Autónoma
Valenciana, porque esperamos que no pase de las fronteras del río
Ebro y se haga un seguimiento para que ese principio de
territorialidad se cumpla escrupulosamente. La Comunidad Autónoma
Valenciana tiene competencias exclusivas sobre la lengua valenciana,
reconocidas en el artículo 7 del Estatuto de Autonomía, tiene su
propia legislación y está a punto de aprobar su propia academia
valenciana de la lengua. En el ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma Valenciana está vigente la normativa de la academia
valenciana de la lengua y en el ámbito de Cataluña está vigente la
Ley de normalización lingüística.

Por lo tanto, hago la petición de que se siga la aplicación y el
desarrollo reglamentario de esa ley, porque esperamos que el
principio de territorialidad no sea quebrado y en la Comunidad
Autónoma Valenciana sea respetada esa diferencia lingüística, es
peculiaridad que tenemos los valencianos con esa lengua reconocida en
el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.

Después de estas valoraciones y estas consideraciones, me atrevería
muy breve y rápidamente a hacer unas propuestas y unas
consideraciones. El diputado que les habla presentó un escrito ante
el Defensor del Pueblo respecto a una cuestión que viene siendo
tratada en los sucesivos informes del Defensor del Pueblo, que es la
referida a las expulsiones en aplicación de la Ley de derechos y
libertades de los extranjeros en España. Pensamos que siguen
incumpliéndose los principios básicos de respeto a unos ciudadanos
que están en nuestro Estado, que vienen a nuestro Estado, y que con
procedimientos más que irregulares y arbitrarios se están produciendo
las expulsiones de ciudadanos de otros países, no de la Unión
Europea, pero sí de nuestro entorno más cercano. Yo mismo presenté un
escrito sobre el caso de un ciudadano rumano al que no se le había
respetado ninguno de los principios básicos que tenía como ciudadano,
como ser humano. No procedía una expulsión tan irregular, tan
arbitraria y tan inhumana como la que se produjo en el caso de este
ciudadano rumano que, repito, motivó un escrito del diputado que les
habla ante la oficina del Defensor del Pueblo.

Creo que en la Comunidad Autónoma Valenciana se están produciendo
muchos casos como ése. Así lo han denunciado sindicatos y ONG, y
todos apuntan, tanto en el caso de escritos dirigidos al Síndico de
Agravios de la Comunidad Valenciana como al Defensor del Pueblo, la
arbitrariedad con que se está funcionando y se está operando



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en los temas de expulsiones de inmigrantes por parte de la Delegación
del Gobierno en la Comunidad Valenciana, que está a la cabeza de
procedimientos irregulares de expulsión de ciudadanos. No se les
permite siquiera la posibilidad de buscarse un abogado, se les tiene
confinados en centros de internamiento, en horas intempestivas, a las
cuatro o cinco de la madrugada; sin ningún tipo de posibilidad de
defensa han sido conducidos al aeropuerto de Valencia, metidos en un
avión y mandados a su país de origen, a pesar de que tenían papeles,
incluso tenían vínculo laboral en la Comunidad Autónoma Valenciana.

Esto se ha producido a lo largo y a lo ancho de todo el Estado
español, pero en la Comunidad Autónoma Valenciana ha habido casos muy
importantes, y quiero poner el énfasis en esa cuestión.

Una segunda cuestión que quería subrayar es el estado de los
establecimientos penitenciarios. Sé que usted ha visitado en persona
la prisión de Fontcalent, en Alicante, y el centro penitenciario de
Picassent, en Valencia. Cuando visitó la prisión de Fontcalent, en
Alicante, sacaría unas conclusiones claras y rotundas sobre el estado
de ese centro penitenciario, sobre el estado no sólo del personal al
servicio de la Administración en ese centro, sino las condiciones en
las que vive la población reclusa, que se puede hacer extensivo a
muchas de las prisiones. Desde luego, no son comparables con la de
Marruecos, a la que usted hacía mención, pero hay casos
verdaderamente inhumanos, de aglomeración, de saturación, que no
reúnen las condiciones mínimas de sanidad y de higiene. Estas
cuestiones se vienen repitiendo en todos los informes, y creo que
tenía que haber aún más firmeza por parte del Defensor del Pueblo en
estos temas que estoy apuntando, porque es indigno. Tanto en el caso
de los inmigrantes como en el de las instituciones penitenciarias,
debería haber más firmeza, más seguimiento y más control de las
administraciones públicas competentes para que no se produjeran estas
situaciones tan desagradables, tan inhumanas, que vulneran derechos
humanos de muchas personas y diversos artículos de varias leyes
básicas de obligado cumplimiento por las administraciones públicas.

Quisiera hacer una última valoración o consideración en forma de
propuesta. Después de varios años de vigencia de la Ley de
Integración Social del Minusválido, la Lismi, creo que se ha avanzado
mucho. Y ahí tienen parte del mérito las actuaciones reiteradas,
durante los veintiún años de existencia del Defensor del Pueblo, que
ha exigido a las administraciones, a los poderes públicos, el
cumplimiento de la Ley de Integración Social del Minusválido. Creo
que es importante en lo social; se ha avanzado mucho. Pediría al
Defensor del Pueblo que, en lo que queda de este período de sesiones,
aunque ya queda poco, en esta sexta legislatura, se realizara, se
abordara en profundidad un informe, un estudio, con recomendaciones,
sobre la integración laboral de los discapacitados.

Creo que es una asignatura pendiente de las administraciones
públicas, de los poderes públicos del Estado español. Sería muy
importante que se hiciera un esfuerzo por parte del Defensor del
Pueblo para presentar un informe, un estudio, unas recomendaciones
para hacer efectiva la integración laboral de los discapacitados, que
es fundamental para la plena integración social de aquellos que
tienen minusvalías físicas, psíquicas o sensoriales. Es la asignatura
pendiente de las administraciones públicas, y creo que un
colectivo muy importante de ciudadanos agradecería que usted
levantara esa bandera en defensa de lo que ha sido un gran
incumplimiento de las administraciones públicas, de las empresas
públicas, de las empresas privadas en todo lo referente a la
integración laboral de los discapacitados.




Concluyo reiterando el agradecimiento por su labor y la de su equipo,
y esperando que esa sensibilidad que ha demostrado en muchos extremos
la lleve hasta las últimas consecuencias en controlar, marcar y
vigilar que las administraciones públicas cumplan con sus
obligaciones para con los ciudadanos, que ven en el Defensor del
Pueblo la única garantía para que sean oídas sus justas
reivindicaciones.




El señor PRESIDENTE: A continuación por el Grupo de Coalición
Canaria, don Luis Mardones, tiene la palabra.




El señor MARDONES SEVILLA: Estimado Defensor del Pueblo y grato
amigo, don Fernando Álvarez de Miranda, deseo mostrar, en nombre de
mi grupo de Coalición Canaria, el reconocimiento una vez más por la
magnífica e ingente labor cuantitativa y cualitativamente
desarrollada por la institución del Defensor del Pueblo, tanto por
usted, como por sus adjuntos, por el secretario general y todo el
equipo que trabaja en esta institución tan señera en la defensa de
los derechos constitucionales y de los derechos humanos.

De la memoria que ha presentado el señor Álvarez de Miranda, quiero
destacar lo que han sido, a juicio de mi grupo, dos importantes
eventos: la entrega que se hizo ante Su Majestad el Rey del informe
sobre la violencia doméstica, tema que había surgido de una inquietud
ciudadana fuertemente recogida en los medios de comunicación, así
como las respuestas administrativas, judiciales y policiales a la
misma. Que el Defensor del Pueblo llevara este informe ha sido
verdaderamente importante. Así como el trabajo hecho por la Comisión
de Asuntos Exteriores para conmemorar el 50 aniversario de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, que también había
realizado la institución del Defensor del Pueblo y que hemos
ensamblado, que votará el Pleno de esta Cámara el próximo jueves.

Del informe memoria que hoy nos trae aquí correspondiente al pasado
año, quiero destacar lo siguiente: en primer lugar, que se consolida
el tratamiento monográfico de una serie de temas que surgen ante la
opinión pública, hechos sociales, hechos evidenciados por los medios
de comunicación social y de todo tipo. Nueve temas que vienen, como
digo, a ratificar que se consolida algo en lo que este diputado, como
usted bien sabe, ha insistido, y es que si esto entrañaba coste
personal, material o económico para la institución del Defensor del
Pueblo, el presupuesto de las Cortes tendría que ser, no digo ya
generoso, sino inteligente garantizarlo plenamente a efectos
presupuestarios, de manera que estos estudios monográficos nos sigan
llegado a los diputados en cualquiera de las distintas acepciones,
que indican el pluralismo de materias que preocupan a nuestra
sociedad, como el tribunal penal internacional, el tratamiento
penitenciario, la seguridad integral, las actuacionesexpropiatorias
de la Administración o la contaminación



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acústica. Muchos de estos temas no sólo llegan a los tribunales de lo
contencioso o de lo penal, sino que son cuestiones de orden público,
como ha ocurrido con la contaminación acústica producida por las
aeronaves de los aeropuertos comerciales. Igualmente sucede con los
derechos de la infancia.

Por tanto, me congratulo de que estos temas vengan muy bien
explicitados y muy bien estudiados, y desde mi grupo alentamos a la
institución del Defensor del Pueblo a seguir recogiendo anualmente el
estudio monográfico de estos temas que preocupan a la opinión
pública.

Con respecto al tema de las recomendaciones, es otro tema al que
también tiene que habituarse la administración correspondiente que
las recibe, pero habituarse en el sentido de dar un tratamiento
inteligente a la recepción de las recomendaciones. En la memoria de
1998, el número de recomendaciones aceptadas por las distintas
administraciones públicas ascendió a 57, frente a 47 que no lo
fueron. Por lo menos en términos deportivos y aritméticos el
resultado es positivo para la institución del Defensor del Pueblo el
que las distintas administraciones hayan aceptado 57 recomendaciones.

De todas formas, el número de las no aceptadas es significativamente
alto a efectos estadísticos. Eso nos servirá a los grupos para
indagar en qué administraciones públicas no se ha aceptado alguna
recomendación, cuya enunciación desde la memoria parece que al menos
tiene la verosimilitud de estar amparada por el sentido común, aunque
la administración correspondiente haya rechazado las razones
alegadas. Creo que hay una serie de recomendaciones que podían haber
sido perfectamente asumidas y aceptadas por distintas
administraciones públicas, porque hubieran introducido un componente
de sentido común y de racionalidad en esta aportación tan positiva de
la institución del Defensor del Pueblo.

