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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 251, de 30/06/1999
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CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE



Año 1999 VI Legislatura Núm. 251



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE



Sesión Plenaria núm. 243



celebrada el miércoles, 30 de junio de 1999



ORDEN DEL DÍA:



Preguntas . . . (Página 13356)



Interpelaciones urgentes:



- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre las medidas que piensa
adoptar el Gobierno en política universitaria. (Número de expediente
172/000164.) . . . (Página 13378)



- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas para garantizar el
cumplimiento de determinados códigos de conducta en la Agencia
Estatal de Administración Tributaria y, en general, en la
Administración. (Número de expediente 172/000166.) . . . (Página 13387)



- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política de residuos,
envases y residuos de envases. (Número de expediente 172/000172.) . .

. (Página 13387)



- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el
régimen de reparto de las ayudas europeas provenientes de la Política
Agraria Común (PAC). (Número de expediente 172/000173.) . .

(Página 13398)



Página 13352




S U M A R I O



Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.




Preguntas . . . 13356



De la Diputada doña María Reyes Montseny Masip, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Cuáles han sido las principales medidas desarrolladas desde el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para luchar contra la
morosidad a la Seguridad Social? (Número de expediente 180/001899.) .

. . 13356



Del Diputado don Damián Caneda Morales, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas se
están adoptando desde el Gobierno para combatir la precariedad del
empleo? (Número de expediente 180/001900.) . . . 13357



De la Diputada doña María José Camilleri Hernández, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
valoración hace el Gobierno en relación a la medida para combatir el
desempleo femenino denominada «Coste Cero»? (Número de expediente
180/001901.) . . . 13358



Del Diputado don Josep Corominas i Busqueta, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué hospitales públicos han
pedido al INSALUD ser convertidos en Fundaciones? (Número de
expediente 180/001891.) . . . 13359



Del Diputado don José Enrique Moratalla Molina, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo valora el Gobierno las
convocatorias de huelga en el sector sanitario? (Número de expediente
180/001892.) . . . 13360



Del Diputado don Jaime Blanco García, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿A qué espera el Gobierno para
adoptar alguna iniciativa en materia de salud pública? (Número de
expediente 180/001893.) . . . 13361



De la Diputada doña Mercé Rivadulla Gracia, del Grupo Parlamentario
Mixto, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las previsiones del
Gobierno para la ejecución del Canal Segarra-Garrigues? (Número de
expediente 180/001882.) . . 13362



De la Diputada doña María Luisa Bartolomé Núñez, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué está haciendo el
Ministerio de Medio Ambiente para proteger el marjal de Pego-Oliva?
(Número de expediente 180/001890.) . . . 13363



Del Diputado don Francisco Amarillo Doblado, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas piensa adoptar el
Gobierno en relación con las irregularidades denunciadas por los
medios de comunicación sobre los gastos del presidente de la empresa
pública «Alimentos y Aceite, S. A.» (ALYCESA)? (Número de expediente
180/001888.) . . . 13364



De la Diputada doña Ana Isabel Leiva Díez, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede el Gobierno garantizar que
no se han elaborado piensos o materias destinadas a la alimentación
con aceites reciclados procedentes de Bélgica, de alto riesgo en las
circunstancias actuales? (Número de expediente 180/001889.) . . 13365



De la Diputada doña Amparo Rubiales Torrejón, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Confirma el Gobierno que está
dispuesto a reconocer el censo de población de 1996



Página 13353




a la financiación autonómica en la Comunidad Autónoma de Andalucía?
(Número de expediente 180/001887.) . . 13366



Del Diputado don José Ángel Azuara Carod, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las
previsiones del Gobierno en el desarrollo del proyecto de ventanilla
única empresarial? (Número de expediente 180/001897.) . . 13368



Del Diputado don Ismael Bardisa Jordá, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué ventajas está
suponiendo a los ciudadanos la racionalización de la Administración
Periférica del Estado? (Número de expediente 180/001898.) . . .

13368



De la Diputada doña Rosa Conde Gutiérrez del Álamo, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Excmo. Sr.

Ministro de Industria y Energía y Portavoz del Gobierno: ¿Qué medidas
va a adoptar el Gobierno en relación a RTVE ante los diversos
pronunciamientos de la Junta Electoral Central en la campaña
electoral del pasado 13 de junio y la posición de la mayoría de los
grupos de esta Cámara en la Junta de Portavocesdel pasado 23 de
junio? (Número de expediente 180/001886.) . . . 13369



Del Diputado don Ángel Escuredo Franco, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración hace
el Gobierno de los resultados de las últimas encuestas de coyuntura
industrial correspondientes a los meses de marzo y abril? (Número de
expediente 180/001902.) . 13371



Del Diputado don José Juan González de Txábarri Miranda, del Grupo
Vasco (EAJ-PNV), que formula al Gobierno: ¿Por qué ha inscrito la
Oficina del



Censo Electoral a ciudadanos vascos residentes en el extranjero en el
censo de Madrid? (Número de expediente 180/001883.) . . .

13372



Del Diputado don Juan Manuel Eguiagaray Ucelay, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Excmo. Sr.

Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y
Hacienda: ¿Qué opinión le merecen a Vd. las informaciones remitidas a
esta Cámara por la Agencia Tributaria? (Número de expediente 180/
001884.) . . . 13373



De la Diputada doña Arantza Mendizábal Gorostiaga, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente
Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda: ¿Cuál es el
resultado de la investigación realizada por su Ministerio sobre los
acontecimientos en relación con las actuaciones del Sr. Bermejo que
han aparecido en los medios de comunicación? (Número de expediente
180/001885.) . . . 13374



Del Diputado don Rafael Cámara Rodríguez- Valenzuela, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál
es la posición del Gobierno en relación a las propuestas de
armonización de la imposición energética? (Número de expediente 180/
001896.) . . . 13376



Del Diputado don Pedro Antonio Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, que formula al Excmo. Sr. Presidente del
Gobierno: ¿Cómo piensa conseguir el Gobierno superávit presupuestario
a medio plazo, si al mismo tiempo se reducen los ingresos fiscales?
(Número de expediente 180/001905.) . . . 13377



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Interpelaciones urgentes . . . 13378



Del Grupo Socialista del Congreso, sobre las medidas que piensa
adoptar el Gobierno en política universitaria . . . 13378



Presenta la interpelación urgente la señora Díez de Baldeón García,
en nombre del Grupo Socialista del Congreso. Se queja en primer lugar
de la ausencia del señor ministro de Educación en el debate y
agradece la buena voluntad del señor ministro de Administraciones
Públicas, que viene en su nombre, aunque opina que la interpelación
resultará un diálogo de sordos. Denuncia el hecho de que después de
seis meses del cese de la señora Aguirre las cosas sigan igual en el
Ministerio de Educación. Siguen sin solucionarse los problemas más
urgentes como la inseguridad laboral del colectivo de profesores
asociados y ayudantes, pasando a criticar detenidamente el plan
propuesto, y considera que el Ministerio de Educación parece más
interesado en publicitar medidas vacías que en ser verdaderamente
eficaz. Asimismo, añade, sigue sin solucionarse la movilidad de los
estudiantes universitarios, aunque anuncian a bombo y platillo que se
ha incrementado dicha movilidad; tampoco se ha llevado a cabo la
anunciada reforma de la selectividad, ni se atienden algunas
descoordinaciones del sistema universitario como es la disparidad de
las tasas universitarias. Finalmente plantea una serie de preguntas,
que reconoce que son ajenas a la responsabilidad del ministro de
Administraciones Públicas, y manifiesta que el Gobierno ha sido
ineficaz en la política universitaria, porque no hace sino publicidad
engañosa y produce recortes intolerables en la política de becas y
ayudas a estudiantes.




En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Administraciones
Públicas (Acebes Paniagua), que disculpa la ausencia del señor
ministro de Educación y Cultura, y anuncia que va a dar la opinión
del Gobierno en política universitaria, expuesta ya por el señor
Rajoy en su primera comparecencia ante la Comisión. Asegura que, al
igual que en 1983 los gobiernos socialistas tuvieron que afrontar el
reto de la cantidad, hoy en día el Gobierno del Partido Popular está
afrontando el reto de la calidad en la docencia, en la investigación
y en la gestión del servicio público universitario, por lo que
discrepa de la afirmación de la señora Díez de Baldeón en el sentido
de que exista una indefinición en la política del Ministerio de
Educación y Cultura. Considera que conseguir una universidad española
dinámica y competitiva es tarea de todos y hay que aportar soluciones
y no acudir a la descalificación global. A continuación
pasa a contestar las cuestiones planteadas por la
interpelante y confía en que se despejen las dudas de la señora
interpelante.




Replica la señora Díez de Baldeón García, duplicando el señor
ministro de Administraciones Públicas.




En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Gil i
Miró, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Aramburu
del Río, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y el
señor Guerra Zunzunegui, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.




Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política de residuos,
envases y residuos de envases . . . 13387



Presenta la interpelación el señor Pérez de Tudela Molina, en nombre
del Grupo Socialista del Congreso. Manifiesta que esta interpelación
es una visión del pasado con proyección de futuro, porque hace tres
años que el Partido Popular ostenta el Gobierno y, hasta la fecha,
según opinión de su grupo, se ha dedicado a justificar su acción de
gobierno mirando atrás, buscando la respuesta fácil, y en muchos
casos falseada, en los gobiernos socialistas e intentando socavar la
política de control que corresponde a la Cámara y en especial a la
oposición. Critica duramente la política llevada a cabo por la señora
ministra de Medio Ambiente y afirma que la Ley de envases y residuos
de envases que entró en vigor el 26 de abril de 1997 y la Ley de
residuos de 21 de abril de 1998 resultan inaplicables en sus aspectos
fundamentales. Afirma que estas leyes no son de utilidad porque no se
han desarrollado los mecanismos imprescindibles, como planes y
programas nacionales y los reglamentos de desarrollo de ambas leyes,
y pasa a preguntar a la señora ministra, ejerciendo la acción de
control, sobre una serie de aspectos de la política de residuos y
sobre el cumplimiento de los compromisos contraídos.




En nombre del Gobierno contesta la señora ministra de Medio Ambiente
(Tocino Biscarolasaga). Afirma que, a pesar de la afirmación del
señor interpelante, éste no quiere hablar del pasado y del futuro con
relación a residuos, sino lanzar una serie de improperios sobre la
falta de compromisos, la inoperancia o la actitud del Gobierno de no
quererse someter al control del Parlamento. Rechaza todas las
acusaciones y pasa a contestar a las cuestiones planteadas sobre
Aznalcóllar, Doñana y los compromisos asumidos en esta legislatura.

Ante la acusación del señor interpelante de que no se hayan cumplido
algunas de las previsiones de las leyes aprobadas en



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1997 y 1998 sobre envases y residuos, denuncia el hecho de que los
socialista dejaron el poder, después de catorce años gobernando, con
una única ley de residuos del años 1975. Afirma que la protección
ambiental en materia de residuos está en estos momentos en igualdad
de condiciones que la de la Unión Europea, incorporándose al derecho
interno la misma normativa comunitaria que tienen los otros países,
cosa que no existía cuando ellos llegaron al poder.




Replica el señor Pérez de Tudela Molina, duplicando la señora
ministra de Medio Ambiente.




El señor Pérez de Tudela Molina pide la palabra para retirar aquellas
palabras de su intervención que hubieran podido ofender a la señora
ministra.




En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Urán
González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y De
Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.




La señora Narbona Ruiz, del Grupo Socialista del Congreso, interviene
en un turno por alusiones.




Prórroga del plazo de la Subcomisión para el seguimiento de los
procesos de privatización y reconversión de las empresas
pertenecientes al sector público . . . 13397



El señor presidente, en nombre de la Mesa y oída la Junta de
Portavoces, somete al Pleno de la Cámara la prórroga hasta el final
del próximo período de sesiones del plazo de la Subcomisión para el
seguimiento de los procesos de privatización y reconversión de las
empresas pertenecientes al sector público, lo que se aprueba por
asentimiento.




Interpelaciones urgentes (continuación) . . 13398



Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el régimen
de reparto de las ayudas europeas provenientes de la Política Agraria
Común (PAC) . . . 13398



Presenta la interpelación del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida el señor Centella Gómez. Manifiesta que hace esta
interpelación desde el convencimiento de que los fondos que reparte
la PAC no son, como se intenta decir por algunos,
un dinero malgastado, sino muy útil para la agricultura y una
herramienta fundamental para el mantenimiento de la población en las
zonas rurales, a la vez que una actividad productiva que sirve
también para conservar el medio ambiente, representando una expresión
cultural de gran riqueza. Sin embargo, añade, este régimen de ayudas
no puede mantenerse en las actuales circunstancias, reiterando una
vez más el hecho de que el 20 por ciento de los agricultores recibe
más del 80 por ciento de las ayudas mientas que el 80 por ciento
restante se tiene que conformar con el 20 por ciento del dinero que
Europa aporta a la agricultura. Desde Izquierda Unida se defiende una
política radicalmente distinta porque la actual política agraria
mantiene una desigualdad inaceptable en la percepción de las ayudas y
porque no contempla el empleo como un elemento fundamental de las
actuaciones cuando el paro agrario evidentemente va en aumento.

Asimismo manifiesta la voluntad de su grupo de provocar un debate del
que salga una moción que cuente con el apoyo de todos y que permita
de una vez por todas iniciar en España un estudio serio sobre la
modulación, que supone un reparto más social, amortiguando la pérdida
de renta de las explotaciones agrarias y evitando los desequilibrios
territoriales. A continuación pone de relieve toda una serie de
dificultades por las que atraviesa el sector agrario, destacando el
incremento de la tierra claramente especulativo. Confía en que, a
pesar de los acuerdos aprobados en la cumbre de Berlín el pasado mes
de marzo, exista todavía algún margen de maniobra, pero anuncia que
Izquierda Unida seguirá defendiendo el modelo de modulación que
coincide con lo que vienen defendiendo la mayoría de las
organizaciones profesionales y agrarias.




Contesta el señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
(Posada Moreno), en nombre del Gobierno. Está de acuerdo con el señor
Centella en que el modelo de ayudas de la PAC es absolutamente
necesario y en que esta interpelación es oportuna porque pretende
abrir un debate sobre el tema de la modulación. Sin embargo, disiente
de que se deba ir más allá de lo que marca el reglamento comunitario
en este momento. Explica el sistema de ayudas y el de modulaciones
entrando en el debate que pedía el señor Centella, dejando claro
igualmente que las ayudas son legítimas y que los agricultores que
las perciben tienen derecho a ellas. Expone que pretende encauzar el
debate a través del Reglamento de la Comisión Europea, en donde se
establecen tres criterios importantes: empleo de la mano de obra,
rentabilidad de las explotaciones e importe global recibido por cada
beneficiario, no pudiéndose reducir las ayudas por encima del 20 por
ciento. Finalmente reitera sus manifestaciones en las comisiones de
Agricultura del Congreso y del Senado en el sentido de que el tema
exige un trabajo serio y es necesario profundizar en



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las perspectivas, las posibilidades y las consecuencias de la
situación de las ayudas de la PAC.




Replica el señor Centella Gómez, duplicando el señor ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación.




En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Amarillo
Doblado, del Grupo Socialista del Congreso, y Madero Jarabo, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.




Se suspende la sesión a las ocho y cuarenta y cinco minutos de la
noche.




Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.




PREGUNTAS:



- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA REYES MONTSENY MASIP, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿CUÁLES HAN SIDO LAS PRINCIPALES MEDIDAS DESARROLLADAS DESDE EL
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES PARA LUCHAR CONTRA LA
MOROSIDAD A LA SEGURIDAD SOCIAL? (Número de expediente 180/001899.)



El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Punto IV del orden del día: preguntas orales al Gobierno en el Pleno,
comenzando por aquellas que responderá el ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, señor Pimentel, y, dentro de ellas, por la número
24, que formula la diputada doña María Reyes Montseny Masip, del
Grupo Popular.

Señora Montseny.




La señora MONTSENY MASIP: Gracias, señor presidente.




Señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en estos últimos tres
años no sólo ha mejorado la economía, sino que en el ámbito social se
han llevado a cabo reformas importantísimas en materia de
prestaciones. Las iniciativas legislativas como han sido la Ley de
consolidación y racionalización de la Seguridad Social y la Ley de
acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado, las
diferentes leyes de medidas administrativas, económicas y de orden
social, han contribuido notablemente también a llevar a cabo una
mejora de la gestión en el ámbito no sólo laboral, de Trabajo, sino
también de la Seguridad Social. (El señor vicepresidente, Fernández-
Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
En la ponencia para llevar a cabo el análisis de los problemas
estructurales del sistema de la Seguridad Social y de las principales
reformas que deberán acometerse,
en las recomendaciones números 5 y 7 se hablaba también de
mejora en la recaudación de cuotas al sistema de la Seguridad Social
y de la integración en la gestión, así como de la lucha contra el
economía irregular. Yo creo que son datos que empiezan a ser
conocidos, puesto que ha habido no sólo una mejora en el incremento
de pensiones sino una mejora en la gestión de la Seguridad Social y
una tasa altísima de nuevas afiliaciones a la Seguridad Social.

Interesa al Grupo Parlamentario Popular, y de ahí mi pregunta, cuáles
han sido las principales medidas desarrolladas desde el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales y también desde el ámbito de la Secretaría
de Estado de la Seguridad Social para luchar contra la morosidad a la
Seguridad Social, puesto que esta ha venido siempre siendo una lacra
muy importante.

Gracias, señor presidente, gracias señor ministro.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Montseny.

Señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles):
Gracias, señor presidente.

Señoría, efectivamente, por indicación y en cumplimiento estricto de
lo previsto en el Pacto de Toledo y también por la propia dinámica de
gestión, no cabe duda de que disminuir la morosidad en el sistema de
Seguridad Social es siempre una parte muy importante para asegurar la
solvencia financiera del sistema. Se han tomado varias medidas,
algunas de ellas importantes, que yo me permitiría recoger en tres
grandes grupos. En primer lugar estarían las encaminadas a
incrementar la eficacia en la recaudación ejecutiva. Para ello se han
aumentado y se han racionalizado los recursos humanos en las unidades
de recaudación ejecutiva. Se ha creado la unidad de recaudación
ejecutiva (URE) para atender una serie de necesidades que no estaban
suficientemente cubiertas y también hay convenios muy importantes con
las haciendas forales que lo están haciendo posible con una ejecución
más importante y más rápida para estos casos de morosidad y algunos
otros de fraude.

En segundo lugar, hemos agilizado los procesos de recaudación,
aclarando los conceptos y simplificando y mejorando los mecanismos de
control. En este caso, la simplificación de los modelos de cotización
ha beneficiado directamente, a través del TC-2, a prácticamente
360.000 empresas. También ha habido un incremento de la recaudación
muy importante directamente con el sector privado mediante acuerdos
de pago; es decir, la Seguridad Social ha tenido flexibilidad y
aquellas empresas que por circunstancias no han podido pagar han
tenido unos plazos para hacerlo y están cumpliendo rigurosamente.

Por último, querría reseñar una actuación importante de
regularización de la morosidad pública. Hoy en día, tras firmar
convenios con varias comunidades autónomas,todas están al día con la
Seguridad Social, todas.




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Cada una tiene su acuerdo y estamos muy orgullosos de que todas las
administraciones, general y autonómicas, estén al día. Ahora estamos
en el frente municipal. Quedan todavía algunos ayuntamientos, con los
que esperamos llegar a acuerdos, al objeto de que toda la
Administración pública esté al día en la Seguridad Social.

Este conjunto de medidas ha permitido que el índice de morosidad haya
disminuido en casi dos puntos en estos últimos años. Este índice era
de 5,5 en 1996, bajó al 5,4 en 1997 y se situó en un 3,6, que es un
mínimo histórico, en 1998. Esperamos incluso, por los datos
disponibles, que este índice de morosidad baje en 1999.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.




- DEL DIPUTADO DON DAMIÁN CANEDA MORALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS SE
ESTÁN ADOPTANDO DESDE EL GOBIERNO PARA COMBATIR LA PRECARIEDAD DEL
EMPLEO? (Número de expediente 180/001900.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
25, que formula don Damián Caneda Morales, del Grupo Parlamentario
Popular.

Señor Caneda.




El señor CANEDA MORALES: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, cuando se inicia la legislatura el mercado laboral
español tiene dos problemas básicos, el paro y la precariedad; es
decir, junto al problema cuantitativo de escasez en el volumen de
empleo, hay otro problema, la calidad del escaso empleo que se crea,
empleo sin cobertura social, muy inestable, de poca duración, aparte
del ya existente en la economía sumergida. Esta precariedad crea un
problema en el propio trabajador, por la angustia que da la
inseguridad, pero también lo crea en la economía, porque afecta como
una espada de Damocles al equilibrio de la Seguridad Social y al
consumo, sobre todo de bienes duraderos. La precariedad es tan grave
en sí, tanto en términos personales como económicos, como lo es el
paro.

Respecto al problema cuantitativo, por los datos que salen
periódicamente de la EPA y del Inem, se ven los logros de este
Gobierno. Cuando salgan los últimos datos de la EPA serán 1.400.000
los empleos y el paro habrá bajado siete puntos. La combinación de
una política económica con un crecimiento sostenido y estable y la
aplicación de políticas laborales permitiendo que el 80 por ciento de
este crecimiento se convierta en empleo han logrado estos términos
cuantitativos. Yo le preguntaría en relación con la precariedad ¿qué
medidas está tomando el Gobierno para combatirla? (La señora
Cunillera i Mestres: Una pregunta difícil.)



Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Caneda.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles):
Muchas gracias, señor presidente.




Señorías, efectivamente, no tan sólo el desempleo es el principal
problema de este país, sino que también la calidad del empleo que
existía y que todavía existe supone una preocupación para el conjunto
de la sociedad. Había poco empleo, todavía tenemos que crear mucho,
pero, además, tenemos que mejorar entre todos la calidad del mismo.

¿Qué medidas se han adoptado para combatir la precariedad? Yo querría
destacar, dándoles un protagonismo muy especial, los acuerdos entre
sindicatos y empresarios en el año 1997 y la reforma laboral que se
plantea a esta Cámara, que es aprobada por la práctica unanimidad de
las fuerzas políticas, que ha permitido que en tan sólo dos años se
creen dos millones de contratos indefinidos, de los cuales un millón
y medio son precisamente de la reforma. En estos años, el 80 por
ciento del nuevo empleo creado ha sido empleo indefinido. Como
conocen, este acuerdo significó el nacimiento de un nuevo contrato
indefinido y fue complementado con un paquete importante de
bonificaciones a las cotizaciones de Seguridad Social, que de forma
selectiva -tan sólo para aquellos contratos indefinidos- permitían
bonificar las cuotas a la Seguridad Social.

No fue sólo este paquete de reformas -el nuevo contrato y las
bonificaciones-, sino que se han adoptado otras medidas que considero
importantes, en primer lugar, la subvención del contrato de
lanzamiento de nueva actividad; en segundo lugar, la aprobación de
medidas de fomento del nuevo contrato de tiempo parcial estable, que
está suponiendo un incremento de prácticamente el cien por cien
frente al número de contratos estables a tiempo parcial que se
hacían; y, en tercer lugar, las medidas contempladas en la Ley de
acompañamiento para este año de incremento en las cotizaciones para
los contratos a tiempo parcial. Asimismo, se aplica ya en estos
momentos la prohibición de la concatenación y prórroga en los
supuestos de contratación temporal eventual por circunstancias de la
producción.

Este conjunto de medidas está dando ya frutos. Si en este país
llegamos a tener una temporalidad del 35 por ciento, hoy ya la
tenemos en un 32 por ciento, ha bajado 3 puntos, pero consideramos no
obstante que esta temporalidad está por encima de la que
razonablemente deberíamos tener en el contexto europeo. De ahí que
sigamos con el esfuerzo compartido de, seguro, esta Cámara y de los
agentes sociales para conseguir disminuir aún más la temporalidad en
el próximo año.

Muchas gracias.




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El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.




- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA JOSÉ CAMILLERI HERNÁNDEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO EN RELACIÓN A LA MEDIDA PARA COMBATIR EL
DESEMPLEO FEMENINO DENOMINADA COSTE CERO? (Número de expediente 180/
001901.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
26, que formula doña María José Camilleri Hernández, del Grupo
Parlamentario Popular.

Señora Camilleri.




La señora CAMILLERI HERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, uno de los problemas que más preocupan a la sociedad
española, y me consta que también al Gobierno, es el desempleo. A
pesar de que las cifras están disminuyendo, lo cual es un aval de la
política del Gobierno, lo cierto es que todavía queda mucho por
hacer, y si preocupante es el paro en general, más preocupante es el
paro femenino. No olvidemos que, según el paro registrado en mayo de
1999, mientras la tasa de paro de los hombres es del 6,90, la de las
mujeres es del doble, el 15,08. Esta es una realidad que también
preocupa al Gobierno y muestra de ello son las medidas que para
atajar el problema se están adoptando en el marco de los distintos
planes de acción para el empleo, tanto en el de 1998 como en el de
1999.

Una de estas medidas fue el Real Decreto-ley 11/1998, de 4 de
septiembre, por el que se regulan las bonificaciones de las cuotas de
la Seguridad Social de los contratos de interinidad que se celebren
con personas desempleadas para sustituir a trabajadores durante los
períodos de descanso por maternidad, adopción o acogimiento, también
conocido como coste cero, mediante el cual se trata de evitar que uno
de los motivos que pudieran frenar la contratación de las mujeres
fuera el de los costes adicionales que la empresa puede tener si
contratada una mujer, esta quedara embarazada.

Han transcurrido ya diez meses desde la promulgación de esa medida,
el tiempo suficiente para conocer el impacto que ha tenido en cuanto
a la contratación de mujeres, y es por ello por lo que le pregunto,
señor ministro, qué valoración hace el Gobierno en relación con la
medida para combatir el desempleo femenino denominada coste cero.

Gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles):
Efectivamente, uno de los principales problemas que tiene el empleo
en este país es la precariedad, como hemos señalado anteriormente,
y el otro, sin ningún género de dudas, unido a la alta siniestralidad
que todavía mantenemos, es el de la necesaria incorporación en
igualdad real de derechos de la mujer con respecto al hombre en el
mercado de trabajo.

No es un problema que requiera una sola solución, sino que debemos
adoptar un paquete de medidas, financieras, de apoyo y también
culturales, que deben tener una especial incidencia. Yo creo que en
la sociedad española no hay debate en torno a capacidades, es decir,
cualquier ciudadano o ciudadana de nuestro país sabe que un hombre y
una mujer tienen igual capacidad y por tanto no hay diferencia. Sin
embargo, todavía existía una negra culturilla en algunas empresas de
que contratar a una mujer era un lío porque se queda embarazada y hay
que sustituirla los cuatro meses; cultura que teníamos que erradicar,
por perversa y negativa. Fíjese que antes de esta norma, cuando una
empresa sustituía a una mujer que estaba con permiso de maternidad,
tenía que pagar el salario y la Seguridad Social de la persona que
sustituía a la madre, más la Seguridad Social de la madre que estaba
de baja, pagando la Seguridad Social la contingencia por maternidad,
es decir, que la empresa pagaba un salario y dos cuotas de Seguridad
Social.

La medida del coste cero es muy simple y consiste en que bonifiquemos
al cien por cien la Seguridad Social de la persona que sustituye a la
madre que toma el permiso por maternidad, con lo cual el saldo para
la empresa es un salario y una Seguridad Social, es decir, un saldo
cero, y de ahí el nombre de coste cero. Es una medida también apoyada
por unanimidad en esta Cámara y de la que debemos sentirnos
profundamente orgullosos. Fíjese que ha permitido duplicar -no hablo
de un incremento del 30 o del 50 por ciento sino de un incremento del
cien por cien- el número de contratos de interinidad que en estos
casos se realizan, pasando de 1.300 al mes que había el año pasado a
más de 2.600 en el presente año. Esta Cámara -ha habido iniciativas
al respecto- ha ampliado el supuesto de coste cero a otro colectivo
en el proyecto de ley de conciliación para ese contrato de
interinidad, no sólo para la madre sino incluso para la mujer con
riesgos físicos durante el embarazo -va a poder beneficiarse la
persona que la sustituya durante el tiempo de embarazo-, y también
hemos ampliado este beneficio por una petición insistente de
numerosos colectivos al mundo de la economía social y al mundo de los
autónomos. Uno tiene la sensación de que esta es -creo que debemos
ser generosos- una propuesta de bastantes aplicaciones pero
extraordinariamente acertada, ahí están los resultados, que ha
permitido lanzar en la sociedad la idea de que se pierda el miedo a
esta contratación de mujeres, porque en ningún caso supondrá ningún
coste más.




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- DEL DIPUTADO DON JOSEP COROMINAS I BUSQUETA, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ HOSPITALES PÚBLICOS HAN
PEDIDO AL INSALUD SER CONVERTIDOS EN FUNDACIONES? (Número de
expediente 180/001891.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas
dirigidas al Gobierno que contestará el señor ministro de Sanidad y
Consumo.

Pregunta número 18, que formula doña Isabel Pozuelo Meño, del Grupo
Socialista.

Señora Pozuelo.




La señora POZUELO MEÑO: Señor presidente, señor ministro, el
presidente del Insalud, señor Núñez Feijoo, afirmó la pasada semana
que había recibido la petición de seis hospitales del Insalud que
estaban deseosos de convertirse en fundaciones. Nuestro grupo ha
solicitado formalmente la documentación que acredita esas peticiones
porque creemos que son falsas y que sencillamente que no existen.

Señoría, la gestión del señor Núñez al frente del Insalud es
ineficaz, incompetente y caótica. Usted mismo tiene un gran lío y las
consecuencias de las decisiones que quieren tomar ponen en peligro la
unidad y el equilibrio del Sistema Nacional de Salud, motivo por el
que le pregunto: ¿qué hospitales públicos han pedido al Insalud
convertirse en fundaciones?



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Pozuelo.

Señor ministro de Sanidad y Consumo.




El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias, señor presidente.

El señor Núñez Feijoo no ha hecho la afirmación a la que se refiere
su señoría. Ciertamente, en este momento ningún centro hospitalario
del Insalud ha solicitado de forma expresa convertirse en fundación
pública sanitaria. Por lo demás, creo que la gestión del señor Núñez
Feijoo al frente del Insalud es excelente, como prueban los
magníficos resultados que ha conseguido en todos los órdenes de
actividad del instituto.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.

Señora Pozuelo.




La señora POZUELO MEÑO: Señor ministro, existe una fuerte
contestación hacia la conversión de los hospitales públicos en
fundaciones porque eso significa su privatización: en esta Cámara,
donde varios grupos le han pedido que paralice el proceso; en otros
parlamentos regionales, que temen que usted haga la conversión de los
hospitales antes de que se produzcan las transferencias sanitarias;
en los ayuntamientos, que temen las consecuencias de esta
transformación, así como en las
asociaciones profesionales y de vecinos y en los sindicatos, que
empiezan a conocer, y sólo es el principio, los efectos de su
política privatizadora: Alzira, Alcorcón, Manacor, etcétera. ¿Van a
convertir los hospitales en fundaciones antes de aprobar un
reglamento, pendiente desde hace dos años, que establezca un marco
común para todos los centros sanitarios, que preserve las garantías
de servicio sanitario público en cuanto a su financiación, régimen
patrimonial, organización y gestión de personal? ¿Van a hacerlo antes
de realizar las transferencias sanitarias a las comunidades autónomas
comprometiendo y condicionando la gestión y competencias de esas
comunidades? ¿Van a privatizar también los centros de atención
primaria convirtiéndolos en fundaciones, como prevé el plan
estratégico del Insalud? ¿Van a empezar por Madrid, señor ministro?
¿Es por eso por lo que han conseguido que se anule el concurso de la
Comunidad de Madrid para evaluar el sistema de atención primaria?
Señoría, están creando inseguridad y preocupación en la sociedad: en
el personal de los centros, que temen por su futuro profesional, y en
los pacientes, que temen el deterioro de la asistencia sanitaria que
se va a producir. Ni siquiera las aseguradoras deben estar tranquilas
con usted, señor ministro, ante la ineficacia e incompetencia de su
gestión.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Pozuelo.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Mire, señora
Pozuelo, vuelve a hacer usted otra vez el discurso de la confusión
más lamentable. (Un señor diputado: ¡No!) No tiene el menor
fundamento la acusación que hacen de privatización en relación con
estas nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, que
ustedes han aprobado aquí, por cierto, cuando votaron la Ley 15/1997,
que prevé la existencia de nuevas formas de gestión, incluidas las
empresas públicas sanitarias, con gestión privada y personal laboral.

