Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 252, de 01/07/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1999 VI Legislatura Núm. 252
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 244 (Extraordinaria)
celebrada el jueves, 1 de julio de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 10/1999, de 11 de junio, por el que se deroga la
exención del IVA sobre las entregas de bienes efectuadas en las
tiendas libres de impuestos a viajeros con destino a otros Estados
miembros de la Comunidad Europea. (Número de expediente 130/000072.)
(«BOE» núm. 140, de 12 de junio de 1999.) . . . (Página 13410)
- Real Decreto-ley 11/1999, de 11 de junio, de adopción de medidas de
carácter urgente para reparar los efectos producidos por la sequía.
(Número de expediente 130/000073.) («BOE» núm. 140, de 12 de junio de
1999.) . . . (Página 13416)
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos
señores Diputados . . . (Página 13423)
Declaración institucional . . . (Página 13423)
Enmiendas del Senado:
- Proyecto de Ley por la que se concede un crédito extraordinario,
por importe de 9.393.184.038 pesetas, para el pago de indemnizaciones
derivadas del derrumbamiento de la Presa de Tous, según sentencia del
Tribunal Supremo de 15 de abril de 1997. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie A, núm. 124-1, de 16 de julio de 1998. (Número de
expediente 121/000123.) . . . (Página 13424)
- Proposición de Ley de modificación de la Ley 14/1994, de 1 de
junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie B, núm. 255-1, de 7 de diciembre de
1998. (Número de expediente 122/000226.) . . . (Página 13429)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios
Internacionales:
- Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la
República Eslovaca relativo a la readmisión de personas en situación
irregular, hecho en Bratislava el 3 de marzo de 1999. «BOCG. Sección
Cortes Generales», serie A, núm. 325, de 26 de abril de 1999. (Número
de expediente 110/000255.) . . . (Página 13435)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República Islámica del Irán
sobre transporte internacional por carretera, hecho en Teherán el 7
de febrero de 1999. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, núm.
326, de 26 de abril de 1999. (Número de expediente 110/000256.) . . .
(Página 13435)
- Declaración de aceptación por España de la adhesión de Sudáfrica al
Convenio relativo a la obtención de pruebas en el extranjero en
materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.
«BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, núm. 327, de 26 de abril
de 1999. (Número de expediente 110/000257.) . . . (Página 13435)
- Declaración de aceptación por España de las adhesiones de las
Repúblicas de Sudáfrica, Moldova y Paraguay al Convenio sobre
aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en
La Haya el 25 de octubre de 1980. «BOCG. Sección Cortes Generales»,
serie A, núm. 328, de 26 de abril de 1999. (Número de expediente 110/
000258.) . . . (Página 13435)
- Acuerdo de transporte aéreo entre el Gobierno de España y el
Gobierno macedonio, hecho en Skopje el 2 de marzo de 1999. «BOCG.
Sección Cortes Generales», serie A, núm. 332, de 24 de mayo de 1999.
(Número de expediente 110/000260.) . . . (Página 13435)
- Convenio-Marco entre el Reino de España y la República Portuguesa
relativo a la mejora de los accesos entre los dos países, hecho «ad
referendum» en Albufeira el 30 de noviembre de 1998, y Canje de
Cartas que prevé su aplicación provisional. «BOCG. Sección Cortes
Generales», serie A, núm. 333, de 24 de mayo de 1999. (Número de
expediente 110/000261.) . . . (Página 13435)
- Acuerdo entre el Reino de España y la República Portuguesa sobre
persecución transfronteriza, hecho «ad referendum» en Albufeira el 30
de noviembre de 1998. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, núm.
334, de 24 de mayo de 1999. (Número de expediente 110/000262.) . . .
(Página 13435)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
- Proyecto de Ley de Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia
Civil. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 162-1, de 8
de marzo de 1999. (Número de expediente 121/000162.) ... (Página 13435)
- Proyecto de Ley de ordenación de la edificación. «BOCG. Congreso de
los Diputados», serie A, núm. 163-1, de 15 de marzo de 1999. (Número
de expediente 121/000163.) . . . (Página 13443)
- Proyecto de Ley sobre concesión de varios créditos extraordinarios
en el presupuesto del Instituto Nacional de Empleo, para regularizar
las insuficiencas producidas en bonificaciones de cuotas de Seguridad
Social correspondientes a los ejercicios de 1996 y 1997 y en el
premio de recaudación de la cuota de formación profesional del
período 1995 a 1997, por importe total de 33.386.436.072 pesetas.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 165-1, de 19 de
abril de 1999. (Número de expediente 121/000165.) . . . (Página 13452)
Acuerdos de Comisiones relativos a Informes de Subcomisiones:
- Acuerdo de la Comisión de Asuntos Exteriores, en relación con el
Informe de la Subcomisión relativa al cincuenta aniversario de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos. (Número de expediente
154/000023.) . . . (Página 13452)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes . . . (Página 13410)
Real Decreto-ley 10/1999, de 11 de junio, por el que se deroga la
exención del IVA sobre las entregas de bienes efectuadas en las
tiendas libres de impuestos a viajeros con destino a otros Estados
miembros de la Comunidad Europea . . . (Página 13410)
Presenta el Real Decreto-ley, en nombre del Gobierno, el señor
vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda
(De Rato Figaredo). Explica la excepción al principio de igualdad en
la tributación indirecta de los consumos efectuados en el interior de
la Comunidad Europea establecido en 1993 en relación con las tiendas
libres de impuestos. Se adujo entonces, para conseguir una prórroga
de los beneficios fiscales vigentes hasta la fecha indicada, los
problemas económicos y laborales que podría crear la repentina
supresión de las exenciones aplicadas a la comercialización de bienes
en estas tiendas, y como el plazo dado de 30 de junio de 1999 ha
transcurrido sin haberse autorizado ninguna nueva prórroga por el
Consejo de Ministros de la Unión Europea, quedan sin efecto las
citadas exenciones desde el 1 de julio de 1999, lo que obliga a
incorporar a la normativa española las pertinentes adaptaciones,
motivo por el que se pide hoy a la Cámara la convalidación del
presente Real Decreto-ley. Asimismo explica las razones que han
llevado al Gobierno a adoptar las modificaciones legales por
decreto-ley, habida cuenta de que la fecha del 30 de junio de 1999
era conocida.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Gómez
Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Guardans i
Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ríos
Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Álvarez
Gómez, del Grupo Socialista del Congreso, y Martínez-Pujalte López,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Real Decreto-ley 11/1999, de 11 de junio, de adopción de medidas de
carácter urgente para reparar los efectos producidos por la sequía .
. . (Página 13416)
El señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Posada
Moreno), solicita a la Cámara la convalidación del Real Decreto-ley
11/1999, de 11 de junio, de adopción de medidas de carácter urgente
para reparar los efectos producidos por la sequía, basándose en el
muy acusado déficit de precipitaciones en gran parte del territorio
español en los últimos meses del año pasado y en los primeros de
éste, lo que se ha traducido en una situación muy grave de sequía
llamada agrícola, que ha tenido consecuencias muy negativas para los
cultivos de secano y para la ganadería extensiva, con particular
incidencia en Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. Explica
las medidas establecidas en el decreto-ley, resaltando en primer
lugar el clima de estrecha cooperación entre el Ministerio de
Agricultura y los órganos competentes de las administraciones
autonómicas y, en segundo lugar, el fortalecimiento del sistema de
seguros agrarios, al que deben subordinarse las medidas paliativas,
de forma que le refuercen y no supongan una vía alternativa. Termina
su intervención incidiendo en la gravedad de la sequía, que es
probablemente la sequía más grave que ha padecido el secano español
y, por tanto, la ganadería extensiva en los últimos 30 años, y
agradeciendo a las organizaciones agrarias su colaboración.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Rivadulla
Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones Sevilla, del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Companys Sanfeliu, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
Amarillo Doblado, del Grupo Socialista del Congreso, y Madero Jarabo,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos
señores Diputados . . . (Página 13423)
Declaración institucional . . . (Página 13423)
El señor presidente, en nombre de la Mesa y de la Junta de
Portavoces, y en el suyo propio, somete al Pleno una declaración
institucional expresando su apoyo y satisfacción por la celebración
de la cumbre entre la Unión Europea y los países de Latinoamérica
y el Caribe, que se aprueba por asentimiento.
Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes (votaciones) . .
. (Página 13423)
Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-
ley 10/1999, de 11 de junio, por el que se deroga la exención del IVA
sobre las entregas de bienes efectuadas en las tiendas libres de
impuestos a viajeros con destino a otros Estados miembros de la
Comunidad Europea, se aprueba la convalidación por unanimidad.
Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-
ley 11/1999, de 11 de junio, de adopción de medidas de carácter
urgente para reparar los efectos producidos por la sequía, se aprueba
la convalidación por 286 votos a favor, dos en contra y ocho
abstenciones.
Sometida a votación la tramitación como proyecto de ley del Real
Decreto-ley convalidado, solicitada por el señor Centella Gómez, se
rechaza por 137 votos a favor y 158 en contra.
Enmiendas del Senado . . . (Página 13424)
Proyecto de Ley por la que se concede un crédito extraordinario, por
importe de 9.393.184.038 pesetas, para el pago de indemnizaciones
derivadas del derrumbamiento de la Presa de Tous, según sentencia del
Tribunal Supremo de 15 de abril de 1997 . . . (Página 13424)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Chiquillo
Barber y Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones
Sevilla, de Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Zabalía
Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Urán
González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y los
señores Beviá Pastor, del Grupo Socialista del Congreso, y Pascual
Monzó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposición de Ley de modificación de la Ley 14/1994, de 1 de junio,
por la que se regulan las empresas de trabajo temporal . . . (Página 13429)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Saura
Laporta y Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Campuzano i
Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
Vaquero del Pozo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
la señora López i Chamosa, del Grupo Socialista del Congreso, y el
señor Caneda Morales, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley por
la que se concede un crédito extraordinario, por importe de
9.393.184.038 pesetas, para el pago de indemnizaciones derivadas del
derrumbamiento de la Presa de Tous, según sentencia del Tribunal
Supremo de 15 de abril de 1997, se aprueban por 165 votos a favor,
tres en contra y 133 abstenciones.
Sometidas a votación las enmiendas del Senado a la exposición de
motivos, último párrafo; al artículo 11, apartado 4; y al artículo
19, apartados 1.c) y 2.d), de la proposición de ley de modificación
de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas
de trabajo temporal, se aprueban por 300 votos a favor y una
abstención.
Sometidas a votación las restantes enmiendas del Senado al mismo
proyecto de ley, se aprueban por 173 votos a favor, 124 en contra y
cuatro abstenciones.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios
internacionales . . . (Página 13435)
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la
República Eslovaca relativo a la readmisión de personas en situación
irregular, hecho en Bratislava el 3 de marzo de 1999 ... (Página 13435)
Acuerdo entre el Reino de España y la República Islámica del Irán
sobre transporte internacional por carretera, hecho en Teherán el 7
de febrero de 1999 . . . (Página 13435)
Declaración de aceptación por España de la adhesión de Sudáfrica al
Convenio relativo a la obtención de pruebas en el extranjero en
materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970 .
. . (Página 13435)
Declaración de aceptación por España de las adhesiones de las
Repúblicas de Sudáfrica, Moldova y Paraguay al Convenio sobre
aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en
La Haya el 25 de octubre de 1980 . . . (Página 13435)
Acuerdo de transporte aéreo entre el Gobierno de España y el Gobierno
macedonio, hecho en Skopje el 2 de marzo de 1999 . . . (Página 13435)
Convenio-marco entre el Reino de España y la República Portuguesa
relativo a la mejora de los accesos entre los dos países, hecho «ad
referendum» en Albufeira el 30 de noviembre de 1998, y Canje de
Cartas que prevé su aplicación provisional . . . (Página 13435)
Acuerdo entre el Reino de España y la República Portuguesa sobre
persecución transfronteriza, hecho «ad referendum» en Albufeira el 30
de noviembre de 1998 . . . (Página 13435)
Sometidos a votación los dictámenes de la Comisión de Asuntos
Exteriores sobre convenios internacionales, se aprueban por
asentimiento.
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas . . . (Página 13435)
Proyecto de Ley de régimen del personal del Cuerpo de la Guardia
Civil . . . (Página 13435)
En defensa de las enmiendas presentas a este proyecto de ley
intervienen el señor Chiquillo Barber y la señora Rivadulla Gracia,
del Grupo Parlamentario Mixto; y los señores Mardones Sevilla, del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Meyer Pleite, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda, y Moragues Gomila, del Grupo
Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Guardans i
Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió, y la
señora Torme Pardo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proyecto de Ley de ordenación de la edificación . . . (Página 13443)
En defensa de las enmiendas presentadas al proyecto de ley
intervienen el señor Chiquillo Barber, la
señora Lasagabaster Olazábal y el señor Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Mixto; la señora Uría Echevarría, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Recoder i Miralles, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Centella Gómez,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Morlán Gracia,
del Grupo Socialista del Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Ortiz
González, del Grupo Parlamentario Popular.
Proyecto de Ley sobre concesión de varios créditos extraordinarios en
el presupuesto del Instituto Nacional de Empleo, para regularizar las
insuficiencias producidas en bonificaciones de cuotas de Seguridad
Social correspondientes a los ejercicios de 1996 y 1997 y en el
premio de recaudación de la cuota de formación del período de 1995 a
1997, por importe total de 33.386.072 pesetas . . . (Página 13452)
Al no tener enmiendas este proyecto de ley, se pasa al punto
siguiente del orden del día.
Acuerdos de Comisiones relativos a informes de Subcomisiones . . .
(Página 13452)
Acuerdo de la Comisión de Asuntos Exteriores, en relación con el
Informe de la Subcomisión relativa al cincuenta aniversario de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos . . . (Página 13452)
Presenta las conclusiones de la Subcomisión relativa al cincuenta
Aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos el señor
Rupérez Rubio, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas (votaciones)
. . . (Página 13455)
En primer lugar se someten a votación las enmiendas que se mantienen
al proyecto de ley de régimen del personal del Cuerpo de la Guardia
Civil, que son rechazadas.
A continuación se someten a votación los distintos artículos del
dictamen de la Comisión, que son aprobados.
En segundo lugar se someten a votación las enmiendas que se mantienen
al proyecto de ley de ordenación de la edificación, que son
rechazadas, siendo aprobadas las enmiendas transaccionales del Grupo
Parlamentario Popular a las enmiendas números 23 y 29 del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A continuación se someten a votación los distintos artículos y
disposiciones del dictamen de la Comisión, con la incorporación de
las correcciones técnicas y la modificación planteada por el portavoz
del Grupo Socialista del Congreso, que son aprobados.
En tercer lugar se somete a votación el dictamen de la Comisión al
proyecto de ley sobre concesión de varios créditos extraordinarios en
el presupuesto del Instituto Nacional de Empleo, para regularizar las
insuficiencias producidas en bonificaciones de cuotas de Seguridad
Social correspondientes a los ejercicios de 1996 y 1997 y en el
premio de recaudación de la cuota de formación profesional del
período 1995 a 1997, por importe total de 33.386.436.072 pesetas, que
es aprobado por unanimidad.
Acuerdos de Comisiones relativos a informes de Subcomisiones
(votaciones) ... (Página 13458)
Por último se someten a votación los votos particulares del Grupo
Parlamentario Mixto (señor Alcaraz Ramos) al acuerdo de la Comisión
de Asuntos Exteriores en relación con el informe de la Subcomisión
relativa al cincuenta aniversario de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, que son rechazados.
A continuación se somete a votación el acuerdo de la Comisión, que es
aprobado por 292 votos a favor, uno en contra y una abstención.
Se levanta la sesión a las dos y treinta y cinco minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 10/1999, DE 11 DE JUNIO, POR EL QUE SE DEROGA LA
EXENCIÓN DEL IVA SOBRE LAS ENTREGAS DE BIENES EFECTUADAS EN LAS
TIENDAS LIBRES DE IMPUESTOS A VIAJEROS CON DESTINO A OTROS ESTADOS
MIEMBROS
DE LA COMUNIDAD EUROPEA. (Número de expediente 130/000072.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. Perdón, se abre la sesión.
Tengo que declarar -la rutina es mala consejera de las formas- que es
sesión extraordinaria.
Comenzamos el orden del día de la sesión extraordinaria que solicitó
el Gobierno, de acuerdo con la Junta de Portavoces y de conformidad
con el Reglamento de la Cámara, para desarrollar el debate y
votaciones sobre los puntos que conocen SS.SS.. El primero de los
cuales es la convalidación o derogación de dos reales decretos-
leyes, el primero de los cuales es el número 10 del año en curso, de
fecha 11 de junio, por el que se deroga la exención del IVA sobre las
entregas de bienes efectuadas en las tiendas libres de impuestos a
viajeros con destino a otros Estados miembros de la Comunidad
Europea.
Para presentar la disposición, en nombre del Gobierno, tiene la
palabra su vicepresidente, don Rodrigo de Rato Figaredo.
El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Tengo el honor de presentar ante la
Cámara el Real Decreto-ley 10/1999, aprobado por el Gobierno el
pasado 11 de junio.
Como SS.SS. saben, en el mercado interior de la Unión Europea, que
entró en vigor el 1 de enero de 1993, en el mismo se reconoció como
uno de los principios fundamentales de la tributación indirecta que
existiera la misma tributación indirecta, es decir, el mismo gravamen
de todos los consumos efectuados en el interior de la Comunidad
Europea entonces, la Unión Europea ahora. No obstante, se autorizó
una excepción en relación con las tiendas libres de impuestos. En
1993 se adujo que los problemas económicos y laborales que podrían
crear la repentina supresión de las exenciones aplicadas a la
comercialización de bienes en estas tiendas justificaba entonces que
se concediese una prórroga de los beneficios fiscales vigentes hasta
la fecha indicada, siendo una importante excepción al principio de
igualdad de tributación indirecta dentro del mercado interior.
En atención a estas consideraciones, las directivas que regulaban la
aplicación del impuesto sobre el valor añadido y de los impuestos
especiales durante el régimen transitorio del mercado interior
reconocieron la prórroga de las mencionadas exenciones a la
tributación indirecta en las tiendas libres de impuestos.
Concretamente el artículo 28 de la Directiva 91/680 de la Comunidad
Económica Europea, de 16 de diciembre de 1991, relativa a la
aplicación del impuesto sobre el valor añadido en el citado régimen
transitorio, establecía que durante el período que finaliza el 30 de
junio de 1999 los Estados miembros podrán conceder la exención a las
entregas por las tiendas libres deimpuestos de bienes de transporte
en su equipaje del
viajero, que se desplace a otro Estado miembro en un vuelo o travesía
marítima intracomunitaria. Asimismo, continúa la citada directiva, se
asimilan a las entregas de bienes efectuadas por tiendas libres de
impuestos las entregas de bienes efectuadas a bordo de un avión o de
un buque en el transcurso de un transporte, siempre intracomunitario,
de viajeros. Estas exenciones se incorporaron al artículo 25.4 de la
Ley 37/1992 de diciembre, del impuesto del valor añadido, en nuestro
país. La Directiva 92/12, de la Comunidad Europea, también aplicaba
estas mismas condiciones a los impuestos especiales, en paralelo con
las que ya he mencionado sobre el IVA. En concreto, el artículo 28 de
la Directiva reconocía con efectividad, también hasta el 30 de junio
de 1999, iguales exenciones en relación con los productos objeto de
impuestos especiales, incorporándose este precepto a la disposición
transitoria de nuestra ley de 28 de diciembre de 1992, sobre
impuestos especiales, en la que se establece expresamente la fecha de
vigencia prevista en la directiva.
Es obvio, como SS.SS. saben, que el 30 de junio de 1999 ha llegado, y
puesto que ha transcurrido el plazo indicado sin haberse autorizado
ninguna nueva prórroga por el Consejo de Ministros de la Unión
Europea, quedan sin efecto las citadas exenciones desde el 1 de julio
de 1999, lo que a todas luces obliga a incorporar a nuestra normativa
las pertinentes adaptaciones.
En el marco de los impuestos especiales, como SS.SS. saben, no es
necesario introducir modificación alguna, por cuanto, como ya he
dicho, la disposición transitoria primera ya prevé expresamente el
plazo de vigencia que incorporaban las directivas. Sin embargo, en el
caso de la Ley del impuesto del valor añadido, el legislador no
estableció ningún plazo de caducidad de los beneficios fiscales, ante
la posibilidad, que entonces podría parecer más clara, de que se
hubiera producido una nueva prórroga. En consecuencia, procede
modificar la Ley del impuesto sobre el valor añadido para derogar las
exenciones comprendidas en su artículo 25.4, relativas a las tiendas
libres de impuestos y a las entregas efectuadas a bordo de un avión o
de un buque en el transcurso de un transporte intracomunitario.
Al mismo tiempo debe derogarse, por razones de coherencia, la
referencia contenida en el apartado quinto letra b) del anexo de la
Ley del IVA sobre aplicación del régimen de depósito distinto de los
aduaneros en relación con los bienes entregados en las tiendas libres
de impuestos a viajeros con destino a otros países miembros de la
Comunidad, dado que no resulta ya aplicable el citado régimen de
bienes indicados como consecuencia de la derogación de las exenciones
aplicables a los mismos.
Para terminar, señor presidente, quisiera detenerme en explicar muy
brevemente a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a
adoptar estas modificaciones legales por decreto-ley, habida cuenta
de que la fecha del 30 de junio de 1999 era conocida.
Creo que la Cámara y cada uno de sus miembros son plenamente
conscientes de que, hasta la celebración del
Consejo Europeo de Colonia los pasados 3 y 4 de junio, se había
abierto un claro debate dentro de los países miembros de la Unión
Europea sobre la necesidad de prorrogar este régimen de exenciones de
impuestos especiales y del valor añadido en las tiendas libres de
impuestos y en el transporte marítimo y en avión intracomunitario. Un
debate que ha sido largo -en los últimos tres años prácticamente se
ha manifestado en cada uno de los consejos europeos-, pero que no ha
producido la unanimidad necesaria para que se mantuviera la prórroga
más allá del 30 de junio de 1999.
Como SS.SS. conocen, o aquellos más familiarizados con el debate de
los consejos europeos, el borrador de conclusiones de la propia
cumbre de Colonia distribuido el día 3, un día antes de su
finalización, contemplaba dicha prórroga. Ese acuerdo no se produjo,
pero el Gobierno español entendía que remitir al Congreso de los
Diputados una ley que acabara con las exenciones de las tiendas
libres de impuestos en el impuesto del valor añadido, cuando todavía
se estaba planteando el debate político, podía llevarnos a la
situación realmente confusa de que estuviéramos tramitando o fuéramos
a aprobar un proyecto de ley cuando el Consejo Europea estableciera
una prórroga precisamente sobre la misma cuestión.
El Gobierno ha entendido que era preferible esperar a la decisión
final del Consejo de Colonia, que a todas luces era la última
oportunidad de prórroga que podía plantearse, y a partir de ahí
establecer una decisión que adecuara nuestro ordenamiento jurídico a
las nuevas circunstancias.
Habida cuenta de que no se ha producido ese consenso entre todos los
países miembros, el Gobierno remite a la Cámara un real decreto ley
para modificar la Ley del IVA en los aspectos que ya he mencionado,
en el artículo 25 y en el apartado quinto letra b) del anexo de la
propia Ley del IVA.
Al mismo tiempo, señor presidente, la aprobación del decreto-ley en
el primer Consejo de Ministros celebrado inmediatamente después de la
cumbre de Colonia ha aportado, en nuestra opinión, un margen
suficiente para que las tiendas españolas libres de impuestos
conozcan el cambio de tributación, puedan adaptarse y tomar medidas
pertinentes. En particular, tendrán -han tenido que hacerlo ya- que
sustituir las etiquetas de precios de los bienes que comercializan,
modificar sus letreros publicitarios y separar los almacenes
y mostradores de venta de bienes para viajeros comunitarios, a los que
tendrán que vender sin exención, y por otro lado para los viajeros de
los países terceros, que seguirán disfrutando de la exención por
constituir exportaciones fuera de la Comunidad.
Quiero poner de relieve que, a lo largo del debate interno dentro de
los consejos europeos, se ha manifestado la necesidad de que la
Comisión estableciera programas especiales para paliar los efectos
sobre el empleo que pueda tener la desaparición de las tiendas libres
de impuestos en el tráfico de viajeros intracomunitario.
España, como es natural, siendo uno de los países que recibe mayor
número de turistas, está especialmente interesada en que estas ayudas
de la Comisión Europea se establezcan a la mayor brevedad posible y
estamos trabajando en esa dirección con ella.
En cualquier caso, señor presidente, solicito de la Cámara, en nombre
del Gobierno, la ratificación de este decreto-ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente del
Gobierno. ¿Algún grupo parlamentario desea consumir un turno en
contra? (Pausa.)
Antes de pasar al turno de fijación de posición, quiero anunciar al
Pleno que la votación de este decretoley se acumulará a la del
siguiente. Por tanto, a efectos de agilizar la tramitación del orden
del día, las votaciones se producirán de la manera siguiente. Haremos
una primera respecto de los dos decretos-leyes que constituyen el I
punto del orden del día, pasaremos luego al debate de las enmiendas
del Senado al proyecto y a la proposición de ley que constituyen el
punto II y al final se producirán las correspondientes al punto III,
es decir los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre
convenios internacionales que, salvo reserva en contrario de algún
grupo parlamentario, serían sometidos a votación por asentimiento,
como viene siendo habitual; pasaríamos después al punto IV,
dictámenes de comisiones sobre los proyectos de ley de régimen del
personal del Cuerpo de la Guardia Civil y de ordenación de la
edificación, así como el correspondiente a varios créditos
extraordinarios, juntamente con el punto V: Acuerdo de la Comisión de
Asuntos Exteriores, en relación con el informe de la subcomisión
relativa al cincuenta aniversario de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. Es decir, recapitulando, habrá tres bloques de
votaciones en la mañana: el primero, correspondiente a los decretos-
leyes; el segundo, que englobará las enmiendas del Senado y los
dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores; y el tercero, el
resto del orden del día al finalizar los debates. ¿Grupos que desean
fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Gómez
Rodríguez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Una breve intervención para fijar la posición de Coalición Canaria en
relación con este Real Decreto-ley 10/1999, de 11 de junio, por el
que se deroga la exención del IVA sobre las entregas de bienes
efectuadas en las tiendas libres de impuestos a viajeros
comunitarios. Como ha dicho el vicepresidente del Gobierno, entra en
vigor hoy mismo y se promulga al haber finalizado ayer, día 30 de
junio, el plazo que se había concedido de prórroga.
En resumen, este real decreto-ley, aprobado por el Gobierno conforme
al artículo 86 de la Constitución
española, viene a restablecer el impuesto sobre el valor añadido en
las tiendas de la Península que tenían exención temporal tanto en los
puertos como en los aeropuertos para los viajeros intracomunitarios.
En la memoria que se acompaña al real decreto-ley viene la
justificación financiera. Se trata de la traslación a nuestro derecho
interno de una directiva del derecho comunitario del año 1991. No es
una implantación fiscal como consecuencia de alguna posible voracidad
tributaria, no; es la ampliación de la legalidad europea a nuestro
territorio peninsular conforme a lo acordado en la Unión Europea.
En aras de la libre competencia y de la propia filosofía del mercado
interior, a partir de hoy se pagará en todo el territorio nacional el
impuesto sobre el valor añadido en los aeropuertos y puertos. Me
refiero a las tiendas que se utilizan a través de Aldeasa, aunque hay
que señalar que esta empresa, filial de AENA, ha anunciado que
mantendrá los precios asumiendo el IVA, habida cuenta de la baja
fiscalidad española y porque espera que continúe en alza la cifra de
negocios de los aeropuertos españoles. Esto, con el posible problema
que pudieran tener las empresas afectadas, sería un paliativo con las
ayudas que la Unión Europea está estudiando realizar a estas empresas
por la transformación.
Para concluir, debo recordar que en el archipiélago canario no existe
IVA, pero sí uno paralelo, el impuesto general indirecto canario, que
no grava las ventas en las tiendas establecidas en los aeropuertos y
puertos canarios. Allí también están presentes Aldeasa o sus
filiales, al igual que lo estarán las que se van a crear próximamente
con capital canario.
Lamentablemente, el automatismo que existe en el IVA no se aplica al
IGIC, por cuanto que la implantación del impuesto general indirecto
canario en la modificación hará necesaria la notificación del
Gobierno, los trámites de audiencia de las cámaras de comercio de las
provincias canarias, Consejo de Estado, remisión al Gobierno y, por
último, su aprobación.
Nos limitamos a decir que las tiendas de los aeropuertos canarios
continuarán con la exención y que será competencia de la comunidad
autónoma proponer lo que corresponda a la economía canaria. Esperamos
que el diferencial fiscal que se ha mantenido en esta Cámara desde el
segundo año de la inauguración de este hemiciclo -el año 1852 se
promulgó la Ley de puertos francos y en 1991 y 1994 la Ley de régimen
económico fiscal- continúe favoreciéndose. Esa es la base de nuestras
reivindicaciones, que no son ni sociales, ni de sangre, ni de
religión, son exclusivamente de un régimen económico fiscal originado
por la distancia que tenemos con la Península.
Esperamos el apoyo, en su día, cuando se traiga el tema a la Cámara.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Guardans i Cambó.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, tras el Acta Única europea se estableció en Europa el
mercado interior y la plena libertad de circulación de bienes y
servicios, que, teóricamente, fue la razón principal de la creación
del Mercado Común, pero que no entró a funcionar con toda su eficacia
hasta el 1 de enero de 1993. Sin embargo, en ese marco quedó una
excepción, que eran las tiendas libres de impuestos en aeropuertos y
en puertos, pero no en ferrocarriles, que seguían recordándonos que
existían unas fronteras fiscales y un auténtico paso de fronteras, de
un Estado a otro, dentro del propio mercado interior. Eso, que en un
primer momento no pasaba de ser una simple excepción, basada además
en una larga tradición y en unos intereses económicos respetables en
ese momento, poco a poco se ha ido convirtiendo en un anacronismo y
en una auténtica disfunción, absolutamente insoportable, dentro del
sistema del mercado interior y de la plena libertad de circulación de
mercancías. Esa discriminación hacia el transporte por ferrocarril
y hacia otros establecimientos comerciales, que además se estaba
convirtiendo en absolutamente inútil para los viajeros, puesto que
las teóricas diferencias de precio producidas por la no existencia de
impuestos indirectos sobre esos productos se convertían simplemente
en márgenes de beneficio para los vendedores, era preciso que
desapareciera, en aplicación de ese período transitorio que en su
momento se había establecido al establecer -valga la redundancia- la
propia excepción.
A nosotros nos pareció bien,(así lo dijimos al hablar de las
conclusiones de la cumbre de Colonia, donde se iba a prorrogar este
período transitorio) que éste terminase, que se resistiese
eficazmente a la presión por parte de determinados lobbies de
empresas afectadas, que habían intentado que el Consejo Europeo y los
jefes de Estado y de Gobierno mantuvieran esa excepción. Nos parece
perfectamente correcto que se les aplique a todos ellos el mismo
régimen que se ha aplicado en el ámbito del mercado interior en todos
los frentes. Por tanto, la no prórroga de este régimen de excepción
o, en otros términos, el hecho de que se termine este régimen
excepcional, nos parece absolutamente positivo; según la memoria
económica que acompaña a este decreto-ley, parece que incluso va a
tener un efecto positivo en términos recaudatorios, aunque está por
ver exactamente qué cuantía. Esa, sin ser la razón más importante, no
deja de ser una razón positiva a la que le damos, lógicamente,
nuestro apoyo.
