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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 242, de 20/05/1999
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CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE



Año 1999 VI Legislatura Núm. 242



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE



Sesión Plenaria núm. 234



celebrada el jueves, 20 de mayo de 1999



ORDEN DEL DÍA:



Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes.




- Real Decreto-Ley 8/1999, de 7 de mayo, por el que se modifica el
artículo 10 de la Ley 53/1980, de 16 de octubre, de regulación del
régimen económico de la explotación del Acueducto TajoSegura. (Número
de expediente 130/000070.) («BOE», número 112, de 11 de mayo de
1999.) . . . (Página 12879)



Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios
Internacionales



- Canje de notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y
el Reino de los Países Bajos por el que se regulan los privilegios e
inmunidades de los funcionarios de enlace de Europol, hecho en Madrid
el 27 de enero de 1999. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A,
número 315, de 12 de abril de 1999. (Número de expediente 110/
000248.) . . . (Página 12884)



- Protocolo adicional al Convenio entre el Reino de España y la
República de Colombia modificando el Convenio de doble nacionalidad
de 27 de junio de 1979, hecho en Bogotá el 14 de septiembre de 1998.

«BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 317, de 12 de abril
de 1999. (Número de expediente 110/000250.) . . . (Página 12884)



- Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de
la Unión Europea, relativo a la notificación o traslado en los
Estados Miembros de la Unión Europea de documentos judiciales y



Página 12876




extrajudiciales en materia civil o mercantil, hecho en Bruselas el 26
de mayo de 1997, y declaraciones que efectuará España al mismo.

«BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 318, de 12 de abril
de 1999. (Número de expediente 110/000251.) . . . (Página 12884)



- Protocolo establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de
la Unión Europea, relativo a la interpretación por el Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas del Convenio relativo a la
notificación o traslado en los Estados Miembros de la Unión Europea
de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o
mercantil, hecho en Bruselas el 26 de mayo de 1997. «BOCG. Sección
Cortes Generales», serie A, número 319, de 12 de abril de 1999.

(Número de expediente 110/000252.) . . . (Página 12884)



- Canje de Notas, de 29 de enero de 1999, constitutivo de Acuerdo
entre España y Estados Unidos por el que se prorroga el Acuerdo entre
ambos países sobre Cooperación Científica y Técnica en apoyo a los
Programas de Exploración Lunar y Planetaria y de vuelos espaciales
tripulados y no tripulados a través del establecimiento en España de
una Estación de Seguimiento Espacial, firmado en Madrid el 29 de
enero de 1964. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 322,
de 19 de abril de 1999. (Número de expediente 110/000253.) . . .

(Página 12884)



- Nota de Denuncia del Canje de Notas de 4 de enero de 1965 sobre
continuación de la aplicación entre España y Kenia del Acuerdo sobre
supresión de visados entre España y el Reino Unido establecido por
Canje de Notas de 13 de mayo de 1960. «BOCG. Sección Cortes
Generales», serie A, número 323, de 12 de abril de 1999. (Número de
expediente 110/000254.) . . . (Página 12884)



Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.




- Proyecto de Ley por el que se concede un crédito extraordinario,
por importe de 9.393.184.038 pesetas, para el pago de indemnizaciones
derivadas del derrumbamiento de la Presa de Tous, según sentencia del
Tribunal Supremo de 15 de abril de 1997. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie A, número 124-1, de 16 de julio de 1998. (Número de
expediente 121/000123.) . . . (Página 12884)



- Proyecto de Ley sobre concesión de créditos extraordinarios, por un
importe total de 30.435.217.623 pesetas, para atender insuficiencias
de crédito en los ejercicios 1997 y 1998, por las subvenciones que se
efectúan para la cobertura de las diferencias de cambio de las
divisas obtenidas en préstamos concedidos a las sociedades
concesionarias de autopistas de peaje. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie A, número 155-1, de 29 de diciembre de 1998.

(Número de expediente 121/000155.) . . . (Página 12891)



- Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por
importe de 16.870.101.469 pesetas, para hacer efectivo el pago a las
empresas colaboradoras de asistencia sanitaria de la compensación
económica establecida en la Disposición Transitoria Sexta de la Ley
66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y
del Orden Social para 1998. «BOCG.

Congreso de los Diputados», serie A, número 157-1, de 18 de enero de
1999. (Número de expediente 121/000157.) . . . (Página 12894)



Declaración institucional . . . (Página 12899)



Página 12877




S U M A R I O



Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.




Convalidación o derogación de reales decretos-leyes . . . (Página 12879)



Real Decreto-ley 8/1999, de 7 de mayo, por el que se modifica el
artículo 10 de la Ley 52/1980, de 16 de octubre, de regulación del
régimen económico de la explotación del acueducto Tajo-Segura . . .

(Página 12879)



Presenta el Real Decreto-ley en nombre del Gobierno la señora
ministra de Medio Ambiente (Tocino Biscarolasaga). Expone que el
artículo 10 de la Ley 52/1980 dispone que los aprovechamientos con
recursos propios de las cuencas del Segura y del Sur podrán
beneficiarse de las obras del acueducto Tajo-Segura, para transportar
y distribuir sus correspondientes dotaciones concesionales, abonando
la tarifa de conducción de agua que resulte de aplicar, en cada caso,
los criterios establecidos en su artículo 7.o. Supone que el
legislador no trataba de discriminar a los usuarios de unas cuencas
respecto a los de otras, sino que se limitó a autorizar los usos que
en el momento de la redacción de la ley resultaban necesarios para
hacer frente a las demandas entonces planteadas. Habiéndose producido
en los 18 años transcurridos desde entonces nuevas demandas,
especialmente importantes en determinadas comarcas de la cuenca del
Júcar, afectadas por fuertes incrementos de la actividad industrial y
turística, y reconociendo la eficacia del acueducto TajoSegura es por
lo que solicita de la Cámara la convalidación del presente Real
Decreto-ley. Asimismo pone de relieve la urgencia de su aprobación
puesto que la carencia de precipitaciones que está afectando a gran
parte del país, ha creado una situación particularmente grave en la
comarca de la Marina Baja, en la provincia de Alicante, y en las
aguas superficiales de Albacete, que así dejaría de utilizar los
acuíferos que están sobreexplotados en estos momentos. Finalmente
manifiesta que se trata de evitar hacer una conducción paralela para
aplicar lo que en el Plan de la cuenca del Júcar está planteado.




En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Sedó i Marsal,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Urán
González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; el
señor Morlán Gracia, del Grupo Socialista del Congreso, y la señora
De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-
ley 8/1999, de 7 de mayo, por el que se modifica el artículo 10 de la
Ley 52/1980, de 16 de octubre, de regulación del régimen económico de
la explotación del acueducto Tajo-Segura, se aprueba por 246 votos a
favor y dos en contra.




Sometido a votación su tramitación como proyecto de ley, solicitada
por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, se rechaza por
113 votos a favor y 135 en contra.




Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios
internacionales . . . (Página 12884)



Canje de notas constitutivo de acuerdo entre el Reino de España y el
Reino de los Países Bajos por el que se regulan los privilegios
e inmunidades de los funcionarios de enlace de Europol, hecho en Madrid
el 27 de enero de 1999 . . . (Página 12884)



Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.




Protocolo adicional al Convenio entre el Reino de España y la
República de Colombia modificando el Convenio de doble nacionalidad
de 27 de junio de 1979, hecho en Bogotá el 14 de septiembre de 1998.

. . . (Página 12884)



Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.




Convenio establecido sobre la base del artículo k.3 del Tratado de la
Unión Europea, relativo a la notificación o traslado en los Estados
miembros de la Unión Europea de documentos judiciales y
extrajudiciales en materia civil o mercantil, hecho en Bruselas el 26
de mayo de 1997, y declaraciones que efectuará España al mismo . . .

(Página 12884)



Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.




Protocolo establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de
la Unión Europea, relativo a la interpretación por el Tribunal de
Justicia de las Comunidades



Página 12878




Europeas del Convenio relativo a la notificación o traslado en los
Estados miembros de la Unión Europea de documentos judiciales y
extrajudiciales en materia civil o mercantil, hecho en Bruselas el 26
de mayo de 1997 . . . (Página 12884)



Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.




Canje de notas, de 29 de enero de 1999, constitutivo de Acuerdo entre
España y Estados Unidos por el que se prorroga el Acuerdo entre ambos
países sobre cooperación científica y técnica en apoyo a los
programas de exploración lunar y planetaria y de vuelos espaciales
tripulados y no tripulados a través del establecimiento en España de
una estación de seguimiento espacial, firmado en Madrid el 29 de
enero de 1964 . . . (Página 12884)



Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.




Nota de denuncia del Canje de notas de 4 de enero de 1965, sobre
continuación de la aplicación entre España y Kenia del Acuerdo sobre
supresión de visados entre España y el Reino Unido, establecido por
Canje de notas de 13 de mayo de 1960. . . . (Página 12884)



Sometido a votación, se aprueba por asentimiento.




Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas . . . (Página 12884)



Proyecto de ley por la que se concede un crédito extraordinario, por
importe de 9.393.184.038 pesetas, para el pago de indemnizaciones
derivadas del derrumbamiento de la Presa de Tous, según sentencia del
Tribunal Supremo de 15 de abril de 1997. . . . (Página 12884)



En defensa de las enmiendas presentadas al proyecto de ley,
intervienen los señores Chiquillo Barber y Peralta Ortega, del Grupo
Parlamentario Mixto; la señora Urán González, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida; y los señores Beviá Pastor, del Grupo
Socialista del Congreso, y Pascual Monzó, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.




Proyecto de ley sobre concesión de créditos extraordinarios, por un
importe total de 30.435.217.623 pesetas, para atender insuficiencias
de crédito en los ejercicios 1997 y 1998, por las subvenciones que se
efectúan para la cobertura de las diferencias de cambio de las
divisas obtenidas en préstamos concedidos a las sociedades
concesionarias de autopistas de peaje . . . (Página 12891)



En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, interviene el señor Ríos Martínez.




En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez
Sanjuán, del Grupo Socialista del Congreso, y Sanz Palacio, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.




Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por
importe de 16.870.101.469 pesetas, para hacer efectivo el pago a las
empresas colaboradoras de asistencia sanitaria de la compensación
económica establecida en la disposición transitoria sexta de la Ley
66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y
del orden social para 1998. . . . (Página 12894)



En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista del
Congreso, interviene la señora Pozuelo Meño.




En turno de fijación de posiciones interviene la señora Maestro
Martín, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y el
señor Echániz Salgado, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.




Declaración institucional . . . (Página 12899)



El señor presidente somete al Pleno de la Cámara, para su aprobación,
una declaración institucional sobre el 50 aniversario del Consejo de
Europa, que es aprobada por asentimiento.




A continuación se procede a las votaciones de las enmiendas
presentadas y de los dictámenes de la Comisión de Economía de los
proyectos de ley antes debatidos.




Se levanta la sesión a las once y treinta minutos de la mañana.




Página 12879




Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.




- CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES.




- REAL DECRETO-LEY 8/1999, DE 7 DE MAYO, POR EL QUE SE MODIFICA EL
ARTÍCULO 10 DE LA LEY 53/1980, DE 16 DE OCTUBRE, DE REGULACIÓN DEL
RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA EXPLOTACIÓN DEL ACUEDUCTO TAJO-SEGURA.

(Número de expediente 130/000070.)



El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

Punto sexto del orden del día, debate sobre la convalidación
o derogación del Real Decreto-ley número 8 del año en curso, de fecha 7
de mayo, por el que se modifica el artículo 10 de la Ley número 52,
de 1980, de fecha 16 de octubre, de regulación del régimen económico
de la explotación del acueducto Tajo-Segura.

Para la presentación de la disposición, y en nombre del Gobierno,
tiene la palabra la ministra de Medio Ambiente, doña Isabel Tocino.




La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Muchas
gracias, señor presidente.

Señorías, la Ley 52/1980, de 16 de octubre, dispone en su artículo 10
que los aprovechamientos con recursos propios de las cuencas del
Segura y del Sur podrán beneficiares de las obras del acueducto Tajo-
Segura para transportar y distribuir sus correspondientes dotaciones
concesionales, abonando la tarifa de conducción de agua que resulte
de aplicar, en cada caso, los criterios establecidos en su artículo
7.o



No cabe suponer que el legislador, con la redacción dada al citado
artículo 10, tratase de discriminar a los usuarios de unas cuencas
respecto a los de otras. Se limitó sencillamente a autorizar los usos
que en el momento de la redacción de la ley resultaban necesarios
para hacer frente a las demandas entonces planteadas.




En este sentido, en los 18 años transcurridos desde su entrada en
vigor se han originado nuevas demandas, especialmente importantes en
determinadas comarcas de la cuenca del Júcar, afectadas por fuertes
incrementos de la actividad industrial y turística. Durante este
tiempo, el acueducto Tajo-Segura se ha mostrado como una herramienta
eficaz para hacer frente no sólo a los desequilibrios hidrológicos
estructurales sino también a situaciones coyunturales de sequía en
las cuencas atravesadas, contribuyendo, por ejemplo, a paliar los
déficit hídricos del parque nacional de las Tablas de Daimiel.




Por otro lado, el desarrollo normativo sobrevenido a partir de la Ley
de Aguas de 1985 y de sus reglamentos, así como de los planes
hidrológicos de cuenca ya aprobados, permite un mejor aprovechamiento
de los recursos propios de las cuencas, especialmente en situaciones
de escasez.

En este sentido, es de resaltar que el Plan hidrológico de la cuenca
del Júcar, aprobado por Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio,
establece, en el artículo 32 de su normativa, que una vez satisfechas
todas las necesidades en el sistema del Júcar, podrán aprovecharse
los recursos sobrantes para paliar la sobreexplotación de acuíferos y
el déficit de abastecimientos, entre otras, de la Marina Baja. Dicho
artículo establece, asimismo, una reserva de un metro cúbico/segundo
para el abastecimiento urbano e industrial de Albacete, obra
hidráulica declarada de interés general por el Real Decreto-ley 9/
1998, de 29 de agosto, que, al tiempo de garantizar en cantidad y
calidad el uso del agua para la población, evita la sobreexplotación
del acuífero al permitir la sustitución de los pozos utilizados
actualmente para el abastecimiento a dicha ciudad. Cualquier
previsión requiere, para su puesta en práctica, la derivación de
caudales a través del acueducto Tajo-Segura. Esto es lo que hoy
traemos a convalidación en este real decreto- ley.

Necesitamos hacerlo a través de un real decreto-ley, señorías, porque
la urgencia es realmente acuciante en este momento, dado que en esas
zonas estamos precisamente iniciando el periodo de estiaje anual, y
hemos de tener en cuenta que estamos ante el año pluviométricamente
más seco de la última década, razón por la que, en este momento, el
volumen total de agua utilizable en los embalses de Amadorio y
Guadalest es aproximadamente de 3 hectómetros cúbicos y las entradas
naturales en la actualidad son nulas.

Las necesidades para el abastecimiento de las poblaciones integradas
en el Consorcio para el abastecimiento y saneamiento de la Marina
Baja, que son Benidorm, Altea, Villajoyosa, Callosa D´Ensarria, Alfaz
de Pi, La Nucia, Polop y Finestrat, con una población permanente de
300.000 habitantes y estacional de 500.000 durante el periodo
febrero-septiembre de 1999, requiere 13,5 hectómetros cúbicos de
recursos hídricos. Por eso, de lo que se trata en este real decreto-
ley, señor presidente, es de poder utilizar una infraestructura ya
existente para transporte de agua entre la Marina Baja y el acueducto
Tajo-Segura. El resto de usos es previsión del Plan hidrológico del
Júcar, que evidentemente no podrán materializarse hasta que no
existan las infraetructuras correspondientes.