No quiero extenderme en esta intervención, sin perjuicio de que en su
momento y en el período de sesiones que comience después del verano
hagamos, ante el Pleno de la Cámara, un análisis más pormenorizado de
aquellas actuaciones que están dirigidas a las distintas
administraciones públicas. En el tema de las prisiones, quiero
compartir el énfasis, el calor que ha manifestado en su exposición al
hablar de una prisión de Canarias que lleva tres años terminada y que
no se ha inaugurado, cuando tenemos problemas de hacinamiento en las
prisiones, donde existe una precariedad en el número de funcionarios
de prisiones asignados a la custodia de los internos, con una
desproporción de funcionarios internos verdaderamente abismal,
hacinamientos de todo tipo que no conducen si no a conculcar la ley
penitenciaria española y los derechos humanos, ya que la pena no
puede ser agravada más allá de la estricta sentencia judicial, de lo
que es la privación de libertad por la pena correspondiente, pero no
se le pueden añadirle circunstancias de habitabilidad, por emplear
algún vocablo suave en esta cuestión.

Por parte de nuestro grupo se están haciendo la petición a la
Administración penitenciaria española del Ministerio del Interior,
así como a los jueces de vigilancia penitenciaria, para que en sus
informes ante las autoridades competentes judiciales recojan estos
pormenores, porque al juez de vigilancia penitenciaria no le
corresponde solamente la autorización de permisos de salida, sino
también una tutela
efectiva, como señala nuestra Constitución, sobre cualquier
justiciable.

Voy a terminar con una última observación, señor presidente, señor
Defensor del Pueblo, que hace referencia a la tercera parte de su
memoria informe de 1998, que son los recursos de
inconstitucionalidad. A mí me sorprende y me preocupa, desde un punto
de vista político, y también si se quiere de rigor intelectual, que
vayan aumentando los recursos de inconstitucionalidad año tras año en
la memoria del Defensor del Pueblo. Yo no sé si ha llegado el
momento, estoy pensando en voz alta, señor Álvarez de Miranda, a la
vista del aumento de recursos de inconstitucionalidad que aparecer en
la memoria, 19 en total, más o menos, incluyendo la sentencia sobre
el recurso de inconstitucionalidad del Estatuto de Autonomía de
Canarias y aquellos que hacen referencia al régimen electoral, de
pensar en la reforma de la Ley del Tribunal Constitucional. Como el
Gobierno ha dicho ya y ha aparecido en los medios de comunicación de
las últimas fechas, hay un proyecto de reforma de la Ley del Tribunal
Constitucional a los efectos de restringir el acceso de los
ciudadanos al mismo. Por un lado, preocupa una desviación de trámite
administrativo, pudiera representar un menoscabo ante derechos
fundamentales, pero también entiendo que el fácil recurso de
apelación de muchos abogados, el recurso de amparo del Tribunal
Constitucional atasca la institución, la llena y produce el efecto
contrario. Es decir, tendría que haber alguna manera para que no
llegaran al Tribunal Constitucional cuestiones que deberían ser
zanjadas en vía judicial ante el Tribunal Supremo correspondiente.

Aquí hago yo mi reflexión de si no sería también conveniente un acto
de estudio interno de la propia institución del Defensor del Pueblo,
para evitar que también ustedes sean víctimas de la utilización por
cualquier Administración, particular o bufete de abogados de usar la
vía de la institución del Defensor del Pueblo para acceder al
Tribunal Constitucional. Es lo que yo planteo. Si tratamos por un
lado de regular el acceso de los particulares ante el Tribunal
Constitucional agotadas las vías de la jurisdicción correspondiente
(penal, contencioso-administrativa, etcétera), que en gran medida
debería terminar ante el Tribunal Supremo, no vayamos también a
empezar a atascar la institución del Defensor del Pueblo haciéndole
partícipe de una vía tangencial y colateral de acceso al Tribunal
Constitucional, porque estamos viendo algunas declaraciones de
personas o instituciones que han recurrido a la institución del
Defensor del Pueblo para acceder al Constitucional, solicitando un
recurso de inconstitucionalidad, cuando esas personas estaban
perfectamente legitimadas para haber accedido directamente al
Tribunal Constitucional. Estaban perfectamente legitimadas para este
acceso, y no la utilización como una especie de palanca de efecto de
influencia a través de la institución del Defensor del Pueblo.

Dejo este tema planteado, no quiero entrar en más consideraciones,
porque nos gustaría que en una futura memoria la institución del
Defensor del Pueblo analizara este aumento que trae de distintos
recursos de inconstitucionalidad, a otras tantas leyes, algunas de
gran transcendencia política, que hiciera incómoda a la institución
que depende de las Cortes, que es de donde salen estas leyes (del
Congreso de los Diputados y del Senado), con la propia institución



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que es parte de nuestros instrumentos, junto al Tribunal de Cuentas,
para entrar en estos actos administrativos.

Por todo lo demás, muchísimas gracias, y conste la felicitación de mi
grupo a la institución en las personas del Defensor, de sus adjuntos
y su secretario y del personal de esta cada día más necesaria y
prestigiosa institución. Este diputado se suma a los deseos de mi
grupo y que traslado para constancia aquí.

Gracias, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Por parte de la Presidencia, gracias muchas
también, señor Mardones, por su brevedad.

A continuación, concedo la palabra a la representante del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señora Amorós.




La señora AMORÓS I SANS: Damos la bienvenida al señor Defensor del
Pueblo en este trámite de presentación del informe anual realizado
por la institución que él dirige.

Señorías, como bien ha dicho el Defensor del Pueblo al inicio de su
intervención, es una ocasión especial, pues se trata del último
informe que evaluaremos en esta Comisión por estar finalizando la
legislatura, y también es el último informe que nos presenta don
Fernando Álvarez de Miranda como Defensor del Pueblo, por finalizar
su mandato el próximo mes de diciembre.

Un baremo indicativo del informe es sin duda alguna el número de
quejas recibidas durante el período legislativo. En 1996 fueron
25.780 las quejas recibidas por la institución; en 1997 descendieron
a 18.130 quejas, para elevarse de nuevo en 1998 hasta 23.964 las
quejas recibidas, y que desglosadas por su clasificación nos
encontramos que las no tramitadas por error en su presentación o por
no ser competencia de la institución son más o menos en torno a las
6.000 en cada uno de los años evaluados.

Creemos que es un dato importante, pues mientras en la encuesta de
valoración que hace la ciudadanía de las instituciones el Defensor
del Pueblo tiene un conocimiento y un reconocimiento elevado por
parte de los ciudadanos, las tres cuartas partes de las personas
encuestadas afirmaban desconocer los trámites necesarios para
formular sus quejas, a pesar de los esfuerzos realizados en campañas
anteriores destinadas a la divulgación y pedagogía de la institución.

Es motivo de reflexión, y por ello nos parece muy acertada la
distribución del vídeo informativo dirigido a la ciudadanía, pues es
una forma atractiva y actual de continuar trabajando para el pleno
conocimiento de la institución.




Continuando con las cifras, tenemos las quejas que a título
individual se presentan a la institución y la oscilación entre los
períodos es casi estable, moviéndose en torno a las 12.000. Por el
contrario, sí opera un incremento elevado las quejas catalogadas como
grupos de quejas idénticas, que son aquellas normalmente promovidas
por corporaciones o entidades asociativas permanentes o temporales
que impulsan entre sus copartícipes el envío de una queja al Defensor
del Pueblo, facilitando y difundiendo en ocasiones un escrito donde
el asociado sólo tiene que consignar sus datos, como nos explica en
su resumen del año 1996 de este tipo de quejas.

Estos grupos son catalogados en este apartado de idéntica temática
para evitar así dar una cifra sesgada de las preocupaciones reales de
los ciudadanos que son recibidas por el Defensor del Pueblo. En este
período, las quejas se han duplicado. Mientras en 1998 hubo 11.356,
en el año 1997 se recibieron la mitad, 6.256. Esto, señorías, señor
presidente, nos preocupa. Estas 11.356 quejas en su informe las
desglosa y nos explica cómo están, desde dónde se han recibido, y
3.029 están relacionadas exactamente con la Ley 1/1998, de 7 de
enero, del Parlamento de Cataluña sobre la política lingüística;
1.000 quejas sobre el expediente de deslinde de dominio público,
marítimo-terrestre de la isla de Formentera; 803 quejas relativas a
la integración de funcionarios en la carrera administrativa, y 780
quejas sobre aspectos de la negociación colectiva del personal
laboral al servicio de la Administración.

Son cinco grupos bien definidos, pero sólo uno ocupa el 8 por ciento
de su informe, y un apartado monográfico. Esta comparación de cifras
entre ejercicios evaluados, el aumento de quejas experimentado al
analizarlas según las comunidades autónomas de procedencia es un dato
que nos produce también desasosiego. Por ejemplo, en Andalucía en
1997 las quejas eran 1.830 y en 1998 eran 2.135; en Baleares, de 630
en 1997, pasaron en 1998 a 1.582, y en Euskadi, de recibir 579 quejas
en 1977, en 1998 se recibieron 820. Pero donde el incremento se hace
notable es en Cataluña, que de 1.003 ciudadanos y ciudadanas que
tenían la percepción de que alguno de sus derechos fundamentales
había sido vulnerado por la Administración, pasamos a la escandalosa
cifra en 1998 de 4.752 personas con esta misma sensación. Estas
cifras merecen una serena reflexión.




Cabe destacar que tanto en 1997 como en 1998 las actuaciones de
oficio son prácticamente las mismas: fallecimiento de internos en
centros penitenciarios, malos tratos a detenidos, instalaciones
inadecuadas en centros de menores, realojos de población marginal,
hacinamientos y expulsiones, tratamientos de visados, agresiones,
malos tratos y discriminación por razón de sexo. Es un apartado, que
nos preocupa, señorías, pues año tras año se repiten mucho estas
actuaciones de oficio del Defensor, y año tras años muchas quedan sin
solución.

Quisiera felicitar al Defensor del Pueblo por la sensibilidad que
tiene en tratar de paliar las diferencias que sufren las personas más
desvalidas. También queremos reseñar y ensalzar otro aspecto positivo
en esta legislatura, que han sido sin duda alguna los informes
monográficos presentados por la institución. La situación
penitenciaria y de puestos municipales de detenidos o sobre la
seguridad y prevención de accidentes en áreas de juegos infantiles,
algo que nos parece no es nada banal, pues ocurren muchos accidentes
en estas áreas, y el estudio de la violencia doméstica, que tanto ha
contribuido a concienciar a la Administración y a la sociedad contra
esta lacra padecida por algunas mujeres. Le agradecemos la
rigurosidad con que ha tratado el tema y el empeño puesto desde su
institución para proteger a este colectivo.