Por otro lado, según la información de la que disponemos, también
compartimos la afirmación que se hace en la memoria que acompaña al
decreto-ley, de que el tono alarmista empleado por las empresas
afectadas, intentado transmitir a la opinión pública que se iba a
perder una gran cantidad de puestos de trabajo, no
parece que vaya a ser así en la práctica. Es posible que
efectivamente provoque cierta reconversión, pero no imaginamos la
desaparición de estos establecimientos comerciales en los aeropuertos
y en los puertos. Ya harán otras maniobras. Aldeasa ya ha sido capaz
de poner sobre la mesa un plan de comercialización consensuado de
hecho con los principales grupos equivalentes en otros Estados
miembros de la Unión Europea, y por tanto por vía comercial, puesto
que el mercado en esto está perfectamente preparado para salir de
situaciones que le puedan resultar adversas, ya serán capaces de
adaptarse a la nueva situación de que en Europa no hay fronteras.
Viajar desde Madrid a París, desde París a Berlín ya no es viajar al
extranjero, es viajar dentro de la Unión Europea y eso también se
materializa en el régimen fiscal de los aeropuertos.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guardans.
Por Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra
don Pedro Antonio Ríos Martínez.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, estamos ante un
real decreto-ley al que reprochamos precisamente que sea un real
decreto-ley ¿Por qué? Porque está obedeciendo a los intereses o a las
previsiones de la Directiva 680 del año 1991 y en este año ya se
establecía que habría un régimen transitorio sobre el valor añadido
de ese mercado interior que entró en funcionamiento el 1º de enero de
1993. Por medio tuvimos la Ley del IVA, en el año 1992, que ya podía
haber establecido esa mención al régimen transitorio en el artículo
que hoy se suprime, pero no se hizo. La directiva decía más: esta
exención tendrá carácter temporal con vigencia hasta el 30 de junio
de 1999, hasta ayer; la ley podía haber recogido esa previsión y nos
hubiéramos ahorrado esta actuación.
Visto que no lo recogió la ley y que el Gobierno ha tenido tres años
para poder adecuarlo y tomar la previsión, lo lógico es que el
Gobierno hubiera negociado con esa estructura productiva, que por
cierto en el último año se ha estado ampliando con nuevas licencias y
con nuevas concesiones. En lugar de hacer esto, se tendría que haber
negociado con esas entidades económicas para ver cómo se iba a hacer
frente a una actividad económica productiva que según la memoria
económica significa una colocación fija de 5.000 personas, según
datos más amplios no solamente significan 22.000 millones más de
ingresos, significa también una actividad que se va a ver mermada
dentro de ella. Es verdad que no toda, porque los vuelos
extracomunitarios lo van a poder mantener. Es verdad que se van a
poder mantener otras relaciones, puesto que algún tipo de figura que
no es solamente el IVA puede significar para ellos una capacidad de
comerciar. También es cierto que ellos mismos han anunciado hoy que
no van a proyectar hacia los precios lo que va a ser esta reducción;
por tanto ellos mismos van a encajar esta mayor
aportación en una elección que en Europa era sencillísima: si estamos
en un mercado único, no es lógico que tengamos como islas de paraísos
fiscales o islas no cotizadoras dentro de la Unión y en
desplazamientos dentro de la propia Unión.
Ese criterio lógico es la parte básica que se debe apoyar. Lo que
critico es la forma. Esto no es para hacerlo por decreto-ley cuando
llega el verano, sino para presentar un proyecto de ley a primeros de
año y tenerlo aprobado con toda la discusión, participación y
transparencia posibles.
En todo caso, la medida nos parece razonable, porque no es lógico que
el negocio que se pueda establecer sea sobre la base del beneficio
fiscal solamente, debería ser sobre otra realidad y durante estos
ocho o nueve años se debería haber hecho la adaptación a la nueva
realidad que se iban a encontrar hoy.
Como creo que en este mundo todos los negocios, todas las realidades
económicas tienden a adecuarse a las nuevas realidades de los
mercados, es lo que suele pasar, estos señores se tendrán que
adecuar. Nosotros hemos tomado una medida y lo malo es que díganos
que ha sido por mandato europeo; no, es por voluntad propia en la
construcción europea que es como se construye Europa, no por mandatos
impositivos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ríos.
El señor Álvarez Gómez, por el Grupo Socialista.
El señor ÁLVAREZ GÓMEZ: Gracias, señor presidente. Intervengo en
nombre del Grupo Parlamentario Socialista para fijar la posición en
este debate sobre la convalidación o derogación del Real Decreto-ley
10/1999, de 11 de junio.
Señorías, el Grupo Socialista ha venido insistiendo a lo largo de
toda la legislatura en la necesidad de realizar reformas
estructurales que mejoren la competitividad de nuestras empresas y de
nuestra economía, en la necesidad de profundizar en la liberalización
de distintos sectores, básicamente el energético, el de
telecomunicaciones y el de servicios, y sobre todo en la necesidad de
controlar la inflación. Seguiremos insistiendo y traeremos más
iniciativas sobre estos aspectos, porque consideramos que el Gobierno
no sólo no ha acometido las reformas precisas, sino que ha
incentivado la aparición de fenómenos indeseables que son fruto del
fracaso de la política de privatizaciones, tales como la excesiva
concentración empresarial, monopolios de facto en algunos sectores,
concentración de poder económico, y por ello son evidentes, sobre
todo en los últimos meses, las tensiones inflacionistas, sobre las
que consideramos que la modificación que el Gobierno trae a esta
Cámara también puede incidir.
En todo caso, señorías, criticamos una vez más que el Gobierno
utilice la vía del decreto-ley. El ministro ha tenido que acudir al
subterfugio del debate en el seno de la Unión Europea para justificar
que ante la fecha inmediata del 1º de julio de 1999 no hubiera otro
mecanismo legislativo. Bien es cierto que si el Gobierno
hubiera utilizado la vía del real decreto-ley con moderación
y prudencia a lo largo de la legislatura, tendríamos menos legitimación
de la que tenemos en este momento para decirle que esta vía no es
adecuada para introducir las reformas legislativas.Al final, se trata
de convertir a este Parlamento en un testaferro político de la acción
legislativa del Gobierno, y en eso nunca vamos a estar de acuerdo.
En todo caso, señorías, el Grupo Socialista va a votar a favor de la
convalidación de este real decreto-ley por razones por lo demás
obvias, muchas de las cuales ya se han dicho. En primer lugar porque
tenemos la voluntad de contribuir a que no existan territorios
fiscalmente protegidos dentro de la Comunidad Europea. En segundo
lugar, porque el sector ha tenido tiempo más que prudencial para
adaptarse a las consecuencias de la integración europea, porque es
preciso dar cumplimiento también a una directiva comunitaria que
regula el impuesto sobre el valor añadido, porque es necesaria, en
fin, una armonización fiscal con el derecho comunitario pues nos
hemos integrado en el mercado único, y en definitiva porque queremos
facilitar y hay que facilitar la libre competencia.
Sin embargo, creemos que no es bueno que esta Cámara minimice algunos
efectos que este cambio legislativo va a producir y al propio tiempo
también queremos evitar cierto alarmismo, que como ha señalado ya
algún grupo se había producido sobre las consecuencias de esta
modificación sobre el empleo. Estas obligaciones no son sólo del
Gobierno; son también obligaciones de esta Cámara, y nuestro grupo
quiere contribuir a que ambos efectos no se produzcan.
Señorías, en España el sector ha anunciado estos días que mantendrá
los precios de todos los bienes en las denominadas tiendas libres de
impuestos a excepción del tabaco, y la razón de ello es que espera
incrementar de manera importante la facturación. Nuestro grupo no
sabe en qué medida ello va a ser así, es decir no sabemos en qué
medida se va a producir ese incremento de facturación ni si ese
supuesto incremento de facturación va a tener como consecuencia que
los precios se mantengan estables. Tampoco sabemos si esas
previsiones de crecimiento de la facturación se fundamentan sólo en
una nueva estrategia comercial que ya ha anunciado el sector, en el
incremento de viajeros que éste prevé se va a producir, o bien en que
se va a utilizar inteligentemente un nuevo indicador que amenaza
consolidarse en España como es el viajero/hora aeroporturaria, o en
los tres factores conjuntamente. En efecto, la estimable rigidez de
la demanda de servicios del transporte de viajeros en avión puede
tener asimismo seducido al ministro de Fomento, puesto que observa
agudamente que el tráfico de viajeros no desciende, razón por la que
estima que su gestión, su política en esta materia no está tan mal, y
desde luego cómo exagera en esta materia el grupo de la oposición.
Las tiendas libres de impuestos es posible que estén utilizando este
nuevo indicador viajero/hora aeroportuaria, y observan que evoluciona
muy favorablemente,
lo que les hace ser optimistas respecto al incremento de facturación
pues observan que en los últimos seis meses las horas de estancia
viajero/aeropuerto se han duplicado y aun triplicado en determinados
días; es posible que con ello crean que se pueden neutralizar o
paliar los efectos negativos sobre las empresas del sector debido a
que no se va a producir esa hipotética caída de las ventas ocasionada
por la supresión de la exención del impuesto sobre el valor añadido
en los productos de estas tiendas.
Sobre este particular también se pronuncia la memoria que el Gobierno
acompaña al real decreto-ley, pues manifiesta que los viajeros son
viajeros presos; presos de las entidades comerciales sitas en lugares
como las salas de espera de los aeropuertos, y por ello también
entiende que no habrá mayores problemas. El Gobierno y la mayoría de
los grupos que han intervenido hasta este momento entienden que no va
a haber mayores problemas. En primer lugar, no va a haber problema
para que se mantengan los precios. Nosotros consideramos que hay que
tener cautela sobre este particular. En definitiva, si eso es así, si
no varían los precios porque se incrementa la facturación, el efecto
inducido que puede tener sobre la destrucción de puestos de trabajo
va a ser menor. En todo caso, el Gobierno ha anunciado al hilo del
consenso suscitado en Europa sobre este particular, que está
dispuesto a tomar medidas que palíen o eviten que la incidencia sobre
el empleo sea mayor de la deseable.
En todo caso, señorías, de ser cierto que se van a mantener los
precios de estos bienes -nosotros tenemos cierta cautela sobre ese
particular- sí es verdad que los beneficios de las empresas, los
beneficios del sector van a disminuir. Esto no lo puede cuestionar
nadie; los beneficios van a disminuir como consecuencia de que los
impuestos, las exenciones que ahora se suprimen van a ser un coste
que va a soportar el sector, y que en definitiva va a redundar en los
beneficios salvo que la facturación del sector se disparara a límites
difícilmente previsibles. Ello va a exigir -ya está exigiendo a los
empresarios- tomar medidas, tomar decisiones estratégicas y
comerciales dirigidas a neutralizar esta disminución de beneficios.
Nosotros apuntamos en la línea de que el Gobierno tome nota, se
dedique con atención al problema de la calidad y la cantidad de
empleo en el sector para evitar que esta caída de beneficios y las
medidas que los empresarios tienen que tomar necesariamente para
evitar que la facturación se mantenga estable, y propiciar que
efectivamente se incremente de manera notable a fin de que la caída
de beneficios sea la menor posible e incida lo mínimo en el empleo.
Pero hay otras cosas que es necesario decir. La organización
internacional Iaopa, a la que pertenecen 37 grupos de aviación y unos
390.000 pilotos, estima que esta decisión en el seno de la Unión
Europea va a suponer un aumento de las tasas aéreas precisamente para
compensar las disminuciones de beneficios ocasionados a las compañías
aéreas, parte importante del
sector debido a este real decreto-ley y a las medidas que también se
tomarán en el resto de los países comunitarios.
El señor PRESIDENTE: Señor Álvarez Gómez, vaya concluyendo, por
favor.
El señor ÁLVAREZ GÓMEZ: Termino, señor presidente.
En suma, señor presidente, trato de decir que esta medida va a tener
efectos sobre la inflación, bien porque haya una subida de precios o
bien porque los precios de los servicios aéreos se incrementen.
Finalmente he de decir que en la propia memoria el Gobierno estima
que va a haber un incremento de la recaudación. El incremento de
recaudación se estima solamente en lo que afecta a la exención que se
va a suprimir sobre los impuestos especiales que gravan las labores
del tabaco en 22.000 millones de pesetas anuales. Nosotros estimamos
que a partir de los datos que da el sector la recaudación por el
impuesto sobre el valor añadido se incrementará en unos 5.000
millones de pesetas aproximadamente. El sector habla de 34.000
millones de pesetas anuales de facturación intracomunitaria, y además
habrá que incrementar también los impuestos especiales sobre las
bebidas alcohólicas básicamente. En total consideramos que el
incremento de recaudación derivado de estas medidas supondrá unos
40.000 millones de pesetas más anuales a las arcas públicas,
impuestos indirectos que en definitiva en algún sitio van a tener
repercusión. Nosotros creemos que el punto débil va a recaer donde la
economía española está atravesando el peor indicador, sobre las
tensiones inflacionistas que se han venido desatando en los últimos
meses. Por eso, señorías, conviene decirlo y conviene que el Gobierno
tome las medidas pertinentes para no minimizar los efectos negativos
que sin duda también tiene, lo que no prejuzga que nosotros votemos a
favor de la convalidación del real decretoley por las razones que
antes hemos señalado.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Álvarez Gómez.
El señor Martínez-Pujalte, por el Grupo Popular.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Mi intervención será necesariamente breve, porque breve es el real
decreto-ley y no porque no sea importante, que yo creo es importante,
pero es obvio que dentro del marco comunitario y del mercado único
había que tomar esta medida: el contenido del real decreto-ley y el
instrumento es el adecuado.
Decía el señor Álvarez Gómez que tenía cierta preocupación por la
inflación. Yo le quiero decir que no se preocupe, con este Gobierno
la inflación se está cumpliendo todos los años, lo que no sucedía
antes ahora sucede, se está cumpliendo. Este Gobierno está haciendo
las reformas estructurales necesarias, por cierto no con su apoyo
pues no han votado favorablemente ninguna. Ustedes dicen que hay que
hacerlas, pero luego no nos apoyan ninguna. Nosotros las hemos hecho,
y con el apoyo de los grupos que sustentan al Gobierno hemos
afrontado unas reformas estructurales que nos han permitido -como
bien sabe usted- cumplir el objetivo inflacionista todos los años. No
se preocupe, este real decreto-ley no va a poner ninguna sombra de
duda en ese aspecto.
Se ha hecho mediante real decreto-ley y yo le voy a explicar una cosa
por si S.S. no la sabía. Esta exención entra en vigor el 1º de enero
de 1993, y en el año 1992 esa exención se recoge en el impuesto sobre
el valor añadido, pero se recoge sin fecha de caducidad, como antes
muy bien ha explicado el señor Ríos. En los impuestos especiales se
recogía la exención y se decía que acababa el 30 de junio; en el
impuesto sobre el valor añadido, no.
Entonces no teníamos la responsabilidad de Gobierno y desde mi grupo
les dijimos que si ustedes no ponían fecha de caducidad y la
directiva de la Comunidad Europea tiene fecha de caducidad habrá que
hacer una reforma cuando llegue el 30 de junio. Ustedes, el entonces
ministro señor Solchaga dijo a mi compañero, ahora eurodiputado: no
se preocupen, cuando llegue la fecha ya haremos una modificación
legislativa. Si eso es así, ahora no lo censuren. Hemos hecho un real
decreto-ley porque como muy bien sabe S.S. llevamos todo el año con
un debate entre las empresas del sector y los gobiernos para ver si
se producía una prórroga. La prórroga no se ha producido, porque para
que suceda la concesión de una prórroga en materia fiscal en la Unión
Europea se necesita unanimidad y tres países no han dado el apoyo. El
Grupo Socialista -entonces el ministro Solchaga- dio su apoyo para
que esto se acabara el 30 de junio de 1999, porque el acuerdo fue por
unanimidad, tenía que ser por unanimidad la prórroga y la prórroga no
se ha concedido.
Hemos elaborado un real decreto-ley porque hasta hace mes y medio se
pensaba que la prórroga podía ser una realidad. No lo ha sido, y hay
una reflexión en el seno de la Unión Europea sobre si va a ser
necesaria en el futuro la unanimidad para todas las medidas fiscales,
porque eso va a hacer muy difícil avanzar en cualquier proceso de
armonización, ya que hace muy difícil que todos los países se pongan
de acuerdo en un tema.
Sin embargo, señorías, este real decreto-ley viene a dar cumplimiento
a la puesta en marcha del mercado único. Era lógico que con la
existencia de un mercado único desde el 1º de enero de 1993, donde
las actividades económicas deben competir en igualdad de condiciones,
la existencia de esas tiendas libres de impuestos supusiera una
contradicción con la propia filosofía del mercado único y, además,
estaban suponiendo una distorsión en la competencia y hasta
injusticias entre unos consumidores y otros.
Por eso, señoría, es lógico que se adopte este real decreto-ley. Las
empresas han dispuesto de tiempo y el portavoz socialista recogía
algunos argumentos de los que han venido manifestando las empresas
del sector. Es lógico que dichas empresas del sector cuando ven que
tienen una ventaja comparativa por estar en una parte o en otra del
aeropuerto, cuando tienen una ventaja comparativa porque un viajero
se desplaza de Madrid a París y no de Madrid a Valencia, es lógico,
repito, que esas tiendas hagan sus números, encarguen sus dictámenes
y digan que esto va a suponer un perjuicio para el mercado de trabajo
o que va a suponer perjuicio para la actividad económica. No es así.
En mi opinión, señorías, los aeropuertos están aumentando su
actividad considerablemente, se está poniendo de manifiesto que son
unos lugares excelentes para aumentar la comercialización, y se están
abriendo tiendas muy importantes en una parte y en otra del
aeropuerto. No va a haber problema alguno. Sí es verdad que va a
haber un aumento de recaudación, como recoge la memoria, e imagino
que a S.S. eso le parecerá bien, porque no creo que le parezca bien
que un señor que no viaja a otro país de la Unión Europea tenga que
pagar el IVA o los impuestos especiales y un señor que se desplaza a
París no los tenga que pagar. Hoy eso no tiene sentido en un mercado
único donde la libertad de desplazamiento es absoluta.
Por tanto, señorías, mi grupo va a apoyar este real decreto-ley.
Creemos que se ha hecho en el tiempo adecuado, con la fórmula
adecuada y con el contenido adecuado, y además creemos que no va a
producir distorsión alguna sino que más bien va a poner en igualdad
de condiciones a todos los ciudadanos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor MartínezPujalte.
- REAL DECRETO-LEY 11/1999, DE 11 DE JUNIO, DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE
CARÁCTER URGENTE PARA REPARAR LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR LA SEQUÍA.
(Número de expediente 130/000073.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate del real decreto-ley número
10 de 1999, pasamos a debatir el real decreto-ley número 11, del
propio año en curso, de fecha 11 de junio, de adopción de medidas de
carácter urgente para reparar los efectos producidos por la sequía,
para cuya presentación ante el Pleno tiene la palabra, en nombre del
Gobierno, el ministro de Agricultura, señor Posada.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Posada
Moreno): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, comparezco ante esta Cámara para solicitar la convalidación
del real decreto-ley 11/1999, de 11 de
junio, de adopción de medidas de carácter urgente para reparar los
efectos producidos por la sequía.
Expresaré la justificación y contenido de este real decreto-ley, que
de acuerdo con el Consejo de Estado se aprobó por el Consejo de
Ministros en su reunión de 11 de junio último, al considerar el
Gobierno que concurrían las razones de extraordinaria y urgente
necesidad que exige el artículo 86 de nuestra Constitución.
Estas razones tienen su origen en el acusado -muy acusado diría yo-
déficit de precipitaciones que en una gran parte del territorio
español se ha observado en los últimos meses del año pasado y en los
primeros meses de este año, lo que se ha traducido en una situación
muy grave de sequía de la llamada agrícola, es decir en una escasez
de agua de lluvia que sin afectar a la población urbana e incidiendo
hasta ahora sólo de forma muy leve en el regadío dado el volumen de
agua embalsada, ha tenido sin embargo consecuencias muy negativas
para los cultivos de secano y para la ganadería extensiva que se
alimenta de pastos, con particular incidencia en el sur de la
Península, y de forma más acusada en Andalucía, Extremadura y
Castilla-La Mancha.
En este real decreto-ley se establecen medidas destinadas no a
compensar totalmente, a veces ni siquiera parcialmente, pero sí a
paliar las mencionadas consecuencias que la sequía ha tenido en
nuestras producciones agrícolas y ganaderas. Estas medidas son las
que por la fuerte dependencia que las alteraciones climáticas tienen
en la producción agraria en España vienen instrumentándose con cierta
periodicidad.
Sin embargo, quiero resaltar dos circunstancias. Primero, el clima de
estrecha cooperación entre el Ministerio de Agricultura y los órganos
competentes de las administraciones autonómicas, que se han sentado
en una misma mesa con las organizaciones representativas del sector
constituyendo un grupo de trabajo mixto para analizar y evaluar los
efectos de la sequía en los distintos territorios y actividades
productivas, así como para estudiar la adopción de medidas paliativas
concretas y proponer prioridades en su aplicación.
Estas reuniones -quiero recordarlo aquí- comienzan a primeros de mayo
y van produciéndose de forma continua, lo que da lugar a diversas
disposiciones. En efecto, una de ellas fue la orden que dicté como
ministro de Agricultura el 28 de mayo, para poner a disposición de la
ganadería extensiva de las zonas afectadas alimentos, granos y
forrajes destinados a suplir la falta de pastos en ellas y evitar los
sobrecostes de transporte mediante subvenciones del ministerio y de
las comunidades autónomas. De los dos aspectos destacables que antes
mencionaba, el segundo es que el conjunto de medidas adoptadas se
inscribe en una política, necesaria en España a mi modo de ver, de
favorecer y fortalecer el sistema de seguros agrarios, a la que deben
subordinarse las medidas paliativas de forma que la refuercen y no
supongan una vía alternativa.
Con independencia de la medida ya citada, el núcleo de este real
decreto-ley es la delimitación territorial de las zonas afectadas por
la sequía a realizar por el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, oídas las comunidades
autónomas (se establece el criterio del 50 por ciento o más de
pérdidas de cosechas en secano o en los aprovechamientos de pastos
respecto a la producción normal), a fin de poner en práctica las
medidas de ayuda que en síntesis son las siguientes.
En primer lugar, respecto a aquellas producciones agrarias que tienen
en vigor el seguro agrario, se dispone que sean objeto de
indemnización cuando no esté contemplado ese riesgo en el seguro en
ese momento. Se indemnizarán las producciones de cereales de invierno
que hayan sido aseguradas aun cuando todavía no se haya producido el
hecho de la nascencia, que en principio era necesario para que
surgiera el derecho de indemnización.
Hay medidas específicas de apoyo a la ganadería extensiva, en
concreto a los titulares de explotaciones de bovino, ovino, caprino,
equino y porcino, así como a los apicultores. Se ha establecido un
convenio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y en su
caso de las comunidades autónomas, con el ICO, el Instituto de
Crédito Oficial, y a través de un acuerdo de este instituto con
entidades financieras, los ganaderos afectados dispondrán de una
línea de préstamos bonificados por un importe total de hasta 27.000
millones de pesetas. Estos préstamos tienen el límite de 4.000.000 de
pesetas para las personas físicas y de 20.000.000 de pesetas para las
personas jurídicas y comunidades de bienes, y se concederán a un
plazo de cinco años con un año de carencia. El tipo de interés
efectivo para los préstamos se bonificará por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación en el 50 por ciento y al otro 50
por ciento podrán contribuir las comunidades autónomas. En un caso
límite, si hubiera una contribución igual que la del ministerio, el
préstamo tendría un interés cero. Ese caso no será muy frecuente,
porque supone un esfuerzo muy grande para las comunidades autónomas
y quizá no pueda llegarse a esa totalidad, pero indudablemente los
préstamos van a tener un interés para el ganadero francamente muy
bajo.
Otras medidas de apoyo a la ganadería extensiva que establece el real
decreto-ley consisten en la autorización por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación para realizar obras con carácter de
urgencia dirigidas a la construcción de puntos de suministro de agua,
y también ayudas para el transporte de agua a las explotaciones
afectadas.
Igualmente se establece en el real decreto-ley medidas de ayuda
tendentes a reducir los costes sociales y fiscales en las
explotaciones afectadas por la sequía. Así se concede un aplazamiento
del pago a dos años sin interés para las cuotas fijas mensuales de
Seguridad Social y se aplaza lo mismo el pago de cuotas por jornadas
reales. Hay ayudas de carácter fiscal, como las que se establecerán
para la reducción de los índices de rendimiento neto del régimen de
estimación objetiva por módulos en agricultura y ganadería para este
año.
El real decreto-ley contiene finalmente las prescripcionesfinancieras
necesarias para disponer de los
recursos precisos para atender a estas medidas. En el sistema de
seguros esto supondría un gasto para el Ministerio de Agricultura de
3.150 millones de pesetas, de los que 2.150 millones son de un
crédito extraordinario y 1.000 millones de reajuste de los propios
créditos del Ministerio, lo que demuestra también el esfuerzo que
desde él hacemos (y lógicamente somos los más interesados en la
Administración en hacerlo) aportando ese reajuste de nuestros
créditos.
Asimismo, se afrontan desde nuestros propios presupuestos 500
millones para la construcción de puntos de agua y su transporte a las
explotaciones ganaderas. Igualmente hay un suplemento de crédito de
612,5 millones para este año, pero como es para sufragar los
intereses de los créditos, hay que aplicarlo a los que hay que
suponer que va a haber en los cuatro años siguientes, y la totalidad
de esta bonificación asciende a 1.890 millones.
Ahora bien, unido a este volumen de recursos, que será del orden de
los 4.000 millones de pesetas, según el real decreto-ley, hay que
contemplar la aportación que hace el sistema de seguros agrarios, una
aportación que este Parlamento ha hecho posible porque año tras año
ha estado dotando el presupuesto de unas cantidades elevadas para
cubrir esos seguros agrarios que ahora muestran su utilidad, y, a
través del sistema de seguros agrarios normal, sin real decreto-ley,
van a recibir los agricultores del orden de 30.000 millones de
pesetas que, insisto, no están contemplados en este real decreto-ley
porque son consecuencia del funcionamiento normal del sistema de
seguros agrarios, que creo que ha funcionado magníficamente y debemos
apostar todos porque funcione mejor todavía en el futuro.
Puedo asegurarles que la sequía va a seguir siendo objeto de
seguimiento permanente en el seno de la mesa constituida con las
comunidades autónomas y las organizaciones profesionales agrarias, y
en este marco analizaremos otras posibles consecuencias futuras y la
posibilidad, en su caso, de medidas complementarias extraordinarias,
dentro de las limitaciones presupuestariasno sólo del Gobierno del
Estado sino de las comunidades autónomas.
Finalmente quiero, señoras y señores diputados, sintetizar y terminar
mi intervención señalando dos puntos: primero, incidir nuevamente en
la gravedad de la sequía. Quizá como esta sequía no va acompañada de
cortes de suministro en las ciudades, como hay agua en los pantanos,
como no hay dificultades sanitarias, no se ha percibido por el
público, por el ciudadano normal, con al gravedad que ha tenido, pero
es probablemente la sequía más grave que ha padecido el secano
español y, por tanto, la ganadería extensiva, en los últimos 30 años.
La situación es muy difícil y las pérdidas son graves.
Nosotros, y este es el otro punto que quiero señalar, el Ministerio
-y creo que aquí hablo en nombre de los consejeros de las comunidades
autónomas- estamos muy agradecidos a las organizaciones agrarias, que
han colaborado en detectar los problemas y en aportar soluciones.
Ciertamente, y a mí me consta, ellas demandaban
más, no renglones distintos en el decreto-ley (creo que están de
acuerdo con su estructura), pero sí querían más ayuda. Debo decir, y
lo he dicho públicamente, que era una petición legítima, porque, en
efecto, con las ayudas que se conceden en el decreto-ley se palían,
en una parte, las pérdidas de la sequía. En modo alguno se compensan
esas pérdidas ni lejanamente. Pero, frente a esas peticiones, debemos
medir también las posibilidades financieras de ayuda que tiene el
Gobierno, y esas son las que vuelca en este real-decreto. De esa
conjunción sale esta norma. Norma -y quiero adelantarme por si hay
alguna crítica de este tipo- que sale en el momento en que considero
que podría salir, porque las reuniones empezaron a primeros de mayo,
tuvieron una primera etapa, que fue la orden ministerial de 28 mayo,
que saqué para la subvención del transporte de forraje y grano de la
parte norte de la península a la parte sur, y llega al 11 de junio en
que podemos presentar el real decreto-ley. Insisto en que es
absolutamente necesaria, absolutamente urgente y, desde el punto de
vista del Gobierno, la mayor aportación que éramos capaces de hacer.
Por todo ello, con estas explicaciones y en nombre del Gobierno,
solicito a esta Cámara la convalidación de este real decreto ley de
adopción de medidas de carácter urgente para reparar los daños
producidos por la sequía.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro. ¿Algún grupo
desea consumir un turno en contra? (Pausa.) No es así. ¿Grupos que
desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra doña Mercé Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, en nombre de Iniciativa per Catalunya- Els Verds
tengo que decirle que vamos a votar en contra.
Usted, señor ministro, dice que agradece a las organizaciones
agrarias su colaboración y usted les ha devuelto un mal decreto. De
hecho, algunas organizaciones agrarias nos han pedido que votemos en
contra, porque no es un decreto que cumpla con las expectativas que
la realidad de la sequía requiere. Es un decreto absolutamente
insuficiente, ya que las pérdidas han sido superiores a los 250.000
millones de pesetas, y usted ha adoptado las medidas de siempre; las
medidas de siempre pero agravadas, porque la mayor parte de las
ayudas se van a ir a unos créditos blandos que van a ser muy duros
para economías que están muy endeudadas por años de sequía y por
créditos contraídos, con la posibilidad de que ya no tenga derecho a
crédito en las entidades financieras, por cuanto hay algunos
propietarios que sí se van a poder endeudar más y solicitarcréditos y
otros que no.
Usted ha dicho, señor ministro, que han actuado en relación a su
capacidad financiera. ¿Por qué no ha modulado las ayudas? Piense
usted que habrá dinero que irá a explotaciones que no lo necesitan,
con lo cual estarán recibiendo un dinero prácticamente gratis, si se
llega al interés cero con las comunidades autónomas, que a lo mejor
van a destinar a otras actividades que no sean agrícolas. ¿Por qué no
ha modulado estas ayudas directamente a las explotaciones que están
afectadas de tal manera que es posible que no puedan continuar? Este
es un punto que creo debería tener en consideración. Tenemos unos
recursos limitados, vamos a abocarlos a aquellas explotaciones que
realmente lo necesitan.
Pensamos, señor ministro, que usted debería haber hecho caso a las
propuestas que vienen de las organizaciones agrarias -me estoy
refiriendo concretamente a COAG y UPA, que son las que me han
transmitido sus pretensiones- y haber llegado a un préstamo cero, sin
necesidad de que sea negociado después por las comunidades autónomas.
¿Por qué, además, usted no ha anticipado las medidas compensatorias
de la PAC? Eso habría sido de gran ayuda para personas que, en un
momento determinado, tienen unos gastos a los cuales no pueden hacer
frente. Por tanto, una segunda medida habría sido el anticipo de las
medidas compensatorias de la PAC.