No se ha considerado necesario que esta norma legal adopte el caudal
máximo utilizable, pues en ningún momento se está autorizando
trasvase alguno. Quiero, señorías, que esto quede realmente claro, no
estamos hablando de ningún nuevo trasvase, ni siquiera estamos
hablando de cambiar la situación del actual trasvase Tajo-Segura,
estamos simplemente hablando del uso instrumental de una
infraestructura para utilización de un agua que procede de otro río.

No estamos hablando, por tanto, de nuevas aplicaciones entre el Tajo
y el Segura modificando el trasvase, sino que queremos simplemente
utilizar la infraestructura del acueducto Tajo-Segura para servirnos
del agua del Júcar a los destinos que el nuevo Plan de cuenca del
Júcar está ya



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autorizando. Es una conducción de recursos hídricos propios dentro
del mismo ámbito territorial de planificación hidrológica, utilizando
a estos efectos, de forma instrumental, las infraestructuras
hidráulicas del acueducto. No hay derivación de aguas del acueducto
TajoSegura.




Por todo ello, señor presidente, voy a solicitar el apoyo de esta
Cámara para la convalidación de este Real Decreto-ley 8/1999, de 7 de
mayo, por el que se modifica el artículo 10 de la Ley 52/1980, de 16
de octubre, de regulación del régimen económico de la explotación del
acueducto Tajo-Segura, habida cuenta de que es especialmente urgente
en estos momentos, ya que, como he señalado, la casi carencia total
de precipitaciones, que está afectando a gran parte de nuestro país,
ha creado una situación particularmente grave en la comarca de la
Marina Baja en la provincia de Alicante, que ha visto mermadas sus
fuentes tradicionales de abastecimiento a causa de la depresión de
los niveles de los acuíferos subterráneos y el vaciado de las
reservas de los embalses. Asimismo, estaríamos en situación de
podernos plantear la aportación de un metro cúbico de agua por
segundo, que también está contemplada en dicho Plan de cuenca del
Júcar para abastecer con aguas superficiales a Albacete dejando de
utilizarse los acuíferos, como se hace en la actualidad, que por este
problema están sobreexplotados.

Por tanto, señorías -no quiero extenderme más, puesto que todos
ustedes conocen este real decreto-, pedimos su apoyo en la medida en
que estamos ante una situación urgente que requiere un rango
normativo de ley, puesto que hay que excepcionar otra ley, como es la
del trasvase Tajo-Segura, y no supone sentar ningún precedente nuevo,
ya que lo que estamos haciendo hoy se viene aplicando en el acueducto
Tajo-Segura desde los comienzos, en la medida en que a las cuencas
del Sur sí se les permite este uso instrumental de una
infraestructura hidráulica. Insisto, no se trata de ningún trasvase,
sino de evitarnos (y desde un Ministerio de Medio Ambiente tienen
ustedes que comprender que así es) el hacer una conducción paralela
para aplicar lo que en el Plan de la cuenca del Júcar está planteado.




Gracias, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra. ¿Algún grupo
desea consumir un turno en contra del real decreto-ley? (Pausa.)
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.

Intervendré con gran brevedad.

Siendo el acueducto Tajo-Segura un área territorial que, por supuesto
y con obviedad geográfica, no afecta al archipiélago canario, sí
queremos dejar testimonio de que vamos a votar favorablemente la
convalidación
de este real decreto-ley, dentro de los principios de solidaridad con
que nuestro grupo actúa en el resto del territorio peninsular y
balear.

Por tanto, señor presidente, entendiendo las razones que ha expuesto
la ministra y que también están claramente recogidas en el preámbulo
de este real decretoley, que además afectan a un plan de riqueza
nacional, tanto de utilización de aguas para uso agrícola como para
uso de consumo humano, y entendiendo igualmente las razones de
urgencia por la proximidad de la estación estival, nuestro grupo,
como he dicho, señor presidente, va a votar favorablemente la
convalidación de este real decreto-ley.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias por su concreción, como
siempre, señor Mardones.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Sedó.




El señor SEDÓ I MARSAL: Gracias, señor presidente.

Nosotros también vamos a dar nuestro apoyo a la convalidación, y el
motivo fundamental de nuestra concreción en estos momentos es un
párrafo del preámbulo de este real decreto-ley, que dice así: «La
reforma prevista, que ampara únicamente la distribución y el
transporte de recursos hídricos entre dos puntos dentro del mismo
ámbito territorial de planificación hidrológica, no modifica las
asignaciones y reservas existentes ni crea nuevos derechos de uso,
limitándose a autorizar la utilización instrumental de las
infraestructuras hidráulicas del acueducto para los fines citados.»
En este contexto -que es lo que ha explicado la señora ministra-,
daremos nuestro apoyo al real decreto-ley.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sedó.

Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra la señora Urán.




La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.




Señorías, el problema del real decreto-ley que nos ha traído la
ministra, como de costumbre, es presentar una reforma como urgente,
cuando en realidad podía haberlo hecho hace tiempo como proyecto de
ley para que los demás grupos hubiéramos podido participar y aportar
nuestras iniciativas de manera constructiva. La señora ministra, como
siempre, nos vuelve a traer otro real decreto-ley urgente cuando los
déficit hídricos de la Marina Baja, en concreto, se conocen desde
hace ya muchísimo tiempo.

Señorías, el problema de este real decreto-ley, además de su
tramitación como real decreto-ley y no como proyecto de ley, no es
precisamente lo que dice, sino exactamente lo que no dice. ¿Qué es lo
que no dice? Pues no dice cómo se va a llegar o qué cantidad de agua
se va a llevar a la Marina Baja y cuáles son los



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excedentes reales. Aunque la señora ministra diga que existen
excedentes en el Plan hidrológico de la cuenca del Júcar, quisiéramos
saber cuáles son los excedentes reales ahora, en estos momentos, para
poder hacer el trasvase de agua a la Marina Baja, porque además no
hay que olvidar que en el Plan hidrológico de la cuenca del Júcar ya
está incluido el trasvase al Vinalopó.

Señorías, estando de acuerdo con que hay que modificar la regulación
del régimen económico de la explotación del acueducto Tajo-Segura,
creemos que es necesario que el Ministerio de Medio Ambiente no siga
incidiendo, como hace hasta ahora de una manera tan clara, en la
improvisación. ¿Nos va a traer la señora ministra otro real decreto
para aprobar el trasvase de aquí a un mes? ¿Por qué no se ha traído
conjuntamente con éste, cuando se sabe que la Marina está padeciendo
un déficit hídrico muy alto, que desde el mes de febrero hasta el mes
de septiembre -lo reconoce la propia memoria- es de 13 hectómetros y
medio largos? ¿Por qué no se trae conjuntamente, señora ministra?
¿Por qué no se trae al mismo tiempo de dónde va a salir ese agua, que
sabemos que es del Júcar, en qué condiciones está el Júcar para poder
llevar el agua a la Marina Baja? ¿Por qué no se trae? ¿Nos va a traer
otro real decreto dentro de un mes? Señoría, la gente necesita el
agua en la Marina.

Es más, la Marina Baja no sólo tiene el déficit hídrico ahora, en
estos momentos, sino que ha habido periodos de sequía en los que ha
llovido menos de lo habitual; la Marina Baja, incluso en periodos de
lluvias por encima de lo normal, tiene un déficit hídrico de entre
cinco y siete hectómetros cúbicos. A esta situación hay que darle una
solución que no es precisamente sólo el trasvasar el agua desde el
Júcar, pero la memoria, que habla de las necesidades del trasvase, no
lo menciona.

Además, señorías, da la casualidad de que se sigue consintiendo el
incremento de zonas que van a necesitar cantidades impresionantes de
agua para su mantenimiento. ¿Qué está ocurriendo en la Marina Baja?
Que se están haciendo unos planes de desarrollo urbanístico que van a
presionar fortísimamente al agua. Entre otras cosas, se está creando
un entorno que se llama Terramítica en cuyo alrededor se van a
construir complejos de ocio y deportivos, está prevista la
construcción de entre 4.000 y 5.000 plazas hoteleras más en una zona
que tiene una saturación elevadísima, y dos campos de golf. Si a esto
le añadimos que no se están haciendo las obras de depuración
necesarias y a la suficiente velocidad como para que se puedan
reutilizar las aguas, estamos estableciendo un panorama de un uso
totalmente irracional del agua en una zona en la que es totalmente
escasa, y hay que añadir que es un área que tiene mala calidad de
agua por la sobreexplotación de sus propios acuíferos.

Señorías, aunque me llamen intervencionista, esto tendría que
discutirse en la Cámara para ver de qué manera el Ministerio de Medio
Ambiente, desde su competencia de distribuir y racionalizar el
consumo del agua, incide en el desarrollo de algunas zonas en las que
están haciendo un uso irracional del agua y además
están generando más usos del agua de los que tiene en estos
momentos. Por mucho que el Plan hidrológico de la cuenca del Júcar
diga que este río tiene excedentes, señorías, con todo lo que se está
planteando en el entorno de la provincia y de la Comunidad
Valenciana, el Júcar no va a tener tantos excedentes para tanto
tiempo, y habría que ver si en estos momentos y en estas condiciones
el Júcar tiene, insisto, los excedentes que se dice.

Aunque el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a apoyar
este real decreto-ley, vamos a solicitar a la Presidencia de las
Cortes la votación para su tramitación como proyecto de ley, no sólo
para incidir en lo que pueda decir el real decreto, sino para hacer
incidencia en lo que no dice, que mucho nos tememos que no se diga
porque no se quiere decir, que no se haya traído conjuntamente y en
tramitación como proyecto de ley porque las cosas no estén tan
claras. Señora ministra, en esta Cámara hemos debatido en muchas
ocasiones sobre el agua, y no me gustaría que nos ocurriera lo que en
otros asuntos. El Ministerio de Medio Ambiente está haciendo como en
el cuento de la lechera, y se nos puede romper el cántaro antes de
tener el agua para beber.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Urán.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Morlán.




El señor MORLÁN GRACIA: Gracias, señor presidente.




Señorías, se somete a ratificación un real decreto-ley que modifica
el artículo 10 de la Ley 52/1980 que regula el régimen económico de
explotación del acueducto Tajo-Segura. Me hubiera gustado que todo lo
que ha dicho la señora ministra estuviera escrito en dicho real
decreto, porque en el preámbulo del mismo, señoría, hace un
planteamiento muy global de lo que es esta operación que usted plasma
en su iniciativa, pero sin especificar determinados aspectos que
entendemos que es necesario contemplar.

Señora ministra, vamos a votar que sí a esta utilización de la
infraestructura del trasvase Tajo-Segura porque entendemos que
existen necesidades de abastecimiento a poblaciones que hay que
atender, de abastecimiento a poblaciones, repito, a poder ser que no
sea para campos de golf. Sin embargo, tenemos que hacer algún tipo de
reparos que son los que nos permiten justificarle que su tramitación
se pueda plasmar como proyecto de ley, porque con independencia de
que esa tramitación se produzca, se puede llevar a cabo el uso que
usted plantea en este real decreto-ley para trasladar el agua desde
un punto a otro de esa parte del arco mediterráneo.

La fórmula del real decreto-ley está pensada para situaciones de
urgencia, y lo primero que me he encontrado cuando he visto la
documentación, no la que ustedme ha presentado sino la que he
buscado, es que las



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tarifas de este real decreto-ley ya están fijadas desde el año 1997.

Hay una resolución de 16 de julio de 1997 en la que se establecen las
tarifas para la disponibilidad o el aprovechamiento de las aguas
propias de la cuenca del Júcar que eventualmente fueron autorizadas
para utilizar la infraestructura del acueducto Tajo-Segura con
destino a la Marina Baja. Es decir, en aquella época ustedes ya
pensaron que esto se podía hacer y se trae ahora por el trámite de
urgencia. Además, ustedes aquí fijan unos precios determinados que no
sé si están vigentes en estos momentos o no en función de lo que
dicen en el real decreto-ley. Pensamos que esta actualización de
tarifasque pueda producirse, puesto que hace dos años que se
aprobaron, es una de las razones por las que este real decreto-ley
debe tramitarse como proyecto de ley.

Asimismo, entendemos que debiera aclararse cuál es el destino
concreto del agua, si va a la Marina Baja que se diga, pero no porque
usted lo diga aquí que ya lo ha dicho, sino porque se debe publicar
en el Boletín Oficial del Estado, que no consta. Si va a abastecer a
Albacete que se diga a qué. Me imagino que a los albaceteños y a
todos los ciudadanos de la Marina Baja les gustará ver que en esta
norma que usted elabora se contemplan todo eso, porque con esta norma
tiene la capacidad de hacer lo que le venga en gana, con arreglo a
esta disposición que usted recoge en este real decreto-ley.

Hace falta saber, señoría, de qué caudal estamos hablando, y se lo
vuelvo a repetir, señora ministra, no porque usted no lo haya dicho
aquí, que lo ha dicho, sino porque no figura en el documento que
tiene quefigurar. Si ha tenido la paciencia de leer los reales
decretos-leyes que elaboramos en épocas anteriores y que hacían
referencia a situaciones de sequía como ésta -me agrada ver cómo
reconoce que hay sequía, aunque le dé la fórmula que usted estime
oportuna, pero al fin y al cabo lo reconoce y, sobre todo, en este
real decreto-ley-, se habrá dado cuenta de que pusimos de manifiesto
en todos ellos una concreción de datos relacionados con el caudal,
con el destino, de dónde sale ese caudal, a dónde va, qué garantías y
qué especificidades existen para que se produzcan esas aportaciones
que no figuran en este real decreto-ley que nos somete
a consideración.

Señoría, usted se pregunta hasta que punto se altera la Ley 21/1971,
de aprovechamiento conjunto del TajoSegura en su artículo 2.1, cuando
la propia ley dice: la utilización del embalse de Alarcón en el
acueducto Tajo-Segura seguirá un régimen estricto de entradas y
salidas computándose las pérdidas por evaporación que puedan
corresponder a las aguas trasvasadas. ¿Usted piensa que no estamos
hablando de un trasvase encubierto, aunque ha dicho aquí que no es
cierto? ¿Usted piensa, señoría, que está garantizado que todas las
aguas que van a discurrir por esa infraestructura del Tajo-Segura son
de la cuenca del Júcar? Por mucho que usted diga, señoría, que eso es
así, si usted tiene en su mente en estos momentos el mapa de esa
zona, desde que se inicia el trasvase hasta el pantano de Alarcón -
desde el pantano de Alarcón sale el agua hacia el Júcar
y sale el ramal del canal-, usted puede darse cuenta de que existe o
puede existir una confluencia de intereses por parte de muchos de los
habitantes, de los residentes en esa zona que pueden verse afectados,
y si es beneficioso para la zona de la Marina Baja y es beneficioso
para Albacete, tenga en cuenta que hay dudas, hay problemas, hay
tensiones en muchas zonas de regantes del arco Mediterráneo que están
diciendo que por qué razón se ha planteado este real decreto de esa
manera cuando resulta que se está vulnerando o no se está de acuerdo
con lo que plantea el Plan del Júcar.

Yo tengo serias dudas, señorías, que este real decreto- ley no afecte
o no corresponda a lo que dice el Plan del Júcar, con una premisa,
que el Plan del Júcar está aprobado por ustedes en el Boletín Oficial
del Estado del 11 de agosto de 1998, pero, como le reitero, no está
en vigor porque no está publicado, y hasta que no estén publicados
los planes no habrá ninguno en vigor. En este caso concreto, las
suspicacias, las reticencias que ha levantado este real decreto en
muchas poblaciones de esa zona, que ven cómo está pasando el agua por
delante de sus caras y está yendo a sitios distintos a los que
pensaban que podían ir, está generando tensiones que son
innecesarias.

