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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 216, de 24/02/1999
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1999 VI Legislatura Núm. 216
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 208
celebrada el miércoles, 24 de febrero de 1999
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas . . . (Página 11552)
Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre los propósitos del
Gobierno en política penitenciaria (número de expediente 172/000136)
. . . (Página 11576)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política del Gobierno en
relación con la liberación de los organismos manipulados
genéticamente (número de expediente 172/000137) . . . (Página 11586)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre
modificación de criterios para la obtención de subvenciones públicas
(número de expediente 172/000138) . . . (Página 11596)
S U M A R I O
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde
Preguntas: . . . (Página 11552)
Del Diputado don Luis Felipe Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, que formula al Excmo. Sr. Presidente del
Gobierno: ¿Qué medidas de todo tipo piensa contemplar el Gobierno
para colaborar en la salvaguarda de los derechos humanos, entre ellos
el de la vida del pueblo kurdo y sus dirigentes? (Número de
expediente 180/001597) . . . (Página 11552)
Del Diputado don Luis Martínez Noval, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Por qué
se opone Vd. rotundamente a que mejoren modestamente sus rentas un
colectivo de pensionistas? (Número de expediente 180/001601) . . .
(Página 11552)
De la Diputada Doña Ana Mato Adrover, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula al Gobierno ¿Qué iniciativas piensa
abordar el Gobierno para facilitar el más amplio acceso de los
españoles a las nuevas tecnologías de la información de uso masivo,
singularmente de Internet? (Número de expediente 180/001612) . . .
(Página 11553)
Del Diputado don Tomás Rodríguez Bolaños, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Primero del
Gobierno y Ministro de la Presidencia ¿Dispone el Gobierno de algún
estudio de opinión del CIS en el que se refleje la intención de voto
a nivel local? (Número de expediente 180/001602) . . . (Página 11555)
Del Diputado don Rafael Estrella Pedrola, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Primero del
Gobierno y Ministro de la Presidencia: ¿Qué medidas ha adoptado el
Gobierno con relación a la situación del Campo de Gibraltar? (Número
de expediente 180/001603.) . . . (Página 11556)
Del Diputado don Álvaro Cuesta Martínez, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Considera el Gobierno, a la vista
de la última huelga de los Secretarios Judiciales, que su gestión
sobre la organización de la Oficina Judicial va bien? (Número de
expediente 180/001605) . . . (Página 11557)
De la Diputada doña María Visitación Pérez Vega, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Cuáles son los planes del Ministerio de Justicia para llevar a cabo
las diferentes obras que tienen que ver con los edificios judiciales
en Cantabria? (Númerode expediente 180/001613) . . . (Página 11558)
De la Diputada doña Mercedes Fernández González, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
previsiones tiene el Ministerio de Justicia en relación a la creación
de un Juzgado de lo Penal en Langreo (Asturias)? (Número de
expediente 180/001614) . . . (Página 11558)
De la Diputada doña Pilar Rahola i Martínez, del Grupo Parlamentario
Mixto, que formula al Gobierno: ¿Qué opinión tiene el Gobierno de la
necesidad de establecer medidas legales que garanticen el doblaje y/o
subtitulación al catalán de las películas que se exhiban en Cataluña,
con el fin de garantizar el derecho de los ciudadanos de Cataluña a
ser espectadores en su propia lengua y, por tanto, ejercer sus
derechos lingüísticos básicos? (Númerode expediente 180/001600)
. . . (Página 11559)
Del Diputado don José Antonio Griñán Martínez, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Considera el Gobierno que es
adecuado financiar con cotizaciones sociales las bonificaciones a la
Seguridad Social de contratos? (Número de expediente 180/001604) ...
(Página 11561)
Del Diputado don Alejandro Cercas Alonso, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro para las
Administraciones Públicas ¿Ha tomado el Sr. Ministro alguna
iniciativa para que las pensiones mínimas que cobran los pensionistas
de clases pasivas sean iguales en todo el territorio? (Número de
expediente 180/001608) . . . (Página 11562)
De la Diputada doña Reyes Montseny Masip, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué actuaciones
está realizando el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para el
fomento de la creación de empresas por mujeres en el ámbito rural?
(Número de expediente 180/001617) . . . (Página 11563)
De la Diputada doña Enriqueta Seller Roca de Togores, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
apoyo está dando el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales al
movimiento asociativo de mujeres? (Número de expediente 180/001618)
. . . (Página 11564)
De la Diputada doña Isabel López i Chamosa, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro para las
Administraciones Públicas: ¿Con qué criterios se está haciendo la
contratación temporal en la Administración General del Estado?
(Número de expediente 180/001607) . . . (Página 11565)
Del Diputado don Jordi Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), que formula al
Gobierno: ¿Qué medidas ha llevado a cabo el Gobierno para impulsar un
Proyecto de Ley en el que se establezca la obligación, para
determinados cargos públicos de relevancia, de someterse a un control
parlamentario con carácter previo a su toma de posesión, dando con
ello cumplimiento a la Resolución aprobada por el Pleno del Congreso
del día 2 de junio de 1997? (Número de expediente 180/001611)
. . . (Página 11556)
Del Diputado don Carlos Caballero Basañez, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV), que formula al Gobierno: ¿Qué medidas está adoptando
o piensa adoptar el Gobierno en el ámbito de la sanidad pública ante
el problema que para los programas informáticos supone el año 2000
(Número de expediente 180/001598) . . . (Página 11567)
Del Diputado don Jesús José Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Sanidad y
Consumo: ¿Sigue creyendo el Gobierno que no supone un peligro para la
salud, tanto de personas como de animales, el consumo de productos
transgénicos tales como el millo (maíz) y la papa (patata)? (Número
de expediente 180/001599) . . . (Página 11568)
Del Diputado don Carlos Chivite Cornago, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿considera el Gobierno que todos
los ciudadanos tenemos los mismos derechos en materia sanitaria?
(Número de expediente 180/001606) . . . (Página 11569)
Del Diputado don Mario Mingo Zapatero, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿puede explicar el
Ministro de Sanidad y Consumo en qué consisten las iniciativas que
tiene previsto poner en marcha para mejorar la asistencia sanitaria
en las consultas? (Número de expediente 180/001615) . . . (Página 11570)
De la Diputada doña Blanca Fernández de Capel Baños, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo
valora el Sr. Ministro de Sanidad y Consumo los resultados obtenidos
en la lucha contra la epidemia del SIDA? (Número de expediente 180/
001616) . . . (Página 11571)
De doña Cristina Narbona Ruiz, del Grupo Socialista del Congreso, que
formunla a la Excma. Sra. Ministra de Medio Ambiente: ¿comparte la
Sra.
Ministra los criterios del Secretario de Estado de Aguas y Costas a
la hora de establecer la prioridad a las obras hidráulicas en España,
según se desprende de la carta recogida en varios medios de difusión
el pasado viernes 19 de febrero? (Número de expediente 180/001621)
. . . (Página 11571)
Del Diputado don Juan José Ortiz Pérez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles van a ser
las líneas básicas del nuevo Plan Director de la Red de Parques
Nacionales? (Número de expediente 180/001619) . . . (Página 11573)
Del Diputado don Francisco Javier Iglesias García, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
acciones está desarrollando el Ministerio de Medio Ambiente para
promover la educación ambiental? (Número de expediente 180/001620)
. . . (Página 11574)
Del Diputado don José Manuel Caballero Serrano, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cree el Gobierno que la
situación en la que se encuentran los inmigrantes en Calamocarro
(Ceuta) se ajusta a los Derechos Humanos? (Número de expediete 180/
001609) . . . (Página 11574)
Interpelaciones urgentes . . . (Página 11576)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre los propósitos del Gobierno
en política penitenciaria. . . . (Página 11576)
Presenta la interpelación urgente, en nombre del Grupo Socialista del
Congreso, el señor Pérez Solano. Manifiesta que su grupo pretende
someter a control parlamentario la política penitenciaria del
Ministerio del Interior para evaluar y enjuiciar las actuaciones
gubernamentales en esta materia, una vez que han transcurrido tres
años ya de su gestión y es tiempo suficiente para poder hacer una
valoración, excluyendo de ésta la política penitenciaria orientada a
la consecución del final de la violencia, por respeto al acuerdo
adoptado en esta Cámara por unanimidad el 10 de noviembre de 1998. Se
refiere al programa electoral del Partido Popular y opina que el
Gobierno no tiene una política penitenciaria que persiga la
reeducación y la reinserción social de los penados, pasando a
explicar las razones de su afirmación. Añade que también incumple
parcialmente los objetivos de detención y custodia de los detenidos y
presos y no se da una adecuada asistencia social a los internos
liberados y a sus familiares. Por último afirma que el Grupo
Socialista intentará en su moción posterior ofrecer pautas de
actuación para que el Gobierno pueda desarrollar una política
penitenciaria progresista y cumplidora de las finalidades de
reeducación y reinserción de los internos en los centros
penitenciarios españoles.
Contesta en nombre del Gobierno el señor ministro del Interior (Mayor
Oreja). Afirma que el que un gobierno tenga o no política
penitenciaria no depende del programa electoral, y es preferible una
política eficaz del Gobierno en materia penitenciaria a un brillante
programa electoral. A continuación da una serie de datos, cifras y
resultados en relación con la masificación, las evasiones, las
muertes violentas, incidentes y motines, suicidios y formación en los
centros penitenciarios, que espera hagan retirar al señor Pérez
Solano la afirmación gratuita de que no existe política
penitenciaria.
Replica el señor Pérez Solano, duplicando el señor ministro de
Interior.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Rodríguez
Sánchez y la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario
Mixto; y los señores Meyer Pleite, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, y Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política del Gobierno en
relación con la liberación de organismos manipulados genéticamente
. . . (Página 11586)
Presenta la interpelación del Grupo Mixto, el señor Saura Laporta. Lo
hace en nombre de Iniciativa per Catalunya- Els Verds y Nueva
Izquierda con el objeto de conocer la política del Gobierno en
relación a los productos transgénicos, y más concretamente en
relación a la comercialización y liberación al medio ambiente de
organismos modificados genéticamente, y a la política del Gobierno en
cuanto a la utilización de genes de resistencia a antibióticos en las
plantas transgénicas. Añade que el Gobierno ha mantenido hasta ahora
un clamoroso silencio al respecto porque su política está
condicionada por la protección de los intereses comerciales
y financieros, en lugar de buscar la protección de la salud y del
medio
ambiente. Opina que la señora ministra de Medio Ambiente tiene ahora
la posibilidad de explicar claramente cuál es la política del
Gobierno en esta materia, y anuncia los objetivos que van a guiar la
redacción de la moción subiguiente, que son la necesidad de una
moratoria en la comercialización y liberación de los organismos
manipulados genéticamente y la prohibición inmediata de la
utilización de genes de resistencia a antibióticos en las plantas
transgénicas.
En nombre del Gobierno contesta la señora ministra de Medio Ambiente
(Tocino Biscarolasaga). Explica en primer lugar los antecedentes de
la comercialización del maíz modificado genéticamente por la empresa
CibaGeigy, hoy Novartis, y la postura de España en la Comisión
Europea, así como la de otros países del entorno, concretando que
España ha asumido plenamente la decisión adoptada por la Comisión de
autorizar la comercialización en la Unión Europea de maíz transgénico
debidamente etiquetado. En cuanto a la liberación de organismos
manipulados genéticamente señala que España, como el resto de los
Estados miembros de la Unión Europea, viene aplicando desde hace años
el principio de precaución y la autorización caso por caso de
organismos genéticamente modificados, explicando a continuación las
acciones llevadas a cabo por el Gobierno.
Replica el señor Saura Laporta, duplicando la señora ministra de
Medio Ambiente.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Urán
González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Heras
Pablo, del Grupo Socialista del Congreso, y Fernández de Capel Baños,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre
modificación de criterios para la obtención de subvenciones públicas.
. . . 11596
Presenta la interpelación del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida el señor Santiso del Valle. Su grupo trae de nuevo a
la Cámara el debate sobre las subvenciones distribuidas desde el
Ministerio de Industria en sus distintas vertientes, entendiendo que
hay varios
debates que no se pueden entremezclar, aunque todostengan el mismo
responsable, que es el ministro de Industria. No se va a referir a
las posibles irregularidades o dudas sobre la gestión de Ercros, la
condonación del crédito ICO y las actividades de la empresa Loreto
Consulting, sino que se va a centrar en la facilidad que tienen
algunos de los solicitantes para recibir ayudas públicas, poniendo
varios ejemplos en los que se pone de manifiesto una cierta
discrecionalidad por parte del Ministerio. A continuación expone las
modificaciones legales que, según su grupo, serían necesarias en la
concesión de las subvenciones, y anuncia las peticiones que figurarán
en la moción que presentarán la semana que viene, que son
transparencia, claridad y libre concurrencia a la hora de acceder a
las ayudas públicas.
Contesta en nombre del Gobierno la señora ministra de Justicia
(Mariscal de Gante y Mirón). En primer lugar reitera ante la Cámara
que el Gobierno está abierto a un debate amplio y transparente sobre
la política de ayudas a través de las subvenciones. Hace una
referencia genérica a la actividad subvencional y pasa a referirse
posteriormente al contenido concreto de la interpelación que parece
sugerir, según su opinión, una modificación de criterios en el
otorgamiento de las subvenciones por parte del Ministerio de
Industria. En relación con los ejemplos planteados por el
interpelante sobre las posibles irregularidades en la gestión
realizada por el ministro de Industria, asegura tajantemente que
dicha irregularidades no existen, como ya se ha puesto de manifiesto
muchas veces y el Gobierno no se cansa de confirmar. Asimismo
contesta a las propuestas legislativas contenidas en la interpelación
y señala que el Gobierno está dispuesto a estudiar con atención
cualquier propuesta concreta de modificación del ordenamiento
jurídico que excluya de la posibilidad de acceder a ayudas públicas a
los condenados por delitos de prevaricación y a las sociedades en que
estos participen, pero siempre dentro de un ponderado estudio y
justificación que en este momento no se da. Concluye afirmando que
los criterios de concesión de subvenciones en su actual formulación
garantizan una concurrencia y una transparencia efectivas, sin
perjuicio de que los trabajos de la subcomisión de análisis de la
política de ayudas del Ministerio de Industria y Energía, cuya
constitución se ha solicitado, sea el marco adecuado para debatir en
profundidad esta cuestión.
Replica el señor Santiso del Valle, duplicando la señora Ministra de
Justicia.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Cuevas
Delgado, del Grupo Socialista del Congreso, y Peón Torre, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Se suspende la sesión a las ocho y cincuenta minutos de la noche.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
PREGUNTAS.
-DEL DIPUTADO DON LUIS FELIPE ALCARAZ MASATS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL
GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS DE TODO TIPO PIENSA CONTEMPLAR EL GOBIERNO
PARA COLABORAR EN LA SALVACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, ENTRE ELLOS
EL DE LA VIDA DEL PUEBLO KURDO Y SUS DIRIGENTES? (Número de
expediente 180/001597).
El señor PRESIDENTE: Vamos a reanudar la sesión con el punto IV del
orden del día: Preguntas orales al Gobierno en el Pleno, que
comienzan, como es habitual, por las que responderá el presidente del
Gobierno. En primer lugar, la que lleva el número 11 y que formula
don Luis Felipe Alcaraz Masats, diputado y portavoz del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señor presidente.
Señor Aznar, ¿qué piensa hacer para salvaguardar los derechos humanos
del pueblo kurdo y sus dirigentes?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señoría, al Gobierno
le preocupa la vigencia de los derechos humanos en todo el mundo y,
naturalmente, ejerce las medidas que puede y debe adoptar propias de
una nación civilizada.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del Gobierno.
Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor Aznar, ustedes, por razones histéricas
de la coyuntura política española, han decidido satanizar a un
Parlamento kurdo en el exilio y, lo que es más grave, a todo un
pueblo al que se le niega la tierra, la expresión, la memoria, y
ahora también la propia imagen.
De súbito, apoyados en la máquina de borrar de Radiotelevisión
Española, se han olvidado de que un día acusaron ustedes al pueblo
palestino de terrorista y hoy Arafat es premio Príncipe de Asturias y
premio Nóbel de la Paz, pero olvidan que una delegación del
Parlamento vasco, incluido el Partido Popular, ha visitado al
Parlamento kurdo en el exilio en Bruselas y olvidan también las
diversas resoluciones que ha aprobado el Parlamento vasco con los
votos del Partido
Popular que dicen, entre otras cosas -comillas-: ...acusando al
pueblo turco de violar sistemáticamente los derechos humanos de los
kurdos. Han adoptado una posición extrema y a la vez cateta, señor
Aznar. ¿No se atreve a conocer la resolución del día 17 de febrero
del Parlamento Europeo? ¿Se ha atrevido a conocer la resolución que
se vota mañana también en el Parlamento Europeo? ¿Qué ha hecho el
Gobierno para preservar los derechos, la vida y, naturalmente, las
garantías procesales de Ocalan? ¿Qué le ha parecido el secuestro,
señor Aznar? ¿El fin justifica los medios, según usted? ¿Piensa
promover una conferencia internacional de paz para solucionar a
través del diálogo el problema gravísimo que sufre el pueblo kurdo?
Señor Aznar, la bolsa no justifica los medios. En función de la bolsa
ustedes se dedican a criminalizar todo lo que no cabe en ella, todo
lo que no entienden. Seguramente usted sigue pensando que los indios
eran los malos en las películas del oeste. Señor Aznar, haga el favor
de salir de su aldea mental. El pueblo español es sin duda mucho más
solidario que usted y su política. No cambie, por favor, derechos
humanos por venta de armas.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alcaraz.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Sí, señor presidente.
Señoría, como le he dicho, el Gobierno está comprometido en la
defensa de los derechos humanos en todo el mundo y hemos alentado
siempre a las autoridades turcas al fortalecimiento del Estado de
derecho en Turquía y de sus instituciones democráticas. Como sabe muy
bien S.S., trabajamos también en la defensa del derecho a la vida en
todas partes y nos hemos manifestado y trabajamos en contra de la
pena de muerte en todas partes. Exigimos, señoría, una condena sin
paliativos de los actos y acciones terroristas, una condena sin
paliativos de los que se niegan a condenar las acciones terroristas,
allí o aquí, en todas partes. Hemos hecho con la Unión Europea lo que
corresponde a una nación como España: condenar el terrorismo que se
ejerce en cualquier parte y pedir un juicio con plenas garantías para
Ocalan, y yo lo acabo de hacer una vez más esta misma tarde, a las
tres y cuarto, con el primer ministro turco.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del Gobierno.
-DEL DIPUTADO DON LUIS MARTÍNEZ NOVAL, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿POR QUÉ SE
OPONE USTED ROTUNDAMENTE A QUE MEJOREN MODESTAMENTE SUS RENTAS UN
COLECTIVO DE PENSIONISTAS? (Número de expediente 180/001601).
El señor PRESIDENTE: Pregunta que con el número 15 formula al
Gobierno el portavoz del Grupo Socialista, don Luis Martínez Noval.
Señor Martínez Noval.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Aznar, ¿por qué se opone usted rotundamente a que mejoren
modestamente sus rentas un colectivo de pensionistas?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Noval.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente,
señorías, no sólo no me opongo sino que este Gobierno ha tomado
medidas para que los pensionistas puedan mejorar su poder
adquisitivo, pero no por razón coyuntural. Ha consolidado esa mejora
de poder adquisitivo en la base de cálculo de las pensiones para el
futuro, es decir, para siempre, y además ha garantizado ese sistema
de mejora de las pensiones por ley y no por el capricho o la
discrecionalidad del Gobierno, que es lo que ocurría antes.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.
Señor Martínez Noval.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Gracias, señor presidente.
Su primera negativa, señor Aznar, se produjo a propósito de dos
enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista presentó para mejorar
modestamente las rentas de dos millones y medio de españoles. De ese
modo, cuando usted y su grupo rechazaron esas enmiendas estaban
incumpliendo la resolución 51 del último debate del estado de la
Nación, que decía literalmente que el Gobierno debía continuar
avanzando en la mejora de las pensiones más bajas en el marco del
Pacto de Toledo. De ese modo, señor Aznar, incumple usted
flagrantemente un acuerdo de esta Cámara en lo que tiene que ver con
todos los pensionistas españoles. Si ahora no es posible esa modesta
mejora, señor Aznar, ¿cuándo lo va a ser? ¿Cuando se evaporen los
buenos tiempos económicos que estamos viviendo? Si ustedes renuncian
a 700.000 millones de la recaudación del IRPF, ¿por qué no aportan a
la Seguridad Social 80.000 millones más para hacer frente a esta
modesta mejora? ¿Y por qué esa desmesura en la reacción ante un
Gobierno socialista autónomo que aumenta 700 pesetas -tanta modestia
a fin de cuentas- en una paga a los pensionistas más humildes de
España?
Señor Aznar, hay algún Gobierno suyo que ha roto España -utilizando
su terminología- beneficiando fiscalmente a la segunda residencia.
Fíjese usted en el contraste, repare en él, por favor, señor Aznar,
usted
regala billones de pesetas a las compañías eléctricas (Rumores.) y mi
grupo parlamentario va al Tribunal Constituicional; por el contrario,
un gobierno socialista decide aumentar en 700 pesetas la paga de
humildes pensionistas y son ustedes entonces los que van al Tribunal
Constitucional. Esa es la diferencia, señor Aznar. (Aplausos.) A la
vista de los hechos, señor Aznar, su centrismo es mera retórica.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Noval.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente,
señorías, el problema aquí no es realmente la subida de las
pensiones, el problema es que se ha roto el compromiso de no hacer de
las pensiones un instrumento de arma electoral o de lucha política.
(Aplausos.) El problema es que se carece de un modelo de cohesión
territorial y social y por eso se defienden cosas diferentes según el
sitio de España del que se hable. Ustedes han creado un problema del
que no saben cómo salir: presentan una iniciativa en una comunidad
autónoma y un mes después se ven obligados a pretender extenderla a
todos los lugares de España.
El problema es que se rompe el artículo 149 de la Constitución, que
establece que la legislación básica y la gestión económica de la
Seguridad Social son competencia exclusiva del Estado. No romper eso,
señoría, supone el hecho de que los pensionistas en España no
perciban distintas retribuciones en función del lugar en el que
viven. El problema no es que se suban las pensiones, es que un mes
antes de las elecciones -que es una casualidad, por supuesto- se da
una pequeña gratificación a un grupo de personas, es de suponer que
pidiéndoles por favor -como en los períodos antiguos de la Historia
de España- que no se olviden de votar a quien deben votar, que es el
que da, naturalmente, la gratificación. Ese es el problema.
(Aplausos.)
Señorías, no merece la pena ganar un solo voto poniendo en peligro y
en riesgo el sistema de pensiones. Aquí hay que hablar del Pacto de
Toledo, de su contribución al sistema de pensiones, de su reforma y
de su mejora y hacerlo responsablemente, como se ha hecho hasta
ahora. Desde luego, con esas iniciativas ustedes pueden deslizarse
por la demagogia, pero seremos nosotros -y que lo sepan todos los
pensionistas y los españoles- los que garantizaremos la caja única y
que todos los pensionistas de España cobren lo mismo en cualquier
parte del territorio nacional en el que se hallen.
Gracias, señor presidente. (Rumores.-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del Gobierno.
-DE LA DIPUTADA DOÑA ANA MATO ADROVER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ INICIATIVAS PIENSA ABORDAR EL
GOBIERNO PARA FACILITAR EL MÁS AMPLIO ACCESO DE LOS ESPAÑOLES A LAS
NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN DE USO MASIVO, SINGULARMENTE DE
INTERNET? (Número de expediente 180/001612).
El señor PRESIDENTE: Pregunta que con el número 26 formula la
diputada doña Ana Mato Adrover, del Grupo Parlamentario Popular.
(Rumores.)
Silencio, por favor, señorías.
Señora Mato.
La señora MATO ADROVER: Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente del Gobierno, la liberalización de las
telecomunicaciones, impulsada y llevada a cabo por el Gobierno del
Partido Popular en lo que podríamos llamar tiempo récord ha supuesto
innumerables ventajas para la sociedad española. En 1996 nos
encontrábamos también en materia de telecomunicaciones en el furgón
de cola de los países europeos (Rumores.) y en 1999, sin embargo, hay
que decir con satisfacción que ya estamos a la cabeza de estos
países. (Rumores.) Sí señorías, es más, somos incluso pioneros en la
introducción de nuevas tecnologías, como puede ser el caso de la
tecnología digital terrenal o terrestre.
La Ley General de Telecomunicaciones garantizó un servicio universal
de calidad para todos los ciudadanos, independientemente de su lugar
de residencia. A partir de ahí, garantizando por ley -que es el
procedimiento de garantizar los derechos de los ciudadanos- un
servicio de telecomunicaciones para todos, se concluyó el proceso de
liberalización que nos ha permitido disfrutar de competencia;
competencia en este sector desconocida hasta ahora en España que,
como todas SS.SS. saben, significa mejores precios, mayor calidad y
nuevos servicios.
Es precisamente a estos nuevos servicios a los que mi grupo
parlamentario quiere prestar en el día de hoy especial atención,
porque está claro que el impulso de liberalización de las
telecomunicaciones ha provocado un desarrollo vertiginoso de las
nuevas tecnologías, desarrollo que se ha incrementado a través de
múltiples inversiones -aprovecho también para decirlo-, con la
generación de empleo que eso ha supuesto y que ha sido una prioridad
de nuestro Gobierno. Ese incremento de inversiones y el desarrollo de
nuevas tecnologías nos permiten disfrutar de servicios hasta ahora
desconocidos. Permite la incorporación de todos -digo de todos- a la
sociedad de la información, sociedad hasta hace pocos meses poco
desarrollada y reservada a sectores minoritarios.
Nuestro grupo sabe que el Gobierno, impulsor de la liberalización, ha
permitido la incorporación de estas tecnologías. Por tanto, le
pregunta qué medidas va a adoptar para facilitar el más amplio acceso
de los españoles a estas tecnologías, especialmente a Internet.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos en los bancos del Grupo
Socialista.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Mato.
Señorías, guarden silencio. Si estuviesen más atentos al desarrollo
de la sesión no tendrían que hacer gestos llamando la atención de la
Presidencia porque está muy atenta. A la señora Mato aún le restaban
diez segundos en su intervención. (Rumores.)
Adelante, señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente,
muchas gracias.
Creo que podemos estar de acuerdo en que los servicios avanzados de
telecomunicaciones y las tecnologías, como ha dicho la señora
diputada, son esenciales para el futuro de nuestra sociedad. El
Gobierno está, en el sentido que a S.S. le preocupa, avanzando en
varias líneas de actuación. En primer lugar, en el desarrollo de
Internet. En la actualidad, señorías, son más de 1.750.000 españoles
los que usan habitualmente Internet, con un crecimiento acumulativo
anual superior al 60 por ciento. Todos los usuarios del servicio
telefónico pueden acceder al servicio a precio de llamada local. El
Gobierno está estudiando también diversas soluciones para los
usuarios residenciales. Desde este punto de vista, la Comisión
delegada del Gobierno aprobó, el pasado 4 de febrero, una serie de
descuentos para la tarifa de acceso a Internet a través de una red de
telefonía fija de Telefónica. La publicación en el Boletín Oficial de
estas tarifas y su entrada en vigor se va a realizar en los próximos
días. Al mismo tiempo, se está trabajando en el plan de implantación
de nuevas tecnologías de acceso que permita el establecimiento de
tarifas económicas de carácter plano, es decir, independientes del
consumo y que convertirán a España en este punto en un país pionero.
Esto debe permitir el establecimiento progresivo, en un plazo máximo
de tres años, de la tarifa plana de acceso a Internet para todos los
abonados, sin riesgo de saturación telefónica ni merma en la calidad
del servicio. Por tanto, España será el primer país europeo en
incorporar la tarifa plana para el acceso a Internet. Quiero recordar
que ya existe una tarifa plana utilizada fundamentalmente por las
empresas, que las universidades tienen acceso gratuito y que los
centros escolares cuentan con ofertas gratuitas de acceso desde junio
de 1998.
Por último, señorías, el Gobierno elabora también una normativa que
permite el desarrollo de la sociedad de información, comercio
electrónico, firma digital, protección de datos personales y un
protagonismo creciente en las relaciones del ciudadano con la
Administración. Estamos definiendo, dentro de la reforma de los
servicios públicos, un plan de calidad en la prestación de servicios
al ciudadano y el proyecto de ley de ventanilla electrónica. Como
sabe S.S., el Boletín Oficial del Estado es accesible en Internet y
próximamente, además de accesible, será gratuito. Creo que esta es,
en su conjunto, una de las más importantes apuestas que puede hacer
España por su futuro. (Aplausos.)
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente del Gobierno.
-DEL DIPUTADO DON TOMÁS RODRÍGUEZ BOLAÑOS, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y
MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿DISPONE EL GOBIERNO DE ALGÚN ESTUDIO DE
OPINIÓN DEL CIS EN EL QUE SE REFLEJE LA INTENCIÓN DE VOTO A NIVEL
LOCAL? (Número de expediente 180/001602)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16, que formula don Tomás
Rodríguez Bolaños, diputado del Grupo Socialista.
Señor Rodríguez Bolaños.
El señor RODRÍGUEZ BOLAÑOS: Señor vicepresidente del Gobierno,
¿dispone el Gobierno de algún estudio de opinión del CIS en el que se
refleje la intención de voto a nivel local?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez Bolaños.
Señor vicepresidente primero del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA
PRESIDENCIA (Álvarez- Cascos Fernández): Gracias, señor presidente.
Señoría, su grupo parlamentario, los ciudadanos, la comunidad
científica y el Gobierno conocen 837 estudios del CIS desde el año
1977, muchos de los cuales contienen intención de voto a nivel local.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor Aguiriano, por favor.
Señor Rodríguez Bolaños.
El señor RODRÍGUEZ BOLAÑOS: Señor vicepresidente, no sé si me ha
dicho sí, no, o todo lo contrario.
En cualquier caso, ¿cómo explica el señor vicepresidente del Gobierno
que en un diario de Valladolid, de fecha 13 de febrero, se diga por
dirigentes del Partido Popular en esa provincia que disponen de una
encuesta del CIS que otorgan al Partido Popular un número determinado
de concejales en la ciudad? Hablan incluso de intención de voto en la
localidad de Medina del Campo, con sólo 20.000 habitantes. Leo: Una
encuesta de ámbito nacional del Centro de Investigaciones
Sociológicas concede al Partido Popular una holgada mayoría en la
capital vallisoletana, y aventura una significativa derrota popular
en el municipio de Medina del Campo. Sigo leyendo: La existencia de
la encuesta fue reconocida por el presidente provincial del Partido
Popular, Tomás Villanueva.
Señor vicepresidente, eso sólo se puede calificar de mentira ya que
se inventan una encuesta de un organismo oficial, que es el CIS -que
al menos en teoría debería ser seria, pero que no existe-, con el
único objetivo de intoxicar a la opinión pública; o de falacia,
intentando extrapolar no se sabe muy bien qué datos de alguna
encuesta del citado organismo a intención de voto local, lo que es a
todas luces técnicamente inaceptable, como usted muy bien sabe, con
el mismo objetivo, de intoxicar y manipular. En la hipótesis de que
existiera, el Gobierno estaría incurriendo en una grave
irresponsabilidad ya que estaría ocultando datos que tiene que poner
a disposición de este Parlamento. Con cosas como ésta están
deteriorando la imagen de un organismo autónomo que gozaba de
credibilidad y que en sus manos, como todo lo que tocan, lo ponen
descaradamente al servicio de su interés. (Rumores.) Cada vez está
más clara su forma de interpretar la democracia: mentir, engañar o
utilizar de manera partidista lo que no es suyo sino de todos.
Ustedes, señor vicepresidente, son administradores de la cosa
pública, no dueños.
Señor vicepresidente, como diputado de esta Cámara le exijo que, de
existir la encuesta a la que hace referencia el Partido Popular, la
remita al Parlamento para conocimiento de todos y que, de ser falsa,
lo desmienta públicamente como responsable que es del Centro de
Investigaciones Sociológicas. Las reglas del juego en democracia
están para algo, señor vicepresidente del Gobierno, aunque a ustedes
no les guste demasiado. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez Bolaños.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA
PRESIDENCIA (Álvarez- Cascos Fernández): Yo, señor presidente,
coincido con el señor diputado en que las reglas de la democracia
están para algo y la nostalgia municipal, que seguro siente S.S., no
es justificación suficiente para traer aquí debates municipales.
(Aplausos.) No, señoría, no ha podido citar usted una sola
responsabilidad que afecte a este Gobierno (El señor Rodríguez
Bolaños muestra un papel.), porque este Gobierno remite el banco de
datos y publica en Internet y pone a disposición de esta Cámara todas
las encuestas que contienen datos de intención de voto.
Su señoría no necesita preguntar lo que ha preguntado porque tiene la
certeza de que esto es así desde el año 1995; lo sabe perfectamente,
señor Bolaños. Lo que S.S.ha venido a hacer aquí no es una pregunta
sobre el CIS, sino a desahogar sus nostalgias municipales de
Valladolid, secillamente eso. (Aplausos.)
Le digo más, señor Bolaños, debe usted conocer las notas oficiales
del Ayuntamiento de Valladolid. Yo no me voy a convertir en portavoz
de ninguna institución, pero le garantizo una vez más, en
cumplimiento de la
ley que ha aprobado esta Cámara por iniciativa del Grupo Popular, que
los datos de las encuestas del CISse remiten en tiempo y forma, se
hacen públicos, se comunican a esta Cámara si tienen intención de
voto y cada tres meses, del conjunto de trabajos del CIS que no
tienen intención de voto, también se informa a esta Cámara para que
los conozcan los grupos parlamentarios y la comunidad científica.
Permítame que le diga, señor Rodríguez Bolaños, que el resto de su
pregunta es un desahogo que yo acepto con simpatía, pero que no tiene
nada que ver con las normas democráticas. (Rumores.-Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente del Gobierno.
