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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 161, de 20/05/1998
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACION PERMANENTE
Año 1998 VI Legislatura Núm. 161
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FEDERICO TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE
Sesión Plenaria núm. 156
celebrada el miércoles, 20 de mayo de 1998
ORDEN DEL DIA:
Preguntas (Página 8566)
Interpelaciones urgentes:
--Del Grupo Socialista del Congreso, sobre Salud Pública (número de
expediente 172/000091) (Página 8586)
--Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, acerca de la
situación de los ciudadanos españoles condenados en diferentes países y
que cumplen condena en centros de dichos países, y de la asistencia y de
las gestiones realizadas con arreglo a los tratados internacionales para
el cumplimiento de sus penas de España (número de expediente 172/000092)
(Página 8594)
--Del Grupo Parlamentario Mixto, para informar sobre el proceso y
consecuencias de la privatización de ENDESA para la economía y el
equilibrio territorial del Estado español (número de expediente
172/000093) (Página 8600)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Preguntas (Página 8566)
Del Diputado don Joan Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto, que
formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿Qué más ha de hacer el
Portavoz del Gobierno, tras la interminable sucesión de actuaciones que
acreditan una conducta guiada por criterios exclusivamente partidistas y
no institucionales, para ser cesado por el Gobierno? (Número de
expediente 180/001218) (Página 8566)
Del Diputado don José Antonio Griñán Martínez, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales: ¿A cuánto asciende el gasto que la Seguridad Social ha
soportado, con cargo a cotizaciones sociales, en 1997 por prestaciones de
carácter no contributivas? (Número de expediente 180/001222) (Página 8567)
Del Diputado don Alejandro Cercas Alonso, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales: ¿En cuánto se ha incrementado el endeudamiento de la Seguridad
Social en 1996, 1997 y 1998? (Número de expediente 180/001223) (Página 8568)
De la Diputada doña Clementina Díez de Baldeón García, del Grupo
Socialista del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Piensa el Gobierno
incrementar las ayudas para libros a las familias con menos recursos
económicos? (Número de expediente 180/001229) (Página 8569)
Del Diputado don Rafael Antonio Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración hace el
Gobierno al cumplirse un año de la firma por los agentes sociales del
Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad en el Empleo? (Número de
expediente 180/001231) (Página 8570)
Del Diputado don Gerardo Camps Devesa, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo valora el Gobierno la
evolución del empleo durante 1998? (Número de expediente 180/001232)
(Página 8571)
De la Diputada doña Alicia Castro Masaveu, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Tiene previsto el
Gobierno alguna medida para reorganizar el sector lácteo? (Número de
expediente 180/001233) (Página 8572)
De la Diputada doña María Visitación Pérez Vega, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo valora el Gobierno
la reciente evolución de la industria agroalimentaria española en
relación a su balanza comercial? (Número de expediente 180/001234)
(Página 8573)
De la Diputada doña María Angeles Maestro Martín, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Sanidad
y Consumo: ¿Piensa el Ministro de Sanidad adoptar alguna medida para
restablecer los derechos fundamentales vulnerados de las 76.191 personas
solicitantes de empleo en la Fundación Hospital de Alcorcón? (Número de
expediente 180/001217) (Página 8574)
De la Diputada doña María Angeles Amador Millán, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué explicación da el Gobierno a los
pacientes del insalud que están siendo citados para la realización de
pruebas de diagnóstico con nueve meses de demora? (Número de expediente
180/001224) (Página 8575)
Del Diputado don José Enrique Moratalla Molina, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Sanidad y Consumo: ¿Cómo
explica el Sr. Ministro de Sanidad el crecimiento del gasto farmacéutico
del Sistema Nacional de Salud de marzo de 1998? (Número de expediente
180/001225) (Página 8577)
De la Diputada doña María del Pilar Novoa Carcacia, del Grupo Socialista
del Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué gasto framacéutico se va a
suprimir en el insalud durante 1998 como consecuencia de la baja
presupuestaria de 500 millones de pesetas para este ejercicio? (Número de
expediente 180/001226) (Página 8578)
Del Diputado don Josep Corominas i Busqueta, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es el gasto sanitario público en
porcentaje sobre el pib contenido en los Presupuestos Generales del
Estado de 1997 y 1998? (Número de expediente 180/001227) (Página 8579)
Del Diputado don Adolfo González Revenga, del Grupo Socialista del
Congreso, que formula al Gobierno: ¿Por qué no inicia el Gobierno la
negociación para el traspaso del insalud a las Comunidades Autónomas que
lo han solicitado y que tienen recogida la competencia en su Estatuto de
Autonomía? (Número de expediente 180/001228) (Página 8580)
Del Diputado don Antonio Gutiérrez Molina, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede informar el
Gobierno sobre los objetivos planteados de la Comisión Nacional de
Reproducción Asistida (RHA)? (Número de expediente 180/001235) (Página 8582)
De la Diputada doña Margarita Uría Echevarría, del Grupo Vasco (EAJ-PNV),
que formula al Gobierno: ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para dar
cumplimiento al acuerdo mayoritario de esta Cámara relativo a las
competencias de las Comunidades Autónomas, para regular la adjudicación,
y sobre la gestión de los depósitos y consignaciones judiciales? (Número
de expediente 180/001219) (Página 8583)
Del Diputado don José Alarcón Molina, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué actuaciones se han realizado
para la creación de Oficinas de Atención a las Víctimas, previstas en el
Plan de Acción contra la Violencia Doméstica? (Número de expediente
180/001237) (Página 8583)
Del Diputado don Manuel Seco Gordillo, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué previsión tiene, en este año,
el Ministerio de Justicia de incrementar el número de Juzgados? (Número
de expediente 180/001238) (Página 8584)
Del Diputado don Jesús Gómez Rodríguez, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, que formula al Gobierno: Ante la noticia de que muchos
jóvenes investigadores españoles se ven en la obligación de emigrar,
¿cuál es la política del Gobierno para atender y proteger a estos jóvenes
valores de la investigación? (Número de expediente 180/001216) (Página 8585)
Interpelaciones urgentes (Página 8586)
Del Grupo Socialista del Congreso, sobre salud pública (Página 8586)
Presenta la interpelación urgente, en nombre del Grupo Socialista del
Congreso, la señora Bartolomé Núñez. Lo hace porque en un período corto
de tiempo se han producido una serie de situaciones relacionadas con la
salud pública que han preocupado de manera importante a la población,
como el brote de meningitis, el problema de la legionella y, ahora, el
contagio masivo de hepatitis C. Centra su interpelación en este último
caso y manifiesta que no está de acuerdo con las afirmaciones del señor
ministro en
cuanto que el brote de hepatitis C estaba totalmente controlado. Recuerda
al señor ministro la Ley General de Sanidad y, en base a su artículo 40,
considera que independientemente de las competencias transferidas a las
comunidades autónomas, el ministro tiene competencias claras en este
asunto y en todo lo relacionado con la salud pública.
A continuación solicita explicaciones sobre distintos extremos del caso
porque el Grupo Socialista, aunque no desea crear más alarma social, ve
con asombro y preocupación la detección de un problema de salud pública
cuya envergadura aún hoy está por cuantificar y que ha ido creciendo
semana tras semana sin que las autoridades sanitarias hayan conseguido
dar unas explicaciones convincentes.
Tras hacer un breve repaso cronológico de la situación, afirma que la
explicación a la falta de detección del presunto brote de hepatitis C
podría encontrarse en la paralización o mal funcionamiento de los
mecanismos de vigilancia epidemiológica habitual, lo que es motivo más
que suficiente para presentar hoy la interpelación y poder escuchar una
respuesta clara del señor ministro que tranquilice a los ciudadanos.
Contesta, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Sanidad y Consumo
(Romay Beccaría). Manifiesta que el Gobierno afronta los problemas de
salud pública con el mayor sentido de la responsabilidad y rigor, y así
ha sucedido en los distintos episodios a los que se ha referido la
interpelante, pasando a explicar las medidas adoptadas en cada caso.
Considera que la actuación del Ministerio ha sido la correcta y,
refiriéndose en concreto al contagio por hepatitis C, asegura que el
Ministerio de Sanidad hizo lo que tenía que hacer, que era colaborar con
la Comunidad Valenciana con todos sus medios. No está de acuerdo en
absoluto con el criterio expuesto de que el incidente ha puesto de
manifiesto carencias en el funcionamiento de la red de vigilancia
epidemiológica y opina que no se puede descalificar de una forma global
el sistema de información epidemiológico porque se haya producido un
problema en la notificación al sistema.
Por último hace un repaso de las actuaciones de la red nacional de
vigilancia epidemiológica, creada en el año 1995, y de las funciones a
ella encomendadas.
Replica la señora Bartolomé Núñez, duplicando el señor ministro de
Sanidad y Consumo.
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Maestro Martín,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En un segundo turno interviene de nuevo el señor ministro de Sanidad y
Consumo para rechazar las graves acusaciones de la señora Maestro a los
responsables de la administración valenciana, que no se pueden defender
por no estar presentes.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, acerca de la
situación de los ciudadanos españoles condenados en diferentes países y
que cumplen condena en centros de dichos países, y de la asistencia y de
las gestiones realizadas con arreglo a los tratados internacionales para
el cumplimiento de sus penas en España (Página 8594)
El señor Castellano Cardalliaguet, en nombre de Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, presenta la interpelación sobre la situación
por la que atraviesan ciudadanos españoles que cumplen condena en otros
países y sobre los sufrimientos y esfuerzos económicos que esto supone
para sus familiares. No desea que esta interpelación se incluya en la
expresión de una actitud de carácter compasivo o humanitario, sino como
un hecho que dimana del más estricto cumplimiento de la legalidad, puesto
que el hecho de ser ciudadano de nuestro país, para bien y para mal,
comporta para el Estado un conjunto de obligaciones, de las que quizá la
primera sería la que nace de algo tan importante como es la Declaración
de Derechos Humanos, que no sólo tiene una vigencia extraterritorial para
todos y cada uno de los pueblos civilizados, sino que incluso comporta
para todos y cada uno de los poderes públicos de todos y cada uno de los
países de la tierra una preocupación universal. En aras de esa
Declaración de Derechos Humanos, de la Constitución española, de la
justicia y del Derecho hace constar que la realidad no se está acomodando
al cumplimiento de esas obligaciones, aunque reconoce los esfuerzos que
se hacen en algunos consulados y embajadas para responder a la demanda de
ayuda y protección de estos españoles que, por repudiables que sean sus
delitos, no han dejado de serlo.
Manifiesta que con esta interpelación pretenden que la señora ministra
les ilustre sobre cómo está funcionando el sistema de los tratados, el
grado de cumplimiento de nuestros poderes públicos de lo que son las
obligaciones que dimanan de la Constitución y del ordenamiento jurídico,
y las medidas que se piensan adoptar para ir mejorando las deficiencias
que puedan ir apareciendo.
La señora ministra de Justicia (Mariscal de Gante y Mirón) contesta en
nombre del Gobierno y manifiesta que comparte la preocupación del
interpelante acerca de la situación de 1.335 españoles que al día 30 de
abril se encontraban privados de libertad por decisión judicial en el
extranjero. Aclara que es muy distinta la situación de cada uno de ellos,
tanto por los países en los que están encarcelados como por el tipo de
delito cometido y, por tanto, las circunstancias que hay que contemplar
son muy diversas. Por otra parte, explica que su intervención tiene que
ser generalizadora, independientemente de que intentará aportar toda una
serie de datos que constan en el Ministerio de Justicia, pero entendiendo
por un lado lo que es la acción exterior, que puede ser encuadrable en lo
que es la acción consular del servicio jurídico del exterior, y por otro,
la acción de traslado de personas condenadas, que compete expresamente al
Ministerio de Justicia en virtud de los convenios.
A continuación da una lista de 18 países con los que España tiene
suscritos convenios y asegura que están trabajando para lograr una buena
aplicación de los mismos. Anuncia que, tras un viaje que va a realizar a
Marruecos para solventar el problema de los condenados no solventes, en
el mes de junio podrán volver a España todas las personas que están
sufriendo condena, para cumplir su pena en las mejores condiciones
posibles.
En turno de réplica interviene el señor Castellano Cardalliaguet,
duplicando la señora ministra de Justicia.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez
Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Pérez Solano, del Grupo
Socialista del Congreso, y Ollero Tassara, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Mixto, para informar sobre el proceso y
consecuencias de la privatización de Endesa para la economía y el
equilibrio territorial del Estado español (Página 8600)
El señor Rodríguez Sánchez, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto,
presenta la interpelación sobre el proceso de privatización de la
empresa, joya de la corona, Endesa, y recuerda el origen histórico y
significado de dicha empresa creada por el INI en 1944 por iniciativa
pública.
Se refiere a continuación a los objetivos que, según los medios de
comunicación, se persiguen con la privatización: en primer lugar, la
regulación de empleo que lleva consigo la reducción de costes de la
empresa; en segundo lugar, el control del mercado eléctrico de
generación; en tercer lugar, el proceso de telecomunicaciones a través de
Retevisión y la telefonía móvil y otras inversiones, por ejemplo, en el
sector del agua; y en cuarto lugar, las consecuencias territoriales, que
es lo que más interesa al interpelante.
Termina su intervención formulando una serie de preguntas al señor
ministro y refiriéndose a unas palabras del señor Martín Villa quien,
después de admitir que la empresa se hizo a partir de la expoliación de
los lignitos de Galicia, dijo que no había riqueza gallega sino, en todo
caso, riqueza española.
Contesta, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Industria y
Energía (Piqué i Camps). Comienza explicando al señor interpelante que no
se puede identificar expolio con explotación de recursos naturales de
acuerdo con los precios que se fijan, en muchos casos internacionalmente
o, en este caso, por la propia Administración, porque se puede confundir
a la opinión pública. De la misma manera que no se puede hablar de los
beneficios de una empresa sin tener en cuenta que han estado fijados por
la existencia de un marco definido por la Administración en contra de los
consumidores.
Contesta a continuación a una serie de preguntas formuladas por el señor
Rodríguez Sánchez y hace unas consideraciones de tipo general respecto a
lo que es la política de privatizaciones y a los objetivos que busca el
Gobierno, muy distintos a los que plantea el interpelante, que son el
fortalecimiento de la economía de mercado, la reforma y modernización del
sector público, así como la liberalización, el aumento de la eficiencia,
el aumento de la competitividad global de la economía y, por lo tanto,
también la creación de empleo sobre la base de la viabilidad en la
eficacia de las compañías y su competitividad, garantizando en su
ejecución los intereses económicos generales, así como los de accionistas
y terceros.
Replica el señor Rodríguez Sánchez, duplicando el señor ministro de
Industria y Energía.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Santiso del
Valle, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Hernández
Moltó, del Grupo Socialista del Congreso, y Peón Torre, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
En un segundo turno interviene de nuevo el señor ministro de Industria y
Energía.
Se suspende la sesión a las siete y cincuenta y cinco minutos de la
tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
PREGUNTAS:
-- DEL DIPUTADO DON JOAN SAURA LAPORTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO,
QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿QUE MAS HA DE HACER EL
PORTAVOZ DEL GOBIERNO, TRAS LA INTERMINABLE SUCESION DE ACTUACIONES QUE
ACREDITAN UNA CONDUCTA GUIADA POR CRITERIOS EXCLUSIVAMENTE PARTIDISTAS Y
NO INSTITUCIONALES, PARA SER CESADO POR EL GOBIERNO? (Número de
expediente 180/001218)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Punto V del orden del día: Preguntas orales al Gobierno.
En primer lugar, las formuladas al ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales.
Pregunta número 12, que formula el diputado don Joan Saura Laporta, del
Grupo Parlamentario Mixto.
El señor SAURA LAPORTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿qué más ha de hacer el portavoz del Gobierno para ser
cesado por el Gobierno. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Ruego silencio, señorías.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Gracias, señor presidente.
En opinión del Gobierno, el portavoz cumple adecuadamente sus funciones.
Al amparo del Real Decreto 1.891, de 2 de agosto de 1996, fue nombrado y
cumple con mucho esfuerzo y dedicación sus funciones y sus competencias
de acuerdo con ese real decreto.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Señor ministro, en la política como en la vida no
hay cosa peor que intentar negar lo evidente, y es evidente que el
portavoz del Gobierno ha efectuado innumerables declaraciones que o bien
son declaraciones llenas de despropósitos o simplemente ha dicho
verdaderas barbaridades. Pero además del contenido, el tono que utiliza
el portavoz del Gobierno demasiado a menudo es un tono prepotente,
despreciativo, ofensivo e incluso a veces chulesco; es decir, el
contenido y el tono del portavoz del Gobierno es impropio a ser portavoz
del Gobierno.
Los ejemplos son numerosísimos. El portavoz del Gobierno tuvo una
actuación burlesca ante la propuesta de selecciones deportivas
autonómicas; el portavoz del Gobierno tuvo una actitud despreciativa ante
la visita de Joaquín Almunia a La Moncloa al decir que se hacía una foto;
el portavoz del Gobierno tuvo una actuación temeraria desvelando la
identidad de agentes de seguridad; el portavoz del Gobierno ha tenido una
actitud ofensiva y antidemocrática cuando se atreve a tachar de
antiespañoles a los que votan que sí a la Ley del catalán o a los que
dicen que no al decreto de humanidades. La actitud del portavoz del
Gobierno ha llevado a que sea motivo de chiste. Ayer en un medio de
comunicación aparecía un chiste en el que un personaje decía: Miguel
Angel Rodríguez se cree los despropósitos que suelta o aprovecha la
ocasión para autosugestionarse. Hoy Félix Azúa dice en un artículo que si
se aplica el sistema Rodríguez, él, que como ustedes saben no es nada
nacionalista, se va a declarar independentista checheno.
Señor ministro, posiblemente por cometer uno de los muchos errores que el
señor portavoz del Gobierno ha cometido, cualquier presidente del
Gobierno lo hubiera cesado. Ustedes no lo han cesado a pesar de que ha
cometido muchos. Insisto en la pregunta, señor Arenas: ¿Qué más ha de
hacer el portavoz del Gobierno para que ustedes lo cesen?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Saura.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Gracias, señor presidente.
Con todo respeto, probablemente al Gobierno le resultaría más preocupante
que la oposición parlamentaria, que está en su derecho, aplaudiera a
diario la actuación de su portavoz. Me parece que es legítimo en un
sistema democrático que la oposición pueda criticar al portavoz del
Gobierno, pero yo creo que resulta más positivo reconocer la verdad, y es
que a la opinión pública española le interese mucho más lo que hace el
Gobierno que quien lo dice. En consecuencia, considero un error
estratégico muy grave de la oposición parlamentaria que permanentemente
esté en campaña contra el portavoz del Gobierno, olvidándose de que lo
importante de la oposición es ver qué hace, qué dice el Gobierno, mucho
más que quién lo dice y presentar alternativas que sean creíbles ante la
opinión pública. El Gobierno considera que es un error esta campaña
permanente que intenta decirle a la opinión pública española, en mi
opinión sin crédito ninguno, que el señor Rodríguez es el responsable de
los males pasados, presentes y futuros de España.
Finalmente, señor presidente, acabaré esta intervención diciendo que
espero que nadie de la oposición intente censurar la libertad de
expresión del portavoz del Gobierno. (Risas.--Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Un momento. (Pausa.)
Puede continuar, señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Digo
esto, señor presidente, porque quien está en el Gobierno tiene que
aceptar, si es un demócrata, la crítica permanente, pero el demócrata que
está en la oposición tiene que aceptar de la a a la zeta que el Gobierno
también pueda opinar sobre la oposición.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
-- DEL DIPUTADO JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES: ¿A
CUANTO ASCIENDE EL GASTO QUE LA SEGURIDAD SOCIAL HA SOPORTADO, CON CARGO
A COTIZACIONES SOCIALES EN 1997, POR PRESTACIONES DE CARACTER NO
CONTRIBUTIVAS? (Número de expediente 180/001222)
El señor PRESIDENTE: Los diputados señores Cercas y Martínez Noval han
tenido el detalle de retirar sus preguntas, lo cual se agradece para el
desarrollo del orden del día de la tarde de hoy.
Pasamos a la formulada, dentro del Grupo Socialista, por don José Antonio
Griñán Martínez.
Señor Griñán.
El señor GRIÑAN MARTINEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, esto es de su ámbito de competencia. ¿A cuánto asciende
el gasto que la Seguridad Social ha soportado, con cargo a cotizaciones
sociales, en 1997 por prestaciones de carácter no contributivo?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Gracias, señor presidente.
Como conoce el señor Griñán, la Seguridad Social se encuentra en un
proceso de separación de fuentes de financiación, lo que ha llevado a que
en 1997 y 1998 se hayan reducido de forma espectacular las aportaciones
de cotizaciones a la sanidad, situándose en este momento en 103.000
millones de pesetas. Además, nos queda pendiente en el marco de la ley,
del acuerdo con los sindicatos y del Pacto de Toledo la certificación
definitiva de la ubicación de los complementos de mínimos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Griñán.
El señor GRIÑAN MARTINEZ: Le podría repreguntar, señor ministro, porque
no me ha contestado a la pregunta, aunque por la información que tenemos
parece que en 1997, y supongo que también en 1998, los ingresos por
cotizaciones sociales han superado lo que han sido los gastos
contributivos de la Seguridad Social, pero tendrá que convenir conmigo,
señor ministro, que estos excedentes existen y van a existir también en
el futuro sólo en la medida en que consideremos, como dice la Ley 24/97,
que los complementos de mínimos son hoy prestaciones no contributivas y
consideremos también que en el año 2000 tendrán esa misma condición. Por
eso me preocupa que en estos últimos meses se hayan oído en esta Cámara
voces del Gobierno y de algún representante del Partido Popular
desmintiendo esta naturaleza no contributiva de los complementos de
mínimos.
Hoy tiene usted aquí la oportunidad de aclarar este punto porque para el
Grupo Socialista no hay duda ninguna de que los complementos de mínimos
tienen una naturaleza no contributiva y como su naturaleza es lo que les
hace ser no contributivos, son no contributivos hoy y lo serán también en
el año 2000 porque no puede haber una prestación contributiva para la que
se exija la prueba de ingresos. Así que yo le pido, señor ministro, que
desde hoy mismo nos deje zanjado este asunto, nos diga con claridad que
los complementos de mínimos tienen un carácter no contributivo y de esta
misma manera, mañana o pasado mañana, cuando venga aquí el presupuesto de
1999, los complementos de mínimos sean financiados en todo o en parte por
aportaciones del Estado, porque es bueno que el Ministerio de Trabajo
contribuya al control del déficit público, pero no es bueno que la
Seguridad Social tenga que asumir parte del déficit del Estado.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Griñán.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor
presidente, agradezco al señor Griñán su tono profundamente respetuoso
con la Seguridad Social y con el propio Ministerio en la formulación de
su pregunta.
Quiero decirle al señor Griñán que coincido al cien por cien en que
tenemos que acelerar el proceso de separación de fuentes de financiación
y que eso supone reflejar un proceso de saneamiento de la Seguridad
Social que es acorde con los pactos de Toledo, con los acuerdos que en su
día firmó el Gobierno con los sindicatos y también con la Ley de
consolidación y racionalización que aprobaron el Congreso de los
Diputados y el Senado en su momento.
Quiero decirle al señor Griñán que, como él conoce bien, en 1995 se
aportaron por cotizaciones al Insalud 658.000 millones de pesetas y que
en 1998 la aportación es de 103.000 millones de pesetas. En consecuencia,
hemos avanzado extraordinariamente en la separación de fuentes en lo que
se refiere a cotizaciones al Insalud. Ciertamente, como ha dicho el señor
Griñán, nos queda pendiente definitivamente el proceso de complementos de
mínimos que aparece en la ley fijado para el año 2000 y en el acuerdo con
los sindicatos fijado para el año 2000. De todas formas, en cifras
absolutas se ha producido una minoración de cotizaciones para
prestaciones no contributivas, de tal suerte que hemos pasado de un
billón 100.808 millones de pesetas en 1995 a 900.000 millones de pesetas
en 1998. Coincidimos seguro al cien por cien en el proceso de la sanidad
y tenemos el debate abierto de cara al año 2000, y lo resolveremos --y
hago una invitación expresa en esta Cámara-- a través del Pacto de
Toledo, si hay voluntad política por parte de los grupos parlamentarios y
manteniendo, sin duda, el acuerdo que tenemos con los sindicatos que hoy
certifica y avala la política de Seguridad Social del Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
-- DEL DIPUTADO DON ALEJANDRO CERCAS ALONSO, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES:
¿EN CUANTO SE HA INCREMENTADO EL ENDEUDAMIENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN
1996, 1997 Y 1998? (Número de expediente 180/001223)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 17, que formula al Gobierno el
diputado don Alejandro Cercas Alonso, del Grupo Socialista.
Señor Cercas.
El señor CERCAS ALONSO: Señor ministro, le pregunto en esta sesión de
control en cuánto se ha incrementado el endeudamiento de la Seguridad
Social en 1996, 1997 y 1998, porque sabe S. S. que el Pacto de Toledo fue
fundamentalmente un compromiso de saneamiento financiero de la Seguridad
Social.
El 12 de abril de 1995 hubo un gobierno, que llevaba ya doce años pagando
las pensiones, al que no le tembló el pulso a la hora de convocar a todos
los grupos de la Cámara para pensar a largo plazo, para pensar sobre qué
ocurriría con la Seguridad Social entrado el siglo XXI. Y aunque teníamos
unos excedentes, un capital y unas reservas de casi un billón de pesetas,
todos convinimos en que había que mejorar la situación patrimonial.
Entonces me gustaría, señor ministro, para manejar cifras correctas,
saber exactamente si a lo largo de su presencia al frente del Ministerio
de Trabajo se han incrementado las reservas, como decía el Pacto de
Toledo, o se ha incrementado el endeudamiento, en contra de lo previsto
en el mismo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cercas.
Señor ministro de Trabajo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Gracias, señor presidente.
Quiero contestar al señor diputado que si tenemos en cuenta lo que la
Seguridad Social recibe del Estado en concepto de préstamo para déficit y
en concepto de tesorería y lo que recibe en concepto de deuda --con Banco
de España anteriormente y con una línea de crédito que tiene abierta con
Argentaria--, le informo que en estos años no se ha incrementado la deuda
de la Seguridad Social, sino que se ha reducido año a año.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Cercas.
El señor CERCAS ALONSO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, cuesta mucho trabajo no adjetivar su respuesta no porque
tengamos otras cifras distintas, sino porque esta misma mañana su
secretario de Estado ha tenido a bien decirnos que en el año 1996 el
endeudamiento se ha incrementado en 935.000 millones, que en el año 1997
se ha incrementado en 507.000 millones y la Intervención de la Seguridad
Social acaba de informarnos de que en el año 1998 ya vamos por 216.000
millones.
Señor ministro, no quiero hacer un debate contable, un debate de cifras;
tenemos un compromiso político y espero que ustedes hagan honor a ese
compromiso político. La Seguridad Social tiene que constituir reservas
mientras aún haya diferencia entre lo que recauda por prestaciones
contributivas y lo que paga en pensiones. La Seguridad Social está bien
en ese capítulo y las pensiones no corren riesgo, pero están poniendo en
peligro la Seguridad Social porque pagan con su presupuesto 900.000
millones de pesetas que deberían tener en el presupuesto del Estado, y
que no los tienen para que les pongan medallas en Bruselas como a los
primeros de la clase. Están llevando el déficit del Estado a la Seguridad
Social y, en lugar de constituir reservas,
están endeudando a la Seguridad Social. Hablo con sus cifras, con las
cifras de la Intervención General del Estado.
