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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 202, de 10/12/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 1998 VI Legislatura Núm. 202
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 196
celebrada el jueves, 10 de diciembre de 1998
ORDEN DEL DÍA:
Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados
- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre
declaraciones de actividades de
Excmos Sres. Diputados (número de registro 68451) . . . (Página 10881)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios
Internacionales.
- Convenio por el que se establece el Estatuto de las Escuelas
Europeas y de sus anejos, hecho en
Luxemburgo el 21 de junio de 1994. «BOCG. Sección Cortes Generales»,
serie A, número 252, de 9 de octubre de 1998 (número de expediente
110/000212) . . . (Página 10882)
- Quinto Protocolo, anexo al Acuerdo General sobre el comercio de
servicios, hecho en Ginebra
el 27 de febrero de 1998. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A,
número 253, de 14 de octubre de 1998 (número de expediente 110/
000213) . . . (Página 10882)
Enmiendas del Senado
- Proyecto de Ley sobre procedimientos de contratación en los
sectores del agua, la energía, los transportes y las
telecomunicaciones, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico
español las Directivas 93/38/CEE y 92/13/CEE. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie A, número 113-1, de 4 de mayo de 1998 (número de
expediente 121/000112) . . . (Página 10882)
- Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 164-1, de 3 de
marzo de 1998 (número de expediente 127/000006) . . . (Página 10886)
- Proyecto de Ley sobre introducción del euro. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie A, número 137-1, de 31 de agosto de 1998 (número de
expediente 121/000137) . . . (Página 10889)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas.
- Proyecto de Ley de Cooperativas. «BOCG. Congreso de los Diputados»,
serie A, número 125-1, de 27 de julio de 1998 (número de expediente
121/000124) . . . (Página 10896)
- Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 7/1985,
de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 175-1, de
18 de marzo de 1998 (número de expediente 122/000154) . . .
(Página 10913)
- Proposición de Ley Orgánica de medidas para favorecer una mayor
protección e integración de los inmigrantes. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie B, número 179-1, de 18 de marzo de 1998 (número de
expediente 122/000158) . . . (Página 10913)
- Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 7/1985,
de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 189-1, de
2 de abril de 1998. (Corrección de error en BOCG, número 189-2, de 3
de junio de 1998) (número de expediente 122/000167) . . . (Página 10913)
- Proyecto de Ley por el que se concede un crédito extraordinario,
por importe de 9.393.184.038 pesetas, para el pago de indemnizaciones
derivadas del derrumbamiento de la presa de Tous, según sentencia del
Tribunal Supremo de 15 de abril de 1997. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie A, número 124-1, de 16 de julio de 1998 (número de
expediente 121/000123) . . . (Página 10920)
Declaración institucional con ocasión del 50.o Aniversario de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos . . . (Página 10929)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley de iniciativa popular.
- Reguladora del libro de texto para la enseñanza básica. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie B, número 180-1, de 20 de marzo de
1998 (número de expediente 120/000004). . . . (Página 10932)
Ampliación de plazo.
- Para la finalización de los trabajos de la subcomisión encargada
del estudio del modelo policial (número de expediente 154/000012)
. . . (Página 10941)
Solicitud de creación de Comisiones.
- Solicitud de creación de una subcomisión en el seno de la Comisión
de Asuntos Exteriores relativa al 50.o aniversario de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos (número de expediente 158/000037)
. . . (Página 10941)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley.
- Del Grupo Socialista del Congreso, para permitir el reconocimiento
de la pensión de orfandad a todos los huérfanos que se encuentren
dentro de los nuevos límites de edad establecido por la Ley 24/1997,
de 16 de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de la
Seguridad Social. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número
156-1, de 13 de febrero de 1998 (número de expediente 122/000137)
. . . (Página 10942)
Proposiciones no de Ley.
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para
inculcar en el alumnado valores de educación, respeto y tolerancia en
la convivencia doméstica. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D,
número 336, de 26 de octubre de 1998 (número de expediente 162/
000283). . . (Página 10942)
- Del Grupo Socialista del Congreso, relativa a la financiación
plurianual necesaria para la implantación y desarrollo de la reforma
de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo
(LOGSE). «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 186, de 9
de octubre de 1998 (número de expediente 162/000165) . . . (Página 10950)
S U M A R I O
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana, con
carácter secreto, para debatir sobre el dictamen de la Comisión del
Estatuto de los Diputados sobre declaraciones de actividades de
señores Diputados, que es aprobado
Se reanuda la sesión con carácter público.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios
internacionales . . . (Página 10882)
Convenio por el que se establece el Estatuto de las Escuelas Europeas
y de sus anejos, hecho en Luxemburgo el 21 de junio de 1994 . . .
(Página 10882)
Quinto protocolo anexo al acuerdo general sobre el comercio de
servicios, hecho en Ginebra el 27 de febrero de 1998 . . . (Página 10882)
Sometidos a votación los dos dictámenes de la Comisión de Asuntos
Exteriores, son aprobados por asentimiento.
Enmiendas del Senado.. . . . (Página 10882)
Proyecto de ley sobre procedimientos de contratación en los sectores
del agua, la energía, los transportes y las telecomunicaciones, por
la que se incorporan al ordenamiento jurídico español las directivas
93/38/CEE y 92/13/CEE . . . (Página 10882)
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Uría
Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores
Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
Morlán Gracia, del Grupo Socialista del Congreso, y Posada Moreno,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Cantabria . . .
(Página 10886)
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría
Echevarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores
Ríos Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
Blanco García, del Grupo Socialista del Congreso, y López-Medel
Bascones, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proyecto de ley sobre introducción del euro. . . . (Página 10889)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Gómez
Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Zabalía
Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Homs i Ferret, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ríos Martínez, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Martínez Sanjuán, del
Grupo Socialista del Congreso, y Albendea Pabón, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Debate de totalidad de convenios internacionales . . . (Página 10896)
El señor presidente comunica a la Cámara que no se entra en el debate
de los puntos 37, por no encontrarse en condiciones de ser debatido,
y 38 a 43, por no haberse presentado enmiendas.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas . . . (Página 10896)
Proyecto de ley de cooperativas. . . . (Página 10896)
En nombre del Gobierno presenta el proyecto de ley de cooperativas el
señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Arenas Bocanegra). Lo
hace desde el conocimiento de las distintas posiciones de los grupos
parlamentarios con respecto a este importante proyecto, según su
opinión, y anticipa la voluntad del Gobierno de que prospere el
consenso, pues entiende que muchas de las enmiendas que han sido
presentadas, después del diálogo parlamentario, podrían incorporarse
al texto. A continuación explica el contenido del proyecto de ley,
resaltando la cada vez mayor relevancia que tiene para la economía y
para la creación de empleo el sector de las cooperativas; la
necesidad de renovación de sus estructuras y funcionamiento para que,
de alguna forma, se aborden los desafíos económicos y empresariales
del futuro; la voluntad de diálogo con las comunidades autónomas para
alcanzar un acuerdo en lo que significan los ámbitos de aplicación
del proyecto de ley; y la necesidad asimismo de incorporar a la
legislación vigente del Estado los cambios producidos en la Unión
Europea y en las comunidades autónomas.
En defensa de las enmiendas de totalidad intervienen el señor Vázquez
Vázquez (don Guillerme) y la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo
Parlamentario Mixto, y el señor Arnau Navarro, del Grupo Socialista
del Congreso.
En turno en contra interviene el señor Azpiroz Villar, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de réplica intervienen la señora Lasagabaster Olazábal y el
señor Arnau Navarro, duplicando el señor Azpiroz Villar.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Caballero
Basañez, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Campuzano i
Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y
Frutos Gras, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
El señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales pide la palabra para
agradecer las intervenciones de todos los grupos parlamentarios.
Proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 7/1985, de
1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España
. . . (Página 10913)
Proposición de ley orgánica de medidas para favorecer una mayor
protección e integración de los inmigrantes . . . (Página 10913)
Proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 7/1985, de
1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España
. . . (Página 10913)
En defensa de las tres enmiendas de totalidad planteadas por el Grupo
Socialista del Congreso a los tres proyectos de ley, interviene la
señora Fernández Sanz.
En turno en contra interviene el señor Campuzano i Canadés, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Replica la señora Fernández Sanz, duplicando el señor Campuzano i
Canadés.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Rivadulla
Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto; y los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Castellano i
Cardalliaguet, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y
Jordano Salinas, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proyecto de ley por el que se concede un crédito extraordinario, por
importe de 9.393.184.038 pesetas, para el pago de indemnizaciones
derivadas del derrumbamiento de la presa de Tous, según sentencia del
Tribunal supremo de 15 de abril de 1997 . . . (Página 10920)
En nombre del Gobierno presenta el proyecto de ley el señor ministro
de Administraciones Públicas (Rajoy Brey). Expone que el presente
proyecto de ley tiene por objeto el pago de las indemnizaciones
derivadas de la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de
abril de 1997, que condenó a uno de los funcionarios acusados,
declarando a la Administración del Estado responsable civil
subsidiaria. Explica que para la determinación de las cantidades a
satisfacer se ha partido del importe global fijado en el auto de la
Audiencia Provincial de Valencia de 27 de febrero de 1998, en el que
se fijaban los criterios para determinar las indemnizaciones a
satisfacer a los damnificados, advirtiendo de la posible existencia
de errores en el listado de perjudicados a los que se reconocía el
derecho de ser indemnizados, por lo que ha sido necesario hacer
algunas correcciones en la cantidad inicialmente fijada. De todas
formas, añade, es preciso que el crédito extraordinario se consigne
como ampliable ya que será preciso atender al pago de intereses cuyo
montante no se puede saber con exactitud hasta el momento del pago.
Justifica la petición de crédito extraordinario por la inexistencia
de crédito ordinario suficiente en los Presupuestos Generales del
Estado para atender el cumplimiento de la sentencia y se ampara en el
artículo 43.1 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria,
que establece las obligaciones de pago de la Hacienda Pública
derivadas de sentencias judiciales firmes, así como en el artículo
45, del citado texto legal, que establece la obligación de pago de
intereses en el caso de que en el plazo de tres meses no se hubiera
realizado su cumplimiento, señalando finalmente que la financiación
del crédito se realizará con deuda pública, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 101 del texto refundido de la Ley General
Presupuestaria.
En defensa de las enmiendas de totalidad de texto alternativo
intervienen el señor Peralta Ortega, del Grupo Parlamentario Mixto, y
la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
En turno en contra de las enmiendas interviene el señor Pascual
Monzó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Replican el señor Peralta Ortega y la señora Urán González,
duplicando el señor Pascual Monzó.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Chiquillo
Barber, del Grupo Parlamentario Mixto, y Beviá Pastor, del Grupo
Socialista del Congreso.
Declaración institucional conmemorativa de los 50 años de la
Declaración Universal de Derechos Humanos . . . (Página 10929)
El señor presidente somete a la consideración de la Cámara una
declaración institucional conmemorativa
de los 50 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
que es aprobada por asentimiento.
Votaciones . . . (Página 10930)
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley
sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la
energía, los transportes y las telecomunicaciones, por la que se
incorporan al ordenamiento jurídico español las directivas 93/38/CEE
y 92/13/CEE, que son aprobadas.
A continuación se someten a votación en un sólo acto las enmiendas
del Senado a la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para
Cantabria, que son aprobadas por 300 votos a favor y 13 abstenciones.
Votación de conjunto de la propuesta de reforma del Estatuto de
Autonomía para Cantabria . . . (Página 10930)
Al tener naturaleza de orgánica, se somete a votación de conjunto la
propuesta antes mencionada, que es aprobada por 299 votos a favor, 13
en contra y una abstención.
A continuación se someten a votación las diversas enmiendas del
Senado al proyecto de ley sobre introducción del euro, que son
aprobadas.
Votación de conjunto . . . (Página 10931)
Al haberse aprobado enmiendas del Senado a las disposiciones
adicionales quinta y tercera, éstas quedan desglosadas en un proyecto
de ley independiente que se somete a votación de conjunto por tener
carácter orgánico, lo que se aprueba por 299 votos a favor y 14
abstenciones.
Votaciones de las enmiendas de totalidad a iniciativas legislativas .
. . (Página 10931)
A continuación se someten a votación conjuntamente las enmiendas de
totalidad de devolución al proyecto de ley de cooperativas,
presentadas por los grupos Mixto y Socialista, que son rechazadas por
130 votos a favor, 171 en contra y 13 abstenciones.
Asimismo se somete a votación la enmienda de totalidadde texto
alternativo que el Grupo Socialista ha
formulado a la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley
Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España, que es rechazada por 124 votos a favor, 187 en
contra y una abstención.
Sometida a votación igualmente la enmienda de totalidad de texto
alternativo formulada por el Grupo Socialista a la proposición de ley
orgánica de medidas para favorecer una mayor protección e integración
de los inmigrantes, es rechazada por 124 votos a favor, 188 en contra
y dos abstenciones.
Sometida a votación la enmienda de totalidad con texto alternativo,
formulada por el Grupo Socialista a la proposición de ley de reforma
de la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades
de los extranjeros en España, se rechaza por 124 votos a favor, 187
en contra y tres abstenciones.
Se procede por último a las votaciones de las enmiendas de totalidad
de texto alternativo de los grupos Mixto e Izquierda Unida al
proyecto de ley por el que se concede un crédito extraordinario para
el pago de indemnizaciones derivadas del derrumbamiento de la presa
de Tous, que son rechazadas.
Se suspende la sesión a las dos y cincuenta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley de iniciativa popular .
. . (Página 10932)
Reguladora del libro de texto para la enseñanza básica . . . (Página 10932)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Alcaraz
Ramos y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras
Gil i Miró, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y
Aramburu del Río, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
y los señores González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV), y Bayona Aznar, del Grupo Socialista del Congreso.
Interviene por alusiones la señora Gil i Miró, finalizando el turno
de fijación de posiciones el señor Guerra Zunzunegui, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Ampliación de plazo para la finalización de los trabajos de la
subcomisión encargada del estudio del modelo policial. . . . (Página 10941)
El señor presidente somete a la consideración de la Cámara, de
acuerdo con la Mesa y la Junta de Portavoces, la concesión de una
prórroga al plazo de finalización de los trabajos de la subcomisión
encargada del estudio del modelo policial, lo que se aprueba por
asentimiento.
Solicitud de creación de una subcomisión en el seno de la Comisión de
Asuntos Exteriores relativa al 50 aniversario de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos . . . (Página 10941)
El señor presidente somete a la consideración de la Cámara, de
acuerdo con la Mesa y la Junta de Portavoces, la creación de una
subcomisión en el seno de la Comisión de Asuntos Exteriores relativa
al 50 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, lo que se aprueba por asentimiento.
A continuación se somete a votación la toma en consideración de la
proposición de ley de iniciativa popular reguladora del libro de
texto para la enseñanza básica, que es rechazada por 130 votos a
favor, 161 en contra y una abstención.
Toma en consideración de proposiciones de ley. . . . (Página 10942)
Del Grupo Socialista del Congreso, para permitir el reconocimiento de
la pensión de orfandad a todos los huérfanos que se encuentren dentro
de los nuevos límites de edad establecidos por la Ley 24/1997, de 16
de julio, de consolidación y racionalización del sistema de la
Seguridad Social . . . (Página 10942)
La señora Fernández de la Vega Sanz interviene para anunciar en este
acto la retirada de la proposición de ley presentada por su grupo.
Proposiciones no de ley . . . (Página 10942)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para
inculcar en el alumnado valores de educación, respeto y tolerancia en
la convivencia doméstica . . . (Página 10942)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular presenta la proposición no
de ley la señora García-Alcañiz Calvo. Sus primeras palabras son de
condena del crimen cometido en Madrid que ha quitado la vida a Aitor
Zabaleta y de consuelo para sus familiares. A continuación explica el
sentido que tiene la proposición no de ley de su grupo que no es otro
que el de potenciar la educación como base de la autonomía de la
persona y de la formación integral de la personalidad, para
desarrollar los hábitos conductales de respeto y armonía en la
convivencia del día a día, destacando la importancia de educar en la
práctica habitual del diálogo, conjugando los verbos compartir
y respetar, verbos que cada día deben adquirir mayor importancia.
En defensa de las enmiendas presentadas a esta iniciativa intervienen
las señoras Cánovas Montalbán, del Grupo Socialista del Congreso, y
Solsona i Piñol, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió).
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Rivadulla
Gracia, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Mardones Sevilla,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y González de Txabarri
Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y la señora
Aramburu del Río, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas,
interviene la señora García-Alcañiz Calvo.
Del Grupo Socialista del Congreso, relativa a la financiación
plurianual necesaria para la implantación y desarrollo de la reforma
de la Ley Orgánica de ordenación general del sistema educativo
(Logse) . . . (Página 10950)
Defiende la proposición no de ley del Grupo Socialista del Congreso y
la enmienda presentada por el mismo grupo la señora Díez de Baldeón.
Justifica la presentación de una enmienda a su propia proposición no
de ley en la tardanza de su tramitación, puesto que hace casi año y
medio que la iniciativa de su grupo fue presentada en el Registro de
la Cámara, y en el grave incumplimiento del Gobierno ante un
tema tan importante como es la realización del estudio
correspondiente a la financiación de la Logse. Asimismo anuncia un
próximo debate en el Pleno de la Cámara sobre la calidad e igualdad
en la educación y su financiación, insistiendo en la necesidad de que
el Gobierno cumpla sus compromisos. Asegura que la aplicación de la
Logse necesita de una financiación adicional para llevarla a cabo, lo
que fue puesto de manifiesto por toda la comunidad educativa cuando
hace ahora un año suscribió la declaración conjunta en favor de la
educación, y así lo reclaman ahora los estudiantes y los padres de
alumnos en sus últimas movilizaciones. Se extiende en la explicación
del contenido de su proposición no de ley y termina su intervención
leyendo el texto que presentan para la aprobación de la Cámara.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor González de
Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y las
señoras Gil i Miró, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió); Aramburu del Río, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, y Amador Guillén, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, sobre medidas para inculcar en el alumnado
valores de educación, respeto y tolerancia en la convivencia
doméstica, en los términos resultantes de la aceptación de enmiendas
por parte del grupo proponente, se aprueba por 280 votos a favor, uno
en contra y una abstención.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Socialista del
Congreso, relativa a la financiación plurianual necesaria para la
implantación y desarrollo de la reforma de la Ley Orgánica de
ordenación general del sistema educativo, se aprueba por unanimidad.
Se levanta la sesión a las seis y cincuenta y cinco minutos de la
tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana, con
carácter secreto.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS. (SESIÓN
SECRETA)
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE
DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE SEÑORES DIPUTADOS. (NÚMERO DE
REGISTRO 68451)
Se somete a votación, en segundo llamamiento, el dictamen de la
Comisión del Estatuto de los Diputados, que es aprobado.
Se reanuda la sesión con carácter público.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS
INTERNACIONALES.
- CONVENIO POR EL QUE SE ESTABLECE EL ESTATUTO DE LAS ESCUELAS
EUROPEAS Y DE SUS ANEJOS, HECHO EN LUXEMBURGO EL 21 DE JUNIO DE 1994.
(Número de expediente 110/000212)
- QUINTO PROTOCOLO, ANEXO AL ACUERDO GENERAL SOBRE EL COMERCIO DE
SERVICIOS, HECHO EN GINEBRA EL 27 DE FEBRERO DE 1998. (Número de
expediente 110/000213)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Punto quinto
del orden del día: Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores
sobre convenios internacionales. ¿Algún grupo parlamentario desea
intervenir? (Pausa.)
Vamos a proceder a la votación por asentimiento de ambos convenios, a
no ser que algún grupo parlamentario desee algún otro tipo de
votación. (Pausa.)
Votación correspondiente al Convenio por el que se establece el
Estatuto de las Escuelas Europeas y de sus anejos, hecho en
Luxemburgo el 21 de junio de 1994. ¿Lo aprueba la Cámara?
(Asentimiento.)
Votación correspondiente al quinto Protocolo, anexo al Acuerdo
general sobre el comercio de servicios, hecho en Ginebra el 27 de
febrero de 1998. ¿Lo aprueba la Cámara? (Asentimiento.)
ENMIENDAS DEL SENADO
- PROYECTO DE LEY SOBRE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN LOS
SECTORES DEL AGUA, LA ENERGÍA, LOS TRANSPORTES Y LAS
TELECOMUNICACIONES, POR LA QUE SE INCORPORAN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO
ESPAÑOL LAS DIRECTIVAS 93/38/CEE Y 92/13/CEE. (Número de expediente
121/000112)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Apartado VI del
orden del día, punto número 34: Enmiendas del Senado correspondientes
al proyecto de ley sobre procedimientos de contratación en los
sectores del agua, la energía, los transportes y las
telecomunicaciones, por la que se incorporan al ordenamiento jurídico
español distintas directivas de la Comunidad Económica Europea.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En primer lugar y en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV),
tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, nos encontramos en el trámite final de una ley que tiene
por objeto una exigencia de trasposición de derecho comunitario para
los sectores excluidos -agua, energía, transportes y
telecomunicaciones- de la normativa de contratos de las
administraciones públicas conjugando la apertura de mercado con la
publicidad y la concurrencia. Es un proyecto técnicamente complejo y,
ojalá nos equivoquemos, creemos que suscitará una importante
conflictividad en los tribunales.
En cuanto a las enmiendas aprobadas en el Senado, el grupo al que
represento quiere hacer las siguientes manifestaciones. En primer
lugar, se ha subsanado la redacción del artículo 17 sobre el régimen
de clasificación, ya que en el trámite de Comisión se produjo una
confusión, que fue la retirada de una enmienda del Grupo Vasco a
cambio de una transacción que nos había sido ofrecida por el grupo
mayoritario en la Cámara, pero que definitivamente no fue entregada a
la Mesa. Por enmienda in voce el propio Grupo Popular ha subsanado
esta deficiencia y así ha resultado que son válidas también las
clasificaciones efectuadas por las comunidades autónomas en su
respectivo ámbito.
Mantenemos nuestra queja respecto a cómo ha quedado el texto
definitivo en lo que hace referencia a los aspectos procedimentales
en la tramitación de las reclamaciones, que creemos debió adecuarse o
acercarse cuando menos a lo previsto en la Ley 30/1992. Sí se ha
aceptado en lo sustancial una enmienda que era importante, sobre
régimen de certificados, presentada por el Grupo Vasco al artículo
67.2, precisando que la Administración competente para organizar o
reconocer los certificados de aptitud profesional pueda ser en
determinados supuestos la autonómica.
Respecto a las enmiendas presentadas por el Grupo Popular en el
Senado, que han sido muy numerosas, nos parecen positivas las
referidas a telecomunicaciones, tanto las que hacen referencia a los
precios de interconexión y a precios históricos como las relativas al
uso en condiciones de igualdad de las infraestructuras públicas, la
llamada igualdad en el acceso. Tenemos un único reproche y es lo
aprobado como punto de conexión en la enmienda número 26, que conduce
inexorablemente a predicar que la Administración competente va a ser
siempre la estatal. Votaremos, por tanto, en contra de la previsión
del artículo 51.3.
Esto es todo, señor presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría.
Quiero comunicar a SS.SS. que vamos a proceder a la votación de los
dos proyectos de ley y de la propuesta de reforma del estatuto de
autonomía de forma conjunta, y dado el carácter orgánico del punto 35
y de
parte del 36, la votación no se producirá antes de las once de la
mañana.
A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
También voy a intervenir muy brevemente. El objetivo político del
Grupo Parlamentario Catalán en la tramitación de este proyecto de
ley, además de aquellos aspectos de la incorporación, como tiene por
objeto, al ordenamiento interno de lo dispuesto en las directivas
a las que se ha hecho referencia, consistía fundamentalmente en
salvaguardar de diverso modo las competencias de las comunidades
autónomas. Ello en buena parte se efectuó en el Congreso haciendo
referencia, por lo tanto, a la publicación de determinados anuncios
en los diarios oficiales de las comunidades autónomas, a la propia
intervención de las juntas consultivas que pueden existir en esas
mismas comunidades y, fundamentalmente, a los títulos competenciales.
En la medida en que en el Senado se hizo alguna referencia a este
tema de los títulos competenciales para adaptar la exposición de
motivos a aquellas enmiendas que fueron votadas en el Congreso,
queríamos dejar aquí claro, como quedó claro también en el debate de
Pleno en el Senado, que este no es un proyecto que tenga como único
título competencial en todos y cada uno de sus artículos la
competencia que el artículo 149 atribuye al Estado en materia de
derecho mercantil y procesal, ni muchísimo menos. Efectivamente,
algunos de los artículos de la ley proceden de ese título, pero los
títulos son muy diversos, desde la regulación del procedimiento
administrativo común hasta las bases del régimen contractual, pasando
en algunos de sus preceptos, también hay que reconocerlo, por esa
competencia en materia mercantil y procesal. Por lo tanto, las
posibilidades de regulación de esta materia por parte de las
comunidades autónomas desde luego será diversa, en función, ya digo,
que de si el precepto que deba desarrollarse se incluye en ese
aspecto del procedimiento administrativo común, si es en las bases
del régimen contractual o si es ya materia de derecho mercantil y
procesal. Precisamente, una de las enmiendas que se introdujeron en
el Congreso y que desde luego fue respetada por el Senado pretendía
definir cuáles de los artículos del citado proyecto tienen o no
carácter de básicos a los efectos del artículo 149 de la
Constitución.
Así pues, votaremos favorablemente las enmiendas que han sido
introducidas por el Senado, aunque respecto de las de
telecomunicaciones nos hubiese gustado haber tenido una negociación
previa, sin perjuicio de entender que pueden considerarse acertadas.
En cualquier caso, lo que nos gustaría dejar muy claro es que en modo
alguno la exposición de motivos debe entenderse en el sentido de que
todos y cada uno de los artículos de este proyecto han sido aprobados
ejerciendo
por parte del Estado esa competencia sobre derecho mercantil y
procesal, sino que es un proyecto en el que se entremezclan títulos
competenciales muy diversos y que, por lo tanto, permitirán un juego
de las competencias de regulación, de desarrollo o de ejecución de
las comunidades autónomas también muy diverso.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Silva.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, la verdad es que
nos encontramos con una serie de enmiendas que nos vienen del Senado
que en algunos casos han mejorado el texto del Congreso, ya que han
introducido elementos que estaban olvidados en el trámite de esta
Cámara, pero en otros han introducido inestabilidad en una ley que ya
es complicada de por sí.
Estamos haciendo la trasposición de dos directivas europeas, la 93/38
y la 92/13, que abordan temas tan dispares como el sector del agua,
la energía, el transporte y las telecomunicaciones y, a la vez, dos
grandes actuaciones de la Administración: por un lado las
reclamaciones que se puedan producir por los ciudadanos y por otro el
tema de contratación en servicios que tienen complicación general,
que pueden no estar administrados. En el caso del transporte, por
ejemplo, nos encontramos con el transporte autonómico, con Feve y con
Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana, que son competencias
exclusivas de las comunidades autónomas.
Pues bien, las enmiendas del Senado al artículo 17.1, primero y
segundo párrafo, bajo nuestro punto de vista introducen mayor
confusión al proyecto. Por un lado, aumentan los supuestos de
clasificación de los contratistas incluyendo además un sistema
propio, que sería el que estimasen conveniente, sin especificar si el
que lo estima conveniente es el contratista o la Administración. En
el párrafo segundo, la empresa interesada en la contratación es la
que acreditará su clasificación, mientras que el texto que se aprobó
en el Congreso decía que la empresa interesada solicitaba la
clasificación; es decir, que la Administración era la que procedía.
En todo caso, lo que han hecho en el Senado es cambiar lo que
decíamos en el Congreso. En ninguno de los dos supuestos creemos que
las enmiendas del Senado puedan beneficiar a unas directivas que
deberían haber entrado en vigor en España el 1 de enero de 1997, por
lo que ya llevamos cierto retraso.
El artículo 31 también ha empeorado a nuestro juicio en relación con
la Ley 30/1992, del régimen jurídico de las administraciones
públicas, en concreto está en contra de su artículo 48.1. No es bueno
que a la hora de aplicar la regulación europea a nuestro país no
tengamosen cuenta nuestra realidad legal.
El artículo 55.3 también ha sido modificado y, al margen de que
nosotros tuviéramos una enmienda que iba al contrario de como ha
quedado en el Senado, se hace referencia a días hábiles. Nosotros
pedimos que en lugar de que estos días hábiles se cuenten desde que
se produzca, que es como queda en el proyecto, sean desde que se
tenga conocimiento fehaciente.
Con el artículo 67.2 tampoco estamos de acuerdo. Nosotros pedíamos en
una enmienda que emitiera los certificados la Junta consultiva de
contratación de la Administración, la cual fue creada por la Ley 13/
1992, de contratos de las administraciones públicas. Ya que ponemos
en marcha un sistema, que el mismo funcione.
La disposición adicional cuarta, nueva, que crean las enmiendas del
Senado, establece que los bienes de dominio público que desafecte el
Ministerio de Fomento y que reviertan en AENA puedan ser vendidos o
permutados por este organismo. Es verdad que dicha enajenación
o permuta debe superar una cuantía, que será de 3.000 millones de
pesetas, siendo el Gobierno el que la autoriza. Este camino, bajo
nuestro punto de vista, no es positivo.
Hay otras enmiendas que son de mejora gramatical, que el Senado
siempre hace con mucha precisión, para que la regulación legal no
tenga variaciones de interpretación.
Las enmiendas que se introducen al artículo 50.1 creemos que son
positivas, porque establecen una relación entre las comunidades
autónomas y el Gobierno o Administración central.
Las enmiendas que modifican el artículo 51.3 creemos que acotan y
definen cuál es la Administración competente, en el caso de que haya
más de una en relación con esas competencias. Estamos en un sistema
constitucional de coordinación administrativa y muchas competencias
son gestionadas, por delegación o por transferencia, por
administraciones distintas de las que podían tenerla en origen.
La disposición adicional tercera hay que reconocer que actualiza la
legislación en la materia y es una de las enmiendas que consideramos
positiva, al igual que la de la disposición adicional cuarta en el
punto tercero y en el punto cuarto.
Por último, señor presidente, hay dos enmiendas del Senado que
también consideramos positivas y que votaremos afirmativamente, por
las que se crean las disposiciones adicionales quinta y sexta. Por un
lado, piden que los costes de interconexión entre las redes de
comunicación se desglosen para que el peticionario solamente pague lo
que ha solicitado y no exista esa confusión que pueda llevar al
peticionario de un servicio de interconexión a pagar no solamente lo
que él pide, sino lo que puedan establecer de manera confusa; por
otro, la disposición adicional sexta equipara los derechos en
relación con la ocupación del dominio público o de la propiedad
privada de todos los operadores que prestan el servicio de
telecomunicaciones.
En suma, señor presidente, nos encontrábamos en el trámite en origen
con una actuación en cuatro sectores,
al que se ha añadido otra directiva, y, por tanto, ha encontrado una
visión más amplia, lo que era complicado porque estamos trayendo a
nuestro ordenamiento jurídico unas directivas de sectores que tienen
regulaciones específicas que no pueden hacerse al margen de nuestro
propio ordenamiento jurídico. El trámite del Senado en unos casos,
con las enmiendas que he dicho, ha empeorado el texto y se ha añadido
confusión al trámite del Congreso, y en otros ha mejorado el
proyecto.
Esperamos que ya que esa adecuación de nuestra normativa a la
normativa europea no se ha producido el 1 de enero de 1997, que al
menos en 1999, año del euro, podamos tener una regulación similar en
estos países que componen la Unión Europea.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, subo a la tribuna para fijar la posición
del Grupo Socialista respecto a estas enmiendas que proceden del
Senado a un proyecto de ley que es única y exclusivamente sobre
procedimientos de contratación de los sectores del agua, la energía,
los transportes y las telecomunicaciones, por la que se trasponen al
derecho español tres directivas comunitarias. Se trata de incorporar
al derecho interno de nuestro país el contenido de unas directivas
que marcan una serie de excepciones en la contratación administrativa
en algunos sectores de la actividad económica, como son los que he
citado con anterioridad, con la finalidad de dotar a las entidades
que los van a gestionar de una mayor agilidad y flexibilidad en su
tramitación que la existente para el resto de la contratación
administrativa, de tal manera que en aspectos como la selección de
contratista, respetando los principios de publicidad y concurrencia,
se sea menos rígido y estricto.
Durante toda la tramitación de este proyecto de ley se ha llevado a
cabo un esfuerzo de consenso de los grupos políticos importante, que
ha permitido que con las enmiendas planteadas y la apertura de miras
que ha tenido el Grupo Popular hubiera una mayor aproximación en las
posiciones de todos los grupos políticos. Sin embargo, en el Senado
se ha producido una quiebra de este planteamiento desde el momento en
que se incorporan dos enmiendas, que no vamos a apoyar, que
entendemos que deben ser denunciadas públicamente y que no
compartimos.
Por un lado, se trata de que el organismo público AENA, Aeropuertos
Españoles y de Navegación Aérea, no es que tenga un tratamiento
especial en su régimen de contratación administrativa con la
aplicación de la presente norma, sino que en todo lo no regulado por
este proyecto de ley, en los temas relacionados con la contratación
administrativa, se aplique el derecho privado
y no el régimen general que establece la Ley de contratos de las
administraciones públicas. Es decir, en aquellos aspectos
relacionados con la capacidad y la solvencia de las empresas, el
régimen de garantías, los pliegos de cláusulas administrativas, la
invalidez de los contratos, las prerrogativas de la Administración,
el régimen de adjudicación, ejecución y modificación de los
contratos, etcétera, y sin ningún preaviso, se va a aplicar el
derecho privado y no va a ser posible aplicar la contratación
administrativa pública. A partir de este momento, la única
vinculación que AENA va a tener con la normativa aplicable en materia
administrativa va a ser la que deriva de la trasposición de una
directiva y no el régimen de contratación administrativa.
Este es un paso más en la línea de los anuncios que últimamente
aparecen en los medios de comunicación relacionados con el proceso de
privatización de AENA que ustedes quieren hacer. No podemos apoyar
esa posibilidad a través de una fórmula tan subrepticia como la no
exclusión de la contratación administrativa de un determinado sector
como AENA o de una actividad pública de transporte aéreo a través de
AENA cuando, además, ustedes les eximen de esta contratación
administrativa en aspectos muy importantes y lo pasan a la
contratación privada.
El segundo aspecto que no compartimos ni aprobamos es la modificación
que se establece en la disposición adicional sexta, infraestructura
de telecomunicaciones, que permite que todos los operadores de
telecomunicaciones, públicos o privados, tengan los mismos derechos
de ocupación del dominio público o de la propiedad privada. La
declaración de utilidad pública, de expropiación, etcétera, vienen
contempladas con la finalidad de que esos operadores tengan las
mismas posibilidades. ¿A qué viene este precepto en este proyecto de
ley? Este es un proyecto de ley en el que se está hablando de la
contratación administrativa, no de la equiparación de los derechos
que tengan los operadores públicos o privados para la construcción de
las infraestructuras y para la forma en que han de construirse esas
infraestructuras. No entendemos qué tiene que ver este proyecto de
ley con las telecomunicaciones en cuanto a las posibilidades de
acceso que tiene un operador, público o privado, para hacer frente a
la construcción de sus infraestructuras; no entendemos tampoco qué
tiene que ver con la contratación administrativa. Si me dijeran
ustedes que se trata de un retoque, de una modalidad, de unos
aspectos determinados de cómo se van a construir y a adjudicar esas
obras, de cómo se va a realizar la ejecución de esas
infraestructuras, diría que estamos de acuerdo, que nos parece bien,
pero introducen ustedes aquí un elemento que distorsiona el conjunto
de la ley. Desde nuestro punto de vista, lo tendrían que retirar y
tendrían que votar en contra de esta enmienda del Senado y formularla
en lo que es normal, en la modificación de la Ley General de
Telecomunicaciones que hemos aprobado recientemente. Ya estaba
vigente y pendiente de trasposición la directiva. Este es un aspecto
que tenían que haber contemplado
en la Ley General de Telecomunicaciones y no en este
proyecto de ley que nada tiene que ver con lo que se plasma en las
enmiendas que se han aprobado en el Senado y que fueron presentadas
por su grupo político.
Había un espíritu de consenso, unas ganas de llegar a acuerdos en el
texto del proyecto de ley que hace referencia a estos sectores
excluidos de la contratación administrativa y que establece unas
características especiales para estos sectores en la contratación
administrativa. No obstante, el Grupo Socialista va a votar en contra
de estas dos enmiendas: una, porque va en una dirección que no nos
gusta, como es la privatización a pasos agigantados de AENA y, la
otra, porque no tenía por qué estar en este proyecto de ley, sin
perjuicio de votar a favor del resto de las enmiendas del Senado al
proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Morlán.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Posada.
El señor POSADA MORENO: Muchas gracias, señor presidente.
Al referirme a las enmiendas que provienen del Senado a este proyecto
de ley, quiero hacer una pequeña mención a cómo ha discurrido este
proyecto de ley por esta Cámara. Cuando aquí debatimos la enmienda
a la totalidad que presentaba Izquierda Unida, como portavoz del Grupo
Popular insistí en que tendríamos que hacer una ley entre todos, una
ley que mejorara notablemente el proyecto del Gobierno, y así ha
sido. Se han introducido en ponencia enmiendas de todos los grupos
tal como han sido formuladas, en Comisión también se han admitido
enmiendas transaccionales, porque se sustanció con competencia
legislativa plena, y es idea de todos los grupos que se mejoró
notablemente un proyecto de ley difícil y complicado, en el que hay
que trasponer unas directivas que indudablemente tienen dificultad
para ser acopladas a nuestra legislación. Además de dos directivas en
las que íbamos retrasados, se añadió otra en la que hemos adelantado
el tiempo de trasposición. Ahora, en el Senado, yo creo que se ha
continuado esa política de mejorar en lo posible, de cambiar algunos
aspectos que no estaban suficientemente claros y, en conjunto,
conseguir un proyecto de ley mejor que el que había salido del
Congreso.
Quiero referirme a esas enmiendas a las que hacía referencia el señor
Morlán, a las disposiciones adicionales cuarta, quinta y sexta, que
quizás -lo reconozco- debían haber sido más debatidas en el Senado,
como han señalado portavoces de otros grupos, y que se podían haber
estudiado más profundamente, pero en conjunto -lo han dicho también
otros portavoces-son enmiendas positivas que mejoran el texto.
En cuanto a la disposición adicional sexta, puede discutirse si
conviene establecer aquí o en otra ley que los operadores de
telecomunicación puedan ejercer el derechos de ocupación de dominio
público. Es una respuesta al hecho de que en otras leyes operadores
de hidrocarburos u operadores eléctricos tienen esa potestad. Si
ellos lo tienen, parece lógico -y desde el punto de vista de la
directiva europea es obligado- que los operadores de telecomunicación
lo tengan también.
Concluyo, señor presidente, afirmando que ha sido una ley en la que
todos los grupos han aportado sus ideas, en la que ha habido una
búsqueda de consenso y se ha conseguido un proyecto de ley -que hoy
aprobaremos en esta Cámara si, como pide el Grupo Popular, se votan a
favor las enmiendas del Senado- que va a trasponer unas directivas
difíciles y complicadas, pero que van a ser de gran aplicación en
nuestro derecho.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Posada.
- PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA CANTABRIA.
(Número de expediente 127/000006)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Enmiendas del
Senado a la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para
Cantabria. ¿Grupos que desean fijar su posición con respecto a las
enmiendas? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente. Voy a
intervenir con gran brevedad, porque nuestra justificación es
congruente con la intervención de este portavoz, en nombre del Grupo
de Coalición Canaria, cuando tuvimos el debate en este Pleno para la
toma en consideración de esta iniciativa que venía del Parlamento
autónomo de Cantabria. Nos ratificamos en nuestro apoyo, mi grupo no
presentó ninguna enmienda porque quería respetar plenamente el texto
alcanzado en la Asamblea cántabra.
Las enmiendas del Senado nos parecen correctas, mejoran y aclaran el
texto que salió de esta Cámara desde un punto de vista técnico y
jurídico. Con la satisfacción de que la Comunidad cántabra se pueda
dotar plenamente de este estatuto modernizado respecto al vigente,
vamos a votar favorablemente todas las enmiendas del Senado para que,
a partir de aquí, la Comunidad cántabra, como he dicho, disponga
plenamente de su instrumento en base al título VIII de la
Constitución española.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora
Uría.
La señora URÍA ECHEVARRÍA: Gracias, señor presidente.
Más que una valoración de las enmiendas del Senado -que mi grupo
respeta como todo lo que procede de la voluntad de la otra Cámara,
sin intervenciones puesto que en materia de estatutos de autonomía
debe respetarse el principio dispositivo-, quisiera hacer una
intervención de cierre señalando que el Grupo Vasco (EAJ-PNV)
felicita a Cantabria por el acceso a mayores cotas de autogobierno, a
la vez que ha completado su propia trama de articulación
institucional.
Debe manifestarse así puesto que esta es la práctica habitual del
Grupo Vasco con todos los estatutos cuando todavía están recientes
las intervenciones que tuve ocasión de protagonizar en esta Cámara en
relación con los Estatutos de Castilla y León y la Rioja. En aquellos
estatutos anunciamos nuestra abstención por considerar que se
incluían disposiciones que suponían una serie de suspicacias en
relación con la vecindad de territorios forales.
Llega hoy a su último trámite un estatuto que también es vecino de
territorios forales y, sin embargo, no ha considerado conveniente
-por lo menos no lo ha plasmado en su texto- manifestar suspicacia o
dato negativo en este aspecto, hecho por el cual queríamos hacer
notar nuestra satisfacción. Quisiera referirme también a un aspecto
anecdótico de la tramitación -tuve ocasión de referirme a ello cuando
inició su andadura el Estatuto de Cantabria en esta Cámara-, a su
dicción, que quizá sea modélica respecto a lo políticamente correcto,
utilizando el masculino y el femenino en relación a todos los cargos.
Sin embargo, debo manifestar que resulta literariamente molesto para
la lectura y no se entiende, si se ha optado por esta decisión, por
qué al llegar a las presidencias, tanto del Parlamento como del
Gobierno, no se hace la dualidad masculino/femenino. Quiero pensar
que no se está excluyendo a las mujeres de ser presidentas de
Cantabria ni presidentas de su Gobierno. Cualquiera de las dos
diputadas cántabras que hay en esta Cámara, doña Matilde Fernández
y doña María Visitación Pérez, podría ostentar con dignidad estas
representaciones, si es que sus respectivos partidos las proponen
para ello y las fuerzas de los votos les llevasen a desempeñar estas
altas magistraturas.
Concluyo dando la enhorabuena al pueblo cántabro por este acceso a
mayores cotas de autogobierno. Lo hago a través de los diputados que
les representan en esta Cámara.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Uría.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, las enmiendas que
el Senado ha introducido a la aprobación del Estatuto de Autonomía de
Cantabria no son sustantivas, no modifican el fondo y si leemos el
mensaje motivado del Senado para resaltar las modificaciones podremos
ver que son enmiendas de forma. ¿Cuál es el objetivo que tiene mi
grupo para exponer al Pleno de la Cámara que, siendo estas enmiendas
de forma, consideramos que el Estatuto de Cantabria, que representa
un incremento del techo competencial que significa una incorporación
a mayores cotas de autogobierno para Cantabria, no recoge dos
objetivos que debería tener cualquier reforma estatutaria? Primero,
el consenso con todas las fuerzas políticas que tienen representación
en este Congreso y, por tanto, la ampliación del encuentro entre esas
fuerzas políticas. En el caso concreto de Izquierda Unida, la
Presidencia regional de Cantabria de mi partido no ha sido invitada
a esa participación para discutir y proponer en el seno del Parlamento
de Cantabria las enmiendas que considerábamos importantes, tanto para
el techo competencial en materia exclusiva, como en el
funcionamiento, como en el desarrollo legislativo, como en las
enmiendas de fortalecimiento del Parlamento frente al Ejecutivo. Por
eso, nuestra Presidencia ha decidido por unanimidad que tengamos una
visión contraria al resultado final de este Estatuto.
Las catorce enmiendas que Izquierda Unida presentó en el Congreso y
que ha mantenido en el Senado para ampliar el techo competencial
vienen a demostrar que, después de las distintas reformas
estatutarias, no puede existir la idea de dos velocidades de
autonomía como dos maneras de entender el modelo de Estado, que debe
conllevar un mismo techo competencial y facilidades para alcanzarlo,
lo cual no se ha conseguido en el caso concreto del Estatuto de
Cantabria.
Creemos en la capacidad de autogobierno de vetar la disolución por
parte del presidente de la Comunidad y que el techo competencial
excluye competencias que tienen otras comunidades autónomas, no
solamente las regidas por el artículo 151 de la Constitución sino de
otros estatutos, como puede ser el aragonés, el valenciano o el
canario. No entendemos por qué las competencias de sanidad, higiene y
ordenación farmacéuticas no se pueden ejercer como competencias
exclusivas de la Comunidad Autónoma de Cantabria; no sabemos por qué,
en el caso concreto de Cantabria, montes, aprovechamientos forestales
y vías pecuarias, no son competencias exclusivas, al igual que los
espacios naturales protegidos; no entendemos por qué no es
competencia exclusiva el régimen local; y tampoco entendemos por qué
en unas comunidades autónomas como las que he citado antes los
colegios profesionales, las cámaras agrarias y las Cámaras de
Comercio e Industria y las cofradías de pescadores sí están incluidas
como competencias, pero en el caso de Cantabria no lo están.
No entendemos ese razonamiento de un techo competencial -por así
decirlo- pactado por abajo, imponer una segunda lectura, una segunda
edición de los
pactos del año 1992. Por cierto, esos pactos que llevaron al PSOE y
al PP a reformar los estatutos de autonomía, que concluían que en el
año 1998 se habrían realizado las transferencias de educación a todas
las comunidades autónomas y que las comunidades autónomas tendrían un
sistema de financiación cimentado en que todas tendrían ya las
competencias de educación, están caducados y fracasados. Pues bien,
no se ha ultimado esa reforma y ya estamos abordando otra. Yo espero
que la próxima sea la definitiva y los estatutos recojan este
principio a nivel de derecho, no a nivel de todos por igual, de café
para todos, para que el pueblo de Cantabria pueda, a través de su
estatuto de autonomía, acceder a las cotas de autogobierno que él
mismo vaya decidiendo.
Reconocemos que el estatuto de Cantabria recoge avances en los techos
competenciales, reconocemos que significa un incremento de las cotas
de autogobierno, pero estimamos que ha habido una falta de encuentro
con Izquierda Unida -no con la parte de Izquierda Unida que
antiguamente estaba, no, porque lo lógico es que aquí se tiene que
votar, al igual que en otros estatutos de autonomía, como en
Castilla-La Mancha, en Murcia o en Madrid, si se ha participado y
discutido- y que se podía haber hecho el esfuerzo en el caso de
Cantabria, motivo por el cual no podemos apoyar este estatuto.
En segundo lugar, no entendemos por qué unos estatutos tienen que
tener un techo competencial y otros deben tener otro. Ha habido
enmiendas concretas y casi idénticas de los dos partidos
mayoritarios, que parecen redactadas por la misma pluma -no sé cuál
es la pluma, en todo caso, si es buena, bienvenida sea-, todo lo cual
nos lleva a mantener estas reticencias a la propuesta de reforma del
Estatuto de Cantabria. Insisto que no nos vamos a oponer a las
enmiendas que vienen del Senado porque precisan que cuando se habla
del Gobierno no se refiere al Gobierno de la Comunidad sino al del
Estado e incorporan asimismo substanciales precisiones.
Yo espero que hagamos una lectura común del modelo de Estado; que en
lo sucesivo vayamos a que no haya comunidades autónomas que han
abordado ya tres o cuatro reformas estatutarias, mientras que otras
no han abordado ni una, sólo han iniciado la primera y siguen
demandando sus techos competenciales; que vayamos a un diseño en el
que haya un mínimo de estabilidad, de perspectiva de futuro en el
funcionamiento de las comunidades autónomas que no dé la sensación
permanente de que nos encontramos no ya con dos velocidades para
acceder a la misma capacidad de autogobierno en cuanto a derechos,
diferencias totalmente consustanciales del modelo de Estado
plurinacional del que nos hemos dotado; que no reiteren que somos
comunidades menores.
Algunas sentencias del Tribunal Constitucional nos preocupan
sobremanera. Ha habido unas sentencia del Tribunal Constitucional
sobre el sistema electoral en Canarias que son una joya del sistema
de comunidades
autónomas. Vienen a significar que la proporcionalidad existe sólo
para las comunidades que se rigen por el artículo 151, pero no para
las que se rigen por el 143. Yo tengo que asegurar a SS.SS. que en el
ánimo de los constituyentes -ya que celebramos los veinte años de la
Constitución- no estaba el que hubiese dos tipos de comunidades
autónomas sino dos puertas de acceso a la autonomía: una, la del
artículo 151, y, otra, la del 143. En todo caso, espero que ese no
sea el camino que se abra paso para el futuro autonómico de nuestro
país o para el modelo de desarrollo que dé un impulso a los veinte
años de experiencia positiva que la Constitución ha traído en esta
materia.
Nada más, señor presidente, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Blanco.
El señor BLANCO GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, como diputado del Grupo Socialista, y en su nombre, quiero
decir a la Cámara que vamos a votar favorablemente las enmiendas que
vienen de la Cámara Alta. Como diputado por Cantabria, voy a hacer
algunas consideraciones acerca del propio estatuto y del trámite
final en el que nos encontramos.
Quiero empezar agradeciendo a todos los grupos de la Cámara, y por
supuesto a los grupos del Senado, la colaboración que se ha
encontrado para mejorar la proposición de ley de reforma del Estatuto
para Cantabria que llegó de nuestra región y también que hayan
respetado el acuerdo inicial que se tomó en el Parlamento de
Cantabria en todos los trámites por los que ha pasado en ambas
Cámaras, Congreso y Senado. Este estatuto, como acabo de decir, viene
con la unanimidad de todos los grupos. Todos los partidos políticos
representados en el Parlamento de Cantabria han hecho dejación de
alguno de sus postulados para conseguir un fin común y más noble que
es ese acuerdo general sobre la ley fundamental que nos va a regir en
nuestra región.