-DEL DIPUTADO DON RAFAEL ESTRELLA PEDROLA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y
MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿QUÉ MEDIDAS HA ADOPTADO EL GOBIERNO CON
RELACIÓN A LA SITUACIÓN DEL CAMPO DE GIBRALTAR? (NÚMERO DE EXPEDIENTE
180/001603)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 17, que formula el diputado don
Rafael Estrella Pedrola, del Grupo Socialista.
Señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor vicepresidente, vivimos hoy la más
grave crisis de nuestra democracia en las relaciones de España con el
Reino Unido. (Rumores.) Tras el incumplimiento británico, el Gobierno
español abandonó a su suerte a los pescadores y no hizo nada para
evitar que aceptaran el chantaje de Caruana. El Gobierno decidió
endurecer los controles en la verja, una medida que crea problemas a
los gibraltareños y que en el Campo de Gibraltar, una zona con graves
problemas de desarrollo, se traduce en la pérdida de puestos de
trabajo y en la pérdida de negocios, que se calcula en más de 1.000
millones de pesetas. La incapacidad de los dos gobiernos para
desbloquear la crisis agrava cada día las consecuencias de los
controles en la verja y acrecienta la inseguridad del futuro.
El Gobierno no ha tomado ninguna medida hasta ahora para mitigar las
consecuencias de la crisis sobre el Campo de Gibraltar. Eso sí, en
una decisión que recuerda épocas pasadas, constituyó el día 11 una
comisión cuyos objetivos son poco conocidos. Por eso le pregunto,
señor vicepresidente, ¿qué medidas va a adoptar el Gobierno para
paliar la situación del Campo de Gibraltar?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Estrella.
Señor vicepresidente del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA
PRESIDENCIA (Álvarez- Cascos Fernández): Está tomando, y va a
continuar adoptando, todas las medidas que le corresponden en defensa
de los intereses de España y en defensa de la soberanía española del
Peñón de Gibraltar y también hacer cumplir a Gran Bretaña todas y
cada una de sus obligaciones derivadas de los acuerdos
internacionales y del Tratado de la Unión Europea.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
Señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Yo no sé de qué tiene usted nostalgia; el
23-F fue ayer. (Risas.) Usted está hoy aquí para responder ante el
Parlamento democrático de la actuación de su Gobierno. (Rumores.) No
estamos, señor vicepresidente, en una república bananera ni usted es
el coronel Tapioca. Usted tiene que responder de los actos del
Gobierno y a las preguntas de la oposición. Usted coordina -porque
así se le pidió desde Exteriores en el mes de octubre- la política o
la estrategia de presión sobre Gibraltar, con los resultados de todos
conocidos hasta la fecha. Usted coordina también un supuesto
desconocido plan de desarrollo para la zona. Mi compañero Salvador de
la Encina ha pedido un fondo urgente para compensar a los
trabajadores despedidos como consecuencia de las medidas del
Gobierno. Mis compañeros de Cádiz han presentado también la larga
lista de compromisos incumplidos del Gobierno que podrían conformar
perfectamente esas acciones necesarias para el desarrollo de la zona.
También hemos solicitado medidas para perseguir el blanqueo de
capitales.
Señor vicepresidente, ustedes no tienen un proyecto de futuro para el
Campo de Gibraltar ni tampoco hacia Gibraltar. Su estrategia no es
sólo la firmeza, que compartimos plenamente, sino, ante sus propios
errores, el antagonismo, la confrontación y el griterío. ¿A dónde
conduce esa estrategia, señor vicepresidente? ¿Por qué equiparan, por
ejemplo, a todos los gibraltareños con los dirigentes políticos de
Gibraltar, con el contrabando o con el lavado de dinero? ¿En qué
clima piensan hacer efectiva la afirmación contenida en las
propuestas del ministro Matutes de que como demócratas no concebimos
la obtención de una solución al problema de la soberanía que ...?
El señor PRESIDENTE: Señor Estrella, ha terminado su tiempo. Gracias,
señor Estrella.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA
PRESIDENCIA (Álvarez-Cascos Fernández): Señoría, de los resultados
del proyecto de futuro de este Gobierno hablará el tiempo, lo que ya
está sentenciado son los resultados del proyecto de pasado que ha
conocido en los últimos años el Campo de Gibraltar.
El Gobierno es plenamente consciente de que el contencioso de
Gibraltar afecta de manera muy especial a los españoles que viven en
el Campo de Gibraltar. El Campo de Gibraltar ha padecido
históricamente, no de ahora, niveles de desarrollo inferiores a los
del resto de España: por ejemplo, su renta per cápita apenas es el 71
por ciento de la media española, mientras que La Línea baja al 66 por
ciento; la tasa de paro del Campo de Gibraltar es del 30 por ciento y
en La Línea llega al 38 por ciento. Uno de los factores que más
contribuyen a la depresión económica del Campo de Gibraltar es la
cercanía de la colonia de Gibraltar.
La economía de Gibraltar disfruta de una situación de excepcionalidad
en la Unión Europea ya que no forma parte de la unión aduanera ni se
le aplica el IVA, todo ello hace de Gibraltar hoy un gran duty free.
A ello hay que añadir la no transposición o efectiva aplicación de
directivas comunitarias, sin olvidar la persistencia de un entramado
logístico-financiero de tráficos ilícitos al amparo de la falta de
transparencia de su sistema financiero, que permite la existencia de
cerca de 53.000 sociedades opacas.
Gibraltar, señorías, se ha convertido en una economía parasitaria que
se desarrolla a costa de España y, muy especialmente, del Campo de
Gibraltar. Para hacer frente a esta situación, la Comisión
interministerial tiene dos objetivos: el primero, el estudio de
medidas para Gibraltar en exigencia de un más estricto cumplimiento
de las legislaciones española y comunitaria y, el segundo, el estudio
y fomento de actuaciones positivas para los habitantes de la zona
circunvecina para ayudarles a hacer frente con más medios a la
competencia desleal que supone la economía parasitaria de Gibraltar.
Gibraltar, señorías, es una cuestión de Estado. Es necesario el
concurso de todos, de todas las instituciones, también de todos los
grupos parlamentarios, y a mí me gustaría transmitir al Campo de
Gibraltar la solidaridad no sólo del Gobierno, sino de esta Cámara y
también, si es posible, señor Estrella, la de su grupo parlamentario.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor vicepresidente.
-DEL DIPUTADO DON ÁLVARO CUESTA MARTÍNEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO, A LA VISTA
DE LA ÚLTIMA HUELGA DE SECRETARIOS JUDICIALES, QUE SU GESTIÓN SOBRE
LA ORGANIZACIÓN DE LA OFICINA JUDICIAL VA BIEN? (Número de expediente
180/001605).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 19, que formula al
Gobierno el diputado don Álvaro Cuesta Martínez, del Grupo
Socialista.
Señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, el 20 de junio de 1996 comparecía usted ante el
Congreso para dar cuenta de los objetivos de su Ministerio. El
segundo objetivo era lograr una Administración de justicia ágil y
eficaz. El 2 de diciembre de 1997, ratificaba ese compromiso y
mostraba además su total coincidencia con las necesidades diseñadas
por el Libro Blanco de la Justicia. Pero es lo cierto que nunca ha
hablado del modelo de oficina judicial ni ha definido las líneas
maestras del papel, de la función de secretario judicial. Es también
cierto que su política presupuestaria, tanto de dotaciones como de
gestión, es desastrosa; es lo cierto que el Consejo General del Poder
Judicial ha denunciado reiteradamente las insuficiencias y las
necesidades de la oficina judicial, y no es menos cierto que los
secretarios judiciales -y ahí está la huelga de los días 16 y 17 de
febrero- no comparten su gestión. Mire, señora ministra, ustedes no
han definido ni aprovechado las funciones de los secretarios
judiciales, no han impulsado una nueva regulación orgánica, les han
negado hasta un nuevo sistema retributivo. ¿Considera el Gobierno, a
la vista de la última huelga de los secretarios judiciales, que su
gestión sobre la organización de la oficina judicial va bien?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuesta.
Señora ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, el Gobierno, y en concreto la ministra de Justicia, se
encuentra ocupada con esa huelga realizada los días 16 y 17 de
febrero. Puedo señalar que he tomado buena nota de que 319
secretarios el día 16 de febrero y 298 el día 17 de febrero han
formalizado huelga por no estar de acuerdo con la política del
departamento, que en ningún momento el Ministerio de Justicia ha
cerrado los cauces al diálogo y que va a seguir manteniéndolos
abiertos.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Señor Cuesta.
El señor CUESTA MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, aunque quiera minimizar los efectos de la huelga, lo
cierto es que usted la ha intentado boicotear. Ha habido tribunales
en los que, de 16 secretarios, han declarado a 11 como secretarios
responsables de servicios mínimos; han extendido los servicios
mínimos a un 30 por ciento. Sin embargo, esa huelga afectó y movilizó
al 70 por ciento de los secretarios judiciales españoles. Yo le digo
que no han clarificado las funciones, ni siquiera están impulsando
una nueva regulación orgánica de la carrera del secretariado y el
propio Consejo General del Poder Judicial le reclama acciones en esta
materia, como se las reclama también su partido. Señora ministra,
como se dice en sus resoluciones congresuales en materia de justicia,
su situación en España
-no sé si la de la justicia o la de la señora ministra-, al día de
hoy, resulta, cuando menos, preocupante.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cuesta.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Señoría, creo que le ha traicionado el subconsciente; yo no he
minimizado, ha sido S.S. ante la evidencia de los datos, yo me he
limitado a decir qué número de secretarios habían acudido a la
huelga. Insisto, señoría, en que, independientemente del número de
secretarios que hayan acudido a la huelga, aunque hubiera sido sólo
uno, el Ministerio de Justicia está absolutamente abierto al diálogo
y a seguir manteniendo ese diálogo, no interrumpido hasta el momento
de la huelga. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana,
ocupa la Presidencia.) Pero S.S. conoce que los motivos de la huelga
poco tenían que ver con el funcionamiento de la oficina judicial y
mucho tenían que ver con las competencias presuntas del Consejo
General del Poder Judicial y, fundamentalmente, con una subida de
sueldos, que se discute en otro momento y no con el mantenimiento de
una huelga.
Muchas gracias, señoría.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
-DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA VISITACIÓN PÉREZ VEGA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿CUÁLES SON LOS PLANES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA PARA LLEVAR A CABO
LAS DIFERENTES OBRAS QUE TIENEN QUE VER CON LOS EDIFICIOS JUDICIALES
EN CANTABRIA? (Número de expediente 180/001613).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
27, que formula doña Visitación Pérez Vega, del Grupo Parlamentario
Popular.
Señora Pérez Vega.
La señora PÉREZ VEGA: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, la Comunidad Autónoma de Cantabria viene padeciendo
desde hace años la indiferencia de gobiernos anteriores en todo lo
relativo a la rehabilitación, construcción y obras de mejora de los
edificios judiciales, dando la sensación de que Cantabria ha estado
abandonada en un tema tan importante. Desde el inicio de esta
legislatura, el Gobierno en general y el Ministerio de Justicia en
particular han asumido la problemática que ha generado esta situación
y han trabajado y trabajan para corregirla. Prueba de ello son, entre
otros, los enormes esfuerzos realizados por conseguir la plena
recuperación del antiguo edificio de la Audiencia
en Santander y, por otro lado, el nuevo edificio de juzgados en
San Vicente de la Barquera, donde precisamente estuvo usted, señora
ministra, el pasado lunes poniendo la primera piedra. Por todo ello,
le pregunto: ¿Cuáles son los planes del Ministerio de Justicia para
llevar a cabo las diferentes obras que tienen que ver con los
edificios judiciales en Cantabria? (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señorías, les
ruego guarden silencio.
Señora ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Señoría, la situación de los diferentes edificios judiciales en
Cantabria, en general, y en Santander, en particular, no eran lo que
se podía decir ejemplares. Por tanto, desde el primer momento el
Ministerio de Justicia se dedicó a hacer un plan integral de
adecuación de esos edificios judiciales. Respecto a la situación de
la obra que se encuentra en la calle Alta de Santander, se ha
realizado ya el proyecto. En junio se realizarán las obras con un
coste presupuestariamente dotado de 352 millones de pesetas y en el
plazo de 12 meses podrá Santander ciudad contar con un edificio
judicial capaz para acoger los órganos jurisdiccionales dispersos.
De igual manera, e independientemente de la ciudad de Santander,
tenemos las instalaciones judiciales de San Vicente de la Barquera
cuya reivindicación llevaba ya más de 15 años puesta sobre el tapete
y que no había resultado con ninguna solución. Como S.S. ha
remarcado, el pasado lunes se realizó la colocación de la primera
piedra de un edificio que va a ser emblemático, no sólo porque lleva
15 años de espera, sino por la ubicación y la definición del mismo
edificio.
Existen otra serie de edificios planteados a lo largo de una
anualidad, como el de juzgados de Torrelavega, cuyas obras
finalizarán en el próximo mes de mayo con un presupuesto aprobado y
prácticamente cumplido, de casi 39 millones de pesetas. Por lo que se
refiere a Reinosa, otro de los puntos negros, estamos muy cerca de
concluir un convenio para la realización de las obras que
finalizarían en el primer semestre del año que viene. Con lo cual se
puede decir que en un plazo de 14 meses los edificios judiciales de
Cantabria serán los que se merece esa comunidad y los que los
justiciables demandan.
Muchas gracias, señoría.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
-DE LA DIPUTADA DOÑA MERCEDES FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
PREVISIONES TIENE EL MINISTERIO DE JUSTICIA EN RELACIÓN A LA CREACIÓN
DE UN JUZGADO DE LO PENAL EN LANGREO
(ASTURIAS)? (Número de expediente 180/001614).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
28 que formula doña Mercedes Fernández González, del Grupo
Parlamentario Popular.
Señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, el pasado 29 de enero, porque así se hizo público,
el Consejo de Ministros presentó para su aprobación un anteproyecto
de ley que persigue la modificación de la Ley de Demarcación y Planta
Judicial de 1988. Gracias a la nota pública del Consejo de Ministros
hemos conocido en el Grupo Parlamentario Popular que entre los
objetivos que se persiguen con el citado anteproyecto está el de
completar la creación de juzgados de lo contencioso-administrativo en
ciudades que no sean capital de provincia, como es el caso, entre
otros, del municipio asturiano de Gijón. También se contempla la
creación en el citado anteproyecto de juzgados de lo penal. Para ello
es necesario la creación de circunscripciones de lo penal. Usted
conoce perfectamente que en Asturias por lo dicho en la Ley de Planta
de 1988 existen solamente tres circunscripciones en el ámbito penal:
en Oviedo, en Gijón y en Avilés. Sabemos la sensibilidad del
Ministerio de Justicia y, sobre todo, el criterio de trabajo en orden
a la carga de trabajo. Por ello, señora ministra, al igual que
sabemos que en dicho anteproyecto se va a conseguir resolver un
problema histórico en el Tribunal de lo Social de Mieres ampliando su
jurisdicción y, por tanto, garantizando su permanencia y su futuro,
queremos saber qué previsiones hay en su departamento para la
creación de una circunscripción de lo penal en Asturias,
concretamente en Langreo, que se añadiría a las tres ya existentes de
Gijón, Avilés y Oviedo y que permitiría ulteriormente la creación de
un juzgado de lo penal que sugerimos, por la carga de trabajo y por
las razones objetivas a las que he hecho referencia, que tenga su
sede en Langreo.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Señora ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Señoría, la carga competencial de Langreo y Laviana venía siendo
demostrada reiteradamente por las diferentes memorias del Tribunal
Superior de Justicia y por el Consejo General del Poder Judicial. El
partido judicial de Langreo soporta una carga de 361 procedimientos
abreviados y el partido judicial de Laviana de 108, lo que hace 469,
carga suficiente como para que fuera tenida en cuenta una
modificación de la demarcación y planta judicial. Sin embargo, en el
anteproyecto que el
Consejo de Ministros tuvo que examinar no pudo incluirse esta
circunscripción nueva porque no llegó a tiempo un informe solicitado
a la comunidad autónoma, que no lo emitió pero sí lo ha emitido en el
día de ayer, en el que hace constar que está de acuerdo con la
petición del Tribunal Superior Justicia de Asturias, que hace suya
dicha petición, solicitando la nueva circunscripción de Langreo.
Dados estos antecedentes, el Ministerio de Justicia ha remitido al
Consejo General del Poder Judicial el anteproyecto aprobado por el
Consejo de Ministros, pero haciendo hincapié en la necesidad de que
sea examinada también la nueva circunscripción de Langreo, que ha
llegado con posterioridad.
Espero que el Consejo General del Poder Judicial tenga en cuenta las
propias cargas que ha estimado como suficientes, y que, cuando a esta
Cámara llegue la modificación de la Ley, contemple una nueva
circunscripción penal para el departamento de Langreo.
Muchas gracias, señoría. Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
ministra.
-DE LA DIPUTADA DOÑA PILAR RAHOLA I MARTÍNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ OPINIÓN TIENE EL GOBIERNO DE LA
NECESIDAD DE ESTABLECER MEDIDAS LEGALES QUE GARANTICEN EL DOBLAJE Y/O
SUBTITULACIÓN AL CATALÁN DE LAS PELÍCULAS QUE SE EXHIBAN EN CATALUÑA,
CON EL FIN DE GARANTIZAR EL DERECHO DE LOS CIUDADANOS DE CATALUÑA A
SER ESPECTADORES EN SU PROPIA LENGUA Y, POR TANTO, EJERCER SUS
DERECHOS LINGÜÍSTICOS BÁSICOS? (Número de expediente 180/001600)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
14, que contestará el señor ministro de Educación y Cultura, que
formula doña Pilar Rahola i Martínez, del Grupo Parlamentario Mixto.
Señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente. ¿Qué opinión
tiene el Gobierno de la necesidad de establecer medidas legales que
garanticen el doblaje y/o subtitulación al catalán de los filmes que
se exhiban en Cataluña, con el fin de garantizar el derecho de los
ciudadanos de Cataluña a ser espectadores en su propia lengua y, por
tanto, ejercer sus derechos lingüísticos básicos?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Rahola.
Señor ministro de Educación y Cultura.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA (Rajoy Brey): Gracias, señor
presidente, gracias, señora Rahola.
La pregunta versa sobre un asunto que no es de la competencia del
ministro de Educación, es decir, las normas legales a los efectos a
los que usted acaba de hacer referencia, si alguien tiene que
tomarlas, y lo ha hecho, es la Generalitat de Cataluña.Estas normas
no se han consultado, ni probablemente tenían que serlo, con el
Gobierno, y, además, tampoco ha sido informado el Gobierno de los
problemas que todos conocemos y que se produjeron a continuación.
En cualquier caso, aun no siendo un asunto de mi competencia -como
usted me pregunta con mucho gusto le respondo- le digo, en relación
con las medidas legales, que fundamentalmente son de dos tipos:
primero, las subvenciones al doblaje, en este caso, al catalán, ha
dicho el Tribunal Supremo que son legales, y por tanto cada uno hace
lo que estima oportuno y conveniente en el ejercicio de sus
competencias, en el bien entendido que no tiene precedentes este tipo
de medidas en ningún país europeo. En cuanto al otro tipo de medidas
que se pueden adoptar, que son las medidas sancionadoras, no tienen
precedente tampoco en ningún país europeo ni en el mundo, y el
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha suspendido cautelarmente
esas medidas. Yo no soy partidario de las medidas sancionadoras y soy
partidario de negociar, como parece que se intenta hacer en este
momento, a la vista de que esas medidas no son las más razonables.
Tengo que decir que la negociación no va a ser fácil puesto que estas
empresas solamente doblan a tres lenguas, hay aproximadamente unas 80
lenguas en Europa, con lo cual se puede generar un enorme problema,
que no tendrá una fácil solución.En cualquier caso, a mí me gustaría
que por la vía de la negociación y del acuerdo se llegara a algún
tipo de entendimiento.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTÍNEZ: Gracias, señor ministro.
Hay diversos diputados en esta sala de diferentes partidos que
pensamos que el Ministerio de Cultura no tendría que existir.
Escuchándole a usted decir que esto no es de su competencia, por
supuesto que nos ratificamos en la convicción de que ciertamente lo
que no es de competencia es que exista el Ministerio de Cultura. He
dicho diversos, no se ponga nervioso. Algunos pensamos que este
Ministerio no tendría que existir.
Hoy mismo en la prensa sale que el presidente Pujol insta al Gobierno
a defender la ley del catalán, y dice: La ley de política lingüística
no recurrida en el Constitucional forma parte del cuerpo legislativo
estatal y constitucional. En consecuencia, ustedes tienen que cumplir
las leyes, tienen que defender esta ley porque forma parte del cuerpo
legislativo y del cuerpo constitucional.
Qué decir de que en Cataluña de todas las películas que se
han doblado en nuestro país 82 se han hecho en catalán y 3.467 en
castellano.
En el sentido de que no existen leyes como las que se han planteado
en el Parlamento de Cataluña, le enviaremos, por ejemplo, la ley de
política lingüística de Quebec, que no es que sea sancionadora, es
que es claramente intervencionista, no sólo en el cine sino en el
global de la vida cotidiana.Pero más allá de esto, creo que ha sido
muy clarificadora su postura, es decir, aquí el Gobierno se ha lavado
las manos. Sobre el catalán, no pinta nada, no cuenta para nada, y
una ley del Parlamento aprobada y no recurrida en el Constitucional
no forma parte del cuerpo legislativo. Magnífico.Si una ley sobre
política lingüística aprobada aquí en el Gobierno hubiera sido
vilipendiada, menospreciada por un grupo de empresarios americanos,
ustedes habrían tenido una pataleta de consideración. ¿Les recuerdo
la eñe? ¡Por Dios! Pero como es el doblaje de películas en catalán,
debe ser un tema de los catalanes.
Quiero recordarles que los ciudadanos catalanes contribuimos
económicamente en este Estado, contribuimos a consolidar y proyectar
el castellano. En consecuencia, pedimos y reclamamos, primero, que
ustedes cumplan las leyes, y esta es una ley constitucional; segundo,
que recuerden que también somos ciudadanos de este Estado.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Rahola.
Señor ministro de Educación y Cultura.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN Y CULTURA (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor presidente.
Celebro que los catalanes no sean como usted, señora Rahola.
Yo estoy de acuerdo con lo que ha señalado sobre la ley, pero el que
ha suspendido cautelarmente la aplicación de las medidas
sancionadoras no ha sido ninguna empresa distribuidora
norteamericana, ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña,
al cual creo que debemos respeto todos los militantes de esta Cámara
y al cual respetan todos los catalanes, probablemente con alguna
excepción, que no voy a citar porque es suficientemente conocida.
En cualquier caso, no se ponga así ni se envuelva en la bandera
catalana. Usted me ha pedido mi opinión y yo se la he dado. Yo creo
que una norma que establece sanciones no es buena. A lo mejor estoy
equivocado. Si ningún país del mundo ha aprobado este tipo de norma,
a lo mejor estamos todos equivocados menos usted, no le digo que no,
pero no se me ponga como un basilisco por la sola circunstancia de
que exprese una opinión que no es exactamente la que usted ha
expresado. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda yLozana): Gracias, señor
ministro.
-DEL DIPUTADO DON JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN MARTÍNEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE ES
ADECUADO FINANCIAR CON COTIZACIONES SOCIALES LAS BONIFICACIONES A LA
SEGURIDAD SOCIAL DE CONTRATOS (Número de expediente 180/001604)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas que
contestará el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
Pregunta número 18, que formula don José Antonio Griñán Martínez, del
Grupo Parlamentario Socialista.
Señor Griñán.
El señor GRIÑÁN MARTÍNEZ: Gracias, señor ministro y señor presidente.
Señor ministro: ¿Considera el Gobierno que es adecuado financiar con
cotizaciones sociales las bonificaciones a la Seguridad Social de los
contratos?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Griñán.
Señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles):
Gracias, señor presidente.
Señoría, el Gobierno considera que, en línea de la política europea,
expresada claramente en la cumbre de Luxemburgo, es conveniente, por
una parte, un mantenimiento de las políticas pasivas, pero otorgar un
mayor protagonismo al conjunto de las políticas activas de empleo,
básicamente con dos patas: formación y empleo. Las bonificaciones al
empleo estable constituyen una política de empleo y vemos conveniente
y adecuado financiar el conjunto de políticas activas a base de
mantener unos derechos sociales en políticas pasivas, pero dando el
protagonismo a las políticas activas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señor Griñán.
El señor GRIÑÁN MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, en 1999 van a dedicar ustedes más de 150.000 millones
de pesetas del dinero del desempleo de los trabajadores a pagar
bonificaciones de la Seguridad Social a los empresarios. Esto, señor
ministro, es un disparate; es un disparate en términos de
solidaridad, pero además es un disparate porque es ilegal, como sabe
muy bien su grupo, que presentó una enmienda, que no salió por
aquello de sus relaciones con los partidos nacionalistas que les
apoyan, que trataba de evitar la tacha de ilegalidad que puede hacer
la Intervención General del Estado o el Tribunal de Cuentas a esta
forma de financiar las bonificaciones empresariales.
Acaba de decir su jefe, el señor presidente del Gobierno, que aquí
vamos a hablar del Pacto de Toledo. Vamos a hablar del Pacto de
Toledo y de sus incumplimientos. 'Vamos pa allá, que son 10.000' los
incumplimientos del Pacto de Toledo, señor ministro. Para empezar, la
primera recomendación del Pacto de Toledo nos dice que la fiscalidad
general, señor ministro, deberá hacer frente a la bonificación de los
contratos. La fiscalidad general, no las cuotas del desempleo; la
fiscalidad general. Primera recomendación, primer incumplimiento.
En esta situación, uno se pregunta para qué quieren el Pacto de
Toledo. ¿Qué es para ustedes el Pacto de Toledo si, desde su primera
recomendación, lo están incumpliendo? ¿Cuánto vale su palabra, señor
ministro, la de todos ustedes, la del Grupo Popular? ¿Cuánto vale su
firma, señor ministro, cuánto valen sus compromisos si desde el
principio ustedes vulneran la letra, no ya el espíritu sino la letra,
del Pacto de Toledo? ¿Para qué demonios, como decía ahora el señor
Aznar, vamos a hacer un segundo Pacto de Toledo si no están
cumpliendo el primero? ¿Para qué? Lo único que le quiero decir es que
el Pacto de Toledo no es, señor ministro, un pacto de silencio, como
pretendía decirnos el señor presidente, es un pacto para preservar el
sistema público de pensiones, cosa a la que ustedes parece que no
están dispuestos. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Griñán.
Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles):
Muchas gracias, señor presidente. Señoría, había preguntado usted por
las bonificaciones, por el empleo estable y por las cotizaciones
sociales. Creía que en su réplica iba a dedicarse a dar un argumento
en el que basar la financiación de un tipo de política activa de
empleo, pero no ha sido así, señor Griñán. Ha comenzado a hablar del
Pacto de Toledo, que no tiene nada que ver con lo que estábamos
hablando. ¿Por qué habla usted del Pacto de Toledo? No alcanzo a ver,
y me precio por ser analítico en esta cuestión, cuál ha sido su línea
argumental para, en vez de hablar de bonificaciones, hablar del Pacto
de Toledo -comprendo que soy un humilde ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, también lo fue usted- y utilizar continuamente la
referencia al señor Aznar. La única conclusión a la que llego es que
la respuesta del señor Aznar ha desmontado la utilización que ha
hecho algún portavoz, con intereses electoralistas, del uso del Pacto
y de su incumplimiento. Por eso usted no se centra en la pregunta que
tenía que hacer, que era sobre las bonificaciones, y demagógicamente
vuelve al Pacto de Toledo.
Volviendo a las bonificaciones, le diré que la financiación de la
política de empleo es triple y legal, como S.S. sabe. Por una parte,
una aportación de los Presupuestos
Generales del Estado, por otra, una aportación del Fondo Social
Europeo, que ha reconocido las bonificaciones como política activa de
empleo y, por último, así lo contempla el artículo 206 de la Ley
General de la Seguridad Social, en cuotas sociales que pueden
financiar la inserción laboral de los desempleados. Por tanto,
estamos dentro de la legalidad y dentro de las políticas europeas.
Lamento que en vez de centrarse en el análisis financiero se haya
dedicado a hablar del Pacto de Toledo por otro tipo de motivos.
(Aplausos.)
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
-DEL DIPUTADO DON ALEJANDRO CERCAS ALONSO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:
¿HA TOMADO EL SEÑOR MINISTRO ALGUNA INICIATIVA PARA QUE LAS PENSIONES
MÍNIMAS QUE COBRAN LOS PENSIONISTAS DE CLASES PASIVAS SEAN IGUALES EN
TODO EL TERRITORIO? (Número de expediente 180/001608)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
22, que formula don Alejandro Cercas Alonso, del Grupo Socialista.
Señor Cercas.
El señor CERCAS ALONSO: Gracias, señor presidente. Tenía preparada
una pregunta para el señor ministro de Administraciones Públicas,
pero parece que va a ser del Pacto de Toledo, porque me va a
contestar el señor Pimentel. No sé exactamente por qué, ahora lo
veremos.
Señor Pimentel, en su primera comparecencia en la Cámara, ante la
evidencia de que un gobierno, en el que ustedes tienen alguna
responsabilidad, como el Gobierno Foral de Navarra, había situado las
pensiones mínimas de viudedad y de jubilación de las clases pasivas
de aquel territorio nacional por encima del territorio estatal, usted
prometió en la Comisión de Política Social y Empleo que arreglarían
esta situación. Su jefe de filas acaba de decir, sacando pecho y
elevando demasiado el tono de su voz, que ellos garantizan que en
toda España las pensiones son idénticas. Pero en Navarra no lo son.
Señor Pimentel, conteste a la pregunta que le hacía al señor ministro
de Administraciones Públicas: ¿Ha tomado el Gobierno alguna
iniciativa para que las pensiones mínimas sean iguales en todo el
territorio, como dicen ustedes en la propaganda?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Cercas.
Señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles):
Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, sin entrar a calificar el epíteto de propaganda, tendré más
respeto con su planteamiento. Como sabe S.S., las clases pasivas
tienen una ley del año 1987 que las regula en todo el país, y
establece dos cuestiones importantes, al hilo de la pregunta que
hace. Por una parte, la gestión unitaria del régimen de clases
pasivas del Estado y, por otra, la posibilidad de que las pensiones
de clases pasivas, que no alcancen el importe mínimo de protección,
puedan ser complementadas hasta dicho importe en los términos en que
se determina reglamentariamente.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señor Cercas.
El señor CERCAS ALONSO: Señor presidente, acabamos de enterarnos
todos los señores y señoras diputadas y todos los ciudadanos del país
que es falso lo que acaba de decir el señor Aznar. No son iguales las
pensiones en toda España. Pero parece ser que sólo les duele cuando
es en Andalucía donde se aplica un trato diferencial y precisamente
hacia ciudadanos españoles en Andalucía que no tienen otro tipo de
rentas. Porque los ciudadanos que ustedes mejoran en el territorio
foral de Navarra, salvo que Navarra también haya dejado de ser España
y no nos hayamos enterado, sí pueden tener otro tipo de rentas. Y esa
cruzada que ustedes han hecho va contra el Gobierno de Andalucía, y
no sólo contra el Gobierno de Andalucía, es también contra
iniciativas de este grupo. Porque la segunda falsedad que ha dicho el
señor Aznar esta tarde es que nos hemos movilizado después de la
Junta de Andalucía, cuando fueron enmiendas a la ley de Presupuestos
de este año en las que pretendíamos subir las pensiones mínimas por
encima del IPC.
La pregunta relevante, señor Pimentel, ahora que ustedes son los que
califican la relevancia o irrelevancia de las preguntas, es por qué
ese trato diferencial con Andalucía. ¿Por qué ese requerimiento de
incompetencia? ¿Es porque es un gobierno andaluz y usted es un líder
andaluz y tiene que hacer la contrarréplica al presidente de la Junta
de Andalucía? ¿O es que es un presidente socialista? Señor Pimentel,
podemos discutir todo, menos una cosa, que no pueden ser peor
tratados los gobiernos que no son de su signo político, porque eso es
sectarismo y eso es algo que usted acumula a otro conjunto de errores
y de falsedades políticas que hay sobre este debate.
Nada más, señor ministro. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Cercas.
Señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles):
Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, hoy me voy francamente desanimado. No he conseguido que
centre en mi opinión, en mis intervenciones y en la pregunta en
cuestión, la suya. Sigue refiriéndose a la intervención del
presidente del Gobierno, por algo será.
Señor Cercas, usted sabe perfectamente que el ejemplo que usted puso
en la comparecencia y vuelve a poner, es un caso de clases pasivas
del Régimen Foral de Navarra no incluido en la Seguridad Social. Por
tanto, está aprobado por una ley en su período, no está incluida en
la Seguridad Social. (Rumores.) Y le voy a decir más, señor Cercas,
permítame que se lo diga porque además usted conoce -he seguido todas
sus intervenciones- perfectamente lo que es Seguridad Social y lo que
no es, y sabe que las clases pasivas en Navarra no son Seguridad
Social y, por eso usted debía, con este juego floral dialéctico, la
adhesión. El Grupo Socialista no lo hizo cuando había mayoría en
España, cuando había mayoría en Navarra, con el señor Urralburu por
ejemplo. Pudieron empezar la integración del régimen de la mutualidad
navarra en el régimen de la Seguridad Social. ¿Sabe lo que hemos
aprobado en la Ley de acompañamiento de este año? Iniciar los
trabajos para integrar también este sistema dentro de la Seguridad
Social. Cuando esté integrado tendremos un sistema de caja única.
Pero a usted este debate no le interesa, y vuelve a sacar, cuando no
tiene nada que ver con las clases pasivas, el tema de Andalucía.