Señor ministro, y fíjense que soy moderado (Rumores.), yo creo que
ustedes tienen que hacer una profunda reflexión, porque están caminando
en dirección contraria al Pacto de Toledo y, por tanto, poniendo en
riesgo el sistema de Seguridad Social. (Aplausos y protestas.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cercas.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Gracias, señor presidente.
Si tenemos en cuenta lo que la Seguridad Social recibía en concepto de
préstamo para déficit, en concepto de préstamos para tesorería y también
en concepto de préstamo de entidades privadas, la evolución es la
siguiente: 1996, 865.000 millones; 1997, 602.000 millones, y 1998,
467.000 millones. Esas son las cuentas, señor presidente, que certifica
la Intervención General de la Seguridad Social, por cierto, constituida
por grandes profesionales a los que yo, como ministro, he vuelto a dar
confianza para que sigan en el departamento; no se ha producido un solo
cambio en el ámbito de la Intervención General de la Seguridad Social. Y
he de decirle a la Cámara que coincido plenamente con el señor Cercas:
toda la tranquilidad a los pensionistas; sus pensiones no corren riesgo,
el sistema no corre riesgo. Aparte de eso, quiero decir a los
pensionistas que nunca les voy a pedir un voto a cambio de una pensión,
como se ha hecho en otras ocasiones. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Concluya, señor Arenas.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Quiero terminar, si me dejan, señor presidente, diciendo que cuando
llegamos al Gobierno había un 0,72 de déficit en la Seguridad Social y
ahora hay un 0,23; que hay un millón más de afiliados; que la recaudación
voluntaria está creciendo al 7 por ciento; que la recaudación ejecutiva
está creciendo al 16 por ciento, y que en este momento los afiliados
crecen a un 4 por ciento y los pensionistas a un 2 por ciento. Solamente
con esa política y con un proceso de separación de fuentes se garantiza
el Pacto de Toledo y la posibilidad del fondo de reserva. El Gobierno
concluye diciendo que ojalá el Grupo Parlamentario Socialista, que tanta
responsabilidad ha puesto de manifiesto en otras cuestiones, acepte
volver al Pacto de Toledo y renunciar a minar el sistema de pensiones.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
-- DE LA DIPUTADA DOÑA CLEMENTINA DIEZ DE BALDEON GARCIA, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PIENSA EL GOBIERNO
INCREMENTAR LAS AYUDAS PARA LIBROS A LAS FAMILIAS CON MENOS RECURSOS
ECONOMICOS? (Número de expediente 180/001229)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 23, que formula al Gobierno doña
Clementina Díez de Baldeón García, diputada del Grupo Socialista.
Señora Díez de Baldeón.
La señora DIEZ DE BALDEON GARCIA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿piensa el Gobierno incrementar las ayudas para libros a
las familias con menos recursos económicos?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díez de Baldeón.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Gracias, señor presidente.
Como sabe la señora diputada, se han tomado medidas especiales a favor de
las familias que tienen menores rentas para que obtengan la gratuidad de
los libros y se han tomado también medidas que están contempladas en el
proyecto de reforma fiscal que el Gobierno tiene en marcha. El Gobierno
cree, como gobiernos anteriores, que no es asumible la total gratuidad y
que hay familias españolas que, por sus niveles de renta elevados, no
necesitan la gratuidad de los libros; otras familias necesitadas
españolas sí la precisan, y por eso el Gobierno ha puesto en marcha
cuestiones que nunca se habían conocido en nuestra historia democrática.
(Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señora Díez de Baldeón.
La señora DIEZ DE BALDEON GARCIA: Señor ministro, no sé si usted sabe, y
tampoco sé si la ministra de Educación ha reflexionado suficientemente
sobre ello, que van a adoptar una serie de medidas claramente injustas
para las familias con menos recursos económicos. En el anteproyecto de
ley del IRPF, ustedes han adoptado una serie de medidas como, por
ejemplo, la desgravación de 25.000 pesetas en concepto de ayuda por
material escolar para hijos de los 3 a los 16 años. Por el contrario,
señor ministro, nos encontramos con que la mayoría de las familias de
este país, que no tendrán que hacer la declaración de la renta por tener
ingresos inferiores a 3.500.000 pesetas, se verán privadas de estas
ayudas. (Protestas y rumores.)
Eso significa, llevado a la práctica, señor ministro, que, por ejemplo,
un notario con tres hijos de corta edad podrá desgravarse 75.000 pesetas
al mes, y un obrero en paro, con rentas mínimas y con hijos en
bachillerato y en COU, que necesitan libros muchos más caros, se va a ver
privado de todo tipo de ayudas. (Un señor diputado: ¡Muy bien!)
Esa es la realidad, señor ministro, y además usted me está diciendo que
han adoptado una serie de ayudas para becas. Le voy a decir cuántas han
sido: 200.000 ayudas de 10.000 pesetas. Es decir, señor ministro, las
familias con más recursos económicos, los más ricos de este país van a
recibir casi el triple en concepto de ayuda de libros para sus hijos que
las familias que tienen menos dinero. (Un señor diputado: Eso no es
verdad.--Varios señores diputados pronuncian palabras que no se
perciben.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Díez de Baldeón, un momento, ese
cruce de afirmaciones extra pregunta y respuesta no lo voy a tolerar
porque claramente merma el tiempo disponible por la preguntante y por el
ministro. Así que les llamo seriamente al orden.
Continúe, señora Díez de Baldeón.
La señora DIEZ DE BALDEON GARCIA: Señor ministro, con esas ayudas nos
vamos a encontrar con que los más ricos van a recibir hasta tres veces
más para los libros de sus hijos mientras que los que tienen menos
recursos van a recibir, en el caso de que lo consigan, una ayuda de
10.000 pesetas. Además le diré que la mayoría de las familias se ha
quedado sin esa ayuda que ustedes dicen, porque sólo había 200.000 y eran
de 10.000 pesetas.
Ustedes han repartido cupos por centros escolares, y ha habido algunos
centros escolares --debe usted saberlo porque lo ha denunciado la
Confederación de Asociaciones de Padres de Alumnos-- que se han negado a
repartir las ayudas, que eran claramente insuficientes para barrios
marginales, porque no sabían cómo hacerlo, ya que las ayudas iban por
cupos a los centros.
Señor ministro, mucho me temo que con medidas como ésta, ustedes no
luchan por la igualdad de oportunidades. No quisiera pensarlo, señor
ministro, pero tengo la sensación de que justamente con medidas como ésta
están haciendo ustedes todo lo contrario. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Díez de Baldeón.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra):
Gracias, señor presidente.
Querría hacer dos comentarios previos. El primero, señoría, es que cuando
se defiende la gratuidad total de los libros de texto, como se está
defendiendo, se defiende que, independientemente de las rentas de la
familia, los libros sean gratuitos a costa de los impuestos de todos los
españoles. (Aplausos.)
La segunda matización que quiero hacer es algo que probablemente aquí no
se ha dicho, pero que me gustaría manifestar, y es que muchas familias
españolas no van a hacer la declaración de la renta por una reforma que
tiene en marcha este Gobierno. Y hay que decirlo. (Aplausos.) Millones de
familias españolas, las que tienen menos renta.
Por último, hemos decidido destinar 1.200 millones de pesetas para un
programa sobre 200.000 familias, las más necesitadas. Señor presidente,
desde que estamos en el Gobierno, las becas han subido un 9,2 por ciento.
(Fuertes protestas y rumores.) Señor presidente, está en los
presupuestos. (Un señor diputado: Sí señor!)
El señor PRESIDENTE: De nuevo les llamo al orden, señorías.
Señor Cámara, para llamar al orden en la Cámara está la Presidencia, no
su señoría. (Algunos señores diputados: ¡Muy bien!--Aplausos.)
Señorías, a uno y otro lado, seamos serios.
Adelante.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor
presidente, aparte de la subida del 9 por ciento para becas, también
aparece en la Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del
Estado un descuento del 12 por ciento por libros y, finalmente --y el
Gobierno está orgulloso de ello--, a la hora de plantearse el mínimo
familiar exento, aparecen 25.000 pesetas para libros de texto. No hay
política más solidaria de atención a los que no tienen y, desde luego, el
Gobierno no está dispuesto a hacer esfuerzos económicos y presupuestarios
para aquellas familias que tienen rentas sobradas para libros de textos.
(Aplausos.)
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
-- DEL DIPUTADO DON RAFAEL ANTONIO HERNANDO FRAILE, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE
VALORACION HACE EL GOBIERNO AL CUMPLIRSE UN AÑO DE LA FIRMA POR LOS
AGENTES SOCIALES DEL ACUERDO INTERCONFEDERAL PARA LA ESTABILIDAD EN EL
EMPLEO? (Número de expediente 180/001231)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 24, que formula al Gobierno el
diputado don Rafael Antonio Hernando Fraile, del Grupo Parlamentario
Popular.
Señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor presidente. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señorías. Un momento, señor Hernando.
Adelante.
El señor HERNANDO FRAILE: Señor presidente, señor ministro, desde que en
1984 se puso en vigor el Acuerdo económico y social, se incrementaron las
protecciones de aquellos trabajadores que tenían un puesto fijo. Sin
embargo, paralelamente, se desarrollaron fórmulas que potenciaban la
temporalidad en el trabajo y la precariedad en el mismo. Así, desde 1986,
año en que se pusieron en práctica las normas que desarrollaban este
acuerdo, la precariedad y la temporalidad en nuestro país fue
incrementándose, pasando así del 8 por ciento en 1986 al 36 por ciento en
1996. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Hernando.
Señora Alborch y compañía, señora Alberdi, les ruego silencio, no hay
manera de oír.
El señor HERNANDO FRAILE: Gracias, señor presidente.
Eso llevó a nuestro partido a que al presentarse a las elecciones de
1996, asumiera como uno de los más firmes compromisos acometer la reforma
laboral. Desde entonces, señorías, el Gobierno estableció un clima de
diálogo social y esa reforma laboral no tuvo que ser llevada a cabo por
el Gobierno, sino que fue realizada, por primera vez en nuestro país,
directamente por los agentes sociales, y fruto de esos acuerdos fue el
Acuerdo interconfederal para la estabilidad en el empleo. Los objetivos
de ese acuerdo eran fomentar la contratación indefinida, eliminar
modalidades contractuales que favorecían la rotación, como el contrato de
lanzamiento de nueva actividad o de aprendizaje, producir la conversión
de temporales en indefinidos, e iba fundamentalmente dirigido a
determinados colectivos: a las mujeres, a los jóvenes, a los mayores de
45 años, a los minusválidos y a los parados de larga duración.
El Gobierno recogió el acuerdo interconfederal y lo transformó en dos
reales decretos, uno de ellos para favorecer la contratación indefinida y
otro para fomentarla. Es indudable que el objetivo fundamental de
cualquier reforma o norma laboral, y en este caso más de la legislación
laboral, es el de corregir las desigualdades sociales; unas desigualdades
que en nuestro país están provocando una dualización de los contratos de
trabajo. Por eso, le preguntamos, señor ministro: ¿Qué valoración hace el
Gobierno al cumplirse un año de la firma, por los agentes sociales, del
Acuerdo interconfederal para la estabilidad en el empleo?
Gracias, señor ministro. Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hernando.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): Señor
presidente, el Gobierno quiere felicitar públicamente a las
organizaciones sindicales y empresariales que en su día pactaron un
acuerdo de reforma del mercado de trabajo que, por cierto, tuvo el apoyo
y el impulso del Gobierno y, también, de los principales grupos
parlamentarios del Congreso y del Senado. Y quiere hacer esa felicitación
pública porque en este año, de mayo de 1997 a mayo de 1998, en España,
cerca de un millón de personas han firmado un empleo estable. De esta
forma, se han triplicado prácticamente los contratos indefinidos en
relación a mayo de 1996 con mayo de 1997. Además, es muy significativo
que estos contratos estables hayan estado vinculados a aquellos grupos de
nuestra población que tienen más dificultad de acceso al mercado de
trabajo, como han sido los jóvenes, las personas con discapacidad, los
parados de larga duración y las mujeres que continúan siendo
discriminadas en nuestro mercado de trabajo.
Es muy significativo también que este conjunto de contratos indefinidos,
cerca de un millón, hayan tenido reflejo en todos los sectores de nuestra
economía, empezando por los servicios y siguiendo por la industria, la
construcción y la agricultura.
Finalmente, señor presidente, quiero decir que, sin duda, los acuerdos
sociales que se consiguen tienen mucha más eficacia, en cuanto al mercado
de trabajo, que decisiones unilaterales del Gobierno, de tal suerte, que
ha sido especialmente la pequeña y mediana empresa, las empresas con
menos de 25 trabajadores, las que han hecho un 70 por ciento de los
nuevos contratos indefinidos. Ojalá que en los próximos años se mantenga
esta tendencia que nos ha llevado ya casi a un 10 por ciento de contratos
indefinidos del total de las contrataciones. (Aplausos.)
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
-- DEL DIPUTADO DON GERARDO CAMPS DEVESA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO VALORA EL GOBIERNO LA
EVOLUCION DEL EMPLEO DURANTE 1998? (Número de expediente 180/001232)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 25, formulada por don Gerardo Camps
Devesa, del Grupo Parlamentario Popular.
El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señor Presidente.
Señor ministro, a fuer de parecer reiterativos y reincidentes, el Grupo
Parlamentario Popular vuelve a preguntarle esta tarde respecto del
empleo. Lo hace así por su convencimiento de que estamos ante el primer
problema de todos los españoles, que debe estar presente de manera
constante en esta Cámara no sólo por la magnitud general del problema,
sino también por el drama personal que supone para millones de españoles,
para cientos de miles de familias españolas.
En el año 1997 se crearon 379.000 nuevos puestos de trabajo en este país,
se triplicó el número de contratos indefinidos, como hemos tenido ocasión
de escuchar en la respuesta a su pregunta anterior, lo que es lo mismo
que mejorar la estabilidad del empleo, y se consiguieron récord de
afiliación a nuestro sistema de Seguridad Social, que sobrepasó con mucho
los 13 millones de afiliados. Ese mismo año, que fue calificado por un
portavoz autorizado del principal grupo de la oposición de esta Cámara,
como un año catastrófico para el empleo, España creó nada menos que más
de la mitad del empleo que se creó en toda Europa. Por eso, desde el
Partido Popular creemos que debemos seguir manteniendo esa tendencia, que
es positiva y que hace que se esté afrontando el problema con rigor y con
seriedad.
Además de ello, señorías, señor ministro, los datos iniciales de
principio de año son claramente alentadores para ese crecimiento duradero
del empleo, siempre que se mantenga el camino de las reformas, el camino
del diálogo social y el camino de la estabilidad económica. Por ello, hoy
nos importa al Partido Popular y al Grupo Parlamentario Popular conocer
la opinión del Gobierno y le preguntamos: ¿Cómo valora el Gobierno la
evolución del empleo durante el año 1998?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Camps.
Tiene la palabra el señor ministro de Trabajo.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Arenas Bocanegra): La
valoración que hace el Gobierno es positiva. Pasará mucho tiempo hasta
que se puedan hacer valoraciones triunfalistas en materia de empleo,
porque, como ha dicho S. S., se está creando mucho empleo.
En el primer cuatrimestre de 1998 será cuando tengamos una tasa de
creación de empleo más intensa y más alta. Por eso, a la hora de hablar
del empleo hay que pensar en aquellos que están consiguiendo incorporarse
al mercado de trabajo, pero también en las familias españolas que todavía
siguen sin acceder al empleo. Al final, se está haciendo mucho, pero
queda mucho por hacer.
En el primer cuatrimestre se ha producido un incremento de la filiación
en la Seguridad Social de cerca de 400.000 personas. Prácticamente en el
primer cuatrimestre se ha producido un incremento que nos hace cumplir
con las previsiones de incremento de afiliados que teníamos para 1998. La
media de descenso del desempleo, el paro registrado en el Inem, en el
primer cuatrimestre es de 18.000 personas; la que se ha producido en
1998, 107.000 personas. Hemos pasado de 120.000 contratos indefinidos a
348.000 contratos indefinidos. Estamos por debajo del 20 por ciento en la
tasa de población activa y, como sabe S. S., y esperemos que se
consolide, estamos históricamente por debajo, otra vez, de la cifra de
dos millones de desempleados en el registro de demandantes de empleo no
ocupados del Inem. Por lo tanto, las noticias son muy positivas para los
españoles, pero también quiero reconocerles que el Gobierno, que orienta
toda su política hacia la creación de empleo, sabe que le queda mucho por
hacer, y ojalá que lo podamos seguir haciendo con los sindicatos y los
empresarios, porque es mucho más eficaz.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales.
-- DE LA DIPUTADA DOÑA ALICIA CASTRO MASAVEU, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿TIENE PREVISTO EL
GOBIERNO ALGUNA MEDIDA PARA REORGANIZAR EL SECTOR LACTEO? (Número de
expediente 180/001233)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas formuladas al Gobierno que
serán respondidas por la ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación.
En primer lugar, la número 26, que formula la diputada doña Alicia Castro
Masaveu, del Grupo Parlamentario Popular.
La señora CASTRO MASAVEU: Gracias señor presidente, señorías, señora
ministra, del sector lácteo depende buena parte de la supervivencia
económica y el bienestar social de la cornisa cantábrica. Esta
macrorregión europea tiene una población de siete millones de habitantes
y la actividad agraria, y especialmente la producción de leche, llega a
representar cerca del 25 por ciento del empleo en algunas de sus
comunidades autónomas. El promedio nacional se sitúa en el 9 por ciento y
el europeo en el 5 por ciento. Aproximadamente son 90.000 personas las
que dependen únicamente de la producción de leche.
El Grupo Popular, señora ministra, es consciente de la defensa de la
problemática ante las diversas instancias europeas y de las demandas de
incremento de cuota que desde su departamento se están llevando a cabo.
Sin embargo, consideramos que todo esto no es suficiente y que debemos ir
más allá. Es preciso reestructurar
el sector y conceder ayudas para adaptar a la nueva etapa a nuestros
ganaderos de la cornisa cantábrica. Por eso le formulo la siguiente
pregunta: ¿Tiene previsto el Gobierno alguna medida para reorganizar el
sector lácteo?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Castro.
La señora ministra tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor presidente.
Efectivamente, el sector lácteo español arrastra unos graves problemas,
unas graves tensiones que tienen su origen en la cuota insuficiente que
en su día se negoció para España...
El señor PRESIDENTE: Señora ministra, un momento. Parece que la audición
es mala, aunque no me extraña si algunos diputados de origen cartagenero
siguen utilizando el hemiciclo para sus conversaciones. Les ruego que
guarden silencio.
Puede continuar la señora ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): La cuota asignada cubre apenas el 75 por ciento del
consumo español. Al margen de ese problema, al cual estamos intentando
dar solución reclamando un millón de toneladas más de cuota para el
sector español, y que en principio va a tener una primera respuesta
parcial pero primera respuesta importante al hilo de la nueva OCM, en la
que ya se contemplan 221.000 toneladas más para el sector español, hay
que tomar otras medidas. En este sentido, se ha acordado por las
comunidades autónomas con los sectores productores un programa de
modernización y mejora de la competitividad del sector lácteo en el que
por parte del Ministerio de Agricultura se contemplan unas inversiones
del orden de los 7.000 millones de pesetas. En él se contempla también la
creación de un fondo nacional de cuotas para destinar a los ganaderos al
inicio de cada campaña, cuotas que sean liberadas definitivamente por
otros ganaderos; la puesta en marcha de nuevos programas de abandono
indemnizando la producción con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado, lo que supondrá unos 4.500 millones de pesetas por parte del
Estado, cuestión que podrá ser complementada y aumentada con aportaciones
de las comunidades autónomas; una asignación gratuita de cantidades
complementarias de la reserva nacional a los productores que hayan
adquirido cuotas en el fondo nacional al menos del 40 por ciento de las
cantidades adquiridas; una ordenación de la estructura de los primeros
compradores autorizados a fin de conseguir una dimensión suficiente; una
adecuación de los mecanismos que propicien una aplicación más uniforme y
equitativa del régimen de tasa suplementaria con la obligación de
efectuar retenciones por parte de los compradores a los productores que
rebasen su cuota; así se evitarán situaciones de agravio y posible
competencia desleal, como se dan en este momento. Todas estas medidas se
complementarán con un programa que incentive tanto el cese anticipado de
la actividad agraria como las mejoras integrales de las explotaciones,
especialmente las que se adapten a las exigencias sobre calidad higiénica
de la leche, buscando, señoría, una dimensión suficiente de las
explotaciones que lamentablemente hasta la fecha, en su gran mayoría, no
permiten ni la modernización ni la adaptación de las medidas sanitarias y
económicas que permitan su futuro, y por supuesto pensando de manera muy
especial en la cornisa cantábrica, que es la más afectada, pero no
únicamente en ella sino en el conjunto del sector en toda España.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
-- DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA VISITACION PEREZ VEGA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿COMO
VALORA EL GOBIERNO LA RECIENTE EVOLUCION DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
ESPAÑOLA EN RELACION A SU BALANZA COMERCIAL? (Número expediente
180/001234)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 27, que formula al Gobierno la
diputada doña María Visitación Pérez Vega, del Grupo Popular.
Señora Pérez Vega.
La señora PEREZ VEGA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, la industria agroalimentaria española parece ser que
está experimentando un crecimiento importante desde hace dos años. Este
crecimiento de la industria agroalimentaria se ha manifestado en sus
principales indicadores macroeconómicos, como son la producción, precios,
comercio exterior y empleo. Por todo ello, señora ministra, la pregunta
que le formulo es la siguiente: ¿Cómo valora el Gobierno la reciente
evolución de la industria agroalimentaria española en relación a su
balanza comercial?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Pérez Vega.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Gracias, señor presidente.
La verdad es que está conociendo unos momentos de desarrollo y de pujanza
extraordinarios. El año pasado, por primera vez desde el año 1985, se
conseguía casi equilibrar la balanza comercial del sector
agroalimentario. Este año se ha equilibrado plenamente con un superávit
de casi 300.000 millones de pesetas y una cobertura que supone el 113 por
ciento en el sector agroalimentario. Es decir, las exportaciones han
superado en un 13 por ciento el monto total de las importaciones en el
sector.
Señorías, debo señalar que la evolución del comercio exterior
agroalimentario ha seguido una línea expansiva que ha supuesto un
incremento, en el último año, del orden del 21 por ciento. En la balanza
agroalimentaria hay que destacar el sector hortofrutícola, con más de
900.000 millones de pesetas. En el sector industrial tenemos el
vitivinícola, con 245.000 millones de pesetas el año pasado, lo que
supone un crecimiento de más del 20 por ciento, casi el 25 por ciento;
así como el sector de los aceites vegetales, especialmente el aceite de
oliva, donde estamos empezando a incrementar el embotellado llevando a
cabo un esfuerzo que considero básico y aumentando proporcionalmente sus
exportaciones, por tanto comercializado, frente a las exportaciones de
aceite de oliva a granel. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señora ministra, un momento.
Señorías, señor ministro, señor Mauricio, les rogaría que tuvieran la
bondad de guardar silencio.
Adelante.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (De Palacio del
Valle-Lersundi): Además, el año pasado, por primera vez en nuestra
historia, en la balanza agroalimentaria los productos transformados han
superado los no transformados. Es decir, aquellos productos que
incorporan un mayor valor añadido, fundamentalmente a través de la
industria agroalimentaria, han supuesto más del 50 por ciento de nuestras
exportaciones. Esto demuestra claramente la competitividad que están
adquiriendo las empresas españolas y hay que señalar varios factores.
Factores genéricos en todo el sector empresarial, como son las favorables
condiciones de la economía española en estos dos últimos años, desde que
está el Gobierno del Partido Popular: se ha producido una reducción de
los tipos de interés y de los costes de producción y han mejorado las
posibilidades de amortización de balances y de todo el sistema
tributario, lo que permite una mayor competitividad de nuestro sector
empresarial. Además, la gran aceptación, credibilidad y consolidación de
los productos españoles en el ámbito internacional está suponiendo que
productos españoles signifique, cada vez más, productos de calidad,
productos de garantía. Por tanto, hay que felicitarse por el gran
esfuerzo de nuestro sector agroalimentario en general y de la industria
agroalimentaria en particular.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra de Agricultura,
Pesca y Alimentación, que concluye así sus intervenciones a preguntas de
los grupos parlamentarios.
-- DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA ANGELES MAESTRO MARTIN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO
DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿PIENSA EL MINISTRO DE SANIDAD ADOPTAR ALGUNA
MEDIDA PARA RESTABLECER LOS DERECHOS FUNDAMENTALES VULNERADOS DE LAS
76.191 PERSONAS SOLICITANTES DE EMPLEO EN LA FUNDACION HOSPITAL DE
ALCORCON? (Número de expediente 180/001217)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas que se le formulan al
ministro de Sanidad y Consumo.
Pregunta número 11, de la diputada doña Angeles Maestro Martín, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor presidente.
Señor ministro de Sanidad, comparece una vez más ante esta Cámara para
que se puedan obtener respuestas relativas a la Fundación Hospital de
Alcorcón, tras el estrepitoso fracaso de sus altos cargos intentando
justificar lo injustificable, ocultando información y tras la actitud
obstruccionista del Grupo Parlamentario Popular que --le pregunto, señor
ministro--, a instancias suyas, ha impedido por dos veces que el gerente
de la fundación comparezca ante la Comisión de Sanidad, tal y como ha
solicitado reiteradamente Izquierda Unida.
Señor ministro, ¿cómo piensa restituir los derechos fundamentales
vulnerados de 76.191 personas solicitantes de empleo en la fundación a
ser seleccionadas de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y
capacidad, tal y como señala en su informe el Defensor del Pueblo?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Maestro.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Gracias, señor
presidente.
Señoría, no estamos en presencia de ningún estrepitoso fracaso sino de
todo lo contrario. La Fundación Hospital de Alcorcón está funcionando a
plena satisfacción y ha cubierto todas sus etapas con un grado de acierto
muy encomiable. Tampoco estamos ante ninguna posición obstruccionista. El
presidente ejecutivo del Insalud ha comparecido ya en la Comisión para
informar de estas cuestiones y yo lo he hecho siempre que se me ha
preguntado.
En relación con su pregunta, le tengo que decir que la selección de
personal se ha desarrollado con absoluta transparencia, respetando los
principios de igualdad, mérito y capacidad, tal como pedía el Defensor
del Pueblo y, por tanto, de plena conformidad con sus recomendaciones.
Esta opinión es compartida por los sindicatos participantes, Comisiones
Obreras y UGT. Se han respetado escrupulosamente todos los derechos de
las personas que se presentaron al proceso de selección y, en
consecuencia, no hay que adoptar medida alguna para restablecer dichos
derechos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor presidente.
Desde luego, hay que reconocer que la capacidad de sostenerla y no
enmendarla es una de las características del señor ministro de Sanidad,
así como repetir reiteradamente todo lo contrario de lo que se está
haciendo. El estrepitoso fracaso, señor ministro de Sanidad, ha sido
precisamente el del presidente ejecutivo del Insalud que en la Comisión
de Sanidad se atuvo exclusivamente a los resultados y a las actas de la
mesa de selección en el proceso de selección de personal cuando, como se
ha sabido después, tres de los miembros del comité de selección han
incurrido directamente en facilitar puestos de trabajo a ellos mismos y a
familiares directos. El recurso a las actas de las mesas de selección
firmadas por los sindicatos no es suficiente, allá la responsabilidad de
cada cual. Lo que es evidente es que el proceso de selección del hospital
de Alcorcón ha supuesto una estafa para todas aquellas personas que han
tenido que pagar una cantidad supuestamente para ser seleccionados de
acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad. El proceso de
selección de una fundación que va a administrar presupuesto público, que
va a prestar un servicio público, ha sido el escándalo, señor ministro,
no sólo de la Fundación Hospital de Alcorcón sino del modelo de gestión
que está arrastrando hasta cotas impensables el desprestigio de la
Administración sanitaria del Partido Popular.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Maestro.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor presidente.