Tampoco ha dado respuesta a la solicitud de que hubiese una exención
del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica. Ha habido
veces que eso se ha hecho, pero esta vez no. La reducción completa de
los módulos del IRPF tampoco se ha producido, y se debería producir,
así como la exención de las cuotas de la Seguridad Social. No estoy
hablando de forma generalizada, sino en función de la renta y de la
explotación a la que se dirija.
De todas maneras, señor ministro, pienso que este decreto lo hemos
cerrado en unas condiciones que seguramente habrá que ampliar a otros
cultivos que en el momento en que se produjo la redacción del decreto
no estaban afectados, pero ahora ya sabemos que hay cultivos, como
los leñosos, que sí se podrían ver afectados y a los que debería
serles de aplicación este real decreto. Por otra parte, han sido un
poco cicateros en la cuestión del transporte para pienso. Se han
visto obligados a prorrogar estas medidas hasta el 20 de julio, pero
seguramente será necesario prorrogarlo más, porque la situación de
sequía continúa.
Por todo ello, señor ministro, y lamentándolo muchísimo, vamos a
votar en contra. Solamente añado una cosa: hagamos la reflexión de
que, si los recursos son limitados, vamos a ir modulando las ayudas y
vamos adar ayudas directas a aquellas explotaciones que realmente lo
necesiten. Si no, estaremos desperdiciando unos fondos que son
públicos para explotaciones que van a tener un dinero gratis y que a
lo mejor no lo necesitan en este momento.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rivadulla.
Tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Coalición Canaria va a dar su voto favorable para la convalidación de
este real decreto-ley. Como ha señalado el señor ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación, la situación es grave, sobre todo
en la parte meridional de la península Ibérica y en la parte sureste.
La situación en el cereal de invierno es verdaderamente lamentable y
dramática en pérdidas, sobre todo en aquellas zonas en que la semilla
no ha tenido nacimiento ni ningún brote, por lo que es prácticamente
cosecha perdida. Después está el tema de la afectación de la
ganadería extensiva por la repercusión de esta sequía en toda el área
de pastizales.
Desde un punto de vista instrumental, este real decreto-ley nos
parece muy acertado y conveniente por las razones que voy a expresar.
En primer lugar, porque este primer choque atiende de una manera
urgente a paliar los daños producidos, regulando aquellas
explotaciones que, bien no tenían el seguro agrario combinado
completo, o no tenían esa cobertura, como es el caso de la ganadería
extensiva. Por tanto, el Ministerio no puede olvidar una directriz,
vamos a llamarle de sentido cautelar pedagógico, que es la de seguir
instando al agricultor y al ganadero a que suscriba las pólizas de
los seguros correspondientes. No se puede estar hoy día en una
explotación empresarial con unos conceptos de sentido paternalista
esperando siempre la llegada del Estado, sin que haya un compromiso
de aportación a través de las pólizas de los seguros agrarios
combinados. Por tanto, esa instrumentalización nos parece acertada.
Después se hacen unas dotaciones en las cuantías señaladas en el
texto para tener esa cobertura con cargo a los créditos
extraordinarios.
Otra cuestión importante es la implicación de las comunidades
autónomas en esta gestión. Nosotros no hubiéramos sido partidarios,
señor ministro, de un crédito con interés cero en el que no hubieran
intervenido las comunidades autónomas. La importancia de la
intervención de las comunidades autónomas en el seguimiento del
proceso es importante. Hay unos estatutos de autonomía y unas
transferencias en el mundo agropecuario y es necesaria la
responsabilización directa y sobre el terreno de los servicios
agrarios y ganaderos correspondientes de las comunidades autónomas, y
se le da al ganadero una doble vía: el acceso a los convenios con el
Instituto de Crédito Oficial, a través de la Administración central
del Estado, Ministerio de Agricultura, o que hagan también convenios
las comunidades autónomas. (El señor vicepresidente, Fernández-
Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Este es un principio de
solidaridad entre ambas administraciones, central y autonómica, y no
solamente de subsidiaridad.
Hay una serie de actuaciones, tanto en el cereal de invierno como en
la ganadería extensiva, que no van
dirigidas a lo que es la cuenta de resultados de la empresa agraria y
pecuaria, sino a lo que se refiere el artículo 4 sobre las cuotas de
la Seguridad Social: se da la cobertura de una moratoria de dos años
sin intereses que nos parece acertada.
Mi grupo, señor presidente, va a votar favorablemente la
convalidación de este real decreto-ley. Nos parece una medida
oportuna y adecuada, con sensatez y prudencia en las cuentas. Además
tiene la ventaja de ser muy extenso en cuanto a su terminología para
que, previo acuerdo del Ministerio de Agricultura y las comunidades
autónomas, se señalen las áreas territoriales afectadas; no dice
cuáles, y esto es importante, para que puedan llamarse a la parte las
que sigan sufriendo los efectos de la sequía.
Nada más y muchas gracias, señor presidente
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señorías.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIU: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo muy brevemente y desde el escaño para expresar nuestro
soporte al real decreto para la adopción de medidas urgentes para
paliar los efectos producidos por la sequía. Efectivamente, si
tenemos en cuenta los presagios de los meteorólogos, nos encontramos
inmersos en un año de gran sequía y ésta no ha esperado al verano
para hacer sus estragos, sino que actuó de una forma dura el pasado
otoño, y de forma especial también esta primavera, que hizo que
algunos de los cultivos no llegasen siquiera a nacer de forma normal,
con el problema añadido de que, en muchas ocasiones, esos cultivos
potenciales no cubrían los mínimos necesarios para que se les
pudieran aplicar los beneficios de las pólizas de seguro integral en
el caso de los cereales, con la problemática que encierra el asegurar
un cultivo no nato. El problema se agrava si tenemos en cuenta que en
muchas explotaciones agrarias y ganaderas el consumo por parte de la
propia ganadería va ligado a la producción propia, con lo cual el
efecto negativo actúa doblemente sobre la misma explotación en un
momento en que está pasando por una situación difícil.
Por esos motivos, nuestro grupo parlamentario dará soporte al real
decreto ley y nos gustaría que los beneficios que se prevé que la
normativa dé a los agricultores sean suficientemente importantes como
para evitar una situación de tensión irreversible en el sector.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores
diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señor presidente.
La verdad es que el decreto que se nos plantea por parte del Gobierno
pone de relieve la existencia de una serie de problemas que
entendemos que deberían haberse resuelto en los años húmedos que
hemos pasado.
El ministro ha venido a decirnos que hay una situación grave, pero
eso contrasta con las opiniones vertidas por el presidente de la
Confederación Hidrográfica y la propia ministra, que vienen a decir a
los españoles que no hay sequía. Cuando vemos al ministro que desde
la tribuna intenta incluso echar la culpa de esa situación a los
ciudadanos -y nos sorprende- y hace una crítica que no nos parece
justa; si luego esos mismos ciudadanos oyen a miembros del Gobierno
decir que no hay problemas, que no hay sequía -ahí están las
hemerotecas-, difícilmente vamos a conseguir concienciarles.
Hay un problema grave, hay que reconocerlo así, y evidentemente hay
que poner medidas para resolverlo. Hay que reconocer que se ha
perdido la ocasión de tomar medidas durante un tiempo; en este
momento no basta con negar la evidencia. Por tanto, yo voy a
aprovechar el decreto para trasladárselo a la Confederación
Hidrográfica del Sur, en Málaga, para que sepan que el propio
Gobierno reconoce que hay sequía.
Dicho esto, creemos que hay que ponerse de acuerdo. El Ministerio de
Medio Ambiente tiene que ser consciente de que si hay un problema de
sequía hay que tomar medidas, porque la situación se puede agravar,
y lo que en este momento no es todavía una situación de emergencia o
una situación grave, de aquí a muy poco tiempo puede pasar a ser
realmente una situación que tengamos que combatir.
A partir de ahí, tomando conciencia de la situación, el decreto que
se nos plantea nos defrauda; nos defrauda porque no solamente es
insuficiente, sino también tardío -el propio ministro intenta ponerse
el parche antes de que se le diga que es tardío-; ésa es una realidad
que no se puede justificar con el proceso de compensaciones que se ha
abierto y se ha llevado a cabo. Nosotros creemos que se tendría que
haber tomado conciencia bastante antes.
También hay una cuestión subjetiva que se nos plantea cuando se nos
habla de créditos blancos. Evidentemente, lo que para el Gobierno
puede ser blandeza para muchos agricultores es una verdadera losa que
difícilmente les va a permitir hacer frente a los pagos porque,
repito, no estamos hablando de una situación aislada, sino que
estamos hablando de agricultores que difícilmente van a poder hacer
frente a una situación que, por muy blanda que le parezca al
ministro, es una verdadera losa que se les viene encima.
No se habla en este decreto -y en este punto coincidimos con lo
planteado por el Grupo Mixto- de exenciones del IBI o de otras
exenciones como la de la cuota de la Seguridad Social, de las cuales
hay precedentes y que entendíamos que podían haber venido a mejorar
este decreto.
También quería decirle al ministro que hay que tener prudencia cuando
se habla en nombre de las organizaciones agrarias, porque o nos dicen
lo contrario a cada grupo político o lo que se ha dicho desde la
tribuna no se corresponde con la realidad. Nosotros no vamos a hablar
hoy en nombre de ninguna organización agraria, pero sí creemos que
hay que ser prudentes, porque existe un fuerte rechazo de este
decreto, ya que se le considera, como decía antes, insuficiente y
tardío.
Dicho esto, he de añadir que hay un planteamiento que ya discutíamos
ayer y que hoy se viene a poner de relieve. Nosotros creemos
sinceramente que el Gobierno no comprende lo que significa
modulación, porque modulación no solamente es un concepto marginal en
lo que puede ser el reparto de unas ayudas concretas, sino que
modulación es un concepto que tiene que impregnar toda la política
agraria. El no contemplarlo en un decreto de este tipo, cuando
evidentemente puede haber una descompensación tan grande en las
repercusiones que tiene la sequía en una mediana y pequeña
explotación que en una gran explotación, nos viene a demostrar que
detrás de las palabras, detrás de los discursos, el Gobierno y el
Partido Popular no comprenden que en la agricultura tiene que haber
una discriminación positiva, tiene que haber un apoyo y una ayuda a
las pequeñas y medianas explotaciones y que, por tanto, modular
significa un concepto político que, como quedó ayer en evidencia por
parte del portavoz del Grupo Popular, el Partido Popular está de
parte de los que está de parte y eso le sitúa en contra de otro
sector amplio de los agricultores y ganaderos. Esa es una decisión
política que en decretos como el que hoy discutimos se pone en
evidencia. A partir de ahí, nosotros creemos que va a ser muy difícil
nuestro voto favorable.
Nosotros pensamos que es importante que el Gobierno recapacite, que
el Gobierno reflexione y que de una vez por todas comprenda que la
agricultura española necesita hablar de modulación en todos los
aspectos y que además comprenda que con decretos como este lo único
que se consigue es intentar poner un parche en una sangría que
realmente lo que hace es aumentar esa frustración.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Centella,
le ruego vaya concluyendo.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Termino, señor presidente.
Viene a aumentar esa frustración que hay en el sector agrario, que
una vez más se siente incomprendido por el Gobierno.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Centella.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Amarillo.
El señor AMARILLO DOBLADO: Gracias, señor presidente.
El decreto que hoy nos trae el Gobierno para su convalidación, como
el ministro ya sospechaba, es insuficiente, es tardío y es confuso;
además, es el momento de recordar aquí otras intervenciones.
Compartimos que el seguro ha de ser el elemento básico para regular
las rentas de los agricultores, y en casos como este se demuestra,
pero le recuerdo al Grupo Popular que en el debate de Presupuestos
llamamos la atención sobre la insuficiencia que había en el seguro,
en su conjunto en los seguros agrarios y en particular respecto al
seguro integral de cereales, que ahora se ven obligados a
complementar en algunos casos en los que actualmente el seguro no
entra porque se evitó en aquel momento establecer una figura de
seguro que realmente cubriese todos los riesgos que tenía que cubrir.
Nadie puede pensar sensatamente que cuando existe una sequía de la
naturaleza de la que tenemos se vayan a compensar las rentas, pero
tampoco nadie, sensatamente, puede establecer una desproporción tan
grande entre las medidas que se toman, entre el valor de los daños y
las cantidades que se aportan. En una sequía que se valora entre
250.000 y 300.000 millones de pérdidas, el Gobierno, en el conjunto
de todas sus medidas, estima alrededor de 4.000 millones. Existe una
desproporción, cuando debe haber una cierta proporcionalidad.
Además, en el decreto tienen que existir unos objetivos políticos
claros. Por supuesto que no se van a compensar las rentas perdidas,
pero el decreto debía tener un objetivo: que no se pierda ninguna
explotación agraria; y si no se ha de perder ninguna explotación
agraria, todas las medidas tendrían que ir en este sentido.
Obviamente, éste es el concepto político de modular y ahí lo
tendríamos que haber aplicado: no se va a perder ninguna explotación
agraria. Mucho nos tememos que con estas medidas sí.
Las líneas de créditos blandos, que son usuales y se han utilizado en
sequías anteriores -porque, desgraciadamente, que tengamos sequía en
España no es ex novo-, tienen una capacidad limitada, porque, para
empezar, para que a uno le den un crédito es necesario tener
garantías. Las entidades bancarias van a exigir avales, y muchas
explotaciones agrarias y muchos agricultores no van a tener esa
garantía y no van a poder acceder a los créditos.
Por otro lado, piense que en estos momentos hay agricultores que
están pagando la sequía anterior, y les acumulamos deuda sobre deuda.
Obviamente, si lo que queremos es evitar que se pierdan explotaciones
agrarias, tenemos que arbitrar otro tipo de medidas. Como un inciso,
según las noticias que hemos recibido directamente de las
organizaciones profesionales agrarias, me atrevo a decir que ninguna
de ellas está de acuerdo, y dos están francamente en desacuerdo.
El decreto ignora también medidas que se han tomado anteriormente y
que dieron resultado. No tiene tanto interés el tema de la subvención
del transporte de piensos
como el movilizar el grano procedente de la intervención que tienen
el FEGA y el Senpa.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Amarillo,
vaya concluyendo por favor.
El señor AMARILLO DOBLADO: Sí.
Nosotros podemos sacar cebada, trigo y otro tipo de grano, de manera
que podemos producir piensos más baratos y establecer además una
componente de piensos a la baja.
El decreto ignora también algo muy importante: que cuando hay sequía
se pierden miles de jornales y que el pequeño agricultor, al perder
su cosecha, desea encontrar, eventualmente, un trabajo como jornalero
fuera, y, por otro lado, el conjunto de jornaleros que existe, al no
haber recolección y disminuir todas las labores, encuentra trabajo
con mucha mayor dificultad. Por tanto, es necesaria una línea que
propicie la inversión pública para generar los suficientes jornales
que permitan complementar las rentas y evitar la emigración en muchos
medios rurales.
El decreto es tardío y es insuficiente, como hemos demostrado,
prácticamente es casi nada, pero casi nada es algo más que nada, y en
ese sentido tiene usted que interpretar nuestro voto positivo, no en
el sentido de que estamos de acuerdo con él, ni mínimamente.
Esperamos que después de este casi nada haya otros decretos que nos
permitan complementar este conjunto de medidas que no van a producir
el efecto que se quiere.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Amarillo,
le ruego que concluya.
El señor AMARILLO DOBLADO: Termino con esto, señor presidente.
Según nuestro criterio, tampoco se establecen criterios políticos
para que exista un reparto justo para paliar el daño producido por la
sequía.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Amarillo.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Madero.
El señor MADERO JARABO: Gracias, señor presidente.
Señorías, utilizo este turno en nombre de mi grupo para expresar
nuestro voto favorable a la convalidación de este real decreto que el
Gobierno nos trae, que contiene medidas para paliar una catástrofe
natural como es la sequía.
Quisiéramos decir una vez más, para que quede bien claro lo que el
señor ministro ha expresado, que es una sequía agrícola, no es una
sequía, señor Centella, que pueda afectar, porque existe agua
embalsada, ni a los regadíos ni a la industria ni al consumo
doméstico. Por tanto, está bien claro que la carencia de lluvias
temporalmente
para el eventual desarrollo de ciertos cultivos de secano es
lo que trae causa de este real decreto que nos parece oportuno, ágil
y da respuesta a lo que el campo demanda, puesto que las necesarias
indemnizaciones por daños están ahí contenidas.
Asimismo, entendemos que el apoyo que se da a la ganadería extensiva
es correcto, tanto en forma de decretos bonificados como en las
ayudas para el abastecimiento de aguas. Nos parecen adecuadas y
oportunas las moratorias de cuotas a la Seguridad Social y las
modificaciones del IRPF que se prevén, lo cual es un alivio
financiero importante para las explotaciones agropecuarias. Por todo
ello entendemos que este real decreto es oportuno, necesario y, como
ha dicho el señor ministro, no compensa totalmente las pérdidas que
ha habido, pero sí palía sus consecuencias. Si a las ayudas de este
real decreto agregamos los pagos compensatorios de la PAC más las
medidas complementarias, el agricultor y el ganadero ante
eventualidades como ésta se sentirán absolutamente protegidos y,
sobre todo, tras el anuncio que ha hecho el señor ministro de que va
a haber un seguimiento puntual de la evolución de esta situación. No
entendemos por qué se dice por el Grupo Socialista que el real
decreto es insuficiente, tardío y confuso. Por cierto, sí es tan
malo, ¿por qué se vota favorablemente? En todo caso el que se haya
tardado algo más de un mes no significa precisamente tardanza, sino
agilidad y prontitud en la ejecución.
Hay un tema latente en esta cuestión, que surge cuando aparecen estas
contingencias, y es el tema de los seguros agrarios. La mayor parte
de las ayudas van a venir por la vía de los seguros agrarios
precisamente por la previsión que ha hecho el Gobierno Popular en
estos tres años y pico que lleva gobernando, pues ha más que doblado
la dotación presupuestaria que se hace cada año en los Presupuestos
Generales del Estado. Se han ampliado las coberturas, se han ampliado
las modalidades y la temporalidad de los seguros agrarios y ello
permite, aunque haya todavía alguna carencia, dar respuesta adecuada
a eventualidades como la que nos encontramos. Además, nos parece muy
oportuno, señor ministro, que se quite de en medio esa carencia de la
condición de la nascencia, porque eso significa que desde el Gobierno
se apoya, por un lado, la línea de los seguros agrarios emprendida,
que es la correcta, y, sobre todo, que los profesionales del campo
utilizan esa línea y se esfuerzan, porque ese es un índice de
modernidad en la agricultura, al contratar seguros agrarios modernos
y adecuados.
Por todo ello, y ya termino, señor presidente, el Grupo Popular dice
sí a este real decreto cuya convalidación se somete a esta Cámara,
porque es oportuno, se han hecho las cosas de una manera ágil y
rápida y se da una respuesta adecuada a la demanda del campo.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.-Elseñor presidente ocupa
la Presidencia.)
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS
SEÑORES DIPUTADOS:
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder, con carácter previo
a las votaciones, a la toma de juramento o promesa de acatamiento de
la Constitución de dos nuevas diputadas que vienen a sustituir a don
Ramón Ortiz Molina y a don Josep Sanus Tormo.
En primer lugar, doña Josefa Aledo Martínez, en sustitución de don
Ramón Ortiz.
Señora Aledo, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?
La señora ALEDO MARTÍNEZ: Sí, prometo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
La señora Aledo ha adquirido la condición plena de diputada.
Enhorabuena y bienvenida. (Aplausos.)
En sustitución de don Josep Sanus Tormo prestará juramento o promesa
doña Elena Martín Crevillén.
Señora Martín, ¿juráis o prometéis acatar la Constitución?
La señora MARTÍN CREVILLÉN: Sí, prometo. (Varios señores diputados:
¡Muy bien!.-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: La señora Martín Crevillén ha adquirido la
condición plena de diputada. Enhorabuena y bienvenida. (Aplausos.)
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL:
El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de la votación, en nombre de los
portavoces y en el de la Presidencia, querría someter al Pleno la
siguiente declaración institucional:
El Congreso de los Diputados quiere expresar su apoyo y satisfacción
por la celebración de la cumbre entre la Unión Europea y los países
de Latinoamérica y el Caribe, una cita histórica para ambas regiones
ya que por primera vez 49 jefes de Estado y de Gobierno han
reflexionado sobre el futuro del sistema global, las relaciones entre
sus regiones y de éstas con el resto de la comunidad internacional.
El Congreso quiere hacer llegar a los presidentes y jefes de Estado
reunidos su aliento para que contribuyan al acercamiento entre las
dos regiones y lideren las políticas de cooperación para poder
compartir el bienestar y sentar los fundamentos de una nueva
asociación estratégica entre ambas regiones que contribuya al
progreso social, al desarrollo económico y al afianzamiento
democrático de las instituciones en beneficio de sus poblaciones. ¿Lo
aprueba así el Pleno? (Asentimiento.)
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES (VOTACIONES):
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a la votación sobre
convalidación o derogación del Real decreto-ley 10/1999, de 11 de
junio, por el que se deroga la exención del IVA sobre la entregas de
bienes efectuadas en las tiendas libres de impuestos a viajeros con
destino a otros Estados miembros de la Unión Europea.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 296.
El señor PRESIDENTE: Se han emitido 296 votos, todos ellos favorables
a la convalidación, que queda así aprobada por unanimidad.
Sometemos a su vez a votación la convalidación o derogación... (El
señor Centella Gómez pide la palabra.)
¿Sí, señor Centella?
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, solicitamos la tramitación
como proyecto de ley de este decreto.
El señor PRESIDENTE: ¿De qué real decreto-ley quiere S.S. someter a
votación la tramitación como proyecto de ley, de éste o del
siguiente? (El señor Centella Gómez pronuncia palabras que no se
perciben.) ¿Del segundo? Entonces aún hemos de convalidarlo o
derogarlo.
Votación sobre convalidación o derogación del Real decreto-ley número
11, del presente año, de adopción de medidas de carácter urgente para
reparar los efectos producidos por la sequía.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 286 ; en contra, dos ; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la convalidación
del real decreto-ley, para el que se ha solicitado, como ha escuchado
el Pleno, su tramitación como proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 137 ; en contra, 158.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la tramitación como proyecto de
ley del real decreto-ley convalidado.
ENMIENDAS DEL SENADO:
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE CONCEDE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO POR
IMPORTE DE 9.393.184.038 PESETAS, PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES
DERIVADAS DEL DERRUMBAMIENTO DE LA PRESA DE TOUS, SEGÚN SENTENCIA DEL
TRIBUNAL SUPREMO DE 15 DE ABRIL DE 1997. (Número de expediente 121/
000123.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto II del orden del día: Enmiendas
del Senado a un proyecto y una proposición de ley que se votarán tras
concluirse el debate de la segunda y junto a los dictámenes de la
Comisión de Asuntos Exteriores, que constituyen el punto III.
Enmiendas del Senado al proyecto de ley por el que se concede un
crédito extraordinario por importe de 9.393.184.038 pesetas para el
pago de indemnizaciones derivadas del derrumbamiento de la presa de
Tous, según sentencia del Tribunal Supremo de 15 de abril de 1997.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Dos señores diputados del Grupo Mixto quieren compartir su turno.
Primero intervendrá el señor Chiquillo y luego el señor Peralta. (El
señor vicepresidente, Companys Sanfeliu, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): En nombre del Grupo
Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre de Unió Valenciana en relación con el proyecto
de ley que, remitido del Senado, versa sobre un capítulo más del
episodio del caso Tous, que hace casi 17 años inició su andadura
parlamentaria, después de que la rotura de la presa de Tous originara
graves perjuicios económicos y humanos en la comarca valenciana de La
Ribera. Un nuevo capítulo, y tenemos que lamentar que nos encontremos
ante un nuevo parche en el caso Tous. El primer parche tuvo su primer
exponente en el Real Decreto-ley 4/1993, de 26 de marzo, un segundo
parche fue el Real Decretoley 10/1995, de 28 de diciembre, y después
de la sentencia del Tribunal Supremo, que motivó este proyecto de ley
que hoy nos ocupa y en cumplimiento de la misma, un proyecto de ley
para indemnizar a 5.000 de los 33.000 damnificados por aquella
sentencia, nos encontramos hoy en el iter de este procedimiento que
yo aventuro a afirmar que con el trámite de hoy no se puede dar por
cerrado el caso Tous. Me explicaré.
Al primer y segundo parches, los dos primeros reales decretos-leyes,
a los que se hace referencia en este proyecto de ley en virtud de las
enmiendas incorporadas en el Senado, se acogieron 28.000 damnificados
que recibieron unas injustas y discriminatorias indemnizaciones que
están dos y tres veces por debajo de aquellos 5.000 que, en virtud de
la sentencia del Tribunal
Supremo, han tenido y se les ha reconocido una indemnización que
-repito- supera dos y tres veces la que en su día recibieron los
28.000 damnificados, el 80 por ciento de los mismos, que se acogieron
a los decretos de 1993 y 1995. Califico de parche esta decisión,
estas enmiendas que vienen del Senado y esta resolución que hoy se va
a tomar, porque los 28.000 damnificados que se acogieron al primer y
segundo decreto, el 80 por ciento de los mismos, no van a ver
satisfechas sus demandas, no van a recibir las indemnizaciones
justas, equilibradas e igualitarias respecto a ese 20 por ciento,
a esos 5.000 damnificados, que en virtud de la sentencia del Tribunal
Supremo se les han reconocido unas indemnizaciones que son dos y tres
veces superiores a las que recibieron en su día los 28.000
damnificados que -repito- se acogieron a los dos primeros
instrumentos legislativos en los años 1993 y 1995.
Es más, en la enmienda que se aprueba en el Senado y que hoy se
somete a la consideración de esta Cámara, se habla de aquellos
damnificados que se acogieron a los decretos de los años 1993 y 1995,
pero no se sabe cuál es el número que se va a poder acoger a estas
hipotéticas mejoras, y sobre todo no sabemos de dónde van a salir las
indemnizaciones, porque en las citadas enmiendas del Senado se hace
una referencia a que se va a hacer con cargo a los remanentes de los
dos decretos leyes, los de 1993 y 1995, cuando todos sabemos que de
esos dos instrumentos legislativos el remanente existente al día de
hoy supera en muy poco los 1.700 millones, y estamos hablando de más
de 28.000 damnificados y de más de 13.000 millones de desequilibrio y
de injusta indemnización que en su día recibieron. Por tanto, si son
más de 28.000 los damnificados y harían falta más de 12.000 millones,
no entendemos, en esta enmienda que se aprobó en el Senado y que hoy
se somete a nuestra consideración, qué damnificados se van a poder
acoger, porque el límite es el remanente y el remanente de los dos
decretos anteriores está cifrado en 1.753 millones de pesetas.
Creo que no se va a poder hacer justicia para este colectivo de
28.000 damnificados, el 80 por ciento, que lo único que exige es un
trato igualitario respecto a los 5.000 que, en virtud de la sentencia
del Tribunal Supremo, van a tener derecho a recibir unas
indemnizaciones justas y adecuadas, lucro cesante, la actualización
de daños de estos 17 años transcurridos, los daños morales y la
actualización a todos los niveles de los daños que sufrieron hace ya
casi 17 años. Creo que hoy se puede dar un paso importante para 5.000
damnificados, que en virtud de la sentencia del Tribunal Supremo van
a ver satisfechas sus indemnizaciones, pero creo que se cierra en
falso, porque otros 28.000 - 28.000, repito-, el 80 por ciento, no
van a poder recibir más que 1.753 millones, que es el remanente que
existe, cuando los perjuicios que sufrieron y la cuantía que se
necesita para que sean justamente indemnizados estaría en torno a los
12.000 millones de pesetas.
Por tanto, vamos a esperar a la proposición de ley que Unión
Valenciana tiene presentada en esta Cámara
para exigir un tercer real decreto-ley, para que los 28.000
damnificados reciban la misma indemnización que van a recibir, en
virtud de lo que hoy vamos a aprobar, 5.000 damnificados, y ese día
podamos dar por cerrado el caso Tous. Con lo que hoy vamos a aprobar
habremos cerrado un nuevo capítulo, habremos sellado un nuevo parche,
pero la injusticia seguirá campando a sus anchas en la comarca de La
Ribera, gracias a la insensibilidad y al incumplimiento del Gobierno
del Partido Popular.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Chiquillo.
También en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
La posición que hemos mantenido desde Nueva Izquierda en relación con
el caso Tous, desde que se produjo el mismo, en el año 1982, fue la
de que todos los damnificados -todos, sin excepción- debían cobrar
las indemnizaciones justas, indemnizaciones justas que, al día de
hoy, no puede caber la menor duda de que son las que han sido fijadas
por los tribunales de justicia, en concreto por el Tribunal Supremo y
por la Audiencia Provincial de Valencia. Esta ha sido la posición que
hemos venido manteniendo de siempre, especialmente desde que se
conoce la cuantía de esas indemnizaciones fijadas judicialmente.
De acuerdo con ese criterio, el proyecto de ley actual en su
redacción inicial, que permitía que una parte, sólo una parte, de los
damnificados cobrará esas indemnizaciones, nos mereció una opinión
positiva, aunque fue ocasión para que reclamáramos la ampliación de
ese criterio a todos los damnificados, y así lo hicimos constar en el
debate y en las enmiendas que presentamos a este proyecto de ley. Hoy
nos encontramos con enmiendas que remite el Senado. Debemos decir con
claridad, señorías, que estas enmiendas del Senado, que ya se
anunciaron verbalmente en el Congreso, son claramente la expresión de
una instrumentalización de la norma, y eso nos parece grave. Se
pueden instrumentalizar muchas cosas, pero instrumentalizar incluso
la ley, que teóricamente es la expresión de la voluntad popular, es
muy grave. Creemos que se produce esa instrumentalización, señorías,
porque el artículo 4, que es el contenido de la enmienda introducida
por el Senado, no dice prácticamente nada. Señorías, ese artículo
dice que los damnificados que fueron resarcidos al amparo del Real
Decreto-ley 4/1993 en cuantía inferior al importe máximo resarcible
serán compensados por la diferencia entre lo percibido y la cuantía
del citado importe máximo resarcible. Pues bien, señorías, el Real
Decreto-ley de 1993 establecía un importe máximo resarcible que no
admitía ninguna discrecionalidad. Decía que el importe máximo
resarcible sería el resultado de aplicar unos porcentajes exactos
a la cuantía de los daños sufridos. Por tanto, no había la menor
discrecionalidad. El supuesto base de este artículo 4 no es real pero
incluso aunque fuera real, el posterior Real Decreto-ley del año 1995
permitió que los del de 1993 se acogieran a las mejoras de 1995, que
todos los damnificados que fueron indemnizados en 1993 se pudieran
acoger al Real Decreto-ley de 1995. Por tanto, esta afirmación del
artículo 4 de este proyecto de ley, introducida por las enmiendas del
Senado, no tiene base real. ¿Por qué se pone, señorías? Se pone por
una razón muy clara, que se contiene en el punto 2, que dice: Se
autoriza al delegado del Gobierno a celebrar convenios de
colaboración con las asociaciones de damnificados más representativas
para la gestión del pago de las compensaciones.
La voluntad del Gobierno, y así lo ha manifestado reiteradamente, es
celebrar convenios con las asociaciones, hacerles llegar una
determinada cantidad de dinero y conseguir con eso que las
asociaciones pierdan su espíritu reivindicativo, espíritu
reivindicativo de pedir, como hemos hecho nosotros, que todos los
damnificados sin excepción cobren las indemnizaciones justas. Esa
voluntad del Gobierno no nos parece correcta y mucho menos que, para
conseguirlo, se instrumentalice la norma y se utilicen fondos
públicos. Nos parece ciertamente preocupante.