Créanme, señores, han hecho francamente el ridículo, porque se les
nota demasiado. Tenemos un Pacto de Toledo, donde ustedes tienen un
protagonismo muy importante, y en vez de estar orgullosos de esa
construcción común entre todas las fuerzas políticas de un sistema
público y garantizado de pensiones, les ha podido la tentación, y lo
malo es que se les ha notado mucho el plumero. Subir 700 pesetas
antes de unas elecciones, no es que lo diga un andaluz, no es que lo
diga un ministro, no es que lo diga un partido político, lo dice el
sentido común y lo dice la opinión pública, es que se le ha notado
demasiado el plumero electoralista.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
-DE LA DIPUTADA DOÑA REYES MONTSENY MASIP, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ ACTUACIONES
ESTÁ REALIZANDO EL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES PARA EL
FOMENTO DE LA CREACIÓN DE EMPRESAS POR MUJERES EN EL ÁMBITO RURAL?
(Número de expediente 180/001617)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
31, que formula doña Reyes Montseny Masip, del Grupo Parlamentario
Popular.
Señora Montseny.
La señora MONTSENY MASIP: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, esta diputada lamenta profundamente que las materias
propias de su departamento ministerial se presten siempre a
preguntas, a cuestiones y a insinuaciones de carácter demagógico.
Este grupo parlamentario al que yo represento quiere mirar al futuro
desde un punto de vista positivo y realista, en cuanto a las
actuaciones que ha llevado a cabo durante estos tres años y medio su
departamento ministerial.
Usted comparecía el pasado día 16 de febrero, a petición propia, para
llevar a cabo y dar a conocer a la Comisión de Política Social y
Empleo las actuaciones de su departamento ministerial. Sabemos que
para el año pasado, para 1998, el Plan de empleo que presentó su
departamento a la Comisión Europea fue altamente aplaudido, y que
justamente ahora se está preparando otro plan de empleo para 1999,
donde se van a tratar muy especialmente cuestiones relativas a
personas que tienen una mayor dificultad para encontrar empleo:
sectores jóvenes, mayores de 45 años y la mujer. En base a que ha
sido este Gobierno el que ha llevado a cabo disposiciones para
elaborar el tercer plan de igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres, me gustaría hacerle la siguiente pregunta, toda vez que la
mujer en los últimos tiempos ha tenido ya actuaciones encaminadas a
la creación de empleo en otros ámbitos: ¿Qué actuaciones está
llevando a cabo el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para el
fomento de la creación de empresas por mujeres en el ámbito rural?
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Montseny.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles):
Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, la igualdad de oportunidades hombre o mujer es necesaria en
cualquier ámbito de la sociedad, pero si hay un ámbito donde la mujer
está especialmente desfavorecida y donde la desigualdad se
acrecienta, es en el mundo rural. Por eso hay un conjunto de
iniciativas, una de las cuales es por la que usted pregunta, es
decir, la creación de empresas por parte de mujeres en el ámbito
rural. En esta línea y aprovechando una serie de proyectos NOW de
iniciativa comunitaria, se ha enmarcado el proyecto red GEA, de
iniciativas empresariales de mujeres en el mundo rural. También están
participando en el mismo los responsables de la política de igualdad
de oportunidades de las comunidades autónomas y de la Federación
nacional
de la mujer rural. Su ejecución abarca el período de enero de 1998 a
diciembre de 1999 y está destinado a conseguir una adecuada
coordinación de los recursos y medios técnicos que los proyectos
adheridos a la red GEA van a poner a disposición de las mujeres con
iniciativas de creación de empresas. En este sentido, se van a
realizar las siguientes actuaciones: dirección, coordinación y
animación de la red GEA por el Instituto de la Mujer y diseño y
elaboración de un plan de formación a distancia innovador para
mujeres emprendedoras del mundo rural, cuya metodología consiste en
simultanear el método de formación a distancia con el presencial. Los
materiales formativos van a ser los más actualizados en el mundo
didáctico, no sólo escritos sino también con medios audiovisuales. Se
han impartido dos módulos de formación específica de formadoras
y formadores sobre los contenidos del plan de formación a distancia
para mujeres emprendedoras del medio rural, dirigido a 43
profesionales que se van a hacer cargo de las tutorías para asesorar,
ayudar y acompañar a las usuarias en todo el itinerario de
aprendizaje, y se han preparado las características técnicas para
realizar un estudio sobre los nuevos yacimientos de empleo y
orientaciones para su actuación y activación por mujeres en el ámbito
rural.
Por último, está prevista la celebración de un congreso europeo, en
el que España tendrá una presencia muy importante, para finales de
1999, con la participación de entidades públicas y privadas, agentes
sociales y mujeres rurales. El presupuesto de estas iniciativas
asciende en 1999 a 125 millones de pesetas, de los cuales el 75 por
ciento está financiado por el Fondo Social Europeo y el 25 por ciento
por el Instituto de la Mujer.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
-DE LA DIPUTADA DOÑA ENRIQUETA SELLER ROCA DE TOGORES, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
APOYO ESTÁ DANDO EL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES AL
MOVIMIENTO ASOCIATIVO DE MUJERES? (Número de expediente 180/001618).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
32, que formula doña Enriqueta Seller, del Grupo Parlamentario
Popular.
Señora Seller.
La señora SELLER ROCA DE TOGORES: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, existe en los últimos años un notable incremento y
desarrollo del asociacionismo de mujeres en nuestro país, cuya labor
no sólo consigue una mayor vertebración de la sociedad sirviendo a
unos fines de interés general, sino que además persigue, a través de
un compromiso solidario, trabajar a favor de la igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres. Las acciones, señor
ministro, que integran el programa asociativo se dirigen a potenciar
con dinamismo la presencia de la mujer en diferentes campos, todos
ellos importantes para conseguir la igualdad real, finalidad
convergente con las políticas reales y eficaces que impulsa el
Gobierno desde su Ministerio.
Es por ello por lo que le pregunto: ¿qué apoyo está dando el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales al movimiento asociativo de
mujeres?
Gracias, señor presidente. Gracias, señor ministro.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles):
Gracias, señor presidente.
Señoría, el departamento ministerial está colaborando de forma
importante al impulso del movimiento asociativo en varias líneas, de
las que destacaría la concesión de subvenciones dirigidas a la
realización de programas destinados a mujeres a través de dos
convocatorias. La primera es la convocatoria de ayudas y subvenciones
para la realización de programas de cooperación y voluntariado
social, con cargo a la asignación retributaria del impuesto sobre la
renta de las personas físicas. Mediante esta convocatoria, en el año
1998 se han concedido prácticamente 1.500 millones de pesetas a 73
entidades para desarrollar 117 programas. Estos programas vienen
referidos a las siguientes materias: programa de alfabetización y
educación, con 134 millones de pesetas; programa para facilitar la
inserción social de las mujeres, con prácticamente 500 millones de
pesetas; programas dirigidos a mujeres del medio rural, con 150
millones de pesetas; programas dirigidos a cofinanciar los proyectos
de la Unión Europea, con 200 millones de pesetas; programas dirigidos
a fomentar el empleo y el autoempleo de mujeres, con 159 millones de
pesetas, y programas dirigidos a la atención integral de las mujeres
víctimas de la violencia, una línea de trabajo que tendrá una
importancia creciente y cuya finalidad es prestar atención a estas
mujeres mediante la creación o mantenimiento de centros de acogida y
servicios integrales. Esta partida presupuestaria de 1.500 millones
ha supuesto un incremento del 50 por ciento frente a las partidas
disponibles para 1996. Es decir, en un momento de estabilidad
presupuestaria, estas partidas han crecido, como digo, un 50 por
ciento, lo cual evidencia el firme compromiso con esta línea de
trabajo.
En cuanto a la convocatoria de subvenciones sometidas al régimen
general en el área del Instituto de la Mujer, ha habido una
subvención de 200 millones de pesetas para desarrollar 98 programas a
63 entidades. Por otra parte y también con la finalidad de fomentar
la participación de las asociaciones que trabajan en favor de la
igualdad de oportunidades, el Instituto de laMujer viene prestando
apoyo técnico para impulsar la
presentación de proyectos de igualdad ante la Unión Europea en el
marco del cuarto programa de acción comunitaria para la igualdad de
oportunidades. Este año, con la convocatoria ya en marcha para
conseguir la mayor divulgación y participación de las asociaciones
...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Pimentel Siles):
Muchas gracias, señor presidente.
-DE LA DIPUTADA DOÑA ISABEL LÓPEZ I CHAMOSA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS:
¿CON QUÉ CRITERIOS SE ESTÁ HACIENDO LA CONTRATACIÓN TEMPORAL EN LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO? (Número de expediente 180/001607).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas que
contestará el señor ministro de Administraciones Públicas.
Pregunta número 21, que formula doña Isabel López i Chamosa, del
Grupo Socialista.
Señora López.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, ustedes, desde el Gobierno, dicen, proclaman y airean
a los cuatro vientos que están por la contratación indefinida. Por
eso le pregunto con qué criterios se está haciendo la contratación
temporal en la Administración general del Estado.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Acebes Paniagua): Sí,
señor presidente.
Señoría, la contratación temporal en el ámbito de la Administración
general del Estado, como no podía ser de otra manera, se sujeta a los
criterios que ha establecido el artículo 21.3 de la Ley de
Presupuestos Generales del Estado, que me permito recordarle a S.S.
que establecía para 1999 que no se procederá a la contratación de
nuevo personal temporal ni al nombramiento de funcionarios interinos
en el ámbito a que se refiere el apartado 2, salvo en casos
excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, con
la autorización conjunta de los ministerios de Administraciones
Públicas y Economía. Estos son los criterios a los que se está
sujetando en la contratación temporal la Administración general del
Estado.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señora López.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señor ministro, son ustedes como el
capitán Araña: embarcan a la gente en los temas y luego se quedan en
tierra. Creo que son casi expertos en decir una cosa y hacer otra.
Proclaman la lucha contra la temporalidad y luego el Gobierno es la
empresa que más contratos temporales hace de todo el Estado.
Incumplen las leyes. Por favor, ustedes, que son el Gobierno y tienen
que dar ejemplo para que luego las empresas privadas y públicas lo
sigan, cumplan la Ley 30/1984, que hace referencia a las
contrataciones del Estado. Por favor, cumplan ustedes lo que firman
con los agentes sociales, la Ley de 1997, que aprobamos en esta
Cámara. Por favor, cumplan ustedes las resoluciones que hacemos en
este Parlamento.
El 25 de marzo de 1998 y con una enmienda de su grupo parlamentario
del PP aprobamos por unanimidad instar al Gobierno a que en todas las
contrataciones que hiciera en todas las empresas y en toda la
Administración del Estado se utilizaran los organismos públicos de
contratación, es decir, el Inem. Señor ministro, en 1998 han hecho
ustedes 28.738 contratos en empresas de trabajo temporal; ni siquiera
indefinido, empresas de trabajo temporal. Tengo aquí unas
declaraciones del ministro de Trabajo, señor Pimentel, que dice que
hay que equiparar los salarios y las condiciones de trabajo de los
trabajadores de las ETT porque reconoce que no están iguales. ¿Por
qué contratan ustedes? ¿Porque quieren pagar menos? ¿Porque quieren
dar peores condiciones de trabajo? Señor ministro, cumpla la ley,
cumpla los acuerdos, porque, si no, es usted un mal apoyo, es usted
el peor mal para la contratación estable de este país y para los
acuerdos con los agentes sociales. Cúmplalos y verá cómo los agentes
sociales estarán más a favor de llegar a acuerdos. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Acebes Paniagua):
Gracias, señor presidente.
Señoría, créame que espero no ser el peor mal para la contratación
temporal ni para ninguna otra cosa. Trataré de demostrarle de manera
rigurosa que está usted equivocada y de demostrarle con datos que
frente a todos los incumplimientos que usted ha señalado, lo que se
produce es exactamente todo lo contrario, es decir, que por una
correcta aplicación de la excepcionalidad que en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado se establece para la contratación
temporal en la Administración pública se ha ido sucesivamente
reduciendo cada año la contratación temporal en el ámbito de la
Administración general del Estado. Así, frente a las 9.000
autorizaciones de contratación de personal
laboral y temporal y funcionarios interinos que se realizaron durante
1995, en 1996 se autorizaron 6.356, es decir, un 32 por ciento menos.
Se consolidó esta tendencia en 1997, con un 43 por ciento menos que
en 1995, y durante el año pasado, 1998, un 56 por ciento menos que en
1995, es decir, más de la mitad de lo que se venía produciendo tres
años antes con el último Gobierno socialista. Con ello no quiero más
que demostrarle el criterio riguroso a la hora de aplicar los
compromisos a los que llega el Gobierno y el Partido Popular.
Voy a decirle más. En toda la contratación que se está realizando se
está profundizando cada vez más para que se haga a través de
servicios públicos de empleo como el Inem. Como S.S. seguro conoce,
se ha aprobado el convenio único acordado con todos los funcionarios
para el personal laboral de la Administración del Estado y en él se
recoge también ese compromiso de acudir a los servicios públicos para
la contratación.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
-DEL DIPUTADO DON JORDI JANÉ I GUASCH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS
HA LLEVADO A CABO EL GOBIERNO PARA IMPULSAR UN PROYECTO DE LEY EN EL
QUE SE ESTABLEZCA LA OBLIGACIÓN, PARA DETERMINADOS CARGOS PÚBLICOS DE
RELEVANCIA, DE SOMETERSE A UN CONTROL PARLAMENTARIO CON CARÁCTER
PREVIO A SU TOMA DE POSESIÓN, DANDO CON ELLO CUMPLIMIENTO A LA
RESOLUCIÓN APROBADA POR EL PLENO DEL CONGRESO DEL DÍA 12 DE JUNIO DE
1997? (Número de expediente 180/001611).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
25, que formula don Jordi Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió).
Señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó
prácticamente por unanimidad una resolución en la que se instaba al
Gobierno a presentar antes del 31 de diciembre de 1997 un proyecto de
ley estableciendo la obligación para determinados cargos públicos de
relevancia de someterse a un control parlamentario con carácter
previo a su toma de posesión. Señor ministro, ha transcurrido ya más
de un año y el Gobierno todavía no ha presentado el mencionado
proyecto de ley. Por tanto, le pregunto: ¿qué actuaciones ha llevado
a cabo para impulsarlo?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Jané.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Acebes Paniagua):
Gracias, señor presidente.
Señoría, efectivamente, tal y como usted dice, como consecuencia de
esa resolución se han realizado en el Ministerio de Administraciones
Públicas diversos estudios para un asunto que es sumamente complejo.
Así, en dichos estudios se ha tratado de concretar y precisar cuál es
el concepto que establece esa resolución de determinados cargos
públicos de relevancia; ese es el primero de los objetivos que se
plantea. En consecuencia, hay que concretar cuál es el ámbito
subjetivo por el que están afectados en esa resolución y, como usted
sabe, las diferencias que hay entre alto cargo, cargo de relevancia y
aquellos que están afectos de incompatibilidad. En segundo lugar, se
ha estudiado el derecho comparado en Europa y en Estados Unidos para
hacerlo compatible con nuestro ordenamiento jurídico y, en tercer
lugar, para concretar el rango normativo, porque hay una
multiplicidad de normas que afectan a los supuestos que tiene esa
resolución. Por tanto, intentaremos seguir avanzando en un asunto
que, créame, es de extrema complejidad, como S.S. conoce.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor ministro, por su respuesta.
Nosotros creemos que no es bueno que las resoluciones de esta Cámara
no se cumplan, pero realmente existe una dificultad en precisar el
ámbito subjetivo que debería tener el mencionado proyecto de ley.
Nuestro grupo parlamentario considera que dado que es una resolución
que ya se aprobó en la pasada legislatura y que se volvió a aprobar
en ésta, en las dos ocasiones por unanimidad, hay un consenso en esta
Cámara de querer hacer estos controles previos. ¿A quién deberíamos
hacérselos? Nuestro grupo considera que a aquellos cargos cuyo
nombramiento promueve el propio Parlamento. En relación con el
Defensor del Pueblo o aquellos magistrados del Tribunal
Constitucional que esta Cámara tiene que proponer y elegir sería
bueno que, antes de su elección, tuviéramos esas comparecencias
previas, al mismo estilo de lo que se hace, por ejemplo, en Estados
Unidos en todos aquellos nombramientos que competen al Senado, el
cual fija esa comparecencia previa antes de nombrarlos. Eso sería
bueno para el sistema democrático, sería bueno para esta Cámara,
sería incluso bueno para el cargo que es nombrado, que tendría la
legitimidad de haber superado, entre comillas, ese examen o ese
control previo, que sin duda redundaría en un mejor conocimiento y en
un mejor perfil de su trayectoria profesional y política y de
sus méritos para acceder al cargo para el cual es propuesto.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Jané.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Acebes Paniagua):
Señor presidente, señoría, efectivamente, la voluntad es cumplir
todas las resoluciones que se adoptan en esta Cámara, pero buena
muestra de la complejidad que tiene es que del estudio del derecho
comparado que hemos realizado, como S.S. conoce, no hay ningún país
en Europa que tenga este sistema de control previo. Por lo tanto,
incluir un sistema que es exclusivamente de Estados Unidos y, salvo
algunos supuestos, de Italia, en un procedimiento ajeno como es
nuestro ordenamiento jurídico requiere toda clase de garantías.
Efectivamente, hay que ponerse de acuerdo primero en quiénes son esos
altos cargos de relevancia. ¿Sólo los acordados por el Parlamento?
¿No están esos otros altos cargos que lo son pero que no pasan por
esta Cámara? En el debate ya se citaron algunas de esas personas que
todos los grupos consideraron que sí deberían haberse incluido. Por
lo tanto, vamos a intentar, desde el máximo acuerdo y desde el máximo
diálogo, llegar a una concreción, pero creo que es preferible en este
caso hacerlo bien, dadas las dificultades objetivas que existen,
aunque tardemos un poco más de tiempo.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
-DEL DIPUTADO DON CARLOS CABALLERO BASAÑEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS ESTÁ ADOPTANDO
O PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO EN EL ÁMBITO DE LA SANIDAD PÚBLICA ANTE
EL PROBLEMA QUE PARA LOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS SUPONE EL AÑO 2000?
(Número de expediente 180/001598).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas que
contestará el señor ministro de Sanidad y Consumo.
Pregunta número 12, que formula don Carlos Caballero Basañez, del
Grupo Vasco (EAJ-PNV).
Señor Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, las administraciones públicas y buena parte de las empresas
han comenzado a invertir miles de millones de pesetas en modificar
sus equipos informáticos para superar el denominado efecto 2000, que
amenaza con paralizar el 1 de enero del próximo año los
ordenadores fabricados antes de 1996, si no se toman medidas. Nadie
puede asegurar a ciencia cierta lo que pasará cuando suenen las
próximas campanadas de Nochevieja, pero los expertos coinciden en que
lo mejor es estar prevenidos.
El denominado efecto 2000 ha puesto en alerta toda la industria
informática mundial, que desde hace años trata de prevenir lo que se
ha bautizado como el virus del milenio. Como es sabido, el problema
surge de que la mayoría de los ordenadores existentes en el mercado
y prácticamente la totalidad de los fabricados antes de 1996 utilizan
sólo dos dígitos para la cifra del año a la hora de almacenar y
computar las fechas; al dar por supuesto que el 19 corresponde al
siglo, si no se toman medidas, la próxima Nochevieja las máquinas
interpretarán que del año 1999 se pasa al 1900. Ello podría originar
serios conflictos en cuestiones como intereses bancarios, nóminas
laborales, carteras de pedidos de las empresas o en los archivos de
la Seguridad Social, por citar algunos ejemplos. Por otra parte, todo
tiene su lado positivo. El efecto 2000 está obligando a muchas
empresas y administraciones públicas a renovar sus desfasados
sistemas informáticos no sólo para adaptarlos al cambio de milenio,
sino también para prepararlos de cara a la llegada del euro,
automatizar el bilingüismo, etcétera, en una palabra, mejorar sus
sistemas.
Conocedor de los esfuerzos que en este sentido se vienen realizando
desde el Ministerio de Sanidad para adaptar los diversos sistemas
informáticos a la nueva situación rápidamente cambiante, es por lo
que le formulo la siguiente pregunta: ¿qué medidas está adoptando
y piensa adoptar el Gobierno en el ámbito de la sanidad pública ante el
problema que para los programas informáticos supone el año 2000?
Nada más, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Caballero.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias, señor presidente.
Efectivamente, señoría, el problema llamado efecto 2000 va a afectar
tanto a los sistemas informáticos como a los llamados sistemas
empotrados o dispositivos que contienen instrucciones programadas,
que funcionan a través de pequeños chips o microprocesadores, y
suelen incorporar un reloj con fecha, con los problemas bien
señalados por S.S. Por ello, el Consejo de Ministros, en julio de
1998, adoptó una serie de medidas para abordar esta problemática.
En cuanto a los sistemas informáticos en el ámbito de la sanidad,
sólo diré que a 31 de marzo tendremos hechas en todos nuestros
servicios las modificaciones necesarias y empezaremos la fase de
prueba. El Instituto Nacional de Consumo ha desarrollado acciones de
difusión de información, ha financiado a asociaciones de consumidores
de ámbito nacional para realizar un
programa sobre las repercusiones del efecto 2000 en los usuarios y ha
colaborado con otros ministerios en la realización de seminarios y
mesas redondas sobre el efecto 2000.
En cuanto a los sistemas empotradros, debo decir que hemos procurado
sensibilizar a las distintas administraciones autonómicas ante el
efecto 2000 a través de medidas informativas exponiendo las distintas
facetas del problema en el ámbito del Consejo interterritorial del
Sistema Nacional de Salud.
El Insalud, por su parte, ha dado prioridad a los equipos
asistenciales y, dentro de ellos, a los de soporte vital y ha
realizado planes de contingencia para la cobertura de riesgos
imprevisibles o no evaluados. Asimismo está poniendo en práctica un
plan de acción frente al efecto 2000 que persigue la total adaptación
de los equipos electromédicos e instalaciones generales de los
centros propios y que afecta también a los centros y servicios
concertados y a los suministradores de servicios subcontratados,
garantizando en todos ellos la toma en cuenta del efecto 2000 y la
asunción de responsabilidades en la materia.
Por último, el Ministerio de Sanidad ha efectuado una campaña de
sensibilización sobre estos problemas dirigida a las instituciones
sanitarias dependientes de administraciones locales, colegios
profesionales sanitarios, hospitales privados, aseguradoras
sanitarias, Cruz Roja española, organizaciones no gubernamentales,
etcétera.
Estoy convencido, señorías, de que el Gobierno y este Ministerio han
dado una respuesta diligente y eficaz al desafío del año 2000, de tal
modo que están en condiciones de garantizar un correcto
funcionamiento de los sistemas informáticos y de los sistemas
empotrados en el ámbito de la sanidad.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
-DEL DIPUTADO DON JESÚS JOSÉ GÓMEZ RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DE COALICIÓN CANARIA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE SANIDAD Y
CONSUMO: ¿SIGUE CREYENDO EL GOBIERNO QUE NO SUPONE UN PELIGRO PARA LA
SALUD, TANTO DE PERSONAS COMO DE ANIMALES, EL CONSUMO DE PRODUCTOS
TRANSGÉNICOS TALES COMO EL MILLO (MAÍZ) Y LA PAPA (PATATA)? (Número
de expediente 180/001599).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
13, que formula don Jesús Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria.
Señor Gómez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, sin ánimo de sembrar falsos alarmismos ni de incurrir
en pasotismos, Coalición Canaria desearía conocer la contestación a
la pregunta 13, que dice: ¿sigue creyendo el Gobierno que no supone
un peligro para la salud, tanto de personas como de animales, el
consumo de productos transgénicos tales como el millo (maíz) y la
papa (patata)? Lo hacemos con el ánimo de tranquilizar a los miles de
españoles que consumimos maíz o millo, concretamente en el
archipiélago canario, donde el millo, ya sea en harina o gofio, en
potajes o como postre, tiene un alto índice de consumo.
Estamos oyendo en estoy días el fracaso de la Conferencia de
Cartagena de Indias, en Colombia, las manifestaciones habidas en
Londres, así como las manifestaciones de las ONG; estamos oyendo que
muchos países están prohibiendo el consumo de productos transgénicos,
concretamente el maíz, por considerar que pueden afectar a la salud
de animales y, sobre todo, de personas, porque se dice que hay
productos transgénicos con genes de resistencia a la eficacia de
medicamentos; es decir, determinados antibióticos como la amicilina,
la estreptomicina y la ampicilina quedarían anulados.
Por todo ello, hemos formulado la pregunta que le he hecho con toda
consideración.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias, señor presidente.
Le agradezco mucho su pregunta que tiene toda la oportunidad que S.S.
ha señalado. Entiendo que se refiere a posibles riesgos derivados de
variedades transgénicas de patata y maíz autorizadas para la siembra
y comercialización para consumo humano. Esta matización es importante
porque, como S.S. sabe, los alimentos transgénicos no se autorizan de
forma genérica, sino por variedades concretas, resultado de una
determinada modificación genética. Estas autorizaciones, vinculantes
para los países de la Unión, se efectúan a nivel comunitario caso por
caso, mediante procedimientos establecidos en base a las directivas
vigentes, y están integrados por una serie de evaluaciones
secuenciales sobre los posibles efectos de estos productos sobre la
salud y el medio ambiente.
Una vez indicado lo anterior debo señalarle que por el momento no
existe en el ámbito de la Unión Europea ninguna variedad de patata
modificada genéticamente autorizada para el consumo humano o animal.
Por lo que respecta al maíz existe una variedad transgénica que fue
aprobada por decisión comunitaria de enero de 1998, una vez superadas
las evaluaciones previstas por las directivas correspondientes. Esta
decisión contó además con el informe favorable de los comités
científicos de la Comisión Europea de alimentación humana, nutrición
animal y plaguicidas.
Desde algunos sectores se ha planteado, en efecto, como S.S.
recordaba, la posibilidad de que genes marcadores de resistencia a
antibióticos usados en algunas plantas genéticamente modificadas
pudieran transferirse a bacterias perjudiciales para el ser humano
que de esta forma habrían adquirido resistencia ante esos
medicamentos. Una investigación intensa de más de diez años sobre
esta cuestión descarta esa posibilidad. En ese mismo sentido se
pronuncia recientemente la Sociedad Española de Biotecnología.
En conclusión, la variedad transgénica de maíz que puede encontrarse
en los mercados europeos y, por tanto, en España no entraña riesgos
para el medio ambiente ni para la salud humana. Señoría, quiero
insistir en que el Gobierno no realiza valoraciones a priori sobre
ninguna variedad transgénica en ningún sentido. Nuestra posición se
sustenta exclusivamente en la rigurosa aplicación, caso por caso, de
unos instrumentos legales que consideramos suficientes a la luz de
los conocimientos científicos disponibles y que se aplican desde el
principio de precaución en el ámbito de decisión europeo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
-DEL DIPUTADO DON CARLOS CHIVITE CORNAGO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE TODOS
LOS CIUDADANOS TENEMOS LOS MISMOS DERECHOS EN MATERIA SANITARIA?
(Número de expediente 180/001606).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
20, que formulará don Ángel Martínez Sanjuán, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Muchas gracias, señor presidente.
¿Considera el Gobierno que todos los ciudadanos tenemos los mismos
derechos en materia sanitaria?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias, señor presidente.
El Gobierno considera que todos los ciudadanos tienen los mismos
derechos en materia sanitaria y está empeñado además en que tengan
las mismas posibilidades de ejercitarlos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Señor ministro, hasta ahora ya sabía que
los hijos de algunos inmigrantes no tienen los mismos derechos
sanitarios que mis hijos, o que entre comunidades autónomas, fruto de
su sistema de financiación, tampoco los servicios se cumplen con la
igualdad necesaria, pero yo pensaba que en una misma comunidad
autónoma entre los afiliados al Insalud todos teníamos los mismos
derechos. En mi comunidad autónoma, La Rioja, parece que no. Gracias
a su política sanitaria en mi comunidad autónoma tenemos un hospital
general cerrado prácticamente, un hospital de San Pedro a medio gas y
sin continuidad y un hospital de referencia, el San Millán, con
decenas de camas cruzadas. Pero, señor ministro, no todas las camas
cruzadas para las mismas personas.
A primeros de febrero ingresó la señora del presidente de la
Comunidad Autónoma de La Rioja, del Partido Popular, lo que lamento
profundamente, pero para que estuviera sola en la habitación 106 de
este hospital desalojaron previamente a dos ciudadanas, a dos
afiliadas a la Seguridad Social. Es más, el jefe del servicio parece
que firmó una orden que impedía el acceso de nuevas pacientes a esta
planta para que estuviera sola y se dio la circunstancia de que a una
mujer que tenía que dar de mamar a su hijo y tenía que estar cerca
del mismo la mandaron a un hostal porque no le permitieron ingresar
en este hospital.
Señor ministro, yo he pedido explicaciones públicas a los dirigentes
del Insalud; la callada por respuesta. No tengo nada en contra de la
señora presidenta, de que esté bien atendida en mi comunidad
autónoma, como quiero que sea para todo el mundo, pero sí estoy en
contra de los tratos de favor. Señor ministro, en este país hay
diferentes tipos de ciudadanos, los que prácticamente no tienen
derechos sanitarios, los que van a las compañías privadas y, dentro
de los del Insalud, hay los que tenemos esta tarjeta, la normal, y
otros que parece que tienen la del Insalud-oro. Señor ministro, en la
España de las oportunidades nosotros defendemos la igualdad de
oportunidades.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Martínez Sanjuán.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias, señor presidente.
Mire usted, señor diputado, no tengo información del caso ese que
usted me relata en La Rioja, la voy a pedir. Estoy seguro de que
nuestros servicios actúan, como siempre, con criterios objetivos y
racionales y por razones justificadas en todo caso. Pero le voy a
decir alguna otra cosa sobre la igualdad de oportunidades y las
igualdades que ustedes defienden en nuestro país. El problema de los
niños de los inmigrantes lo hemos resuelto nosotros; llevaban sin
papeles desde el año 1990 y ahora ya disponen todos de un documento
que
les permite manejarse con facilidad por los servicios sanitarios.
Ustedes no dejaron muy bien las cosas en La Rioja. Nosotros las vamos
a arreglar. (Rumores.) Los presupuestos de inversiones en La Rioja
van a subir estos cuatro años un 28 por ciento más de lo que
invirtieron ustedes en ese período. Pero no terminan ahí las cosas.
En orden a la igualdad de oportunidades ustedes tenían situaciones
tan llamativas como ésta. ¿Saben ustedes, de media, cuánto tardaban
en Extremadura en ser atendidos los pacientes para ser intervenidos
quirúrgicamente? Pues 334 días. ¿Cuánto tardaban en Cantabria?
Tardaban 107 días. Esa es la igualdad de oportunidades que
practicaban ustedes. Ahora mismo, en Extremadura tardan 65 días de
media y en Cantabria 68. Así es como nosotros practicamos la igualdad
de oportunidades en el acceso a los servicios sanitarios.
Ustedes tenían graves desequilibrios en Castilla y León. Para
restablecer esos equilibrios nos vamos a tener que gastar en cuatro
años el 340 por ciento más de lo que gastaron ustedes en los cuatro
años anteriores. (Rumores.) Tenemos que hacer un hospital nuevo en
Valladolid. En Castilla-La Mancha, ¿qué le voy a decir? No se podían
hacer intervenciones de neurocirugía, apenas había allí oncología
radioterápica, tampoco podían hacer cirugía vascular. Todo eso lo
estamos atendiendo nosotros para conseguir una igualdad entre todos
los españoles, no en el derecho a la asistencia sanitaria, que lo
tienen todos, sino en el ejercicio de ese derecho, corrigiendo muchos
desequilibrios que heredamos de la etapa anterior.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
-DEL DIPUTADO DON MARIO MINGO ZAPATERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE EXPLICAR EL
MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO EN QUÉ CONSISTEN LAS INICIATIVAS QUE
TIENE PREVISTO PONER EN MARCHA PARA MEJORAR LA ASISTENCIA SANITARIA
EN LAS CONSULTAS ? (Número de expediente 180/001615).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
29, que formula don Mario Mingo Zapatero, del Grupo Parlamentario
Popular.
Tiene la palabra el señor Mingo.
El señor MINGO ZAPATERO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro de Sanidad y Consumo, hoy ya prácticamente nadie pone
en duda que una buena coordinación entre la atención primaria y la
atención especializada es un requisito imprescindible para poder
ofrecer una asistencia sanitaria de calidad contrastada. Identificar
adecuadamente cuáles son las competencias y cuáles son aquellos
servicios que deben ser llevados a
cabo en las distintas vertientes asistenciales y lograr una fluida
relación entre ellas es, sin lugar a dudas, uno de los grandes retos
actuales que tiene el Sistema Nacional de Salud. Un buen ejemplo de
ello es el nuevo enfoque, tanto desde el punto de vista diagnóstico
como terapéutico, que se pretende dar a las consultas de distintas
especialidades médicas y quirúrgicas. El plan estratégico del Insalud
recogió el pasado año 1998 algunas iniciativas en esta materia, en
concreto cifra uno de sus objetivos en mejorar la asistencia de las
consultas hospitalarias a los pacientes en sistema ambulatorio. Este
modelo ha sido implantado parcialmente en el área 8 de la Comunidad
de Madrid, a expensas de la Fundación Hospital de Alcorcón, con
satisfacción para los usuarios. Parece razonable que este grado de
satisfacción pueda ser extendido al resto del territorio nacional.
Para conocer su opinión y sus planes, señor ministro, le formulo la
siguiente pregunta. ¿Puede explicar en qué consisten las iniciativas
que tiene previsto poner en marcha para mejorar la asistencia
sanitaria en las consultas?
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mingo.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor diputado. La mejora de la actividad y de la
calidad asistencial, tanto en atención primaria como en atención
especializada, es nuestro permanente objetivo. En esa línea está el
desarrollo de la cirugía mayor ambulatoria, el plan integral de
atención a la mujer, los programas de mejora de la calidad
asistencial y el plan de coordinación de atención primaria
y especializada, que ha permitido crear un catálogo de pruebas
diagnósticas que aumenta la capacidad resolutiva de los médicos de
atención primaria y descarga a la asistencia especializada de
procesos que pueden abordarse mejor en atención primaria.