Aquí la única que se mantiene y se sostiene empecinada en el error y en
la denuncia es su señoría. En el caso de la selección para la Fundación
Hospital de Alcorcón, el número de reclamaciones ha sido muy inferior a
cualquier concurso-oposición llevado a cabo por el Insalud. En la mayoría
de los casos dichas reclamaciones no podían ser consideradas como tales,
ya que simplemente pedían ampliación de información y fueron resueltas en
los casos estipulados por la mesa de selección. Todo el desarrollo del
proceso está recogido en cada una de las 23 actas de las correspondientes
sesiones celebradas por la mesa de contratación, lo que nos ofrece
garantías de la transparencia del mismo. No traiga usted aquí sus
disputas sindicales.
Por lo que respecta a las irregularidades, sólo hemos tenido conocimiento
de un caso, como consecuencia de una denuncia presentada en relación con
el parentesco de una enfermera participante en el proceso de selección
con un miembro de la mesa, que no había afectado a la validez del proceso
selectivo y que, sin embargo, entrañaba una pérdida de confianza por
parte del asesor jurídico implicado en este asunto, el cual fue cesado en
esas funciones por el gerente de la fundación en cuanto se tuvo
conocimiento de estos hechos.
Por lo que se refiere a la intervención del Defensor del Pueblo, le puedo
decir que ya se le ha dicho que todo el proceso selectivo se había
desarrollado conforme al contenido de su recomendación al haberse
acomodado las pruebas a los principios de mérito, capacidad y publicidad,
habiendo intervenido de forma permanente el gerente de la fundación y
otros directivos a través de la mesa de selección, según los criterios
aprobados por el patronato. El hospital de Alcorcón está funcionando a
plena satisfacción.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
-- DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA ANGELES AMADOR MILLAN, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE EXPLICACION DA EL GOBIERNO A
LOS PACIENTES DEL INSALUD QUE ESTAN SIENDO CITADOS PARA LA REALIZACION DE
PRUEBAS DE DIAGNOSTICO CON NUEVE MESES DE DEMORA? (Número de expediente
180/001224)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 18, que en sustitución de la señora
Amador formula el diputado
don José Enrique Moratalla Molina, del Grupo Socialista.
Señor Moratalla.
El señor MORATALLA MOLINA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, le voy a leer las preguntas que hace una ciudadana que
nos ha remitido una carta. Dice así: ¿Habrá aparatos para realizar la
mamografía pero no hay personas? ¿Hay personas y no hay aparatos? ¿Hay
muchas mujeres? ¿Hay pocos ambulatorios o hay malos gestores? Espero una
respuesta valiente y por eso le pregunto: ¿Qué explicación da el Gobierno
a los pacientes del Insalud que están siendo citados para la realización
de pruebas diagnósticas con nueve meses de demora?
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Moratalla.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Señor Moratalla,
hay mamógrafos, hay personal, hay gente entregada y dedicada, hay una
gestión que mejora día a día, pero naturalmente hay problemas ¿Qué
podrían decir los pacientes que hace sólo pocos años esperaban más de dos
para ser intervenidos quirúrgicamente? ¿Qué podían decir los que
esperaban mucho más en relación con las consultas y las pruebas
diagnósticas? Lo que le puedo decir es que durante el ejercicio de 1997 y
lo que llevamos de 1998 globalmente no hay más de nueve meses de espera
para ninguna prueba diagnóstica y que la demora media global se sitúa en
32 días en consultas médicas y 37 días en consultas quirúrgicas. Quizá
ustedes no podían dar ni siquiera estos datos porque los sistemas de
información de que disponían no se lo permitían. (Aplausos.)
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Señor Moratalla.
El señor MORATALLA MOLINA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, tenía la duda de si iba usted a responder haciéndome
llegar las páginas 3 y 4 de ese argumentario que han realizado y
distribuido por el Insalud para los distintos responsables territoriales
con el fin de rebatir las críticas surgidas en el debate sobre el estado
de la Nación o haciendo alusión a la herencia. Usted habla repetidamente
con triunfalismo de las listas de espera. Nosotros hablamos de la cruda
realidad como el caso, entre muchos, que le he comentado. El presidente
de la Academia de Dermatología coincide con nosotros y dice que una
reducción de las listas de espera no puede pasar nunca, señor ministro,
por disminuir la calidad asistencial. Tres mil enfermos han sido
intervenidos y sólo a un 20 por ciento le han practicado biopsias
cutáneas. No puede hacer a médicos generalistas especialistas en
dermatología.
El 9 de diciembre de 1997 pedí los datos de las listas de espera al
amparo del artículo 7. El plazo legal para contestar concluyó el 4 de
marzo. Hoy, 20 de mayo, seguimos en listas de espera, por lo que solicito
amparo a la Presidencia. En menos de 48 horas, señor ministro, han
redactado y distribuido el argumentario partidista, mientras que al Grupo
Socialista lo tienen en lista de espera más de 150 días. Señor Romay, es
muy fácil, lo que dice usted y su equipo en los periódicos dígalo aquí y
por escrito, como es su obligación parlamentaria.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Moratalla.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Señor Moratalla,
le preocupan a usted mucho 150 días de demora y por lo que veo no era así
con los más de dos años que tenían que esperar algunos para ser
intervenidos cuando ustedes gobernaban. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías. Señor Silva, por favor.
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): En las listas de
espera no hay ningún triunfalismo, y nada más lejos de nuestro ánimo que
caer en él. Tampoco es para alarmar innecesariamente, sobre todo cuando
se tienen experiencias de Gobierno y se sabe lo que pasaba en épocas
anteriores. Es incuestionable que la demora media que nos encontramos
para intervenciones quirúrgicas era de 217 días, ha bajado a 98 al final
del año y es de 92 días el 30 de abril. No se sabe cuál era antes la
demora máxima, a final del año 1997 era de nueve meses y va a ser de seis
meses a final de este año.
Por lo que se refiere a las consultas externas y a las pruebas
diagnósticas, que es algo que también nos preocupa, como no puede ser de
otra manera, el objetivo global en cuanto a la reducción de demora en las
consultas es conseguir que al finalizar 1998 no haya demoras máximas por
encima de 120 días, y le puedo decir que la demora máxima de consultas en
Suecia es de 90 días. Si llegamos a 120 estaremos acercándonos a
parámetros muy aceptables. Se trata de disminuir las demoras medias de
estas consultas en un 25 por ciento. Con el horizonte de este objetivo
cada hospital ha pactado su contrato de gestión para la reducción de las
demoras en las especialidades respectivas y que suponen aumento de la
actividad en consultas de especialistas sin pérdida de calidad. Parece
mentira que usted se haga eco de unas críticas a una operación
importantísima como fue hacer la cirugía menor ambulatoria en atención
primaria... (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
-- DEL DIPUTADO DON JOSE ENRIQUE MORATALLA MOLINA, DEL GRUPO SOCIALISTA
DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO: ¿COMO
EXPLICA EL SEÑOR MINISTRO DE SANIDAD EL CRECIMIENTO DEL GASTO
FARMACEUTICO DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD EN MARZO DE 1998? (Número de
expediente 180/001225)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 19, que formula al Gobierno el señor
Moratalla nuevamente, diputado del Grupo Socialista. (Rumores.)
Silencio, señorías.
Adelante, señor Moratalla.
El señor MORATALLA MOLINA: Señor presidente, sigo esperando su amparo.
El señor PRESIDENTE: Señor Moratalla, en lo relativo al amparo la
Presidencia no ha querido intervenir antes en el debate. Sabe S. S. que
formulado por escrito, como ha indicado en otro contexto, se contestará
también por escrito y se procurará dar satisfacción en lo que sea
claramente reglamentario.
El señor MORATALLA MOLINA: Lo que le agradezco, señor presidente.
Señor Romay, ¿cómo explica el crecimiento del gasto farmacéutico del
Sistema Nacional de Salud en marzo de 1998?
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moratalla.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): La explicación
del crecimiento de marzo de 1998 es múltiple. Es malo hacer comparaciones
mes a mes porque se pueden distorsionar. El mes de marzo de este año
tiene más días de consulta que el año pasado porque incluía la Semana
Santa. El crecimiento en el mes de febrero había sido muy alto el año
pasado y este año en el mismo mes ha sido muy bajo. Pero puedo
tranquilizar a su señoría. Afortunadamente el crecimiento del gasto
farmacéutico está controlado y esperamos conseguir los objetivos que nos
habíamos propuesto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Moratalla.
El señor MORATALLA MOLINA: Gracias, señor presidente.
La única coincidencia es que febrero tiene 28 días y si es bisiesto uno
más. (Risas.)
Señor presidente, el señor Aznar mostró su satisfacción por el
crecimiento del gasto farmacéutico en 1997, cifrado en el 5,4 por ciento.
Hoy usted se remite a la página 2 de ese argumentario para, yo creo,
hacer nada más que triunfalismo y propaganda. El gasto farmacéutico en
marzo de 1998 sobre marzo de 1997 sufre un incremento del 25,64 y el
acumulado del 9,48, lo que es igual. En 1997 fue de 213.000 millones y en
1998 de 233.000 millones, 20.000 millones más. Los datos que acabo de
darle son del servicio de asistencia farmacéutica del Sistema Nacional de
Salud. En abril, señor ministro, el acumulado es del 9,41 y no la mentira
que dicen en «El Gobierno informa», que lo sitúa en el 5,79. Ello
representa que el gasto en 1997 era de 288.000 y en 1998 de 313.000, ó
sea 25.000 millones de incremento. Como para cumplir sus previsiones de
ahorro tendría que haber disminuido el 2,26 por ciento, actualmente,
señor ministro, para que lo sepa, tiene usted una desviación del 11,7, y
si se mantiene hasta final de año tiene usted un agujero de 100.000
millones. Esa es la verdad y no lo que usted dice, ni lo que ha dicho hoy
en el Senado ni lo que informó al señor Aznar en el debate de la Nación
con lo que permanentemente trata de confundir a los ciudadanos. Con las
cifras reales que yo le he dado tiene que reconocer que sus medidas de
contención del gasto han fracasado, que aumentará el déficit apartándose
de la convergencia europea o que tendrá que recortar aún más, señor
ministro, las prestaciones farmacéuticas. Esto es lo que tiene que
explicar a los ciudadanos aquí, en el Congreso, y a la comisión
permanente del uso racional del medicamento que en el día de ayer, por
unanimidad, ha acordado que modifique usted de nuevo esa lista que tiene
propuesta desde su ministerio para el ahorro farmacéutico.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moratalla.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Señor Moratalla,
las comparaciones se pueden hacer como usted quiera. Lo cierto es que de
abril a abril el crecimiento este año es efectivamente de un 9,41 por
ciento, pero es que el año pasado
entró en vigor en esas fechas el decreto de reducción de márgenes. Sólo
con que ese 9,41 por ciento lo reduzcamos en lo que va a ser la
aportación de la industria farmacéutica, que es casi tres puntos superior
a la del año pasado, ya estamos en unos niveles muy parecidos a los del
año pasado en estas fechas; sólo con que tengamos en cuenta la mayor
aportación de la industria farmacéutica que nosotros hemos conseguido
este año, que va a ser de 40.000 millones frente a 15.000 del año pasado.
Con esa diferencia que va a minorar el coste presupuestario del gasto
farmacéutico ya nos estamos acercando a los niveles del año pasado. Si
usted tiene en cuenta, además, que el decreto de lista negativa todavía
no se ha aprobado, no ha entrado en vigor, y sólo produce efecto en la
segunda parte del año; que los genéricos van entrando en el mercado
progresivamente y tampoco pueden producir sus efectos desde el principio,
y que está prevista también la entrada en vigor de los precios de
referencia, usted podría convenir conmigo en que lo razonable es esperar
que el gasto farmacéutico, que a este Gobierno le sigue preocupando, como
no podía ser de otra manera, y que para su contención cuenta con la
colaboración de los profesionales de los servicios sanitarios cada vez
mejor informados para poder hacer mejor su prescripción, con todas estas
medidas nosotros sí creemos que vamos a poder conseguir mantener el gasto
farmacéutico en los términos que habíamos previsto: un crecimiento en
torno del 6 por ciento y no del 14 por ciento acumulativo anual, que es
el que ustedes nos dejaron y que nos impedía dedicar miles y miles de
millones a otras necesidades sanitarias mucho más prioritarias, mucho más
importantes.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
-- DE LA DIPUTADA DOÑA MARIA DEL PILAR NOVOA CARCACIA, DEL GRUPO
SOCIALISTA DEL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE GASTO FARMACEUTICO
SE VA A SUPRIMIR EN EL INSALUD DURANTE 1998 COMO CONSECUENCIA DE LA BAJA
PRESUPUESTARIA DE 500 MILLONES DE PESETAS PARA ESTE EJERCICIO? (Número de
expediente 180/001226)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 20, que formula al Gobierno la
diputada doña Pilar Novoa Carcacia, del Grupo Socialista.
Señora Novoa.
La señora NOVOA CARCACIA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿qué gasto farmacéutico se va a suprimir en el Insalud
durante 1998 como consecuencia de la baja presupuestaria de 500 millones
de pesetas para este ejercicio?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Novoa.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor presidente.
Pues mire usted, señora Novoa, ninguno necesario. Pero además, ¿cómo me
pregunta usted qué le puede pasar a la partida farmacéutica del Insalud,
que es de 380.000 millones de pesetas, en relación con una partida de 500
millones dedicada a una finalidad tan noble y de tanto interés para la
sanidad, para la ciencia, para todo en España, como es fomentar la
investigación farmacéutica y crear el Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señora Novoa.
La señora NOVOA CARCACIA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, se lo explico. Ustedes han aprobado el presupuesto para
1998 con una baja presupuestaria de 23.000 millones de pesetas en
farmacia, recetas médicas. De esa cantidad 500 millones los destinan
ustedes a la fundación Centro de Investigaciones Oncológicas. Por cierto,
que para crear este centro le sacan ustedes otros 500 millones al
programa de investigación sanitaria, recortando en esta cantidad la
concesión de ayudas a programas de investigación. ¿Es esta la forma con
la que piensa reforzar el Gobierno nuestro sistema de ciencia y
tecnología anunciada por el señor Aznar la semana pasada? Ustedes crean
centros para hacerse la foto, por ejemplo, con el señor Barbacid, sacando
dinero de recetas médicas y de investigación sanitaria. ¿Creen que con
esta medida ponen ustedes a España a la altura de los grandes países de
Europa, tal y como dicen ustedes en la página 2 de este argumentario
partidista? (Rumores.) A ustedes sólo les interesa la imagen y la
propaganda.
Le voy a leer una noticia de fecha 15 de mayo: El personal administrativo
del hospital de Verín llevará ropa diseñada por... (omito el nombre del
prestigioso modisto gallego por el respeto que me merece) para
promocionar la imagen del sector sanitario. ¿Piensa que el sistema
sanitario público se prestigia y alcanza mayor confianza ante los
ciudadanos por cuestiones de diseño de vestuario?
Señor ministro, la valoración positiva de la sanidad pública sólo se
consigue con la calidad de la asistencia prestada, cuando un paciente
ingresa en el hospital y no corre ningún riesgo de contagio, por
ejemplo, de hepatitis C. Señor Romay, sea serio y no juegue con la
honestidad de los ciudadanos. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Novoa.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Señora Novoa,
efectivamente hemos recortado el gasto presupuestario en farmacia porque
creemos que se puede ahorrar en ese sector y que se pueden dedicar
recursos a finalidades más prioritarias, más necesarias; una de ellas era
ciertamente ésta de la investigación oncológica, ya que éramos el único
país, de los grandes países europeos, que no teníamos un centro nacional
de investigación oncológica. El Centro Nacional de Investigación
Oncológica era una demanda unánimemente sentida por todas las sociedades
científicas, médicas, relacionadas con la oncología. Teníamos la
oportunidad de contar con un profesional de prestigio internacional, como
es el profesor Barbacid, hemos tomado esa iniciativa, y naturalmente
hemos buscado los recursos en estos ahorros que podíamos conseguir en el
gasto farmacéutico, que se pueden conseguir no sólo para esto sino para
otras muchas cosas, y hemos dedicado a esta finalidad una parte del
aumento de la financiación de investigación científica que tenían los
presupuestos. No recortamos nada de las investigaciones que se venían
haciendo, pero una parte del aumento de los recursos dedicados a la
investigación se dedica a esta finalidad, cosa que me parece
absolutamente justificada, y no tiene nada que ver con operaciones de
imagen ni nada que se le parezca.
No me hable usted de partidas que se detraen al gasto farmacéutico para
dedicarlas a otras cosas, porque usted es gallega, y si usted seguía la
política gallega podía haber sabido que sus compañeros en el Parlamento
gallego todos los años pedían la construcción de no sé cuántos hospitales
comarcales en toda Galicia con financiación que salía siempre del
capítulo de farmacia, que les parecía era un cajón sin fondo del que se
podía echar mano para todo, para construir centros de salud, hospitales,
lo que hiciera falta con tal de presentar, eso sí, una pseudo oferta
interesante para cada una de las comarcas afectadas.
Nosotros buscamos por encima de todo la calidad de la asistencia
sanitaria, la buscamos reduciendo los tiempos de espera, mejorando la
atención en primaria, y no me hable usted del riesgo en un hospital
empañando el buen nombre de la sanidad española... (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
-- DEL DIPUTADO DON JOSEP COROMINAS I BUSQUETA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUAL ES EL GASTO SANITARIO PUBLICO EN
PORCENTAJE SOBRE EL PIB CONTENIDO EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL
ESTADO DE 1997 Y 1998? (Número de expediente 180/001227)
El señor PRESIDENTE: Quedan más preguntas a las que pasamos. En primer
lugar, también al ministro de Sanidad y Consumo, la número 21 de don
Josep Corominas i Busqueta, diputado del Grupo Socialista.
Señor Corominas.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Gracias, señor presidente.
Señor Romay, a la pregunta que le he formulado por escrito y que usted ya
conoce no me responda con los argumentos que en menos de 48 horas ustedes
han distribuido para contrarrestar las afirmaciones del señor Borrell en
el debate sobre el estado de la Nación. (Un señor diputado: ¡Qué
barbaridad!) Esos argumentos ya los tenemos en este documento del
Insalud, Administración pública de todos los españoles, que ha
distribuido para que de modo partidista se contrarreste lo que ustedes
consideran un ataque a su campaña propagandística respecto a la
preocupación que tienen por los temas sociales y que les lleva a afirmar,
mediante el inefable señor Miguel Angel Rodríguez, que son de centro
izquierda. (Risas.)
¿No es verdad, señor Romay, que cuando les interesa todo el dinero que
está en el sistema sanitario sirve para computarlo como aportaciones, y
cuando no les interesa lo detraen, indicando que sirve para sanear
deudas?
Contésteme, señor Romay, ¿no es cierto que el porcentaje del PIB que se
ha gastado en el sistema sanitario en el período 1992-96 es superior al
que ustedes han destinado para el período 1997-98? (Un señor diputado:
no.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Corominas.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Pues le digo que
no, señor Corominas, le digo que no, que no se puede computar todo como
gastado en ese año para la sanidad, y por tanto haciendo bien las cuentas
el presupuesto del Insalud contenido en los Presupuestos Generales del
Estado representó el 4,6 por ciento del PIB en 1997 y el 4,7 por ciento
del PIB en 1998, que es superior a lo que representaba en el período
1992-96. Por tanto se caían por tierra las argumentaciones hechas por
ustedes en ese sentido, y somos nosotros los que estamos gastando
más en sanidad en porcentaje del PIB de lo que gastaron ustedes.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Corominas.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Gracias, señor presidente.
Señor Romay, sus mentiras respecto a la gestión del Partido Socialista...
(Rumores y protestas.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, señorías, es en términos retóricos;
entiendo que es en términos retóricos.
Continúe, señor Corominas.
El señor COROMINAS I BUSQUETA: Sus mentiras respecto a la gestión del
Partido Socialista dichas por usted el domingo en un periódico de Galicia
no pueden sustentarse con los datos reales de lo que el Gobierno
socialista destinó en sus presupuestos al Sistema Nacional de Salud y lo
que ustedes destinan.
No es verdad que ustedes hayan hecho una prioridad del Sistema Nacional
de Salud. Tampoco es verdad que ustedes inviertan dentro del sistema 360
millones de pesetas más al día en sanidad. Ustedes se han lanzado a
campañas de propaganda y de descalificación diciendo mentiras, medias
verdades y ocultando aquellos elementos que no les son favorables.
Señor Romay, en nombre del Grupo Socialista le pediría que usted y todo
el Gobierno del señor Aznar no utilicen más a la sanidad como un elemento
agit prop. Señor Romay, si realmente quiere rendir un servicio útil a la
sanidad española, dimita.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.--Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Mire, señor
Corominas, la única mentira es que diga usted que son mentiras las
verdades que nosotros decimos. (Rumores.--Varios señores diputados: ¡Muy
bien!)
Ustedes comparaban mal. Al señor Borrell le dieron mal los datos o él nos
quiso engañar a los demás. El porcentaje medio del PIB en los años 1992 a
1996 fue del 4,46 por ciento, y el porcentaje medio del PIB de los años
1997 y 1998 es del 4,65 por ciento en gasto para el Sistema Nacional de
Salud a través del Insalud. Eso significa no que ustedes estaban gastando
500 millones diarios más que nosotros, sino que nosotros --en porcentaje
de PIB, no en términos absolutos-- gastamos 369 millones diarios más.
¿Sabe usted dónde estaba el error o el engaño con el que ustedes
trabajaban cuando hicieron esa información? Pues que en el período
1992-96 computaban como gastados 561.000 millones de pesetas que ustedes
tuvieron que destinar esos años no a que la sanidad funcionara mejor,
sino a pagar deudas de ejercicios anteriores. Por esa regla de tres, si
ustedes concentran todas las deudas en un año, en ese período pueden
superar el gasto sanitario de los Estados Unidos y con eso no creo que
engañen a nadie. Las cuentas bien hechas dan este resultado que yo le
digo: el 4,65 por cien del PIB gastado por nosotros, 369 millones diarios
más. Los presupuestos del Sistema Nacional de Salud han subido 386.000
millones el año 1998, eso son 200.000 millones más de lo que hubieran
subido con el modelo de ustedes. Eso es apostar por el Sistema Nacional
de Salud, y al mismo tiempo hacerlo más eficiente reduciendo las listas
de espera y atendiendo mejor a los ciudadanos. Así defendemos nosotros el
sistema público de salud.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
-- DEL DIPUTADO DON ADOLFO GONZALEZ REVENGA, DEL GRUPO SOCIALISTA DEL
CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿POR QUE NO INICIA EL GOBIERNO LA
NEGOCIACION PARA EL TRASPASO DEL INSALUD A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS QUE
LO HAN SOLICITADO Y QUE TIENEN RECOGIDA LA COMPETENCIA EN SU ESTATUTO DE
AUTONOMIA? (Número de expediente 180/001228)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 22 que formula al Gobierno el
diputado don Adolfo González Revenga, del Grupo Socialista.
Señor González Revenga.
El señor GONZALEZ REVENGA: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿por qué no inicia el Gobierno la negociación para el
traspaso del Insalud a las comunidades autónomas que lo han solicitado y
que tienen recogida la competencia en su estatuto de autonomía?
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Pues mire usted,
señor diputado, porque el núcleo fundamental de la política del Gobierno
para la presente legislatura en materia de traspasos de funciones y
servicios y su objetivo prioritario se concretan en completar el
desarrollo del contenido de los pactos autonómicos de 28 de febrero de
1992, materializados en la Ley Orgánica 9/1992, de 23 de diciembre.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor González Revenga.
El señor GONZALEZ REVENGA: Gracias, señor Presidente.
Señor ministro, la verdad es que no hay ni una sola razón de peso que
justifique la actitud dilatoria del Gobierno ante la petición de que se
inicien las negociaciones para transferir el Insalud a las comunidades
autónomas que como la de Castilla-La Mancha así lo han solicitado.
Su política en esta materia es dar la callada por respuesta. Así es,
señor ministro. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha solicitado el
traspaso del Insalud, ha invitado al Gobierno para que dé inicio a las
negociaciones y a que reúna la ponencia técnica y la Comisión Mixta de
Transferencias. Esa solicitud se le ha hecho al presidente del Gobierno,
al ministro de Administraciones Públicas, al Gobierno en general. ¿Y
ustedes qué hacen? Ustedes no responden, ustedes se hacen los sordos.
Señor ministro, ¿esa es la forma de gobernar del Partido Popular? ¿Su
forma de conducta es la sordera política? ¿Es el desprecio institucional?
Ustedes, el Gobierno, se está equivocando con esa actitud de no responder
a las peticiones de negociación política. Tenga por seguro, señor
ministro, que no han elegido el camino correcto. No abrir la puerta a
quien llama a ella no es bueno. Aplazar las transferencias sine die, dar
largas, marear la perdiz, que es lo que están haciendo, no es la mejor
forma de dar soluciones a los problemas de los ciudadanos.
Castilla-La Mancha, señor ministro, tiene competencias en materia
sanitaria desde julio de 1997; por eso el Gobierno de Castilla-La Mancha,
con un amplio apoyo de organizaciones sociales y políticas, exceptuando
al Partido Popular en esa región, quiere negociar con el Gobierno de
España el traspaso del Insalud. Quiere negociar esos traspasos, señor
ministro, porque tiene derecho a ello y porque el sistema de financiación
sanitaria promovido por ustedes es insolidario y profundamente injusto
para los ciudadanos de las comunidades autónomas que no gestionan el
Insalud directamente.
Señor ministro, respondan al menos a la reiterada petición del Gobierno
de Castilla-La Mancha. El silencio no es una buena respuesta, escuchen la
voz y las razones de quienes quieren negociar, rectifiquen su actitud,
reúnan a la Comisión Mixta de Transferencias y lleven a cabo el traspaso
de una competencia que se reclama con firmeza y con razón por parte del
Gobierno de Castilla-La ancha. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González Revenga.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Mire usted,
señor diputado, son razones muy serias las que nos mueven a seguir en
esta política. Durante esta legislatura se ha ido completando el traspaso
de materias a las distintas comunidades autónomas como los servicios
sociales del Imserso, la ejecución de la legislación laboral y el control
sobre productos farmacéuticos.
En este proceso de completar el desarrollo de los pactos de 1992, el
objetivo prioritario del Gobierno durante lo que resta de la presente
legislatura consiste en efectuar los siguientes traspasos: ejecución de
la legislación laboral en lo que se refiere a la gestión de actuaciones
de formación profesional ocupacional, que se ha efectuado ya a algunas
comunidades; el traspaso de la educación no universitaria, con un volumen
de financiación cercano al billón de pesetas.
La importancia de los traspasos pendientes aún de realizar en las
materias señaladas aconseja no abordar en la presente legislatura el
traspaso de los servicios sanitarios de la Seguridad Social gestionados a
través del Insalud entre otras por las siguientes razones: porque el
traspaso de los servicios sanitarios de la Seguridad Social sólo se
podrán realizar a las comunidades del 143 que hayan efectuado la reforma
de sus estatutos de autonomía que sólo se han producido para Aragón y
Castilla-La Mancha, faltando aún por concluir el proceso de reforma en el
resto de las comunidades y porque el volumen de recursos que implica la
gestión de servicios del Insalud --más de un billón de pesetas en las
comunidades no transferidas--, y las peculiaridades del sistema de
financiación sanitaria aconsejan realizar un tratamiento global y
uniforme de este traspaso a todas las comunidades del 143 y no de manera
individualizada a medida que se vayan aprobando las correspondientes
reformas de estatutos.