Por tanto, señorías, estas enmiendas del Senado, sobre las que ahora
nos vamos a pronunciar, no sobre el proyecto inicial, sólo sobre las
enmiendas del Senado, nos parecen un ejemplo claro de una política de
instrumentalización, incluso de la ley, y de abuso de la misma por
razones exclusivamente de propaganda y de intentar comprar a la
sociedad civil. La política de los que afirman defender la sociedad
civil consiste en intentar comprarla y callarla. Es una más de las
contradicciones que tenemos ocasión de contemplar en la política del
Partido Popular.
Nosotros, como Nueva Izquierda, vamos a abstenernos en relación con
estas enmiendas, pero quiero aprovechar para dejar claro al Grupo
Popular y al Gobierno que seguiremos trabajando, en iniciativas
nuestras y de otros grupos de la oposición, para conseguir que se
haga justicia. La justicia no puede ser otra sino que todos los
damnificados, sin excepción, cobren las indemnizaciones justas
marcadas por los tribunales.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Peralta.
En nombre de Coalición Canaria, tiene la palabra el diputado señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Coalición Canaria va a dar su voto favorable a la convalidación de
este real decreto-ley que concede un crédito extraordinario, de la
cuantía indicada, para atender todos los compromisos derivados de
indemnizaciones yresarcimientos por el drama del derrumbamiento en su
día de la presa de Tous. Lo hacemos por entender que, a pesar de
cualquier juicio de insuficiencia que pueda merecer, que siempre es
legítimo, constituye la consolidación de un principio de
subsidiariedad por parte del Estado, de acuerdo con las sentencias
judiciales dadas en su día por los tribunales, para que se pueda
atender a las víctimas de aquella catástrofe.
Por otro lado, la primera de las dos enmiendas que vienen del Senado
recoge en su exposición de motivos el contenido del nuevo artículo 4,
introducido por enmienda de la Alta Cámara para que haya correlación
expositiva y para superar los agravios comparativos que aquí se
indican entre los que recibieron indemnización por debajo del importe
máximo resarcible, al amparo del Real Decreto-ley 4/1993, y los que
obtuvieron las compensaciones más completas, al amparo del Real
Decreto-ley 10/1995.
Nosotros creemos que es importante que se haya instrumentalizado
y articulado en el artículo 4 nuevo la posibilidad de que el delegado
del Gobierno de la Comunidad Valenciana quede autorizado para
celebrar convenios de colaboración con las asociaciones de
damnificados. Esto no es un mandato imperativo, es sólo la
posibilidad de que el delegado del Gobierno suscriba la celebración
de estos convenios e igualmente la gestión que le corresponde a la
Dirección General de Protección Civil, pero un convenio es un pacto
bilateral, es un documento, un acuerdo bilateral entre el delegado
del Gobierno y las asociaciones de damnificados. Si las asociaciones
de damnificados no se consideran satisfechas, con no firmar se
termina el asunto jurisdiccional, y, si desean firmar, ellos tendrán
razones suficientes, lo que no puede significar ningún juicio
peyorativo.
Por todas estas razones y por entender que en las enmiendas del
Senado aumentan las garantías de actuaciones que suponen el pago de
las indemnizaciones a los damnificados, mi grupo, señor presidente,
va a votar favorablemente, como he dicho, la convalidación de este
real decreto-ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Partido Nacionalista Vasco, tiene
la palabra el señor Zabalía.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente.
Mi grupo parlamentario, por supuesto, va a votar a favor de las
enmiendas del Senado a este proyecto de ley, que esperamos que al
final sea satisfactorio para todos los damnificados.
No voy a entrar a valorar su contenido, pero sí quiero dejar
constancia de una situación que desgraciadamente se viene produciendo
habitualmente y que queremos denunciar. Es el hecho de que en el
trámite del Senado se introduzcan por parte del Partido Popular
enmiendas en ponencia, con lo cual evita el trámite de la Comisión,
donde los grupos parlamentarios que no
tenemos presencia en la ponencia no tenemos ocasión de debatir las
enmiendas que se aprueban en el ámbito del Senado. Esta situación se
viene produciendo a menudo. En este caso, las enmiendas del Senado no
han tenido ningún trámite más que en ponencia, donde han sido
introducidas en este proyecto de ley, con lo cual pasan al trámite
del Congreso donde efectivamente podríamos mantener un debate, pero
saben SS.SS. que estos debates quedan absolutamente diluidos cuando
las enmiendas vienen del Senado. Se evita que se puedan debatir como
se debe las enmiendas utilizando el ámbito del Senado -algo que se
produce habitualmente-, y es una situación que mi grupo parlamentario
quiere poner en evidencia.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Zabalía.
Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, estamos una vez más ante un episodio, y no el último, del
caso Tous. La verdad es que parece que haya sido un suceso novelado,
que tuvo su principio, que ha transcurrido durante diecisiete años,
que tiene medio final realizado, pero que ha dejado fuera de ese
final a más de 23.000 damnificados. Señorías, se ha perdido una vez
más la oportunidad de dar por cerrado, de zanjar de una vez por todas
el caso Tous, y no se ha querido cerrar porque no ha habido voluntad
política por parte del Gobierno ni del Partido Popular en el Congreso
para hacerlo.
Las enmiendas que vienen del Senado son las enmiendas transaccionales
que se plantearon en el Congreso y que el Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida y el resto de los grupos de la oposición
rechazamos por insatisfactorias, por injustas, porque mantienen la
injusticia, y porque realmente no solucionan el problema. Señorías,
el aumento de las cuantías que se pretende atribuir a la enmienda que
ha redactado el Senado en el artículo número 4 es algo así como decir
que tendrían que percibir 12.000.000 millones de pesetas aunque les
vamos a dar 20 duros, en caso de que se les pueda dar.
Los convenios de colaboración, señorías, lo que hacen, además de lo
que ya se ha comentado anteriormente, es dar a las asociaciones de
damnificados una responsabilidad que compete única y exclusivamente
al Gobierno, a través de la Delegación del Gobierno. Con ello se
pretende satisfacer cuantías que se podrían haber llevado a efecto
arbitrando otros mecanismos. Están ustedes diciendo que se van a
pagar estas cuantías a través de remanentes, pero desconocemos si al
final van a cubrir las necesidades de lo que están ustedes planteando
aquí, porque el proyecto de ley -hay que decirlo- no prevé la cuantía
suficiente ni tan siquiera para dar cumplimiento de la sentencia.
Lo que está claro -y desde nuestro grupo parlamentario tenemos que
reconocerlo- es que el Partido Popular tiene una magnífica puesta en
escena, que es capaz de convencer y volver a manipular a la opinión
pública, y eso es lo que ha hecho con los damnificados de La Ribera.
Les ha prometido que les va a equiparar en las cuantías a lo que dice
la sentencia, hacen ustedes estas enmiendas y desde luego no lo
consiguen; pero ustedes les convencen. Sin duda hay que felicitarles
porque saben ustedes actuar muy bien, saben planteárselo de una
manara bastante clara y la opinión pública cae en ello.
Por nuestra parte, señorías, vamos a seguir trabajando para conseguir
la equiparación real de los damnificados que se acogieron a los dos
decretos con la sentencia que han fijado los tribunales, porque es lo
justo y lo que se tenía que haber hecho ya con este proyecto de ley.
No se debería haber dado un paso más hacia la manipulación, para
intentar conseguir que personas que se han quedado fuera no
reivindiquen sus derechos manteniendo una injusticia que se ha
producido y que ustedes dijeron que iban a evitar. Por tanto,
señorías, nosotros continuaremos trabajando en ese sentido, apoyando
las iniciativas que puedan venir de otros grupos parlamentarios,
además de la nuestra.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señora
Urán.
Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el
diputado Josep Beviá.
El señor BEVIÁ PASTOR: Gracias, señor presidente.
Señorías, voy a intervenir brevemente por dos razones. En primer
lugar, porque ésta ya es la tercera vez que se debate en un Pleno de
la Cámara, en un proceso de medio año, este proyecto de ley. Y, en
segundo lugar, porque las enmiendas aprobadas en el Senado fueron
debatidas ampliamente en Comisión y en Pleno en este Congreso cuando
trataban de presentarse como alternativa, como transaccionales a unas
enmiendas que pretendían atajar, de verdad, definitivamente, el
problema planteado con todos los afectados por la ruptura de la presa
de Tous en el año 1982.
En cualquier caso, en nombre de mi grupo parlamentario adelanto que
nosotros nos vamos a abstener en la votación de estas enmiendas. Y lo
vamos a hacer simplemente por la razón de que el Grupo Socialista no
puede ser un obstáculo para que el dinero que pusieron gobiernos
socialistas, para que lo que quede de los remanentes de créditos
extraordinarios que habilitaron los gobiernos socialistas pueda
llegar a aquellos que sufrieron la tragedia del derrumbamiento de la
presa de Tous.
Pero si es verdad que el Grupo Socialista no puede ser obstáculo,
tampoco puede ser cómplice de una burla, de una burda maniobra de
distracción. No puede ser cómplice de unas enmiendas que pretenden
ser una cortina para tratar de sofocar o esconder aquella especie de
rebelión que plantearon en el mes de mayo los
afectados reunidos en las asociaciones de damnificados, una especie
de rebelión ante las promesas del señor Zaplana de que en el mes de
diciembre se resolverían estos problemas. Estas enmiendas pretenden
ser una especie de cortina para el enorme descaro del señor Zaplana,
que escribía a las asociaciones de afectados, también en el mes de
mayo, diciendo: Ha pasado mucho tiempo desde los lamentables
acontecimientos de la presa pero, en la pequeña parte que de ese
tiempo corresponde a la responsabilidad de Gobierno del Partido
Popular, hemos podido avanzar más de lo que nunca se avanzó. Ese
avanzar más de lo que nunca se avanzó, en primer lugar, significa que
el Gobierno popular no ha puesto ni un solo céntimo de más. En
segundo lugar, que después de dos años, y arrastrado por una
sentencia judicial, se ha visto obligado a atender, desde el
planteamiento más estricto posible, lo que la sentencia del Tribunal
Supremo le imponía. Pero, repito, con unos remanentes escasísimos,
entre el descaro y la adulación con que el Partido Popular trata - no
me gustaría utilizar la palabra- de comprar a las asociaciones de
afectados. Estoy seguro que las asociaciones de afectados que han
luchado años y años no se dejarán comprar.
Cómo entienden ustedes esta carta, a la que antes aludía, que dice:
Habéis sabido aunar el mantenimiento de vuestras reclamaciones con la
resistencia a caer en sinrazones. ¿Cuál es la sinrazón? ¿La sinrazón
es pretender aquello por lo que han luchado todos los afectados desde
el primer momento? ¿La sinrazón es pretender que, una vez que hay una
sentencia firme, una vez que hay unos criterios definitivos de
indemnizaciones marcados por sentencias judiciales, se procure que no
exista ninguna discriminación entre aquellos afectados que se
acogieron a convenios transaccionales establecidos por los reales
decretos-leyes de 1993 y de 1995, que no haya discriminación -repito-
entre ellos y el colectivo de unos 5.000 afectados que se mantuvieron
en la vía judicial y ahora ven fijados unos criterios definitivos?
¿La sinrazón es tratar de aplicar el principio de igualdad y de no
discriminación? ¿Esa es la sinrazón?
El Partido Popular lo intentó en el Congreso y ha culminado en el
Senado aquello que puede llamarse la teoría del disfraz, bajo la
máscara de unas enmiendas que pretenden, con promesas de repartos
cuantiosos y con unos remanentes muy magros, muy escasos, que pueden
llegar -dicen- a 28.000 afectados. En último término, lo que tratan
es de ver quién se deja comprar -y no se va a dejar comprar nadie-,
para que queden tapadas todas las vergüenzas del partido y del Grupo
Popular a través de estas enmiendas que son como verdaderas cortinas
de humo.
Este trámite, señor presidente, no se cierra aquí, como han referido
algunos intervinientes. El Grupo Socialista, en su momento, con
independencia de que les pareciera poco o mucho, como ya dijimos en
anteriores ocasiones, tomó decisiones cuando no había un fundamento
legal definitivo que le obligara a ello, amparándose sólo en la Ley
aprobada en 1994, del procedimiento
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común, decisiones que permitían establecer convenios
transaccionales; tomó decisiones, dictó primero y debatió en esta
Cámara después dos reales decretos-leyes y puso dinero, exactamente
25.500 millones -ni una peseta el Partido Popular-, con créditos
extraordinarios. Gracias a ello, 28.000 afectados encontraron un
resarcimiento importante, no definitivo, no igual que estos últimos
afectados por la sentencia judicial, pero un gran resarcimiento,
y tuvieron a su disposición 23.500 millones de pesetas. El Grupo
Socialista continuará con iniciativas propias y apoyará aquellas que
traten de zanjar, de una vez y para siempre, aquello que tendría que
haberse zanjado en esta cuestión. Y nos vamos a abstener porque no
podemos ser un obstáculo que impida que lleguen a los afectados
aquellos remanentes que habilitaron los socialistas, pero tampoco
podemos ser cómplices de la burda mascarada que representan estas
enmiendas.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Beviá.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Pascual.
El señor PASCUAL MONZÓ: Muchas gracias, señor presidente.
Llegamos al final del trámite parlamentario de aprobación de un
crédito extraordinario para dar cumplimiento de la sentencia del
Tribunal Supremo de 15 de abril de 1997. El trámite se podría dividir
en dos partes: una, el proyecto de ley inicial y, otra, lo que hoy
debatimos, las enmiendas del Senado que amplían de forma sustancial
el proyecto de ley inicial. Sin estas enmiendas del Senado, el
proyecto de ley hubiera sido puro formulismo porque se trata de
aplicar las indemnizaciones que, a raíz de la sentencia citada,
corresponden a 5.270 damnificados, de los cuales casi 3.500 las han
recibido ya. De los 9.393 millones que habilita el crédito
extraordinario, los damnificados han recibo ya casi 6.600. Esto fue
así porque, inmediatamente después de la presentación del proyecto de
ley, hubo un adelanto de tesorería para que la Delegación del
Gobierno fuera dando las indemnizaciones que correspondían en derecho
a los damnificados. Hay que señalar aquí la actitud activa de la
Delegación del Gobierno, ya que parte de los damnificados que han
recibido su indemnización han tenido que ser buscados porque no se
habían personado. De hecho, si no se ha terminado con el pago de las
indemnizaciones ha sido por la imposibilidad material de localizar a
dos mil y pico damnificados. Actitud activa -insisto- por parte de la
Delegación del Gobierno y del Partido Popular desde que accedimos
a las tareas de gobierno.
Con las enmiendas del Senado se introduce un hecho importante que
puede afectar a un potencial de más de 28.000 damnificados que se
acogieron al primer
Real Decreto-ley 4/1993. Este real decreto ley decía que se podía
ofertar a los damnificados hasta el cien por cien del importe máximo
resarcible y vimos cómo el delegado del Gobierno socialista de
entonces, de forma cicatera y discrecional -todavía no se sabe en qué
criterio se basó-, ofertaba en muchos casos un 20, un 30 o un 40 por
ciento. Más de 28.000 damnificados se tuvieron que acoger a la oferta
porque no les quedaba otro remedio después de once años a partir de
los hechos, por la penuria económica, las necesidades y, sobre todo,
la desmoralización.Por el Real Decreto-ley 10/1995, aplicado ya por
el nuevo delegado del Gobierno del Partido Popular, los más de 4.000
nuevos damnificados que se acogieron a él recibieron, porque les fue
ofertado, el cien por cien del importe máximo resarcible. Por tanto,
hay una discriminación negativa en la actuación del delegado del
Gobierno socialista y una discriminación positiva en la del delegado
del Gobierno del Partido Popular.
En el trámite parlamentario del Congreso hemos intentado aprovechar
el instrumento permitido por este proyecto de ley para introducir
enmiendas transaccionales que no pudimos hacer en su momento, de
forma que elimináramos esta primera discriminación. No pudo ser en la
Comisión de Presupuestos del 11 de mayo ni en el debate y votación
correspondiente del dictamen de la Comisión en el Pleno del pasado 20
de mayo. Tengo que decirle al portavoz del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV) que estas enmiendas se han debatido aquí, en el Congreso,
por lo que su observación no tiene fundamento. Estábamos a un mes de
las elecciones municipales, autonómicas y europeas y ninguno de los
grupos que habían presentado enmiendas y que podían haber admitido
nuestras transaccionales quisieron hacerlo.
El Partido Popular, señorías, nunca ha obstaculizado un trámite en
beneficio de los damnificados. Los habremos criticado, pero nunca los
hemos obstaculizados, cosa que Izquierda Unida, el Partido
Socialista, Nueva Izquierda o Unión Valenciana han hecho en este
trámite parlamentario.En el Senado, señorías, hemos introducido estas
enmiendas y, en coherencia con lo que dijimos, hemos tratado que de
la forma más rápida posible, antes de que llegara el verano,
pudiéramos dar carpetazo a este proyecto de ley, a este trámite
parlamentario que hoy concluye con este debate.
En las enmiendas a que nos hemos referido -enmiendas que presentamos,
repito, como transaccionales en el Congreso y que no nos fueron
admitidas pero que ahora hemos podido introducir en el Senado y que
hoy esperamos poder ratificar- pedimos que los damnificados que
fueron resarcidos al amparo del Real Decreto-ley 4/1993 en cuantía
inferior al importe máximo resarcible sean compensados por la
diferencia entre lo efectivamente percibido y la cuantía del citado
importe máximo resarcible. La liquidación correspondiente se llevará
a cabo mediante la aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto-ley
10/1995. Con ello, en primer lugar, eliminamos esa primera gran
discriminación
entre unos damnificados y otros y, en segundo lugar, se autoriza al
delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana a celebrar convenios
de colaboración con las asociaciones de damnificados más
representativas para la gestión del pago de las compensaciones.
Señorías, aquí se han vertido muchas críticas, aquí hay grupos
parlamentarios a los que parece que les duela que se hagan cosas en
favor de los damnificados; en la pasada campaña electoral se ha
tratado de capitalizar las inquietudes, los problemas y los
perjuicios que les íbamos a causar con estas enmiendas a los
damnificados, pero, la verdad, señorías, es que ninguno de los grupos
de la oposición ha tenido ningún éxito a la hora de intentar
capitalizar esas reivindicaciones porque los damnificados estaban más
de acuerdo con el planteamiento del Grupo Parlamentario Popular. Es
más, señorías, las asociaciones de damnificados ya están preparándose
para suscribir estos convenios, como ha dicho el portavoz del Grupo
de Coalición Canaria, con los que están de acuerdo.
Aquí, señorías, no se ha engañado a nadie. Aquí no se ha hablado,
señora Urán, de equiparar a todos con la sentencia; aquí hemos
hablado muy claro, lo hemos dicho muy claramente en las ruedas de
prensa y en las reuniones que hemos mantenido. No hemos engañado
absolutamente a nadie. Otra cosa es que ustedes quisieran que
hubiéramos hecho eso, pero nosotros -y ahí están para demostrarlo
todas las notas de prensa- no hemos engañado a nadie, hemos dicho la
verdad absolutamente a todos. No estamos instrumentalizando
absolutamente nada, señor Peralta, sino todo lo contrario.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Señor Pascual, vaya
terminando, por favor.
El señor PASCUAL MONZÓ: Acabo, señor presidente.
No estoy de acuerdo con la mayoría de las intervenciones de los
portavoces, pero con la que no puedo estar de acuerdo en absoluto,
porque es la mayor hipocresía que se puede tener aquí, es con la
intervención del portavoz del Grupo Socialista. Porque, señor Beviá,
si hay un grupo parlamentario, si hay un partido que no puede hablar
en este tema ni puede dar lecciones de moralidad es precisamente el
Grupo Socialista. (Rumores.) Porque el Partido Socialista no ha
puesto ni una peseta. (La señora Bartolomé Núñez: No, la has puesto
tú.) El Partido Socialista no ha puesto ni una peseta; cuando ustedes
gobernaban se ponía el dinero de todos los españoles. (Varios señores
diputados: ¿Y ahora qué?) Ustedes no ponían dinero, ustedes, cuando
gobernaban, hacían otra cosa muy distinta con el dinero. Desde luego,
ustedes, que han estado manipulando durante muchísimos años a los
damnificados, en todas las elecciones, haciéndoles creer que les iban
a indemnizar a través de los ayuntamientos... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Señor Pascual, debe
terminar.
El señor PASCUAL MONZÓ: Acabo, señor presidente.
Ustedes, que lo han usado electoralmente, que lo han alargado todo lo
que han podido y más, señorías, ustedes no están facultados
precisamente para dar lecciones en este tema. Por tanto, señor Beviá,
tengo que rechazar totalmente su intervención.
Quiero terminar agradeciendo su voto, en nombre de los damnificados
que se van a beneficiar de estas enmiendas del Senado, a los grupos
que van a apoyarlas, para que hoy, por fin, se aprueben y concluya
este trámite parlamentario.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Pascual.
- PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 14/1994, DE 1 DE
JUNIO, POR LA QUE SE REGULAN LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL.
(Número de expediente 122/000226.)
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Pasamos al punto 4 del
orden del día: enmiendas del Senado a la proposición de ley de
modificación de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan
las empresas de trabajo temporal. ¿Grupos que desean intervenir?
(Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a intervenir muy brevemente, para decir que apoyaremos las
enmiendas del Senado.
La proposición de ley que aprobamos hoy supone, globalmente, un
importante paso adelante, en la medida que va a equiparar la
remuneración de los trabajadores de las empresas temporales con la de
los trabajadores de las empresas a los que van a sustituir. Sin
embargo, consideramos que esta reforma es insuficiente, ya lo dijimos
anteriormente y lo queremos repetir hoy. El problema del modelo de
las ETT es de fondo, ya que han incrementado la precariedad laboral
y, al mismo tiempo, han sido un instrumento para abaratar los costes
empresariales. Esta es la razón por la que en estos momentos no
existe consenso sindical.
Señor presidente, señoras y señores diputados, es fundamental avanzar
hacia un modelo de empresas de trabajo temporal que las contemple
como un instrumento vinculado a la temporalidad causal, pero en
ningún caso como un instrumento para profundizar en los mecanismos de
precarización, y, en este sentido, Iniciativa per Catalunya-Els Verts
ha presentado una proposición de modificación de la ley de creación
de las ETT de 1994. Consideramos que es un paso adelante, a pesar de
que algunos aspectos se empeoraron en el trámite de Comisión, pero
sigue pendiente la necesidad de una reforma a fondo del modelo de las
empresas de trabajo temporal que se crearon en 1994.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Saura.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Muchas gracias, señor presidente.
El pasado mes de abril, hace escasamente dos meses, el actual
secretario general de Empleo comparecía en la Comisión de Política
Social y, a preguntas de este diputado, en nombre de Nueva Izquierda,
acerca de qué medidas iba a tomar el Gobierno en relación con las
empresas de trabajo temporal, afirmaba -leo literalmente-: No es
menos cierto que entendemos que se han producido en las empresas de
trabajo temporal importantes excesos o funcionamientos no deseados
por parte de dichas empresas. Esto -decía el señor Chozas- no sólo lo
dice el Gobierno. El acuerdo interconfederal por la estabilidad en el
empleo y -ahí sí- los interlocutores sociales señalaron la necesidad
de crear un grupo que analizase el funcionamiento de las empresas de
trabajo temporal e instaban al Gobierno a que participase. Nos
relataba el señor Chozas en esa comparecencia que, efectivamente, se
había estado trabajando en ese grupo. Posteriormente, el propio
Gobierno había formulado un temario a los agentes sociales, pero,
finalmente, no se alcanzó un acuerdo. Mientras tanto, aquí, en el
Congreso, avanzábamos en la tramitación de esta proposición de ley.
Proposición de ley original, iniciativa del Grupo Socialista, que se
tramitó en paralelo a una proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular que instaba al Gobierno a adoptar medidas y que
debía ser -y en eso coincidíamos todos los grupos parlamentarios- el
cauce a través del que abordáramos esa necesaria normalización de las
empresas de trabajo temporal, poniendo término a esos excesos no
deseados -en expresión del secretario general de Empleo- que
constatábamos en el funcionamiento de las empresas de trabajo
temporal.
Desgraciadamente, ese objetivo tan importante, tan sano, no ha podido
cubrirse adecuadamente con esta proposición de ley del Grupo
Socialista, porque es verdad que se avanza en el terreno de la
equiparación salarial, pero no es menos cierto que ese avance es
pequeño si tenemos en consideración que la propia negociación
colectiva había previsto ya esa equiparación salarial para dentro de
un corto período de tiempo. Por tanto, lo que hemos hecho ha sido
adelantar esa equiparación salarial.
En los restantes aspectos, los avances que se producen son muy
pequeños. Por tanto, aunque nos merezca una valoración positiva,
porque, en definitiva, esta proposición de ley no deja de ser un paso
adelante, creemos que sigue pendiente la necesaria normalización de
las empresas de trabajo temporal que les permita cumplir
adecuadamente su función; una función determinada en el actual
mercado laboral, que no se base en la
explotación de los trabajadores, en la explotación de su temporalidad
y en negarles sus derechos. La profesionalidad, el respeto a los
derechos de los trabajadores y el correcto funcionamiento del mercado
de trabajo requieren que avancemos y profundicemos en lo que hoy sólo
es un pequeño paso adelante. Desde esa perspectiva, Nueva Izquierda
continuará trabajando y espero que consigamos el apoyo de otros
grupos parlamentarios.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Peralta.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo va a votar favorablemente las enmiendas a esta proposición
de ley de modificación de la Ley 14/1994, reguladora de las empresas
de trabajo temporal, que nos llegan del Senado. Ya en la anterior
legislatura mi grupo apoyó, a través de este diputado, la aprobación
de aquella ley por interesarnos en una política social avanzada,
flexible, adaptada al contexto europeo donde estas empresas de
trabajo temporal ya venían realizando sus actividades y no una línea
puramente exclusiva de la Administración del Estado. Entendíamos
entonces, también hoy y en los trámites anteriores en esta Cámara,
que era positivo perfeccionar aquella ley a través de esta
proposición.
De las enmiendas que nos vienen del Senado, exceptuando las que son
de acoplamiento técnico, vamos a resaltar para justificar nuestro
voto favorable las que están dirigidas al apartado 2 del artículo 19
del texto original de la ley. Dado que las enmiendas del Senado
vienen agrupadas en un artículo único, nos parece adecuado corregir
una serie de deficiencias que se derivaban del texto que salió de
esta Cámara con respecto al régimen sancionador por supuestas
infracciones de estas empresas a la ley de referencia. Estas
enmiendas al apartado 2 del artículo 19 vienen a incorporar
infracciones que no estuvieron previstas en el documento analizado en
su día en esta Cámara Baja. Coincidimos en la necesidad de quitar el
encorsetamiento de los tres meses para dictar las disposiciones
necesarias de aplicación y desarrollo de la ley que se ha suprimido
en esta enmienda del Senado, con lo cual afortunadamente este corsé
limitador desaparece, así como también en aquellas que se referían a
evitar el principio de non bis in idem cuando había una doble
tipificación de una misma infracción. Así que, señor presidente, con
gran satisfacción vamos a votar favorablemente su aprobación.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Gracias, señor Mardones.
Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), el diputado don Carles Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Antes de iniciar mi intervención, quiero aprovechar para saludar en
la tribuna de invitados a doña Carme Rangil, secretaria de Política
Sindical de la Unión General de Trabajadores de Cataluña,
organización sindical catalana que está en el origen de este debate
parlamentario que hoy concluimos. Efectivamente, hoy termina este
proceso iniciado a raíz de una proposición de ley que planteó en su
momento el Grupo Socialista y que fue tomada en consideración por el
Pleno de esta Cámara en marzo de 1999.En los debates de ese Pleno del
mes de marzo, así como también en los correspondientes en la
Comisión, nuestro grupo ha querido enfatizar que esta reforma llega
con un claro acento catalán. Está pendiente de tomarse en
consideración en esta Cámara una proposición de ley del Parlament de
Catalunya en idénticos términos a la proposición de ley del Grupo
Socialista; incluso en su día el Parlament de Catalunya aprobó
también una proposición de ley promovida por Comisiones Obreras en la
que indicaba la necesidad de una modificación más amplia de la Ley de
Empresas de Trabajo Temporal de 1994. También en Cataluña se elaboró
el primer convenio colectivo autonómico de empresas de trabajo
temporal, que demuestra la voluntad por parte de las organizaciones
sociales de Cataluña de ir construyendo un marco nacional de
relaciones laborales en nuestro país, en Cataluña. Todo ello es
indicativo del nivel de madurez que el debate social sobre esta
cuestión ha tenido en mi país, Cataluña, a lo largo de estos últimos
años.
Nuestro grupo en este trámite tan sólo quiere lamentar, tal como lo
hizo en su día, que lleguemos al final del mismo sin haber visto aún
la tramitación de la iniciativa del Parlament de Catalunya. En su día
nos hubiese gustado haber hecho converger los dos debates, pero no
fue posible. Más allá de esta afirmación, nos manifestamos inequívoca
y rotundamente satisfechos con la aprobación esta mañana de esta
modificación de la Ley de Empresas de Trabajo Temporal. Los
compromisos que Convergència i Unió asumió en el Parlament de
Catalunya se han mantenido de manera inequívoca en el trámite
parlamentario y, como decíamos también en marzo de este año, con la
legitimidad que nos da el hecho de haber mantenido la misma posición,
en los debates que hubo a tal efecto en 1994, en el aspecto
sustancial de esta modificación que es la plena equiparación de los
sueldos que cobran los trabajadores cedidos y los que trabajan en las
empresas a las que se van a incorporar. En este sentido entendemos
que la equiparación no es un pequeño avance, es un gran avance porque
va más allá de las previsiones del convenio estatal que prevé una
equiparación a lo largo del año que viene con el convenio del sector
en el que desarrolla la actividad la empresa usuaria. Con
esta nueva redacción del artículo 11 equiparamos el sueldo del
trabajador cedido con lo que marca el convenio de la empresa usuaria.
Por tanto, vamos más allá de aquello que preveían los convenios.
Entendemos que esta equiparación constituye un acto de evidente
justicia. Las diferencias salariales que han existido en este
terreno, que incluso podían llegar a ser del 40 por ciento, es
evidente que no tenían ninguna justificación, ni la de rebajar los
costes laborales de los trabajadores ni la de utilizar las ETT para
finalidades que no les correspondían, y entendíamos que esta
situación afectaba negativamente a la cohesión social de nuestra
sociedad e incluso al buen funcionamiento de las empresas, creando la
consecuente alarma social. Por tanto, es un acto de justicia; un acto
que además responde a una demanda social amplia y potente, expresada
de muchas maneras y con muchas fórmulas y que ha tenido en la
posición de las organizaciones sindicales su principal exponente.
Entendemos que además esta reforma ayuda a modernizar y a adaptar el
mercado laboral. La Ley de 1994 era necesaria, pero al cabo de cinco
años todos somos conscientes de que en la aplicación de dicha ley se
habían puesto de manifiesto deficiencias y parquedades que
necesitaban de una modificación. Además, hemos visto que esta
modificación tenía que ser reforzada desde la legitimidad social y la
concertación social. Desde ese punto de vista entendemos que las
modificaciones que hoy introducimos son positivas.
Decimos que estamos satisfechos porque en algún momento del trámite
parlamentario, especialmente en el Senado, el Grupo Parlamentario
Popular tuvo la tentación de presentar enmiendas que hubiesen
supuesto una regresión respecto de lo que el Congreso había marcado.