Ustedes incurren también en el colmo del cinismo, porque están
combatiendo aquí las fundaciones públicas sanitarias, pero están
haciendo al mismo tiempo empresas públicas en Andalucía, y las
fundaciones públicas sanitarias son más públicas que las empresas
públicas que hacen ustedes en Andalucía (Un señor diputado: ¡Falso!),
porque aquel personal es personal laboral y el de las fundaciones
públicas sanitarias es personal estatutario. (Una señora diputada:
¡Mentira!- Aplausos.) Ustedes votaron una ley, la votaron en el
Parlamento de Cataluña y en el País Vasco y están defendiendo aquí
exactamente lo contrario.

Las fundaciones, como las demás nuevas formas de gestión, no tienen
más objeto que gestionar mejor el sistema público sanitario, que es
la mejor manera de defenderlo, no gestionándolo mal como hacían
ustedes



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y teniendo a la gente más de dos años esperando para una intervención
quirúrgica. (Protestas y Aplausos) Eso era atentar contra el sistema
público nacional de salud. Nosotros, gestionándolo bien,
modernizándolo, introduciendo en España formas de gestión que están
consagradas en Europa, lo estamos defendiendo. Los que crean la
inseguridad son ustedes tergiversando la realidad (Un señor diputado:
¡Hala!), porque no hay nada de privatización en todo eso, hay el
mayor respeto a los derechos de los trabajadores y ustedes los
quieren confundir y engañar, pero no lo van a conseguir.

Muchas gracias. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.

Señorías, les ruego guarden silencio. (Un señor diputado pronuncia
palabras que no se perciben.) Eso en su momento, señoría. Le ruego
que guarde silencio personalmente.




- DEL DIPUTADO DON JOSÉ ENRIQUE MORATALLA MOLINA, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CÓMO VALORA EL
GOBIERNO LAS CONVOCATORIAS DE HUELGA EN EL SECTOR SANITARIO? (Número
de expediente 180/001892.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
19, que formula don Josep Corominas i Busqueta, del Grupo
Parlamentario Socialista.




Señor Corominas.




El señor COROMINAS I BUSQUETA: Gracias, señor presidente.

El personal sanitario español anda revuelto como consecuencia de
determinadas actuaciones de su Ministerio y ante esta situación, una
vez más, usted, no sabe, no contesta. Ayer muchos centros se vieron
obligados a suspender prácticamente toda la actividad asistencial no
urgente. Ante las reivindicaciones que se hacen y que han motivado
este caos sanitario, no hemos escuchado en ningún momento si está de
acuerdo con las mismas o las rechaza por inviables. Nada ha dicho de
las movilizaciones y por ello le pregunto: ¿cómo valora el Gobierno
las convocatorias de huelga en el sector sanitario?



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Corominas.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias, señor presidente.

Señor Corominas, nosotros naturalmente respetamos el ejercicio del
derecho de huelga por parte de los trabajadores, en la medida en que
se ajusta a nuestra legalidad y a nuestra Constitución, pero sabe
usted muy
bien que la mayor parte de los problemas que estamos padeciendo
tienen que ver con situaciones creadas por ustedes.

Muchas gracias. (Rumores.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.

Señor Corominas.




El señor COROMINAS I BUSQUETA: Señor Romay, una vez más le pido que
no eluda sus propias responsabilidades y conteste. ¿Por qué el
Ministerio de Sanidad, que tiene congelado desde hace 12 días el
nuevo proyecto de real decreto de acceso excepcional al título de
especialista, ha delegado la mediación para la resolución del
conflicto en la OMC? ¿Piensa realizar un censo de los mestos con las
circunstancias específicas de cada uno de ellos? ¿Qué opinión le
merece que fundaciones privadas con fuerte financiación pública, como
la Fundación Jiménez Díaz, puedan vender a terceros algunos de sus
servicios como los laboratorios? ¿Será este el modelo que se quiere
implantar en las fundaciones públicas sanitarias?
Señor Romay, deje de una vez por todas su política de globo sonda y
actúe con sentido de la responsabilidad y gobierne como es su
obligación. No haga como algunos de sus correligionarios le han
acusado, practicar una política carpetovetónica. Tal como ponen de
manifiesto determinadas opiniones de los medios, creemos que los
responsables políticos de la sanidad no deberían prolongar por más
tiempo un vacío legal que provoca huelgas, enfrentamientos y
malentendidos. Elimine las preocupaciones del sector sanitario y de
los ciudadanos. Dé respuesta a las preocupaciones que algunos
consejeros tienen, como por ejemplo manifestaba ayer el conseller
Rius, al señalar que «transmitiré nuestra preocupación por la huelga
al ministro de Sanidad». Y no me salga, señor Romay, con que este es
un problema heredado, como ha dicho, porque lo que de verdad ha
heredado usted es un buen Sistema Nacional de Salud y lo que está
haciendo es carcomerlo, se lo está cargando, tal como manifiesta un
responsable médico de la Vall d'Hebron: Estamos ante algo muy grave y
una prueba de esto es que por primera vez en muchos años todos los
médicos de los hospitales nos hemos puesto de acuerdo para hacer una
huelga sin motivaciones económicas.

No desaproveche la ocasión, no malogre el Sistema Nacional de Salud,
acepte sus responsabilidades y consolide el sistema o dimita, señor
ministro. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Corominas.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Señor
Corominas, llevamos muchos meses trabajando para resolver un problema
que ustedes dejaron. Nosotros no creamos la figura de los mestos;



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nosotros no somos responsables de los estudiantes de medicina que
salían de las facultades en su época; nosotros tampoco somos
responsables del número de plazas de MIR que sacaban ustedes;
nosotros tampoco somos responsables de la demanda de especialistas
que tenían los hospitales y que no se podía atender con los MIR que
ustedes formaban, lo que dio lugar a que entraran estas personas que
hoy están a la espera de un reconocimiento de sus capacitaciones. Ese
es un problema que encontramos, un problema que crearon ustedes a lo
largo de muchos años y que no fueron capaces de resolver. (Rumores.)
Llevamos muchos meses trabajando para la solución de ese problema,
tratando de encontrar una solución razonable, una solución
excepcional a una situación excepcional, siguiendo un mandato del
Congreso y del Senado, trabajando en la búsqueda del mayor consenso
con las comisiones de especialidades médicas, con los colegios
profesionales, con los colectivos interesados. Hemos trabajado mucho
tiempo, seguimos en conversaciones, hemos aceptado con mucho gusto la
oferta de la organización médica colegial para intervenir en este
proceso y estaríamos muy satisfechos de que por esa vía se
facilitaran los acuerdos. Tienen la dificultad que corresponde a
intereses encontrados y contrapuestos, cuya aparición es
absolutamente responsabilidad de todos ustedes. Y seguiremos
trabajando con el mejor deseo de encontrar la mejor solución, con el
mayor nivel de aceptación posible, a pesar de sus dificultades. Esa
es la situación en la que estamos y lo que estamos haciendo.

Lo que hemos heredado ha sido un Sistema Nacional de Salud incapaz de
atender las demandas de los ciudadanos en el tiempo en que los
ciudadanos las demandaban, con 190.000 personas esperando, con 314
días de espera media en Extremadura, con 54.000 personas esperando
más de seis meses. Ese es el Sistema Nacional de Salud que dejaron
ustedes, con 4.000 interinos en el Insalud, con problemas sin
resolver de esta y de otra naturaleza en materia de recursos humanos.

Muchas gracias. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
ministro.




- DEL DIPUTADO DON JAIME BLANCO GARCÍA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿A QUÉ ESPERA EL GOBIERNO PARA
ADOPTAR ALGUNA INICIATIVA EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA? (Número de
expediente 180/001893.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
20, que formula don Francisco Arnau Navarro, del Grupo Parlamentario
Socialista.

Señor Arnau.




El señor ARNAU NAVARRO: Gracias, señor presidente.

¿A qué espera el Gobierno para adoptar alguna iniciativa en materia
de salud pública?
Muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Arnau.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias, señor presidente.

Señoría, en los tres años de su gestión, el Gobierno ha impulsado y
puesto en ejecución numerosas e importantes iniciativas que han
aportado significativas mejoras a la situación de la salud pública en
España.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.

Señor Arnau.




El señor ARNAU NAVARRO: Señor ministro, su contestación equivale a
otra respuesta de propaganda pública. En materia de salud pública,
una vez más hemos apreciado en los últimos días la contradicción
entre la propaganda oficial y la realidad, entre sus palabras y los
hechos. Así, en relación con la contaminación por dioxinas de
alimentos de origen belga, usted ha despachado el asunto diciendo que
su actuación o la de su Ministerio ha sido rápida, contundente y
transparente.




La realidad es que no ha existido una protección eficaz de los
derechos de los consumidores, derechos constitucionales, le recuerdo,
artículo 51. Ni la información ha sido buena, ni la coordinación
adecuada; ni siquiera la adopción de medidas cautelares ha
funcionado. En este aspecto le recuerdo, señor ministro, que en 1993
se pusieron en marcha los planes prospectivos sobre dioxinas
cancerígenas. Desde entonces se analizan unas 100 muestras de
productos al año. Pero usted reconoce que estas cautelas se adoptan
sobre productos nacionales. ¿Quiere decirme, señor ministro, que si
un alimento, una bebida, está etiquetado en inglés o en chino no se
efectúa ningún control? Parece que no. Usted, que es maestro en
descargarse de responsabilidades, en la Unión Europea, en las
comunidades autónomas, en la Administración anterior o en Bélgica,
asegura que las autoridades belgas no han estado a la altura de las
circunstancias. Refiriéndonos sólo y exclusivamente a los productos
nacionales, el Instituto de Salud Carlos III reconoce que carece de
equipos adecuados para una investigación completa sobre la dioxina
y ha solicitado completar la unidad de dioxinas, habida cuenta que dice
se seguirán generando alarmas de salud pública en el futuro.

Señor ministro, no sé si su política es carpetovetónica, como
aseguran en Galicia, o simplemente es bananera, como aseguró ayer un
diputado de otro grupo de la oposición. Ponga en funcionamiento la
agencia de seguridad alimentaria, que ha impuesto el Parlamento,



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y no nos conteste con la cantinela de siempre. Porque lo que nosotros
hicimos, señor ministro, llámense planes prospectivos, red de alerta,
Ley General de Sanidad o Ley de Protección de los Consumidores, eso
que hicimos nosotros, usted no lo respeta. Es más, usted solito lo
arruina. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Arnau.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias, señor presidente.

La verdad, señor diputado, es que para ejemplo de situación bananera
en materia de salud pública tenían ustedes uno incomparable, aquella
situación de proliferación de los productos milagro que nos
encontramos cuando nosotros llegamos al Gobierno. Era realmente un
escándalo y una vergüenza. Eso sí que era una situación bananera en
materia de salud pública. (Aplausos.) Y ustedes asistían pasivamente
a que a los españoles se les estuvieran ofreciendo todos los días por
distintos medios de comunicación soluciones mágicas para múltiples
problemas de salud. Eso sí que era, repito, una situación bananera.

Nosotros hemos manejado la crisis de las dioxinas belgas con un
rigor, con una rapidez, con una transparencia que se compara con
ventaja con cualquier país europeo. Fuimos de los que más informamos,
de los que mejor informamos, de los que informamos antes y de los que
tomamos antes las medidas necesarias para garantizar por encima de
todo la salud de los españoles. Ustedes saben muy bien cómo funcionan
los mecanismos de control de los productos alimenticios en el seno de
la Unión Europea y cuál es el papel de cada uno de los Estados. Tenga
usted la seguridad de que el Estado español ha cumplido con sus
obligaciones escrupulosamente, como ha sido generalmente reconocido.

Lo mismo hicimos con los otros problemas de salud que se plantearon
estos días.

Por lo demás, ya les dije ayer, en una comparecencia ante la Comisión
de Sanidad y Consumo, que esos aparatos de los que ustedes hablan
para el control de las dioxinas los hay en España, los tiene el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas y son los que se
utilizan para hacer esos análisis que permitan tomar las medidas
necesarias en este tipo de actuaciones. Estamos muy satisfechos de
cómo estamos manejando los temas de salud pública, se han mejorado
las redes de alerta, se ha mejorado la coordinación con las
comunidades autónomas, se han resuelto problemas muy antiguos que
tenía la salud pública en España. Hemos afrontado muy en serio los
trastornos de la alimentación y hemos adoptado las iniciativas
necesarias para crear la agencia de seguridad alimentaria, sin
olvidarnos del sida, materia en la que hemos conseguido también
grandes avances.

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
ministro.

Señor De la Torre, le ruego que guarde silencio.




- DE LA DIPUTADA DOÑA MERCÉ RIVADULLA GRACIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LAS PREVISIONES DEL
GOBIERNO PARA LA EJECUCIÓN DEL CANAL SEGARRA-GARRIGUES? (Número de
expediente 180/001882.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas
dirigidas al Gobierno y que contestará la señora ministra de Medio
Ambiente.

Pregunta número 9, que formula doña Mercé Rivadulla Gracia, del Grupo
Parlamentario Mixto.

Señora Rivadulla.




La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor presidente.




Señora ministra, le pregunto sobre un tema muy viejo, la realización
del canal Segarra-Garrigues, obra declarada de interés general en la
ley de acompañamiento de 1994, y al que hasta ahora las
administraciones, tanto autonómica como estatal, no han dado
solución.




Como el momento de la retórica, señora ministra, ha pasado, le voy a
hacer unas preguntas muy concretas. Ante la desidia y el desinterés
de las administraciones, concretamente estoy hablando ahora mismo del
Gobierno de la nación, las comunidades de regantes han decidido hacer
una propuesta para que se realice el canal a través de un sistema de
concesión privada. ¿Qué piensa usted, señora ministra, sobre esta
cuestión? ¿Qué plazos de ejecución prevé para su realización? ¿Cuándo
piensa sacar a información pública el estudio de impacto ambiental
que ya está hecho? ¿Cuándo tiene previsto reunirse con los regantes y
con representantes de la Generalitat de Cataluña para redactar el
concurso de concesión de obras del canal? ¿Cuándo calcula que se
puede producir el inicio de las obras? Finalmente, señora ministra,
¿garantiza que el agua de Rialp se va a quedar para los regadíos de
Lleida?



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Rivadulla.

Señora ministra.




La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor presidente.

Señoría, en este momento en lo que se está trabajando es en la
elaboración de un posible convenio entre el Ministerio de Medio
Ambiente y la Generalitat de Cataluña para impulsar las actuaciones
del canal SegarraGarrigues, que, como usted dice, es una obra tan
antigua como que ya la demandaban en el siglo XVII. Estamos
trabajando en la elaboración de esa propuesta.




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El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.

Señora Rivadulla.




La señora RIVADULLA GRACIA: Sí, señora ministra, pero ya no es el
momento de salirse del tema de la manera que usted se está saliendo.

Están trabajando ¿desde cuándo?
Quiero decirle, señor ministra, que este canal está actuando como un
Guadiana, aparece en las elecciones, desaparece de los planes de
regadíos y desaparece de la respuesta de la propia ministra y del
propio Gobierno. Usted lo ha dicho, es una obra muy antigua. Además,
señora ministra, es de su absoluta responsabilidad. Sabe la
importancia que tienen los regadíos, no solamente porque garantizan
la diversidad en la agricultura, porque garantizan una renta, porque
garantizan el asentamiento de la población, sino también, señora
ministra, porque influyen en un tema muy importante y de su
responsabilidad, que es en la no desertización y la no erosión del
territorio. Y sabe que las comarcas que ha de regar el canal Segarra-
Garrigues no pueden esperar más, porque la población está envejecida.

Este canal hace diez años que se tenía que haber hecho. Ustedes
presentaron una proposición no de ley, en el año 1995, por la que
instaban al Gobierno a que esta obra fuera prioritaria en el plan de
regadíos. Y usted, ahora, señora ministra, se está yendo por la
tangente.




La verdad es que yo, como representante del pueblo, como
representante de la soberanía popular, le estoy diciendo que concrete
cuándo se van a iniciar las obras del canal Segarra-Garrigues.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Rivadulla.

Señora ministra.




La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Muchas
gracias, señor presidente.

Señoría, lo que quiero es tranquilizarla, porque esa inquietud no la
tienen los regantes. Pregunta usted que cuándo me voy a reunir. Ya me
he reunido con ellos, señora Rivadulla, y usted lo sabe o deberían
haberla informado. Y porque saben lo que este Gobierno está haciendo
por Cataluña y por todos los catalanes, porque saben que hemos
conseguido ya distribuir los caudales y que el embalse de Rialp, que
también es una reivindicación histórica, ya está a media capacidad,
que están regando ya, tienen también la garantía de que se construirá
el canal Segarra-Garrigues, precisamente impulsado por este Gobierno.

Y le repito que se tranquilice porque saben muy bien que hay obras
muy históricas en Cataluña, reivindicadas años y años, como la
depuradora del Baix Llobregat, el desvío del río Llobregat, el desvío
del Francolí, la presa del Rialp, y otra serie de inversiones que ha
hecho este Gobierno, señora Rivadulla. Los regantes
del canal Segarra-Garrigues saben que no es responsabilidad absoluta
de la ministra. Más de las dos terceras partes de esa inversión
corresponden a la Generalitat de Cataluña. Y celebro muchísimo que
los regantes estén dispuestos a asumir el nuevo sistema de
financiación que también ha puesto en marcha este Gobierno.

Gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
ministra.




- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA LUISA BARTOLOMÉ NUÑEZ, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ ESTÁ HACIENDO
EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE PARA PROTEGER EL MARJAL DE PEGO-
OLIVA? (Número de expediente 180/001890.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
17, que formula doña María Luisa Bartolomé Núñez, del Grupo
Parlamentario Socialista.




Señora Bartolomé.




La señora BARTOLOMÉ NÚÑEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señora ministra, ¿qué está haciendo su Ministerio para proteger el
marjal de Pego-Oliva?



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.

Señora ministra.




La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor presidente.

Me sorprende que me pregunte S.S., porque creo que algo de lo que
todos debemos tener conocimiento, y más los diputados, es el respeto
absoluto a nuestra Constitución española. Cuando se declara un parque
natural es de la absoluta competencia de la comunidad autónoma que lo
declara. No es competencia de la Administración central ocuparse de
los parques naturales.

Gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.

Señora Bartolomé.




La señora BARTOLOMÉ NÚÑEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Una vez más es usted una ministra totalmente incompetente. Señora
ministra, el marjal de Pego-Oliva está siendo objeto desde marzo de
1996 de toda una serie de agresiones que han estado y siguen estando
consentidas por las administraciones que ustedes dirigen. ¿Y qué hace
la Confederación Hidrográfica del Júcar? Y esto sí que es competencia
del Ministerio. Sencillamente, se limita a denunciar los hechos, pero
de una forma



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tímida. Hasta la fecha nadie ha actuado con seriedad y contundencia
ante la actitud prepotente e insultante de un alcalde que anima a que
estas actuaciones denunciadas como delito ecológico se produzcan.

Es después de disolver las Cortes Valencianas, y no precisamente a
petición del Gobierno, sino debido a la presión de los grupos de la
oposición, más concretamente del Grupo Parlamentario Socialista,
cuando se deciden a presentar un plan de regeneración. Pero este
marjal ha sido una zona totalmente abandonada por su Ministerio. Esta
zona húmeda es una de las zonas más importantes del Mediterráneo,
tanto por su ecosistema como por ser el hábitat natural de especies
protegidas. Así se entendió en 1982, fecha en que se inicia todo un
proceso de recuperación. Es declarado parque natural, el Consejo de
Ministros acuerda, en 1994, su inclusión en la lista del convenio
Ramsar, relativo a los humedales de importancia internacional; es
declarado zona de elevado interés por la Unesco, también es declarado
zona de especial protección de aves, ZEPA, y está incluido en el Plan
Natura 2000 de la Unión Europea.

Como puede ver, no estamos hablando de una zona cualquiera, sino de
una auténtica joya, una zona húmeda de interés especial, por lo que
ha de ser protegida con esmero por las administraciones.

Lamentablemente, desde que ustedes gobiernan, este parque está siendo
objeto de continuas agresiones, como decía antes, muchas de ellas con
carácter irreversible. Y ustedes se quedan con los brazos cruzados.

¿Cómo es posible que, siendo responsable del Ministerio de Medio
Ambiente, se muestre impasible estos años ante el deterioro provocado
por las concesiones del alcalde de Pego, por cierto apoyado por su
partido, en un proceso acelerado de transformación del área del
marjal con la confección de nuevos canales, ensanchamiento de los
existentes, una indiscriminada extracción de agua mediante bombeo,
modificación gravísima -y esto sí que es competencia suya- del cauce
de los ríos, con una pérdida irreparable del medio y diversidad
biológica, en definitiva, causando la destrucción del parque? ¿Cómo
es posible que no haya actuado de inmediato?



Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Bartolomé.

Señora ministra de Medio Ambiente.




La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor presidente.

Señoría, en cierta medida me preocupan los aplausos de su grupo,
porque yo pensaba que era únicamente S.S. quien, en ese totum
revolutum, no quería reconocer lo que es un Estado de las autonomías
y las competencias de cada comunidad autónoma. (Rumores.- Protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento,
señora ministra.

Les rogaría que dejasen contestar al miembro del Gobierno que está en
el uso de la palabra, a no ser que SS. SS. intenten impedirlo.

Les ruego silencio.




La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor presidente.

Hay una parte en la que S.S. ha insistido: Esto sí que son
competencias suyas. Efectivamente, en lo referente a la Confederación
Hidrográfica, son competencias del Ministerio de Medio Ambiente.

Exclusivamente ahí. ¿Qué hemos hecho? Señoría, nada menos que un
expediente sancionador. A S.S. le parece tímido, pero abrir un
expediente sancionador a un ayuntamiento que está incumpliendo unas
condiciones y que está alterando las condiciones hidrológicas de una
cuenca creemos que es cumplir con nuestras competencias. A S. S. le
parece poco. Evidentemente puede acudir a otros foros a pedir otro
tipo de intervenciones.

Quiero decirle, señoría, que de los humedales nos ocupamos a nivel
internacional, tal y como se establece, haciendo un plan estratégico
de humedales. Y parece que no debe ser tan malo cuando en el último
convenio internacional en Costa Rica, en mayo de este año, España ha
sido designada, precisamente por sus humedales, como sede del próximo
convenio internacional en el año 2002. (Rumores.) Seremos nosotros
los que nos haremos cargo de los parques nacionales y cuando sean
parques naturales, como este humedal, se harán cargo las comunidades
autónomas correspondientes. Nosotros tendremos que sancionar para
evitar nuevas contaminaciones, pero no mezcle lo que son competencias
de otros gobiernos con la Administración central. Todos debemos ser
muy rigurosos en nuestra vida, pero mucho más cuando representamos al
pueblo de España. Usted está evitando que se gestione la competencia
de una comunidad autónoma. No mezcle las cosas, no induzca a
confusión. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.




- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO AMARILLO DOBLADO, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL
GOBIERNO EN RELACIÓN CON LAS IRREGULARIDADES DENUNCIADAS POR LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE LOS GASTOS DEL PRESIDENTE DE LA EMPRESA
PÚBLICA «ALIMENTOS Y ACEITE, S. A.» (ALYCESA)? (Número de expediente
180/001888.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas que
contestará el señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.




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Pregunta número 15, que formula don Francisco Amarillo Doblado, del
Grupo Parlamentario Socialista.

Señor Amarillo.




El señor AMARILLO DOBLADO: Gracias, señor presidente.




Señor ministro, ésta es una pregunta que nunca nos gustaría hacer,
pero nos vemos obligados a hacerla. ¿Qué medidas piensa adoptar el
Gobierno en relación con las irregularidades denunciadas por los
medios de comunicación sobre los gastos del presidente de la empresa
pública «Alimentos y Aceites S. A.» (Alycesa)?



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Amarillo.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Posada
Moreno): Muchas gracias, señor presidente.

Los hechos a los que al parecer alude S. S. se produjeron en los años
1996 y 1997 y fueron sustanciados en su momento con un informe de la
Intervención General del Estado.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.

Señor Amarillo.




El señor AMARILLO DOBLADO: Señor ministro, las noticias que nosotros
tenemos -y son los hechos los que hay que desmentir- son las
siguientes: que la familia Gila lleva más de 50 años ejerciendo un
poder importante dentro de la derecha; que la señora ex ministra doña
Loyola de Palacio, diputada por Segovia, pacta con esta familia su
introducción en la política segoviana; que, como consecuencia de
ello, su hijo, Carlos Gila, es nombrado presidente de Alycesa; que
Alycesa entra en pérdidas millonarias y entonces Carlos Gila se ve
obligado a estudiar, y se le ocurre matricularse en la Universidad de
Navarra a costa de la empresa, 2.100.000 pesetas; que, harto de
estudiar, se va de vacaciones a Grecia, 1.100.000 pesetas, y todo
esto a costa de la empresa; se hace de un club que vale más de
200.000 pesetas al año y, por si fuera poco, se suscribe a El
Adelantado de Segovia, también a costa de la empresa. Y es que
ustedes le informaron mal. Le debieron decir que las empresas
públicas no se entregan para darlas, sino para gerenciarlas. Yo creo
que de ese equívoco, de creerse que la empresa se la habían regalado,
nacen estos entuertos.

Después, nos ha preocupado mucho que usted sustancie una cuestión,
que evidentemente hereda -desgraciadamente la hereda, pero tiene que
hacer frente a ella-, diciendo -y sería bueno que lo desmintiera- que
ya devolvió el dinero a la caja y que, como restituyó lo que se había
llevado, aquí no pasa nada. ¿Usted se imagina una conducta similar en
una empresa privada, que al presidente de la empresa le sorprende el
consejo de administración llevándose una cantidad a casa y que
después, si la devuelve, le dice: bueno, aquí no ha pasado nada? Las
empresas públicas hay que gerenciarlas, como mínimo, como las
empresas privadas. Eso es lo que esperamos todos. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Amarillo.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Posada
Moreno): Gracias, señor presidente.




Señor Amarillo, rechazo la interpretación históricopolítica que usted
hace. Doña Loyola de Palacio ha sido diputada, y sigue siéndolo hasta
el momento, por Segovia, porque el Partido Popular, todos sus
militantes allí, la eligieron como candidata a diputada y ha tenido
una magnífica aceptación entre la sociedad segoviana.

Hecho este nombramiento de don Carlos Gila presidente de esta
empresa, en efecto, se produjeron unos gastos en las cuentas y se
procedió a una investigación por parte de la Intervención General del
Estado. Cuando la Intervención inició la investigación, ya se había
procedido a la devolución por parte de esta misma persona de una
serie de gastos -esos a los que se refería usted-, en la universidad,
el viaje a Atenas, El Adelantado de Segovia, etcétera. Este señor ya
había devuelto todo.

La Intervención General del Estado emite un informe y este tema se
resuelve en ese momento por la ministra de Agricultura. Desde luego,
yo avalo totalmente la decisión que entonces se tomó, como avalo
todas las decisiones que han tomado mis antecesores. No voy a
investigar nuevamente lo que entonces ocurrió, no voy a investigar
nuevamente, ni por primera vez, lo que ha ocurrido con otros
presidentes de Alycesa en el pasado. Quiero mirar hacia el futuro y
las instrucciones que yo he dado a los altos cargos y a los
presidentes de las empresas es que se comporten con absoluta
transparencia, porque el que todos los ciudadanos puedan conocer lo
que se hace es la mejor garantía para que se actúe con ética y con
sinceridad con los caudales públicos. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.




- DE LA DIPUTADA DOÑA ANA ISABEL LEIVA DÍEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE EL GOBIERNO GARANTIZAR QUE
NO SE HAN ELABORADO PIENSOS O MATERIAS DESTINADAS A LA ALIMENTACIÓN
CON ACEITES RECICLADOS PROCEDENTES DE BÉLGICA, DE ALTO RIESGO EN LAS
CIRCUNSTANCIAS ACTUALES? (Número de expediente 180/001889.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
16, que formula doña Ana Leiva Díez, del Grupo Parlamentario
Socialista.




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Señora Leiva.




La señora LEIVA DÍEZ: Señor presidente, el 21 de junio, la Comisión
Europea abrió un procedimiento de infracción a Bélgica por la crisis
de las dioxinas. En España, peor imposible. Aquí, en este tema no ha
habido transparencia, ministro. La política informativa del Gobierno
ha creado una crisis de credibilidad muy grande en todos los
consumidores españoles. Primero dijo usted que en España no había
nada; al día siguiente, aparecían 200.000 toneladas de grasas, en
cuatro comunidades autónomas. A continuación, el ministro español
decía que las partidas estaban exentas de dioxina; el ministro belga
le contradijo manifestando que no podía dar ninguna garantía de que
lo estuvieran. A fecha de hoy parece que ya se ha solucionado y se ha
descubierto el origen del fraude en los piensos. Esperemos que sea un
caso aislado y que este caos informativo no vuelva a repetirse,
porque ha generado una lógica histeria y problemas graves en el
mercado con los ganaderos del pollo, con la industria cárnica y con
otros sectores que no tenían nada que ver con estos, y con los
propios consumidores.

Por ello le hemos hecho esta pregunta, ministro.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Leiva.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Posada
Moreno): Muchas gracias, señor presidente.

Señora Leiva, yo disiento de la interpretación que usted hace de los
hechos. Yo creo que sí ha habido transparencia desde el primer
momento y que eso ha contribuido a que haya habido una razonable
información a todos los consumidores. Esa transparencia puede haber
inducido a alguna confusión, naturalmente. Usted dice que al
principio se dijo que sólo eran unas cuantas gallinas o que era muy
poco y que luego aparecen unas toneladas. Eso es la transparencia. En
el primer momento el Ministerio no lo conoce todo, pero a lo que se
compromete es a actuar y a que se vaya conociendo por el público todo
lo que se haga. Y eso es lo que se ha hecho. Debo decir que ha habido
una colaboración extraordinaria de las comunidades autónomas, tanto
con el Ministerio de Agricultura como con el de Sanidad. En conjunto,
yo creo que una crisis muy difícil e inesperada se ha pilotado
razonablemente bien.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.

Señora Leiva.




La señora LEIVA DÍEZ: Señor ministro, mi grupo parlamentario cree que
hay poca credibilidad en los consumidores y le voy a dar un ejemplo
como prueba: en un diario de mi comunidad autónoma se realizó una
encuesta anteayer preguntando a los consumidores si los controles
sanitarios actuales les ofrecían garantías para adquirir alimentos. Y
con todas estas cosas que están oyendo los consumidores, ésta es la
respuesta que daban: un 92 por ciento, no y un 8 por ciento, sí. Esto
es muy grave, ministro.

En este momento, todos -ustedes, Gobierno, y nosotros, partido en la
oposición- tenemos un reto muy importante. Creemos que hay que ser
valientes, ministro, y hemos perdido tres años. Tenemos que apostar
por políticas de calidad frente a políticas de cantidad y de esta
manera conseguiremos tres objetivos muy claros: primero, que haya de
verdad un control de calidad de los productos; segundo, que haya más
seguridad en los alimentos, y tercero, que tengan más credibilidad
los consumidores. En la sociedad española y en la europea, el
consumidor cada vez está más dispuesto y más sensibilizado para pagar
más por los alimentos si estos son mejores y seguros.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Posada
Moreno): Muchas gracias, señor presidente.

Yo insisto, señora Leiva, en que con los instrumentos que teníamos se
ha conducido la crisis razonablemente bien. Si usted me dice que se
puede mejorar, yo le digo que naturalmente que sí. Y es nuestra
obligación, la de todos, mejorar. En el debate sobre el estado de la
nación se ha aprobado una resolución para poner en marcha la agencia
de la calidad alimentaria, en la que estamos los Ministerios de
Sanidad y Agricultura y las comunidades autónomas desde el primer
momento, porque es absolutamente necesaria. Por tanto, si podemos
mejorar, lo vamos a hacer. Yo soy el primer convencido de que la
calidad en la alimentación y la seguridad de los consumidores en los
mecanismos que les garantizan esa calidad son indispensables. Haremos
todo lo posible para conseguirlo, pero decir que no se ha manejado la
crisis con transparencia, decir que no se ha actuado con celeridad,
decir que no hemos estado en todo momento encima de cada hecho que ha
ocurrido es faltar a la verdad.

Resumiría diciendo que se ha hecho bien y que ahora vamos a intentar
mejorar. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.




- DE LA DIPUTADA DOÑA AMPARO RUBIALES TORREJÓN, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CONFIRMA EL GOBIERNO QUE ESTÁ
DISPUESTO A RECONOCER EL CENSO DE POBLACIÓN DE 1996 A LA FINANCIACIÓN
AUTONÓMICA EN LA



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COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA? (Número de expediente 180/001887.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas
dirigidas al Gobierno que contestará el señor ministro de
Administraciones Públicas.

Pregunta número 14, que formula doña Amparo Rubiales Torrejón, del
Grupo Parlamentario Socialista.

Señora Rubiales.




