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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 183, de 30/09/1998
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CORTES GENERALES



DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS



PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE



Año 1998 VI Legislatura Núm. 183



PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTÍNEZ -CONDE



Sesión Plenaria núm. 177



celebrada el miércoles, 30 de septiembre de 1998



ORDEN DEL DÍA:



Preguntas ... (Página 9804)



Interpelaciones urgentes:



- Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política general en
materia hidráulica (número de expediente 172/000113) ... (Página 9827)



- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre redistribución territorial del
coste de los peajes actuales en todo el Estado (número de expediente
172/000114) ... (Página 9836)



- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas
que piensa adoptar el Gobierno para que, hasta tanto se ultiman los
trámites para el Registro de la RU-486, se garantice que en el
conjunto de las Comunidades Autónomas, dicho medicamento está disponible
para uso exclusivamente hospitalario y para su utilización en
interrupciones voluntarias del embarazo previstos en el Código Penal,
así como para el tratamiento de otras patologías para las cuales su
administración está indicada (número de expediente 172/000115)...

(Página 9845)



Página 9800




SUMARIO



Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.




Preguntas ... (Página 9804)



Del Diputado don Luis Martínez Noval, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno:
¿Le preocupa al Presidente el rumbo que toma la economía
internacional y su inevitable incidencia en España? (Número de
expediente 180/001405) ... (Página 9804)



De la Diputada doña Blanca Fernández de Capel Baños, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Podría informarse a la Cámara de los propósitos que viene desarrollando
el Gobierno en relación al conjunto de acciones encaminadas
a mejorar la situación española en el campo de la Investigación y el
Desarrollo? (Número de expediente 180/001415) ... (Página 9805)



Del Diputado don José Navas Amores, del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida, que formula al Excmo. Sr. Presidente del
Gobierno : ¿Está de acuerdo el Sr. Presidente con el otorgamiento de
liderazgo mundial al Sr. Clinton, que ha realizado el Sr. Matutes?
(Número de expediente 180/001424) ... (Página 9806)



Del Diputado don Jesús José Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria, que formula a la Excma.

Sra. Ministra de Educación y Cultura: ¿En qué situación se encuentra
la prometida ayuda para las obras de la catedral de Santa Ana (Las
Palmas)? (Número de expediente 180/001401) ... (Pági na 9807)



De la Diputada doña Rosa Conde Gutiérrez del Álamo, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente
Primero del Gobierno y Ministro de la Presidencia: ¿Cómo va a hacer
frente el Gobierno a la deuda de Radio Televisión Española, que en el
anteproyecto de presupuestos presentado por el Director General
asciende a 765.243 millones de pesetas para el siguiente ejercicio?
(Número de expediente 180/001406) ... (Página 9808)



Del Diputado don Alfredo Pérez Rubalcaba, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Industria y Energía,
en sus funciones como Portavoz del Gobierno: ¿Ha cambiado de opinión
el Portavoz del Gobierno sobre la operación de Telefónica con Onda
Cero? (Número de expediente 180/001410) ... (Página 9809)



Del Diputado don Jaime Javier Barrero López, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas tiene pensadas el
Gobierno para solventar los problemas por los que atraviesa la
minería no energética? (Número de expediente 180/001411) ... (Página 9810)



Del Diputado don Sergio Gómez-Alba Ruiz, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede explicar el
Gobierno cuáles son los términos del Plan de externalización de los
compromisos laborales adquiridos por determinadas empresas públicas
del Estado? (Número de expediente 180/001416) ... (Página 9811)



Del Diputado don Jesús Manuel Pérez Corgos, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas piensa
tomar el Ministerio de Industria y Energía teniendo en cuenta las
conclusiones del informe s obre el papel de la industria española en
la sociedad de la información que elaboró el Grupo de Expertos
promovido por ese Departamento? (Número de expediente 180/001417)
... (Página 9812)



Página 9801




Del Diputado don Alfonso Perales Pizarro, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuándo va a comunicar el Gobierno
a la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) la
participación en los ingresos del Estado para 1999? (Número de
expediente 180/001407) ... (Página 9813)



Del Diputado don Álvaro Cuesta Martínez, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Comparte el Gobierno la
actitud de la Delegación del Gobierno en el Principado de Asturias de
glosar la figura de José Antonio Primo de Rivera y de arremeter
contra «las tribus nacionalistas»? (Número de expediente 180/001408)
... (Página 9814)



De la Diputada doña María Teresa de Lara Carbó, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
información puede dar el Gobierno, a fecha de hoy, del Proyecto
Doñana 2005? (Número de expediente 180/001420) ... (Página 9815)



De la Diputada doña Rosa Isabel Díez López, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son los
planes respecto a la creación de la Comisión Mixta de Envases y
Residuos de Envases p revista en el Real Decreto 782/1998 de
desarrollo de la Ley 11/1997 de Envases y Residuos de Envases? (Número
de expediente 180/001421) ... (Página 9816)



Del Diputado don Jon Zabalia Lezamiz, del Grupo Vasco (EAJ-PNV), que
formula al Gobierno: ¿Son ciertas las informaciones sobre las
irregularidades en la adjudicación del contrato del AVE a SIEMENS por
parte de R.E.N.F.E.? (Número de expediente 180/001403) ... (Página 9816)



Del Diputado don Ramón Companys Sanfeliu, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que formula al Excmo. Sr. Ministro de
Fomento: ¿En qué plazo estima el Ministro que podrá reparar los daños
de los dos edificios de viviendas desalojados del pueblo de Bressui,
así como de la granja que se derrumbó en ese municipio como
consecuencia del deslizamiento de la montaña, a causa de las obras
que el Ministerio realizó en la CN-260 en el municipio de Sort?
(Número de expediente 180/001404) ... (Página 9817)



De la Diputada doña Cristina Narbona Ruiz, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuándo va a comenzar la plena
vigencia del Plan de Vivienda 1998-2001? (Número de expediente 180/
001409) ... (Página 9818)



De la Diputada doña Ana Mato Adrover, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué medidas
tiene previsto incorporar en materia audiovisual el Proyecto de Ley
por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva 97/36
del Parlamento Europeo y del Consejo, con el objeto de modificar la
Ley 25/1994, comúnmente denominada Ley de Televisión sin Fronteras?
(Número de expediente 180/001423) ... (Página 9819)



Del Diputado don José Enrique Moratalla Molina, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Es cierto que el Gobierno se
propone la privatización de la atención sociosanitaria? (Número de
expediente 180/001412) ... (Página 9820)



Del Diputado don Francisco Arnau Navarro, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuántas actuaciones ha tenido la
Inspección Médica del INSALUD y de los Servicios Públicos de Salud en
la tramitación de altas médicas a trabajadores en situación de baja
laboral, comunicadas por



Página 9802




los facultativos adscritos al INSS durante los pasados meses de julio
y agosto? (Número de expediente 180/001413) ... (Página 9821)



De la Diputada doña Isabel Pozuelo Meño, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál ha sido la evolución de la
deuda por suministros de especialidades farmacéuticas a hospitales
del Sistema Nacional de Salud y del Insalud durante los años 1996 y
1997? (Número de expediente 180/001414) ... (Página 9823)



De la Diputada doña María Fernanda Faraldo Botana, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál
es la opinión del Gobierno acerca del próximo encuentro de
representantes nacionales del Plan Europeo de actuación sobre el
alcohol, de la OMS, que se va a celebrar del 16 al 17 de octubre en
la sede del Ministerio de Sanidad y Consumo? (Número de expediente
180/001418) ... (Página 9824)



De la Diputada doña María Visitación Pérez Vega, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
iniciativas ha adoptado el Gobierno para potenciar la colaboración
con los Gobiernos Regionales que no han asumido las competencias en
materia sanitaria? (Número de expediente 180/001419) ... (Página 9825)



Del Diputado don Francisco Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario
Mixto, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Defensa: ¿El nuevo
fusil ametralladora FUSA-CETME 5'56 mm. para el ejército va a ser
construido por la fábrica de armas de A Coruña? (Número de expediente
180/001402) ... (Página 9826)



Del Diputado don Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
espera el Gobierno conseguir con la modificación de
determinados artículos del Reglamento de Reclutamiento aprobado por
Real Decreto 1107/1993, de 9 de julio? (Número de expediente 180/
001422) ... (Página 9827)



Interpelaciones urgentes ... (Página 9827)



Del Grupo Socialista del Congreso, sobre política general en materia
hidráulica ... (Página 9827)



Presenta la interpelación sobre política general en materia
hidráulica, el señor Morlán Gracia, en nombre del Grupo
Socialista del Congreso. Expone que las actuaciones llevadas a cabo
por el Gobierno no son las esperadas a tenor de las normas e
iniciativas prometidas por la señora ministra, lo que pone de
manifiesto el incumplimiento de los compromisos adquiridos.

Considera que tras dos años de Gobierno la política hidráulica es
confusa, preocupante, irresponsable, socialmente desmovilizadora y
territorial mente desvertebradora. A continuación se refiere a
una serie de promesas e incumplimientos de la señora ministra y a
varios reales decretos leyes promulgados en los últimos tiempos
que han creado todavía más confusión. Asimismo opina que el dictamen
del Consejo Económico y Social sobre el anteproyecto de ley de
reforma de la Ley de Aguas supone un fuerte varapalo para la señora
ministra porque valora des favorablemente la pretensión de crear un
mercado de los derechos del agua. Plantea una serie de preguntas
a la señora ministra sobre las bases funda mental es de una
política de agua en España y desea conocer los criterios que el Gobierno
va a seguir para poder alcanzar un acuerdo entre todos los grupos
políticos.




Contesta en nombre del Gobierno la señora ministra de Medio Ambiente
(Tocino Biscarolasaga). Muestra su total disposición a
contestar a las preguntas del señor Morlán, aunque considera que el
mismo interpelante lo ha hecho ya en su intervención al leer
algunas de sus manifestaciones sobre la política hidráulica.

Reconoce que no se ha cumplido con exactitud el calendario que fijó,
pero lo importante no es el calendario sino el programa de trabajo
que se diseñó. Asegura que tras dos años de Gobierno se está
cumpliendo el programa de trabajo y el orden conceptual que ella
planteó en la comparecencia del 30 de mayo de 1996, como por ejemplo
los planes hidrológicos de cuencas. Está de acuerdo con el



Página 9803




señor interpelante en que es necesaria una política hidrológica
consensuada si se quiere conseguir un plan hidrológico nacional que
no responda a una simple dinámica de la matemática parlamentaria, y
explica en qué va a consistir dicho plan. Asimismo anuncia la
presentación en la Cámara antes de que finalice 1998 de la
reforma de la Ley de Aguas, que también ha sido negociada y
consensuada con los distintos sector es implicados



En turno de réplica interviene el señor Morlán Gracia, duplicando la
señora ministra de Medio Ambiente.




En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Ríos
Martínez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y
la señora De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.




Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre redistribución territorial del
coste de los peajes actuales en todo el Estado ... (Página 9836)



Presenta la interpelación la señora Rahola i Martínez, del Grupo
Parlamentario Mixto. Destaca en primer lugar la importancia de los
sistemas de comunicación y de las redes de transporte en las
sociedades actuales, sobre todo ante los retos de la Unión Euro pea,
por lo que adquieren gran importancia las inversiones públicas en esta
materia. El motivo de la interpelación, añade, es analizar su
adecuada articulación y la discriminación que han sufrido algunos
territorios, como es el caso de Cataluña, País Valenciano o
Euskadi. A continuación explica la situación de las carreteras y
la falta de sensibilidad del Estado en este terreno, lo que ha
llevado a recurrir a la inversión privada en materia de
autopistas, con el sobrecoste que ello supone para una parte de los
ciudadanos. Considera injusto que los catalanes tengan que pagar el
peaje de sus autopistas y a la vez los impuestos con l os que se
construyen autovías libres de peaje en otros territorios. Añade
que los pea han de ser asumidos por todos los ciudadanos y que se
debe encontrar una fórmula que libere de los peajes a todos por
igual. Conscientes del grave problema que representa para Cataluña
la concentración masiva de peajes, que perjudica su economía y su
competitividad, es por lo que plantean su interpelación, a la que
seguirá la correspondiente moción.




En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Fomento (Arias-
Salgado y Montalvo). Opina que el debate, aunque se plantea referido
a Cataluña, podría ser mucho más generalizado, considera que
atribuir al Gobierno que esté en funciones la responsabilidad de
todo el proceso histórico que ha determinado la existencia de
una red de autopistas de peaje en Cataluña puede tener cierto
sentido dialéctico,
per o nada más. Acepta que la discriminación positiva que
existía cuando en Cataluña se disponía de una red de autopistas
de peaje y en el resto de España no había carreteras se ha
convertido, a través del tiempo y con la construcción de la red
de autovías -en donde reconoce la gestión realizada por gobiernos
anteriores- en una discriminación negativa. Achaca esta
situación a una política presupuestaria restrictiva exigida por la
incorporación de España a la unión monetaria y explica a
continuación la política de autopistas del Gobierno y el proceso de
equiparación para acabar con la discriminación de algunos
territorios.




En turno de réplica interviene la señora Rahola Martínez, duplicando
el señor ministro de Fomento.




En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Sedó i
Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
Fernández Sánchez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, y Sabaté Ibarz, del Grupo Socialista del Congreso.




Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre
medidas que piensa adoptar el Gobierno para que, hasta tanto se
ultiman los trámites para el Registro de la RU-486, se garantice que
en el conjunto de las comunidades autónomas dicho medicamento está
disponible para uso exclusivamente hospitalario y para su utilización
en interrupciones voluntarias del embarazo previstos en el Código
Penal, así como para el tratamiento de otras patologías para las
cuales su administración está indicada ... (Página 9845)



Presenta la interpelación, en nombre del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, la señora Maestro Martín. Manifiesta
que es intención suya y de su grupo inscribir el debate en torno a la
RU-486 en el marco estricto de la salud pública, con el mar gen
previsto en el Código Penal y desde el punto de vista exclusivo de la
salud de las mujeres. Considera que la RU-486 es un medicamento que
supone una alternativa ventajosa al aborto quirúrgico, una alternativa
estrictamente técnica, por lo que no se deberían
mezclar otros debates ni intereses. Explica la trayectoria seguida
por el medicamento hasta aparecer en el mercado y sus ventajas
técnicas, terapéuticas y económicas. Expone que esta interpelación
es consecuencia de una proposición no de ley que fue aprobada por
unanimidad en la Comisión de Sanidad del Congreso el 26 de noviembre
pasado, y agradece, en nombre de muchas mujeres, sobre todo de
aquellas que necesitan por problemas de salud un



Página 9804




medicamento de estas características, la comprensión de los
grupos parlamentarios. Termina su intervención preguntando al
señor ministro qué va a hacer el Gobierno para que las mujeres que
decidan abortar, en el marco de lo previsto en el Código
Penal, puedan acceder a dicho medicamento.




Contesta en nombre del Gobierno el señor ministro de Sanidad y Consumo
(Romay Beccaría). No está de acuerdo en que la RU-486 tenga
menores riesgos que las alternativas quirúrgicas y recuerda
que no está exenta de contraindicaciones y riesgos, por lo que es
aconsejable que su utilización tenga lugar sólo en un medio
hospitalario. A continuación hace un resumen de la situación en
que se encuentra su registro y autorización comercial y explica que la
Ley del Medicamento ya contempla la posibilidad de disponer de un
medicamento con anterioridad a su registro y
comercialización en España, pero sólo como vía de acceso excepcional a
medicamentos concretos para pacientes de forma
individualizada, por lo que, en el supuesto de que existiera
alguna solicitud de utilización de RU-486, se aplicaría lo
previsto en el artículo 37 de la Ley del Medicamento.




En turno de réplica interviene la señora Maestro Martín, duplicando
el señor ministro de Sanidad y Consumo.




En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Almeida
Castro, del Grupo Parlamentario Mixto; Frías Navarrete, del Grupo
Socialista del Congreso, y Fernández González, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.




Se suspende la sesión a l as ocho y cuarenta y cinco minutos de la
noche.




Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.




- PREGUNTAS:



- DEL DIPUTADO DON LUIS MARTÍNEZ NOVAL, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿LE PREOCUPA
AL PRESIDENTE EL RUMBO QUE TOMA LA ECONOMÍA INTERNACIONAL Y SU
INEVITABLE INCIDENCIA EN ESPAÑA? (Número de expediente 180/001405).




El señor PRESIDENTE: Punto III del orden del día: Preguntas al
Gobierno en el Pleno de la Cámara. En primer lugar, aquellas que
contestará el presidente del Gobierno.

Pregunta número 11, que formula don Luis Martínez Noval, portavoz del
Grupo Socialista.

Señor Martínez Noval.




El señor MARTÍNEZ NOVAL: Gracias, señor presidente. ¿Le
preocupa al presidente el rumbo que toma la economía internacional y
su inevitable incidencia en España?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Noval.

Señor presidente del Gobierno.




El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor diputado,
naturalmente que seguimos con preocupación la evolución de la
situación financiera internacional y su incidencia en España, como
es lógico, aunque le tengo que decir, señor diputado, que
afortunadamente España está en una situación económica lo
suficientemente saneada como para afrontar esa situación mejor que
otros países. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.

Señor Martínez Noval.




El señor MARTÍNEZ NOVAL: Gracias, señor presidente.

Señor Aznar, casi todos los jefes de Gobierno europeos y no europeos
-usted sería una de las excepciones- se han manifestado estos días en
relación con las nuevas condiciones que se originan en la crisis
asiática. En el mes de agosto, usted lo sabe exactamente igual que
yo, se produjo un brusco cambio de las expectativas y es ese giro
inopinado el que ha dado lugar a propuestas de cambio. La crisis
financiera, que inevitablemente tendrá derivaciones en el ámbito de
la economía real, se produce además, señor Aznar, en un ámbito - en
el escenario económico europeo- en el que el euro tendrá, a partir de
enero, un papel protagonista. En esas condiciones y en esas
circunstancias muchos jefes de Gobierno han hablado de cambiar la
arquitectura financiera internacional y, a su vez, otros colegas suyos,
también europeos, proponen una iniciativa interesante que trata de
alentar un nuevo Gobierno económico en Europa.

Como se ve, hay propuestas de diversa naturaleza. Pero, ¿ y usted,
señor Aznar? ¿Usted propone algo? ¿Usted est á de acuerdo con algo o
deja de estar de a cuerdo? ¿Está usted de acuerdo con esa remodelación
de los organismos financieros internacionales? ¿Está usted a favor
o en contra de un gobierno económico europeo? No hemos escuchado
nada de su boca. Lo único que ha salido de su boca, señor Aznar, ha
sido un clamoroso silencio. (Rumores.) Díganos algo a quienes
no creemos que la actividad económica española avance en el año 1999
al ritmo del 3,8 por ciento. Lo ha dicho recientemente algún servicio
de estudios de entidades financieras. Y, sobre todo, señor Aznar,



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levante los ánimos de los pequeños inversores que destinaron sus
ahorros a ofertas públicas de venta de empresas públicas. Fíjese el
caso de quienes depositaron su confianza en Aceralia: compraron
acciones a 2.070 pesetas y hoy están a 1.200 pesetas. (Rumores.)
Levante los ánimos de esos inversores que se han visto atrapados en
el señuelo del capitalismo popular... (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Noval.

Señor presidente.




El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor diputado, me
alegro mucho de que a falta de propuestas propias pregunte usted por
las ajenas y con mucho gusto le contestaré.

Cuando se presenta un panorama como el de la economía española, con
un crecimiento casi del 4 por ciento, creando 450.000 empleos, con
una inflación del 2 por ciento y un déficit del 1,8, y se presenta
como una catástrofe, hablar de un escenario en el que se crece en vez
del 3,9 por ciento el 3,8, se crean 400.000 empleos, se pone el
déficit en el 1,6 por ciento y la inflación en el 1,8, puede parecer
el fin del mundo. A usted. Pero a nadie más que a usted le puede
parecer el fin del mundo. (Aplausos.) En este momento, la economía
española, mal que les pese a algunos, está en una situación sólida y
fuerte, los presupuestos saneados y la pertenencia de España desde el
primer momento a la zona euro es una garantía de estabilidad para
nuestra economía, como se ha demostrado precisamente en estos días. Y
naturalmente hemos hecho la propuesta que más importaba e interesaba
a la economía española, que es que el Fondo Monetario Internacional
pueda hacer las dotaciones correspondientes de ayuda a las economías
iberoamericanas, que son aquellas que por recibir una gran parte de
la inversión española el efecto contagio que sufran pueda repercutir
a su vez en la economía española, propuesta, por cierto, que para su
información ha sido aprobada y respaldada plenamente en el Consejo de
Ministros de Economía y Hacienda de la Unión Europea.

En consecuencia, finalmente, el propósito del Gobierno es seguir
trabajando en lo que es la política de estabilidad, de
liberalización y de competencia que determina el marco de
prosperidad y bienestar de la economía española.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del Gobierno.




- DE LA DIPUTADA DOÑA BLANCA FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿PODRÍA INFORMARSE A LA CÁMARA DE LOS PROPÓSITOS QUE VIENE
DESARROLLANDO EL GOBIERNO EN RELACIÓN AL CONJUNTO DE ACCIONES
ENCAMINADAS A MEJORAR LA SITUACIÓN ESPAÑOLA EN EL CAMPO DE LA
INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO? (Número de expediente 180/001415).




El señor PRESIDENTE: Pregunta número 21, que formula al
Gobierno la diputada doña Blanca Fernández de Capel Baños, del Grupo
Popular.

Señora Fernández de Capel.




La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Gracias, señor presidente.

Señor presidente del Gobierno, sabemos que uno de los objetivos
prioritarios de su Gobierno es conseguir una eficaz política de
investigación y desarrollo. Y todo ello pasa por la articulación del
sistema español de ciencia y tecnología y una adecuada política de
I+ D para la que habrá que activar acciones eficaces y adecuadas. Por
ello, señor presidente, le formulo la siguiente pregunta: ¿Podría
informar a la Cámara de los propósitos que viene desarrollando el
Gobierno en relación al conjunto de acciones encaminadas a mejorar la
situación española en el campo de la investigación y el desarrollo?
Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Fernández de Capel.

Señor presidente del Gobierno.




El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Con mucho gusto,
señora diputada.

En un país con el nivel de desarrollo que España tiene en este
momento la apuesta por la investigación es, sin duda, uno de los
aspectos más importantes, tanto en lo que se refiere a distintas
políticas, de infraestructura, educativas, etcétera, como, por
supuesto, a la política económica en su dimensión estrictamente
empresarial. Además de la Comisión interministerial de Ciencia y
Tecnología, el Gobierno creó la Oficina de Ciencia y Tecnología
estableciendo exactamente su ubicación en el gabinete que depende de
la Presidencia, más exactamente del presidente del Gobierno. La
Comisión interministerial de Ciencia y Tecnología está elaborando en
este momento el Plan de investigación científica y desarrollo
tecnológico y además la función de coordinación de todo aquello que
engloba presupuestariamente la denominada función 54. En ese plan
estarán y serán escuchadas todas las entidades que tengan algo que
decir, que serán muchas e importantes, en el Plan de investigación al
que me refiero.

Quiero decirle que desde el punto de vista presupuestario la citada
función de investigación y desarrollo, que está entre las prioridades
del Gobierno, ha crecido respectivamente en los presupuestos del
año pasado respecto a éstos un 35 por ciento y lo hará en una cifra
cercana al 28 por ciento para el año 1999. Nuestro objetivo, por
tanto, es situar las cantidades destinadas



Página 9806




a investigación y desarrollo en una cifra del 1 por ciento del
producto interior bruto en el tiempo más breve posible, y que además
la parte de aportación del sector empresarial, del sector privado,
que en este momento es de aproximadamente el 40 por ciento supere el
50 por ciento y podamos situarnos en unas cifras homogéneas
y armonizadas con los países europeos que tienen una política más
desarrollada que España en este terreno.

Gracias. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.




- DEL DIPUTADO DON JOSÉ NAVAS AMORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL
DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO:
¿ESTÁ DE ACUERDO EL SEÑOR PRESIDENTE CON EL OTORGAMIENTO DE LIDERAZGO
MUNDIAL AL SEÑOR CLINTON, QUE HA REALIZADO EL SEÑOR MATUTES? (Número
de expediente 180/001424).




El señor PRESIDENTE: Pregunta número 30 que formula al Gobierno el
diputado don José Navas Amores, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida.

Señor Navas.




El señor NAVAS AMORES: Gracias, señor presidente.

Señor presidente del Gobierno, ¿está de acuerdo con el otorgamiento
de liderazgo mundial al señor Clinton, que ha realizado el señor
Matutes?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Navas.

Señor presidente.




El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor diputado, entre
las facultades del Gobierno no se incluye el otorgar liderazgos
mundiales, particulares o generales, pero me parece bastante claro y
evidente que es difícil sustraer que el presidente de los Estados
Unidos, sea quien sea y se llame como se llame, tiene bastante que
ver con lo que pasa en el mundo.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente.

Señor Navas.




El señor NAVAS AMORES: Gracias, señor presidente.

Señor Aznar, despierte de su sueño. (Risas.) Rompa el hechizo en el
que ha caído la política exterior española, que se ha convertido en
un apéndice de los intereses norteamericanos. Los intereses del
señor Clinton no tienen por qué coincidir con los nuestros. Usted
confunde el que compartamos adscripción en determinadas
organizaciones internacionales con una actitud totalmente acrítica
hacia las decisiones de su política exterior. ¿Qué podríamos decir
de quien mantiene una presión asfixiante sobre la autonomía de la
Naciones Unidas, manteniendo una deuda de 1.235 millones de
dólares desde el año 1997? Si miramos la vulneración del derecho
internacional que hace Estados Unidos nos encontraríamos con que
aplica leyes que contravienen la legislación internacional sobre el
comercio. La coherencia tampoco es su fuerte, exigiendo a unos países
lo que consiente a otros. Al final nos encontraríamos con que no
sabríamos qué decir cuando usa la fuerza contra otro país de una
forma unilateral e indiscriminada, como son los casos de Sudán y
Afganistán. En ningún caso se puede catalogar de legítima defensa
si no de una represalia armada, tampoco conforme, en est e caso,
con el derecho internacional. Fue muy rápido para aliarse con su
amigo Clinton, pero no conozco la cara que se le habrá puesto cuando
debe de pedir con la misma urgencia disculpas a quien acusó de ser
cómplice del terrorismo internacional.

Si hablamos de derechos humanos tampoco Estados Unidos rompe por
arriba. Nos encontramos con que no ha firmado el Tribunal Penal
Internacional y con que no ha firmado la eliminación de las minas
antipersonas. ¿Quizá en política medio ambiental? También luchó para
que en la Cumbre de Kioto se redujesen al mínimo las posibilidades de
luchar contra el efecto invernadero.

En contraposición con esa admiración del Partido Popular por
Clinton, éste no recuerda a las víctimas españolas del terrorismo,
cuando no recuerda a las Naciones Unidas lo que ha ocurrido en este
país con el terrorismo. Nos está conduciendo hacia un nuevo orden
internacional caracterizado por la dictadura de la fuerza contra la
razón del derecho. En una interminable marcha hacia el centro usted
se ha parado cuando ha encontrado lo que buscaba: un nuevo dictador
global.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Navas.

Señor presidente.

El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señor presidente,
señor diputado, creo que vivimos un momento en las relaciones
internacionales que sin duda está lleno de oportunidades, aunque tampoco
está exento de focos potenciales o reales de conflicto. No hace falta
dar una explicación muy pormenorizada, pero la situación en Rusia,
en la antigua Yugoslavia, en Oriente Medio, incluso la situación
económica de la que hablábamos antes, requieren evidentemente la
suficiente atención por parte de todos. Y naturalmente esos focos de
inestabilidad, real es o potenciales, me llevan a decir que tenemos
por delante una oportunidad muy importante para hacer un orden
económico y político en el mundo más razonable sólido y justo.

Por ello creo, señor diputado, que incluso para los que tengan el
prejuicio político más arraigado y más acendrado, es difícil
sustraerse a la idea de que el presidente de los Estados Unidos, se
llame como se llame, tiene un papel especialmente relevante que jugar
en el mundo de hoy. Parece bastante claro. Y también eso debe
parecer bastante claro para un país que es aliado



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de los Estados Unidos, casualmente la primera potencia del mundo, y
que casualmente tiene alguna responsabilidad en el intento de
solución de problemas y de la construcción de alternativas. Por eso,
la expresión que ha utilizado el ministro de Asuntos Exteriores me
parece una expresión correcta, y por eso deseo, como presidente del
Gobierno de España, que la situación política que afecte al
presidente de los Estados Unidos, sea quien sea, le permita siempre
concentrarse en los problemas de contribución para el avance de ese
concierto más justo, más equilibrado y más armónico en el mundo.

Gracias, señor presidente. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor presidente del Gobierno.




- DEL DIPUTADO DON JESÚS JOSÉ GÓMEZ RODRÍGUEZ, DEL GRUPO PARLAMEN
TARIO DE COALICIÓN CANARIA, QUE FORMULA A SEÑORA MINISTRA DE
EDUCACIÓN Y CULTURA: ¿EN QUÉ SITUACIÓN SE ENCUENTRA LA PROMETIDA
AYUDA PARA LAS OBRAS DE LA CATEDRAL DE SANTA ANA (LAS PALMAS)?
(Número de expediente 180/001401).




El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta que formula al Gobierno el
diputado don Jesús José Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, que contestará la ministra de Educación y Cultura.

Señor Gómez Rodríguez.




El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Señor presidente, señorías, señora ministra
de Educación y Cultura, hace unos nueve meses tuve la oportunidad de
preguntarle en este hemiciclo por la ayuda financiera para la
catedral de Santa Ana, el monumento histórico más importante del
archipiélago canario, cuya construcción comenzó hace 501 años. Pese
al tiempo transcurrido y a las peticiones de algún documento en el
Ministerio, a pesar de la amabilidad de todos -tengo que felicitarle
por ello- no he podido conseguir una noticia por escrito y que
comprometa, y por ello hoy hago est a pregunta.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez Rodríguez.

Ya sabe la señora ministra que la pregunta es la que conoce, aunque
no se haya expresado formalmente la que figura en el orden del día.

Adelante.




La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
Muchas gracias, señor presidente.

Señoría, la restauración y la puesta en valor de las catedrales
españolas sin duda es uno de los principales objetivos del Ministerio
de Educación y Cultura. Por eso
tiene un fuerte plan de inversiones en el año 1998, que va a
continuar en el año 1999 en el denominado Plan nacional de catedrales,
que va a contribuir de forma decisiva a la rehabilitación y
restauración de uno de los patrimonios histórico-artísticos más
importantes del mundo. Lo hicimos porque creímos necesario dar
soluciones a la difícil situación por la que atravesaban multitud de
catedrales. Por eso firmamos el Plan nacional y convenios específicos
para la restauración de la gran mayoría de ellas. (Rumores.) Como
sabe S. S., la catedral de Santa Ana, de Las Palmas, se incluye
también en el denominado Plan de catedrales. En concreto, en el año
1998, se han destinado (Rumores.)...




El señor PRESIDENTE: Señora ministra, perdone un momento.

Señorías, el rumor impide escuchar, desde luego desde la Presidencia
y supongo que desde los escaños, las preguntas y las contestaciones.

Les ruego que quienes hayan de dedicarse a otras tareas dentro del re
cinto parlamentario lo abandonen en silencio; quienes permanezcan en
él guarden igualmente silencio.

Adelante, señora ministra.




La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (Aguirre y Gil de Biedma):
En el año 1998, a la catedral de Santa Ana, en Las Palmas, se han
destinado 50 millones de pesetas. Lo que ocurre es que su destino ha
sido la restauración de varias de sus obras de arte. Ello se ha
hecho con un acuerdo consensuado entre el Instituto del Patrimonio
Histórico, el Cabildo de la catedral y la Dirección General del
Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Canarias. Hemos iniciado ya el
expediente para restaurar esos bienes muebles y, de hecho, se trata
de la restauración de muy importantes cuadros que se encuentran
albergados en la catedral. ¿Por qué? Porque los fondos del Ministerio
de Educación y Cultura se dirigen a la rehabilitación y restauración
de las catedrales y la catedral de Santa Ana ha emprendido un plan
muy importante de reconstrucción. Para contribuir a ese plan, el
próximo día 20 de octubre el Ministerio de Educación y Cultura
propondrá a la Comisión mixta del 1 por ciento cultural -cantidad
que, como saben, el Ministerio de Fomento dedica a inversiones
culturales, de acuerdo con la Ley del patrimonio- una inversión de otros
100 millones de pesetas -y est amos seguros de que se aprobará- a
distribuir en dos anualidades de 50 millones cada una, una para el
año 1998 y otra para el año 1999, para dar el empujón definitivo que
nos permita poner de relieve la importancia de un monumento histórico
como es la catedral de Santa Ana en Las Palmas de Gran Canaria.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra de
Educación y Cultura.

Señor Gómez Rodríguez.




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El señor GÓMEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora ministra, por tan
satisfactoria noticia. Nos alegramos y toda la sociedad canaria se
alegrará también. Esperamos que esto continúe en el futuro y no nos
molesta que hayan pasado nueve meses, porque la gestación ha sido
magnífica.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez Rodríguez.