La última novedad en este proceso permanente de mejora de la atención
son las consultas de alta resolución a las que S.S. se refería. Las
consultas de alta resolución pretenden que el paciente, en una única
visita al hospital, sea valorado, se realicen las pruebas
complementarias que precisen diagnóstico y, dependiendo de éste y de
las características químicas de cada caso, puede incluso realizarse
en algunos casos el tratamiento. Este procedimiento implica un
importante esfuerzo en la coordinación de los servicios asistenciales
implicados y, necesariamente, una regularización interna de los
servicios. Se hace necesario, además, establecer protocolos
específicos de actuación previamente pactados con los servicios
centrales.
En una primera fase nos planteamos implantar la consulta de alta
resolución en dos procedimientos o servicios con intención de ir
progresivamente ampliándolo
en cada hospital. En este sentido, el objetivo es que todos los
hospitales del Insalud inicien a lo largo del año 1999 al menos dos
consultas de alta resolución, priorizando aquellas especialidades y
patologías que representen, al menos, el 20 por ciento del total de
consultas solicitadas para atención primaria, atención especializada.
Aunque no han concluido las negociaciones del contrato de gestión del
año 1999, en este momento tenemos ya información disponible de tres
comunidades autónomas: Castilla y León, Castilla-La Mancha y La Rioja
y de parte de los centros de Cantabria, Aragón y Asturias. Según esta
información, son ya 30 los hospitales que tienen definidos los
servicios en los que se realizarán procedimientos de consulta de alta
resolución.
Con esta importante innovación técnica que se ha experimentado con
gran éxito, como recordó S.S., en la Fundación Hospital de Alcorcón,
se mejorarán de modo muy importante los servicios, teniéndose muy en
cuenta el interés y la comodidad de los pacientes.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
-DE LA DIPUTADA DOÑA BLANCA FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CÓMO
VALORA EL SEÑOR MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO LOS RESULTADOS
OBTENIDOS EN LA LUCHA CONTRA LA EPIDEMIA DEL SIDA? (Número de
expediente 180/001616).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
30, que formula doña Blanca Fernández de Capel, del Grupo
Parlamentario Popular.
Señora Fernández de Capel.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, sabemos que una de las prioridades de su Ministerio,
que son muchas, es la lucha contra esa terrible enfermedad que asola
el mundo en este momento, que es el sida, y que los parámetros de
transmisión para evaluar la acción sobre esta enfermedad y el número
de enfermos varían considerablemente en estratos determinados de la
población conforme se va avanzando en la lucha contra esta terrible
epidemia que también sufrimos desde hace muchos años en España.
Por ello, le formulo la siguiente pregunta: ¿Cómo valora, señor
ministro de Sanidad, los resultados obtenidos en el último período en
la lucha contra la epidemia del sida?
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, en 1998 se han declarado 3.945 casos nuevos de sida, lo que
supone una reducción interanual de un 15 por ciento. Este descenso
refleja el conjunto de avances en la lucha contra esta epidemia,
tanto en la prevención como en la asistencia sanitaria pero, sobre
todo, es atribuible a la extensión de los tratamientos
antirretrovirales. Aunque estos datos no reflejen necesariamente la
incidencia anual de nuevas infecciones, no cabe duda de que podemos
interpretarlos como positivos.
A pesar de la inflexión favorable de la epidemia, el impacto de los
costes directos e indirectos del sida en la sociedad española no sólo
es extraordinariamente elevado sino que, posiblemente, será creciente
en los próximos años. La respuesta del Gobierno ante esta situación
es clara: seguir proporcionando la mejor calidad asistencial y
terapéutica posible a los enfermos y reforzar decididamente las
estrategias de prevención. Vamos a aumentar los esfuerzos dirigidos a
los colectivos en los que son más frecuentes las prácticas de riesgo
y especialmente a los que tienen un menor acceso a los servicios
convencionales, y lo vamos a hacer a través de las organizaciones no
gubernamentales. El reto que tenemos ahora pendiente para prevenir la
infección entre las personas que se inyectan drogas es alcanzar, con
nuestras intervenciones, a las poblaciones ocultas y marginales,
acercándoles nuestros servicios.
Con estas actuaciones a pie de calle, que no podemos llevar sino
apoyando a las ONG, y preferiblemente con la participación de los
propios afectados, trataremos de construir un puente hacia los
servicios sanitarios. En 1999 se intensificarán también las campañas
dirigidas a la población general a través de los medios de
comunicación y las medidas para aumentar el acceso a los
preservativos, así como la promoción de conductas saludables desde la
escuela en colaboración con Educación y Cultura.
Por último, señoría, vamos a suscribir acuerdos con el Consejo de la
Juventud de España, con el Instituto de la Juventud y con el
Instituto de la Mujer, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
así como con el Ministerio de Defensa. Con el conjunto de estas
medidas, esperamos que se pueda seguir esta pregresión en el descenso
del número de casos y un adecuado tratamiento para los pacientes de
esta patología. Con eso mejoraremos una situación tan procupante en
nuestro país.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
-DE LA DIPUTADA DOÑA CRISTINA NARBONA RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE:
¿COMPARTE LA SEÑORA MINISTRA LOS CRITERIOS DEL SECRETARIO DE
ESTADO DE AGUAS Y COSTAS, A LA HORA DE ESTABLECER LA PRIORIDAD A LAS
OBRAS HIDRÁULICAS EN ESPAÑA, SEGÚN SE DESPRENDE DE LA CARTA RECOGIDA
EN VARIOS MEDIOS DE DIFUSIÓN EL PASADO VIERNES 19 DE FEBRERO? (Número
de expediente 180/001621).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas que
contestará la señora ministra de Medio Ambiente.
Pregunta número 24, que formula doña Cristina Narbona Ruiz, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Señora Narbona.
La señora NARBONA RUIZ: Gracias, señor presidente.
El secretario de Estado de Aguas, en carta de 7 de julio del pasado
año, solicitaba al Ministerio de Economía que se tuviera en cuenta al
elaborar el vigente presupuesto, según sus palabras, el objetivo de
atender las urgencias políticas más inexcusables en un año
preelectoral y de acuerdo con nuestras alianzas parlamentarias. ¿Es
ese un criterio de prioridad ambiental en la política del agua,
señora ministra?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Narbona.
Señora ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor presidente.
Señoría, los criterios del Gobierno al establecer prioridades en
materia hidráulica son los que reflejan los datos de inversión, que
pongo a disposición de SS, y que comparte el secretario de Estado de
Aguas y Costas.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
Señora Narbona.
La señora NARBONA RUIZ: Señora ministra, lleva usted tres años como
responsable de la política del agua en España y ha tenido la suerte,
bastante evidente, de que las lluvias han sido lo suficientemente
abundantes como para que no se note la sequía presupuestaria que ha
practicado en esta materia. Pero todo lo bueno se acaba, señora
ministra, y la próxima sequía puede llegar mucho antes de que se haga
nada de lo que usted prometió. ¿Se acuerda? Iba a favorecer el
ahorro, a mejorar las infraestructuras existentes, a incrementar la
capacidad de desalación, de reutilización de las aguas residuales; en
fin iba usted a hacer una política del agua mucho más moderna y mucho
más respetuosa con el medio ambiente. Falso. De todo eso no ha hecho
usted nada. Ha reducido drásticamente la inversión pública en esta
materia, incumpliendo incluso obligaciones derivadas de las
directivas europeas. Todo lo van a hacer, por lo visto, esas
sociedades estatales
del agua, que tienen en su capital nada menos que 150.000 millones de
pesetas asignados, sin que hayan producido todavía ninguna actuación.
Lo que es evidente, desde luego, es que no todos los territorios
tienen para ustedes la misma urgencia electoral. En Almería y en todo
el sureste, señora ministra, los acuíferos se mueren sin que eso
parezca generarles ninguna prioridad ni ninguna urgencia. Todo se
reduce en este caso a promesas reiteradamente incumplidas, a promesas
de estas actuaciones que harán algún día, quizás cuando sea demasiado
tarde, las sociedades estatales del agua.
Señora ministra, le queda muy poco tiempo para ejercer con eficacia
ambiental y social en materia de agua, en una materia donde usted no
puede escudarse, como en otros casos, en que la competencia es de las
comunidades autónomas. En la materia de política del agua tiene usted
plenas competencias. Por lo tanto, aproveche el tiempo que le queda
antes de que sea demasiado tarde.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Narbona.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Muchas
gracias, señora Narbona, por sus consejos. Le recuerdo que dos años y
medio no son los 14 que algunos tuvieron responsabilidades de
Gobierno.
En cualquier caso, quiero decirle, señoría, que ese presupuesto y esa
sequía presupuestaria que usted dice quizá no se ha visto tanto en
obra de inversión nueva porque hemos tenido que hacer frente a casi
200.000 millones de pesetas de deuda que nos encontramos en el año
1996, cuando llegamos al Ministerio. Concretamente, en el ejercicio
presupuestario de 1998 -ejecutado en el 91 por ciento, fíjese qué
sequía presupuestaria de ejecución-, por ejemplo, hemos atendido
pagos de expropiaciones del año 1996 que nos quedaban pendientes por
un importe de 9.000 millones de pesetas; liquidaciones, por 3.315
millones; revisiones de precios, por 7.876 millones; convalidaciones,
algunas le deben sonar, que hay que llevar a Consejo de Ministros.
Sobre todo, señoría, hemos limpiado la deuda; hemos legalizado todos
los modificados; hemos recogido contablemente todos los compromisos
en ejecución y hemos dejado una situación en estos dos años y medio
completamente distinta a la que nos encontramos, donde había, como le
he dicho, multimillonarias deudas, y lo que era más grave, devengadas
y no contabilizadas, y múltiples expedientes tramitados al margen de
los procedimientos contables y presupuestarios vigentes, señora
Narbona, que usted debe saberlo y el señor Borrell también.
Es más, quiero decirle que los criterios electorales son, por
ejemplo, que la de Andalucía, que S.S. cita, es la comunidad en la
que más hemos ejecutado este año. La inversión realizada en obras
hidráulicas ha sido de 43.714 millones de pesetas. A continuación,
puede
venir la de Extremadura, también con criterios electorales de este
Gobierno y de sus socios parlamentarios, con 11.826 millones de
pesetas o, por ejemplo, la de Castilla-La Mancha en la que se ha
invertido sólo en obras hidráulicas 9.229 millones de pesetas.
Señora Narbona, evidentemente no es suficiente, pero usted debería
estar muy contenta porque además hemos obtenido no solamente el
sistema alemán -sistema de pago aplazado- para poner en marcha obras
necesarias, sino sociedades estatales que, con total transparecencia,
como conoce S.S, pueden hacer inversiones urgentes por valor de
150.000 millones de pesetas, eso añadido a los 312.000 millones de
pesetas del presupuesto que se ha ejecutado en 1998.
Gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
ministra.
-DEL DIPUTADO DON JUAN JOSÉ ORTIZ PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁLES VAN A SER
LAS LÍNEAS BÁSICAS DEL NUEVO PLAN DIRECTOR DE LA RED DE PARQUES
NACIONALES? (Número de expediente 180/001619).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
33, que formula don Juan José Ortíz Pérez, del Grupo Popular.
Señor Ortíz.
El señor ORTIZ PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señora ministra, la Ley 41/1997, de 5 de noviembre, de conservación
de los espacios naturales, de la flora y fauna silvestres define una
serie de nuevos instrumentos de protección y de gestión.
Los parques nacionales se agrupan en la red estatal de nueva
creación, que, a similitud de lo que ocurre en los parques
individuales, tendrán como instrumento básico un plan director.
El plan director de la Red Estatal de Parques Nacionales es el
instrumento a través del cual se fijan las líneas generales de
actuación en los citados parques nacionales y debe incluir objetivos
de conservación, de investigación y uso público, de formación y
sensibilización ciudadana, de cooperación entre administraciones
implicadas, así como las actividades concretas a desarrollar para
conseguir esos objetivos; en definitiva, un adecuado plan director
garantiza la coherencia de la Red Estatal de Parques Nacionales y, en
consecuencia, de sus objetivos de protección de la biodiversidad que
deben ser el fin último del establecimiento de espacios protegidos.
Pero como aquí lo que interesa es conocer la opinión del Gobierno, le
formulo a la señora ministra la siguiente pregunta: ¿Cuáles van a ser
las líneas básicas del nuevo plan director de la Red de Parques
Nacionales?
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ortíz.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor presidente.
En efecto, señoría, hemos instaurado un nuevo modelo de gestión de
parques nacionales basado en la cogestión, de tal forma que elaboran
esas directrices tanto la Administración central como aquellas
comunidades autónomas en donde está ubicado un parque nacional.
Sabe usted que cuando llegamos al Gobierno existía una gran
indefinición jurídica y los parques no estaban siendo correctamente
gestionados, puesto que la ley por la que se regían había sido
declarada inconstitucional por una sentencia del Tribunal
Constitucional del año 1995. Nos pusimos en marcha. Tenemos una ley
del año 1997, instaurando este nuevo modelo de gestión, en donde se
ha creado el consejo rector de la Red Estatal de Parques Nacionales,
del que forman parte todas las comunidades autónomas con parques
nacionales, además de la Administración central. En segundo lugar, el
consejo rector de la red se ha dotado de un plan director de la Red
de Parques Nacionales. Ese plan director es el primer instrumento de
planificación donde se definen las directrices básicas por las que
obtenemos esa imagen de calidad de la protección máxima de los
ecosistemas españoles que son los parques nacionales. Desde luego,
hemos sido felicitados por Europa y realmente es modélico, pero
créame que todavía son muchas las cosas que quedan por hacer.
En ese plan director hemos establecido realmente las directrices en
criterios de conservación y protección de los ecosistemas, el uso
público, todas las labores de investigación y desarrollo científico,
labores de formación, de educación, de sensibilización social, el
desarrollo de una conciencia ciudadana en torno a los parques
nacionales y estamos definiendo, como le he dicho, el marco de
colaboración con las administraciones. A partir de ahí se elaboran
otros instrumentos de planificación específicos para cada parque
nacional, en donde las comisiones mixtas de gestión, en un 50 por
ciento de participación entre ambas administraciones, establecen el
plan rector de uso y gestión y los planes de desarrollo de
actividades de cada año, donde se recojan las especificidad de cada
parque.
Con todo esto, señoría, estamos logrando una protección de los
ecosistemas, al mismo tiempo compatible con el desarrollo sostenible
en la medida en que los habitantes que se benefician de ese parque
son los que se sienten orgullosos de vivir en un parque nacional. Han
sido 9 millones los que han visitado los 12 parques nacionales que
existen en este momento. Por esa razón seguimos trabajando en la
protección de los ecosistemas con el disfrute de una nueva concepción
de protección de la naturaleza.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
-DEL DIPUTADO DON FRANCISCO JAVIER IGLESIAS GARCÍA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
ACCIONES ESTÁ DESARROLLANDO EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE PARA
PROMOVER LA EDUCACIÓN AMBIENTAL? (Número de expediente 180/001620).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
34, que formula don Francisco Javier Iglesias García, del Grupo
Parlamentario Popular.
Señor Iglesias.
El señor IGLESIAS GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, durante estos casi tres años en los que usted ha
estado al frente del primer Ministerio de Medio Ambiente de nuestra
historia se ha realizado y se está realizando lo que, a mi juicio,
constituye una labor ingente en pro de mejorar el medio ambiente en
España. Yo creo que, tanto en políticas sectoriales como en políticas
de ámbito legislativo, la labor que se está realizando en estos
momentos da una respuesta clara a los retos que nuestro país se ha
planteado en asuntos medioambientales que llevaban mucho tiempo
esperando una solución. Estas medidas no tienen otro objeto que
llevar a la práctica el desarrollo socioeconómico saludable -en
términos medioambientales-, que en la década de los ochenta se
denominó desarrollo sostenible. Este desarrollo sostenible no es otra
cosa que la aspiración del Gobierno de la nación a compaginar el
crecimiento productivo y material de nuestra sociedad con el cuidado
del entorno natural, de tal manera que dicho crecimiento proporcione
una mejor calidad de vida en el presente y preserve los recursos para
las generaciones venideras. A mi juicio, esta acertada orientación
que se ha dado por parte del Ministerio de Medio Ambiente debe
recoger un elemento absolutamente imprescindible para garantizar el
éxito de tales medidas: la colaboración ciudadana. Y qué mejor manera
de tener a los ciudadanos de nuestro país de parte del medio ambiente
que poniendo en práctica medidas que incidan de una manera clara y
definitiva en la educación ambiental como elemento integrador de
todas las políticas de este ámbito Por eso, señora ministra, en este
orden de ideas, deseo formularle la siguiente pregunta: ¿Qué acciones
está desarrollando el Ministerio de Medio Ambiente para promover la
educación ambiental?
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Iglesias.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Muchas
gracias, señor presidente.
Hablar de medio ambiente es hablar de calidad de vida de los
ciudadanos, porque medio ambiente -lo he dicho muchas veces- no es
solamente catástrofes, accidentes y problemas, sino naturaleza,
protección de ecosistemas, biodiversidad, vida, uso eficiente de los
recursos naturales, etcétera. Por todo ello, nos pareció que era
necesario, puesto que es algo que nos atañe a todos, dedicar el año
1999 a la educación ambiental. Con ello queremos crear conciencia
social, conciencia ambiental en todos los ciudadanos; no solamente en
las escuelas, sino en los sectores implicados, en los formadores de
esas jóvenes generaciones y por ello, con un presupuesto de 2.200
millones de pesetas, hemos puesto en marcha, entre otras, las
siguientes acciones: en primer lugar, en la línea de diálogo y de
colaboración entre administraciones, hemos creado una comisión
temática para la educación ambiental, compuesta por todos los
directores generales de cada una de las comunidades autónomas; en
segundo lugar, hemos elaborado un primer libro blanco de educación
ambiental, con el ánimo de consensuar entre todos un marco teórico de
posibles acciones de educación ambiental en los años venideros; en
tercer lugar, nos hemos dotado de un plan de formación ambiental,
elaborando distintos cursos sobre biodiversidad, calidad de aguas,
turismo sostenible, meteorología, residuos, etcétera; hemos creado
escuelas taller, como la que funciona ya en Navalcarnero, de
recuperación de ecosistemas; hemos establecido un programa de pueblos
abandonados para afincar y asentar la población en pueblos que
estaban siendo abandonados; hemos creado, por ejemplo, 60 cursos para
la mujer en programas piloto de desarrollo rural; trabajamos, como he
dicho antes, en la educación ambiental en los parques nacionales, y
estamos realizando unas campañas de sensibilización y comunicación,
de biodiversidad, de estrategia forestal, de consumo responsable,
verano ecológico, etcétera. Ayer mismo inauguré el centro de la
biodiversidad, en Sevilla, que ha supuesto una inversión de 600
millones de pesetas, y son varios los centros de documentación en los
que atendemos a todas las personas que quieren acercarse. (Aplausos.)
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
-DEL DIPUTADO DON JOSÉ MANUEL CABALLERO SERRANO, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CREE EL GOBIERNO QUE LA
SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRAN LOS INMIGRANTES EN CALAMOCARRO
(CEUTA) SE AJUSTA A LOS DERECHOS HUMANOS? (Número de expediente 180/
001609).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Por último,
pregunta número 23, que contestará el señor ministro de Interior y
que formula don José Manuel Caballero Serrano, del Grupo
Parlamentario Socialista.
Señor Caballero Serrano.
El señor CABALLERO SERRANO: Señor ministro, en mi condición de
diputado, pero sobre todo en mi condición de responsable de la
organización juvenil del Partido Socialista, preocupados como estamos
por la situación de los inmigrantes, he visitado en tres ocasiones el
campamento de Calamocarro coincidiendo con los tres años que ustedes
llevan en el Gobierno. Tengo que decirle que en estas tres ocasiones
la situación en la que malviven los inmigrantes cada vez ha sido peor
que la anterior; la situación en la que se encuentran está cada vez
más alejada de lo que establece la Declaración Universal de los
Derechos del Hombre. Por esto, señor ministro, quiero saber si el
Gobierno cree que la situación en la que se encuentran los
inmigrantes en Calamocarro se ajusta a los derechos humanos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Caballero.
Señor ministro de Interior.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor presidente,
señoría, el Gobierno conoce las dramáticas circunstancias que han
rodeado y rodean a los inmigrantes que se encuentran en Calamocarro.
Por ello mismo, el Gobierno no ha dejado de desarrollar un esfuerzo
permanente en la mejora de esos derechos humanos, de las condiciones
humanas a las que usted se refería, desde la fecha en que conoció y
heredó la existencia de un campamento como el de Calamocarro.
Quiero decirle que en los próximos días se va a proceder, por una
declaración de urgencia por parte del Gobierno, a la construcción de
un nuevo centro de acogida de 400 plazas aproximadamente que va a ser
financiado conjuntamente por la ciudad de Ceuta, por el Inserso, y
por la Unión Europea.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señor Caballero.
El señor CABALLERO SERRANO: Señor ministro, su Gobierno es el máximo
responsable del incumplimiento del artículo 2 de la Declaración
Universal de los Derechos Humano, pues los inmigrantes en Calamocarro
están desposeídos de todos los derechos que les corresponden a los
seres humanos. Permiten que esa situación sea así por la propia
condición de inmigrantes sin papeles de los subsaharianos afectados.
Su Gobierno, señor ministro, también es el responsable de la
violación del artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos porque los inmigrantes en
Calamocarro viven en peores condiciones que los animales.
Qué decir de que sólo se distribuyen 900 raciones de comida para más
de 2.000 subsaharianos. Qué decir de más de 2.000 hombres y mujeres
hacinados en un espacio inferior a lo que ocupa un campo de fútbol,
una densidad de población de más de 150.000 personas por kilómetro
cuadrado. Qué decir de las instalaciones sin ningún tipo de higiene,
sin agua, que tienen que soportar con un ambiente y un hedor
absolutamente inaguantable. El asunto de las basuras, con los
roedores que felizmente disfrutan todos los días del festín en el que
se encuentran, es una violación del artículo 3.
Su Gobierno, señor ministro, es también el responsable de la
violación del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos
del Hombre porque en Calamocarro hay niños y mujeres embarazadas que
están totalmente desatendidas, viviendo en condiciones aterradoras,
sin alimentos, sin atención médica o sanitaria, cubriéndose del frío
invierno con mantas y plásticos y carentes de las mínimas condiciones
de seguridad e higiene.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Caballero.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor presidente, no sé
si responderé con más brillantez, pero le aseguro que lo haré con más
rigor que el que ha demostrado en su forma de preguntar.
Me voy a permitir hacer tres consideraciones: la primera es que usted
oculta en su pregunta las acciones hechas por el Gobierno en
Calamocarro. Desde agosto de 1998 hasta la fecha se han atendido más
de 10.400 visitas médicas. Existe una consulta médica diaria, un
médico y una ATS. El total de inversiones de mejora en este año 1998
es de 150 millones, dando a los servicios higiénicos la prioridad que
se merecen. Desde 1996 se han beneficiado, en programas de acogida en
la Península, 4.000 inmigrantes de Ceuta y Melilla y quiero decir que
seguiremos trabajando en el campamento de Calamocarro y en el nuevo
centro de acogida. La segunda consideración que usted hace olvidar a
SS.SS. en esta Cámara es que Calamocarro no es un problema en sí
mismo, es una consecuencia de problemas dramáticos que se producen en
el norte de África, que se producen en la plaza de toros de Tánger,
que también le aconsejo que visite, y si usted tiene una auténtica
angustia por lo que sucede en Calamocarro allí se dará cuenta de que
la causa son los cientos de miles de personas de zonas subsaharianas
que están aproximándose al norte de África. Por eso respecto a la
tercera consideración, señoría, las soluciones, le quiero decir que
esto no sólo afecta a España, que también, sino a las relaciones de
España y Marruecos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor ministro,
muchas gracias.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Pero le quiero decir que
la solución no está ni en la demagogia ni en el ruido, está en muchos
planos todos los días. (Aplausos.- El señor Caballero Serrano: ¡Vaya
a Calamocarro!)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor ministro,
muchas gracias.
INTERPELACIONES URGENTES
-DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE LOS PROPÓSITOS DEL GOBIERNO
EN POLÍTICA PENITENCIARIA (Número de expediente 172/000136).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos al
apartado V del orden del día: Interpelaciones urgentes. Interpelación
urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre los propósitos del
Gobierno en política penitenciaria, para cuya presentación tiene la
palabra el señor Pérez Solano.
El señor PÉREZ SOLANO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, en este ambiente recoleto que tenemos esta tarde voy
a presentar la interpelación que el Grupo Parlamentario Socialista
formula al Gobierno para conocer los propósitos de éste en materia
penitenciaria. (El señor vicepresidente, Companys Sanfeliu, ocupa la
Presidencia.) El Grupo Socialista pretende, señor ministro, someter a
control parlamentario la política penitenciaria del Ministerio del
Interior para evaluar y enjuiciar las actuaciones gubernamentales en
esta materia una vez transcurrido tres años ya de su gestión, tiempo
suficiente para que podamos proceder a una valoración. Excluimos del
objeto de esta interpelación la política penitenciaria orientada a la
consecución del final de la violencia, por respeto al acuerdo
adoptado por unanimidad en esta Cámara el 10 de noviembre de 1998.El
resultado de esta evaluación y enjuiciamiento ha de hacerse a la luz
del programa electoral del Partido Popular en las instituciones
penitenciarias y de las actuaciones que ha desarrollado el Gobierno
del Partido Popular en estos tres años. El programa electoral del
Partido Popular era bien magro en esta materia. Decía literalmente:
Se continuarán los programas de construcción y mejora de los
establecimientos penitenciarios y se velará por la garantía del más
escrupuloso respeto de los derechos humanos de los internos y por la
lucha activa contra la droga en las cárceles. Fin de la cita y del
programa electoral.
El Grupo Parlamentario Socialista cree que es un patrimonio común de
todos los partidos democráticos progresistas considerar que la
política penitenciaria debe tener como finalidad primordial la
reeducación y reinserción social de los sentenciados a penas y
medidas privativas de libertad, la retención y custodia de los
detenidos, presos y penados y la asistencia social de los internos
liberados y de sus familiares. Estos principios
deben ser los rectores en la actuación de las instituciones
penitenciarias de acuerdo con la Constitución española de 1978 y la
legislación penitenciaria. Como establece el artículo 25.2 de la
Constitución, el condenado a pena de prisión que estuviere
cumpliéndola goza de los mismos derechos fundamentales que cualquier
otro ciudadano, salvo los que tenga expresamente limitados por el
contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley
penitenciaria, y tiene derecho en todo caso a un trabajo remunerado,
a los beneficios correspondientes a la Seguridad Social, al acceso
a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. El
tratamiento penitenciario, señor ministro -estamos de acuerdo-, es el
instrumento fundamental para conseguir la reeducación y reinserción
de los penados, integrándolos en la sociedad en condiciones de vivir
respetando la ley y de subvenir a sus necesidades, de ganarse la
vida. El verdadero tratamiento penitenciario debe ser
pluridimensional y pluriprofesional, como dicen todos los
profesionales, individualizado, dinámico y de carácter continuo, en
el que se integren las actividades escolares, laborales, deportivas y
socioculturales como núcleo principal de la reeducación y no como
meras actividades de entretenimiento.
El Grupo Parlamentario Socialista, señor presidente, considera que el
Gobierno no tiene una política penitenciaria definida -así lo han
manifestado todos los sindicatos del sector- orientada al
cumplimiento de los fines reeducadores, y ha incumplido en sus
aspectos sustanciales la moción consecuencia de interpelación
urgente, de Izquierda Unida, aprobada por unanimidad del Congreso de
los Diputados el 18 de junio de 1996, que requería al Gobierno que
desarrollara una política penitenciaria orientada a la reeducación y
reinserción social de los internos. Señor ministro, en opinión del
Grupo Socialista, el Gobierno no tiene una política penitenciaria que
persiga la reeducación -y si la tiene no lo logra- y la reinserción
social de los penados, por lo siguiente. Porque existe masificación y
hacinamiento en algunos centros penitenciarios como los de Palma de
Mallorca, Soto del Real y Zaragoza. Por contra, existen otros
terminados que no se abren. En de Zuera parece que se debe a un
capricho personal del presidente de la comunidad autónoma después de
cuatro años de estar construido; por falta de funcionarios no se
abren los de Palma de Mallorca y Mansilla de las Mulas, en León; y no
acaba de arrancar el proyecto de Villena, a pesar de lo que
manifieste el Gobierno a preguntas parlamentarias de dos diputados.
No existen plazas penitenciarias para albergar a los 45.000 internos
existentes en condiciones de cumplir el principio celular del sistema
penitenciario de que cada recluso disponga de una celda individual.
La proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, aprobada en
la Comisión de Justicia e Interior el 15 de abril de 1997, relativa a
la separación visual del espacio interior de las celdas, se ha
incumplido clamorosamente. La plantilla de funcionarios, señor
ministro, es insuficiente paraque el tratamiento penitenciario pueda
ser resocializador
y está desmotivada porque carece de una auténtica carrera
administrativa y molesta porque el Gobierno ha incumplido el pacto
retributivo que suscribió con los sindicatos del sector. En la prensa
de hoy, señor ministro, se informa de que en el centro penitenciario
Puerto- 2, de Cádiz, un solo funcionario vigila a 200 internos. En él
se han producido en las últimas semanas cuatro altercados entre
internos y funcionarios. No crea plazas penitenciarias, pues no puede
decirse que el acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de abril de
1998, que revisa el Plan de amortización y creación de centros
penitenciarios de 1991 y 1996, cree estas plazas porque, a diferencia
de los anteriores planes, no contiene previsiones de coste ni
calendario de construcción, adecuación y equipamiento de los nuevos
centros ni de los 24 centros de inserción social ni de las 40
unidades o zonas de custodia en hospitales del sector público que
dice que se van a construir. De los centros que dice el Plan de
amortización y creación que se van a construir en Algeciras, Cádiz,
Córdoba y Gran Canaria, nada se concreta sobre el estado de los
proyectos y calendario de ejecución. De igual modo, el Gobierno no ha
presentado el plan de creación de plazas públicas de deshabituación
de drogodependientes, como decía la moción consecuencia de
interpelación aprobada en esta Cámara. Tampoco ha elaborado un plan
formativo y cultural para los supuestos de suspensión de condena y
libertad condicional, otro requerimiento que le había formulado el
Parlamento a través de la moción. Tampoco existen, señor ministro,
suficientes centros de inserción social o centros abiertos para el
cumplimiento del tercer grado penitenciario, cumplimiento de penas en
régimen abierto y penas de arresto de fin de semana. No existen señor
ministro -sí se ha respondido a una pregunta formulada por este
parlamentario que le habla- criterios interpretativos de valoración
sobre el desempeño de actividades laborales, culturales
u ocupacionales para la concesión de los beneficios penitenciarios, de
la libertad condicional adelantada y del indulto particular; si
existieran estos criterios interpretativos unificadores, no se daría
la paradoja de que en algunos centros se hayan hecho 62 propuestas de
adelantamiento de la libertad condicional y cero propuestas en otros
muchos.
Señor ministro, la política penitenciaria del Gobierno también
incumple parcialmente los objetivos de detención y custodia de los
detenidos y presos, porque falta seguridad en el interior y en el
exterior de los establecimientos, lo que se ha traducido en fugas -no
soy exhaustivo- en Vigo, Soria, Jaén, y las tres escandalosas fugas
del centro de Alcalá-Meco, el 12 de diciembre de 1998, en que los
internos, al contrario del dicho, salieron como Pedro por su casa en
vez de entrar como Pedro por su casa. Por cierto, señor ministro, al
director de este centro de Alcalá-Meco, en vez de exigírsele
responsabilidades se le ha ascendido recientemente a una jefatura de
área de la subdirección de personal de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias. No voy a insistir mucho en este
aspecto ni en el de las fugas, señor ministro, porque hemos
solicitado la comparecencia del director general de Instituciones
Penitenciarias y explayaremos más los argumentos de este grupo
parlamentario, pero leapunto que en Soto del Real se produjo el
degollamiento de un interno a manos de un compañero de celda que en
opinión del Grupo Socialista estaba indebidamente clasificado al
estar junto con un delincuente primario; fallecimiento de internos en
algunos centros por sobredosis, lo que supone también incumplir la
obligación de velar por la salud de los reclusos; existencia hasta el
mes de octubre -se incumplen parcialmente las finalidades de
detención y custodia- de 16 informaciones reservadas y un expediente
disciplinario por la comisión de presuntos malos tratos con internos,
lo que demuestra que la Administración penitenciaria no cumple
debidamente con su obligación de velar por la integridad de los
internos en los centros penitenciarios.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Señor Pérez Solano, vaya
terminando, por favor.
El señor PÉREZ SOLANO: Termino, señor presidente.
Tampoco se presta una adecuada asistencia social a los internos
liberados y a sus familiares por falta de medios materiales y humanos
de las comisiones de asistencia social encargadas de prestar este
tipo de asistencia.
Señor presidente, señor ministro, el Grupo Socialista no quiere
pintar un chafarrinón apocalíptico o tremendista de la situación
penitenciaria en España porque la situación real es bastante
expresiva. A la vista de cuanto le hemos manifestado, tenemos que
concluir que el Gobierno no tiene una política penitenciaria definida
porque no tiene programa electoral ni de gobierno sobre la materia y
porque ha incumplido el programa electoral que le proporcionó esta
Cámara a través de su moción de 18 de junio de 1996. El Grupo
Parlamentario Socialista, con la moción que presente y con la
colaboración de otros grupos parlamentarios, intentará ofrecer pautas
de actuación para que el Gobierno pueda desarrollar una política
penitenciaria progresista y cumplidora de las finalidades de
reeducación y reinserción de los internos en los centros
penitenciarios españoles.