Como consecuencia de todo ello, el Gobierno entiende que no procede el
inicio del traspaso de los servicios del Insalud a las comunidades
autónomas del 143 mientras no estén aprobadas las reformas de todos los
estatutos en los que se recoja esa competencia. La conclusión es que
dicho traspaso no podrá ser hasta la próxima legislatura.
Por lo demás, le puedo decir que vamos a aprovechar este tiempo para
compensar déficit gravísimos que tenía alguna comunidad como Castilla-La
Mancha, donde en los próximos cuatro años vamos a invertir el 132 por
ciento más de lo que se había invertido en los cuatro años pasados,
compensando a Castilla-La Mancha las carencias que tenía tanto en
infraestructuras como en funcionamiento.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
-- DEL DIPUTADO DON ANTONIO GUTIERREZ MOLINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE INFORMAR EL
GOBIERNO SOBRE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS POR LA COMISION NACIONAL DE
REPRODUCCION ASISTIDA (RHA)? (Número de expediente 180/001235)
El señor PRESIDENTE: Pregunta, en fin, número 28 que formula al Gobierno
don Antonio Gutiérrez Molina, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Gutiérrez Molina.
El señor GUTIERREZ MOLINA: Gracias, señor Presidente.
Señor ministro, en el Pleno del 10 de febrero último se aprobó el
proyecto de reglamento de la Comisión nacional de reproducción humana
asistida que se constituyó en el año 1997, comisión que nos preocupa y
estamos haciendo un seguimiento de ella porque estimamos que dentro del
argumento general de los objetivos del Ministerio en lo referente a la
salud pública no puede desglosarse de ninguno de los otros objetivos que
se encuadran dentro de este primer epígrafe de salud pública.
Ciertamente, señor ministro, creemos que desde el punto de vista que
antes he señalado es fundamental que el Ministerio marcara los objetivos
a seguir no solamente en el año anterior, sino lo que es más importante
en este año 1998 y ciertamente, como le decía antes, nosotros creemos que
es imprescindible que se produzca el desarrollo de dicha Comisión
nacional de reproducción humana que ya fue esbozado aquí el 10 de
febrero, como antes he mencionado, y que desde luego nos parece
fundamental con objeto de que tengamos una idea más global de la
situación de hecho existente en España en relación con los centros
técnicos de reproducción humana asistida y en relación también con los
otros objetivos que tal comisión pretende.
Por ello, señor presidente, hemos presentado esta pregunta no solamente
como una pregunta superficial o aleatoria desgajada de los objetivos de
la salud pública del Ministerio, sino enmarcada dentro de los objetivos
generales de dichos parámetros y de dicho programa que dentro de la salud
pública el Ministerio ha señalado recientemente.
Ese era el objeto de la pregunta que dice: ¿cuáles son los objetivos que
piensa el Ministerio diseñar a lo largo de este año 1998 referidos a la
Comisión nacional de reproducción humana asistida?
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gutiérrrez Molina.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Gracias, señor
presidente.
Comparto con S. S. la importancia que tienen estas cuestiones para
aspectos fundamentales de la salud humana y también de la dignidad de las
personas; por tanto comparto su interés por esta cuestión y contesto con
mucho gusto a su pregunta.
La Comisión nacional de reproducción humana asistida ha efectuado en
primer lugar un análisis de la situación del desarrollo de las técnicas
de reproducción humana asistida y a partir de ese análisis ha comenzado a
desarrollar las funciones y actividades que le han sido encomendadas, ya
que estaba sin constituir, como usted sabe, después de haber sido creada
hace muchos años por la ley correspondiente.
A lo largo de las tres sesiones celebradas hasta la fecha, ha procedido a
elaborar su reglamento de funcionamiento y ha establecido los siguientes
objetivos a corto plazo. Analizar la situación general de la reproducción
humana asistida en España y sus sistemas de información. Del análisis se
podrán extraer conclusiones para su mejora, lo que repercutirá a su vez
sobre la garantía de calidad de los centros y reforzará los derechos de
los usuarios.
En segundo lugar, estudiar aquellos aspectos de la ley que han quedado
desfasados como consecuencia de la evolución técnica y científica
producida en este ámbito sanitario. Entre éstos se incluyen los
relacionados con los plazos de conservación de gametos y embriones, que
se fijan de forma precisa en la ley en cinco años y que en este momento
se encuentran superados; determinadas técnicas no previstas en la ley y
que en la actualidad resultan posibles con amplias garantías: banco de
ovocitos, transferencia intratubárica de gametos, microinyección
espermática. También está estudiando la conveniencia de proponer
determinadas modificaciones normativas en el sentido de su adaptación al
desarrollo científico y estado actual de los conocimientos. Por último,
analizar las repercusiones, tanto desde el punto de vista científico como
ético y legal de ciertas técnicas de reproducción que como la clonación
han tenido amplia repercusión en los medios de comunicación social.
Además, la Comisión ha anunciado sus trabajos también en otras áreas. El
análisis y seguimiento de los proyectos y actividades de investigación en
este campo; el desarrollo de los mandatos que la ley y los reales
decretos dictados a su amparo le atribuyen, como la elaboración del
listado de enfermedades genéticas o hereditarias que puedan ser
detectadas en el diagnóstico prenatal.
Con estos objetivos, la Comisión da cumplimiento al papel que la ley le
atribuye, aportando información, criterios técnicos, éticos o legales
para promover la mejor aplicación y desarrollo de estas técnicas en
nuestro país.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
-- DE LA DIPUTADA DOÑA MARGARITA URIA ECHEVARRIA, DEL GRUPO VASCO
(EAJ-PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EL
GOBIERNO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ACUERDO MAYORITARIO DE ESTA CAMARA
RELATIVO A LAS COMPETENCIAS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, PARA REGULAR LA
ADJUDICACION Y SOBRE LA GESTION DE LOS DEPOSITOS Y CONSIGNACIONES
JUDICIALES? (Número de expediente 180/001219)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 13, que formula al Gobierno --y
contestará la ministra de Justicia--, doña Margarita Uría Echevarría, del
Grupo Nacionalista Vasco.
Señora Uria.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, usted conoce el tesón del grupo al que pertenezco
persiguiendo aquellas cuestiones que creemos corresponden a la
competencia de las comunidades autónomas. Por eso ahora le pregunto qué
medidas piensa adoptar el Gobierno para dar cumplimiento al acuerdo
mayoritario de esta Cámara relativo a las competencias de las comunidades
autónomas para regular la adjudicación y sobre la gestión de los
depósitos y consignaciones judiciales.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uria.
Señora ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Señoría, desde el profundo respeto a la propuesta de resolución aprobada
el día 14, el Gobierno, la ministra de Justicia en este caso, ha
encargado al Servicio Jurídico del Estado que estudie cuáles son las vías
legales y reglamentarias para dar satisfacción a lo contenido en esa
propuesta de resolución aprobada por mayoría de la Cámara.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Señora Uría.
La señora URIA ECHEVARRIA: Gracias, señora ministra.
Me satisface profundamente lo que me dice y creo que el informe no podrá
menos que dar la razón al contenido de la propuesta aprobada por esta
Cámara.
Entender que corresponde a la competencia de las comunidades autónomas la
gestión de los depósitos equivale a decir que el Ministerio no tenía
competencia territorial a la hora de procederse a la adjudicación de la
subasta última que en principio tendría vigencia hasta el año 2000. Por
tanto creo que sería perfectamente posible que las comunidades autónomas
con competencia procedan a convocar los procesos públicos de adjudicación
que correspondan.
En cuanto a los desistimientos de los recursos de inconstitucionalidad
que la Cámara también instaba, el artículo 80 de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional prevé expresamente el desistimiento por
referencia a la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto a los procesos
constitucionales y parece que no podrán contestarle que haya impedimentos
legales para proceder a realizar lo que la Cámara le instaba.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Uría.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Señora Uría, al citarle el Servicio Jurídico del Estado sé que le estoy
citando a quien usted reconoce suficiencia jurídica para emitir un
dictamen en Derecho y, en consecuencia, esta ministra de Justicia se
tiene que remitir al dictamen en Derecho tanto respecto a la propuesta
como a la decisión de desistimiento de los recursos.
Evidentemente, señoría, el Estado, el Gobierno mantiene un concepto del
artículo 150 de la Constitución española que hasta ahora es el que ha
mantenido por la interposición de ese recurso, pero me remito nuevamente
al dictamen del Servicio Jurídico del Estado, y daré cuenta a S. S.
tantas cuantas veces sea necesario.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
-- DEL DIPUTADO DON JOSE ALARCON MOLINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE ACTUACIONES SE HAN
REALIZADO PARA LA CREACION DE OFICINAS DE ATENCION A LAS VICTIMAS,
PREVISTAS EN EL PLAN DE ACCION CONTRA LA VIOLENCIA DOMESTICA? (Número de
expediente 180/001237)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 30, que formula al Gobierno el
diputado don José Alarcón Molina, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Alarcón.
El señor ALARCON MOLINA: Gracias, señor presidente.
Señorías, señora ministra, el problema de la violencia doméstica es
antiquísimo y tristemente siempre fue una cruda, cruel y auténtica
realidad. Ocurría que la dependencia familiar pivotaba alrededor de una
persona, habitualmente el cabeza de familia, y ello evitaba que afloraran
muchas denuncias, cuestión que ha cambiado al variar las circunstancias
sociales de los últimos años. Se han disparado las denuncias en estos
momentos y los medios de comunicación social dicen que en los últimos
cinco años el cálculo existente de denuncias por malos tratos ha subido
el 7,3 por ciento. Dicho aumento ha puesto de manifiesto la necesidad de
resolver este grave problema social para garantizar no sólo la protección
de las personas maltratadas, sino para mejorar los mecanismos de
asesoramiento y apoyo a las víctimas y sensibilizar a la sociedad sobre
la gravedad del problema para poner fin a la cultura de la resignación y
del silencio.
Por todo ello, señora ministra, le pregunto: ¿Qué actuaciones se han
realizado para la creación de oficinas de atención a las víctimas,
previstas en el Plan de acción contra la violencia doméstica?
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alarcón Molina.
Señora ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Su señoría ha destacado los datos que llevaron al Gobierno, el pasado 30
de abril, a aprobar el Plan de acción contra la violencia doméstica y
entre cuyos puntos se incluía, concretamente en la medida 3.4, implantar
las oficinas de asistencia a las víctimas de violencia en los órganos
judiciales y fiscales. En 1998 se crearán 12; en 1999, 23 y en el 2000,
53. El compromiso no deriva exclusivamente de este Plan de acción, sino
que con ocasión de la comparecencia ante la Comisión Mixta de la Mujer en
noviembre del año pasado y como ministra de Justicia, tuve oportunidad de
poner de relieve ante SS. SS. que ésta era la intención del Gobierno y en
este momento puedo decir que hasta ahora la intención se ha convertido en
realidad, porque de las previsiones sobre creación de oficinas para el
año 1998 el Ministerio de Justicia planificó la puesta en marcha de seis
en el primer semestre y de las otras seis en el segundo. El Plan de
acción se aprobó el día 30 de abril pasado y se han creado el día 7 de
mayo las oficinas situadas en Oviedo, Zaragoza, Albacete, León,
Valladolid y Murcia. El próximo mes de septiembre, una vez efectuadas
pequeñas obras de remodelación y adaptación, serán puestas en
funcionamiento otras nuevas seis oficinas. Los lugares elegidos serán en
función de los convenios que se establezcan con comunidades, en el bien
entendido que aparte de esos seis hay establecidos convenios con las
comunidades en relación tanto con Pamplona y Logroño como con la ya
puesta en funcionamiento en Palma de Mallorca. El objetivo de las
oficinas, como S. S. ha destacado, es informar a las víctimas de todos
sus derechos y asistirles en los mismos para su mejor defensa ante los
órganos jurisdiccionales.
Muchas gracias señoría, gracias señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
-- DEL DIPUTADO DON MANUEL SECO GORDILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUE PREVISION TIENE EN ESTE AÑO
EL MINISTERIO DE JUSTICIA DE INCREMENTAR EL NUMERO DE JUZGADOS? (Número
de expediente 180/001238)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 31, que formula al Gobierno el
diputado don Manuel Seco Gordillo, del Grupo Parlamentario Popular.
Señor Seco.
El señor SECO GORDILLO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra de Justicia, recientemente se ha publicado en diversos
medios de comunicación que el Ministerio de Justicia está elaborando un
real decreto con la finalidad de crear nuevas plazas de jueces y
magistrados y nuevos órganos judiciales, dando así respuesta a las
peticiones que existían y a las necesidades que durante años se habían
ido generando en una serie de partidos judiciales abrumados por la
excesiva carga de trabajo que soportan. No creo que sea necesario
insistir en la importancia que tiene la creación de nuevas plazas de
jueces y magistrados y de nuevos órganos judiciales para combatir el
principal problema que tiene la Justicia, que no es otro que el de su
lentitud. Por cierto, en este diagnóstico han coincidido todos los que se
han acercado al problema de la justicia desde una forma seria y rigurosa,
aunque no aquellos que lo han hecho desde la demagogia y creando falsas
cortinas de humo.
Es cierto, por otra parte, que los problemas de la justicia no se reducen
al de su lentitud, como también es cierto que la creación de plazas no es
la única solución a dicho problema, pero lo que desde luego no puede
ponerse en duda es que dichas actuaciones, unidas a las demás que está
desarrollando el Gobierno, conseguirán que en un plazo de tiempo
razonable la justicia deje de ser un problema para los ciudadanos para
convertirse en la solución de los problemas de esos mismos ciudadanos, al
menos de aquellos problemas que los ciudadanos esperan ver resueltos
gracias a la acción de la justicia.
En esa línea debemos recordar que en el año 1996, a pesar de la
dificultad de gobernar con presupuestos prorrogados, se crearon 40 nuevas
plazas de jueces y magistrados y que en 1997 esa cifra se duplicó
alcanzando el número de 80. Creo que estamos en la buena línea, señora
ministra, y por eso le formulo la siguiente pregunta: ¿Qué previsión
tiene en este año el Ministerio de Justicia de incrementar el número de
juzgados?
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Seco.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Gracias,
señor presidente.
Su señoría ha trazado una de las bases para agilizar la justicia que es
la creación de nuevas plazas judiciales, y efectivamente ha relacionado
las creadas a lo largo de 1996 y a lo largo de 1997. En el año 1998 se
van a poner en funcionamiento 114 plazas, de las cuales 64 corresponderán
a los juzgados de lo Contencioso y a lo largo de este mes de mayo saldrá
publicado en el Boletín Oficial del Estado el real decreto para la
creación del resto de los órganos unipersonales.
Quisiera destacar ante la Cámara que el tema no está sólo en crear, sino
en poner en funcionamiento, no crearlas a finales de año y no ponerlas en
funcionamiento nunca, como destacaba la Memoria del Consejo General del
Poder Judicial del año 1997, sino crearlas a principio de año y ponerlas
en funcionamiento en el primer semestre del año como está haciendo este
Gobierno.
Los órganos unipersonales en que se amplía el número de juzgados en el
real decreto de referencia, son cinco en Madrid capital y ocho en la
periferia; cinco en Barcelona, dos en Santander y uno en Zaragoza, Palma
de Mallorca, Murcia, Melilla, Ciudadela, Guimar, Requena, Carballino,
León, Arucas y Mataró, además de potenciar las salas de lo
Contencioso-administrativo y de lo Penal.
Quisiera destacar ante esta Cámara y ante S. S. que evidentemente el
Gobierno está haciendo un esfuerzo de dotación de medios personales muy
importante, esfuerzo que si se compara con el realizado en el período
1993-96 ó 1992-95, es evidente que las cifras cantan y que a la vista de
los órganos judiciales creados por este Gobierno y puestos en
funcionamiento de manera inmediata, la cifra de 300 nuevos órganos
judiciales reclamados por el Consejo General del Poder Judicial será
factible mucho antes del año 2000, que es el tope que había puesto dicho
Consejo General del Poder Judicial.
Muchas gracias, señoría.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra de Justicia.
Terminan aquí sus preguntas en el Pleno.
-- DEL DIPUTADO DON JESUS GOMEZ RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
COALICION CANARIA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ANTE LA NOTICIA DE QUE MUCHOS
JOVENES INVESTIGADORES ESPAÑOLES SE VEN EN LA OBLIGACION DE EMIGRAR,
¿CUAL ES LA POLITICA DEL GOBIERNO PARA ATENDER Y PROTEGER A ESTOS JOVENES
VALORES DE LA INVESTIGACION? (Número de expediente 180/001216)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última pregunta de las que se mantienen
(que se formulan al Gobierno y contestará el señor ministro de Industria
y Energía), planteada por don Jesús Gómez Rodríguez, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria.
Adelante, señor Gómez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, existen entre los investigadores españoles, unos 500, tanto los
que trabajan con contrato temporal en el MEC o en el CSIC, como entre los
doctores y becarios posdoctorales que lo hacen en organismos públicos de
investigación un gran descontento y profunda preocupación por su actual y
futura situación laboral; se verán obligados a emigrar, derrochando así
para el país el gran esfuerzo económico realizado y un enorme potencial
humano de alta calidad. Preguntamos: ¿cuál es la política del Gobierno
para atender y proteger a estos jóvenes valores de la investigación?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez Rodríguez.
Señor ministro de Industria y Energía.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señor presidente.
Señoría, el Gobierno es absolutamente consciente de la problemática que
usted plantea en relación al futuro de nuestros jóvenes investigadores
--el futuro de nuestro país en b buena medida pasa por ahí-- y desde
luego tenemos que hacer lo necesario tanto en el ámbito de la
investigación básica como también en el ámbito de la aplicación de esa
investigación al desarrollo tecnológico. En los últimos años y a pesar de
las apariencias, es cierto que se ha producido un importante incremento
del personal dedicado a las labores de investigación. Circunscribiéndome
al ámbito estrictamente público, diré que el Ministerio de Educación y
Cultura ha publicado recientemente una oferta de empleo público en el
área de investigación, de tal manera que se procura movilizar los
recursos humanos de la forma más eficiente posible. Se trata de la oferta
de empleo más importante llevada a cabo en el Centro Superior de
Investigaciones Científicas desde el año 1990 y afecta a 250 plazas, de
las cuales 80 son de promoción interna y 170 de ingreso neto, lo que en
un solo año representa el 35 por ciento del total de accesos netos
durante el período 1990-1996. Por tanto, puedo responderle que
precisamente estamos trabajando para evitar que nuestros jóvenes
investigadores tengan que salir de nuestro país y que aporten su esfuerzo
a su desarrollo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracia, señor ministro.
Señor Gómez Rodríguez.
El señor GOMEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, me alegra la noticia que nos da. Desde Coalición Canaria
nos permitimos estimar que no solamente se trata de la creación de nuevas
plazas de colaboradores científicos en la Administración pública, sino
que estimamos que habría que renovar la filosofía de la investigación en
España, haciendo lo posible para que, en un cambio total de timón, se
fomente la contratación de los citados investigadores desde el sector
privado, tanto en empresas como en asociaciones, en fundaciones y centros
tecnológicos, a base de instaurar un generoso abanico de ayudas,
subvenciones y exenciones fiscales. Así se acabaría en pocos años la
lista de científicos parados y, aunque no se repitan los Full Monty, con
estas medidas creemos que España aumentaría su actual ridícula cuota de
I+D en el seno de la Unión Europea; es decir, que habrá que llegar al 2
por ciento del PIB, precisamente el doble de la cifra actual.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez Rodríguez.
Señor ministro.
El señor El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas
gracias, señor presidente.
Señoría, comparto plenamente su aproximación, en el sentido de que no se
trata sólo de incrementar nuestro esfuerzo para aumentar el personal
investigador en los centros públicos y en el sector público, sino de
hacerlo fundamentalmente en el sector privado. En ese terreno, el punto
de partida de nuestro país es un mal punto de partida y el gasto en I+D,
como usted sabe, apenas representa el 0,9 por ciento del PIB español. Eso
se compara muy mal con el casi 2 por ciento del conjunto de la Unión
Europea, con el 2,5 por ciento de Alemania o con el 2,7 por ciento, que,
más o menos, es la cifra de Estados Unidos. Lo malo no es sólo que
gastemos poco, sino que probablemente no estamos gastando demasiado bien
en el sentido de transferir la I hacia la D de manera eficaz, y eso sólo
se hace desde el sector privado.
No comparto del todo su aproximación en el sentido de querer hacerlo por
la vía de la subvención; debe hacerse por la vía de la búsqueda de la
viabilidad, de los análisis tecnológicos, para que redunden en la
competitividad de nuestras empresas. En ese terreno estamos trabajando y
estamos seguros de que podemos compartir muchas cosas con S. S.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Industria y
Energía.
Al haberse retirado oportunamente las preguntas números 9, 29, 32 y 33,
damos por concluido el punto V del orden del día.
INTERPELACIONES URGENTES:
-- DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO, SOBRE SALUD PUBLICA. (Número de
expediente 172/000091)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto VI: Interpelaciones urgentes. En
primer lugar, la del Grupo Socialista sobre salud pública.
Para su presentación ante el Pleno, tiene la palabra la señora Bartolomé.
La señora BARTOLOME NUÑEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, señoras y señores diputados, intervengo en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista para interpelar al Gobierno en materia de
salud pública. Lo queremos hacer, señor ministro, porque en un período
relativamente corto de tiempo estamos asistiendo a una serie de
situaciones relacionadas con la salud pública que han preocupado de
manera importante a la población. En un momento determinado, el brote de
meningitis, con el correspondiente desconcierto en las administraciones
sanitarias y el propio Ministerio, unas comunidades autónomas que vacunan
masivamente y otras que no lo hacen; más tarde, el problema de la
legionella, y, ahora, el contagio masivo de la hepatitis C.
Centrándonos en este último caso, el del contagio de hepatitis C, quiero
decirle, señor ministro, que nuestro grupo ha mantenido una posición
prudente, esperando informaciones puntuales y esperando respuestas
contundentes por parte de su Ministerio, y no hemos querido plantearlo
antes esperando que fuera usted mismo el que ayudara a tranquilizar a la
población y a dar las pautas a seguir. Pero, lejos de eso, usted
manifestó a través de los medios de comunicación que el brote de
hepatitis C en la Comunidad Valenciana estaba absolutamente controlado.
Esto lo decía usted a primeros del mes de mayo, y lo que pasa es que,
veinte días después, no tenemos nada claro que este brote esté totalmente
controlado.
Señor ministro, dice la Ley General de Sanidad en su artículo 40, que leo
textualmente: La Administración del Estado, sin menoscabo de las
competencias de las comunidades autónomas, desarrollará las siguientes
actuaciones: Punto 12. Los servicios de vigilancia y análisis
epidemiológico, así como la coordinación de los servicios competentes de
las distintas administraciones públicas sanitarias. En otro punto también
dice que tendrán la responsabilidad de la elaboración de informes
generales sobre la salud pública y la asistencia sanitaria. Y es
precisamente basándonos en esta normativa por lo que nosotros
consideramos que, independientemente de las competencias transferidas a
las comunidades autónomas, usted tiene competencias claras en este asunto
y en todo lo relacionado con la salud pública. Por lo tanto, voy a pasar
a exponer la necesidad de que usted hoy, en el Congreso de los Diputados,
nos dé algunas explicaciones relacionadas con este tema. (El señor
vicepresidente, Fernández-Miranda y Lozana, ocupa la Presidencia.)
Señor ministro, son ya 346 las personas que han sido infectadas por el
virus de la hepatitis C, según un estudio realizado sobre 2.500 pacientes
intervenidos todos ellos en las dos clínicas relacionadas con el brote
epidémico, La Fe y la Casa de la Salud, de Valencia. Ante estos datos y
ante esta situación, lo que impera una vez más, como ya es práctica
habitual del Gobierno del PP en desgraciados episodios similares, es la
falta de información, la ausencia de respuestas, la desorientación en las
administraciones sanitarias y, en definitiva, la no asunción de
responsabilidad política alguna.
El Grupo Parlamentario Socialista, una vez más, como ya ha hecho ante la
aparición de otros brotes que he mencionado anteriormente, quiere
contribuir a tranquilizar a la población, a no crear más alarma social de
la que ya existe en estos momentos, pero realmente asistimos con asombro
y con mucha preocupación a la detección de un problema de salud pública
cuya envergadura aún hoy está por cuantificar en su totalidad y que ha
ido creciendo semana tras semana sin que las autoridades sanitarias hayan
conseguido dar unas explicaciones convincentes.
Hago un breve repaso cronológico de la situación. El día 3 de febrero de
1998, la Casa de la Salud, clínica privada que asume pacientes de la
sanidad pública dentro del plan de choque para reducir las listas de
espera quirúrgicas, confirma que un anestesista que opera en su centro
tiene hepatitis C y le prohibe la entrada, después, por supuesto, de
meses de investigación y de haber comprobado que pacientes operados por
este facultativo también la padecen. Dicho especialista era jefe de
servicio de anestesia del hospital La Fe, de Valencia, donde, por cierto,
sigue operando unos días más. Los días 16 y 18 de marzo, Iberdrola y
Telefónica notifican al juzgado de guardia la anormal incidencia de esta
enfermedad entre sus empleados, y es entonces cuando la Consellería de
Sanidad dice tener notificación del tema, tras haberle sido remitida una
denuncia por parte de Iberdrola.
Es a partir de estas fechas cuando asistimos, señor ministro, a un total
desconcierto de las autoridades sanitarias, aumentando la tensión entre
los equipos médicos, que señalan como responsable al anestesista doctor
Maeso, portador de la enfermedad, haciéndose cada vez más patente la
sospecha de prácticas inconfesables, por lo que la opinión pública
empieza a exigir explicaciones. ¿Cómo un médico especializado puede
actuar siendo un foco de enfermedad? ¿Cómo es posible que nadie lo
descubriera? ¿Por qué no se han tomado medidas precoces por parte de las
administraciones sanitarias? En definitiva, ¿por qué la Administración
sanitaria no ofrece explicaciones claras y pone en marcha mecanismos de
seguridad sobre este caso y otros futuros?
La Consellería de Sanidad dispone de equipos que debían haber detectado
con prontitud los casos. Los servicios territoriales y centrales de
epidemiología vigilan de cerca enfermedades transmisibles pero, en esta
ocasión, ni el departamento de vigilancia epidemiológica para la
provincia de Valencia ni el servicio de epidemiología central han actuado
con la premura necesaria. No se han desarrollado estrategias de estudio y
abordaje epidemiológico hasta dos semanas después de las primeras
noticias de la prensa. No se tuvo en cuenta, señor ministro, la
acumulación de casos de una enfermedad de declaración nominal
obligatoria, cuyo número de circunstancias de aparición manifestaba un
grave problema epidémico de posible foco común. La aparición en un cierto
entorno de un número de casos de una enfermedad dada superior al habitual
supone siempre una sospecha de brote epidémico, máxime cuando su
incidencia habitual no es alta. Esta sospecha debe ser considerada como
una situación de alerta para las administraciones de salud pública y
conlleva la inmediata puesta en marcha de las acciones necesarias para su
control por el servicio de epidemiología, para intentar determinar las
posibles causas. Con ellas se trata de proteger a la población
susceptible y, en definitiva, de abortar el posible brote epidémico.