- DE LA DIPUTADA DOÑA ROSA CONDE GUTIÉRREZ DEL ÁLAMO, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO
DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿CÓMO VA A HACER FRENTE EL
GOBIERNO A LA DEUDA DE RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA, QUE EN EL
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTOS PRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL
ASCIENDE A 765.243 MILLONES DE PESETAS PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO?
(Número de expediente 180/001406).




El señor PRESIDENTE: Pregunta número 12 que contestará, como las que
siguen, el ministro de Industria y Energía y portavoz del Gobierno.

La formula la diputada del Grupo Socialista, doña Rosa Conde
Gutiérrez del Álamo.

Señora Conde.




La señora CONDE GUTIÉRREZ DEL ÁLAMO: Gracias, señor presidente.

Señor Piqué, ¿cómo va a hacer frente el Gobierno a la deuda de
Radiotelevisión Española que en el anteproyecto de presupuestos
presentado por el director general, y ayer por el Gobierno, asciende
a 765.000 millones de pesetas para el ejercicio del año siguiente?



El señor PRESIDENTE: Señor ministro de Industria y Energía y portavoz
del Gobierno.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (Piqué i Camps): Muchas
gracias, señor presidente.

Señoría, el Gobierno considera que la absorción de la deuda de
Radiotelevisión Española debe tener un m arco de referencia adecuado
y que ese marco lo deben proporcionar los trabajos que la subcomisión
para el estudio de un nuevo modelo de radiotelevisión pública de
cobertura estatal y de su sistema de financiación está emprendiendo.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señora Conde.




La señora CONDE GUTIÉRREZ DEL ÁLAMO: Gracias, señor presidente.

Señor Piqué, ya veo que esta pregunta no la contesta el
vicepresidente primero del Gobierno sino usted; por
tanto, entra de lleno en el mundo de la comunicación. Bienvenido.

Me temo, señor Piqué, que no est amos ante un Gobierno serio. Cuando
ustedes tienen un problema miran para otro lado o le echan la
culpa a alguien. Ustedes no suelen hacer frente a sus responsabilidad
es y, en este caso, señor Pi qué, su responsabilidad es sanear
financieramente a Radiotelevisión Española y no escudarse en l a
subcomisión que estudia, aquí en la Cámara, el futuro de Televisión.

Usted sabe muy bien, señor Piqué, que esa subcomisión no
funciona, y no funciona porque a ustedes no les interesa llegar a un
a cuerdo con los grupos parlamentarios. ¿Ti ene usted otra explicación
para que todavía hoy, 30 de septiembre, no se haya reunido la
Comisión cuando los trabajos tienen que finalizar en diciembre?
Señor Piqué, estos presupuestos les delatan. Siempre he pensado que
dentro de su estrategia de medios de comunicación entraba hacer
inviable Radiotelevisión Española para así hacer más fácil el camino
a la privatización, pero he de reconocer que alguna vez me han hecho
dudar. En junio el vicepresidente del Gobierno entregó en esta Cámara
un informe en el que hacía una defensa clara por la televisión
pública, hacía una propuesta a la asunción de la deuda y se declaraba
partidario de la financiación pública mixta. ¿Qué ha pasado, señor
Piqué, con tan buenos propósitos? Los presupuestos que ustedes han
presentado nos llevan a una deuda acumulada de casi 800.000 millones
de pesetas -765.000 millones para ser precisos-, pero siendo terrible
la deuda acumulada, que ha subido más de 500.000 millones durante su
Gobierno, es decir el 235 por ciento, lo que resulta inconcebible es
que sin artificios contables el presupuesto crezca un 11,3 por
ciento. ¿Cuánto sube, señor Piqué, el presupuesto de sanidad? ¿Y el
de educación? ¿Cuánto suben las inversiones? Se lo voy a decir muy
seriamente, señor portavoz del Gobierno: con esta política nosotros
nunca le apoyaremos; nosotros hemos hecho una propuesta de pacto, pero
desde hoy se lo digo... (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Conde.

Señor ministro portavoz.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (Piqué i Camps): Muchas
gracias, señor presidente.

Señoría, yo celebro esta última frase, si realmente responde a una
voluntad real de encontrar un acuerdo por el cual consolidar el
futuro de Radiotelevisión Española, en el bien entendido de que no se
trata sólo de resolver un problema de financiación y por tanto de
acumulación de deuda. Estoy seguro de que usted estará de acuerdo en
que de lo que se trata es de definir el modelo que entre todos
queremos para Radiotelevisión Española y por tanto entrar en los
temas de explotación; creo que ese es el camino correcto.

Usted ha mencionado que la deuda se va acumulando, y es verdad, y eso
responde a un determinado



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modelo de explotación. El Gobierno en su conjunto se ha encontrado
con unos niveles de deuda de las administraciones públicas realmente
extraordinarios, y sabe que la única manera de resolverlo es tal y
como lo estamos haciendo: reduciendo el gasto público, reduciendo el
déficit y por tanto reduciendo el nivel de endeudamiento que nos
habíamos encontrado. Eso es lo que hay que hacer para Radiotelevisión
Española, pero lo que no se puede hacer es defender simultáneamente que
nos queremos cargar Televisión Español a para poderla
privatizar, que utilizamos Radiotelevisión Española para no se sabe
qué y al mismo tiempo decir que es responsabilidad del Gobierno, pero
cuando el Gobierno toma decisiones decir: no, es que eso tiene que
consensuarse con el máximo de fuerzas políticas... (Rumores.)
Todo esto... (Algunos señores diputados: Sí, sí, sí.) No, no, no. Esa
es la confusión. O una cosa u otra. Y yo le digo cuál es la cuestión,
y la cuestión es que en el seno de la subcomisión nos pongamos de
acuerdo en un modelo de Radiotelevisión Española que sirva para este
y para los futuros gobiernos, que sirva para que a los españoles les
cueste cada día menos Radiotelevisión Española. Sólo en este contexto
hay que afrontar el problema de la deuda, porque la deuda es una
consecuencia y no la causa.

Muchas gracias. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.




- DEL DIPUTADO DON ALFREDO PÉREZ RUBALCABA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA, EN
SUS FUNCIONES COMO PORTAVOZ DEL GOBIERNO: ¿HA CAMBIADO DE OPINIÓN EL
PORTAVOZ DEL GOBIERNO SOBRE LA OPERACIÓN DE TELEFÓNICA CON ONDA CERO?
(Número de expediente 180/001410).




El señor PRESIDENTE: Pregunta número 16, que formula el
diputado don Alfredo Pérez Rubalcaba, del Grupo Parlamentario
Socialista.

Señor Pérez Rubalcaba.




El señor PÉREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor presidente.

Si me permite diez segundos el señor presidente para una cuestión
puramente escenográfica, y es que interpelar al ministro de espaldas
no es bueno; la próxima vez usted se pone donde Cascos o yo donde
Acebes, porque va usted a acabar con una tortícolis.




El señor PRESIDENTE: Señor Pérez Rubalcaba, no provoque, que ya le
mira.




El señor PÉREZ RUBALCABA: Va a acabar con un problema tremendo de
cuello y no le deseo al portavoz del Gobierno ningún mal, antes al
contrario.

Señor Piqué, usted declaró en relación con la compra por Telefónica
de la cadena de radio Onda Cero que le parecía una operación
comercial, que aumentaba el pluralismo.¿ Sigue pensando lo mismo que
hace algunas semanas?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Rubalcaba.

Tiene la palabra el señor ministro portavoz.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (Piqué i Camps): Muchas
gracias, señor presidente.

También para una cuestión de orden. Cuando ha dicho esto de los
cambios, espero que no sea al revés y no pretenda usted estar en
lugar del señor Cascos (La señora Conde Gutiérrez del Álamo: No,
porque se pegan). No, puede usted pretenderlo.

Contestando a su pregunta, sigo pensando lo mismo.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señor Pérez Rubalcaba.




El señor PÉREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor presidente.

La verdad es que si ocupara el puesto del señor Álvarez-Cascos,
igual esto de la política de centro empezaba a creérselo alguien.

(Risas.) Señor Piqué, usted sabe que estamos ante la tercera fase de
una operación política del Gobierno (lo siento, se lo dije antes que lo
va a pasar usted mal; déme la espalda, no hay problema) que es la
creación de un medio de comunicación a su servicio. Primero compraron
ustedes a través de Telefónica -montaron ese fantástico lío- Vía
Digital, del que tanto sabe el ministro de Fomento; después
compraron Antena 3 y ahora compran Onda Cero. Le recuerdo que cuando
compraron Antena 3 el ministro de Fomento dijo entonces, en una
interpelación que le hicimos, que eso que había dicho el señor
Villalonga a los bancos de que las televisiones iban a salir a Bolsa
no era verdad, que habría que verlo. Hoy está en la ley de
presupuestos. Como no creo que el señor Villalonga tenga a Rappel a
su servicio, acabo concluyendo que el señor Villalonga sabía mejor
que el ministro de Fomento lo que iba a hacer el presidente del
Gobierno, señor Aznar, por otra parte, nada extraño: para eso es su
amigo.

Señor Piqué, esa es la operación. Están ustedes utilizando
Telefónica, que es una compañía privada pero que tiene hoy un
monopolio, para diseñar un medio de comunicación al servicio del
Gobierno. Eso es muy mal o, señor Piqué, es malo para Telefónica
-sabe usted que los mercados se alarman, es la única compañía de
Europa que está metida en una operación de semejante envergadura-; es
malo para el Gobierno y cuenta con nuestra total oposición. Nos vamos
a oponer aquí y donde podamos democráticamente y control a remos al
Gobierno, a usted, al señor Rato y al señor Arenas, que algo tiene
que ver en esta operación.




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Señor Piqué, mire, la Primera, La 2, La 3, una plataforma digital,
cadenas autonómicas, las cadenas de radio y, si no lo impedimos,
Onda Cero, todo está directa o indirectamente controlado por el
Gobierno. Y eso, señor Piqué, no incrementa el pluralismo, eso
asfixia el pluralismo y usted y yo sabemos que eso es lo más
contrario a una política de centro.

Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Rubalcaba.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (Piqué i Camps): Muchas
gracias, señor presidente.

Señor Pérez Rubalcaba, discúlpeme, pero la verdad es que me sabe mal
darle la espalda.

Tengo que decirle, en primer lugar, que me resulta difícil de
aceptar -es más, creo que no debo aceptarlo- que utilice usted la
primera persona del plural, porque el Gobierno es el Gobierno, las
instituciones democráticas son las instituciones democráticas y las
empresas privadas son las empresa privadas. (Rumores.) Se pueden
hacer imputaciones de todo tipo, hacer fabulaciones, buscar
relaciones extrañas, pero hay una realidad que cualquier observador
conoce: que una empresa privada -insisto- (La señora Rubiales
Torrejón: Es una empresa privada.-Risas.) es una empresa privada que
responde exclusivamente ante sus accionistas, que no es poco, nada
más y nada menos, y que debe responder de su cuenta de resultados, de
sus actuaciones estratégicas y, por tanto, de sus propias políticas.

Ahí el Gobierno no tiene nada que decir. La estrategia de Telefónica
(que es una estrategia de un grupo de telecomunicaciones global que
está en un fortísimo proceso de internacionalización, que no es de
ahora sino que viene de antes, que para completar ese esquema tiene
que tener una presencia en el ámbito multimedia; esa es la
estrategia que aparentemente ha escogido Telefónica y ha empezado por
una televisión y sigue con unas cadenas de radio) me puede parecer
bien o mal a título personal, pero, en cualquier caso, mi opinión es
irrelevante respecto a eso. Que Telefónica haga lo que quiera (La
señora Rubiales Torrejón: Ya lo hace). Y, a partir de ahí, que siga
haciendo lo que quiera. Dice que con las decisiones de una empresa
privada, que se toman a través del consejo de administración y de
unos accionistas -por otra parte, algunos de ellos, muy importantes-
se está atendiendo a determinados intereses. No, está atendiendo a
sus intereses, y el Gobierno, desde luego, no tiene más que decir.

Si a usted le parece que el pluralismo en los medios de comunicación
en España es insuficiente o está empeorando, tengo que decirle que mi
percepción es absolutamente la contraria: nunca como ahora había
habido tanta libertad de expresión en nuestro país. (Varios señores
diputados: ¡Hala!-Aplausos.)
Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Para sucesivas ocasiones, si las hay, queden tranquilos S.S. y el
señor ministro portavoz, ya que desde l a distancia la escenografía
queda impecable, incluso británica. (Risas.)



- DEL DIPUTADO DON JAIME JAVIER BARRERO LÓPEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS TIENE PENSADAS EL
GOBIERNO PARA SOLVENTAR LOS PROBLEMAS POR LOS QUE ATRAVIESA LA
MINERÍA NO ENERGÉTICA? (Número de expediente 180/001411).




El señor PRESIDENTE: Pregunta número 17, que formula al
Gobierno el diputado don Javier Barrer o López, del Grupo Socialista.

Señor Barrero.




El señor BARRERO LÓPEZ: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, como bien sabe S.S., existen comarcas ligadas a la
producción minera que están pasando por una crisis económica y social
enormemente importante. Hay además circunstancias que hacen esa
situación excepcional y que por tanto requieren de medidas también
excepcionales.

El suelo de estos municipios sigue dependiendo de aquellos
propietarios que abandonaron la mina y, por tanto, la transferencia
de propiedad es complicada. Estamos hablando de municipios con
dificultades de infraestructuras, de comunicaciones, etcétera. El
desarrollo minero durante muchos años ha deteriorado profundamente el
medio ambiente, señor ministro, y su regeneración hace difícil
también la búsqueda de alternativas en la producción.

Señor ministro, la solución que dé el Gobierno a la crisis de la
minería no energética va a depender mucho del desarrollo de estas
comarcas, de ahí la pregunta: ¿Que tiene pensado el Gobierno para
solventar los problemas por los que atraviesa la minería no energética?



El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Barrero.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (Piqué i Camps): Muchas
gracias, señor presidente.

Señor Barrero, comparto plenamente con usted la inquietud respecto
a una situación coyuntural que está atravesando la minería no
energética y, en particular, la minería metálica, que está
concentrada, como suele ser usual en el sector minero, en
determinadas comarcas y en determinadas zonas muy influidas por lo
que podríamos denominar el monocultivo y por unos problemas de
comunicación y de falta de diversificación realmente serios. Estoy
seguro que usted convendrá conmigo que esto no es un problema
reciente sino que es algo que viene de un proceso histórico que yo,
además, si me permite una aproximación personal, veo desde una



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perspectiva personal, porque he tenido algún tipo de vinculación con
ese tipo de minería en razón de mis actividades anteriores a mi
actual responsabilidad. Por tanto, le aseguro que la sensibilidad
del Gobierno es máxima, pero hay que tener en cuenta cuál es el marco.

Y el marco es que las competencias en ese ámbito están transferidas.

Eso no significa que rehuyamos la responsabilidad. Hay muchas
cosas por hacer en investigación, en inversión y en I+D. Estamos
trabajando en ello y, si tuviéramos más tiempo, le podría explicitar
que muchas medidas concretas están ya en marcha.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señor Barrero.




El señor BARRERO LÓPEZ: Gracias, señor ministro. Tendremos ocasión de
discutir sobre este tema en la Comisión, puesto que se han
solicitado una serie de comparecencias.

La situación es muy grave, señor ministro, y me alegro que la
comparta. Usted, ya en abril de 1997, dijo en el Senado que esta
situación merecía la atención del Gobierno. De manera tal que pudiera
ser, como consecuencia de esta crisis importante, motivo de ayuda por
parte de las administraciones tanto central como autonómica. En este
momento el Gobierno central -con buen criterio, a mi entender- ha
destinado dinero, alrededor del medio billón de pesetas, a planes de
desarrollo alternativo de determinadas cuencas de carbón,
concretamente de Castilla y León, Galicia y Asturias. Pero se da la
circunstancia, señor ministro, que Andalucía, Extremadura y, en gran
medida -como usted ha dicho antes, por los temas de Potasas-, Aragón
y Cataluña no han recibido un duro, es decir, no tienen plan y, sin
embargo, señor Ministro, le aseguro que tienen un enorme paro; en
algunas comarcas, si me permite recordárselo, señor ministro, por
encima del 50 por ciento de la población. Esta gente, señor
ministro, no entiende de discriminaciones.

Usted ha tenido una actitud realmente apasionada - si me permite
decírselo, señor ministro- para el tema de privatizar y una actitud
quizá menos apasionada a la hora de distribuir ese dinero público de
todos. Lo que le piden en el sur, en Extremadura y también, porque
hablamos de Potasas, en Aragón y Cataluña es...




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barrero. Ha consumido con
creces su tiempo.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (Piqué i Camps): Muchas
gracias, señor presidente, Señor Barrero, tiene usted razón, estamos
haciendo un extraordinario esfuerzo en la minería del carbón, y lo
sabe todo el mundo, no sólo en Asturias, no sólo en Castilla y León,
también en Aragón, también en Andalucía, también en Cataluña y
también en Galicia, como usted ha mencionado, allí donde
efectivamente existe minería del carbón, y no sólo minería CECA, sino
que
en algunos casos estamos hablando de un tipo de carbón distinto. (El
señor Vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.) Es
cierto que hay otro tipo de minería que puede tener sus problemas.

Yo no tengo ningún inconveniente en entrar a analizarlos. Lo
importante es recordar que, en el caso de la minería metálica y en el
caso concretamente de la minería andaluza, hay un tema muy importante
que estamos poniendo en marcha, para lo que hace falta la
colaboración de todos, que es la investigación en el campo hidrometal
úrgico, además de buscar una solución específica al problema
concreto de una de las minas que es Minas de Río Tinto. Estoy seguro
que usted comparte conmigo que es un tema complejo, pero yo quiero
compartir con usted que estamos dispuestos a reflexionar sobre
ello.

Gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señor Ministro.




- DEL DIPUTADO DON SERGIO GÓMEZ-ALBA RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE EXPLICAR EL
GOBIERNO CUÁLES SON LOS TÉRMINOS DEL PLAN DE EXTERNALIZACIÓN DE LOS
COMPROMISOS LABORALES ADQUIRIDOS POR DETERMINADAS EMPRESAS PÚBLICAS
DEL ESTADO? (Número de expediente 180/001416).




El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Pregunta número 22, de don
Sergio Gómez-Alba Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular.




El señor GÓMEZ-ALBA RUIZ: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, las reestructuraciones y reconversiones de las
empresas públicas, en gran parte realizadas en la anterior etapa de
gobierno, se tradujeron en pérdidas de empleo y en importantes
compromisos financieros con el personal afectado. El proceso de
privatización que impulsa el actual Gobierno, y cuyo principal objeto
es dotar de mayor competitividad a la industria española, devolviendo
a la sociedad empresas viables y estables con un futuro despejado, ha
permitido la captación de importantes recursos que -como ya anunció
el presidente de la SEPI en una comparecencia en est a Cámara en mayo
pasado- se destinarán, no como en otras ocasiones al gasto puro,
sino a asegurar el futuro pago de compromisos laborales adquiridos.

Asegurar el futuro de las antiguas empresas públicas, sí, pero
asegurando a la vez el futuro de sus antiguos trabajadores. La gran
cuantía de estas cifras gravitas obre el futuro de esas
empresas. Por eso es lógico garantizar las prestaciones y que, con
ello, no se condicione el futuro industrial de las empresas. También
es razonable que se encomiende la gestión a profesionales



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especializados en gestión de fondos, bien sometidos -ni qué decir
tiene- a controles todo lo rigurosos que se quiera. En todo caso,
además, habría otro factor: al parecer, la operación supone un no
desdeñable a horro financiero; según hemos leído, de alrededor de 300.

000 millones de pesetas.

Por todo ello, señor ministro, parece oportuno que nos explique las
características de la operación y le remito a la pregunta que figura
en el orden del día.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
Gómez-Alba.

Señor ministro de Industria.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (Piqué i Camps): Muchas
gracias, señor presidente.

Señor Gómez-Alba, sabe que el Gobierno aprobó en junio de 1996 el
llamado programa de modernización del sector público empresarial del
Estado y que, a partir de ahí, hemos ido aplicando una serie de
medidas que quisiera resumir de la forma siguiente. Hemos estado
elaborando y aplicando planes de empresa, se ha cancelado la deuda
histórica del INI o está en trance de ser cancelada completamente -en
el próximo ejercicio va a ser así- y hemos realizado una actuación
muy reciente, que es diseñar un plan para cancelar los compromisos
laborales procedentes de los planes de reconversión aplicados en las
empresas del hoy grupo SEPI, en su momento grupo Teneo, en su momento
grupo INI, a lo largo de los años ochenta. (El señor presidente
ocupa la Presidencia.) Si me permite una expresión quizá un tanto
coloquial, es cierto que est e país había hecho una reconversión
industrial en su sector público, pero también es cierto que esa
reconversión industrial todavía no se había pagado y hay que pagarla
ahora. Teníamos que hacer frente a esos compromisos de una forma
definitiva, para evitar el quebranto patrimonial en las empresas de
la SEPI, y hemos pensado que el mecanismo más adecuado es el de la
externalización -usted me preguntaba las características de ese
proceso-, que consta de tres fases. En primer lugar, SEPI ha
convocado un concurso restringido entre 14 compañías aseguradoras,
con el asesoramiento de la Dirección General de Seguros. El segundo
paso será la adjudicación a seis de esas empresas más Musini -que es
la empresa pública-, lo que previsiblemente se va a real izar en este
mes de o ctubre, por lo tanto, a lo largo del mes que empieza mañana.

A continuación, SEPI firmará -probablemente en el mes de noviembre-
con las compañías adjudicatarias un acuerdo-marco que recoja las
condiciones aplicables a las pólizas de seguro en que se van a
concretar esas externalizaciones, y después hará los contratos
específicos para cada compañía y para cada colectivo. Todo ello comporta
un importante esfuerzo financiero porque lo que todavía queda por
pagar es 1,2 billones de pesetas (y, como usted bien dice, supone un
ahorro de 300.000 millones de pesetas), que se
va a transformar en 900.000 millones de pesetas, y de lo que se trata
es de utilizar los recursos procedentes de privatizaciones para
resolver este problema de deuda que teníamos acumulada y que, además,
no pasaba por las cuentas de resultados de cada año. Eso significa
que hemos configurado el comportamiento de SEPI como un gestor
prudente, que aplica sus beneficios a la consolidación de su propio
grupo industrial y a hacer frente a sus obligaciones.

Al margen de ese carácter cualitativo y cuantitativo de la
operación, quisiera destacar el consenso, porque eso es muy
importante. A pesar de las discrepancias que hemos podido tener con
los sindicatos, por ejemplo, respecto a la política del Gobierno en
relación con el sector público, en esta operación ha habido un gran
consenso, que nosotros celebramos.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.




- DEL DIPUTADO DON JESÚS MANUEL PÉREZ CORGOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS PIENSA
TOMAR EL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA TENIENDO EN CUENTA LAS
CONCLUSIONES DEL INFORME SOBRE EL PAPEL DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA EN
LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN QUE ELABORÓ EL GRUPO DE EXPERTOS
PROMOVIDO POR ESE DEPARTAMENTO? (Número de expediente 180/001417).




El señor PRESIDENTE: Pregunta número 23, que formula el
diputado don Jesús Manuel Pérez Corgos, del Grupo Popular.

Señor Pérez Corgos.




El señor PÉREZ CORGOS: Muchas gracias, señor p residente.

Señor ministro de Industria y Energía y portavoz del Gobierno, el
sector global de las tecnologías de la información y las
comunicaciones, incluyendo los operadores y proveedores de servicios
de telecomunicaciones y servicios audiovisuales, representa un valor
añadido del 3,94 por ciento del producto interior bruto, una
facturación global de 4, 9 billones de pesetas en 1997. El sector
industrial de tecnologías de las comunicaciones factura 2,1 billones
de pesetas, con un incremento del 14,1 por ciento en 1997 respecto
del año anterior. Estos datos, señor ministro, ponen de manifiesto
que nos encontramos ante una verdadera revolución tecnológica, una
revolución que afecta a la industria pero también a otros ámbitos en
los que se desarrolla la vida cotidiana de los ciudadanos -por poner
algunos ejemplos le citaré la educación, la sanidad o el ocio-, y
ponen también de manifiesto que nos encontramos ante un verdadero
elemento de cohesión social, puesto que de la mayor o menor formación



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que los ciudadanos tengan en estas tecnologías dependerá su mayor o
menor integración social.

Hemos podido saber en el Congreso de los Diputados, a través de las
palabras de S.S. en diversas comparecencias y recientemente por una
respuesta a mi compañera de grupo parlamentario doña Dolores
Calderón, que el Gobierno en el mes de marzo ha impulsado la creación
de un grupo asesor integrado por expertos, por profesionales de
reconocido prestigio en el sector de las tecnologías de la
información y las comunicaciones. El objetivo de este grupo era
asesorar al Gobierno sobre proyectos estratégicos y medidas de
naturaleza industrial y tecnológica para orientar la política
industrial en este sector a corto y medio plazo. Por ello me ha
parecido oportuno preguntarle, señoría, cuáles son las medidas que
piensa adoptar el Ministerio teniendo en cuenta las conclusiones del
informe sobre el papel de la industria española en la sociedad de la
información que elaboró este grupo de expertos que promovió su
departamento.

Muchísimas gracias, señor presidente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez Corgos.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGÍA (Piqué i Camps): Muchas
gracias, señor presidente.

Señor Pérez Corgos, efectivamente, encargamos a un grupo asesor que
nos presentara un informe con recomendaciones y propuestas, informe
que fue presentado a finales del pasado mes de julio y que ahora
estamos analizando para ir concretando y disponer de cosas tangibles
y aplicables en el próximo ejercicio y, por tanto, articulándolo, en
la medida de los posible, en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 1999.De lo que se trata es de definir algo que usted ha
dicho con toda claridad, que es una estrategia para la sociedad de la
información en España, que tiene una doble vertiente: la primera es
que debemos procurar que haya una incidencia positiva y tangible
sobre nuestro tejido industrial y sobre nuestra capacidad
tecnológica y de internacionalización de nuestras empresas, y eso
significa reforzar lo que llamamos la industria de la información.

Pero es verdad que es posible tener una industria de la información
y en cambio no poder hablar de sociedad de la información, de la
misma manera que es posible tener una sociedad de la información sin
tener un tejido industrial. Nuestro objetivo es doble: tener
industria de la información pero al mismo tiempo desarrollar esa
sociedad de la información, que debe entenderse como una sociedad en
la que la información se usa intensiva y exhaustivamente en la vida
social, cultural, política y económica; en general, en la vida de
toda la sociedad implicada, en este caso la sociedad española. Por
eso es muy importante que avancemos en ese terreno, y el grupo
asesor ha anticipado actuaciones en tres ámbitos que vamos a
desarrollar: el primer ámbito es el de acciones relativas al estímulo
de la demanda a través de actuaciones sectoriales específicas,
con un especial protagonismo de las administraciones públicas
como usuario ejemplar -aunque, desde luego, no sólo- y actuaciones
intersectoriales (estoy pensando, por ejemplo, en el teletrabajo, que
es algo que va a cambiar, y a muy corto plazo, las relaciones
humanas, sociales y laborales a las que estamos acostumbrados). El
segundo campo es el de actuaciones encaminadas a la creación de
oferta y, por tanto, dotar de infraestructuras adecuadas, por
ejemplo, anchos de banda suficientes para soportar servicios de alto
valor añadido, procurar el desarrollo de industrias de contenidos
propios, y ahí los temas cultural e idiomático son extraordinariamente
importantes. Final mente -y con esto acabo, señor
presidente-, acciones de impulso de proyectos guía y de sistemas de
financiación que contribuyan a la creación de valor añadido en
nuestro país.

Por tanto, creo que estamos en la buena dirección, estamos ante un
tema vital que desde luego el Gobierno quiere liderar.

Muchísimas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro de Industria
y Energía.




- DEL DIPUTADO DON ALFONSO PERALES PIZARRO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁNDO VA A COMUNICAR EL GOBIERNO
A LA FEMP (FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS) LA
PARTICIPACIÓN EN LOS INGRESOS DEL ESTADO PARA 1999? (Número de
expediente 180/001407).




El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas que en nombre del
Gobierno responderá el ministro de Administraciones Públicas.

La primera, la número 13, ha sido formulada por don Alfonso Perales
Pizarro, diputado del Grupo Socialista.

Señor Perales



El señor PERALES PIZARRO: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, formulamos esta pregunta hace más de 15 días porque
estábamos sorprendidos de que se a cercara el día de la aprobación de
los presupuestos en el Consejo de Ministros y los representantes de
la Federación Española de Municipios y Provincias no conocieran su
participación en los presupuestos del Estado. No conocían ninguna
cantidad de referencia, nadie de su Ministerio ni del Ministerio de
Hacienda había comunicado ni las cantidades ni los criterios que se
proponían aplicar. Al parecer, ayer mismo, día en que se presentaron
los presupuestos aquí en el Congreso, un alto cargo, parece que del
Ministerio de Hacienda, informó sin estar previsto y sin documentación
suficiente de algunas cifras. Por tanto, le formulo la
pregunta que a parece en el orden del día.

Muchas gracias.




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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Perales.

Señor ministro de Administraciones Públicas.




El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor presidente.

Señor Perales, a lo largo de las últimas fechas se han producido
diversas reuniones entre representantes del Gobierno y de la Comisión
de Economía de la Federación Española de Municipios y Provincias,
donde se han ido debatiendo distintos asuntos a los efectos de llegar
a un acuerdo sobre diferentes temas que afectan a los municipios, y
uno de ellos es el tema de la financiación, por lo cual, hasta el
momento presente, como precisamente se está negociando, lo único
que se les ha comunicado es lo que figura en los Presupuestos
Generales del Estado: el 95 por ciento de las entregas a cuenta de la
PIE de los ayuntamientos y de las corporaciones locales.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Señor Perales.




El señor PERALES PIZARRO: En realidad, señor ministro, que nosotros
sepamos -y algunos miembros socialistas hay en la FEMP-, no se ha
iniciado ninguna negociación con los miembros de la FEMP. Ha habido
un equipo técnico integrado por técnicos de distintos ayuntamientos y
diputaciones, pero en esa Comisión no ha habido ni un solo
responsable político de la Federación Española de Municipios y
Provincias, al menos, que el Partido Socialista en estos momentos
conozca.

En segundo lugar, usted sabe que la PIE supone entre el 40 y el 60
por ciento de los ingresos de los ayuntamientos y en este momento
estos han conocido su participación y exclusivamente ayer, a través
de una comunicación que les hace un alto cargo del Ministerio y,
naturalmente, de los medios de comunicación, que hacen público los
distintos apartados del presupuesto. El problema, señor ministro, es
que usted dispone de unos interlocutores en la Federación Española de
Municipios y Provincias que mantienen un silencio cómplice, que no
han hecho oír su voz en ningún momento, que no han reivindicado
participar en un sistema de financiación del que dependen sus
ingresos para los próximos cinco años. Pretenden desconocer que la
función de la FEMP es la de defender los intereses del sector local,
y desde luego el Gobierno, señor ministro, manifiesta una gran
desconsideración hacia el sector local, no se le da ninguna
participación a la hora de discutir, por lo que irán a una
negociación atados de pies y manos ya que el Gobierno ha establecido
en los presupuestos una cifra que naturalmente será más difícil de
cambiar que si se hubiera hecho antes de cerrarlos.

En consecuencia, señor ministro, usted conoce ya nuestra propuesta de
financiación local. Manifestamos nuestra disposición a aproximar las
posiciones que sean necesarias, queremos conocer cuál es la cantidad
final, cuál es el índice de evolución y queremos que los mayores
ingresos correspondan a los ayuntamientos y no a las diputaciones
provinciales.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Perales.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Rajoy Brey): Muchas
gracias, señor presidente.

El señor Perales dice que no se ha iniciado la negociación y que lo
que ha habido ha sido algunas reuniones de tipo técnico. Interpreto
que eso es el inicio de la negociación. En cualquier caso, si él no
lo entiende así, qué le voy a hacer. Lo que sí quiero decirle es que
la PIE, la participación en los ingresos del Estado, no está cerrada
precisamente porque se está negociando. Por tanto, poco puedo
adelantarle sobre la cifra final por la cual me pregunta. (El señor
vicepresidente, Fernández- Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Hace también unas críticas a nuestros representantes en la Federación
Española de Municipios y Provincias. Mi función aquí no es
defenderlos, pero creo que cumplen perfectamente su labor y han
estado negociando con nosotros a l o largo de los años algunos temas
importantes. Naturalmente, no tenemos ninguna desconsideración hacia
el mundo local, y buena prueba de ello es que, tras muchos años de
hablarse de ese tema, hemos presentado un paquete de proyectos de ley
que usted conoce y que sin duda mejoran sustancialmente la posición
de las entidades locales.

Lo que pretendemos hacer en el futuro es negociar no sólo los temas
de la PIE, sino cómo se van a distribuir, cuál va a ser la regla de
devolución, determinados aspectos que se considera necesario
modificar de la Ley de Haciendas Locales. Yo agradezco su buena
disposición a negociar, la acepto y por mi parte tengo la misma,
pero sobre todo lo demás -lo repito- no puedo adelantarles nada
porque precisamente se est á negociando est e asunto. Intentaremos
que puedan entrar en vigor los acuerdos que se adopten con fecha 1 de
enero y se puedan incorporar como enmiendas a la ley de
acompañamiento. No sería la primera vez que se produjera un retraso.