Quiero hacer algunas aclaraciones sobre los contenidos, porque me
parece que son apropiadas en este momento. Si algún grupo
parlamentario en esta Cámara se siente alejado de ese acuerdo, que ha
existido también, por fortuna, en el Congreso de los Diputados y en
el Senado, sobre la base que nos llegó como proposición de ley del
Parlamento de Cantabria, no se le puede imputar al resto de los
grupos, serán las propias reflexiones de ese grupo -que son muy
legítimas- las que le separan del acuerdo general. Para nosotros ese
acuerdo general se basa en que el Estatuto de Autonomía para
Cantabria es un estatuto ajustado a las necesidades de nuestra
región. En cuanto a las competencias, se aumentan las materias a las
que tiene derecho Cantabria para autogobernarse; se corrigen déficits
históricos autonómicos, como era la vinculación a una región,
Castilla-León, con la cual tengo particularmente relaciones
y creo que se deben sentir sentimientos de fraternidad y se
acaban ese tipo de déficits autonómicos que nos consideraban como
menores de edad. Por último, señorías, es una satisfacción comprobar
que se garantizan en el estatuto los derechos y la financiación de
niveles mínimos, tanto de los servicios transferidos como de los que
se vayan a transferir, sin que la diferencia de estatutos con otras
regiones pueda suponer menoscabo en el tratamiento económico de
nuestra región.
Señor presidente, acabo como empecé, felicitando al resto de los
grupos por la consecución de este acuerdo para que este estatuto, que
a mi juicio es ajustado a las necesidades de nuestra región, sea
perdurable.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Blanco.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
López-Medel.
El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: Gracias, señor presidente.
Es esta la última fase de la tramitación de la reforma del Estatuto
de Cantabria y, aun cuando fuera brevemente, quisiera, al igual que
ha hecho el portavoz del Grupo Socialista, el señor Blanco, agradecer
a los demás grupos parlamentario el apoyo importante que dan a esta
reforma para la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Quisiera recordar que dentro de cinco días, concretamente el 15 de
diciembre, se cumplirán 17 años desde el momento en que el Congreso
de los Diputados aprobó definitivamente la ley orgánica que permitió
que Cantabria accediese a su autogobierno. En ese sentido, quisiera
hacer dos consideraciones. En primer lugar, es ésta, sin duda alguna,
una reforma muy amplia, pero es sólo una reforma del estatuto y no un
nuevo estatuto. Fue precisamente en el año 1981 cuando Cantabria,
mediante la aprobación de su norma institucional básica, accedió a
ser comunidad autónoma uniprovincial. Quisiera expresar un
reconocimiento y un recuerdo a las personas que en su momento fueron
ponentes del texto, tanto en esta Cámara como en el Senado. En
segundo lugar, quisiera resaltar el hecho de someter hoy a la
aprobación definitiva del Congreso el texto después de las
modificaciones introducidas en la Cámara Alta. Vamos a votar
favorablemente todas estas modificaciones y cambios porque, aun
cuando tienen un carácter técnico y de redacción, mejoran el texto
que remitimos desde aquí, no ocultando el deseo de que en el futuro
sea en esa Cámara donde se haga la primera lectura de los textos que
tengan sustancialmente un contenido autonómico, como es el caso.
Decía en otra ocasión -permítanme reiterarlo ahora- que, desde el año
1981, Cantabria ha cambiado mucho porque, sobre todo, se ha
consolidado como comunidad autónoma porque ha adquirido una mayor
conciencia colectiva de sí misma y de su futuro y porque
en este tiempo se ha producido un mayor proceso de maduración y
asimilación por los ciudadanos de lo que significa la comunidad
autónoma. Esto es lo que se lleva a cabo en esta reforma: una
profundización muy notable del autogobierno.
Quisiera recordar que en el año 1994 se modificó el estatuto de
autonomía al alza y en materia competencial, y en este tiempo sí que
se han completado las transferencias pendientes para Cantabria.
Quiero poner de relieve que a lo largo de esta legislatura, en dos
años y medio, las comunidades autónomas que accedieron por la vía del
artículo 143 han recibido un total de 80 decretos de transferencias;
de ellos, Cantabria ha sido beneficiada por 31 decretos que suponen
importantes traspasos y la culminación de la reforma del estatuto de
autonomía que se llevó a cabo en el año 1994. También quisiera
destacar que un límite y un propósito nos impusimos todos los
parlamentarios por Cantabria: respetar el texto, respetar el
consenso. Y esto es lo que se ha conseguido aquí. Precisamente ha
sido el Estatuto de Autonomía de Cantabria la reforma que menos
enmiendas y cambios ha experimentado desde la remisión por el órgano
legislativo autonómico. Junto a modificaciones importantes en el
orden institucional -que no viene al caso señalar aquí en este
momento- , quisiera poner de relieve la notable ampliación
competencial que se produce en abundantes casos. Considera el Grupo
Popular que potenciar el autogobierno es desarrollar la Constitución.
Esto es lo que se está haciendo en este tiempo desde el área de
administraciones públicas. Se han modificado otros estatutos de
autonomía y actualmente hay otros cinco en tramitación para su
reforma. En este contexto, aun con las peculiaridades propias de
todas las comunidades autónomas -y las tiene también Cantabria-, es
indudable que se están homogeneizando las competencias. En ese
sentido, las reformas del Estatuto de Autonomía de Cantabria van en
la misma línea que las de los demás sin que, en modo alguno, pueda
ser considerado menor el ámbito competencial.
Con todo ello se trata de propiciar la idea de que, desde el momento
en que se incrementa el autogobierno, tiene menos sentido para
Cantabria y para las demás comunidades autónomas la mera
reivindicación, pues quiero resaltar que desde luego para nuestro
grupo autonomía significa responsabilidad.
Desde la lealtad, desde el convencimiento que hay que fortalecer para
Cantabria y para las demás comunidades autónomas, lo que son los
mecanismos de cooperación, los instrumentos de entendimiento con las
demás comunidades autónomas, especialmente con las vecinas, desde la
idea que tiene que presidir todo lo que se refiere al desarrollo
autonómico, cual es la solidaridad y la cohesión, el Grupo Popular,
además de agradecer el voto de los demás grupos parlamentarios, va a
celebrar esa reforma que hoy definitivamente vamos a aprobar.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor López-Medel.
- PROYECTO DE LEY SOBRE INTRODUCCIÓN DEL EURO. (Número de expediente
121/000137)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos al
debate de las enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre
introducción del euro, punto número 36 del orden del día. ¿Grupos que
desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Gómez Rodríguez.
El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, estamos en estos días con fechas de aniversarios: hace unos
días la celebración por el pueblo español de los veinte años de la
Constitución española y, hoy, la humanidad celebra la Declaración de
los Derechos Humanos, todavía no totalmente respetados.
Centrándonos en la ley que se trae hoy a debate, tras el mensaje
motivado del Senado, diremos que también este año 1998 se cumple el
50 aniversario de la constitución de la CEE y de la entrada en
funcionamiento del Benelux, que fue el primer ensayo de vertebración
europea; vertebración europea que, desde un principio, tuvo como
sueño la tenencia de una moneda única en el viejo continente. Hace
tres años, el 15 de diciembre de 1995, se acordó aquí, en Madrid, el
nombre de esa moneda única, el euro, y las tres fases de
funcionamiento de la misma. Como se sabe, la fecha del 1 de enero de
1999 va a ser aquella en la que entrará en funcionamiento el Banco
Central Europeo y el sistema europeo de bancos centrales. No voy a
hablar, porque ya se ha debatido mucho sobre ello y para eso tenemos
los dos reglamentos comunitarios que constituyen su acervo
legislativo, de las tres fases del euro, la de coexistencia, la de
encaje y la de exclusiva actuación, conocidas respectivamente como
las fases A, B y C. Tampoco voy a hablar de las ventajas que va a
traer al mundo del comercio, al del turismo y al de las finanzas la
introducción de la moneda única; solamente diré, remitiéndonos a esta
ley paraguas que se aprobó en el Congreso, que el Senado ha
presentado dos grupos de enmiendas, unas de corrección gramatical, en
relación con puntos, comas y acentos, y que me hace recordar la
necesidad de que se vuelva a revivir en esta Cámara la Comisión de
estilo, como existiera hace muchos años y de la que formaron parte
ilustres políticos, al mismo tiempo que ilustres literarios, como
fuera don Benito Pérez Galdós.
Entre las enmiendas que modifican el texto y que proceden del Senado,
podríamos distinguir las siguientes. Una, referente al artículo 21,
sobre el cálculo para determinar el valor nominal de las acciones o
participaciones. Se ha corregido el texto del Congreso sustituyendo
la palabra división por multiplicación. Es un galimatías porque lo
sencillo hubiese sido dividir el capital
nominal, multiplicado por el tipo de conversión, por el número de
acciones o participaciones, pero la aceptamos. Otras se refieren al
artículo 27, sobre la inexigibilidad del auditor en las ampliaciones
de capital, de acuerdo con lo que dispone la vigente Ley de
Sociedades Anónimas. Las dos más importantes son de adición sobre
cuestiones que en un principio parece un tanto extraño que se
incluyan en este ley del euro, porque se refieren a la regulación de
las garantías que el sector bancario privado tiene que aportar a la
banca oficial central, ya sea el Banco de España, el Banco Central
Europeo o los bancos centrales nacionales de los once países, para la
consecución de financiación. Es una reglamentación detallada y la
admitimos por aquello de poder conseguir financiación en euros, que
va a empezar el día 1.º de enero. Por último, hay una enmienda que se
refiere nada menos que a un aspecto de ley orgánica, por lo que va a
exigir un quórum especial, pero también la admitimos porque va a ser
la modificación nominal de leyes orgánicas vigentes en nuestro
Estado.
En resumen, señor presidente, señorías, vamos a votar favorablemente
las enmiendas del Senado, con la esperanza de que por parte de todos
los gobiernos que integran eurolandia se consiga una estabilidad del
euro que nos conduzca en un futuro -que ojalá no fuera muy lejano- a
una moneda única en el mundo y, al mismo tiempo, a que esa moneda
única en el mundo, por eso de la Declaración de los Derechos Humanos,
estuviese mejor repartida.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNVEAJ), tiene la palabra el
señor Zabalía.
El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo parlamentario va a votar a favor de las enmiendas del
Senado a este proyecto de ley. Ya dijimos en su momento, cuando
debatimos las enmiendas de totalidad, que era necesario y urgente que
se presentara a esta Cámara y se aprobara este proyecto de ley, por
varias razones: había que cumplir con el calendario de adaptación de
los instrumentos legales que regulan los aspectos del nuevo sistema
monetario europeo, había que adaptarse a la reglamentación de la
Comunidad Europea que exigía, entre otras cuestiones, esta regulación
y, además, había que establecer las premisas y las cautelas para
evitar que un proceso como éste pueda significar un costo adicional
para los consumidores. Todos estos aspectos quedaban recogidos en
este proyecto de ley, aunque había otras cuestiones -que nuestro
grupo parlamentario ya expuso a través de sus enmiendas- que
pensábamos que podían mejorar el texto de este proyecto de ley, y
algunas han sido recogidas precisamente en el Senado. Nosotros
advertíamos del peligro que podía conllevar el hecho de que,
con los redondeos a euros y de acuerdo con el Código Penal y las
leyes fiscales, en los balances hubiese cantidades que pudieran pasar
a ser motivo de delito cuando en pesetas no lo fuesen. Era una
posibilidad que, si no quedaba suficientemente reflejada en el
proyecto de ley, podía ocasionar serios perjuicios. Aunque en el
trámite del Congreso no fue aceptada nuestra enmienda, en el Senado,
a través de una transacción a nuestra enmienda número 5 a la
disposición adicional quinta, sí ha sido recogida esta posibilidad
que asegura una situación que debería de quedar, como decíamos, bien
reflejada en el texto para evitar posteriores problemas.
Hay otro aspecto -yo creo que uno de los más importantes que regula
esta ley-, que es la tendencia a desaparecer de la referencia del
mibor hoy para los créditos, sobre todo para los créditos
hipotecarios, y de alguna forma había que asegurar el cambio futuro a
otro índice de referencia, sobre todo, repito, en los créditos
hipotecarios. Nosotros proponíamos que se estableciera ya desde ahora
un índice de referencia, que podía ser el que al final puede
denominarse euribor y que va a sustituir al mibor. Así se está
haciendo en el resto de los países europeos y pensábamos que sería
bueno para la estabilidad y para las garantías de los clientes de
estos créditos, sobre todo para los que adquieren las viviendas a
través de créditos hipotecarios, el hecho de que pudieran tener claro
cuál va a ser el índice de referencia cuando termine la vigencia del
mibor. Al final, la fórmula que se ha buscado lo único que garantiza
es que queda en manos del Ministerio de Economía y Hacienda el buscar
las nuevas fórmulas para establecer, en su momento, un nuevo índice
de referencia que sea equivalente, similar; palabras que, de alguna
forma, son imprecisas y que, desde luego, no evitan lo que nosotros
queríamos evitar: que en este momento nadie sepa cuál va a ser,
cuando desaparezca el mibor, el índice de referencia en los créditos
hipotecarios. Pensamos que se debía haber precisado más esta
cuestión. No sé si en el futuro se podrá hacer a través del
reglamento correspondiente, aunque supongo que no, dado que ya está
establecido que va a ser el Ministerio de Economía y Hacienda el que
tenga en sus manos el establecimiento del nuevo índice de referencia.
El resto de las enmiendas que se han aprobado en el Senado son
eminentemente de corrección gramatical y de algunas precisiones al
texto que no influyen en el contenido del mismo. Hay un aspecto que
nos llama la atención, que es que en el artículo 27 se ha introducido
en el punto 2, apartado 2.º, un texto que no encaja y por la propia
redacción se ve que es un parche que se ha metido y que incluso tiene
algunos problemas de encaje. En el fondo, de lo que se trata es de
que no sea exigible la verificación por auditores de cuentas del
balance que haya de servir de base a las correspondientes operaciones
de aumento de capital con cargo a reservas. Eso está regulado en la
Ley de Sociedades Anónimas, y aquí se hace la modificación de dicha
ley en un intento de que no se produzcan gastos adicionales
por este mero hecho. Sin embargo, entendemos que evitar gastos
adicionales en cualquier proceso no tiene que llevar consigo el que
no haya una seguridad en la verificación de las cuentas que se tengan
que hacer, y para eso están precisamente los auditores de cuentas.
No estamos de acuerdo en cómo se ha encajado este segundo párrafo.
Por lo demás, no tenemos ninguna otra pega a las enmiendas que se han
aprobado en el Senado y a las que daremos nuestro voto favorable.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Zabalía.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ,
tiene la palabra el señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Gracias, señor presidente.
Me honra en estos momentos posicionar a mi grupo sobre un proyecto de
ley que sin duda es de gran trascendencia para el futuro de la
economía y de la sociedad en general, señor presidente.
Estamos ya en la última fase de la aprobación de la ley que va a
regular la conversión de la moneda actualmente en uso en el euro,
futura moneda de circulación de la actividad económica en este país.
Este es un paso trascendente e importante. Mi grupo políticamente
siempre ha apoyado la estrategia económica para llegar a este momento
y, por tanto, una vez llegado, vamos a votar a favor de esta medida
de carácter jurídico que va a regular el ámbito de la conversión
monetaria en todo nuestro sistema.
Señorías, voy a hacer una reflexión política y otra técnica. La
política es nada más que mostrar la satisfacción de todos los
miembros de mi grupo, y creo que de otros grupos parlamentarios, de
que podamos estar haciendo esto, de que hoy podamos aprobar una ley
que regule la conversión de nuestra moneda porque estemos en
condiciones de incorporarnos plenamente a la Unión Economía y
Monetaria a partir del 1 de enero de 1999. Por tanto, satisfacción
política y valoración política positiva por poder tomar hoy esta
decisión de carácter jurídico, que va a tener una trascendencia
importante para el desarrollo futuro de la sociedad española.
La reflexión técnica, señor presidente, se refiere a las enmiendas
que el Senado nos aporta. Son enmiendas de perfil técnico, el
proyecto tiene una gran naturaleza jurídico-técnica y no es de
extrañar que el Senado haya hecho un esfuerzo para mejorar la
redacción de algunos preceptos. Es verdad que de todos ellos el más
sustantivo, el más importante y trascendente desde la perspectiva de
su impacto en la sociedad, es la mejora de la redacción del artículo
32, que regula el criterio legal para establecer la pauta de
sustitución del mibor en el futuro sistema monetario. Hicimos un
esfuerzo en el debate en el Congreso sobre este punto. Había la
opción de dejar esta sustitución al legislador o dejarla al Gobierno.
Optamos definitivamente por dejarla al Gobierno, más que nada porque
es la que se ha utilizado en todas las normativas comunitarias de
todos los
países de la Unión Europea. Podríamos proceder a que sea el
legislador el que regule por ley la sustitución del mibor. No existe
en ningún país de la Unión Europea y la complejidad técnica de la
sustitución del mibor hace difícil el que tenga que ser por ley este
mecanismo de sustitución.Estoy de acuerdo en que la redacción que se
ha incorporado permite flexibilidad, tal como indica en sus
reflexiones el señor Zabalía en nombre del Grupo Parlamentario Vasco.
Ahora bien, ¿qué va a suceder? Va a suceder que, a la entrada del
euro, el mibor hoy aplicable a las hipotecas en España va a continuar
aplicándose mientras los criterios y los mecanismos técnicos para su
cálculo continúen existiendo. Por lo tanto, nada hace sospechar que
en los primeros plazos de tiempo el mibor hoy aplicable deje de
existir. Puede continuar existiendo durante un tiempo, pero puede
llegar un momento en que sea difícil que los requisitos técnicos que
hoy son necesarios para la elaboración del mibor desaparezcan,
y entonces vendrá el problema de cuál será el criterio técnico para
determinar el nuevo mibor que sustituya al actualmente aplicable en
nuestra economía.
Dice la ley que si esto sucediera, si no fuera posible elaborar, por
dificultades técnicas o de mercado, este mibor, se faculta al
Gobierno a establecer otro y se dice en el proyecto de ley ahora
aprobado por el Senado que quedará facultado el Gobierno bien para
determinar su forma de cálculo o bien para establecer un nuevo índice
de referencia equivalente. Señorías, yo quiero dar valor político a
la expresión del legislador cuando el legislador dice que autoriza al
Gobierno a hacer otro equivalente. Equivalente tiene mucha similitud
jurídico-técnica con el actual nivel de existencia de índice de
mibor. Por lo tanto, deberíamos estar tranquilos; si no, señor
Zabalía, nuestro grupo y el suyo, y creo que todos los grupos,
estaremos atentos para ver hasta dónde llega el grado de equivalencia
establecido en el criterio de sustitución y vamos a plantear
iniciativas para valorar políticamente si esta equivalencia es tal o
no lo es. Pero si es difícil técnicamente la equivalencia, la ley nos
dice que se procurará otro índice que guarde la mayor analogía, por
lo que hay dos criterios: primero, equivalencia y segundo, mayor
analogía. Así esta Cámara tendrá capacidad y soberanía para hacer que
el Gobierno se explique y para valorar políticamente hasta dónde
llega la analogía o la equivalencia. Hacerlo de otra forma sería
anticiparse a un ámbito jurídico en el que ningún país de la Unión
Europea lo ha hecho. Mi grupo había planteado inicialmente que
hubiera un mecanismo legal para establecer esas garantías, pero hemos
entendido, señor Zabalía y señorías, que la redacción que se nos
propone da seguridad para que en este proceso de sustitución del
mibor hoy existente por un futuro euromibor no pueda haber ningún
efecto negativo para los ciudadanos del país.
Ahora bien, habrá que estar atentos a los elementos técnicos de las
fórmulas de sustitución, y estoy seguro de que en el futuro inmediato
esta Cámara va a mantener debates profundos, si no en el Pleno en la
Comisión
de Economía, para discutir la determinación del instrumento que va a
sustituir al mibor. En este punto está quizá uno de los elementos de
mayor impacto en la economía. Miles y miles de ciudadanos tienen hoy
una hipoteca afectada por el criterio del mibor, y el sistema
financiero va a tener que sustituir el actual por otro, por lo que la
cuestión es de gran alcance y sensibilidad para la sociedad.
Señor presidente, mi grupo entiende que las demás modificaciones de
perfil técnico son positivas, y no tenemos más objeción que expresar
que la modificación que se hace del artículo 27 es una novedad y que
el Senado nos propone una corrección que no hicimos en el Congreso.
Sin embargo, no exigir más procedimientos con carácter obligatorio en
el proceso de sustitución del mibor es positivo, porque si no vamos a
someter a los ciudadanos a una presión de coste en el proceso de
adaptación, y esta no es la voluntad política. Ahora bien, el
artículo 27 que nos propone el Senado no exige obligatoriamente la
verificación por auditor de cuenta, pero quiero expresar que no lo
niega, y el mercado probablemente exigirá en muchas circunstancias la
presencia de un auditor de cuentas para verificar y dar seguridad al
cambio que se efectúa. Pero la ley no lo niega; lo permite.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Homs, le
ruego que se dirija al micrófono porque, si no, hay problemas de
audición.
El señor HOMS I FERRET: Yo creo que estoy hablando con suficiente
potencia, señor presidente, como para que lo escuche la Cámara
incluso sin micrófono.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Sí, pero si lo
hace orientado al micrófono, se lo agradeceré, y probablemente los
servicios técnicos de la Cámara también.
Le ruego que concluya.
El señor HOMS I FERRET: Para terminar, la única cuestión que quisiera
aportar es que las cosas que no se dicen en este proyecto de ley son
las que deberían ser hoy más objeto de polémica o de discusión
política, más que las que se dicen. Lo que hay en el texto es
aceptable, mi grupo va a votar favorablemente todas estas enmiendas,
pero han quedado cosas pendientes que no se han abordado en el
trámite del Congreso ni tampoco en el Senado. Yo creo que hay algunas
cuestiones de acceso al registro o toda la legitimación del proceso
de reversibilidad que no se han regulado.Por ejemplo, el derecho del
ciudadano durante el periodo transitorio de poder retrotraerse en los
actos para poder reconvertir operaciones hechas en euros en pesetas,
puesto que estamos en una etapa transitoria y en esa etapa
transitoria deberíamos legitimar al ciudadano a poder efectuar los
procesos de reversibilidad de sus actos. Esto no se ha contemplado
plenamente, así como
tampoco se han contemplado plenamente todos los procesos de acceso al
registro para que se puedan hacer las adaptaciones monetarias. Ahora
bien, señor presidente, esta ley es buena, nos va a permitir el paso
político y económico que se va a dar de sustitución de la peseta por
el euro y, por tanto, vamos a dar nuestro voto favorable a todas
estas correcciones que nos plantea el Senado.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Homs.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Ríos.
El señor RÍOS MARTÍNEZ: Señor presidente, señorías, la verdad es que
cuando analizamos las enmiendas que el Senado va introduciendo a cada
uno de los proyectos que han sido tramitados con anterioridad en el
Congreso, nos cabe dos maneras de entenderlo. Uno, el contenido
estricto de las enmiendas que el Senado ha aprobado y el objetivo que
persiguen esas enmiendas; y otro, qué esperábamos nosotros del
trámite del Senado. Aquí, los grupos mayoritarios que componen el
soporte del Gobierno, lo ven de una manera y en el Senado llega, por
así decirlo, la ultimación de lo no consensuado en el Congreso;
nosotros lo vemos como la influencia que podemos introducir en algo
que no ha sido tenido en cuenta en su trámite del Congreso.
En este caso concreto nosotros encontrábamos a esta ley una
dificultad. Parecía que todo estaba muy medido para el trámite
europeo, que íbamos a tener una moneda europea, que estaba todo
precisado, todo establecido, y resulta que ahora esa moneda única
necesita un paraguas que dé soporte nada más y nada menos que al
redondeo, a la doble posición de los precios y a la situación de los
préstamos hipotecarios. Esta ley paraguas, que al final es lo que
estamos discutiendo, todo lo no previsto, da la sensación de
improvisación hasta en el trámite del Senado. En el Senado se han
introducido determinadas modificaciones que a nosotros nos parecen
bien, tales como que los cheques se tengan que hacer en pesetas, que
la publicidad se pueda hacer en moneda euro a pesar de no estar en
circulación, etcétera, pero da la impresión de que hay demasiada
iniciativa no medida, como si la construcción europea estuviese
limitada a la moneda, y además con una coyuntura poco establecida.
A nosotros nos sigue pareciendo que esta ley tiene tres grandes
vicios en origen y uno, como conclusión, complicado, que es el papel
del Banco de España. La verdad es que la situación en la que queda el
Banco de España con respecto al Banco Central Europeo es complicada
hasta para su propia organización, complicada para la propia
reordenación interna, ya que el Banco Central Europeo puede actuar
sobre nuestro banco y reordenar la relación laboral y la
reestructuración de su propio personal incluso decidiendo si hay
mucho o hay poco. Hay una cesión de soberanía de lo que antes
decidíamos aquí a alguien que no sabemos quién lo controla. Sabemos
que pueden nombrar al gobernador del Banco Central Europeo, pero no
sabemos ante quién se rinden cuentas, quién lo puede controlar y de
qué manera puede actuar. Esa cesión de autonomía del Banco de España
hacia ese banco europeo carece de un control de la política
monetaria; ni el Parlamento Europeo lo va a hacer ni este Parlamento
tampoco.
A nosotros nos parece que quedan demasiadas brechas abiertas,
demasiadas puertas abiertas a la arbitrariedad a la hora de poner en
marcha la propia moneda. Fíjense si la cosa es como para tenerla en
cuenta: la construcción europea se limita a una moneda única, no
hablamos de una construcción europea donde, además de la moneda,
tengamos unas condiciones sociales, unas condiciones de empleo, unas
condiciones fiscales, unas condiciones de ser europeos pero en todo,
no solamente porque tengamos un euro que por la parte de atrás diga
que somos céntimos o haya una relación con una imagen de nuestro
propio país.
El tema fundamental de discusión, a pesar de que los grupos que
soportan al Gobierno han dicho que lo encuentran bien referido, es
que a nosotros no nos gusta cómo queda el tratamiento del mibor, la
sustitución del mibor. Decían aquí que hay mucha gente que lo tiene.
Señorías, hay cuatro millones de españoles con préstamos
hipotecarios; cuatro millones de españoles que en las escrituras de
sus hipotecas, en la mayoría de los casos, tienen como referencia el
mibor. El mibor va a dejar de publicarse, se dice aquí que queda
facultado el Gobierno, bien para hacer el cálculo de una fórmula
sustitutiva o bien para establecer un nuevo tipo, y se dice que para
eso es suficiente garantía que quede redactado así. Para nosotros no.
La garantía es que tenga que pasar por la Cámara, que tenga que
discutirse aquí. ¿Con qué condiciones va a hacerse esa revisión? ¿Con
las condiciones de los cincuenta bancos europeos que están emitiendo
o con la situación de cincuenta bancos españoles o con unas
limitaciones determinadas? ¿Cuáles son las condiciones que se tendrán
en cuenta a la hora de fijar el mibor? No vaya a ser que la
interpretación en el futuro de esta bajada de tipos de interés que
está afectando a toda España sea muy distinta. Fíjense ustedes en que
aquí la gente está oyendo hablar del 3 por ciento del mibor, de una
bajada importante del interbancario, y resulta que los préstamos
hipotecarios buenos, los revisados, se están pagando al 5 por ciento.
En España, eso del 3 por ciento, no; al 5 por ciento los buenos, los
preferentes, porque aparte están los que no son preferentes, que son
mucho más altos. El problema es que en este país todos no son
preferentes a la hora de actuar con los bancos. ¿Quiénes son los
preferentes? ¿Los que cada director quiere en cada oficina? Pues mire
usted, todos los españoles son hijos de Dios y, por tanto, tienen que
tener relación con esa posibilidad (para los que crean, les estoy
dando una ventaja de creencia que otros pueden tener en otra
relación).
Señorías, es imposible que el Gobierno no establezca en una ley una
garantía contra esa imprevisión, a pesar de llevar no sé cuántos años
programándonos para el euro. Nosotros no vemos bien reflejado que no
se haga por ley esa adecuación. El sustitutivo puede ser el euribor,
pero ya veremos si estará funcionando en dos años o si estará
funcionando en tres, si es un referente positivo o no lo es. Aquí no
se habla de eso, aquí se habla de que se autoriza al Gobierno para
que fije una fórmula de cálculo o la establezca él. Sin ningún
criterio. Miren ustedes, los que están apoyando al Gobierno me parece
que pueden aplaudir o sentirse eludidos de la responsabilidad, pero
los demás no. No por nada, sino porque nuestra confianza es menor
respecto de la posibilidad de que actúe bien el Gobierno. No queda
bien garantizada. Con esta medida, el paraguas de esta ley no
beneficia por igual a los cuatro millones de españoles. Ese paraguas
tiene agujeros y los ciudadanos se mojan con él si no se soluciona o
no se encuentra una fórmula diferente. Y tampoco queda bien en el
trámite del Senado todo el procedimiento para el tratamiento
tributario del cambio del euro. Se hace referencia a las
declaraciones, se precisa un poquito más en el aspecto formal, pero
no se ha cambiado la valoración general.
En suma, en esta ley siguen quedando abiertos y como sin regulación
establecida la cesión de autonomía del banco central, la regulación
del mibor y el redondeo, respecto al que debe garantizarse que
primero se pone en pesetas y después se hace la transferencia en
euros, porque si ponemos primero el precio en euros y hacemos un
redondeo en céntimos, va a provocar una subida de precios que es
complicadísima de medir en una barra de pan, una botella de cerveza,
etcétera. Se trata de precios muy limitados y a la hora de redondear
en un céntimo hay que tener en cuenta que un céntimo de euro son 1,6
pesetas, y en un producto que vale 60 pesetas subir el 1,6, aunque
sea un céntimo, es importante. Se puede estar provocando una subida
de precios si no regulamos y no establecemos bien este tránsito o
esta actuación de redondeo. Y la doble exposición de los precios debe
realizarse en todo el tránsito de la puesta en marcha del euro, desde
el momento en el que podamos tener monedas al momento en el que la
moneda todavía no funciona, aunque sí existe como referente. A partir
del 1 de enero de 1999 las monedas no estarán circulando, no las
veremos físicamente, pero los referentes sí y en el papel de los
bancos podrá establecerse.
En suma, las enmiendas del Senado son en algunos casos un parche para
ciertos agujeros del paraguas mientras que en otros lo que hacen es
agrandar dicho agujero y no proteger bien a los ciudadanos de esta
entrada del euro, la cual puede generar desazón e intranquilidad en
los ciudadanos y, sobre todo, falta de rigor y de control de los
precios y de las cargas mayores que soportan hoy, para hacer frente a
la adquisición de una vivienda, la mayoría de los ciudadanos que
pueden acceder a tal vivienda, porque resulta que hay
muchas personas a las que les cuesta trabajo acceder a la vivienda y
se tienen que limitar a vivir de alquiler. Podemos preguntar a la
gente que tiene menos de 35 años, toda esa gente joven a la que le
cuesta trabajo tener autonomía, pues bien, ni siquiera el acceso a la
vivienda, por los precios que puede tener, es una fórmula para saber
su capacidad de ahorro.
En todo caso, estoy convencido de que la puesta en marcha es la que
nos hará ver cómo se evoluciona. Lo que sí le sugeriría al Gobierno
es que, en la medida en que hoy no está previsto, se acepte la
influencia, para que si el día de mañana, debido a alguno de los
agujeros del paraguas, se nos calan los huesos, podamos revisarlo en
este Congreso. Si no lo hacemos así, cumpliremos con nuestra
obligación de oposición: exigirlo y demandarlo hasta que cambiemos o
bien la actuación política o bien al que gobierna.
Nada más, señor presidente. Nada más, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Ríos.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Hasta este año los españoles que seguían enganchados a la televisión
después de tomarse las uvas, después de las campanadas de medianoche,
normalmente empezaban el nuevo año con un anuncio, que era el primero
de la temporada, el más cotizado en los precios de las diferentes
televisiones. Habitualmente solía ser el de la chispa de la vida, el
de Coca-Cola, empezando un año eufórico y nuevo, y otras veces era el
de Iberia trasladándonos a mundos remotos donde la mayor parte de los
españoles no podíamos ir, pero este año el primer anuncio va a ser el
del euro, va a ser el comienzo de una nueva era que el Gobierno me
imagino que querrá publicitar a golpe de talonario, tratando de
vender, de explicar, de ofrecer a los españoles un mundo como el de
los productos de bienes de consumo. ¿Por qué digo esto, señor
presidente, cuando estamos hablando definitivamente de la aprobación
de la ley de introducción del euro? Lo digo porque mi grupo
parlamentario tiene la sensación de que en un tránsito tan
fundamental como éste, en el que una pieza importantísima en la
adaptación de la economía española, de las costumbres y de los usos
sociales va a venir referenciada con la aprobación de esta importante
ley y con la que el Grupo Parlamentario Socialista coincide, hay poco
trabajo realizado por parte del Gobierno en relación con los
problemas, con las circunstancias que tienen que acompañar a la
economía y a la sociedad española en un proceso tan importante como
es la sustitución de la peseta, histórica moneda española, por el
euro a partir de 1999.
El Senado ha aprobado una serie de enmiendas y nosotros las vamos a
aceptar todas, aunque es verdad que allí votamos en contra de
algunas. Esto no significa
que no tengamos un cierto grado de discrepancia con respecto a
algunas enmiendas que han sido introducidas en el Senado, pero en
este proceso y en este momento creemos que el Grupo Parlamentario
Socialista tiene que dar su apoyo, porque quiere darlo, a una ley de
carácter importante para el conjunto de la sociedad española. Ahora
bien, en el Senado, señor presidente, se han perdido oportunidades, y
ya lo dijimos en el trámite del Congreso de los Diputados. Tenemos la
sensación de que el Gobierno no confía en sus propias fuerzas, en sus
propios medios y no tenemos la sensación de que empuje realmente en
todos los procesos de adaptación del euro en esta importante fase.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha enmendado el artículo
que hace referencia a cuándo y cómo el Gobierno debe de poner en
marcha los instrumentos de carácter fiscal para que los españoles
puedan empezar a hacer sus declaraciones o sus sociedades en euros.
En el trámite del Congreso dijimos que el Gobierno era pacato en sus
responsabilidades al no permitir que desde el 1 de enero de 1999 se
pudieran establecer relaciones en euros con la Seguridad Social,
dejándolo a un proceso posterior. Esto significa, señor presidente,
que la Administración no confía en sus propias fuerzas, no tiene
desarrollados todos los mecanismos para poder hacer el tránsito, más
allá de lo que marca la ley, para que los españoles, las sociedades,
para que diferentes colectivos puedan operar en euros con la
Administración. Hasta el punto nos da la sensación, señor presidente,
de que este Gobierno hace mucha publicidad de lo que es el euro o del
mundo idílico en el que los españoles van a vivir en los próximos
años con la introducción del euro que una subcomisión creada en este
Congreso termina el período de la presente legislatura sin haber
llegado a ninguna conclusión. Da la sensación de que, con relación al
euro, se saben hacer pocas cosas más allá de publicidad en prensa,
radio y televisión.
Decía, señor presidente, que nosotros vamos a votar afirmativamente
las enmiendas que ha aprobado recientemente el Senado, a pesar de que
no llegamos a entender algunas de ellas; no entendemos los vaivenes
de este proyecto de ley en relación con la consideración de ley
orgánica de la disposición adicional quinta, que en el primitivo
proyecto era disposición adicional segunda y que fue retirada incluso
por el Grupo Popular al aceptar una enmienda del Grupo Socialista. Si
efectivamente la Cámara y los grupos parlamentarios que han promovido
esta iniciativa se van a quedar más tranquilos desde el punto de
vista de las garantías jurídicas, esa será la única razón de que el
Grupo Socialista dé su voto afirmativo, porque todos somos
conscientes de que el Consejo de Estado, en un informe importante,
reconoce taxativamente que no es necesaria la introducción de esta
disposición adicional quinta en estos momentos ni que deba de tener
carácter de ley orgánica este proceso que se quiere introducir.
Para que no se malinterprete la voluntad del Grupo Socialista, que no
presentamos enmienda de totalidad
cuando fue presentado este proyecto de ley, que hemos mantenido una
actitud responsable, solidaria, constructiva en la elaboración de
este importante proyecto de ley para el conjunto de la sociedad
española, vamos a votar afirmativamente también las enmiendas que
provienen del Senado.
Para nosotros -y termino ya, señor presidente-, este proyecto de ley,
que es importante, necesario y práctico para la sociedad española,
para que sea eficaz, para que no sea sólo un texto escrito como los
hay a cientos cientos y miles en este país, tiene que venir
acompañado de una voluntad permanente de diálogo en el desarrollo de
las disposiciones y los artículos de la ley de la introducción del
euro. Me refiero, por ejemplo, a la adaptación del nuevo míbor, que
se tendrá que producir una vez que el actual deje de publicarse. A
nosotros nos habría gustado que estas Cámaras, el Congreso de los
Diputados y el Senado, hubiesen tenido la posibilidad de dar el visto
bueno al nuevo instrumento referencial. Pero el hecho de que se
faculte al Gobierno para hacerlo no significa que el Grupo
Socialista, que el Partido Socialista, no estará atento y vigilante
para que no se produzca una interpretación unilateral y contraria a
los intereses de millones de ciudadanos. Con nuestra actitud, con
nuestro voto, señor presidente, queremos dejar patente la voluntad
positiva, la voluntad colaboradora y la voluntad de llegar a un
acuerdo en una ley que va a ser importante para todos los ciudadanos
de este país.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Martínez Sanjuán.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: Muchas gracias, señor presidente.
Antes de nada, quiero hacer una advertencia en relación con un nuevo
párrafo que el Senado ha introducido con la enmienda de adición al
apartado 2 del artículo 27 del proyecto de ley. Dicha enmienda, cuyo
texto aceptamos íntegramente, está situada erróneamente en el citado
artículo 27, cuando su ubicación correcta sería en un nuevo y último
párrafo del apartado 2 del artículo 28. Así se desprende de la propia
naturaleza del tema que regula y espero que esta reubicación merezca
la conformidad de todos los grupos parlamentarios de la Cámara. En el
preámbulo, capítulo IV, segundo párrafo, se hace alusión a la
disposición adicional segunda cuando realmente debe decir disposición
adicional quinta. En el mismo preámbulo, en su capítulo VII, al
referirse a la disposición adicional tercera, la del Banco de España,
es evidente que lo correcto es referirse a la disposición adicional
segunda.
Además de lo expresado existen algunas correcciones técnicas y
gramaticales y dos disposiciones adicionales nuevas. La disposición
adicional cuarta regula las garantías en operaciones de las entidades
financieras
con el Banco de España, con el Banco Central Europeo o con los bancos
centrales nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea.
Dichas obligaciones pueden dimanar de operaciones de política
monetaria o de asegurar responsabilidades en los sistemas de pagos o
de compensación y liquidación de valores. Con esta disposición
adicional cuarta se cubre una eventual insuficiencia de instrumentos
financieros para garantizar las citadas operaciones, por lo que
podrían generarse tensiones en el mercado interbancario o incluso una
prima de riesgo para operaciones españolas al no poder garantizarlas
con activos españoles o, lo que sería más perturbador, tener que
aportar garantías con instrumentos financieros no españoles.
La nueva disposición adicional quinta regula que las referencias
contenidas en las leyes orgánicas a importes monetarios expresados en
pesetas o en ecus se entenderán también realizadas al correspondiente
importe expresado en euros. Igualmente se dispone que las referencias
contenidas en las normas penales a la moneda nacional se entenderá
que engloba tanto la moneda euro como la moneda peseta, manteniendo
la peseta a estos solos efectos la consideración de moneda nacional
hasta la finalización del período de canje y añadiéndose una especial
protección durante el período transitorio para los euros acuñados o
impresos en moneda metálica o en papel moneda como moneda de curso
legal, a los efectos que están previstos en los artículos 386 y 387
del Código Penal.
Estoy totalmente de acuerdo con las manifestaciones del señor Homs en
relación con la flexibilidad con que la enmienda del Senado ha dotado
al artículo 32 sobre la determinación del míbor o de un índice
sustitutivo. También quiero aprovechar la oportunidad para agradecer
al señor Martínez Sanjuán y al Grupo Socialista su apoyo a todas las
enmiendas del Senado. Sin duda, es un reflejo de que son conscientes
de la importancia que tiene esta ley para España y para nuestra
introducción en la zona del euro.Por ello, señor presidente, antes de
abandonar esta tribuna, quisiera poner de relieve que dentro de unos
minutos, si este proyecto de ley merece -como así lo espero- la
aprobación de esta Cámara, habremos dado el último paso que
corresponde al Poder Legislativo para la integración plena de España
en la zona del euro. Como dice el artículo 3 de este proyecto de ley,
el 1 de enero próximo la moneda nacional española será el euro y no
la peseta. Ésta, durante el período transitorio, seguirá teniendo
poder liberatorio, pero no será la moneda nacional sino una
subdivisión del euro.
La experiencia pondrá de relieve los beneficiosos efectos que nuestra
integración desde el primer momento en la unión monetaria va a
producir en la economía española y, por ende, en el bienestar de los
ciudadanos. Pero quisiera destacar, señor presidente, que el euro,
siendo todavía un nasciturus, ya ha prestado dos importantes
servicios a España. El primero fue durante la crisis financiera del
pasado verano. Todos podemos imaginar cómo se hubiera defendido la
peseta
ante el vendaval especulativo si no hubiera estado al socaire de la
zona euro, y creo que en España, al haber necesitado en el pasado
reciente hasta cuatro devaluaciones en menos de un trienio para
mantener la competitividad de nuestra economía, estamos bien dotados
para comprender mejor que nadie ese beneficioso efecto del euro.
El segundo servicio del euro se ha producido la semana pasada, con la
bajada hasta el 3 por ciento del tipo de interés de referencia. Es el
nivel más bajo de la historia de España en cualquier tipo que
utilicemos, el tipo de interés básico, el tipo de referencia e
incluso el tipo de interés legal, porque ni siquiera el tipo de
interés legal del dinero, siempre más conservador que el de mercado,
estuvo nunca en una cota tan baja. Recordemos que el Código Civil,
que fue promulgado en 1889, fijó el tipo de interés legal en el 6 por
ciento, y leyes posteriores lo modificaron, no habiendo estado nunca
por debajo del 4 por ciento. El tipo de interés del 3 por ciento ha
de resultar beneficioso para muchas personas, especialmente para los
jóvenes -para los jóvenes, señor Ríos- que acceden por primera vez a
una vivienda, y para la inversión de las pequeñas y medianas empresas
y su repercusión en el empleo, así como para reducir, sin duda
alguna, el coste de la financiación pública con un favorable impacto
sobre el déficit. Es el segundo servicio que el euro, antes de nacer,
ya ha prestado a nuestro país. Además, es preciso resaltar que la
bajada concertada y, como debe ser, sin la menor filtración, ha
puesto de relieve que el mecanismo funciona.
Es verdad que la integración en el euro significa una cesión de
soberanía, pero esa cesión se hace voluntariamente por quienes tienen
atribuida la representación del titular de esa soberanía, que es el
pueblo español, y son evidentes las ventajas que de dicha cesión se
infieren. Sin embargo, el acceso al euro significaba cumplir unos
parámetros muy exigentes, y a ello no hemos llegado por
procedimientos taumatúrgicos sino por el rigor en una política
económica ortodoxa, muchas veces impopular, y eso, señorías, señor
presidente, es mérito que difícilmente puede serle sustraído a este
Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Albendea,
le ruego vaya concluyendo.
El señor ALBENDEA PABÓN: Enseguida termino, señor presidente.
Como lo es su declarada voluntad de continuar por ese camino para dar
cabal cumplimiento al pacto de crecimiento y estabilidad. Por eso,
señorías, frente a un sentimiento de nostalgia por decirle adiós a la
peseta, existe una nota de optimismo, porque estamos inmersos en una
de las zonas de mayor desarrollo del mundo, desde la que sin duda
también estaremos en disposición de ejercer una política de
solidaridad y de cooperación al desarrollo con otros pueblos con
niveles de pobreza inadmisibles en lo que hemos venido en
llamar la aldea global. Recordarlo hoy, en el 50.º aniversario de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, me parece que es oportuno.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Albendea.
DEBATE DE TOTALIDAD DE CONVENIOS INTERNACIONALES.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Finalizado el
apartado VI del orden del día, el apartado VII decae en su totalidad,
el punto 37 por no encontrarse en condiciones de ser debatido y el
resto de los puntos, del 38 al 43, por no haberse presentado
enmiendas.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY DE COOPERATIVAS. (Número de expediente 121/000124)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): He de someter a
la consideración del Pleno en este momento, conforme al artículo 68.1
del Reglamento, la modificación del orden del día, consecuencia del
acuerdo adoptado en la Junta de Portavoces, por el cual el punto 48
del apartado VIII pasaría a ser debatido en primer lugar y, a
continuación, el resto de los puntos de dicho apartado. ¿Lo aprueba
así la Cámara? (Asentimiento.)
Pasamos, por tanto, al punto 48 del orden del día, debates de
totalidad de iniciativas legislativas. En primer lugar, enmiendas
presentadas al proyecto de ley de cooperativas, para cuya
presentación y en nombre del Gobierno tiene la palabra el señor
ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Señoras y señores diputados, intervengo para presentar, en nombre del
Gobierno, el proyecto de ley de cooperativas. Inicio esta
intervención, al amparo del conocimiento de las distintas posiciones
de los grupos parlamentarios con respecto a este, en nuestra opinión,
importante proyecto, anticipando la voluntad del Gobierno de que
prospere el diálogo parlamentario, porque creemos que muchas de las
iniciativas que se han presentado a través de enmiendas, después del
diálogo de los grupos parlamentarios, podrían incorporarse a este
texto.
En consecuencia, voy a presentar el contenido del proyecto de ley,
que, en nuestra opinión, tiene particular relevancia, como todos
aquellos que se refieren a la articulación de los creadores de
empleo, como todos aquellos que se refieren a la creación de empleo,
y tiene también particular relevancia porque tenemos que significar
en esta presentación que el sector de la economía
social, el sector de las cooperativas, tiene cada vez mayor
relevancia en nuestra economía y en la creación de empleo en España.
Baste decir que, de las 500 mayores empresas, doce son sociedades
cooperativas y que estas doce sociedades cooperativas dan en este
momento empleo a más de 24.000 trabajadores. Si atendemos a la
evolución en los últimos tiempos, a finales de 1997 el número de
trabajadores, tanto socios como asalariados, ocupados en empresas de
economía social superaba los 227.000, lo que supone un incremento del
20 por ciento en relación a 1994. Ello significa que más de un 3,5
por ciento del total del empleo en España está vinculado a este tipo
de sociedades de economía social, de economía vinculada a las
cooperativas. En España existían, a principios de 1998, 21.000
empresas de esta índole en situación de alta en la Seguridad Social.
Tenemos también que reconocer que la implantación de las cooperativas
en España es desigual atendiendo a las distinta nacionalidades y
regiones que conforman nuestra nación plural. Así, es muy importante
la presencia de las sociedades cooperativas en Cataluña, Andalucía,
el País Vasco y la Comunidad Valenciana, agrupando estas cuatro
comunidades más del 66 por ciento del total de las cooperativas en
España.
Si atendemos a la articulación de nuestra economía dependiendo de los
distintos sectores, más del 50 por ciento del movimiento cooperativo
se encuentra vinculado a los servicios, seguido de la industria en
más de un 30 por ciento, y ya a distancia se sitúan la agricultura
y la construcción. Sin embargo, me gustaría decir también que tanto en
la agricultura como en la ganadería y en zonas de España que han
tenido particulares problemas en un desarrollo económico deseable las
cooperativas han jugado un papel fundamental en la revitalización de
su tejido productivo de cara al futuro.
En Europa, señorías, el conjunto de la economía social representa
casi siete millones de empleos; en Francia, un sexto de la población
ocupada; en Bélgica, un 10 por ciento de los trabajadores están en
empresas de economía social. En todo el debate europeo en torno al
empleo ya desde 1989 la Comisión Europea ha venido pidiendo al
conjunto de los países de la Unión que articulen fórmulas que
permitan la expansión y el desarrollo de la economía social, y de
manera muy singular en lo que significa el papel de la economía
social en el sector servicios. Por tanto, a la hora de presentar este
proyecto de ley estamos atendiendo al desarrollo de un sector
emergente en creación de empleo, cumpliendo directrices de la
política europea en materia de economía social y también dando una
vez más cumplimiento a la Constitución española, que en el artículo
129.2 ordena a los poderes públicos fomentar las sociedades
cooperativas.
Esta iniciativa, aprobada en Consejo de Ministros, no responde sólo a
la alineación con las políticas europeas y al cumplimiento del
desarrollo de la Constitución, sino que responde al impulso que
pensamos que debe darse a las cooperativas, porque, con toda
sinceridad,
en todos nuestros análisis hay una potencialidad de creación de
empleo en torno a las cooperativas muy superior a la que hoy tenemos
en la realidad. Hay que salir de un concepto que pueden mantener
algunos y que no tienen ningún sentido, enfrentando la necesidad de
mantener el espíritu que da nacimiento a las cooperativas con la
necesidad de que las cooperativas sean rentables y competitivas.
Quiero señalarles, señorías, que, como en todos los casos, el
Gobierno y este Ministerio han tenido intensos contactos con las
organizaciones más representativas del sector de la economía social y
del mundo cooperativo y que muchas de sus apreciaciones, de sus
sugerencias, de sus indicaciones fueron incorporadas a este proyecto
de ley, que tiene vocación de servicio para el mundo cooperativo en
el próximo siglo XXI.