La señora RUBIALES TORREJÓN: Vuelvo hoy al tema del censo, pero no se
crea que es que no tengo otra cosa que preguntar, aparte de que me
parezca lo más importante. Vengo al tema, señor ministro, porque en
su intervención en el Senado el pasado 16 de junio hizo una propuesta
sobre la modificación de las cifras de población que actualmente se
aplican a los recursos percibidos por Andalucía en concepto de
financiación autonómica, afirmando, entre otras cosas, que
aplicaremos el censo de 1996 -dice literalmente- con la media de
financiación por habitante.

Le pregunto, señor ministro, lo siguiente: ¿esto supone sustituir el
dato poblacional que actualmente se aplica a Andalucía o vamos a
percibir el resultado de multiplicar el número de habitantes
reconocidos en el censo de 1996 por la financiación media por
habitante del conjunto de las comunidades autónomas o sólo supone la
aplicación del censo en el Fondo de Garantía? Por eso, le pregunto:
¿confirma el Gobierno que está dispuesto a reconocer el censo de
población de 1996 a la financiación autonómica en la Comunidad
Autónoma de Andalucía?



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Rubiales.

Señor ministro de Administraciones Públicas.




El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Acebes Paniagua):
Gracias, señor presidente.

Señoría, en la última comparecencia que tuve en el Senado, en la que
estuvimos hablando sobre el modelo de financiación autonómica, entre
las distintas propuestas que, por otra parte, he reiterado en
diferentes ocasiones a la hora de establecer desde el dialogo la
posibilidad de que las tres comunidades autónomas gobernadas por el
Partido Socialista se incorporen al modelo de financiación autonómica
para que no se pierdan recursos, proponía, una vez más y en primer
lugar, como no puede ser de otra manera, la aceptación del modelo. Es
decir, lo primero es aceptar el modelo, porque cualquier posibilidad
no pasa, como le he dicho en tantas ocasiones, por un modelo a la
carta para cada comunidad autónoma . Además, les ofrecía la
posibilidad, como usted bien decía, de poder hablar o establecer un
diálogo sobre la garantía de que el actual sistema de financiación
proporcionaría a la Comunidad Autónoma de Andalucía una financiación
similar a la media por habitante del resto de las comunidades
autónomas respecto al censo de 1996.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.

Señora Rubiales.




La señora RUBIALES TORREJÓN: Señor ministro, a ver si en la réplica
tengo más suerte y me concreta usted lo que le he preguntado. La
confusión sigue siendo la característica fundamental en su forma de
hacer política. Cuando realizó esa propuesta, señor ministro,
acababan de perder las elecciones europeas y municipales en
Andalucía, y todo su aparato de propaganda se dedicó a comunicar a
los andaluces esa pretendida buena nueva.

En el pasado debate sobre el estado de la Nación, su grupo votó en
contra de una propuesta de mi grupo en la que se instaba al Gobierno
a que aplicara a la financiación de las comunidades autónomas las
cifras oficiales del último censo de población, que es de lo que se
trata, de lo que estamos hablando. Claro que también votaron en
contra ese día, señor ministro, de que se iniciaran de forma
inmediata negociaciones con todas las fuerzas políticas y las
comunidades autónomas para establecer un nuevo modelo de financiación
autonómica. Hoy nos hemos vuelto a enterar por los medios de
comunicación -con eso que le funciona a usted tan bien, que es el
aparato de propaganda- de que ustedes están trabajando ya en ese
sentido por la reforma del sistema de financiación autonómica.

Señor ministro, no es serio lo que están haciendo. Aclárense,
olvídense de tanto lío. Negocien, reconozcan lo que en justicia nos
corresponde y pacten. Nosotros estamos dispuesto a ello, llevamos más
de tres años reiterándoselo. Háganlo así por el bien de todos y,
sobre todo, por el bien de los andaluces.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Rubiales.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Acebes Paniagua): El
mejor bien que se puede hacer a los andaluces, a los extremeños y a
los castellano-manchegos es aceptar el modelo, porque por una
decisión política están perdiendo miles de millones de pesetas cada
año en su financiación. (Aplausos.)
Dicho esto, si ustedes aceptasen el modelo, para acabar con ese
discurso demagógico de que falta financiación para Andalucía, les
ofrecería la posibilidad de dialogar sobre una garantía que le acabo
de explicar sobre el censo de 1996, para que esa media de
financiación por habitante del resto de las comunidades autónomas,
aplicada con el censo de 1996 a Andalucía, estuviese garantizada para
cada uno de los habitantes, para que al menos sea la media del
conjunto de los ciudadanos españoles. Era en esa dirección en la que
le ofrecía hablar y dialogar, pero viene una vez más a



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hacer demagogia en lugar de sentarnos, que es lo que he ofrecido al
Gobierno de Andalucía, y buscar de una vez por todas una solución que
evite la pérdida de financiación que en estos momentos se está
produciendo con un buen modelo, que ha incrementado la financiación
para todos, y lo va a seguir siendo hasta el primero de enero...




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
ministro.




- DEL DIPUTADO DON JOSÉ ÁNGEL AZUARA CAROD, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LAS
PREVISIONES DEL GOBIERNO EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE VENTANILLA
ÚNICA EMPRESARIAL? (Número de expediente 180/001897.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
22, que formula don José Ángel Azuara Carod, del Grupo Parlamentario
Popular.

Señor Azuara.




El señor AZUARA CAROD: Gracias, señor presidente.

Señor ministro de Administraciones Públicas, por parte de ese
Ministerio tenemos noticias de que se quiere desarrollar un proyecto
de ventanilla única empresarial, con la creación de centros en los
que se presten los servicios totales para que los ciudadanos
interesados en iniciar una actividad empresarial puedan realizar
todos los trámites precisos para la apertura de una nueva empresa o
de un nuevo negocio.

Por mi condición de alcalde, puedo constatar el beneficio que para
millones de ciudadanos ha supuesto la creación de ventanilla única
con la firma de convenios entre ayuntamientos, Administración del
Estado y comunidades autónomas, que ha permitido una agilidad en
cuanto a trámites administrativos, pero sobre todo un ahorro
económico importante por los continuos desplazamientos que había que
realizar a las ciudades y comunidades autónomas, amén de la comodidad
de que, sin moverte de tu lugar de residencia, puedes presentar
cuantos documentos y gestiones quieres realizar o efectuar.

Por todo ello, formulo la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las
previsiones del Gobierno en el desarrollo del proyecto de ventanilla
única empresarial?
Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Azuara.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Acebes Paniagua):
Gracias, señor presidente.

Señoría, efectivamente se enmarca esta iniciativa en el objetivo de
impulsar la simplificación y la reducción de trabas burocráticas y
facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios y prestaciones
públicas. A tal fin, el departamento desarrolla diversas actividades,
algunas de las que usted ha citado, entre las que se encuentra el
programa de ventanilla única empresarial. Dicho programa lo que
pretende, en síntesis, es crear puntos de atención al emprendedor en
los que se presten servicios integrados de asesoramiento, información
y tramitación sobre todo lo relativo al proceso de creación de una
empresa, para lo cual cuenta con la participación de los tres niveles
administrativos, la Administración central, la autonómica, la local y
la participación de las cámaras de comercio. Esta iniciativa se
enmarca también en la política del Gobierno de dar prioridad a la
creación de empleo. A través de ella se pretende, lógicamente,
impulsar la actividad económica mediante la facilidad en la puesta en
marcha de empresas que a su vez van a ofrecer nuevos empleos a los
trabajadores. El programa tiene su origen en un protocolo firmado el
26 de abril entre, por una parte, los ministerios de Economía
y Hacienda, Trabajo y Asuntos Sociales y Administraciones Públicas y,
por otra, el presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio.

Ha tenido ya su primera aplicación práctica en Valladolid, donde el
día 25 de mayo se firmó un convenio multilateral y se abrió la
ventanilla única empresarial. Desde entonces ha atendido ya a más de
80 ciudadanos y ha tramitado 30 expedientes, con unos resultados
verdaderamente satisfactorios.




Nuestra intención es realizar en las próximas fechas un convenio
similar y abrir la segunda ventanilla única empresarial en Palma de
Mallorca. Es la primera experiencia -inédita en nuestro país- en que
funcionarios estatales, autonómicos y municipales y técnicos de las
cámaras de comercio trabajan de forma conjunta y coordinada en
atención al ciudadano. Una vez que analicemos esta experiencia,
pretendemos trasladarla al resto de las comunidades autónomas de todo
el territorio español.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.




- DEL DIPUTADO DON ISMAEL BARDISA JORDÁ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ VENTAJAS ESTÁ
SUPONIENDO A LOS CIUDADANOS LA RACIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
PERIFÉRICA DEL ESTADO? (Número de expediente 180/001898.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
23, que formula don Ismael Bardisa Jordá, del Grupo Parlamentario
Popular.

Señor Bardisa.




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El señor BARDISA JORDÁ: Gracias, señor presidente.

Señor ministro de Administraciones Públicas, es importante que la
política del Gobierno de mejora de la relación entre la
Administración y los ciudadanos se siga llevando a cabo. Es obvio que
el Gobierno está afrontando este reto y que está iniciando
precisamente esta política de acercar al ciudadano a la
Administración. Ello se puede conseguir simplificando los trámites
administrativos, simplificando la tramitación de solicitudes y, desde
luego, acercando la Administración a los ciudadanos.

En definitiva, lo que quiere el ciudadano son respuestas eficaces
dentro de unos plazos razonables. En ese sentido, la Administración
periférica del Estado puede cumplir, y creo que está cumpliendo, un
papel importante como modelo de integración de servicios a través de
las diferentes delegaciones del Gobierno en las comunidades
autónomas.

Señor ministro, creo -y pienso que es bueno que el Gobierno tome esa
iniciativa- que se está pasando de una política de dispersión, es
decir, de oficinas ubicadas en capitales de provincias desde puntos
distantes, que llevaban las direcciones provinciales, a una política
de centralización de los servicios, que es la ubicación en uno o en
dos edificios en las subdelegaciones provinciales del Gobierno y que
se unifiquen todos los servicios provinciales de la Administración
periférica. En ese sentido, creo que se ha avanzado, se han suprimido
150 direcciones provinciales y hay un proyecto por parte de su
Ministerio de integrar en una ubicación conjunta a la Dirección
Provincial de Trabajo de cada una de las provincias, a la Dirección
Provincial de Asuntos Sociales, a los servicios generales de la
Dirección General del Instituto Geográfico Nacional y a los servicios
periféricos de la Dirección General de Objeción de Conciencia. Creo
que todo eso es positivo y, en esa línea, desde el Grupo
Parlamentario Popular, le instamos a que siga trabajando desde su
Ministerio para conseguir una mayor agilidad de la Administración y,
en definitiva, un mejor servicio hacia los ciudadanos.

Por eso, desde el Grupo Parlamentario Popular, le formulo la
siguiente pregunta: ¿Qué ventajas está suponiendo a los ciudadanos la
racionalización de la Administración periférica del Estado?
Gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Bardisa.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Acebes Paniagua):
Gracias, señor presidente.

Señoría, efectivamente, como consecuencia de la entrada en vigor de
la Ley 6/1997, la conocida como Lofage, en la que se establece un
nuevo modelo de Administración periférica del Estado que se inspira
en el principio de la Administración única o común, se exige una
adecuación de la actual estructura de la Administración general del
Estado a la realidad competencial
del Estado autonómico. La concreción práctica de tal
principio inspirador de la Lofage no es otra que la pretensión de
conseguir una Administración periférica del Estado más ágil, más
eficaz, que piense más en el ciudadano y que cueste menos, en
definitiva, como S.S. también recordaba, que sea más eficiente.

El Ministerio de Administraciones Públicas ha puesto en marcha para
conseguir estos objetivos planes específicos con la finalidad de
disponer, en el menor tiempo posible, de una estructura y planta
organizativas en la que el ejercicio de las competencias del Estado
en el territorio estén plenamente coordinadas y los órganos y
dependencias donde se ejercen dichas competencias puedan ser
claramente identificadas por los ciudadanos.

Este proceso de racionalización hemos querido que responda a varios
criterios. En primer lugar, a una mayor eficacia y sencillez de los
servicios periféricos de la Administración general del Estado. Así,
nos hemos marcado como objetivo la unificación en un espacio físico,
sedes de las delegaciones, subdelegaciones del Gobierno, para que
acojan el mayor volumen posible de servicios, lo cual produce un
ahorro tanto de gastos directos como indirectos y, desde luego, una
mayor simplificación y sencillez. Además, el ahorro repercute en una
disminución de gastos por mejora en la gestión de los servicios; por
tanto: optimización de los edificios administrativos y ahorro del
gasto público. En segundo lugar, una plena utilización del potencial
humano en la periferia, con la finalidad de reforzar los servicios y
hacer una más adecuada reubicación del material y también del
personal al servicio de la Administración para, en tercer lugar,
abordar, como usted conoce, la simplificación de los procedimientos
administrativos, y todo ello, como le decía, con la intención de que
los servicios cada vez sean más ágiles, más eficaces y más cercanos
al ciudadano.

Gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.




- DE LA DIPUTADA DOÑA ROSA CONDE GUTIÉRREZ DEL ÁLAMO, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA Y
ENERGÍA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS VA A ADOPTAR EL
GOBIERNO EN RELACIÓN A RTVE ANTE LOS DIVERSOS PRONUNCIAMIENTOS DE LA
JUNTA ELECTORAL CENTRAL EN LA CAMPAÑA ELECTORAL DEL PASADO 13 DE
JUNIO Y LA POSICIÓN DE LA MAYORÍA DE LOS GRUPOS DE ESTA CÁMARA EN LA
JUNTA DE PORTAVOCES DEL PASADO 23 DE JUNIO? (Número de expediente
180/001886.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas
dirigidas al Gobierno y que contestará el señor ministro de Industria
y Energía y Portavozdel Gobierno.




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Pregunta número 13, que formula doña Rosa Conde Gutiérrez del Álamo,
del Grupo Parlamentario Socialista.

Señora Conde.




La señora CONDE GUTIÉRREZ DEL ÁLAMO: Gracias, señor presidente.

Señor Piqué, ¿qué medidas va a adoptar el Gobierno en relación a RTVE
ante los diversos pronunciamientos de la Junta Electoral Central en
la pasada campaña del 13 de junio y la posición de la mayoría de los
grupos de esta Cámara en la Junta de Portavoces del 23 de junio?



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Conde.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente.

Señoría, parece usted desconocerlo, pero me complace informarle que
en todos los pronunciamientos de la Junta Electoral Central sobre la
campaña electoral del pasado 13 de junio se ha confirmado el respeto
por parte de Televisión Española al principio de proporcionalidad
y neutralidad informativa. (Rumores.- Risas.-Aplausos.)
Ya sé que a usted y a su grupo no les suele interesar la verdad, pero
yo estoy encantado de recordársela. Probablemente les sorprenden este
tipo de datos porque sí es verdad que lo que ha sucedido en ésta no
solía ocurrir en las legislaturas pasadas.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.- Rumores.-Protestas.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.

Señora Conde.




La señora CONDE GUTIÉRREZ DEL ÁLAMO: Gracias, señor presidente.

Señor Piqué, ya se ve que usted no acepta la realidad ni en lo que le
concierne personalmente ni en lo que le concierne políticamente.

(Rumores.) Tengo las resoluciones de la Junta Electoral Central. De
cuatro peticiones hechas por el Partido Socialista, tres han sido
declaradas a su favor por la Junta Electoral Central. (Varios señores
diputados: ¡No, no, no!- Rumores.) Se le ha instado a Televisión
Española para que cumpla el pluralismo político.

No me extrañan sus argumentos. Ustedes están solos, y esta mañana se
ha comprobado en la Comisión parlamentaria de Control de
Radiotelevisión Española. Todos los grupos, incluidos sus socios
parlamentarios, han reprobado la actitud de Televisión Española y del
director general y lo han responsabilizado personalmente de lo que ha
pasado en la campaña electoral y en la política informativa. Si el
director general tuviera dignidad
política y dignidad profesional, analizaría bien lo que ha pasado
esta mañana y dimitiría.

Las cosas han ido mal en Radiotelevisión Española desde que ustedes
están en el Gobierno. Le digo más, la operación centro ha sido
perjudicial para Radiotelevisión Española. El binomio que forman
usted y el señor don Pío Cabanillas es mucho más nefasto para la
libertad y pluralidad informativa que el de Cascos y López-Amor.

(Rumores.) ¿Le extraña, verdad, señor Piqué? Pues es así. Ustedes no
respetan las reglas del juego democrático, no respetan el pluralismo
político, manipulan y lo hacen de una forma muy burda. La democracia
se basa en el pluralismo político, ustedes no lo respetan y están
fragilizando la democracia. Ante esto, alguien se tiene que
responsabilizar.

No lo denuncia sólo el Grupo Socialista, lo denuncian todos los
grupos de esta Cámara, como se ha visto esta mañana y como se vio en
la Junta de Portavoces. Lo ha denunciado la Junta Electoral Central.

Le pido a usted responsabilidades políticas, y le pido más: si no
dimite el director general, césenlo inmediatamente, a él y a su
director de informativos. Lo que está pasando es muy grave y es muy
grave para el fortalecimiento de la democracia en el que todos
tenemos que estar trabajando.

Señor Piqué, ustedes están solos. Replantéese lo que está haciendo,
cambien su política informativa y encontrarán en el Partido
Socialista y en todos los partidos de esta Cámara un fuerte apoyo.

(Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Conde.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): Muchas gracias, señor presidente.

Señoría, no tengo más remedio, y lo lamento, que ratificarme en lo
que he dicho antes. Su desprecio a la verdad es asombroso. (Rumores.)
En algún momento a lo largo de su intervención, he pensado -porque no
puede ser que haya una contradicción tan flagrante entre la realidad
y lo que se dice- que se refería usted a Canal Plus y a Canal Sur, a
los dos. (Rumores.- Risas.-Protestas.-Aplausos.-Pateos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento,
señor ministro.

Señorías, les ruego guarden silencio. Un momento, señor ministro.

Puede continuar.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): Los únicos pronunciamientos que ha habido, se
refieren a Canal Sur, me refería también a Canal Plus por lo que
ustedes saben, y lo ratifico. (Rumores.- Protestas.)



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La verdad es la siguiente: hay un acuerdo de la Junta Electoral de 27
de mayo de 1999 que decidió archivar la denuncia presentada por el
Partido Socialista. (La señora Conde Gutiérrez del Álamo pronuncia
palabras que no se perciben.) Sigo, señora Conde, si me lo permite.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento,
señor ministro.

Señora Conde, S.S. ha podido intervenir sin interrupciones. Le ruego
que simplemente permita que le contesten tal cual S.S. actuó.

(Rumores.-Protestas.-La señora Conde Gutiérrez del Álamo pronuncia
palabras que no se perciben.) Le ruego que guarde silencio; señora
Conde, le ruego que guarde silencio.

Continúe, señor ministro.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): De forma análoga, los días 7 y 8 de junio, la Junta
Electoral Central rechazó las pretensiones del representante del
Partido Socialista relativas a la presunta existencia de violación de
la proporcionalidad y neutralidad informativas.




Por último, la Junta Electoral Central ha archivado la denuncia
presentada el día 10 de junio por el Partido Socialista en la que se
volvía a aludir a la presunta existencia de manipulación informativa.

(Protestas.- La señora Conde Gutiérrez del Álamo: El ministro
miente.) A ello ha de añadirse la resolución de la Junta Electoral
Central de 8 de junio en relación con la denuncia del Partido
Socialista por la que éste trataba de limitar la participación en el
debate electoral a los representantes del Partido Socialista y del PP
y en la que se solicitaba su anulación en el caso de que el
representante de dicho partido no tomara parte en el mismo. La Junta
Electoral Central admitió el criterio de Radiotelevisión Española de
celebrar un debate multilateral, permitiendo a todas las formaciones
políticas participar. (Una señora diputada pronuncia palabras que no
se perciben.) Pero esto es así (Rumores.-La señora Conde Gutiérrez
del Álamo: No es así.), que el Gobierno no considera precisa, y
acabo, señor presidente, ...




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro. Señor ministro, no está en el uso de la palabra.

(Rumores.-Protestas.- La señora Conde Gutiérrez del Álamo: Mientes,
ministro.-Aplausos.)



- DEL DIPUTADO DON ÁNGEL ESCUREDO FRANCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE
EL GOBIERNO DE LOS RESULTADOS DE LAS ÚLTIMAS ENCUESTAS DE COYUNTURA
INDUSTRIAL CORRESPONDIENTES



A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL? (Número de expediente 180/001902.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
27, que formula don Ángel Escuredo Franco, del Grupo Parlamentario
Popular.

Señor Escuredo.




El señor ESCUREDO FRANCO: Gracias, señor presidente.




Señor ministro, la caída de la tasa de crecimiento del comercio
exterior en España en los últimos meses se ha visto con preocupación
desde el sector industrial. Puesto que la industria española es una
actividad muy abierta a la competencia internacional y con un
crecimiento de la actividad orientado cada vez más a la demanda
externa, no nos cabe duda que se trata de los efectos de una crisis
internacional de origen financiero que hace sus estragos aquí y allá.

En este sentido, era de temer una caída en la actividad e incluso una
caída en el empleo industrial. Sin embargo, según los datos aportados
por las últimas encuestas de coyuntura industrial de los pasados
meses de marzo y abril, todo apunta hacia una mejora de expectativas
empresariales respecto al futuro más o menos inmediato de la
industria española. Además, de acuerdo con la encuesta, esto mejora
las expectativas y es generalizada desde el punto de vista sectorial.

Esta información es, desde nuestro punto de vista, muy valiosa,
puesto que en los meses anteriores la producción industrial en España
había mostrado algunos síntomas de debilitamiento, especialmente en
lo relativo a la evolución de la tasa de crecimiento de la producción
industrial que, dicho sea de paso, se mantiene, a pesar de todo, con
signo positivo.

Por otro lado, la extraordinaria confianza que está evidenciando el
empresariado español en su economía y en las políticas aplicadas por
el Gobierno hacen que las carteras de pedidos aumenten según estas
encuestas y que la utilización de la capacidad productiva apenas
disminuya. Esto unido a que el indicador de empleo no empeora
respecto al último cuatrimestre de 1998, período en el que ha habido
crecimiento de empleo, nos permite ser mucho más optimistas en el
futuro. A pesar de todo, señor ministro, nos gustaría saber, a la luz
de estos datos, si el Gobierno considera que ha pasado lo peor de la
ralentización de la actividad industrial de meses pasados y si en los
meses próximos, de acuerdo con estos datos de coyuntura, cabe
albergar algún optimismo respecto a la industria y el empleo
industrial en España.

Por todo lo dicho, señor ministro, hacemos la siguiente pregunta:
¿Qué valoración hace el Gobierno de los resultados de las últimas
encuestas de coyuntura industrial correspondientes a los meses de
marzo y abril?
Muchas gracias, señor presidente.




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El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Escuredo.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO
(Piqué i Camps): Gracias, señor presidente.

Los últimos resultados de la encuesta de coyuntura industrial nos
muestran una mejora significativa del nivel de optimismo empresarial
que apunta, por lo tanto, a un aumento del ritmo de expansión de la
actividad en ese sector. Eso significa que estamos superando la breve
etapa de moderación que se registró en los últimos meses de 1998 y
los primeros de 1999 como resultado esencialmente de los efectos que
la crisis financiera internacional tuvo sobre las exportaciones. Por
tanto, hacemos una valoración positiva. En concreto, el principal
indicador de la encuesta, que es el indicador de clima industrial, ha
experimentado dos subidas consecutivas en los meses de febrero y
marzo, después se ha estabilizado en abril tras varios descensos
registrados en los últimos meses de 1998 y en enero del presente año.

Por lo tanto, el nivel de confianza empresarial ha aumentado en
cuatro puntos; nivel de confianza empresarial que, por otra parte, es
claramente superior al de los empresarios europeos. En concreto, en
el mes de marzo, el último en el que disponemos de información
europea, el índice de clima industrial español se situó cerca de 10
puntos por encima del índice comunitario. Esta evolución más
favorable se está viendo corroborada por los indicadores reales de
actividad, como todo el mundo sabe.

La mejora de los niveles de confianza empresarial en los últimos
meses hay que decir que se ha apoyado especialmente, por una parte,
en la recuperación de las carteras de pedidos, que ha sido
especialmente intensa desde el mes de marzo y, por otra parte, en la
evolución del grado de utilización de la capacidad productiva, que se
ha mantenido en el 79,3 en el mes de marzo y que puede alcanzar el
81,3 en el segundo trimestre del año, que es una cifra realmente muy
elevada.

Por otra parte, los indicadores de nivel y tendencia del empleo se
mantienen en niveles históricamente muy elevados; creció el 3,2 por
ciento en 1997, el 4,9 por ciento en 1998, que es un récord histórico
-nunca había sucedido algo semejante-, y ahora está creciendo al 4,7,
que también es una cifra muy significativa.

Finalmente, la encuesta recoge también información sobre la tendencia
de los precios, lo que nos revela que, aunque los empresarios
industriales continúan manteniendo expectativas de moderación, es
previsible que el ritmo de descenso de los precios continúe
moderándose en los próximos meses. En definitiva -y con esto acabo,
señor presidente-, los resultados de la encuesta en los últimos meses
muestran una expansión de los niveles de demanda, especialmente en su
componente interno, y apuntan a una intensificación en el ritmo de
crecimiento de la producción, la continuidad
del proceso de fuerte creación de empleo y una evolución muy moderada
de los precios industriales.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.




- DEL DIPUTADO DON JOSÉ JUAN GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA, DEL GRUPO
VASCO (EAJPNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿POR QUÉ HA INSCRITO LA
OFICINA DEL CENSO ELECTORAL A CIUDADANOS VASCOS RESIDENTES EN EL
EXTRANJERO EN EL CENSO DE MADRID? (Número de expediente 180/001883.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Las preguntas
números 28 y 29, del Grupo Parlamentario Popular, han sido retiradas,
con lo cual pasamos a las preguntas que contestará el señor
vicepresidente segundo del Gobierno.

Pregunta número 10, que formula don José Juan González de Txabarri
Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

Señor González de Txabarri.




El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.

¿Por qué ha inscrito, señor vicepresidente, la Oficina del Censo
Electoral a ciudadanos vascos residentes en el extranjero en el censo
de Madrid?
Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.

Señor vicepresidente segundo.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Muchas gracias, señor presidente.

Pues como consecuencia de la normativa aprobada por el Ministerio de
Economía y Hacienda el 24 de abril de 1996.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor vicepresidente.

Señor González de Txabarri.




El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Muchas gracias, señor
presidente.

Se acordará muy bien, señor vicepresidente, del escándalo que armó el
Partido Popular durante las elecciones del año 1993 en relación al
censo y concretamente al CERA. Tal fue el escándalo que hubo que
constituir en esta Cámara una ponencia especial para analizar incluso
los procesos de elaboración del censo electoral y, como derivación de
esos trabajos, esta Cámara, en Pleno, aprobó un dictamen en cuyo
punto primero, lo primero que dice el texto aprobado, es: un



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censo electoral correctamente elaborado es un sistema de registros
mediante el cual figuran relacionados en el lugar de su residencia
todos los ciudadanos con derecho a voto. Repito: en el lugar de su
residencia. Las vísperas del proceso electoral hemos podido comprobar
que, pese a los esfuerzos que ha hecho la Oficina del Censo Electoral
para que un conjunto de ciudadanos estuviesen inscritos, pudiesen
ejercitar su derecho a voto, éstos se han encontrado con que no han
podido votar. En el Grupo Parlamentario Vasco y en el Partido
Nacionalista Vasco hemos recibido un conjunto importante de críticas
de ciudadanos vascos residentes en el extranjero y que estaban en el
CERA que han normalizado su situación por haber cambiado su domicilio
en el extranjero, de Argentina a Uruguay o de Uruguay a Chile, y que
se han encontrado que estaban inscritos en el registro de Madrid.

Usted dirá que es una normativa aprobada y aplicada en el año 1996 y
seguramente será así, pero convendrá con nosotros, señor
vicepresidente, en que es una situación bastante txirene, más txirene
si cabe cuando este dictamen que tengo en mis manos hacía referencia
expresamente a propuestas en relación a este tema que el Grupo
Popular, y concretamente el señor Vera Pro, en su día, participante
en esta ponencia al igual que el diputado que les habla, tuvo mucho
interés en incluir en el dictamen de esta ponencia en relación al
censo electoral, que fue presidida por el señor Virgilio Zapatero. Si
esa normativa está vigente, señor vicepresidente, es bastante
razonable que se cambie y que se adecue.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor González de Txabarri.

Señor vicepresidente.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Muchas gracias, señor presidente.




Señor diputado, yo puedo estar de acuerdo en que estudiemos una nueva
normativa. La normativa actual lo que dice es que el municipio de
inscripción se determinará con los siguientes criterios. Para los
nacidos en territorio nacional, el municipio de última residencia o
el de mayor arraigo. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Para
los nacidos fuera del territorio nacional, el municipio de la última
residencia o el de mayor arraigo de algunos de los ascendientes o, en
su caso, del propio interesado. En el supuesto de que existan
vínculos de hecho o de derecho se puede optar por el municipio de
inscripción de cualquier otro miembro de la unidad de hecho o de
derecho y, en su defecto, el municipio de inscripción en España a
efectos electorales lo determinará la oficina consular con los datos
de que disponga. Es decir, el elector elige el municipio de
inscripción de acuerdo con los criterios que le acabo de exponer y,
si no lo hiciera, la oficina
consular o la oficina del censo establecen ese municipio con los
criterios de que dispongan.

De los datos que tiene S.S. no sé cuántos ciudadanos han elegido el
municipio, si estaban residiendo fuera, ni sé, si lo han elegido, si
ha habido errores. En el caso de que haya habido errores yo estoy
plenamente dispuesto a estudiarlo, como estoy plenamente dispuesto
a que los grupos parlamentarios indiquen si esta orden del Ministerio
de Economía y Hacienda del año 1996, del 24 de abril, puede
mejorarse, pero el procedimiento no puede ser muy distinto. El
ciudadano puede rectificar, no durante el período electoral, lo cual
parece lógico, pero durante el resto del tiempo puede rectificar
perfectamente el municipio que le asignan desde el punto de vista
electoral ya sea en las oficinas consulares, ya sea en la oficina del
censo.

En cualquier caso, estoy a disposición de S. S. para estudiar
cualquier fórmula que nos permita mejorar el sistema.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente.




- DEL DIPUTADO DON JUAN MANUEL EGUIAGARAY UCELAY, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO
DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿QUÉ OPINIÓN LE
MERECEN A USTED LAS INFORMACIONES REMITIDAS A ESTA CÁMARA POR LA
AGENCIA TRIBUTARIA? (Número de expediente 180/001884.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 11, que formula al
Gobierno el diputado don Juan Manuel Eguiagaray Ucelay, del Grupo
Socialista.

Señor Eguiagaray.




El señor EGUIAGARAY UCELAY: Muchas gracias, señor presidente.

Señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía,
cuánto tiempo sin vernos, desde esta misma mañana. ¿Qué opinión le
merecen a usted las informaciones remitidas a esta Cámara por la
Agencia Tributaria?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Eguiagaray.

Señor vicepresidente.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Me merecen una opinión satisfactoria.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.

Señor Eguiagaray.




El señor EGUIAGARAY UCELAY: Muchas gracias, señor ministro, no
esperaba otra cosa de alguien que está tan satisfecho como usted de
haberse conocido.




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No quisiera discutir con usted de cifras sobre la Agencia Tributaria.

Lo hemos hecho hasta la saciedad, y la verdad es que ya no hay quien
nos siga. Lo más grave es que en este momento no hay nadie que se
crea las cifras que ustedes dan. Se lo han ganado a pulso porque se
han burlado del Parlamento (Protestas.- Rumores.); han querido
engañar una y otra vez a la Comisión de Economía del Congreso para
aparentar una buena gestión y han hecho lo posible, lo imposible
y hasta lo ridículo para que las cifras de liquidación de la Agencia
sean una maraña inextricable. Y por fin, han colocado de matute entre
100.000 y 150.000 millones de pesetas de más en el año 1998. El señor
Costa se ha superado a sí mismo, lo que, teniendo en cuenta la marcha
que llevaba, no es una hazaña sino casi un milagro.