Procuraré que no lo haya, porque le recuerdo que el último quinquenio
se negoció en agosto de 1994 y entró en vigor, con efecto retroactivo,
siete meses después. No es un problema insuperable, como no lo
fue en 1994, pero intentaré que este año no nos suceda eso y que con
fecha 1 de agosto estén fijadas con claridad las reglas del juego.

Muchas gracias.




- DEL DIPUTADO DON ÁLVARO CUESTA MARTÍNEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMPA RTE EL GOBIERNO LA ACTITUD
DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN EL PRINCIPADO DE



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ASTURIAS DE GLOSAR LA FIGURA DE JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA Y DE
ARREMETER CONTRA «LAS TRIBUS NACIONALISTAS»? (Número de expediente 18
0/001408).




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
14, que formula don Álvaro Cuesta Martínez, del Grupo Socialista.




El señor CUESTAMARTÍNEZ: Señor presidente, señor ministro,
en los últimos días, algo se mueve en la caverna de algunas
delegaciones de Gobierno en cuanto que hemos observado que se ha
producido algún cese. En el día de ayer ha cesado el secretario de la
Delegación del Gobierno en el Principado de Asturias, que en un acto
castrense del día 18 de septiembre había glosado la figura de José
Antonio Primo de Rivera y había arremetido contra lo que se
denominaban las tribus nacionalistas. Presumo que ese cese no está
basado en motivos personales ni en necesidades del servicio ni
-espero- en ulteriores y superiores altos destinos en lo universal.

Por lo tanto, aplicando en clave parlamentaria el principio indubio
prore o y dando la pregunta formulada como respondida, en este acto
la retiro.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Cuesta.

Señor ministro de Administraciones Públicas, ¿desea intervenir?
(Pausa.)



- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA TERESA DE LARA CARBÓ, DEL GRUPO PARLAMEN
TARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
INFORMACIÓN PUEDE DAR EL GOBIERNO, A FECHA DE HOY, DEL PROYECTO
DOÑANA 2005? (Número de expediente 180/001420).




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas
dirigidas a la señora ministra de Medio Ambiente. Pregunta número
26, que formula doña María Teresa de Lara, del Grupo Parlamentario
Popular



La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, el proyecto Doñana 2005 elaborado por el Gobierno es
un proyecto integral de regeneración hídrica de las cuencas y cauces
vertientes a la marisma del parque nacional de Doñana que evidencia
la sensibilidad del Ministerio de Medio Ambiente respecto a ese
espacio protegido. El proyecto, que pretende devolver a las cuencas
que afluyen a las marismas la funcionalidad que poseían a principios
de siglo, trata con ello de asegurar tanto la calidad de vida de
las poblaciones locales como la conservación de los sistemas
naturales marismeños que encierra el parque
nacional, todo ello vinculado, claro está, con las acciones que deben
ponerse en marcha como consecuencia del vertido producido por la
rotura de la balsa de Aznalcóllar.

Creo, señora ministra, que Doñana 2005 es el proyecto más ambicioso
que se ha planteado nunca en el parque nacional. El intento de
restauración que se a probó en el año 1984 se ha saldado con un fracaso,
debido a que la gestión de los recursos hídricos del parque se
planteó desde un contexto territorial limitado, cuando lo necesario
es resolver, como se va a hacer ahora, la gestión del agua en toda la
cuenca del Guadiamar. Desde el Grupo Popular, a la vez que se
aplaude la iniciativa, esperamos que se le dé un impulso decidido y
que se afronten las actuaciones contenidas en él. Desearíamos saber
si se han emprendido ya algunas de ellas. Por ello, señora ministra,
le pregunto: ¿Qué información puede dar el Gobierno a fecha de hoy
del proyecto Doñana 2005? Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas
gracias, señora De Lara.

Señora ministra de Medio Ambiente.




La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor presidente.

Tal y como acaba de exponer S.S., el Plan de regeneración hídrica
Doñana 2005 tiene una inmensa importancia, no sólo por lo que supone
de restauración hidrológica para el parque nacional de Doñana, sino
porque por primera vez se plantea una restauración de todas las
cuencas y vertientes de agua a esa marisma, que, al mismo tiempo, van
a asegurar la calidad de vida -a través de una mejor calidad de agua-
a todos los habitantes del entorno, manteniendo simultáneamente el
sistema de las marismas en Doñana.

Se llama Plan Doñana 2005 porque contiene una serie de actuaciones
concretas a poner en marcha, todas ellas importantes y que ascienden
a 15.600 millones de pesetas, pero que se van a ir escalonando desde
este mismo año hasta el 2005. Por eso, en esta serie de años el
Ministerio de Medio Ambiente tiene el compromiso firme, juntamente
con fondos de cohesión de la Unión Europea, de plantear toda una
serie de actuaciones, habiéndose iniciado ya la realización de
algunas de ellas, como por ejemplo la que se refiere a la restauración
del arroyo del Partido, cuyo deslinde ya se ha iniciado, por
un importe de 125 millones de pesetas, e incluso se ha terminado un
kilómetro del arroyo del Partido, como proyecto de experimentación de
esa restauración hidrológica, por un importe de 300 millones de
pesetas.

En cuanto a otras actuaciones concretas, la ficha 4, que se refiere a
la restauración de caños en la marisma gallega, por un importe de 270
millones de pesetas, también ha sido redactado ya el proyecto y está
próxima su adjudicación. También hay que destacar que la depuradora
del Rocío asciende de 600 millones a 1.000 millones de pesetas y
figura ya en los presupuestos del



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año 1999. La actuación más importante, porque ha suscitado alguna
polémica, es la denominada montaña del río, que significa un dique
que se va a construir en torno al río Guadalquivir para proteger,
al menos por este año, el parque nacional, en la medida en que
pensamos que no las aguas contaminadas, pero sí con arrastres
importantes de arenas, podrían colmatar la marisma. Est e es el
proyecto que tenemos en est e momento entre manos y que esperamos
poder culminar a lo largo del mes de octubre.

Gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.




- DE LA DIPUTADA DOÑA ROSA ISABEL DÍEZ LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LOS
PLANES RESPECTO A LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN MIXTA DE ENVASES
Y RESIDUOS DE ENVASES PREVISTA EN EL REAL DECRETO 782/1998, DE
DESARROLLO DE LA LEY 11/1997, DE ENVASES Y RESIDUOS DE ENVASES?
(Número de expediente 180/001421).




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
27, que formula doña Rosa Isabel Díez López, del Grupo Parlamentario
Popular.

Señora Díez.




La señora DÍEZ LÓPEZ: Gracias, señor presidente.

La Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases,
establece en la disposición adicional quinta la creación de una
Comisión mixta integrada por representantes de la Administración
general del Estado, de comunidades autónomas, de entidades locales,
de sectores industriales y comerciales afectados, de técnicos
y científicos y de asociaciones de consumidores y usuarios, cuyas
funciones asignadas son las de analizar las posibilidades de
reducción de la producción de envases y revisar los objetivos mínimos
y máximos de reciclado y valoración de envases, para su aprobación
por la Comisión Europea. El Gobierno ha manifestado en múltiples
ocasiones, a través del Ministerio de Medio Ambiente, la importancia
del papel asignado a esta Comisión mixta para alcanzar los objetivos de
la Ley 11/1997. Con la aprobación del real decreto del reglamento que
desarrolla la citada ley, se dan todas las condiciones
legales necesarias para la creación de dicha Comisión.

Por todo ello le pregunto, señora ministra de Medio Ambiente, ¿cuáles
son los planes respecto a la creación de la Comisión mixta de envases
y residuos de envases prevista en el Real Decreto 782/1998, de
desarrollo de la Ley 11/1997, de Envases y Residuos de Envases?
Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas
gracias, señora Díez.

Señora ministra.




La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor presidente.

El reglamento que desarrolla la ley que acaba de citar S. S., que
entró en vigor el 1 de mayo de este mismo año, establece en su
artículo segundo cuál tiene que ser la composición exacta de esta
Comisión mixta de envases y residuos de envases, a la que como S.S.

acaba de decir el Ministerio de Medio Ambiente asigna una importancia
relevante, en la medida en que forman parte de ella no solamente las
administraciones públicas sino todos los sectores industriales,
comerciales, los usuarios y los consumidores afectados. Por eso hemos
enviado desde el Ministerio de Medio Ambiente una carta a todas las
organizaciones, organismos y entidades que tienen que figurar en
esta Comisión mixta para que denominen ya a las personas que en su re
presentación tienen que formar parte de la misma. En cuanto terminemos
de recibirlas -faltan todavía algunas respuestas-, crea S.S.

que vamos a poner en marcha la primera reunión constituyente de est a
Comisión. Por otra parte, me satisface poder decirle que, una vez que
entró en funcionamiento el denominado sistema integrado de gestión
de la recogida selectiva de residuos de envases, está funcionando a
plena rentabilidad, en la medida en que inclusive los ayuntamientos
están recibiendo ya los retornos del gasto que les supone recoger
selectivamente las basuras. Son ya más de 9.500 empresas las que se
han unido a este sistema integrado de gestión. A través del punto
verde, como sabe S.S., no le va a costar más al ciudadano poder
recoger selectivamente estos residuos. Con ello conseguiremos que ese
principio de prevención, es decir, de producir menos basuras, nos
lleve a una sociedad mucho más desarrollada y con una mejor calidad
de vida. Produciendo menos residuos, llegando al reciclaje y a la re
utilización de estos residuos, podremos utilizar las materias
segundas como materias primas, que es el objetivo del Ministerio de
Medio Ambiente.

Gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.




- DEL DIPUTADO DON JON ZABALÍA LEZAMIZ, DEL GRUPO VASCO (EAJ-PNV),
QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿SON CIERTAS LAS INFORMACIONES SOBRE LAS
IRREGULARIDADES EN LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DEL AVE A SIEMENS POR
PARTE DE RENFE? (Número de expediente 180/001403).




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas
dirigidas al señor ministro de Fomento. Pregunta número 9, que
formula don Jon



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Zabalía Lezamiz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV). Señor
Zabalía.




El señor ZABALÍA LEZAMIZ: Gracias, señor presidente.

Señor ministro de Fomento, hemos conocido por los medios de
comunicación las presuntas irregularidades cometidas en su día por la
empresa pública Renfe en la concesión del contrato de adjudicación
del AVE a la empresa alemana Siemens. Ya sé que su Gobierno no es
responsable de estos hechos porque, indudablemente, fueron actos
realizados en 1992. Pero al margen de que este asunto está en el
Juzgado de Instrucción número 39 de la plaza de Castilla, donde se
delimitarán las responsabilidades penales que puedan existir, el
interés de mi grupo parlamentario se centra en conocer la veracidad
de los hechos a través del informe emitido por la Intervención
General de la Administración del Estado sobre los sobornos -que
posiblemente pueden rondar los 8.000-8.500 millones de pesetas-,
sobre si es cierto que Siemens gozó de información o trato
privilegiado, sobre las responsabilidades administrativas de cierto
personal de la Administración que podría estar involucrado en
estos hechos, incluso sobre las responsabilidades políticas que de
aquí se deriven de los máximos responsables en aquel entonces de
Renfe y del Ministerio de Transportes.

Fuimos críticos con la construcción de esta obra faraónica de la que
no se conoce el coste real. Se produjo en plena crisis económica,
cuando nosotros entendíamos que existían otras inversiones públicas
prioritarias. Ahora descubrimos que, además, fue un instrumento de
generación de ingresos para enriquecimiento de algunas personas y
financiaciones irregulares. Por eso creemos que es necesario
esclarecer los hechos y pedir responsabilidades. Si es cierto lo que
se conoce, los hechos son graves. Se han utilizado de nuevo recursos
públicos en beneficio propio, se han malversado caudales públicos;
mejor dicho -malversación es utilizar dinero público para usos
distintos de los destinados-, la expresión exacta es que se robó. Se
robó dinero público al Estado, o sea, a todos los ciudadanos, si
finalmente se demuestra la veracidad de estas imputaciones. Nosotros
queremos saber -y es por lo que le preguntamos- si el Gobierno
actual nos puede dar cuenta de este informe de la Intervención
General de la Administración del Estado donde se ponen de manifiesto
estos hechos.

Nada más. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Zabalía.

Señor ministro de Fomento.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.

Señoría, tengo que decirle que no tengo conocimiento de ese informe
de la Intervención General del Estado. Sí me consta que el Ministerio
de Fomento ha puesto
a disposición del Juzgado número 39 de Madrid toda la
documentación existente en lo que afecta a la tramitación del
procedimiento administrativo y adjudicaciones de los respectivos
concursos. Corresponde al propio Juzgado de Instrucción deducir las
responsabilidades que de esa documentación pudieran existir, y
nosotros actuaríamos en consecuencia. Le puedo decir también que,
desde el punto de vista administrativo, la documentación que se
encontró en el Ministerio de Transportes sobre la construcción del AVE
Madrid-Sevilla era relativamente escasa para la importancia del
proyecto. En todo caso, como S.S. sabe, ha podido haber presuntas
irregularidades de las que no hay constancia en el Ministerio de
Fomento y que se pueden producir al margen de los procedimientos
administrativos.

De todos modos, insisto, corresponde al Juzgado de Instrucción
dilucidar las responsabilidades mediante la tramitación del
procedimiento penal. El Ministerio de Fomento colabora con el juzgado
y eso es lo que debe hacer conforme a derecho.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas
gracias, señor ministro.




- DEL DIPUTADO DON RAMÓN COMPANYS SANFELIU, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE
FOMENTO: ¿EN QUÉ PLAZO ESTIMA EL MINISTRO QUE PODRÁ REPARAR LOS DAÑOS
DE LOS DOS EDIFICIOS DE VIVIENDAS DESALOJADOS DEL PUEBLO DE BRESSUI,
ASÍ COMO DE LA GRANJA QUE SE DERRUMBÓ EN ESE MUNICIPIO COMO
CONSECUENCIA DEL DESLIZAMIENTO DE LA MONTAÑA, A CAUSA DE LAS OBRAS
QUE EL MINISTERIO REALIZÓ EN LA CN-260 EN EL MUNICIPIO DE SORT?
(Número de expediente 180/001404).




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta
número 10, que formula don Ramón Companys Sanfeliu, del Grupo Catalán
(Convergència i Unió).

Señor Companys.




El señor COMPANYS SANFELIU: Señor presidente, señor ministro, hace
casi cuatro años que su Ministerio realizó unas obras de
modificación del trazado de la carretera nacional 260 en el término
municipal de Sort, en el tramo que limita con el núcleo urbano de
Bressui. A raíz de estas obras, la montaña comenzó a ceder destruyendo
totalmente una granja y dejando absolutamente inutilizadas para su
uso dos viviendas, una de ellas con más de cien años de antigüedad.

El Ministerio, al darse cuenta de la magnitud del problema, sin
pedir ningún tipo de autorización ni al Ayuntamiento ni a los
propietarios y actuando fuera de la zona de dominio



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público, inició un proceso de estabilización de la montaña
inyectando grandes cantidades de hormigón en ella, hecho que parece
que de momento ha frenado el deslizamiento de la misma. Hubo que
cerrar la granja inmediatamente, con los costos diarios que eso
conlleva al propietario, mientras que los habitantes de las casas
siniestradas se trasladaron a Sort, corriendo a cargo de la empresa
concesionaria de la obra los costes mensuales de alquileres de dichas
viviendas. Creo que nadie se atreverá a discutir que la
responsabilidad del desaguisado es del Ministerio, que para más
inri parece ser que en el momento de la adjudicación de la obra no
disponía de estudios geológicos suficientes ni del estudio de
impacto ambiental de la zona.

Ante esta lamentable situación, la pregunta es sencilla: ¿En qué
plazo espera el Ministerio reparar los daños e indemnizar a los
propietarios de las dos viviendas y de la granja de los daños que se
les ha infligido?



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Companys.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.

Señoría, la cuestión no es tan sencilla desde una perspectiva
estrictamente técnica. Usted sabe que, de a cuerdo con le Ley de
régimen jurídico de las administraciones públicas, la responsabilidad
de la Administración nace cuando el daño es causado directamente por
la prestación del servicio público de que se trate. De a cuerdo con
el informe emitido por un centro de prestigio internacional y de
altísima cualificación técnica como es el Cedex, el Centro de
Experimentación de Obras Públicas, los daños que se produjeron no
fueron debidos a los trabajos de acondicionamiento de la N260 sino a
las fuertes precipitaciones caídas en 1995 y 1996. Con esos informes
técnicos, el Ministerio de Fomento no puede reconstruir
directamente esas viviendas y no sería fiscalizado el correspondiente
gasto por la Intervención Delegada en el Ministerio de Fomento. No
obstante, sí le puedo decir que en estos momentos se está realizando
un proyecto de integración paisajística de talud entre los puntos
kilométricos 280-46 y 280-86 del tramo Pobla de Segur-Sort, de la
carretera nacional 260, que contempla la revegetación del talud y la
corrección de los perjuicios producidos como consecuencia de las
obras de emergencia llevadas a cabo para la estabilización de la
ladera entre marzo de 1996 y febrero de este año. Esa es la vía de
solución que ofrece el Ministerio de Fomento, y no podemos especificar
jurídicamente más allá de lo que le acabo de decir, señoría.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.

Señor Companys.

El señor COMPANYS SANFELIU: Efectivamente, señor ministro, cayó
porque llovió, pero hace más de cien años que llueve y no cayó hasta
que el Ministerio modificó el trazado de la carretera socavando los
cimientos de la montaña. En su intervención he visto buena voluntad,
que esperamos que se corresponda con acciones de forma inmediata para
que los habitantes afectados puedan volver a sus casas.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señor
diputado, estoy de acuerdo básicamente con su reflexión. En cualquier
caso, comprenda usted que la Administración no puede ir contra sus
propios informes y, una vez emitido el informe técnico, tiene que
encontrar la vía adecuada para dar una solución al problema.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.




- DE LA DIPUTADA DOÑA CRISTINA NARBONA RUIZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁNDO VA A COMENZAR LA PLENA
VIGENCIA DEL PLAN DE VIVIENDA 1998-2001? (NÚMERO DE EXPEDIENTE 180/
001409).




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
15, que formula doña Cristina Narbona Ruiz, del Grupo Parlamentario
Socialista.

Señora Narbona.




La señora NARBONA RUIZ: Gracias, señor presidente.

Señor ministro de Fomento, ¿cuándo va a estar en plena vigencia el
Plan de vivienda 1998-2001?



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Narbona.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Señora
diputada, el Plan nacional de vivienda está vigente y ejecutándose.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.

Señora Narbona.




La señora NARBONA RUIZ: Veo que se refiere usted al anterior. El que
está ejecutándose en estos momentos, señor ministro, de acuerdo con
la información que



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su propio Ministerio tiene a bien facilitarnos, es el plan que estaba
en vigor hasta que supuestamente entrara en funcionamiento el nuevo
plan. Usted sabe perfectamente, señor ministro, que el nuevo plan
todavía no está en vigor a pesar de que ya existe un tipo de convenio
aprobado por el Consejo de Ministros porque todavía no ha cerrado
usted convenios con cada una de las comunidades autónomas. No es que
no los haya cerrado con ninguna. Yo quisiera que dijera a est a
Cámara con qué comunidades autónomas de forma bilateral y no
transparente respecto al resto de las mismas usted ha firmado ya
convenios. ¿ Es verdad que Cataluña y Madrid, por ejemplo, tienen ya
cerrados los objetivos de viviendas a financiar en los próximos
cuatro años con el Ministerio, no teniendo, en cambio, ese a cuerdo
alcanzado con muchas de las demás comunidades autónomas? Me gustaría
que contestara esta pregunta, pero más me gustaría todavía, señor
ministro, que usted nos anunciara que convoca una conferencia
sectorial de vivienda, que es lo que le han reclamado desde hace
meses los consejeros en esta materia, puesto que para poner en marcha
el Plan de vivienda hace falta que haya un acuerdo al máximo nivel en
cuanto a objetivos que todavía no existen.

Respecto al Plan de vivienda que está en vigor, lamentablemente está
usted luciendo los peores resultados de los últimos diez años en
materia de vivienda. Señor ministro, a 30 de septiembre solamente
habían obtenido financiación 29.000 viviendas protegidas, solamente
se habían concedido préstamos por un importe de 201.000 millones de
pesetas, es decir, ni siquiera los 263.000 millones de pesetas
correspondientes al 40 por ciento de la financiación prevista para este
ejercicio, que fue el acuerdo que ustedes decidieron desarrollar y que
ha estrangulado la política de vivienda este año. Señor ministro,
solamente 29.000 viviendas financiadas a lo largo de los primeros
diez meses del año es un auténtico fracaso. No se recuerda una cifra
peor en los últimos diez años en materia de política de vivienda.

Convoque usted una conferencia sectorial, ponga al día el inicio de
la vigencia del nuevo plan y cierre los acuerdos de financiación,
porque estos resultados, ya le digo, son los peores de los últimos
diez años. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Narbona.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.

Le recuerdo, señoría, que me dijo usted exactamente lo mismo el año
pasado (Rumores.) y a 31 de diciembre la ejecución del plan había
superado el 90 por ciento. Yo, señoría, le querría trasladar que no
sea usted tan formalista (Varios señores diputados: ¡Ah!) cuando de
la ejecución de un plan nacional se trate. Escuchen, por favor,
porque si no escuchan no hay ninguna posibilidad. No sea usted tan
formalista. Yo le recomiendo
que se lea bien todo el plan y verá usted que, precisamente
para dar flexibilidad a la ejecución del plan, los ejercicios
anuales no se van a cerrar a 31 de diciembre, sino que se van a
cerrar a 30 de marzo, cosa que han pedido todas las comunidades
autónomas y los promotores.

Señoría, lo importante es que se vayan realizando las actuaciones
previstas en los planes, sea con arreglo al plan anterior o con
arreglo al plan vigente. Una transición tiene justamente el problema
de que en parte hay que aplicar el plan anterior hasta que está
plenamente operativo el plan nuevo. Usted sabe que se han realizado
ya 54.000 actuaciones de las 134.000 previstas. Quedan en estos
momentos 80.000 actuaciones que son las que se van a realizar con
arreglo al nuevo plan. Le diré que para realizar esas 80.000
actuaciones el plazo se cierra a 30 de marzo del próximo año.

Señoría, los convenios cerrados con comunidades autónomas son los
siguientes: Extremadura -para que no haya lugar a dudas,
Administración socialista-, Madrid, Cataluña, Cantabria, Baleares y
Galicia. Todas las demás comunidades autónomas tienen ya la
documentación precisa para cerrar los convenios. Yo le garantizo,
señoría, que a 31 de marzo del próximo año el Plan nacional de
vivienda, en el ejercicio legalmente establecido, que se puede cerrar
a 31 de marzo, estará plenamente ejecutado.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas
gracias, señor ministro.




- DE LA DIPUTADA DOÑA ANA MATO ADROVER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS TIENE
PREVISTO INCORPORAR EN M ATERIA AUDIOVISUAL EL PROYECTO DE LEY POR EL
QUE SE INCORPORA AL ORDENAMIENTO JURÍDICO LA DIRECTIVA 97/36 DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, CON EL OBJETO DE MODIFICAR LA LEY 25/
1994 COMÚNMENTE DENOMINADA LEY DE TELEVISIÓN SIN FRONTERAS? (Número
de expediente 180/001423).




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta
número 29, que formula doña Ana Mato Adrover, del Grupo Parlamentario
Popular.

Señora Mato.




La señora MATO ADROVER: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, el Grupo Popular trae hoy a est a Cámara una
cuestión de especial importancia para todos, como son los contenidos de
las distintas programaciones de las televisiones. (Rumores.) Los
telespectadores -que en mayor o menor medida lo somos todos- cada
vez más reclaman una serie de derechos a respetar por los operadores
que no están contenidos en ninguna norma. Me estoy refiriendo, por
ejemplo, al



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derecho de disponer de una información fidedigna s obre lo que podemos
ver en televisión. Además, con bastante frecuencia se producen
situaciones en las que prima el interés comercial de las cadenas
sobre el derecho de los espectadores a ver programas completos sin
interrupciones publicitarias, exageradas en el tiempo, y desde luego
con respeto absoluto a la necesaria y obligatoria protección de los
menores.

En el año 1994, y con el retraso al que nos tenía acostumbrados en
materia de comunicaciones el Gobierno socialista (Protestas.), se
incorporó al derecho español una directiva del año 1989 conocida como
Televisión sin Fronteras. En esta directiva se recogía una serie de
exigencias mínimas para las cadenas a la hora de emitir su
programación. Esa incorporación, real izada, como ustedes saben
-aunque les moleste-, con cuatro años de retraso, cuando ya se
estaba revisando la directiva en Europa, y una vez otorgadas las
concesi ones a las cadenas de televisión con cláusulas que no habían
tenido en cuenta los condicionamientos y el contenido de la
directiva, no dio los frutos esperados por los telespectadores, que
reiteradamente están manifestando sus quejas y reclamaciones. A todo
esto hay que unir los avances tecnológicos y la liberalización de las
telecomunicaciones llevada a cabo en tiempo récord por el Gobierno
actual. El Gobierno popular, sensible siempre a los requerimientos de
la sociedad y sobre todo a la defensa de los más desprotegidos, en
este caso de la infancia, presentó en esta Cámara, a principios de
año, un proyecto de ley para incorporar la recién aprobada Directiva
97/36, de Televisión sin Fronteras. Es por esto que mi grupo quiere
saber cuáles son las innovaciones introducidas en este texto y las
consecuencias prácticas de su aplicación para el sector audiovisual y
para los telespectadores.

Muchas gracias, señor ministro. Gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Mato.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.

Señoría, yo creo que lo importante en este tema es hacer referencia a
aquellas disposiciones incorporadas al proyecto de ley que no son de
obligada trasposición, de obligada incorporación al ordenamiento
jurídico en el momento en que la directiva de referencia se incorpora
al proyecto de ley. Entre las disposiciones de no obligada
trasposición hay una serie de puntos que, a mi juicio, son altamente
beneficiosos para los televidentes y que sería extremadamente
positivo que pudieran salir adelante con una amplia mayoría en la
tramitación parlamentaria del proyecto de ley.

En primer término, se da una mejor y más precisa definición de la
publicidad encubierta. En segundo lugar, se regulan con una cierta
rigidez ciertas prácticas equivalentes a lo que podría ser la
publicidad virtual.

Se regula de una manera más rigurosa todo lo que afecta
a telepromociones y telerreportajes, que también son formas de
publicidad. Asimismo, se aplican reglas especiales en materia de
interrupciones publicitarias comerciales y se actualiza el cuadro de
sanciones aplicables. Y desde otra perspectiva, también de no
obligada incorporación pero que recoge el proyecto de ley del
Gobierno, se ha considerado necesario evitar ciertas prácticas, como
la contraprogramación, que causa perjuicios a los telespectadores y
que, en definitiva, constituye una vulneración de su derecho a recibir
una información adecuada. Por otra parte, se impone a los operadores
de televisión la obligación de informar a sus espectadores sobre la
mayor o menor idoneidad de cada programa para los menores de edad.

Estas son algunas de las disposiciones que incorpora el proyecto de
ley del Gobierno y que no serían de obligada trasposición de la
directiva comunitaria denominada Televisión sin Fronteras.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.




- DEL DIPUTADO DON JOSÉ ENRIQUE MORATALLA MOLINA, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿ES CIERTO QUE
EL GOBIERNO SE PROPONE LA PRIVATIZACIÓN DE LA ATENCIÓN
SOCIOSANITARIA? (Número de expediente 180/001412).




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Preguntas
dirigidas al señor ministro de Sanidad y Consumo. Pregunta número 18,
que formula don José Enrique Moratalla Molina, del Grupo
Parlamentario Socialista.

Señor Moratalla.




El señor MORATALLA MOLINA: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, en mayo de 1998 el dato histórico de la derecha fue
que el gasto farmacéutico sólo tenía una desviación del 5,6 por
ciento -palabras del señor Aznar en el debate sobre el estado de la
Nación-. Hoy, con datos de agosto de 1998, es del 15,43 por ciento,
también dato histórico. Ya lo advertimos y lo denunciamos. Usted dijo
en una comparecencia ante la Comisión de Sanidad que la prestación
farmacéutica no afectaría a los pensionistas. Ha reducido 863
fármacos de la cobertura pública. También lo advertimos y lo
denunciamos. Bloquean la tramitación y después votan en contra del
cuarto supuesto del aborto, con manipulación popular, en el Pleno de
la Cámara, mientras que en la Comisión de Sanidad votan
favorablemente la píldora RU-486. Lo seguimos advirtiendo y
denunciando.

Con esa línea de coherencia, ahora dicen que pretenden impulsar
iniciativas para la asistencia sociosanitaria, promoviendo una red de
centros con descentralización



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administrativa y con contribución económica de los usuarios a la
asistencia. Lo advertimos y, antes de denunciarlo, le pregunto, señor
ministro: ¿es cierto que el Gobierno se propone la privatización de
la asistencia sociosanitaria? (Aplausos.) Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Moratalla.

Señor ministro de Sanidad y Consumo.




El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Gracias,
señor presidente.

Señor diputado, no es cierto que el Gobierno se proponga la
privatización de la atención sociosanitaria, como no es cierto que
el gasto farmacéutico haya crecido a 31 de agosto el 15 por ciento.

Esas cifras son muy conocidas en los períodos en que gobernaban
ustedes (Rumores.), en los que tenían años con crecimientos del 18,
del 17 y del 14 por ciento acumulativo. Vamos a ver en cuánto termina
el crecimiento del gasto este año. No es verdad que se hayan retirado
863 medicinas del sistema público de salud, porque muchas de ésas
estaban ya retiradas por los laboratorios, que habían pedido su
registro. Lo que sí es cierto es que han entrado 638 nuevas, más
modernas, más caras (Rumores.), más eficaces, de las que se están
beneficiando los pacientes españoles. Desde luego, le puedo asegurar
que ninguna de las retiradas afecta en absoluto al tratamiento que
reciben los pensionistas, las personas mayores, en el Sistema
Nacional de Salud, que tiene las garantías máximas de calidad.

Gracias a la retirada de algunos de esos medicamentos que no eran
necesarios podemos estar atendiendo mejor a las personas mayores.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.

Señor Moratalla.




El señor MORATALLA MOLINA: Gracias, señor presidente.

No he escuchado ninguna contestación a mi pregunta, pero teníamos
conocimiento a través de los medios, el periódico Cinco Días, y por
la ponencia-marco del Partido Popular que en sus páginas 234 y 235,
apartados A y B, lo dejan suficientemente claro. Veníamos con la
ilusión de que usted aquí en esta Cámara, en el Pleno, expresara cuál
era su opinión sobre la pregunta que le he hecho. Queremos advertirle
que no denunciamos por denunciar, que no vamos a estar en contra
porque lo proponga la derecha, el PP o su Gobierno, sino porque son
modelos diametralmente opuestos lo público, lo privado y lo mixto.

En su largo caminar hacia el centro han perdido ustedes el
concepto, el límite y faltan a la verdad. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Moratalla.

Señor ministro de Sanidad y Consumo.




El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Señor
Moratalla, usted no escucha lo que no quiere escuchar. Yo le contesté
que no íbamos a privatizar la asistencia sociosanitaria, y no la
vamos a privatizar porque se está prestando ya en un alto porcentaje
por la iniciativa privada. Privatizar es pasar del sector público al
sector privado. Y usted sabe como yo que ahora mismo el 61,3 por
ciento de los recursos en este sector, bajo este Gobierno y bajo el
Gobierno del Partido Socialista, es privado. Por tanto, no se va a
privatizar nada. Se va a fomentar la creación de una red
sociosanitaria que dé respuesta a las necesidades de la población en
este momento. Para eso vamos a tratar de que se creen unidades
especializadas, de régimen abierto, de media y larga estancia, y que
fomenten alternativas de acogida familiar, de ayuda a domicilio,
bajo el principio de descentralización administrativa,
participación social y contribución económica de los usuarios, en
función de su capacidad económica y del tipo de asistencia que se
preste, pero haciendo exactamente, aunque mejor, lo que se ha venido
haciendo todos estos años, en que se cuenta con una importantísima
red privada para prestar este servicio.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas
gracias, señor ministro.




- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO ARNAU NAVARRO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁNTAS ACTUACIONES HA TENIDO LA
INSPECCIÓN MÉDICA DEL INSALUD Y DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE
SALUD EN LA TRAMITACIÓN DE ALTAS MÉDICAS A TRABAJADORES EN SITUACIÓN
DE BAJA LABORAL, COMUNICADAS POR LOS FACULTATIVOS ADSCRITOS AL
INSS DURANTE LOS PASADOS MESES DE JULIO Y AGOSTO? (Número de
expediente 180/001413).




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
19, que formula don Francisco Arnau Navarro, del Grupo Parlamentario
Socialista.

Señor Arnau.




El señor ARNAU NAVARRO: Gracias, señor presidente.

Señor ministro de Sanidad, le pregunto por las actuaciones de las
inspecciones médicas en la tramitación de altas médicas comunicadas
por el INSS en los pasados meses de julio y agosto.

Gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Arnau.

Señor ministro.




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El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias, señor presidente.

Señor diputado, durante los meses de julio y agosto no se ha
producido ninguna actuación de la Inspección Médica del Insalud y de
los Servicios Públicos de Salud, en cuanto a tramitación de altas
médicas a trabajadores en situación de baja laboral comunicadas por
los facultativos del Instituto Nacional de Seguridad Social.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.