En resumen, teniendo en cuenta que no se sabe de qué volumen se
dispone que figure en este real decreto- ley, teniendo en cuenta que
no se sabe en este real decreto-ley de dónde sale el agua y a dónde
va, teniendo en cuenta que no se sabe si va a Albacete, a Vinalopó,
va a la Marina Baja o va a Valencia, este real decreto- ley, señoría,
tendría que ser tramitado como proyecto de ley, porque es necesario
que todo el mundo tenga la suficiente seguridad jurídica para que
cuando vea este documenta en el Boletín Oficial del Estado sepa que
se ha dictado una norma que está cubriendo una serie de necesidades
con todo rigor, y sometida y sujeta a una serie de prescripciones
legales que únicamente están contempladas en unas normas que ustedes
entienden que están en vigor, pero que nosotros, por ahora, como son
los planes hidrológicos de cuenca, pensamos que están aprobados pero
que no tienen nada que ver con su entrada en vigor y con su
aplicación en casos como éste.

Señoría, como he dicho, vamos a votar que sí a este real decreto-ley,
pero reiteramos que, debido a las dudas que nos genera, sería
oportuno y procedente, puesto que no hay ningún impedimento para su
puesta en práctica, que este real decreto-ley se tramitara como
proyecto de ley.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Morlán.

La señora De Lara Carbó, por el Grupo Popular, tiene la palabra.




La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señor presidente.




Señorías, el Grupo Parlamentario Popular votará favorablemente la
convalidación del real decreto-ley



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por el que se modifica el artículo 10 de la Ley que regula el régimen
económico de la explotación del acueducto Tajo-Segura, para extender
a la cuenca del Júcar los beneficios que en el mismo se especifican
para las cuencas del Segura y del Sur.

La escasa pluviometría de los años 1998 y 1999 y el descenso del
volumen total del agua embalsada que abastece amplias zonas como la
Marina Baja en la provincia de Alicante, aconsejan esta medida con la
que se pretende evitar que, como consecuencia de esta situación, se
agoten los acuíferos y hubiera que establecer restricciones de algún
tipo.

Por tanto, está plenamente justificado, dada la escasa pluviometría
que he anunciado, que la propuesta o normativa que se está realizando
se apruebe por un real decreto-ley y no por un proyecto de ley, cuyo
trámite legislativo, señorías, estamos en el mes de mayo, impediría
que en este año se utilizara la infraestructura del acueducto para
transportar agua a la zona que ha sido ya citada en esta Cámara.

Como la reforma prevista sólo autoriza el uso del acueducto para
aprovechamientos de recursos dentro del mismo plan hidrológico, queda
claro, señorías, que los recursos hídricos que podrán conducirse
tendrán como límite máximo los derivados de la normativa vigente, es
decir, que existan concesiones o reservas previamente otorgadas y que
se cumplan las previsiones sobre aprovechamientos previstas en la
correspondiente planificación hidrológica, en el caso al que nos
estamos refiriendo al Plan hidrológico del Júcar.

Recordemos, señorías, que el Plan hidrológico del Júcar establece
que, una vez satisfechas todas las necesidades de su cuenca, podrán
aprovecharse los recursos sobrantes para paliar la sobreexplotación
de acuíferos y el déficit de abastecimiento, entre otras zonas, de la
Marina Baja, donde se asientan núcleos urbanos tan importantes como
Benidorm, Altea, Villajoyosa, La Nucia y un gran número de núcleos
urbanos con una población permanente de 300.000 habitantes y una
población estacional de 500.000. Asimismo, en el plan se establece la
reserva de un metro cúbico por segundo para el abastecimiento urbano
e industrial de Albacete.

Tanto la portavoz del Grupo de Izquierda Unida como el señor Morlán,
portavoz del Grupo Socialista, han utilizado, no sabemos si
intencionadamente, el término trasvase, cuando saben ustedes
perfectamente que aquí no hay ningún trasvase, sino que el real
decreto se limita a permitir la utilización de una conducción
existente. Por otra parte, creo que ustedes entenderán también que la
tramitación como proyecto de ley lo que haría sería iniciar un
trámite de enmiendas, un trámite de ponencia y un trámite de
Comisión, y lo único que haría sería impedir que el agua llegase a
las zonas que lo están necesitando. Por consiguiente, señorías, les
anuncio que nuestro grupo se va a oponer a la tramitación como
proyecto de ley, porque creemos
que no es adecuado en este momento y ustedes lo saben perfectamente.

En definitiva, señorías, creo que la medida establecida en el real
decreto es una medida apropiada, una medida que complementa las
actuaciones que se están realizando y que se debatieron en esta
Cámara hace pocos días en la interpelación de Unión Valenciana.

El agua ha sido siempre un elemento que ha movido a la solidaridad.

La cultura del agua está en nuestras historia y en nuestras
tradiciones, desde los colosales acueductos romanos a las minuciosas
y eficaces conducciones árabes. El agua, como motor de solidaridad,
ha formado parte de nuestra historia. Hoy, el Gobierno trae a esta
Cámara una muestra de esta solidaridad alrededor del agua como bien
escaso que debe compartirse. Creo, señorías, que debemos recibir la
iniciativa con satisfacción.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De Lara.

Concluido el debate, vamos a proceder a la votación sobre la
convalidación o derogación del real decretoley y, en su caso, a las
votaciones correspondientes al siguiente punto del orden del día.

Llámese por tanto para votaciones. (Pausa.)
Votación de la convalidación o derogación del real decreto-ley que se
ha presentado y debatido.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
248; a favor, 246; en contra, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la convalidación del Real
Decreto-ley 8/1999, para el que el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida ha pedido, desde la tribuna, su tramitación como
proyecto de ley. Se somete, por tanto, a votación esta propuesta.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
248; a favor, 113; en contra, 135.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la tramitación como proyecto de
ley.

Señorías, antes de que abandonen el hemiciclo para dedicarse a otras
tareas parlamentarias, vamos a proceder ahora a la votación de los
dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios
internacionales. Terminadas dichas votaciones, pasaríamos al punto IX
del orden del día, puesto que ha decaído el punto VIII, que hace
referencia a los dictámenes de la Comisión de Economía y Hacienda
sobre diversos créditos extraordinarios. Al final de ese punto se
produciría otro conjunto de votaciones, con las que finalizaría el
Pleno.




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DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS
INTERNACIONALES.




- CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y
EL REINO DE LOS PAÍSES BAJOS POR EL QUE SE REGULAN LOS PRIVILEGIOS E
INMUNIDADES DE LOS FUNCIONARIOS DE ENLACE DE EUROPOL, HECHO EN MADRID
EL 27 DE ENERO DE 1999. (Número de expediente 110/000248.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto VII, dictámenes de la Comisión
de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.

Someto a aprobación por asentimiento, en primer lugar, el canje de
notas constitutivo de acuerdo entre España y los Países Bajos, por el
que se regulan los privilegios e inmunidades de los funcionarios de
enlace de Europol. ¿Lo acuerda así el Pleno? (Asentimiento.) Muchas
gracias, señorías.




- PROTOCOLO ADICIONAL AL CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA
REPÚBLICA DE COLOMBIA MODIFICANDO EL CONVENIO DE DOBLE NACIONALIDAD
DE 27 DE JUNIO DE 1979, HECHO EN BOGOTÁ EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1998.

(Número de expediente 110/000250.)



El señor PRESIDENTE: Protocolo al Convenio entre el Reino de España y
la República de Colombia, modificando a su vez el Convenio de doble
nacionalidad de 1979. ¿Lo acuerda así el Pleno? (Asentimiento.)
Gracias, señorías.




- CONVENIO ESTABLECIDO SOBRE LA BASE DEL ARTÍCULO K. 3 DEL TRATADO DE
LA UNIÓN EUROPEA, RELATIVO A LA NOTIFICACIÓN O TRASLADO EN LOS
ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA DE DOCUMENTOS JUDICIALES
Y EXTRAJUDICIALES EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN BRUSELAS EL 26
DE MAYO DE 1997, Y DECLARACIONES QUE EFECTUARÁ ESPAÑA AL MISMO.

(Número de expediente 110/000251.)



El señor PRESIDENTE: Convenio sobre la base del artículo K.3 del
Tratado de la Unión Europea, relativo a la notificación o traslado en
los Estados miembros de la Unión Europea de documentos judiciales y
extrajudiciales en materia civil o mercantil. ¿Lo acuerda así el
Pleno? (Asentimiento.) Gracias, señorías.




- PROTOCOLO ESTABLECIDO SOBRE LA BASE DEL ARTÍCULO K.3 DEL TRATADO DE
LA UNIÓN EUROPEA, RELATIVO A LA INTERPRETACIÓN POR EL TRIBUNAL DE
JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES
EUROPEAS DEL CONVENIO RELATIVO A LA NOTIFICACIÓN O TRASLADO
EN LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA DE DOCUMENTOS JUDICIALES
Y EXTRAJUDICIALES EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN BRUSELAS EL
26 DE MAYO DE 1997. (Número de expediente 110/000252.)



El señor PRESIDENTE: Protocolo establecido sobre la base del artículo
K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la interpretación por
el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del Convenio
relativo a la notificación o traslado en los Estados miembros de la
Unión Europea de documentos judiciales y extrajudiciales en materia
civil o mercantil. ¿Lo acuerda así el Pleno? (Asentimiento.) También
parece contar con el asentimiento del Pleno.




- CANJE DE NOTAS, DE 29 DE ENERO DE 1999, CONSTITUTIVO DE ACUERDO
ENTRE ESPAÑA Y ESTADOS UNIDOS POR EL QUE SE PRORROGA EL ACUERDO ENTRE
AMBOS PAÍSES SOBRE COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA EN APOYO A LOS
PROGRAMAS DE EXPLORACIÓN LUNAR Y PLANETARIA Y DE VUELOS ESPACIALES
TRIPULADOS Y NO TRIPULADOS A TRAVÉS DEL ESTABLECIMIENTO EN ESPAÑA DE
UNA ESTACIÓN DE SEGUIMIENTO ESPACIAL, FIRMADO EN MADRID EL 29 DE
ENERO DE 1964. (Número de expediente 110/000253.)



El señor PRESIDENTE: Canje de Notas constitutivo de acuerdo entre
España y Estados Unidos por el que se prorroga el Acuerdo entre ambos
países sobre cooperación científica y técnica en apoyo a los
programas de exploración lunar y planetaria. ¿Lo acuerda así el
Pleno? (Asentimiento.) Parece que también están todos de acuerdo.




- NOTA DE DENUNCIA DEL CANJE DE NOTAS DE 4 DE ENERO DE 1965 SOBRE
CONTINUACIÓN DE LA APLICACIÓN ENTRE ESPAÑA Y KENIA DEL ACUERDO SOBRE
SUPRESIÓN DE VISADOS ENTRE ESPAÑA Y EL REINO UNIDO ESTABLECIDO POR
CANJE DE NOTAS DE 13 DE MAYO DE 1960. (Número de expediente 110/
000254.)



El señor PRESIDENTE: Nota de denuncia del Canje de Notas sobre
continuación de la aplicación entre España y Kenia del Acuerdo sobre
supresión de visados entre España y el Reino Unido. ¿Lo aprueba así
el Pleno? (Asentimiento.) Hay plena adhesión de todas sus señorías.




DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.




- PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE CONCEDEUN CRÉDITO EXTRAORDINARIO, POR
IMPORTE



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DE 9.393.184.038 PESETAS, PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS
DEL DERRUMBAMIENTO DE LA PRESA DE TOUS, SEGÚN SENTENCIA DEL TRIBUNAL
SUPREMO DE 15 DE ABRIL DE 1997. (Número de expediente 121/000123.)



El señor PRESIDENTE: De esta forma, pasamos, como anunciaba, al punto
IX y último del orden del día, dictámenes de comisiones sobre
iniciativas legislativas, comenzando por el proyecto de ley por el
que se concede un crédito extraordinario, por un importe de 9.000
millones de pesetas, para el pago de indemnizaciones derivadas del
derrumbamiento de la presa de Tous, según sentencia del Tribunal
Supremo de 15 de abril de 1997.

Hay enmiendas de cuatro grupos: Grupo Mixto, señor Chiquillo Barber,
naturalmente; también dentro del Grupo Mixto, y no menos naturalmente
por su procedencia, el señor Peralta; Grupo de Izquierda Unida y
Grupo Socialista.

En primer lugar, tiene la palabra el señor Chiquillo para la defensa
de sus dos enmiendas.




El señor CHIQUILLO BARBER: Señor presidente, señorías, intervengo en
nombre de Unión Valenciana para defender las dos enmiendas que
mantenemos vivas para el debate de hoy en un nuevo capítulo del
denominado caso Tous, no sin antes mandar un saludo muy efusivo a la
representación del Ayuntamiento de Alcira, que hoy nos acompaña en la
tribuna de invitados, encabezada por su alcalde, don Alfredo Gares
Núñez.

Paso a defender esas dos enmiendas de lo que es un nuevo capítulo,
interminable, incapaces de terminarlo diversos gobiernos, del
denominado caso Tous. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y
Lozana, ocupa la Presidencia.) Unión Valenciana desde el primer
momento abogó por una solución política el día después de la rotura
de la presa de Tous, y hoy, dieciséis años y medio después, nos
encontramos con un nuevo capítulo, no es el epílogo,
desgraciadamente, y hemos dejado pasar una nueva oportunidad para, en
cumplimiento de los compromisos adquiridos por todos los partidos de
esta Cámara, dar una solución política definitiva, justa, equilibrada
y que rompiera cualquier tipo de discriminación entre los 33.000
damnificados que hace ahora dieciséis años y medio sufrieron, después
de la rotura de la presa de Tous, una dramática inundación, con unos
daños superiores a los 50.000 millones de pesetas, con numerosas
pérdidas humanas y la desolación en la comarca valenciana de La
Ribera.

Unión Valenciana, ante este proyecto de ley presentado a mitad del
año pasado, presentó dos enmiendas y hoy las mantiene vivas porque,
en primer lugar, se produjo la sentencia del Tribunal Supremo de
abril de 1997, que obligaba al Estado, como responsable civil
subsidiario, a hacerse cargo del abono de los dañosocasionados.

Consideramos en nuestra primera enmienda
que en el proyecto de ley deberían contemplarse los 11.125
millones de pesetas que dice la sentencia y que es de obligado
cumplimiento, y no como el proyecto de ley que se nos remite, en el
cual la cuantía supera en poco los 9.000 millones. En esta primera
enmienda solicitamos que si el auto de la Sección Tercera de la
Audiencia Provincial de Valencia, de 27 de febrero de 1998, determina
los criterios de ejecución de la sentencia 492 del Tribunal Supremo,
haciéndola extensiva a 5.269 afectados, con unas indemnizaciones que
suman los 11.000 millones, esa debe ser la cuantía reconocida en el
proyecto de ley que hoy cumple este trámite parlamentario.