Si uno abandona las cifras para hablar del fondo, y lo hace con el
riesgo de sufrir el mismo embate que hace poco sufrimos cuando, por
tender la mano en esta dirección, nos encontramos con un mordisco,
uno tendría que expresar la preocupación por el caos de la Agencia
Tributaria. Señor Rato, usted debe saber que estamos viviendo en el
caos. Y usted, y no el señor Costa, es el último responsable de lo
que está ocurriendo. Politizaron la Agencia hasta extremos
inconcebibles en democracia, primero con los falsos 200.000 millones;
después, con los nombramientos que permitían que el color político de
los delegados de Hacienda contase más que su profesionalidad. Hemos
asistido a las acusaciones del señor Costa contra el señor Bermejo
por sus visitas nocturnas en busca de falsas pruebas y a las
acusaciones del señor Bermejo al señor Costa por haberle dado
instrucciones en esa dirección. Han cambiado tres veces de director
de la Agencia, no sé cuántas más a los principales puestos de la
Agencia, mantienen conflictos abiertos que nunca se cierran, y todo
el mundo se pregunta hasta dónde puede llegar el caos. Señor Rato, da
la sensación de que usted ha pasado por esto como la luz, sin
romperlo ni mancharlo, cuando realmente lo que se ha cocido ahí y lo
que está ocurriendo es responsabilidad suya. Aun a riesgo de que
pueda volver a morderme la mano -lo digo eufemísticamente y,
naturalmente, en sentido figurado, porque no se lo toleraría, como
usted se puede imaginar-, ¿no le parece que ha llegado el momento de
pensar, desde el acuerdo, en el futuro de esa institución fundamental
para el Estado que es la Agencia Tributaria? ¿No le parece que
deberíamos llegar a algún acuerdo? (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Eguiagaray.




Señor vicepresidente.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente. Gracias,
señor diputado. Para empezar, señor Eguiagaray, sobre la pregunta en
sí, quiero decirle que los primeros meses de este año la Secretaría
de Estado de Hacienda
ha remitido a todos los portavoces un documento que recogía una
propuesta de datos que nosotros entendíamos que era conveniente
entregar al Parlamento con periodicidad mensual, cuatrimestral y
anual, y no hemos obtenido ningún comentario de S.S. No entiendoeso
como un mordisco; no es ni mordisco ni caricia, es que no nos hemos
enterado de la opinión de su grupo. A partir de ahora espero que S.

S., en un intermedio entre caricia y mordisco, nos diga lo que
podemos hacer con los datos. Como S.S. no se refería a los datos sino
a otra cosa, paso, en el tiempo que me queda, a hablar de otra cosa.

Respecto a la Agencia Tributaria estoy relativamente satisfecho de
que al día de hoy, 30 de junio, uno de cada cuatro contribuyentes con
derecho a devolución la haya recibido ya; estoy satisfecho de que de
los 14 millones largos de declaraciones que hacen los contribuyentes
del impuesto sobre la renta 12 millones ya los confeccione la propia
Agencia; y estoy satisfecho de la opinión que tienen los
contribuyentes sobre la Agencia, que es alta y mejor que la que
tenían hace tres años. Ya sé que ustedes están doloridos con la
Agencia y que les escoció mucho el debate de los famosos 200.000
millones; hay que reconocerlo, pero también quiero decirles que, si
siguen insistiendo, me obligan a tener que repetir una y otra vez
algo que a lo mejor la opinión pública ya ha olvidado y es que se
perdieron 200.000 millones de pesetas porque prescribieron como
consecuencia de falta de diligencia en la Agencia Tributaria.

(Aplausos.) ¿Qué quieren, que yo se lo repita? Tienen ustedes una
especie de fijación sadomasoquista. Lo que les gusta es que les diga
una cosa que les molesta y comprendo que les moleste. Si a mí me
hubiera pasado en mi gestión, me molestaría profundamente.




Señoría, estamos a su disposición, tanto para los datos como para
cualquier otra cosa. Por primera vez en la historia de esta Cámara se
va a discutir el plan de objetivos de la Agencia Estatal de la
Administración tributaria para el año 1999, en el que se describen y
se concretan cuantitativamente los objetivos; por primera vez en la
historia de esta Cámara se va a discutir el Plan director del control
tributario. Tienen ustedes todas las ocasiones que quieran para,
entre caricias y mordiscos, decirnos qué harían, pero pueden estar
seguros de que las actas ya no prescriben en perjuicio de la Hacienda
pública.

Muchas gracias. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente.




- DE LA DIPUTADA DOÑA ARANTZA MENDIZÁBAL GOROSTIAGA, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO
DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y HACIENDA: ¿CUÁL ES EL RESULTADO
DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA



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POR SU MINISTERIO SOBRE LOS ACONTECIMIENTOS EN RELACIÓN CON LAS
ACTUACIONES DEL SEÑOR BERMEJO QUE HAN APARECIDO EN LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN? (Número de expediente 180/001885.)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 12, que formula la diputada doña
Arantza Mendizábal Gorostiaga, del Grupo Socialista.

Señora Mendizábal.




La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Gracias, señor presidente.

Señor vicepresidente, me asombra su satisfacción. Yo ya sé lo que me
va a contestar (Rumores.), pero humildemente le pregunto: ¿Cuál es el
resultado de la investigación realizada por su Ministerio sobre los
acontecimientos en relación con las actuaciones del señor Bermejo que
han aparecido en los medios de comunicación?



El señor PRESIDENTE: Gracias.

Señor vicepresidente.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Señoría, claro que sabe usted lo que le
voy a contestar en relación con el resultado de la investigación, lo
sabe desde el 22 de mayo de 1988, en que se publicó en el Boletín
Oficial del Congreso, serie D, número 284, que dice textualmente: No
se ha puesto de manifiesto en las investigaciones llevadas a cabo
ninguna falta de documentación ni de accesos irregulares a las
oficinas o a la información. Le tengo que responder lo mismo, porque
sería grave que yo ahora le dijera que esa información que tiene el
Parlamento no se corresponde con la realidad. Es verdad. Me lo han
preguntado ustedes varias veces y yo les tengo que contestar lo
mismo. No sé si es que ustedes tratan de que en alguna respuesta les
diga otra cosa distinta. Pues así estaremos hasta el final de la
legislatura, pero yo creo que no van a ser ustedes capaces de
conseguirlo. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente.




Señora Mendizábal.




La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Gracias, señor presidente.

Señor Rato, con respecto al resultado efectivo de la investigación de
esas visitas nocturnas del señor Bermejo y de la señora Valiente a la
ONI, después de muchas peticiones de un diputado de esta Cámara, que
tuvo que recurrir hasta al amparo de la Presidencia para que le
contestara, el 22 de mayo S. S. respondió con esas declaraciones
puramente genéricas, como son que no se habían detectado accesos
informáticos indebidos a los expedientes comprobados o que existían
algunas
debilidades en la custodia de documentos, que es precisamente lo que
usted ha dicho hoy.

Señor Rato, cuando se producen hechos de este calibre: visitas
nocturnas, asaltos, etcétera, cuando la sospecha recae sobre la
custodia de unos documentos que afectan a la privacidad de las
personas y cuando hay ciertas dudas, su obligación es presentar ante
esta Cámara, con luz y taquígrafos, todos los informes e
investigaciones que ha realizado. No hacerlo así es no asumir
responsabilidades por su parte, y eso en estos momentos es
particularmente grave porque no estamos hablando sólo de aquel hecho,
sino que el propio visitador nocturno, señor Bermejo, dice ahora que
dichas visitas no eran tales sino reuniones coordinadas y promovidas
por el presidente de la Agencia Tributaria, su secretario de Estado,
señor Costa. Esto debería hacerle pensar en su satisfacción, debería
ponerse un poco nervioso e investigar qué sucede, porque sí es su
responsabilidad. La responsabilidad del señor Costa ya sabemos cuál
es. Coja usted la suya y mire cómo cumple el señor Costa sus
responsabilidades.

Nada más. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Mendizábal.




Señor vicepresidente del Gobierno.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Muchas gracias, señor presidente.

Gracias, señora diputada. Yo asumo mi responsabilidad, toda la que
ustedes quieran; además, soy el responsable. Explíqueme usted cómo
vamos a construir esa historia. Que el director general de la Agencia
Tributaria y la directora de Inspección, en un momento en el que hay
una Comisión de investigación en el Parlamento -que afecta a un hecho
que no volveré a mencionar salvo que me lo vuelvan a preguntar- vayan
a la Oficina de Inspección a una reunión para acopiar documentación y
enviarla al Parlamento y que eso lo sepa el secretario de Estado de
Hacienda, ¿me quiere explicar S.S. en qué nos tenemos que sentir
sorprendidos? (Rumores.) Si el secretario de Estado de Hacienda
hubiera ido a la Delegación del Ministerio de Defensa a estudiar los
planes de la OTAN comprendería que S.S. me dijera que este Gobierno
es sorprendente, pero si hay una Comisión de investigación en el
Parlamento que le pide datos a la Agencia Tributaria y el director
general de la Agencia y la directora de Inspección se reúnen para
conseguir esos datos (Rumores.), lo único que puedo entender es que
su grupo parlamentario sostenga que una reunión de directivos de la
Administración que se celebre a partir de la caída del sol es
sospechosa. No me puedo creer tal cosa porque estarían ustedes ...

(Protestas.- Rumores.) No me lo puedo creer por muchas ganas que
tenga de creérmelo. A partir de ahí ustedes quieren crear una
historia terrible sobre el hecho de que los directivos de Hacienda se
reúnan en la Oficina de Inspección, con conocimiento



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de sus superiores, para tratar sobre temas de Hacienda que está
investigando el Parlamento. (Rumores.) No consigo ver la maldad de su
pregunta. No es que me sienta satisfecho, es que me siento
agradecido. (Aplausos.- La señora Cunillera i Mestres: ¡Hoy has
venido perverso!)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente.




- DEL DIPUTADO DON RAFAEL CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL
ES LA POSICIÓN DEL GOBIERNO EN RELACIÓN A LAS PROPUESTAS DE
ARMONIZACIÓN DE LA IMPOSICIÓN ENERGÉTICA? (Número de expediente 180/
001896.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta que, con el número 21,
formula el diputado don Rafael Cámara Rodríguez-Valenzuela, del Grupo
Parlamentario Popular.

Señor Cámara. (Rumores.)



El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Muchas gracias, señor
presidente.




El señor PRESIDENTE: Señor Cámara, un momento.

Por favor, señora Mendizábal. Sosiego. Sosiego.

Adelante, señor Cámara.




El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Muchas gracias, señor
presidente.

Señor vicepresidente del Gobierno, de un tiempo a esta parte,
especialmente las últimas semanas, se vienen oyendo desde la Unión
Europea exigencias al Gobierno de España para que se introduzca en un
proceso de armonización fiscal sobre la imposición energética. ¿Qué
significa esto? Se le pide a España que suba los impuestos
especiales. Créame -en principio, y sin más datos- si le digo que al
Grupo Parlamentario Popular no le seduce lo más mínimo tener que
introducirnos en un proceso de elevación de impuestos a los
ciudadanos. Según nuestros datos, los impuestos especiales españoles
están en parámetros parecidos a los que se establecen en el seno de
la Unión Europea ylas razones que aduce la Unión Europea para que
España suba los impuestos especiales es que de esa manera se podrían
promover mejoras en medidas de carácter medioambiental.

Nuestro grupo no acaba de ver cuál es la relación directa que puede
existir entre una subida de impuestos y mejoras en cuestiones
medioambientales. Creemos que es más interesante adoptar medidas
directas como, por ejemplo, los beneficios fiscales que en este
momento existen en el impuesto sobre sociedades para aquellas
empresas que dediquen recursos a la implementación de medidas de
carácter medioambiental.

Como digo, no acabamos de entrever esta relación, por lo que le
formulamos la pregunta siguiente: ¿Cuál es la posición del Gobierno
en relación a las propuestas de armonización de la imposición
energética?



El señor PRESIDENTE: Señor vicepresidente.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente.

Señor diputado, efectivamente, la iniciativa actual de la Comisión
Europea, de marzo de 1997, se puede considerar que viene precedida de
la famosa ecotasa, que fue debatida en 1992 y en 1995. Los argumentos
que esgrime el Gobierno español en este momento son similares a los
de entonces.

La pretensión que tienen la Comisión Europea y algunos países de
considerar que una tributación mínima de la energía tendría
consecuencias positivas para el mercado interior y para las políticas
medioambientales, en nuestra opinión es errónea porque se pretendería
que los países que no tienen problemas medioambientales eleven sus
tipos mínimos de imposición, mientras que los países que realmente
están incumpliendo con sus emisiones de CO2 las cuotas establecidas
por el Consejo de Ministros de Medio Ambiente no se verían
perjudicados. Esto no es más que una maniobra, entendible, para
perjudicar, desde el punto de vista de los costes de la energía, a
países que no estamos siendo especialmente dañinos en cuestiones de
CO2 en el medio ambiente.

En segundo lugar, pretender modificar la legislación del año 1992 y
la armonización alcanzada sobre hidrocarburos en el citado año para
mejorar el mercado interior tampoco nos parece que sea una
argumentación suficiente, puesto que esto produciría que una vez más
serían precisamente los países menos desarrollados los que tendrían
que acercarse a los tipos mínimos de los países más desarrollados, en
un proceso que perjudicaría nuestra competitividad. Aceptar una
propuesta de este tipo supondría pérdidas importantes para los
consumidores. Para que la Cámara se haga una idea, si aceptásemos lo
que nos propone la Comisión se plantearía un aumento de 8,8 pesetas/
litro, es decir, un incremento de más del 7 por ciento en el tipo
impositivo a la gasolina sin plomo; un aumento de 7,8 pesetas/ litro
en el gasóleo de automoción y un aumento de precio de venta al
público de 1.653 pesetas por tonelada en el tipo impositivo aplicable
al fuelóleo pesado.

España, que lleva desde el año 1992 manteniendo una posición similar,
debe continuar con esa posición. En algunos debates internos me ha
sorprendido que haya grupos parlamentarios que pretendan que
cambiemos nuestra posición al respecto.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente.




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- DEL DIPUTADO DON PEDRO ANTONIO RÍOS MARTÍNEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL SEÑOR
PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CÓMO PIENSA CONSEGUIR EL GOBIERNO SUPERÁVIT
PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO SI AL MISMO TIEMPO SE REDUCEN LOS
INGRESOS FISCALES? (Número de expediente 180/001905.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta última, que formula al
Gobierno el diputado don Pedro Antonio Ríos Martínez, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.

Señor Ríos.




El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señor Rato, en el debate
sobre el estado de la Nación el Gobierno se realizaron varios
anuncios, pero el más sorprendente fue el de eliminar déficit bajando
impuestos. ¿Cómo piensa conseguir el Gobierno superávit
presupuestario en el año 2002 si al mismo tiempo reduce los impuestos
significativamente a los más poderosos?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.

Señor vicepresidente del Gobierno.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): En ningún caso hemos ni vamos a reducir
los impuestos a los más poderosos.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente.




Señor Ríos.




El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor Rato, aun manteniendo el crecimiento
económico, eliminar déficit bajando impuestos puede ser un acertijo
-y entonces la respuesta será que meterán la mano en la cartera de
los más débiles y reducirán el bienestar social-, un enigma -y
entonces truncarán la realidad para llevarnos falsamente al 2002-, o
simplemente un anuncio publicitario. Si es así, reciba otro: tendrán
enfrente a un gran numeroso de ciudadanos, que intentarán oponerse
y se opondrán.

Ustedes van a reducir el déficit público a 1,6 puntos del PIB con
algunos engaños contables, pero sobre todo con medidas que afectan a
la mayoría de los ciudadanos españoles. Han vendido media España,
hasta el cuadro de La última cena; han dejado al 60 por ciento de los
parados sin prestación; han deteriorado la educación pública por no
poner en marcha la Logse; han utilizado cotizaciones de los
trabajadores para ayudar a empresas y hacer frente a sus
obligaciones; han paralizado las inversiones, que prolongan agudos
desequilibrios territoriales y, sobre todo, han llenado el país de
tasas e impuestos especiales e incremento de los impuestos
indirectos.

Señor Rato, los números tienen que cuadrar al final. Si han bajado
los impuestos un billón de pesetas, si no van a disponer dentro de
tres años de 2,5 billones por privatizaciones y si además van a
renunciar al déficit, que hoy está en torno a 1,5 billones y van a
incrementar el gasto un billón, aun aceptando que el crecimiento
económico pueda significar un incremento mayor en IVA, en sociedades,
en IRPF y en menores gastos por valor de 1,5 billones de pesetas, ¿de
dónde sacarán los 4 ó 5 billones que aún les faltan?
Dejen de hacer magia o falsos anuncios. Ustedes son muy tendentes a
las frases: en la pasada legislatura «Váyase usted, señor González»,
en ésta «España va bien». Voy a tentar la suerte con una mía:
«cuenten menos cuentos, señores». (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ríos.

Señor vicepresidente.




El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA Y
HACIENDA (De Rato Figaredo): Gracias, señor presidente.

Lamento decirle, señor Ríos, que lo que me ha contado usted no
sucede. ¿Dónde están las subidas de impuestos especiales? ¿Dónde se
han producido? Si en más de un ejercicio ni siquiera hemos
incrementado a la gasolina la evolución de la inflación. ¿Está
convencida S.S. de su debate sobre las tasas? ¿Quiere que servicios
que no son generales sean financiados por impuestos generales?
Píenselo, pero es lo más antiprogresista que puede plantear en
términos económicos.

Supongo que S.S. que ha vivido en España durante estos tres años. ¿No
ha percibido, por ejemplo, que la reducción del déficit público ha
permitido la bajada de tipos de interés? ¿Sabe cuál ha sido el agente
económico que más se ha beneficiado de la bajada de tipos de interés?
El sector público. S.S. sabe -me consta que lo sabe porque se lo he
dicho yo cada vez que me ha repetido lo mismo- que las
privatizaciones no se aplican a déficit sino a deuda. Estamos en el
mismo debate y no arrancamos nunca.

El mayor riesgo que tiene el Estado social se llama el déficit
público y el paro. No hay mayor riesgo. Si tiene usted déficit
público en el año uno tendrá deuda pública en el año dos, que tendrá
que seguir pagando toda su vida y ese dinero no lo podrá usted
dedicar a financiar gastos sociales. Le voy a poner un ejemplo. En
estos años en los que, al parecer, han sucedido cosas tan
catastróficas, de cada cien pesetas de gasto público hemos pasado de
46 a 51 en gastos como pensiones, educación, sanidad o
infraestructuras. Eso es lo que ha sucedido, señoría, lo que pasa es
que ustedes tienen que comprender que el gasto público tiene dos
caminos: uno, el gastar y, otro, el gastar menos y hacer lo mismo; es
decir, eficiencia y lucha contra el fraude. Yo comprendo que eso
pueda parecerles una ruptura de su discurso histórico, pero no es
culpa mía. Yo no le pedí a usted que se pasara la vida pensando que
mayor déficit público era mayor igualdad. Yo le dije a usted y



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a sus correligionarios siempre que se estaban equivocando, si ustedes
se querían equivocar era su problema, no es el problema de la
sociedad española. Lo que necesita la sociedad española, y se lo
estamos dando, es el mayor presupuesto de sanidad de su historia, un
aumento del poder adquisitivo de los salarios, un aumento del poder
adquisitivo de las pensiones y una reducción de los impuestos
precisamente de los asalariados, a lo que usted increíblemente ha
votado en contra. Pertenece usted a un partido que ha votado en
contra de que bajen los impuestos a las rentas salariales, algo
inconcebible y, además, sigue usted sin entender cuál es el
funcionamiento del sector público en la economía. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor vicepresidente del
Gobierno.




INTERPELACIONES URGENTES:



- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA
ADOPTAR EL GOBIERNO EN POLÍTICA UNIVERSITARIA. (Número de expediente
172/000164.)



El señor PRESIDENTE: Concluidas las preguntas, al haber sido
aplazadas la del señor Recoder i Miralles y la del señor Campuzano,
pasamos al punto V del orden del día: Interpelaciones urgentes, que
comienza por la del Grupo Socialista sobre las medidas que piensa
adoptar el Gobierno en política universitaria y que defenderá doña
Clementina Díez de Baldeón.




La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Señorías, la política universitaria de este Gobierno sigue brillando
por su ausencia. La indefinición y el no sabe no contesta siguen
siendo una constante del Ministerio de Educación. Por eso no deja de
resultar significativa la ausencia en este debate del ministro de
Educación tras sucesivos aplazamientos. Es evidente que el ministro
Rajoy no tiene interés en hablar de la universidad, por eso me temo
que esta interpelación resulte un diálogo de sordos con el ministro
de Administración públicas, al que agradezco, al menos, su buena
voluntad si viene a leernos unos folios aportados por un departamento
completamente ajeno a su gestión.

Hace seis meses que se produjo una buena noticia, yo creo que la
mejor en el Ministerio de Educación, el cese de la ministra Aguirre,
pero hay una noticia mala y es que seis meses después las cosas
siguen exactamente igual. El actual ministro se comprometió, en su
primera comparecencia pública, a definir las líneas de actuación en
el área universitaria de su responsabilidad y a actuar en
consecuencia. Sin embargo, se ha cumplido ya casi medio año al frente
del Ministerio de Educación y los nuevos responsables educativos
parecen más
interesados en publicitar medidas engañosas, vacías de contenido y de
dudosa aplicación práctica que en formular propuestas serias y
rigurosas para dar solución a los problemas más urgentes. Uno de
estos problemas urgentes y que no permite más demora es la solución a
la inseguridad laboral del enorme colectivo de profesores asociados y
ayudantes. En la actualidad, nada menos que el 43 por ciento de las
plantillas universitarias en España son profesores contratados. Eso
supone un claro incumplimiento de la ley, que establece un máximo de
un 30 por ciento de profesores contratados en las universidades
politécnicas y de un 20 por ciento en el resto.

Ante la inminencia del próximo curso resulta prioritario el debate
sobre la anunciada propuesta de modificación del título V de la Ley
de Reforme Universitaria, que afecta a la definición de las nuevas
figuras docentes y a la financiación necesaria para ello. Pese a esta
urgencia, el Gobierno ha demostrado su incapacidad para dar salida a
una situación que resulta ya insostenible. A lo largo de tres años
han rodado por los cajones distintos borradores de reforma del título
V de la LRU. Borradores y más borradores condenados al fracaso por
varias razones, pero sobre todo por una razón de fuerza mayor: no
venían acompañados de financiación adicional. Al presentar estos
proyectos sin un pan bajo el brazo los rectores, los responsables
educativos, los sindicatos y los partidos políticos nos negamos a
aprobar una reforma meramente nominal, abortada por una nula
financiación, situación que la ministra Aguirre definió como una
reforma de la LRU a coste cero, que conducía inevitablemente a una
reforma cero de la Ley de Reforma Universitaria.

Para contribuir a la solución de este problema el Grupo Parlamentario
Socialista presentó, al inicio del curso pasado, una moción que no
prosperó porque no tuvo el respaldo de algunos grupos políticos de
esta Cámara. Ha pasado el curso y ahora, casi al final de esta
legislatura, el secretario de Estado de Universidades presentó en la
reunión de la comisión de coordinación, celebrada el pasado 19 de
mayo, un programa de mejora, estabilidad y promoción del personal
universitario, prometedor título para una propuesta tan vacía como
ineficaz, que ha recibido las críticas más feroces. ¿Por qué ha
recibido estas críticas, por qué no gusta este borrador? Primero,
porque es una medida que, lejos de dar solución al problema, no hace
sino agravarlo. Si lo que se pretende es dar solución a la
precariedad laboral de un enorme colectivo de profesorado
universitario y que se convoquen más plazas de titulares
y catedráticos para garantizar la carrera docente, según el principio
de calidad, igualdad y mérito, la solución no puede consistir en
renovar una y otra vez los períodos de contratación del profesorado
asociado a tiempo completo, lo que, de hecho, va a implicar la
existencia de un número creciente de profesores no numerarios y,
además, de que éstos lo sean de por vida.




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Segundo, porque no estamos, como dice el título, ante un plan de
estabilidad y mejora. El texto olvida a los más de 4.000 profesores
ayudantes de universidad. A mí me gustaría saber si han pensado qué
van a hacer con ellos. ¿Deberán acaso, cuando termine el tiempo de su
contratación y no se convoquen titularidades, pasar a ser profesores
asociados, incrementando así el problema? ¿Son conscientes -me
gustaría saberlo- de hasta qué punto este proyecto supone una carga
de profundidad en la línea de flotación de la carrera docente, que
resulta prioritaria para asegurar una universidad pública de calidad?
Señorías, han presentado este proyecto para ganar tiempo y por eso
resulta sintomático que abran un proceso negociador de tres años, lo
que evidencia su interés por dar largas al asunto. No deja de ser
inaudito que ahora hagan tabla rasa de las propuestas anteriores y se
hable de iniciar un nuevo proceso de negociación para que las
comunidades autónomas presenten sus propuestas, propuestas que, a su
vez, deben dar contenido al programa. En definitiva, este llamado
programa de mejora, tan esperado, supone haber parido un ratón ya que
las reformas concretas son mínimas y decepcionantes y abren la
posibilidad de que los profesores asociados lo sean de por vida. No
se va a solucionar nada y conviene, además, que no hagan publicidad
engañosa para que los afectados no se desilusionen. No va a
solucionar nada, porque en el fondo sigue sin haber una definición de
cuál va a ser la financiación adicional para solucionar este
problema, que es la cuestión de fondo.

Si hubiera financiación, señorías, si hubiera dinero el problema no
existiría porque ya se habrían dotado plazas de titulares a las que
podrían optar los más de 7.000 asociados, doctores a tiempo completo.

Como no hay dinero, las universidades seguirán recurriendo a los
contratos de asociados, siempre más baratos.

Además, el proyecto se refiere de forma ambigua a la posibilidad de
una cofinanciación entre las comunidades autónomas y la
Administración del Estado, que se produciría, llegado el caso, al
final del proceso de negociación y de propuestas, que se parece más a
la zanahoria imposible de alcanzar que a un compromiso en firme.

Compromiso en firme sería, por ejemplo, que el Gobierno impulsase un
incremento de la financiación pública, para que al cabo de un
quinquenio España tuviese un nivel de gasto universitario equivalente
a la media de los países de la OCDE. Sin esta financiación adicional
no podrá realizarse un marco de mínimos de calidad a partir de
criterios objetivos que garanticen el principio de igualdad e
incentivación a la competencia que contribuya a superar los
desequilibrios sociales y territoriales existentes. Todo lo demás
será una mera propuesta nominal, que es lo que ahora hacen.

Han presentado un proyecto que no es sino un papel mojado, realizado
para dar largas a la solución de un problema, al tiempo que
incrementará el conflicto al consolidar un número mayor de asociados
en las universidades.

Ustedes están potenciando un ejército de reserva de
profesorado universitario que supone una mano de obra barata,
legalizada a través de este proyecto apresurado y chapuza. Éste es
sólo un caso de cómo el Ministerio de Educación parece más interesado
en publicitar medidas vacías que en ser verdaderamente eficaz. Los
ejemplos son numerosos y pondré algunos. Ustedes han anunciado a
bombo y platillo incrementar la movilidad de los estudiantes
universitarios, pero en este tema han vuelto a hacer publicidad
engañosa. Fíjese qué curioso, hacen lo contrario de lo que
publicitan. En la última sesión de coordinación del Consejo de
Universidades, celebrada 19 de mayo, propusieron situar el porcentaje
de oferta de plazas concertadas en un 5 por ciento en cada uno de los
estudios de las distintas universidades, pero -y éste es el truco-
con un límite de diez unidades. Es decir, no sólo no aumentan el
porcentaje, que es el mismo que existía, sino que lo reducen a diez
unidades, lo que implica que en carreras como Derecho en la
Universidad Complutense donde ofertan hasta 1.000 plazas, el
porcentaje real de la oferta del distrito compartido se sitúe en el 1
por ciento, porcentaje verdaderamente ridículo que no justifica sino
que hace risible la publicidad -su publicidad ministerial- sobre el
incremento de movilidad estudiantil.

Eso por no hablar por ejemplo de la reforma de la selectividad.

Además, también resulta inaudito y es un desprecio para esta Cámara
que hoy me haya enterado de la reforma que proponen a través de una
nota que me han remitido los medios de comunicación. Ustedes han
hecho primero publicidad engañosa, porque han dicho que los
estudiantes no dejarán de hacer los estudios de su elección, cosa que
no es posible, y han puesto en marcha una serie de medidas que no van
a cumplir las expectativas de los estudiantes; además ahora presentan
un proyecto de debate de pruebas de acceso a la universidad, que no
es sino lo que propuso el Senado hace dos años, un documento urgente
presentado por el Senado y dormido también en los cajones. No sabemos
si van a dar respuesta a algunas cuestiones importantes.




El señor PRESIDENTE: Señora Díez de Baldeón, ha de ir concluyendo.




La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Gracias, señor presidente, voy
concluyendo.

Por ejemplo, ustedes no han atendido ni atienden algunas
descoordinaciones importantes del sistema universitario, como que las
tasas universitarias tengan disparidades de hasta el 125 por ciento
en los precios de segunda y tercera matrícula entre unas
universidades y otras. Ha habido propuestas de la propia comisión
para solucionar este tema; sin embargo, esos borradores se han
despreciado y no se han tenido en consideración. Lo más grave,
señoría, es que las tasas suben y suben cada año pero el número de
becas universitarias desciende.Según datos facilitados por el propio
Gobierno,



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en dos cursos, de 1996 a 1998 hay 27.484 becarios universitarios
menos y el importe de las ayudas se ha reducido en casi 6.000
millones de pesetas. Si además a este recorte se suma la disminución
prevista en los indicadores del presupuesto de 1999 de 23.000
becarios menos, se llega a la conclusión de que hay 50.000 becarios
universitarios menos desde que ustedes gobiernan y además la cuantía
de las becas permanece estancada a lo largo de estos tres años.

Medidas publicitarias. Para solucionar este desastre, este recorte
inadmisible, el mismo día que se producía en esta Cámara el debate
sobre el estado de la Nación el ministro de Educación anuncia un
incremento de las becas y como gran estrella hablan de las becas de
movilidad interautonómicas, por cierto una iniciativa del Grupo
Socialista que fue votada por unanimidad hace un mes.

Nos parece muy bien que nos hagan caso y creen becas de movilidad, lo
que no nos parece tan bien es que esas becas, cuya incidencia real va
a ser mínima, tengan umbrales y cuantías muy diferentes a las de la
convocatoria general. Le voy a poner un ejemplo muy significativo. Un
estudiante de Alicante que se traslade a Cartagena, recibirá una
ayuda que puede oscilar entre las 400.000 y las 675.000 pesetas. Si
ese mismo estudiante de Alicante se traslada a Castellón, es decir
dentro de su propia comunidad pero a mayor distancia, va a recibir
como máximo 284.000 pesetas, es decir 350.000 pesetas menos. Además,
los umbrales de renta entre las convocatorias generales y de la
movilidad interautonómica son claramente discriminatorios, porque en
el caso de movilidad interautonómica permiten tener unos umbrales
mucho mayores.

Señor ministro, creo obligado que ustedes traten igual ambas ayudas
si verdaderamente quieren cumplir el principio de igualdad de
oportunidades consagrado en la Constitución, por lo que me parece
razonable que incrementen los umbrales y las ayudas de las becas de
convocatoria general para igualarlas a las de movilidad
interautonómica.

Finalmente, señor ministro, quisiera también que usted me
respondiera, si es posible, a la transferencia de gestión de las
becas a las comunidades autónomas. Ustedes se comprometieron a que
las comunidades gestionaran las becas, pero ya no hay tiempo material
para ello. Me gustaría saber si va a ceder la gestión aportando la
financiación necesaria para asegurar la infraestructura material que
implica una gestión tan compleja.

Quisiera, señor ministro, que también nos aclare si se va a cambiar
la normativa actual donde la concesión de las becas está
personalizada y se concede de acuerdo a unos requisitos académicos y
de renta; por tanto, quisiera saber si este sistema se va a seguir
manteniendo o se va a cambiar por un sistema que suponga la
territorialización del crédito de becas y ayudas antes de saber
quiénes van a ser los peticionarios.

Si han pensado en territorializar el crédito, me gustaría saber
cuáles van a ser los criterios de reparto a las comunidades
autónomas. Quisiera saber si han negociado ya con los responsables
autonómicos este tema y
también me gustaría saber si es cierto que las comunidades autónomas
podrán tener su propia normativa para definir los umbrales y las
cuantías de las becas.

Hay más cuestiones, la falta de tiempo me impide abordarlas en
profundidad, pero sí me gustaría decirle, señor ministro, que
ustedes, por ejemplo, no han solucionado el problema de la
descoordinación del sistema universitario. Hay -y eso es lo grave- 17
subsistemas universitarios aislados e inconexos. El órgano que
debería facilitar la coordinación del sistema, el Consejo de
Universidades, permanece aletargado. Ha habido distintas propuestas
para agilizarlo, pero ustedes no han liderado el tema; no saben no
contestan.

Quisiera también que ante el caos de creación de las universidades
privadas, de las que usted sabe algo puesto que intervino en la
creación de la universidad privada de Ávila, nos dijera si tienen
intención...




El señor PRESIDENTE: Señora Díez de Baldeón, ha de concluir.




La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Termino ya, señor presidente.

Nos gustaría saber, señor ministro, si ustedes han previsto algún
mecanismo para ver de verdad el seguimiento de su calidad y asegurar
que los estudiantes que salen de esas universidades privadas tienen
los mismos niveles de calidad que en las universidades públicas. La
ministra Aguirre dijo que había una subcomisión constituida en el
Senado para estudiar este asunto, pero eso no coincide con nuestra
información, por eso nos gustaría saber si esta subcomisión secreta
se ha creado, y se ha emitido algún documento o informe desearíamos
que nos lo hiciera llegar.