Señor Arnau.




El señor ARNAU NAVARRO: Efectivamente, señor ministro de
Sanidad, no se ha producido ninguna comunicación por parte de la
Inspección Médica porque usted sabe perfectamente que, con el decreto
que ustedes aprobaron, la Inspección Médica del Insalud y de l os
Servicios de Salud de las comunidades autónomas, si no contesta -que
este es el caso que usted me ha comunicado-, opera el silencio
positivo y por tanto se da validez a las altas que comunica el INSS.

El problema, señor ministro, es que, desde el pasado primero de
julio, en materia de altas médicas se está produciendo una
subordinación de las inspecciones médicas al INSS, es decir, a la
entidad gestora de prestaciones económicas. El INSS, que tiene por
misión exclusivamente gestionar las prestaciones económicas, decide, y
lo está haciendo, sobre el estado de salud de los españoles, de los
trabajadores y de las trabajadoras. Mientras, el Insalud, que tiene
por misión la promoción de la salud y la curación de la enfermedad,
señor ministro, está acatando lo que dice el INSS. Es otra prueba
más, señor ministro, de cómo el Ministerio de Sanidad se está
convirtiendo en el Ministerio satélite del Ministerio de Trabajo
y del Ministerio de Economía.

El ministro de Sanidad, respondiendo a este vasallaje, firmó un
acuerdo, el acuerdo de financiación 1998-2001, y no respondió a la
interpelación del Grupo Parlamentario Socialista que hicimos aquí en
junio, mandando al ministro de Trabajo que lo hiciera por su cuenta.

No nos preocuparía, señor ministro, est e vasallaje o esta subordinación
si fuera una mera cuestión de jerarquía administrativa
entre ustedes. El problema, y usted lo sabe, consiste en que con el
pretexto de ahorrar lo que dilapidan por otra parte, con el pretexto
de atajar el fraude que todos estamos detestando, subordinan el
derecho a la salud a su coste, rompen la relación natural médico-
paciente y desgajan los aspectos sanitarios y económicos de una
protección que debiera seguir siendo integral. ¿Se acuerda, señor
ministro, a mediados de 1985, cuando usted decía que la Ley General
de Sanidad, aquel proyecto era burocrático, centralista,
intervencionista y deshumanizante? Usted veía fantasmas; ahora
estamos viendo realidades con su gestión, señor ministro de Sanidad.

Cumpla la Ley General de Sanidad - que nunca mereció esos
calificativos...




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana):
Muchas gracias.




El señor ARNAU NAVARRO: ... sus calificativos cuando era
portavoz de Alianza Popular...




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana):
Muchas gracias, señor Arnau.




El señor ARNAU NAVARRO: ... que obliga a orientar su actuación...




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Arnau.




El señor ARNAU NAVARRO: Y ahorre, pero no a costa del dinero de
todos los españoles. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Arnau.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias, señor presidente.

Señor Arnau, la Orden ministerial de 18 de septiembre entró en vigor
el pasado 26, por lo que no le puedo ofrecer a S. S. ningún dato en
relación con su aplicación. Lo que sí le puedo decir es que el objetivo
de toda esta normativa y de los programas del Gobierno es
profundizar en la racionalización y efectividad en la gestión de la
prestación económica por incapacidad temporal laboral, de manera que
se garantice el derecho de las personas que se encuentran realmente
en situación de incapacidad protegida mediante un control más preciso
de la incidencia de las dolencias padecidas y que limitan la
capacidad laboral del interesado.

La actuación de los servicios médicos del INSS no responde a otro
motivo que al mantenimiento de las prestaciones económicas a
aquellos beneficiarios cuya situación clínica no les permite ejercer
una actividad laboral durante todo el tiempo de duración del proceso.

No se trata de una decisión administrativa de reducción de gasto o
recorte de prestaciones, sino de una actuación basada en
juicios médicos suficientemente fundados, emitidos por personal
facultativo, integrante de equipos profesionales, con una dilatada
experiencia y capacidad para l a evaluación, el seguimiento y el
control de las incapacidades laborales.

La nueva facultad que se ha otorgado a los médicos del INSS no supone
una desconfianza a los facultativos de atención primaria del Sistema
Nacional de Salud ni hacia sus servicios de inspección -que como sabe
S.S. tienen la última palabra en esta cuestión-, sino la voluntad de
profundizar en la erradicación del abuso y fraude en las
prestaciones. Sirva para reforzar esta afirmación el hecho de que en
base a la normativa anteriormente vigente ha habido plena
coincidencia en el 83 por ciento de los casos de las propuestas de
alta formuladas por facultativos del INSS en relación con los



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médicos del Insalud, tal y como señaló ante esta Cámara el ministro
de Trabajo en su comparecencia el 24 de junio próximo pasado.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas
gracias, señor ministro.




- DE LA DIPUTADA DOÑA ISABEL POZUELO MEÑO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL HA SIDO LA EVOLUCIÓN DE LA
DEUDA POR SUMINISTROS DE ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS A HOSPITALES
DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y DEL INSALUD DURANTE LOS AÑOS 1996 Y
1997? (NÚMERO DE EXPEDIENTE 180/001414).




El señor PRESIDENTE: Pregunta número 20, que formula doña
Isabel Pozuelo Meño, del Grupo Parlamentario Socialista.

Señora Pozuelo.




La señora POZUELO MEÑO: Gracias, señor presidente.




Señor ministro, en junio pasado le pregunté sobre el incremento del
gasto farmacéutico hospitalario en 1997 y usted me contestó que mis
datos no eran ciertos y mintió nuevamente al afirmar que el gasto
aumentó un 13,9 por ciento y que la demora media del pago fue de 105
días.

Señor Romay, usted juega con las cifras una y otra vez a ver si en
algún momento consigue engañar a alguien. En algunos sitios a estos
jugadores se les llama charlatanes, pero aquí estamos en el
Parlamento. Tenga más respeto a esta institución y a sus
representantes.

Su nefasta y caótica política sobre el medicamento está provocando
que todos los meses las cifras del gasto farmacéutico aumenten sin
ningún control. En julio el aumento en el Insalud fue del 13,4 por
ciento; en agosto creció el 15,4 por ciento -son cifras oficiales-,
superior a la media nacional, que fue del 14 por ciento. Le reitero
que no están ahorrando los 65. 000 millones que tenían previstos,
sino que al final del año el déficit por consumo farmacéutico
superará los 100.000 millones de pesetas.

Sin embargo, hoy la pregunta concreta es esta y le ruego que conteste
la verdad: ¿Cuál ha sido la evolución de la deuda por suministos
farmacéuticos a los hospitales en los años 1996 y 1997?



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señora
Pozuelo.

Señor ministro de Sanidad y Consumo.




El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias, señor presidente.

Señoría, los datos que yo traigo siempre a la Cámara son los que
facilitan con toda solvencia y con todo
rigor los servicios técnicos del Insalud, que son los que me
proporcionan toda la información y que le aseguro a S.S. que actúan
con mucha más profesionalidad que la que usted demuestra con las
imputaciones falsas que acaba de hacer aquí esta tarde.

Política caótica farmacéutica, de esa tienen que dar cuenta ustedes,
que tuvieron crecimientos del 14 por ciento anual acumulativo
durante más de diez años; que fueron incapaces de reducir los
márgenes de los farmacéuticos, que eran los más altos de Europa, y
tuvo que ser est e Gobierno el que lo hiciera; que fueron incapaces
de regular la introducción de los genéricos, una práctica
generalizada en Europa, y ha tenido que ser este Gobierno el que lo
hiciera; que fueron incapaces de regular los precios de referencia, y
vamos a tener que ser nosotros los que lo hagamos; y que consiguieron
aportaciones de la industria farmacéutica que representan la
tercera parte de las que conseguimos nosotros. Esa sí que era una
política caótica farmacéutica a la que tenemos que estar poniendo
remedio con todas las medidas que estamos tomando, unas de efectos
inmediatos y otras que necesitan algún tiempo más. Ojalá las hubieran
tomado ustedes a su tiempo y nos hubieran ahorrado muchas
complicaciones.

El gasto sanitario hospitalario en el Insalud creció en 1997 sobre
1996 el 13,96 por ciento, como dije en su día y me confirman los
servicios técnicos del Insalud, y la deuda a que usted se refiere
evolucionó de la manera que le voy a señalar. En el año 1994 esa
deuda era de 4.752 millones; en el año 1995 fue de 8.589 millones;
en el año 1996 de 3. 626 millones y en el año 1997, a 31 de
diciembre, de 5.855 millones, según datos que me facilitan los
servicios técnicos del Insalud.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas
gracias, señor ministro.

Señora Pozuelo.




La señora POZUELO MEÑO: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, espero que Farmaindustria se crea esos datos;
nosotros desde luego no.

Insisto, en 1996 la deuda viva del Insalud por suministros
farmacéuticos a los hospitales fue de 22.200 millones de pesetas,
un 27 por ciento más que en 1995. En 1997, la deuda fue de 29. 000
millones, un 30 por ciento más que el anterior. El período medio de
pago pasó de 151 días en 1995 a 170 en 1997, y est a situación se ha
agravado en 1998. Pero hay más. La deuda que acumula el Insalud y su
morosidad cada vez es mayor que la del resto del territorio, donde
aumentó sólo un 6,6 por ciento.

Ministro, ayer nos enteramos que preparan nuevas medidas. Nos tememos
que sean tan ineficaces para conseguir el uso racional del
medicamento como lo ha sido el recetazo. Por fin, un año después de
acordarlo, anuncian los precios de referencia. ¿Cuál va a ser el
criterio para fijar esos precios? ¿Van a ser superiores al de



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los genéricos? ¿Cómo ayudarán a controlar el crecimiento insostenible
del gasto farmacéutico?



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Pozuelo.




La señora POZUELO MEÑO: Me temo que sólo servirán para que paguen más
de su bolsillo los ciudadanos. (Aplausos.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor ministro.




El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Señoría, la
verdad es que ahora tienen ustedes mucha prisa en que se regulen los
precios de referencia, pero estuvieron ustedes 13 años en el Gobierno y
no lo hicieron. (Rumores.) Era una figura conocida en el derecho
europeo .

Este año ha aumentado el gasto hospitalario del Insalud básicamente
por
un mayor consumo de fármacos de dispensación ambulatoria en los
hospitales, en concreto, por una mayor prescripción de
antirretrovirales, utilizados en el tratamiento del sida, y del
interferón beta utilizado en el tratamiento de la esclerosis múltiple,
en la hepatitis C y en determinadas enfermedades de piel.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.




El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Esta es la
única razón del incremento de ese gasto.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.




- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA FERNANDA FARALDO BOTANA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL
ES LA OPINIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DEL PRÓXIMO ENCUENTRO DE
REPRESENTANTES NACIONALES DEL PLAN EUROPEO DE ACTUACIÓN SOBRE EL
ALCOHOL, DE LA OMS, QUE SE VA A CELEBRAR DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE EN LA
SEDE DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO? (Número de expediente
180/001418).




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
24, que formula doña María Fernanda Faraldo Botana, del Grupo
Parlamentario Popular.

Señora Faraldo.

La señora FARALDO BOTANA: Gracias, señor presidente.

Señor ministro de Sanidad, el primer informe del Observatorio
español sobre drogas vuelve a poner encima de la mesa el problema del
consumo de alcohol. Dicho informe refleja que es la sustancia de
mayor penetración social , favorecida por la incorporación al consumo
de nuevos grupos sociales, adolescentes y mujeres, siendo el consumo
de alcohol uno de los principales problemas de salud pública, por las
enfermedades y muertes que produce, por los daños personales, familia
res y sociales que ocasiona y también por su repercusión económica.

Las proporciones que alcanzan los problemas relacionados con el
consumo de alcohol, tanto en España como en los demás países
europeos, llevó a que en 1992 los Estados miembros de la región
europea de la Organización Mundial de la Salud adoptaran el Plan
europeo de actuación sobre el alcohol, cuyo fin último es ayudar a
los Estados miembros a evitar los riesgos sanitarios y las
consecuencias sociales derivadas de su consumo.

La primera fase de implantación del plan finalizó en diciembre de
1995, con la celebración en París de la Conferencia europea sobre
salud, sociedad y alcohol. El objetivo principal de est a conferencia
era estimular el desarrollo de políticas de salud pública globales
y efectivas, alcanzando acuerdos en cuanto a sus principios
y estrategias. Tras dicha reunión, se emitió una declaración
consensuada, la Declaración de París o Carta europea sobre el
alcohol.

Transcurridos tres años de esta declaración, el próximo encuentro de
representantes nacionales del Plan europeo de actuación sobre el
alcohol se va a celebrar los próximos días 16 y 17 de octubre en la
sede de su Ministerio y es por lo que a mi grupo, señor ministro, le
gustaría conocer su opinión acerca de dicha reunión.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Faraldo.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias, señor presidente.

Señora diputada, el consumo excesivo de alcohol está relacionado con
un importante número de patologías, como recordaba S.S., e
indirectamente es responsable de un número considerable de
accidentes, tanto de tráfico como laborales. Se estima que los
costes sociales derivados de esta ingesta excesiva suponen entre el 2
y el 3 por ciento del producto nacional bruto de los países de la
Unión Europea.

Tomando en consideración estas circunstancias, la OMS incluyó como
objetivo 17, dentro del programa Salud para todos, la reducción del
consumo de alcohol en un 25 por ciento. Dentro de las actividades
previstas para alcanzar este objetivo se inscribe el Plan europeo de
actuación sobre el alcohol. Este plan está concebido como un conjunto
positivo de directrices para los Estados



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miembros, con el objetivo de reducir los riesgos para la salud y los
problemas social es que ocasiona dicha sustancia, desde una doble
vertiente, reducir el consumo global y el consumo per cápita y
reducir el consumo de alto riesgo.

El encuentro al que se refiere S. S. tiene por objetivo analizar y
debatir las estrategias y políticas sobre alcohol más efectivas en
la región europea, facilitando el intercambio de experiencias y
estableciendo las bases para el desarrollo y elaboración de un
segundo Plan europeo de actuación sobre el alcohol que garantice la
continuidad de las actividades relacionadas con el primero,
considerándose así un marco global de políticas s obre el alcohol que
sirva de referencia a las actuaciones de las administraciones.

Este encuentro será el foro adecuado para discutir las estrategias y
políticas sobre el alcohol que han resultado más efectivas en la
región europea y será el momento de establecer las bases para el
desarrollo y elaboración del segundo Plan europeo de actuación s obre
el alcohol. Está prevista la asistencia de numerosas personalidades,
expertos y técnicos responsables del desarrollo de políticas de
salud de los países de la región europea. La oportunidad de
celebrarlo en nuestro país nos permite también propiciar, impulsar y
difundir las acciones españolas en este campo. Por ello, tenemos
prevista la exhibición de los programas, carteles, folletos y demás
materiales informativos elaborados por las comunidades autónomas y
los ayuntamientos. El cuarto encuentro de representantes nacionales
del plan europeo, organizado por el Ministerio de Sanidad en
colaboración con la OMS, representa la continuidad y el avance de las
políticas sanitarias en este campo, poniendo énfasis en un lema:
alcohol, cuanto menos, mejor.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.




- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA VISITACIÓN PÉREZ VEGA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
INICIATIVAS HA ADOPTADO EL GOBIERNO PARA POTENCIAR LA COLABORACIÓN CON
LOS GOBIERNOS REGIONALES QUE NO HAN ASUMIDO LAS COMPETENCIAS EN MATERIA
SANITARIA? (Número de expediente 180/001419).




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta
número 25, que formula doña María Visitación Pérez Vega, del Grupo
Parlamentario Popular.

Señora Pérez Vega.




La señora PÉREZ VEGA: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, la Ley General de Sanidad, en su artículo 48,
establece que el Estado y las comunidades autónomas podrán constituir
comisiones y comités técnicos, celebrar convenios y elaborar
programas en
común para la mayor eficacia y rentabilidad de los servicios
sanitarios. En este contexto, la necesidad de coordinación adquiere
un especial relieve en relación con aquellas comunidades autónomas
que todavía no han asumido las competencias en materia de asistencia
sanitaria que actualmente gestiona el Instituto Nacional de Salud.

Por tal motivo se constituyeron las comisiones de coordinación de la
asistencia sanitaria, a través de las cuales los responsables de los
gobiernos regionales y de la Administración central coordinan las
políticas necesarias para la planificación de los recursos y las
mejoras de las prestaciones asistenciales.

Por todo ello, la pregunta que le formulo, señor ministro, es la
siguiente: ¿qué iniciativas ha adoptado el Gobierno para potenciar la
colaboración con los gobiernos regionales que no han asumido las
competencias en materia sanitaria?
Nada más, muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas
gracias, señoría.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias, señor presidente.

El actual equipo de Gobierno adquirió el compromiso de propiciar el
proceso de transferencias de los servicios sanitarios del Insalud a
las comunidades autónomas que todavía no tenían competencia para la
gestión de la asistencia sanitaria en un horizonte temporal que ahora
mismo situamos en la próxima legislatura. Para facilitar este
proceso ha sido necesario potenciar al máximo la coordinación y la
colaboración con las diez comunidades autónomas con transferencias
pendientes. Por ello se ha reactivado el funcionamiento de las
comisiones de coordinación, que como sabe S.S., tienen como función
mantener una estrecha y fluida colaboración entre la Administración
central y los gobiernos regionales para generar políticas conjuntas
de planificación y preparar el proceso de transferencias, logrando al
mismo tiempo mejorar la prestación sanitaria.

A diferencia de lo ocurrido en la anterior legislatura, en la que
dichas comisiones de coordinación no se habían reunido desde el año
1993, en la presente se han celebrado 18 plenos con la totalidad de
las comunidades autónomas incluidas en el ámbito de actuación del
Insalud y se han constituido en todas ellas grupos de trabajo y
ponencias técnicas permanentes para el estudio de temas específicos
y la formulación de las correspondientes propuestas. Con ello se ha
conseguido formalizar más de 25 convenios y acuerdos de colaboración
en materia sanitaria, que han permitido optimizar nuestros recursos
redundando directamente en una mejora de la atención sanitaria de los
ciudadanos. Fruto de esta colaboración, cabe resaltar que en estos
dos años se ha desarrollado el programa de detección precoz del
cáncer de mama; las bases para la coordinación funcional de los
recursos asistenciales en atención primaria y especializada, ya
fueran de titularidad estatal



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o de la comunidad autónoma; fórmulas para la adaptación
y optimización de determinados centros sanitarios; actuaciones de
carácter integral en el ámbito de la salud mental; acuerdos para la
coordinación de los dispositivos de urgencias y emergencias
sanitarias y planes de infraestructuras que pondrán en marcha las
respectivas administraciones firmantes para el próximo bienio.

Quiero concluir, señoría, manifestando la intención clara del
Ministerio de seguir profundizando en esta vía de colaboración y
coordinación facilitando así el necesario proceso de transferencias y
dotando de mayor eficacia a nuestros recursos asistenciales.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.




- DEL DIPUTADO DON FRANCISCO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMEN
TARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA: ¿EL NUEVO
FUSIL AMETRALLADORA FUSACETME 5,56 MM. PARA EL EJÉRCITO VA SER
CONSTRUIDO POR LA FÁBRICA DE ARMAS DE A CORUÑA? (Número de expediente
180/001402).




El señor PRESIDENTE: Preguntas dirigidas al señor ministro de
Defensa.

Pregunta número 8, que formula don Francisco Rodríguez Sánchez, del
Grupo Parlamentario Mixto.

Señor Rodríguez.




El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.

Señor ministro de Defensa, el Bloque Nacionalista Galego ha
seguido con preocupación desde hace años la situación crítica de la
Empresa Nacional Santa Bárbara en A Coruña y nos preocupamos de
ayudar a la búsqueda de alternativas, que para nosotros siempre
deben pasar por su vinculación a Defensa y en concreto por
convertirse en el principal contratista de armamento ligero. En
este sentido se aprobó una proposición no de ley en este Congreso de
los Diputados. Desde entonces observamos que existen siempre en los
presupuestos del Estado inversiones territorializadas en Galicia que
se vienen retrasando en su ejecución para la fabricación del fusil en
la fábrica de A Coruña. Después de pasar por algunos planes
fraudulentos, esta factoría, y a la espera de una reestructuración
que la convertiría en una empresa mixta público-privada, en los
últimos meses parece que en el comité de administración de la empresa
se afirma que realmente va a ser construido el fusil en la fábrica de
Santa Bárbara en A Coruña.

Nos gustaría que usted deshiciese todo tipo de dudas al respecto y
pudiese afirmar que la fábrica de armas de A Coruña va a construir el
fusil ametralladora para el ejército, tal como se prometió desde hace
tiempo.

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
Rodríguez.

Señor ministro de Defensa.




El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Muchas gracias, señor
presidente.

Puedo garantizarle, señoría, que la mayor preocupación por las
vicisitudes que pudiera sufrir el fusil de asalto la ha tenido el
Ministerio de Defensa. Por eso se inició hace ya tiempo un concurso
público para determinar el nuevo fusil de asalto que sería de
dotación reglamentaria en nuestras Fuerzas Armadas.

Estamos en la última fase de la evaluación económico- industrial de
las ofertas presentadas que han superado las pruebas técnicas de
seguridad y operativas. Los t res licitadores son Hecklerand Koch, de
Alemania, con su modelo G-36; Industrias Militares de Israel, con su
famoso Galil, y el SigSauer, de Suiza, con su modelo SG-550. Por
tanto, muy en breve veremos cuál de estos tres ha resultado
seleccionado en virtud de esa evaluación que estamos finalizando, y
será seguro una empresa española, seguro la Empresa Nacional Santa
Bárbara, con la que han firmado estos tres concursantes un a cuerdo de
cooperación económico-industrial, la que fabrique el fusil en
España; tan lejos como sabe el ministro de Defensa, será en la
fábrica de armas de A Coruña, pero es una decisión de la que tiene
que responder la Empresa Nacional Santa Bárbara, que está, como
sabe S.S., bajo la tutoría del Ministerio de Industria y Energía.

Gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.

Señor Rodríguez.




El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Celebramos esta clarificación porque deja
claro que la responsabilidad en último término de la entrega de la
construcción del fusil a una de las factorías dependerá de la dirección
de la Empresa Nacional Santa Bárbara. Por eso también pensamos que
sería muy importante, y así nos preocuparemos de hacerlo, conseguir
que la factoría siga vinculada al conjunto de empresas públicas y no
haya ningún tipo de intención de desvincularla a través de un
proceso de segregación que, como vemos, sería fatal en este momento.

En todo caso, seguiremos con atención no solamente la evaluación
económica en esta última fase para escoger el tecnólogo, sino también
el hecho de que la dirección de la empresa le entregue este
proyecto, como está prometido y como figura en inversiones
territorializadas desde hace tiempo y como decidió este Congreso de
los Diputados por unanimidad, a la fábrica de armas de A Coruña,
que para existir tiene que tener una parte de su trabajo vinculado a
Defensa.

Nada más. Muchas gracias.




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El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Rodríguez.




- DEL DIPUTADO DON ARSENIO FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿QUÉ ESPERA EL GOBIERNO CONSEGUIR CON LA MODIFICACIÓN DE DETERMINADOS
ARTÍCULOS DEL REGLAMENTO DE RECLUTAMIENTO APROBADO POR REAL DECRETO
1107/1993, DE 9 DE JULIO? (Número de expediente 180/001422).




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Pregunta número
28, que formula don Arsenio Fernández de Mesa, del Grupo
Parlamentario Popular.




El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Muchas gracias, señor
presidente.

Señorías, señor ministro, admitidos los fallos existentes en el
sorteo de reclutamiento del pasado año y teniendo en cuenta que el
Ministerio de Defensa y el Gobierno en su conjunto han atendido las
propuestas realizadas el pasado mes de mayo por la Comisión Mixta
Congreso-Senado para la plena profesionalización de las Fuerzas
Armadas e incluso todas aquellas reivindicaciones o comentarios que
se pudieron hacer al amparo del sorteo citado, el Grupo
Parlamentario Popular estima muy oportuno formular al ministro de
Defensa la pregunta en relación con lo que va a ser el sorteo de
este año, teniendo en cuenta sobre todo, señor ministro, que lo que
se pretende entre otras cuestiones es volver a las condiciones mucho
más flexibles que existían antes de la entrada en vigor de la Ley
del año 1991, del Servicio Militar, ya que con ello se verán
beneficiados sin ninguna duda los jóvenes españoles.

Por ello, señor ministro, y teniendo en cuenta también que desde su
Ministerio se ha elaborado un real decreto que en estos momentos se
encuentra en la fase de informe en el Consejo de Estado, como nos
comunicaba esta mañana el subsecretario del Ministerio de Defensa,
le preguntamos qué es lo que espera el Gobierno conseguir con la
modificación de determinados artículos del reglamento de
reclutamiento aprobado por el Real Decreto 1107/1993, del 9 de julio.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señoría.

Señor ministro de Defensa.




El señor MINISTRO DE DEFENSA (Serra Rexach): Gracias, señor
presidente.

Efectivamente, señoría, estamos elaborando un proyecto de real
decreto en el que se modifiquen determinados artículos del reglamento.

No fueron los fallos, señoría, del sorteo del año pasado, donde al
final quedó acreditada la igualdad de
oportunidades para todo el mundo; es que no parece lógico que sea el
azar el que determine los que deben ser declarados excedentes de cupo
en el servicio militar. Por eso ya se anunció en esta Cámara el año
pasado que arbitraríamos un conjunto de medidas, desde la elevación
de las condiciones psicofísicas de los individuos llamados a filas, a
la disminución o la rebaja de las exigencias socioeconómicas, para
que se tuviesen en cuenta en la declaración de excedentes. Se trata,
como bien sabe S.S., de armonizar el contingente necesario o anual
con las disponibilidades de la quinta de cada año. Para ello, si se
producen disparidades, deberíamos tener preparados los mecanismos,
que el año pasado no tuvimos por razones de premura, para ajustar
estas dos magnitudes.

Se ha sometido a dictamen del Consejo de Estado, como ha dicho S.S.,
un proyecto de decreto en el que consideramos la posibilidad de
utilizar, acumulativa o alternativamente, las condiciones
psicofísicas y las circunstancias socioeconómicas. No se descarta en
absoluto un sorteo final para el ajuste fino, pudiéramos decir, de
ambas magnitudes. Estará terminado próximamente ese proyecto de real
decreto, con lo cual, a buen seguro, serán razones de la índole de
las citadas las que determinarán el cupo del contingente anual.

Muchas gracias, señor ministro.




INTERPELACIONES URGENTES:



- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE POLÍTICA GENERAL EN
MATERIA HIDRÁULICA (Número de expediente 172/000113).




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Punto IV del
orden del día: Interpelaciones urgentes.

Interpelación del Grupo Parlamentario Socialista sobre política
general en materia hidráulica.

Para su presentación, tiene la palabra el señor Morlán.




El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, señora ministra de Medio Ambiente, subo
a esta tribuna para formular la interpelación, cuyo texto ya conocen
sus señorías, que hace referencia a las dudas que nos genera la
política hidráulica que está llevando a cabo el Gobierno desde el
principio de esta legislatura. Indudablemente el tema del agua es un
tema complejo -y eso lo ha dicho usted, señora ministra, en muchas
ocasiones-, es un tema difícil y en el que el consenso y el acuerdo
debieran ser la pauta de funcionamiento, pero esto no ha sido así en
los últimos años.

Esta interpelación, señora ministra, no es una interpelación dirigida
a que usted y yo hablemos de números y de cifras. ¿Por qué? Porque
coincide con la presentación en esta Cámara de los Presupuestos
Generales del Estado y con que en las próximas semanas



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vamos a analizar con detenimiento qué es lo que ha pasado con las
inversiones en obras hidráulicas y con las inversiones en su
Ministerio y cuáles son las previsiones que tiene para el próximo
año. Por tanto, creo que es bueno que nos detengamos y hagamos un
análisis de qué es lo que ha pasado hasta ahora y qué es lo que se
puede hacer a partir de aquí. Las causas para la presentación de esta
interpelación vienen motivadas por una serie de actuaciones, que no
son las esperadas por parte de su grupo político a la hora de
evaluar una política hidráulica.

Usted ha planteado en los últimos tiempos una serie de normas. El año
pasado se aprobó la convalidación de un real decreto sobre
declaración de interés general de determinadas obras hidráulicas, que
nosotros apoyamos; este año usted ha presentado otro, que sus propios
socios de Gobierno el jueves pasado decían que era un miniplan
hidrológico, y ha planteado un real decreto-ley cuya convalidación
se discutirá mañana jueves en esta Cámara. Sin embargo, se ha puesto
encima de la mesa la falta total de cumplimiento de los compromisos
que usted misma había adquirido.

Usted me puede decir, como me imagino lo hará y estoy oyéndolo a lo
largo de toda la tarde, que: trece años tuvieron. Mire, los trece
años acabaron el día 3 de marzo de 1996, fecha en que, en unas
pruebas celebradas en el conjunto del Estado español, a nosotros nos
suspendieron y a ustedes les aprobaron, y nos suspendieron por todo.

Por tanto, a partir de ese momento el Gobierno tiene la
responsabilidad de diseñar una política hidráulica. Y cuando en mayo
de 1996 se dice, de manera reiterada por su parte, señora ministra,
que se han perdido unos años preciosos, que el gran reto en materia
de gestión hidráulica va a ser poner orden en la gestión del dominio
público hidráulico, incentivando el ahorro de los usos de tan escaso
recurso y la optimización de las infraestructuras disponibles,
pensábamos que nos encontrábamos ante una nueva cultura del agua,
que es lo que usted ha dicho en sus intervenciones a lo largo de los
últimos meses y desde que asumió su responsabilidad como ministra.

Tras más de dos años de gobierno, nos encontramos en una situación
que, desde nuestro punto de vista, es confusa en cuanto a que no
existen los marcos de referencia para desarrollar una correcta
política hidráulica, es preocupante, está falta de rigor, en gran
medida es irresponsable, socialmente es desmovilizadora y
territorialmente es desvertebradora, en razón a que las decisiones
que se han ido tomando a lo largo de esta legislatura han provocado
una situación, como he dicho anteriormente, confusa. ¿Por qué se
genera esta confusión a la que hago referencia, señora ministra?
Veamos. El día 30 de mayo de 1996, usted dice en esta Cámara: Me
comprometo a tramitar conjuntamente ante el Consejo de Ministros la
aprobación definitiva de los planes de cuenca, del Plan hidrológico
nacional y del Plan nacional de regadíos. El 24 de septiembre de
1996, cuatro meses después, ya cambia de criterio e introduce el
compromiso de elaborar el
famoso libro blanco del agua al inicio de 1997; en segundo lugar, de
reformar la Ley de Aguas antes del 31 de diciembre de 1996 y, a
continuación, elaborar el Plan hidrológico nacional, como paso
previo al Plan nacional de regadíos a principios de 1998. El 25 de
septiembre de 1996 decía que antes del 31 de diciembre de 1996 se
remitirá la ley de reforma de medidas urgentes en política de agua y
después el Plan hidrológico nacional. El 8 de octubre de 1996 se
acordó por unanimidad en esta Cámara, entre otros temas, los
siguientes: remitir a la mayor brevedad posible el Plan hidrológico
nacional, para que, tras ser debatido, se apruebe en esta
legislatura; en segundo lugar, proceder a la revisión del título VI
de la Ley de Aguas en las condiciones que se indicaban en la moción;
en tercer lugar, remisión semestral a esta Cámara del informe sobre
el Plan hidrológico nacional, desarrollo de la Ley de Aguas y de las
medidas que se adopten por el Gobierno en gestión hidráulica y que se
elaboren por el Consejo Nacional del Agua. Y el 15 de octubre de
1997 se volvía a rechazar por parte de ustedes una moción derivada de
una interpelación del Grupo Socialista, también sobre política de
agua y cuyo contenido era muy razonable, dadas las circunstancias y
los tiempos en que vivíamos.

Mientras todo este proceso de confusión se producía, ustedes han ido
haciendo de las suyas, dando la impresión de que la política
hidráulica iba viento en popa. Su imagen y su presencia casi
reiterada vendiendo lo que no se hace han venido acompañadas de
varios hechos sintomáticos y curiosos. Con los dos reales decretos-
leyes a los que he hecho referencia anteriormente (como ya dije el
jueves pasado, en el último de ellos se trataba de obras iniciadas,
de obras en fase de ejecución o de obras ejecutadas; en fin, obras
que ustedes entendían que tenían que ser incluidas y que nosotros
-¿se acuerda, señora ministra?- apoyamos, a pesar de que no nos gustaba
ni la forma ni parte de su contenido), bajo nuestro punto de vista,
se pretendía eliminar una serie de trabas que podían surgir en el
funcionamiento de las sociedades de aguas que ustedes habían
constituido en las cuencas hidrográficas; pero, indudablemente, eso lo
sabremos con el transcurso del tiempo. Lo que sí es cierto es que la
forma de ese real decreto-ley no era la más correcta. Por cierto, hoy
nos ha llegado la memoria de ese real decreto-ley que usted nos
presentó el jueves pasado. Hoy, con una semana de retraso. Creo que
ésta no es manera de funcionar.