Finalmente, el Partido Popular recapacitó y retiró sus enmiendas, y
nosotros lo agradecemos porque quizá nos han ahorrado una mañana más
interesante pero también nos han permitido tener hoy un debate cómodo
y tranquilizar al conjunto de los grupos sociales implicados en esta
cuestión.
Decíamos también en los debates de marzo de este año que esta
modificación tenía que ir más allá del artículo 11, y en este sentido
el conjunto de enmiendas que se introdujeron en el Congreso y en el
Senado, en la medida en que aumentan la estabilidad del empleo de las
ETT, que facilitan una mayor ordenación del sector, que mejoran los
ámbitos de formación y prevención de riesgos laborales y que
introducen más y mejores derechos colectivos de los trabajadores,
mejoran el planteamiento existente en la Ley de 1994. ¿Estamos cien
por cien satisfechos? Seguro que no. Nunca podemos estarlo. Nos
parece que continúan existiendo determinadas penalizaciones en
materia de Seguridad Social que deben resolverse, y ojalá en la
próxima ley de acompañamiento el Gobierno las resuelva, y seguramente
tendremos que avanzar en nuevas fórmulas que garanticen una mayor
estabilidad de los trabajadores contratados a través de estas vías.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Señor diputado, debe ir
terminando.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Voy a terminar, señor presidente.
En estas líneas debemos ser capaces de avanzar y, si queremos dejar
de demonizar a este sector, hoy habrá que pedir al Gobierno que
convoque de nuevo la mesa tripartita entre agentes sociales y el
propio Gobierno para continuar desarrollando una mejora de la
legislación de hoy día. Si no somos capaces de acabar con la
demonización de un sector que es necesario para gestionar la
temporalidad, seguramente el sentido positivo de esta ley quedará
abortado. Esta es la responsabilidad del Gobierno, y el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a ser exigente para
que éste asuma sus responsabilidades reemprendiendo el diálogo
social. Por tanto, desde la satisfacción del trabajo realizado en las
Cortes Generales en esta materia, esperamos haber ayudado a resolver
una cuestión que era de justicia resolver.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Campuzano.
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida tiene la palabra
el señor Vaquero.
El señor VAQUERO DEL POZO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, después del trámite parlamentario de esta proposición de
ley de empresas de trabajo temporal nos queda una sensación de
satisfacción relativa y expectante. Satisfacción porque hay aspectos
que sin duda alguna esta ley mejora respecto de la posición inicial
de los trabajadores sometidos a la lamentable situación de las
empresas de trabajo temporal desde el año 1994, fundamentalmente en
lo salarial, en la medida en que hay una cierta equiparación al
salario del convenio aplicable a la empresa usuaria. Pero la
equiparación salarial no es total y absoluta supuesto que más allá de
los convenios aplicables a las empresas existen mejoras de las mismas
y en muchas de ellas el salario-convenio es una mera referencia
desbordado por las mejoras de diversos conceptos salariales o
extrasalariales. No se contempla en la ley al final esta equiparación
total, pero es verdad que es un avance significativo e importante,
que hay que celebrar, aunque insuficiente. Más allá de esta mejora
existen otras como la ampliación de la tipificación de las
infracciones, la incompatibilización de la participación en la
titularidad de las empresas de trabajo temporal para las usuarias, la
prohibición de la utilización de empresas de trabajo temporal en
administraciones públicas y en actividades peligrosas, como exigían
al Gobierno las resoluciones que en 1988, el año pasado, aprobó la
Comisión de Política Social y Empleo con ocasión de dos proposiciones
no de ley de Izquierda Unida, así como otros aspectos que son mejoras
de detalle que tienen relativa importancia.
De ahí nuestra satisfacción, aunque relativa porque también se han
empeorado algunos aspectos de la posición inicial de la ley. Ya
dijimos en el trámite del Congreso de los Diputados que el Senado no
iba a solucionar los aspectos que se empeoraron en esta Cámara, pero
afortunadamente hay que reconocer que las enmiendas del Senado
tampoco vienen a empeorarlo. Hay una mejora técnica con estas
enmiendas y también un avance en determinadas tipificaciones de
infracciones que nosotros saludamos, por lo que vamos a votar
afirmativamente las enmiendas aunque no significan una variación
sustancial respecto a cómo salió la ley del Congreso de los
Diputados.
Nuestra satisfacción es relativa y expectante porque el problema
fundamental es ver cómo queda la aplicabilidad fáctica de esta ley,
supuesto que se produce en un contexto de desregulación del mercado
de trabajo que viene a imposibilitar que la voluntad de las
administraciones laborales, la capacidad inspectora surta los efectos
necesarios como para que esa aplicabilidad vaya en el sentido de
mejorar la situación real de los trabajadores del sector. Más allá de
la ley, más allá de lo que aquí se haya podido mejorar, que es
insuficiente, queda pendiente todo el tema de la regulación real del
mercado de trabajo y de la exorcización del dogma de la
flexibilización de ese mercado, que en definitiva viene a traer
consecuencias respecto a la situación de los trabajadores en la
medida en que no se vaya generando una reducción de la temporalidad y
una causalización de la contratación laboral. Por tanto, entendemos
que sigue siendo indispensable plantear la necesidad de un servicio
público de empleo eficaz, potenciado por el Estado. En ese sentido
sigue siendo necesario expresar que las empresas de trabajo temporal
son manifiestamente sustituibles por un servicio público de empleo
eficaz y potente.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Vaquero.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra doña Isabel López.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señor presidente.
Señorías, estamos hoy aquí para dar trámite final a la modificación
de una ley, lo que supone un paso muy importante en la regulación de
unas empresas que, si bien la ley fue necesaria para corregir una
situación que se daba de hecho, el mal uso posterior que se hizo de
ella en la práctica llevó a que había que modificarla, y hoy nos
encontramos aquí para el acto final de esa modificación.
Al subir a la tribuna estaba dudando entre contestar a alguna de las
afirmaciones que he oído aquí o exponer lo que tenía previsto. Al
final voy a exponer lo que tenía previsto porque creo que es lo mejor
que se puede hacer en estos momentos. He querido subir a la tribuna y
no hablar desde el escaño porque la modificación de esta ley es muy
importante, para mí es una
de las cosas más importantes que he hecho y voy a seguir haciendo a
lo largo de esta mi primera legislatura. ¿Por qué? Porque modificar
el artículo 11 para igualar el salario de un trabajador de una ETT al
de la empresa usuaria es fundamental. Si no asumimos que el mayor
problema que tenían los trabajadores de las ETT era el referido al
pago, al bajo salario, al abuso que se hacía de esta ley, no estamos
asumiendo la realidad. ¿Eso lo resuelve esta ley? Sí, pero ahora
entramos en la segunda fase. La segunda fase se va a hacer de dos
formas. Una, el Gobierno va a tener un papel fundamental, a través de
la Inspección de Trabajo y del Ministerio de Trabajo en toda su
extensión, para que realmente se cumpla, porque podemos encontrarnos
con que hoy estemos corrigiendo la ley para que los trabajadores
cobren lo mismo y luego en la práctica no se lleve a cabo por el mal
uso que se siga haciendo por parte de las ETT en los centros de
trabajo. Aprovecho la oportunidad, al igual que lo hizo el portavoz
de Convergència i Unió, para decir al Gobierno que ahora empieza su
trabajo para que, a través de la Inspección de Trabajo, haga cumplir
lo que hoy estamos aprobando. En segundo lugar, quería hacer un
llamamiento a las empresas de trabajo temporal y a los sindicatos
para que se sienten y negocien. Tendría que haber sido un ejemplo
para que ambas partes afronten los problemas que tienen las empresas
de trabajo temporal, y es mucho lo que queda por negociar. Es verdad
que ha habido abusos, pero también es verdad que aprobada esta ley
hay cosas que no se pueden seguir manteniendo. No hay justificación
para seguir manteniendo el punto de más de cotización que se le carga
a las ETT en los temas sociales. No es razonable porque no beneficia
a nadie. ¿Dónde va ese dinero? ¿Dónde va ese punto? ¿A los
trabajadores? No. Al Inem, ¿para qué? O afrontamos que ese punto vaya
en beneficio del conjunto de los trabajadores afectados o no tiene
sentido mantenerlo. Hoy estamos dando un paso para que las empresas
de trabajo temporal se adecuen a lo que realmente es su función, que
es gestionar la temporalidad. Pero no es la solución, porque estamos
olvidándonos de que más de 8 millones de contratos temporales se
hacen fuera de las empresas de trabajo temporal. Ese es otro
problema.
Por tanto, considero que hoy es un día muy importante para el
conjunto de la clase trabajadora porque está ley que hoy estamos
aprobando va a afectar, cuando menos, a un millón y medio de personas
que fueron las que el año pasado tuvieron contratos a través de las
empresas de trabajo temporal, ya que les vamos a mejorar su salario,
y en algún aspecto les hemos mejorado otras condiciones de
contratación y demás. Es verdad que en otras cosas podíamos haber
avanzado y no lo hemos hecho, pero yo digo lo mismo que el señor
Campuzano cuando felicitaba al PP por haber llegado al consenso. Yo
también lo felicito, pero hay que recordar que cuando en Comisión
votamos esta ley su artículo 11 no fue aprobado por el PP y en el
Senado iba a incluir una enmienda que al final ha retirado.
Pues bienvenidos al consenso aunque nos haya costado mucho.
Tengo que decir que hoy estamos tratando esta cuestión aquí porque la
UGT de Cataluña en su congreso inició el proceso que inició, porque
desde marzo hasta hoy se dedicó a mantener el consenso alcanzado en
Cataluña y, además, tuvo la visión de no aprovecharse del momento
sino de mantener la misma posición, lo que nos ha llevado a que hoy y
aquí podamos aprobar esta ley. Si hubiera caído en la tentación, lo
mismo que cayeron las ETT o los sindicatos a otro nivel, de querer
aprovechar y mejorar lo inmejorable, a lo mejor hoy estábamos
hablando aquí de otra forma. Por tanto, felicito a la UGT de
Cataluña, me alegro de que hoy esté aquí Carmen y con su presencia
nos agradezca a todos la acogida de su trabajo, y lamento que no
pueda estar también presente mi secretario general, Pepe Álvarez, que
está en el congreso de la Ciosl y que si no fuera por esto también
estaría hoy aquí. ¿Y para decir qué? Para decir que esta es una
herramienta fundamental para los trabajadores.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Señora diputada, debe ir
terminando.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Termino, señor presidente.
Repito que hago un llamamiento a los agentes sociales para que se
sienten a negociar con las empresas de trabajo temporal, o que lo
haga el Gobierno a través de la comisión tripartita, y sigan
desarrollando ¿qué temas? Temas de contratación, fórmulas, avance de
la formación, el punto y medio que tendremos que consensuar, señores
del PP, y aceptar que no tiene significado alguno mantenerlo, así
como temas referentes a otras reivindicaciones que hay y que están
pendientes. Pero háganlo. Hoy hemos demostrado aquí todos los grupos
que en nuestro país sabemos legislar cuando hay que legislar. Que
esto sirva de llamada de atención para todos, para las empresas de
trabajo temporal también, que lo tomen como una advertencia: no se
puede abusar de la otra parte en la negociación colectiva cuando no
se tiene la fuerza suficiente. Hay que negociar en función de las
necesidades. Vaya por delante esta advertencia pero también el
agradecimiento a todos por el hecho de que una proposición del
Partido Socialista haya conseguido este consenso y salga tal y como
la hemos traído a la Cámara, incluso un poquito mejorada. Por tanto,
estoy encantada de que mi grupo, que hizo la ley en su día, haya
seguido practicando lo que dijo. Las leyes se hacen, la realidad las
supera, y nosotros nuevamente asumimos esta realidad y mejoramos esta
ley para que esta herramienta sirva para lo que se hizo.
Gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señora
López i Chamosa.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Damián
Jesús Caneda.
El señor CANEDA MORALES: Gracias, señor presidente.
Señorías, oyendo a todos los portavoces, creo que podemos estar
realmente satisfechos. Efectivamente, creo que este último día del
período de sesiones es una fiesta, que se ha dado respuesta por la
Cámara a una demanda social y, además, se ha dado respuesta de una
forma rápida; el récord en la tramitación de esta proposición así lo
demuestra. Creo que todos pueden estar contentos. Tienen que estar
contentos no solamente los grupos, porque se demuestra que cuando hay
cuestiones importantes como el empleo siempre se puede llegar a un
acuerdo; también los sindicatos, porque al menos sus peticiones más
importantes han sido tenidas en cuenta; incluso las empresas, porque
había que acabar con este clima de crispación que se había generado
en torno a las empresas de trabajo temporal por una inadecuada
regulación y por un abuso o mal uso de sus instrumentos.
Desde este grupo y el Gobierno se ha hecho un esfuerzo grande y
permanente por el consenso, también por el consenso entre los agentes
sociales. Desde el mes de enero, cuando se invitó a sentarse juntos a
los agentes, se ha intentado hasta el último momento que la reforma,
como cualquiera de las que se están haciendo, sea por acuerdo, porque
tenemos en la memoria la diferencia de los resultados entre las
reformas que se hacen consensuadas y las que no se hacen
consensuadas. No es igual la reforma de 1994 que la de 1997. La misma
existencia de esta ley, hecha de forma unilateral, ha dejado ver los
problemas que ha tenido en su desarrollo. Me uno a todos los grupos
cuando reclaman a las dos partes que sigan negociando. Tenemos que
seguir hablando y negociando todos porque quedan muchos flecos y
cuestiones importantes -algunas de ellas se han enumerado- que hay
que ir matizando. Es fundamental que todos aportemos el sentido común
en materia laboral; si no será imposible que el crecimiento sostenido
estable, fruto de las políticas económicas que se están desarrollando
en este momento en España, se traslade a un crecimiento del empleo en
el grado que está teniendo en este momento. Sólo es posible mantener
el traslado de un 80 por ciento del crecimiento económico a
crecimiento de empleo con políticas de consenso, con mucho diálogo y
mojándose los agentes sociales. Por eso, aunque hoy se ve que esta
ley era necesaria, el Partido Popular ha tratado hasta el último
momento de que se llegara a acuerdos. Sin embargo, es cierto que hay
temas que la Cámara no puede delegar. Cuando hay una manifiesta
desigualdad entre las partes, cuando un 90 por ciento de los
contratos que realizan las empresas de trabajo temporal no contemplan
la cobertura de desempleo a los trabajadores, cuando la mayoría de
los contratos está firmada por colectivos que tienen difícil
inserción laboral, la manifiesta desigualdad entre las partes obliga
a legislar
si no se llega a un acuerdo, como se ha intentado. Por eso digo que
hoy tenemos que estar realmente satisfechos porque cientos de miles
de trabajadores se van a ver beneficiados por esta medida de forma
inmediata.
En la proposición no de ley que aprobamos aquí a iniciativa nuestra
ya se contemplaba el hecho evidente de que el artículo 11, sobre el
equilibrio salarial, siendo el más importante, no era el único que
había que tocar. Había que hacer una reforma más amplia, como se ha
hecho. Se ha hecho una reforma en la que, aparte de esta
absolutamente justa equiparación salarial, se ha avanzado en
transparencia, en seguridad con unos mínimos de estructura, en evitar
la concatenación de contratos, se ha aumentado la participación y el
control sindical y se han recogidos los avances de formación y de
prevención de riesgos laborales que ya se habían logrado en el
segundo convenio. ¿Qué se pretende al final? Que esta reforma nos
lleve a que el trabajo que administran las empresas de trabajo
temporal sea garantía de calidad en el empleo, aunque sea empleo
temporal. Aquí es donde las empresas tienen que ser conscientes de
que deben competir en calidad, en servicio, en rapidez, en mejor
formación, pero no en costes salariales, que no es el camino para un
país moderno y todo el sector lo tiene que comprender así.
Tenemos que seguir hablando -y otros portavoces lo han dicho- por una
razón evidente. La experiencia de estos cinco años dice que los
colectivos que han accedido al empleo a través de las empresas de
trabajo temporal son precisamente aquellos que tienen más dificultad
para encontrar empleo por otras vías. La función social de estas
empresas tiene que desarrollarse y los sindicatos y la patronal han
de sentarse a discutir para seguir avanzado. Un 75 por ciento de los
empleos han sido ocupados por jóvenes menores de 30 años, con la
posibilidad de tener un currículum a través de estas empresas, y una
vez que se apruebe esta ley, por la que se conseguirá una igualdad
salarial, hay que seguir desarrollando y fomentando este camino.
En definitiva, señorías, dando por hecho que las leyes son para
cumplirlas y que este Gobierno se caracteriza por la persecución del
fraude allá donde lo haya, el Grupo Popular quiere aprobar una
reforma más dentro del conjunto de la línea que se está siguiendo
desde el inicio de la legislatura para lograr que en este país cada
vez haya más y mejor empleo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Caneda.
Vamos a proceder a la votación de las enmiendas del Senado a los
puntos 3 y 4 del orden del día. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones
correspondientes a los últimos puntos debatidos y luego a las de los
convenios internacionales, en su caso, por asentimiento.
Querría tener la certeza de que aquellos señores y señoras diputadas
que han tenido dificultades de acceso en los ascensores están aquí
sentados. (Pausa.) Lo lamento. No lamento que estén, lamento que se
haya producido de nuevo ese incidente, que espero que durante el
verano podamos reparar para que no se vuelva a repetir.
Enmiendas del Senado al proyecto de ley por el que se concede un
crédito extraordinario para el pago de indemnizaciones derivadas del
derrumbamiento de la presa de Tous.
Se someten las enmiendas del Senado a una sola votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
301; a favor, 165; en contra, tres; abstenciones, 133.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas del Senado al
referido proyecto de ley.
Pasamos a las enmiendas que la Cámara Alta ha realizado a la
proposición de ley de modificación de la Ley número 14/1994, de 1 de
junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal.
Dichas enmiendas las vamos a votar en dos bloques: El primero
corresponde a la exposición de motivos, último párrafo; al artículo
11, apartado 4; al artículo 19, apartado 1. c) y al artículo 19
apartado 2. d) .
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
301; a favor, 300; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Se someten a votación las restantes enmiendas del Senado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
301; a favor, 173; en contra, 124; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las restantes enmiendas del
Senado al citado proyecto de ley.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS
INTERNACIONALES.
- ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA ESLOVACA RELATIVO A LA READMISIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN
IRREGULAR, HECHO EN BRATISLAVA EL 3 DE MARZO DE 1999. (Número de
expediente 110/000255.)
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ISLÁMICA DEL IRÁN
SOBRE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA, HECHO EN TEHERÁN EL 7
DE FEBRERO DE 1999. (Número de expediente 110/000256.)
- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE SUDÁFRICA AL
CONVENIO RELATIVO A LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN
MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970.
(Número de expediente 110/000257.)
- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LAS ADHESIONES DE LAS
REPÚBLICAS DE SUDÁFRICA, MOLDOVA Y PARAGUAY AL CONVENIO SOBRE
ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN
LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE DE 1980. (Número de expediente 110/000258.)
- ACUERDO DE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL GOBIERNO DE ESPAÑA Y EL
GOBIERNO MACEDONIO, HECHO EN SKOPJE EL 2 DE MARZO DE 1999. (Número de
expediente 110/000260.)
- CONVENIO-MARCO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA PORTUGUESA
RELATIVO A LA MEJORA DE LOS ACCESOS ENTRE LOS DOS PAÍSES, HECHO «AD
REFERENDUM» EN ALBUFEIRA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 1998, Y CANJE DE
CARTAS QUE PREVÉ SU APLICACIÓN PROVISIONAL. (Número de expediente
110/000261.)
- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA PORTUGUESA SOBRE
PERSECUCIÓN TRANSFRONTERIZA, HECHO «AD REFERENDUM» EN ALBUFEIRA EL 30
DE NOVIEMBRE DE 1998. (Número de expediente 110/000262.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las votaciones correspondientes al
punto III del orden del día: Dictámenes de la Comisión de Asuntos
Exteriores sobre convenios internacionales, que se someten, en
principio, a aprobación por asentimiento del Pleno. ¿Se aprueban?
(Pausa.)
Quedan aprobados por asentimiento del Pleno.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROYECTO DE LEY DE RÉGIMEN DEL PERSONAL DEL CUERPO DE LA GUARDIA
CIVIL. (Número de expediente 121/000162.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto IV del orden del día, cuyo
contenido será votado junto con el punto V.
Dictamen de la comisión al proyecto al proyecto de ley de régimen del
personal del cuerpo de la Guardia Civil. ¿El señor Chiquillo quiere
mantener y defender sus enmiendas? (Asentimiento.) Hágalo con
brevedad, por favor. (El señor vicepresidente, FernándezMiranda
y Lozana, ocupa la Presidencia.)
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.
Previa comunicación de que también va a hacer uso de la palabra la
diputada del Grupo Parlamentario Mixto Mercé Rivadulla para la
defensa de sus enmiendas. Vamos a compartir el tiempo. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento,
señor Chiquillo.
Señorías, les ruego que guarden silencio y abandonen el hemiciclo, si
efectivamente van a hacerlo así. Doña Eva Amador (Pausa.)
Puede continuar, señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre de Unió Valenciana para defender el conjunto de
50 enmiendas que mantenemos vivas al proyecto de ley de régimen del
personal del cuerpo de la Guardia Civil.
El motivo, la justificación que nos llevó en su día a presentar estas
enmiendas era la voluntad de aportar aire fresco a este texto tan
esperado por el cuerpo de la Guardia Civil, recogiendo un conjunto de
aspiraciones y reivindicaciones del colectivo. Pensábamos que con el
texto presentado por el Gobierno se perdía la oportunidad de dar
satisfacción a las legítimas y viejas aspiraciones del personal al
servicio de la Guardia Civil.
En el texto presentado por el Gobierno, que ha sufrido muy pocas
variaciones en el trámite parlamentario, no hay ninguna novedad
realmente importante que vaya a contribuir, desde nuestro punto de
vista, a satisfacer las legítimas expectativas de los componente del
cuerpo, que anhelaban una reglamentación oficial para poder acceder a
la creación de asociaciones profesionales en el seno de la Guardia
Civil -una reivindicación histórica- que pudieran defender sus
intereses profesionales y sociales.
Con este texto se contribuye al estancamiento de la institución en
unas estructuras que todos, la sociedad civil y el personal a su
servicio, querían superar en cuanto a funcionamiento y pensamiento
para prestar un mejor servicio en la seguridad pública de los
ciudadanos.
El conjunto de enmiendas que mantenemos en este debate pretenden
acabar con esa vieja herida de la falta de funcionamiento interno
democrático en la Guardia Civil y, con algunas de ellas, pretendemos
desmilitarizarla. El texto actual manifiesta una exasperante,
incongruente, artificial y desmesurada militarización del
cuerpo a pesar de las reiteradas peticiones y reivindicaciones del
colectivo.
Podríamos resumir estas 50 enmiendas en varias líneas esenciales que
voy a relatar brevemente, sin pararme a determinar el número de cada
una de ellas. La primera aspiración de las enmiendas es que se
reconozca el derecho fundamental de asociación al cuerpo de la
Guardia Civil. Planteamos la conveniencia de que sus miembros puedan
crear entre ellos y en el seno de la institución asociaciones
profesionales para la defensa de sus intereses y derechos. Les ampara
la Constitución, les amparan tratados internacionales y creemos que
es una reivindicación justa, adecuada y democráticamente avalada.
Un segundo extremo de nuestras enmiendas hace referencia al carácter
militar de la Guardia Civil. Planteamos, y hay sentencias del
Tribunal Constitucional en esa línea, que la Guardia Civil debe ser
un cuerpo civil y esta ley debería dar los primeros pasos que
consagraran la desmilitarización del cuerpo. Es una demanda bastante
extendida no sólo entre los miembros del cuerpo, sino en la sociedad
civil que quiere la institución civil y desmilitarizada.
Un tercer bloque importante de enmiendas hace referencia a que se
contemplen medidas de prevención de riesgos laborales. En el ámbito
de aplicación de la vigente Ley de prevención de riesgos laborales se
establece que no se aplicará en aquellas actividades cuyas
particularidades lo impidan: funciones públicas de policía, seguridad
y resguardo aduanero. No obstante, esta Ley -la de prevención de
riesgos laborales- inspirará la normativa específica que se dicte
para regular la protección de la seguridad y la salud de los
trabajadores que prestan sus servicios en las indicadas actividades,
entre ellas los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. En los
centros y establecimientos militares será de aplicación lo dispuesto
en la presente ley con las particularidades previstas en su normativa
específica.
Pensamos que en el colectivo de la Guardia Civil, por razón de los
riesgos de la actividad que realiza...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
Chiquillo, le ruego concluya.
El señor CHIQUILLO BARBER: Concluyo en seguida.
Entre los riesgos, cabe destacar los de mayor impacto, como los
vehículos oficiales, las lesiones físicas, la sobrecarga psíquica,
las armas de fuego, los contagios, los primeros auxilios,
inspecciones, el estado de las casas cuartel. Estas razones están más
que justificadas para que se adopten medidas de prevención de riesgos
laborales por las que esta ley pasa de puntillas.
Por estas tres razones básicas damos por defendidas estas 50
enmiendas al proyecto de ley de régimen del personal del cuerpo de la
Guardia Civil, exigiendo la plena democratización, la
desmilitarización, el reconocimiento de las asociaciones
profesionales en el cuerpo de la Guardia Civil, así como la atención
y el cumplimiento de la ley de riesgos laborales para este colectivo
tan importante de más de 80.000 ciudadanos, que presta y quiere
seguir prestando sus labores de seguridad ciudadana en beneficio de
todos los ciudadanos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Chiquillo.
Tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor presidente.
Voy a defender las enmiendas de Iniciativa per Catalunya- Els Verds y
Nueva Izquierda.
Estoy convencida, señor presidente, que los trabajos de la ponencia
se han desarrollado con rigor, han sido intensos y además presididos
por el ánimo de consenso, como ha sucedido en la mayor parte de los
proyectos de ley en los que como diputada he tenido ocasión de
participar. Francamente, nuestro grupo no ha tenido la oportunidad de
participar más intensamente en esos trabajos dado que el grueso de
las enmiendas que Iniciativa per Catalunya-Els Verds y Nueva
Izquierda presentaban se referían sobre todo a la desmilitarización
de la Guardia Civil, cosa que desde las primeras reuniones de la
Comisión nos dimos cuenta que la mayor parte de los grupos políticos
no estaban por esa transformación. Lamento sobre todo que no haya
sido el Grupo Socialista el que haya cambiado su posición, que ha
mantenido desde hace ya 20 años, en relación con este tema.
Hemos apostado, señorías, señor presidente, porque en este proyecto
de ley se llegase a la desmilitarización del cuerpo de la Guardia
Civil. Pensamos que era el momento de dar un giro para que la Guardia
Civil fuese un cuerpo realmente civil y moderno encargado de la
seguridad y el mantenimiento del orden público y que, de alguna
manera, se reconociese de una vez por todas el derecho de los
miembros de la Guardia Civil a toda una serie de derechos
constitucionales que por su carácter militar en estos momentos se les
está vetando. Me refiero al derecho de asociación, al derecho de
sindicación, al derecho a la huelga y a la negociación colectiva. El
carácter militar de la Guardia Civil está impidiendo en estos
momentos que condiciones laborales muy importantes para el ejercicio
de sus funciones se vean realmente limitadas, sin tener la
posibilidad de negociarlas colectivamente. Me estoy refiriendo al
derecho a negociar la jornada, horario, sistema de prevención de
riesgos laborales y otros que, como miembros que deberían ser
civiles, en estos momentos no pueden desarrollar.
Nos parece tanto más extraño que no se haya querido dar este paso en
un momento, señorías, en que estamos avanzando en la
profesionalización de las Fuerzas Armadas y que, por tanto, el cuerpo
de la Guardia Civil debería ser ya lo que legítimamente hace mucho
tiempo que se está pidiendo, que es su desmilitarización. No es el
caso, el informe de la ponencia no recoge estas pretensiones, que en
este momento son minoritarias
en la Cámara, pero no desistimos de continuar luchando para que
esta situación algún día se dé.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Rivadulla.
Para la presentación de las enmiendas del Grupo de Coalición Canaria,
tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Ya tuvimos ocasión, en el trámite de la Comisión, de explicitar las
razones que justificaban el mantenimiento de una serie de enmiendas
por parte de Coalición Canaria a este proyecto de ley de régimen del
personal del cuerpo de la Guardia Civil. A nosotros nos ha guiado
permanentemente en el fondo de todas estas enmiendas contribuir a un
perfeccionamiento de la tradición ejemplar de un instituto, el
benemérito instituto de la Guardia Civil, para que, recogiendo todo
lo mejor de sus ordenanzas del pasado, tenga también una proyección
y garantía de seguridad de futuro. Y más en estos momentos en que la
Guardia Civil constituye todo un cuerpo profesional que va a tener
que actuar en paralelo en muchas de sus actuaciones con las Fuerzas
Armadas al haber aprobado esta Cámara y haber sido ya publicado en el
Boletín Oficial del Estado la Ley de régimen del personal de las
Fuerzas Armadas. Sin embargo, esto no significa que el ir en paralelo
suponga que tenga que ser igual, sino que hay que hacer distingos,
diferencias y matizaciones. Nosotros defendemos el principio de
estructura militar del instituto armado de la Guardia Civil, pero el
hecho de que se trate de introducir en él determinadas adiciones que
consideramos contraproducentes, o de no alcanzar determinados rangos
a los que cualitativa, cuantitativa e histórica y profesionalmente
tiene derecho es lo que ha obligado a mi grupo y a este diputado que
les habla a mantener estas enmiendas. Quiero hacer una breve defensa
de las mismas.
Las enmiendas números 275 y 291, a la exposición de motivos y al
articulado, se refieren a la creación de los consejos asesores de
personal, a la cual mi grupo se opone, como tuvimos ocasión de
manifestar en los debates sobre el régimen de personal de las Fuerzas
Armadas, ya que entendemos que es una medida para bloquear nuestra
enmienda respecto al reconocimiento del asociacionismo militar. Las
asociaciones militares tendrían que ser entidades físicas, con sede
fuera de los cuarteles y no dentro de los mismos, como los consejos
asesores de personal. Por esa razón, adelanto ya, señor presidente,
que vamos a retirar nuestra enmienda número 292, ya que era
alternativa a la 291, destinada a hacer reflexionar al Gobierno y al
partido que lo sustenta sobre la contradicción existente. Si se
aceptan los consejos asesores de personal, como propone nuestra
enmienda 291, nada que decir. Si no se aceptan, pedimos la aplicación
total y absoluta del principio democráticode representatividad, a
través de lo que propone
la enmienda 292. Como consideramos esto un auténtico dislate,
retiramos dicha enmienda, pero queremos que quede como referente de
lo que, a nuestro juicio, va a ser la entrada del sindicalismo en la
Guardia Civil.
Las enmiendas números 276 y 290, la primera a la exposición de
motivos y la segunda al articulado, están en conexión con la
invocación que vuelve a hacer esta ley de una cosa que no tenía que
invocar, que son las Reales Ordenanzas. El artículo 8 de la
Constitución reconoce la naturaleza de Fuerzas Armadas solamente
a los ejércitos de Tierra, Mar y Aire, pero no a la Guardia Civil. Por
tanto, no tratemos de aplicar a la Guardia Civil una norma, como las
Reales Ordenanzas, que ya hemos criticado en cuanto a su cronología,
ya que es previa a la Constitución Española, cuando después se ven
proyectos de ley o leyes como la de la movilidad de las Fuerzas
Armadas, en los que los principios de conducta ética y moral de las
mismas no se aplican cuando no conviene hacerlo.