Gracias, señor presidente; gracias, señor ministro. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Pérez Solano.
Para contestar en nombre del Gobierno tiene la palabra el ministro de
Interior.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Señor presidente,
señorías, el que haya política penitenciaria o no en un Gobierno no
depende del programa electoral. Yo quiero una política eficaz del
Gobierno en política penitenciara más que un brillante programa
electoral. Después de escuchar los datos, las
cifras y los resultados que le voy a dar veremos si usted tiene la
capacidad de entender y comprender, de analizar y diagnosticar un
conjunto de resultados al final de mi intervención en el día de hoy y
si es posible reconsiderar la afirmación gratuita de que no hay
política penitenciaria Usted ha utilizado el término masificación.
Dicho término, que S.S. aplica gratuitamente, nos lleva a un concepto
impreciso que no ha podido poner en comparación con otros períodos de
tiempo y con otros países de nuestro entorno. Para ser lo más
riguroso posible no voy a referirme al concepto de masificación, voy
a utilizar un indicador que admita la comparación con otros países de
nuestro entorno occidental y con años anteriores a nuestra etapa de
gobierno. Ese concepto es la tasa de ocupación, para utilizar el
mismo lenguaje que los otros países de la Unión Europea y el Consejo
de Europa para sus estadísticas oficiales. La tasa de ocupación es el
resultado de la división del número de reclusos entre el número de
celdas disponibles. No hay un dato más objetivo que ese. Pues bien,
el índice de ocupación en los centros penitenciarios españoles se ha
reducido considerablemente en los últimos años. A finales de 1995 era
del 130 por ciento y a finales del año 1998 estamos en el 112 por
ciento, que supone que por cada 100 celdas hay 112 internos. Si S.S.
utiliza el término masificación para definir la actual situación,
¿cuál sería el término que aplicaría al comienzo del gobierno del
Partido Popular? La tasa de ocupación que hoy tenemos en las cárceles
españolas, 112 por ciento, nos permite estar a la altura de países
como Bélgica, que está en el 111, Francia en el 109 ó Inglaterra en
el 104 por ciento. La cifra española está por debajo de la de Italia,
que está en el 118, Grecia en 122 ó Portugal en 157.
Señorías, con todos estos datos comprobarán que este tema hay que
abordarlo con serenidad, sin tener que introducir ni conceptos ni
ideas alarmantes. No es serio, no es riguroso hablar hoy de
masificación en los centros penitenciarios españoles cuando en los
tres últimos años el índice de ocupación se ha reducido en 18 puntos
y va a bajar a finales de este año al 108 por ciento. Por otro lado,
de la justificación de la interpelación se desprende que el grupo
interpelante atribuye una pretendida masificación a la falta de
concreción, a la que usted se refería, de un calendario de los nuevos
centros penitenciarios previstos en el Plan de amortización
y creación de centros penitenciarios aprobado el 30 de abril de 1998.
Conviene precisar que el plan que se aprueba el pasado 30 de abril es
una revisión del Plan de amortización y creación de centros
penitenciarios de 1991, modificado en marzo de 1996. Esta reducción
del índice de ocupación ha sido posible -bajar al 112 por ciento-
gracias al esfuerzo que han realizado los profesionales de la
Administración penitenciaria, ya que en los tres años de legislatura
se han puesto en funcionamiento seis centros: Huelva, Granada,
Palencia, Lama, Curtis y Aranjuez. Quiero recordar que durante el
mismo período de tiempo, en la legislatura
anterior, sólo se pusieron en funcionamiento dos. ¿Y S.S. habla de
retraso y de ralentización en el ritmo de apertura? ¿Cuál sería el
término que entonces usted tiene que aplicar al final del mandato del
Gobierno socialista? La modificación del Plan de amortización y
creación de centros penitenciarios se justifica, además, en las
sensibles carencias de los planes que le precedieron y que llevó al
Parlamento a recoger en una moción parlamentaria, consensuada por
todos los grupos, la necesidad de que el Gobierno procediera en esta
dirección. De esta forma, el Plan de 1998, aprobado por el Gobierno,
ha de hacer frente a las necesidades del régimen abierto, que habían
sido absolutamente olvidadas en los planes que le precedieron. Le ha
obligado a crear la infraestructura necesaria para el cumplimiento de
las penas como el arresto de fin de semana, introducido por el
vigente Código Penal, y para lo que no había previsión organizativa
alguna. Ha tenido que cubrir las deficiencias organizativas que
suponía la ubicación de un conjunto de centros en aquellas áreas
geográficas que, con baja tasa de criminalidad, no demandaban un
volumen tan importante de plazas penitenciarias. Si S.S. habla de
inconcreción del Plan de 1998 ¿qué término utilizaría usted para
definir los planes del 91 y del 96, que son muchos más exiguos
y mucho más imprecisos? Pero le voy a precisar más ya que me hace esa
pregunta en el día de hoy. Y me permitirá el presidente que me
alargue unos minutos más para hablarle de un calendario de futuro en
ese terreno.
Las fechas previstas para la entrega de la Administración
penitenciaria por parte de la SIEP de los centros de construcción son
las siguientes: Palma de Mallorca, en junio de 1999; Mansilla de las
Mulas, junio de 1999; Segovia, primer semestre del 2000; Algeciras,
primer semestre del 2000; Córdoba, primer semestre del 2000. Hay dos
centros a los que si quiere luego me referiré, los de Villena y
Telde; de Zuera hablamos cuando usted quiera, señoría. En estos
momentos se está procediendo a la localización técnica de solares
para la ubicación de los centros de inserción social. Los plazos
previstos para la ejecución de un centro de inserción social es de 21
a 24 meses y han transcurrido sólo 10 meses desde su aprobación en
abril del año 1998. Por lo que se refiere a las zonas de custodia en
los hospitales públicos, el plazo de desarrollo de cada uno de los
proyectos es de tres a cuatro meses desde la toma de datos en el
hospital designado de acuerdo entre la Administración penitenciaria y
la Administración sanitaria; en 1998 ya han sido inauguradas las
unidades de acceso restringido del hospital Infanta Elena, en Huelva,
y del hospital general universitario Gregorio Marañón de Madrid; y en
1999 está prevista la inauguración de 20 unidades de acceso
restringido.
Pasemos rápidamente a la seguridad en los centros penitenciarios,
señoría. Se refiere a la falta de seguridad que se ha manifestado en
algunas fugas y muertes violentas en estos meses, y yo le digo lo
mismo: índices, parámetros que pueden determinar, medir y cuantificar
los niveles de seguridad en las cárceles. Creo que estará de acuerdo,
porque es de sentido común, que las evasiones, las muertes violentas,
los motines y los suicidios son los parámetros que determinan la
seguridad en un centro. El número de evasiones que se han producido
en esta etapa de casi tres años de Gobierno ha alcanzado la cifra de
20; 20 evasiones; en los tres años anteriores, 1993, 1994 y 1995, se
produjeron 30 evasiones, 10 más; y en los años 1990, 1991 y 1992, la
cifra se elevó a 68, 48 más que en los últimos tres años. Le doy un
dato complementario: de los 20 evadidos en estos tres años 16 han
sido reingresados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Estas cifras, señoría, nos colocan en una evolución muy favorable
durante los tres primeros años y nos permiten rebatir con argumentos
sólidos su crítica hacia la seguridad exterior, para entendernos, de
los centros penitenciarios. La tendencia general es de una clara
disminución de las muertes violentas en los centros penitenciarios.
¿Pero cómo puede decir lo contrario? Le doy también los datos sobre
muertes violentas en períodos de tres años: en los años 1990, 1991,
1992 fueron 19; en 1993, 1994, 1995 fueron 13, y en 1996, 1997 y 1998
fueron 8, es decir, cinco menos que en el período de los tres años
anteriores y 11 menos que en los años 1990, 1991, 1992. No ha habido
ningún secuestro ni ningún motín desde el año 1996. No quiero
recordar lo que pasó en las cárceles españolas en los años 1990 y
1991.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Señor ministro, me temo
que tendrá que ir terminando.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Voy terminando.
En cuanto a cifras sobre la evolución de suicidios existen datos
absolutamente positivos en los últimos años. Si la media de este tipo
de suicidios estaba en torno a 24 en el año 1990, durante 1998 se
producen 10 suicidios y en lo que va de 1999 se ha producido uno. Si
usted aplica hoy el término de inseguridad globalmente en las
cárceles, la pregunta es: ¿Cómo podría definir esa misma situación en
los años anteriores? ¿Qué término, además de la inseguridad, podría
sustituir el análisis de la situación?
Voy a referirme a un tema que no quiero dejar de mencionar, que es el
de la formación en los centros penitenciarios. Hay otras cuestiones
que el tiempo me limita, como asistencia sanitaria y personal,
cuestión esta última a la que también me gustaría hacer una brevísima
referencia. Respecto a la formación en los centros penitenciarios,
quiero decirle que el término formación significa la suma de
enseñanza reglada, enseñanza no reglada, formación profesional
ocupacional, actividades de orientación sociolaboral e inserción
laboral, actividades culturales y deportivas, talleres ocupacionales
y trabajo productivo. Escojo dos parámetros. En materia de formación
profesional ocupacional, el número de alumnos atendidos en 1996 era
de 5.164; hemos pasado a 9.038, lo que ha significado un incremento
de un 75 por ciento en estos tres años. De 3.408 trabajadores
internos en talleres productivos a mediados de 1996 hemos pasado a
7.100 en enero de 1999; el crecimiento es del 108 por ciento. Si S.S.
hablaba de carencia formativa hoy, ¿cuál es su juicio del grado de
formación hace muy pocos años en las cárceles españolas?
Señorías, quiero referirme al capítulo de personal. Usted habla de
los problemas de los funcionarios respecto de los reclusos y yo
simplemente le voy a dar otro dato, otra cifra, que es la ratio entre
interno y empleado. La ratio entre interno y empleado público era en
1992 de 2,26, es decir, había 2,26 reclusos por cada funcionario; en
1994 subió a 2,54 pero en 1998 hemos bajado a 2,1, la mejor ratio de
los últimos años. No parece consistente hablar en estos momentos de
insuficiencia de personal con esta ratio.
Quiero por último decir, hablando de los funcionarios, que el
capítulo de gastos de personal se ha incrementado en un 18,2 por
ciento desde 1996 a 1999.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Señor ministro, debe
terminar, por favor.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Termino.
El aumento por efecto del IPC ha sido del 3,9, pero el 14,3 por
ciento es debido a las ofertas de empleo público y a las mejoras
retributivas. Quiero recordarle, señoría, que en el período 1994-1996
creció simplemente el 8 por ciento, con incrementos de IPC. No se
pueden hacer declaraciones en el aire, sin traer un solo dato ni
ninguna cifra, para presentar una interpelación de estas
características. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
ministro.
Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Pérez Solano.
El señor PÉREZ SOLANO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, yo entiendo perfectamente, lo mismo que usted, el
tema que estamos tratando. Posiblemente lo haya estudiado bastante
más que usted y tenga datos, no los que le ha preparado un asesor del
gabinete ministerial. Por consiguiente, creo que es bastante
irrespetuoso dudar de que yo pueda comprender todas las cuestiones
que se están suscitando. Me parece de bastante mala educación
democrática apuntar esa posibilidad. (Rumores.- Varios señores
diputados: ¡Muy bien!) Ya me temía yo, señor ministro, que iba a
hacer apelaciones -porque lo están haciendo toda la tarde- a la
herencia recibida. Me parece una eterna canción, una cantinela y un
ritornelo difícil de aguantar. Ustedes llevan ya tres años
gobernando. Al poco tiempo de haber tomado posesión el Gobierno
podíamos haber presentado una interpelación para conocer las líneas
maestrasde su política penitenciaria. Hemos esperado tres años
porque creemos que es tiempo suficiente para asentar una política,
para crear centros penitenciarios, para dotar de plazas
penitenciarias al sistema penitenciario español, para crear la
plantilla de funcionarios suficiente con el fin de que se pueda
realizar adecuadamente un tratamiento individualizado de las penas. Y
ya que habla de creación de centros penitenciarios, señor ministro,
coincidirá conmigo en que en la construcción de un centro
penitenciario tipo de 1.008 plazas aproximadamente, que es la
capacidad que tienen los centros tipo, entre trámites administrativos
y ejecución de obra civil no se tarda menos de dos años y medio.
Ya que hablan tanto del pasado, los centros que ustedes han
inaugurado se iniciaron bajo la etapa del mandato socialista, señor
ministro. (Rumores.) Ustedes se han limitado a inaugurarlos. Y ya que
se pone así le voy a decir que no son capaces ni de inaugurar los
centros que están terminados. ¿Por qué no inauguran el de Palma de
Mallorca, que hace mucho tiempo que está terminado, a falta de
equipar, y se hacinan y masifican los presos en la antigua cárcel de
Palma de Mallorca? Respóndame, señor ministro. ¿Por qué no hace lo
mismo con el centro penitenciario de Mansilla de las Mulas o con el
centro penitenciario de Zuera, que lleva cuatro años terminado? En un
rasgo de generosidad, señor ministro, voy a admitir nuestra
responsabilidad de retrasarlo un año: hasta cuatro, quedan tres que
son responsabilidad de su Gobierno. Mire lo que dice hoy el
secretario general del Partido Popular, señor Arenas, en Zuera,
Zaragoza; aprovechando que el Ebro pasa por allí hace las siguientes
declaraciones a propósito del centro penitenciario de Zuera. Y le
ruego, señor ministro, que cumpla obediente y disciplinadamente lo
que pide porque es el secretario general de su partido el que hace
este requerimiento. Dice lo siguiente el señor Arenas: El PP apoya
con toda firmeza las posiciones que está expresando el Gobierno.
¿Dónde está la firmeza? ¿Qué posiciones está expresando el Gobierno
para la apertura del centro de Zuera? ¿Quién va a tener la
competencia y la responsabilidad de abrir un centro penitenciario que
está terminado desde hace cuatro años, señor ministro?
Efectivamente, con datos estadísticos no se puede enmascarar la
crudeza de la gravedad de la situación penitenciaria en España. Señor
ministro, han dicho todos los sindicatos del sector -aunque usted
crea que las ratio estadísticas son suficientes- que hay una
inadecuación de plantillas para proceder a un tratamiento
individualizador de la pena con el fin de conseguir la reinserción
social de los penados. Si no es así, señor ministro, respóndame a una
noticia que viene en la prensa ¿Por qué en el centro que le he
mencionado, Puerto-2, en Cádiz, hay un funcionario vigilando a 200
internos? ¿También allí se da la ratio, señor ministro? ¿Se ha dado
la ratio que usted me decía en Soto del Real en los meses de julio,
agosto y septiembre con el hacinamiento -no masificación- como
consecuencia del ingreso de los presos preventivos procedentes de
Carabanchel por cierre de ese centro? Señor ministro,
en los tres meses de que le hablo ha habido en Soto del Real 1.500
internos ingresados cuando debe haber 1.000. ¿No es eso hacinamiento,
señor ministro? No es masificación. En Soto del Real han estado
conviviendo sin la clasificación inicial que exige el reglamento
penitenciario, entre jóvenes y adultos, primarios y reincidentes,
peligrosos y no peligrosos, enfermos y no enfermos, etcétera, 70 y 80
internos. ¿Eso es una política penitenciaria adecuada? En absoluto va
con mi carácter, señor ministro, ya me conocerá, la demagogia, la
exageración ni los argumentos abruptos. Hemos esperado tres años y
creo que es un tiempo más que suficiente para que ustedes hayan
podido hacer política penitenciaria.
Respecto de los incumplimientos de los fines de seguridad y
retención, señor ministro, le he dicho - no sé si es que no me ha
escuchado- que se habían incumplido parcialmente, porque a mí me
gusta ser riguroso por deformación profesional cuando hablo en las
tribunas públicas.
Tampoco me van las estadísticas, señor ministro. Ya sabía yo que en
el mandato socialista se delinquía mucho más, se era más pervertido y
no había ningún tratamiento penitenciario para los presos en las
cárceles. Era como definían los antiguos moralistas y catequistas el
infierno: el compendio de todos los males sin mezcla de bien alguno.
Señor ministro, yo asumo que en la etapa socialista se delinquía
mucho más y éramos todos mucho más degenerados (Aplausos.), pero
hablando con seriedad, permítame esta ironía. No se pueden dar
estadísticas frías, al igual que si usted lo recuerda cxuando
hablábamos de la política antiterrorista no podíamos tirarnos los
trastos a la cabeza en cuanto a si había habido 20 ó 30 muertos, la
cifra se reducía en cinco y por consiguiente era un éxito. No podemos
hablar de estadísticas, de si con ustedes había 20 evasiones y ahora
hay 17, 16 ó 18.
Le he dicho que se incumple parcialmente, señor ministro. La evasión
de tres reclusos que se produjo en Soto del Real en diciembre de 1998
es una evasión escandalosa. Es así, señor ministro, y lo tiene que
reconocer. Salieron burlando todos los mecanismo de seguridad, nadie
les pidió, como se dice vulgarmente, el carné de identidad y se
fueron tranquilamente a la calle. Eso, señor ministro, es un
incumplimiento de los deberes de retención y custodia.
Respecto de la formación, señor ministro, acude de nuevo a la
muletilla de la estadística de la legislación comparada. Podemos
entrar en estadísticas, y si le parece señor ministro, puedo pedir su
comparecencia en una Comisión donde tendremos más tiempo para
analizar rigurosamente todas las estadísticas que S.S. tenga. Yo
también las tengo porque me he preocupado de obtenerlas, señor
ministro.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Señor Pérez Solano vaya
terminando.
El señor PÉREZ SOLANO: Acabo ya, señor presidente.
Finalmente, señor ministro, quiero decirle que en cuanto a la
política de personal haga caso de lo que le han dicho unánimemente
todos los sindicatos del sector: la plantilla es insuficiente. Cumpla
sobre todo los acuerdos económicos a que llegó con los sindicatos del
sector y que ha incumplido. Creo que es un síntoma de salud
democrática que cuando un Gobierno realiza un pacto el siguiente
tiene que cumplirlo aunque no le guste, señor ministro. En eso
consiste la continuidad democrática y la continuidad de la acción de
Gobierno.
Por último, señor ministro, respecto de la política de construcción y
creación de centros penitenciarios, centros de inserción social y
zonas de custodia, siga por favor una política continuista respecto a
la del Gobierno socialista, porque la relación del plan de
amortización y creación que ustedes han hecho el 30 de abril de 1998
es un calco absoluto tanto de los centros a amortizar como de la
creación de nuevos centros de los planes socialistas de 1991 y 1996,
con una salvedad, señor presidente, y ya acabo: que en los planes de
1991 y en el revisado de 1996 se establecían costes económicos de los
centros que se iban a crear. El de ustedes es un documento piadoso y
de buenas intenciones exclusivamente, porque no tiene ningún
calendario ni existe dotación presupuestaria. Ya sé que me va a decir
que no existe dotación presupuestaria en la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Justicia porque esta
misión, esta función de crear centros y amortizar los obsoletos se la
hemos encomendado a la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos
Penitenciarios, Sociedad Anónima, que a través de ampliaciones de
capital proveerá a la creación y amortización de los centros.
Señor ministro, refugiarse en este burladero de la Sociedad de
Infraestructuras y Equuipamientos Penitenciarios es una auténtica
engañifa...
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Señor Pérez Solano,
termine por favor.
El señor PÉREZ SOLANO: Señor ministro, si no hay precisiones y
previsiones, no lo podemos someter al control democrático
parlamentario de los partidos de la oposición. Si es un documento
genérico y sin plazo, mal podemos cumplir nuestro papel democrático.
Nada más y muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
diputado.
Señor ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE INTERIOR (Mayor Oreja): Me reconocerá que es
mejor dar cifras que no darlas. Se podrá decir que las cifras, las
estadísticas son siempre incompletas; pero es mejor dar cifras
globales que
informaciones parciales. No deformemos las cosas. En su intervención
no me ha rebatido ninguna de las cifras, ni una sola. (El señor Pérez
Solano pronuncia palabras que no se perciben.) ¿En la Comisión? Bien.
Si quiere una comparecencia larga en la Comisión para hablar de todas
estas cifras u otra fórmula, estoy dispuesto para que ustedes
conozcan estos resultados y luego puedan enjuiciarlos, incluso las
estadísticas que se les dan. Ustedes lo que hacen es introducir una
política de oposición frontal en esta cuestión antes de conocer los
resultados, porque en este momento conviene en función de que ha
habido dos o tres noticias en los periódicos.
Quiero decirle también que la política penitenciaria del Gobierno es
continuidad de la política penitenciaria de la democracia en España.
Cuando le he escuchado tenía la sensación de que se estaba echando
piedras contra su propio tejado, porque la política penitenciaria que
está haciendo este Gobierno es continuación de la anterior.
Evidentemente también el Gobierno de la UCD modificó sustancialmente
la política penitenciaria. Si en algo es irreconocible España hoy
respecto de lo que sucedió hace 20 años es en las cárceles, ustedes
también forman parte de ese patrimonio de avance, y ahora de pronto
no tienen por qué interrumpir lo que ha significado un avance de la
democracia española, especialmente en las instituciones
penitenciarias.
Es fácil rebatir muchas de las argumentaciones que ha expuesto. Por
cierto los reclusos no se escaparon de Soto del Real, sino de Alcalá-
Meco; fueron tres y los tres están en prisión desde el 21 de febrero.
Faltaba uno y ha sido detenido hace cuatro días exactamente.
Una fuga siempre es escandalosa y siempre se han producido en el
período democrático español. ¿Qué tendría que decir yo de la fuga de
Silva Sande del año 1992, que lamentablemente todavía tiene en jaque
a la policía española? Es evidente que en ocasiones se producen estos
hechos. Si esas estadísticas son preocupantes, evidentemente hay que
criticar e interpelar al Gobierno, pero si las cifras no demuestran
que se está produciendo un deterioro de la seguridad, no entiendo las
razones por las que usted plantea una cuestión de esta naturaleza.
Quiero poner de manifiesto, para que vea que no solamente son cifras
estadísticas -y hay cuestiones humanas y personales que vale la pena
destacar en esta Cámara-, un ejemplo que para mí tiene muchísima
importancia desde el punto de vista personal, que es la existencia de
los niños con sus madres en centros penitenciarios. En diciembre de
1996 se disponía de 12 técnicos de jardines de infancia para una
población de 151 niños; en enero de 1999 contamos con 20
especialistas y se van a añadir seis más con fecha julio de 1999.
Esto quiere decir que vamos a tener doble cantidad de especialistas
para el mismo número de niños que están con sus madres en las
cárceles españolas. La salida al exterior de esos niños en estos
momentos, como un factor de preocupación social de los funcionarios,
porque todo esto se debe a la profesionalidad de los funcionarios de
prisiones esencialmente, se está haciendo de una manera que hoy por
hoy es mucho más llevadera, aunque sea lo más trágico para las
madres, cuando se producen hechos de esta naturaleza, que todavía
tienen que permanecer con sus hijos en prisión.
Hay espacios específicos, por ejemplo en las unidades de madres. Se
puede decir que prácticamente todas las unidades de madres existentes
cuentan con espacios específicos para la atención de los niños. En el
año 1996 se contaba con sólo cuatro unidades de madres y hoy tenemos
siete unidades para el mismo número de niños. Esto quiere decir que
se está avanzando en todos los terrenos; no se está retrocediendo
porque entre otras cosas los profesionales de instituciones
penitenciarias no lo permitirían, porque están avanzando en un
proceso mucho más democrático en ese sentido y en esta dirección.
En el debate de política penitenciaria no puede haber retroceso. Se
habla de política penitenciaria progresista o cavernícola. Nosotros
estamos fundamentalmente llevando a cabo la política penitenciaria y
la aplicación de las medidas progresistas del Código Penal. Vamos a
suponer que a ese Código Penal que hicieron ustedes le vamos a dar el
carácter de progresista. Pues bien, la política penitenciaria que se
está llevando a cabo, que es la novedad respecto de 1991 y 1996, es
que ese Código Penal sea una realidad en política penitenciaria. Esas
son las directrices de futuro y lo demás es seguir actuando paso a
paso. En las prisiones nunca hay soluciones triunfalistas. Las
prisiones siempre tienen y tendrán problemas. Lo importante es ir en
la buena dirección. Lo importante en política penitenciaria es ser
conscientes de que uno no debe estar en la desesperanza ni en el
triunfalismo; hay que seguir trabajando en una situación siempre
desagradable y siempre difícil.
En definitiva, señoría, creo que le he dado una serie de cifras
generales y unos resultados. Estoy a su disposición para darle en
Comisión parlamentaria o donde usted quiera todos los datos que
desee, todo lo que significa hoy una evaluación de la política
penitenciaria. Después de conocer los datos y los resultados me
parece que tendrá usted muchos más elementos de juicio globales,
generales, con datos, con cifras y con estadísticas para criticarlos.
Seguro que encontrará razones de crítica en la política penitenciaria
que hace el Gobierno. Sólo le ruego que no sustituya la falta de
datos por el voluntarismo; que no ponga en entredicho lo que es un
avance de la democracia española, de todas las fuerzas políticas y
también de esta Cámara, por gritar o descalificar más o porque en un
momento determinado necesite hacer daño a la política del Gobierno.
Buena parte de lo que hoy he defendido aquí se debe a aquella
proposición que salió de este Parlamento y que está cumpliéndose
rigurosamente.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
ministro. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor
Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
El Bloque Nacionalista Galego considera que todo lo que tiene que ver
con el derecho penitenciario es una materia fronteriza, difícil y
oscura, sobre todo cuando hay que añadir el desinterés general que la
ejecución de las penas suscita en la sociedad. Esto conlleva que el
control sobre la actuación administrativa no sea real, que las
relaciones entre los principios filosóficos de ley y la forma de
plasmarlos en el reglamento no sea la adecuada, y que además no haya
una vigilancia y una protección eficaz de los derechos fundamentales.
A nadie se le oculta que un régimen penitenciario cerrado y con penas
privativas de libertad, se convierte prácticamente en la custodia y
retención de los reclusos en vez de en su reeducación, es decir en
una forma de control. Todos sabemos que tal como está la sociedad,
hay un imparable crecimiento de la población reclusa, o cuando menos
las cifras se mantienen muy altas en el conjunto de la Unión Europea.
Creo que el señor ministro sabe que últimamente ha habido un
sinnúmero de denuncias tanto en el Consejo General del Poder Judicial
como en los juzgados de instrucción y vigilancia penitenciaria, que
no fueron investigadas, que fueron archivadas, pero que no dejan de
responder a cierto clamor social en el Estado.
Las prisiones en general, y en el Estado español en particular, están
en condiciones que no son adecuadas, y así lo asume el propio
Defensor del Pueblo. Estas instituciones de carácter democrático
deberían ser tenidas en cuenta, igual que los informes de algunas
fiscalías como las del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.
En todo caso y utilizando los datos del Gobierno, hay cuestiones que
son preocupantes. Según datos del Gobierno, en 1996 casi un cuarto de
la población penitenciaria estaba constituido por internos afectados
por VIH.
Es cierto que han mejorado las cárceles de mujeres, a las que aludió
el señor ministro, pero muchas de ellas han mejorado desde el punto
de vista de la infraestructura, como la cárcel de Teixeiro, en
Curtis, pero no se pueden verificar los derechos específicos de las
madres y no hay niveles de enseñanza reglada para las mujeres, lo que
provoca que muchas prefieran seguir estando en Madrid o en las
cárceles tradicionales que tenían.
Un último dato, señor ministro. De 1.280 excarcelados entre 1995 y
1996 a finales de diciembre por enfermedad grave, prácticamente 500
murieron a finales de 1997. Es decir que cuando se hace alguna
excarcelación por motivos contemplados en el reglamento
penitenciario, se hace tarde y no hay una aplicación general a todos
los que pueden acceder a este derecho.
En definitiva, y acabo ya, consideramos que es necesario reducir la
masificación que existe. Las cifras me recuerdan a las que se dan
para la enseñanza: nada más hay 50 alumnos por aula; sí, algunos
profesores tienen 10 alumnos y otros tienen 40. Hay que reducir la
tensión en las cárceles; para ello tenemos que tratar de reducir el
número de presos y existen mecanismos legales que contemplan esta
posibilidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Señor Rodríguez, tiene
que ir terminando, por favor.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Hay que tratar de motivar a los internos
con medios cada vez más adecuados. No podemos eliminar las cárceles,
pero sí podemos hacerlas más justas y racionales. A ello va este
debate.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliú): Tiene la palabra la
señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias, señor presidente.
Hemos escuchado con gran atención al interpelante y al ministro
interpelado. Si entramos en lo que es la legislación penitenciaria
observamos que ciertamente tanto el artículo 25.2 de la Constitución,
el artículo 1.3, etcétera, son definiciones creo que muy concretas,
pero además muy claras respecto de cuáles deben ser los fines de las
penas privativas de libertad: la reeducación y reinserción social.
La verdad es que he quedado abrumada con tanta cifra y no sé en dónde
quedarme, pero lo que no he oído son las cifras que creo debieran ser
muy claras. ¿Cuál es el porcentaje de reclusos que han conseguido la
reeducación y reinserción social? Ahí es donde a mí me queda un poco
la duda de si realmente no se saben, no se quieren dar o qué pasa,
porque en definitiva todos tenemos que intentar la reeducación y
reinserción social y entre tanta cifra ésa se me ha escapado.
En cualquier caso creo que ciertamente esto, como decía mi compañero
el señor Rodríguez, no suele ser un tema bonito en la sociedad,
porque de alguna manera los reclusos no son los principales amigos
del resto de la gente y siempre tendemos a eximirles o a quitarles
determinados derechos que desde luego por ley siguen teniendo.
Si observamos los informes del Defensor del Pueblo -ya no voy a
hablar por las cuestiones subjetivas de lo que podamos pensar unos u
otros- o el informe en concreto en la Comunidad Autónoma del País
Vasco del Ararteko o Defensor del Pueblo, es realmente espeluznante
en lo descriptivo. No voy a entrar aquí a detallar cuáles son, al
menos en la Comunidad Autónoma del País Vasco, las circunstancias en
que se encuentran
los centros penitenciarios. Realmente creo que se podrían dar datos
muy concretos, desde por ejemplo las mujeres no disponer de un patio
para pasear en concreto en Martutene, hasta otra serie de cuestiones,
y de esto desde luego nadie nos podemos halagar, alabar o exhibir.
En cualquier caso, cuando hablamos de política penitenciaria hablamos
de competencias y también creemos que una de las maneras para
conseguir solventar los problemas con mayor celeridad, eficiencia y
eficacia podía ser el cumplimiento de determinados estatutos de
autonomía y en concreto el Estatuto de Autonomía del País Vasco,
donde de manera muy clara y muy certera, una ley que se aprobó hace
ya casi veinte años dice que la competencia exclusiva y la
organización, régimen y funcionamiento de las prisiones
y establecimientos penitenciarios corresponde a la Comunidad Autónoma
del País Vasco y también la ejecución de la legislación
penitenciaria. Creo que sería descriptivo.
En todo caso me gustaría hacer una pregunta al señor ministro, a lo
mejor le parece que no es procedente en este debate pero nunca me ha
aclarado por qué el tema de instituciones penitenciarias ha pasado
del ámbito natural e histórico de justicia a interior. ¿Tiene algo
que ver el Ministerio del Interior por su propia política a la hora
de determinar la política penitenciaria?
Por último, no voy a entrar -no me da tiempo, ya veremos qué dice la
moción- en dinámicas que no corresponden quizás del todo a este
debate, pero sí al tema, pues no olvidemos que el tema es política
penitenciaria y simplemente me limitaría a decir que desde luego la
moción de 10 de noviembre que mencionaba el interpelante, desde mi
punto de vista sigue sin cumplirse. No voy a entrar en más detalles,
sigue sin cumplirse lo que son en definitiva las orientaciones
generales para un colectivo de presos que aunque presos siguen
teniendo los beneficios que la ley otorga a todos los presos: el
acercamiento a su entorno social para la reeducación y la
reinserción.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señora
Lasagabaster.
Por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida tiene la palabra
el señor Meyer Pleite.
El señor MEYER PLEITE: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar decir al grupo autor de esta interpelación que va a
contar con nuestra colaboración a la hora de redactar una moción que
efectivamente pretenda un giro en la política penitenciaria, desde
dos discrepancias, una ya conocida por el grupo autor de la
interpelación y es que nosotros nunca hemos entendido que la
arquitectura de la macrocárcel sea la más adecuada para la
reinserción, y en segundo lugar no compartimos que el Partido Popular
no tenga política
penitenciaria, yo creo que sí, el Partido Popular tiene una política
penitenciaria que la adoptó desde el mismo momento que se configuró
en Gobierno. La propia opción de situar Instituciones Penitenciarias
en el Ministerio del Interior creo que habla por sí sola.En el
Partido Popular existe una política penitenciaria que es
conservadora, que no recoge medios técnicos y humanos suficientes
para buscar la reinserción, y es en lo que se diferencia siempre una
política penitenciaria reaccionaria o progresista. Eso existe, señor
ministro.
A partir de ahí, algunas sugerencias al grupo autor de la propuesta.
En primer lugar, después de que hace dos años y ocho meses que
aprobamos por unanimidad otra moción, habrá que decirle al Gobierno
que están prácticamente incumplidos los seis puntos de esa moción.
Creo que dos años y ocho meses es tiempo más que suficiente, más que
razonable para que una Cámara de diputados que ha instado por
unanimidad a un Gobierno, haga cumplir por lo menos el 75 por ciento
de la moción. Se podría decir que analizada esta moción del mes de
junio de 1996 estamos en el 80 por ciento de incumplimiento de la
moción. Era una moción que buscaba este consenso para construir entre
todos y entre todas una política progresista en el tratamiento
penitenciario del recluso y de la reclusa. No ha sido así, tal vez
porque por parte del Gobierno hay otras prioridades que le llevan a
otra política penitenciaria.