Creemos que las cooperativas tienen que renovarse en sus estructuras
y en su funcionamiento para que de alguna forma se aborden con
certeza los desafíos económicos y empresariales del futuro, las
nuevas realidades económicas internacionales, el reto que
particularmente significa para España la incorporación a la unión
económica y monetaria. Pero, como decía al principio, también hay
razones de articulación del Estado que justifican poner en marcha
este proyecto de ley.
Señorías, el desarrollo del Estado de las autonomías ha conllevado la
asunción de competencias exclusivas en materia de cooperativas por
parte de las comunidades autónomas y, como bien saben, ocho de ellas
cuentan ya con leyes propias. Eso hace necesario que procedamos a una
regulación estatal teniendo en cuenta las competencias que tienen las
comunidades autónomas y teniendo también muy en cuenta la doctrina
del Tribunal Constitucional en esta materia. Asimismo, y por
aplicación de lo previsto en el artículo 149 de la Constitución, la
futura ley de cooperativas será de aplicación en las comunidades
autónomas que no cuenten con leyes propias. En este punto, como hacía
al principio de mi intervención, es donde quiero volver a manifestar
el hincapié que el Gobierno hace en la necesidad del diálogo de los
grupos parlamentarios para que se encuentre una fórmula que satisfaga
a todos en el ámbito de aplicación de esta norma. Sabemos que hay
posiciones distintas en algunos grupos parlamentarios y quiero
manifestar, con profundo respeto del Gobierno a las tareas de este
Congreso de los Diputados y a la voluntad de los grupos
parlamentarios, nuestra predisposición a fomentar ese diálogo, a
participar en él si fuera necesario para alcanzar un acuerdo en lo
que respecta a los ámbitos de aplicación de este proyecto de ley.
Como tercera razón, ha habido cambios que se han producido en la
legislación del Estado, cambios que se han producido en la
legislación propia de la Unión Europea y también en las comunidades
autónomas que justifican este proyecto de ley.Las cooperativas pueden
crear más riqueza y, como he dicho anteriormente, la rentabilidad, la
competitividad de las cooperativas es, en opinión del Gobierno,
perfectamente compatible
con el mantenimiento de los valores societarios y solidarios que
siempre han estado presentes en el mundo cooperativo. Por eso,
señorías, el desarrollo de la economía social, el papel de las
cooperativas adquiere especial tratamiento en el Plan de empleo para
1998 del Reino de España, que fue presentado ante la Unión Europea y
que en este momento se encuentra en fase de elaboración para 1999
atendiendo a las nuevas orientaciones que puedan aprobarse en el
Consejo de Viena. Se trata, pues, de manera muy especial de facilitar
la constitución de sociedades cooperativas, de reducir los requisitos
y formalidades que plantea la vigente Ley de Cooperativas y de
facilitar plenamente la autorregulación a través de sus estatutos
sociales. Diría que, de manera global, se eliminan obstáculos que hoy
están limitando o dificultando la iniciativa en la creación y
funcionamiento de las cooperativas y del empleo que rodea a toda la
economía social.
Entre las grandes modificaciones de este proyecto de ley podrían
citarse las siguientes por su relevancia.Se reducen para las
cooperativas de trabajo asociado el número de socios, de cinco a
tres; se agiliza el proceso de constitución de la asamblea
cooperativa al suprimirse el requisito de la asamblea constituyente;
las cooperativas que cuenten con menos de diez socios podrán nombrar
administrador único; se facilita la transformación de una cooperativa
en cualquier otra sociedad civil o mercantil sin pérdida de su
personalidad jurídica; se crean las cooperativas de iniciativa
social; en el caso de las cooperativas de vivienda los bienes que
integran el patrimonio de una promoción o fase no responderán de las
deudas de las restantes, obligándose a la inscripción en el Registro
de la Propiedad de los bienes que constituyen cada fase o promoción;
se introduce el voto plural ponderado en cooperativas agrarias de
servicios, transportistas y explotación comunitaria de la tierra sin
que pueda ser superior a cinco votos sociales; se facilita el acceso
a nuevas modalidades de captación de recursos financieros mediante la
emisión de participaciones especiales o de títulos participativos; se
regula la figura -que me parece extraordinariamente importante- del
grupo cooperativo, con la finalidad de que se puedan integrar
empresarialmente las distintas facetas de una misma cooperativa; se
crea la figura de la cooperativa mixta, cuya regulación permite la
coexistencia de elementos propios de la sociedad cooperativa y de la
sociedad mercantil, y para institucionalizar el diálogo permanente
con otras administraciones del Estado y el movimiento cooperativo se
consagra legalmente el consejo para el fomento de la economía social,
a través del cual el Gobierno quiere un órgano consultivo permanente
para ir planteando aquellas sugerencias o propuestas que beneficien
el funcionamiento de la economía social y el mundo cooperativo en
particular.
Señor presidente, estas son las razones fundamentales que han
impulsado al Gobierno a aprobar este proyecto de ley hacia un sector
y en una dirección en cuyo futuro creemos enormemente, que ha sido
respuesta
para muchas zonas de España y en algunos casos puntuales para zonas
extraordinariamente deprimidas en su desarrollo económico. Creemos
que en este mundo tan cambiante, a ritmo vertiginoso, es
perfectamente compatible que cuando se habla de competitividad cada
vez más necesaria en un mundo global, que cuando se habla de la
necesidad de que las empresas sean cada vez más rentables en una
economía global, creemos que es perfectamente posible avanzar en la
buena dirección, mantener el espíritu que da nacimiento al movimiento
cooperativo y al mismo tiempo facilitar que ese mundo de las
cooperativas sea cada vez más competitivo y pueda ser más rentable
con una buen gestión. En cualquier caso -repito-, la voluntad del
Gobierno es mejorar este proyecto de ley a través del necesario y
siempre positivo diálogo de los distintos grupos parlamentarios en
los trámites subsiguientes en el Congreso y en el Senado.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
A este proyecto de ley han sido presentadas tres enmiendas de
totalidad, dos de ellas por parte del Grupo Parlamentario Mixto y una
por parte del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, para
la presentación de una de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ (don Guillerme): Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, intervengo para defender la
enmienda de totalidad de devolución que el Bloque Nacionalista Galego
presenta al proyecto de ley de cooperativas; un proyecto de ley que
sin duda, como acaba de reconocer el propio ministro, su texto
original va a ser necesario reformarlo en profundidad para
convertirlo en un texto aceptable, a la luz de la enorme cantidad de
enmiendas parciales que los diversos grupos de la Cámara han
presentado, y si no me equivoco incluso el Grupo Popular.
Todos sabemos que el Consejo Económico y Social ponía de manifiesto,
en su informe sobre el anteproyecto, sus observaciones a diversos
aspectos del articulado e incidía en los problemas que se planteaban
refiriéndose explícitamente a uno de los temas cruciales del
proyecto, que es el relativo a su ámbito de aplicación, recogido en
el artículo 2, por cuanto afecta al orden constitucional de
competencias entre los diversos poderes públicos concernidos.Advertía
este informe que lo dispuesto en este artículo podría ser fuente de
conflictos al chocar con las competencias que las comunidades
autónomas tienen en esta materia.
La enmienda de totalidad que presentamos como Bloque Nacionalista
Galego cuestiona varios aspectos del proyecto de ley: el diseño
competencial, la distorsión de los principios cooperativos que en
nuestro criterio introduce y, por último, las formas de
asociacionismo cooperativo que propone.
En lo que se refiere al diseño competencial, nosotros creemos que la
cláusula genérica referida al ámbito de aplicación contenida en el
artículo 2 del proyecto de ley induce a confusión y hace que esta
ley, de aprobarse, interfiera sobre las competencias de titularidad
exclusiva autonómica que, como en el caso de la Comunidad Autónoma de
Galicia, tienen reconocidas por delegación expresa del Estado
mediante las correspondientes leyes orgánicas. Tal y como está
redactado el artículo 2 del proyecto, una cooperativa que por ejemplo
mantenga relaciones internas con socios de manera residual, es decir,
que tenga un porcentaje mínimo de socios fuera del territorio de una
determinada comunidad autónoma, será sometida de inmediato al régimen
jurídico contemplado en este proyecto de ley, olvidando que la
mayoría de sus relaciones intercooperativas se desarrolla en el
ámbito territorial de una comunidad autónoma e incluso que la mayor
parte de las actividades se va a desarrollar en el mismo. Igualmente
creemos que existe una invasión de competencias en el caso de una
cooperativa que tenga relaciones internas con socios en dos
comunidades autónomas que tengan atribuciones exclusivas en la
legislación sobre la materia y hayan legislado sobre la misma cada
una de ellas, ya que de aplicarse esta ley literalmente a esa
cooperativa le sería de aplicación la ley estatal, pese a estar
situada y tener relaciones internas con socios en comunidades
autónomas que tienen establecida su propia legislación. Por tanto, el
proyecto de ley, desde nuestro punto de vista, debe ser mejorado de
un modo sustancial en este aspecto, debiendo ponderar aquellos
supuestos en los que una cooperativa, pese a tener alguna relación
interna con socios en más de una comunidad autónoma, y si ésta tiene
atribuida la competencia exclusiva, sea directamente aplicable ésta,
debiendo configurarse el ámbito de la titularidad competencial
estatal, además de para aquellos casos en que una comunidad autónoma
no tenga delegadas las competencias en esta materia, únicamente para
los supuestos de entidades cooperativas que tengan una clara vocación
de implantación estatal y no como un mero recurso de supletoriedad.
En lo que se refiere a los principios cooperativos, el proyecto de
ley introduce numerosas novedades respecto a la anterior Ley 3/1987
en los principios que inspiran el cooperativismo. A nosotros nos
parece, en primer lugar, que el régimen democrático se ve
sensiblemente alterado, ya que se introduce la posibilidad del voto
plural ponderado que pone en manos de un socio un alto porcentaje de
votos sociales, hasta el 30 por ciento, cuando la anterior ley
establecía un sistema democrático puro, es decir, un socio un voto,
independientemente de su aportación al capital social o la actividad
cooperativizada. En segundo lugar, la posibilidad de que personas no
socias puedan formar parte de los órganos de dirección de la
cooperativa. Es decir, el consejo rector es también un factor de
desnaturalización de las mismas, ya que dada su característica de
empresas sociales, es decir, entidades mercantiles
que aglutinan un importante número de personas para ejercer una
actividad económica en común, deben ser, desde nuestro punto de
vista, esos empresarios -y digo empresarios entrecomillas- los que
participen y tomen las decisiones claves de la cooperativa en
exclusiva, encomendando en todo caso a personas ajenas a la misma
solamente tareas de mera gestión o auditoría. El proyecto, además,
abre la posibilidad de transformación de cualquier entidad
cooperativa en cualquier tipo de sociedad mercantil o civil, o a la
inversa, de lo que se puede deducir que todo ello se convertirá en
una vía espuria para que cada vez menos socios controlen las
decisiones importantes, pudiendo imponer su voluntad unos pocos en
función de la aplicación de ese voto plural ponderado o incluso de
que los grandes acuerdos los tomen personas ajenas a la propia
cooperativa. Además, a nosotros también nos preocupan las posibles
repercusiones fiscales que se pueden derivar de la transformación de
la sociedad en un tipo de entidad o en otra, que el proyecto de ley
no aclara. En todo caso, cabe suponer que esta cuestión va a dar
lugar a la modificación del actual régimen fiscal, contenido en la
Ley 20/1990, ya que las cooperativas se encuentran especialmente
protegidas, disponiendo de ventajas fiscales y preservando esos
rasgos peculiares, impidiendo, por ejemplo, en caso de disolución que
todo el remanente vaya a parar a manos de los socios, sino que parte
de él, lo que queda en el fondo, reserva obligatoria, debe destinarse
a los órganos administrativos encargados de gestionar el fomento del
cooperativismo. Las posibilidades de transformación que deja abiertas
el proyecto de ley nos crean algunas incertidumbres en este terreno.
Por último -y voy concluyendo-, el proyecto de ley diseña un sistema
de asociacionismo ajeno a los principios cooperativos, encomendando
la gestión no a una asamblea general de las cooperativas, formada por
los presidentes de las mismas y que puedan ser controladas
directamente por los socios de las cooperativas, sino a un órgano
gestor de carácter simplemente empresarial, pero con las facultades
de una asamblea general de una cooperativa de segundo grado, pudiendo
dirigir toda la política social y empresarial, desde las nuevas
aportaciones de socios hasta la participación obligatoria, etcétera.
Esta política de las cooperativas conforma el grupo de una manera
autónoma, lo que deja totalmente indefenso al socio cooperativista,
que verá mermado sus derechos, convirtiéndose los derechos que le
reconoce la ley en simple retórica en el caso de que su cooperativa
esté integrada en un grupo. En definitiva, desde nuestro punto de
vista, lejos de fomentar algún cooperativismo activo y participativo,
se está diseñando un nuevo régimen en el que el socio se ve
desprovisto de las garantías mínimas de control de la actividad, al
escoger vías en que las decisiones se tomarán desde el punto de vista
empresarial y dejando de lado la función social de las cooperativas,
tal y como la legislación actual hacía.
Por todos estos motivos, señor presidente, señoras y señores
diputados, solicitamos la devolución de este proyecto de ley al
Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Vázquez.
Para la presentación de su enmienda de totalidad, en nombre del Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra en segundo lugar la señora
Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, hemos presentado una enmienda de totalidad a este
proyecto de ley quizá por la misma razón que usted haya presentado el
proyecto, y es por la importancia del mismo. Comparto con usted la
descripción que hacía de la importancia y la relevancia que en la
economía tiene el sector del cooperativismo, o las cooperativas, no
sólo en cuanto a su peso económico sino en el número de empleos tan
necesarios en nuestra vida normal que en este momento, gracias a Dios
-digámoslo así- está dando a tantas personas. Pero porque es muy
importante el proyecto de ley creemos que es muy importante la
enmienda de totalidad que hemos presentado.
Ha sorprendido el número de enmiendas parciales a este proyecto de
ley, 433, presentadas yo creo que por todos los grupos de la Cámara.
Dejaremos para la Comisión la parte del debate en cuanto a las
distintas cuestiones específicas técnicas que pudieran ser mejorables
en este proyecto de ley, y que sin duda alguna quizá con el diálogo
-como usted señalaba- entre los grupos parlamentarios se pueda
realizar, y nos centraremos en una cuestión por la que, desde nuestro
punto de vista, merece la pena que haya este debate. Por nuestro
propio Reglamento, si no hay una enmienda de totalidad no hay debate
y, por tanto, nada más que por eso era necesario plantear una
cuestión clave como es la del ámbito de aplicación, pero es que
además es un tema vital, máxime cuando, como usted señalaba, el
cooperativismo y las cooperativas en determinadas comunidades
autónomas son absolutamente básicos.
Respecto al ámbito de aplicación, como señalaba, artículo 2, es
curioso que todos los grupos, salvo Coalición Canaria -no quiero
equivocarme-, incluido el Grupo Popular, lo hemos enmendado y todos
hemos tratado de utilizar unas u otras variables. En cualquier caso,
está claro que hemos intentado ir en la dirección de modificar lo que
yo entiendo que este proyecto ha presentado como un criterio muy
rígido y, si me lo permiten, muy centralizador de lo que tiene que
ser el ámbito de aplicación. Además de que todos los grupos
parlamentarios hemos materializado en enmiendas esta idea clara, como
señalaba mi compañero el señor Vázquez, el Consejo Económico y Social
ha señalado exactamente lo mismo, es decir, un aspecto crucial a
tener en cuenta y los conflictos que pudieran derivarse de esta
regulación literal del artículo 2 del ámbito de aplicación.
¿Por qué? En primer lugar porque afecta al orden
constitucional y, por tanto, al orden público, de lo que tenemos que
ser plenamente conscientes desde la perspectiva de las
administraciones públicas implicadas, y en segundo lugar porque
afecta a la seguridad jurídica, desde la perspectiva de los
operadores cooperativistas que tienen que ser los que van a utilizar
esta ley. En consecuencia, esta es una cuestión clave. Lo mismo
señalaba el Consejo General del Poder Judicial al advertir que había
que cohonestar las competencias de unos y otros en esta materia. Por
eso me voy a centrar en esta cuestión. No voy a leer el artículo 2,
que todos ustedes conocen, pero lo podría definir como un criterio
muy genérico el que se establece y, como señalaba anteriormente,
centralizador. Esta es una opinión subjetiva; lógicamente todas las
opiniones que vertimos desde esta tribuna son subjetivas pero
legítimas, también quiero señalarlo. Pero para centrarme en el porqué
de la importancia y por qué creemos que da lugar a conflictos o
incluso a posibles recursos de inconstitucionalidad, voy a hacer
referencia a cuatro razones muy concretas, no sé si jurídicas o
jurídico-políticas, en relación especialmente a una doctrina que ya
existe sobre esta materia por parte del Tribunal Constitucional.
Creemos que la redacción de este artículo 2 desconoce el esfuerzo
interpretativo que se ha realizado, los criterios que se
establecieron por sentencia del Tribunal Constitucional en el caso
72/1983; criterios y esfuerzos interpretativos -lógicamente no vamos
a entrar en la historia- que provienen de la interposición de
recursos a una ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco; un
esfuerzo interpretativo que ha sido seguido por comunidades autónomas
con competencia exclusiva, que han tratado de establecer claramente
sus legislaciones en relación a este criterio. Curiosamente ahora
todo se desbarata, si se me permite la expresión coloquial. ¿Por qué?
Porque el Tribunal Constitucional hizo una clara diferenciación entre
actividades típicas y actividades instrumentales, entendiendo que las
actividades típicas eran las que debían desarrollarse dentro de la
comunidad autónoma con competencia exclusiva, y en este caso así se
han realizado por varias comunidades autónomas en su legislación,
como en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Por el contrario, no se
sometían al criterio de territorialidad las actividades
instrumentales y, por tanto, estas últimas no determinan ni influyen
en la aplicabilidad de una u otra ley.
Creemos igualmente, a la luz de dicha sentencia del Tribunal
Constitucional, que este proyecto de ley no conoce o no advierte que
el punto de conexión para la aplicación de la norma debida, el
domicilio social, se ha completado con el criterio de
territorialidad. Además, este proyecto de ley puede suponer
desconocer o incluso propiciar la facilidad de huida de ley al
posibilitar la aplicación de una norma distinta de la que en
principio y objetivamente le competería a una cooperativa, y ello
utilizando determinados subterfugios como asociar a alguien
extracomunitario de una comunidadautónoma para determinar qué ley, en
función de lo
que más o menos puede ser susceptible de beneficiar a unos u otros,
pudiera ser de aplicación, lo que no sería de recibo. A estos
efectos, nada valdría que la ubicación del centro de trabajo
estuviera en un lugar determinado, que la realización por cientos o
miles de cooperativistas de toda la actividad estuviera en un lugar y
en un ámbito territorial de una comunidad autónoma determinada
porque, en definitiva, con este criterio tan genérico podría quedar
al albur y habría una dificultad en cuanto a seguridad jurídica, sin
entrar otra vez en los términos del ámbito público.
Este proyecto de ley también desconoce la ya superación del
mutualismo estricto al que se constreñía el cooperativismo
originario, al establecer este criterio reiteradamente -artículo 2-
sin ninguna distribución entre distintas actividades. Hay un sector
del cooperativismo -y en este caso lógicamente me remito al vasco,
muy específico e importante- que supera el mutualismo y entra en una
dinámica expansiva empresarial que obliga a tener en consideración
unas perspectivas distintas, así como a tener en cuenta que
determinadas cuestiones y necesidades empresariales expansivas
pudieran dar lugar a actividades instrumentales lógicamente
necesarias para el propio negocio, pero que no conlleva para nada el
que haya que intervenir desde un ámbito diferente al que le
correspondería.
Con este proyecto de ley -y no voy a extenderme más porque tiempo
habrá en la Comisión-, desde nuestro punto de vista y creo que
acertadamente a tenor de la jurisprudencia que tenemos todos que
tener en cuenta, lo que se hace es vulnerar -si se me permite la
expresión- o desconocer las competencias exclusivas que existen en
determinadas comunidades autónomas y, lógicamente, competencias
reales también en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Esta sería
una interpretación muy restrictiva e injusta de estas competencias
que tienen las comunidades autónomas, que no sería admisible desde el
punto de vista de la seguridad jurídica, pero especialmente hay que
respetar lo que la ley orgánica, el Estatuto de Autonomía del País
Vasco, estableció como competencias exclusivas. Por eso, sin
alargarme más -aunque habría mucho más que decir-, y solamente a este
respecto hemos presentado esta enmienda de totalidad porque creemos
que es una cuestión clave antes de entrar en otras cuestiones
técnicas y pedimos la devolución del proyecto. (El señor
vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la Presidencia.) Estoy segura de
que los demás grupos parlamentarios están de acuerdo totalmente en lo
que estamos planteando, aunque las estrategias les llevarán a votar
de una u otra manera. Lo cierto es que sorprende que se haya
presentado este proyecto de ley con un ámbito de aplicación, artículo
2.º, que no es que congratule o satisfaga a los grupos parlamentarios
sea cual sea su posición, es que no satisface a nadie. Creemos que no
es correcto respecto a la jurisprudencia y, en definitiva, no sabemos
por qué se ha presentado este proyecto de ley con un artículo 2.º que
inequívocamente todos los
grupos parlamentarios ya hemos enmendado y vamos a tener que
modificar.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Lasagabaster.
Para la defensa de la enmienda de totalidad de devolución, presentada
por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Arnau.
El señor ARNAU NAVARRO: Señor presidente, señorías, esta es la
tercera ocasión que en pocos años debatimos en estas cámaras un
proyecto de ley general de cooperativas. Lo hicimos en 1985, se
disolvieron las cámaras, y se volvió a debatir en 1986 otro proyecto
que fue aprobado en 1987, la ley actualmente en vigor.
Conviene, en primer lugar, preguntarnos qué sentido o qué finalidad
tiene este nuevo texto de ley de cooperativas que nos presenta el
Gobierno del Partido Popular. El Gobierno del Partido Popular elude
en la memoria cualquier justificación en el terreno de las ideas,
aunque dé la impresión de compartir los principios de los pioneros de
Rochdale, la filosofía socialista de Robert Owen y la adaptación
actualizada de los principios cooperativos de la Alianza Cooperativa
Internacional. Nada de todo esto parece preocuparle lo más mínimo. La
justificación que se nos da en la memoria -y hoy el señor ministro ha
añadido poco más- para este proyecto de ley es la necesaria
adaptación de nuestro derecho cooperativo interno a las nuevas
directivas de la Unión Europea. Sin embargo, esto es lo que se dice
y otra cosa es la que realmente se hace, porque ¿qué tendrá que ver el
derecho europeo con la limitación drástica del derecho de información
de los socios, que se incluye en este proyecto de ley? o, lo que es
más importante, ¿qué dice el derecho europeo sobre la invasión de las
competencias de las comunidades autónomas hasta su práctica
anulación, como se dice y se hace en el artículo 2.º del proyecto?
Ciertamente, lo primero que habría que pedir al Gobierno del Partido
Popular es que nos dijera qué ideas o qué filosofía le ha llevado a
presentar este proyecto de ley. A nadie se le olvida que el
movimiento cooperativo ha tenido una fuerte raigambre en el terreno
de las ideas desde que en el siglo XIX, exactamente en 1844, hace ya
154 años, a un grupo de tejedores británicos se le ocurriera fundar
la primera cooperativa de consumo en la ciudad de Rochdale para hacer
frente a los abusos y a la explotación inherentes a la revolución
industrial. Tal vez haya llovido mucho desde entonces, pero el
cooperativismo y sus principios de solidaridad y democracia han
persistido gracias a la voluntad de los trabajadores y a la constante
actualización de los principios cooperativos practicada por la
Alianza Cooperativa Internacional. ¿Qué función persigue asignar el
Gobierno del Partido Popular a las cooperativas? ¿Va a fomentar
realmente la economía social? ¿Se mejora la legislación vigente de
1987? No, parece que no. ¿Cual es, por tanto, el hilo conductor de
este proyecto de ley?
Sabido es que el gran problema que tenían las cooperativas hasta la
legislación de 1987 consistía en que en una economía de mercado,
competitiva por definición, debían ser tan rentables como la mejor
sociedad capitalista, como la mejor sociedad anónima, contando como
cuentan con particularidades o con instrumentos de gestión no
capitalistas, como el principio democrático un hombre/un voto, el
principio de puertas abiertas o el de irrepartibilidad de las
reservas. Se trataba de conseguir una especie de cuadratura del
círculo que la Ley de 1987 creemos que alcanzó. La alcanzó con la
introducción, por ejemplo, de la nueva figura del asociado, que hoy
se cambia con el nombre de socio colaborador, o con la flexibilidad
de las operaciones con terceros no socios; medidas a las que por
descontado se opuso el Partido Popular en aquel momento, no fuera que
las cooperativas arrebataran terreno a las sociedades anónimas con
pérdida de su mercado. Aquella Ley de 1987 ha demostrado su eficacia
y a la vista están las estadísticas.¿Con este nuevo proyecto se sigue
la línea de la Ley de 1987? En cierta medida podríamos decir que sí,
porque resulta inevitable que cuando se abren nuevos caminos es
difícil volver atrás y taponarlos, pero de esto no podemos deducir
que esta ley resultara necesaria, que siga un criterio claro y
equilibrado entre la necesaria flexibilidad de los principios
cooperativos y su exigida aplicación para mantener la democracia
interna, el servicio a los socios y la utilidad social de las
cooperativas. Este proyecto ni es flexible ni es rígido, sino todo lo
contrario. Por ejemplo, cuando se plantea permitir o restringir las
operaciones con terceros no socios, se limita y se permite a la vez
en el artículo 4.º, se fijan en el 45 por ciento para las
cooperativas agrarias, se reducen al 35 por ciento en las
cooperativas de servicios, se suprimen en las de transportistas, y
así sucesivamente. Pero donde se ve con mayor claridad la falta de
norte de este proyecto es en la aplicación del principio democrático,
básico y fundamental en el cooperativismo. El artículo 16.3 del
proyecto limita tanto el derecho de información de los socios que
puede decirse que los miembros de cualquier comité de empresa de
cualquier empresa tienen más derechos que los socios -dueños, por
tanto- de una cooperativa. A los socios no se les da el derecho a
disponer de los estatutos o del reglamento de régimen interno, ni el
libre acceso al libro-registro de socios o a las actas de la
asamblea, ni a conocer el estado de su situación económica en las
cooperativas.
Decía que este proyecto carece de norte, carece de criterio, carece
de un hilo conductor claro, y tengo que decir a continuación que esto
no es rigurosamente cierto porque el proyecto resulta meridianamente
claro a la hora de invadir las competencias de las comunidades
autónomas. Aquí no hay lugar a dudas ni a disquisiciones. Tan
meridianamente claro es el proyecto como el dictamen del CES, el
Consejo Económico y Social, y el informe del Consejo General del
Poder Judicial. De aplicarse el artículo 2.º del proyecto, basta que
una cooperativa por ejemplo vasca tuviera un socio en Castilla
y León para que se le aplicara la ley estatal y no la vasca, y
ello pese a que el mayor volumen de actividad cooperativizada se
desarrollara en el ámbito territorial del País Vasco; o, siendo más
explícitos, si una cooperativa de trabajo asociado ubicada en
Mondragón y dedicada por ejemplo a la fabricación de lavadoras tiene
un grupo mínimo de mantenimiento en Burgos, le sería aplicable la ley
estatal y no la vasca, pese a que la actividad cooperativizada
sustancial se desarrollara en el ámbito del País Vasco.
Actualmente existen ocho leyes autonómicas, señor ministro -usted lo
ha recordado-, pero sobran las ocho leyes de las comunidades
autónomas. ¿Con quién ha conseguido, señor Arenas, consensuar este
artículo 2.º de su proyecto de ley? ¿Con las comunidades autónomas?
Por descontado que no. Aquí se ha recordado que todos los grupos
parlamentarios han presentado una enmienda al artículo 2.º.
Posiblemente con el señor Zaplana, el encargado de la ponencia social
en el próximo congreso del PP; con este señor todo es posible.
Acabamos de celebrar el 20.º aniversario de la Constitución y hay que
recordárselo continuamente al Gobierno del Partido Popular. No le
basta al señor Arenas, al Gobierno, en este tema de las competencias,
la absoluta claridad del Tribunal Constitucional y no le sirve la ley
en vigor, ni siquiera le sirve la ley andaluza o el artículo
correspondiente al ámbito de aplicación que figura en la enmienda de
totalidad que presentó el Partido Popular a la ley andaluza. Si se me
permite la digresión, señor presidente, me extraña que el Partido
Nacionalista Vasco y Convergència i Unió no hayan visto en este
importante tema una materia o una justificación para una enmienda de
totalidad. Aquí no se ha apreciado para nada ruptura del ámbito de
jurisdicción vasco ni catalán, de donde podríamos decir que es más
fuerte la subordinación al Gobierno que la convicción constitucional
o que el título de nacionalista, como el hábito no hace al monje. Se
nos dirá, señor presidente -seguramente en el turno en contra de esta
enmienda de totalidad-, que el precepto será corregido por una
enmienda del Grupo Popular. Tengo que decir que el Grupo Popular ha
presentado a este proyecto de ley nada más y nada menos que 28
enmiendas, eso demuestra el éxito del mismo, hasta el punto de que
estas enmiendas podrían constituir un proyecto bis o un proyecto
paralelo. Entre estas enmiendas se incluye una que modifica la
tradición y la regulación en relación con las cooperativas
sanitarias. Hasta ahora las cooperativas sanitarias eran
exclusivamente de seguros, pues bien se propone que estas
cooperativas sanitarias puedan ser prestadoras de servicios
sanitarios y por tanto cooperativas de servicios, un instrumento más
a disposición del Gobierno para seguir privatizando la sanidad
pública.De esto hablaremos en Comisión y volveremos seguramente a
hablar en el Pleno.
El criterio que introduce una enmienda del Partido Popular para
modificar el ámbito de aplicación de esta ley es acudir al domicilio
o dejar en manos de los órganossociales de las cooperativas la
decisión sobre la ley
aplicable. Esto convierte la ley estatal en una ley a la carta, y
pese a que ello puede hacernos pensar que sería aceptable por las
cooperativas, estamos seguros de que el movimiento cooperativo no va
a aceptar esta modificación, porque una ley a la carta afectaría
negativamente a la seguridad jurídica de las cooperativas,
perjudicaría su solvencia, sobre todo respecto a terceros y nosotros,
los legisladores, seríamos responsables de no velar por el
cumplimiento de la Constitución en lo que a distribución de
competencias entre los poderes públicos se refiere.
En suma, señor presidente y termino, un proyecto de ley absolutamente
innecesario en muchos de sus preceptos e inconveniente en otros, como
el que se refiere al ámbito de aplicación, el artículo 2. Estamos
nuevamente ante una muestra más de la perseverante actuación de
imagen del Gobierno del Partido Popular, la llamada video-política
que el señor Arenas practica tan profusamente; seguramente la señora
Villalobos también. Señora Villalobos, la recuerdo a usted cuando era
portavoz de la Comisión de Política Social y Emplo, cuando
discutíamos estos temas, pero por lo visto usted pasa ya
olímpicamente de estas cosas.
Por un lado ustedes con esta política de imagen intentan incrementar
el ranking de leyes que presentan ante este Parlamento, ya tiene
señor Arenas una ley más, la ley de cooperativas; por otro lado,
señor Arenas, esta ley le puede permitir a usted pasearse por
Andalucía (usted ha recordado que es la primera comunidad en número
de socios de cooperativas y la segunda en número de cooperativas)
para intentar competir o seguir compitiendo en una lucha imposible
con el presidente señor Chaves. Usted, con su propia ley bajo el
brazo, con una ley absolutamente inconstitucional, se puede permitir
dar alguna subvención que otra en Andalucía, pero nada más. Le
sugiero -y recojo el guante, señor ministro- que desista de su
obsesión. Mírese bien la ley andaluza, es un ejemplo de cómo se puede
favorecer el movimiento cooperativo. Copie algunos artículos del
texto de enmienda de totalidad que presentó su propio grupo, el Grupo
Popular en el Parlamento andaluz, incluso el que se refiere al ámbito
de aplicación, que usted no ha visto. Recoja enmiendas de su propio
grupo, algunas que le enmiendan a usted la plana sobre un tema tan
importante en las cooperativas como es el principio democrático que
usted ha olvidado en su proyecto de ley.
Con este resultado tráiganos un nuevo proyecto, o simplemente
tráiganos un proyecto de ley que modifique aquello que usted
considere pertinente de cara a favorecer el movimiento cooperativo de
la ley actualmente en vigor, que es una ley buena, una ley muy
aceptable. Déjese, señor ministro, de operaciones de imagen, se lo va
a agradecer el movimiento cooperativo, incluido en andaluz, y cuente
por descontado con nuestra colaboración. Recuerdo que el ámbito de
aplicación actualmente en vigor de la ley de cooperativas y recogido
en el artículo correspondiente de la Ley de 1987 fue pactado y
consensuado de verdad, entre otros
con los partidos nacionalistas que están en esta Cámara. La
disposición final de la ley en vigor pienso que es todo un modelo de
consenso y les puede servir, señor ministro señoras diputadas y
señores diputados del Partido Popular.
Seguiremos hablando sobre esto porque lo que nos interesa a todos no
es la imagen, señor ministro, sino cómo favorecer el movimiento
cooperativo. En esa vía de la que usted ha hablado, en la vía del
siglo XXI, se plantean nuevos retos como el de la globalización de la
economía. También a las cooperativas les afecta este reto actual.
Usted para nada se acuerda del proyecto de ley. Por eso le recuerdo
-se lo han dicho también los anteriores intervinientes- que se han
presentado nada más y nada menos que 433 enmiendas al proyecto. ¿Es
este un proyecto consensuado? No.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Arnau, vaya
concluyendo, por favor.
El señor ARNAU NAVARRO: Termino, señor presidente.
Puede serlo todavía, señor Arenas y señores del Partido Popular. Se
lo agradecerá el movimiento cooperativo, incluido el andaluz como he
dicho.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Arnau.
Para un turno en contra, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Popular, el señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Buenos días. Intervengo como es natural en
nombre del Grupo Parlamentario Popular, para dar respuesta a las tres
enmiendas de totalidad que se han presentado. Intentaré por tanto
señor presidente, hacer primero un análisis de estas tres enmiendas;
a continuación, un análisis de los motivos de totalidad;
posteriormente los motivos que reglamentariamente configuran lo que
debe ser una enmienda de totalidad; plantearé también una cuestión
procesal reglamentaria; analizaremos la oportunidad del proyecto, los
principios y su espíritu y también entraremos en el fondo de las
enmiendas.
Como se ha dicho ya y como ha quedado expuesto, hay tres enmiendas.
Una de ellas de Eusko Alkartasuna, que afecta fundamentalmente al
artículo 2 y que se fundamenta en la sentencia del Tribunal
Constitucional del año 1983, del 29 de julio, por la cual se
establecen una serie de matizaciones en relación con el ámbito
territorial intracomunitario para hablar también de determinadas
actividades instrumentales y de actividades típicas. Se dice que con
el proyecto de ley se pretende vaciar a las comunidades autónomas de
sus competencias exclusivas.
El Bloque Nacionalista Galego fundamenta su enmienda en tres
aspectos: el susodicho artículo 2, en el que ve la carencia de una
descripción del ámbito de aplicación autonómica de su propia
legislación; el
artículo 78, que afecta al grupo cooperativo. Se habla también de un
desequilibrio a la hora de configurar la ley y se citan cuestiones
como el administrador único, el voto plural o la presunta intromisión
en el consejo rector de personas ajenas al ámbito cooperativo.
Por último, la enmienda que acaba de defender el portavoz del Grupo
Socialista insiste en el artículo 2, en la disposición adicional
segunda, en el título II y en la inundación de competencias de las
comunidades autónomas. Un segundo factor para su enmienda de
totalidad es el artículo 16, sobre el derecho de información a los
socios cooperativos, y el tercero, aunque no se acaba de precisar en
qué consiste, alude a una presunta falta de equilibrio en el proyecto
de ley.
Por tanto hay cuatro bloques argumentales. El primero se refiere al
artículo 2, sobre las competencias de las comunidades autónomas; el
segundo a la supuesta falta de equilibrio denunciada por el Grupo
Socialista y concretada por el Bloque Nacionalista Galego al entender
este último que se favorecen formas de sociedades mercantiles comunes
o una asimilación en la forma jurídica de las sociedades cooperativas
a este ámbito de las sociedades mercantiles comunes; el tercer bloque
se refiere al artículo 16, sobre el derecho de información; y el
cuarto al artículo 78, sobre el grupo cooperativo, que plantea el
Bloque Nacionalista Galego.
Pues bien, el artículo 110 del Reglamento del Congreso establece con
claridad en su punto 3 lo que debe configurar un debate de totalidad
y por tanto una enmienda de totalidad, en este caso las tres
enmiendas de totalidad con solicitud de devolución, y dice que deben
versar sobre la oportunidad del proyecto, sobre los principios que lo
inspiran y el espíritu en que se sustenta el mismo.
He de decir (y ésta es una cuestión previa que puede tener algún
interés extradebate, al margen de la cuestión concreta que hoy nos
concita aquí por lo importante que es naturalmente) que el Reglamento
de esta Cámara prevé que se puedan plantear enmiendas parciales en un
tiempo determinado, sin embargo previamente ha concluido el plazo en
que se presentan las enmiendas de totalidad, de manera que
generalmente ocurre que no hay una concordancia temporal entre las
enmiendas parciales, que muchas veces dan respuesta, plantean
solución o dan cabal acogida a las preocupaciones que precedentemente
han sido motivo de preocupación a la hora de filosofar, a la hora de
argumentar esas enmiendas de totalidad. Por tanto, en ocasiones la
enmienda de totalidad viene cuando realmente hay una voluntad de los
grupos de la Cámara y en este caso del grupo mayoritario de los que
sustentan al Gobierno de dar solución a determinados problemas que
razonablemente se presentan. Planteo esto porque no sé si en la
ponencia que estudia la reforma del Reglamento se contempla la
posibilidad de que determinados proyectos de ley, previa petición de
los grupos, den pie a un debate de totalidad sin que sea menester la
existencia de una enmienda de tal naturaleza. Desde mi punto de vista
esto facilitaría que hubiera algo importante y que
yo agradezco: que hoy podamos estar discutiendo sobre la oportunidad,
sobre el espíritu y sobre los principios de una ley tan importante
como es el proyecto de ley de cooperativas que esta Cámara va a
analizar, va a debatir y va a aprobar en pro del sector cooperativo.
Tal vez en el futuro esto se pueda rectificar y sin obligar a
presentar enmiendas que tal vez no sean necesarias poder debatir
entre todos aspectos globales, aspectos generales, aspectos de
filosofía que tienen gran transcendencia, y no quedarnos abocados a
que no haya enmienda o que no hay debate nada más que parcial.
Dicho esto, analizando los motivos reglamentarios de totalidad, el
texto es oportuno, el proyecto de ley que trae el Gobierno a esta
Cámara es oportuno. Lo es porque contribuye a modernizar el sector
cooperativo; lo es por el interés mostrado por el sector cooperativo
y puedo hablar en primera persona por conocer directamente este
interés que me ha sido mostrado con reiteración; lo es porque lo
plantea también en su dictamen el Consejo Económico y Social al
hablar de este importante paso de adecuación a las nuevas figuras
mercantiles y a la globalización a que aludía el portavoz socialista;
lo es porque también hay que adecuarse a la propuesta de reglamento,
directiva y estatutos sobre cooperativas europeas de 6 de julio de
1993, en la cual se plantea la necesidad de adaptación de las
sociedades cooperativas a los cambios legislativos en materia de
derecho de sociedades; lo es también porque Naciones Unidas ha
instado, literalmente dicen que alientan a los gobiernos a garantizar
unas modificaciones legislativas que propicien un entorno adecuado,
que faciliten un entorno propicio a las mismas. Por tanto yo creo que
es totalmente oportuno, aunque se haya dicho dialécticamente lo
contrario, cuestión que perfectamente comprendemos más desde la
óptica política en la cual naturalmente uno tiene que sustentar su
enmienda y en la labor de oposición lógicamente hay que hacerlo de
esta forma, como tradicionalmente se viene haciendo, pero incluso los
argumentos esgrimidos por quien rebatía la realidad de oportunidad
del proyecto al final han acabado diciendo: háganse ustedes una
fotocopia de la ley andaluza porque introduce mejoras sustanciales de
cara a las cooperativas. ¿En qué quedamos, por tanto? ¿Es innecesario
e inoportuno el proyecto? ¿Es incambiable el de 1987? No. La Ley de
1987 fue una aportación francamente positiva que reconocemos y el
tiempo ha dado la razón, pero la situaciones socioeconómicas mudan,
cambian y hay que adaptarse a estas realidades. ¿A qué aluden los
principios del artículo 110.3.º del Reglamento de funcionamiento? En
primer lugar, se defiende el mandato constitucional de fomento de la
economía social que prevé el artículo 129.2.º de la Carta Magna. En
segundo término, también se defienden -aunque alguien haya podido
decir lo contrario- los principios cooperativos de la Alianza de
cooperativa internacional.
¿Cuál es el espíritu, finalmente? Modernizar, adaptar, poner en la
realidad social y económica de un mundo, nos guste o no cada vez más
complejo, más abierto, más global, más competitivo, más vertiginoso
en sus cambios, en sus estructuras, en sus posibilidades financieras,
en sus movilidades de mano de obra, en sus procesos de calidad, de
producción, de distribución, de comercialización, de afectación por
las actuaciones de terceros que incidan directamente en lo que
nosotros y nuestras cooperativas puedan estar haciendo. Al final
podríamos llegar a un debate peligroso o absurdo, que sería decir:
miren ustedes, no vamos a modificar nada, vamos a dejar una realidad
legislativa anquilosada, una realidad más o menos tutelar o
reglamentaria -que, desde luego, superó en mucho a la legislación
precedente, la mejoró mucho la ley de 1987- y vamos a ser puristas en
el sentido que ha planteado el representante del Bloque Nacionalista
Galego. Bien. Pues otros creemos que hay que facilitar la creación de
cooperativas, facilitar la creación de empleo, facilitar el acceso a
la participación económica de los trabajadores y facilitar la
existencia y viabilidad de cooperativas porque va a ser la única
forma de que se puedan mantener los principios cooperativos de
participación democrática, participación económica, adhesión
voluntaria, independencia y participación en interés comunitario. Si
no hay cooperativas no va a haber principios cooperativos que se
puedan mantener ni sustentar.
Entro por fin, señor presidente, en el capítulo estricto de las
enmiendas. Como se ha dicho y yo mismo he reiterado, el artículo 2 ha
sido el denominador común de la oposición articulada en estas tres
enmiendas de totalidad. El señor ministro ha tenido una intervención
clara, contundente y comprometida; yo puedo decir que el Grupo
Parlamentario Popular apoya naturalmente sus palabras y se compromete
formalmente, como de facto ha hecho ya vía enmienda parcial al
artículo 2, a la modificación que pueda satisfacer de mejor forma los
diversos planteamientos, sean los de Cepes, sean los de algunas
comunidades autónomas o sean los que fueren para llegar a una
articulación del ámbito de aplicación de la ley que en nada invada
competencia exclusiva de alguna comunidad autónoma, que todas la
tienen, y permita que concorde con la doctrina del Tribunal
Constitucional hagamos una ley que sea aplicable y viable para
aquellas sociedades que no sólo por estar afectadas a la competencia
estatal, sino por su vocación de presencia estatal requieran su
aplicación. Hemos planteado una enmienda parcial al viento o al hilo
del artículo 38 de la Constitución, es decir que cuando haya una
actuación extracomunitaria pueda existir libertad de opción por parte
de los órganos cooperativos a la hora de la sumisión a una
legislación u otra. Estamos abiertos a que sea de otra manera;
incluso estamos abiertos a replantearnos si al final el punto de
encuentro puede ser o no la disposición final de la Ley 3/1987,
actualmente en vigor, reguladora de las cooperativas y que se adecuó
perfectamente en su día a la doctrina constitucional. Ni el Gobierno
ni el Grupo
Parlamentario Popular hacen ninguna casus belli de esto. Lo que
ocurre es que técnicamente es un problema complicado, y de hecho las
enmiendas que han articulado los grupos que han intervenido hasta el
momento no dan cabal satisfacción al problema. Ustedes se refieren a
las comunidades que tengan competencia exclusiva en la materia, pero
¿qué ocurre con aquellas comunidades que tienen competencia exclusiva
en la materia y que no han legislado, que no tienen legislación de
cooperativas en la comunidad y tampoco puede serle de aplicación la
ley estatal? Esto quiere decir que el tema tiene complejidad técnica
y hasta el momento nadie ha acertado ni ha hecho bingo en la apuesta.
Estoy convencido de que en ponencia y en Comisión vamos a llegar a un
acuerdo que fructifique en una salida positiva para el sector
cooperativo, para el respeto a las comunidades y también para el
respeto a las competencias del Estado.
En cuanto a la falta de equilibrio, yo creo que tal falta no existe
por ningún lado y así lo he expuesto hace un momento; podríamos
pormenorizar, pero el tiempo va pasando. Ya he dicho que hay demandas
de la Unión Europea, de las Naciones Unidas, del Consejo Económico y
Social y del sector cooperativo que son acogidas, pero cuando se
habla de equilibrio probablemente será porque se trate de una ley que
se reconoce por los enmendantes que necesita estar equilibrada por su
sensibilidad en el sentido de que no es una ley. Podríamos poner
ejemplos. Hay leyes que no es necesario que estén o no equilibradas;
si hablamos de despenalizar la pena de muerte, todos estamos de
acuerdo y ahí no hay que equilibrar nada; si hablamos de la
protección de los derechos del menor, tampoco hay que equilibrar nada
porque todos estamos a favor de esa protección. Aquí evidentemente
hay que proteger el mantenimiento del espíritu cooperativo auténtico
con la posibilidad de viabilidad de las cooperativas en el mundo
económico actual. Ese equilibrio creo que fundamentalmente se
consigue, pero estamos abiertos, y lo repito una vez más, al diálogo,
al acuerdo, al fruto dentro de este diálogo y de este acuerdo en
ponencia y en Comisión, vía enmiendas parciales como todos los grupos
han planteado y que son casi medio millar, aunque yo diría que por su
naturaleza no exceden de 70 u 80 si incluimos las de Coalición
Canaria, que tienen la particularidad de ser prácticamente originales
con relación a las de los demás grupos, muchas de las cuales son
repetitivas de lo que plantea Cepes.
El derecho de información. Decía la exposición de motivos, y se puede
afinar, que debíamos permitir una mayor autorregulación de las
sociedades cooperativas a través de los estatutos, y por tanto el
bosquejo, la articulación del proyecto en relación con el artículo 16
preveía esto. Nosotros entendemos que puede plantear suspicacias y
dudas y que puede afectar a sensibilidades y por ello hemos planteado
una modificación del punto tercero al artículo 16 y hemos añadido un
punto cuarto reglamentando, describiendo y sujetando los derechos de
información que tienen los socios cooperativos
para que absolutamente nadie crea que se quiere dejar a alguien en
situación de indefensión. Señores, si existía esa sensibilidad o esa
suspicacia, quede totalmente subsanada y pueden ustedes estar
tranquilos; nuestra enmienda número 294 creo que avala ampliamente lo
que estoy diciendo.
Y por fin el grupo cooperativo. El grupo cooperativo es una realidad,
realmente el proyecto hace una descripción de dicho grupo
interesante, probablemente incide más en aspectos teóricos de lo que
nosotros planteamos en la enmienda que aparece con el número 306, con
la que sencillamente regulamos una situación fáctica. Como
guipuzcoano puedo recordar que hay una corporación importante, que es
Mondragón Corporación Cooperativa, que ha permitido por esa
solidaridad entre cooperativas y por la existencia de ese grupo, que
cooperativas que no tenían viabilidad, socios cooperativos que iban a
ir al desempleo y actividades que se iban a cerrar fueran
incardinadas en el tejido solidario del resto de cooperativas del
grupo y se mantuviera el empleo y la actividad.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Azpiroz, vaya
concluyendo, por favor.
El señor AZPIROZ VILLAR: Voy concluyendo, señor presidente.
Que se mantuviera la actividad, y que en definitiva se dotara de un
elemento importante a la hora de incentivar a la gente a participar
en un proyecto cooperativo como es la solidaridad y la estabilidad en
el empleo, no sólo en su propia cooperativa sino entre otras.
Por tanto, en este sentido quiero aquietar al Bloque Nacionalista
Galego con toda la claridad del mundo, porque creo que es un hecho
muy positivo y este hecho positivo, insisto, propicia que también se
puedan mantener de esta forma los principios cooperativos.
Concluyo agradeciendo sinceramente las enmiendas porque han hecho
posible que debatamos de forma global y yo creo que esto es
importante. Sin embargo, y no lo digo dialécticamente, creo que
cuando todo el debate de totalidad concluya, debería plantearse
seriamente en este ánimo constructivo que a todos nos anima la
retirada de las enmiendas, porque a la vista de las enmiendas
parciales presentadas por nuestro grupo, de lo expuesto por el señor
ministro y de lo que yo ahora aquí modestamente reitero, creo que
carecen de sustancia de totalidad. Sería bueno hacer un esfuerzo
porque el Parlamento también está para hablar, para que nos
entendamos y no sólo para mantener posturas de oposición al Gobierno,
sino para que nos entendamos e intentemos iniciar entre todos una ley
de todos para un sector importante como es el de cooperativas desde
un ánimo constructivo, desde un ánimo de consenso, desde un ánimo que
ya lo planteamos ahora para que en Comisión fructifique realmente,
como se
ha dicho, en pro de un sector de la economía social tan importante
como el de las cooperativas.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Termine, señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Concluyo con una sola mención, señor
presidente, y discúlpeme pero tres enmiendas a la totalidad no dejan
de ser tres.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Ya lo había tenido en cuenta.
El señor AZPIROZ VILLAR: Se lo agradezco y voy a concluir.