La enmienda número 279, señor presidente, es un reconocimiento
cuantitativo y cualitativo a la historia y a los efectivos y
responsabilidades actuales y futuros de la Guardia Civil. Proponemos
que en su actual plantilla de oficiales generales se cree el rango de
teniente general. Quiero recordar a esta Cámara que el cuerpo de la
Guardia Civil ya tiene entre sus miembros un teniente general, que,
curiosamente, alcanzó este grado por ser caballero condecorado con la
Cruz Laureada de San Fernando, por lo cual un tribunal civil
administrativo tuvo que obligar al Gobierno a darle honores,
distinciones, uniforme y distintivo de teniente general, vistiendo el
honroso uniforme de la Guardia Civil. Esto no es ningún demérito, ni
ninguna falta de decoro comparativo con otros miembros de las Fuerzas
Armadas, porque no pedimos ningún agravio comparativo en este
aspecto. Pero, ¿cómo se puede mantener esto en un cuerpo con cerca de
70.000 hombres y mujeres a su servicio y con las funciones
internacionales que se le están demandando ahora, ya que las Naciones
Unidas y la OTAN están pidiendo que vayan fuerzas de policía de una
estructura militar, pero no de ejército, a poner orden en Kosovo?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Mardones,
le ruego que vaya concluyendo.
El señor MARDONES SEVILLA: Termino, señor Presidente.
Cuando se tienen 70.000 hombres, y cuando existen determinados
cuerpos y determinadas secciones de armas en el Ministerio de Defensa
que, con la décima parte de los efectivos de la Guardia Civil, tienen
no ya un teniente general sino varios, ¿qué motivos de fondo existen
para que una persona que ha salido de las academias generales
militares, por el hecho de llevar un uniforme verde no pueda alcanzar
el grado de teniente general, mientras que su compañero que viste de
caqui sí puede alcanzarlo? Este diputado y su grupo no
entienden esto, por eso presentamos esta enmienda pidiendo un empleo
de teniente general en la Guardia Civil.
Termino, señor presidente, con la brevedad que me pide, con la
enmienda número 292 de la que había anunciado su retirada por la
incongruencia anterior y mantenemos la enmienda 293 con todas las
restantes, a efectos de que se pueda seguir adelante con la batalla
de recoger lo mejor que tienen las Reales Ordenanzas, para que de una
vez se puedan extender a todas las fuerzas de tierra, mar y aire con
el sentido pleno que da la Constitución en todos los derechos y
obligaciones.
Por esta razón, señor presidente, y salvo la que he indicado,
mantenemos nuestras enmiendas en beneficio de lo que entendemos es un
reconocimiento para la labor pasada, presente y futura de la Guardia
Civil.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, como saben todos ustedes hemos presentado 145 enmiendas a
este proyecto de ley con la intencionalidad de volver a defender en
una legislatura más la necesidad de desmilitarizar a la Guardia
Civil. Lo hacemos porque entendemos que el sistema policial al que
debe avanzar España en el siglo XXI es un sistema policial civil. Así
lo estamos defendiendo en la subcomisión que está trabajando para
presentar a la Cámara las conclusiones sobre qué sistema policial
debe tener España en el siglo XXI, desde una concepción claramente
anglosajona de lo que es el sistema policial, no napoleónica, y no
entendemos que un sistema policial federal en las coordenadas en que
nos movemos hoy de cara al siglo XXI tenga un cuerpo militarizado que
haga la competencia a otro cuerpo civil como el Cuerpo Nacional de
Policía.
Hemos tenido oportunidad de debatir muchas veces los problemas, las
colisiones que se tienen entre los dos cuerpos sobre objetivos
comunes, sobre proyectos comunes de intervención en el sistema
policial. Por tanto, la desmilitarización podría suponer un paso
importante para avanzar hacia este sistema policial, federal, civil,
descentralizado, bien coordinado y bien formado. Hablo de la
formación porque entendemos que hay una laguna. El legislador todavía
no ha resuelto una laguna importante, sobre todo en lo que significa
la formación policial, formación policial integral que tiene que ver
con todo lo que es la acción policial en los diversos cuerpos desde
la policía municipal a la autonómica y a la federal o central. Ésa es
la primera consideración que hacemos. Estas 145 enmiendas tienen la
voluntad de presentar una enmienda casi alternativa, es una enmienda
a la totalidad porque creemos que la demanda de fin de este
siglo y el inicio del próximo es abordar de una vez por todas una
asignatura pendiente que tenemos desde la transición: la
desmilitarización de la Guardia Civil, así como se hizo en su día con
la Policía Nacional. La Policía Nacional también estaba militarizada
y se tuvo la oportunidad de avanzar hacia su desmilitariazación. Éste
es el sentido principal de las 145 enmiendas, aunque también
entendemos que si el legislador o las mayorías parlamentarias no
aprueban la desmilitariazación, como así va a ser, atendiendo a la
propia realidad social, a la realidad de la vida de fuera de esta
Cámara y a las propias recomendaciones del Tribunal Constitucional,
al menos se avance en su democratización al máximo dada la dualidad
de este cuerpo militarizado, pero lógicamente con la intervención del
Ministerio del Interior y con la ubicación del Ministerio del
Interior.
La Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de julio de 1994 era
muy clara. Decía que la Guardia Civil ha sido configurada por el
legislador como un cuerpo de seguridad dentro del colectivo de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; de modo que ni la Guardia
Civil forma parte de las Fuerzas Armadas, ni en consecuencia sus
miembros pertenecen a las mismas. Diferentes son también las misiones
y funciones asignadas a una y otra institución. Es decir, atendiendo
a la propia Sentencia del Tribunal Constitucional, y sobre todo y más
importante atendiendo a la realidad cotidiana, en estos momentos hay
una asociación profesional reconocida de la Guardía Civil, la
Coproper, que tiene cerca de 10.000 afiliados en activo, y sin
embargo esa asociación no puede encontrar ninguna funcionalidad, no
puede encontrar ningún cauce de intervención en relación con la vida
profesional de la Guardia Civil. Por eso, además de las enmiendas con
este marcado carácter de desmilitarización, hemos presentado otras
que en un segundo plano, es decir que de no prosperar la
desmilitarización, como así parece va a suceder, establecen la
democratización máxima del cuerpo. En aquellos artículos que hablan
de la participación de los guardias, concretamente en el consejo de
asesoramiento, presentábamos lógicamente una serie de enmiendas en el
sentido de reconocer la participación en este consejo asesor de las
asociaciones profesionales de la Guardia Civil legalizadas. Creemos
que de lo contrario no se va a avanzar y sería una ley en la que el
legislador no haría legal lo que en la calle ya lo es (aquella famosa
frase del presidente Suárez que permitió iniciar la transición
democrática) y va a ser un contrasentido que por las mayorías
configuradas en esta legislatura lo que es legal hoy sencillamente no
va a ser aceptado en una ley, y es que las asociaciones profesionales
de la Guardia Civil no van a poder participar en el día a día de los
objetivos profesionales de la Guardia Civil.
Las restantes enmiendas tienen que ver con los empleos y categorías.
Nosotros creemos que un cuerpo policial y desmilitarizado no puede
tener las escalas tal y como vienen miméticamente del Ejército, de
las Fuerzas Armadas, y por tanto en la escala superior, en vez
de general de división, general de brigada, coronel y teniente
coronel, nosotros denominaríamos comisario principal y comisario,
igual que en el Cuerpo Nacional de Policía; en la escala ejecutiva,
en vez de comandantes y capitanes, inspectores jefes y tenientes y
alféreces inspectores; en la escala de subinspección, que en la
Guardia Civil es de suboficial mayor a sargento, serían
subinspectores; y en la escala básica, sencillamente se denominarían
guardias. Creemos que se ha hecho un esfuerzo por resolver la escala
técnica y facultativa tal como está resuelta en el Cuerpo Nacional de
Policía, y nos parece bien.
La enmiendas siguientes, en bloques, estarían en relación con la
formación civil y no militar de los guardias. Ya he hablado del
consejo de asesoramiento.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Meyer, le
ruego que concluya.
El señor MEYER PLEITE: Voy concluyendo, señor presidente.
En cuanto a la protección social, lógicamente no estamos de acuerdo
en que sea la del régimen especial de las Fuerzas Armadas, sino la de
los funcionarios de la Administración general del Estado. En el
proyecto de ley falta la prevención de riesgos laborales de la Ley
31/1995, que es de aplicación también a los guardias civiles.
Finalmente, un nuevo título sobre las condiciones de trabajo, trabajo
efectivo, vacaciones, licencias y permisos. Este aspecto es muy
importante y tiene mucha actualidad. Recientemente, la Dirección
General de la Guardia Civil ha emitido un informe para intentar
limitar los suicidios que se han producido en ese Cuerpo. Nosotros
creemos que efectivamente son muy alarmantes y que tal vez tengan que
ver con las condiciones especiales de trabajo que viven los guardias.
En estos momentos hay una gran discrecionalidad de oficiales hacia
números inferiores precisamente por la militarización del cuerpo.
Creemos que haría falta incluir este nuevo título sobre las
condiciones de trabajo para que ningún guardia dependa de su superior
para objetivar el número de horas trabajadas, las funciones de
trabajo, etcétera.
Por tanto, señorías, creo que es clara la voluntad de Izquierda Unida
de abordar una vez más la desmilitarización del cuerpo para avanzar
hacia otro sistema policial. En esta legislatura no va a poder ser,
pero pretendíamos que el proyecto de ley al menos democratizara el
cuerpo, lo que tampoco vamos a conseguir.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Meyer.
Para la presentación de las enmiendas del Grupo Socialista, tiene la
palabra el señor Moragues.
El señor MORAGUES GOMILA: Gracias, señor presidente.
Voy a intervenir brevemente, en primer lugar para expresar el
amplísimo acuerdo que el Grupo Socialista ha mantenido con el
proyecto de ley que hoy termina su trámite en esta Cámara; un
amplísimo acuerdo que es consecuencia del diálogo logrado en el
debate de la Ley de personal de las Fuerzas Armadas, ya que este
proyecto de ley es una consecuencia lógica del texto de la ley
militar.
El Grupo Socialista mantiene 11 enmiendas vivas, que podríamos
calificar como flecos en la negociación, y solamente dos de ellas
tienen suficiente entidad para que el nuestro grupo exprese con su
voto negativo la disconformidad con los artículos correspondientes
del proyecto de ley. Me refiero a las enmiendas números 261 y 267,
que hacen referencia a dos casos de situaciones administrativas que
también provienen de la Ley de personal de las Fuerzas Armadas a las
que ya nos opusimos en su trámite, y continuamos sin aceptar las
razones que tanto el Gobierno como el Grupo Parlamentario Popular ha
defendido en los trámites de ponencia y Comisión.
No estamos de acuerdo en que miembros de la Guardia Civil que presten
servicios en Presidencia del Gobierno o en los gabinetes de ministros
y secretarios de Estado, en puestos orgánicos que no están
específicamente relacionados con la defensa o la seguridad
ciudadanas, puedan mantenerse en servicios especiales dentro de las
distintas situaciones administrativas de la carrera militar en la
Guardia Civil. No queremos poner cortapisas a las carreras
administrativas militares de los miembros de la Guardia Civil, pero
entendemos que se pueden mantener las características militares, pero
si se acepta prestar servicios en Presidencia o en el caso de
nombramientos para desempeñar cargos en organismos públicos
dependientes o vinculados a administraciones públicas, el
correspondiente miembro de la Guardia Civil debe optar entre la
carrera militar o la carrera administrativa civil. La propia ley
posibilita esta cuestión dando paso a la situación de excedencia
voluntaria, con lo cual se resolvería el problema tal cual se
resuelve en las otras situaciones de la Administración general del
Estado. Estas cuestiones que ya defendimos como he dicho en la
tramitación de la Ley de las Fuerzas Armadas, que no fueron aceptadas
por parte del Grupo Parlamentario Popular y que siguen sin aceptarse,
nosotros las mantenemos y son las únicas cuestiones en las que el
Grupo Socialista va a votar en contra de este proyecto de ley.
Quiero terminar mi intervención, que ya he dicho iba a ser muy breve,
expresando la satisfacción del Grupo Socialista pero también
personal, no tanto por la aprobación de esta ley, que no ha pasado de
ser como ya he dicho una adaptación de la Ley del personal militar
a la Guardia Civil, aunque naturalmente mejorada durante el trámite en
Comisión especialmente con la creación de las nuevas escalas
facultativas, sino y sobre todo porque esta ley cierra un amplio
periodo de reflexión, de debate y de puesta al día de la legislación
militar. Amplios consenso, un debate y reflexión que
hemos compartido los grupos parlamentarios de la Cámara y que ha
compartido toda la Cámara, ante los cambios que nuestras Fuerzas
Armadas están viviendo y muy especialmente en lo referido a su
profesionalización y al importante acceso de la mujer a la profesión
militar.
Para acabar, señorías, creo que el conjunto de grupos de la Cámara
nos podemos felicitar porque hemos hecho un buen trabajo y el
Congreso puede estar satisfecho. Con esta satisfacción vamos a apoyar
esta ley excepto en los dos extremos que acabo de mencionar.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Moragues. ¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición?
(Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo no tiene enmiendas vivas a este texto, al que desde el
primer momento dimos nuestro apoyo de conjunto y sobre el que querría
hacer un comentario global previo antes de entrar en lo que
consideramos nuestra aportación más importante. Es un comentario que
no he dejado de hacer en el debate en Comisión porque quiero que
conste claramente en el «Diario de Sesiones» tanto entonces como
ahora en el Pleno, porque me parece importante.
Esta ley que hoy aprobamos o que hoy sale en dirección al Senado no
es, sin duda, la ley que hubiera redactado el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) si desde cero, en un mundo abstracto e
irreal se le hubiera pedido que organizara el cuerpo de la Guardia
Civil. Si desde cero, con tabula rasa, con la mesa en blanco
hubiéramos tenido que organizar el cuerpo de la Guardia Civil en el
marco de un sistema policial español, probablemente nuestra solución
hubiera sido otra. Me refiero particularmente a las serias dudas que
tenemos acerca de la conveniencia de mantener el carácter militar del
Cuerpo de la Guardia Civil. Son dudas fundadas. Nosotros tenemos -no
se les escapa- una opinión favorable respecto de algunas
consecuencias que se derivan de esa naturaleza militar. Tiene
evidentes ventajas y las tiene también, o muy particularmente en el
marco de un ejército profesional como es el Ejército español desde
esta legislatura. Sin embargo, esa naturaleza militar tiene serios
inconvenientes. Los tiene en su relación con otros cuerpos y los
tiene también -como ha sido puesto de relieve por las enmiendas de
otros grupos- cuando se trata de hablar del ejercicio de ciertos
derechos fundamentales por parte de sus miembros, incluido por
ejemplo el derecho de asociación.
Quiero dejar claro que cuando el Grupo Parlamentario Catalán presta
su apoyo a este texto en este momento no está prejuzgando su posición
acerca de la conveniencia
mayor o menor del mantenimiento de la naturaleza militar. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Guardans,
un momento.
Señorías, les ruego guarden silencio.Es muy difícil intervenir desde
el escaño si no hay silencio alrededor.
Por favor, señorías.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Gracias, señor presidente.
Convergència i Unió no se ha querido pronunciar sobre ese tema. A
estas alturas de la legislatura nos ha parecido más oportuno hacer lo
que era necesario, que es dar una regulación, por una vez clara y
definitiva, en la medida que una ley es definitiva, es decir en muy
poca medida, pero por lo menos clara y de cierta duración a lo que es
el régimen de personal del Cuerpo de la Guardia Civil, que tenía las
fuentes absolutamente dispersas, que tenía un régimen confuso en la
medida que procedía de normativas distintas y que, por tanto, tenía
derecho a una clarificación de cuál es el régimen aplicable, de cuál
es la carrera en términos profesionales de cada uno de esos 60.000
miembros que forman el Cuerpo prestigioso y prestigiado de la Guardia
Civil. A eso hemos dado nuestro apoyo y hemos intentado aportar
nuestro grano de arena, sin discutir el modelo y sin criticar algunas
consecuencias que están en el texto de la aceptación previa de un
modelo sobre el cual en este momento no nos hemos pronunciado.
Nosotros hemos hecho una aportación que consideramos importante, que
se tradujo en una enmienda concreta presentada en su momento, de la
que derivó una enmienda transaccional, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, de alcance más amplio en su redacción literal
de lo que era nuestra enmienda inicial, pero evidentemente basada en
nuestra propuesta. Queríamos poner sobre la mesa la grave
problemática que afectaba a los titulados superiores y de grado medio
que trabajan actualmente en la Guardia Civil y que no tenían
reconocida su categoría profesional a efectos remuneratorios, a
efectos de dignidad de su propio trabajo en relación con las
funciones que desempeñaban respecto de la propia jerarquía o
categoría en el propio Cuerpo. Además en un Cuerpo que ha de tener
funciones policiales crecientes y cada vez más tecnificadas, cada vez
más especializadas, nos parecía que se estaba cerrando la puerta con
la actual estructura militarizada, donde ascender en el Cuerpo -antes
de la modificación que se va a introducir ahora- suponía ascender
también en lo que supone poder de mando sobre terceros, significaba
dejar fuera la posibilidad de enriquecer ese Cuerpo con
profesionales, con licenciados superiores y de grado medio, que
pudieran ser especialistas en el ámbito forense, en el ámbito de la
investigación criminal o en el ámbito, por ejemplo, de atención
psicológica a los propios miembros del Cuerpo de la Guardia Civil.
Desde esta perspectiva, nosotros propusimos una enmienda que después
del trabajo de ponencia se ha traducido en la creación de la escala
facultativa superior y la escala facultativa técnica en el seno de la
Guardia Civil; es decir, una escala compuesta por todos aquellos
titulados universitarios de grado superior y de grado medio que sin
tener mando en el sentido de mando en tropa -diríamos en términos
militares-, sí ven reconocido su trabajo y su categoría profesional a
efectos remuneratorios y de reconocimiento dentro de la escala y en
su progresión en la carrera profesional.Nos felicitamos por la
creación de esa escala facultativa superior y escala facultativa
técnica, de las que nos sentimos en cierto modo padres y responsables
juntamente con el Grupo Parlamentario Popular, que en sintonía con el
Gobierno la ha desarrollado hasta sus últimas consecuencias.
Termino, señor presidente, diciendo que nos parece también positiva
la creación del consejo asesor de personal. Entendemos las
discrepancias que pueden tener otros grupos desde la perspectiva de
aceptar o no la naturaleza militar del Cuerpo de la Guardia Civil.
Aceptada esa premisa al menos en este momento, dar un paso para que
la voz de los miembros del Cuerpo sea más escuchada y pueda tener
cierto protagonismo nos parece positivo. También nos parece positivo,
finalmente, que se perfeccione, como ya se hizo con la Ley de régimen
de personal de las Fuerzas Armadas, y se lleve a sus últimas
consecuencias el principio de igualdad entre hombres y mujeres en el
acceso al Cuerpo de la Guardia Civil y en el día a día de lo que es
la vivencia como miembros femeninos de la Guardia Civil en algunas
materializaciones prácticas que pasan a ser recogidas en este texto.
Por tanto y termino -ahora sí-, señor presidente, nosotros damos
nuestro apoyo a este texto, nos parece un texto globalmente positivo,
pero -insisto sin miedo a hacerme reiterativo-, nuestro apoyo aquí no
prejuzga la cuestión fundamental que sigue abierta y que en su
momento deberá ser resuelta en un sentido o en otro.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracia,
señor Guardans.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Torme.
La señora TORME PARDO: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el texto que ahora debatimos es fruto de
un alto grado de consenso entre distintos grupos de esta Cámara, como
ya se ha manifestado en esta sesión, y este consenso es altamente
positivo por estar regulando una institución que no sólo ha
desempeñado un papel fundamental en la defensa de la seguridad y la
libertad a lo largo de su existencia, sino que sigue siendo en la
actualidad para muchos ciudadanos una de las instituciones mejor valo
radas
del Estado, como lo demuestran todas las encuestas de opinión.
Este mismo significado es el que hace verdaderamente positivo el alto
grado de acuerdo que se ha alcanzado en la elaboración del proyecto,
puesto que le garantiza a su vez la necesaria estabilidad para el
futuro, alejando la nada deseable perspectiva de posibles vaivenes
legislativos en función de los cambios políticos en las mayorías
parlamentarias, aspecto que quiero resaltar especialmente en relación
con alguna manifestación contraria de algún portavoz.
El Grupo Parlamentario Popular, a través del señor Gil Lázaro, ya
manifestó en el debate de totalidad su disposición a un diálogo sin
restricciones sobre el contenido del proyecto, trabajando en el seno
de la ponencia para ampliar al máximo esta conjunción de voluntades
con otros grupos, cuyas aportaciones han enriquecido sin duda alguna
el texto que ahora se presenta ante el Pleno de la Cámara.
No se debe dejar de recordar que con este proyecto, y por primera vez
en su historia, se dota a los miembros de la Guardia Civil de un
estatuto propio y diferenciado del de los miembros de las Fuerzas
Armadas, culminando así el desarrollo de los preceptos
constitucionales que separaron con claridad las misiones de las
Fuerzas Armadas y las de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado. Pese a que esta distinción se había concretado en lo que
respecta a misiones y principios de actuación en la Ley orgánica de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de 1986, el régimen de
personal de los guardias civiles seguía hasta ahora siendo el mismo
que el de los miembros de las Fuerzas Armadas con ligeros retoques,
situación que no se ajustaba a la realidad singular del Cuerpo y que
no era admisible con un carácter permanente, como ya señaló el
Tribunal Constitucional en diversas sentencias.
Por tanto, creemos que este nuevo régimen de personal propio para el
Cuerpo de la Guardia Civil, en el que no cabe duda siguen existiendo
abundantes similitudes con el del resto del personal militar,
permitirá desarrollar con plena seguridad jurídica un modelo
organizativo de carrera y de derechos y deberes más adecuado tanto a
las legítimas aspiraciones profesionales de los componentes de la
Guardia Civil como en definitiva a las previsiones constitucionales,
al desempeño de las misiones que tienen atribuidas y a la prestación
de sus servicios a los ciudadanos.
Pero además de la novedad que supone la existencia en sí misma de
este régimen propio, el proyecto regula aspectos de importancia
sustancial. Así, si la regulación de las escalas superior de
oficiales, escala de oficiales y escala de suboficiales mantienen
contenidos similares a sus equivalentes en las Fuerzas Armadas, la
escala de cabos y guardias mantiene una sustantividad propia derivada
de la condición de militares de carrera de la Guardia Civil que
ostentan sus miembros.
Destaca asimismo la novedad histórica a la que se ha llegado a partir
de una iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), defendida por el
señor Guardans, que supone la creación de dos escalas facultativas,
superior y técnica, que permitirán a la institución contar con unos
oficiales con titulaciones universitarias específicamente orientadas
a mantener a la Guardia Civil permanentemente actualizada en sus
conocimientos, unos conocimientos cada vez más tecnificados
y precisos para el desarrollo de sus misiones como fuerza de seguridad.
En la misma línea, se ha prestado especial atención a la regulación
de la enseñanza en el seno del Cuerpo, tanto en su vertiente de
formación inicial que faculta para el desempeño de la funciones en
cada escala como en la formación en las diferentes especialidades,
así como en la capacitación y el reciclaje permanentes, poniendo
especial énfasis en los altos estudios profesionales y en la
colaboración con las instituciones del sistema educativo general.
Destaca asimismo el esfuerzo por favorecer la plena integración de la
mujer dentro del Cuerpo de la Guardia Civil, a que ya se ha aludido
en este debate, a través de dos disposiciones fundamentales. La
primera de ellas permite fijar pruebas físicas de ingreso distintas
en función de las diferencias entre ambos sexos, con lo que se
pretende conseguir una verdadera equiparación y favorecer que la
presencia femenina en la Guardia Civil sea realmente importante,
avanzando hacia la consecución de una auténtica igualdad de
oportunidades. La segunda medida prevé que durante el embarazo se
puedan asignar a las guardias civiles cometidos específicos adecuados
a su estado, sin que ello suponga ningún obstáculo a su carrera
profesional. Con estas dos medidas se da impulso a una auténtica
equiparación entre el personal de ambos sexos, fomentando una mayor
participación de las mujeres en el Cuerpo de la Guardia Civil, con el
propósito de potenciar una experiencia de ya diez años que ha
resultado altamente positiva.
Por último, la novedad más destacada es la creación del consejo
asesor del personal como órgano encargado de canalizar y valorar las
propuestas de los miembros del Cuerpo sobre asuntos profesionales.
Sobre la regulación de este órgano se ha centrado buena parte de los
trabajos, tanto en ponencia como en Comisión. El resultado es que en
el consejo asesor de personal de la Guardia Civil queda garantizada
la presencia de miembros de todas las escalas que integran el Cuerpo
y se asegura la libre participación de todos los guardias civiles en
el mismo, además de establecerse una garantía adicional en torno al
régimen disciplinario de sus componentes que les permita ejercer sus
funciones con total libertad. (El señor vicepresidente, Beviá Pastor,
ocupa la Presidencia.)
Algunos grupos parlamentarios y a través de las correspondientes
enmiendas han criticado la creación de este consejo por considerarlo
innecesario, desde planteamientos que parten en unos casos de su
posición favorable a un desarrollo pleno del asociacionismo en el
ámbito militar y en otros casos de su posición contraria a la
naturaleza militar de la Guardia Civil.
Sobre esta última cuestión, que efectivamente es de radical
importancia porque a lo largo del proyecto se define un régimen
estatutario de carácter indudablemente militar, podríamos obviar la
discusión puesto que ya se planteó en el debate de totalidad aquí en
el Pleno. No obstante y porque persisten vivas algunas enmiendas que
se refieren a ello, cabe reiterar algunos de los argumentos.
La Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
ya resolvió el sentido de este debate al establecer que el Cuerpo de
la Guardia Civil, como parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, es un instituto armado de naturaleza militar; que el
Cuerpo de la Guardia Civil tiene naturaleza militar y que su régimen
estatutario sería el establecido en dicha ley orgánica, en las normas
que la desarrollan y en el ordenamiento militar.
No cabe, pues, establecer un estatuto de personal para la Guardia
Civil que desconozca o se oponga a esa naturaleza, dado que supondría
vulnerar lo dispuesto en la ley orgánica citada. No es cierto que la
atribución a un cuerpo militar la garantía de la seguridad ciudadana
y del orden público suponga una militarización de estos dos conceptos
como en ocasiones se pretende afirmar con cierta demagogia. Los
principios básicos de actuación de la Guardia Civil son los mismos
que los determinados para las demás Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
tal y como se establece en la ley referida y se reitera en el
presente proyecto, que no regula -ha de recordarse- el cumplimiento
por parte de la Guardia Civil de las misiones que tiene atribuidas,
sino estrictamente el régimen de su personal, es decir su
organización interna y la carrera profesional de sus miembros, así
como sus derechos y deberes.
En la línea de lo que hemos argumentado debe enmarcarse el
mantenimiento de la no contemplación de la sindicación y de las
asociaciones de carácter reivindicativo. No es cierto que con ello se
produzca una violación de tratados internacionales suscritos por
nuestro país, puesto que en todos ellos se prevé la posibilidad de
establecer legítimamente restricciones mediante norma legal, tanto a
los miembros de las Fuerzas Armadas como a los de la Policía.
En definitiva y en relación a algunas de las enmiendas que hoy se han
defendido, el proyecto ha optado por un modelo que es coherente con
la actual inserción de España en lo que puede denominarse modelo
policial latino, aplicado en países como Francia, Italia o Portugal,
por citar únicamente los más próximos a nuestras características como
miembros de la Unión Europea.
En suma y para concluir, entiendo que el proyecto que hoy debatimos,
por las razones que he expuesto es un buen proyecto. La importancia y
trascendencia de este texto radica, como ya puso de manifiesto el
ministro del Interior en la presentación del mismo en esta Cámara, en
el hecho de que por primera vez se abordan de forma completa y
autónoma todos los aspectos que configuran el régimen de personal de
la Guardia
Civil. Se trata de un texto legal que será recibido con satisfacción
por todos los guardias civiles, que verán incrementada la seguridad
jurídica en que desarrollan su importante profesión y que permitirá
asimismo una sustancial mejora de la gestión de los recursos humanos
en la Guardia Civil. En definitiva, todo ello redundará en beneficio
de quienes son destinatarios de los servicios que presta este
instituto, es decir en beneficio de todos los ciudadanos.
En este contexto y por las razones que ya detalló durante el debate
en comisión mi compañero de grupo Francisco Antonio González y que yo
ahora no voy a reiterar, el Grupo Popular votará negativamente en
este acto el conjunto de enmiendas vivas defendidas por los
diferentes grupos, sin que ello suponga un menoscabo del objetivo
principal con que el Grupo Parlamentario Popular ha abordado toda la
tramitación de este proyecto, que no ha sido otro que el diálogo y el
consenso para sumar voluntades e integrar el máximo de posiciones
comunes.
Creemos que con la incorporación en trámites anteriores de distintas
enmiendas y con las transacciones acordadas este objetivo se ha
cumplido ampliamente, y hoy presentamos ante esta Cámara un texto
que, sin diferir radicalmente del proyecto que venía redactado desde
el Gobierno, sí se ha enriquecido sustancialmente, reportando logros
que sin duda son notables.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Torme.
- PROYECTO DE LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. (Número de
expediente 121/000163.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Finalizado el debate del
dictamen de la Comisión sobre el proyecto de ley de régimen del
personal del cuerpo de la Guardia Civil, vamos a pasar al dictamen de
la Comisión de Infraestructuras sobre el proyecto de ley de
ordenación de la edificación.
En primer lugar, y para la defensa de sus enmiendas, por el Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre de Unio Valenciana para defender las quince
enmiendas que al proyecto de ley de ordenación de la edificación
mantenemos vivas para el debate en este trámite parlamentario de
Pleno de este proyecto remitido por el Gobierno a la Cámara.
Unio Valenciana presentó este conjunto de quince enmiendas con una
filosofía que voy a intentar explicar sin profundizar en cada una de
las enmiendas, pero sí dando una pequeña explicación del porqué de
estas enmiendas, del porqué del mantenimiento y del porqué
de la solicitud de que sean consideradas en este trámite
parlamentario en el Congreso de los Diputados.
Nosotros consideramos que el proyecto de ley de ordenación de la
edificación que se ha remitido al Congreso por parte del Gobierno
tiene un cúmulo de artículos que demuestran cierta improvisación de
lo que es una ley indudablemente necesaria, la ley de la ordenación
de la edificación, pensando en los ciudadanos, la calidad de las
construcciones, la exigencia de responsabilidades y un largo
etcétera, cuya aplicación de algunos de los artículos, por esta
improvisación, puede llegar a ser contraproducente para la propia
edificación y la calidad de las viviendas, que es en teoría el
objetivo último que se pretende salvaguardar.
Nosotros pensamos que hay diversos artículos que no hacen más que
perjudicar el objetivo final, que debería ser garantizar a los
ciudadanos una calidad en las edificaciones y construcciones en
general de nuestro país. Es un texto que tiene incluso
contradicciones con las ideas liberalizadoras que tantas veces ha
demostrado el Gobierno de la nación con algunas iniciativas
parlamentarias, que están en franca contradicción con la Ley 7/1997,
de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia del suelo y de
colegios profesionales. Es contrario en algunos extremos a la libre
competencia entre profesionales, al dejar prácticamente toda una rama
de la economía en manos de un sólo grupo profesional, ignorando las
leyes de protección de los consumidores y usuarios. Un texto que,
como ha dicho alguno de los colectivos afectados, convierte una ley
de ordenación de la edificación en una ley de competencias y
atribuciones profesionales, una ley, en resumidas cuentas, de
otorgamiento de exclusividades. Ignora atribuciones establecidas por
la legislación vigente y por la propia jurisprudencia reiterada y es
lesivo para los legítimos intereses, en concreto, de los ingenieros
industriales, mermando sus competencias profesionales.