Señor ministro, le he planteado cuestiones muy ajenas a su
responsabilidad, pero debo decirle que en el tema de política
universitaria han sido ineficaces, no hacen sino publicidad engañosa
y han producido un recorte intolerable en lo más grave, que es la
política de igualdad, la política de becas y ayudas a estudiantes.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díez de Baldeón.

Para responder a la interpelación, en nombre del Gobierno tiene la
palabra el ministro señor Acebes.




El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Acebes Paniagua):
Señor presidente, señoría, en cuanto a la ausencia del titular del
Ministerio de Educación y Cultura, ya sabe S.S. que el aplazamiento
que se ha producido en una ocasión ha sido por causa justificada y
notificada en tiempo por el ministro; en otra ocasión por interés del
propio Grupo Socialista que no quiso presentar esta interpelación en
el último Pleno, en el que estaba presente el ministro; en este caso
y como usted bien conoce, el ministro tenía que realizar un viaje
oficial que había notificado con tiempo



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suficiente, pero en cualquier caso ustedes han preferido celebrar
este debate sobre la interpelación.

Dice S.S. que vengo a leer unos folios. Efectivamente tampoco es
mucho más de lo que ha hecho usted, que también ha leído unos folios,
lo cual no me parece mal. Que conste que si ahí se recoge la opinión
del Grupo Socialista está muy bien y lo que yo voy a hacer es dar la
opinión del Gobierno en materia de política universitaria.




Desde su primera comparecencia ante la Comisión -a la que usted ha
hecho referencia-, el ministro de Educación y Cultura ha venido
señalando una política clara en materia universitaria. Ya decía
entonces que si en el año 1983 se trataba de hacer frente a un reto
cuantitativo, que era el crecimiento del número de estudiantes
universitarios, hoy en día estamos afrontando otro reto, que es el de
la calidad: calidad en la docencia, calidad en la investigación y
calidad en la gestión del servicio público universitario. Por ello,
la diputada Díez de Baldeón me va a permitir que discrepe de su
afirmación de que la indefinición de una política universitaria sigue
siendo una constante en el Ministerio de Educación y Cultura. No,
claro que no. Además, tampoco creo que el camino sea la
descalificación global, como usted ha realizado. Yo creo que
conseguir una universidad española dinámica y competitiva es tarea de
todos, y aportar soluciones y contribuir cuando realmente se está
preocupado por el futuro de esa importantísima tarea. Por tanto, yo
también espero y deseo que los diputados socialistas, como los demás
grupos parlamentarios, no escatimarán su esfuerzo para la consecución
de dicho objetivo y no sólo desde un punto de vista destructivo y
negativo, sino también promoviendo alternativas y propuestas
constructivas y positivas.

Sin más prolegómenos, voy a intentar dar contestación a las
cuestiones planteadas en la interpelación socialista, al menos a las
más importantes. Comenzaré refiriéndome al asunto que ha planteado
como primera cuestión, que es la estabilidad del profesorado. Ya se
ha expuesto en esta Cámara tanto por el ministro de Educación y
Cultura como por el secretario de Estado de Educación, que el
Gobierno considera que una modificación parcial de la Ley orgánica de
Reforma Universitaria, y más concretamente del título V de la misma,
no es una respuesta suficiente al desafío que la universidad española
tiene planteado, sino que parece más conveniente abordar una
modificación global de la citada ley orgánica. A este respecto, ya se
ha comenzado en el marco del Consejo de Universidades el estudio que
permita de manera consensuada e implicando a los grupos políticos con
representación parlamentaria, lógicamente a las comunidades
autónomas, a las universidades y a los agentes sociales llevar a cabo
la renovación necesaria e importante del conjunto de la Ley de
Reforma Universitaria. Esta tarea se va a desarrollar a lo largo del
presente año, y pretendemos que tenga su traducción en la próxima
legislatura con la remisión en su caso a las Cortes Generales de un
proyecto de ley.

Puedo señalarles que el Consejo de Universidades ha convocado ya un
seminario para estudiar la cuestión relativa a los órganos de
gobierno de las universidades y tiene previsto celebrar otros tres
sobre titulaciones - que usted ha puesto sobre la mesa-, profesorado
y financiación de las universidades, temas esenciales que
lógicamente, y como deducción de su propia intervención, vienen a
determinar y podríamos concluir que evidencian la necesidad de una
reforma global de la ley y no de parches en asuntos concretos.

En tanto en cuanto se procede a la modificación de la tan citada ley
orgánica, se hace necesario adoptar una serie de medidas que tenderán
a paliar las dificultades de estabilidad y promoción de una parte de
los profesores universitarios contratados. Con el fin de resolver una
situación derivada del incumplimiento de las previsiones contenidas
en la Ley orgánica de Reforma Universitaria y en sus normas de
desarrollo, el Ministerio de Educación y Cultura va a establecer con
las comunidades autónomas y las universidades un programa de
promoción y estabilidad del profesorado sobre el que se está
trabajando en el consenso, y sobre todo hay coincidencia en la
urgencia de abordar esta cuestión.

Usted ha olvidado en su intervención el reparto de competencias en
materia universitaria, tanto en esto como en financiación. Por tanto
es necesario abordarlo con una propuesta inicial, como se hace en
estas cuestiones, pero desde el máximo consenso entre la
Administración general del Estado, las comunidades autónomas y las
universidades. El programa debe ser objeto de convenio entre las
distintas administraciones, cofinanciado con ellas, plurianual y
voluntario para cada una de las universidades. No existe, señoría,
otra fórmula; podemos poner todo el voluntarismo que queramos, pero
dentro del marco de competencias que en estos momentos existe será
necesario firmar unos convenios, una vez que se acuerden y se
consensúen entre la Administración general del Estado y las
comunidades autónomas, que esté cofinanciado por ambas en el ámbito
de sus responsabilidades y que sea voluntario para la incorporación
de las universidades.

Por lo que se refiere a este último aspecto de la financiación, se
entiende que la determinación de las necesidades de financiación debe
ser el resultado de la agregación de las propuestas aprobadas y debe
concretarse inicialmente -como no puede ser de otra manera- en el
compromiso de las administraciones educativas competentes para
cofinanciar las necesidades resultantes de manera adecuada a sus
respectivos ámbitos de actuación. Se está trabajando activamente en
esta materia con la idea de dar solución al tema en un plazo de
tiempo razonable.

La segunda cuestión que ha planteado es la movilidad. Ya ha escuchado
S.S. en distintas ocasiones cómo la movilidad de estudiantes y
profesores es una de las prioridades en nuestro sistema
universitario. En esta línea, el ministro de Educación y Cultura
pretende trasladar a la sociedad, lo ha hecho en distintas ocasiones



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y pronunciándose en diversos medios, lo vital que resulta para el
futuro de la universidad asumir la cultura de la movilidad.

Como primera medida para facilitar esta movilidad, el pasado 30 de
abril el Consejo de Ministros aprobó el real decreto que regula los
procedimientos de selección para el ingreso en los centros
universitarios de los estudiantes que reúnan los requisitos legales
para el acceso a la universidad. Esta iniciativa del Gobierno permite
que los estudiantes aumenten sus posibilidades para estudiar la
carrera de su elección, pudiendo repetir las pruebas de acceso a la
universidad en cualquier nueva convocatoria tantas veces como desee,
e incluso para facilitar precisamente esta movilidad en diferentes
universidades si acreditan cambios de residencia.

El citado real decreto recoge con exactitud la recomendación
efectuada por el Senado de dar al estudiante la posibilidad de
presentarse a tantas convocatorias como desee y de proporcionar a los
estudiantes que hayan sido excluidos de su opción preferente nuevas
oportunidades de acceder a los estudios deseados y facilitar y
flexibilizar el procedimiento en su conjunto.

Sin embargo, para hablar de la reforma de la política de becas
vinculada a la movilidad como también S. S. ha hecho, para hacer
efectiva la movilidad es necesaria una adecuada política de becas. El
Ministerio de Educación y Cultura acaba de convocar becas que
facilitan precisamente la movilidad de los estudiantes universitarios
que quieran cursar sus estudios en universidades de comunidades
autónomas distintas de las que tengan su residencia. Además, se van a
convocar becas que hagan posible que los alumnos que hayan iniciado
sus estudios universitarios puedan cursar parte de éstos en una
universidad distinta de aquella en la que han desarrollado la mayor
parte de su carrera, y por supuesto se van a elevar los umbrales
máximos de renta que dan derecho a la beca de movilidad.

Se garantiza la obtención de beca, señoría, hasta un máximo de
653.000 pesetas a los alumnos universitarios que aun cambiando de
universidad permanezcan en su propia comunidad autónoma; es decir,
este supuesto es de aplicación al ejemplo a que usted se ha referido
en la tribuna. Cuando se trata de fuera de la comunidad son 757.000
pesetas, por tanto no es la diferencia que usted ha manifestado sino
con un máximo de 100.000 pesetas, sabiendo además que cuando se trata
de la propia comunidad autónoma puede haber otras ayudas derivadas de
la misma.

No puedo dejar de mencionar aquí, en contra de lo que ha dicho S. S.,
el colosal esfuerzo presupuestario que el Ministerio de Educación y
Cultura ha venido haciendo en este terreno. El presupuesto del
programa de becas en 1999 pese al descenso de población...




El señor PRESIDENTE: Señor ministro, vaya concluyendo.

El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Acebes Paniagua): Sí,
presidente, acabo en seguida.

Digo que el presupuesto del programa de becas en 1999, pese al
descenso de la población crece el 11,75 por ciento en comparación con
1998. En total, la partida de becas ha aumentado el 24 por ciento
desde que el Partido Popular gobierna en España y para el próximo
curso académico superaremos por primera vez la barrera de los 100.000
millones de pesetas destinados a becas que beneficiarán a más de un
millón de alumnos, cifras todas ellas que contradicen lo que usted ha
expuesto en la tribuna.

Para ir terminando, respecto al tema de las pruebas de aptitud y
acceso a la universidad que se ha tratado, el Ministerio de Educación
y Cultura está concentrando sus esfuerzos en la modificación de esta
prueba. Se ha elaborado un documento de trabajo que hoy se ha
presentado a la sociedad en general y a la comunidad educativa en
particular, y que en primer lugar y desde una perspectiva legal
plantea como un proyecto de real decreto al que se acompañan en
esbozo las cuestiones que habrán de ser objeto de un posterior
desarrollo.

El real decreto sería una norma básica, de aplicación en todo el
Estado, que será sometida al preceptivo informe de las comunidades
autónomas en el ejercicio pleno de sus competencias educativas. Para
las normas de desarrollo, que en principio serán dictadas por las
referidas comunidades autónomas, se procurará obtener el mayor grado
de consenso posible en los temas que afectan a la igualdad de
oportunidades para todos los alumnos, aquellos que permitan su
movilidad entre universidades.

En segundo lugar, en lo que hace referencia al contenido cabe afirmar
que tiene en cuenta las diez recomendaciones del Senado. No le he
entendido muy bien, señoría, qué le parece mal de que se recojan las
recomendaciones del Senado. Eso es lo lógico y usted debería haber
tenido en cuenta la bondad del proyecto que ha recogido las
recomendaciones que por unanimidad establece la Cámara. Ya puestos a
criticar, hasta eso ha criticado desde la tribuna, que el proyecto
recoja las recomendaciones que los grupos parlamentarios han hecho en
el Senado. Es decir, a contrario sensu tengo que entender que S.S.

propone que lo bueno es que no se hubiese recogido lo que el Senado
por unanimidad propuso. En fin, se introducen también novedades
derivadas de la experiencia y de la necesidad de recoger lo
establecido en el recientemente aprobado Real Decreto 704, de 30 de
abril, por el que se regulan los procedimientos de selección para el
ingreso en centros universitarios.




Con carácter general se favorece todo lo que facilita al alumno la
posibilidad de mejorar su puntuación, de reorientar su inclinación a
determinados estudios superiores sin que su trayectoria pasada
constituya un lastre insuperable. Se prioriza la preparación en las
materias más directamente relacionadas con sus aspiraciones
vocacionales y finalmente se refuerzan las medidas tendentes



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a garantizar una elaboración muy cuidada de los cuestionarios de cada
ejercicio con una corrección lo más objetivable posible que se une a
medidas de garantía para que con total objetividad se lleve a cabo.

Por lo que respecta, en tercer y último lugar -termino, señor
presidente-, al procedimiento de elaboración de la norma, el
Ministerio se propone seguir el siguiente esquema. Este documento de
trabajo se debatirá próximamente en el Consejo de Universidades. Todo
los grupos parlamentarios lo habrán recibido o estarán a punto de
recibir el proyecto. Al mismo tiempo se ha iniciado la consulta con
las comunidades autónomas a través de los diversos cauces existentes
para ello y también se ha procurado la máxima difusión de la
propuesta de manera que toda la comunidad educativa, a través de los
cauces normales de representación, pueda opinar sobre una cuestión
que le afecta. Como estas pruebas no sólo afectan a los estudiantes
sino que repercuten sobre la sociedad en su conjunto, esperamos que
se produzca un amplio debate público. Del debate esperamos extraer
conclusiones importantes que vendrán a matizar la opinión de los
expertos y nos permitirán organizar de la mejor manera posible unas
pruebas que hoy por hoy son insustituibles.

Creo que con todo ello he contestado a las preguntas esenciales que
se planteaban en la interpelación y espero que con todo ello se
despejen las dudas que S.S. manifestaba al inicio de su intervención.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Señora Díez de Baldeón.




La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Señor ministro, no sólo no me ha
contestado a ninguna cuestión sino que se ha mantenido en la laudatio
prevista. (El señor vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la
Presidencia.)
Ustedes dicen lo que están haciendo, señor ministro, pero en realidad
lo importante es el balance de gestión; en ese balance de gestión es
donde se ve lo que hace un Gobierno, no por la declaración de buenas
intenciones. Usted trae un papel -yo tengo notas preparadas por mí
misma-, pero esas notas no se las ha preparado usted, se las han
preparado; ahí radica la diferencia. Por tanto es muy difícil el
debate con usted porque no sigue la política universitaria. Aquí
tendrían que traer una cuenta de resultados no una declaración de
buenas intenciones, porque estamos igual que al inicio de la
legislatura. Ese papel podría haberlo traído la ministra Aguirre hace
tres años; trajo uno casi igual, muy parecido, casi idéntico,
parecidísimo, en el que decían que iban a reformar el título V para
solucionar el problema del profesorado universitario; que iban a
solucionar la selectividad, que iban a dar respuesta, que iban a
hacer una serie de cosas y finalmente no han hecho nada. Lo que traen
ahora es un proyecto de reforma de selectividad que es un papel
absolutamente inútil, es un papel mojado; no ha gustado a nadie
porque realmente ese
papel lo único que hace es dar la posibilidad de que los profesores
asociados que estaban limitados en el tiempo ahora puedan ser
contratados indefinidamente. No han solucionado nada, no han
solucionado ningún problema de fondo. Por eso, señor ministro, oírles
a ustedes hablar de la política universitaria, de la política
educativa, es una película de regreso al futuro. Permanentemente
estamos volviendo hacia atrás, no hay gestión. Ustedes no nos pueden
decir: esto hemos hecho; permanentemente suben a esta tribuna y nos
dicen lo que quieren hacer. Ustedes ahora dicen que quieren consenso,
una palabra bonita que ha recuperado el ministro Rajoy y que recupera
usted, ni siquiera la ministra Aguirre hablaba de consenso sino que
más bien producía el enfrentamiento. Ustedes hablan de consenso,
señor ministro, pero el consenso nunca puede ser la excusa para no
actuar, que es lo que ustedes están haciendo ahora y todo lo que
hacen es un entretenimiento. ¡Vale ya! Que ustedes salgan ante la
opinión pública y traten de confundir a alguien, bueno, pero que
traten de confundirnos a nosotros que estamos haciendo el seguimiento
de su política educativa, no es de recibo. No es de recibo que nos
digan lo que nos están diciendo ni que nos engañen con una reforma
inútil de la selectividad, que no es sino un entretenimiento. No es
de recibo, señor ministro, que en la selectividad ustedes no hayan
hecho nada, porque les recuerdo que la recomendación del dictamen del
Senado es de diciembre del año 1997. Han perdido el tiempo. Y, ahora,
al final de este curso, al final casi de la legislatura, presentan un
documento para consensuar con la opinión pública que rescatan de lo
del Senado. Me dice usted que a mí no me parece bien ese papel,
¡claro que me parece bien! Mi grupo parlamentario votó a favor de ese
documento sobre reforma de la selectividad en el Senado, pero lo que
no me parece bien, señor ministro, es que hayan pasado dos años con
los papeles dormidos en un cajón, eso es lo que no me parece de
recibo. Tampoco me parece de recibo que ustedes ahora crean que
descubren la pólvora trayendo aquí un documento que se hizo hace dos
años con el consenso de los grupos políticos.

Le voy a comentar dos cuestiones que no están nada claras de ese
documento, aunque usted no sabe nada de esto, pero ya que me lo
pregunta se lo voy a decir. Por ejemplo, no está claro quién va a
pagar la doble corrección de los exámenes, porque eso va a suponer
que las universidades dupliquen el precio de la corrección de los
exámenes de selectividad. Puede pasar como cuando el Gobierno hizo la
declaración de familias numerosas a partir del tercer miembro, que
luego tuvieron que ser las universidades quienes aplicaron la
exención de tasas. A mí me parece muy bien que exista una doble
corrección porque supondrá mayor objetividad en la corrección de las
pruebas, pero puede suponer -de hecho va a suponer- un incremento
sustancial para las arcas de las universidades públicas, ya de por sí
exhaustas.




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Otro tema que tampoco veo claro y en el que tendrán ustedes que
intervenir: si ahora resulta que lo que se modifica es, de acuerdo a
lo estimado en el Senado, que las notas del bachillerato tengan una
carga mayor que el examen de selectividad, lo que tendrán ustedes que
investigar es que no haya centros donde las notas de los alumnos se
incrementen, donde se inflen, si no, corremos el riesgo de que
algunos centros pongan mejores notas que otros, con lo cual no se
garantizará el principio de objetividad. Todo eso lo tienen que hacer
ustedes y yo no lo veo en el documento que me han pasado hoy. El
documento que me han pasado hoy es un documento literal de las
recomendaciones del Senado, pero para eso no hacía falta esperar dos
años. Señor ministro, esto no es serio.

Me habla usted también de becas. Ahora hablan de 10.000 millones en
nuevas becas para movilidad universitaria. Beneficiarios estimados,
18.500. Vamos a ver, si ustedes en la realidad no han incrementado la
movilidad, si no han ampliado las plazas del distrito compartido, si
incluso han reducido esas plazas de distrito compartido, ¿de dónde
van a salir 18.500 estudiantes que cambien de comunidad autónoma a
través de estas becas de movilidad interautonómica y que, además,
cumplan los requisitos y los umbrales de renta?
Señor ministro, creo que es de recibo que ustedes hagan algo muy
importante, que es apostar por la igualdad de oportunidades. Creo que
esto a ustedes no les afecta, no tienen sensibilidad con este tema.

¿Cómo es posible que se hayan recortado 50.000 becas universitarias
en España? Podían haber incrementado los umbrales para poder percibir
la beca. ¿Cómo es posible que se hayan perdido 6.000 millones de
pesetas en becas y ayudas directas a estudiantes? Y, lo más grave, lo
más sangrante -y usted lo sabe, o ha de saberlo- es que España es uno
de los países de la Unión Europea que menos dinero destina a becas y
a ayudas directas a estudiantes. Por eso, hacen una publicidad el día
del debate del estado de la Nación y dicen: vamos a hacer una
política de becas. Porque ustedes se ponen la venda antes de la
herida y reconocen que aquí han fallado, que no han hecho de verdad
una política real de oportunidades. Esta es su asignatura pendiente,
siento decírselo, pero en el tema educativo, en el tema
universitario, ustedes han sido ineficaces. Hacen declaración de
intenciones pero no nos presentan aquí ningún balance de gestión.

Dígame usted, y yo le reto a ello, qué es lo que han hecho de verdad.

Pongan sobre la mesa los logros conseguidos. No me diga usted: vamos
a hacer, queremos consenso, nos parece muy bien, queremos que la
educación vaya bien en España. Aparte de declaración de intenciones,
balance de gestión; póngamelo usted sobre la mesa. Lamento que tenga
que ser usted, ministro de Administraciones Públicas, el que lo haga,
porque no hay forma de tener un debate universitario con el ministro
de Educación. Y no me diga que lo podíamos haber aplazado, porque ya
se acaba el período de sesiones, se acaba el curso y aquí no hay
manera de hablar en serio de educación.




Muchas gracias. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Díez de
Baldeón.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Acebes Paniagua):
Gracias señor presidente.

Señoría, no puede decirnos una cosa y la contraria simultáneamente y
que de eso le salga un discurso coherente. Su primera afirmación: no
se ha hecho nada en educación en los años de Gobierno del Partido
Popular. Luego se contradice usted misma poniendo a escurrir cada una
de las actuaciones del Gobierno del Partido Popular durante este
tiempo. Diga que no está de acuerdo, pero no diga que no se ha hecho
nada. Tampoco puede pedir que se haga en tres años lo que el Partido
Socialista no hizo en trece. (Rumores.-Un señor diputado: ¡Ahí, ahí!)
¿Es que acaso la demandada y pretendida reforma de la LRU la hizo el
Partido Socialista? No. (Varios señores diputados: ¡No!) ¿La ha
iniciado, está buscando el consenso, ha presentado los documentos
necesarios para llegar a ese consenso el Gobierno del Partido
Popular? Sí. (Varios señores diputados: ¡Sí!) Comprendo que a usted
pueda no gustarle, pero ha ocurrido, eso es verdad. ¿Es verdad que el
Gobierno del Partido Popular ha presentado unas becas para facilitar
la movilidad de los alumnos? Sí. (Varios señores diputados: ¡Sí!) ¿Es
verdad que el Partido Socialista lo hizo en trece años? (Varios
señores diputados: ¡No!) Es verdad que no lo hizo, es otra verdad
indiscutible. Es usted la que me ha pedido resultados, se los estoy
dando. Habla de la reforma de la selectividad. Después de decir que
no se había hecho nada, estará de acuerdo en que hemos presentado un
documento para reformar la selectividad. ¿Es verdad que ustedes no
presentaron ese documento? Es verdad que no lo presentaron. Ahora
podrá decirme que va a mejorarlo, que tiene adiciones que hacer. Le
hemos ofrecido consenso. Es un documento para reformar la
selectividad. Por cierto, dicho sea de paso, la doble corrección en
ningún caso la van a pagar los alumnos, esté absolutamente segura.

(Rumores.) Lo digo para que no tenga ninguna duda sobre las
insinuaciones.

Señoría, cuando usted ha subido a la tribuna para su primera
intervención ha dicho que acababa de conocer el documento y en la
segunda ha dicho que no estaba de acuerdo con nada de lo que presenta
ese documento; es absolutamente contradictorio. Yo sabré poca cosa de
educación (Varios señores diputados: ¡Nada!), se ha ocupado usted de
decirlo en varias ocasiones, pero no hace falta ser un especialista
para ver las contradicciones del discurso que usted ha hecho. Todo lo
que ha hecho es tratar de obviar las realizaciones, los proyectos
importantes y ambiciosos para conseguir una educación universitaria
de calidad, las consecuciones que se han obtenido, a través de una
nebulosa catastrofista



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que niega la evidencia. Así es muy difícil ponerse de acuerdo y es
muy difícil alcanzar el consenso.

Espero que rectifiquen en esa política y podamos llegar a un acuerdo
entre todos para mejorar la calidad de la política universitaria, que
es en lo que este Gobierno está realmente interesado.

Muchas gracias. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor ministro.

¿Grupos parlamentarios que desean intervenir? (Pausa.)
La señora Gil tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió).




La señora GIL I MIRÓ: Gracias, señor presidente.

Quiero decir solamente que no creo que hayamos asistido a un debate,
sino a dos monólogos; dos monólogos excelentes, eso sí, uno incluso
con coro, hay que decirlo.

Uno, el del Grupo Socialista, ha sido en realidad una relación
crítica, no sin razón, de parte de la fotografía actual, del paisaje
de la enseñanza universitaria de este país y también de la gestión
del Gobierno Popular; pero lo ha hecho -y debo decirlo también- desde
un prisma enraizadamente centralista, como siempre, señora diputada.

Y lo ha hecho patente, sobre todo, en una definición del Estado de
las autonomías referida a la universidad cuando ha dicho que existe
tal descoordinación porque hay diecisiete subsistemas universitarios.

Yo creo que es una lamentable ignorancia de lo que es el paisaje
político de este país, de lo que es la autonomía, el gobierno
autonómico y el poder político de un gobierno. Yo le debo decir que
Cataluña y su Gobierno tienen un programa político universitario, un
proyecto de sociedad que requiere un programa político universitario
que puede que no sea el mismo que requiere la sociedad de Madrid, la
sociedad de Murcia o la sociedad de Andalucía. Debería usted ir
aprendiendo estas nociones políticas autonómicas.

Creo que el señor ministro ha hecho una exposición, un monólogo, de
lo que cree que ha hecho, algo que decíamos cuando yo era jovencita
-y usted no había nacido, probablemente-, aquello de que qué guapo
soy. No quiero que se lo tome como una referencia a su aspecto
físico, simplemente se decía así cuando se explicaban las bondades de
un programa político.

Lo que yo voy a hacer es esperar porque, como ustedes comprenderán y
ya saben, mi grupo tiene opinión sobre política educativa y también
sobre política universitaria. Vamos a esperar hasta septiembre, no
porque crea que ustedes han suspendido, que no lo han hecho,
simplemente por razones de calendario. Por ello, nosotros en el
momento de la moción expondremos nuestra opinión al respecto.

Gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Gil.

Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora
Aramburu.

La señora ARAMBURU DEL RÍO: Señor presidente, señorías, señor Acebes,
como no podía ser de otra manera, nuestro gremio a final de curso
hace balance y ha constatado que la leve expectativa que despertó la
llegada del señor Rajoy al departamento ha venido marcada por el
inmovilismo y por la continuidad. Su rosario propositivo ha tenido
sólo sustancia declarativa y hoy no es más que un predicador de
voluntades. Hemos guardado un amable silencio, señor Acebes, pero en
política el tiempo se consume y, en educación, se quema. Hoy el señor
Rajoy es el abanderado de la movilidad como agitador de una
competitividad selectiva que quiebra el principio de igualdad de
oportunidades para el conjunto de la comunidad educativa, renunciando
a la cláusula de discriminación positiva para los colectivos más
desfavorecidos.

Señor Acebes, las temáticas evaluables con respecto a las políticas
universitarias, con los referenciales de becas, selectividad,
profesorado, etcétera, indican que el postaguirrismo está prisionero
de los diseños del gabinete Aznar y de las políticas presupuestarias
del señor Rato, donde no se consideran una prioridad política las
enseñanzas públicas ni de calidad, siendo la tendencia privatizadora
cada vez más irreversible si no hay un profundo cambio de
orientación.

El señor Rajoy -usted lo sabe, lo padece la comunidad educativa- es
el máximo responsable de la Administración competente en esta materia
y debe actuar por consenso, desbloqueando su propuesta sobre la
reforma de la LRU y su artículo 5º, ya que en los términos expresados
por el gabinete sataniza y deslegitima, insisto, al personal no
numerario de las universidades españolas, convirtiéndolo en usuarios
de las ETT de grado superior.

Cualquier reforma no vale, señor Acebes. La que afecta a la autonomía
univesitaria no vale; la que objetiviza el sistema de selección del
personal, en esos términos, no vale; la que no contempla un plus
financiero para el sustento de las universidades, alejándose de la
convergencia social y educativa europea, no vale. El modelo
cupularizado, el exclusivo servicio del mercado no vale y la reforma
que pone en peligro la salvaguarda de los derechos de los
trabajadores y también, y por lo tanto, los resultados de las
políticas de investigación tampoco valen.

Hay que restaurar la Carta Magna en todo su articulado, en todos los
microespacios y para todos los sectores, es decir, hay que restaurar
la estabilidad y el derecho a la formación como principios
constitucionales. La no compatibilidad de intereses, señor Acebes,
del Gobierno y la comunidad educativa, del Gobierno y esta
representante de la oposición, ha tenido una verificación y han sido
los votos cuando esta portavoz ha presentado sucesivas iniciativas y
todas han sido derrotadas por el partido que lo sustenta.

Señoría, señor Acebes, estamos finalizando un siglo apasionante pero,
en la recientísima fase, aletargándose



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para las universidades españolas, que han encendido sus pilotos de
más intensidad que el ámbar. Las universidades españolas no pueden
ser almacenes de jóvenes ni máquinas expeditivas de títulos para el
mercantilismo imperante, ni barreras disuasorias para las vocaciones
profesionales, ni opciones inaccesibles para los sectores más
desfavorecidos, ni ghettos gremialistas y vitalicios. Señorías, la
cifra mágica y maldita que no llega a la media europea del gasto por
alumno universitario según los indicadores de los organismos europeos
da la foto fija de lo que está pasando en nuestro país, retardatario
en estas políticas.

Señor Acebes, concluyo planteándole que en nuestro horizonte está la
superación de la formulación de esta selectividad, ya que no responde
a los criterios de igualdad, méritos, capacidad y opción. Entendemos
que el sistema de cupos desvirtúa la profesionalidad y el futuro
elegido por el conjunto de la juventud.

Con respecto a la política becaria, de corte populista y engañosa, mi
profundo disenso en la discrecionalidad que les inspira, que se
resume en aumentar el número de becarios y disminuir las cuantías,
requiriendo la pobreza extrema, ser pobre de solemnidad, para el
acceso. Deben rectificar para que los estudiantes puedan acceder a
las universidades independientemente de su capacidad adquisitiva.

Señor Acebes, señorías, señor presidente, concluyo instándoles a que
abran la vía del diálogo institucional y social, no sólo territorial,
aunque también territorial y sectorial, y a que entiendan que las
políticas por decreto desgarran los modelos adecuados para las
mayorías. Por eso, en educación, cualquier política cuya resultante
no sea la suma más la suma de la suma está abocada al más absoluto de
los fracasos.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señora
Aramburu.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Guerra Zunzunegui.




El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Muchas gracias, señor presidente.

Hoy, como último día de curso, no podía por menos que venir el tema
de las universidades, sin duda tema importante al final del siglo XX
e inicio del XXI, en donde va a cambiar completamente, ya está
cambiando, lo que significa la universidad, no solamente en nuestro
país sino en toda Europa.

La interpelación -la he vuelto a releer- dice: medidas que va a
adoptar el Gobierno en materia universitaria. Entonces, el señor
ministro ha dicho qué medidas va a adoptar, pero la tarea que traía
hecha la portavoz del Partido Socialista era la misma que a
principios de curso y ha pasado un curso. Esto es lo mismo que dijo
en el mes de octubre, cuando se inició el curso, y algunas cosas han
variado. Y, sobre todo, debería haber dicho: balance efectuado en
política universitaria por parte del Gobierno.

Me voy a referir a los temas que ha indicado la señora Díez de
Baldeón, que dice que ha preparado su documento. Yo nada más he
tomado nota de lo que usted ha planteado porque son temas que
conocemos perfectamente y, además, se sabe la contestación.

Los asociados. Ustedes saben perfectamente que se aprobó algo que no
estaba en el espíritu de la LRU, la figura de los asociados a tiempo
parcial, para aquellos profesionales que iban a dedicar dos o tres
horas a la universidad. Nosotros, efectivamente, contrajimos algunos
compromisos, pero usted sabe que para modificar la LRU se necesita
mayoría absoluta y que en los diferentes proyectos de modificación
del título V no ha habido mayoría absoluta. La LRU (y no lo decimos
nosotros, lo ha dicho el rector de la Politécnica, lo dicen la
mayoría de los catedráticos a quienes se consulta) hay que
modificarla y hay que hacerlo no porque haya sido buena o mala, sino
porque han pasado más de 14 años. Ustedes la han traído en dos o tres
ocasiones, en una no se movió y en la otra disolvieron la Cámara. Y
de catorce años a tres hay bastante.

Segundo tema, movilidad. Yo creo que el señor ministro ha hablado
muchas veces, y hoy también lo ha dicho el ministro de
Administraciones Públicas, de la necesidad de movilidad. Cuando en el
programa Erasmus nuestros estudiantes figuran en segundo lugar en
Europa en ir de una universidad a otra, en España apenas hay
movilidad. Esto, indudablemente -también se dijo-, necesita becas. Se
ha anunciado que en el próximo presupuesto éstas van a ser
importantes. El señor ministro ha dado las cifras de 630.000 pesetas
si están en la misma comunidad y de 750.000 pesetas si salen de la
comunidad. Y se han dado las cifras porque por primera vez en este
país va a haber 100.000 millones para becas. Es algo importantísimo
en el último año del Gobierno del Partido Popular, pero es que en los
tres años anteriores ha habido un aumento del 14 por ciento este año
y del 24 por ciento, exceptuando a los becarios que en estos momentos
hacen los dos cursos de la ESO superior.