Quiero simplemente disipar una duda que ha manifestado el señor Arnau
en relación con el artículo 102, respecto a las cooperativas
sanitarias.
Insisto en que estamos abiertos con todo el ánimo a debatir y a
dialogar, pero le voy a decir que si no planteamos el texto que hemos
presentado y no hubiéramos formulado nuestra enmienda, nos hubiéramos
encontrado con que decapitábamos al único grupo cooperativo sanitario
existente en España. Usted conoce al señor Spriu y conoce su obra en
todo el país. La cooperativa Laviana ha tenido que constituir una
sociedad instrumental Asisa por la legislación de seguros. Dotábamos
esto de forma adecuada o al final nos cargábamos -como suena- una
sociedad cooperativa. No hay ninguna trampa en esta cuestión, no hay
ninguna triquiñuela, no ha habido ninguna constitución de sociedad
sanitaria o cooperativa sanitaria por esa vía salvo ésta, que tiene
que actuar en el mercado a través de una sociedad anónima porque la
Ley del seguro limita y modifica ese campo. Por tanto, no se trata de
ningún tema sanitario ni de privatización. Si lo fuera no dude que se
lo diría. Si fuera así y yo creyera en eso, se lo diría con claridad
y lo motivaría con todas las razones.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Azpiroz.
Señora Lasagabaster, para un turno de réplica tiene la palabra.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias, señor presidente.
Seré muy breve. Ciertamente creo que el señor Azpiroz ha hecho un
gran trabajo en pro del Grupo Popular. Es verdad que con su cortesía
parlamentaria, ya experimentada por todos los que le conocemos desde
hace muchos años, ha tratado de defender las posiciones del Gobierno,
como no podía ser de otra manera; pero lo cierto es, señor Azpiroz,
que no puedo retirar la enmienda de totalidad porque me ha dado la
razón en todo. Es verdad que un debate político sería necesario en
todos los temas de calado político, y en ese sentido creo no esconder
nada si decimos que la ponencia de reforma del Reglamento así lo ve,
pero otra cosa es
cuando se produce un proyecto de ley y se presenta en la Cámara que
incluye cuestiones que desde un punto de vista jurídico-político no
son aceptables y además tienen gran calado político. Mi enmienda de
devolución ha sido a un tema clave.
A lo largo de toda su intervención, señor Azpiroz, ha señalado que es
verdad que no se ha acertado. Todos los grupos parlamentarios estamos
dispuestos a hacer la labor de llegar a un consenso en la redacción o
en el punto adecuado, pero eso sería mediante una proposición de ley.
Lo cierto es que el Gobierno tiene el deber, tiene la obligación y
tiene el derecho de presentar proyectos de ley. En éste no ha
acertado. Por eso, y no exclusivamente por labor de oposición sino
por el contenido del proyecto en ese punto concreto, hemos presentado
una enmienda de devolución.
Siento no poder satisfacer su deseo de que la retire porque
sinceramente y a pesar de defender al Grupo Popular, me acaba de dar
toda la razón.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Lasagabaster.
Señor Arnau, tiene la palabra por cinco minutos.
El señor ARNAU NAVARRO: Gracias, señor presidente.
El señor Azpiroz ha hecho su papel en defensa de este proyecto de
ley, pese a que su grupo ha presentado casi 30 enmiendas al mismo.
Ha descalificado la enmienda de totalidad casi sin argumentos; le
parece poco sustancioso que este proyecto de ley cambie el sistema
competencial o de distribución de competencias entre el Estado y
comunidades autónomas en materia de legislación de cooperativas, y
nos ha dicho que es necesario reformar el Reglamento de la Cámara,
cosa en la que ya sabe estamos de acuerdo. Califica el proyecto de
ley de oportuno, dice que moderniza el instrumento jurídico de
regulación del sector, pero se olvida de que el Gobierno, al cual
respalda su grupo, entre otras cosas ha limitado el derecho de
información de los socios, lo cual no tiene nada que ver con la
modernización del sector. No estoy recurriendo a recursos
dialécticos, es así. Suprimen derechos de información del sector; es
decir rompen ese principio democrático que como sabe es el más
importante de los principios cooperativos.
Se ha limitado también a hablarnos de las Naciones Unidas. ¡Hasta ahí
podíamos llegar!, que fueran Naciones Unidas las que están informando
el proyecto de ley del Gobierno del Partido Popular. En estos
momentos, por decisión de mi grupo, llevo algunos asuntos
internacionales que tienen relación con los temas sociales y le
aseguro que tanto el informe de las Naciones Unidas como el que
estamos haciendo sobre economía social en el Consejo de Europa tratan
de armonizar las distintas legislaciones y las experiencias
cooperativas de todos los países a efectos de proporcionar
instrumentos de gestión y cooperativos, sobre todo a los países del
Este, que necesitan en estos momentos esta forma jurídica de
sociedad, o, por ejemplo, para Indonesia, sobre el que estos días el
Herald Tribune traía una información acerca de que se está
recurriendo a la llamada economía del pueblo para hacer frente a las
crisis y en concreto a la crisis asiática por la que se está
atravesando en estos momentos.
Dice que es complicado regular el ámbito de aplicación de una ley de
cooperativas. Yo no lo creo así. No fue complicado en el año 1987.
Llegamos a un acuerdo con todos los grupos parlamentarios, incluidos
los grupos del PNV y Convergència i Unió. No es nada complicado. Hay
que seguir la doctrina del Tribunal Constitucional y hay que seguir,
y se le da una fórmula exacta, lo que dice el CES; la fórmula nos
parece apropiada y es la que recogemos nosotros en nuestras
enmiendas.
El problema, señor Azpiroz, es que ustedes no creen en esto. Lo de la
economía social les suena raro. Por eso le voy a dar datos. Lo que
hizo su Gobierno fue suprimir, por ejemplo, el Infes, el Instituto
Nacional de Fomento de la Economía Social, modificó negativamente
aquí la proposición de ley que presentamos sobre las sociedades
laborales y ha reducido las subvenciones a las cooperativas y al
movimiento de economía social. Le voy a dar más cifras. Datos de la
encuesta de población activa muestran que en los últimos tres años se
ha reducido en un 20 por ciento el número de ocupados miembros de
cooperativas nacionales. Es un dato estadístico que habrán de tener
en consideración a la hora de modificar su actitud en relación con la
economía social. En el tercer trimestre de 1998 había 80.710 socios
cooperativistas y en el tercer trimestre de 1995, 106.150. Vuelven
ustedes atrás, a los años 1987 y 1988, y todo esto es consecuencia de
una política nefasta para la economía social y para el movimiento
cooperativo.
Con todo -y ya ve que se lo digo con mi mejor intención- el Grupo
Parlamentario Socialista está dispuesto a llegar a un acuerdo con
ustedes en los temas más importantes de este proyecto de ley y, en
concreto, sobre el ámbito de aplicación a las cooperativas de este
país. Podremos llegar a un acuerdo, pero no me tergiverse las cosas.
Aquí hay un grupo que se preocupa por la economía social, lo ha
demostrado, presentó una ley que está en vigor y esa ley tiene estos
efectos, que aumentó el número de socios en los años inmediatamente
posteriores a su entrada en vigor, y ustedes han conseguido unos
efectos contrarios, reducir el número de socios, reducir la
protección de la economía social y como he dicho ya -y no entro en
más berenjenales- intentar sólo y exclusivamente una operación de
imagen para que el señor ministro Arenas se pasee tranquilamente, en
particular en Andalucía, con su ley colgada del brazo. Posiblemente
lo pueda hacer, pero intentaremos que esa ley, señor presidente, sea
al menos constitucional.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Arnau.
Señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Muchas gracias, señor presidente.
Me veo obligado a hacer algunas puntualizaciones. Probablemente no me
expliqué bien y quizá esa sea la razón por la que no se me quiera
entender.
He dicho que había cosas del proyecto que eran rectificables
necesariamente. Lo ha dicho el ministro, lo hemos expuesto nosotros y
ha propuesto un acuerdo en torno al ámbito de aplicación de la ley,
que es el eje vertebrador de la enmienda de totalidad. Lo que sí digo
es que ahora estamos en sede parlamentaria, no en sede gubernamental.
Ello implica que va a haber negociaciones y planteamientos en
relación con las enmiendas y va a haber votaciones. Estoy diciendo
que mi grupo está por la labor -por expresarme en términos vulgares-,
está por llegar a una solución. Por tanto, desde esa perspectiva
considero innecesarias las enmiendas a la totalidad. Entiendo que se
mantengan testimonialmente, pero son innecesarias.
No es tan pacífico el tema cuando ustedes plantean una enmienda -no
son los únicos- a Cepes, que dice: Al artículo 2. La presente ley
será de aplicación a las sociedades cooperativas que llevan a cabo
relaciones de carácter interno con sus socios definitorias del objeto
social en el territorio de más de una comunidad autónoma o en las
ciudades de Ceuta y Melilla, salvo que dichas relaciones se produzcan
principalmente en el territorio de una comunidad autónoma con
competencia exclusiva en la materia. Salvo Ceuta y Melilla, todas
tienen competencia exclusiva. Si nosotros admitimos lo que usted
plantea, aquellas cooperativas residenciadas en comunidades que no
han legislado y que tienen una actuación extracomunitaria no tienen
marco legal en el cual desenvolverse. Esto es así. Por tanto, creo
que todos debemos tener una cierta flexibilidad y humildad a la hora
de hacer los análisis, que creo que es la mejor forma de iniciar un
diálogo sensato, sobre bases sólidas y constructivas.
Respecto al artículo 16 he intentado explicar las razones por las
cuales se trajo como viene en el proyecto, con la convicción de que
era positivo en el estadio actual del sector cooperativo permitir un
mayor nivel de autorregulación y, por tanto, vía estatutos,
prefigurar el marco de información que los socios a sí mismos se
querían dar. Si ante esta libertad se entiende que en razón de
prácticas anteriores o del marco legislativo en vigor es preferible
determinarlo y detallarlo, hágase. Ustedes lo han hecho por vía de
una enmienda y nosotros también, por lo que existe una voluntad
concorde de llevar a cabo estos acuerdos.
En cuanto a la armonización fiscal europea, evidentemente -y esta es
una de las razones que avalan la oportunidad de este proyecto de
ley-, debemos buscar la armonización con la legislación de sociedades
mercantiles que a nivel europeo se nos ha trasladado a los
diversos Estados y con una realidad mercantil societaria de carácter
diferente a la existente en el año 1987.
Economía social. Creo que hablar de eso queda muy bonito, pero los
hechos están ahí. Por ejemplo, el Gobierno que defiende este grupo
llegó al poder y no existía una posibilidad de exención fiscal a la
hora de capitalizar el desempleo para entrar en una cooperativa o en
una sociedad laboral. No recuerdo que el Gobierno anterior lo hubiera
resuelto. Si eso es apoyar la economía social, que se vea. Y si se
dice que nosotros no tenemos sensibilidad respecto a la economía
social, no sé por qué me envían a mí estas cartas. (Rumores.) A lo
mejor el señor presidente quiere posteriormente, vía artículo 72.2
del Reglamento, que se dé lectura. Nos agradecen y nos felicitan
desde el Cepes por nuestra actuación en esta materia. Si tiene
interés el portavoz socialista, posteriormente cabe que se haga la
lectura por esa vía.
En cuanto a la reducción de empleo usted sabe -porque conoce muy bien
el sector cooperativo y la economía social- que la economía social
también tiene un sustrato de nacimiento -aunque no todo- que, no nos
engañemos, no es en todos los casos por un afán de solidaridad o de
democracia, sino por un afán de sobrevivir cuando determinados
trabajadores, por desgracia, han caído en el desempleo. Esta es una
realidad. Entonces se unen para sacar un proyecto adelante o para
reflotar en la medida de lo posible lo que quedaba de la empresa
precedente. Sucede que cuando el ciclo económico y el empleo en
general, como está consiguiendo este Gobierno, van hacia arriba las
necesidades sociales y reales de los trabajadores se ven disminuidas
en este sentido y se ven menos personas abocadas a utilizar un
instrumento tan digno, tan positivo y tan razonable como es el de la
economía social, sean sociedades laborales o cooperativas. No nos
engañemos, por tanto. El empleo en el sector cooperativo y la propia
creación de cooperativas siempre van a tener un componente cíclico y
nos podemos remontar las décadas que queramos hacía atrás para verlo.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Azpiroz, termine, por
favor.
El señor AZPIROZ VILLAR: Termino en seguida, señor presidente.
Lo que ocurre es que la parte positiva, frente a esa negativa -entre
comillas-, de reducción de empleo en algunas cooperativas, es la de
mucho mayor empleo en el conjunto de la sociedad y ojalá de una forma
u otra haya pleno empleo un día no muy lejano.
Concluyo con una alusión a las enmiendas. Decía que nosotros hemos
planteado casi treinta. Yo le preguntaría al señor Arnau cuántas
enmiendas presentó el Grupo Parlamentario Socialista a la Ley de
Cooperativas andaluza. Prefiero no decirlo.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Azpiroz.
¿Grupos parlamentarios que no hayan intervenido en el debate y que
quieran fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros valoramos positivamente que el Gobierno haya tomado la
iniciativa de presentar un proyecto de ley de cooperativas por las
siguientes razones. En primer lugar, hay un mandato en el artículo
129.2 de la Constitución española que viene a proteger de manera
constitucional la figura de las sociedades cooperativas como un
fenómeno de libre adscripción en una economía libre de mercado, que
permite, en unos cauces distintos de las grandes sociedades anónimas
o de las sociedades limitadas y de las grandes figuras de la economía
de mercado, tener esta opción de amplia raigambre y de justificación
social con unos efectos económicos en la figura de las cooperativas
en cualquiera de sus tipos.
El tiempo transcurrido también hace que muchos aspectos de la Ley 3/
1987, de Cooperativas, tras once años, se hayan visto afectados por
una serie de dinámicas, sobre todo generadas por la influencia desde
1986, un año antes de la aprobación de esta vigente Ley de
Cooperativas, de la introducción de España en el marco de la Unión
Europea, entonces Comunidad Económica Europea. Por tanto, se hace
necesaria una adecuación de orden jurídico-legal al fenómeno del
cooperativismo. Cuando vemos que las estructuras productivas,
laborales y económicas en nuestro país se comportan de cierta manera
es necesario también introducirse en este sendero. Justificamos
plenamente por tanto, y nos sumamos a ellas, las palabras que en la
presentación de este proyecto ha dicho el señor Arenas, ministro de
Trabajo. Viene a justificarse la ley por una necesidad política y de
adecuación en un tema verdaderamente complejo, ya que, vista la
figura de la Ley de Cooperativas, la que se había generado al amparo
de la de 1987, tenía una heterogeneidad tremenda. En campos que me
son más inmediatos por el ejercicio profesional, como son las
cooperativas agrarias en el área del archipiélago canario, tiene una
trascendencia fundamental, dado que no existe prácticamente otro tipo
de figura societaria, ni sociedades anónimas ni sociedades limitadas,
por ejemplo en el área de la producción de nuestro cultivo
emblemático, como es el plátano. Y qué decir de otras partes del
territorio nacional español con cooperativas agrarias de este tipo.
Cuando nos pasamos, por ejemplo, al mundo de las cooperativas de
servicios, la dinámica que se ha planteado hace necesaria una
adecuación de la legislación, y hoy tenemos cooperativas que se han
extendido en el campo médico. Vemos que la prestación de servicios
médicos está adquiriendo para muchos profesionales de la medicina o
de entidades concertadas la fórmula de la cooperativa. Junto a esto
también está el fenómeno que se superpone del desarrollo de las
competencias
de las comunidades autónomas, que estas han venido ejerciendo
desde 1987 en razón de las competencias reconocidas en los estatutos
de autonomía, desarrollando una legislación sobre el mundo
cooperativo, y aquí hay que armonizar.
Indudablemente, un texto de estas características -y no ha sido ajena
a ello la línea de cautela con que el ministro Arenas lo ha expuesto-
necesita entender el fenómeno de su propia complejidad. A eso nuestro
grupo contribuye con una serie de enmiendas, 58 en total, que llevan
un criterio positivo, constructivo y perfeccionador de las distintas
ópticas con que se puede ver el complejo fenómeno cooperativo, porque
el cooperativismo no es un fenómeno singular; esta no es una ley de
telecomunicaciones o de transportes, que puede afectar a determinados
usuarios o a determinados incitadores del proceso generador de la
norma. Es un mundo tan complejo, afortunadamente, que denota los
sistemas con que se dotan los distintos sectores productivos de la
sociedad española. En esa línea vamos nosotros buscando al mismo
tiempo un equilibrio con aquellas competencias de las comunidades
autónomas, dado el ámbito territorial en que pueden moverse estas
cooperativas y que hoy en un mundo moderno es todavía mucho más
complejo y heterogéneo. De aquí que no consideremos pertinente la
aceptación de estas enmiendas de totalidad, porque en las
justificaciones que se han presentado, señor presidente, hay
cuestiones que no son merecedoras de un juicio tan peyorativo que
justifique una enmienda de totalidad de devolución. Creemos -ya lo ha
dicho el portavoz socialista-, que si no ha habido un consenso con
determinadas fuerzas parlamentarias en la redacción del borrador del
anteproyecto, ahora sí cabe un generoso y amplio debate, dada la
batería de enmiendas que se han presentado, para que este escenario
se pueda verificar en la ponencia y en la Comisión.
Se habla de limitación de los derechos de información de los socios.
Nosotros hemos planteado en nuestras enmiendas, ya desde el
preámbulo, principios que son programáticos, por ejemplo, los que
están recogidos en leyes de cooperativas que existen en otros países
y, fundamentalmente, en la institución denominada Alianza Cooperativa
Internacional. Son los principios de adhesión voluntaria y abierta;
gestión democrática de los socios; participación económica de los
mismos; autonomía e independencia; educación, formación e
información; cooperación entre cooperativas e interés por la
comunidad. Estos principios consagrados que hemos tomado como
frontispicio de la primera de nuestras enmiendas, proclamados por la
Alianza Cooperativa Internacional, se tienen que recoger plenamente
con este amplio abanico de enmiendas que hay. Por tanto, derecho a la
información, sí, perfecciónese en la enmienda del artículo
correspondiente, pero esto no es plomo para llevar el texto a la
profundidad del silencio de esta Cámara y devolvérselo al Gobierno.
¿Que se quieren hacer otras precisiones como la faltade equilibrio
entre el principio de flexibilidad de la
regulación entre las entidades y las normas protectoras? Corríjase en
el trámite de enmiendas porque creo que hay percha suficiente para
que estas cuestiones contribuyan a aquello en lo que debemos estar de
acuerdo todas las fuerzas políticas, porque una vez que se ha
aceptado constitucional y políticamente, no hay ninguna fuerza
política en la Cámara que, en el marco de una economía libre de
mercado y en competencia leal y legal con las sociedades anónimas o
cualquier otra forma societaria que el derecho civil reconozca, se
oponga a que, con la aportación de todos, potenciemos este fenómeno
del cooperativismo que se refleja hoy día en el proyecto de ley de
cooperativas.
Por eso, señor presidente, y termino, mi grupo va a votar en contra
de estas enmiendas a la totalidad, aunque comparte alguno de los
juicios críticos que se han hecho, porque esta ley, por su naturaleza
y contenido, se presta a todas las valoraciones que queramos hacer.
Podemos corregir cualquier defecto técnico de falta de ensamblaje.
Nuestro ánimo y voluntad está en esta línea de cooperación con las 58
enmiendas que hemos presentado y esto justifica nuestro voto en
contra de las enmiendas de devolución.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Caballero.
El señor CABALLERO BASAÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-
PNV) para fijar la postura de éste en relación con las enmiendas de
devolución al Gobierno presentadas al proyecto de ley de
cooperativas.
En primer lugar, debo señalar que estamos sustancialmente de acuerdo
con buena parte de la argumentación esgrimida por los grupos
parlamentarios que han presentado enmiendas de totalidad al proyecto
de ley. Este proyecto, en efecto, establece unos criterios muy
rígidos y centralizadores a la hora de definir el ámbito de
aplicación de las distintas leyes autonómicas. Así, según el criterio
que recoge el tantas veces citado artículo 2, cualquier cooperativa
que realizase parte de su actividad cooperativizadora, aunque sea
mínima, fuera del territorio de la comunidad autónoma donde
desarrolla mayoritariamente aquélla, quedaría bajo el ámbito de esta
ley estatal. Entendemos que esto vulnera el marco competencial de las
comunidades autónomas con competencia exclusiva en materia de
cooperativas. En este sentido, nos parece necesario establecer una
fórmula que impida que por el hecho de desarrollar una mínima parte
de la actividad fuera de la comunidad autónoma en cuestión, la
cooperativa se vea obligada al cambio de la legislación que le
resulta aplicable. Esta opinión, como ya se ha dicho, es defendida
asimismo por el Consejo Económico y Social del
Estado, al igual que por el Consejo General del Poder Judicial en su
pleno celebrado el 20 de mayo de 1998.
Por cierto, resulta irónico escuchar al portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista defender el ámbito vasco o catalán de
decisión, cuando precisamente ha sido hace unos pocos días el claro
rechazo al contenido que supone esta expresión por parte de la
sucursal que el PSOE tiene en Euskadi el motivo que ha supuesto la
ruptura de las conversaciones para la formación del nuevo Gobierno
vasco. ¿Es que ha cambiado la posición del PSOE y pronto le veremos
apoyando, por ejemplo, el ámbito autónomo vasco de relaciones
laborales de acuerdo con lo que solicita la gran mayoría sindical de
Euskadi?
Por otro lado, para evitar la inseguridad jurídica impuesta por el
mercado, consideramos la necesidad de modificar el texto actual de
varios artículos del proyecto, a fin de que, sin contradecir los
principios de la norma, tampoco encuentren las cooperativas mayores
obstáculos como empresas que desarrollan su actividad en unos
mercados muy concretos.
Además, parece necesario establecer de una forma explícita aspectos
referidos a la prestación por desempleo y otras actuaciones sociales
que consideren la equiparación de los socios trabajadores con los
asalariados en materia de dichas prestaciones, con el objeto de
eliminar posibles interpretaciones restrictivas, dado que pese a las
numerosas promesas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
estas quedan continuamente sin respuestas positivas. A tal fin, junto
con algunos aspectos puramente técnicos, hemos presentado un numeroso
grupo de enmiendas, hasta un total de 82, al articulado de este
proyecto de ley.
Por otro lado, entendemos que una ley de esta importancia debe
elaborarse en el contexto del más amplio consenso posible, teniendo
en cuenta que afecta a unos sectores sociales y económicos muy
amplios. Por ello, no hemos presentado una enmienda a la totalidad ni
vamos a apoyar las sometidas a debate hoy, en espera de que mediante
las numerosas enmiendas presentadas al articulado pueda lograrse el
consenso necesario modificando sustancialmente el proyecto de ley que
debatimos.
Finalmente, si esta voluntad de consenso, que supone como digo un
profundo cambio en el contenido del articulado del proyecto de ley
presentado, no fuese asumida, como también se ha manifestado, en
sentido positivo por el grupo parlamentario que apoya al Gobierno,
anunciamos que difícilmente podremos apoyar el producto resultante. A
ese respecto, como digo, nos parece positivo el deseo manifestado por
el portavoz del Grupo Parlamentario Popular y también por el señor
ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de mejorar el proyecto de ley
a lo largo del trámite parlamentario y esperamos que pueda alcanzarse
el consenso al que anteriormente he aludido, para lograr el cual
nuestro grupo está totalmente abierto, siempre que se manifieste en
hechos que superen las puras intenciones dialécticas.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Caballero.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señor presidente.
Intervengo para fijar posición ante estas tres enmiendas a la
totalidad que se debaten esta mañana. Como muy inteligentemente
afirmaba el señor Azpiroz, también agradezco a los grupos
parlamentarios que han planteado las mismas la oportunidad que nos
dan de debatir los elementos políticos centrales de esta iniciativa
del Gobierno y, de manera muy específica, en el caso de las enmiendas
del Bloque Nacionalista Galego y de Eusko Alkartasuna, que se
afrontan desde la perspectiva básicamente coincidente con
Convergència i Unió en aquello que hace referencia al ámbito de
aplicación de esta futura ley.
Afrontamos un debate no exento de polémica ni de posiciones alejadas
entre los grupos parlamentarios que conforman la mayoría de esta
Cámara, los grupos de la oposición y el propio sector cooperativo. No
en balde, también se ha recordado, en una ley de 120 artículos y 19
disposiciones vamos a tramitar 433 enmiendas y tres enmiendas a la
totalidad, además en relación con un sector, el cooperativo, que en
el último año ha vivido de manera muy intensa todo este debate y que
ha visto cómo finalmente el texto llegaba a esta Cámara, seguramente
sin el consenso social suficiente y sin haber resuelto, es cierto
también, como se ha recordado en el debate, aquello que para nosotros
es fundamental en relación a este proyecto de ley, que es su ámbito
de aplicación. De ahí que no sea casualidad que el conjunto de grupos
parlamentarios empezando por el grupo del Gobierno, el Grupo Popular,
haya enmendado también el artículo 2.
Nosotros confiamos en que en el debate en ponencia y Comisión podamos
resolver todas las cuestiones que quedan abiertas. Tanto la
intervención del señor Azpiroz como la del propio ministro nos hacen
esperar que se resuelva esta cuestión. Como consecuencia, este
trámite procesal tan sólo puede tener como respuesta nuestro voto
negativo a las tres enmiendas. (El señor vicepresidente, Fernández-
Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Debo señalar, en el mismo sentido que lo hacía el señor Caballero,
que sentirnos satisfechos o no de esta ley -y poder dar nuestro apoyo
final a la misma- va a ir ligado fundamentalmente a la resolución del
artículo 2 en su referencia al ámbito de aplicación. Si no podemos
sentirnos satisfechos en esta materia, difícilmente vamos a facilitar
el trámite parlamentario de este proyecto. De todas formas,
afrontamos el debate con confianza y con tranquilidad.
Los argumentos en relación al artículo 2 se han dado por otros
portavoces e incluso por el señor Azpiroz. A nuestro entender, el
redactado que el Gobierno ha hecho llegar no respeta las competencias
exclusivas
que en esta materia tienen las comunidades autónomas y este es un
aspecto esencial. En la misma línea del dictamen del CES entendemos
que se introduce un criterio excesivamente rígido y que implica un
retroceso en la actual situación, porque, al vaciar de contenido la
competencia exclusiva, reserva para las comunidades autónomas la
capacidad de legislar para las cooperativas más pequeñas; permite
crear dudas sobre qué legislación se debe aplicar en cada caso; no
aprovecha las oportunidades que el crecimiento económico puede dar al
sector cooperativo y, es más, puede incluso desincentivar el
crecimiento del mismo. Se aleja de las últimas posiciones del
Tribunal Constitucional. En este sentido hemos presentado la enmienda
número 313, que establece un primer ámbito de aplicación para
aquellas comunidades autónomas que no hayan asumido competencias
legislativas en materia de cooperativas y un segundo ámbito para
aquellas sociedades cooperativas que desarrollen principalmente su
actividad cooperativizadora fuera del territorio de la comunidad
autónoma en donde tengan establecido su domicilio social. Nos parece
que esta enmienda podría resolver perfectamente buena parte de las
dudas que hoy se plantean en relación a esta cuestión.
Recordemos que existen legislaciones o reglamentaciones recientes que
resuelven la cuestión de esta misma manera. En este sentido el
reglamento de fundaciones de competencia estatal de 1996 establece
que es de aplicación a las fundaciones que desarrollen principalmente
sus funciones en el territorio de más de una comunidad autónoma. Nos
parece que ahí puede estar la solución, solución que se base en la
competencia exclusiva y que dé flexibilidad y seguridad jurídica.
Al señor Arnau tengo que decirle que estoy absolutamente de acuerdo
con lo que me dice, pero el Grupo Parlamentario Catalán expresa su
confianza en que el actual Gobierno y el Partido Popular sean más
sensibles a estos planteamientos de lo que fueron gobiernos
anteriores; gobiernos que precisamente recurrieron las leyes de
cooperativas por entender que esa referencia al ámbito principal de
actuaciones era inconstitucional. Señor Arnau, con mucha sinceridad y
con mucho cariño le tengo que decir que poca credibilidad nos merecen
sus palabras, no por usted, sino por lo que usted representa.
El Gobierno al presentar este proyecto de ley ha tenido que adaptarse
a los cambios económicos, incorporando principios de gestión
empresarial y concretando oportunidades de creación de empleo que
tiene este sector. Al mismo tiempo, y también es objeto de debate
y espero que en la ponencia podamos avanzar, existe la sensación de que
el modelo planteado no ha quedado suficientemente equilibrado en
cuanto a esos principios cooperativos y a esas oportunidades del
mercado.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
Campuzano, le ruego vaya concluyendo.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Existe el riesgo de que debilitemos
determinados instrumentos del mundo cooperativo que hoy han permitido
que el mismo se desarrolle y que, al mismo tiempo, no consolidemos
determinadas realidades que son respuestas del propio momento
cooperativo a la evolución de los tiempos. Hemos de reencontrar ese
equilibrio y esta va a ser también una prioridad de nuestro grupo
parlamentario.
Finalmente, este proyecto de ley nos da la oportunidad a todos de
situar de verdad al ámbito cooperativo como una prioridad del
conjunto de las políticas públicas del Estado español y,
concretamente, de las destinadas a la creación de empleo. No puede
volver a suceder lo que ha pasado recientemente: que el Gobierno
aprueba un decreto que regula la cotización cero para las bajas por
maternidad y nos vemos obligados, tanto el Grupo Popular, como el
Grupo Vasco, como Convergència i Unió, a presentar enmiendas en el
Senado para resolver esta cuestión. Hemos de normalizar esa presencia
del mundo cooperativo como mundo creador de empleo, como mundo
creador de ocupación, para no tener que actuar después, y hay
enmiendas de los diversos grupos que van en esa línea. Al mismo nivel
de normalidad, hemos de ser capaces de incorporar al diálogo social
también al mundo cooperativo. Soluciones de política económica y
social que hoy se sustentan básicamente en el diálogo entre el
Gobierno, el mundo sindical y el mundo empresarial estricto, la CEOE,
deben merecer también la participación del tercer sector en su
sentido más amplio y aquella parte del tercer sector hoy más
estructurada, con más capacidad de influencia, que es el sector
cooperativo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor
Campuzano, le ruego concluya.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: En este sentido, esperemos que el
trámite de este proyecto de ley nos sirva a todos para comprometernos
a fondo en esta materia.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Campuzano.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señor presidente.
Yo venía muy sosegado a este debate, muy tranquilo, esperando que en
la Comisión se produciría el debate de fondo sobre cada una de las
cuestiones, pero he asistido a algo que preludia lo que será la
discusión en Comisión: que a veces las cosas no son tan sencillas
entre socios ni entre el bipartidismo imperfecto.
El señor Azpiroz y yo seguramente tenemos interpretaciones diferentes
sobre el concepto modernizar, porque, inmediatamente después de esa
palabra, ha hablado de un mundo vertiginoso, competitivo,
comercializado,
en el cual se debe debatir esta ley y se debe aprobar una
ley que sea acorde con este mundo. Señor Azpiroz, a mí me ha entrado
vértigo al escuchar esto, porque yo tenía otro concepto del
cooperativismo. El sentido cooperativista que siempre nos ha
caracterizado a nosotros se reforzará con un viejo y nuevo debate -se
reforzará, no será necesario crearlo de nuevo- en el cual la
competitividad con fines exclusivos de beneficios podría sustituir
progresivamente a la función social que el cooperativismo no debe
perder en ningún momento, función social que no es sinónimo de mal
funcionamiento, sino, fundamentalmente, de incidencia en el reparto
del trabajo y de la riqueza que se crea con el trabajo; en este caso
concreto, el cooperativismo no únicamente como refugio de los que en
un momento determinado pierden el puesto de trabajo, sino como sector
social que puede dar empuje, vigorizar la economía y, al mismo
tiempo, darle un sentido social.
Nosotros vemos el debate como positivo. Tenemos dificultad para votar
este proyecto, no lo vamos a votar en contra sino que vamos a
abstenernos, pero los resultados serán positivos en la medida en que
se tengan en consideración una serie de enmiendas que nuestro grupo
también ha presentado grupo. Nosotros vamos a intentar mejorar lo que
funciona todavía como Ley de 1987, sin caer en tendencias
progresivamente privatizadoras. Hay algunos elementos que nos
preocupan. En un momento determinado, no sé si el ministro o el
portavoz del Grupo Popular han hablado de que será necesario
reformar. Espero que no sea en el sentido de hacer el proyecto más
comercial, que puede significar que no sea más eficaz sino que tiene
una profunda tendencia a la privatización, como se descubre en
algunas de las enmiendas del Partido Popular en relación a la
creación de cooperativas sanitarias. Nosotros hemos trabajado con
sectores del cooperativismo directamente implicados -no con todos- y
hemos comprendido dos mensajes. Dichos sectores han mostrado su
preocupación a que la ley pueda reducir el sentido democrático del
cooperativismo, el funcionamiento y la información democrática al
conjunto de los socios. El segundo mensaje que hemos detectado es su
opinión favorable a dar trámite al proyecto actual para entrar en lo
concreto.
Recogiendo el sentir de todos estos sectores, hemos presentado una
serie de enmiendas que defenderemos en el trámite parlamentario de la
Comisión y esperamos que en su momento, para demostrar el profundo
sentido cooperativo que se ha expresado a través de las
intervenciones de todos los portavoces, se tengan en cuenta porque ya
es clásico en nuestras propuestas un profundo sentido cooperativo.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Frutos.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Señor presidente, sólo deseo agradecer las intervenciones de todos
los grupos parlamentarios, tanto las que han encontrado elementos
positivos en el proyecto como las críticas; esperamos que sea muy
fructífero el diálogo parlamentario en la mejora del proyecto y, de
manera muy singular, en la redacción del artículo 2, en la que han
coincidido todos los grupos parlamentarios en sus intervenciones
sobre que existe un problema.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 7/1985,
DE 1 DE JULIO, SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN
ESPAÑA. (Número de expediente 122/000154)
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MEDIDAS PARA FAVORECER UNA MAYOR
PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES. (Número de expediente
122/000158)
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 7/1985,
DE 1 DE JULIO, SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN
ESPAÑA. (Número de expediente 122/000167)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos al
siguiente punto del orden del día, en donde vamos a debatir, de forma
conjunta, todas las enmiendas de totalidad del Grupo Parlamentario
Socialista a los puntos 44, 45 y 46, es decir, a la proposición de
ley orgánica de reforma de la Ley orgánica 7, de 1 de julio de 1985,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España; el número
45, que es proposición de ley orgánica de medidas para favorecer una
mayor protección e integración de los inmigrantes; y el punto 46,
proposición de ley orgánica de reforma de la Ley sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España.
Para la presentación de la tres enmiendas de totalidad tiene la
palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, la señora
Fernández.
La señora FERNÁNDEZ SANZ: Señor presidente, señorías, nuestra
proposición de ley orgánica de estatuto básico de los derechos de los
extranjeros en España es el texto alternativo que el Grupo
Parlamentario Socialista presenta a la Cámara para sustituir, que no
reformar, la Ley orgánica 7/1985, sobre derechos y libertades de
extranjeros en España, acuñada con el término la Ley de extranjería.
Se presenta a la totalidad de los tres textos que tomamos en
consideración en una de las últimas jornadas del anterior período de
sesiones, el 16 de junio, como
enmienda al texto de CiU, al de Izquierda Unida y al del Grupo Mixto.
El Grupo Socialista pedirá a esta Cámara que se tome en consideración
y que, a partir de este texto, con la suma de los otros tres, todos
los grupos parlamentarios trabajemos buscando el consenso
y elaborando el proyecto de ley que recoja lo mejor de cada iniciativa.
Es lo que nos piden los inmigrantes, las asociaciones de inmigrantes
y el conjunto de las organizaciones de solidaridad de nuestro país.
Un consenso de mínimos que busca y buscará el Grupo Parlamentario
Socialista. Ya que estos días celebramos nuestro 20.º aniversario de
la Constitución, recordábamos lo que habíamos conseguido porque todos
los grupos parlamentarios habíamos renunciado a objetivos máximos
y habíamos ido a ese consenso de mínimos que posibilitaba la
Constitución en nuestro país, la nueva etapa tan importante para
España. El Grupo Socialista pide en esta ocasión que este consenso no
sea de mínimos para que así podamos tener la ley que necesita y
demanda la sociedad española.
El Grupo Parlamentario Socialista también va a pedir a la Comisión
Constitucional, que es donde va a tener lugar este debate por tener
menos atasco legislativo, que se constituya la ponencia lo más rápido
posible y que, en la ponencia y en la Comisión, se trabaje con una
fluida comunicación con las organizaciones no gubernamentales de
solidaridad con los inmigrantes y refugiados y con las organizaciones
propias de los inmigrantes, y que en esa Comisión pactemos el ritmo
y los tiempos para que la ley nazca antes de que se acabe esta
legislatura. Estos son los dos objetivos que, de entrada, desea
trasladar el Grupo Socialista a la Cámara: en primer lugar, la
voluntad de consenso entre los grupos políticos para configurar la
ley que recoja lo mejor de todas las leyes y, en segundo lugar, el
deseo de consenso entre todos los grupos políticos para que esta
nueva ley, que necesitan la sociedad española y los nuevos ciudadanos
que viven en España, salga en esta legislatura.
Nuestro proyecto intenta superar, porque ya lo han hecho los años, la
Ley de 1985. No nos hemos fijado en ella para elaborar nuestro
proyecto, no nos hemos atado a ella -fue una de las críticas que
hicimos en junio a los tres textos cuya toma en consideración votó
nuestro Grupo Socialista-, para trabajar sumando y no restando. Hemos
tenido en cuenta, en primer lugar, las sentencias interpretativas del
Tribunal Constitucional en materia de derechos de los extranjeros,
que han evolucionado mucho desde 1987; y, en segundo lugar, el último
reglamento de extranjería, de 1996, que ya supuso una enmienda
parcial a la ley.
Estamos en la Cámara cinco parlamentarios que la semana pasada, por
iniciativa de Cáritas de Girona, estuvimos reunidos trabajando sobre
los textos. Había un profesor de derecho constitucional de la
Universidad de Barcelona que nos decía a todos los que creo que vamos
a intervenir hoy en la Cámara que el reglamento de extranjería había
supuesto cambios totales e incluso contradicciones con la Ley de
1985, y nos intentaba
poner colorados a los parlamentarios diciendo cómo se fuerza en el
Parlamento o en el Ejecutivo el marco legal. Después de reflexionar
sobre lo que nos decía el profesor Aja, creo que en 1996 todavía no
había en la sociedad española una necesidad, como ahora la sentimos,
de cambiar la Ley de 1985 y, por eso, se avanzó con ese reglamento.
Hoy, podemos partir del reglamento de 1996 y trasladar el sentimiento
de la calle a esta Cámara reconociendo que la ley tiene que ser
modificada, no mirando a la Ley de 1985 sino plasmando los nuevos
objetivos que supone la integración de los ciudadanos que ya están en
nuestro país. En su redacción, también hemos tenido en cuenta las
sucesivas proposiciones no de ley que, en los últimos años, hemos
discutido y aprobado en el Parlamento, partiendo de una que todo el
mundo considera muy importante, la proposición no de ley de 1991.
En cuarto lugar, el Grupo Socialista ha tenido en cuenta el informe
de la ponencia sobre política migratoria que aprobó la Cámara en el
periodo anterior de sesiones. Quiero recordar a SS. SS. que ese
informe se aprobó por unanimidad, fue el primer trabajo de consenso
de los grupos parlamentarios en esta materia. El Grupo Socialista, en
este proyecto de ley estatuto básico de los derechos de los
extranjeros, no propone nada diferente a aquello que discutimos y
analizamos en la subcomisión y aprobamos de forma unánime en esta
Cámara cuando lo presentamos. Por último, también hemos tenido en
cuenta los cambios de las leyes nacionales desde 1985, cuando
aprobamos la Ley de extranjería. Por ejemplo, el nuevo Código Penal
que tenemos en nuestro país y los tratados y convenios
internacionales y comunitarios que han sido ratificados en España.
Incluso hemos tenido en cuenta -hablamos mucho en la ponencia de este
tema- el borrador del proyecto de convenio sobre normas para la
admisión de nacionales en terceros Estados; este trabajo de intento
de legislación comunitaria que en materia de inmigración se está
realizando en los órganos de la Unión Europea.
Nuestro texto, señorías, es una buena aportación para la defensa de
los derechos de los inmigrantes que vienen a nuestro país -por
cierto, cada vez en mayor número y con mayor deseo de permanencia- y
no plasma sólo sus derechos como trabajadores, sino también sus
derechos como ciudadanos, contribuyendo así a producir una
integración personal y social de estas personas y de sus familias.
Nuestro texto hace frente a la reagrupación de la familia, al
desarrollo integral adecuado de todos ellos y a la búsqueda de la
igualdad de condiciones de estas personas con los ciudadanos nacidos
en España. Con nuestro proyecto intentamos también reforzar las
garantías jurídicas de todos los procedimientos, simplificarlos y dar
más estabilidad a los permisos de residencia y de permanencia, así
como a los contratos de trabajo. Nuestro proyecto también refuerza
los mecanismos de participación de los inmigrantes en esta ley y en
todo lo que les afecta, y contribuye a reforzar así la democracia
participativa y consultiva con el colectivo de los inmigrantes.
Hoy es el 50.º aniversario de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. Kofi Annan publica un artículo en un medio de
comunicación y nos recuerda que los derechos humanos no son
privilegios que los gobiernos puedan conceder o retirar a su
voluntad, sino que son indisociables del valor que otorgamos a la
dignidad humana. Es responsabilidad de los gobiernos velar por que se
den las condiciones necesarias para que cada uno pueda disfrutar de
sus derechos fundamentales, pero es privativo de cada uno de nosotros
el hacerlos nuestros, impregnarnos de ellos y hacerlos realidad todos
los días, tanto a título individual como colectivo. Así estarán
interiorizados los derechos sociales en la conciencia colectiva de
los países.
Pues bien, con nuestro estatuto pretendemos hacer un poquito más
realidad estas palabras que el secretario general de Naciones Unidas,
Kofi Annan, nos recuerda hoy en la prensa. Nuestro proyecto, en sus
títulos I y II, intenta regular más y mejor los derechos y libertades
de los nuevos ciudadanos que viven en España. Sinceramente, creo que
esta es la mejor contribución del Grupo Socialista a la ley. Pensando
en los otros tres textos que hemos discutido en junio, la mayor
contribución de nuestro proyecto es la de regular más y mejor los
derechos y libertades de los nuevos ciudadanos que viven en España.
De este título queremos destacar la regulación del derecho de
reagrupación familiar y de permanencia indefinida, con lo que
contribuye a la integración de estos colectivos. Queremos destacar
también los artículos que dedicamos al desarrollo de medidas
antidiscriminatorias para que no sólo mejoren los procesos de
integración, sino para que contribuyan a la construcción de una
sociedad en la que la diversidad de culturas sea una fuente de
riqueza de la que todos podamos beber -lo dice Kofi Annan hoy- y de
la que todos salgamos favorecidos.
En estos dos primeros títulos de la ley, la segunda contribución
importante del Grupo Socialista son todos aquellos artículos que se
refieren a los cauces de participación. Hacemos frente a una mejora
de la participación política de los inmigrantes en sus propios
países, removiendo los obstáculos que están dificultando su
participación política en las elecciones de sus países (somos un país
que hemos tenido muchos inmigrantes y sabemos cómo se tienen que
resolver estos obstáculos) y la participación política en nuestro
propio país. Hemos llegado hasta donde nos posibilita el artículo
13.2 de la Constitución. También avanzamos -es una seria
contribución- en la participación social con el apoyo de las
organizaciones sociales de inmigrantes y al Foro de Integración de
los Inmigrantes, los dos órganos de democracia consultiva y
participativa creados en nuestro país años atrás para la mayor
integración y participación política -en el sentido más amplio del
término- de los inmigrantes en España. Hemos intentado asimismo
mejorar las estructuras administrativas para su mayor eficacia en el
desarrollo de estas políticas. Hemos hablado de la configuración de
una Secretaría de Estado. El otro día Diego Jordano me decía que
tal vez nos metíamos en un campo que deberíamos dejar al Gobierno.
Quisiera que el compañero del Grupo Parlamentario Popular se diera
cuenta de que no hemos tomado una iniciativa diferente de la
propuesta del propio Grupo Parlamentario Popular en el informe de la
ponencia de política migratoria.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
Fernández, le ruego vaya concluyendo.
La señora FERNÁNDEZ SANZ: Gracias, señor presidente, intentaré
tenerlo en cuenta, aunque me gustaría decir dos o tres cosas más.
Hablábamos de estructuras administrativas concretadas incluso en la
Secretaría de Estado y no porque quisiéramos meternos en algo que
consideramos debe ser competencia del Gobierno y del grupo que le
respalda, sino porque ese grupo ya lo ha manifestado en la ponencia.
Hablando de las oficinas únicas, quisiera traer la voz de las
organizaciones sociales que nos han dicho a todos los grupos
parlamentarios que son muy importantes. Los grupos parlamentarios no
hemos tenido en cuenta en nuestras propuestas una reivindicación de
toda Europa cual es la de las policías especializadas, muy bien
formadas, muy bien capacitadas en los temas de inmigración.
Intentamos también insistir en la necesidad de cambiar la mentalidad
de nuestros consulados que tienen que asumir unas nuevas funciones en
el campo de extranjería, así como potenciar la Comisión
interministerial y la conferencia sectorial. En el capítulo que hemos
dedicado a las estructuras administrativas pretendemos dejar bien
claro la cooperación entre administraciones y la necesidad de
potenciar las herramientas que ya hemos ido creando en estos años,
desde 1985 en adelante, para disponer de los órganos que avanzan en
los objetivos de las leyes y de los contenidos políticos que en esta
Cámara se han discutido.
Hablamos en nuestro texto de la creación de un fondo para que, con
las tasas que pagan en sus autorizaciones de trabajo y en algunos
capítulos de sanciones, se pueda seguir insistiendo en programas de
integración de los inmigrantes en España e, incluso, en algunos
programas que tienen que ver con el retorno de sus propios países. El
título III intenta simplificar los procedimientos y mecanismos de
entrada y salida en el país, los visados, las autorizaciones, los
permisos, los tipos de contratos, buscando la adecuación a la
realidad que vivimos, que, por un lado, necesita de flexibilidad y,
por otro, de mayor permanencia, como es la realidad del mercado de
trabajo, tan segmentado y complejo al que se tienen que vincular los
inmigrantes en nuestro país.
Me gustaría decir algo, ya que últimamente en los medios de
comunicación se está hablando de la casi irregularidad en la que
viven estos inmigrantes en su trabajo. Le preguntaba yo al Ministerio
de Trabajo recientemente cómo estaba el alta laboral de los trabajadores
inmigrantes en los diferentes regímenes de la Seguridad
Social. Voy a recordarles este dato, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
Fernández, le ruego concluya.
La señora FERNÁNDEZ SANZ: Dos minutos, señor presidente, si es tan
amable.
Me contestaba el Ministerio de Trabajo que en este momento en nuestro
país hay 247.836 inmigrantes cotizando a la Seguridad Social en los
diferentes regímenes. Recogemos la estadística y el porcentaje de
inmigrantes que son comunitarios y mayoritariamente jubilados, que
disfrutan de sus pensiones en este país, y vemos que la mayoría de
los inmigrantes están regularizados y son cotizantes a los diferentes
regímenes de la Seguridad Social.
Hay dos títulos más -y con esto termino la presentación de la ley-,
el IV y el V, sobre el régimen sancionador y tasas, que son los dos
títulos que más críticas han recibido de las organizaciones sociales.
Estaremos receptivos en cuanto a qué podemos mejorar del proyecto.
En definitiva, señorías, en junio el Grupo Parlamentario Socialista
dijo que nosotros queríamos hacer un estatuto básico de los derechos
de los inmigrantes. Hoy lo traemos aquí. No recoge asilo, como
hubiéramos deseado, pero no queríamos trabajar en ampliación de
plazos; no recoge nacionalidad, porque les adelanto, señorías, que
nuestro grupo va a volver a presentar la proposición de ley de
modificación del Código Civil en materia de nacionalidad que la
diputada Teresa Fernández de la Vega presentó aquí hace un año, y
creemos que en el derecho de sufragio hemos ido hasta donde nos
posibilita nuestra Constitución. En todo lo demás, es un estatuto
básico de derechos de los extranjeros. Esta es nuestra contribución,
nuestro trabajo para que la sociedad española disponga de la ley que
necesitamos en el futuro inmediato y que posibilite el desarrollo de
una sociedad multicultural en la que estamos inmersos, por cierto,
para suerte de todos nosotros.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señor presidente.
(Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Fernández. ¿Algún grupo parlamentario desea utilizar un turno
en contra? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señor presidente.
Utilizamos el turno en contra no precisamente para entrar en el fondo
del contenido de la proposición de ley que el Grupo Parlamentario
Socialista nos plantea esta mañana, sino para manifestar que estamos
en un trámite extraño y que se nos escapa el sentido últimode la
iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Se
quiere quizás evidenciar una discrepancia global y alternativa con
los textos votados en el mes de junio? Es difícil, porque el Grupo
Parlamentario Socialista votó favorablemente en aquella tramitación.
¿Se quiere forzar un consenso parlamentario para avanzar en la
definición de esta nueva legislación? Es difícil porque, como muy
bien recordaba doña Matilde Fernández, la semana pasada cinco
ponentes de esta iniciativa ya tuvimos oportunidad de empezar a
trabajar en esta línea de consenso, y los cinco ponentes que nos
encontrábamos en el Vallés oriental coincidíamos en la voluntad de
consenso. ¿Se pretende retardar el trámite parlamentario de esta
iniciativa? Lo dudo mucho, ya que todos tenemos compromisos con estos
nuevos ciudadanos que son los inmigrantes para resolver esta
legislación, incluso con los sectores sociales comprometidos.