El Defensor del Pueblo en su informe de 1997 nos informaba que las
recomendaciones de la institución aceptadas por la Administración
habían aumentado, dato que nos alegró en su momento; pero en 1998
percibimos de su



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informe que hay una falta sistemática de contestación por parte de la
Administración a sus advertencias o recomendaciones. Le ayudaremos en
todo momento a continuar en el empeño de que se consiga por fin hacer
que todas las administraciones contesten a sus requerimientos.

También hacía referencia a los recursos de inconstitucionalidad, que
durante el período de 1997 había recibido 19 para ser exactos; pero
el tratamiento de uno solo de los recursos que recordamos fue
desestimado por la institución, es el que ha propiciado un estudio
monográfico de este tema. A esta portavoz esta situación le transmite
preocupación y cierto partidismo que también pediremos nos aclare.

Señor presidente, señor Defensor, señorías, como ustedes saben, el
trámite parlamentario de presentación del informe anual de la
institución del Defensor del Pueblo a las Cortes Generales tiene
cuatro apartados. Los dos primeros, la presentación a los presidentes
de cada una de las Cámaras; segundo, el que estamos haciendo en estos
momentos, la Comisión Mixta del Defensor del Pueblo, para finalizar
el debate en los Plenos del Congreso y el Senado.

En esta Comisión es donde los diputados y diputadas tenemos la única
ocasión de pedir respuestas y aclaraciones al compareciente, al
Defensor del Pueblo para que nos aclare las dudas, las incertezas,
los desasosiegos que podamos percibir de su trabajo anual. La
Comisión es el lugar donde las opiniones, posturas y declaraciones
deben ser resueltas para un buen ejercicio parlamentario, y así poder
establecer el criterio a seguir, para aprobar o no el informe anual
de la institución en el Pleno del Congreso de los Diputados o en el
del Senado, donde las ideas, criterios y opiniones deben ser ya muy
claros, pues, como ustedes saben no tenemos posibilidad de réplica el
Defensor ni los grupos parlamentarios, y simplemente se traduce en
una intervención del Defensor y la posición de los grupos
parlamentarios.




Como así es el reglamento y así debe acatarse, esta diputada en
representación del Grupo Parlamentaria Catalán quisiera que me
aclarase ciertas dudas, pues como bien sabe siempre hemos querido que
el lugar del debate es el Parlamento, no los medios de comunicación.

Quisiéramos saber del Defensor si cree cierto que la cooficialidad
lingüística es uno de los problemas que más preocupan a los
españoles, según el informe anual presentado a las Cortes Generales.

También quisiéramos saber del Defensor del Pueblo que, siendo cierto
que ha recibido más de 3.000 quejas pertenecientes a un grupo
idéntico, que es sobre la cooficialidad lingüística, si nos podría
discernir y aclarar cuántas son de un lado y cuántas de otro, y si él
cree, como creo que sí cree, que estas quejas son producto de una
campaña mediática fundamentada por dos grupos contrapuestos con
claras intenciones de desprestigiarse mutuamente. Señor Defensor del
Pueblo, ¿cree que en Cataluña hay una fracción social por culpa de la
cooficialidad lingüística?
Señor Defensor del Pueblo, no sólo esperamos de usted que haga un
retrato social veraz en referencia a las carencias asistenciales de
los ciudadanos y ciudadanas, que le agradecemos encarecidamente, pues
su labor de conciencia social nos recuerda día a día que
desgraciadamente España no va bien para todos, y tenemos que trabajar
para que esa
frase machacona de que España va bien sea cierta para todos y todas.

Esperamos también de su institución, al igual que retrata la realidad
cotidiana de las carencias o malas gestiones, que sea ecuánime y
explique a los ciudadanos y ciudadanas del Estado español que en
Cataluña, como en todas partes, tenemos carencias económicas y
necesidades sociales, pero el pueblo catalán es un pueblo acogedor,
comprometido y agradecido con todos aquellos que han hecho con su
trabajo diario a Cataluña lo que es, una nación moderna, un país
orgulloso de sus ciudadanos y ciudadanas que cuenta con todos y todas
los que hemos decidido vivir, trabajar y formar una familia en
Cataluña.

Su encargo constitucional es conciliar a los ciudadanos con su
relación con la Administración, y no la de abonar falsos
enfrentamientos entre la ciudadanía. Ha de comprender que sus
palabras en Cataluña no tienen efecto, pues allí sabemos que nuestra
paz social no peligra, pero que junto a titulares extremistas sus
declaraciones y tratamiento de la cooficialidad lingüística sí crean
desconcierto y recelo en otras partes del Estado español, que sólo
conocen Cataluña a través de esas informaciones que apartan a la
ciudadanía de nuestra realidad.

Todas estas preguntas se las hago simplemente para entender las
prioridades que desde esa institución se dan a las necesidades de los
ciudadanos y ciudadanas del Estado español.

Señor presidente, señorías, quisiera dar unos datos estadísticos para
conocimiento de esta Comisión y de la institución respecto al tema de
la lengua en Cataluña. Una reciente encuesta realizada por encargo
del departamento de Cultura de la Generalidad de Cataluña ha dado
como resultado que 8 de cada 10 encuestados creen que debe cumplirse
el objetivo de que todos los ciudadanos y ciudadanas entiendan el
catalán para facilitar la cooficialidad, que la mayoría de los
ciudadanos apoyan la nueva Ley de Política Lingüística, y esto
teniendo en cuenta que la lengua de uso habitual en porcentaje es de
49,6 por ciento de catalanes catalanohablantes y un 49,9 por ciento
de catalanes castellanohablantes; y que un 78 por ciento de los
encuestados cree que el futuro del catalán es positivo, frente a un
5,6 por ciento que lo ve muy negro.

Señor Defensor del Pueblo, espero que usted me conteste en esta
Comisión y aclare las dudas que han producido en mi grupo
parlamentario el tratamiento del informe monográfico de la política
lingüística de Cataluña.

Quiero finalizar demandando al señor Defensor del Pueblo que cuando
tenga dudas al respecto o necesite aclaraciones, podrá contar con la
colaboración del Sindic de Greuges, don Antón Cañellas, que siempre
ha estado dispuesto a colaborar con la institución en todos los temas
sugeridos, requeridos, y que seguramente hubiera sido de mucha
utilidad en esta colaboración.

Don Fernando, al igual que usted, cuando esta diputada, tiene que
poner de manifiesto una injusticia su fervor se desata. Le pido
excusas si en algún momento lo he podido violentar; mi intención ha
sido simplemente la reivindicación de la no existencia de un
conflicto que unos pocos quieren utilizar como propaganda electoral a
costa de la tolerancia, la convivencia y el prestigio de un pueblo.




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El señor PRESIDENTE: A continuación y por parte del Grupo Socialista,
doña Cristina Alberdi tiene la palabra.




La señora ALBERDI ALONSO: Señor Defensor del Pueblo, bienvenido una
vez más a la rendición de cuentas periódica anual a las Cortes
Generales de la gestión del último año 1998. Agradecemos su presencia
y la de todo su equipo con los dos adjuntos por el trabajo realizado.

Es verdad, y usted se ha referido en primer lugar a esas señas de
identidad que ya conoce la sociedad española propias del Defensor,
como institución útil, como institución que atiende al diálogo, como
institución que atiende a la ciudadanía, y que está integrada en la
sociedad. La institución del Defensor se encuentra sin duda arraigada
en la sociedad española y, como usted mismo nos ha dicho, hay unos
datos que acreditan ese alto conocimiento de la institución de la
defensoría y también su valoración positiva.

Las quejas recibidas en el informe del año 1998 han aumentado en un
ligero porcentaje, pero se refieren como es habitual al deficiente
funcionamiento de determinados servicios y a la vulneración de
derechos fundamentales, sobre todo lo que alude a la igualdad de
todos ante la ley y singularmente las discriminaciones por razón de
sexo, que siguen afectando todavía a demasiadas mujeres.

En torno a la violencia contra las mujeres ya se presentó el informe
en el año 1998, a petición de algunos grupos parlamentarios,
Convergència i Unió y el Grupo Socialista, y en una gran medida ese
informe contenía las recomendaciones que han sido asumidas por las
distintas fuerzas políticas y por el Gobierno. Como ya tuvimos
ocasión de poner de relieve en esta Comisión, demostró el compromiso
y la sensibilidad de la institución del Defensor del Pueblo con el
respeto a la dignidad de las mujeres, y sobre todo a esa dignidad que
implica los derechos fundamentales.

Al igual que el Defensor en su momento atendió la petición formulada
por algunos grupos parlamentarios sobre este tema de la violencia de
género, queremos recordarle que hemos reiterado en esta Comisión la
necesidad de hacer un tratamiento pormenorizado del uso sexista del
lenguaje en el ámbito de la Administración, y también del tratamiento
de la imagen de la mujer en la publicidad y en los medios de
comunicación.

En el presente informe también se refiere el Defensor a algunas
quejas por discriminación contra las mujeres, debidas
a interpretaciones restrictivas en algunos derechos, y destaca el tema
deportivo, por ejemplo, para la diferenciación en categorías
masculina y femenina, que pudiendo tener sentido en las pruebas
físicas no lo tienen en absoluto en pruebas en las que no interviene
ese factor como es el ajedrez, donde sin embargo pervive la
distinción, como el informe destaca, en los niveles escolares.

Respecto a los temas monográficos que una vez más selecciona el
Defensor, no están quizás todos los que merecerían ese tratamiento,
pero desde luego los seleccionados lo merecen, y en primer lugar la
cooficialidad lingüística. Ya ha comentado la representante de
Convergència i Unió esa posición propia de una zona determinada o una
sensibilidad en torno a un tema. Nosotros entendemos que ese informe
del Defensor alude, y él mismo también hoy al comentarlo, a una
polarización real de las posiciones en
torno al alcance y al contenido de la cooficialidad. La posición del
Defensor a nuestro juicio ha sido ponderada, y ha sido, entendemos
clara y acertada. Para los ciudadanos, elegir una u otra opción
lingüística entre las que tienen carácter cooficial es un derecho,
dice, y para los poderes públicos, posibilitarla es un deber. Ahí
está a nuestro juicio la clave del tema.