En el mes de agosto, ustedes hacen otro real decreto que aprueba los
planes hidrológicos de cuenca, si n incluir Canarias y Baleares. Si
son actuaciones en aguas que tienen que aprobar las propias
comunidades autónomas, ¿por qué razón se incluyen las cuencas
catalanas y no se incluyen las de Canarias y Baleares? Ésa es una
duda que me gustaría que usted aclarara, porque sabemos quién tiene
que aprobarlas, pero también sabemos que, dentro de una
planificación hidrológica, dentro de una norma que aprueba todos los
planes de cuenca, debería estar incluida toda aquella actuación



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en aguas que haya en el conjunto del Estado. Hay un dictamen del
Consejo Económico y Social sobre el anteproyecto de ley de reforma
de la Ley de Aguas que supone un fuerte varapalo para usted. Valora
desfavorablemente la pretensión de crear un mercado de los derechos
del agua. Nos gustaría saber si ese dictamen ha tenido algo que ver
con el incumplimiento del plazo que usted se marcó para presentar en
esta Cámara la reforma de la Ley de Aguas.

La Unión Europea debate en estas fechas sobre una nueva directiva-
marco de política de aguas, que seguramente va a ser aprobada antes de
final de año, de alta incidencia sobre la calidad de las aguas, que
es necesario contemplar en nuestra legislación y que va a tener una
fuerte incidencia en el sector agrario, en los regantes. Lo digo
porque el artículo 12 de esa propuesta de directiva no aprobada dice
que en el 2010 a más tardar los Estados miembros garantizarán la
recuperación íntegra de todos los costes de los servicios
correspondientes al uso del agua, desglosándolos al menos en hogares,
industria y agricultura. Y, cuando vamos a la propia directiva y vemos
qué es recuperación íntegra de todos los costes, nos encontramos con que
la definición que da es en cierta medida preocupante porque modifica una
cultura, una forma de trabajar en esta sociedad española que tiene
que ser tenida en cuenta a la hora de tomar las decisiones políticas
en materia hidráulica. Dice que la recuperación íntegra de los costes
supone el pago por el usuario, mediante precios o cuotas, de los
siguientes elementos del coste de todo servicio prestado en
relación con el uso del agua: costes de explotación mantenimiento,
coste de mantenimiento de los equipos, costes de inversión y reservas
para futuras mejoras y ampliaciones. Es decir, los regantes, los
usuarios del agua en general, dentro de un tiempo van a tener que
hacer frente a unos costes, a un precio del agua que desde luego no
tiene nada que ver con el que hay actualmente. Si no se lleva a cabo
algún tipo de medidas, algún tipo de fórmulas o de propuestas por
parte del Gobierno encaminadas a analizar y a ver qué soluciones
tienen estas posibles incidencias de est a estructura de costes,
indudablemente va a haber más problemas de los necesarios.

Tampoco recoge la Unión Europea en esta propuesta de directiva, o si
lo recoge habrá sido últimamente, desde luego después de la
conferencia suya en Santander, las referencias a inundaciones o
sequías. Porque el problema en España no es solamente de calidad,
sino de cantidad. Hay zonas secas y zonas húmedas y no pasa como en
otros sitios donde t odas las zonas son húmedas más o menos. Aquí no,
aquí hay sequías y hay inundaciones. Y es bueno que la Unión Europea,
a la hora de adoptar medidas sobre la política de agua, contemple
cuáles son los problemas que tenemos en nuestro país, como lo
contempla en otros sitios.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Morlán,
le ruego vaya concluyendo.

El señor MORLÁN GRACIA: Sí, señor presidente, voy a acabar en
seguida.

Por esto me gustaría saber qué medidas ha tomado el Gobierno para
que est a incidencia sea minimizada en la sociedad española.

Señoría, permítame que le haga una serie de preguntas que espero que
conteste y que tienen que ver con lo que he expuesto hasta ahora.

¿Cuándo se va a traer a esta Cámara la reforma de la Ley de Aguas?
¿En qué va a consistir, si usted nos puede adelantar algo? ¿Qué
incidencia ha tenido en esta demora el dictamen del Consejo Económico
y Social? Porque entendemos que sí ha sido fuerte el varapalo que
ha recibido usted. ¿Cuándo va a conocer esta Cámara el contenido de
los planes hidrológicos de cuenca? ¿Se ha incluido en estos planes el
plan general de gestión de cuenca que establece la propuesta de
directiva? ¿Se piensa hacer en cumplimiento de la misma directiva?
¿Incluyen los planes hidrológicos de cuenca el calendario para
aplicar la recuperación íntegra de los costes hasta el año 2010? ¿Va
a haber una referencia explícita a Baleares y Canarias? No es
obligatorio hacerlo, pero se hace con otro tipo de cuencas.

En Santander, señoría, enseñó el libro blanco y lo hizo ante unas 150
personas que estábamos en la sala donde se celebraba la conferencia.

La verdad es que yo lo único que vi fue su mano, no el documento. Me
gustaría saber si ese libro blanco que usted, según parece, anunció
en el Senado que iba a estar aprobado en próximas fechas piensa
presentarlo en esta Cámara, porque creo que los grupos políticos
deberíamos tener inmediatamente ese documento de reflexión, que,
si estaba en Santander, me imagino que ahora con más razón tendría
que estar en est a Cámara. Por último, ¿cuándo prevé aprobar el Plan
hidrológico nacional por parte del Gobierno y traerlo a esta Cámara
para que se cumpla uno de sus compromisos, que es que en esta
legislatura se apruebe?
Como ve, señora ministra, son preguntas, son cuestiones que pongo
encima de la mesa y que pido que usted las conteste, porque
constituyen los elementos básicos de una política de agua en este
país, constituyen las bases fundamentales para saber cuáles han de
ser los objetivos, los criterios y las directrices que tienen que
partir de su Gobierno.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Morlán,
le ruego concluya.




El señor MORLÁN GRACIA: Sí , señor presidente, ahora mismo acabo.

Las directrices para llegar a conseguir que, en política de aguas,
pueda haber el máximo consenso y el máximo acuerdo entre todos los
grupos políticos, porque, como le he dicho al principio, es complejo,
es difícil y desde luego ustedes solos no lo podrán hacer. Y con la
colaboración de los demás grupos políticos me imagino que sí podrían
hacerlo.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.




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El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Morlán.

Para contestar, en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora
ministra de Medio Ambiente.




La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Gracias,
señor presidente.

Señorías, señor Morlán, subo con mucho gusto para despejar esas dudas
que S.S. dice que tiene en este momento, pero que de sus mismas
palabras han quedado despejadas. Dice que no existía política
hidráulica y por otra parte reconoce que se diseñó una política
hidrológica. Después de leer párrafos de mi primera comparecencia, la
comparecencia que pudiéramos llamar programática, que fue a los pocos
días de mi toma de posesión, concretamente el 30 de mayo de 1996 en
esta Cámara, hoy S.S. dice que se les abrió una puerta a la
esperanza. Me gustaría que SS.SS. repasaran las respuestas que
entonces recibí del Partido Socialista, porque descalificaban por
completo lo que era una comparecencia programática de lo que iba a
ser, entre otras competencias del Ministerio, la política hidráulica.

La verdad es que no era eso lo que pensaban entonces. No
les pareció correcta. Y hoy empiezan diciendo que no existía y que
les presenta dudas. Sinceramente he de decirle que esas fechas que
usted ha dado -en las que yo en esa primera comparecencia programática
pude haberme comprometido, el 30 de mayo de 1996, cuando fijé unos
calendarios- es probable que no se hayan cumplido con exactitud en
meses o días, pero créame que la esencia de la política hidráulica
no es el cumplimiento exacto del mes y del día del compromiso. Desde
mi punto de vista, esos calendarios pueden ser unas referencias muy
importantes para organizar un trabajo y creo que hice un ejercicio
realmente importante para que supieran todas SS.SS. que así era como
pensábamos administrar el tiempo. Lo que a mí me parece importante
realmente es el programa de trabajo que ahí se diseñó, señor Morlán,
y el orden conceptual que se anunció es lo que creo que debemos
destacar, porque existía una política hidráulica y existía un
programa de trabajo en un orden conceptual marcado por la legislación
de aguas que nos comprometíamos a desarrollar a lo largo de esta
legislatura.

Estamos terminando el paso del ecuador de esta legislatura y he de
decir a S.S. que esos plazos, que a lo mejor en los meses no se han
cumplido, sí se están cumpliendo en el programa de trabajo, programa
y orden conceptual que fijé el 30 de mayo de 1996, en esa
comparecencia que he denominado programática y que sigo manteniendo
al día de hoy. En ese programa se decía, por orden cronológico, que
había que aprobar los planes hidrológicos de las cuencas que aún no
estaban aprobados. Eso se hizo, S.S. lo sabe perfectamente,
aprobándolo los consejos de cada cuenca a lo largo del año 1997.

Aprobados los planes de cuenca en las mesas de cada una, había que
pasar al informe preceptivo, que no vinculante, del Consejo Nacional
del Agua, del máximo órgano consultivo en materia de
aguas, que desde el año 1994 no se había reunido. Se reunió en el año
1998 y se convocó para que hicieran ese informe, que fue hecho en
abril de este mismo año. Con ese informe, se pudieron presentar ya
al trámite siguiente, al Consejo de Ministros, para su aprobación,
esos planes de cuenca, que fueron aprobados el 28 de julio de este
mismo año. El paso siguiente, que no lo exige la legislación pero
al que nosotros nos comprometimos desde un principio, era que
queríamos que se estableciera una política consensuada en materia
de aguas, ya que siempre hemos defendido, y lo mantengo una vez más,
que la problemática de la política hidrológica es una problemática
de Estado, el problema del agua es un problema de Estado. Y si
queremos acabar definitivamente con las históricas guerras del agua,
tenemos que llegar a una política hidrológica consensuada.




Para conseguir que el Plan hidrológico nacional no respondiera a una
simple dinámica de la matemática parlamentaria, decidimos, y así lo
anunciamos en esa comparecencia y dijimos que era bueno, al igual
que se hace en la Unión Europea, presentar un libro blanco del agua,
donde diéramos a conocer, no sólo a esta Cámara, sino a toda la
sociedad española que tenga alguna implicación en el tema del agua, el
diagnóstico de la situación hidrológica de este país. Y, con el
conocimiento exacto, con datos, de los recursos hídricos de los que
dispone España, unido al conocimiento exacto de las demandas
reconocidas en cada una de las cuencas y la distribución de los usos
que tienen asignados cada uno de los usuarios de esas cuencas, se
viera de qué estábamos hablando, en qué cuencas es deficitaria España
y por qué razones, en qué cuencas podía ser excedentaria, si lo era,
y en qué condiciones y qué es lo que habría que hacer para solventar
el problema de aquellas regiones.

No sólo porque el agua es un bien primario y esencial para la calidad
de vida de los ciudadanos, sino porque es un bien íntimamente ligado
al desarrollo económico y social de cada una de las comunidades
autónomas, no podemos consentir el estrangulamiento de algunas
regiones por escasez de agua. Por eso, cuando utilizáramos todos los
recursos a nuestra disposición, incluso los llamados recursos no
convencionales, el siguiente punto era reformar la Ley de Aguas,
para que nos permita tener el respaldo jurídico para utilizar todos
los usos no convencionales. Me refiero al tratamiento de aguas y el
reciclado para su reutilización y la mejor explotación de las aguas
subterráneas. Y cuando hablo de la mejor explotación me refiero a la
mejor gestión, porque hay acuíferos sobreexplotados, como sabe S.S. ,
que no podemos seguir manteniendo en esa situación. O hablo de la
necesidad de acudir a la desalación, en un país como España, que
tiene ocho mil kilómetros de costa, cuando la tecnología está ya tan
desarrollada que la competencia hace que sea mucho más económica el
agua proveniente de las desaladoras. Para todo esto necesitábamos
poner en marcha la reforma de la Ley de Aguas.




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Por eso seguimos cumpliendo ese camino que en política hidráulica
trazamos el 30 de mayo de 1996. Aprobados los planes de cuenca, el
Consejo de Ministros conoció el libro blanco del agua ese mismo día.

Es lógico que los ministros tengan la oportunidad de conocer el
último borrador del libro blanco del agua para que, una vez aprobado
por los ministros que tienen más relación con la política
hidrológica, y son muchos, se pudiera presentar en un debate abierto
a toda la opinión pública, empezando por esta Cámara. Esa fue la
razón por la que, cuando pronuncié esa conferencia en Santander en
el mes de septiembre y a la que S.S. ha hecho referencia, tuve
ocasión de decir que el libro blanco del agua estaba en Consejo de
Ministros para ver los añadidos y modificaciones que consideraran
oportunos algunos ministros y que posteriormente lo presentaríamos,
en primer lugar en la Cámara legislativa. Y he de decir a S.S.,
porque quizá no lo conozca, que he solicitado la comparencia, pero se
ha preferido que lo haga en la Cámara territorial y así me lo han
solicitado, por lo que, en vez de celebrar el primer debate en esta
Cámara, se hará en el Senado, para que en este mes de octubre conozca
el libro blanco del agua. A partir de ahí continuaremos ese debate
social, un debate académico, un debate con los regantes y con los
usuarios, para que todo el mundo pueda tener la oportunidad de
conocer la situación real de carencias, de excesos, de necesidades,
de usos y demandas, y que, con el respaldo jurídico que ya nos ha
dado la primera planificación hidrológica, que son los planes de
cuenca, se pueda abordar definitivamente el Plan hidrológico
nacional. Ésa es la intención del Ministerio y reitero que eso fue
lo que anunciamos y el compromiso que adquirimos en nuestra primera
comparecencia el 30 de mayo de 1996, porque fue el compromiso del
presidente del Gobierno en su debate de investidura, fue precisamente
traer a esta Cámara, para su debate en esta primera legislatura que
termina en el año 2000, el Plan hidrológico nacional.

Créame, señoría, que se están cumpliendo todos esos plazos en este
momento en la medida en que todos los pasos anteriores se han venido
dando. Si a lo mejor no fue en el mes equis que yo en el mes de mayo
de 1996 anuncié, créame que no estoy hablando de un fantasma, sino de
realidades. La propia reforma de la Ley de Aguas fue presentada al
Consejo Asesor de Medio Ambiente y a la conferencia sectorial el 21
de febrero y el 23 de marzo del año 1997, para su estudio por los
grupos del agua.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
ministra, le ruego vaya concluyendo.




La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Voy
terminando, señor presidente.

Por tanto, ya existía ese borrador.

Señor presidente, termino diciendo que, si el calendario parlamentario
nos lo permite, en el trámite que vamos a empezar de debate de
los presupuestos, es la intención del Ministerio de Medio Ambiente traer
también a esta Cámara, antes de que finalice el año 1998, esa reforma de
la Ley de Aguas, que, como le digo, en sus distintos borradores ha si do
negociada y consensuada con los distintos sectores implicados, que la
conocen muy bien. Por eso, sin ningún triunfalismo, decimos que se
ha iniciado en España un diálogo que ha producido frutos muy
gratificantes de consensos muy importantes, como se han plasmado en
votaciones prácticamente unánimes, 59 votos a favor y uno en
contra, por ejemplo, en la aprobación de los planes de cuenca, en
esas mesas de cuenca donde se reúnen hasta nueve comunidades
autónomas y muy distintos sectores afectados, de usuarios y de
regantes y con intereses muy controvertidos en ocasiones, como
puede ser la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha con la
Comunidad Autónoma Valenciana. Por tanto, habiéndose conseguido esos
consensos, no puedo compartir con S.S. que la política hidráulica
ofrezca semejantes dudas en este momento, que sea preocupante, que
le falte rigor, que sea irresponsable y que socialmente no esté
siendo aceptada. Yo quiero entender que S.S. lo que pretende es
colaborar con mayor intensidad aún en los siguientes pasos que
tenemos que seguir dando, empezando por ese debate del libro blanco,
por ese debate de la reforma de la Ley de Aguas. Créame que de esta
forma S.S. también podrá colaborar para que el Plan hidrológico
nacional pueda ser presentado en esta Cámara antes de que finalice
esta legislatura en el año 2000. Únicamente quiero recordar que la
directiva de aguas de la Unión Europea, tal y como S.S. ha dicho,
todavía no ha sido aprobada, pero escuchando sus palabras he pensado
que quizás S.S. había tenido la posibilidad de acceder a las actas
de los consejos de ministros de la Unión Europea, en los que he
tenido ocasión de manifestarme precisamente en el mismo sentido que
expone S.S., porque no es cuestión de ideologías políticas, es
cuestión de defender los intereses de España. Y los demás países de
la Unión Europea no necesitan acudir a las obras de regulación que
necesitamos en nuestro país, que son tan costosas, y que, si tienen
que repercutir en los usuarios y en los regantes, no pueden ser
asumidas por ellos.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora
ministra.




La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Hemos
debatido este problema de los precios, como hemos debatido que no se
podrá hablar de cantidad separándolo de la calidad ni se podrá tener
una buena calidad si no se tienen en cuenta los problemas de
inundaciones y de sequías que lamentablemente a veces provoca la grave
situación meteorológica que vive España, tan extrema en algunas
ocasiones.

Gracias, señor presidente.




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El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora ministra.

Señor Morlán.




El señor MORLÁN GRACIA: Muchas gracias, señor presidente.

Señora ministra, después de su intervención he tenido la sensación de
estar releyendo las actas de esta Cámara, en las que usted exponía
los criterios de su política hidráulica, tanto su programa inicial
-que es el acta a la que he hecho referencia al principio- como las
contestaciones que dio a doña Cristina Narbona y al señor representante
de Izquierda Unida en las dos interpelaciones que ha
habido en estos dos últimos años.

A ver si no nos confundimos, señora ministra. Yo no he dicho que yo
estuviera en contra de la política hidráulica que hizo mi Gobierno.

He dicho que usted vino aquí, en esa fecha que le he indicado, y dio
la impresión por sus palabras de que lo que nosotros habíamos
hecho estaba mal y que lo que usted ofrecía era algo así como la
piedra filosofal para la solución de los problemas del agua. Desde
ese momento en que parecía que usted quería instaurar una nueva
cultura del agua en este país, en que hablaba de la eficiencia de los
recursos que tenemos -de los que también nosotros hablamos-, de
mejorar la calidad de las aguas -y también nosotros hablamos-, por
todo lo dicho desde esa fecha hasta ahora pensaba yo que usted lo
iba a plasmar en documentos escritos que íbamos a discutir en esta
Cámara. Lo único que he visto desde esa fecha hasta ahora han sido
dos reales decretos- leyes, en virtud de los cuales se declaraban de
interés general determinadas obras hidráulicas, y veremos mañana la
convalidación de un real decreto-ley sobre asignación de créditos
extraordinarios para determinadas obras hidráulicas y muchos
compromisos, pero ninguna realidad práctica.

Ha puesto encima de la mesa todo lo que es el desarrollo de un Plan
hidrológico de cuenca, lo que ha sido el Consejo Nacional del Agua.

Por cierto, el Consejo Nacional del Agua acordó también que los
planes hidrológicos de cuenca llevarían una evaluación ambiental de
las posibles incidencias que tendría su desarrollo, y eso no se ha
llevado a cabo. Usted sabe perfectamente cuáles son las resoluciones
del Consejo Nacional del Agua y sabe que se produjo de esa manera. El
problema no es que conozcamos o no el esfuerzo que está haciendo el
Ministerio para que las cosas salgan bien. Ahora a lo que me refiero
es a su incumplimiento de unos plazos, y no estoy hablando de meses.

Desde diciembre de 1996, estamos casi en diciembre de 1998 y no
tenemos reforma de la Ley de Aguas. Usted dice que va a llegar antes
de fin de año. Así lo espero. Veremos si usted sigue manteniendo esas
medidas privatizadoras que se anunciaban y que rechazaba el Consejo
Económico y Social. (El señor vicepresidente, Beviá Pastor, ocupa la
Presidencia.) También dijo y ha dicho que el Plan hidrológico
nacional iba a
ver pronto la luz, si no he entendido mal; lo que no sé es cuánto es
ese pronto, porque el pronto que me dijo hace dos años no se ha
cumplido todavía.

Es necesario, señora ministra, que se despejen determinadas dudas. Es
necesario que sepamos con qué instrumentos está jugando usted y con
cuáles tenemos que entrar a participar, a colaborar o a consensuar
los demás grupos políticos, en tanto en cuanto respondan a las ideas
que tenemos de la gestión correcta de la política hidráulica. En ese
terreno, usted no ha hablado todavía de una serie de compromisos que
nosotros le pedimos.

Ha aprobado todos los planes hidrológicos de cuenca. De acuerdo. No
los conocemos. ¿Por qué no nos los manda? Aunque sean quince mil
folios; no se preocupe, que los estudiaremos con muchísimo cariño.

Entonces veremos qué va a pasar cuando se aplique la directiva de la
Unión Europea y qué pasa con el libro blanco. Una cosa que me
gustaría que me aclarara, señora ministra: la directiva de la Unión
Europea que usted conoce mejor que yo, porque para eso ha estado
discutiéndola -según me dice- en todos los Consejos de Ministros de
la Unión Europea, y el libro blanco deberían tener algún tipo de
incidencia en los planes. ¿Supone que los van a modificar después?
¿Supone que ustedes van a incluir dentro de los propios planes lo
que dice la propuesta de la directiva que tengo encima de la mesa,
que dice que los Estados miembros fijarán un calendario para la plena
aplicación de las disposiciones del presente artículo, que es el
artículo 12, que le he indicado antes? ¿Los detalles de dicho
calendario se incluirán en los planes de gestión de cuenca previstos
por el artículo 16? Le estoy pidiendo que nos exponga con claridad
cuáles son las respuestas a estas dudas, muy razonables, que ponemos
encima de la mesa. No le estoy pidiendo ninguna cosa rara.

La reforma de la Ley de Aguas no va a salir con el consenso que usted
solicita. Tanto los sindicatos como los expertos como las
asociaciones agrarias como los ecologistas la rechazan y tienen muy en
cuenta el informe que ha elaborado el Consejo Económico y Social. Lo
que me gustaría saber es si la reforma que usted va a presentar antes
de final de año es la misma que conocemos. ¿Por qué? Porque todo eso
tiene incidencia en la gestión del agua y todo eso va a tener
incidencia en lo que ha de ser nuestra posición favorable a que el
agua, como usted ha dicho, es un tema de Estado. Nosotros no
queremos entrar en las guerras territoriales en las que ustedes
entraron para desgastar al Gobierno en la pasada legislatura. No
queremos que pase eso, queremos ser leales. Vamos a esperar a tener
toda la información sobre cuál es su política de agua para ver qué va
a suceder en este país en los próximos años. Créame que la directiva
comunitaria a la que he hecho referencia antes, y que usted también
ha comentado, va a tener mucha incidencia.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señor Morlán, vaya
concluyendo.




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El señor MORLÁN GRACIA: Sí, señor presidente, ahora mismo acabo.

Si no somos capaces de llegar a algún punto de entendimiento no
podremos avanzar en ninguna dirección y siempre tendremos encima de
la mesa el agua como un asunto sugerente para atacar y criticar la
acción de uno u otro Gobierno, ya que esto no se acaba hoy.

Señora ministra, yo le agradezco que usted se haya comprometido al
decir que antes de final de año va a estar aquí la reforma de la Ley
de Aguas. Comprométase a decir cuándo se va a presentar el libro
blanco o si lo va a remitir a los grupos parlamentarios, porque
también tenemos derecho -a pesar de su presentación en el Senado,
donde estaremos- a disponer de ese documento, que sin lugar a dudas
será muy interesante. También me gustaría que usted se
comprometiera a señalar cuándo va a llegar ese Plan hidrológico
nacional a esta Cámara. No se preocupe, ya discutiremos; ya
hablaremos de cuencas deficitarias y excedentarias; ya hablaremos de
recursos disponibles o no; ya hablaremos de cuáles son las mejores
fórmulas para mantener una calidad del agua acorde con los tiempos
actuales y con el pensar de la sociedad, que poco a poco va
entendiendo que el agua es un elemento cada vez más fundamental y más
importante para su desarrollo.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Morlán.

Señora ministra.




La señora MINISTRA DE MEDIO AMBIENTE (Tocino Biscarolasaga): Quiero
decir a S.S. desde la tribuna que cuando se habla del «Diario de
Sesiones» las impresiones o los juicios de valor sobran. Di ce S.S.

que le daba la impresión. No; se lee lo que se dice y ya no se
necesitan más juicios de valor. Si se tiene el «Diario de Sesiones»,
se lee y no son impresiones porque lo que está dicho está dicho.

Le agradezco que reconozca que el iter por el que me preguntaba es
el que se está cumpliendo, el desarrollo, eso es lo que tenemos que
hacer. También quiero recordarle en cuanto al Plan hidrológico
nacional que el compromiso que se asume es que vea la luz y se debata
en esta Cámara en esta primera legislatura.

Me pregunta con qué instrumentos jugamos. Yo no juego con ningún tipo
de instrumento, me remito a poner en marcha los instrumentos que la
Ley de Aguas, desde el año 1985, otorgó a cualquier Gobierno. La Ley
de Aguas reconoce que el mejor instrumento para evitar ese
estrangulamiento del desarrollo socioeconómico en materia de aguas es
la planificación hidrológica. Por tanto, es el Plan hidrológico
nacional el mejor instrumento, desde el año 1985, repito. Y para
lograr el Plan hidrológico nacional se necesitaba aprobar otra serie
de planes como son los planes de cuenca. Lo que hemos hecho en estos
dos años es aprobar esos planes
de cuenca, porque para continuar ese iter, para llegar a esa
planificación hidrológica de la que habla la Ley de Aguas hacía falta
cumplir el artículo 38 de la Ley de Aguas.

Yo no voy a sacralizar los planes de cuenca, ni siquiera porque los
haya aprobado este Gobierno y con consensos -S.S. conoce las
votaciones-; sencillamente voy a decirle que esos planes de cuenca no
se han modificado ni por el Consejo Nacional del Agua, que no tiene
competencia para modificarlos, ni por el Consejo de Ministros, que sí
tiene competencia para modificarlos. Los hemos asumido t al y como
han venido reconociendo, como hace el informe del Consejo Nacional
del Agua, que dice que ni siquiera en su metodología pueden ser
homologables porque existen, efectivamente, distintos criterios,
aunque sólo sea porque se han elaborado en distintas cuencas
hidrológicas y aunque sólo sea porque empezaron en el año 1986 y han
terminado de elaborarse en los años 1997 y 1998. Por esa razón es por
la que, lógicamente, se necesita al final una homologación, que es
en lo que consiste el Plan hidrológico nacional y en lo que estamos
trabajando. Señoría, he de decirle que esos planes de cuenca nos
sirven como primer instrumento de planificación. A partir de ahí
tenemos que seguir hablando del Plan hidrológico nacional.

Yo no tengo que decirle en qué consisten los planes de cuenca. Le
remito -usted debe de conocerlo muy bien- al artículo 38 de la Ley de
Aguas que es donde se dice, primero, que son ese instrumento de
planificación y, segundo, que son un inventario de recursos
hidráulicos. No hemos tenido que traer a debate nada a est a Cámara
porque la Ley de Aguas no prevé que se traigan documentos escritos
aquí para debatir cuando se habla de planes de cuenca, porque está
estipulado dónde hay que debatir, dónde hay que negociar y consensuar,
como se ha hecho, los planes de cuenca: en las mesas y en los
consejos de cada cuenca. Ahí es donde se ha conseguido esa
unanimidad. Si lo que S.S. dice es que no conoce los planes de cuenca
tiene libre acceso, no por ser diputado sino como cualquier
ciudadano español, a la información que solicite. Lo que sí me a
permitir, porque no hay dinero, es que no entreguemos a cada
ciudadano todas las copias de los planes de cuenca, que ocupan varios
armarios. Su señoría como cualquier otro ciudadano español tiene
pleno acceso a la información desde el día 28 de julio, fecha en que
lo aprueba el Consejo de Ministros, si tiene interés, aunque no
esté en el registro de esta Cámara, porque no es obligación ni
incumplimiento de la ministra de Medio Ambiente.

Le agradezco el interés que dice que tendrá el libro blanco que se va
a presentar en el Senado, y que sin duda también se podrá debatir en
esta Cámara. Me pide S.S. que no me preocupe y quiero responderle que
no tengo preocupación porque estoy segura de que si de verdad lo que
S.S. ha plasmado como intenciones como son la eficacia, la calidad de
las aguas y, en definitiva,



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acabar con la guerra de las aguas en España, vamos a poder contar con
su apoyo y con el de su grupo.

Gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Muchas gracias, señora
ministra. ¿Grupos parlamentarios que deseen intervenir en el debate?
(Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Ríos.




El señor RÍOS MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente, señorías.

Señora ministra, es cierto que hablamos mucho de agua últimamente.

He tomado nota de dos precisiones en el debate que ha tenido usted
con el portavoz del Grupo Socialista porque me han gustado. Una es
totalmente nítida y contundente: Lo que está dicho está dicho. El
problema, señora ministra, es que uno es esclavo de sus palabras y
dueño y administrador de su silencio, y usted brilla precisamente
por lo contrario.

En la interpelación que yo presenté, en el mes de septiembre del año
1996, usted se comprometió ante esta Cámara con una actuación
concreta: aprobación de planes de cuenca, presentación de un libro
blanco para que durante un año tuviéramos ese libro blanco al que
usted le daba tintes y contenidos, cuya misión no era una recopilación
de datos -decía usted- si no empezar a delimitar un
escenario, a marcar las coordenadas y decir cuáles eran los criterios
mediante los cuales se pretendía un debate político hidrológico
para todo el Estado. Eso es lo que iba a hacer el libro blanco y,
después, íbamos a tener un plan hidrológico. El calendario que
usted marcó -me decía que yo era demasiado impertinente, porque era la
cuarta vez que lo reiteraba en el mismo día, porque venía del Senado-
decía lo siguiente: Ya le he anunciado que el compromiso del
Gobierno es que antes del 31 de diciembre del año 1997 tendremos el
plan hidrológico, bastante antes. Ésas fueron sus palabras. Pero
puestos a hablar de esto, el otro día, que discutimos del miniplan,
usted dijo desde esta tribuna, esgrimiendo una memoria con datos y al
hilo de la autorización que le dimos para la declaración de interés
general y de libre ocupación para hacer frente a los compromisos que
no le habían funcionado, lo siguiente: Digo cuál es la intención del
Gobierno, manifestada en una memoria económica que esta misma mañana
tendrán todos ustedes porque la voy a distribuir personalmente, y
ahora sí, a cada una de sus señorías. ¿ Se ha distribuido esa
memoria? ¿Ha llegado a la Cámara? Hoy habrá llegado, pero ese día no
se distribuyó.

Este compromiso viene acompañado del compromiso del debate de
investidura del señor Aznar. Fíjese en el calendario del señor Aznar,
que, cuando responde al portavoz socialista, entonces el señor
González, dice: Procuraremos hacer en los meses próximos y en los
años próximos lo que ustedes no han hecho en trece años.

En relación con
el plan hidrológico, lo mejor que podría hacer
usted, permítame que se lo diga, es aprovechar la gran tarjeta de
visita que ti ene usted en su mano: que está lloviendo. Mientras hay
agua y llueve es el mejor momento de hablar del agua, cuando venga la
sequía no nos ponga a discutir de agua que vendrán complicaciones.

Un plan hidrológico no es una suma de peticiones. Usted ha dicho
aquí, como una cosa positiva, lo siguiente: hemos aprobado todos los
planes de cuenca que han venido de cada sitio. Fabuloso, pero es que
unos con otros son contradictorios. ¿Cómo va los va a colocar? ¿Con
qué orden? ¿Con qué prioridad? Ése es el libro blanco, ése es el plan
hidrológico, eso es lo que no tenemos, además de los planes de
cuenca, que tampoco tenemos.

Me gustaría que usted se leyera lo que decía el Consejo del Agua.

Señalaba que servía para poco porque no había habido unas directrices
comunes de política de ahorro, de calidad de agua, etcétera. ¿Sabe
cómo terminábamos aquella interpelación mía de septiembre del año
1996? Con una moción que aprobamos aquí, y mire usted lo que
aprobamos. Primero, remitir a la Cámara, en el plazo más breve posible,
un Plan hidrológico nacional que permita abordar con éxito su
aplicación, en coordinación con los planes hidrológicos de cuenca
y con el Plan nacional de regadíos. ¿Se ha hecho? ¿Se ha conseguido
hacerlo en coordinación con esos dos instrumentos? Ni con el Plan de
regadíos, que, por un lado, habla de un millón de hectáreas nuevas y,
por otro, de dos millones de regadíos nuevos, y resulta que no hay
agua para regar lo que tenemos. Yo no sé qué es lo que están
planteando ustedes. Pongan orden.

Fíjense en las prioridades de que se hablaba. Las prioridades deben
orientarse preferentemente hacia la gestión de la demanda, fomento
del ahorro, reutilización racional de los recursos hídricos. Con todo
ello - se decía- en esta legislatura aprobaremos un plan. Hoy usted
no ha dicho aprobaremos, sino que presentará. El gran fracaso del
anterior Plan hidrológico nacional , señora ministra, es que se
presentó y fuimos a las elecciones. No nos presente un plan en el mes
de diciembre, vísperas de elecciones, para preguntar quién está de
acuerdo con usted y quién esta en su contra. ¿Ésa es la forma de
consensuar que tiene usted? ¿Ha abierto usted diálogo? ¿Le digo la
secuencia del diálogo? Usted dice que quiere favorecer el encuentro
de todos. Y su secuencia ha sido, sin dialogar nada, primero, modificar
la Ley de Aguas, y lo impone con la ley de amañamiento. Dos
reformas.