¿Pretende el Grupo Socialista ganar credibilidad en los sectores
relacionados con esta materia? Es legítimo, pero seguramente no
justifica este trámite de hoy, porque lo que ahora estamos
discutiendo y sustanciando son tres enmiendas de totalidad a tres
textos que se tomaron en consideración en el mes de junio, y no
existe oportunidad de incorporar ese texto expresamente al informe de
la ponencia porque su votación a favor implicaría el decaimiento de
los tres textos o, al menos, de uno de ellos: el del Grupo
Parlamentario Mixto, el de Izquierda Unida o el de Convergència i
Unió.
Para poder articular la propuesta de estatuto del Grupo Socialista,
que contiene elementos positivos por lo que anuncio ya que en
ponencia los vamos a incorporar sin ningún problema, lo que el citado
grupo tenía que hacer, ha hecho y hará, es presentar estos contenidos
como enmiendas parciales. No nos deja otra alternativa que votar en
contra de su texto, aunque quizá sí la haya: el Grupo Parlamentario
Socialista ha puesto su texto encima de la mesa, ha podido evidenciar
cuáles son sus prioridades, su voluntad de consenso y ahora lo normal
sería que nos evitase este voto, que no ayuda a nada, que no
significa la voluntad de consenso, que no aporta nada positivo, por
lo que quizá lo prudente sería que el Grupo Parlamentario Socialista
retirase su texto para que en el trámite parlamentario, en función de
las enmiendas parciales, avanzásemos en la línea de consenso. Hoy la
prioridad es doble y todos coincidimos -la señora Fernández lo ha
dicho en su intervención- en que lo importante es que constituyamos
ya la ponencia. Es evidente que la presentación de enmiendas
alternativas retrasa ese inicio de ponencia; quizá en este mes de
diciembre ya hubiésemos podido empezar los trabajos, pero no lo hemos
podido hacer. Constituyamos ya la ponencia, empecemos a trabajar y
seamos capaces de crear el consenso. Creo que la voluntad política
que todos los grupos pusimos de manifiesto la semana pasada en Can
Bordoi, en el Vallés oriental, está ahí. Aprovechémoslo y ahorrémonos
trámites que, desde el punto de vista parlamentario real, no creo que
aporten nada sustancial al trabajo que tenemos por delante. Por ello,
nuestro grupo votará en contra de las
tres enmiendas que se presentan al texto de Izquierda Unida, al texto
de Iniciativa per Catalunya y al texto de Convergència i Unió y
reiteramos nuestra petición al Grupo Socialista de que nos ahorre
esta votación.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Campuzano.
Señora Fernández, si lo desea, S.S. tiene derecho a turno de réplica.
La señora FERNÁNDEZ SANZ: Estaba pensando que el presidente quería
acumular las intervenciones de los tres grupos.
Contestando a la propuesta que hace Convergència i Unió, me tendría
que remontar al mes de junio, cuando el Grupo Socialista le dijo a
Convergència que no corriera tanto, que nosotros estábamos terminando
un borrador y que así podíamos trabajar con todos los textos. El
Grupo Socialista siente que el Reglamento de la Cámara no le
posibilite incorporar nuestro texto de otra manera, ya que, jugando
con plazos, no nos dio esa facilidad el Grupo Catalán (Convergència i
Unió). Si no presentásemos nuestro proyecto nos encontraríamos con un
texto, el de Convergència i Unió, y con unas enmiendas del Grupo
Popular, que espero que no mantengan porque si sumamos la propuesta
de Convergència más las enmiendas presentadas por el Grupo Popular,
entonces nos encontraríamos con un texto casi peor que el del año
1985 -lo dicen todos los técnicos y nos lo han dicho a nosotros
recientemente en diferentes reuniones las ONG- porque sería el texto
más votado. Convergència i Unió y el Grupo Popular no votaron el
texto del Grupo Mixto y tampoco votaron el texto de Izquierda Unida.
Creemos que esta es la forma de mantener nuestra contribución,
nuestro enfoque, nuestra forma de ver la ley que hay que hacer para
el futuro inmediato en este momento en la Cámara. Y como el
Reglamento nonos permite otro procedimiento, mantenemos nuestra
enmienda.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Fernández.
El señor Campuzano tiene la palabra.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Con mucha brevedad.
Sí que tiene el Grupo Socialista un sistema de incorporar su texto al
debate de la ponencia, que es presentar el mismo como un conjunto de
enmiendas parciales, que es lo que va a hacer. Tengo la sensación de
que simplemente estamos ante un trámite que quizá lo único que
pretende justificar es que en aquel momento el Grupo Socialista no
había hecho los trabajos que se tenían que haber realizado. Es una
pena porque, en el fondo, todos coincidimos -y creo que lo
expresábamos la semana pasada en el Vallés oriental- en la voluntad
de llegar a un acuerdo para que este texto sea positivo, avanzado y
progresista. Esto es lo esencial. Y
simplemente recordarle que en el trámite parlamentario del mes de
junio el Grupo Catalán (Convergència i Unió) también votó a favor del
texto de Izquierda Unida y de Iniciativa per Catalunya. Por último,
he de reiterarle que usted tiene la oportunidad de incorporar este
texto al trámite parlamentario y es una pena que hoy nos fuerce a
todos a votar en contra.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Campuzano. ¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición?
(Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora
Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que voy a ser muy breve porque no voy a entrar en el
fondo de la enmienda de totalidad que presenta el Grupo Socialista,
pero sí voy a entrar en la cuestión de forma, abundando en los
argumentos que el diputado Carles Campuzano, de Convergència i Unió,
ha expresado.
Señoría, compañera y amiga Matilde Fernández, me parece que este
trámite nos lo hubiese podido ahorrar muy bien su grupo
parlamentario, lamento mucho que se haya utilizado de esta manera y
quiero clarificar la situación. Por un lado, nos encontramos hoy aquí
con que tenemos tres proposiciones de ley que fueron admitidas a
trámite y, por otro, con una enmienda de totalidad que presenta el
Grupo Socialista y que de ser aprobada, de votarla a favor,
significaría que alguna de estas proposiciones de ley que han salido
adelante no estuviese presente como texto a enmendar o a trabajar
sobre él en la ponencia.
Pienso que el Partido Socialista -me veo obligada a hablar de esta
manera- está actuando con mala conciencia originaria, porque, señora
Fernández, usted ha dicho que han cambiado muchas cosas desde 1985.
Habrán cambiado muchas cosas desde esa fecha, pero pocas habrán
cambiado desde 1996, cuando precisamente los grupos que hemos
presentado proposiciones de ley para la reforma de la Ley de
extranjería del año 1985 planteamos una proposición de ley para
reformar la citada ley, fue votada en contra por el Grupo Socialista
y lo máximo que se aceptó fue una reforma del reglamento en la que
tuvimos ocasión de expresar que no se pueden modificar derechos
fundamentales a través de un reglamento. Eso fue lo máximo que el
Grupo Socialista estuvo dispuesto a hacer cuando estuvo gobernando,
y no hablo del año 1985, sino del año 1996. Por lo tanto, que cada palo
aguante su vela. Yo estoy contentísima de que el Partido Socialista
esté dispuesto, no ya a hacer una reforma, sino una nueva Ley de
extranjería, como usted dice. Eso significa que somos muchas más las
fuerzas que desde la izquierda queremos este cambio porque nos lo
piden los inmigrantes, porque nos lo piden las ONG y no sólo ahora,
sino que nos están
pidiendo esta modificación desde hace muchos años. Este cambio es
necesario, como se ha visto en las tres proposiciones de ley que
hemos presentado y que deberían dar solución a unas personas -no
hablemos de inmigrantes, sino de personas- que conviven con nosotros
y que han de ver reconocidos sus derechos fundamentales, tienen
derecho a unas prestaciones sociales, tienen derecho a la
reagrupación familiar, tienen derecho a una ley que les ampare y que
no sea una ley-policía, como fue denominada la Ley de 1985.
Por todo eso no podemos, ni muchísimo menos, votar a favor de la
enmienda de totalidad que presenta el Grupo Socialista del Congreso.
Consenso, sí, pero el consenso, señora Fernández, no se puede buscar
de esta manera. El consenso lo vamos a encontrar cuando podamos
trabajar con el Grupo Socialista, que mantendrá sus enmiendas
parciales, en el trámite de ponencia. Yo también estuve en Can
Bordoi, tuve oportunidad de compartir con todas las señorías que hoy
intervendrán en este trámite que versa sobre la ley de modificación
de la Ley de extranjería y la verdad es que hay condiciones para el
consenso, que es lo que espera la gente, los beneficiarios de estas
modificaciones que podamos hacer. Sin embargo, la verdad es que no
ayuda al consenso esta enmienda de totalidad con texto alternativo.
Cuando el Grupo Socialista quiere marcar prioridades tiene tiempo
para hacer sus proposiciones de ley; no tuvo tiempo en junio para
hacer la proposición de ley sobre la Ley de extranjería, y ahora lo
que debe aceptar el Grupo Socialista es que nosotros, de muy buen
grado, vayamos a trabajar conjuntamente para modificar todos los
aspectos de esta ley que consideremos oportunos los grupos políticos,
pero no va a ser en este trámite, y lo lamento mucho.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la
palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
En nombre de Coalición Canaria fijo nuestra posición con relación a
la enmienda que presenta el Grupo Socialista. Tengo que decir que
coincido en la forma y en el planteamiento con lo que acaba de decir
la señora Rivadulla y que hago mías sus razones. Por ello no vamos a
votar ni apoyar favorablemente esta enmienda que presenta el Grupo
Socialista. Creemos que hay una serie de voluntades, incluso
expresadas con iniciativas de tres grupos parlamentarios para entrar
en el tema, hoy día exigente desde un punto de vista ético y
político, de las cuestiones relacionadas con la Ley de extranjería,
con los extranjeros en España, con los inmigrantes, en el amplio
abanico de conculcación de derechos humanos que a veces se viene
dando.
También entiende mi grupo, en esta misma línea de coincidencia con la
portavoz del Grupo Parlamentario Mixto que acaba de dirigirse a
ustedes, que la ponencia
va a ser el marco de encuentro para buscar un consenso al que estamos
obligados por estas razones que he expuesto, éticas, humanitarias y
de justicia que las circunstancias actuales nos están planteando
debido a esa presión que sufre España como territorio meridional con
respecto a África y a los inmigrantes que llegan a nuestras costas y
con respecto a los que vienen desde las naciones hermanas latino o
hispanoamericanas.
Es también un lugar de encuentro para buscar entre todos la fórmula
que permita adecuar la vigente Ley 7/1985 a un marco en el que nos
podamos sentir jurídica y políticamente cómodos, en el que España,
dentro de esas exigencias, tenga como referencia inmediata los
tratados de la Unión Europea, a los que estamos obligados
a someternos, a fin de que esto pueda ser compatible con estos
principios que estoy defendiendo.
Por las enmiendas e iniciativas presentadas por los diversos grupos,
por el tipo de materia de que se trata, busquemos con esta voluntad,
y no con enmiendas de totalidad o de devolución, lo que tiene que ser
la percha donde podamos ir colgando en el principio del consenso y
del acuerdo las cuestiones que estamos defendiendo.
Por esta razón, señor presidente, votaremos en contra de esta
enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Es verdad que esta enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario
Socialista nos coloca en una situación cargada de contradicciones,
pero yo no me voy a unir a las quejas precisamente contra doña
Matilde Fernández, a la que en este caso se le podría aplicar aquel
aforismo jurídico que dice que quien hace uso de su derecho a nadie
daña, o sea que daño no nos produce. Es posible que a lo mejor
pudiéramos haber avanzado más deprisa, pero yo le voy a agradecer
paradójicamente que haya introducido esta enmienda, la cual por
supuesto no voy a votar, ya que sería absolutamente una locura votar
una enmienda para que sustituyera ni más ni menos que a una
proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
admitida a trámite, pero se lo voy a agradecer porque coincide en la
fecha.
Es muy importante que hoy, día 10 de diciembre, se esté hablando aquí
de nuevo de inmigración so pretexto de esa enmienda. No creo que doña
Matilde, que es lista, haya llegado hasta el extremo de saber
conciliar la cronología y el tema y haya influido de tal manera en la
Mesa, no lo creo; vamos a atribuirle a la Mesa el que haya tenido un
sentido de la intuición que obra en su mérito y vamos a
agradecérselo, porque qué mejor homenaje a una declaración universal
de derechos que
el que hoy, a través de la intervención de doña Matilde Fernández y
de todos los demás que están tomando parte en el debate, vengamos a
ratificar un hecho importante: la toma en consideración de las tres
proposiciones no de ley que ponen de manifiesto una acusada
sensibilidad por parte de esta Cámara precisamente con aquellos
colectivos a los que menos derechos, a los que menos tutelas se les
ofrece, a los inmigrantes, aquí o en cualquier otro país. Por eso,
entendiendo, y yo creo que lo comprenderán ustedes, que nosotros no
vayamos a votar a favor, sí valoramos positivamente que el Grupo
Parlamentario Socialista nos haya dado ocasión para poder
reafirmarnos en nuestras convicciones y que nos ofrezca también unos
puntos de vista, que todos son buenos y necesarios, que estoy
absolutamente convencido que vamos a incorporar al trabajo de la
ponencia.
No voy a extenderme mucho más, sólo diré que, en aras de ese
consenso, a nosotros nos gustaría -y como tengo mala memoria voy a
leerlo, porque ya no me puedo fiar de mi memoria- que los trabajos de
esta ponencia vinieran presididos por dos artículos. Uno es el
artículo 2.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que
dice que toda persona tiene todos los derechos y libertades
proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole,
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición.
Nos gustaría que este artículo se completara con el 23.1, que dice
que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del
mismo, en condiciones equitativas y satisfactorias y a la protección
contra el desempleo, y con aquel otro importante, el 13.1, que dice
que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su
residencia en el territorio de un Estado, entendiendo a la tierra
como el patrimonio de toda la humanidad, sin fronteras y sin
resoluciones administrativistas que acaben ni más ni menos que
tendiendo a la discriminación y a hacer realidad la injusticia. Si
somos capaces de respetar estos principios, estoy convencido de que
la Ponencia, cuando acometa este trabajo, va a elaborar un texto en
esta Cámara que no va a haber ningún grupo político que, so pretexto
de los reglamentos de policía, la conveniencia o la oportunidad, so
pretexto de otra clase de razones de índole político, entendida la
política en el peor de los sentidos, vaya a oponerse a que una vez
más, y de acuerdo con esa Constitución que tantos estamos celebrando,
esta nueva ley de extranjería sea una ley auténticamente ejemplar en
toda Europa, para que nos podamos sentir satisfechos de haber hecho
realidad aquello que predicamos cada mañana.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Castellano.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor
Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: Gracias, señor presidente.
No voy a entrar en los planteamientos de todos los grupos, porque
podría parecer que el Grupo Socialista se encuentra aislado, y eso no
responde a la realidad, puesto que el texto que hoy nos propone como
un conjunto lo ha troceado y lo ha colocado íntegramente como
enmiendas parciales a los otros textos. Quiere ello decir que todas
las ideas que pueda proponer el Grupo Socialista no se excluyen, sino
que van a ser consideradas por el resto de los grupos. Este concepto
de no excluir es lo que nos tiene que llevar adelante en esta
materia. No se trata de excluir tres textos, que tienen sus defectos,
que tienen sus virtudes, que tienen normas aceptables y otras
discutibles, ni tampoco se trata de excluir al texto socialista, sino
de integrar a todos.
Aprovechando la efemérides que ha señalado el diputado don Pablo
Castellano, quisiera que nos centrásemos en una imagen. Desde el sur
de Andalucía, desde la costa de Cádiz, cualquier noche un poquito
clara, se tiene una imagen nítida de lo que es África. Se ve enfrente
unas montañas, normalmente oscuras, con muy pocos puntos de luz. Sólo
hay una isla de luz, que es la ciudad de Ceuta. Todo lo demás,
básicamente, se ve en la oscuridad. Pero esa visión que tenemos de
África desde la Europa rica, desde la Europa próspera, a la inversa
representa para todos sus habitantes un mundo de luz, un mundo de
color, un mundo atractivo; ese mundo atractivo que iba buscando la
nigeriana Julienne Danielle cuando murió el día 2 de diciembre, a las
puertas de ese mundo de luz y de color que representa Europa. En esa
idea es en la que nos debemos de centrar. Tenemos que centrarnos en
que hay un número muy importante de personas, la mayor parte de ellas
ubicadas en los países de África, que quieren venir a Europa en busca
de ese mundo de luz y de color que nosotros les podemos ofrecer.
Tenemos que regular una materia no con los conceptos de 1985, sino
con una nueva visión.
Quisiera exponer que la posición del Grupo Parlamentario Popular y la
del Gobierno en esta materia está abierta a las consideraciones de
todos los grupos y que la finalidad que pretendemos es desarrollar un
texto legal nuevo, recogiendo aportaciones de todos los grupos, que
sea aprobado por el consenso y el voto unánime de toda la Cámara. Ese
es el planteamiento del Grupo Parlamentario Popular, y es conveniente
que quede claro en el «Diario de Sesiones». No queremos sólo una ley
de extranjería; queremos una ley de extranjería y una ley de
integración social y laboral del inmigrante, para dividir dos campos
claros: el marco de derechos, que tenemos que ampliar, en el que
tenemos que ser extremadamente generosos, para saber que toda persona
que está en territorio español goza, en una interpretación correcta
del artículo 13 de la Constitución española, de un marco de derechos
equiparable e igual al que gozan los españoles. Al inmigrante, sea
cual sea su situación administrativa, no puede discutírsele
determinados derechos básicos; no puede discutírsele el derecho
a la defensa gratuita; no puede discutírsele el derecho al trabajo;
no puede discutírsele la regulación del derecho a la vivienda; no
puede discutirse a los hijos de los inmigrantes el derecho a una
educación y al reconocimiento de la titulación que hayan cursado,
aspecto éste en el que vamos avanzando en gran medida. Hay que
reconocer al inmigrante el derecho a la formación profesional, el
derecho a las políticas activas de empleo y configurar de esta forma
un marco de derechos generoso y amplio que abarque a todos los
ciudadanos que estén en nuestro país, sea cual sea su situación
administrativa.
Esto no quiere decir, y hacía un canto en cierta forma poético el
señor Castellano, que estemos hablando de un mundo sin fronteras,
porque en ese momento estaríamos cayendo en la irrealidad. Hay una
frontera y hay una regulación de fronteras y es normal que ésta se
produzca, pero el hecho de que exista una regulación de fronteras no
implica una negativa de derechos, no niega el derecho de asistencia
jurídica gratuita al inmigrante que ha llegado a esa frontera para
explicarle cuál es el marco legal y cuál es el marco de defensa.
Necesitamos mantener ese concepto, entre otras cosas, porque hay un
tratado internacional firmado por España, no con nuestro Gobierno,
que marca esa situación de frontera determinada. Es verdad que en
toda la regulación de derechos, en la extensión de derechos básicos
como la educación y la asistencia sanitaria tenemos que considerar la
realidad de todo el territorio nacional. Hay un territorio peninsular
con unas características determinadas y una frontera marcada por el
tratado de Schengen y hay otros territorios nacionales, que no están
dentro de esa frontera Schengen, que tienen unas características
especiales y que requieren una regulación especial.
Estamos de acuerdo en el reconocimiento que se hace en las
proposiciones del derecho al voto de los inmigrantes en elecciones
municipales, pero queremos ir más allá de la limitación estricta al
concepto de reciprocidad, que se establece en el texto y en las
enmiendas propuestas por el Grupo Parlamentario Socialista. Creemos
que se puede encontrar una interpretación generosa que nos permita
dar ese derecho al voto en elecciones municipales dentro del espacio
del territorio Schengen.
En definitiva, tenemos la oportunidad de establecer por primera vez
en España no una ley de extranjería, no una ley de fronteras o una
ley policial en lo relacionado con el extranjero.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Un momento,
señor Jordano, discúlpeme.
Ruego a SS.SS. que desconecten sus teléfonos móviles, hay uno que ha
sonado en tres ocasiones y el simple hecho de la sintonía interfiere
la megafonía de la Cámara.
El señor JORDANO SALINAS: Espero que se hayandesgastado las pilas de
todos los móviles.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Continúe, señor
Jordano, y le ruego que concluya a la máxima brevedad.
El señor JORDANO SALINAS: Concluyo, señor presidente.
Decía que teníamos la oportunidad por esta vía de diálogo, por una
vía de renuncias de todos los grupos, por una vía de colaboración
sincera, sin querer aprovechar partidariamente ninguna ventaja, de
recoger una aspiración de la sociedad española. Esa aspiración de la
sociedad española es que no estemos hablando de una ley de
extranjería, de una ley de regulación de fronteras, que hablemos de
una ley de regulación de los derechos de los extranjeros en España y
de una ley de integración social y laboral.
Se han dado ya determinados pasos por parte del Gobierno para
resolver lo que no dejan de ser trabas burocráticas y que conducen a
situaciones absurdas. Negamos el derecho de asistencia jurídica
gratuita para todos los inmigrantes y, sin embargo, atribuimos fondos
públicos a determinadas organizaciones cuya finalidad es
exclusivamente prestar asistencia jurídica gratuita a los
inmigrantes.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Jordano,
le ruego que concluya.
El señor JORDANO SALINAS: Voy concluyendo, señor presidente.
Negamos el derecho de sanidad y, sin embargo, tenemos que canalizar
la asistencia sanitaria a los inmigrantes por la vía de urgencia.
Por tanto, vamos a intentar eliminar todos estos problemas
burocráticos, vamos a intentar eliminar las inercias administrativas
que condicionan el trato a los inmigrantes y configuraremos una buena
ley. Una buena ley que para configurarla sin exclusiones obliga a
obviar el texto global que nos plantea el Grupo Parlamentario
Socialista, pero a considerar con generosidad las enmiendas parciales
que a fin de cuentas es el propio texto que nos presenta integrado.
Nada más, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Jordano.
- PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE CONCEDE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO,
POR IMPORTE DE 9.393.184.038 PESETAS, PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES
DERIVADAS DEL DERRUMBAMIENTO DE LA PRESA DE TOUS, SEGÚN SENTENCIA DEL
TRIBUNAL SUPREMO DE 15 DE ABRIL DE 1997. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 121/
000123)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos al
punto 47 del orden del día: Proyecto de ley por el que se concede un
crédito extraordinario
por importe de 9.393.184.038 pesetas, para el pago de
indemnizaciones derivadas del derrumbamiento de la presa de Tous,
según sentencia del Tribunal Supremo de 15 de abril de 1997.
Para su presentación en nombre del Gobierno, tiene la palabra el
señor ministro de Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Rajoy Brey): Señor
presidente, señoras y señores diputados, comparezco ante ustedes para
presentar el proyecto de ley por el que se concede un crédito
extraordinario por importe de 9.393.184.038 pesetas para el pago de
indemnizaciones derivadas del derrumbamiento de la presa de Tous.
El proyecto tiene por objeto permitir el pago de las indemnizaciones
derivadas de la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de abril de
1997, que condenó a uno de los funcionarios acusados declarando a la
Administración del Estado responsable civil subsidiaria. Esta
sentencia fijó el importe de las indemnizaciones que debían
satisfacerse a los herederos de ocho personas fallecidas como
consecuencia de la catástrofe en 25 millones de pesetas, en cada
caso, y dejó pendiente para el trámite de ejecución de sentencia la
determinación de las cantidades a satisfacer a quienes hubieran
sufrido daños derivados del derrumbamiento de la presa de Tous.
Posteriormente y ya en trámite de ejecución, la Audiencia Provincial
de Valencia dictó auto de fecha 27 de febrero de 1998, en el que fijó
los criterios para determinar las indemnizaciones a satisfacer a los
damnificados.
Mediante un anexo, la resolución judicial fija las indemnizaciones a
percibir por los perjudicados que mantuvieron hasta el último momento
su reclamación en la vía penal, excluyendo a los que hubieran
suscrito convenios transaccionales, en virtud de los reales decretos-
leyes 4/1993 y 10/1995 y a los que optaron por efectuar su
reclamación en vía contencioso-administrativa.
A este respecto, conviene recordar que por Real Decreto-ley 4/1993,
de 26 de marzo, ante lo dilatado de los procedimientos judiciales y
administrativos abiertos, se autorizó la realización de transacciones
entre el Estado y los damnificados por la rotura de la presa citada y
se concedió un crédito extraordinario de 19.000 millones de pesetas a
tal fin, especificándose que la transacción implicaba la percepción
de ayudas y la consecuente renuncia a las acciones judiciales. Aunque
un número importante de los reclamantes se acogió a la vía
transaccional abierta por el real decreto-ley, otros optaron por
mantener su reclamación en vía judicial.
Tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, de 4 de
octubre de 1995, que absolvió a todos los funcionarios públicos
acusados, se dictó el Real Decreto 10/19995, de 28 de diciembre, que
abría de nuevo la posibilidad de celebrar acuerdos transaccionales a
todos aquellos damnificados que no lo hubieran hecho
al amparo del Real Decreto-ley 4/1993, incorporando otra serie de
medidas encaminadas a ampliar el número de municipios afectados y a
facilitar los fondos necesarios parae l cobro de las ayudas por parte
de quienes aceptaran el acuerdo.
Existe, por tanto, un número importante de perjudicados por la
catástrofe de Tous que, por esta vía de los acuerdos transaccionales,
ya ha obtenido la reparación de los daños sufridos. De ahí que las
resoluciones judiciales, para cuyo cumplimiento es preciso que se
apruebe el crédito extraordinario a que se refiere el presente
proyecto de ley, únicamente afecten al grupo de perjudicados que no
se acogió a los acuerdos transaccionales y mantuvo sus reclamaciones
vinculadas al proceso penal pendiente.
Para la determinación de las cantidades a satisfacer, que es lo que
justifica el importe del crédito extraordinario solicitado, se ha
partido del importe global fijado en el citado auto de la Audiencia
Provincial de Valencia de 27 de febrero de 1998. (El señor
vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.) Ahora bien,
esta resolución advertía sobre la posible existencia de errores en el
listado de perjudicados a los que reconocía el derecho de ser
indemnizados, y realizaba una doble puntualización. En primer lugar,
que en el supuesto de haberse llegado a establecer indemnización
a algún perjudicado que hubiera suscrito un convenio transaccional,
deberá entenderse por no puesta al carecer de derecho a su
percepción. En segundo término, que en los casos en que se hubiera
omitido un perjudicado que, de conformidad con la argumentación
expuesta, tuviese derecho a la pertinente indemnización, deberá
efectuar la oportuna reclamación para dictar la resolución que
resulte procedente.
Como consecuencia de estas previsiones del auto de 27 de febrero, se
han realizado correcciones en la cantidad inicialmente fijada, pues,
por un lado la propia Audiencia, en diversas resoluciones dictadas
con fecha 20 de mayo ha ampliado la lista de perjudicados con derecho
a indemnización, atendiendo las correspondientes reclamaciones y, por
otro, se ha comprobado que en la lista inicial figuraban perjudicados
sin derecho a indemnización por haberse acogido a un acuerdo
transaccional con la Administración. Efectuadas estas correcciones,
la cifra final resultante es la que he señalado al principio de mi
intervención, el importe por el que se solicita el crédito
extraordinario. No obstante, es preciso que el crédito extraordinario
se consigne como ampliable, ya que, por una parte, y pese a la
celeridad que el Gobierno pretende imprimir al pago de las
indemnizaciones -para lo cual se ha constituido ya una oficina
dependiente de la Delegación del Gobierno en la Comunidad
Valenciana-, será preciso atender al pago de intereses, cuyo montante
no puede establecerse con exactitud hasta el mismo momento del pago.
Por otro lado, cabe la posibilidad de que se produzcan nuevas
reclamaciones de perjudicados con derecho a indemnización que hayan
sido omitidos en las resoluciones dictadas hasta el momento por la
Audiencia.
La petición de crédito extraordinario se justifica en la inexistencia
de crédito ordinario suficiente en los Presupuestos Generales del
Estado para atender el cumplimiento de la sentencia y se ampara en el
artículo 43.1 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria,
que establece las obligaciones de pago de la Hacienda pública
derivadas de sentencias judiciales firmes, así como en el artículo 45
del citado texto legal, que establece la obligación de pago de
intereses en el caso de que en el plazo de tres meses no se hubiera
realizado su cumplimiento. La necesidad de este crédito
extraordinario deriva también de la conveniencia de compensar
formalmente el anticipo de tesorería aprobado por el Gobierno el
pasado 20 de julio por el mismo importe y que ha servido para empezar
a atender las indemnizaciones previstas. Por último, he de señalar
que la financiación del crédito se realizará con deuda pública, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 101 del texto refundido de
la Ley General Presupuestaria.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
ministro.
A este proyecto de ley se han presentado dos enmiendas de texto
alternativo, una por el Grupo Mixto y otra por el Grupo de Izquierda
Unida. Para la defensa de la presentada por el Grupo Mixto, tiene la
palabra el señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señorías, bueno es recordar mínimamente cuál es la razón de ser de
este proyecto de ley de crédito extraordinario que hoy nos presenta
el Gobierno y, en su nombre, el ministro de Administraciones
Públicas. En octubre de 1982 -lo conocen ustedes perfectamente- ,
coincidiendo con fuertes lluvias que se produjeron en el País
Valenciano, la presa de Tous, a causa de esas lluvias y por otras
relacionadas con conductas humanas, en concreto de funcionarios que
trabajaban en dicha presa, se desmoronó, produciéndose la tristemente
famosa, en el ámbito de nuestra comunidad y en el ámbito del Estado,
pantanada de Tous, es decir, la avalancha de los centenares de miles
de metros cúbicos de agua embalsados en la presa que se volcaron como
un terrible alud sobre las comarcas de la Ribera, especialmente en
las zonas limítrofes a la presa. Los daños fueron extraordinarios,
empezando por las pérdidas de vidas humanas, así como en los bienes
más esenciales de miles de personas: viviendas, vehículos y medios de
trabajo.
A partir de esa fecha, se inicia un debate judicial interminable; a
saber, si el Estado tenía alguna responsabilidad en relación con esos
daños, más allá de la lógica e inicial intervención de carácter
estrictamente solidario que el propio Estado llevó a cabo en esas
fechas. Este debate judicial experimentó una interminable
y contradictoria tramitación. A lo largo de esa tramitación, las
reclamaciones de los afectados y la posición
de las diversas fuerzas políticas, de todas, consiguieron que el
Gobierno de turno, socialista, sin fundamento judicial entonces -y
esto hay que destacarlo-, dictara dos reales decretos-leyes de
carácter sucesivo, el del año 1993 y el del año 1995, con el objetivo
- insisto, sin que entonces hubiera fundamento judicial para adoptar
esas decisiones políticas- de indemnizar a los afectados. El PP,
entonces principal partido de la oposición, calificó esos reales
decretos-leyes de insuficientes. En concreto, en el debate de
convalidación del segundo de ellos, la entonces portavoz del Grupo
Popular y hoy ministra de Agricultura, señora de Palacio, decía que
ese real decreto-ley no llegaba a lo que pretendía en sus iniciativas
el Partido Popular, decía literalmente: En su día nosotros
pretendíamos no sólo extender el ámbito de aplicación a todas las
personas damnificadas, sino además que hubiera una mayor
determinación, con unos criterios más objetivos a la hora de fijar el
importe del resarcimiento.
Esta fue la posición que mantuvo el Grupo Popular en relación con el
segundo de los reales decretos-leyes dictados por el Gobierno
Socialista, que dio lugar a que el Grupo Popular se abstuviera en la
votación de ese real decreto-ley. El hoy Presidente del Gobierno y
entonces candidato, señor Aznar, en visita que hizo a la comarca de
la Ribera, en concreto a Alzira, se comprometió en persona y dijo
literalmente: Me comprometo a impulsar personalmente las acciones
necesarias para que se dé una solución rápida al problema de los
damnificados sin excepciones. Esto dijo el señor Aznar en la campaña
electoral que le llevaría a la actual Presidencia del Gobierno en los
primeros meses del año 1996.
Han transcurrido desde entonces, señorías, más de dos años y el Grupo
Popular no ha hecho absolutamente nada en este tema; absolutamente
nada. Hoy, al cabo de los dos años, el Gobierno nos remite un
proyecto de ley que pretende única y exclusivamente dar cumplimiento
a una sentencia. Cuando en su día se habló, como hizo el actual
presidente de la Generalitat valenciana, señor Zaplana, de la
inoperancia del PSOE en el caso Tous, esas palabras hoy se vuelven
como un arma arrojadiza contra quienes en dos años no han sido
capaces de hacer absolutamente nada más que aquello a lo que se ven
obligados: a dar cumplimiento a una sentencia. Pero al hacerlo
incurren en lo que dijeron que nunca habría que hacer, en crear
discriminaciones entre los damnificados. Y aquí se produce una
tremenda discriminación. Este proyecto de ley del Gobierno pretende
indemnizar con los criterios justos, los que en un Estado de derecho
han marcado los tribunales, sólo a una minoría, dejando fuera a la
gran mayoría de los damnificados que fueron indemnizados con unos
criterios inferiores. Al actuar así, el Gobierno del Partido Popular
no sólo lo hace obligado por una sentencia del Tribunal Supremo, que
se produjo finalmente y que estableció la responsabilidad del Estado,
sino que además lo hace incurriendo en ese defecto en el que dijo que
nunca se debería caer, el de dejar fuera a una
parte, en este caso la mayoría de los damnificados que no quedarían
justamente indemnizados. Esta es la situación que hay con este
proyecto de ley. En nombre de nuestro grupo, Nueva Izquierda-
Iniciativa per Catalunya, hemos presentado una enmienda con texto
alternativo, con el objetivo de que los criterios justos, los
marcados por los tribunales, sean aplicados a todos los damnificados,
a todos, sin excepción y sin discriminación. Esto es perfectamente
posible.
El segundo real decreto-ley contemplaba que los que se habían acogido
al primero podían acogerse a las mejoras del segundo. Por tanto, es
perfectamente posible que este proyecto de ley, en la redacción
alternativa que planteamos, diga que quienes se han acogido a los dos
reales decretos-leyes pueden acogerse a las mejoras de este proyecto
de ley, mejoras que hoy podemos afirmar que son pura y simplemente el
cumplimiento de lo que dicen los tribunales, los criterios
indemnizatorios justos.
Por tanto, señorías, apelo a quienes en su día defendieron que era
necesario establecer justicia en el caso Tous, y fuimos todos los
grupos de la Cámara, para pedir que este proyecto de ley no deje al
margen de los criterios de justicia a una mayoría y además con una
discriminación claramente inaceptable. Se podrá decir, en términos
retóricos, que pidiendo esto mi grupo no se da cumplimiento a la
sentencia. Eso no es verdad. Nuestra enmienda con texto alternativo
da cumplimiento a la sentencia, por supuesto va a cobrar esa minoría
a la que pretende pagar el Gobierno, pero además se pagaría al resto
de los damnificados. Por tanto, con nuestro texto alternativo
cumplimos la sentencia, por supuesto, y además establecemos justicia
para todos, lo que no se hace con el proyecto del Gobierno.
También se puede volver la vista atrás. Yo creo que no es bueno
volver la vista atrás; en todo caso, si se hace, se tendrá que
reconocer que un gobierno anterior, sin que hubiera fundamento
judicial para actuar, actuando no obligado como este Gobierno sino
voluntariamente, hizo dos reales decretos-leyes, lo que este Gobierno
ha sido incapaz de hacer. Pero, insisto, creo que no es bueno volver
la vista atrás. De hecho, anteriores gobiernos no lo hicieron cuando
dictaron esos reales decretos-leyes y no recordaron que la pantanada
de Tous se produjo gobernando la UCD. Este no es un problema del
Partido Socialista, este es un problema que viene de la época de los
gobiernos de la UCD, como el tema de la colza, que también hemos
heredado de la UCD. A veces volver la vista atrás tiene estas
consecuencias, que descubre uno un pasado que en ocasiones no se
quiere recordar.
Insisto, señorías, la enmienda con texto alternativo que plantea
Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya traería la solución
definitiva al tema Tous, una solución definitiva justa, la que han
marcado los tribunales, y además evitaría cualquier tipo de
discriminación. Creo que es hora de que esa voluntad, que a lo largo
de estos dieciséis años hemos manifestado en uno u otro momento todos
los grupos de la Cámara, se pueda concretar
votando favorablemente estas enmiendas que nosotros planteamos.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Peralta.
Para la presentación de la enmienda también de texto alternativo del
Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida ha
presentado esta enmienda de totalidad con texto alternativo dado que
el Gobierno pretende una vez más desaprovechar una oportunidad que se
brinda para cerrar un caso que para la Comunidad Valenciana es
discriminatorio, indignante y, desde luego, completamente desastroso
en su planteamiento. Nosotros estamos de acuerdo con que se cumpla la
sentencia, es más, consideramos necesario que se cumpla la sentencia,
pero también seguimos defendiendo, como lo hemos venido defendiendo
desde que se produjo el derrumbamiento de la presa de Tous, la
necesidad de que todas las indemnizaciones se equiparen y de que
todos los damnificados perciban la indemnización según ha fijado ya
definitivamente la sentencia del Tribunal Supremo de abril de 1997.
Señorías, en esta Cámara hemos discutido en muchas ocasiones sobre la
problemática de los damnificados de la presa de Tous. Estamos
hablando de más de 28.000 damnificados, de los que 23.000 se tuvieron
que acoger a los dos reales decretos aprobados, anteriormente a que
se produjera una sentencia en firme, sencillamente porque eran las
personas que tenían las necesidades económicas más acuciantes. Eran
23.000 personas que no podían aguantar la vía judicial porque les
ahogaba económicamente, personas que tienen los recursos económicos
más escasos y que ahora, señorías, si no se corrige desde esta Cámara
a través de este crédito extraordinario, serán las que salgan
perjudicadas. Aquí lo hemos dicho portavoces de todos los grupos
parlamentarios, pero en este caso el compromiso que tenía el Grupo
Parlamentario Popular, a través no solamente de sus intervenciones en
esta Cámara sino de los actos públicos celebrados en plena campaña
electoral, era el de equiparar a todos los damnificados por la rotura
de la presa de Tous, a todos por igual. Señorías, eso no es lo que
hace el crédito extraordinario. El crédito extraordinario mantiene
una discriminación precisamente para aquellas personas que tienen
menos recursos económicos, las que están en una situación más
conflictiva. Tenemos que corregirlos -y esta sería la oportunidad-
votando las enmiendas a la totalidad con texto alternativo que se han
presentado. Se cumple la sentencia en cualquiera de los dos textos y
además se da cobertura a los 23.000 damnificados que se tuvieron que
acoger a los dos reales decretos.
En esta Cámara, por parte de portavoces cualificados del Grupo
Parlamentario Popular, se ha dicho siempre que los reales decretos no
eran suficientes, que establecían perjuicios porque las cuantías
indemnizatorias eran escasas. Precisamente portavoces del propio
Grupo Popular en la legislatura pasada decían que eran reales
decretos a los que se acogían las personas que más escasos recursos
económicos tenían; es decir, se reconocía así. Por tanto, nos parece
que es totalmente injusto que en estos momentos el Gobierno del
Partido Popular obvie el cumplimiento de sus compromisos y promesas a
los ciudadanos y ciudadanas de la Ribera, en definitiva al País
Valenciá.
Señorías, hay un acuerdo de los representantes de la Comunidad
Valenciana, aprobado por el Parlamento valenciano, en el que se
reclama de esta Cámara y del Gobierno la equiparación de todos los
damnificados, es decir, toda la Comunidad Valenciana, incluidos los
representantes del Partido Popular en las Cortes valencianas, están
reclamando y apoyando que se equiparen las indemnizaciones de los
damnificados. Señorías, sería decepcionante para el País Valenciá que
en esta Cámara no fuéramos capaces de cumplir un clamor de los
ciudadanos de la Ribera del río Xúquer. Establecer esta
discriminación puede tener graves conflictos sociales, entre otras
cosas, porque los ciudadanos y ciudadanas no tienen por qué entender
que se haya producido una sentencia que al vecino de al lado le
concede una equiparación dos, tres y cuatro veces superior a la que
le concede a otro que no pudo aguantar la vía judicial cuando ha
sufrido las mismas penalidades y los mismos desastres. Señorías, no
es cierto que se haya obtenido la reparación total de los daños a
través de los reales decretos. Se ha obtenido una reparación parcial
y no total, porque la sentencia reconoce mayores indemnizaciones de
las que se produjeron a través de los reales decretos. Estamos
hablando de 16 años. Han transcurrido 16 años desde que se produce la
rotura de la presa de Tous, desde que se produce el derrumbamiento y,
señorías, es suficiente el tiempo transcurrido para que cerremos en
esta Cámara, con un voto a favor a las enmiendas de totalidad con
texto alternativo, una parte desagradable y muy triste que están
viviendo los ciudadanos de la Ribera.
Para concluir, quiero recordarles las palabras de uno de los
portavoces del Grupo Popular que les decía en aquel momento a los
representantes del Grupo Socialista en una respuesta: Señorías, con
su actuación ustedes han perdido, electoralmente hablando, dos de las
ciudades más importantes de la Ribera: Carcagente y Alzira. Señores
del Partido Popular, ustedes con su actuación también pueden perder
electoralmente hablando ciudades muy importantes en el País
Valenciano, cualquiera de la Ribera del Xúquer, entre otras cosas,
por no cumplir los compromisos que ustedes adquirieron en las
campañas electorales. Oportunidad tienen de rectificar apoyando las
enmiendas a la totalidad.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Urán. ¿Algún grupo desea consumir un turno en contra? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, para un turno en contra, tiene la palabra el
señor Pascual.
El señor PASCUAL MONZÓ: Señor presidente, señorías, en nombre del
Grupo Parlamentario Popular tenía previsto consumir un turno de
fijación de posición en este debate sobre las enmiendas de totalidad
del proyecto de ley de crédito extraordinario por el derrumbamiento
de la presa de Tous. Sin embargo, la exposición por parte de uno de
los dos enmendantes, en concreto por parte del enmendante del Grupo
Mixto, señor Peralta, me ha decidido a cambiar mi actitud y fijar la
posición en contra, porque de ninguna de las maneras se le pueden
admitir los argumentos que ha traído aquí, teniendo en cuenta que el
tema de la responsabilidad de la Administración del Estado por el
derrumbamiento de la presa de Tous ha sufrido diversas alternativas,
habiendo sido objeto de resoluciones contradictorias.
El dictamen inicial del Consejo de Estado, así como la sentencia
absolutoria de la sección tercera de la Audiencia Provincial de
Valencia, en septiembre de 1995, estimaron que no había tal
responsabilidad civil subsidiaria. Por el contrario, la sentencia de
la propia Sala Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia de
octubre de 1990, anulada posteriormente, así como la del Tribunal
Supremo de abril de 1997 consideraron que sí existía tal
responsabilidad. En consecuencia, esta no ha sido una cuestión clara
y durante el excesivo período de tiempo transcurrido hacia la
obtención de una decisión definitiva ha habido largas situaciones de
indefinición. Es a partir de un determinado momento cuando la presión
social, ante la falta de respuesta de la Administración de justicia,
se dirigió a la Administración del Estado en demanda de respuesta. Se
buscó la fórmula de resolver un problema cuya dilación, según las
propias declaraciones de los damnificados, estaba produciéndoles
graves perjuicios. Fue entonces cuando se promulgó el Real Decreto-
ley 4/1993, de 26 demarzo, a requerimiento de los damnificados,
aunque hay que resaltar la forma cicatera con la que se promulgó y,
sobre todo -siendo esto más incomprensible-, la forma de aplicarlo.
Posiblemente no hubiera en aquel momento otra solución jurídicamente
viable más que la del convenio transaccional, cuya aplicación era
posible por la entonces reciente promulgación de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas
y del procedimiento administrativo común, cuyo artículo 88.1
establecía por primera vez la posibilidad de que la Administración
finalizase los litigios a través de la vía transaccional.
El segundo Real Decreto-ley 10/1995, de 28 de diciembre, fue
promulgado a requerimiento de los afectados que, fundamentalmente a
través de las asociaciones Asiva y Apemeda, instaron a la
Administración para que llevase a cabo una revisión de la situación y
se
dejaran de aplicar en el nuevo real decreto-ley determinadas
deducciones que sí se aplicaron en el anterior, como la compensación
de ayudas directas, la compensación de ayudas recibidas del
Ministerio de Interior, las cantidades abonadas por el Consorcio de
compensación de seguros, así como la inclusión de tres poblaciones
nuevas (Cárcer, Alcántara del Xúquer y Favara) que no figuraban en el
anterior. También se introdujo una cláusula de resarcimiento de los
gastos que habían tenido que soportar los afiliados a aquellas
asociaciones como consecuencia de su pertenencia a las mismas. Es de
destacar que la principal característica de este segundo real
decreto-ley se basa principalmente en las ofertas transaccionales que
se hicieron a los damnificados, mientras en el primero, como he dicho
antes, se ofertó de forma cicatera, e incomprensiblemente por parte
del entonces delegado del Gobierno, un 20 por ciento del importe
máximo resarcible, según el artículo 1, base segunda; es más, se hizo
de forma discrecional, porque a casos análogos hacía ofertas
totalmente distintas y, como acabo de decir muy bajas. El actual
delegado del Gobierno, al aplicar el segundo real decretoley, lo ha
hecho en todos los casos por el importe máximo resarcible, es decir,
al cien por cien de lo que permitía el real decreto-ley, lo cual es
una muestra de voluntad por parte del Partido Popular de ir
cumpliendo las promesas, contrariamente a lo que se ha dicho.
Al primer real decreto-ley se acogieron, de los 34.000 damnificados,
23.783, que recibieron por parte de la Administración del Estado una
cantidad total de 12.435 millones de pesetas. En el segundo real
decreto-ley, señorías, aceptaron las ofertas transaccionales, por un
lado, 4.646 nuevos damnificados y, por otro, 12.527 que ya se habían
acogido al primer real decreto-ley pero que, acogiéndose a este
segundo, pudieron recibir las mejoras previstas y ya antes citadas.
La cuantía total recibida por estos damnificados ascendió a 9.565
millones de pesetas.
Podemos extraer una primera conclusión: la fórmula aplicada de los
reales decretos-leyes fue tomada a requerimiento de los damnificados.
También se hace necesario resaltar que la citada vía de los reales
decretos- leyes sólo era posible ante la ausencia de una sentencia
que determinase la responsabilidad de la Administración ya que, en
caso contrario, hubiese sido imposible, por razones obvias, su
aplicación, al margen de que hubiera podido tomarse como una falta de
consideración hacia la Administración de justicia.
Señorías, la extensa y detallada argumentación en que la Sala de la
sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia fundamenta la
validez de los convenios suscritos entre la Administración del Estado
y los damnificados hace realmente inviable la posibilidad de aceptar
las enmiendas de totalidad que se han planteado en este trámite
parlamentario. En los fundamentos de derecho el auto, en su base
primera y más extensa, lo resalta de forma continua y dice
textualmente: Llegándose al convenio incluso con sacrificios, bien de
orden moral o de tipo económico, todo con el exclusivo
objeto de evitar los inconvenientes que los pleitos llevan siempre
consigo. Se trata, pues, de un negocio jurídico expresamente
tendencial a conformar su finalidad por la exigencia de evitar la
provocación de un pleito o de poner término al ya comenzado. De aquí
que su efecto principal radique en obtener para las partes la
autoridad de la cosa juzgada, como dispone el artículo 1.816 del
Código Civil.
Más adelante dice: Por ello, además de apreciarse ajustada a derecho
la decisión del ministerio fiscal de no ejercitar la acción civil en
el momento de la calificación definitiva por cuenta de quienes ya se
habían acogido al Real Decreto-ley de 1993, lo que de por sí
entrañaría un obstáculo procesal suficiente para poder otorgar
viabilidad a una pretensión no hecha efectiva, sin perjuicio del
posible tratamiento discriminatorio que ello representaría respecto
de quienes se encontraran en la misma situación por haber accedido
con posterioridad a aquel trámite procedimental, ha de concluirse
entendiendo que procede excluir a todos los que han llegado a
suscribir el tan mentado convenio transaccional.
En otro apartado dice: Por la gran cantidad de afectados, quienes al
suscribir el acuerdo transaccional con la explícita renuncia a toda
reclamación indemnizatoria lo hacían conscientes del contenido
negocial que aceptaban al venir garantizado por una expresa
disposición legal, por lo que mal puede admitirse la presencia del
error, dolo, violencia o falsedad documental. De aquí que, en
definitiva, se imponga concluir reconociendo plenos efectos a la
transacción concertada y, por tanto, la renuncia que comportaba, lo
que conlleva, como se ha señalado, la exclusión de todos los
suscribientes de los convenios transaccionales.
Señorías, no es aceptable la afirmación de que se da un trato
distinto a los damnificados según hayan optado al resarcimiento de
sus daños a través de la vía judicial o de la vía administrativa, ya
que las situaciones no son comparables. En el momento de suscribir el
primer convenio, como muy bien ha dicho el señor Peralta, la
Administración no había sido condenada. En el momento del segundo
convenio había sido absuelta pocos meses antes y, aunque se recurrió
la sentencia, había un alto porcentaje de posibilidades de que
finalmente no lo fuese, con el lógico y consecuente riesgo de haber
procedido al pago de unos resarcimientos de daños de los que podía no
haber sido responsable. Voy a dar un dato, señorías: gran parte de
los damnificados incluidos en la relación del auto de ejecución de la
sentencia del Tribunal Supremo, que son precisamente los que se van a
beneficiar de la aprobación de este proyecto de ley que estamos
debatiendo, son aquellos que no pudieron en su momento celebrar los
citados convenios por defecto de documentación y cuyas denegaciones
provocaron sus insistentes reclamaciones para que fuesen aceptadas
sus peticiones. Al no conseguirlo, no les quedó más remedio que
seguir personándose en la causa.