Pero es que desde el año 1996 para acá hemos tenido ocasión,
efectivamente, de conocer el informe del Defensor del Pueblo de 1997;
hemos tenido ocasión de celebrar una comparecencia del señor
ministro, el 21 de mayo de 1998, por la denuncia de distintas
organizaciones humanitarias sobre malos tratos. Los diputados
y diputadas de Izquierda Unida hemos tenido ocasión de visitar un total
de diez establecimientos penitenciarios. Con ese gesto de tener una
presencia física hemos querido conocer directamente cuál es la
realidad in situ. Hay un magnífico trabajo realizado por dos
diputados autonómicos de Izquierda Unida de la Asamblea de Madrid, la
diputada Virginia Díaz y el diputado Carlos Paíno; en Andalucía la
diputada Aramburu ha visitado dos centros, los centros penitenciarios
de Huelva y de Sevilla; yo mismo he visitado el centro del Puerto de
Santa María, que hoy ha sido denunciado también por falta de
material, por falta de servicios de seguridad, etcétera. Por tanto
desde Izquierda Unida hemos hecho un esfuerzo por conocer la realidad
e implicarnos en ese compromiso alcanzado por unanimidad en la Cámara
y procurar un giro progresista de la política penitenciaria; pero al
día de hoy, señor ministro, se puede decir que no lo hemos alcanzado.
Ustedes optan por una política que no es progresista, que
efectivamente contraviene lo fundamental del mandato constitucional,
el espíritu iniciado por Naciones Unidas en el año 1955, y traducido
en el año 1978 por el Consejo de Europa, con aquellas reglas mínimas
para el tratamiento de los reclusos, cuando decía que
el fin de la ejecución de la pena es la resocialización, por lo que
no consiste en que el penado tenga que sufrir dentro del centro un
castigo añadido al de una pena impuesta judicialmente ni que tenga
que ser tratado en él de manera distinta a otros reclusos según el
tipo de delito cometido o la gravedad de la condena. Este fin que
compartimos, tanto el mandato constitucional como el de Naciones
Unidas y el propio del Consejo de Europa, está por construir. ¿Quién
paga el pato mientras no se consiga? El recluso.
En la comparecencia que tuvimos ocasión de celebrar en mayo del año
pasado se pusieron en evidencia muchas cosas, entre ellas la propia
denuncia del Defensor del Pueblo -que al día de hoy está también por
reconducir-; se puso en evidencia que efectivamente la dotación de
jueces de vigilancia, que tienen mandatada la protección de los
derechos del recluso, es absolutamente insuficiente (33 jueces de
vigilancia para una población de 44.000 reclusos o reclusas); se puso
en evidencia que efectivamente, aunque de forma aislada, era
preocupante la aparición de maltrato o intento de a través de todo lo
que significan las medidas disciplinarias atajar cierto descontento
que existe en las prisiones, en definitiva una vulneración de los
derechos...
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Señor Meyer, vaya
concluyendo.
El señor MEYER PLEITE: Voy terminando.
Habría que concretar un catálogo de las cuestiones que más nos
preocupan y que pasan por todo el sistema sanitario, el tratamiento
de las enfermedades psíquicas; precisamente por una mala catalogación
un enfermo psiquiátrico murió asesinado en el centro de Soto del
Real, el señor Cano, repito, por una mala catalogación.
Todo el tema de las medidas humanas y materiales, que son cruciales
para una determinada política penitenciaria progresista hacen agua, y
este es el punto 5 de la anterior moción que no se ha cumplido. Todo
el sistema de seguridad, señor ministro, habrá que revisarlo. Vamos a
ser todos muy prudentes, yo le podía dar datos de cárceles de alta
seguridad que hemos visitado -no lo voy a hacer, lógicamente, por
prudencia-; le podía decir cómo es el sistema perimetral de seguridad
y cuántos funcionarios de la Guardia Civil o del Cuerpo Nacional de
Policía están para su cuidado. Voy a ser muy prudente y no lo voy a
decir, se lo diré personalmente si puedo, pero es absolutamente
alarmante.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Señor Meyer, termine,
por favor.
El señor MEYER PLEITE: Termino, señor presidente.
Respecto al tema de las dotaciones sociales dentro de las cárceles
para poder realizar esa función de reinserción
y el acercamiento de presos, le reiteramos señor ministro que el
acercamiento con carácter general en función de las recomendaciones
europeas es una realidad que se debería poner en práctica ya. El
Gobierno me acaba de facilitar una contestación sobre cuántos
andaluces están cumpliendo condena fuera de la comunidad, y es
elocuente. El número de andaluces residentes que están cumpliendo
condena fuera de Andalucía distribuidos en el conjunto de centros
penitenciarios es de 1.598 y los nacidos ahí son 2.687.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Señor Meyer, debe
terminar.
El señor MEYER PLEITE: En esta fase de pacificación a los presos de
ETA además de con carácter general se les debe aplicar ese gesto con
carácter especial, y alcanzar lo que todos queremos, que es la paz
definitiva en el País Vasco.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
diputado.
Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Muchas gracias, señor presidente.
Con toda brevedad, para hacer tan sólo algunas consideraciones
generales en la medida en que, como no puede ser de otra forma, las
expresiones concretas señaladas ante la Cámara por el señor ministro
de Interior son plenamente compartidas por este grupo parlamentario.
Sería bueno que entre todos conjugáramos un compromiso, el compromiso
de que los principios son precisamente un equipaje común, que nadie
es propietario ni detentador en exclusiva de los principios, y mucho
más cuando esos principios forman parte de nuestro equipaje
constitucional. Hay unos principios plenamente definidos: el
principio de la política penitenciaria orientada a la reeducación, el
principio de la intangibilidad de los derechos de los internos en
todo aquello que no quede expresamente sustanciado en el fallo
condenatorio, el principio de la individualización y el dinamismo de
la política de tratamiento como eje o instrumento básico para hacer
posible esa reeducación. Esos principios están en nuestro acervo
constitucional, están en nuestra normativa básica, en la Ley Orgánica
General Penitenciaria, son producto del acuerdo y del compromiso
político de todos, y por tanto son principios que definen y formulan
los espacios de consenso y los compromisos, como es natural jurídicos
y políticos que todos tenemos que suscribir.
Estoy convencido, y lo está el Grupo Parlamentario Popular, de que no
hay debate en cuanto al compromiso de todos con los principios. Por
eso es gratuito señalar, señor presidente, que puede haber una
política penitenciaria conservadora o regresiva y una política
penitenciaria progresista, porque no hay más que una única
política penitenciaria: la política penitenciaria -permítaseme la
expresión- constitucional, es decir la que nace precisamente del
compromiso de la Administración del Estado de orientar todas sus
actuaciones para que los internos si quieren -y subrayo la
expresión-, puedan disfrutar de la oportunidad de poder utilizar el
período de privación de libertad para conseguir y acreditar esos
valores personales de reeducación, de resocialización y de retorno a
la normalidad de la convivencia social.
Sería bueno que desde esa no sujeción a debate político de algo que
todos compartimos, es decir los principios, estuviéramos en
disposición de utilizar el tono y la voluntad de acercamiento entre
todos, para en los límites que precisamente señalaba el señor Pérez
Solano, es decir sin tonos apocalípticos y en el compromiso que
señalaba el señor ministro de Interior, es decir sin triunfalismos,
hacer más grandes y más posibles esos espacios de coincidencia.
Tenemos una magnífica oportunidad en la próxima sesión de poder
trabajar entre todos una moción realista con el análisis de la
situación y por tanto sin tonos apocalípticos; realista con las
posibilidades de evolución en función de los recursos disponibles y
realista, naturalmente, desde las posiciones políticas de cada uno de
los grupos con la voluntad de hacer posible ese acuerdo en virtud de
la formulación y del tono de la interpelación que se nos proponga.
El Grupo Parlamentario Popular, como ha dicho el señor ministro del
Interior muy bien, nunca se ha mostrado triunfalista, pero tampoco ha
caído en falsos y demagógicos debates, en debates sobre
calificaciones inexistentes de políticas penitenciarias porque,
insisto, sólo hay una, la constitucional, y, como bien señalaba el
señor ministro, la de continuidad, por ser constitucional, con los
esfuerzos realizados en su momento por los gobiernos de UCD y del
PSOE. Desde ese espacio se nos tendrá permanentemente abiertos para
encontrar una moción útil para el acuerdo político y, sobre todo,
para entre todos dinamizar mejor esas políticas penitenciarias,
teniendo en cuenta que el compromiso principal, entre otras cosas,
porque esa es su obligación política y jurídica, reside en la
Administración del Estado, en el propio Ministerio del Interior.
El Grupo Parlamentario Popular y este portavoz siempre hemos creído
-y yo quiero hoy reafirmarlo aquí- que es más rentable, para la
sociedad y para nuestra propia consideración de conjunto, un pequeño
acuerdo que escenificar un gran conflicto. Y esa consideración es
especialmente sensible cuando afecta a materias como las que hoy han
sido objeto de esta interpelación, porque, al final, estamos hablando
de derechos y de situaciones, de personas privadas de libertad y de
sus familias y eso mueve, sin lugar a dudas, a un compromiso muy
sensible por parte de todos. Pero estamos hablando también, en
conjunto, de un elemento que nosotros consideramos definitoriode lo
que son los niveles de calidad y de modernidad
de una sociedad democrática, porque precisamente esas políticas
progresistas y de solidaridad, como son también las políticas
penitenciarias, definen una sociedad democrática avanzada como la que
en el preámbulo constitucional todos nos comprometimos a llevar
adelante. Estamos absolutamente seguros de que en la moción que se
nos proponga será posible encontrar ese acuerdo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Muchas gracias, señor
Gil Lázaro.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO EN
RELACIÓN CON LA LIBERACIÓN DE ORGANISMOS MANIPULADOS GENÉTICAMENTE
(Número de expediente 172/000137).
El señor VICEPRESIDENTE (Companys Sanfeliu): Interpelación urgente,
del Grupo Parlamentario Mixto, sobre política del Gobierno en
relación con la liberación de organismos manipulados genéticamente.
Para su presentación, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene
la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, señora ministra, el motivo de esta
interpelación que formulo en nombre de los diputados y diputadas de
Iniciativa per Cataluña- Els Verds y Nueva Izquierda es conocer la
política del Gobierno en relación con los productos transgénicos,
y más concretamente con dos cuestiones: la comercialización y
liberación al medio ambiente de organismos modificados genéticamente
y la política del Gobierno en cuanto a la utilización de genes de
resistencia a antibióticos en las plantas transgénicas. Hasta ahora
el Gobierno ha mantenido un clamoroso silencio en este tema. Estamos
ante un secretismo, un silencio, que en ningún caso quiere decir que
no exista una política determinada del Gobierno español en lo
relativo a estas cuestiones; una política que no ha tenido como
objetivo la protección de la salud y del medio ambiente; una política
que ha estado condicionada por la protección de los intereses
comerciales y financieros; una política preocupante y decepcionante.
Hoy la ministra de Medio Ambiente tiene la posibilidad de explicar
cuál es la política del Gobierno en este tema de forma transparente y
clara. Quiero anunciar cuáles son los objetivos que nos van a guiar
en la redacción de la moción subsiguiente. Vamos a plantear de forma
clara la necesidad de una moratoria en la comercialización y
liberación de los organismos manipulados genéticamente y, por otro
lado, un segundo punto de prohibición inmediata de la utilización de
genes de resistencia a antibióticos en las plantas transgénicas.
Estos dos acuerdos, entre otros que vamos a proponer, están en la
línea de lo que hoy está pasando
en otros muchos países de la Unión Europea. ¿Por qué hoy se está
produciendo un debate importantísimo a nivel mundial y europeo sobre
estos productos? Sencillamente porque los efectos de los productos
transgénicos, especialmente los de aquellos con genes de resistencia
a antibióticos, son en algunos casos efectos probadamente negativos y
en otros, a pesar de que no existe certeza científica de lo que
negativo que pueden ser, hay incertidumbres importantísimas.
Desde el punto de vista de la salud, recientemente en el Reino Unido
ha habido un científico que ha probado mediante ensayos los efectos
negativos sobre ratones alimentados con productos transgénicos, en
concreto, con un tipo de patata transgénica. En relación con el medio
ambiente, hay multitud de casos que demuestran los efectos negativos
de la utilización de estos productos transgénicos. Las
incertidumbres, los efectos negativos no sólo sobre el medio ambiente
sino sobre la salud son los que motivan que hoy este sea un tema de
un gran debate no sólo en Europa sino en el mundo. Ante esto, lo que
los países están haciendo, a partir del principio de precaución, es
poco a poco tomar medidas. En Noruega se ha prohibido ya la
utilización de plantas transgénicas que contengan genes con
resistencia a antibióticos. Lo mismo ha ocurrido en Austria y en
Luxemburgo. En Francia, el Parlamento ha instado al Gobierno a no
permitir nuevas plantas con genes de resistencia a los antibióticos y
el propio Consejo de Estado francés ha pedido la retiradade la
comercialización de un tipo de maíz transgénico. El Parlamento
Europeo ha hecho declaraciones impresionantes y de gran contundencia
en contra de ese tipo de productos. Tengo delante una de las muchas
resoluciones del Parlamento Europeo donde se dice que hasta ahora lo
que se ha priorizado han sido las presiones económicas y comerciales
sobre otras consideraciones como la salud pública y la protección del
medio ambiente. En estas resoluciones ha instado a que se otorgue
prioridad a la seguridad de los alimentos y ha propuesto suspender la
autorización hasta que sean completados estos nuevos exámenes y
definitivamente se haya eliminado cualquier riesgo. Por lo tanto,
Noruega, Austria, Luxemburgo, Francia, el propio Parlamento Europeo y
multitud de organismos internacionales científicos. En las últimas
semanas hemos conocido la condena impuesta a la empresa Monsanto -una
de las grandes empresas que se dedican a la manipulación genética- de
dos millones de dólares a raíz de una denuncia de los agricultores.
Estamos viendo cómo en el propio Reino Unido se está considerando la
posibilidad de una moratoria de dos años en la siembra de plantas
transgénicas y vemos cómo la semana pasada en el propio Parlamento
Europeo se están produciendo modificaciones importantísimas, mucho
más rigurosas y limitativas, de la actual Directiva 90/222 que regula
este tema.
La pregunta es: ¿Y en España qué? En España, es asombroso, pero, de
entrada, silencio. No sé si alguno de ustedes ha sido capaz, en estas
cuatro o cinco
semanas de gran debate en Europa, de conocer la opinión de algún
miembro del Gobierno. Silencio, como si este tema no importara en
España. Asombrosamente, silencio, pero este silencio no quiere decir
que no se estén realizando políticas, antes al contrario, detrás de
este silencio lo que existe en estos momentos por parte del Gobierno
español es una política que no está en consonancia hoy con el
principio de precaución que en otros países se está adoptando, con
las modificaciones del Parlamento Europeo o con lo que defienden hoy
una parte importante de países en la convención de Cartagena de
Indias. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana ocupa la
Presidencia.)
He de decir, en primer lugar, que es absolutamente inexplicable que,
a pesar de que en noviembre de 1996, por unanimidad en esta Cámara se
instara al Gobierno a que votara en contra de la comercialización de
maíz transgénico en la Unión Europea, el Gobierno español fue uno de
los dos países que no votó en contra frente a los otros 13 países, es
decir, de los 15 países de la Unión Europea, 13 votaron en contra de
la comercialización del maíz transgénico y España se abstuvo cuando
en esta Cámara habíamos aprobado por unanimidad un mandato para que
el Gobierno español votara en contra. Lo más grave es que,
posteriormente, el Gobierno español ha autorizado el cultivo de maíz
genéticamente modificado con genes resistentes a antibióticos, en
concreto el maíz Compa CB y el Jordi CB de la multinacional Novartis,
que contienen genes con resistencia a la ampilicina y a otra serie de
antibióticos, y, según la organización Greenpace, en estos momentos
en España se están cultivando de 15.000 a 20.000 hectáreas de este
tipo de maíz. También hemos visto como, en los últimos días, la Unión
Europea ha prohibido que en España se produzca un cultivo de algodón
por contener también genes de esta naturaleza. Sabemos que España es
el país que importa más maíz alterado y que es el segundo importador
de soja alterada genéticamente. Hemos conocido por informaciones
aparecidas en los medios de comunicación que, en el mes de enero,
España ha propuesto más de 120 proyectos de productos transgénicos
a la Unión Europea, de los cuales sólo 20 tienen efectos
universitarios. En relación al etiquetado de este tipo de productos,
que hoy es obligatorio, sabemos que en España, excepto en el caso de
unas galletas, no existe etiquetado que explique o detalle al
consumidor que está tomando productos manipulados genéticamente.
Señora ministra, en primer lugar, díganos qué piensa. Rompan el
silencio; en este tema especialmente no se pueden mantener posiciones
de secretismo o de silencio. Y nos ha de explicar las votaciones en
contra de las resoluciones de este departamento, por qué autorizan
cultivos evidentemente negativos o por qué el incremento de proyectos
transgénicos.
Señora ministra, quería hacerle seis preguntas. La gran pregunta es:
¿piensan ustedes, a la vista de lo que
está ocurriendo en el panorama internacional, cambiar la orientación
de su política en los productos transgénicos? ¿Piensan cambiarla o
piensan mantenerla, una política que no coloca la protección de la
salud y el medio ambiente como objetivos fundamentales en este
aspecto?
Las seis preguntas son muy cortitas y concretas. Creo que sería bueno
que hoy pudiéramos conocer de forma transparente algunas ideas del
Gobierno. En primer lugar, explíquenos por qué en la Unión Europea no
votaron en contra del maíz transgénico y vulneraron el acuerdo del
Congreso de los Diputados. ¿Cuál es la razón que les lleva a ustedes
a votar en contra de lo que votan otros 13 países de la Unión
Europea?
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Saura, le
ruego que vaya concluyendo.
El señor SAURA LAPORTA: Acabo inmediatamente, señor presidente.
Segunda pregunta. En la autorización del maíz de 1998, en el anejo,
figura que hay que hacer un plan de prevención y detallar las zonas
de cultivo. Quisiera que nos dijera qué zonas de cultivo, qué
extensión y si ha presentado el plan de prevención.
Tercera pregunta: ¿cuántos cultivos experimentales con organismos
modificados genéticamente han autorizado ustedes? ¿Cuántos de estos
cultivos ha autorizado el Gobierno?
Cuarta pregunta. Como usted sabe, hay una multinacional, CNK, que ya
ha pedido permiso para cultivar un tomate transgénico. ¿Piensa el
Gobierno dar autorización al cultivo en España de este tomate
transgénico?
Penúltima pregunta: ¿qué piensan hacer ustedes con el etiquetado? Nos
gustaría saber qué piensan hacer, porque hasta ahora España no está
cumpliendo con aquello a lo que obliga la directiva. Última pregunta.
¿Qué informaciones tiene de lo que está ocurriendo en la conferencia
de Cartagena de Indias? Me hablan de la escasa o nula presencia del
Gobierno español en esta conferencia, de la inexistencia de palabras
e incluso una delegación -sin menoscabo de la valía de las personas
que allí están- de un bajísimo nivel. ¿Me puede S. S. hablar de qué
está diciendo el Gobierno -si está diciendo algo- en la conferencia
que en estos momentos se está desarrollando en Cartagena de Indias y
quiénes son los representantes del Gobierno en una conferencia de
tanta importancia como ésta?
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Saura.
Para contestar en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora
ministra de Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Muchas
gracias, señor presidente.
Señorías, en la interpelación al Gobierno se distinguen dos
cuestiones que, si bien están relacionadas, abordan temas diferentes.
En primer lugar, se hace referencia a un expediente concreto de maíz
transgénico de la empresa Ciba-Geigy y, en segundo lugar, se formula
una pregunta de carácter general, como es la relativa a la política
del Gobierno en relación con la liberación de organismos manipulados
genéticamente, haciéndose especial énfasis en el caso de cultivos
transgénicos con genes de resistencia a antibióticos. La primera
parte se refiere al cumplimiento por parte del Gobierno español del
acuerdo adoptado en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de
los Diputados el 30 de octubre de 1996, por el que se insta al
Gobierno a presentar y defender en el marco de la Unión Europea la
posición española en relación con la comercialización de maíz
transgénico. Dicha iniciativa fue presentada en forma de proposición
no de ley por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
UnidaIniciativa per Catalunya el 4 de julio de 1996, a cuyo texto
resolutivo presentaron enmiendas el Grupo Socialista y el Grupo
Popular, siendo aprobada por unanimidad el 30 de octubre de 1996.
Para desarrollar esta primera parte es necesario recuperar los
antecedentes que dieron lugar a la tramitación de este asunto y que,
sin duda, van a contestar a alguna de las preguntas que S.S. me hacía
al finalizar su intervención.
En marzo de 1995, Francia remitió a la Comisión Europea y a los
Estados miembros una propuesta de comercialización de maíz modificado
genéticamente de la empresa Ciba-Geigy, en la actualidad Novartis,
maíz que expresa resistencia a la sesamia, lepidóptero y mayor
tolerancia de herbicida glucosinato de amonium, de acuerdo con el
artículo 13 de la Directiva 90/220 de la Unión Europea. España
recibió el expediente de propuesta de comercialización con la
resolución favorable de Francia el 3 de abril de 1995. Los países
miembros cuentan con dos meses de plazo para emitir su informe al
respecto y enviar sus comentarios a la Comisión. Tras las
observaciones u objeciones de los países miembros, la Comisión
elaboró una decisión favorable donde se recogen las mismas, y convocó
el Comité de reglamentación del artículo 21 de la Directiva 90/220, a
través del procedimiento escrito del 8 de marzo de 1996.
España, como sabe S.S., votó a favor de la propuesta de decisión de
la Comisión por considerar que, basándose en la información
suministrada y en el estado actual de conocimientos, el producto no
presentaba riesgos para la salud humana y el medio ambiente y que
nuestra legislación no exigía que el etiquetado del producto
mencionara la tecnología utilizada para la obtención del mismo. Esta
fue la respuesta del Gobierno español el 8 de marzo de 1996, razón
por la que el actual Gobierno, y concretamente esta ministra, no pudo
expresar el voto en nombre de España, ya que aún no había sido creado
el Ministerio de Medio Ambiente. El Comité no emitió dictamen sobre
las medidas contempladas en la propuesta. Ante la ausencia
de dictamen, de acuerdo con la terminología comunitaria, la
Comisión pasó la decisión al Consejo de Ministros de Medio Ambiente,
que debería pronunciarse en un plazo máximo de tres meses. El Consejo
de Ministros de Medio Ambiente, reunido los días 25 y 26 de junio de
1996, no alcanzó ni la mayoría necesaria para aprobar la decisión ni
la imprescindible unanimidad para rechazarla. En la citada reunión es
donde España se abstuvo. Aunque en esas fechas no se había aprobado
aún la proposición no de ley a la que S.S. ha hecho alusión, tomé no
obstante la precaución de abstenerme en la votación hasta tanto los
estudios científicos no fueran definitivos y se pudiera demostrar
ausencia de riesgo para la salud humana y el medio ambiente. Por
tanto, difícilmente podría haber votado que sí. Pero es que votar en
contra hubiese significado un cambio, sin ninguna modificación
sustancial, excesivamente brusco respecto al sentido de la votación
expresado unos meses antes por el Gobierno español en la votación de
marzo de 1996.
Ante la situación mencionada y al haber transcurrido el plazo de tres
meses en que el Consejo debe adoptar la decisión, las medidas
propuestas volvieron a la Comisión que, antes de adoptar una decisión
en el último semestre de 1996 -y esto es realmente importante,
señoría-, solicitó informe técnico al Comité científico de
alimentación humana, al Comité científico de alimentación animal y al
Comité científico de plantas para confirmar que la introducción en el
maíz de los genes de que se trata, entre ellos el de resistencia a la
ampicilina, no tendrían un efecto indeseable en la salud humana, en
la salud animal ni en el medio ambiente.
En diciembre de 1996, la Comisión recibió los dictámenes de los tres
comités científicos que señalaban, reitero, no haber identificado
ningún nuevo elemento que pudiera justificar una decisión diferente a
la que ya había adoptado el Comité en marzo de 1996. En base a estos
hechos, la Comisión adoptó la decisión 97/98, de 23 de enero de 1997,
relativa a la comercialización de maíz modificado genéticamente con
una alteración de las propiedades insecticidas conferidas por el gen
de la endotoxina BT, combinada con una mayor resistencia al herbicida
glucosinato de amonium, con arreglo a la Directiva 90/220 del
Consejo. La autorización contenida en la decisión contempla tanto el
cultivo de maíz como su utilización en la alimentación humana y
animal. Estoy hablando de la autorización contenida en esa decisión.
Establece como requisito adicional de etiquetado la indicación de que
el producto se autoprotege contra el barrenador de maíz y presenta
mayor resistencia al herbicida glucosinato de amonium.
En relación con la posición de otros países europeos a los que S.S.
ha hecho alusión, permítame que introduzca algunos matices que, quizá
por encontrarme yo y no S.S. en las reuniones de consejos de
ministros - ahí están las actas-, conozco quizá con más precisiónque
S. S. qué es lo que cada uno de los Estados han
manifestado y cómo están actuando a continuación. Austria, en febrero
de 1997, decidió prohibir la comercialización del maíz modificado
genéticamente de la empresa Ciba-Geigy. Dicha prohibición,
debidamente razonada y justificada, fue comunicada inmediatamente
a la Comisión y a los Estados miembros. Italia y Luxemburgo también
hicieron lo mismo, Luxemburgo de forma general, aunque sin presentar
ninguna justificación razonada de la medida adoptada e Italia,
alegando problemas medioambientales, prohibió únicamente el cultivo.
Poco más tarde, Italia levantó su prohibición, como consecuencia de
la elaboración por parte de la Comisión de un protocolo sobre
evaluación y gestión de resistencias en los taladros del maíz a la
toxina BT.
Por su parte, Francia, a la que también aludía S.S., país ponente
para el producto, que había solicitado inicialmente una autorización
ilimitada, permite actual y únicamente su comercialización para el
consumo humano y animal, no para el cultivo. La empresa solicitó
a las autoridades competentes francesas inclusión de esta semilla de
maíz en el registro de variedades. Mediante orden de 5 de febrero de
1998, el Gobierno francés autorizó el cultivo de semillas procedentes
de dichas variedades. Si en este momento se encuentra recurrido,
señoría, es por la siguiente cuestión. Ha sido impugnado por aspectos
relacionados con el procedimiento, razón por la que el asunto ha
pasado en este momento al Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas.
Respecto a las decisiones adoptadas por los países citados,
concretamente por Austria y Luxemburgo, es importante que SS.SS.
sepan que en varias ocasiones la Comisión ha instado a dichos países
(estamos, como S.S. sabe, en un mercado interior, en una fase previa
al inicio del expediente) y les ha dicho que deben derogar las
disposiciones por las que se prohíbe en los mismos la
comercialización de este maíz modificado genéticamente.
¿Cuál ha sido la postura de España? Señorías, España ha asumido
plenamente la decisión adoptada por la Comisión de autorizar la
comercialización en la Unión Europea de este maíz transgénico
debidamente etiquetado con posterioridad al informe favorable de los
tres comités científicos competentes que antes he mencionado. El que
no hayamos recurrido, como Austria y Luxemburgo, la prohibición del
citado maíz responde a una actitud de seriedad por nuestra parte.
Para utilizar dicho recurso es preciso, tal y como lo expresa la
directiva, aportar datos científicos que contradigan la información
disponible en el momento de su autorización, datos que según la
propia Comisión, al día de hoy, ni Austria ni Luxemburgo han sido
capaces de presentar, motivo por el cual deben desdecirse de su
prohibición. No obstante lo anterior, en el ánimo de recabar toda la
información posible al respecto, el Ministerio de Medio Ambiente, en
colaboración con el Centro Superior de Investigaciones Científicas, y
siguiendo las recomendaciones de la Comisión de la
Unión Europea, está realizando un estudio en materia de evaluación y
gestión de resistencias de poblaciones de taladros de maíz a plantas
transgénicas que expresan resistencia a la toxina del bacillus
turingiense. Para concluir este punto sólo puedo decir que creo que
España ha actuado de forma absolutamente seria y rigurosa en un
ámbito como es el de la Comunidad Europea, en el que debe prevalecer
la responsabilidad a la hora de adoptar decisiones.
Había un segundo punto en su intervención, señoría, que era la
política del Gobierno en relación con la liberación de organismos
manipulados genéticamente. En este caso, debo señalar que España,
como el resto de los Estados miembros de la Unión Europea, viene
aplicando desde hace años el principio de precaución y el
procedimiento de caso por caso para la autorización de organismos
genéticamente modificados. Este principio parte de la idea de que las
administraciones no tienen como función la de oponerse
incondicionalmente a la asimilación de avances científicos y
tecnológicos, sino que su labor debe ir encaminada a la adopción de
cuantas medidas de control y evaluación permitan garantizar con
absoluta fiabilidad la seguridad y la salud de los ciudadanos, así
como la protección del medio ambiente.
Cuando he dicho que el Gobierno español viene aplicando este
principio desde hace años, he querido subrayar dos hechos a mi juicio
importantes.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana):
Señora ministra, le ruego vaya concluyendo.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Voy
terminando.
No se trata de una opción política, coyuntural o improvisada, lo cual
con el tema tan importante que tenemos entre manos no entiendo que se
hubiera actuar de otra forma, y, en segundo lugar, que las
actuaciones del Gobierno en esta materia han estado siempre
inspiradas por el principio de precaución y, además, se ha
contribuido notablemente a garantizar su cumplimiento.
En cuanto a la ley inspirada en el principio de precaución, debemos
subrayar que el marco jurídico en el que el Gobierno ha venido
ejerciendo sus funciones no es otro que el mismo que el del resto de
los países miembros de la Unión Europea. Para garantizar en todo
momento el cumplimiento del principio de precaución, en aras a velar
permanentemente por la seguridad y salud de los ciudadanos y por la
protección del medio ambiente, el Gobierno ha desarrollado las
acciones siguientes en el ámbito interno. Aprobar el reglamento
general para el desarrollo y ejecución de la Ley 15/1994, de 20 de
junio de 1997, por el que se incorporan a nuestro derecho interno las
decisiones y modificaciones de las directivas antes citadas,
adoptadas para adaptarlas al progreso técnico. En segundo lugar, la
regulación del órgano colegiado, constituido
por representantes de cinco Ministerios, con rango de director
general, que había sido creado por Ley de 1994 y que supuso dar a la
Administración un importante instrumento para la tramitación de las
autorizaciones de comercialización. Es un órgano colegiado que actúa
de acuerdo con las pautas de la Unión Europea.
A fin de reforzar la calidad preventiva de los procedimientos de
autorización...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento,
señora ministra.
Les ruego que desconecten los teléfonos móviles cuando están en el
hemiciclo.
Puede continuar, señoría.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Voy
terminando, señor presidente.
Se ha creado también la Comisión nacional de bioseguridad como órgano
colegiado compuesto por expertos de siete departamentos
ministeriales, que elaboran informes preceptivos que remiten al
órgano colegiado o a los órganos competentes de las comunidades
autónomas cada vez que se solicita evaluación del riesgo para el
medio ambiente y la salud en cada una de las solicitudes de
liberación intencional en el medio ambiente y de comercialización.
Siguiendo con las medidas adoptadas a escala nacional, hay que
señalar también que el cultivo de plantas modificadas genéticamente
requiere una autorización específica para su inscripción en el
registro de variedades comerciales -que es lo que preguntaba S. S.-
y, por tanto, es una autorización que concede el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, según se establece en la Orden de
23 de marzo de 1998.
Por último, se encuentra en fase de estudio por parte del órgano
colegiado la creación de una comisión de biovigilancia y de un
consejo nacional de ética, siguiendo las instrucciones que se
obtuvieron de una proposición no de ley, de octubre de 1998 de esta
Cámara.
He de decirle también que España participó activamente en la
negociación y posterior aprobación de dos reglamentos, del Parlamento
Europeo y del Consejo, uno de ellos relativo a requisitos específicos
de etiquetado para los alimentos o ingredientes alimentarios, y,
otro, sobre nuevos alimentos e ingredientes alimentarios.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
ministra, le ruego concluya.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Termino.
El reglamento de etiquetado entró en vigor en septiembre de 1998. En
este momento, como sabe S. S., estamos debatiendo una adecuación a
las necesidades actuales por las dificultades que ha planteado la
ambigüedad, la no homologación en las distintas formas de
garantizar el principio de precaución de los Estados miembros.
Estamos trabajando en esa línea.
Quizá en el siguiente turno pueda completar algo más mi intervención.
En cualquier caso, quiero decir, señorías, que la política del
Gobierno en relación con los organismos genéticamente modificados se
inspira en el principio de precaución y se rige por la seriedad de
las actuaciones, basadas siempre en los conocimientos científicos y
técnicos disponibles, respetuosas con el ordenamiento jurídico
vigente, no solamente a nivel nacional sino también defendiendo los
principios de la Unión Europea que, como saben todos ustedes, van
enfocados a garantizar la salud y seguridad de los ciudadanos y la
protección del medio ambiente.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
Señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, después de escuchar su intervención, tengo dos
sensaciones. Una, como si usted no estuviera en este mundo ni supiera
cuál es el debate que se está produciendo en el mundo ahora. No sé en
qué mundo está usted, si lee prensa, si ve lo que pasa en los países.
Se lo digo con todo respeto, una multinacional que se dedica a
productos transgénicos haría su discurso, pero usted no es una
representante de una multinacional. Usted tiene la obligación -más
allá de las cuestiones jurídicas a las que luego me referiré, de las
directivas europeas, de las resoluciones del Parlamento Europeo- de
captar por qué se está produciendo este debate, cuáles son los
riesgos, cuáles están siendo las conductas de comunidades científicas
de los países, y tiene la obligación de velar fundamentalmente,
incluso si me lo permite de forma sesgada, por los intereses de la
salud y del medio ambiente. Usted no hace nada de todo esto. Lo que
nos dice hoy es que todo es fantástico, pero una resolución del
Parlamento Europeo, que están modificando, dice literalmente que el
Parlamento Europeo lamenta que las consideraciones comerciales hayan
dominado hasta ahora de forma tan evidente en el proceso de decisión.