Creemos, señor ministro, que una paralización o un mal funcionamiento de
los mecanismos de vigilancia epidemiológica habitual es el factor que
puede explicar la falta de detección del presunto brote de hepatitis C. Y
esto es lo que nos preocupa, porque en el análisis de todo este proceso
lo que se ha podido comprobar es que, ante la sospecha del brote
epidémico de hepatitis C, no se adoptó ninguna estrategia activa hasta
que no hubo denuncias formales a Sanidad y fue solicitado un informe por
el fiscal encargado del caso, imposibilitando, por tanto, la búsqueda
activa de casos por temor a crear inquietud en la población y sin
considerar la importancia de un problema de salud pública.
Para nosotros, señor ministro, primó el evitar un problema de opinión
pública más que el interés público y la protección de la salud, a la que
se debe, por cierto, la Administración sanitaria.
Señor ministro, les han fallado a ustedes todos los sistemas de
información; todos. En cualquier sistema de información tiene que haber
luces de alarma, distintos niveles de control. En esta ocasión, todos han
fallado. No se puede estar a expensas de la irregularidad o del
incumplimiento de un facultativo cuando se está hablando de salud
pública; hasta para los fallos humanos, cuando se está hablando de salud
pública, señor ministro, tienen que estar previstos sistemas de control.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Bartolomé,
le ruego concluya.
La señora BARTOLOME NUÑEZ: Señor ministro, quedan muchas preguntas en el
aire, a pesar de las comparecencias del señor conseller y del propio
presidente, señor Zaplana, y de sus propias declaraciones de que estaba
todo controlado. A estas alturas, aún desconocemos si existe sólo un foco
que provocó el contagio masivo o son varios y qué línea de investigación
se está siguiendo. No basta con responsabilizar a un grupo de médicos,
hay que asumir responsabilidades.
El Grupo Parlamentario Socialista piensa, señor ministro, que el silencio
inicial de la Consellería de Sanidad y de su propio Ministerio en torno a
los casos de hepatitis C detectados en estos dos hospitales de Valencia,
así como los bailes de cifras sobre potenciales infectados, contribuyeron
a crear alarma entre los usuarios operados en estos centros y también
entre la población en general. Ha quedado patente ante los ciudadanos que
la Administración sanitaria del Partido Popular se ha mostrado incapaz,
ineficaz y, en definitiva, se ha visto sorprendida por el caso. Su
respuesta ha sido tardía y poco creíble.
Por lo expuesto, señor ministro, creemos que tenemos motivos más que
suficientes para presentar hoy aquí esta interpelación y poder escuchar
de usted respuesta clara a esta situación que tanto preocupa a los
ciudadanos. Usted es el máximo responsable en materia de salud pública,
como señalamos al principio. Tiene competencias específicas sobre este
tema y esperamos sus respuestas.
Gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!--Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Bartolomé.
Señor ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor presidente.
Señora Bartolomé, los problemas de salud pública, como no podía ser de
otra manera, los afrontamos con el mayor sentido de la responsabilidad y
con el mayor rigor, y creo que eso se ha producido en relación con los
distintos episodios a los que S. S. se ha referido. El año pasado tuvimos
el problema de la meningitis, lo afrontamos siguiendo las recomendaciones
de los expertos más cualificados en estas materias y, por tanto, dándole
absoluta prioridad a la protección debida a la población.
En la primera ocasión se afrontaron las situaciones que iban apareciendo
con el rigor y con la decisión aconsejable y con vistas a lo que podía
ser el año 1998. Después de los consiguientes debates, llevados también
al mayor nivel científico y profesional, se acordaron distintas pautas
para afrontar este problema, que dieron lugar a que la mayor parte de las
comunidades autónomas llevaran a cabo procesos de vacunación generalizada
de la población, lo cual ha permitido que la situación este año sea
sensiblemente mejor a la del año pasado. El número de casos en las
primeras 17 semanas de este período de tiempo en relación con esta
enfermedad fue de 1.163, y este año sólo han sido 520; el número de
defunciones en 1997 fue de 90, y este año son sólo 41. Son cifras
realmente alentadoras sobre la eficacia de las medidas tomadas y las
ventajas que de ahí se derivaron para la población.
En relación con los casos de legionella que tuvimos el año pasado, tengo
que decir que la reacción fue absolutamente correcta. El tratamiento de
estos enfermos en el Hospital Príncipe de Asturias, de Alcalá, mereció el
reconocimiento de los expertos más cualificados del país, que apreciaron
la excelente calidad de la medicina que se prestó en este centro
hospitalario del Insalud, que permitió que el nivel de mortalidad entre
los enfermos afectados por este problema fuera ínfimo en relación con la
gravedad de esa patología.
Nos enfrentamos hace unas semanas con estos casos de hepatitis C en
Valencia, en relación con los cuales el Ministerio de Sanidad hizo lo que
tenía que hacer: colaborar con la Comunidad Valenciana con todos sus
medios para que se afrontara esta situación de la mejor forma posible.
Pusimos a disposición del Gobierno autónomo de Valencia todos nuestros
medios para ayudarle en esas tareas. En cuanto los datos fueron
suficientes, yo mismo comparecí en diversas ocasiones ante todos los
medios de comunicación para informar a la población de cuál era la
realidad del problema, expresando la inexistencia de riesgos para nadie
fuera de la Comunidad Valenciana relacionados con esta cuestión y en el
entendimiento de que en la Comunidad Valenciana se estaba procediendo
también con el debido rigor en estas cuestiones.
Las últimas noticias de que dispongo son que, después de haber efectuado
más o menos 3.000 análisis de personas presuntamente afectadas por este
problema,
se han diagnosticado 95 casos que podrían tener relación con el
anestesista al que se refirió S. S., pero que sólo 56 de esos 95 casos se
corresponden con las características de la enfermedad de esta persona.
Por lo demás, saben ustedes tan bien como yo que, desgraciadamente, esta
enfermedad puede tener otras fuentes de contagio. Hay un número que se
estima alrededor del 2 por ciento de la población afectada por este
problema, sin que lamentablemente se puedan conocer ahora mismo cuáles
son todas las fuentes de contagio de esta enfermedad.
No puedo estar de acuerdo con S. S. en el criterio que ha expresado en el
sentido de que este incidente haya puesto de manifiesto carencias en el
funcionamiento de la red de vigilancia epidemiológica, tal como se dice
en la exposición de motivos que sustenta esta petición de interpelación
urgente al Gobierno. Y no puedo compartir esta opinión del Grupo
Socialista porque no se han producido fallos en la red de vigilancia
epidemiológica en un sentido estricto, ni en su dimensión
intracomunitaria ni en la red a nivel nacional, con independencia de que
se ha producido un problema en la notificación al sistema, tal y como ha
señalado el propio conseller en las Cortes de Valencia en la
comparecencia del 30 de abril. Pero una cuestión diferente es que esto
permita descalificar de una forma global el sistema de información
epidemiológico, lo cual es absolutamente injustificado.
Quiero recordar a SS. SS. que la red nacional de vigilancia
epidemiológica fue creada en el año 1995 mediante un real decreto sobre
la base de la normativa anterior, que estaba recogida en una resolución
de 22 de diciembre de 1981 de la Dirección General de Salud Pública y un
real decreto de 1982, por el que se estableció el reglamento de la lucha
contra las enfermedades infecciosas y la declaración obligatoria. Desde
hace muchos años podría afirmarse que, desde la propia introducción en la
sanidad de la vigilancia epidemiológica, los sistemas de vigilancia
epidemiológica han venido funcionando de una forma correcta y han
permitido disponer de una información puntual sobre la tendencia de las
enfermedades transmisibles de declaración obligatoria, así como conocer e
investigar, mediante la correspondiente encuesta epidemiológica, la
aparición de brotes epidémicos como el ahora producido. Las sucesivas
modificaciones introducidas en esta normativa han sido dirigidas, en
primer lugar, a perfeccionar el listado de enfermedades de declaración
obligatoria; en segundo lugar, a incorporar procedimientos de
notificación acordes con el estado actual de desarrollo de las
telecomunicaciones; y, por último, a armonizar la legislación nacional
con lo dispuesto en el Tratado de la Unión, con vistas a la creación en
el espacio europeo de un marco legal que posibilite todas las actividades
dirigidas a preservar y promover la salud de la población.
Desde la promulgación del Real Decreto del año 1995, el Ministerio ha
venido trabajando intensamente con las comunidades autónomas en su
desarrollo, sobre todo en lo que respecta al perfeccionamiento de los
protocolos de vigilancia e intervención de las enfermedades objeto de
declaración, en la mejora de la coordinación interna y en la información
y control de los procesos transmisibles y procesos agudos de interés
sanitario supracomunitario, es decir, de interés nacional e
internacional.
En resumen, la red nacional de vigilancia epidemiológica es un
instrumento al servicio del Sistema Nacional de Salud, que permite la
recogida y análisis de la información epidemiológica con el fin de poder
detectar los problemas, valorar los cambios en el tiempo y en el espacio,
contribuir a la aplicación de medidas de control individual y colectivo
sobre los problemas que supongan un riesgo para la salud, por su
incidencia o interés nacional o internacional, y difundir la información
a los niveles operativos, europeo, nacional y autonómico.
El listado actual de enfermedades de declaración obligatoria fue
establecido por el Real Decreto de 28 de diciembre de 1995, al que antes
he aludido, e incluye las hepatitis, desglosadas en A, B y otras
hepatitis. Para las enfermedades de declaración obligatoria el ciclo
informativo --que, como he señalado, se inicia con la notificación a las
autoridades sanitarias de las enfermedades objeto de declaración, en las
formas y plazos previstos para cada caso-- tiene su reflejo, a efectos de
los declarantes, en el Boletín Epidemiológico Semanal.
Por lo que respecta al sistema de información microbiológica, su objetivo
es aportar información específica para la vigilancia epidemiológica
confirmada por los laboratorios de diagnóstico microbiológico, tanto
clínicos como de salud pública, así como por los laboratorios de
referencia.
El Real Decreto de creación de la red nacional de vigilancia
epidemiológica establecía en su disposición transitoria primera un plazo
no superior a cinco años para la incorporación de estos laboratorios al
sistema básico de la red pero, considerando su importancia, estamos
tratando de acortar esos plazos todo lo posible.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señor ministro,
vaya concluyendo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Para finalizar
esta parte de mi exposición, quiero señalar a SS. SS. que, al amparo de
lo dispuesto en el real decreto de creación de esta red nacional, las
comunidades autónomas han ido desarrollando sus actividades, y la red
valenciana lo ha hecho por el Decreto 16/1997, de 28 de enero. Con
independencia de las particularidades de cada una de estas redes, las
características generales del sistema son las mismas para todas las
comunidades autónomas. Las comunidades, dentro del ámbito de sus
competencias
y de los problemas de mayor prevalencia que se presentan en su
territorio, pueden ampliar el listado básico.
Por lo que se refiere a las funciones y competencias del Ministerio de
Sanidad y Consumo en lo que respecta a esta red, aparecen recogidas en el
real decreto y se han cumplido escrupulosamente. Para impulsar el
desarrollo de la red, dentro de lo que constituyen las funciones propias
del departamento, se ha potenciado el trabajo que viene desarrollándose
en la Comisión de Salud Pública del Consejo interterritorial. Se han
celebrado reuniones, se trabaja de acuerdo con las comunidades autónomas
y de acuerdo también con el Insalud. Sobre esta base debe reconocerse que
la red está bien delimitada, que su estructura responde al esquema
competencial que establece la Constitución y los estatutos, que ha ido
adoptándose en función de los avances científicos y nuevos conocimientos
y que, sobre la base de unas necesidades de información comunes para todo
el Sistema Nacional de Salud, ha incorporado las necesidades propias de
cada comunidad autónoma.
Con independencia de las conocidas limitaciones de la vigilancia
epidemiológica para el seguimiento o detección de determinado tipo de
problemas y enfermedades, en el caso del brote epidémico de Valencia se
ha producido una actuación que ha dado lugar a la apertura de los
correspondientes expedientes disciplinarios y al traslado de las
actuaciones a los tribunales. Puede afirmarse que el funcionamiento de la
red de vigilancia ha quedado perfectamente demostrado, desde el momento
en que la simple sospecha de que una de las personas del equipo
quirúrgico era portadora del virus de la hepatitis C y que confluían en
ella presuntas conductas de riesgo ha permitido realizar un exhaustivo
estudio epidemiológico que, aunque no está finalizado, ha aportado los
suficientes elementos de juicio como para controlar el brote epidémico y
establecer las medidas necesarias para la corrección de la situación por
la Comunidad Valenciana, en base a las competencias que tiene atribuidas.
Además, condujo a que este profesional sanitario fuera separado del
servicio hasta que su responsabilidad en el origen se aclare de forma
definitiva. Se ha puesto de manifiesto que el Sistema Nacional de Salud
dispone de las herramientas necesarias para controlar los brotes
epidemiológicos.
Por lo que respecta a la dimensión supracomunitaria de la red, debo
señalarles que el brote de hepatitis afecta únicamente a algunos centros
hospitalarios de la Comunidad Valenciana, por lo que no tiene carácter de
supracomunitario en el sentido previsto en el real decreto de creación de
la red. En el supuesto de los brotes epidemiológicos de interés
supracomunitario, el artículo 19 del real decreto establece que el
Ministerio de Sanidad y Consumo enviará la información a las demás
comunidades autónomas, a fin de que se puedan establecer las oportunas
medidas de control y prevención. Dado que no se ha producido este
requisito, tampoco puede hablarse en ningún caso de que se haya producido
mal funcionamiento de la red de vigilancia epidemiológica. Debo indicar a
SS. SS. que el Ministerio, como antes dije, ha puesto a disposición de la
Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana todos los medios a su
alcance y ha colaborado en todo lo que ha sido posible en el tratamiento
de esta cuestión. En su momento, y a través de los órganos propios del
Consejo interterritorial, se procederá a una difusión de la información
disponible a todas las comunidades autónomas, a fin de que todos los
servicios de salud tengan los datos necesarios para evitar situaciones
como la sucedida en Valencia.
En definitiva, señorías, el brote de hepatitis C producido, y sobre todo
los incumplimientos en las obligaciones de determinado profesional o
profesionales, no debe implicar un juicio negativo sobre el
funcionamiento de la red nacional de vigilancia epidemiológica; al
contrario, podemos estar seguros de que es un mecanismo cuyo correcto
funcionamiento viene siendo garantizado por las comunidades autónomas y
por el Ministerio de Sanidad y Consumo, que su nivel de eficacia ha
venido siendo acreditado reiteradamente en episodios pasados y que se
mantiene en estado de alerta y funcionamiento, capaz de seguir
constituyendo un eficaz instrumento del Sistema Nacional de Salud.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro.
Señora Bartolomé.
La señora BARTOLOME NUÑEZ: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, hoy reproduce usted aquí los mismos planteamientos que
los responsables sanitarios en la Comunidad Valenciana: no pasa nada,
todo está controlado, la culpa la tienen los médicos, el foco ya está
controlado. Es decir, miro para otro lado, meto la cabeza bajo el ala y,
en definitiva, no asumo responsabilidad alguna.
Señor ministro, están contabilizados, según datos aportados por la
Administración sanitaria valenciana, un total de 346 casos de pacientes
infectados con el virus de hepatitis C. De éstos, 111 coinciden con el
genotipo del doctor Maeso y nadie tiene explicación para los 235 casos
restantes. Se dice que el foco está controlado, pero a la vez se
desconoce el origen de un número muy importante de casos, y no sólo se
desconoce el foco, sino que se desconoce --según afirma el propio
conseller-- quién pudo ser el anestesista en muchas de las operaciones
que se realizan en las clínicas privadas, dentro de la operación que puso
en marcha la Administración sanitaria valenciana que es el plan de
choque. Yo no quiero hablar aquí, señor ministro, del plan de choque ni
de la relación causa-efecto en todo este proceso, pero que las clínicas
privadas valencianas hayan operado durante 1997 a 24.487 pacientes
derivados de los hospitales públicos, es decir, que más de una cuarta
parte del volumen global de intervenciones hospitalarias se haya
realizado con un 88 por ciento de camas menos que en la infraestructura
sanitaria pública puede hacer pensar, señor ministro, que algo pueda
tener que ver con esta situación de desprotección a la que se ven
sometidos miles de pacientes.
El resultado de todo esto, señor ministro, es que los ciudadanos perciben
cada vez con más claridad el descontrol del sector sanitario público, la
desconfianza creciente de la población en los servicios de salud, la
desmotivación de un número cada vez mayor de profesionales y, en
definitiva, la pérdida de credibilidad de los ciudadanos en las actuales
autoridades sanitarias.
Hace apenas un año, la incertidumbre y confusión creadas por las
actuaciones de las administraciones sanitarias en el problema de la
meningitis C no hicieron sino aumentar la desconfianza e inseguridad en
la población y contribuyeron en gran medida a fomentar la alarma social.
Ahora nos encontramos ante un problema sanitario de primera magnitud: el
contagio masivo por el virus de hepatitis C, un importante problema,
señor ministro, de salud pública, y la respuesta sigue siendo
insatisfactoria.
Las autoridades sanitarias, señor ministro, tienen como principal
responsabilidad el garantizar la protección de la salud de los ciudadanos
y la calidad y seguridad de los servicios y aquí, señor ministro, vuelvo
a insistir, ha fallado todo: el correcto funcionamiento de la red de
vigilancia epidemiológica que ya existía y siempre funcionó, la ausencia
de mecanismos de control y evaluación permanente de la calidad
asistencial en los centros sanitarios, la no aplicación en los centros
sanitarios públicos y privados de la Ley de prevención de riesgos
laborales o la remisión de pacientes públicos a clínicas privadas con
escasos recursos propios y sin las garantías de calidad y seguridad
asistencial de la que disponen la inmensa mayoría de los centros
públicos.
Alguien, señor ministro, tiene que asumir alguna responsabilidad y poner
freno a tanto despropósito. Yo no voy a solicitar aquí la dimisión del
señor conseller de Sanidad o la del propio presidente señor Zaplana,
puesto que no es el lugar donde hay que plantearlo, pero está claro,
señor ministro, que ya no caben las disculpas, la ocultación de las
consecuencias o el mirar hacia otro lado. Es el momento de asumir las
responsabilidades políticas y sanitarias con todas las consecuencias y
los ciudadanos tienen el derecho de conocer de primera mano y del máximo
responsable de la salud pública por qué no han funcionado correctamente
los servicios de vigilancia epidemiológica. ¿Dónde han estado los fallos,
en la notificación de los médicos, en la transmisión de la información al
ministerio? ¿Cuántos focos de infección existen y cuáles son? Si el
Ministerio de Sanidad y Consumo ha recibido la información epidemiológica
establecida de la Administración sanitaria autonómica, tal como establece
la legislación estatal sobre sanidad, ¿de quién es la responsabilidad de
que muchos pacientes procedentes del plan de reducción de las listas de
espera no puedan ni saber quién les anestesió?
Señor ministro, si no da respuesta a estas preguntas que se hacen los
ciudadanos y ciudadanas de este país, si no garantiza que este tipo de
situaciones no se vuelvan a producir, su credibilidad y la de su modelo
sanitario quedará una vez más cuestionada y a usted, por supuesto, el
Grupo Parlamentario Socialista le pedirá responsabilidades.
Gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señora Bartolomé.
Señor ministro de Sanidad y Consumo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor presidente.
Señora Bartolomé, eso de que la culpa la tienen los médicos no lo hemos
dicho nosotros. Tenemos médicos excelentemente capacitados, informados y
ejemplares en su práctica totalidad; el que haya habido un fallo personal
en uno de estos casos, si eso se confirma, que todavía falta por decirse
la última palabra en este asunto, naturalmente eso no puede manchar la
imagen de nuestros profesionales de la medicina, que es justificadamente
excelente, como lo es la del Sistema Nacional de Salud, al que flaco
favor se le hace con alarmar innecesariamente, como resulta de algunas de
sus manifestaciones. Tenemos un sistema de salud también magnífico, que
se compara con los mejores de Europa, y que ofrece seguridad a la
población en los términos más exigentes, lo cual es compatible aquí, como
en cualquier parte del mundo, con que se pueda producir un episodio de
esta naturaleza que se escapa al control posible de los responsables en
cualquier Administración sanitaria.
Todos sabemos que hay un porcentaje de ciudadanos afectados por este
problema, y no quiere decir que todos tengan que tener origen en esta
causa. Por tanto, es perfectamente comprensible que aparezcan muchos
ciudadanos con este problema, porque lo hay, porque está ahí, y que no
tengan nada que ver con este caso, y aparecen en Valencia como pueden
aparecer en cualquier sitio.
Lo ha dicho el conseller esta mañana y se ha recordado allí, que sólo 56
de esos casos tienen que ver con este problema, pero no hay ningún otro
elemento de juicio que permita pensar en otra causa concreta que se pueda
encontrar allí para atribuir a esa situación el alto porcentaje de la
población que tiene esta afección,
ya que no sabemos bien el origen de todos los casos en que aparece esta
enfermedad. El foco está perfectamente controlado, totalmente controlado
y cada vez son menos los casos que se pueden relacionar con este foco.
Usted da una cifra de 95 y de ellos sólo 56 tienen el genotipo de esa
persona.
Traer aquí todos los problemas del plan de choque de las listas de espera
en Valencia me parece muy bien, pero no venir aquí a crear alarma sobre
lo que puede ser la utilización de las clínicas privadas, cuando estoy
seguro de que todas tienen el control que deben y, si no, que lo
denuncien sus compañeros en el Parlamento valenciano y que tomen allí las
medidas que tengan que tomar, con las que seríamos respetuosos. No
obstante, haríamos mal ustedes y nosotros en entrar en lo que son las
responsabilidades propias de las autoridades valencianas y no es bueno
aprovechar esta tribuna, a mi juicio, para sembrar la alarma sobre el
funcionamiento normal de las instituciones sanitarias de otras
administraciones que tienen sus cauces de responsabilidad.
Mezcla eso, además, con el descontrol del sector sanitario público.
Señora Bartolomé, el sector sanitario público está mejorando su
financiación porque le hemos metido 386 mil millones más (Rumores.) y su
funcionamiento está mejorando, ¡pero si lo dan todos los indicadores!
(Rumores.) Estamos mejorando la atención primaria, la atención
especializada y la coordinación entre atención primaria y especializada.
Estamos mejorando la salud pública. (Aplausos.)
En cuanto al sida, afortunadamente los casos han disminuido en un 25 por
ciento (Rumores.). Hemos puesto 2.000 millones de pesetas más en el
presupuesto contra el sida en este año, un 300 por ciento más de lo que
ponían ustedes. (Rumores.) Estamos avanzando en esa batalla, no hay que
ser triunfalistas, pero son menos los casos de sida que aparecen. Estamos
tratando bien a los enfermos de sida y afortunadamente se les está
prolongando la vida, aunque cueste mucho dinero, pero nunca mejor
gastado.
No les quiero contar a ustedes lo que eran los productos milagro cuando
llegamos al Gobierno. El país estaba inundado de productos que lo curaban
todo simplemente con aguas magnetizadas. (Risas.) Hemos corregido esa
situación, hemos dictado el correspondiente decreto y eso ha desaparecido
prácticamente. Han desaparecido los productos milagro, que era un
problema de salud pública en nuestro país. Mejoramos la atención
primaria: diez millones de consultas más, (Rumores.) cinco mil
intervenciones de cirugía menor. Hemos reducido las listas de espera en
términos notables, porque ustedes tenían una media de 217 días de espera
para las intervenciones quirúrgicas y hemos conseguido que a fin de año
la media fuera de 98 días; de siete meses hemos bajado a tres y en el mes
de abril la media era de 93 días. Estamos bajando las demoras medias de
las consultas externas.
Me habla usted de la desmotivación de los profesionales. ¿Sabe usted
cuándo estaban desmotivados los profesionales? No sé cuándo tuvieron la
huelga. (Rumores.) ¿Sabe usted qué profesionales estaban desmotivados?
Los interinos, porque nos dejaron ustedes casi el 30 por ciento de
interinos, es decir, más de 4.000 médicos interinos. No había pruebas
desde el año 1989 para la estabilidad en el empleo. Eso sí que desmotiva
a los profesionales. Ahora todos los directores médicos están nombrados
de acuerdo con las juntas facultativas.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, vaya concluyendo.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Muchas gracias,
señor presidente.
Desmotivados, con la informática como la tenían ustedes y con la
tecnología en muchas ocasiones al borde de la obsolescencia. (Protestas.)
Ahora, afortunadamente, los profesionales están mejor, el Sistema
Nacional de Salud está mejorando, es algo de lo que nos sentimos muy
orgullosos, pero el riesgo que tenía el Sistema Nacional de Salud era el
de funcionar mal, y eso es lo que estamos corrigiendo además de conseguir
que pague mejor. Paga mejor y funciona mejor; los profesionales están más
satisfechos y los pacientes también.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Muchas gracias,
señor ministro. (La señora Bartolomé Núñez pide la palabra.)
Señora Bartolomé, ¿a qué efectos solicita la palabra?
La señora BARTOLOME NUÑEZ: A efectos, señor presidente, de manifestar una
pequeña protesta.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Señora Bartolomé,
el debate se está produciendo dentro del más estricto respeto al
reglamento. Sus intervenciones y las intervenciones del señor ministro
cubren el trámite de la interpelación y no tiene S. S. la palabra.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señor presidente.
Evidentemente intervengo para fijar la posición de mi grupo parlamentario
en relación con el tema que la interpelación del Grupo Socialista plantea
aquí esta tarde. No obstante, quiero manifestar, por lo menos para que
conste en el «Diario de Sesiones» que instituciones como este Parlamento
no se ven mejoradas en
su imagen con intervenciones como las que nos ha ofrecido el señor
ministro de Sanidad esta tarde, en las que la ausencia de datos rigurosos
en torno al tema que nos ocupa la ha sustituido por un sorprendente e
incalificable listado de valoraciones de hechos que no tenían
absolutamente nada que ver sobre el caso. El señor presidente es quien
dirige los debates, pero desde luego se han sobrepasado los límites que
creo se pueden aceptar a la hora de analizar los temas. (Aplausos.)
Señor ministro, esto tiene que ver con las cosas que aquí se han
planteado, tiene que ver con actuaciones como las de la Comunidad
Valenciana, como las de otras comunidades autónomas, que usted conoce muy
bien porque ha gobernado, con transferencias sanitarias, en las que, en
lugar de asumir la alta responsabilidad que las competencias sanitarias
suponen, se han planteado alegremente distribuir, intervenir, como se ha
señalado aquí, con planes de choque de listas de espera, con una
irresponsabilidad absoluta acerca de los controles de calidad, de los
mecanismos de intervención, en un hecho desgraciado como éste, puntual,
sabido, pero que evidentemente no es un hecho aislado. Cuando en sanidad
se producen estas cosas, señor ministro, lo que aparece es la cabeza del
iceberg, lo que está funcionando es la luz de alarma de cosas que están
sucediendo y que todavía no han aflorado, y lo que está señalando son
déficit generales, descontroles generalizados.
Se está interviniendo a miles de pacientes que están protegidos por la
sanidad pública, que han confiado en el nivel de calidad de la sanidad
pública, en clínicas privadas que, como ocurre en la Comunidad
Valenciana, tienen una situación de cantidad y de calidad de personal
absolutamente injustificable.
Se ha incentivado desde la Comunidad Valenciana, y lo han incentivado
ustedes, la compatibilización de la atención en la sanidad pública y en
la sanidad privada. Los profesionales sanitarios están haciendo
auténticos destajos en los planes de listas de espera en clínicas
privadas sin las garantías suficientes.