Es imposible que en un proceso de resarcimiento de más 34.000
damnificados no se den agravios comparativos, sobre todo cuando no se
resuelve de forma inmediata y en su momento, señorías. Sobre los
acontecimientos, y desde luego con muchos años por medio, se han ido
arbitrando soluciones parciales que afectan a partes distintas de los
damnificados. Por tanto, lo que he propuesto desde esta tribuna en
debates anteriores habría sido la solución idónea si tan bien ha
llevado este tema desde el principio el Partido Socialista, como ha
dicho el señor Peralta. La fórmula más fácil y sencilla habría sido
indemnizar en su momento a los damnificados, no usarlos
electoralmente, como posteriormente se hizo, y haberse subrogado el
Estado el derecho, vía judicial, de reclamar las responsabilidades
penales pertinentes. Así se habría evitado que condenar a un
funcionario fuera condición sine qua non para que existiera
responsabilidad civil subsidiaria del Estado.
Señorías, el Partido Popular ha dado muestras de cumplir, en la
medida de lo posible, las promesas que se habían hecho, según se ha
dicho aquí. Primero, con la voluntad de aplicación del segundo real
decreto-ley se ha ofertado y pagado el cien por cien del importe
máximo resarcible a todos los acogidos a las ofertas del segundo real
decreto-ley, en contra de la aplicación del primero, cuando solamente
se pagó un 20 por ciento de este importe máximo resarcible.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Pascual, vaya
concluyendo, por favor.
El señor PASCUAL MONZÓ: Voy terminando, señor presidente.
En aplicación de la sentencia, a pesar de que algunas voces dijeran
que no iba a ser así, se pagó inmediatamente a los damnificados,
porque a la semana siguiente de aprobarse el proyecto de ley por el
Gobierno se habilitó un adelanto de tesorería. Es más, señorías, de
los 5.500 damnificados que están en la lista de la sentencia, todavía
hay casi 2.000 que no han hecho la solicitud de las indemnizaciones a
las que tienen derecho. Hay que destacar también la actitud activa de
la delegación del Gobierno buscando, a través de todos los medios
posibles, a los damnificados que estando en esa lista tienen derecho
a la indemnización y no la han solicitado.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Concluya ya, señor
Pascual, por favor.
El señor PASCUAL MONZÓ: Concluyo, señor presidente.
Como he dicho al principio, iba a fijar la posición de mi grupo
parlamentario. Aquí nos conocemos todos, señorías, pero si alguien no
nos conociera habría pensado que la intervención del señor Peralta se
dirigía más a defender la posición del Grupo Socialista que la de su
grupo parlamentario. Según se desprende de su intervención, el
Partido Socialista lo ha hecho muy
bien, con dos reales decretos, y solucionó el problema. Según usted,
la culpa de que no se haya solucionado el problema del derrumbamiento
de Tous corresponde al Partido Popular. Quizás se nos pueda criticar
que en dos años de gobierno hayamos hecho más o menos, pero la
actitud del Partido Popular ha estado dirigida, dentro de sus
posibilidades, a procurar el máximo beneficio a los damnificados, lo
que no se ha hecho en catorce años de gobiernos anteriores.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Pascual.
Señor Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor presidente.
Señor Pascual, yo no sé qué interpretación habrá hecho usted de mi
intervención. Según dice, me he dedicado a defender a otro grupo
parlamentario. Créame, señor Pascual, que mi voluntad era defender la
razón y la justicia de los damnificados. Yo sí que he entendido
exactamente su posición.
Usted ha intentado, en mi opinión con bastante poca fortuna, defender
una posición que no tienen razón, la del Gobierno del Partido
Popular, porque no ha hecho absolutamente nada sobre el problema de
Tous, absolutamente nada. Otros gobiernos hicieron dos reales
decretos-leyes cuando no estaban obligados a hacerlo. Ustedes sólo
han hecho un proyecto de ley obligados por una sentencia del Tribunal
Supremo y que, además, deja al margen a la mayor parte de los
damnificados, cuando ustedes -en concreto el señor Aznar y el señor
Zaplana- dijeron que jamás harían discriminaciones. Ahora hacen
ustedes la más grande que se ha producido en toda la tramitación del
tema Tous. Señor Pascual, el PP no ha hecho nada en el tema Tous, ni
siquiera, a diferencia de lo que dice usted, cumplir el segundo real
decreto-ley dictado por el Gobierno socialista. Han pasado más de dos
años desde marzo de 1996 en que se dictó y todavía no saben ustedes a
cuánta gente se le aplica ese real decreto-ley; ni siquiera eso saben
ustedes al día de hoy, señor Pascual, a los dos años de gestión
exclusivamente del Partido Popular. Por tanto, no venga diciendo que
han hecho en el tema Tous, porque no han hecho -insisto-
absolutamente nada. Y no me diga usted que con la enmienda que hemos
presentado nosotros se incumple la cosa juzgada. No es verdad. ¡Qué
mayor respeto para la cosa juzgada, desde el punto de vista del
Estado, que aplicar esa cosa juzgada a todos los damnificados! Ese es
el mayor respeto que puede dar el Estado a la cosa juzgada, aplicarla
a todos y no sólo a una parte, como hacen ustedes, porque se ven
obligados precisamente por ella y pretenden ahorrarse un dinero y
unas indemnizaciones que los tribunales justamente han dicho que
tendrían que ser aplicadas a todos pero que la legislación actual lo
impide. Eso es lo que dicen los tribunales, que la legislación actual
lo impide. Lo que nosotros pretendemos
con nuestra enmienda es modificar esa legislación, como ya se
hizo anteriormente y los tribunales respetaron porque aplican la ley.
Ahora lo que hace falta es que ustedes apliquen la justicia y den
cumplimiento a las promesas, al parecer inútiles, que hicieron en su
momento.
Gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Peralta.
Señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
La intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor
Pascual, nos puede llevar a una conclusión que se puede decir en
pocas palabras: Cuando gobernaban otros se hacían las cosas muy mal;
ahora que gobernamos nosotros se hacen de maravilla y, por tanto, no
hay que hacer más.
Señorías, yo creo que aquí estamos ante algo que no tiene nada que
ver con la gestión que se pueda hacer de los reales decretos, que se
pueden gestionar mejor o peor pero nada tiene que ver. Por un lado
tiene que ver con el cumplimiento de una sentencia y, por otro, con
el cumplimiento de los compromisos electorales y de las promesas que
llevaron al Partido Popular a decir públicamente, en sus actos
electorales, que si llegaban a alcanzar el Gobierno de la nación
todos los damnificados de la presa de Tous recibirían las
indemnizaciones exactamente por igual, en la medida en la que
hubieran sido perjudicados. Señorías, la sentencia no impide al
Gobierno de la nación que se puedan equiparar las indemnizaciones a
los damnificados; no reconoce la sentencia al resto de los
damnificados que se acogieron a los reales decretos, pero la voluntad
política sí nos puede llevar a aprobar un crédito extraordinario que
recoja las aspiraciones de todos los damnificados de la Ribera del
Xúquer.
Señorías, no es posible que podamos admitir esto - y nos parece de
verdad indignante-, porque en esta intervención se refleja el uso
electoralista que se hacía de una situación altamente perjudicial
para las personas cuando se habla de que se cumplen, en la medida de
lo posible, las sentencias o las promesas. Señorías, cuando estamos
hablando de daños producidos a las personas, a sus viviendas, a sus
medios de vida, a sus producciones, no es en la medida de lo posible,
es lo justo, lo que la justicia reconoce y lo que justamente un
Estado que se dice democrático y de derecho debería reconocer por
igual a todas las personas que han sufrido los mismos perjuicios. Por
tanto, no podemos hablar de lo que se debería de hacer y no se hizo,
sino de la oportunidad que se nos brinda ahora, a través de la
sentencia, de reparar los daños que se pueda haber ocasionado a
tantísimas personas que fueron damnificadas por la rotura de la presa
de Tous y que, desde luego, paciencia han tenido después de 16 años
transcurridos.Señorías, no nos vengan ustedes aquí con
paños de agua caliente, reconozcan que no tienen voluntad política de
dar una solución justa a esta situación, pues de lo contrario
admitirían las enmiendas de totalidad con texto alternativo.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Urán.
Señor Pascual.
El señor PASCUAL MONZÓ: Intervengo muy brevemente, señor presidente,
para decir que aquí no se trata de que el Gobierno del Partido
Popular se quiera ahorrar dinero o quiera dejar de ahorrarlo, porque
como todos ustedes saben el dinero no es del Gobierno, el dinero es
de todos los españoles (Rumores.) Simplemente estamos cumpliendo la
sentencia y habilitando un crédito extraordinario.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Silencio, por favor.
El señor PASCUAL MONZÓ: Señorías, la misma sentencia dice de forma
taxativa que las personas que se habían acogido a los convenios
transaccionales no tenían ningún derecho a acogerse a esta sentencia.
Lo dice la justicia, no lo dice el Gobierno del Partido Popular.
En este trámite parlamentario hay una cierta contradicción en su
planteamiento. Señorías, podíamos sacar a relucir aquí muchas
declaraciones anteriores, pero no creo que sea ese el debate de este
momento ni lo que interesa a los damnificados, sino que se solucione
el problema, como se está solucionando. El Partido Popular se ha
encontrado con esta situación y la hemos llevado al máximo. Ha habido
por parte del Gobierno del Partido Popular claras muestras de que la
actitud ha sido totalmente distinta a la de gobiernos anteriores
(Rumores.) y hemos tratado de solucionar el problema de la mejor
forma posible.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Pascual. ¿Grupos que desean fijar la posición en el debate? (Pausa.)
De acuerdo con la Presidencia de la Cámara, tiene la palabra también
por el Grupo Mixto el señor Chiquillo.
El señor CHIQUILLO BARBER: Gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre de Unió Valenciana sobre un tema del que
llevamos discutiendo más de 16 años, y lo hago con un claro y rotundo
espíritu constructivo, desde la coherencia que Unió Valenciana ha
mantenido en esta Cámara, en las Cortes Valencianas y en todos los
ayuntamientos de la comarca sobre este tema que requería una solución
política desde el 21 de octubre del año 1982, el día después de la
rotura de la presa de Tous. Podemos mirar el pasado, las acciones del
PSOE
en el Gobierno y sus conductas ahora en la oposición, y las conductas
del Partido Popular en la oposición y lo que está haciendo ahora
desde el Gobierno en los dos años, casi tres, que llevan en la
Moncloa. Los ciudadanos de la Ribera y sobre todo los damnificados
han sufrido las conductas y discursos de unos y otros, y claro está
que las valoran, que las tienen en cuenta.
Unió Valenciana, con ese ánimo constructivo, piensa que 16 años
después no podemos estar hablando sólo del tema que nos ocupa hoy
aquí, que es el proyecto de ley por el que se concede un crédito
extraordinario que afecta a 5.000 damnificados, hay que hablar de los
otros 28.000 damnificados, el 85 por ciento, que han sido y al día de
hoy continúan siendo claramente discriminados, burlados y vejados en
sus más elementales derechos por un Gobierno y por otro. Ha cambiado
el inquilino en la Moncloa, pero los damnificados de Tous han seguido
sufriendo el desprecio y la incomprensión de los gobiernos. Pero
pasemos la página, miremos el futuro, 28.000 damnificados que esperan
justicia y que se les aplique lo que la sentencia reconoce para
5.000, porque son todos, los 33.000, igualmente damnificados por una
misma catástrofe que sufrieron en sus pieles, en sus carnes, en sus
explotaciones agrícolas, en sus domicilios y en su vida de una manera
imborrable hace más de 16 años.
Por tanto, ahora lo que procede, visto el talante y el planteamiento
del Grupo Popular, es que hoy ocurra lo que va a ocurrir, que se
rechacen las enmiendas de totalidad que se han presentado con texto
alternativo, pero vamos a abrir, tal como nos solicitaron todos los
alcaldes de la Ribera, un período de reflexión para que en la
Comisión en el mes de febrero se resuelva políticamente el caso Tous
de los 28.000 damnificados que, como se reconoce por el propio
Gobierno, han sufrido una clara y rotunda discriminación recibiendo
entre dos y tres veces menos indemnización que la que les
correspondía y que van a recibir, en virtud del proyecto que hoy
debatimos, 5.000 damnificados. Por tanto, hagamos caso todos los
partidos a lo que nos piden nuestros alcaldes, la mancomunidad de la
Ribera Alta y de la Ribera Baixa y en el trámite de Comisión
intentemos dar solución política a este tema y hacer justicia. Y eso
sólo tiene un camino: un tercer real decreto-ley, como han solicitado
más de 40 municipios de la comarca de la Ribera y las Cortes
Valencianas, para que de una vez por todas -más vale tarde que nunca-
se dé solución definitiva al caso Tous. Tengamos en cuenta que no
debemos pensar en clave de cada uno de los partidos, sino en la clave
de los 28.000 damnificados que hoy tienen sus ilusiones puestas en
este hemiciclo y que esperan que se dé solución definitiva con el
tercer real decreto-ley que todos hemos prometido, pero que algunos
están incumpliendo y del que se quieren olvidar y pasar la página de
un compromiso que adquirieron en el Gran Teatro de Alzira en octubre
del año 1995. Eso es verdad y es lo que esperan todos los
damnificados. Pasemos esa página, pensemos en los 28.000 damnificados
y demos la solución política definitiva
que es el tercer real decreto-ley, y que sea el éxito de los 28.000,
no el éxito o el fracaso de un Gobierno o de otro o de un partido o
de otro. Es más importante atender a lo que se ha negado a 28.000
damnificados durante 16 años.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Chiquillo.
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra
don José Beviá.
El señor BEVIÁ PASTOR: Señor presidente, señorías, voy a comenzar mi
intervención con una cita, no con una alusión. En el «Diario de
Sesiones» del día 17 de marzo de 1992 se recogen unas palabras
expresadas desde la sensibilidad. Se decía: Los pueblos de la comarca
de Valencia, señorías, esperan de nosotros la suficiente
sensibilidad, solidaridad y sentido de justicia para que la
indemnización se haga realidad, pero no quieren más palabras ni
promesas, sino hechos. Eran unas declaraciones desde la sensibilidad.
También hubo otras declaraciones -y hago otra cita, no otra alusión-
planteadas con ciertos tintes demagógicos - si no, SS.SS. verán-:
¿Por qué hay dinero para los déficit de Televisión Española, para el
fútbol o para países que lo más seguro es que no nos lo devuelvan
-así-, y a los españoles, con mucho más derecho, se les niega
constantemente? Ambas citas son palabras literales del señor Pascual.
(Rumores.)
Señorías, el caso Tous es una cuestión harto conocida de todos. Por
tanto, no quiero insistir en la dimensión de la tragedia que provocó
la rotura de la presa de Tous en el año 1982. Es una larga historia
vivida con rabia, con intensidad y con indignación por los pueblos
afectados y por los miles y miles de personas damnificadas, con un
itinerario judicial interminable; una historia que ha mantenido en
esta Cámara, en el Senado y en las Cortes Valencianas un debate casi
permanente. Y como alguno de los intervinientes ha indicado, es ahora
el momento en que deberían cerrarse definitivamente y de manera justa
este debate y esta historia, porque los afectados, señorías, no
quieren ser moneda de cambio ni instrumento de confrontación política
ni objeto de apetencias electoralistas. Nos lo han repetido hasta la
saciedad, por escrito y en reuniones con todos los grupos
parlamentarios, juntos o por separado, en las Cortes Valencianas y
aquí. Lo que quieren los afectados es una solución definitiva y
justa, desde el principio de la no discriminación entre aquellos que
se acogieron a los convenios transaccionales que se firmaron desde la
vista de los reales decretos-leyes de los años 1993 y 1995 y aquellos
otros que han visto reconocidos sus derechos en virtud de la
sentencia judicial. Y este proyecto de ley puede y debe ser, como
acabo de decir, el cierre definitivo de esta especie de pesadilla
interminable.
El Grupo Socialista no ha presentado ninguna enmienda a la totalidad;
ha presentado una enmienda parcial cuyo contenido y alcance son
absolutamente
similares a los de las dos enmiendas de totalidad, ya que lo que
plantean unas y otras es la aplicación sin reservas de los principios
de igualdad y no discriminación. Lo que a través de esas enmiendas se
pretende, señorías, es ni más ni menos que la equidad indemnizatoria
y la no discriminación entre unos y otros grupos de afectados. Esa
equidad, esa no discriminación es necesaria, es posible y cabe
perfectamente dentro de este proyecto de ley de crédito
extraordinario. Es necesaria, repito, para cerrar definitivamente,
después de 16 años, las dramáticas consecuencias de la catástrofe
provocada por la ruptura de la presa de Tous en 1982, y es posible
tanto a través de las enmiendas de texto alternativo que hoy se han
defendido aquí como a través de la enmienda socialista u otras
enmiendas que se han presentado a este proyecto de ley. Porque,
señorías, es falaz la argumentación de que el auto de la Audiencia
Provincial de Valencia de ejecución de la sentencia del Tribunal
Supremo impide hacer extensivos a todos los damnificados los
criterios indemnizatorios establecidos por dicho auto. Lo que hace el
auto, señorías, entre otras cosas, es ratificar simplemente la
validez de los convenios suscritos al amparo de los reales decretos-
leyes, y es natural y lógico que no pueda reconocerse por vía
judicial el derecho a una indemnización de aquellos que renunciaron a
toda reclamación indemnizatoria por vía judicial o por vía
extrajudicial. Pero el hecho de que no pueda ser reconocido por vía
judicial no impide que el Gobierno pueda adoptar medidas políticas,
no impide que el Gobierno pueda adoptar medidas legales, bien a
través de un tercer real decreto-ley, bien a través de esta propia
ley, que eviten la discriminación entre unos y otros perjudicados. Y,
señorías, evitar la discriminación no sólo es posible sino que es lo
que hizo el Gobierno socialista con el segundo de los reales
decretos-leyes tantas veces aludidos hoy, el del año 1995.
Como todos ustedes conocen, en marzo de 1993, tras la declaración de
nulidad por parte del Tribunal Supremo de la sentencia de la
Audiencia Provincial de 1990, después de más de 10 años de trámites
procesales sin haberse fijado definitivamente, como se ha reconocido
aquí hoy, los hechos en vía judicial ni las eventuales
responsabilidades de la Administración, instado por esta Cámara a
través de una proposición no de ley aprobada en la Comisión de
Presupuestos en la que precisamente el Grupo Popular se abstuvo, ante
una singularidad especialísima procesal, el Gobierno socialista de
aquellos tiempos adoptó medidas igualmente singulares y
excepcionales. Dictó un real decreto-ley que permitía el
establecimiento o la firma de convenios transaccionales entre el
Estado y los damnificados y que en la base quinta del artículo 1.º
exigía la renuncia a la reclamación indemnizatoria por vía judicial o
por vía extrajudicial. Pero dos años después, en 1995, por una nueva
sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que fue recurrida
pero que ampliaba en determinados aspectos las indemnizaciones, el
Gobierno socialista dictó un segundo real decreto-ley en el que,
a través de una disposición final y desde la perspectiva de la no
discriminación, se permitía que aquellos afectados que se habían
acogido al primero de los decretos-leyes y habían firmado un convenio
transaccional en el que renunciaban a toda reclamación judicial y
extrajudicial presentaran reclamaciones por la diferencia que
significaba la aplicación de los criterios del primer decreto ley con
respecto a los segundos. Se cumplía así, a través de esa disposición
final primera, el principio de no discriminación y de igualdad.
Cuando el Gobierno, en contestación a una pregunta del señor Peralta,
dice que en la extensa, detallada y sólida argumentación en que el
auto de ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo fundamenta la
validez de los convenios está diciendo que la Audiencia Provincial de
Valencia y el Supremo están dictando también la validez de una
disposición final primera que permitía a los que se habían acogido al
primer real decreto-ley no quedar discriminados con respecto a los
criterios más amplios que se aplicaban en el segundo. Luego es la
misma sentencia del Tribunal Supremo la que viene avalando la
posibilidad de que no exista discriminación entre unos y otros
afectados. La aplicación, señorías, de ese principio de no
discriminación se hizo por vía legal a través de un segundo real
decreto-ley en el año 1995. Fue una decisión política, y esa misma
decisión política, señorías, puede adoptarse ahora. Y tiene cabida,
tiene perfectamente cabida en un proyecto de ley de crédito
extraordinario porque es ampliable o porque puede modificarse también
la cantidad global, y además de atender, como es imprescindible, al
pago de indemnizaciones derivadas de la sentencia del Tribunal
Supremo puede extender, en su justa medida, los nuevos beneficios que
la ejecución de la sentencia implica a todos aquellos damnificados
que se acogieron a los convenios establecidos en los dos reales
decretos-leyes.
Termino, señor presidente. Creo sinceramente que la tramitación de
este proyecto de ley es el momento del acuerdo. Puede hacerse, como
he dicho, a través de estas enmiendas de texto alternativo al
proyecto de ley; puede hacerse a través de la enmienda presentada por
el Grupo Socialista o de otras enmiendas, pero todos los grupos
parlamentarios estamos en la obligación de encontrar una salida
definitiva e inmediata a esta vieja y dramática cuestión. Busquemos
la fórmula que sea en este acto o a lo largo de la tramitación del
proyecto de ley, pero garanticemos ya, de una vez por todas, la
solución definitiva a este problema desde los únicos criterios que la
justicia nos exige: los de la igualdad y los de la no discriminación.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos. -El señor Pascual Monzó
pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Beviá.
Señor Pascual, no tiene usted la palabra. Ha consumido un turno en
contra y, como muy bien ha expresado el señor Beviá desde la tribuna,
usted ha sido citado
literalmente, no ha sido aludido. No tiene ningún turno, señor
Pascual.
El señor PASCUAL MONZÓ: No es para abrir debate.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): No tiene turno para abrir
ningún debate, señor Pascual.
El señor PASCUAL MONZÓ: No es para abrir debate, simplemente para
fijar en el tiempo la cita que ha hecho el señor Beviá.
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Ha sido citada en sus
justos términos por la lectura del «Diario de Sesiones», señor
Pascual.
El señor PASCUAL MONZÓ: Señor presidente, 1992 y diez años después
del derrumbamiento...
El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señor Pascual, no tiene la
palabra; no tiene la palabra.
Vamos a proceder a las votaciones de todos los debates que han tenido
lugar esta mañana. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON OCASIÓN DEL 50.o ANIVERSARIO DE LA
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.
El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de proceder a las votaciones, en
nombre de todos los grupos parlamentarios, de los portavoces y de la
Mesa, deseo someter al Pleno la siguiente declaración institucional
conmemorativa de los 50 años de la Declaración Universal de Derechos
Humanos.
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de la Organización de
Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. En el 50.º aniversario de esa fecha, el Congreso de los
Diputados expresa su reconocimiento hacia la declaración, que ha
servido y sirve de referente jurídico más allá de los ordenamientos
estatales, y manifiesta su compromiso con los derechos fundamentales
que en ella se proclaman.
En las puertas del siglo XXI, el Congreso de los Diputados considera
que la declaración de 1948 tuvo un valor inapreciable en el plano
internacional por su primacía temporal y su amplitud, y que la
riqueza de su contenido permite una progresiva profundización en su
cumplimiento. En este sentido, declara que las peculiares
circunstancias culturales no pueden excusar la plena aplicabilidad de
los derechos humanos y que corresponde a la comunidad internacional
velar en todo caso por ellos. De igual modo, entiende que la
Organización de las Naciones Unidas constituye el marco más apropiado
de la formulación de declaraciones de derechos, por el gran número de
Estados que tienen el carácter de miembros. Sin perjuicio de las
otras declaraciones nacionales o internacionales con instrumentos de
garantía más precisos, las Naciones Unidas gozan de una autoridad
moral única que el Pleno del Congreso de los Diputados de España
reafirma.
Esta Cámara legislativa, que conmemora este año el 20.º aniversario
de la Constitución española, desea subrayar que la garantía de los
derechos humanos conforma el pilar básico de la convivencia social.
Por ello, hace hoy un llamamiento a todos los ciudadanos y a las
instituciones de España, para que en su actuación y en sus relaciones
luchen por una más perfecta observancia de los derechos humanos
reconocidos en la Declaración Universal. ¿Lo aprueba así el Pleno?
(Asentimiento.- Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señorías.
ENMIENDAS DEL SENADO (VOTACIONES).
- PROYECTO DE LEY SOBRE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN LOS
SECTORES DEL AGUA, LA ENERGÍA, LOS TRANSPORTES Y LAS
TELECOMUNICACIONES, POR LA QUE SE INCORPORAN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO
ESPAÑOL LAS DIRECTIVAS 93/38 CEE Y 92/13/CEE. (Número de expediente
121/000112)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las votaciones derivadas de los
debates de esta mañana, comenzando por las enmiendas del Senado a los
proyectos y proposiciones que se han debatido.
En primer lugar, al proyecto de ley sobre procedimientos de
contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y
las telecomunicaciones. Votamos en primer lugar las enmiendas del
Senado a los artículos 17.1, 31, 55.3 y 67.2 Comienza la votación.
(Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
313; a favor, 299; en contra, 13; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmienda al artículo 9.13.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
313; a favor, 300; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda a la disposición adicional cuarta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
314; a favor, 172; en contra, 139; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda.
Señorías, el fallo mecánico es de los servicios; no habían notado que
para la votación secreta, que fue la última que se realizó,
correspondiente al dictamen de la Comisión del Estatuto de los
Diputados, tenía que ser modificado. Espero que en la próxima ya se
vea el registro de votos de cada cual.
Pasamos a votar las enmiendas al artículo 50.1, a la disposición
adicional tercera, puntos III y IV, y a la disposición adicional
quinta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
314; a favor, 314.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Enmienda al artículo 51.3.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
314; a favor, 307; en contra, cinco; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda a la disposición adicional sexta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
314; a favor, 188; en contra, 124; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Enmienda a la exposición de motivos, último párrafo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
314; a favor, 171; en contra, uno; abstenciones, 142.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Restantes enmiendas del Senado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
314; a favor, 300; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las restantes enmiendas del
Senado al proyecto de ley referido.
- PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA PARA CANTABRIA.
(Número de expediente 127/000006)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la propuesta de reforma del Estatuto
de Autonomía para Cantabria.
Vamos a proceder en un único trámite a la votación de las enmiendas
del Senado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
313; a favor, 300; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
- VOTACIÓN DE CONJUNTO.
El señor PRESIDENTE: Votación final de conjunto, por ser la ley de
naturaleza orgánica.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
313; a favor, 299; en contra, 13; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Al haber alcanzado la mayoría absoluta, queda
aprobada con carácter orgánico la propuesta de reforma del Estatuto
de Autonomía para Cantabria.
- PROYECTO DE LEY SOBRE INTRODUCCIÓN DEL EURO. (Número de expediente
121/000137)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las enmiendas del Senado al proyecto
de ley sobre introducción del euro.
En primer lugar, enmiendas a los artículos 32 y 33.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
314; a favor, 300; en contra, 13; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas a los artículos 15 y 22.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
314; a favor, 310; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Resto de enmiendas del Senado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
314; a favor, 300; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas al proyecto de
ley.
- VOTACIÓN DE CONJUNTO.
El señor PRESIDENTE: Al haberse aprobado entre ellas la enmienda del
Senado a la disposición adicional quinta, quedará ésta desglosada
junto con la disposición adicional tercera en un proyecto de ley
independiente de carácter orgánico que requiere la votación final de
totalidad sobre el conjunto del proyecto.
Se someten a votación ambos preceptos, teniendo en cuenta que debe
incorporarse a este proyecto la cláusula de entrada en vigor que
figura en el proyecto originario y el título siguiente: Proyecto de
ley orgánica complementaria de la ley sobre introducción del euro.
Votación final de totalidad del nuevo proyecto de ley orgánica
resultante.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
313; a favor, 299; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda en consecuencia también aprobado, con el
carácter de orgánico, el proyecto de ley resultante.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS (VOTACIONES).
- PROYECTO DE LEY DE COOPERATIVAS. (Número de expediente 121/000124)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las enmiendas de totalidad que se han
formulado al proyecto de ley de cooperativas, que han sido las tres
de devolución, dos del Grupo Mixto y una del Grupo Socialista, y que
se someten a una sola votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
314; a favor, 130; en contra, 171; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas de totalidad de
devolución al proyecto de ley de cooperativas
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 7/1985,
DE 1 DE JULIO, SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN
ESPAÑA. (Número de expediente 122/000154)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar la enmienda de totalidad con
texto alternativo que el Grupo Socialista ha formulado a la
proposición de ley orgánica de
reforma a la de tal naturaleza sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
312; a favor, 124; en contra, 187; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda de totalidad de
texto alternativo.
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MEDIDAS PARA FAVORECER UNA MAYOR
PROTECCIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES. (Número de expediente
122/000158)
El señor PRESIDENTE: Enmienda de totalidad, también con texto
alternativo, formulada por el Grupo Socialista a la proposición de
ley orgánica de medidas para favorecer una mayor protección e
integración de los inmigrantes.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
314; a favor, 124; en contra, 188; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 7/1985,
DE 1 DE JULIO, SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN
ESPAÑA. (Número de expediente 122/000167)
El señor PRESIDENTE: Enmienda de totalidad, también con texto
alternativo, formulada por el Grupo Socialista a la proposición de
ley de reforma de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
314; a favor, 124; en contra, 187; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda de totalidad con
texto alternativo.
- PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE CONCEDE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO POR
IMPORTE DE 9.393.184.038 PESETAS, PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES
DERIVADAS DEL DERRUMBAMIENTO DE LA PRESA DE TOUS, SEGÚN SENTENCIA DEL
TRIBUNAL SUPREMO
DE 15 DE ABRIL DE 1997. (Número de expediente 121/000123)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las votaciones correspondientes a las
enmiendas de totalidad que con sendos textos alternativos se han
presentado y debatido hoy al proyecto de ley por el que se concede un
crédito extraordinario para el pago de indemnizaciones derivadas del
derrumbamiento de la presa de Tous.
Votamos en primer lugar la enmienda con texto alternativo del Grupo
Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
313: a favor, 148; en contra, 164; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda del Grupo Mixto.
Se somete a votación el texto alternativo de la enmienda de totalidad
formulada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
314; a favor, 147; en contra, 167.
El señor PRESIDENTE: Queda en consecuencia rechazada la enmienda de
totalidad con texto alternativo formulada por el Grupo de Izquierda
Unida.
El Pleno se reanudará a las cuatro de esta tarde.
Se suspende la sesión.
Eran las dos y cincuenta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE INICIATIVA POPULAR.
- REGULADORA DEL LIBRO DE TEXTO PARA LA ENSEÑANZA BÁSICA. (Número de
expediente 120/000004)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Se reanuda la sesión.
Vamos a continuar con el punto noveno del orden del día: toma en
consideración de proposiciones de ley de iniciativa popular. Toma en
consideración de la proposición de ley reguladora del libro de texto
para la enseñanza básica.
La Presidencia quiere consultar a SS.SS. si estiman necesaria la
lectura del documento con la exposición de razones que lo aconsejan,
a juicio de los firmantes,
miembros de la Comisión promotora de la iniciativa legislativa
popular de la proposición de ley reguladora del libro de texto para
la enseñanza básica. Como se ha distribuido a todos los grupos, la
Presidencia desearía saber si consideran necesario que se dé lectura
al mismo. (Denegaciones.)
Entonces, vamos a comenzar el debate con la fijación de posiciones de
los grupos parlamentarios que deseen intervenir.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente tiene la palabra el
señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre de Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya, en
primer lugar, para felicitar a los promotores de la iniciativa
legislativa popular, que hoy culmina ese difícil trayecto que tiene
toda iniciativa de este tipo con la presentación para su toma en
consideración por esta Cámara. Ha querido el azar que sea en la
semana en que conmemoramos el vigésimo aniversario de nuestra
Constitución en la que venga una iniciativa de este tipo, tan
cicateramente tratada, a nuestro modo de ver, en la propia
Constitución y desde luego en la legislación posterior que la
desarrolla; además, ha querido el azar que esta iniciativa esté
ligada a un derecho fundamental, lo cual para nosotros es doble
motivo de satisfacción. Vamos a votar favorablemente esta iniciativa,
porque entendemos que trata una de las cuestiones claves y
fundamentales, como es la gratuidad del libro de texto o material
escolar en la enseñanza obligatoria. Entendemos que siendo la
enseñanza gratuita y obligatoria un derecho constitucional, parece
lógico que aquellos instrumentos básicos que sirven para la
realización de ese derecho estén también amparados o estén de alguna
forma recogidos bajo esos principios que afectan al derecho mismo, al
corazón y al contenido esencial del derecho. De esta manera, al
intervenir así los poderes públicos, se da satisfacción a lo que
exige nuestra Constitución también en el artículo 9.2, cuando indica
y mandata a los poderes públicos la obligación que tienen de remover
los obstáculos que dificultan que la igualdad sea un hecho material y
no un simple enunciado jurídico.
Por tanto, desde estos puntos de vista, quiero reiterar el apoyo de
Nueva Izquierda-Iniciativa per Catalunya a la iniciativa legislativa
popular, aunque ello no significa que estemos absolutamente de
acuerdo con el texto propuesto. Entendemos que, si pasa este trámite,
es un texto mejorable en los trámites posteriores, por vía de
enmiendas que al menos nuestro grupo se esforzaría en elaborar. Es un
texto mejorable, sobre todo en lo que hace referencia a la conexión
entre asegurar esa expansión del derecho a la educación que se
pretende con lo que es la política global del libro, un instrumento
fundamental en la cultura española y, al mismo tiempo, una industria
cultural de primer orden. A nuestro modo de ver, en el texto que
remiten los promotores hay algunos déficit porque no queda claro el
principio
para nosotros irrenunciable de precio fijo y el papel destacado que
deben tener las librerías para la difusión y venta de estos libros,
ya que las librerías son un foco cultural de gran relevancia en
muchos barrios y, sobre todo, en muchos pueblos de nuestra geografía.
Sin embargo, pediría al resto de grupos parlamentarios que fueran
generosos. Sabiendo que es un texto mejorable, si no pasa por el
trámite de hoy no va a ser posible mejorarlo y estaríamos cercenando
su corazón, su elemento fundamental: la gratuidad del libro de texto,
que debe ser -insisto- algo muy importante, algo fundamental en el
cumplimiento estricto del derecho a la educación.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Alcaraz.
También por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Es una satisfacción para el Bloque Nacionalista Galego dar su apoyo a
la iniciativa legislativa popular para que sea tomada en
consideración por este Congreso de los Diputados. Lo hacemos
básicamente porque nos parece irreprochable el criterio que mantiene
la iniciativa popular de que la enseñanza obligatoria debe ser
gratuita a todos sus efectos y que una enseñanza obligatoria gratuita
excede de la propia docencia. Por supuesto, las administraciones
públicas tienen el deber de mantener las infraestructuras y los
servicios, que alcanza, por lo demás, a todos los servicios
complementarios y, cómo no, debe alcanzar al material escolar básico
que son los libros de texto.
Lo hacemos, además, porque pensamos que este criterio irreprochable
conduciría a una socialización y homologación educativa muy de
agradecer cuando ésta es una de las funciones básicas de todo sistema
educativo que se precie. Es decir, seguir aquel criterio ya
tradicional, aunque algo olvidado, de una enseñanza igual, gratuita y
obligatoria, por cuenta, básicamente, del Estado.
Pensamos que los modelos de gratuidad de los libros de texto pueden
ser varios y, en todo caso, la apertura de la iniciativa legislativa
popular en este aspecto es clara: no determina de ninguna forma cómo
se accedería a la posesión y uso de los libros de texto, tanto por
parte de los padres o tutores como por parte de los alumnos. Sería
ésta la única pega que podríamos ponerle a la ley si fuera cerrada en
este aspecto, pero -vuelvo a repetir- no lo es en absoluto y da un
amplio margen a la Administración para jugar incluso con recursos
económicos y ampliarlos progresivamente.
Nos parece que la planificación educativa de los libros de texto, que
habría que hacer obligadamente si se toma en consideración esta
iniciativa legislativa popular, se basaría fundamentalmente en los
criterios
de funcionalidad, pluralismo, libertad y abaratamiento de costes, que
es una cuestión fundamental. No se puede seguir considerando los
libros de texto un campo ilimitado de negocio, donde los medios se
convierten en fin y los precios son abusivos a todas luces, sobre
todo por el tipo de material que se elabora; en definitiva, un campo
que se deja privilegiadamente al uso y abuso de las grandes
editoriales.
Ni las APA ni las librerías en general ni las pequeñas librerías ni
por supuesto los usuarios más directos, es decir, los alumnos, pueden
encontrar ninguna dificultad en esta iniciativa legislativa popular,
y menos las editoriales que consideren que los principios de
libertad, pluralismo y abaratamiento de costes deben ser la base de
todo el sistema educativo, podrán oponerse a una iniciativa de este
tipo.
Por supuesto, hay discrepancias por nuestra parte en relación con el
papel fundamental que deben tener pequeñas empresas, como las
librerías, y en cuanto al precio, que consideramos que, en caso de
ser gratuito, debería ser fijo sin ambigüedades.
Acabo, señorías, volviendo a manifestar el voto favorable, en
representación del Bloque Nacionalista Galego, en nombre del
principio de igualdad de oportunidades que debe basarse en la
gratuidad para todos, ya que el sistema educativo debe sustentarse
con la subvención que proviene de los impuestos de los ciudadanos
y repartirse de forma equilibrada para todos.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra la
señora Gil.
La señora GIL I MIRÓ: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, no es fácil hablar serenamente
de educación o de escuela, quizá porque es universal y a la vez
frágil. No querría que hoy mi intervención, mi discurso, aunque hecho
de palabras, pareciera vacío o silencioso o fuera tan equívocamente
ambiguo que diese lugar a una interpretación distante de mi voluntad.
La proposición de ley que se debate es ante todo merecedora de
respeto por su origen, que la legitima, y es una proposición compleja
por su objetivo: la gratuidad del libro de texto en la educación
básica. La relación entre gratuidad y educación es compleja y
espinosa como lo es la existente entre educación y economía.
Cuando la Constitución establece la gratuidad de la enseñanza básica
la establece, a mi parecer, como el principio que garantiza el
derecho básico y universal al acceso de toda persona a la educación
y, dentro de esta premisa, yo me pregunto si el libro debe ser
gratuito para toda la población escolar sin distingos
socioeconómicos, porque entendamos que no hacemos hoy un discurso
educativo, sino que estamos haciendo el discurso económico y social
de la equidad. Porque gratuidad no significa carencia de coste. El
servicio educativo
es gratuito porque nosotros mismos, todas las personas, las ricas,
las acomodadas, las modestas, las clases medias, las clases
desfavorecidas, pensionistas y personas en paro la financian. Las
personas contribuyentes de economía modesta no sólo sufragan la
educación universal hasta los 16 años, sino también la secundaria, la
superior y la universitaria a la que muchos de ellos jamás han
accedido y de la que quizá sus descendientes serán excluidos por
largo tiempo.
Hablamos de una sociedad esta, la española, que para su desarrollo
precisa de la ayuda de los fondos estructurales y de cohesión
europeos; hablamos de una sociedad escolar con alumnado de dos tipos:
el que pertenece a una familia poseedora de un capital escolar que
tiene libros y a través de la cual adquiere una competencia cultural
que la escuela no facilita, y el alumnado cuya familia el único
contacto que tiene con el libro es a través del libro de texto. ¿Y
son estas familias las que sufragarán, señoras y señores diputados,
también los libros de texto de aquéllas? ¿Este tipo de gratuidad
produce igualdad o desigualdad? ¿Ayudará a hacer más igualitaria
culturalmente a la sociedad? No, hoy creo que no, porque los libros
hoy no pueden ser gratuitos de manera universal mientras el donut y
el refresco en lata sean parte de cierto ritual escolar. No, hoy no
debería ser posible, porque hoy no sería ni justo ni equitativo.
Hoy es justo y necesario que las familias con rentas limitadas
-porque ahora no lo tienen- adquieran a coste cero los libros de
texto para sus hijas e hijos. Para ellos, la gratuidad de la
educación debe incluir la del libro, y hoy mi compromiso y el de mi
grupo está desde luego con ellos, porque estamos hablando de costes
altos, de cifras anuales importantes, cuando todavía no hemos
alcanzado la gratuidad de la educación infantil ni hemos protegido
suficientemente en todos los ámbitos a los débiles.
Alguien podría argüir que el coste no tiene por qué ser tan alto. Es
cierto, en la exposición de motivos se apuntan soluciones diversas,
menos costosas económicamente, pero, a mi juicio, si se
generalizaran, serían menos costosas económicamente pero tendrían
unos efectos no queridos, perversos y discriminatorios. Por ejemplo,
aquellas que señalan que los libros sean propiedad del centro. Seguro
que su aplicación, en general, originaría dos grupos de alumnado
usuario: alumnas y alumnos con libros nuevos cada inicio de curso y
alumnas y alumnos con libros ya usados curso tras curso, y no es
menester que describa el entorno socioeconómico de cada uno de estos
dos grupos.
La importancia del objetivo que plantea la iniciativa y su origen hoy
nos obliga todavía más, señoras y señores diputados, a que los grupos
políticos la analicemos con rigurosidad, sin demagogia, sin gestos de
oportunidad. Debemos recordar lo que vivimos dentro y fuera del
hemiciclo, que los deseos han de adecuarse a las posibilidades.
He dicho que la proposición es compleja porque, más allá de la
gratuidad supuesta del libro de texto, se
adentra en un sector fundamental para la cultura: el del mundo del
libro y el de su precio, el de su coste; y lo hace sin que los
agentes editores, distribuidores y los libreros hayan sido escuchados
por esta Cámara. Este es un tema que no sólo nos preocupa a nosotros
sino que preocupa a toda Europa, hasta el punto de que apenas hace un
mes, el día 18 de noviembre pasado, la Comisión Europea ha dictado
una resolución al respecto. Este es un tema de tanta importancia que
mi grupo ni puede ni debe soslayarlo.
Por estas razones, entre otras, mi grupo no va a apoyar esta
proposición, pero padres y madres han recorrido un largo camino para
llegar hasta aquí; su legitimidad como personas demandantes, el
respeto, la admiración y el afecto que sentimos por el trabajo, el
esfuerzo y la dedicación generosa de tantas madres y padres a la
educación de sus hijas e hijos nos han impelido a comprometernos a
estudiar con rigor la propuesta. Por ello, hemos solicitado la
creación de una subcomisión en el seno de la Comisión de Educación y
Cultura para que, escuchando a todas las partes, con el análisis
sereno de posibilidades y costes, podamos hallar de común acuerdo
mecanismos flexibles, graduados si es necesario, para que toda alumna
y alumno tenga sus libros, en especial los de familias
socioeconómicamente desfavorecidas, sin coste alguno y para asegurar
a la vez la consideración social del libro como objeto y sujeto de la
cultura y a la librería y a la escuela como centros privilegiados de
irradiación de aquella.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Gil.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra la señora Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RÍO: Buenas tardes, señor presidente.
Señorías, vaya, en primer lugar, mi más efusiva felicitación a la
Confederación española de asociaciones de madres y padres de alumnos
y a su presidente, don Carlos Ladrón de Guevara, y demás compañeros
de viaje por el más de medio millón de firmas recogidas para la
consecución de la gratuidad de los libros de texto que respaldan con
esta iniciativa movilizadora la justeza y la capacidad propositiva de
muchos miles de españoles y de su comunidad educativa.
En este gélido diciembre estamos celebrando todos, casi sin
excepción, el aniversario de nuestra Carta Magna, fruto del consenso
casi unánime del Congreso de los Diputados de hace 20 lustrosos años.
Hoy nuestra Constitución no es un texto declarativo, es un compendio
de títulos que configuran leyes y normas, todas ellas de obligado
cumplimiento. En su artículo 27.4 establece literalmente que la
enseñanza básica es obligatoria y gratuita. La Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de ordenación general del sistema educativo, la
Logse, en su artículo 5 dispone que la educación primaria
y secundaria es obligatoria, que constituyen la
enseñanza básica y que ésta será gratuita, de igual forma que lo
dispone el artículo 1 de la Lode, Ley 8/1985. Quiérese decir,
señorías, que el amparo es absoluto y completo, sin interpretaciones
posibles, lo que, traducido a conceptos tangibles, expresa el no
coste económico en los términos citados.
Como no podía ser de otra manera, y aunque de forma insuficiente, la
cobertura presupuestaria de las administraciones públicas resuelve
limitadamente los gastos en inversiones de los servicios educativos,
excepto el de los libros de texto, ya que en la actualidad el
desembolso corresponde a las familias en cuestión. Inconcebible
consideración discriminatoria con respecto al resto de los usos
obligatorios y gratuitos que oferta la pública, según dispone la ley.
Señorías, esta ley que planteamos tomar en consideración es justa, es
necesaria y es inevitable en un país como España, cuya tasa de paro
supera con creces a sus convergentes y arrastra secuelas rurales y en
cinturones urbanos que nos sitúan con perfiles de cuarto mundo y con
ocho millones de pobres que conocen los umbrales del hambre.
En estas condiciones se pretende, señorías, negociar con la
educación; en estas condiciones se pretende negociar con los libros
de texto; se pretende negociar con el aprendizaje de un pueblo. ¡Qué
canallada! No estamos hablando de limusinas ni de moquetas ni de
gastos suntuosos ni protocolarios, estamos hablando del desarrollo de
un país, de familias que no pueden comprar el desarrollo de sus
hijos, que para estudiar necesitan una pequeñísima ayuda, calderilla
para el Gobierno en el voluminoso marco de los Presupuestos Generales
del Estado. Son sólo, señorías, 8.000 millones para el territorio MEC
y 13.000 millones para las comunidades autónomas, temporalizado en
cuatro años. Si a ustedes, señorías, a los bancos del Gobierno, les
parece un esfuerzo financiero, yo entiendo que están aparentemente
mintiendo. Da más la impresión que la industria del libro tenía no
inconfesables, pero sí poderosos intereses -tiene poderosos
intereses-, que en su ejercicio fáctico paralizan decisiones
democráticas y sociales como las que hoy traen a la Cámara más de
medio millón de personas. Aquí sólo hay un oponente, y son las
macroempresas, editoriales del sector, no los libreros, ya que en la
actualidad, y según la política del libro del Gabinete Aguirre,
pueden desaparecer casi la mitad de los 4.000 existentes.
Señorías, en España hay 1.300.000 analfabetos, siendo las mujeres las
que arrojan un peor balance, y en este marco la vuelta al cole le
cuesta a cada familia unas 40.000 pesetas por hijo/hija, según la
OCU. ¿Les parece a ustedes esto un acicate o un distorsionador
económico? Ante esto, ¿qué ha hecho, qué está haciendo el Gabinete
Aznar? Lo que el Gobierno está haciendo en la actualidad es que las
familias o los alumnos hagan desembolsos de fondos abusivos para
pagar su importe, sin que, por ejemplo, las becas o las ayudas del
Ministerio de Educación y Cultura palien esta situación de manera
significativa. Esto es así, y ustedes
saben que es así porque la partida correspondiente a las llamadas
ayudas en razón de los gastos necesarios para material didáctico -de
los gastos necesarios, insisto- han tenido incremento, señorías, lo
lean como lo lean, cero. Y estas afirmaciones, señorías, no son
interpretables, sino que están sacadas textualmente de los
Presupuestos Generales del Estado, y con los vigentes presupuestos de
educación, señorías, hay, en pesetas reales, ustedes lo saben, menos
dinero para ayuda en los gastos de material didáctico.
Las quejas y las soluciones se llaman, por un lado, Ceapa, y, por
otro, Partido Popular. Señorías, sin embargo -ustedes también lo
conocen-, los padres y las madres de los alumnos, a través de la
Ceapa y de los propios estudiantes, de sus organizaciones, de los
sindicatos, como la UGT, no han dejado de solicitar la gratuidad y el
abaratamiento del material escolar. La propuesta del PP es conocida,
la de los agentes sociales también. Pero hay una dimensión económica
del problema. Se está hablando de un gasto -insisto, según la OCU-
que se eleva a 36.000 millones de pesetas, y si hacemos las cuentas
sobre la base de las cifras del MEC estaríamos hablando, nada más y
nada menos, que de 120.000 millones de pesetas, cantidad de
importancia relativa para afrontarla, dada la cicatería
gubernamental. Sin embargo, señorías, el problema también tiene otra
dimensión económica, derivada de los conflictos que se están
produciendo con motivo de la comercialización de los libros de texto.
El problema surge con los importantes descuentos que en su momento se
produjeron y que están ofreciendo algunas de las grandes superficies
y que ha sido tremendamente criticado y denunciado, por ejemplo, por
Anelme, que ya saben que es la Asociación Nacional de Editores de
Libros y Material de Enseñanza, por superar en su momento el
descuento tope, por aquel entonces el 5 por ciento y posteriormente
el 12 por ciento, que la ley fija para los libros.
En efecto, este tope para estos libros es muy especial. Saben ustedes
que todo esto está ligado a un mercado fuertemente estacional, de
septiembre a octubre, lo que reduce gastos comerciales, a una
clientela cautiva, ya que los seis millones y medio, casi siete
millones, de alumnos deben comprarlos, y a unos costes fijos muy
bajos, ya que los autores nunca se llevan, como ustedes saben, más
del 10 por ciento. Saben que los precios actuales están rodando, más
o menos, las 2.000 pesetas por libro, son -entiendo y creo que
ustedes lo comparten- abusivos y están permitiendo que se lleven a
cabo márgenes comerciales para las grandes superficies, que están
aprovechando de forma intensa. Estos márgenes, señorías, no favorecen
la competencia y la consiguiente bajada de precios por actuaciones
como las que en su día investigó el Tribunal de la Competencia, tales
como el acuerdo entre las principales editoriales para llevar a cabo
subidas de precios idénticas y pactadas. Además, ustedes saben que
las editoriales han ido al mercado seguro y durante el largo tiempo
de la implantación anticipada de la reforma
educativa no han querido apoyar a los profesores y a los alumnos que
iban a experimentarla, por considerar que 100.000 alumnos no era una
cifra rentable al menos desde una perspectiva económica y no social.