Ha hablado usted también de la selectividad, y lo que se recoge en el
documento que usted tiene son las diez medidas del Senado. Usted dice
que se ha tardado año y medio, y yo le digo que hay que estudiar los
temas de la selectividad. Lo que no se puede decir es: Ahora van a
cambiar ustedes para que tenga mayor peso la nota del colegio que la
del examen, cuando es uno de los temas que el Senado ha indicado. Y
las demás son más o menos las diez medidas que ha propuesto el
Senado.

Respecto a las tasas universitarias, ustedes saben que dependen de
las diferentes comunidades porque la competencia está transferida.

Usted sabe que el señor Pezzi quiso poner una tasa, la tasa 6.000, de
expediente, y él era el único que lo podía hacer. No hablen ustedes
de tasas, porque no es asunto de este Parlamento, sino de los
parlamentos de las comunidades autónomas.




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Creo que cuando vino el rector de la Politécnica dijo que se estaba
efectuando un estudio que se llamaba Universidad 2000, es un estudio
importante que se está haciendo en colaboración con unas entidades
privadas de crédito. El rector nos ha dicho que, según la
conversación que tuvo con el presidente de la Cámara, aproximadamente
en el mes de noviembre o diciembre estaría completo.

Ahora voy a decirle, señoría, aunque no son los términos de la
interpelación, lo que se ha hecho en materia universitaria, porque no
decimos que el universitario estudiaba más de seis asignaturas
simultáneamente y hubo que hacer unos decretos con el Consejo de
Universidades, decretos que se aprobaron. En materia de
universidades, cuando se fija la cantidad por universitario español,
que son unos 5.000 dólares, no decimos que tenemos un número de
universitarios que solamente supera Finlandia. Yo le dije a usted que
en Alemania tienen aproximadamente 7.000 u 8.000 dólares por
universitario, pero es que también tenemos que empezar a ver cuál es
la relación entre formación profesional y universidad, porque
hablamos solamente de universidad, y en Alemania, con muchos menos
universitarios, la media es de 9.000 dólares por estudiante.

Es curioso, porque el Partido Socialista, que además tiene 14 años de
historia, cuando hay una interpelación y en las mociones
subsiguientes lo único que hace es achacar la culpa de todo lo que
ocurre a este Gobierno, entre otras cosas, lo de las familias
numerosas que ha mencionado S. S. Nosotros hemos tenido que arreglar
los 7.500 millones de pesetas que ustedes dejaron pendientes a las
universidades. ¡Por favor! Y a ver cuáles son las alternativas,
porque terminamos el curso, terminamos los tres años, y todavía este
grupo no ha oído una sola alternativa en materia universitaria. Sólo
han dicho que este Gobierno tiene la culpa de lo que se viene
arrastrando de 14 años de educación, yo creo que con algunas cosas
acertadas y otras erradas.

Termino, señor presidente, diciendo que creo que la universidad es un
tema muy importante cuya competencia está asumida por las comunidades
autónomas, pero en su financiación tendrá algo que compartir el
Gobierno central y tendrá que resolver la cuestión de los asociados.

Esta sí es una política de Estado que habría que plantear entre todos
y no se deberían utilizar los temas relativos a la universidad porque
en la universidad española están los futuros dirigentes
empresariales, los políticos y, en definitiva, los dirigentes de este
país.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señor Guerra
Zunzunegui.




- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL
CUMPLIMIENTO DE DETERMINADOS CÓDIGOS DE CONDUCTA EN LA AGENCIA
ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Y, EN GENERAL, EN LA ADMINISTRACIÓN. (Número de expediente
172/000166.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Ha sido retirada la
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto que figura en el
orden del día con el número 32.




- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE POLÍTICA DE RESIDUOS,
ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES. (Número de expediente 172/000172.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Pasamos a debatir la
interpelación urgente del Grupo Socialista del Congreso sobre
política de residuos, envases y residuos de envases.

Para su exposición, tiene la palabra el señor Pérez de Tudela.




El señor PÉREZ DE TUDELA MOLINA: Señor presidente, señora ministra,
señoras y señores diputados, subo a esta tribuna en representación
del Grupo Socialista para sustanciar esta interpelación sobre el
desarrollo de la política del Gobierno en materia de residuos.

Señor presidente, esta interpelación es una visión del pasado con
proyección de futuro; un pasado concreto y delimitado, un pasado que
se ciñe a los compromisos de este Gobierno en materia de residuos,
materia que ya fue tratada en una interpelación celebrada el 27 de
mayo de 1998 y que la inoperancia del Gobierno en esta materia nos
obliga a reformular por su incumplimiento de los acuerdos de esta
Cámara.

Hace tres años que el Partido Popular ostenta el Gobierno. Hasta la
fecha se han dedicado a justificar su acción o inacción de Gobierno
mirando atrás, buscando la respuesta fácil y, en muchos casos,
falseada, en los gobiernos socialistas e intentando socavar la
política de control que corresponde a esta Cámara y en especial a la
oposición. Va siendo hora de que gobiernen por méritos propios, que
asuman la responsabilidad de su gestión y acepten -por incómodo que
les resulte, que, tratándose de un partido de derechas, lo entendemos
perfectamente- el control del Gobierno que se debe ejercer en esta
Cámara.

Señora ministra, en la exigua remodelación de Gobierno que se llevó a
cabo -una remodelación en la que la opinión pública la incluía a
usted por méritos propios- fue confirmada en el cargo, con lo que
usted asume el pasado y la responsabilidad de futuro en materia de
medio ambiente y no le cabe la excusa del nuevo. Usted no puede pedir
el paréntesis de adaptación al cargo. Usted tenía que actuar y debe
responder de lo que ha hecho y de lo que no ha hecho, aunque en lo
sucesivo y mientras esté en el cargo nadie de este Gobierno podrá
decir que esto es cuestión suya. Con esta confirmación se hizo
patente la posición solidaria del presidente del Gobierno y de todo
el gabinete en elcúmulo de errores y despropósitos que se están
llevando



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a cabo en materia de medio ambiente, inclusive con el silencio del
presidente del Gobierno en esta materia en el debate sobre el estado
de la Nación de la semana pasada. Silencio, lógicamente, calculado.

No se ha traído a esta Cámara la ley de responsabilidad civil
ambiental ni el Plan hidrológico nacional, compromisos en materia de
medio ambiente asumidos por el presidente hace un año y que usted ha
sido incapaz de cumplir.

El 26 de abril de 1997 entra en vigor la Ley de envases y residuos de
envases, con la nimia salvedad de que resulta inaplicable en sus
aspectos fundamentales. El 21 de abril de 1998, un año después, se
aprueba la Ley de residuos. Tenemos, pues, los mecanismos
legislativos para actuar. Pero como la señora ministra se encuentra
en un dilema de amor y desamor, tiene alguna pequeña disfunción y la
aplicación de estas leyes está prácticamente inmaculada.

La señora ministra quiere dejar constancia de la actividad de su
Ministerio -y lo hace entre infortunios y desastres ambientales- en
materia legislativa. Eso está bien porque es necesaria y sería mejor
si esta actividad se correspondiera con las necesidades reales del
país. Pero el problema llega en el momento de hacer efectiva la
aplicación de las leyes. En ese momento tiene que afrontar la
situación incómoda de actuar y es por eso que en sus propuestas
legislativas se prodigan tanto términos como podrá, que evitan el
compromiso que comporta hacer efectiva la legislación que se ha
aprobado. Siempre se encuentra algún motivo que justifica no haber
podido. Señora ministra, si las leyes que tenemos no son operativas,
y usted sabe que no lo son, poca utilidad nos pueden aportar en
materia de prevención y mejora del medio ambiente. Se lo repetiré. No
son de utilidad porque no se han desarrollado los mecanismos
imprescindibles para su cumplimiento, mecanismos como los planes y
programas nacionales y los reglamentos de desarrollo de ambas leyes.

Al día de hoy no se han marcado objetivos específicos, no se han
previsto los medios financieros ni un procedimiento de revisión, y en
estos momentos ni con el término podrá se pueden permitir más demoras
en el cumplimiento de sus compromisos sobre la aplicación de estas
leyes.

Señoras y señores diputados, nosotros, los miembros de esta Cámara,
que tenemos la responsabilidad, todos, de ejercer el control de la
acción del Gobierno, tenemos que preguntarle a la señora ministra
sobre una serie de aspectos de la política de residuos y sobre el
cumplimiento de los compromisos contraídos. Tenemos que preguntar al
Gobierno por el Plan nacional de residuos urbanos, herramienta
indispensable para conseguir una eficaz aplicación de la ley; por el
programa nacional de residuos de envases y envases usados; por los
planes de recogida, tratamiento y reutilización de pilas usadas y
acumuladores y los de aceites usados y lubricantes; por los planes de
residuos de las distintas comunidades autónomas; por la coordinación
de las distintas comunidades en materia de medio ambiente y en
especial en este caso para la aplicación de las leyes de residuos,
residuos de envases y envases usados; y por la inoperancia
de la conferencia sectorial de medio ambiente, debida
exclusivamente a la falta de voluntad política del Ministerio.

Tenemos que preguntar por la conferencia sectorial de medio ambiente,
que la tiene en hibernación. Esa es la manera en que ustedes
entienden el establecimiento de canales de participación por parte de
la sociedad en la política del Ministerio.

Si, como se ha dicho, algunas comunidades persisten en la mora para
la ejecución de los planes de residuos, ¿piensa el Gobierno ejercer
su competencia de coordinación y colaboración con las comunidades o
va a mantenerse en ese mal entendido respeto por la autonomía, que en
la realidad hace evidente la incapacidad para llegar a acuerdos de
coordinación y colaboración e imposibilita ejercer una política
efectiva de residuos en nuestro país?
Tenemos que preguntar por los objetivos específicos de reducción,
reutilización y reciclado, otras formas de valorización y
eliminación, y por las medidas para alcanzar los objetivos sobre la
financiación del programa. Claro está que mientras no haya planes, no
hay plan y, mientras no haya plan, no se tienen que fijar objetivos,
y si no hay objetivos, ¿por qué vamos a hacer una previsión
económica? Y si no hay previsión económica, no hay una eficaz
aplicación de la ley y, en definitiva, si no se puede aplicar la ley,
se evita una situación incómoda y comprometida, y del medio ambiente,
Dios dirá. Total, que la culpa de todos los males que padecemos en
materia de residuos, la culpa de que no se aplique una adecuada
política de residuos en este país, porque ustedes siempre necesitan
un culpable, es ahora seguramente de las comunidades autónomas y
quién sabe si también lo será de los socialistas. Por si acaso, ya
asumo sus improperios de antemano.

El artículo 6 de la Ley de residuos dice: El Gobierno podrá
establecer objetivos específicos de reducción. ¿Piensa la señora
ministra superar la barrera del podrá y establecer estos objetivos?
¿Cuándo lo piensa hacer? La disposición final cuarta de la ley fija
el plazo de un año para establecer el régimen fiscal sobre los
aceites industriales y lubricantes, así como el sistema de devolución
y retorno de pilas usadas. Ese plazo finalizó en el mes de abril.

¿Podría decirnos en qué situación se encuentran ambos temas? ¿Piensa
optar por posponer el cumplimiento como hizo en la Ley de envases con
la regulación del sistema de depósito, devolución y retorno y los
sistemas integrados de gestión o lo dejará en el olvido sin más? Por
cierto, que ese plazo también terminó en abril, mes al que usted le
tiene una especial querencia, pero que a este paso va a terminar por
parecerle el más odioso del año.

Otro plazo que terminó en abril de 1998, hace más de un año -otra vez
el mes de abril-, es el que fijaba la Ley de envases y residuos de
envases para establecer medidas en materia de PBC: otro
incumplimiento de sus propios compromisos y de los responsables del
Ministerio que preside. ¿Cuándo, más allá de rechazar las propuestas
socialistas sobre esta materia, va a presentarpropuestas de
actuación? ¿En qué situación se



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encuentra el Plan nacional de envases y residuos de envases que se
debía presentar en el mes de abril de 1998? Plazo que no cumplieron y
pospusieron al mes de abril de 1999, porque, señora ministra, sin ese
plan, esa ley que usted dice que está en vigor resulta inoperante.

Hoy, señora ministra, usted no puede despacharse diciendo que se está
ultimando y en breve entrará en la Cámara, como nos ha dicho tantas
veces, la última el 14 o el 21 de enero, según se quiera, en
respuesta escrita a una pregunta del diputado Anastasio Ballesteros
Morcillo, del Partido Popular; respuesta que no es otra cosa que una
retahíla de los compromisos que por ambas leyes tiene pendientes y
que dice que va a poner en marcha en cuanto disponga del Plan
nacional de residuos, prácticamente finalizado, decía usted ¿como
hace 15 meses? Hoy, señora ministra, sólo le cabe fijar día y hora y
empeñar su honor en ello y pasarnos, antes de su aprobación, el
documento-borrador definitivo, si es que valora en algo la
colaboración que pueden prestar las diputadas y diputados de esta
Cámara.

Tenemos algunas cuestiones pendientes con la Unión Europea sobre
incumplimiento de las directivas comunitarias, alguna con sentencia,
otras con dictamen motivado y alguna sobre la que está muy próximo el
plazo para cumplir con la trasposición de la directiva. ¿Qué piensa
la ministra y el Ministerio al respecto?
Señora ministra, la actuación del Ministerio de Medio Ambiente en
materia de residuos, por decirlo de una manera suave, pone de
manifiesto una absoluta falta de voluntad política por dar respuesta
a las necesidades reales que tiene planteadas este país en la materia
que nos ocupa; falta de voluntad política avalada por el propio
presidente del Gobierno y por el Grupo Parlamentario Popular que lo
sustenta. Por todo ello, hemos creído necesario y oportuno recabar de
usted, señora ministra, doña Isabel Tocino, cuál es su voluntad de
actuación en materia de residuos en el futuro inmediato.

Señor presidente, señora ministra, señoras y señores diputados,
muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Pérez de
Tudela.

Para contestar en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora
ministra de Medio Ambiente.




La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor presidente.

Sinceramente, no acabo de dar crédito al planteamiento que ha hecho
su señoría. Dice que vamos a hablar del pasado y de cara al futuro,
pero, claro, usted no quiere hablar del pasado y del futuro con
relación a residuos. Si los improperios, que desde luego han venido
por su parte -no los va a tener por la mía, señoría-, se hubieran
referido al menos a lo que era motivo de esta interpelación,
podríamos entrar en materia, pero es que S. S. ha empezado a hablar
de la falta de compromisos, de la inoperancia, de justificar la
acción del Gobierno, de no quererse someter al control... Yo,
sinceramente, no sé a quién estaba hablando, porque
no he faltado nunca a ninguna interpelación, a ninguna pregunta ni a
ningún compromiso parlamentario, señor diputado. Probablemente usted,
que es más nuevo en estas lides, se ha especializado en
introducciones a las interpelaciones y hace unas afirmaciones
realmente espectaculares. ¿A mí me molesta el mes de abril? Pienso
que más le molestará al señor Chaves, porque sobre la reiterada
alusión que ha hecho usted al mal llamado caso Doñana creo que ya es
hora de que se cuenten las verdades. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que
cuando no daba más de sí ya nadie habla del mal caso Doñana. ¿Por
qué? Porque todo el mundo ha reconocido que tenía razón la ministra
de Medio Ambiente cuando dijo que en el parque nacional de Doñana no
había pasado nada. Donde pasó fue en Aznalcóllar y pasó por la
incompetencia y la inoperancia de un Gobierno socialista, señor
diputado. Yo no sabía que hoy veníamos a hablar otra vez del caso
Doñana, fíjese usted, pero si quiere que hablemos del fatídico mes de
abril, se lo vamos a recordar al señor Chaves, se lo vamos a recordar
cuantas veces haga falta, porque la autorización de explotación la
dio rápidamente el anterior presidente de Gobierno, señor González,
cuando transfirió todas las competencias. ¿A quién lo hizo? En primer
lugar, a la Junta de Andalucía, señor diputado. El 28 de diciembre de
1982, a los pocos días de tomar posesión, transfirió todas las
competencias a la Junta de Andalucía, en su pleno derecho, puesto que
estábamos en un Estado de las autonomías. Pero como le transfirió las
competencias a la Junta de Andalucía, cuando la Junta de Andalucía
tuvo un problema por una mala autorización y por una peor previsión,
seguimiento y control de la autorización de una balsa de residuos
minerales, se contaminó un río, que ése sí, el río es de todos los
españoles y competencia del Ministerio de Medio Ambiente la calidad
de esas aguas. ¿Y qué hace el primer damnificado, que es el
Ministerio de Medio Ambiente? Ponerse a limpiar ese río. Fíjese usted
a quién le puede molestar el mes de abril de 1998, precisamente a
algún representante muy cercano a usted, puesto que es el presidente
de una comunidad autónoma, el señor Chaves. Esos son los infortunios
y los desastres ambientales.

Si quiere algo más cercano, le hablo del infortunio y del desastre
ambiental de los residuos de Bens, con otro alcalde socialista, el
señor Vázquez; se le viene abajo la montaña de residuos que había
montado, y no nos hemos alegrado, pero es competencia de un
ayuntamiento. Si quiere le hablo de otra tragedia aún mucho mayor:
once muertos en Melilla, por un depósito de la época en la que
estaban ustedes gobernando. (Rumores.) Son tragedias que a todo el
mundo le pueden ocurrir, pero no me venga usted a hablar ahora de los
infortunios y de los desastres ambientales cuando no hemos tenido más
que certificar y tratar de sacar adelante -con indemnizaciones en un
caso, con mucha inversión en la limpieza de ríos en otro- las faltas
de previsión y la mala gestión de competencias ambientales



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de los gobiernos socialistas. Esa es la realidad, señor diputado.

(Aplausos.)
Luego dice que no voy a responder de lo que he hecho, que no querré
decir que es cuestión mía. Precisamente en cuanto a los compromisos
que asumí ante la Cámara para esta legislatura en materia de aguas,
en materia de residuos y de parques nacionales, a muchísima honra,
porque no es cuestión personal de esta ministra sino de un magnífico
equipo del Ministerio, los vamos a cumplir todos. Sí, señor diputado,
en materia de aguas, en materia de residuos y en materia de parques
nacionales. Por eso me siento muy orgullosa y le agradezco su
interpelación, porque nos va a permitir hablar de lo que hemos hecho
en residuos.

A S.S. le molesta que desde el mes de abril de este año -han pasado
mayo y junio, estamos a dos escasos meses- no se hayan cumplido
algunas de las previsiones de una ley, pero no le molesta y no
recuerda que ustedes estuvieron 14 años gobernando con una única Ley
de residuos del año 1975 y se marcharon 21 años más tarde sin tocar
absolutamente la política de residuos; 21 años de inacción en materia
de residuos, que es -si me permiten, señorías- la primera ley
ambiental, la primera política de gestión ambiental que hay que poner
en marcha, señor diputado, si uno quiere proteger de verdad la
naturaleza, porque en sociedades desarrolladas e industrializadas, si
hay algún problema, es el exceso y la generación de basuras. A
ustedes no les afectó lo más mínimo.

No sabe cómo celebro que quizá con retraso le llegue a S.S. la
preocupación por las directivas comunitarias, porque dejaron sin
trasponer todas en materia de residuos, absolutamente todas. Según
decía la señora Narbona, había borradores, todo eran borradores,
¡vaya borrón que había cuando llegamos al Ministerio!, porque de
todas las leyes que hemos puesto en marcha nosotros en tan sólo tres
años, sólo dio tiempo al Gobierno socialista a dejarlas en
borradores, una tras otra, en los 14 años que estuvieron gobernando.

Señorías, seamos serios. Yo, por lo menos, si hubiera visto que con
los improperios se divertía, hubiera dicho que había venido a final
de curso con una interpelación con improperios y que el señor
diputado se estaba divirtiendo, pero es que además lo decía
francamente triste y yo quiero tranquilizarle, porque creo que es
bueno que todos los españoles sepan que la protección ambiental en
materia de residuos está en estos momentos en igualdad de condiciones
que en la Unión Europea. (Rumores.) Sí, señor diputado, en igualdad
de condiciones que en la Unión Europea. Hemos incorporado al derecho
interno la misma normativa comunitaria que tienen los demás países de
la Unión Europea, cosa que no existía hace tres años, señor diputado.

Desde el año 1996 al año 1999 tenemos en este momento ya dos leyes,
una de 24 de abril de 1997, sobre envases y residuos de envases, y la
siguiente, Ley básica de residuos, de 21 de abril de 1998. Tenemos
también el Real Decreto de 20 de junio de 1997 sobre residuos
peligrosos, el Real Decreto de 18 de julio de
1997 sobre incineración de residuos peligrosos, el reglamento de
desarrollo y ejecución de la Ley de envases, de 30 de abril de 1998,
la orden de 28 de abril de 1998, en la que se establecen cantidades
individualizadas a cobrar en concepto de depósito y símbolo
identificativo de los envases, el catálogo europeo de residuos y, a
punto de salir, el Real Decreto de PCB-PCT.

Señoría, realmente me parece un poco insensato por su parte decir que
este Gobierno no ha hecho nada, que es absolutamente inoperante en
materia medioambiental y concretamente en materia de residuos. Cuando
se ha estado 14 años en el Gobierno, se ha aceptado estar con una ley
obsoleta, de 21 años, y no se ha hecho absolutamente nada por
prevenir toda la problemática de residuos, créame, es muy
irresponsable por su parte el decir lo que ha dicho a continuación.

Yo comprendo que con ese planteamiento luego diga que la ley es
inaplicable, pero, señorías, llama inaplicable a una ley que está
superando en su aplicación a países tan ambientalmente poco dudosos
como Francia o Alemania. Y con esta ley que él llama inaplicable, de
1997, y con un reglamento de 1998, la Ley de envases y residuos de
envases, curiosamente nos estamos encontrando con que a través del
instrumento fundamental que pone en marcha, que es el sistema
integrado de gestión, resulta que al día de hoy hay ya más de 11.000
empresas envasadoras que se han sumado a esta Ley de envases, lo que
todavía no tienen en Alemania después de cinco años de aplicación.

11.000 empresas están ya en el sistema integrado de gestión. Se trata
de una ley que sólo es exigible desde el 1 de mayo de 1998, pero que
podría haberlo sido antes inclusive de que el Ejecutivo socialista
hubiera dejado sus responsabilidades de gobierno. Esto significa un
porcentaje de participación en España del 85 al 90 por ciento del
total de productos envasados que tienen que ser regulados por esta
ley. Es decir, que en poco más de un año de vigencia de la ley esté
ya funcionando entre el 85 y el 90 por ciento para S.S. es sinónimo
de ley que no funciona y que es absolutamente inaplicable. Que
existan 12 millones de ciudadanos incorporados a la recogida
selectiva de papel cartón, 6 millones a la de envases y 10 millones a
la de vidrio, con unas previsiones para finales de este año de 20
millones de españoles aceptando y cumpliendo el desarrollo de esta
ley, para S.S. equivale a que es completamente inaplicable. Y que
países como Francia y Alemania, que la están aplicando hace más de
cinco años, no hayan alcanzado todavía estos niveles de aplicación
también le parece realmente insignificante.

Además, ¿cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho dando paso a la
iniciativa privada, porque son precisamente esos sistemas de recogida
selectiva de residuos de envases domésticos, a través de esas
empresas privadas que llevan este sistema de gestión, los que están
beneficiándose de un mercado -porque realmente medio ambiente cuando
se hace bien genera empleo y genera actividad económica- que podrá
alcanzar, cuando tenga su pleno desarrollo, un movimiento de



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unos 40.000 millones de pesetas anuales. Esa es la ley que no le
sirve al señor diputado.

En este momento se han presentado ya a las comunidades autónomas los
planes empresariales de prevención, que son realmente los que van a
garantizar la aplicación efectiva de dicho principio, y se ha hecho
en sectores como alimentación y tabaco, óptica y joyería,
equipamiento de hogar, farmacia, ocio, aire libre, etcétera. Le
podría dar toda la enumeración de cuáles son en este momento esos
planes de prevención en todos esos sectores, que, repito, son
realmente los que garantizan esos principios que a S.S. tanto le
preocupaban.

Voy a irle contestando a todos y cada uno de los problemas que S. S.

me planteaba. En primer lugar, en cuanto a los principios que estas
leyes contienen, efectivamente, cuando nosotros llegamos al Gobierno
nos encontramos con una situación como la que ya he descrito:
generación excesiva de residuos, ausencia de límites por unidad de
producción, opacidad informativa de agentes productores de los
residuos, descontrol en buena parte de los residuos, riesgo de
accidentes graves, como los que ya he enumerado, insuficientes
infraestructuras. Y llega esa Ley de residuos y establece en primer
lugar el principio de prevención, el principio de las mejores
tecnologías, las menos contaminantes, el principio de responsabilidad
del productor -quien genera el residuo es el responsable de qué
ocurre con el ciclo de vida de ese residuo, que supera con mucho el
principio de quien contamina paga-, la priorización, la
jerarquización, toda esta serie de principios que se ponen realmente
en marcha a través de la legislación que establece este Gobierno que
a S.S. le parece que le falta voluntad política, pero simplemente
dice que le parece, porque no puede ir más allá en sus datos y en su
concreción.

Nos hemos ocupado, señoría, no solamente de la normativa comunitaria
sino también de planificar la gestión. En la planificación de la
gestión se ha puesto en práctica, en colaboración con las comunidades
autónomas, la revisión y la ejecución del Plan nacional de residuos
peligrosos. En el año 1998 se han invertido 1.508 millones de pesetas
en la ejecución de este plan. Está previsto elaborar otro Plan
nacional de residuos peligrosos, que, como S. S. sabe, hasta el año
2001 no puede entrar en vigor, puesto que la vigencia del actual
termina en el año 2000. Además, se va a hacer con unos inventarios
cuantificados fiables, no a tanto alzado, donde se atiendan los
principios de gestión de residuos contenidos en la Ley de residuos de
este Gobierno. Asimismo, se ha elaborado un anexo al Plan nacional de
residuos peligrosos.

Asimismo estamos ya en la revisión y ejecución del Plan nacional de
suelos contaminados, al que creo que no se ha referido su señoría, y
es que, efectivamente, en esa operancia de un partido en el Gobierno
durante 14 años que no se preocupa por los suelos contaminados, no
existía esa regulación de dichos suelos y es precisamente en esta Ley
de residuos donde, por primera vez y de forma decidida, se aborda el
problema.

Ello ha servido para que la gestión de los residuos resultantes de la
prospección, extracción, valorización, eliminación y almacenamiento
de residuos minerales, por ejemplo, esté ya contemplada en una ley
específica, como es la Ley de residuos, cosa que no habría ocurrido,
señorías, cuando el desastre de las minas de Aznalcóllar, de no
existir esta Ley de residuos del Gobierno del presidente Aznar,
porque ni la antigua Ley de residuos, esa tan obsoleta de 1975...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora ministra, vaya
concluyendo, por favor.




La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Voy
terminando, señor presidente. ... porque ni esa Ley de 1975 ni la
vigente Ley de minas contemplaban para nada la gestión de estos
residuos minerales.

Podríamos continuar. En cuanto al Plan nacional de suelos
contaminados, hay 4.532 suelos potencialmente contaminados, pero
solamente 250 están caracterizados, labor que tienen que hacer las
comunidades autónomas. Por esa misma razón hacen falta métodos
técnicos normalizados para la caracterización y clasificación de
suelos, que está previsto terminar este año con las directrices
técnicas en colaboración con las comunidades autónomas.

El Plan nacional de residuos urbanos, como S. S. ha recordado, está
ultimado, sí, señoría, ultimado, pero sería completamente absurdo
sacar un plan nacional de residuos que no tenga un respaldo de
financiación. Esta asciende a 500.000 millones de pesetas. Lo que S.

S. desconoce es que ya se han abordado todos los trámites para contar
con esa financiación de 500.000 millones de pesetas. Por tanto, no
solamente tenemos la financiación para cuando tiene que entrar en
vigor, del 2000 al 2006, sino que tenemos estrictamente elaborado ese
Plan nacional de residuos sólidos urbanos. También tengo que decirle
que precisamente por la buena negociación y por la buena gestión que
se ha hecho en fondos de cohesión, en fondos estructurales, es por lo
que vamos a poder contar con la puesta en práctica real, no solamente
de cara a la galería -como harían ustedes, aunque ni siquiera se
molestaron de cara a la galería-, de un Plan nacional de residuos
urbanos. Todo ello, señor diputado, lo vamos a tener antes de que
termine 1999 y contando, como siempre he hecho, señor diputado, con
la conferencia sectorial. En ese plan se establece la clausura y
sellado de unos 3.700 vertederos antes del 2005, construcción, antes
del 2005, de 126 nuevas estaciones de transferencia, adaptación de 30
instalaciones según lo va a exigir la directiva de vertederos
y cierre de cuatro plantas de incineración sin recuperación de energía
que existen en este país. Podría decirle que al margen de la
aprobación de este plan, también estamos apoyando la gestión de
residuos urbanos con actuaciones que favorecen el reciclado, el
sellado y la recuperación ambiental de vertederos incontrolados,



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así como creando -ya están construidos- diversos centros de recogida
de residuos urbanos.

Señor diputado, si tenemos en cuenta que estas actuaciones ya han
supuesto una inversión de 5.000 millones y que existen además estos
programas de apoyo al reciclado de papel cartón usado y de vidrio
desechado que está generando verdaderos yacimientos de empleo; si el
objetivo es disminuir los costes de recogida selectiva de papel,
cartón y vidrio para que pueda ser afrontada por los ayuntamientos,
creo que es muy difícil sostener las acusaciones y los improperios
que decía su señoría ante un Gobierno...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora ministra, termine, por
favor.




La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Termino,
señor presidente.

Por tanto y sin lugar a dudas, en la breve réplica que hagamos,
tendremos ocasión de volver a contestar a algunos de los nuevos
improperios que escucharemos de S. S., que así se ha autocalificado.

Quiero decirle, señor diputado, sin ningún triunfalismo, que
efectivamente en este momento hemos materializado la puesta al día de
una legislación de residuos. Se han sentado las bases de la política
de residuos del siglo XXI de un país auténticamente desarrollado y
comprendo que a S. S. le tiene que doler mucho que haya sido este
Gobierno, que él califica tan despectivamente de derechas, el que no
solamente creó el primer Ministerio de Medio Ambiente, específico de
Medio Ambiente en este país, sino también el primer Gobierno que se
preocupó de la política de residuos de este país estableciendo unas
leyes que van a demostrar en España un antes y un después en la
materia.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora ministra.

Para un turno de réplica el señor Pérez de Tudela tiene la palabra.




El señor PÉREZ DE TUDELA MOLINA: Señora ministra, me da la sensación
de que ha salido usted a esta tribuna pensando que a este diputado
usted le puede. (Risas.) No sé, quizá, pero a lo que no le puede
usted, señora ministra, es a la razón y a su falta de cumplimiento de
los compromisos contraídos. (La señora Sainz García: ¡Qué miedo!) No,
de miedo, nada, no se preocupe. (Un señor diputado pronuncia palabras
que no se perciben) No sé, veremos. (Otro señor diputado: ¿Le puede o
no le puede?) La verdad es que hace un año usted decía aquí lo mismo,
pero estamos igual. Entonces, mire qué bien. (Un señor diputado
pronuncia palabras que no se perciben.) Sí, así, de paso, lo hemos
ido pasando.

No falla usted aquí, es verdad. Seguramente es de las ministras que
más asiste cuando se la llama y se la reclama, pero después no hace
ni puñetero caso y no
cumple con lo que aquí se acuerda. (Rumores.- Un señor diputado: ¡Qué
barbaridad!) Aprobamos por unanimidad una moción que usted en un año
no ha cumplido, pues ya me dirá.

Del caso de Doñana no le he hablado cuando le decía lo del mes de
abril, señora ministra, y no es porque no quisiera hablar, sino
porque entendía que no hacía al caso. Es usted quien en esos
vericuetos se ha perdido y se ha querido perder seguramente porque le
convenía, porque además yo le decía que usted me saldría aquí con
improperios, y es verdad, se ha dedicado a eso, a improperios al
Partido Socialista, al Gobierno socialista y a este diputado (El
señor Moragues Gomila: ¡Muy bien!) y me ha salido con cuestiones de
Doñana o de A Coruña. No hacen al caso, señora ministra, de verdad.

No estamos hablando de eso. A mí no es que me moleste que me hable de
eso, no es que me moleste si habla o no habla, si se hace o no se
hace; es que me preocupa lo que está pasando aquí. No estoy triste,
estoy preocupado, señora ministra, seriamente preocupado. (El señor
Torres Gómez: Triste también.) Pues qué bien, qué ilusión.