Mercado de agua. Otra reforma. Sistema de financiación privada de
la obra pública. ¿Negoció con algún grupo de esta Cámara el sistema
de financiación de los recursos hidráulicos, de la obra hidráulica,
con compensación vía tasas con algún grupo de esta Cámara? ¿Con qué
agente ha negociado usted eso? Está imponiendo y orientando ya la
línea del agua. El mercado arreglará los problemas de agua. No; en
cuestión de agua, el mercado no arreglará ningún problema, porque no
es un problema de quién tiene dinero para



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pagarlo, no es ése el problema a la hora de planificar los recursos
hídricos.

En lugar de caminar hacia el desencuentro, en lugar de provocar el no
encuentro, la no discusión, el no diálogo, su misión debería ser
caminar por lo que anunció aquí. Hay una distancia tremenda entre lo
que declara y lo que hace. Yo tengo la voluntad -permítame decírselo-
de aprobar. Por cierto, está ya en el examen de septiembre y se va a
quedar usted para el examen de diciembre. Yo, repito, venía con la
voluntad de aprobar a alguien en septiembre, pero dígame usted qué
quiere que le pregunte, dígame qué quiere que le pida, dígame la
fecha en que usted quiere hacer el examen. El problema es de usted,
que ha empezado la legislatura y la va a terminar con las mismas
promesas y las mismas declaraciones. La verdad es que eso no aporta
tranquilidad. Cuando termine de llover, cuando deje de haber buen
tiempo, tendremos complicaciones y pasará lo que sucedió con el
anterior plan hidrológico, que se empezó a discutir en un momento de
sequía prolongada. No hubo manera de cuajar los asientos, porque no
es verdad que puedan cuadrar.

Yo estoy convencido, señora ministra, de que usted tiene interés en
conseguirlo, por lo menos en sus declaraciones, pero me gustaría que,
además de declararlo, lo demostrara con los hechos, que nos ayudara
para que se pudiese caminar en ese sentido. Yo estoy dispuesto
a hacer lo que el padre Gepeto hace con Pinocho cuando está dentro de
la ballena: encenderle algo para que estornude y nos saque a la mar.

A ver si esa mar por lo menos nos trae agua para todas las regiones
que no la tienen y una ordenación en la política de aguas.

Nada más, señor presidente; nada más, señorías.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señor Ríos.

Señora De Lara.




La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señor presidente.

Señorías, el texto de la interpelación urgente al Gobierno sobre
política general en materia hidráulica, que ha presentado el Grupo
Parlamentario Socialista, indica textualmente: el incumplimiento
sistemático de los compromisos adquiridos al inicio de esta
legislatura s obre el Libro Blanco del agua. El Plan hidrológico
nacional y la anunciada reforma de la Ley de Aguas hacen que
consideremos necesario conocer cuál es el m arco de referencia en el
que podemos movernos...

La simple lectura del texto de la interpelación le produce al Grupo
Parlamentario Popular estupor. Sí, señorías, estupor especialmente
porque el texto proviene de un grupo parlamentario que sustentó a un
Gobierno, el Gobierno socialista, que ni fue capaz en 11 años de
aprobar los planes de cuenca, porque no consiguió el consenso
necesario, ni por supuesto el Plan hidrológico nacional, que quedó
absolutamente empantanado después de un anteproyecto del año 1993,
anteproyecto
que dio lugar a los aspectos negativos de un debate, confrontación
de intereses y peleas regionales en confrontación interterritorial,
sin llegar a una política mínimamente consensuada para asentar las
bases de la planificación hidrológica.

El Gobierno actual, el Gobierno de José María Aznar, se ha encontrado
no sólo con los problemas reales dimanantes de la realidad física y
económica de España en lo que al agua se refiere, sino también con
un ambiente enturbiado profundamente por iniciativas descoordinadas
y carentes de interés para servir al interés general promovidas por
el anterior Gobierno. Ante ello, lo que ha tenido que hacer el
Ministerio de Medio Ambiente, en primer lugar, es serenar, objetivar
y buscar consenso. Ello ha exigido cierto tiempo. Tal vez una pequeña
demora en los plazos que el propio Ministerio de Medio Ambiente se
había señalado. Pero en ningún caso incumplimientos como los que el
portavoz socialista y ahora portavoz de Izquierda Unida enumeraban.

Esa pequeña demora a la que me he referido ha dado sus frutos y se ha
conseguido la confianza de los usuarios, la confianza de representantes
de comunidades autónomas de distinta ideología política,
sobre la base del rigor técnico en los datos. Ha sido, es, un proceso
largo y complejo, pero se ha mantenido el rumbo establecido, se ha
mantenido el rumbo que marcó en sus comparecencias la ministra de
Medio Ambiente: planes hidrológicos de cuenca, Libro Blanco del agua,
Plan hidrológico nacional. Y lo estamos cumpliendo. Se han aprobado,
como se ha dicho aquí, los planes hidrológicos de cuenca. La ministra
de Medio Ambiente ha informado de la inmediata presentación en el
Senado del Libro Blanco del agua y, antes de que finalice la
legislatura, del Plan hidrológico nacional.

Señores diputados, no hablen ustedes de plazos, no hablen de
incumplimientos. Su conclusión de que no somos capaces de dar una
respuesta global a los problemas del agua no deja de ser una broma,
pero una broma de mal gusto. Como no dejan de ser una broma de mal
gusto las recientes declaraciones del máximo responsable de obras
hidráulicas del anterior Gobierno, señor Borrell, cuando acusa a la
ministra de Medio Ambiente de llevar dos años y medio sin hacer
nada más que verborrear y grandes declaraciones. Realmente es una
broma de mal gusto si recordamos que fue precisamente su falta de
diálogo lo que paralizó varios a cuerdos en la pasada legislatura y si
recordamos también que la Unión Europea reclama ahora 26.000 millones
de pesetas al Reino de España de la gestión del señor Borrell, por no
haber sido riguroso en las declaraciones de impacto ambiental de
obras hidráulicas. Señores diputados, tengamos un poco más de
seriedad. Sí es cierto que ha habido una pequeña demora, pero el
camino que se marcó se va siguiendo, próximamente tendremos el libro
blanco y antes de que finalice la legislatura tendremos en esta
Cámara el Plan hidrológico nacional.

Señor Morlán, no es que no estemos de acuerdo con sus explicaciones,
es que no estamos de acuerdo en



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absoluto con el texto de la interpelación que ha presentado.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Gracias, señora De Lara.




- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE REDISTRIBUCIÓN
TERRITORIAL DEL COSTE DE LOS PEAJES ACTUALES EN TODO EL ESTADO
(Número de expediente 172/000114).




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Finalizado el debate de la
presente interpelación, pasamos a la interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Mixto, sobre redistribución territorial del coste de
los peajes actuales en todo el Estado.

Para su explanación, tiene la palabra la señora Rahola.




La señora RAHOLA I MARTÍNEZ: Señor ministro, señorías, la
importancia de los sistemas de comunicación y de las redes de
transporte en las sociedades actuales es del todo evidente,
especialmente ante los retos a que nos lleva la Unión Europea. La
capacidad de desarrollo social y económico de un territorio se
asienta indiscutiblemente en aquellas infraestructuras que
facilitan su conectividad interna y externa. Conectividad que, en lo
que podríamos denominar dimensión física, se concreta en las
comunicaciones terrestres, aéreas y marítimas.

Es impensable y objetivamente imposible definir políticas
económicas...




El señor VICEPRESIDENTE (Beviá Pastor): Señora Rahola, me indican
algunos señores diputados que no se oye bien. Le agradecería que se
colocara los micrófonos adecuadamente para que se le pudiera entender
mejor.




La señora RAHOLA I MARTÍNEZ: Muy bien, muchas gracias.

Decía que es impensable y objetivamente imposible definir políticas
económicas competitivas y socialmente avanzadas que no se articulen
sobre una red de comunicaciones racional e inteligente, con unos
costes razonables y soportables para los usuarios, sean estos los
sectores industriales y económicos, sea el conjunto de ciudadanos en
general.

En el caso de la red viaria terrestre no se nos escapa la importancia
de las inversiones públicas en esta materia, que es el motivo de esta
interpelación, analizar su adecuada articulación y la discriminación
que han sufrido algunos territorios como es el caso que me trae hoy
aquí, Cataluña. La sensibilidad del Estado en este terreno ha sido
históricamente muy desigual en los distintos territorios que
comprende. Ello ha llevado consigo que algunos territorios hayan
tenido que recurrir a la inversión privada en materia de autopistas
y, por tanto, al
sobrecoste que supone para una parte de los ciudadanos. La
insuficiente inversión en infraestructuras viarias públicas en
territorios como Cataluña, el País Valenciano o Euskadi ha supuesto
una política de peajes que ha nacido de la degradación de un sistema
viario público. Esta degradación supone, por ejemplo, el colapso de
las carreteras catalanas en horas y días determinados y un índice de
siniestralidad muy elevado en algunos tramos.

La posición geoestratégica de Cataluña, sus condicionantes
orográficos, su estructuración demográfica y económica han
configurado una red viaria pública en donde se ha establecido
fundamentalmente la conexión con Europa a través de los Pirineos por
el litoral y con el resto del Estado en una doble dirección, una,
hacia el centro de la península y la cornisa cantábrica y, otra,
siguiendo la costa mediterránea hacia el País Valenciano, Murcia y
Andalucía oriental. Esta priorización se ha concretado en las
llamadas carreteras nacionales: una, la N-II que casi en exclusiva
absorbe la inmensa mayoría del flujo circulatorio con Europa y, otra,
la N-340 - hace poco debatíamos sobre este tema aquí mismo-, que
soporta la conectividad de la anterior con la costa mediterránea. La
situación se ve agravada desde Barcelona a la frontera en la medida
en que la N-II es la única carretera nacional que conecta con el
límite estatal. Más grave aún es el hecho de su paso por la región
metropolitana de Barcelona, que implica literalmente atravesar las
ciudades que halla a su paso y la propia capital de Cataluña y a lo
largo de la comarca del Maresme, tramo de 59 kilómetros
correspondientes a la N-II, que atraviesa así mismo sin solución de
continuidad, una detrás de otra, todas las poblaciones litoral es
que concentran la inmensa mayoría de los 375.000 habitantes de esta
comarca.

Más allá de la red pública de relación con las comunicaciones de la
península con la frontera por la costa mediterránea, Cataluña dispone
de una red de autopistas que la conectan con Francia, A-7 norte, y
con el resto del Estado, A-2 y A-7. Estas autopistas tienen un
trazado que siguen la dirección, casi siempre paralela, de la N-II,
de la 340 y la 240 y, en su defecto, en diversos tramos de la
respectiva red viaria comarcal , en especial, la comarcal 251.

Nos encontramos, pues, ante el hecho de que una parte de la red
viaria estatal, básicamente la N-II y la N-340, soporta una amplia
densidad de tráfico que condiciona su operatividad, tanto para los
usuarios de las distintas comarcas y poblaciones que hay a su paso
como para aquellos tráficos de largo recorrido que afectan a personas
y mercancías, hecho que incide negativamente en el desplazamiento de
los usuarios y repercute desfavorablemente en la economía y en las
variables inherentes a la competitividad. Ante esta situación de
saturación, de falta de operatividad, los usuarios se ven
continuamente obligados a optar por la única opción objetiva, las
autopistas de peaje. Autopistas éstas que han de ser definidas y
conceptualizadas como red viaria privada y no como red de
infraestructuras públicas.




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Esta distinción es la que ha de permitir establecer un análisis y un
debate en sus justos términos.

Todo ello, entendemos, es producto de la hasta ahora -y de momento
continuada- menguada inversión pública en las necesidades viarias de
Cataluña, que ha supuesto y supone una clara discriminación respecto
a otros territorios donde sí ha existido. Ya sé que me dirán que este
año se ha doblado la inversión, pero continuamos deficitarios. Si
contamos el déficit histórico de inversiones en Cataluña respecto
de otros territorios, la situación es realmente deplorable y
francamente injusta. (El señor vicepresidente, Fernández-Miranda y
Lozana, ocupa la Presidencia.) Nos encontramos con que sobre el
conjunto de obras de infraestructuras viarias en todo el Estado
estamos est e año en el 15 por ciento y el año pasado estábamos en el
7,6 por ciento. Y de los 40.000 millones destinados a mejorar los
puntos negros más conflictivos a Cataluña sólo le toca un 6 por
ciento, cuando tenemos un índice de siniestralidad de un 28 por
ciento respecto al global.

Podríamos decir, por tanto, que la Administración del Estado no trata
en este tema a todos los ciudadanos por igual y que discrimina
determinados territorios. Este hecho ha provocado un agravio
comparativo que en comunidades como Cataluña, concretamente en el
área metropolitana de Barcelona, es, en términos económicos y sociales,
difícilmente soportable. La ciudad de Barcelona -por cierto, la única
ciudad de toda Europa que tiene un peaje en su interior- está
absolutamente rodeada de peajes, entradas y salidas, incluso, repito,
en la propia área urbana. Además, algunos de los peajes que se pagan
en la entrada o la salida de Barcelona son, en términos de kilómetro
construido, los más caros de toda Europa.

Esta situación alarmante se ha intentado paliar alargando las
concesiones de las autopistas a cambio de reducir mínimamente el
coste de los peajes; me refiero, por supuesto, al acuerdo con Acesa
que se ha suscrito hace poco. Lo único que se consigue con ello es
que la agonía sea más lenta, puesto que los ciudadanos de Cataluña
y aquellos que frecuentan sus autopistas seguirán sufragando un
coste del que tendría que corresponsabilizarse -si me lo permiten- el
conjunto del Estado. Además, es bastante evidente que este a cuerdo
no tiene que significar, en términos reales, menos coste para
Cataluña, quizá significa aún un mayor coste.

El Estado español no cumple, desde nuestro punto de vista y
analizando la situación real hoy en día y la histórica, el criterio
de equidad tan escrupuloso en democracia. En Francia, un ejemplo que
se pone a menudo -se ha citado mucho estos días a raíz del pacto con
Acesa-, todos los usuarios pagan el coste del peaje, el mismo por
kilómetro construido en todo el territorio, con lo que es evidente
que no hay territorios del Estado francés que pagan y otros que no.

Como ustedes saben, en Alemania se paga a través del impuesto de la
gasolina, por cierto, con una rebaja para la gasolina verde. En Suiza
se hace también a través del
impuesto de circulación y los extranjeros pagan una tasa cuando
entran en Suiza.

Hasta ahora los intereses de las empresas concesionarias han primado
-y creo que hay que decirlo con rotundidad, los intereses de las
concesionarias y no los intereses de los ciudadanos que padecen los
peajes- s obre los intereses sociales y económicos generales. Tenemos
una red de autopistas propia de un país avanzado, pero que es poco
eficiente y poco operativa, vulnerándose principios básicos de una
administración democrática, porque discrimina a una parte de de sus
ciudadanos. Un ciudadano de Madrid, con toda la buena intención del
mundo, está tan habituado a circular gratis por autovías y autopistas
-¿el término autovía existe, está homologado a nivel europeo, o es un
camuflaje para hablar de las autopistas libres de peaje?- que
cuando vi aja por Cataluña quizá pueda pensar que los catalanes
cobramos por todo. Este ciudadano incluso puede olvidar que entre
todos hemos pagado sobradamente los accesos a Madrid.

Los catalanes, al igual que los ciudadanos de otros territorios que
disponen de autopistas de peaje pagamos por partida doble, por
impuesto y por peaje, y es necesario cambiar esta cultura. Los
peajes deben ser asumidos por todos. Es decir, hay que encontrar una
fórmula que nos libere a todos de peajes. Cataluña, en lugar de una
racional y justa igualdad, vive una ilógica e injusta discriminación.

El original sistema establecido para Cataluña parece diseñado, si me
permiten, por un burócrata que se aburría en sus tiempos libres. Los
precios varían del cero al infinito y las autopistas son libres,
dependiendo únicamente del capricho de los sucesivos gobiernos que ha
habido. Además Cataluña no recibe las inversiones públicas
correspondientes a su nivel de renta -este es un debate antiguo, pero
real-, a su actual contribución fiscal -hablamos de la balanza fiscal
negativa para Cataluña-, ni tan solo en equilibrio con su población.

La financiación de las comunidades autónomas no forales es
completamente centralista, si me permiten, y la norma básica que se
vulnera es la igualdad fiscal. La fórmula de financiación del Estado
español es profundamente arbitraria en este sentido y la ausencia de
estadísticas fiables, sobre todo de los ingresos y del gasto estatal
de forma territorializada, hace aún más injustas las pretendidas
correcciones de desequilibrios entre comunidades, que sirven como
excusa para disminuir y recortar al máximo la financiación de
Cataluña para garantizar unos servicios igual es a todos los
ciudadanos y se convierte, en el Estado español, en una desigualdad
entre personas igual es. Por ejemplo, pagamos al Estado anualmente
dos billones de pesetas de IVA, IRPF, impuesto sobre sociedades; sólo
recibimos una tercera parte de esta recaudación, que vuelve en
transferencias a la Generalitat.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Rahola,
le ruego concluya.




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La señora RAHOLA I MARTÍNEZ: Voy concluyendo, señor presidente.

Conocemos, y no voy a volver a plantearlo aquí, todo el debate
sobre la corresponsabilidad fiscal, pero recordemos que discrimina
profundamente a Cataluña.

En realidad, la relación con la Unión Europea también es
discriminatoria, ya que sólo recibimos el 4 por ciento de las
subvenciones disponibles para España, cosa que tampoco nos sorprende.

En todo caso, he de decir que Cataluña tiene un peso económico muy
importante, 5 puntos por encima de lo que representa su población.

Así que el hecho de recortar recursos a la Generalitat, sumado a la
actuación discriminatoria de la Administración central -no reconocida
suficientemente, pero que se observa en el resultado de sus
actuaciones- hace que la diferencia entre los impuestos pagados y los
recursos públicos disponibles para Cataluña cree este enorme déficit
fiscal que pagamos cada año.

Quisiera continuar, pero voy a plantear muy abiertamente unas
preguntas que me parece que son el núcleo fundamental que hoy quería
plantear. Vamos a hablar de las autopistas en concreto, que es
donde seguramente encontramos el caso determinante que demuestra,
a nuestro parecer, el agravio comparativo entre Cataluña y el resto
del Estado. Señor ministro, el 72 por ciento de los peajes del Estado
se paga en Cataluña, el 82,5 por ciento de las autopistas de
Cataluña es de peaje; somos el 15,9 por ciento de la población de
todo el Estado, el 75 por ciento de los usuarios gravados por peajes
en todo el Estado está compuesto por catalanes. Esto sí que es
realmente un hecho diferencial, 10 de los 18 tramos de peaje que
existen en el Estado se encuentran en Cataluña. Por cierto, son los
de mayor volumen de tráfico.

En fin, señor presidente, en forma de pregunta: ¿Qué otro Estado de
Europa permite que el coste de las principales vías de comunicación
vaya a cargo, casi de forma exclusiva, de los ciudadanos de una
parte del territorio o de los que circulan por él? ¿ Qué Estado
europeo permitiría que una ciudad no pague ningún peaje de entrada o
salida y, en cambio, otra ciudad, equivalente en términos de PIB
familiar o de movimiento económico, por ejemplo, no tenga
prácticamente ninguna vía de acceso gratuita? ¿Por qué los catalanes,
además de tener peajes, debemos pagar con nuestros impuestos la
gratuidad global de otras autopistas o autovías?
Siendo conscientes de la grave problemática que representa para
Cataluña la concentración masiva de peajes, que perjudica nuestra
economía y nuestra competitividad, planteamos lo siguiente, señor
ministro, en nuestra interpelación y, consecuentemente, en la moción.

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Rahola.




La señora RAHOLA MARTÍNEZ: Acabo, señor presidente.




Por un lado, nuestra frontal oposición a los posibles a cuerdos entre
el Gobierno del Estado, la Generalitat y Acesa para la rebaja puntual
de determinados peajes a cambio de alargar todas las concesiones por
un periodo más largo. Este criterio no representa ninguna solución,
deberemos pagar los catalanes más tiempo. En segundo lugar, pedimos
el cumplimiento riguroso de la moción del Parlament de Cataluña, que
ya planteaba la posibilidad de un reequilibrio territorial para
resolver el grave problema del agravio comparativo en Cataluña. Para
redistribuir el coste de los peajes de todo el territorio, planteamos
diversas posibilidades. El modelo suizo, tasa de circulación; el
modelo alemán, impuesto s obre la gasolina; cualquier modelo que
permita decir que todos los ciudadanos tenemos el mismo coste en
nuestras autopistas y autovías y que no sólo una parte de estos
ciudadanos paga casi el coste global de las autopistas de todo el
Estado.

Para concluir, señor presidente, señor ministro, debemos buscar
soluciones de carácter estructural y no coyuntural, que por un lado
terminen con la discriminación que padece Cataluña, que en términos
reales es indiscutible en el tema de peajes y, por otro, siguiendo el
modelo de algunos países europeos, que permita incorporar fórmulas
más justas y más solidarias a nivel de todo el territorio estatal.

Señor ministro, est amos hablando de solidaridad, este término que
tantas veces se ha utilizado en este Congreso, pero esta vez hablamos
de solidaridad con los ciudadanos de Cataluña.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Rahola.

Señor ministro de Fomento.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.

Plantea la señora diputada un debate sobre los peajes en Cataluña
aunque, como es lógico, el debate es susceptible de un
planteamiento mucho más general. Argumentar a través de un proceso
histórico, apelando al Estado español, puede tener un cierto sentido
dialéctico pero, como es natural, cada gobierno responde de lo que
hace, lo que no es posible es atribuirle al gobierno que en un
determinado momento esté en funciones la responsabilidad por todo el
proceso histórico que ha definido la existencia de una red
determinada de autopistas de peaje en Cataluña. Por ello, señoría,
mi responsabilidad alcanza a los dos últimos años y medio de la
historia de los peajes de Cataluña, y vamos a reflexionar sobre la base
de los datos reales, los históricos y los que cabe atribuir al
momento presente.

Yo querría hacer una primera consideración que es cualitativa y
opinable: la importancia de la red de autopistas de peaje de
Cataluña. Fíjese, señoría, que hace 20 años aproximadamente -y ya me
sitúo en el proceso histórico como reflexión general- la existencia
de una red de autopistas de peaje en Cataluña cuando en España no
había carreteras era una discriminación positiva, no era negativa,
tenía una magnífica red de autopistas



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de peaje mientras que el resto de los españoles circulaban
prácticamente por caminos vecinales. Con el tiempo, y a medida que el
país se ha desarrollado globalmente, ha incrementado su nivel de vida
y el Estado ha incrementado su capacidad de inversión, se ha ido
dotando de una muy buena red de carreteras. Yo siempre he reconocido
la gestión realizada por los gobiernos anteriores en la construcción
de la red de vías de alta capacidad, las llamadas autovías, y estoy
de acuerdo con S.S. en que es un concepto singular que no tiene
equiparación posible en la terminología europea, porque se empezó con
un concepto de autovías de puro desdoblamiento de carreteras nacionales
y hoy estamos haciendo realmente autopistas denominadas autovías. Pero
históricamente es justo hablar de una discriminación
positiva que a través del tiempo se ha convertido en una
discriminación negativa. Acepto esa p remisa porque es cierto que hoy
los ciudadanos de Cataluña van por una red de autopistas de peaje,
pagando por tanto, mientras que el resto de los españoles circulan
por el territorio nacional por magníficas autovías gratuitas.

Esta situación, señoría, a partir del año 1996, hay que situarla en
el contexto de una política presupuestariamente restrictiva exigida
por la incorporación de España a la unión monetaria, objetivo hoy
conseguido, pero que tiene un primer precio, y es que hay que
restringir todo tipo de gastos del presupuesto, incluidos los gastos de
inversión. A la vista de esta situación y de que la política de
rigor presupuestario hay que mantenerla sine die en el transcurso del
tiempo para poder sobrevivir, convivir o desarrollarse en el seno de
la unión monetaria, es necesario tener una política de autopistas de
peaje. Y este Gobierno, al mismo tiempo que continuaba procesos de
inversión en autovías gratuitas, ha puesto en marcha una política de
autopistas de peaje que gradualmente, y a través del tiempo, termine
justamente con la discriminación hoy negativa que padece Cataluña.

Este primer programa de autopistas de peaje tiene 430 kilómetros.

De ellos, señoría, 150 son para Madrid. Yo no diría que esa es una
actitud particularmente centralista. Estoy de acuerdo con S.S. en que
no tiene sentido que las dos grandes ciudades que existen en España,
Barcelona y Madrid, una tenga unos accesos obligatoriamente de peaje
y otra unos accesos totalmente gratuitos, que por gratuitos, además,
están tan absolutamente congestionados que solamente se pueden
descongestionar mediante el establecimiento de autopistas de peaje.

Por tanto, hemos iniciado un proceso de equiparación para acabar con
esa discriminación. Mientras tanto, señoría, en relación con los
peajes existentes, caben en un plano puramente teórico dos
posibilidades: o el Estado rescata las concesiones, para lo cual le
a seguro a S.S. que no hay dinero en el país o, por el contrario, se
hace una política que presione a la baja los peajes existentes. La
única manera de presionar a la baja los peajes existentes o de
conseguir una bajada
efectiva de los peajes, es modificar el plazo concesional, porque no
se olvide S.S. que la concesión es un contrato que el Estado no puede
rescindir unilateralmente salvo pagando, como es lógico. Por
consiguiente, mediante modestas ampliaciones del plazo concesional se
pueden conseguir rebajas significativas de los peajes. Esta política
la comparten muchos ciudadanos. Los convenios conseguidos hasta
ahora han tenido un apoyo generalizado por parte de los ciudadanos,
sí señoría, y lo dan las encuestas por abrumadoras mayorías. Las
concesiones de Acesa vencen en el año 2016. Pregúntele a un ciudadano
que tiene que pagar todos los días equis pesetas por acceder a su
trabajo en Barcelona, si prefiere que le rebajen el peaje el 50, el
25 ó el 18 por ciento o, por el contrario, esperar a que caduque la
concesión y no ampliar el plazo concesional en ningún caso.

Nosotros hicimos una encuesta con motivo de la rebaja de l os
peajes de la autopista del Mediterráneo, las que tiene Aumar en la
Comunidad Valenciana por todo el Mediterráneo y la que une Sevilla
con Cádiz. El 70 por ciento de los ciudadanos preferí a la rebaja
inmediata de los peajes a esperar el vencimiento de la concesión, y
le era indiferente si la concesión se ampliaba cinco, seis, siete,
ocho o diez años porque, en definitiva, para la economía productiva
es mucho más importante la rebaja ya de los peajes a plantearse el
mantenimiento de una concesión que en el supuesto más reciente vence
en el año 2016. Por tanto, se ha puesto en marcha una política de
peajes que tiene tres dimensiones. Primera. Se van a hacer más
autopistas de peaje bajo el principio de que las autopistas de peaje
deben servir para descongestionar las carreteras nacionales o las
autovías gratuitas que están totalmente congestionadas. Por
consiguiente no se hará una autopista de peaje más que allí donde
haya una autovía gratuita en buen estado. Segunda. Debe haber una
alternativa gratuita. Tercera. El Estado español solamente se
puede permitir hacer convenios con las concesionarias para bajar
los peajes. No está en condiciones presupuestarias de rescatar las
actuales autopistas de peaje.

Dicho esto, señoría, le diré que también en Cataluña, en lo que
afecta a la política de este Gobierno, se está haciendo una política
de inversiones enormemente importante y muy cuantiosa desde la
perspectiva presupuestaria. En la Igualada-Cervera, Nacional II, en
estos momentos hay un proceso de inversión de 34.000 millones de
pesetas; es una zona de alta intensidad de tráfico y va, por así
decirlo, paralela a la autopista de peaje. En la autovía del Baix
Llobregat, extraordinariamente importante para el área metropolitana
de Barcelona, se está haciendo una inversión de 28.000 millones de
pesetas. Se está construyendo el segundo cinturón, la llamada Pata
Sur, que podremos inaugurar a final de año, que tiene una inversión,
de 8.317 millones de pesetas. Solamente en esos tres tramos, señoría,
en esas t res carreteras, la inversión en ejecución es de 67.000
millones de pesetas.




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El otro día debatíamos sobre la Nacional 340 y le decía que hay 21.

000 millones de pesetas en inversión efectiva en estos momentos y
16.000 millones en proyecto y en la Nacional 260, Montagut-Olot y la
variante de Castellfollit, tienen una inversión prevista de 15.400
millones de pesetas, de las cuales la mitad van al próximo ejercicio
presupuestario de 1999. Sumando todo esto, señoría, y no hablo de
otras inversiones que se están real izando también en la red de
carreteras del Estado de Cataluña, se alcanza la cifra de 119.000
millones de pesetas. No son proyectos de futuro. Más del 60 por
ciento de esos 119.000 millones son inversión en obra, obra que está
pendiente y tiene fecha de licitación para antes de 31 de
diciembre de este año o en todo caso para antes del 31 de diciembre
del próximo año 1999.

Por consiguiente, teniendo en cuenta que la red de autopistas de
peaje en Cataluña tiene la mayor densidad y constituye hoy una
discriminación negativa, se están realizando aquellas inversiones
más urgentes que puedan ampliar y mejorar autovías gratuitas que
permitan que haya en Cataluña una red de carreteras del Estado en
condiciones similares a la red de carreteras que tienen ya otras
zonas del territorio español.

No querría dejar pasar la ocasión, señoría, para relativizar
y precisar alguno de los datos que ha dado S.S. Las autopistas de peaje
que discurren por Cataluña, incluidas las de concesión autonómica,
totalizan una longitud de 720 kilómetros, lo que representa un 34 por
ciento del total de la red de peaje que tiene en España 2.100
kilómetros, y no el 75 por ciento que refleja el escrito de S.S. Eso,
si atendemos a la longitud. Si atendemos a los ingresos por peaje, en
1997 ha supuesto para todo el sector, la totalidad de España, 150.

000 millones de pesetas. La proporción de esa cantidad que corresponde
a Cataluña es similar a la del número de kilómetros, el 34 por
ciento, en tanto -y este es el dato significativo- que la de
vehículos/kilómetro, que ha ascendido para todas las autopistas de
peaje en España en el mismo año 1997 a más de 11.700 millones de
vehículos/kilómetro, supera el 50 por ciento para las autopistas que
discurren por territorio catalán, lo que indica que el precio
unitario del peaje en Cataluña es más bajo que en el resto de España.

Esto no significa que Cataluña tenga algunos tramos singulares con
los peajes más altos, pero el peaje medio de las autopistas
catalanas, señoría, es más bajo que el peaje medio del resto de las
autopistas que hay en el territorio nacional.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor ministro,
le ruego vaya concluyendo.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Sí, señoría,
termino.

Yo querría, señoría, que hiciera también una reflexión porque las
fechas cuentan mucho. Las autopistas se empiezan a construir en
Cataluña en los años 1967 y 1968, que es cuando se hacen los primeros
250 kilómetros. Después, durante la década de los setenta y
principio de la de los ochenta se hace el resto de la red de
autopistas de Cataluña. Las fechas son enormemente importantes. Lo
que sí le puedo decir, señoría, es que este Gobierno no ha construido
ni un kilómetro más de autopista de peaje en Cataluña.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas
gracias, señor ministro.

Señora Rahola.




La señora RAHOLA I MARTÍNEZ: ¡Sólo faltaría, señor ministro, más
peajes en Cataluña! ¡Sólo faltaría!
Le traigo unos recortes de prensa porque, ocupado como está, no creo
que vea mucho la prensa sobre Cataluña, no sé si se la ponen en sus
dossiers. Me acaba de decir que este tema de la prolongación del acuerdo
con Acesa es popular. Pues no debemos leer la misma prensa. Aquí
tengo unos recortes que dicen: Siete municipios proponen que el
Estado compre las autopistas de Acesa por 385.000 millones. El
Partido Popular catalán pide al Gobierno que renegocie el pacto de
los peajes. Nadal reclama mano dura contra Acesa para que rebaje los
peajes entre Altafulla y Cambrils. El acuerdo de rebaja en los peajes
de Acesa genera multitud de críticas. Cámaras de comercio y
ayuntamientos critican duramente el pacto con Acesa. El municipio de
Tarragona declara la guerra legal a Acesa. La oposición califica de
insuficiente la rebaja y la alcaldesa de Mollet de tomadura de pelo.

Críticas a la rebaja de peajes. Pujol defiende alargar las
concesiones. Lleida estudia recurrir el acuerdo entre Acesa y
Fomento. Escepticismo, descontento, recursos...

Señor ministro, no sé qué encuestas hace usted, pero me da la
impresión de que la percepción en Cataluña en est os momentos es de
tomadura de pelo, como mínimo, respecto al intento de resolver el
problema - sangrante para Cataluña y yo creo que poco estético para
todo el Estado- de la enorme discriminación en materia de peajes que
padecemos los ciudadanos de esta comunidad.