Exige que en el futuro se otorgue prioridad a la seguridad de los
alimentos y a las consideraciones de la salud pública y propone
suspender la autorización. Para usted esto no existe. Lo que nos está
diciendo es que va a continuar con la política que está haciendo su
Gobierno como si no hubiera ocurrido nada.
No ha explicado por qué razón de 15 países de la Unión Europea, 13
votan en contra, y ustedes se abstienen. Me ha dado una explicación
cronológica de solicitud de autorizaciones y de que Francia lo pide.
¡Como si lo pide China! ¿Por qué 13 votaron en contra y España no? Se
ha justificado diciendo que antes se había hecho. Déjese de antes.
Ustedes han cambiado todo aquello que han pensado que se debía
cambiar, y
en este caso también tenían que haber cambiado esto. Señora ministra,
no puede mantener a su Gobierno en esta política. Negar que existen
efectos negativos comprobados en relación al medio ambiente de
productos transgénicos, en los que se están utilizando genes de
resistencia a los antibióticos, no es de recibo en una ministra de
cualquier país y menos de España. Y no estoy alarmando en relación a
los peligros de la salud. No lo sé. No lo sabe nadie. No hago
catastrofismo, pero le pido que si ha de hacer algo es tener
prudencia. No vale decir que se está a favor del principio de
prudencia y autorizar en España el cultivo del maíz BT, que tiene
genes de resistencia a los antibióticos. Eso es absolutamente
contradictorio. No puede decir una cosa y hacer otra. Su Gobierno,
señora ministra, está obligado a estar en la vanguardia de las
políticas de precaución que se están intentando llevar adelante en
diversos países, y en la vanguardia de la aplicación de las
modificaciones de la directiva, y en la vanguardia, y no en la
vergüenza, de lo que el Gobierno español está haciendo en Cartagena
de Indias. Porque no me ha contestado quién representa al Gobierno
español en Cartagena de Indias. ¿A qué nivel? ¿Qué está planteando el
Gobierno español? Escuchándola, debemos dar gracias de que haya ido
alguien, porque parece que no hacía falta. Si el diagnóstico del
problema que tiene el Gobierno es el que ha hecho usted, nos
podríamos haber ahorrado un billete de avión. No hacía falta ir a
Colombia para nada, porque parece que todo está bien. El Gobierno
español tenía que haber ido a Cartagena de Indias con una
representación políticamente cualificada en favor de que de esa
convención salieran algunas de las modificaciones de la directiva
europea.
Le he hecho otras preguntas a las que no me ha contestado. Se las voy
a concretar de forma muy breve. Señora ministra, ¿me puede decir
cuántos cultivos experimentales con organismos modificados
genéticamente han autorizado? Lo debe saber, ¿o esto que es tan
importante no lo sabe? Señora ministra, en la autorización del maíz
de 1998 hay un anejo que dice las condiciones. Entre ellas hay una
que dice: Habrá un plan de prevención. ¿Ha presentado la empresa el
plan de prevención? Segunda pregunta.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Saura, le
ruego concluya.
El señor SAURA LAPORTA: Tercera pregunta. ¿Por qué no existe
etiquetado? Estas son las tres últimas preguntas que le quiero hacer.
¿Cuántos cultivos han autorizado? ¿Han cumplido algunas de las
condiciones por las que autorizaban el maíz BT? ¿Por qué razón en
este país el etiquetado no existe? Porque Estados Unidos dice que no
etiqueta, y nosotros, ¿cómo vamos a hacer frente a los productos de
Estados Unidos? No etiquetamos, y tan tranquilos. En nombre de los
avances tecnológicos pondremos en peligro el medio ambiente y a lo
mejor la salud.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Saura.
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor presidente.
Señoría, yo escucho con suma atención lo que S.S. expone, pero créame
que no estamos en un tema que podamos tratar simplemente con
sensaciones. Su señoría dice que lo que tiene son sensaciones, pero
cuando se le aportan datos y se le dice cómo se cumple la legalidad,
cómo se trabaja con seriedad y con rigor, cómo se defiende el
principio de precaución, cómo se está investigando y cómo se está
actuando en consenso con los demás Estados miembros de la Unión
Europea, eso no gusta, y como se esperan otras respuestas, se dice:
tengo la sensación.
Señoría, de los muchos defectos que yo tengo, es que soy muy
transparente y muy clara. No hace falta que me interprete S.S.,
limítese a lo que queda escrito en el 'Diario de Sesiones', y no
ponga en mi boca afirmaciones que nunca he hecho. Yo no he venido
aquí ni a favorecer ni a condenar, y no represento más -y eso sí, con
mucha honra- que al Gobierno español, que está llevando precisamente
esas negociaciones en el seno de la Unión Europea. Quizás S.S. tiene
un problema previo, y es que parece que la Unión Europea para usted
no existe. Entonces, no se puede ir a defender un protocolo de
biotecnología en el contexto de la Unión Europea, con los
representantes que asignamos cada uno de los Estados miembros dentro
de ese contexto de la Unión Europea, porque tenemos mucha más fuerza,
cuando estamos planteando situaciones de liderazgo, precisamente en
la fortaleza de un protocolo frente a las dos posturas que, como
usted sabe, están muy encontradas por intereses muy distintos: los
llamados sectores del área Miami, con los Estados Unidos al frente, o
los países en vías de desarrollo. Y a usted que tanto lee los
periódicos, le tengo que decir que a lo mejor tengo un poquito más de
información interna, además de la de los periódicos, que es muy
correcta, y por eso sé la postura que está manteniendo la Unión
Europea, de auténtico protocolo de fortaleza, en donde se habla
también de un principio de responsabilidad civil y donde se defiende,
por encima de todo, el principio de precaución. Porque el principio
de precaución no es inclinarse ni a un lado ni hacia otro, sino que
lo primero es defender y garantizar la salud humana y, desde luego,
el medio ambiente, pero simultáneamente también hay que conciliar
todo eso con el progreso de los avances científicos en la
biotecnología.
Dice que las cosas no están claras; yo comprendo que S.S. quiera
ponerlas todavía más oscuras, pero es que la propia Unión Europea
está tramitando la reforma de una directiva comunitaria en esta
materia, porque cada uno ha podido interpretar la situación como le
ha correspondido. España no tiene ningún problema, porque España se
somete, sin ninguna situación
de excepcionalidad, a lo que dice textualmente la Unión Europea, y
estamos siempre con lo que está diciendo cada uno de los documentos
que mayoritariamente se presentan a la Unión Europea. Por eso, en esa
línea yo soy la que le digo que existe una creciente cautela, a la
que yo me apunto, que viene motivada por una preocupación de la
opinión pública hacia estos temas, por los nuevos productos
biotecnológicos. Pero eso no significa que sin ninguna argumentación,
y en contra de todos los comités científicos y de la alimentación
humana y animal y del comité de plantas, aquí, porque sí, porque lo
decretemos, sepamos más que todos ellos, sin otro rigor de datos, y
condenemos definitivamente la biotecnología. Compréndame que yo a eso
tampoco le llamo el principio de precaución.
Creo que es muy importante que se produzca un acuerdo cuanto antes en
ese reglamento, en esa propuesta de revisión. En primer lugar, porque
va a mejorar la transparencia en los procedimientos. Y esto es
importante, porque yo pienso también que S.S. lo que quiere es
transmitir confianza y seguridad a los ciudadanos. Me habrá oído
siempre que estoy a favor de ese etiquetado, que cada uno decida qué
es lo que quiere comer y cómo lo quiere consumir. Pero eso no
significa que se esté incumpliendo la legalidad vigente. España
cumple en esa política lo que en este momento la Unión Europea nos
está exigiendo.
También queremos acudir en materia de Unión Europea hacia la probable
consulta no solamente a los comités científicos, sino a los comités
de ética, y le he dicho cómo estamos trabajando en la creación de ese
posible comité de ética. También le he mencionado cómo lo que
queremos es garantizar la vigilancia de los efectos a largo plazo,
porque en este momento estamos hablando mucho, pero lo cierto es que
no se están contemplando, de una manera todavía muy clara, en la
medida en que no hay armonización de procedimientos, lo que son los
efectos directos, los indirectos, los inmediatos y los diferidos.
Y creo que esto es importante porque tenemos que hablar con rigor de
todos los datos, a favor y en contra, pero con rigor. Por eso España
quiere alcanzar una política comunitaria bien definida, y en eso
estamos trabajando con todo rigor y seriedad. Estamos diciendo que sí
a los procedimientos armonizados de evaluación de riesgo y estamos
diciendo que sí al plazo de autorización para la comercialización. S.
S. debería decir que algunos países que usted no cita están diciendo
que no tiene que haber plazos para la comercialización, que se
autorice, y ya para de por vida. Algunos otros dicen que 20 años,
otros que 15. España está en la línea de defender los siete años y
que haya que revisar la autorización de comercialización hacia los
siete años.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
ministra, le ruego que vaya concluyendo.
La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Voy
terminando, señor presidente.
Estamos diciendo sí no solamente a las autorizaciones sino también a
los planes de seguimiento, y además con fluidez en la información.
Estamos diciendo sí, como le acabo de decir, a la consideración de
aspectos éticos. Estamos diciendo sí al aumento en la transparencia
en el procedimiento de decisiones y estamos diciendo sí a la mayor
clarificación en el ámbito de aplicación. Existen algunas dudas,
fundamentalmente en otros países. A lo mejor se refería a ello S.S.
cuando decía que defendían a no sé quién. Yo no me atrevo. Yo soy muy
respetuosa con todos los gobiernos, con independencia del color
político que tengan. Soy muy respetuosa y pienso que están
representando la política que su Gobierno, en el contexto de la Unión
Europea, cree que es la más conveniente para defender la salud de sus
ciudadanos y proteger el medio ambiente.
Por eso, señoría -y con esto termino-, créame que gestionar el medio
ambiente con sentido de responsabilidad, desde el cumplimiento
estricto de la legalidad vigente y de la normativa comunitaria,
cuando uno es coherente y forma parte, y con un gran orgullo, de una
parte muy importante de la Unión Europea en este momento, por ser
España uno de los Estados más importantes por el peso específico que
tiene también en los aspectos económicos, en algunos casos, como ante
S.S., parece que no queda uno muy lucido porque no dice más que la
normalidad de lo que está cumpliendo. Pero créame que este es el
sentido de la responsabilidad y del deber que, por el bien de los
ciudadanos españoles, que siguen en la Unión Europea y que defienden
y apoyan a un Gobierno que está protegiendo su salud y el medio
ambiente, es lo que sinceramente, y con toda honradez, creo que
tenemos que seguir haciendo.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la
señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, voy a fijar la posición de mi grupo parlamentario, con
independencia de que reservaremos nuestra posición definitiva para la
presentación de la moción, aunque después de la intervención del
portavoz del Grupo Parlamentario Mixto creemos que no vamos a tener
excesivas diferencias, puesto que esta mañana, en la Comisión de
Medio Ambiente, hemos estado debatiendo también este tema, y la línea
argumental va en una misma dirección.
Desde luego, señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida tiene claro que la aplicación del principio de precaución es
algo sobre lo que caben interpretaciones, pero nosotros creemos
entender que lo que viene a decir el principio de precaución
es que es mejor prevenir que curar. Y cuando hablamos de temas que
creemos que interpreta también la Unión Europea en el Tratado de
Maastricht, lo que se viene a decir es que cuando no hay acuerdo de
los científicos es preferible precaver, es decir, renunciar incluso a
la no acción, precisamente para evitar que se puedan producir daños
irreversibles. Y cuando hablamos de organismos modificados
genéticamente, hablamos de problemas que pueden ser -y no decimos que
lo sean, pero empiezan a apuntar algunos datos por ahí- irreversibles
cuando afectan al medio ambiente e incluso a la salud de las
personas.
Señorías, no somos nosotros, sino expertos firmantes de una
importante declaración los que afirman que es necesario aplicar el
principio de precaución cuando una actividad amenace con daños para
la salud humana o el medio ambiente. Deben tomarse medidas
precautorias aun cuando no haya sido científicamente determinada en
su totalidad la posible relación de causa y efecto. En este contexto,
a quien propone una actividad le corresponde la carga de la prueba, y
no al agente. El proceso de aplicación del principio de precaución
debe ser transparente, democrático y con obligación de informar, cosa
que hasta ahora no está ocurriendo, al menos en nuestro país. Y debe
incluir a todas las partes potencialmente afectadas -desde luego, en
nuestro país no está sucediendo tampoco de esta manera- y también
debe involucrar un examen de la gama completa de alternativas,
incluyendo la no acción.
Señorías, desde nuestro grupo no pretendemos satanizar la
biotecnología, ni muchísimo menos; pero sí nos preocupa altamente que
hasta ahora se haya actuado de una manera bastante ligera a la hora
de admitir y permitir que en nuestro país no sólo se comercialice,
sino que se esté plantando. Según los datos que obran en nuestro
poder, somos uno de los países de la Unión Europea que más hectáreas
de cultivo tiene en estos momentos de maíz transgénico.
Para terminar, señorías, tengo que decirles que, como opinan diversos
autores, cuando se miran las cosas de cerca resulta que las
decisiones técnicas son simultáneamente decisiones políticas, no
necesariamente acordes con las aspiraciones de una sociedad
democrática y libre. La evolución actual de la biotecnología refleja
un proceso de toma de decisiones donde los intereses comerciales
prevalecen sobre las preocupaciones sociales y ecológicas. Esta
contradicción fundamental está en el meollo de la política de las
nuevas tecnologías agrícolas.
Señorías, las presiones de las multinacionales están prevalenciendo
-y así se está poniendo de manifiesto en la cumbre de Colombia- por
encima de los intereses de la sociedad y, en este caso, de la
humanidad. Es tan así, que incluso se ha reconocido, por los países
que están defendiendo la continuidad, sin ninguna cortapisa, de la
aplicación de los organismos modificados genéticamente, que sí pueden
causar problemas en el medio ambiente; de ahí que se haya llegado a
la conclusión
de que hay que incluirlas dentro de las actividades de riesgo
medioambiental. Incluso nuestro Gobierno habla en el anteproyecto de
incluir una póliza de seguro de hasta 15.000 millones de pesetas por
los efectos que se puedan causar en el medio ambiente. Señorías, los
efectos pueden ser irreversibles y ni 15.000 millones de pesetas van
a poder solucionar los problemas que se van a generar, porque podemos
acabar con la biodiversidad del planeta.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Urán.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora
Heras.
La señora HERAS PABLO: Muchas gracias, señor presidente.
Cuando el Grupo Socialista ha sabido que hoy venía a la Cámara una
interpelación sobre el tránsito de elementos transgénicos ha pensado
que era un buen momento para discutir en el Parlamento español algo
que está sirviendo de gran debate social por ser un tema realmente
interesante desde todos los puntos de vista. Aunque las técnicas
transgénicas no sean algo nuevo, se han puesto ahora de moda
-permítanme la expresión- debido a las denuncias efectuadas por
diferentes asociaciones de ciudadanos y ciudadanas desde el punto de
vista sanitario y de conservación del medio ambiente, y debido
también a la polémica originada en el Reino Unido, donde algún
representante del Gobierno del primer ministro británico se ha visto
acusado de tener colaboración en la comercialización de estos
productos transgénicos. En el Reino Unido -me interesa resaltarlo
porque parece que es algo que no tiene importancia pero, a mi
entender, sí la tiene- la Cámara de los Comunes acaba de pedir una
moratoria de tres años para el tránsito de estos productos
transgénicos.
Han sido las conversaciones y disposiciones del Protocolo de
Bioseguridad de Cartagena de Indias lo que ha puesto sobre el tapete
con mayor virulencia esta problemática, en la que, de una u otra
forma, todos los países nos encontramos. De llegar a firmarse el
protocolo, regulará de alguna manera el tráfico de los alimentos
transgénicos. Como ya se ha dicho aquí -no quiero extenderme sobre el
tema- hay diferentes posturas en esta cuestión, pero muy encontradas.
Precisamente en ese encontronazo entre las dos posturas es donde
estriba todo el debate y se sitúa nuestra preocupación.
Estados Unidos, que no ratificó la convención de bioseguridad, se ha
puesto a la cabeza de un grupo de países que está peleando en defensa
de los intereses de las empresas que trabajan el tema de la
biotecnología transgénica. Han dicho muy claramente que sólo
aceptarán un protocolo regulador del tráfico de elementos
transgénicos siempre que se demuestre científicamente que se afecta
gravemente a la biodiversidad y al medio ambiente. Frente a esto, los
países en vías
de desarrollo no han tenido más remedio que defenderse. Solicitan un
protocolo que tenga fuerza y que les permita no ser los grandes
perdedores frente a los intereses puros y duros del mercado. Temen
que la salud de los ciudadanos sufra y que sufra el equilibrio
ecológico; asimismo, temen por sus ingresos, puesto que encuentran
que puede haber una disminución en el terreno económico por el hecho
de que los cultivos naturales pierdan competitividad frente a los
transgénicos. La Unión Europea, de la que formamos parte, está en el
medio y dividida. Unos países están totalmente de acuerdo con la
postura de Estados Unidos mientras que otros han optado por un
planteamiento particular en el asunto.Lo que no se puede negar, y no
creo que nadie se atreva a hacerlo en esta Cámara, es la importancia
que tiene la opinión de los consumidores en este asunto, la
importancia que tiene el que los consumidores estén informados. Las
diferencias estriban en la forma de entender esa información y en la
forma de entender los controles por parte de todos los países en
litigio.
España, se ha dicho también aquí y no quiero repetir demasiado el
tema, es el país de la Unión Europea que tiene mayor relación en este
momento con algunos productos transgénicos: es el primer país
importador de maíz transgénico y el segundo de soja transgénica,
según informes existentes. El campo de pruebas y los proyectos se han
multiplicado por tres en los últimos tres años y la señora ministra
no ha contestado cuando el portavoz de Nueva Izquierda le ha
preguntado sobre cuántos son los nuevos proyectos de tipo transgénico
que están ahora mismo informados a la Comunidad Europea. Yo le puedo
decir que son 124, aunque muy pocos de ellos corren a cargo de
universidades y la mayoría, como es obvio, dependen de empresas
multinacionales con intereses crematísticos muy fuertes. Por el
contrario, las organizaciones más concienciadas quieren que se cumpla
la directiva de etiquetado.
Yo creo que las directivas comunitarias europeas muestran
perfectamente el marco de referencia por el que el Gobierno español
debe regirse. Pienso que las directivas son muy claras, porque
contemplan la posibilidad de que los Estados miembros puedan adoptar
medidas sin esperar a que se demuestren científicamente todas las
pruebas que apunten a la existencia de un peligro para el medio
ambiente. Así pues, parece obligado que el Gobierno español
estableciese y cumpliese una normativa real que detectase cualquier
efecto directo o indirecto, inmediato o diferido que los productos
que contengan o consistan en organismos genéticamente manipulados
puedan producir en la salud humana o en el medio ambiente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Heras,
le ruego vaya concluyendo.
La señora HERAS PABLO: Sí, señor presidente.
El propio Comité Económico y Social, que elabora un dictamen al
respecto, diferencia entre la actitud de los legisladores del año
1994, en donde la preocupación de ellos iba dirigida a flexibilizar
normas para dar alas a la investigación biotecnológica, y la
preocupación que tienen ahora mismo, donde buscan tranquilizar y de
alguna manera garantizar el control y la evaluación de los riesgos
posibles. El Grupo Socialista, pues, señorías, entiende que la
normativa vigente puede servir perfectamente de marco, si el Gobierno
quiere, para hacer posible la prevención de esos riesgos, siendo otra
cuestión que el Gobierno quiera hacer dicha prevención o que ponga
una serie de medidas en vigor para intervenir realmente en todas
estas cuestiones.
La intervención de la señora ministra esta tarde aquí nos ratifica
que eso no es lo que parece ocurrir. Ella misma ha hablado de la
Comisión nacional de Bioseguridad, que es un órgano colegiado de
carácter consultivo adscrito a Medio Ambiente...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Heras,
le ruego concluya.
La señora HERAS PABLO: Sí, gracias.
Esta Comisión de Bioseguridad debe informar preceptivamente las
solicitudes de autorización. Su importancia trascendental deriva de
una ley elaborada en época del Gobierno socialista, una ley que de
alguna manera permitía incorporar al régimen jurídico español unas
directivas que tienen que ver con estos temas. Creemos que el señor
Aznar no es beligerante en estos temas y que, a pesar de incorporar a
su organigrama el Ministerio de Medio Ambiente, no le ha servido para
mucho.
Hay una serie de realidades tozudas que van en contra de lo que la
señora ministra ha dicho esta tarde aquí. Por ejemplo, en Europa hay
una normativa referente al etiquetado...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Heras,
S. S. debe concluir de forma inmediata, puesto que su tiempo ha
transcurrido ampliamente. Le ruego que concluya.
La señora HERAS PABLO: Ahora mismo.
Me refiero a la normativa de etiquetado, que está en vigor desde
primeros del año 1998. El propio Instituto Nacional de Consumo afirma
desconocer en qué medida se está aplicando esta directiva.
Asimismo, el Gobierno de España tiene la obligación de hacer un
informe preceptivo sobre la situación en España de los organismos
modificados genéticamente. Ese informe debe ser público. Ese informe,
hasta la fecha, no ha sido enunciado. Cuando el Grupo Socialista lo
ha solicitado en la Comisión de I+D se le ha denegado esa información
diciendo que en las páginas de Internet viene la información
correspondiente y
que por lo tanto el Gobierno no debe de elaborar ese informe
preceptivo.
Lo mismo se nos ha contestado ante una iniciativa que hoy planteaba
una moratoria, con objeto de tener un tiempo de discusión y de debate
sobre estas cuestiones.
Señorías, al Grupo Socialista -y termino con esto ya- lo que le
preocupa es la falta de postura oficial de este Gobierno. A estas
alturas, después de la información de la señora ministra, seguimos
sin saber cuál es la postura del Gobierno del señor Aznar.
Lamentaríamos mucho que puesto que España peleó en su momento porque
el Protocolo de biodiversidad fuera una realidad, ahora mismo
dejásemos que las cosas se nos escapasen y no tuviésemos ningún tipo
de decisión al respecto.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Heras.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora
Fernández de Capel.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Gracias, señor presidente.
Señorías, como alguien ha hablado de los peligros de la patata, yo
quiero dejar claro otra vez, puesto que ya se ha dicho muchas veces
en diferentes salas de esta Cámara, que no hay aprobada en España
ninguna variedad de patata transgénica. Lo digo para que quede claro
porque muchas veces se esgrime su peligro.
También quiero dejar claro, señorías, que el Gobierno que apoya el
Grupo Popular cumple la legalidad vigente emanada de la Ley 15/1994,
derivada de las directivas de obligado cumplimiento 219 y 220, por
cierto, tres años después del plazo que la Unión Europea daba como
término para llevarlo a cabo. Cualquier organismo modificado
genéticamente en España ha pasado por tres tipos de controles más, no
inespecíficos de comisiones cualquiera; no. Por controles de la Unión
Europea, de la Fao, de la Unesco, de la sociedad internacional de
científicos con nombres y apellidos.
Como se ha dicho aquí, cuando se ha aprobado el maíz BT lo ha hecho
la Comisión de Alimentación Humana, la de Alimentos y la de Plantas.
La diferencia de lo que ha pasado con el maíz BT en Francia y lo que
está pasando en España es que los franceses hacen de este asunto una
cuestión de Estado y no de política. Aquí no se trata de defender una
causa u otra, sino lo mejor para todos y no dar por supuesto que el
Gobierno va a buscar el perjuicio de los ciudadanos. Son juicios de
valor que deslegitiman al que sube a la tribuna a pedir cuentas,
cuando no ha asumido su responsabilidad en los momentos en que le
tocó ejercerla.
En España, desde enero de 1997, en que se aprobó el maíz BT, está
rigurosamente etiquetado y cumple todos los controles a nivel
internacional.
Cuando se habla de países y se dice que somos el país que más número
de hectáreas tiene, naturalmente que tenemos más número de hectáreas
que Luxemburgo o Noruega, por ejemplo, que no son países agrícolas.
Pero también tenemos que ver que muchas veces, en el seno de la Unión
Europea, no es que no se defiendan legítimamente por otros países
algunos de los intereses, sino que al no ser países agrícolas y no
ver afectada directamente su producción, no se interesan tanto por
sus asuntos, dado que son países industrializados.
El asunto de Italia es otra cosa. Lo admitió y lo vuelve a admitir,
pero no se presentan documentos claros que demuestren que esto está
teniendo alguna dificultad técnica que avalen una postura u otra. En
España se tiene una postura absolutamente seria, absolutamente
rigurosa. España es tan clara en esta cuestión que lleva un control
caso por caso. Vuelvo a repetir con todo el respeto a los miembros de
los diferentes grupos que aparece en una página web de Internet, para
que todos los ciudadanos vean cómo todos y cada uno de los organismos
modificados genéticamente están en su proceso. Lo que sí hay que
evaluar cuando se afirman estas cosas son los riesgos y las ventajas.
No hay una mala ciencia ni una buena ciencia, sino que ahora sabemos
cómo se producen estos fenómenos. Hay que decir claro que aquí se
está haciendo mucha demagogia. Aquí se ha aludido a China. China fue
el primer país -y no es prototipo de ninguna multinacional- que
aprobó los productos agrícolas transgénicos. Cuando el Consejo de
Europa ha dado el visto bueno a cualquier producto, España los ha
aprobado con todas las precauciones y ha estado en la vanguardia de
la precaución, de la ciencia y de la ley. En el seno de la Unión
Europea no se ataca ni se defiende esto gratuitamente, se busca la
verdad tras evaluar los riesgos. Los representantes de los países de
la Unión Europea están escogidos entre los mejores científicos y
España tiene allí personas de relieve internacional cuya presencia en
ese medio nos honra. Su trabajo es buscar la verdad.
Hay que escuchar a todas las partes: al pueblo, al ciudadano y
también al científico. Muchas veces, detrás de ciertas voces -como
decía Castelar- se ve mucho César y detrás del impulso de Marco
Antonio se ve al pretoriano. Tengamos cuidado, no insistamos en se
dice y parece ser; hablemos e informemos porque también Norman
Borlaug, premio Nobel de la Paz de 1970 por su trabajo sobre la
revolución verde...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
Fernández Capel, le ruego concluya.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Gracias, señor presidente.
Termino, con su benevolencia.
Decía que Norman Borlaug defiende que en la biotecnología de las
plantas está en el futuro acabar con el hambre de los países
subdesarrollados. Por eso tuvo, nada más y nada menos, que el premio
Nobel de la Paz.
En España se informa, se cumple la ley y actuamos con toda la
legitimidad. Cuando España tenga la mínima sospecha de que se puede
estar perjudicando acatará la ley y buscará la solución más adecuada.
En este momento, la solución más adecuada es la precaución, la
vanguardia y la búsqueda de la verdad.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.- Una señora diputada: Ite,
missa est.- Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Fernández Capel.
-DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE
MODIFICACIÓN DE CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE SUBVENCIONES PÚBLICAS
(Número de expediente 172/000138).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Punto 37 del
orden del día, interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida sobre modificación de criterios para la obtención
de subvenciones públicas.
Para su presentación, en nombre de su grupo, tiene la palabra el
señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Gracias, señor presidente.
Señorías, nuestro grupo trae de nuevo a la Cámara el debate sobre las
subvenciones distribuidas desde el Ministerio de Industria en sus
distintas vertientes, entendiendo que hay varios debates que no se
pueden entremezclar, porque son debates separados, aunque todos
tengan el mismo destinatario como responsable, que es el ministro de
Industria. Hay un primer debate, que haremos en otro momento, sobre
las posibles irregularidades o dudas en cuanto a algunos aspectos de
la gestión al frente de Ercros y su relación con la condonación del
crédito ICO y las actividades de la empresa Loreto Consulting, de la
que este grupo en su día anunció que era la depositaria de las
acciones del señor ministro hasta su nombramiento. No es que obviemos
hoy ese debate, sino que vamos a tratar otros temas también
importantes aunque cuantitativamente menores.
En primer lugar, es sorprendente, y hemos hablado ya sobre ello, la
facilidad que tienen algunos de los solicitantes para recibir ayudas
públicas. Es curioso cómo entre más de 1.000 solicitudes en algunos
casos, parece que siempre les toca a los mismos. También es verdad
que una de las personas beneficiarias de estas subvenciones fue
condenada por sentencia firme por un delito de prevaricación,
precisamente por la gestión de ayudas públicas. Fue condenado por dos
subvenciones, pero al mismo tiempo era sabido en su ámbito que era
gran promotor de la gestión de las ayudas públicas. Tenía un despacho
particular que gestionaba su compañera por el que pasaban todos los
empresarios que querían una subvención, dada la gran habilidad
y conocimiento de los criterios -objetivos o no- con que
concedían las subvenciones, por lo que tenía una gran facilidad para
acceder a las ayudas. Aun así, a veces la avaricia rompe el saco y
fue condenado porque curiosamente desvió irregularmente 140 millones
de pesetas en ayudas, cuya devolución, por cierto, todavía hoy se
sigue reclamando por parte de la Junta de Castilla y León.
Pues bien, vemos con un cierto asombro, por lo menos ético, no estoy
diciendo que sean ilegales, pero sí sorprendentes, que hay criterios
efectivamente de una cierta discrecionalidad, porque el Ministerio
tiene que seleccionar, entre los cientos de ayudas que llegan,
a quién se le conceden esas ayudas y evaluar, en principio, a quién se
van a destinar, y se le conceden 47,9 millones por parte del Miner en
una tacada, después también por el Gobierno asturiano 12 millones de
pesetas para subvencionar un crédito de 100 millones y está pendiente
probablemente otra ayuda de 4 millones de pesetas y últimamente hemos
conocido el caso de Arenas de Bobia, que también, en compañía
precisamente de uno de los implicados en la anterior condena por
prevaricación, recibe una pequeña ayuda de 2 millones, que es
continuidad de otra anterior que también había recibido esta misma
empresa.
Nuestro grupo, recogiendo el guante que el propio señor Aznar lanzaba
en esta Cámara, ha presentado, por una parte, una proposición no de
ley, y hoy lo reitera de cara a la moción consecuente, para que se
modifique la legislación en el sentido de que se respete lo que
entendemos que es el espíritu del delito de prevaricación que se
recoge en el Código Penal, artículo 404. Todo el mundo consultado
entiende que precisamente lo que se intenta es apartar a aquellos
funcionarios o cargos políticos que se han aprovechado de su cargo, e
incumpliendo incluso el propio programa electoral de su partido, que
en 1996 decía que el PP creía en un sistema en el que el ejercicio
del poder político sea un deber, una responsabilidad de servicio a
todos y no un medio para obtener beneficios, esta persona -que además
está condenada en sentencia firme- parece ser que hizo lo contrario
precisamente de lo que su partido pregonaba en el programa electoral
de 1996. Por tanto habrá que tomar medidas para impedir que estas
personas puedan continuar aprovechando sus conocimientos de la
Administración lucrándose de alguna manera de estas cosas y por eso
proponemos que se revise la legislación y se tomen las medidas para
variar y ampliar lo que es la condena de prevaricación, al objeto de
que también se tenga en cuenta para aquellos cargos públicos la
imposibilidad de acceder a ayudas por parte de ellos o de aquellas
empresas en las que lógicamente sean accionistas mayoritarios, no que
tengan una acción o dos, sino que efectivamente sean accionistas
significativos o preponderantes.
Luego hay otro tipo de ayudas, en nuestra opinión irregulares, y es
curioso cómo criticando la norma defebrero de 1996 luego sin embargo
se recurre a la
misma para concederlas. Por una parte se dice -y probablemente sea
cierto- que había una cierta discrecionalidad en las ayudas
anteriores a partir de la orden ministerial de febrero de 1996, pero
luego, para dar en concreto tres ayudas -una de ellas la de Miguel
Pérez Villar, de 47,9 millones, a pesar de que inicialmente se había
rechazado por ser solicitada como concesionario de automóviles y
luego transformarlo en una ayuda al taller-, también se apoya en la
disposición transitoria única de la orden ministerial del 6 de marzo
de 1998, que es la que remite precisamente a la posibilidad de
considerar los criterios del año 1996. Si la norma anterior era
supuestamente arbitraria, ustedes se han apoyado en una norma
arbitraria para poder conceder las ayudas a Miguel Pérez Villar, las
ayudas al centro oftalmológico del señor Fernández Vega, en Oviedo, y
para conceder también la ayuda de 198 millones a Torcidos Ibéricos,
que es además otra excepción, es el único municipio no Rechar ni
limítrofe que consigue una ayuda en este período. Es sorprendente
porque había otras empresas de esa zona que habían solicitado ayudas.
Le puedo citar algunas, por ejemplo la empresa Agrofibras y Segadora
Boix, que solicitaron ayudas en esa misma localidad y les fueron
rechazadas.
Con lo de La Carolina pasa un poco lo mismo. Hay una concesión de
ayudas muy significativas, superiores a las que se dieron en toda
Andalucía, por ejemplo, pero sin haberse terminado el plazo de
concesión de ayudas hay otros ayuntamientos que las solicitan, por
ejemplo el de Gijón, y curiosamente el Ayuntamiento de Gijón presenta
doce peticiones y le son rechazadas todas, básicamente diciéndole que
no hay dinero ya en el fondo y, en segundo lugar, que no están dentro
de los criterios, criterios que sigo diciendo que parece que están en
los arcanos que conoce el señor ministro o los técnicos
correspondientes, que al mismo tiempo cambian de criterio, porque
incluso la señora Paloma Sendín en las ayudas relativas al señor
Pérez Villar -hay grabaciones que han escuchado todos ustedes en la
radio, en concreto en la SER- decía expresamente que no era
susceptible de ayuda por ser un concesionario de automóviles. Por
tanto, hay incluso revisiones.