Dice que no hicimos nada, que lo que hicimos fueron borradores.

Señora ministra, los planes que tiene en ejecución son los que se
encontró en funcionamiento, no otros. Es verdad, se han hecho dos
leyes, y ahora, con precipitación, nocturnidad y alevosía,
seguramente en este Congreso se va a aprobar la Ley de aguas, pero
después tampoco se aplican. ¿Que la privada lo hace? Seguramente sí,
la privada lo hace, pero, oiga, no por usted, no se preocupe.

Señora ministra, ¿por qué no nos habla de la caracterización de los
residuos peligrosos, cómo y para cuándo? De eso no nos ha hablado.

Dicen -se lo recuerdo- que el movimiento se demuestra andando. Señor
presidente, señora ministra, en el debate sobre el estado de la
Nación no sé si usted lo siguió con atención ni si sirvieron las
notas que usted le podía pasar al presidente para construir el
discurso, pero lo que se deduce es que poco influye en el Gobierno la
postura insolidaria de atención al medio ambiente. Eso es lo que
ocurre aquí, señora ministra. El presidente, hablando de los planes
de desarrollo regional, dedicó una frase, retórica, a la defensa del
medio ambiente, una sola frase de 17 palabras en un discurso de una
hora. Esa es la preocupación que se demuestra en el debate del estado
de la Nación sobre el medio ambiente en esta Cámara. Vamos, que el
interés y la preocupación demostrados desbordan las expectativas de
los ciudadanos y de las diputadas y diputados de esta Cámara, señora
ministra. Lo que dice está bien. Armas para contestar las tiene,
evidentemente, ¡faltaría más! Información, armas, tablas, más que yo.

¿Cuándo aprobará el Gobierno, previo acuerdo de la comisión
sectorial, el plan de residuos, señora ministra? No me lo ha dicho.

Hace un año -y más allá- me decía que pronto, pero no se hace.

¿Cuándo tendremos el programa nacional de residuos de envases y
envases usados? Porque sin el programa no se puede actuar. Se



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harán cosas, pero no se cumplirá la ley ni se cumplirá el programa;
se harán por iniciativa privada. ¿Cuándo dispondremos de los planes
de recogida, tratamiento y reutilización de pilas usadas y
acumuladores? Y el de aceites usados y lubricantes, ¿cuándo, señora
ministra? No me diga que pronto, no me diga que antes de final de
año. Eso me lo dijo hace un año.Por cierto, ¿cuándo se va a trasladar
a las comunidades autónomas, para su consulta, el anteproyecto de ley
de aceites usados y lubricantes, que ya ha caducado? ¿Cuándo? (La
señora Cunillera i Mestres: El año que viene, si Dios quiere.)
¿Cuándo dispondremos de una legislación, y garantía de su aplicación,
para evitar la competencia desleal entre empresas y regiones, sobre
la base del mayor o menor respeto por el medio ambiente, señora
ministra? ¿Cuándo? (Rumores.) Yo no me voy ni por los ríos ni por los
mares, le pregunto concretamente sobre las leyes que estamos
hablando: residuos y residuos de envases. ¿Para cuándo la
coordinación de las comunidades autónomas en materia de medio
ambiente y en especial en materia de residuos, señora ministra? ¿Ya
tiene los planes autonómicos para poder hacer el plan nacional? Si no
los tiene, ¿va a seguir esperando? ¿La señora ministra y el Gobierno
están dispuestos a superar la barrera del podrá? No me lo ha dicho.

Estamos en el podrá. ¿Cuánta atención a las recomendaciones de los
expertos? ¿Cuándo, atendiendo a esas recomendaciones, piensa actuar
en materia de PVC? Tampoco me lo ha dicho, señora ministra; de eso no
le convenía hablar. La ley de 1997, sobre envases y residuos de
envases, marcaba el plazo de un año, después ampliado por otro año,
pero esa ampliación de plazo también terminó y no se ha cumplido.

¿Cómo piensa actuar en relación con la materia que el Reino de España
tiene pendiente con la Comunidad Europea, señora ministra? Por
ejemplo, en lo que se refiere al dictamen motivado sobre la
incineradora de Las Palmas, o al de la evaluación y gestión de la
calidad del aire, o a la situación condenatoria en la que se
encuentra el Reino de España en materia de residuos de pilas usadas,
ya que la Unión Europea ha decidido actuar contra el Reino de España
por el incumplimiento de la sentencia previa del Tribunal de Justicia
Europeo.

Señora ministra, ¿nos podría decir algo sobre los residuos
peligrosos? Aparte de decir que están preparando documentación, ¿nos
podría decir algo? En estos momentos, con la Ley de residuos de abril
de 1998 - desde y todavía-, no tenemos la definición de residuos
peligrosos. Poco podemos hacer si no tenemos ni la definición. Falta
el decreto de caracterización, señora ministra. Sufrimos una
situación confusa, y no se lo digo yo, señora ministra, se lo dice el
señor Pablo Cubel. ¿Le conoce? En un artículo de una revista de
derecho urbanístico, le dice eso y le plantea la necesidad urgente
del desarrollo reglamentario de la ley. Por cierto, ¿nos podría
informar del volumen de residuos peligrosos que se produce hoy en
España? No en el año 1993, hoy, en l997, en l998. También quiero
recordarle
que tenemos pendiente la convalidación del Protocolo de Barcelona
sobre protección del mar Mediterráneo.

Finalmente, señora ministra, el 16 de junio -reciente, reciente-, en
el Boletín Oficial del Estado número 143 (supongo que lo debe saber;
quizá pensaba que yo no lo sabía, pero mire qué casualidad) sale a
licitación el análisis del contenido de la legislación nacional
relativa a residuos y sus operaciones de gestión y diagnóstico,
y propuestas de solución, con un plazo de nueve meses para la
elaboración de los trabajos y valorado en 14 millones de pesetas.

Desde el mes de abril de 1998 espera a junio de 1999 para anunciar la
licitación ¡de un estudio! Señora ministra, a eso le llamo yo ser
resolutiva. Si no hubiera tanto en juego, pensaría que se trata de un
chiste, señora ministra. Supongo que la licitación del estudio será
la base para la redacción de los reales decretos de desarrollo de la
ley. ¡Largo me lo fiáis! Señora ministra, ¿insiste en la vigencia de
la ley? Mejor que no responda a eso.

Usted se va por los cerros de Úbeda, señor ministra, y, para resolver
los problemas que tenemos planteados en materia de residuos en
particular y del medio ambiente en general, el Partido Popular
presenta una resolución en el debate sobre el estado de la nación,
proposición número 56, que propone la elaboración de un catálogo
sobre la fauna en nuestro país. Si esos son todos los compromisos que
debe asumir el Gobierno y su presidente en materia de medio ambiente,
resulta clarificador e impactante. Claro está que, con las
experiencias acumuladas, seguro que no se atrevió a asumir mayores
compromisos.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Pérez de Tudela, vaya
concluyendo.




El señor PÉREZ DE TUDELA MOLINA: Voy terminando, señor presidente.

En el momento en que nuestra sociedad está más predispuesta a
incorporar las medidas necesarias para la protección, la prevención y
la recuperación en materia de medio ambiente, porque hay una
conciencia generalizada de la necesidad de actuar en esta materia,
tenemos que sufrir un Gobierno que hace dejadez de su responsabilidad
y oídos sordos a las demandas de la sociedad.

Señor presidente, para terminar, hoy hemos perdido otra oportunidad.

Nos queda todavía la espera del verano, que la señora ministra ha
anunciado esta mañana que ya había empezado para ella. No se
acordaría de que esta tarde tenía una interpelación y que
continuaríamos trabajando. La señora ministra, el Gobierno y el
Partido Popular pueden reflexionar y se pueden sumar a la moción que,
consecuencia de esta interpelación, presentará el Grupo Socialista.

Le deseo, en beneficio de todos, un buen verano, señora ministra, que
no sea demasiado agitado, porque si tenemos que confiar en su
resolución para resolverlo, vamos aviados.

Muchas gracias. (Aplausos.)



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El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Pérez de
Tudela.

Señora ministra.




La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Señor
presidente, desde el escaño.

La desinformación del diputado es tal que debe ser el único que no se
ha enterado de que el 21 de junio entra el verano para todos los
españoles, no sólo para la señora ministra. En cualquier caso, señor
diputado, yo no he venido a echarle un pulso, créame, no he venido a
ganarle. Le voy a disculpar no sólo los improperios sino hasta el mal
tono de su intervención y las palabras tan malsonantes que S. S. ha
pronunciado y que han quedado en el «Diario de Sesiones»; me parecen
de muy mal gusto en esta Cámara, se le digan a quien se le digan. Y
me sorprende que la Presidencia no haya intervenido para decir a S.S.

que rectificara.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora ministra, algunas
palabras son equívocas y la Presidencia entiende en qué sentido
pueden ser dichas y su intención. Agradezco mucho a la señora
ministra que reprenda a la Presidencia, pero ello no está dentro de
sus competencias en el debate.




La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Nada más
he dicho que estaba sorprendida, porque me parece que hay que guardar
las formas. Empezó anunciando improperios, pasó a palabras
malsonantes, incluso tacos, pero créanme que de todo esto sólo queda
constancia en el «Diario de Sesiones».

Hemos venido a hablar de residuos y le reitero a S.S. que no sólo ha
hablado de la fauna sino que también ha hablado de la Ley de Aguas.

No venga usted luego a decirme que soy yo la que me meto en ríos y en
otros caminos. Es S.S. la que viene a contar eso, porque en el tema
de residuos no puede más que felicitar a este Gobierno por lo que no
fueron capaces de hacer ustedes y en tres años se ha puesto en
marcha. (Aplausos.)
Me lee usted los artículos que se escriben pidiendo el urgente
desarrollo reglamentario de la ley. Pues qué bien que se pueda pedir
el urgente desarrollo reglamentario de la ley, porque eso está
indicando que ya hay ley, que ya hay leyes y que hay reglamento,
inclusive, de una de las leyes; por lo menos tenemos ley, tenemos
reglamento, se está aplicando la ley. Y ya no ha insistido S.S.

diciendo que la ley no se está aplicando, porque las cifras son
reales.

Le preocupa a S.S. que no haya esa prevención. Yo comprendo que,
cuando tiene que gastar tantas energías y tanto tiempo en preparar
este tipo de intervenciones, no le dé tiempo a leerse las leyes que
este Gobierno hace. Yo le voy a decir lo que esa ley de envases y de
residuos de envases, que a usted no le vale, establece en temas de
prevención, que al final es lo fundamental: la reducción del 10 por
ciento de los residuos de envases antes del 30 de junio del año 2001,
como dice la directiva comunitaria; fomento de la reutilización
de ciertos envases; implantación de la recogida selectiva a 1 de
mayo de 1998; implantación de la recogida selectiva de residuos en
municipios de más de 5.000 habitantes antes de enero del año 2001;
instalación de puntos limpios en todas las capitales de provincia en
núcleos de población de más de 50.000 habitantes. Podría leerle todos
los problemas que dice que no están contemplados. Están contemplados
en la ley y se está aplicando la ley. Si usted hubiera leido esa ley
y hubiera leído simplemente en los periódicos la aplicación de esas
leyes, no hubiera traído ese tipo de interpelación que nos ha
presentado.

Insiste usted muy reiteradamente en que poco pinta la ministra de
Medio Ambiente en este Gobierno. La verdad es que menos pintó el
medio ambiente en el Gobierno anterior, pues ni siquiera crearon
ustedes un Ministerio de Medio Ambiente. Y esto sí que es una grave
responsabilidad, porque estábamos muy atrasados y ha habido que hacer
mucho esfuerzo para ponernos al día simplemente en normativa
comunitaria, que ahora le preocupa a S. S., que se está trasponiendo
y que ustedes dejaron completamente vencida.

Voy a ir terminando, señor presidente. Quiero decirle que si el
presidente del Gobierno no habló mucho más de materia de medio
ambiente en el debate sobre el estado de la nación es porque nosotros
que sabemos lo mucho y mal que estaba el medio ambiente cuando
llegamos, quisimos ser ambiciosos pero quisimos ser realistas y nos
planteamos unos objetivos para esta primera legislatura. Le vuelvo a
reiterar a S.S. que, en política de residuos, en política de parques
nacionales y en política de aguas, el señor presidente del Gobierno
no puede más que felicitarse de cómo este Gobierno está cumpliendo
los compromisos que asumió en estas tres materias, levantando,
poniendo en pie el primer Ministerio específico de Medio Ambiente en
España.

Dice que ustedes están sufriendo un Gobierno. Lo único que están
sufriendo ustedes es que perdieron el Gobierno, perdieron mucho
tiempo en materia medioambiental cuando estaban en el Gobierno y
están perdiendo cada vez más oportunidades de pensar que algún día
podrán recuperar ese Gobierno. Ése es su verdadero sufrimiento y el
que les va a acompañar también en ese verano, que yo también deseo a
S.S. muy saludable. (Aplausos.- El señor Pérez de Tudela Molina pide
la palabra.)



El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora ministra.

No tiene la palabra, señor Pérez de Tudela.




El señor PÉREZ DE TUDELA MOLINA: Es para retirar unas palabras.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Entonces, tiene usted la
palabra.




El señor PÉREZ DE TUDELA MOLINA: Señoraministra, no sé qué he dicho
que haya podido ser ofensivo.




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Si algo he dicho que la pueda haber ofendido o ha habido una mala
interpretación de mis palabras, retirado está.

Lamento, de todas formas, permítame decirlo, en ese reconocimiento,
que con otras palabras...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Pérez de Tudela, no hay
turno de réplica ni de contrarréplica. Si ha pedido la palabra para
retirar alguna expresión, ya está retirada.

Gracias, señor Pérez de Tudela. ¿Grupos que desean fijar su posición
en este debate? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra la señora Urán.




La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.




Señorías, este grupo parlamentario se queda en muchas ocasiones
atónito ante las intervenciones que se producen en determinadas
interpelaciones, sobre todo en interpelaciones como la de hoy, que
nos lleva a hablar de materias concretas y específicas.

En el debate que ha transcurrido hasta ahora, todavía no podemos
felicitar al Gobierno ni podemos anclarnos en lo que se hizo o se
debió hacer y no se hizo desde hace catorce años para acá. Lo que sí
tenemos que decir claramente, y este grupo parlamentario puede
hacerlo porque siempre ha criticado, gobierne quien gobierne,
aquellas políticas que no ha compartido, es que tenemos ya desde hace
tres años un Gobierno, que es del Partido Popular -en esta Cámara
esta portavoz lo vive cada vez que hay un debate en materia
medioambiental-, y la responsabilidad es de las comunidades
autónomas, o de los ayuntamientos, o de la Unión Europea, pero desde
luego nunca del Ministerio de Medio Ambiente cuando se critican
actuaciones concretas y específicas.

Señorías, esta interpelación decía en uno de sus puntos que también
se hacía la interpelación por el incumplimiento de una moción
aprobada por unanimidad el 9 de junio de 1998. Se ha incumplido un
mandato de esta Cámara. Esta portavoz no ha recibido del Ministerio
de Medio Ambiente el informe sobre el funcionamiento de la planta de
incineración de Melilla. Yo no lo he recibido, quizá no me ha llegado
la documentación y se ha remitido. Sería un incumplimiento total y
absoluto. Tampoco tiene conocimiento esta diputada y portavoz en
materia medioambiental de las medidas legales adicionales que se
pudieran utilizar, aprobadas por unanimidad en esa moción, y estoy
hablando de hace ya un año, medidas adicionales sobre el uso del PVC.

Esta diputada tampoco tiene conocimiento del plan nacional de
residuos sólidos urbanos.

Y, señorías, a mí me gustaría que se hablara de los objetivos que se
ha marcado el Ministerio de Medio Ambiente en ese plan nacional de
residuos urbanos, qué se ha conseguido en el tiempo que lleva
funcionando la ley, que según la señora ministra se está aplicando
y está llevándose a cabo. También quisiéramos saber cuáles son
los objetivos que se han cumplido con la Ley de envases y residuos de
envases, que sí estaban cuantificados en ella, qué porcentaje se ha
conseguido. No me sirve de nada que la señora ministra nos diga desde
la tribuna que hay 11.000 empresas envasadoras que se han adherido a
los planes de gestión de envases o residuos de envases. Señoría,
dígame cuál es el objetivo que se ha cumplido de ese plan, de ese
programa y cuándo vamos a tener los objetivos concretos, para poder
saber si en nuestro país se están cumpliendo las leyes de manera
real.

Me hubiera gustado que desde la tribuna se hubiera podido hablar de
cómo se están financiando estos planes, qué ayudas económicas tienen,
cuáles son los recursos económicos que desde el Ministerio de Medio
Ambiente se están aportando para poder aplicar la ley. Y que se nos
hubiera explicado qué es lo que piensan hacer el Ministerio de Medio
Ambiente y la ministra con la sentencia dictada por el Tribunal de la
Comisión Europea por el incumplimiento de la directiva sobre pilas
usadas, sobre la que la señora ministra ha pasado de puntillas.

Me interesa mucho menos quién era el responsable hace catorce años y
me interesa mucho más saber qué es lo que está haciendo en estos
momentos el Ministerio de Medio Ambiente. Las excusas no sirven para
que realmente sepa la opinión pública y sepamos en esta Cámara si en
realidad se está trabajando y se están llevando a cabo las medidas
adecuadas para poder reducir los residuos en nuestro país. Señorías,
el plan nacional de residuos todavía sigue sin estar y nos gustaría
saber para cuándo va a estar. No es suficiente decir que a finales de
1999. Queremos saber su contenido y cuándo vamos a tener conocimiento
de él. Señora ministra, ese plan nacional de residuos también tendrá
que fijar y cuantificar los objetivos de reducción, de reciclaje y de
reutilización, para no tener que ir a los vertederos, aunque sean
controlados, o a la incineración, que es una medida nada saludable
para el medio ambiente y para las personas.

Nos hubiera gustado que hablásemos de esas medidas que se tienen que
adoptar, de cuándo, para cuándo y con qué financiación y desde luego
no de si la competencia la tienen unos u otros o de los desastres que
hayan podido ocurrir durante todo este tiempo. Quizá no sea solamente
responsabilidad del Ministerio de Medio Ambiente, pero desde luego sí
hay responsabilidad cuando no se quieren detectar determinados
problemas, que después sí inciden en desastres ecológicos que tienen
una mala solución y una peor recuperación medioambiental.

Nada más. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Urán.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora deLara, por cinco
minutos.




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La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señor presidente.




Señorías, quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento al
representante del Grupo Parlamentario Socialista que ha presentado
esta interpelación urgente en materia de residuos, porque ha brindado
la oportunidad a la ministra de Medio Ambiente de explicar ante SS.

SS. la intensa labor efectuada en materia de residuos en los tres
años transcurridos de legislatura. Intensa labor que ha permitido no
solamente que España ponga su legislación al día en materia de
residuos, envases y residuos de envases, sino que además introduzca
en el texto, ya finalizado, del plan nacional de residuos urbanos
determinadas exigencias incluidas en la propuesta de directiva de
vertederos. Intensa labor, señorías, que ha permitido que en la
gestión de residuos de envases se apliquen por primera vez
instrumentos de responsabilidad compartida, como los acuerdos
voluntarios y los convenios de colaboración, y que han dado paso a
nuevas formas de participación de los agentes económicos y sociales
con las que se han conseguido unos niveles de eficiencia jamás
logrados hasta ahora.

El Grupo Parlamentario Popular cree que la eficacia se consigue con
menos intervencionismo y con más acuerdos voluntarios y mayor
participación de los agentes económicos y sociales. Y los resultados
que se están obteniendo nos indican que efectivamente estamos,
señorías, en el camino correcto.

Intensa labor del Ministerio de Medio Ambiente, repito, que hace que
las previsiones para finales de año, en cumplimiento de la ley de
envases y residuos de envases, sean veinte millones de ciudadanos con
recogida selectiva de papel, cartón y vidrio, y catorce millones con
la de envases ligeros, lo que nos permite situarnos, como ya ha
indicado la señora ministra, por delante de países que, como Francia
y Alemania, llevan aplicando sistemas similares desde hace más de
seis años.

Señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, con seriedad y con
rigor, ¿cree usted que puede llamar a todo esto una política de
carácter mediático y vacía de contenido? ¿Desea usted tal vez que le
recuerde cuál era la situación de partida, cuál era la situación que
tuvo que afrontar el Gobierno del Partido Popular en el año 1996 en
materia de residuos? (El señor Vicepresidente, Fernández-Miranda y
Lozana, ocupa la Presidencia.) La situación en aquel momento,
señorías, era de ausencia total de legislación y de un procedimiento
contra España ante el Tribunal de Luxemburgo que culminó con una
sentencia condenatoria. Y todo ello, pese a que en el año 1993, el
señor Borrell, entonces ministro de Obras Públicas, Transporte y
Medio Ambiente, anunció en esta Cámara, 1993, señorías, que el plan
de residuos estaba finalizado, que sólo faltaba consensuarlo con las
comunidades autónomas. Tres años, señorías, no fueron suficientes
para que coordinara este plan con las comunidades autónomas. En un
año de Gobierno del Partido Popular se ha aprobado la
Ley de residuos, consensuada con todas las comunidades autónomas. Y
pese también, señorías, a que en el año 1996, la entonces secretaria
de Estado de Medio Ambiente, señora Narbona -que, por cierto, no está
escuchando en este momento-, iba ya por el borrador número 17 de lo
que no llegó a ser ley de envases, ley de envases que, a poco más de
un año de estar el Gobierno del Partido Popular, se publicó en el
Boletín Oficial del Estado.

Por consiguiente, señorías, creo que hemos superado la caótica
situación heredada tras catorce años de Gobierno socialista en
materia de residuos y no solamente el Gobierno de José María Aznar ha
cumplido con la principal competencia de la Administración del Estado
en materia de Medio Ambiente, elaboración y aprobación de la
legislación básica, sino que las tareas de coordinación e impulso a
las comunidades autónomas han dado como resultado el dato que antes
anuncié: la aplicación de la Ley de envases y residuos de envases se
está efectuando de forma satisfactoria.

Se ha dicho desde esta tribuna, señorías, que no se han cumplido los
puntos de la moción de junio del año 1998 y han insistido el portavoz
del Grupo Socialista y la portavoz de Izquierda Unida en que no
existe el plan nacional de residuos sólidos urbanos y no existe el
programa nacional de envases y residuos de envases. El plan nacional
de residuos sólidos urbanos, señorías, está ultimado y su aprobación
supondrá una inversión pública superior a los 500.000 millones de
pesetas durante el período 2000-2006.

El Grupo Parlamentario Popular entiende, señorías, que hubiera sido
una irresponsabilidad aprobar el plan nacional de residuos sin
resolver previamente el problema de su financiación. Y esto es
exactamente lo que ha hecho el Gobierno de José María Aznar:
conseguir, en la discusión sobre el nuevo marco de financiación
comunitaria previsto para dicho período, una importante cuantía de
fondos comunitarios para el Reino de España en materia
medioambiental, tanto de fondos de cohesión como de fondos
estructurales, lo cual permite garantizar que la inversión necesaria
de 500.000 millones de pesetas puede ser financiada con aportaciones
de la Unión Europea.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora De Lara,
le ruego que vaya concluyendo.




La señora DE LARA CARBÓ: Sí, señor presidente.

Ahora será el momento, y no antes, de presentar el plan nacional de
residuos -que, repito, está ultimado- a la conferencia sectorial para
su discusión y que posteriormente sea aprobado en Consejo de
Ministros. Esta es una opinión del Grupo Popular y quiero suponer que
en opinión de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara una
forma de proceder seria, responsable, eficaz y alejada del
oportunismo. Creemos, señorías, que crear planes nacionales, como
hicieron ustedes, sin consenso con las comunidades autónomas, como su



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plan nacional de residuos peligrosos, y sin financiación, no es
serio, no es riguroso y desde luego no es eficaz.

El programa nacional de residuos de envases y envases usados también
está ultimado, señorías, pero, como ustedes saben, está dentro del
plan nacional de residuos urbanos. Supongo, señoría, que usted conoce
este dato.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora De Lara,
le ruego concluya.




La señora DE LARA CARBÓ: Para concluir, señorías, aunque el
interpelante del Grupo Socialista ha pasado por encima del tema de la
incineración como por un ascua, quiero decir que la incineradora de
Melilla funciona correctamente; pero sepa, señor diputado, que quema
todo tipo de residuos. La incineradora de Melilla, que quema basura,
quema aceites y quema residuos sanitarios, se diseñó, se aprobó, se
autorizó y se construyó cuando doña Cristina Narbona era secretaria
de Estado de Medio Ambiente. La secretaria de Estado de Medio
Ambiente, que en aquella época autorizó y diseñó esta incineradora
para todo tipo de residuos, nos decía en la campaña de las últimas
elecciones que si ella salía para el Ayuntamiento de Madrid cerraría
la incineradora de Valdemingómez. Con un desconocimiento enorme de
las circunstancias, porque, señora Narbona, la incineradora de
Valdemingómez se construyó a petición del Grupo Parlamentario
Socialista en el Ayuntamiento de Madrid y se aprobó por unanimidad de
todos los grupos parlamentarios. Su demagogia y su desconocimiento,
señora Narbona, no necesitan comentario.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora De Lara,
S.S. debe concluir.




La señora DE LARA CARBÓ: Termino, señor presidente, de la misma forma
que inicié mi intervención, agradeciendo al Grupo Parlamentario
Socialista que haya dado la oportunidad a la ministra de Medio
Ambiente y a esta portavoz de explicar los grandes logros de la
política de residuos.

Muchas gracias. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora De Lara. (La señora Narbona Ruiz pide la palabra.)
Señora Narbona, ¿a qué efectos me solicita la palabra?



La señora NARBONA RUIZ: Por alusiones, señor presidente. Parece
increíble, pero la señora De Lara, esté yo presente o no, tiene
siempre que mencionarme, a ser posible para poner en cuestión alguna
cosa.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Narbona,
está entendido.

Tiene S.S. la palabra durante tres minutos.

La señora NARBONA RUIZ: Señorías, creo que aquí hoy se ha cometido,
como otras veces, un auténtico atropello a lo que significa el
Parlamento y los diputados. La ministra no ha contestado...




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Narbona,
S. S. tiene la palabra para contestar exclusivamente a las alusiones
personales, no para reabrir el debate de la interpelación. Por tanto,
S.S. debe referirse exclusivamente a la alusión personal de la señora
De Lara. Para eso tiene S. S. concedidos los tres minutos.




La señora NARBONA RUIZ: Muy bien, señor presidente.




He sido aludida en relación con cuestiones que nada tienen que ver
con esta Cámara, en concreto con los planteamientos que se hacen
durante las campañas municipales. Me parece que es una cosa tan
absolutamente fuera de cualquier normativa de debate en este
Parlamento, que merece la pena ser tenida en consideración como una
de las peculiaridades de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular,
que ha tenido que ser objeto de atención del presidente de esta
Cámara en algún momento por utilizar la ausencia de esta portavoz
para decir sobre mí cosas que no eran ciertas.

Quiero llamar la atención sobre esto y que conste en el «Diario de
Sesiones» la denuncia del Grupo Socialista sobre la forma de actuar
de la portavoz de Medio Ambiente del Grupo Parlamentario Popular en
esta Cámara.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Narbona. (La señora De Lara Carbó pide la palabra.)
Señora De Lara, S.S. ha aludido a una diputada presente que no estaba
jugando ningún papel en el debate. S.S. sabe, a través del
Reglamento, que las alusiones son respondidas por la persona aludida
y que no ha lugar a ningún tipo de réplica ni contrarréplica.

Muchas gracias, señora De Lara.




PRÓRROGA DEL PLAZO DE LA SUBCOMISIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS
PROCESOS DE PRIVATIZACIÓN Y RECONVERSIÓN DE LAS EMPRESAS
PERTENECIENTES AL SECTOR PÚBLICO. (Número de expediente 154/000019.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Antes de entrar
en la tercera interpelación, oída la Junta de Portavoces y de
conformidad con el acuerdo adoptado por la Mesa de la Cámara, voy a
someter en este momento al Pleno la prórroga hasta el final del
próximo período de sesiones -espero que sea aprobada por
asentimiento- del plazo para que la Subcomisión para el seguimiento
de los procesos de privatización y reconversión de las empresas
pertenecientes



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al sector público, constituida en el seno de la Comisión de
Industria, Energía y Turismo, finalice sus trabajos. ¿Lo acuerda así
la Cámara? ¿Hay alguna intervención? (Asentimiento.)
Lo damos, por tanto, por aprobado.

Muchas gracias, señorías.




INTERPELACIONES URGENTES (CONTINUACIÓN):



- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE EL
RÉGIMEN DE REPARTO DE LAS AYUDAS EUROPEAS PROVENIENTES DE LA POLÍTICA
AGRARIA COMÚN (PAC). (Número de expediente 172/000173.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos a la
última interpelación del día de hoy, del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida, sobre el régimen de reparto de las ayudas
europeas provenientes de la política agraria común, para cuya
presentación y en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida tiene la palabra el señor Centella.




El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, señorías, presentamos esta
interpelación sobre el reparto de las ayudas provenientes de la
política agraria comunitaria desde el convencimiento de que los
fondos que reparte la PAC no son, como alguien intenta decir, un
dinero perdido, un dinero malgastado, sino que son un dinero
realmente útil, ya que, si no existiera esta ayuda, la agricultura
europea tendría dificultades para mantener una actividad agraria que
da trabajo a millones de personas en toda la Unión Europea y que, no
nos engañemos, no tendrían otra ocupación posible. También supone la
agricultura europea una herramienta fundamental para el mantenimiento
de la población en las zonas rurales, es una actividad productiva que
sirve también para conservar el medio ambiente y a la vez representa
una expresión cultural de gran riqueza. Por tanto, no nos engañemos,
señorías. Quienes intentan pescar en el río revuelto que ha supuesto
el llamado escándalo del lino, desacreditando las subvenciones, lo
que han querido realmente es desacreditar el modelo de política
agraria sustentado en estas ayudas para intentar vender colonialismo
cultural, colonialismo comercial, ya que la desaparición de la
agricultura en la Unión Europea -y no nos engañemos, repito, sin
subvenciones no habría agricultura- nos colocaría en una situación de
dependencia exterior.

Entendemos, por tanto, que es el momento oportuno de dejar bien claro
que la inmensa mayoría de los agricultores españoles son gente
trabajadora, son gente seria, son gente que dedica su vida al campo,
que vive para el campo, en definitiva, son agricultores a tiempo
total. Pero si es evidente esta realidad, también es evidente que el
régimen de ayudas a la PAC no puede
mantenerse en las actuales circunstancias. No voy a repetir con
abundancia cifras que todos conocemos, pero sí quiero señalar una vez
más esas absurdas cantidades que nos vienen a indicar que ese 20 por
ciento de agricultores recibe más del 80 por ciento de las ayudas,
mientras que el 80 por ciento restante de pequeños y medianos
agricultores se tienen que conformar con el 20 por ciento del dinero
que Europa aporta a la agricultura.

Desde Izquierda Unida hemos venido defendiendo una política
radicalmente contraria a estas intenciones, porque entendemos que la
actual política agraria comunitaria mantiene una desigualdad
inaceptable en esta percepción de las ayudas. Y aporto otro dato que
es todavía más escandaloso y que todos sabemos, como es que el 0,87
por ciento de beneficiarios se llevan el 20 por ciento de las ayudas,
mientras que, como decía antes, el 80 por ciento de pequeños y
medianos agricultores se tienen que conformar con el 20 por ciento;
es decir, solamente el 0,87 por ciento reciben la misma cantidad que
el 80 por ciento de los agricultores.

También nos oponemos porque no se contempla el empleo como un
elemento fundamental de las actuaciones, cuando evidentemente el paro
agrario va en aumento. Esta circunstancia está produciendo, y lo
venimos denunciando, un incremento artificial del precio de la
tierra, fundamentalmente -y lo denunciamos una vez más- debido a la
entrada en la actividad agraria de especuladores y de agricultores no
profesionales, que están expulsando a los verdaderos arrendatarios de
las tierras. Creemos que esta política no fija realmente la población
en las zonas rurales y no tiene en cuenta criterios de
profesionalidad. Por tanto, entendemos que es necesario un cambio en
el reparto de las ayudas. Creemos que es necesario que se imponga una
modulación, que suponga un reparto más social y, para ello hay que
proponerse como objetivo amortiguar la pérdida de renta de las
explotaciones agrarias, evitando de esta forma los desequilibrios
territoriales. Es fundamental establecer, de una vez por todas, un
tipo de mecanismo que aminore los efectos de una reconversión brusca
y, por tanto, que vaya hacia el redimensionamiento de las pequeñas y
medianas explotaciones.