En el segundo tema seleccionado, la creación de un Tribunal Penal
Internacional como consecuencia de la apertura por la Audiencia
Nacional de los procedimientos por delitos de genocidio y terrorismo
cometidos contra españoles en zonas de Iberoamérica, todos recordamos
el debate que se suscitó sobre la incompetencia o no de la
jurisdicción española para conocer de estos delitos. Hubo cierta
sensación de impotencia ante situaciones de estas características
y poder quedar en la impunidad delitos tan graves como los mencionados,
y aunque finalmente ya se decretó por el Consejo General del Poder
Judicial la competencia de los tribunales españoles para su
conocimiento, lo cierto es que con las normas actuales pueden darse y
se dan de hecho maniobras procesales dilatorias que generan esa
situación de impunidad. Por tanto, bienvenida sea esta clara
referencia por parte del Defensor del Pueblo a la necesidad de que
exista ese Tribunal Penal Internacional que asegure la acción de la
justicia en todos los casos.

También era uno de los temas monográficos el tratamiento
penitenciario para la reinserción social de los penados. Es habitual
en otro apartado general en el informe de la situación penitenciaria,
como hace el Defensor, un análisis exhaustivo de la situación de los
reclusos y los problemas que allí se detectan, pero aquí se ciñe a
esa insuficiencia de medios personales y materiales para conseguir la
reinserción de los reclusos. Como todos sabemos, constituye un
objetivo constitucional. Con los medios existentes, incluso de
infraestructuras, es difícil lograr tal objetivo, como se pone de
relieve en el informe. Esta incapacidad nos preocupa dadas las
reiteradas promesas del Gobierno en cuanto a la adecuación de las
cárceles a los objetivos de la Ley Penitenciaria. Un incumplimiento
claro del Gobierno que junto con otros problemas, que aparecen en la
otra parte exhaustiva que se refiere al tratamiento penitenciario
(como los fallecimientos en prisión, los suicidios, los malos tratos,
el hacinamiento), hacen que la situación en las cárceles sea
explosiva. A mayor abundamiento, destaca también el Defensor en su
informe esa preocupación por la cárcel de Zuera, en Aragón, que desde
luego debe tener solución. Tan grave nos parece a nuestro grupo la
situación, que hemos recientemente formulado al Gobierno una
interpelación urgente en relación con los últimos problemas habidos
en algunas cárceles en España, singularmente la de Soto del Real,
donde se han producido bastantes suicidios y situaciones de una
gravedad extraordinaria.

También se refiere a la fiscalidad de la familia en el nuevo IRPF.

Aquí no vamos a profundizar. El Defensor, a pesar de su informe en el
estudio que publicó en enero de 1998, no está muy convencido de que
se haya formulado una reforma con todos los objetivos, los tres
pilares que él ha señalado, y sobre todo en el aspecto de la
posibilidad de declaración, la tributación conjunta o individual para
unidades familiares resulta que no merecen ese trato fiscal favorable
o al menos no aparece claro en la individual ni en



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la conjunta que exista ese trato fiscal favorable, como muy bien pone
de relieve el informe del Defensor en este punto monográfico.

Otro tema que sí nos preocupa especialmente, y aquí está la diputada
que lo llevó, Dolores García-Hierro, es el tema de la contaminación
acústica, ella llevó el tema en residuos, pero preocupa especialmente
a este grupo el tema de medio ambiente, y naturalmente este estudio
monográfico sobre la contaminación acústica es muy importante, porque
falta esa ley básica estatal en esta materia, y el tema de los ruidos
constituye uno de los problemas medioambientales que más empieza a
preocupar a los ciudadanos. Hay efectos físicos y psíquicos
innegables, muy negativos, y las administraciones han de responder a
este problema. Nos gustaría saber si la propuesta que ha formulado el
Defensor al Ministerio de Medio Ambiente ha sido ya atendida y si
existen plazos para asumir el compromiso.

En cuanto a la calidad de los servicios públicos de contenido
sanitario y social, que es otro de los elementos monográficos,
detecta el Defensor las insuficiencias en el parque de instalaciones
sanitarias y sociales. Esas insuficiencias vienen siendo ya una
reiteración, pero naturalmente no basta, tendríamos que a veces
conseguir la información en los periódicos, o seguir el control
parlamentario que los distintos grupos parlamentarios han efectuado
al Gobierno en materia de sanidad y materia de servicios de parque de
atención social. Con eso podríamos estar viendo que hay numerosas
insuficiencias, y que desde luego no se prestan estos servicios con
eficacia ni con eficiencia, aprovechando al máximo, optimizando los
recursos al máximo. Pero naturalmente se alude a los problemas de la
presión en las urgencias, la falta de adecuación de plantillas, y
naturalmente todos estos problemas se vienen reiterando a lo largo de
los informes del Defensor y que una vez más, esta vez tratándose en
un estudio monográfico, pero una vez más ponen de relieve que en el
servicio público en cuanto al ámbito sanitario, el ámbito social, no
se están prestando en las condiciones que debería prestarlas un
Estado como el nuestro de democracia avanzada.

En cuanto a las prestaciones sociales, se destaca el tema de las
viudas, de enorme preocupación; destaca también el tema de los
mayores, de la atención en plazas residenciales. Hay que anticiparse.

Tenemos el problema de aumento de población de tercera edad, sobre
todo de ochenta y más años con graves problemas psíquicos y físicos,
movilidad, Alzheimer, en fin, estos graves problemas que se avecinan
y requieren sobre todo un tratamiento preventivo. Por ello,
bienvenido sea ese informe que el Defensor prepara sobre la atención
sociosanitaria, que es uno de los aspectos centrales en esta materia,
y que lo hace además con motivo de haberse declarado por Naciones
Unidas 1999 como Año internacional de las personas mayores.

Se hace en el informe una referencia muy oportuna a las quejas
recibidas en relación con la tardanza en el reconocimiento de las
pensiones no contributivas. Esto me parece especialmente adecuado,
porque se trata del nivel más modesto del sistema, por tanto el que
afecta a personas que están en un nivel de subsistencia, y el hecho
de que no se produzca esa solución de su pensión, de su solicitud en
tiempo adecuado, puede acarrearles graves problemas.

Aunque ya ha explicado muy bien el Defensor que es un tema de la
adjuntía y permanentemente monográfico, también se refiere a todo el
tema de los menores, que constituye un área específica que se ocupa
de todos los problemas de la infancia. Aparte de la reforma del
Código Penal en abril de este año 1999, a la que también se ha
referido, y que hemos tenido ocasión de tratar extensamente en otras
ocasiones, alude el Defensor una vez más a un tema que ya viene
reiterado, y es la falta de recursos personales y materiales de los
centros de atención a menores que van a tener que hacer frente a las
nuevas necesidades que se generen una vez que se lleve a cabo la
nueva ley de menores y se eleve la edad penal. Venimos reiterando
esto hace ya años, es uno de los temas más graves con que nos vamos a
enfrentar, y por tanto hay que tener aquí un trabajo preventivo que
corresponde a los grupos parlamentarios ponerlo de relieve y desde
luego al Gobierno llevarlo a cabo.

También se hace eco el Defensor de los problemas de la adopción, la
ley que entró en vigor en enero de 1996, sobre todo adopción de tipo
internacional. Es cierto que en la práctica se están produciendo
muchos problemas. Hace pocos días saltó a los medios de difusión el
drama vivido por dos niñas rusas adoptadas por una familia española y
las complicaciones derivadas de la existencia de normativas dispares
en los países de referencia, aparte claro está de los problemas que
aparecen a menudo en las propias agencias autorizadas para los
trámites de la adopción.

Otro tema destacado que afecta a los menores, sobre todo a las niñas,
y es muy oportuno que el Defensor se haya hecho eco de este problema
que está generando, casi podríamos decir hasta alarma social, es el
de la anorexia y la bulimia, verdadera plaga de estos tiempos a la
que hay que tratar de dar respuesta psicológica y sanitaria.

Por último, dentro de la atención a la infancia, en este tema aparece
una referencia a la violencia en los centros escolares, aunque esta
vez referida a la toma de declaración por parte de las autoridades a
alumnos menores de edad. Como este grupo ha tenido ocasión de poner
de relieve y ya lo hemos dicho, es necesario profundizar en la
violencia en los centros escolares, y todas las derivaciones que ello
conlleva para el conjunto del alumnado, para el profesorado, para la
marcha de la enseñanza, para la convivencia, fundamentalmente para
poder impartir una educación de calidad, que está lejos de
conseguirse. Este grupo ya ha pedido un estudio en profundidad. Yestá
a la espera de que por parte del Defensor del Pueblo se ultime y
presente en esta Cámara.

La seguridad integral. Nuevo concepto que avanza sobre la concepción
clásica de seguridad ligada al orden público. Bienvenido sea ese
nuevo concepto si sirve para dar respuesta a un problema creciente de
nuestras sociedades, sobre todo en zonas de gran concentración
urbana. Hay quejas, nos dice el Defensor, sobre los niveles de
inseguridad que sufren algunos barrios, algunas zonas de determinadas
ciudades, y también de grupos que se sienten acosados por la policía
o por los vecinos. Son intereses contrapuestos, qué duda cabe. Pero
los límites han de estar en la ley, en el pacto que significa la ley,
en las normas de convivencia vigentes, que muy a menudo se
transgreden. La educación, los valores, el concepto avanzado de
ciudadanía como compromiso y responsabilidad de todos se



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debería abrir paso también como un camino hacia la solución de
problemas a veces graves, de intereses encontrados de grupos y
personas que los resuelven a veces por vía violenta o transgresora de
las normas de convivencia cívica, como muy bien se dice.

También, y es el último de los monográficos tratados, se refiere el
Defensor -ha hecho una incursión por este tema muy rápida- a la
adecuación de las actuaciones expropiatorias. Ojalá que ese artículo
33 de la Constitución deje de vulnerarse. Como él nos dice, los
límites que están establecidos para la expropiación vienen siendo
vulnerados en ocasiones y no siempre está justificada la urgencia.

Es de destacar el número de recomendaciones aceptadas, que se
contiene fundamentalmente en las referidas a la violencia de género,
a la violencia contra las mujeres, como muy bien ha comentado el
Defensor. Esto significa que la sociedad va percibiendo la agresión
física y psíquica a las mujeres como uno de los problemas más graves
que atentan a la dignidad e integridad de las personas. Por tanto, es
una agresión a los derechos fundamentales, es una vulneración de los
derechos fundamentales.