En este marco, señorías, la Administración se ha estado dedicando
a buscar soluciones a este problema por la vía constatada, insisto, de
enfrentar a profesores y a padres o alumnos al achacar a los primeros
las culpas de gasto en libros derivado de su modificación por los
profesores, con una legislación que les obliga a mantener los textos
durante cuatro años, salvo razones de orden pedagógico que deben
explicitar y justificar ante la Inspección. Los libros son una
herramienta de trabajo que redunda en beneficio del rendimiento, del
aprendizaje de los alumnos. Señorías, los profesores son ajenos a
este conflicto, cuyas variables no tienen relación con cuestiones
pedagógicas sino netamente económicas.
Señorías, yo voy a terminar. Estamos hablando de situaciones en
líneas generales y mayoritariamente encuadradas en un estado de
necesidad, y que la mayoría de los países de la Unión Europea tienen
bien resueltas. La enseñanza en España tiene, señorías -y sé lo que
digo y ustedes me entienden porque también está constatado-, flecos
bananeros. Por ejemplo, en Madrid hay aproximadamente 30 centros que
todavía no tienen libros de texto y les pongo un caso, el centro
'Antonio Orozco', de Carabanchel. Nos han enviado un escrito:
Estimados diputados, sus hijos, nuestros hijos, la comunidad
educativa necesita completar la implantación de la Logse y eso
necesita recursos, y en este caso estamos hablando de la primera
herramienta para la construcción de una educación básica y gratuita
por mandato imperativo de la Constitución y por criterio primario y
elemental de la supervivencia de un pueblo que necesita estudiar para
desarrollarse. Eso, señorías, en el debate de esta toma en
consideración tiene nombres y apellidos y se llama gratuidad de los
libros de texto, apostar por nuestros hijos, apostar por un país
culto y apostar, en definitiva, por una enseñanza igual para todos,
sin excepción.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora Aramburu.
El señor González de Txabarri ha solicitado la palabra para fijar la
posición de su grupo. La Presidencia no tiene inconveniente en
concedérsela, siempre que por parte de los otros grupos no lo haya.
Señor González de Txabarri tiene la palabra.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor González de Txabarri,
cambie de micrófono, porque parece que es reticente el que usted
utiliza. (Rumores.- Risas.)
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
Parece que con éste tampoco es posible. Intervendré desde la tribuna.
(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Como pueden advertir SS.SS.,
los sistemas de megafonía son claramente mejorables. (Rumores.)
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Muy amable, señor presidente,
y gracias a los demás portavoces. Pido disculpas por el retraso.
El Grupo Parlamentario Vasco quisiera manifestar, en primer lugar, el
agrado ante la recepción de una iniciativa popular como la que nos
ocupa porque estos procedimientos enriquecen los debates en la Cámara
al tener la posibilidad de recibir inquietudes e iniciativas, aunque
es un método poco usado y seguramente poco valorado en su conjunto.
Entendemos que es importante, aparte de que existan, que la Cámara
sea receptiva ante estas iniciativas, que seamos capaces de
valorarlas y de elaborarlas o reelaborarlas, devolviéndolas al
conjunto de la sociedad.
Este tipo de iniciativas hay que contemplarlas y valorarlas en el
conjunto de las prioridades educativas; estamos hablando de gratuidad
de los libros de texto, pero quizá no es ése el debate. De lo que
estamos hablando es de quién paga los libros de texto; creo que ése
es el objetivo a través del cual habría que centrar este debate. En
esta Cámara, con ocasión del debate de los Presupuestos Generales del
Estado, los distintos grupos parlamentarios hemos tenido oportunidad
de presentar ante la sociedad cuáles son las prioridades de gasto en
el tema educativo y todos hemos ido planteando iniciativas en un
sentido u otro, desde la gratuidad en la educación infantil hasta la
financiación universitaria. Por tanto, difícilmente podremos sustraer
este debate al conjunto de las prioridades educativas, a esa relación
entre financiación y educación. En alguna de las enmiendas que el
Grupo Parlamentario Vasco ha presentado hemos indicado que las
aportaciones para la compra de libros de texto y para la dotación de
bibliotecas que en conjunto se destinan a estos fines nos parecen
exiguas, poco suficientes e inferiores a las que están destinando los
países de la Unión Europea con parámetros similares a los nuestros.
Es verdad que, tradicionalmente, la dotación de las bibliotecas
escolares en el conjunto del Estado ha sido deficiente y que la
adquisición de fondos bibliográficos no ha ocupado precisamente una
de las prioridades educativas, por lo que es relevante, oportuna esta
iniciativa que nos hace ubicarnos ante una problemática que todos los
padres de alumnos en edad escolar conocemos como la cuesta de
septiembre; solemos hablar de que no existe la cuesta de enero sino
que lo que realmente nos ocupa y nos preocupa es la cuesta de
septiembre. Pero insisto en que lo que debiera preocuparnos, a lo que
debiera responderse es a la pregunta de quién debe pagar los libros
de texto escolares y si el modelo de recepción en los centros
escolares de un conjunto de libros de texto
de propiedad colectiva es el que debemos instaurar. Ése nos parece un
modelo obsoleto. Es bien cierto que en el conjunto de la Unión
Europea existen modelos similares, aunque no tan homogéneos como se
intenta reflejar en la prensa estos días. Nosotros hemos venido
defendiendo sistemáticamente en esta Cámara que los temas educativos
tienen que estar muy cerca de los valores y los hábitos que
normalmente tiene la sociedad, y que los valores de los padres en el
mundo del trabajo, en sus relaciones interpersonales o tal y como
está organizada la economía de una casa sean los modos con las cuales
funcione el centro educativo y así ofrecer en la escuela los valores
que son habituales en la sociedad.
Por ello, quisiera manifestar que el Grupo Parlamentario Vasco no
comparte esa idea colectivista de que los libros de texto sean
propiedad del centro escolar, porque eso nos distanciaría del modelo
social más habitual, más general en la propia sociedad, ya que
indudablemente nos podría llevar a reflexiones mucho más avanzadas al
elegir los propios libros de texto, su orientación, los mecanismos de
repetición colectiva de conocimiento y sus propios instrumentos. Ésta
es la razón por la que, en principio, aparte del asunto de las
prioridades educativas, el modelo no nos satisface.
Profundizando en el análisis de esta iniciativa legislativa, no
contempla las competencias que las comunidades autónomas tienen en
estas materias. La redacción de la propia iniciativa me recordaba
aquella otra que en esta Cámara tramitamos en relación con la
consideración de familias numerosas, que luego ha tenido serias
implicaciones en los presupuestos de las universidades; el no tener
en cuenta esta serie de perspectivas, al final, nos está llevando a
adoptar medidas que tienen en cascada una serie de referencias y de
obligaciones en un sentido u otro que hay que matizar antes de su
aplicación.
En consecuencia, señor presidente, desde el Grupo Parlamentario Vasco
valoramos esta iniciativa popular; nos parece un tema muy candente,
que está muy presente en la sociedad y, en definitiva, del que un
conjunto importante de ciudadanos se ocupa, porque le preocupa. Por
eso, debemos de mandar reelaborada esta propuesta al conjunto de la
sociedad, pero no estamos en condiciones de aceptarla y admitirla tal
cual está redactada. Nos parece que esta reelaboración debe de
producirse en la Cámara, quizá por el mecanismo que se ha propuesto
anteriormente por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, para
constituir una subcomisión que estudie sus distintas perspectivas,
que profundice en ellas y que en un plazo breve -porque los modelos
europeos ahí están y la mayoría conocemos las preocupaciones como
padres de alumnos en edad escolar- seamos capaces de reelaborar esta
propuesta que por iniciativa popular llega a esta Cámara; seamos
capaces de hacerlo de una forma orgánica y coherente y estemos en
disposición, en breve tiempo y con la celeridad y el rigor exigidos,
de pulir estas perspectivas que estamos indicando en esta
intervención y ser capaces
de responder a unas expectativas que esta iniciativa popular trae a
esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor González de
Txabarri.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Bayona.
El señor BAYONA AZNAR: Señor presidente, señorías, tiene que haber
razones de mucho peso político para impedir -que es lo que va a
suceder aquí- la tramitación parlamentaria de una iniciativa
legislativa popular que canaliza una demanda social y permite ir
madurando su solución durante las fases de tramitación y debate en la
Cámara.
La de hoy es la segunda iniciativa legislativa popular referida a
educación que vemos en esta legislatura, y el Grupo Socialista
también la va a apoyar. La anterior, sobre la financiación de la
reforma educativa, fue rechazada por la mayoría gubernamental y la
hemos retomado en la proposición de ley que el Pleno verá la próxima
semana.
Por cierto, señora ministra, saludo su presencia y su sonrisa, ya que
no presenció el debate de aquella iniciativa popular y hoy se
encuentra aquí quizá recordando sus tiempos de concejal del
Ayuntamiento de Madrid, en los que sí votó la proposición del CDS
para que fueran gratis los libros de texto.
Con esta segunda iniciativa legislativa, auspiciada por la
confederación española de padres y madres de alumnos -a quienes
saludo y doy la bienvenida a esta Cámara-, junto con otros
movimientos sociales que la apoyan, la ciudadanía vuelve a llamar la
atención sobre la insuficiencia de recursos de la política educativa.
Aunque es verdad -y lo veremos la semana que viene, señora Gil i
Miró- que sigue siendo prioritaria la financiación de la reforma
educativa, compartimos -una cosa no obsta la otra- los objetivos de
los promotores de la iniciativa que hoy debatimos.
La Constitución, además de celebrarla unos días al año, hay que
intentar ponerla en práctica todos los días, y la enseñanza básica es
obligatoria y gratuita según el artículo 27, pero ¿es gratuita -y ésa
es la cuestión- si no lo son los libros de texto? Es obligatoria,
pero no gratuita si las familias tienen que pagar algo tan
imprescindible como los libros de texto. El derecho a la educación
obliga a los poderes públicos a garantizar el edificio, el pupitre,
el maestro, el transporte escolar. ¿Acaso no debe alcanzar a los
libros de texto, que el sistema educativo exige obligatoriamente?
Aunque es discutible que el proceso de aprendizaje deba basarse
fundamentalmente en el libro de texto, lo cierto es que, de hecho,
nuestro sistema educativo actual lo exige y tiene que ser el que
autoriza la Administración y decide el centro, no otro; siendo así,
parece que el Estado debe asumir su coste.
Los derechos son dinámicos -lo estamos viendo estos días en otros
ámbitos-, avanzan con el desarrollo
económico y moral de la sociedad, y las exigencias de su
prestación afortunadamente van ampliándose. En 20 años de democracia,
nuestro país ha dado un paso de gigante en la garantía al derecho a
la educación. Primero, hubo que escolarizar en condiciones dignas a
todos los alumnos hasta los 14 años, construyendo en total más
centros que los que había hasta ese momento (por cierto, no sin la
estruendosa y radical oposición de sectores privados y católicos, a
los que se les garantizó la gratuidad mediante el sistema de
conciertos); luego, se extendió -se ha extendido, se está
extendiendo- el carácter básico y obligatorio hasta los 16 años (por
cierto, no sin resistencias y el voto contrario a la ley del partido
hoy en el Gobierno). (Rumores.) Cubiertas estas dos etapas, que no
han sido políticamente fáciles y que son económicamente costosas,
ahora podemos y debemos plantearnos la gratuidad de los libros de
texto como parte de ese derecho a la gratuidad de la educación
básica. No es que mientras tanto no se haya hecho nada. El ministro
Maravall inició la gratuidad de los libros de texto en las zonas
rurales, para los pueblos pequeños, y el Gobierno actual establece
becas para la compra de libros de texto. Pero esta fórmula presenta
dificultades de gestión -que conoce bien la señora ministra-, no
exentas en algunos casos de polémica; además, ni el número de las
ayudas ni su cuantía es suficiente. Sobre todo, lo que se discute hoy
aquí es que esas ayudas se conciben más como un apoyo a los pobres,
se queda en socorrer a los más necesitados, en vez de plantearse como
parte integrante del derecho a la educación. En la mayoría de los
colegios públicos hay cada vez más alumnos -inmigrantes algunos,
gitanos, hijos de desplazados, hijos de parados- que en septiembre,
cuando empieza el curso, acuden a clase el primer día con las manos
en los bolsillos porque esperan -y quizá con razón- que el colegio
-que han elegido o al que obligatoriamente se les ha enviado- les
provea de lo indispensable para poder aprender. Las ayudas o las
becas que van a recibir llevan un largo período de tramitación y se
resuelven cuando ya han pasado casi dos meses de curso; mientras
tanto, los padres han tenido que gastarse - por adelantado, porque se
les exige presentar factura- 15.000, 30.000 pesetas, o más incluso
-depende del número de hijos-, una cantidad que para algunos
representa una buena parte del sueldo. ¿No deberían los colegios
entregar a esos niños el primer día de clase todo lo que necesitan
para empezar las clases y seguir al mismo ritmo que los demás? Ésa es
la opinión del Defensor del Pueblo, quien elevó una recomendación
sobre la gratuidad de los libros de texto y en su último informe
lamenta que se haya desechado la idea de establecer una nueva
organización de la gestión de los libros de texto que haga posible el
acceso gratuito a ellos. El Grupo Socialista, este año -como el
pasado- ha presentado enmiendas a los presupuestos y a la Ley de
acompañamiento proponiendo un proceso gradualhacia la gratuidad de
los libros de texto.
Por tanto, es desde esta coincidencia de iniciativas desde la que
apoyamos la de hoy y solicitamos a los demás grupos que sean
sensibles con esta demanda social. Ya encontraremos después, señora
Gil i Miró, la mejor articulación de los procedimientos; ya
resolveremos los efectos perversos, no deseados que pudiera haber.
Habrá que definir el libro de texto, habrá que definir su utilización
y los efectos sobre el modelo pedagógico, los continuos cambios de
libros, a veces innecesarios, pero rentables para las editoriales.
Nos brindamos a trabajar con todos los grupos de la Cámara para
encontrar las mejores fórmulas. Se necesitará también, es verdad, un
período transitorio para la aplicación, pero haciéndolo gradualmente
en varios ejercicios el coste es asumible; es incluso ridículamente
ínfimo comparado con el déficit que ha dejado el señor López-Amor en
Televisión Española; es ridículamente ínfimo con lo que en la
enmienda del Senado se va a dedicar a las eléctricas; es pequeño en
relación con la rebaja de impuestos de las plusvalías, que acabamos
de aprobar con el apoyo también de CiU. Sería más asumible si los
presupuestos de 1999 no dijeran que hay que ampliar los conciertos en
los niveles postobligatorios. Éste es el país en el que vivimos,
señora Gil i Miró; un país que se permite financiar los niveles
postobligatorios y ampliarlos en la Ley de presupuestos. (Rumores.)
Éste es el país en el que vivimos y, como dice la exposición de
motivos, hay diferentes modelos. No seríamos pioneros; nos precede el
Reino Unido, Suecia, Italia, Francia, Alemania; tenemos donde elegir
para avanzar en la convergencia educativa y social y no sólo en la
económica. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
La Comisión de Educación aprobó por unanimidad hace más de un año, en
septiembre de 1997, una proposición no de ley que exigía estudiar
fórmulas de reutilización e impulsar el replanteamiento de la
elección, organización y gestión de los libros de texto, pero el
Gobierno no ha cumplido ese mandato parlamentario; hablo de hace más
de un año. No se nos diga que vamos a empezar a estudiarlo ahora,
porque aprobamos hace más de un año que se estudiase. En aquel debate
la portavoz de CiU expresó algunas dudas que hoy ha reiterado sobre
la reutilización de los libros de texto. Muchas veces son los libros
de textos los únicos que entran en un hogar -tengo el 'Diario de
Sesiones', señora Gil i Miró- y es verdad que llevar libros usados o
nuevos puede ser un signo clasista, de desigualdad, pero esas
objeciones, que personalmente puedo compartir, no cuestionan que el
derecho a la educación básica incluya que los libros de texto no
supongan ningún gasto para las familias. El discurso de la equidad se
quiebra cuando se está apoyando al mismo tiempo planteamientos de
desgravación fiscal para las familias que pueden hacerlo y una mayor
ampliación de los recursos públicos para financiar colegios privados
y, por tanto, para financiar la gratuidad de familias pudientes. Más
aún, el señor Homs, también diputado de CiU, en el debate de
presupuestos de
noviembre de 1997, oponiéndose al descuento de los libros de texto,
dijo -cito textualmente-: que el Gobierno declare gratuito este
gasto, que diga a los ciudadanos que los libros de texto forman parte
de la prestación gratuita de la enseñanza obligatoria; éste sería el
mecanismo que mi Grupo, CiU, entiende que sería coherente: extender
la gratuidad a algo elemental y obligatorio que es disponer de los
libros de texto necesarios para poder realizar la enseñanza
obligatoria. Hoy CiU se desdice y, convertida en escudo del Gobierno,
nos propone escuchar a los sectores afectados y analizar fórmulas.
Esto se puede hacer también admitiendo a trámite la proposición;
admitiendo a trámite la iniciativa podemos cambiarla, enmendarla,
discutirla, escuchar a los sectores, aunque algunos ya sabemos lo que
piensan. La confederación española de gremios y asociaciones de
libreros ha expresado su apoyo firme y decidido. Las organizaciones
de consumidores y usuarios también se adhieren a la misma. La
asociación nacional de editores de libros y material de enseñanza
insiste en que los libros sean propiedad de los alumnos, pero eso no
quiere decir que se tengan que oponer a la gratuidad, sino que les
gusta más la vía de la desgravación; es otra propuesta. Lo único que
nos parece que no es coherente después de haber aprobado en la
Comisión hace más de un año una proposición no de ley al respecto es
hablar ahora de crear una subcomisión para seguir estudiando el tema,
que en todo caso no podría empezar hasta febrero. Esto es una
coartada para dar largas y para paliar de manera vergonzante la
impopularidad del rechazo a esta iniciativa popular.
El señor PRESIDENTE: Señor Bayona, vaya concluyendo. No podemos darle
más largas al tiempo.
El señor BAYONA AZNAR: Ahora mismo, señor presidente.
Lo mejor es que demos paso a la votación de esta iniciativa
legislativa popular.
Es un contrasentido, señor presidente, que después de una semana de
puertas abiertas, demos con la puerta en las narices a esta primera
demanda social que nos llega directamente.
Gracias. (Aplausos.- Varios señores diputados: ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Bernardo Bayona. (La señora
Gil i Miró pide la palabra.)
Me pide la palabra la señora Gil i Miró.
La señora GIL I MIRÓ: Sí, señor presidente, por repetidas alusiones y
fijación del portavoz ...
El señor PRESIDENTE: Por repetidas alusiones que, en efecto, me ha
trasladado el señor Beviá, que ocupaba la Presidencia durante el
momento de las mismas. Ya sabe S.S. que el turno de alusiones es muy
restringido.
Por tanto, le ruego la máxima capacidad de síntesis. Adelante.
La señora GIL I MIRÓ: Sólo quiero decirle al señor Bayona que tiene
una extraña fijación con mi persona que no sé si debe halagarme o
alarmarme. En todo caso, me parece oportuno recordar al hoy portavoz
del Grupo Socialista que en ninguno de sus estudios económicos, ni en
los más recientes sobre la financiación de la Logse ni en el que va a
votarse en el próximo Pleno, ha incluido la gratuidad de los libros
de texto.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Gil i Miró. (El señor
Bayona Aznar pide la palabra.)
En las alusiones no ha habido ninguna alusión personal a su señoría.
Creo que aquí podemos dar por terminado el incidente. Muchas gracias
también, señor Bayona.
Veo al señor Guerra Zunzunegui en ademán de subir a la tribuna. Tiene
S.S. la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero decir que nuestro grupo no
solamente respeta, sino que estudia con detenimiento, las iniciativas
populares, las que se prevén en el artículo 87.3 de nuestra
Constitución, que por primera vez en la historia de las
constituciones de nuestro país da curso a la iniciativa popular,
entendida cuando muchos ciudadanos (500.000) presentan un proyecto de
ley a este Parlamento. Todas mis palabras están dirigidas a lo que
dijo un famoso político de la República: La razón debe de conducir
los impulsos del corazón. Porque, señorías, el primer impulso del
corazón sería no sólo la gratuidad de los libros, sino la de todos
los servicios que se pueden prestar al ciudadano. Pero eso lo tenemos
que razonar tanto desde el punto de vista económico como social.
Nosotros hemos estudiado detenidamente esta proposición de ley, que
se presentó en el mes de enero del año pasado. Subrayo la fecha del
mes de enero del año pasado puesto que ha habido una legislación
posterior, a la que me referiré, en la cual ha variado también el
tema de las familias respecto al coste de los libros de texto. Y
hemos estudiado también la legislación comparada de los países de la
Unión Europea, y hay de todo, desde países como Portugal, donde los
padres pagan la totalidad de los libros, hasta sistemas como el de la
República Federal de Alemania, en cuyos länder hay decisiones y
conclusiones para todos los gustos, pasando por el sistema inglés, en
el que los cuadernos, llamados books, son gratuitos pero el resto no.
Estudiado todo esto, como digo, vemos que en la legislación que se
está discutiendo en estos momentos en el Parlamento italiano, donde
también están debatiendo la gratuidad de los libros, se ha llegado a
un acuerdo mayoritario entre todas las fuerzas políticas que va por
la línea de la justicia social. Es decir, en el Parlamento italiano
el acuerdo al que se ha
llegado, hasta tanto en cuanto haya una nueva legislación, es que
aquellas familias cuyos ingresos son inferiores a 18 millones de
liras, es decir, aproximadamente 1.300.000 pesetas, tendrán la
gratuidad del cien por cien de los libros; aquellas familias cuyos
ingresos estén hasta el tope de 36 millones de liras, es decir,
3.100.000 pesetas, tendrán y obtendrán el 50 por ciento de deducción.
Eso es lo que socialmente nosotros tenemos que hacer, y en ese
sentido se han dado los primeros pasos a través de la nueva Ley del
IRPF. En ella se contempla la división entre familias cuyos ingresos
les obligan a hacer la declaración sobre la renta y aquellass que no
están obligadas a hacerla, que son las que tienen un umbral más bajo
de ingresos. Pues bien, las del primer tramo, todas aquellas familias
que tengan la obligación de hacer declaración sobre la renta, ya
tienen una deducción a partir del 1 de enero próximo de 25.000
pesetas en lo que se llama: mínimo exento familiar, es decir, 200.000
más 25.000 pesetas, 225.000 pesetas por cada niño o niña entre 3 y 16
años. Indudablemente, esas 25.000 pesetas contemplan el costo de los
libros y el material escolar. Y para aquellas familias que no llegan
a ese umbral, que es lo que socialmente preocupa al Gobierno de UCD
(Rumores.), al Ministerio de Educación, tenemos que estudiar los
pasos y los avances que se tienen que dar para llegar a la gratuidad
de los libros. En este sentido, también se han dado pasos importantes
por parte del Gobierno popular. Conocen SS.SS. que en el presupuesto
del año pasado se fijaron 2.000 millones de pesetas, por medio de
200.000 becas de 10.000 pesetas, para la adquisición de libros y que
en el presupuesto para 1999 que van a aprobar estas Cámaras se fijan
3.000 millones de pesetas distribuidas en 300.000 becas para
subvencionar la adquisición de libros.
Por lo tanto, señorías, manifestamos aquí nuestro apoyo para que se
cree una subcomisión que estudie profundamente estos temas y que
distinga entre aquellas familias que ya están contempladas en el IRPF
y aquellas otras que no lo están por encontrarse por debajo del
umbral de sus ingresos y que se haga a través de becas. Querría decir
aquí además que, aparte de las becas por valor de 2.000 millones de
este año y de los 3.000 millones que se aprobarán para el año que
viene, el Ministerio ha elaborado un decreto en el mes de septiembre
para que los libros tengan que durar cuatro años y que en los libros
de primaria no puedan incluirse los cuadernos en el medio sino al
final.
Quiero recordar aquí a SS.SS. en relación con esto de las becas para
libros que en los años 1981 y 1982, en Gobierno de UCD, ya se fijaban
5.000 pesetas para los alumnos de primera y segunda etapa, orden de
29 de diciembre de 1980, pero, señorías, en el decurso de los años de
Gobierno socialista esto fue rebajándose hasta que en el presupuesto
para el curso 1995-1996 desapareció y en los anteriores no se utilizó
para becas destinadas a la compra de libros, sino para las
bibliotecas de aquellos centros rurales de menos de 4.500 habitantes.
Señorías, no tengo más remedio que refrescarles
aquí la memoria y hacer alusión a que en el Ayuntamiento de Madrid no
se aprobó la gratuidad, sino 5.000 pesetas, que no es la gratuidad,
como ayuda o beca para la adquisición de libros.
Señorías, el 'Diario de Sesiones' contiene perlas absolutamente
maravillosas. En el del día 11 de noviembre de 1986, siendo ministro
de Educación el señor Maravall, ante una pregunta del diputado del
CDS, señor Moltes Fontán sobre la gratuidad de los libros, se hacen
una serie de consideraciones, entre ellas, lo que me parece lógico,
la de la conferencia de la Unesco de 1959, que dice, en nuestra
línea, que primero hay que dar la gratuidad a aquellos que más lo
necesitan, y menciona una frase que yo creo que se debe enmarcar
cuando estemos debatiendo sobre la gratuidad de los libros: Es
absurdo pensar que la Administración va a adoptar créditos para que
se compren libros que el niño se lleva consigo al terminar cada año.
Pues bien, conforme a la frase que dijo el señor Maravall, en los
debates de los presupuestos de 1987, desaparecen los créditos para
libros y se utilizan en las bibliotecas de los centros rurales.
Posteriormente, en el año 1993 desaparecen del presupuesto. Decía el
representante del CDS en 1986 que los 900 millones de pesetas
destinados a becas para la adquisición de libros (9.000 pesetas para
100.000 alumnos) se han eliminado de los presupuestos y estos mismos
900 millones son los que se emplean ahora para este sistema de
localidad.
Termino, señor presidente. La mala memoria que tienen algunos cuando
gobernaron no se puede emplear aquí, cuando no dieron ningún paso
para la gratuidad de los libros. Este Gobierno en los dos primeros
años ha dado los primeros pasos, este Gobierno está decidido a que en
el año 2002 se llegue a contemplar el que esas familias que no están
obligadas a hacer la declaración de la renta obtengan la gratuidad,
pero con un concepto social. Es decir, aquellas familias que lo
necesitan porque las otras ya tienen las 25.000 pesetas en el
impuesto sobre la renta.
Termino diciendo, señorías, que en estos dos años el Gobierno del
Partido Popular ha hecho los mayores avances y los mejores
presupuestos de educación de los últimos 10 años. (Rumores.) Eso
duele a algunos oírlo, pero, señor presidente, me veo en la
obligación de decirlo. Se ha creado un centro escolar cada seis días
en estos dos años y medio, han aumentado las becas en un 24 por
ciento y se ha dado el primer paso respecto del problema de la
gratuidad de los libros. Cualquiera que sea el Gobierno que nos
suceda, que espero que sea el del Partido Popular, ojalá siga en este
sendero respecto de la gratuidad de los libros.
Señor presidente, vamos a presentar una proposición para que se cree
una subcomisión, de acuerdo con la propuesta que ha hecho el Grupo
Catalán (Convergència i Unió) y que ha ratificado el Grupo Vasco
(PNVEAJ), para que por la misma comparezcan libreros, editores,
padres de alumnos, etcétera, y estudie con detenimiento el
tema de la gratuidad de los libros.
No me queda más que felicitar el impulso de esta proposición de ley
popular, que se ve con simpatía, aunque se debe de ver con la
racionalidad que en todo momento lleva cualquier medida que se adopte
en materia educativa.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Guerra Zunzunegui.
- AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA
SUBCOMISIÓN ENCARGADA DEL ESTUDIO DEL MODELO POLICIAL. (Número de
expediente 154/000012)
El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de proceder a la votación
correspondiente a la toma en consideración de la proposición de ley
de iniciativa popular, que acaba de ser presentada y debatida, quería
someter al Pleno, de acuerdo con la Mesa y la Junta de Portavoces, la
concesión de una prórroga al plazo de finalización de los trabajos de
la subcomisión encargada del estudio del modelo policial. ¿Lo acuerda
así el Pleno? (Asentimiento.)
Muchas gracias. Quedaría prorrogado hasta el 30 de junio de 1999. Si
así es de conformidad, así queda aprobado.
- SOLICITUD DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN EN EL SENO DE LA COMISIÓN
DE ASUNTOS EXTERIORES RELATIVA AL 50º ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN
UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. (Número de expediente 158/000037)
El señor PRESIDENTE: También, señorías, se propone por la Mesa y la
Junta de Portavoces que por el Pleno pudiera aprobarse la creación de
una subcomisión en el seno de la Comisión de Asuntos Exteriores
relativa al 50º aniversario de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
Muchas gracias, señorías. Se entiende aprobada por asentimiento, tras
su inclusión en el orden del día.
Votación relativa a la toma en consideración de la proposición de ley
de iniciativa popular reguladora del libro de texto para la enseñanza
básica.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
292; a favor, 130; en contra, 161; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda en consecuencia rechazadala toma en
consideración de la proposición de ley.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, PARA PERMITIR EL RECONOCIMIENTO
DE LA PENSIÓN DE ORFANDAD A TODOS LOS HUÉRFANOS QUE SE ENCUENTREN
DENTRO DE LOS NUEVOS LÍMITES DE EDAD ESTABLECIDOS POR LA LEY 24/1997,
DE 16 DE JULIO, DE CONSOLIDACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DEL SISTEMA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 122/000137)
El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de pasar al punto X cedo la
palabra a la portavoz del Grupo Socialista, señora Fernández de la
Vega.
La señora FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ: Muchas gracias, señor
presidente.
Por un error involuntario de mi grupo en la anterior Junta de
Portavoces, no pudimos sustituir la proposición de ley que está
incluida en el punto X del orden del día para su toma en
consideración. Debido al empecinamiento del Grupo Popular en tratar
de condicionar una sustitución posterior a la acumulación de otra
proposición, lo que en opinión de mi grupo no era posible por razones
de su contenido, en virtud de los dispuesto en el artículo 129 del
Reglamento solicitamos en este acto la retirada formal del punto X
del orden del día, que permite reconocimiento de las pensiones de
orfandad a los huérfanos que se encuentren dentro de los nuevos
límites de edad establecidos en la Ley 24/1997.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Fernández de la Vega.
Al ser una iniciativa del propio grupo la que solicita la retirada,
tiene plena disposición sobre la misma y, en consecuencia, decae el
punto X del orden del día.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE MEDIDAS PARA
INCULCAR EN EL ALUMNADO VALORES DE EDUCACIÓN, RESPETO Y TOLERANCIA EN
LA CONVIVENCIA DOMÉSTICA. (Número de expediente 162/000283)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto XI del orden del día,
proposiciones no de ley.
En primer lugar, debatiremos la del Grupo Popular sobre medidas para
inculcar en el alumnado valores de educación, respeto y tolerancia en
la convivencia doméstica.
Doña Elena García-Alcañiz Calvo presentará, en nombre del Grupo
Popular, la proposición no de ley referida. (Rumores.) Si SS.SS.
guardan silencio, puede comenzar la intervención de la señora García-
Alcañiz. (Fuertes rumores.)
Señorías, despejen el centro del salón.
Señor Martínez-Pujalte y compañía. (Rumores.)
Señor Martínez-Pujalte, a pesar de su desvalimiento, si quiere, puede
abandonar el Pleno. (Continúan los rumores.)
Señora Montseny, por favor. (Pausa.)
Adelante, señora García-Alcañiz.
La señora GARCÍA-ALCAÑIZ CALVO: Gracias, señor presidente.
Señorías, quiero que mis primeras palabras como diputada por Madrid
del Grupo Popular, al subir a la tribuna en esta sesión plenaria sean
para condenar el crimen cometido en Madrid que ha quitado la vida a
Aitor Zabaleta, palabras de condena y palabras de consuelo,
uniéndonos al dolor de la familia de Aitor Zabaleta.
Señor presidente, señorías, la Cámara de los diputados, siempre con
las puertas abiertas a la sociedad, debe ser el eco de resonancia de
lo que los ciudadanos nos demandan. Hoy, como en otras muchas
ocasiones, es necesario que tengamos en cuenta situaciones
condenables, para rechazarlas y procurar entre todos poner las
medidas adecuadas y que así no se repitan ocasiones violentas como la
que acabamos de lamentar -la de Aitor Zabaleta- u otro tipo de
violencias que se dan también y que a veces tienen menos repercusión,
pero con daños, no sólo físicos, sino también psicológicos, y en
ocasiones con la muerte, que acontecen a veces en el seno doméstico
de las familias.
Todos compartimos que la educación es la base y la función
determinante de la autonomía de la persona y de la formación integral
de su personalidad. Por ello, debe ser en el ámbito educativo, es
decir, en la escuela, donde se reciban estos conocimientos y donde se
desarrollen los hábitos conductuales de respeto y de armonía en la
convivencia del día a día. Es esto lo que normalmente se viene
haciendo en nuestras escuelas y en nuestros colegios, pero quizá no
venga mal destacar la importancia de educar en la práctica habitual
del diálogo, que tenga en cuenta la necesidad de alcanzar acuerdos en
todos los aspectos fundamentales que afectan a las personas, a la
socialización de las mismas y a la convivencia entre ellos. Todos
sabemos que el nivel de instrucción del conjunto de la población de
un país, unido al estilo, amplitud y calidad de la acción educativa
que en él se imparta, determina la capacidad de ese país para
participar en la paz, en el progreso de sí mismo y en el progreso de
su entorno. El estilo educativo es la forma y modo en que se afronta
y lleva a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, es, en
definitiva, la actitud mediante la cual se manifiesta el
comportamiento y la conducta del binomio profesor-alumno en el
proceso enseñanza-aprendizaje, no sólo en el aula, sino en el entorno
social más amplio en el que también incluimos a la familia.
Compartir y respetar. El verbo compartir y el verbo respetar
adquieren cada día y deben seguir adquiriendo mayor relevancia.
Compartir la experiencia, compartir la esperanza, compartir los
saberes, respetar los
derechos humanos, respetar la riqueza de nuestra diversidad, respetar
los valores humanos que dan unidad a una España mestiza y diversa
como es la nuestra. Señorías, de hecho, no sólo nos motiva, y motiva
a todos, aquello que se aprecia y aquello a lo que uno le da valor.
En la medida en que percibimos algo como un valor para nosotros,
nuestra conducta se modifica y la persona se motiva para llevarla a
la práctica, asimilarla y así se incorpora a la conducta habitual ,
haciéndola parte de su estilo personal.
Señor presidente, me gustaría significar lo importante que es y
debiera ser aplicar criterios científicos a la política educativa, al
rigor con que debieran valorarse las variables que inciden en su
cuantía y en la adopción y en la toma de decisiones, tanto en materia
de análisis e interpretación, como en la toma misma de decisiones y
análisis de contenidos, y mucho más en las decisiones políticas
educativas. Por ello, es importante tener en cuenta el peso y
significado de la asimilación de valores humanos en la configuración
de la estructura de la personalidad humana. Los valores que las
personas hacen suyos y que son parte de sí mismos, se traducen, como
decía hace unos momentos, en actitudes que desempeñan una función
fundamental en la dinámica comportamental de la conducta humana y
tienen un alto peso o saturación pactorial, como así se llama
científicamente, en la configuración de la estructura factorial de la
personalidad en su conjunto, como indican los estudios científicos
que se han realizado en este campo.
Por todo ello, señorías, señor presidente, la transmisión de los
valores de una sociedad democrática deben -y así se viene realizando
desde la escuela-ser tenidos en cuenta tanto en las enseñanzas
sistemáticas como en las actitudes interrelacionales e
interpersonales del día a día en la escuela, en la familia, en
definitiva en la sociedad en su conjunto. De ahí que la educación sea
una pieza clave en este proceso de aprendizaje, de asimilar, de
aprender, de hacer nuestros los valores humanos que han caracterizado
y que deben caracterizar a toda sociedad democrática.
Por todo ello, señoría, señor presidente, insisto en que pueda haber
consenso en la aceptación de esta iniciativa parlamentaria para
inculcar los valores de paz y tolerancia en nuestras escuelas, ya que
éste es el tema de la iniciativa que hoy defendemos y espero sea
compartida por todos los grupos parlamentarios de la Cámara.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora García- Alcañiz.
El Grupo Socialista y el Grupo Catalán (Convergència i Unió) han
presentado sendas enmiendas, para cuya defensa tiene, en primer
lugar, la palabra la representante del Grupo Socialista, señora
Cánovas.
La señora CÁNOVAS MONTALBÁN: Gracias, señor presidente.
Señorías, intervengo para fijar la posición de mi grupo y en defensa
de la enmienda presentada por el Grupo Socialista. Nos encontramos
ante una de esas proposiciones ante las que no cabe más postura que
el voto a favor por pura lógica, ya que no viene sino a instar al
Gobierno a que cumpla la Logse en concreto respecto al área
transversal de educación para la paz y la tolerancia, ponderando sus
efectos benéficos para prevenir y erradicar la violencia doméstica.
La Logse articula claramente estos temas, explicitando como objetivos
la formación para la paz, cooperación y solidaridad, así como la
efectiva igualdad de derechos entre los sexos. La normativa de la
Dirección General de Renovación Pedagógica es amplísima. Hay
bibliografía abundante y un buen trabajo desarrollado entre los CPR y
los centros educativos a medida que se han ido incorporando a la
reforma.
Asimismo, el Ministerio de Asuntos Sociales, a través del Segundo
Plan de igualdad de oportunidades, estableció 32 medidas concretas
para la incorporación de una perspectiva no sexista al ámbito
educativo, que se pusieron en marcha al 91,5 por ciento.
Posteriormente, el Gobierno del Partido Popular aprobó un tercer plan
con el área de educación y violencia, con medidas para la coeducación
y prevención de la violencia, aunque a nuestro juicio más light.
Señorías, el problema de la violencia doméstica es grave y tiene una
influencia altamente destructiva sobre la infancia. Está siendo
objeto de atención por parte de organismos de ámbito comunitario e
internacional. El Cuarto Programa de acción comunitaria se ocupa de
este tema, y queremos resaltar, entre otras resoluciones del
Parlamento Europeo, la referida a una campaña de tolerancia cero ante
la violencia contra las mujeres. También elevan sus voces contra la
violencia asociaciones profesionales, federaciones de mujeres y
grupos representativos de la sociedad, lo que nos hace inferir que
las campañas realizadas hasta ahora no han sido inútiles, aunque
desgraciadamente la violencia en la familia continúa y especialmente
contra las mujeres e hijos menores. (El señor vicepresidente,
FernándezMiranda y Lozana, ocupa la Presidencia.) Violencia que no es
tan sólo expresión de una agresión, sino que es una violencia
dirigida. Violencia de género, que no se ejerce contra cualquiera,
sino contra las mujeres por considerarlas inferiores, con esas
discriminaciones que han establecido todas las culturas y todos los
sistemas educativos; la diferencia de género, la que marca perfiles
contrapuestos entre cómo deben ser educadas las mujeres y cómo los
hombres, levantando muros, construyendofrustraciones y definiendo
jerarquías. Esto es lo que hay que romper.
No vale una propuesta filosófica, una declaración genérica o
establecer un día para hablar de la violencia en la familia y, al día
siguiente, continuar con las mismas prácticas educativas. Se
necesitan instrumentos de trabajo, propuestas claras de intervención,
presupuesto y actuaciones decididas. Debemos dar medios a los
encargados de llevarlas a cabo para que puedan construir
una metodología que llegue a producir cambios igualitarios en el
sistema educativo.
Ustedes proponen medidas, pero ¿qué medidas? Por eso presentamos una
enmienda de adición que concrete al menos una medida, porque venimos
observando que dicen una cosa y hacen otra. Si confirman con sus
palabras que hay que crear nuevos espacios de formación dirigidos a
la coeducación, ¿por qué lo primero que hizo este Gobierno fue
suprimir un alto porcentaje de asesores de los CPR? Los primeros en
desaparecer fueron los de coeducación por considerarlos innecesarios.
¿Por qué no han mantenido la actuación 253 del segundo Plan para la
igualdad incorporándola al tercer plan? Allí se decía: favorecer que
las comisiones que decidan sobre la distribución de recursos y ayudas
del MEC en sus distintos niveles tengan en cuenta la perspectiva de
igualdad de oportunidades entre los sexos. Posiblemente para poder
subvencionar sin sonrojo a colegios que mantienen en pabellones
separados a los alumnos y alumnas, como ha sido el caso en Murcia,
que un centro que mantiene estas prácticas ha sido incluido en la
lista de centros sostenidos con fondos públicos en 1997. ¿No es esto
discriminación por cuestión de género? ¿Se favorece así la igualdad
de oportunidades, la tolerancia, la paz y el reparto del trabajo
doméstico? No es este el camino, no.
Tampoco lo es recortar el cupo del profesorado y los gastos de
mantenimiento de los centros, no respetar la ratio profesor/alumno,
mantener los equipos de orientación de los IES incompletos, hacer que
el profesorado simultanee perfiles profesionales diversos itinerando
por los centros, y un largo etcétera que no ayuda en nada a la
calidad de la educación y que no deja al profesorado ni tiempo ni
ganas para trabajar en implantar unos valores a través de la
transversalidad, que están muy bien definidos, pero que necesitan
medios y reconocimiento social y profesional.
Por todo esto, el Grupo Socialista plantea una enmienda de adición
cuyo texto leo: Entre otras medidas, se incluirá, al menos, la de
ofrecer a los centros educativos personas con titulación y formación
que, como agentes de convivencia, colaboren con el profesorado
encargado de aplicar la transversalidad en las aulas. Esta
financiación se hará con cargo al Plan de empleo joven y/o al Plan de
acción contra la violencia doméstica.
Entendemos que, aunque la escuela no es el servicio de urgencias de
la sociedad, puede hacer un importante papel en cuanto a detectar los
malos tratos y enseñar a los niños a actuar ante la violencia. Los
niños van a ella con sus problemas familiares y hay una posibilidad
de incidir en la familia si la actuación es global y coordinada con
el resto de la sociedad. Cuesta mucho modificar conductas arraigadas.
Los profesores están habitualmente sobrecargados y necesitan apoyos
técnicos y humanos a fin de que no se pierda el carácter transversal
de la intervención a lo largo de todo el sistema educativo. Estos
agentes colaborarían con los centros educativos a requerimiento de
ellos, incluyendo
actividades con los alumnos e incluso con los adultos, interviniendo
con las familias, potenciando las escuelas de padres, reforzando, en
suma, la labor del profesorado en colaboración con él y con un
objetivo común: erradicar las conductas violentas en la escuela y,
por extensión, en sus familias actuales y futuras.
El Gobierno aprobó en enero un plan de acción contra la violencia
doméstica que contempla un área de educación y formación específica a
la que dedica el 2,6 del total del presupuesto de la financiación del
plan y que va dirigida a la formación de profesionales y prevención
de la violencia. Nos parece bien, pero es escaso. Cierto que no las
computa en las partidas del Ministerio de Educación y Cultura por
estar en proceso de transferencias y que algunas de las comunidades
autónomas con transferencias destinan importantes recursos a estos
fines. Del presupuesto de 232 millones incluido en el Plan contra la
violencia podría financiarse esta medida, ya que el plan especifica
que va dirigido a la prevención de la violencia en centros escolares
pero no propone actuaciones concretas.
Esta medida, que ya se está llevando a cabo en otros países de
nuestro entorno comunitario, podía obtener resultados positivos de
cara a la prevención de la violencia, pero poco se notan los efectos
del plan, poco han debido hacer al respecto cuando el propio Grupo
Popular insta al Gobierno a hacer lo que dijo hace casi un año que
haría, y poco se nota en los presupuestos de 1999 en las partidas que
deben sustentar estas medidas. Por eso pedimos con nuestra enmienda
que al menos alguna medida quede clara y se le dé adecuada
financiación, porque con declaraciones genéricas no hacemos
absolutamente nada más que propaganda de cara a la galería.
El Grupo Socialista asimismo pide al Gobierno que cumpla las
recomendaciones del Defensor del Pueblo en su informe sobre la
violencia doméstica contra las mujeres, recomendaciones en materia de
educación cuando exhorta al Ministerio a seguir en la línea de la
resolución de la Dirección General de Renovación Pedagógica, que
posibilita como contenido optativo para la ESO el referido a papeles
sociales de hombres y mujeres y continúa implantando materias
optativas similares, así como a prestar especial atención a la
formación inicial y continuada del profesorado para que se impartan
con calidad contenidos que respeten la no discriminación entre
personas por razón de sexo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Cánovas,
le ruego vaya concluyendo.
La señora CÁNOVAS MONTALBÁN: Voy concluyendo, señor presidente.
Consideramos que es necesario aportar financiación y medios como los
propuestos en nuestra enmienda, entre otros, a fin de que el sistema
educativo incorpore en su totalidad el principio de la educación no
sexista, considerando la educación afectiva y sexual como un aspecto
fundamental de la formación de los jóvenes
que elimine las conductas violentas del hombre contra la mujer como
muestra extrema del sexismo en las relaciones de abuso de poder.Por
tanto, esperamos que estas medidas necesarias se concreten y se
lleven a cabo, ya que los problemas derivados de la violencia
doméstica son graves y merecen la atención de todos los grupos
políticos y el esfuerzo de toda la sociedad.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, y para la
defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra la señora
Solsona.
La señora SOLSONA I PIÑOL: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, los factores culturales, costumbres sociales y normas
religiosas que han inculcado tradicionalmente la subyugación casi
absoluta de la mujer al hombre y de los hijos a sus progenitores son
sin duda una de las causas de la violencia familiar. Esta violencia
es una grave violación de los derechos humanos, causa un grave
perjuicio a la salud física y mental de las víctimas de esta
violencia y a sus familias y supone elevados costes económicos y
sociales para la sociedad en su conjunto.
Es de vital importancia que la sociedad, y sobre todo los niños, los
adolescentes y las mujeres vulnerables tengan una mejor comprensión
de la naturaleza y del alcance de este problema. Los programas de
educación y formación para sensibilizar a hombres, mujeres y niños
sobre los efectos personales, sociales, perjudiciales de la violencia
para las víctimas, la familia, la comunidad y la sociedad en general
son esenciales para erradicar dicha violencia.
Las personas aprenden de niños a relacionarse viendo cómo se
relacionan los adultos. Los niños aprenden a resolver conflictos
observando cómo los mayores los resuelven. La violencia se aprende.
Se aprende observando cómo los padres, los hermanos mayores o los
vecinos se relacionan; se aprende viendo la televisión. En un
reciente informe del Consejo Audiovisual de Cataluña se ve que en la
franja de máxima audiencia infantil de televisión se ofrece un acto
violento por segundo, señorías. Se aprende, pues, viendo la
televisión, viendo determinados dibujos animados, leyendo
determinados comics o jugando en descampados.
Señorías, si se aprenden comportamientos violentos también se aprende
a comportarse y a relacionarse pacíficamente. Las acciones en el
ámbito de la educación pueden contribuir a fomentar la igualdad entre
hombres y mujeres. La sensibilización de la opinión pública, la
formación del profesorado, la preparación de material pedagógico y
académico que favorezca la eliminación de los estereotipos sobre
hombres y mujeres puede sin duda contribuir a erradicar la violencia
doméstica.
La resolución del Parlamento Europeo del 16 de septiembre de 1997,
sobre una campaña europea de tolerancia cero ante la violencia contra
las mujeres, recomienda a la Comisión y a los Estados miembros la
necesidad de que se tome la iniciativa de elaborar programas
escolares destinados a aumentar el nivel de conciencia entre los
adolescentes sobre los efectos de la violencia por razón de sexo y a
desarrollar métodos de colaboración para la solución de tales
conflictos.
En nuestro país, el Estado español, la Ley orgánica de Ordenación
general del sistema educativo, Logse, en sus artículos 1 y 2, se
refiere a los derechos y libertades y a la efectiva igualdad de
derechos entre sexos. En los artículos 13 y 19 se enumeran como
objetivos específicos que deben primar en la educación primaria
y secundaria obligatoria los de -leo textualmente-: apreciar los
valores básicos que rigen la vida y la convivencia humana y obrar de
acuerdo con ellos, y también a comprometerse con espíritu de
cooperación, responsabilidad moral, solidaridad y tolerancia,
respetando el principio de la no discriminación entre las personas.
Estos artículos permiten potenciar dentro de la práctica escolar el
área transversal educación para la igualdad de oportunidades entre
sexos, impregnando todos los contenidos curriculares en las etapas de
educación obligatoria.
En la resolución del 17 de enero de 1995 la Dirección General de
Renovación Pedagógica del Ministerio de Educación prevé la
posibilidad de introducir como contenido optativo el tema: papeles
sociales de hombres y mujeres, que estudia la manera crítica de los
estereotipos sexistas. El Defensor del Pueblo, en su reciente
comparecencia en esta Cámara para presentarnos su informe sobre la
violencia doméstica, recomienda al Ministerio de Educación y Cultura
que se potencien todos estos contenidos de la Logse dirigidos a
lograr la efectiva igualdad de los derechos entre sexos. También
recomienda que se presten espacios de atención a la formación inicial
y continuada del profesorado a fin de impartir con la debida calidad
dichos contenidos y los valores básicos de la convivencia humana, la
responsabilidad moral de las personas y los principios de solidaridad
y tolerancia, respetando la no discriminación entre las personas por
razón de sexo.
Señorías, la Generalitat de Cataluña, que tiene competencias en
educación, ya plantea en el currículo educativo el fomento de la
igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de las personas;
el Departament de Ensenyament, en colaboración con el Institut Catalá
de la Dona, establece programas de actuación y edita publicaciones al
respecto, todo ello reforzado últimamente con el Plan integral contra
la violencia doméstica, que elabora la Comisión interdepartamental en
la cual colabora el Departament de Ensenyament, entre otros, a fin de
elaborar una política global y efectiva contra esta lacra social.