Todos somos conscientes, por otra parte, de la escasa posibilidad de
endeudamiento que tiene el sector agrario. Por ello, entendemos que
encuentra mucha dificultad a la hora de combatir este incremento del
precio de la tierra, incremento que es claramente especulativo.

También creemos que es necesario expulsar del campo de una vez por
todas a los especuladores, a los cazaprimas, a todos aquellos que
vienen a aprovecharse de la política de ayudas, a acabar con la
agricultura y a convertirla en un instrumento meramente especulativo,
cuando hay tanta gente que difícilmente puede vivir del campo.

Esta interpelación quiere provocar un debate del cual salgan no
solamente palabras, sino puntos de encuentro e intentemos alcanzar, a
través de una moción -que yo espero sinceramente que aprobemos



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de forma unitaria-, un acuerdo que nos permita, de una vez por todas,
iniciar en España el debate serio sobre la modulación en las
instituciones. Es evidente que en estos momentos tenemos un marco de
referencia que no podemos olvidar, que son los acuerdos aprobados en
la cumbre de Berlín del pasado mes de marzo. Por tanto, sabemos que
en este momento ya hay batallas perdidas, pero en Izquierda Unida
esperamos que no estén perdidas de forma definitiva. De todos modos,
creemos que ese marco aprobado permite algún margen de maniobra, ya
que en el reglamento aprobado se establecen una serie de condiciones,
entre las que se pueden destacar aquellas que hablan de la protección
del medio ambiente, las que hablan de que por los Estados se pueden
determinar sanciones que se consideren apropiadas, así como se
contempla la posibilidad de reducir los importes que corresponderían
a los agricultores en un año determinado cuando la mano de obra
utilizada en sus explotaciones no alcance unos límites que, repito,
deberán establecerse por los propios Estados miembros. Evidentemente,
hay márgenes de maniobra y nosotros no estamos de acuerdo con este
concepto, no estamos de acuerdo con esta idea. Hay otro modelo de
modulación que nosotros defendemos y que, en este caso, coincide con
lo que vienen defendiendo la mayoría de las organizaciones
profesionales, la mayoría de las organizaciones agrarias.

La idea de la Comisión sigue siendo una idea que se basa en la
reducción, que se basa en la ayuda directa. Nosotros creemos que hay
que cambiar el concepto, que hay que acabar con el concepto de
hectárea o de cabeza de ganado para introducir, como elemento básico,
el concepto del empleo y del reparto de la riqueza. A partir de aquí,
creemos necesario aumentar las ayudas cuando se cumplan una serie de
condiciones, una serie de criterios, como pueden ser la zonas
desfavorecidas, la defensa del medio ambiente, la defensa de la
calidad; es decir, defendemos un sistema positivo en el reparto de
las ayudas. Pero, como decía, ésta es una batalla que en estos
momentos se ha perdido -repito que espero que no sea de forma
definitiva- y ahí están las actas del Parlamento Europeo que nos
ponen a cada uno en nuestro sitio, ahí están las actas y los acuerdos
del Parlamento Europeo, donde figura lo que cada grupo ha venido
defendiendo en este proceso.

En consecuencia, Izquierda Unida, sin renunciar a este propósito de
modificar esos criterios comunitarios, que consideramos que deben ser
modificados, y ahí va a estar peleando nuestro grupo, sí quiere decir
que tenemos la obligación de aprovechar hasta el límite las
posibilidades que se nos ofrecen en este reglamento horizontal de
contribuir de una manera eficiente al logro de unos objetivos
mínimamente positivos para el sector agrario español. Estos objetivos
consisten fundamentalmente en la defensa del modelo de explotación
agraria familiar y de la agricultura como una actividad productiva y
sostenible, repartida por todo el territorio, de forma que contribuya
a un mundo rural mucho más
vivo y con una capacidad de vida que ahora mismo no tiene.

Nosotros entendemos que para que este reglamento horizontal tenga un
incidencia realmente apreciable en el sector agrario hay que
considerar una serie de elementos que paso a relatar, que creemos que
pueden servir de base para esa primera discusión no sólo entre los
grupos políticos, sino también entre los sindicatos y las
organizaciones profesionales agrarias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Centella,
le ruego que vaya concluyendo.




El señor CENTELLA GÓMEZ: Concluyo en un minuto, señor presidente.

Creemos que hay que ir a una aplicación de la modulación como
resultado de un ahorro presupuestario, pero de forma que permita
implantar políticas con incidencia real y que no sean puramente
testimoniales. Creemos, por supuesto, que el sistema de modulación
debe evitar penalizar al agricultor profesional de la explotación
agraria familiar; que debe ser lo más simple posible, de forma que su
gestión sea una gestión administrativa que no exija un gran esfuerzo
suplementario a las administraciones y creemos que,
independientemente de que se clarifiquen las competencias de la
Administración central y las comunidades, debemos debatir cuál es el
modelo de modulación que debemos empezar a desarrollar en nuestro
país.

En definitiva, con esta interpelación hemos tratado de recoger el
guante que el propio ministro de Agricultura nos lanzó en su última
comparecencia parlamentaria, donde ya se mostró partidario de iniciar
estos trabajos, de abrir vías de diálogo y de negociación, para ir
concluyendo unas posibles vías de modulación que, en un principio,
tienen que estar dentro de la normativa europea, pero que también
pueden empezar a abrir camino para romper y agrandar esa propia
normativa europea. En ese sentido, repito que queremos participar en
ese debate, pero con el compromiso de que el grupo de la Izquierda
Unitaria Europea, que se constituirá en breves días, seguirá
trabajando para que en Europa se acepte un modelo de agricultura que
no sea la agricultura de los ricos, sino que realmente sea la
agricultura de los agricultores y ganaderos.

Nada más. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Centella.

Para contestar, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor
ministro de Agricultura.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Posada
Moreno): Muchas gracias, señor presidente.

Señor Centella, hay dos afirmaciones que usted ha hecho con las que
estoy plenamente de acuerdo. Una es que el modelo de ayudas de la PAC
es absolutamente



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necesario; no son subvenciones que se dan a los agricultores porque
sí, sino que son ayudas que el resto de los ciudadanos de la Unión
Europea da a los ciudadanos del sector primario porque están haciendo
una gran aportación al bienestar de la sociedad europea y tienen que
tener una compensación de rentas que les permita vivir adecuadamente
en la Europa del siglo XXI. Y estoy también de acuerdo en que esta
interpelación es oportuna porque pretende abrir un debate, que yo
creo necesario, sobre el tema de la modulación.

Disiento un poco -y ahora explicaré por qué- en que debamos ir más
allá de lo que marca el reglamento comunitario en este momento.

Veamos qué podemos hacer ahora. Indudablemente, la reforma de la PAC
de 1992 determinó una reducción de los precios de los productos
agrarios comunitarios para acercarnos a los del mercado
internacional. Para evitar esa repercusión negativa en los
agricultores, se establecieron las ayudas directas a los productores
que, al concederse por unidad de superficie o cabeza de ganado, no
planteaban problemas de compatibilidad y aceptación en el marco de
las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT. Estos regímenes se
mantienen tras la reciente reforma de la Agenda 2000 y pretenden
consolidar un modelo europeo de agricultura, basado en una
explotación familiar económicamente viable y que reconoce y destaca
las funciones que los agricultores desempeñan en la ocupación y
ordenación del territorio, en la conservación del medio natural y del
paisaje. Esto legitima que se mantengan las ayudas directas, que no
son sólo ya una compensación a la bajada de los precios, sino también
una contribución a estos nuevos papeles sociales de los agricultores.

Durante estos años no han faltado polémicas como la que usted ha
manifestado aquí, y se han manejado cifras como que el 80 por ciento
de las ayudas van al 20 por ciento de los productores. Habrá que
comprobar estas cifras adecuadamente, pero han marcado la discusión
que ha tenido lugar. Y nace así el concepto de modulación. En unos
casos se argumenta que, como las ayudas son por la reducción de los
precios, deben mantenerse en su totalidad. En sentido contrario, se
dice que lo que se debe hacer es ayudar preferentemente a las
explotaciones pequeñas y medianas y puede decirse también que debe
ayudarse a la competitividad de las propias estructuras. Esta
discusión ha podido crear en algún caso la idea de cuestionar la
legitimidad de estas subvenciones. Por eso es tan oportuno que todos
los grupos dejemos claro aquí, como usted lo ha dejado y estoy seguro
de que lo dejarán los demás, que las ayudas son legítimas y que los
agricultores que las perciben tienen derecho a ellas.

Con el reglamento con el que se pretende encauzar este debate, el de
la Comisión Europea, se establecen tres criterios que son
importantes: empleo de la mano de obra, rentabilidad de las
explotaciones, importe global recibido por cada beneficiario, y se
establece que la reducción de ayudas no podrá ser superior al 20 por
ciento. Se pueden reducir las ayudas cuando la mano
de obra empleada es inferior a un determinado nivel de ocupación,
cuando su margen bruto supone una cifra a determinar, cuando el
volumen total de las ayudas que se reciben rebase un techo. Esta
aplicación es voluntaria -y esto es muy importante- dentro de cada
Estado miembro, y los importes de las reducciones quedarán
a disposición del Estado que los aplique en forma de ayudas adicionales
a los programas siguientes: jubilación anticipada, zonas
desfavorecidas y zonas con limitaciones medioambientales, medidas
agroambientales, repoblación forestal. Pero, y esto queda muy claro,
no figura la redistribución e incremento de las ayudas directas para
otras categorías de perceptores. Esto es algo que conocemos, pero
conviene que quede claro.

El reglamento exige también una garantía de tratamiento equitativo a
todos los agricultores y la necesidad de evitar distorsiones del
mercado o de la competencia que, al menos en mi opinión, aconsejan un
acercamiento al problema desde una perspectiva del conjunto nacional,
sin perjuicio de tener en cuenta la diversidad de problemas que
tienen las agriculturas españolas y la posibilidad de dejar un margen
para reflejar estas peculiaridades. Por supuesto, hay una base legal
-esto es importante, y hay que desarrollarla- que permite no efectuar
pago alguno a favor de aquellos beneficiarios que hayan creado
artificialmente las condiciones necesarias para obtener dichos pagos,
obteniendo ventajas no conformes con los objetivos de las ayudas, lo
que conocemos como cazaprimas, los especuladores, que yo distinguiría
totalmente de agricultores que pueden no ser profesionales. Creo que
no se debe hacer una distinción entre agricultor profesional y, el
resto, cazaprimas. Vamos a modular y vamos a marcar los grupos, pero
esa exclusión no me parece adecuada y me ha parecido entender que
quizás S. S. tendía a hacerla.

Quiero resaltar que este es un problema muy complejo. Podemos
estudiar las consecuencias que tendría limitarlo -luego, en la
réplica, si S. S. entra en este asunto hablaré de ello-, por el
margen, por lo que reciben las explotaciones. A lo mejor estamos
produciendo parcelaciones ficticias. ¿Cómo medimos la mano de obra
empleada cuando hay 800.000 beneficiarios? Es decir, son problemas
complejos y difíciles; por tanto, a mi modo de ver, no pueden tener
una solución simple. Ya anuncié en mi comparecencia que está
funcionando un grupo de trabajo, constituido por organizaciones
agrarias y funcionarios del Ministerio de alto nivel. Han tenido tres
o cuatro reuniones y se están viendo los temas que allí se plantean.

Las comunidades autónomas tienen que conocer esas conclusiones porque
tenemos que hacer una visión global de todo el país.

Por otra parte, hay que tener muy en cuenta la repercusión que puede
tener en la competitividad de nuestras explotaciones si otros
Estados, al ser un tema voluntario, no modulan. Todo ello hay que
tenerlo en cuenta, y yo reitero mi disposición para traer este tema
al Parlamento. Es un tema que tiene una componente



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ideológica indudable y, por lo tanto, no se puede hurtar a la
discusión del Parlamento. Corresponde a la propia Cámara establecer
cuáles son las fórmulas para que este asunto, conveniente estudiado
primero por las organizaciones agrarias, por los técnicos del
Ministerio, por las comunidades autónomas, venga a esta sede
parlamentaria. Pero lo que es indudable es que tendrá que hacerlo.

Tenemos, por tanto, una perspectiva de actuación continua, intensa
diría yo, pero no tenemos que actuar con absoluta urgencia porque el
reglamento aprobado aún no se ha publicado en el Diario Oficial de
las Comunidades Europeas, y será aplicable a partir del 1 de enero
del 2000. Como dije en mi comparecencia en la Comisión de Agricultura
del Congreso y reiteré en la del Senado, creo que este es un tema que
exige un trabajo profundo, que exije analizarlo a fondo, y por parte
del Ministerio, y por la mía personalmente, hay una disposición
a llegar al fondo o por lo menos profundizar mucho en cuáles son las
perspectivas, las posibilidades y las consecuencias que esta
situación tiene.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.

Señor Centella.




El señor CENTELLA GÓMEZ: Sí, señor presidente.

Señor ministro, usted ha señalado los escasos márgenes que nos
permiten los acuerdos comunitarios. Por eso, no podemos renunciar a
dar la batalla por su modificación. Nosotros creemos que los márgenes
son escasos, aunque podemos darle alguna idea sobre cómo sacarles
provecho. Pensamos que la batalla ha ido mal, desde la actuación de
la señora ministra hasta la de los grupos parlamentarios y, al final,
los resultados han sido los que ahora mismo lamentamos.

Señor ministro, a usted le ha tocado saltar al campo de juego en los
últimos minutos del partido, casi en la prórroga y ahora tiene dos
opciones: o se dedica a marear la pelota hasta el final del partido o
bien se decide -que es lo que nosotros le inquirimos aquí- a atacar
con la intención de marcar un gol importante en el campo. Nosotros
creemos que el compromiso a que se ha llegado aquí de nuevo es
importante y es lo que vamos a tratar de plasmar en nuestra moción,
porque, evidentemente, nosotros no pretendemos en nuestra moción que
se concrete el sistema de modulación, sino que se le dé carácter
parlamentario a lo que usted ha dicho que ha puesto en marcha. Nos
parece muy bien que haya una comisión de expertos, que haya una
comisión en la que participen las organizaciones agrarias, pero le
vuelvo a decir lo que le dije en la Comisión, que también participen
los sindicatos del campo, porque los trabajadores tienen bastante que
decir. En ese sentido, nosotros creemos que es importante que se le
dé cierto carácter parlamentario a esta iniciativa.

Le adelanto que, aunque tenemos plazo hasta el año 2000, ya se pueden
ir elaborando informes y expedientes
sobre los agricultores, que en este caso habría que sancionar, ya
que no están cumpliendo son sus obligaciones como tales. Yo sigo
prefiriendo no hablar de cazaprimas, sino de especuladores, porque
creo que es una palabra que entiende todo el mundo y que define muy
bien a aquellos que van al campo a aprovecharse de él, a especular y
a obtener un beneficio sin aportar riqueza. Creo que sería bueno que
el Ministerio, porque además la sociedad lo reclama, determinase
cuáles son aquellos agricultores o aquellos especuladores que deben
ser sancionados cuando la normativa europea lo permita, porque
nosotros hacemos una distinción entre el especulador y el agricultor
no profesional y defendemos al agricultor profesional. Esto se lo he
dicho con mucho énfasis y a lo mejor usted ha sacado otra conclusión.

Yo sé que ustedes tienen bastante experiencia en el tema de los
agricultores a tiempo parcial, pero a nosotros nos parece que a quien
hay que apoyar y defender, quien tiene que ser el eje es el
agricultor profesional; los otros, entendemos que deben ser casos
marginales, más de lo que han sido hasta ahora.

Queremos decirle que es importante que se vea que se hacen esfuerzos,
y le voy a poner un ejemplo muy simple. Dentro de poco vamos a
discutir la reforma definitiva de la OCM del aceite de oliva y le
prevengo de que no conviene que lo dejemos para última hora, como
ocurrió en la última reforma, porque nos podemos ver de nuevo
abocados a tener que intentar negociar en 24 horas lo que no se ha
hecho en los tres años de prórroga. En ese sentido, le recuerdo que,
cuando se consiguió aplazar los efectos tan negativos de las primeras
acciones de reforma, hubo una gran movilización social en la que
participaron muchos trabajadores, muchas capas sociales que no eran
agricultores profesionales y pensamos que no podemos perder esos
aliados para conseguir una buena reforma definitiva de la OCM del
aceite de oliva. Si esos sectores, fundamentalmente los trabajadores
del campo, no se ven reflejados en el reparto de la riqueza, cuando
luego les pidamos ayuda van a mirar para otro lado, porque lo que no
es justo es que, al final, las movilizaciones de cientos de miles de
trabajadores sirvan para dar dinero al que más dinero tiene. Es
importante que se sientan reflejados los trabajadores del campo en
cualquier iniciativa que se tome en este sentido y le vuelvo a
repetir que es muy importante la participación de los sindicatos del
campo.

Le voy a poner otro ejemplo muy simple, y voy terminando antes de que
el señor presidente me lo diga. Nosotros entendemos que las ayudas
del reglamento de desarrollo rural deben modularse, como decía, hacia
el agricultor profesional y es importante que se presupuesten los
ahorros conseguidos a través de esta modulación de acción directa
para ir a parar como dotación financiera a la medida de
acompañamiento del reglamento de desarrollo rural. Esto,
evidentemente, no se puede ampliar, pero, si se cumple este objetivo,
se pueden liberar recursos para otras medidas que puedanmodernizar el
campo y que a nosotros nos interesan,



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como son los planes de mejora e instalación de jóvenes. Esto no puede
aumentar una serie de ayudas, pero sí puede desviar dinero de un
sitio para otro y permitir, como decía, estos planes de mejora. Le
decía que creemos que se ha iniciado un camino en el que va a contar
con el apoyo de Izquierda Unida, en la medida en que entendamos que
podemos contribuir a mejorar el reparto de las ayudas, pero también
le decimos que le quedan pocos minutos de juego hasta las próximas
elecciones y deben y pueden verse resultados importantes, porque
marear la perdiz y que la comisión de expertos tarde meses...




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Centella,
le ruego que concluya.




El señor CENTELLA GÓMEZ: Termino, señor presidente.




... que la comisión de expertos tarde demasiado tiempo puede ser más
negativo que positivo.

Por lo tanto, vamos a trabajar, vamos a conseguir ese acuerdo, vamos
a traer al Parlamento los trabajos de esa comisión y en ese camino
nos encontrará. En el otro, evidentemente, como otras veces, nos
tendrá enfrente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Centella.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Posada
Moreno): Gracias, señor presidente.




Señor Centella, yo no tengo esa sensación de provisionalidad que
usted me sugiere. Creo que hay tiempo para hacer las cosas bien.

Desde luego, no creo que sea conveniente apresurar las decisiones
porque quede poco tiempo. Las decisiones tienen que madurarse. Prueba
de ello es que cuando profundizamos un poco en lo que consideramos
que debe modularse y cómo debe modularse, aparecen las diferencias.

Yo coincido con usted -siento no haberlo dicho- en que los sindicatos
y los trabajadores del campo deben ser consultados y lo van a ser.

Esto lo recojo.

En cambio, disentimos en lo que usted considera especuladores y yo
no. Podemos disentir en hacia dónde deben ir esas ayudas. Incluso
tendríamos que fijar qué tipo de disposición jurídica tendría que
aprobarse, con qué rango. Es un problema, vuelvo a decir, complejo
para el que no hay soluciones simples. Por eso, creo que es
importante también contemplar la realidad internacional. Por lo que
tengo entendido, de los países importantes de la Unión Europea,
resulta que sólo Francia está decidida a aplicar la modulación y
veremos lo que hace. Sin embargo, Alemania, Austria y Holanda han
señalado que no la van a aplicar. El Reino Unido la está estudiando y
no se sabe muy bien qué va a hacer. Por lo tanto, este es un factor
que habrá que tener en cuenta. Por supuesto, yo quiero oír también la
opinión del resto de los grupos parlamentarios, que ahora la oiremos,
porque pretendo que esta actuación sea de consenso.

No puede ser que la batalla de la modulación abra una brecha en el
campo, en la percepción de los agricultores y ganaderos, y que en un
momento determinado en que la preocupación de todos los partidos y de
este ministro es la de que se pueda cuestionar la legitimidad de las
ayudas que se reciben a través de la PAC, una discusión de este tipo
pueda poner en peligro esas ayudas. Este es un factor de prudencia
que creo que tenemos que considerar y que no podemos olvidar en
ningún caso.

Por lo tanto, el camino de la comisión de expertos del Ministerio y
de fuera de él, porque no tienen por qué estar mediatizados por la
opinión del Ministerio, de las organizaciones agrarias, de
sindicatos, de comunidades autónomas, que tienen visiones diferentes
en algún caso sobre este tema, es imprescindible. ¿Puede venir al
Parlamento? Yo creo que sí. Incluso me permito señalar que tuvimos un
precedente, que fue el Plan director de infraestructuras de 1993-94,
en el que hubo una ponencia parlamentaria que a su vez llamó a
expertos, a miembros de organizaciones, y que hizo un buena
recomendación, que luego por los avatares electorales siguió un
camino diferente, pero fue un buen trabajo. A lo mejor esto nos da
una idea. Tampoco pretendo que se haga así. Simplemente les estoy
aportando una sugerencia porque creo -y con esto termino- que si
queremos hacer algo que realmente los agricultores vean como suyo,
algo que realmente no perjudique a la economía del campo ni a la
economía nacional, algo en lo que podamos coincidir y que sea un
proceso de acuerdo y no de disensiones, que serían muy negativas, hay
que proceder de una forma rápida, de una forma intensa, pero no
precipitada, porque eso podría ser muchísimo peor.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro. ¿Algún grupo parlamentario desea fijar su posición?
(Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Amarillo.




El señor AMARILLO DOBLADO: Gracias, señor presidente.




En primer lugar, quiero recordar a esta Cámara que la modulación de
ayudas no es un tema nuevo. Afortunadamente -es un acierto del Grupo
de Izquierda Unida- se vuelve a traer y lo volvemos a ver. Recuerdo
la proposición no de ley que presentó el Grupo Socialista, de 8 de
febrero de 1999, en la que fijábamos claramente nuestros criterios de
modulación. Decíamos en ella que los criterios tenían que ir en
función de la equidad, de la mejora de la competitividad de las
explotaciones agrarias, del empleo que sostienen y pueden generar las
explotaciones agrarias y de otros



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criterios específicos de carácter territorial concretos, unidos a
procesos de despoblamiento o graves dificultades de desarrollo
económico. Hablábamos después de que tenía que haber criterios
específicos y que éstos estaban destinados a un tratamiento diferente
por grupos de cultivo. Y dábamos los grupos de cultivo que a nuestro
entender se tenían que contemplar.

Posteriormente -de esto ya hubo debate-, como consecuencia de la
interpelación que presentó mi grupo a la ministra de Agricultura, en
la moción subsiguiente, de 22 de abril de 1999, en el punto primero,
instábamos al Gobierno a que, consultadas las organizaciones
profesionales agrarias y el movimiento cooperativo -y las comunidades
autónomas, añado yo ahora, y los sindicatos-, elaborara un proyecto
de ley de modulación de las subvenciones directas compensatorias que
reciben los agricultores y ganaderos en el marco de la PAC con
criterios de equidad que favorezcan la modernización de las
explotaciones agrarias para mejorar la competitividad y que potencien
el mantenimiento y generación de empleo. Como ve, son ya dos las
veces que se ha visto este asunto.

En su primera intervención la palabra consenso se repitió y yo creí
-todavía aspiro a ello- que el consenso se puede y ojalá se dé, pero
me da la sensación de que a veces los consensos tratan de basarse en
traiciones semánticas difíciles de aceptar. Y ese es el primer
problema. Nos tenemos que poner de acuerdo en el lenguaje y no
ponerle pretexto alguno. El Grupo Popular ha de tener una voluntad
decidida para que algunos privilegiados, especuladores o no,
especuladores o cazaprimas -yo también soy partidario de llamarles
especuladores con mayor motivo-, algunos que no podríamos conceptuar
como especuladores pero que reciben unas percepciones muy altas con
motivo de la reforma que se hizo en el año 1992 de la política
agraria comunitaria no puedan seguir recibiéndolas. Esa es una
cuestión de voluntad fundamentalmente política, a la que no debemos
de ponerle pretextos. Esa voluntad tiene que estar claramente
explicitada. Mi grupo no pudo hacer nada en un tema que para nosotros
era prioritario y en el que instamos a la Unión Europea en distintas
ocasiones. Hay documentos, personalmente intervine en uno de ellos,
que dan fe de que estábamos muy preocupados por este problema.

Afortunadamente, bien por estas instancias, bien por otras o por el
conjunto de ellas, la Unión Europea repara en que tiene que cambiar
el sistema y tiene que permitir flexibilidad.

Es cierto que ahora tenemos un margen relativamente modesto, de un 20
por ciento, pero piense el Gobierno y el ministro que esto es para
comenzar y no para acabar. No podrá haber nunca gran homogeneidad
porque las agriculturas son muy distintas en Europa, pero no
solamente es que sean distintas sino que las estructuras productivas
son muy diferentes. En unos casos, como en el alemán, hay una gran
homogeneidad, tanto en las producciones como en las estructuras de
las explotaciones agrarias. En el caso de España ni existe esa
homogeneidad en las estructuras de las explotaciones
ni en las producciones. Evidentemente, el caso es más complejo y
más complicado para nosotros.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Amarillo,
le ruego concluya.




El señor AMARILLO DOBLADO: Sí, señor presidente.

Tenemos que empezar a trabajar ya sobre la base de que tiene que
haber una ley -tenemos competencia para ello- que nos permita
establecer las líneas básicas, que después las comunidades autónomas
tendrán que desarrollar en el ámbito de sus propias competencias.

Bienvenido sea el grupo de expertos. Claro que el grupo de expertos
es necesario. Señor ministro, aceleramos el citado grupo de expertos
como quiera el ministro de turno, y en este caso el ministro de turno
es usted. Porque el grupo de trabajo se puede reunir tres veces a la
semana o una vez cada 30 días y, por tanto, las exigencias de trabajo
son muy diferentes. Es necesario -y los últimos escándalos que hemos
tenido lo demuestran-, por otras muchas razones además de ésta...




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Amarillo,
le ruego concluya.




El señor AMARILLO DOBLADO: Otras muchas razones nos dicen que esta es
una ley urgente a la cual no se le debe dar largas. Si el ministro
pone el grupo a trabajar, con toda celeridad, a tres sesiones por
semana y no una sesión cada 30 días, todavía en esta legislatura
podemos aprobar una ley de modulación que todos queremos, que nuestro
campo necesita. Mi grupo desea que se apruebe por unanimidad en esta
Cámara. Nosotros buscamos el consenso, al igual que otros grupos.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Amarillo.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Madero.




El señor MADERO JARABO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, mi grupo nuevamente, al hablar de la modulación en los
pagos compensatorios de la PAC, reitera la oferta de diálogo que en
algunas ocasiones ha hecho, con la esperanza de que lleguemos a una
postura de encuentro en esta delicada materia. Desde luego, mi grupo
está totalmente de acuerdo con las palabras del señor ministro de que
antes de tomar una determinación, antes de que la modulación se
plasme en una norma de obligado cumplimiento, en una ley, hay que
hacer un trabajo profundo, como ha dicho el señor Posada; hay que
hacer un análisis adecuado de la situación, y hay que actuar con
prudencia y , a ser posible, con consenso.

Al hablar de consenso el señor Amarillo S.S. califica esta palabra de
traición semántica -no sé qué tiene quever una cosa con otra,
sinceramente- y dice que nos



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tenemos que poner de acuerdo en el lenguaje. Estoy de acuerdo, señor
Amarillo. En el lenguaje, señor Amarillo, señor Centella, y en las
normas de juego. Si me permiten -y les aseguro que no tengo esta
tarde espíritu alguno pedagógico-, para empezar, en vez de llamar
ayudas, en vez de hablar de repartir ayudas, que parece que va por
ahí alguien repartiendo billetes al primero que se encuentra,
llamemos seriamente a las cosas por su nombre: pagos compensatorios
para equilibrar las rentas. Y es muy necesario llamarlos así, por lo
que después veremos.

Hay palabras como especuladores, señor Centella. S.S. dice que las
tierras las compran los especuladores, pero yo le puedo citar cientos
de ejemplos de agricultores y ganaderos honestísimos, profesionales
al cien por cien de los pies a la cabeza -no sé si a tiempo parcial
o a tiempo total, porque ni yo ni mi grupo controlamos el tiempo a
nadie- que, gracias a sus esfuerzos y al trabajo en el campo, se
hacen acreedores de una pequeña inversión ampliando su base
territorial o su número de cabezas de ganado. Veo que no nos podemos
poner de acuerdo en las normas de juego, pero a mí me gustaría llamar
profesional al profesional, al titular de explotación al titular de
explotación y no emplear palabras procedentes de la demagogia, como
especuladores, vengan o no a cuento, porque, insisto en que muchos
agricultores pueden sentirse molestos cuando a ésos que han comprado
unas tierras o unas cabezas de ganado aquí alguien les llama
especuladores. Pongámonos de acuerdo, señor Centella, le invito a
ello.

Sigamos con las reglas de juego, para que no se nos meta a nadie un
gol por fuera de la portería, que, como S.S. sabe, en el ejemplo
futbolístico que ha puesto esos goles no son válidos. ¿Por qué pide
clarificación de las competencias de la Administración central y de
las comunidades autónomas? ? Entiendo que están perfectamente
definidas y que no hay nada más que agregar sino, simplemente, leerse
los múltiples documentos que, negro sobre blanco, están escritos y
que clarifican totalmente la cuestión. No sembremos dudas en la
materia. Por pura estética, no hablemos de agricultura de los ricos y
de los pobres. A mi grupo esa frase le parece un tanto desafortunada
y nos parece que huele a rancio. Hablemos de profesionales, hablemos
de competitividad.

Señorías, dentro de esa normativa, de esa homogeneización de lenguaje
y de normas en un tema tan importante como es éste, empecemos por
reconocer que es difícil la matización entre tiempo parcial y tiempo
total. Los que se llaman a tiempo total quizá tengan su reflejo
objetivo en Seguridad Social para poderlo juzgar, tienen una serie de
beneficios fiscales que no tienen otros, tienen una serie de
beneficios financieros, están en la Ley de modernización, en las
propias leyes que desarrollan los distintos reglamentos respecto al
desarrollo rural y en las medidas complementarias de la PAC. Los
agricultores que podemos llamar de tiempo total, de no fácil
definición, sobre la que incluso nos podríamos poner de acuerdo,
tienen una serie de beneficios a los que no pueden acceder otros.

Aquí hay que hablar claramente del Reglamento 17/1965, de la reforma
Mac Sharry, y tiempo han tenido de hacer alguna reforma en estos
años. ¿Es ahora precisamente cuando hay que correr? ¿Es ahora
precisamente, señores del Grupo Socialista, cuando tienen que marcar
el ritmo y los tiempos al Gobierno para sacar la norma que ustedes
quieren? Saquemos la norma que a todos nos parezca bien, en el tiempo
y con el ritmo adecuado.

En la confusión de argumentos en que se está, se olvida -y lo digo
con absoluta claridad- que las ayudas son a la hectárea y a la cabeza
de ganado, como ha recordado el señor ministro, algo verdaderamente
esencial que permite calificar la postura igualitarista como de
errónea, por donde a veces se quiere ir. El pago compensatorio de la
PAC -no lo llamemos ayuda, no lo llamemos regalo, sino pago
compensatorio de la PAC- no es para buscar igualdad de riqueza o de
renta global sino, fundamentalmente, para compensar el precio bajo,
la caída de precios.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Madero,
le ruego concluya.




El señor MADERO JARABO: Concluyo, señor presidente, diciendo que, en
esa norma general que nos demos, en esas reglas de juego, pensemos
también en la competitividad, en que no se puede puede penalizar a
aquellos que se están adaptando a una realidad dura, con una
competencia dura, haciendo las explotaciones no sé si mayores o
menores, en todo caso más racionales, y eso hay que tenerlo en
cuenta. Tengamos en cuenta también el tema fiscal, no menor, pues
cuando recibe pagos compensatorios el titular de una explotación
agraria, sea persona física sea persona jurídica, tiene un
tratamiento fiscal importante, es un dinero que ha recibido sin
ninguna retención, que tributa y de qué manera.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Madero.




El señor MADERO JARABO: Finalmente, señor presidente, algo muy
doloroso, el riesgo que corre el empleo si aquí se juega con
demagogia, sin la profundidad debida y sin los estudios que el señor
ministro nos propone. Hay que consensuar con las comunidades
autónomas, con todas las administraciones, con todos los agentes
sociales y, si es posible, aquí en la Cámara, consenso para el que mi
grupo da ya el primer paso.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Madero.

Finalizado el orden del día, la sesión plenaria extraordinaria de
mañana comenzará a las nueve de la mañana.

Se suspende la sesión.




Eran las ocho y cuarenta y cinco minutos de la noche.




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