En la segunda parte del informe, que es todo el funcionamiento
general de la Administración del Estado, aparece una vez más como uno
de los temas más destacados las dilaciones indebidas en la
Administración de justicia, sobre todo en la jurisdicción
contencioso-administrativa. Esto ya fue objeto de un estudio
monográfico en el anterior informe del Defensor del Pueblo. La Ley
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa se aprobó en
julio pasado, se crearon los juzgados de lo contenciosoadministrativo
y esperamos que todo esto vaya contribuyendo, como el mismo Defensor
se hace eco en su informe, a reducir estas demoras.

Pero hay otra demora que destaca el Defensor: la jurisdicción civil.

Sigue teniendo grandes dilaciones, residenciadas principalmente en la
Sala Primera del Tribunal Supremo, nada menos que tres años, en las
secciones civiles de las audiencias provinciales y en los juzgados de
primera instancia. Una vez más se destacan ejemplos muy llamativos
por parte del Defensor; esto afecta de lleno a la tutela judicial
efectiva. Tenemos con la justicia, como este grupo parlamentario
viene manifestando reiteradamente, una asignatura pendiente a la que
no se termina de dar respuesta y que es uno de los puntos negros de
la acción del Gobierno en esta última legislatura. Son temas
pendientes de solución. En una democracia avanzada como la nuestra no
puede estar una situación de estas características creando tantos
problemas.

Creemos que el Defensor podría pasar, como hizo en el ámbito de lo
contencioso-administrativo, de la declaración de problemas a la
propuesta de soluciones, que probablemente fueran atendidas por casi
todos los grupos de la Cámara, o por todos los grupos de la Cámara,
como ha ocurrido en otros temas cuando ha acertado en el punto en el
que tenía que actuarse. De esa forma solucionaríamos la indefensión
en la que están muchas personas por un funcionamiento a veces
escandaloso de la Administración de justicia en general, y de algunos
órdenes jurisdiccionales, en particular.

El Libro Blanco de la justicia, presentado por el Consejo General del
Poder Judicial en sede parlamentaria, intenta
en parte solucionar las disfunciones, y si se cumplen sus previsiones
sin duda vamos a solucionar muchos temas. También se ha presentado
por parte del Gobierno el proyecto de reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Civil. La posición de nuestro grupo es conocida. Hubo
una enmienda a la totalidad, y no creemos que tal y como se ha
presentado esa reforma sea la solución a los problemas, y desde luego
a las dilaciones indebidas.




El señor PRESIDENTE: Señora Alberdi, le ruego, por favor, que vaya
terminando.




La señora ALBERDI ALONSO: Como el señor presidente se va dando
cuenta, estoy haciendo a una velocidad tremenda la intervención, y en
esa línea voy a intentar terminar rápidamente tocando dos o tres
temas más.

Quiero poner de relieve lo siguiente: ¿Cómo podemos reclamar, cómo
podemos hacer esa llamada de atención a la asistencia a las víctimas
de malos tratos y no somos capaces de que sean atendidas, no ya con
cierta celeridad, sino en un plazo prudencial, cuando se plantean una
medidas provisionales o se presenta una demanda de separación? ¿Qué
contradicción tan grande es ésta? Hacemos declaraciones, se asumen en
teoría compromisos, pero la realidad sigue siendo la lentitud, las
dilaciones, los turnos de oficio deficientes. Son casos muy concretos
que algunos pone de relieve el Defensor y otros conocemos los que
estamos cerca del día a día de la Administración de justicia.

También merece un comentario, ya muy breve, el tema de los derechos y
libertades de los extranjeros. Alude, como siempre, el Defensor al
tema de Ceuta y Melilla; alude el Defensor al tema de Barajas, la
devolución de las personas que no están en condiciones, los
matrimonios que están o no en fraude de ley. Yo creo que este tema, y
ya voy muy telegráficamente, requiere un tratamiento integral.

Probablemente haya que revisar esa Ley de asilo. El Defensor se
pregunta si en un entorno como el de la Unión Europea, donde hemos
sido tradicionalmente pueblos de asilo, donde hay unos valores que
son los democráticos, podemos estar realizando un tratamiento de
estas características sobre la inmigración.

Nuestro grupo parlamentario, ha dado prueba de cuál es nuestra
filosofía. Hemos formulado a lo largo de esta legislatura numerosas
propuestas que responden a esa línea de avanzar combinando el control
lógico de entrada, que es necesario, de acuerdo con nuestras
posibilidades de empleo e integración, y por otro lado la
normalización de los que ya viven entre nosotros y demandan unos
derechos que consideramos legítimos.

Sobre la administración educativa, telegráficamente digo dos
palabras. Se detecta el déficit de plazas, se alerta sobre la
necesidad de que la escolarización de alumnos de primer ciclo de
educación secundaria obligatoria en centros de primaria se mantenga
como algo excepcional para la puesta en práctica de todo el proceso
de implantación. Sobre todo lo que sí que quiero, y se alude al tema
del transporte, es poner de relieve una vez más que se constata en
los tres últimos informes del Defensor que la falta de medios está
deteriorando la educación pública. Ya alertaba hace dos ejercicios
que se empezaba a hablar de educación pública y educación privada;
que la educación pública, por



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falta de medios, se estaba deteriorando y no estaba respondiendo
a ese servicio de atención a los ciudadanos, sobre todo a los que menos
medios económicos tienen.

Ya hemos aludido al medio ambiente, al hablar del tema acústico. Pero
quiero hacer una pequeña mención al tema que el Defensor incluye en
su informe, que es el de los residuos y conservación del suelo.

Siguen aumentando de forma progresiva las toneladas de residuos
domésticos, sin que por las autoridades responsables se dé una
respuesta eficiente a este tema. Cuando tuvimos la comparecencia
monográfica, el Defensor prometió hacer un estudio de este tema a
fondo, y estamos pendientes de ello.

Se ha referido al tema de Aznalcóllar. El Defensor no profundiza más
en este tema porque está sub iudice; efectivamente, al estar sub
iudice no puede intervenir más a fondo. Pero sí le rogamos que una
vez que ese asunto pueda ser intervenido, estudiado, profundizado por
el Defensor del Pueblo, lo haga, porque verdaderamente es uno de los
temas más graves. No puede el Gobierno, los responsables de la
Administración del Estado, escudarse en que no tienen competencia. El
control se puede realizar por parte del Gobierno en todo el
territorio nacional a través de la conferencia sectorial respectiva.

No es un control propiamente dicho. La palabra más adecuada es
cooperación. Naturalmente, el Defensor alude a la coordinación entre
las administraciones, pero la cooperación es algo más. La cooperación
es la responsabilidad que ha de asumir cada administración: la
Administración autonómica, las administraciones locales, y desde
luego la Administración general del Estado, en este caso el Gobierno
de la nación.

Como el presidente ha pedido que vaya terminando y no quiero que me
lo vuelva a reiterar, sobre urbanismo y vivienda iba a hacer algunas
consideraciones pero tendremos ocasión de profundizar en el tema en
el Pleno correspondiente. Una vez más el tema de los realojos está
ahí con los graves problemas que ello implica.

Voy a hacer una consideración general. Después de tres años de haber
estado realizando el estudio del informe, valorándolo, tomando
también muchas iniciativas parlamentarias en torno a esas
sugerencias, a esas deficiencias que el Defensor nos pone de relieve,
lo que sí que vemos es que ha habido un tema de una eficacia enorme,
que ha sido la violencia contra las mujeres, y también vemos que es
bastante eficaz que haya unos estudios monográficos sobre
determinados temas.

Me permito sugerirle que además de seguir trabajando en los temas
generales que son obligatorios para el Defensor, sí que priorice, que
discrimine determinados asuntos y profundice en ellos dando
alternativas para que a través del consenso de los grupos
parlamentarios podamos resolver problemas que son de una gravedad
extraordinaria. Me permito sugerirle, entre otros, el tema de la
justicia en el ámbito civil, o el tema del medio ambiente, el tema de
los residuos que ya tuvimos ocasión de tratar y ahí parece que
podemos profundizar y hacer un buen trabajo.

Hechas estas sugerencias, y con vistas a una mayor eficacia de la
labor del Defensor del Pueblo, termino, señor presidente,
agradeciéndole una vez más su presencia entre nosotros, el magnífico
informe que nos han aportado él y todo su equipo, y desde luego que
continúe en esta tarea. Sé que hay muchos informes pendientes y
esperamos que
antes de que el Defensor salga de la responsabilidad de la
defensoría, tengamos ocasión de verlos en esta Comisión.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Alberdi, sobre todo por su
pericia parlamentaria en ese afán de resumir por exigencia de la
Presidencia.

A continuación, por parte del Grupo Popular, la señora Camilleri
tiene la palabra.




La señora CAMILLERI HERNÁNDEZ: Trataré de ser lo más breve posible
pero me parece un poco difícil.

Me uno también, como mis compañeras, al capítulo de felicitaciones y
agradecimientos por este informe que nos presenta hoy el Defensor del
Pueblo; informe este que es el último de su mandato y el último
también de esta legislatura. Puede ocurrir que en la próxima Comisión
Mixta para la presentación del informe no seamos las mismas personas
las que estemos en esta Comisión.

Tengo que lamentar también el fallecimiento el día 19 de junio del
asesor de Interior, señor Fernández Mateo que me consta que fue un
asesor bastante cercano al Defensor del Pueblo.

Aquí se han referido casi todos los portavoces a los datos
estadístico y el mismo Defensor los ha analizado. Curiosamente este
año también voy a referirme a ellos porque son bastante interesantes.

Con respecto a estos datos estadísticos podemos destacar las
siguientes conclusiones.

En primer lugar, que la institución se ha consolidado, puesto que el
número de quejas viene siendo el mismo en sucesivos años: en el año
1997 fueron 10.566, y en el año 1998, 11.660, una vez restadas las
que son idénticas.

En segundo lugar, debemos felicitar a la institución porque se ha
conseguido tramitar más quejas durante 1997 que las que se han
recibido en ese mismo año. Se tramitaron el 92,63 por ciento y este
año se ha conseguido tramitar hasta el 95,42. Me consta que es
imposible el cien por cien, pero se ha logrado un tanto por ciento
bastante importante.