En este momento, señor ministro, hay 2.000 personas que han sido operadas
en la Casa de la Salud que no saben ni quién las ha operado ni quién las
ha anestesiado ni, por tanto, qué nivel de riego tienen de contraer la
hepatitis C. De eso es responsable usted, señor ministro. Son
responsables las autoridades sanitarias del País Valenciano.
Que usted pueda decir esta tarde que no ha fallado la red de vigilancia
epidemiológica, realmente dice muy poco del nivel de inteligencia que nos
atribuye a los que estamos aquí sentados esta tarde; que en el mes de
noviembre de 1997 haya la primera noticia de que un médico, además,
operado en la Casa de la Salud ha desarrollado una hepatitis C, sin que
haya recibido transfusión de sangre; que en el mes de diciembre los
trabajadores que han sido operados en esa Casa de la Salud estén
desarrollando la hepatitis C de una manera absolutamente
desproporcionada; que el día 20 de febrero el Servicio de Microbiología
informe al director general de Salud de la Comunidad Valenciana de lo que
está pasando y que no se tome ninguna medida hasta el día 30 de marzo,
supone o que los servicios de vigilancia epidemiológica no funcionan, o
que la plena responsabilidad, en cualquier caso, de su falta de
funcionamiento o de la actuación en consecuencia es de las autoridades
sanitarias del País Valenciano.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández-Miranda y Lozana): Le ruego concluya,
señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Termino, señor presidente.
Esto no es una casualidad, señor ministro. Esa es la consecuencia directa
de lo que ocurre cuando se mercantiliza la atención sanitaria, cuando se
interviene sobre las listas de espera sin saber cómo, y cuando los
niveles de calidad de la sanidad pública y los controles ejercidos sobre
la sanidad pública y privada están fallando.
Señor ministro, las personas que se han visto infectadas por el
desgraciado brote de hepatitis C en la Comunidad Valenciana debieran
servir para que, al menos, revisen ustedes el principal sistema de
seguridad sobre el que se asienta el conjunto de servicios sanitarios,
que es el sistema de vigilancia epidemiológica. (El señor presidente,
ocupa la Presidencia.) Porque si no, señor ministro, habría que
preguntarse --y hace pocos días usted o alguno de sus altos cargos se
vanagloriaban del descenso de la infección hospitalaria--: ¿está habiendo
descensos reales de infección hospitalaria o está habiendo una
disminución responsable y fraudulenta de los casos de declaración?
El señor PRESIDENTE: Señora Maestro, concluya.
La señora MAESTRO MARTIN: Esperaremos la moción que el Grupo Socialista
tenga a bien presentar, pero con mi intervención he querido demostrar que
compartimos la preocupación y el análisis que se ha hecho en cuanto a los
sistemas de detección que han fallado.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Maestro
¿El señor ministro desea intervenir ahora? (Asentimiento.)
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE SANIDAD Y CONSUMO (Romay Beccaría): Señor
presidente, simplemente quiero rechazar acusaciones muy graves que se han
hecho contra los responsables de la Administración sanitaria de la
Comunidad Valenciana que no se pueden
defender en este momento, pero que yo considero totalmente
injustificadas. Tengo mucho interés en rechazarlas por algo absolutamente
inadmisible ya que éste es un foro en el que no se pueden defender.
Muchas gracias. (La señora Maestro Martín, pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Evidentemente el señor ministro ha hecho unas
valoraciones en relación con mi intervención...
El señor PRESIDENTE: Valoraciones de rechazo exclusivamente; por tanto,
le ruego que sea breve.
La señora MAESTRO MARTIN: Evidentemente yo he cuestionado la actuación, y
muy duramente porque el hecho lo merece, de las autoridades sanitarias en
el País Valenciano. Lo he hecho. Me hago responsable de ello e insisto en
que ése, y no otro, era el tema de la interpelación que nos traía aquí
esta tarde.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Maestro.
¿Algún otro grupo desea fijar su posición sobre la interpelación?
(Pausa.)
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, ACERCA DE LA
SITUACION DE LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES CONDENADOS EN DIFERENTES PAISES Y
QUE CUMPLEN CONDENA EN CENTROS DE DICHOS PAISES, Y DE LA ASISTENCIA Y DE
LAS GESTIONES REALIZADAS CON ARREGLO A LOS TRATADOS INTERNACIONALES PARA
EL CUMPLIMIENTO DE SUS PENAS EN ESPAÑA. (Número de expediente 172/000092)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la interpelación del Grupo Federal de
Izquierda Unida acerca de la situación de los ciudadanos españoles
condenados en diferentes países y que cumplen condena en centros de
dichos países, y de la asistencia y de las gestiones realizadas con
arreglo a los tratados internacionales para el cumplimiento de sus penas
en España.
Para su presentación, tiene la palabra don Pablo Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muy buenas tardes y muchas gracias,
señor presidente.
No es ésta la primera vez en que toma estado parlamentario la
preocupación, yo creo que sostenible por gentes bien nacidas, acerca de
la situación de muchísimos ciudadanos españoles, lamentablemente
demasiados, evidentemente no por ajenas culpas, quizá por culpas propias,
que, como consecuencia de su peripecia vital, han sufrido enjuiciamiento
en otros países, han sido objeto de condena y adquirida firmeza por la
misma están cumpliéndola en los diferentes establecimientos
penitenciarios; condena que no sólo le afecta a cada uno de ellos y de la
que muy frecuentemente son en alguna medida cosufrientes sus familiares
que casi, casi, con desesperación se asoman a los medios de comunicación,
dándonos cuenta no sólo del sufrimiento que lógicamente tienen sino
además de los ingentes esfuerzos económicos que muchas veces tienen que
realizar para atender a sus familiares y que en muchos casos les llevan a
la ruina, aunque también es verdad que en otros suscitan la solidaridad y
la generosidad de los conciudadanos para poder con ello paliar tan
desgraciado destino y tal situación.
Sería por parte del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
absolutamente deshonesto ocultar que el Senado, que la Cámara alta, a
instancias de un senador socialista, don Ignacio Díez, de la Rioja, ha
mostrado una preocupación, que le honra, de carácter constante sobre este
problema, pero el problema no se resuelve. Sistemáticamente seguimos
recibiendo los diferentes grupos parlamentarios correspondencia de
muchísimas de las familias afectadas, y lógicamente yo creo que entenderá
la señora ministra y los grupos parlamentarios que el tema debe merecer
nuestro interés y debemos preocuparnos de él.
A mí no me gustaría que nuestra preocupación sobre este tema se incluyera
en la expresión de una actitud de carácter compasivo o humanitarista, que
también lo es. No me gustaría bajo ningún concepto que se pensara que la
situación de estos españoles, desgraciada, y que todos lamentamos, sin
que con ello haya ninguna justificación acerca de los delitos que hayan
podido cometer, ni tampoco queramos entrometernos en las facultades
jurisdiccionales de otros países, que evidentemente en algunos casos
dejarían mucho que desear, repito, no me gustaría que se viera como la
actividad que realiza una organización gubernamental, no. Yo creo que el
que tome hoy estado parlamentario esta preocupación a través de esta
iniciativa del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida es pura y
sencillamente un hecho que dimana del más estricto cumplimiento de
nuestra legalidad. El hecho de ser ciudadanos de nuestro país, para bien
y para mal, cuando uno obra correcta o incorrectamente, comporta para
nuestro Estado un conjunto de obligaciones, quizá la primera de ellas
sería la que nace de algo tan importante como es la declaración de los
derechos humanos, de la que este año tenemos el 50 aniversario, y que
evidentemente tiene no solamente una vigencia extraterritorial para todos
y cada uno de los pueblos de la tierra que se quieran reclamar como
países civilizados, sino que incluso comporta para todos y cada
uno de los poderes públicos de todos y cada uno de los países de la
tierra una preocupación universal. No podemos en un tema de esta
importancia, cual es el tema del derecho a la vida, cual es el tema del
derecho a la integridad física y moral, cual es el tema de la
salvaguardia y el derecho a no ser objeto de tratamientos inhumanos o
degradatorios y cual es también el importante tema del cumplimiento de
las responsabilidades ante la ley, pero al lado de ello del derecho a la
rehabilitación social, esto no podemos parcelarlo ni dejarlo al albur de
cuál sea el ordenamiento jurídico de cada uno de los países.
Por eso quiero invocar, en primer lugar, esa Declaración de Derechos
Humanos. Afortunadamente, en línea con esa Declaración de Derechos
Humanos, gozamos de una Constitución que en este punto ha sido
perfectamente sensible y perfectamente coherente y acorde con lo que es
pura y sencillamente una conquista de los pueblos en el devenir de la
humanidad en este siglo XX que se acaba.
Por tanto, lo que hoy reclamamos, y entiéndase bien la expresión, señora
ministra, no como una increpación y menos aún como una crítica, sino como
una excitación a lo que es obligación de todos y cada uno de nosotros; lo
que hoy reclamamos, lo reclamamos en nombre de la justicia, en nombre del
Derecho internacional, en nombre del Derecho propio, a más de reclamarlo
--¿y por qué no?-- también en nombre de la más elemental sensibilidad
frente a aquel que sufre, incluso frente al que sufre persecución justa
por la justicia que, con arreglo a determinados credos, no por ello
dejará de ser algún día un bienaventurado.
En nombre de la justicia y del derecho y en nombre de nuestra
Constitución tenemos que constatar, lógicamente, que la realidad no se
está acomodando al cumplimiento de estas obligaciones. Es cierto que se
hacen esfuerzos y es cierto que nuestro servicio exterior, consulados y
embajadas, en algunos casos (que no en todos) son capaces de responder a
la demanda de ayuda y de protección de muchos de estos --repito--
españoles, que no han dejado de serlo por estar condenados y por
repudiable que sea su delito, que sufren esta penosa situación de
cumplimiento de una condena en establecimientos penitenciarios que,
sinceramente, muchos de ellos no merecen tal nombre. Pero también es
cierto que, en muchísimas ocasiones, esto se hace mucho más a impulsos de
lo que es la presión de las propias familias y --por qué no decirlo-- de
las influencias que las propias familias logran tener en la
Administración, con evidentes situaciones de discriminación, que lo que
tenía que ser un comportamiento generalizado y normal en estas
situaciones.
No quiero recordar ahora aquí, porque no me parecería de buen gusto, que
en esa iniciativa a la que me he referido antes, tramitada en el Senado,
alguien pudiera llegar a decir incluso que quizá estamos siendo
excesivamente exquisitos porque se trataba de condenados por delitos de
narcotráfico o por alguna otra clase de delitos que algunos,
evidentemente, no pueden ver con buenos ojos, y con ello casi añadían a
la condena que ya sufren la peor de las condenas que puede tener un
conciudadano, que es la condena del desprecio.
La verdad es que en estos momentos, al día de hoy, 10.400 españoles están
cumpliendo condena en muy diferentes países. Nosotros tenemos información
reclamada de su ministerio en cuanto a cuáles sean los países con los
que, además, en cumplimiento de esa Declaración de Derechos Humanos, que
con carácter universal todos asumimos, y en cumplimiento de nuestros
mandatos constitucionales, y con acierto, no sólo este Gobierno, sino
otros Gobiernos anteriores, porque el tema no es nuevo, han ido logrando
firmar diferentes tratados y convenios para que puedan ser objeto, en
régimen generalmente de reciprocidad, del derecho al traslado para
cumplir su condena en nuestro país, que evidentemente va a suponer no
sólo un acercamiento a las familias, con lo cual ya paliamos el
sufrimiento en aquellos que son víctimas por casualidad de tales
situaciones, sino que también podemos hacer mucha más realidad lo que
impone nuestra Ley General Penitenciaria y ese sentido que nos tiene que
llevar a la interpretación de toda ley de carácter penitenciario o de
carácter restrictivo.
Es verdad que no podemos hoy, en esta interpelación, decirle --a lo mejor
puede la señora ministra ilustrarnos sobre ello-- cuántos ya en base a
esos tratados han sido objeto de traslado, cual es la situación de
cumplimiento penitenciario de cada uno de ellos y, por qué no --si son
objeto de traslado para cumplir la condena en establecimientos
penitenciarios regulados por nuestra Ley general penitenciaria--, cuántos
incluso de ellos han podido ir acreditando un comportamiento que les ha
hecho ser acreedores a una modificación de su situación, de modo tal que
puedan...
El señor PRESIDENTE: Señor Castellano, vaya concluyendo, por favor.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Acabo en cuanto pueda, señor
presidente, y digo en cuanto pueda porque deseo no me falta.
El señor PRESIDENTE: Cuando desee, señor Castellano.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: De modo tal, decía, que puedan
lógicamente irse beneficiando de esas situación.
No sabemos tampoco, y no podemos con ello, valga la expresión, ilustrar
esta interpelación, cuál ha sido la variedad de delitos que han motivado
todo ello, pero sí evidentemente intuimos que es frecuente que ese delito
haya sido el de intento de tráfico con alguna clase
de mercancías, drogas o estupefacientes. Eso no justificaría, incluso por
sancionable que pueda ser en nuestra legislación y en otras esta clase de
conductas, el que puedan caer jamás en el olvido.
Nos gustaría también, a través de la interpelación --porque quizá estemos
equivocados y nuestra norma es excesiva--, que nos ilustrara S. S.
diciéndonos cómo está funcionando este sistema de los tratados, porque la
interpelación tiene por objeto no sólo conocer mejor la realidad, cuál es
el cumplimiento por parte de nuestros poderes públicos de lo que son las
obligaciones que dimanan, repito, del acatamiento de nuestra Constitución
y de nuestro ordenamiento jurídico, sino también saber qué medidas hemos
de adoptar para ir mejorando las deficiencias que puedan aparecer.
En todo caso, y acabo tal como soy alentado por la Presidencia, sin
perjuicio de posterior intervención, deseo que en su respuesta evite
usted y elimine en nosotros cualquier sospecha, que a lo mejor
injustamente tenemos, de que algunos de nuestros servicios exteriores
--con los que tiene que contar evidentemente el Ministerio de Justicia
para llevar a cabo una labor de protección, de asistencia, en su caso
incluso de recuperación-- no le dedican la atención que exige algo tan
importante como es el respeto a la Constitución, o con menos intensidad
que la que dedica a recuperar las deudas de las compañías mercantiles que
en uso del legítimo derecho trafican por el mundo y, por qué no decirlo,
también con menos intensidad que la que dedican a asistir a los actos
sociales y con menos garbo y salero del que ellos son capaces de hacer
ostentación con tan sana educación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castellano.
Señora ministra de Justicia, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Señor
presidente, señorías, señor Castellano, espero poderle dar respuesta a
alguna de sus preguntas, que créame que para la ministra de Justicia
tienen gran importancia, porque comparto la preocupación del interpelante
acerca de la situación de esos 1.335 españoles que al día 30 de abril se
encontraban privados de libertad en el extranjero por decisión judicial.
Quisiera poner de manifiesto ante SS. SS. que la situación de todos y
cada uno de ellos es muy distinta, tanto por los países como por el tipo
de delito, y que, por tanto, las circunstancias que hay que contemplar
son muy diversas.
También quisiera poner de relieve que mi intervención tiene que ser
generalizadora, independientemente de que intentaré aportar a S. S. y a
la Cámara la serie de datos que constan en el Ministerio de Justicia,
pero entendiendo, por un lado, lo que es la acción exterior, que puede
ser encuadrable en lo que es la acción consular del servicio jurídico del
exterior, y, por otro, la acción de traslado de personas condenadas, que
compete expresamente al Ministerio de Justicia en virtud de los
convenios.
Los datos que S. S. en principio me pedía y que tenemos confirmados es
que casi el 75 por ciento de esos 1.335, es decir 995 de nuestros
conciudadanos, han sido detenidos y condenados por delitos relacionados
con el narcotráfico. Este porcentaje se dispara en el caso del país donde
un mayor número de nuestros conciudadanos ha sido acusado de la comisión
de delitos, que es el caso de Marruecos. De 117 detenidos, 109 lo han
sido por delitos relacionados con el narcotráfico, es decir, un 93 por
ciento.
Tengo también que afirmar ante la Cámara que las estadísticas analizadas
han afirmado que una parte muy relevante de estos detenidos lo han sido
en países que podemos considerar exportadores de droga y en los que las
sanciones penales, entre otras razones por presión internacional, son muy
importantes. Es indudable que sobre todo en países de cultura muy
distinta a la nuestra la situación subjetiva del procesado y los
familiares, por la distancia geográfica y cultural, es muy dura, y que la
misma sanción penal o incluso la detención en espera de juicio se vuelve
en estos casos extraordinariamente penosa.
Por todo ello, el Gobierno mantiene una política en relación a los
detenidos españoles en el extranjero con una doble línea de actuaciones,
como decía al inicio: la asistencia a nuestros connacionales a través de
la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Consulares y la red de
consulados y secciones consulares de España en el exterior; por otro
lado, procuramos, a través de tratados bilaterales y multilaterales, el
cumplimiento de las penas en prisiones españolas en atención a la mejor
situación de penados y familias y a la realización del fin de reinserción
que, entre otros, persigue la legislación penitenciaria.
En lo que se refiere a la atención en el exterior, la acción de los
consulados comienza con la comunicación a la Dirección General de Asuntos
Jurídicos y Consulares de todas las detenciones de nacionales españoles
que se producen en su demarcación consular y que a su vez les han sido
comunicadas por las autoridades locales. Esta información se introduce en
una base de datos protegida, como es notorio, en cuanto a la difusión de
datos respecto a la Ley Orgánica 1/1982. Una vez recibida la información,
y siempre que el detenido lo autorice, los organismos correspondientes se
ponen en contacto con sus familiares a fin de tenerlos convenientes
informados. La oficina consular notifica igualmente a los servicios
centrales todo cambio relevante que afecte a la situación personal o
procesal del detenido. Estos cambios o novedades son puesto en
conocimiento de los familiares.
Como S. S. sin lugar a dudas conoce, el artículo 36.1 c) del Convenio de
Viena de 1963, reconoce a los funcionarios consulares el derecho --y yo
diría el deber-- de visitar a sus connacionales en prisión. Dichas
visitas se intenta realizarlas mensualmente, dependiendo de las
características y circunstancias de la demarcación consular. Por este
medio se hace posible que las autoridades españolas tengan un
conocimiento preciso de las necesidades de los reclusos. Además, y a tal
efecto, en cada consulado existe un libro de visitas a detenidos, donde
los internos dejan constancia de sus peticiones, observaciones y
sugerencias.
En algunos países de la detención --normalmente en razón de las
condiciones generales del nivel de vida-- las condiciones en las
prisiones son notablemente inferiores a las que se han logrado en España
y otros países de nuestro entorno. Por ello, en ciertos casos, y para
suplir las carencias alimentarias o sanitarias de algunos centros de
internamiento, está previsto que se concedan ayudas económicas a los
detenidos; éstas pueden entregarse directamente a dichos detenidos para
que adquieran bienes que consideramos o consideran indispensables, o
bien, en el caso de que las prisiones no cuenten con establecimientos,
son los mismos funcionarios consulares los que deben comprar los
productos solicitados por los internos y entregárselos.
Igualmente se conceden ayudas económicas extraordinarias, generalmente
por razones de salud, destinadas a la compra de medicamentos, a la
realización de análisis o a sufragar los gastos originados por visitas
médicas. La solicitud de dichas ayudas se eleva por las oficinas
consulares a la Dirección general de Asuntos Jurídicos y Consulares del
Ministerio de Asuntos Exteriores, que resuelve directamente sobre las
mismas.
Durante el año 1997 se han dedicado más de 74 millones de pesetas de
ayudas a los españoles que cumplen condena en el extranjero. Se nos podrá
decir que la cifra es excesivamente corta, pero quisiera hacer notar a la
Cámara que ha habido un incremento notable sobre los 51 millones que se
dedicaban durante el año 1996.
El esfuerzo es también notorio en el sentido del carácter más paliativo e
inmediato de una parte de los recursos que el Estado destina a la
atención de los españoles destinados en el extranjero, siendo la
información, atención y traslado cuantitativamente más importante.
A través de las oficinas consulares, el Estado pretende, igualmente,
lograr que ningún español en el exterior quede en situación de
indefensión ante una acusación criminal, y para ello, en primer lugar,
facilitan a los detenidos una lista de abogados locales de reconocida
solvencia para evitar posibles engaños. También prestan especial atención
a la traducción e interpretación que afecte a los detenidos en países de
lengua no hispana. Cuando es preciso, las autoridades consulares ponen a
disposición de los detenidos al intérprete de la misma oficina consular.
Finalmente, y sólo cuando en el país de detención no haya un sistema
aceptable de justicia gratuita, se puede contribuir a los gastos de
defensa jurídica del detenido.
Junto a la atención en el lugar en que están los detenidos, el Estado
realiza también una labor destinada a los familiares de los mismos, a fin
de tenerles informados de los cambios en su situación, canalizando, por
otra parte, los envíos de correspondencia, dinero, medicinas y cualquier
otro tipo de bien que sea de difícil adquisición en algunos de los
lugares en los que se encuentran detenidos o presos.
Al principio de la intervención he afirmado que la política del Estado,
poniéndonos en este sentido a lo que podemos denominar la corriente que
su señoría ha tenido a bien exponer ante la Cámara, es la de lograr que
los penados españoles cumplan sus condenas en las condiciones menos malas
posibles, y para ello la mejor fórmula que cree el Gobierno es la de que
la cumplan en prisiones españolas. El esfuerzo que está realizando el
Gobierno entiende que permite superar gran parte de las dificultades,
pero los medios a los que antes he hecho mención apenas sirven para
paliarlas, no para poner remedio. El esfuerzo se ha concentrado en lograr
convenios bilaterales que se han realizado en un nivel muy superior al de
muchos países de nuestro entorno, y en estos momentos tenemos convenios
en vigor o en aplicación provisional con 18 países. Su señoría me ha
pedido datos y voy a leer los nombres de los países.
El señor PRESIDENTE: Con brevedad, señora ministra. Vaya concluyendo, por
favor.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Señor
presidente, voy terminando.
Los nombres de los países son: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
Dinamarca, Ecuador, Egipto, El Salvador, Hungría, Marruecos, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Rusia, Tailandia y Venezuela. Durante
el año 1997 han entrado en vigor los tratados de traslados con Ecuador,
Nicaragua, Marruecos y Panamá, y durante el año 1998 con Brasil, Colombia
y Rusia.
Quisiera destacar a su señoría, de todos los mencionados, la importancia
fundamental que tiene el tratado firmado con Marruecos en orden a lo que
podría destacar como número de condenados por determinado tipo de delitos
y que están sufriendo unas penas de prisión en condiciones muy alejadas
de las que podrían establecerse en España.
Independientemente de los convenios multilaterales, a los que su señoría
me va a hacer gracia de que no los repita dada la advertencia del señor
presidente, como el Convenio de Estrasburgo y otros, quisiera poner de
manifiesto que los acuerdos de Consejo de Ministros
sobre traslado de condenados españoles desde el año 1990 hasta 1997
muestran cómo la cifra va en constante aumento. En el año 1990 fueron 38;
en 1991, 67; en 1992, 74; en 1993, 81; en 1994, 118; en 1995 baja a 95;
en 1996, 132, y en 1997, 161. A lo largo de lo que llevamos de anualidad
de 1998 se han producido 42 traslados a España de conciudadanos
condenados en el extranjero, de ellos, 16 desde Portugal y 15 desde
Marruecos.
Señoría, sé que hay mucho por trabajar, y puedo asegurarle que lo estamos
haciendo. Uno de los principales problemas es el de la aplicación que se
llegue a dar a este tipo de convenios. En el mes de junio me trasladaré a
Marruecos para solventar un tremendo problema, que es el de los
condenados no solventes, a los cuales se les está impidiendo el traslado
a España, y creo que en el mes de junio podrán venir todas las personas
que están sufriendo condena para cumplir su pena en las mejores
condiciones posibles.
Muchas gracias, señoría y señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Señor Castellano, tiene la palabra.
El señor CASTELLANO CARDALLIAGUET: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a ser muy breve, dejando puesto de relieve mi satisfacción por la
contestación que ha dado la señora ministra. Porque, efectivamente, si
hay ocasión en que el Gobierno de la nación pueda, atendido el crédito
que merece su palabra, poner de manifiesto una preocupación, esa es la
que evidentemente reflejan esos comportamientos. De ello, sea cual fuere
el partido que gobierne, nos tenemos que congratular todos porque es el
cumplimiento de una obligación del Estado y de la nación de la que todos
formamos parte.
Solamente llamaría la atención sobre la evidente extensión de su
intervención en lo que se refiere a la preocupación de nuestro servicio
exterior cuando se produce lo que podríamos llamar la fase previa:
detención y enjuiciamiento; evidentemente, en muchos casos, esa detención
provisional es la situación de mayor angustia por parte de las familias.
Coincido con usted en que, efectivamente, quizá la ayuda a prestar
pudiera ser mucho mayor, pero también entiendo que tiene que haber
disponibilidades presupuestarias, y que estas disponibilidades
presupuestarias se tienen que poner en relación con las que aquí mismo
tenemos para nuestros propios establecimientos.
Solamente me gustaría que lo que usted me ha explicado en cuanto a
acuerdos del Consejo de Ministros de 1990 a 1997 relativos a traslados,
si es posible, quedara concretado en si se han hecho realidad. Porque es
evidente que puede haber un acuerdo del Consejo de Ministros y
encontrarnos posteriormente con que ese acuerdo no llega --perdóneme la
expresión y entiéndala-- a feliz puerto. Por ejemplo, nosotros tenemos
que ser muy sensibles ante la situación de los españoles Joaquín Ramos y
Luis Darío Ramos --que, aunque tengan el mismo apellido, no son
familia--, sobre los cuales hubo el correspondiente acuerdo de traslado
y, sin embargo, por parte del Gobierno argentino no se está dando
cumplimiento a ello. Están en una situación sinceramente muy lamentable.
Por eso --y repito que sería absolutamente un disparate tratar de
achacarle a nuestro Gobierno y a nuestras autoridades el mal trato que
puedan recibir esos ciudadanos en los establecimientos penitenciarios de
otros países o el incumplimiento del tratado--, me gustaría saber si esos
acuerdos del Consejo de Ministros a los que usted ha hecho referencia han
sido eficaces de modo tal que detrás de cada uno de ellos se haya
producido dicho traslado.
No para hoy, si el dato no obra en su poder, sino para cuando fuere
posible, también nos gustaría saber, dentro de ese tratamiento
penitenciario que reciben una vez que se ha producido el traslado, qué
resultado está dando en cuanto a la eficacia de un proceso de
rehabilitación. En todo caso, en la moción que lógicamente será
consecuencia de esta interpelación y que se presentará, encontrará S. S.
de nuevo el reconocimento a lo que es algo que está por encima de la
función de gobierno y corresponde a la función de la comunidad, que es la
absoluta disposición a la colaboración y a la cooperación, y también con
ello el ofrecimiento de todo cuanto sea preciso, en la medida que este
grupo parlamentario pueda hacerlo, para que cada vez que se pueda
encontrar una dificultad en algo tan importante como es que uno de
nuestros ciudadanos vea hecho realidad su derecho a la protección del
Estado, veamos todos que podemos felicitarnos de que ello se cumple.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castellano.
Señora ministra de Justicia, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Mariscal de Gante y Mirón): Señor
presidente, señorías, señor Castellano, no puedo por menos que empezar
esta segunda intervención agradeciendo su invitación a colaborar en una
cuestión en la que evidentemente todos tenemos la obligación --los que
nos sentamos aquí--, y en la Cámara en la que esta mañana he tenido el
honor de contestar, de velar por nuestros conciudadanos, sean o no
presos.