Como hay poco tiempo, quiero ir a otra de las ayudas, el caso de
Telecable, por ejemplo. Nos parece muy bien que se den ayudas al
sector servicios. Lo que ya no nos parece tan bien es que esa
posibilidad de conceder ayudas solamente la conozca también el señor
ministro y en este caso a lo mejor los solicitantes. Puede haber
otras empresas -y de hecho las hay-, como Gas Asturias u otras que en
su día podían haber solicitado ayudas, pero como desconocían estas
interpretaciones tan especiales de una norma que expresamente rechaza
la posibilidad de conceder ayudas para extracción y tratamiento del
carbón, actividades auxiliares y para proyectos comprendidos en el
sector servicios, no pudieron acceder a estas subvenciones. Voy más
lejos. La actividad del cable está sometida a una concesión. Por
tanto, en su día hubo un
concurso público. ¿Podía imaginar el resto de competidores que más
tarde iba a existir un complemento de 511 millones de pesetas a ese
proyecto? Tenían que haber contratado los servicios de algún adivino
o adivina que lo hubiera intuido y así poder apostar por ello,
sabiendo que iba una modificación sustancial de apoyo económico de
500 millones de pesetas. ¿Qué vamos a pedir después en nuestra
moción? Que se revisen muchas cosas. El propio señor ministro de
Industria reconocía que en todo este maremagnum de peticiones podía
haber irregularidades y que podía haber criterios mal definidos, pero
el propio Ministerio es quien tiene que definir las normas y sobre
todo pedir tres cosas: transparencia, claridad y que haya libre
concurrencia, es decir, que haya unos períodos de apertura de
solicitud de ayudas claros, unos períodos de cierre y que los
criterios para solicitar esas ayudas sean conocidos por todo tipo de
empresas o por todo tipo de municipios que puedan acceder a ellas.
Eso es lo mínimo que creo que se puede pedir en democracia para
evitar después, precisamente, otro tipo de lecturas o de
interpretaciones sobre las formas de concesión de ayudas. Esto no ha
ocurrido. Se han concedido ayudas sin esperar a terminar los plazos
y, por tanto, sin poder comparar la evaluación de los empleos creados
por unos o por otros, con criterios nuevos que no aparecen, sino más
bien al contrario, rechazando claramente la propia orden ministerial
la posibilidad de conceder este tipo de ayudas. Ahora entramos en la
interpretación de si el cable es una actividad de servicios, es
industrial, etcétera. Llevado al extremo, todo es actividad
industrial, porque todo tiene detrás un proceso de fabricación,
etcétera; pero si eso es así, excluyan ustedes esa norma actual que
impide la petición de ayudas a las empresas de servicios.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Santiso,
le ruego que vaya concluyendo.
El señor SANTISO DEL VALLE: Voy concluyendo, señor presidente.
Precisamente por ese tipo de interpretaciones se ha llegado a dar
ayudas a Alcampo, porque tenía una actividad industrial que era
fabricar pan dentro de sus instalaciones. Por tanto, creemos que es
necesario establecer un marco de juego claro, transparente e igual
para todos y aceptar también cambiar estas posibilidades que tienen
algunos de interpretar las normas, porque luego cuando vamos viendo
quién concede o quién consigue las ayudas hay que felicitarles por su
gran habilidad y su interpretación de los criterios del Ministerio.
De esta manera creo que evitaremos un debate en la famosa
subcomisión, que creo que está mejor para otras cosas. Nosotros
anunciamos que en esa subcomisión -aunque votaremos en contra de su
creación, porque seguimos defendiendo que sea una comisión de
investigación- al menos pediremos, por
ejemplo, la comparecencia del señor Pérez Villar simplemente para
analizar ese tipo de ayudas. Mientras tanto, podemos ganar tiempo
variando las normas y estableciendo un marco de juego limpio y
transparente para todo tipo de ayudas.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Santiso.
Para contestar en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora
ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Señor
presidente, señorías, inicio mi intervención haciendo una referencia
genérica a la actividad subvencional, incidiendo en aspectos que ya
han sido subrayados ante esta Cámara por el ministro de Industria y
Energía, para referirme posteriormente al contenido concreto de la
interpelación que parece sugerir -más bien ha sido aclarado, no
sugerido- una modificación de criterios en el otorgamiento de las
subvenciones por parte de dicho departamento.
En primer lugar, quiero reiterar ante SS. SS. que el Gobierno está
dispuesto a un debate amplio y transparente sobre la política de
ayudas a través de las subvenciones, debate que se encuentra
permanentemente abierto no sólo en España sino también en el ámbito
de la Unión Europea, en la que de forma recurrente se están
planteando reflexiones generales sobre distintos aspectos de dicha
política, como la dimensión del gasto subvencional o el control sobre
su aplicación. En relación con ello, quisiera añadir de forma
inmediata que la filosofía, si me permiten la expresión, de este
Gobierno y, por tanto, del Ministerio de Industria y Energía es
apoyar a las empresas no sólo mediante subvenciones a proyectos
concretos, sino desde planteamientos más globales que implican la
instrumentación de las políticas fiscal y financiera, todo ello con
el objetivo de dinamizar e impulsar la iniciativa privada. No
obstante, el Gobierno no puede dejar de decir claramente que la
actividad subvencional es una técnica de fomento legítima y que en
España no se abusa de ella, pues, como ya ha expuesto el ministro de
Industria y Energía, estamos entre los países europeos que menos
ayudas dan a las empresas, cualquiera que sea el indicador de
referencia que se utilice.
El ordenamiento jurídico vigente, al que S.S. ha aludido, en materia
de subvenciones procede en gran medida de gobiernos anteriores al
actual y aun cuando pueda manifestar alguna insuficiencia, se han ido
introduciendo nuevos instrumentos de control, si bien, todo hay que
decirlo, alguno de ellos no se han incorporado sino hasta la llegada
del actual Gobierno.
Puesto que parece que las ayudas destinadas al plan del carbón
suscitan el interés de S.S., permítame citar los siguientes datos.
Cuando se inició la presente legislatura encontramos un sistema de
concesión de ayudas en las que el importe de éstas no figuraba en los
Presupuestos Generales del Estado. Dichas ayudas no
eran notificadas a la Unión Europea, no existía fiscalización previa
de la Intervención delegada, no había un procedimiento de
concurrencia, no existía una comparación entre proyectos, se
evaluaban individualmente, sin comparación y sin plazos. En la
actualidad, la totalidad de las ayudas contempladas en el plan del
carbón sí figuran en los Presupuestos Generales del Estado y son
aprobados por SS. SS. en estas Cámaras anualmente, cosa que no
siempre ha sucedido, por lo que la transparencia que S.S. reclamaba
entendemos que es total desde la concepción misma de los programas.
Además, todas las ayudas son notificadas con carácter previo a su
concesión a la Comisión Europea, lo que garantiza su compatibilidad
con la libre competencia y la transparencia en los procedimientos y
en su concesión.
Por otro lado y al objeto de garantizar la objetividad y el nivel
técnico de los proyectos, existen en todos los programas comités de
evaluación integrados por un número variable de expertos, cuya
función es el estudio y evaluación de las solicitudes presentadas y
la elaboración de propuestas e incluso está prevista la posibilidad
de que se constituyan comités de asesoramiento, como en el caso de la
iniciativa Atyca, para asesorar a los citados comités de evaluación
sobre los proyectos y actuaciones presentadas. Paralelamente, con la
finalidad de mantener la eficacia última de las ayudas, los programas
no se consideran cerrados, sino que se van introduciendo
modificaciones puntuales que en ocasiones afectan a sus bases
reguladoras, una vez que se van detectando nuevas necesidades en el
proceso de gestión de los programas.
Con todo ello, señorías, el panorama de la gestión de las ayudas
creemos que ha mejorado sustancialmente. El Gobierno no puede sino
afirmar rotundamente que la instrumentación de la política de
subvenciones en general y la del Ministerio de Industria y Energía en
particular cumplen perfectamente con la finalidad de fomento a la que
deben contribuir. El Gobierno está satisfecho de la eficacia de las
ayudas gestionadas por el Ministerio de Industria y Energía porque no
se puede olvidar que como consecuencia de la aplicación de esos
programas correspondientes al año 1998 está prevista la creación de
un número aproximado de 4.600 puestos de trabajo. Creo que SS.SS.
estarán de acuerdo en que este es un indicador relevante para
determinar la idoneidad de los proyectos subvencionados.
Entrando ya en el objeto de la interpelación, alude el grupo
interpelante a las posibles irregularidades en la gestión realizada
por el ministro de Industria en lo referente a la concesión de varias
subvenciones. Se ha puesto ya muchas veces de manifiesto que dichas
irregularidades no existen; sin embargo, el Gobierno no se cansará de
confirmarlo cuantas veces SS.SS. entiendan necesario que así lo haga.
Entendemos que explicando ante el Parlamento la política estamos
ofreciendo la transparencia que S.S. reclamaba.
La primera propuesta concreta de la interpelación es la sugerencia de
la adopción de una legislación que imposibilite el acceso a las
subvenciones públicas a determinadas personas, en especial a aquellas
personas físicas que ocupando un cargo público hayan sido condenadas
por prevaricación. Sin entrar ahora en detalle en las modificaciones
legislativas que ello conlleva, que siempre serán estudiadas por el
Gobierno con la máxima atención, quisiera señalar que el supuesto
fáctico al que se refiere su interpelación no se ha producido en este
momento. No consta que se haya concedido subvención alguna a un ex
alto cargo condenado por prevaricación, sino a una sociedad de la que
aquel es accionista, a una persona jurídica distinta a la del
condenado. Si lo que pretende es que cualquier sociedad que cuente
entre su accionariado con un ex alto cargo condenado por
prevaricación quede automáticamente excluida de la posibilidad de
acceder a cualquier subvención, sugiero la conveniencia de examinar
detenidamente tal propuesta. Si por el contrario desean plantear
limitaciones a esa alternativa, háganlo, señorías, con el suficiente
detalle para que el Gobierno pueda pronunciarse en concreto sobre la
misma.
Su señoría ha hecho referencia a la concesión de determinadas ayudas
sin que hubiera concluido el plazo de presentación de solicitudes. Es
cierto que ello ha ocurrido, pero no es menos cierto que es una
práctica habitual, seguida en todas las administraciones públicas y
exigida tanto por la ejecución presupuestaria como por el plazo de
resolución que establecen algunas convocatorias. Lo que es
rotundamente incierto es la consecuencia que pretende extraer de este
hecho. No existe limitación de la concurrencia por la concesión de
subvenciones cuando aún no ha concluido el plazo de presentación de
solicitudes, y ello es así porque existen varias reuniones de los
comités de evaluación y aunque el primero de ellos se reúna antes de
la finalización del plazo de presentación de solicitudes, obviamente
no agota todas las disponibilidades presupuestarias. Una solución
contraria a la propuesta impediría la ejecución del presupuesto y
supondría una paralización de la gestión de las subvenciones de
consecuencias nefastas.
Se atribuye al Ministerio de Industria un incumplimiento de su propia
normativa al conceder ayudas a algunas empresas de servicios. Por
ejemplo, S. S. ha citado Telecable. He de señalar que la subvención
aquí criticada, con un importe de 512 millones, creará 119 puestos de
trabajo y se destina a una inversión subvencionable de nada menos que
7.331 millones, siendo la inversión total de más de 16.500 millones.
A pesar de ello, entiendo que desde el punto de vista político la
critiquen e incluso afirmen que contradice la orden a cuyo amparo se
concedió, ya que se trata de una subvención a una empresa del sector
de servicios. Señorías, las subvenciones reguladas en la orden de 6
de marzo de 1998 no se conceden a empresas sino a proyectos. Por
favor, leamos entre todos con
atención el apartado cuarto de la citada orden y comprobemos lo que
digo. No cabe ninguna duda de que el diseño y construcción de una red
de fibra óptica, además de ser un proyecto con clara proyección de
futuro, es una actuación netamente industrial. Por ello, nuevamente
quisiera señalar que no es exacta la información que se traslada a
sus señorías.
Quisiera concluir señalando que el Gobierno está dispuesto a estudiar
con atención cualquier propuesta concreta de modificación del
ordenamiento jurídico que excluya de la posibilidad de acceder a
ayudas públicas a los condenados por delitos de prevaricación y a las
sociedades en que estos participen, pero siempre dentro de un
ponderado estudio y justificación que en este momento no se dan.
Probablemente la subcomisión de análisis de la política de ayudas del
Ministerio de Industria y Energía, cuya constitución en el seno de la
Comisión de Industria, Energía y Turismo de esta Cámara se ha
solicitado, sea el marco adecuado para debatir en profundidad esta
cuestión. En segundo lugar, creo que ha quedado claro que los
criterios de concesión de subvenciones en su actual formulación
garantizan una concurrencia efectiva, una transparencia y se basan en
consideraciones objetivas fácilmente constatables, sin perjuicio de
que los trabajos de esa subcomisión puedan y deban contribuir, con el
concurso de todas SS.SS., a enriquecer esa adaptación del proceso de
gestión de los programas a las nuevas necesidades, a una mayor
transparencia y a una menor duda sobre cómo se conceden las
subvenciones.
Muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.
Señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, con todo el respeto a la señora ministra, creo que
era el señor Piqué quien tenía que estar hoy aquí, porque es evidente
que hay un desconocimiento profundo sobre cómo han sido las ayudas en
el caso concreto que hemos anunciado. Por empezar por el último,
Telecable, en el primer examen del expediente, el 8 de septiembre de
1998, esa ayuda es rechazada por el propio Ministerio considerando
que no cumple las normas de la orden ministerial. No será sólo este
grupo parlamentario el que interpreta mal las normas. Otra cosa es el
caso del señor Pérez Villar, sobre el que también inicialmente,
insisto, con testimonio de la señora directora general de Minas, ésta
públicamente reconoce que esa subvención no entra dentro de los
proyectos del Ministerio, y luego se rectifica. Pero, bien, los
caminos de la rectificación son muy variados y supongo que forman
parte del acervo que ignoramos todos. El problema no es que exista
una especie de reclamación, sino que eso funciona a veces, como usted
sabe muy bien, llamando por teléfono
para decir: nos habéis rechazado una ayuda, a ver qué pasa.
No me importa que ustedes, a pesar de que digan que quieren variar
las normas, pongan dificultades, porque si ustedes lo que pretenden
es hacer campaña en Asturias como la están haciendo, asistiendo como
partido a todas las inauguraciones de los negocios del señor Pérez
Villar, bienvenido sea, porque la opinión pública sí tiene hecha una
lectura acerca de la calaña personal y política que tiene este señor,
porque el proyecto de Uría Motor no es un proyecto nuevo industrial,
sino que se ha repartido la quiebra anterior del concesionario de
automóviles Renault, Abundio Gascón, para recuperar una parte del
empleo en unas condiciones determinadas. Por tanto, tampoco es un
gran proyecto industrial, pero no me extraña cuando en Oviedo también
se está haciendo un campo de golf sin haberse aprobado un presupuesto
en ningún sitio. Sin embargo, se anticipan 3.000 millones de pesetas
a ese municipio de los fondos mineros mientras el resto tiene que
esperar a la tercera fase del plan. Muy bien, allá ustedes con sus
criterios, la opinión pública juzgará.
El señor Pérez Villar, efectivamente, como persona, él solo, no tiene
una empresa, pero sí es el accionista principal de Uría Motor.
Nuestra propuesta va dirigida a que aquellos accionistas
significativos no puedan acceder a las ayudas o, por lo menos, se
miren con más detenimiento los proyectos que presentan. Ustedes
mismos han rechazado otros muchos proyectos de gente mucho más
normal, que teóricamente parece ser no eran tan atractivos. Le pueden
nombrar ustedes asesor para la concesión de ayudas. Yo creo que sería
un buen cargo, dada su facilidad histórica para acceder a este tipo
de ayudas. Por lo tanto, me parece que todo lo que hagan en esa
dirección al final va en detrimento de ustedes. No sé si son
conscientes de que encima estamos intentando ayudarles para resolver
un problema que no se han dado cuenta que tienen, porque nadie se
explica a nivel de opinión pública que un señor condenado a ocho años
por prevaricación continúe recibiendo subvenciones de todo el mundo.
Esto no lo entiende nadie y si ustedes dicen que tenemos que ser
nosotros, que no somos Gobierno y que somos una pequeña minoría, los
que tenemos que cambiar la norma, entonces lo que hacemos es
estimularles para que incluso cumplan lo que el señor Aznar dijo de
que estaban dispuestos a revisarlo, y soluciones hay.
En cuanto al resto de ayudas, el propio ministro de Industria -ahora
ustedes le desmienten- en su comparecencia reconoció que podía haber
irregularidades dada la cantidad de proyectos e iniciativas
presentadas. Lo único que pedimos es transparencia y libertad para la
concurrencia. Sobre esto de Telecable que ustedes inventan ahora, que
efectivamente es un proyecto industrial, cambien la norma para que
todo el mundo pueda concurrir. No estamos en contra de que se
concedan ayudas a Telecable, sino de que no pueda haber otras
empresas que también tendrían las mismas condiciones.
Poníamos un ejemplo, Gas Asturias. También tiene que
levantar toda Asturias. Pero es que esas empresas cuando presentaron
su proyecto al concurso ya tenían que tener evaluados los costes de
cablear Asturias. Por lo tanto, estaba dentro ya de su proyecto
inicial. Además yo creo, sinceramente, que las ayudas para la
industrialización deberían de ir a proyectos - no a macroproyectos
avalados por Caja Asturias o Hidrocantábrico, que son entidades
financieras potentes- precisamente para estimular la creación de
industrias en aquellas zonas realmente mineras donde están los pozos
mineros y donde hay más problemas, que no es precisamente Oviedo,
aunque tenga minas, sino Mieres, Langreo, las zonas que la gente está
abandonando porque no tiene alternativas de empleo.
Queríamos reflexionar sobre eso. ¿Que ustedes no quieren coger el
guante y quieren instalarse en que todo es legal, todo está claro y
transparente? Allá ustedes. La gente en las comarcas mineras sí lo
tiene claro. Fíjese si lo tienen claro hasta ustedes que ya en la
segunda fase en Asturias han creado a instancias del Partido Popular
una comisión de investigación en el Parlamento asturiano para ver qué
ha pasado con la distribución de la segunda fase de las ayudas que
gestiona la propia comunidad.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Santiso.
Señora ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Señoría, el que el Gobierno y el ministro de Industria y Energía
tengan claro que el procedimiento es legal y transparente no
significa que nos neguemos a avanzar para que sea todavía más
transparente y sirva a una política que realmente subvencione
proyectos como los que S.S. ha mencionado. En ningún momento de mi
intervención creo haber negado que todo sistema es perfectible y que
aquí estamos dispuestos a perfeccionarlo, pero S.S. no puede poner en
boca de la ministra de Justicia que se han cometido irregularidades,
porque no ha sido así. Otra cosa es que tengamos que perfeccionar las
normas para que, en beneficio de todos los ciudadanos, las
subvenciones concedidas por el Ministerio de Industria y Energía
sirvan mejor y más de lo que están sirviendo, pero no se ha cometido
ninguna irregularidad. Siempre encontrará al Gobierno dispuesto a
avanzar para proteger más a todos los ciudadanos y, sobre todo, a las
empresas a las que les hace falta subvención.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Cuevas.
El señor CUEVAS DELGADO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Socialista esperaba encontrar hoy aquí al señor
ministro de Industria, dando la cara en un tema como es el de esta
interpelación, que le concierne muy directamente. No ha sido así y lo
lamentamos, pero nos alegramos de que esté la ministra de Justicia,
porque, ya que ha dicho que no se va a pronunciar sobre determinadas
irregularidades, la ilustraremos sobre ellas, para que, a partir de
ahora, tome debida nota.
Yendo a la interpelación, diré que nuestro grupo valora positivamente
el contenido de la misma. Tenemos dudas sobre su oportunidad y su
alcance, y me explico. Nuestro grupo, así como el proponente de esta
interpelación y otros de esta Cámara, hemos pedido una comisión de
investigación sobre los hechos a que se refiere esta interpelación y
otros aún más graves que afectan al señor Piqué y al Gobierno. Esto
no ha sido posible, fundamentalmente por la negativa del grupo
parlamentario que apoya al Gobierno de la derecha y del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Es más, las múltiples
preguntas que se han formulado en esta Cámara para esclarecer los
hechos y el alcance de las responsabilidades del señor Piqué y del
señor Aznar han tenido por respuesta el más absoluto desprecio al
Parlamento y a las más elementales reglas de control y de información
en un sistema democrático, rayando a veces con el sarcasmo, como con
la apelación a la cacería o al psiquiatra, cuando no con la
estulticia de seguir hablando de transparencia y de regeneración de
la vida parlamentaria, eso sí, en un tono muy pausado y solemne.
Cada día aparecen nuevos casos y formas de irregularidad o de algo
más grave, y mucho nos tememos que este Gobierno y este ministro de
tan escaso bagaje ético -y no lo digo yo, él ha reconocido que estas
ayudas posiblemente no eran éticas-, con su peculiar sentido de la
transparencia, como tenemos ocasión de conocer los que estamos en la
Comisión de Industria, utilice esta interpelación y la moción
subsiguiente para pasar página, como repetía machaconamente el señor
Aznar y se acordarán los diputados de la anterior legislatura y que,
en realidad, significa no asumir su responsabilidad política. Esto de
la responsabilidad política les suena, ¿verdad? Con lo ya conocido es
evidente la responsabilidad política; responsabilidad política por
incumplimiento reiterado de las normas y decretos que emanan del
propio Gobierno: conceder subvenciones fuera de plazo y, al mismo
tiempo, denegar otras en plazo bajo la excusa de falta de fondos; no
respetar la concurrencia; violar los ámbitos geográficos reglados
para las ayudas; infringir las normas establecidas sobre la
naturaleza de los proyectos, sin olvidar la discrecionalidad en
función del color político, el amiguismo y la falta de escrúpulos
para forzar la
norma y poder así conceder una subvención denegada previamente a un
condenado por prevaricación. Eso sí, no a uno cualquiera; éste es
especial, es amigo y fue nombrado por un alto cargo, por el señor
Aznar en su época de presidente de la Comunidad de Castilla y León.
El riesgo de esta interpelación es que pueda dar la impresión de que
todo esto ocurre exclusivamente porque hay un vacío legal y,
señorías, puede que sea necesario ponerlo en la ley para que este
Gobierno no vuelva a hacerlo; pero, créanme, conceder una subvención
a un condenado por prevaricación con conocimiento de causa no es
consecuencia de un vacío legal, es una desvergüenza que en Europa, y
tenemos ejemplos recientes, se saldaría con la dimisión del ministro.
Aquí aún les queda su ego, porque en ese viaje que han emprendido
hace ya unos cuantos años a la estación del centro parece que más
bien van marcha atrás en vez de ir marcha adelante.
Señora ministra, no es ninguna garantía que al cambiar la ley ustedes
la vayan a cumplir, porque ya existe. Además, hay un incumplimiento
reiterado y reconocido por el señor ministro, dixi Piqué, que en una
irregularidad detectada tenían dos opciones: una, cumplirla, y la
otra, la que hicimos. Pues lo que hicieron fue no cumplirla.
Apúnteselo, está en el 'Diario de Sesiones' de la Comisión de
Industria y Energía, en el número 607, página 17.698. Léalo y verá
que ahí tiene tajo para hacer cumplir la justicia; preocupación que
se asienta por la falta de escrúpulos que ponen de manifiesto en su
manipulación permanente de los medios públicos de comunicación y el
control de los privados a su servicio, unos por esa deuda demasiado
profunda para que se pueda solventar con decoro, en palabras del
señor Cascos, y otro como fruto del trueque en la esquilmación del
sector público ahora en manos de los amigos del señor Aznar y el
señor Rato. Operación pilotada, por cierto, por el señor ministro de
Industria y Portavoz del Gobierno, hoy ausente, en un alarde de
ingeniería financiera. Antes eso se llamaba trucos contables, materia
en la que el señor Piqué hizo un máster en su época de Ercros, por
cierto, con gran aprovechamiento por su parte, aunque el trabajo
final del curso lo terminó ya en su etapa de Gobierno, con el título
genérico: condonación de créditos por decreto.
Esta operación privatizadora, en conjunto de más de cuatro billones,
está llena de oscuridades se ha hecho al margen de este Parlamento.
Está cargada de complicidades y acuerdos inconfesables, tampoco
explicados ni en esta Cámara ni en ningún sitio, pero como en el caso
de las ayudas al sector eléctrico con múltiples consecuencias que
terminarán pagando, ya lo están haciendo, los ciudadanos, engañados
una vez más por este Gobierno que no nos merecemos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Cuevas,
le ruego concluya.
El señor CUEVAS DELGADO: Termino inmediatamente, señor presidente.
Al señor Piqué, que ha declarado que este es un terreno más propio de
la psiquiatría que de la política, le daría este consejo: que no siga
por este camino porque aquí es donde hay que hablar y dar las
explicaciones convincentes y solventes. No puede ni usted, en este
caso, ni el señor ministro o su presidente seguir saliéndose por la
tangente por más tiempo. Si lo siguen haciendo posiblemente tendremos
que recurrir a algún gabinete de un psicoanalista para que nos diga
qué les confía el señor Pique.
Termino, señorías, porque hoy tienen, como grupo que sustenta al
Gobierno, la posibilidad de refrescar la memoria, por si se les había
olvidado, y tomar nota del caso Cañellas. Siempre se han negado a
investigar y el resultado es que se salvó de la condena por cohecho
gracias a la prescripción ¿Por qué me acuerdo ahora del caso Naseiro?
No sé por qué me acordaré, pero el Tribunal Supremo dejó muy claro en
la sentencia que tanto el señor Cañellas como el PP se apropiaron de
50 millones del túnel de Soller.
A pesar de estos fundados temores, nos parece bien la iniciativa,
aunque recalco que el problema no es un vacío legal, el problema es
que el señor Piqué y su Gobierno no cumplen con sus propias normas ni
cumplirán con éstas. Dicho de otra manera, el problema para los
ciudadanos es el señor Aznar y su Gobierno.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Cuevas.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Peón.
El señor PEÓN TORRE: Gracias, señor presidente.
Tengo cinco minutos para explicar lo que ya el ministro, ahora la
ministra, varios representantes de mi grupo en Comisión, en Pleno,
llevan explicando durante horas y horas de debates parlamentarios.
Cinco minutos para volver a decir lo que se ha dicho durante horas,
pero lo voy a intentar.
Señorías, hay una diferencia muy clara de tono en las intervenciones.
El grupo que presenta la iniciativa intenta de forma constructiva -y
cree que hay alguna irregularidad- aportar alguna solución donde ve
algunas lagunas. Estamos poniendo en marcha una subcomisión para el
análisis de esas ayudas y le invito al portavoz de Izquierda Unida a
que todas esas cuestiones que planteaba aquí las remita a esa
subcomisión. Le garantizo que nuestro grupo va a trabajar también de
manera positiva para que si hay cosas que mejorar, se puedan hacer
con la colaboración de todos los grupos. Sin embargo, tengo que
respaldar por completo la posición de la ministra en el sentido de
que no podemos partir de la veracidad del supuesto de que haya
irregularidades. Lo hemos repetido hasta la saciedad.
Ha habido algún portavoz de otro grupo que está en otra estrategia,
que está en la estrategia de la demagogia
electoral, de la falsedad permanente y deliberada, consciente
de que es falso. Ese grupo, por mucho que yo insista en dar de nuevo
los datos, va a seguir con esa estrategia premeditada de reiterar la
falsedad para crear una sospecha generalizada para inquisitorialmente
perseguir a una persona hasta ver si se encuentra alguna cosa, en
algún sitio, quizás cuando tenía seis o siete años, ya veremos, para
que se pueda consumar esa cacería política, ese desgaste político, a
un hombre del Gobierno, que en este momento es la imagen de ese
Gobierno porque es su portavoz.
Ya que no pueden conseguir una prueba con fundamento de que hay
alguna gestión irregular, ya que no pueden poner el acento en esa
demagogia, en esa gestión ministerial de esas ayudas, pasan a otro
tipo de dianas y a otro tipo de planteamientos. Pero, yendo al fondo
de la cuestión, porque tengo muy poco tiempo, se ha dicho aquí
algunas cosas que creo que debía insistirse al menos en trazo grueso
sobre el gravísimo error que incurre quien dice eso, al menos
gravísimo error. Yo estoy convencido que en el caso de Izquierda
Unida es error, en el otro caso no es error, es auténtica mala fe.
(Rumores.)
De nuevo se habla de que hay problemas de ámbito geográfico, que se
han incumplido criterios de reparto geográfico, de color político, de
falta de ayudas, de que se dan a unos proyectos y a otros no se da.
Señorías, se ha repetido, voy a ir caso por caso, que en el caso de
la Carolina la propia Junta de Andalucía contempla a este municipio
como objeto de un plan especial de reindustrialización, con un 50 por
ciento de paro. Estos proyectos industriales han creado más de mil
empleos. Se ha repetido hasta la saciedad, pero ¿qué tiene que ver el
color político de este ayuntamiento y el de al lado, si estamos
ayudando a proyectos industriales que crean empleo y que la propia
Junta de Andalucía, no nos dirán que es del Partido Popular, está
tratando de promocionar? No se falseen los datos.
El tema de Uría Motor se ha repetido por enésima vez. No era un
concesionario de automóviles. Es verdad que un periodista pregunta en
la radio a la directora general de Minas si se van a dar ayudas a un
concesionario de automóviles de Uria Motor, que era el señor Pérez
Villar. A esa pregunta tiene que contestar que no, porque la propia
orden ministerial excluye a los concesionarios de automóviles. Pero
luego lo que se comprueba es que el proyecto no es para un
concesionario. ¿Cuántas veces lo tenemos que decir? Es para un taller
de reparación de automóviles que, además, en otra extensión tiene un
concesionario. Pero sólo se subvenciona el taller de reparación de
automóviles. Se han subvencionado a catorce casos iguales de
reparación de automóviles. ¿Cuántas veces lo tenemos que decir hasta
que se enteren?
Preguntan cómo se explican los ciudadanos que se concedan
subvenciones a un condenado por prevaricación. Precisamente por lo
que tenemos que hacer hoy aquí. Estamos debatiendo cambiar la ley,
señorías.Con la ley actual el Gobierno está obligado a cumplirla,
y tiene que dar esas subvenciones, porque el Código Penal que se
aprobó en esta Cámara no excluye a esos condenados de la posibilidad
de obtención de ayudas públicas. Mientras no se cambie esa
legislación, que no hemos hecho nosotros, hay que cumplir la ley. El
ministro lo ha dicho por activa y por pasiva cada vez que ha tenido
ocasión en esta Cámara.
Insisto, si hay que modificar esa ley, si hay que cambiar el Registro
Mercantil, si hay que cambiar también la Ley de Sociedades Anónimas,
si hay que evitar que un condenado por prevaricación pueda comprar
acciones de Telefónica porque eso puede dar lugar a subvenciones
ilegales, ¿cómo graduamos eso? Es un tema complejo.
Estamos dispuestos a entrar en ese debate. En la subcomisión de
análisis de esas ayudas hay materia para entrar en un debate riguroso
y sereno sobre las consecuencias de esa modificación. Pero desde el
rigor, desde la sensatez, no desde la demagogia absoluta. Hagamos un
esfuerzo de rigor que tiene consecuencias para nuestras empresas,
tiene consecuencias para el tejido industrial y tiene consecuencias
para el empleo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Peón, por
favor, concluya.
El señor PEÓN TORRE: Termino, señor presidente. Termino en seguida.
Torcidos Ibéricos. ¿Cómo se puede decir una vez más que Torcidos
Ibéricos es una irregularidad. Estamos reiterando una vez más que la
orden del propio Gobierno socialista de 1996 permite que se den
ayudas a municipios no colindantes, pero sí próximos, siempre y
cuando se cree empleo minero, es decir, que se cojan trabajadores que
quedaron en paro de la actividad de la minería. Eso es lo que ha
ocurrido. Torcidos Ibéricos creaba más de 60 empleos. ¿Saben cuántos
proyectos del conjunto de los que se presentaron en el Ministerio
para obtener esas ayudas creaban más de sesenta empleos? Nueve,
señorías, sólo nueve proyectos eran mejores que Torcidos Ibéricos
para crear empleo en el sector de la minería. ¿Qué irregularidad ven
ustedes ahí? No mientan, no falseen la realidad, por favor. Díganlo
todo.
Me gustaría contestar caso por caso a cada uno de
los temas que acaban de expresar, pero les voy a retar
a una cosa: presenten sus denuncias y su famoso dossier
en la subcomisión de estudio de las ayudas públicas.
Ahí podemos debatir no cinco minutos, sino cinco
horas sobre cada uno de los temas, y vamos a demostrar
en esa subcomisión una cosa. Si sus datos son falsos,
son sesgados, aquí hay una estrategia, una estrategia
de tierra quemada, porque ante la falta de
programa para solucionar problemas de los sectores
mineros desde hace muchos años este Gobierno ha
dado soluciones y ustedes no tienen programa, no
supieron resolverlo. (Rumores y protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Señor Peón, le ruego concluya.
El señor PEÓN TORRE: Termino, señor presidente.
Este Gobierno sí lo tiene, y como no supieron resolverlo
y este Gobierno sí lo tiene, intentan boicotearlo
porque están preocupados ante las próximas elecciones.
Esa es la auténtica realidad.
Si ustdes quieren debatir seriamente sobre este
tema, ahí tienen un foro, la subcomisión de análisis y
de estudio del conjunto de las ayudas públicas. Si no,
ustedes mismos se habrán retratado respecto a lo que
persiguen realmente con estas iniciativas.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
(Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y
Lozana): Gracias, señor Peón.
El Pleno se reanudará mañana, a las nueve de la
mañana.
Se suspende la sesión.
Eran las ocho y cincuenta minutos de la noche.