En tercer lugar, el número de quejas no admitidas a trámite sigue
siendo muy alto, como bien ha dicho el Defensor del Pueblo. En 1997,
de 10.566 no se admitieron 5.515; y en el año 1998, de 11.660 no se
admitieron 6.086. Esto podría querer decir que no se conocen las
competencias del Defensor, como bien ha apuntado él. Por ejemplo, por
sentencia firme no se han admitido a trámite 446. Ello quiere decir
que el ciudadano no conoce que no puede acudir en queja por una
materia que ya ha sido de conocimiento de un tribunal de justicia; o
porque están en desacuerdo pero no hay irregularidad, puesto que por
esta causa se han rechazado 2.901 quejas, casi la mitad de las que se
han tramitado ante el Defensor.

En cuarto lugar, el número de quejas tramitadas ante la
Administración general del Estado es similar también al año anterior:
en 1997 fueron 2.136 y en 1998, 2.217; es decir, 81 más.

Los resultados de las investigaciones concluidas también son
similares a los obtenidos en el año anterior: de las quejas
concluidas, vuelvo también a repetir, ante la Administración general
del Estado, que fueron 960, en el año 1998 se cerraron con actuación
correcta por parte de la Administración, 578; subsanó la
Administración su error en 329 ocasiones y no subsanó sólo en 12
ocasiones.




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Estos resultados me llevan a dos conclusiones más: primero, que muy
pocas quejas son en realidad fundadas: de 960 quejas el Defensor del
Pueblo terminó cerrando 578 con actuación correcta por parte de la
Administración, y, en segundo lugar, que el tanto por ciento de
quejas en las que la Administración general del Estado no subsanó la
irregularidad es ridículo; en el año 1998 un 0,53 por ciento, frente
a un 0,37 en el año 1997.

Termino este capítulo de estadísticas resaltando el alto grado de
colaboración que la Administración general del Estado tiene con la
institución del Defensor del Pueblo, teniendo en cuenta también que
el tanto por ciento de aceptación de las recomendaciones que el
Defensor del Pueblo ha dirigido a la Administración este año ha sido
de un 85,29 por ciento, y de las sugerencias un 69,56 por ciento,
frente a un 71,69 y 70,31 por ciento, respectivamente, del año
anterior.

Destaco también que vuelven a ser este año los ayuntamientos las
administraciones que no han respondido al Defensor del Pueblo. Son
pequeños ayuntamientos y cabría preguntarnos el porqué no responden
al Defensor del Pueblo.

El informe, como en años anteriores, contiene una serie de
tratamientos de temas monográficos. Este año han sido ocho
concretamente. En primer lugar, los problemas de la cooficialidad
lingüística. Durante 1998 llegaron a la institución muchas quejas
relacionadas con este problema, y más a partir de la aprobación de la
Ley de política lingüística de Cataluña.

La Constitución posibilitó la libertad de elección del uso de las
lenguas propias para relacionarse con los demás ciudadanos y con los
poderes públicos. Es un derecho, pues, para los ciudadanos el poder
elegir, y para los poderes públicos un deber poder posibilitar esa
elección, y no debería en ningún caso alterarse esa relación ni
forzar indebidamente el uso obligado de una u otra lengua.

Compartimos plenamente las apreciaciones del Defensor del Pueblo, y
en ese sentido resulta significativo que en el informe la única
sentencia del Tribunal Constitucional citada sea la 82/1986, en cuyo
fundamentos jurídicos segundo y quinto se llevan a cabo las
afirmaciones que, en línea con las conclusiones del informe, han de
marcar las actuaciones de los poderes públicos.

En cuanto al segundo tema monográfico sobre la creación de un
tribunal penal internacional, el informe hace un estudio histórico de
la evaluación del proceso de constitución de un tribunal que juzgue
los crímenes contra la humanidad con motivo de unos procedimientos
por delitos de genocidio y terrorismo cometidos contra españoles
durante el poder de dos dictaduras militares en países de habla
hispana.

Hace también algunas reflexiones sobre las decisiones de la Audiencia
Nacional acerca de la persecución en España de determinados crímenes
de derecho internacional.

La opinión del Defensor del Pueblo sobre la conveniencia de articular
este tribunal penal internacional es la misma que ha mostrado España
en el ámbito de las negociaciones relativas al convenio sobre el
estatuto de la Corte Internacional, aprobado el 18 de julio de 1998,
así como los trabajos ulteriores que todavía se desarrollan para la
aprobación
del reglamento de procedimiento y pruebas ante dicha Corte.

Debo decir también que el 24 de febrero de 1998 la Comisión de
Asuntos Exteriores de este Congreso aprobó por unanimidad tres
proposiciones no de ley, dando lugar a un texto de tramitación
conjunta que refleja la postura del Congreso, plenamente acorde con
la del Gobierno, en cuanto a los criterios del Estado español en
relación al convenio de establecimiento de la Corte Penal
Internacional.

En cuanto al otro tema monográfico del tratamiento penitenciario para
la reinserción social de los penados, la institución del Defensor del
Pueblo siempre prestó especial atención a las personas privadas de
libertad y este año nos trae este informe monográfico sobre
tratamiento penitenciario que concluye diciendo que la situación
actual, en lo que al tratamiento penitenciario se refiere, dista
mucho de poder ser evaluada como satisfactoria.

A pesar del gran esfuerzo que en todos los órdenes sociales se vienen
haciendo, el fenómeno social de la delincuencia forma parte
desgraciadamente de la historia de la humanidad, por lo que todas las
actuaciones que pudieran hacerse, y se hacen muchas, para tratar la
reinserción y la rehabilitación de los delincuentes siempre parecerán
pocas a la luz del objetivo general. Por eso creemos que la situación
podría calificarse de mejorable, siempre tiene que serlo y nunca
podrá ser suficientemente satisfactoria. Además, la evaluación ha de
hacerse de manera científica y aportando una visión histórica
comparativa, de al menos, los últimos quince años.

En el ámbito de las infraestructuras, reconoce el Defensor del Pueblo
el esfuerzo realizado, si bien apunta deficiencias en centros
antiguos. Hay que decir que quedan muy pocos centros obsoletos que
serán sustituidos en breve. Además, éstos también disponen de locales
adecuados para llevar a cabo todas las actividades programadas en el
plan de intervención general con los internos.

En cuanto al personal, sabe bien el Defensor del Pueblo el importante
esfuerzo que se está haciendo para incrementar los recursos humanos
en el área de tratamiento. En este esfuerzo destaca la relación de
puestos de trabajo del organismo autónomo de trabajo y prestaciones
penintenciarias.

Y en cuanto al parque informático, el próximo mes de octubre está
prevista la plena entrada en funcionamiento del sistema informático
penitenciario.

Podría estar mucho tiempo, que no tengo, hablando de este interesante
trabajo acerca, por ejemplo, del trabajo productivo, que aquí también
se ha citado, de la intervención tratamental, de los
drogodependientes, de los programas específicos de tratamiento para
internos condenados por delitos contra la libertad sexual, o los
programas de tratamiento para los condenados por delitos relacionados
con la violencia doméstica que tanto nos preocupa actualmente. Espero
que tengamos ocasión de debatir más ampliamente.

En cuanto al otro tema monográfico de la fiscalidad de la familia, en
enero de 1998 el Defensor del Pueblo publicó un estudio sobre
determinados aspectos de fiscalidad en el impuesto de la renta de las
personas físicas en el que formulaba una serie de recomendaciones.

Cuando se aprobó la nueva ley reguladora del impuesto, la 40/1998, de
9 de diciembre, el informe del Defensor del Pueblo efectúa una
valoración del tratamiento dado a la familia y de la aceptación



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de la mayoría de sus recomendaciones. Este análisis que hace el
Defensor del Pueblo se ha dividido, como usted bien ha dicho, en tres
materias: concepto de unidad familiar, cargas familiares y vivienda.

En el primero de ellos, con tratamiento de las cargas familiares, el
informe destaca que la práctica totalidad de las recomendaciones
efectuadas por la institución han sido asumidas con mayor o menor
intensidad por el legislador.

En cuanto a la vivienda, señala el Defensor del Pueblo que el nuevo
tratamiento arroja un balance que podría calificarse como neutro o
equilibrado. Destaca el Defensor la desaparición de la deducción de
las cantidades satisfechas en concepto de alquiler de vivienda, y a
este respecto hay que tener en cuenta que el legislador ha optado por
reducir el número de deducciones y lo sustituye con un mecanismo por
la alternativa de definir el objeto del impuesto como la renta
disponible a través de aplicación del mínimo personal y familiar. No
obstante, hay que tener en cuenta la disposición transitoria cuarta
de la ley, que prevé la aplicación de compensaciones para los
contribuyentes con derecho a esa deducción por contratos anteriores
al 24 de abril, en el supuesto de que la ley nueva les resulte menos
favorable.

Otro tema monográfico trata de la contaminación acústica. Como nos
dice el Defensor del Pueblo en su informe, el aumento del nivel de
ruido que procede en nuestro país es uno de los problemas
medioambientales que más preocupa a los ciudadanos y cuya solución
corresponde a ayuntamientos, comunidades autónomas, sin olvidar la
competencia del Estado para dictar la legislación básica sobre el
medio ambiente.

La regulación de esta materia se estableció en el reglamento de
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 1961 y,
asimismo, la regulación de la contaminación acústica con rango legal
se establece en la Ley 38/1972, que afirma, además textualmente, como
contaminación la presencia en el aire de formas de energía, entre los
que obviamente se encuentra el ruido.

Ante la ausencia de una normativa básica, la Dirección General de
Calidad y Evaluación Medioambiental creó un grupo de trabajo técnico
para la elaboración de una anteproyecto de ley de carácter básico en
línea con la normativa y trabajos que se están desarrollando en la
Unión Europea. Actualmente hay una propuesta que se encuentra en fase
de análisis jurídico. Se trata, en definitiva, de desarrollar una
norma que posibilite establecer un procedimiento administrativo
rápido y eficaz.

En cuanto a la calidad de los servicios públicos de contenido
sanitario y social, hay que destacar el comentario que hace el
Defensor del Pueblo acerca de que ha experimentado a lo largo de 1998
una evaluación satisfactoria en la mejora de sus condiciones
materiales y funcionales.

Con carácter general, los planes estatales gestionados por la
Secretaría General de Asuntos Sociales, como es el plan
gerontológico, plan de acción para las personas con discapacidad,
plan concertado, plan del voluntariado, etcétera, así como los
futuros planes sobre la familia y de enfermos de Alzheimer tienen y
tendrán una incidencia en la mejora de los servicios sociales cuya
gestión compete a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos.

El problema de la seguridad, como señala el Defensor, no es sólo
policial. La falta de educación cívica, situaciones
de marginalidad u oscuros intereses de masas generan parte de la
problemática existente.