Desde luego no voy a discutirle los términos de la responsabilidad
histórica; no, no. Usted tiene la responsabilidad que le corresponde
ahora como ministro, desde que es ministro; pero como la quiere
asumir, resuélvalo. Por supuesto ha encontrado una situación creada,
no t oca discutirla ahora porque creo que ya estamos en otra
legislatura, pero la puede arreglar. Evidentemente la primera opción
es no hacer más; pero no estoy del todo segura de que la opción sea
equilibrada por la vía de hacer autopistas fuera. Ciertamente me
puede decir usted que no hay ninguna fórmula para rescatar las
concesiones a través, por ejemplo, de un impuesto finalista de
algunos de los impuestos que permitan acumular dinero para rescatar
las concesiones. Estúdienlo. Miren ustedes el modelo del impuesto
sobre gasolina, por ejemplo, miren el modelo suizo (el 1 de enero se
paga una tasa en el impuesto de circulación), es un modelo posible.

Todos los ciudadanos del Estado



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vamos a pagar igual -todos los que utilicemos el coche-, pero vamos a
dejar de padecer esta enorme discriminación, tan dura. Por cierto,
usted ha hecho una reflexión interesante al principio -todo lo ha
sido, desde luego- diciendo que Cataluña tuvo una discriminación
positiva cuando hace 20 años hizo las autopistas. Es que nos las
pagamos. Es que cada vez que Cataluña ha intentado hacer un salto
adelante, fruto de su competitividad, de su capacidad de moverse, de
realizarse, de querer jugar fuerte económicamente, el Estado no existe.

Recae en el ciudadano de Cataluña el tenerse que pagar el
querer ser competitivo. Mire usted qué discriminación positiva. Se me
ocurren otras discriminaciones positivas y no ésta precisamente.

Pero, desde luego, le agradezco que reconozca que ahora hay una
enorme discriminación negativa. Es más, creo sinceramente que se
vulnera el principio constitucional de igualdad entre ciudadanos.

Creo que estamos, aquí, vulnerando un principio democrático y un
principio constitucional, porque en este mismo Estado, en materia de
peajes -y, por tanto, en materia de autopistas-, hay ciudadanos de
primera y ciudadanos de segunda. Esto es, incluso, un debate
democrático. ¿La fórmula adecuada? Seguro que sus técnicos la conocen
muchísimo mejor que yo o mi gente pero que desde luego hay fórmulas,
seguro.

El debate es muy intenso. Me acaban de comentar - justo antes de
entrar- que formaba parte del debate que se estaba produciendo en el
Parlamento de Cataluña (porque, como ustedes saben, estos días se
desarrolla el debate general) y que interlocutores diversos acababan
de hablar sobre el problema de los peajes con el p residente de la
Generalitat , con el presidente Pujol.

En fin, no quiero alargarme. Creo que encima de la mesa están las
posturas de cada uno. Como mínimo, hoy, sinceramente, creo que hemos
avanzado. Hoy se ha reconocido en el Parlamento -por tanto,
públicamente- que los ciudadanos de Cataluña padecen una seria y
gravísima discriminación en materia de peajes. Hoy se ha reconocido
que la situación es absolutamente insostenible en términos
económicos, pero sobre todo -permítanme decirlo-, también, en
términos de justicia democrática.

Acabo aquí. Dos alternativas, las plantearé en forma de moción. Es
más, plantearé, sencillamente, que lo estudiemos en ponencia, en la
Comisión de Infraestructuras. La primera: la consistente en aplicar
impuestos especiales sobre gasolinas y matriculación de vehículos
a motor, en un pequeño porcentaje, que permita, de forma sucesiva, la
recuperación de las concesiones, tal y como se aplica actualmente en
el caso alemán. La segunda, la modificación de la Ley reguladora de
las haciendas locales, con el objetivo de incrementar ligeramente los
coeficientes municipales sobre las cuotas del impuesto de vehículos
de tracción mecánica; posteriormente, el Estado debería reducir su
aportación directa a las diputaciones provinciales en proporción al
dinero destinado para el rescate de las concesiones.

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Rahola,
le ruego concluya.




La señora RAHOLA I MARTÍNEZ: Señor ministro, seguro que hay fórmulas.

Lo que yo les pido hoy aquí, en esta interpelación urgente, es el
compromiso de estudiarlas. Le aseguro que los ciudadanos de Cataluña,
sólo con el compromiso de estudiar cómo se acaba con este agravio
comparativo gravísimo y profundamente sentido por el pueblo de
Cataluña, sólo con ese compromiso, llegaremos muy lejos. No me sirve,
sinceramente, un ministro que me dice que no hay solución; es que no
lo creo. Evidentemente que hay solución. Lo que ocurre es que quizá
la presión de los concesionarios para ir alargando sine die las
concesiones, y en consecuencia los intereses que hay detrás de todo
ello, francamente también pesa mucho. Pero tiene usted razón, sólo
lleva dos años; aún tiene dos para resolverlo.

El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor ministro
de Fomento.




El señor MINISTRO DE FOMENTO (Arias-Salgado y Montalvo): Muchas
gracias, señor presidente.

Señoría, a mi me pasan obviamente los recortes de periódicos de la
prensa de Cataluña y suelo leer los dos principales periódicos de
Cataluña, pero las opiniones que se manifiestan a través de los
medios de comunicación social, que son perfectamente legítimas, no re
presentan necesariamente a la opinión de los ciudadanos que todos los
días tienen que pagar. Yo lo que le pido a S.S. es que pregunte al
os ciudadanos que todos los días tienen que pagar; a algunos de
ellos se les rebajan los peajes hasta el 50 por ciento, a otros
menos, el 18 y el 20 por ciento; pregúnteles a esos, porque la medida
va para esos ciudadanos, y ya verá usted como hay una abrumadora
mayoría que lo que quiere es no tener que pagar tanto peaje desde
mañana mismo, y les es igual que la concesión venza en el año 2016
que en el año 2021, les es exactamente igual, y hay un fundamento
para que les sea exactamente igual, porque lo que a ellos les importa
son los costes de los peajes que inciden sobre sus rentas familiares.

Desde esa perspectiva, señoría, la rebaja de los peajes es popular
entre los que los tienen que pagar. Naturalmente después, con
carácter general, los impuestos y los peajes no se puede decir que
sean populares, yo no me atrevería jamás a decir eso, señoría. Yo he
dicho que la rebaja de los peajes es popular entre los que tienen que
pagar esos peajes.

Segundo. Me dice usted: resuelva usted la situación, es verdad que
lleva solamente dos años en el Gobierno, pero resuelva usted la
situación. Yo le he dicho las dos posibilidades teóricas que hay: una
es rescatar las concesiones; otra es rebajar los peajes a cambio de
ampliar los plazos concesionales. Me dice su señoría: estudiemos
soluciones para rescatar los peajes. El rescate de los peajes,
señoría, cuesta billones de pesetas. No es una cuestión de decir
350.000 millones, donde a 20, 25 ó 30 años se podría establecer una
política de rescate, sino que cuesta billones de pesetas. El Estado



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español no tiene dinero para rescatar esas autopistas de peaje, ni
poniendo un impuesto sobre la gasolina que incrementaría la presión
fiscal, contribuiría a incrementar el índice de precios y
perjudicaría a todos los ciudadanos, señoría, y además iría en contra
de lo que hoy se está haciendo prácticamente en el mundo entero. Un
gobierno laborista en Gran Bretaña ha decidido que ya no hacen más
carreteras gratuitas, y que las únicas carreteras que en el futuro va
a haber serán todas de peaje. No lo dice un gobierno de centro derecha
como puede ser el del Partido Popular sino un gobierno laborista,
porque no se puede hoy aplicar la subida de los impuestos para
rescatar los peajes de las autopistas. La presión fiscal es un
elemento demasiado delicado como para dedicarla justamente, al
incrementarla, a rescatar los peajes. Ahí está el problema del rescate
de los peajes del conjunto de la economía del país, y ese, señoría, es
un ejercicio dialéctico, pero como usted comprenderá hay que tener en
cuenta lo que es la economía del país, lo que supone el incremento de
la presión fiscal y lo que supone una política presupuestaria
restrictiva.

Por último, señoría, ha habido para Cataluña una discriminación
positiva. No prescinda usted de la primera parte de mi exposición.

Esas autopistas de peaje en Cataluña no se las pagaron ustedes, ni
mucho menos. Repase usted la composición del capital de las empresas
concesionarias en los años setenta y en la década de los ochenta;
había algo de capital catalán. Esas autopistas de peaje, señoría, se
colocaron primero en Cataluña porque era potencialmente donde
resultaban más rentables, y allí acudió el capital de todo tipo. Nada
de que se pagaron ustedes esas autopistas de peaje. Esas autopistas
de peaje se pagaron con capital de toda España. Y los accionistas hoy
cotizan en Bolsa, incluso en l as internacionales, señoría, porque
hoy la propiedad de esas autopistas de peaje corresponde a miles y
miles de accionistas que pertenecen a muy diversas nacionalidades.

Acesa, como usted sabe, señoría, cotiza en alguna bolsa
internacional, además de cotizar en las españolas.

Yo le he dado la solución de este Gobierno. Nosotros vamos a hacer
más autopistas de peaje allí donde haya carreteras o autovías
congestionadas. Hemos empezado por una de las zonas más desarrolladas
de España, que es Madrid, y esta no es precisamente una política
popular, señoría, es simplemente una política necesaria. La única
manera de garantizar que los accesos a Madrid estén en debidas
condiciones de aquí a cinco años es duplicar las radiales, y eso hoy
sólo se puede hacer a través de autopistas de peaje porque el Estado
no tiene suficiente dinero para financiarlas.

Muchas gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) En
nombre del Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el
señor Sedó.

El señor SEDÓ I MARSAL: Gracias, señor presidente.

La problemática que hoy se nos plantea con esta interpelación por
parte de la señora Rahola, del Grupo Parlamentario Mixto, preocupa
mucho a nuestro grupo, y en su resolución estamos trabajando.

Estamos en consonancia con la interpelante respecto al concepto de
discriminación que actualmente se produce, injusta discriminación que
hace que unos paguen y otros no por circular por vías de alta
velocidad o de alta capacidad circulatoria. En la década de los
ochenta, concretamente en el año 1985, se crea la controversia
autovía-autopista -ya se ha citado-, se establece con ello un modelo
que no existe en ninguna otra parte, y así nos encontramos que en
una zona geográfica más o menos periférica hay construidas autopistas
de peaje sin otra alternativa; es el caso del corredor
mediterráneo, que comprende Alicante, Valencia y frontera francesa,
ya sea por Cataluña, ya sea por Aragón, Navarra o Euskadi. Estas
vías nacionales de máxima intensidad de tránsito sólo tienen un carril
por sentido.

Resuelta en general y en alto grado la red de vías de alta capacidad
en toda o en la mayor parte de la geografía peninsular, creemos que
ha llegado el momento de resolver la problemática que tratamos en
esta interpelación y que trataremos, cómo no, en la moción
correspondiente. ¿Cómo puede resolverse esto? Nuestro grupo está
trabajando en ello y sabemos que es difícil. Estamos dispuestos a
profundizar y a urgir en su resolución. Creemos que la discriminación
sigue. La solución que actualmente se da no deja de ser también
discriminatoria. Se da el caso de que se bajan peajes y se amplía la
concesión de alguno de ellos, incluso se amplía en algunos peajes que
no tienen rebaja, como puede ser el caso de la zona de Tarragona,
donde la rebaja está en Martorell pero la ampliación de la concesión
afecta a Martorell, a Vendrell y a Tarragona. Por tanto, es casi una
nueva discriminación.

Con verdadero interés esperaremos la moción resultante del debate de
hoy para conocer las propuestas concretas. La señora interpelante ha
citado posibilidades, pero esperaremos las propuestas concretas que
nos presente. Les puedo asegurar que tenemos muy claro el hecho de
que deben acelerarse todas y cada una de las acciones que lleven a
buen fin este tema. En ello estaremos con todos aquellos que quieran
trabajar para resolver esta problemática que verdaderamente es grave,
y creo que ha llegado la hora de resolver la misma de una manera
seria.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Sedó.

En nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Fernández Sánchez.




El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor p residente.

En primer lugar, quiero resaltar que el miércoles es un día en el
que se puede debatir con bastante tranquilidad; hoy incluso contamos
con la presencia de la



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señora Rahola, que incrementa el número de asistentes a este
Congreso.

La señora Rahola plantea una interpelación que tiene la virtud de
darnos la oportunidad de debatir nuevamente el problema que suscitan
las autopistas a lo largo y ancho de nuestra geografía. A pesar de
que la interpelación se refiere a un problema puntual de Cataluña, no
es sólo de Cataluña sino de todo el territorio nacional, aunque
evidencia el desequilibrio que padece Cataluña en lo que a las
autopistas se refiere. Está contrastado que Cataluña tiene una buena
red de autopistas, pero está totalmente desequilibrada respecto a las
vías convencionales, por lo que el ciudadano catalán tiene que
desembolsar unos peajes que, al final, encarecen y limitan sus
posibilidades económicas. Cataluña, aparte de la buena red de
autopistas que tiene, lo que necesita es mejorar su red viaria
convencional; un plan integral donde se plantee la supresión de
puntos negros, vías alternativas a aquellos puntos saturados y
mejorar la señalización tanto horizontal como vertical sería una
buena política que podría conducir a bajar los altos porcentajes de
siniestralidad que padece la Comunidad catalana.

Como consecuencia de la interpelación de la señora Rahola, he echado
un vistazo a la estadísticas y son alarmantes. El Ministerio de
Fomento o la Generalitat tendrían que hacer algo para mejorar las
vías convencionales, que no sólo están descuidadas en Cataluña, sino
en muchas partes del territorio nacional. Y como estoy viendo al
señor Posada, presidente de la Comisión de Infraestructuras, quiero
citar el tramo de la carretera Medinaceli-Soria, que lleva años con
obras que no se acaban nunca. Es un mal endémico que estamos
padeciendo todos los ciudadanos de este país.

Para nosotros las autopistas han cumplido una función en cuanto que
facilitan las comunicaciones y, al mismo tiempo, hacen que las
comunidades estén mejor situadas económicamente. Diferimos de los
conceptos que utiliza el Partido Popular, el Ministerio y el propio
ministro en cuanto que parece ser que la única solución que tienen las
conexiones terrestres es la carretera y el automóvil. Ya saben,
señorías, cuál es nuestra filosofía: que eso hay que combinarlo con
otros medios de transportes porque eliminaríamos problemas que hoy
estamos padeciendo. También creemos que la autopista es la expresión
más dura de la carretera, teniendo en cuenta que los peajes son
bastante elevados, por cierto, porque a pesar de esa política de
rebaja de los mismos siguen siendo elevados y crean una
discriminación social. No todo el mundo tiene la posibilidad de
acceder a una autopista, porque en la mayoría de los casos supone un
gasto adicional incluso superior al gasto en combustible, lo cual no
sólo crea discriminaciones sociales y económicas, sino también desde
el punto de vista de la seguridad. La seguridad, que debería ser
igual para todos, no lo es porque no todos los ciudadanos tienen la
posibilidad económica de utilizar las vías de peaje.

El Ministerio de Fomento ha emprendido una política negociadora con
las empresas concesionarias en orden a prorrogar las concesiones de
las autopistas.

Entendemos que es una política equivocada. Convergència i Unió
también tiene su parte de responsabilidad en este asunto. Cuando
vienen las quejas sobre los problema de Cataluña con las autopistas,
peajes y todo este tipo de cosas de que estamos hablando, hay que
recordar que Convergència y el Partido Popular están inmersos en la
misma política. En vez de dirigir la política hacia el rescate de
autopistas...




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Mi randa y Lozana): Señor
Fernández, le ruego concluya.




El señor FERNÁNDEZ SÁNCHEZ: Enseguida, señor p residente.

No dirigen su política hacia el rescate de autopistas y yo no estoy
de acuerdo con la teoría del ministro de Fomento de que no se
pueden rescatar; hay autopistas cuyo plazo de concesión finaliza y se
les está prorrogando. Pues bien, no tienden a recuperar esas
autopistas ni hacen un verdadero plan donde podamos estudiar las
posibilidades económicas que tenemos para rescatar no solamente ésas
cuyo plazo de concesión está terminando sino otras en las que están
próximos a concluir, y yo creo que es un error. No obstante, como la
semana que viene tendremos posibilidades de seguir debatiendo s obre
este asunto como consecuencia de la moción que presentará la señora
Rahola, ese será el momento en el que mi grupo parlamentario fijará
su posición.

Nada más y muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas
gracias, señor Fernández.

En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sabaté.




El señor SABATÉ IBARZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, tengo que empezar por decir que vamos a estudiar con lupa
las cifras de grandes inversiones que hoy nos ha dado el señor
ministro, y en concreto las referidas a Cataluña, porque no nos cuadran
los números. Los números los tendremos que hacer cuando acabe la
legislatura, cuando podamos decir realmente qué es lo que se ha
gastado. Ustedes, señores del Partido Popular, en enero van a entrar
ya en su cuarto ejercicio -el de 1996, que se lo encontraron a
medias, el de 1997, el de 1998 y el de 1999-, y cuando veamos
realmente lo que se ha liquidado podremos hablar de números y ver si
esas cifras del gran capitán son reales. Luego, también yo les daré
algunas cifras.

Quiero hacer una segunda observación. Es evidente que la rebaja de
los peajes tiene una cierta aceptación popular, sobre todo cuando se
les dice que no hay otra solución y cuando no se da otra información.

Pero cuando esta información es fluida y los ciudadanos empiezan
a saber de qué va la película, entonces se produce lo que ya se ha
demostrado aquí con una serie de recortes de prensa. Hoy mismo
aparece otro: los municipios forman una plataforma para negociar los
peajes; una plataforma en la que también habrá cámaras de comercio,
municipios



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en los que no gobiernan precisamente los socialistas, sino sus socios
de Convergència i Unió; las manifestaciones del Partido Popular en
Cataluña a las que ya se han hecho referencia, consejos comarcales,
etcétera. No parece que esto pueda demostrar la gran popularidad de
las medidas entre los colectivos ciudadanos, que cada vez contestan
con mayor énfasis a lo que está sucediendo, a las promesas de grandes
rebajas de peajes. Esos ciudadanos, esos usuarios son, señores del
Partido Popular, señor ministro, los que pagan. Usted ha dicho aquí
que no han sido los empresarios catalanes, los inversores catalanes.

No, pero es que estos no han pagado las autopistas. Quienes pagan las
autopistas al final son los usuarios, que son los que devuelven a los
que invierten -y lo hacen en demasía, como luego demostraremos- el
capital invertido. Por tanto, aquí quien paga son los usuarios, y
miles de entre esos usuarios son los que seguramente quisieran estar
aquí para hacer interpelaciones como la que estamos discutiendo hoy
aquí, que están demandando y reclaman que la acción del Gobierno se
adecue a las nuevas realidades de la red viaria, a las nuevas
necesidades de los ciudadanos y de las empresas; en definitiva, a la
coyuntura socioeconómica, que es la que determina que podamos variar
en cada momento la política. Porque si aquí se viene a decir, como se
ha dicho, que no hay otra solución y que van a rebajar los peajes
solamente en la medida en que se puedan prolongar las concesiones y
ya veremos si estos cálculos son equilibrados -que también habría
mucho que discutir sobre ello-, pues prácticamente para eso no hace
falta ni que haya acción de Gobierno en este tema de las autopistas
que tanto influye no sólo en el desarrollo, sino también en la
economía particular de los ciudadanos que las utilizan. ¿Cuál es est
a nueva realidad a la que hay que adecuarse? Pues mayor uso de las
vías públicas. Todas las vías son públicas, según nuestro parecer,
incluso las autopistas, lo que pasa es que las explotan unas empresas
concesionarias. La nueva realidad son también la saturación de muchas
carreteras, como consecuencia, entre otras cosas, de los precios
elevados de los peajes, el aumento de la siniestralidad, las
incomodidades de los usuarios, etcétera. Todo ello ha desembocado en
esta mayor demanda social a la que hacía referencia al principio de
mi intervención, que se expresa cada vez con mayor insistencia y que
se concreta básicamente en dos cosas: primera, mayor demanda de
mejoras en las carreteras de mayor densidad, principalmente en las
variantes que alejen el tráfico de los núcleos urbanos, y demanda de
revisión del sistema de peajes en las autopistas en la línea de
disminuirlos en lo posible.

Por lo que se refiere a la primera, las mejoras en las carreteras,
no parece que se acometan éstas de forma que respondan a una
planificación racional, sino que más bien responden a criterios muy
diversos, dispares e incluso tan curiosos como los que conocimos hace
pocos meses a través de la filtración de una reunión de la comisión
de infraestructuras del partido del Gobierno, en la que se vertían
conceptos muy curiosos -como decía- para planificar las obras en
nuestro país, en los que quizá
hoy no tengamos oportunidad de entrar en profundidad. Si quieren otro
ejemplo más cercano a quien les habla, entrando ya en las cifras a
las que hacía referencia el señor ministro, ayer, cuando entraron los
Presupuestos Generales del Estado en esta Cámara, nos dimos cuenta
que en mi circunscripción, Tarragona, las grandes inversiones del
Ministerio de Fomento disminuyen este año un 26 por ciento. Una
disminución de este orden no parece un criterio demasiado racional en
una circunscripción de las más conflictivas para el tráfico rodado.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Sabaté,
le ruego concluya.




El señor SABATÉ IBARZ: El lo en un ejercicio en el que, para el
conjunto del Estado, se aprueba un incremento del 8 por ciento de las
inversiones.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Sabaté,
le ruego concluya.




El señor SABATÉ IBARZ: En cuanto a la revisión del sistema de peajes,
la respuesta del Gobierno se ha reducido en los últimos meses a
anunciar una prolongación de algunas concesiones y algunas rebajas en
determinados puntos de la red, discriminando a otros que se quedarían
igual. Utilizo el condicional porque ha sido tal la respuesta de
ayuntamientos, asociaciones empresariales y colectivos ciudadanos que
ustedes no se han atrevido a ponerlo en práctica todavía. Esta
disconformidad se ha expresado por diferentes motivos que
suscribimos. El primero, al que ya me he referido, porque esas
anunciadas rebajas no son homogéneas; el segundo, porque no se lleva
a cabo en todas las autopistas.

Más cifras, y ya voy terminando. Citaré sólo unos datos extraídos de
las memorias económicas de una empresa a la que se ha citado aquí,
Acesa. Beneficios sobre ventas: 1995, 66 por ciento; 1996, 68 por
ciento; 1997, 69 por ciento. Es decir, los ciudadanos se preguntan y
nosotros también: si para asegurar el equilibrio financiero de la
concesión el Estado y/o los usuarios acuden en ayuda de las empresas
concesionarias cuando van mal dadas, ¿por qué cuando el equilibrio
financiero se dispara, pero en positivo, como sucede en estos
momentos, no se puede corregir en beneficio de los usuarios en un
servicio que -insistimos- es público? Quizá esta sea la diferencia
entre nosotros y ustedes, entre una política de izquierda o de
centro izquierda y la de derechas. Hoy ha reconocido aquí el ministro,
por primera vez en mucho tiempo, que es una política de derechas;
se lo agradecemos. Hubo un portavoz del Gobierno que dijo que era de
izquierdas y fue cesado.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor Sabaté,
le ruego que termine de forma inmediata.




El señor SABATÉ IBARZ: Esta es nuestra posición y de ahí que
compartamos algunos de l os argumentos que ha utilizado hoy la
señora Rahola. La próxima



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semana veremos el redactado final de la moción y cuál es nuestra
posición definitiva.

Para acabar, quiero anunciarles que hemos presentado ya en la Cámara
diversas iniciativas legislativas en la línea de lo que acabo de
exponer.

Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor Sabaté.




- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE MEDIDAS
QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA QUE, HASTA TANTO SE ULTIMAN LOS
TRÁMITES PARA EL REGISTRO DE LA RU-486, SE GARANTICE QUE EN EL
CONJUNTO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DICHO MEDICAMENTO ESTÁ
DISPONIBLE PARA USO EXCLUSIVAMENTE HOSPITALARIO Y PARA SU UTILIZACIÓN
EN INTERRUPCIONES VOLUNTARIAS DEL EMBARAZO PREVISTAS EN EL CÓDIGO
PENAL, ASÍ COMO PARA EL TRATAMIENTO DE OTRAS PATOLOGÍAS PARA LAS
CUALES SU ADMINISTRACIÓN ESTÁ INDICADA (Número de expediente 172/0001
15).




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Interpelación
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre medidas que
piensa adoptar el Gobierno para que, hasta tanto se ultiman los
trámites para el registro de la RU-486, se garantice que en el
conjunto de las comunidades autónomas dicho medicamento está
disponible para uso exclusivamente hospitalario y para su utilización
en interrupciones voluntarias del embarazo previstas en el Código
Penal, así como para el tratamiento de otras patologías para las
cuales su administración está indicada.

Para su presentación, en nombre de su grupo parlamentario, tiene la
palabra la señora Maestro.




La señora MAESTRO MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, señorías, llega esta tarde al Pleno una interpelación
que tiene una larga andadura. Buscando en los archivos, he encontrado
la fecha en la que por primera vez se debatió una propuesta de este
tipo en esta Cámara: exactamente el 2 de octubre de 1990, en la
Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. (El señor
vicepresidente, Marcet i Morera, ocupa la Presidencia.) Señorías, es
mi intención, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, inscribir el debate en torno a la RU-486 en el marco estricto
de la salud pública, del margen previsto en el Código Penal y desde
el punto de vista exclusivo de la salud de las mujeres. Por lo
tanto, son ajenos a mi voluntad y a mi deseo debates que pretenden
mezclar temas. Estamos, señorías, ante un instrumento técnico, ante
un medicamento que supone una alternativa ventajosa al aborto
quirúrgico, una alternativa estrictamente técnica. Por
consiguiente, si no hubiera tantos intereses en mezclar debates que
jamás se deberían mezclar, debería haber sido como cualquier otro
medicamento que un laboratorio registra y que se expende en los
centros sanitarios adecuados para su uso en los términos de sus
indicaciones estrictamente médicas. Por desgracia, no es así. Todo lo
que tiene que ver con la libertad de las mujeres, con su mayoría de
edad, con su autonomía, con su derecho a decidir, tiene que recorrer
largos y penosos caminos para que la sociedad los admita con natural
i dad.

La RU-486 se descubre por casualidad, señorías. Investigadores que
se ocupaban de series hormonales descubren en el año 1955 una
sustancia que es estrictamente una antiprogesterona, una sustancia
que bloquea la función de la progesterona. Hasta el año 1982 no se
presenta ante la Academia Francesa de las Ciencias. En el año 1983 la
Organización Mundial de la Salud establece un acuerdo con los
laboratorios fabricantes, los laboratorios franceses Roussell
Uclaf, cuyas iniciales dan nombre a la primera parte de la RU,
calificándolo como fármaco inocuo, eficaz y positivo para la salud
de las mujeres, en un marco en el cual la Organización Mundial de la
Salud nos recuerda que en el mundo se producen 50 millones de abortos
clandestinos al año que dan lugar a la muerte de 200.000 mujeres
por esta causa. Es una sustancia que ha sido suficientemente
investigada. No obstante, en servicios de ginecología y obstetricia
de tres hospitales públicos del Estado español se hicieron los
correspondientes ensayos clínicos: el hospital Severo Ochoa de
Leganés, el Hospital del Mar de Barcelona y el Hospital General de
Valencia. Las conclusiones, como no podía ser de otra manera, son
las mismas: el mifepristone, utilizado solo, tiene una eficacia del
80 por ciento, que asciende a una eficacia del 95 al cien por cien
cuando se usa asociado a prostaglandinas. Es decir, tiene una
eficacia semejante a la del aborto quirúrgico, ya que éste también
falla, a pesar de que la cirugía parece más expeditiva.

Las primeras prostaglandinas fueron el motivo de que se introdujeran
contraindicaciones para mujeres fumadoras, mayores de 35 años o
mujeres con problemas cardiovasculares, contraindicaciones que no
existen hoy con el uso de otra prostaglandina alternativa,
comercializada en nuestro país y en otros, que tiene por nombre
comercial Citotec, que se usa como protector de la mucosa gástrica y
que tiene la función de promover las contracciones uterinas y la
dilatación del cuello. Señorías, nos encontramos, insisto,
exclusivamente ante un instrumento que tiene, obviamente, ventajas
importantísimas sobre el aborto quirúrgico.

El informe de uno de esos ensayos clínicos realizados en nuestro país
arrojan los siguientes datos. El aborto quirúrgico tiene una
mortalidad de una de cada 20.000 mujeres y el aborto con RU asociada
a prostaglandinas, una mortalidad de una por cada 100.000. Las
ventajas son obvias: se eliminan todas aquellas complicacionesque se
derivan de la introducción en el útero de una



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sustancia extraña, como son las hemorragias, las infecciones, las
perforaciones de útero, pero también la anestesia, señorías, porque
hay un 6 por ciento de mortalidad por anestesia, no sólo en relación
con el aborto, sino en general. Hay contraindicaciones para mujeres
inmunodeprimidas porque sean toxicómanas y enfermas del sida o por
otras enfermedades que producen inmunodepresión. Hay también otras
indicaciones del mifepristone, como son todas aquellas enfermedades
ligadas a la progesterona, que este medicamento bloquea: la
endiometrosis, los miomas uterinos, los tumores de mama, los tumores
cerebrales ligados a la progesterona y, cómo no, también en los
abortos terapéuticos o en los abortos espontáneos en curso.

Hay también motivos económicos, señorías. Se prevé que en nuestro
país el precio de la comercialización de la RU sea en torno a las 11.

000 pesetas. El Citotec se vende en las farmacias españolas a un
precio de 500 pesetas. Sin exagerar nada, es bastante menos de la
mitad del gasto que ocasiona una intervención por legrado o por
aspiración. Además, hay que insistir en que, en un sistema
sanitario con problemas de recursos como el nuestro, evidentemente
elimina el consumo de recursos altamente especializados como puede
ser un quirófano, etcétera.

Llega aquí esta interpelación, señor ministro, como consecuencia de
la votación por unanimidad de una proposición no de ley en la
Comisión de Sanidad del Congreso el 26 de noviembre que pretendía
que el Gobierno removiera todos los obstáculos que hasta hoy han
impedido el registro de la RU-486 -el de la prostaglandina no ofrece
problemas- y que su utilización se hiciera, como producto de una
enmienda presentada por el Grupo Socialista, en el ámbito
estrictamente hospitalario, tal y como se hace en otros países y,
como es evidente, en los límites estrictos que marca la ley.

Yo agradezco -si se me permite- en nombre de muchas mujeres, sobre
todo de aquellas que desean o necesitan, por problemas de salud, un
medicamento de estas características, la comprensión de los grupos
parlamentarios. Fue un avance muy importante, un ejercicio de
racionalidad y de sensatez que sitúa el debate s obre la valoración
como delito en el Código Penal en un ámbito, y estamos en un ámbito
completamente diferente. La posición de mi grupo es bien conocida,
pero aquí no se trata de eso.

El señor director general de Farmacia ayer, en la Comisión de
Sanidad, nos informó detalladamente sobre la prontitud, la
agilidad y la seriedad con la cual el Ministerio de Sanidad se ha
movido a la hora de llevar a cabo el mandato parlamentario, celeridad
que yo agradezco y valoro en su justa medida. Espero que, según las
previsiones del señor Plaza, puedan cumplirse los plazos para que la
RU se registre con total normalidad en nuestro país.

Señorías, el tema exacto que hoy traigo a su consideración es el
siguiente. En este marco estrictamente técnico en el que nos movemos,
ante la unanimidad científica -no digo ideológica- de todos los
ensayos
clínicos realizados y avalados por las revistas especializadas y por
los profesionales de la salud que trabajan estos temas, ante no ya un
consenso sino una unanimidad social en la medida en que quienes nos
sentamos en estos escaños representamos a la soberanía popular, la
pregunta que yo le hago, señor ministro, a estas alturas, en estos
términos, estrictamente en estos términos, es: ¿qué piensa hacer el
Ministerio de Sanidad para intentar que un fármaco, un medicamento
que ha concitado alrededor de sí estas valoraciones, que sin pretender
que sean panaceas sí son avances en la protección de la salud de
las mujeres, al margen de la tramitación administrativa que pueda
seguirse, sea accesible a las mujeres inmunodeprimidas, las mujeres
que tienen abortos espontáneos, las mujeres que realizan
interrupciones voluntarias del embarazo en el marco de lo previsto en
el Código Penal? ¿Qué va a hacer para que estas mujeres puedan
acceder ya a ese medicamento?



El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señora Maestro, concluya,
por favor.




El señor MAESTRO MARTÍN: Termino en este momento. ¿Qué
justificación habría para que adolescentes para las cuales el legrado
o la aspiración es traumático cuando no ha habido un embarazo previo
tengan que prescindir de un elemento ventajoso desde el punto de
vista de la salud y desde el punto de vista técnico? Desde mi punto
de vista no hay justificación que pueda impedir que hoy, en todas
esas condiciones que no repito, la RU-486, como otros avances
científicos que se puedan producir, esté a disposición de la
sociedad española.

Me van a permitir SS.SS. que, al hilo de est a intervención
y valorando el largo camino recorrido, les recuerde una cita de Galileo
Galilei, que yo creo que viene a cuento. Galileo Galilei decía:
Sí, creo en la dulce violencia de la razón sobre las personas. A la
larga, no se le pueden resistir.