Respecto a los datos que a mí se me aportan y que S. S. pregunta si son
efectivos, tengo que decirle que se me dan como tal. También habla S. S.
de traslados materializados durante el año 1998, que son los 42 que me
parece que he mencionado.
Su señoría ha puesto de manifiesto el caso de dos personas condenadas en
Argentina y que están siendo
motivo de un tratamiento muy especial por parte del Gobierno español. El
anterior Gobierno y éste han hecho enérgicas protestas y estamos
utilizando todos los medios diplomáticos para que llegue la solución,
pero se encuentra pendiente una resolución judicial y el Gobierno español
tiene que respetar los tribunales, sean argentinos o de cualquier otro
lugar. Lo que sí le puedo asegurar a S. S. es que el Gobierno está en la
mejor disposición para llevar a cabo todos los traslados y gestiones
necesarios para que nuestros conciudadanos presos puedan estar en España
y, en la medida en que S. S., su grupo parlamentario y el resto de los
grupos parlamentarios puedan ayudar al Gobierno, háganlo. Su señoría hizo
antes una cita eclesiástica; yo haría otra: muchos amenes al cielo
llegan. Vamos a ayudar todos y estoy segura de que lo conseguiremos
mejor.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
¿Algún otro grupo parlamentario desea fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Voy a ser brevísimo, pero quiero colaborar en la llamada de atención al
Gobierno y, por supuesto, prestar todo tipo de apoyo a las gestiones
gubernativas para agilizar los procesos que nos lleven a contar con
nuestros compatriotas Joaquín Ramos y Luis Ramos, que hoy están en
cárceles de Argentina y hay un tratado bilateral con ese país para que
puedan cumplir el resto de la condena en el Estado español.
En segundo lugar, quiero recordar a la señora ministra la importancia que
tendría que se realizasen otros tratados bilaterales, en concreto con
Estados Unidos. La señora ministra sabe que no todos los casos --por lo
demás, también legítima su defensa-- son de narcotráfico, sino que
algunos tienen evidentes connotaciones políticas derivadas de que hay
Estados que no cumplen al pie de la letra lo que sería el Derecho
internacional y, sin inmiscuirnos para nada en la política interna de
estos Estados, diré que no cabe duda de que hay ciudadanos nuestros, como
el señor Ferreiro, que cumple prisión en Estados Unidos y que el propio
Gobierno ha declarado por escrito que estaba dispuesto a apoyar la
petición de la defensa para que se le conceda la deportación a España.
Esperamos que el Gobierno cumpla la promesa de lograr que este
compatriota sea deportado o incluso que cumpla el resto de la condena en
el Estado español, porque se trató de un caso bastante problemático y,
cuando menos, vergonzante para el Derecho internacional, pues simplemente
fue acusado de comerciar con alimentos o, en todo caso, con algún otro
tipo de producto inocuo con un país asediado como Cuba.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rodríguez.
Señor Pérez Solano, tiene la palabra.
El señor PEREZ SOLANO: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista va a expresar su opinión, fijando a la
vez la posición, sobre la interpelación urgente formulada por el diputado
de Izquierda Unida, señor Castellano.
La primera manifestación que queremos hacer es destacar la oportunidad de
la interpelación y la importancia trascendental de las cuestiones que ha
planteado la misma, que coincide con la preocupación del Grupo
Parlamentario Socialista y estimamos que también de los otros grupos
parlamentarios, por lo menos de los que esta tarde estamos presentes en
esta Cámara.
Señora ministra, hoy mismo ha tenido usted el honor de asistir en el
Senado a una comparecencia a instancia del senador por La Rioja don
Ignacio Díez, para quien estos temas se han convertido en una encomiable
obsesión. Por consiguiente, señora ministra, es necesario que discutamos
el tema aquí en el tono, con la tranquilidad y con el espíritu
constructivo que estamos mostrando todos los grupos parlamentarios,
porque su necesidad y su importancia así lo exigen.
Por otra parte, este problema tiene muchos antecedentes parlamentarios,
como saben los representantes de los grupos. A través de múltiples
iniciativas en el Congreso y en el Senado se han pronunciado siempre
ambas Cámaras de modo casi unánime requiriendo al Estado para que
intensifique la iniciativa y la actuación de su servicio exterior y del
servicio consular en la prestación de la asistencia integral a los
ciudadanos españoles condenados en otros países y que cumplen sus
condenas en prisión extranjera, para que este servicio se preste de la
manera más amplia posible.
Por cierto, señora ministra, quiero informarle, por si no lo sabe, que,
según me ha manifestado la madre de Joaquín Ramos, parece ser que se han
allanado las dificultades jurídicas en el sentido de que se ha resuelto
alguno de los recursos que estaban pendientes y que retardaban el retorno
de Joaquín Ramos y Luis Darío Ramos para cumplir el resto de condena que
les queda en centros penitenciarios españoles.
La situación que plantea la interpelación no puede ser más lacerante, en
eso coincidimos todos, y ha sido así constatado por el Defensor del
Pueblo y por organizaciones humanitarias, y no es otra que la que viven
los ciudadanos españoles que han sido condenados por comisión de delitos
en países extranjeros y que están cumpliendo estas condenas en centros
penitenciarios de aquellos países, que en muchos casos no cumplen sus
condenas en prisiones compatibles con la dignidad de las personas y con
sistemas jurídicos respetuosos con los derechos humanos.
Una buena parte de estos casi 1.400 presos --mil trescientos cincuenta y
tantos ha dicho la señora ministra-- cumplen sus condenas en 58 países y
por esta razón sufren desarraigo social, aislamiento y dificultades que
hacen imposible que se cumplan para ellos las finalidades de reinserción
y reeducación de la pena que el artículo 25.2 de nuestra Constitución
contempla para los internos en centros penitenciarios españoles.
Los españoles que están en estas condiciones, como sabemos todos, señora
ministra, sufren, además de la aflicción lógica por la pena, lejanía de
su país, desarraigo, masificación, alimentación insuficiente, carencias
higiénicas y sanitarias, inexistencia o insuficiencias en la asistencia
jurídica y educativa, etcétera. Como queremos contribuir con espíritu
constructivo a resolver esta situación, el Grupo Parlamentario Socialista
opina, señora ministra, que para paliar estas necesidades y estos
problemas y dificultades que están viviendo los presos españoles en el
extranjero sería conveniente que el Gobierno español, como Estado de
cumplimiento, insista ante los Estados de condena sobre las solicitudes
de traslado a centros penitenciarios españoles de los ciudadanos de
nuestro país condenados y que cumplen condenas en prisiones extranjeras.
Todo ello en aplicación, señora ministra, del Convenio europeo de
Estrasburgo de 21 de marzo de 1983 y de los convenios bilaterales y
multilaterales suscritos por España con diferentes países.
Pero mientras se producen estos traslados en virtud de la intervención
del servicio exterior del Estado y de la acción del Gobierno, creemos que
el Gobierno español debe recordar, actualizar y ampliar las circulares
instructoras que encargan al servicio exterior del Estado de la
prestación de las ayudas para defensa jurídica, atención sanitaria,
alimenticia y educativa, y la articulación de medidas de carácter
integral para estos españoles que no descansen en el voluntarismo, buena
disposición y entrega de los funcionarios del servicio exterior, sino en
la extensión y en la protección de la cobertura del Estado.
Para plasmar estas preocupaciones, en las que coinciden todos los grupos,
el Grupo Parlamentario Socialista presentará las enmiendas que
correspondan a la moción que ofrezca Izquierda Unida en la siguiente
sesión plenaria.
Nada más, señor presidente, y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Solano.
También había pedido la palabra el señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo con suma brevedad para felicitar a la señora ministra y al
Gobierno al que hoy representa por los datos que nos ha ofrecido, que
reflejan de una manera elocuente su preocupación, compartida por otros
grupos, y que ha expuesto aquí con un talante constructivo muy de
agradecer, y lógico, por otra parte, dado el ámbito de solidaridad en el
que nos movemos, además de haber sido dichos con claridad. Por ejemplo,
en 1997 los recursos que se han dedicado a este fin, aunque todo lo que
se haga, como ha dicho la señora ministra, sea poco, han supuesto un
incremento del 45 por ciento respecto al año 1996.
En lo que se refiere a españoles trasladados, de los datos que la propia
ministra ha expuesto, y haciendo unas simples operaciones aritméticas,
llego a la conclusión de que en 1996 se ha producido un incremento del 38
por ciento respecto al año anterior y en 1997 un nuevo incremento del 21
por ciento. Si se mantienen estos resultados como fruto de esa
preocupación, todos los grupos tendremos motivo de satisfacción.
Nada más, muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ollero.
-- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, PARA INFORMAR SOBRE EL PROCESO Y
CONSECUENCIAS DE LA PRIVATIZACION DE ENDESA PARA LA ECONOMIA Y EL
EQUILIBRIO TERRITORIAL DEL ESTADO ESPAÑOL. (Número de expediente
172/000093)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última interpelación, incluida en el
punto sexto del orden del día, que formula el Grupo Mixto, sobre el
proceso y consecuencias de la privatización de Endesa para la economía y
el equilibrio territorial del Estado español.
Para su presentación, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, aunque en un momento dramático seguramente
para una parte de la opinión pública española por unos motivos, y para la
otra parte, seguramente minoritaria en este momento, por otros, vamos a
discutir un tema minoritario pero, sin duda, grave, cual es el proceso de
privatización de la empresa joya de la corona, Endesa. Cabe recordar el
origen histórico y el significado de esta empresa creada por el INI en
1944, por iniciativa pública por lo tanto, pero que alcanzó un hito
fundamental, que sirvió de sustento al resto del sector industrial
público del Estado español, a partir de 1972 sobre todo, con beneficios
multimillonarios que alcanzaron siempre cantidades superiores a 100.000
millones de pesetas y en beneficios netos rondando siempre entre 60.000 y
90.000 millones de pesetas. Este hito se cumplió a partir de la
explotación de las minas de lignitos, sobre todo de As Pontes de García
Rodríguez, hoy convertido en un desierto lunar y, por supuesto, después
de haber
contribuido con grave contaminación de lluvia ácida que acabó
prácticamente con todos los cultivos de frutales en la zona y siendo
catalogada como uno de los lugares más contaminados de Europa,
precisamente por lluvia ácida.
El señor Martín Villa reconoció en sede parlamentaria que Endesa tenía
una deuda moral, pero ésta nunca la convirtió en deuda real. ¿Dónde
estaba y dónde estuvo la gran iniciativa privada en 1944, incluso en
1972? Sin duda, hicieron el gran proceso de acumulación desde el Estado,
la primera empresa del Estado español en rentabilidad, y ahora entramos,
también a través de una política gubernativa, en un proceso de
privatización y trasnacionalización. El lunes día 18, la Sepi puso en
venta el 33 por ciento de las acciones públicas y con antelación no hubo
posibilidad en esta Cámara de debatir con el señor Martín Villa, que no
se ve obligado a comparecer, según la Mesa de este Congreso de los
Diputados, porque ya no era una empresa pública al no alcanzar el 50 por
ciento del accionariado. Pero ustedes comprenderán que son decisiones
políticas avaladas por el Gobierno las que llevan a esta privatización, y
realmente mantener más del 33 por ciento del accionariado en manos del
Estado y decir que no es una empresa pública, no deja de ser una especie
de rocambolesca argumentación.
En todo caso, señor Piqué, usted sabe que por los medios de información,
que es a lo único que nos podemos atener, se anuncian objetivos muy
claros que tienen el aval gubernativo previo. En primer lugar, una
regulación de empleo que lleva consigo la reducción de costes de la
empresa, que significaría 8.000 personas menos en la plantilla hasta el
año 2005. Particularmente en el centro de As Pontes de García Rodríguez,
nos quedaríamos en el año 2005 con 500 trabajadores, de los actuales
1.952.
En segundo lugar, se habla del control del mercado eléctrico de
generación respecto al cual la empresa se muestra muy ufana porque
controla más de lo que controlaba hace exactamente dos años, antes de que
se liberalizase el mercado eléctrico. Se empeña en mantener una capacidad
productiva grande a través de inversiones y una territorialización
curiosamente cambiada, por lo menos estratégicamente. Nos hablan de
centrales de ciclo combinado a través del gas, de la intención de
convertirse en segundo operador del gas y, por supuesto, de un mapa donde
tiene gran presencia en el Levante y en Andalucía, después de las opas de
Fecsa y de Sevillana. Concretamente Andalucía y Cataluña están siendo ya
grandes centros operativos de Endesa, a través de centrales de ciclo
combinado que producirían 3.000 megavatios. En tercer lugar, el proceso
de telecomunicaciones a través de Retevisión y la telefonía móvil y otras
inversiones, por ejemplo, en el sector del agua.
No sabemos si toda esta estrategia de la empresa corresponde a una
intención social de servicio a la mayoría o a una intención que está
guiada por el control de la banca, llámese Banco Central Hispano, Chase
Manhatan Bank, Argentaria o Banco de Santander. Entre otras cosas, sí se
puede decir que son estos bancos los que controlan las decisiones
estratégicas de la empresa. Por lo tanto, nos gustaría saber si el
Gobierno va a ser incapaz, o en concreto la representación popular, de
dirigir esta gran joya de la corona en el futuro, una vez que esté
totalmente privatizada, hacia unas finalidades que no sean excesivamente
las del mercado. Como nos preocupa cierta acción en Latinoamérica que
parece recordar, en el peor de los estilos, la conquista inicial de 1492
con nuevos métodos más a la altura del capitalismo salvaje que vivimos.
Las denuncias vividas en relación con Enersis indican, cuando menos, un
talante colonial que no se aviene muy bien con el espíritu de hispanidad
al que retóricamente nos tienen habituados los responsables gubernativos
de España.
En cuarto lugar, y es lo que más nos importa precisamente por la gran
marginalidad, señor Piqué, es que nos hable de las consecuencias
territoriales. Parece que el abandono estratégico de El Bierzo, al que
quiere mucho el señor Martín Villa, en esto por lo menos siempre hace
profesión de fe, de Galicia, cómo no, y de Andorra (Teruel), aunque en
menor medida porque al fin y al cabo está más próxima a Levante, parece
una evidencia. Queremos preguntarle: ¿Mantendrá en el territorio de
Galicia una central de ciclo combinado, a la que tendríamos derecho
después de estar produciendo 1.400 megavatios hoy en día? ¿Qué pasaría
con una Galicia hoy excedentaria si se elimina la central térmica de As
Pontes y se no se hace una de ciclo combinado? ¿Seríamos incluso un país
deficitario de energía después del gran expolio de nuestros recursos
naturales? ¿Qué va a hacer en concreto la Opyde y el complejo químico que
defiende algún pequeño o mediano empresario de nuestro país cuando se
encuentre con la falta la gas para finalidad industrial, como se
proyecta, de 40.000 millones de pesetas? ¿Apoyará Endesa o no esta traída
de gas para regasificación en la planta de Ferrol, lo que sólo es posible
si colabora también Endesa? ¿Cómo es posible que con un plan del carbón y
con la Mesa de la minería, produciéndose en Galicia el 30 por ciento del
carbón y disponiéndose el gobierno a entregar, desde 1998 al 2005,
400.000 millones de pesetas para tejido alternativo en industria y para
infraestructuras, solamente le vayan a corresponden a Galicia 16.000
millones en todo este período de tiempo de un total de 400.000 millones?
¿Por qué razón, ni siquiera para hablar de los lignitos pardos, se tuvo
en cuenta la representación sindical mayoritaria de la empresa, o incluso
no se concede que haya por once prejubilaciones cuatro puestos de trabajo
como en el resto de las cuencas mineras? ¿Qué compromisos, en la
estrategia de una empresa privada y transnacional, después de agotar
nuestros recursos, sin un mercado suficientemente importante y con clara
marginación
política, va a haber para un país como el nuestro, después de haber
contribuido esencialmente a montar esta empresa que hoy se privatiza?
Señor Piqué, ¿por qué no otra posición del Gobierno del Estado, que no se
sabe bien de qué es vanguardia en esto de la privatización total? ¿Por
qué no se queda cuando menos con un 15 o un 20 por ciento del
accionariado por seguridad, ya que es un sector estratégico? ¿Piensa que
es suficiente la autorización administrativa para operaciones
significativas en diez años, que indica sin duda alguna que hay miedo a
lo que se pueda hacer desde la total privatización? ¿Por qué razón se
siguen tan claramente los dictados del mercado de Nueva York, que no
siguen otros Estados europeos, ya que siempre dejan un núcleo estatal en
estos sectores estratégicos? Y por fin, ¿en qué van a invertir nada más y
nada menos que más de un billón de pesetas de privatización de la
empresa? ¿Van a invertir algo en tejido alternativo en comarcas como
Galicia o El Bierzo, pero sobre todo Galicia, que ya ven que sale mal
parada desde todo punto de vista? Dijo el señor Martín Villa --y acabo,
señor presidente-- que no había riqueza gallega. Después de admitir que
la empresa se hizo a partir de la expoliación de los lignitos de aquel
país, no hay riqueza gallega, dijo que en todo caso habría riqueza
española. Yo le pregunto si podemos seguir en una línea política y
económica que no tiene en cuenta las mínimas responsabilidades ante los
territorios y antes las sociedades que ayudaron a crear riquezas tan
significativas, y si esta vía de actuación no llevará a una mayor
desigualdad de la que llevó ya un capitalismo autártico dentro del Estado
español, hoy sometido a un proceso de liberalización salvaje, no
preciosamente beneficioso para todos ni para la mayoría.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Tiene la palabra el señor ministro de Industria y Energía para contestar
a la interpelación.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
señor presidente.
Señoría, la verdad es que después de oírle me queda una sensación que
tengo que confesarle que me suele ocurrir cuando le escucho, y es que a
pesar del esfuerzo pedagógico que normalmente tiene la obligación de
hacer un Gobierno en relación a determinadas políticas, todavía nos queda
un largo camino por recorrer y debemos seguir haciendo pedagogía. Por
ejemplo empezar a discutir cosas elementales, porque si identificamos
expolio con la explotación de los recursos naturales, no llegaremos a
ninguna parte. Hay que definir qué se quiere decir cuando se habla de
expolio, porque si lo que hacemos es identificarlo con la extracción de
recursos minerales de acuerdo con los precios que se fijan en muchos
casos internacionalmente o en este caso por la propia Administración,
podemos de nuevo confundir a la opinión pública. De la misma manera que
no se puede hablar de los beneficios de una empresa sin tener en cuenta
que han estado fijados por la existencia de un marco definido por la
Administración en contra de los consumidores. Simultáneamente noto en sus
palabras una nostalgia --permítame que se lo diga-- del modelo económico
del franquismo, por ejemplo cuando estaba preguntando dónde estaba la
iniciativa privada en el año 1944 o en el año 1972.
Por otro lado, hablar de que una determinada comunidad tiene derecho a
una central, dependerá de la viabilidad de esa central, de que salgan los
números, porque al final esos derechos siempre los acaba pagando alguien
y estamos en un mundo ya completamente distinto, en el que no se pueden
utilizar estos términos, más propios de un modelo de economía
centralizada, que afortunadamente desapareció en el año 1989 con la caída
del muro de Berlín, y que yo deseo fervientemente que nunca más los
ciudadanos, y en particular los ciudadanos españoles, debamos volvernos a
plantear. (Varios señores diputados: Muy bien.--Aplausos.) Perdone usted,
me estoy saliendo absolutamente del guión que mis servicios me habían
preparado para la respuesta --y usted lo estará notando-- pero creo que
probablemente podremos tener un debate más vivo y más interesante si lo
hago así.
No se puede confundir lo que es el carbón CECA --por lo tanto, el marco
establecido para las ayudas al carbón-- con los lignitos pardos --que
usted sabe perfectamente que no forman parte de esta consideración--,
sobre los cuales no está permitido que haya subvenciones a la
explotación. Y a pesar de eso, creo que no es correcto dejar de reconocer
que, a pesar de eso --insisto--, se haya considerado a la comarca de As
Pontes, a las comarcas afectadas como objeto de atención por parte del
plan de la minería del carbón y desarrollo alternativo de las comarcas
mineras, que fundamentalmente va dirigido a la explotación del carbón
CECA, por lo tanto, básicamente a las hullas.
Al mismo tiempo, no se puede decir que nosotros hemos marginado a los
sindicatos. Nosotros hemos hablado con la representación sindical que la
representación sindical ha querido. Por lo tanto, no le plantee al
Gobierno estos temas. Que los sindicatos a los que usted hace referencia
se lo planteen a sus compañeros de los otros sindicatos representativos y
busquen ahí sus esquemas de representación. Nosotros no vamos a
predeterminar la representatividad de los sindicatos, son los propios
sindicatos quienes deben decirlo.
Quisiera también hacer algún tipo de consideraciones generales respecto a
lo que es la política de privatizaciones y los objetivos que busca el
Gobierno, que creo que son muy distintos a los que usted de alguna manera
plantea. La presente oferta pública de venta de acciones de Endesa --que
es la culminación de la
privatización total de la compañía-- se realiza en un marco que conoce S.
S. perfectamente porque lo hemos debatido en infinidad de ocasiones en
esta Cámara, que es el del programa de modernización del sector público
empresarial que aprobó el Consejo de Ministros en julio de 1996 y que
busca --lo siento, pero es así-- el fortalecimiento de la economía de
mercado, la reforma y modernización del sector público, así como la
liberalización, el aumento de la eficiencia, el aumento de la
competitividad global de la economía y, por lo tanto, también la creación
de empleo, pero del de verdad --no del artificial, sino del de verdad--,
sobre la base de la viabilidad en la eficacia de las compañías y su
competitividad, garantizando en su ejecución los intereses económicos
generales, así como los de accionistas y terceros. El programa establece
como objetivo final la consolidación de la privatización en un proceso
tendencial de las empresas públicas, y la intención es buscar una mayor
eficacia en la actuación del Estado para el desarrollo de las actividades
que le son propias. Y se lo tengo que decir con claridad. Probablemente
--y además casi todo el mundo está de acuerdo ya con esto--, al Estado lo
que le corresponde es fijar las reglas básicas, asegurar la igualdad de
oportunidades, fijar las reglas del juego, pero no ejercer de árbitro y
de jugador al mismo tiempo, y lo que debe hacer es facilitar y regular la
actuación de los agentes económicos, --como le digo-- establecer las
reglas del juego y circunscribir su actividad a la de mero regulador del
mercado. Por tanto, el Estado debe favorecer y garantizar el libre
ejercicio de la competencia, pero no parece lógico a estas alturas
--hablando además de provisión de bienes que perfectamente puede hacerse
desde el sector privado-- que intervenga como accionista de empresas que
compiten con otras. Es obvio que el desarrollo económico (creo que a
estas alturas también nos podemos poner de acuerdo; creo que usted,
señoría, también está de acuerdo) no depende de la titularidad de las
empresas, sino de su capacidad de competir en un mercado abierto --ésa es
la realidad--, y esa capacidad de competir de las empresas es la mejor
garantía para crear riqueza y para crear empleo.
Hace usted referencia a unas previsiones de expediente de regulación de
empleo. Lleva usted razón. Ya se verá, se negociará, como cualquier otra
empresa, en cualquier circunstancia del mercado. Pero lo que sí le digo
es que la experiencia de las últimas décadas --y particularmente en
nuestro país-- de gestión de las empresas públicas en el ámbito del
empleo es suficientemente significativa. España ha tenido un sector
público pequeño. Es verdad; pero enormemente caro. En los últimos años,
desde 1989 para acá, le ha costado al contribuyente español ocho billones
y medio de pesetas, en pesetas de 1996, incluyendo gastos financieros.
Sin embargo, lo más relevante quizá no sea eso. Lo más relevante es que
en las empresas, por ejemplo, de la extinta Agencia Industrial del
Estado, durante ese período, hemos perdido la mitad del empleo existente,
más o menos, 40.000 puestos de trabajo. Por lo tanto, no es lícito ni
legítimo identificar empresa pública o sector público con garantía de
empleo, porque no ha sido cierto. En todo caso, podríamos ir algo más
allá y decir que lo que sí podemos identificar es empleo público con
garantía de buenas condiciones de salida al desempleo. Pero ésa sería
otra cuestión que no es ahora objeto del análisis. La garantía del empleo
sólo está en la competitividad y en la eficiencia de las empresas y esto,
desde luego, es lo que el Gobierno está buscando con su política de
privatizaciones y con su política en relación al sector público.
Hay otros motivos para justificar la política de la privatización. Hay un
nuevo contexto externo en el que nos estamos integrando, marcado por la
Unión Económica y Monetaria, que ofrece crecientes restricciones en lo
que respecta a la financiación de las empresas, por ejemplo. Usted sabe
perfectamente que el sector público no puede ir ya a ampliaciones de
capital, porque son consideradas ayudas públicas, y eso es poner un
enorme corsé al desarrollo de esas empresas. Por lo tanto, por ese motivo
y por muchos otros, entendemos que la supervivencia de lo que hoy es
nuestro sector público empresarial pasa necesariamente por transferir
íntegramente la titularidad de las acciones al sector privado. Además,
las privatizaciones que estamos realizando priman en su ejecución la
consolidación de los proyectos empresariales --podemos hablar de la
siderurgia, del aluminio y de otras cosas-- y priman también el
mantenimiento del empleo, y desde luego así se seguirá haciendo.
Así pues, la privatización de Endesa se produce después de la
consolidación de su proyecto empresarial, de la apertura del sector
eléctrico a la competencia y de una nueva identificación estratégica de
la compañía. Usted la ha mencionado en tonos más o menos negativos, pero
yo le digo que, por ejemplo, la apuesta estratégica de Endesa hacia la
América Latina es una de las operaciones más importantes, más positivas y
más esperanzadoras que ha hecho la industria española en los últimos años
y espero que en el futuro se vaya profundizando. Lo mismo le puedo decir
con respecto a la presencia de Endesa en el ámbito de las
telecomunicaciones.
Por lo tanto, le digo que el Gobierno apoya y ha impulsado hasta ahora,
mientras ha tenido responsabilidad, los cambios necesarios para
garantizar que el grupo Endesa sea un competidor eficiente en los
mercados y sea más eficiente en su negocio tradicional, pero también en
toda su diversificación y en lo que se refiere a su presencia
internacional. Además, ya termino, señor presidente, estoy seguro de que
con eso garantizamos, de una manera mucho más eficaz que mediante la
planificación pública, el equilibrio territorial de nuestro país, que no
debe hacerse por medio de empresas,
sino a través de la actuación más directa de los poderes públicos, como
así lo estamos haciendo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Industria y
Energía.
Señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ SANCHEZ: Gracias, señor presidente.
Agradezco al señor Piqué su introducción, la cual da pie por lo menos a
alguna clarificación de tipo político, aunque no sea muy frecuente en los
tiempos que corremos.
Desde el punto de vista del Bloque Nacionalista Galego, se ha hablado de
expolio con conocimiento de causa. No es expolio cuando se utilizan las
materias primas de un país de forma mejor o peor desde el punto de vista
ecológico, pero en función de los intereses sociales y mayoritarios de
ese país. En el caso de As Pontes de García Rodríguez, esto no es así, y
usted lo sabe perfectamente. Cualquier persona que vaya por allí y vea un
desierto industrial después de semejante agresión que se le hizo al
medio, no cabe duda de que tiene que decir que aquello fue un expolio, ya
que la riqueza creada se empleó para mantener Seat y otras factorías de
carácter público o para comprar Fecsa, por ejemplo. Usted comprenderá
que, desde la perspectiva de un gallego normal, no precisamente
socialista ni comunista, sino de un señor normalito que quiera algo a su
país, se tiene uno que preguntar por qué razón ni siquiera el 5 por
ciento de esas ganancias se invirtieron en tejido productivo alternativo
dentro de nuestro país. Es la pregunta de cualquier pequeño burgués, no
de un gran burgués trasnacionalizado, que no tenemos, no del señor Martín
Villa; es la pregunta que se puede hacer el señor Toxeiro, por ejemplo, o
que se puede hacer cualquier tendero de aquella comarca y, por supuesto,
cualquier obrero también, así como cualquier político más o menos
normalito, como lo puedo ser yo, también se la hace. Y hablamos de eso:
expolio, expolio y expolio, nada más. Esto lo tiene claro la opinión
pública, al margen de la votación que realice. Es más, hubo un alcalde
del Partido Popular que ¿sabe usted cómo llamó al tratamiento de Endesa
con respecto de As Pontes de García Rodríguez? Tratamiento colonial. Y no
son palabras mías, sino de un alcalde del Partido Popular y, desde luego,
concejal del Partido Popular.