El mantenimiento del binomio seguridad-libertad no puede exigirse
sólo a los cuerpos de seguridad, y tampoco se les puede exigir que
cumplan funciones distintas a las de proteger el libre ejercicio de
los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana dentro
del más escrupuloso respeto a las leyes.

En cuanto a la posible revisión de la Ley Orgánica 2/1986 y diseño de
un nuevo modelo policial, hay que recordar la existencia en el
Parlamento de una subcomisión encargada de la elaboración de un
informe que sirva de base para el establecimiento de un nuevo modelo
policial.

Respecto al otro tema monográfico de la protección penal de los
menores, que ya sabemos que es una constante preocupación para el
Defensor del Pueblo, compartimos su opinión sobre la necesidad
urgente de la promulgación de la ley orgánica de responsabilidad
penal de los menores, actualmente en fase de ponencia en tramitación
parlamentaria. También pensamos que esta ley debe incluir dotaciones
presupuestarias para paliar dificultades que los nuevos segmentos
susceptibles de intervención -como sabemos, de dieciséis a dieciocho
años y de dieciocho a veintiuno-, van a ocasionar. Ello con
independencia de la denuncia que hace el informe sobre la adecuación
de los recursos tanto personales como materiales por parte de los
centros.

Sobre la reforma del Código Penal en materias que afecten a lo
menores, y concretamente en cuanto a la forma en que se lleven a cabo
las comparecencias de los menores de edad en los procedimientos
penales en los que intervienen en su condición de víctimas de algún
delito, hay que destacar la reciente publicación de la Ley Orgánica
14/1999, de 9 de junio, de modificación del Código Penal de 1995 en
materia de protección a las víctimas de malos tratos y de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.

Se introducen una serie de modificaciones dirigidas a otorgar una
mayor y mejor protección a las víctimas de conductas violentas,
destacando la prohibición de aproximación a la víctima por parte de
su agresor, así como la introducción de la cobertura legal para que
no se produzca confrontación visual entre la víctima o testigo,
menores de edad y el procesado.

Por último, hay un capítulo sobre los recursos de
inconstitucionalidad, que en el año 1997 al que nos estamos
refiriendo ha recibido 19 solicitudes, de las que ha interpuesto
únicamente dos, y también ha recibido 22 solicitudes de recursos de
amparo que se han rechazado motivadamente como exige la ley
reguladora.

Y nada más, puesto que vamos mal de tiempo. Espero que tengamos otra
ocasión de reunir esta Comisión para debatir algún tema específico y
nos queda todavía también el debate en el Pleno del Congreso.

Vuelvo a mostrar mi agradecimiento por este último informe de su
mandato, nuestro último informe también de legislatura, y esperemos
que nos reunamos otra vez en esta Comisión Mixta.




El señor PRESIDENTE: Señora Camilleri, le agradezco vivamente el
esfuerzo que ha hecho de síntesis y espero que siga con la misma
conducta el Defensor del Pueblo ensu respuesta general a todos los
intervinientes.




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El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Álvarez de Miranda y Torres): Procuraré
hacerlo porque ya abusé demasiado en la primera parte de la
exposición de la paciencia de SS.SS. No puedo dejar, como es lógico,
de contestar a las intervenciones de cada uno de los representantes
de los grupos parlamentarios que han intervenido, aunque sea de una
forma casi telegráfica, para decir hasta qué punto les agradezco que
ayuden y enriquezcan el informe del Defensor del Pueblo con las
aportaciones que nos vienen haciendo desde distintas perspectivas.

Lo que digo muchas veces es que, después de haber expuesto el informe
el Defensor, queda en parte sin hacer un examen y una profundización
de los temas. Les agradezco lo que dicen SS. SS. porque me encuentro
con que, efectivamente, ustedes están haciendo una labor que quizá
debería haber hecho yo para analizar pormenorizadamente todos los
temas que se plantean en el informe.

Yendo un poco a las distintas intervenciones, quiero agradecer al
representante de Unión Valenciana, señor Chiquillo, sus palabras tan
afectuosas. Desde la posición que tiene un grupo tan relevante y
desde su perspectiva política es de agradecer todo lo que está
intentando transmitir a esta Defensoría del Pueblo.

En relación concretamente a las observaciones que hacía de la
situación de la prisión de Fontcalent, creo que es importante
aclararle que participo por completo de toda la problemática
infraestructural y de tratamiento que tiene esa prisión, pero
esperamos que en ese plan de inauguración de prisiones, la próxima
inauguración de la prisión de Villena podrá descargar un poco el
problema que se plantea a todos los efectos de sobreocupación de esa
prisión.

Hablaba también del problema, que él entendía positivo, del
tratamiento de la cooficialidad lingüística en relación con el
principio de territorialidad. Como bien sabe S.S., el Defensor del
Pueblo ha procurado en todo momento mantener una posición de estricta
neutralidad en el planteamiento constitucional y, en ese sentido, en
la respuesta a la solicitud de recurso de la Ley de Política
Lingüística 1/1998, de la Generalidad de Cataluña, creo que se hizo
una precisión respecto a ese concepto de territorialidad.

En cuanto a la expulsión de ciudadanos extranjeros, la propuesta que
él nos formuló ya ha sido contestada. Yo no sé si habrá recibido la
contestación por parte del Defensor, pero ha salido hace unos días.

En relación con este ciudadano rumano nos hemos sentido
particularmente sensibles a sus indicaciones. Nos dicen que parece
ser, desde la perspectiva que nos indica el organismo competente, que
esa expulsión fue hecha de una manera correcta. Ahora bien, yo
coincido con él absolutamente en que el mecanismo de las expulsiones
se está utilizando en algunas ocasiones con excesiva, yo diría,
abundancia. Se está incidiendo mucho en las expulsiones y no se
estudia toda la problemática que plantea la presencia de los
extranjeros, con todo lo que significa, por ejemplo, el problema de
los polizones, el problema de los que solicitan asilo, y que esto
está en cierto modo en un momento de confusión importante. Yo creo
que tendría que producirse una reflexión y una aclaración al
respecto.

También nos habla de la situación de las prisiones. Hemos hablado de
lo que entendíamos en Fontcalent; de la ley de respeto e integración
de los minusválidos, de la integración
laboral. Sabe que el Defensor del Pueblo siempre ha estado en
este sentido enormemente preocupado y en diferentes informes hemos
reclamado la posibilidad de que a los minusválidos se les diera una
integración laboral adecuada, no solamente en los distritos
universitarios que antes he señalado en el informe, en las
universidades públicas, que se les deja de alguna manera al margen de
esas posibilidades de integración, sino en todo lo que es el problema
de la integración laboral de los minusválidos.

Agradezco también al señor Mardones, cómo no -viejo luchador por la
democracia canaria, región que llevo muy particularmente en el
corazón por haber tenido allí acogida en momentos difíciles de mi
vida por parte de aquellos canarios que creían en la libertad y el
futuro de España-, todo lo que él nos dice sobre la excelencia, según
él, del informe. Le agradezco las palabras que nos ha dedicado a todo
el equipo que redacta una documentación y hace una elaboración y
síntesis nada fácil al recoger las quejas que se van presentando al
Defensor del Pueblo, seleccionarlas, sintetizarlas, para después
concretarlo en ese documento que ustedes examinan y que luego todos
discutimos. Hay una sugerencia suya respecto de las recomendaciones
de lo que esto significa y de lo que puede suponer desde las mismas
perspectivas de Canarias.

Hace al final una referencia a los recursos de inconstitucionalidad
que me ha parecido particularmente pertinente. Créame, señor
Mardones, que en el Defensor del Pueblo somos muy conscientes de que
a veces, a través de los recursos de inconstitucionalidad, se nos
quiere utilizar de una manera política, y que efectivamente hay
muchos ciudadanos que hubieran podido acceder por el sistema que la
legislación determina a plantear los problemas y que en muchas
ocasiones lo que pretenden es hacer del recurso de
inconstitucionalidad una última instancia, agotada la que en la
legislación ordinaria le corresponde. Por eso, en el estudio de los
recursos de inconstitucionalidad somos extraordinariamente
restrictivos, y este mismo año ustedes ven que de 19 solicitudes de
recursos se han planteado nada más que dos, lo que significa que
efectivamente no actuamos alegremente en cuanto al planteamiento de
los recursos de inconstitucionalidad. Quiero incluso comentarle que
en una ocasión, no digo quién, uno de los presidentes del Tribunal
Constitucional me planteaba el problema de por qué no recurría más el
Defensor del Pueblo, que le parecía que recurríamos poco. Mi
argumentación fue: Yo creo, señor presidente, que en primer lugar los
recursos que nos llegan los tenemos que estudiar, los tenemos que
fundamentar, y cuando no estamos absolutamente convencidos de que
aquello es inconstitucional, no lo planteamos, porque no nos gusta,
no tenemos vocación de apaleados, y que nos den una sentencia en
contra no nos parece bien. Entonces él me argumentó: Es que usted
tiene que tener en cuenta que muchas veces en las sentencias no se
trata sólo de dar la razón o no a la petición del recurso, sino que
las argumentaciones jurídicas que se contienen pueden servir de mucho
para la interpretación de aspectos de la legalidad que quedan
confusos. A pesar de que, efectivamente, admito que eso sea un
razonamiento válido y admisible de lo que es la misión interpretativa
del Tribunal Constitucional, insisto en que creo que no debemos
abundar, y no abundamos, en la presentación de losrecursos de
inconstitucionalidad.




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Agradezco el tono sencillamente sincero y al mismo tiempo entrañable
que ha utilizado Mercedes Amorós, querida y admirada parlamentaria,
en relación con un tema que comprendo que le es sensible, el de la
política lingüística. Yo le quiero decir, señoría, que tanto el
planteamiento de este tema como el de los ocho temas monográficos no
se debió tanto al problema de la Ley lingüística de Cataluña, aunque
también, porque lo que deseábamos y lo que deseaba este Defensor era
entrar de una vez y no hurtar el cuerpo a un problema que
indudablemente está ahí, que era el problema de la cooficialidad
lingüística. Nosotros entendimos que una interpretación no
exclusivamente aplicable al problema de la ley catalana, sino con
carácter general en relación con todo el problema de la cooficialidad
lingüística, y era importante, era importante que el Defensor,
subrayo, no dijera que no me quiero pronunciar sobre el tema. Tenga
en cuenta S.S. que nos estamos refiriendo en este informe al año
1998, y en el año 1998, señoría, usted recordará que el problema de
la cooficialidad lingüística fue un tema que estuvo en la opinión
pública y polarizó distintas posiciones, y eso es evidente. Y
entonces, cuando estuvimos estudiando los problemas que se podrían
plantear en los temas un poco monográficos, no lo hacíamos pensando
en la ley de política lingüística de Cataluña, sino en la posición
que representaría y que entendíamos que era pertinente estudiar desde
la perspectiva global.