Nada más. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Maestro.

Para responder a la interpelación en nombre del Gobierno, tiene la
palabra el señor ministro de Sanidad.




El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, señora interpelante, comparezco para
dar contestación a la interpelación urgente formulada por su grupo
parlamentario en relación con las medidas que piensa adoptar el
Gobierno para que, hasta tanto se ultiman los trámites para el
registro de la RU-486, se garantice que dicho medicamento esté
disponible en el conjunto de las comunidades autónomas para su
utilización exclusivamente hospitalaria en interrupciones voluntarias
del embarazo en los términos previstos en el Código Penal, así como



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para el tratamiento de otras patologías para las cuales está indicada
su administración.

Omito la referencia a algunas de las consideraciones que se hacían en
la exposición de motivos de la interpelación y que no han sido
recogidas ahora mismo sobre presuntas situaciones de desigualdad en
el conjunto del territorio nacional que, según mi información, no
existen. Una vez dicho esto, sí quiero indicar que tampoco podemos
compartir la afirmación de que las interrupciones voluntarias del
embarazo inducidas con la RU-486 tengan menores riesgos que las
alternativas quirúrgicas. La RU-486, que como saben está autorizada
en algunos países de la Unión Europea -Francia, Suecia y el Reino
Unido-, es un medicamento que tiene indicaciones muy concretas, como
se ha recordado, y cuya utilización no está exenta de
contraindicaciones que, por otra parte, son conocidas y de las que
hago dispensa a sus señorías. Es sabido también que su utilización
tiene determinados riesgos, que es lo que aconseja que ésta sólo deba
tener lugar en un medio hospitalario, tal y como por otra parte
recoge la proposición no de ley formulada y aprobada en noviembre de
1997.

Se ha querido comparar la interrupción voluntaria del embarazo real
izada con este producto con la efectuada con métodos quirúrgicos. En
este sentido, tengo que indicar a SS.SS. que los estudios disponibles
no están realizados en términos homogéneos, lo que no permite
extraer conclusiones definitivas sobre la menor mortalidad en la IVE
medicamentosa o afirmar que es una alternativa ventajosa en
relación con el método quirúrgico. En Francia, país que tiene una
mayor experiencia en este ámbito dado que es el país de origen y
donde primero se autorizó la RU-486, en 1998, su uso se sitúa en el
33 por ciento de todas las IVE realizadas; en Suecia es del 25 por
ciento y en el Reino Unido no alcanza el 10 por ciento.

Una vez señalado todo lo anterior, quisiera hacer un breve resumen
también sobre la situación en la que se encuentra el registro y
autorización de comercialización de la RU-486, cuestión que por otra
parte ha sido objeto de una comparecencia del director general de
Farmacia y Productos Sanitarios ante la Comisión de Sanidad y
Consumo, como ha sido aquí también recordado. En noviembre de 1997
se aprobó la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a
establecer conversaciones con los laboratorios que tienen la
propiedad de la patente del fármaco RU-486 para abordar y en su caso
eliminar los obstáculos existentes en orden a posibilitar la
comercialización en España de dicho fármaco, su dispensación exclusiva
en el ámbito hospitalario, dentro del marco de la legislación vigente, y
previo informe de las autoridades científicas sobre las consecuencias
que se podrían derivar en la salud de las pacientes. Desde esa fecha,
y en cumplimiento del mandato recibido de esta Cámara, se han
efectuado las acciones precisas ante el laboratorio propietario de la
patente, como ayer concretó cumplidamente el director general de
Farmacia, que han terminado con el anuncio de que España será uno de
los países concernidos en el procedimiento de reconocimiento mutuo a
nivel europeo; reconocimiento mutuo que es el
procedimiento que permitirá que el producto se encuentre registrado
en nuestro país. Se exige una actualización del expediente en
Francia, como país que actuará en calidad de Estado miembro de
referencia; a continuación se requiere la validación de los Estados
miembros concernidos y posteriormente se pone en marcha un calendario
de evaluación que ya no puede detenerse y que dura un total de 120
días naturales. En este procedimiento de registro, la compañía elige
los Estados de la Unión Europea en los que quiere obtener la
autorización, y en los contactos mantenidos con el laboratorio quedó
de manifiesto que el mismo no tenía inicialmente intención de
presentar la solicitud en algunos países, como Italia, Irlanda o
Alemania, y que las dudas que la compañía albergaba para presentar la
solicitud en España se habían disipado por el acuerdo del Congreso de
los Diputados.

En cuanto al objeto concreto de esta interpelación, es decir, la
posibilidad de disponer del medicamento con anterioridad a su
registro y comercialización en España, debo recordar a SS.SS. que la Ley
del Medicamento p revé esta posibilidad, aunque debe tenerse en cuenta
que es una vía de acceso excepcional a medicamentos concretos para
pacientes de forma individualizada. Es decir, en el supuesto de que
existiera alguna solicitud de utilización de la RU-486 se aplicaría
lo previsto en el artículo 37 de la Ley del Medicamento, como no
podía ser de otra manera, correspondiendo al Ministerio de Sanidad y
Consumo autorizar la importación del medicamento y su uso cuando
resulte imprescindible para el tratamiento o diagnóstico de
patologías concretas. Este precepto legal implica que la
autorización tendrá en cuenta al menos los siguientes requisitos: que no
existan alternativas en España, que sea imprescindible para el
tratamiento de pacientes concretos en los que estén contraindicadas
las alternativas disponibles en España y que cumpla con las
indicaciones y condiciones de uso a probadas en el país de origen de
la especialidad farmacéutica. En concreto, para este medicamento, la
ficha técnica del mismo establece que su uso tiene que ser
evidentemente en los hospitales -hospitales que posean servicio de
farmacia-, que puedan hacer una vigilancia médica del proceso,
atención inmediata o servicio de urgencias ginecológicas para atender
las posibles hemorragias que requieran hemostasia quirúrgica,
consentimiento informado de la paciente y compromiso del médico de
cumplir con los requisitos del uso, indicando que no existen las
contraindicaciones técnicas también del medicamento. En los
contactos mantenidos con el laboratorio propietario, éste ha
manifestado su disponibilidad a facilitar el producto como
medicamento extranjero, siempre que se garantice que el uso se
efectuará según las condiciones técnicas legales exigibles y que
resultan similares a las que se exigen en Francia, que se utilicen
interrupciones del embarazo de acuerdo con la legislación española y
que la petición y el suministro se efectúe de acuerdo con la
legislación vigente en materia de medicamentos extranjeros.

En definitiva, quiero señalarles que no es preciso que el Ministerio
arbitre mecanismos especiales para que,



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en tanto se produce el registro y la autorización de la RU-486, pueda
disponerse de este medicamento en España, dado que la Ley del
Medicamento prevé la posibilidad de que se facilite como medicamento
extranjero. No obstante, quiero insistir en que en el supuesto de
que algún servicio hospitalario de ginecología y obstetricia
autorizado para la realización de interrupciones voluntarias del
embarazo solicitara el producto deberá cumplir, como no podía ser de
otra manera, estos requisitos y el hospital deberá disponer de
urgencias ginecoobstétricas, servicio de farmacia y unidad de
cuidados intensivos. Esta dotación es similar a la que se exige en
los países donde la RU-486 está autorizada y está destinada
a garantizar la adecuada atención de la mujer en el caso de que se
produjeran complicaciones durante el tratamiento. Las
autorizaciones como medicamento extranjero serían, como no puede
ser de otra manera, de forma individualizada y se facilitarían para
aquellas indicaciones para las que está autorizado el producto y para
mujeres que no presentaran las contraindicaciones advertidas. En
cualquier caso, debería quedar asegurado el consentimiento informado
y un riguroso seguimiento de las mujeres durante el tratamiento,
dado el riesgo de posibles fallos del método que, en todo caso,
estaría dirigido a las interrupciones de embarazo previstas en el
Código Penal. Si se dan estas condiciones y sin otro propósito que el
de facilitar a nuestras pacientes el mejor tratamiento disponible,
tramitaremos esas peticiones con la misma diligencia con que nos
estamos produciendo en ese proceso, sin más propósito que dar un buen
servicio a los ciudadanos dentro del cumplimiento de la ley, como es
nuestra obligación.

Nada más, señor presidente. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señor
ministro.

Señora Maestro, tiene la palabra para la réplica.




La señora MAESTRO MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, en primer lugar, querría efectuar algunas precisiones
que creo estar en condiciones de hacer con respecto a una
información, que usted ha dado, que no digo que sea errónea sino que
pudiera inducir a error. Estoy en condiciones de afirmar que la
antiprogesterona no tiene contraindicaciones conocidas; repito, no
tiene contraindicaciones conocidas. Aquellas que he citado se
referían a una antigua prostaglandina que hace siete años que no se
usa en los países en que está registrada la RU y ha sido sustituida
por el medicamento Citotec, al que yo he hecho referencia. La
información que puede inducir a error es que usted, refiriéndose a
las contraindicaciones -y ha dado datos que he tomado al vuelo- habla
de Francia: un 30 por ciento. Eso no es una contraindicación.

Entiendo -y ese es el dato correcto- que las contraindicaciones no
existen, pero la limitación temporal es muy grande, eso es cierto.

Solamente en el 30 por ciento de las interrupciones voluntarias del
embarazo en Francia se utiliza la RU, porque las otras no
es que tengan contraindicaciones sino que probablemente son
interrupciones voluntarias del embarazo que se producen en fechas
posteriores a los 49 días en que tiene eficacia la RU. Evidentemente
esto es una limitación; no es una panacea para el cien por cien de
las interrupciones voluntarias del embarazo que se realizan. Pero
que un 30 por ciento de los casos se puedan realizar con una
alternativa ventajosa a la quirúrgica, entre quienes sabemos un poco
de medicina se decía que el desarrollo de la medicina permitiría
progresivamente la eliminación de la cirugía; este es uno de los casos.

No he querido hacer referencia en mi intervención, porque quiero que
el tema no salga de sus límites estrictos por lo menos en lo que esté
en mi mano, a su uso en otras comunidades autónomas. El Ministerio de
Sanidad dice -y yo me lo creo- que no ha sido tramitada solicitud
alguna como medicamento extranjero. Lo que pasa es que como la
realidad -y eso como legisladores creo que lo sabemos bien- circula
muchas veces más deprisa que las leyes, hay otras alternativas
posibles que han permitido que, según mi información, en ciertas
comunidades autónomas se esté administrando. De todas maneras, ese no
es el problema de mi intervención. Dice usted -y dice bien- que el
artículo 37 de la Ley del Medicamento permite la compra de cualquier
medicamento no registrado como medicamento extranjero, y
evidentemente esa es mi propuesta, que con su respuesta no está
satisfecha. Usted conoce la limitación de los 49 días de gestación,
que desde la fecha de amenorrea es menos de un mes. Si alguien lleva
a cabo la tramitación más imprescindible, suponiéndole toda la
agilidad posible tanto a quien la solicita como al Ministerio de
Sanidad, lo más probable es que la RU llegue cuando ya no pueda ser
utilizada. De hecho, según informaciones procedentes de su
ministerio, desde que se hicieron los ensayos clínicos en nuestro
país, año 1990, dos solicitudes de la RU-486 han sido hechas como
medicamento extranjero. Una de ellas fue desestimada porque se
interpretó que el aborto quirúrgico podía ser una alternativa y la
otra llegó tarde. Claro está que no se pide lo que se sabe que no se
puede obtener. La ley establece esa posibilidad y esa posibilidad se
está usando, señor ministro. El ejemplo más conocido es el de la
nueva generación de fármacos para el tratamiento del sida. No querrá
usted decir que se tramita de forma individualizada para cada uno de
los enfermos. Eso no es posible creérselo. El ministerio estimará un
volumen de necesidades que administrará previa petición razonada.

Lo que yo planteo aquí es que es evidente que hace falta una decisión
política; decisión política que no contraviene la Ley del
Medicamento, que no contraviene la voluntad unánime, sino todo lo
contrario, de los grupos parlamentarios y que debe hacer posible,
señorías, que en las expectativas creadas ante las mujeres, que
conocen las interesadas en estos temas o las que por desgracia hayan
tenido necesidad de enfrentarse a un aborto, se sepa que este
medicamento está disponible. Pero la gente pregunta: cuándo. Los
medios de comunicación se han ocupado estos días y otras veces de
este tema, porque la gente pregunta: cuándo. Y la respuesta no puede
ser que



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va por buen camino. El señor Plaza -seguramente tiene usted la
información- nos explicó detalladamente el camino que queda por
recorrer, y el camino tiene obstáculos. Tiene obstáculos de tipo
técnico, de tipo económico y de tipo industrial que yo deseo
fervientemente que se remuevan, pero que siguen poniendo interrogantes
sobre la fecha en la que la RU-486 esté disponible.




El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Señora Maestro, termine,
por favor.




La señora MAESTRO MARTÍN: Termino en este momento, señor
presidente.

La decisión política que en nombre de mi grupo parlamentario solicito
del Gobierno es que si hay consensos científicos y médicos en las
indicaciones y con las cautelas previstas, tanto legales como de
recursos sanitarios, si hay ese consenso -el más elevado que se ha
dado en estos temas, ojalá se diera sobre otros- la pregunta es señor
ministro, cómo y cuándo va a estar disponible la RU. No hace falta
cambiar las leyes porque en la Ley del Medicamento el marco técnico y
el marco legal están perfectamente establecidos. No es justificable
que a partir de este momento las mujeres tengan que verse obligadas a
entrar en un quirófano por algo que puede ser resuelto como
alternativa -no como panacea, sí como alternativa- por otros
métodos menos traumáticos y menos costosos, señor ministro. Estamos
en un momento en que el déficit público se valora y las necesidades
son grandes; la propuesta es económica, una propuesta que ahorra
dinero.

La pregunta está sobre la mesa, la pregunta se la formula mi grupo
parlamentario, pero no dude, señor ministro, que hay muchas
mujeres, independientemente de su ideología, voten a quien voten, que
se enfrentan como mujeres a esta situación, que seguramente se la
formularían si tuvieran el privilegio y la oportunidad de estar aquí
esta tarde.

Nada más. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Maestro.

Señor ministro.




El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas
gracias, señor presidente.

Señora diputada, yo creo que el tema del plazo en que podrá estar
registrado el medicamento en nuestro país lo explicó ayer con mucho
detalle el director general de Farmacia. A sus afirmaciones de ayer,
que por lo demás responden al cumplimiento estricto de la legislación
correspondiente y la tramitación que requieren estos asuntos, me
remito esta tarde. Sí le puedo decir que los medicamentos extranjeros
se tramitan todos, de a cuerdo con la ley, en expedientes
individualizados. También le puedo decir -y a lo mejor le satisface y
le tranquiliza a usted y a todas las personas que puedan estar
interesadas en este asunto, a quienes respeto, como no podía ser de
otra manera, y mi obligación es tratar de
ayudarles si eso redunda en una mejor asistencia de esos casos- que
el laboratorio se ha comprometido a facilitar el medicamento en dos
días. Por tanto, creo que la legislación vigente en este momento no
debe ser un obstáculo insalvable para que siempre que se formulen
peticiones razonadas y justificadas de este medicamento, en las
condiciones debidas, pueda llegar a sus destinatarias en un plazo en
que pueda ser utilizado y con la diligencia que resulta de estos
datos que le acabo de dar.

Por lo demás, insisto en que las tramitaciones de todos los
medicamentos extranjeros, incluidos los del sida, son individualizadas
y así deberemos seguir haciéndolo, lo cual creo que es
compatible con que se puedan conseguir esos objetivos que señal a S.S.

de que en todos aquellos casos en que est etratamiento resulte
más indicado que cualquier otro y cumplan el conjunto de las
disposiciones legales sobre la materia se pueda hacer llegar este
nuevo producto a las pacientes interesadas y a los servicios que las
atiendan.

Nada más señor presidente. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Gracias, señor
ministro. ¿Grupos que desean intervenir en el debate? (Pausa.) Por el
Grupo Mixto tiene la palabra la señora Almeida.




La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor p residente.




La verdad es que llevamos unas semanitas en que los temas de las
mujeres están muy candentes. Además, unos nos los solucionan con rezos
y oraciones, con llamadas en los púlpitos, y parece que otros nos los
quieren solucionar de otra manera. No hemos conseguido tener
seguridad jurídica, pero parece que podemos tener menos seguridad
médica. A mí me preocupa esto por una razón, porque, por lo que he
oído al señor ministro, parece que ahora las mujeres tenemos que ir
a decir: Oiga, que quiero que me den la RU. Entonces tramitan un
expediente y tienen que contarle su vida a todos los médicos. ¡Pero
si es que tiene que ser una oferta de la sanidad pública porque es
una interrupción del embarazo menos agresiva para las mujeres, más
médica y menos quirúrgica! Es usted, como responsable del Ministerio,
el que tiene que decir que en la sanidad pública se oferte a las
mujeres, que sería muy bueno, porque si tiene una caducidad -hablo de
caducidad de los efectos, no de la medicina- de 49 días, si perdemos
el tiempo entre ir, venir y tal, nadie lo hará. Lo que queremos es
seguridad médica. Aunque sólo sea por los datos que han dado
médicamente, es más seguro, es más íntimo, es menos traumático, por
lo que es mejor para las mujeres. ¿Por qué dice que nos la van a dar
en dos días? Pues pídala ya, pídala en nombre de la sanidad pública,
para que ya est é cuando mañana llegue alguna mujer; si llega alguna,
porque usted sabe que a la sanidad pública llega el 1 por ciento de
las interrupciones de embarazo. Si a esas que llegan les



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dicen que con esta pastilla, en 49 días, se lo van a hacer de forma
controlada en el hospital, la cosa queda estupenda y no la tienen
que ingresar, dos días de cama, tres de objeción de conciencia de las
que limpian, cuatro de tal, que es lo que est á ocurriendo.

Estamos hablando de un tema muy serio que afecta a las mujeres. Le he
oído decir que la Viagra ya va a estar en la seguridad social, y sin
embargo tiene más contraindicaciones que esta pastilla. Fíjese los
infartos que da a las personas que van a comprarla a Andorra y a otros
sitios. Nosotros estamos hablando de algo muy serio, y es que
dentro de las modalidades de interrupción del embarazo, al que se
tiene derecho legal porque existe una ley -le guste o no le guste,
pero está aprobada por esta Cámara y está vigente-, se tiene la
obligación, porque es un derecho de cualquier usuario de la medicina,
a que se le haga con las mayores facilidades y el menor riesgo para
su cuerpo. Creo que esa forma de interrumpir el embarazo sería muy
positiva porque, como tiene una fecha limitada, ayudaría a que la
gente tomara la decisión y no dejara transcurrir más tiempo, que
siempre tiene más riesgo para la mujer. Por tanto, no creo que tenga
que ser la mujer la que tenga que pedirlo al médico. Y usted lo debía
saber, porque yo no soy médica pero usted sí, y si no es médico perdón,
lo retiro, pero no lo digo desde ese punto de vista sino desde el
de la decisión de la mujer. Una mujer no debe decir: hágamelo usted
por aspiración, hágamelo por legrado o con píldora. Son los médicos
los que tienen que decir: señora, usted tiene derecho y aquí lo
tiene. No ha de ser una demanda, sino una oferta de la sanidad
pública, precisamente porque existe el derecho a ser mejor atendida
en la forma menos traumática.

Llevamos años hablando de la dichosa píldora RU, desde el año 1990,
como ha dicho la proponente de esta interpelación. Yo me acuerdo de
haber estado en seminarios en Valencia con su inventor, cuando
todavía no se comprobaba en los hospitales, pero desde que se han
hecho las comprobaciones y se tiene la certeza de su seguridad,
llevamos muchos años diciéndole que la traiga. Resulta que para traer
unas pastillas que parece que afectan al cuerpo masculino se dan
mucha prisa y va a haber cola; sin embargo, en lo que afecta a la
decisión responsable de una mujer tiene que transcurrir mucho
tiempo. Ya está bien de no tener seguridad jurídica y de que también
nos quieran negar la seguridad médica. Creo que esas cosas debí amos
tenerlas en cuenta y por mucho que haya trámites burocráticos, si
usted dice que en dos días se puede tener, sea consciente de que
está permitiendo que muchas mujeres se vean sometidas incluso en la
sanidad pública a una intervención quirúrgica cuando podían tomarse
una píldora con muchas menos contraindicaciones.

Yo creo que lo que se le pide es un acto de responsabilidad, no es
ideológico ni es para que pongan esas caras algunas diputadas del PP,
porque lo que estoy diciendo es lo que siento, lo que pienso y lo que
creo que sienten muchas mujeres; a lo mejor ellas no tienen ese
sentimiento. (Rumores.)
Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Almeida.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora
Frías.




La señora FRÍAS NAVARRETE: Señor presidente, señorías, señor
ministro, el Grupo Parlamentario Socialista en todos los debates que
han tenido lugar en esta Cámara en la Comisión de Sanidad y Consumo
sobre la RU, desde la IV Legislatura hasta hoy, siempre ha defendido
que este es un tema única y exclusivamente de salud pública y que el
registro y la comercialización de este fármaco en nuestro país
facilitará la aplicación de la actual o futuras leyes en materia de
aborto. Siempre hemos defendido también, y lo seguiremos haciendo,
que este tema requiere el máximo consenso, apoyo y acuerdo de todos
los grupos políticos, frente al entramado de presiones de los
sectores más intolerantes de nuestra sociedad que se oponen a que las
mujeres puedan ejercer el derecho al aborto dentro del marco legal
vigente en las mejores y más seguras condiciones.

El pasado mes de noviembre se logró en la Comisión de Sanidad, porque
todos cedimos en algunos de nuestros planteamientos, el consenso
para apoyar una proposición no de ley de Izquierda Unida que incluía
una enmienda transaccional socialista por la que se pedía al Gobierno
eliminar los obstáculos existentes en orden a posibilitar la
comercialización de la RU-486 en España. Este acuerdo unánime ha
permitido que el Ministerio de Sanidad comenzara las gestiones con
la compañía farmacéutica francesa Exelgyn, que es la que fabrica
actualmente el fármaco, y que por el procedimiento europeo de
reconocimiento mutuo, con Francia como país que actuará en calidad
de Estado miembro de referencia, se haya iniciado la tramitación
pertinente; tramitación pertinente que según el calendario
anunciado ayer en la Comisión de Sanidad y hoy por usted, durará
aproximadamente un año.

El Ministerio de Sanidad, como no podía ser menos, ha cumplido con el
mandato parlamentario, y las gestiones con el laboratorio se están
realizando correctamente, de lo cual nos alegramos. Mi grupo, no
obstante, va a impulsar iniciativas tendentes a que este fármaco se
pueda poner a disposición de todos los hospitales públicos de nuestro
país. Sabemos que ya se utiliza en algunos de ellos; por tanto,
señor ministro, no podemos permitirnos el lujo de prescindir de este
medicamento y de esperar un año, si todo sale bien, o más tiempo, no
sabemos cuánto. No podemos esperar tanto tiempo. Este medicamento
tiene que ponerse a disposición de los servicios de ginecología de
los hospitales públicos de nuestro país.

Quiero señalar también que es necesario reforzar, si cabe, el acuerdo
alcanzado en la Cámara y por ello esperamos y deseamos que las
medidas que proponga Izquierda Unida en la moción consecuente a esta
interpelación las podamos apoyar todos los grupos y consigamos



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así agilizar los trámites y que no se vuelva a producir ningún paso
atrás en el camino emprendido para poder disponer pronto en España de
dicho fármaco; fármaco que recuerdo a SS.SS. que representa un avance
científico de primer orden en relación con la salud de l as mujeres y
con el derecho a decidir sobre su maternidad en el marco de la
legislación vigente.

Este procedimiento químico alternativo al quirúrgico de interrupción
voluntaria del embarazo es menos d oloroso, menos traumático y más
seguro en los primeros 49 días de gestación. Así lo reconocen organismos
internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la
Conferencia internacional de planificación familiar o el
Parlamento Europeo. Así lo avalan los ensayos clínicos ya realizados
fuera y dentro de nuestro país. No tiene efectos secundarios graves;
en todo caso son mucho más peligrosos los derivados de la anestesia
o de la intervención quirúrgica. El índice de eficacia si se utiliza
en los primeros 49 días es tan alto como el del aborto quirúrgico.

Con este método, señor ministro, se reducen significativamente los
costes sanitarios al cambiar radicalmente las necesidades
técnico infraestructurales, ya que no hacen falta ni quirófanos ni
anestesista. La cobertura sanitaria es mínima, sólo la presencia de
un médico que vigile todo el proceso. La mujer adquiere, además, al
utilizar este método mayor grado de responsabilidad y autonomía si
cabe, al ser ella la que ingiere las tomas del fármaco. Se
simplificaría también el problema de la objeción de conciencia
médica. Su uso hospitalario, con los requisitos citados, centros que
dispongan de unidades de urgencia ginecológica y de cuidados
intensivos, posibilitaría que la interrupción voluntaria del
embarazo se efectuara en la sanidad pública y, por tanto, beneficiará
a muchas mujeres que no tienen en la práctica garantizado el derecho
al aborto porque por falta de recursos no tienen acceso a
determinados servicios sanitarios privados.

Por todas estas razones y especialmente para conseguir que un acto
que es sin duda traumático por sí mismo para cualquier mujer lo sea
en mucho menor grado por este método y porque son más del 30 por
ciento los embarazos que se interrumpen en España de menos de 49
días, es necesario y urgente que se aceleren los trámites por parte
de su Ministerio y que este fármaco pueda estar pronto a disposición
de todas las mujeres que lo necesiten en el marco de la legislación
vigente sobre la interrupción voluntaria del embarazo.

Gracias, señor presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Muchas gracias, señora
Frías.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Fernández.




La señora FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, me gustaría realizar una
serie de valoraciones de índole fundamentalmente política respecto
a acontecimientos
parlamentarios que se han suscitado en los últimos días.

Subrayaba muy bien el ministro, y lo recogía la señora Maestro, que
se había producido una comparecencia esta misma semana en la Comisión
de Sanidad, donde el director general de Farmacia, a petición de su
propio grupo parlamentario, respondía acerca del cumplimiento del
mandato unánime de la Comisión de Sanidad en relación a una
resolución adoptada para la posible comercialización en nuestro
país de un fármaco que, de forma alternativa al método quirúrgico, se
pueda aplicar dentro de los supuestos legales reconocidos en nuestro
país en materia de aborto. Una apreciación personal que quiero
realizar hoy aquí es que la intervención del director general de
Farmacia le ha parecido al Grupo Parlamentario Popular absolutamente
rigurosa y exhaustiva, desde el punto de vista técnico,
procedimental y médico. En términos parlamentarios y políticos diría que
los grupos que unánimemente habíamos mandatado al Gobierno y al
Ministerio a cumplir una serie de trámites le tendríamos que poner un
calificativo de sobresaliente: por la eficacia en el tiempo, por el
celo en el cumplimiento del mandato y por vencer una serie de
precedentes parlamentarios, que SS.SS. conocen, donde no fue posible
realizar las gestiones o no se intentó de la forma que se hizo en la
actualidad.

Nosotros poníamos de manifiesto en la comparecencia que en esta
materia es importante el acuerdo. Yo buscaba hoy en el Reglamento la
razón o definición de una interpelación parlamentaria. Su señoría y
su grupo son muy dueños de establecer su propia organización interna
y estrategia parlamentaria, pero la comparecencia del director
general de Farmacia dio cumplimiento exacto y fiel del mandato que la
Comisión de Sanidad trasladó al Gobierno y donde estableció el
procedimiento, que se está llevando a cabo, procedimiento que, como
conoce S.S. y todos los diputados, es complejo desde el punto de
vista de la legislación europea -Francia es el país de referencia- y
requiere una tramitación que en ocasiones puede plantear una
dificultad temporal, pero S.S. sabe también que está perfectamente
reglado en la legislación de la Unión Europea, y de esa tramitación
del expediente se deriva una serie de consecuencias, entre ellas, las
garantías para que en nuestro país se establezca la comercialización,
en su caso se ponga el precio, y se pueda administrar en centros
hospitalarios dicho fármaco. Estos requisitos se generan y se derivan
consecuencia del expediente. No sabemos si en España se van a aplicar
a través de la resolución de la Agencia Francesa del Medicamento
idénticas características a las que en Francia, país de referencia,
están vigentes. Quiero recordarle a S.S. que, entre otras
consideraciones, se establece la obligatoriedad de que exista en el
ámbito hospitalario y d entro de los supuestos legales, es decir que
se cumpla la legislación vigente, y que se cumpla una serie de
requisitos, a saber: que tengan un servicio de UVI, un servicio de
urgencia en materia de ginecología, un servicio de farmacia
permanente y una serie de requisitos que



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en España vamos a conocer como consecuencia del desarrollo del
expediente que ya se ha iniciado.

A su señoría esa tramitación se le antoja lenta. Le invitaría a
que lo reconsiderase, porque vale la pena hacer bien las cosas,
después de haber esperado tanto tiempo, para ofrecer una alternativa
al único método, que es el quirúrgico, que hoy está vigente en
nuestro país dentro del marco de los tres supuestos legal es. Creo
que valdría la pena, señorías, prestar atención, dedicación y celo
a la tramitación del expediente, pero también al cumplimiento de los
requisitos que en aplicación de la legislación europea se derivan.

Por tanto, el planteamiento que hace la señora Maestro en su
interpelación nos parece bien -al menos así interpretamos nosotros la
filosofía de lo que ha dicho hoy desde esta tribuna-, nos parece bien
el consenso parlamentario, nos parece bien que el procedimiento se
inste -y se está haciendo-, nos parece bien que se llegue a buen
puerto en la tramitación y en la posterior comercialización del
fármaco, dentro del referente de la legislación española.

Pero queremos un atajo mientras el procedimiento se realice. El señor
ministro -yo he prestado mucha atención a sus palabras- exhibía, como
no puede ser de otra forma, un argumento legal para dar seguridad
legal a los debates parlamentarios, que conviene que se estudien y se
documenten adecuadamente, para poder tener un discurso sensato,
razonable y dentro de los términos de la legalidad y también, a poder
ser, del sentido común. El artículo 37 de la Ley del Medicamento, de
1990, establece una serie de requisitos, porque S.S. sabe -mucho
mejor que yo, porque tiene titulación que lo acredita y lo avala- que
existe la posibilidad en nuestro país, en el caso que estamos
tratando y en otros muchos, de que un determinado médico o un
especialista, ante un determinado paciente, una dolencia, una
enfermedad o un peligro, ante el conocimiento de un determinado
fármaco en un país y no comercializado en España, lo pueda reclamar
para su administración. Este procedimiento es excepcional
lógicamente, porque, si no, no aparecería así concebido en la ley, y
a mí, señoría -y lo introduzco como reflexión-, me parece que todos
ganaríamos en seguridad jurídica y que las mujeres ganarían también
en calidad médica, porque no me parece aconsejable aportar a este
debate cuestiones económicas. Desde luego, lo que debemos aportar a
este debate es calidad médica y que haya requisitos y condiciones
objetivas que garanticen que, a través del método quirúrgico o a
través de un
método complementario denominado medicamentoso - en aplicación de
este fármaco, una vez que se instruya el expediente-, el médico, que
es quien debe dictaminar, dentro del recinto hospitalario y
cumpliendo los requisitos, salvando las contraindicaciones a las que
el ministro ha hecho referencia, pueda autorizar que se pueda
utilizar de forma complementaria. ¿Buscar atajos? Es legítimo desde
el punto de vista político. A mí me parece poco recomendable y me
parece que había un acuerdo -lo ha dicho la portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista-, todo el mundo ha dejado argumentos en el
camino seguramente, y a nuestro juicio hay más garantías legales,
parlamentarias y médicas si el expediente -como se dijo en la
comparecencia de ayer- se tramita correcta y adecuadamente para que
en España, con los requisitos correspondientes dentro de nuestra
legislación, pueda ser una realidad. Cuando se ha esperado tanto
tiempo, tampoco me parece que sea un argumento de fuerza tratar ahora
de plantear sistemas de forma temporalmente excepcional, porque la
tramitación -como quedó sobradamente acreditado- se ha iniciado, se
hará bien y se hará con rigor.

Leeremos con mucha atención la moción, si es que S.S. finalmente la
presenta. Estaremos muy atentos. Desearíamos que no fuese así, porque
en una interpelación, cuando el Gobierno demuestra que cumple y
cuando da satisfacción a la pretensión, realmente creo que también es
una buena táctica parlamentaria quedar satisfecho y no plantear la
moción porque hay cumplimiento del mandato parlamentario. Su señoría
es muy libre. Se lo he pedido el otro día en la Comisión de Sanidad,
lo he hecho también en privado y se lo quería reiterar hoy aquí. La
leeremos con atención y, a tenor de las intervenciones, veremos lo
que sucede el próximo martes en este mismo salón de sesiones.

Muchas gracias. (Aplausos. -La señora Maestro Martín pide la palabra.)



El señor VICEPRESIDENTE (Marcet i Morera): Gracias, señora Fernández.

No tiene ninguna oportunidad de réplica. Lo sabe, señora Maestro,
no insista.

El Pleno se reanudará mañana, a las nueve de la mañana.

Se suspende la sesión.




Eran las ocho y cuarenta y cinco minutos de la noche.