Segunda cuestión. Desde luego, yo no echo nada en falta al franquismo.
Ahora bien, señor Piqué, hay una cosa que es clara, el proceso de
acumulación capitalista que hizo el franquismo partiendo de la
intervención pública fue alucinante, y no fue un proceso del Estado
español solamente. Ese proceso se produjo en la Italia de la posguerra,
en Francia, en Alemania, es decir, fueron fenómenos europeos. Todos los
Estados capitalistas europeos aspiraron, a partir del sector público, a
dinamizar su economía. Por cierto, Francia mantiene un sector público
automovilístico y un sector eléctrico alucinantes en manos
mayoritariamente públicas.
Ha hablado usted después de que la planta de reclasificación, bien,
depende de si pueden --fue sintomática esa palabra--, pero usted sabe que
ese si pueden está condicionado por una regulación del mercado y resulta
que las están haciendo ustedes. No hay libertad plena. Desde luego para
el señor Toxeiro no hay libertad plena, porque la regulación que ustedes
hicieron de la Ley de hidrocarburos está elaborada a la medida del dedo y
del anillo de Gas Natural y de los intereses capitalistas que no voy a
llamar catalanes, porque no lo son, sino españoles en general y
trasnacionalizados. (Rumores.) Ahora, si el señor Fraga Iribarne --y
tranquilícense-- va a Libia a intentar comprar gas natural, aunque sea
una campaña propagandística falsa, tiene una razón, que es que nos tienen
asediados y está claro que la planta de regasificación no va adelante
porque no entra en los planes del Gobierno que, naturalmente, defiende a
unos más que a otros.
Por tanto, regulación del mercado, a tope, como si fuera una economía
planificada. Eso es así de clarito. Si no hay planta de regasificación en
Ferrol será por eso, y no por la incapacidad de un señor como Toxeiro,
aunque lo lógico sería que llevase añadida la capacidad de Endesa. ¿Será
mucho pedir después de treinta años de expolio que la central térmica se
convierta en una central de ciclo combinado? ¿Es mucho pedir eso? Creo
que no, pero la regulación va por un camino que no es el de defendernos a
nosotros.
Cuarta cuestión. Andar a estas alturas con un problema técnico de la
clasificación del carbón diciendo que no es carbón CECA, será porque lo
dicen ustedes, que hacen la ley y hacen la trampa. Yo digo: no, esto es
lignito, es carbón. Y contestan: pero no es carbón CECA porque a mi no me
interesa, hay que excluirlo porque es el 30 por ciento del carbón
producido en el Estado español. Y ustedes nos despachan diciendo: no,
técnicamente esto no entra en el paquete porque así nos quedamos nosotros
con 380.000 millones de pesetas ¿Ustedes creen que esta es una concepción
de España presentable? Para un señor normalito, gallego, no comunista, no
es presentable.
Por lo demás, como ha hablado del muro de Berlín --y voy acabando-- le
voy a decir que el hecho de que cayese el muro de Berlín es algo que al
Bloque Nacionalista Galego le trae sin cuidado, porque para subsistir nos
tuvimos que enfrentar no sólo con españoles de determinada tesis
ideológica, sino con españoles de otras tesis ideológicas, de ésas que
usted habla. O sea, no me aluda, porque yo con la caída del muro de
Berlín no dejé de recibir dólares, que no recibía antes, ni ayuda
política, que no recibían antes. Más bien, todo lo contrario, asedio. Y
así ya vinculo la cuestión del sindicalismo. Efectivamente, así está,
pero usted sabe
tan bien como yo que uno de los adalides en la defensa de los intereses
colectivos de la comarca de As Pontes de García Rodríguez es un sindicato
que se llama CIGA, que responsablemente tiene la mayoría de
representación de los trabajadores porque éstos saben muy bien quién
tiene una visión sindical combinada con el conjunto de los intereses
sociales de la comarca. Pero resulta que ese sindicato, también, ¡qué
descuido! Pero es que ya sabemos de qué va la marginalidad de Galicia.
Por fin, en cuanto al fortalecimiento de la economía de mercado y a que
el contexto interno impide ampliaciones de capital, claro, será respecto
a las ampliaciones de capital que no salgan del dinero de las ganancias
de la propia empresa, pero da la casualidad de que ésta daba ganancias y
después de medio privatizada, sabe usted que fue capaz de bajar el
kilovatio/hora producido también con carbón y ahí le está dando una
batalla a Iberdrola. Pues bien, esa batalla se puede dar igual como
empresa pública y seguirían siendo 50.000 ó 60.000 millones de pesetas,
de los que aunque a Galicia le tocaran sólo 5.000 millones cada año,
imagine qué lejos íbamos a llegar, arreglábamos el problema industrial de
Ferrol y su comarca. Sin embargo, desde 1972 no recibimos nada a cambio.
Se lo vuelvo a repetir, no es muro de Berlín, no es comunismo, es
sensatez de ciudadano gallego que además no quiere romper con España,
mire usted por dónde.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.
¿Algún grupo parlamentario desea fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra
el señor Santiso. (La señora Mendizábal Gorostiaga pronuncia palabras que
no se perciben.)
Señora Mendizábal, silencio.
Adelante, señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: Yo creo que hay tiempo de sobra. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: En efecto. (Rumores.)
Señorías, silencio.
Adelante, señor Santiso.
El señor SANTISO DEL VALLE: En primer lugar, teniendo en cuenta que mi
Sporting de Gijón está en segunda y por tanto no tengo prisa, me parece
muy interesante la aportación que ha hecho el ministro al debate. Entre
otras cosas, yo creo que la caridad es buena, igual que en ocasiones nos
achaca caridad ideológica, y está muy bien que se encuentre muy
satisfecho. Yo tengo que decir que voy a tener que empezar a venir con
casco a este Congreso porque todos los días me tiran el muro de Berlín a
la cabeza, cuando no es el señor Borrell, hoy es el señor ministro. Yo
quiero decir que soy comunista, miembro del Partido Comunista de España,
y no me siento responsable ni de que se levantara ni de que se cayera el
muro. Es más, nuestro partido tuvo graves problemas en su momento por
criticar la falta de libertades en la Unión Soviética, intentamos
colaborar en su momento a las libertades en este país, y por tanto me
siento orgulloso de mi militancia comunista y la reivindico.
En segundo lugar, yo puedo entender el planteamiento del señor ministro
pero es contradictorio. Hay muchos países que siguen manteniendo una
presencia pública importante en el sector estratégico, y no son países
tercermundistas, son países como Alemania, como Francia, como Italia,
etcétera. En esta Cámara, todavía hace unos días, una proposición no de
ley precisamente del Partido Popular sometía a debate --y se aprobó-- una
cuestión que planteaba el Tribunal de Cuentas: la necesidad de estudiar
la consideración de empresa pública en función no solamente de la mayoría
del 51 por ciento, sino en función de la entidad de las inversiones
públicas en determinados sectores o en determinadas empresas. La
aprobamos todos porque parece razonable que una empresa como Endesa en
este caso, que todavía tiene una participación significativa y
determinante en la política de esa empresa, como lo puede ser un uno por
ciento en un banco, como todas SS. SS. saben, pueda y deba estar regulada
su fiscalización, dado que hablamos a lo mejor de más de 200.000 millones
de pesetas de inversión pública todavía, mientras no se haya vendido, y
por tanto también su control en esta Cámara. Por ello me parece que es
contradictorio que el señor Martín Villa no quiera venir a dar cuenta de
la gestión de su empresa, en este momento, a esta Cámara con lo que aquí
aprobamos no hace todavía dos semanas, por lo que no hagamos un doble
discurso: por una parte, venir a presentar una proposición no de ley
diciendo que hay que abordarlo en la misma línea que el Tribunal de
Cuentas y, luego, negar esa presencia aludiendo a que ya no tenemos el 50
por ciento.
A mí, desde luego, el modelo de la Unión Soviética no me ha gustado
nunca. Tampoco me gusta el actual mandatario de la Unión Soviética. El
modelo que tampoco me gusta y del que quizás el señor ministro puede
tener buenas referencias es el de Kuwait, que a ustedes les tocó
gestionar. No sé si lo habrá visitado pero me parece que no es un país
muy democrático. Digo esto porque a veces no mirar el origen de las
inversiones lleva a situaciones como las del señor De la Rosa, Grupo KIO,
Ercros, etcétera, que creo que al señor ministro le sonará bastante
porque le tocó intentar que el erario público pudiera ayudarle a resolver
una situación difícil. Lo mismo ha pasado en el caso de Enersis. La
entrada de Endesa en Enersis --de lo que estamos
hablando hoy-- se hizo por la puerta falsa negociando con un
sinvergüenza, como el propio Martín Villa tuvo que reconocer, que lo que
hizo fue intentar lucrarse para sacar beneficio de esa operación para que
Endesa entrara a controlar Enersis; operación que ha sido un escándalo en
Chile, que creo que ha puesto en mal lugar a nuestro país y por la cual
se han tenido que dar explicaciones aquí y creo que todavía dará bastante
que hablar.
El problema es cómo se gestiona el dinero público y cómo se gestiona
también el dinero privado. Por tanto, hay que tener mucho cuidado y ver
de quién vienen las inversiones y qué intereses hay detrás, porque si no
podemos caer en darlas por buenas porque jurídicamente es aceptable, pero
no entramos en la valoración moral de los capitales y las actitudes o los
intereses que pueden estar apareciendo en algunos sectores estratégicos
especulativos que con la misma tranquilidad con que hoy vienen mañana se
pueden ir y dejarnos empantanados sectores estratégicos importante. Por
consiguiente, yo creo que hay que abordar con más seriedad este tipo de
cuestiones y no abandonar, sin más, sectores estratégicos en este vaivén
de capitales en busca de dinero rápido y fácil que, como decía antes,
puede crear situaciones muy difíciles que ya se han vivido en otras
épocas, y también en algunas más recientes como las que sucedieron en
Inespal cuando estuvo aquí una multinacional que se marchó y ahora
volvemos a venderla otra vez. Por tanto, la preocupación fundamental --y
así apoyaremos probablemente las iniciativas del Bloque-es que en estos
sectores se hagan las cosas bien, se apueste por el futuro y se intente
mantener en la medida de lo posible el empleo. Nos preocupa enormemente
esta aceleración de la reducción de la plantilla de Endesa en más de
8.000 trabajadores y, lógicamente, el futuro del sector energético. El
próximo día seguiremos discutiendo sobre el tema.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Santiso.
Ha pedido también la palabra, en nombre del Grupo Socialista, el señor
Hernández Moltó (Rumores), apelando a su reconocida capacidad de
síntesis. Adelante, señor Hernández Moltó.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Señor presidente, que conste que hoy voy a
hacer un acto de simpatía por el Real Madrid, aunque soy del Barça
públicamente, ni siquiera en la intimidad, tengo que confesarlo (Risas),
pero mis mejores deseos para el fútbol español esta noche. En cualquier
caso, hubiera sido una falta de cortesía no participar en esta
apasionante tertulia porque, infelices de nosotros, veníamos preparados
para hablar de Endesa y les confieso que no encuentro hueco para intentar
introducir los argumentos porque el debate ha tomado la altura que
merecía; debate que me ha dado pie, por cierto, a señalar una pequeña
contradicción que sin duda será posible corregir en las próximas semanas.
El señor ministro, desde la tribuna, con la eficacia que le caracteriza
ha estado a punto de convencer a casi todos los grupos de las excelencias
de la liberalización del sector energético y de las ventajas de la
privatización. Sólo le queda un pequeño detalle y es, como sucede
siempre, señor ministro, convencer a los suyos. Fíjese qué casualidad.
Hoy mismo me llega un recorte de prensa en el que el Gobierno balear,
bastante lejano de estas filas e incluso probablemente ni siquiera
visitante turístico del muro de Berlín, hace poco señalaba que pretende
crear una empresa mixta para controlar el sector energético. Se lo
advierto porque como dice que va a ir usted dentro de poco por allí no le
saquemos aquí estas contradicciones. Es que no se lo cuentan los suyos.
Ya sé que en ese ministerio pasan muchas cosas. En fin, al margen de esta
anécdota quisiera retomar el tema, si es posible, de Endesa, aunque habrá
oportunidad en la moción de la próxima semana y en la comparecencia del
señor ministro para hablar de este asunto. En cualquier caso haría una
pequeña observación. Tampoco hinchemos tanto pecho cuando se suba a esa
tribuna a hablar de algo que probablemente es muy efímero, como es el
nivel de satisfacción que está manifestando el Gobierno sobre una cosa
que dura francamente poco. No sé si se ha expoliado algo, pero que aquí
la pobre vaca ya va empezando la etapa de dar muy poca leche es una
realidad. El problema es ¿a partir de ahora qué? ¿Qué contribución va a
hacer la política de privatización del sector público a los intereses de
los ciudadanos? Será bueno que el Gobierno, con ese aparato
propagandístico tan caracterizado, pueda decir a los ciudadanos qué
ventaja tiene este país para los usuarios de la energía que no tengan --y
lo señalaba el portavoz del BNG-- otros países, por cierto con empresas
públicas. Sabe, señor ministro, mucho mejor que yo que nuestros vecinos
de enfrente, con ese fantasma que para ustedes es la empresa pública, han
bajado el precio de la energía más que nosotros y tienen un compromiso
para los próximos años de casi el 30 por ciento de bajada de la tarifa
eléctrica, de acumulación de la inversión, y por cierto no despiden
trabajadores. Por tanto, bajemos los humos y dentro de poco vamos a tener
la oportunidad de ver que hay más potencia en la voz que razón en las
ideas.
No sé si hoy es el momento de hablar más detenidamente de Endesa. Lo digo
porque después nos acusan de que caen los valores de Endesa en los
mercados cuando criticamos la política del Gobierno. Pero, señor
ministro, no es un secreto que cada vez que ustedes van a privatizar
alguna viga se resquebraja. Es curioso observar el índice de evolución
del comportamiento de Endesa en el último año. En el último mes ha bajado
un 15 por ciento. Lo saben. Pero saben también que las empresas de rating
están en este
momento --si dijera bajo sospecha faltaría a la verdad-- poniendo en duda
esa brillantez de una empresa que en el último año y medio de gestión su
trayectoria se parece más a una carrera de obstáculos que a una brillante
carrera empresarial. No ha habido obstáculo en el que no ha tropezado y,
desde luego, no ha habido tropiezo en el que no ha caído. Recordamos
desde el principio que ha sido una empresa que se ha enfrentado a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, al Tribunal de Defensa de la
Competencia, a la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional; ha hecho el
más difícil todavía, ha hecho trampas al solitario. Hace tan sólo unos
meses el Ministerio de Industria afirmaba a bombo y platillo que Endesa
en la famosa OPV, que recordarán ustedes que hizo, amistosa eso sí, sobre
Fecsa y Sevillana se comprometía a que hubiera autonomía empresarial de
las partes. Recordarán que fue a bombo y platillo. Hace tan sólo unos
días el Ministerio, ante un recurso de Endesa, le ha dado la razón a lo
que entonces no se la daba y ha dicho que tiene perfecto derecho a hacer
una política de holding, de grupo, y que por tanto donde dije digo ahora
digo digui. Yo creo que eso son trampas al solitario, señor ministro. En
este sentido yo creo que ustedes, con sus pequeñas contradicciones, han
salpicado de dudas una gestión que, eso sí, ya por fin está en manos de
un brillante profesional independiente y autónomo venido del sector como
es el señor Martín Villa. No ha habido situación en la que Endesa no haya
tropezado. No quiero hablar de sus experiencias no diré coloniales sino
extranjeras, no hablaré de casi nada, pero hablaré de que si todo lo que
queremos hacer es inflar una situación, que en el medio plazo no sé cuál
es, para cumplir los deseos, no sé si las amenazas, del señor Martín
Villa, que es vender a una empresa eléctrica privada europea, señor
Piqué, no sé si para ese viaje se necesitaban esas alforjas y, desde
luego, tanta ceremonia.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hernández Moltó.
También ha pedido la palabra por el Grupo Popular el señor Peón, con las
mismas características, por favor.
El señor PEON TORRE: Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que pensé que no iba a ser necesaria nuestra intervención,
creo que realmente va a ser innecesaria porque el ministro ha sido muy
claro en la exposición inicial, pero cuando se oyen algunas cosas, a
pesar de la hora y de las circunstancias del día de hoy, nos vemos en la
necesidad de decir algo también.
Se ha citado un documento. No lo puedo comentar, no lo conozco, pero
espero que no sea del mismo documentalista del señor Borrell, porque
entonces creo que ya se comenta por sí solo.
Se ha hablado de que aquí puede haber sombras, dudas, agujeros, trampas,
cuando estamos ante una privatización, una colocación en Bolsa que es la
más importante en la historia de España. Yo no quiero entrar a hacer un
discurso sobre el muro de Berlín ni sobre expolios, porque cuando estaba
escuchando el debate en su parte inicial y leía las evaluaciones, sobre
todo de tipo económico, de las que se hacen eco precisamente los medios
especializados sobre esta colocación tan importante me parecía que
estábamos debatiendo sobre un mundo irreal. En este momento, ni los
españoles ni los expertos económicos están preocupados por el muro de
Berlín. Me parece que están más preocupados por comprobar que
efectivamente los ratios de la colocación son correctos y si la inversión
para los pequeños accionistas es interesante o no lo es. Como me parece
que en ocasiones en esta Cámara hacemos debates de política ficción, yo
me voy a limitar a leer lo que el 12 de mayo decían estos expertos.
Decían: «Endesa, la eléctrica líder en España y Latinoamérica, se
encuentra a las puertas de su total privatización. La Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales pondrá este mes a la venta hasta un 33 por
ciento del capital de la compañía en lo que resultará la mayor colocación
realizada en España hasta el momento. La empresa, cuyos beneficios
crecieron en el primer trimestre del presente año un 3,2 por ciento, basa
su estrategia en el reforzamiento de su posición competitiva, en la
diversificación de sus negocios y en su expansión internacional. Endesa
presenta una infravaloración respecto a la media general del mercado
según los expertos, los cuales recomiendan acudir a la oferta pública de
acciones.» Esto es lo que opina la sociedad española, esto es lo que
opinan los expertos, esto es lo que opinan los que no hacen política de
cuestiones que deberían ser serias y que deberían tratarse con un mínimo
de responsabilidad.
Termino diciendo una cosa simplemente al representante del Grupo
Socialista: ¿que nuestros vecinos tienen más facilidades que nosotros en
la factura de la luz? Quizás algunos sí, pero desde luego los españoles
ahora, con el marco que ha aprobado el nuevo Gobierno, sí lo tienen mejor
que con el marco que tenían con el sistema anterior, donde se preveían
subidas permanentes todos los años; a partir de este momento, tienen
bajadas también permanentes para los próximos años. (Aplausos.--Varios
señores diputados: ¡Muy bien!--Rumores.--El señor ministro de Industria y
Energía pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: El señor ministro pide la palabra. Yo he de
recordarle que tiene pleno derecho a hacerlo y que si interviene abre
turno, a no ser que en su intervención tenga tan en cuenta esa
consideración que evite un turno posterior de todos los portavoces.
Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Piqué i Camps): Muchas gracias,
presidente. No es mi intención alargar innecesariamente este debate, en
el bien entendido que, además, espero que nadie interprete que entre
alguien del Barça, alguien presumiblemente del Atlético de Bilbao,
alguien que me imagino será del Depor y uno del Barça estemos intentando
boicotear nada, todo lo contrario. Yo expreso también mis mejores deseos,
desde luego, para el Real Madrid en el día de hoy. No es mi intención,
por tanto, alargar de forma más o menos torticera el debate de hoy.
Me alegro, por otra parte, de haber contribuido a animar una sesión que
aparentaba que iba languideciendo. Creo que está bien haya debate, que
haya debate en el sentido también ideológico del término y que, además,
lo expresemos con pasión. Una de las cosas que hay que agradecer al señor
Rodríguez, el interpelante, es precisamente la pasión con la que defiende
sus posiciones, que sabe perfectamente que yo no comparto en absoluto
pero que respeto profundamente porque tengo la convicción de que lo hace
desde la más profunda honestidad intelectual, cosa que hay que
agradecerle.
Dicho esto, con brevedad y sin ánimo de reabrir el debate --haremos lo
que podamos--, no se puede decir que es un capricho de este Gobierno que
el carbón CECA sea el que define el tratado CECA. Usted sabe que el
tratado CECA es de principios de los años cincuenta y España se ha
limitado a adherirse sin ninguna capacidad de modificación. Las cosas son
como son, no es un capricho, son tratados internacionales y si no están
los lignitos pardos, pues no están. Eso no forma parte de ningún capricho
sino de una realidad.
Respecto a la planta de regasificación, se pueden hacer todo tipo de
especulaciones respecto a si el Gobierno favorece una opción u otra. Lo
que sí le puede decir es que, hasta ahora, los gobiernos anteriores sí
que defendían opciones determinadas, absoluta y estrictamente, hasta el
punto de que llegaron a privatizar un monopolio natural como el del
transporte del gas natural, fíjese usted, y lo mantuvieron como
monopolio. Nosotros lo que estamos haciendo es abrirlo a la competencia,
abrirlo con unos períodos transitorios, con aspectos que pueden ser
perfectamente discutibles pero que permiten que usted pueda hablar de la
posibilidad de que el señor Tejeiro haga una planta de regasificación sin
que tenga que esperar la autorización de ningún gobierno, y desde luego
los gobiernos anteriores no se la habrían dado nunca. Por tanto, hay un
nuevo marco y vamos a ver cómo sale. Creo que hay que plantearlo en
términos naturales, no nuevamente en términos de agravio. Sinceramente
pienso que seguir hablando de expolio cuando se habla de explotaciones
mineras es una excentricidad. Lo que hay que hacer es ser consciente de
que, por definición, los recursos naturales que se extraen de un sitio
son utilizados en otro. Es verdad que usted tiene todo el derecho a
exigir responsabilidad social de las empresas en virtud de ese tipo de
actuación. No nos vamos a alargar ahora en ese tema pero creo que Endesa
lo ha demostrado. Hay una serie de iniciativas que muestran que
efectivamente hay una sensibilidad social hacia la zona de As Pontes, las
está practicando, a mí me parece muy bien, pero es la responsabilidad
empresarial. La responsabilidad de los poderes públicos es, como hemos
hecho, incluir la comarca dentro del Plan de desarrollo alternativo de
las comarcas mineras, a pesar de que el lignito pardo no está en el
carbón CECA --insisto-- y, por tanto, posibilitar obras de
infraestructura en esas zonas.
No me hable de hacer ampliaciones de capital a partir de los recursos
propios, eso no es posible; las ampliaciones de capital las hacen los
accionistas. Por tanto, entiéndame usted cuando le digo que hay una
restricción por parte de la titularidad pública.
Al señor Santiso quiero recordarle que el Gobierno ha aprobado una
llamado golden share, que es un término impropio. No es una golden share
sino la utilización de la Ley de enajenaciones de participaciones
públicas que aprobó el Gobierno anterior y que permite que el Gobierno
pueda establecer una autorización administrativa para determinados actos.
La Ley de enajenaciones del sector público prevé que esa autorización
cubra muchas circunstancias. Nosotros voluntariamente hemos restringido
esas circunstancias. En ningún momento la vamos a utilizar para afectar a
decisiones que corresponden a la empresa, para afectar a la composición
de su consejo de administración o para afectar incluso a la figura de su
presidente, como sería posible. La limitamos pero por diez años, algo que
compartimos estoy seguro usted y yo, y es para evitar durante ese
período, procurando la consolidación de la empresa, que haya entradas
hostiles en el capital. Eso es lo que usted de alguna manera reclamaba;
pues yo le digo que está ya suficientemente comprometido.
Sinceramente la comparación entre el sistema de la Unión Soviética y el
de Kuwait es intelectualmente muy interesante pero me parece
extemporánea. En otro momento a lo mejor podemos hablar de ello.
Al señor Hernández Moltó quiero reiterarle lo que ya ha manifestado el
portavoz del Grupo Popular. Si Endesa ha hecho las cosas tan mal y con
efectos tan dramáticos como los que usted plantea y se ha enfrentado a
todo el mundo y esto ha sido casi casi una catástrofe, no deja de ser
paradójico que hoy el 40 por ciento que todavía queda en manos públicas
de Endesa tenga el mismo valor que el cien por cien de Endesa cuando este
Gobierno empezó a gobernar. Se ha multiplicado el valor por dos veces y
media y eso se mire como se mire es una realidad. La única realidad es
que los accionistas, el mercado en general ha valorado enormemente la
evolución de Endesa y sus decisiones estratégicas. Al final ha habido
muchas vicisitudes por ejemplo en la operación de Chile, pero, por favor,
no
insistan, ha salido bien, al final ha salido bien y debe seguir saliendo
bien porque estamos hablando no sólo de una operación que interesa a
Endesa, que desde luego lo hace, sino que creo que podemos compartir que
interesa al conjunto de España.
En relación a la reacción de los usuarios o a las consecuencias sobre los
usuarios el señor Peón ha sido suficientemente explícito. Nunca antes
habíamos bajado las tarifas y ahora se están bajando y van a seguir
bajando.
Por otra parte, no me tergiverse un titular periodístico que dice: El
señor Martín Villa dice que se va a vender. No, por favor, vuélvalo a
leer. Lo que está diciendo desde una perspectiva absolutamente legítima
desde el punto de vista empresarial es que puede llegar a ser
conveniente, desde su perspectiva --y desde luego desde el momento en que
sea privada nosotros no vamos a tener nada que decir excepto aplicar la
golden share--, que puede ser posible establecer una alianza con una
empresa extranjera. Entonces ya veremos. Una alianza no es una venta, es
otra cosa. Ojo con utilizar este argumento porque puede utilizarse al
revés. A lo mejor a todos nos parece muy bien que Endesa tome posiciones
estratégicas en empresas eléctricas de otros países y para eso hay que
ser coherente. Y Endesa en este momento tiene suficiente dimensión. Yo
espero que la siga teniendo todavía más como para poder ser una de las
grandes compañías eléctricas del mundo. En estos momentos tiene ya una
capitalización bursátil superior a National Power y me parece que eso no
es algo que debamos despreciar sino de lo que precisamente todos los
grupos de esta Cámara nos debemos congratular.
En cuanto que hemos aceptado el recurso de Endesa al que hacía
referencia, no quisiera dejarlo sin responder. No es que digamos digo
donde ahora decimos digui; es que se da la circunstancia de que el marco
legal ha cambiado y S. S. lo sabe perfectamente.
Gracias. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Veo que los portavoces dan por cerrado el debate. Sus señorías se
aprestan también a dar por concluido no sólo el debate sino la sesión,
que efectivamente se suspende hasta mañana a las nueve de la mañana.
Buenas tardes.
Eran las siete y cincuenta y cinco minutos de la tarde.