Hay una segunda enmienda que es de justicia, porque desde hace
dieciséis años y medio sigue sin cerrarse con justicia el caso Tous,
atendiendo las demandas de los damnificados, tratando a este
colectivo, a los 33.000, con criterios de igualdad, de equidad y de
justicia en las indemnizaciones. En este largo camino de dieciséis
años y medio ha habido dos reales decretosley, dos parches: el Real
Decreto-ley 4/1993, de marzo, y el Real Decreto-ley 10/1995, de
diciembre. Esos dos reales decretos-ley, injustos, que no recogían
las demandas de los damnificados, han supuesto una clara y rotunda
discriminación para 28.000 damnificados que se acogieron a esos dos
reales decretos y que han recibido unas indemnizaciones que están
siempre muy por debajo de las indemnizaciones que se les han
reconocido a los 5.000 damnificados que recurrieron y que por vía de
la sentencia del Tribunal Supremo han recibido unas cuantías que
doblan o triplican las indemnizaciones de los primeros que he citado.

Esa ejecución de la sentencia ha creado un gran agravio, una clara
discriminación de 5.000 damnificados frente a 28.000. Son 28.000
damnificados, el 80 por ciento de los damnificados los que han sido
claramente discriminados y cuya indemnización es irrisoria al lado de
las justas indemnizaciones que han recibido 5.000 damnificados en
virtud de una sentencia por la cual se tramita el proyecto que hoy
estamos debatiendo.

Por tanto, nosotros en esta segunda enmienda lo que solicitamos es
justicia, que sólo puede llegar por un tercer real decreto-ley, como
se comprometió el Partido Popular, en el Gran Teatro de Alcira, a
través del señor Aznar y el señor Zaplana; un tercer real decreto-ley
que rompiera con la discriminación, igualara las indemnizaciones
y tratara al cuerpo de los 33.000 damnificados por igual. Que en ese
tercer real decreto-ley se reconocieran las posibilidades de la
actualización de daños de los dieciséis años transcurridos, el lucro
cesante de estos años, los daños morales (porque todos los
damnificados, los 33.000, sufrieron los mismos daños morales, no
5.000 unos daños morales y 28.000 otros daños morales), y una
actualización de los intereses de demora por los años transcurridos.

La solución política, la solución justa que acabe con el agravio y la
discriminación es la enmienda número 2 que presenta Unión Valenciana,
es el tercer real decreto-ley para que, de una vez por todas, se
cierre el caso



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Tous en positivo, sin discriminaciones, y donde el colectivo de
33.000 damnificados reciba las indemnizaciones justas y adecuadas
para que esta Cámara, para que el Gobierno español, para que todos
los ciudadanos del Estado español cumplan y paguen una deuda
histórica, la asignatura pendiente de la democracia, con un colectivo
de damnificados, 33.000, con una comarca, la de La Ribera, en la
Comunidad Autónoma Valenciana, que dieciséis años y medio después
sigue esperando la justicia, sigue esperando la equidad y sigue
esperando la igualdad de trato respecto a otras comunidades que
sufrieron situaciones semejantes y que con una solución política
obtuvieron una indemnización justa y adecuada.

Esta petición que hoy eleva aquí Unión Valenciana no es una propuesta
de Unión Valenciana, es de medio centenar de ayuntamientos...




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
Chiquillo, le ruego concluya.




El señor CHIQUILLO BARBER: Concluyo.

Es la petición de medio centenar de ayuntamientos de la comarca de La
Ribera, de la Mancomunidad de La Ribera Alta y de La Ribera Baixa y
de todo el colectivo de partidos políticos y asociaciones de
damnificados que exigen el tercer real decreto-ley.

Tomemos conciencia y demos solución al caso Tous que, después de
dieciséis años y medio, creo que ya ha rebasado la paciencia, que ya
ha pasado de los límites que pueden ser exigibles a un pueblo
pacífico que quiere justicia.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Chiquillo.

En nombre del Grupo Mixto, en segundo lugar, tiene la palabra el
señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.




Señorías, permítanme, en primer lugar, que me sume también a la
bienvenida a esta Cámara a la representación democrática y legítima
de la principal ciudad afectada por la pantanada de Tous y, sin lugar
a dudas, expresión y representación natural de todos los damnificados
por la misma.

Las enmiendas que voy a defender en nombre de Nueva Izquierda son,
sin lugar a dudas, la expresión de nuestro deseo de encontrar una
solución justa y rápida a un tema que ya hace muchos años que estamos
debatiendo en esta Cámara y son también, sin lugar a dudas, la
concreción del esfuerzo de este grupo, Nueva Izquierda, y de este
diputado a lo largo de estos años para encontrar la solución.

Para comprender las seis enmiendas que mi grupo defiende hoy y que
mantiene vivas en este trámite, quisiera hacer brevemente un cierto
resumen del proceso histórico -casi diecisiete años- que ha conocido
el tema Tous; y lo quisiera hacer con hechos objetivos que
sirvieran para que lo debatiéramos sin caer en descalificaciones y
demagogias. En este sentido creo que es bueno recordar que el tema
Tous no lo crearon gobiernos socialistas; el tema Tous se produjo
cuando gobernaba en esta nación la UCD. La despedida de esos
gobiernos prácticamente coincidiendo cronológicamente con el
hundimiento de la presa, es quizá una expresión gráfica de lo que
ocurría políticamente en aquellos momentos con dicho Gobierno, pero
en todo caso es, sin lugar a dudas, un dato objetivo y cronológico.

El tema Tous se produce bajo un Gobierno de la UCD, forma parte de la
herencia dejada por esos gobiernos y es verdad que en estos
diecisiete años ha habido intentos de solución, en concreto dos
reales decretos-ley producidos exactamente bajo gobiernos
socialistas, porque desde que el Partido Popular alcanzó las
instituciones en la Comunidad Autónoma Valenciana en el año 1995 y en
el Gobierno de la nación en el año 1996 no se ha producido ninguna
actuación de dicho partido en relación con este tema; única y
exclusivamente la presente, por la que se trata estrictamente de dar
cumplimiento a una sentencia del Tribunal Supremo, que se produjo en
el año 1997, y que si ciertamente se hubiera producido en una fecha
distinta, al día de hoy no conoceríamos ninguna iniciativa de dicho
partido en relación con este tema.

Buena prueba de ese interés, o más exactamente desinterés, del
Partido Popular por la totalidad de los damnificados del tema Tous es
que este proyecto de ley no conoce ninguna enmienda del Partido
Popular encaminada a ampliar a todos los damnificados el contenido de
este proyecto de ley, que persigue estrictamente pagar a aquellos
damnificados a los que se les aplica la sentencia del Tribunal
Supremo y el auto de la Audiencia Provincial de Valencia.

No sería justo dejar de reconocer que en estos diecisiete años ha
habido esfuerzos, en la época en la que estaba en la oposición, del
Grupo Popular por intentar mejorar y ampliar a todos los damnificados
el contenido de este proyecto de ley que hoy discutimos; hubo
esfuerzos coincidentes con los que sosteníamos otros grupos, pero hoy
ciertamente lo que nos cabe es echar en falta la continuidad y la
coherencia de esos esfuerzos desde que se está en la Gobierno de la
comunidad autónoma y en el Gobierno de la nación y, precisamente por
eso, se está en condiciones de poner en práctica soluciones reales y
efectivas que vienen demandando desde hace años los miles de
damnificados.

En definitiva, más allá de la historia, ¿cuál es el presente del caso
Tous? El presente del caso Tous, sin lugar a dudas, viene
caracterizado por dos circunstancias. En primer lugar, la existencia
de resoluciones judiciales que establecen con claridad cuáles son los
criterios indemnizatorios justos. Eso ya no está sometido a
discusión. Los tribunales ya se hanpronunciado con carácter
definitivo y, por tanto, la



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justicia en el caso Tous es la que han marcado los tribunales.




¿Cuál es la segunda realidad? La segunda realidad es que la gran
mayoría de los damnificados, que se acogieron a los reales decretos-
ley dictados por los gobiernos socialistas y que contenían criterios
indemnizatorios inferiores, hoy legalmente se entiende que no pueden
acceder a esas indemnizaciones judiciales. Y, por tanto, la realidad
del caso Tous hoy, como consecuencia de esas dos circunstancias,
tiene una doble característica: en primer lugar, la existencia de una
clara discriminación entre una minoría que puede acogerse a los
criterios judiciales, notablemente superiores, y una gran mayoría que
ha sido indemnizada con criterios inferiores; la segunda
característica, sin lugar a dudas, es la de la injusticia para la
gran mayoría de los damnificados. Hoy legalmente tienen vedado el
acceso a los criterios indemnizatorios justos, y se produce una
situación de injusticia real para la gran mayoría de los
damnificados. Estas son las características actuales del caso Tous, y
esto es lo que hoy podemos y debemos resolver en esta Cámara. Este es
el verdadero problema del caso Tous, y no vale la pena engañarse con
otros problemas ficticios en relación con éste. No busquemos
discriminaciones entre los que cobraron por el primer real decreto y
los que cobraron por el segundo. No las había legalmente y basta
comparar los textos de los reales decretos-ley, que dicen exactamente
lo mismo, salvo en materia de deducciones. Además, los que se
acogieron al primero pudieron acogerse al segundo, y fue voluntad
suya el hacerlo o no. Ese no es el verdadero problema al día de hoy
del caso Tous.

El verdadero problema del caso Tous es el que yo decía anteriormente:
la gran mayoría de los damnificados indemnizados con criterios
inferiores y que no tienen legalmente acceso a los criterios justos
de los tribunales. Ese es el problema que tenemos y que podemos
resolver. Ese es el objetivo que persiguen las enmiendas de Nueva
Izquierda, que yo defiendo en este acto: encontrar la solución
definitiva.

Cabe la posibilidad de que, repitiendo lo que se ha hecho a lo largo
de la historia de estos diecisiete años, no le demos la solución
justa, que es la solución definitiva. Cabe esa posibilidad; de la
mayoría de la Cámara depende, pero que no le quepa la menor duda:
ella es perfectamente consciente porque ha participado durante años
en que el tema se siguiera discutiendo en estas instituciones, y
seguirá discutiéndose.

La presencia hoy aquí de representantes directos inmediatos de los
damnificados, la existencia de grupos políticos comprometidos con un
problema que afecta a miles de ciudadanos y el compromiso de todos
los grupos de la Cámara con las soluciones justas, hará que
finalmente este tema, si no hoy, encuentre solución. Estoy convencido
de ello y, desde luego, el Grupo de Nueva Izquierda continuará
trabajando sin descanso.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Peralta.

En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para la
presentación de sus enmiendas, tiene la palabra la señora Urán.




La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.




Señorías, en primer lugar, quiero dar la bienvenida, como han hecho
el resto de los grupos que han intervenido hasta ahora, en nombre del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, a los representantes
de los ayuntamientos de La Rivera y de los damnificados que están con
nosotros en la tribuna. Benvinguts.

Señorías, estamos en un momento en el que, después de los años
transcurridos, tenemos en nuestras manos el dar la solución
definitiva al problema de las personas que fueron damnificadas por la
rotura de la presa de Tous. Y, señorías, hasta ahora, de lo que se
puede desprender del debate que hemos tenido y del trámite que ha
tenido este proyecto de ley, tenemos que decir que no hay voluntad
política para hacerlo; no hay voluntad política por parte del Grupo
que sustenta al Gobierno y de los grupos que lo apoyan. No hay
voluntad política porque se rechazan las enmiendas de los grupos
parlamentarios, porque se rechazan las enmiendas del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida para que realmente haya una
solución, para que exista una equiparación que los ciudadanos y las
ciudadanas de La Ribera vienen demandando desde hace casi 17 años,
cuando se produjo la rotura de la presa de Tous.

Señorías, ya se ha dicho en esta tribuna, y lo hemos repetido en
muchísimos lugares, que de los 33.000 damnificados que hubo con
motivo de aquella rotura sólo algo más de 5.000 se van a ver
favorecidos por la sentencia judicial y son los únicos que van a
conseguir ser realmente indemnizados por la rotura de la presa y por
los desastres que sufrieron sus haciendas y sus campos. Son los
únicos que lo van a conseguir porque el Partido Popular ha vuelto a
incumplir las promesas que ha hecho a los ciudadanos y a las
ciudadanas de La Ribera. Señorías, no quiere el Partido Popular dar
por zanjado este tema. En el trámite en Comisión, el Partido Popular
decía que quería despolitizar el caso Tous. No se puede despolitizar
el caso Tous, entre otras cosas, porque la solución que hoy hay que
dar aquí tiene que ser política. Existe una sentencia que reconoce
a aquellas personas que han continuado la vía judicial. Al mismo
tiempo, las personas que se acogieron a los decretos que se habían
publicado con anterioridad también tienen ese derecho, aunque en la
sentencia no se les reconozca. Por eso la solución tiene que ser
política; la solución no es simplemente el cumplimiento de una
sentencia, sino que es una solución política. Van a discriminar
ustedes a más de 28.000 personas; 28.000 personas que no han podido
soportar 17 años de trámite judicial; 28.000 personas que no han
podido soportar económicamente, moralmente, por las razones que



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sean, 17 años de estar jugando con ellos y de oír promesas que
después se han visto incumplidas, 17 años en los que se ha tomando el
pelo a esta población. Ustedes, con lo que están haciendo ahora, con
lo que pretenden hacer en el Senado, van a volver a tomar el pelo a
los ciudadanos y a las ciudadanas de La Ribera, a los damnificados de
La Ribera.

Señorías, no se puede plantear que hay que solucionar este tema como
un primer paso para eliminar la gran discriminación, equiparando en
algunos aspectos a los damnificados que se acogieron al primer
decreto con los que se acogieron al segundo decreto. Hoy ya no se
sustenta eso, hoy lo que se requiere es que de una vez y para siempre
se corrija la discriminación y se les equipare con los damnificados
que se acogieron a la sentencia.

Hay que reconocer que todos criticamos el primer y el segundo
decreto, que vinieron a paliar en alguna medida los daños sufridos y
las necesidades de los damnificados. Sin embargo, la situación hoy es
distinta, hoy ya no sirve, hoy requiere que el Partido Popular y los
grupos que lo apoyan aprueben cualquiera de las enmiendas que se han
presentado porque todas ellas tienen el mismo objetivo: igualar y
hacer justicia con los damnificados.

Señorías, mi grupo parlamentario va a votar a favor de todas las
enmiendas que se han presentado por los grupos, entre otras cosas
porque todos estamos intentando conseguir el mismo objetivo. Para
terminar, lo único que quiero decirle al Grupo Popular y a los demás
grupos que apoyan al Gobierno es que se han erigido ustedes en
defensores de los derechos humanos y para eso se están gastando
cantidades ingentes de dinero. Por lo tanto, ya que se erigen ustedes
en defensores de los derechos humanos a todo lo largo y ancho de este
mundo, eríjanse realmente en defensores de los derechos humanos y
hagan justicia con los damnificados y las damnificadas por la rotura
de la presa de Tous; aprueben ustedes las enmiendas que se han
presentado y en ese momento sí que podremos decir que son ustedes
defensores de los derechos humanos. En caso contrario, seguiremos
diciéndoles lo mismo: maquillaje, maquillaje y maquillaje para quedar
bien y seguir engañando.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Urán.

En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Beviá.




El señor BEVIÁ PASTOR: Señor presidente, señorías, yo quiero también
adherirme al saludo y a la bienvenida a los representantes
democráticos de diferentes pueblos de las comarcas de La Ribera y, en
especial, a la representación municipal y a la representación
democrática del pueblo de Alzira. Ellos conocen como nadie, señorías,
la larga historia de Tous, el desastre provocado por la rotura de la
presa en el año 1982. Esa historia
larga y ese desastre han sido expuestos, debatidos, yo diría más,
peleados en este hemiciclo en multitud de ocasiones, la última vez,
el 10 de diciembre pasado, con motivo del debate de totalidad del
proyecto de ley.