Creo que he dicho en la intervención primera cuál era la posición del
Defensor del Pueblo. Nosotros no esperamos, efectivamente, del Estado
y de las comunidades autónomas que hagan una interpretación cicatera,
sino que efectivamente el problema de la cooficialidad se lleve a
algo más incluso de los preceptos constitucionales y estatutarios,
que sea una realidad esa cooficialidad lingüística, señoría; ése es
nuestro deseo, y que cuando haya problemas como los que se nos
plantean en relación con los temas que afectan a la Administración
estatal y que pueden tener una derivación, por ejemplo, en los
problemas de tráfico en Cataluña, que no se haga una interpretación
en contra de esa cooficialidad lingüística, señorías. Créame de
verdad que no hemos hecho ni mantenemos una posición parcial;
mantenemos, creo, una posición bastante serena, convencidos de que el
sistema de la cooficialidad lingüística es un sistema que permite a
cada ciudadano utilizar la lengua que desee, pero que no permita
tampoco, señoría, imponer la obligación de determinar el aprendizaje
de determinadas lenguas que no son las lenguas que están determinadas
en nuestra Constitución. Tenga en cuenta, señoría, que tuve, por
suerte o por desgracia, la virtud de vivir el proceso constituyente,
y viví aquello de tal manera que no se me olvida en ningún momento
cuál fue la discusión parlamentaria y hasta qué punto este problema
de la cooficialidad lingüística y del problema lingüístico lo vivimos
los constituyentes con una verdadera sensación de que estábamos dando
un paso trascendental para el respeto de las lenguas vernáculas de
todos los países, todas las regiones y todas las autonomías de
España. Créame, señoría, no hemos incluido este problema en los temas
monográficos por querer ahondar en una herida, ni mucho menos; lo que
hemos querido es no hurtar el problema en sí, sino todo lo contrario,
intentar la superación para el entendimiento. Me dice S.S que en
Cataluña no existe ese problema, pues Dios la oiga, que esto sea
así, que ese problema se resuelva y que en ningún momento haya ningún
tipo de fricción, pero entienda S.S. que lo que hemos pretendido ha
sido paliar precisamente esas tensiones, esa polarización, en
búsqueda de una solución más armónica, mucho más lógica para todos.

Y me pregunta S.S., respecto de las quejas que se presentaron,
alrededor de 3.000, cuántos se han presentado en un sentido o en
otro. Señoría, yo creo que para ser realistas, de esas 3.000, la
mitad aproximadamente fueron personas que presentaban, quizás movidos
por algunas razones de orden, respetable, político o diríamos en
algún momento coyuntural, ante el Defensor del Pueblo la solicitud de
que formuláramos el recurso de inconstitucionalidad; y la otra mitad,
otros 1.500, eran personas que se nos dirigían al Defensor del Pueblo
simplemente con una tarjeta muy bien preparada, todas del mismo
tenor, que decían: Defensor, qui pobre defensa. Bueno, señoría, yo
intento defender al pueblo español, entre el que el pueblo catalán es
uno de sus principales integrantes; ésa es mi respuesta. No hay
absolutamente ningún tipo de discriminación, ningún tipo de obsesión,
sino todo lo contrario, nuestro deseo de superar. Yo le agradezco a
S.S. sus palabras, que entienden este problema, que yo creo que S.S.

también lo comprende, y cuando ha habido ocasiones en que desde el
Defensor del Pueblo nos hemos tenido que dirigir a la responsable de
la Generalidad, o a los responsables del Parlament, lo hemos hecho en
esa misma línea, con ese mismo respeto, y hemos recibido también y
estamos recibiendo respuestas para poder resolver los problemas que
se nos plantean.

Y pasando a la intervención de mi admirada Cristina Alberdi, quiero
decirle lo mismo que al principio. Entiendo que su intervención
mejora lo que ha podido hacer en esta exposición del informe el
Defensor del Pueblo, y suscribo en un 80 por ciento todas las cosas
que S.S. nos ha planteado, por ejemplo lo del lenguaje sexista. Uno
de los temas monográficos que hemos señalado y que nos van a
permitir, yo confío y por eso no quiero tampoco quizás extenderme
demasiado en muchos de los temas, volver a vernos en otoño, es que
uno de los temas es el lenguaje sexista, otro es el de los residuos
sólidos, otro es el tema de la atención a personas de tercera edad en
relación con sus problemas, otro es el de la violencia escolar, que
alguno me ha señalado, que está avanzado el estudio. Hemos recibido
en este momento las contestaciones, más de 10.000 encuestas que ha
realizado una empresa especializada en ello, y en estos momentos se
están tabulando, se están haciendo los estudios que nos permitirán
presentar a SS.SS. una opinión, un reflejo de lo que la violencia
escolar representa en este momento en nuestro país, esa violencia
escolar que a ustedes les preocupa y que a nosotros nos agobia,
evidentemente.




Hay también, en relación con todo el tema de menores y de la infancia
que señala S.S., un anuncio que les quiero hacer. La institución se
propone celebrar los días 19 y 20 de noviembre de este año 1999, con
motivo del décimo aniversario de la Convención de derechos del niño,
un gran acto en Madrid, acto al que hemos invitado a distintas
personalidades, desde la Alta Comisionada de Derechos Humanos al
representante director de la OIT, de la Unesco; incluso también,
dentro de nuestra misma estructura política, he invitado a diversas
personalidades, lo serán SS.SS. en todo caso



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para poder asistir, si pueden y tienen interés en este tema. Queremos
hacer una gran convención que refleje nuestra posición y refuerce los
derechos de la infancia que fueron recogidos en esa Convención de
derechos del niño.

En relación con Aznalcóllar sí le quiero decir que lo seguimos de
cerca y que, incluso, con independencia de los problemas de orden
competencial y de los problemas de orden judicial que en estos
momentos nos impiden, como bien ha dicho S.S., intervenir, estamos en
contacto con distintas personas afectadas en toda la zona, que han
venido a exponer al Defensor del Pueblo varias veces los problemas
que les plantea un proyecto de expropiación de toda la margen del río
que les puede afectar. Finalmente, el problema de realojo, cómo no,
que tendremos que examinar también en los temas que nos quedan
pendientes relativos a justicia.

Ya hemos examinado, señora Alberdi, lo que son las preocupaciones del
Defensor del Pueblo, el medio ambiente, tantos temas que SS.SS. han
expuesto mejor que lo haya podido hacer yo, y han señalado puntos que
yo no había tocado.

Finalmente, a mi querida y admirada representante del Grupo Popular,
que nos ha hecho, como hace todos los años, una disección del
informe, que suscribo totalmente, no puedo decirle más que muchas
gracias por su colaboración; muchas gracias por su colaboración a
todos.

La última palabra. No sé si será el último informe parlamentario,
seguro que sí, que puedo exponer ante ustedes. Hay otros sectoriales
que haremos en el transcurso del otoño. Yo quiero que esto no suene a
una despedida sino a decir: Ustedes me han ayudado, ustedes han sido
los que me han dado fuerza, ustedes han sido los que han hecho que
esta Defensoría del Pueblo tenga en estos momentos la sensación de
haber cumplido con su deber. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: ¿Verdad que no dejaremos tan fácilmente que se
vaya?



La señora AMORÓS I SANS: Señor presidente, perdone.




El señor PRESIDENTE: No, no hay puntualizaciones.




La señora AMORÓS I SANS: Es que hay una pregunta que el señor
Defensor del Pueblo no ha contestado a esta diputada. Yo le hecho en
último término una pregunta que no me ha contestado y le agradecería
que permitiera que lo hiciera, que es si cree el Defensor del Pueblo,
y está de acuerdo, tal y como se interpretó en los periódicos al día
siguiente de la presentación del informe del Defensor al Congreso de
los Diputados, que en Cataluña existe una división social por culpa
de la política lingüística. Me gustaría que me lo contestara.

El señor PRESIDENTE: Señora Amorós, ha dicho, y no quiero ser
intérprete del Defensor del Pueblo teniéndole aquí, pero ha dicho que
el Defensor del Pueblo con su informe ha hecho un planteamiento
general y no referido a Cataluña. Es decir, eso me parece una
pregunta concreta, si hay una confrontación social en Cataluña a
propósito de eso, me parece impertinente, en el sentido de que esto
no es...




La señora AMORÓS I SANS: Lo sé, señor presidente, pero es que aquí de
lo que se trata simplemente es de aclarar a título informativo para
la ciudadanía cuando hay unos titulares extremistas, que es verdad
que son partidistas pero que se están publicando y la ciudadanía lo
está leyendo porque si no estarían cerrados, que en un periódico el
día 7 de junio el titular sea que un informe del Defensor del Pueblo
culpa a Pujol de dividir la sociedad con su política lingüística,
a esta diputada le preocupa, y quiero saber, me gustaría saber, qué
opina y qué sensación tiene...




El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Álvarez de Miranda y Torres): Si me
permite el presidente quiero decir que, créame señoría, yo no soy
responsable de las interpretaciones que hace la prensa, que yo jamás
he dicho que el señor Pujol, ni lo he pensado, divide a la sociedad
catalana. Lo mismo que también me cuesta un cierto dolor escuchar, al
no interponer el recurso de la ley lingüística, que alguien de esta
prensa dijera que era un hombre mendaz y un hombre que había faltado
a mi conciencia. Señoría, ni lo uno ni lo otro, yo no falto a mi
conciencia al actuar, y por eso me parece grave que la prensa a veces
haga ese tipo de afirmaciones como la que S.S. recoge en relación con
la interpretación de la actuación del presidente de la Generalidad.

Jamás he dicho ni he pensado que el señor Pujol divide a la sociedad
catalana.




La señora AMORÓS Y SANS: Muchísimas gracias, Defensor del Pueblo, es
ésta la aclaración que esta diputada y su grupo parlamentario le
agradecerán encarecidamente porque será lo que saldrá publicado y lo
que la gente recogerá.




El señor PRESIDENTE: Me alegro de que esté contenta, pero la verdad
es que no era necesaria, aunque la generosidad del Defensor del
Pueblo ha permitido esa contestación que usted requería.

Muchas gracias a todos.




Se levanta la sesión.