La exposición de motivos del propio proyecto de ley dice claramente
que la ley en definitiva trata, dentro del marco de competencias del
Estado, de fomentar la calidad incidiendo en los requisitos básicos y
en las obligaciones de los distintos agentes que se encargan de
desarrollar las actividades del proceso de edificación para poder
fijar las responsabilidades y las garantías que protejan al usuario y
para dar cumplimiento al derecho constitucional de una vivienda digna
y adecuada.
Una vez leído esto, cuesta comprender bastante cómo se ha podido
encajar en el texto todo un rosario de competencias exclusivas para
proyectar edificios destinados a diferentes usos, extensivas estas
exclusivas incluso a sus instalaciones fijas y equipamiento propio.
¿Es posible que se pretenda mantener esta exclusividad en el caso de
proyectarse un hospital con central de cogeneración de energía, por
poner un ejemplo?
Indudablemente, hay razones más que suficientes que avalan estas
quince enmiendas presentadas por Unio Valenciana, razones para la
oposición de muchos de los preceptos incluidos en esta LOE, ley de
ordenación
de la edificación, o ley de otorgamiento de exclusividades, que
es el título que habría que discutirse en el día de hoy.
No es la ley moderna que se necesita pensando en el usuario final,
porque se reducen, al fin y al cabo, los plazos de las garantías
pensando en los usuarios. Pese a las declaraciones de altos cargos
del Ministerio, esta ley en su redacción modifica de manera
significativa el actual marco de atribuciones de los diferentes
colectivos profesionales en perjuicio de otros profesionales.
Los preceptos de la ley de edificación alteran profundamente la
vigente asignación de competencias profesionales a los distintos
técnicos titulados, de forma que podía resultar constitucionalmente
inadmisible. Con el proyecto de ley de ordenación de la edificación
podrían vulnerarse incluso preceptos establecidos en la Constitución:
el artículo 9.3, al imponer retroactividad sobre los derechos de los
titulados; iría en contra del artículo 27 de la Constitución, que
exigiría la ley orgánica para aquello en lo que afecte a titulaciones
universitarias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vaya terminando, señor
Chiquillo, por favor.
El señor CHIQUILLO BARBER: Voy concluyendo.
Por último, vulneraría el artículo 53.1 de la Constitución, al no
respetar los derechos y libertades y recortar atribuciones legales de
forma artificial o arbitraria. El proyecto más que mirar al futuro
mira hacia el pasado y hay diversos colectivos que así lo han hecho
llegar al Ministerio. Por tanto, en diversos artículos, en concreto
en los artículo 2.3 y 8, pensamos que hay ciertas arbitrariedades
y se vulneran derechos reconocidos a unas titulaciones académicas que
tienen su propia legislación específica, la ley 12/1986, que se
vulnera claramente por el texto que hoy sostenemos a la
consideración.
El proyecto de ley de ordenación de la edificación supone un recorte
de las atribuciones legales y jurisprudencialmente reconocidas a los
ingenieros industriales e ingenieros técnicos industriales en materia
de proyectos de educación. Por tanto, y atendiendo incluso las
recomendaciones del Consejo Económico y Social, cuyo informe fue a
iniciativa propia, porque al Ministerio de Fomento se le pasó,
solicitamos una redacción nueva del artículo 8 al que Unio Valenciana
ha presentado en el concepto una adición, en la que exigimos una
matización clara y rotunda para que no se vulneren los derechos
adquiridos por parte de los profesionales: La titulación profesional
habilitante de los técnicos que intervienen en el proceso de
edificación vendrá determinada por sus respectivas competencias
y especialidades, de acuerdo con el ordenamiento vigente para cada
profesión, que existe.
Por tanto, y haciendo ya una última petición en este trámite
parlamentario, que se solicite un informe al Tribunal para la Defensa
de la Competencia, porque entendemos que debe solicitarse antes de
que se apruebedefinitivamente este proyecto, con el fin de que
sean tenidas en cuenta por esta ley las reivindicaciones de los
colectivos claramente discriminados en este proyecto.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Termine, señor Chiquillo, por
favor.
El señor CHIQUILLO BARBER: Rápidamente, señor presidente. Porque, en
contra de lo indicado en la exposición de motivos, sí que se entra a
regular competencias profesionales, otorgando exclusividades nuevas
a un grupo de profesionales, en lugar de fomentar la libre competencia
entre los capacitados académicamente para ello.
Por tanto, solicito que se tengan en cuenta estas enmiendas y se
mejore este texto, que es manifiestamente mejorable.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Chiquillo.
Igualmente, por el Grupo Mixto y para la defensa de sus enmiendas,
tiene la palabra la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias, señor presidente.
Muy brevemente. Planteamos al proyecto de ley de ordenación de
edificación 11 enmiendas. Creemos que a lo largo de la tramitación de
este proyecto ha habido avances positivos en algunas de las
cuestiones al haberse recogido enmiendas de distintos grupos, y en
concreto creemos que se han introducido cuestiones positivas, como
señalaba, como la figura del mantenimiento de edificación, el libre
edificio, cuestiones que en algunas comunidades autónomas se están
desarrollando en el plano legislativo. También se ha introducido el
artículo 13 bis, en el que se determina la titulación académica
y profesional para desempeñar la coordinación de seguridad y salud,
aspecto que consideramos interesante, y también aparecen mejoras en
las limitaciones profesionales, que quedan más especificadas.
En la tramitación legislativa de este proyecto se ha recogido
igualmente una de nuestras enmiendas, la número 4. Quedan pendientes
otra serie de enmiendas, en concreto la número 3, a la que se nos ha
ofrecido una transaccional, pero vamos a mantener nuestra enmienda,
dado que consideramos que en dicha transaccional no se concretan
determinados conceptos, como edificaciones de escasa entidad. Hay
otro grupo de enmiendas que coinciden con enmiendas de otros grupos
que, en diferente tenor, lo que hacen es delimitar o defender de
manera muy clara las competencias que en esta materia tienen las
comunidades autónomas. En ese sentido hemos planteado tres enmiendas
que, a pesar de que en la tramitación se ha recogido esa defensa de
las competencias de las comunidades autónomas en esta materia,
creemos que es mejor mantener las que hemos presentado en esta
Cámara. Asimismo, vamos a
votar a favor de otras enmiendas que van en este sentido y que han
sido presentadas por otros grupos.
Por tanto, mantenemos una serie de enmiendas vivas, retiramos la
enmienda número 6, porque aunque no se ha recogido nuestro propio
contenido como tal, sí creemos que el espíritu hace mención a lo que
nosotros pretendíamos. En ese sentido de las 11 enmiendas hay una
aceptada, otra retirada y el resto quedan vivas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Lasagabaster.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
señor Saura, para defender sus enmiendas.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
También de forma muy breve, para decir que fundamentalmente nuestras
enmiendas hacen referencia a la necesidad de que el proyecto de
edificación incorporara toda una serie de propuestas y de medidas que
hicieran del ciclo global de la construcción un ciclo más sostenible.
Desde este punto de vista, este proyecto de ley supone una
oportunidad perdida para introducir en el ciclo global de la
construcción criterios de sostenibilidad.
No hace falta que me extienda, porque es evidente que el ciclo global
de la construcción genera un elevado impacto ambiental, tanto desde
el punto de vista del planeamiento urbanístico, de los impactos de
movilidad o de contaminación, como desde el punto de vista del
elevado consumo de recursos materiales utilizados en la construcción.
El Gobierno ha olvidado que el área de edificación debiera ser
prioritaria para introducir elementos de sostenibilidad que ya se
están introduciendo en otros países de la Unión Europea.
Quisiera destacar tres de nuestras enmiendas que, de ser recogidas,
significarían avances importantes en esta orientación a que me
refería. La primera se refiere a la necesidad, según Iniciativa per
Catalunya-Els Verds, de que fuera preceptiva la utilización de
materiales de bajo impacto ambiental que posteriormente facilitaran
la reutilización, la recuperación y el reciclaje. La segunda se
refiere también a la necesidad de que para obtener la licencia de
construcción fuera imprescindible la obtención de la certificación
ambiental y energética. Y la última enmienda hace referencia a lo que
en el proyecto de ley es el código técnico de edificación, que se
remite a dos años de forma muy genérica y ambigua, y que, a nuestro
entender, debería ser un código de edificación sostenible, que fuera
un instrumento que permitiera la aplicación de normas para mejorar la
edificación de forma más respetuosa con el medio ambiente y también
con la salud de los habitantes y una mejora de la calidad de vida.
Termino, señor presidente, diciendo que ha sido una oportunidad
perdida de situar el ciclo global de la construcción en unas pautas
de desarrollo mucho más sostenible.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Saura.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Vasco (PNV-EAJ.), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente. presidente.
Señorías, de los tres parámetros que se utilizan para articular las
enmiendas a un texto, necesidad de la norma, corrección técnica y un
tercero, que es importantísimo desde la perspectiva de nuestro grupo,
la salvaguarda de las competencias propias, lo que nosotros llamamos
la defensa del Estatuto, que sí lo valoramos como instrumento
importante de autogobierno aunque se nos niegue, el Grupo
Parlamentario Vasco había articulado, repito, en torno a estas tres
condiciones una serie de enmiendas, gran parte de las cuales habían
sido asumidas ya en la ponencia.
En este momento del trámite de asunción del proyecto por el Pleno de
la Cámara nos quedaban vivas un conjunto de enmiendas, un total de
siete, respecto de las cuales en este momento retiraré las números
18, 20, 24 y 33, no porque considere que no tratan aspectos
esenciales, y creemos que con mayor corrección técnica que el
proyecto, sino porque nos parece que no contamos con el consenso
suficiente del resto de los grupos, y volveremos a utilizar nuestra
capacidad de persuasión en el trámite del Senado.
Sí vamos a aceptar las transacciones que el Grupo Parlamentario
Popular, en la persona de su portavoz, don Luis Ortíz, nos ofrece con
el talante y la paciencia que le caracteriza, en relación con la
enmienda número 23. Nos ha llegado a convencer de que tiene razón en
la afirmación que hace y que el texto que nos ofrece, efectivamente,
cumple la totalidad de lo que nosotros deseábamos cubrir con nuestra
enmienda. El apartado 2 del artículo 2 se refiere a los tipos de
obras, y el primero, que nosotros insistíamos en introducir, habla de
los posibles destinos del edificio. Queda, pues, claro que cualquiera
que sea el destino, el tipo de obra tendrá que ser uno, y en todos
los casos, que es lo que mi grupo pretendía, va a ser necesaria la
existencia de proyecto de obra.
En relación el artículo 29, a mi grupo le interesaba que quedase
claramente fijado lo que creemos que es elemento importantísimo de la
garantía que este proyecto de ley ofrece a los ciudadanos: el inicio
del cómputo del plazo para el ejercicio de las acciones de
responsabilidad civil. Se pone como tal en el artículo 17 del
proyecto el de la recepción de la obra, pero todos sabemos que este
trámite es muchas veces un elemento meramente formal, que no coincide
necesariamente con su terminación y entrega. Se nos ofrece por el
Grupo Parlamentario Popular una transacción en el artículo 6
perfeccionando en qué consiste exactamente el documento o el trámite
de la recepción de la obra y se añade en el 17 el pormenor de que la
recepción se haga sin reservas o desde la subsanación de estas en
cuanto al momento de iniciar el cómputo. Podría perfeccionarse con el
añadido del paso de la obra al propietario (en este momento estamos
hablando del promotor al constructor). Aceptamos la transacción en
este momento y quizá intentemos un cierre mayor en el Senado.
Nos queda la única enmienda que mantenemos viva, la número 34, que se
refiere al tercero de los puntos que he mencionado, el de la
articulación competencial. El texto que se ha dado a la disposición
final, en la que se dice que lo dispuesto en esta ley será de
aplicación sin perjuicio de las competencias legislativas y de
ejecución asumidas por las comunidades autónomas en este ámbito, nos
parece absolutamente insuficiente, es el típico precepto legislativo
que no dice absolutamente nada. Sólo faltaba que una ley ordinaria y
sectorial se dictase violando o en perjuicio de las competencias que
tienen asumidos los estatutos de autonomía, que son leyes orgánicas y
todos sabemos que de tramitación especial.
Nos parece que, puesto que el sector que se regula es complejo,
debería haberse hecho en la norma el esfuerzo que pedíamos en el
texto de nuestra enmienda número 34. Creemos que el texto ha huido de
la división vertical de las competencias. Estamos hablando de que el
texto de la ley regula materia civil y mercantil y lo que hace
referencia al 149.1.1 de la Constitución como expresión del
establecimiento del mínimo común denominador al ejercicio de
competencias que atañen en varios sectores a todas las
administraciones públicas.
Además de estas relaciones privadas, el proyecto incide en cuestiones
que tienen evidente interés público, en materias en las que tienen
asumidas competencias las comunidades autónomas, como ocurre con la
defensa general de los consumidores y usuarios, el medio ambiente, la
sanidad, el urbanismo y la vivienda. Respecto de estas materias
concretas, no con la dicción genérica que el proyecto mantiene,
debería haberse hecho la salvaguarda de competencias.
En segundo lugar, creemos también que la forma en que se presenta el
proyecto de código técnico de edificación hace preciso añadir que las
normas técnicas, que son aquellas que sólo buscan evitar los vicios
técnicos de proyección, deben entenderse sin perjuicio de cualquier
otra norma administrativa dictada desde otros puntos de vista. Normas
estas que pueden provenir tanto de las comunidades autónomas como de
la Administración municipal. Mantenemos, por tanto, esta nuestra
enmienda porque creemos que no se ha hecho el esfuerzo suficiente en
el texto de la ley por la salvaguarda de las competencias que tienen
asumidas y por la definición de ellas.
Concluyo diciendo que a mi grupo le parece aceptable, como ya
intuíamos y hemos constatado con su lectura, la nota que nos ha
pasado el letrado, señor Santamaría Pastor, en relación con defectos
técnicos que tiene el anteproyecto. Mi grupo se muestra partidario de
su introducción ya en el texto en este trámite, si es que también los
demás grupos de la Cámara lo aceptan.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Uría.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestro grupo parlamentario quiere manifestar, en primer lugar, que
celebramos el hecho de que estemos hoy discutiendo en este Pleno el
dictamen de la Comisión sobre el proyecto de ley de ordenación de la
edificación. Este acto parlamentario en sí supone de alguna forma una
vacuna contra el pesimismo o el escepticismo de algunos ante una ley
como esta, que llevaba tantos años discutiéndose, ley de equilibrios
difíciles y, en definitiva, compleja. Este trámite supone que estamos
dando un paso decisivo e importante en su aprobación, que debe
producirse, si no hay novedad, dentro del próximo período de sesiones
y no más allá del próximo otoño.
La valoración que realizamos sobre el trabajo en ponencia y Comisión
es, sin lugar a dudas, positiva, porque pensamos que el proyecto de
ley que remitió el Gobierno a la Cámara ha quedado notablemente
mejorado. Estamos especialmente satisfechos de nuestra aportación al
texto del Gobierno desde el momento en que, de las 17 enmiendas que
planteamos, 16 han sido incluidas en ponencia o Comisión, ya sea de
forma literal o mediante transacciones.
Como aspectos positivos a destacar, la inclusión de las enmiendas de
nuestro grupo parlamentario ha resultado un paso adelante en la
clarificación y solución del complejo problema de las atribuciones
entre los distintos colectivos profesionales que intervienen en el
proceso de la edificación. También ha supuesto un paso adelante en la
preservación en el respeto a las competencias de las comunidades
autónomas en materia de vivienda y edificación; asimismo, ha supuesto
la inclusión de una serie de mejoras técnicas notables, como es la
mención al colectivo importante y complejo de los subcontratistas e
instaladores, que no existían en el proyecto inicial, o bien la
exigencia de una capacitación profesional suficiente, que viene
garantizada por el hecho de disponer de la correspondiente titulación
académica, de la figura del coordinador y de seguridad e higiene.
Asimismo quiero destacar la mejora de las garantías para el
consumidor que ha supuesto la inclusión de nuestras enmiendas y de
otras enmiendas, tanto en el trámite de ponencia como en el de
Comisión, quien tendrá, a partir del debate en Comisión, conocimiento
de todos los intervinientes en el proceso de edificación. También
contará con la garantía de la profesionalidad o capacitación del
constructor, y asimismo ve reforzados
sus derechos en relación con las garantías derivadas de la mala
ejecución o terminación de la obra. Especialmente me quiero referir,
aunque sólo sea de pasada, a la mejora del artículo que hace
referencia al inicio del cómputo de los distintos plazos de garantía
recogidos en el texto de Comisión.
Anuncio asimismo que retiramos formalmente en este acto nuestra
enmienda número 159 -de hecho es la única enmienda que mantenía viva
nuestro grupo parlamentario-, sin perjuicio de que la reflexión
pausada sobre el texto que apruebe hoy definitivamente la Cámara nos
lleve a presentar otras enmiendas en el Senado, cosa que no descarto
en absoluto.
Por último, con referencia al informe que ha elaborado el letrado
señor Santamaría en relación con una serie de correcciones técnicas,
quiero manifestar nuestra conformidad con él. Por nuestra parte se
puede incluir ya en el dictamen que salga hoy de este Pleno.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Recoder.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Federal de Izquierda
Unida, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Federal de Izquierda Unida mantiene vivas la mayoría de las
enmiendas que hemos venido defendiendo, porque seguimos entendiendo
que es necesaria una mayor concreción del texto legislativo. En este
sentido, proponemos una regulación mucho más extensa y completa de la
que se nos presenta, ya que la consideramos excesivamente corta y que
da unas pautas o directrices demasiado escuetas.
Ya entrando en lo concreto, proponemos que no se puedan construir
edificios en zonas que sean consideradas de alto riesgo, en aquellas
que estén expuestas a catástrofes, o en zonas cuyas características
geotécnicas lo hagan desaconsejable. Proponemos que los edificios se
adapten a su entorno y que sea necesario que la infraestructura, los
servicios y el nivel de equipamiento exigible a cada lugar vengan
dados por el planeamiento urbanístico, debiendo justificarse su
dotación con anterioridad a la construcción correspondiente. De esta
manera, señorías, se evitarían casos a los cuales estamos ya
acostumbrados en muchos ayuntamientos, donde vemos cómo se hacen los
edificios y luego difícilmente se pueden exigir los servicios o las
dotaciones. Por desgracia, poniendo el ejemplo concreto de la Costa
del Sol, vemos que hay experiencias demasiado desagradables y que una
vez entregados los edificios al comprador difícilmente se pueden
corregir.
Por eso tratamos de aumentar los requisitos relativos a la seguridad
de las edificaciones de manera que se asegure que estos no quedan en
meras declaraciones de intenciones, sino que deben cumplirse. Sería
importante que hubiese quedado claro en la ley que hay querealizar
estudios para conocer cuál es el lugar más
apropiado para asentar un nuevo edificio, con el fin de evitar
situaciones que, repito, tienen difícil solución.
También creemos que hubiese sido necesario asegurar el control de la
legalidad por parte de las administraciones locales y autonómicas,
dejando bien claro que cada proyectista debe ser responsable de su
proyecto y que a su vez éste es parte del proyecto global, dando una
mayor claridad a la hora de definir la figura del constructor y de
exigir unas mayores garantías para acceder a dicha actividad. De esta
manera podríamos evitar actuaciones especulativas que, repito, sobre
todo en determinadas zonas del Estado, están dañando demasiado y que
al final hacen que el comprador se vea indefenso para recurrir.
Igualmente creemos que es necesario evitar una práctica común en las
obras de edificación que nosotros pensamos que vulnera las medidas
mínimas de seguridad y de salud. Entendemos que no puede ser positivo
dejar al Gobierno -a éste o a otro que pueda venir- que arbitre el
desarrollo reglamentario, sino que éste se debe llevar a cabo a
través de los correspondientes reales decretos.
Por último, hay que evitar que los propietarios de los edificios
sobre los que pueda recaer declaración de ruina económica puedan
alegar dicha causa para instar el desahucio de los pisos o de los
locales, de manera que los arrendatarios salgan un poco mejor parados
que en la actualidad.
Señor presidente, repetimos lo que ya dijimos en su día, cuando se
presentó por primera vez lo que entonces era un proyecto de ley.
Entendemos que una exposición de motivos no es una ley, y cuando no
se corresponde de forma adecuada al texto de la ley, podemos pensar,
en cierta manera, que se nos pretende tomar el pelo, ya que no se
concretan las medidas legislativas que esa exposición de motivos dice
defender.
Por tanto, nosotros consideramos que estamos ante una ley necesaria,
que evidentemente lleva un trámite demasiado largo, pero también
creemos que se ha perdido una inmejorable ocasión para haber aprobado
una buena ley que resolviera realmente los problemas. Pensamos que el
ejercicio que se está haciendo aquí se queda corto, y no va a haber
más remedio que ir modificando esta ley, porque la práctica así lo va
a requerir, dados los problemas que empezarán a producirse
inmediatamente después de su aprobación.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Centella.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra el señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, acabamos hoy en esta Cámara el debate de
un proyecto de ley de ordenación de la edificación, traído el 15 de
marzo de 1999, por trámite de urgencia; calculen la urgencia que
habría para
estar el tiempo que ha estado en discusión, en ponencia y Comisión, y
que hoy, día 1 de julio, se celebre su último debate en este Congreso
de los Diputados.
Antes de entrar en el conjunto de las enmiendas, permítanme
indicarles que aceptamos en todos sus términos la nota hecha por el
letrado de la Comisión de Infraestructuras, don Juan Santamaría,
salvo que sí me gustaría proponer que, en su punto segundo, que hace
referencia a la relación del artículo 11.2, apartado d), con el
artículo 17.6, cuando se dice que el constructor contrate con otras
personas físicas, se diga: cuando el constructor subcontrate con
otras personas físicas o jurídicas. Si esa modificación se aceptara,
estaríamos de acuerdo con ello, si no, propondríamos que ese punto
concreto se planteara como enmienda en el Senado por parte del Grupo
Parlamentario Popular o de cualquier otro grupo.
Señorías, si alguien ha leído el debate en Comisión y la contestación
que dio el señor Ortíz a nuestras enmiendas, se puede encontrar con
alguna sorpresa, ya que únicamente hizo referencia a dos temas, que
son importantes, pero que tienen que ver sólo en una pequeña parte
con el conjunto del proyecto de ley. Uno de ellos hacía referencia
explícita a nuestra enmienda número 136, relacionada con las
capacitaciones y atribuciones profesionales. Nosotros seguimos
manteniendo la enmienda porque, a pesar de que se haya podido
plantear un nivel de entendimiento importante, indudablemente creemos
que quedan suficientes flecos como para justificar la existencia de
una enmienda que pretendía solucionar en el futuro una serie de
problemas que se podrían plantear entre los distintos colectivos que
intervienen en la edificación en nuestro país.
En segundo lugar, el señor Ortíz hacía referencia a la contradicción
que nosotros decíamos que existía entre el artículo 19 y la
disposición adicional segunda. En el texto que sale de la Comisión
hay una variación, en el artículo 19, que puede clarificar un poco lo
que va a pasar. Lo que sucede es que, para lo que clarifica, no hacía
falta este viaje; no hacía falta este viaje para hacer lo que han
hecho con el artículo 19 y con la disposición adicional segunda;
porque no tenían por qué hacer referencia ninguna a los daños
causados en los tres primeros años desde la finalización de las
obras. El hecho de que el seguro solamente cubra los diez años y no
cubra el primero y el tercero, que regulan las condiciones de
habitabilidad y los aspectos finales del certificado de obra, lo que
hace es generar inseguridad en determinados sectores y que haya
partes de este proceso que se encuentren sin asegurar, y a pesar de
que las compañías digan que no, ustedes tienen el gobierno para
decidir que esto cambie. Ustedes tienen que tener la capacidad y la
posibilidad de hablar con ellas y decir: Cúbranme todos los riesgos,
no cubran solamente los que les interesan a ustedes o los que pueden
facilitar la existencia de este proyecto de ley, tal y como está
relatado. Señor Ortiz, es cierto que esto genera una discriminación
entre unos colectivos y otros o entre
unos grupos y otros o entre unas personas y otras en función de la
antigüedad de la vivienda y entiendo que a las compañías de seguros
tenían que hacérseles llegar su sentir más solidario con otros
afectados por este tipo de daños.
Seguimos sin tener clara su posición o al menos está muy distante de
la nuestra y no lo entiendo, es un proyecto de ley que debiera haber
alcanzado mayor consenso. De 57 enmiendas que hemos presentado nos
aceptan cuatro y transan dos y cedemos en esa transacción para buscar
aproximaciones, por lo que nos encontramos con las 51 enmiendas
restantes que obedecen a un estricto reconocimiento de todos aquellos
problemas que existen en la edificación. Todos los sectores entienden
que tiene que haber una cobertura legislativa, aunque insista en que
es una ley reglamentista. También lo digo yo, porque hay suficientes
conflictos en este proceso de la edificación que tienen que estar
regulados por ley y no por lo que le venga en gana al Gobierno en un
momento determinado. Nos van a obligar a que cuando ganemos las
próximas elecciones tengamos que darle la vuelta a esta ley, por no
atreverse ustedes a regular aspectos básicos de la edificación,
completar la definición, el no intentar comprender dentro de la
edificación todo el proceso, desde que nace la idea en la cabeza del
promotor hasta la demolición del edificio.El no intentar que dentro
del proceso de edificación se hallen perfectamente contemplados todos
los sectores que intervienen, señor Ortiz, y no una mera nominación
de los mismos, es no querer reconocer la existencia de una serie de
derechos, de una serie de garantías que el usuario tiene que tener.
Ustedes han aceptado, señor Ortiz, que el libro del edificio tiene
que existir y no lo han aceptado porque lo hayamos propuesto
nosotros, no me venga vendiendo motos raras. Lo han aceptado porque
en otras comunidades existe esa práctica y saben que es buena. Nos
alegramos de que ustedes hayan aceptado esa enmienda que hemos
planteado nosotros, pero ese libro del edificio, que defiende los
intereses de los usuarios, que somos todos, tiene que ser un libro en
el que se contemple todo lo que pasa en el edificio y todo lo que
pasa en el edificio es lo que tiene que venir contemplado en la ley.
Cuando hablamos de seguridad laboral o cuando hablamos de medidas de
protección ambiental o cuando hablamos de derechos de los usuarios o
cuando hablamos de conservación del patrimonio inmobiliario o cuando
hablamos de protección del medio urbano, son aspectos que inciden
directamente en la calidad de vida de los ciudadanos, que inciden
directamente en la estructura de un edificio, que inciden
directamente en un proyecto de ley completo, complejo pero completo.
Ustedes se han aprovechado de la mecánica parlamentaria, y luchar
contra el muro de la mecánica parlamentaria es muy complicado, sobre
todo cuando no se quiere ceder en cosas que son objetivamente
aceptables. No hay aquí planteamientos ideológicos, señor Ortiz. Aquí
hay planteamientos de gestión de funcionamiento
en un determinado sector de la construcción en España en el
que se están poniendo encima de la mesa aspectos que objetivamente
son perfectamente reconocibles y asumibles por todos.
Ustedes pueden tener algún problema en los aspectos medioambientales;
ustedes han presumido y presumen de haber creado un Ministerio de
Medio Ambiente y ustedes tenían que entender que esas políticas
ambientales no son políticas verticales, sino horizontales y en la
edificación inciden políticas ambientales. El hecho de que en
nuestras enmiendas planteemos que debido a la aplicación de un
convenio de Naciones Unidas sobre el cambio climático tiene que haber
un certificado energético, no estamos haciendo mas que cumplir algo
que nuestro Gobierno ha firmado y está dispuesto a cumplir. ¿Y por
qué razón no se cumple en este proyecto de ley? ¿Es que es una
apetencia nuestra, es algo que no tenga justificación? Yo creo que es
una enmienda razonable que obedece a unas decisiones que se han
adoptado por un conjunto de países y que nosotros deberíamos estar
dispuestos a cumplir, y sin embargo ustedes se empecinan en que las
cosas no pueden ir en esa dirección.
Señor Ortiz, respecto a los aspectos básicos relacionados con la
seguridad estructural, con la habitabilidad o con la seguridad en el
terreno, recogiendo las condiciones geotécnicas del mismo, ustedes
han elaborado una especie de declaración de buenas intenciones que,
como es lógico, van a someter a la consideración del Gobierno para
que éste haga lo que le venga en gana. Creo que es de suficiente
entidad hablar de las condiciones de habitabilidad del edificio en
este proyecto de ley y que no hubiera pasado nada porque hubieran
aproximado sus posiciones a las nuestras. Pero ustedes se han
empecinado en que no, y como tienen los votos de los dos grupos
parlamentarios que les apoyan para sacar adelante lo que ustedes
quieren sacar, están sacando una ley fuertemente contestada. Los
sectores afectados por este proyecto de ley, señor Ortiz, los
sectores que han hablado con usted y con nosotros, cuando han visto
el contenido de nuestras enmiendas me han dicho y han dicho a mi
grupo que eran razonables, asumibles, que eran unas enmiendas que,
incluidas en el texto de ley, garantizaban la seguridad para el
promotor, para el constructor, para el proyectista, para el
profesional de una u otra titulación que tiene que acometer su
trabajo parcial o general del proyecto; para las compañías de
seguros, que tienen que asegurar con sus pólizas los daños que se
produzcan y que tienen que garantizar los derechos de los usuarios;
para los trabajadores de la construcción, que también deben estar
contemplados en este proyecto de ley y deben tener garantizadas sus
condiciones de salud y seguridad laboral. Creo que todo el mundo está
de acuerdo en que este proyecto de ley tiene que ser completo, aunque
complejo, y ustedes están empecinados en que tiene que ser un
proyecto de ley de declaración de intenciones. Si esa es la
diferencia, allá ustedes, pero estángenerando una inseguridad que no
van a suplir con una
norma de rango inferior. No, porque las normas de rango inferior,
según como estén dictadas y elaboradas, pueden ser objeto de recursos
futuros y pueden ser objeto de inseguridad y de interpretación. Y los
que somos abogados, señor Ortiz, que aquí somos unos cuantos y
defendemos unos intereses determinados, sabemos interpretar las
normas en función de muchas cosas, y no me gustaría que este proyecto
de ley que hoy se va a aprobar aquí con los votos de ustedes y que va
a llegar al Senado supusiera la generación de inseguridad jurídica y
la posibilidad de que existan interpretaciones que no respondan a los
criterios de calidad de la edificación que tiene que haber en este
país. Ya han dicho varios portavoces que esta es una ocasión perdida,
y efectivamente lo es, y lamento mucho que ustedes no hayan sido
capaces de ofrecer las más mínimas transacciones en las que se pueda
ver la voluntad -han ofrecido dos, y las aceptamos en Comisión- de
considerar aspectos que tienen que ver con la habitabilidad, con la
estructura del edificio, con las cuestiones medioambientales, con la
salud y la seguridad de los trabajadores, incluso con el código
técnico de la edificación que ustedes han aceptado pero cuyo
desarrollo demoran dos años. ¿Por qué razón no lo plantean en seis
meses, como decíamos nosotros? ¿O es que eso tampoco les gusta?