El último acto de todo ese largo proceso fue la sentencia del
Tribunal Supremo de abril de 1997, que daba fin, en el plano
judicial, a un interminable proceso iniciado hace 17 años. Como han
dicho todos los que han intervenido en representación de los otros
grupos en defensa de sus enmiendas, ahora la tramitación de este
proyecto de ley no sólo puede sino que debe cerrar ese amplísimo
período de agria tensión que se ha manifestado repetidamente en los
pueblos afectados de las comarcas de La Ribera, que se mostró una y
otra vez en el Parlamento autonómico, en las Cortes Valencianas, o
que tiñó los debates en esta misma Cámara. Porque este proyecto de
ley puede permitir una aplicación rigurosa de los principios de
igualdad y no discriminación entre los dos grupos fundamentalmente de
afectados: aquellos que han visto reconocidos sus derechos en virtud
de una sentencia judicial y aquellos otros que se acogieron a los
convenios transaccionales previstos en los reales decretos-leyes de
los años 1993 y 1995.

Ese, sólo ése, es el objetivo de la enmienda que ha mantenido el
Grupo Socialista. Se trata de incluir una disposición final nueva
que, sin afectar al resto del proyecto de ley, además de atender,
como es necesario, el pago de las indemnizaciones derivadas de la
sentencia del Tribunal Supremo, pretende que todos aquellos
damnificados que se acogieron a los reales decretosleyes citados
puedan obtener una indemnización complementaria en función de las
mejoras que los criterios señalados en la sentencia puedan significar
para ellos.

Nuestra enmienda coincide plenamente en su objetivo con las enmiendas
que mantienen los grupos de Izquierda Unida, de Nueva Izquierda o de
Unión Valenciana. La línea y el alcance fundamental del bloque de
enmiendas de cada uno de estos grupos y la enmienda socialista es el
mismo. En consecuencia, anunciamos nuestro voto favorable a todas
ellas, porque todas ellas insisten, como he dicho antes, en la
necesidad de que la ley signifique una aplicación efectiva del
principio de igualdad y responda a las exigencias de no
discriminación entre los distintos grupos de afectados. Este es,
señorías, el terreno real en el que está planteado el debate, éste y
no otro: tener o no la decisión política de cerrar aquí las
cicatrices de la catástrofe de Tous, de cerrarlas ahora que hay una
sentencia definitiva, ahora que hay unos criterios indemnizatorios
definitivos y ahora que se puede tratar por igual a quienes por igual
fueron golpeados por aquel desastre.

En los años 1993 y 1995, señorías, sin que hubiera ningún fundamento
legal para actuar, sin que se hubieran fijado los hechos
definitivamente, los gobiernos socialistas adoptaron decisiones,
habilitaron créditos, trataron de evitar discriminaciones. Dictaron
dos reales decretos-leyes para compensar los daños sufridos por la
rotura de la presa de Tous, habilitaron un crédito de 19.000 millones
de pesetas en el primero de los decretos



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y otro de 6.500 millones de pesetas en el segundo, en total 25.500
millones de pesetas, y trataron de evitar, a través de una
disposición final en el segundo de los decretos, que hubiera
discriminaciones.

Es cierto que aquellas medidas pudieron parecer bien o mal; es cierto
que aquellos decretos pudieron ser considerados insuficientes,
restrictivos o adecuados, pero permitieron, y eso nadie lo puede
negar, que más de 28.000 afectados pudieran percibir entre 1993 y
1995 indemnizaciones por más de 23.500 millones de pesetas. En
cambio, ¿en qué han quedado las promesas de Zaplana, o el compromiso
de Aznar en la campaña electoral de marzo de 1996 de impulsar
personalmente una solución rápida al problema de todos los
damnificados, sin excepciones? La solución rápida ha consistido en
dejar transcurrir más de dos años sin hacer absolutamente nada. Sólo
ahora, después de más de tres años y obligados por una sentencia
judicial, han traído al Parlamento un proyecto de ley para cumplir
estrictamente los términos de la sentencia. Y nada más. Ni el
Gobierno ha ido un centímetro más allá de aquello a lo que la
decisión judicial le obligaba, ni el Grupo Popular ha hecho a los
afectados ningún guiño serio, después de tanta demagogia y tantas
campañas de agitación como hizo y protagonizó en La Ribera.

El Grupo Popular dejó pasar el plazo sin presentar a este proyecto de
ley una sola enmienda. Es verdad que en el trámite de ponencia y
Comisión ofertó una enmienda transaccional. Pero no era una enmienda
para resolver el problema de aquí y ahora; no era una enmienda para
cerrar definitivamente esa larga historia de la catástrofe de Tous;
no era una enmienda para aplicar una solución justa para todos los
damnificados; ni una enmienda para las mociones aprobadas en
diciembre por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de la ciudad
de Algemesí; ni la moción aprobada por 16 votos a favor, ninguno en
contra y sólo dos abstenciones en el Pleno del 7 de abril del
Ayuntamiento de Alzira. No es una enmienda apara satisfacer esto; ni
es una enmienda para ser mínimamente coherentes con lo que sus
diputados, los diputados del Partido Popular en las Cortes
Valencianas, votaron el pasado 21 de octubre, ocho meses después de
que se conocieran ya los términos, los criterios exactos y cuáles
eran los baremos que había fijado la sentencia. A pesar de eso,
conociendo eso, votaron y aprobaron por unanimidad una proposición no
de ley instando a que se reconocieran como las únicas válidas para
todos los afectados las indemnizaciones establecidas por vía judicial
y que todos, absolutamente todos, pudieran acogerse a ellas.

La enmienda presentada y que usted ofertó, señor Pascual, no es una
enmienda precisamente para la coherencia; no es una enmienda que
habilite más dinero para que ninguno de los afectados, sea del grupo
que sea, pueda sentirse realmente discriminado. Nada de todo eso. El
Grupo Popular ha presentado una enmienda transaccional vergonzante,
que no aporta ni una peseta de más, que se apoya exclusivamente en
los
remanentes de los créditos que un día habilitó el Gobierno
socialista. Es una enmienda trampa, es una auténtica farsa que
pretende trasladar el debate cinco años atrás; que pretende centrarse
en discutir ahora sobre cómo se aplicaron los reales decretos
dictados hace cuatro o seis años; que pretende echar mano de la
moviola y volver a plantear en estos momentos, en una estudiada
maniobra de distracción, cuestiones de 1993 o de 1995, cuando lo que
está en juego ahora, el partido que se debe jugar hoy -eso que llaman
los deportistas el partido en vivo- es el cumplimiento de la
sentencia y tratar de responder satisfactoriamente a la demanda
unánime de no discriminación entre los diferentes grupos de
afectados.

Por ello, no podía ni puede ser aceptada aquella enmienda
transaccional, porque sería convertirnos a todos en cómplices de un
nuevo intento, de un burdo intento de engañar a los que tanto han
sufrido y soportado. Como son un sarcasmo las últimas palabras del
señor Zaplana al anunciar ahora que iba a resolver esta cuestión
antes de diciembre, que tuvieron una respuesta de indignación el otro
día en una reunión de una asociación de afectados.

La cuestión, señorías, es mucho más seria. Lo que se plantea, repito,
una vez más, es la necesidad de resolver ya, de forma definitiva, no
discriminatoria y justa el problema de Tous. Eso es lo que quieren
absolutamente todos los afectados.

Yo les pido con toda sinceridad, señor Pascual Monzó, señores de la
derecha, que se pongan delante del espejo, que se pongan delante del
espejo de sus propias palabras, de lo que decían por los pueblos de
la comarca de La Ribera o lo que decían aquí desde la oposición; o
que se pongan delante del espejo de sus votos, de lo que apenas hace
tres o cuatro meses votaron en las Cortes Valencianas.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Beviá, le
ruego concluya.




El señor BEVIÁ PASTOR: Termino en seguida, presidente.




Sean consecuentes y voten nuestra enmienda o cualquier otra de las
que aquí se han debatido, o busquemos entre todos -todavía estamos a
tiempo- una fórmula que cierre definitivamente este viejo problema.

Porque, señorías, los ciudadanos de las comarcas de La Ribera no
merecen añadir a su larga desgracia esta burla, esta grosera y torpe
burla que su propuesta encierra.

Nada más y muchas gracias, señor presidente. (Varios señores
diputado: ¡Muy bien!-Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Beviá. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Pascual.




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El señor PASCUAL MONZÓ: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero también dar la bienvenida a los valencianos
que han venido para asistir a este debate.

Señorías, nos encontramos ya en el último trámite parlamentario en el
Congreso de los Diputados del proyecto de ley de crédito
extraordinario para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal
Supremo del 15 de abril de 1997, en el que vamos a aprobar el
dictamen que vamos a remitir al Senado; trámite parlamentario,
señorías, para dar cobertura a lo que se ha estado realizando,
porque, en cumplimiento de la sentencia citada, a estas alturas 3.429
damnificados acogidos a la sentencia de los 5.270 que comprende el
listado definitivo ya han recibido 6.567 millones de pesetas,
quedando hasta 9.393, que es el crédito extraordinario habilitado.

Señor Chiquillo, desde un principio, en la enmienda que ha presentado
está usted manejando datos anticuados, ya que debería usted saber que
hubo que depurar el listado de la Audiencia Provincial porque había
muchos nombres duplicados. Por tanto, la enmienda en la que pide
usted once mil y pico millones de pesetas está totalmente equivocada,
porque, como se demuestra, va a ser más que suficiente el crédito
extraordinario que vamos a aprobar en el día de hoy.

A pesar de las críticas que se han vertido aquí, el Partido Popular
constantemente ha intentado, en la medida de lo posible, favorecer,
ayudar y abrir lo más posible las indemnizaciones a los damnificados.

Por eso, a pesar de las críticas del verano pasado del señor
Chiquillo de que los damnificados, como consecuencia de la aprobación
por el Consejo de Ministros del proyecto de ley, iban a cobrar
tardísimo, iban a cobrar en diciembre, a la semana siguiente se
aprobó un adelanto de tesorería para que los damnificados fueran
cobrando sus indemnizaciones. Prueba de ello es que a fecha de hoy
más de la mitad ya las han recibido, y los que no lo han hecho,
señorías, es porque, a muchos de ellos ha sido imposible
localizarlos, a pesar de las investigaciones efectuadas por la
Delegación del Gobierno, o porque no se han personado para reclamar
sus indemnizaciones.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular, igual que hicimos con las
enmiendas de totalidad, vamos a rechazar las enmiendas parciales que
han presentado los distintos grupos parlamentarios, porque están en
la misma línea del debate que mantuvimos en el pasado mes de
diciembre. No han aportado nada nuevo. Por tanto, ya se dieron los
argumentos y reiterarlos sería volver a debatir sobre lo mismo.

Se ha producido una novedad respecto de aquel debate, novedad que ya
introduje en el debate del pasado martes en la Comisión de
Presupuestos, la de que hay unas enmiendas transaccionales que el
Grupo Parlamentario Popular ha presentado, esperando que alguno de
los grupos enmendantes les dieran cobertura, cosa que no ha ocurrido.

Con ellas pretendíamos, señorías, eliminar la primera gran
discriminación que
se hizo con los damnificados. Efectivamente, señor Peralta, el marco
legal de los dos reales decretos era el mismo, pero yo no he
discutido nunca el marco legal, lo que sí discuto -y lo he dicho
reiteradamente- es la aplicación del primer real decreto-ley y
también la del segundo.

En la aplicación del primer real decreto-ley el delegado del Gobierno
socialista de entonces ofertaba muy por debajo, en muchísimos casos,
del importe máximo resarcible, es decir, de la cantidad máxima que el
real decreto permitía ofertar a los damnificados. Y si el damnificado
quería lo cogía y, si no, lo dejaba. En el segundo real decreto-ley
-y gracias al Partido Popular llega la primera gran discriminación
positiva para los damnificados- el delegado del Gobierno actual
ofertó el máximo de lo que permitía legalmente el real decreto- ley.

Por tanto, señorías, esa es la primera gran discriminación, y el
Partido Popular podría haber hecho una aplicación igual a la del
primer real decreto-ley.

Señorías, queremos aprovechar este trámite parlamentario del proyecto
de ley, este vehículo, este soporte, que nos permite presentar
-aunque son más- las dos enmiendas importantes, suculentas, que
tenemos. La primera se presenta precisamente para eliminar esta gran
discriminación y beneficiar a más de 28.000 damnificados acogidos al
primer real decreto-ley, y dice que los que no recibieron hasta el
importe máximo resarcible ahora tengan la oportunidad de recibir esa
cantidad que en ley y en justicia les correspondía pero que, gracias
al delegado del Gobierno socialista de antes, no se les ofertó.

Al segundo real decreto-ley se acogieron 4.646 damnificados, que sí
recibieron el importe máximo resarcible, y 12.537 que simplemente se
acogieron -como el señor Peralta ha dicho, libremente- porque o eran
de tres poblaciones nuevas, que antes no estaban incluidas en el
primer real decreto-ley, o bien -malabarismos de entonces del Partido
Socialista- porque se trataba de devolverles en el segundo real
decreto-ley lo que en el primero se les había deducido de ayudas
dadas anteriormente. En el momento de la catástrofe les dieron
ayudas, viene el primer real decreto-ley y, como dicen que ya las han
recibido, se les descuentan, pero en el segundo querían ustedes
volverles a dar aquello que se les había descontado y se les había
dado la primera vez. Desde luego, todo ello resulta impresionante.




¿Esto es mucho o es poco? No lo sé, señorías. Indudablemente, hay más
de 28.000 damnificados que pueden beneficiarse en cantidades bastante
aceptables, en muchos casos. Podemos criticar si es mucho o es poco,
pero lo que no comprendo es cómo ningún grupo parlamentario ha
prestado soporte a que nuestras enmiendas transaccionales se incluyan
en este dictamen.El Grupo Parlamentario Popular, en ningún trámite
parlamentario de los aquí habidos, ha tomado una posición así. Habrá
criticado porque le habrá parecido mucho o poco, pero nunca ha
obstaculizado ni votado en contra de cualquier ayuda o indemnización
para los damnificados



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que quisieran acogerse a ella. Ustedes no nos prestan hoy el soporte
parlamentario aceptando nuestras enmiendas transaccionales. Están
ustedes obstaculizando que muchos miles de damnificados se
beneficien. Podrán criticar que sea mucho o poco, me parece correcto,
pero ustedes están obstaculizando estas ayudas, cosa que nunca ha
hecho el Grupo Parlamentario Popular.

Hay una segunda enmienda importante, señorías, en la que se autoriza
al delegado del Gobierno a firmar convenios de colaboración con las
asociaciones de damnificados. ¿Por qué? Porque las asociaciones son
las que mejor conocen la situación de los damnificados, las que
tienen más capacidad de gestión y las que están dispuestas a
colaborar con todos los damnificados de la comarca de La Ribera,
aunque no sean sus asociados. Y a esto, señora Urán, me refería yo al
hablar de despolitizar el tema. Despolitizarlo en este sentido, no
manipule usted mis palabras; yo no he hablado de despolitizarlo en
general.

En este trámite parlamentario ustedes están utilizando grandes
palabras, como justicia o igualdad. Comprendo su posición porque
estamos en campaña electoral y tienen que arañar votos como sea, pero
permítanme que les diga que su planteamiento hoy, el de unos grupos
más que el de otros, respecto a posiciones mantenidas en trámites
anteriores, cuanto menos, es un poco fariseo.