Nuestra enmienda va en esta línea de respetar el trabajo hecho en las
distintas comunidades autónomas y la adición del término 'alumnas' es
a efectos de que la
igualdad también quede reflejada en los textos escritos
y fundamentalmente en los elaborados en esta Cámara.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora
Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Muchas gracias, señor presidente.
Iniciativa per Catalunya-Els Verds y Nueva Izquierda vamos a votar a
favor de la proposición no de ley que presenta el Partido Popular,
pero compartiendo lo que acaba de decir la portavoz socialista
pensamos que estamos hablando de declaraciones muy genéricas que son
fácilmente compartibles por el resto de los grupos, aunque quizá
deberíamos afinar un poco más.
De todas maneras, nosotros creemos que es en la escuela, en los
centros educativos, donde más se potencian los valores de paz y
tolerancia, si lo comparamos con el resto de instituciones y áreas de
actuación en la sociedad. Es en la escuela donde más se potencian
estos valores. Es cierto que todavía nos queda corregir elementos
discriminatorios en los libros de texto; todavía se denuncian
prácticas, terminología discriminatoria por razón de sexo en los
libros de texto, lo cual es bastante preocupante. Falta un mayor
esfuerzo en la coeducación. La diputada del Grupo Socialista lo ha
dicho: había unos programas de coeducación que se han suprimido; no
hay suficientes recursos y creemos que sería importante que el Grupo
Popular pudiese aceptar la enmienda que ha presentado el Grupo
Socialista en este sentido.
Pero yo quisiera llamar la atención de la diputada del Grupo Popular
que ha presentado la propuesta respecto a la contradicción que supone
para su propio grupo el siguiente hecho: desde el Gobierno se están
concertando con fondos públicos centros educativos, escuelas que no
practican la coeducación, centros que sistemáticamente escolarizan a
chicos por un lado y a chicas por otro. Me estoy refiriendo, sobre
todo, a centros del Opus, que están concertados -lo digo, es así- con
fondos públicos y, sin embargo, aunque repetidamente se ha pedido que
empiecen a hacer las prácticas de coeducación, se niegan
sistemáticamente. También le pediría al Gobierno Popular que nos
diese de una vez las listas de centros privados concertados que no
practican la coeducación y que, sin embargo, están recibiendo esos
fondos públicos.
Pero yo quisiera señalar que deberíamos ir más allá. Si digo que es
en la escuela donde más se potencian los valores de la paz, la
tolerancia, el respeto a la diversidad de los sexos y el papel social
que cumplen el hombre y la mujer en la sociedad, lo que sí es cierto
es que la diputada de Convergència i Unió ha dado en el clavo: hay
grandes parcelas de la sociedad donde no se está respetando el valor
en positivo de la mujer. Quiero
resaltar que qué deben pensar estos jóvenes, a los que en la escuela
se les inculca la importancia de la aportación de los dos sexos y que
ven, sin embargo, que mientras el 90 por ciento de los profesores son
mujeres, los directores son hombres. Hay unos estímulos, hay una
información que no es específica, pero que va llegando a la juventud,
en la que se ve que realmente la mujer está en una situación de
supeditación en relación al hombre. Nuestras calles reflejan
historias y nombres masculinos, muy pocas veces representan lo que
las mujeres han aportado a la sociedad. Las mujeres seguimos teniendo
el doble de paro, las mujeres no somos autónomas y por eso no tenemos
la capacidad de compartir con nuestros hijos, en las familias
monoparentales, unas condiciones dignas de vida. Estamos viendo cómo
la pobreza cada vez se hace más femenina, cómo hay cada vez hay más
mujeres que son pobres. Todo eso va creando un estereotipo que va
cuajando, y por mucho que después nosotros influyamos sobre estos
valores que debemos potenciar, estos hechos se imponen con la fuerza
de la vida cotidiana.
Por otra parte está la publicidad. ¿Qué tipo de mujer está haciendo
aparece en la publicidad? Es cierto que en la televisión aparecemos
las mujeres prácticamente cada día troceadas, asesinadas, en escenas
de terror, de violencia y sexo. Eso es un continuo que va cuajando.
¿Cómo puede ser que eso no se le quede de alguna manera en el
subconsciente a la juventud? Sabe que las mujeres estamos ocupando un
papel, pero somos maltratadas en cuanto a la imagen y en cuanto a las
posibilidades de violencia que se puede ejercer sobre ellas.
Por lo tanto, bienvenida sea la proposición no de ley, sobre todo si
refleja la voluntad del Grupo Popular de empezar a hacer políticas
concretas en el marco del sistema educativo. Pero vamos a potenciar
la autonomía de la mujer; vamos a propiciar el reconocimiento social
de los valores que las mujeres queremos y estamos aportando a la
sociedad; vamos a hacer que las mujeres podamos tener unas
condiciones de vida dignas para nosotras mismas y para nuestro
entorno y que eso signifique que cada vez más estamos ocupando el
lugar que nos corresponde.
Yo acabo diciendo, como he dicho al principio, que vamos a votar a
favor de la proposición no de ley y que nos gustaría que el Grupo
Popular admitiese la enmienda del Grupo Socialista y, en su caso, la
de Convergència i Unió, que no he podido escuchar en toda su
extensión, pero si la Mesa la lee, también estaríamos en condiciones
de poder votarla.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Rivadulla.
En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la
palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Mi grupo se congratula de esta proposición no de ley que presenta el
Grupo Parlamentario Popular porque,
como bien ha expresado su portavoz y la propia exposición de motivos
de la iniciativa, este fenómeno preocupante y creciente de la
violencia en el seno de la familia se está produciendo cada vez con
mayor gravedad. Se altera uno de los núcleos fundamentales de toda
sociedad armónica como es la familia, donde los principios de
convivencia en la paz y en el respeto mutuo son fundamentales. Si
falla en una sociedad el punto básico de convivencia como es la
familia, donde se aprende lo que debe regir la sociedad para el
ejemplo después de todos los grandes grupos colectivos que terminan
en la expresión democrática, como pueden ser las manifestaciones que
generan el grado de cordialidad, de conducta, de comportamiento y de
convivencia de una sociedad, mal podrá convivir una sociedad plural
si mal convive una familia. El invocar aquí, como ha hecho la
portavoz del Grupo Parlamentario Popular al presentar la iniciativa y
como dice la exposición de motivos, las reglas de la convivencia
familiar es fundamental, pero eso hay que aprenderlo en la escuela.
Hay que ir a la pedagogía de esos valores que es necesario recibir
desde la infancia, porque van a ser valores que convaliden la vida
doméstica en el respeto mutuo, en la paz y en la tolerancia. De aquí
que nosotros vayamos a votar favorablemente, con las observaciones y
las enmiendas que pueda aceptar el grupo proponente. Solamente
queremos hacer en este punto una indicación.
Esos valores de paz y de tolerancia no se deben dar solamente en el
entorno familiar, lo fundamental es que se den en el seno de la
familia. La palabra correcta que aparece en el diccionario es seno.
El entorno está fuera del contorno, el contorno delimita una figura,
y lo que está fuera del contorno es el entorno. El entorno de una
familia es la vecina y el vecino del piso de al lado. Es en el seno
de la familia donde se tiene que dar esto y recibirlo también en el
otro seno fundamental, el de la escuela. De aquí que nosotros también
participemos de la misma enmienda que trae el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), cuyo texto, salvando también la
sustitución de la palabra entorno por seno, que es donde se da la
ejemplaridad pedagógica, en la familia y en la escuela, suprime la
referencia a las comunidades autónomas. A nosotros nos parece bien,
porque si la comunidad autónoma tiene la competencia de la educación,
toma en su parlamento autonómico un acuerdo similar, ya que si no el
Ministerio de Educación, fuera de su propio área, no es competente
para incluir en un plan de estudios esa indicación.
Con respecto a la enmienda del Partido Socialista, nosotros hacemos
una observación crítica, dependerá que la acepte o no la acepte el
grupo proponente de la iniciativa. No nos parece bien hablar aquí en
primer lugar de la transversalidad en las aulas, concepto
heterogéneo, obscuro y difícil de entendimiento de lo que se quiere
decir y, en segundo lugar, nosotros damos por supuesto que no hay que
crear un nuevo cuerpo de profesores agentes de la convivencia. Cuando
estamos hablando de los derechos humanos no se nos ocurre
a nosotros, en el 50 aniversario, que deba haber un cuerpo de
pedagogos de los derechos humanos. Los derechos humanos los tienen
que tener todas las personas en la responsabilidad que ejerzan
-docentes o discentes, civiles o militares, jueces, magistrados u
objetos de la administración de la justicia-, eso es el campo, y
cualquier profesor en la escuela, sea de matemáticas, de historia, de
lengua o de filosofía tiene que tener unos valores éticos de
referencia, aparte del de su ciencia profesional, a los cuales
referirse para enseñar precisamente el respeto a la convivencia y a
los derechos humanos, porque malo será, aunque tengamos un plan
pedagógico de respeto a estos derechos de la convivencia en la
familia y aunque tengamos el mejor cuerpo de agentes de convivencia,
si el profesor de otra asignatura no la practica y traslada el
ejemplo al alumno.
De aquí, señor presidente, que nosotros, excepto la observación que
hacemos sobre el significado de la palabra seno de la familia para
que sustituya a la expresión entorno, estaríamos en disposición de
apoyarla si se acepta la enmienda del Grupo Catalán (Convergència
i Unió), que nos parece muy acertada en cuanto al respeto a las
comunidades autónomas y a su competencia, y no apoyaríamos la
enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Por supuesto, en todo
orden de ideas sí apoyamos la iniciativa de la proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Popular porque nos parece muy oportuna, muy
necesaria y muy conveniente a estas alturas de las circunstancias.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Mardones.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV) tiene la palabra el
señor González de Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: El Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV) suscribe y apoyará con sus votos esta proposición no de ley
presentada por el Grupo Popular, entendiendo que es oportuna, aunque
también la consideremos algo inconcreta en la parte dispositiva, en
aquellos aspectos en los que insta al Gobierno a presentar una serie
de medidas en orden a inculcar en el alumnado valores de educación,
respeto y tolerancia en la convivencia doméstica.
Es bien conocido por parte de todos que en los últimos tiempos se
están produciendo noticias de acontecimientos, que seguramente en
tiempos pasados estaban más ocultos, que ponen en evidencia la
violencia doméstica existente en muchos hogares de este país y que
muchas veces avergüenza a propios y extraños. ¡Qué sería, señor
presidente, si las paredes de nuestras casas fueran transparentes!
¡Cuál podría ser el espectáculo al que podríamos asistir!
Por ello, el Grupo Vasco, que tradicionalmente ha venido defendiendo
y sosteniendo una educación en valores, aprovecha esta oportunidad
que nos brinda laproposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular
para indicar que las distintas administraciones educativas
competentes en la materia deben vigilar, cuidar, inculcar esta serie
de valores en orden a que la violencia en el ámbito doméstico, al
igual que en otros ámbitos de la sociedad, pueda quedar
suficientemente relegada.
La diputada García-Alcañiz, al inicio de su intervención, ha
expresado su condolencia a la familia del ciudadano Aitor Zabaleta,
manifestando que ella es diputada por Madrid. Dado que quien les
habla es diputado por Guipúzcoa y, además, seguidor de la Real
Sociedad, quisiera recoger el guante para seguir con el mismo ejemplo
y manifestar que en una sociedad civilizada situaciones de esta
índole deberían estar desterradas. Desgraciadamente, se producen
accidentes e incidentes como el que ha relatado la diputada García-
Alcañiz y haríamos bien en fomentar y promover desde las
instituciones medidas que desterraran de plano, de raíz, este tipo de
situaciones.
Por tanto, desde el Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV) manifestamos
nuestro acuerdo con el texto que presenta el Grupo Popular. Nos
parece más ajustado el que presentaba el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), porque no se nos oculta, señor presidente, que
estamos hablando de administraciones educativas competentes y, desde
esta perspectiva competencial, la redacción que propone el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) entendemos que es más
ajustado, si no sólo estaríamos hablando del ámbito de competencia
del Ministerio de Educación y Cultura, eso que es tan horrible y que
se llama el territorio MEC, y creemos que la resolución que se adopte
en el día de hoy debe tener ámbito y competencia para el conjunto de
las administraciones educativas competentes, para que todas ellas
inculquen valores de educación en libertad.
No estamos de acuerdo con el primer párrafo de la enmienda que
propone el Grupo Socialista, no porque entendamos la transversalidad
como un concepto heterogéneo, como dice el señor Mardones, sino
porque creemos que las materias transversales que actualmente existen
en el sistema educativo son, en nuestra opinión, excesivas y que
incrementar la carga lectiva con más materias transversales es una
equivocación, máxime cuando estamos hablando de que haya más
matemáticas y más literatura.
Nosotros pensamos que la educación en valores, en convivencia, en
tolerancia, en el respeto a los demás no debe desarrollarse de una
manera transversal, debe desarrollarse de una manera holística en el
conjunto de la acción de la comunidad educativa y de sus distintos
agentes, ya que todos ellos, en cada una de sus actuaciones, deben
demostrar con su actitud, con su forma de enseñar, con los contenidos
que transmiten, con las enseñanzas que manifiestan, los valores de
respeto, de tolerancia. Dentro del planteamiento de lo que debe ser
la educación en valores, nos parece que el que los centros educativos
ofrezcan personas especializadas como agentes de convivencia sería
realizar una parte
de esta asignatura transversal y descentraría la educación en valores
que todos y cada uno de los agentes de las comunidades educativas
deberían de desarrollar.
Por ello estamos en condiciones de aprobar la proposición no de ley
que presenta el Grupo Popular. Nos parece más ajustada a ámbitos
competenciales la que presenta el Grupo Parlamentario de Convergència
i Unió y votaríamos en contra en caso de que el Grupo Popular
aceptase la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor González de Txabarri.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene
la palabra la señora Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RÍO: Señor presidente, señorías, de nuevo esta
Cámara se hace eco de un problema ancestral, en pretérito y en
futuro, cual es la lacra social del siglo XX, como son los malos
tratos a mujeres y también a los menores, que está golpeando a una
civilización de rostro cibernético y de anverso violento.
Se trata, señorías, de un fenómeno universal, la violencia de género,
y tiene una larga tradición y un único propósito: someter a las
mujeres. Es el recurso más inmediato para controlarlas y constituye
el medio más común para reducir su autonomía. Su origen y su
continuidad se encuentran en la existencia de una relación de poder
desigual entre hombres y mujeres; un comportamiento que persiste y
que se hace visible cuando hay víctimas mortales.
Históricamente, la capacidad de hacer uso de la fuerza contra la
mujer era una potestad reconocida por el derecho y la versión física
se ejercía en nombre del poder corrector del esposo sobre la esposa y
del padre sobre la hija, de modo que se ejercía amparándose en un
estatuto legal, si bien se establecían sanciones en el uso desmedido.
Este reconocimiento se daba en el derecho romano y en todas las
tradiciones jurídicas modernas que se basan en él; también ha tenido
un lugar propio en la germánica y caso aparte es el derecho musulmán.
La violencia ha aumentado en el continente europeo, de la misma forma
que en nuestro país, y esto hay que relacionarlo con la persistente
tolerancia judicial, que choca con el derecho, pero no choca contra
los valores culturales socialmente operantes, para los cuales el
recurso a la fuerza como instrumento para solucionar los conflictos
es legítimo, señorías, también en España, y forma parte de los
lugares comunes de la pseudocultura de masas.
En el marco global, es la Declaración de los Derechos Humanos la que
sitúa la igualdad de sexos y la igualdad de generaciones,
estableciendo la educación y la concienciación como una prioridad
innegociable. La violencia no puede ser explicada sólo en términos
exógenos. Los condicionamientos sociales son catalizadores.
En algún momento habrá que preguntarse por la estructura misma de la
familia. Según el foro contra la violencia, entre el 35 y el 40 por
ciento de las mujeres que viven en pareja han sufrido malos tratos.
La Organización de Naciones Unidas calcula que 60 millones de mujeres
padecen violencia de género y, a pesar de la macabra cifra, sólo 44
países del mundo tienen legislación propia aprobada contra la
violencia doméstica.
El encierro en los límites del derecho penal supone su mantenimiento
en el ámbito estricto de las relaciones entre particulares, pero hay
responsabilidades públicas, además de individuales. Hay gobiernos y
proyectos ideológicos remisos a evitar la violencia de los derechos
cívicos mediante el recurso a la violencia de género y generacional,
mostrando una incapacidad estructural que tiene que ver con la
naturaleza del poder político.
Señorías, no es demagogia denunciar que la explotación sexual y
laboral de mujeres y niños es uno de los negocios más boyantes del
planeta, que se practica con el consentimiento de los gobiernos
internacionales, y que 250 millones de niños trabajan en el mundo y
amplias franjas lo hacen en la prostitución. Pero aquí nunca pasa
nada. Casi 100 mujeres murieron el año pasado y casi 200.000 fueron
golpeadas y apaleadas en España. Pero aquí nunca pasa nada.
Hoy el Partido Popular quiere arbitrar algunas medidas para inculcar
en el alumnado valores de educación, respeto y tolerancia en la
convivencia doméstica y yo no sé, en el barómetro calificador de
iniciativas, si ésta es de tipología ingenua, ralentizadora,
parcheadora o, simplemente, de maquillaje al uso. El caso es que ¡qué
más quisiéramos nosotros, señorías, que con un par de retoques en la
escuela pudiéramos abolir la discriminación por razones de género!
Sepan ustedes que la verdad, aunque sea cierta, nunca es creíble si
no es verificable y esa prueba del algodón necesita dos notarios: el
paquete global, que trastoca las ideologías, y la práctica política,
que se ejerce cada día y una vez al año en los Presupuestos Generales
del Estado. Pero, efectivamente, porque más vale el casi nada que la
nada, les tendemos la mano para que se incorporen al tiempo de
restablecer los valores democráticos, al tiempo de remover las
mentalidades, al tiempo de recomponer la convivencia democrática
desde la igualdad. En innumerables ocasiones y en el marco de la
especificidad educativa -objeto del texto-, me reitero en lo que es
obvio y ustedes ni recogen suficientemente en sus programas ni han
aplicado en sus políticas, y es el reconocimiento de fuerte contenido
cultural que tiene la violencia y que habría que incorporar en los
planes de estudio como una materia específica en los diseños
curriculares, contemplando la formación en este área como
prioritaria, pero sabiendo que esto sólo es un pequeño eslabón en la
gran cadena de montaje del diseño de las sociedades, que necesitan
mujeres y menores sumisos, acríticos y dóciles al poder, para no
truncar los privilegios de una sociedad masculinizada y
acumuladora de privilegios y recursos para unos pocos, en detrimento
de muchos.
Señorías, termino diciéndoles que bienvenidos sean a rectificar.
Cuenten con nuestro voto y con nuestra colaboración para construir
una escuela y un mundo más pacífico, tolerante y plural. Nada más y
muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Aramburu.
Señora García-Alcañiz, tiene S.S. la palabra para expresar la
aceptación o no de las enmiendas planteadas por dos grupos
parlamentarios a su iniciativa.
La señora GARCÍA-ALCAÑIZ CALVO: Muchas gracias, señor presidente.
Por lo que respecta a la enmienda del Grupo Socialista, presentada
por su portavoz la señora Cánovas, lamento sinceramente no poder
aceptarla. Compartimos la buena intencionalidad con que creo que ha
sido redactada, pero no el concepto de la misma. Podría parecer,
incluso, como una ofensa a los profesores que están en los distintos
centros y en los distintos niveles, como no considerarles adecuados
para, en el día a día de fuera cual fuere la enseñanza que impartan,
practicar la tolerancia, la paz y enseñar a respetar los derechos
humanos e incluso, teóricamente, a debatirlos. Por tanto,
lamentándolo mucho, no podemos aceptar la enmienda del Grupo
Socialista.
En cuanto a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), la aceptaríamos, y he hecho llegar a su
portavoz señora Solsona, y a la Mesa del Congreso, una transaccional
del Grupo Parlamentario Popular, que añadiría a la enmienda propuesta
por Convergència i Unió el siguiente texto: Para ello, propone el
Congreso de los Diputados que se incluya en los diferentes niveles de
la enseñanza obligatoria el conocimiento sistemático de los derechos
humanos.
Hoy se cumple, y esta Cámara ha hecho una declaración institucional,
el 50 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos. Comparto
este sentimiento con todos los grupos, ya que es una declaración de
la intención del Congreso de los Diputados y un reconocimiento del
mismo para que en las escuelas, en definitiva, allí donde tienen
competencia el Ministerio y las autonomías -en algunas ya se viene
haciendo y en otras estoy segura lo asumirán si no lo hacen- se
enseñe el tema de los derechos humanos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora García-Alcañiz.
Señora Solsona, ¿acepta su grupo parlamentario la enmienda
transaccional propuesta por el Grupo Popular?
La señora SOLSONA I PIÑOL: En nombre de mi grupo acepto la enmienda
de adición presentada.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría. (La señora GarcíaAlcañiz Calvo pide la palabra.)
Señora García-Alcañiz, ¿qué desea?
La señora GARCÍA-ALCAÑIZ CALVO: Señor presidente, si me concede el
uso de la palabra contestaría a una enmienda que ha sido propuesta
por Coalición Canaria, concretamente por el señor Mardones.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Le ruego lo
haga con la mayor brevedad posible.
La señora GARCÍA-ALCAÑIZ CALVO: Ha hecho una propuesta, aunque era de
tipo gramatical, consistente en sustituir la palabra entorno por
seno.
Permítame que termine esta intervención agradeciendo al portavoz
señor González de Txabarri, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV),
el recuerdo que ha tenido para el pueblo de Madrid al lamentar con
todos nosotros el asesinato de Aitor Zabaleta.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, RELATIVA A LA FINANCIACIÓN
PLURIANUAL NECESARIA PARA LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DE LA REFORMA
DE LA LEY ORGÁNICA DE ORDENACIÓN GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO.
LOGSE. (Número de expediente 162/000165)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pasamos al
punto 52: Proposición no de ley del Grupo Socialista relativa a la
financiación plurianual necesaria para la implantación y desarrollo
de la reforma de la Ley orgánica de ordenación general del sistema
educativo, a la cual han sido presentadas dos enmiendas, una del
Grupo Socialista, por lo cual le ruego a su ponente, a la señora Díez
de Baldeón, que defienda los dos puntos en el mismo acto
parlamentario.
Les comunico, y también al grupo proponente, la retirada que ha sido
formulada por escrito a la Mesa, por parte del Grupo Parlamentario
Popular, de la enmienda que había presentado a esta proposición no de
ley.
Por tanto, para la presentación de la iniciativa y de la enmienda, en
nombre del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Díez de
Baldeón.
La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Socialista presenta nuevamente esta proposición no
de ley relativa a la financiación plurianual necesaria para la
implantación y desarrollo de la reforma de la Ley orgánica de
ordenación general
del sistema educativo; una ley que parece el río Guadiana a juzgar
por las veces que surge y resurge, por las veces en que ha sido
aprobada y también por las veces en que se ha incumplido.
Esta proposición no de ley que hoy traemos fue presentada en el
registro de la Cámara hace más de un año. Esta es la razón de que mi
grupo autoenmiende el texto original, dado que ha transcurrido mucho
tiempo, casi un año y medio. Sobre todo queremos traerla hoy aquí
para que quede constancia del grave incumplimiento del Gobierno ante
un tema tan importante como es la realización del estudio
correspondiente a la financiación de la Logse.
La primera vez que se ha incumplido lo acordado corresponde a la
resolución número 99 aprobada en el Pleno del 12 de junio de 1997. El
segundo incumplimiento del Gobierno es el correspondiente a la
proposición no de ley número 3 del Grupo Socialista que fue aprobada
por unanimidad de todos los grupos políticos el pasado 17 de
septiembre de 1997 en la Comisión de Educación y Cultura y dice lo
siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a remitir a
esta Cámara, antes de finalizar el año 1997, las conclusiones del
estudio sobre la financiación de la aplicación de la Logse, de
acuerdo con lo establecido en la disposición adicional vigésimoquinta
de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997 y a incluir,
a partir del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado
para 1998, las partidas para su financiación que en su caso
corresponda.
El tercer incumplimiento del Gobierno es el referente a la propuesta
de resolución número 52 del debate sobre el estado de la Nación, con
fecha 27 de mayo de 1998, que en su punto primero insta al Gobierno
-cito literalmente- a remitir a esta Cámara, antes del día 30 de
junio de 1998, las conclusiones del estudio sobre la financiación de
la Logse que se está elaborando en el seno de la conferencia
sectorial de educación.
Señorías, no solamente los presupuestos del año 1998 no recogieron
las partidas presupuestarias para la implantación de la reforma, sino
que ha pasado un año y medio y estas conclusiones del estudio sobre
financiación de la Logse siguen sin ver la luz. Desconocemos las
razones finales por las que el Gobierno no se decide a publicar este
estudio, si es que está concluido. Un estudio que todos los grupos
parlamentarios hemos considerado imprescindible porque resulta ser
una pieza angular para definir la situación educativa en las
comunidades autónomas, que sirva como punto de partida para
garantizar un plan plurianual de financiación que permita la
implantación de la Logse en condiciones de calidad para todos.
Como saben SS.SS., mi grupo parlamentario ha presentado hace unos
meses en el registro de la Cámara una proposición ley de calidad e
igualdad en la educación y de su financiación, iniciativa que todavía
no se ha traído al Pleno para su debate -lo haremos la próxima
semana-, precisamente porque hemos estado a la espera de que el
Gobierno cumpliera su compromiso
de elaboración del libro blanco sobre el estudio de las necesidades
de financiación del sistema educativo y del proceso de aplicación de
la Logse en todo el territorio nacional, que se está elaborando de
acuerdo con las comunidades autónomas.
La ejecución de este estudio fue reclamada por todos los miembros de
la conferencia sectorial de educación celebrada los días 7 y 8 de
julio de 1997, y cuenta, además, con el apoyo expreso de todos los
grupos parlamentarios. Por esta razón, antes de presentar la
proposición de ley de calidad e igualdad en la educación y de su
financiación volvemos a insistir en la necesidad de que el Gobierno
asuma sus compromisos. La aplicación de la Logse necesita de una
financiación adicional para llevarla a cabo. Así lo ha puesto de
manifiesto toda la comunidad educativa cuando, hace ahora un año,
suscribió la declaración conjunta en favor de la educación, y así lo
reclaman ahora los estudiantes y los padres de alumnos en sus últimas
movilizaciones. Es ahora cuando la extensión de la enseñanza
obligatoria y gratuita hasta los 16 años exige de forma urgente y
prioritaria completar la red de centros y una suficiente dotación de
plantillas. Urge también impulsar la nueva formación profesional y
dotar de manera prioritaria todos aquellos programas dirigidos a
conseguir una eficaz igualdad de oportunidades, como son los
programas de garantía social, educación compensatoria y becas.
En la sociedad del conocimiento en la que estamos inmersos, quedar
excluidos del proceso educativo es un pasaporte de marginalidad. Por
eso resulta prioritario asegurar una escuela pública que se refuerce
en dotación de medios y profesores, sobre todo en aquellos centros
que deben atender alumnos con dificultades de origen. Los
presupuestos de educación del Gobierno han evidenciado ser
insuficientes para garantizar la aplicación de la reforma en
condiciones de calidad para todos. La prueba del nueve de que esto es
así son las dificultades objetivas que siguen teniendo muchas
comunidades autónomas para cerrar las transferencias educativas, a
pesar de que las desean. Esta situación no sólo provoca el
incumplimiento del calendario previsto para los traspasos, sino una
seria incertidumbre de futuro, ya que el traspaso educativo al coste
efectivo no garantiza en modo alguno financiación adicional para la
aplicación de la reforma, con lo cual las comunidades autónomas que
tienen menos dotación efectiva en educación y que tienen mayores
tasas de crecimiento demográfico tendrán que hacer un gran esfuerzo
de financiación en detrimento de otros servicios públicos igualmente
necesarios o, por el contrario, se verán abocados a contar con una
educación pública de peor calidad.
La reforma y modernización del sistema educativo, la ampliación de la
enseñanza obligatoria cuesta dinero. No es posible incrementar la
calidad sin un esfuerzo de financiación adicional y eso lo saben bien
las comunidades autónomas competentes en materia educativa, que desde
hace tiempo vienen reclamando más financiación
para la aplicación de la Logse. Es cierto que no todas han
priorizado igual la educación en sus presupuestos, pero no es menos
cierto que los recursos disponibles no son los mismos. El portavoz
del Grupo Popular señor Guerra Zunzunegui recordaba hace ahora un
año, en un debate similar al de hoy, que la iniciativa de la
elaboración del libro blanco para estudiar las necesidades de
financiación del sistema educativo en el seno de la conferencia
sectorial fue propuesta por el consejero de Educación de Andalucía,
señor Pezzi. No debe extrañarle.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Díez de
Baldeón, le ruego vaya concluyendo.
La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Acabo ya, señor presidente.
Andalucía, como saben SS.SS., tiene una población real que sobrepasa
en 400.000 habitantes su censo reconocido de población, sobre el que
se establece la financiación que recibe del Estado. Casi medio millón
de habitantes no reconocidos en la financiación de una comunidad
autónoma son muchos cuando, además, no sólo reclaman servicios
educativos, sino sanitarios y asistenciales. Este es un ejemplo, pero
habría muchos más. Si Andalucía tiene problemas por su excesivo
crecimiento demográfico, otras comunidades lo tienen por defecto.
Castilla y León es un ejemplo paradigmático. El problema es la
despoblación de amplias zonas y la escolarización de niños y jóvenes
del atomizado mundo rural que incrementa de forma significativa los
gastos educativos. Otras comunidades tienen que atender la
escolarización de significativos colectivos de emigrantes, minorías
étnicas y culturales y tienen que atender también a familias
desestructuradas, con graves problemas de marginalidad. El gasto
educativo en los centros que atienden a estas minorías sociales debe
incrementarse. El gasto por alumno, que tiene una situación de
desventaja con respecto a otro, debe ser siempre superior. En estos
centros tiene que haber más orientadores, un profesor cada pocos
alumnos que permita una atención muy personalizada y aulas y clases
de recuperación y eso también cuesta dinero.
Las situaciones de partida, señorías, son, por tanto, desiguales.
Cada comunidad autónoma tiene sus propias peculiaridades y eso, sin
duda, exige un compromiso de los poderes públicos que deben
diagnosticar estas situaciones para tratar de ponerles remedio.
Muchas causas explican la desigual situación educativa, pero no
podemos permitir una dualización del sistema educativo que, con
fondos públicos, prime a la enseñanza privada concertada sobre la
pública o defina una desigual calidad educativa según los diferentes
territorios de España.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda yLozana): Señora Díez de
Baldeón, le ruego concluya.
La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Acabo ya, señor presidente.
Nuestra Constitución consagra el principio de igualdad y solidaridad
entre personas y territorios y por eso la calidad de la educación no
puede depender de que las comunidades autónomas sean más o menos
ricas ni de su capacidad de recaudación fiscal. Consideramos, por
tanto, inaplazable que el Gobierno presente de inmediato las
conclusiones del estudio sobre la financiación de la Logse. Ha
transcurrido ya año y medio desde que fue aprobada su ejecución por
la conferencia sectorial de educación y el plazo para su
presentación, de acuerdo con las proposiciones no de ley y las
resoluciones aprobadas en esta Cámara, era diciembre de 1997 y 30 de
junio de 1998. Queremos decir que esto se ha hecho de esta forma, sin
que exista en nuestra opinión ninguna justificación.
Por todo ello, queremos presentar el texto, que esperamos sea
aprobado, puesto que únicamente pretendemos que una vez más vuelvan a
ser aprobadas las tres resoluciones anteriores y que se traiga
finalmente aquí este estudio de financiación.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Díez de Baldeón.
La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Voy a leer el texto, es muy corto.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muy bien.
La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: El texto final dice así: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a remitir a esta Cámara
de inmediato las conclusiones del estudio sobre la financiación de la
aplicación de la Logse elaborada en el seno de la conferencia
sectorial de educación a fin de dar cumplimiento a la propuesta de
resolución número 99 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para 1997, aprobada en la sesión plenaria del 12 de junio de aquel
año, a la propuesta de resolución número 52 del debate sobre el
estado de la Nación del 27 de mayo de 1998 y a la proposición no de
ley número 3, aprobada en la Comisión de Educación y Cultura el 17 de
septiembre de 1997.
Señorías, pedimos una vez más que de forma inmediata se traiga aquí
este estudio de financiación y contamos con su voto favorable.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Díez de Baldeón. ¿Grupos que desean fijar su posición?
(Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el
señor González de Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
En esta tarde educativa, el Grupo Parlamentario Vasco celebra que el
Grupo Socialista haya planteado una enmienda de sustitución a su
original proposición no de ley relativa a la financiación plurianual
de la Logse. Este debate recurrente, actualizado en esta Cámara, pero
que difícilmente da pasos hacia adelante, puede conocer con este
estudio que está efectuando la conferencia sectorial de educación
bases firmes para poder abordar el planteamiento de futuro de la
financiación plurianual de la Logse, ley que apoyó el Grupo
Parlamentario Vasco y que vio que el contenido legislativo se iba
distanciando, en la medida en que pasaba el tiempo, de los contenidos
y previsiones plurianuales que la memoria económica de esta ley
realizaba.
Por ello, a lo largo de 1997, este grupo parlamentario, al igual que
otros, planteó la necesidad de conocer con seriedad los recursos
financieros que las distintas administraciones educativas destinaban
al tema educativo. Más de una vez hemos insistido en esta Cámara que
el tema educativo se restringe al territorio del Ministerio de
Educación y Cultura y a sus ámbitos competenciales y que se hacen
análisis globales sin tener en cuenta los recursos que las distintas
administraciones públicas destinan a educación en el conjunto del
Estado. En consecuencia, las conclusiones que se obtienen de datos
sesgados y unidireccionales son equivocados.
Por ello, este grupo parlamentario espera este estudio que está
realizando la conferencia sectorial de educación, y lo espera para
poder basar sus conclusiones, actualizarlas y encontrar fórmulas que
lleven al cumplimiento de las previsiones que en su día se realizaron
en torno a la Logse.
Por la información que dispone este grupo parlamentario, el trabajo
que está realizando la conferencia sectorial de educación no es que
no esté terminado, sino que todavía tiene datos en bruto de las
aportaciones que las distintas administraciones competentes han
puesto a disposición de la conferencia sectorial.
Lo que se pedía hace año y pico en relación con este tema eran
conclusiones, no datos en bruto. No quisiéramos que de las prisas y
de las urgencias de esta resolución, que previsiblemente adoptaremos
en el día de hoy, se solucionara el tema, poniendo a disposición de
los grupos parlamentarios datos en bruto de difícil acceso y de
difícil elaboración por parte de los distintos analistas que puedan
bucear y profundizar en esta cuestión. De lo que se trataba en origen
era de presentar los datos por una parte, pero también la situación
del sistema escolar, los objetivos para culminar el proceso de
aplicación de la Logse en el año 2002 y los criterios necesarios para
andar ese camino de financiación, a fin de cubrir los objetivos
previstos y, en definitiva, cuál es el actual sistema de financiación
en las distintas comunidades autónomas y cuáles son las carencias,
los déficit y los caminos que habría que andar para llegar a este
asunto. Por ello, entendemos la postura del Grupo Socialista, en
orden a instar al Gobierno a que remita de inmediato a esta Cámara
las
conclusiones del estudio. Además de manifestar nuestra voluntad de
recibir con celeridad este informe, quisiéramos subrayar, a efectos
de los debates posteriores que se produzcan en este Pleno, que de lo
que se trata es de que la conferencia sectorial de educación elabore
esos datos, los analice, los compare con las previsiones recogidas en
la memoria económica de la Logse y en definitiva elabore unas
conclusiones.
Yo no sé, señor presidente, si la conferencia sectorial de educación
está en condiciones de realizar eso de inmediato. Parece razonable
que esta Cámara, ante el incumplimiento de plazos sobre decisiones
adoptadas en ella, urja a que esa remisión se haga así. Lo que sí
quisiera indicar es que lo que hay que remitir de inmediato son las
conclusiones y no los datos en bruto.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra
la señora Gil i Miró.
La señora GIL I MIRÓ: Gracias, señor presidente.
Esta es una proposición de contenido conocido, es como aquella
canción cansina, de letra y música familiar, pero políticamente es
una demanda recidiva de la Cámara y un mandato incumplido del
Gobierno. Hemos conocido esta instancia en forma de moción, de
interpelación, de resolución, de proposición no de ley, e incluso,
señoras y señores diputados, en forma de rueda de prensa. Es obvio
que la educación puede o no ocupar un lugar esencial en un programa
de Gobierno y que si ello ayer y hoy hubiera sido prioritario, más
allá del discurso, se hubieran hallado ayer o se hallarían hoy
estrategias para acrecentar el gasto público consagrado a la
educación, de tal manera que se pudiera aplicar en su extensión el
nuevo sistema educativo.
Apoyamos la proposición no de ley porque es el recordatorio al
Gobierno de que debe dar respuesta inmediata a las reiteradas y
unánimes instancias de esta Cámara. Y la apoyamos porque en ella hay
también el eco de las demandas de mi Gobierno y de mi grupo a
gobiernos y grupo mayoritario anteriores y porque retiene la letra
incluso de resoluciones de mi grupo dirigidas al actual Gobierno.
Pero confesamos también que hoy sentimos una cierta desazón porque de
manera obligada, una vez más, estamos favoreciendo el discurso
económico y no el educativo. Y temo que, pese a la importancia de los
recursos materiales, podría parecer que, perdido u olvidado el
discurso, hablamos más de economía, quizás para hablar menos de
educación.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la
palabra la señora Aramburu.
La señora ARAMBURU DEL RÍO: Gracias, señor presidente.
Estamos ante una iniciativa obligada, pero de carácter redundante
desde el punto de vista parlamentario y político. El comportamiento
deficitario que tiene paralizadas amplias franjas de la educación
obliga a que el monotema de la financiación sea hilo conductor de
cualquier objetivo básico. Hay una quiebra de las cláusulas de
garantías para la implantación y el desarrollo de una ley que, aunque
no tiene la paternidad del actual Gobierno, hoy es la ley de todos. Y
no se puede estar permanentemente bordeándola o secándola por razones
de diferente sesgo y que acaban teniendo el color del dinero. Es
francamente incomprensible extorsionar una reforma educativa por la
vía de la asfixia económica, es poco noble. Sería recomendable un
replanteamiento a fondo de las inyecciones financieras, para poder
impartir a todos y a todas una enseñanza de calidad.
No parece que la declaración conjunta en favor de la educación haya
sido una espoleta para dinamizar los vectores planos que en algunas
zonas y franjas educativas están apareciendo. La declaración,
señoría, es de una inquietante ambigüedad. Por ejemplo, su referencia
a la comprensibilidad de la ESO, conceptualidad recogida en la
legislación vigente y que se refirma -insisto, refirma; no reafirma-
con la derecha social y su asunción del decreto de admisión de
alumnos, rechazo manifestado a esta oferta por la mayoría de la
comunidad educativa. Pero lo más grave, señorías, son los apartados
referidos a la financiación de la enseñanza donde se incorpora el
derecho de la enseñanza privada a recibir fondos públicos a través de
los conciertos educativos; a continuación, se da luz a los conciertos
educativos de 14 a 16 años y de 3 a 6. De la misma forma se sientan
las bases para el incremento de los módulos económicos a los centros
concertados. Igualmente, señorías, se plantean serias dudas acerca de
la viabilidad para incrementar el gasto educativo sin la previa
promulgación de una ley de financiación. Efectivamente, desde la
aprobación de la Logse, la experiencia demuestra un sistemático
incumplimiento de la memoria económica que acompañaba a la misma. El
incremento de los Presupuestos Generales del Estado en educación, en
sí mismo, señorías -insisto, en sí mismo-, no garantiza una mejora de
la enseñanza pública y en ese sentido puede ser un pórtico y dar vía
libre a la financiación de la enseñanza privada, si no se explicita,
por lo que referenciarse en dicha declaración puede poner en peligro
la esencia misma de la escuela pública.
Señorías, creo que es bueno constatar la realidad y reconocer que
este Ministerio de Educación va a contracorriente de sus homólogos en
otros países, sobre todo en el carácter más netamente social. España
destina proporcionalmente un 9 por ciento menos a la enseñanza
pública y un 6 por ciento más a la privada que sus socios de los
países más desarrollados, lo que aparece como un síntoma de la
concepción mercantilista y
privatizadora del Gobierno del Partido Popular, que no está dispuesto
a la incorporación -al menos así lo viene manifestando- de mecanismos
correctores para poder acceder a una enseñanza financiada, con
disponibilidad de recursos que garanticen su calidad.
La singularidad de los Presupuestos Generales del Estado en el marco
de 1999 identifica la perversidad de las cifras, al informar que la
subida atraviesa el 6 por ciento; y no identifica su distribución. En
este marco distorsionado de las reformas educativas aparecen además
las profundas diferencias regionales, ignoradas en un momento clave
como el actual, en el que se está procediendo a la vez a traspasar
las competencias en educación y a implantar nuevas enseñanzas que
requieren un mayor esfuerzo de planificación y financiación, que no
todas las administraciones están haciendo, por lo cual la
implantación de la Logse la están convirtiendo en una fuente de
discriminación en el acceso a la educación, en función de la
comunidad autónoma en que se viva, incrementando las diferencias
educativas ya existentes.
Voy concluyendo, señorías. Es necesario que las fuerzas sociales, las
comunidades autónomas, el conjunto de los agentes y esta Cámara
-insisto, esta Cámara- adquieran un compromiso mayoritario, unitario
y firme, de exigir al Gobierno, sin concesiones, una ley relativa a
la financiación necesaria para la implantación y desarrollo de la
Logse. No hay posibilidades de aplicar medidas si no están
presupuestadas y, como les he dicho en distintas ocasiones, lo que no
figura en la contabilidad no existe. Sean ustedes equitativos, pero
sobre todo sean coherentes y apliquen medidas de discriminación
positiva escolar que nos permitan converger en la Europa social con
un pueblo más culto y más atendido.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Aramburu.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Amador.
La señora AMADOR GUILLÉN: Gracias, presidente.
Señorías, el Grupo Socialista presenta hoy una proposición no de ley
en la que solicita al Gobierno la remisión a esta Cámara de un plan
de financiación y de aplicación de la Logse por comunidades autónomas
para los próximos cinco años.
Todos tenemos realmente el máximo interés en mejorar el sistema
educativo, en hacer una política educativa que sirva a los intereses
de la sociedad española, a lo que nos demanda, y a la modernización
de la misma. Y en ese máximo interés también están trabajando el
Gobierno y el Partido Popular. Por eso, señoras y señores diputados,
quiero, en primer lugar, hacer alguna observación en relación con el
presupuesto de educación. En términos reales, este presupuesto es el
que aumenta de forma más importante en los últimos años, desde 1992.
Con una inflación del 1,8 por ciento,
este presupuesto va a aumentar de forma real el 4,7 por ciento. Esto
demuestra el extraordinario esfuerzo de este Gobierno en favor de la
educación, situándonos un punto por encima del crecimiento del PIB
nominal y convergiendo con los países más avanzados en materia de
gasto educativo.
Además, como muy bien saben SS.SS., la situación de saneamiento
financiero en que nos encontramos actualmente nos permite afirmar sin
dudas que este presupuesto posibilita que, de forma sostenida, los
presupuestos de los próximos años tengan un crecimiento similar, lo
que nos dará un margen de maniobra para garantizar una Logse de
calidad, coincidiendo con una bajada importante del número de
alumnos. Por ello, señorías, no estamos ante riesgos ni ante
incertidumbres como lo estuvimos en los años de aplicación de la
reforma, a partir del año 1992. Este crecimiento presupuestario y el
enorme esfuerzo inversor que ha hecho en dos años escasos este
Gobierno, no sólo en infraestructuras sino también en ordenación e
innovación educativa, garantizan la implantación de una Logse de
calidad. En segundo lugar, las comunidades autónomas con competencia
plena tienen sus propios mecanismos de financiación para poder
avanzar en materia educativa, no pudiendo ni imponerles ni exigirles
las prioridades en las que deben gastar su dinero. Existe, además,
como muy bien saben, una comisión de política financiera fiscal. Con
respecto a las comunidades autónomas que acceden a los traspasos, el
Estado garantiza como mínimo un crecimiento del PIB nominal más la
participación que les corresponde, con lo que se encuentran también
en disposición de atender una aplicación de la Logse con garantías.
En otro orden de cosas, efectivamente, señorías, se debe hacer una
nueva memoria económica de aquí al año 2002, en la que se pueda
cumplir la fase final de implantación de la reforma educativa, y se
debe hacer de manera ordenada, con recursos suficientes y adoptando
las auténticas prioridades que necesita en estos momentos nuestro
sistema educativo. A tal fin, se está realizando un estudio
conjuntamente entre el Ministerio de Educación y Cultura y las
comunidades autónomas. Este estudio, al que se refiere la mencionada
proposición no de ley que hoy debatimos, fue acordado por la
conferencia sectorial, como muy bien han dicho anteriormente SS.SS.,
en la sesión celebrada el 8 de julio de 1997. Con tal motivo han
tenido lugar, desde septiembre del pasado año hasta la fecha, diez
reuniones entre los representantes del Ministerio y de las
administraciones educativas de las comunidades autónomas que ustedes
ya conocen, de las que no haré referencia por ser más breve en mi
intervención. Una vez terminado el mencionado estudio, se podrá
entender que esta proposición no de ley que presenta hoy el Grupo
Socialista queda atendida en la mayoría de sus extremos. Saben SS.SS.
muy bien que si este estudio ha sufrido algún retraso, como decía la
portavoz del Grupo Socialista, no ha sido debido a incumplimientos
del Gobierno. Ha sido por algún incumplimiento de
alguna de las comunidades autónomas a las que antes me he referido.
Quisiera destacar también el consenso que se alcanzó por todos los
grupos políticos en el Pleno del Senado en torno a una moción que
presentó el propio Grupo Socialista y que fue debatida el 6 de mayo
de 1997. En aquella moción se instaba al Gobierno a impulsar el
traspaso de los medios y servicios educativos y se alcanzó un acuerdo
para garantizar los fondos necesarios, tanto en inversiones como en
gasto corriente, para la efectiva puesta en marcha y pleno desarrollo
de las medidas contempladas en la Logse. Se aseguraba, además, la
prestación de los servicios básicos en todo el territorio, con
niveles análogos de calidad. Como consecuencia de ello, se presentó
en el mismo Pleno una enmienda transaccional que apoyaron todos los
grupos parlamentarios y en la que se introdujo un párrafo del
siguiente tenor: Asimismo se insta al Gobierno a que, culminado el
proceso de transferencias educativas, presente a la Comisión de
Educación y Cultura del Senado un informe sobre el desarrollo y
aplicación de la financiación de la Logse en todo el Estado.
Señorías, parece que lo anterior pone en cuestión la necesidad de que
hoy aceptásemos esta proposición no de ley que presenta el Grupo
Socialista, que, animada de propósitos semejantes, tiene la salvedad
de que la moción mencionada se refería a un acuerdo entre Gobierno y
comunidades afectadas por los traspasos y la proposición que hoy se
presenta más bien parece exigir un acuerdo unilateral del Gobierno.
No obstante, y aunque parece más racional la fórmula empleada en la
moción que se aprobó en el Senado, consistente en requerir del
Gobierno un informe que evalúe los resultados del proceso de
implantación de la Logse en todo el Estado y que constituía, sin
duda, un buen punto de partida fiable, desde el que se podían
corregir, tras la necesaria negociación, las posibles disfunciones
detectadas en la financiación de las competencias, apoyaremos la
autoenmienda que presenta el Grupo Socialista.
Quisiera destacar ahora algunas discrepancias que existen entre la
iniciativa que presenta hoy el Grupo Socialista y la que presentó y
votó favorablemente en el Senado; también algunas diferencias que
existen entre las distintas opiniones del propio Grupo Socialista,
a juzgar por algunas de las declaraciones efectuadas recientemente, el
29 de noviembre de 1998, por el señor Rubalcaba, en Valencia, y que
aparecen en distintos diarios de la Comunidad Autónoma Valenciana.
Afirma que no es necesaria una ley de financiación de la Logse, pues,
de ganar las elecciones generales el PSOE -algo, por cierto, en estos
momentos muy poco probable-, no la aprobarían. Otro diario también
dice que el señor Rubalcaba tacha de brindis al sol el sistema de
financiación de la enseñanza de Romero. Por
otro lado, el señor Rubalcaba, contradiciéndose también con los
planteamientos de esta proposición, mantiene que lo importante son
los presupuestos que se aprueban cada año y no las leyes de
financiación.
De todas maneras, el Grupo Parlamentario Popular, como ya he dicho
antes, votará favorablemente la enmienda presentada en la mañana de
hoy por el Grupo Socialista, congratulándonos, señoras y señores
diputados, de que este Grupo Socialista haya reflexionado, se haya
enmendado y se haya autocorregido. En estos momentos, el Gobierno,
puesto que no ha cometido, como decía anteriormente, ningún
incumplimiento, estará en disposición con toda brevedad de presentar
el estudio mencionado en esta proposición no de ley.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Amador.
Señorías, vamos a proceder a la votación de las proposiciones no de
ley. (Pausa.) Les ruego que ocupen sus escaños.
Votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular,
sobre medidas para inculcar en el alumnado valores de educación,
respeto y tolerancia en la convivencia doméstica, en los términos
resultantes de la aceptación de enmiendas por parte del grupo
proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
282; a favor, 280; en contra, uno; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobada
la proposición no de ley.
Proposición no de ley del Grupo Socialista, relativa a la
financiación plurianual necesaria para la implantación y desarrollo
de la reforma de la Ley orgánica de ordenación general del sistema
educativo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
286; a favor, 286.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Queda aprobada
la proposición no de ley por unanimidad.
Finalizado el orden del día, se levanta la sesión.
Eran las seis y cincuenta y cinco minutos de la tarde.