Respecto a los seguros, señor Ortiz, creo que es un aspecto que
también deberían ustedes reconsiderar.
En definitiva, señor presidente, señorías, las enmiendas que nosotros
planteamos en modo alguno suponen una apreciación exagerada y
exacerbada de un texto legal ni responden en modo alguno a la
intención de poner zancadillas en ningún proceso, sino que son todo
lo contrario, es decir, van dirigidas a colaborar en que el proceso
de edificación sea más claro, más nítido y más transparente y en que
haya mayor seguridad para todos los agentes que participan en el
mismo para que se desarrolle sin ninguna dificultad y van dirigidas a
que los usuarios, cuando tengan el libro del edificio, sepan que el
edificio en el que van a vivir o que van a usar para sus negocios
responde a las mínimas condiciones de garantía, seguridad,
habitabilidad o higiene...
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Vaya terminando, señor
Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: ...que tiene que tener todo edificio en
nuestro país en cumplimiento de las exigencias europeas y de las
exigencias que nuestra propia sociedad está demandando cada día.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Morlán.
¿Algún grupo desea consumir un turno en contra? (Pausa.)
Fijación de posiciones.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ortiz
para fijar la posición de su grupo.
El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Señor presidente, señorías, voy a hacer unas
precisiones iniciales respecto a las dos cuestiones que ha planteado
en el pórtico de su intervención el señor Morlán. La primera se
podría denominar la ridiculización de la urgencia. Le podría abrumar,
señor Morlán, con proyectos de ley que ustedes han presentado a esta
Cámara en el pasado por el trámite de urgencia y luego han durado lo
que han durado. Y, por otra parte, permítame que le diga que la razón
por la que el proyecto ha tenido un trámite largo ha sido
precisamente, y no se le oculta a S.S., la búsqueda del consenso, la
búsqueda del consenso con los grupos, con los sectores afectados, y
con los profesionales afectados. Al hablar de los profesionales
afectados no tengo más remedio que mirar hacia la tribuna y agradecer
la presencia de buen número de representantes de colegios
profesionales que me parece que con su presencia avalan la bondad del
proyecto o al menos su proximidad al texto del proyecto en el momento
presente. Y en un tono menor, naturalmente, señor Morlán, le acepto
la propuesta de modificación, que consiste fundamentalmente en hablar
de subcontratar en lugar de contratar. Si esa era su objeción a
aceptar la corrección técnica que ha formulado el letrado don Juan
Santamaría, no hay ningún inconveniente y no hace falta que el tema
se lleve al Senado o se presente allí una enmienda al respecto.
Quiere manifestar mi grupo en este trámite final del proyecto de ley,
a través de mi voz y de mi persona, su satisfacción por haber
intentado y logrado en bastante medida una ley consensuada, en todo
caso, una ley absolutamente dialogada y espero -estoy seguro- de que
en trámites ulteriores no controvertida. Es una ley importante desde
el punto de vista de la vida cotidiana de nuestros ciudadanos, y
tanto en los objetivos fundamentales que persigue como en su
consecución: fomentar la calidad de la edificación, delimitar las
responsabilidades de los intervinientes en el proceso edificatorio
y establecer garantías a los usuarios, dará satisfacción a las
aspiraciones del conjunto de los ciudadanos y encontrará cauces para
resolver la cuantía importante de reclamaciones que se producen en el
sector.
Para nosotros, la ley tiene dos características fundamentales que
explican que no le guste al portavoz del Grupo Socialista. Esta ley
debía ser, para nosotros, una ley general y básica con una normativa
reglamentaria, sea la que sea, pero fundamentalmente representada por
el código técnico de la edificación. Naturalmente, no tendría sentido
aceptar la sugerencia del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de
legalizar el código citado en el sentido de que se aprobara por ley,
lo que significaría que cualquier retoque en una normativa técnica
muy pormenorizada y muy detallada tendría que venir a la aprobación
de esta Cámara.
En segundo lugar, es una ley sencilla. No puedo aceptar, señor
Morlán, algo que ha dicho usted en la última parte de su
intervención, que la seguridad jurídica tenga que ver con la longitud
de las leyes. Porque si
su texto, ese espléndido -utilizo el adjetivo expresado por S.S.-
proyecto de ley de ordenación de la edificación que ustedes
presentaron en la frontera entre la pasada legislatura y ésta, ese
espléndido proyecto, digo, tenía no sé cuántos, 50 ó 60 artículos, y
el nuestro tienen veintitantos, tenga la seguridad S.S. -y verá que
utilizo la palabra seguridad- de que la seguridad jurídica -se lo
dice un jurista avezado; usted también lo es- no tiene nada que ver
con la longitud de las disposiciones legales. Puede haber leyes
larguísimas que generan una inseguridad jurídica colosal. Podría
citar alguna producción normativa de próximas pasadas legislaturas
donde no se ha logrado precisamente la seguridad jurídica a través de
esos textos complejos, largos, típicamente reglamentistas, fruto de
su afán por el intervencionismo de la Administración en todo o en
casi todo.
He dicho que es un ley básicamente consensuada y la voluntad de
consenso se ha expresado en las enmiendas. Quiero recordar que mi
grupo parlamentario, en la ponencia, aceptó de entrada 22 ó 23
enmiendas y propuso otras tantas enmiendas transaccionales. Comprendo
que alguna de ellas no le haya gustado a S.S. y ha hecho muy bien en
no aceptar la transacción, pero tendrá que reconocer que hemos
incorporado bastantes sugerencias o enmiendas de su grupo. La
enmienda número 92, sobre higiene y medio ambiente; la enmienda
número 94, sobre el código técnico de edificación, y, por cierto,
señor portavoz del Grupo Socialista no nos pidan a nosotros lo que
ustedes no fueron capaces de hacer, no nos pida usted que el código
técnico de la edificación esté elaborado en seis meses cuando ustedes
en su espléndido proyecto también se concedían a sí mismos dos años
para la elaboración de ese código, que es justamente el plazo que
figura en el proyecto que ahora debatimos y que, sin duda, vamos
a aprobar.
Hemos incorporado el libro del edificio, en el bien entendido de que
los contenidos básicos del dichoso -perdón por el adjetivo- libro del
edificio estaban en el proyecto de ley. Lo que hemos incorporado ha
sido la semántica; yo sabía que a usted le encantaba la expresión
libro del edificio y es lo que hemos incorporado; las exigencias de
documentación estaban ya en el proyecto de ley, no nos las hemos
sacado de la manga. Hemos incorporado las enmiendas números 104 y 106
sobre proyectos parciales y colaboraciones parciales; hemos
incorporado, por sugerencia de su grupo y del de Izquierda Unida, esa
especie de paradigma o de parámetro que recuerda aquello de la
diligencia de un buen padre de familia del Código Civil, que es la
referencia a las reglas de buena construcción. Pues bien, hemos
incorporado la alusión y la referencia a las reglas de la buena
construcción. Y naturalmente no hemos incorporado -y ahí está la
discrepancia fundamental- todos los aspectos que nos sacarían de esa
ley general, de esa ley básica, de esa ley de principios
fundamentales que nos incorporarían a otro concepto distinto, que es
el suyo seguramente, el de una ley, que
usted ha dicho con un eufemismo evidente, completa, pero compleja.
Pues bien, nosotros hemos hecho una ley completa y no compleja y,
desde luego, no reglamentista. Dejaremos esos detalles, que a usted y
a la diputada que tiene en su vecindad en este momento les encantaría
incorporar, tales como el certificado energético, la prohibición del
amianto, las referencias pormenorizadas a los ruidos, etcétera,
porque nos habríamos salido de esa ley general y básica que nos
habíamos propuesto.
Ha hecho usted una referencia al tema de las titulaciones y a los
problemas de relación con los colegios profesionales y no tengo más
remedio que detenerme un minuto en esta cuestión. Es bien sabido que
el proyecto inicial del Gobierno no incorporaba una regulación de las
competencias en función de las titulaciones y que sólo porque se
logró un consenso de todos los profesionales afectados se incorporó
al texto del proyecto. Si después este consenso se ha roto a pesar de
los esfuerzos por reconstruirlo -y miro al Grupo de Convergència i
Unió y al Grupo Parlamentario Popular-, si a pesar de ello, la
totalidad del acuerdo no se ha logrado, y cuando hablo de la
totalidad del acuerdo me refiero a dos colectivos -como se dice
ahora- discrepantes sobre 17, espero que en los trámites ulteriores
esto se consiga y, desde luego, no ha sido por no intentarlo el
Gobierno, el grupo que le apoya y los grupos socios en tantas cosas y
también en esta materia. Dije en el debate en Comisión que atribuir a
estos dos colectivos la posibilidad de modificar el texto sin el
consenso del conjunto de los colegios profesionales afectados sería
tanto como atribuirles un derecho de veto, y aquí no estamos para
atribuir a nadie derechos de veto ni posiciones de privilegio.
Siguiendo con la temática que S.S. ha abordado -y le agradezco que
haya personalizado en el señor Ortiz, que soy yo, nada menos que el
peso de la ley, pero la ley es del Gobierno y uno es el modesto
ponente y portavoz, como lo es S.S., de su grupo parlamentario- y
ciñéndome a esos temas, quiero decirle -y me remito a la explicación
que le di en el debate en Comisión- que sigo sin ver la contradicción
entre el artículo 19 y la disposición adicional segunda. Ahorro a S.
S. la reiteración de aquellos argumentos y me remito a ellos, ya que
sin duda figuran en el «Diario de Sesiones». (El señor
vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
En cuanto a los riesgos y a su sugerencia de que actuemos, no sé a
través de qué poderes, cerca del mundo del seguro, tengo que
recordarle que se trata de un problema de estilo y de talante
político. Nosotros creemos en el mercado y no creemos en los mensajes
o en la imposición a los sectores. El problema de los riesgos se
resuelve en el ámbito del mercado y el mercado sabrá reaccionar
convenientemente.
No tenemos, señor Morlán, discrepancias sustanciales -se lo dije en
Comisión y se lo reitero ahora- ni en los principios de la ley, ni en
los criterios básicos, ni en los objetivos, pero sí tenemos
discrepancias, y lo
acabo de reiterar, en el estilo de la ley, en el aire reglamentista
y de intervención, y esta es la razón por la que seguimos sin aceptar
algo así como 50 enmiendas de su grupo, que todavía están vivas; esta
es la razón.
Confío en que no tenga pronto oportunidad de cumplir su pronóstico de
que van a derogar la ley. Ese mensaje de: cuando gobernemos vamos a
derogar la ley, se lo hemos oído tantas veces a su grupo que, de
verdad, no nos impresiona. Insisto, confiamos en que pase mucho
tiempo hasta que ustedes tengan esa oportunidad. Desde luego, de cara
al marzo próximo no parece que sea la oportunidad que ustedes
esperan.
Todos hemos padecido y padecemos la mecánica parlamentaria, y lo que
sí le aseguro es que en la mecánica parlamentaria -de la que ustedes
nos acusan o nos dicen que nos ha beneficiado ahora- fíjese usted si
tenemos experiencia: 14 años padeciendo el disfrute que ustedes
hacían, como Gobierno, de la mecánica parlamentaria.
En cuanto a la normativa comunitaria, con la que me ha abrumado tanto
ahora como en Comisión, le señalaré que hay dos maneras de cumplir la
normativa comunitaria y las normas en general, una es desde la
convicción y desde la sustantividad de la disposición -y el proyecto
cumple normativa comunitaria-, y otra, que es a la que usted apela
siempre, que es el cumplimiento formal.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ortiz, le
ruego concluya.
El señor ORTIZ GONZÁLEZ: El cumplimiento estrictamente formal, el
cumplimiento textual o el cumplimiento en términos de puro derecho
positivo, pero no es ese nuestro estilo ni nuestro talante.
Señorías, respecto al resto de los grupos, agradezco al Grupo de
Convergència i Unió la retirada de su enmienda 159. Creemos que el
problema de competencia autonómica -y lo digo también para la señora
Uría- queda resuelto con la enmienda que hemos incorporado a la
disposición final, que deja a salvo las competencias de las
comunidades autónomas en materia legislativa y de ejecución que
tengan asumidas, sea por la vía estatutaria o sea por la vía de la
posible delegación del artículo 150. Por ello creo que la
problemática del artículo 159 tiene respuesta en este nuevo texto de
la disposición final.
Lo mismo le digo al Grupo del PNV respecto a la enmienda número 34,
que todavía mantiene, y acepto con satisfacción que, a su vez, este
grupo acepte las transacciones que les hemos ofrecido.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Ortiz, le
ruego sea lo más breve posible.
El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Acabo, señor presidente.
En cuanto a otros grupos, no tengo más remedio que hacer una
referencia al señor Chiquillo, simplemente para decirle que este
proyecto de ley, que será ley en
breve, cuando pase el trámite del Senado, y del que este portavoz se
muestra satisfecho, de ninguna manera es una oportunidad perdida; al
contrario, es una oportunidad ganada. Creemos que con este proyecto
de ley se dará satisfacción a las exigencias de calidad, de
definición de responsabilidades de los intervinientes en el proceso
edificatorio y de garantías a los usuarios a través de la fórmula del
seguro.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ortiz.
- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE VARIOS CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS
EN EL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO, PARA REGULARIZAR
LAS INSUFICIENCIAS PRODUCIDAS EN BONIFICACIONES DE CUOTAS DE LA
SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS DE 1996 Y 1997
Y EN EL PREMIO DE RECAUDACIÓN DE LA CUOTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL
PERIODO DE 1995 A 1997, POR IMPORTE TOTAL DE 33.386.436.072 PESETAS.
(Número de expediente 121/000165.)
El señor PRESIDENTE: El punto 14 del orden del día, dentro de los
dictámenes de comisión sobre iniciativas legislativas, el del
proyecto de ley sobre concesión de varios créditos extraordinarios en
el presupuesto del Instituto Nacional de Empleo, no tiene enmiendas.
ACUERDOS DE COMISIONES RELATIVOS A INFORMES DE SUBCOMISIONES:
- ACUERDO DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES, EN RELACIÓN CON EL
INFORME DE LA SUBCOMISIÓN RELATIVA AL CINCUENTA ANIVERSARIO DE LA
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. (Número de expediente
154/000023.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos al
punto 15, dentro del apartado V: Acuerdos de comisiones relativos a
informes de subcomisiones, concretamente el acuerdo de la Comisión de
Asuntos Exteriores en relación con el informe de la subcomisión
relativa al cincuenta aniversario de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
En nombre de la Comisión, para presentar las conclusiones, tiene la
palabra el señor Rupérez.
El señor RUPÉREZ RUBIO: Señor presidente, señorías, con fecha 10 de
diciembre de 1998, precisamente el día en que se conmemoraba el
cincuenta aniversario de la proclamación de la Declaración Universal
sobre los Derechos del Hombre, el Pleno de esta Cámara autorizaba
la constitución de una subcomisión en el seno de la Comisión de
Asuntos Exteriores para proceder a un informe sobre la celebración de
este cincuentenario y establecía que la mencionada subcomisión
emitiría un informe sobre la política española de promoción y
protección de los derechos humanos por áreas geográficas y convenios
internacionales, tal como recoge el Comité de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas, cuyas conclusiones y recomendaciones elevará, para
su aprobación a la Comisión de Asuntos Exteriores, que a su vez
propondrá el debate, y eventualmente la aprobación, de una resolución
por el Pleno del Congreso de los Diputados.
Me cumple la honorable y honrosa tarea, que además hago en nombre de
todos y cada uno de los miembros que han participado en los trabajos
de la subcomisión, de presentar esta resolución y de recabar de SS.
SS. su voto, que espero favorable, tan favorable como lo ha sido en
la Comisión de Asuntos Exteriores, donde el texto que someto ahora a
su consideración ha sido aprobado con el consenso de todos los grupos
parlamentarios. Quiero simplemente recordar, señor presidente, que a
este texto han sido mantenidas cuatro reservas que proceden del
diputado don Manuel Alcaraz, de Nueva Izquierda, incluido en el Grupo
Mixto, cuya votación global pediré también, con el acuerdo del señor
Alcaraz.
Lo primero que quería resaltar, señor presidente, señorías, al
presentar este informe de la subcomisión, es que en los términos en
que se procedió a su elaboración bien pudiéramos habernos recreado,
pura y simplemente, en la conmemoración de los cincuenta años de la
importante Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y
simplemente proceder a un texto conmemorativo o celebrativo, en gran
parte repetición de lo que allí se decía. Lo que más me gustaría
subrayar en este momento es que el trabajo no ha sido pura y
simplemente una repetición. La resolución que ahora presento a
consideración de SS. SS. refleja una voluntad de proyectar la
creencia y el respeto en el valor de los derechos humanos hacia el
futuro desde una perspectiva donde se percibe una sensibilidad que yo
consideraría claramente renovada y, al mismo tiempo, muy acorde con
los dolorosos aprendizajes que hemos tenido ocasión de conocer en el
curso de los últimos cincuenta años.
Siendo esa la perspectiva global, quería hacer también algunas
referencias concretas a lo que en este momento constituye el
contenido y la sustancia de esta resolución. La resolución se agrupa
en seis capítulos. El primero es el titulado El Derecho internacional
y los derechos humanos en el mundo actual, cuyo texto necesitaría,
quizá con más precisión que los restantes capítulos de la resolución,
una muy atenta lectura. Este texto endosa una concepción universal,
indivisible e interrelacionada de los derechos humanos que, aunque no
sea estrictamente novedoso en el curso de los últimos tiempos, sí
requiere una atención muy particularizada, porque es indudable que en
esa atención lo que estamos
hablando es de una consideración de los derechos humanos que
sobrepasa claramente la pura responsabilidad de la soberanía de los
Estados, que al mismo tiempo se convierte también en un elemento
importante, fundamental, de la relación entre todos los Estados y,
consiguientemente, todos los Estados tienen el derecho y la
obligación de exigir el respeto a cada uno de esos derechos humanos.
Recordamos en ese espacio también cómo, desde ese punto de vista, el
derecho a la intervención humanitaria surge de una manera natural en
esa concepción mucho más profunda y mucho más desarrollada de la
importancia de los derechos humanos, tanto desde el punto de vista de
los principios que deben regir las relaciones entre los Estados como,
al mismo tiempo, desde la necesidad de mantener la estabilidad en las
relaciones internacionales.
Desde ese punto de vista, las referencias a la Carta de las Naciones
Unidas como al Acta Final de Helsinki constituyen alguno de los
aspectos fundamentales de ese primer y preliminar capítulo, que, como
digo, constituye una afirmación contundente, precisa, valiente,
comprometida, de lo que debiera ser la concepción de los derechos
humanos en el futuro de nuestra reflexión, de nuestra actividad
parlamentaria, de nuestra actividad nacional, de nuestra actividad
internacional.
Ese capítulo contiene algunas afirmaciones que me parecen dignas de
ser resaltadas. Por ejemplo, la necesidad de que los principios
éticos y filosóficos que alientan los derechos humanos sean
reafirmados; por ejemplo, la referencia muy favorable que se hace a
la Constitución y al marco legal español como uno de los ámbitos
donde los derechos humanos son mejor conocidos, mejor protegidos y,
al mismo tiempo, la invitación que se hace al Gobierno español para
que haga de los derechos humanos uno de los puntos fundamentales de
su proyección exterior. Pero es que además el documento, con
independencia de esas afirmaciones preliminares, contiene también
toda una serie de catálogos de actuaciones precisas que deben ser
resaltadas.
En primer lugar, el documento contiene un índice detallado de
aquellos tratados y convenios internacionales que España ha suscrito
recientemente o debería suscribir en el contexto general de lo que es
la política española de los derechos humanos. Yo creo que, desde ese
punto de vista, aparte de otras consideraciones de detalle, merece
ser tenida en cuenta la insistencia que la subcomisión ha recogido en
la resolución, precisamente para que todo el proceso de ratificación
del texto y de las obligaciones derivadas del Tribunal Penal
Internacional de Justicia sean efectivamente puestas en práctica.
En ese mismo aliento, en segundo lugar, debe ser subrayado el
capítulo que la resolución dedica a la abolición de la pena de
muerte, propósito que tiene una descripción muy detallada desde el
punto de vista de lo que debería hacer el Gobierno español para
conseguir que esa abolición fuera efectiva y que, por otra parte,
después de los acontecimientos de las últimas veinticuatro horas y de
la misma declaración institucional que
ayer produjo esta Cámara, muestra también cuál es la sintonía, cuál
es la voluntad, cuál es la decisión de todos los grupos representados
en la subcomisión.
En tercer lugar, la subcomisión ha prestado una atención especial a
todos los mecanismos institucionales que hemos estimado importantes
para mantener la tensión protectora de los derechos humanos y, al
mismo tiempo, la tensión de futuro de los derechos humanos. Por
primera vez, en las manifestaciones de esta Cámara se encuentra la
obligación que la resolución contiene para que el Gobierno español
comparezca dos veces por año para explicar cuál es la evolución de la
política de derechos humanos, una con relación al informe anual de la
Comisión Europea sobre este tema y otra con respecto a la reunión
anual de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y
recordamos específicamente que del año 2000 al año 2002 España tendrá
un puesto en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
y hemos puesto un especial interés en subrayar cuáles consideramos
que deben ser las actuaciones de España durante ese importante
período.
En cuarto lugar, hemos dedicado una parcela específica a considerar
todas aquellas acciones que en el terreno educativo, en el terreno
formativo de manera específica, podrían y deberían ser aprovechadas
por el Gobierno español y por toda nuestra sociedad, precisamente
para subrayar y promocionar el conocimiento de los derechos humanos.
Quiero resaltar, aunque pueda parecer anecdótico, la importancia que
tiene, por ejemplo, que hayamos decidido proponer que el Gobierno
distribuya entre todos los nuevos funcionarios un ejemplar de la
Declaración Universal de los Derechos del Hombre y un ejemplar de la
Constitución española y que los mismos dos ejemplares de los dos
textos básicos, de la Declaración Universal y de la Constitución,
sean también distribuidos a todos los nuevos bachilleres, a todos los
nuevos licenciados en los sistema educativos españoles.
Finalmente, hemos dedicado también un capítulo, que tiene una
voluntad de futuro, a la profundización en el concepto y en la
realidad de los derechos humanos, donde hemos considerado alguno de
aquellos derechos que tienen específicamente eso que
convencionalmente se llaman los derechos humanos de tercera
generación. Hemos hecho una mención específica al medio ambiente;
hemos hecho también una mención específica, que me parece
especialmente valiosa, de cómo debemos tener en cuenta cuáles son los
derechos subjetivos protegidos en el caso del medio ambiente para que
su violación contraiga también toda una serie de obligaciones cara a
los derechos humanos; hemos hablado de la necesidad de la
erradicación de la pobreza y de los derechos sociales como base para
que los derechos humanos, individuales o colectivos, puedan
fructificar; de la plena igualdad de las mujeres, de la condena de
cualquier tipo de violencia sexual que se pueda ejercer sobre ellas;
de la promoción de los derechos del niño, de los derechos de asilo,
de los derechos
de los emigrantes; en fin, de la necesidad de prestar una atención
específica a todos aquellos aspectos relacionados con la tecnología
armamentística que pudiera desembocar en una violación de estos
derechos.
No hemos querido hacer un catálogo exhaustivo. No pretendemos haber
agotado todo el conocimiento de los derechos humanos. Sí hemos
querido crear un núcleo de pensamiento y un núcleo de comportamiento
que nos obligue a todos, aquí, en está Cámara, fuera de ella, en este
país y fuera de él, que pueda tener eventualmente la virtud de
convertirse en la columna vertebral de la reflexión futura sobre el
tema de los derechos humanos. Este no es un texto que pueda ser
definido como conteniendo una obligación legal, pero sí es un texto,
si me lo permiten SS.SS., que puede fácilmente incluirse en lo que la
doctrina constitucional llama las convenciones constitucionales. En
la medida en que apuntamos toda una serie de instrumentos de
interpretación, de conocimiento, de promoción de los derecho humanos,
en la medida en que describimos cuáles son las obligaciones del
Legislativo y del Ejecutivo español, en la medida en que proponemos
toda una serie de compromisos y de caminos para comportarse en los
derechos humanos, creo que estamos procediendo a la creación o al
apunte de esas convenciones constitucionales que tan enormemente
útiles son para el desarrollo mismo del sentido del espíritu
constitucional, de una Constitución que, como todos ustedes saben,
señorías, tiene una voluntad muy clara de positivación de lo que son
las afirmaciones contenidas en el preámbulo, en el título preliminar
o en el título I de la Constitución sobre estos derechos.
El reconocimiento de la universalidad de los derechos humanos y de
los mecanismos internacionales para su defensa, el establecimiento de
la relación necesaria entre derechos humanos, los principios que los
inspiran y los sistema democráticos y la plasmación de medidas y
mecanismos para su plena efectividad son, en resumen, los aspectos
esenciales de este documento. Consiguientemente, me parece que es un
instrumento precioso para la futura evaluación e interpretación de
los derechos humanos en nuestro país.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Rupérez,
le ruego concluya.
El señor RUPÉREZ RUBIO: Voy concluyendo.
Señor presidente, señorías, para mí, como presidente de la
subcomisión que ha elaborado este texto, como presidente de la
Comisión de Asuntos Exteriores que, por consenso, ha aprobado también
su texto, quiero transmitirles la profunda satisfacción, el profundo
honor que en este momento me embarga al transmitirles el informe
sobre el texto aprobado y al pedirles su aprobación. Lo hago, como
antes decía, en nombre de todos y cada uno de los miembros de la
subcomisión, cuyos trabajos han estado presididos siempre por un
excelente espíritu de consenso. La prueba es este texto
que ha recogido los pareceres favorables de todos los miembros.
Por ello, señor presidente, quiero específicamente agradecerles a don
José María Robles Fraga, a doña Alicia Castro, a don Guillermo
Gortázar, por el Grupo Parlamentario Popular; a doña Blanca García
Manzanares y a doña Matilde Fernández, por el Grupo Socialista; a don
José Navas, por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; a
don Ricard Burballa, por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió); a doña Margarita Uría, por el Grupo Parlamentario Vasco
(EAJPNV); a don Luis Mardones, por el Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, y a don Manuel Alcaraz, del Grupo Parlamentario
Mixto, de Nueva Izquierda, su colaboración, por el espíritu, por el
trabajo que hemos realizado. Me gustaría que ese trabajo realizado
con esta voluntad y capacidad de consenso sirviera también de ejemplo
para otras tareas políticas de esta Cámara y fuera de la misma. Estoy
convencido que lo realizado, aparte de ser un buen texto, es un
excelente precedente de cómo los grupos parlamentarios pueden y deben
trabajar cuando se trata de cuestiones que afectan directamente a
nuestra democracia, directamente a nuestra concepción de la misma,
directamente a nuestra concepción de los derechos humanos y de su
puesta en práctica.
Por todo ello, a todos ustedes, señorías, a todos los miembros de la
subcomisión, muchísimas gracias. (Aplausos.)
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rupérez. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS (VOTACIONES):
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a las votaciones
correspondientes a los últimos puntos del orden del día que han sido
debatidos, comenzando por las enmiendas que se mantienen al dictamen
de la Comisión sobre el proyecto de ley de régimen del personal de la
Guardia Civil, y, dentro de ellas, por las del señor Chiquillo, del
Grupo Mixto. En primer lugar, las números 21, 25, 31 y 33.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, dos; en contra, 279; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del señor Chiquillo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
290; a favor, 16; en contra, 272; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda de la señora Rivadulla y del señor Alcaraz Ramos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
292; a favor, 15; en contra, 275; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria, comenzando por la 279, 281
y 284.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, siete; en contra, 285; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del mismo grupo números 277, 278 y 290.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, siete; en contra, 272; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 22; en contra, 271; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 19; en contra, 277.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Socialista números 243 y 244.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 118; en contra, 161; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 136; en contra, 159; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a la votaciones correspondientes al dictamen, comenzando por
el bloque constituido por los artículos 10.2.a), 10.5, 20.1.a), 20.2,
28.4, 62.2 y 66.2.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 157; en contra, 18; abstenciones, 120.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votamos el artículo 82.1.c) y e).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 154; en contra, 131; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Resto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 278; en contra, 16; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos a la votación de las enmiendas al dictamen del proyecto de
ley de ordenación de la edificación, comenzando por las del Grupo
Parlamentario Mixto y, dentro de ellas, las del señor Chiquillo. En
primer lugar, la número 35.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, tres; en contra, 290; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Número 36.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, tres; en contra, 168; abstenciones, 124.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Número 37.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 123; en contra, 169; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 42, 43, 48 y 52, del señor Chiquillo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 137; en contra, 158; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 41.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, uno; en contra, 287; abstenciones, ocho.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 49.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, tres; en contra, 161; abstenciones, 132.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 51.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, dos; en contra, 277; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Restantes enmiendas del señor Chiquillo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 10; en contra, 163; abstenciones, 123.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a las enmiendas de la señora Lasagabaster, comenzando por las
números 3 y 8.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 127; en contra, 160; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 7.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 127; en contra, 169.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Al haber sido retirada la enmienda número 6, votamos las restantes
enmiendas de la señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 136; en contra, 159.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos, en una sola votación, a las enmiendas del señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 137; en contra, 159.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV). En primer lugar,
enmienda número 34.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 18; en contra, 273; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Popular a la enmienda
número 23, del Grupo Vasco.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 290; en contra, cuatro; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la transaccional.
Transaccional del Grupo Parlamentario Popular a la enmienda número
29, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 282; en contra, uno; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
comenzando por las números 65, 66, 75 y 79.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 13; en contra, 276; abstenciones, siete.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 67 y 69.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 16; en contra, 163; abstenciones, 116.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Restantes enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 133; en contra, 160; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos conjuntamente todas las enmiendas del Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 133; en contra, 160; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Si no hay oposición, se incorporarán al dictamen las correcciones
técnicas del informe del letrado de la Comisión con la modificación
planteada por el portavoz del Grupo Socialista, señor Morlán. ¿Están
de acuerdo los restantes portavoces? (Asentimiento.)
Pasamos entonces a la votación del dictamen, comenzando por los
artículos 1, 5, 6, 16, 18.2, 19.8 y 20, y disposiciones adicional
segunda, dos y finales segunda y tercera.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 159; en contra, 134; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados los referidos artículos y
disposiciones del dictamen.
Votamos ahora los artículos 2, 4, 9, 11, 12, 13, 17, 18.1, 19.1.2.5.7
y la exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 160; en contra, 10; abstenciones, 126.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Resto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 282; en contra, 11; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el resto del dictamen.
Pasamos así al proyecto de ley sobre concesión de varios créditos
extraordinarios en el presupuesto del Instituto Nacional de Empleo
por importe global de 33.000 millones de pesetas. No se han mantenido
enmiendas y, por tanto, se somete a votación el dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 295.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
ACUERDOS DE COMISIONES RELATIVOS A INFORMES DE SUBCOMISIONES
(VOTACIONES):
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las votaciones del punto V del orden
del día: Acuerdo de la Comisión de
Asuntos Exteriores en relación con el informe de la subcomisión
relativa al cincuenta aniversario de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos.
Se someten a votación, en primer lugar, los votos particulares del
Grupo Mixto, señor Alcaraz.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
294; a favor, 16; en contra, 276; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.
Votación del acuerdo de la Comisión.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
294; a favor, 292; en contra, uno; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el acuerdo.
Finalizado el orden del día del Pleno extraordinario,
les deseo que descansen.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y treinta y cinco minutos de la tarde.