Señor Beviá, no sé qué interés tenían en que todos los damnificados
se hubieran equiparado, pues aquí se aprobó la toma en consideración
de una proposición de ley que defendió entonces el señor González
Lizondo, del Grupo Mixto, que luego no se debatió porque ya se
encargaron de retrasar la ponencia para que no se debatiera esa
proposición de ley. Nadie propuso en las enmiendas que se presentaron
ni en los reales decretos-leyes -que aprobaron sin tramitarse como
proyectos de ley, con lo cual no se pudieron introducir enmiendas
sino que fueron tal como quisieron aprobarlos- que los damnificados
que se acogieran al real decreto-ley, en caso de que hubiese una
sentencia más favorable, podrían acogerse a ella. En el artículo 1,
base quinta, del primer real decreto-ley y en el artículo 5 del
segundo decían taxativamente: Renunciarán a cualquier indemnización
posterior.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Pascual,
le ruego concluya.




El señor PASCUAL MONZÓ: Termino ya, señor presidente.




¿Por qué no dijeron: Los que se acojan a este real decreto-ley, en
caso de que haya una sentencia más favorable, podrán acogerse a la
sentencia? ¿Por qué no lo dijeron si tan buenos son y tanto se están
preocupando por los damnificados de La Ribera? Ustedes han estado
diciendo reiteradamente que perdían todo derecho a más, y ahora
vienen aquí como los grandes defensores y adalides de los
damnificados de la presa
de Tous, cuando las mismas asociaciones están dispuestas, señorías, a
aceptar las enmiendas que vamos a presentar, no aquí porque ustedes
no nos han dejado, pero sí lo vamos a hacer en el Senado, donde
tenemos mayoría absoluta, y lo vamos a arreglar.

Señor Beviá, no haber creado tantas clases de damnificados, no haber
creado tantos estatus de damnificados como han creado en los años en
que han estado gobernando; si tanto interés tenían en equiparar a
todos, haber introducido en los reales decretos-leyes, en vez de
renuncia a indemnizaciones, una cláusula que dijera: En caso de que
haya una sentencia más favorable para los damnificados, podrán
acogerse a ella.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Pascual,
le ruego concluya de forma inmediata.




El señor PASCUAL MONZÓ: Señor presidente, termino.




Entonces sí habría habido igualdad y no injusticia.

Por tanto, señor presidente, vamos a rechazar las enmiendas y
sentimos que hayan obstaculizado un primer paso -va a haber más,
señorías- en favor de los damnificados para que termine de una vez
por todas el caso Tous.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Pascual.




- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS, POR UN
IMPORTE TOTAL DE 30.435.217.623 PESETAS, PARA ATENDER INSUFICIENCIAS
DE CRÉDITO EN LOS EJERCICIOS 1997 Y 1998, POR LAS SUBVENCIONES QUE SE
EFECTÚAN PARA LA COBERTURA DE LAS DIFERENCIAS DE CAMBIO DE LAS
DIVISAS OBTENIDAS EN PRÉSTAMOS CONCEDIDOS A LAS SOCIEDADES
CONCESIONARIAS DE AUTOPISTAS DE PEAJE. (NÚmero de expediente 121/
000155.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Punto 49 del
orden del día: Proyecto de ley sobre concesión de créditos
extraordinarios para atender insuficiencias de crédito en los
ejercicios de 1997 y 1998, por las subvenciones que se efectúan para
la cobertura de las diferencias de cambios de las divisas obtenidas
en préstamos concedidos a las sociedades concesionarias de autopistas
de peaje.

A este proyecto de ley ha sido presentada una enmienda por parte del
Grupo Federal de Izquierda Unida, para cuya presentación tiene la
palabra el señor Ríos.




El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, voy a defender
las enmiendas que mi grupo parlamentario



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mantiene a un proyecto de ley sobre concesión de un crédito que
nosotros consideramos abusivo en la cuantía, aunque -lo que ahora
está de moda- legalmente ajustado. Es decir, la ley posibilita la
concesión de este crédito extraordinario.

Nosotros consideramos que este crédito de 30.000 millones de pesetas
a un sector económico hoy muy rentable, que es el de la gestión de
las autopistas, debería ajustarse a la realidad actual y no obedecer
a tiempos pretéritos. El propio Tribunal de Cuentas, cuando analizaba
las cuentas de dos de estas sociedades, hacía recomendaciones al
Gobierno para evitar injusticias que se podían estar cometiendo y
señalaba que la regulación para el acceso a estas subvenciones del
Banco de España -que se dan muy rápidamente- para compensar el valor
de los préstamos que estas sociedades conseguían en moneda extranjera
se había realizado en el año 1972, por la situación de inestabilidad
cambiaria que había en aquel momento. Como en el año 1972 no había
créditos en moneda española para estas entidades, se pedían préstamos
en dólares y, como la relación peseta/dólar era muy variable -el
dólar podía estar a 100, 120 ó 140 pesetas-, ese riego se compensaba
con esta medida. Pero estas sociedades, a lo largo de estos tres
últimos años, han recibido unas ayudas del Gobierno que les han
llenado las arcas de dinero y, por tanto, han solventado esa
inestabilidad que tenían. Por ejemplo, el Gobierno les ha prorrogado
las concesiones nada más y nada menos que a 75 años. Saben SS.SS. que
las autopistas se construían y, vía la concesión de la explotación
durante 40 ó 50 años, en el peaje incluían el costo de la obra, el
mantenimiento y el resarcimiento de lo que podríamos llamar costo de
la operación de inversión. Pues bien, agotada esa capacidad de
amortizar dinero se le ha añadido la prolongación de la concesión a
75 años. Es decir, a estas sociedades les hemos abierto un grifo de
beneficios durante 30 años, han recibido una oxigenación, una
capacidad de obtener recursos que no es normal. La segunda medida que
el Gobierno ha adoptado ha sido reducir el IVA al 7 por ciento (por
cierto, tenemos un conflicto con la Unión Europea precisamente por
esta reducción), que, aunque no se ha bajado el mismo porcentaje en
todas las tarifas, ha significado una reducción de las tarifas. ¿Qué
es lo que está pasando con estas sociedades? ¿Qué es lo que están
haciendo? Están haciendo truco. En lugar de tener préstamos en
monedas estables, lo que les impediría recibir estas subvenciones del
Banco de España, han refinanciado su deuda en monedas inestables, en
yenes o en francos suizos, con lo que esa diferencia cambiaria es
compensada por el Banco de España. Es decir, en román paladino, han
abierto sus arcas para que el Estado les meta 30.000 millones de
pesetas en sus bolsillos y haga frente a sus gastos financieros,
cuando deberían ser acometidos por ellas, que no son precisamente
unas pobrecitas. En intervenciones anteriores hemos oído que
estábamos en campaña electoral. Pues bien, aquí alguien recibe y
alguien paga.

¿Estaba previsto presupuestariamente? También choca que el Gobierno
tenga una previsión presupuestaria en 1997 de 17.000 millones de
pesetas en esta partida y para hacer frente a algunos créditos
extraordinarios a lo largo del año haya reducido 8.000 millones de
pesetas y ahora le inyecte 30.000 millones. ¿En qué quedamos? En
medio del año sacamos 8.000 millones y ahora metemos 30.000 millones
de pesetas. Esta relación que hay con las concesionarias de
autopistas es lo menos sólido que podemos encontrar, es como más
fluyente en las valoraciones que tenemos de un mes a otro mes. No
entiendo cómo puede producirse esta actuación. ¿Qué pretenden
nuestras enmiendas a este proyecto? Por ley estamos obligados, pero
nuestras enmiendas pretenden simplemente que las recomendaciones del
Tribunal de Cuentas se cumplan. Se me puede decir que no es el sitio
mejor un crédito extraordinario. Permítanme SS.SS. que les diga que
cuando se nos presenta un proyecto como éste es cuando nos damos
cuenta de que la previsión del Gobierno al hacer el presupuesto ha
sido trucada. El Gobierno nos dijo que para el ejercicio 1998 iba a
haber 11.000 millones de pesetas para esta partida, pero resulta que
se han equivocado, al cabo de tres meses han sacado la cuenta y les
faltan 30.000 millones de pesetas. Es una equivocación grande. No les
estoy hablando del año 1999 sino de 1998, y para el año 1997 fueron
17.000 millones; esta es la suma de los dos años. ¿Hay que pagarlo?
Evidentemente. El Banco de España ya lo ha anticipado. ¡Hay que ver
la rapidez con que esto se cobra! Antes hemos visto otro crédito
extraordinario en el que habían esperado 15 ó 20 años para poder
cobrar. Estas entidades lo tienen asegurado, tienen facilidad para
recibir el dinero; otros, no tanto. Nuestras enmiendas pretenden
también introducir en este crédito extraordinario una salvaguarda que
intente garantizar -y lo dice el Tribunal de Cuentas- que las
empresas no hagan trucos para hacer pagar al Estado lo que les
corresponde a ellas en sus gastos financieros. Nuestras enmiendas,
por tanto, pretenden añadir que las garantías o seguros de cambio en
los préstamos concertados con el exterior en moneda extranjera no se
asuman en las operaciones de endeudamiento, incluida la
refinanciación, que se hayan realizado con posterioridad al
vencimiento del período máximo de financiación establecido. Esta era
una de las garantías de las que hablaba el Tribunal de Cuentas. ¿Para
cuándo dijo esto el Tribunal de Cuentas y por qué viene en este
crédito extraordinario? Se me puede decir que nuestro grupo podía
haber modificado la regulación legal. Yo acepto que lo podíamos haber
hecho, pero estas recomendaciones están hechas para las cuentas del
año 1995 y el crédito extraordinario es para 1997 y 1998. El Gobierno
ha tenido dos años para cumplir estas recomendaciones del Tribunal de
Cuentas; como no las ha podido realizar yo las traigo aquí.

Fíjense en lo que les digo. No se asuste nadie. El objetivo que
persigo es razonable: que el Estado se ahorre dinero, no pague a
estas empresas los 30.000



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millones o pague lo que sea ajustado y el dinero lo destine a otras
cosas. Nosotros queremos que la presupuestación sea lo más ajustada,
que la valoración del Gobierno sobre lo que le va a costar estas
actuaciones vengan más medidas en el tiempo. Pedimos que los decretos
que regulan estas inversiones, estas actuaciones, estos gastos sean
adecuados y se puedan cumplir, porque estas empresas se están
saltando, según dice el Tribunal de Cuentas, un decreto del año 1973
y otro del año 1975. El objetivo que persigue mi grupo es que unas
empresas que obtienen grandes beneficios, unas empresas que han sido
beneficiadas por las medidas del Gobierno no camuflen gastos
financieros al propio Estado. Si mis enmiendas tuviera la mala suerte
de no ser aceptadas, si no he tenido la suficiente habilidad para
convencer a SS.SS. de la bondad de esta propuesta y de mi buena
relación con el Tribunal de Cuentas para hacer claros y transparentes
los gastos del Estado, si esto sucediera -espero que no sea así-, ya
les anuncio que intentaremos evitar que suceda otros años vía
modificación de todo el cuerpo legal. Espero que el Gobierno o el
grupo que lo soporta, que es el que más presencia tiene en la Cámara,
tome nota aunque sea con lápiz de escribir a grandes trazos y diga:
Gobierno, modifica la legislación porque te puedes ahorrar 20.000
millones de estas empresas, que no son pobres, que son unas empresas
poderosas.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos. ¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición?
(Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el
señor Martínez Sanjuán.




El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Ríos, por nuestra parte no quedará el que no sean aprobadas sus
enmiendas pues las vamos a apoyar. El problema no está en nosotros,
va a estar en frente.

Quiero fijar la posición de nuestro grupo en relación a este proyecto
de ley y a las enmiendas que quedan vivas del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida casi repitiendo la intervención que tuve en el Pleno
y en la Comisión. Como dijimos en el debate de totalidad, este
proyecto de ley de concesión de un crédito extraordinario de 30.400
millones de pesetas nos parece legal, como no podía ser de otra
forma, pero inmoral; legal pero injusto. Estamos hablando de un
proyecto de ley que viene precedido de un cuerpo legislativo del año
1972 cuyas consecuencias son absolutamente legales pero que nos
parece inmoral y poco ético. Estamos hablando de la concesión de unas
autopistas a unas empresas para que hicieran unas inversiones y las
explotaran a la luz de la legislación del año 1972. Veintisiete años
después, uno tiene la sensación de que las reglas del juego que se
establecieron en aquel momento tienen poco que ver con la ética y con
la equidad. Las concesionarias de las autopistas prácticamente eran
grupos financieros, grupos inversores importantes que al socaire de
unas relaciones de poder existentes en su día consiguieron unas
reglas de juego muy beneficiosas en este caso, como se puede
comprobar, para las concesionarias de autopistas. Estas empresas que
hicieron las autopistas y que las están explotando desde su inicio
están relacionadas, como decía antes, con grandes grupos financieros
y grandes familia de este país. Ganaron cuando se les otorgó la
concesión, ganaron cuando las empresas crediticias les concedían los
créditos para hacer las obras -eran ellos mismos-, ganaron cuando
pedían los créditos, ganaron cuando se les daban las ayudas para
hacer las inversiones y siguen ganando veintiséis años después cuando
el Gobierno, es decir todos los españoles, les estamos dando, año sí
y año también, miles de millones de pesetas para arreglar una
situación financiera que ellos mismos crearon como consecuencia de
pedir unos créditos a tipos de interés más baratos pero con un ritmo
y una volatilidad, en función de la divisa a que los pedían,
verdaderamente altos.

Recuerdo que hace ya algunos años, cuando tomó posesión el Gobierno
socialista, alguien me dio una información que me puso los pelos de
punta. En el Ministerio de Obras Públicas entonces, ahora de Fomento,
para pagar las concesiones o los créditos de las autopistas en moneda
extranjera se presupuestaba una cantidad mayor que la que el conjunto
del Estado dedicaba cada año para hacer sus propias carreteras. Esto
me pareció un escándalo y pensaba que se acabaría, pero en muy poco
tiempo se ha visto que estas cantidades siguen aumentando y lo peor
de todo es que el Gobierno no sabe nunca muy bien qué es lo que tiene
que presupuestar, o si lo sabe no lo pone en los presupuestos, porque
como coincide con la ejecución de una ley del año 1972 piensa que
nadie va a decir que no se opone a esta concesión de créditos, con lo
cual estamos dando en los presupuestos y en los créditos
extraordinarios miles de millones para estas autopistas.

Me parece injusto y en cierto modo inmoral porque si se aprueba este
proyecto de ley estamos dando más de 30.000 millones de pesetas a las
concesionarias de autopistas que están ganando miles de millones de
pesetas; que están realizando grandes inversiones no en este país,
sino fuera; que a su vez no están ejecutando las obras de reposición
que necesitan las autopistas por las que viajan montones de españoles
que pagan el peaje y seguirán pagando a través de sus impuestos el
dinero que les estamos dando con este crédito extraordinario. No se
cumple el equilibrio financiero. Les voy a dar un ejemplo para que
vean cómo estas concesionarias de autopistas tienen poco, más bien
nada, de carácter social. A la autopista vascoaragonesa, la autopista
que va de Bilbao a Zaragoza, se le ha dado en los últimos años por la
concesión de estos créditos en moneda extranjera más de 75.000
millones de pesetas. Ahora que el Estado, ahora que el Ministerio de
Fomento necesita liberalizar una parte de la autopista para que
puedan transitar sobre todo los camiones o los



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vehículos pesados como consecuencia de una obra que se va a realizar
en la circunvalación de Logroño, después de haberles dado 75.000
millones de pesetas en los últimos años, en vez de permitir el paso
gratuito de estos grandes vehículos cobra a la comunidad autónoma
y al Estado una especie de canon de casi 100 millones de pesetas.

Señor presidente, creemos que no hay reciprocidad entre las
decisiones que toma el Gobierno y que quiere que apoye este
Parlamento en relación a las concesión de autopistas y lo que las
autopistas están dando. Por eso apoyaremos las enmiendas del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida y no el proyecto de ley que ha
presentado el Gobierno, a pesar de que en el trámite de enmiendas nos
proponen gastar 4.000 millones de pesetas menos que lo previsto
inicialmente.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Martínez Sanjuán.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor
Sanz Palacio.




El señor SANZ PALACIO: Gracias, señor presidente.

Señor Ríos, lamento profundamente no escuchar un solo argumento
añadido a los que ya ha expresado usted en el debate de totalidad en
el Pleno y en el debate en Comisión. En aras de la brevedad, me
remito a lo que ya hemos manifestado tanto en el debate de totalidad
aquí en el Pleno como en el debate en Comisión para no ser
repetitivo. Sigue usted planteando una serie de temas que no son
objeto del crédito extraordinario y le sigo invitando a presentar
otro tipo de iniciativas en esta Cámara para dialogar sobre ellas.

Allí nos encontrará para poder discutir.

Nuestro grupo va a votar favorablemente el dictamen de la Comisión
sobre este proyecto de ley porque estamos ante el cumplimiento de una
obligación legal tal y como han reconocido todos los grupos. Repito
que esta ley no la hizo el Gobierno pero todos la hemos de observar,
y las enmiendas del Grupo Popular incorporadas al dictamen lo fueron
para dar cumplimiento al artículo 64 de la Ley General Presupuestaria
y para introducir las cantidades definitivas, cantidades conocidas
con posterioridad a la preparación del proyecto de ley, motivo por el
que se modifican los importes iniciales del proyecto mediante
enmiendas.

En cuanto a las enmiendas de adición números 5 y 6 que el Grupo
Federal de Izquierda Unida ha mantenido en el Pleno, referidas a que
el Estado no asuma los beneficios y obligaciones en relación con las
operaciones de endeudamiento que se realicen con posterioridad al
vencimiento del período máximo de financiación establecido para cada
concesión y su fecha de aplicación, le recuerdo, señor Ríos, que los
créditos extraordinarios se tramitan como proyectos de ley y se trata
de leyes presupuestarias singulares con unos requisitos
procedimentales que marca la Ley General Presupuestaria. Por eso el
objeto de la enmienda propuesta es de
carácter sustantivo y no lo consideramos el trámite adecuado para
ello.

En cuanto a la enmienda número 7, también de adición, para compensar
a los municipios afectados por las exenciones en los tributos locales
que disfrutan las entidades concesionarias de autopistas, se trata,
como S.S. sabe bien, de una previsión legal recogida en la
disposición adicional vigésimo tercera de la Ley 49/1998, de 30 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para este año 1999,
relativa al estudio de la compensación a los ayuntamientos por la
bonificación estatal del artículo 12 de la Ley 8/1972, del 10 de
mayo. En cualquier caso, tampoco sería este proyecto de ley el camino
adecuado para recoger tal disposición por ser su objetivo la
concesión de un crédito extraordinario.




Por tanto, nosotros vamos a votar en contra de las enmiendas de
Izquierda Unida de acuerdo con lo expuesto en la Comisión y de
acuerdo con lo expuesto en el debate de totalidad en el Pleno.

Apreciamos el informe del Tribunal de Cuentas, apreciamos también
algunas de las opiniones vertidas por el señor Ríos y lo tendremos en
cuenta para otras iniciativas en el seno de otra Cámara. Quiero
insistir y recordar una vez más que la ley no la hicimos nosotros, y
otros que en esta Cámara se rasgan las vestiduras y hablan de
inmoralidades y de injusticias tuvieron tiempo para cambiarla; si no
lo hicieron es su responsabilidad. Nosotros estamos abiertos al
diálogo y, si se plantean reformas previstas y que sean adecuadas,
las podremos discutir para llegar a acuerdos en esta Cámara.

Nada más. Muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Sanz.




- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO, POR
IMPORTE DE 16.870.101.469 PESETAS, PARA HACER EFECTIVO EL PAGO A LAS
EMPRESAS COLABORADORAS DE ASISTENCIA SANITARIA DE LA COMPENSACIÓN
ECONÓMICA ESTABLECIDA EN LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY
66/1997, DE 30 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y
DEL ORDEN SOCIAL PARA 1998. (Número de expediente 121/000157.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos al
punto 50 del orden del día: Dictamen de la Comisión del proyecto de
ley sobre concesión de un crédito extraordinario para hacer efectivo
el pago a las empresas colaboradoras de asistencia sanitaria de la
compensación económica establecida en la disposición transitoria
sexta de la Ley 66, de 30 de diciembre de 1997, de medidas fiscales,
administrativas y de orden social para 1998. A este dictamen ha sido
presentada una enmienda del Grupo Parlamentario



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Socialista, para cuya presentación y defensa tiene la palabra la
señora Pozuelo.




La señora POZUELO MEÑO: Gracias, señor presidente.




Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista mantiene para su defensa
en este Pleno cuatro enmiendas de supresión a cada uno de los
artículos y a la exposición de motivos de este proyecto de ley de
concesión de un crédito extraordinario, por el que el Gobierno va a
conceder cerca de 17.000 millones de pesetas a treinta y seis
empresas colaboradoras que han prestado asistencia sanitaria a un
colectivo de 219.000 trabajadores durante el pasado año 1998. Con
estas enmiendas de supresión queremos poner de manifiesto que este
proyecto de ley es contrario a la Ley General de Sanidad de 1986, que
en su título I dice: La asistencia sanitaria pública se extenderá a
toda la población española; el acceso y las prestaciones sanitarias
se realizarán en condiciones de igualdad y de efectividad. Y en su
título III dice: El Sistema Nacional de Salud integra todas las
funciones y prestaciones sanitarias que, de acuerdo con lo previsto
en la presente ley, son responsabilidad de los poderes públicos para
el debido cumplimiento del derecho de protección a la salud.

Señorías, cito literalmente estos dos artículos de la ley para dejar
en evidencia las acciones del Gobierno y de su ministro de Sanidad
que, una tras otra, están vulnerando los principios básicos de esta
ley y que no pueden quedar ocultas tras la palabrería del discurso a
que nos tienen acostumbrados. No es legítimo presentarse como el
principal defensor del Sistema Nacional de Salud cuando continuamente
las decisiones que toma el Gobierno y las iniciativas que trae a esta
Cámara están socavando el sistema público. Y como este Gobierno tiene
un afán especial en reinventar el mundo no está mal recordar cuál es
la realidad de la que venimos, al menos para retener un poco la
memoria histórica.

La Ley de Presupuestos de 1989 estableció por primera vez que la
financiación del Sistema Nacional de Salud debía hacerse
preferentemente a través de ingresos tributarios del Estado. A partir
de ahí, los acuerdos con las comunidades autónomas de financiación
del año 1994 y recientemente del año 1998 confirmaron este principio.

Igualmente, los acuerdos del Pacto de Toledo establecieron que las
prestaciones no contributivas y de servicio universal -y ello es la
sanidad- deben ser financiadas a través de las aportaciones del
Estado. Es en los presupuestos de este año de 1999 cuando el Sistema
Nacional de Salud se financia íntegramente por estos ingresos
tributarios, pero el único objetivo de este proyecto de ley es
favorecer el aseguramiento privado, financiado, eso sí, con fondos
públicos, y ello a costa de mantener un sistema obsoleto y arcaico,
basado en la consideración de la asistencia sanitaria como una
prestación de seguro social y no como una prestación universal.

Mantenemos nuestras enmiendas porque estamos en contra de este
proyecto en su conjunto, que consideramos es un paso más en la firme
decisión del Gobierno de desmontar el actual Sistema Nacional de
Salud, universal, igual y equitativo para todos, e implantar un
modelo dual, fragmentario, de estratificación social que obedece a
dos principios que el ministro ya ha expuesto en esta Cámara en
alguna ocasión: que no se debe seguir manteniendo el monopolio
estatal del Estado y que hay que liberalizar el sector, es decir, hay
que privatizarlo; o que un sistema público es aquel que se financia
con fondos públicos, independientemente de quién preste el servicio y
de cómo se preste. Es la coartada perfecta para seguir llamando
público a un sistema de aseguramiento privado y, a su vez, permitir
su financiación con fondos públicos.

Además, este proyecto de ley no es un hecho aislado. Se une a las
otras medidas tomadas anteriormente por el Gobierno, todas ellas en
la misma dirección: la Ley de fundaciones públicas o la Ley del IRPF,
que concede sustanciosos beneficios fiscales a las empresas que
contratan seguros privados de enfermedad. Se han establecido en esta
nueva ley dos fórmulas. Por una parte, la contratación de seguros
médicos privados se considera un gasto deducible por estas empresas,
que podrán desgravar hasta un 35 por ciento en el Impuesto de
Sociedades. Por otra parte, de manera complementaria, deja de
considerarse una retribución en especie la contratación de un seguro
privado por parte de la empresa a sus trabajadores, lo que implica
una menor tributación en las rentas altas. Este sistema está sin duda
copiado del americano, en el que la cobertura sanitaria se obtiene a
través de las empresas y en el que la asistencia sanitaria está
vinculada al contrato de trabajo; las pólizas lógicamente serán
diferentes para los directivos y para el resto de los trabajadores.

¿Creen ustedes realmente que esto es una defensa del sistema público,
igual y equitativo para todos, o es realmente lo que parece, el
fomento del aseguramiento privado, dirigido en oferta especial a los
profesionales de alto y medio nivel para que sirva como banderín de
enganche, como modelo a elegir para el resto de la población? Por eso
insistimos en denunciar que el Gobierno está realizando una
contrarreforma sanitaria, que el sistema que está implantando es
aquel que considera la salud como un bien individual al que se accede
según la situación o capacidad económica, laboral o social. Esto
significa acabar con el sistema público, basado en los principios de
equidad, igualdad y universalidad, que tan altamente valoran todos
los ciudadanos. Precisamente por esta razón se está implantando de
manera callada y ocultándolo a la opinión pública. Este proyecto que
hoy debatimos es, además, un modelo más caro, menos eficaz y menos
igualitario. Es más caro porque subvencionar empresas privadas para
la prestación de servicios sanitarios a una parte de la población
aumenta los costes generales que habría si esta población estuviera
en el sistema general de prestaciones. Este modelo cuesta dos puntos
más del PIB, lo que en España



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sería un billón 200.000 millones de pesetas más de gasto sanitario.

Es más caro porque estas empresas sólo se hacen cargo de los
trabajadores cuando están en activo y no cuando se produce su
jubilación, cuando es más cara la asistencia sanitaria.

En nuestra segunda enmienda proponemos la supresión del artículo 1
porque se ha hecho un cálculo arbitrario. Se está planteando una
sobrefinanciación a las empresas colaboradoras. La metodología
seguida para este cálculo en el proyecto equipara básicamente el
gasto medio sanitario de estos 219.000 trabajadores, que prestan sus
servicios en grandes empresas, con el gasto medio de la población
cubierta por el Sistema Nacional de Salud, cuando el riesgo de
aquellos es sensiblemente inferior al de la población en general. En
la tramitación del proyecto nadie ha explicado por qué el coeficiente
reductor, consecuencia de prestar asistencia sanitaria sólo a estos
activos, no es el adecuado. El Gobierno aplica el coeficiente del
0,82 sin explicar cuál es el modelo de cálculo empleado. Un cálculo
más razonable -ya lo hemos expuesto con anterioridad- sería el 0,65,
pues las personas jubiladas generan un gasto superior en tres o
cuatro veces a la media de la población. Este coeficiente reductor
sólo normaliza la edad de la población ocupada, por lo que
probablemente debía ser mayor. De esta manera, la estimación
económica que hacemos sería que la compensación a estas empresas
colaboradoras debía ser 13.143 millones en lugar de los 16.870 que se
nos proponen en este crédito extraordinario, es decir, 3.727 millones
de pesetas más que se les conceden gratuitamente. Es un sistema menos
eficaz porque la cobertura que se está prestando se entiende como
complementaria por los ciudadanos, y es menos igualitario porque es
un sistema regresivo en el que los trabajadores no pueden tomar la
decisión de elegir quién les va a prestar la cobertura sanitaria, si
el Sistema Nacional de Salud o estas empresas colaboradoras. La
decisión la tienen los consejos de administración de las empresas en
las que trabajan.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Pozuelo,
le ruego concluyo.




La señora POZUELO MEÑO: Concluyo rápidamente, señor presidente.

Señorías, la Ley General de Sanidad prevé la integración de todos los
sistemas de protección dentro de un único sistema público sanitario,
eliminando las diferencias de cobertura entre distintos colectivos.

El Grupo Parlamentario Socialista cree que este hubiera sido el
momento adecuado para cumplir definitivamente las previsiones de
aseguramiento único y universal. Se debían haber unificado los
diferentes sistemas de cobertura para garantizar a los ciudadanos su
incorporación a un sistema único. Por otra parte, no entendemos,
y nadie lo ha explicado en toda la tramitación del proyecto, por qué el
Gobierno ha anticipado al año 1998 la fórmula de deducción de
cotizaciones que se aplicaba a estas empresas por el método de
compensación
económica que hoy nos plantean. Tampoco sabemos, porque nadie lo
ha explicado tampoco, qué van a hacer en el año 1999. Los
presupuestos de este año no tienen cobertura para financiar a estas
empresas colaboradoras. ¿Van a volver a traernos dentro de pocos
meses un proyecto de ley semejante al que estamos debatiendo?
Señor presidente, señorías, termino diciendo que el Grupo
Parlamentario Socialista va a votar en contra de este proyecto de ley
porque consideramos que es arbitrario, que va en contra de la
consolidación del Sistema Nacional de Salud como un sistema
universal, igual y equitativo para todos, y solicitamos a los grupos
el voto favorable a las enmiendas de supresión que hemos presentado.




Muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Pozuelo.

Grupos que desean fijar su posición. (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida tiene la
palabra la señora Maestro.




La señora MAESTRO MARTÍN: Gracias, señor presidente.




El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a votar en
contra de la concesión de un crédito extraordinario de 16.000
millones de pesetas a empresas que colaboran en la prestación de la
asistencia sanitaria. Es verdad que la posibilidad de que las
empresas presten atención sanitaria directamente a sus trabajadores
es un planteamiento que viene de lejos. Se plantea por primera vez en
la Ley General de la Seguridad Social en 1966, y se traslada a las
sucesivas leyes de Seguridad Social de 1974 y de 1994.

Nuestro grupo parlamentario ha planteado en reiteradas ocasiones,
tanto con este Gobierno como con gobiernos anteriores, que el sistema
sanitario integrado público y único entraba claramente en
contradicción con la posibilidad del mantenimiento de la prestación
de la asistencia sanitaria a través de empresas colaboradoras. Esta
fragmentación del sistema sanitario, además, constituía un ejemplo
paradigmático de lo que es la parasitación de lo público por parte de
lo privado en materia de asistencia sanitaria. Por tanto, la
acusación de ineficiencia, de burocratización, de despilfarro que se
hacía al sistema público venía siendo agravado además por el hecho de
que las empresas privadas que se hacen cargo de la asistencia
sanitaria se hacen cargo además de los elementos, de los procesos y
de la población que menos recursos sanitarios detrae. Estamos ante
una reiterada perversión de lo que es el planteamiento de la equidad
y la solidaridad en el sistema sanitario.

Es evidente que a la hora de aplicar criterios de mercado a la
sanidad hay un hecho tozudo que denuncia a quienes se están
planteando obtener recursos económicos, beneficios privados, a través
de la asistencia sanitaria.El 5 por ciento de la población de mayor
edad,



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enfermos crónicos, minusválidos y pobres en general, consumen el 50
por ciento de los recursos sanitarios. Toda empresa que prescinda de
la atención sanitaria a estos colectivos tiene garantizado el negocio
de la salud y, por supuesto, la sobrecarga económica del sistema
sanitario público. Estamos ante una demostración palpable de cómo
empresas privadas acceden a la financiación pública para prestar
atención sanitaria a un colectivo privilegiado, a un colectivo
básicamente sano como el que comprende a los trabajadores en activo
y a sus familias, detrayendo fondos públicos de la financiación de la
sanidad y, en consecuencia, gravando económicamente la prestación
sanitaria pública al conjunto de la población. Evidentemente, esta es
una más de las formas; quizás la contrarreforma de la sanidad del PP
se caracteriza básicamente por la multiplicidad de formas de
financiación pública de empresas privadas que se está poniendo en
marcha. Esto, junto con la reforma del IRPF, es un ejemplo de la
introducción del modelo más regresivo, del modelo más caro de
asistencia sanitaria que existe en el mundo, como es el modelo de
asistencia sanitaria de Estados Unidos, modelo denunciado incluso por
los empresarios privados de las empresas productivas, que han
denunciado la sobrecarga de costes que supone este modelo sanitario,
que no solamente deja a más de 40 millones de personas sin ningún
tipo de asistencia sanitaria sino que, como es bien conocido por los
expertos en el tema, es un sistema que permite que en ese país mueran
cien mil personas al año por no tener posibilidades de pagar al
médico o los medicamentos. Esta cifra global es exactamente el triple
de la mortalidad por una enfermedad de la que se habla como epidemia
moderna, el sida, es decir, que por no tener posibilidad alguna de
acceder al sistema sanitario, muere el triple de personas que por
sida en Estados Unidos.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Maestro,
le ruego concluya.




La señora MAESTRO MARTÍN: Sí, termino, señor presidente.

Por tanto, mi grupo parlamentario, en coherencia con la posición
mantenida tanto frente al proyecto del Gobierno del PP como cuando
desde el Gobierno socialista se planteaban medidas semejantes, va a
votar en contra del proyecto que nos presenta el Gobierno.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Maestro.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Echániz.




El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a rechazar las enmiendas
que presentó el Partido Socialista y que ha mantenido vivas para el
Pleno a este proyecto de ley de crédito extraordinario para compensar
a las empresas colaboradoras en la gestión de la asistencia
sanitaria de las contingencias comunes como consecuencia de la
disposición transitoria sexta de la Ley de acompañamiento para 1998,
compensación que surge con motivo de la desaparición de los
coeficientes reductores en las cotizaciones de estas empresas como
consecuencia de la separación de fuentes de financiación de la
Seguridad Social y, por tanto, del cumplimiento de una de las
resoluciones del Pacto de Toledo y como resultado también de los
servicios prestados por estas empresas a lo largo de 1998. No
significa, por tanto, ningún cambio en la naturaleza de la prestación
ni en la financiación mediante recursos públicos, sino sencillamente
un cambio en el origen, un cambio en la forma de financiación en la
medida en que de la redacción de la disposición transitoria no se
podía desprender el importe final de estas compensaciones.

Asistimos, señorías, desde hace dos meses, a un virulento ataque del
Partido Socialista a este régimen de colaboración. Es curioso que
después de defender este sistema durante 14 años ahora lo denosten y
lo persigan. Es curioso, pero los bandazos y las incongruencias a que
nos tienen acostumbrados en los últimos tiempos empiezan a no
sorprendernos nada. (Protestas.) Quizás nos quieran argumentar que se
les pasó por alto o que no cayeron entonces en lo malo que era el
sistema o en que se han enterado de su existencia ahora por los
periódicos -ya recuerdan-, pero eso no es creíble, señorías. Ustedes
mantuvieron estas empresas en la Comisión de reforma de la Seguridad
Social de 1985, como consecuencia del Acuerdo Económico y Social de
1984. Ustedes mantuvieron estas empresas cuando firmaron el Pacto de
Toledo. Ustedes mantuvieron estas empresas cuando aprobaron el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social en 1994 y en su
artículo 77 regularon las condiciones de colaboración y las
facultades para la autorización de estas empresas. En definitiva,
ustedes mantuvieron estas empresas cuando aprobaron la Ley General de
Sanidad de 1996. ¿Me puede explicar, se dignará a explicarnos alguna
vez, señora Pozuelo, por qué este sistema les ha gustado durante 14
años y ahora luchan por eliminarlo? Esta es la tercera ocasión que
tienen ustedes en esta Cámara y aún no hemos obtenido ninguna
respuesta. Supongo, claro, que ni ustedes la tienen. Esto ya no es un
ejercicio de cintura política, esto es un ejercicio de incongruencia,
de demagogia, de efecto zigzag como se han visto pocos en los últimos
tiempos, o quizás es un reflejo del efecto retardado después de 14
años. Lo único que les honra, señora Pozuelo, es que hayan hecho
público ese arrepentimiento en esta tribuna, y es bueno que digan que
se arrepienten ahora de un sistema que es el suyo y que no es el
nuestro. Es bueno que se sepa que ustedes mantuvieron, según sus
propias palabras, con este sistema de colaboración, el sistema
sanitario privatizado y fraccionado,porque frente a los coeficientes
reductores



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automáticos en las cotizaciones, que son mucho más opacos, que son
mucho más difíciles de controlar, ahora se han establecido sistemas
de información, se han ponderado hasta dos factores para homogeneizar
los costes y se está además utilizando un punto de partida que es
objetivo, que es la cuota de asistencia médico-farmacéutica por
enfermedad común y accidente no laboral, que corresponde satisfacer a
los colectivos ajenos al Sistema Nacional de Salud público en la
Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 26 de enero de
1998 donde se establecen las normas de cotización a la Seguridad
Social. Porque esta compensación, señorías, se establece en términos
capitativos, en función del número de trabajadores de la empresa, y
el importe final ha de ser, en cualquier caso, inferior al coste real
de los servicios prestados por el Insalud y, por tanto, no va a
costar ni una sola peseta más de lo que costarían estos trabajadores
en el Sistema Nacional de Salud. Porque este crédito, además, es
inferior a lo presupuestado hace tres años y muy inferior, señorías,
a lo presupuestado por ustedes hace cinco años, porque según los
criterios anteriores -los suyos, tengo que decir-, el criterio
necesario hubiera sido superior en 4.000 millones. Esa es la
diferencia entre ustedes y nosotros, 4.000 millones de pesetas.

Su grado de desconcierto es de tal magnitud que afirman que según sus
coeficientes reductores el crédito debería ser de 13.143 millones y a
la vez plantean en esta Cámara una iniciativa donde dicen que debe
ser de 17.882; casi 5.000 millones más. Por tanto, creo que tienen
que empezar por aprender a hacer las cuentas bien, porque así no van
a llegar a ninguna parte y no se puede jugar de esta manera con el
dinero de los españoles. (Protestas.)
Permítame que le diga también -porque lo esgrimió usted en su
intervención anterior en esta tribuna y porque creo que todavía no se
han enterado- que las desgravaciones fiscales del 35 por ciento no lo
son en la nueva Ley del IRPF, que las desgravaciones del 35 por
ciento lo son en la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades, que es
otra ley distinta y que además hicieron ustedes.

Señorías, la política sanitaria del Grupo Parlamentario Socialista de
los últimos tres años ha consistido en acabar con Muface, en acabar
con las colaboradoras, en acabar con la fundaciones públicas
sanitarias, en acabar con el tratamiento fiscal a los seguros
sanitarios, en acabar con Alcira, con Alcorcón, con Manacor, pero
todavía no han dado ustedes una sola idea positiva, hasta se fueron
de la subcomisión para la modernización y la consolidación del
Sistema Nacional de Salud porque no tenían ni una sola idea que
aportar para mejorar el sistema. Ha repetido usted, señora Pozuelo,
el mismo discurso...




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Echániz,
le ruego vaya concluyendo.

El señor ECHÁNIZ SALGADO: Voy terminando, señor presidente.

Señores del Grupo Parlamentario Socialista, llevamos preguntándoles
cuál es su modelo para la sanidad del futuro desde hace varios años,
y todavía no nos han contestado. Lo que sí sabemos es que el que
tenían antes no funcionaba, que no pueden dar muchas lecciones de lo
que hicieron a través de su mala gestión y que dejaron todos los
problemas sin resolver: los mestos, las listas de espera, las
transferencias, las colaboradoras, la financiación, la gestión, la
salud pública, el gasto farmacéutico, la universalización, la libre
elección, la autonomía de los centros sanitarios, los concursos de
traslado de estos días o los propios interinos; todo sin hacer.

Además ahora, señorías, se han bajado ustedes del carro de la
modernidad y continúan con un discurso vacío y que huele a naftalina
(Rumores.) Lo obsoleto y arcaico, señorías, no es este sistema, lo
obsoleto, lo anacrónico, lo decimonónico, lo jurásico, si me
permiten, son sus ideas y sus planteamientos políticos en sanidad.

(Rumores.-Protestas.-Aplausos.)



Mientras tanto, señorías, nosotros hemos hecho muchas cosas
(Rumores.), hemos hecho muchas reformas de forma decidida, de forma
transparente y aún haremos muchas más si los españoles siguen
refrendando nuestra buena gestión, y también con las empresas
colaboradoras que necesitan un replanteamiento general. Y lo vamos a
hacer, no les quepa duda, pero sin incrementar de golpe la presión
sobre el Sistema Nacional de Salud, sin que desaparezca el tejido
sanitario y hospitalario sobre el que se asienta en este momento la
prestación de servicio de estos grupos e intentando mantener el alto
grado de satisfacción que manifiestan los trabajadores, sus
sindicatos y las empresas con este servicio. (Protestas.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Echániz,
le ruego concluya. (Rumores.)



Señorías, les ruego que guarden silencio.




El señor ECHÁNIZ SALGADO: Acabo, señor presidente.




Por último, señorías, decía que llevan ustedes tres años
desgañitándose en afirmar que hemos privatizado la sanidad, y pueden
ustedes seguir haciéndolo porque ya nadie les va a hacer caso en este
país. (Rumores.) Los ciudadanos, señorías, no son tontos como ustedes
creen y los españoles se han dado cuenta de que desde que gobierna el
Partido Popular hay mejor gestión, hay más eficiencia, hay más
financiación, hay más hospitales, hay más centros de salud, hay menos
listas de espera, hay más intervenciones quirúrgicas, hay más
consultas y hay más calidad en la sanidad pública española.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.- Risas.-Protestas.)



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El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Echániz. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)



- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL



El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de pasar a las votaciones de los
dictámenes que han sido debatidos, querría someter a la aprobación
del Pleno la siguiente declaración institucional sobre el 50
aniversario del Consejo de Europa.

El Congreso de los Diputados felicita al Consejo de Europa al
cumplirse el 50 aniversario de la Organización. Creado el 5 de mayo
de 1949, el Consejo de Europa nació con la vocación de favorecer el
acercamiento y la cooperación entre los pueblos y las naciones de
Europa. El Congreso de los Diputados desea subrayar la labor que el
Consejo de Europa ha venido realizando durante estas cinco décadas en
favor del respeto y la salvaguarda permanente de los derechos y
libertades fundamentales de la persona humana y de la protección de
las minorías, así como su lucha contra toda forma de racismos,
xenofobia o discriminación étnica o religiosa y su enérgico
compromiso en favor de la igualdad de los casi 800 millones de
ciudadanos de los 41 Estados que forman parte en la actualidad de la
Organización.

A lo largo de estas cinco décadas, el Consejo de Europa ha sido un
gran productor de normas jurídicas, labor que se ha materializado en
la elaboración de más de 170 convenios, acuerdos o protocolos sobre
las materias más variadas, desde el Convenio de Roma de 1950 para la
protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales,
que constituye su texto más relevante, hasta los acuerdos sobre
materias concretas, de manera que ningún sector importante de la vida
social haya quedado al margen de esos ambiciosos proyectos de
armonización jurídica supranacional. El Consejo se ha convertido,
asimismo, en un gran foro de debate y enjuiciamiento político entre
los Estados miembros que no ha dejado nunca de defender la causa de
la democracia y la libertad en Europa.

El Congreso de los Diputados quiere aprovechar la ocasión para rendir
un especial homenaje al trabajo realizado por la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa, creada también en 1949, primera
Asamblea internacional de la historia que fue capaz de conferir por
primera vez una dimensión parlamentaria a las relaciones
internacionales.

Por último, el Consejo ha sido centro impulsor y promotor de estudios
propiamente científicos sobre cuantas materias afectan al bienestar y
a las condiciones materiales y ambientales de vida de los individuos
y de las sociedades europeas. El Congreso de los Diputados formula
sus mejores votos para que el Consejo de Europa y, en particular, su
Tribunal de Derechos Humanos, se fortalezca aún más y llegue a ser el
garante auténtico y el símbolo de un derecho y de una justicia común
para todos los Estados miembros de Europa en favor
de todos sus ciudadanos y todos sus grupos culturales, étnicos o
regionales. ¿Lo aprueba el Pleno? (Asentimiento.-Aplausos.)
Muchas gracias, señorías.

Pasamos a las votaciones correspondientes al dictamen del proyecto de
ley por la que se concede un crédito extraordinario por importe de
9.000 millones de pesetas para el pago de indemnizaciones derivadas
del derrumbamiento de la presa de Tous, según sentencia del Tribunal
Supremo de 1997. Comenzamos por someter a votación las enmiendas que
en el Grupo Mixto presenta el señor Chiquillo.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
291; a favor, 139; en contra, 152.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del señor Peralta, del Grupo Mixto.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
291; a favor, 136; en contra, 154; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
291; a favor, 135; en contra, 156.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda número 9, del Grupo Socialista, única subsistente.




Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
291; a favor, 137; en contra, 153; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votación del dictamen.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
290; a favor, 288; en contra, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda, en consecuencia, aprobado el dictamen al
referido proyecto de ley.

Pasamos al que se refiere al proyecto de ley sobre concesión de
créditos extraordinarios para atender insuficiencias de crédito en
los ejercicios 1997 y 1998 por las subvenciones que se efectúan para
la cobertura



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de las diferencias de cambio de las divisas obtenidas en préstamos
concedidos a las sociedades concesionarias de autopistas de peaje.

Votamos las enmiendas al dictamen del Grupo de Izquierda Unida.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
291; a favor, 133; en contra, 154; abstenciones, cuatro.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votación del dictamen.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
291; a favor, 161; en contra, 128; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen al referido proyecto
de ley.

Pasamos al que se refiere a su vez a la concesión de un crédito
extraordinario por importe de 16.000 millones de pesetas para hacer
efectivo el pago a las empresas colaboradoras de asistencia sanitaria
de la compensación económica establecida en la disposición
transitoria sexta de la Ley de medidas fiscales, administrativas
y del orden social para 1998.

Votamos en primer lugar las enmiendas del Grupo Socialista.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
290; a favor, 132; en contra, 155; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.

Votación del dictamen.

Comienza la votación. (Pausa.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
291; a favor, 155; en contra, 133;



abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el dictamen.




Concluido así el orden del día, se levanta la sesión. Buenos días.




Eran las once y treinta minutos de la mañana.




Corrección de error.-En el «Diario de Sesiones» de ayer, miércoles,
19 de mayo de 1999, figura por error que se suspendió la sesión a las
siete y quince minutos de la tarde, cuando dicha suspensión se
produjo realmente a las seis y cuarenta y cinco minutos.